Legislatura LV - Año II - Período Comisión Permanente - Fecha 19930303 - Número de Diario 11
(L55A2PcpN011F19930303.xml)Núm. Diario: 11ENCABEZADO
LV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio.
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE
Diputado Fernando Ortiz Arana
PALACIO LEGISLATIVO
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Héctor de Antuñano y Lora
AÑO II México, D.F., miércoles 3 de marzo de 1993 No. 11
SUMARIO
ASISTENCIA
APERTURA
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
COMUNICACIONES
Del diputado Benigno Aladro Fernández, por la que informa de su reincorporación a las labores legislativas. De enterado.
Del Congreso del Estado de Aguascalientes. De enterado.
Del Congreso del Estado de Baja California. De enterado.
Del Congreso del Estado de Guanajuato. De enterado.
Del Procurador General de la República. De enterado.
OFICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
Dos, por lo que se comunica que el Presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, nombró a los ciudadanos Teodoro Maus y Reisbaum y Bulmaro Andrés Pacheco Moreno, cónsules generales de México en Atlanta, Georgia y Miami, Florida, Estados Unidos de América, respectivamente. Se turnan a la Segunda Comisión.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Cristina Martínez Castellanos, Italo Francisco Di Lorenzo González y Luis Juan Morales Aguilar, puedan trabajar en la Delegación de la Comisión de las Comunidades Europeas en México. Se turna a la primera Comisión.
OFICIO DE LA COLEGISLADORA
Del Oficial Mayor de la Cámara de Senadores, con el que remite las aprobaciones de 26 legislaturas estatales, respecto a los artículos 3o. y 31 constitucionales. Se hace la declaratoria correspondiente.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
Cinco, De la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican los grados militares a un número igual de ciudadanos mexicanos.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Emilio Azcárraga Milmo, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República de Ecuador.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
Cinco, de la Segunda Comisión con puntos de acuerdo por los que se ratifican los grados militares a los ciudadanos Juan Enrique Reynoso Valle, Salvador González Santamaría, José Héctor Orozco Peralta, Juan Borrayo Saavedra y Gerónimo Bringas Murrieta. Se aprueban. Se turnan al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.
Dos, de la Primera Comisión, con proyectos de decreto por los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos: Mario Augusto José Moya y Palencia, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Cuba;
Héctor Vicente Ahuja Fuster, puede aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Guatemala;
Carlos Ignacio Gutiérrez Jiménez, puede aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Rumania en Puebla, con circunscripción en los estados de Tlaxcala, Puebla y Veracruz;
Jorge Manuel Pintado Cervera, puede aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Rumania en Monterrey, con circunscripción en el Estado de Nuevo León;
Alejandro Reyes Silvestre, puede prestar sus servicios en la embajada de la República Federativa de Brasil en México. Aprobados. Pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
DENUNCIA
La Secretaría de cuenta con un ocurso de vecinos del municipio de Ecatepec, México, sobre lo que calificaron como fraude y desalojos ilegales.
Se turna a las comisiones de Información, Gestoría y Quejas, de Justicia, de Derechos Humanos y Asentamientos Humanos y Obras Públicas de la Cámara de Diputados.
ESTADO DE SONORA
Para referirse a los hechos sangrientos ocurridos en Hermosillo, hacen uso de la palabra los legisladores: Amador Rodríguez Lozano, quien presenta una declaración política.
Carlos Enrique Cantú Rosas
Jorge Alfonso Calderón Salazar
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, quien presenta punto de acuerdo.
Víctor Martín Orduña Muñoz
Se turnan las propuestas a las comisiones de Justicia y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
COLEGIATURAS DE ESCUELAS PARTICULARES
Pronunciamiento presentado por el diputado Manuel Díaz Infante, firmado por diversos grupos parlamentarios. Se da por formulado.
ESTADO DE GUERRERO
Respecto de los recientes procesos electorales en el Estado de Guerrero, se concede el uso de la palabra a los legisladores:
Efraín Zúñiga Galeana
Miguel Angel León Corrales
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo
Fernando Arturo Charleston Salinas
Alberto Marcos Carrillo Armenta
Angel Heladio Aguirre Rivero
Miguel Angel León Corrales, para rectificar hechos.
Efraín Zúñiga Galeana, para rectificar hechos.
REFORMA ELECTORAL
Toma la palabra el diputado Diego Fernández de Ceballos Ramos, quien informa que su Partido se retira de la Comisión..
Debaten sobre este tema, los legisladores:
Fernando Ortiz Arana.
Diego Fernández de Ceballos Ramos, para contestar alusiones personales.
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, para contestar alusiones personales.
Jorge Alfonso Calderón Salazar.
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo
Carlos Enrique Cantú Rosas
Fernando Ortiz Arana, para rectificar hechos.
Carlos Enrique Cantú Rosas
TRATADO DE LIBRE COMERCIO (I)
Toma la palabra el diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar, quien expresar su opinión.
VISITANTE DISTINGUIDO
El Presidente saluda con agrado la presencia del excelentísimo señor Chian Chichen, consejero de Estado y Ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular de China, quien se encuentra en el salón de sesiones.
TRATADO DE LIBRE COMERCIO (II)
Continúan el debate los legisladores:
José Antonio González Fernández
Jorge Alfonso Calderón Salazar, para rectificar hechos.
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, quien presenta una declaración política.
Javier Garduño Pérez, en contra de la declaración.
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, para rectificar hechos.
Víctor Martín Orduña Muñoz, para rectificar hechos.
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, para rectificar hechos.
Diego Fernández de Ceballos Ramos, para rectificar hechos.
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, para contestar alusiones personales.
Diego Fernández de Ceballos Ramos, para rectificar hechos.
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, para contestar alusiones personales.
Jorge Alfonso Calderón Salazar
Carlos Enrique Cantú Rosas
En votación económica se desecha la declaración presentada por el diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.
ATENTADO TERRORISTA
Para proponer un punto de acuerdo en relación con los sucesos ocurridos en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, hacen uso de la palabra los legisladores:
Jorge Leobardo Lepe García
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo
Se da por presentada la declaración política.
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
Toman la palabra los legisladores:
Blanca Ruth Esponda Espinosa.
Carlos Enrique Cantú Rosas
ESTADO DE CHIAPAS
Sobre homicidios ocurridos en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, toman la palabra los legisladores: Miguel Angel León Corrales, presenta punto de acuerdo.
Alberto Marcos Carrillo Armenta
Se turna el punto de acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
VALLE DE MEXICALI
Para presentar un pronunciamiento político en relación con las inundaciones en dicha zona, hace uso de la palabra el diputado Amador Rodríguez Lozano.
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, presenta un punto de acuerdo.
Para rectificar hechos al respecto, los legisladores:
Carlos Enrique Cantú Rosas
Jorge Alfonso Calderón Salazar
Se turna la propuesta del diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo a la Comisión de Asuntos Fronterizos de la Cámara de Diputados.
ORDEN DEL DÍA
de la próxima sesión. Se levanta la sesión.
APÉNDICES
DEBATE
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO FERNANDO ORTIZ ARANA
ASISTENCIA
El Presidente: - Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia de los legisladores integrantes de la Comisión Permanente, rogando a los señores legisladores ocupen sus curules, si son tan amables, para iniciar nuestra sesión de esta fecha.
La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández: - Con mucho gusto. Se va a proceder a pasar lista de asistencia de los miembros de la Comisión Permanente.
Señor Presidente, hay una asistencia de 31 legisladores. Hay quórum.
APERTURA
EL Presidente: -(a las 11.20 horas) Gracias, compañera secretaria. En consecuencia, se abre la sesión y ruego a la Secretaría informe a los señores legisladores del proyecto de orden del día para la presente sesión.
ORDEN DEL DÍA
La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández:
«Comisión Permanente.- Primer Receso.- Segundo Año.- LV Legislatura. Orden del día
3 de marzo de 1993.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones de ciudadanos legisladores.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Aguascalientes, Baja California y Guanajuato.
Comunicación del ciudadano doctor Jorge Carpizo, Procurador General de la República.
Oficios de la Secretaría de Gobernación.
Por el que se comunica que el ciudadano Presidente de la República, nombró al ciudadano Teodoro Maus y Reisbaum, cónsul general de México, en Atlanta, Georgia, E.U.A.
Por el que se comunica que el ciudadano Presidente de la República, nombró al ciudadano Bulmaro Andrés Pacheco Moreno, cónsul general de México, en Miami, Florida, E.U.A.
Por lo que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Cristina Martínez Castellanos, Italo Francisco Di Lorenzo González y Luis Juan Morales Aguilar, puedan prestar servicios en la delegación de la Comisión de las comunidades europeas, en México.
Oficio de la honorable Cámara de Senadores
Con el que se remiten las aprobaciones de las legislaturas de los estados, respecto a las reformas a los artículos 3o. y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Secretaría realizará el computo correspondiente, dará cuenta a la Comisión Permanente y se hará la declaratoria respectiva.
Memoriales de particulares.
Dictámenes de primera lectura
Cinco, de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados a los ciudadanos Pablo Vázquez Vázquez, Jaime Mejía Michel, José A. Talavera Castella, Gelasio Luna Gutiérrez y Sergio E. Anaya y Galván.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Emilio Azcárraga Milmo, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional al mérito, en grado de Comendador, que le confiere el Gobierno de la República de Ecuador.
Dictámenes a discusión
Cinco, de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados a los ciudadanos Juan Enrique Reynoso Valle, Salvador González Santamaría, José Héctor Orozco Peralta, Juan Borrayo Saavedra y Gerónimo Bringas Murrieta
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano embajador Mario Augusto José Moya Palencia, para aceptar y usar la Medalla de la Amistad, que le confiere el Gobierno de la República de Cuba.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano general de
división P.A.D.E.M.A., Héctor Vicente Ahuja Fuster, para aceptar y usar la condecoración de la "Cruz de la Fuerza Aérea", que le confiere el Gobierno de la República de Guatemala.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Carlos Ignacio Gutiérrez Jiménez, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Rumania, en Puebla con circunscripción consular en los estados de Tlaxcala, Puebla y Veracruz.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Jorge Manuel Pintado Cervera, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Rumania, en Monterrey, con circunscripción consular en el Estado de Nuevo León.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Alejandro Reyes Silvestre, para prestar servicios en la embajada de la República Federativa de Brasil, en México.
Intervención del ciudadano diputado Amador Rodríguez Lozano, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse a los hechos ocurridos en Hermosillo, Sonora.
Pronunciamiento del ciudadano diputado Manuel Díaz Infante, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre los posibles aumentos de las colegiaturas en las escuelas particulares.
Intervención del ciudadano diputado Efraín Zúñiga Galeana, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse a los recientes procesos electorales realizados en el Estado de Guerrero.
Intervención del ciudadano diputado Miguel Angel León Corrales, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse al proceso electoral, en Guerrero. Intervención del ciudadano diputado Diego Fernández de Cevallos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre la reforma política.
Intervención del ciudadano diputado Jorge Calderón Salazar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse al proceso de Negociación y Ratificación del Tratado de Libre Comercio.
Intervención del ciudadano diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, para referirse al Proceso de Negociación y Ratificación del Tratado de Libre Comercio.
Intervención del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para proponer un punto de acuerdo sobre los sucesos ocurridos en la ciudad de Nueva York. Intervención de la ciudadana diputada Blanca Ruth Esponda, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hacer comentarios sobre el próximo aniversario del Día Internacional de la Mujer.
Intervención del ciudadano diputado Miguel Angel León Corrales, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse a la situación de los derechos humanos, en Chiapas.
Intervención del ciudadano diputado Amador Rodríguez Lozano, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre las inundaciones ocurridas en el Valle de Mexicali.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
EL Presidente: - Gracias, compañera secretaria. Señoras y señores legisladores, en virtud de que el acta de la sesión anterior de esta Comisión Permanente se envió oportunamente a todos los grupos parlamentarios, le ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se dispensa la lectura al acta.
La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández: -Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se dispensa la lectura al acta.
Los legisladores que estén por la afirmativa, se les ruega manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, se les ruega manifestarlo... Se le dispensa la lectura, señor Presidente.
«Acta de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el día veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y tres, correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.
Presidencia del diputado
Fernando Ortiz Arana
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las doce horas con doce minutos del día
veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y tres, con una asistencia de treinta y un legisladores, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día; la Asamblea dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, misma que sin discusión se aprueba en sus términos en votación económica.
Dos invitaciones del Departamento del Distrito Federal, a los actos cívicos del cuatrocientos sesenta y ocho aniversario luctuoso del último Huey Tlatoani de México-Tenochtitlán, Cuauhtémoc y el ciento sesenta y cuatro aniversario luctuoso de la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez. Se designan comisiones para representar a la Comisión Permanente.
La Secretaría da lectura a una comunicación del diputado Cristóbal Arias Solís, por la que informa su reincorporación a las tareas legislativas. De enterado, dese por reincorporado.
Nueve oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que se remiten las hojas de servicios de un número igual de ciudadanos mexicanos, para los efectos de la fracción séptima del artículo setenta y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnan a la Segunda Comisión.
Se da cuenta con un ocurso del ciudadano Emilio Azcárraga Milmo, por el que solicita el permiso constitucional necesario para poder aceptar y usar la condecoración que le refiere el Gobierno de la República de Ecuador. Se turna a la Primera Comisión.
La Secretaría de Primera lectura a cinco dictámenes de la Segunda Comisión con puntos de acuerdo por los que se ratifican los grados militares de un número igual de ciudadano mexicanos.
También se da primera lectura a cinco dictámenes de la Primera Comisión, con proyectos de decreto por los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Mario Augusto José Moya Palencia, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Cuba; Héctor Vicente Ahuja Fuster, puede aceptar y usar la condecoración que le confiere la República de Guatemala; Carlos Ignacio Gutiérrez Jiménez y Jorge Manuel Pintado Cervera, puedan aceptar y desempeñar los cargos de cónsules honorarios de Rumania en Puebla, con circunscripción en los estados de Tlaxcala, Puebla. Veracruz y en Monterrey, con circunscripción en todo el Estado de Nuevo León, respectivamente y Alejandro Reyes Silvestre, puedan prestar sus servicios en la embajada de la República Federativa de Brasil, en México.
Se someten a discusión y sin ella se aprueban y pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales, ocho dictámenes de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican los grados militares a los ciudadanos Manuel Zermeño del Peón, Manuel Peyrot González, Elías Padilla Salazar, Rubén Eduardo Márquez Salazar, Daniel Zamora Contreras, Hugo Acosta Aguilar, Abelardo Tun Chan y Carlos Angulo Jiménez.
Un dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que las ciudadanas Yolanda Enríquez Hernández y Alejandra María Teresa Salido Reyero, puedan prestar sus servicios en la embajada de los Estados Unidos de América en México. Es de segunda lectura y no habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se aprueba y se turna al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
Hace uso de la palabra el diputado Amador Rodríguez Lozano, del Partido Revolucionario Institucional, quien presenta una declaración política respecto a la ola de secuestros que se registran en el territorio nacional, documento al que se adhieren y comentan los legisladores Víctor Orduña Muñoz, del Partido Acción Nacional; Juan Calderón Hinojosa, del mismo Partido; Carlos Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien acepta una interpelación del diputado Rodríguez Lozano y Carlos González Durán, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Se turna el expediente al Procurador General de la República.
Sube a la tribuna el diputado Guillermo Flores Velasco, del Partido de la Revolución Democrática, quien da lectura a un memorial de particulares y a una declaración política con respecto a la situación administrativa y laboral del Instituto Mexicano del Café y, para expresar sus opiniones sobre el mismo tema, hacen uso de la palabra los legisladores: Carlos Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista; Manuel Aguilera Gómez del Partido Revolucionario Institucional; Guillermo Flores Velasco, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para rectificar hechos y en el mismo sentido, los legisladores Víctor Orduña Muñoz, del Partido Acción
Nacional; Manuel Aguilera Gómez, del Partido Revolucionario Institucional; Víctor Orduña Muñoz, del Partido Acción Nacional y Carlos González Durán, del Partido de la Revolución Democrática. Se turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados.
El presidente concede el uso de la palabra al diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista, quien propone la comparecencia del Secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal. Para sostener la proposición y presentar la de su Partido, hace uso de la palabra el diputado Carlos Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y en contra de ambas proposiciones, el senador Carlos Sales Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional. Se turnan las proposiciones a las comisiones de Energéticos y de Patrimonio y Fomento Industrial.
Para presentar una declaración política respecto de las pláticas para la pacificación de la República de Guatemala, firmada por los representantes de los grupos parlamentarios que integran la Comisión Permanente, hace uso de la palabra el senador Angel Ventura Valle, del Partido Revolucionario Institucional. Se tiene por formulada la declaración.
Para comentar la entrevista entre el Secretario de Comercio de México y su homólogo de Canadá, hacen uso de la palabra los legisladores Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista, quien propone la comparecencia del titular del ramo; Carlos Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en pro y Javier Garduño Pérez, del Partido Revolucionario Institucional, en contra.
A fin de rectificar hechos o contestar alusiones personales, se concede el uso de la palabra a los legisladores Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista, en cinco ocasiones; Diego Fernández de Cevallos, del Partido Acción Nacional, en tres ocasiones; Carlos Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Blanca Esponda Espinosa, Fernando Lerdo de Tejada y Rodolfo Becerril Straffon, del Partido Revolucionario Institucional En votación económica se desecha la proposición del diputado Amezcua Dromundo.
Para referirse a la convocatoria a plebiscito que hacen nueve miembros de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, hacen uso de la palabra los legisladores Guillermo Flores Velasco, quien hace una proposición; Carlos González Durán, del Partido de la Revolución Democrática, en pro; Fernando Lerdo de Tejada, del Partido Revolucionario Institucional, en contra y para expresar sus propias opiniones, los legisladores Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista; Carlos Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Alberto Carrillo Armenta, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional;
Presidencia del diputado
José Antonio González Fernández
Víctor Orduña Muñoz, del Partido Acción Nacional; Manuel Aguilera Gómez, del Partido Revolucionario Institucional y, para rectificar hechos, los legisladores Carlos González Durán, del Partido de la Revolución Democrática; Víctor Orduña Muñoz, del Partido Acción Nacional; Carlos Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Guillermo Flores Velasco, del Partido de la Revolución Democrática y Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista.
En votación económica se desecha la protesta del diputado Flores Velasco.
Para solicitar la comparecencia del Secretario de Salud, hace uso de la palabra el diputado Guillermo Flores Velasco, del Partido de la Revolución Democrática.
Presidencia del diputado
Fernando Ortiz Arana
Y para expresar sus opiniones respecto al Secretario de Salud, hacen uso de la palabra los legisladores Manuel Díaz Infante, del Partido Revolucionario Institucional quien hace otra proposición y Guillermo Flores Velasco, quien retira su propuesta. Se turna la proposición del diputado Díaz Infante a la Comisión del Distrito Federal.
Para denunciar la publicación de un anuncio en el que se convoca a registrarse en el Servicio Militar Nacional, hace uso de la palabra el diputado Juan Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional. Se turna a la Comisión de la Defensa Nacional de la Cámara de Diputados.
Para comentar diversos aspectos de la situación poselectoral en el Estado de Puebla, hacen uso de la palabra los legisladores Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista, en tres ocasiones; Alberto Carrillo Armenta, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción
Nacional; Manuel Díaz Infante, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones y Carlos González Durán, del Partido de la Revolución Democrática, quien solicita que el documento completo de su intervención se inserte en el Diario de los Debates, lo que así ordena el Presidente.
Agotados los asuntos en cartera y no habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy, convocando para la que tendrá lugar el próximo miércoles tres de marzo de mil novecientos noventa y dos a las once horas.»
EL Presidente:- Gracias. En consecuencia, proceda la Secretaría a consultar a los señores legisladores, en votación económica si es de aprobarse el acta de la sesión anterior.
La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández: -Está a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior. ¿Hay algún legislador que desee hacer alguna observación a la misma?...
Se consulta, de no ser así, a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.
Los colegas colegisladores que estén por la afirmativa, se les ruega manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, se les ruega manifestarlo... Está aprobada el acta, señor Presidente.
El Presidente: - Gracias, compañera secretaria. Proceda a dar cuenta con las diversas comunicaciones que están contenidas en el orden del día.
COMUNICACIONES
La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández:
«Ciudadano diputado Fernando Ortiz Arana.- Presidente de la Comisión Permanente de la honorable Cámara de diputados.- Presente.
Señor diputado; con fecha 16 de noviembre de 1992, dirigí ocurso a esa honorable Cámara para solicitar licencia y poder separarme temporalmente del ejercicio de mi cargo y funciones como diputado federal, en cumplimiento de disposiciones constitucionales que, para el caso, así lo estatuyen.
Transcurrido el período y cumplido el motivo por los cuales fue concedida la licencia solicitada manifiesto ahora mi propósito de reintegrarme al cumplimiento y desempeño de mi función como diputado federal a la LV legislatura del honorable Congreso de la Unión.
He de agradecer cumplidamente a usted, tenga a bien disponer el trámite legislativo y administrativo correspondiente a esta comunicación.
Atentamente.
Pachuca, Hidalgo, marzo 2 de 1993.- Diputado J. Benigno Aladro Fernández.»
De enterado y se le tiene por reincorporado a sus actividades legislativas.
«Gobierno del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes.- Poder Legislativo.
Ciudadano Presidente de la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- México, D.F.
Nos permitimos hacer de su conocimiento que la honorable LV Legislatura del Estado Libre y soberano de Aguascalientes, con fecha 31 de enero del presente año clausuró su Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional, habiéndose elegido la Mesa Directiva de la Diputación Permanente que funcionará del 1o. de febrero al 14 de mayo, misma que quedó de la siguiente manera: Diputados Presidente, Enrique Pasillas Escobedo, vicepresidente, Juan Francisco Torres Ornelas; secretario, Rafael Macías de Lira; suplente, Ramiro Aranda González.
Al hacer de su conocimiento lo anterior me es grato reiterarle las muestras de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
4 de febrero de 1993.- El Oficial Mayor: licenciado Isaac García Peña.»
De enterado.
«Poder Legislativo del Estado de Baja California.- XIV Legislatura Constitucional.
Ciudadano Presidente de la honorable Comisión del Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal.
Nos es satisfactorio comunicar a usted que la honorable XIV Legislatura del Estado de Baja
California, clausuró el día 31 de enero próximo pasado, su Primer Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año de su Ejercicio Constitucional; asimismo, que la Comisión Permanente designada para fungir durante el receso que se indica el día de hoy y concluye el día 31 de marzo del presente año, quedó integrada en la forma siguiente: Diputados Presidente Rodolfo Fierro Márquez; vicepresidente, César Mancillas Hernández; secretario, Carlos Flores Reyes; suplentes, Rafael Martínez Cantú; Luis Mercado Solís; Francisco Javier Zepeda Villaseñor.
Al hacer de su conocimiento lo anterior, aprovechemos la oportunidad para reiterar a usted, las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Mexicali, Baja California, 1o. de febrero de 1993.- La Comisión Permanente. Diputados Presidente, Rodolfo Fierro Márquez; secretario, Carlos Flores Reyes.>
De enterado.
«Honorable Congreso del Estado de Guanajuato, Guanajuato.
Ciudadano Presidente de la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- México, D.F.
La diputación permanente del honorable Quincuagésimo Quinto Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, en sesión celebrada el día de hoy, abrió y clausuró su primer período extraordinario de sesiones correspondientes al segundo año de su ejercicio legal; designado la mesa directiva de la forma siguiente: Diputados Presidente, Josefina Silvia Balleza Sánchez; vicepresidente, Agustín Marmolejo Valle; primer secretario, Arturo Saiz Calderón García; segundo secretario, Raquel Rodríguez Aguilar; prosecretario, Alberto Reyna García.
Lo que hacemos de su conocimiento para los efectos a que haya lugar.
Atentamente.
Sufragio efectivo. No Reelección.
Guanajuato, Guanajuato, 4 de febrero de 1993.- Arturo Saiz Calderón García, D. S; Raquel Rodríguez Aguilar, D. S.»
De enterado.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Procuraduría General de la República.
Licenciado Fernando Ortiz Arana, Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presente.
Distinguido señor Presidente de la honorable Comisión Permanente:
He recibido su atenta comunicación del día 25 de febrero del presente año, en la cual me comunica la "Declaración Política" que la honorable Comisión Permanente ha expedido respecto a su preocupación por los secuestros que se han realizado en diversas entidades del país.
Al respecto, muy atentamente, debo manifestar a usted lo siguiente:
1.- Coincido plenamente en que la naturaleza del delito de secuestro es del fuero común.
2.- Con absoluto respeto a las autonomías estatales, esta Procuraduría General de la República, a petición expresa de diversos gobernadores de entidades federativas, ha venido coadyuvando con las respectivas procuradurías generales de Justicia con la finalidad de combatir frontalmente delitos de secuestro.
3.- Por instrucciones del ciudadano Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Carlos Salinas, esta Procuraduría General de la República, ha formado un grupo especializado de agentes de la Policía Judicial Federal para investigar delitos de secuestro. Precisamente éste es el grupo que se desplaza por varias entidades federativas de nuestra República, a petición de los respectivos señores gobernadores.
4.- Esta procuraduría General de la República, si es necesario, reforzará el mencionado grupo de agentes de la Policía Judicial Federal.
5.- La Procuraduría General de la República, con verdadero agrado, acepta la "Declaración Política" de la honorable Comisión Permanente, ya que dicha Declaración se encuentra dentro de los marcos precios que el ciudadano Presidente de la República le ha fijado a esta dependencia. En consecuencia, intensificaremos el intercambio y el apoyo técnico y de capacitación de personal, con los gobernadores de las entidades federativas, que así nos lo soliciten, con la finalidad de combatir al delito de secuestro con mayor eficacia.
Aprovecho esta oportunidad para reiterar a usted las muestras de mi más distinguida consideración.
México, D.F. 26 de febrero de 1993.- Procurador General de la República doctor Jorge Carpizo."
De enterado.
El Presidente: -En este punto, esta Presidencia de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, quiere reconocer la atención inmediata que dio el Señor Procurador General de la República a la declaración política emitida durante la sesión anterior. Continúe la secretaria.
OFICIOS DE LA SECRETARIA
DE GOBERNACIÓN
NOMBRAMIENTOS
La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández:
"Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 12 del actual, enviándoles además con el presente los anexos que en el mismo se citan:
"En uso de las facultades que le concede el artículo 89 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el ciudadano Presidente de la República ha tenido a bien nombrar al ciudadano Teodoro Maus y Reisbaum, cónsul general de México en Atlanta, Georgia, E.U.A. En consecuencia, he de agradecer a usted se sirva solicitar en los términos de la fracción VII del artículo 79 constitucional la ratificación de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, para este nombramiento. Con este fin le envió adjuntos los datos biográficos del interesado."
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 19 de febrero de 1993.- El secretario Patrocinio González Blanco Garrido."
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
"Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
A continuación transcribo a ustedes, para su conocimiento y fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores, dirigió al suscrito, con fecha 12 del presente, manifestando lo siguiente:
"En uso de las facultades que le concede el artículo 89 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el ciudadano Presidente de la República ha tenido a bien nombrar al ciudadano Bulmaro Andrés Pacheco Moreno, cónsul general de México, en Miami, Florida, Estados Unidos de América. En consecuencia, he de agradecer a usted se sirva solicitar en los términos de la fracción VII del artículo 79 constitucional la ratificación de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión para este nombramiento. Con este fin le envió, adjuntos los datos biográficos del interesado."
Al comunicar a ustedes lo anterior, les acompaño con el presente los anexos que en el mismo se citan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D. F. 19 de febrero de 1993.- El secretario Patrocinio González Blanco Garrido."
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández:
"Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En oficio fechado el 15 del presente, la Secretaría de Relaciones Exteriores, manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:
"La Delegación de la Comisión de las Comunidades Europeas en México, se ha dirigido a esta Secretaría con el fin de tramitar las solicitudes correspondientes para que los ciudadanos mexicanos Cristina Martínez Castellanos, Italo Francisco Di Lorenzo González y Luis Juan Morales Aguilar, puedan prestar sus servicios en la citada Misión Diplomática. Por lo anterior, adjunto al presente las solicitudes formales de permiso de los interesados y copias certificadas de sus actas de nacimiento, con la atenta súplica de que esa dirección general a su cargo, realice las gestiones pertinentes ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, enviándoles con el presente los anexos que en el mismo se mencionan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D. F., 22 de febrero de 1993.- El secretario Patrocinio González Blanco Garrido."
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
OFICIO DE LA COLEGISLADORA
El secretario diputado Juan Luis Calderón Hinojosa:
"Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Senadores.- México, D. F.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adjunto me permito remitir a ustedes expedientes que contienen las aprobaciones a las reformas a los artículos 3o. y 31 fracción I de la Carta Magna, por parte de las legislaturas de los estados: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas; en total 26.
Reitero a ustedes las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal, 2 de marzo de 1993.- El Oficial Mayor licenciado Morelos Canseco Gómez."
El Presidente: -Gracias, señor Secretario. En consecuencia, la Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 constitucional y previa a la aprobación de las cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, así como de las honorables legislaturas de los estados, declara reformados los artículos 3o. y 31, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El secretario diputado Juan Luis Calderón Hinojosa: -Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
RATIFICACIÓN DE GRADOS
MILITARES
El secretario diputado Juan Luis Calderón Hinojosa:
"Segunda Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: A la Comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el veinte de noviembre de 1991 por el ciudadano Presidente de la República en favor del ciudadano Capitán de Navío del Cuerpo de Infantería de Marina, Milicia Permanente de la Armada de México, Pablo Vázquez Vázquez, como Contralmirante del Cuerpo de Infantería de Marina, Milicia Permanente de la Armada de México, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:
a) Que ingresó como Cadete en la Escuela Naval Militar el dos de enero de mil novecientos cincuenta y nueve y el primero de enero de mil novecientos sesenta y dos fue ascendido a Subteniente del Cuerpo de Infantería de Marina, Milicia Auxiliar de la Armada de México al término satisfactorio de sus estudios en dicho plantel;
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro de la Armada de México ha prestado servicios a la Nación Mexicana durante treinta y tres años, once meses veintinueve días y
d) Se le confirió en su oportunidad, por satisfacer el tiempo de servicios requerido para ello, la condecoración de Perseverancia de Segunda Clase.
De la revisión del expediente personal y hoja de servicios del nombrado Contralmirante del Cuerpo de Infantería de Marina, Milicia Permanente de la Armada de México, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de Contralmirante del Cuerpo de Infantería de Marina, Milicia Permanente de la Armada de México, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Pablo Vázquez Vázquez.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 12 de febrero de 1993.- Senador Humberto Lugo Gil, presidente; diputado Diego Fernández de Cevallos, secretario; diputados Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Blanca Ruth Esponda Espinosa, Fernando Lerdo de Tejada, Amador Rodríguez Lozano, senadores Carlos Sobrino Sierra, Héctor Terán Terán, Jorge Adolfo Vega Camacho y Angel Ventura Valle."»
Es de primera lectura.
"Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: A la Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el veinte de noviembre de 1991 por el ciudadano Presidente de la República en favor del ciudadano Capitán de Fragata del Cuerpo General, diplomado de Estado Mayor, Milicia Permanente de la Armada de México Jaime Mejía Michel, como Capitán de Navío del Cuerpo General diplomado de Estado Mayor, Personal Permanente de la Armada de México, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:
a) Que ingresó como Cadete en la Escuela Naval Militar el dieciocho de enero de mil novecientos sesenta y cinco y el primero de agosto de mil novecientos setenta fue ascendido a Guardiamarina del Cuerpo General, Milicia Permanente de la Armada de México al término satisfactorio de sus estudios en dicho plantel;
b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de Capitán de Fragata del Cuerpo General adquirió el carácter de diplomado de Estado Mayor;
c) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
d) Como miembro de la Armada de México ha prestado servicios a la Nación mexicana durante veintisiete años, once meses y trece días y
e) Se le confirió en su oportunidad por satisfacer el tiempo de servicios requerido para ello la Condecoración de Perseverancia de Tercera Clase.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado Capitán de Navío del Cuerpo General, diplomado de Estado Mayor, Personal Permanente de la Armada de México, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de Capitán de Navío del Cuerpo General, diplomado de Estado Mayor, Personal Permanente de la Armada de México, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Jaime Mejía Michel.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, 12 de febrero de 1993.- Senador Humberto Lugo Gil, presidente; diputado
Diego Fernández de Cevallos, secretario; diputados Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Blanca Ruth Esponda Espinosa, Fernando Lerdo de Tejada, Amador Rodríguez Lozano, senadores Carlos Sobrino Sierra, Héctor Terán Terán, Jorge Adolfo Vega Camacho y Angel Ventura Valle."»
Es de primera lectura.
«"Segunda Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: A la Comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el veinte de noviembre de 1991 por el ciudadano Presidente de la República en favor del ciudadano Capitán de la Fragata del Cuerpo de General, Ingeniero Mecánico Naval Milicia Permanente de la Armada de México, José A. Talavera Castella, como Capitán de Navío del Cuerpo General diplomado de Estado Mayor, Personal Permanente de la Armada de México, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:
a) Que ingresó como Cadete en la Heroica Escuela Naval Militar el ocho de enero de mil novecientos sesenta y cuatro y el primero de agosto de mil novecientos setenta fue ascendido a Guardiamarina del Cuerpo General Ingeniero Mecánico Naval, Milicia Permanente de la Armada de México al término satisfactorio de sus estudios en dicho plantel;
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro de la Armada de México ha prestado servicios a la Nación mexicana durante veintiocho años, once meses veintitrés días y
d) Se le confirió en su oportunidad, por satisfacer el tiempo de servicios requerido para ello, la Condecoración de Perseverancia de Tercera Clase.
De la revisión del expediente personal y hoja de servicios del nombrado Capitán de Navío del Cuerpo General diplomado de Estado Mayor, Personal Permanente de la Armada de México, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de Capitán de Navío del Cuerpo General, diplomado de Estado Mayor, Milicia Permanente de la Armada de México, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano José A. Talavera Castella.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 12 de febrero de 1993.- Senador Humberto Lugo Gil, presidente; diputado, Diego Fernández de Cevallos, secretario; diputados Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Blanca Ruth Esponda Espinosa, Fernando Lerdo de Tejada, Amador Rodríguez Lozano, senadores Carlos Sobrino Sierra, Héctor Terán Terán, Jorge Adolfo Vega Camacho y Angel Ventura Valle."»
Es de primera lectura.
«Segunda Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: A la Comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el veinte de noviembre de 1991 por el ciudadano Presidente de la República en favor del ciudadano Capitán de Fragata del Cuerpo de Aeronáutica Naval, Núcleo Piloto Aviador, Milicia Permanente de la Armada de México, Gelasio Luna Gutiérrez, como Capitán de Navío del Cuerpo de Aeronáutica Naval, Núcleo Piloto Aviador, Milicia Permanente de la Armada de México, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:
a) Que ingresó como Cadete en la Heroica Escuela Naval Militar, el quince de enero de mil novecientos sesenta y tres y el primero de agosto de mil novecientos setenta fue ascendido a Guardiamarina del Cuerpo General, Milicia Permanente de la Armada de México al término satisfactorio de sus estudios en dicho plantel;
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro de la Armada de México ha prestado servicios a la Nación Mexicana durante veintinueve años, once meses quince días, y
d) Se le confirió en su oportunidad, por satisfacer el tiempo de servicios requerido para ello, la Condecoración de Perseverancia de Tercera Clase.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado Capitán de Navío del Cuerpo de Aeronáutica Naval, Núcleo Piloto Aviador, Milicia Permanente de la Armada de México, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de Capitán de Navío del Cuerpo de Aeronáutica Naval, Núcleo Piloto Aviador, Milicia Permanente de la Armada de México, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Gelasio Luna Gutiérrez.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 12 de febrero de 1993.- Senador Humberto Lugo Gil, Presidente; diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos, secretario; diputados Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Blanca Ruth Esponda Espinosa, Fernando Lerdo de Tejada, Amador Rodríguez Lozano, senadores Carlos Sobrino Sierra, Héctor Terán Terán, Jorge Adolfo Vega Camacho y Angel Ventura Valle."»
Es de primera lectura.
«"Segunda Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: A la Comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido en veinte de noviembre de 1991, por el ciudadano Presidente de la República en favor del ciudadano Capitán de Fragata del Servicio de Ingenieros Rama Naval Militar, Milicia Permanente de la Armada de México, Sergio E. Anaya y Galván, como Capitán de Navío del Servicio de Ingenieros Navales Milicia Permanente de la Armada de México, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:
a) Que ingresó como Cadete en la Escuela Naval Militar el primero de enero de mil novecientos sesenta y seis y primero de agosto fue ascendido a Guardiamarina del Cuerpo General Ingeniero Mecánico Naval, Milicia Permanente de la Armada de México, al término satisfactorio de sus estudios en dicho plantel;
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las Leyes y Reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro de la Armada de México ha prestado servicios a la Nación Mexicana durante veintisiete años, y
d) Se le confirió en su oportunidad, por satisfacer el tiempo de servicios requerido para ello, la Condecoración de Perseverancia de Tercera Clase.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado Capitán de Navío del Servicio de Ingenieros Navales, Milicia Permanente de la Armada de México, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de Capitán de Navío del Servicio de Ingenieros Navales, Milicia Permanente de la Armada de México, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Sergio. E. Anaya y Galván.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 12 de febrero de 1993.- Senador Humberto Lugo Gil, Presidente; diputado Diego Fernández de Cevallos, secretario; diputados Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Blanca Ruth Esponda Espinosa, Fernando Lerdo de Tejada, Amador Rodríguez Lozano, senadores Carlos Sobrino Sierra, Héctor Terán Terán, Jorge Adolfo Vega Camacho y Angel Ventura Valle.»
Es de primera lectura.
CONDECORACIÓN
El secretario diputado Juan Luis Calderón Hinojosa:
«Primera Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: A la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fue turnado el escrito del ciudadano Emilio Azcárraga Milmo, por el que solicita el permiso constitucional necesario para poder aceptar y usar la Condecoración de la Orden Nacional al Mérito, en el Grado de Comendador, que le confiere el Gobierno de la República de Ecuador.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Emilio Azcárraga Milmo, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden Nacional al Mérito, en el grado de Comendador, que le confiere el Gobierno de la República de Ecuador.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 26 de febrero de 1993.- Diputado Rigoberto Ochoa Zaragoza, Presidente; Miguel Angel León Corrales, Secretario; diputados Carlos Enrique Cantú Rosas, Alberto Carrillo Armenta, Jorge Leobardo Lepe García, Víctor Orduña Muñoz; senadores: Manuel Aguilera Gómez, Artemio Iglesias Miramontes, Ernesto Luque Feregrino, Roberto Robles Garnica, Germán Sierra Sánchez.»
Es de primera lectura.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
RATIFICACIÓN DE GRADOS MILITARES
La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández:
«Segunda Comisión
Honorable Asamblea: A la Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el veinte de noviembre de 1991 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano Capitán de Navío del Cuerpo de Ingenieros Mecánicos Navales Milicia Permanente, de la Armada de México Juan Enrique Reynoso Valle, como Contralmirante del Cuerpo de Ingenieros Mecánicos Navales, Milicia Permanente, de la Armada de México, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:
a) Que ingresó como Cadete en la heroica Escuela Naval Militar el diez de enero de mil novecientos cincuenta y cinco y el primero de enero de mil novecientos sesenta y uno fue ascendido a Guardiamarina del Cuerpo de Ingenieros Mecánicos Navales Milicia Permanente, de la armada de México al término satisfactorio de sus estudios en dicho plantel;
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro de la Armada de México ha prestado servicios a la Nación mexicana durante treinta y siete años, once meses, veintiun días, y
d) Se le confirió en su oportunidad para satisfacer el tiempo de servicios para ello, la Condecoración de Perseverancia de Primera Clase.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado Contralmirante del Cuerpo de Ingenieros Mecánicos Navales Milicia Permanente de la Armada de México, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de Contralmirante del Cuerpo de Ingenieros Mecánicos Navales Milicia Permanente de la Armada de México, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Juan Enrique Reynoso Valle.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México,
Distrito Federal, a 12 de febrero de 1993.- Senador Humberto Lugo Gil, Presidente; diputado Diego Fernández de Cevallos, secretario; diputados Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Blanca Ruth Esponda Espinosa, Fernando Lerdo de Tejada, Amador Rodríguez Lozano, senadores Carlos Sobrino Sierra, Héctor Terán Terán, Jorge Adolfo Vega Camacho y Angel Ventura Valle.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
«Segunda Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: A la Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el veinte de noviembre de 1991 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano Contralmirante del Cuerpo de Ingenieros Mecánicos Navales Milicia Permanente, de la Armada de México Salvador González Santamaría, como Vicealmirante del Cuerpo de Ingenieros Mecánicos Navales, Milicia Permanente de la Armada de México, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:
a) Que ingresó como Cadete en la heroica Escuela Naval Militar el veintiséis de enero de mil novecientos cincuenta y tres y el primero de enero de mil novecientos cincuenta y ocho fue ascendido a Guardiamarina del Cuerpo de Ingenieros Mecánicos Navales de la Armada de México al término satisfactorio de sus estudios en dicho plantel;
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro de la Armada de México ha prestado servicios a la Nación mexicana durante treinta y nueve años, once meses y cinco días y
d) Se confirió en su oportunidad por satisfacer el tiempo de servicios requerido para ello, la Condecoración de Perseverancia de Primera Clase.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado vicealmirante del Cuerpo de Ingenieros Mecánicos Navales, Milicia Permanente de la Armada de México, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de Vicealmirante del Cuerpo de Ingenieros Mecánicos Navales, Milicia Permanente de la Armada de México, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Salvador González Santamaría.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 21 de febrero de 1993.- Senador Humberto Lugo Gil, Presidente; diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos, secretario; diputados Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Blanca Ruth Esponda Espinosa, Fernando Lerdo de Tejada, Amador Rodríguez Lozano, senadores Carlos Sobrino Sierra, Héctor Terán Terán, Jorge Adolfo Vega Camacho y Angel Ventura Valle.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
«Segunda Comisión de Trabajo
Honorable Asamblea: A la Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el veinte de noviembre de 1991 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano Contralmirante del Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor Naval, Milicia Permanente, de la Armada de México José Héctor Orozco Peralta, como Vicealmirante del Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor, Milicia Permanente de la Armada de México, para los efectos
de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:
a) Que ingresó como Cadete en la heroica Escuela Naval Militar el once de enero de mil novecientos cincuenta y cuatro y el primero de enero de mil novecientos cincuenta y nueve fue ascendido a Guardiamarina del Cuerpo General Milicia Auxiliar de la Armada de México al término satisfactorio de sus estudios en dicho plantel;
b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de Capitán de Navío del Cuerpo General adquirió el carácter de Diplomado de Estado Mayor Naval, Milicia Permanente;
c) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
d) Como miembro de la Armada de México ha prestado servicios a la Nación Mexicana durante treinta y nueve años, seis meses, diez días y
e) Se le confirió en su oportunidad por satisfacer el tiempo de servicios requeridos para ello, la Condecoración de Perseverancia de Primera Clase.
De la revisión del expediente personal y hoja de servicios del nombrado Vicealmirante del Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor, Milicia Permanente de la Armada de México, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de Vicealmirante del Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor, Milicia Permanente de la Armada de México, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano José Héctor Orozco Peralta.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 12 de febrero de 1993.- Senador Humberto Lugo Gil, Presidente; diputado Diego Fernández de Cevallos, secretario; diputados Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Blanca Ruth Esponda Espinosa, Fernando Lerdo de Tejada, Amador Rodríguez Lozano, senadores Carlos Sobrino Sierra, Héctor Terán Terán, Jorge Adolfo Vega Camacho y Angel Ventura Valle.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
«Segunda Comisión de Trabajo
Honorable Asamblea: A la Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el veinte de noviembre de 1991 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano Capitán de Navío del Cuerpo General, Milicia Permanente, Diplomado de Estado Mayor de la Armada de México Juan Borrayo Saavedra, como Contralmirante del Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor, Milicia Permanente de la Armada de México, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:
a) Que ingresó como Cadete en la heroica Escuela Naval Militar el nueve de enero de mil novecientos sesenta y uno y el primero de agosto de mil novecientos sesenta y seis fue ascendido a Guardiamarina del Cuerpo General, Milicia Permanente de la Armada de México al término satisfactorio de sus estudios en dicho plantel;
b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de Capitán de Navío del Cuerpo General adquirió el carácter de Diplomado Mayor;
c) al siguiente grado ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascenso;
d) Como miembro de la Armada de México ha prestado servicios a la Nación Mexicana durante treinta y un años, once meses, veintidós días y
e) Se le confirió en su oportunidad por satisfacer el tiempo de servicios requerido para ello, la Condecoración de Perseverancia de Segunda Clase.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado Contralmirante del Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor, Milicia Permanente de la Armada de México, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de Contralmirante del Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor, Milicia Permanente de la Armada de México, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Juan Borrayo Saavedra.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 12 de febrero de 1993.- Senador Humberto Lugo Gil, Presidente; diputado Diego Fernández de Cevallos; secretario; diputados Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Blanca Ruth Esponda Espinosa, Fernando Lerdo de Tejada, Amador Rodríguez Lozano, senadores Carlos Sobrino Sierra, Héctor Terán Terán, Jorge Adolfo Vega Camacho y Angel Ventura Valle.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
«Segunda Comisión de Trabajo
Honorable Asamblea: A la Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1991 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano Capitán de Navío del Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor Naval, Personal Permanente de la Armada de México, Gerónimo Bringas Murrieta, como Contralmirante del Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor, Personal Permanente de la Armada de México, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:
a) Que ingresó como Cadete en la heroica Escuela Naval Militar el primero de enero de mil novecientos sesenta y el primero de septiembre de mil novecientos sesenta y cinco fue ascendido a Guardiamarina del Cuerpo General, al término satisfactorio de sus estudios en dicho plantel;
b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de Capitán de Navío del Cuerpo General adquirió el carácter de Diplomado Mayor Naval;
c) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
d) Como miembro de la Armada de México ha prestado servicios, a la Nación Mexicana durante treinta y tres años y doce días; y
e) Se le confirió en su oportunidad por satisfacer el tiempo de servicios requerido para ello, la Condecoración de Perseverancia de Segunda Clase.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado Contralmirante del Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor, Personal Permanente de la Armada de México, se deduce que reúnen los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de Contralmirante del Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor, Personal Permanente de la Armada de México, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Gerónimo Bringas Murrieta.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México,
Distrito Federal, a 12 febrero de 1993.- Senador Humberto Lugo Gil, Presidente; diputado Diego Fernández de Cevallos, secretario; diputados Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Blanca Ruth Esponda Espinosa, Fernando Lerdo de Tejada, Amador Rodríguez Lozano, senadores Carlos Sobrino Sierra, Héctor Terán Terán, Jorge Adolfo Vega Camacho y Angel Ventura Valle.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
CONDECORACIONES
El secretario diputado Juan Luis Calderón Hinojosa:
«Primera Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: A la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fue turnado el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano embajador Mario Augusto José Moya y Palencia, pueda aceptar y usar la Medalla de la Amistad, que le confiere el Gobierno de la República de Cuba.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del Apartado B) del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Embajador Mario Augusto José Moya y Palencia, para aceptar y usar la Medalla de La Amistad, que le confiere el Gobierno de la República de Cuba.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 19 de febrero de 1993.- Diputado Rigoberto Ochoa Zaragoza, Presidente; Miguel Angel León Corrales, secretario; diputados Carlos Enrique Cantú Rosas, Alberto Carrillo Armenta, Víctor Orduña Muñoz, Jorge Leobardo Lepe García; senadores Manuel Aguilera Gómez, Artemio Iglesias Miramontes, Ernesto Luque Feregrino, Roberto Robles Garnica, Germán Sierra Sánchez.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado el proyecto de decreto.
Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
«Primera Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: A la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fue turnado el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano General de División Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Héctor Vicente Ahuja Fuster, pueda aceptar y usar la Condecoración de la "Cruz de la fuerza Aérea", que le confiere el Gobierno de la República de Guatemala.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del Apartado B) del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano General de División Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Héctor Vicente Ahuja Fuster, para aceptar y usar la Condecoración de la Cruz de la Fuerza Aérea, que le confiere el Gobierno de la República de Guatemala.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 19 de febrero de 1993.- Diputado Rigoberto Ochoa Zaragoza, Presidente;
Miguel Angel León Corrales, secretario; diputados Carlos Enrique Cantú Rosas, Alberto Carrillo Armenta, Víctor Orduña Muñoz, Jorge Leobardo Lepe García; senadores Manuel Aguilera Gómez, Artemio Iglesias Miramontes, Ernesto Luque Feregrino, Roberto Robles Garnica y Germán Sierra Sánchez.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado el proyecto de decreto. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
NOMBRAMIENTOS.
El secretario diputado Juan Luis Calderón Hinojosa:
«Primera Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: En oficio fechado el 21 de enero del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Carlos Ignacio Gutiérrez Jiménez, pueda aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Rumania, en Puebla con circunscripción consular en los estados de Tlaxcala, Puebla y Veracruz.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 17 de febrero, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana, con la copia certificada del acta de nacimiento.
b) Que los servicios que el propio solicitante prestará al Gobierno de Rumania, serán de carácter estrictamente consular.
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 Constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Carlos Ignacio Gutiérrez Jiménez, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Rumania, en Puebla con circunscripción consular en los estados de Tlaxcala, Puebla y Veracruz.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 19 de febrero de 1993.- Diputado Rigoberto Ochoa Zaragoza, Presidente; Miguel Angel León Corrales, secretario; diputados Carlos Enrique Cantú Rosas, Alberto Carrillo Armenta, Víctor Orduña Muñoz, Jorge Leobardo Lepe García, senadores Manuel Aguilera Gómez, Artemio Iglesias Miramontes, Ernesto Luque Feregrino, Roberto Robles Garnica y Germán Sierra Sánchez.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado el proyecto de decreto.
Pasa el Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
«Primera Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: En oficio fechado el 4 de febrero del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Jorge Manuel Pintado Cervera, pueda aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Rumania, en Monterrey con circunscripción consular en el Estado de Nuevo León.
En sesión celebrada en esta fecha por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 17 de febrero, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana, con la copia certificada del acta de nacimiento.
b) Que los servicios que el propio solicitante prestará al Gobierno de Rumania, serán de carácter estrictamente consular.
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 Constitucional. Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Jorge Manuel Pintado Cervera, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Rumania, en Monterrey con circunscripción consular en el Estado de Nuevo León.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 19 de febrero de 1993.- Diputado Rigoberto Ochoa Zaragoza, Presidente; Miguel Angel León Corrales, secretario; diputados Carlos Enrique Cantú Rosas, Alberto Carrillo Armenta, Víctor Orduña Muñoz, Jorge Leobardo Lepe García; senadores Manuel Aguilera Gómez, Artemio Iglesias Miramontes, Ernesto Luque Feregrino, Roberto Robles Garnica y Germán Sierra Sánchez.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado el proyecto de decreto.
Pasa el Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El secretario diputado Juan Luis Calderón Hinojosa:
«Primera Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: En oficio fechado 21 de enero de 1993, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Alejandro Reyes Silvestre, pueda prestar servicios como Auxiliar Administrativo, en la Embajada de la República Federativa del Brasil en México.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 24 de febrero, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana, con la copia certificada del acta de nacimiento.
b) Que los servicios que el propio interesado prestará en la Embajada de la República Federativa de Brasil en México, serán de carácter administrativo.
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 Constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Alejandro Reyes Silvestre, para prestar servicios como Auxiliar Administrativo, en la Embajada de la República Federativa de Brasil en México.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 19 de febrero de 1993.- Diputado Rigoberto Ochoa Zaragoza, Presidente; Miguel Angel León Corrales, secretario; diputados Carlos Enrique Cantú Rosas, Alberto Carrillo Armenta, Víctor Orduña Muñoz, Jorge Leobardo Lepe García, senadores Manuel Aguilera Gómez, Artemio Iglesias Miramontes, Ernesto Luque Feregrino, Roberto Robles Garnica y Germán Sierra Sánchez.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los Legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Aprobado el proyecto de decreto.
Pasa el Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
DENUNCIA
El secretario diputado Juan Luis Calderón Hinojosa:
«Honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Presentes.
Por este conducto nos permitimos denunciar el desalojo masivo en perjuicio de 600 familias humildes mexicanas, que con lujo de violencia, uso y abuso de la fuerza pública, han destruido nuestras viviendas, secuestrado nuestras propiedades y posesiones, nos han intimidado, amenazado y agredido física y moralmente, para desalojarnos ilegalmente y todo ello sin mediar juicio ante autoridad competente y sin mandato escrito que funde y motive la causa legal del procedimiento, violando en consecuencia nuestras elementales garantías constitucionales y derechos humanos.
Dichos desalojos de predio Mártires de Río Blanco, ubicado en Valle Guadiana y Valle de Sancara, Colonia Granjas Independencia 2, zona V, municipio de Ecatepec de Morelos México, que adquirimos legalmente y pagamos a su legítimo propietario, con sacrificios económicos y por medio de nuestra Asociación Solidaridad 90, A. C., terreno del cual incluso estamos en posesión legal, pagando predio, alineamiento, número oficial, traslado de dominio, etcétera, ante el municipio de Ecatepec, hoy resulta que presuntamente es propiedad del Infonavit y se pretende adjudicar en beneficio de grupos sociales como CTM 14 y Asamblea de Barrios.
Todo ello para encubrir un fraude multimillonario, que rebasa los seis mil millones de viejos pesos y en el que se encuentran involucrados funcionarios del municipio de Ecatepec, en perjuicio de nuestros humildes patrimonios.
Cabe destacar, que el día 24 de febrero el diputado Julio César García, de la Fracción Parlamentaria del PRD, se comunicó telefónicamente con el licenciado Humberto Lira Mora, Secretario de Gobierno del Estado de México, quien reconoció los hechos y se responsabilizó de los actos, e igualmente el Infonavit se hizo sabedor de un supuesto convenio para adjudicar nuestro predio a terceras organizaciones, a nuestras espaldas.
De tal manera, el síndico procurador del municipio de Ecatepec, Jorge Torres acompañado de impresionante dispositivo policiaco granaderos, policía montada y policía municipal, estatal y de tránsito, haciendo tabla rasa de nuestros derechos posesorios y demás documentación legal ha procedido a desalojarnos arbitrariamente, con fechas 27 de enero y 19 al 24 de febrero de 1993, desalojo practicado por las autoridades del Estado de México y municipio de Ecatepec, supuestamente a solicitud del Infonavit.
Ante tales hechos, nosotros cuestionamos:
a) ¿Puede el Infonavit, hacerse justicia por propia mano y solicitar un desalojo masivo, sin juicio previo?
b) ¿Es competente el Ayuntamiento de Ecatepec y autoridades administrativas del Estado de México para ordenar y practicar desalojos, sin juicio previo?
c) ¿Dónde quedan la garantía de audiencia y legalidad, la de motivación procesal y el derecho Constitucional contenido en el artículo 4o., a una vivienda digna y decorosa para el pueblo mexicano, ante tales arbitrariedades?
A esta honorable Soberanía solicitamos respetuosamente su intervención, para que por medio de las honorables comisiones de Asentamientos Humanos, Derechos Humanos, Justicia y Gestoría y Quejas, exijan a las autoridades del Estado de México que demuestren la legalidad de sus arbitrarios actos y soliciten la inmediata intervención del ciudadano gobernador del Estado de México, licenciado Ignacio Pichardo Pagaza, para su inmediata intervención y solución positiva del conflicto, todo ello en beneficio de la justicia y el estado de derecho en nuestro país.
Atentamente.
Solidaridad 90, A.C.- México, Distrito Federal a 24 de febrero de 1993.- José Estrada, Fernando López, Leopoldo Trejo, Martha Rodríguez, Emilia Montoya, Pedro Hernández, Francisco Pérez, Obdulia Villagómez, Emilio Gómez, Alberto Villagómez, y Araceli Ramírez.»
De enterado:
El presidente: -Como lo solicitan y con fundamento en el artículo 61 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General y
tratándose de un memorial de particulares, esta Presidencia turna el asunto con el que se ha dado cuenta a las siguientes comisiones de la Cámara de Diputados: Información, Gestoría y Quejas, Justicia, Derechos Humanos y Asentamientos Humanos y Obras Públicas.
ESTADO DE SONORA
El presidente: - Continuamos con los demás asuntos en cartera y para tratar el siguiente asunto damos la palabra al señor diputado Amador Rodríguez Lozano, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse a hechos recientemente ocurridos en la ciudad de Hermosillo, Sonora.
El diputado Amador Rodríguez Lozano: - Con su autorización, señor Presidente; compañeras y compañeros miembros de la Comisión Permanente:
Hay un hecho de sangre que tiene consternada a la ciudad de Hermosillo, al Estado de Sonora y con ellos a la nación entera.
Hace cuatro días, el 28 de febrero, un individuo presumiblemente bajo los efectos de alguna droga y de licor, asesinó arteramente a cinco pacíficos ciudadanos. Este individuo, ex agente de la Policía Judicial Federal, quien se desempeñaba con funciones ilegítimas apoyando a algunos miembros de la delegación de la Policía Judicial Federal de Sonora, lo que se conoce vulgarmente con el nombre de "madrina", tenía una orden de aprehensión por supuestos delitos acaecidos en 1990. Este individuo, quien el día de hoy en un periódico local El Imparcial de Sonora, declaró: que los mató por corajudo; que se había cegado de coraje y que por esa razón los había asesinado.
El asunto afecta no solamente a Hermosillo, no solamente a Sonora, sino incumbe a toda la nación. Este individuo por sus rasgos y sus expresiones tiene un perfil lombrosiano, había sido agente de la Policía Judicial Federal, en sus manos estaba la responsabilidad de perseguir los delitos y hacer cumplir la Ley en nuestro país.
Por supuesto que hay coraje e indignación en Hermosillo y en Sonora y nosotros la compartimos y desde esta tribuna la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, quiere expresar su solidaridad con los deudos de estas personas que fueron arteramente asesinadas, con la sociedad sonorense y con el Gobierno de este importante Estado de la República.
Un hecho de esta naturaleza no puede ser un acontecimiento de carácter local, sino que necesariamente tenemos que vincularlo a los fenómenos de carácter nacional.
Hemos expresado nosotros en esta tribuna, en otras tribunas, la preocupación de mi partido en el sentido de cumplir el anhelo constitucional de la procuración de justicia. Ese es un anhelo que seguramente compartimos todos los partidos políticos, todas las organizaciones y todos los ciudadanos de nuestro país.
Por eso vimos con ilusión y con satisfacción y saludamos también desde esta tribuna, el nombramiento que se hiciera de Jorge Carpizo, como Procurador General de la República. Dijimos que el nombramiento de Carpizo abría una nueva era de esperanza para que la Procuraduría General de la República cumpliera cabalmente con las obligaciones constitucionales y legales que se le tienen encomendadas.
La respuesta de Jorge Carpizo a la indignación de la Sociedad sonorense y de su Gobierno, que exigía que se esclarecieran los hechos y que se detuviera de inmediato a los responsables, fue también inmediata y con una gran rapidez.
Primeramente, en un documento aparecido el día de ayer, la Procuraduría General de la República efectivamente reconoce que esta persona había sido un ex agente de la Procuraduría General de la República y que existía librada una orden de aprehensión, misma que no había sido ejecutada. Reconoce también que esta persona se desempeñaba ilegalmente como "madrina" de la corporación en el Estado de Sonora. Toma las decisiones inmediatas, mismas que ya se reflejan. En estos momentos tengo información de la Procuraduría General del Estado de Sonora, de que este individuo se encuentra ya detenido, también sus presuntos encubridores.
Pero además esta definición del Procurador General de la República, es importante porque establece y le da la oportunidad a la Procuraduría General de la República, de expresar una serie de puntos que es importante que la nación conozca y se dé cuenta de la dimensión, del reto de la problemática que enfrenta la Procuraduría General de la República.
Pensamos que es importante que se hagan públicos los problemas, que se discutan ante los medios de comunicación, ante la sociedad. Esta
postura inicial de Jorge Carpizo, nos da y nos confirma las esperanzas, porque habla ya de una voluntad política de no ocultar problemas que ya en sí misma es el inicio de la solución de estos problemas tan enquistados en la Procuraduría General de la República.
La Procuraduría General de la República es una institución fundamental de nuestro sistema democrático. Si nuestro sistema democrático está fundamentado en el estado de derecho, la institución constitucionalmente responsable de vigilar la observancia del estado de derecho, tiene que ser una institución que nos dé confianza, que nos dé seguridad, que nos permita desarrollarnos en paz, con tranquilidad. Por ello, los problemas que enfrenta la Procuraduría, sus errores o sus tropiezos, nos laceran directamente y sus éxitos, sus aciertos, nos dan confianza en los principios democráticos y nos dan confianza en la ley.
El día de ayer, Jorge Carpizo emitió un documento que merece la reflexión, el análisis y el apoyo de todas las fuerzas políticas representadas en esta Comisión Permanente y de la sociedad en su conjunto.
De la misma manera que cuando fue Rector de la Universidad, que presentó un diagnóstico objetivo, serio y responsable de la Universidad, donde mostraba cuál era la fuerza y la debilidad de la institución, hoy presenta con gran valentía, de frente, de cara a la nación, un documento donde expresa toda la problemática compleja de la Procuraduría General de la República.
Realmente el reto es formidable. Dice Carpizo que se encuentra comprometido en cuerpo y alma para hacer valer la justicia; que se encuentra comprometido profundamente para poder resolver los problemas de la procuración de la justicia federal de nuestro país.
El documento es muy valioso y seguramente debe ser analizado por todos nosotros con gran profundidad, por lo que ahí nos muestra. Nos muestra una verdadera desorganización; ciertamente, primeramente hace un reconocimiento al esfuerzo de la Procuraduría, a su esfuerzo en materia en el combate en contra de la droga así nos demuestra y nos expresa que se ha podido combatir con gran éxito, de tal manera que se ha asegurado droga con el valor tres veces de la deuda exterior en el país y también es cierto que han muerto muchos integrantes de la Policía Judicial Federal y Agentes del Ministerio Público honestos, que creen en su trabajo, que creen en su labor de procuración de la justicia. Pero la debilidad y los problemas de la Procuraduría que Carpizo con gran valentía nos muestra, requieren verdaderamente de nuestro apoyo.
Ciertamente que alguien dirá: "Ya lo habíamos dicho". "Lo sabíamos". "Lo suponíamos. "Lo habíamos expresado". Nosotros también lo habíamos dicho y lo habíamos expresado porque compartimos esta preocupación común de procuración de justicia. Pero cuando lo dice el titular de la Procuraduría General de la República, cuando lo dice además, seguramente, con el propósito de vencer esos problemas que, señores, son problemas realmente monumentales, que de veras, insisto, exigen el apoyo total de todos nosotros, no podemos permitir que esos vicios continúen. Tenemos que presentar un frente común a la delincuencia, a la arbitrariedad, a la impunidad.
Ciertamente los problemas son muchos. Yo quiero pedirle al señor Presidente que este documento se inserte en el Diario de los Debates de la Comisión Permanente, por la importancia que reviste.
El 28 de febrero pasado en la ciudad de Hermosillo, Sonora, fueron ultimados cinco ciudadanos. El homicida es un ex agente de la Procuraduría General de la República sobre el que pesaba, antes de los hechos, una orden de aprehensión por su presunta participación en actividades delictuosas en la localidad de Ojo de Agua, Estado de México, donde perdieron la vida varias personas.
Jesús Rioja Vázquez, presunto homicida de las cinco personas en Hermosillo, estuvo colaborando informal e ilegalmente con elementos de la Delegación de la Procuraduría General de la República en Sonora. La existencia de contactos entre elementos de la corporación y el presunto homicida, evidencia la comisión del delito de encubrimiento.
La Procuraduría General de la República ha actuado con eficacia y rapidez, ha demostrado en los hechos su voluntad por esclarecer el multihomicidio y sobre todo, en dejar claro las responsabilidades de elementos de la Delegación de dicha dependencia en el Estado de Sonora, en el presunto encubrimiento de Jesús Rioja Vázquez.
Los homicidios citados, ponen al descubierto los vicios y las prácticas de carácter legal que por desgracia sobreviven en la Procuraduría. Sin embargo, este hecho reprobable ha sido también un elemento para demostrar que en la
Procuraduría existe la voluntad de sanear esta institución. En efecto, el Procurador Jorge Carpizo ha manifestado públicamente las carencias y los problemas que en la institución se viven, ha reiterado con valentía, que siempre hablará con la verdad y con ella encarará a la nación.
El abogado de la nación reconoció que no sólo se carece de instrumentos técnicos de investigación, sino que también el personal encargado de las propias investigaciones no está capacitado y en algunos casos ha caído en corrupción.
Asimismo, el Procurador Carpizo reconoció los obstáculos que la Procuraduría tiene para actuar con eficacia: un inmenso rezago de más de 86 mil averiguaciones previas sin resolver y una acumulación de órdenes de aprehensión sin ejecutar. Reconoció, también, que en muchos campos la investigación criminalística no existe y que algunos miembros de la Procuraduría se valen de elementos ajenos a la corporación para realizar trabajos. Que existe un manejo inadecuado de la información, que es una rémora para los operativos policiacos. Hay que reconocer que el Procurador Carpizo ha puesto a debate, con valentía, la situación de esta institución clave de nuestra democracia.
Los legisladores priístas no podemos soslayar el esfuerzo inmenso que el Procurador está realizando y los graves problemas que enfrenta. Consideramos que la tarea de hacer de la Procuraduría una institución confiable y eficaz, merece el respaldo de ciudadanos y autoridades.
Ya con anterioridad, el 14 de enero pasado, el Procurador Carpizo dio a conocer un Plan de Acción que comprende 27 puntos. Entre ellos destaca el compromiso de la Procuraduría de evaluar periódicamente los avances de su programa. Asimismo, reforzar las funciones jurídicas de la institución y luchar contra la impunidad. Ante la exigencia de la sociedad mexicana por erradicar la arbitrariedad en el programa citado la Procuraduría se comprometió a ampliar los canales para la recepción de quejas por parte de la ciudadanía. En lo que el narcotráfico se refiere, la Procuraduría atenderá los aspectos motrices de esta actividad delictiva: dirigencia, tráfico de armas, lavado de dinero y producción.
Restaurar la confianza de la ciudadanía, hacer más eficaz la acción policíaca con un estricto apego al derecho, son las tareas que el Procurador se ha impuesto y que merecen el respaldo de los ciudadanos, organizaciones y partidos políticos.
Por lo anterior, la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, representada en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, hace la siguiente
DECLARACIÓN POLÍTICA
La fracción parlamentaria del PRI, representada en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, reprobamos enérgicamente los hechos ocurridos el pasado 28 de febrero en la ciudad de Hermosillo, Sonora, en la que perdieron la vida cinco ciudadanos.
Asimismo, nos solidarizamos con los familiares de los ultimados, con la sociedad y las autoridades del Estado de Sonora, ante estos hechos lamentables y reprobables por todos aspectos.
Nuestra fracción hace un reconocimiento al Procurador General de la República, Jorge Carpizo, por su esfuerzo y voluntad para esclarecer los hechos y aplicar la Ley con todo rigor. Apoyamos decididamente las acciones emprendidas por el titular de la Procuraduría para sanear esta institución, que es un elemento clave de nuestra vida social.
La fracción priísta hace un llamado a todos los ciudadanos, organizaciones y partidos políticos para que nos solidaricemos con el esfuerzo ejemplar que está realizando el abogado de la nación. Estamos convencidos que la aplicación de la Ley es fundamental para que la sociedad mexicana pueda desarrollarse con armonía y paz social.
Consideramos necesario que las comisiones de Justicia y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, den seguimiento a las investigaciones que realiza la Procuraduría General de la República y que estén atentas a los resultados de las reformas emprendidas por el Procurador.
Es todo, señor Presidente.
ACCIONES CONCRETAS Y
COMPROMISOS DE LA
PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA 1993-1994
Las ideas que informan los principios que regirán las acciones que llevaremos a cabo en 1993 y 1994, están contenidas en el documento que leí el día de mi presentación en esta institución. Hoy hago públicas las principales acciones concretas que implantaremos y que han sido aprobadas por el ciudadano Presidente de la República. Este listado constituye nuestro
compromiso y de sus avances informaremos periódicamente a la opinión pública.
1. Presentar, en unos días más el programa de prioridades de la Procuraduría General de la República 1993-1994.
2. Evaluar periódicamente los compromisos y los avances de dicho programa y de las acciones concretas.
3. Reforzar las funciones jurídicas de la Procuraduría, como en los casos de la presentación judicial de la Federación, el estricto cumplimiento de los trabajos internacionales y su intervención en los juicios de amparo.
4. Actualizar el orden jurídico respecto a mejores instrumentos para combatir la delincuencia, a la carrera del Ministerio Público y Policía Judicial Federal, en materia de control de drogas, lavado de activos y de bienes asegurados.
5. Reforzar en forma muy especial la lucha contra la impunidad.
6. Reforzar decididamente sistemas para la prevención del delito.
7. Cumplir totalmente las recomendaciones que ha recibido de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
8. Ampliar y simplificar los canales de acceso a disposición de la ciudadanía para la recepción y atención de quejas, en especial aquellas relativas a la violación de derechos humanos.
9. Cumplir estrictamente con la Ley. En consecuencia, luchar frontalmente contra actos arbitrarios. Debe quedar claro que no es posible que se aplique la Ley en unos casos y no en todos. Nadie, ni la autoridad, ni los particulares, pueden solicitar estar por encima de la Ley o que ésta no se les aplique. Quien infringe la Ley conoce las consecuencias a las que se expone. Ningún fin justifica la utilización de medios ilegales, ni para la autoridad, ni para los individuos.
10. Agilizar con mayor calidad el área de averiguaciones previas; en este momento se encuentran 14,717 en proceso de integración.
11. Agilizar el área de cumplimiento de las órdenes de aprehensión al poner en vigor el sistema nacional de control de mandamientos judiciales; en este momento se encuentran 50,449 pendientes de ejecución.
12. Fortalecer la función social y de buena fe de la institución, solicitando el correspondiente sobreseimiento, cuando así proceda, de acuerdo con la estricta aplicación de la Ley, dándole prioridad a los casos de los indígenas.
13. Fortalecer la capacidad de investigación de la Policía Judicial Federal, mediante la adecuación de los métodos de trabajo, organización interna y el establecimiento de prioridades.
14. Intensificar la lucha contra el narcotráfico atendiendo los compromisos establecidos en el Programa Nacional para el Control de Drogas, mediante la aplicación enérgica de acciones dirigidas a combatir prioritariamente a los factores motrices del delito, como son, la dirigencia del crimen organizado, el tráfico de armas, el lavado de dinero y la producción de enervantes en zonas de alta incidencia.
15. Consolidar el Centro de Planeación para el Control de Drogas (Cendro), como instancia de coordinación del esfuerzo nacional en la materia, fortaleciendo su estructura, concluyendo la construcción de sus instalaciones definitivas y la infraestructura que requiere su operación.
16. Iniciar la formación de un sistema nacional de estadística criminal, en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
17. Fortalecer la función de servicios periciales, mediante el equipamiento, tecnificación y descentralización de las delegaciones estatales, de todas aquellas tareas que son frecuentemente requeridas en el delito federal y establecer los mecanismos de apoyo técnico especializado con las instituciones calificadas que puedan realizar el peritaje en situaciones extraordinarias.
18. Fortalecer la unidad de selección y evaluación de personal, en las áreas de medicina general, psicología, evaluación de conocimientos teóricos, habilidades y destrezas y evaluación de valores a través de polígrafo, bajo normas internacionales.
19. Reforzar e impulsar, muy especialmente, la capacitación de los nuevos y actuales miembros del Ministerio Público y Policía Judicial Federal. Esta es una de nuestras acciones prioritarias.
20. El martes 5 de enero, comenzó un programa de capacitación especial con carácter de emergencia para 35 ministerios públicos federales, gracias al apoyo de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la cual nos abrió
sus puertas a su importante programa de capacitación, mientras se crea el propio de esta institución, de acuerdo con los nuevos planteamientos en esta área.
21. Exigir el cabal cumplimiento de sus obligaciones a los funcionarios y servidores públicos de la institución y establecer un esquema de estímulos y recompensas sociales y económicas, que promuevan la participación, la productividad e iniciativa y reconozca el valor y entrega del personal en el desempeño de sus funciones.
22. Establecer un código de ética profesional para el Ministerio Público y la Policía Judicial Federal, que aliente el fortalecimiento del espíritu de cuerpo, como principal defensa moral contra embates corruptores del exterior y conductas personales equivocadas.
23. Apoyar totalmente el Registro Nacional de Servidores Públicos de Seguridad y Procuración de Justicia a cargo de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, sometiendo tanto el ingreso como la separación del cargo al registro y consulta de ese Registro.
24. Diagnosticar y cumplir con los procedimientos jurídico-penales que encuentran pendientes en materia de extradición, ejecución de sentencias y asistencia jurídica mutua ante gobiernos extranjeros, en estrecha coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores.
25. Continuar promoviendo la suscripción o, en su caso, la revisión de convenios bilaterales con gobiernos extranjeros en las mismas materias enunciadas en el punto anterior y con la misma coordinación.
26. Fortalecer la comunicación entre los distintos grupos organizados de la sociedad civil con el objeto de mejorar en todos sus ámbitos la procuración de justicia.
27. Reestructurar y simplificar la organización y los sistemas administrativos para apoyar las acciones enunciadas dentro del marco del presupuesto autorizado.
El ciudadano Presidente de la República, licenciado Carlos Salinas de Gortari, al darme posesión como Procurador General de la República, me instruyó para que la labor de esta institución refuerce el más estricto respeto a los Derechos Humanos, se fortalezca la seguridad pública y se redoblen esfuerzos en el combate a la impunidad.
Con la ejecución y el cumplimiento de estas acciones y estos compromisos nos proponemos cumplir esas instrucciones. Reitero que mejor procuración de justicia, mejor seguridad pública, mejor respeto a los derechos humanos y mejor lucha contra el delito federal y, particularmente contra el narcotráfico no son conceptos antagónicos; por el contrario, responden a las mismas ideas de igualdad, libertad y seguridad jurídica. Su principio y finalidad son exactamente el mismo: el reforzamiento de la dignidad humana.
México, distrito federal, a 14 de enero de 1993.- Doctor Jorge Carpizo.»
-El Presidente:- Gracias, señor diputado. Déjenos en la Secretaría el texto de la declaración política a la que ha dado lectura.
Y paso a dar cuenta a las señoras y señores legisladores, que hay varios compañeros que se han registrado para intervenir en el asunto que motiva a la declaración política presentada por el señor diputado Amador Rodríguez Lozano. Ellos son: el diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; el diputado Jorge Calderón, del Partido de la Revolución Democrática; el diputado Cuauhtémoc Amezcua, del Partido Popular Socialista y el señor diputado Víctor Orduña, del Partido Acción Nacional. En ese orden se han registrado y en ese orden esta Presidencia concederá la palabra.
En consecuencia, cedemos el uso de la palabra al señor diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas: -Señor Presidente; señores senadores; señores diputados.
Sobre este tema la violencia en el país, de la ausencia de seguridad jurídica en el país, podríamos hablar en forma desbordante y no concluir ni ponernos de acuerdo, no porque los hechos no fueron ciertos, sino porque de repente los compromisos políticos nos llevan más allá, pretendiendo tapar el sol con un dedo.
Ha habido muchos procuradores generales de la República, entre los más recientes, en orden regresivo: el señor licenciado Ignacio Morales Lechuga, el señor licenciado Enrique Alvarez del Castillo; el señor licenciado, también doctor en Derecho, Sergio García Ramírez; el señor licenciado Oscar Flores Sánchez y una serie más de representantes gubernamentales, miembros
también del partido del Gobierno, que en diferentes etapas del acontecer nacional han estado al frente de la Procuraduría General de la República.
La violencia nos afecta a todos los mexicanos. Creo que sin distingo de partidos, de ideología, de religión o de intereses, no solamente abordamos esta tribuna, sino en cualquiera de las que el país pone a nuestros alcances reprochamos los hechos de violencia como algo que lastima el consenso nacional, que divide nuestra nacionalidad y que ha llegado el momento, no solamente en el país sino en el extranjero, nos difunde como ausentes de seguridad jurídica en el ámbito nacional.
Estamos hablando en esta tribuna de los hechos acontecidos hace unos días en el municipio de Hermosillo y en el Estado de Sonora. Se nos está diciendo, la prensa lo relata y unos momentos quien me antecedió en la palabra lo señaló también, que el responsable aparente de estos eventos, sucesos, es una persona que todavía en fecha reciente participaba en calidad de agente de la Policía Judicial Federal, trabajando precisamente en auxilio de algunas otras entidades gubernamentales y directivas de esa institución.
Se nos señala también, que hay una serie de actitudes recientemente tomadas pero que finalmente traen en consecuencia que la violencia en el país se siga dando y que el personaje, entre comillas, como Jesús Riojas Vázquez, presunto homicida, sigan teniendo prevalencia en la información nacional porque es un fenómeno que doliéndonos a todos, no ha sido atacado con la elasticidad, con la energía y con el positivismo necesario.
El día de ayer, señor Procurador de la República, el señor doctor Jorge Carpizo McGregor, en un hecho que a nuestro juicio resulta inusitado, de cara al pueblo de México entero, expresó una serie de circunstancias lamentables que prevalecen a esa institución y aclaró que él mismo, en forma indirecta, había sido víctima de una serie de engaños de los intereses nebulosos que prevalecen y una serie de integrantes de corporaciones policiacas que al llegar al desempeño de esa función tan importante, también le manipularon la información y trajo en consecuencia que en sus primeras declaraciones a los medios de la información, hablara exclusivamente de 14 mil averiguaciones previas que estaban en desarrollo y en ejercicio en esa Institución.
El día de ayer, nos manifestó con bastante dolor, con bastante asombro, pero con un hecho de honradez que indudablemente el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana le aplaudimos, que esas averiguaciones previas suman una cantidad mucho muy superior a las 86 mil 241, y que dentro de estas averiguaciones previas, miles de órdenes de aprehensión no han sido ejecutadas no solamente por la ausencia de recursos de la institución a su cargo, sino porque los intereses que prevalecen dentro de esa corporación han traído consecuencia filtraciones indebidas que establecen estelas de protección en contra de la delincuencia nacional.
Se nos habló también de algo que si bien es cierto todo mundo ha repetido en esta tribuna, el pueblo de México entero siempre lo ha sabido, el peligroso contubernio entre las madrinas, sus representantes y grupos de protegidos que establecen estelas de comunicación con el narcotráfico internacional y que traen en consecuencia que muchas de las actitudes de esa institución no tengan el ejercicio debido para el atajamiento de la delincuencia internacional.
Se señalaron cosas mucho muy graves, como el después de estar dos meses al frente de esa Institución, a la fecha todavía no conoce la realidad de la nómina de los integrantes de esa fuerza policiaca. Nos dijo también, que muchos de los bienes de la Procuraduría han desaparecido y que de la mayoría de ellos se desconoce su existencia.
Se nos señalaron también esas grandes filtraciones que existen en la información, lo cual trae en consecuencia no solamente un hecho de profunda claridad para el pueblo de México, sino el deseo ferviente de los mexicanos de que se tomen actitudes de energía, de determinación y de consistencia que permitan avanzar en la lucha en contra de la delincuencia y nos permitan, en el ritmo acelerado necesario, empezar a tratar de avanzar en el control absoluto de lo que está aconteciendo en la Procuraduría General de la República.
A juicio del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el doctor Jorge Carpizo McGregor, es un hombre honesto, sensible y con valentía suficiente para enfrentar el grave problema que existe en los grupos policiacos y especialmente en la Procuraduría General de la República.
Sin embargo, consideramos que su presencia, su postura y su actividad, está limitada por una serie de nefastos intereses que prevalecen en esa Institución no obstante sus deseos de dar
cumplimiento cabal a las responsabilidades que le fueron encomendadas al frente de la Procuraduría General de la República. Se encuentra dentro de la misma calidad de prisionero de dichos intereses ajenos a la institución, enrejado lamentablemente tras los barrotes de la corrupción e impedido de accionar por las marcadas columnas de corruptelas, latrocinios, ausencia de profesionalismo, connivencia con algunos de los funcionarios de esta institución, que a través de los años han instituido en la misma, círculos viciosos de complicidad y mafias de protección, que no sólo impiden el avance en la lucha contra la corrupción, la delincuencia y el narcotráfico, sino que en algunas ocasiones auspician dentro de las mismas estos delitos, llegando al grado de ser ellos mismos instrumentos de grandes capitostes de las mafias internacionales.
El doctor Jorge Carpizo, en una actitud de plena honestidad reconocer las fallas existentes, ante la opinión pública, enfrenta su responsabilidad y acepta que él mismo fue engañado por una serie de malos funcionarios, que en el seno interno de esa institución gubernamental manipulan la información y conforme a esos datos, en su primer informe al inicio del año, otorgó cifras de averiguaciones previas que solamente reflejan el 15% del lacerante cáncer de corrupción, de mentiras, de falsedad y delincuencia que en esa institución existen.
Lamentamos que hasta ahora acepte que las nóminas son infladas, que la institución no tiene ningún control de quienes trabajan en ella y que tampoco conoce un catálogo de bienes y se pierden los expedientes.
La labor que tiene frente a sí el doctor Carpizo es agobiante, pero no podríamos decir que arriba a este cargo sin el conocimiento suficiente y necesario de la situación que ahí impera. El mismo, el doctor Carpizo, como presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tuvo la oportunidad en su momento, directa, de conocer las marcadas, graves y criminales irregularidades que en el seno de esa institución se dan. Quién no recuerda en este recinto que en ese entonces al propio doctor Jorge Carpizo McGregor le fueron intervenidas las líneas telefónicas de su oficina y quién no recuerda que todavía a la fecha ni tan siquiera ese caso ahora ha sido resuelto.
Recibimos pues con entusiasmo la aceptación de responsabilidad del doctor Carpizo, porque ha demostrado el suficiente valor civil y reconoce el juego perverso al que lo han sometido y toma la determinación histórica, de cara al pueblo de México, de emprender acciones de fondo para terminar con las irregularidades que se dan en esta institución. Por estos motivos, merece un voto de confianza del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
Muchas gracias, señor Presidente. Al igual que algún otro anexo que aquí tenemos, solicitaría también se integre al Diario de los Debates.
(Se inserta en los apéndices. 1)
El Presidente: -Con gusto, señor diputado Cantú, accedemos a su solicitud.
Concedemos la palabra ahora al señor diputado Jorge Calderón Salazar, del partido de la Revolución Democrática.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: -Con su venia, señor presidente; estimados compañeros legisladores:
El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática se une a las voces de los dos legisladores que me antecedieron en el uso de la palabra, a la más enérgica condena a los actos de violencia y particularmente al asesinato cometido en agravio de cinco ciudadanos en Hermosillo, Sonora, por un colaborador de la Procuraduría General de la República y particularmente que cumplía funciones ilegítimas e irregulares con el destacamento que estaba en el Estado de Sonora.
Consideramos lamentable que a lo largo de los años y en diversos momentos, sea la sociedad civil y ciudadanos pacíficos quienes sufran de manera cotidiana los atropellos que cometen diversos elementos policiacos, particularmente de la Policía Judicial Federal.
Y consideramos también que ha habido negligencia, lentitud e irresponsabilidad en distintas autoridades y particularmente en diferentes titulares de la Procuraduría General de la República, para recoger las quejas que organizaciones defensoras de derechos humanos, organismos de la sociedad civil y partidos políticos, han presentado en diversos momentos, contra las actuaciones que estos malos elementos de la Policía Judicial Federal y particularmente de la Procuraduría General de la República, han hecho en agravio a los ciudadanos.
En distintos momentos, a lo largo de años recientes, organizaciones campesinas organizaciones de trabajadores, grupos y organizaciones no gubernamentales y particularmente
nuestro partido político, ha presentado denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y posteriormente ante las comisiones estatales de Derechos Humanos, particularmente cuestionando la actuación de autoridades y específicamente la actuación de la Procuraduría General de la República y de la Policía Judicial Federal.
En distintos momentos no hemos sido atendidos con la celeridad que la gravedad de los acontecimientos que se han desarrollado en diferentes partes de la República requiere. Saludamos y lo decimos con toda claridad, la determinación que muestra el doctor Carpizo en las declaraciones hechas el día de ayer, a una limpieza general de la Procuraduría General de la República. Qué bueno que hay un reconocimiento de hechos tan graves como la desaparición de expedientes de delincuentes y particularmente de narcotraficantes. Esto había sido denunciado durante años por organizaciones de la sociedad civil.
Qué bueno también que se reconoce, cosa que había sido denunciada por numerosos organismos ciudadanos, la existencia de miles de órdenes de aprehensión sin ejecutar. Se habla de más de 86 mil órdenes de aprehensión. Qué bueno también que se reconoce algo que ha sido una vieja exigencia ciudadana que requiere una enérgica intervención, que es la colusión de agentes del Ministerio Público, de la Policía Judicial Federal, con delincuentes y narcotraficantes, que se cuestiona la filtración de información a narcotraficantes y se cuestiona también el hecho de que de diversos bienes que ha sido decomisados en operativos diversos, en muchas ocasiones se carece de un inventario preciso.
Sin embargo, aquí hay un elemento que quisiéramos destacar: México requiere, para el establecimiento de una vida democrática, una institucionalización de la participación social y de la participación ciudadana y la existencia de contrapesos democráticos a todos los niveles, donde consideramos que precisamente órganos legislativos autónomos del Poder Ejecutivo y el reconocimiento al protagonismo de las organizaciones no gubernamentales, es esencial.
Reconociendo la importancia fundamental de las declaraciones del doctor Carpizo, y asumiendo la honestidad en la voluntad que el doctor Carpizo muestra de limpiar a fondo la Procuraduría General de la República, nuestro partido en varias ocasiones en que ha sabido estas declaraciones, a veces importantes, de funcionarios, ha demostrado su cuestionamiento a lo que podríamos llamar una visión de la vida democrática que parte de una idea de que se trata más bien de acciones que funcionarios ilustrados debieran hacer en ausencia de una participación ciudadana.
No creemos que la vía para la institucionalización de la democracia en México sea la vía de las reformas borbónicas ensayadas en España a finales del siglo XVIII; no se trata sólo de la voluntad que funcionarios ilustrados puedan tener de limpiar instituciones tan extraordinariamente corrompidas, como algunos segmentos de la Procuraduría General de la República; se trata sí, de un lado, la voluntad que funcionarios expresan de reconocer que existen lacras y acabar con ellas, pero también de dar un protagonismo a las organizaciones ciudadanas, a las organizaciones no gubernamentales, a los grupos civiles y a los diversos segmentos de la sociedad mexicana, que haya una interlocución y que se escuche a la sociedad mexicana.
No podemos entonces, simplemente sumarnos a la declaración de que compartimos las críticas que el doctor Carpizo hace al funcionamiento de la PGR. Qué buen que la está haciendo, pero lo que importa es que no vuelva a suceder una situación en la cual las voces de la sociedad civil eleva, cuestionando prácticas corruptas, no sean escuchadas o sean sólo parcialmente atendidas. Se requiere, como lo exige el Partido de la Revolución Democrática y diversas fuerzas sociales, una interlocución cotidiana, una relación regular entre organizaciones no gubernamentales, organismos civiles, partidos políticos y grupos ciudadanos, con la Procuraduría General de la República y con el conjunto de las instituciones del poder político de nuestro país. No podemos entonces simplemente referirnos a un acto ilustrado, valiente, enérgico, que está haciendo el doctor Carpizo; se requiere una sociedad civil activa, participante, madura y con capacidad de interlocución frente al poder público.
Pero hay una razón más para que en este momento y ante la condena de los hechos en los que participa quien se supone el presunto responsable, hagamos esta aclaración:
Hace ya algunos años, en Angostura, Sinaloa, sucedieron hechos lamentables en que agentes, encargados de operaciones antinarcóticos, asesinaron a varios campesinos en esta localidad. La sociedad civil sinaloense expresó su más enérgica indignación; fueron detenidos los responsables de estos hechos, pero esa indignación se renovó y se profundizó particularmente en
Sinaloa, cuando percibieron que a través de diferentes maniobras legales, a través de diferentes formalidades legales, la enérgica acción penal que debería haberse ejercido con estos malos funcionarios, encargados de operación antinarcóticos, no fue cabalmente ejecutada, sino sólo de manera parcial y no hubo un seguimiento en todas las instancias de la aplicación de la justicia a lo que hubiera sido un castigo ejemplar a malos agentes antinarcóticos que asesinaron, repito, ciudadanos inermes en la población de Angostura, Sinaloa.
¿Por qué lo decimos en este momento? Porque consideramos que tan importante es la rápida y expedita aplicación de la Ley contra quien se considera presunto responsable, como la consecución en todos los procesos jurídicos, a fin de que no quede impune este crimen y no nos encontremos ante una situación de que después de algún tiempo encontremos que en el procedimiento jurídico se perdieron pruebas y de nuevo un mal precedente se pueda sentar en nuestro país ante una eventual no aplicación de la Ley con todo su rigor a quien es responsable del asesinato colectivo de ciudadanos inermes.
Esto, repito, no sólo depende de la buena voluntad de un funcionario ilustrado ¡Qué bueno que tenemos un funcionario ilustrado! Depende también de una relación orgánica institucional, con un sistema democrático de Gobierno y con una participación ciudadana que sea cotidiana y regularmente atendida y ojalá que esta determinación y valor que muestra el doctor Carpizo, lo mostraran también los organismos judiciales de los diferentes niveles de los estados de la Federación y que se hiciera una acción consecuente, vigilada por la sociedad civil y por el Poder Legislativo Federal a todos los niveles, a fin de que en próximos meses no sólo viéramos la acción espectacular, sino las acciones firmes, decididas, consecuentes, para que cada una de esas 86 mil órdenes de aprehensión se ejecutaran; para que las acciones que se anuncian en materia de limpieza de la Policía Judicial Federal se apliquen; para que desaparezca esa infame institución de las llamadas "madrinas", para decirlo vulgarmente, que son colaboraciones absolutamente ilegales.
Muchos ciudadanos, algunos que hoy somos legisladores federales, hemos sufrido en carne propia actos arbitrarios, particularmente en Sinaloa y Sonora y otros lugares de la República, de ser detenidos en cualquier calle de Mazatlán, Culiacán, Hermosillo, Alamos o Ciudad Obregón, ser encañonados por un individuo que no se identifica, ser amenazados en nuestra familia, nuestros bienes y nuestra pertenencia; buscar supuestamente, pese a demostrar de manera fehaciente nuestra condición de ciudadanos pacíficos, buscar supuestamente droga, pese a que se demostraba nuestra condición de investigador universitario, cosa que ha sucedido con muy diversos ciudadanos, y después, sin ninguna explicación, y después de haber tenido encañonados a pacíficos ciudadanos, liberarnos sin ningún tipo de explicación.
Esto obedece a una práctica nociva, a una forma de intimidación a los ciudadanos, que debe ser absolutamente erradicada.
Estamos de acuerdo en el combate eficaz, directo, al narcotráfico. ¡Qué bueno que hay logros en este sentido! Pero siempre con respeto a los derechos ciudadanos.
Hacemos pues, para terminar, votos porque la voluntad que está expresando el doctor Carpizo se manifieste en acciones eficaces en los próximos meses; que no dependan sólo de la acción ilustrada de un funcionario solitario, sino que sea producto de una solidez de instituciones republicanas y democráticas en nuestro país y que se dé el protagonismo que se requiere a la sociedad civil, se aplique la Ley hasta sus últimas consecuencias y establezca un mecanismo que permita la constitución de una fiscalía autónoma de la República, con facultades específicas y distintas a lo que son las facultades del abogado general del Gobierno y que permita entonces una adecuada atribución de funciones.
Nuestro partido, en próximos tiempos, presentará, en concertación con otros partidos políticos, propuestas de reformas legales que permitan fortalecer nuestro sistema jurídico y la función autónoma en materia judicial, así como fortalecer el diálogo institucional entre organizaciones no gubernamentales y los organismos judiciales de nuestro país. Muchas gracias.
El Presidente: -Gracias, señor diputado. Concedemos la palabra al señor diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: -Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión:
Las declaraciones hechas de manera pública por el Procurador General de la República, doctor Jorge Carpizo McGregor, son de saludarse por su valor y claridad.
Formula denuncias graves, expresa algo que era conocido, pero que adquiere mucha mayor relevancia cuando lo dice un funcionario con la responsabilidad del Procurador y con su autoridad moral, la existencia de agentes coludidos con la delincuencia y con el narcotráfico; el hecho de que desaparecen del archivo de la Procuraduría expedientes; el hecho de que no exista una nómina del personal de la Procuraduría, cierta y confiable; la mención de que son más de 86 mil las órdenes de aprehensión y reaprehensión pendientes de ejecutarse; el hecho de que existe filtración de información, lo que ha hecho fracasar múltiples operativos realizados por esa dependencia y entre otros también la ausencia de un inventario de todos los bienes asegurados y la presunción, por tanto, de que pueda desaparecer parte de estos bienes, entre ellos, incluso, probablemente la droga misma.
Reitero, es saludable el reconocimiento público, el "airear" de manera pública este tipo de lacras. Sin embargo, a juicio de la fracción parlamentaria de mi partido, sería más saludable aún si esta problemática, aguda sin duda, que se está dando y que el Procurador hoy reconoce de manera pública, se elevara de rango en ventilarla y se estableciera un diálogo en torno a estos graves problemas que vive esta institución, entre la representación de la nación y la Procuraduría misma.
«Con fundamento en el artículo 79, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, presento a la consideración de esta soberanía el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión recomienda se invite al Procurador General de Justicia de la República, doctor Jorge Carpizo McGregor, a comparecer ante las comisiones de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, a efecto de que informe a la Representación Nacional sobre la situación, en mucho alarmante, que parece existir en la Procuraduría.
Dado en la sala de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los tres días del mes de marzo de mil novecientos noventa y tres.
Por la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista.- Diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.»
Dejo la propuesta en manos de la Secretaría, señor Presidente. Muchas gracias.
El Presidente: -Gracias, diputado Cuauhtémoc Amezcua. Concedemos la palabra para este mismo asunto, al señor diputado Víctor Martín Orduña Muñoz, del Partido Acción Nacional.
El diputado Víctor Martín Orduña Muñoz: -Con su autorización, señor Presidente y para registro del Diario de los Debates, es Víctor Martín.
El Presidente: - Procede la rectificación, señor diputado.
El diputado Víctor Martín Orduña Muñoz: -Gracias, señor Presidente. Lamentables y condenables son los hechos aquí denunciados e indudablemente deberán ser sancionados con todo el rigor de la Ley.
Quiero referirme a la declaración hecha el día de ayer por el doctor Jorge Carpizo, que dio a conocer a la opinión pública en una forma valiente y objetiva los vicios que aún perduran en esa Procuraduría. No me referiré ya a toda y cada una de esas declaraciones, porque quienes me han antecedido en el uso de la palabra lo han hecho en forma prolija.
Tan sólo mencionar en esta tribuna que todos y cada uno de los legisladores del Partido Acción Nacional en esta Comisión Permanente y el grupo parlamentario en su totalidad, nos solidarizamos públicamente con el extraordinario esfuerzo que realiza el doctor Jorge Carpizo como Procurador General de la República. Reconocemos su valor y entrega y le hacemos saber desde esta tribuna que los legisladores de Acción Nacional apoyaremos en todas las trincheras la extraordinaria labor que viene realizando para limpiar de una vez por todas esa Procuraduría y hacer de esa institución un verdadero y auténtico instrumento de justicia y legalidad. Igualmente apoyaremos a todas las autoridades locales que en la misma línea que el Procurador Carpizo coadyuven para hacer realidad los derechos humanos y garantías individuales que reclaman de manera impostergable todos los mexicanos.
Eso es todo, señor Presidente. Gracias por su atención.
El Presidente: -Gracias, señor diputado. Procedemos a dar turno a las dos proposiciones, la que presentó el señor diputado Amador Rodríguez y la que presentó el señor diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo. Ambas se turnan a las comisiones de Justicia y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
COLEGIATURAS DE ESCUELAS
PARTICULARES
El Presidente: - Y pasamos a otro asunto que ha quedado registrado en el orden del día y cedemos la palabra para tratarlo al señor diputado Manuel Díaz Infante, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Manuel Díaz Infante: - Con su venia, señor Presidente:
Los legisladores, diputados y senadores de los Partidos Revolucionario Institucional, Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, de la Revolución Democrática, Popular Socialista y Auténtico de la Revolución Mexicana, miembros de esta Comisión Permanente, ante la posibilidad de que exista un alza en las cuotas de las escuelas particulares a partir del próximo ciclo escolar hemos considerado oportuno hacer un pronunciamiento sobre materia tan importante de conformidad con los siguientes considerandos:
Tomando en cuenta que la opinión pública se ha venido manifestando en contra de un aumento desmedido en las cuotas que por concepto de prestación de servicios educativos se pretende cobrar por las escuelas particulares en el ciclo escolar 1993-1994.
Que consecuentemente los legisladores senadores y diputados ven con preocupación que se lleguen a incrementar las cuotas en las escuelas privadas fuera de los compromisos establecidos entre autoridades, escuelas particulares y asociaciones de padres de familia.
Que las secretarías de Comercio y Fomento Industrial y de Educación Pública, así como de la Procuraduría Federal del Consumidor, emitieron un acuerdo por el que se establecen las bases mínimas de información para la comercialización de los servicios educativos que prestan los particulares, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de marzo de 1992.
Que el acuerdo mencionado establece, entre otras, las siguientes bases:
1o. Se considera a los prestadores de servicios educativos como proveedores de servicios y por lo tanto sujetos a las disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
2o. Las disposiciones del acuerdo son de aplicación general para todos los particulares prestadores de servicios educativos de tipo elemental medio.
3o. Obliga a los prestadores de servicios educativos a informar a los padres de familia por escrito y previamente a la inscripción para cada ciclo lectivo, sobre el contenido del acuerdo; la relación de los tipos educativos y grados escolares ofrecidos; el costo total correspondiente a los conceptos de inscripción, colegiaturas y derechos de incorporación y establece que sólo podrán ser cobrados de manera obligatoria los tres últimos mencionados.
Que el mismo acuerdo señala que se deben presentar por conducto de la Asociación de Padres de Familia para recibir su opinión, los ajustes a los diferentes conceptos de cobro para el ciclo escolar siguiente, 60 días antes del período de inscripción.
Que los legisladores, senadores y diputados, consideran que los incrementos que pudieran darse en las colegiaturas deben inscribirse dentro del marco de la economía actual, consecuentes con los incrementos salariales, sin permitir que se haga de manera inmoderada, ya que esto conllevaría a una seria lesión a la situación económica de muchas familias mexicanas.
Por lo anterior, proponemos a esta Comisión Permanente, el siguiente
PRONUNCIAMIENTO
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se pronuncia porque las entidades competentes del Ejecutivo Federal, dentro del marco de concertación y respeto a las asociaciones de padres de familia, vigilen la aplicación estricta del acuerdo por el que se establecen las bases mínimas de información para la comercialización de los servicios educativos que prestan los particulares, buscando que las colegiaturas sean fijadas acordes con la situación económica y en forma proporcional a la calidad y naturaleza de los servicios que se prestan.
Salón de sesiones, a los 3 días del mes de marzo de 1993.
Lo suscriben: por el Partido Revolucionario Institucional, el senador Humberto Lugo Gil y el diputado Manuel Díaz Infante; por el Partido de la Revolución Democrática, el diputado Jorge Calderón y el diputado Miguel Angel León Corrales; por el Partido Popular Socialista, el diputado Cuauhtémoc Amezcua; por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el diputado Enrique Cantú Rosas y por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional el diputado Alberto Carrillo Armenta.
Dejo en la Secretaría, señor Presidente.
El Presidente: Gracias, señor diputado.
Se tiene por formulado el pronunciamiento con el que ha dado cuenta el señor diputado Manuel Díaz Infante.
ESTADO DE GUERRERO
El Presidente: -Y concedemos la palabra para hacer referencia a las elecciones recientemente celebradas en el Estado de Guerrero, al señor diputado Efraín Zúñiga Galeana, del grupo Parlamentario Institucional.
El diputado Efraín Zúñiga Galeana:- Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
La renovación del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero o sea la elección de gobernador para el período de gobernador 1993-1999, o realizó en un marco de amplia cobertura y concentración, entre todas las fuerzas políticas. La participación de diputados al honorable Congreso local, autoridades estatales, partidos políticos y la ciudadanía, dio como resultado una jornada electoral que garantizó la legalidad, la libre emisión del sufragio y la convivencia pacífica de los guerrerenses. La voluntad de la ciudadana superó los barruntos de tormenta infundados, de quienes presagiaban una contienda electoral inmersa en la violencia, la anarquía y la inestabilidad política. El marco de apertura y participación que imperó en la etapa preelectoral donde participaron 11 candidatos de igual número de partidos políticos, incluido el Partido de la Revolución Democrática, desde las reformas constitucionales que modificaron el Código Electoral de este Estado, hasta la jornada electoral del 21 de febrero, significó una etapa trascendental e histórica, para la vida democrática de nuestro Estado.
Está acreditada una amplia cobertura de concentración entre los partidos políticos, con el objetivo fundamental de transparentar los resultados comiciales. Con base en las reformas electorales, las instancias fueron partícipes de validar, de aprobar en su caso los acuerdos plurales que garantizaron la legalidad y la transparencia de las elecciones.
Desde la integración del Consejo Estatal Electoral, integrado por los diputados locales y ciudadanos, cada una de las estructuras ejecutivas y operativas fueron aprobadas por consenso.
Entrego, señor Presidente, en este acto a la Secretaría, todos los acuerdos que se tomaron en el Consejo Estatal Electoral, que estos acuerdos desde el primero de la primera sesión del 19 de mayo de 1992, están firmadas, validadas por los representantes de todos los partidos políticos; todas las sesiones del Consejo Estatal, están aquí firmadas y en ellas aparece la firma de los representantes del PRD, Rafael Aréstegui Ruiz y el diputado Misael Medrano.
Entregaré finalmente las actas del Consejo Estatal, señor Presidente. Estas elecciones en el Estado de Guerrero, significan un avance en el tratamiento de las cuestiones electorales del país, porque para nada participó el Ejecutivo del Estado y todo proceso fue manejado por el Consejo Estatal Electoral. Su preparación, el nombramiento de funcionarios de casillas, la aprobación de tintas, la elaboración de documentación electoral debidamente firmadas las boletas por todos lo miembros del Consejo, la distribución de la documentación electoral. En fin, todo lo relacionado en este proceso, fue manejado con el sentido de imparcialidad, de pluralismo y de limpieza; no había nada que ocultar y lo único que buscaba era el proceso legalmente válido, que los guerrerenses emitieran limpiamente su voto y optaran por las ofertas políticas que se le presentaban en este proceso electoral.
El Tribunal Electoral, los consejos distritales electorales, 3 mil 173 casillas nombradas, mediante el proceso de insaculación, de más de 25 mil ciudadanos, registros de representantes ante las mesas directivas de casillas y el nombramiento de los representantes ante las mesas directivas de casillas y el nombramiento de representantes, todo esto por consenso. Ahí están las actas del Consejo Estatal. Todo fue llevado a cabo por consenso, y están, como digo, las actas debidamente firmadas. Igualmente se cumplió con el acuerdo unánime de firmar todas las actas de cómputo y escrutinio y las boletas de votación del Consejo Estatal Electoral y en los consejos distritales, respectivamente.
Por consenso de los partidos políticos, representados en la Comisión Estatal de Vigilancia del Registro Federal de Electores, se aprobó el programa de actualización del padrón electoral, las listas nominales y la entrega de credenciales para votar y posteriormente la ampliación de plazos para favorecer una mayor cobertura de participación ciudadana.
Como todas las entidades federativas, el Estado de Guerrero, a través de su Gobierno, celebró el 24 de marzo de 1992, con el Instituto Federal Electoral, un convenio de colaboración cuyo clausulado se amplió en el anexo que se firmó
por los mismos partidos políticos, el 15 de agosto de 1992. En este convenio se estableció, entre otros compromisos, que el Registro Federal de Electores tendría a su cargo la revisión y actualización del padrón electoral, actividad que se llevaría a cabo con la intervención de los partidos políticos, siempre con la intervención de los partidos políticos, tanto nacional, es decir, partidos con registro nacional, como partidos con registro local.
Esta tarea se realizó a partir del mes de octubre de 1992, habiendo concluido el mes de enero del año en curso, de cuyas actividades se levantaron las actas respectivas en el Centro Regional del Instituto Federal Electoral, en Cuernavaca, Morelos. Más aún, todos los partidos políticos han participado también a través de la Comisión Estatal de Vigilancia y todos los representantes de dichos partidos han firmado las actas en que consta el esfuerzo realizado para mejorar y actualizar el padrón electoral que logró, que logró, es muy importante este porcentaje, que logro el 96.7% de confiabilidad, por encima de la media nacional.
Entrego, señor Presidente, también, todos los acuerdos de la Comisión de vigilancia, firmados por los partidos políticos que participaron desde el 2 de enero al 29 de febrero de 1992, hasta las sesiones finales del 11 de febrero de 1993, por ejemplo, en que PAN, PRI, PPS, PRD, Frente Cardenista y PARM, acordaron en el seno de la Comisión Local de Vigilancia, que los representantes partidistas... se informó a los representantes partidistas de las credenciales no recogidas por los titulares, en el trabajo extraordinario del 31 de enero, así como del resguardo de las mismas por la parte del Servicio Panamericano de Protección, quien las tendrá en custodia del 12 al 22 de febrero en sus instalaciones ubicadas en Tepetzingo, Estado de México. Esta fue la sesión 11 de febrero firmada por el PRD y por todos los partidos políticos.
El 12 de febrero de 1993, también hubo una sesión firmada esta sesión por el PRI, PAN, PPS, PRD, Frente Cardenista y PARM y acuerdo es el siguiente:
"El vocal estatal del Registro Federal Electoral, en compañía de los miembros de la Comisión Local de Vigilancia, así como el Notario Público número 1 del distrito judicial de Bravo, procedieron al resguardo de las credenciales no recogidas por los titulares, hasta el 31 de enero de 1993".
Todas las credenciales no recogidas se resguardaron y está firmada el acta de la sesión de la Comisión Estatal de Vigilancia por los partidos políticos.
Entrego, señor Presidente, todos los acuerdos de la Comisión del Padrón Electoral.
El viernes 8 de enero del año en curso, se cumplió con el procedimiento de insaculación de las casillas nominales para designar a los ciudadanos de cada sección electoral, para integrar las mesas directivas de las casillas. En ese procedimiento no sólo se observó el artículo 165 de Código Estatal Electoral, sino que además se procuró satisfacer los requisitos señalados para ser integrantes de la mesa directiva de la casilla, que señala el propio código electoral del Estado.
Ese procedimiento, aceptado para todas las casillas, solo originó tres recursos de aclaración, que fueron resueltos oportunamente por el Consejo Estatal Electoral, mismos que fueron recurridos ante el Tribunal Electoral del Estado.
Los partidos políticos contaron con todas las garantías para su trabajo político. Los partidos políticos contaron también con innumerables apoyos extraordinarios para coadyuvar en sus tareas de información, campañas y cierres de campañas. Esos apoyos estuvieron representados por un equipo de cómputo vinculado al Consejo Estatal Electoral, que ofreció la información a todos los participantes en los comicios.
Se acordó y se otorgó el apoyo financiero. Apoyo económico, igualitario, para fortalecer sus campañas de proselitismo. Además de los convenios de apoyo con los ayuntamientos para facilitar las acciones de difusión y propaganda política de cada organización partidaria.
En las condiciones previstas, con la voluntad política de las instancias involucradas en la competencia electoral, con una avanzada concertación sin precedentes en la historia electoral de Guerrero, la comunidad expresó su voluntad en favor de la mejor opción política: la que representó la mejor oferta, la que representa las aspiraciones de los guerrerenses y garantiza el desarrollo histórico de la entidad.
En ese proceso electoral quedaron sepultados los intentos desestabilizadores que en fecha reciente pretendieron empañar y descalificar, con anticipación, un proceso que ha resultado histórico; donde las fuerzas progresistas de Guerrero han demostrado que la entidad no es escenario de violencia que decían unos cuantos, sino el ámbito donde se demostró la vigencia del derecho y la convivencia pacífica de todos.
Difícilmente pueden objetarse los resultados electorales del proceso, que desde su inicio se caracterizó por contar con una amplia cobertura de concentración y diálogo. Lo repito: donde se debatieron todas las propuestas, solicitudes y demandas partidarias, las cuales dentro del marco de la Ley Electoral del Estado fueron atendidas y subsanadas, consolidando así las condiciones de igualdad y respeto plural que dieron lugar a una ejemplar y civilizada jornada electoral.
La voluntad política del Gobierno estatal, las instancias electorales responsables y las organizaciones políticas contendientes, han demostrado que con la Ley y con la voluntad ciudadana se ampliará el rumbo democrático de los guerrerenses. Nosotros confiamos mucho de ello.
Es conveniente destacar dos incidentes:
El primero se refiere a la casilla 058 de Atoyac de Alvarez, Guerrero, en donde el representante del Colegio Electoral sufrió un accidente con su vehículo; se quemó el vehículo y se quemo la casilla. La documentación fue repuesta por el Consejo Estatal Electoral y finalmente fue ganada por el PRD, la casilla 058 de Atoyac.
Entrego, señor Presidente, las actas del Ministerio Público que se levantaron con motivo de este accidente, el acta notarial, la escritura que se tiró ante el Notario Alfonso de Jesús Rodríguez Otero, de Tecpan de Galeana y entrego también el acta de escrutinio de la casilla, en donde el PRI obtuvo 23 votos y el PRD 78; se emitieron en esa casilla que ha comentado en declaraciones el PRD se emitieron 101 votos. No hay nada oculto, nada deshonesto nada que trate de torcer la voluntad de los compañeros que en esta colonia popular de Atoyac de Alvarez, se pronunciaron por el PRD. Para nosotros es válida la elección en la casilla 058. Están las actas del Ministerio Público, las actas notariales aquí, para probar que no hay nada deshonesto y nada indigno en este procedimiento.
El segundo incidente se refiere a la detención de Wilebaldo Rojas, del que ha hablado también el PRD. Wilebaldo Rojas es un dirigente del PRD en Atoyac de Alvarez, quien a las puertas del Comité Distrital Electoral de Tecpan de Galeana, trató de robarse la casilla de "El Cacaf", un ejido de Atoyac de Alvarez. Lo detuvo la policía judicial y en las diligencias del Ministerio Público confesó, ¡confesó! que se robaría todas las casillas en donde hubiera perdido el PRD la elección. Entrego las declaraciones de Wilebaldo Rojas. Aquí están las declaraciones de Wilebaldo ante el agente del Ministerio Público. Es cierto que después se retractó y alegó que habían arrancado su confesión. Quiero recordar a ustedes, señores miembros de la Comisión Permanente, que hay jurisprudencia amplísima de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se sostiene que la declaración válida es la declaración inicial de los reos y en caso de retractación debe probarse su dicho.
Entrego, señor, las declaraciones ante el agente del Ministerio Público de Tecpan, la primera declaración de Wilebaldo Rojas y también entrego las declaraciones de testigos y el informe de la Policía Judicial que lo detuvo porque intentó robarse la casilla de "El Cacaf".
En Guerrero ha concluido la revisión de las actas de escrutinio de las casillas. El conteo de votos se llevó en forma pacífica y por consenso. Se abrieron los paquetes electorales en donde había dudas, ¡se abrieron los paquetes electorales en donde había dudas! También se abrieron los paquetes electorales en cuyo interior aparecía la documentación electoral. Al concluir el cómputo final de la votación, mi partido resultó triunfador, señor Presidente, obtuvo una votación de 228 mil 191 votos, el PRI; el PRD 98 mil 393 votos; el PAN 9 mil 357; el Frente Cardenista 6 mil votos; el PARM 4 mil 684; el PPS 3 mil 201 votos; el PRT 2 mil 534; el PPG 2 mil 075; el PDM 1 mil 968; el PCG 1 mil 874 y el PEG 991 votos. Total de votos válidos: 359 mil 268.
Quiero informar a esta Comisión Permanente que hace dos horas nuestro candidato a gobernador, el licenciado Rubén Figueroa Alcocer, recibió la constancia de la mayoría del Consejo Estatal Electoral, por lo que consideramos que está resuelto el proceso electoral de Guerrero con este reconocimiento de la legalidad del proceso.
Entregó aquí la copia del cómputo, de la constancia de la mayoría y le pido a la señorita edecán, que haga llegar al Director de Comunicación Social de la Cámara, copia de la constancia de la mayoría y del cómputo del Consejo Estatal Electoral.
¿Por que perdió el PRD?, porque el pueblo de Guerrero rechaza la confrontación estéril ; porque entiende que no es el camino para encontrar la solución de sus problemas.
En sesión anterior en esta misma Comisión Permanente, denuncie la convocatoria del PRD para teñir de sangre y llenar de muerte el territorio
del Estado. Lo llamé partido bravucón y después el propio Cuauhtémoc Cárdenas, el propio Cuauhtémoc Cárdenas, frente a los poses de falso redentor de Félix Salgado y de Pedro Urióstegui, que afirmaron que defenderían su triunfo hasta con la propia sangre, el propio Cuauhtémoc Cárdenas les dijo que eran bravuconadas, les llamó bravucones y que era una actitud para obtener el aplauso fácil. Cito a Cuauhtémoc Cárdenas.
Y dijo más Cuauhtémoc Cárdenas:"...se les digo en serio, Pedro y Félix, dijo Cuauhtémoc Cárdenas, si siguen así me voy a deslindar de ustedes, si continúan provocando a la gente con sus discursos...". La condena no sólo mía, sino también del propio Cuauhtémoc Cárdenas.
La elección de Rubén Figueroa es legítima y legalmente válida, señores legisladores de la Comisión Permanente. En Guerrero, se votó por la paz social, por el respeto a la dignidad de las personas; los guerrerenses votaron por el trabajo armonioso para acabar con sus rezagos sociales, con sus rezagos históricos y con injusticias.
El voto de los guerrerenses fue un rechazo a la violencia.
Que por el camino de la paz social, Guerrero encuentre el camino de su grandeza Muchas gracias.
El Presidente: - Gracias señor diputado. Ruego a la Secretaría recoja los documentos que ha dejado el señor diputado Efraín Zúñiga y se agreguen al expediente de los de esta reunión de la Comisión Permanente.
Señoras y señores, hay otro punto inscrito en el orden del día por parte del PRD, en particular el diputado Miguel Angel León se refiere a acción poselectoral en el Estado de Guerrero; si él no tiene inconveniente, le rogaría que fundiéramos ambos puntos en uno sólo que estamos discutiendo en este momento y le concederíamos a él entonces la palabra y les informo a ustedes que hay registrados varios compañeros para tratar este asunto.
Ellos son Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Fernando Charleston, Carlos Enrique Cantú Rosas, Alberto Carrillo Armenta y Angel Aguirre.
Concedemos la palabra al diputado Miguel Angel León Corrales.
El diputado Miguel Angel León Corrales: - Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:
El proceso electoral del Estado de Guerrero está viciado de origen. Uno de estos vicios es el de los organismos electorales, los jueces de las elecciones también pasan a ser parte de las mismas.
En Guerrero, el gobernador Ruiz Massieu, presidente de la Fundación del Siglo XXI del PRI, pretendió ensayar un supuesto modelo que quita el proceso de organización electoral de las manos del Ejecutivo Estatal.
Se tomó como base el Congreso Local para la constitución del Consejo Estatal Electoral, este organismo, el Consejo Estatal Electoral está conformado por un Presidente que será en todos los casos el coordinador del Congreso, por consejeros ciudadanos por los representantes de los partidos políticos y una secretaría técnica a la cual el Código Estatal Electoral se le atribuyen toda una serie de prerrogativas sumamente importantes.
Nos decía el diputado Zúñiga que en Guerrero todo el proceso fue limpio y transparente y nos ponía como primer argumento en su intervención que eso se debe a que las instancias electorales teniendo por base al Congreso del Estado, garantizaron por primera vez en la historia de Guerrero, dice él, que estos organismos electorales estaban fuera de las manos del Ejecutivo.
Desde nuestro punto de vista los organismos electorales en el Estado de Guerrero siguen exactamente en las mismas manos; el partido de Estado tiene el control absoluto del proceso electoral; el coordinador del Congreso del Estado es el Presidente del Congreso Estatal Electoral.
¿Quién puede pensar en imparcialidad cuando Israel Soberanis Nogueda, presidente del Consejo Estatal Electoral, no solamente es diputado del PRI, sino además es senador suplente del candidato del PRI a la gubernatura; es decir, su futuro político en estos momentos concretos depende de que Rubén Figueroa llegue a la gubernatura. ¿Quién puede hablar entonces de imparcialidad cuando el senador suplente del candidato a gobernador del PRI, es el presidente del Consejo Estatal Electoral, es quién tiene en sus manos todo el control de dicho proceso?
Resulta grave que por la Ley sea Israel Soberanis quien tenga la facultada exclusiva para proponer la lista de consejeros del mismo Consejo. Ni un sólo consejero ciudadano del Consejo Estatal Electoral puede serlo si no es parte de las propuestas del presidente del Consejo Estatal.
Y además, la famosa secretaría técnica, que jugó un papel clave en este proceso electoral, también es facultad del presidente del Consejo, es decir, de Israel Soberanis, nombrar a la persona que funge como secretario técnico del Consejo. En la situación actual es el señor Miguel Barreto Cedeño quien funge como secretario del Consejo Técnico Estatal Electoral y hasta el momento en el que esta persona asume ese cargo, era precisamente subsecretario de Gobierno del Gabinete de Ruiz Massieu.
Simplemente los motores del fraude que antes tenían el control sin la intromisión del Congreso del Estado, cambian de lugar y ahora a través del Congreso del Estado siguen teniendo exactamente el mismo control. La independencia de los organismos electorales de Guerrero respecto del Ejecutivo del Estado es ficticia y por lo tanto la contienda electoral desde el origen presenta en condiciones muy difíciles de imparcialidad.
Otro vicio de origen que ha venido sucediendo elección tras elección, son las irregularidades del padrón electoral.
El Centro de Estudios de la Sociedad Mexicana, el 15 de febrero sostuvo con toda claridad la posición que el padrón electoral que serviría de base para los comicios, no cumple con las mínimas garantías de pulcritud; registra la exclusión de más de un cuarto de millón de ciudadanos, que representan la cuarta parte de los empadronados con credencial.
Según las cifras definitivas del X y de XI Censo Generales de Población y Vivienda, proyectados estadísticamente, la población mayor de 18 años en el Estado de Guerrero es de 1 millón 365 mil 960 ciudadanos, en tanto que los ciudadanos enlistados en el padrón llegaron a 1 millón 131 mil 552 ciudadanos Esto nos da una cifra muy clara: 278 mil 300 ciudadanos se quedaron sin posibilidades de votar al no ser incluidos en el padrón.
Por eso la cifra que nos daba el diputado Zúñiga es sumamente engañosa, él nos hablaba de una cobertura del 96% con respecto al padrón, pero ese porcentaje es engañoso si se toma en cuenta solamente a los ciudadanos inscritos en el padrón; lo que hay que tomar en cuenta es a los ciudadanos en edad de votar, y en ese sentido más de 278 mil se quedaron sin posibilidades de hacerlo. A esto habría que añadir 50 mil que se quedaron sin credencial, según cifras oficiales ya estando en el padrón.
Si nosotros sumamos los 278 mil en edad de votar no incluidos en el padrón, más los 50 mil que se quedaron sin credencial, según cifras oficiales, ya estamos casi en cifra exacta de la totalidad de ciudadanos que votaron en proceso electoral. Yo hago énfasis en esto, para que quede claro que los problemas en el padrón, sin duda alguna influenciaron, de manera categórica, el proceso electoral de Guerrero, toda vez que quienes estuvieron fuera del padrón, son casi la misma cantidad de la totalidad de guerrerenses que votaron el pasado 21 de febrero.
Un análisis del padrón, municipio por municipio, nos demuestra que los municipios que reportan mayores índices de crecimiento son precisamente los gobernados por el PRD, en cambio los municipios en los cuales el PRI ha obtenido altos porcentajes de votos en elecciones previas, son los que presentan índices de sobreempadronamiento.
El PRD impugnó el padrón electoral en tiempo y en forma. En falso completamente que el Partido de la Revolución Democrática haya avalado, como dijo aquí el diputado Zúñiga, el padrón electoral de Guerrero. Nosotros, como partido, en tiempo y en forma presentamos un recurso impugnando ese padrón, en el cual hacíamos mención demás de 3 mil irregularidades contenidas en él. Yo no sé de dónde saca el diputado Zúñiga que el PRD avaló el padrón. Si tiene pruebas que las demuestre.
El diputado Efraín Zúñiga Galeana (Desde su curul): -Quisiera yo hacer una aclaración....
El Presidente: -¿Pidió hacer una interpelación al señor diputado?
El diputado Efraín Zúñiga Galeana: -No, quiero hacer una aclaración.
El Presidente:- Entonces pida la palabra para rectificar hechos en su oportunidad. Continúe usted, señor orador.
El diputado Miguel Angel León Corrales:- Gracias.
A los 278 mil ciudadanos que quedaron fuera del padrón, y a los 50 mil que estando en el padrón se quedaron sin credencial, hay que añadir a los que incluso teniendo credencial quedaron excluidos del listado nominal; es decir, a los rasurados. Fue tal la cantidad de personas que llegó a las casillas con su credencial y no pudo votar por no estar incluidas en el padrón, que con toda seguridad estaríamos hablando de varias decenas de miles, es decir, si sumamos
los que estando en edad de votar quedaron fuera del padrón, más los 50 mil que estando en el padrón quedaron sin credencial, más que los que teniendo credencial el día de las elecciones no pudieron votar por no estar incluidos en la lista nominal, entonces estamos hablando de que es mayor la cifra de ciudadanos y ciudadanos guerrerenses que tienen derecho al libre sufragio universal, es mayor la cifra de ellos de ellos que se quedaron sin votar, que la totalidad de los votos que acumulan todos los partidos en el Estado de Guerrero, en la votación del 21 de febrero.
En ese sentido, yo no sé como alguien puede aquí plantear que el padrón de Guerrero no significó absolutamente ningún problema para el proceso electoral.
La cifra de ciudadanos impedidos de votar el pasado 21 de febrero en Guerrero, vía el padrón electoral, en diversas reformas es grave. Estamos hablando entre 300 mil y 400 mil personas. Considerando que la abstención para este proceso fue aproximadamente el 76%, toda exclusión de electores tiene una mayor incidencia sobre la votación emitida.
El día de las elecciones en Guerrero, hubo observadores, el Movimiento Ciudadano Guerrerense por Democracia, logró convocar a 310 ciudadanos locales y a 40 nacionales para participar en la jornada electoral como observadores.
Observaron el desarrollo del proceso electoral en 270 casillas electorales. Ellos han presentado un informe que fue hecho público. En ese informe constatan 1 mil 546 irregularidades, el día 21 de febrero, entre las cuales destacan las siguientes: casillas instaladas después del horario fijado por la Ley, 39%; omisión de firmas en las boletas por algún representante de casilla, 23%; propaganda partidaria dentro de la casilla, 22%; instalación de casillas por personas ajenas, 15%; existencia de más boletas electorales de las que reporta la lista nominal, 35%; inexistencia de tinta indeleble, 8%; presencia de más personas que las autorizadas para estar en las casillas, 30%; votación en grupo, lo que se conoce como carrusel, 20%.
Cabe destacar que en el 35% de las casillas observadas por el Movimiento Ciudadano Guerrerense, se registraron ciudadanos con credencial que no pudieron sufragar.
Otro aspecto importante del informe de los observadores, es el que tiene que ver con los desayunos para inducir el voto. Los observadores confirmaron la realización de desayunos para la promoción del voto por parte del PRI, en localidades como Tlapa de Comonfort, Chepetepec, Petatlán, San Pedro Petlacala y Acapulco.
Los organizadores del desayuno invitaban a sus vecinos y a otros ciudadanos, y al término los trasladaban a las casillas para que votaran diciéndoles que esperaban contar con su apoyo.
En Acapulco se repartieron boletos para los desayunos en dependencias oficiales como la Secretaría de Fomento Turístico; en la prensa nacional se habla de más de 10 mil desayunos organizados por militantes priístas el día de la elección, aun cuando el artículo 154 y 162 del Código Electoral del Estado prohiben todo acto de proselitismo desde tres días antes de la elección.
La compra del voto se hizo presente también en el proceso electoral; los observadores detectaron en la ciudad de Acapulco vales por 90 nuevos pesos, que la comisionada política del PRI, Maribel Díaz Vergara, entregó a 10 ciudadanos el 17 de febrero.
El diputado Efraín Zúñiga Galeana ( desde su curul): -Señor Presidente, quisiera pedirle al orador si acepta una interpelación.
El Presidente: - Esta Presidencia le consulta al señor orador si acepta una interpelación del señor diputado.
El diputado Miguel Angel León Corrales: -Yo prefiero continuar; al final le acepto la interpelación.
El Presidente: - No acepta la interpelación, señor diputado. Continúe, por favor.
El diputado Miguel León Corrales: - De las 3 mil 180 casillas instaladas, nuestro partido ha protestado en tiempo y forma, más de 1 mil 619 casillas. Es más del 40% de las casillas instaladas durante la jornada electoral; repito, en más del 40% de las casillas ocurrieron situaciones ante las cuales procede legalmente la anulación de la votación recibida en dichas casillas.
Se habla de que el PRI podría alcanzar alrededor de 200 mil votos. Ya se nos aclaró aquí que alcanzó sobre los 228 mil.
Para el PRI significaría una caída de alrededor de 340 mil votos respecto a la elección para gobernador pasada, en la cual Francisco Ruiz Massieu fue electo por 540 mil sufragios; los votos
que podría obtener Rubén Figueroa Alcocer, están muy por abajo del número de personas en edad de votar que no fueron incluidas en el padrón de Guerrero; la cifra ni siquiera llegaría a los 230 mil votos que logró el PRI en la elección para gobernador de 1961, cuando el Padrón Electoral era de 400 mil electores.
La votación que hoy obtuvo el PRI, es la misma que sacó el general Baltazar Leyva Mancilla, hace más o menos 50 años en Guerrero; a Rubén Figueroa Alcocer, definitivamente le fallaron las cuentas cuando afirmó: "Aspiro a obtener la misma votación de la pasada contienda electoral para diputados federales y senador y mejorarla, si es posible". Se quedó muy lejos de los 350 mil votos que el PRI obtuvo entonces.
Evidentemente que, el hombre ligado a las pequeñas y a las grandes empresas de Guerrero, a los pequeños y a los grandes cacicazgos, propiamente socio del multimillonario proyecto Punta Diamante, no generó las expectativas que él creía.
Aquí es donde yo sí aceptaría la afirmación del diputado Zúñiga cuando dijo: "Las elecciones de Guerrero son históricas". En efecto, son históricas por el abstencionismo que en dichas elecciones hubo; alcanzó casi el 76%.
Una de las causas la tenemos en la falta de credibilidad de los guerrerenses hacia los procesos electorales; otra la tenemos en los frutos del neoliberalismo en Guerrero. Según cifras del Banco Mundial, el 75% de los guerrerenses se debaten en la miseria; estamos hablando de 1 millón 700 mil, y según el censo de 1990, aun manipulado como lo fue, nos indica que Guerrero ocupa el último lugar en la dotación del servicio de agua potable entubado, el penúltimo lugar de drenaje, el antepenúltimo en analfabetismo y el vigesimoséptimo en electrificación en domicilio.
Pero, sin duda, una de las principales razones del abstencionismo en Guerrero fue el clima de violencia creado por el Gobierno para el día de las elecciones. El Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Asociación Civil, hizo la siguiente denuncia el día 13 de febrero:
"La autorización por parte del Gobierno de Guerrero de habilitar a más de 3 mil elementos antimotines para supuestamente prevenir disturbios durante las elecciones, ha hecho que quede al descubierto que habría violencia en los próximos comicios del 27 de febrero.
El mismo sistema provoca e incita a la violencia."
La Academia Mexicana de Derechos Humanos manifiesto que "la presencia de la policía y el ejército intimida a la gente y causa abstencionismo".
Voceros del movimiento priísta Democracia 2000 denunciaron amenazas de muerte y espionaje telefónico y responsabilizaron a Rubén Figueroa Alcocer, de su integridad física y de su seguridad familiar.
Guerrero ocupa el primer lugar en el país en asesinatos políticos contra miembros y simpatizantes de nuestro partido. Cuarenta asesinatos de un total de 197, entre 1989 y 1992, tan sólo en lo que va de octubre al día de las elecciones se contabilizaron ocho asesinatos más, entre estos el de Pedro Chulaponce, en Cuauntepec, asesinado un día después del mitin de nuestro candidato en ese lugar; o el de Juan Mercenario, regidor suplente de Metlatonoc.
Todavía en la víspera de las elecciones, fue asesinado a mansalva, sin justificación, el hermano de Pedro Urióstegui, en Chilpancingo. El asesino mató a un hombre que esperaba el camión en plena tarde y que no conocía. ¿Quién puede creer en la versión oficial?
La violencia vino de nuevo, para reiterar que la estrategia fundamental del PRI y de Figueroa eran la intimidación.
Nuestro compañero diputado Zúñiga comenzó su discurso diciendo: " Los barruntos de tormenta que fueron presagiados por el PRD no sucedieron". Usted fue el que presagió, compañero diputado, estos barruntos de tormenta. El día 17 de febrero aparece en la prensa la siguiente afirmación que usted hizo, dice: "El Partido de Revolución Democrática está fabricando una coartada, para justificar de antemano la violencia durante los próximos comicios de Guerrero.
Dicho partido tendrá la responsabilidad histórica y política de lo que ocurra el próximo domingo.
El día 21 de febrero el Partido de la Revolución Democrática no actuó de ninguna manera como usted presagiaba el día 17 de febrero, en este sentido; pienso, me parece a mí que quien se equivocó fue precisamente usted y el propio Gobierno del Estado al creer que el día 21 de febrero se desataría la violencia en el Estado de Guerrero.
En este mismo clima de violencia se enmarcan las 24 muertes de Tlacotepec; independientemente de las causas de estos asesinatos, la
presencia del ejército y la policía en la sierra en persecución de los presuntos homicidas causa miedo en la población y por lo tanto causa abstencionismo.
En el momento oportuno y por vía y en los tiempos legales, el PRD interpondrá su recurso de inconformidad contra los resultados de inconformidad contra los resultados oficiales decretados por el Consejo Estatal Electoral demandando que se limpie la elección y, en su caso, se anule el proceso y se convoque a elecciones extraordinarias y, a la vez, y actuando siempre dentro del marco de la Ley sin hacer caso a las múltiples provocaciones que en nuestra contra ha orquestado el "figueroaísmo" en Guerrero, nuestro partido está llamando a la movilización pacífica de la ciudadanía guerrerense.
El 21 de febrero se implementó una vez más el operativo de Estado con objeto de garantizar el triunfo del candidato del PRI. Las irregularidades no fueron casuales o fortuitas, sino parte de todo un operativo que posibilitara la imposición. La prepotencia de Rubén Figueroa, los usos del Pronasol, el operativo de Estado, demuestran la falta de voluntad política del Estado para generar procesos electorales limpios.
Termino diciendo que la problemática electoral no está resuelta en Guerrero como se decía en esta tribuna, que esa constancia de mayoría que le dieron a Rubén Figueroa Alcocer en la madrugada de hoy no ha decidido todo; que nuestro propio compañero diputado Zuñiga debería de saber que el Colegio Electoral se va a instalar hasta el día 22 de marzo y que por lo tanto los resultados electorales que usted mencionó son provisionales, y, repito, el Partido de la Revolución Democrática no reconoce esos resultados, el proceso electoral de Guerrero está plagado de irregularidades, hubo vicios de origen en el padrón y las personas excluidas del padrón son más que el total de los votantes el 21 de febrero en Guerrero, y ese proyecto de Ruiz Massieu, en el sentido de que fuese el Congreso del Estado el que tomase en sus manos el proceso electoral, no significó absolutamente ningún cambio en la manera en como el partido de Estado elabora, instrumenta y lleva a cabo el fraude electoral.
¿Cómo es posible que en el estado de Guerrero el presidente del Consejo Estatal Electoral sea también el senador suplente del candidato del PRI a la gubernatura de Guerrero? Es todo, gracias.
-El Presidente: - Señor diputado León Corrales, ¿acepta usted la interpelación que había comentado que al final de su intervención daría respuesta?
- El diputado Miguel Angel León Corrales: -Sí.
El Presidente: -Señor diputado Zúñiga, formule la interpelación.
El diputado Efraín Zúñiga Galeana (Desde su curul): -Muchas gracias, señor Presidente. Yo quiero preguntarle al señor diputado León Corrales que ¿qué opinión tiene, que cómo califica la presencia de los representantes del PRD en el Colegio Estatal Electoral? He exhibido pruebas de las actas firmadas por sus representantes y no sé cuál es su alegato jurídico en torno a esta participación del señor diputado Rafael Aréstegui y del diputado Misael Medrano, que son diputados locales del PRD en Guerrero que han estado presentes en todas las sesiones del Consejo Estatal Electoral.
Yo quiero preguntarle también ¿por qué no ofrece pruebas de la compra de votos, tiene usted pruebas documentales, tiene pruebas testimoniales?, porque me parece que es una afirmación muy temeraria, difícil de sostener en una tribuna de la Cámara de Diputados cuando no se llevan afirmaciones concretas sobre este tema. Me parece realmente un exceso señor diputado. Muchas gracias.
El diputado Miguel Angel León Corrales: -Lo primero que le quisiera informar al diputado Zúñiga es que nuestro partido en el Estado de Guerrero solamente tiene a un diputado en el Consejo Estatal Electoral. Nosotros, como partido, solamente reconocemos al compañero Misael Medrano, como diputado del PRD. El otro diputado que usted menciona hace varios meses, diputado Zúñiga, que fue expulsado de las filas del Partido de la Revolución Democrática, por sus actitudes de colaboración con el Gobierno de Ruiz Massieu.
Y en cuanto a nuestro compañero Misael Medrano, yo avalo y defiendo por completo su actividad en el Consejo Estatal Electoral. Usted mencionó aquí varios documentos en los que dice: ahí están las actas firmadas. Firmar un acta no quiere decir que se están avalando acuerdos, firmar un acta es simplemente plantear que lo que sucedió en una reunión determinada es cierto, y cuando alguien no está dispuesto a firmarla, pues es porque no es cierto.
Yo no entiendo por qué usted una y otra vez dijo: "Aquí están las actas firmadas". Eso no significa absolutamente nada. Acuerdos
firmados por nuestro compañero Misael Medrano, pues usted tendría que demostrarlos aquí; yo aquí tengo los escritos de impugnación que él precisamente presentó ante el Consejo Estatal a nombre de nuestro partido, en lo que se refiere a impugnar el padrón electoral; yo lo dije: él presentó más de 3 mil irregularidades el presentó también un recurso de impugnación en lo que se refiere a la ubicación de las casillas, que los organismos electorales de Guerrero como en este caso el Consejo, tengan una absoluta mayoría priísta y unos tras otros nuestros recursos vayan siendo rechazados, no significa que no lo hayamos metido.
Es falso lo que usted plantea en el sentido de que todos los acuerdos que se tomaron en Guerrero, fueron firmados por consenso por todos los partidos, nosotros solamente avalamos la firma de nuestro compañero Misael Medrano.
En cuanto al asunto de la compra de votos, hoy yo tenía una disyuntiva para dar la discusión en esta tribuna: Atenerme a las cifras y a los datos de nuestros compañeros de partido en el Estado de Guerrero, han acumulado para precisar cuál es su posición con respecto al proceso electoral, o bien recurrir a los informes, a los argumentos y a las precisiones que el Movimiento Ciudadano Guerrerense por la Democracia, los observadores que yo mencioné y convergencia democrática hacen, y preferí atenerme a esta segunda posibilidad. Presentar aquí datos, cifras y hechos que este movimiento ciudadano que fue a observar las elecciones de manera imparcial, presenta. En ese sentido yo tengo aquí en mis manos el informe de la observación electoral realizada por el Movimiento Ciudadano Guerrerense por la Democracia y la Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia, fechado en febrero de 1993 y ellos son los que hacen la acusación concreta, a su compañera de partido, en lo que se refiere a estar ofreciendo vales de 90 mil pesos, nuevos pesos, aclaro, por supuesto, a cambio de un voto a favor.
En ese sentido, ellos presentan sus anexos, ellos presentan sus pruebas. Y ésta es la prueba que yo estoy dando. Es todo gracias.
El Presidente: - Se concede la palabra al diputado Cuauhtémoc, del grupo parlamentario del partido Popular Socialista.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: -Con la autorización de la Presidencia.
En torno a las elecciones en Guerrero, hay un dato en particular que a juicio del Partido Popular Socialista, es preocupante: 228 mil 191 votos, se señala, es la cifra de la más alta votación, la que obtuvo el Partido Revolucionario Institucional.
Doscientos veintiocho mil 191 ciudadanos, diríamos, de ser esta cifra cierta y válida, respaldarían al gobernador surgido de las filas de ese partido. Estos 228 mil 191 ciudadanos, equivalen aproximadamente al 15% de los ciudadanos guerrerenses. Querrá de decir esto entonces, que Guerrero sería gobernado por un partido y por un funcionario que es avalado solamente por 15 de cada 100 guerrerenses, que no cuenta con el respaldo ni con el apoyo de 85 de cada 100 guerrerenses. Ese el es hecho preocupante para el Partido Popular Socialista.
Y esto nos llevaría un poco a reflexionar en torno al problema de la legitimidad que pueda haber o no, cuando es una minoría tan pequeña de ciudadanos los que respaldan a un órgano de autoridad; e incluso también llevaría a reflexiones sobre la gobernabilidad o ingobernabilidad, en un caso dado. Ochenta y cinco están en contra; 15 están a favor. Nos preocupa mucho esta situación.
Probablemente no sea un problema, vistas las cosas en un sentido estricto, privativo de esta entidad del país, del Estado de Guerrero.
El compañero Diputado León Corrales hacía una reflexión interesante, comparando la votación que obtiene el candidato a gobernador del Partido Revolucionario Institucional, con la que han obtenido otros candidatos postulados por ese mismo partido, y nos hacía equivalencias con las oficialmente registradas hace 50 años o más, por los candidatos triunfadores en aquellas elecciones.
Esto podría significar, por una parte, que hoy están votando mucho menor número de ciudadanos, que la abstención ha crecido; sería una hipótesis, pero también hay otra que probablemente tenga mucha mayor veracidad. Antes había mucho más posibilidad de alterar los resultados y de presentar un número de votantes extremadamente alejado de la realidad. Pero el hecho ahí sigue ahí y siguen siendo preocupante: 15% de ciudadanos respaldan a un Gobierno; 85% no lo respaldan. ¿Qué habrá ocurrido en otras elecciones? ¿Qué habrá ocurrido en las otras dos entidades donde hubo elecciones en estas mismas fechas? Aparentemente los resultados de la abstención no llegan al 75%, como en Guerrero, aparentemente. Pero en el fondo los resultados que se nos informan serán como
AÑO II. No. 11 COMISIÓN PERMANENTE MARZO 3, 1993 los de hace 50 años en Guerrero o serán como los de ahora en Guerrero. ¿Dónde entraría el dato exacto? ¿Cuántos ciudadanos están votando en realidad hoy? ¿cuántos votaban en realidad hace 20 ó 40 ó 50 años?
Para nosotros, compañeras y compañeros legisladores, lo cierto es que nuestro país, todavía nuestro país todo vive en una etapa muy alejada del momento en el que se pueda decir que entramos a una vida democrática medianamente aceptable.
Hay que recordar qué es lo que significaría una democracia representativa, asociándolo a este problema de legitimidad y de porcentajes de votantes y de porcentajes de abstencionistas.
En una democracia directa, todos lo sabemos, todo el conjunto de los ciudadanos en uso de sus facultades, en ejercicio de sus facultades, se reunía en el ágora, en la plaza pública, para debatir los asuntos de la comunidad y tomar las decisiones pertinentes.
Ante la imposibilidad de que la democracia directa opere en el mundo moderno, por razones demográficas y de otro carácter, de otros varios caracteres, se creó la figura de la democracia representativa, donde los ciudadanos delegan su mandato en quienes han de representarlos.
Sin embargo, se entendería que es facultad, que es función, que es deber y más que todo eso, derecho, del 100% de los ciudadanos el de ejercer esa delegación de facultades.
¿Cómo entender esto que está aflorando en el mundo de nuestros días? Que a nuestro juicio no es un problema nuevo, es un problema viejísimo, pero antes enturbiado, oscurecido, encubierto, de una manera mucho mayor, que sólo una parte pequeña de los ciudadanos ejerce el derecho de delegar, y que la gran mayoría de los ciudadanos no ejerce ese derecho de delegar y por lo tanto se marginan, quedan fuera, de la vida democrática del país.
Nosotros lo hemos venido planteando desde hace tiempo. Nos parece, en primer término, que hay un vicio de origen, grave vicio de origen que ha estado presente hasta hoy a todo lo largo de nuestra vida política; y que hay otro vicio de carácter procesal. Los dos muy agudos.
Un vicio primario, de origen, que tiene qué ver fundamentalmente con el hecho de que a los ciudadanos no se les ha informado, no se les informa adecuadamente de lo que significa el ejercicio del voto para que puedan realizarlo de una manera consciente y razonada.
Por lo tanto, diríamos, se manipula el derecho de los ciudadanos a votar, a elegir, a delegar, y si nos encontramos con el problema de que esa manipulación llega al extremo de que tres de cada cuatro ciudadanos se les haya conducido, como resultado de esta manipulación , al no ejercicio del voto, entonces nos encontramos con la extrema ilegitimidad de las autoridades que resultan de esos procesos.
El voto tiene que ser necesariamente un ejercicio consciente, un ejercicio razonado. De otra manera no se puede entender como parte de una práctica democrática. No se trata simplemente de que los ciudadanos concurran a depositar un voto, o que lo hagan quizá motivados por un desayuno o por una rifa o por un obsequio, o por una simpatía personal o por una antipatía personal, o por un manejo de recursos abrumador para difundir una imagen física o unas siglas. Porque nada de eso tiene qué ver con la democracia representativa.
O ejercen ciudadanos conscientes e informados suficientemente de lo que está en juego, de lo que ocurre en el país o en el Estado o en la región, de las alternativas para atacar esos problemas, y por lo tanto, o ejercen conscientemente su representatividad, su delegación de representatividad o no hay vida democrática.
Estamos pues, está aflorando, está quedando a la vista, este fenómeno que ha presidido la vida de nuestro país y que lo sigue presidiendo hasta hoy. Hay deformación de origen, hay vicio de origen en efecto. No se ha permitido, no se han creado las condiciones que permitan que los ciudadanos guerrerenses, que los ciudadanos mexicanos, todos, tengan la información mínima para que puedan cumplir, para que puedan ejercer la función que les corresponde en una democracia representativa.
Y la otra, el otro vicio grave es el que se da ya en lo procesal. Si pocos ciudadanos tienen idea de lo que significa la elección, si de los que concurren al voto todavía una parte, seguramente reducida, lo hace teniendo un discernimiento respecto a las opciones políticas, a los perfiles políticos, a las propuestas programáticas y si todavía esa parte reducida que concurre a votar se ve después sometida a un proceso tal en el que los votos no necesariamente se habrán de reflejar en las actas finales, sumados de manera adecuada, en los que muchos se irán perdiendo en el camino o irán dando a otros...,
irán conformando otros sumandos que no fueron los de la voluntad de quien los emitió, entonces tendremos que llegar a la conclusión de que los procesos electorales en nuestro país son extremadamente primitivos y están sumamente alejados de lo que debiera ser una vida democrática a la que aspiramos todos seguramente los aquí presentes.
Hay dos ejes fundamentales que debemos atacar. No es posible que en nuestro país, en México, en los umbrales del siglo XXI, en los umbrales del tercer milenio, sigamos padeciendo un régimen electoral tan atrasado, tan primitivo como el que ahora tenemos. Lo primero que urge garantizar es eso, que los ciudadanos, todos, el millón 300 mil y fracción de guerrerenses con derecho a voto, según el censo, o los 40 y tantos millones de mexicanos con derecho a voto, según el censo, o ya un poco más, porque el censo fue en 1990, y han transcurrido tres años, dos años y fracción, tengan la información suficiente, oportuna, adecuada, para poder ejercer, como lo harían, como deberían haberlo hecho si estuviéramos en una democracia directa y no en una representativa, en aquel tiempo, concurriendo a la plaza pública para debatir de manera directa en torno a los asuntos de la vida cotidiana y expresar su opinión.
Ahora, para poder delegar necesitan la información suficiente y oportuna de qué es lo que ocurren el país o en la entidad y de las distintas valoraciones diagnósticos, opciones y ofertas para resolver esa problemática.
No se pueden seguir manejando los procesos electorales sin la información mínima para los electores, como hasta ahora ocurre, con una información abrumadora que no informa, sino que simplemente lanza imágenes de manera publicitaria, pero que además es unilateral, sólo lanza ciertas imágenes y oculta el resto de las opciones políticas posibles.
Este problema de fondo, este vicio de origen para poder resolverse tiene dos expresiones fundamentales: canales de comunicación entre los ciudadanos y la expresión políticamente organizada de los propios ciudadanos de la sociedad civil en su conjunto, que son los partidos políticos. Canales de comunicación suficientes y oportunos para garantizar de ida y vuelta la información suficiente y oportuna, sería el primer gran problema a resolver, si queremos dar pasos serios para resolver nuestras gravísimas carencias en materia de democracia electoral.
Financiamiento sería el segundo aspecto, financiamiento que implica, en efecto, topes, techos, para los gastos electorales, para evitar que haya despilfarros y que haya manejos abrumadores de una imagen unilateral y determinada que obnubila y confunde, lejos de orientar a los electores, pero también con pisos, con gastos mínimos asegurados, para garantizar que cada una de las opciones pueda realizar las tareas de información mínima y cumplir además de esa manera con el rango constitucional que ya existe para los partidos políticos en el mandato jurídico de más alto rango en nuestro país, vigente al día de hoy.
Y a este problema de financiamiento regresaré en unos momentos más, pero hablaría ahora del problema fundamental que hay que resolver en el otro orden, ya no en lo primario sino en lo secundario, en lo procesal.
¿Cómo podemos pensar en procesos electorales donde se respete la voluntad popular, donde no se altere, donde los votos emitidos por "A" no desaparezcan o vayan a ser sumados a "B" o a "C", en contra de la voluntad del elector, cuando todos los órganos que tienen que ver con el proceso electoral, lo mismo en Guerrero que en el resto del país, en efecto siguen teniendo un carácter unilateral, un carácter tal que una sola de las fuerzas políticas, una sola de las alternativas en juego, tiene todo el control en sus manos, tiene la posibilidad de determinar el sentido de todas las decisiones en cada uno de esos órganos?
Esos son los dos grandes problemas que tenemos que resolver; en tanto no los hayamos resuelto, ni remotamente podemos hablar de una vida democrática electoral aceptable, mínimamente aceptable en México, independientemente de muchos otros aspectos y concreciones en que esto se asentaría.
Por esa razón es que el Partido Popular Socialista ha concurrido con el mayor interés a la discusión de este asunto. Por esa razón es que fue el primero de los temas que abordamos en la primera de las intervenciones en el Colegio Electoral de esta LV legislatura, la necesidad de una reforma político electoral a fondo, que trascendiera, que no quedara en los aspectos secundarios o de maquillaje.
Y por esa razón fue también el primer tema que tratamos y desarrollamos en nuestra primera intervención ya como Cámara en la LV Legislatura misma, y por esa razón concurrimos con mucho interés, con mucho entusiasmo a participar en los trabajos de la comisión plural que
creó la LV Legislatura, dentro de ella la Cámara de diputados, en especial para abordar este problema, y por esta razón insistimos en que esa comisión plural no puede quedar viendo sólo problemas de padrón o viendo sólo problemas de medios, reducidas a la concepción de si el programa de 15 minutos meramente simbólico y sin ninguna utilidad práctica desde el punto de vista de la comunicación que hoy se tiene en la televisión, debiera modificarse para ampliar al doble o para cambiar de canales, lo cual seguiría siendo puramente simbólico y no tocaría para nada el fondo del problema. No puede quedar ahí la situación.
Si así fuera, esto significaría una tremenda desilusión no para el Partido Popular Socialista sino para el pueblo de México. Esperamos frutos trascendentes y profundos, reformas constitucionales y jurídicas que afecten esos dos ejes fundamentales; superar la etapa en que los votos de los ciudadanos son resultado de la manipulación desde su origen mismo, y superar la etapa en que nuevamente son manipulados en lo procesal, durante el curso de la actividad eleccionaria.
Volviendo al asunto del financiamiento. Hemos planteado ya en este mismo foro y en otros, nuestra preocupación porque se legisle en esto del financiamiento, en torno a los techos de las campañas decía yo, en torno a los pisos de las campañas, en torno al financiamiento de carácter público, en torno al financiamiento que los partidos políticos deben obtener por la vía de la aportación directa de la cuota de sus militantes, de sus funcionarios de elección popular, pero también debemos legislar en torno al problema del vínculo entre los partidos y los capitales privados, es un hecho en extremo preocupante.
En alguna ocasión, no hace mucho, el Secretario de Gobernación, José Patrocinio González Blanco Garrido, se expresó de manera pública hablando del riesgo de que el dinero del narcotráfico llegara a los partidos políticos y a los candidatos y conversando con él expresábamos nuestra coincidencia con esa preocupación, que pensamos no ocurre todavía en México, pero que advertimos sí ocurre en muchos países hermanos, ahí están los problemas que vive Colombia y tantos otros países de América Latina, y seguramente tampoco escapan, ya ha habido mucha información al respecto, los procesos electorales en los Estados Unidos por lo que hace al dinero del narcotráfico.
No hay que perder de vista el hecho de que el mercado de consumo de drogas en los Estados Unidos se mantiene en crecimiento y de que no se realizan acciones importantes en los Estados Unidos para atacar ese grave problema y más bien de manera publicitaria se traslada la preocupación toda hacia el exterior. Hay una gran preocupación para combatir el narcotráfico por parte de las autoridades de los estados Unidos no dentro de su territorio, donde tienen facultades y autoridad, sino fuera de su territorio. Por algo será.
Expresábamos nuestra preocupación de que el dinero del narcotráfico pudiera llegar a los partidos políticos en México y le decíamos: es muy difícil de detectarlo porque se entiende que los narcotraficantes difícilmente aparecerán de manera pública haciendo los donativos y retratándose frente a la prensa entregando el cheque al secretario de finanzas de un partido político o al presidente de una organización de ese carácter; generalmente operan a través de empresas, de empresas legalizadas con esos mecanismos de lavado de dinero que se han difundido mucho por la prensa que desarrolla este tipo de temas y seguramente aparecerían entonces como empresas legítimas haciendo los donativos a los partidos políticos.
Por eso decíamos: no pueden los partidos políticos por moral, por ética, aceptar donativos de empresas particulares; ¿cómo distinguir cuál empresa particular que está haciendo una donación, opera o no de alguna manera encubriendo ejercicios de lavado de dinero del narcotráfico?. La única manera de evitar que el dinero del narcotráfico se mezcle en la vida política es evitando toda relación entre empresarios, aparentemente donantes de recursos y partidos políticos.
Pero le decíamos algo más, no sólo por el problema del dinero del narcotráfico, también por otro principio fundamental de ética también, porque prácticamente todas las legislaciones del mundo y la nuestra no es excepción, considera un delito el tráfico de influencia, el que un empresario otorgue regalos costosos o cantidades en efectivo a un funcionario público de origen electoral o no. Seguramente no lo hará por mera simpatía personal, seguramente lo hará como hacen todas sus actividades los empresarios, como una inversión, esperando ser retribuido en el ejercicio de las funciones de esa autoridad, para que esa autoridad conceda favores o tuerza sus decisiones en beneficio del empresario donante.
Y le comentábamos al Secretario de Gobernación, coincidiendo con su apreciación inicial
y yendo un poco más allá, que por esa misma razón, si no se vale, si se debe considerar como un delito, y así esta considerado, el que a un funcionario ya en ejercicio se le entreguen regalos costosos o cantidades en efectivo, de igual manera se debe considerar como un delito el que se le entreguen a un partido político o a los candidatos de éste en campaña, porque lo único que cambiaría sería un problema de tiempo: te compro ahora ya que eres funcionario, o te compro desde antes, esperando que lo seas, para que cuando lo sean actúes en función de mis intereses.
Y nosotros lucharemos de manera insistente e intransigente, para que en la legislación que surja de los trabajos que hoy realiza esa comisión plural, quede estrictamente prohibido el que haya donativos por parte de los empresarios.
Y queremos denunciar, como un hecho que nos preocupa gravemente, esa cena que hubo en casa del licenciado Ortiz Mena, en la que participaron 25 magnates de la empresa privada y en la que se informó con amplitud cada uno de ellos se comprometió a donar a algún partido político, no quiero decir cual para no incriminarlos, es un hecho verdaderamente bochornoso, 25 millones de dólares.
Ese partido político irá a tener, a parte de sus órganos regulares, si eso llega a consumarse, ojalá no ocurra, un consejo de accionistas, estará por encima ese consejo de accionistas de quienes aparecen como órganos regulares de carácter político; el hecho cierto es que en política como en todo lo demás, quien paga manda y qué poca autoridad tendría ese partido para hablar a los obreros, a los campesinos, a las masas populares, como un partido que pudiera representar sus intereses, cuando todo mundo sabría que representa los intereses de solo 25 capitostes, a lo mejor incluso coludidos con el narcotráfico, ¿por qué no?, alguno de ellos. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Fernando Charleston, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Fernando Arturo Charleston Salinas: -Con su permiso, señor Presidente; señores miembros de esta honorable Comisión Permanente:
Hemos escuchado con atención las intervenciones de distintos legisladores, para referirse a los recientes procesos electorales realizados en el Estado de Guerrero.
Como todos sabemos y se ha dicho ya aquí en esta tribuna, el pasado 21 de febrero el Estado de Guerrero y sus habitantes en posibilidades legales de hacerlo, participaron en un proceso electoral para renovar el Poder Ejecutivo de esa entidad.
Debemos hacer mención y reafirmar que las campañas preelectorales se desarrollaron sin incidentes trascendentales, en virtud de que la preparación y vigilancia de los comicios fueron instrumentados, por primera vez, en un código electoral reformado, un código electoral nuevo.
Fue significativa y hay que decirlo, la participación del honorable Congreso Local habiendo existido por supuesto la representación pluripartidista y ciudadana en el Consejo Estatal Electoral.
La concertación entre los partidos, con el fin fundamental de transparentar los resultados, fue una premisa esencial entre quienes desean para Guerrero que continúe ésta siendo una entidad con gran vocación de desarrollo.
Once candidatos, 11, algunos con respaldo de partidos políticos nacionales y otros locales, participaron en esta contienda cívica y política; se procuró apoyo financiero, tal y como lo establece la Ley, a todos ellos para fortalecer su participación política.
Siempre, siempre fue preocupación de que los representantes ciudadanos y los partidos políticos acreditados en el Consejo Estatal Electoral, signaran todas y cada una de las actas que ellos consideraran prudentes y conducentes.
Igualmente y hay que decirlo y por primera vez, la fuerza pública vigiló el proceso electoral, pero dependiendo ahora de los organismos electorales de manera plural y no de la Secretaría de Gobierno, tal como acontecía con anterioridad.
Guerrero, es cierto, vive al igual que diversas entidades de nuestro país, una problemática social muy específica, pero existe y goza también de manera fundamental de un marco constitucional y legal al que todos sabemos cuidar y respetar.
El Gobierno del Estado, titular del Poder Ejecutivo, ha sido vigilante, no como una gracia sino como una auténtica obligación, de vigilar todas las garantías que den a los guerrerenses un proceso limpio y sin justificación a la impugnación poselectoral, que ha venido siendo en otras ocasiones armas favoritas de quienes reclaman
democracia, pero sin apostar ni aportar esfuerzos en favor de la legalidad y el orden social.
En consecuencia, con respeto, pero con vigor, quiero dejar claro que con la voluntad política de los guerrerenses, quienes sufragaron por la que consideraron la mejor opción para la estabilidad y desarrollo de su pueblo, difícilmente prosperarán las presiones extralegales que se han instrumentado en otros procesos electorales de nuestro país.
Ha sido ya exhibido por el diputado Efraín Zúñiga, el conteo de votos que por mandato de Ley realizaron de manera plural tanto los partidos políticos representados como diputados locales y las representaciones de ciudadanos que integran el Consejo Estatal Electoral.
Es cierto, compañeros de partido de oposición, esto aún no termina; gozan ustedes, lo saben ustedes y lo sabemos todos, de todos los medios de carácter jurídico que están a su alcance.
En Guerrero se respeta el derecho, porque los guerrerenses, a través de la historia, nos han enseñado a todo el país, que saben respetar, que saben escuchar, que saben condescender, pero más que todo, saben defender inquebrantablemente el ejercicio de su voluntad, manifestada el pasado 21 de febrero, a través de las urnas electorales.
Señor Presidente, no dejo documentos a la Secretaría, pero sí dejo el testimonio de la gran confianza que tenemos todos los legisladores por el respeto irrestricto a la voluntad popular, a la Ley y a lo que hoy por hoy es el arma de nuestra vida; el derecho. Muchas gracias.
El Presidente: -Muchas gracias, diputado Charleston. Para el mismo asunto, se le concede la palabra al diputado Alberto Carrillo Armenta.
El diputado Alberto Marcos Carrillo Armenta:
-Señor Presidente; compañeros:
Creo, compañeros, que las elecciones de Guerrero han puesto otra vez en manifiesto, una vez más, todos los vicios y deficiencias del sistema político mexicano.
Se expresaron con toda claridad prácticas agonizantes, pero que no han permitido la posibilidad de que surjan nuevas prácticas, que apenas son incipientes y no acaban de aparecer cabalmente.
Pero, sobre todo, lo que hemos visto en el Estado de Guerrero, es la expresión de tácticas partidarias, aparentemente novedosas, que flaco favor le hacen a la democracia y al proceso de reconstrucción de la vida democrática que vive nuestro país; tácticas preocupantes para el destino de la democracia en México; tácticas que hemos visto desplegadas con toda magnitud en los casos de las elecciones de Michoacán, y que ahora de manera recurrente se vuelven a utilizar.
La táctica perredista, la táctica de utilizar la campaña electoral más que para promover votos, para anticipar un fraude, a estas alturas ya no impresiona a nadie. Pero eso no quiere decir que no provoque efectos políticos, profundos efectos políticos, quizá positivos para la estrategia del PRD, pero de ninguna manera positivos para el proceso de fortalecimiento de la vida democrática a la que aspiramos los mexicanos.
Tan nociva es esa táctica, que los campos electorales victoriosos por la oposición del Frente Democrático Nacional, ahora son campos yermos. Ahí, donde floreció el resurgimiento a la vida cívica de incontables ciudadanos, que buscaban opción y partido, ahora existe solamente desilusión y se debaten entre el desengaño y la frustración y la manipulación y la violencia.
Las tácticas utilizadas son tan nocivas y a las pruebas me remito: el abstencionismo electoral.
El abstencionismo electoral, señores, fue el resultado de Guerrero. Es decir, no es un dato colateral o marginal del proceso, es el resultado electoral del Estado de Guerrero: abstencionismo, alejamiento progresivo y masivo de los ciudadanos de los asuntos del Estado, despolitización creciente, deslegitimación creciente de los órganos del Poder Público.
Es tan contundente el abstencionismo, como resultado de este proceso, que surge una pregunta: ¿no sería a caso éste, el resultado que realmente en el fondo se buscaba? ¿Es posible pensar que todos los partidos políticos y el Estado, unidos, con todos los recursos de la democracia, unidos todos los partidos y el Estado, gastando sumas millonarias, sumando esfuerzos y recursos, no pudimos convencer al elector? ¿O quizá, precisamente, todos de manera consciente o inconsciente nos propusimos precisamente como objetivo lograr que el pueblo de Guerrero se abstuviera?
Yo debo de confesar que tengo mis serias dudas, porque en política se dice que lo de menos son las intenciones, lo que cuenta, lo que se evalúa, lo que se analiza, son precisamente los resultados.
El PRI en el Estado de Guerrero realizó una campaña aparatosa, pero que nunca estuvo orientada a promover la participación, sino a contenerla; utilizó recursos propagandísticos y económicos apabullantes, aplastantes, aparatos expertos en rumores, rumores de todo tipo, incluidos los rumores que generan la intranquilidad, la intranquilidad que proviene del recuerdo, del posible regreso de experiencias dolorosas al Estado, aparentemente ya superadas, pero que apenas están todavía en el recuerdo fresco de esta generación de guerrerenses.
Se hizo una campaña sistemática de compra de adhesiones, buscando lesionar la unidad interna de los adversarios políticos y magnificando cualquier deserción.
La campaña de contención del PRI quizá parte del supuesto que debemos, creo, dar por cierto de que el aparato electoral del PRI tiene más capacidad de maniobra cuando el pueblo se abstiene, no sólo para efectos de votación, es decir, para efectos de ganar una elección sino para efectos de parar los posibles conflictos poselectorales.
Es lógico que frente a los anuncios de violencia, frente a las tácticas de provocación pudiera haberse implementado una táctica de contención. La campaña de contención del PRI y la vieja táctica perredista de denunciar con antelación el fraude electoral, anunciando movilizaciones poselectorales con meses de anticipación cumplen un mismo propósito: alejar, insisto, a los ciudadanos de los asuntos del Estado, deslegitimar a los partidos políticos y a los procesos electorales.
Y curiosamente se retroalimentan ambas tácticas para hacer surgir un perverso círculo vicioso, una táctica condiciona y retroalimenta a la otra. Es tan fuerte la influencia de estos dos grandes partidos políticos que es difícil escapar de su inercia, los partidos políticos que no somos polos nos pulverizamos, pulverizando así la opción del pluripartidismo sano y democrático en la vida política del Estado de Guerrero, al margen de nuestro esfuerzo, al margen de nuestros programas, al margen de nuestra influencia política, de nuestra capacidad de movilización y de nuestras estructuras partidarias.
Queda claro en el Estado de Guerrero, en la elección de Guerrero, lo pernicioso que es para la vida política nacional que estas situaciones que hemos visto en uno y en otro Estado pudieran desarrollarse incontenibles y abarcar el espectro político de todo el país en las próximas elecciones federales. Queda claro lo peligroso, lo nocivo, lo atentatorio contra la vida constitucional de nuestro país que el abstencionismo siga creciendo, que el bipartidismo se imponga frente a la opción pluripartidista y que la sociedad acabe contraponiéndose contra los partidos políticos.
En Michoacán, cuando discutimos en esta misma tribuna, en estas tácticas y estos fenómenos en Michoacán, alertamos y vimos venir esta tendencia. Ahora, esta tendencia sale de toda proporción. Estamos frente a una amenaza; estamos frente a una urgencia. Enfrentemos así, bajo estos signos ominosos, los futuros procesos electorales, particularmente el proceso electoral para renovar los ayuntamientos y el Congreso del Estado de Guerrero y habremos acabado con la legalidad constitucional.
La única táctica válida de los partidos políticos, es la táctica que fortalezca la participación cívica y que lleve a los ciudadanos a las urnas a elegir con copiosas votaciones entre los diferentes partidos, programas y candidatos a la opción real de Gobierno en esos momentos para ese Estado, para ese puesto público. Muchas gracias.
El Presidente: -Tiene la palabra el compañero diputado Angel Aguirre.
El diputado Angel Eladio Aguirre Rivero: -Con su venia, señor Presidente; compañeros legisladores:
Pedí el uso de la tribuna para formular algunos comentarios en torno a la jornada electoral que vivimos los guerrerenses el pasado domingo 21 de febrero y en donde la ciudadanía y los partidos políticos que contendieron, dieron una muestra de civilidad política a nuestra nación, a pesar de lo que algunos agoreros del desastre apostaban de que en nuestro Estado habría derramamiento de sangre y habría violencia. Pero éstos se equivocaron, porque quedó de manifiesto que los guerrerenses queremos vivir en paz, en tranquilidad, en la concordia y en el trabajo, para poder remontar los grandes atrasos seculares en que ha estado inmersa nuestra querida entidad suriana. Pero ello no fue fortuito, no fue producto de la casualidad, sino responde en todo caso al esmerado y a la cuidadosa organización del proceso electoral, que contó siempre con el concurso no sólo de los partidos políticos, sino de los ciudadanos guerrerenses organizados.
Como ya se ha dicho aquí compañeros legisladores, por primera vez en la historia de Guerrero, los procesos comiciales estuvieron bajo la responsabilidad del honorable Congreso del
Estado, contando siempre con la participación de los consejeros ciudadanos y de los propios partidos políticos que contendieron. Por eso, podemos afirmar, desprendiendo de cualquier actitud demagógica, que en Guerrero fue el pueblo con derecho al voto, el depositario de este proceso electoral.
El Consejo Estatal Electoral, órgano técnico adscrito con carácter permanente al Poder Legislativo, cumplió en tiempo y forma con cada una de estas etapas del proceso, etapas que por cierto, como ya lo dijo mi compañero Zúñiga Galeana, tuvieron el aval y esto lo enfatizo, de todos los representantes de los partidos políticos. Así lo demuestran las actas de cada una de las sesiones en donde se emitieron los principales acuerdos de este órgano colegiado, las cuales estuvieron siempre firmadas por unanimidad o en el peor de los casos, por mayoría.
Se ha hablado aquí de supuestas irregularidades; se ha criticado el padrón electoral, pero lo que no se ha dicho es que durante más de cinco meses el Registro Federal de Electores desarrolló una intensa campaña de empadronamiento; campaña a través de los medios masivos de comunicación: las radiodifusoras, los periódicos locales, algunos volantes, la televisión y en donde se exhortaba a la ciudadanía guerrerense, a que acudiera a empadronarse, señalando los domicilios de los módulos que para tal efecto fueron establecidos.
Como resultado de esta intensa campaña, el padrón electoral que en 1991 ascendía a un millón 69 mil ciudadanos, se incrementó a un millón 132 mil ciudadanos, con lo cual se alcanzó la meta de un 98.1%, la meta que el Registro Federal de Electores se había trazado.
Se ha hablado aquí también de que los partidos políticos y particularmente el compañero del Partido de la Revolución Democrática, señalaba que éstos no tuvieron la oportunidad de presentar sus observaciones para la depuración del padrón integral. Yo quisiera decirle a nuestros compañero, que lamentablemente de los nueve acreditados del Partido de la Revolución Democrática para llevar a cabo estos trabajos, sólo asistió con regularidad uno, el cual por cierto, calificó como ejemplar el proceso de insaculación y los demás eventos relativos a la depuración integral del padrón.
Se ha mencionado que no se entregaron muchas de las credenciales, sin embargo podemos remitirnos a las cifras y éstas alcanzaron un 96.1% de su cobertura con relación a las listas nominales, es decir; dos puntos por arriba de la media nacional.
Ciertamente algunos paisanos no tuvieron la oportunidad de recibir su credencial, debido a diversos factores, entre los que destacan en el Estado de Guerrero, el hecho de que muchos de nuestros paisanos emigran hacia otras ciudades del país y fuera del país, tras la búsqueda de un empleo permanente.
Quisiera también referirme, compañeros legisladores, a otras medidas que garantizaron más los principios de certeza, de legalidad y de imparcialidad de este proceso. Las actas de escrutinio y de cómputo que se utilizaron durante la jornada, cada una de ellas fue signada por los representantes de todos los partidos políticos. Las boletas electorales que se utilizaron para sufragar el día de la jornada, del mismo modo fueron signadas también por los representantes de todos los partidos políticos. Se otorgaron las facilidades necesarias para que los ciudadanos o periodistas interesados en la jornada, pudieran asistir como observadores electorales, inclusive, el propio Consejo Estatal Electoral, en algunos casos, les proporcionó cámaras de video para un mejor desempeño de sus funciones.
Compañeros legisladores: he comentado a grosso modo algunas de las características del proceso electoral que vivimos en Guerrero. Los guerrerenses, todos, nos empeñamos en promover las medidas necesarias que hicieran de nuestro proceso, un proceso lleno de credibilidad, un proceso transparente e imparcial y que fuera la voluntad ciudadana la que determinara el rumbo que habría de seguir nuestro Estado suriano. Esa voluntad ya se ha manifestado y como tal, tenemos que respetarla y acatarla para poder seguir transitando por los cauces de la legalidad y seguir fortaleciendo nuestra vida democrática. Muchas gracias.
El Presidente: -Para rectificar hechos, tiene la palabra, en términos del 102, el diputado Miguel Angel León Corrales del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Miguel Angel León Corrales: -Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:
Yo estoy completamente de acuerdo con lo que fue planteado aquí por el compañero diputado Cuauhtémoc Amezcua, en el sentido de que el problema de fondo sigue siendo el problema de ¿en manos de quién está el proceso electoral?
En este caso concreto de Guerrero, en efecto, como yo lo mencionaba en mi primera intervención, el proceso electoral quedó en manos del Congreso local del Estado de Guerrero, de la Cámara de Diputados del Estado de Guerrero.
Y nos mencionan aquí los compañeros, diputados del PRI, que esto ya es una garantía de imparcialidad.
Yo hice algunas precisiones, que no fueron contestadas, que no fueron aclaradas, que demuestran que solamente un iluso puede pensar que un proceso electoral en manos del Congreso del Estado de Guerrero necesariamente garantiza imparcialidad.
Mencionaba yo, en primer lugar, el hecho de que el coordinador del Congreso es el Presidente del Consejo y que en el caso concreto de Guerrero, el Presidente del Consejo es el senador suplente del candidato a gobernador del Partido Revolucionario Institucional. Pero además del Presidente, están los diputados de la Cámara local y entonces en el Consejo del Partido Revolucionario Institucional tiene a 24 diputados, como parte de él. Existen además 13 ciudadanos.
¿Quién nombra a los ciudadanos? Los nombra el Congreso del Estado, sobre la base de que los ciudadanos que resulten los adecuados para ser parte del Consejo, tienen que obtener dos tercios de la votación del Congreso.
Sin embargo, queda claro que el Código Electoral Estatal de Guerrero, que la lista de los ciudadanos, sobre la cual se va a votar en el Congreso local, es una prerrogativa del Presidente del Consejo Estatal Electoral. Es decir, ningún consejero ciudadano puede ser nombrado como tal para el Consejo Estatal Electoral, si no es parte de la lista que el Presidente del Consejo Estatal, en este caso Israel Soberanis, presenta al Congreso.
Si nosotros sumamos a los diputados del PRI, al Presidente del Consejo y a los consejeros ciudadanos, que en su gran mayoría son prominentes priístas, pues entonces está claro que el Partido Revolucionario Institucional en el Consejo Estatal Electoral tiene la más completa y absoluta mayoría para decidir todo lo referente al proceso electoral del Estado de Guerrero.
Pero se nos ha dicho aquí ya tres veces: "ustedes, los del Partido de la Revolución Democrática, avalaron todas y cada una de las sesiones del Consejo Estatal Electoral y los acuerdos del Consejo Estatal Electoral contaron siempre con la aprobación del total de los miembros del Consejo".
En ningún momento aquí, ni el diputado Zúñiga ni el otro compañero diputado, aclaró que hubo ocasiones en que el diputado del Partido de la Revolución Democrática votó en contra de lo que se estaba decidiendo en el Consejo Estatal Electoral.
Yo tengo en mis manos un documento, de los varios que sacó Israel Soberanis Nogueda en la prensa nacional, antes del proceso electoral. Este se denominó Las Elecciones en Guerrero, salió en todos los periódicos y en este documento se aclara lo siguiente:
En la sesión ordinaria del 30 de mayo, el Consejo aprobó la lista de los ciudadanos designados para ocupar los cargos de presidente y consejeros ciudadanos de los consejos distritales. Este desplegado dice: "44 votos a favor incluidos dos del PRD y uno en contra de ese partido". Bien, el voto en contra del PRD es el voto del compañero que representa al PRD en el Consejo. Entonces, ese voto nos está diciendo que en esa ocasión, cuando se aprobó la lista de ciudadanos para los Consejos Distritales, el Partido de la Revolución Democrática estuvo en contra.
En la sesión ordinaria del 24 de julio de 1992, en que se aprobó por mayoría de votos el seccionamiento de los distritos electorales, dice: "46 votos a favor, incluidos dos del PRD y uno en contra de ese partido". Una vez más nuestro partido estuvo en contra de la decisión tomada por el Consejo en una cuestión fundamental, como es el seccionamiento de los distritos electorales.
En la sesión extraordinaria del 18 de diciembre de 1992, en que se dictaminó en torno al recurso de revisión interpuesto por nuestro partido, en lo que se refiere al XII distrito electoral, una vez más nuestro representante votó en contra. En la sesión extraordinaria del 22 de enero nuestro representante votó en contra. En ese sentido, es por completo falsa la afirmación que se ha hecho aquí de que todas y cada una de las decisiones del Consejo Estatal Electoral contaron con el apoyo de todos y cada uno de los representantes del partido que forman ese Consejo.
A mí me parece que lo que queda claro en las elecciones de Guerrero es un abstencionismo del 76%, que es producto de la falta de credibilidad que la población tiene con respecto a los procesos electorales, que es producto de un clima de violencia generado por el Gobierno del
Estado, auspiciado por Rubén Figueroa, que lleva a Rubén Figueroa a una de las votaciones más bajas que el Partido Revolucionario Institucional haya obtenido en la historia de las elecciones de Guerrero...
El diputado Efraín Zúñiga Galeana (desde su curul): -Señor Presidente, ¿quisiera consultar al orador, si acepta una interpelación?, por favor.
El Presidente: -Señor diputado León, ¿acepta usted la interpelación?
El diputado Miguel Angel León Corrales: -Con todo gusto.
El Presidente: - La acepta y la autoriza la Presidencia. Proceda a formularla, diputado.
El diputado Efraín Zúñiga Galeana (desde su curul): -Quisiera que el orador me dijera, según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿de quién es la responsabilidad de promover la participación del pueblo en la vida del país?
El diputado Miguel Angel León Corrales: -Compañero, ése no es el tema que estamos tocando aquí. Ese planteamiento, esa pregunta que usted me hace es clara. La Constitución plantea que será el Estado, que será el Congreso de la Unión quien genere todas las condiciones para la participación política del pueblo. Pero lo que yo estoy planteando aquí, con toda claridad, es si las instancias electorales del Estado de Guerrero garantizan o no imparcialidad en el proceso electoral. Lo que yo estoy planteando aquí es que el senador suplente de Rubén Figueroa fue el encargado de todo el proceso electoral en el Estado de Guerrero, que los consejeros ciudadanos conforman este Consejo fueron nombrados también por Israel Soberanis; que en la elección de Guerrero de alguna manera Israel Soberanis también está jugando con su futuro político y que el Partido de la Revolución Democrática no avaló, como usted dijo en su primera intervención, toda una serie de decisiones incorrectas que este Consejo Estatal Electoral tomó.
Y en ese sentido, mientras los procesos electorales estén en manos del Gobierno y de su partido, es decir, el partido de Estado, las condiciones de imparcialidad para llevar a cabo los procesos no se dan, como lo hemos repetido aquí una y mil veces y como lo seguiremos haciendo mientras exista esta realidad antidemocrática en México.
Ahora bien, entre ellos el diputado Zúñiga les fallaron las cifras en cuanto a los votos campesinos que iban a conseguir y en cuanto a los votos priístas que iban a conseguir. Por ahí el delegado político del PRI en el Estado de Guerrero con toda claridad mencionó: "se abstuvieron de votar 400 mil priístas en Guerrero", el señor Galindo Musa. Los votos campesinos que por ahí algún diputado federal le había prometido a Rubén Figueroa, tampoco se hicieron presentes.
Se ha dicho que la violencia electoral promovida por mi partido fue la que generó el abstencionismo. Yo le preguntaría a ese diputado que prometió el voto campesino, cuya promesa no cumplió y a ese delegado político que prometió los 400 mil votos priístas, cuya promesa tampoco cumplió, si ese incumplimiento se debe a las políticas seguidas por el Partido de la Revolución Democrática.
Me parece que el abstencionismo en Guerrero es falta de credibilidad. Tiene que ver la enorme pobreza que en ese Estado subsiste, tiene que ver la propia violencia que el mismo Gobierno del Estado fue generando en torno a lo que iba a suceder el día 21 de febrero y en todo caso, como ya lo dijo aquí un diputado, ni siquiera el 15% de la población en edad de votar está avalando al candidato del PRI.
El compañero diputado que me antecedió en la palabra, no tiene la facultad para decidir si los más de 1 mil 600 impugnaciones que nosotros presentamos en forma de protesta ya y que tenemos cinco días después de hoy para presentarlas como impugnación son válidas o no.
El Tribunal Electoral del Estado lo decidirá, pero estamos impugnando más del 40% de las casillas, por eso hablamos de nulidad y por eso a nadie le extrañe que en Guerrero se dé el interinato número 17. Es una gran y real posibilidad.
El Presidente: -Para rectificar hechos, tiene la palabra en términos del 102, el diputado Efraín Zúñiga.
El diputado Efraín Zúñiga Galeana: -Con su permiso, señor Presidente:
En torno a la intervención del diputado León Corrales, quisiera hacer algunas precisiones en una intervención breve que voy a hacer.
Primero, quiero informarles, si es que sus representantes en el Congreso del Estado no les informan a los dirigentes del PRD, que las reformas
electorales en Guerrero, se aprobaron por voto unánime de todos los diputados al Congreso del Estado. Por el voto unánime se hicieron las reformas electorales.
Entonces, el cambio en la estrategia electoral, la integración de un Consejo Electoral integrado por diputados locales y ciudadanos, fue producto del voto unánime de los diputados al Congreso del Estado.
Ahí estaban presentes el diputado Rafael Aréstegui, estaba presente Zenón Santibáñez y estaba presente Misael Medrano en esa sesión, que a pesar de que digan que a Rafael Aréstegui lo acaban de expulsar del partido, ellos están acreditados, por representación proporcional, como representantes, como diputados locales del PRD; votaron y firmaron en esa sesión del Congreso.
¿Por qué Israel Soberanis preside el Consejo Estatal Electoral?, no porque es suplente del licenciado Rubén Figueroa Alcocer. Quiero informar a esta honorable Comisión Permanente, que Israel Soberanis es diputado local desde diciembre de 1989; ahí está como diputado local desde diciembre de 1989, cuando se integró el Consejo Estatal Electoral en 1992, ya era diputado local. No hay pues el propósito de distorsionar un proceso que los guerrerenses quisimos que fuera limpio; quisimos aceptar incluso la propuesta del propio PRD, que alegaba que era necesario que se desvinculara del Poder Ejecutivo la elección de gobernador.
Fue una propuesta de todos los partidos políticos sacar las elecciones de las manos del gobernador del Estado, del representante del Poder Ejecutivo.
Por eso quiero aclarar estas circunstancias de la votación unánime de todos los diputados locales, ¿por qué se estableció un nuevo sistema de elección?, ¿por qué Israel Soberanis es el presidente del Consejo Estatal Electoral?, porque es el representante de la mayoría, porque era diputado desde 1990 y en ningún momento se trató de torcer la voluntad de los guerrerenses.
Doy así respuesta a las preguntas del diputado León Corrales. Muchas gracias.
REFORMA ELECTORAL
El Presidente: -Pasamos a otro asunto, señoras y señores legisladores y concedemos la palabra al diputado Diego Fernández de Cevallos, del Partido Acción Nacional, quien ha inscrito un tema para referirse a la reforma política.
El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos: -Señores senadores; señores diputados:
El grupo parlamentario de Acción Nacional les notifica a ustedes y a la opinión pública nacional, que se ve en la necesidad de retirarse a partir de hoy de los trabajos que sobre reforma electoral se vienen dando en la Cámara de Diputados.
Nosotros advertimos que la apertura que aquí se da en las palabras y en el trato, no está correspondida en el ámbito exterior, donde hay cierta conducta desbordada que no puede pasarse por alto ni como cuestión de poca monta.
A los muchos obstáculos que los partidos de oposición tienen que superar en su lucha porque este país de una vez por todas se democratice, hoy añadimos un hecho que desde nuestra perspectiva debe ser motivo de rectificación y de previo y especial pronunciamiento esa rectificación.
Para nosotros, señores legisladores, esos informes que ampliamente han difundido los medios de comunicación, posiblemente uno de ellos El Economista, a través de Francisco Barradas en un primer término y después otros muchos que han aportado datos y elementos sobre la materia que voy a tratar, nos llevan a la conclusión, porque no han sido desmentidas esas notas, de que podemos estar ante el compromiso cierto y público de los 25 hombres más ricos de México de apoyar oficial y públicamente al PRI, con una entrada inicial por cabeza de 25 millones de dólares. Esto suma de entrada la cantidad gigantesca para empezar a reordenar sus finanzas, de 625 millones de dólares en favor de un partido político.
No podemos dejar de observar en primer término que esas cifras estratosféricas se dan en dólares. Es cierto, podemos suponer que tal vez sea un mecanismo moderno de repatriación de capitales, lo cual no sería necesariamente malo ni cuestionable, pero lo cierto es que ya el solo anuncio cuya aclaración reclamamos, de que los hombres más ricos de México se deciden a apoyar públicamente, con sumas gigantescas y en dólares a una fuerza política, por lo menos, señores legisladores y pueblo entero de México, debe merecer un análisis sereno y una reflexión profunda y más aún cuando esto se da precisamente a los pocos días que el señor Presidente de México, después de escuchar el reclamo insistente de muchas fuerzas políticas, analistas, estudiosos y
hombres preocupados por la vida pública, han venido manifestando que uno de los temas importantes que deben merecer análisis y en su caso reglamentación, consiste precisamente en las finanzas de los partidos políticos y en los costos de sus campañas.
Para agravar el asunto, salta a la palestra, con movimientos juveniles, podríamos decir olímpicos, el anciano líder que administra la CTM, y sale para reclamar que él es mano, que él y su institución van por delante, que no son necesarios los apoyos económicos de los hombres más poderosos de México, sino que para eso está la CTM, con mucho más dinero para apoyar decididamente al PRI.
Señores, esto no puede ser signo alguno de modernidad. Yo pregunto como hombre, como político y como ciudadano, ¿quién es ese señor para decir impúdicamente que los fondos de una central que detenta antidemocráticamente, puedan estar al servicio del partido político que le venga en gana?
Yo tengo que suponer que en este país, esos millones de agremiados, unos por la buena y otros por la mala, tienen derechos políticos superiores y entre ellos está el de la elección de sus candidatos y de apoyar con sus recursos, con sus haberes, por magros que sean, a la fuerza política que represente sus ideales o consideren debe gobernar.
Pero lo que es monstruoso, que un señor, que puede merecer muchas consideraciones por su edad y circunstancia, reclame preferencias para suponer y decir que tiene derecho a derrochar sumas gigantescas que dice tener, que pertenecen a los trabajadores y que no ha consultado para decidir el destino de esos fondos.
Yo acepto, señores legisladores, expresamente, para que no se dé un falso debate, que hoy por hoy nadie puede negar a cualquier mexicano, pobre o rico, que apoye con recursos al partido de su preferencia.
También tengo que aceptar que no hay ley que limite o cuantifique los montos máximos para que un partido político reciba donativos, y voy más, acepto y reconozco que todos los partidos políticos en ese ámbito legislativo que hoy prevalece, hemos recibido donativos de pobres y de ricos, sin que haya habido una rigurosa reglamentación, ni siquiera una fiscalización que determine o detecte esos montos.
Derivado de ello, yo pediría a ustedes señores legisladores, que nos vayamos por el fácil atajo de señalar que todos hemos recibido dinero de mexicanos pobres y ricos. Démoslo por cierto, pero también creo que ésta es una de las materias en donde el cómo y el cuánto pueden perfilar, en el orden de lo moral, algo positivo o algo negativo para México.
Pero ¡caray! en un país en donde todos sabemos que por las razones que ustedes quieran y juzguen, se da una gran concentración de la riqueza y que se sabe y se dice que unas pocas familias, 300 tal vez, detenten la mayor parte del haber nacional y que puedan tener bajo su control y manejo el 80% o 90% del producto interno bruto de todo el pueblo, puedan ser así como así, estructurados en un apoyo político masivo para una fórmula de representación nacional.
¿Podemos considerar en conciencia, que esto afianza y fortalece el pluralismo y que esto es prueba de modernidad democrática? Más allá de la réplica, que puede tener muchos caminos, todos tenemos imaginación para una respuesta.
Hace poco le decía yo a un adversario en un debate político, cuando él me decía rápido: tengo la respuesta señor. Ya lo sé compañero, a usted le pueden mil veces fusilar por traidor a México, pero no por no tener respuestas.
Yo quiero decirles hoy que deseo sinceramente, que en esta forma clara y franca de debatir un hecho trascendente para la vida de México, se puedan dar espacios, escenarios de reflexión, para que todos con libertad y con grandeza podamos seguir sirviendo a nuestra patria.
Yo creo, señoras y señores, que en última instancia, el argumento que oficialmente ha dado uno de los voceros de este grupo de hombres de poder, no es suficiente ni satisfactorio. Nos ha dicho ese vocero públicamente, que lo único que buscan, legítimamente, es hacer, garantizar, la continuidad de la política vigente.
Yo quiero decirles, a ellos y a ustedes, que desde la perspectiva de Acción Nacional, la única forma lícita, inteligente y real que puede un hombre o un grupo utilizar para apoyar la vigencia de una institución o de un proyecto de Gobierno, es realizar medios moralmente lícitos para que se pueda fortalecer esa política de Gobierno y para que pueda tener eficacia cabal.
Mal andan los hombres del dinero si creen que pueden apoyar la propuesta oficial y las trascendentes medidas políticas que este régimen ha tomado, sencillamente aportando cantidades cuantiosísimas de dinero, para garantizar un
manejo electoral o político de un grupo en el poder.
Yo quiero decirles a ellos que más allá de las inmensas fortunas que han acumulado, que si esos dineros se van a dedicar a campañas electorales, el resultado ciertamente para México y la democracia será funesto; pero si esos recursos se van a destinar para sostener a una gigantesca burocracia, será peor para nuestra patria.
Si quieren apoyar al régimen del actual Presidente y la política que en el ámbito económico se ha seguido en este sexenio, apoyen esa política en la realidad de la patria y no en los escenario del poder.
Yo les digo que no pueden olvidar, esos hombres del dinero, que hay una reforma en el campo que puede fracasar por falta de dinero; yo quiero decirles que la reforma al 27 reclama con urgencia dinero constante y sonante; yo quiero decirles que algo debe de merecer, por lo menos una mirada, la empresa privada pequeña o mediana, para que esos hombres de capital puedan acudir a ellos y estimular el proyecto del actual régimen. Yo creo, señores, que hay muchas cosas que se podrían decir al respecto.
Nosotros creemos que en última instancia, el compromiso que todos como legisladores, en cada acto y en cada comportamiento, no debemos, olvidar, que más allá de formalismos legales o de libertades mal entendidas, está un destino nacional, que en buena medida dependerá de la capacidad de análisis y de rectificación que todos tengamos.
Pero además esos medios de comunicación han establecido que ese compromiso se dio ante la presencia del titular del Ejecutivo Federal. No hay ningún elemento que me permita asegurar este hecho, ni podría sugerirlo siquiera como cierto, pero sea cierto o no que estuvo presente en ese acto el titular del Ejecutivo, el grupo de diputados de Acción Nacional, con severidad republicana, con respeto entre poderes, pero con la franqueza que nos acostumbra el quehacer político y de lo cual tenemos tradición, reclamamos que ese señor Presidente defina, deslinde, claramente ante la opinión pública, su oposición de gobernante, con una presencia supuesta, real o imaginaria, en un acto de esta naturaleza.
Nosotros reclamamos una respuesta del señor Presidente de México y también, con la misma seriedad, pedimos y reclamamos del PRI que en su caso analice esta confrontación, estudie este reclamo, que sea capaz de verificar en su interior la procedencia de este punto, de este planteamiento, que para nosotros es de gravedad.
Yo creo, señores, que el problema de México, más allá de cualquier programa, más allá de cualquier debate o de que pudiéramos enfrascarnos en una discusión desgastante, el problema de México es de que está necesitando caminos amplios, auténticos, bien trazados, para que todos podamos transitar. Gracias.
El Presidente: -Sobre el particular, esta Presidencia afirma que para este tema se han inscrito varios oradores. Se le concede la palabra al diputado Fernando Ortiz Arana.
El diputado Fernando Ortiz Arana: -Con la autorización de la Presidencia de esta Comisión Permanente:
¡Qué bueno!, que mi compañero, el diputado Diego Fernández de Cevallos, haya llamado para que en este debate entremos, usando sus palabras, a un análisis sereno y también reflexivo.
El ha tratado, en una sola intervención, múltiples cuestiones a las que voy a tratar de referirme y a las que como miembro del PRI espero dar respuesta.
Primero, quiero señalar enfáticamente que el Presidente de la República no estuvo presente en la reunión de que algunos medios de información han dado cuenta; que estuvo presente, sí, el Presidente, pero el Comité Nacional de nuestro partido, el Revolucionario Institucional.
Ahora bien, yo quisiera dividir mi intervención en varias partes, para tratar con la mayor puntualidad de dar respuesta a los planteamientos del señor diputado Diego Fernández de Cevallos.
Una parte tendrá que ver con el sistema de financiamiento de los partidos políticos; otra con los medios de control, con su transparencia y sus sanciones; otra más con la filiación colectiva y filiación individual en las organizaciones políticas en México y una más tendrá que ver, también, con aquello que todos los partidos podemos legítimamente llevar a cabo.
De entrada manifiesto, señoras y señores legisladores, que no tiene mi partido, el PRI, nada de qué avergonzarse por la reunión de la que han dado cuenta los medios informativos; que no hemos faltado a la moral pública, en lo que aquí se ha venido a plantear.
El diputado Fernández de Cevallos viene a notificarnos que por la reunión de la que se ha informado, de un grupo de empresarios con el dirigente nacional del PRI, ellos han determinado no continuar participando en la comisión plural, que para analizar la democracia electoral en México y buscar fortalecerla, se creó por disposición del pleno de la Cámara de Diputados.
Yo, con franqueza, lamento la decisión del Partido Acción Nacional y también con franqueza considero que no vincula el continuar participando en la Comisión con el hecho que aquí ha venido a presentar el diputado Fernández de Cevallos, como un gravísimo pecado, como un pecado capital cometido por mi partido.
Todos sabemos que dentro de los temas que se han agendado para que se discutan por los partidos políticos y lleguemos a puntos de consenso, se encuentra de manera prioritaria el financiamiento a los partidos políticos.
También sabemos todos que hay cuatro cauces por los que los partidos políticos tienen la posibilidad legítima de allegarse recursos materiales: uno es el financiamiento público; otro el financiamiento privado; uno más es el financiamiento obtenido por su militancia, por cuotas de su militancia y otro es lo que se llama el autofinanciamiento.
Son las cuatro posibilidades que tienen las fuerzas políticas en todas las partes del mundo, para obtener legítimamente recursos financieros para el desempeño de su trabajo.
En México solamente está regulado en este momento el financiamiento público; no hay prohibición para que los partidos políticos, como él también lo señalaba, reciban financiamiento privado; no hay prohibición para que los partidos políticos puedan llevar a cabo diversas actividades que les generen, a través de la vía del autofinanciamiento, recursos financieros y no hay prohibición, por supuesto, para que puedan recibir recursos de los miembros de su militancia y de sus simpatizantes.
Así las cosas, lo que hoy trae a la tribuna de la Cámara de esta Comisión Permanente el diputado Diego Fernández de Cevallos, es el financiamiento privado. El ha señalado, con la franqueza que le caracteriza y que permite hacerlo un hombre confiable, que todos los partidos, todos los partidos recibimos aportaciones, decta él de pobres y también de ricos. Que esto es algo que no tiene por qué cuestionarse, que lo que preocupa, entrando a la reunión de la que se ha hecho mérito aquí, es que se reúnan un grupo de empresarios con los dirigentes de un partido político y que se precisen cantidades para aportarlas a esa fuerza organizada de ciudadanos.
Aquí hay que hacer, señores, varias consideraciones. La primera que señalo como miembro del PRI, con pleno conocimiento, es que en la reunión a que se hace mérito no se habló de cantidad alguna que aportarían al PRI quienes a esa reunión concurrieron. Entonces, desmiento desde esta tribuna el que se haya señalado, se haya cuantificado suma alguna, Diego, que se fuera a entregar al PRI por parte de quienes ahí concurrieron a la reunión.
Por otro lado, señoras y señores legisladores, todos saben que los partidos todos, tienen en México diversas formas de acceder legítimamente a recursos económicos. En el caso nuestro, desde hace muchos años, el PRI que es una fuerza que agrupa a sectores de muy diversas posibilidades económicas, reciben cantidades de su militancia y de sus simpatizantes. De unos años para acá se ha regulado el financiamiento público y lo han recibido todos los partidos políticos.
Originalmente Acción Nacional mostró resistencia al financiamiento público; después, rectificaron y aceptaron que el Estado destine recursos económicos para apoyar a las organizaciones partidarias que cumplen no sólo funciones en etapa de elección, sino particularmente funciones de orden cívico para ir fomentando en la población mayormente la participación en las decisiones de los órganos de Gobierno en nuestro país.
Nosotros efectivamente en el PRI recibimos aportaciones de nuestra militancia y tenemos una militancia muy disímbola como lo he señalado y como todo mundo lo sabe y efectivamente hay aportaciones de organizaciones gremiales, de organizaciones sindicales, que aquí ha cuestionado el diputado Fernández de Cevallos, porque un dirigente de una central obrera, un dirigente para nosotros respetable, un dirigente que durante toda su vida ha servido a la clase trabajadora de México, don Fidel Velázquez declarara en torno al asunto que hoy comentamos, que su Central, la Confederación de Trabajadores de México, lleva a cabo aportaciones al partido.
Aquí entramos a un tema que hemos discutido hace mucho tiempo, que ha sido motivo de discusión en varias reformas políticas, y que tiene que ver con la afiliación individual y con la afiliación de organizaciones a los partidos
políticos. Acción Nacional ha sostenido desde hace muchos años que la afiliación debe ser necesariamente individual, nosotros sostenemos que los partidos políticos para ser tales, es nuestra apreciación, deben integrarse por organizaciones fuertes de todo tipo, igual organizaciones campesinas, de clases medias, populares, de organizaciones gremiales. Y ahí, señores, hemos venido dando una larga y antigua discusión.
Hoy, no existe prohibición para la afiliación colectiva, los partidos pueden decidir la afiliación individual y también la de organizaciones, como es el caso de nuestro partido y en esta segunda parte, en la afiliación de organizaciones partidarias a las fuerzas políticas, es posible y ocurre, que decidan las organizaciones gremiales llevar a cabo en forma colectiva, aportaciones a la fuerza política dentro de la cual participan y eso es lo que ocurre y no tiene entonces nada de irregular, nada de anormal, que organizaciones gremiales decidan aportar cuotas en forma colectiva, al partido político en el que también en forma colectiva han decidido mayoritariamente participar.
Tenemos que legislar, decía y decía bien Diego Fernández de Cevallos, en torno a las formas de financiamiento que permitan a los partidos políticos preservar por supuesto su independencia y su autonomía ideológica y al mismo tiempo, facilitar que lleven a cabo una tarea que tiene particularmente dos momentos: uno, el esfuerzo cotidiano de los partidos por estar organizados y por procurar que los ciudadanos participen a través de ellos en la vida política y, otro, el que se da de manera particular durante las campañas políticas, por los diversos cargos de elección federal en este caso, para integrar los órganos de Gobierno Ejecutivo y Legislativo.
En eso estamos de acuerdo y son puntos que tenemos ya determinados para discutirlos en la Cámara de Diputados, con la mayor amplitud y apertura que él reconoce que se da y que pide que sea congruente y que se dé más allá de las palabras, según afirmaba Diego Fernández de Cevallos.
Nosotros, señoras y señores legisladores, estamos lejos, lo digo con franqueza, de pretender que nuestro partido tenga primero una sola fuente de ingresos en financiamiento privado.
Segundo, más lejos aún estamos en el PRI, de suponer siquiera, que los recursos que se obtengan puedan significar la influencia de grupos de presión de los que pudieran provenir recursos financieros.
También rechazo que en el PRI exista algún tipo de apetito económico para llevar a cabo prácticas oscuras. Lo que hemos hecho en materia de financiamiento, siempre ha estado abierto; las reuniones que se han celebrado, como la que ha motivado este debate y ha motivado que el PAN decida, a mi juicio de manera desproporcionada, el hecho que están invocando: retirarse de los trabajos de la comisión plural de la Cámara, para la democracia electoral señores, están a la vista de todos. Somos un partido que tiene un origen popular; obtenemos recursos de muy diversos cauces, pero ninguno compromete ni la ideología ni la práctica política de nuestro partido.
No nos estamos conduciendo de manera desbordada y estamos trabajando igual que las demás fuerzas políticas en el propósito de avanzar en la democracia nacional, de asegurar la libertad y la competencia de todas las fuerzas políticas, de buscar en la norma la mayor imparcialidad y certeza para el resultado de las elecciones, de encontrar caminos que permitan un acceso cada vez más equitativo de los partidos a los medios de comunicación y de lograr todos los partidos juntos, motivar cada día en mayor medida a los ciudadanos de nuestro país para que concurran, para que participen, para que determinen su voluntad política a través de los procesos electorales.
Así pues, compañeros diputados, no se trata de que el PRI reciba aportaciones multimillonarias, como de las que se ha dado cuenta. No se trata de que las reciba para darle continuidad a una política, porque sabemos y sabemos bien, que la continuidad de una política depende del ejercicio de la soberanía popular; que es el voto en elecciones periódicas, como se dan en México, el que determina en gran parte la continuidad de una política puesta en práctica en nuestro país.
Deseamos, además y esto lo planeó el Presidente de la República, miembro de nuestro partido, que se transparenten claramente el origen de los recursos de todos los partidos políticos. Para esto habrá que diseñar en la norma un sistema de control que debe venir acompañado necesariamente de un sistema también de sanciones, que le dé vigencia y obligatoriedad a lo otro.
No hay entonces, no hay ninguna voluntad en el PRI, de recibir financiamientos multimillonarios por parte de grupos, respetables, de grupos empresariales de nuestro país.
Acudimos a integrar un fideicomiso en el que podrán aportar, como ha ocurrido en nuestro
partido, miembros de organizaciones populares, de organizaciones gremiales, como aquí se ha dicho y de muchas más; en el legítimo derecho que tenemos junto con los demás partidos, de integrar recursos financieros a la luz de todos, para las tareas propias y cotidianas de nuestro partido. Esto no se divorcia de que propongamos, como lo hemos hecho todos los partidos, llegar a un punto de acuerdo para un techo que pudiéramos establecer en el caso de las campañas políticas; son cosas distintas. Los partidos tienen por disposición constitucional, que trabajar permanentemente; tienen además, que ser los canales para presentar candidatos a los ciudadanos de México para los cargos de elección popular.
En etapa de campañas políticas, todos sabemos, es donde fundamentalmente se aplica el financiamiento público que dé el Estado mexicano. Tan es así, que la forma en que se distribuye establece la mayor cuantía para ser entregada precisamente en los años de campañas electorales federales.
Entonces reitero, no estamos faltando a ningún acto de moral pública. No tenemos ningún motivo para ocultar que se llevó a cabo una reunión donde estuvo el Presidente del Comité Nacional del partido, con empresarios. Militan en los partidos empresarios desde el punto de vista individual, no están participando como representantes de las fábricas o empresas de que son propietarios o poseedores; eso ocurre en todas las fuerzas políticas. En algunos casos algunos partidos han hecho candidatos incluso a muy respetables empresarios y eso nunca lo hemos objetado; pensamos que el derecho de ser candidato, el derecho de aportar a un partido político, no es privativo de algunos que desarrollen ciertas actividades y prohibitivo de otros, por la actividad que han desarrollado, o por las posibilidades económicas que han logrado acumular.
Y hoy seguramente, igual que todos los partidos aquí representados, estamos de acuerdo en fortalecer un sistema de partidos, en preservar la independencia y la autonomía de los partidos políticos, de todos, de todos los partidos políticos y de todos los grupos de presión que tuvieran interés en contar con la voluntad de una fuerza política.
Ni hemos hipotecado ni vamos a hipotecar, principios o actividad política en el PRI y estamos dispuestos siempre a dar a ustedes las más amplias respuestas de nuestra conducta, como fuerza política. Muchas gracias.
El Presidente: -Señores diputados:
Yo quisiera informarles a ustedes, antes de conceder la palabra para alusiones personales y para rectificar hechos, que tengo a varios diputados registrados para intervenir en este debate. Ellos son: diputados Jorge Calderón, Cuauhtémoc Amezcua y Carlos Cantú Rosas.
En los términos del 102 del Reglamento, diputados Amezcua, lo registro para rectificar hechos y le concedo primero la palabra a Diego Fernández.
El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos: -Señores Legisladores:
En primer lugar, deseo agradecer sinceramente los comentarios que respecto de mi persona y de mi trabajo a formulado, aquí y ahora, el diputado Ortiz Arana. Le puedo asegurar, señor diputado, que esto no es una formalidad insincera. Pero yo quisiera discrepar con usted en algunas de sus afirmaciones.
Usted estimó en su discurso que los hechos que aquí se debaten y la reforma política, cuyo diálogo se ha iniciado, no son asuntos que se vinculan. Desde la perspectiva nuestra, por supuesto que lo son.
Es fácilmente entendible que no tiene ningún significado para nosotros legislar "a toro pasado". Para nosotros, como diputados de Acción Nacional, nos parecería de mala ironía dialogar, discutir y buscar consensos sobre esta materia, para que todo sucediera fatalmente. "Se mató al gallo, antes de la pelea".
Porque si vamos nosotros a aceptar, señor legislador, que primero se forme, se constituya, este poder político debidamente estructurado, para que después las modificaciones a la Ley sean aplicables por el principio constitucional de una retroactividad, pues, señores, ahorrémonos esfuerzos.
No es sano para la vida del país que siga este procedimiento su curso y que paralelamente, en el discurso, todos reconozcamos la necesidad de topes o de techos en los recursos, financiamientos y gastos de campaña.
Pero además, yo pienso que Acción Nacional, qué bueno que usted lo dijo, ha tenido rectificaciones públicas. Es parte de su honradez política, que nadie le debe de negar. Nosotros hemos rectificado cuando consideramos que en un punto hay razones superiores que nos obligan a rectificar.
Pero una cosa si le aseguro: jamás aceptaremos, en vía de rectificación, que 300 hombres de dinero puedan decidir sustancialmente las estructuras políticas y electorales de un país! Eso no puede ser. No es sano para nadie, así fuera para nosotros y ojalá que nos crean que lo decimos con toda sinceridad.
Yo creo por otro lado, señor diputado, que es entendible, podría decir hasta válida, la defensa que usted hace de Fidel Velázquez. Cualquiera en su lugar haría lo mismo. Es natural. ¡Quién no!
Pero sí debo de hacer una advertencia. Fidel Velázquez no se concretó a decir que la CTM apoyaba o que apoyaría o que apoyará. Se quejó de los montos que ofrecían los hombres de dinero. Habló de ellos, por lo que no es un invento nuestro. Nadie ha negado lo que dijo la prensa en su tiempo, por lo que yo al menos estimo que hubiera sido sano, saludable, que esos medios de comunicación hubieran recibido a tiempo del PRI y de los hombres de dinero, la aclaración de que nunca se habló de tales montos.
Pero se dejó pasar la noticia. Se habló sobre ella y se discutió sobre ella y ahora usted nos dice aquí y debemos creerle que no había esos montos de por medio y que de ellos nunca se habló. Pero al menos es sano decir que cuando se dan noticias de esa dimensión, tal vez lo más conveniente sería que, en tiempo y forma, se hicieran las rectificaciones.
En otro punto donde tenemos ¡histórica y sustancial diferencia!, es en la idea de que para los efectos del caso las asociaciones gremiales todo lo pueden.
No, señor diputado, en Acción Nacional consideramos que la dignidad del hombre que trabaja no puede estar sujeta a ningún control político de ninguna central, grande o chica y que jamás será sana la vida pública de México si se puede aceptar la filiación masiva de hombres que necesitan trabajar para vivir, no me refiero a los que van a dar el dinero, sino a los miles y millones de trabajadores que sin consulta quedan virtual y definitivamente afiliados a una central. Ya no es sólo monstruosa su afiliación, sino adicionalmente que la parte de sus cuotas, que ellos en manera pobre y magra demandan y reciben, que pueda en última instancia afectar para bien a un partido político a criterio de una cúpula, de un líder o de simple mayoría.
Yo pienso que aun en la hipótesis que usted señalaba de que en forma colectiva se afilian y mayoritariamente por el PRI, yo le pediría a usted, que al menos usted y su partido analizaran los derechos de esa supuesta o real minoría que no han dado su conformidad para que a una fórmula política por la que no votan y que no quieren, se vea beneficiado con el fruto de su trabajo Pero, en fin, señor diputado, nosotros insistimos, sin agravio, porque creemos que podemos terminar seriamente este debate. Nosotros consideramos que es justo el reclamo de nuestra parte para un efecto serio, prudente: que el PRI analice su escenario, para que el PRI analice su proyecto de financiamiento; ¡nadie le puede negar el derecho, la necesidad y el deber de organizar mejor sus finanzas!, como tenemos obligación de ello todos los partidos políticos.
Pero, ¿quién puede dudar en este país que el más directamente obligado y el más gravemente responsable de esta materia es el que ha detentado el poder durante tantos años? ¡Nadie podría negarle al PRI ese derecho!
Y voy más, señor diputado. Con el riesgo de que se desvirtúe mi intervención y de que finalmente salga la coletilla en cualquier periódico para decir que Fernández de Cevallos tenía que dar un espaldarazo al PRI; si así se toma, que se tome, pero voy por la verdad.
Yo quiero reconocer, en lo personal, que son claros los esfuerzos que está haciendo el Partido Revolucionario Institucional por lograr algo que le demanda la razón, el pueblo y su propia militancia: desestatizarse y claro que en ese intento tenemos que apoyarlos los que creemos que en México sólo habrá democracia si hay auténtico pluralismo y se fortalecen todos los institutos políticos que busquen la democracia y la verdad.
¡Yo no puedo negar ese esfuerzo del institucional!, ¡está claro!, ¡está a la vista! Son muchas rectificaciones que por respeto al PRI no quisiera mencionar ahora para no entrar en un debate que modificara la litis que ahora tenemos.
Pero de ahí a que se pueda ya dar por cierto que las organizaciones obreras seguirán en México teniendo el derecho de masivamente afiliar y cupularmente decidir, eso es monstruoso. Pero aun en la hipótesis de que mayoritariamente se tomarán decisiones, quedarían vulnerados gravemente los derechos de esa minoría de trabajadores que no pueden consentir en una moral limpia, que vayamos por el camino de que la mayoría decide los fondos de los demás.
Pero para terminar, señor diputado, usted ha dicho con toda claridad: "analicemos, discutamos
qué debe de haber en la reforma legal para establecer topes, para poner límites, para reglamentar los recursos, sus accesos, sus orígenes, su uso, etcétera, de los recursos públicos, de los recursos privados, del financiamiento". Yo le digo: ¡hagámoslo en tiempo y forma, hagámoslo cuando tiene sentido lograr un cambio y lograr que esa estructura política quede saneada, porque me resulta fácil entender que a toda prisa se maneje un procedimiento estructurado por todo un poder político en un país, para después poner los topes y para después, inclusive, limitar esos mismos caminos, que nunca deben seguirse, para que otras fuerzas políticas tengan acceso a ellas.
Yo quiero recordar sus palabras, señor diputado, en un discurso que nuestra revista parlamentaria recoge: "La revolución es hoy conciencia nacional". Solamente apelamos nosotros a esas palabras, a la conciencia nacional. Y, por supuesto, esperamos tranquilos la respuesta.
El Presidente: -Gracias, diputado Diego Fernández de Cevallos.
Para contestar alusiones personales, se han inscrito: el diputado Amezcua, a quien se le concede la palabra y posteriormente el diputado Fernando Ortiz Arana.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: -Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Este no es, no puede ser un debate entre el PRI y PAN, porque esto sería una grave deformación de los hechos, de los hechos políticos que estamos discutiendo. Nos tocó traer inicialmente el tema a la tribuna, tiene mucha miga, tiene mucho contenido.
Hay una alusión en especial, no es un mero recurso parlamentario para tomar el turno. El diputado Diego Fernández Cevallos planteó y lo dio por hecho el diputado Fernando Ortiz Arana, que todos los partidos políticos hemos recibido donativos de mexicanos pobres y ricos.
Yo quiero dejar aquí muy claramente sentado que no es el caso del Partido Popular Socialista. Nosotros afirmamos que la sociedad no es un ente amorfo que se conforma por clases sociales muy definidas y que no se puede defender al mismo tiempo al pueblo y a los explotadores del pueblo.
Por esta razón el Partido Popular Socialista en todos sus mítines, en todos sus actos de campaña, saca una alcancía, un bote para pedir la colaboración del pueblo y acepta como legítima y con mucho honor esa forma de financiamiento popular, que no privada.
No nos parece legítimo que haya formas de financiamiento privado. No nos parece que los hombres de empresa hagan aportes millonarios a secas, o mil millonarios, porque en uno o en otro caso opera la ley del que paga, manda. A nosotros sólo nos mandan los obreros, los campesinos, las masas populares que son los que nos hacen su aporte.
No hay legitimidad en esa clase de recursos, de ninguna manera puede haberla; no hay ética política y menos cuando un partido declara haber surgido de la Revolución mexicana o enarbolar sus tesis o defender intereses de carácter popular.
Tenemos la autoridad política para reclamar esa conducta. Tenemos toda la autoridad moral para reclamarla. No venimos a participar en un pleito de quién postula candidatos surgidos de la gran burguesía privada, candidatos empresarios, o quién los tiene entre sus filas o quién recibe los donativos de ellos.
No estamos participando en la discusión para ver si debe ser uno u otro partido el beneficiario con ese tipo de recursos que, repito, nos parecen ilegítimos e inmorales.
Debe haber financiamiento público, debe haber financiamiento de la militancia conforme a normas estatutarias. Debe haber financiamiento de carácter popular, que no privado y claro también el autofinanciamiento, indudablemente, que se genere por actividades propias desarrolladas por los partidos políticos con ese fin, pero de ninguna manera puede ni siquiera dejarse como insinuación el que haya la posibilidad legítima de aportes realizada por los empresarios.
Eso debe estar fuera de la ética política y debe estar estrictamente reglamentado en la legislación que surja de esta LV Legislatura, si es que queremos dar un avance a la vida política del país. Eso nos parece elemental.
En el caso del Partido Revolucionario Institucional, sobre todo, no puede legítimamente y creo que esto lo entiende perfectamente el diputado Fernando Ortiz Arana, que es un hombre con sensibilidad política, con experiencia y un hombre que no surgió de las filas del empresariado, no puede legítimamente un partido político defender los intereses de la nación como
tal y de las masas populares y de los sectores populares de la población y al mismo tiempo tener compromisos de aportes económicos cuantiosos que vengan de las arcas privadas.
¿Cómo se podrá después justificar una política de privatizaciones, si justamente los beneficiarios concretos y directos, ahí estuvo Slim Eliú supongo y ahí estuvieron muchos otros de los compradores de esas empresas privatizadas que antes eran patrimonio del pueblo?, si son ellos los financiadores del partido político que instrumenta esa política y esa conducta, no habría autoridad moral. Muchas gracias.
El Presidente: -Gracias, diputado Amezcua. Se le concede el uso de la palabra al diputado Jorge Calderón, del PRD.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: Con su venia, señor Presidente; estimados compañeros legisladores:
En dos ocasiones anteriores nuestro partido político, nuestro grupo parlamentario ha reivindicado la importancia que en la Comisión Permanente discutamos los problemas centrales de la nación y particularmente los del proceso de reforma política. Hemos defendido este derecho, a veces incomprendido por otros grupos parlamentarios y lo reivindicamos hoy. Hemos también defendido que cada partido político tiene la capacidad para presentar a los medios de comunicación sus opiniones específicas sobre los diferentes puntos de la agenda de la Comisión de seis partidos políticos que están discutiendo los procesos de reforma a la legislación electoral.
Ejercimos el lunes pasado, en declaraciones de la coordinadora de nuestro grupo parlamentario, la diputada Rosa Albina Garavito, este derecho; condenamos desde el lunes pasado, de manera enérgica, directa y sin ninguna mediación, la información fragmentaria publicada en algunos órganos de prensa, en el sentido de la reunión de alrededor de 30 grandes empresarios que habían ofrecido aportar cada uno de ellos un promedio de 25 millones de dólares. En ese momento anunciamos que en acciones posteriores y en debates dentro y fuera de la Cámara de Diputados, íbamos a exigir una rectificación de tan grave información. Hoy precisamente en ocasión de este debate que se está dando en la Comisión Permanente, ratificamos lo dicho por la diputada Rosa Albina Garavito, el lunes pasado.
Condenamos enérgicamente el que antes de que se establezca una legislación electoral, que se establezcan topes al financiamiento para campañas políticas y se establezcan regulaciones estrictas y precisas a los fondos que puede recibir un partido político, se pretenda constituir un gigantesco fondo de capitalización al servicio de un parido político, que además detenta la mayoría dentro de los órganos legislativos federales y detenta desde hace más de 60 años la titularidad del Poder Ejecutivo Federal.
Desde cualquier punto de vista, esta pretensión, llamémosle así, de constituir un fondo de alrededor de 2 billones 500 mil millones de viejos pesos solamente considerando 30 aportaciones de 25 millones de dólares en promedio, representa algo absolutamente desmesurado para la pobreza lacerante que viven las grandes mayorías de nuestro país.
Entendemos y asumimos la claridad con la que el diputado Ortiz Arana pretende establecer ciertos puntos de vista, pero frente a estas afirmaciones que el diputado Ortiz Arana ha expuesto hace apenas unos minutos, hay afirmaciones directas no matizadas, precisas, del licenciado Ortiz Mena, quien en una conferencia de prensa el día de ayer, lo que apenas eran rumores en algunos medios informativos, se convierten en información directa y precisa. A una pregunta específica formulada por periodistas sobre las cantidades que ofrecieron éstas no más de 30 personas citadas por los medios informativos y a una pregunta específica sobre, textual, según un órgano de prensa nacional, si como se informó, cada grupo ofreció 25 millones de dólares, la respuesta del licenciado Ortiz Mena fue: "menos o más, depende de la capacidad de cada grupo".
A otra pregunta específica, reiterativa: ¿entones 25 podría ser un promedio?, respondió: "sí; por ejemplo, hubo algunos que su grupo está en condiciones de poner algo más".
Y como si hubiera alguna duda sobre la pretensión de algunos empresarios de convertir una aportación financiera en presión política indebida en su propio beneficio, hay una declaración también publicada en este medio de prensa, cuando se le pregunta qué ganan los empresarios aportando estas cantidades al PRI, responde: "La ganancia principal que tienen es la seguridad de sus inversiones".
Esto es una pretensión ilegítima de grupos empresariales monopólicos mexicanos, para utilizar la detentación de una masa gigantesca de riqueza nacional en su propio beneficio y es una pretensión también de mantener políticas
económicas de las que han sido los principales beneficiarios.
Desde la campaña presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas en 1987 y 1988 y posteriormente a partir del año 1989 que se constituye el Partido de la Revolución Democrática, hemos cuestionado y criticado casi mes a mes, semana a semana, en cada discusión importante que vive la nación, el proceso de privatización de empresas paraestatales, y hemos cuestionado que alrededor de 30 corporaciones monopólicas mexicanas, se han convertido en las principales beneficiarias de este proceso de privatización de bancos, de privatización de aerolíneas, de privatización de empresas siderúrgicas y de muchos complejos industriales, comerciales, de servicios y bancarios más.
Ha habido también testimonio documental, de la concentración que tiene la deuda pública gubernamental en manos de un pequeño grupo de empresarios y las enormes utilidades que han obtenido a través de diversas vías. También se ha documentado cómo de manera extraña, ciertos consorcios estatales que se han venido, a los pocos días que se realizó la transferencia, sus acciones se incrementan de manera sustancial, lo cual hace pensar que hubo una subvaluación en el costo estimado a través del cual se vendieron algunos de éstos. Baste recortar la discusión que hubo al respecto sobre el costo real en que fue privatizado Teléfonos de México.
¿Por qué introducimos en esta discusión este elemento? Porque evidentemente sí existe un complejo de empresas monopólicas mexicanas, completamente distinto a la mediana y pequeña empresas, que lucha por sobrevivir en un entorno económico particularmente difícil, sí existe un grupo de empresas monopólicas mexicanas que se beneficia...
El diputado Fernando Lerdo de Tejada Luna (desde su curul): -¿Me permite, señor Presidente?
El Presidente: -¿Sí, diputado Lerdo de Tejada?
El diputado Fernando Lerdo Tejada Luna (desde su curul): -¿Me permite una interpelación el señor orador?
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: -Preferiría al término de mi exposición.
El Presidente: -Continúe entonces usted, señor orador.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: -Sí existe entonces, decía, un grupo de empresarios monopólicos mexicanos, que han sido los principales beneficiarios de una política económica y obviamente si a los trabajadores mexicanos se les dejan de pagar salarios por un orden de 130 billones de viejos pesos, si la pérdida real de ingresos que tienen los trabajadores mexicanos, producto de una baja del salario y una concentración del ingreso, es que millones de obreros y de campesinos están dejando de recibir 130 millones de millones de viejos pesos, que legítimamente deberían tener en sus manos y que la concentración del ingreso y la riqueza se los quita, no resulta extraño el que se hable de ofrecimientos de transferir dos o dos y medio billones de viejos pesos, para constituir un fondo de capitalización del Partido Revolucionario Institucional.
Pero desde todos puntos de vista y aquí coincidimos con lo dicho anteriormente por parlamentarios del Partido Popular Socialista y el Partido Acción Nacional, en momentos en que se está discutiendo la reforma política y hay una Comisión de seis partidos políticos para debatir este aspecto, resulta a todas luces totalmente contrario a las normas democráticas que buscamos establecer en nuestro país, que antes, tal como ya se afirmó y aquí lo ratificamos como Partido de la Revolución Democrática, que antes que se establezcan formas de control y regulación a las aportaciones privadas a los partidos políticos, se constituya un fondo de más de dos y medio millones de viejos pesos para un solo partido político, utilizando una relación privilegiada con las corporaciones monopólicas.
Pero peor aún; ha habido declaraciones que no han sido refutadas del senador Miguel Alemán, en el sentido de buscar constituir un fondo en los próximos meses, de 300 a 500 millones de dólares al servicio precisamente del Partido Revolucionario Institucional y se toma como punto de referencia en algunas declaraciones el costo de campañas políticas en Estados Unidos y en otros países, como si la economía de México y las formas de participación política en México debieran copiar ese tremendo poderío que corporaciones monopólicas tienen en campañas políticas de Estados Unidos y de otros países.
Estamos en contra de cualquier forma en que se violenta la soberanía popular y la participación social democrática. No podemos aceptar que a través de las aportaciones de esta magnitud, desmesuradas y totalmente ajenas a lo que es la dignidad del pueblo en condiciones de miseria y de pobreza, pueda haber la pretensión de
grupos monopólicos de ejercer una influencia indebida.
Pero que no se diga posteriormente que el Partido de la Revolución Democrática es enemigo del empresariado o de la aportación que pueden hacer distintos sectores sociales en la lucha democrática. Defendemos, como fuerza social organizada, la participación de medianos y pequeños empresarios en la vida nacional. Defendemos y buscamos ser congruentes con los intereses de diferentes grupos sociales, campesinos, obreros e indígenas.
Reivindicamos un nuevo modelo de desarrollo nacional que beneficie a distintos grupos y sectores sociales, pero rechazamos como lo hemos hecho a lo largo de varios años, un proceso de privatización, de concentración de la riqueza y de políticas económicas excluyentes, que ha beneficiado a un pequeño grupo de empresas monopólicas y nos preocupa una pretensión, llamémosle así, para ser cuidadosos en las palabras, una pretensión que aquí ha rechazado el diputado Ortiz Arana, pero que está presente en la voluntad de algunos consorcios monopólicos, rechazamos una pretensión repito, para que a través del financiamiento a un partido político, que además ejerce el Poder Ejecutivo Federal y la mayoría del Legislativo Federal, se instrumenten políticas económicas que continúen la concentración del ingreso y la defensa de estos intereses.
Creemos y lo haremos público en próximos días, que esto exige una reconsideración profunda de todo el proceso de discusión de reforma política Escuchamos con atención la determinación del Partido Acción Nacional y la respetamos; nuestro partido precisamente, porque hoy es cuando se publica ya una información clara del licenciado Ortiz Mena al respecto de esta aportación empresarial, decidirá en próximos momentos la forma de participación o las modalidades de participación en la reforma política nacional.
Seguimos exigiendo una auténtica reforma democrática. No podemos aceptar que las aspiraciones de millones de mexicanos para un tránsito pacífico a la democracia en 1994, sean frustradas. Esta es una exigencia nacional que no puede ser desoída por todas las fuerzas políticas y menos aún por el Partido Revolucionario Institucional.
Lo llamamos a que rectifique esa vía de financiamiento monopólico y privilegiado que está siguiendo; lo llamamos a que establezca un mecanismo claro, transparente y desligado de las finanzas públicas, pero también desligado de las finanzas monopólicas para su propia vida interna.
Durante muchos años diversas fuerzas ciudadanas y democráticas, que hoy participamos en el PRD, hemos cuestionado, junto con otras fuerzas políticas, la filiación corporativa; hemos cuestionado que se violen los derechos humanos y los derechos ciudadanos a través de obligar a numerosos mexicanos a que participen en organizaciones gremiales que automáticamente son miembros de un partido político. Estamos en contra y lo hemos dicho en diferentes ocasiones, de estas formas de partido de Estado, de corporativismo y autoritarismo, y estamos por la libertad, la democracia y la autogestión.
Y resulta de todas formas incongruente, de un lado, financiamiento monopólico de empresas que tienen un acceso privilegiado a una política económica que les beneficia y de otro lado recursos que se obtienen de organizaciones gremiales, a veces sobre el hambre y la miseria de grandes sectores de la población. Ni una cosa ni otra resulta conveniente para un sistema democrático.
Y estamos observando hoy en el mundo el fin de los sistemas de partido de Estado, el fin de todas las reformas de control político, monolítico y autoritario que han ejercido diversos partidos en distintos países a lo largo de su historia. Es momento de dar paso a la democracia en nuestro país. No podemos aceptar que en cada proceso electoral municipal o estatal, sea donde fuera y trátese del Estado en que fuere, hay cuestionamientos sobre el origen indebido de los fondos que utiliza el partido de Estado para el financiamiento de sus campañas políticas. No puede ser nuestra vida institucional y republicana el futuro de la nación, un futuro donde cada elección estatal, cada elección municipal y elecciones nacionales federales, sea cuestionado y los contendientes no acepten que el ganador triunfó de manera legítima y esto tiene qué ver, entre otras cosas, con el acceso a fondos federales y fondos privados y fondos de grupos gremiales.
Apostemos y asumamos una posición responsable en el tránsito a la democracia. Llamamos finalmente a una rectificación de aquello que aquí ha sido expuesto y que sostiene la legitimidad de este tipo de financiamiento privilegiado de grupos monopólicos.
Esperemos primero una concertación multipartidaria en reforma política; esperamos una normatividad democrática en el conjunto de la agenda política que estamos discutiendo los partidos
políticos; asumamos como irreversible la desaparición del régimen de partido de Estado y una vez creado, sí, los mecanismos institucionales para control de financiamiento de partidos y control de aportaciones privadas, entonces sí sobre una legislación rigurosa, condensada y con base en las normas constitucionales, establezcamos el derecho de cada partido político a recibir aportaciones de diferentes grupos sociales, pero que no violente la institucionalidad republicana de nuestro país. Muchas gracias.
El Presidente: -Señor orador, usted había autorizado una interpelación del diputado Fernando Lerdo de Tejada.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: -Sí, señor.
El Presidente: -Tiene la palabra el diputado Lerdo de Tejeda, para formular una interpelación.
El diputado Fernando Lerdo de Tejada Luna (desde su curul): -Con su permiso, señor Presidente. Gracias, señor orador.
En primer lugar, preguntarle: señala usted algunos cuestionamientos sobre los recursos que se utilizan en las campañas a todos los niveles. Si no recuerda usted que en este problema también se ha visto inmiscuido el PRD, ya que en esta tribuna nos han presentado documentos oficiales en donde municipios, dirigidos por el PRD, han ejercido en favor de sus candidatos algunos recursos precisamente del Erario Público; aquí se planteó en la tribuna en alguna ocasión.
Y, en segundo lugar, señor diputado, usted cuestiona algunos procesos de privatización, también, de algunas empresas. Nos señala que éstas han sido privatizadas en favor de determinadas personas.
Quería yo también preguntarle sí, por ejemplo, no recuerda usted el proceso de privatización de la banca en nuestro país, que se llevó precisamente por una licitación pública y que en prácticamente todos los casos se obtuvieron precios por esos bancos bastante más altos de los que se suponía en un inicio que iban a llegar, cualquiera que sea la forma contable en que usted vea precisamente lo que se obtuvo de estos bancos. Entonces, en ambos casos, yo quisiera saber su opinión y sus comentarios, señor diputado.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: -En una discusión previa que tuvimos, nuestro partido con absoluta franqueza, nuestro grupo parlamentario federal dijo que no avalaba prácticas en un caso específico en que un presidente de un consejo municipal, de un municipio del Estado de Guerrero, en su condición de presidente de un consejo municipal, había llamado a no apoyar un acto político de un candidato del PRI.
Y dijimos que nosotros reivindicábamos, como partido político, la libertad de acción y de expresión de todas las fuerzas políticas y que, por tanto, estimábamos que no era conveniente que una autoridad municipal en funciones diera algún tipo de indicio a los ciudadanos, de impedir la realización de tal o cual acto. Esto lo asumimos, está en el Diario de los Debates de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y lo sostenemos.
Otra cosa distinta es diversas acusaciones que en medios de comunicación y en ocasiones en la propia Cámara de Diputados, han formulado algunos legisladores, de que presidentes municipales postulados por nuestro partido han financiado campañas políticas con fondos de la propia municipalidad.
Nosotros hemos rechazado, en distintos momentos también y lo ratificamos hoy, enfáticamente esta acusación. No creemos que esté fundada en evidencia incuestionable.
Y como línea general y esto es lo más importante que quiero aclarar, respondiendo a esta pregunta, que como línea general en nuestro partido está el escrupuloso respeto a la autonomía de las organizaciones sociales, civiles y la absoluta distinción entre los procesos políticos y electorales y las finanzas del pueblo, que a nosotros nos merece el mayor respeto.
No estamos, por tanto, de acuerdo en ninguna forma, trátese de la autoridad que sea y haya sido postulado por quien haya sido postulado, no estamos de acuerdo en ninguna forma de financiamiento de campañas políticas de candidatos o de partidos con fondos públicos. Para nosotros esto es definitivo
El segundo punto es que no solamente nuestro partido, el de la Revolución Democrática, sino diversos organismos civiles, organismos sindicales y organizaciones no gubernamentales han cuestionado algunas de las privatizaciones, en dos terrenos: en algunos casos se ha cuestionado en lo que es, el monto en el cual estimó el
valor de los activos que se enajenaban y los procedimientos, por otra parte, de entrega de los activos.
En el caso particular de los Teléfonos de México, me referí a un elemento que es del dominio público y no de una investigación hecha de manera específica y es el hecho de que poco después de la privatización el costo medio de las acciones de esa empresa, una vez privatizada, subió de manera desorbitada, lo cual fue señalado por diversos organismos independientes como un elemento que cuestiona el proceso de privatización.
En lo que se refiere a los bancos, sólo diré dos o tres puntos. Formalmente se siguió un mecanismo en el cual el número de accionistas, lo digo francamente, del sistema bancario privatizado, es, una vez que se regresó a los particulares, mucho mayor que el número de accionistas que existían antes de 1982, cuando se decretó la nacionalización de la banca. En términos formales esto es incuestionable.
También en términos formales pudiera parecer o hay evidencia de que en algunos casos el precio al cual fueron enajenados los bancos, fue superior a lo que originalmente se había estimado, por análisis de carácter comercial.
Pero hay dos aspectos que han sido objeto de cuestionamiento de la opinión pública: el primero, que detrás de éstos más de 100 mil accionistas del sistema bancario hay una extraordinaria concentración del poder accionario en un pequeño grupo de grandes inversionistas, de tal manera que tenemos una cúpula de grandes inversionistas que controlan la mayoría del capital del sistema bancario y de otro lado tenemos una minipulverización de poder accionario en un gran número de accionistas, pero sin que tengan capacidad real de decisión.
Pero el segundo problema que tiene qué ver con los altos precios que se pagaron por algunos bancos, es lo que hemos denominado en otros momentos de discusión en tribuna, las prácticas usuarias en las que están incurriendo algunos bancos para recuperar el monto de la inversión realizada y la enorme diferencia abismal entre tasas pasivas y tasas activas en lo que se refiere a tasas de interés.
Por ello es, terminando esta digresión, si se requiere llamar así sobre este punto, es que ratificamos que un pequeño grupo de poder económico se ha beneficiado no sólo de la privatización, sino de la política económica en su conjunto. Muchas gracias.
El Presidente: -Gracias, diputado Calderón. Se concede la palabra al diputado Cuauhtémoc Amezcua.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: -Inicié el tema cuando hablábamos del asunto de Guerrero porque planteaba yo el hecho de que 15 ciudadanos de cada 100 respalden a un funcionario electo del nivel que sea, no puede ser otra cosa sino una llamada de atención muy seria respecto a la normatividad electoral vigente.
Planteaba yo desde aquel momento que vemos el esfuerzo que se está realizando por primera vez surgido de la Cámara de Diputados, con un carácter plural, que lo vemos con mucha esperanza, que esperamos que haya frutos positivos para modernizar, para actualizar, para elevar a un rango superior nuestra legislación en materia electoral.
Y planteaba exactamente el problema medular en el hecho de que a juicio de mi partido hasta hoy, así ha sido en el pasado, así es hoy en día, el proceso de emisión del voto está viciado, está viciado de origen; está viciado porque se ha privado al elector, al ciudadano del derecho y de las posibilidades de los medios de la información mínima, de los elementos para poder ejercer de manera libre y razonada ese derecho al voto.
Algunos ciudadanos van a votar, de los que van a votar una minoría lo harán probablemente después de un ejercicio de reflexión y de comparación de tesis, de diagnósticos, de análisis de la situación política, económica y social del país y de la región de que se trate y de cotejo de las propuestas programáticas de los partidos. Seguramente es una minoría muy pequeña.
Otros ciudadanos van a votar de manera inercial llevados no por una convicción razonada, sino simplemente por una actitud mecánica; algunos lo harán por aquel partido, aquellas siglas o aquella imagen de candidato que han visto aparecer con más frecuencia en las pantallas de televisión o en otras formas de difusión actual, pero todo eso nada tiene qué ver con la democracia que o es un ejercicio reflexivo o no es democracia.
Planteaba yo que hay vicio de origen en la emisión del voto porque los ciudadanos en esas condiciones son fácil presa ya sea del engaño, ya sea de la confusión, ya sea de la presión de caciques patronales, de caciques sindicales, de caciques de campanario, de caciques de diversos tipos.
El ejercicio del voto o es libre y razonado o nada tiene qué ver con la democracia; por eso planteamos como cuestiones medulares para poder entrar a esa fase del ejercicio del voto libre y razonado, el establecer mecanismos para que los ciudadanos puedan tener el conocimiento indispensable de los distintos enfoques del análisis de la problemática y de las distintas propuestas para resolver los problemas; mientras no resolvamos eso, seguiremos en la etapa sumamente primitiva del voto manipulado y viciado de origen.
En seguida de eso planteaba yo, se requiere resolver la otra instancia donde se vicia la vida democrática, que es ya la instancia procesal, sea que intervenga el Ejecutivo, sea que intervenga el Legislativo, sea que intervengan los ciudadanos, aparentemente imparciales, sea que se le busque cualquier otra modalidad, si la modalidad que se busque la a, la b, la c, la d, la que sea; da como resultado que una sola fuerza política siga teniendo la cantidad de votos suficientes en cada órgano, desde los más elementales hasta los que califican el proceso, para resolver de manera unilateral, todas las cuestiones que ahí se traten, entonces tendremos procesos viciados.
Podrán resolverse de manera unilateral conforme a los intereses y conveniencias de una sola de las fuerzas que participan, todas las decisiones y esto llevará necesariamente a que tengamos conflictos poselectorales nos guste o no. Si no se pudo resolver durante el proceso, si no se pudo concensar durante el proceso la solución política de los diferendos, pues entonces tendrán que darse después del procesos esa negociación.
Por eso, con la modalidad de Guerrero, donde es el Legislativo, con la modalidad federal donde es el Ejecutivo, con la modalidad incorporada en Guerrero y en lo federal donde entran ciudadanos aparentemente representantes de la sociedad civil o con cualquiera otra que se le quiera buscar, que puede haber mil fórmulas, si sigue siendo el Gobierno y su partido, quien suma finalmente los votos necesarios para resolver en su favor todas las cuestiones, seguiríamos exactamente en la misma situación que tenemos hasta hoy: vicio procesal de fondo.
No puede ser una sola fuerza la que determine por sí y ante sí, todas las decisiones del proceso electoral. Más aún, esta modalidad particularmente de los ciudadanos, ha sido en extremo desafortunada, ya lo hemos planteado en otras ocasiones. Estos ciudadanos, ¿qué representan?, ¿qué autoridad tienen? No representan nada ni tienen ninguna autoridad. ¿Quién puede hablar en nombre de la sociedad civil? ¿Quién puede hacerlo? ¿Qué es la sociedad civil? ¿Somos los 85 millones de mexicanos?, bueno, entonces yo reconoceré toda la autoridad para hablar en nombre de la sociedad civil a quien me demuestre que ha recibido mandato expreso de la sociedad civil; esto es, de la mayoría de los 85 millones; 42 millones y medio más un ciudadano, firmándole una carta poder. Si no es así, le diré: "Usted es un farsante. Usted habla sólo por sí mismo y nada tiene qué ver con la sociedad civil" y hasta ahora no he visto a ninguno de los representantes de la sociedad civil en esa ni en ninguna otra instancia, que acredite su dicho. Todos ellos son farsantes.
La sociedad civil tiene sus formas de expresión en cada tema de que se trate, lo hemos planteado también. Si vamos a hablar de arte pictórico, ¿quién hablará en nombre de la sociedad civil con autoridad razonable en materia de arte pictórico, si no es la parte de la sociedad civil que conoce el tema, que domina el tema y que tiene autoridad reconocida?, los pintores, los artistas plásticos, los críticos reconocidos. Si queremos conocer la opinión de la sociedad civil sobre problemas astronómicos, no vamos a ir a preguntarle al señor de la esquina, porque ese no tendrá autoridad para hablar en ese tema en nombre de la sociedad civil, sino lo harán precisamente los especializados en ese tema, que forman parte de la sociedad civil. Si se trata de hablar de los problemas políticos, la sociedad civil a lo largo de siglos, a lo largo de su devenir histórico ha creado precisamente sus instrumentos que son los partidos políticos. Los partidos políticos somos la sociedad civil políticamente organizada. Nadie fuera de los partidos políticos tiene autoridad ni derecho para hablar a nombre de la sociedad civil en materia política.
¿Qué pasa con esos consejeros ciudadanos que se han creado para que aparezcan en los órganos electorales tratando de darle una apariencia democrática? Pues que se incurre en una simulación y simplemente en una simulación; se trata de gente con compromiso político, se trata de gente con vínculos políticos, con vínculos con los partidos políticos; no son gente sin partido, no lo son. Si fueran apolíticos, ni les interesaría participar, estarían entre los 75 de cada 100 guerrerenses que no concurrieron a votar; estarían entre los que no tienen cultura política ni interés ninguno y no nos servirían de nada.
Son gente política, gente vinculada a los partidos y en su gran mayoría al partido del Gobierno
y así actúan disciplinadamente, con mucha disciplina, con línea política, votan siempre uniformemente y bueno, eso es razonable que así ocurra. Pero entonces, ¿para qué disfrazarlos de ciudadanos imparciales? ¿para qué simular algo que nada tiene qué ver con la realidad? El problema de la lucha política es de los partidos políticos; nada tienen qué ver falsos representantes de la sociedad civil.
Tenemos que resolver ese otro problema de fondo; esos son los problemas de fondo de una reforma política. Si no actuamos en eso, simplemente estaremos perdiendo el tiempo e incurriendo nuevamente en simulaciones.
Órganos electorales que representen los intereses plurales de la sociedad civil que se organizan en clases sociales y que tienen como órganos de expresión fundamentales, como estados mayores, a los partidos políticos, ¡no ciudadanos!
Eso es simulación. Órganos electorales donde no ocurran que el Gobierno por la vía del Ejecutivo, del Legislativo o de lo que le venga en gana, más su partido, sume los votos suficientes para tomar todas las decisiones de manera unilateral sin consensar y sin consultar y sin que importen las demás opiniones, porque entonces no habrá vida democrática; soluciones antes para los problemas de vicio de origen en el voto; un mínimo de igualdad real para que los partidos que representan los intereses de los magnates que hoy ha salido esto bastante a luz, no tengan el 99% de las posibilidades y los partidos políticos que representamos los intereses del pueblo pobre, sólo tengamos el 1% o menos, de las posibilidades de comunicación y de ejercicio de nuestros derechos y finalmente se nos vengan a decir que es responsabilidad común y compartida de todos los partidos lo que resulte de los procesos electorales, porque eso equivale a decir que estamos haciendo un guiso de liebre con caballo y que es muy equitativo, porque por cada liebre se pone un caballo en el guiso.
Esperamos, no nos retiramos de las negociaciones para la reforma política en modo alguno; reiteramos nuestra voluntad y deseo firme de participar con toda vehemencia y con toda nuestra capacidad de aporte, con toda firmeza y con toda buena fe y esperando que de esta reforma surjan frutos que nos lleven por primera vez a sentirnos, si no satisfechos, sí esperanzados por los avances importantes que se logren dar en México para nuestra democracia político - electoral. Muchas gracias.
El Presidente: -Para el mismo tema tiene la palabra el diputado Carlos Cantú Rosas.
El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas: -Señor Presidente; señores senadores señores diputados:
¡Provecho! Al inicio de las sesiones de esta Comisión Permanente, entre algunos aspectos fundamentales para la vida política y en diferentes aspectos del país, se tomó, a nuestro juicio, la necesaria, exigida y patriótica determinación de integrar en participación paritaria, integrada por los diferentes partidos, una Comisión Plural de la reforma para la consolidación de la reforma electoral.
A partir del inicio de estos trabajos, las diversas organizaciones políticas hemos venido formulando, en forma de tanteo, una serie de planteamientos ideológicos, político - electorales, partidistas y obviamente con mucho sentido popular, porque pretendemos con sensibilidad a flor de piel percibir realmente lo que el pueblo, por encima de florituras ideológicas, desearía como única forma de lograr se le garantice el sufragio y se respete la voluntad popular.
Al inicio de estas interesantes y constructivas reuniones, de inmediato en la segunda semana de ellas percibimos un frío balde de agua, cuando desde la Secretaría de Gobernación, en Bucareli, el nuevo titular de esa dependencia contestó a la Prensa, en el periódico de lo que él llama "de la vida nacional", a priori, descalificando el deseo de algunas agrupaciones políticas por tener órganos electorales independientes, que llevaran a cabo la preparación, el desarrollo y la calificación de los procesos electorales y que en cascada en los estados, en los distritos y en los municipios, este fuera el criterio a seguir.
Hoy, percibimos algo semejante. Es tan importante, que la Prensa y los medios nacionales, sensibles a lo trascendente, distribuyeron de inmediato la noticia: en el Partido Revolucionario Institucional se está convocando a los principales hombres de empresa de todo el país, a quienes en torno a una mesa y una jugosa cena, habrán de solicitarles aportaciones mínimas de 25 millones de dólares.
Es muy extraño que esto suceda cuando los grupos políticos estamos inmersos en esfuerzos serios y responsables para tratar de otorgarle, en auténtica responsabilidad, al pueblo de México, una estructura confiable, que haga regresar a los ciudadanos a la urna; de donde se han alejado porque han perdido la confianza, la esperanza y han llegado a la conclusión de que su voto y su voluntad no es respetada.
Dos actitudes muy coincidentes. La declaración del señor Secretario de Gobernación informando a la Prensa nacional y por ende a todo México, que los partidos políticos, al decir de él, no estamos preparados para llevar a efecto los elementos de desarrollo del proceso electoral y esta nueva noticia que hoy sacude el ambiente político y cívico nacional. Indudablemente nos ocasiona grandes confusiones. Grandes confusiones porque para nadie del pueblo entero, aun cuando su escolaridad sea mínima o aun cuando su brillantez mental sea insuficiente, ha sido desconocido que en el tránsito por los años las instituciones gubernamentales, su partido y sus militantes, han tenido como auxilio inmediato, sin limitación ni tasa ni freno, las posibilidades económicas de la hacienda nacional para tratar de captar las voluntades suficientes y llevar al poder a sus candidatos.
Pero hoy encontramos en esto un nuevo derivante, cuando simultáneamente nos tienen confinados, en calidad de claustro, jueves a jueves, en las oficinas de un salón de postín de este recinto, tratando de captar nuestra voluntad y nuestras inquietudes, para ir percibiendo con toda sensibilidad y malicia cuáles son los puntos de concertación en los partidos y pretender con actitudes, como la de hoy, que se difunde con toda anticipación de ya tener los recursos económicos suficientes para garantizar no solamente la permanencia del poder en el suceso electoral presidencial que se avecina, sino probablemente avanzar con muchos años sobre el próximo año 2000, en donde tendremos la presencia venturosa de muchos de los que ahorita gozosos comparten los alimentos que nos otorgan.
Consideramos particularmente que el Partido Revolucionario Institucional, que las instituciones gubernamentales, que los ideólogos del mismo, deberían de recapacitar sobre esa actitud que otorga marcadas suspicacias al pueblo de México, en donde a través de estas funciones de equilibrio de dinero y con esta serie de entidades económicas que están pretendiendo establecer, manifiestan abiertamente el desequilibrio que pondría existir en la contienda electoral entre los diversos grupos participantes.
¿Cómo podríamos, por un lado, solicitarle a los representantes del capital, de la empresa y del dinero en el país, que nos otorgaran esta "aportación voluntaria" de 25 millones de dólares y luego cómo podríamos representar, defender y acreditar los derechos de los trabajadores que dependen en ellos en las empresas que explotan? ¿Cómo podríamos defender a los pequeños agricultores, a los ganaderos, a los pequeños industriales, frente a estos marcados capitostes de las finanzas nacionales, cuando anticipadamente establecimos un compromiso con ellos en un tráfico de influencia para permitirles impunidad también en la evasión fiscal, en el pago de los salarios y en el otorgamiento de los créditos ni a los campesinos ni a los industriales?
Por eso, en el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana consideramos, respetuosamente, que el pueblo de México entero está realizando, por encima y ajeno a las agrupaciones políticas, está organizando un esfuerzo real tratando de que todas estas inquietudes de legitimidad electoral, de respeto a la voluntad popular, de atención directa a la democracia, sea respetada, mientras que simultáneamente, al encontrarnos inmersos en estas mesas plurales para la concertación de la reforma electoral, empezamos a encontrar una serie de actitudes que causan el desconcierto y la suspicacia en el conglomerado nacional.
¿Qué les estamos ofreciendo a estos empresarios para que generosamente y en forma voluntaria ocurran a una mesa y estén dispuestos a otorgar 25 millones de dólares? ¿Les estamos ofreciendo tráfico de influencia? ¿Les estamos ofreciendo impunidad en sus desvíos fiscales? ¿Les estamos ofreciendo la absoluta certeza que no serán sancionados por ninguna autoridad cuando violenten los derechos que a los obreros corresponden? ¿Les estaremos otorgando la absoluta certeza que permitiremos que sigan esquilmando a los hombres del campo, saqueando a los pequeños agricultores y a los pequeños industriales? o ¿realmente les estaremos ofreciendo la maravillosa oportunidad de que se integren a este consenso democrático político - electoral del país en igualdad de equilibrio, en justeza democrática y en participación cívica?
Por eso, atentos a esos reclamos que a todos nosotros nos hacen, independientemente de la fortaleza, de la presencia o no de nuestros institutos políticos, cuando escuchamos en las rancherías, en los montes, en las cañadas, en los altiplanos o en las ciudades; en los universitarios, en los comerciantes o en los industriales, el deseo del pueblo entero de México para lograr una auténtica reforma política electoral, no tenemos más que alarmarnos por esta clase de actitudes que yo considero, con actitud reflexiva, los miembros positivos, que sí los hay, del Partido Revolucionario Institucional, podrían reconsiderar para otorgarle a los mexicanos en igualdad de circunstancias las posibilidades de arribar a una auténtica reforma política - electoral que deje satisfechas a las diversas corrientes del pensamiento ideológico, partidista y ciudadano, en
donde tengan todos la misma oportunidad de participar, en donde la lucha no se inicie frente a poderosos y desposeídos, en donde la lucha no se inicie frente a gente que tiene la participación inmediata y las puertas abiertas en todas las coparticipaciones de los canales de televisión, en donde la lucha no se inicie en ese grave desequilibrio que existe entre los representantes de los medios nacionales, que probablemente en razón de los compromisos que el partido de Gobierno establece con ellos, en las cuotas de publicidad, de antemano están justificando ya las aportaciones que están obligados a realizar dentro de ese fondo que están tratando de recuperar para darle sucesión al Gobierno de la República y para mantenerlo per se en el próximo siglo y en el próximo Gobierno.
Desde adentro del poder, con el poder, aprovechándose del poder y para seguir en el poder, no se puede impulsar a la democracia; la democracia se impulsa en igualdad de circunstancias, en donde los candidatos tengan las mismas tribunas, en donde los partidos tengan la misma difusión y en donde los órganos electorales sean equilibrados en justicia, en determinación y en democracia otorguen los triunfos a quienes efectivamente los justificaron en las urnas electorales.
De lo contrario, en esta reforma política solamente estamos aplicando parte, solamente estamos otorgando paliativos, solamente estamos dándole al pueblo de México nuevamente atole con el dedo.
Ha habido muchas reformas políticas en el país, tantas más allá que la edad superior que algunos de los ya de edad avanzada reflejan en este recinto, pero todas esas reformas políticas lo único que han hecho es complicar los procesos electorales, porque a medida que el sistema percibió que tenía el reproche del pueblo en las urnas electorales, empezó a complicar los procesos tratando de encontrar en una serie de actitudes leguleyas, la posibilidad de despojar al pueblo de auténticos triunfos.
Por eso, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, insistirá con estas posiciones dentro de la Comisión establecida para impulsar la continuación de la reforma electoral, pero indudablemente que no es una carta de compromiso eterna; indudablemente que no hemos firmado documentos en blanco.
Si no percibimos que esto avanza, si no percibimos que esto es equilibrado, si no percibimos que realmente se está atendiendo el deseo de la voluntad popular el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, tampoco participaría en un futuro dentro de las mismas, porque no quisiéramos darle aquí escencia a algo que probablemente nació muerto, porque ya en alguna instancia gubernamental se determinó cuáles serán alcances de la democracia política y aquí solamente estamos tratando de cubrir tiempo para llegado el momento presentarnos un documento que se sujete a la aprobación de la consigna habrá de otorgarse a la mayoría para que sea la fuerza que prevalezca en este recinto. Muchas gracias, señores.
El Presidente: -Para rectificar hechos se concede la palabra al diputado Fernando Ortíz Arana.
El diputado Fernando Ortíz Arana: -Gracias a la Presidencia; señoras y señores legisladores.
No pretendía regresar a la tribuna en este interesante debate que se ha dado esta tarde entre nosotros, ni tampoco pretendo volver esta polémica interminable, pero la intervención del diputado Cantú en una de sus partes, me obliga a regresar ante ustedes para hacer varias precisiones en particular en lo que se refiere a la comisión plural creada por la Cámara de Diputados para analizar y estudiar lo que fortalezca la democracia electoral en nuestro país.
Yo no puedo aceptar las afirmaciones que ha hecho el diputado Cantú respecto a la Comisión en la que él también está participando y no puedo hacerlo porque la Comisión es resultado de un acuerdo entre los seis partidos políticos en la Cámara; porque la Comisión no está conducida por el partido que tiene la mayoría en el Congreso mexicano; porque la dirección, incluso, de los debates de la Comisión, se ha convenido que sea distribuida entre los partidos políticos y no sea el PRI el que lleve el peso de su conducción.
Porque no es cierto que estemos tratando de ganar tiempo en la comisión plural de la Cámara, porque nadie ha pretendido presentar un documento final para ser aprobado y porque no hay mayoría en la Comisión para que nuestro partido pudiera estar en esta posición.
Me llaman la atención los calificativos del diputado Cantú a la Comisión, dice que nos conducimos con malicia en la Comisión y que estamos prácticamente en una operación de distracción y eso categóricamente yo lo rechazo, porque nos afecta no solamente al PRI y a los legisladores del PRI, sino a los diputados
miembros de todos los partidos políticos, incluyendo al propio diputado Cantú que votó por la integración de la Comisión, que ha participado en todas las reuniones de la Comisión y que como todos los demás seguramente presentará en su momento las aportaciones de su partido en todos los temas que ya hemos acordado.
Fundamentalmente a eso se debe esta segunda ocasión que participo en la tribuna este día, en el debate que desde hace horas hemos mantenido aquí.
Reitero la voluntad del PRI de que la Comisión llegue, por el consenso de todos los partidos políticos, a acuerdos que efectivamente fortalezcan la democracia electoral y amplíen la vida democrática en nuestro país. Muchas gracias.
El Presidente:- Gracias, diputado Ortiz Arana. Para rectificar hechos, ha pedido la palabra el diputado Cantú Rosas; se le concede.
El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas: -Señor Presidente; señores senadores señores diputados:
Pude apreciar en esta interesante intervención de quienes nos han antecedido en el uso de la palabra, que algunos fueron distraídos por las glaciales damas que en forma oportuna distribuyeron entre ustedes los suculentos alimentos y probablemente esto ocasionó que el señor licenciado diputado, mi amigo Fernando Ortiz Arana, confundiera los tiempos y los calificativos.
Nosotros expresamos, y lo repetimos que si en el desarrollo de las actividades que realizan en la comisión plural correspondiente, apreciamos que solamente hay actos de distracción, percibimos que solamente son paliativos, o de lo contrario que como el pueblo quisiera llamarle "se nos está dando atole con el dedo", tomaríamos las providencias correspondientes.
En el desarrollo de mi respetuosa intervención señalé que mantendremos nuestra actividad en esta Comisión, porque consideramos que debemos de agotar todos los esfuerzos y todos los recursos para tratar de otorgarle al pueblo de México, con seriedad, con equilibrio y con patriotismo, un instrumento electoral que por primera vez en nuestra historia desde nuestra vida independiente, les brinde a los mexicanos la certeza de que su voto va a ser respetado y que la voluntad popular va a ser gobierno en el país.
Es a lo que yo me refería, señor diputado.
El Presidente: -Gracias, diputado.
TRATADO DE LIBRE COMERCIO
El presidente: -Para otro asunto tiene la palabra el diputado Jorge Calderón Salazar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a fin de referirse al proceso de negociación y ratificación del Tratado de Libre Comercio. Se concede la palabra pues al diputado Calderón.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: -Con su venia, señor Presidente; estimados compañeros legisladores; ciudadanos presentes:
Regreso a esta tribuna para referirme a un tema que ha sido o ha estado presente en muchos de los debates, tanto de la Cámara de Senadores como de la Cámara de Diputados, desde hace ya varios meses e incluso diríamos hace ya varios años; y pese a una decisión que tomó la mayoría de los asistentes a una reunión del jueves 18 de febrero del presente año, de comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, en donde se votó en contra de varias propuestas presentadas por distintos partidos, entre ellos el de la Revolución Democrática, en el sentido de aprobar reformas constitucionales que restablecieran el derecho de la Cámara de Diputados para discutir el Tratado de Libre Comercio, repito, pese a esta decisión, vamos a continuar en el curso de los trabajos de esta Comisión Permanente y en el curso de futuros debates que tendremos en el pleno de la Cámara de Diputados, de continuar debatiendo, con la legitimidad que nos dan los Constituyentes de 1824 y de 1917, con esa legitimidad vamos a continuar debatiendo puntos y temas relacionados con el contenido del Tratado de Libre Comercio ya negociado, con el contenido de los acuerdos paralelos, laborales y ambientales en vías de comunicación y continuar discutiendo algunos aspectos que tienen qué ver con el proceso de ratificación legislativa. Lo consideramos legítimo, oportuno y necesario para la vida de nuestro país.
El eje de lo que aquí estamos debatiendo, es por un lado, la necesidad que ha sido expuesta por nuestro partido y por otros partidos políticos, que es hoy más vigente que nunca, de un debate nacional sobre el proceso, la conveniencia para la ratificación del Tratado de Libre Comercio.
No sólo hemos propuesto que a la Cámara de Diputados se le reconozcan y restablezcan atribuciones que están ya en la Constitución y otras que indebidamente le fueron cercenadas por posteriores reformas constitucionales al
constituyente de 1917. Está en juego también un principio que sigue vigente de una propuesta que aún no ha sido precipitadamente dictaminada, la de un referendum para la aprobación de este Tratado de Libre Comercio, aún sigue un trámite legislativo y está presente también algo que ha sido debatido en anteriores intervenciones, en el curso de la discusión que tuvimos sobre reforma política y otros aspectos previos que son medios de comunicación y debate.
En los Estados Unidos y en Canadá, precisamente por la importancia del tema, es objeto de apasionados debates legislativos y de una discusión en la opinión pública y en los medios de comunicación, sindicatos, organizaciones civiles, grupos laborales y grupos ambientalistas, ciudadanos afiliados a diferentes credos religiosos y diversas comisiones del Congreso de los Estados Unidos, bicamaral y del Parlamento de Canadá están discutiendo esto.
En nuestro país, organizaciones civiles y ciudadanas, organizaciones no gubernamentales y partidos políticos lo estamos discutiendo y tal como una lectura atenta de casi ya 16 meses de trabajo de la LV Legislatura del Congreso de la Unión, revelará que en numerosas sesiones de la Cámara de Diputados y de la Comisión Permanente, este tema ha estado en el centro del debate nacional; ha estado en el Senado, en horabuena que así sea, reconocemos el carácter federalista y la legitimidad que tiene un órgano camaral como en este caso es el Senado para discutir el tratado, pero ha estado también en las discusiones de la Cámara de Diputados y repito, quiérase o no reconocer este derecho, lo seguiremos ejerciendo.
Hemos, en cada Ley, la Ley de Competencia Económica, la Ley Forestal, la Ley Agraria, el debate del 27 constitucional, las reformas a la Ley de Materia de Energía Eléctrica y muchas leyes más, hemos puesto en el centro del debate los problemas relacionados con el contenido del Tratado de Libre Comercio negociado y lo seguiremos poniendo, quiérase o no reconocer las facultades que tenemos los diputados para discutir este tema.
Hemos también insistido en diversos momentos, en la importancia de que se abra un debate nacional. El Senado, previo a la firma por el titular del Ejecutivo Federal mexicano de este tratado, realizó entrevistas con grupos de funcionarios de SECOFI, para explicación por estos funcionarios de diversos capítulos del tratado y antes que se conociera el texto completo del Tratado de Libre Comercio, hubo, antes, audiencias. Lo reconocemos, participamos algunos de nosotros como ciudadanos, otros como representantes de partidos políticos en esas audiencias, pero sí quisiera destacar que mientras que en otros países se está dando un proceso de debate abierto público en medios de comunicación, sobre los ejes y contenidos fundamentales del Tratado de Libre Comercio, en nuestro país, excepto los esfuerzos que hacen organismos no gubernamentales y algunos partidos políticos, no hay una convocatoria del Gobierno Federal, del Senado de la República y de la propia Cámara de Diputados, a discusión abierta y directa en audiencias públicas, de aquellos aspectos que competen a la vida nacional, a la vida económica y a las relaciones exteriores de nuestro partido y de nuestra organización social y de nuestro sistema republicano en los próximos años.
No estamos ante una discusión de matices. La ratificación del Tratado de Maastricht en Francia, la ratificación del Tratado de Maastricht en Dinamarca y las discusiones que se han dado en diferentes países europeos en torno a tratados internacionales, los debates públicos que en numerosos países tiene la Ronda Uruguay del Gatt, muestra que éstos no son problemas técnicos para especialistas de tal o cual secretaría de Estado, competen a la vida de millones de campesinos y de obreros, la salud y al medio ambiente, a las condiciones de trabajo y al proyecto de nación.
En el debate que se dio, relacionado con la iniciativa que presentamos en materia de atribuciones de la Cámara de Diputados, se pretendió establecer que cuestionábamos la pertinencia de un órgano federal, como representación de esta unión de estados que es el Senado, tuviera facultades. No cuestionamos esto. Lo que cuestionamos de manera precisa es el hecho de que facultades reconocidas por dos constituyentes de manera explícita, el de 1824 y el de 1917, se quisieran anular a través de reformas que no estaban expresando los intereses del conjunto de la nación para un tratado de la complejidad, diversidad y afectación de sectores productivos cono es el Tratado de Libre Comercio.
La Constitución de 1824 reconocía, en la fracción XI del artículo 16, las atribuciones que en este caso tiene el Congreso General para ratificar tratados.
Y, por otra parte, en el Constituyente de 1917, se reconoció de manera explícita, en el artículo 76, que el Senado tenía facultades para tratados y convenciones diplomáticas y desde entonces numerosos expertos se refirieron al carácter
precisamente de tal, al carácter diplomático de esas convenciones y tratados, distintos a los complejos y diversos tratados de carácter económico, que serían objeto de negociaciones de manera importante en numerosos países, después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo a partir de la formación del Acuerdo General de Aranceles y Comercio.
En 1977 se hizo una reforma a este artículo 76 y se dio de manera específica la denominación de "Tratados Internacionales" a aquéllos que pueden ser aprobados por el Senado de la República. Sin embargo y esto quisiera destacarlo, el artículo 89 de la Constitución, en el Constituyente de 1917, establecía de manera precisa la facultad para dirigir las negociaciones diplomáticas y celebrar tratados con las potencias extranjeras que tenía el Ejecutivo, pero sometiéndolos a la ratificación del Congreso General.
En diversas discusiones previas al debate que hubo de comisiones unidas y de otras que se dieron en el seno de comisiones unidas, se habló de la reforma posterior, de la reforma de 1988. Sin embargo, no hay fundamentación compleja, diversa, profunda. ¿Por qué se quita esa facultad que anteriormente tenía el Congreso Federal? Nos parece positivo que se incorporaran a la fracción X de este artículo 89, diversas normas para la política exterior, como es autodeterminación de los pueblos, no intervención, solución pacífica de controversias, proscripción del uso de la fuerza e igualdad jurídica de los estados, la lucha por la paz y seguridad y la cooperación internacional.
El problema es que, sin embargo, al inicio de esta fracción X del artículo 89, se estableció que sería sólo facultad exclusiva del Senado.
Finalmente, el artículo 133 constitucional, establecía en el Constituyente que la ratificación de los tratados sería facultad del Congreso bicamaral y una reforma, una reforma hecha en 1933 y publicada en el Diario Oficial de la Federación en enero de 1934, particularmente el 18 de enero, estableció que esto sería facultad del Senado.
Sin embargo, una lectura atenta de los debates que ahí se dieron, muestra que fue a última hora que se introdujo la modificación de facultades exclusivas al Senado, ya que el motivo principal de esta reforma era que debían ser acordes con la Constitución toda clase de tratados.
Como si esto no fuera suficiente en materia de lo importante que es respetar los principios básicos del constituyente, hay un elemento que ha escapado al debate y que en éstos y próximas discusiones el Partido de la Revolución Democrática insistirá, que es el que se refiere a las facultades que mantiene el Congreso bicamaral en materia, en el 73 constitucional, fracción 29A1, para establecer contribuciones sobre comercio exterior y las que se refiere a la fracción 29-F, para expedir leyes tendientes a la regulación de inversión extranjera y transferencia de tecnología.
Señalo esto porque uno de los elementos fundamentales del Tratado de Libre Comercio es precisamente la regulación del comercio exterior y particularmente lo que se refiere a los aranceles.
Ahora bien, de manera genérica hay numerosas atribuciones bicamarales que tienen qué ver con distintos puntos que son materia del Tratado de Libre Comercio. Entre ellas, la planeación del desarrollo nacional; la expedición de leyes para promoción, concertación y ejecución de acciones económicas; la regulación de inversiones mexicana y de inversión extranjera; la regulación de transferencia de tecnología; las cuotas y tarifas de importación y exportación y, además, el 25 y 26 constitucionales establecen la rectoría económica del Estado.
De lo anteriormente expuesto y no quisiera extenderme más sobre este punto, porque habrá ocasión de debatir precisamente lo que aquí estamos exponiendo cuando estos dictámenes sean presentados a la consideración de la Cámara de Diputados para su votación, nosotros sostenemos, uno, que lo que está en juego es precisamente el reconocimiento de la condición bicamaral de la discusión, aprobación y ratificación de los tratados internacionales.
Si la pretensión es abrir un debate político nacional sobre una redistribución de competencias entre el Senado y la Cámara de Diputados en materia no sólo de tratados, sino en aspectos como Presupuesto de Egresos de la Federación y otros más y si se considerara pertinente, lo decimos con toda sinceridad, si se considerara pertinente una discusión sobre mayores atribuciones al Senado de la República en materia económica y presupuestaria, congruente con una redistribución de funciones, como partido político estamos en la mejor disposición de debatirlo y de reabrir la agenda completa.
Que no se entienda, entonces, que nos cerramos a esto. Pero vemos que es de una importancia histórica decisiva el discutir en detalle, en ambas
cámaras y después someterlo a ratificación popular, un documento de la importancia del Tratado de Libre Comercio.
Otro punto que nos parece también importante y que seguiremos insistiendo sobre ello, sea cual fuere la hora que lo discutamos en la Comisión Permanente o en la Cámara de Diputados, sea cual fuere el número de diputados y senadores que nos escuchen mientras hacemos esta intervención en la tribuna de la Comisión Permanente, nos parece un punto de interés fundamental que afecta la suerte de millones de mexicanos; es el carácter de los acuerdos en materia laboral y en materia ambiental que en este momento se están negociando: la suerte de millones de mexicanos, su salud, la preservación del medio ambiente y los intereses de los trabajadores están en juego en esta discusión.
Al término de esta intervención, dejaré a la Secretaría para que se incorpore al Diario de los Debates del día 3 de marzo, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dos propuestas globales que nuestro partido presenta en materia de agenda de negociaciones laborales y de agenda de negociaciones ambientales. Más que tratarse de una crítica al esquema de negociación, son propuestas que ojalá que con un sano espíritu de diálogo democrático, la Comisión de Comercio del Senado de la República, la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados y el Ejecutivo Federal, que está en proceso de negociación de estos acuerdos laborales y ambientales, los tome en cuenta.
De entrada, sí quisiéramos señalar algo que ha sido reiterado por nosotros. Consideramos inadecuado que los aspectos ambientales y laborales sean solamente negociados como acuerdos intergubernamentales.
Esto, que puede parecer un simple matiz lingüístico, es fundamental, porque pensamos que aquello que se negocia en materia laboral y ambiental debe tener el rango de tratado internacional, bajo las condiciones que establece el Derecho Internacional Público y por tanto, no deseamos que se dé una discusión secreta, cerrada, a espaldas de la opinión pública nacional y menos aún a espaldas de los órganos del Poder Legislativo Federal.
Un punto central, dado que no voy a detallar el contenido de esta propuesta laboral y ambiental, pero que ha sido reiterado por nuestro partido, es que la negociación de los aspectos laborales tiene que incluir, además de la defensa de los derechos colectivos en materia de libertad sindical, la defensa de la contratación colectiva, la defensa de la huelga y de los derechos sociales de los trabajadores, debe establecer este acuerdo laboral de manera fundamental el derecho de los trabajadores migratorios.
No podemos aceptar una discusión trinacional sobre derechos sociales y derechos laborales, si los intereses de millones de mexicanos residentes en territorio norteamericano no son adecuadamente preservados.
Ojalá que esto que aquí estamos exponiendo a la Comisión Permanente no caiga en oídos sordos del Ejecutivo Federal o de diversas comisiones del Poder Legislativo del Senado y de la Cámara de Diputados. Esto compete a los intereses de millones de mexicanos.
Quizá ha sido olvidado por debates que hemos tenido, pero en una ocasión el diputado Amador Rodríguez regresando de una misión que realizó una Comisión de la Cámara de Diputados en el sur de los Estados Unidos y posteriormente de intervenciones de otros diputados, relató la situación en que se encontraban los trabajadores mexicanos y los ciudadanos mexicanos residentes en los Estados Unidos y emitieron distintas recomendaciones, especialmente en materia de derechos humanos.
Por ello y por muchas razones más, por el interés nacional de defender a nuestros ciudadanos residentes en Estados Unidos sea cual fuere su condición migratoria, es que consideramos fundamental que Estados Unidos, en particular, acepte que lo que se refiere a aspectos migratorios va más allá de las atribuciones exclusivas y autónomas en ejercicio de su soberanía como nación teniendo nosotros por tanto un interés específico en la negociación de aspectos migratorios y que puntos como las modificaciones que numerosos grupos mexicanos han pedido a la Ley Simpson - Rodino, puntos como el que se termine con esa política de acoso, agresión, contra quienes cruzan la frontera, puntos como la desmilitarización de algunos sectores de la frontera entre México y Estados unidos, deben ser abordados de manera bilateral y de manera especial la preservación de los derechos laborales y humanos y los derechos sociales de los mexicanos residentes en Estados unidos.
Nos parece incongruente que en una negociación de la magnitud de lo que establece la interdependencia económica entre México y los Estados Unidos y donde la principal relación económica es precisamente la de esos millones de hombres y mujeres mexicanos que viven en
Estados Unidos, no se incluya en el marco de las negociaciones laborales los aspectos de carácter migratorio en lo que se refiere a los intereses de los trabajadores residentes en ese país.
En lo que se refiere a la propuesta ambiental, además del reconocimiento de la legislación internacional en materia de regulación ambiental, además de la ratificación de los acuerdos de La Paz, creemos que se debe pasar a una etapa más avanzada y que en materia ambiental debe incorporarse un elemento que consideramos de manera incorrecta ha sido excluido de las negociaciones, que son los fondos compensatorios para desarrollo económico de regiones de menor desarrollo relativo, pero que tiene aquí importancia, porque algunos sectores pueden ser beneficiados y deben ser beneficiados con ayudas específicas para su reconversión productiva hacia tecnologías no contaminantes.
Hacemos sin embargo una salvedad que hemos insistido en varias ocasiones, no coincidimos con la pertinencia de una supervisión o control trinacional por encima de nuestros órganos internos gubernamentales y del Poder Legislativo, en materia ambiental. Creemos que esto debe ser ejercicio estricto de soberanía mexicana, pero bajo formas que preservando la soberanía permitan una concertación trinacional en estos puntos.
Por lo anteriormente expuesto consideramos que debe abrirse un debate nacional sobre los problemas del Tratado de Libre Comercio una vez, repito, que en diciembre este Tratado ya fue firmado por los titulares del Ejecutivo Federal de los tres países y está en proceso de ratificación.
Consideramos que independientemente de las viscisitudes políticas que siga su aprobación en Estados Unidos y en Canadá, independientemente si la renuncia del primer ministro de Canadá, Brian Mulroney, acelere las elecciones legislativas en ese país o no las acelera, independientemente de si el parlamento canadiense se disuelve y esto suspendiera la aprobación del Tratado, independientemente de las tomas de posición de algunos legisladores de los Estados Unidos, algunas favorables y otras críticas al Tratado de Libre Comercio, los mexicanos de manera autónoma, repito, sin que ello tenga qué ver necesariamente con las vicisitudes o dificultades para su aprobación en los Estados Unidos y en Canadá, debemos discutir el Tratado ahora que ha sido ya ratificado, con la misma legitimidad con la que estamos aquí durante horas debatiendo reforma política, con la misma legitimidad con la que se formado una comisión multipartidaria para analizar las modificaciones electorales pertinentes, por la vida de millones de mexicanos que será afectada con el Tratado de Libre Comercio, creemos que esto debe ser debatido.
Es conocido ya, ha sido motivo de debate incluso en la reciente interparlamentaria México - Chile, que nosotros cuestionamos la constitucionalidad de una serie de puntos negociados en el Tratado de Libre Comercio ya firmado, pero aún no ratificado por el Senado.
No pueden los distintos partidos políticos y en particular el que detenta la mayoría del Senado y la Cámara de Diputados, hacer oídos sordos de lo que sustentamos. Puede discrepar con nuestro punto de vista. Pero no puede olvidar el cuestionamiento en materia de legitimidad que nosotros hacemos, respecto a la constitucionalidad del Tratado de Libre Comercio; no es un punto secundario, aun el 133 que impugnamos por la limitación que da a la Cámara de Diputados, establece que los tratados deben ser congruentes con la Constitución y nuestro partido ha insistido durante meses que no estamos de acuerdo con lo tratado en éste, con lo negociado en este Tratado en materia de energéticos, en materia de ferrocarriles, en materia de trato nacional a inversiones extranjeras en otros puntos que consideramos de capital importancia en la negociación.
No se trata solamente entonces, de reabrir la agenda laboral y ambiental del Tratado de Libre Comercio, se trata también de reabrir la negociación de aquellos capítulos que fuerzas y sectores de opinión pública cuestionan su propia constitucionalidad y por ello es que llamamos a que por las vías que se estime pertinente y sin el candado de ese dictamen que ya fue aprobado por comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores, se reabra la agenda completa de las atribuciones del Senado y las atribuciones de la Cámara de Diputados en materia no sólo de aprobación del Tratado, sino en otros aspectos; que se reabra la agenda de la legitimidad de consultas directas al pueblo, como sería un plebiscito para la ratificación del Tratado; que discutamos no con una propaganda apabullante del Gobierno, mientras que del otro lado solamente tenemos escasos medios; que se reabra un debate nacional sobre la pertinencia de este Tratado; que tengamos audiencias públicas y discusiones, sea de la forma que fuera.
Y repetimos desde ahora: si se mantiene una negativa a reconocer el derecho de los diputados.
a discutir el Tratado, por todas las vías y siguiendo normas de discusión parlamentaria, buscaremos incorporar distintos capítulos y aspectos del Tratado de Libre Comercio, de sus procedimientos y de su ratificación, en los debates de la Cámara de Diputados.
Está en juego mucho más que los intereses de tales o cuales sectores económicos; está en juego la preservación de amplios sectores de la agricultura mexicana; de amplios sectores de la industria mexicana; está en juego en realidad, con el Tratado de Libre Comercio, el proyecto económico nacional para las próximas décadas. Es quizá el Tratado más importante que nuestro país ha discutido o está negociando en el curso de su vida independiente y republicana. No es por ello una exageración decir, que la forma como se negocie este Tratado y el mecanismo de aprobación de él, afecta el proyecto económico del año 2000 y de los años posteriores al año 2000. Estamos pues ante una disyuntiva nacional tan importante como la disyuntiva de la reforma política y la democratización, que es precisamente el proyecto de nación que prefigura este Tratado de Libre Comercio, discutirlo, razonarlo, con las atribuciones bicamarales que se crea necesario reabrir en una agenda global de discusión, es fundamental.
Y creo que los mexicanos de esta generación y los partidos políticos de esta LV Legislatura, debemos tener la audacia, la franqueza, la confianza en que podemos reabrir una agenda completa de atribuciones bicamarales en materia de ratificación de tratados y de otros puntos y si es necesario rediscutir, y con esto termino, el conjunto de atribuciones constitucionales del Senado y de la Cámara de Diputado, para establecer un mejor equilibrio, ¡hagámoslo!, tengamos ese valor y esa decisión.
Si les parecen incorrectas a los diputados de la mayoría algunas propuestas nuestras y quieren reabrir la agenda completa de atribución del Senado, repito en materia presupuestaria, reabrámosla. Pero establezcamos un mecanismo que permita que un documento de esta importancia, no pase de manera silenciosa, con una votación de 61 votos a favor, dos votos en contra del PRD y quizá un voto que en su momento decidirá el otro senador de oposición. Creo que se trata de un problema fundamental en la vida nacional. Estamos por la interdependencia; queremos un buen tratado de comercio con los Estados Unidos, desearíamos un debate nacional que permitiera modificaciones sustanciales al Tratado y un consenso básico que evitara futuros debates sobre constitucionalidad o no del Tratado.
Asumamos pues un debate plural sobre este punto, abramos los medios de comunicación y creemos condiciones de un consenso nacional para un tránsito no sólo a instituciones democráticas, sino también a un proyecto económico donde el Tratado sea un Tratado consensado y que defienda los intereses de nuestro pueblo.
Dejo pues a la Secretaría los dos paquetes de propuestas ambientales y laborales, que nuestro partido presenta a la consideración de las comisiones de Comercio de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores y que deseamos sea del conocimiento también, de las autoridades del Ejecutivo Federal.
(Se inserta en los apéndices. 2)
VISITA DISTINGUIDA
El Presidente: -Gracias, señor diputado Calderón; damos trámite al final de este debate a sus propuestas.
Antes de continuar con este debate, señoras y señores legisladores, la Presidencia de esta Comisión Permanente, que es el órgano que representa en México al Congreso, al Poder Legislativo Federal, quiere expresar su satisfacción y su agrado por la presencia entre nosotros del excelentísimo señor Chian - Chichen, quien es Consejero de Estado y Ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular China.
Su presencia, señor Consejero, en esta reunión de la Comisión Permanente, es un motivo de privilegio, de satisfacción para este órgano de Gobierno fundamental en nuestro país y nos permite esta tarde expresar a usted nuestro reconocimiento de siempre al pueblo de China y a su cultura y también hacer votos porque las relaciones bilaterales entre nuestros países encuentren cada día mejores cauces para ampliarse en lo económico y particularmente en lo científico y en lo cultural.
Su presencia es motivo de satisfacción para este Congreso y lo recibimos, señor Consejero, con respeto y con afecto. ¡Bienvenido!
TRATADO DE LIBRE COMERCIO
El Presidente: -Concedemos la palabra para ratificar hechos, en términos del artículo 102 del Reglamento, al señor diputado José Antonio González Fernández, para referirse a la intervención del diputado Jorge Calderón, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado José Antonio González Fernández: -Con su autorización, señor Presidente:
He pedido la palabra para hechos, para hacer referencia a la intervención del diputado Jorge Calderón, fundamentalmente por lo que respecta al proceso de ratificación del Tratado de Libre Comercio.
En efecto, el diputado Calderón hizo mención a alguna sesión que en semanas pasadas tuvieron conjuntamente las comisiones unidas de Gobernación y de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. En esta sesión de comisiones unidas en donde estuvieron varias decenas de diputados de varios partidos políticos, se conoció y se dio cuenta y se debatió un proyecto de dictamen que elaboró un grupo plural de diputados sobre varias iniciativas que tenían que ver con la modificación de las atribuciones de la Cámara de Diputados y del Congreso en general, para que fuera el Congreso en su conjunto quien tuviera la atribución, la facultad de aprobar los tratados en materia internacional.
En esa sesión y en ese dictamen se dan cuenta de varias iniciativas, no solamente de la iniciativa a que se ha referido el diputado Calderón, sino incluso ahí en ese dictamen se hizo referencia y se dictaminaron negativamente cinco iniciativas: dos de Acción Nacional: dos del Partido de la Revolución Democrática y una del Partido Popular Socialista.
Algunas de ellas se habían elaborado años atrás, antes de que se hubiera presentado a consideración de nuestro país el proyecto de negociación del Tratado de Libre Comercio y otras fundamentalmente, la del PRD y la del PPS que se presentaron en 1992, hacen referencia de manera específica al Tratado de Libre Comercio.
¿Por qué las comisiones unidas dijeron que no a estas propuestas? Las comisiones unidas dijeron que no a estas propuestas, porque como lo dijo el dictamen, que nos pareció un dictamen que como ahí mismo se reconoció por diversos partidos políticos y varios diputados, un dictamen amplio que recogió puntos de vista plurales, pero que sin embargo se elaboró atendiendo aspectos históricos, aspectos de competencia de ambas Cámaras, aspectos de atribuciones del Congreso en general, a aspectos de carácter constitucional; un dictamen que trató de explicar lo más ampliamente posible por qué las comisiones unidas en ese momento se pronunciaban por el "no" a las iniciativas diversas.
Me parece que sería redundante en esta tribuna, analizar ampliamente el por qué las comisiones unidas dijeron que no, pero sí quisiéramos hacer referencia a varias afirmaciones que el diputado Calderón ha señalado.
De ninguna manera está cancelado el derecho para que se siga discutiendo, hablando y debatiendo sobre el Tratado de Libre Comercio en nuestro país. No está cerrado el debate. Es más, aun no está presentado formalmente el Tratado de Libre Comercio en la Cámara de Senadores y por supuesto que este dictamen de las comisiones unidas de ninguna manera es un candado. De ninguna manera es un candado, porque para que este dictamen sea, como se dijo ahí mismo en las comisiones unidas, un dictamen definitorio, tendrá que ser sancionado por el pleno de la Cámara de Diputados, en su momento.
Pero independientemente de que sea debatido en el pleno de la Cámara de Diputados para que definitivamente, en su caso, se confirme el no de las comisiones unidas en ese dictamen y en ese debate, eso de ninguna manera cancelará desde nuestro punto de vista y cancela el derecho para que se siga debatiendo y participando en foros públicos, a los que ha convocado el Senado, no de ahora, sino de hace tiempo y para que incluso se siga discutiendo sobre el tema aquí mismo en la Cámara de Diputados.
Y esto no es nuevo. En esta misma tribuna, en diferentes ocasiones, varios compañeros diputados y senadores han discutido el fondo del asunto. En la Cámara de Diputados, en comisiones unidas de Comercio y de Relaciones, ha estado presente el Secretario de Comercio para platicar exclusivamente del Tratado de Libre Comercio.
Hemos incluso invitado al Secretario de Comercio para que platicara de manera expresa, de manera específica, de manera puntual, sobre las conclusiones de negociación del Tratado de Libre Comercio.
Por lo que yo sí, me parece que habría de reconsiderar los términos de su intervención el diputado Calderón, en el sentido de que se ha cancelado el derecho para hablar, cancelado el derecho para debatir el Tratado de Libre Comercio en México y que hay un candado por lo que se refiere al dictamen de comisiones unidas.
Eso sí, habría también que señalar, por otro lado, que cuando ese dictamen se presente al pleno de las cámaras, al pleno de la Cámara de Diputados y en su caso se confirme el no, el no de las comisiones unidas de Gobernación y de Relaciones Exteriores, de acuerdo a nuestra Constitución, legalmente, un proyecto de ley o de decreto que haya sido rechazado en la Cámara de origen, usted recordará, diputado Calderón,
no podrá volverse a presentar en las mismas sesiones del año correspondiente.
Ahí sí. Tendríamos que ser muy puntuales de las disposiciones constitucionales vigentes de nuestro país, a las que usted ha aludido. Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente: -Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Jorge Calderón, en términos del artículo 102 del Reglamento.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: -Con su venia, señor Presidente.
Efectivamente, en términos constitucionales, diputado José Antonio González Fernández, esa propuesta en la forma como la presentó el diputado Juan Hernández, en caso de que el pleno de la Cámara de Diputados votara en contra no podríamos pedir que fuera discutida o debatida en el mismo período. Pero lo que aquí vine a comentar es algo más amplio.
Nosotros estamos dispuestos a un diálogo y a una concertación multipartidaria si hay voluntad política y audacia legislativa para ello, sobre reabrir la agenda completa de atribuciones del Senado y de la Cámara de Diputados, no solo en materia de ratificación del tratado, sino en un conjunto de atribuciones constitucionales en materia económica. Porque resulta incongruente que tengamos facultades bicamarales en asuntos tan importantes como contribuciones de comercio exterior, leyes de planeación del desarrollo y leyes sobre regulación e inversión extranjera, repito, facultades bicamarales de acuerdo con el 73 constitucional.
Y en un Tratado, que tiene un capítulo de regulación de inversión, un capítulo de servicios que es propiamente transferencia de tecnología y varios capítulos que aluden a miles de modificaciones arancelarias que se van a dar a lo largo de 15 años y no estemos reconociendo facultades bicamarales en materia del tratado.
Y resulta también incongruente que por un lado, en ejercicio de la actual redacción del 133 y del 76 constitucional, el Senado pudiera aprobar el Tratado de Libre Comercio; y por otro lado los diputados tenemos facultades exclusivas, según el 74 constitucional fracción IV, para discutir el presupuesto de egresos; discutiendo primero las contribuciones, cuando las contribuciones van a ser afectadas por una desgravación arancelaria, en miles fracciones arancelarias, en la relación trilateral con los Estados Unidos y con Canadá.
Entonces, si se quisiera ser congruente con esta compleja y diversa interpretación constitucional que se puede hacer a varios capítulos de las facultades bicamarales que tenemos, tendríamos entonces que llegar a la conclusión de lo que ya hay que reabrir la agenda completa y debiera esto ser motivo de una reflexión.
Nosotros los llamamos, a todos los partidos políticos, a que pensemos con audacia, a reabrir la agenda de discusiones globales. Repetimos, éste es el tratado más importante que nuestro país ha negociado en el Siglo XX y posiblemente en el conjunto de su vida republicana.
Por ello es que aunque conocemos la negativa, como partido tenemos la libertad de presentar una nueva iniciativa de ley que reabra la agenda completa de facultades senatoriales y de la Cámara de Diputados y será una nueva iniciativa con elementos precisos.
Tenemos facultades también para establecer relaciones no sólo entre el 76, el 89 y el 133 constitucionales, sino remitimos al 131 y al 73 constitucional. Entonces, la posibilidad de una discusión sobre estos puntos está abierta, incluso con los muy estrechos márgenes de tiempo que tenemos en la hipótesis de que el Senado inicie de manera formal su deliberación sobre el tratado en la instalación del nuevo período de sesiones ordinarias del 15 de abril.
Efectivamente, para terminar esta intervención para hechos, no está cancelada porque los mexicanos la ejercemos; la ejerce la red mexicana de acción frente al Tratado de Libre Comercio, la ejercen ciudadanos de manera autónoma, la ejerce nuestro partido y otros partidos; hay expresiones de varios partidos políticos, baste sólo mencionar quienes están aquí representados en esta Cámara: el PAN, el PPS, el Auténtico de la Revolución, el Frente Cardenista, en torno al TLC. Pero es distinto un debate en la opinión pública en foros y en Cámara de Diputados, donde no se nos reconocen atribuciones a un debate que termina con una aprobación legislativa o un rechazo.
Evidentemente, nuestro partido y otros partidos, en tribuna de la Cámara y en comisiones, seguiremos debatiendo no sólo el procedimiento y las atribuciones constitucionales, el contenido lo seguiremos debatiendo, pero no se nos reconocen facultades y, bueno, es un debate que ejerceremos por la vía de los hechos, pero sin que podamos votar en materia de aprobación de la ratificación o no ratificación del tratado. Es un juego de ideas rico, interesante, de gran
utilidad en materia de intercambio de opiniones, pero que en términos explícitos no podremos votar.
Y que se entienda, para que no se malinterprete nuestra posición y me aparto de las notas que tenía, no queremos quitarle al Senado esta facultad. Nuestra propuesta era más amplia, no sólo era la aprobación y ratificación de tratados por el Senado y la Cámara de Diputados, era reconocer atribuciones a la Cámara en materia de política exterior, sin quitárselas a la Cámara de Senadores; era reconocer que el pacto federal tiene una doble vertiente, la vertiente de la igualdad en el número de senadores que forman parte de la Cámara Federal, me refiero a la Cámara de Senadores y al mismo tiempo reconocer que el federalismo también está en la propia Cámara de Diputados.
Y una reforma de esta importancia pensamos que debiera ser discutida y con la misma franqueza con la que aquí hemos hablado durante varias horas sobre reforma política y mantener una agenda amplia, global, de reforma política. Abramos una agenda sobre el contenido económico de tratados internacionales.
Y, por ello, ratificamos nuestro interés en continuar este debate. Gracias.
El Presidente: - Señoras y señores legisladores, para tratar también asuntos relacionados con el TLC, registró un punto en el orden del día el diputado Cuauhtémoc Amezcua. Le preguntaría si ¿no tiene inconveniente en pasar a la tribuna en este debate y agotar también su intervención de ese punto?
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo (desde su curul): -No tengo inconveniente.
El Presidente: -Adelante, diputado.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: -Gracias, señor Presidente, compañeras y compañeros:
Coincidimos con el diputado Jorge Calderón en su apreciación, en su valoración sobre lo conveniente que sería el que ambas Cámaras pudiéramos debatir de pleno derecho el asunto de la ratificación de los tratados en general y en particular éste, de singular importancia, el Tratado de Libre Comercio.
Es verdaderamente lamentable que la decisión de la fracción parlamentaria mayoritaria haya sido el rechazo de esta propuesta. No se cancela en verdad el debate, seguiremos dándolo en cuanto a la valoración política, en cuanto al contenido, en cuanto al fondo, pero evidentemente tan pronto llegue a plenario el dictamen ya desahogado en comisiones y cubra esa otra instancia, se habrá perdido una buena oportunidad de elevar las funciones de la Cámara de Diputados sobre todo ahora cuando el tema lo es de esa magnitud.
Las complicaciones y la magnitud del tema del Tratado saltan a la vista desde diversos ángulos que se quiera enfocar el problema. Simplemente un hecho muy a la vista en lo reciente es el de que de los tres jefes del Ejecutivo de nuestros tres países que iniciaron la discusión en torno a este tema que tuvieron un gran interés, un vivo interés por impulsar los tres, las negociaciones del Tratado de Libre Comercio y que incluso lo suscribieron los tres el 7 de diciembre pasado, uno ya fue rechazado por su pueblo al grado de haber perdido la reelección y no estar ya en ejercicio; otro, después de un rechazo masivo, también de su pueblo, que lo llevó a un desplome vertical de su popularidad, ha presentado su renuncia aunque se mantiene de manera inercial en una posición para tratar de sacar adelante compromisos evidentemente en contra de la voluntad mayoritaria de los canadienses, me refiero en el primer caso a George Bush en el segundo a Brian Mulroney.
Y bueno, pues sólo queda uno de los tres mandatarios por ahora, todavía ahí insistiendo en algo que evidentemente no cuenta con la voluntad mayoritaria ni de los norteamericanos ni de los canadienses y seguramente tampoco lo contaría con la voluntad mayoritaria de los mexicanos si hubiera la oportunidad de que los mexicanos pudieran enterarse y valorar a plenitud la gravedad del contenido de este Tratado.
Sin embargo, compañeras y compañeros legisladores, no es propiamente ése el ángulo que yo quería tocar en esta intervención, sino otra de las muchas aristas de este tema rico, de suyo, que es el del Tratado de Libre Comercio y es el que se refiere al problema del cabildeo que se practica en el Congreso de los Estados Unidos y que se ha difundido con amplitud, ha recurrido a él el Gobierno mexicano para influir en el ánimo de legisladores norteamericanos, de miembros de la Asamblea de Representantes concretamente, para inclinar su voluntad en determinado sentido en este negocio.
Este es el tema que preocupa a la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista y que traemos a esta tribuna el día de hoy.
Se ha venido debatiendo ya en momentos anteriores sobre el monto de los recursos destinados a este asunto del cabildeo por parte del Gobierno mexicano; ¿cuánto se ha invertido en este asunto?, ¿dónde está el soporte jurídico desde el punto de vista presupuestal?, ¿en qué partida del Presupuesto de Egresos de la Federación que aprobamos los legisladores, en qué partida está el soporte, en qué partida está la autorización para ese ejercicio, si es que lo está?
¿En qué parte de la Cuenta Pública aparece la información relativa al ejercicio de esos recursos?, por lo menos no aparece de un manera explícita, no lo hemos localizado, sería interesante que pudiera plantearse alguna aclaración al respecto y por lo tanto no hay una información clara y precisa de cuánto es lo que le ha costado al pueblo de México el que una corriente política insista en sacar adelante ese proyecto de Tratado de Libre Comercio en las instancias norteamericanas.
Pero, todavía con mayor gravedad en este asunto, más que problema de números de pesos y centavos o de dólares, quién sabe en qué términos se negocia allá el cabildeo con las empresas norteamericanas que se dedican a esto y con los legisladores norteamericanos, si sea en dólares o en moneda nacional, pero independientemente de eso habría una reflexión política y de principios.
¿Está facultado moralmente, políticamente, jurídicamente, el Gobierno mexicano para realizar cabildeo ante un poder político de un país extranjero? ¿No vulnera esto uno de los principios más caros, más queridos, más entrañables para los mexicanos, que ha sido sustento de nuestra política exterior desde siempre, desde la época de Morelos, desde la época de Juárez el principio de no intervención? ¿Hasta qué punto es válido esto? ¿Cómo reaccionaríamos en México si nos enteráramos de una manera muy difundida, como ha sido este asunto del cabildeo por parte del Gobierno mexicano allá, cómo reaccionaríamos si nos enteráramos de pronto que el Ejecutivo de los Estados Unidos ha contratado a empresas mexicanas y ha desarrollado otros esfuerzos que implican gastos, para cabildear aquí, si aquí hubiera esa práctica, que no la hay por fortuna, para que vinieran aquí a acercarse a los legisladores mexicanos del PRI o del PAN o de algún otro partido, para tratar de convencerlos de que votaran en determinado sentido que convenga a los intereses del Gobierno norteamericano, en un asunto como ese del Tratado de Libre Comercio?
A mí me parece que el asunto es en extremo delicado, a mí me parece que sí pudieran estarse vulnerando principios de elevado peso político y responsabilidad como es el de no intervención y por esa razón traigo este tema a consideración de ustedes, compañeras y compañeros legisladores, a ver si entre todos pudiéramos hacer luz.
Ojalá no sea la apreciación nuestra la que estamos adelantando por ahora, no sea la que refleje exactamente la realidad en sus términos, pero si así fuera esto ameritaría una posición clara, definida, enérgica, de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
A reserva de que el debate pueda hacer luz sobre el asunto, si las cosas están en los términos que estimamos que están, valdría la pena que esta Comisión Permanente se pronunciara con una declaración política cuyo texto voy a someter a la consideración de ustedes para que sea la base del debate en este tema. Sería:
"Por las razones expuestas y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, presento a la consideración de esta soberanía la siguiente
DECLARACIÓN POLÍTICA
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión integrada por diputados y senadores miembros de seis partidos políticos nacionales expresa un público extrañamiento al Poder Ejecutivo en virtud de que, con motivo de las negociaciones relativas al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá, ha recurrido a prácticas que no se ajustan a la elevada responsabilidad que el Estado mexicano se ha ganado a lo largo de la historia por su conducta vertical, apegada a principios superiores, en el concierto de las naciones.
En efecto, la práctica del cabildeo realizada por los personeros del Ejecutivo particularmente por los funcionarios de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en primer término, al realizarse con el propósito de modificar conductas y cambiar voluntades de los integrantes de uno de los poderes estadounidenses, constituye una clara violación del principio de no intervención que tradicionalmente ha enarbolado y aplicado nuestro país.
La contratación de empresas especializadas en esa práctica y la consecuente erogación de recursos para financiar dicho cabildeo, por otra parte, no ha sido motivo de expresa autorización por parte del Poder Legislativo mexicano, ni de un informe a éste, por parte del ejecutivo, en que se nos dé a conocer el monto de lo gastado, el desglose de dichos gastos y los resultados obtenidos. ¿A qué congresistas norteamericanos se logró convencer para que modificaran su actitud y la ajustaran a los intereses particulares del Ejecutivo mexicano? ¿Cuánto costó convencer a cada uno de estos congresistas? ¿A quiénes no fue posible convencer a pesar de las erogaciones hechas?
El problema del financiamiento, del monto de los recursos erogados sin autorización del Congreso, y del destino y resultado de los mismos, es importante no por razones de carácter puramente económico, presupuestario o de cuenta pública, sino por otras de carácter superior, que tienen qué ver con la respetabilidad del Estado mexicano en el exterior, con el apego a que todos los gobiernos están obligados con respecto a los elevados principios de nuestra tradicional política exterior, razón por la cual la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a la vez, demanda del Ejecutivo un informe preciso y puntual relativo a este asunto.
Dada en la sala de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los tres días del mes de marzo de mil novecientos noventa y tres.
Por la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo."
Esta es la declaración política que en nombre de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista pongo a consideración de ustedes, compañeras y compañeros integrantes de la Comisión Permanente. La entrego a la Secretaría señor Presidente, para su trámite.
El Presidente: -Muchas gracias diputado Amezcua. Para dar satisfacción a la propuesta del diputado Amezcua, en los términos Reglamentarios, en los términos del artículo 58 concretamente en que ha fundamentado usted su propuesta de declaración, consultaría si hay algún orador en contra de esta propuesta. ¿Alguien a favor? Se concede la palabra al diputado Garduño en contra de la propuesta que ha presentado el diputado Amezcua y posteriormente a favor al diputado Calderón.
El diputado Javier Garduño Pérez: -Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros legisladores de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión:
Hemos solicitado el uso de la palabra para votar en contra de la propuesta del señor diputado que me antecedió en el uso de la palabra y para fundamentar este razonamiento vamos a tratar de hacer algunas precisiones.
Para la mayoría de los mexicanos no es novedad haber hecho una estrategia de negociación respecto al Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Lo hemos hecho siempre, defendiendo los intereses de nuestro país, en todos aquellos rubros importantes de nuestras exportaciones.
Todos ustedes han de recordar que se ha negociado y cabildeado por ejemplo en los contratos de exportación de petróleo, con todos los países que son clientes de México y que son consumidores del petróleo mexicano.
Recordemos que en el año de 1971 se creó un organismo, el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, precisamente para impulsar nuestras exportaciones, desde la promoción de ferias, exposiciones, estímulos fiscales cabildeo, negociaciones y oficinas especializadas en el extranjero mexicanas, para promover las exportaciones, para atraer inversión extranjera y para armar proyectos de coinversión, transferencia de tecnología, etcétera.
Igualmente, al decidir nuestro país acceder a la firma del Acuerdo General de Aranceles y Comercio, se instalaron dos oficinas negociadoras, una en Bruselas, Bélgica, y otra en Ginebra, Suiza, con el propósito de crear precisamente centros de comunicación, de negociación, de cabildeo con diferentes países, pero además se contrataron despachos de técnicos especializados en Europa, Francia, Italia, Inglaterra, como también aquí en México, despachos de especialistas, precisamente para entablar toda una estrategia para acceder al GATT.
También para preparar la negociación precisamente del Tratado de Libre Comercio, se han instalado oficinas especializadas de negociadores mexicanos en Washington, Estados Unidos de América y en Otawa, Canadá y también se han contratado servicios de despachos de expertos en el extranjero para asesorar a nuestras oficinas en el extranjero.
Hemos contado con la participación también de instituciones universitarias de los Estados Unidos
y de Canadá, que han producido un sinnúmero de estudios que tratan o que han tratado de medir los diferentes impactos en las economías de los tres países a la luz del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Asimismo, en México han participado en más de un centenar de estudios, instituciones como el Colegio de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Tecnológico de México y otras instituciones y asociaciones civiles, académicas, especializadas, que han sido consultadas por el Gobierno mexicano y por los diversos sectores productivos de nuestro país, para fundamentar científica y tecnológicamente, así como política y económicamente todos y cada uno de los acuerdos que integran el Tratado de Libre Comercio.
A todo este empeño de consultas, de estudio y análisis, habría que añadir el extraordinario esfuerzo del Senado de la República, que desde 1990 realizó a través del Foro Nacional de Consulta sobre Relaciones Comerciales de México con el mundo. En este foro se estudió se analizó precisamente la conveniencia de iniciar negociaciones del TLC.
Otro esfuerzo del Senado de la República, es el Foro Permanente de Información, Opinión y Diálogo sobre las Negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.
Como pueden ustedes advertir, señoras y señores legisladores, el Gobierno mexicano ha llevado, con todo cuidado y por tanto con toda seguridad, la negociación del Tratado de Libre Comercio; se ha consultado con amplitud a todos los productores, importadores y exportadores del país, directa e indirectamente y se cuenta con estudios técnicos elaborados por expertos mexicanos y extranjeros que sustentan los diversos acuerdos y se cuenta también con los asesores necesarios para entablar comunicación con empresarios, industriales, legisladores y demás autoridades de Estados Unidos y de Canadá. Esto fue necesario y por lo mismo se instrumentó.
Lo importante es que para reforzar todos los aspectos de la negociación, se requirió de consultas universales y para poder realmente asegurar el interés nacional, se consultó científica y técnicamente.
Mi partido, el Revolucionario Institucional, no tienen ninguna duda al respecto y afirmamos definitivamente que el Tratado de Libre Comercio es un hecho consumado, para el bien del país, por los millones de empleos que el comercio internacional va a propiciar.
Los gastos que ha realizado el Gobierno mexicano, con recursos fiscales, estarán a la disposición del Congreso, de la Cámara de Diputados, por cierto una facultad de la Cámara de Diputados, cuando analicemos la Cuenta Pública de 1992, seguramente ahí aparecerá con todo detalle lo que ha ocasionado, la erogación que se ha gastado en estos menesteres, la partida correspondientes y toda la información contable, toda la información de auditoría que los señores legisladores quieran conocer.
Por todas estas razones, nosotros consideramos que no es el momento adecuado para pedir cuentas en este momento, de lo que se ha erogado.
En todo caso, en los informes trimestrales que cada sector del Ejecutivo tiene que presentar a esta soberanía, pues será posible, desde luego, conocer con toda anticipación estos datos.
Nosotros queremos dejar aquí, en esta intervención, señor Presidente, señoras y señores legisladores, simplemente que el Tratado de Libre Comercio, insisto, es un hecho consumado; que las negociaciones se han cerrado, las negociaciones están totalmente dadas, concluidas; que habrá, seguramente, algunos acuerdos complementarios, pero que no obedecerán, de ninguna manera a corregir o a modificar lo que ya tres gobiernos, de los tres países, han definido; esto ya se definió, las negociaciones están concluidas.
Ahora a esperar la ratificación. Efectivamente, la ratificación, viene el proceso jurídico de ratificación en los diferentes congresos, de acuerdo a las peculiaridades de cada país, se ratificará este tratado y el primero de enero de 1994 seguramente entrará en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Esa es la esperanza y ése es el deseo que tiene el Partido Revolucionario Institucional y que estamos seguros de ello, por la participación tan intensa que ha habido de este tema, de todo el país, estamos seguros que así piensan la mayoría de todos los mexicanos. Muchas gracias.
El Presidente: -Gracias, diputado Garduño. Para rectificar hechos, ha pedido el uso de la palabra el diputado Amezcua.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: -Nos dice el compañero diputado Javier
Garduño, que el Tratado de Libre Comercio es un hecho consumado. No, no lo es, todavía; como él mismo lo reconoce, está sujeto al proceso de ratificación y este proceso de ratificación no necesariamente ocurrirá en los términos que el diputado Garduño lo espera.
Por ahora el hilo, la parte más delgada del hilo, de la hebra está en Canadá; después de la renuncia de Mulroney, bien pudiera ser que se entrara a un proceso electoral anticipado y si así fuera prácticamente es imposible que el partido de Mulroney pudiera volver a tener no sólo mayoría, sino ni siquiera una presencia significada en el Congreso de Canadá. Este es el precio que ha tenido que pagar por esta negociación, profundamente atentatoria contra los intereses de los canadienses, de las masas populares de Canadá, según se ha visto.
Nos dice el diputado Garduño que el Tratado generará millones de empleos en México, lo mismo les decían a los canadienses y ellos lo creyeron antes de que se firmara el Tratado Bilateral entre Canadá y los Estados Unidos, pero después vieron los resultados. Nosotros todavía no vemos los resultados, todavía hay sectores de la población que creen en ese discurso promisorio de grandes dones como resultado del Tratado de Libre Comercio, los canadienses ya lo vieron, ya se dieron cuenta de que este tipo de negociaciones sólo conducen al fortalecimiento de los sectores más poderosos, en este caso de los monopolios trasnacionales y perjudican por igual a los trabajadores de los tres países, de los dos en el caso del Tratado Bilateral, de los tres en el del Tratado Trilateral.
El diputado Garduño nos dice que la fracción parlamentaria votará en contra de la propuesta que hicimos, tomamos nota, registramos su decisión; sin embargo no nos da razones, por lo menos no algunas que se confronten con los planteamientos formulados en la propuesta aquí en la tribuna.
Nosotros hicimos la pregunta de hasta dónde este asunto de cabildeo vulnera un principio fundamental superior de la política exterior de nuestro país, muy caro el pueblo de México, que es el de la no intervención. El diputado Garduño nos dice que no es la primera vez que se hace, que se ha hecho en otros asuntos, pero no nos dice nada respecto al problema de fondo, al planteamiento de si los recursos que se destinan a este fin están o no autorizados por el Legislativo, en qué partida del Presupuesto de Egresos, no hace mención el diputado Garduño.
Y por lo que hace al problema de la Cuenta Pública, nos remite a la de 1992 en la que él espera que venga el señalamiento puntual de lo gastado; sin embargo el asunto viene de atrás, no sólo en 1992 se ejerció este tipo de cabildeo y se necesitaron los recursos, sino también en 1991, probablemente atrás todavía y no nos hace referencia alguna a la información de la Cuenta Pública de estos años anteriores.
Bien, pues muy su derecho de votar en contra, ojalá y fuera un voto razonado y no simplemente un voto disciplinado a un mandato; ojalá hubiera argumentos para rebatir nuestros planteamientos. Muchas gracias.
El Presidente: -Gracias diputado. Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Víctor Orduña.
El diputado Víctor Orduña Muñoz: -Con la autorización de la Presidencia:
Como la declaración política que ha traído a esta tribuna el diputado Cuauhtémoc Amezcua involucra a los miembros de las seis fracciones parlamentarias aquí representadas pues nos obliga a hacer una clara referencia de por qué votaremos en contra la misma propuesta.
Por lo que hace al Partido Acción Nacional nosotros hacemos el extrañamiento al PPS de hacer este tipo de propuestas aquí que no consideramos serias. Nosotros creemos que el cabildeo es una fórmula normal de negociación política en éste y en otros casos y, por otro lado, venir a pedir cuentas a esta tribuna de cuánto se ha gastado en el cabildeo de cómo y por qué se ha hecho, pues no es el momento ni es la forma, tendría que fundamentarlo y pedírselo directamente al Ejecutivo, cuánto es lo que se ha gastado en eso, del cabildeo, que tanto preocupa al diputado Cuauhtémoc Amezcua. Por ello votaremos en contra de esta propuesta porque no la consideramos seria. Muchas gracias.
El Presidente: -Gracias diputado Orduña. Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: -Si el señor diputado Orduña lee la declaración política que puse a consideración de ustedes, verá que es exactamente al Ejecutivo al que le estamos demandando informe.
En el caso del diputado Garduño, le decíamos que bueno, él lo rechaza deberá tener algunos
argumentos al respecto, que no los tiene; por lo menos no los dio en esta tribuna. Pero es exactamente al Ejecutivo al que le estamos demandando la información.
Por lo que hace al extrañamiento, nosotros no se lo hacemos a Acción Nacional, porque es muy normal que asuma la posición de defender al Ejecutivo en esto, igual que en todas las demás cosas. Muchas gracias.
El Presidente: -Para rectificar hechos, el diputado Diego Fernández de Cevallos.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: -Será, porque alusiones personales sería alusión política.
El Presidente: -Para rectificar hechos, en términos del 102, se le concede la palabra al diputado Diego Fernández de Cevallos.
El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos: -Para lo que usted guste. El mismo significado y objeto.
Yo creo que si después de una propuesta que no tiene ningún sustento jurídico, político, ni de ninguna índole, venir aquí con la cantaleta de que siempre apoyamos al Ejecutivo, es tener una memoria que no retiene ideas, planteamientos, argumentos o debates, de media hora para atrás.
Si después del debate que hemos tenido en este día, todavía viene usted señor diputado, a sostener que no hacemos otra cosa más que apoyar el Ejecutivo y entiéndase por ello sus intereses, a su partido y a su Gobierno, no es una persona que esté hablando con la verdad.
Nosotros hemos insistido una y mil veces, que nuestro deber moral es decirles a las cosas por su nombre, como entendemos, como escuchamos, como percibimos y como juzgamos y si una o cien veces hemos de subir a la tribuna para impugnar actos del poder político en México y concretamente del Presidente de la República, lo haremos con toda franqueza y claridad. Pero si tenemos que subir a apoyar actos de Gobierno, aunque le duela a usted o a cualquiera de los que entienden la honradez única y exclusivamente como un antigobiernismo de corte religioso, no lo vamos a complacer.
Nosotros sentimos que el pluralismo político y la democracia, reclaman de todos buscar en todo momento, que las convicciones vayan por encima de los intereses y la razón por encima de las mezquindades. Nosotros hemos de ocupar esta tribuna una y mil veces, para impugnar o para apoyar al Gobierno, por el dictado de nuestra conciencia y en función de nuestra razón.
El Presidente: -Para contestar alusiones personales, tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Amezcua.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: -La práctica de un antigobiernismo de corte religioso fue permanente y habitual en el viejo Partido Acción Nacional. Evidentemente ha cambiado en una etapa muy reciente y ha cambiado exactamente al reverso de la medalla. Sin embargo, en aras a la claridad y a la transparencia, diremos que la permanente conducta de apoyo al Ejecutivo, ha tenido una excepción el día de hoy, cuando se ha tratado de disputarle los favores del financiamiento de los grandes empresarios. Muchas gracias.
El Presidente: -Para contestar alusiones personales, se concede la palabra al diputado Fernández de Cevallos.
El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos: -Creo que los que han seguido los debates de los últimos días, podrán estar de acuerdo conmigo, que lo religioso está permeando para bien o para mal, todo; incluyendo al propio PPS, porque en una de las sesiones desde esta tribuna, en un acto que parecía y así lo tomé, como de gran bondad, me impartía los santos óleos. No le quise decir en aquel momento, que los santos óleos se le imponen, de acuerdo con nuestra religión, a los moribundos y yo me le había dado por muerto. Pero sea como sea y entrando usted al campo de lo religioso, ya le diré para terminar este debate, que si me la dan de cura, se la doy de sacristán.
El Presidente: -Yo quisiera muy respetuosamente recordar a los dos oradores que han hecho uso de la palabra, que en los términos del 104 del Reglamento, no pueden darse discusiones en términos de diálogo, porque les rogaría que tomara en consideración la reglamentación vigente.
Tiene la palabra para contestar alusiones personales, el diputado Amezcua.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: -Bien, eludiremos el diálogo no refiriéndonos en lo personal y directo al señor diputado Diego Fernández de Cevallos, sino a la Asamblea en su conjunto. Y comentaremos que el Partido Popular Socialista no es, nunca ha sido un partido antirreligioso, que la gran mayoría de sus
miembros son religiosos como la gran mayoría de los mexicanos y que por lo tanto también la gran mayoría practica la fe católica, igual que la gran mayoría de los mexicanos que no militan en partidos que lo hacen en otros partidos políticos. Así es de que no es de extrañarse que el tema religioso salga a colación.
Respecto al problema de los santos óleos, bueno pues todos los días se aprende. Yo no sabía que lo había aplicado mal; si no está moribundo y ya está muerto, rogaré al Señor por su alma, señor diputado.
El Presidente: -Gracias, señores diputados.
Para fijar la posición, tengo aquí anotado sobre esta propuesta, al diputado Calderón y antes de proceder a la votación, daría la palabra también al diputado Carlos Cantú, que la ha solicitado. Tiene la palabra el diputado Jorge Calderón.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: -Con su venia, señor Presidente; estimados legisladores:
Solicité el uso de la palabra para fijar la posición del Partido de la Revolución Democrática, respecto a la propuesta de declaración política que nos presenta el Partido Popular Socialista.
Desde que en comisiones dimos durante casi tres meses debates en la Comisión de Programación Presupuesto y Cuenta Pública, sobre la Cuenta Pública de 1991, un tema que en varias ocasiones discutimos con diputados y con funcionarios de Secofi, fue el de los gastos que había realizado la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, uno, en la negociación del Tratado de Libre Comercio.
Pero dos, que es lo que aquí importa en materia de esta declaración política, los gastos para influir en miembros del Poder Legislativo de los Estados Unidos, en una actitud favorable, primero, al procedimiento de vía rápida y aprobación del tratado, conocido comúnmente en lengua inglesa como: fast track y, segundo, posteriormente a la aprobación de este procedimiento rápido, para que tuvieran una actitud favorable hacia el propio Tratado de Libre Comercio y en un momento de esas discusiones hubo un reconocimiento explícito de funcionarios de Secofi, de que se habían gastado varias decenas de miles de millones de viejos pesos en estas tareas.
Hemos reconocido, a propósito de un debate apasionado, creo yo que tuvimos en torno a este problema en otra ocasión en la Comisión Permanente, la pertinencia no sólo del Ejecutivo Federal, sino también del Poder Legislativo, de las diversas fracciones parlamentarias del Poder Legislativo y de las organizaciones sociales, académicas y políticas, a que en el marco de la interdependencia y la globalización en materia de medios de comunicación y conocimiento de problemas y fenómenos, hubiera intercambio de opiniones entre Ejecutivo, entre Legislativo de diferentes países y entre organizaciones sociales y ciudadanos. Ratificamos este derecho en materia de información y comunicación.
Lo que sin embargo cuestionamos, lo cuestionamos en Cuenta Pública, en comisiones, lo cuestionamos en la Tribuna de la Cámara de Diputados cuando discutimos la Cuenta Pública de 1991 en la Cámara de Diputados en diciembre de 1992 y lo hemos cuestionado también en la parte de Comisión Permanente, son los gastos realizados por el Ejecutivo; es algo que nuestro partido ha sostenido a lo largo del tiempo, los gastos realizados por el Ejecutivo, no para análisis, información, estudio, consultoría, asesoría. No coincidimos con la ruta de negociación del Tratado de Libre Comercio, no coincidimos con la agenda y con los puntos ahí negociados en varios aspectos, pero asumimos que un Ejecutivo Federal puede tener esa vertiente de gasto que significa estudios, análisis y proyectos. En lo que discrepamos y lo hemos cuestionado en la tribuna de la Cámara de Diputados, el senador Porfirio Muñoz Ledo y el senador Roberto Robles Garnica lo han hecho en el Senado, lo hemos hecho en distintos foros, son los gastos que realiza el Gobierno Federal para convencer a los legisladores de otros países que el Tratado de Libre Comercio debe ser aprobado, venciendo resistencias y por tanto influyendo a los legisladores de esos países. Cosa que, repito, la contratación de empresas llamadas de cabildeo, para influir la conducta de legisladores de otros países, nos parece inadecuada. No quiero hacer una larga intervención sobre este punto, es un tema que hemos abordado en otras ocasiones.
Pero que se entienda muy bien. Reconocemos la legitimidad de intercambio de información. Reconocemos la legitimidad de un debate público y abierto en los tres países. Lo que cuestionamos es que funcionarios realicen acciones directas, no de información sino de promoción del voto de legisladores de otros países en una dirección específica o determinada. Este es el hecho.
Por ello, siendo esta una declaración política presentada por el Partido Popular Socialista, en
ejercicio de sus atribuciones y su autonomía, y habiéndola conocido sólo en el curso de su lectura en la tribuna, nuestro partido, congruente con la posición que sostuvimos en el debate de Cuenta Pública, congruente con la posición que sostuvimos en discusiones previas sobre el Tratado de Libre Comercio en diferentes foros del Senado y de la Cámara de Diputados, quiere asentar aquí posición de que aprobamos esta declaración política.
Un último punto, que no desearía sin embargo de mencionar, es el que se refiere al debate abierto en medios de comunicación y en opinión pública. Efectivamente, eso lo comenté previamente en mi anterior intervención, el Senado hizo foros, primero para determinar la pertinencia de que se iniciaran las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Dije que muchos ciudadanos, organismos empresariales, grupos sociales y gremiales, participamos en esos foros y también partidos políticos.
Posteriormente hizo, una vez que se había firmado en San Antonio, por los secretarios de Comercio de los tres países, el Tratado, hubo comparecencias de funcionarios, no recuerdo la forma como se denominó esas reuniones, para explicar esos funcionarios a senadores el contenido de cada capítulo.
Pero lo que yo observaba es que no se ha reabierto un foro público sobre el Tratado, una vez que éste ha sido ya firmado por los titulares del Ejecutivo de los tres países. No ha convocado ni la Cámara de Diputados ni la de Senadores a audiencias públicas más allá de las reuniones especializadas que algunos senadores pudieron haber continuado teniendo con funcionarios para discutir tales o cuales puntos. No se ha reabierto la agenda completa de discusión y debate.
Nosotros creemos que esto es importante, porque el Tratado de Libre Comercio, en su propia opinión, el diputado Cuauhtémoc Amezcua lo opinaba, nosotros queremos decirlo desde otra vertiente. El tratado de Libre Comercio para nosotros no es un hecho consumado. Somos respetuosos de la autodeterminación del pueblo canadiense y del pueblo de los Estados Unidos de América. Compete a ellos las formas de ratificación y su propio debate.
Simplemente como partido político nacional, que tenemos conocimiento por medios de comunicación diversos, sabemos que hay un proceso complejo de ratificación legislativa del Tratado de Libre Comercio en Canadá, porque una de las causas principales, como aquí ya se comentó, de la renuncia de Mulroney, es la oposición de amplios sectores de la población al Tratado Bilateral y al Tratado Trilateral y por tanto no es una vía sencilla la ratificación. Pero ésa es atribución exclusiva de los canadienses y punto.
Sabemos también que los acuerdos laborales y ambientales pueden ser un obstáculo para una rápida ratificación del Tratado.
Y un último punto, pero que no por ser el último es menos importante. Aun en la hipótesis de que el Senado de la República Mexicana aprobara en algún momento de este año el Tratado de Libre Comercio, este Tratado entrará en vigor el 1o. de enero de 1994. Aquí hemos dicho esto en varias ocasiones, pero no se atiende la importancia política de lo que estamos afirmando.
Si el Tratado entra en vigor, en la hipótesis de que los tres parlamentos lo ratifiquen, incluido el Senado mexicano, esto será apenas siete meses antes de las elecciones presidenciales mexicanas y de las elecciones para renovar la Cámara de Diputados y dependiendo del tipo de reforma política que se haga para renovar una parte sustancial del Senado de la República y uno de los temas, que ya desde declaraciones previas hechas por nuestro partido y por otras fuerzas que estará presente en esa campaña, será precisamente el contenido del Tratado. Ese tratado tiene, si no se modifican los términos en que fue negociado, cosa que nosotros seguiremos insistiendo, una cláusula que permite su abrogación con seis meses de anticipación.
Nuestro partido no está en la hipótesis de que este Tratado fuera firmado por una inmediata abrogación. Hemos dicho en varias ocasiones que buscaremos en un contexto político distinto al que priva en México en este momento, una renegociación y ha sido declaración explícita de Cuauhtémoc Cárdenas en distintos momentos, que nuestro partido ha recogido.
Entonces, aun en la hipótesis de que el 1 de enero, con bombo y platillo, se diga: "Entró en vigor el Tratado", tiene facultades la soberanía que representa el Legislativo Federal o si incluso se niega a la Cámara de Diputados las tiene el Senado, para reabrir una agenda de negociaciones en diálogo con el Ejecutivo Federal y lo pueden tener en ejercicio de su autodeterminación un parlamento canadiense que surja de un nuevo proceso electoral en ese país, en ejercicio de su autodeterminación y sin que nosotros influyamos en nada en sus determinaciones propias.
Entonces, no está consumado. Las negociaciones, efectivamente, entre los ejecutivos no se han cerrado en lo que es el tratado propiamente dicho, pero continúa en los acuerdos paralelos y todo lo que es historia futura todavía está por escribirse, incluso en la hipótesis de que fuera aprobado por el Senado mexicano. Muchas gracias.
El Presidente: -Tiene la palabra, para el mismo tema el diputado Carlos Cantú Rosas.
El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas: -Señor Presidente; señores senadores y señores diputados:
No cabe duda que cada miércoles tenemos la maravillosa oportunidad aquí de entender, aprender, instruirnos, aun sobre cuestiones que nos son vedadas, como el área eclesiástica, que la mayoría de los presentes desconocemos.
Escuchamos hace rato curas pretensos, sacristanes acreditados, uno que otro arcángel, muchas vírgenes, que indudablemente aquí se aprecian y no pocos diablos entre algunos de los compañeros.
Considero que de repente en nuestras posiciones partidistas nos radicalizamos y pretendemos entrar en discusión por cosas que de antemano están aceptadas. No podemos mantener al país en una cápsula que nos tenga ajenos a los sucesos mundiales, a las transformaciones económicas y a la imperiosa necesidad entre las naciones para establecer acuerdos mutuos, tratando de defender sus intereses comunes.
Tal es el caso de lo que acontece y no ayer ni antier, sino ya hace bastante tiempo, con el Mercomún Europeo. Tal es el caso de la muy trascendente y diariamente repetida publicitariamente, la Cuenca del Pacífico. Estamos realizando también en nuestro continente algunas áreas de coordinación de esfuerzos con el pueblo de Chile y obviamente existe también el Grupo de los Tres, con quienes estamos pretendiendo llevar adelante acuerdos también de libre comercio, pretendiendo devenir nuestra economía.
El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana en su momento estableció una serie de considerandos tratando de acreditar, en principio, la necesidad de mayor reflexión, estudio, equilibrio y análisis para encontrar dentro de esos 18 temas en que se divide el Tratado de Libre Comercio, algunos puntos en los que a nuestro juicio pudiese resultar lesionada nuestra economía, los intereses de nuestros industriales, de nuestros agricultores, de nuestros comerciantes y fundamentalmente en el área específica de los desposeídos, que son la planta laboral que en principio considerábamos nosotros sería el mayor atractivo para Estados Unidos y para Canadá, como una fuente de trabajo a costos bajos, para ofrecer frente a esas potencias económicas.
El tiempo nos demostró que Estados Unidos está viviendo el mayor índice de desocupación de su historia y que cerca de 10 millones de desempleados despojan a nuestro país de este riesgo porque la competencia se establece ahora ya entre mano de obra de nuestros tres países.
Sin embargo, considero que el Tratado de Libre Comercio en algunos de esos 18 temas, tuvo alguna defensa oportuna de los representantes mexicanos que ha traído en consecuencia que las mayores reacciones para la nueva aprobación en esta ratificación, se estén dando tanto en Estados Unidos de América, como en el propio Canadá.
Sin embargo, consideramos que el saber a qué monto, en qué costos, en qué dimensión realizamos cabildeo para haber logrado la aprobación del Tratado, es un tema importante que el pueblo de México debe comprender y conocer en exactitud.
Me preocupa que en un recinto de las características y la honorabilidad del presente nos asustemos ante una petición de datos tan sencilla, tan clara y tan razonable, en donde es justo, legítimo y necesario que el pueblo de México entero representado por todas las agrupaciones políticas y sin partidos políticos, sean informados oportunamente cuánto le costo al Gobierno Mexicano nuestros representantes en el extranjero el haber logrado avanzar en estos 18 puntos que a juicio del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, son la columna vertebral del Tratado que nos mantiene en esta tribuna.
Sin embargo, el Tratado de Libre Comercio para la América del Norte, está en un proceso de instrumentación y se encuentra en un sendero lleno de trampas y de peligros.
Las arbitrariedades que algunos funcionarios norteamericanos vienen imponiendo en contra de nuestra patria, están a la orden del día. El Presidente de Estados Unidos de América, el señor William Clinton, lógicamente está más preocupado por orientar la deficitiaria economía de Estados Unidos por caminos que logren y posibiliten su recuperación.
El Presidente de los Estados Unidos presentó el pasado 19 de febrero, su programa económico para reactivar la productividad industrial en el que se destacan dos medidas importantes a mediano y largo plazos: reducción del déficit presupuestario y asuntos impositivos.
El plan, uno de los más importantes en la historia de la Unión Americana, trata de superar la crisis en que se debate esta nación que, según el propio presidente Clinton, sigue siendo la nación más fuerte de la Tierra, la economía más firme y la única superpotencia militar en el mundo.
Desde hace tiempo Estados Unidos experimenta estos efectos negativos, baja productividad y salarios estancados, desempleo y subempleo, enorme déficit gubernamental e inversión declinante, elevación constante de los costos de salud y la falta de cobertura de estos servicios, miles de niños pobres que no tienen oportunidades educativas mientras que los trabajadores carecen de una adecuada preparación y oportunidades laborales.
La necesidad de una estrategia comercial en la negociación de acuerdos paralelos al Tratado de Libre Comercio, dada la coyuntura que se ha presentado últimamente con el incidente de la entrevista Kantor - Serra y las declaraciones Gephardt y Laffalls, han condicionado la posición mexicana ante la inminente necesidad de una nueva estrategia comercial.
El presidente Clinton se dirigió al Congreso y al pueblo estadounidense. Se puede afirmar que a grandes rasgos los planteamientos a propósito de la nueva línea política económica no presentaron para nosotros los mexicanos sorpresa alguna.
El recorte de algunos renglones del gasto público, la progresividad en los impuestos, la política industrial y la inversión en infraestructura, fueron simplemente reafirmados en estos días en virtud de la naturaleza estructural de los problemas que aquejan a la economía de los Estados Unidos; sin embargo existen factores que deben ser tomados en cuenta para no caer en la suposición ingenua de que la mera recuperación del dinamismo económico de Estados Unidos se traducirá de manera automática en mayores expectativas de crecimiento e inversión para México.
Dados estos antecedentes, la decisión que a finales de enero tomó el Departamento de Comercio de Estados Unidos de gravar con impuestos compensatorios las exportaciones de acero provenientes de empresas siderúrgicas de 19 países, entre ellos México, es un hecho desafortunado, agravado con el problema del atún, el trato a nuestros indocumentados y el cemento que produce México.
En estas condiciones, la trascendencia en las medidas de las autoridades comerciales de Estados Unidos, difícilmente se pueden exagerar.
Más allá de declaraciones y de respuestas selectivas y esporádicas, se requiere, a nuestro juicio, de una estrategia de defensa comercial clara y decidida; empresas y Gobierno tienen que actuar coordinadamente, ya que en un mundo cada vez más declarativo en favor del libre comercio, pero paradójicamente más proteccionista, no existe empresa ni empresario que pueda salir avante por su cuenta.
En la mayoría de las sesiones que se han llevado a cabo por partes de esta Comisión Permanente, el tema del Tratado Trilateral de Libre Comercio ha estado presente. Creemos que aún perdurará en nuestro orden del día por un tiempo considerable, si tomamos en cuenta que diversos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos tratan de conseguir ventajas, aun a costa de acciones que lesionan la soberanía de México.
El pasado 24 de febrero denunciamos aquí el conflicto creado entre Nacional Financiera y la empresa Amerimex, por un lado y por otro el jefe de la oficina comercial de la Casa Blanca, Michael Kantor y el secretario de Comercio y Fomento Industrial de México, el doctor Jaime Serra Puche.
Se está gestando una nueva agresión en contra de México y particularmente en agravio de la soberanía nacional. El representante John Laffalls, en nombre de empresas medianas y pequeñas de Estados Unidos que en el Congreso él representa, ha presionado a Gephardt, líder de la mayoría demócrata, para abrir una ronda de audiencias públicas donde se debata la realidad de México.
A la legislatura de Estados Unidos le interesa tener una idea clara de quién es su nuevo y virtual socio comercial. Esto es inaudito, dado que la historia de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y México se pierde en el tiempo. No podemos creer que en Estados Unidos no conozcan a México, cuando permanentemente hemos estado bajo su vigilancia.
No obstante, una vez más en los Estados Unidos nuestro país se convertirá en tema de discusión
por parte de algunos sectores. Los temas específicos serán democracia electoral, derechos humanos, narcotráfico, ecología y administración de justicia. Una vez más la intromisión de los Estados Unidos en asuntos internos y, por ende, de competencia exclusiva de los mexicanos, atentará en contra de la soberanía nacional y una vez más se pretenderá sancionar nuestros actos. Esto es precisamente lo inadmisible.
El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana continúa insistiendo en que no se ponga en la mesa de discusiones ningún asunto que atente contra nuestra condición de nación libre y soberana y contra nuestro derecho de autodeterminación. Que los funcionarios mexicanos no caigan en las constantes trampas de sus homólogos norteamericanos, que tienden a cada paso para defender sus intereses, ni se muestren accesibles ante estos embates con el solo propósito de lograr finalmente la autorización o firma del Tratado de Libre Comercio.
No olvidemos que se trata de un instrumento de intercambio comercial, que de ninguna manera puede anteponerse a los más caros valores nacionales, como la soberanía, la independencia, la libertad y la autodeterminación.
Ya he insistido en esta tribuna en pasadas intervenciones, que los chantajes a que México está siendo sometido, son inadmisibles y que de ninguna manera podríamos los mexicanos consentir que en un acto de injusticia, de prepotencia y de irrespetuosidad, Estados Unidos aparte primero sus conveniencias y si algo sobra después, se siente a negociar con México.
Aceptamos que el Tratado de Libre Comercio podrá aportar beneficios para México si se concreta en términos de igualdad; de otra manera, de aceptar condiciones distintas, puede resultar un documento en el que se finque no el progreso, sino el retroceso nacional en materia económica.
Esta es la postura del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El Presidente: -Diputado Cantú Rosas, habiéndose dado ya los extremos del artículo 58 del Reglamento para discutir una proposición, yo le rogaría a la Secretaría que consulte a la Asamblea si la propuesta del Partido Popular Socialista se admite o no a discusión.
La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández: -Con mucho gusto, señor Presidente.
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se acepta a discusión la propuesta presentada por el diputado federal Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista.
Los colegas que estén por la afirmativa, se les ruega manifestarlo...
Gracias. Los que estén por la negativa, señores legisladores... Muchas gracias. ¿Hay alguna abstención, colegas?
Señor Presidente, no se acepta a discusión.
El Presidente: -Gracias. Por lo que se refiere a las propuestas presentadas aquí sobre este mismo tema por el diputado Jorge Calderón, del Partido de la Revolución Democrática, esta Presidencia instruye a la Secretaría para que turne las propuestas a que hizo mención en su intervención el diputado Calderón, a las comisiones de Comercio de las cámaras de Senadores y de Diputados, así como a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Ecología y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados.
ATENTADO TERRORISTA
El Presidente: -Para pasar a otro asunto, se le concede la palabra al diputado Jorge Lepe, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un punto de acuerdo sobre los sucesos ocurridos en la ciudad de Nueva York.
El diputado Jorge Leobardo Lepe García: -Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores legisladores:
En días recientes, a través de los medios de comunicación nacionales e internacionales, nos dimos cuenta de un hecho por demás violento ocurrido en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos de América, concretamente en el complejo de edificios que alberga el Centro Mundial de Comercio, que no está por demás decir que es un centro laboral, en donde trabajan miles de personas de diferentes nacionalidades.
Este hecho, por demás reprobable, como una acción que en cualquier parte en donde se dé no puede merecer más que una crítica muy seria de parte de todos los ciudadanos, no sólo de este país sino del mundo entero.
De frente a estas acciones y preocupados por las mismas, los diputados del Partido Revolucionario Institucional presentes en esta Comisión.
Una de las características esenciales de toda sociedad moderna, es el hecho que de las diferencias entre los grupos sociales, deben dirimirse de conformidad con su marco jurídico vigente. La utilización de medios violentos en cualquier lugar del mundo, que atente en contra de bienes o vida humanas, perturbando la paz pública y causando terror en la población, con la expresa finalidad de menoscabar la autoridad del Estado, o intento de presionar a la autoridad para que ésta tome una determinación o deje de tomarla, debe ser condenada.
El terrorismo, como una lamentable acción humana, tiene el bajo propósito de amedrentar e infundir temor a un determinado conglomerado social, valiéndose de medios ilegítimos, siempre violentos, cobrando en su actuar la vida de ciudadanos inocentes y buscando los fines más aviesos.
A pesar de los diversos avances a nivel mundial en el ámbito democrático y social, el terrorismo aún sigue vigente en nuestros días, como lo acabamos de ver, en diversas sociedades y violenta en éstas mismas, impidiendo una sana evolución política en el marco del derecho.
Los medios de que se vale el terrorismo, convergen en un doble objetivo, no sólo dan a conocer sus fines inmediatos en acciones que siembran muerte y desolación, sino además introducir en el ciudadano común el germen de la desconfianza hacia las instituciones y hacia la sociedad en su conjunto.
Actos terroristas como el perpetrado el pasado viernes 26 en el Centro de Comercio Mundial de la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, el cual dejó un saldo de cinco muertos, cerca de mil heridos e inconmensurables daños materiales y económicos, no pueden ser soslayados. En efecto, estos actos vulneran de manera directa los cimientos sociales, sembrando asimismo un clima de terror y desconfianza, e impidiendo por lo tanto, el funcionamiento normal de las instituciones.
La dominación por el terror, debe ser desterrada de cualquier sociedad en nuestros días y reprobada en cualquier lugar que ésta suceda.
Por lo anterior, señores legisladores, la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, representada en la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, hace la siguiente declaración política:
"Condenamos de la manera más enérgica el atentado acaecido el 26 de febrero del año en curso en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, en donde perdieron la vida cinco personas. Expresamos nuestra más amplia solidaridad con los deudos de las personas fallecidas y afectadas por tan reprobable acción, así como el pueblo y Gobierno de los Estados Unidos de América.
Asimismo, reafirmamos que sólo en el marco del derecho es posible una convivencia que sustente la paz social."
Dejo, señor Presidente, en la Secretaría, el presente documento para que se registre debidamente y se le dé el cauce correspondiente. Muchas Gracias.
El Presidente: - Para rectificar hechos, sobre este asunto, tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Amezcua.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: -Coincidimos con el contenido del documento al que se ha dado lectura en cuanto a condenar el terrorismo como una práctica cruel, estéril, profundamente dañina y dolorosa; condenamos el terrorismo como práctica política, ejérzalo quien lo ejerza y donde quiera que se lleve a cabo. Expresamos también nuestras condolencias y solidaridad a las familias dañadas en el atentado de referencia y al pueblo de los Estados Unidos.
Denunciamos al Gobierno de los Estados Unidos como la principal fuerza terrorista el día de hoy. No hay ninguna otra organización, corporación, ni tendencia en el mundo que practique de manera cotidiana el terrorismo como lo hace el Gobierno de los Estados Unidos.
Algunos hechos solamente para no perderlos de vista: la intervención militar, unilateral, prepotente y sin sustento, en Granada; la intervención militar en Panamá; el secuestro al margen de las leyes nacionales e internacionales del general Noriega; el ataque a la casa de Mohamed - al - Kadafi, en Libia; el apoyo material a la contra nicaragüense; las actividades criminales en contra del Gobierno Sandinista por parte de efectivos militares estadounidenses asentados en bases militares en Honduras; la participación criminal en la lucha antiguerrillera en Guatemala, Honduras y El Salvador; la participación en los golpes de Estado de Chile y Uruguay, en 1973; el permanente asedio y acoso a Cuba; el ataque a Irak y algunos secuestros de connacionales mexicanos, que se han dado aquí en nuestro propio territorio.
Condenamos, pues, denunciamos, al Gobierno de los Estados Unidos, como la principal fuerza
practicante del terrorismo hoy y lo condenamos con toda energía.
El Presidente: -Gracias, diputado Amezcua. Por lo que se refiere a la declaración política presentada aquí por el diputado Lepe, esta Presidencia la da por presentada.
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
El Presidente: -Pasando a otro asunto, se le da la palabra a la diputada Blanca Esponda, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hacer comentarios sobre el próximo aniversario del Día Internacional de la Mujer.
La diputada Blanca Ruth Esponda Espinosa: -Con su permiso, señor Presidente; compañeros legisladores:
Solicité el uso de la palabra porque el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, por lo que la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, desea expresar desde esta tribuna su compromiso y solidaridad con las mujeres de México y el mundo; también es ocasión propicia para que hagamos un análisis del estado que guardan las causas y las demandas de la mujer por lograr una mayor y más justa integración en las actividades del quehacer humano.
Si como dice Rosario Castellanos: "La mujer alcanzó a conciliar su conducta con sus apetencias más secretas, con sus estructuras más verdaderas, con su última sustancia y en esa conciliación su existencia se insertó en el punto que le corresponde en el universo, evidenciándose como necesaria y resplandeciendo de sentido".
¿Por qué habría de sorprendernos entonces el avance de la lucha de la mujer mexicana por alcanzar la igualdad en el ejercicio de sus derechos y obligaciones ciudadanas, que hemos venido presenciando, particularmente en las últimas décadas?
A nadie escapa que históricamente las luchas de México se han significado por la participación comprometida y activa de sus mujeres.
La votación democrática de México ha permitido que en la Ley la mujer haya conquistado importantes derechos, como el del voto y el de la igualdad jurídica.
Reconocemos el esfuerzo gubernamental por emprender acciones que protegen su salud, que le dan acceso a la educación y que amplían la seguridad social con que cuenta.
Existe, sin lugar a duda, un amplio andamiaje jurídico e institucional de apoyo a la mujer mexicana, que incluye acciones específicas dentro del Plan Nacional de Desarrollo y programas operativos concretos que permiten al Gobierno de México cumplir con La Declaración Internacional y con la Convención para la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer y que de acuerdo con nuestra Carta Magna ahora también es norma suprema de la República.
¿Por qué si estamos cumpliendo, entonces referirnos a las mujeres? ¿Por qué conmemorar internacionalmente un día para la mujer? Quizá sea porque se reconoce universalmente que aún subsisten condiciones desiguales que padecen muchas mujeres acentuadas éstas en áreas y grupos sociales marginados, con bajo nivel educativo y pocas oportunidades económicas, donde la mujer realiza hasta una triple jornada; ahí la mujer mexicana, al igual que la mayoría de las mujeres africanas, cultiva el campo, atiende la casa y realiza el trabajo comunitario.
Porque aún existen desigualdades inaceptables en una sociedad moderna, las mujeres se están movilizando, lo mismo en las artes que en la ciencia, en el deporte y en la política. Son ellas agentes activos del cambio social.
La heterogeneidad de su expresión, que lo mismo lucha por una mejora comunitaria, que protestan por un resultado electoral, hace dudar de que se trate de un movimiento articulado y único de mujeres.
Los partidos las apetecen, para dar sustento a sus plataformas; pero les temen, porque dotadas de un poco de poder, ponen en peligro los valores tradicionales sobre los que se sustenta el quehacer político, como lo practicamos y como lo conocemos ahora.
El secular ámbito privado que les era propio, es ya un espacio abierto a todos y el común ámbito externo, eterno reino de lo masculino, no lo es más. Ellas han llegado ahí con el lenguaje propio del ámbito privado que conocen; hablan de frente, con caridad, son contestatarias y no aceptan la sumisión como forma de relacionarse. Exigen una nueva relación con su pareja y con la sociedad, más abierta, más igualitaria y más justa.
Cuando participan ellas, imprimen su sello a la política. De ahí que se hable tanto de una nueva forma de hacer política.
La lucha de la mujeres ya se advierte trascendente. No sólo es reivindicatoria de derechos
y espacios sociales y políticos largamente negados, sino es sobre todo la búsqueda de una nueva teoría de la sociedad, desde la perspectiva de las mujeres.
Es la propuesta de una sociedad alternativa, en donde las ideas se articulen armoniosamente a la práctica cotidiana del quehacer político, donde al compromiso de garantizar la vida presente y futura, democrática y justa, triunfe frente a prácticas viciadas y maniqueas.
Los temores de la sociedad política, ante esta irrupción del pensamiento y el actuar femenino, se acrecientan, porque saben que la lucha de las mujeres está irremisiblemente vinculada a un cambio profundo en nuestra concepción de la vida, de las relaciones sociales y de los valores sobre los cuales habrá de sustentarse la nueva política.
Existe en nuestra sociedad plena conciencia de que los retos que enfrenta nuestro país en el fin de siglo y los que le tocará enfrentar en el siglo venidero, no será posible resolverlos sin contar con la participación decidida de la mujer mexicana. Las soluciones de gran magnitud que deberán tomarse en los próximos años deberán contar con su concurso.
La mujer habrá de participar consciente y libremente para regular el crecimiento demográfico, cubrir las necesidades mínimas de alimentación, de educación, de salud, de empleo, de vestido y vivienda de la población, para consolidar nuestra economía por un desarrollo equilibrado y justo, para preservar el medio ambiente y para administrar más racionalmente los recursos naturales.
En suma, la mujer participará para revisar el modelo socioeconómico que haga posible racionalizar el crecimiento de las grandes ciudades y avanzar hacia las ciudades medias, así como para hacer llegar al campo los mínimos de bienestar y de desarrollo; es decir, la participación de la mujer es y será vital para armonizar con sentido de justicia y de renovación, la convivencia entre los mexicanos.
El mundo vive la necesidad de definir una nueva relación dentro de la sociedad y de ésta con la vida y la naturaleza. La perspectiva de la mujer está planteada en el Programa de Acción de la Mujer para el Siglo XXI, definido en el Congreso Mundial de Mujeres que se llevó a cabo en Miami en noviembre de 1991, al que asistieron más de 1 mil 500 líderes políticas de 83 naciones.
Ahí, se reconoció la necesidad de un nuevo contenido ético de la política que permita diferenciar la buena política de la que no lo es, de aquélla en donde deba prevalecer el criterio del respeto a la vida, a los derechos humanos, a la paz, la democracia y la justicia. así como las condiciones que los hacen posible.
Es insostenible para el ecosistema social y natural que el 5% de la población mundial consuma por sí sola el 45% de los recursos productivos y que este 5% destruya cerca del 40% de todo el hábitat que hace posible la vida de todos sobre la Tierra y que ese 5% sea el que ahora esté cuestionando las posibilidades de supervivencia del resto de los pobladores de esta casa común, que es la Tierra.
El mundo exige nuevos valores ante el derrumbe estrepitoso de los que sostienen aún al militarismo, la discriminación, el abandono y la indiferencia social como formas de convivencia.
La mujer puede infundir nuevos valores al desarrollo y proveer de un nuevo sentido ético a la política, la economía, la educación, la solidaridad y el desarrollo para hacer autosostenible el nuevo modelo de desarrollo.
Las mujeres tienen el número y el talento necesarios para estimular la creación de un nuevo modelo político con sentido humanista, pero es necesario abrir cauces para que estén adecuadamente organizadas y representadas. Es urgente ya pasar del gesto a la verdadera voluntad política. De la ética con que se engalanan los partidos con la presencia de unas cuantas mujeres notables, a las puertas abiertas para que se dé la participación de todas las mujeres aptas, capaces y con vocación política. Este debe ser un imperativo para la sociedad de hoy y para los partidos del futuro que quieran seguir compitiendo por el voto popular.
Si aspiramos a llamarnos una sociedad igualitaria, el compromiso es acercarnos a la meta del Congreso Mundial de Mujeres, en donde ni más del 60% de los puestos de elección popular y públicos, ni menos del 40% de ellos para las mujeres.
Si bien la igualdad jurídica y política con el hombre, eufemísticamente se afirma que se da en el marco del derecho, sería un error afirmar que las leyes y decretos pudieron resolver por sí solos la problemática de su incorporación. En el acontecer general del país, se advierte una desventajosa participación política que no se
corresponde con la presencia real de las mujeres en la vida social, ni en las organizaciones de base en donde están representadas con cerca del 80%. Por ello la sociedad y los partidos tienen que hacer un gran esfuerzo para abrir sus estructuras al trabajo firme, serio y comprometido de la mujer mexicana y para realizar una revaloración de su calidad humana, de manera que se eliminen los tabúes y las limitaciones culturales que aún prevalecen.
Se requiere emprender una verdadera cruzada para convertirla en sujeto activo y no en objeto pasivo y utilitario del mercado; se requiere que en el futuro incluso en este cuerpo legislativo, todos los partidos políticos pudieran tener una representación femenina que hoy por hoy está ausente.
Y mientras que la mujer, cada vez que opte por su libertad y el ejercicio de sus derechos deba cercenar parte de sí misma; mientras sean excluyentes su desarrollo profesional cabal y su derecho a la vida familiar; mientras que la mujer sea violentada, restringida, constreñida, forzada, cada vez que busque ejercer sus derechos, no podremos hablar de igualdad ni de un pleno avance democrático, pues éste sólo se mide por el grado de participación de sus mujeres en todo el quehacer humano.
En nuestros días recorre el mundo un nuevo espíritu de democracia que sobrepasa los cauces políticos institucionales y culturales tradicionales. Al interior de las naciones, resurgen viejas demandas de igualdad y aparecen nuevas exigencias que se ubican como las prioridades de la sociedad.
El resurgimiento más vigoroso de las demandas de las mujeres, converge con otros nuevos temas y abre muy probablemente, nuevos caminos del porvenir, cuyos trazos aún no alcanzamos discernir. Algo es claro y cierto: la mujer está irremisiblemente en el centro de la agenda política contemporánea. El mundo y nuestra sociedad, anhelan la justicia y gran parte de las transformaciones que modifican nuestras relaciones sociales, se dirigen a revalorar y replantear el papel de la mujer en la sociedad.
Esperamos signos que indiquen que las cosas cambian, uno de ellos será cuando sea un hombre, un dirigente político de alto nivel, quien exprese abiertamente y sin temores, la solidaridad colectiva con las causas de las mujeres mexicanas y las de las mujeres del mundo.
Cuando se asuma a plenitud la convicción de que el desarrollo social, económico y político de México, no podrá darse a cabalidad, si no se logra la edificación de una sociedad que promueva, aliente y garantice el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de la mujer, así como su completa e irrestricta integración en todos los órdenes de la vida en sociedad. Muchas gracias.
El Presidente: -Muchas gracias, diputada Blanca Esponda.
A continuación, se le...
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo (desde su curul): -Pido la palabra.
El Presidente: -Sí, diputado Amezcua.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo (desde su curul): -Sólo para expresar la plena adhesión de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, con lo expresado en la tribuna por la diputada Blanca Ruth Esponda, nos solidarizamos con ella en todo lo señalado en su brillante exposición.
El Presidente: -Muchas gracias diputado Amezcua, aquí se registra en el Diario de los Debates.
El Presidente: -Tiene la palabra el diputado Cantú Rosas, para el mismo tema.
El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas:
"La mujer de este final del siglo XX, es partícipe y artífice de las grandes transformaciones del mundo de hoy. La mujer dejó de ser la compañera sumisa del hombre o la figura decorativa de las reuniones sociales.
El próximo 8 de marzo, será dedicado a homenajear a la mujer a nivel mundial: por ello, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, se une a dicho reconocimiento.
La presencia de la mujer en nuestro partido está íntimamente ligada a la enseñanza patriótica de quienes participaran en los diversos movimientos sociales del país. En esos movimientos, las mujeres con arma en mano, cananas al pecho y en ocasiones con un hijo cargado a cuestas, corrió la misma suerte que su compañero en lucha.
En la historia patria, las mujeres han sido motor y nervio de la lucha por mejores condiciones sociales. Recordamos con respeto a las mujeres guerreras de Tlatelolco, que defendieron ese
bastión de la capital mexica, frente al invasor español en agosto de 1521, cuando la mayoría de los hombres del ejército azteca habían sucumbido.
Traemos aquí el recuerdo respetuoso a sor Juana Inés de la Cruz y el talento y patriotismo de Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario y Gertrudis Bocanegra; mujeres estas últimas que en los años de la gesta emancipadora de 1810, impulsaron con su entrega, el empeño en la lucha por la independencia y la libertad de nuestra nación.
En la gesta revolucionaria de 1910, está el ejemplo de Carmen Serdán y de tantas mujeres aguerridas, que en la sierra, las ciudades, los valles y los desiertos, al lado de sus hombres, dieron ejemplo de coraje y convicción.
En suma han sido muchas las mujeres que han dejado su huella en nuestro devenir histórico y asimismo seguirán siendo muchas las mujeres que tanto en el presente como en el futuro, seguirán siendo llama inspiradora de los hombres en la construcción solidaria y promisoria de un mejor mañana para nuestros hijos. Por tal razón, a propósito de esa fecha, nuestro partido, el Auténtico de la Revolución Mexicana, rinde un justo reconocimiento a las mujeres como protagonistas del cambio de ayer, hoy y mañana.
ESTADO DE CHIAPAS
El Presidente: -Para otro asunto, se le concede la palabra al diputado Miguel Angel Corrales, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse concretamente a la situación de los derechos humanos en Chiapas.
El diputado Miguel Angel León Corrales: -Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:
La sociedad del municipio de Tuxtla Gutiérrez, en el Estado de Chiapas, nunca imaginó que con el asesinato de Raúl Corso Cruz, acontecido el 3 de junio de 1991, se iniciaría una ola de crímenes en las personas de varios homosexuales, hecho que atrae a la opinión pública nacional e internacional.
De entonces a la fecha en total se han documentado 14 asesinatos y dos intentos de homicidio, aunque extraoficialmente se habla de más de 20 crímenes, sin que de ninguno de ellos se sepa plenamente y sin duda, quiénes son los responsables. Menos aún se conocen las oscuras razones por las cuales se han cometido estos delitos.
Es importante hacer notar que la mayoría de estos crímenes fueron perpetrados con métodos profesionales y armas restringidas al uso de los cuerpos policiacos y militares.
En julio de 1992 la organización denominada "Circulo Cultural Gay" presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en agosto pasado esta misma organización y defensores de los derechos humanos, intelectuales y artistas, diputados y asambleístas y militantes de los movimientos feministas, reclamaron públicamente una acción transparente, eficaz y justa de las autoridades gubernamentales y judiciales:
El compromiso público del Gobierno del Estado en el sentido de que no quedarían impunes estos asesinatos, no se ha cumplido. A la fecha ha habido tres detenciones de presuntos homicidas, a uno de los cuales se le consignó por cinco homicidios y se le dictó auto de formal prisión, sólo con base en su confesión. No hay otras pruebas que acrediten plenamente la culpabilidad de esta persona y sí en cambio una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por tortura y amenazas inferidas para obtener las declaraciones inculpatorias.
Existen evidencias de que la Procuraduría General de Justicia del Estado fabrica a los culpables de estos crímenes mediante investigaciones que violentan las garantías individuales de las personas sujetas a indagación. Esto es inadmisible. En la búsqueda de los homicidas las autoridades policíacas y jurisdiccionales deben evitar incriminar injustamente a personas de probada honorabilidad por su modo honesto de vivir, como es el caso de Jorge Alejandro Gutiérrez de Martín, Ramón Moguel López y de Carlos Cruz Bautista, quienes ni siquiera se encontraban en Tuxtla Gutiérrez cuando ocurrieron los asesinatos que se les imputan.
El último homicidio se cometió el 6 de febrero de 1993. En plena avenida central de Tuxtla Gutiérrez, Neftalí Ruiz Ramírez murió instantáneamente de un tiro en la cabeza, con arma calibre 380.
Dada la gravedad de los hechos, la organización denominada "Círculo Cultural Gay" ha solicitado la intervención de la Procuraduría General de la República pidiendo que se traslade el caso al fuero federal porque se presume la participación de elementos de corporaciones judiciales y militares en la Comisión de los delitos, además de que no existen garantías de una investigación imparcial ni de respeto a los
derechos humanos de los involucrados en las investigaciones.
Diversas fracciones parlamentarias hemos firmado un punto de acuerdo que quiero presentar a esta Comisión Permanente que dice así:
"Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 3 de marzo de 1993.
En consideración al clima de violencia contra los homosexuales en Chiapas, a la tardanza en el esclarecimiento de los asesinatos y las presunciones de la participación de elementos de corporaciones policiacas y militares los grupos parlamentarios suscribientes, con fundamento en la fracción III del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, la presente propuesta de acuerdo:
Unico. Que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, recabe información suficiente en torno a los asesinatos de diversas personas homosexuales, acaecidos en los últimos meses en el Estado de Chiapas.
Que las autoridades competentes continúen con la investigación y que en forma pronta y expedita descubran a los responsables de estos crímenes, en estricto apego a derecho y se les apliquen las sanciones correspondientes.
Del resultado de la investigación, el Presidente rendirá un informe a la Comisión Permanente con el objeto de que ella tome las resoluciones que el caso amerite."
Por los grupos parlamentarios, los diputados Miguel Angel León Corrales, del Partido de la Revolución Democrática; Amador Rodríguez Lozano, del Partido Revolucionario Institucional; Carlos Enrique Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y Alberto Carrillo Armenta, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El Presidente: -Muchas gracias. Antes de dar trámite a su propuesta, señor diputado León, les informo que ha solicitado la palabra... Sí, señor diputado Amador, ¿me permite tantito? Ha solicitado el uso de la palabra el diputado Alberto Carrillo. Antes de eso le daré la palabra para hacer una aclaración en su curul, a Amador Rodríguez y para rectificar hechos, a Carlos Cantú Rosas.
El diputado Amador Rodríguez Lozano (desde su curul): -A nombre de mi fracción, suscribimos el punto de acuerdo, pero no las consideraciones que tiene el documento, ni tampoco las consideraciones que hizo el diputado Miguel Angel León Corrales. Es decir, nosotros suscribimos exclusivamente el punto de acuerdo.
EL Presidente: -Queda así registrado, diputado Amador Rodríguez.
Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Cantú Rosas.
El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas (desde su curul): -Es de lo mismo y en los mismos términos. Específicamente el punto de acuerdo y finalmente lo firmó Carlos Enrique Cantú Rosas. Carlos Alberto Madrazo fue muy mi amigo, lo estimé mucho; impulsó la democracia en el país; lo admiro, pero lleva otro nombre.
El Presidente: -Gracias, señor diputado Cantú Rosas, así se aclara en el Diario de los Debates.
Se concede la palabra al diputado Alberto Carrillo.
El diputado Alberto Marcos Carrillo Armenta: -Sobre este mismo punto quisiéramos nosotros dar nuestras propias consideraciones, para apoyar el punto que propone nuestro compañero León Corrales.
Nada más denunciar que desde hace varios años nuestro partido ha denunciado permanentemente la violación constante y casi podríamos decir sistemática de los derechos humanos en el Estado de Chiapas.
En los últimos meses se han continuado suscitando problemas que van desde el despojo y desalojo de campesinos e indígenas en forma violenta, hasta secuestros que han sucedido en las últimas fechas.
Quisiéramos mencionar algunos de los problemas en que se ven afectados los derechos humanos de los chiapanecos, aparte del ya mencionado por el compañero León Corrales, que afecta a las personas homosexuales.
Nos referimos al asesinato de dos abogados. Que no existe hasta ahora por parte de las autoridades judiciales ningún tipo de respuesta y no se han realizado investigaciones pertinentes que permitan esclarecer estos homicidios.
También ha habido asesinatos de periodistas. Recientemente se nombró una comisión, integrada por la Procuraduría General de la
República, la Asociación de Periodistas y la Policía Judicial del Estado y no obstante no ha habido esclarecimiento de estos asesinatos.
También ha habido recientemente secuestros. Se han presentado aproximadamente ocho secuestros de ciudadanos chiapanecos, industriales, comerciantes, ganaderos, etcétera. En todos los casos se supone una banda perfectamente organizada a nivel nacional, por la forma en que éstos se han realizado.
También ha habido desalojos violentos y detenciones de campesinos. Es el caso de ejido Nuevo Morelos, en Tonalá. El desalojo de campesinos que trabajan en el balneario Vicente Guerrero, en el municipio de Venustiano Carranza. El desalojo del poblado 15 de junio, del municipio de Tuzantán. El desalojo de los grupos del distrito de riego de San Vicente, quienes se presume estaban posesionados de la finca Potrero del Carrizal, municipio de Zocoltenango.
Y un problema político que afecta al municipio de Reforma. En una manifestación en donde se exigía la destitución del presidente municipal, se asesina a uno de los manifestantes, la señora Consuelo Alvarez de la Cruz, por parte de la Policía de Seguridad Pública del Estado. Aunque se han detenido a los cuatro policías involucrados en estos hechos, se mantienen en prisión también a los demandantes de esta acción.
Como resultado de desalojos y del problema de Reforma, nuestro partido, el Frente Cardenista, tiene 53 presos políticos y sociales detenidos en Tuxtla, Tonalá, Huixtla, Pichucalco y Comitán. Es claro que no existen investigaciones de fondo en los hechos delictivos y que los desalojos generalmente se utilizan como método para resolver conflictos sociales y se llevan a cabo generalmente en forma violenta.
Se demuestra la incapacidad de las autoridades políticas del Estado, que recurren sistemáticamente a la policía como recurso de gobernalidad en el Estado, al mismo tiempo que se permite que los intereses y los grupos locales utilicen métodos caciquiles de control.
Por lo tanto, sumamos estos argumentos para avalar la propuesta de punto de acuerdo que propone nuestro compañero del PRD.
El Presidente: - Gracias, diputado Carrillo.
Esta Presidencia instruye a la Secretaría para que este asunto, esta propuesta que ha presentado aquí a nombre de varios partidos políticos el diputado Miguel León, sea turnado a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
VALLE DE MEXICALI
El Presidente: - Pasando a otro asunto, se concede la palabra al diputado Amador Rodríguez Lozano,del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse a las inundaciones ocurridas en el Valle de Mexicali.
Tiene la palabra diputado Amador Rodríguez.
El diputado Amador Rodríguez Lozano: - Gracias, señor Presidente. Voy a dar lectura exclusivamente a un pronunciamiento político.
"El Valle de Mexicali ha sido una zona agrícola de vital importancia para el noroeste de México y en especial para el Estado de Baja California. En él se cultiva gran parte de la producción de alimentos para esa zona de nuestro país.
Desafortunadamente, a lo largo de la historia reciente las tierras del Valle de Mexicali han padecido varias inclemencias de tipo natural, unas y provocadas por el hombre, otras, que han mermado la productividad agrícola de la zona y han golpeado fuertemente a la economía local de los bajacalifornianos.
Hoy nuevamente el Valle de Mexicali se encuentra bajo alerta, debido al posible desbordamiento de su principal fuente de agua para riego, el Río Colorado. Con esta son ya tres las ocasiones que el Río Colorado ha registrado volúmenes excedentes de agua en un período no menor a los 15 años, lo que ha representado un alto riesgo a la seguridad de los residentes del Valle de Mexicali.
"El Municipio de Mexicali fue declarado zona de emergencia el día de ayer, debido a las cantidades de agua que ingresan al cauce del Río Colorado, como producto de desfogue de la presa Roca Pintada, ubicada en el Estado de Arizona, en los Estados Unidos de América.
La presa Roca Pintada quedó fuera de control hace 20 días, a pesar de los esfuerzos de autoridades civiles y militares de nuestro vecino país del norte. Como consecuencia de lo anterior el Río Jila, que es un afluente que se une al Río Colorado en el área de Yuma, Arizona, unos kilómetros antes de llegar a la frontera de México, ha incrementado peligrosamente las cantidades de agua que transporta, provocando desastres en esa entidad de la Unión Americana.
El 27 de febrero pasado se llevó a cabo una reunión entre autoridades de Estados Unidos
de América y de México, en la cual se apoyó la comunicación presentada por el comisionado mexicano a su contraparte, solicitándole formalmente a Estados Unidos de América que limite a un máximo de 700 metros cúbicos por segundo el escurrimiento del Río Colorado.
En el lado mexicano se ha incrementado la afluencia del Río Colorado hasta llegar a transportar el día de ayer 466 metros cúbicos de agua por segundo, después de aque hace 10 años esa parte del Río se encontraba prácticamente seca. Actualmente se encuentra en alerta roja la Unidad Municipal de Protección Civil de Mexicali, ante la posibilidad de que el margen izquierdo del Río Colorado inunde 14 colonias ejidales, lo que representa más de una cuarta parte del total de la superficie cultivable del Valle de Mexicali, o sea, 15 mil hectáreas cultivables, habitados por 6 mil agricultores.
Con motivo de la amenaza, la Unidad Municipal de Protección Civil de Mexicali, con la ayuda de autoridades de los tres niveles de Gobierno y miembros del ejército mexicano, han preparado un operativo que permitiría evacuar a los habitantes de las zonas de alto riesgo, esto es, 6 mil personas, en un lapso de ocho horas.
Se prevé que las descargas mayores al Río Colorado se darán entre mañana y el próximo viernes y aunque las autoridades de los Estados Unidos de América han mostrado su voluntad para cooperar en la prevención de un desastre, es necesario que las autoridades responsables, a través de los conductos diplomáticos, se coordinen para que se tomen las medidas necesarias que eviten un nuevo desastre en el Estado de Baja California.
En virtud de lo anterior, la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, representada en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, hace la siguiente
DECLARACIÓN POLÍTICA
"La fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, representada en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, expresa su preocupación ante la amenaza de inundación de 15 mil hectáreas cultivables del Valle de Mexicali, como producto del desbordamiento del Río Colorado.
Exhortamos a las autoridades de los tres niveles de Gobierno para que en coordinación con las autoridades estadounidenses y con respeto irrestricto a las soberanías de ambos países, continúen vigilando la situación y tomando las prevenciones necesarias para evitar así una catástrofe que podría poner en riesgo la vida de 6 mil miembros de la comunidad bajacaliforniana."
Muchas gracias.
El Presidente -Gracias diputado Amador Rodríguez.
Para referirse al mismo tema, ha pedido la palabra para rectificar hechos, el diputado Cuauhtémoc Amezcua.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: -Señor Presidente.
Tendríamos un punto de acuerdo que proponer a esta Comisión Permanente con relación al tema al que ha hecho referencia el compañero diputado Amador Rodríguez Lozano. Es con fundamento en el artículo 79 fracción III, de la Constitución y dice así:
"Unico. Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión acuerde que los elementos planteados en esta tribuna en torno a los riesgos del desbordamiento del Río Colorado, sean turnados a la Comisión de Asuntos Fronterizos de la Cámara de Diputados para que ésta vea la conveniencia de designar una Comisión que se traslade al lugar de los hechos para recabar la información que le permita determinar la magnitud de los riesgos por una parte y por otra, si existe violación alguna al Tratado Internacional de Límites y Aguas suscrito por nuestro país con los Estados Unidos e informe si es conducente realizar reclamaciones por los daños acasionados a la agricultura del Valle de Mexicali, Baja California."
Entrego a la Secretaría el texto para su trámite respectivo. Muchas gracias.
El Presidente: -Muchas gracias señor diputado Amezcua.
Sobre el particular ha solicitado la palabra para rectificar hechos, el diputado Cantú Rosas.
El Diputado Carlos Enrique Cantú Rosas: -Señor Presidente, señores diputados y senadores.
El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana manifiesta ante esta tribuna, que es necesario concertar acuerdos bilaterales con las autoridades competentes de Estados Unidos sobre recursos hidráulicos e irrigaciones para evitar
que fenómenos naturales de sus regiones desemboquen en riesgos y problemas para la frontera mexicana en virtud de la ubicación geográfica en nuestras ciudades y campos de siembra.
Es necesario incluso, que se prevean las lecturas e índices de contención de aguas en la presas americanas y que se reporten oportunamente a las autoridades nacionales de la Comisión de Aguas de México, para que se puedan tomar medidas con tiempo suficiente para implementar medidas en México, acordes a los cambios climatológicos e hidráulicos en la región fronteriza americana, con nuestras ciudades y zonas estratégicas.
No basta con medidas de emergencia como las tomadas para evitar los riesgos de inundaciones y desastres del país, también es exigible que Estados Unidos colabore e informe oportunamente a nuestro país respecto a estas contingencias para evitar desgracias que todos podríamos lamentar.
En relación al estado de alerta en Mexicali, Baja California, a consecuencia de las inundaciones que se prevén ocurran en esta semana ante el desbordamiento de la presa Roca Pintada, en inglés Painted Rock en el Estado de Arizona, sobre las márgenes del Río Colorado. Ante la reciente temporada de lluvias que han caído sobre esa zona, la Comisión Nacional del Agua, a través de su director, Fernando J. González Villareal, advirtió el tomar precauciones, sobre todo en las colonias Carranza Leona Vicario, Camacho del Valle de Mexicali, en la capital del Estado, donde se desalojó a los vecinos de tales colonias a efectos de evitar que resulten damnificados por las posibles inundaciones, sobre el cauce del Río Colorado, que ha crecido notoriamente de margen desde el pasado lunes 1o. de marzo. La Unidad de Protección Civil Municipal, a través de su jefe, el señor Alfonso Esquer Sandez, desalojó a los vecinos de tales zonas e indicó que más de 800 personas y parte del ganado han sido desalojados y ubicados en albergues y corrales instalados para tal efecto en las afueras del área de alto riesgo. El caudal del Río Colorado aumenta a razón de 800 metros cúbicos por segundo. Esto demuestra que la citada presa de Arizona está siendo desfogada o vaciada parcialmente, a fin de evitar que su contención sea rebasada.
Agradezco a usted, señor Presidente, que este documento se integre también al Diario de los Debates.
El Presidente: -Así será, diputado Cantú Rosas. Para referirse al mismo tema y para rectificar hechos, también ha solicitado la palabra el diputado Jorge Calderón.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: -Estimados legisladores. Sobre el mismo tema, hay dos elementos adicionales que quisiéramos incorporar los parlamentarios del grupo del Partido de la Revolución Democrática.
Uno de ellos es que ya se ha anunciado que hasta el 22 de marzo del presente año, habrá un desfogue de la presa Roca Pintada, ubicada en territorio de Estados Unidos, de 420 metros cúbicos por segundo y del 23 al 11 de abril se estima que la cantidad aumentará a 630 metros cúbicos por segundo.
Ahora bien, de acuerdo con el Tratado firmado por México relativo al aprovechamiento de las aguas del Río Colorado, firmado en Washington el 3 de febrero de 1943 y aprobado por el Senado el 30 de octubre de 1945, se establece en el artículo 6o., fracción E, que ambos países tendrán un interés común indivisible en la capacidad de cada presa para el control de las avenidas y se dan diversas disposiciones en un sentido que es el que queremos resaltar en este momento.
La administración de la presas es ejercicio de soberanía de cada uno de los dos países, pero lo relativo a los flujos de los desfogues no sólo en esta parte del 6o.inciso e, sino en otros puntos, se considera como de interés binacional. Esto es relevante porque coincide totalmente con las consideraciones hechas previamente por los legisladores que me antecedieron en el uso de la palabra en el sentido de que se debe hacer una prevención ante estos mecanismos de consulta binacional de los flujos que serán objeto de desfogue para que nuestros habitantes, los habitantes de México, del Valle de Mexicali, puedan hacer las previsiones necesarias a fin de que se proteja su integridad, sus bienes y en la medida de los posible y con respecto a las atribuciones soberanía de cada país y en México con una adecuada coordinación entre los niveles federal, estatal y municipal, se tomen las disposiciones pertinentes a fin de proteger los intereses de los agricultores de la región y en casos en que después de una concertación binacional sea absolutamente necesario continuar con esos desfogues porque así lo hacen preciso las condiciones existentes en el río en cuestión, que haya una forma de ayuda a los productores agrícolas, a fin de resarcir las pérdidas en que puedan incurrir.
Creo que lo fundamental, para terminar, es la defensa de los intereses de los productores
agrícolas y de los habitantes del Valle de Mexicali y buscar que en caso de aplicarse medidas de emergencia, no haya ningún tipo de pérdida de vidas,no haya sucesos qué lamentar por falta de previsión de los efectos que tendrán estos desfogues en los habitantes del Valle de Mexicali. Muchas gracias.
El Presidente: -Gracias, diputado Calderón.
Esta Presidencia se da por enterada de la declaración presentada aquí por el diputado Amador e instruye a la Secretaría, por otro lado, que se turne la protesta del diputado Cuauhtémoc Amezcua sobre este asunto a la Comisión de Asuntos Fronterizos de la Cámara de Diputados y finalmente instruye a la Secretaría que se inserte en el Diario de los Debates, la documentación que dejó aquí en la tribuna el diputado Carlos Cantú Rosas.
ORDEN DEL DIA
La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández: - Bien, señor.
Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Voy a dar lectura al orden del día de la próxima sesión, la del día 10 de marzo.
"Comisión Permanente.- Primer Receso.- Segundo Año.- LV Legislatura.
Orden del Día
10 de marzo de 1993.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del LV aniversario de la Expropiación Petrolera, tendrá lugar el 18 de marzo a las 11.00 horas, en el monumento a la Revolución Mexicana, delegación política Cuauhtémoc.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Chiapas, Querétaro y Tamaulipas.
Dictámenes de primera lectura
Ocho, de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados militares a los ciudadanos Gastón Menchaca Arias, Basilio Pérez Casanova, José Rubén Rivas Peña, José Alvaro Vallarta Ceceña, Fausto Manuel Zamorano Esparza, Luis Humberto López Portillo, Jesús Eduardo Beltrán Guerra y Enrique Chávez Chiquillo.
De la Primera Comisión, relativo a la solicitud de permiso de los ciudadanos Cristina Martínez Castellanos, Italo Francisco Di Lorenzo González y Luis Juan Morales Aguilar, para que puedan prestar servicios en la delegación de la Comisión de las Comunidades Europeas, en México.
Dictamenes a discusión
Cinco, de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados a los ciudadanos Pablo Vázquez Vázquez, Jaime Mejía Michel, José A. Talavera Castella, Gelasio Luna Gutiérrez y Sergio E. Anaya y Galván.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Emilio Azcárraga Milmo, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden Nacional al Mérito, en Grado de Comendador, que le confiere el Gobierno de la República de Ecuador.
Comentario del ciudadano diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, sobre la política económica en curso.
Denuncia del ciudadano diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, respecto al servicio de Teléfonos de México.
Intervención del diputado Jorge Calderón Salazar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para comentar la situación de los derechos humanos, en la comarca lagunera.
Sesión Secreta.»
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.
El Presidente (a las 19.43 horas): -Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo miércoles 10 de marzo, a las 11.00 horas.
APENDICE
APÉNDICE 1
CORRUPCION POLICIACA Y VIOLENCIA DE SONORA
Ante la Ineficiencia de elementos de la policía judicial federal, por la complicidad que desde hace mucho tiempo ha existido entre estos y el narcotráfico y por la corrupción que impera en diversas áreas de la Procuraduría General de la República, existen miles de averiguaciones previas en procesos; actualmente 86 mil 241 dilincuentes con órdenes de aprehensión pendientes, según lo acaba de reconocer el doctor Jorge Carpizo McGregor, quien fuera engañado.
En efecto, 10 días después de haber tomado posesión como procurador general de la República, el 14 de enero, el Procurador dio a conocer, de acuerdo a los datos que le fueron proporcionados, un Plan de acción de 27 puntos informó que se estaban integrando 14 mil 717 averigua-ciones previas, posteriormente se le indico que en el llamado "Registro condicionado" había otras 10 mil 863 que aunadas a las de la reserva 60 mil 661 más totalizan 86 mil 241 que aun no han sido resueltas.
La corrupción, la desorganización y falta de equipo adecuado; la falta de inventario de todos los bienes que a la dependencia corresponden y de los que han sido asegurados a delicuentes, especialmente del narcotráfico, es un nefasto balance de lo que es hoy la Procuraduría General de la República.
Por otro lado la deslealtad y falta de moral de algunos funcionarios y agentes dependientes de la PGR, han traído en consecuencia que algunas acciones de combate implementados, fracasen, dado que se filtra la información y esto permite que los infractores de la Ley puedan ponerse a salvo, evitando ser detenidos.
Por otro lado resulta evidente, de conformidad con lo informado por el propio doctor Carpizo, que en la dependencia a su cargo imperan los "aviadores", lo cual, junto con la constante pérdida de expedientes, obstaculizan el avance y un adecuado funcionamiento.
Ahora bien, nos parece increíble que hasta ahora se haya destapado la cloaca en que se encuentra convertida la Procuraduría General de la República cuando desde hace varios años es un secreto a voces.
La proliferación de "madrinas" o auxiliares de la Policía Judicial Federal, son también una nefasta plaga de brutalidad, prepotencia y corrupción y deben desaparecer de la corporaciones; de otra manera, la sociedad seguira padeciendo la brutal y dolorosa perdida de vidas humanas, como las de los cinco ciudadanos sonorenses el pasado 28 de febrero a manos de un ex agente de la Policía Judicial Federal, encubierto y protegido como madrina o auxiliar de funcionarios de dicha corporación. Este caso se debe investigar a fondo, para castigar no solo al culpable de la masacre: Jesús Riojas Vázquez Alias "El teniente", sino a los funcionarios que de alguna manera lo han protegido, tanto en Sonora, como en las anteriores entidades en las que ha participado en crimenes.
Preocupados en el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana por los constantes hechos de violencia perpetrados en agravio de pacíficos ciudadanos proponemos algunas acciones para coadyuvar a detener la ola de terror, muchas de cuyas acciones son propiciadas y ejecutadas por elementos policiacas.
Entre otras acciones de urgente implementación, consideramos que las madrinas o auxiliares de la política judicial, son una nefasta plaga y por lo mismo deben desaparecer de las corporaciones policías.
Deben clausurarse todas las casas, madrigueras y refugios que judiciales federales tienen instaladas en barrios y colonias populares de diversas ciudades.
Limpiar a las corporaciones policiacas de elementos con antecedentes penales y de baja calidad moral y consignarlos, para poder crear un aparato policiaco con base en nuevos requisitos de moralidad y profesionalismo honesto.
Implementarse pruebas antidoping, frecuentemente y sin previo aviso, a todos los delegados y ministerios públicos de la PGR y a elementos de la policía judicial, cuyos resultados deben ser invariablemente revisados por el propio procurador.
Que dichos elementos presenten su declaración patrimonial cada cuatro meses y la contraloría de la Federación les de a estas un estrecho seguimiento comparativo entre el patrimonio declarado y el real.
Que se investigue a fondo los nexos y complicidades de funcionarios de la PGR, Policía Judicial Federal y Policía Federal de Caminos, y demás autoridades involucradas y se actúe hasta sus últimas consecuencias y con todo rigor de la Ley.
Que se investigue el origen de cuentas bancarias, mansiones, discotecas, fincas, ranchos, desarrollos inmobiliarios, etcétera, que suelen ser utilizados como medios para el lavado de enormes fortunas del hampa narcotráficante en toda la República, y se efectúe drásticamente la confiscación y expropiación irreversibles de dichos bienes.
GOBERNACIÓN
Por otra parte, debe garantizarse integramente el respeto a los derechos humanos, pugnado por que impere la justicia, por encima del espíritu de venganza; creando sistemas que propicien la prevención de la delincuencia y, sobre todo, la readaptación de los que en algún momento se ven involucrados en la Comisión de delitos para que puedan incorporarse a una sociedad en la que convivan en forma armonica y ordenada, de acuerdo con nuestra Constitución y sus leyes reglamentarias.
El ejemplo de lo anterior, lo ha dado la Secretaría de Gobernación, al implementar el Programa de Libertad Anticipada. Bajo estos criterios miles de reos podrán obtener su libertad, al recibir los beneficios de la Ley de normas mínimas.
La preocupación debe ser la impartición de la justicia, como norma fundamental de los derechos humanos.
APENDICE
APÉNDICE 2
«PROPUESTA LABORAL FRENTE AL TLC
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA
Ante los efectos laborales que está produciendo el proceso de integración económica en América del Norte y ante la virtual entrada del Tratado Trinacional de Libre Comercio, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática expresa lo siguiente:
1. Los trabajadores y sus organizaciones deben participar en las decisiones nacionales que afectan su presente y futuro, por lo que deben ser tomados en cuenta en este proceso de disuasión, ratificación y evaluación del TLC.
2. Los trabajadores consideran que un sistema de comercio justo es el que contempla como unas de sus partes fundamentales, las normas de carácter social cultural y de medio ambiente y que no deje al libre mercado, las expectativas de mejoramiento y bienestar de la población, sino que se establezcan acuerdos claros para lograrlo.
3. Se requiere un Acuerdo Comercial que atienda los intereses de la mayoría y no solamente a las necesidades del capital transnacional. No se quiere un Tratado que consolide el modelo neoliberal de desarrollo que en los últimos años ha llevado a límites extremos el empobrecimiento de la mayoría de la población, el deterioro del medio ambiente y la integración subordinada de nuestra economía a la de Estados Unidos.
4. Los acuerdos y bases de entendimiento y cooperación que en materia laboral han signado los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá, son insuficientes para asegurar los intereses laborales de los trabajadores de la región y un equilibrio justo entre los factores de la producción, que lleve a un más justo reparto de la riqueza.
5. Por tanto, debe existir un marco regional de normas laborales (derechos colectivos, derechos sociales, trabajadores migratorios y trabajadores agrícolas), que garantice la defensa de los intereses de los trabajadores y contribuya a los ajustes que sean necesarios, con el propósito de promover el mejoramiento substancial de los niveles de vida y trabajo de los asalariados y el cumplimiento de los derechos laborales en la región.
El conjunto de propuestas que se presentan para este efecto, son las siguientes
I. Los derechos colectivos
La Libertad Sindical
1. Los gobiernos deben comprometerse e instrumentar, con reconocimiento pleno, el Convenio 87 (OIT) en materia de libertad sindical. Los trabajadores pueden organizarse según convenga a sus intereses, sin condicionamientos estatales y/o patronales y sin sujeción alguna a partidos políticos.
2. El intercambio comercial no debe afectar el derecho de los trabajadores del campo y la ciudad a formar sindicatos o coaliciones, a adherirse a las organizaciones sindicales existentes que mejor los representen, a realizar las alianzas y procesos de unidad nacionales e internacionales y a participar en toda actividad sindical sin autorización previa ni control por parte de las
autoridades públicas y patronales, sujetándose sólo a lo establecido en las legislaciones laborales, siempre y cuando no contravengan el derecho de asociación ni la libre elección de representantes.
3. Los sindicatos, constituidos en términos de sus respectivas legislaciones, tienen la facultad de ejercer sus actividades, en representación de sus trabajadores, guiándose únicamente por los estatutos acordados interna y libremente por sus miembros, sin injerencia de las autoridades públicas.
4. Todos los trabajadores del campo y la ciudad deben gozar de los mismos derechos, sin ningún tipo de discriminación por sexo, raza o religión.
La Contratación Colectiva
1. Los gobiernos deben comprometerse a suscribir, ratificar e instrumentar el Convenio 98 (OIT) sobre Contratación Colectiva, derogando, en el caso de México, apartados de excepción que limiten derechos sociales.
2. Las relaciones laborales se sustentan en la bilateralidad, en la participación real de los trabajadores en la contratación colectiva. Incluyendo aspectos que le son inherentes como la reorganización de los procesos productivos y laborales.
3. La contratación colectiva deberá incluir, en su negociación, las representaciones electas democráticamente de los trabajadores a nivel de centro de trabajo, a fin de que tengan injerencia en la suscripción y administración de los convenios laborales.
4. La contratación colectiva deberá iniciar un proceso de homologación en la región, por rama industrial, tomando en cuenta las consideraciones que resulten más ventajosas para los obreros y los estándares más altos, así como el respeto a los logros obtenidos.
5. Es necesario instrumentar urgentemente un aumento sustantivo a los salarios mexicanos; en especial a los mínimos, a fin de avanzar en la fijación, tanto de un salario mínimo regional como por sector en un mediano plazo, sin afectar las expectativas de bienestar de los trabajadores canadienses y estadounidenses.
6. Se requiere y se exige el cumplimiento de las leyes laborales de cada país y la impartición eficaz y expedita de la justicia; con autoridades profesionalizadas, honestas y con autonomía del Poder Ejecutivo. Las legislaciones laborales deben contener derechos mínimos (jornada, vacaciones, tiempo extra, etcétera), que tiendan a homologarse en las condiciones más altas en la región.
La Huelga
1. Son de observancia irrestricta los derechos obreros, en particular, el derecho de huelga como medio por excelencia para alcanzar el equilibrio entre los factores de la producción. La participación de los trabajadores en una huelga o en manifestaciones de solidaridad con la misma, no podrán en modo alguno, antes, durante o después de la huelga, ser objeto de despido o cualquier otra medida de sanción o represión.
2. El derecho de huelga no debe considerarse como un proceso sancionado por la autoridad pública, sino como una acción que los trabajadores ejercitan responsablemente, en la defensa de sus intereses. Por tanto, no deben anteponerse legislaciones que coarten y hagan nugatorio este derecho.
II. Los Derechos Sociales
1. No pueden considerarse competencia desleal los programas de promoción o beneficio social orientados a preservar un mínimo de bienestar y los valores culturales de los pueblos. Estos no deben privatizarse o buscarse su desregulación. Tal es el caso de la educación y la recreación, la participación estatal en la comunicación, cultura e investigación, la dotación de viviendas, la seguridad social, las pensiones y jubilaciones, la capacitación, el abasto y distribución de alimentos básicos, el ciudadano del medio ambiente, la dotación de servicios, transporte, luz, agua, pavimentación, drenaje, infraestructura y seguridad pública.
Por el contrario, el intercambio comercial debe contribuir a generalizar las condiciones más ventajosas para los pueblos. Los gastos públicos en estos rubros deben aumentarse para enfrentar eventos como la muerte, la enfermedad, los accidentes y el retiro considerando pensiones justas y dignas.
2. Deben excluirse de la negociación cambios que disminuyen el sistema de seguridad social. Las legislaciones en la materia y el rubro de seguros deben ser clasificados como estratégicos.
3. Regulación específica en cada país en relación a la seguridad e higiene en los centros de trabajo, buscando crear normas preventivas que
disminuyan riesgos de trabajo y reduzcan el uso de materiales tóxicos, radioactivos y contaminantes.
4. Respeto a las constituciones y a los convenios internacionales en materia de Derechos Humanos, migración, laborales, de la salud, la educación y las prerrogativas para el trabajo de la mujer, minusválidos y la protección de los menores. Estas normas deben recoger lo mejor de cada país para ampliar su protección.
5. La creación e instrumentación de un Programa de Capacitación para trabajadores desplazados por el ajuste comercial.
6. Deben apoyarse los programas de capacitación y adiestramiento que involucren a los trabajadores en los cambios tecnológicos y la modernización de los procesos productivos. La capacitación permanente es un derecho de los trabajadores y como tal, deber ser incluida como cuestión fundamental en el marco regional planteado.
7. Los sistemas administrativos que buscan competitividad, deben contemplar la participación de los trabajadores en el mejoramiento de la productividad y la distribución justa de los beneficios que ésta genera.
8. Asegurar mecanismos que garanticen la estabilidad del empleo en la empresa transnacional estableciendo requisitos mínimos de permanencia para las empresas extranjeras ubicadas en México.
9. Asegurar la contribución de las empresas maquiladoras en gastos de desarrollo social, transporte, vivienda y medio ambiente en las comunidades donde se asientan. Esto podría lograrse a través de mecanismos como los impuestos sobre las inversiones, impuestos locales especiales, contribuciones para obras especiales, etcétera.
10. Asegurar el compromiso de las empresas extranjeras que operen en México, a no reducir la calidad del empleo y las condiciones de trabajo que otorgan a sus trabajadores en su país de origen.
III. Derechos de los trabajadores migratorios
1. Derogación de las estipulaciones denominadas "Sanciones a los patrones", establecidas dentro del Acta de Control y Reformas a la Inmigración (IRCA 1986), conocida comúnmente como Ley Simpson Rodino, las cuales prohiben a los patrones contratar trabajadores indocumentados y requieren que los empleadores verifiquen que todos los nuevos contratos estén autorizados para laborar en Estados Unidos.
2. Una nueva "amnistía" para aquellos trabajadores que entraron a Estados Unidos sin los documentos correspondientes a partir de 1986 y hasta febrero de 1993. Esta amnistía debe incluir a los cónyuges e hijos de tales trabajadores. No se debe administrar este programa por el Servicio de Inmigración y Naturalización del Departamento de Justicia Estadounidense.
3. Ratificar el Convenio de las Naciones Unidas (ONU) firmado en 1990 en favor de la Protección de los Derechos de los Trabajadores Inmigrantes y de sus familias.
4. Establecer que los trabajadores inmigrantes, a pesar de su estado migratorio deben gozar de los mismos derechos laborales, sociales y de Educación Pública gratuita (incluyendo la universitaria) con igualdad a los ciudadanos de Estados Unidos.
5. Garantías de vivienda y transporte para los trabajadores migratorios y sus familias.
6. Apoyo al desarrollo regional de las zonas de expulsión de mano de obra, por medio de una política de inversiones crecientes, tanto públicas como privadas de los tres países, que apoyen proyectos de desarrollo sostenibles, con tecnologías apropiadas que contribuyan a la recuperación del ambiente y al mejor aprovechamiento de los recursos renovables y no renovables. Apoyar una mejor canalización de los envíos de los propios trabajadores inmigrantes, con la adición de otros recursos públicos y privados para el mejor desarrollo de una infraestructura y proyectos productivos de las comunidades y las regiones expulsoras.
IV. Derechos laborales de los jornaleros agrícolas
1. Los trabajadores del campo deben contar con los derechos colectivos fundamentales: asociación, contratación colectiva y huelga, sin ninguna limitación.
2. Los trabajadores agrícolas deben tener condiciones de salud y seguridad (principalmente contra uso de sustancias venenosas como pesticidas, biocidas, etc.), suficientes.
V. Mecanismos de cumplimiento y supervisión
1. La existencia de una Comisión en cada país, con participación de los sindicatos, sin
exclusiones que sancionen el flujo de inversión extranjera con el propósito de que responda a las necesidades de desarrollo y distribución de la riqueza, genere empleos estables, cumppla con salarios justos; respete disposiciones legales-laborales y ambientales, así como la voluntad de sus trabajadores para organizarse.
2. Generar un instrumento social conformado por los sindicatos o coaliciones de los países, sin exclusiones, que pueda ser un referente moral que vigile, denuncie y promueva acciones a la violación de los derechos laborales establecidos en la presente propuesta. Sin menoscabo de las que promueven las organizaciones sindicales existentes en cada país para tal fin y las acciones que cada una emprendan para hacer valer sus legislaciones respectivas, incluyendo instancias internacionales.
3. La evaluación periódica del cumplimiento de la presente Carta por parte de la instancia internacional, conformada por los sindicatos, con los gobiernos para garantizar su cumplimiento pleno.
4. La violación a los derechos laborales se debe entender como una práctica injusta de comercio y sancionarla en el intercambio comercial.
5. Los trabajadores y sus organizaciones deben tener acceso al procedimiento de resolución de disputas que se creen a nivel regional.»
«PROPUESTA AMBIENTAL FRENTE AL TLC
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA
Palacio Legislativo, 3 de marzo de 1993.
Se pretende con este documento definir una posición crítica y propositiva ecológica y de desarrollo como guía en lo ambiental de una agenda alternativa a la planteada actualmente en los acuerdos internacionales sobre comercio que garantice un desarrollo más justo y sustentable. El documento se divide en dos grandes incisos: el primero sobre propuestas y el segundo sobre acciones.
I. Propuestas
1. El derecho y la necesidad de propiciar mecanismos abiertos y transparentes de información pública en materia ambiental que coadyuve a una amplia participación social bien informada.
2. El reconocimiento de la imposibilidad de lograr un desarrollo sustentable, si se utiliza como modelo de desarrollo el neoliberalismo que propicia un crecimiento económico y comercial que no admite límites sociales y ambientales. El modelo neoliberal propicia el consumismo, la injusta distribución de los recursos y del poder, y la destrucción ambiental.
3. La necesidad de propiciar formas de desarrollo agropecuario compatibles como un modelo de desarrollo sustentable.
4. Incorporar en la legislatura ambiental el principio de que "el que contamina descontamina" en vez del principio "el que contamina paga", puesto que el objetivo no es pagar sino resolver los problemas ambientales. Reconocer que la renovación del sistema legal ambiental no sólo incluye la mejora y armonización de leyes y reglamentos, sino el rediseño de todo el marco institucional.
5. Tienen mayor jerarquía los acuerdos internacionales sobre el medio ambiente que los de tipo comercial como el GATT y el propio TLC. Es necesario que todos los países que participan en los acuerdos comerciales también hayan firmado y respeten los principales acuerdos internacionales sobre el medio ambiente como el de biodiversidad, cambio climático, desechos tóxicos, etcétera.
6. Reconocer que la única forma de resolver los problemas ambientales es mediante una amplia participación social informada a todos los niveles de toma de decisiones, incluyendo el de mecanismos de solución de controversias. En los mecanismos de toma de decisiones se debe incluir muy especialmente a las personas afectadas directamente por los problemas ambientales, así como a ecologistas y organismos sociales y civiles, a centros de estudio e investigación, etcétera.
7. Se debe incluir el principio del que más consume recursos y más contamina más paga. Los países y los grupos económicamente más desarrollados que consumen la mayor parte de los recursos y provocan la mayor parte de la contaminación no están contribuyendo de forma responsable y adecuada a resolver los problemas que causan.
8. Se debe crear un código de conducta, así como mecanismos de evaluación y control internacional social sobre las acciones de empresas trasnacionales en materia ambiental.
9. Se deben reforzar los mecanismos y acuerdos internacionales en materia de desechos tóxicos
para impedir la contaminación trasfrontera en todas sus formas.
10. Se deben incluir en los acuerdos comerciales acuerdos y mecanismos sobre un uso responsable y racional de la energía que incluya el ahorro, el fomento de formas renovables de energía, la inversión en formas alternativas de energía el rechazo a los proyectos de energía nuclear y otros macroproyectos que atentan contra la sustentabilidad ambiental.
11. Propiciar la transferencia y desarrollo de tecnologias ambientales adecuadas con el apoyo de los países desarrollados a los no desarrollados.
12. Armonizar las leyes y reglamentos ambientales tomando en cuenta los estándares más altos de los tres países. Hay que respetar leyes y reglamentos regionales que reflejen condiciones específicas de los ecosistemas locales. En otras palabras hay que armonizar sin uniformizar respetando condiciones y estándares locales.
13. Cada país debe conservar la soberanía sobre sus recursos naturales.
14. Una planeación urbana con criterios ambientales a nivel nacional que oriente de forma racional y sustentable el crecimiento de las ciudades por efecto de los cambios económicos derivados de la apertura comercial.
15. Evitar que la legislación ambiental se use como mecanismo encubierto de proteccionismo.
16. El reconocimiento que la peor amenaza para el medio ambiente son las actividades, gasto y políticas militares.
17. La clave para la solución de los problemas ambientales es una amplia participación social. Para lograr esto se requiere reforzar los mecanismos formales y no formales de educación ambiental a todos los niveles.
II. Acciones
1. Crear fondos adecuados que garanticen el funcionamiento independiente de los organismos de planeación y evaluación ambiental a nivel regional, nacional e internacional. Los fondos de la Agenda 21 podrían servir para este propósito igual que un porcentaje de los presupuestos que destinan los organismos ambientales de los gobiernos de los tres países a la protección ambiental. Este fondo debería ser de por lo menos el 0.7% del PIB de cada país. Otro mecanismo financiero podría ser el uso de una parte de los impuestos ambientales cobrados a las industrias contaminantes. Estos fondos deberán ser administrados por un comité con amplia representación social que garantice el manejo eficaz y transparente de los mismos.
2. Crear un banco fronterizo que financie proyectos de desarrollo para la franja fronteriza entre México y los Estados Unidos que contemple como una de sus prioridades las obras de infraestructura para resolver problemas ambientales en ambos lados de la frontera. Igual que en el caso anterior los fondos deben ser administrados por un organismo con amplia representación social para garantizar su manejo honesto y eficaz.
3. Definir y crear mecanismos de obtención, manejo y difusión de la información en materia ambiental que garanticen un manejo eficiente, público y transparente de la misma a nivel nacional e internacional. Este mecanismo puede ser una parte del organismo independiente de planeación y evaluación ambiental a todos sus niveles.
4. Mejorar el mecanismo de solución de controversias en materia ambiental a través de una participación social más amplia en el que incluya a representantes legítimos de la población directamente afectada por cada problemática ambiental particular, así como grupos ambientalistas y de centros de educación e investigación independientes que garanticen un proceso más abierto y transparente en la toma de decisiones que considere las necesidades de los diferentes sectores de la población directamente afectada así cómo los de la población directamente afectada y de la población en general bajo un criterio de sustentabilidad ambiental.»
NOTAS
Siglas y abreviaturas incluidas en esta edición:
CTM: Confederación de Trabajadores de México.
GATT: Acuerdo General Sobre Aranceles y Comercio.
PAN: Partido Acción Nacional.
PARM: Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
PCG: (Sin aclaración.)
PDM: Partido Demócrata Mexicano.
PEG: (Sin aclaración.)
PGR: Procuraduría General de la República.
PPG: (Sin aclaración.)
PPS: Partido Popular Socialista.
PRD: Partido de la Revolución Democrática.
PRI: Partido Revolucionario Institucional.
Pronasol: Programa Nacional de Solidaridad.
PRT: Partido Revolucionario de los Trabajadores.
Secofi: Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.
TLC: Tratado de Libre Comercio.