Legislatura LV - Año II - Período Comisión Permanente - Fecha 19930224 - Número de Diario 10
(L55A2PcpN010F19930224.xml)Núm. Diario: 10ENCABEZADO
LV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE
Diputado Fernando Ortiz Arana
PALACIO LEGISLATIVO
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Héctor de Antuñano y Lora
AÑO II México, D.F., miércoles 24 de febrero de 1993 No. 10
SUMARIO
ASISTENCIA
APERTURA
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
INVITACIONES
Dos, del Departamento del Distrito Federal, a los actos cívicos del CDLXVIII aniversario luctuoso del último Rey Tlatoani de México - Tenochtitlán, Cuauhtémoc y el CLXIV aniversario luctuoso de la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez. Se designan comisiones.
COMUNICACIÓN
Del diputado Cristóbal Arias Solís, por la que informa su reincorporación a las tareas legislativas. De enterado.
OFICIOS DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
Nueve, con los que se remiten las hojas de servicios de un número igual de ciudadanos mexicanos, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 constitucional. Se turnan a la Segunda Comisión.
SOLICITUD DE PARTICULAR
Del ciudadano Emilio Azcárraga, Milmo, por el que solicita el permiso constitucional necesario para aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Ecuador. Se turna a la Primera Comisión.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
Cinco, dictámenes de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican los grados militares a un número igual de ciudadanos mexicanos.
Cinco, dictámenes de la Primera Comisión, con proyectos de decreto por los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos:
Mario Augusto José Moya y Palencia, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Cuba;
Héctor Vicente Ahuja Fuster, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Guatemala;
Carlos Ignacio Gutiérrez Jiménez, pueda aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Rumania en Puebla;
Jorge Manuel Pintado Cervera, pueda aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Rumania en Monterrey;
Alejandro Reyes Silvestre, puedan prestar sus servicios en la embajada de la República Federativa de Brasil, en México.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
Ocho, de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican los grados militares a los ciudadanos: Manuel Zermeño del Peón, Manuel Peyrot González, Elías Padilla Salazar, Rubén Eduardo Márquez Salazar, Daniel Zamora Contreras, Hugo Acosta Aguilar, Abelardo E. Tun Chan y Carlos Angulo Jiménez. Sin discusión, se aprueban y pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que las ciudadanas Yolanda Enríquez Hernández y Alejandra María de Teresa Salido Reyero, puedan prestar sus servicios en la embajada de los Estados Unidos de América en México. Se aprueban y pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
SECUESTROS EN TERRITORIO NACIONAL
Hacen uso de la palabra los legisladores:
Amador Rodríguez Lozano, presenta declaración política.
Víctor Martín Orduña Muñoz.
Juan Luis Calderón Hinojosa, para rectificar hechos.
Carlos Enrique Cantú Rosas
Carlos González Durán
Se turna el expediente al Procurador General de la República.
INSTITUTO MEXICANO DEL CAFÉ
Hace uso de la palabra el diputado Guillermo Flores Velasco, quien da lectura a un memorial de particulares y a una declaración política.
Para expresar sus opiniones al respecto, intervienen los legisladores:
Carlos Enrique Cantú Rosas
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo
Manuel Aguilera Gómez
Para rectificar hechos los legisladores:
Guillermo Flores Velasco
Víctor Martín Orduña Muñoz
Manuel Aguilera Gómez
Víctor Martín Orduña Muñoz
Carlos González Durán
Se turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados.
SOLICITUD DE COMPARECENCIA
Toma la palabra el diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, quien presenta solicitud de comparecencia del Secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal.
Al respecto hacen uso de la palabra los legisladores:
Carlos Enrique Cantú Rosas, quien presenta proposición.
Carlos Salas Gutiérrez, en contra.
Se turnan las proposiciones a las comisiones de Energéticos y de Patrimonio y Fomento Industrial de la Cámara de Diputados.
REPÚBLICA DE GUATEMALA
Presenta una declaración política el senador Angel Ventura Valle. Se tiene por formulada la declaración.
COMERCIO MÉXICO - CANADÁ
Para comentar la entrevista entre el Secretario de Comercio de México y su homólogo de Canadá, hacen uso de la palabra los legisladores:
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, quien presenta proposición.
Carlos Enrique Cantú Rosas, en pro.
Javier Garduño Pérez, en contra.
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, intervienen los legisladores:
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo
Diego Fernández de Cevallos Ramos
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo
Diego Fernández de Cevallos Ramos
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo
Diego Fernández de Cevallos Ramos
Blanca Ruth Esponda Espinosa
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo
Fernando Lerdo de Tejada Luna
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo
Carlos Enrique Cantú Rosas
Rodolfo Becerril Straffon
Se desecha la proposición del diputado Amezcua Dromundo.
PLEBISCITO EN EL DISTRITO FEDERAL
Para referirse a la convocatoria a dicha consulta popular, hacen uso de la palabra los legisladores:
Guillermo Flores Velasco, quien presenta proposición.
Carlos González Durán, en pro.
Fernando Lerdo de Tejada Luna, en contra.
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo
Carlos Enrique Cantú Rosas
Alberto Marcos Carrillo Armenta
Víctor Martín Orduña Muñoz
Manuel Aguilera Gómez
Para rectificar hechos, los legisladores:
Carlos González Durán
Víctor Martín Orduña Muñoz
Carlos Enrique Cantú Rosas
Guillermo Flores Velasco
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo
Se desecha la propuesta del diputado Flores Velasco.
SOLICITUD DE COMPARECENCIA
Del Secretario de Salud, presentada por el diputado Guillermo Flores Velasco.
Para expresar sus opiniones al respecto, hacen uso de la palabra los legisladores:
Blanca Ruth Esponda Espinosa
Manuel Díaz Infante, presenta proposición.
Guillermo Flores Velasco, Para retirar su propuesta.
Se turna la proposición del diputado Díaz Infante a la Comisión del Distrito Federal.
DENUNCIA
Sobre la publicación de un anuncio en el que se convoca a registrarse en el Servicio Militar Nacional, hace uso de la palabra el diputado Juan Luis Calderón Hinojosa.
Se turna a la Comisión de la Defensa Nacional de la Cámara de Diputados.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO FERNANDO ORTIZ ARANA
ASISTENCIA
El Presidente: - Se ruega a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia de legisladores, miembros de esta Comisión Permanente, para iniciar la sesión convocada para este día.
El secretario diputado Rodolfo Becerril Straffon: - Se va a proceder a pasar lista de asistencia de los miembros de la Comisión Permanente.
Hay una asistencia de 31 legisladores, señor Presidente. Hay quórum.
APERTURA
El Presidente (a las 12.10 horas): - Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El secretario diputado Rodolfo Becerril Straffon: - Se va a dar lectura al orden del día.
«Comisión Permanente.- Primer Receso.- Segundo Año.- LV Legislatura.
Orden del día
24 de febrero de 1993.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del CDLXVIII Aniversario Luctuoso del último emperador azteca, Cuauhtémoc, tendrá lugar el 28 de febrero a las 11.00 horas, en el monumento erigido a su memoria en Av. Paseo de la Reforma e Insurgentes.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del CLXIV aniversario luctuoso de doña Josefa Ortiz de Domínguez, tendrá lugar el 2 de marzo a las 11.00 horas, en el monumento erigido, a su memoria en la plaza de santo Domingo, delegación política Cuauhtémoc.
Comunicaciones de legisladores.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Nueve con los que se remiten las hojas de servicios de los ciudadanos Mario Renán Castillo Fernández, Jorge García Arredondo, Mario Fuentes Juárez, Mauro Enrique Tello Quiñones, Ernesto Cruz Belmont, Humberto Bravo Sánchez, Humberto Alfonso Guillermo Aguilar, Víctor Manuel Martín Fernández y Antonio Tortajada Morán, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Solicitud de Particular
Del ciudadano Emilio Azcárraga Milmo, para que se le conceda el permiso constitucional necesario para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional al Mérito, en grado de comendador, que le confiere el Gobierno de la República de Ecuador.
Dictámenes de primera lectura
Cinco de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados a los ciudadanos Juan Enrique Reynoso Valle, Salvador González Santamaría, José Héctor Orozco Peralta, Juan Borrayo Saavedra y Gerónimo Bringas Murrieta.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano embajador Mario Augusto José Moya y Palencia, para aceptar y usar la Medalla de la Amistad, que le confiere el Gobierno de la República de Cuba.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano general de división P. A. D. E. M. A. Héctor Vicente Ahuja Fuster, para aceptar y usar la condecoración de la "Cruz de la Fuerza Aérea", que le confiere el Gobierno de la República de Guatemala.
De la Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Carlos Ignacio Gutiérrez Jiménez, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Rumania, en Puebla con circunscripción consular en los estados de Tlaxcala, Puebla y Veracruz.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Jorge Manuel Pintado Cervera, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Rumania, en Monterrey, con circunscripción consular en el Estado de Nuevo León.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Alejandro
Reyes Silvestre, para prestar servicios en la embajada de la República Federativa de Brasil, en México.
Dictámenes de discusión
Ocho de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados a los ciudadanos Manuel Zermeño del Peón, Manuel Peyrot González, Elías Padilla Salazar, Rubén Eduardo Márquez Salazar, Daniel Zamora Contreras, Hugo Acosta Aguilar, Abelardo E. Tun Chan y Carlos Angulo Jiménez.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a las ciudadanas Yolanda Enríquez Hernández y Alejandrina María Teresa Salido Reyero, para prestar servicios en la embajada de los Estados Unidos de América en México.
Consideraciones del diputado Amador Rodríguez Lozano, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre los secuestros ocurridos en diversas partes del país.
Intervensión del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, respecto a la situación del Instituto Mexicano del Café.
Intervención del ciudadano diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, para referirse a la venta de empresas petroquímicas.
Propuesta del senador Angel Ventura Valle, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, acerca de las pláticas para la pacificación de la República de Guatemala.
Intervención del ciudadano diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, para hacer comentarios respecto a la entrevista entre los secretarios Jaime Serra Puche y Michael Kantor.
Intervención del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse al plebiscito en el Distrito Federal.
Intervención del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hacer referencia a las declaraciones del secretario de salud, Dr. Jesús Kumate.
Intervención del ciudadano diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, sobre la situación poselectoral, en el Estado de Puebla.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El Presidente: - En virtud de que el acta de la sesión anterior fue entregada con antelación a los grupos parlamentarios, ruego a la Secretaría consulte a los señores legisladores en votación económica si se le dispensa la lectura al acta.
El secretario diputado Rodolfo Becerril Straffon: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura.
«Acta de la Sesión de la Comunicación Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el día diecisiete de febrero de mil novecientos noventa y tres, correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.
Presidencia del diputado
Fernando Ortiz Arana
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las once horas con treinta minutos del día diecisiete de febrero del mil novecientos noventa y tres, con una asistencia de treinta y tres legisladores, el Presidente declara abierta la sesión.
La Asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior y, sin discusión, la aprueba en sus términos en votación económica.
El Presidente da lectura a la solicitud de licencia del senador Roberto Suárez Nieto y la Asamblea aprueba el punto de acuerdo respectivo. Comuníquese a la Cámara de Senadores.
Se da lectura a una comunicación del Congreso del Estado de San Luis Potosí, por la que informa de actividades propias de la Legislatura. De enterado.
La Secretaría da cuenta con un oficio del Director General del Banco de México, con el que se remite el informe correspondiente al movimiento diario que durante el cuarto trimestre de mil novecientos noventa y dos, tuvieron el
financiamiento interno de esa institución y la Cuenta General de la Tesorería de la Federación. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y a la de Hacienda de la Cámara de Senadores.
Un oficio de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, con el que remite los informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, correspondientes al cuarto trimestre de ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y dos. Se turna a las mismas comisiones que el anterior.
Se da cuenta con un oficio del Departamento del Distrito Federal, con el que remite el informe trimestral del avance del programa presupuesto de esa dependencia al treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y dos. Se turna a las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y del Distrito Federal, de la Cámara de Diputados y a la de Hacienda y del Distrito Federal de la Cámara de Senadores.
El Presidente concede el uso de la palabra al diputado Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de cámaras de Comercio y de Industria. Se turna a la Comisión de Comercio.
El Presidente da lectura a un oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Ecuador.
La Asamblea considera esta solicitud como de urgente resolución y sin discusión se aprueba en votación económica y, a solicitud del diputado Calderón Salazar, se registran las abstenciones de su Partido y del Partido Popular Socialista. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
La Secretaría de cuenta a diversos oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que se solicitan los permisos constitucionales necesarios para que el ciudadano Mario Augusto José Moya y Palencia, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Cuba; el ciudadano Héctor Vicente Ahuja Fuster, pueda aceptar y usar las condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Guatemala; el ciudadano Carlos Gutiérrez Jiménez, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Rumania en Puebla, con circunscripción en los estados de Tlaxcala, Puebla y Veracruz; el ciudadano Jorge Manuel Pintado Cervera, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul de Rumania en Monterrey, con circunscripción en el Estado de Nuevo León; el ciudadano Alejandro Reyes Silvestre, pueda prestar sus servicios en la embajada de la República Federativa de Brasil, en México. Se turna a la Primera Comisión.
Ocho oficios de la misma Secretaría, con los que se remiten las hojas de servicios de un número igual de ciudadanos mexicanos, para los efectos de la fracción séptima del artículo setenta y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnan a la Segunda Comisión.
La Secretaría da Primera Lectura a un dictamen de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento de la ciudadana Beatriz Paredes Rangel, como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México, ante el Gobierno de la República de Cuba. La Asamblea dispensa la segunda lectura y, para expresar sus opiniones al respecto, hacen uso de la palabra los legisladores Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista, en pro; Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, en pro; María Elena Chapa Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, en pro y Diego Fernández de Cevallos, del Partido Acción Nacional, para rectificar hechos.
La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen y en votación económica se aprueba con la abstención de los legisladores del Partido de la Revolución democrática. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El Presidente informa que a las puertas del salón se encuentra la ciudadana Beatriz Paredes Rangel y designa una Comisión para introducirla y acompañarla en el acto de rendir su protesta de Ley como embajadora de México. Terminado el acto protocolario, la misma Comisión acompaña a la embajadora hasta las puertas del Recinto.
También se da primera lectura a un dictamen de la Segunda Comisión con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Ignacio Rey Morales Lechuga, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México, ante el Gobierno de la República de Francia. La Asamblea dispensa la segunda lectura y, para expresar sus opiniones al respecto, hacen uso de la palabra los legisladores Jorge Calderón Salazar, del Partido de la República Democrática, en contra; Juan de Dios Castro Lozano, quien dice desde su curul hace una aclaración y declina de solicitud de interpelación; José Antonio González Fernández, del Partido Revolucionario Institucional,
en pro y Juan de Dios Castro Lozano, del Partido Acción Nacional, para rectificar hechos.
La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen y en votación económica se aprueba, con los dos votos en contra del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Se turna al Poder Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
El Presidente informa que a las puertas del Recinto se encuentra el ciudadano Morales Lechuga y designa una Comisión para que lo introduzcan en el salón de sesiones y lo acompañen en el acto de rendir su protesta de Ley. Terminado el acto protocolario, la misma Comisión acompaña al embajador de México, hasta las puertas del Recinto.
Para continuar con el orden del día, se da primera lectura a ocho dictámenes de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican los grados militares a un número igual de ciudadanos mexicanos y a otro dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se otorga el permiso constitucional necesario para que las ciudadanas Yolanda Enríquez Hernández y Alejandrina María Teresa Salido Reyero, puedan prestar sus servicios en la embajada de los Estados Unidos de América en México.
Se someten a discusión y sin ella se aprueban en sendas votaciones económicas, cuatro dictámenes de la Segunda Comisión con puntos de acuerdo por los que se ratifican los grados militares a los ciudadanos Juan Heriberto Salinas Altes, Antonio López Portillo Leal, Mario Blancas Sánchez y Antonio Serrano Herrera. Se turnan al Ejecutivo Para sus efectos constitucionales.
También se somete a discusión un dictamen de la Primera Comisión con proyecto de decreto por el que otorgan los permisos constitucionales necesarios para que dieciséis ciudadanos mexicanos puedan prestar sus servicios en el consulado general de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua y en la embajada del mismo país en México. No Habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se aprueba y pasa el Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, para contestar alusiones personales en relación con la intervención del diputado Fernández de Cevallos, en la discusión del dictamen aprobado en relación con la embajadora de México ante la República de Cuba.
Presidencia del diputado
Antonio González Fernández
También para contestar alusiones personales, se concede el uso de la palabra al diputado Diego Fernández de Cevallos, del Partido Acción Nacional, en dos ocasiones y al diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista, también en dos ocasiones.
Presidencia del diputado
Fernando Ortiz Arana
Hace uso de la palabra el diputado Víctor Orduña Muñoz, de Partido Acción Nacional, quien presenta un punto de acuerdo solicitando la comparecencia del Secretario General de Protección y Vialidad del Departamento del Distrito Federal e, inmediatamente después los legisladores Fernando Lerdo de Tejada, del Partido Revolucionario Institucional, quien apoya la solicitud y pide que sea no solamente ante la Comisión del Distrito Federal, sino también ante la de Derechos Humanos; Carlos Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana quien hace una proposición similar y Miguel León Corrales, del Partido de la Revolución Democrática, quien propone una adición en el sentido de invitar a miembros de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.
El Presidente turna los puntos de acuerdo a las comisiones del Distrito Federal y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
El Presidente concede el uso de la palabra a los legisladores Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática; Carlos Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Carlos Sales Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional, quienes se refieren a los impuestos compensatorios al acero mexicano.
Presidencia del diputado
José Antonio González Fernández
Para comentar los hechos sangrientos ocurridos en Tlacotepec, Guerrero, hacen uso de la palabra los legisladores Efraín Zúñiga Galeana, del Partido Revolucionario Institucional, quien presenta un punto de acuerdo y Miguel León Corrales, del Partido de la Revolución Democrática; quien propone un pronunciamiento. Se turna el punto de acuerdo y los pronunciamientos, a la Comisión de Derechos Humanos.
Presidencia del diputado Fernando Ortiz Arana
Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado Rodolfo Becerril Straffon, del Partido
Revolucionario Institucional, quien comenta la Reunión del Grupo de los Tres, efectuada en Caracas, Venezuela y, para expresar sus opiniones sobre el mismo asunto, los legisladores Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista.
Presidencia del diputado
José Antonio González Fernández
Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, Carlos Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana;
Presidencia del diputado
Fernando Ortiz Arana
y Gustavo Salina Iñiguez, del Partido Revolucionario Institucional. El Presidente concede el uso de la palabra al diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista, quien se refiere al otorgamiento de registro de asociación religiosas y la proposición que su partido hizo y que fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, sobre el mismo tema, hacen uso de la palabra los legisladores José Antonio González Fernández, del Partido Revolucionario Institucional; Diego Fernández de Ceballos, del Partido Acción Nacional y Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista.
Sube a la tribuna el diputado Miguel León Corrales, para presentar dos pronunciamientos en relación con la situación laboral de los trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México y los que laboran en la Industria del Hule.
Para expresar su criterio al respecto, se concede el uso de la palabra a los legisladores Rigoberto Ochoa Zaragoza, del Partido Revolucionario Institucional; Miguel León Corrales, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos y Carlos Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
Se concede el uso de la palabra al diputado Víctor Orduña Muñoz, del Partido Acción Nacional quien denuncia hechos ocurridos en el municipio de Cárdenas, Tabasco y, para rectificar hechos en el mismo tema, los legisladores Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones y Oscar Cantón Zetina, del Partido Revolucionario Institucional.
Se turna la denuncia a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da cuenta con una invitación del Departamento del Distrito Federal, al acto cívico luctuoso conmemorativo del octagésimo aniversario de José María Pino Suárez. Se designa Comisión para representar a la Comisión Permanente.
Agotados los asuntos en cartera y no habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las diecinueve horas con catorce minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo miércoles veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y tres a las once horas.»
El Presidente: - Gracias, señor Secretario. Proceda entonces a poner a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior en votación económica.
El secretario diputado Rodolfo Becerril Straffon: - Esta a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior.
¿Hay algún legislador que desee hacer observaciones a la misma?
Se consulta a la Asamblea en votación económica si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada el acta, señor Presidente.
INVITACIONES
El secretario diputado Juan Luis Calderón Hinojosa:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Departamento del Distrito Federal.
Ciudadano diputado licenciado Fernando Ortiz Arana.- Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presente.
El Departamento del Distrito Federal, por conducto de esta dirección general, ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del CDLXVIII aniversario luctuoso del último emperador azteca Cuauhtémoc, que tendrá lugar en el monumento a Cuauhtémoc, ubicado en Av. Paseo de la Reforma e Insurgentes, el día domingo 28 de febrero a las 11.00 horas.
Por tal motivo, de la manera más atenta me permito solicitarle tenga a bien girar sus respetables
indicaciones, a efecto de que un representante de esa honorable Comisión Permanente que usted preside asista a la ceremonia de referencia.
Agradezco cumplidamente las atenciones que se sirva prestar al presente y le reitero con mi reconocimiento, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección .
Director de Acción Cívica, doctor Vicente de la Cruz Santiago.»
El Presidente: - Para asistir a este acto en representación de esta honorable Comisión Permanente, esta Presidencia designa a los siguientes legisladores: diputados Carlos González Durán y Efraín Zuñiga Galeana.
El secretario diputado Juan Luis Calderón Hinojosa:
Ciudadano diputado licenciado Fernando Ortiz Arana.- Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presente.
El Departamento del Distrito Federal, por conducto de esta dirección general, ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del CLXIV aniversario luctuoso de doña Josefa Ortiz de Domínguez, que tendrá lugar en el monumento erigido a su memoria en la Plaza de Santo Domingo, delegación Cuauhtémoc, el día martes 2 de marzo a las 11.00 horas.
Por tal motivo, de la manera más atenta me permito solicitarle tenga a bien girar sus respetables indicaciones, a efecto que un representante de esa honorable comisión Permanente que usted preside asista a la ceremonia de referencia.
Agradezco cumplidamente las atenciones que se sirva prestar al presente y le reitero con mi reconocimiento, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Director de Acción Cívica, doctor Vicente de la Cruz Santiago.»
El Presidente:- Para concurrir a ese acto cívico, representado a este honorable cuerpo colegiado, esta Presidencia se permite designar a los siguientes legisladores: senadora María Elena Chapa Hernández, senador Ernesto Luque Feregrino y diputada Blanca Ruth Esponda Espinosa.
COMUNICACIÓN
El secretario diputado Juan Luis Calderón Hinojosa:
«Ciudadano diputado Fernando Ortiz Arana.- Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presente.
Por su amable conducto me permito solicitar tenga usted, a bien, hacer del conocimiento a este honorable cuerpo colegiado, que a partir de esta fecha, se me tenga por reincorporado al desempeño de mis funciones como diputado integrante de esta LV Legislatura, informo lo anterior para los efectos legales procedentes.
sin otro particular, reciba un apreciable saludo.
Atentamente.
México, Distrito Federal, a 24 de febrero de 1993.- Diputado licenciado Cristóbal Arias Solis.»
De enterado y se le tiene por reincorporado a sus actividades legislativas.
OFICIOS DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
RATIFICACIÓN DE GRADOS MILITARES
El secretario diputado Juan Luis Calderón Hinojosa:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional, se ha dirigido a ésta de Gobernación, con fecha 25 de enero próximo pasado, manifestando lo siguiente:
''Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que pos su conducto, se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general de división D. E. M. Mario Renán Castillo Fernández (473507), que en
dieciocho fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo, para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que transcribe a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, acompañándoles con el presente el anexo que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 2 de febrero de 1993.- El secretario Patrocinio González Blanco Garrido.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudos Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación .- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Con fecha 28 de enero próximo pasado, la Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a esta Dependencia del Ejecutivo manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general brigadier Diplomado de Estado Mayor Jorge García Arredondo (4454435), que en dieciséis fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo, para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, enviándoles con el presente el anexo que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 3 de febrero de 1993.- El secretario Patrocinio González Blanco Garrido.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional, se ha dirigido a ésta de Gobernación, con fecha 1o. del presente, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general brigadier diplomado de Estado Mayor Mario Fuentes Juárez (5000912), que en diecisiete fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo, para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, acompañándoles al presente el anexo que en el mismo se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 3 de febrero de 1993.- El secretario Patrocinio González Blanco Garrido.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En oficio fechado el 1o. del actual, la Secretaría de la Defensa Nacional, manifiesta a ésta de Gobernación lo siguiente:
"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general brigadier diplomado de Estado Mayor Mauro Enrique Tello Quiñones
(5528178), que en quince fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo, para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que hago del conocimiento de ustedes para los fines legales procedentes, enviándoles con el presente el anexo que se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 3 de febrero de 1993.- El Secretario Patrocinio González Blanco Garrido.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional, se ha dirigido a ésta de Gobernación, con fecha 27 de enero último, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general brigadier diplomado de Estado Mayor Ernesto Cruz Belmont (495458), que en diecisiete fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo, para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, acompañándoles con el presente el anexo que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 3 de febrero de 1993.- El secretario Patrocinio González Blanco Garrido.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación transcribo oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional, dirigió a esta Dependencia del Ejecutivo con fecha 27 de enero último:
"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general brigadier diplomado de Estado Mayor Humberto Bravo Sánchez (4748892), que en diecisiete fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo, para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Al comunicar a ustedes lo anterior, se acompaña con el presente la hoja de servicios que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 3 de febrero de 1993.- El secretario Patrocinio González Blanco Garrido.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
"Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional, se ha dirigido a ésta de Gobernación, con fecha 22 de enero próximo pasado, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general brigadier diplomado de Estado
Mayor Humberto Alfonso Guillermo Aguilar (5528176), que en quince fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo, para electos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, acompañándoles con el presente el anexo que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 2 de febrero de 1993.- El secretario Patrocinio González Blanco Garrido.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional, dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 1o. del presente:
"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general brigadier Víctor Manuel Martín Fernández (4454416), que en dieciséis fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo, para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Al comunicar a ustedes lo anterior, les envió con el presente la hoja de servicios a que se hace referencia.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 3 de febrero de 1993.- El secretario Patrocinio González Blanco Garrido.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En oficio fechado el 22 de enero próximo pasado, la Secretaría de la Defensa Nacional, manifiesta a ésta de Gobernación lo siguiente:
"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general brigadier Antonio Tortajada Morán (3467616), que en quince fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo, para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que hago del conocimiento de ustedes, para los fines legales procedentes, enviándoles además con el presente la hoja de servicios a que se hace referencia.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 3 de febrero de 1993.- El secretario Patrocinio González Blanco Garrido.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
SOLICITUD DE PARTICULAR
El secretario diputado Juan Luis Calderón Hinojosa:
«Honorable Comisión Permanente del Congreso Federal:
Emilio Azcárraga Milmo, señalando como domicilio para recibir toda clase de comunicaciones el primer piso del edificio marcado con el número 28 de la Av. Chapultepec, Col. Doctores, de esta ciudad, C.P. 06724 y autorizando para oírlas y recoger toda clase de documentos a los señores licenciado Julio Barba Hurtado y Alberto Sáenz Azcárraga, ante ustedes con el debido respeto comparezco y atentamente expongo:
Que en los términos de la fracción III del apartado b, del artículo 37 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, por medio del presente solicito de esa honorable Comisión Permanente del Congreso Federal permiso para aceptar y usar la Condecoración de la "Orden Nacional al Mérito en el Grado de Comendador", que me confiere el Gobierno de la República de Ecuador.
En espera de que mi solicitud merezca su aprobación me es grato protestarles mis consideraciones y respetos.
México, Distrito Federal, a 22 de febrero de 1993.- Emilio Azcárraga Milmo.»
Túrnese a la Primera Comisión.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
RATIFICACIÓN DE GRADOS MILITARES
El secretario diputado Juan Luis Calderón Hinojosa:
«Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: A la Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el veinte de noviembre de 1991 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano capitán de navío del cuerpo de ingenieros mecánicos navales milicia permanente, de la armada de México Juan Enrique Reynoso Valle, como contralmirante del cuerpo de ingenieros mecánicos navales, milicia permanente de la armada de México, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Comisión Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:
a)Que ingresó como cadete en la Heroica Escuela Naval Militar, el diez de enero de mil novecientos cincuenta y cinco y el primero de enero de mil novecientos sesenta y uno fue ascendido a guardiamarina del cuerpo de ingenieros mecánicos navales milicia permanente, de la armada de México al término satisfactorio de sus estudios en dicho plantel;
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro de la armada de México ha prestado servicios a la nación Mexicana durante treinta y siete años, once meses, veintiún días, y
d) Se le confirió en su oportunidad por satisfacer el tiempo de servicios para ello, la Condecoración de Perseverancia de Primera Clase.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado contralmirante del cuerpo de ingenieros mecánicos navales milicia permanente de la armada de México, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de contralmirante del cuerpo de ingenieros mecánicos navales milicia permanente de la armada de México, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Juan Enrique Reynoso Valle.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 12 de febrero de 1993.- Senador Humberto Lugo Gil, Presidente; diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos, secretario; diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, diputado Amador Rodríguez Lozano, senador Angel Ventura Valle, senador Carlos Sobrino Sierra, diputada Blanca Ruth Esponda Espinoza, senador Jorge Adolfo Vega Camacho, diputado Fernando Lerdo de Tejada y senador Héctor Terán Terán.»
Es de primera lectura.
El secretario diputado Rodolfo Becerril Straffon:
«Segunda Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: A la Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el veinte de noviembre de 1991 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano contralmirante del cuerpo de ingenieros mecánicos navales milicia permanente, de la armada de México, Salvador González Santamaría, como vicealmirante del cuerpo de ingenieros mecánicos navales, milicia permanente de la armada
de México, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:
a) Que ingresó como cadete en la Heroica Escuela Naval Militar el veintiséis de enero de mil novecientos cincuenta y tres y el primero de enero de mil novecientos cincuenta y ocho fue ascendido a guardiamarina del cuerpo de ingenieros mecánicos navales de la armada de México al término satisfactorio de sus estudios en dicho plantel;
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro de la armada de México ha prestado servicios a la nación mexicana durante treinta y nueve años, once meces, cinco días y
d) Se le confirió en su oportunidad por satisfacer el tiempo de servicios requerido para ello, la Condecoración de Perseverancia de Primera Clase. De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado vicealmirante del cuerpo de ingenieros mecánicos navales, milicia permanente de la armada de México, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de vicealmirante del cuerpo de ingenieros mecánicos navales, milicia permanente de la armada de México, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Salvador González Santamaría.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 21 de febrero de 1993.- Senador Humberto Lugo Gil, Presidente; diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos, secretario; diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, diputada Blanca Ruth Esponda Espinoza, diputado Fernando Lerdo de Tejada, diputado Amador Rodríguez Lozano, senador Carlos Sobrino Sierra, senador Héctor Terán Terán, senador Jorge Adolfo Vega Camacho y senador Angel Ventura Valle.»
Es de primera lectura.
«Segunda Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: A la Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento excedido el veinte de noviembre de 1991 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano contralmirante del cuerpo general diplomado de Estado Mayor Naval, milicia permanente, de la armada de México José Héctor Orozco Peralta, como vicealmirante del cuerpo general diplomado de Estado Mayor, milicia permanente de la armada de México, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecendentes del interesado, esta Comisión advierte:
a) Que ingresó como cadete en la Heroica Escuela Naval Militar el once de enero de mil novecientos cincuenta y cuatro y el primero de enero de mil novecientos cincuenta y nueve fue ascendido a guardiamarina del cuerpo general milicia auxiliar de la armada de México al término satisfactorio de sus estudios en dicho plantel;
b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de capitán de navío del cuerpo general adquirió el carácter de diplomado de Estado Mayor naval, milicia permanente;
c) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
d) Como miembro de la armada de México ha prestado servicios a la nación mexicana durante treinta y nueve años, seis meses, diez días y
e) Se le confirió en su oportunidad por satisfacer el tiempo de servicios requerido para ello, la Condecoración de Perseverancia de Primaria Clase.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado vicealmirante del cuerpo general diplomado de Estado Mayor, milicia permanente de la armada de México, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta
con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de vicealmirante del cuerpo general diplomado de Estado Mayor, milicia permanente de la armada de México, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano José Héctor Orozco Peralta. Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 12 de febrero de 1993.- Senador Humberto Lugo Gil, Presidente; diputado Diego Fernández de Ceballos Ramos, secretario; diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, diputada Blanca Ruth Esponda Espinoza, diputado Fernando Lerdo de Tejada, diputado Amador Rodríguez Lozano, senador Carlos Sobrino Sierra, senador Héctor Terán Terán, senador Jorge Adolfo Vega Camacho y senador Angel Ventura Valle.»
Es de primera lectura.
«Segunda Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: A la Comisión que suscribe fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el veinte de noviembre de 1991 por el ciudadano Presidente de la República en favor del ciudadano capitán de navío del cuerpo general, milicia permanente, diplomado de Estado Mayor de la armada de México Juan Borrayo Saavedra como contralmirante del cuerpo general, diplomado de Estado Mayor, milicia permanente de la armada de México, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:
a) Que ingresó como cadete en la Heroica Escuela Naval Militar el 9 de enero de mil novecientos sesenta y uno y el primero de agosto de mil novecientos sesenta y seis fue ascendido a guardiamarina del cuerpo general, milicia permanente de la armada de México al término satisfactorio de sus estudios en dicho plantel;
b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de capitán de navío del cuerpo general adquirió el carácter de diplomado mayor;
c) Al siguiente grado ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de su ascenso;
d) Como miembro de la armada de México ha prestado servicios a la nación mexicana durante treinta y un años, once meses, veintidós días y
e) Se le confirió en su oportunidad por satisfacer el tiempo de servicios requeridos para ello la Condecoración de Perseverancia de Segunda Clase.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado contralmirante del cuerpo general diplomado de Estado Mayor, milicia permanente de la armada de México, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de contralmirante del cuerpo general diplomado de Estado Mayor, milicia permanente de la armada de México, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Juan Borrayo Saavedra.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 12 de febrero de 1993.- Senador Humberto Lugo Gil, Presidente; diputado Diego Fernández de Ceballos Ramos, secretario; diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, diputada Blanca Ruth Esponda Espinoza, diputado Fernando Lerdo de Tejada, diputado Amador Rodríguez Lozano, senador Carlos Sobrino Sierra, senador Héctor Terán Terán, senador Jorge Adolfo Vega Camacho y senador Angel Ventura Valle.»
Es de primera lectura.
«Segunda Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: A la Comisión que suscribe fue turnado, para su estudio y dictamen,
el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el veinte de noviembre de 1991 por el ciudadano Presidente de la República en favor del ciudadano capitán de navío del cuerpo general, diplomado de Estado Mayor naval, personal permanente de la armada de México, Gerónimo Bringas Murrieta, como contralmirante del cuerpo general diplomado de Estado Mayor, personal permanente de la armada de México, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte;
a) Que ingreso como cadete de la Heroica Escuela Naval Militar el primero de septiembre de mil novecientos sesenta y cinco fue ascendido a guardiamarina del cuerpo general, al término satisfactorio de sus estudios en dicho plantel;
b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de capitán de navío del cuerpo general adquirió el carácter de diplomado de Estado Mayor naval;
c) Al siguiente grado ascendió de acuerdo con las leyes reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
d) Como miembro de la armada de México ha prestado servicios a la nación mexicana durante treinta y tres años y doce días; y
e)Se le confirió en su oportunidad por satisfacer el tiempo de servicios requeridos para ello la Condecoración de Perseverancia de Segunda Clase.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios requeridos para ello la Condecoración de Perseverancia de Segunda Clase.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado contralmirante del cuerpo general diplomado de Estado Mayor, personal permanente de la armada de México, se
deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de contralmirante del cuerpo general diplomado de Estado Mayor, personal permanente de la armada de México, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Gerónimo Bringas Murrieta.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 12 de febrero de 1993.- Senador Humberto Lugo Gil, Presidente; diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos, secretario; diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, diputado Blanca Ruth Esponda Espinosa, diputado Fernando Lerdo de Tejada, diputado Amador Rodríguez Lozano, senador Carlos Sobrino Sierra, senador Héctor Terán Terán, senador Jorge Adolfo Vega Camacho y senador Angel Ventura Valle.»
Es de primera lectura.
CONDECORACIONES
El secretario diputado Juan Luis Calderón Hinojosa:
«Primera Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: A la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fue turnado el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano embajador Mario Augusto José Moya y Palencia, pueda aceptar y usar la Medalla de la Amistad, que le confiere el Gobierno de la República de Cuba.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente.
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano embajador Mario Augusto José Moya y Palencia, para aceptar y usar la Medalla de La Amistad, que le confiere el Gobierno de la República de Cuba.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.-México, Distrito Federal, a 19 de febrero 1993.- Diputado Rigoberto Ohoa Zaragoza, Presidente; diputado Miguel Angel León Corrales, secretario; diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, diputado Alberto Carrillo Armenta, diputado Víctor Orduña Muñoz, senador Manuel Aguilera Gómez, senador Artemio Iglesias Miramontes, senador Ernesto Luque Feregrino, senador Roberto Robles
Garnica, senador Germán Sierra Sánchez y diputado Jorge Leobardo Lepe García.» Es de primera lectura.
«Primer Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: A la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fue turnado el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano general de división piloto aviador diplomado de Estado Mayor aéreo Héctor Vicente Ahuja Fuster, pueda aceptar y usar la Condecoración de la "Cruz de la Fuerza Aérea", que le confiere el Gobierno de la República de Guatemala.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano general de división piloto aviador diplomado de Estado Mayor aéreo Héctor Vicente ahuja Fuster, para aceptar y usar la Condecoración de la "Cruz de la Fuerza Aérea", que le confiere el Gobierno de la República de Guatemala.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 19 de febrero de 1993.- Diputado Rigoberto Ochoa Zaragoza, Presidente; diputado Miguel Angel León Corrales, secretario; diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, diputado Alberto Carrillo Armenta, diputado Jorge Leobardo Lepe García, diputado Víctor Orduña Muñoz, senador Manuel Aguilera Gómez, senador Artemio Iglesias Miramontes, senador Ernesto Luque Feregrino, senador Roberto Garnica y senador Germán Sierra Sánchez.»
Es de primera lectura.
NOMBRAMIENTOS
El secretario diputado Juan Luis Calderón Hinojosa:
«Primera Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: En oficio fechado el 21 de enero del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Carlos Ignacio Gutiérrez Jiménez, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Rumania, en Puebla con circunscripción consular en los estados de Tlaxcala, Puebla y Veracruz.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 17 de febrero, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana, con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el propio solicitante prestará al Gobierno de Rumania serán de carácter estrictamente consular, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Carlos Ignacio Gutiérrez Jiménez, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Rumania, en Puebla con circunscripción consular en los estados de Tlaxcala, Puebla y Veracruz.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 19 de febrero de 1993.- Diputado Rigoberto Ochoa Zaragoza, Presidente; diputado Miguel Angel León Corrales, secretario; diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, diputado Alberto Carrillo Armenta, diputado Víctor Orduña Muñoz, senador Manuel Aguilera Gómez, senador Artemio Iglesias Miramontes, senador Ernesto Luque Feregrino, senador Roberto Robles Garnica, senador Germán Sierra Sánchez y diputado Jorge Leobardo Lepe García.»
Es de primera lectura.
«Primera Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: En oficio fechado el 4 de febrero del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional
necesario para que el ciudadano Jorge Manuel Pintado Cervera, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Rumania en Monterrey con circunscripción consular en el Estado de Nuevo León.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 17 de febrero, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana, con la copia certificada del acta de nacimiento.
b) Que los servicios que el propio solicitante prestará al Gobierno de Rumania, serán de carácter estrictamente consular.
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Jorge Manuel Pintado Cervera, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul con horario de Rumania, en Monterrey con circunscripción consular en el Estado de Nuevo León.
Sala de comisiones la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, el 19 de Febrero de 1993.- Diputado Rigoberto Ochoa Zaragoza, Presidente; Diputado Angel León Corrales, Secretario; Diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, Diputado Alberto Carrillo Armenta, Diputado Jorge Leobardo Lepe García, Diputado Victor Orduña Muñoz, Senador Manuel Aguilera Gómez Senador Artemio Iglesias Miramontes, Senador Ernesto Luque Feregrino, Senador Roberto Robles Garnica y Senador Germán Sierra Sánchez»
Es Primera Lectura.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
«Primera comisión de trabajo.
Honorable Asamblea: En oficio fechado el 21 de enero de 1993, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Alejandro Reyes Silvestre, pueda prestar servicios como auxiliar administrativo, en la Embajada de la República Federativa de Brasil en México.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 24 de febrero, se turno a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a)Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana, con la copia certificada del acta de nacimiento.
b)Que los servicios que el propio solicitante prestará en la embajada de la República Federativa de Brasil en México, serán de carácter administrativo;
c)Que la solicitud se ajusta en lo establecido en la fracción II del apartado b, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Alejandro Reyes Silvestre, para prestar servicios como auxiliar administrativo, en la embajada de la República Federativa de Brasil en México.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 19 de febrero de 1993.- Diputado Rigoberto Ochoa Zaragoza, Presidente; diputado Miguel Angel León Corrales, secretario; diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, Diputado Alberto Carrillo Armenta, Diputado Victor Orduña Muñoz, senador Manuel Aguilera Gómez, senador Artemio Iglesias Miramontes, senadores Ernesto Luque Feregrino, senador Roberto Robles Garnica, senador Germán Sierra Sánchez y diputado Jorge Leobardo Lepe García.»
Es de primera lectura.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
RATIFICACIONES DE GRADOS MILITARES
El secretario diputado Rodolfo Becerril Straffon:
«Segunda Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: A la Comisión que suscribe fue turnado, para su estudio y dictamen,
el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedito el veinte de noviembre de 1991 por el ciudadano Presidente de la República en favor del ciudadano contralmirante del cuerpo general diplomado de Estado Mayor naval, milicia permanente de la armada de México Manuel Zermeño del Peón, como vicealmirante del cuerpo general diplomado de Estado Mayor, milicia permanente de la armada de México, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:
a) Que ingresó como cadete en la Heroica Escuela Naval Militar el diez de enero de mil novecientos cincuenta y cinco y el primero de enero de mil novecientos sesenta fue ascendido a guardiamarina del cuerpo general de la armada de México al término satisfactorio de sus estudios en dicho plantel;
b)A los grados sucesivos ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de capitán de navío del cuerpo general adquirió el carácter de diplomado de Estado Mayor;
c) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
d) Como miembro de la armada de México ha prestado servicios a la nación mexicana durante treinta y siete años, once meses, once días y
e) Se le confirió en su oportunidad por satisfacer el tiempo de servicios requeridos para ello la Condecoración de Perseverancia de Segunda Clase.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado vicealmirante del cuerpo general diplomado de Estado Mayor milicia permanente de la armada de México, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de vicealmirante del cuerpo general diplomado de Estado Mayor milicia permanente de la armada de México, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Manuel Zermeño del Peón.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 12 de febrero de 1993.- Senador Humberto Lugo Gil, Presidente; diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos, secretario; diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, diputada Blanca Ruth Esponda Espinosa, diputado Fernando Lerdo de Tejada, diputado Amador Rodríguez Lozano, senador Carlos Sobrino Sierra, senador Héctor Terán Terán, senador Jorge Adolfo Vega Camacho y senador Angel Ventura Valle.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo
«Segunda Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: A la Comisión que suscribe fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el veinte de noviembre de 1991 por el ciudadano Presidente de la República en favor del ciudadano contralmirante del cuerpo general diplomado de Estado Mayor naval milicia permanente de la armada de México, Manuel Peyrot González, como vicealmirante del cuerpo general diplomado de Estado Mayor, milicia permanente de la armada de México, para los efectos de los dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:
a) Que ingresó como cadete en la Heroica Escuela Naval Militar el diez de enero de mil novecientos cincuenta y cinco y el primero de enero de mil novecientos sesenta fue ascendido a guardiamarina del cuerpo general milicia permanente de la armada de México al término satisfactorio de sus estudios en dicho plantel;
b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de contralmirante del cuerpo general adquirió el carácter de diplomado de Estado mayor:
c) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
d) Como miembro de la armada de México ha prestado servicios a la nación mexicana durante treinta y siete años, diez meses, y
e) Se le confirió en su oportunidad por satisfacer el tiempo de servicios requerido para ello la Confederación de Perseverancia de Primera Clase.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado vicealmirante del cuerpo general diplomado de Estado Mayor, milicia permanente a la armada de México, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite somete a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
UNICO. Se ratifica el grado de vicealmirante del cuerpo general diplomado de Estado Mayor, milicia permanente de la armada de México que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Manuel Peyrot González.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 12 de febrero de 1993.- Senador Humberto Lugo Gil, Presidente; diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos, secretario; diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, diputada Blanca Ruth Esponda Espinosa, diputado Fernando Lerdo de Tejada, diputado Amador Rodríguez Lozano, senador Carlos Sobrino Sierra, senador Héctor Terán Terán, senador Jorge Adolfo Vega Camacho y senador Angel Ventura Valle.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado Comuníquese al Ejecutivo.
«Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: A la Comisión que suscribe fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el veinte de noviembre de 1991 por el ciudadano Presidente de la República en favor del ciudadano contralmirante del cuerpo de ingenieros mecánicos navales, personal permanente de la armada navales, personal de la armada de México, Elías Padilla Salazar, como vicealmirante del cuerpo de ingenieros mecánicos de México, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:
a) Que ingresó como cadete en la Heroica Escuela Naval Militar el diez de enero de mil novecientos cincuenta y dos y el primero de enero de mil novecientos cincuenta y siete fue ascendido a guardiamarina del cuerpo de ingenieros mecánicos, milicia auxiliar por haber terminado sus estudios satisfactoriamente en dicho plantel;
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro de la armada de México ha prestado servicios a la nación mexicana durante cuarenta años, once meses, veintiún días y
d) Se le confirió en su oportunidad por satisfacer el tiempo de servicios requerido para ello la Condecoración de Perseverancia Excepcional.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado vicealmirante del cuerpo de ingenieros mecánicos navales, personal permanente de la armada de México, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de vicealmirante del cuerpo de ingenieros mecánicos navales, personal permanente de la armada de México, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Elías Padilla Salazar.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 12 febrero de 1993.-
Senador Humberto Lugo Gil, Presidente; diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos, secretario; diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, diputado Amador Rodríguez Lozano, senador Angel Ventura Valle, senador Carlos Sobrino Sierra, diputada Blanca Ruth Esponda Espinosa, senador Jorge Adolfo Vega Camacho, Diputado Fernando Lerdo de Tejada y senador Héctor Terán Terán.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado Comuníquese al Ejecutivo.
El secretario diputado Juan Luis Calderón Hinojosa:
«Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: A la Comisión que suscribe fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el veinte de noviembre de 1991 por el ciudadano Presidente de la República en favor del ciudadano capitán de navío del cuerpo general, diplomado de Estado Mayor naval, milicia permanente de la Armada de México, Rubén Eduardo Márquez Salazar, como contralmirante del cuerpo general diplomado de Estado Mayor, milicia permanente de la armada de México, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del Artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:
a) Que ingresó como cadete en la Heroica Escuela Naval Militar el primero de enero de mil novecientos sesenta y el primero de septiembre de mil novecientos sesenta y cinco fue ascendido a guardiamarina del cuerpo general de la armada de México, al término satisfactorio de sus estudios en dicho plantel;
b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de capitán de navío del cuerpo general adquirió el carácter de diplomado de Estado Mayor naval, milicia permanente de la armada de México:
c) Al siguiente grado ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
d) Como miembro de la armada de México ha prestado servicios a la nación mexicana durante treinta y tres años; y
e) Se le confirió en su oportunidad por satisfacer el tiempo de servicio requerido para ello la Condecoración de Perseverancia de Segunda Clase.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado contralmirante del cuerpo general diplomado de Estado Mayor, milicia permanente de la armada de México, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se la ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de contralmirante del cuerpo general diplomado de Estado Mayor, milicia permanente de la armada de México, que al Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Rubén Eduardo Márquez Salazar.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la de la Unión.- México, Distrito Federal, a 12 de febrero de 1993,- Senador Humberto Lugo Gil, Presidente; diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos, secretario; diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, diputado Amador Rodríguez Lozano, senador Angel Ventura Valle, senador Carlos sobrino Sierra, diputada Blanca Ruth Esponda Espinosa, senador Jorge Adolfo Vega Camacho, diputado Fernando Lerdo de Tejada y senador Héctor Terán Terán.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
«Segunda Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: A la Comisión que suscribe fue turnado, para su estudio y dictamen,
el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el veinte de noviembre de 1991 por el ciudadano Presidente de la República en favor del ciudadano capitán de navío del cuerpo general diplomado de Estado Mayor naval, milicia permanente de la armada de México Daniel Zamora Contreras, como contralmirante del cuerpo general, diplomado de Estado Mayor, milicia permanente de la armada de México, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:
a) Que ingresó como cadete en la Heroica Escuela Naval Militar el dos de enero de mil novecientos cincuenta y nueve el primero de septiembre de mil novecientos sesenta y cinco fue ascendido a guardiamarina del cuerpo general de la armada de México al término satisfactorio de sus estudios en dicho plantel;
b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de capitán de navío del cuerpo general adquirió el carácter de diplomado de Estado mayor;
c) Al siguiente grado ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de su ascenso;
d) Como miembro de la armada de México ha prestado servicios a la nación mexicana durante treinta y tres años, once meses, veintinueve días y
e) Se le confirió en su oportunidad por satisfacer el tiempo de servicios requerido para ello la Condecoración de Perseverancia de Segunda Clase.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado contralmirante del cuerpo general diplomado de Estado Mayor, milicia permanente de la armada de México, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de contralmirante del cuerpo general, diplomado de Estado Mayor milicia permanente de la armada de México, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Daniel Zamora Contreras.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 12 de febrero de 1993.- Senador Humberto Lugo Gil, Presidente; diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos, secretario; diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, diputada Blanca Ruth Esponda Espinosa, diputado Fernando Lerdo de Tejada, diputado Amador Rodríguez Lozano, senador Carlos Sobrino Sierra, senador Héctor Terán Terán, senador Jorge Adolfo Vega Camacho y senador Angel Ventura Valle.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
«Segunda Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: A la Comisión que suscribe fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el veinte de noviembre de 1991 por el ciudadano capitán de navío del cuerpo general diplomado de Estado Mayor, milicia permanente de la armada de México, Hugo Acosta Aguilar, como contralmirante del cuerpo general diplomado de Estado Mayor, milicia permanente de la armada de México, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:
a) Que ingresó como cadete en la Heroica Escuela Naval Militar el dos de enero de mil novecientos cincuenta y nueve y el primero de septiembre de mil novecientos ochenta y cinco fue ascendido a guardiamarina del cuerpo general de la armada de México al término satisfactorio de sus estudios en dicho plantel;
b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de capitán de navío del cuerpo general adquirió el carácter de diplomado de Estado Mayor;
c) Al siguiente grado ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
d) Como miembro de la armada de México ha prestado servicios a la nación mexicana durante treinta y tres años, once meses, veintinueve días y
e) Se le confirió en su oportunidad por satisfacer el tiempo de servicios requerido para ello la Condecoración de Perseverancia de Segunda Clase.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado contralmirante del cuerpo general diplomado de Estado Mayor, milicia permanente de la armada de México, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de contralmirante del cuerpo diplomado de Estado Mayor, milicia permanente de la armada de México, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Hugo Acosta Aguilar.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 12 de febrero de 1993.- Senador Humberto Lugo Gil, Presidente; diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos, secretario; diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, diputada Blanca Ruth Esponda Espinosa, diputado Fernando Lerdo de Tejada, diputado Amador Rodríguez Lozano, senador Carlos Sobrino Sierra, senador Héctor Terán Terán, senador Jorge Adolfo Vega Camacho y senador Angel Ventura Valle.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
«Segunda Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: A la Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el veinte de noviembre de 1991 por el ciudadano Presidente de la República en favor del ciudadano capitán de navío del cuerpo de ingenieros mecánicos navales, de la armada de México, Abelardo E. Tun Chan, como contralmirante del cuerpo de ingenieros mecánicos navales, personal permanente de la armada de México, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:
a) Que ingresó como cadete en la Heroica Escuela Naval Militar el veinticinco de enero de mil novecientos cincuenta y ocho y el primero de enero de mil novecientos sesenta y tres fue ascendido a guardiamarina del cuerpo de ingenieros mecánicos navales de la armada de México al término satisfactorio de sus estudios en dicho plantel;
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro de la armada de México ha prestado servicios a la nación mexicana durante treinta y cinco años, once meses, seis días y
d) Se le confirió en su oportunidad por satisfacer el tiempo de servicios requeridos para ello la Condecoración de Perseverancia de Segunda Clase.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado contralmirante del cuerpo general de ingenieros mecánicos navales, personal permanente, de la armada de México, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de contralmirante del cuerpo de ingenieros mecánicos navales, personal permanente, de la armada de México, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Abelardo E. Tun Chan. Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México,
Distrito Federal, a 12 de febrero de 1993.- Senador Humberto Lugo Gil, Presidente; diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos, Secretario; diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, diputada Blanca Ruth Esponda Espinosa, diputado Fernando Lerdo de Tejada, diputado Amador Rodríguez Lozano, senador Carlos Sobrino Sierra, senador Héctor Terán Terán, senador Jorge Adolfo Vega Camacho y senador Angel Ventura Valle.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
El secretario diputado Rodolfo Becerril Straffon:
«Segundo Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: A la Comisión que suscribe fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el veinte de noviembre de 1991 por el ciudadano Presidente de la república en favor del ciudadano capital de fragata del cuerpo general, ingeniero mecánico naval, milicia permanente de la armada de México, Carlos Angulo Jiménez, como capitán de navío del cuerpo general, diplomado de Estado Mayor, personal permanente de la armada de México, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:
a) Que ingresó como cadete en la Heroica Escuela naval Militar el once de enero de mil novecientos sesenta y cinco y el primero de agosto de mil novecientos sesenta fue ascendido a guardiamarina del cuerpo general, ingeniero mecánico naval, milicia auxiliar de la armada de México, al término satisfactorio de sus estudios en dicho plantel;
b) A los siguiente grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
d) Como miembro de la armada de México ha prestado de servicios a la nación mexicana durante veintisiete años, cuatro meses, once días; y
d) Se le confirió en su oportunidad por satisfacer el tiempo requerido para ello la Condecoración de Perseverancia de Tercera Clase.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado capitán de navío del cuerpo general diplomado de Estado Mayor, personal permanente de la armada de México, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de capitán de navío del cuerpo general diplomado de Estado Mayor, personal permanente de la armada de México, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Carlos Angulo Jiménez.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 12 de febrero de 1993.- Senador Humberto Lugo Gil, Presidente; diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos, secretario; diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, diputada Blanca Ruth Esponda Espinosa, diputado Fernando Lerdo de Tejada, diputado Amador Rodríguez Lozano, senador Carlos Sobrino Sierra, senador Héctor Terán Terán, senador Jorge Adolfo Vega Camacho y senador Angel Ventura Valle.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El secretario diputado Rodolfo Becerril Straffon:
«Primera Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: En oficio fechado el 26 de enero de 1993, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la de Gobernación, solicita
el permiso constitucional necesario para que las ciudadanas Yolanda Enríquez Hernández y Alejandrina María Teresa Salido Reyero, puedan prestar servicios de carácter administrativo, en la embajada de los Estados Unidos de América en México.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 10 de febrero, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo
CONSIDERANDO
a) Que las servicios peticionarias acreditan su nacionalidad mexicana, con la copia certificada del acta de nacimiento.
b) Que los servicios que las interesadas prestarán en la embajada de los Estados Unidos de América en México, serán de carácter administrativo.
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado b, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana Yolanda Enríquez Hernández, para prestar servicios como asistente en nómina, en la embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana Alejandrina María Teresa Salido Reyero, para prestar servicios como asistente en nómina, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Sala de comisiones de Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 12 de febrero de 1993.- Diputado Rigoberto Ochoa Zaragoza, Presidente, diputado Miguel Angel Leñon Corrales, secretario, diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, diputado Alberto Carrillo Armenta, diputado Víctor Orduña Muñoz, senador Manuel Aguilera Gómez, senador Artemio Iglesias Miramontes, senador Ernesto Luque Feregrino, senador Roberto Robles Garnica, senador Germán Sierra Sánchez y diputado Jorge Leobardo Lepe García.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado el proyecto de decreto.
Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El Presidente: -Gracias, señor secretario.
SECUESTROS EN TERRITORIO NACIONAL
El Presidente: -Continuando con los puntos inscritos en el orden del día para la presente sesión, concedemos la palabra al señor diputado Amador Rodríguez Lozano, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse a un asunto relacionado con los secuestros.
El diputado Amador Rodríguez Lozano: -Gracias, señor Presidente, compañeras y compañeros legislados:
He pedido el uso de la palabra para referirme a un asunto que creo que es de importancia para todos. Hace algunos días, un matrimonio tijuanense se me acercó para solicitar mi ayuda. Es un matrimonio de clase media, la señora dedicada al hogar, él un camionero que se gana la vida repartiendo agua en la ciudad de Tijuana.
Venían desolados, la señora con lágrimas en los ojos, pidiendo mi intervención. En el mes de
octubre del año pasado habían secuestrado a su hijo de tan solo 16 años. Los secuestrados le pedían 150 millones de pesos viejos.
Inmediatamente los señores Moreno Ornelas pidieron la intervención de las autoridades judiciales del Estado, de la policía judicial. Los secuestradores entraron en contacto al día siguiente con esta familia, familia de escasos recursos, cuyos 150 millones de pesos era una cantidad imposible de conseguir.
Después de esfuerzos de cooperación con amigos, lograron juntar 68 millones de pesos. Recibieron la llamada de los secuestradores, entregaron el dinero donde se les indicó, recogieron el dinero, todo esto ya con la supervisión de la policía judicial del Estado de Baja California, y desgraciadamente hasta estos momentos no se sabe nada ni del dinero, ni del hijo. Un joven de 16 años, de una familia humilde mexicana.
Este asunto, desgraciadamente es un asunto que se empieza a generalizar en el país. Las policías judiciales de los estados, las procuradurías de los estados, se están enfrentando a una ola que hasta el momento parece incontenible, de secuestros en el país. Hasta el momento, de los que se sabe, es decir, de aquellos que tuvieron el valor de comunicarse con la Policía Judicial en los últimos 54 días, ha habido 34 secuestros en todo el país.
Por supuesto que de inmediato las policías judiciales han tomado conocimiento del caso y han tratado de encontrar a los delincuentes. Sin embargo, las características del delito, de los criminales, las carencias que tiene la mayoría de las procuradurías de los estados, fundamentalmente. en el carácter de equipo de investigación y de peritaje, salvo casos excepcionales, no ha sido todo lo fructífero que se quisiera.
Ciertamente el asunto es fundamentalmente por lucro, pero hay casos también, y aquí se ha comentado incluso en la tribuna por el diputado Víctor Orduña, donde hay secuestros también que buscan otros tipos, otros objetivos: vender niños o conseguir personas para los prostíbulos.
Este asunto, es un asunto que nos debe llamar la atención, y por esa razón, la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional viene ante ustedes a hacer la siguiente declaración política:
La libertad, integridad y seguridad personales, son valores fundamentales que consagra el orden jurídico mexicano. La función fundamental de cualquier Gobierno, es darle vigencia plena a estos principios, estableciendo normas, instituciones, procedimientos y medidas operativas que concreticen este anhelo constitucional.
El Gobierno mexicano se encuentra comprometido en la lucha frontal contra la delincuencia, contra la impunidad o contra cualquier acto delictivo que atente contra la sociedad.
En repetidas ocasiones el Poder Legislativo ha manifestado su preocupación por el incremento de actos delictivos en nuestro país. Es interés constante de esta soberanía que el estado de derecho rija la convivencia entre los mexicanos y que las conductas antisociales, provengan de donde provengan, sean castigadas de acuerdo a la Ley.
En los últimos 54 días, del 27 de diciembre de 1992 a la fecha, se ha tenido conocimiento de 35 secuestrados, con un saldo de cinco plagiados muertos, cuatro aún en cautiverio y tres más desaparecidos en diferentes estados de la República, de acuerdo con los informes oficiales de las procuradurías de esas entidades.
Sinaloa encabeza la lista de los nueve estados en donde se han reportado plagios de personas, con ocho secuestros, Le sigue Baja California con seis; Veracruz, Guerrero y Nayarit, con cinco en cada entidad; Chiapas y Jalisco dos; Tamaulipas y el Estado de México, uno.
Hasta el momento, el mayor rescate pagado ha sido de 3 millones de nuevos pesos, en un secuestro de dos jóvenes, en Escuintla, Chiapas, a principios del mes de febrero.
Los datos anteriores son un ejemplo de cómo en varias ciudades del país se ha perturbado la paz de numerosas familias mexicanas por secuestros de alguno de sus miembros, perpetrados por criminales, cuyo objetivo fundamentalmente es el lucro. Inquieta al Poder Legislativo la proliferación de este tipo de delitos, porque no sólo atenta contra la libertad y dignidad de los afectados, sino sobre todo, parque el acto de secuestrar lesiona gravemente la y paz y la tranquilidad sociales.
No obstante que la persecución y sanción de este delito, corresponde a las autoridades competentes de las entidades federativas, no podemos soslayar que las procuradurías de los estados, frecuentemente requieren del auxilio de las autoridades de otro Estado o de la federal, para enfrentar esta ola delictiva, y que este delito por lo general, involucra la jurisdicción de dos o más entidades federativas.
Por otro lado, el aumento del número de secuestros, de los que se tiene noticia, es cada vez mayor, lo que obliga a que, con el más irrestricto respeto a las autonomías de los estados, se tomen medidas generales adicionales a las que ya operan, para que, conjuntamente todas las procuradurías del país, lleguen a acuerdos nacionales para disminuir y tratar de erradicar la generalización de este delito.
Por ello, es indispensable que a la brevedad posible y dentro del espíritu del federalismo cooperativo, la Procuraduría General de la República y las Procuradurías de las entidades federativas, en el marco del Convenio Único de Desarrollo, acuerden medidas conjuntas e intercambio de información, apoyo técnico y de capacitación, para combatir frontalmente el delito de secuestro.
En virtud de lo anterior, la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional,
representada en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, hace la siguiente
DECLARACIÓN POLÍTICA
"Primero. La fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, representada en la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, manifiesta su preocupación y condena por los secuestros que han llevado a cabo criminales sin escrúpulos en diversas entidades del país. La investigación, aclaración y castigo de los culpables son una necesidad para que los mexicanos sigamos teniendo en el estado de derecho el elemento fundamental de convivencia social.
Segundo. Dada la naturaleza del delito que es del fuero común y tomando en cuenta que los actos de un secuestro frecuentemente se llevan a cabo en territorio de dos o más entidades de la República, es necesario y conveniente que en el espíritu del federalismo mexicano y con irrestricto respeto a las autonomías estales, la Procuraduría General de la República y las procuradurías generales de justicia de las entidades federativas, en el marco del Convenio Único de Desarrollo, acuerden acciones específicas, concierten medidas concretas, intercambien información y apoyo técnico y de capacitación para combatir el delito de secuestro con mayor eficacia". Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente: -Informo a la Asamblea que se han registrado varios legisladores para participar en el asunto que ha planteado el señor diputado Amador Rodríguez Lozano, y son los siguientes legisladores: diputado Víctor Orduña Muñoz, del PAN; diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, del PARM y el señor diputado Carlos González Durán, del PRD. Concedemos entonces la palabra al señor diputado Víctor Orduña Muñoz, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional.
El diputado Víctor Martín Orduña Muñoz: -Con su autorización, señor Presidente; señoras y señores legisladores:
Ante una declaración política como la que hizo el diputado Amador Rodríguez Lozano, a nombre de su partido, yo primero les diría que nos hubiera dado gusto suscribirla, porque es una declaración de las que pueden suscribirse, porque el interés nacional es superior a los intereses partidistas.
Segundo, subí a esta tribuna porque es una declaración que es de apoyarse, y es de apoyarse por las siguientes consideraciones. No solamente en lo que va de este año, sino del año pasado y el año antepasado, se ha desatado una ola de secuestros en toda la República Mexicana. Si bien es cierto que los estados que mencionó aquí el diputado Amador Rodríguez Lozano tienen un alto índice de secuestros, también lo es que hay otras entidades federativas que los han venido sufriendo. Por fortuna, hasta estos momentos, no hay ningún grupo político que haya reivindicado estos secuestros, ello de alguna forma indica que no son secuestros de carácter político, sino meramente secuestros de carácter delictivo.
Otro hecho que es de considerarse, es que en todas las denuncias por secuestros que se han levantado, aparecen señales evidentes de que han sido policías o ex policías quienes los cometen.
Esto nos demuestra, por otro lado, que nuestro sistema de archivo policiaco nacional pues todavía está en pañales, que no hemos podido salir adelante con ese proyecto añejo que se tiene, y ha venido a traer consecuencias tan severas como las que ahora se estén denunciando.
Puedo decirles que tan sólo en el Distrito Federal, hasta este momento, tengo 45 casos documentados, 45 casos que están siendo procesados en este territorio del Distrito Federal, por secuestro y este es un secuestro que indigna, si los de mayores indigna, los de menores son todavía más de consecuencias desgarradoras para los padres que los sufren. Cuarenta y cinco casos de menores secuestrados que se encuentran en el Distrito Federal. Bueno, pues esto es realmente alarmante, y no solamente son en esta entidad federativa, repito, sino que son en toda la República Mexicana.
Al ponernos en contacto con los papás de estos niños robados y enterarnos de la problemática que están enfrentando con esa ola de secuestros, pudimos darnos cuenta de hechos realmente graves. Hechos realmente graves que de alguna manera enunciaba aquí el diputado Amador Rodríguez Lozano y son la falta de profesionalización y falta de capacitación de los policía encargados de estos secuestros.
Ellos creen que están investigando robos de automóviles y realmente para el robo de automóviles la policía judicial es muy eficaz; y es muy eficaz porque tiene una compensación que le da aquel que ha perdido el vehículo y otra compensación que le dan las compañías aseguradoras; hay interés económico en encontrar al vehículo. Pero en el caso de robo de menores, como no hay dinero, no se interviene y hemos denunciado incluso casos en los que los agentes
judiciales le piden dinero a los familiares de los secuestrados para investigar el paradero de la persona denunciada y que si tiene que hacer una diligencia en Chiapas, pues les piden dinero para ir a Chiapas, que porque no hay presupuesto para este tipo de investigación. Esto resulta por demás grave.
Otro de los hechos que hemos podido detectar en esta ola de secuestros, es precisamente que como aquí ya se anunciaba: los secuestros no tienen necesariamente un lugar específico donde se cometen y por las denuncias presentadas y ha visto que se cometen en un territorio y se siguen consumando en otros más. Y esto impide que la policía pueda dar fácilmente con los responsables, porque no existen esos convenios de colaboración que amablemente el diputado Amador Rodríguez Lozano, vino aquí a proponer entre las procuradurías y entre el General de la República; son buenas intenciones hasta ese momento, pero que ya al momento de intervenir en un caso concreto, se queda en meras intenciones, porque no hay una colaboración eficiente.
Del estudio de esta problemática hemos podido observar algunas cuestiones que, qué bueno que se plantea, porque da la oportunidad de mencionarlas a ustedes. Creo que es necesario, además del planteamiento que hizo el diputado Amador Rodríguez Lozano, el pensar los legisladores en federalizar el delito de secuestro.
Y algunos me dirán: no es federalizando los delitos, como va a perseguirse o va a castigarse a los delincuentes. Pero yo creo que en el caso del delito de secuestro, sí lo es. Sí lo es, porque con la estructura que tiene la Procuraduría General de la República, podría hacer investigaciones más a fondo, con el propósito de esclarecer todos estos casos que se han presentado.
Por otro lado, vale la pena decir que si algo aqueja en estos momentos a la seguridad pública no estatal, sino la seguridad pública nacional, lo es el caso también de los asaltos en carretera; ha sido tan el número de asaltos en carretera, que la Procuraduría General de la República ha tenido que formar una fiscalía especial que se encargue de la investigación del robo en carretera.
Desafortunadamente también la legislación no es muy clara. El asalto en carretera le corresponde normalmente a la legislación estatal. Y si la carretera pudiera desprenderse que es federal o algo, con alfileres tiene competencia la Procuraduría General de la República. Esto ha impedido también con combate eficaz.
Por ello, creo que los hechos denunciados son bastantes graves; nosotros aceptamos y apoyamos la propuesta del diputado Amador Rodríguez Lozano. Pero también instamos a todas las procuradurías donde tienen denuncias de secuestros, para que investiguen los hechos denunciados.
Les voy a platicar tan sólo un caso: en el Distrito Federal el año pasado fue secuestrada una persona de nombre José Arturo Espinosa Zepeda, primo de un compañero diputado nuestro. Se le pidieron 520 millones de pesos por el rescate. Se identificó a los presuntos delincuentes y le digo, identificados con una buena búsqueda que se hizo. Pero desafortunadamente a este fecha, aun cuando están identificados, se sabe el lugar donde trabajan, y el lugar donde trabajaban es la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. A pesar de que están identificados y se sabe quienes son, no ha habido ninguna acción de la policía. A nosotros nos parece grave que en este caso de delitos exista esa negligencia, exista esa ineptitud y hasta torpeza policiaca en la investigación.
Como decía el diputado Amador Rodríguez Lozano: no podemos permitir que es esta ciudad o que en el país entero, se socave el estado de derecho por delincuentes, que han hecho un modus vivendi, de privar de la libertad a la gente. Y el rescate que mencionaba el diputado Amador Rodríguez Lozano, creo que se quedó un poquito corto, diputado Amador Rodríguez Lozano. El rescate de que se tiene noticia más alto fue de 9 mil 300 millones de pesos, que se pagó en Nayarit.
Bueno, son cantidades ya pavorosas que se están pidiendo a los secuestrados y normalmente quienes son víctimas de los secuestros, bueno, pues son industriales, gente de negocios que viven en estado de incertidumbre por esta ola de secuestros y ha propiciado, entre otras cosas, que florezcan este tipo de policías privadas que dan seguridad a estos funcionarios.
A raíz de ahí las policías privadas han empezado un gran negocio dando seguridad a estas personas. Por ello, además de apoyarlo, hacemos esa excitativa a las autoridades y les dejamos la inquietud, señores legisladores, y les anunciamos también que en breve tiempo presentaremos a la Cámara de Diputados o al Congreso en general, la modificación con la idea de poder federalizar el delito de secuestro, con la intención de que cuando se presuma que un secuestrado ha sido pasado de un estado a otro, o cuando se presuma que el secuestrado ha salido
del territorio nacional, tenga competencia la Procuraduría General de la República, Gracias por su atención.
El Presidente:- Para rectificar hechos, ha solicitado el uso de la palabra el diputado Juan Luis Calderón, del Partido Acción Nacional.
El diputado Juan Luis Calderón Hinojosa: -Señor Presidente, con su permiso; compañeros legisladores:
No me anoté en la lista ordenada; simplemente para anotarme en una intervención muy breve.
Coincido con el diputado Amador Rodríguez y conocido con Víctor. El Pronunciamiento que usted hizo, que hacen los diputados del PRI, lo pudiéramos haber firmado, sin discusión alguna.
La aclaración de hechos que vengo a hacer, es que lamento que en su estadística no incorpore a mi Estado: Michoacán, que creo que abatiría el récord. Usted habla, le concede a Sinaloa el primer lugar, con ocho secuestros en 54 días. Yo quisiera, es penoso hablar de cifras, de estadísticas en este punto. En Michoacán los rompemos en dos semanas. La señora Rosalía Sixtos, hace dos semanas; el señor Joaquín Barragán, la semana pasada; el señor Guillén, la semana pasada; los señores Silva Morfín, todavía el pasado viernes, liberados anoche. A éstos habría que agregar comerciantes de Zamora mismo y habría que agregar, o que intentan tipificar, coincido con Víctor, en modificar los códigos penales y establecer en la tipicidad una posibilidad de incorporar como secuestro el asalto a autobuses que se está dando en la carreteras federales. En Michoacán se han asaltado dos autobuses en una semana. Los sujetos que asaltan, lo abordan como pasajeros; detienen al chofer en zonas de la carretera de poco tránsito; bajan, asaltan a los pasajeros, ¡violan a las pasajeras! y los dejan ir.
Es lamentable, en estos estados como Michoacán, pudiera agregarse que la inseguridad pública se encuentra gozando de una especie de patente de corso dados los conflictos políticos que se estén dando, que se mantiene en Michoacán y que impiden que operativos de seguridad pública puedan implementarse eficientemente.
Lamentamos, nos unimos al pronunciamiento; lamentamos que la población, que los ciudadanos, habitantes de nuestro país, no puedan transitar, no puedan vivir, no puedan salir a la calle, con la seguridad de que sus vidas estén a salvo.
Son totalmente condenables los secuestros, los asaltos. Esperemos que de esto autoridades y/o funcionario, organismos como las procuradurías, puedan implementar acciones. Y yo insistiría, inclusive, en organismo, por hablar de los autobuses, y aprovechando el "viaje", se prevean mecanismos de seguridad en los autobuses, puesto que es, el mecanismo de asalto es muy simple y se está generalizando.
Señores, son lamentables estos hechos, esperamos puedan en un corto plazo impedirse, sancionarse drástica y ejemplarmente a quienes los ejecutan.
El Presidente:- Se concede la palabra al señor diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas: - Señor Presidente; señores legisladores:
Resulta muy trascendente, pero a juicio del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana casi inusitado, por lo cual requiere una actitud de felicitación, la postura de un integrante del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que viene a denunciar, al igual que lo hacemos miembros de otros partidos, la preocupación fundamental que ocasiona en la salud jurídica del país, los secuestros, la violencia, los homicidios, los robos y demás actitudes punitivas que se reflejan en muchos poblados de los cuatro puntos cardinales del país.
A sotto voce, cualquiera de los aquí presentes, legisladores o no, miembros de la información o ciudadanos...
El Presidente:- Un momento, por favor, diputado. El diputado Amador Rodríguez.
El diputado Amador Rodríguez Lozano (desde su curul): -Es para una recitación.
El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas: -Con todo gusto, en estos momentos, para que no pierda usted la hilación de su interrogante.
El Presidente:- Lo acepta de muy buen gusto, como usted se da cuenta, señor diputado.
El diputado Amador Rodríguez Lozano (desde su curul): - Para utilizar ese procedimiento parlamentario que es el único que tenemos, para hacer una rectificación: agradecerle primeramente su felicitación, pero simplemente aclararle que soy del Partido Revolucionario Institucional,
usted por un lapsus linguis dijo que era del PARM, Muchas Gracias.
El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas:- Lamentablemente, creo que mis compañeros no agradecerían ese error mío.
Consecuentemente, este hecho que se refiere en la tribuna, ha sido manejado por todos los ciudadanos de México entero en sus distintas representaciones, en sus limitaciones o en sus bonanzas económicas, como algo muy grave que está poniendo en entredicho la capacidad policiaca y la seguridad jurídica que debe prevalecer en el país.
Con referencia a este mismo hecho, señor diputado Amador, del Partido Revolucionario Institucional, debo decirle que en días pasados en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, primer puerto de ingresos económicos para el país a través de la aduana fronteriza, se suscitó un hecho, a nuestro juicio muy trascendente, que si bien es cierto los órganos periodísticos refirieron aquí en la capital de la República y en algunos otros medios de la información, se hizo caso omiso con referencia a estos sucesos que a todos preocupa en la nación mexicana.
Quisiéramos entender que esa ausencia oportuna de información, fue con un sentido de responsabilidad, para no alarmar a la ciudadanía en general y tratar que estos hechos no proliferen, en razón que en ocasiones los delincuentes que los consuman, tiene independientemente de sus acciones punibles, ilícitas y reprochables, fundamentalmente también actitudes de protagonismo, y obviamente con el silencio, en ocasiones se combate con eficiencia la posibilidad de que estos hechos trasciendan.
Sin embargo, estos hechos acontecidos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, lo fueron en contra de un ciudadano, como podría haber sucedido de los que cualquiera existen en ese puerto fronterizo tamaulipeco.
Se da el caso en esta situación que la víctima es un señor de nombre Leopoldo Garza Benavidez, que en anteriores ocasiones ha sido el Presidente de la Asociación de Agentes Aduanales, que se constituye en uno de los capitales más fuertes de ese municipio, y que lamentablemente, no obstante las pesquisas que el efecto se realizan, no ha habido resultados favorables ni la persona ha sido recobrada, ni a la fecha sus familiares saben si tan siquiera se conserva con vida la víctima de estos sucesos.
Aquí, como lo señalaban algunos de nuestros compañeros diputados, tanto el diputado del Partido Revolucionario Institucional, el señor licenciado Amador Rodríguez Lozano, como Víctor Orduña Muñoz, y como Juan Luis Calderón, sí se especificó la suma y los requerimientos económicos que los secuestradores están solicitando para la devolución en este secuestro. Ellos, con absoluto cinismo e impunidad, están requiriendo a la familia afectada el pago en efectivo, en billetes de baja denominación, la cantidad de 10 millones de dólares, como condición indispensable para devolver a esta persona secuestrada.
Estos hechos, que indudablemente preocupan a todos, no son aislados de Nuevo Laredo, Tamaulipas, no se dan solamente en Michoacán o en Guerrero, ni solamente tenemos referencias de ellos en algunas de la entidades cercanas al Estado de Veracruz. Lamentablemente estos hechos, y es del conocimiento popular, se dan todos los días en el ámbito nacional, y nuestras autoridades de todos los niveles y concretamente las de las corporaciones policiacas y los procuradores correspondientes en cada una de las entidades, y el federal en esta capital de la República, no han encontrado los instrumentos adecuados para lograr poner un hasta aquí a esa evidente e inocultable grave inseguridad jurídica que vivimos los mexicanos.
Por eso, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, ha abordado esta tribuna, para también hacer un llamado a los integrantes de las diversas fracciones parlamentarias, a los señores senadores, a los señores integrantes representantes de los medios, al Gobierno y a la población en general, para que por encima del miedo o del temor que estos hechos ocasionan en la tranquilidad nacional, pudiésemos tener una actitud de mayor determinación, porque se requiere, como actitud indispensable, poner un hasta aquí para controlar estos hechos violentos que están dando al traste con mucha de la inseguridad nacional.
No digamos también algunos de los casos a que quienes me antecedieron en esta tribuna hicieran referencia, tanto el diputado Orduña, tanto el diputado Rodríguez, como tanto el diputado Calderón, quienes mencionan también con profunda preocupación, la marcada inseguridad que prevalece en las carreteras nacionales, en donde si bien es cierto a la fecha el Gobierno de la República, en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones, ha establecido una serie de actitudes tendientes a lograr un programa de seguridad nacional en las carreteras, y a promulgar próximamente, con características
federales, una Ley del Transporte Carretero, que ponga un hasta aquí a estos excesos, a esta inseguridad, a este peligro que se vive en las carreteras del país.
Considero que es el momento; considero que en el país, inmersos en una serie de inconformidades sociales que en estos momentos se está dando, llegó el momento de las grandes decisiones, que tenemos que poner un hasta aquí, caiga quien caiga, a esta inseguridad que en el país empieza a observarse en muchas de las entidades del país. Sí es cierto, como algún legislador lo señaló hace unos momentos, que podríamos legislar a nivel federal para tratar de sancionar con mayor penalidad el secuestro como figura delictiva que se da en el país; también es cierto que tendríamos que tomar en cuenta la independencia y la soberanía de cada una de las entidades que ya tienen una legislación propia y que sanciona estos hechos delictivos. Pero lo más importante que tendríamos que hacer, es exigir a las corporaciones policiacas, es exigir a los procuradores de las diversas entidades y al que tenemos nivel nacional, que externe su esfuerzo, que magnifique su intención, su responsabilidad, para que se cubra con seguridad el panorama nacional, para que se eviten estos hechos y para que se le otorgue a los mexicanos la seguridad que lógica y legítimamente les corresponde en un estado de derecho, como es el que proclaman las autoridades nacionales.
En tal circunstancia, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, por voz propia, coincide fundamentalmente con estos puntos de acuerdo, los hace propios y los suscribimos en conjunto, tratando de encontrar solución a este problema que estamos viviendo los mexicanos. Muchas gracias.
El Presidente: -Concedemos la palabra para este mismo asunto, al señor diputado Carlos González Durán, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Carlos González Durán: -con su venia, señor Presidente, honorable Asamblea:
En los términos del artículo 21 constitucional, corresponde al Ministerio Público y a la policía judicial la persecución de los delitos. Los delitos que aquí de han mencionado por los compañeros representantes, ciertamente son de aquellos delitos que ocasionan un trastorno a la seguridad pública, profundo, una alarma, y que afectan esta seguridad pública en distintas direcciones.
Los delitos de privación ilegal de la libertad, sean realizados por un grupo de personas, en paraje solitario, en un camino público, o sean las víctimas infantes, el robo de infantes, estos delitos revelan elevada peligrosidad, y también revelan un trastorno de la seguridad pública que es muy grande. Efectivamente, son dignas de reprobación todas estas acciones, en la medida en que la protección, la estabilidad, la tranquilidad, la confianza de la convivencia, los derechos humanos, tanto de la personalidad como de la libertad, como los derechos sociales, los derechos de la familia, se afectan desde luego gravemente con este tipo de delincuencia.
Pero el caso que dio origen a esta petición en la tribuna, es un caso que aconteció en una situación próxima a la frontera norte.
Parece también que en algunos casos de robo de infantes, hay ciertas vinculaciones también con la delincuencia foránea y una delincuencia organizada de pandillas de delincuentes temibles que atentan contra los infantes.
Hemos visto cómo se denuncian por las madres los robos de sus niños, de sus niñas. Efectivamente, este delito amerita un cuidado y una reflexión del Ministerio Público, y es sensato que se pida por el compañero representante del PRI, es sensato y consecuente que las representaciones sociales obren coordinadamente, y que la Procuraduría General de la República pueda implementar unas relaciones ágiles, inmediatas y efectivas, para que las distintas procuradurías de la República, coordinen sus actividades persecutorias contra este tipo de delincuentes.
Pero si bien es cierto que la persecución de los delitos debe hacerse de acuerdo con las autoridades competentes y siguiéndose los procedimientos legales, también es cierto que hay una falta de funcionamiento de las policías, y hay una falta de funcionamiento de los ministerios públicos. Ya en otras ocasiones se han tratado estos problemas.
Desde luego hay esta exigencia: ¿quién debe controlar el funcionamiento de la seguridad pública y quién debe controlar el correcto ejercicio de la representación social?
Me parece que debe ser a sociedad civil y me parece que deben ser las cámaras de diputados de las distintas entidades de la República y esta honorable Cámara de Diputados también, participante de la Comisión Permanente, los que deben designar los más elevados mandos o jerarquías de las policías.
El Partido de la Revolución Democrática en su programa de objetivos y banderas nacionales, ha
señalado la pertinencia de que el Ministerio Público y los altos jefes de las policías sean designados en los estados por las cámaras de diputados, para que sus designaciones sean independientes, porque este tipo de problemas.... También debe abrirse un paréntesis para advertir que hay ciertos matices de violencia e inseguridad y atropello de los derechos humanos en una especie que podríamos llamar secuestro político, violaciones a la libertad con motivos de represión política. Quiere decir que para que las policías sean eficientes, independientes y los representantes de la sociedad puedan efectivamente ser representantes de la sociedad y no subordinados a los altos mandos de los poderes ejecutivos, ha existido por parte del sistema que hasta hoy hemos tenido, la siguiente cuestión incorrecta, y con eso voy a terminar.
A veces las policías reciben instrucciones de ir a hacer actos de represión política, y una vez que los usan fuera de la Ley y sus jefes y comandos, estos señores se acostumbran a actuar fuera de la Ley entonces toman el negocio por su cuenta, y por eso vemos que muchas pandillas de delincuentes peligrosos tuvieron su origen en haber sido miembros de los policías; quiere decir que estos problemas que se han denunciado hay dos niveles de la problemática: el nivel de la problemática de la sociedad civil que debe ser retomado por la sociedad civil.
También es correcto y en algunas ocasiones el Partido Acción Nacional lo ha señalado aquí, de que los ayuntamientos son los que deben controlar a las policías de los municipios, y es el ayuntamiento un órgano de Gobierno colectivo. Es necesario que sean órganos colectivos, como los municipios, órganos colectivos como los parlamentos los que designen y controlen la buena marcha de las policías. Las policías deben estar subordinadas al interés social.
Y para que el Ministro Público, sea efectivamente como es por institución, el representante de la sociedad, se necesita que lo designe la sociedad, porque si lo designan los poderes ejecutivos, quedan subordinados a las instrucciones, a las presiones, a las indicaciones que por conveniencia de orden político puedan desviar la rectitud de su funcionamiento. No puedo yo generalizar, desde luego este problema, menos ahora que hemos tenido una entrevista el día de ayer con el nuevo Procurador General de la República, una persona muy estimable, muy abierta a la Comisión de Justicia y a la subcomisión que lo visitó, que me parece, es una persona muy calificada y de alta jerarquía en la defensa y protección de los derechos humanos.
Por lo tanto, nosotros aceptamos identidad de preocupación, la condena y la protesta que se originó; nos parece correcto el consenso y el acuerdo de los demás partidos, nos parece correcto. Pero acotamos dos cosas: el contexto internacional de esta delincuencia que afecta a aveces a niños que se llevan al extranjero para extraerles partes de sus órganos o para entregarlos a otros padres y destruyen la integridad de la familia mexicana o bien actos de represión política; que eso hay que evitarlo en presencia de un año, que es eminentemente político y que todos los ciudadanos y las personas en el país, deben de gozar de la tranquilidad, de la confianza, de la estabilidad, de la garantía y de la protección que nuestras leyes tienen establecidas. Es todo.
El presidente: -Gracias, señor diputado.
Esta Presidencia determina turnar el documento que presentó el diputado Amador Rodríguez Lozano, al señor Procurador General de la República.
INSTITUTO MEXICANO DEL CAFÉ
El Presidente:- Pasamos a otro asuntos señoras y señores legisladores, y para ello concedemos la palabra al señor diputado Guillermo Flores Velasco, del Partido de la Revolución Democrática, quien la ha solicitado para referirse a la situación actual del Inmecafé.
El diputado Guillermo Flores Velasco:- Con su venia, señor Presidente, compañeros diputados; compañeros senadores:
Subo a esta tribuna para exponer la situación que se ha derivado en el Inmecafé, después de que la comisión intersecretarial ha tomado la decisión de liquidar este organismo y formar otro organismo llamado Consejo Mexicano del Café.
Los trabajadores del Inmecafé, me han encargado que lea un documento dirigido a esta Comisión Permanente, en donde exponen su situación y a continuación doy lectura:
"El día 25 de enero pasado del año en curso, el ingeniero Guillermo Funes Rodríguez, director del Instituto Mexicano del Café, informó a la dirigencia nacional que nuestra organización sindical, que con fecha 21 de enero había desaparecido este organismo público descentralizado, por acuerdo de la Comisión intersecretarial Gasto - Financiamiento, creándose simultáneamente el Consejo Mexicano del Café, con las
mismas funciones que el finiquitado Inmecafé y presidido por el mismo Funes Rodríguez, dando por terminadas las relaciones laborales, el día 31 de enero. Esta información fue confirmada por escrito el día 29 de enero, por el licenciado Gustavo Gómez Bustos, director de Administración y Finanzas del Inmecafé, el cual comunica además a la Secretaría General del sindicato, que los trabajadores que quisieran, podrían presentarse a laborar durante los 15 días siguientes, sin ninguna responsabilidad para el patrón. Sin embargo, contraviniendo esta comunicación, el día, 1o. de febrero del presente año, amaneció tomada la oficina matriz, con sede en la ciudad de Jalapa, Veracruz, por más de 200 elementos de la fuerza pública, a petición de las autoridades institucionales, impidiendo arbitrariamente la entrada a los trabajadores.
Ante tales hechos el comité ejecutivo nacional de nuestro sindicato comentan los trabajadores entró rápidamente en el terreno de la negociación; acordando con las autoridades Inmecafé y del Gobierno del Estado de Veracruz, liquidaciones para toda la base trabajadora, legitimando prácticamente esta acción anticonstitucional, con que desaparece nuestra fuente de trabajo, y presionando a los trabajadores para que acepten la liquidación pactada, cuando que corresponde a cada trabajador bajo el régimen del partido b, y por lo tanto de las condiciones generales de trabajo, aceptar o rechazar en lo individual la liquidación y su monto.
En la práctica esta acción se traduce en una sustitución de funciones y objetivos que sólo le corresponden al Inmecafé, el cual aún debe estar vigente en pago estricto al artículo 15 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, ya que hasta la fecha no se han cubierto los procedimientos legales para su extinción.
No se nos ha comunicado formalmente ni legalmente de manera individual la terminación de la relación laboral; en última instancia, su extinción está sujeta a la aprobación o no de la honorable Cámara de Diputados. Por lo tanto, no es facultad de la Comisión Intersecretarial Gasto Financiamiento, ni de la directiva del Inmecafé, ni mucho menos de los dirigentes sindicales, abrogarse funciones inherentes a este honorable Cuerpo Legislativo.
Además de la negociación de las liquidaciones acordadas por el Inmecafé- Gobierno del Estado - sindicato, existen vicios y dudas que aún no han quedado suficientemente claras para los trabajadores, como lo es, entre otras, el destino y la forma de aplicación de 3 mil 600 nuevos pesos que se le otorgó al sindicato para manejarlo en forma discrecional.
Por todo lo anterior, algunos trabajadores de base y de confianza, no conformes con lo pactado y que estamos en total desacuerdo con la disposición administrativa que están ejecutando "de facto" las autoridades constituyentes de la Comisión Intersecretarial Gasto - Financiamiento, nos estamos manifestando públicamente de forma pacífica y sin afectar derechos de terceros mediante un plantón permanente, de protesta, en la Plaza Sebastían Lerdo de Tejada, ubicada frente al Palacio de Gobierno en la ciudad capital del Estado de Veracruz, desde el día 13 de los corrientes.
Honorable Congreso de la Unión: venimos ante esta honorable Comisión Permanente para solicitar a ustedes, señores diputados, en forma atenta y respetuosa, su intervención, para que en el asunto del Inmecafé se proceda conforme a derecho y sin lesionar los intereses patrimoniales de los trabajadores de base y de confianza, para que se realice una investigación de lo que ha sido el Inmecafé y el estado actual en que se encuentran en sus aspectos operativos, de recursos humanos, financieros y materiales, evaluando sus programas de asistencia técnica e investigación antes de dictaminar su destino. Para que se nos reinstale en nuestro trabajo y se nos cubra nuestro salario, para que se respeten nuestras garantías individuales, de libre expresión y manifestación de ideas, ya que desde el inicio de nuestro plantón, hemos sido desalojados violentamente por la fuerza pública, en tres ocasiones, en las cuales fueron temporalmente secuestrados cinco compañeros nuestros y otros tantos junto con nuestras esposas y compañeros de trabajo amenazados y golpeados brutalmente. Para que se nos devuelvan los bienes y objetos incautados por la fuerza pública en todas las acciones de desalojo de que hemos sido objeto.
Jalapa, Veracruz, 24 de febrero de 1993. Por la Comisión de Trabajadores del Inmecafé Gerardo Abad Ramírez, Rosalba Campos Pérez, Eduardo Aranda Delgado, Marco Antonio Arroyo Hernández. Aparecen sus firmas.
A continuación propongo que con fundamento en la fracción III del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se turne el escrito presentado por la Comisión de Trabajadores del Inmecafé, a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara
de Diputados, para que ésta intervenga en la problemática expuesta.
A continuación voy a dar lectura a un pronunciamiento político que han signado los partidos: de Acción Nacional, el diputado Juan de Dios Castro; por Cuauhtémoc Amezcua, del Partido Popular Socialista; de Alberto Carrillo Armenta, del partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y por la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática:
"Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 24 de febrero de 1993:
Los grupos parlamentarios que concurrimos en la integración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, ante la petición que suscriben los trabajadores de este instituto, de fecha 24 de febrero del año en curso, coincidimos en formular el siguiente pronunciamiento:
Consideramos conveniente que antes de que se transforme el Instituto Mexicano del Café en Consejo Mexicano del Café, debe evaluarse a esta entidad de la administración pública federal en sus aspectos operativos, de recursos humanos, financieros y materiales. De tal evaluación debe estimarse la conveniencia de las medidas que se pretendan adoptar.
Independientemente de cualquier transformación, deben quedar a salvo los derechos laborales de los trabajadores del Inmecafé, quienes en caso de que se constituya el Consejo Mexicano del Café, deben conservar su antigüedad y sus derechos individuales y colectivos.
También nos pronunciamos porque los trabajadores que han sido despedidos, encuentren satisfacción a sus demandas dentro del marco de legalidad establecida.
También entrego este pronunciamiento a la Secretaría, para sus efectos.
Finalmente, quisiera hacer una breve reflexión. Este asunto es un asunto que afecta gravemente la economía de más de 280 mil trabajadores, que afecta la economía de regiones de 12 estados de nuestra República; que es un problema en donde a pesar de que existe un grave conflicto en el mercado internacional del café, la política de privatización del Estado mexicano pone en desamparo a un conjunto de familias mexicanas, que se ven lanzadas a un mercado, un mercado salvaje de capitalismo libre, sin la mayor protección, porque prácticamente aunque se constituye el Consejo Mexicano del Café, muchas de las funciones para promover esta actividad económica, son prácticamente abandonadas por el Estado.
Esta decisión del Gobierno mexicano es una decisión errónea y creo que se debe rectificar y ese es nuestro planteamiento.
Por su atención, muchas gracias.
El Presidente:- Gracias, diputado, deje por favor en la Secretaría tanto el memorial de particulares que ha solicitado trámite, como la declaración política a la que dio lectura.
Señoras y señores legisladores, quiero informarles que en este asunto se han registrado varios compañeros para participar. Tenemos registrado al diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, del PARM; al diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del PPS, y al senador Manuel Aguilera Gómez, del PRI.
Concedemos la palabra al señor diputado Carlos Cantú, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas:- Señor Presidente, señores legisladores:
El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana saluda con entusiasmo, con respeto, con apoyo y con adhesión a este grupo de trabajadores que en representación de más de 1 mil 200 miembros, ocurre a este recinto a tratar de expresar públicamente cuáles son los dolores y avatares que esta cruenta medida ocasiona no solamente en su economía personal, sino en detrimento de sus familiares y dependientes.
En México existe una gran dependencia en la producción y comercialización del café, debido primordialmente a la existencia de grandes corporaciones, brokers y empresas transnacionales e internacionales, que se aprovechan de la producción nacional y adquieren sumas extraordinarias, de excedentes del producto, principalmente firmas de los Estados Unidos, con quienes México comparte el 90% de las exportaciones de este grano del café.
En materia de endeudamiento el sector más golpeado es el pequeño productor, principal abastecedor del mercado interno, lo que ha incitado a solicitar al Banco Mexicano de Comercio Exterior, la absorción de sus créditos que tienen en la banca del primer piso, debido a altas y elevadas tasas de interés.
A pesar de contar con grandes volúmenes de producción, ésta se concentra apenas en tres estados de la República: Chiapas, Veracruz y Oaxaca. Además, la regionalización del producto se ubica en países como Colombia, Brasil y Uganda, cuya producción es muy elevada e incide de manera obvia en la reducción de los precios internacionales, nacionales, causadas por una sobreoferta de este producto.
También, no puede desestimarse que en nuestro país no existe una tecnología adecuada a las exigencias del mercado internacional, para garantizar la producción y transformación del producto, lo que nos ha convertido sólo en abastecedores del grano, y nulos transformadores del producto, lo que repercute gravemente en la utilización óptima de los mecanismos existentes.
Es evidente que la cuestión de los canales de distribución, son elementos fundamentales para lograr ganancias altas para los productores. Sin embargo, la existencia de intermediarios obstaculiza este proceso, lo que ubica a esta parte de la comercialización como un cáncer, que difícilmente podrá ser combatido si no se recurre a implementar mecanismos legales acordes a la realidad, que reglamenten este tipo de actividad que puede llegar al caos, de no actuarse oportunamente.
Consideramos que en la próxima reunión de la Organización Internacional del Café, México debe adoptar su papel de líder del grupo de países clasificados como estratégicos, para llegar a esa reunión en condiciones de establecer mecanismos que reactiven la inversión de este sector y el alza del precio del café, así como la regulación en la producción y comercialización de las empresas trasnacionales.
El pasado mes de enero, el Gobierno mexicano decidió constituir el Consejo Mexicano del Café, en sustitución del Instituto Mexicano del Café que fracasó, rotundamente en el cumplimiento de los objetivos para los cuales fue creado. Treinta mil productores de grano, tendrán que abandonar la cafeticultura ante la ausencia de apoyo, 90 mil hectáreas cambiarán de cultivo, y de esa forma que darán afectados dos millones de mexicanos que viven de la producción, comercialización y trabajo en el café.
El fracaso del Inmecafé se debe a su incapacidad para concertar acuerdos entre los sectores que participan en el proceso productivo del café, de tal manera que se llegara a consensos en las políticas de apoyo y desarrollo, para hacer frente a crisis internacionales de precios.
Como ya es practica inveterada del Gobierno la ineficiencia de una paraestatal, la resuelve desapareciéndola y creando otra similar. Las fallas gubernamentales en la instauración de sus políticas, y en ese caso el pésimo funcionamiento del Instituto Mexicano del Café, que provoca ahora su desaparición artificiosa gubernamental, repercute en el sector más sensible, más desprotegido y menos culpable, que son los trabajadores, muchos de quienes ahora se encuentran representando al resto de sus compañeros.
Al desaparecer el Instituto Mexicano del Café, muchos trabajadores han quedado cesantes al ser despedidos por razones sin explicación lógica. Aquí no importa si se trata de un trabajador cumplido y eficiente, simplemente llegan nuevos directores, otros jefes de área, y como el trabajador no es de un especial afecto, predilección y conocimiento, es de inmediato despedido, con el consiguiente daño a la familia del propio trabajador, que resulta ser la menos culpable de la maraña burocrática, en la que normalmente es atrapada cada paraestatal en su desaparición.
Esta injusticias, son las que nosotros, como representantes populares, debemos darles alguna solución.
El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, considera que debe investigarse a fondo el manejo económico que a partir del Instituto Mexicano del Café se vino realizando en los últimos cuatro años, así como el manejo económico de los líderes del sindicato de los trabajadores de esta paraestatal, para saber qué hicieron con su manejo y el dinero en forma discrecional.
Asimismo, pugnamos porque los trabajadores sean de inmediato reinstalados en su empleo y reconocidas sus características y capacidades, se le respeten sus garantías individuales, tanto de libre expresión como la manifestación de las ideas.
El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, rechaza tajante, formal y públicamente, este tipo de arbitriaridades y de incongruencias, de un aparato gubernamental que en los últimos tiempos, a través del modernismo, se han vuelto insensible ante las necesidades sociales del sector más productivo, pero más vilipendiado, que son los trabajadores mexicanos. Muchas gracias.
El Presidente:- Se concede el uso de la palabra al diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: -Gracias, señor Presidente, compañeras y compañeros y senadores:
De manera breve, simplemente para ratificar la posición del Partido Popular Socialista, en el sentido de que los derechos de los compañeros trabajadores del Instituto Mexicano del Café, deben ser respetados a plenitud.
Compete a esta soberanía velar por los intereses de estos compañeros, que hoy son golpeados, como lo han sido también trabajadores de tantas otras ramas de la actividad de nuestro país, como resultado de una política neoliberal, sin compromiso con los trabajadores, sin compromisos con las clases sociales débiles y líneas estratégica por cierto que está en franco retroceso en todo el mundo, que ha fracasado en todas partes y que hoy mismo nos enteramos ha sido motivo de la caída de un jefe de Gobierno, de un primer ministro, en un país cercano, el caso de Canadá.
Esta política no tiene salida, no puede llevar a nada bueno; es tiempo de que nuestro país rectifique una política que sólo conduce al fracaso como línea general y como cuestión particular debe atenderse, debe observarse con todo cuidado el asunto de los trabajadores del Inmecafé y sus derechos deben ser respetados y respaldados a plenitud. Muchas gracias.
El Presidente:- Se concede el uso de la palabra el señor senador Manuel Aguilera Gómez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El senador Manuel Aguilera Gómez: -Con su permiso, señor Presidente, señoras y señores legisladores:
Este asunto del Inmecafé debe ser examinado desde tres enfoques fundamentales, para comprender la queja que hoy algunos de ellos, compañeros míos de trabajo, han presentado a nuestra consideración.
El Instituto fue creado por una Ley del Congreso de la Unión y que le dio varias atribuciones, algunas estrictamente gubernamentales y otras de carácter comercial e industrial.
Desde el punto de vista comercial, el Convenio Internacional del Café fue el primer convenio de materias primas que se firmó en las Naciones Unidas; su función fue regular la oferta de café al mercado mundial; el sistema que se implantó en los sucesivos convenios que fueron reformados, consistió en definir un sistema de cuotas de exportación trimestralmente para cada país productor, miembro del convenio; se establecieron mecanismos aduanales, con la cooperación de los países productores de café; los países productores, una vez fijadas las cuotas, tenían la obligación que en los instrumentos aduanales, agregar las estampillas que regulaban el monto que amparaba cada factura de exportación. Los países consumidores daban instrucciones a sus áreas aduanales para no permitir el ingreso de aquel café que no fuera amparado por estos documentos, que eran a su vez reconocidos por la organización Internacional del Café.
Y se estableció un sistema de regulación de precios, a través del cual al desplome dentro de cierta franja de precios convenida dentro de los convenios, se actuaba para restringir la oferta; cualquier incremento de los precios por encima de la banda autorizada, pactada entre los países, daba lugar a una liberalización de cuotas, si aumentaba la oferta.
Sin embargo, mientras estuvo vigente el Convenio Internacional del Café, persistía un problema sustantivo: había un doble mercado, porque no todos los países consumidores se adhirieron al Convenio Internacional del Café; los países socialistas y los países árabes, señaladamente, se negaron, de manera sistemática, a ser signatarios del Convenio Internacional del Café.
El resultado es que el mercado mundial estaba seccionado en dos grandes partes: El llamado mercado de cuotas, que normalmente tenía un precio internacional más alto, y el mercado libre, de aquellos países consumidores no signatarios del Convenio, que tenían un precios sensiblemente inferior.
La esencia del Convenio era regular la oferta, lo cual significaba, obviamente, que el monto de las exportaciones y del consumo interno de los países productores de café era invariablemente inferior al monto de su producción.
Esto dio lugar a que en muchos países productores y entre ellos México, que lograron aumentar su producción sensiblemente en el curso de los últimos 20 años, se fuera acumulando existencia, porque la producción crecía a un ritmo mayor que al que crecían las exportaciones.
La acumulación de existencias en países como México, en Colombia, en Brasil y en los países centroamericanos, fue el factor determinante que generó las presiones para que los países productores, insisto, los países productores renunciaran al Convenio Internacional del Café.
En 1990 quedó sin efecto del Convenio Internacional del Café, y por lo tanto, se produjo una liberación de las exportaciones y una caída dramática de los precios.
Sin cuotas, a lo largo de los últimos tres años, se han podido exportar todas las existencias que tenían los países productores. Pero como estas existencias no corresponden al volumen del consumo de los países industrializados, el saldo es que hoy, hoy en día las existencias de café están en manos de quienes compran el café.
Por lo tanto, no hay posibilidad alguna, dentro de las reglas del mercado internacional, que el precio se recupere.
El problema es que una de las funciones del Inmecafé, que era la regulación de la oferta exportable, dejó de tener vigencia. Ya no se aplica porque no está en vigencia del Convenio Internacional del Café.
La segunda función es la regulación comercial. El Inmecafé normalmente compraba café a los pequeños productores, la industrializaba; en la zona del Golfo la industrialización empezaba con el beneficio húmedo, en la zona del Pacífico compraba el café seco, y estas dos labores, junto con el café tostado, eran las responsabilidades industriales del Instituto Mexicano del Café.
Hubo épocas en que el Instituto llegó a comprar más de la mitad de la cosecha nacional, con una característica adicional: el Instituto instalaba los centros de acopio desde que empezaba la cosecha, y no como lo hacían los particulares, que abrían los centro de compra cuando la cosecha estaba en su auge y cuando los rendimientos eran mayores.
El Instituto llegó a operar más de 70 beneficios y llegó a tener más de 600 centros de acopio de café. Pagó bajo diversas modalidades; entre ellas, la más significativa fue el sistema de preliquidación, pagando el remanente en función de los resultados de comercialización, cada tres meses.
Pero, además de esta función de regulación, el Instituto cumplía una función adicional: llevaba a cabo los recuentos del café, de los inventarios del café que estaba en manos de los productores, del propio Instituto y de los comercializadores, con objeto de determinar la relación entre la cuota de exportación y las existencias de café. Con este criterio, el Instituto asignaba cuotas individuales que mantuvieran la proporción entre existencias con respecto a cuotas.
Finalmente, el Instituto también administraba y regulaba las exportaciones, era facultad del Instituto regular cuándo y cómo podía concurrirse al mercado internacional. También el Instituto, dentro de este criterio, tuvo capacidad de intervención en el mercado de futuros del café en los mercados terminales de Londres y Nueva York. Formó parte, yo mismo fui presidente del Grupo de Bogotá, que se encargó de las operaciones de futuros, apoyados con los recursos financieros de ocho países latinoamericanos, Brasil y Colombia entre ellos, que hizo factible vencer la resistencia que el Gobierno de los Estados Unidos estaban ofreciendo para la firma del nuevo convenio internacional del café.
Pero el hecho es que ahora no hay convenio internacional del café, por lo tanto, ya no hay cuotas, por lo tanto ya no se regula la oferta exportable, y adicionalmente el Gobierno ha declarado que carece de recursos financieros para apoyar las operaciones del Instituto Mexicano del Café; por lo tanto, ya no cumple el Instituto la función de regulación interna, ya no opera los beneficios, los beneficios húmedos y secos fueron transferidos a los propios productores, y esta entrega de beneficios a los productores es una demanda que a lo largo de muchos años varias organizaciones campesinas formularon. Yo en el personal consideré que era poco viable, pero a fin, de todos los signos económicos, de todos los signos políticos, las organizaciones campesinas reclamaban tener autonomía en cuanto al manejo de su café; reclamaban ser ellos quienes hicieran el acopio del café, ser las organizaciones las que se encargaran de la industrialización del café, que fueran las propias organizaciones campesinas las que pudieran exportar directamente el café.
Hoy ése es el esquema dentro del cual se desarrolla la cafeticultura, son las organizaciones campesinas las que se encargan de manejar los centros de acopio, son las organizaciones campesinas las que se encargan de manejar los beneficios húmedos y secos, y son las organizaciones campesinas las que reclaman y están haciendo actualmente las tareas de exportación de café.
Sólo quedaban pendientes las funciones de investigación que tiene el Instituto Mexicano del Café. Estas funciones fueron adscritas a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos con toda el área de Investigación correspondiente.
La tercera vertiente es la vertiente laboral. Una vez informados los trabajadores de que el Instituto iba a tener cada vez menos y menos funciones, y no me podrán dejar mentir mis compañeros de trabajo que en los últimos meses realizaban sólo funciones administrativas, dado
que las funciones sustantivas de comercialización e industrialización habían sido transferidas a otras áreas, se les comunicó que el Gobierno Federal había tomado la decisión de desactivar, desmantelar el Instituto Mexicano del Café y presentar la iniciativa correspondiente de abrogación del decreto de 1958 al Congreso de la Unión.
Por ese motivo se celebraron convenios con la representación del interés sindical de los trabajadores. Los acuerdos de la liquidación fueron: tres meses de salario integrado por cada año de trabajo; tres meses de salario integrado, más 20 días por cada año de trabajo efectivo, más 12 días por año adicionales por año de trabajo prestado, más de 3 mil 450 nuevos pesos a distribuirse según la antigüedad y méritos y pagos adicionales de vacaciones no disfrutadas en 1991 y 1992 y parte proporcional del aguinaldo de 1993, la primera vacacional de 1993 y lo correspondiente al fondo de ahorro. Y durante 1993, según el convenio que me fue presentado por las autoridades respectivas, se cubrían las becas que han estado vigentes para los 450 hijos de trabajadores.
Además, según tengo la Minuta, el Inmecafé se desistió por escrito de las denuncias penales presentadas en contra de varios trabajadores, tanto en lo fuero común como en el fuero federal. El mismo día en que el sindicato firmó la Minuta, un grupo de trabajadores inició un plantón en la plaza Lerdo de la ciudad de Jalapa, demostrando si inconformidad al acuerdo llegado con el sindicato y externando que no levantaría el plantón hasta que se les reinstalara en el Consejo Mexicano del Café y se les pagara los salarios caídos.
Cabe mencionar sin embargo, que el Consejo Mexicano del Café, hasta donde la información nos ha sido proporcionada, es simplemente un convenio de concertación en el cual participan varias secretarías del Estado, las asociaciones de productores, los industrializadores y los exportadores. Además de diversas organizaciones sociales, este foro tiene como objeto ser el marco a través del cual se defina la política del sector cafetalero. No se trata de un organismo público descentralizado; tampoco es un fideicomiso ni una empresa de participación de mayoría estatal; no es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, sino simplemente un foro; un foro al cual son invitados las partes que están involucradas en la producción, comercialización y organización del sector cafetalero.
Yo creo sin embargo, que dentro de este proceso, en el área fundamentalmente de investigación, debería de revisarse con cuidado lo concerniente a la sustitución patronal.
Durante cinco años, presté mis servicios al frente del Inmecafé. Los ahora trabajadores liquidados, en su mayoría fueron mis compañeros de trabajo; por ello considero necesario, que la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados, esté atenta a que los acuerdos que se tomen al desaparecer el organismo protejan ampliamente los derechos de los trabajadores, ganados no sólo conforme a la Ley, sino como resultado de muchos años de servicio a la cafeticultura nacional y de servicio a los productores de café, uno de los segmentos sociales más desvalidos de la sociedad mexicana. Muchas gracias.
El Presidente:- Gracias, señor senador Aguilera. Había solicita para rectificar hechos también la palabra previamente el señor diputado Guillermo Flores, los registramos a los dos; Guillermo Flores primero si les parece y el diputado Víctor Orduña, posteriormente.
El diputado Guillermo Flores Velasco: -Con su venia, señor Presidente, compañeros diputados; compañeros senadores.
Subo a esta tribuna para precisar algunas cuestiones. En primer lugar yo creo que hay que dejar muy claro el centro del debate que está sujeto aquí, ¿no? Y creo que el problema central, si bien está dentro de un marco de política general del Estado, de una política privatizadora de la economía, el problema central es, en primer lugar,. el cierre, desde mi punto de vista ilegal, del Inmecafé. Y deribado de eso, como consecuencia de eso, están los problemas laborales, entre otros, de los trabajadores del Inmecafé, pero que a su vez conlleva a otro conjunto de problemas que no han sido lo suficientemente analizados en este momento. Pero evidentemente, hay otros problemas más que yo brevemente mencioné, como es el problema del impacto regional, del impacto sobre los productores. En esto hay que tener muy claro que los productores de café, los hay ejidatarios y comuneros, campesinos pobres y hay grandes fincas cafetaleras industrializadas, modernas. O sea que esa diferenciación la tenemos que tener muy clara. Y también tenemos que tener claro en el fondo, la política del Gobierno, los instrumentos de política para este sector; a quiénes benefician más a quiénes benefician menos.
Entonces el problema, si bien es cierto que existe el problema internacional, un problema viejo, de todas las materias primas, de todos los países
que no son industrializados, los países del Tercer Mundo, o los países no alineados como se ha llamado a los países productores de materias primas.
Existe ese problema en el mercado mundial del café.
Pero tenemos que tener claro, que en el centro, cuáles son las funciones actuales del Inmecafé. El senador Aguilera, cuando sube, nos menciona una serie de funciones. Pero si nosotros recurrimos a las modificaciones que tuvo el decreto que tiene qué ver con el Inmecafé, las funciones que tiene desde 1990 a la fecha, son otras, no necesariamente estos problemas como la regulación de la oferta, los recuentos de los inventarios, etcétera.
Y aún más, cuando nos habla de que ya no existen cuotas en el mundo, creo que dice la verdad, pero también la dice a medias. En la ciudad de México, a partir de pasado mañana se va a realizar una reunión de la Organización Internacional del Café, una reunión entre productores y consumidores del mundo, para ver la viabilidad de restablecer el sistema de cuotas nuevamente, y va a ser una reunión en la ciudad de México.
Entonces no es cierto que se haya cancelado en definitiva y para siempre el sistema de cuotas en el mundo. O sea, no es tan cierto de que prive un libre comercio total y absoluto que no tenga la necesidad de establecer reglas racionales entre productores y consumidores en torno a una determinada materia prima en donde ganen los productores defendiendo sus productos, su precio, y aquí es una responsabilidad del Gobierno si ha tenido una política diplomática en materia cafetalera que es incluso ejemplo en el mundo por la defensa de nuestras materias primas, por la defensa del precio de estos productos. Entonces creo que entra en contradicción toda una tradición diplomática cafetalera con las nuevas políticas que simple y sencillamente, desde mi punto de vista, dejan en indefensión a miles y miles de pequeños productores de café que no podrán tener los mecanismos, el capital, la herramienta, la maquinaria, los mecanismos de comercialización, para competir en ese mercado salvaje del capitalismo, del neoliberalismo.
Entonces creo que el fondo del problema es que hay una violación, en la forma como se realiza. Si nosotros vemos la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley en concreto, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, en el artículo 15 se dice que en la extinción de los organismos -Inmecafé era un organismo paraestatal- deben observarse las mismas formalidades establecidas para su creación, debiendo la Ley o del decreto respectivo fijar la forma y los términos de su extinción y liquidación.
Hasta este momento no ha aparecido ningún decreto publicado por el Ejecutivo Federal o ningún mandato de la honorable Cámara de Diputados, no hay eso; lo que hay es un acuerdo, un acuerdo que tomó la Comisión Intersecretarial el pasado 21, del cual tengo copia, y el mismo día que esta Comisión Intersecretarial se reúne y toma el acuerdo de liquidar el organismo, ese mismo día esas mismas personas toman el acuerdo de constituir el Consejo Mexicano del Café y aquí el senador Aguilera nos dice que no es ningún organismo, que es un convenio de concertación.
Bueno, aquí tengo el acta, la copia del acta de esa reunión que se realizó, aquí está la copia de ese acuerdo, es el acta de la sesión extraordinaria del 21 de enero, está su orden del día y están los acuerdos, quiénes participaron en esta reunión, fue presidida por Carlos Hank González esa reunión y aquí el acuerdo, se revisa la situación que tiene el Instituto y se acuerda y aquí tengo el acta también, ese mismo día 21 de enero, a las 9.30 horas el acta, que informa la instalación del Consejo Mexicano del Café.
Y efectivamente por eso digo que hay que ver a quién sirven los organismos que se crean, porque efectivamente anteriormente en el Inmecafé estaba representando el sector social de manera preponderante, y ahora en este nuevo organismo, en el momento que pasamos a esta integración y que sí es una integración real que es ilegal porque no ha habido ningún decreto, aquí se informa que se dará forma legal a estos acuerdos el próximo mes de abril con el inicio del período de sesiones en la Cámara de Diputados.
Y es precisamente la crítica que hay que hacer, el desaseo del Gobierno para tomar e implementar los acuerdos, no hay respecto a la legalidad por quien tiene la obligación de respetar esa legalidad.
Si desea cambiar, liquidar ese organismo, tiene que, el Ejecutivo, mandar la iniciativa y fundamentar las bases por las cuales se está haciendo, es lo que en esencia trae el punto que hemos firmado aquí nosotros como pronunciamiento político, debe fundamentar el porqué se liquida y si hay una propuesta de crear otro organismo, también la tiene que fundamentar. Eso es la crítica ahorita de fondo y vamos a ver como ahorita probablemente no estén de acuerdo muchos con estos puntos de vista, pero en abril
nuevamente vamos a recibir una iniciativa donde por arte de magia ahora sí podemos discutir este asunto porque está en tiempo y forma y es legal, y ahorita van ustedes a decir, la mayoría, que eso fue totalmente legal, que son atribuciones del Ejecutivo, pero aquí en las resoluciones, en los acuerdos que tomaron, uno de sus acuerdos es presentar la iniciativa para el próximo mes de abril.
Creo que lo que tenemos que hacer es hacer un llamado, que además no se puede porque esa división de poderes y la legislación, pero es un llamado moral, no es legal, al Gobierno, para que respete el estado de derecho que tenemos, para que si quiere hacer las cosas, las haga con estricto apego a derecho, escuchando a la opinión pública, escuchando a los trabajadores, escuchando a su sindicato, escuchando a los productores y escuchando a esta soberanía, que somos la representación nacional, para poder tomar una u otra determinación.
Yo espero que presenten el decreto y ahí podamos dar en forma un debate en serio, pero adelanto que esto ha sido una violación al estado de derecho que tenemos en nuestro país. Esas serían mis apreciaciones.
También, además, por último, hay violaciones claras a la Ley Federal del Trabajo, que se aplique el apartado A de manera supletoria, o sea, no se les ha comunicado a los trabajadores de ninguna suspensión, y simple y sencillamente están en la calle de la noche a la mañana. Eso en ningún país del mundo sucede, creo que ni en ninguna dictadura de las actuales, que existen ahorita. Esto no debe pasar, deben respetarse los derechos humanos, los derechos laborales, los derechos políticos de los mexicanos. Hay violaciones de las autoridades del Inmecafé con estas acciones que han hecho.
No se ha respetado tampoco el derecho de la libertad que tienen los trabajadores de expresarse públicamente sus opiniones, y creo que afortunadamente hoy se empieza a deliberar en esta Comisión Permanente, uno de los problemas que tiene nuestro país, como hay muchos más que desafortunadamente no tienen la oportunidad de expresarlo en esta tribuna nacional. Muchas gracias.
El presidente: -Concedemos la palabra ahora al señor diputado Víctor Orduña, en términos del artículo 102 del Reglamento para el Congreso General.
El diputado Víctor Martín Orduña Muñoz:- Con su autorización, señor Presidente.
Para Acción Nacional el problema del Inmecafé tiene dos vertientes, una en la que todos los partidos políticos nos hemos pronunciado en esta tribuna, y Acción Nacional suscribió ese punto de acuerdo, en el que suscribimos para que los derechos de los trabajadores no sean socavados bajo ninguna forma, bajo ninguna circunstancia, sean respetados de acuerdo a la Ley, y por otro lado sea respetado su derecho a la manifestación.
Pero eso no es todo. Ese es el punto que no está a discusión en esta Cámara, porque así debe ser. Los derechos no están sujetos a que hagamos declaraciones o no hagamos declaraciones; tendrán que respetarse porque tienen derecho a ello.
Segundo, lo que sí debemos mencionar en esta tribuna, es el hecho que en el Instituto Mexicano del Café ha habido serias irregularidades. Esta empresa trae una pérdida acumulada al 31 de diciembre de 1991; de 435 mil millones de pesos. No obstante de traer pérdida por la cantidad antes mencionada, el Gobierno Federal hizo transferencias en tan sólo un año, en el año de 1991, de 253 mil millones de pesos, principalmente para la cancelación de pasivos, y no nos satisface lo que vino a decir aquí el senado Aguilera, que al Inmecafé no es un organismo descentralizado, que no es desconcentrado, que no es paraestatal, que es simplemente un foro, y yo le quiero preguntar al senador Aguilera ¿cómo, si es un foro, el Gobierno Federal hace este tipo de transferencias y está inyectándole recursos a este organismo?
Aquí nosotros lo tenemos en el balance financiero del sector público de 1992, registrado como una empresa en la que el Gobierno Federal le ha transferido grandes cantidades de dinero; por ello señores, no aceptamos esa declaración del senador Aguilera.
Por otro lado, Acción Nacional reclama de las autoridades competentes, una respuesta fundada en la Ley, para que se explique qué es lo que ha sucedido en el Inmecafé y porque esta situación anómala que ha gravitado sobre la economía nacional, por ese presupuesto deficitario que ha venido obteniendo. Muchas gracias.
El Presidente -Para contestar alusiones personales, tiene la palabra el señor senador Manuel Aguilera Gómez y después para rectificar hechos, la ha solicitado el señor diputado Carlos González Durán.
El senador Manuel Aguilera Gómez: -Con su permiso, señor Presidente.
Primero para una rectificación respecto a interpretaciones equívocas a mis palabras. Yo no dije que el Instituto Mexicano del Café no fuera un órgano desconcentrado de la administración pública federal. Por Dios, si fue creado por un decreto del Congreso de la Unión. A lo que yo me referí, es que el acuerdo que tomaron quienes participaron en la última asamblea del Instituto Mexicano del Café, tiene un Consejo Directivo el Instituto, integrado por representantes de los productores mayores, representantes de los exportadores, representantes del sector social de la cafeticultura y representantes de varias entidades del sector público.
Lo que ellos acordaron, fue la liquidación del Instituto, liquidación que requiere inexorablemente que pase a través del Congreso de la Unión. Eso es inexcusable.
Lo segundo, que lo que acordaron crear es un Comité del Café, pero como un órgano, como un foro, no como un organismo, porque finalmente quienes ahí participaron tampoco tienen facultades para crear un organismo público.
Respecto del comercio internacional. No diputado Flores, me temo que el asunto de las cuotas no es tan sencillo como usted lo señala.
Primero: ¿cuáles son las discrepancias fundamentales entre productores y consumidores hoy? Las principales discrepancias son: Primera y la más importante de todas que los países consumidores no están dispuestos a imponer las normas de administración aduanera que hacían efectivo el uso de las cuotas que señalaba la Organización Internacional del Café.
La segunda. Entre los países productores existen serias desavenencias, especialmente por lo que se refiere al criterio de selectividad. Países como los productores de Robusta, en África, y país como Brasil, no aceptan este criterio de selectividad. A nosotros, a los productores suaves sí no conviene el criterio de selectividad.
Tercero. Si se llegaran a resolver problemas estos que acabo de mencionar y otros como es la franja de precios, los mecanismos de verificación de existencias, los mecanismos de liberación de cuotas, etcétera, si se llegarán a superar, el proceso es bastante más largo.
Cada uno de los países, una vez firmado el nuevo convenio, firmado el nuevo convenio, tendrán que presentarlos a sus respectivas instancias legislativas. En el caso de México tendrán que ser presentadas al Senado de la República, en el caso de los Estados Unidos tendrán que ser presentadas al Congreso, para que éste a su vez expida las leyes complementarias que permitan la aplicación de las disposiciones derivadas del convenio, y así, todos y cada uno de los países tendrán que llevar el convenio firmado por las instancias administrativas ante sus áreas legislativas correspondientes, y una vez firmados tendrán que irse a depositar a Naciones Unidad para ratificar el texto y contenido de este Convenio Internacional, y cuando todo esto haya sucedido, empezarán a entrar en vigor las disposiciones del propio convenio en materia de regulación, de oferta, que ése es el problema fundamental del convenio.
Como ven, todavía falta mucho por avanzar para la instauración del convenio; y este convenio es fundamental, fundamental, para que se puedan recuperar los precios, pero creo que si el convenio no contempla medidas aduaneras en los países consumidores, el convenio pasará a ser uno de los instrumentos adicionales de buena voluntad diplomática, pero que sea impracticable en aras de los intereses comerciales que normalmente dominan el mercado de las materias primas.
El Presidente: -Para contestar alusiones personales, tiene la palabra el diputado Víctor Orduña y está ya preparado también el diputado González Durán.
El diputado Víctor Martín Orduña Muñoz: -Señor senador Manuel Aguilera. Lo equívoco no es la interpretación que se da a sus palabras, sino son sus palabras mismas las que dan lugar a interpretaciones.
No podemos concebir aquí, de acuerdo a lo que usted dijo, que el Instituto Mexicano del Café fue creado por acuerdo presidencial, y sabe usted que es un organismo descentralizado.
Con esa misma argumentación que usted da si fue creado por Ley, y es un organismo que regula la Cámara de diputados al revisar la Cuenta Pública, ¿cómo es explicable que por un simple acuerdo, por un simple acuerdo de consejo se deje sin trabajo a cientos de trabajadores?
¿Esto no es explicable, señor senador?
Y qué bueno, qué bueno que no vino usted a mencionar aquí lo deficitario de las finanzas del Instituto Mexicano del Café, porque seguimos reiterado que es necesario que haya una explicación clara de por qué esa situación de déficit, que propició esta caída del Instituto Mexicano
del Café, y que ahora deja sin trabajo a mucha gente. Eso es todo. Muchas gracias.
El Presidente: -Tiene la palabra el señor diputado Carlos González Durán, para rectificar hechos y lo registramos a usted, diputado Cantú, también, parta que después participe.
El diputado Carlos González Durán: -Con su venia, señor Presidente, honorables señores senadores; honorables señores diputados:
He solicitado el uso de la palabra para precisar cuatro cosas. La primera, ¿en qué consiste un acto arbitrario? La arbitrariedad consiste en que el acuerdo, la disposición de algo la tome un órgano que no sea el competente, de acuerdo con nuestras leyes, y también la arbitrariedad consiste en que ese acuerdo o disposición no se tome con el procedimiento establecido en nuestras leyes.
Estos dos términos de la arbitrariedad se llaman ilegalidad. Pero la arbitrariedad tiene otro sentido que es tomar una decisión contradictoria a las valoraciones sociales, jurídicas e históricas, que dan sustento y sentido a nuestra Constitución.
Nuestra Constitución señala, en dos preceptos, el 25 y el 26, cómo debe ser la economía y cómo debe ser la planificación.
Solamente voy a permitirme leer dos principios de estos preceptos, no todos los preceptos, dos principios que me parece que vienen al caso. "Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional, para garantizar que éste sea integral, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, de los grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución".
Y el artículo 26 indica, en su primer párrafo, lo siguiente: "El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, que imprima solidez dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía, para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación".
De acuerdo con esta valoración jurídica, social e histórica, que es la que informa la vida económica de la rectoría del Estado y de la planificación democrática del desarrollo social, yo pregunto: ¿son consecuentes con estos preceptos la privatización del sector público y la desregulación del sector social?
Si la privatización radica en quintar de las manos públicas, manos de actividad e interés social, organismos o sectores o áreas de la economía para entregarlas a la iniciativa privada, a la iniciativa e interés de lucro y de la ganancia, a veces no sólo de sectores nacionales sino también a veces de sectores extranjeros, si es para entregar.... privatizar quiere decir entregar a los... hacerlo público, privado y ¿en beneficios de quiénes, y en prejuicio de quiénes?
Estamos viendo muy claro que el acto es arbitrario en su sentido de ilegal, porque lo toma una concurrencia de organismos secretariales y no lo toma como aquí lo expresó el compañero Guillermo Flores, no lo toma en la honorable Cámara de Diputados en los términos del artículo 15 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, y que se indica que los organismos públicos descentralizados se tienen que extinguir de la misma manera con que fueron creados.
Entonces no estoy todavía cuestionando las razones que se invocan en la tribuna, para pretender que el nuevo organismo público, porque es un nuevo organismo descentralizado, el consejo. Este organismo público ¿cómo se crea?, por la autoridad competente en la Cámara de Diputados, de acuerdo con una Ley, tiene que volverse a cuestionar esto y entonces si las condiciones exteriores del mercado internacional justifican una modificación del instituto, si las finalidades económicas que ahora impulsan al régimen justifican un cambio en la estructura del Instituto, no nos cerramos a que se debata, que se examinen las circunstancias, a que se vea; pero siempre, y me parece, que la economía de acuerdo con nuestra Constitución debe ser una economía para el beneficio de los mexicanos, eso por delante.
Y, por otra parte, este hecho nos pone de manifiesto una acción de represión política cuando el acto se toma arbitrariamente, y se oculta el debate y las razones que se dicen para el cambio del organismo, y se establece que la policía y los órganos de seguridad, mediante un desalojo violento impidan el ejercicio de un derecho cívico de todo mexicano, como es la protesta ante un hecho injusto e ilegal, es entonces también condenable el acto de la represión policiaca.
Termino entonces diciendo que el acto por el cual se cambia el Instituto Mexicano del Café es tomado por una autoridad incompetente sin
seguirse el procedimiento previsto en nuestras leyes; es una dirección privatizadora de la economía para entregar al lucro de particulares, a veces no sólo nacionales, los recursos y medios de vida que deben siempre estar en servicio del interés de las clases trabajadoras y del progreso nacional. Es todo.
El Presidente: -Señoras y señores legisladores: Esta Presidencia, con fundamento en lo previsto en la fracción III del artículo 79 constitucional y artículo 61 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General acuerda: turnar la solicitud que han presentado los trabajadores del Inmecafé a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados y a esa misma Comisión la Declaración Política suscrita por varios partidos y presentada en esta tribuna.
SOLICITUD DE COMPARECENCIA
El Presidente: -Pasamos a otro asunto, señoras y señores legisladores y concedemos la palabra al señor diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular socialista.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - Con su autorización, señor Presidente:
La estrategia neoliberal que hemos venido comentando, después de aproximadamente 12 años de puesta en marcha, prácticamente en todas las regiones del planeta, ahora es también abandonada en todas partes a la vista de su total fracaso, en los primeros años es cierto que logró destrabar la economía de los países capitalistas de alto desarrollo, romper la situación de estancamiento en que estaban prácticamente todas las economías capitalistas del mundo y permitirles entrar a una etapa de dinamismo, de crecimiento en la producción.
Desde el principio, por otro lado, trabajo aparejada una creciente y muy agudizada injusticia social, una distribución del ingreso y de la riqueza tal, que dio paso a un proceso muy acelerado de concentración en muy pocas manos y que sometió a una situación de penuria a las grandes masas populares, lo mismo en los Estados Unidos, en Inglaterra, que en los demás países del mundo.
La política neoliberal tiene como uno de sus ejes el de considerar que el motor del crecimiento económico es la inversión privada, la iniciativa privada, que el Estado no debe participar o debe participar de una manera mínima como agente directo de la economía y que incluso debe también reducir su participación como agente regulador; tiende pues, a una desregulacción también, además de un retiro del Estado, prácticamente de todas las áreas de la economía.
En México también ha estado en vigor la política neoliberal durante los últimos 10 años, no ha sido una excepción, también ha tenido las mismas características generales que se han aplicado en los demás países del mundo, y también ha traído los mismos resultados: concentración de la riqueza, empobrecimiento de las masas populares.
En los últimos años, en los países capitalistas de alto desarrollo, esta política ya agotó sus posibilidades como factor dinamizador de la producción. Los países que la pusieron en marcha, todos entraron nuevamente a una fase de estancamiento, dejaron de crecer, las economías lo mismo de Inglaterra que de Alemania, que de los Estados Unidos y los demás países de alto desarrollo, donde esta estrategia inicialmente dio un resultado en ese único aspecto.
Prácticamente todos los países del mundo están abandonando esta estrategia a la vista de su fracaso; nos preocupa mucho que en el caso de nuestro país se mantiene una conducta inercial inaceptable: continúan tomándose medidas propias de la política neoliberal, cuando en todas partes se abandona y se buscan nuevas estrategias o nuevas salidas o se vuelven nuevamente los ojos a la política del Estado intervencionista en la economía y del Estado benefactor de sectores importantes de la población. Aquí no solamente se mantiene de manera inadecuada lo que en todas partes se está abandonando a la vista de su fracaso, sino todavía se mantiene hasta un lenguaje que mucho menos se justifica hoy, se sigue llamando modernización a lo que se ve que solamente fue una moda efímera y se sigue planteando como si fuera la solución de largo plazo, algo que no tuvo más que una muy corta duración. Se sigue planteando la salida del Estado de muchas áreas de la economía, la privatización de sectores importantes.
Dentro de esta línea general, está el caso de la industria petroquímica, reciente información generada en las dependencias públicas vinculadas con el asunto, da cuenta de que se podrán a la venta las siete plantas de amoniaco del complejo petroquímico de Cosoleacaque, bajo el mecanismo de licitación pública internacional, de que se venderán también las dos plantas de etileno de los complejos de Morelos y Cangrejera, mediante la venta de acciones en el mercado de valores.
Estas nueve plantas representan, solamente ellas, de alrededor de 146 plantas que mantiene en operación Petróleos Mexicanos, estas nueve plantas, repito, representan aproximadamente el 35% de la capacidad petroquímica de Pemex, una tercera parte.
Antes, en el área de la petroquímica, se ha procedido por la vía del decreto del Ejecutivo, a vulnerar el mandato constitucional que establecía que la petroquímica básica era facultad exclusiva del Estado. Sin cambiar el texto constitucional por el fácil procedimiento de que el Ejecutivo diga: esto ya no es parte de la petroquímica básica, ha venido reduciendo el ámbito de la misma.
Así, de 70 productos que formaban parte de la petroquímica básica, una primera reclasificación que se realizó el 13 de octubre de 1986, redujo a poco menos de la mitad de estos, a 34 solamente. El 15 de agosto de 1989, una segunda reclasificación redujo a 20 los productos que formarían parte de la petroquímica básica. Más tarde, el 7 de junio de 1991, se eliminó uno más y se redujo a 19 y por último, el 17 de agosto del año pasado quedaron sólo ocho productos formando parte de la petroquímica básica. Estos son: El etano, el propano, los butanos, los pentanos, el hexano, el heptano, la materia prima para el negro de humo y las naftas.
Por otra parte, los propios productos petroquímicos secundarios han ido siendo motivo de reducción y actualmente sólo quedan 13 en esa rama, quedando todos los demás en una tercera categoría de estos donde la participación de los particulares es no sólo amplia, sino plena, y de los capitales extranjeros también.
¿Por qué razón poner a la venta estas plantas petroquímicas, las que producen etileno y las que producen amoniaco? No se han explicado las razones de manera pública, contrastan con algunas informaciones también de carácter oficial, por ejemplo, el Director de Petróleos Mexicanos Francisco Rojas, en su informe de 1991, declara que Pemex ha avanzado en su esfuerzo por eficientar su producción, que los resultados son más que significativos, dice de manera textual, ".la producción bruta de petroquímicos creció 40% en el quinquenio 1987-1991. La producción total de petroquímicos de Pemex ascendió a poco de 18 millones de toneladas sigue diciendo el propio Director de Petróleos Mexicanos, 2.3% superior a lo alcanzado el año anterior. En tanto que el coeficiente de uso de la capacidad instalada, dice -, de las 146 plantas petroquímicas en operación, fue de 91.3% superior a estándares internacionales y notablemente más elevado a los coeficientes nacionales de tiempo atrás".
Bien, entonces Pemex estaría trabajando en sus plantas petroquímicas, no sólo a un nivel que habría superado sustancialmente la eficiencia con que trabajaban estas mismas plantas tiempo antes, sino en un porcentaje muy superior a los estándares internacionales, declara Francisco Rojas.
¿Por qué entonces vender estas plantas que operan con alta eficiencia en manos del Estado?
En caso de privatizarlas nos enfrentaremos a una realidad que ya existe y que vendría a agravarse más, se trata de un mercado con un alto grado de monopolización, vendríamos a alentar ese proceso de monopolización.
Para el efecto hay que recordar que sólo cuatro grupos privados nacionales, que a su vez son subsidiarios de monopolios transnacionales, de grandes corporaciones petroquímicas transnacionales, detentan prácticamente todo el mercado petroquímico en nuestro país. Se trata fundamentalmente de las empresas Celanese y CYPSA; estas dos abarcan entre ambas el 45% del total del mercado, 28% Celanese, 17% CYPSA. Estas empresas se dedican particularmente al polivinicloruro, al nylon y a las fibras de poliéster y ambas son subsidíarias de la Bayer de la Goetsch, transnacionales; después la empresa Alfa, de Monterrey, con un 16.6%, que se dedica también a la producción de nylon y fibras poliéster y que es subisidiaria de la Dupont y de la Imond Incorporated, y el cuarto lugar lo ocupa la Monsanto, con un 15%, dedicada también al polietileno, al fenol y al metiletacrilato. Entre estas cuatro empresas abarcan el 76 y algo más por ciento de la petroquímica nacional.
De tal manera que la privatización de estas empresas seguramente iría a dar a las propias manos de estos grupos y vendría a acrecentar el proceso de monopolización que se ha venido dando.
Ambos productos, el amoniaco y el etileno, que son lo que producen estas plantas que se pretende privatizar, son de alta demanda internacional y de un uso importante; el amoniaco se emplea en máquinas frigoríficas, en la fabricación de hielo, en síntesis orgánicas, en tratamientos de agua, como disolvente en la obtención de ácido nítrico, en la fabricación de rayón, nylon, productos farmacéuticos y de
limpieza; el etileno se emplea como disolvente, como anestésico y para procesos de síntesis orgánica. Tienen muy alta demanda.
Se dirá que a la mejor no es negocio para el Estado y que entonces hay que deshacerse de empresas no productivas; sin embargo esto tampoco es cierto, el amoniaco en particular habrá que decir de él, son siete plantas, de las nueve que se venden siete son productoras de amoniaco, habrá que decir que en el propio informe de Pemex de 1991 y según el informe del Banco de México, la producción de amoniaco particularmente en nuestro país llegó en 1991 a una producción récord, a una producción nunca antes alcanzada, una producción histórica, de nivel superior y que su demanda a nivel internacional es sumamente elevada, por lo cual también se han incrementado las exportaciones de manera muy notable.
De hecho Cosoleacaque, La Cangrejera y Morelos son las tres zonas donde apenas se concentran 39 de las 146 plantas petroquímicas de Pemex en vigor, pero éstas de las cuales se va a desmantelar o se pretende desmantelar una parte sustancial, concentran entre ellas casi dos terceras partes de la capacidad productiva petroquímica de Petróleos Mexicanos.
Estamos pues ante el fenómeno de que el de la petroquímica es un mercado creciente, un mercado que genera utilidades de gran nivel. Estamos también frente al fenómeno de que Petróleos Mexicanos cuenta con los recursos necesarios para realizar las inversiones requeridas para mantener la expansión de este mercado; que viene operando con alta eficiencia, incluso por encima de los estándares internacionales. Ha mostrado pues elevada eficiencia en el manejo de esta rama.
Estamos ante el fenómeno de que en este sector hay un levado índice de concentración monopólica que vendría a acrecentarse con una medida como la que se anuncia. No encontramos razones para que se proceda de la manera en que se ha venido anunciando. Tenemos entonces que se trate simplemente de una medida inercial como tantas otras y una política neoliberal fracasada, derrotada en todas partes del mundo y que sin embargo en México se insiste en mantener. Todavía en alguna de las sesiones recientes incluso, en esta tribuna se ha venido a hablar de que eso es lo moderno, de que eso es lo nuevo, de que esos son los nuevos aires que soplan en el mundo. Eso era válido decirlo hace 10 años, hace 12 años; hoy, por el contrario, esto es lo que está en retiro, en abandono y en fracaso total en todas partes.
Con esta preocupación, compañeras y compañeros legisladores, compañero Presidente buen provecho, con esta preocupación, hemos traído esta proposición de punto de acuerdo, con fundamento en el artículo 79 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, presento a la consideración de ustedes el punto de acuerdo único que diría así:
"La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, resuelve recomendar a las comisiones unidas de Energéticos y de Patrimonio y Fomento Industrial de la honorable Cámara de Diputados, convoquen al doctor Emilio Lozoya Thalman, Secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal, a una reunión con el propósito de que dé cuenta de las razones por las que se pretende vender una serie de plantas de la industria petroquímica, pertenecientes a la empresa Petróleos Mexicanos, a la vista de que se trata de una operación que pudiera vulnerar intereses fundamentales de la nación."
Dado en la sala de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en la fecha de hoy y firma por la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista un servidor de ustedes. Agradezco mucho su atención. Muchas gracias.
El Presidente: -Muchas gracias diputado y también le deseamos a usted buen provecho, igual que a todo las compañeras y compañeros legisladores. Y seguimos con la sesión y le concedemos la palabra al señor diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, que la ha solicitado para este asunto que plantea el diputado Cuauhtémoc Amezcua. Al final damos cuenta con su proposición, señor diputado Amezcua.
El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas: - Señor Presidente, señores legisladores:
Es evidente que la planta petroquímica nacional está en proceso de desintegración. Con este anuncio de poner a la venta 60 plantas petroquímicas, encontramos el pretexto de desincorporar a este importante sector.
Los empresarios mexicanos no tendrán la primera opción de compra de las plantas petroquímicas, sino que deberán de competir en igualdad de circunstancias con las grandes corporaciones transnacionales en este ramo. De esta manera, se está pasando por alto la opción de dar prioridad a los empresarios nacionales, a que se refieren tanto GATT y el propio Tratado de Libre Comercio.
La desincorporación de referencia, en la que participan Pemex, Hacienda, Comercio y Fomento Industrial, Desarrollo Social, la Semip y la Contraloría General de la Federación, tiene por objeto simplemente acarrear mayor caudal económico a las arcas gubernamentales y para lograrlo se está poniendo en peligro reiteradamente, derechos y acuerdos existentes de carácter nacional e internacional.
En términos generales, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, ha sido impulsor del adelgazamiento del sector público. Creemos que existen aún muchas paraestatales en cuyo ramo el Gobierno Federal no tiene nada qué hacer, y por lo tanto su venta es aconsejable. Sin embargo, en el renglón petroquímico, que resulta ser una de las líneas estratégicas del país, la desincorporación no puede ni debe hacerse sobre las rodillas y mucho menos cuando se trata de empresas que tienen qué ver con derivados del petróleo. Debe cuidarse estrictamente el no entregar a la inversión extranjera paraestatal de este ramo, como para que pudiera constituirse en un factor de presión, para incidir luego en la producción y comercialización del petróleo.
Como todos sabemos, en el petróleo están cifradas muchas de las aspiraciones del progreso económico nacional y por lo mismo, en su explotación y comercialización radica parte de la economía nacional.
Petróleos Mexicanos, como ya se dijo, rechaza a utilizar las cláusulas contempladas en el Acuerdo sobre Aranceles y Comercio y el Tratado de Libre Comercio, que otorgan la opción al Gobierno mexicano, para que la venta de las plantas petroquímica sea descriminatoria para las empresas extranjeras y se dé la primera oportunidad a los mexicanos, pues al decir del director de Pemex Petroquímica Jaime Mario Huillars, se hace bajo criterios eminentemente económicos, tratando de recuperar el mayor pago posible.
Resultaría muy criticable que por atender sólo intereses económicos se violenten los derechos de los empresarios nacionales.
El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, considera que no se justifica que por el solo ingreso de dinero a las arcas nacionales, se pretenda desincorporar empresas paraestatales que resultan estratégicas para el desarrollo del país.
Por lo anterior, señor Presidente y señor secretario y porque consideramos un asunto delicado para la nación la venta de las 60 plantas petroquímicas, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana propone lo siguiente:
"Único. Cítese al señor licenciado en economía, Emilio Lozoya Thalman, de la secretaría correspondiente y al director general de Pemex, contador Público Francisco Rojas Gutiérrez, para que comparezcan ante esta soberanía, a fin de que expliquen con claridad los motivos de fondo, los mecanismos en que se pretende realizar la desincorporación y venta de 60 plantas petroquímicas nacionales, así como la razón por la cual se están violando los derechos de preferencia de los empresarios nacionales que tienen sobre los extranjeros para adquirir cualquiera de estas plantas en venta, en oferta o en politización, que está realizando el Gobierno mexicano". Muchas gracias.
El Presidente:- Concedemos la palabra en este asunto al senador Carlos Sales Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El senador Carlos Sales Gutiérrez: - Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros legisladores:
Voy a comentar sobre dos de los puntos aquí tratados. Por un lado, la reclasificación de los productos de la petroquímica, donde lo que se ha hecho y así se nos ha explicado, es reconocer la evolución tecnológica internacional y el proceso que ha tenido la modernización de este sector en todo el mundo.
En efecto, lo que persigue la reclasificación de los productos petroquímicos, es garantizar la competitividad tecnológica de la cadena productiva y facilitar una integración vertical adecuada de esta industria, que es lo que le permitirá mantenerse eficiente y rentable.
Es necesario destacar que bajo cualquier escenario Pemex, el sector público, mantiene bajo su control, como bien señaló aquí nuestro compañero Cuauhtémoc Amezcua, todos los gases, las naftas y la materia prima para negro de humo. Así lo señala la resolución de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, publicada en el Diario Oficial del 17 de agosto de 1992, que destaca como productos básicos al etano, propano, butano, pentano, materia prima para negro de humo y naftas.
Esto corresponde a que la industria química tiene que volverse más selectiva. Pemex no puede hacer de todo, no puede ser competitivo en todo, como no lo hace empresa alguna en el mundo.
En efecto, la industria petroquímica actual es un negocio altamente competitivo, de productos genéricos en los que la competitividad y la rentabilidad depende del manejo adecuado de plantas eficientes; su naturaleza no diferenciada, aunada a la estructura oligopólica en todo el mundo, han creado una industria en que sólo las empresas de mejor desempeño obtienen rendimientos que exceden al costo del capital.
Además, si prevé que en el futuro inmediato la competencia y la fijación de precios de productos genéricos sea cada vez más agresiva.
Los ciclos de la industria y las bajas tasas de crecimiento, van a continuar como norma de la petroquímica en el mundo.
Los flujos comerciales se modificarán con la entrada en operación de la nuevas plantas construidas en el Lejano Oriente y aun proyectos como los de Canadá y del Medio Oriente, basados en ventajas estructurales por tener asegurado el suministro de materia prima a bajos precios, enfrentarán graves riesgos.
En consecuencia, para competir exitosamente en la industria petroquímica, se requerirá contar simultáneamente con algunos de los siguientes factores: acceso a fuentes de capital a bajo costo; integración y acceso a fuentes de insumos baratos; desarrollos tecnológicos para elevar rendimientos y reducir costos de manufacturas; habilidad para diferenciar productos; administración de los ciclos de precios; escala de producción competitiva y excelencia operativa.
En la actualidad, del conjunto de las actividades de Pemex - Petroquímica algunas plantas son rentables y tienen un importante potencial de mejora, en tanto que otras tienen un atractivo económico menor. Es necesario, por tanto, evaluar las ventajas de que Pemex continúe operando en cada una de las cadenas en las que actualmente interviene.
Esta evaluación de la cartera de activos se está llevando a cabo caso por caso, en la medida en que el Consejo de Administración del organismo va aprobando las recomendaciones derivadas, y en ese momento la evaluación será dada al público y con oportunidad.
Hasta ahora lo que se conoce, del número de plantas a vender, de los mecanismos a vender, son rumores, algunos emanados de la propia empresa y otros producto de una determinación de lo que pudiera llegar a ser.
Se creó un Comité, como aquí mencionó mi compañero Cantú Rosas muy apropiadamente, que está conformado por los titulares de la SEMIP, de la Secretaría de Hacienda, de Secofi, de la Secretaría de Desarrollo Urbano, de la Contraloría y de Pemex, que es la que va a definir la estrategia y procedimientos de enajenación de las plantas.
Cuando se haga público este proceso es cuando podremos opinar sobre él y no sobre suposiciones.
Sin embargo, lo que sí se ha dicho y se ha adelantado, es que los principios básicos del proceso serán la transparencia, la obtención, efectivamente, del mayor valor posible, la contribución al fortalecimiento de cadenas de productos petroquímicos, y que se evitará la conformación de monopolios, para promover la oferta abierta de los productos más importantes.
Se ha designado, por último, dentro de este proceso, a la Dirección General de Petroquímica, de Pemex - Petroquímica y a la Unidad de Desincorporación de la Secretaría de Hacienda, para que sean las encargadas de presentar al Comité mencionado las propuestas específicas.
Concluyo: sigue siendo Pemex el único autorizado para comerciar los productos de la petroquímica básica, así como su transporte, almacenamiento, distribución y venta de primera mano.
Queda, por tanto, inalterado el derecho del Estado en este aspecto. Por tanto, respetuosamente yo pido: no confundamos nacionalismo o su contraparte desnacionalización, con las tesis de que lo básico es hacerlo todo y a cualquier costo, aun con perjuicio de la nación y de los nacionales, y aun a costa de debilitarnos y, de entonces sí, poner en riesgo el cumplimiento del mandato constitucional.
Por las razones expuestas, señor Presidente, los legisladores de mi partido no apoyamos las propuestas de acuerdo presentadas por nuestros compañeros Cuauhtémoc Amezcua, del Partido Popular Socialista y Carlos Enrique Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Muchas gracias.
El Presidente: -Gracias, señor senador.
Esta Presidencia, en virtud de que las proposiciones las han fundamentado en la fracción III del artículo 79 constitucional, turna la proposición presentada por el diputado
Cuauhtémoc Amezcua y la que ha presentado el diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, a las comisiones de energéticos, y Patrimonio y Fomento Industrial de la Cámara de Diputados.
REPÚBLICA DE GUATEMALA
El Presidente: -Pasamos a otro asunto, señoras y señores legisladores y para tratarlo concedemos la palabra al señor senador Angel Ventura Valle, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, quien habrá de referirse a las pláticas para la pacificación en la hermana República de Guatemala.
El senador Angel Ventura Valle: -Con su venia, señor Presidente, compañeras y compañeros legisladores:
Efectivamente, he solicitado el uso de la palabra para referirme a la reiniciación de las pláticas de paz entre representantes del Gobierno de Guatemala y la guerrilla.
Los cambios mundiales que en los recientes esquemas de cooperación internacional han sufrido, México en apoyo a estos principios y a su política exterior, refuerza su estrategia de diversificar y fortalecer sus vínculos con los países de América Latina. Es una circunstancia que ha permitido a nuestro país consolidar espacios de participación en diferentes foros multilaterales.
En relación con América Central, nuestro país se ha convertido en una instancia de apoyo al desarrollo de esa región y de vehículo de diálogo y mediación política para la búsqueda de acuerdos de paz que posibiliten la estabilidad política y contribuyan a alcanzar mejores niveles de desarrollo.
De los hechos para avanzar en la pacificación, destacan los esfuerzos realizados en el marco del acuerdo sobre el Sistema de Integración Centro Americana suscrito por los presidentes centroamericanos durante la Cumbre de Tegucigalpa, en diciembre de 1991 y en el del proceso de Esquipulas para la democratización y pacificación de Centroamérica, así como la firma de los acuerdos de Chapultepec, celebrada en nuestro país para contribuir a la paz en El Salvador.
En ese contexto, la comunicación política prevaleciente en la relación bilateral entre México y Guatemala ha dado por resultado un vínculo sólido basado en el respeto y la buena voluntad a través del diálogo y un acercamiento permanente entre las dos naciones.
Con Guatemala nos identifican además de las profundas raíces históricas y culturales y la proximidad geográfica, los vínculos que hemos establecido en el nivel comercial en diferentes áreas estratégicas de la economía, en el ámbito de la cultura, la ciencia, la tecnología y en otros campos del desarrollo.
En la esencia de nuestros lazos solidarios, están refrendadas las aspiraciones de que en nuestros pueblos la paz y el desarrollo, a través de la eliminación de conflictos, sea la estrategia sustantiva para profundizar en los procesos de integración de América Latina.
Por ello la visita de Estado que el presidente Salinas de Gortari realizó a la República de Guatemala en febrero del año pasado, fue trascendental porque marcó una nueva era en las relaciones bilaterales. Así lo reconocieron los mandatarios de México y Guatemala al dejar manifiesta en el comunicado conjunto emitido el 25 de febrero del año pasado, la importancia de los espacios de convergencia entre las dos naciones, que conforma los fundamentos de un nuevo concepto de vecindad, basado en un sistema de cooperación en todos los órdenes de la relación binacional, considerando que este espíritu de colaboración debe extenderse por igual a la concertación política, a la complementación económica y social y al enriquecimiento de sus hondas raíces culturales.
En el mismo comunicado el presidente de Guatemala, Jorge Serrano Elías, destacó los avances en las pláticas entre su Gobierno y los representantes de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, para establecer la paz en Guatemala y agradeció al mandatario mexicano la cooperación brindada por el Gobierno de México, para el desarrollo de las negociaciones entre ambas partes, al celebrarse las reuniones en la ciudad de México y posteriormente en la ciudad de Querétaro.
El pasado 19 de enero el presidente de Guatemala presentó al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, la propuesta para la pronta firma del Acuerdo de Paz en Guatemala. Por su parte la Comandante General de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, emitió un comunicado en que manifestó la importancia de volver al proceso de negociación para construir la paz justa y democrática.
Considerando el elevado interés de las partes afectadas, de avanzar en la consolidación de acuerdos para lograr la paz en el país centroamericano, nuestro país con base en nuestros principios de política exterior, manifestó su disposición para que se celebraran en territorio mexicano, las pláticas que pudieran avanzar en el proceso de conciliación política.
Desde el día de ayer, se celebran las reuniones entre los representantes del Gobierno de Guatemala y los dirigentes de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca en nuestro territorio.
Voy a permitirme dar lectura a una declaración política respecto a este asunto
DECLARACIÓN POLÍTICA SOBRE LA REANUDACIÓN DE LAS PLATICAS ENTRE LA GUERRILLA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
"Acorde con nuestros principios de política exterior que pugnan por la no intervención y la autodeterminación, la solución pacífica de las controversias, la cooperación para la paz y el desarrollo, México, hace patente su satisfacción porque en Guatemala, país vecino y hermano con el que nos unen lazos fraternales de amistad y cooperación, se logre alcanzar una rápida solución a sus diferencias.
Por lo anterior, la Comisión Permanente del honorable Congreso de Unión, declara lo siguiente:
1. Se congratula por la decisión de la unidad revolucionaria nacional guatemalteca (URNG) y el Gobierno de Guatemala para reanudar las pláticas, en una búsqueda por encontrar una solución pacífica a la situación política prevaleciente en ese país.
2. Expresa su deseo porque se arribe a una paz duradera que garantice la estabilidad política y el desarrollo armonioso del pueblo guatemalteco.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 24 días del mes de febrero de 1993.- Senador Humberto Lugo Gil, por el Partido Revolucionario Institucional; diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; diputado Rodolfo Becerril Straffon, por el Partido Revolucionario Institucional; diputado Guillermo Flores Velasco, por el Partido de la Revolución Democrática; diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos, por el Partido Acción Nacional; diputado Alberto Carrillo Armenta, por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y el diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, por el Partido Popular Socialista."
Dejo esta declaración en la Secretaría.
El Presidente: -Gracias, señor senador.
Se tiene por formulada la declaración con la que dio cuenta el senador Angel Ventura Valle.
COMERCIO MEXICANO - CANADA
El Presidente: -Pasamos a otro asunto y concedemos la palabra al diputado Cuauhtémoc Amezcua, del Partido Popular Socialista, para referirse a la entrevista entre los secretarios Jaime Serra Puche y Michael Kantor.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: -Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
El miércoles 17 de los corrientes se realizó en la ciudad de Washington una entrevista entre el señor Michael Kantor, sucesor de Carla Hills, como negociador en jefe, por la parte norteamericana, en el asunto referente al Tratado de Libre comercio y el Secretario de Comercio del Gobierno mexicano, Jaime Serra Puche.
Según lo informó el periódico norteamericano The Washington Post y lo ha reproducido así de manera abundante la prensa nacional, esta reunión se dio en términos tales que vale la pena tome conocimiento de ellos esta soberanía, así como también de las secuelas de los actos posteriores resultantes de dicha entrevista.
Vale la pena precisar en esta tribuna, que si bien la fuente de información es de carácter periodístico, hasta hoy, transcurridos ocho días, más de ocho días o algo así, no ha sido procedente ningún desmentido, no ha aparecido ningún desmentido ni ninguna aclaración que modifique el contenido de la información de referencia, no obstante que ha sido del más amplio dominio público.
La cita entre los señores Kantor y Serra Puche, se informó, que tenía el carácter de una primera aproximación para empezar a tratar lo referente a las nuevas exigencias del Gobierno norteamericano con relación al Tratado de Libre Comercio.
Como todos sabemos, compañeras y compañeros, el Gobierno de Clinton declaró de manera pública, que estaría dispuesto a avanzar en las cuestiones relativas al Tratado de Libre Comercio, bajo la condición de que se discutieran y concertaran acuerdos paralelos que se refieran particularmente a los temas de carácter laboral y ecológico, de los que por cierto hasta hoy no se han dado a conocer de manera pública las posiciones concretas, respecto al contenido específico de las preocupaciones del Gobierno de Clinton.
La entrevista, según la reportan las fuentes señaladas, fue sumamente breve y ríspida. Kantor le habría informado a Serra Puche, que el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Richard Gephardt le habría mandado una carta al Presidente de México, reclamando lo que llamó: "robo de plazas de trabajo norteamericanas".
Kantor le habría dicho a Serra, que el Gobierno de México sostenía un fondo con recursos federales, destinado a promover el traslado de empresas de los Estados Unidos hacia México, lo que traería como consecuencia el incremento del desempleo en aquel país a cambio de fomentarlo en México.
Según las fuentes señaladas, ampliamente publicitadas y reitero, hasta ahora no desmentidas por el señor Serra Puche, ni por ninguna otra autoridad mexicana, el negociador en jefe de los Estados Unidos habría exigido al Secretario de Comercio del Gobierno mexicano, que se pusiera fin de inmediato a esa situación y en términos perentorios le espetaría, cito entre comillas, que el programa del Gobierno mexicano subsidiado para robar trabajos norteamericanos, no va a ser tolerado por esta administración. Termínala cita. Kantor habría expresado también de manera muy directa lo siguiente: Señor Serra, no voy a organizar una reunión de nuestros equipos de trabajo para discutir los acuerdos complementarios, hasta que haya quedado resuelto el asunto de Nacional Financiera. No va a ser productivo iniciar estas pláticas si no resolvemos esta situación explosiva. Termina la cita.
¿Qué es lo que ocurrió después de la entrevista según las mismas fuentes? El Secretario Serra Puche se habría trasladado de inmediato a la Embajada mexicana en Washington, y como resultado de varias llamadas telefónicas se habría decidido, por parte de las instancias correspondientes del Gobierno mexicano, apresurar el retiro de la aportación de Nacional Financiera al fondo, motivo de la referencia de los señores Gephardt y Kantor.
Acto seguido el señor Serra Puche se habría dirigido al señor Kantor por vía telefónica, para informarle que sus órdenes habían sido cumplidas con diligencia, que ya estaba removido el obstáculo para que se iniciaran las conversaciones.
Kantor por su parte le diría que en esas nuevas circunstancias podría pensarse en una nueva reunión para la semana del 15 de marzo.
En México se le ha dado un tratamiento oficioso al asunto, se ha filtrado información a la prensa procurando hacer aparecer al señor Serra como un hábil negociador y un hombre con amplia autoridad y capacidad ejecutiva que, en defensa del interés nacional, entre comillas, no se sabe a juicio de quién sea esta evaluación del interés nacional, habría logrado eliminar con gran agilidad un obstáculo real, o quizá más bien un simple pretexto interpuesto por la parte estadounidense.
Se ha dicho que se trata de un fondo muy pequeño, de una empresa denominada Amerimex, a la cual Nacional Financiera le habría hecho un aporte de 3 millones 750 mil dólares y de nulos resultados prácticos.
Se ha puesto en duda de igual manera la seriedad de quienes organizaron esa empresa, Amerimex. Sin embargo, hasta ahora se ha procurado soslayar el problema de fondo. Con esta reunión, con la forma en que transcurrió y lo que ocurrió inmediatamente después y como resultado de la propia reunión, lo que queda a la vista en forma clara y determinante, nos parece, es una actitud de prepotencia por parte del Gobierno norteamericano y de sumisión y subordinación por parte del Gobierno mexicano.
A juicio de la fracción parlamentaria del Partido Popular socialista, se trata de un acto con el que se vulnera la soberanía de la nación, vulneración en la que coinciden ambas partes: una que procura entrometerse en nuestros asuntos y hasta dar órdenes de qué debe hacerse en México y la otra que acepta esas órdenes, las acata y las cumple sin dilación. Todo ello a partir de la valoración de los hechos señalados, cuyas fuentes de información he mencionado y reitero, esta información después de ocho días de estar a la luz pública no ha merecido ningún desmentido ninguna clarificación en su contenido; las respuestas oficiosas han sido de otro carácter, se trata de un hecho altamente preocupante.
Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior, el Congreso General.
de los Estados Unidos Mexicanos, a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, presentó a la consideración de esta soberanía, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. En virtud de que los términos en que se dio la reciente entrevista entre el licenciado Jaime Serra Puche, secretario de Comercio del Gobierno de nuestro país, y el señor Michael Kantor, así como los hechos acontecidos inmediatamente después, como consecuencia de esa entrevista, ponen en clara evidencia la actitud de subordinación de ese funcionario y, probablemente, de otras instancias del Gobierno mexicano, frente a funcionarios del Gobierno de los Estados Unidos, vulnerando la soberanía nacional, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión resuelve recomendar a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Comercio de la honorable Cámara de Diputados, convoquen al citado funcionario a una reunión con el fin de que dé cuenta de su conducta.
Dado en la Sala de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los veinticuatro días del mes de febrero de mil novecientos noventa y tres.
Por la fracción parlamentaria del PPS, diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.
Está fechado en los términos del Reglamento y suscrito por un servidor. Señor Presidente, hago entrega a la Secretaría del punto de acuerdo de referencia. Le agradezco su atención. Muchas gracias.
El Presidente: - Gracias, señor diputado y vamos a desahogar su proposición en los términos en que está fundamentada, con base en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General y entonces esta Presidencia consulta a las señoras y señores legisladores si hay oradores en pro.
En pro Carlos Enrique Cantú. ¿En contra? Javier Garduño en contra.
Concedemos la palabra en pro, así lo establece el 58, al señor diputado Cantú, que ya va hacia la tribuna.
El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas: - Señores legisladores; señor Presidente:
Respetuosamente debo informar a usted señor Presidente, que pretendí haber estado oportunamente registrado con alguna propuesta sobre este mismo tema, que obviamente el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana tiene su criterio propio y aun cuando al final de esta exposición vamos a solicitar también la aprobación de un punto de acuerdo, o en su caso el destino a las comisiones correspondientes, no subíamos concretamente para expresar situaciones paralelas a las que hace un momento, en forma muy importante trascendió en esta tribuna el señor diputado don Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.
Consideramos que para la aprobación del Tratado de Libre Comercio, día con día y no solamente en el país sino entre los contratantes trilaterales, se están dando nuevos fenómenos que otorgan nuevos ingredientes a las posibilidades de dar celeridad o no a esta firma del Tratado de Libre Comercio, en rectificación correspondiente en los congresos y en el parlamento de los países en contienda.
Sabemos a ciencia cierta, que hoy renunció el primer Ministro canadiense Brian Mulroney y que la ratificación del Tratado de Libre Comercio se enfrenta a una nueva situación. Si bien el Tratado de Libre Comercio fue negociado por un Estado, en este caso Canadá, el hecho de la salida del actual Primer Ministro Canadiense en renuncia, propiciará la convocatoria de nuevas elecciones, por ende, la composición del Parlamento en aquella entidad estatal, puede cambiar y posiblemente el Partido Nueva Democracia, que ha estado en contra de la participación del Tratado, pueda obtener la mayoría parlamentaria.
La ratificación del Tratado de Libre Comercio por parte de los Estados Unidos, ha dado pretexto para que funcionarios de ese país adopten actitudes de prepotencia, de arbitrariedad y hasta de capricho. Uno de esos caprichos es el retiro de la participación de Nacional Financiera de las inversiones en Estados Unidos para atraer capitales hacia México. El pretexto norteamericano se funda en que en nuestro país se está propiciando la atracción de capitales americanos a bajos costos, lo que considera una política dumping en materia de empleos.
Durante la campaña a favor del Tratado de Libre Comercio, el expresidente de los Estados Unidos de América, George Bush, argumentó que la apertura comercial de la economía mexicana que precedió a las negociaciones para la firma del Tratado de Libre comercio ha significado, significa desde aquel entonces, 800 mil nuevos empleos para la economía norteamericana, que se había visto así beneficiada por el crecimiento vertiginoso y desmedido de las importaciones mexicanas.
La empresa Amerimex, en la que participa Nafinsa, con 3 millones 700 mil dólares, ha traído de los Estados Unidos hacia la Península de Yucatán, tres empresas maquiladoras y ha creado menos, al momento, de 800 empleos directos. ¿Es posible que esta modesta cifra de "empleos", entre comillas porque ellos lo dicen, robados a la economía norteamericana, sea lo que despertó la ira del líder de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, Richard Gephardt.
Según algunas fuentes informativas de Estados Unidos, México debería aumentar los salarios mínimos a los trabajadores hasta situarlos al nivel de Estados Unidos y Canadá, lo cual sería deseable para los trabajadores mexicanos, pero al momento imposible si atendemos a las realidades económicas, políticas y sociales entre aquellas naciones y nuestro país.
La mano de obra barata en México, ha provocado la protesta del sindicalismo norteamericano, que se dice afectado por el robo de empleos.
Como aquí se decía en esta tribuna hace unos momentos, y como el de la voz lo expresó el pasado miércoles, Michael Kantor y Jaime Serra Puche, se entrevistaron para establecer una agenda de acuerdos paralelos sobre el Tratado de Libre Comercio.
En dicha reunión, Michael Kantor expresó al secretario de Comercio, Jaime Serra Puche, que México estaba robando empleos a Estados Unidos de una manera desleal; le informó que la Empresa Amerimex, con un fondo de 7 millones 500 mil dólares, derivados de la inversión de Nacional Financiera y de un funcionario del Gobierno de Yucatán, estaba ofreciendo la creación de plantas maquiladoras en una entidad mexicana a bajos costos, lo que al parecer de Michael Kantor era un robo de empleos y una competencia desleal.
La reacción del Secretario de Comercio, según lo relatan algunas fuentes informativas de aquel país, que se recogieron también en algunos medios de difusión nacionales, Jaime Serra Puche, trajo en consecuencia el retiro de la oficina de comercio de Estados Unidos, donde se realizaba la reunión y su llegada apresurada a las oficinas de la Embajada mexicana en Washington, desde donde habló con Oscar Espinosa Villarreal, director de Nacional Financiera, para exigirle que retirase sus fondos de participación de la empresa Amerimex; más tarde regreso con Kator y le informó que en menos de una semana Nafinsa estaría fuera de ese fondo reclamado.
El más sorprendido, al decir de los informadores de aquel país, fue Michael Kantor, por la diligente eficiencia de Serra Puche para arreglar este asunto.
La prensa independiente de Estados Unidos comentó que el apuro de Serra Puche para satisfacer la exigencia de Kantor, abría la puerta para lograr significativas concesiones, antes de ratificar el Tratado de Libre Comercio. A nuestro juicio, tal actitud puesto en entredicho la soberanía, la independencia y la autonomía, no sólo nacional, sino de los funcionarios mexicanos, frente a las reclamaciones de gobiernos extranjeros.
La estudiada filtración de la reacción de Richard Gephardt al diario New York Times, el mismo día de la entrevista de Jaime Serra Puche con Michael Kantor, así como la publicación de párrafos de la carta que enviara el líder de la mayoría demócrata al Presidente Carlos Salinas de Gortari, demuestra que no se trata de una defensa genuina de los empleados en los Estados Unidos, sino del montaje de una prueba, test the water, probar las aguas, aquí diríamos "medirle el agua a los camotes", para apreciar la ansiedad de nuestro Secretario de Comercio, para lograr de inmediato la firma del tratado de Libre Comercio.
A nuestro juicio, la carta de Michael Kantor escrita en tono insolente y exigente, así como el condicionamiento decretado por Michael Kantor, de no poner fecha al inicio de las negociaciones paralelas, a menos que se retirara Nafinsa de Amerimex, hubiera requerido una reacción más fría, mesurada y digna del Secretario de Comercio.
Citas de la carta del señor Gephardt al señor Presidente Salinas, entre comillas, literales: "Yo lo incito, señor Presidente, a revalorar la participación de su Gobierno y hacer todo lo posible para asegurarme a mí y a otros que apoyan el objetivo de promover el comercio libre y equitativo en América del Norte, que esfuerzos predatorios como éste no continúen en el futuro".
Continúa la cita entre comillas: "Fondos de este tipo no debieran permitirse, pero es todavía más objetable la participación oficial de entidades controladas por su Gobierno, en el robo de empleos estadounidenses".
Continúa las cita entrecomillada: "Si es que al final de cuentas aprobamos el Tratado de Libre Comercio, debemos rechazar el actual acuerdo, ya que no es suficientemente bueno, no hace lo suficiente para asegurar que el nivel de vida
de los mexicanos subirá y más bien podría tener el efecto de llevar el nivel de vida de los estadounidenses hacia abajo".
Por otra parte, terminan las comillas, "consideramos que la participación de Nafinsa en Amerimex - Maquiladora Faun, es objetable, no desde el punto legal solamente, que también ahí sería muy cuestionada, sino desde la perspectiva de que esta compañera presenta en sus folletos publicitarios como el principal atractivo de la inversión en México, salarios de un dólar con 15 centavos, a un dólar con 50 centavos la hora, que ganan los obreros, los dólares en comparación con un rango de siete, a 10 ó 15 dólares la hora, que ganan los obreros norteamericanos; que esta ventaja corporativa la pronuncien cierto tipo de empresarios es comprensible y resulta cuestionable que lo haga alguna filial del Gobierno mexicano".
Datos sobre Amerimex. Esta empresa fue creada el 31 de enero de 1992, como un organismo privado, constituido en Estados Unidos, con 14 socios, uno de los cuales es Nafinsa, como agente del Gobierno mexicano, con una participación total de 3 millones 700 mil dólares, equivalente al 25% del total del capital del fondo.
La empresa se dedicada a detectar empresas medias con problemas financieros, que pudieran resolverse bajando drásticamente el gasto y el constó de los salarios.
Más que reaccionar con ansiedad al planteamiento de negociaciones paralelas en materia laboral y ecológica, que plantea la actual administración Clinton, México puede y debe hacer una maniobra que le permita exigir, precisamente en estos dos temas, mejores condiciones para México, pues es la economía norteamericana la que más contamina el planeta y es en su territorio donde se violentan más los derechos civiles y laborales de millones de compatriotas mexicanos.
El Presidente: -Gracias, señor diputado. Concedemos la palabra en contra de la proposición, al señor diputado Javier Garduño, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Javier Garduño Pérez: - Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
Hemos solicitado el uso de la palabra para razonar el voto en contra que los legisladores del Partido Revolucionario Institucional haremos sobre este asunto. Seré concreto.
Es importante dar la dimensión exacta de la reunión a la que aquí se ha hecho referencia. No estaba prevista negociación alguna, por tanto, no podía cederse en nada. Fue una reunión para establecer una agenda de trabajo entre funcionarios de los dos países, que en razón de sus responsabilidades tendrán una intensa relación oficial y personal. Esto es, eso es lo fundamental.
Ahora bien, respecto al fondo mencionado, conviene sólo destacar tres aspectos fundamentales: primero, la inconveniente forma de promover sus actividades a través de prospectos y folletería mal redactada; segundo la participación temporal de Nafinsa en esta inversión que data de 1989, como lo ha hechos y lo sigue haciendo en muchos otros casos; tercero, los particulares de los dos países estarían en la opción de promover todo aquello que siendo legal convenga a sus intereses.
Yo creo que no es correcto pensar en el comercio internacional, que la conversión o en las operaciones de complementación económica alguien deba fatalmente salir perdiendo. Yo creo que los empresarios harán los negocios que más les convengan a sus intereses y que en cada país sus respectivas leyes y sus organizaciones laborales se encargarán de defender sus propios derechos, y a los gobiernos compete propiciar los mecanismos que promocionen más y más generación de empleos.
Por esta razón se afirma que la complementación de las tres economías estarán en mejor nivel de negociación y competitividad con el resto del mundo y de esta misma forma harán posible reanimar las economías de Estados Unidos y Canadá y para México lograr un crecimiento sostenido, lo que implica para los tres países incrementar los empleos y también incrementar la remuneración de los mismos.
De mi parte es todo, señor Presidente y respetuosamente compañeros legisladores, con el permiso de la Presidencia, solicito su beneplácito a fin de terminar con este debate, pues creemos que ha quedado tan clara la dimensión de esta reunión de los funcionarios citados con relación a la vasta y compleja agenda México - Estados Unidos.
Por lo tanto, le solicitamos, señor Presidente, sea tan amable de preguntarle a la Asamblea para proceder a recoger la votación que corresponda. Muchas gracias.
El Presidente: -Gracias, diputado. Para rectificar hechos en términos del 102, se concede
la palabra al señor diputado Cuautémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: -Se ha hablado del Tratado de Libre Comercio de a quién beneficia, de a quién perjudica, de sus perspectivas y posibilidades, de ser ratificado por los parlamentos, en su posible en vigor o no.
Es claro que el Tratado de Libre Comercio tendería a beneficiar a los grandes capitales de la región, los principales de los cuales por cierto no se ubican en nuestro país ni forman empresas nacionales, sino empresas cuyas sedes y organizaciones radican en los Estados Unidos. También es muy claro que sería un proceso que aceleraría la concentración de la riqueza de toda la región en manos de esos principales consorcios transnacionales.
Se especula a veces de que si perjudicaría a los trabajadores estadounidenses, causándoles desempleo y a cambio de eso beneficiaría a los trabajadores mexicanos al trasladarse plantas de los Estados Unidos a nuestro territorio.
La experiencia ocurrida con el caso de Canadá demuestra que producirá pérdida de empleo en nuestro país, exactamente igual que ocurrió en Canadá, allá ha generado la mayor tasa de desempleo en toda la historia el Acuerdo de Libre Comercio, firmado entre Canadá y Estados Unidos.
Las autoridades canadienses de Brian Mulroney, cuando promovieron el Acuerdo de Libre Comercio, decían en favor de éste lo mismo que aquí habían dicho las autoridades mexicanas: que sería benéfico para la economía; que propendería a la expansión en beneficio de los dos países; que generaría nuevas plazas de trabajo; que incrementaría los salarios; que bajaría los precios de las mercancías. Aquí nos dicen exactamente lo mismo, aquí no hemos pasado por la experiencia, en Canadá ya vieron la película y en masa la población de Canadá está en contra, ahora que ya tiene la experiencia vivida: 17% de los canadienses apoyaban a Mulroney y 83% estaban en contra, que equivale a decir: 17% estaban a favor del Acuerdo de Libre Comercio, 83% en contra. Aquí no hemos visto la película, cuando la película sea vista genera ya los mismos resultados. Ojalá no tengamos que pasar por tan amarga experiencia para poder producir esos resultados estadísticos.
Son procesos propios de la etapa de expansión del capital, tienden a beneficiar a los grandes capitalistas, dañan a la clase trabajadora de los tres países por igual, a las masas populares de los tres países por igual.
Pero no era el tema de la discusión éste, ni tampoco propiamente el de la caída de Mulroney, más dramática que la de Bush y que sin que sea ninguna alusión al señor diputado Fernández de Cevallos que hoy no tiene nada que ver en el debate, nos lleva a recordar aquella expresión de: "Cuando veas las barbas de tu vecino rasurar, pon las tuyas a remojar".
Están cayendo todos los que se empeñan en mantener este tipo de políticas, los gobernantes que insistían en esto. Pero no es el tema. El tema que habíamos planteado es tampoco el de si la reunión entre Kantor y Serra Puche, nos decía el señor diputado Garduño, a quien respetamos mucho, nos decía: "No era para tomar acuerdos, era una primera aproximación", yo dije exactamente lo mismo.
Yo lo que señalé es que en esa reunión se produjo una relación de prepotencia y autoritarismo por parte de Kantor, que se permitió dar órdenes prácticamente al funcionario mexicano, de sumisión y subordinación por parte del funcionario mexicano, que se permitió aceptar las órdenes y cumplirlas con mucha diligencia. Ojalá así cumplieran las que parten a veces de aquí de la Cámara de Diputados o de la Comisión Permanente, los funcionarios del Ejecutivo. Pero las que vienen de allá las cumplen con mucha diligencia.
En esos dos hechos a los que no se refirió el compañero Garduño, por lo tanto entiendo los acepta como reales, es en lo que fundamento la presunción que se ha vulnerado la soberanía de la nación, que éste es un hecho muy grave y que compete a todos nosotros externar nuestra preocupación en torno a este asunto y proceder a convocar al señor secretario Serra Puche, a que dé cuenta de esa conducta en una reunión de comisiones, nos parece que es lo menos que podemos hacer en un caso como éste. Muchas gracias.
El Presidente: -Para rectificar hechos, se concede la palabra en términos del 102, al señor diputado Diego Fernández de Cevallos.
El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos: -Eso es lo que usted cree.
Vengo a fundamentar la posición de nuestro partido en torno de la propuesta. Nosotros hemos advertido que se ha establecido una dinámica
que ya toma carta de naturalización o de ciudadanía, de primero criticar cualquier acto de Gobierno y después con ello fundamentar la necesidad de que vengan a informarnos.
Ya lo vimos hace unos momentos en el debate pasado: primero se critica lo que está haciendo el Gobierno, por que atenta contra la soberanía; porque violenta la dignidad nacional; porque agrede a los pobres y al pueblo; porque para los proponentes, la nacionalización siempre debe confrontarse en lucha perpetua, contra la privatización. Pero en seguida se dice ergo, que vengan los funcionarios a explicarnos las razones que los llevan a tomar esas medidas.
Señores, volvemos a lo mismo, a propósito de lo que sea, hoy son unas declaraciones de prensa o una información de periódicos, que por el hecho de no estar desmentidas, ya motivan la presencia de un Secretario de Estado. Pero adicionalmente, aun suponiendo que fuera cierta la información de prensa y no quiero hacer defensa alguna del Secretario de Comercio, pero como ciudadano y como legislador, creo que debemos de ser responsables, señores diputados.
Suponiendo que las notas periodísticas no hayan sido desmentidas, no por ello son ciertas. Y si fueran ciertas, no conducen, a un legislador serio, a faltar al respecto como aquí se ha faltado, inclusive con vulgaridades a ratos. Yo lo digo porque muy frecuentemente sube algún diputado a esta tribuna a quejarse de discursos ásperos y de debates ríspidos; pero él sí puede burlarse, mofarse del trabajo de un político y hasta hoy, para la perspectiva de muchos, está realizando un trabajo inteligente, serio, por México.
Yo voy totalmente de acuerdo en que aquellos que impugnan la viabilidad o la conveniencia del Tratado de Libre Comerico, aprovechen cualquier ocasión para tratar de que no se firme ese documento. Pero lo que no me parece correcto, es que con toda ligereza se hable de que se recibieron órdenes y se cumplieron con toda la diligencia; porque es un prejuicio que en todo caso, ya no daría motivo a la comparecencia del señor Secretario, sino a un juicio político. Si el Secretario de Comercio ya cometió un acto de deshonestidad, de deslealtad, de agravio a México, no lo cite usted aquí, señor diputado, cítelo donde lo debe citar y fórmesele en todo caso, un trámite de responsabilidad, como marca la Ley.
Pero que nos vengan a dar opiniones, comentarios o justificaciones de una conducta, cuando usted ya lo reprochó, tanto que han criticado aquí algunos diputados a los supuestos torquemadas, usted se ha convertido también en un Torquemada, aunque sea de color solferino.
Pero además, yo quiero decirle que en última instancia, si lo que reclama el funcionario norteamericano era un obstáculo cierto para que pudieran continuarse negociaciones que desde la perspectiva de muchos mexicanos puede tener beneficio para México, como es la firma de un Tratado de Libre Comercio, en mi opinión personal lo único inteligente, que podría hacer un funcionario, es buscar, quitar cualquier pretexto para que las cosas marcharan de acuerdo con la estrategia que en su momento tuviera el responsable de esa negociación. Porque yo quisiera preguntarles a ustedes, como escuchas, como legisladores, como hombres responsables en buena medida de lo que está pasando en México, ¿qué sucedería si Estados Unidos invierte millones de dólares para llevarse a empresas mexicanas para allá?
Lo menos que podría surgir de ello, sería una reclamación violenta para que ese suceso se frenara, porque no nos parecería correcto que hubiera una erogación del Gobierno Federal de los Estados Unidos, para llevarse empresas hacia allá. Pequeña o grande la inversión, iría en deterioro de nuestros intereses y de los puestos de trabajo que reclamamos para México.
Y si en última instancia el incidente se prestó para que se corrigiera o rectificara un real o supuesto obstáculo para una negociación de mayor envergadura y de mayor trascendencia, en nuestra opinión no justifica la descalificación moral que se hace de un trabajo público y por supuesto, la injuria que entrañan las palabras de algunos legisladores en contra de un funcionario público que desde su perspectiva, está cumpliendo con México.
Yo creo que no tiene ningún significado hablar de que comparezca un funcionario que ha sido antes, a priori, descalificado por legisladores que piden su comparecencia.
Nosotros podemos cuestionar la obra del propio Secretario y de todo el Gobierno de la República. Lo que no nos parece, de lógica, de justicia, de razón o de derecho, es que primero se venga a mofar aquí de un funcionario, para después pedir hipócritamente una información que parece no desea y no le interesa.
El Presidente: -Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Amezcua.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: -Señores diputados y senadores:
Si hay información pública ampliamente difundida que pone en evidencia una conducta de supeditación y de subordinación por parte de un funcionario público del Gobierno mexicano y quizá de más de un funcionario, yo hablé de la probable vinculación de otras instancias, si ésta ha sido muy ampliamente difundida y no es verídica, quien procede con ligereza sería quien difunde esa información, quien procede con falta de seriedad sería quien la difunde y también en buena medida quien no la aclara, estando moral y políticamente obligado a hacerlo, quien no la desmiente procede con ligereza y procede con falta de verticalidad.
Si está a la vista de todo mundo la información de que hubo esa entrevista, de que esa entrevista se dio en esos términos de prepotencia por parte del Gobierno norteamericano, de sumisión por parte del funcionario del Gobierno mexicano, a mí parece que éste es un hecho altamente condenable.
El diputado Diego Fernández de Cevallos, para nada se refirió al fondo del asunto, vino a utilizar los adjetivos que él acostumbra, habló de hipocresía, de ligereza, de torquemadas y como ese tipo de lenguaje tiende a distraer del debate de fondo, del debate de las ideas y tiende a disminuir el nivel de respetabilidad que compete a esta elevada tribuna, hoy, como en las ocasiones anteriores, yo me rehuso, a entrar a ese tipo de discusión, yo debato ideas, no debato insultos.
Nos plantea Diego Fernández de Cevallos, que de ser cierto lo sucedido amerita un juicio político; yo estoy de acuerdo, vamos a cubrir primero la instancia anterior, vamos a ver si es cierto o no, ya debiera, es una obligación moral y política del funcionario, indudablemente ya debiera haberse aclarado esa información si no es lo que está circulando y que está a la vista de todo mundo.
Pero bueno, vamos a suponer que a la mejor el señor por alguna razón no se ha enterado, lo cual es poco probable, vamos a demandarle que venga y que nos informe, que nos entere, que aclare las cosas; si no lo hace, es más, si aquí se rechaza esa salida que es una salida honorable, franca y abierta, para todo mundo favorable, incluyendo al señor secretario Serra Puche, bueno, pues queda la otra posibilidad en efecto, la del juicio político u otras varias posibilidades de mayor magnitud y para eso no hacen falta los consejos del señor diputado Diego Fernández de Cevallos, son cosas conocidas y que no implican mayor dificultad.
Así es que no hay nada de ligereza, simplemente están ahí las cosas, está el planteamiento hecho, nos parece que hay obligación por parte de Serra Puche y de otras instancias del Gobierno mexicano de aclarar una conducta tan gravemente atentatoria contra los intereses de la nación.
Un aspecto muy secundario, que tampoco es el fondo de asunto, nos habla el diputado Diego Fernández de Cevallos, del legítimo derecho que tendría el Gobierno norteamericano de oponerse a que hubiera algún fondo que tendiera a quitar empleos en los Estados Unidos para trasladarlos a México y que si hubiera algo semejante en el sentido inverso, nosotros tendríamos derecho a objetar ese problema.
No, ésa es una cuestión muy secundaria, en todo esto se mezclan muchos elementos, algunos importantes, otros de muy segundo orden, éste es de los menos importantes, éste es total y absolutamente secundario.
El hecho real es que para la política del Gobierno mexicano, para la política económica del actual Gobierno mexicano, el aspecto central en el que se finca toda esa concepción de estrategia económica, está justamente en el flujo de inversiones de capitales extranjeros en México; ahí es donde está el centro de todo, todos los demás aspectos son secundarios.
Y ahí están las cifras, ahí están los datos que se han manejado hasta hoy, ahí están las proyecciones y las prospectivas.
En este propósito, en esta concepción central de que fluyan capitales extranjeros, única perspectiva de que crezca la economía bajo un esquema de neoliberalismo dependiente como el actual, al costo que sea y al precio que sea, pero que fluyan los capitales extranjeros, un fondo como éste sería un accidente menor, un accidente sin ninguna trascendencia; lo importante está exactamente en que se firme el Tratado de Libre Comercio, que no es un Tratado de Libre Comercio típico, no habla sólo del flujo de mercancías, de eliminar aranceles u obstáculos para que las mercancías vayan de un lado a otro en esta región, sino incluye sobre todo el renglón relativo al flujo de capitales y ahí está el secreto del interés del actual Gobierno en este tratado.
De modo que ese asunto del fondo Amerimex, es total y absolutamente secundario, mas aun es también muy evidente, ese sería otro ángulo
del examen del problema, que por la parte norteamericana no implica ningún interés fundamental, sino que sería una maniobra puramente distraccionista por parte del señor Kantor, en tanto elemento del Gobierno del señor Clinton, para distraer la atención, particularmente de las organizaciones sindicales de los Estados Unidos, que son las que han demandado que se incluya el tema labora, y no necesariamente en detrimento de los derechos de los trabajadores mexicanos, sino en defensa de los derechos de los trabajadores de los Estados Unidos.
Entonces, distraerlos con una cuestión totalmente menor: miren, estamos defendiendo en efecto los intereses de los trabajadores estadounidenses, ya nos hemos puesto duros con el Gobierno de México en un asunto ahí de un fondo que tendía a robarnos plantas de trabajo, lo cual es una franca exageración del asunto, pero éste es otro ángulo del problema. Aquí lo grave, en lo que hemos puesto el acento, lo que nos preocupa es el problema de la soberanía de nuestro país, del artículo 39 de la Constitución. Muchas gracias.
El Presidente: -Para contestar alusiones personales, tiene la palabra el diputado Diego Fernández de Cevallos y después está inscrita ya la compañera Blanca Ruth Esponda y el diputado Fernando Lerdo de Tejada.
El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos: -Señores legisladores:
Ya me estoy acostumbrando a que la forma de salir de cualquier debate sea argumentando que usé adjetivos. Yo quisiera insistir en esta tribuna, que los adjetivos son parte de la gramática y que los seguiré usando con agrado o desagrado de mis oyentes; el día que la Real Academia de la Lengua lo suprima, haré un esfuerzo por quitarlos de mi leguaje. Son parte de la gramática y tienen un significado y el castellano es muy rico en ellos.
Dice el señor legislador que no entré al fondo del debate. Es explicable, porque de su discurso se aprecia que no entendió mi argumentación, y tan es así, que dijo el señor legislador, que había yo reconocido que si el señor doctor Serra había realizado lo que la nota informaba, debería de formársele un juicio político.
Yo no dije tal cosa, señor diputado. Yo dije que si sus imputaciones fueran ciertas en el sentido de que el Secretario de Estado había faltado a su deber y a su ética, hubiera entregado los intereses de México, se hubiera puesto al servicio de los Estados Unidos, que entonces el trámite sería muy diferente, pero yo inclusive sostuve que aun siendo ciertas las notas de prensa, no necesariamente se llegaba a la conclusión, en buena lógica, que usted tomaba como única y sola. ¿Por qué? Porque si la queja de Estados Unidos tenía fundamentación legal, moral o políticas, sostuve que lo honrado, lo inteligente, lo racional de cualquier Secretario de Estado responsable de una negociación mayor, sería quitar de inmediato cualquier obstáculo o pretexto, para que el fin último de las negociaciones no se viera entorpecido o perturbado. De ahí que yo no sostuve lo que usted asevera, pero en última instancia, insisto, yo creo que el problema de fondo es que usted siempre sostiene que ante todo hay que dignificar la tribuna y yo creo que si yo aquí he sido duro con mis interlocutores, si yo he sido a veces agresivo en mis debates, he tenido buen cuidado de tenerlos frente a mí y poder responderles. Pero lo que no me parece correcto es de que usted presuma aquí de respetar la alta dignidad de esta tribuna, después de tratar de la manera más humillante a un Secretario de Estado, porque cualquier hombre que tenga dignidad y vergüenza, si recibe de usted las palabras que aquí le ha dicho, le daría una respuesta muy dura y hoy no está aquí el Secretario. ¡Ah, me dirá! ¡Sí tengo para que venga y me conteste! Pero no es éste el fondo del debate hoy.
Yo lo que estoy sosteniendo es que primero debería de haberse citado al Secretario para que después usted emitiera los juicios de valor. Pero usted sostuvo que ya recibió órdenes y ya las cumplió y las cumplió rápida y cabalmente y sin discutir. Esa es una ofensa para cualquier hombre público, que creo que no se merece a sus espaldas ningún funcionario, si no es con argumento sólidos que no pueden desprenderse de una nota de prensa y más aún cuando lo que dice la nota de prensa, en lógica sana, no mal intencionada, no conduce necesariamente a las apreciaciones que usted ha sostenido.
Insisto, usted se adelantó en su juicio y para nosotros no tiene ninguna referencia apoyar en el voto la solicitud de presencia del señor Secretario.
El Presidente: -Para contestar alusiones, tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Amezcua.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - Señor diputado Diego Fernández de Cevallos, si usted se toma la molestia de leer la versión taquigráfica de mi intervención, notará que en ningún caso hay emisión de juicios de valor, sino en todos los casos hay remisión a una fuente, a una fuente seria, a una fuente que está en el
dominio público, a una fuente que no ha sido desmentida y que, insisto, son tan graves los hechos que ahí se señalan que habría obligación política y moral de haberlo desmentido de inmediato, no se ha hecho y en esas apreciaciones, en esos hechos fundamento la demanda que comparezca y aclare su conducta el funcionario en cuestión.
De la aclaración de su conducta se desprenderían los juicios de valor, no los he adelantado, he dejado perfectamente claro que hay una posibilidad, la de que se corrobore la información señalada y también habría la otra, desde luego.
No, no he adelantado ningún juicio, eso se haría exactamente en su momento y en presencia del funcionario. Eso por lo que hace al fondo del problema.
Por lo que hace a la dignidad de esta tribuna y a la forma de discutir, no es un problema de gramática, no es un problema de que la gramática contenga adjetivos, es un problema de otro carácter.
La discusión puede hacerse confrontando argumentos, tesis e ideas y las ideas son fundamentalmente sustantivas, si bien le precisaré que para definir con mayor claridad para afinar, para matizar, también en el debate de las ideas se usan adjetivos y se usan adverbios, pero ése es el debate de ideas, de argumentos y de tesis; el otro tipo de debate es el que tiende a descalificar al adversario usando adjetivos hirientes o injuriosos y ése es el debate que rehuye las ideas y que rehuye los argumentos y que rehuye las tesis y que disminuye la dignidad de la tribuna donde se emplean y desde luego de quien así procede en su conducta. Muchas gracias.
El Presidente: -Para contestar alusiones, el diputado Diego Fernández de Cevallos.
El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos: - Solamente deseo precisar a los señores legisladores que si la forma como condujo su propuesta y formuló su planteamiento el señor diputado, no entrañaba una ofensa y una humillación para el trabajo que desempeña el Secretario de Estado, responsable directo de las negociaciones, sólo conduce a una realidad que está fuera de debate por incuestionable.
El señor diputado Cuauhtémoc Amezcua y yo tenemos un concepto muy diferente de la dignidad y de la vergüenza.
El Presidente: -Tiene la palabra la diputada Blanca Ruth Esponda, del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Blanca Ruth Esponda Espinosa: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros legisladores:
He solicitado el uso de la palabra, motivada por el debate que ha venido dándose en esta tribuna, por cierto una tribuna que considero, en este momento por lo menos, la más alta de la nación, porque es aquí donde se pueden expresar las voces de los ciudadanos.
Considero que el debate siempre debe ser caracterizado por la altura de miras, por la profundidad de las ideas, por la calidad de los planteamientos. Pero me motivó en particular el advertir una peligrosa tendencia: el hecho de que un partido o dos o más, que no compartan una tesis política que viene llevando a cabo el Gobierno de la República y que nos ha permitido a los mexicanos tener una presencia en el exterior, una presencia digna, respetable y, sobre todo, que nos genera condiciones de competencia internacional, no sea compartida, ello no coloca a nadie en posición de suponer o de poner en tela de duda la calidad personal, política y de respeto que los funcionarios de la República han guardado en todo momento en sus negociaciones frente al exterior.
Me refiero muy particularmente a la gran gallardía y gran celo político con el cual los funcionarios del sector comercio, pero también los funcionarios de otras áreas del Gobierno de la República, han mantenido invariablemente en sus negociaciones frente a otras potencias y en particular en la negociación en el Tratado de Libre Comercio entre México, los Estados Unidos y Canadá.
A nadie cabe la menor duda de que se trata de un esfuerzo colectivo abanderado por el Gobierno de la República y de que el tratado busca el beneficio integral de las tres naciones que conforman o que llegarán a conformar este bloque económico, comercial y financiero.
Baste aquí recordar que la conformación de bloques es un fenómeno de fines de este siglo, que el bloque europeo está ya debidamente integrado, que avanza, incluso, hacia un estadio superior de su configuración; que el bloque del sudeste asiático ya está operando y que el bloque del cual formaríamos parte nosotros, en caso de que nuestro Senado de la República llegase a aprobarlo, sería el tercer bloque mundial, que nos permitiría, yo diría que casi en condiciones privilegiadas, participar en el escenario económico de fines de este siglo y de principios del siglo entrante.
Nadie duda tampoco, porque la información ha sido extensa, de que el Tratado de Libre Comercio generará más empleos a los mexicanos. Prueba de ello son las objeciones que del otro lado están ofreciendo ya algunas organizaciones, muchas veces por falta de información y en otras porque saben que tiene límites su capacidad de transformación interna; pero éstos son los problemas del otro lado, a nosotros nos interesan los problemas de este lado.
Y lo que nos interesa a nosotros es aumentar los flujos de capital hacia México; nos interesa que haya más y mejor tecnología más eficiente, que le dé competitividad a la producción nacional, nos interesa que haya más y mejores empleos, más estables, más duraderos; que haya mejores salarios, que haya más capacitación en el trabajo; que haya mayor productividad.
Nos interesa también que nuestras empresas, las mexicanas, sean más eficientes, más competitivas que tengan más permanencia en el mercado internacional, porque sabemos que es la única forma de garantizar condiciones de vida para los mexicanos.
Ya sabemos que no podemos seguir dependiendo del empréstito externo, eso lo sabemos y aquí lo hemos discutido en muchas ocasiones. Tenemos, pues, que depender de nuestra propia capacidad de producción, de nuestra capacidad de intercambio en condiciones equitativas y justas y México está luchando por eso y de ahí que para mí resulta absolutamente inaceptable aquí en esta tribuna, el pretender aquí imputarle a un funcionario actitudes y conductas que están muy lejanas de ser las que caracterizan a los funcionarios de la República.
Ahí se ha defendido el interés nacional; con patriotismo, se ha defendido la soberanía, se ha defendido la capacidad de exportación de las empresas mexicanas, porque se sabe que detrás de esa defensa está el empleo de millones de mexicanos, está el ingreso de miles de familias y están las condiciones de vida de muchos mexicanos.
Yo creo, compañeros, que no podemos nosotros forzar argumentos sólo a partir de posiciones tendenciosas, manipuladas, de informaciones que no están confirmadas, en primer lugar y, en segundo lugar, yo sí, desde esta tribuna, me atrevería a descalificar todas esas versiones que aquí el diputado del PPS le ha imputado, falaz e infundadamente, a un funcionario y digo falazmente, porque no existen elementos que pudieran configurar esa imputación. El hecho de que haya habido una versión de prensa no garantiza absolutamente nada. Hay en este momento en un ambiente de negociación internacional toda clase de versiones y todos estamos expuestos a esa situación.
Pero creo yo que es el papel de los legisladores de la República velar porque este barco arribe a buen puerto, a buen destino y esa negociación sea una negociación exitosa que garantice condiciones adecuadas, apropiadas para el desarrollo económico, social y productivo de la nación y en condiciones favorables para los mexicanos.
Por eso, señor Presidente, me permití solicitar el uso de la tribuna, porque considero que ha habido aquí excesos verbales que no justifican el pretendernos erigir en una tribuna de juicio político ni imputadora de circunstancias ajenas a un funcionario público que en todo momento se ha caracterizado por su lealtad a los intereses de la República y por su servicio a México. Muchas gracias.
El Presidente: -Tiene la palabra, para contestar alusiones, el señor diputado Cuauhtémoc Amezcua, del Partido Popular Socialista.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: -De la intervención de la compañera diputada Blanca Ruth Esponda sería conveniente acotar algunas cuestiones. En primer lugar, por el interés de la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio no hay razón para pretender igualarlo al interés nacional, al interés de la nación mexicana o al interés patriótico, sería en todo caso la propuesta de una de las corrientes políticas de nuestro país y particularmente de un grupo dentro de esa corriente política.
Y bueno, cada quien tiene derecho a usar la hipérbole y a exaltar al máximo posible sus propias concepciones y a elevarlas al rango más alto, pero no deja de ser, eso sí, un exceso retórico. No, no es el interés nacional; es una propuesta, es una concepción de una corriente política simplemente.
Habría otras cosas en las que estaríamos de acuerdo, Sí, sí nos interesa que se desarrolle la empresa nacional, sólo que un tratado como éstos lo que lleva es a la quiebra y a la desaparición de las empresas nacionales; su sustitución por empresas extranjeras establecidas aquí. Sí nos interesa, sí sería del interés nacional fomentar la generación de empleos, ya hemos comentado el caso de Canadá, donde ya vieron la película; estos tratados no generan empleos, destruyen empleos.
Sí nos interesaría que hubiera mejores salarios, ya hemos visto la experiencia de quienes ya pasaron por esta práctica. Estos tratados no mejoran salarios, los abaten. En fin, una cosa son las concepciones retóricas, propuestas interesadas de un partido político, respetables, posiciones de un partido y otra cosa es el interés nacional. No es válido querer empatar un concepto con otro cuando son conceptos asimétricos.
El caso que nos ocupa del señor Serra Puche. Yo insisto: está la información a la vista; nadie se había ocupado de ella, el manejo que se dio en México fue de otro carácter, se quiso... se operó ese mecanismo, se filtró a la prensa información muy coincidente con la que aquí se manejó en la tribuna hace unos minutos, no por la diputada Esponda, sino por alguien que estuvo antes, en el sentido de que a lo mejor fue una genialidad, una agilidad y una gran capacidad, lo que demostró el señor Serra Puche, cuando de inmediato vino a remover el obstáculo para que caminaran las negociaciones.
Sería una manera de ver las cosas, pero una manera acostumbrada, sería la manera en que lo viera quien estuviera acostumbrado a que así conviene; es decir, cuando el Gobierno de Estados Unidos tiene alguna objeción, de inmediato hay que quitarla para lo que sea. Sólo que el concepto de soberanía implica que las decisiones se toman aquí en función de los intereses de aquí y que no se acatan los intereses de otra parte o las instrucciones de otra parte y eso es lo que está quedando muy a la vista hasta este momento, de lo difundido por la prensa y no aclarado hasta hoy por ninguno de los oradores que han venido a defender o a intentar defender la posición del señor secretario Serra Puche. Muchas gracias.
El Presidente: -Tiene la palabra para rectificar hechos el señor diputado Fernando Lerdo de Tejada.
El diputado Fernando Lerdo de Tejada Luna: - Señor Presidente; con su permiso, compañeros legisladores:
Las negociaciones tendientes al Tratado de Libre Comercio no se iniciaron la semana pasada, sino que más bien ya llevan muchos meses, varios años, en proceso y nosotros creemos que dichas negociaciones se han llevado a cabo en una forma inteligente, que nos ha permitido establecer acuerdos importantes para el país. En estas negociaciones siempre se han defendido los intereses de México con patriotismo y con nacionalismo, porque se negocia con una potencia extranjera, es importante tener en mente cuáles son los propósitos y los objetivos que benefician a nuestro país y de esa manera, las negociaciones han logrado importantes ventajas, importantes ventajas, porque nosotros creemos que el Tratado de Libre Comercio, significa un beneficio a la economía nacional, en tanto que el flujo de inversiones nos permitirá crear empleos suficientes para dar oportunidad a una población joven que tenemos en nuestra patria.
Y creemos también que este Tratado nos permitirá elevar los sueldos que recibe el trabajo en nuestro país y de esa manera tiene una mejor calidad de vida para nuestros trabajadores.
El retiro del fondo de Amerimex, consideramos que de ninguna manera ha lesionado nuestra posición, ni tampoco nos ha desviado de nuestro propósito y por lo tanto, no está haciendo que exista una lesión a nuestra soberanía. Pero podríamos estar nosotros de acuerdo en el retiro o no de este fondo y en el Tratado o no. Lo que definitivamente creo que es incuestionable, es el trabajo que ha venido desarrollando el secretario Serra Puche y su equipo, en las negociaciones con los Estados Unidos y con Canadá.
El secretario Serra, es un funcionario que ha venido además, precisamente a este recinto de la Cámara de Diputados, a este salón, a informar cuándo ha sido citado y lo ha hecho con veracidad, respondiendo a los cuestionamientos de todas las fracciones políticas con claridad. Ha argumentado en forma sólida la posición del Gobierno respecto a los temas económicos que son de su competencia.
Por lo tanto, nosotros creemos que los intereses del país en las negociaciones que se han estado realizando, han estado bien resguardados con el trabajo que ha desarrollado Jaime Serra Puche y su equipo de negociadores y sentimos, por lo tanto, que la soberanía nacional en ningún momento se ha lesionado y que los intereses de nuestro país han sido bien resguardados.
El Presidente: -Señor diputado Cuauhtémoc Amezcua, tiene la palabra.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: -En efecto, las negociaciones en torno al Tratado de Libre Comercio vienen de tiempo atrás; los propósitos del mismo, desde la perspectiva gubernamental ya han sido ventilados en varias ocasiones. También han sido refutados. Se busca que vengan capitales extranjeros; en eso estamos de acuerdo; nosotros planteamos que ése es el
centro de la estrategia de la concepción económica vigente con el actual Gobierno.
Han venido capitales cuantiosos ya, aun antes de la suscripción del Tratado. Estamos ya sobre los 50 mil millones de dólares, el total acumulado en 100 años de flujo de capitales extranjeros a México, que se iniciaron por 1887 -1988 hasta 1982. Casi 100 años había sido del orden de los 11 mil millones de dólares. Después en sólo seis años en el primer sexenio de carácter neoliberal, con el Gobierno de Miguel de la Madrid, se duplicaron; llegaron a 22 mil millones de dólares.
El Gobierno del licenciado Salinas de Gortari anunció públicamente que su propósito era el de llegar a 47 mil millones de dólares al término de este sexenio, y los informes actuales señalan que estamos ya en 50 mil millones de dólares, 3 mil más de lo que se proponía el licenciado Salinas obtener a lo largo de todo su sexenio, que quintuplica esa cantidad, lo que se había acumulado históricamente en 100 años de flujos de inversiones extrajeras en México, lo quintuplica, que duplica, más que duplica, lo hace crecer en más del doble en solo cuatro años de Gobierno del licenciado Salinas, lo que se había acumulado hasta 1988.
Todo eso se ha producido. El resultado de todo eso es que tenemos una tasa de crecimiento de 2.7%, según lo expresaba ante los diputados mexicanos el licenciado Pedro Aspe, el doctor Pedro Aspe. Dos punto siete, una tasa de crecimiento muy reducida, muy modesta a cambio de lo que significa en cuanto a desempeñar el futuro de México, en cuanto a perder perspectiva de desarrollo autónomo, una cantidad tan exageradamente alta de inversión de capitales extranjeros, que la experiencia ha demostrado también a lo largo de muchos decenios y en todos los países del mundo, que esta forma de financiamiento, la inversión directa, es a la postre, mucho más dañina, mucho más depauperada, saqueadora de la economía nacional que la propia forma indirecta, o sea, la del endeudamiento.
Pero bueno, ésta es una estrategia; por ahí va caminando, no va dando resultados, como no ha dado resultados tampoco ninguna de las concepciones de la política neoliberal en ninguna otra parte del mundo.
Coincidimos en eso. Ese es uno de los objetivos que se buscan; nosotros lo vemos como negativo, ustedes lo ven como positivo. Dos puntos de vista respetables dentro de la discrepancias de los partidos políticos.
Que esto pudiera traer tecnología. Bueno, la experiencia es que no trae tecnología. El flujo de capitales extranjeros lo que traen son plantas industriales ya hechas, ya armadas con su propia tecnología. Están aquí un tiempo en tanto esa maquinaria, ese equipo rinde lo que ha de rendir, se va, no deja desarrollo tecnológico alguno. ¿Generaría empleo? No genera empleo, como a pesar de todo son plantas con un desarrollo tecnológico más alto en su aplicación concreta que el que aquí está vigente, cada planta de esas para producir un mismo número de unidades requiere un menor número de trabajadores que las plantas que desplaza de las que forman parte de la economía nacional vigente al momento en que se produce la llegada de una planta de esas, genera 100 plazas para producir un número de unidades que se producían con 500 plazas antes de la llegada de esa, luego entonces el saldo es 100 plazas nuevas a cambio de 500 perdidas, 400 plazas menos de trabajo.
Bien, todo eso es el problema del Tratado de Libre Comercio, pero no es el Tratado de Libre Comercio lo que aquí estamos discutiendo, sino exactamente lo que cuestionamos; más aún, quiero ser muy preciso, no estoy defendiendo el fondo Amerimex, de ninguna manera, a mí me parece muy bueno que se retire un fondo de ese carácter, me parece negativo y erróneo que exista, qué bueno que lo retiren, qué malo que se haga no por decisión interna, en el momento adecuado y valorando las cosas, sino según ha quedado a la vista y nadie ha desvirtuado, cuando un funcionario de un Gobierno extranjero lo exige. Si exigiera eso o exigiera lo contrario, pongan un fondo, quiten un fondo, hagan esto, hagan lo otro, lo que sea, así pudiera ser la medida más positiva, la tesis que sostenemos es que no se pueden acatar decisiones tomadas en el extranjero ni impuestas por funcionarios de otros gobiernos. Muchas gracias.
El Presidente: -¿Acepta una interpelación, señor diputado Amezcua?
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: -Sí, con mucho gusto.
El Presidente: - La acepta y esta Presidencia y la autoriza. Proceda a formularla, diputado.
El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos (desde su curul): -Ha quedado constancia para la historia de la Cámara y de México, que el señor legislador sostuvo que a su juicio esa empresa era inconveniente, era indebida, que él estaba de acuerdo en que se debería de suprimir. Mi pregunta concreta: usted en su carácter de
Secretario, ¿hubiera optado, si o no, por suprimir la empresa, o se hubiera empeñado en sostenerla, a pesar de que sostuviera el criterio que ha vertido en esta tribuna?
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: -Yo como funcionario del Gobierno de México me hubiera rehusado a recibir cualquier clase de insinuación y no ya digamos una orden por parte de un funcionario de un Gobierno extranjero.
El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos (desde su curul): -¿Me permite...?
El Presidente: -Déjeme preguntarle al orador si la acepta.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: -Sí, desde luego, con mucho gusto, señor Presidente.
El Presidente: - Adelanté.
El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos (desde su curul): Yo no le hice preguntas sobre órdenes ni sobre sugerencias, yo le pregunté a usted categóricamente que si en el caso, por supuesto ni probable ni deseable, de que usted tuviera a su cargo una responsabilidad como esas, un funcionario del exterior le pidiera que considerara la inconveniencia de esa fábrica, de esa empresa, de ese negocio y si usted como lo ha señalado así lo estima, mi pregunta es muy clara: qué hubiera usted hecho ante esa petición ¿sostiene la empresa inconveniente o indebida, como se haya calificado, o la suprime?
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: -Contestaré primero el comentario respecto a lo poco deseable para usted de que yo ocupe una elevada responsabilidad, diciéndole que está debidamente correspondido en sus deseos y que dentro de unos momentos de manera privada le haré llegar un recorte de una caricatura que manos amigas hicieron llegar a mi propio escritorio hace un rato, alusiva a este tema, no lo comento públicamente porque no es adecuado por respecto a esa tribuna pero en privado le haré llegar, es una caricatura muy simpática.
Por lo que hace al otro asunto, reitero: yo tomaría las decisiones que hubiera que tomar, para crear fondos, para retirar fondos o para cualquier otra cosa, dentro de México, en trato con las fuerzas políticas mexicanas y con toda independencia de cualquier conexión con funcionarios extranjeros, así fuera de carácter puramente accidental; a la mejor el funcionario no me está dando una orden sino haciéndome una amable sugerencia y esta sugerencia hasta qué punto es o no una orden. Yo ni haría cosas indebidas ni cosas que parecieran indebidas.
¿Tercera interpelación?
El Presidente: -No se valen los diálogos aquí. A ver, una interpelación.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - Claro que sí, con mucho gusto.
El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos (desde su curul): -Francamente no ha respondido a mi pregunta, no dijo qué haría, los escuchas no podrían saber si la empresa iría a seguir o no porque el señor legislador no ha respondido, simplemente ha dicho que no haría nada indebido, pero en última instancia, cuando usted quiere concluir aludiendo a caricaturas que me hará llegar en privado, yo en privado se las recibo con gran afecto y demos por terminada la interpelación.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: -Bueno, puesto que hubo una tercera interpelación, la contestaré también con mucho gusto.
Si usted pretende ponerme en el supuesto de que no estoy en entrevista con un funcionario de un Gobierno extranjero y que de manera autónoma debo resolver en el caso del Fondo Amerimex, yo le diría: lo retiro y lo cancelo, no es útil para los intereses de México.
Si usted pretende ponerme en el supuesto de que estoy tratando con un funcionario del Gobierno de los Estados Unidos y que aquél me dice, como el señor Kantor: señor, quite usted esto; yo no lo quitaría en ese momento, en ese momento sería antipatriótico hacerlo.
El Presidente: -Tiene la palabra el diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, e informo también a ustedes que está registrado el diputado Rodolfo Becerril Straffon, después.
El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas: -Señor Presidente; señores legisladores:
Alguien dijo hace unos momentos en esta tribuna, que el caso que en Estados Unidos se ha difundido, conocido y trascendido como el Amerimex Gay, trajo en consecuencia que se integrara una figura jurídica económica, mediante la cual, con una serie de aportaciones de diversos orígenes, se habría de pretender comprar en los Estados Unidos de América una serie de organizaciones
comerciales concretamente industrias o maquiladoras, cuyo estado contable no fuera mucho muy bonancible y traerla al Estado mexicano y fundamentalmente tratar de fincarlas en el territorio del Estado de Yucatán, en este territorio mexicano.
Alguien señalaba hace unos momentos y lo hizo un representante del Partido Revolucionario Institucional, que a su juicio coincidía con nosotros que los efectos publicitarios del atractivo que esa organización ofrecía para lograr la internación y la compra de esas maquiladoras o industrias, probablemente no fue el adecuado, fundamentalmente porque entre sus hechos a publicitar y ofrecer al extranjero, señalaba que los salarios con nuestros mexicanos en Yucatán, serían en una proporción de un dólar con 15 centavos, a un dólar con 50 centavos, mientras en los Estados Unidos de América el salario mínimo. en esa misma actividad, sería del orden de 7 a 15 dólares. Creo que en este punto encontramos coincidencias aun quienes representando al Partido Revolucionario Institucional, aceptan que los hechos publicitarios de este atractivo que se pretendía, no eran los adecuados para nuestro país.
Sin embargo, hemos podido apreciar en esta tribuna, que de repente las pasiones partidistas, el deseo ferviente de salir adelante con nuestra posición ideológica o nuestra posición con referencia a las actitudes del Gobierno, nos hacen perder de vista el aspecto fundamental de encontrar el común denominador de la defensa de nuestra independencia, de nuestra autonomía y de nuestra territorialidad.
Quiero decirles que el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en varias ocasiones, en ésta y en otras tribunas, ha señalado discrepancias, no con la totalidad de los acuerdos del Tratado de Libre Comercio, pero sí con algunos de sus aspectos, fundamentalmente cuando hemos señalado que el atractivo fundamental a ofrecer hacia los capitales extranjeros de Canadá o de los Estados Unidos, era fundamentalmente la mano de obra barata.
Pero también tenemos que aceptar, señor Presidente, en esta tribuna, que esas reacciones, esas respuestas negativas, no solamente del Congreso y los Demócratas, sino de los grupos laborales de Estados Unidos y de Canadá, que siguen insistiendo en que el acuerdo del Tratado de Libre Comercio no es favorable para esas naciones, nos dan un indicador que a todas luces nos señala con toda precisión que en el actual acuerdo del Tratado de Libre Comercio ya suscrito por los tres gobiernos, México logró algunos avances fundamentales que ahora están encontrando escollos para darles aprobación y seguimiento en cada una de estas dos naciones, Canadá y Estados Unidos.
El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, con una historia muy importante que ustedes conoces, el 14 de octubre de 1987, marcó el parteaguas de la historia política electoral contemporánea del país, y propuso ante la nación entera un candidato muy diferente a las fuerzas del partido del Gobierno. Luego, en aquellos inicios, marcamos una posición de independencia, una estrategia diferente y una planeación de Gobierno que estaba muy distante a la que venía ofreciendo en su momento el Partido Revolucionario Institucional.
Sin embargo, los hechos han seguido avanzando en el país y queremos señalar en esta tribuna, con absoluta claridad, que cuando la soberanía, que cuando la autonomía, que cuando nuestra territorialidad, que cuando nuestra nación esté en juego, que cuando haya detrimento a nuestras instituciones, que cuando haya ataque a nuestros funcionarios, tendremos que olvidar en equilibrio todas esas legítimas diferencias para establecer un bloque conjunto que nos permita luchar en defensa de todos esos valores nacionales quien en el transcurso de nuestra historia, los mexicanos han derramado sangre para saber defender.
Nuestra intervención hace unos momentos en esta tribuna, era reprochando las actitudes del Gobierno de Estados Unidos con las declaraciones correspondientes, las publicaciones del New York Times, la soberbia actitud de un representante laboral y de uno del Congreso del Estado de nivel demócrata en Estados Unidos, para atreverse a enviar una carta que a todas luces no cubre con las formalidades necesarias para hacérsela llegar al mandatario del país mexicano.
Consecuentemente el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, viene a esta tribuna a manifestarles a todos ustedes, representantes de las diversas corrientes del pensamiento nacional, de diversas posiciones ideológicas y de diversos partidos, con los cuales tengo profundo respeto, que cuando la soberanía del país, cuando la integridad nacional, cuando el respeto a nuestras instituciones y cuando nuestra soberanía esté en juego, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana será solidario para la defensa de nuestras instituciones. Muchas gracias.
El Presidente: -Se concede la palabra al señor diputado Rodolfo Becerril Straffon, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Rodolfo Becerril Straffon: -De antiguo los mexicanos somos extremadamente sensibles a lo que opinan de nosotros los extranjeros.
En efecto, durante los últimos meses ha habido una serie de pronunciamientos en distintas revistas sobre temas diversos de la realidad mexicana; sin embargo, no me parece prudente que a cada declaración, sea de un republicano o sea de un demócrata, sobre la realidad mexicana, queramos que todo se convierta en gate. Desde el Nixon - gate todo los eventos que se suceden polémicos los adjetivizamos, los bautizamos como gate.
Creo que el fondo de la cuestión no es tanto este incidente que ha provocado aquí un amplio debate, sino las distintas posiciones que todos tenemos con respecto al Tratado de Libre Comercio, que es en esencia en mi opinión el fondo de la cuestión.
Aquí se ha dicho que el Tratado va a beneficiar a México sólo en la medida en que tenemos mano de obra barata; se ha dicho que con el Tratado no vamos a estar en posibilidades de generar mayores salarios en el país, se ha dicho que con la política de apertura que supone el Tratado no se generarán empleos suficientes y al mismo tiempo se han cuestionado de una u otra manera las formas de la negociación de este Tratado de Libre Comercio.
En relación a lo primero, permítaseme señalar que el salario en toda la industria maquiladora del norte del país es mayor que el salario medio en toda la industria manufacturera y eso tiene una explicación muy simple: la inversión en esa zona es mayor y obviamente es lo que provoca que el equilibrio entre demanda y oferta de mano de obra haga que al carecerse de oferta de empleos suficientes, los salarios tiendan a incrementarse.
Cuando nosotros suponemos que con el Tratado habrá corrientes de inversión al país, es comprensible que pensemos que gradualmente el salario medio en el país con mayores inversiones, sean extranjeras o no, tenderá a aumentar. Lo que está en el nudo del problema nacional en materia económica, es que haya o no haya inversión; si no hay inversión no habrá todo lo demás. En la medida en que exista inversión habrá empleo, en la medida en que exista empleo habrá posibilidades de igualdad de oportunidades y en la medida en que existan igualdad de oportunidades habrá comercio, habrá demanda, habrá dinamismo económico.
Todos los países del mundo hoy se debaten en torno a cómo jalonear recursos del exterior, no es un problema privativo de México.
Recientemente un estudio para América Latina señaló que nuestro país está en mejores condiciones que otros para atraer flujos de inversión, y no sólo porque aquí tengamos mano de obra barata. Si ese fuese el único rasero para medir las posibilidades de la inversión, otros países en condiciones más precarias que el nuestro tendrían mayores flujos de inversión extranjera.
Si está acudiendo inversión extranjera al país no es solamente porque nuestra ventaja comparativa está dada por una mayor facilidad de la mano de obra, sino porque tenemos condiciones económicas generales que son incentivo para que la inversión extranjera venga.
¿Cuáles son estas condiciones favorables? Una economía relativamente estable, una economía en donde el crecimiento del producto está repuntando, en donde hemos eliminado el déficit fiscal, en donde le hemos quitado las condiciones especulativas a la inflación y otras muchas más.
Si la inversión extranjera está fluyendo hoy a México, es, repito, porque hay condiciones económicas generales que hacen posible la entrada de capital.
Durante mucho tiempo los mexicanos siempre hemos cuestionado la inversión extranjera de manera simplista. Obviamente que tenemos que analizar cuál es el rol de la inversión extranjera, según el momento económico - histórico que estemos viviendo.
Durante muchos años la inversión extranjera se orientó a extraer productos mineros; posteriormente se canalizó a industrias extractivas; hoy la inversión extranjera no solamente es la mejor fórmula de financiamiento de la inversión, sino que tiene utilidades diversas en el comportamiento económico mundial. De otra suerte, no habría este debate sobre cómo atraer inversión, en el que están participando todos los países.
En una economía importa el monto de la inversión, pero importa también el destino de la misma. El monto de la inversión nos va a determinar el ritmo de crecimiento de la economía; el destino de la inversión nos va a determinar la calidad de ese crecimiento.
Si nosotros orientamos las inversiones, sean nacionales o extranjeras, exclusivamente a bienes de consumo estaremos dejando de lado la necesidad de contar con un acervo en materia de bienes de capital.
Si, por el contrario, como sucedió en los países del Este, destinamos el grueso de la inversión sólo a la infraestructura en bienes de capital, estamos desatendiendo la canasta de satisfactores que el grueso de la población requiere. La inversión tiene que canalizarse equilibradamente en bienes de consumo colectivo, en bienes de consumo privado, en bienes de capital o en bienes intermedios y eso es lo que está sucediendo hoy en México.
La inversión extranjera que está acudiendo al país, caso omiso de aquélla que está en la bolsa, está destinándose a proyectos de bienes de capital que es en donde estamos ayunos; pero eso no significa que estamos determinando una modificación lacerosa de la estructura económica del país.
La formación bruta de capital en el país está creciendo de manera decorosa y significativa en estos años, y el porcentaje de inversión extranjera directa dentro del total, nunca ha rebasado los límites que la economía requiere para conducir con criterios nacionales el proceso económico del país.
Por lo que toca a la negociación, ésta ha sido una negociación de largo aliento en que como aquí se ha señalado, han intervenido distintos agentes y actores económicos, desde los que están vinculados con la Coece, desde el grupo del "cuarto de al lado", el consejo asesor y las distintas representaciones de varias ramas productivas. Lo que el Gobierno de la República ha hecho ha sido simplemente ser el vocero de estos grupos campesinos, industriales, comerciales o por distintas ramas productivas en lo que atañe a la apertura económica.
A mí me parece que un incidente que se ha malinterpretado, que un incidente que se recoge sólo de algunas publicaciones, no puede demeritar una negociación que en opinión de muchos es benéfica para el país y que está probando ya, incluso antes de entrar en operación beneficios para la economía del país.
Sería todo, señor Presidente.
El Presidente: -Proceda la Secretaría, en términos del artículo 58, a consultar a la Asamblea, en votación económica, si se admite o no a discusión la proposición presentada por el señor diputado Cuauhtémoc Amezcua, del Partido Popular Socialista.
El secretario diputado Rodolfo Becerril Straffon: -En votación económica se pregunta si se admite o no a discusión la proposición.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Gracias, señor Secretario.
PLEBISCITO EN EL DISTRITO FEDERAL
El Presidente: - Pasamos a otro asunto y concedemos la palabra al señor diputado Guillermo Flores Velasco, del Partido de la Revolución Democrática, para referirse al plebiscito al que han convocado algunos representantes a la Asamblea del Distrito Federal en esta ciudad.
El diputado Guillermo Flores Velasco: - Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
En primer lugar, solicitaría a la Secretaría registrara el texto íntegro de la ponencia que voy a presentar en torno a este punto, de la posición de nuestro partido y en obvio del tiempo voy a hacer una exposición resumida de la misma a la cual le daré lectura.
El viernes 19 de febrero concluyó el plazo para la Reforma Política del Distrito Federal, de acuerdo con el calendario anunciado por el Jefe del Departamento del Distrito Federal ante la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.
Para esta fecha, según sus palabras textuales, en un plazo no mayor a los 120 días, deberá quedar reunido, clasificado y ordenado todo lo que se haya dicho sobre el tema. Concluido el análisis comparativo de los gobiernos locales, de las formas de Gobierno de las ciudades capitales nacionales en el mundo, así como el acopio y clasificación de las legislaciones y las normas vigentes que requieran ser actualizadas por la iniciativa de la reforma.
Concluidos estos trabajos, una comisión donde participen la Asamblea de Representantes, las comisiones del Distrito Federal de la Cámara
de Diputados y del Senado, los partidos, el Gobierno de la ciudad en su calidad de representante del Ejecutivo Federal para este propósito, se abocaría a preparar en los siguientes seis meses, la iniciativa de reformas legales.
El pasado 19 de febrero se cumplieron los 120 días y los seis meses contemplados en esta convocatoria. Como contribución a este trabajo, nueve asambleístas convocaron a los ciudadanos del Distrito Federal a realizar una plebiscito para el 21 de marzo. En respuesta a esta convocatoria, se integró un comité organizador donde participan importantes sectores de la sociedad en el Distrito Federal y decidieron coordinar sus esfuerzos para recaudar recursos humanos y materiales necesarios para llevar a cabo esta iniciativa.
En primer lugar, acudimos a esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para que ella se pronuncie a favor de la iniciativa ciudadana del plebiscito, por considerar que es una acción que contribuye a delimitar y encauzar el proceso de reforma política. Basa sobre un criterio sólido las propuestas de los partidos y el Gobierno, pues significa la intervención directa de la ciudadanía, elemento fundamental para elaborar una propuesta de consenso.
Numerosas empresas, organismos civiles, organizaciones sociales, instituciones académicas y equipo de profesionistas, aportarán importantes recursos humanos y materiales, para hacer este esfuerzo posible. Destaca la aportación de la Fundación Arturo Rosenbeluth, para realizar todas las labores de cómputo para la votación del día 21 de marzo.
El Congreso de la Unión, como representante directo y permanente de la ciudadanía, no puede ser ajeno a este esfuerzo.
En segundo lugar, venimos a esta tribuna para proponer que el plebiscito sea integrado al proceso de reforma política convocada por el Jefe del Departamento del Distrito Federal, de manera que el resultado del plebiscito, sea el indicador de los contenidos que deberán satisfacer la iniciativa de Ley correspondiente.
El plebiscito nos dirá si la reforma deberá de contemplar la integración de un congreso local o no; si las autoridades deberán ser electas o no; si se deberá convertir al Distrito Federal en un Estado de la Federación o no; que la iniciativa de Ley, resultado del proceso de reforma política iniciado con la consulta del plebiscito culmine con la aprobación de la ciudadanía a través de un mecanismo de referendum.
Para el caso concreto del Congreso de la Unión, es necesario que éste decrete una Ley que reglamente la realización de referendum en el Distrito Federal, como viene contemplado en la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal. Jurídicamente, la Constitución no prohibe la realización de plebiscitos, por el contrario, en su artículo 39, establece que la soberanía reside en el pueblo y éste puede darse la forma de Gobierno que desee.
Para que no haya equívocos, en la Exposición de Motivos del artículo 39, expresada ante el Constituyente de 1917, presentada por los diputados Paulino Machorro, Heriberto Jara, Agustín Garza, Arturo Méndez e Hilario Medina, se establece que el principio establecido en el artículo 39, copia fielmente del que se sancionó en la Constitución de 1857, contiene diversos, artículos que le son propios, la soberanía es una, inmutable, imprescriptible, inalienable.
Siendo el pueblo el soberano, es el que se da su gobierno elige a sus representantes, los cambia según sus intereses; en una palabra, dispone libremente de su suerte.
De cualquier manera, no podemos subestimar esta iniciativa ciudadana, en el caso de que esta soberanía se mostrara insensible a la voluntad popular de la ciudadanía del Distrito Federal. Debemos reconocer que ello tendría el recurso de iniciativa popular amparada por los artículos 52, 53, 55 y 56 de la Ley Orgánica del Distrito Federal, pues cubriría con amplitud los requisitos por ella estipulados, para que se dé curso a la solicitud que hoy hacemos. Esperamos hasta ese momento para hacer lo que nos corresponde hacer; significaría perder la oportunidad que tenemos para responder a las expectativas de la población respecto a sus instituciones republicanas y que se resume en la esperanza que ella tiene de esta institución y los poderes federales son sus representantes.
No responder a la madurez política que están demostrando los habitantes del Distrito Federal, va en detrimento de nuestra credibilidad y de la creencia de que los cauces legales son instrumentos adecuados para responder a las necesidades de la población y no solo para detener las prácticas autoritarias del Gobierno, como sería visto en caso de que se tuviera que recurrir a la iniciativa popular.
Llamamos entonces a que la Ley sea utilizada para avalar las acciones ciudadanas y no para impedirlas y excluirlas. Hacer esto último es contrario incluso al espíritu de nuestra Constitución.
En tanto que el pueblo puede disponer libremente de su suerte, puede libremente establecer los mecanismos para dar a conocer su soberanía, a lo cual debemos responder diligentemente. Pero ¡cuidado!, el plebiscito no se está convirtiendo en el mecanismo para reformar la Constitución. En ese sentido están establecidos los mecanismos adecuados para tal fin en el artículo 72 de la Constitución.
El plebiscito y el referendum son instrumentos que se da el pueblo para sancionar u orientar a sus representantes; pero no intenta suplirle, al contrario, estos mecanismos buscan que sus representantes no suplanten la soberanía del pueblo, más aún en materias tan fundamentales como son la forma de su Gobierno y el respeto a sus derechos políticos.
México cumplirá 172 años de vida independiente. El Distrito Federal en todo este tiempo no ha conocido un Gobierno propio y democrático. La ciudadanía de aquí, que aquí habita, nunca ha decidido su forma de Gobierno y el Gobierno que le han impuesto, incluso, ha estado condicionado por las más mínimas decisiones.
Si un Gobierno no sabe diferenciar entre cuáles son las atribuciones de un poder federal y un poder local, si un Gobierno quiere incluso intervenir en la introducción de una cañería en una calle de la ciudad, si un Gobierno teme perder su autoridad por esta rodeado de ciudadanos, es porque es un Gobierno que no está a la altura de una república federal y representativa. Es un Gobierno que no está preparado para el voto; es un poder que no sabe diferenciar entre lo grande y pequeño, entre el interés particular y el interés nacional, entre la legalidad y el abuso del poder. Que no diferencia entre el dominio y el mandato. Es un Gobierno dictatorial que quiere decidir por los ciudadanos, incluso en sus intereses más mínimos; es un Gobierno que tiene miedo a la fuente de la legitimidad; es un Gobierno que no quiere obedecer la Ley; es un Gobierno que no obedece y no quiere respetar. En fin, es un Gobierno que no está preparado para la democracia.
Con base en lo anterior, señor Presidente de esta sesión, considerando que el artículo 1o. de nuestra Constitución establece que: Todo individuo gozará de las garantías que ella otorga, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse en todos los casos y en las condiciones que establece. Que la fracción III del artículo 35 instaura como prerrogativa del ciudadano la de asociarse libre y pacíficamente para tomar parte en los asuntos políticos del país. Que el artículo 39 funda que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste; que es el pueblo quien tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su Gobierno.
En la fracción VI del artículo 73 se establece que es facultad del Congreso legislar en materia del Distrito Federal, de acuerdo con las bases expuestas en este artículo y que la base 4a. de esta Fracción a la letra dice que la Ley Orgánica del Distrito Federal establecerá los medios y mecanismos de participación ciudadana que permitan la oportuna gestión y continua supervisión comunitaria de la acción del Gobierno del Distrito Federal, dirigida a satisfacer sus derechos e intereses legítimos y a mejor utilizar la aplicación de los recursos disponibles.
Que atendiendo al espíritu constitucional de instaurar a la voluntad popular como el mandato superior al que deben atender las instituciones republicanas que nos rigen y de conformidad con los artículos 58, 59 y 61 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados miembros de la fracción parlamentaria, el senador también, del PRD en esta Comisión Permanente, proponemos a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente propuesta para un punto de acuerdo:
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, como parte coadyuvante en el proceso de la reforma política del Distrito Federal, reconoce como una aportación valiosa a este proceso, la iniciativa convocada por numerosos ciudadanos del Distrito Federal, para realizar un plebiscito ciudadano para el día 21 de marzo de 1993, el cual tiene por objeto el de recabar la opinión de la ciudadanía que se integre a la propuesta legislativa, para modificar la forma de Gobierno del Distrito Federal.
La Comisión Permanente del Congreso considera como una aportación significativa el que los ciudadanos del Distrito Federal constituyan instrumentos propios para consensar las decisiones de Gobierno, sin contravenir con la legalidad que de nuestra Constitución emana, respetando en letra y espíritu los derechos que ella les reconoce y protege.
Con esta actividad los ciudadanos del Distrito Federal confluyen con las instituciones republicanas que les representan, para contribuir a la integración de un orden jurídico que dé amplia
satisfacción a sus legítimas aspiraciones como habitantes y ciudadanos.
México, Distrito Federal, Palacio Legislativo, 24 de febrero de 1993. Por la fracción parlamentaria del PRD, los diputados que mencioné.
Gracias, señor Presidente.
El Presidente: -Déjenos ahí su propuesta con base en el 58, señor diputado y vamos a proceder a desahogar la proposición.
Informo a ustedes, señoras y señores legisladores que se han registrado varios compañeros para intervenir en este asunto, pero esta Presidencia está obligada en primer término a darle curso a la proposición que ha presentado el diputado Guillermo Flores. Entonces voy a consultar a las señoras y señores legisladores para que me digan si hay un orador en pro de la propuesta.
En pro de la propuesta el señor diputado González Durán; en contra de la propuesta el señor diputado Fernando Lerdo de Tejada. En el orden que establece el 58, que es diferente al resto, damos la palabra al señor diputado González Durán en pro y después al diputado Fernando Lerdo de Tejada y en contra procedemos después a la votación.
El diputado Carlos González Durán: - Con su venia, señor Presidente; honorable Asamblea:
Sé desde luego que los temas concernientes a la reforma electoral están siendo objeto de un estudio de una comisión plural del Parlamento mexicano, y que están deliberando con una reflexión patriótica sobre el diseño de esa reforma política. Por lo tanto no pretendo con lo que voy a decir, plantear un asunto que es materia de esta respetable Comisión, a la que reconozco está desarrollando un trabajo valioso e importante para el mejoramiento de nuestras instituciones.
Sin embargo, el problema de los problemas que enfrenta la convivencia nacional, es el problema del tránsito a la democracia y en términos genéricos, no refiriéndome a la reforma en su carácter institucional y procesal, sino desde el punto de vista genérico, de lo que requiere este tránsito a la democracia, sí quisiera precisar lo siguiente:
Para que en nuestra patria se pueda llegar a transitar efectiva y verdaderamente por la democracia, se requieren tres tránsitos, no uno sólo sino tres. El primero es un tránsito de democracia en los partidos. Me refiero a la democracia interna, de todos y cada uno de los partidos, para que en el seno de los propios partidos, las asambleas, las bases, tomen sus acuerdos reflexivos libres y democráticamente y esta práctica interna en los partidos permita, al mismo tiempo, porque se trata de un tránsito acompañado, coetáneo, estructurado, al mismo tiempo si queremos transitar por la democracia, tenemos que hacer tres reformas, no una sola, sino tres reformas.
La primera reforma es democracia en los partidos y en esto hay que entender que todos los partidos son muy respetables, todos los partidos son muy respetables porque en su seno están elementos valiosos de la sociedad civil, aunque todos los partidos también tienen en su seno algunos elementos que no son tan respetables. Entonces, para que se pueda dar el tránsito a la democracia, se necesita un segundo paso.
El segundo paso consiste en que estos elementos sanos, que en mi convicción, y así lo digo con toda sinceridad, estos elementos sanos que en todos los partidos existen, debieran acercarse, hermanarse en una gran alianza democrática, y entonces se diera ese segundo paso que sería el siguiente: democracia entre los partidos, o sea, un partido con otro ¿Cómo se debe tratar, con ofensas, menosprecios, atropellos? No. Un partido con otro partido se debe tratar con respeto, con recíproco reconocimiento, con uniformidad de derechos, y entonces esta democracia entre los partidos, requeriría uniformidad de trato, paridad, equivalencia, reciprocidad, correlación, a efecto de que todos y cada uno de los partidos tengan los mismos derechos y y tengan las mismas obligaciones y no exista dentro de ellos ningún partido que disfrute de condiciones de ventaja, de condiciones de privilegio que dañen y deterioren el juego limpio, caballeroso, leal, cívico, que debe existir para el progreso de las instituciones republicanas.
Pero el tercer tránsito es el más difícil de todos, y el tercer transito consiste en que el gobierno, las instituciones públicas, deben tratar a la sociedad civil democráticamente y la única forma de que la traten democráticamente es permitiéndole su participación: no hay democracia sin participación libre y responsable; debe ser una participación ciudadana.
El ciudadano es aquel que perteneciendo al pueblo es un titular gregario de la soberanía nacional. Por lo tanto, un ciudadano tiene que tratar con respeto, así como exige que se respete su dignidad, debe tratar con toda la amplitud de
esa expresión que llamamos respeto, a los demás ciudadanos de los demás partidos.
Por lo tanto, el problema más difícil y espinoso para que se pudiera dar ese ideal histórico que estamos reclamando algunos partidos y también algunos elementos hasta del partido oficial, porque no lo dudo que en su seno hay elementos sanos.
Entonces este tercer paso se llama "democracia del Gobierno con los partidos". Si el Gobierno no deja de controlar el monopolio de los órganos y de los procedimientos electorales y lo entrega a la sociedad civil, lo entrega a los partidos, que son los representantes de la sociedad civil, no va a haber tránsito a la democracia.
Pues bien, en el caso de México el problema es el siguiente: la ciudad capital era hace unos años una ciudad orgánica; una ciudad en donde el centro histórico era un espacio de admiración, de belleza, de historia. Lo originario y lo original estaba presente, la historia de México estaba presente en la ciudad capital, y las diferentes zonas de la capital eran zonas orgánicas, integradas, no desarticuladas. La ciudad es un centro de convivencia que tiene cuatro funciones. La primera es habitación; la segunda es trabajo; la tercera es tránsito y la cuarta y principal, acercamiento humano. Pues esta gran ciudad perdió su equilibrio, porque una ciudad no puede tener equilibrio si anula, destruye o empobrece la región que la alimenta.
¿Cuál es la región de esta ciudad capital? Pues sucede que la ciudad se tragó la región, no es más que pura ciudad y no tiene región, se acabó la región. La ciudad creció, se entendió que lo que había que hacer eran plazas, avenidas, avenidas de circulación rápida, pero las avenidas de circulación rápida parcelan, parten, cortan y fraccionan la unidad orgánica de la ciudad.
La ciudad perdió su unidad orgánica y se hizo una ciudad para los automóviles, y ahora sucede que ni siquiera es ciudad para los automóviles.
Entonces necesitamos enfrentar dos niveles de problemas: el problema de una metrópoli enorme, desmesurada y de una provincia raquítica y enfermiza y que tenemos que crear un equilibrio nacional.
El problema de la reforma política del Distrito Federal, no es sólo un asunto de los capitalinos, es un asunto nacional, es de la mayor importancia para el equilibrio y la participación de la sociedad civil.
Lo que se necesita es permitirle al ciudadano capitalino que sea un ciudadano de veras.
Entonces, esta iniciativa que han tomado personalidades significadas de la conciencia y de la voz propia de la ciudad, es respetable, debe tomarse con respeto; debe reconocer que esta Comisión está convocando al plebiscito, está convocando a una consulta popular.
¡Qué bueno que en nuestra patria el pueblo se exprese! ¡Démosle oportunidad de que se exprese! Que se expresen los ciudadanos ante ellos mismos, ante la conciencia que ellos tienen del ejercicio de su soberanía, si quieren preservar una entidad en tal estructura política o en tal otra estructura política. Por lo tanto, yo creo que nosotros si verdaderamente estamos por el progreso republicano, por el progreso democrático, pues, debemos ver con buenos ojos ese plebiscito, porque ese es un plebiscito que permite a la ciudadanía, que ha estado despojada de voluntad propia y de voz propia, que tenga voluntad propia y que tenga una expresión propia.
¿Por qué? Pues, porque la nación a la que pertenecemos, desde que los fundadores de la patria lo dijeron, la independencia se hizo para que los mexicanos todos, en todas las partes de México, tuviéramos voluntad, conciencia, expresión y Gobierno propio.
Por lo tanto, esta iniciativa entiendo que debe verse con buenos ojos. No es una iniciativa partidista, no; es una iniciativa ciudadana, que los ciudadanos expresen su opinión, se manifiesten como ciudadanos. Esa es una oportunidad importantísima, para que manifestados ellos puedan tener un Gobierno participativo, que si no es participativo no cuenta con el apoyo y el respaldo suficiente para resolver esa acumulación de enormes problemas que se han ido rezagando en tan bella ciudad, como era la ciudad de México.
Por lo tanto, los problemas de la ciudad de México, que en el fondo son problemas nacionales, los problemas urbanos que agobian a la capital exigen que se permita la ciudadanía ejercitar su conciencia, su voz, su señorío republicano.
Por lo tanto, no es una proposición partidista. Tan plural es la Comisión que estudia la reforma política, como tan plural es la Comisión que convoca al plebiscito ciudadano.
Yo creo que debemos verlo con buenos ojos y por eso me apunté en la disyuntiva de respaldar
la moción y la propuesta que hizo el compañero Guillermo Flores. Eso es todo, señor Presidente.
El Presidente: -Para hablar en contra de la proposición, tiene la palabra el señor diputado Fernando Lerdo de Tejada, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Fernando Francisco Lerdo de Tejada Luna: - Señor Presidente, con su permiso; compañeros legisladores:
Yo empezaría diciendo que hay muchos puntos de acuerdo con lo señalado aquí por el maestro González Durán, que hay muchos aspectos que podríamos suscribir.
Y, por lo tanto, me da la oportunidad para aclarar algunos aspectos que mi partido considera sobre la reforma política y el plebiscito, en esta época en donde la discusión nos puede llevar a simplificaciones de las propuestas contrarias y acusaciones mutuas.
Yo diría, en primer lugar, que el Partido Revolucionario Institucional ha sido un amplio promotor, un impulso real de la Reforma Política en el Distrito Federal; que el PRI considera necesario profundizar en la democracia del Distrito Federal y en llegar a sistemas que establezcan una mayor responsabilidad entre gobernantes y gobernados; que creemos, como aquí se señaló, que los capitalinos reclaman verdaderamente un espacio propio de convivencia, una ciudad que sin dejar de ser la ciudad de todos los mexicanos, la capital de la República, sea también una ciudad con identidad propia, una ciudad también para los capitalinos.
Y es por ello que el llegar a definir las características de un Gobierno propio para la ciudad es definitivamente uno de los objetivos que nos hemos fijado para la Reforma Política del Distrito Federal.
También creo que los capitalinos tenemos la suficiente madurez y desarrollo político que nos lleva a demandar una mayor participación en los asuntos públicos, una mayor decisión en los asuntos administrativos que vienen a afectar las cuestiones de la comunidad y es por ello que consideramos que la Reforma Política debe de desarrollar formas de consulta clara a esta ciudadanía, debe de establecer sistemas que realmente permitan la expresión de la opinión ciudadana; otro de los propósitos fundamentales de la Reforma Política que nos hemos fijado para el Distrito Federal.
Pero los priístas creemos que el reto es lograr estos elementos de mayor profundidad democrática con un esquema administrativo que nos ayude a resolver los problemas de nuestra ciudad capital, no un esquema simplista que nada más nos lleve a complicarlos.
Nosotros consideramos que uno de los retos fundamentales de la ciudad es el de elevar la calidad de vida de los 8 millones de habitantes que aquí viven y para ello creemos que es necesario e imperativo obtener respuestas prontas y eficientes a los problemas que viven los capitalinos; a problemas complejos como el transporte o como la contaminación, la seguridad pública y como muchos otros, casi todos que podríamos señalar en la capital.
De tal manera que el verdadero reto de la Reforma Política del DF es precisamente profundizar la democracia con sistemas que eleven la calidad de vida de los capitalinos. Nosotros creemos que ese es el verdadero debate del asunto, que ese es el punto en donde están las distintas soluciones.
Y aquí entramos en desacuerdo básico con el plebiscito y es así porque el plebiscito centra el debate principal de la Reforma Política en la constitución del estado 32 y convoca a los ciudadanos a decidirse entre los extremos del sí y del no.
Nosotros creemos que este es un falso debate, porque nos aleja de la solución real. Si los ciudadanos votan por el no, en mi concepto, a mi juicio, esto de ninguna manera quiere decir que los ciudadanos estén en contra de una reforma política en el Distrito Federal. Si los ciudadanos votan por el sí, tampoco creo que esto signifique aceptar las repercusiones concretas y prácticas de constituirnos en un Estado.
Esto es, se ha querido hacer ver que si la respuesta al plebiscito es no, entonces las cosas se deben de mantener exactamente en el estado como están, que no debe de haber ninguna modificación y que el Gobierno de la ciudad será exactamente igual. Esto es falso. Esto es falso porque el estado 32 no es la única opción; en nuestro concepto hay otras opciones; creemos nosotros que más válidas y más adecuadas para nuestra ciudad capital. Pero también se ha querido hacer ver que si se vota por el si, esto implica ya una aceptación de todos los aspectos secundarios de convertirnos en un estado y nosotros creemos que la pregunta ha sido planteada en términos tan amplios y tan vagos, que esto no podría más que en su caso, demostrar una intención.
Pero señores legisladores, entre el sí y el no, existe realmente una gama de preocupaciones muy importantes, que a todos nosotros nos interesan y que definitivamente ni tienen una respuesta única, ni son tampoco excluyentes.
En el PRI consideramos que vivimos en una ciudad compleja; una ciudad en donde requiere para resolver sus problemas, de propuestas globales y de respuestas integrales y que precisamente el estado 32, no tiene esas características; el estado 32, nos lleva precisamente a una atomización de la decisiones. Nosotros creemos que por el contrario, ha sido aceptado, que muchos de los problemas que actualmente vive la ciudad capital, requieren de fórmulas integrales, que muchos de estos problemas han rebasado los límites del Distrito Federal y que requieren ahora de una respuesta metropolitana. Esto lo vimos ya por ejemplo, en la reunión que tuvo la Segunda Asamblea de Representantes precisamente con la Legislatura del Estado de México, en donde los acuerdos a que se llegó, fueron precisamente esos, relativos a buscar soluciones integrales, soluciones conjuntas. De tal manera que atomizar las respuestas a la ciudad, dadas las condiciones que nuestra Constitución fija a estados y municipios, sentimos, creemos, estamos ciertos que no es la respuesta adecuada para llegar a los fines de una mayor democracia, junto con mayores posibilidades de elevar la calidad de vida de los ciudadanos.
Pero independientemente de la discusión de los temas en donde cada uno por sí mismo implicaría un debate profundo, por ejemplo el de fortalecer la Asamblea de Representantes con atribuciones muy específicas o bien convertirla en un congreso local que nos podría llevar a un debate profundo e interesante, independientemente digo, de analizar las cuestiones específicas de las tres preguntas, yo creo que es conveniente analizar, preguntarnos sobre las virtudes básicas del procedimiento de plebiscito, que se somete a nuestra consideración.
En países con gran tradición plebiscitaria o de referendum, con agentes políticos expertos en estas materias, la consulta ciudadana se lleva a cabo con mucho cuidado, pretendiendo definir claramente los términos en cómo se lleva a cabo esa consulta, su funcionalidad y las ocasiones o las características en donde esta consulta es válida para la ciudadanía. Nosotros creemos que el plebiscito del 21 de marzo no llena estas características. Pongamos el ejemplo de Canadá. El plebiscito o el referendum en este caso, realizado el pasado 26 de octubre para ver la separación de Quebec del Canadá, fue un plebiscito que durante muchos meses, durante muchos meses los partidos políticos se reunieron para ver simplemente los términos de la pregunta; en qué forma iba a ser ésta planteada a la ciudadanía y francamente, señores legisladores, nosotros consideramos que las preguntas que se hacen en el plebiscito que se pretende realizar, están realmente inducidas y que pretenden encontrar respuestas predeterminadas por parte de la población. Creemos que no ha habido una suficiente meditación sobre este punto fundamental de la consulta a la ciudadanía.
Y hasta yo me podría preguntar: ¿por qué no preguntarle a la población del Distrito Federal, por ejemplo, si está de acuerdo en que el Ejecutivo Federal continúe siendo el titular del Gobierno de la capital? Yo les puedo asegurar que encontraríamos respuestas muy diferentes, porque el planteamiento de la pregunta resulta ser de gran relevancia.
Pero por otra parte, el plebiscito que se pretende hacer, deja muchas cosas en el aire. Nos deja un enorme vacío de cómo se va a instrumentar posteriormente a la decisión en que se llegue y por lo tanto nos deja una decisión posconsulta de partidos y de grupos, lograr precisamente esa definición básica de instrumentación y, desde nuestro punto de vista, esto nos podrá llevar a incrementar los conflictos que precisamente se pretenden resolver. De tal manera que se dejan cosas al vacío, que no es conveniente desde nuestro punto de vista porque no se han fijado quiénes serían los agentes encargados de darles contenido.
Señalo otro punto. El plebiscito requiere de información ciudadana para que las decisiones no se tomen en forma superficial o inadecuada, para que los ciudadanos puedan realmente decidir aquello que consideren más conveniente. ¿Se ha dado suficiente información a la ciudadanía? ¿Sabe la ciudadanía los impactos, las repercusiones que implican, que se tienen de este plebiscito? ¿Sabe, por ejemplo que en los municipios más poblados del Distrito Federal tendrían menos recursos para ejercer que las actuales delegaciones en virtud de las implicaciones de tipo hacendario? ¿Quiere la ciudadanía cuerpos policiacos desvinculados, cuando aquí hemos hablado precisamente de la necesidad de coordinación? ¿Quieren políticas de uso del suelo diferentes y distintas en cada circunscripción?
Yo creo, compañeros, la mera verdad, que la ciudadanía del Distrito Federal no quiere estas repercusiones secundarias que no le han sido adecuadamente informadas y que por lo tanto
la aceptación global no puede implicar en ningún principio, la aprobación de las particularidades.
Finalmente, señores legisladores, yo quisiera señalar que yo considero que hay ciudadanos que de forma responsable, informada, han decidido apoyar este plebiscito y que por lo tanto creo que estos ciudadanos deben de tener todo nuestro respeto.
Sin embargo también creo que este respeto debe de ir en dos sentidos: se ha señalado que la mesa de concertación y la consulta pública que se ha llevado con la participación de decenas de ciudadanos, con investigadores prestigiados, con académicos de renombre y con militantes de los partidos, constituye una estrategia para estrangular los derechos ciudadanos de la población del Distrito Federal. Yo creo que esto es un despropósito y que definitivamente también le debemos un gran respeto a quienes han participado en estas mesas de concertación.
Varios partidos políticos, prácticamente todos excepto, el PRD, hemos decidido que es conveniente ventilar nuestros puntos de vista y escuchar lo de los demás en estas mesas de concertación. Seguramente de aquí también saldrá alguna iniciativa que nos permita sistematizar en forma adecuada la consulta a la ciudadanía y hacer de este instrumento un elemento privilegiado de participación ciudadana. Esos elementos todavía no se dan ahorita, pero serán el resultado del trabajo de los distintos partidos políticos.
Por estas consideraciones, compañeros legisladores, mi partido no puede votar a favor del punto de acuerdo que nos ha sido sometido a nuestra consideración. Muchas gracias.
El Presidente: -Señoras y señores legisladores, con las intervenciones que se han dado en tribuna, cumplimos los extremos que para la discusión previene el artículo 58 que fundamentó la propuesta presentada.
Informo a ustedes que hay varios legisladores de varios partidos que han deseado inscribirse en este tema. Entonces agotada la discusión, si les parece damos curso a quienes han solicitado la palabra para intervenir y al final votaríamos la propuesta que ha presentado el Diputado Guillermo Flores. Informo a ustedes que hay inscritos para el tema el señor diputado Cuahtémoc Amezcua, del PPS; el diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, del PARM; el diputado Alberto Carrillo, del Partido del Frente; el diputado Víctor Orduña Muñoz, del Partido Acción Nacional.
Concedemos la palabra con gusto a nuestro compañero el diputado Cuauhtémoc Amezcua, del Partido Popular Socialista.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: -Muchas gracias, señor Presidente; muy amable:
Quisiera razonar la posición de mi partido en contra de la propuesta que ha presentado la fracción parlamentaria del PRD, pero empezaré por señalar las discrepancias de fondo que tenemos con la posición asumida en esta tribuna por el diputado Lerdo de Tejada.
Nos parece que si de reforma política en el Distrito Federal se habla, esto significa que se habla también y en esencia de reforma democrática.
Nos parece que es muy complicado y prácticamente imposible de dar sustento, a un esfuerzo por disociar la cuestión política de la cuestión de la vida democrática. No nos parece de ninguna manera que se pueda hablar de reforma política en serio y referirse a aspectos de carácter administrativo, como uso de suelo, como servicios públicos o tantas otras cuestiones de ese carácter; nos parece que eso sería quitarle el contenido y el sustento a la idea de una reforma política, sería algo como decir: estamos en contra de una reforma política y queremos solamente hablar de otras cosas secundarias y menores.
Nos parece, por lo tanto, insostenible la oposición que el diputado Lerdo de Tejada trató de establecer en esta tribuna, entre calidad de vida y vida democrática. No son cuestiones antagónicas ni excluyentes.
Es obvio que los ciudadanos del Distrito Federal y también los del Estado de México y los de Morelos y los de Hidalgo y Querétaro, y todas las 32 entidades del país, tienen interés porque mejoren los servicios públicos, de carácter municipal, estatal y por dar su opinión en torno a problemas como el de uso de suelo que él mencionó aquí como un ejemplo de entre tantos. Pero nos parece que si esto fuera a cambio de que las 32 entidades del país pasaran a tener un regente designado por el Jefe del Ejecutivo y se privara a los ciudadanos de todo el país de ejercer el derecho de sufragio universal, directo y secreto para elegir a sus autoridades inmediatas, esto significaría un gravísimo retroceso en la vida de México, en su proceso histórico y significaría la cancelación de la vida
democrática, por lo menos en una parte sustancial. No es válido, es un argumento evidentemente poco serio.
Si se trata de discutir una reforma política, se trata de examinar las formas para ampliar la vida democrática, la forma en que los habitantes, en este caso del Distrito Federal, deban participar en lo referente a quienes deben gobernarlos, a cómo deben gobernarlos, a qué tipo de acciones deben realizar en su nombre y representación, no solamente a las cuestiones del cómo o a las cuestiones de carácter administrativo, porque en última instancia, eso sería lo accesorio y no lo sustancial.
Lamentablemente hasta ahora, el Partido Revolucionario Institucional nunca ha fijado una posición clara y definitiva en torno a este problema, y eso obliga a que tengan que andar en esas situaciones gelatinosas patinando, para tratar de fijar una posición en un tema que no tiene tantas complicaciones, que es en extremo claro.
¿Qué es lo que se ha estado discutiendo, no desde hace meses, cuando se estableció la mesa de concertación, no desde hace años, cuando se inició esta administración, sino desde hace muchos años. Exactamente el problema de si los capitalinos debemos tener el derecho, igual que todos los demás compatriotas nuestros, de ejercer el voto universal, directo y secreto, no solamente para elegir al Presidente de la República y a las dos Cámaras del Congreso de la Unión, sino también para elegir a nuestras autoridades de carácter local e inmediato. Ese es el problema.
A veces, en un tema tan simple, justamente por no haber una posición, se le trata de enredar y convertir en complejo lo que no es. Esa es toda la determinación, ni siquiera hablemos de Estado 32 o Estado de Anáhuac, porque a veces eso ya conlleva la intención de enredar el tema con otros; hablemos de Derecho no de elegir a las autoridades inmediatas, por voto universal directo y secreto. Ese es el gran problema.
Todos los partidos políticos, casi todos, parece que ha habido alguna deserción en lo reciente, no estoy seguro de ello, pero hasta poco, por lo menos todos los partidos políticos estábamos de acuerdo en la elección por voto universal directo y secreto de nuestras autoridades, excepto el partido del Gobierno y como no se atreve a declarar con franqueza esto, entonces elude el tema buscando mil formas de enredar la discusión.
La ampliación de la vida democrática del Distrito Federal, o no depende de eso; vamos a avanzar por lo menos hasta igualarnos con los compatriotas nuestros de las otras 31 entidades; vamos a elegir a nuestro ejecutivo local, a nuestro congreso local, a nuestras autoridades inmediatas, todos los ciudadanos de esta entidad por voto universal, directo y secreto. No queremos eso. Bueno, digamos claramente que no queremos eso y que por ahora sólo queremos que se elija por voto universal directo y secreto a alguna a autoridad, a la mejor un congreso local nada mas, y no al ejecutivo, o a la mejor al ejecutivo nada más y no a una cámara, o a la mejor a alguna autoridad con funciones municipales más o menos restringidas. pero si se dan pasos para elegir a ciertas autoridades por voto universal directo y secreto estamos avanzando, aunque sea a paso lento quizá, pero estamos avanzando hacia la ampliación de la vida democrática en la entidad. Si no hacemos eso entonces no hemos dado ningún avance, así se discutan muchas formas de colaboración ciudadana, de uso de suelo, de servicios públicos, que obviamente son harina de otro costal, no son tema de reforma política, no la esencia del tema por lo menos.
Esto es lo primero que interesaría, porque si no también se contamina el problema del plebiscito, como se contamina el problema de la reforma política, es lo primero que debe quedar claro.
Ahora bien, en torno a este problema de la reforma política se instaló la mesa de concertación del Distrito Federal. Han participado en ella todos los partidos políticos, casi todos, para ser más precisos. Nuestro partido lo ha hecho con mucho interés, con mucho entusiasmo, hemos considerado que es una instancia buena, adecuada, promisoria, que de ahí pueden resultar frutos que puedan ampliar la vida democrática de México, así lo hemos planteado allá en la mesa de concertación, yo mismo formé parte de ella en algún tiempo, ahora están otros compañeros atendiendo esa trinchera. Esa es nuestra posición, lo vemos como un buen escenario, un buen foro de debate, un buen foro de discusión entre los partidos, un buen foro para pulsar otras opiniones y un foro del que debieran salir avances en ese sentido, derecho eleccionario, reconocimiento del derecho eleccionario de los habitantes del Distrito Federal. Esperamos no equivocarnos.
Si finalmente no hubiera un solo paso para elegir a nadie, pues entonces con toda autoridad moral declararemos que fue una lamentable pérdida de tiempo esa mesa de concertación, que no sirvió absolutamente para nada. Si de ahí surgieron
sólo reforma en cuanto al reglamento para uso del suelo, pues condenaríamos a quienes no tuvieron la capacidad de dar pasos concretos para ampliar la vida democrática real del Distrito Federal. Por hoy alentamos esperanzas, fundadas nos parece, de que se puedan dar pasos importantes en la mesa de concertación.
En el fondo de debate es derecho eleccionario. Ahora bien, estamos en contra de lo que se ha venido llamando plebiscito, estamos en contra de eso; no porque se pregunte a los ciudadanos si ellos consideran que deben tener el derecho de elegir a sus autoridades. Qué bueno que se les pregunte, eso nos parece positivo; o si éste debe ser un Estado, el Estado de Anáhuac, según lo bautizara nuestro partido en su propuesta. Si los habitantes de esta entidad, según lo planteara el maestro Vicente Lombardo Toledano en 1928, el 16 de marzo de 1928, deben tener plenos derechos de elegir a sus autoridades, posición que hemos mantenido siempre desde entonces y a la que se han sumado.
No, todo esto nos parecería total y absolutamente legítimo.
Nosotros estamos en contra de las simulaciones de todo carácter, de los engaños. No nos parece que se pueda avanzar en ninguna cuestión sería cuando se simula; no nos parece que se pueda ampliar la vida democrática o avanzar hacia la ampliación democrática del país, cuando se simula y el plebiscito o el llamado plebiscito es eso: una simulación.
En primer lugar, no es un plebiscito, empezando por ahí y en eso tiene razón Lerdo de Tejada, ahí sí coincidiríamos, un plebiscito es una figura jurídica del más elevado rango, de rango constitucional generalmente, con un gran peso, con un efecto jurídico determinante, generalmente de carácter obligatorio, y por lo tanto sujeto a normas, a requisitos de control, de vigilancia, de pureza, de proceso, de pureza procesal semejantes de los de cualquier proceso eleccionario.
Si estamos debatiendo en torno a los procesos electorales en México, porque todavía tienen una enorme carga de simulación y de falsificación en sus resultados, a pesar de que operan con una credencial de elector, con un padrón de electores, por ejemplo y con muchas otras normas de órganos de vigilancia y supervisión, todavía quedan muchísimas puertas por donde se pueden alterar los resultados. ¿Qué se espera de una consulta donde no habría ningún control de estos caracteres? ¿Qué órgano pluripartidista vigila, qué órgano pluripartidista califica, bajo qué control de tinta indeleble se sabe que no vuelva a votar un ciudadano que ya lo hizo? No, no es un plebiscito; esto nada tiene qué ver con un plebiscito.
Un plebiscito implica toda clase de controles rigurosos. Esto no es un plebiscito.
Nosotros estaríamos de acuerdo con que hubiera un plebiscito en el Distrito Federal, para que a los ciudadanos se les preguntara; nos parece muy mal que se simule un plebiscito. Eso nos parece absurdo.
Hay otras figuras de consulta pública distintas al plebiscito, hay las encuestas. Una encuesta es un muestreo aleatorio, se pregunta a un determinado porcentaje de la población su opinión a favor o en contra de un determinado tema, y eso tiene una significación; pero aun las encuestas para ser válidas requieren una metodología bastante rigurosa, ¿de qué tamaño la muestra? ¿Cuántos ciudadanos? ¿Cuántos de cada estrato económico? ¿Cuántos de cada edad? ¿Cuántos de cada sexo? ¿Cuántos de cada región de una población determinada?
Esto ni es plebiscito ni siquiera es una encuesta aleatoria. Lejos está de ser siquiera una encuesta aleatoria.
Hay otra modalidades mucho menos rigurosas de consulta pública. Si un compañero trabajador de la comunicación o cualquier persona por simple curiosidad o por un ejercicio ligero, sale a la calle y para a cada ciudadano que va pasando y le pregunta: "Oiga, ¿usted está porque se establezca el Estado de Anáhuac, sí o no?" Bueno, pues es una reforma de consulta pública, y a la mejor les pregunta a 70 personas y de ahí 65 contestan que están a favor y cinco en contra, tiene un valor, pero tiene un valor muy limitado, muchísimo menor que el de una encuesta y desde luego nada tiene qué ver con un plebiscito, nada tiene qué ver con un plebiscito.
Lo que han organizado nueve compañeros asambleístas, seguramente con muy buena intención y con muy buena fe, es simplemente una consulta pública del menor nivel, muy distante de una encuesta formal y sin el más remoto parecido con un plebiscito.
Nos parecería muy respetable si aquí vinieran y dijeran: "Estamos organizando una consulta pública, sí, de carácter ligero y sin mayores controles, para recoger alguna opinión, aunque sea así muy nebulosa, de qué opinan los ciudadanos
del Distrito Federal con relación a este tema" Nosotros vendríamos y diríamos: "Hombre, ¡qué bueno!, buena iniciativa, adelante, los apoyamos, lo vemos con simpatía", pero si a eso le quieren dar el nombre rimbombante de plebiscito y luego vienen y nos proponen que aquí en esta representación nacional reconozcamos como una aportación valiosa al proceso para la ampliación de la vida democrática de la entidad, como una aportación significativa, pues no, les tendremos que decir: achíquenle, nada tiene qué ver en lo absoluto, eso es una mera simulación; no nos parece nada serio.
No, no es plebiscito, no es encuesta, interesa difundir esto para orientar a la población, no se va a hacer ningún plebiscito, ni siquiera una encuesta; se va hacer una consulta sin metodología y los resultados que de ahí se obtengan pues por lo tanto tienen un peso mínimo.
Nosotros estamos seguros de que si fuera una encuesta controlada o por lo menos no manipulada, la mayoría aplastante de los encuestados opinarían a favor del voto universal directo y secreto, ya se han hecho encuestas de ese caracter y se han hecho consultas con metodología y han dado una mayoría absoluta a favor de la elección de nuestras autoridades. Y ésta no tendría por qué dar un resultado distinto. ¡Ah!, pero como no hay control, pues que tal si quienes hasta ahora no han querido comprometerse, quienes andan patinando por ahí con que pues mejor nada más nos quedamos con algunas cosas de carácter administrativo, nos organizan algunos carruseles y va a resultar que el resultado de un supuesto plebiscito, que no lo es, pues también va a ser un resultado falso, que el 90% de los consultados opinaron que están en contra del derecho de elección de nuestras autoridades, bien puede ocurrir eso, y puede ocurrir lo otro.
Por lo tanto, lo que interesa es que quede muy en claro que ésta es una simulación y que nada tiene qué ver lo que de ahí resulte.
Bueno, es un ejercicio, seguramente, repito, quienes lo iniciaron de buena fe, pero lo que va a resultar no podemos... nadie puede respaldar la seriedad de lo que eso resulte.
Y yo diría, la reforma democrática tiene que caminar simultáneamente en dos pies, de lo contrario sería coja desde su planteamiento teórico: derecho de elección por voto universal, directo y secreto, de las autoridades inmediatas, es sólo uno de los pies, el otro es: fortalecimiento del régimen plural de los partidos políticos, fortalecimientos del régimen plural de los partidos políticos y aquí es donde está la otra gran falla de esta concepción, en aras de la idea de fortalecer uno de los dos pies, mocha el otro.
Está la idea basada en esa tesis insostenible de que hay una supuesta dicotomía o una contraposición entre la sociedad civil y partidos políticos; "hágase a un lado los partidos, que hable ahora la sociedad civil". No, no es cierto eso, eso no ocurre en la vida real. La sociedad civil no es una entelequia, no es una abstracción, no es un ente al margen de los demás aspectos de la realidad en que todos nos movemos. La sociedad civil está constituida por todo el conjunto de la población con todos sus intereses de clase y con todas sus concepciones de todo carácter.
La sociedad civil tiene formas concretas de organización en cada una de las actividades. Cuando queremos escuchar la opinión de la sociedad civil en materia de ciencia y tecnología, tenemos que recurrir a la comunidad científica y tecnológica, no hay otra forma; cuando queremos conocer la opinión de la sociedad civil en materia de educación, tenemos que recurrir al sector organizado, preparado, capacitado en esa rama de la sociedad civil, no hay otra forma.
Cuando queremos conocer los intereses comerciales de la sociedad civil, tenemos que recurrir a las organizaciones que agrupan a quienes ejercen esa rama de la actividad, el comercio, dentro de la sociedad civil, no hay otra forma. Cuando queremos conocer la expresión política de la sociedad civil, la forma idónea es a través de los partidos políticos que no son otra cosa que la expresión organizada políticamente de la sociedad civil, no se puede hablar de política de la sociedad civil, si no es a través de los partidos políticos. No se puede, simplemente; a menos que se quiera regresar a la etapa primitiva, antes de que surgieran los partidos políticos. Pero bueno, eso también es profundamente regresivo, aun el sólo pensarlo.
Entonces pues, un ejercicio como el de la mesa de concertación, nos parece ser hoy alentador, en función de que son precisamente, somos precisamente los partidos políticos, es el fruto de todo este largo proceso de más de seis décadas, siete décadas en nuestro país, de existencia de partidos políticos permanentes, el fruto de todo eso, los partidos políticos organizados, los que están discutiendo ahí con seriedad. En cambio esto otro, querer sustituir partidos por sociedad civil, sólo puede llevar a simulaciones, no hay otra solución posible. Simplemente, nueve compañeros asambleístas hacen la convocatoria
inicial, ¿no son miembros de partidos políticos?, lo son; ¿cómo están actuando?, ¿renunciaron ya a sus partidos?, ¿se salieron?, ¿Fueron expulsados?, ¿qué pasa con ellos?, ¿por qué no proceden con seriedad?. Aquí hemos dicho que no es posible que un funcionario público de repente hable a título personal al margen de su función, como tampoco lo puede hacer un ministro de cultos ni lo podemos hacer ningún militante político. Si estamos convocando a una actividad política, evidentemente lo hacemos en plena concordancia con las concepciones e intereses de nuestro partido.
Si aquí se viniera a decir: "Como esto lo convoca el partido fulano de tal, pedimos el apoyo", bueno, pues si es un partido con el que tengamos coincidencias, diríamos: "Vamos a examinar la manera de apoyarlo". Pero si viene a decir: "No es el partido en este momento, no soy como partido, sino soy como ciudadano civil al margen del partido", le diríamos: "Oiga, más seriedad, compañero".
Bien por estas razones, por el hecho de que no es plebiscito; por el hecho de que puede confundir a la opinión pública, por el hecho de que puede prestarse para manipulaciones que atenten contra los avances democráticos, por el hecho de que pueden manejar los supuestos resultados del supuesto plebiscito para combatir la perspectiva de avanzar hacia la elección de nuestras autoridades por voto universal, directo y secreto, por el hecho de que es una simulación, por el hecho de que los compañeros que convocan son miembros destacados de partidos políticos y de repente se ponen un antifaz para pretender que no lo son. Por todo esto, estamos definitiva y radicalmente en contra de este ejercicio de simulación y declaramos que seguiremos luchando con toda energía y decisión, por el establecimiento del Estado de Anáhuac y por el reconocimiento de los derechos plenos de carácter democrático, de todos los habitantes de esta ciudad capital. Muchas gracias.
El Presidente: -Se concede la palabra al señor diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas: - Los plebiscitos son uno de los mecanismos políticos heredados de la tradición jurídica del derecho clásico en la antigua Grecia y en la antigua Roma.
Ya en las leyes de Solón y en las formulaciones democráticas de la constitución ateniense, de Clístenes y de Pericles, se establecían mecanismos de consulta popular a los ciudadanos no nobles o aristócratas para organizar a instancia de los gobernadores de la ciudad una bouble o concilio del pueblo.
Estas bouble eran de elección directa, por el total de todos los ciudadanos de Atenas quienes tenían facultades para expresar su consentimiento, su objeción o su promoción sobre este asunto determinado; autorizar el nombramiento de un magistrado del areópago o magistrado del tribunal superior de justicia de la polis del Atica, también hacían referencia estas facultades a autorizar el nombramiento y movilización de ejércitos o altos comandantes del ejército.
Pero la función más característica de esta consulta a la ciudadanía era la de proponer una decisión o cambio en una forma de Gobierno, o una decisión que afectaba directamente a la ciudadanía ateniense, entendiéndose principalmente las clases populares de la ciudad, y no la aristocracia ni las clases gobernantes, que estaban representadas por la eclessia o asamblea de ciudadanos prominentes.
De esta costumbre se deriva la práctica ateniense de los juicios políticos a ciudadanos y a funcionarios públicos y las consultas para emitir votos de calidad, sobre alguna decisión que afectaba directamente los intereses o las condiciones de participación ciudadana en la polis.
Por ejemplo, cuando las decisiones del Gobierno de la ciudad de Atenas, trataban de empréstitos, aumento de contribuciones o impuestos; sobre reclutamiento de nuevas tropas u leva de emergencia por estado de guerra; cuando tales propuestas eran planteadas por los arcontes de la ciudad (jefes municipales y políticos de la ciudad de Atenas) se convocaba a la boule para que emitiese su fallo de decisión marcando un sí o un no, a la consulta proferida verbalmente por los temósteetes de la ciudad, quienes presidían la eclessia o asamblea de los ciudadanos.
La primera forma de plebiscito, nace en México con el Movimiento de Independencia de 1810. En los campos de Celaya el 21 de septiembre de ese año, cerca de 50 mil hombres eligen de manera plebiscitaria a don Miguel Hidalgo y Costilla, como Capitán General del Ejército Insurgente y lo nombran Jefe de Gobierno, con el título de "protector de la nación".
El mismo sistema de plebiscito fue utilizado para nombrar, meses más tarde, a José María Morelos y Pavón, "Generalísimo".
El artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice que: "La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno".
A juicio del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el plebiscito que habrá de llevarse a cabo el próximo 21 de marzo y mediante el cual se consultará a la ciudadanía del Distrito Federal, sobre la forma de Gobierno que desea, tiene base y estricto fundamento en dicho artículo.
Consideramos que el plebiscito es una forma de intervención directa del pueblo en las decisiones políticas, coincidimos con la afirmación de León Duguit, en el sentido de que el plebiscito es un medio representativo usado en la democracia directa, e inserto en la naturaleza y desarrollo del régimen representativo.
La consulta popular, base del plebiscito, es un instrumento para recoger las aspiraciones y demandas de la población y lograr la participación de los diversos sectores sociales en el Sistema Nacional de Planeación Democrática.
La consulta popular es a nuestro juicio, una de las instituciones más valiosas para lograr la expansión de la democracia. Este procedimiento es un mecanismo de democracia directa o semidirecta como la iniciativa popular, el referendum y el plebiscito.
Dentro del derecho comparado existente en Inglaterra, dos antecedentes en el siglo XVII: el Acta de Habeas Corpus de Jacobo I y el Acta de Sucesión de Carlos I, donde se establecieron criterios para instalar plebiscitos extraordinarios de referendum popular directo, para ratificar el nombramiento de funcionarios designados unilateralmente por el primer ministro.
En Suiza, aún encontramos vigente en la Constitución de la Confederación Helvética de 1802. En su VIII provisión general señala que el referendum es un instrumento consultivo directo para ratificar nombramientos hechos por el jefe de Gobierno y para dar un voto de calidad o confianza al jefe del Estado en funciones, sobre decisiones que afectan directamente la vida cívica de los habitante de cada Cantón suizo. Una adición de la constitución suiza de 1919 estableció que todo plebiscito o referendum será elevado a rango de obligatoriedad para las autoridades gubernamentales, tanto federales como locales de cada Cantón, pues representa la más genuina expresión de la voluntad y el sentir popular.
El referendum ordinario como un proceso de consulta popular directa recogida en legislaciones constitucionales de estados cuya forma de gobierno es el parlamentario, está contemplado en la constitución vigente de la República de Irlanda del Sur.
Actualmente el referendum popular como mecanismo de ratificación popular para legitimar o verificar decisiones del Gobierno se contempla como fuente supletoria del proceso legislativo, en las constituciones de Australia, Dinamarca, Holanda, Japón, Suiza y Uruguay.
Algunas Legislaciones como la constitución portuguesa de 1933, aún vigente y la de Yugoslavia hasta 1989, confunden el referendum con el plebiscito.
La Ley española de 1945, otorgada por Franco establecía que el plebiscito comicial o referendum servía para refrendar o ratificar nombramientos de funcionarios de jefes de gobierno y de funcionarios electos directamente por comicio directo de la ciudadanía.
Incluso en la Grecia clásica, encontramos 800 años antes de Cristo, un antiguo antecedente del plebiscito. Las leyes de Licurgo, en Esparta, establecían que los éforos de la polis pueden hacer consultas a los ciudadanos cuando se trate de asuntos sobre contribuciones, movilizaciones militares o representantes a la apella o asamblea de ciudadanos.
Con todos estos antecedentes históricos, la acción que asambleistas han venido estructurando para consultar mediante plebiscito a la ciudadanía del Distrito Federal, la forma de Gobierno que desea, resulta viable como mecanismo eminentemente democrático: e inclusive, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, no sólo lo apoya moralmente, sino físicamente al convocar a nuestros militantes a participar en la consulta, y hasta económicamente, al aportar 20 mil nuevos pesos, para elementos de logística y de organización.
El plebiscito del 21 de marzo, abrirá cuaces de participación ciudadana en la búsqueda de mejores y más congruentes formas de Gobierno para esta gran ciudad de casi 20 millones de habitantes, que por momentos parece desbordarse.
Los partidos de oposición hemos coincidido en varios foros, en que el Distrito Federal debe convertirse en el Estado del Valle de México, y a esta propuesta diversas voces gubernamentales y por ende, lo rechazan.
Los parmistas consideramos que la opinión de los habitantes del Distrito Federal es fundamental para darse el Gobierno que desea y que la de decisión en este aspecto no debe provenir sólo del Gobierno, sino fundamentalmente de quienes transitan, viven y sufren a diario por los errores que se cometen en el manejo de este enorme monstruo capitalino.
Serán habilitadas 3 mil casillas para que la ciudadanía concurra a votar. El cómputo será efectuado por la organización Rosenblueth, con resultados el mismo día.
Los partidos políticos debemos dejar en libertad a sus militantes para apoyar esta reforma democrática plebiscitaría. Creemos que las mesas de discusión de reforma política para el Distrito Federal, no deberían rechazar el plebiscito, sino por el contrario, incorporar sus resultados a aquellas.
Independientemente de los resultados que el plebiscito obtenga el próximo 21 de marzo, debemos reconocer que ha surgido en nuestros tiempos, una forma distinta de hacer política: la consulta directa a la ciudadanía sobre la forma de Gobierno que se desea. Los parmistas consideramos muy democrática esta forma de actuar en política.
En el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, sin capuchas de ku klux klanes, sin antifaces, directo y abiertamente, consideramos de fundamental importancia todo aquel esfuerzo que se realice para tratar de darle impulso a las libertades y a la democracia en el país.
Consideramos que la democracia se perfecciona con su ejercicio y toda aquella actitud tendiente a obstaculizarla, a violentarla, a impedirla, trae en consecuencia etapas regresivas de las cuales los mexicanos y ya no quisiéramos recordarlas en la historia.
Para hablar de plebiscito, hablar de referendum y hablar de consulta popular, tendríamos que remontarnos a etapas históricas de Grecia y Atenas, en donde los estudiosos de la ciencia política, de la teoría del Estado y todas estas actividades que ustedes manejan con especial maestría, podrían encontrar sus orígenes. Sin embargo, consideramos nosotros que ha sido un anhelo del pueblo de México entero el perfeccionamiento con el ejercicio de la democracia; que en vida independiente, en aquellas luchas iniciales de 1810, ya el pueblo de México entero, con sus mestizos, con sus indígenas y con las diversas presencias de quienes dominaban entonces, ya anhelaba fundamentalmente que su voz fuera escuchada, su voluntad respetada y sus determinaciones fueran formas de Gobierno.
Lamentablemente el pueblo de México ha transitado durante muchos años y en cada una de las proclamas revolucionarias, aún las centralistas, encontramos que el pueblo y quienes guían esos movimientos, luchan por el respeto al auto popular, luchan por la democracia y luchan por la libertad y no obstante que en 1910, ésta es una proclama fundamental del movimiento social revolucionario: la libertad del sufragio y el respeto efectivo, trae en consecuencia que esto es recogido en 1917 en la Constitución correspondiente y a pesar de los años transcurridos, sigue siendo un anhelo insatisfecho del pueblo de México, que en cada proceso electoral se ve despojado de auténticos triunfos obtenidos en las urnas, en donde es violentada la soberanía popular.
Nueve asambleístas, no sé si con capucha o sin capucha, ku klux klanes o no ku klux klanes, pero obviamente firmando convocatorias correspondientes, han hecho un llamado a la ciudadanía del Distrito Federal para cuestionarlos el próximo 21 de marzo, sobre algunas preguntas fundamentales que bajo ninguna circunstancia debería de alarmarnos en este recinto, pues son anhelos que el pueblo de esta capital de la República ha venido sostenido desde hace muchos años y fundamentalmente a partir de 1928, cuando desapareció esta entidad como municipio y se constituyó en área del Distrito Federal.
Estas preguntas que habrán de formulársele a la ciudadanía, que alguien señaló en ocho millones de habitantes son muy concretas y son muy específicas: desean un congreso local, desean voto directo y desean que se establezca en esta área territorial, el estado correspondiente, que si bien los compañeros de algún otro partido denominan de otra forma, nosotros lo llamamos el del valle de México. Pero no tendríamos ningún inconveniente en encontrar alguna coincidencia y lograr un común denominador una vez que se establezca esta 32 entidad y nombrarle como la votación democrática así lo permite.
Considerar que este esfuerzo es estéril, considerar que este esfuerzo no es un engaño, considerar que este esfuerzo no tiene caso, obviamente no encuentra en nosotros coincidencias porque consideramos fundamentalmente que el pueblo de México entero está luchando no solamente en esta capital de la República, sino en los cuatro puntos cardinales del país; desde el Bravo hasta el Suchiate, desde el Golfo de México hasta el Pacífico, para que se respete su voluntad popular.
Estamos conscientes de las diferentes irregularidades que el proceso electoral se dan. El propio Presidente de la República en el pasado informe de Gobierno hizo una convocatoria a la ciudadanía y los partidos políticos para que participaran en una reforma política. El habló en aquel entonces de cuatro puntos fundamentales, entre los cuales destaca con especial claridad lo correspondiente a las prerrogativas y recursos que los partidos manejan, a los topes de campaña.
Pero posteriormente, algunos otros funcionarios electorales han señalado con toda claridad que esta catálogo de propuestas y necesidades políticas y electorales del pueblo de México, puede ser sustancialmente ampliados. Hace días tuvimos la oportunidad de estar presentes con el señor secretario de Gobernación, por unas declaraciones que en México entero alarmaron en donde considerábamos por esto que recogió la prensa nacional y concretamente "el periódico de la vida nacional", El Nacional, se estaba descalificando anticipadamente y a priori, parte de los avances, de los deseos, de los proyectos de avance democrático que tienen los partidos.
Los diversos coordinadores de las agrupaciones políticas, en una audiencia que gestionó de inmediato atendiendo nuestras respetuosas solicitudes, el señor licenciado Fernando Ortiz Arana, diputado federal también, recibió a los integrantes de esta comisión y ahí los diversos partidos lo cuestionamos a tal efecto, respondiendo de inmediato que no había límite para la lucha, de los alcances y de los avances, dentro de la reforma política electoral.
Nosotros el PARM consideramos que el único límite es el que voluntariamente nos podemos establecer los partidos, fundamentalmente aquellos ajenos al del Gobierno, por no tener por encima de vanidades, de soberbias, de egolatrías y de actitudes protagónicas, la generosidad y el interés patriótico para reunirnos entre nosotros y encontrar los consensos adecuados que nos permitan llevar con una estructura granítica a estas llamadas mesas de concertación, a estas llamadas mesas en donde están todas las agrupaciones políticas luchando para tal efecto y tratar de señalar en puntos fundamentales que podrían ser no más de 10, los aspectos medulares de lo que nosotros consideramos, por nuestras experiencias en las luchas, han sido el gran obstáculo para el avance democrático del pueblo de México.
Que en el Distrito Federal existan inquietudes de plebiscito, a quién asustan; que si en el lugar de plebiscito es consulta, que si en lugar de plebiscito es referendum, que si en lugar de plebiscito es una encuesta; el nombre que ustedes quieran aplicarle, ésta es la posibilidad de establecer un ejercicio democrático al alcance del ciudadano, para que por primera vez en la historia contemporánea de esta capital de la república, los citadinos capitalinos tengan a su alcance la posibilidad de que por encima de mordazas, intereses, conveniencias, consignas o presiones, emitir libremente en un documento fundamental, cuál es su criterio sobre la forma en que debe ser gobernado el Distrito Federal.
Parece ser que en estas reuniones de repente hubo quienes resultaron más papistas que el Papa. Yo sé que ésta no es una voluntad determinada del Regente de esta capital de la República, don Manuel Camacho Solís, el luchar a favor de plebiscito, pero tampoco hemos encontrado quienes residimos en esta capital de la República, que esté obstaculizado formal u oficialmente estas inquietudes ciudadanas.
Parece ser que el solo hecho de consultar a la ciudadanía, pone a temblar a aquellos que se han anidado u ocultado durante muchos años en los negros vericuetos de la artimania, de la alquimia electoral y de la antidemocracia. Qué podríamos perder en esta capital de la República por permitir que la ciudadanía, en un ejercicio de su soberanía nacional, pudiese emitir con toda claridad su opinión sobre estos cuatro aspectos fundamentales; de qué se pueden doler algunos sectores oficiales, que ni tan siquiera están siendo reclamados, para otorgar los recursos, los fondos y los dineros necesarios como para darle organización a esta estructura que en 3 mil casillas habrá de recoger la opinión y la voluntad de los habitantes del Distrito Federal.
Por eso el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, obviamente ajeno a cuestiones de capuchas ku klux klanes ajeno a antifaces y en forma directa, desde el inicio de este año, entró en coordinación y en contacto con los firmantes de esta convocatoria, y no solamente les
manifestó su interés, no solamente les otorgó su simpatía, sino se hizo corresponsable de aquella estructura y de aquellos recursos económicos que se requieren para darle sustento a estas mesas de recepción de la voluntad popular en el Distrito Federal.
Hay quien dijo y con razón en esta tribuna, que probablemente algunas instituciones gubernamentales... discúlpenme, él no lo dijo así, algunas instituciones podrían llevar a efecto para alterar la voluntad popular, el carrusel tratando de expresar emisiones de voluntad muy diferentes a aquellas que legítima y autónomamente pudiesen declarar los habitantes del Distrito Federal. Yo siento que es un riesgo al que los mexicanos están dispuestos a enfrentarse
Esta capital de la República, sí es cierto, como lo decía alguien hace algunos momentos, tiene 8 millones de habitantes, sin tomar en cuenta la zona conurbada, pero en estos 8 millones de habitantes, tendríamos que tener mucha capacidad matemática y analística, para poder determinar con una precisión cercana a la verdad, cuántos de esos 8 millones de habitantes, realmente son originarios del Distrito Federal. Esta capital de la República, es un mosaico del conglomerado nacional.
Sin duda, aquí en el Distrito Federal, en esta consulta popular, en esta encuesta, como alguien lo quiso decir, en este plebiscito o en este referendum, o finalmente en ninguna de estas figuras, solamente en esta pregunta que se está formulando, ciudadanos de todas las latitudes del país, a través de esta oportunidad, habrán de emitir su opinión sobre algo que quieren que suceda en todos los confines de la patria, que efectivamente se quiten los escollos para los avances democráticos, que efectivamente se abran los espacios de la libertad, que efectivamente se consulte al pueblo en las grandes decisiones nacionales, que efectivamente los habitantes del Distrito Federal, tengan un Congreso local con capacidad legislativa, tengan autoridades propias, resultando de voto directo y en su momento sean considerados como ciudadanos, semejantes a los del todo el país.
Por eso el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, participa con simpatía, participa con apoyo y participa con organización, dentro de esta convocatoria al plebiscito que está formulando es esta capital de la República, conscientes que es un esfuerzo que están realizando.
Probablemente nueve compañeros asambleístas, las mayoría de ellos con los cuales en el PARM no tenemos ningún contacto ni ninguna identidad, en donde hemos pretendido, por encima de intereses partidistas, por encima de soberbia, por encima de egolatría, por encima de protagonismo y a pesar de que no fue idea nuestra, hemos pretendido darle cauce a esas inquietudes, como un ejercicio más que el pueblo de México entero está realizando, para tratar de que las autoridades escuchen su voz, abran la puerta y den cauce a la democracia.
Dieciséis entidades con gobernadores interinos, otros tantos estados con efectos electorales, los tres de hace días que no dejaron satisfecho a nadie, han prendido en el panorama nacional las luces de la emergencia, las luces de alarma, una alarma y una emergencia que los mexicanos de todos los partidos, pensando en México, debemos de atender con responsabilidad para realizar en estas mesas de concentración en estas actitudes de plebiscito y en estas juntas de los partidos, en esta propia Cámara de Diputados, el mejor de nuestros esfuerzos para que el pueblo de México entienda que a través del cauce democrático, que por las vías del derecho, que por las vías de la tranquilidad, que por las vías de la legalidad los mexicanos podemos resolver los graves problemas que confrontamos todos en el territorio nacional.
Nosotros, en el PARM, consideramos que probablemente ésta sea la última oportunidad que tenemos los mexicanos todos, para dirimir por las vías de la democracia, la tranquilidad, el orden y la legitimidad, estas grandes diferencias.
Si aquellos encargados de administrar la justicia, si aquellos encargados de lo cual somos corresponsables al momento de llevar a efecto la legalidad, la limpieza, la pulcritud de los procesos electorales, no tenemos este deseo ferviente del pueblo de México, nos habremos puesto de espaldas a la historia.
Es cierto que la democracia es querida lo mismo por un partido que por otro; es cierto que todos pretendemos no solamente darle vida, sino que todos queremos fortalecerla, pero también es cierto que si la cuidamos, so nos podría morir en las manos y volveríamos a etapas que considerábamos ya muy superadas en el concierto nacional. Muchas gracias.
El Presidente: - Concedemos la palabra al señor diputado Alberto Carrillo, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, para referirse al tema que nos viene ocupando hace ya algún tiempo.
El diputado Alberto Marcos Carrillo Armenta: -Señor Presidente:
Desde hace mucho tiempo la democratización en el Distrito Federal ha sido y sigue siendo uno de los reclamos no nada más de los partidos políticos, de muchas organizaciones sociales, sino principalmente de la ciudadanía capitalina.
Oposiciones y partido en el Gobierno hemos coincidido en la necesidad del cambio político, prácticamente nadie defiende al estado actual de cosas.
A pesar de ello, a pesar de estas coincidencias, aún no se da un acuerdo en el método para realizar la transformación política que la ciudad y el Distrito Federal, la capital de la nación, reclama; ha faltado que mediante cambios jurídicos se posibilite que los ciudadanos elijan por medio de su voto directo a sus gobernantes.
El Partido del Frente Cardenista es una corriente pionera en este afán, este afán de cambio para el Distrito Federal; parte fundamental de la legitimación de nuestra representación como partido proviene del voto de los electores de este lugar del país.
El mandato del elector capitalino por el cambio democrático, ha sido claro, muy claro en las dos últimas elecciones federales. Las fuerzas interesadas en el cambio hemos avanzado. Por eso consideramos que ahora ya es conveniente dar pasos para realizar modificaciones sustanciales en la Constitución General de la República, para modificar la forma de designación de las autoridades del Distrito Federal por la elección directa de gobernantes en la ciudad de México. Pensamos que existe un amplio consenso en este sentido.
Las discrepancias entre las fuerzas políticas del Distrito Federal no se dan en cuanto a que los ciudadanos elijan a sus gobernantes, se expresan principalmente en qué tipo de Gobierno debe de posibilitar esta situación. Pero creemos que se puede avanzar en fórmulas imaginativas que tiendan y posibiliten la convergencia democrática.
Otra diferencia que se ha dado entre las fuerzas políticas es en los métodos para procesar los acercamientos.
De manera irresponsable grupos políticos con pretensión hegemónica, por impulsar atropelladamente, frenan, paradójicamente, la transformación democrática del Distrito Federal, haciendo juego a corrientes medrosas partidarias del inmovilismo que no aprenden de las elecciones democráticas de las dos recientes elecciones en el Distrito Federal.
En la Asamblea de Representantes se ha seguido un método de discusión y se han realizado un foro de consulta en donde han participado diversos sectores de la sociedad capitalina. Ha concluido este foro y se espera que los resultados emanados de él contribuyan a la reforma política que se plantea; así también hay un proceso abierto en donde participa esta Cámara de Diputados y que va a jugar un papel para propiciar la apertura de los cambios democráticos en cuanto a la elección de autoridades del Distrito Federal se refiere.
Se ha insertado en las discusiones la pertinencia de llevar a cabo un plebiscito en el Distrito Federal; el plebiscito, como se sabe, se basa en obtener resoluciones adoptadas por los ciudadanos en consulta directa; tiende a expresar más fielmente los actos de voluntad popular; es una forma de democracia semidirecta, mediante la cual el pueblo exterioriza su opinión sobre un hecho determinado de la vida política. Nosotros estamos de acuerdo con esta figura imaginativa de la democracia participativa, tiene grandes bondades y puede contribuir al desarrollo de la democracia en México.
Debe consultarse al pueblo de México sobre decisiones que encierran una elevada responsabilidad e importancia en la vida política, no nada más en el caso que se plantea de la ciudad de México, sino otros asuntos de relevancia nacional. Así nuestro partido lo ha expresado en todos los foros a los que ha tenido acceso.
No obstante, quisiéramos hacer consideraciones al respeto del debate que ahora se plantea. Nos interesa comentar principalmente contextos desventajosos a la realización del plebiscito que se plantea.
Esta figura la valoramos, pero nos preocupa el ambiente preelectoral federal, el momento en que se da y el uso que ciertas corrientes políticas pretenden darle. La sana intención del plebiscito no debe ser contaminada.
Preguntar al pueblo que diga si quiere o no la democratización del Distrito Federal resulta, desde nuestro punto de vista de aquí se ha dicho, una obviedad. Bien sabemos que no existe un sector ciudadano representativo que se oponga a ella.
Creemos que la figura del plebiscito debe cuidarse, para que no se preste para retroceder en consensos generados en la misma Asamblea de Representantes o en el foro que se abrió en el Distrito Federal, o los que se puedan ganar en la Comisión Plural que está funcionando en estos momentos.
No se debe descalificar, a nuestro parecer, propuesta y opiniones muchas de ellas muy acertadas que fueron vertidas en el foro de consulta que se llevó a cabo recientemente y que aún no maduran en propuestas legislativas
Efectuar, pues, un plebiscito es una tarea de enorme trascendencia. Debe reunir el requisito de ser creíble y de influir en las transformaciones del sistema legal; disponer de recursos medios y técnicas que lo hagan confiable.
Deben, en ese sentido, valorarse sus riesgos e impedirse su manipulación por dos vías: La vía del dolo y la tendencia, el prejuicio, el dolo, el sesgo y la parcialidad, o incluso su manipulación por la vía de la buena fe, por la falta de previsiones o recursos que distorsionen el procedimiento.
Es aquí donde quiero hacer una diferenciación y una crítica, con la argumentación a favor que hizo nuestro compañero diputado González Durán. La idea del plebiscito y de la comisión y la gente, o los ciudadanos que trabajan alrededor de este proyecto, efectivamente, son respetables; su empresa moralmente es justa, pero políticamente es muy cuestionable.
Yo quiera hacer algunos cuestionamientos que, desde nuestro punto de vista, implican el cuestionamiento político de la respetabilidad de esta comisión.
Primero, la comisión y sus promotores más cercanos; efectivamente, no es una conformación partidista. Pero, compañeros, desde nuestro punto de vista, esto no garantiza su imparcialidad, pero tampoco garantiza la autoridad para atribuirse una representación que ahora se abrogan.
Los ciudadanos son respetables, sus integrantes son respetables ciudadanos, pero eso no hace de por sí a la comisión respetable. El respeto de una comisión respetable. El respeto de una comisión proviene del reconocimiento que se tenga de la capacidad de llevar a cabo la misión propuesta. El respeto no puede ser a priori; no es un respeto moral el que se requiere para la tarea que se propone; se requiere un respecto que provenga de la capacidad con que la consulta al pueblo se realice.
De una buena concurrencia a un plebiscito hay una gran diferencia, diferencia la diferencia del cielo a la Tierra. Implica respecto de la Comisión al ciudadano del Distrito Federal, el plebiscito. Esta es la consideración fundamental que debemos de hacer, desde nuestro punto de vista; el plebiscito implica un profundo respecto al pueblo, a su consulta y a sus posibles decisiones.
Y yo preguntaría: ¿las preguntas que se van a formular son las adecuadas, o es un falta de respeto, lo que ya implica una tendencia previa, una posición predeterminada?
Los recursos con que esta comisión va a realizar su misión son espontáneos, son recursos que no hay posibilidad de cuantificarlos, son recursos que podrán darse o no darse de acuerdo a circunstancias que no se gobiernan, ¿Y no implica eso un grave riesgo de manipulación? ¿No hay la posibilidad de que el plebiscito se frustre? ¿No han pensado los autores de esta idea de que la idea fracase implicando un riesgo entre la manipulación o la posible manipulación y la frustración?
Otra pregunta que yo haría: ¿no hay el riesgo de que esta consulta, de que este plebiscito sea de élite para élites, donde participe la parte culta, la parte bonita de la ciudad de México? ¿Hay acaso garantías de que se consulte a los sectores populares a las barriadas, a las extensas zonas de barriadas de la ciudad de México? Y, finalmente preguntaría: ¿es oportuno ahora el plebiscito?, ¿no hay acaso un proceso abierto al que debemos ahora en principio abocarnos? ¿No es precipitada esta consulta?
Desde nuestro punto de vista creemos que estas interrogantes plantean serias dudas que implica el reconocimiento a la respetabilidad de la comisión. Insisto, desde nuestro punto de vista los ciudadanos que han convocado a este plebiscito son moralmente respetables, pero desde nuestro punto de vista políticamente no es respetable su método, su propuesta, sus tiempos y sus propuestas ahora.
Tenemos claro que la figura del plebiscito no se encuentra contemplada en la legislación mexicana, tampoco evidentemente se prohibe su utilización o su realización. Cualquier ciudadano, cualquier grupo de ciudadanos tienen la libertad de instalar urnas y preguntarle a los ciudadanos si están o no de acuerdo con alguna situación en particular. Pero tratándose de una reforma que implica aspectos tan profundos como la democratización del Distrito Federal, debemos, desde nuestro punto de vista, actuar con seriedad
y responsabilidad. Las figuras como el plebiscito no pueden ser utilizadas para ejercer presiones de que se acepten los métodos que determinado partido propone, la opinión de los ciudadanos no se debe limitar a si están o no de acuerdo con una propuesta en particular, sino que debe ser amplia para poder obtener conclusiones válidas que fortalezcan la vida democrática en la que todos estamos interesados. Gracias.
El Presidente: -Sobre el mismo tema, tiene la palabra el diputado Víctor Orduña Muñoz, del Partido Acción Nacional.
El diputado Víctor Martín Orduña Muñoz: - Señor Presidente; señoras y señores legisladores:
Un punto común indiscutible en esta discusión es el hecho de que las diferentes fuerzas políticas se han manifestado porque es necesario modificar la estructura política de este Distrito Federal. No es posible seguir continuando con este Estado que algunos mencionamos y decimos antidemocrático, en la forma en que tenemos a las autoridades de este Distrito Federal.
No estamos de acuerdo con algunos señores legisladores que descalifican la actuación de nuestros hómologos en la Asamblea de Representantes y dicen que esas preguntas están buscando una respuesta predeterminada, que no lo hicieron con el método correcto, que seguramente es una aventura a hacer este plebiscito porque pues no hay una figura jurídica que pueda obligar o que los resultados obliguen.
La verdad es que yo creo que el tema ni siquiera debió haberse traído a esta Cámara de Diputados, los señores asambleístas que decidireron hacer esta forma de opinión a la ciudadanía, no necesitaban nuestro apoyo, ni lo necesitan y no lo necesitan porque constitucionalmente están haciendo uso de una facultad constitucional que es la de convocar a consulta pública. Y ellos consideraron que ésta es una forma de consulta pública. Desafortunadamente bueno, pues tal vez el nombre no haya sido el indicado, porque efectivamente no encontramos en nuestra legislación el nombre de plebiscito. No tiene ninguna relación con el referendum, el referendum se refiere al hecho de aprobar o desechar una ley o un reglamento.
El plebiscito como no lo tenemos definido nosotros, bueno, debe ser una forma o debe entenderse como una forma de consulta ciudadana; por ello no necesitan los asambleístas nuestra opinión o nuestro respaldo. Nosotros en atención a eso y en atención a la cátedra política que vino a dar aquí el maestro Durán, queremos decirles bueno, pues que respetuosamente consideramos que este Congreso o esta Comisión Permanente no debe pronunciarse si apoya o no al plebiscito; es un ejercicio manifiesto de una facultad constitucional que están haciendo los asambleístas y cualquier intento, cualquier manifestación ciudadana, bueno, pues es bien recibida y es aplaudida. Yo creo que además es un buen intento por ir buscando nuevas fórmulas democráticas en México.
Y le queremos decir a los compañeros del PRD, que consideramos que no debamos aprobar primero, porque esta figura de plebiscito no está considerada en nuestro régimen jurídico. Segundo, porque es una figura que ya ha sido incorporada a la agenda de la reforma electoral que va a tratar la Cámara de diputados. Entonces, para no prejuzgar sobre nuestra opinión del plebiscito, preferimos no manifestar una opinión en este sentido. Pero sí reiterarles que cualquier manifestación ciudadana, cualquier manifestación de consulta ciudadana, siempre será bien recibida. Muchas gracias.
El Presidente: -Gracias, diputado Orduña. Sobre el mismo asunto se le concede la palabra al senador Manuel Aguilera.
El senador Manuel Aguilera Gómez: - Con su permiso, señor Presidente, señores legisladores:
El tema es: el plebiscito, no el contenido de la reforma política del Distrito Federal y a ése me voy a abocar.
En calidad de coadyuvantes de las prácticas democráticas y de los procesos legislativos, en varios países se han implantado diversos mecanismos de participación de la ciudadanía en las decisiones políticas que habrán de normar la conducta pública, la conducta gubernamental, mediante disposiciones de carácter general. A menudo se trata de instancias, acerca de una cuestión que ha sido ampliamente difundida entre la opinión pública y acerca de la cual los ciudadanos tienen un conocimiento extenso y suficiente sobre sus alcances y consecuencias de sus decisiones.
Estas prácticas son, de acuerdo con el derecho público, cuatro; el referendum, la consulta popular, la iniciativa popular y el plebiscito. En México, las tres primeras figuras jurídicas se encuentran previstas en nuestra legislación relativa al Distrito Federal. En cambio, el plebiscito
es una figura inexistente en la legislación mexicana. Lo que ocurre es que a menudo se utiliza el término plebiscito, cuando en realidad se trata de referendum.
Las experiencias de Uruguay, Chile, Quebec y algunas otras que se han mencionado, tienen las características de referendum, en términos de la legislación mexicana, aun cuando se les confiera el título de plebiscito.
El referendum normalmente es un procedimiento de consulta que se aplica para conocer la opinión de los ciudadanos en torno a un proyecto legislativo definido antes de ser presentado al debate y eventual discusión de los órganos de representación popular. Su característica fundamental consiste en que se somete al juicio de los ciudadanos un proyecto claramente definido, enteramente conprensible en sus alcances para la ciudadanía. Esto es fundamental. Si la mayoría de los ciudadanos no están suficientemente informados acerca del contenido y alcances de los proyectos legislativos que se les presenta a su consideración, el sistema de consulta estará viciado de origen, porque la mayoría votará a ciegas en un proyecto que no comprende, un proyecto del cual no ha sido informado acerca de sus implicaciones y consecuencias.
Ahora bien, establecido el marco general en el que se pretenda el llamado plebiscito, es oportuno ahora abordar el asunto desde la perspectiva política.
En primer lugar, habida cuenta del carácter extralegal, no ilegal, sino alegal, no vinculatorio al que se ha hecho referencia, es evidente que el llamado plebiscito plantea preguntas a la ciudadanía que da lugar a varias interpretaciones.
¿Esta usted de acuerdo en que el Gobierno del Distrito Federal sea elegido por voto universal y directo? Naturalmente que los ciudadanos van a opinar afirmativamente. En este sentido es preciso recordar que las autoridades del Distrito Federal son electas por voto universal y directo, de todos, de todos los ciudadanos mexicanos que acuden a las urnas en el país.
El asunto central reside en que no ha sido dilucidada suficientemente en la opinión pública la naturaleza de este territorio que llamamos Distrito Federal.
Desde hace 170 años, desde que se creó la República, siempre se ha aceptado la existencia del Distrito Federal como un territorio de toda la federación y por ello su Gobierno es expresión de la voluntad mayoritaria de los ciudadanos de toda la República, a través de la elección del Presidente de la República. Por esta razón, desde siempre, subrayo, desde siempre, el Gobierno central del Distrito Federal ha estado a cargo de dependencias del Poder Ejecutivo y sólo en algunas etapas, coexistiendo con las estructuras gubernativas centrales, se instauraron gobiernos provinciales, municipales, de elección popular.
A menudo cuando se abre el debate en torno al Distrito Federal, la lectura fácil y superficial de los antecedentes históricos, llevan a una confusión de que el ayuntamiento de la Ciudad de México era el Distrito Federal. Eso no corresponde a la verdad histórica. El ayuntamiento de la ciudad de México era uno de los tantos ayuntamientos, de los varios ayuntamientos que existieron en el Distrito Federal.
Un territorio destinado a la residencia de los poderes federales, no es algo privativo de la organización política mexicana. En América Latina se crearon zonas territoriales conocidas como: "Distritos Federales". Sin embargo en cada nación se fueron imprimiendo modalidades específicas a la organización política de esos territorios , atendiendo a la diversidad imperante en la actualidad, hoy podemos afirmar que no existe un paradigma de organización política de las capacidades latinoamericanas. Cada nación ha instituido formas de Gobierno específicos casi siempre de excepción, frente a las formas de Gobierno de las provincias del resto de los países.
En rigor, lo que debe ser planteado a la ciudadanía, es su anuencia acerca de si desea o no la instauración de un Gobierno propio, un Gobierno propio en el Distrito Federal, entendiendo, comprendido las responsabilidades de ellos; tener un Gobierno propio significa sostener la administración pública con recursos propios y con las participaciones federales convencionales, asumiendo, adicionalmente, la obligación de los gastos de educación pública básica y de salud, gastos a los cuales el Distrito Federal no contribuye esencialmente hasta nuestros días.
Análoga confusión surge con motivo de la pregunta alusiva a la creación del Estado 32. Aquí la ciudadanía tiene ante sí por lo menos, dos opciones que debe previamente analizar y evaluar: o se está planteando con esa pregunta la reubicación del Distrito Federal a otro territorio distinto de Valle de México, o se está planteando la desaparición, la extinción del Distrito Federal.
Para mí ésas no son las cuestiones esenciales en el debate, pero si esos fueran los alcances de la propuesta del llamado plebiscito, sería ésta una decisión que tendría que ser planteada a toda la República, todos los mexicanos y no solamente a los ciudadanos del Distrito Federal la desaparición del Distrito Federal es una cuestión que implicaría una transformación fundamental, crucial, en la organización y destino de la República y en la redefinición del Pacto Federal.
En todos los debates sobre la organización política de la nación como una República Federal, en los debates de las constituciones de 1824, de 1857 y de 1917, jamás se puso en tela de juicio la necesidad política de la existencia de un territorio destinado a la residencia de los poderes de la Unión, jamás, lo que se ha debatido y ahí esta en las memorias de los Congresos Constituyentes y lo que hoy es objeto de debate, alude a forma de Gobierno interior del Distrito Federal y no a su extinción. Por éstas y otras razones, me parece improcedente la pregunta que sobre este tema plantea el proyecto de plebiscito.
Otra pregunta que se formula se refiere a la desaparición de la Asamblea de Representantes y la instauración de un Congreso local. Creo que en ese tema, como en los demás, la reflexión ha sido insuficiente. La Asamblea de Representantes del Distrito Federal tiene facultades reglamentarias de las leyes de fuero común. En rigor, su creación la renuncia del Ejecutivo de la Unión de sus facultades para reglamentar las leyes aplicables al fuero común en el Distrito Federal, facultades que fueron conferidas por mandato constitucional a un órgano de representación popular.
En todo el país las facultades reglamentarias de las leyes, recaen en los Ejecutivos locales y para el fuero federal, en el Presidente de la República. Por tanto creo, estoy convencido que la Asamblea es un avance extraordinario que no ha sido suficientemente valorado. Creo que suprimir la Asamblea e instaurar un Congreso local, significaría que la voluntad popular renunciase a las facultades reglamentarias, importantísimas, que actualmente tiene. Sería, en mí opinión, un grave error y un retroceso en la vida institucional del país.
Sin dogmatismos considero que es posible construir un amplio consenso en el sentido de que es conveniente y necesario ampliar las facultades de la Asamblea en algunos capítulos legislativos, compartiéndolos, según su naturaleza, con la Cámara de diputados o con la Cámara de Senadores, pero sin que sea jurídica y políticamente preciso que renuncie a sus facultades reglamentarias.
Todos estamos conscientes de que las preguntas que se plantean a la ciudadanía, entrañan decisiones de una enorme trascendencia para la vida de toda la nación. Por ello es preocupante que la forma como han sido planteadas, den lugar a una amplia gama de interpretaciones jurídicas y políticas.
Creo que la ciudadanía del Distrito Federal y de país, no ha sido suficiente y objetivamente informada, por parte de los promotores de esta iniciativa, acerca de los alcances y de las consecuencias de un sí o de un no.
En fin, a partir de la forma como hasta el día de hoy, subrayo, hasta el día de hoy aparecen redactadas las preguntas que se pretenden presentar a la opinión pública, no pueden esconder la intención de la respuesta de los patrocinadores. No son preguntas nuestras, sino han sido elaboradas con la intención de esperar una respuesta en un sentido preconcebido.
En efecto, los patrocinadores de la iniciativa, parecen estar menos cautivados por la idea de conocer realmente la opinión de la ciudadanía, y más interesados en conseguir una respuesta de la ciudadanía, favorable a sus propias preferencias políticas. Prueba de mi aserto es que ya se han formado paralelamente comités en favor del sí, comités integrados por miembros conspicuos del comité patrocinador y los carruseles, señor diputado, son prácticas que nunca han tenido signo ideológico ni partidista.
El esfuerzo realizado por los organizadores del plebiscito habrá de ser, en todo caso, complementario al proceso de reforma y seguramente podrá llegar a ser útil. Sin embargo, uno debe preguntarse: ¿puede resolverse con un sí o con un no, la complejidad de una reforma como la que tenemos bajo nuestra responsabilidad?, pero sobre todo, ¿no estamos en peligro en estos tiempos, de caer en la ilusión de que se puede construir y perfeccionar la democracia sin la participación de los partidos políticos? O ¿acaso se puede incurrir en la ingenua e ilusa idea de que es posible fortalecer la democracia, debilitando a los partidos políticos?
Nosotros no encontramos incompatibilidad entre el ánimo democrático de académicos, intelectuales y líderes, de opinión y la responsabilidad política de los dirigentes de las principales fuerzas políticas de la ciudad y del país, de abordar
con serenidad, pero desde luego con visión y perspectiva histórica, el tema de la reforma política de la ciudad.
Y la reforma política de la ciudad, las reformas al Gobierno de la ciudad, de las reformas al Gobierno de la ciudad capital de la República, habrán de ser reformas políticas, diputado Amezcua, no reformas administrativas. Los que estamos reunidos en torno a la mesa de concertación, somos los representantes de las fuerzas políticas, no estructuradores de reformas administrativas. De lo que tratamos de analizar, convenir y pactar, son reformas al Gobierno, no a la administración del Gobierno, sino a las formas del Gobierno.
Estas reformas deben entrañar diversas cuestiones, que sin duda interesan vivamente a los ciudadanos, como son el manejo institucional de la administración metropolitana, la participación de los vecinos en los gobiernos locales, la implantación de un sistema de seguridad colectiva y las reformas al régimen de impartición de justicia, sobre todo en lo concerniente a aquélla que está en contacto diario de la ciudadanía y también, diputado Amezcua, la reforma naturalmente habrá de comprender las formas de legitimación del ejercicio del poder político en la ciudad capital.
Todos debemos entender que esta delicada cuestión no puede quedar atrapada en los propósitos de los partidos políticos, que por voluntad natural están interesados en ampliar sus márgenes de participación electoral. La reforma debe dar respuesta a las demandas de los ciudadanos del Distrito Federal, mediante la creación de un nuevo y novedoso marco de instituciones republicanas, que amplíen la vigencia de la democracia representativa, de la democracia solidaria, preservando el Distrito Federal.
Recurso anticipadamente cualquier interpretración a mis palabras como un intento de descalificar el derecho que asiste a los convocantes del plebiscito. Les reconozco y les respeto ese derecho. Simplemente alerto a esta Asamblea y a la opinión pública en general, acerca de su contenido, a efecto de que no se pretenda más adelante, conferir a este evento alcances que no corresponden a la voluntad popular. Muchas gracias.
El Presidente: -Para rectificar hechos solicita la palabra el señor diputado Carlos González Durán, se la concedemos, y registramos al diputado Víctor Orduña, de Acción Nacional, que también la ha solicitado para rectificar hechos. Tiene la palabra el maestro González Durán.
El diputado Carlos González Durán: -Con su venia, señor Presidente; honorable Asamblea:
Hay una política representativa y una política manipuladora. La política representativa es aquélla que viene de abajo y de adentro de la sociedad civil; se genera en todos los organismos ciudadanos de la ciudad y claro, es evidente que se canaliza a través de los partidos políticos, porque son los partidos políticos el puente orgánico entre la sociedad civil y el Estado.
La política representativa, es aquélla que va de la sociedad civil, de los partidos a los parlamentos y de los parlamentos al Gobierno; la política manipuladora es la que va de arriba a bajo; es la política que va de afuera a adentro; la política manipuladora va de las élites gobernantes a los parlamentos, imponiéndoles la voluntad de las élites a los parlamentos, y de los parlamentos a la sociedad civil.
Entonces hay dos direcciones, una la llamaríamos autoritaria y la otra llamaríamos autoritaria y la otra la llamaríamos democrática.
Por otra parte, y qué bueno que aquí se trató el tema de las élites. Hay dos clases de élites: hay las élites cerradas, de los que se declaran eternos e intemporales, y que sólo ellos y exclusivamente ellos son los que ejercen el poder, y cierran al relevo, a la alternancia, a la reactivación, la posibilidad de que haya un recambio, una revitalización de los núcleos directos del poder. Esas élites cerradas, ésas son y élites autoritarias. Pero hay otras élites, que son las élites democráticas.
Para que se dé el tránsito a la democracia también se necesitan estos tres cambios: que se abran las élites en los partidos y en el Gobierno; que se abran; que se incorporen nuevos elementos representativos de la sociedad y de los partidos; que se fortalezca la sociedad; que se renueve la sociedad; que se abran arriba y que se abran abajo las bases. Bases abiertas son las bases de los ciudadanos conscientes que piensan con su cabeza y caminan con sus pies y bases aborregadas, manipuladas, esas bases, claro está que no son democráticas. Esas bases son las bases confundidas, y las bases confundidas crean lo que se llamó por los griegos "El Gobierno de los Peores", la caquistocracia, Gobierno de los peores, la anarquía.
Se necesita organización en tres direcciones: arriba, que las élites se abran; abajo, que las bases
se abran, y que la conciencia de la sociedad se abra.
Es necesario que la conducta reflexiva sea la que prevalezca en las asambleas de los partidos, en las asambleas de la sociedad civil, las agrupaciones profesionales, industriales, comerciales, laborales, etcétera; que no se lleven las decisiones prefabricadas.
¿Esto es un referendum? No, esto no es un referendum. ¿Esto es un plebiscito? No, esto no es un plebiscito.
No es un referendum porque hay tres clases de referendum o referenda. Hay el referendum político, para definir una línea política del Gobierno; el referendum legislativo, y el referendum administrativo. Pero el referendum tiene la característica de que su resultado es creador de una obligatoriedad, determina y define una obligatoriedad para la sociedad y para el Gobierno. Ese es un verdadero referendum.
El Plebiscito es una consulta pública, pero es una consulta pública que puede tener una legalidad legalizada. Nadie está pretendiendo que lo que se llamó plebiscito por estos ciudadanos sea con legalidad legalizada, pero sí tiene una legalidad.
La legalidad puede tener tres niveles: puede ser la legalidad legalizada, cuando hay leyes que establecen procedimientos, órganos para llevar a efecto una consulta popular. Esa es una legalidad legalizada.
Pero hay otras dos formas de legalidad: la legalidad a las convicciones sociales, en los anhelos sociales de la opinión pública. Para esto tiene importancia la consulta popular, como una pregunta dirigida a la opinión pública, como un ejercicio, como aquí el Partido Acción Nacional lo llamó, como un ejercicio de expresión de la conciencia y de las libertades y derechos políticos, que no se pueden coartar.
Honradamente pienso que nos vemos mal y estamos mal, si en una ciudad tan enorme como es la ciudad capital de nuestro país, le damos la espalda a una tentativa o intento de expresión cívica o ciudadana de la que ha estado privada por algún tiempo.
Yo creo que nos veríamos mejor, como senadores, como diputados, como integrantes de la Comisión Permanente, nos veríamos mejor con una fórmula de declaración que fuera capaz de concertar la opinión de todos los partidos en el sentido, por ejemplo, es decir: la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ve con interés la expresión de opinión pública que se organiza, designa plebiscito, ve con interés, o sea, no desalentar a los ciudadanos.
Yo creo que nos vemos mal desalentando a los ciudadanos.
Si hubiera alguna fórmula que ustedes vieran, equilibrada, nosotros retiramos nuestra propuesta y nos sumaríamos a ella, porque sí entiendo que hay cosas que se van imponiendo en el que se van imponiendo en el horizonte nacional e internacional, que son ideales históricos, son esa democracia participativa. Nosotros a un intento de democracia participativa no podemos darle la espalda.
Creo yo que sería mejor que encontráramos alguna forma, porque sí hay dos formas de legitimidad en esta consulta popular: la de la legitimidad verdadera, que viene de lo justo, lo justo es lo que crea entendimiento; pedirle a la sociedad civil que se exprese, eso es crear entendimiento. Darle las órdenes desde arriba, eso es imponerle una decisión, forma prefabricada y eso es forma manipuladora. Claro está que este experimento que han organizado respetables personas no es ni una democracia representativa ni tampoco es un ejercicio de democracia directa, porque ahí no se va a decidir, no va a tener carácter de legitimidad legalizada, eso no va a ser Ley, eso no va a ser norma; pero sí es una cosa muy valiosa e importante, es una creencia o convicción que se llama opinión pública.
Los que quieran razonar sobre estas preguntas, razonen. ¿Que va el país a tener como respuesta, el derecho a pensar sobre sí mismo, a tener voz, a tener conciencia, a tener expresión? Yo creo que ese es un derecho respetable, ese es un derecho humano. Esté o no en las leyes, es un derecho humano el que se exprese la opinión pública.
Claro está que la opinión pública en este caso no va a tener el efecto de un verdadero referendum, pero sí tiene la oportunidad de darnos a conocer a nosotros algún pronunciamiento de creencias o convicciones de esta enorme sociedad, de la capital del país.
Creo, honradamente, como decía, que nos veríamos mal dándole la espalda. ¿Por qué no le damos la cara y cara a cara ya examinaremos el carácter definitivo de la reforma dentro de
estas comisiones respetables que ya están estudiando el problema a través de los partidos políticos que son los órganos representativos de la sociedad civil? Pero eso no quiere decir que la sociedad civil no pueda por sí misma dar una opinión, pues que la dé. Eso es todo, compañeros.
El Presidente: - Para rectificar los hechos, se concede la palabra en términos del artículo 102, al señor diputado Víctor Orduña, del Partido Acción Nacional.
El diputado Víctor Martín Orduña Muñoz: -Con su autorización, señor Presidente.
Yo creo que se ha dicho ya mucho el día de hoy sobre le plebiscito y sobre la reforma política de este Distrito Federal; pero no pueden pasarse algunas afirmaciones aquí hechas por el senador Aguilera.
Primero, dice que es respetable la decisión de las asambleístas, pero después dice: bueno, es que estos asambleístas hicieron las preguntas ya con un interés preconcebido que responda a sus preferencias políticas. Yo quiero recordarle, señor senador, que entre los iniciadores de esa idea pues hay dos miembros de su partido que yo creo que las ideas que ellos tienen no creo que sean muy ajenas a las que pregona su partido, entonces no los descalifique a priori y después diga que esto lo está usted apoyando.
Segundo, dice usted que la mesa de concertación se tendrá que analizar las formas de legitimación del poder político en la ciudad. Yo quiero decirle que solamente hay dos formas de legitimar el poder: una, mediante el voto popular y la otra, mediante el ejercicio del poder; pero esta última es muy riesgosa, señor senador. Ya pasamos en México esa etapa y la acabamos de pasar en las elecciones presidenciales pasadas en las que reconocimos, bueno que había habido una legitimación en el ejercicio del poder; pero eso puedo causar un desasosiego nacional muy fuerte que pudiera haber enfrentado a muchos mexicanos, entonces no busquemos otras fuentes de legitimación que no sena mediante la voluntad popular.
Ha descalificado usted aquí las preguntas de los asambleístas, que le parece a usted improcedente que se pregunte que si desaparece o no el Distrito Federal, que eso no estuvo en discusión en las constituciones anteriores y yo quiero decirle, señor senador, que la Ley debe ser dinámica y no porque fue objeto de discusión en constituciones anteriores, bueno, tenga que seguir sin discusión actualmente, se tenga que seguir con ese régimen que consideramos antidemocrático y que vulnera los más esenciales derechos democráticos de los habitantes de esta ciudad capital. Muchas gracias.
El Presidente: -Para rectificar hechos solicita la palabra y se le concede al señor diputado Carlos Cantú, en términos del 102 y por cinco minutos.
El Diputado Carlos Enrique Cantú Rosas: - Señores diputados; señores senadores; señor Presidente:
Sin duda el tema de esta figura electoral cívica de consulta popular, ha sido de profundo interés, no solamente para los habitantes residentes en esta capital de la República, sino para México entero.
Hace unos momentos cuando ustedes nos brindaron la oportunidad de escucharnos, señalábamos que la democracia se perfecciona con su ejercicio. Estamos pretendiendo en el desarrollo de esta actividad de consulta popular o de expresión libre de la voluntad popular de la sociedad civil, la posibilidad de captar todas estas inquietudes que son motivo de su interés fundamental, para participar directamente en la forma de vida de esta capital de la República. Sin embargo, en la convocatoria de referencia, en el punto número cuatro, quiero leer para ustedes lo siguiente:
"El resultado del plebiscito se hará del conocimiento público y se convocará al Ejecutivo Federal, a las cámaras de Senadores y Diputados, a la Asamblea de Representantes, así como a los partidos políticos, a que conozcan y hagan suyas las conclusiones del plebiscito."
Particularmente en el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, estamos con criterio abierto; no estamos juzgando anticipadamente ni a priori hemos descalificado la expresión de la voluntad popular, independientemente de que esto tenga aptitudes jurídicas aplicables obligatorias, coercitivas, llegamos a la conclusión de que la sensibilidad de los encargados, directivos, en el Distrito Federal, así como en las distintas áreas del acontecer nacional gubernamental, tendrán la sensibilidad adecuada a flor de piel, para percibir con absoluta pulcritud, cuáles fueron los resultados de esta consulta popular, en características que ustedes quieran darle, con lo que otorgó la voluntad de los habitantes y los ciudadanos del Distrito Federal.
Yo no quisiera a priori, anticipándome a esto, descalificar lo que va a acontecer; yo no quisiera
bajo ninguna circunstancia, caer en el juego de aquéllos que podrían manifestar que habrá "operación tamal" también, para orientar en forma positiva o negativa, la voluntad de los habitantes del Distrito Federal. Lo que yo no tengo la absoluta certeza, es que esa expresión, debe ser tomada en cuenta por autoridades sensibles que conscientes de su gran responsabilidad ciudadana e histórica, habrán de acatar con toda pulcritud esta voluntad.
Si los habitantes del Distrito Federal por apatía, por desconcierto, por el desconocimiento, por falta de interés, por falta de confianza o por falta de esperanza, no ejercitan esos derechos que durante muchos años han anhelado, también será una forma de percibir directamente, cuáles son los resortes en los que está influyendo la voluntad y la opinión de los habitantes del Distrito Federal. Pero si en caso contrario, con voluntad manifiesta, con determinación absoluta, con alegría, con satisfacción, por encima de intereses partidistas, pensando en sus hijos, pensando en México, pensando en el presente y pensando en el futuro, los habitantes del Distrito Federal en forma mayoritaria expresan libre y democráticamente su opinión, nosotros consideramos particularmente con el respeto que todos ustedes nos merecen, que las autoridades del Distrito Federal, las autoridades de la República, tendrán la sensibilidad necesaria para acatar esa soberana voluntad popular que está reclamando se le atienda y se otorguen los conductos adecuados para ser escuchada. Muchas gracias.
El Presidente: -Han solicitado el uso de la palabra para rectificar hechos, varios compañeros diputados, entre ellos el diputado Guillermo Flores Velásco, del PRD; el diputado Cuahtémoc Amezcua y dejamos también al senador Manuel Aguilera, que ha solicitado la palabra.
Concedemos la palabra al diputado Guillermo Flores, después al diputado Cuauhtémoc Amezcua.
El diputado Guillermo Flores Velasco: -Con su venia, señor Presidente; compañeros legisladores:
Hago uso de esta tribuna para precisar algunos puntos. Cuando hicimos la propuesta de que esta Comisión Permanente se pronunciara en torno a este plebiscito, lo hacemos en el sentido de que vemos que era una iniciativa ciudadana que merecía, como lo hemos mencionado, la simpatía, el apoyo y en primer momento reiteramos, estamos dispuestos a retirar nuestro punto de acuerdo en los términos en los que está, para tratar de llegar a un acuerdo.
Somos participantes, también de manera individual, los miembros del PRD que quieran, o sea, no es un acuerdo del partido, estamos participando de manera individual los que los deseamos así y quiero reiterar esto, o sea, desde la misma base de la convocatoria se fijan, las reglas del juego del plebiscito. O sea, no se trata de una estrategia y debe quedar muy claro, de nuestro partido y creo que estamos haciendo política y debemos poner las cartas sobre la mesa, muy claramente.
Nuestro partido he reiterado que es atribución constitucional de la Cámara de Diputados, legislar sobre el Distrito Federal. Desde que se entró esta LV Legislatura, en la Comisión del Distrito Federal nosotros pospusimos la formación de una Comisión que se abocara al estudio de la reforma política en el Distrito Federal, antes de que el licenciado Camacho hiciera su propuesta en la Asamblea de Representantes. Eso lo hemos venido reiterando en diversas ocasiones y consta en las actas de la Comisión del Distrito Federal, que eso ha sido así.
Nuestro partido ha presentado una iniciativa de reformas constitucionales en materia de democracia en el Distrito Federal que se ha presentado en el Senado, que es más, en la Comisión de la Concertación, sobre la Reforma Política, nosotros propusimos que se retome esa iniciativa, de tal manera que sea contemplada en la agenda de trabajo de la Comisión Plural. Es más, nosotros propusimos que uno de los temas de la Agenda de reforma política de esta Comisión Plural, sea el Distrito Federal.
Está clara nuestra posición en torno a la mesa de concertación y a la propuesta del licenciado Camacho.
En un principio nosotros estuvimos de acuerdo en buscar el más amplio consenso entre las fuerzas de la sociedad, los partidos y el Gobierno. Pero desde el principio quedó claro que nosotros queríamos precisamente abrir las cartas sobre la mesa; es decir, cuál es la propuesta de los partidos y en especial planteábamos que se definiera claramente esa diferencia entre partido y Gobierno, entre el partido oficial y el Gobierno. ¿En qué carácter estaba Camacho en esa mesa de concertación? ¿Como representante del partido o representante del Gobierno?
Planteamos que claramente todos los partidos presentaran su propuesta política; hasta la fecha esto no ha sido así. Hemos conocido la opinión del partido oficial solamente por negación de los que otros dicen o lo que no están de acuerdo
ellos que se deba hacer. Pero de manera clara y explícita, no hay ninguna propuesta concretísima expresando estos puntos. Eso es lo que nosotros demandamos.
Respetamos el proceso de la mesa de concertación, estamos conscientes que es una realidad. Nosotros no participamos, no hemos participado hasta que el partido oficial nos presente su propuesta política. Es una posición política que hemos asumido.
Sin embargo creemos que finalmente, cual sea el resultado de la mesa de concertación, estamos convencidos que es la Cámara de Diputados la que va a legislar y no hay que mezclar este problema de la mesa de concentración ni mezclar el problema de la Comisión Plural para la Reforma, con el problema del plebiscito. Este solamente plantea una propuesta moral, sin base legal porque no la tiene, se reconoce que no existe ésa y que será decisión de cada partido, de cada fuerza política si la asume o no y lo que se pedía aquí simplemente era si vemos o no con simpatía esa iniciativa.
Entonces creo que queda claro y también para quitarnos de dudas, no se trata de implementar una estrategia por parte del partido utilizando el plebiscito, somos muy respetuosos y seremos respetuosos de ese resultado y seguiremos los mecanismos legales que nos permite nuestro estado de derecho, para impulsar la reforma que nuestro partido desea.
No somos intolerantes, estamos dispuestos a la concertación y al diálogo con todas las fuerzas políticas y esperamos lograr importantes consensos.
También esperamos poner también a consenso nuestra propuesta con la propia sociedad, al margen del proceso que está llevando a cabo el plebiscito y otros mecanismos en donde se está discutiendo y nuestro llamado es a que juntos fortalezcamos esa relación entre partidos y podamos arribar a una reforma que la ciudad necesita, a la que los ciudadanos del Distrito Federal aspiran. Muchas gracias.
El Presidente: -Se concede la palabra al señor diputado Cuauhtémoc Amezcua, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: -Con su autorización, señor Presidente:
Quisiera en primer término expresar mi público reconocimiento al compañero diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, por dos cuestiones: en primer lugar porque con franqueza ha planteado que sin capuchas ni antifaces, el partido que él encabeza, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, sí promueve, sí apoya esta consulta popular. Qué bueno, ésa es la forma correcta de proceder.
Segundo, porque también reconoce que esto no es propiamente un plebiscito, que es una especie de consulta pública y siendo así esto es válido también.
Por otro lado también expresar mi reconocimiento al senador Manuel Aguilera, por cuanto al planteamiento que hace de que el fruto que surgirá de la mesa de concertación será una reforma política y repito yo entiendo y él no expresó un criterio opuesto por reforma política necesariamente una ampliación de la vida democrática. Siendo así hay amplia perspectiva de coincidencias entre nuestra fuerzas y probablemente algunas otras más, si hay estos avances.
Por último, quisiera yo señalar que bueno, de alguna manera creo que ya todo mundo coincidimos, algunos de un modo muy claro, otros no tanto, en lo que el compañero Cantú ya había planteado y yo también. No es éste un plebiscito, el plebiscito es una figura jurídica de alto rango, con una serie de condiciones de forma de control, de vigilancia, es un proceso muy serio, nada tiene que ver esto con un plebiscito, si es una consulta, pues qué bueno, yo declaré desde un principio que saludábamos una consulta pública, no tiene mayor peso, simplemente es una forma más, un ejercicio más de tantos que se están realizando en torno a este problema; no es equiparable a un esfuerzo como el de la mesa de concertación en modo alguno, implemente es un aporte más que saludamos.
El compañero diputado del Partido de la Revolución Democrática que me antecedió, señalaba con razón que el artículo 39 fundamenta que la soberanía nacional reside en el pueblo de manera esencial y original y sin citar la Constitución se refería en esta última intervención al artículo 41, que se el que sigue, el consecuente, el paso inmediato; esta soberanía la ejerce el pueblo a través de los poderes de la Unión. Será esta instancia el Poder Legislativo, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores como Poder Federal, el que deberá legislar al respecto. A través de esa instancia es donde ejerce su soberanía el pueblo, no a través de una consulta pública en modo alguno.
Y dentro de esto, el propio artículo 41, reconoce el alto papel que corresponde a los partidos
políticos; yo los definía como expresión políticamente organizada de la sociedad civil, de las distintas clases sociales que la componen, de los distintos intereses y concepciones ideológicas, políticas y programáticas y éstos se expresarán aquí en el Poder en que les corresponde.
Por último, hacer referencia a que en efecto, la consulta popular a la que en algún momento dado se le llamó de modo indebido plebiscito, no tiene evidentemente relación directa con nuestro trabajo legislativo, ni con los esfuerzos de la mesa de concertación, ni tampoco con la Comisión Plural creada por la Cámara de Diputados para discutir los temas de la reforma política, pero que como en el aspecto temático estas cuestiones se interrelacionan, no será tampoco ocioso recordar que en es Comisión Plural, nos propusimos abordar todos los temas que tienen qué ver con la reforma política en todo el país y que esto incluye también el problema del Distrito Federal, que ahí acordamos por unanimidad, por consenso, todos los partidos políticos, que también el tema del Distrito Federal sería de nuestra competencia y que simplemente para no duplicar esfuerzos, esperaríamos a que concluyera el debate en la mesa de concertación, para recoger de ahí los frutos y continuar con ese mismo debate en el seno de la Comisión Plural, que estamos impulsando sus tareas aquí entre los seis grupos políticos que estamos representados en esta soberanía. Muchas gracias, señor Presidente.
El presidente: -De nada, señor diputado. Vamos rogar a la Secretaría proceda a consultar a la Asamblea, en votación económica, en términos del artículo 58 del Reglamento, si se admite o no a discusión la proposición presentada por el señor diputado Guillermo Flores Velasco, del Partido de la Revolución Democrática.
El secretarío diputado Juan Luis Calderón Hinojosa: -Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se acepta la proposición.
Los legisladores que estén por al afirmativa sírvanse manifestarlo poniéndose de pie..
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Gracias señor Secretario. Esta Presidencia también acuerda que el texto de la convocatoria que presentó el diputado Guillermo Flores, se agregue al apéndice de la documentación de esta sesión de manera integra y pasamos a otro asunto, señoras y señores diputados.
SOLICITUD DE COMPARECENCIA
El Presidente: - Concedemos la palabra al señor diputado Guillermo Flores, del Partido de la Revolución Democrática, para referirse a recientes declaraciones vertidas por el señor secretario de Salud, el doctor Jesús Kumate.
El diputado Guillermo Flores Velasco: -Con su venia, señor Presidente; compañeros diputados; compañeros senadores:
Vengo a hacer uso de esta tribuna para solicitar que venga o que tengamos una entrevista los miembros de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, con el Secretario de Salud.
La solicitud se funda en los graves problemas que tiene la salud de nuestra capital y de la zona motropolitana de esta capital, de esta gran ciudad.
No pretendo aquí discutir las cifras oficiales, que ya se han hecho en otras ocasiones, tanto en la Cámara de Diputados, en sus plenos, como hace algunas semanas también se discutió en esta Permanente.
Estamos en el uso de un ejercicio de un derecho que tiene esta soberanía, esta Comisión Permanente, para citar a un funcionario a discutir con él un conjunto de problemas que son del mayor interés de la nación.
Este problema ha sido debatido en las últimas fechas en la opinión, pública ampliamente, pero a diferencia de los debates anteriores, creo que lo que hoy se pone en el centro es un conjunto de problemas que tendremos que discutir que con el señor Secretario.
Uno de los problemas se refiere a la evaluación de la contaminación y sus efectos sobre la salud.
La política informativa del Gobierno mexicano en torno también a los problemas de contaminación y sus efectos en la salud de los mexicanos.
La política que sigue el Gobierno mexicano también en materia de los impactos ambientales en la salud de los mexicanos; el análisis de las acciones que ha implementado el Gobierno Federal, también en esta gran metrópoli, de los resultados que han presentado y que tiene qué ver con los problemas de la salud y un tema muy importante es la participación de la ciudadanía, la participación en los problemas ante eventuales riesgos de protección civil, ante
eventuales riesgos de graves problemas que recordamos que se ha hecho referencia, como ha sucedido en otras grandes, ciudades del mundo y que, de acuerdo a las últimas informaciones, cada vez estamos más expuestos.
Sobre este tema, en las últimas fechas se ha referido por ejemplo el Banco Mundial. Ellos no advierten que la contaminación del aire tiene numerosos efectos en la salud, tango agudos como crónicos; nos refiriere a que las partículas contaminantes en niveles excesivos, son responsables entre 300 mil y 700 mil muerte prematuras por año, así como de un 50% de la tos crónica en los infantes.
En el plomo, también nos refiere el informe del Banco Mundial, un informe sobre la situación de la contaminación, de que en los adultos el plomo provoca problemas de hipertensión, problemas cardiacos y neurosis.
También recientemente hemos conocido un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es el que incluso de alguna manera ha generado el gran debate, que ha generado también en las lamentables declaraciones del Secretario de Salud.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos nos refiere a que existen cambios estructurales irreversibles en los pulmones por el ozono, de riesgos de cáncer respiratorio en la población y así podemos seguir mencionando más tesis de investigadores, pero creo que hace falta que la opinión pública, que su representación popular nacional tenga la oportunidad de evaluar, de discutir estos importantes temas de manera abierta, de cara a la nación, de manera responsables.
No se trata de sentar en el banquillo de los acusados al Secretario de Salud, reconocemos en él un especialista en salud de reconocido prestigio internacional; queremos verlo a él como un funcionario público, responsable de la salud de los mexicanos y en un ejercicio soberano entre poderes que tienen sus respectivas obligaciones, sus respectivos derechos; es un derecho de este Poder Legislativo poder evaluar las acciones de nuestro Secretario de Salud de cara a la nación. Eso es lo que estamos solicitando.
Reconozco que es bastante tarde, que ha sido un debate prolongado, quisiera solamente poner algunos ejemplos, iba a desarrollar los cinco puntos a los que me referí, voy a desarrollar solamente a manera de ejemplo algunos. ¿Por qué veo que es necesario que no venga aquí un funcionario menor del Departamento o no venga aquí la Comisión Metropolitana a explicarnos las acciones que están haciendo con respecto a la contaminación ambiental?
Lo que estamos planteando es discutir en particular los efectos de la salud que ha originado la contaminación ambiental, que es muy distinto a las acciones de preservación ecológica que ha emprendido el Gobierno mexicano y que de alguna manera nosotros tenemos información.
Por ejemplo, al evaluar la contaminación y sus efectos, resulta claro que la evaluación de los contaminantes de manera prácticamente monopólica la realiza el Gobierno y no hay prácticamente instituciones educativas, instituciones de investigación, organizaciones civiles, organizaciones no gubernamentales u organizaciones internacionales, que estén interesadas sobre estos problemas, que tengan una infraestructura también para poder confrontar de alguna manera los puntos de vista.
Efectivamente, hay una red de monitoreo para medir estos niveles de contaminación. Sin embargo, esta red se ha demostrado que es insuficiente para el Distrito Federal y que no abarca a las zonas del Estado de México; se ha demostrado que esta red no mide adecuadamente los niveles de contaminación, porque no disgrega cada uno de los contaminantes, porque se refiere a niveles promedios, a niveles promedios de zonas geográficas definidas en la ciudad como norte, sur, sureste, centro, etcétera y que una rayita no puede modificar niveles de contaminación de entre 300 y 200, entre una y otro zonas.
Entonces, hay problemas en cómo se está midiendo todo esto y cómo se impacta la salud con estos niveles de evaluación.
Por ejemplo, en los planes de emergencia se nos refiere a que con tantos niveles entra en Fase I o en Fase II, pero ya que el mismo Secretario de Salud diga que no hay efectos nocivos, o que no se tienen plenamente determinados una serie de efectos en la salud de determinados contaminantes, cuando existen estudios internacionales, creo que provoca una grave preocupación y nos debe preocupar a nosotros, los legisladores.
Recientemente, por ejemplo, PEMEX afirmó que ha adquirido un sistema de un modelo matemático computarizado que contempla un conjunto de variables como la topografía, los vientos, la presión, la temperatura, etcétera, para evaluar adecuadamente los niveles de contaminación y que esto es una vez conociendo claramente los
niveles, exactamente, de contaminación disgregados, contaminante por contaminante y de manera con una distribución mucho más clara en la radiografía metropolitana, o sea, en las zonas conurbadas del Distrito Federal y el propio Distrito Federal, podremos adoptar medidas más adecuadas para prevenir la salud de los mexicanos.
Por ejemplo, en este problema de la política informativa, el problema no es tanto de cantidad a veces de la información, sino de la calidad de la información y de la política del Gobierno en el sentido de que cada que aparece alguna opinión de un especialista, automáticamente es tachada de amarillista, de sensacionalista, de que carece de fundamento y no se prueban de manera seria las opiniones, los estudios que han hecho un conjunto de investigadores.
Es irresponsable hacer amarillismo, pero también es irresponsable ocultar a la población los efectos nocivos que tiene la contaminación en su salud.
Es irresponsable también que las autoridades no tomen las medidas adecuadas para prevenir efectos no solamente inmediatos en el instante en que están ocurriendo los altos niveles de contaminación, sino los efectos a mediano y a largo plazos que se van a presentar en la salud de la población.
Además, ¿puede ser el Gobierno juez y parte, puede el Gobierno anunciar sus mismos éxitos y él mismo criticarse?
Creo que esto en una ciudad democrática no es posible, necesitamos voces independientes, la opinión de los partidos, la opinión de los especialistas, de los institutos de investigación, de tal manera que se vayan evaluando los avances en la política que va implementando el Gobierno Federal. Esto se hace en una sociedad democrática, en una sociedad moderna.
No quiero ahondar, espero que pase el representante del partido oficial a defender una vez más el que no venga, que no se exponga a su representante del Ejecutivo a las críticas de los partidos, para poder abordar algunos otros aspectos.
Yo espero que reflexionemos en esta Comisión Permanente, que ésta no es una demanda del PRD, no es una demanda de nuestro partido ni de un miembro, soy Secretario de la Comisión de Salud, ésta es una demanda que ha ocupado las principales columnas en los diarios de nuestro país, en la radio, que es tema de debate de foros internacionales, que se ve preocupación, que además tiene otros efectos colaterales en las actividades económicas, en las actividades por ejemplo turísticas de nuestra ciudad; ya las embajadas de varios países extranjeros han prevenido sobre esto efectos y esto va a traer efectos negativos sobre la actividad turística. Trae efectos también económicos, sociales, políticos.
Creo que estos problemas y creo que ésa es la tónica de nuestro partido, deben de debatirse responsable y abiertamente con información, con el Secretario de Salud.
Yo quisiera dar lectura a la propuesta finalmente formal para que se tome en cuenta este punto y se le dé curso correspondiente.
De acuerdo a lo anterior y con sustento en la fracción III del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos su turne a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados la siguiente propuesta de acuerdo:
Único. La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos resuelve concretar un diálogo con el secretario de Salud, doctor Jesús Kumate Rodríguez, en el que éste exponga las políticas integrales de evaluación de impacto ambiental, de investigación científica, de información y participación ciudadana, así como el balance de resultados de cada una de ellas en materia de salud pública.
Consecuentemente, se instruya al Presidente de esta Comisión para que haga las gestiones correspondientes a efecto de programar las conferencia.
Por el grupo parlamentario del PRD, diputado Guillermo Flores Velasco, diputado Carlos González Durán, senador Roberto Robles Garnica. Gracias, señor Presidente.
El Presidente: -Gracias diputado Flores Velasco. Sobre el particular ha pedido el uso de la palabra la diputada Blanca Ruth Esponda.
La diputada Blanca Ruth Esponda Espinosa: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros legisladores:
Vale la pena iniciar mi intervención subrayando que de parte de la fracción del Partido Revolucionario Institucional, no solamente no existe
ninguna predisposición en relación a obtener información, sino que precisamente desde la Comisión de Salud, se ha mantenido un contacto permanente con las autoridades de ese sector. Tan es así que no solamente en la propia Comisión de Salud, en donde el Secretario acaba de estar presente en la inauguración de un foro de salud para la frontera sur, sino en otras comisiones como es la que tengo el honor de presidir, la de Población y Desarrollo, en donde hemos abordado problemas que atañen a la salud, sobre todo de los grupos más vulnerables, las mujeres en estado de gestación y el propio doctor Kumate, nos ha acompañado en todos estos esfuerzos de obtención de información, de análisis, de reflexión colectiva con la sociedad civil.
No existe por lo tanto, ninguna aprensión de parte del propio sector público, para dotar al Congreso de la información que se requiera; más aún, la política en forma del Gobierno de la República, ha sido una política siempre abierta, con una enorme disponibilidad de documentos que han estado a la disposición de los ciudadanos legisladores.
Y en relación con el tema que se ha abordado en esta tribuna, ahora por la tarde, quisiera yo precisamente mostrar un documento que es un informe muy detallado, del cual tendré mucho gusto en proporcionar una copia al señor diputado, yo la leería encantada de la vida, pero creo que la hora ya es prolongada, en donde se analizan las acciones desarrolladas por el Sistema Nacional de Salud, para evaluar el efecto en la salud por la contaminación atmosférica en el Valle de México.
Ese documento, que es un documento que condensa las acciones interinstitucionales emprendidas por el Sector Salud, no solamente arroja la información específica acerca de las investigaciones que se ha llevado a cabo, sino que ya también nos da algunos datos, algunos concluyentes y otros son datos preliminares, puesto que muchas de las investigaciones todavía se encuentran en curso, requieren de mayor tiempo de trabajo experimental o en laboratorio. Pero lo que son las investigaciones propiamente de campo, que resultan de la presencia muy responsable de las autoridades del sector salud, tanto visitando en los domicilios a los ciudadanos en las épocas de mayor contingencia y por cada una de las tres etapas de contingencias ambiental, como por los datos que el propio sector salud recaba dentro de las instituciones médicas, cuando ocurren los casos de contingencia y que son graduales, así como por las investigaciones mismas, creo que aquí tenemos suficientes elementos informativos que con gusto proporcionaremos a la Comisión de Salud, que seguramente tendrá interés en conocerlo.
Qué bueno, también, que aquí se subraya que no se trata de colocar a los funcionarios públicos en el banquillo de los acusados. A mí me parece que ésa es una conducta saludable porque en efecto, el hecho de que tengamos problemas de contaminación en la ciudad más grande, en la zona metropolitana más poblada del mundo, en donde cada uno de los 20 millones de habitantes que circulamos, que vivimos acá, generamos consecuencias ecológicas, tenemos una relación con el medio ambiente, creamos problemas y también tenemos una corresponsabilidad colectiva.
Yo creo que también fue muy saludable escuchar que se reconoce el valor que tiene la Comisión Metropolitana del Medio Ambiente, sobre la contaminación en la zona metropolitana y que se reconoce el valor de todas las medidas adoptadas en la Ciudad de México para prevenir los efectos nocivos de la contaminación.
Este reconocimiento no solamente es interno, hecho aquí en México, sino que incluso motivo de un reconocimiento internacional expreso, en la Cumbre del Río, en donde se abordaron los problemas de contaminación y se reconoció que el esfuerzo que se realiza en esta ciudad tan grande, tan compleja, es un esfuerzo que amerita reproducirse en muchas otras ciudades, porque por ejemplo los elementos contaminantes que puede ser susceptibles de control por parte del Gobierno a través de medidas específicas se están tomando y no solamente que estas medidas estén dando resultados directamente en el volumen de contaminantes en el medio ambiente, sino que en efecto han podido limitarse los efectos nocivos que tienen sobre la salud. Pero a nadie escapa que muchas de esas partículas que son nocivas a la salud y que se encuentran suspendidas en el aire y hacia las cuales nosotros estamos expuestos al inhalarlas, produzcan efectos nocivos. Esto nunca se ha negado. Más aún, yo quisiera aquí precisamente referirme a una de las consideraciones finales que hace uno de los grandes investigadores en esta materia, que es el doctor Octavio Rivero Serrano, que dice:
"Los contaminantes del aire son diversos. Aparte del ozono, centrar la atención sólo en este contaminante secundario, tiene el efecto de no prestar atención a la existencia de otros primarios como las partículas suspendidas totales, los hidrocarburos aromáticos, los metales pesados y contaminantes biológicos que son muy
importante en la génesis de la enfermedad respiratoria."
Y luego, otra consideración que dice:
"Es indiscutible que los contaminantes en el aire no son buenos, son un elemento dañino al organismo humano y por lo tanto, concluye, en que es indispensable continuar realizando estudios para conocer mejor su capacidad de daño a largo plazo."
Y la actitud médica, adoptada hasta la fecha por todo el sistema del Sector Salud, que es una actitud preventiva, informativa, de amplia cobertura hacia la actitud correcta.
Yo creo que también debemos poner límites a nuestra expectativas políticas de lo que podemos obtener de un debate en torno a fenómenos que están fuera del alcance, de la decisión estrictamente gubernamental y en donde la autoridad pública ha hecho lo que es humana, técnica y políticamente posible realizar y lo que falta es precisamente la concurrencia de los demás sectores sociales y la participación individual, el desarrollo de la conciencia colectiva.
Yo me atrevería a afirmar que ahí es donde los partidos políticos tenemos una tarea para no confundir a la población, para llevar a la población información clara y objetivo que sí estamos obteniendo nosotros aquí en el Congreso de la Unión.
Y creo yo también que más que convocar para que se nos otorgue información, pues el diálogo siempre ha estado abierto para que podamos analizar y discutir la validez, en todos caso, de los resultados obtenidos en las investigaciones, creo yo que sobre este particular jamás ha habiendo reticencia alguna.
Finalmente vale la pena también comentar que existe un grupo técnico de salud que opera en la Ciudad de México y que precisamente representa a todas las instituciones de la zona metropolitana y que ya ha hecho una clasificación de las enfermedades para medir el impacto de la contaminación en la salud y que tiene un equipo de 200 médicos especializados en 13 estaciones, encargados de estudiar el efecto de la contaminación y de las distintas partículas suspendidas en el aire, el efecto que producen éstas en el organismo.
Por el otro lado también valdría la pena subrayar que algunos elementos contaminantes sí son reversible en el organismo, en la medida en que los individuos se sustraen de ese ambiente contaminando y de ahí la importancia de toda una serie de políticas adicionales que se están tomando para promover un efecto reversivo de las migraciones que tendieron a concertar a esta población en la Ciudad de México.
Yo creo que el problema de la contaminación en la Ciudad de México no puede disociarse de un fenómeno que no hemos podido resolver los mexicanos, pero que no han podido resolver en otras partes del mundo tampoco, que es el problema de las grandes concentraciones humanas en espacios relativamente reducidos y con una dotación de recursos bastantes limitada, como es el recurso del agua, como es el recurso incluso de las corrientes aéreas en un valle, como es el valle en el cual está asentada toda la zona metropolitana.
La solución a estos problemas que son problemas estructurales, que tienen una raíz cultura, una raíz política, una raíz económica, una raíz social, solamente puede hallar respuesta racional en el conjunto de la planeación del desarrollo. De ahí el Programa de 100 Ciudades Medias, de ahí el Programa de Fortalecimiento del Campo, de ahí el programa de desarrollo de otras zonas detonadoras en otras partes del país.
Por eso es importante ver el problema del impacto de la contaminación en la salud, como un problema integral que puede tener una respuesta única ni mucho menos una respuesta institucional exclusiva, sino tiene que tener una respuesta interinstitucional y que puede solamente hallar una solución en la corresponsabilidad compartida entre todos los agentes sociales, incluidos los individuos, que juegan un papel fundamental en la prevención de la contaminación.
Por su atención, muchísima gracias.
El Presidente: -Continuamos en el orden de los oradores inscritos para este tema y concedemos la palabra al señor diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas (desde su curul): -Declino, señor Presidente.
El Presidente: - La Asamblea se lo agradece, señor diputado.
Concedemos la palabra al señor diputado Manuel Díaz Infante, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Manuel Díaz Infante: -Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
El compañero diputado Guillermo Flores ha traído nuevamente a esta tribuna un asunto de la mayor importancia para la Ciudad de México y para todas la grandes ciudades de la República mexicana y de todo el mundo: el asunto de la contaminación ambiental.
Ha comentado aquí nuestro compañero Guillermo Flores que es conveniente que analicemos los graves problemas de salud, que hagamos una evaluación de la contaminación y sus efectos en la salud de los mexicanos, que es necesario que se haga un análisis de las acciones que se han implementado, que es necesario también ver cómo ha participado la ciudadanía y cómo participaría en eventuales casos de riesgos, hablando de protección civil y también hizo referencia a un documento que le atribuye como informe a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Yo quisiera tratar de manera global estos aspectos y luego hacer una propuesta a esta soberanía, que ha sido ya concertada con cuatro partidos políticos y que la tengo aquí ya firmada, una contrapropuesta a al que ha hecho el compañero Guillermo Flores.
El problema del ozono en la Ciudad de México es un problema sumamente complicado, aquí lo hemos manejado ya muchas veces, no es un problemas de un contaminante que se dé de manera natural en la atmósfera, es un contaminante compuesto, como ya se ha dicho también en muchas ocasiones, que se crea por los hidrocarburos y por los óxidos de nitrógeno en presencia de la energía solar; esto es, es una actividad que se da por fotoquímica en la atmósfera de la Ciudad de México. Por lo tanto nos encontramos con un problema que no tiene su origen en un origen determinado, sino que se va generando con el curso del tiempo.
Nosotros hemos estado estudiando también cuál ha sido la posición de las autoridades, tanto de la Secretaría de Salud como del Departamento del Distrito Federal. Se ha creado la Comisión Metropolitana para la Prevención del Control de la Contaminación en el Valle de México.
Esta es una Comisión que es interinstitucional. Todos hemos propugnado aquí porque las soluciones den de ser interinstitucionales. Por fin hemos logrado nosotros que exista una Comisión así, en donde intervienen diversas autoridades del ámbito federal, del ámbito estatal y del ámbito municipal. Yo creo que es una excelente oportunidad para que nos demustres las bondades de estos trabajos que pueden llevar a cabo instancias interistitucionales.
Nosotros no pensamos que sea prudente en estos momentos la relación o la reunión, como aquí lo ha comentado nuestro compañero Guillermo Flores, con el Secretario de Salud. Pesamos que es mucho más prudente que la misma se lleve a cabo con los integrantes de esta Comisión interinstitucional. ¿Por qué? Porque en una sola instancia tenemos a todas las autoridades que tienen qué ver con este problema y no solamente con una sola autoridad que es la autoridad de Salud.
Hemos insistido aquí todos los partidos políticos, hemos llegado también a la conclusión de que debe de tratarse este tema de manera conjunta, de ninguna manera individual.
Aquí valdría la pena también hacer algunas precisiones en torno al documento que nos ha manejado el compañero, como un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El documento al que él ha hecho alusión, es un documento que se cumplió por instrucciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El compilador fue el técnico y científico Iván Restrepo. No es un trabajo que haya sido hecho por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en primer lugar.
En segundo lugar, en el mismo documento, en la página número uno del propio documento, se dice que las opiniones que ahí se expresan, son responsabilidad exclusiva de los autores de los documentos en cuestión y no, por ningún motivo expresan necesariamente el punto de vista de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Aquí nos dice el compañero Guillermo Flores que no hay que ser amarillistas, que no hay que utilizar lenguaje que asuste a la población, sin embargo él solamente toma los aspectos negativos, concretamente, del estudio que hizo Santos Burgoa y Rocha Bracho dentro de esa compilación. El habla de las cuestiones negativas y nos dice que también, en ese propio documento, hacen una serie de consideraciones tales como por ejemplo, que no se ha demostrado si se han documentado efectos sensoriales en la salud humana a través de la contaminación.
Otra aseveración que hacen ellos en el mismo documento: a al fecha no se conoce con exactitud el impacto de monóxido de carbono en la
población. Una más, no se ha investigado a nivel poblacional, tampoco se ha estudiado en poblaciones, cómo afecta el ozono al género humano. Ahí mismo dice en ese propio documento.
También, ellos refieren que los estudios se han hecho en laboratorios, que no se han hecho a nivel de piso, esto es un la propia ciudad, con lo cual también sería temerario el afirmar cuál es la correlación que existe la contaminación y el deterioro de la salud humana.
Entonces, si vamos a ser serios, debemos de analizar en el contexto cómo se da cada uno de estos análisis en la compilación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y no extraer y sacar de contexto algunos elementos que nos puedan interesar exclusivamente a nosotros.
El doctor Octavio Rivero Serrano va a publicar en estos días ya, un libro muy interesante, a través del Fondo de Cultura Económica. En ese libro también llega a conclusiones como las que aquí estamos comentando. Dice entre otras cosas. que los estudios hasta la fecha realizados, tanto en la República Mexicana como en el exterior, en el extranjero, no demuestran fehacientemente el impacto que tiene la contaminación en la salud. Es obvio que afecta a la salud, todos lo sabemos, pero no sabemos en qué medida la esté afectando, ni tampoco podemos saber que sea el ozono o que sea el monóxido de carbono, o que sean los hidrocarburos o las partículas suspendidas totales. Tenemos que ser muy serios en esta situación.
Todo pareciera ser que estamos ozonizando la política de contaminación ambiental en la Ciudad de México, y no es correcto; hay que estudiarla en su estricta dimensión y con los conceptos que deben de ser analizados a la luz de los conocimientos técnicos y científicos que tengamos.
Nosotros celebramos que efectivamente el Partido de la Revolución Democrática tenga preocupación por la salud de los habitantes de la Ciudad de México. No sólo ellos, todos los aquí reunidos, representantes populares de todos los partidos políticos, tenemos un punto muy serio de inquietud por la salud de los habitantes de la Ciudad de México, pero pensamos también que actuando de buena fe, lo que más conviene en esta momento, es que aprobásemos, si ustedes así lo consideran conveniente, un punto de acuerdo para que vinieran aquí, a la Cámara de Diputados, los miembros de la Comisión Metropolitana de Prevención y Control de la Contaminación en el Valle de México, de conformidad con los siguientes considerados, que insisto, han sido firmados ya por representantes del Partido Revolucionario Institucional, del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, del Partido Popular Socialista y del Partido Acción Nacional.
Comentamos nosotros que para la población en general y la fracciones políticas representadas en el Congreso de la Unión, resulta de relevancia conocer el estado de las investigaciones en materia de contaminación de contaminación y sus efectos en la salud de la población capitalina.
Es importante conocer las acciones que desarrollan las instituciones, el Sistema Nacional de Salud, para proteger a la población de la zona metropolitana de la Ciudad de México en caso de contingencias ambientales, como aquí lo comentaba ya el diputado.
Que la Comisión Metropolitana para la Prevención y Control de la Contaminación en el Valle de México, es la instancia que coordina las acciones del sector público en la materia y promueve la participación de las organizaciones privadas, así como de la ciudadanía en la lucha contra la contaminación.
Por lo anterior, las fracciones abajo firmantes, con fundamento en el artículo 79, fracción III de la Constitución General de la República, sometemos a su consideración el siguiente
«PUNTO DE ACUERDO
Único. Que la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados organice una reunión de trabajo con la Comisión Metropolitana para la Prevención y Control de la Contaminación en el Valle de México, para analizar las evidencias existentes de los efectos de la Contaminación en la población y en su salud, que a todos nos interesa»
Dejo la propuesta, señor Presidente, en esta Secretaría.
El Diputado Guillermo Flores Velasco (desde su curul): -Pido la palabra, señor Presidente, para contestar alusiones personales.
El Presidente: - El diputado Guillermo Flores, tiene el uso de la palabra.
El diputado Guillermo Flores Velasco: -Con su venia, señor Presidente; compañeros legisladores:
Quisiera hacer dos precisiones. La primera, porque realmente estamos hablando de tres informes
distintos, son tres cosas distintas. Una es el informe del Banco Mundial, un informe sobre la situación ambiental, que es un informe de un compendio anual de 1992, ése es un informe.
Aquí lo que extraña es que cuando el Gobierno mexicano encuentra que hay alguna declaración en el mundo que más o menos elogia algún aspecto de su política, automáticamente se divulga y ahora sí que los grandes bombos a esa publicación, a esa institución. Pero cuando hay alguna institución internacional que critica, hace total vacío de información.
Y lo que pasa es que estamos hablando no ante cualquier institución, sino estamos hablando ante un informe de la Organización Mundial de la Salud. En este, por ejemplo, tengo un cuadrito donde están las principales ciudades del mundo, los principales 20 ciudades más contaminadas del mundo y se plantea aquí, en estas ciudades está Bangkik, Bombay, Buenos Aires, El Cairo, Calcuta, Nueva Delhi, etcétera, México están entre éstos y hay un clasificación para ver la gravedad de los contaminantes. El estudio de la Organización Mundial de la Salud tiene qué ver con los efectos de la salud de la salud de estos contaminantes y habla del bióxido de azufre, del plomo, del monóxido de carbono, del bióxido de nitrógeno y del ozono y hace una clasificación, una que es: problema serios. Las normas de la Organización Mundial de la Salud se rebasan por un factor superior a dos.
Otra clasificación, contaminante que es severo y que en las normas de la Organización se exceden por un factor menor a dos, pero superior a uno y la contaminación baja y por último una contaminación sin mayor problema.
Resulta que México se encuentra en todos, prácticamente excepto en plomo y bióxido de nitrógeno, como problemas serios que rebasan en más de dos el factor de las normas de la Organización Mundial de la Salud y los dos que no rebasa, resulta que tampoco no podemos cantar loas. Resulta que estamos ante una contaminación que tiene problemas serios, no muy graves, no tan graves, gravísimos, es entre uno y dos rebasan las normas de la Organización Mundial de la Salud.
Esta es una llamada de atención para todos nosotros. Efectivamente a mí me gusta ser muy responsable en mis intervenciones.
Hoy el hecho de que haga alarma ante este problema, de que lo discutamos seriamente, es porque existe una verdadera preocupación, por soy sensible a las diversas publicaciones, nuestro partido así lo estima, deberíamos hacer este llamamiento y en función, de ese sentimiento de responsabilidad, retiramos nuestra propuesta de punto de acuerdo y nos sumamos a la propuesta que ha hecho cuatro fracciones parlamentarias y ahí daremos el debate y demostraremos o trataremos de plantear nuestra razones. Gracias, compañeros.
El Presidente: -Gracias, diputado y una muestra de sensatez y sensibilidad de la fracción parlamentaria del PRD que esta Presidencia reconoce.
Y entonces, solamente tenemos una propuesta, la presentada por el señor diputado Manuel Díaz Infante, en vista de que fue retirada la propuesta del compañero del PRD y la turnamos, con fundamento en la fracción III del artículo 79 de la Constitución, a la Comisión del Distrito Federal.
DENUNCIA
El Presidente: - Pasamos a otro asunto y concedemos la palabra al señor diputado Juan Luis Calderón, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una denuncia.
El diputado Juan Luis Calderón Hinojosa: -Con su permiso, señor Presidente: compañeros legisladores:
En los últimos días, en los últimos cinco días en la ciudad de Morelia ha circulado un periódico de nombre Cumbre, y en sus páginas ha aparecido lo que aparentemente es una inserción pagada, que yo me voy a permitir describir a ustedes.
Lleva en las esquinas superiores dos logotipos iguales del Partido Revolucionario Institucional, con las siglas del Comité Directivo Estatal de Michoacán y dice su texto: "Compañeros priístas, te invitamos a que obtengas tu cartilla de identidad militar, para la clase 1975 y remisos.
Requisitos: 1. Acta de nacimiento original y copia fotostática; 2. Cuatro fotografías de luz, de frente, sin retoque, fondo blanco, de 35 por 45 milímetros, de study, no de agua, en mate blanco y negro, pelo corto, no instantánea ni con letras en la camisa; 3. Credencial del elector; 4. Horario: De lunes a viernes a partir de enero, al 16 de octubre, en cualquiera de los comités municipales del PRI, de 10.00 a 15.00 horas, en la entidad".
Aparecen abajo lo nombres, diputados ingeniero J. Ascensión Arihuela B. Presidente del C.D.E. del PRI. Es Orihuela, aquí dice Arihuela, Eduardo Villarreal de la Vega, secretario de Gestión Social; María Villaseñor Díaz, secretario de Gestión.
Dice hace rato, ésta que supuestamente es una inserción pagada no aparecen las firmas junto a los nombres, rara vez aparecen en las inserciones pagadas, pero generalmente hablan o se cita el nombre del responsable de la publicación.
Esta es una fotocopia en reducción de la media plana a la que me refiero, dejaré una copia.
Mi intervención tiene el objeto de solicitar precisamente al partido al que se le atribuye esto, haga la aclaración respectiva en los mismos medios, además de circular en ese periódico debo reconocer que yo no conocía, fechada, esta inserción es la del día de ayer, Morelia, Michoacán, 23 de febrero de 1993. Repito, mi intención, el objeto de mi intervención es que el partido al que se atribuya las aclaraciones pertinentes respecto a si hizo o no la inserción y, en su caso de haberlo hecho advierta o aclare en qué fundamenta la promoción del reclutamiento como partido, para en una de las instituciones más respetadas de nuestro país, como es la del Servicio Militar Nacional.
De ser cierto esto, nos parece que sería una grave alteración al orden jurídico nacional, con graves repercusiones a la vida de nuestra República.
Además de invitar al partido, pido al partido citado a que haga las aclaraciones, pido a la Presidencia turne esto a la Comisión de la Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, para que pregunte a la Secretaría de la Defensa Nacional si el reclutamiento se está haciendo como está mencionado.
El Presidente: - Gracias, señor diputado. Por supuesto que turnamos el documento que usted ha entregado a la Comisión de la Defensa de la Cámara de Diputados y se procederá como usted lo solicita.
ESTADO DE PUEBLA
El Presidente: - Concedemos la palabra para referirse a al situación que priva en el Estado de Puebla, así la ha llamado el señor diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: -Con su autorización, señor Presidente, compañeras y compañeros legisladores:
La democracia es una de las aspiraciones fundamentales de todos los pueblos del mundo y en el caso de México una demanda histórica inseparable de la lucha permanente para alcanzar el bienestar del pueblo y lograr la plena independencia y la soberanía de la nación.
Un aspecto esencial de la democracia es el derecho del pueblo a elegir a sus gobernantes, lo que pasa por contar con leyes y procedimientos electorales efectivos que garanticen el respecto a al voluntad popular.
En este orden de ideas, compañeras y compañeros, vengo a referirme al proceso electoral del Estado de Puebla que en términos estrictamente formales concluyó el día 10 del mes y año en curso, fecha establecida por la Ley como términos máximo para que el Congreso del Estado resuelva, como así lo hizo, los recursos interpuesto contra la calificación de las elecciones municipales.
El proceso legal, es cierto, ha concluido, sin embargo, los problemas políticos que corren el riesgo de transformarse en conflictos sociales provocados por las resoluciones definitivas, entre comillas, del Congreso poblano, continúan agravándose, ante la insensibilidad, al indiferencia y la negativa al diálogo de las autoridades estatales, encabezadas, por el actual gobernador del Estado, licenciado Manuel Bartlet Díaz.
Los municipios que se encuentran en conflicto postelectoral son varios, contándose entre ellos, los de Ocotepec, San Nicolás de los Ranchos, Izúcar de Matamoros, Huauchinango y otros.
El Partido Popular Socialista tiene especial preocupación por el problema que se da en el municipio de Cuetzalan del Progreso, porque tenemos la firme convicción de que aun cuando conste en las actas oficiales, entre comillas, lo contrario, la planilla de regidores y síndico municipales postulada por el Partido Popular Socialista, obtuvo la mayoría de los votos: a contra punto de lo resuelto por el Congreso del Estado, que otorga la victoria electoral a la planilla de candidatos del Partido Revolucionario Institucional, el pueblo en masa incluyendo a muchísimos ciudadanos que no militan en las filas del Partido Popular Socialista, se mantiene en protesta permanente en el interior y exterior del palacio municipal de Cuetzalan.
El punto culminante de esta protesta se alcanzó el día 15 del mes en curso, fecha en la que debería tomar posesión de su cargo el ayuntamiento reconocido por el Congreso local, cuando se reunieron más de 5 mil ciudadanos y ahí de manera masiva tomaron la protesta simbólicamente al candidato del Partido Popular Socialista, Gregorio Méndez Nava, como presidente municipal y quien por lo tanto se encuentra ejerciendo esa función.
El día de hoy, asimismo, con motivo de rendir homenaje a nuestra bandera nacional, se reunieron varios miles de cuetzaltecos y ratificaron otra vez su apoyo al compañero Gregorio Méndez Nava, militante de nuestro partido a quien considera prácticamente toda la población como el verdadero y único presidente municipal.
Por otra parte, el alcalde reconocido por los órganos electorales, no se ha presentado hasta hoy, en el palacio municipal, ni se tiene conocimiento de que haya podido ejercer alguna función administrativa o gubernativa, así sea la más mínima.
Otro hecho que queremos denunciar respecto del proceso electoral poblano, es que se despoja al Partido Popular Socialista, de su legítimo derecho a incorporarse con un regidor cuando menos, en el ayuntamiento municipal de la ciudad capital del Estado.
En efecto el artículo 102 de la Constitución Política del Estado de Puebla, ordena que el ayuntamiento de la ciudad capital, deberá completamente hasta con seis regidores de representación proporcional, que se designarán de entre los candidatos a regidores de las planillas de los partidos políticos que hayan obtenido el 1.5% o más de la votación válida total, emitida en el municipio. En este sentido el Partido Popular Socialista adquirió el derecho de participar en el ayuntamiento municipal de Puebla de Zaragoza, toda vez que obtuvo más del 1.5% de la votación de referencia. No obstante, mediante el audaz e inusitado procedimiento de sumar a la votación total emitida, los votos nulos, se concluyó que nuestro partido siempre no alcanzaba el 1.5% de la votación captada en el municipio. Llama la atención el hecho de que con este mismo criterio, a todas luces violatorio del mandato legal, sin embargo, el Partido Acción Nacional, sólo alcanzaba cuatro regidores de representación proporcional, en tanto que dicho partido fue favorecido con cinco regidores en el municipio de Puebla de Zaragoza.
Este trato antidemocrático al Partido Popular Socialista, constituye una agresión política, una represalia a la conducta firme de nuestro partido, independientemente y crítica, frente a posiciones negativas de las autoridades. Pero a pesar de ello, mantendremos en Puebla y en todo México, nuestra lucha firme por nuestros principios en favor de los más caros intereses del pueblo mexicano y de la democracia.
En ningún caso estamos dispuestos a permitir que se atropelle la voluntad popular del pueblo de Cuetzalan, ni tampoco estamos dispuestos a aceptar que se violen nuestros derechos en cuanto al regidor que nos corresponde en la ciudad capital.
El Partido Popular Socialista reitera su convocatoria, lo hace ahora desde esta máxima tribuna, dado que no ha sido escuchado al hacerlo desde otras importantes tribunas del Estado de Puebla, de que las autoridades estatales establezcan el diálogo y las instancias adecuadas para encontrar la solución democrática necesaria y se reconozca la victoria electoral de nuestro partido en el municipio de Cuetzalan, exigimos respeto al Partido Popular Socialista. Muchas gracias.
El Presidente: -Señoras y señores legisladores, hay varios compañeros que desean participar en este debate. Voy a informar a ustedes quienes son: el diputado Alberto Carrillo, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; el señor diputado Manuel Díaz Infante, del Partido Revolucionario Institucional y el diputado Carlos González Durán, del Partido de la Revolución Democrática. En ese orden vamos a ir dando el uso de la palabra. Entonces, participa el diputado Alberto Carrillo.
El diputado Alberto Marcos Carrillo Armenta: -Compañeros:
Con el fin de solidarizarme con la petición final que hace nuestro compañero legislador del Partido Popular Socialista y además plantear nuestras propias reivindicaciones.
Efectivamente nuestro partido padeció en Puebla, al igual que otros partidos políticos, un proceso electoral conducido por órganos electorales incapaces de proporcionar la mínima certeza y garantizar imparcialidad en el proceso electoral pasado. Padecimos una Ley notoriamente rebasada con algunas, ambigüedades; una Ley que limita a su mínima expresión los causales de nulidad, que deja en la indefensión a los partidos políticos para hacer valer impugnaciones, que
no establece sanciones para delitos electorales, etcétera.
Lo notorio fue que ante la notable insuficiencia de la Ley, los órganos electorales en lugar de actuar con tino y responsabilidad para limitar las evidentes lagunas de la Ley, parece que permitieron y dejaron libertad de acción para que los intereses locales manejaran las elecciones a su antojo y retrocedimos así a épocas aparentemente superadas, las épocas del carro completo, las épocas en que los grupos e intereses locales desaforados hacen y actúan a su arbitrio.
Se establecieron tácticas especiales para demoler a la oposición, particularmente en nuestro caso, en los ocho municipios que anteriormente gobernábamos.
Como resultado de las elecciones, se nos reconocen cuatro triunfos electorales, en el Colegio Electoral, de los cuales en dos casos no hemos podido tomar posesión porque los edificios de los ayuntamientos se encuentran ocupados por militantes del Partido Revolucionario Institucional, que es en el caso de: Amiztlán y Zinacatepec.
Y se establecen aparentemente, tácticas de chantaje y de presión para negociar sobre la base de estas acciones, el retiro de nuestras demandas, del reconocimiento a nuestro triunfo electoral en 17 municipios más en donde hemos logrado reunir documentación que avala irregularidades mediante pruebas documentales públicas.
La posición de nuestro partido en Puebla, es la de respaldar a los ciudadanos cobijados en nuestras planillas y las acciones que realizan para hacer valer sus derechos. Actualmente nuestro partido respalda la ocupación de presidencias municipales en seis municipios, que son: San Juan Ixcaquixtla, Juan N. Méndez, Huixtlatlauca, Atoyotempan, Xalpan y Santa Clara y realiza acciones de protesta de diversa índole en 11 municipios más, en donde sentimos vulnerados nuestros derechos cívicos y los derechos de los ciudadanos.
En esas circunstancias respaldamos ampliamente y hacemos nuestra y ponemos interés en la petición que ha hecho nuestro compañero legislador, de llamar a la prudencia, al diálogo, de nuestro gobernador del Estado, el señor Bartlett Díaz. Gracias.
El Presidente: - Concedemos la palabra al diputado Manuel Díaz Infante.
El diputado Manuel Díaz Infante: - Con su venia, señor Presidente:
Hemos escuchado con mucha atención los planteamientos que han hecho aquí tanto el diputado Cuauhtémoc Amezcua, como el diputado Alberto Carrillo.
Podríamos decir nosotros que el proceso electoral en el Estado Libre y Soberano de Puebla, fue llevado a cabo en un marco de legalidad, de conformidad con la legislación vigente y encuadrado en la Constitución Política del Estado.
Podemos decir también nosotros que la Comisión Estatal Electoral fue instalada en tiempo; que los 22 comités distritales electorales también fueron instalados en tiempo y los 217 comités municipales también lo fueron, y lo fueron y podemos aseverarlo porque tenemos las actas correspondientes en donde firman los seis partidos políticos que estuvieron en la contienda electoral. Ellos dieron fe de la validez del proceso y dieron fe también de todos los actos preparatorios a la elección.
Queremos también comentar que el día de la elección la mayoría de los partidos políticos acreditó, en todas y cada una de las casillas, representantes, que con su firma convalidaron las elecciones y el voto que ahí se fue sufragando.
Nosotros tenemos información también que las instancias electorales han confirmado la validez de las elecciones, esto es, todas y cada una de las protestas o los recursos que fueron interpuestos en tiempo y forma, fueron desahogados por la autoridad. Se presentaron un total de 54 recursos para 47 municipios y todos, como lo comento, fueron desahogados de conformidad con el artículo 205 de la Ley de Organizaciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla. Así también, los recursos que fueron presentados en tiempo y forma ante la autoridad correspondiente, se hicieron valer ante el Colegio Electoral; el Colegio Electoral rechazó todos y cada uno de ellos, incluyendo los que había interpuesto el Partido Revolucionario Institucional, argumentando que hablaban de todo menos de causales de nulidad a que alude el artículo 205 del propio Código.
El compañero Cuauhtémoc Amezcua ha tratado dos municipios en especial, el municipio de Cuetzalan del Progreso, Puebla, en donde nos comenta que el candidato de su partido a la presidencia municipal en la planilla correspondiente, fue la triunfadora.
Yo le quiero comentar de la manera más comedida, que de los informes que tenemos nosotros en nuestro poder y con las actas por supuesto, llegamos a una conclusión final: el PAN tuvo 164 votos, el PPS 1998 votos y el PRI 2822 votos, esto es, más de 900 votos tuvimos por encima de los miembros del Partido Popular Socialista.
En la jornada electoral no se presentó ningún incidente, ninguno, así consta en las actas correspondientes, ni en el recuento ni en la propia calificación de las elecciones.
El padrón electoral en ese municipio consta del orden de 17 mil ciudadanos en el listado nominal; se instalaron 34 casillas y como digo, todos fueron a sufragar en completo orden.
El representante del Gobierno del Estado, aquí se comentaba que no había podido tomar posesión nuestro candidato; nuestro candidato triunfante sí tomó posesión el día 15, como estaba marcado en la Constitución y le dio posesión el representante del gobernador del Estado.
Nos comentaba también el diputado Cuauhtémoc Amezcua, de que alrededor de 5 mil 500 simpatizantes bloquearon el palacio municipal, con lo cual no pudo tomar protesta el candidato triunfante del Partido Revolucionario Institucional, 5 mil 500 personas. Yo simplemente quiero hacer un ejercicio matemático con ustedes y si en total por todos los partidos políticos votaron 5 mil 700 personas, ¿de dónde llevaron 5 mil 500 personas para impedir el acceso al candidato triunfante?
Por otro lado y por lo que hace al municipio de Puebla y concretamente por lo que hace a la Regiduría de Representación Proporcional, porque no alcanzó el 1.5% dicen que se le está escamoteando esa regiduría al Partido Popular Socialista.
Nosotros también nuevamente con los documentos a la vista, hemos podido analizar que de conformidad con la votación emitida en el municipio de Puebla, da los siguientes resultados: el PAN tuvo 79 mil votos, el PRD 7 mil 193, el PPS 3 mil 596, el Frente 2 mil 721 y el PRI 130 mil 696.
Simplemente con una operación aritmética veremos que el total de la votación fue de 246 mil votos. El 11.5% son 3 mil 690 votos. El PPS se quedó en la orilla, 3 mil 596 votos, esto es, por 94 votos no alcanzaron una regiduría de Representación Proporcional, de conformidad con los datos.
Puede ser cuestionable o no la situación de la votación total; sin embargo, el artículo 102 de la Constitución del Estado de Puebla, como aquí bien lo ha comentado Cuauhtémoc Amezcua; habla de seis representantes proporcionales, seis regidores proporcionales, y el artículo 191, en relación con el 104 de la propia Constitución, habla concretamente en su fracción I, de la votación total emitida y la votación total emitida son los votos sufragados; después se tendrán que deducir los votos anulados o cualquiera otra situación, pero la votación total emitida son 246 mil votos. De conformidad con la propia Constitución del Estado, hay que tomar esta cantidad para sacar el cociente del 1.5% para poder asignar un regidor de representación proporcional.
De ahí pues, que nosotros vemos que las cifras no pueden engañar, que se ha cumplído con la legalidad, con la normatividad vigente en el Estado Libre y Soberana de Puebla, insisto en esto, porque es un problema que compete a ese Estado y no a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, y simplemente podríamos hacer una última reflexión: el Gobierno del Estado ha estado abierto a pláticas con todos los partidos políticos. Tenemos entendido que todavía el día de hoy, el subsecretario de Gobierno ha tenido pláticas con algunos partidos políticos.
También debemos dejar sentado que vivimos en una sociedad plural y en una pluralidad política, y en una contienda electoral se gana o se pierde. En este caso los números fríos, los fríos números demuestran que el PRI ganó esas elecciones. Gracias, señor Presidente.
El Presidente: -Gracias, señor diputado. Para rectificar hechos, el diputado Cuauhtémoc Amezcua reclama el uso de la palabra en términos del 102 y se la concedemos.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: -Por lo que hace al asunto del municipio de Puebla de Zaragoza, el mandato jurídico vigente es claro en cuanto a que la votación válida es la que cuenta para determinar el 1.5% y además la práctica misma, nunca en las elecciones, a pesar de que la Constitución tiene mucho tiempo de estar vigente en los términos actuales, jamás ha sido aplicada con la modalidad de incluir los votos nulos como si fueran votos válidos. Se trata de un claro y evidente atropello a los intereses del Partido Popular Socialista.
Por otro lado, el señor diputado Díaz Infante, implícitamente reconoce la dudosa calidad de
los documentos oficiales, cuando él hace el ejercicio de cifras que aparecen como tales en las actas de las elecciones del municipio de Cuetzalan, y nos dice que apenas suman 5 mil 700 votos los que oficialmente se reconocen a todos los partidos. El hecho real es que ahí están 5 mil personas apoyando al Partido Popular Socialista y eso ahí está, a la vista de todos, no son documentos manipulables ni alterables, ni que puedan ser fruto de la alquimia.
Ahí está el funcionario del Partido Popular Socialista, quien fuera nuestro candidato, gobernando como presidente municipal. No hay ni la más remota posibilidad de que el PRI pueda ejercer Gobierno en ese municipio, si no fuera a costa de un atropello mayúsculo, que no quiero pensar estén decididos a hacer, un verdadero baño de sangre tendrían que llevar adelante en el municipio de Cuetzalan. Nos oponemos rotundamente a que se trate de reimplantar esos métodos.
Pensamos que el licenciado Bartlett, lo habíamos catalogado así hasta antes de ahora, forma parte de las fuerzas democráticas y progresistas de México. Esperamos de su conducta saber si se mantiene ese criterio, si debemos avalarlo debemos modificarlo y combatirlo con toda energía a partir de ahora. Muchas gracias.
El Presidente: -Para ratificar alusiones personales, tiene la palabra el señor diputado Manuel Díaz Infante, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Manuel Días Infante: -Gracias, señor Presidente:
No veo de dónde nuestro compañero Cuauhtémoc Amezcua diga que implícitamente estoy poniendo en tela de duda el resultado de la elección en Cuetzalan del Progreso, Puebla. Yo me sujeto estrictamente a lo que dicen los números derivados de las actas firmadas por todos y cada uno de los representantes de los partidos políticos.
Yo no puedo, de ninguna manera, desdeñar el trabajo de un ciudadano que va a darlo gratuitamente, de manera cívica, un día, el día de la elección. Todos y cada uno de ellos lo están afirmando, todos y cada uno de ellos lo están convalidando, y la convalidación de ellos, da el resultado final, 2 mil 822 votos para el PRI, que es triunfador, 1 mil 998 votos para el PPS, que es perdedor.
Yo creo que la toma de alcaldías es una manera de chantaje que tiene que pasar ya a la prehistoria, que tanto daño hace a nuestra República.
Yo creo definitivamente que de la cultura, de la incultura que tenemos electoral, debemos hacerla ya a un lado.
Insisto, las elecciones se ganan con votos, aquí está la prueba, están las actas firmadas, los recursos interpuestos no prosperaron porque no estaban fundados en derecho, porque no pudieron aportar pruebas, porque el propio contenido de las actas se deriva y se desprende que la elección se llevó a cabo en completa paz y orden y que no hubo nada qué lamentar en este momento.
Entonces lo que yo considero, y que es prudente, es que sigan platicando con las autoridades del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Puebla, de conformidad como aquí lo he comentado, están abiertos a ello, el Gobierno del licenciado Manuel Bartlett Díaz está dispuesto a hacerlo, pero tampoco es negociable la voluntad popular y la voluntad popular así lo manifiesta allá.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo (desde su curul): -Señor Presidente, pido la palabra para rectificar hechos.
El Presidente: - Tiene la palabra, diputado Cuauhtémoc Amezcua, para rectificar hechos, en términos del 102.
El diputado Cuahtémoc Amezcua Dromundo: -Hablando de cifras. Se difundió que los resultados de la elección interna, interna del PRI, ahí en Cuetzalan, dieron poco más de 5 mil votos para el candidato del PRI a presidente municipal. Sin embargo, los que constan en actas, según nos ha dicho aquí, ya el día de la elección, los que constan en actas, según nos ha dicho el diputado Manuel Díaz Infante, apenas son 2 mil 800 y tantos.
No, no hay congruencia de cifras, en todo esto hay una enorme facilidad para alterar los procesos electorales; no se puede hablar al mismo tiempo de respeto a la voluntad popular y seguir imperando reglas del juego en las que una sola fuerza, el Gobierno y su partido, tiene las formas de resolver en todos y cada uno de los órganos electorales lo que convenga a sus intereses a la hora de votar. Todos lo demás partidos políticos, particularmente el nuestro, diríase, tenemos que participar en los procesos electorales bajo protesta, dado que no existen
las condiciones mínimas de legalidad. Eso es lo que estamos queriendo superar, por eso está esa Comisión plural aquí en la Cámara. Hasta ahora son extremadamente precarias las condiciones de nuestra vida democrática. No vale venir a hablar de papeles cuando estos papeles claramente vulneran la voluntad popular, como es el caso de Cuetzalan.
Las dos últimas expresiones del diputado Manuel Díaz Infante, yo las saludo, las recojo y ojalá, planteo en esta tribuna, las escuche también el gobernador de Puebla, las escuchen las instancias de aquella entidad. En efecto, estamos de acuerdo de que allá es en donde deben discutirse las cosas.
Ojalá de veras esté dispuesto al diálogo; hasta hoy lo ha estado con ciertos partidos, no con el Partido Popular Socialista; ojalá esté dispuesto al respeto a la voluntad popular. Si es así, entonces podemos confiar en que el triunfo es nuestro. Muchas gracias.
El Presidente: -Se concede la palabra al señor diputado Carlos González Durán, que se ha registrado para este mismo asunto.
El diputado Carlos González Durán: - Con su venia, señor Presidente:
Hay dos evidencias que confirman la estimación de que en los procesos electorales recientes no son tan normales como aquí se ha dicho. Una evidencia es el número crecido de votantes que se ausentan de las elecciones o se abstienen de votar.
En las elecciones del Estado de Guerrero, la opinión pública, los medios informativos indican que el ausentismo, que la abstención, tuvo niveles del 75% y de 80%; en las elecciones de Michoacán también hubo enorme abstención: hubo un 60% de abstención en Morelia; un 50% de abstención en la zona suburbana y menor abstención en la zona rural.
Esto revela, por una parte, que el proceso electoral no se desarrolla en términos de normalidad, porque es manifiesto que si los ciudadanos, el electorado se abstiene de asistir, de concurrir a las votaciones, está manifestando en forma activa o en forma pasiva su falta de confianza.
Por otra parte, en una ocasión mencioné en la tribuna, en el Colegio Electoral, que las elecciones que estamos padeciendo son algo así como jugar un partido de fútbol, donde el árbitro es del partido contrario; naturalmente que los goles que meten los partidos de oposición no se cuentan, se cuentan de una manera muy rara, se cuenta, sin contar con lo que se cuenta, porque se cuentan cuentos.
Esta es la Ley Electoral del Estado de Puebla. Dice su artículo 48, "Dos o más partidos políticos, sin mediar coalición, pueden postular al mismo candidato, pero para ello es indispensable el consentimiento de éste.
Las candidaturas a regidores y síndicos municipales, se registrarán mediante planillas integradas cada una por la totalidad de los candidatos propietarios y suplentes que determine la Ley Orgánica Municipal y que presente el partido postulante".
Este precepto está en un capítulo que dice: "De los registros de los candidatos", Capítulo II, "Del Registro de Candidatos. ¿Cómo se registran los candidatos? Presentándose una planilla completa, propietarios y suplentes".
El artículo 163 en su fracción VIII, que pertenece a un capítulo que dice "Del escrutinio y computación en las casillas". Este precepto dice: "Si el elector hubiere marcado más de un círculo, el voto será nulo y no se computará, salvo que los partidos cuyo círculos se hayan marcado, postulen al mismo candidato o candidatos. En este último caso, el voto contará para los candidatos en lo personal.".
Quiere decir que hay dos normas: una que nos dice cómo se deben registrar las planillas y otra, en el cómputo y escrutinio, cómo se deben computar los votos.
El organismo competente, que era el comité estatal, tuvo un acuerdo y reiteró a los órganos electorales este último precepto que acabo de leerles a ustedes; o sea, no solamente lo que dice la Ley, sino el órgano competente que estaba celebrando la aplicación de esta Ley reiteró su contenido y les dijo: "Tómenlo en cuenta". Es un acuerdo que tomó la autoridad electoral competente.
Pues bien. En el municipio de Izúcar de Matamoros, el Partido Popular Socialista y el Partido de la Revolución Democrática, registraron un candidato a la presidencia municipal en forma acorde y ese candidato, si se hubiera respetado la Ley Electoral del Estado, debería haber sumado la votación que sacó a su favor, en lo personal.
Y esa votación fue la siguiente: 5 mil un votos para el PRD; mil 94 votos para el Partido Popular
Socialista. Total de votos 6 mil 95 votos, en lo personal, puesto que en el escrutinio y cómputo de la integración de municipio, se tiene que contar munícipe por munícipe, porque hay condiciones que permiten a los partidos integrar en forma plural esos órganos de Gobierno colectivo.
Pues bien, no obstante que en esta entidad se acudió a los vicios ya nacionalmente conocidos como la compra de votos, como la amenaza a los electores, en el sentido de molestarles o entorpecerles la entrega de documentación del Registro Civil en zonas rurales en donde la gente generalmente se ve pues orillada a salir del país a buscar trabajo, los braceros.
El reparto de credenciales en las casillas, el sufragio de electores en forma reiterada o repetida, el voto de menores de edad que ilegalmente se les suministra documentación para que vayan a votar y con ciertos ofrecimientos de continuar en los estudios o de algún otro tipo se les utiliza para un voto inventado o viciado.
Las tretas y mañas que se desarrollan en los procesos electorales no solamente vienen en el momento de la votación, sino que vienen instrumentadas en una continuidad de circunstancias previas y anteriores que van a dar un resultado electoral viciado. Hay votos viciados, votos nulos, son todos aquellos que son resultado de coaccionarse la libertad del elector.
Pues bien, la verdad manifiesta en los hechos es la que tanto el compañero representante del Partido Popular Socialista como el compañero del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional que hicieron uso de esta tribuna sobre este mismo problema, mencionaron dificultades postelectorales. Esas dificultades postelectorales indican que en 25 municipios están tomados los ayuntamientos por descontentos, incluyendo hasta del partido oficial, hay algunos descontentos también del partido oficial.
De los 14 ayuntamientos reclamados en un número de inconformidades de recursos planteados, cinco fueron admitidos. Los recursos planteados fueron 54, por lo que sí hubo una serie de reclamaciones, en la continuidad en que la Ley lo indica.
Por lo tanto, quisiera yo, para no molestar a ustedes en su atención, en virtud de lo avanzado del tiempo que llevamos en esta sesión, solicitar muy atentamente a la Presidencia y lo voy a suscribir con mi firma, se agreguen, como parte de mi intervención en la tribuna, las referencias y datos estadísticos y concretos de casillas y de anomalías que se han presentado, en la inteligencia de que yo entiendo que lo que conviene a las autoridades es prevenir la violencia, prevenir los conflictos de violencia.
El hecho de que la resistencia civil se manifieste en tanto número crecido de ayuntamientos, sí debe preocupar a las autoridades, porque los órganos calificadores, los tribunales, desoyen estas razones y cuando se pretende violentar el sufragio es cuando se expresa esa inconformidad que puede ser desbordada y a la que nosotros no tenemos interés en que se manifieste violentamente.
A nosotros nos interesa el desarrollo normal de las elecciones y ese desarrollo normal de las elecciones está reclamando respeto a los procesos electorales. El conjunto de rezagos y problemas postelectorales que se van acumulando a lo largo de todo el país, están revelando que se atropella la libertad de los electores, que se les atemoriza de alguna manera, que se les trata de comprar, que se les trata de presionar, que se les trata de interesar para que no ejerzan un voto consciente y libre.
Yo creo que todos nosotros y lo dije anteriormente, hay elementos sanos en todos los partidos interesados por corregir y perfeccionar nuestro sistema electoral. Pero a nuestro sistema electoral ya se le está acabando el tiempo para que rectifique sus prácticas viciosas. Entonces, simplemente doy pues constancia a una protesta en esta elevada tribuna, para que quede evidencia de la protesta del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias por haberme escuchado.
El Presidente: - Gracias, diputado González Durán y como lo solicita, esta Presidencia instruye a la Secretaría, para que el documento que ha presentado usted y que ha suscrito, se integre como parte de su intervención, señor diputado González Durán y se inserte así en el Diario de los Debates.
*(Se publica en el apéndice de esta edición.)
ORDEN DEL DÍA
El Presidente: -Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera, que todavía quedan algunos.
El secretario diputado Rodolfo Becerril Straffon: -Señor Presidente: Se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Comisión Permanente.- Primer Receso.- Segundo Año.- LV Legislatura.
Orden del día
3 de marzo de 1993.
Lectura del acta de la sesión anterior
Comunicaciones de los congresos de los estados de Aguascalientes, Baja California y Guanajuato.
Dictámenes de primera lectura.
Cinco, de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados a los ciudadanos Pablo Vázquez Vázquez, Jaime Mejía Michel, José A. Talavera Castella, Gelasio Luna Gutiérrez y Sergio E. Anaya y Galván.
De la Primera Comisión, relativo a la solicitud de permiso del ciudadano Emilio Azcárraga Milmo, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional al Mérito, en grado de Comendador, que le confiere el Gobierno de la República de Ecuador.
Dictámenes a discusión
Cinco, de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados a los ciudadanos Juan Enrique Reynoso Valle, Salvador González Santamaría, José Héctor Orozco Peralta, Juan Borrayo Saavedra y Gerónimo Bringas Murrieta.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano embajador Mario Augusto José Moya y Palencia, para aceptar y usar la Medalla de la Amistad, que le confiere el Gobierno de la República de Cuba.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano general de división P.A.D.E.M.A., Héctor Vicente Ahuja Fuster, para aceptar y usar la condecoración de la Cruz de la Fuerza Aérea, que le confiere el Gobierno de la República de Guatemala.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Carlos Ignacio Gutiérrez Jiménez, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Rumania, en Puebla, con circunscripción consular en los estados de Tlaxcala, Puebla y Veracruz.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Jorge Manuel Pintado Cervera, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Rumania, en Monterrey, con circunscripción consular en el Estado de Nuevo León.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Alejandro Reyes Silvestre, para prestar servicios en la embajada de la República Federativa de Brasil, en México.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
El Presidente (a las 21:25 horas): -Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo miércoles 3 de marzo a las once horas.
APENDICE
CONFLICTO POSTELECTORAL EN PUEBLA
En las pasadas elecciones para presidentes municipales en el Estado de Puebla, el Gobierno y el partido oficial demostraron que no están dispuestos a contender con fuerzas reales y democráticas por la vía de la legalidad, poniendo en práctica, una vez más, los métodos tradicionales del fraude como son: compra de votos; amenazas a los electores; reparto de credenciales en las casillas; sufragio de los mismos electores en varias casillas; voto a menores de edad; robo de urnas; uso de la fuerza pública, como los comandos caninos y los granaderos, para reprimir a la población.
Contra estas irregularidades, el PRD interpuso en tiempo y forma todos los recursos debidamente fundamentados, incluyendo pruebas documentales, para demostrar el fraude en cada caso particular, tal como lo establece la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales.
Estos recursos no fueron debidamente analizados, y por ese motivo existe inconformidad ciudadana en los municipios de Izúcar de Matamoros, Pahuatlán, San Salvador el Seco, Ocotepec, Coxcatlán, Los Reyes de Juárez, San Antonio Cañada, Tlacuilotepec, San Nicolás de los Ranchos, Zapotitlán de Méndez, Tulsingo del Valle, Venustiano Carranza, Tepeyahualco y Chietla, entre otros.
Los casos en que los recursos se resolvieron en contra fueron:
Izúcar de Matamoros, el PRD y el PPS registraron un candidato común obteniendo por una parte el PRD, 5 mil 001 y por otra el PPS, 1 mil 094 lo que hacen un total de 6 mil 095 votos, contra 5 mil 705 del PRI.
La Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales establece en su artículo 48: "Dos o más partidos políticos, sin mediar coalición, pueden postular al mismo candidato, pero para ello es indispensable el consentimiento de éste", además especifica en forma clara en su segundo párrafo del numeral citado que "los votos se computaran a favor de cada uno de los partidos políticos que los haya obtenido y se sumarán en favor del candidato".
Antes de que se conociera el resultado de la votación el presidente del comité municipal electoral mediante oficio instruyó a los presidentes de casilla para que estos sumen los votos del candidato común, posteriormente y ya con conocimiento de los resultados, el comité municipal electoral se declara incompetente, se suspende la sesión y remite al consejo estatal electoral para que éste discuta y resuelva sobre el asunto. La comisión estatal electoral no se ha reunido para resolver.
Pahuatlán: El PRD y el PAN presentaron un candidato común, el día de las elecciones los priístas quemaron el 90% de paquetes electorales y parte del local del comité municipal electoral, sin tener físicamente los paquetes el CME realizó el cómputo, asimismo, el Comité Distrital Electoral expidió las constancias de mayoría al PRI.
Venustiano Carranza: Se interpuso el recurso de reclamación ante la junta calificadora de las elecciones para regidores y síndico municipal, con base en los siguientes argumentos:
La ciudadana Flavia Ortega Vázquez, candidata electa del PRI, a la primera regiduría municipal, ya registrada como candidata y en plena campaña electoral, continuaba fungiendo como secretaria este ayuntamiento, incluso cobraba y firmaba el libro de actas de cabildo aún con el carácter de funcionaria municipal.
Los ciudadanos Alejandro Montaño Sánchez y Antonio Macías Vargas, candidatos del PRI, no son elegibles por no ser ciudadanos poblanos, ya que no acreditaron ser ciudadanos poblanos como lo establece el artículo 18-I de la Ley Orgánica Municipal y el artículo 114 obliga a la Comisión Estatal Electoral exigir los requisitos constitucionales de elegibilidad.
El recurso fue desechado por improcedente sin el previo análisis de la situación.
San Salvador el Seco: Agresión a los pobladores de este municipio por parte de los cuerpos policíacos y suspensión de la sesión de cómputo, abandonando el local el presidente del comité municipal electoral, la población custodió durante cuatro días los paquetes electorales ante la negativa de funcionarios del CEE, notarios Y agentes del ministerio público de levantar el acta correspondiente. La población, en compañía de los medios de comunicación, trasladaron los paquetes electorales para entregarlos a la Comisión Estatal Electoral, aquí también sin paquetes se realiza el cómputo el día 16 de noviembre de 1992, firmando el acta otra persona distinta al presidente del comité municipal electoral; por su parte, el comité distrital electoral expidió las constancias de mayoría a la planilla priísta.
Ocotepec: En dos casillas de un total de cinco, el PRI obtuvo el 75% de su votación, en estas casillas aparecen más boletas de las registradas en la instalación de las casillas, en estas casillas no se aceptaron los recursos de queja interpuestos por el PRD, siendo interpuestos estos ante la Comisión Estatal Electoral.
En el acta de cómputo se le otorga el triunfo al PRI con una mínima diferencia de 12 votos. Todos los recursos fueron declarados improcedentes.
Coxcatlán: Se interpuso el recurso de queja en 10 casillas solicitando la anulación de los resultados en las mismas por los siguientes motivos:
MULTIPLICACIÓN DE BOLETAS
Dar doble click con el ratón para ver imagen
Esto es en relación de las actitudes de los presidentes de casilla. Asimismo se levantó una acta en la que un juez de paz de una comunidad de este municipio, repartió 33 credenciales de elector, por otra parte se le sorprendió a un ciudadano votando con credencial de mujer.
Estos son algunos ejemplos de los recursos agotados por el PRD, no obstante las pruebas claras y contundentes del fraude cometido en contra de la ciudadanía poblana, los dictámenes emitidos por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso local fueron en el sentido de calificar de improcedentes nuestros recursos y otorgar el triunfo a los candidatos del PRI.
Cabe señalar que se han tenido pláticas con el Gobierno anterior y con el actual para encontrar una solución legítima a la inconformidad electoral, pero desafortunadamente confirmamos que existe cerrazón y que la voluntad política es nula para destrabar el conflicto.