Legislatura LV - Año II - Período Comisión Permanente - Fecha 19930310 - Número de Diario 12

ENCABEZADO

LV LEGISLATURA

PODER LEGISLATIVO FEDERAL

DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE

Diputado Fernando Ortiz Arana

PALACIO LEGISLATIVO

DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES

Héctor de Antuñano y Lora

AÑO II México, DF, miércoles 10 de marzo de 1993 No. 12

SUMARIO

ASISTENCIA

APERTURA

ORDEN DEL DÍA

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

COMUNICACIÓN

Del senador Jesús Murillo Karam. Se comunica a la Cámara de Senadores.

INVITACIONES (I)

Del Departamento del Distrito Federal, al acto cívico conmemorativo del LV aniversario de la Expropiación Petrolera. Se designa comisión.

COMUNICACIONES

Del Estado de Chiapas. De enterado

Del Estado de Querétaro. De enterado.

Del Estado de Tamaulipas. De enterado.

BAJA CALIFORNIA

Informe de la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, de la Cámara de Diputados, sobre sus gestiones en el Estado. De enterado.

OFICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN

Por el que comunica que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, nombró al ciudadano Eduardo Cayetano García Puebla, cónsul general de México, en Dallas, Texas, Estados Unidos de América. Se turna a la Segunda Comisión.

Por el que comunica que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, nombró al ciudadano Enrique Manuel Loeza Tovar, cónsul general de México, en Los Angeles, California, Estados Unidos de América. Se turna a la Segunda Comisión.

Ocho, con los que se remiten las hojas de servicios de los ciudadanos: Jesús Márquez Vázquez, Miguel Escamilla Núñez, Rafael Roberto García y Silva, Jesús Coronel Portilla, Guillermo Alvarez Nara, Julián David Rivera Bretón, Jorge Isaac Jiménez García y Ernesto Arcos Oropeza, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnan a la Segunda Comisión.

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA

Ocho, de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican los grados militares a los ciudadanos: Gastón Menchaca Arias, Basilio Pérez Casanova, José Rubén Rivas Peña, José Alvaro Vallarta Ceceña, Fausto Manuel Zamorano Esparza, Luis Humberto López Portillo, Jesús Eduardo Beltrán Guerra y Enrique Chávez Chiquillo.

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos: Cristina Martínez Castellanos, Italo Francisco Di Lorenzo y Luis Jaime Morales Aguilar, puedan prestar sus servicios en la Delegación de las Comunidades Europeas en México.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN

Cinco, de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican los grados militares a los ciudadanos: Pablo Vázquez Vázquez, Jaime Mejía Michel, José Antonio Talavera Castella, Gelasio Luna Gutiérrez y Sergio Anaya y Galván. Aprobados comuníquese al Ejecutivo

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Emilio Azcárraga Milmo, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Ecuador.

Se turnan al Poder Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

MEMORIALES DE PARTICULARES

De la Unión de Ejidos Presidente Lázaro Cárdenas del Río, de Torreón, Coahuila. Se turna a las comisiones de Información, Gestoría y Quejas y de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados.

Del Sindicato Nacional de Trabajadores Jubilados y Pensionados por el Estado. Se turna a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y a la de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.

TELÉFONOS DE MÉXICO

Sobre sus deficiencias hacen uso de la palabra los legisladores:

Carlos Enrique Cantú Rosas, quien solicita la comparecencia de diversos funcionarios.

Cuauhtémoc Amezcua Dromundo

Jorge Alfonso Calderón Salazar, quien presenta un punto de acuerdo.

Se turna a las comisiones de Comunicaciones y Transportes, de Manejo de Bienes de Consumo y de Comercio de la Cámara de Diputados.

REFORMA POLÍTICA

Para expresar sus opiniones intervienen los legisladores:

Porfirio Muñoz Ledo

Fernando Ortiz Arana

Miguel Angel León Corrales, para rectificar hechos.

Juan de Dios Castro Lozano, para rectificar hechos.

Porfirio Muñoz Ledo, para contestar alusiones personales.

Fernando Ortiz Arana, para contestar alusiones personales.

Diego Fernández de Cevallos Ramos, para rectificar hechos.

Carlos Enrique Cantú Rosas

Cuauhtémoc Amezcua Dromundo

Alberto Marcos Carrillo Armenta

PROBLEMAS LABORALES

En la Imprenta Nuevo Mundo y el Banco Mexicano, hace uso de la palabra el diputado Miguel Angel León Corrales. Se turnan sus documentos a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Trabajo y Previsión Social y de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de diputados.

INCURSIÓN ILEGAL

En territorio nacional por parte de agentes estadounidenses. Denuncia presentada por el diputado Amador Rodríguez Lozano, quien formula una declaración política.

Intervienen los legisladores:

Carlos Enrique Cantú Rosas

Jorge Alfonso Calderón Salazar

Se da por formulada la declaración.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Para referirse a hechos ocurridos en el Estado, hacen uso de la palabra los legisladores:

José Antonio González Fernández

Diego Fernández de Cevallos Ramos

INVITACIONES (II)

Del Congreso del Estado de Nuevo León. Se designa comisión.

ESTADO DE TABASCO

Memorial de particulares en el que denuncian hechos ocurridos en el Estado de Tabasco. Se turna a las comisiones de Información, Gestoría y Quejas y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

ORDEN DEL DÍA

de la próxima sesión. Se levanta la sesión.

DEBATE

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO FERNANDO ORTIZ ARANA

ASISTENCIA

El Presidente: -Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia de los legisladores, miembros de la Comisión Permanente a los que rogamos pasen a ocupar sus curules para iniciar la sesión de este día.

El secretario senador Ramón Serrano Ahumada: -Hay una asistencia de 30 representantes. Hay quórum, señor Presidente.

APERTURA

El Presidente (a las 11.35 horas): -Se abre la sesión, y ruego a la Secretaría dar lectura a un documento que suscribe el señor diputado Jorge Calderón, del Partido de la Revolución Democrática.

El secretario senador Ramón Serrano Ahumada:

«Diputado Fernando Ortiz Arana.- Presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- Presente.

Por instrucciones del senador Roberto Robles Garnica me permito informar a usted que a partir del próximo 10 de marzo del presente año y hasta mediados de abril, el senador Porfirio Muñoz Ledo participará en las sesiones de la Permanente como representante del grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República.

Ruego a usted tomar nota de lo anteriormente dispuesto y girar las disposiciones pertinentes.

Quedo de usted, su atento y seguro servidor.

México, Distrito Federal, a 8 de marzo de 1993.- Diputado Jorge Alfonso Salazar, del grupo parlamentario del PRD en la Comisión Permanente.»

El Presidente: -Esta Presidencia solicita a la Secretaría tome nota de la comunicación que hace el Partido de la Revolución Democrática a través del señor diputado Jorge Calderón.

ORDEN DEL DÍA

El secretario senador Ramón Serrano Ahumada: -Se va a dar lectura al orden del día.

«Comisión Permanente.- Primer Receso.- Segundo Año.- LV Legislatura.

Orden del día

10 de marzo de 1993.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones de ciudadanos legisladores.

El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del LV aniversario de la Expropiación Petrolera, que tendrá lugar el 18 de marzo a las 11.00 horas, en el Monumento a la Revolución Mexicana, delegación política Cuauhtémoc.

Comunicaciones de los congresos de los estados de Chiapas, Querétaro y Tamaulipas.

Informe que rinde la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas de la Cámara de Diputados.

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Por el que se comunica que el Presidente de la República, nombró al ciudadano Eduardo Cayetano García Puebla, cónsul general de México en Dallas, Texas, Estados Unidos de América.

Por el que se comunica que el Presidente de la República, nombró al ciudadano Enrique Manuel Loaeza Tovar, cónsul general de México en los Angeles, California, Estados Unidos de América.

Ocho, con los que se remiten las hojas de servicios de los ciudadanos Jesús Márquez Vázquez, Miguel Escamilla Núñez, Rafael Roberto García y Silva, Jesús Coronel Portilla, Guillermo Alvarez Nara, Julián David Rivera Bretón, Jorge Isaac Jiménez García y Ernesto Arcos Oropeza, para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dictámenes de primera lectura

Ocho, de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados militares a los ciudadanos Gastón Menchaca Arias, Basilio Pérez Casanova, José Rubén Rivas Peña, José

Alvaro Vallarte Ceceña, Fausto Manuel Zamorano Esparza, Luis Humberto López Portillo, Jesús Eduardo Beltrán Guerra y Enrique Chávez Chiquillo.

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Cristina Martínez Castellanos, Italo Francisco Di Lorenzo y Luis Jaime Morales Aguilar, para prestar servicios en la Delegación de las Comunidades Europeas, en México.

Dictámenes a discusión

Cinco, de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados a los ciudadanos Pablo Vázquez Vázquez, Jaime Mejía Michel, José A. Talavera Castella, Gelasio Luna Gutiérrez y Sergio E. Anaya y Galván.

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Emilio Azcárraga Milmo, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional al Mérito, en Grado de Comendador, que le confiere el Gobierno de la República de Ecuador.

Memoriales de particulares.

Denuncia del diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, respecto al servicio de Teléfonos de México.

Intervención del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el proceso de la Reforma Política.

Intervención del diputado José Antonio González Fernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse a los hechos ocurridos en el Estado de Baja California.

Intervención del ciudadano diputado Miguel Angel León Corrales, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre diversos problemas laborales.

Intervención del diputado Amador Rodríguez Lozano, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en relación a los sucesos en Agua Prieta.

Sesión secreta.»

El Presidente: -Gracias, señor Secretario.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

EL Presidente: -En virtud de que el acta de la sesión anterior se envió con oportunidad a todos los grupos parlamentarios representados en esta Comisión Permanente, consulte la Secretaría a los señores legisladores, en votación económica, si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior.

El secretario senador Ramón Serrano Ahumada: -Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el día tres de marzo de mil novecientos noventa y tres, correspondiente al Primer Receso del Segundo Período de Ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.

Presidencia del diputado Fernando Ortiz Arana

En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las once horas con veintitrés minutos del día tres de marzo de mil novecientos noventa y tres, con una asistencia de treinta y un legisladores, el Presidente declara abierta la sesión.

La Secretaría da lectura al orden del día y la Asamblea dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, misma que, sin discusión, se aprueba en sus términos en votación económica.

Se da lectura a una comunicación del diputado Benigno Aladro Fernández, por la que informa de su reincorporación a las labores legislativas. Dese por reincorporado.

Se ponen a consideración de la Asamblea diversas comunicaciones de los congresos de los estados de Aguascalientes, Baja California y Guanajuato, por la que informan de actividades propias de sus legislaturas. De enterado.

Se da cuenta con un oficio del Procurador General de la República, que da repuesta a los documentos que la Comisión Permanente le remitió en relación con los secuestros perpetrados en diversos estados del país. De enterado.

Tres oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que se comunica que el Presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, nombró a los ciudadanos Teodoro Maus y Reisbaum y Bulmaro Andrés Pacheco Moreno, cónsules generales de México en Atlanta, Georgia y Miami, Florida, Estados Unidos de América, respectivamente. Se turna a la Segunda Comisión y, el tercero, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Cristina Martínez Castellanos, Italo Francisco Di Lorenzo González y Luis Juan Morales Aguilar, pueda prestar sus servicios en la Delegación de la Comisión de las Comunidades Europeas en México. Se turna a la Primera Comisión.

Por instrucciones del Presidente, la Secretaría da cuenta con un oficio del Oficial Mayor de la Cámara de Senadores, con el que remite las aprobaciones de veintiséis legislaturas estatales, respecto de los artículos tercero y treinta y uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se hace la declaratoria correspondiente.

Se da primera lectura a cinco, dictámenes de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican los grados militares a un número igual de ciudadanos mexicanos.

También se da primera lectura a un dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Emilio Azcárraga Milmo, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Ecuador.

Se someten a discusión y sin ella, en sendas votaciones económicas, se aprueban cinco dictámenes de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican los grados militares a los ciudadanos Juan Enrique Reynoso Valle, Salvador González Santamaría, José Héctor Orozco Peralta, Juan Borrayo Saavedra y Gerónimo Bringas Murrieta. Se turnan al Poder Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

De la misma manera se aprueban y se turnan al Ejecutivo Federal, para sus efectos constitucionales, cinco dictámenes de la Primera Comisión, con proyecto de decreto por los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Mario Augusto José Moya y Palencia, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Cuba; Héctor Vicente Ahuja Fuster, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Guatemala; Carlos Ignacio Gutiérrez Jiménez, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Rumania en Puebla, con circunscripción en los estados de Tlaxcala, Puebla y Veracruz; Jorge Manuel Pintado Cervera, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Rumania en Monterrey, con circunscripción en todo el Estado de Nuevo León y Alejandro Reyes Silvestre, pueda prestar sus servicios en la embajada de la República Federativa de Brasil en México.

La Secretaría da cuenta con un ocurso de vecinos del municipio de Ecatepec, México, en el que denuncian lo que calificaron de fraude y desalojos ilegales. Se turna a las comisiones de Información, Gestoría y Quejas, de Justicia, de Derechos Humanos y de Asentamientos Humanos y Obras Públicas de la Cámara de Diputados.

Para referirse a los hechos sangrientos en Hermosillo, Sonora, hacen uso de la palabra los legisladores: Amador Rodríguez Lozano, del Partido Revolucionario Institucional, quien presenta una declaración política; Carlos Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática; Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista, quien presenta un punto de acuerdo y Víctor Orduña Muñoz, del Partido Acción Nacional. Se turna el expediente a las comisiones de Justicia y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

Se concede el uso de la palabra al diputado Manuel Díaz Infante, del Partido Revolucionario Institucional, quien da lectura a un pronunciamiento en relación con las colegiaturas en las escuelas particulares, firmado por todos los grupos parlamentarios, excepto el de Acción Nacional. Se da por formulado.

Para expresar sus comentarios respecto de los recientes procesos electorales en el Estado de Guerrero, se concede el uso de la palabra a los legisladores Efraín Zúñiga Galeana, del Partido Revolucionario Institucional, quien presenta diversos documentos que se agregan al apéndice de la sesión.

Presidencia del diputado José Antonio González Fernández

Miguel Angel León Corrales, del Partido de la Revolución Democrática, quien es interrumpido por el diputado Zúñiga Galeana, de quien acepta una interpelación;

Presidencia del diputado Fernando Ortiz Arana

Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista; Fernando Charleston Salinas, del Partido Revolucionario Institucional;

Presidencia del diputado José Antonio González Fernández

Alberto Carrillo Armenta, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional;

Presidencia del diputado Fernando Ortíz Arana

Angel Aguirre Rivero, del Partido Revolucionario Institucional; Miguel Angel León Corrales, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos y aceptar una interpelación del diputado Zúñiga Galeana y el mismo diputado Zúñiga Galeana, del Partido Revolucionario Institucional, para rectificar hechos.

El Presidente concede el uso de la palabra al diputado Diego Fernández de Cevallos, del Partido Acción Nacional, quien informa que su Partido se retira de los trabajos que sobre reforma electoral se llevan a cabo en la Cámara de Diputados.

Presidencia del diputado José Antonio González Fernández

Debaten sobre este tema, los legisladores Fernando Ortiz Arana, del Partido Revolucionario Institucional; Diego Fernández de Cevallos, del Partido Acción Nacional, para contestar alusiones personales; Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista, para contestar alusiones personales; Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, quien acepta una interpelación del diputado Lerdo de Tejada; Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista; Carlos Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Fernando Ortiz Arana, del partido Revolucionario Institucional, para rectificar hechos y, en el mismo sentido, Carlos Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.

Sube a la tribuna el diputado Jorge Calderón Salazar, quien expresa su opinión sobre diversos aspectos del Tratado de Libre Comercio entre México, los Estados Unidos de América y Canadá.

Presidencia del diputado Fernando Ortiz Arana

El Presidente saluda con agrado la presencia del excelentísimo señor Chian Chichen, consejero de Estado y Ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular de China, quien se encuentra en el salón de sesiones.

Para expresar sus opiniones respecto al tema planteado por el diputado Calderón Salazar, el Presidente concede el uso de la palabra a los legisladores: José Antonio González Fernández, del Partido Revolucionario Institucional; Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos; Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, quien presenta una declaración política;

Presidencia del diputado José Antonio González Fernández

Javier Garduño Pérez, del Partido Revolucionario Institucional, en contra de la declaración; Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista, para rectificar hechos, en cuatro ocasiones; Víctor Orduña Muñoz, del Partido Acción Nacional, para rectificar hechos; Diego Fernández de Cevallos, del Partido Acción Nacional, para rectificar hechos, en dos ocasiones; Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, quien hace diversas propuestas y Carlos Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.

En votación económica se desecha la declaración presentada por el Partido Popular Socialista y las proposiciones preliminares del Partido de la Revolución Democrática se turnan a las comisiones de Comercio de las Cámaras de Senadores y de Diputados y a las de Trabajo y Previsión Social y de Ecología y Medio Ambiente, de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

Para proponer un punto de acuerdo en relación con los sucesos ocurrridos en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, hace uso de la palabra el diputado Jorge Lepe García, del Partido Revolucionario Institucional y, sobre el mismo tema, habla el diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista. Se da por presentada la declaración política.

Solicita y se concede el uso de la palabra a la diputada Blanca Ruth Esponda Espinosa, del Partido Revolucionario Institucional, quien se refiere al Día Internacional de la Mujer y, desde su curul, el diputado Amezcua Dromundo, expresa su solidaridad a lo expresado por la legisladora.

Sube a la tribuna el diputado Miguel León Corrales, del Partido de la Revolución Democrática,

quien denuncia lo que calificó de homicidios en contra de homosexuales en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y presenta un punto de acuerdo al respecto.

Desde sus respectivas curules, los diputados Amador Rodríguez Lozano y Carlos Cantú Rosas, aclaran su apoyo al punto de acuerdo, pero no a las consideraciones hechas por el diputado León Corrales y, para expresar su opinión, hace uso de la palabra el diputado Alberto Carrillo Armenta, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. Se turna el punto de acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

Para presentar un pronunciamiento político en relación con las inundaciones en el Valle de Mexicali, hace uso de la palabra el diputado Amador Rodríguez Lozano, del Partido Revolucionario Institucional y para rectificar hechos al respecto, los legisladores Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista, quien presenta un punto de acuerdo; Carlos Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática. Dése por hecha la declaración del diputado Rodríguez Lozano; el punto de acuerdo presentado por el diputado Amezcua Dromundo, túrnese a la Comisión de Asuntos Fronterizos e insértese en el Diario de los Debates el texto solicitado por el diputado Cantú Rosas.

Agotados los asuntos en cartera y no habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las diecinueve horas con cuarenta y tres minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo miércoles diez de marzo de mil novecientos noventa y tres, a las once horas.»

El Presidente: -Proceda entonces, señor secretario, a consultar a los legisladores, miembros de la Comisión Permanente, si es de aprobarse el acta de la sesión anterior.

El secretario senador Ramón Serrano Ahumada: -Está a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior.

¿Hay algún legislador que desee hacer observaciones a la misma?

Se consulta a la Asamblea, en votación económica si se aprueba.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente: -Gracias, señor Secretario. Continúe con los demás asuntos contenidos en el orden del día.

COMUNICACIÓN

El secretario senador Ramón Serrano Ahumada:

«Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

Con fecha 10 de noviembre de 1992, la honorable Cámara de Senadores tuvo a bien concederme licencia para separarme del cargo de senador de la República por el Estado de Hidalgo, en atención a la solicitud que le formule para desarrollar las actividades inherentes a la postulación para gobernador constitucional de esta entidad con que me honró el Partido Revolucionario Institucional.

El 27 de febrero del año en curso, el honorable Congreso Local me declaró gobernador electo del Estado de Hidalgo y en los términos previstos por la Constitución Política de la entidad, deberé rendir protesta para el ejercicio de dicho cargo el próximo 1o. de abril.

En tal virtud, con fundamento en el artículo 125 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el digno conducto de ustedes expreso a la Comisión Permanente mi opción para desempeñar el cargo de gobernador del Estado de Hidalgo.

En esta oportunidad reitero a ustedes las seguridades de mi consideración más distinguida.

Atentamente.

Pachuca de Soto, Hidalgo, 2 de marzo de 1993 .- Jesús Murillo Karam.»

El Presidente: -De enterado y comuníquese a la Cámara de Senadores.

INVITACIONES (I)

El secretario senador Ramón Serrano Ahumada:

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Departamento del Distrito Federal.

Ciudadano diputado Fernando Ortiz Arana, Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presente.

El Departamento del Distrito Federal, por conducto de esta dirección general ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del LV aniversario de la Expropiación Petrolera, que tendrá lugar en el Monumento a la Revolución Mexicana, delegación política Cuauhtémoc, el día jueves 18 de marzo a las 11.00 horas.

Por tal motivo, de la manera más atenta me permito solicitarle tenga a bien girar sus respetables indicaciones, a efecto de que un representante de esa honorable Comisión Permanente que usted preside asista a la ceremonia de referencia.

Agradezco cumplidamente las atenciones que se sirva prestar al presente y le reitero con mi reconocimiento, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Director acción cívica, doctor Vicente de la Cruz Santiago.»

El Presidente: -Para asistir a este acto en representación de esta Comisión Permanente, esta Presidencia designa a los siguientes legisladores: diputado Fernando Lerdo de Tejada, senador Manuel Aguilera Gómez, diputado Carlos Enrique Cantú Rosas y diputado Víctor Martín Orduña Muñoz.

Continúe, señor Secretario.

COMUNICACIONES

El secretario senador Ramón Serrano Ahumada:

«Estado Libre y Soberano de Chiapas honorable Congreso.

Ciudadano Presidente de la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- México. D.F.

Por acuerdo del honorable Congreso del Estado, comunicamos a usted (es) que el día de hoy, la Quincuagésima Octava Legislatura Constitucional del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 163 del propio Reglamento Interior, clausuró su Primer Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año de su ejercicio, igualmente en esta misma fecha se integro e instalo la mesa directiva de la Comisión Permanente que funcionará durante el receso del 2 de febrero al 2 de mayo, quedando en la siguiente forma:

Presidente, diputado Roger Grajales González; vicepresidente, diputado Juan José Rueda Aguilar; secretarios, diputado Roberto Javier Fuentes Domínguez; diputada Laura Farrera Gutiérrez; prosecretarios, diputado Rafael Arzat Herrera; Jack Demóstenes Muñoz González; vocal propietario, diputado Arquímides León Ovando, vocal suplente, diputada Hermisenda Paniagua Herrera.

Reiteramos a usted (es) las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 2 de febrero de 1993.- Licenciado Juan José Rueda Aguilar, diputado Presidente.»

De enterado.

«Escudo del Estado de Querétaro.- Honorable Congreso del Estado.

Ciudadano Presidente de la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- México, D.F.

La Quincuagésima Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Querétaro Arteaga, hace de su conocimiento que con esta fecha inauguró y clausuró el Primer Período Extraordinario de sesiones correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio Legal a la que fuera convocada. Presidiendo sus trabajos. Presidente, diputado Braulio Guerra Malo; vicepresidente, diputado Venancio Correa Ordoñez; secretarios, diputado Domingo Gómez Landaverde; diputado Sergio Vargas Cárdenas; secretario suplente, diputado Esteban Darío Martínez Luna.

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para reiterarle las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Querétaro, Querétaro, 29 de enero de 1993.- Diputados secretarios, Domingo Gómez Landaverde y Sergio Vargas Cárdenas.»

De enterado.

«Escudo.- Gobierno de Tamaulipas Poder Legislativo.

Ciudadano Presidente de la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- México, D.F.

Nos permitimos informar a ustedes, que con fundamento en las disposiciones normativas que rigen este Poder Legislativo, en Sesión Pública Ordinaria celebrada éste día, tuvo a bien elegir a los ciudadanos diputados licenciado Omar Zamorano Ayala y al ingeniero Oscar Alexandre López, Presidente y suplente respectivamente de la mesa directiva, que fungirá durante el mes de febrero del presente año.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 30 de enero de 1993.- Diputados secretarios, María Concepción Carrera Perea y Gelasio Márquez Segura.»

De enterado.

BAJA CALIFORNIA

El secretario diputado Rodolfo Becerril Straffon:

«Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas.

Informe ejecutivo de la Comisión Pluripartidista que visitó el Estado de Baja California para hacer una valoración de los hechos ocurridos en el mes de enero.

En cumplimiento del acuerdo adoptado por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión en su sesión del día 14 de enero de 1993, relativo a que "comisiones de la Cámara de Diputados hiciera una valoración detallada de los hechos ocurridos los primeros días del mes de enero del presente año, en el Estado de Baja California". Se integró una Comisión de 15 diputados de las comisiones de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de Asuntos Fronterizos. Dicha Comisión visitó las ciudades de Tijuana, Mexicali, Tecate y Ensenada, los días 29, 30 y 31 de enero de 1993.

La Comisión se trasladó a la ciudad de Mexicali. En el Palacio de Gobierno se celebró una reunión con el ciudadano gobernador del Estado, Ernesto Ruffo Appel, en la que se expusieron las razones de la visita.

El licenciado Ruffo Appel brindó un informe detallado de los hechos provocados por las intensas lluvias, así como de las acciones emprendidas a fin de restablecer la normalización de las actividades.

De la misma manera se celebró una reunión con el ciudadano presidente municipal de Mexicali licenciado Francisco Pérez Tejeda Aguilera, en la cual hizo un balance de lo ocurrido y destacó los problemas más urgentes a resolver.

Se visitaron las zonas afectadas, recogiéndose peticiones de los pobladores.

Más tarde se realizó una entrevista con el licenciado Luis López Moctezuma, delegado regional de la Secretaría de Desarrollo Social, quien informó sobre la problemática en general de la ciudad de Tijuana, así como de los apoyos que la federación otorgó para atender la situación de emergencia.

Por la noche del 29 de enero, la Comisión se reunió con miembros del Congreso Local, quiénes expusieron su punto de vista, estableciéndose acuerdos para apoyar y coordinar el Trabajo Parlamentario, entre comisiones de ambos congresos.

El sábado 30 de enero en la ciudad de Tijuana, la Comisión se entrevistó con el arquitecto Héctor Osuna Jaime, presidente municipal de Tijuana, el cual hizo una detallada exposición de las repercusiones de las intensas lluvias en el municipio, así como de las acciones emprendidas para restablecer la normatividad en los lugares más afectados.

Se realizó un recorrido por las colonias que resultaron con mayores daños.

Posteriormente en reunión con el responsable de la guarnición militar de la ciudad de Tijuana, general Jorge de Jesús Waby Rosell se informó de las acciones emprendidas por el Ejército Mexicano. Igualmente se visitó un albergue instalado en ese instituto permitiendo a los ciudadanos diputados entrevistarse con diversos damnificados.

La Comisión de diputados se reunió además con el responsable del Programa Nacional de Solidaridad en Tijuana, arquitecto Jaime Martínez Veloz, mismo que expuso las acciones que el Programa puso en práctica para enfrentar los sucesos.

Más tarde, la Comisión se trasladó a la ciudad de Tecate, Baja California, para entrevistarse con el presidente municipal C.P. Pablo Contreras Rodríguez, quien reseñó las repercusiones de las lluvias en el municipio y las medidas emprendidas para restablecer la normatividad. Los daños reportados son los menores en todo el Estado.

De regreso a la ciudad de Tijuana, se realizó una reunión de trabajo con el procurador de los Derechos Humanos en el Estado de Baja California, licenciado José Luis Pérez Canchola, en la cual se destacaron los principales problemas en relación con la atención a los afectados por las lluvias y se emitieron diversas recomendaciones tendientes a garantizar los derechos de los damnificados y que éstos puedan recuperar su patrimonio.

El domingo 31 de enero, la Comisión de Diputados sostuvo una entrevista con el ciudadano presidente municipal de Ensenada, C.P. Oscar Sánchez del Palacio, para conocer las consecuencias de las torrenciales lluvias en ese municipio y en el valle agrícola de San Quintín.

Finalmente, los diputados de las comisiones legislativas de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y Asuntos Fronterizos, celebraron reuniones con los representantes eclesiásticos de Tijuana y con representantes de la Cruz Roja Mexicana en la ciudad fronteriza.

Con base en las entrevistas y el recorrido realizado por los cuatro municipios del Estado de Baja California, la Comisión se permite presentar las siguientes;

Conclusiones y recomendaciones

Primera. El siniestro presentado en el Estado de Baja California pone de manifiesto la vulnerabilidad que enfrentan las ciudades mexicanas como resultado de su crecimiento desordenado, el rezago acumulado en el desarrollo de su equipamiento en infraestructura urbana, la desmedida presencia de asentamientos irregulares, la falta de delimitación de zonas de riesgo y de las zonas federales donde éstos se ubican, el desarrollo incipiente de los sistemas municipales de protección civil y otros elementos que inciden en la anarquía del desarrollo urbano que no son privativos de las ciudades baja californianas.

Segunda. En cuanto a la ciudad de Tijuana, ésta enfrenta una situación que reclama de atención especial tanto de las autoridades locales como federales, ya que se trata de una de las ciudades mexicanas que registran los más altos índices de crecimiento al duplicar su población cada 10 años.

La migración es determinante para entender este grave problema. De la población total del Estado 1,660,855 habitantes más de 700,000 nacieron en otra entidad, y tan sólo, tan sólo cruzan la línea fronteriza más de 300 mil deportados de los Estados Unidos anualmente.

En lo que respecta al problema de vivienda existen un total de 373,898 viviendas habitadas y sus ocupantes ascienden a 1660,855. El promedio es de 4.4 habitantes por vivienda. De ahí se desprende que más de 335,305 personas viven en condiciones precarias un buen número en asentamientos irregulares que no están reconocidos en los censos.

Lo anterior se agrava por la situación geográfica de la ciudad de Tijuana, que presenta condiciones orográficas accidentadas que prácticamente la incomunican, además de estar situada en una zona sísmica lo que la convierte en una de las ciudades más vulnerables del país.

Tercera. Esta situación reclama de la adopción de medidas de emergencia, en las que tengan prioridad:

a) La reconstrucción y rehabilitación inmediata de las zonas dañadas, así como la realización de nuevas obras y equipamiento, particularmente la terminación de la canalización de los ríos Tijuana y Alamar.

b) El reordenamiento urbano de Tijuana, que contemple la reubicación de asentamientos irregulares, principalmente de aquellos ubicados en zonas de riesgo, así como la revisión del plano regulador de la ciudad y de medidas y para evitar la especulación inmobiliaria.

c) La delimitación de zonas de riesgo.

d) La revisión y actualización del Reglamento de construcción de esa ciudad.

e) La promoción de un convenio de participación y concertación ciudadana para la instrumentación de estas medidas, a través de organizaciones civiles y el reconocimiento de los derechos, demandas y necesidades de los afectados.

Cuarta. Los trágicos sucesos acaecidos en el Estado de Baja California ponen una vez más en

evidencia la necesidad de establecer un adecuado marco normativo relacionado con la protección civil que contenga entre otros aspectos:

a) La precisión de los ámbitos de competencia de la Federación, las entidades federativas y los municipios, para definir las acciones que corresponden concretamente a cada uno de ellos.

b) Precisar las facultades de los integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil.

c) Determinar los mecanismos de coordinación entre la Federación, los estados y los municipios.

d) Establecer las formas de participación de las organizaciones no gubernamentales así como del sector privado y social en los casos de emergencia.

e) Delimitar responsabilidades del sector público, de los diversos niveles de Gobierno y de los sectores privado y social en los casos de emergencia.

f) Procurar la congruencia de los sistemas de protección civil nacional y estatales, así como de los planes y programas de protección civil, considerando las acciones de prevención, mitigación, auxilio y restablecimiento.

g) Precisar los mecanismos y alcances de las declaratorias de emergencia, así como determinar el papel y la actividad de los medios de comunicación, en casos de alto riesgo, siniestro o desastre.

Quinta. Se recomienda solicitar de manera respetuosa a las autoridades correspondientes del Estado de Baja California, que se realicen y se lleven a su término las investigaciones relativas a las denuncias presentadas en contra de quiénes resulten responsables en los ámbitos penal y civil, asimismo se exhorta a dichas autoridades a vigilar el adecuado pago de las indemnizaciones y la reparación del daño a que tengan derecho los afectados por este suceso.

Al mismo tiempo atendiendo la proposición de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Baja California, se recomienda la creación de una fiscalía especial que salvaguarde los derechos de la ciudadanía y conozca las denuncias en contra de particulares y servidores públicos de diferentes administraciones a fin de deslindar responsabilidades.

Sexta. En relación con las otras tres ciudades visitadas se hacen las siguientes recomendaciones.

Ensenada

Precisar la forma como se aplicará la instrucción Presidencial del 20 de enero para que a través del Pronasol se instale un programa de apoyo para los trabajadores agrícolas que se vieron afectados por la pérdida de cosechas en el Valle de San Quintín, incluida la extensa comunidad mixteca que habita la zona. Así como la rehabilitación de la Carretera Transpeninsular, importante vía de comunicación en el Estado.

Mexicali

Atender los problemas relativos a equipamiento, accesos, pavimentación, drenaje en colonias populares, Rehabilitar los drenes naturales y buscar una mejor coordinación entre las diferentes autoridades respetando la competencia de cada una de éstas.

Tecate

Se propone la atención a esta ciudad, en virtud de que se prevee un crecimiento acelerado en los próximos años, que aún es controlable tanto en crecimiento como en ordenamiento urbano.

Se recomienda integrar a la ciudad de Tecate al Programa de Integración Ambiental Fronterizo.

Séptima. Tanto al seno de la Comisión Pluripartidista como a lo largo del recorrido se escucharon diversas opiniones sobre la oportunidad o no de declarar a Tijuana zona de desastre y si esta decisión influyó de alguna manera en la cuantía de víctimas y daños así como del recibimiento tardío de la ayuda proveniente de la Federación.

De esta inquietud la Comisión especial realizó un breve diagnóstico del marco jurídico relativo a la protección civil desprendiéndose lo siguiente:

En los instrumentos normativos referentes a la protección civil no se establece ninguna figura jurídica denominada "declaratoria de desastre" que tenga efectos para la intervención del Gobierno Federal, estatal, municipal y de las dependencias gubernamentales con el fin de instrumentar los programas previstos en el Sistema Nacional de Protección Civil.

A diferencia de la normatividad aplicable en los Estados Unidos de Norteamérica y en los otros países donde se faculta al Ejecutivo Federal e incluso a los ejecutivos estatales a declarar "zonas de desastre" como requisito para desencadenar una serie de efectos jurídicos, entre los que pueden

estar la suspensión de garantías, en México no aparece esta figura. (1)

Lo más cercano a esta declaratoria, es la llamada declaratoria de emergencia, que aparece en el artículo 26 del Reglamento de Protección Civil para el D.F. que se circunscribe a esta entidad y sólo tiene efectos para: identificar el desastre; determinar la zona o zonas afectadas; determinar las acciones a efectuar por parte de los organismos público y privado y; dirigir instrucciones a las poblaciones de acuerdo al Programa General.

En México a nivel federal existen tres instancias básicas para dar respuesta a las situaciones de emergencia: el Presidente de la República que puede ordenar estas acciones; las fuerzas armadas a través del Plan D N - III que se aplica de inmediato y; la Secretaría de Gobernación quién coordina las acciones de las diversas dependencias federales de acuerdo al Sistema Nacional de Protección Civil.

El propio sistema establece que de acuerdo a los principios de coordinación, reciprocidad y solidaridad intervendrán las autoridades federal, estatal y municipal de acuerdo a los programas y subprogramas establecidos.

A pesar de que en las bases para el Sistema de Protección Civil emitido en 1986 se señala la necesidad de conformar un marco jurídico adecuado para permitir un funcionamiento eficaz del Sistema de Protección Civil Nacional, y de manera expresa se recomendó la emisión de una Ley Federal de Protección Civil, donde entre otros importantes aspectos se precisaría los ámbitos de competencia y los mecanismos de coordinación entre los niveles de Gobierno Federal, estatal y municipal, a la fecha este ordenamiento no se ha elaborado. (2)

Asimismo El Programa Nacional de Protección Civil 1990- 1994 señala la necesidad de dotar al país de un marco jurídico de Protección Civil que propiciaría la adecuación de la normatividad y la reglamentación específica en esta materia. (3)

(1) Las facultades extraordinarias del Ejecutivo Federal en casos de invasión o trastornos interiores que aparecen en el artículo 29 constitucional y que se otorgan a los ejecutivos estatales, como en el caso del artículo 49 fracción XVIII de la Constitución de Baja California, no son aplicables para el caso de desastres, además de tener otros efectos.

(2) Diario Oficial de la Federación, 6 de mayo de 1986,

(3) Diario Oficial de la Federación, 29 de mayo de 1991,

Si bien son inegables los avances obtenidos en la creación del Sistema Nacional de los sistemas estatales y de los programas nacionales y estatales en materia de Protección Civil, a la fecha se carece de un marco adecuado, donde se precisen competencias, procedimientos y mecanismos de coordinación en esta materia.

Estudiosos de la materia han coincidido en la ambigüedad y falta de precisión existente en la actualidad respecto a las competencias y formas de coordinación en materia de Protección Civil.

Por lo que es conveniente que se especifiquen los ámbitos de competencia de la Federación, las entidades federativas y los municipios, para definir qué le corresponde concretamente a cada uno, a fin de proporcionar una sola unidad orgánica, también sería necesario precisar las facultades de los miembros que intervendrían dentro del Sistema Nacional de Protección Civil, así como determinar los mecanismos de coordinación entre la Federación y los estados.

Es un hecho que uno de los problemas que se han presentado en nuestro país en cuanto a la aplicación del Sistema Nacional y de los Sistemas Estatales de Protección Civil se refiere a la insuficiente delimitación de las responsabilidades y obligaciones entre las diferentes instancias de Gobierno y las formas de coordinación en los casos de desastre.

Por lo anterior la Comisión pluripartidista que acudió a Baja California considera la urgente necesidad de establecer un marco jurídico que precise estos aspectos y permita una adecuada respuesta a las situaciones de emergencia.

Octava. Finalmente se hace la recomendación para que las Comisiones de Asentamientos Humanos y la de Asuntos Fronterizos, mantengan un seguimiento de la situación, en especial de la reconstrucción y atención a damnificados, y la adopción de medidas de protección civil, entre otras, la delimitación de las zonas de riesgo y la reubicación de asentamientos irregulares.

Atentamente.

México, Distrito Federal, 3 de marzo de 1993. - La Comisión Especial; diputados Alejandro Encinas Rodríguez, Agustín Basave Benítez, Amador Rodríguez Lozano, José de Jesús González Reyes, Ernesto Enciso Clark, Victoria Reyes Reyes, Oscar René Nieto Burciaga, Martha Maldonado Zepeda, Eduardo Trejo González, María Clara Mejía Guajardo, Francisco Cital Camacho, Rogelio Appel Chacón, Rafael Morgan Alvarez y Oscar Garzón Gárate.»

De enterado.

OFICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN

NOMBRAMIENTOS

El secretario diputado Rodolfo Becerril Straffon:

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

Con fecha 2 del actual, la Secretaría de Relaciones Exteriores, se ha dirigido al suscrito, manifestando lo siguiente:

"En uso de las facultades que le concede el artículo 89 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el ciudadano Presidente de la República ha tenido a bien nombrar al ciudadano Eduardo Cayetano García Puebla, cónsul general de México en Dallas, Texas, E.U.A. En consecuencia, he de agradecer a usted se sirva solicitar en los términos de la fracción VII, del artículo 79 constitucional la ratificación de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión para este nombramiento. Con este fin le envío adjuntos los datos biográficos del interesado."

Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, enviándoles además con el presente los anexos que en el mismo se mencionan.

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, Distrito Federal, a 3 de marzo de 1993.- El secretario, Patrocinio González Blanco Garrido.»

Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores, dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 2 del actual, enviándoles además con el presente los anexos que en el mismo se citan:

"En uso de las facultades que le concede el artículo 89 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el ciudadano Presidente de la República ha tenido a bien designar al ciudadano Enrique Manuel Loeza Tovar, cónsul general de México en los Angeles, California, E.U.A. En consecuencia, he de agradecer a usted se sirva solicitar en los términos de la fracción VII, del artículo 79 constitucional la ratificación de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión para este nombramiento. Con este fin le envío adjuntos los datos biográficos del interesado."

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, Distrito Federal, a 3 de marzo de 1993.- El secretario, Patrocinio González Blanco Garrido.»

Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.

RATIFICACIÓN DE GRADOS MILITARES

El secretario diputado Rodolfo Becerril Straffon:

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional, se ha dirigido a ésta de Gobernación, con fecha 1o. del presente, manifestando lo siguiente:

"Por acuerdo del ciudadano general secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general brigadier Jesús Márquez Vázquez (3904163), que en diecisiete fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo, para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Lo que transcribo para su conocimiento y fines legales procedentes, enviándoles con el presente el anexo que en el mismo se cita.

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, Distrito Federal, a 2 de marzo de 1993.- El secretario, Patrocinio González Blanco Garrido.»

«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

Con fecha 4 de febrero último, la Secretaría de la Defensa Nacional, se ha dirigido a ésta Dependencia del Ejecutivo, manifestando lo siguiente:

"Por acuerdo del ciudadano general secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general de brigada diplomado de Estado Mayor Miguel Escamilla Núñez (447752), que en dieciséis fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo, para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, enviándoles con el presente el anexo que el mismo se cita.

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, Distrito Federal, a 2 de marzo de 1993.- El secretario, Patrocinio, González Blanco Garrido.»

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional, dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 8 de febrero próximo pasado:

"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general brigadier Rafael Roberto García y Silva (7748712), que en diecisiete fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo, para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Al comunicar a ustedes lo anterior les envío con el presente la hoja de servicios a que se hace referencia.

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, Distrito Federal, a 2 de marzo de 1993. - El secretario, Patrocinio González Blanco Garrido.»

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

En oficio fechado el 11 de febrero último, la Secretaría de la Defensa Nacional, manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:

"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general brigadier Jesús Coronel Portilla (488513), que en quince fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo, para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Lo que hago del conocimiento de ustedes para los fines legales procedentes, enviándoles con el presente el anexo que se menciona.

Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, Distrito Federal, a 2 de marzo de 1993.- El secretario, Patrocinio González Blanco Garrido.»

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional, se ha dirigido a ésta de Gobernación, con fecha 15 de febrero próximo pasado, manifestando lo siguiente:

"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general de brigada Guillermo Alvarez Nara (488607), que en dieciséis fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo, para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, acompañándoles al presente el anexo que en el mismo se cita.

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, Distrito Federal, a 2 de marzo de 1993.- El secretario, Patrocinio González Blanco Garrido.»

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

Con fecha 13 de febrero último, la Secretaría de la Defensa Nacional, se ha dirigido a ésta dependencia del Ejecutivo, manifestando lo siguiente:

"Por acuerdo del ciudadano general secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general brigadier Julián David Rivera Bretón (8049798), que en catorce fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo, para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, enviándoles con el presente el anexo que en el mismo se cita.

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, Distrito Federal, a 2 de marzo de 1993.- El secretario, Patrocinio González Blanco Garrido.»

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional, dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 16 de febrero próximo pasado:

"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general brigadier diplomado de Estado Mayor Jorge Isaac Jiménez García (5528145), que en dieciséis fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo, para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Al comunicar a ustedes lo anterior, les envío con el presente la hoja de servicios a que se hace referencia.

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, Distrito Federal, a 2 de marzo de 1993.- El secretario, Patrocinio González Blanco Garrido.»

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

En oficio fechado el 18 de febrero último, la Secretaría de la Defensa Nacional, manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:

"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general de ala piloto aviador diplomado de Estado Mayor Aéreo Ernesto Arcos Oropeza (7808709), que en dieciocho fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo, para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Lo que hago del conocimiento de ustedes, para los fines legales procedentes, enviándoles con el presente el anexo que en el mismo se menciona.

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, Distrito Federal, a 2 de marzo de 1993.- El secretario, Patrocinio González Blanco Garrido.»

Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA

RATIFICACIÓN DE GRADOS MILITARES

El secretario diputado Rodolfo Becerril Straffon:

«Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1992 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano general brigadier diplomado de Estado Mayor, Gastón Menchaca Arias, como general de brigada diplomado de Estado Mayor, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército en el Heroico Colegio Militar el primero de enero de mil novecientos cincuenta y siete y el primero de enero de mil novecientos sesenta fue ascendido a subteniente de caballería al término satisfactorio del curso de formación en dicho plantel;

b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de capitán segundo de caballería, al término del curso de mando y Estado Mayor General el treinta y uno de agosto de mil novecientos sesenta y ocho, adquirió el carácter de diplomado de Estado Mayor;

c) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;

d) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante treinta y seis años, doce días, y

e) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicio requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera Clases, así como la de Perseverancia "Especial".

De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general brigadier, diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se ratifica el grado de general de la brigada diplomado de Estado Mayor que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Gastón Menchaca Arias.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 24 de febrero de 1993.- Presidente senador Humberto Lugo Gil; secretario diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos; diputados Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Blanca Ruth Esponda Espinosa, Fernando Lerdo de Tejada, Amador Rodríguez Lozano, senadores Carlos Sobrino Sierra, Héctor Terán Terán, Jorge Adolfo Vega Camacho y Angel Ventura Valle.»

Es de primera lectura.

«Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1992 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano general brigadier diplomado de Estado Mayor, Basilio Pérez Casanova, como general de brigada diplomado de Estado Mayor, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército en el Heroico Colegio Militar el primero de enero de mil novecientos cincuenta y uno y el primero de enero de mil novecientos cincuenta y cuatro fue ascendido a subteniente de zapadores al término satisfactorio del curso de formación en dicho plantel;

b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón y cuando ostentaba el mayor de infantería, al término del curso de mando y Estado Mayor General el 1o. de septiembre de mil novecientos sesenta y ocho, adquirió el carácter de diplomado de Estado Mayor;

c) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;

d) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante cuarenta y dos años, once días, y

e) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicio requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera Clases, así como la de Perseverancia "Especial" y "Extraordinaria".

De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de brigada, diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se ratifica el grado de general de brigada diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Basilio Pérez Casanova.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 24 de febrero de 1993.- Presidente senador Humberto Lugo Gil; secretario diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos; diputados Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Blanca Ruth Esponda Espinosa, Fernando Lerdo de Tejada, Amador Rodríguez Lozano, senadores Carlos Sobrino Sierra, Héctor Terán Terán, Jorge Adolfo Vega Camacho y Angel Ventura Valle.»

Es de primera lectura.

«Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1992 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano general brigadier diplomado de Estado Mayor, José Rubén Rivas Peña, como general de brigada diplomado de Estado Mayor, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército en el Heroico Colegio Militar el primero de enero de mil novecientos cincuenta y ocho y el primero de enero de mil novecientos sesenta y uno fue ascendido a subteniente de caballería al término satisfactorio del curso de formación en dicho plantel;

b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de capitán segundo de caballería, al término del curso de mando y Estado Mayor General el primero de septiembre de mil novecientos sesenta y nueve, adquirió el carácter de diplomado de Estado Mayor;

c) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;

d) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante treinta y cinco años, nueve días, y

e) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicio requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera Clases.

De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de brigada, diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se ratifica el grado de general de la brigada diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano José Rubén Rivas Peña.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México Distrito Federal, a 24 de febrero de 1993.- Presidente senador Humberto Lugo Gil; secretario diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos, diputados Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Blanca Ruth Esponda Espinosa, Fernando Lerdo de Tejada, Amador Rodríguez Lozano, senadores Carlos Sobrino Sierra, Héctor Terán Terán, Jorge Adolfo Vega Camacho y Angel Ventura Valle.»

Es de primera lectura.

«Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1992 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano general brigadier diplomado de Estado Mayor, José Alvaro Vallarta Ceceña, como general de brigada diplomado de Estado Mayor, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

a) Que ingresó como cadete numerario al Ejército en el Heroico Colegio Militar el primero de enero de mil novecientos cincuenta y siete y el primero de enero de mil novecientos sesenta fue ascendido a subteniente de infantería al término satisfactorio del curso de formación en dicho plantel;

b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de capitán segundo de infantería, al término del curso de mando y Estado Mayor General el treinta y uno de octubre de mil novecientos sesenta y siete, adquirió el carácter de diplomado de Estado Mayor;

c) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;

d) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante treinta y seis años, quince días, y

e) Se le confirió en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicio requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera Clases, así como la de Perseverancia "Especial."

De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de brigada diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se ratifica el grado de general de brigada diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano José Alvaro Vallarta Ceceña.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 24 de febrero de 1993.- Presidente senador Humberto Lugo Gil; secretario diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos; diputados Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Blanca Ruth Esponda Espinosa, Fernando Lerdo de Tejada, Amador Rodríguez Lozano, senadores Carlos Sobrino Sierra, Héctor Terán Terán, Jorge Adolfo Vega Camacho y Angel Ventura Valle.»

Es de primera lectura.

«Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1992 por el ciudadano Presidente de la

República, en favor del ciudadano general brigadier diplomado de Estado Mayor, Fausto Manuel Zamorano Esparza, como general de brigada diplomado de Estado Mayor, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército en el Heroico Colegio Militar el primero de enero de mil novecientos cincuenta y ocho y el primero de enero de mil novecientos sesenta y uno fue ascendido a subteniente de artillería al término satisfactorio del curso de formación en dicho plantel;

b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de capitán segundo de artillería, al término del curso de mando y Estado Mayor General el treinta y uno de agosto de mil novecientos sesenta y nueve, adquirió el carácter de diplomado de Estado Mayor;

c) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;

d) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante treinta y cinco años, catorce días, y

e) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicio requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera Clases.

De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de brigada, diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se ratifica el grado de general de brigada diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Fausto Manuel Zamorano Esparza.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 24 de febrero de 1993.- Presidente senador Humberto Lugo Gil; secretario diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos; diputados Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Blanca Ruth Esponda Espinosa, Fernando Lerdo de Tejada, Amador Rodríguez Lozano, senadores Carlos Sobrino Sierra, Héctor Terán Terán, Jorge Adolfo Vega Camacho y Angel Ventura Valle.»

Es de primera lectura.

«Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1992 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano general brigadier diplomado de Estado Mayor, Luis Humberto, López Portillo, como general de brigada diplomado de Estado Mayor, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército en el Heroico Colegio Militar el primero de enero de mil novecientos cincuenta y siete y el primero de enero de mil novecientos sesenta fue ascendido a subteniente de infantería al término satisfactorio del curso de formación en dicho plantel;

b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de capitán segundo de infantería, al término del curso de mando y Estado Mayor General el treinta y uno de octubre de mil novecientos sesenta y siete, adquirió el carácter de diplomado de Estado Mayor;

c) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;

d) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante treinta y seis años, ocho días, y

e) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicio requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera Clases, así como la de Perseverancia "Especial".

De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de brigada,

diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se ratifica el grado de general de brigada diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Luis Humberto López Portillo Leal.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 24 de febrero de 1993.- Presidente senador Humberto Lugo Gil; diputado secretario Diego Fernández de Cevallos Ramos; diputados Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Blanca Ruth Esponda Espinosa, Fernando Lerdo de Tejada, Amador Rodríguez Lozano, senadores Carlos Sobrino Sierra, Héctor Terán Terán, Jorge Adolfo Vega Camacho y Angel Ventura Valle.»

Es de primera lectura.

«Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1992 por el ciudadano Presidente de la República en favor del ciudadano coronel de infantería diplomado de Estado Mayor, Jesús Eduardo Beltrán Guerra, como general brigadier diplomado de Estado Mayor, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército en el Heroico Colegio Militar el primero de febrero de mil novecientos sesenta y el primero de enero de mil novecientos sesenta y tres fue ascendido a subteniente de infantería, al término satisfactorio del curso de formación en dicho plantel;

b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de capitán primero de infantería, al término del curso de mando y Estado Mayor General el primero de septiembre de mil novecientos setenta y cinco, adquirió el carácter de diplomado de Estado Mayor;

c) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;

d) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante treinta y dos años, once meses, quince días y

e) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicio requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera Clases.

De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general brigadier, diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se ratifica el grado de general brigadier diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Jesús Eduardo Beltrán Guerra.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 24 de febrero de 1993.- Presidente senador Humberto Lugo Gil; secretario diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos; diputados Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Blanca Ruth Esponda Espinosa, Fernando Lerdo de Tejada, Amador Rodríguez Lozano; senadores: Carlos Sobrino Sierra, Héctor Terán Terán, Jorge Adolfo Vega Camacho, Angel Ventura Valle.»

Es de primera lectura.

«Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1992 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano coronel de infantería diplomado de Estado Mayor, Enrique Chávez Chiquillo, como general brigadier

diplomado de Estado Mayor, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército en el Heroico Colegio Militar el trece de enero de mil novecientos sesenta y dos y el primero de enero de mil novecientos sesenta y cinco fue ascendido a subteniente de infantería, al término satisfactorio del curso de formación en dicho plantel;

b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de capitán segundo de infantería, al término del curso de mando y Estado Mayor General el treinta y uno de agosto de mil novecientos setenta y tres, adquirió el carácter de diplomado de Estado Mayor,

c) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;

d) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante treinta y un años, dos días, y

e) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicio requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera Clases.

De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general brigadier, diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se ratifica el grado de general brigadier diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Enrique Chávez Chiquillo.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 24 de febrero de 1993. - Presidente senador Humberto Lugo Gil; diputado secretario Diego Fernández de Cevallos Ramos; diputados Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Blanca Ruth Esponda Espinosa, Fernando Lerdo de Tejada Amador Rodríguez Lozano; senadores: Carlos Sobrino Sierra, Héctor Terán Terán, Jorge Adolfo Vega Camacho, Angel Ventura Valle.»

Es de primera lectura.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

El secretario diputado Rodolfo Becerril Straffon:

«Primera Comisión.

Honorable Asamblea: en oficio fechado el 15 de febrero del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Cristina Martínez Castellanos, Italo Francisco Di Lorenzo y Luis Jaime Morales Aguilar, puedan prestar sus servicios como secretaria - recepcionista, secretario contable y asesor económico, en la Delegación de la Comisión de las Comunidades Europeas en México.

En sesión celebrada en esta fecha por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 3 de marzo, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

CONSIDERANDO

a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada de sus actas de nacimiento;

b) Que los servicios que los interesados prestarán en la Delegación de la Comisión de Comunidades Europeas en México, serán de carácter administrativo.

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 constitucional.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana Cristina Martínez Castellanos, para prestar servicios como secretaria - recepcionista, en la Delegación de la Comisión de las Comunidades Europeas, en México.

Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano Italo Francisco Di Lorenzo González, para prestar servicios como secretario contable, en la Delegación de la Comisión de las Comunidades Europeas, en México.

Artículo tercero. Se concede permiso al ciudadano Luis Jaime Morales Aguilar, para prestar servicios como asesor económico, en la Delegación de la Comisión de las Comunidades Europeas, en México.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 4 de marzo de 1993. - Presidente diputado Rigoberto Ochoa Zaragoza; secretario diputado Miguel Angel León Corrales, diputados Carlos Enrique Cantú Rosas, Alberto Carrillo Armenta, Víctor Orduña Muñoz, Jorge Leobardo Lepe García; senadores Manuel Aguilera Gómez, Artemio Iglesias Miramontes, Ernesto Luque Feregrino, Roberto Robles Garnica, Germán Sierra Sánchez.»

Es de primera lectura.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN

RATIFICACIÓN DE GRADOS MILITARES

El secretario diputado Rodolfo Becerril Straffon:

«Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el veinte de noviembre de 1991 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano capitán de navío del cuerpo de infantería de marina, milicia permanente de la Armada de México, Pablo Vázquez Vázquez, como contralmirante del cuerpo de infantería de marina, milicia permanente de la Armada de México, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:

a) Que ingresó como cadete en la Escuela Naval Militar el dos de enero de mil novecientos cincuenta y nueve y el primero de enero de mil novecientos sesenta y dos fue ascendido a subteniente del cuerpo de infantería de marina, milicia auxiliar de la armada de México, al término satisfactorio de sus estudios en dicho plantel;

b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;

c) Como miembro de la armada de México ha prestado servicios a la nación mexicana durante treinta y tres años, once meses veintinueve días, y

d) Se le confirió en su oportunidad, por satisfacer el tiempo de servicios requerido para ello, la Condecoración de Perseverancia de Segunda Clase.

De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado contralmirante del cuerpo de infantería de marina, milicia permanente de la Armada de México, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se ratifica el grado de contralmirante del cuerpo de infantería de marina, milicia permanente de la Armada de México, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Pablo Vázquez Vázquez.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 12 de febrero de 1993. - Presidente senador Humberto Lugo Gil; diputado secretario Diego Fernández de Cevallos Ramos; diputados Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Blanca Ruth Esponda Espinosa, Fernando Lerdo de Tejada, Amador Rodríguez Lozano; senadores: Carlos Sobrino Sierra, Héctor Terán Terán, Jorge Adolfo Vega Camacho, Angel Ventura Valle.»

Es de segunda lectura.

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.. Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.

"Segunda Comisión.

Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el veinte de noviembre de 1991 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano capitán de fragata del cuerpo general diplomado de Estado Mayor, milicia permanente de la armada de México, Jaime Mejía Michel, como capitán de navío del cuerpo general diplomado de Estado Mayor personal permanente de la armada de México, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:

a) Que ingresó como Cadete en la Escuela Naval Militar el dieciocho de enero de mil novecientos sesenta y cinco y el primero de agosto de mil novecientos setenta fue ascendido a guardia marina del cuerpo general, milicia permanente de la armada de México al término satisfactorio de sus estudios en dicho plantel;

b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de capitán de fragata del cuerpo general adquirió el carácter, de diplomado de Estado Mayor;

c) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;

d) Como miembro de la armada de México ha prestado servicios a la nación mexicana durante veintisiete años, once meses y trece días, y

e) Se le confirió en su oportunidad, por satisfacer el tiempo de servicios requerido para ello, la Condecoración de Perseverancia de Tercera Clase.

De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado capitán de navío del cuerpo general diplomado de Estado Mayor, personal permanente de la armada de México, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se ratifica el grado de capitán de navío del cuerpo general diplomado de Estado Mayor, personal permanente de la armada de México, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Jaime Mejía Michel.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 12 de febrero de 1993. - Presidente senador Humberto Lugo Gil, secretario diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos; diputados Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Blanca Ruth Esponda Espinosa, Fernando Lerdo de Tejada, Amador Rodríguez Lozano; senadores: Carlos Sobrino Sierra, Héctor Terán Terán, Jorge Adolfo Vega Camacho y Angel Ventura Valle.»

Es de segunda lectura.

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.

«Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el veinte de noviembre de 1991 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano capitán de fragata del cuerpo general, ingeniero mecánico naval milicia permanente de la armada de México José A. Talavera Castella, como capitán de navío del cuerpo general diplomado de Estado Mayor personal permanente de la armada de México, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:

a) Que ingresó como cadete en la Heroica Escuela Naval Militar, el ocho de enero de mil novecientos sesenta y cuatro y el primero de agosto de mil novecientos setenta fue ascendido a guardia marina del cuerpo general ingeniero mecánico naval, milicia permanente de la armada de México al término satisfactorio de sus estudios en dicho plantel;

b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;

c) Como miembro de la armada de México ha prestado servicios a la nación mexicana durante veintiocho años, once meses, veintitrés días, y

d) Se le confirió en su oportunidad, por satisfacer el tiempo de servicios requerido para ello, la Condecoración de Perseverancia de Tercera Clase.

De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado capitán de navío del cuerpo general diplomado de Estado Mayor, personal permanente de la armada de México, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se ratifica el grado de capitán de navío del cuerpo general diplomado de Estado Mayor, milicia permanente de la armada de México, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano José A. Talavera Castella.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 12 de febrero de 1993. - Presidente senador Humberto Lugo Gil; secretario diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos; diputados Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Blanca Ruth Esponda Espinosa, Fernando Lerdo de Tejada, Amador Rodríguez Lozano; senadores: Carlos Sobrino Sierra, Héctor Terán Terán, Jorge Adolfo Vega Camacho, Angel Ventura Valle.»

Es de segunda lectura.

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.

«Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el veinte de noviembre de 1991 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano capitán de fragata del cuerpo de aeronáutica naval, núcleo piloto aviador, milicia permanente de la armada de México, Gelasio Luna Gutiérrez, como capitán de navío del cuerpo de aeronáutica naval, núcleo piloto aviador, milicia permanente de la armada de México, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:

a) Que ingresó como cadete en la Heroica Escuela Naval Militar el quince de enero de mil novecientos sesenta y tres y el primero de agosto de mil novecientos setenta fue ascendido a guardia marina del cuerpo general, milicia permanente de la armada de México, al término satisfactorio de sus estudios en dicho plantel;

b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;

c) Como miembro de la armada de México ha prestado servicios a la nación mexicana durante veintinueve años, once meses, quince días, y

d) Se le confirió en su oportunidad, por satisfacer el tiempo de servicios requerido para ello, la Condecoración de Perseverancia de Tercera Clase.

De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado capitán de navío del cuerpo de aeronáutica naval, núcleo piloto aviador, milicia permanente de la armada de México, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se ratifica el grado de capitán de navío del cuerpo de aeronáutica naval, núcleo piloto aviador, milicia permanente de la armada de México, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Gelasio Luna Gutiérrez.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 12 de febrero de 1993. - Presidente senador Humberto Lugo Gil; secretario diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos;

Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Blanca Ruth Esponda Espinosa, Fernando Lerdo de Tejada, Amador Rodríguez Lozano; senadores: Carlos Sobrino Sierra, Héctor Terán Terán, Jorge Adolfo Vega Camacho y Angel Ventura Valle.»

Es de segunda lectura.

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.

El secretario senador Ramón Serrano Ahumada:

«Segunda Comisión.

Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el veinte de noviembre de 1991 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano capitán de fragata del servicio de ingenieros rama naval militar, milicia permanente de la armada de México, Sergio E. Anaya y Galván como capitán de navío del servicio de ingenieros navales milicia permanente de la armada de México, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:

a) Que ingresó como cadete en la Escuela Naval Militar el primero de enero de mil novecientos sesenta y seis y el primero de agosto de mil novecientos setenta y uno fue ascendido a guardia marina del cuerpo general ingeniero mecánico naval, milicia permanente de la armada de México al término satisfactorio de sus estudios en dicho plantel;

b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;

c) Como miembro de la Armada de México ha prestado servicios a la Nación mexicana durante veintisiete años, y

d) Se le confirió en su oportunidad, por satisfacer el tiempo de servicios requerido para ello, la Condecoración de Perseverancia de Tercera Clase.

De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado capitán de navío del servicio de ingenieros navales milicia permanente de la Armada de México, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se ratifica el grado de capitán de navío del servicio de ingenieros navales, milicia permanente de la Armada de México, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Sergio E., Anaya y Galván.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 12 de febrero de 1993. - Presidente senador Humberto Lugo Gil; secretario diputado Diego Fernández de Ceballos Ramos; diputados Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Blanca Ruth Esponda Espinosa, Fernando Lerdo de Tejada, Amador Rodríguez Lozano; senadores: Carlos Sobrino Sierra, Héctor Terán Terán, Jorge Adolfo Vega Camacho y Angel Ventura Valle.»

Es de segunda lectura.

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación se pregunta si se aprueba.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.

CONDECORACIÓN

El secretario senador Ramón Serrano Ahumada:

«Primera Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea: a la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fue turnado el escrito del ciudadano Emilio Azcárraga Milmo, por el que solicita el permiso constitucional necesario para poder aceptar y usar la Condecoración de la Orden Nacional al Mérito, en el Grado de Comendador, que le confiere el Gobierno de la República de Ecuador.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Emilio Azcárraga Milmo, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden Nacional al Mérito, en el Grado de Comendador, que le confiere el Gobierno de la República de Ecuador.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 26 de febrero de 1993. - Presidente diputado Rigoberto Ochoa Zaragoza; secretario diputado Miguel Angel León Corrales; diputados Carlos Enrique Cantú Rosas, Alberto Carrillo Armenta, Víctor Orduña Muñoz, Jorge Leobardo Lepe García; senadores Manuel Aguilera Gómez, Artemio Iglesias Miramontes, Ernesto Luque Feregrino, Roberto Robles Garnica y Germán Sierra Sánchez.»

Es de segunda lectura.

Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo...

El diputado Jorge Calderón Salazar (desde su curul): - Pido que se registre el voto de abstención de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática.

El Presidente: - En los términos solicitados por el diputado Jorge Calderón y recoja la votación.

El secretario senador Ramón Serrano Ahumada: - En votación económica se pregunta si se aprueba.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que se abstengan, sírvanse manifestarlo... Aprobado el proyecto de decreto.

Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

MEMORIALES DE PARTICULARES

El secretario senador Ramón Serrano Ahumada:

«Compañeras y compañeros legisladores: los ciudadanos Fidel Hernández Sarabia, Clemente Vázquez Guillén y Francisco García Carrera, presidente, secretario y tesorero respectivamente, de la Unión de Ejidos "Presidente General Lázaro Cárdenas del Río", solicitamos a esta honorable Comisión Permanente, se dé lectura a hechos que lesionan nuestros intereses, y que son atribuidos a la administración fiscal federal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en Torreón Coahuila, y, a la vez que pedimos la intervención de las comisiones unidas de Información, Gestoría y Quejas y Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

La inconformidad consiste en que al señor Miguel Rivas Cruz, le fue entregada por esta Dependencia, la cantidad de $144 millones, 951 mil 492 pesos, 00/100 moneda nacional, (ciento cuarenta y cuatro millones novecientos cincuenta y un mil cuatrocientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.), por concepto de devolución de un saldo a favor de la Unión de Ejidos derivados de las declaraciones del período de mayo a diciembre del Ejercicio Fiscal de 1990, sin que tuviera derecho a ello, ya que él, no es el representante legal de la Unión de Ejidos "Presidente General Lázaro Cárdenas del Río", según consta en los documentos que se acompañan al escrito dirigido a esta honorable Comisión Permanente.

De lo anterior se desprende, que de las gestiones que estamos realizando los auténticos representantes, ante la Oficina Fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público número 237 - 00 en San Pedro Coahuila, debe recaer una resolución apegada a derecho, ya que consideramos, es responsabilidad de la Dependencia el haber ejecutado el pago de manera irregular, por lo que, la Dependencia debe de restituir a la Unión de Ejidos, la cantidad que no ha sido devuelta.

Asimismo, solicitamos a la Presidencia, instruya a la Secretaría de esta honorable Comisión Permanente, dé lectura del escrito dirigido por la Unión de Ejidos Presidente "General Lázaro Cárdenas del Río", al administrador fiscal federal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en Torreón Coahuila.

Por lo anterior expuesto, y con fundamento en la fracción III del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

artículo 30 fracción V del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, atentamente solicitamos:

Unico. Se turne a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público e Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados, el memorial de particulares que al efecto se acompaña, a fin de que se solicite la información pertinente, para que la dependencia emita una resolución apegada a derecho.

Atentamente.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión a 10 de marzo de 1993. - Fidel Hernández Sarabia, Clemente Vázquez Guillén y Francisco García Cabrera.»

«Unión de Ejidos Presidente General Lázaro Cárdenas de Río. - Unidad de Productores de Algodón.

Licenciado Gustavo Díaz Ordaz. - Planta despepitadora desborradora. - Francisco I. Madero, Coahuila.

Ciudadano Juan Gerardo Fernández Carlos. - Administrador Fiscal Federal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en Torreón. - Presente.

Fidel Hernández Sarabia, Clemente Vázquez Guillén y Francisco García Carrera, en nuestro carácter de presidente, secretario y tesorero del Consejo de Administración de la Unión de Ejidos Presidente "General Lázaro Cárdenas de Río", de R., I., señalando como domicilio para efectos legales en esta ciudad en la calle Ildefonso Fuentes 261 sur interior 4, y autorizando para recibir todo tipo de notificaciones al ciudadano licenciado Adrián Puentes Adriano, por el presente escrito respetuosamente manifestamos a usted:

Que en respuesta a su oficio 2157 de fecha 18 de enero de 1993 que dirige usted a la Unión de Ejidos que legalmente representamos, y de acuerdo a los términos del mismo se desprende del párrafo tercero del citado ocurso en referencia a nuestros diversos escritos de fecha 11 y 13 de enero de 1993 nos permitimos acompañar a usted en una foja el oficio número 008 de fecha 19 de enero de 1993 expedido por la Secretaría de la Reforma Agraria a través de la unidad del registro agrario nacional adscrito a la delegación agraria en la Comarca Lagunera por medio del cual acreditamos la representación que se nos requiere observándose en el caso que por tratarse de una unión de ejidos, cuya personalidad jurídica está definida en el acta constitutiva y de las bases constitutivas de la misma cuyo registro fue determinado por la Secretaría de la Reforma Agraria la presentación de los suscritos, en consecuencia se expide y acredita ante dicha autoridad agraria y con las facultades que señala el artículo 63 de las citadas bases constitutivas que acompañamos para todos los efectos legales pertinentes.

A mayor abundamiento, si bien el artículo 19 del Código Fiscal Federal dispone que: "la representación de las personas físicas o morales ante las autoridades fiscales se hará mediante escritura pública o en carta poder..." en la especie, por tratarse de una entidad social conformada por ejidatarios y regulada en su constitución y funcionamiento por una ley federal, la Ley Agraria, por tanto con igual jerarquía en su aplicación y vigencia que el Código Fiscal debe interpretarse en forma analógica y flexible dicha disposición más aún cuando de los documentos que se exhiben se desprende con claridad que los promoventes acreditamos el carácter con el que comparecemos en representación de la Unión de Ejidos "Presidente Lázaro Cárdenas de Río" de R. I. Acompañamos para el efecto constancia expedida por la Secretaría de la Reforma Agraria, por lo tanto un documento público, mediante el oficio número 0264 de fecha 27 de enero de 1993 en la cual se asienta que nuestra unión de ejidos quedó inscrita en el Registro Agrario Nacional bajo el número 561 - 8883/86 el día 2 de octubre de 1986.

En consecuencia, como se trata de una persona moral cuya existencia debiene de una ley federal, como lo es la Ley Agraria en sus artículos 108 y siguientes, el registro de la misma ante el Registro Agrario Nacional produce prueba plena, según dispone el artículo 150 del mismos ordenamiento.

Ahora bien, como el propósito de nuestra promoción y las presentadas con fechas del 11 y 13 de enero del año en curso no es otro que el de obtener la devolución y pago de los saldos a favor de la Unión de Ejidos derivados de las declaraciones del período de mayo a diciembre del ejercicio fiscal de 1990, del impuesto al valor agregado (IVA) que en forma a todos luces incorrecta e irregular se autorizó mediante la orden número 3046 del oficio 34303 de fecha 8 de octubre de 1991 emitidos por esa administración fiscal federal, jefatura del Departamento de Servicios y Asistencia al Contribuyente, es procedente solicitar y obtener lo anterior toda vez que, como se acredita mediante la constancia pública

que expide la Secretaría de la Reforma Agraria con fecha del 14 de enero del año en curso el promovente ciudadano Miguel Rivas Cruz a quien esa Secretaría, por conducto de la oficina federal de Hacienda número 23700 con residencia en San Pedro, Coahuila, en ningún momento tuvo, legalmente, el carácter de representante legal, ni de miembro del consejo de administración de la Unión de Ejidos Presidente Lázaro Cárdenas del Río que legalmente representamos por lo que la cantidad que ilegalmente se le entregó por orden de 144 millones 951 pesos moneda nacional no se ha hecho a nuestra representada. Por lo anterior esa autoridad fiscal deberá emitir la resolución ordenando se haga el pago, a favor de la Unión de Ejidos Presidente Lázaro Cárdenas del Río de R.I., del concepto de devolución que en forma a todas luces ilegal se ejecutó por esa dependencia del Gobierno Federal, a través de la oficina federal de Hacienda número 237 - 00 en San Pedro, Coahuila, por constituir este acto una lesión a nuestros intereses de estricta responsabilidad de esa dependencia que debe ser restituido.

Por lo anteriormente expuesto solicitamos se nos tenga por dada la contestación a su oficio de referencia y una vez que se reúnen los extremos de Ley de conformidad al diálogo que respetuosamente hemos desarrollado en relación a este problema emita su resolución desde luego favorable a los términos solicitados para su inmediato cumplimiento.

Unión de Ejidos Presidente "General Lázaro Cárdenas del Río" del R.I. Planta Despepitadora Gustavo Díaz Ordaz. - Consejo de Administración. - Ciudadanos Fidel Hernández Sarabia, Presidente; Clemente Vázquez Guillén, secretario; Francisco García Carrera, Tesorero.»

«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de la Reforma Agraria.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Procuraduría Fiscal.

Por medio del presente se hace constar que con fecha 29 de abril de 1992, se recibió en esta unidad del Registro Agrario Nacional, la documentación que avala la elección del Nuevo Consejo de Administración de la Unión de Ejidos "General Lázaro Cárdenas del Río", quedando integrado de la siguiente manera: los ciudadanos Fidel Hernández Sarabia, Clemente Vázquez Guillén y Francisco García Carrera, presidente, secretario y tesorero respectivamente.

Se extiende la presente a la parte interesada para los usos legales que considere procedentes.

Atentamente.

Torreón, Coahuila, a 19 de enero de 1993. - Coordinador del Registro Agrario nacional, Maximiliano García Amaya.»

«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de la Reforma Agraria.

Ciudadanos Fidel Hernández Sarabia, Clemente Vázquez Guillén y Francisco García Carrera. - Presentes.

En atención a su escrito sin fecha recibido en esta delegación agraria el día de hoy, por medio del presente hago constar que consultados los antecedentes que existen en el archivo de esta delegación agraria no se encontró ningún antecedente mediante el cual el ciudadano Miguel Rivas Cruz, haya ocupado el cargo de representante legal ni como miembro del Consejo de Administración ni como delegado de la Unión de Ejidos "Presidente Lázaro Cárdenas de Río", del municipio de Francisco I. Madero Matamoros y San Pedro, del Estado de Coahuila.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Torreón Coahuila, a 14 de enero de 1993. - Delegado agrario en la comarca Lagunera de Coahuila y Durango, ingeniero Carlos A. Rodríguez Medrano.»

«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de la Reforma Agraria.

Honorable Secretaría de Hacienda y Crédito Público. - Ciudad.

Por medio del presente se hace constar que en el archivo de este delegación agraria, se encuentra el acta constitutiva de la Unión de Ejidos "Presidente Lázaro Cárdenas del Río", de los municipios de Francisco I. Madero, Matamoros y San Pedro, del Estado de Coahuila, misma que quedó inscrita en el Registro Agrario Nacional con el no. 561 - 8883/86, con fecha 02 de octubre de 1986.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Torreón, Coahuila, a 27 de enero de 1993. - Delegado agrario de la Secretaría de la Reforma

Agraria en la Comarca Lagunera, ingeniero Carlos A. Rodríguez Medrano.»

«Bueno por $144,951,492.00

Recibimos de la caja de la oficina Federal de Hacienda 237 - 00 de esta ciudad, la cantidad de: 144,951,492.00 (ciento cuarenta y cuatro millones novecientos cincuenta y un mil cuatrocientos noventa y dos pesos cero centavos, M.N), por concepto de devoluciones de los saldos que resultaron a nuestro favor, al presentar nuestras declaraciones correspondientes al período del mes de mayo al de diciembre del ejercicio fiscal de 1990, por concepto del Impuesto al Valor Agregado, según orden de pago número 46, oficio 34303; ambos de fecha 8 de octubre de 1991, emitidos por la Administración Fiscal Federal de Torreón, Coahuila, jefatura del Departamento de Servicios y Asistencia al Contribuyente.

San Pedro, Coahuila, octubre 17 de 1991.

Atentamente.

Unión de Ejidos Presidente Lázaro Cárdenas del Río. - Miguel Rivas Cruz.»

El Presidente: - Gracias señor Secretario.

En términos del artículo 61 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, esta Presidencia turna el memorial de particulares al que ha dado lectura la Secretaría, a las comisiones de Información, Gestoría y Quejas y de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados.

Continúe señor secretario.

El secretario senador Ramón Serrano Ahumada:

«Sindicato Nacional de Trabajadores Jubilados y Pensionados por el Estado. - Delegación Mérida.

A la fracción parlamentaria del honorable Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. - Palacio Legislativo. - México, D.F.

En 32 hojas útiles, se envía a esa fracción parlamentaria copia del documento con el que 586 trabajadores, entre pensionistas y en activo, protestan por la reciente reforma del artículo 57 de la Ley del ISSSTE y reclaman la restitución del párrafo tercero, de dicho artículo, tal como estaba redactado antes de su reciente reforma.

Atentamente.

"Por la seguridad y justicia social de jubilados y pensionados."

Lilia I. Argaez Calderón, Secretaria general; Roger Aguilar Salazar, Secretario de conflictos y promociones económicas.»

«Honorable Congreso de la Unión.

Ciudadano Presidente de la República.

Los que abajo firmamos, pensionistas y trabajadores al servicio del Gobierno Federal, manifestamos a ustedes nuestra más enérgica protesta por el cambio del tercer párrafo del artículo 57 de la Ley del ISSSTE que acaba de aprobar ese Congreso a iniciativa del Ejecutivo Federal.

Supeditar los aumentos de las pensiones a los porcentajes en que se incremente el salario mínimo general del Distrito Federal, no sólo no es lo que hemos demandado de ustedes, sino que representa una reforma totalmente opuesta a nuestras aspiraciones de contar con pensiones dignas y suficientes.

Demandamos la reparación de la injusticia legal cometida contra nosotros, restituyendo el párrafo tercero tal como estaba redactado.

Atentamente.

(Rúbricas ilegibles.)

El Presidente: - En términos también del artículo ya invocado, el 61 del Reglamento, esta Presidencia turna el memorial de particulares con que se ha dado cuenta, a dos comisiones de la Cámara de Diputados: a la Comisión de Trabajo y Previsión Social y a la Comisión de Seguridad Social de la propia Cámara de Diputados.

TELÉFONOS DE MÉXICO

El Presidente: - Pasamos a otros puntos más señoras y señores legisladores contenidos en el orden del día, y que han registrado los diversos grupos parlamentarios, para tocarlos durante esta sesión.

Concedemos la palabra entonces al diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para referirse al servicio que presta Teléfonos de México.

El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas: - Señor Presidente; señores diputados; señores senadores:

El tema que en estos momentos habremos de traer al conocimiento de ustedes, es de repercusión nacional, en razón de que miles de suscriptores del servicio de Teléfonos de México, habitualmente manifiestan su enojo, su queja y su protesta con referencia al pésimo y nulo servicio y al costoso servicio que estos brindan, en razón que esta contra prestación bajo ninguna circunstancia podría equipararse en forma equitativa al servicio que ellos brindan.

Organizaciones de toda índole y ciudadanía en general, han acudido al Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, a fin de que nos constituyamos en su portavoz para denunciar inconformidades por la ineficiencia, ineficacia, el mal servicio, los atropellos, los cobros exagerados y la insaciable voracidad monetaria que la empresa Teléfonos de México ha venido instrumentando en contra de la economía familiar, desde el 9 de diciembre de 1990, fecha en que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó la concesión de tales vías de comunicación a los particulares.

En aquellos días, ante la Comisión correspondiente de la LIV Legislatura Federal de la Cámara de Diputados, el propio Secretario de Comunicaciones y Transportes informó en forma vaga y superficial, de los acuerdos suscritos entre la dependencia a su cargo y los particulares adquirientes de la concesión. El funcionario aseguró en aquel entonces, ante la Comisión de referencia, que la telefonía concesionada sería eficaz tanto en servicio como en administración.

Sin embargo, a partir de esa fecha, empezaron a ocurrir graves fallas en los servicios de instalación, mantenimiento de la red telefónica, contratación o recontratación a los usuarios.

Entre el amplio catálogo de fallas, podemos destacar las siguientes: asignación de números iguales hasta para tres suscriptores distintos; en áreas alejadas de colectores y centrales regionales, se asigna en muchas ocasiones un número y línea propiedad de otro usuario para darlo a un nuevo cliente, llegando para ambos, indebidamente, fraudulentamente, recibos como si los dos estuvieran usando el mismo teléfono; líneas y números cruzados por la negligencia de los técnicos e inspectores del mantenimiento que conectan cables y terminales sin ningún orden, lo cual trae en consecuencia, que contesten en lugares distintos el mismo número marcado; cortes o suspensiones indefinidas e inexplicables del servicio con lapsos de cuatro y seis meses para que la queja ciudadana recorra el intrincado burocratismo de la compañía y otros tres meses para atender la falla o restablecer la línea.

Pero esto no libera al usuario del pago puntual de la renta fija y hasta de conferencias de larga distancia nacionales e internacionales, que obviamente jamás se hicieron porque el aparato no funcionaba; llamadas fantasmas o extras y cobros exorbitantes a teléfonos, que todos sufrimos, a lugares donde incluso no existe línea telefónica en funcionamiento; servicio telefónico en la vía pública deficiente y descuidado por falta de mantenimiento, además del vandalismo destructivo del aparato por parte de algunos usuarios; indebida actitud de algunos técnicos de la compañía que ofrecen sus servicios de reparación en las líneas telefónicas de manera extraoficial, cobrando por esto cantidades que fluctúan entre 50 y 200 nuevos pesos. En caso contrario, el usuario tiene que esperar hasta ocho meses para la reparación.

Aunadas a estas quejas, están las que los usuarios presentan directamente a la Procuraduría Federal del Consumidor, de donde obtuvimos los datos que a continuación señalamos a ustedes.

Los usuarios del servicio telefónico acuden a dicha dependencia para presentar sus quejas y denuncias, aduciendo tanto como causas, las que enumero en seguida: incumplimiento del contrato; inconformidad por cobro indebido; incumplimiento en el servicio; suspensión o corte injustificado; confusión de números y de líneas; venta de una misma línea hasta a tres suscriptores distintos.

La Procuraduría Federal del Consumidor, señala que las ciudades en el país que presentaron más quejas y denuncias por ineficiencia del servicio telefónico de enero a diciembre de 1992, sin contar miles de ellas que son reclamadas ante la propia empresa prestadora del servicio, son: esta capital de la República, México, Distrito Federal, 98 mil 021 quejas; Guadalajara, Jalisco, 29 mil 700 quejas; Monterrey, Nuevo León, 66 mil 300 quejas; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 9 mil 600 quejas; Tijuana, Baja California, 3 mil 499 quejas.

Por estados, aparte del Distrito Federal, el mayor índice de quejas se encuentra en Nuevo León, con 86 mil 350 quejas; Jalisco, con 29 mil 700; Chiapas, con 9 mil 600; Baja California, con 3 mil 499; Quintana Roo, con 5 mil; Yucatán, con 6 mil.

A nivel nacional, en 1992 la Procuraduría Federal del Consumidor recibió un total de 467 mil 070 quejas, ¡467 mil 070 quejas! y denuncias de usuarios inconformes por el servicio deficiente que presta Teléfonos de México. Los anteriores datos se encuentran en el Informe Anual de 1992 de la Dirección General de Quejas, Conciliación y Arbitraje, de dicha Procuraduría.

En cuanto al costo del servicio telefónico por mes, y aquí quisiera me hicieran ustedes el favor de prestar particular atención, la secuencia alcista se ilustra con los siguientes datos:

En 1969 la renta básica mensual de Teléfonos de México costaba 72 pesos con 15 centavos; en 1970 subió a 98 pesos con 60 centavos; en 1980 ya costaba 131 pesos con 50 centavos; en 1982 llegó a 158 pesos; en 1984 dicha renta costaba 247 pesos; en 1986, año en que Teléfonos de México se convirtió en empresa de participación estatal mayoritaria, la renta básica costaba en enero 1 mil 606 pesos con 40 centavos y en diciembre del mismo año, aumentó a 2 mil 912 pesos.

En 1987 hubo dos aumentos a la renta básica, que costaba en enero 4 mil 427 pesos con 20 centavos; para terminar ese mismo año con otro incremento a 6 mil 012 pesos con 10 centavos.

Para 1988 la renta básica costaba 16 mil 682 pesos.

El 18 de septiembre, y esta es una fecha muy importante, Cuauhtémoc Amezcua, el 18 de septiembre de 1989, fecha en que Teléfonos de México inició su proceso de reprivatización, la renta básica costaba 17 mil 515 pesos, misma cantidad que prevaleció hasta el 9 de diciembre de 1990.

Ya en manos de particulares, en 1992, la renta básica sufre un incremento de más del 100%, llegando a costar 36 mil 688 pesos.

En 1993, al mes de febrero, la renta básica cuesta 43.67 nuevos pesos, equivalente a 43 mil 670 pesos anteriores.

De conformidad con lo anterior, podemos concluir que de 1970 a 1980, en 10 años, el incremento del costo del servicio telefónico fue de un 39.3% En 1986 Teléfonos de México había pasado a control estatal y hasta entonces se observaba un incremento en el costo de la renta básica del 101.4%. Pero de ese año a 1989 da un enorme salto para registrar un aumento porcentual al 1 mil 052%.

De 1989 a 1992 el incremento en el costo del servicio telefónico fue del 231.5% y ya durante el proceso de privatización de la empresa el costo de la renta básica aumentó en un 275% de enero de 1992 a febrero de este año.

Podemos decir, en conclusión, que en términos globales de 1970 a 1993, es decir, en el tiempo transcurrido en estos 23 años, el costo de la renta básica para el público usuario registra un aumento de 4 mil 400% en la renta básica por mes en este servicio público indispensable para el desarrollo del país.

Podemos señalar que es muy significativa la evolución y el crecimiento de las tarifas del servicio telefónico, siempre en detrimento de la economía familiar. Sin embargo, ese es un esfuerzo que no está siendo correspondido con un mejor servicio; por el contrario, las fallas aumentan cada día, las tardanzas en atender las quejas crecen, lo mismo que las deficiencias, mientras que se complican más los trámites y el burocratismo dentro de la empresa Teléfonos de México.

Por otra parte, quisiéramos hacer notar que la empresa Teléfonos de México no ha sido capaz de aportar actualmente ninguna tecnología de novedad en el ramo, para evitar o al menos detectar el terrorismo y el espionaje que habitualmente se registra en el servicio. Un caso patético ya nosotros mismos lo hemos señalado en esta tribuna, lo es el denunciado precisamente por el doctor Jorge Carpizo McGregor, cuando fue Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien hizo del conocimiento público, de manera airada, que había sido víctima del espionaje telefónico en sus oficinas, denunciando el hecho ante la Procuraduría General de la República, de la que ahora es titular, así como ante la Secretaría de Gobernación.

Otro significativo caso de espionaje telefónico es el denunciado por el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Ricardo Elías Daher Nahum. En ambos casos la Procuraduría General de la República no ha logrado a la fecha dar con los responsables.

Debo destacar la gravedad que representa la inseguridad en las instalaciones telefónicas públicas, privadas, de empresas y ni qué decir de los partidos políticos, dado que con toda impunidad se viola en perjuicio de la ciudadanía el principio y el derecho de privacidad en el referido servicio.

Por las anteriores razones expuestas y atendiendo el inocultable clamor popular la fracción

parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, somete a consideración de esta honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión con base en el artículo 93 constitucional y el 113 aplicables de la Ley Orgánica del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente solicitud y petición:

"Se convoque, se cite, se requiera al señor procurador general de la República, el señor doctor Jorge Carpizo McGregor, para que informe a la fecha, con la brevedad y la urgencia que el caso requiere, cuál es el estado de las averiguaciones que se han venido realizando tanto en el espionaje que él mismo sufrió cuando estaba al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como otros tantos que oportunamente han sido denunciados y de los cuales el pueblo de México entero no sabe quiénes fueron los responsables, en virtud de que se ha congelado la averiguación correspondiente.

Al titular de Comunicaciones y Transportes, ingeniero Andrés Caso Lombardo, cuáles son los límites y las condiciones de la concesión federal otorgada a estos empresarios mexicanos, que sin duda también entre los mismos encontramos a aquéllos que generosamente están aportando 25 millones de dólares al Partido Revolucionario Institucional, para que señale con toda oportunidad cuáles han sido las funciones de esa Secretaría a su cargo para garantizar al pueblo de México entero, a través de los millones de usuarios de Teléfonos de México, el real servicio que están solicitando.

Al propio secretario de Comercio y Fomento Industrial, licenciado Jaime Serra Puche y demás autoridades y comisiones correspondientes, para que informen las causas por las que se ha incrementado en porcentajes anteriormente señalados los costos del pésimo y deficiente servicio telefónico.

Al procurador federal del Consumidor, licenciado Alfredo Baranda García, para que informe sobre la resolución de las quejas y denuncias presentadas en su dependencia por cobros indebidos y demás deficiencias en el servicio telefónico.

A la ciudadana coordinadora de la Comisión de Evaluación y Seguimiento del Pacto Nacional para la Productividad y la Calidad, licenciada Norma Samaniego, para que informe cuáles son las razones por las que la compañía Teléfonos de México incrementa continuamente el cobro de sus servicios sin justificación alguna, toda vez que al inicio de este año, el salario de los trabajadores tan solo fue aumentado en un 7% y por consiguiente no soporta estas alzas lesivas e indebidas que se han venido realizando en agravio de su economía."

Por todo lo anteriormente expuesto, señores diputados, señores senadores integrantes de esta Comisión Permanente, presento esta solicitud respetuosa, tratando se le dé el curso correspondiente para que las comisiones en alusión informen oportunamente sobre la respuesta de estos funcionarios.

El Presidente: - Gracias, diputado, déjenos ahí su solicitud para que la conserve la Secretaría y le vamos a dar trámite al final de las intervenciones que tengamos en este asunto.

Concedemos la palabra al señor diputado Cuauhtémoc Amezcua, del Partido Popular Socialista.

El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - Con su autorización, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados y senadores:

Es justa la preocupación expresada en esta tribuna por el compañero diputado Carlos Enrique Cantú Rosas.

En el caso de Teléfonos de México se ejemplifica con mucha claridad la serie de trastornos graves para la economía nacional y para los usuarios en este caso de Teléfonos de México, en general para el pueblo de nuestro país, de la política de privatizaciones que se vino aplicando, bajo el estribillo de que se trataba de modernizar a nuestro país, cuando estamos viendo que fue sólo una moda efímera en distintos lugares del mundo, sin perspectivas de resolver los graves problemas económicos y mucho menos de distribuir con equidad el ingreso.

El caso de Teléfonos de México, todos ustedes recuerdan, fue motivo de amplios debates en la LIV Legislatura del Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados particularmente. La fracción parlamentaria de mi partido se opuso con argumentos sólidos, a la privatización de esa empresa. Quienes propugnaban tal medida manejaron los argumentos a los que hizo referencia el compañero diputado Cantú, sobre todo aquel que decía que el Estado es un mal administrador y que las empresas en manos de particulares funcionarían mejor.

Estamos viendo en el caso de Teléfonos de México, como hemos visto prácticamente en todas las demás empresas que se privatizaron,

como lo vimos en el caso de las líneas de aviación, marcadamente en el caso de Mexicana y en muchas otras, que funcionaban con algunas irregularidades o fallas como empresa estatales y que al pasar a ser empresas en manos privadas, se convirtieron en empresas extremadamente ineficientes, con múltiples fallas en su operación, lo que ha causado daños múltiples a los usuarios.

En el caso de Teléfonos de México, un par de datos más agregaría yo a la bien documentada intervención del compañero Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana: esa cifra de casi medio millón de quejas interpuestas por los usuarios ante la Procuraduría del Consumidor, colocan a esta empresa como la más ineficiente de cuantas existen en nuestro país; es decir, por lo menos la que ha recibido el mayor número de quejas con relación a ella, la propia Procuraduría del Consumidor.

Y por otro lado, una empresa extremadamente lucrativa, quizá la más lucrativa de entre las empresas de México en este momento. Su tasa de utilidad en la Bolsa Mexicana de Valores es de 77.8%; la rentabilidad directa de la empresa es de 28.7% anual y esto significa que en un plazo de cuatro años, probablemente de cuatro a cinco años, los empresarios recuperen el total de la inversión. Se trata pues, simplemente, en este acto de privatización, como en los demás que se han dado, de una acción más bien encubierta de corrupción, de una acción que tiende a concentrar la riqueza en manos de unos pocos magnates, así sea en detrimento y en grave daño para los usuarios de un servicio público de gran importancia y en detrimento de los intereses de la nación y del pueblo. Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente: - Gracias, señor diputado.

Concedemos la palabra ahora al señor diputado Jorge Calderón Salazar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse a este mismo asunto.

El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: - Con su venia, señor Presidente; estimados compañeros legisladores:

La discusión que inició atinadamente nuestro estimado compañero legislador del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Carlos Cantú, tiene importancia para la vida nacional, porque afecta a cientos de miles de ciudadanos usuarios de Teléfonos de México en toda la República y no puede pasar desapercibida la magnitud de las quejas que ya documentaba el diputado Carlos Cantú, que han sido presentadas a la Procuraduría Federal del Consumidor, precisamente por deficiencias en el servicio.

Cuando una sola entidad origina casi medio millón de quejas ciudadanas por concepto de ineficiencias diversas en el servicio, estamos ante un fenómeno que afecta al conjunto de la República y amerita, en ejercicio de las facultades establecidas en la concesión publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 1990, una revisión y examen a fondo de las capacidades efectivas que tiene Teléfonos de México para ser titular de esta concesión y particularmente es exigencia del Partido de la Revolución Democrática, conjuntamente con las voces de los legisladores que me antecedieron en el uso de la palabra, el que en ejercicio de las funciones y facultades que tiene la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, particularmente a lo que establece el Capítulo VII, en el punto 7.2 y 7.3 de evaluación de calidad del servicio, que haga una enérgica, severa, firme intervención ante Teléfonos de México, para mejorar el servicio y ejercer facultades de rectoría económica del Estado, que constitucionalmente le corresponden.

Cuando se discutió la Ley Federal de Competencia Económica, desde la misma comparecencia del licenciado Serra Puche y posteriormente en el debate en la tribuna, cuestionamos que esa Ley Federal de Competencia Económica, creaba condiciones para la constitución de monopolios altamente ineficientes e improductivos y dijimos que esa distinción entre monopolios absolutos y relativos, prácticamente confería a un pequeño número de magistrados que se creaba en base a la propia Ley, facultades enormes para autorización de procesos de concentración monopólica que redundaba en ineficiencia y en agravio a derechos ciudadanos.

Hoy, a más de dos años de que se realizó el proceso de privatización y de la modificación del otorgamiento de la concesión, estamos precisamente ante un caso en que, contrariamente a lo que se afirmó, la privatización fue un medio para que el servicio empeorara, se encareciera y no se diera la reconversión tecnológica de la que se habló.

Desde este período, desde el momento en que se privatizó, nuestro partido, el Partido de la Revolución Democrática, en intervenciones de varios legisladores de nuestro partido, particularmente del senador Porfirio Muñoz Ledo, en la Cámara de Senadores, expuso críticas fundadas, sólidas, respecto al proceso de

reprivatización y sostuvimos, como lo hemos hecho en diversos casos de privatización, que deberían buscarse otras rutas para el mejoramiento del servicio, defensa de la soberanía y la rectoría económica del Estado en materia de las comunicaciones y una reconversión tecnológica en beneficio del pueblo y estamos convencidos que era justa y sigue siendo justa la ruta que se marcó de mantener la rectoría económica del Estado en lo que se refiere a comunicaciones, particularmente de comunicaciones telefónicas y buscar formas de que, manteniendo esta rectoría económica del Estado, se mejore sustancialmente el servicio telefónico.

Por ello es que consideramos que es el momento de exigir a la Secretaría de Comercio que haga uso de las facultades que establece la propia concesión.

Nos parece de particular importancia la facultad en materia de regular el funcionamiento de la empresa, estableciendo programas y metas, sujetas a supervisión y evaluación. Nos parece también importante la facultad del derecho a conceder permisos y concesiones a otras empresas para fomentar la competencia y también la que se refiere a la facultad de la Secretaría de Comunicaciones para regular tarifas de servicios básicos de telefonía, así como la de abrir servicios de larga distancia.

Por otra parte, creemos que debe instrumentarse esta misma facultad en lo relativo a la utilización de la red básica de Telmex para infraestructura de nuevos y diversos concesionarios.

Y nuestro partido, al igual que otras organizaciones políticas nacionales, desde hace mucho tiempo ha recibido numerosas quejas de ciudadanos. En fecha próxima, nuestro partido convocará, conjuntamente con otras fuerzas sociales y políticas de la nación, a una multitudinaria queja colectiva de ciudadanos agraviados por un reiterado incumplimiento en sus obligaciones de Teléfonos de México y acudiremos en compañía, repito, de numerosos ciudadanos y de legisladores de nuestro partido y de otros sectores sociales, a presentar a la Procuraduría Federal del Consumidor una queja colectiva, precisamente por un reiterado incumplimiento de las obligaciones que la compañía ha adquirido con grandes sectores de la población.

Y en ejercicio precisamente de las facultades que tiene el Poder Legislativo y particularmente la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados y la Comisión de Consumo y Bienes de la Cámara de Diputados, nos permitimos presentar la siguiente propuesta de punto de acuerdo, que es complementaria y subrayo esto, es complementaria a la que anteriormente presentó el diputado Carlos Cantú y dice así:

"En virtud de lo anterior y con base en la fracción III del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicitamos que se turne, a las comisiones que se indican las siguientes proposiciones de acuerdo:

Primero. Que la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados, reúna información suficiente sobre las deficiencias y estado que guarda la prestación del servicio telefónico en el país por parte de Teléfonos de México y establezca un diálogo que pueda adoptar la forma de comparecencia con el secretario de Comunicaciones y Transportes, ciudadano Andrés Caso Lombardo, en torno al cumplimiento de las metas de calidad del servicio establecidas en la concesión, con base en la revisión y evaluación a que se refiere la condición 7/3 y en los informes trimestrales que debe proporcionar Telmex, según la condición 7/2 de la concesión respectiva.

En consecuencia y previas las entrevistas y documentos que se soliciten a las autoridades competentes por parte del presidente de esta Comisión, éste presentará un informe al pleno de la misma que determine las medidas que el caso amerite.

Segundo. Que la Comisión de Distribución y Manejo de Bienes de Consumo y Servicio de la Cámara de Diputados, reúna información suficiente sobre las quejas de los usuarios de Teléfonos de México ante la Procuraduría Federal del Consumidor y establezca mecanismos de diálogo, que pueden culminar en comparecencia, con el titular de esta dependencia, el señor Alfredo Baranda, en torno a la posibilidad de ejercer contra esa empresa las acciones de grupo establecidas en el artículo 26, de la nueva Ley Federal de Protección al Consumidor."

Por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, diputado Miguel Angel León Corrales, diputado Jorge Calderón y senador Porfirio Muñoz Ledo.

Reiteramos, en consecuencia, que estas propuestas son complementarias a las anteriormente

formuladas y pensamos que esto debiera sensibilizar a amplios sectores de la opinión pública de nuestro país.

No podemos permanecer impacibles ante un hecho que está afectando a 500 mil ciudadanos en toda la República, en condiciones severas y, por tanto, requerimos una intervención enérgica y el uso de las facultades constitucionales de rectoría económica del Estado en materia de comunicaciones, para que estas anomalías puedan ser resueltas a la brevedad posible.

Y es una muestra más de la justeza de las fuerzas políticas que hemos cuestionado la ruta de privatización y la ruta de concentración monopólica indebida, que se está ejerciendo en diversas ramas de la economía del país y en este caso particular en el área de comunicaciones.

Hay otra ruta para la nación y en el caso de Teléfonos de México era el mantenimiento de la soberanía del Estado mexicano, en materia particularmente de las comunicaciones. Muchas gracias.

El Presidente: - Gracias, señor diputado.

El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: - Dejo a la Secretaría...

El Presidente: - Deje ahí su propuesta complementaria, como usted le llama.

Esta Presidencia, en términos de lo dispuesto en la fracción III del artículo 79, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, turna la solicitud y proposiciones presentadas por el señor diputado Carlos Enrique Cantú Rosas y que ha complementado el señor diputado del P R D, Jorge Calderón, a las comisiones de Comunicaciones y Transportes, Distribución y Manejo de Bienes de Consumo y Comercio, de la Cámara de Diputados.

REFORMA POLÍTICA

El Presidente: - Pasamos a otro asunto, señoras y señores legisladores y concedemos la palabra al señor senador Porfirio Muñoz Ledo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse a la reforma política.

El senador Porfirio Muñoz Ledo: - Muchas gracias.

El Presidente: - Antes de que empiece, señor senador, voy a rogar a quienes están entre los asistentes, que guarden compostura en la sesión, se evite cualquier tipo de expresiones, o de lo contrario esta Presidencia mandará desalojar la sala. Señor senador, proceda usted.

El senador Porfirio Muñoz Ledo: - Muchas gracias, señor Presidente, señores legisladores:

Coincido con el Presidente de esta honorable Comisión Permanente, en el sentido de que hay que procurar el mayor orden parlamentario durante los debates.

Esto no implica, por cierto, el que se trate de impedir el acceso a este salón a un ciudadano mexicano, un luchador social conocido nacional e internacionalmente, que ha venido a escuchar temas que interesan a su gestión.

El pretexto que se nos dio en la puerta establece, además, un precedente que me parece peligroso: se nos dijo que no puede entrar a este recinto un ciudadano encapuchado.

Esto nos permitiría colegir que se va a impedir que llamemos a comparecer a algunos ciudadanos, como el señor Pedro Aspe, Manuel Camacho, Lozoya o Luis Donaldo Colosio. Quisiera que quedara claro que el tratar de impedir, que el tratar de impedir el acceso a un ciudadano con capucha no nos impedirá llamar a esos funcionarios, cuando sea necesario, a comparecer ante el honorable Congreso de la Unión.

Señor Presidente, vive el país momentos definitorios y angustiosos para todos. Estamos en vísperas de una profunda crisis económica y de una muy presumible catástrofe financiera, frente a la cual el Gobierno se encuentra confuso y parece endurecerse. Incurre en el período agónico de su mandato en excesos, imprevisiones y torpezas.

La situación social, por otra parte, es en extremo grave: las carencias de todo género de la mayor parte de nuestros compatriotas, el incremento constante de la pobreza extrema y la ausencia de servicios sociales, a pesar de que nos encontramos con una administración financiera claramente superavitaria por más de 18 mil millones de dólares.

Están a punto de naufragar las esperanzas depositadas en el Tratado de Libre Comercio, que por falta de un análisis político adecuado, ha encontrado dificultades que ahora parecen insuperables; tratado de comercio que por cierto nunca estuvo pensado para favorecer el genuino interés del país ni de los ciudadanos mexicanos,

sino de alentar artificialmente la llegada de capitales especulativos.

En esta situación, nos encontramos hasta hoy con una clara cerrazón del Gobierno y de su partido, por lo que hace a los acuerdos políticos que resultarían indispensables para reformar sustancialmente la legislación electoral y para abrir un espacio de entendimiento que nos permitiera arribar a todas las fuerzas políticas de modo pacífico y constructivo a las elecciones de 1994.

Todo diálogo sustantivo de las fuerzas de la oposición con el Gobierno está por ahora suspendido. Ya se iniciaron, por otra parte, de modo abierto en algunos casos, de modo preparatorio en otros y de modo clandestino, tratándose de los clásicos encapuchados a los que me referí al principio, las campañas o precampañas electorales para la renovación de los poderes federales el año próximo.

El pueblo está en búsqueda de alternativas y de respuestas verdaderas. La emergencia ciudadana se ha abierto paso, el plebiscito organizado por instituciones civiles independientes en la Ciudad de México, a efecto de conocer el sentir de los habitantes de esta capital sobre el futuro de nuestro espacio geográfico y político, ha puesto en valor la importancia de la participación cívica en los procesos políticos.

El Gobierno debiera percibir la necesidad imperiosa que el país tiene en estas circunstancias de que se establezcan bases racionales para el tránsito político que necesariamente tendrá que venir. Es indispensable en el momento de la crisis económica que haya cauces, que haya acuerdos y que haya leyes que permitan preservar la paz pública del país y que permitan a los ciudadanos expresar libremente mediante su sufragio cuál es el destino que quieren para nuestro país.

Es por ello que la opinión pública nacional y también la internacional ha lamentado las extravagancias de ciertos sectores del poder del dinero y del poder político en nuestro país, a partir de la famosa cena multimillonaria a la que ya se refirieron otros oradores en esta tribuna la semana anterior.

Lo que ha ocurrido es sin embargo revelante y merece un comentario muy detenido, que enmarcará nuestra exigencia por una reforma política verdadera.

En primer término, quiero decir que la rectificación, rectificación a medias proveniente del Ejecutivo y del presidente del partido oficial, no tiene otro propósito que evitar el ridículo en el que habían incurrido. Pero que si bien las palabras cambian, la intención sigue siendo la misma y el proyecto es idéntico.

Dice en su mensaje de ayer el Ejecutivo, que es necesario establecer transparencia del financiamiento de los partidos; habla de transparencia cuando él mismo estuvo de acuerdo con todas las crónicas, el que pidió un modo de financiamiento poco transparente, durante una cena poco transparente y en la cual se dijo exactamente lo contrario de lo que el Gobierno ha venido preconizando hasta ahora.

Hablar de un financiamiento que provenga de la sociedad y de campañas austeras contradice la realidad que hemos vivido en todas las elecciones locales durante los últimos años y desde luego, es absolutamente contradictorio con el sentido e intención que tuvo la cena de marras.

Decir por parte del presidente del partido oficial, que se reduce a sólo un millón de pesos nuevos, la contribución de los empresarios, no cambia la naturaleza del problema, ni la magnitud de la afrenta, en primer término porque ese es un límite formal y mientras no haya leyes o mecanismos que verdaderamente hagan transparentes esas transacciones y establezcan penalidades para quienes violen los montos y los métodos establecidos, nadie podrá asegurarnos que no habrá cantidades mayores por debajo de la mesa.

Además, quiero decir que la cifra equivalente a mil millones de los pesos viejos, duplica en la contribución de un solo empresario, lo que habitualmente los candidatos de los partidos que sí hacemos campañas austeras, gastamos por ejemplo para la gubernatura de un Estado. Imagínense qué ocurrirá cuando cientos de empresarios hagan contribuciones hasta este monto por encima de la mesa y en montos superiores por otros conductos clandestinos.

A pesar de las rectificaciones lo dicho dicho está y lo hecho, hecho está. Las reflexiones a las que invita lo sucedido, son las siguientes:

Primero, este tipo de encuentros y este tipo de demandas, ya que según las crónicas fue el propio Jefe del Ejecutivo el que pasó la charola, para emplear la picaresca expresión del jefe de finanzas del partido oficial, no hacen sino desnudar el carácter eminentemente oligárquico de nuestro sistema de Gobierno, lo que se llama todavía en algunos libros de ciencia política, el "estilo de las tiranías tropicales"; recuerda las cenas de los Somoza, rodeados de los grandes

señores feudales de Nicaragua; recuerda la relación corrupta entre Ferdinand Marcos y la oligarquía filipina; recuerda, aunque se trataba de un estilo más elegante y señorial, la vinculación también profundamente corrupta entre el Sha de Irán y las empresas nacionales y transnacionales que esquilmaron al pueblo de ese país hasta llevarlos a una revolución del corte de la que se vivió después.

En segundo término, a pesar de que se afirme que el objetivo es la separación del partido del Gobierno, se está evidenciando, confirmando ese hecho a todas luces público, esto es, que se trata de un partido de Estado; el solo hecho de reconocer que estas contribuciones nuevas van a sustituir a las antiguas, es reconocer que esas anteriores que no provenían de modestos ciudadanos, provenían nada menos que de las arcas públicas y siguen proviniendo federales estatales y municipales.

Si el monto presumible de las aportaciones de 25 millones de dólares por cabeza, por 30 personas suman 750 millones de dólares, ocho veces lo que gastó la campaña electoral del presidente Clinton en los Estados Unidos, hagamos un cálculo de lo que cuesta hoy, hoy en día para el Gobierno, a todos los niveles, esas campañas multimillonarias que se han detectado no solamente por nosotros, sino por la Prensa nacional y extranjera, que tuvieron un costo, como en el caso de Michoacán, de 40 millones de dólares, sólo esta campaña. ¡120 mil millones de viejos pesos!

Confirma también el carácter de partido de Estado el hecho que el jefe del Estado haya llegado con la charola a la cena.

Por otra parte, revela que se trata de un intento de reestructuración de alianzas corporativas, que en el pasado lo fueron con organizaciones de obreros, con organizaciones de campesinos y con organizaciones populares. Este es el llamado liberalismo social; como ya no hay ventajas ni posibilidades de ofrecer soluciones a los que esas organizaciones corporativas real o presuntamente representaban, simplemente se transfiere la estructura del poder hacia las organizaciones reales que se han visto beneficiadas con la política del Gobierno.

De esta manera se formaliza la transferencia del poder nacional, que se ha dado entre las viejas organizaciones del Estado mexicano, hacia las nuevas organizaciones corporativas nacionales y transnacionales, que ha sido el siglo último de la política económica neoliberal.

Parece también, en este punto y recuerda mucho a las reuniones que en la época más corrupta de la política norteamericana, en la época de la gran depresión y de la Ley seca, tenían los miembros de la mafia siciliana, con quienes aspiraban a ser gobernantes de ciertas regiones de ese país; se reunían, lo vimos todos nosotros y lo tenemos todavía en la retina de nuestra memoria cinematográfica, para aportar a los políticos venales, en una forma altamente corrupta de patrimonialismo, con el compromiso de que así se les resguardarían sus cotos de poder.

Qué argumento tan infantil el decir que no hay responsabilidad frente al que paga. Ya se ha dicho: "El que paga, manda" y no van a hacer con éstos, lo que hicieron con aquéllos, con los miembros de base de las organizaciones de obreros y de campesinos a los que terminaron traicionando. ¡A ésos no los pueden traicionar!

Por otra parte, este proyecto parece ser el sucedáneo o el sustituto del proyecto reeleccionista que abortó, que fue una intención clara del actual Gobierno. Quizá el propósito sea que el jefe del Ejecutivo actual salga del poder dotado de experiencia y juventud y se convierta en el jefe de ese grupo oligárquico, para manejar el poder desde una torre corporativa, en la colonia Polanco, rodeado de sus comensales de la otra noche y desde ahí den las órdenes que supuestamente van a ser obedecidas por un prestanombres que habitará en Los Pinos.

Descara, descara este sucedido, los montos y las formas del financiamiento actual del sistema de partido de Estado, pero al mismo tiempo tiende a encubrir, porque si no se dan en el monto adecuado estas compensaciones y estas contribuciones, podemos suponer que van a servir "de pantalla" en adelante a las contribuciones, ésas sí efectivas, cotidianas, que salen del erario público y que éstos no serán sino mecanismos de "lavado" de dinero, de "lavado" de dinero gubernamental.

Creo justo e incluso mesurado decir que este tipo de prácticas ofenden profundamente la dignidad republicana. Es todo lo contrario al concepto constitucional y político de una República. Es, finalmente, una victoria pírrica, pero victoria al fin, de los reprivatianos contra los republicanos que encarnan la lucha de nuestro tiempo.

Desmiente la palabra oficial, porque mientras se dice una cosa, se hace la contraria y resta, por lo tanto, credibilidad al Gobierno en lo interno y en lo externo, con consecuencias que pueden ser de gravedad.

Finalmente y lo más importante, insulta al pueblo de México, que se debate en una extendida y profunda miseria y que bien merecería que esas mismas aportaciones le llegaran a través de servicios públicos, si en vez de "pasar la charola" corrupta del financiamiento legal a un partido político, les "pasaran la charola" fiscal.

Nosotros solicitaremos una investigación, profunda, en el Consejo del Instituto Federal Electoral, sobre la forma del financiamiento de los partidos. Se ha hablado de narcotráfico y partidos. Ahora se habla de financiamientos oligárquicos a los partidos. Se sabe de financiamientos ilegales de carácter gubernamental a los partidos. Vamos a solicitar una investigación profunda, a la que esperamos no se nieguen ni las autoridades ni las organizaciones partidarias, de modo que si se comprueba que se ha violado grave y severamente la Ley en estos casos, se proceda a la cancelación de los registros de partidos políticos, comenzando, si resulta culpable, por el del partido oficial.

Yo quisiera hacer un llamado, un llamado sereno al Gobierno de la República, a su partido y en general a las instancias políticas del país, para que se tome a la brevedad la decisión de iniciar el diálogo para la reforma política que el país requiere.

Nadie pone en duda, en las palabras, la urgencia de una reforma de tal naturaleza. Buscamos y el Gobierno ha reconocido también en las palabras, la justeza de nuestra demanda en diversas ocasiones, una genuina imparcialidad del Gobierno en los procesos electorales. La prohibición absoluta del uso de los recursos públicos al margen de las prerrogativas que la Ley indique; una verdadera independencia de los órganos electorales; un proceso de fotocredencialización imparcial, eficaz y honesto, que corresponda al propósito que nos trazamos cuando lo aprobamos por consenso; otorgarle pleno carácter público a todos los actos electorales sujetos a la observación nacional e internacional, el escrutinio de la opinión pública; garantizar una genuina igualdad de los partidos frente a la Ley y en los procesos electorales; transparencia del origen de los recursos; topes efectivos a los gastos de campaña y financiamiento público suficiente y equitativo.

Queremos la restitución de los derechos ciudadanos a quienes han sido privados de ellos por distintas razones, por los rasurados de los padrones o por el ámbito cultural y geográfico en el que habitan; la restitución de los derechos ciudadanos a los habitantes del Distrito Federal; la restitución de los derechos ciudadanos a los mexicanos que viven y laboran en el extranjero.

Queremos, también, revisar el sistema de representación política, de modo que se cumplan los compromisos que suscribimos en 1989 y me refiero en lo particular a la ampliación del Senado de la República, con criterio de proporcionalidad, que tuvo la aprobación de todos los partidos, como consta en el acta final de la Comisión Especial de la Comisión Federal Electoral.

Sólo mediante esta ampliación de la pluralidad política, sólo mediante la plena garantía que se otorgue a los ciudadanos mexicanos de que su voto va a contar y se va a contar, podremos abrir esos cauces pacíficos para que el país transite hacia un período con el que concluiremos en México el año 2000. Este llamado es un llamado imperioso. El país podría sufrir grandes convulsiones si no se llegara a un acuerdo por consenso entre todas las fuerzas políticas respecto de las reglas electorales y los compromisos de respetarlas, con las que vamos a transcurrir en 1994.

Hay, lo sabemos todos, peligros graves en esta hora para la soberanía del país. Sólo la democratización consecuente es hoy garantía de independencia. Cuando desde fuera quieren controlar nuestros procesos internos bajo cualquier pretexto, ecológico o laboral, la respuesta es sólo una: "Los mexicanos estamos decididos a controlar nuestros actos por nosotros mismos y a fiscalizar los actos del Gobierno".

La democracia es la única respuesta posible a las presiones del extranjero. ¡Arribemos a una vida democrática, no porque lo piden en los Estados Unidos, sino porque los mexicanos lo necesitamos! La seguridad nacional es hoy una seguridad democrática.

Esperemos que el Gobierno y su partido escuchen este llamado y esperemos, cuanto antes, sentarnos a una mesa seria de negociaciones políticas. Muchas gracias.

El Presidente: - Tiene la palabra para el mismo asunto, el diputado Fernando Ortiz Arana.

El diputado Fernando Ortiz Arana: - Con el permiso de la Presidencia de esta honorable Comisión Permanente; señoras y señores legisladores federales:

Cuando el P R D registró un punto para tratar en esta sesión y concretamente la reforma

política, yo esperaba diversos planteamientos a los que aquí hoy ha formulado el señor senador Muñoz Ledo.

Voy a iniciar mi intervención refiriéndome a las últimas palabras que pronunciara el senador en su intervención en la tribuna. Hacía un llamado, dice él, para que nos sentemos a un diálogo serio en la revisión de las normas electorales, que hoy regulan el desarrollo y la vigilancia del proceso electoral federal en México.

El senador sabe, y sabe bien, que estamos los partidos políticos en la Cámara de Diputados, en un diálogo que es serio, que el diálogo no se ha roto, que su partido se ha manifestado por continuar con la Comisión Plural que autorizó el pleno de la Cámara en sesión de diciembre anterior y que ahí estamos todos haciendo un auténtico y serio esfuerzo por avanzar en el perfeccionamiento de las normas que regulan las elecciones en México.

Por otro lado, para tratar la intervención del senador Muñoz Ledo, hay que referirnos a una gran cantidad de temas que él planteó en la tribuna. Aquí vino y lanzó un auténtico escopetazo legislativo el senador Muñoz Ledo. Se refirió a cuestiones que tienen qué ver con la economía del país; expresó su particular punto de vista y el de su partido respecto al Tratado de Libre Comercio; habló de cuestiones que tienen qué ver con la democracia electoral, e hizo referencia a un sucedido que ocupó la atención de la Comisión Permanente durante la sesión que llevamos a cabo la semana anterior.

Yo vengo en particular a referirme a todo aquello que tiene qué ver con lo que él ha tratado respecto a la reforma electoral y muy en particular a lo que se refiere a los puntos que estamos discutiendo en la Cámara de Diputados y donde están concurriendo los diputados de su partido, del Partido de la Revolución Democrática.

Seguramente otros compañeros de mi partido habrán de referirse al aspecto que ha tratado en materia del punto de vista que tienen de la evolución económica del país.

En esta primera parte de la intervención del senador, yo francamente espero que sus catastrofismos no se cumplan, que la economía mexicana siga evolucionando de manera satisfactoria; que podamos estar en condiciones de dar respuesta social a los requerimientos que tienen aún muchos mexicanos; que el Tratado de Libre Comercio se pueda suscribir de manera adecuada y responda fundamentalmente a los intereses nacionales. Yo espero que todas las urgencias que él manifiesta y de las que muestra una gran videncia hacia los resultados que pudieran tener, no se cumplan; yo espero por el bien de México, como creo que esperamos todos, que la economía mexicana evolucione satisfactoriamente para beneficio de todos los nacionales.

El se refirió en particular durante su intervención, a la reforma política, al financiamiento de las fuerzas partidarias de nuestro país. Al final hizo referencia a varios puntos, sólo enunciándolos, de los que tenemos que tratar en la discusión de la reforma política en la Cámara de Diputados. También señaló que solicitarán, como ya su partido lo anunció, una investigación respecto a todas las fuerzas políticas seguramente, no lo entendí bien, de cuál es el origen de los recursos de los partidos.

El senador Muñoz Ledo se refirió al financiamiento privado que los partidos hoy tienen capacidad de recibir, calificándolo de ilegal. Esto no es así. El debe estar enterado que en este momento el financiamiento privado no está prohibido por la Ley, no están regulados ciertamente los topes del financiamiento, por lo que el que el PRI haya fijado su posición en un documento que se hizo del dominio público, es una autorregulación que el PRI establece fijando las normas para el financiamiento privado.

Hemos dicho, señoras y señores legisladores, que es indispensable por supuesto que entremos en la reforma política a regular financiamiento público que hoy es el único que tiene regulación en la Ley, financiamiento privado, autofinanciamiento, financiamiento por la militancia de los partidos y también el financiamiento que permita ir creando un régimen patrimonial para las fuerzas políticas.

El PRI, al fijar su posición, estableció claramente cuál será su punto de vista en la mesa de concertación política de la Cámara de Diputados, donde hoy discutimos de manera seria, las reformas a la legislación electoral.

Se señaló que habremos de proponer que el financiamiento privado, los partidos lo reciban de personas, y en su caso, de organizaciones políticas y sociales; no de empresas. Se habló efectivamente de un tope, que hay que distinguirlo, no es el tope para el financiamiento privado; el tope que el PRI está presentando del millón de nuevos pesos, tiene qué ver con la posibilidad de que se hagan aportaciones que vayan a generar un patrimonio a las fuerzas políticas. Ahí

mismo el PRI también ha señalado que en el supuesto de que un partido pueda ir construyendo su patrimonio, solamente disponga de un porcentaje determinado de los rendimientos.

Buscamos, señoras y señores, en el PRI, por diferentes medios, que avancemos en la consolidación del sistema de partidos en nuestro país, que busquemos fórmulas que permitan clarificar el origen y las cuentas que los partidos políticos deben de presentar. Ese fue un planteamiento y una convocatoria a las fuerzas políticas que formulará el Presidente de la República.

También, el titular del Ejecutivo Federal, en el llamado que hizo a las fuerzas políticas para que nos reuniéramos a discutir las cuestiones electorales, fue quien señaló la necesidad de que fijáramos topes a las campañas políticas, que revisáramos el acceso que hoy establece la Ley y las normas que regulan, la posibilidad de que los partidos accedan a los medios masivos de comunicación y también que analizáramos, de manera reflexiva y de buena fe, todo el proceso electoral federal, para que encontremos juntos disposiciones normativas que eviten las reyertas que se suceden después de cada proceso electoral y que señalemos puntos claros que permitan dar cauce legal a los conflictos que se presentan en las elecciones nacionales. Estos fueron señalamientos del titular del Poder Ejecutivo.

En el debate de la semana anterior, señoras y señores legisladores, tuvo ciertamente como motivación o como origen, el que se dio cuenta a través de los medios informativos, de una reunión a la que concurrió el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido, donde estuvo efectivamente presente el Presidente de la República.

Yo, en el debate de la semana anterior, en esta tribuna manifesté que no había concurrido el Presidente de la República. En ese momento y eso lo digo en descargo de mi responsabilidad, no contaba su servidor con la información que permitiera asegurar que había estado presente el Presidente de México. Sí estuvo presente el Presidente de la República en la reunión de que se da cuenta.

Si en aquel momento lo hubiera sabido, igual que hoy lo hubiera afirmado. Ni pasó la charola el Presidente de México en la reunión, ni faltó a ninguna obligación que le establezca la Constitución o las leyes mexicanas. El Presidente asiste, en su legítimo derecho, a múltiples reuniones, con mexicanos que se dedican a muy diversas actividades y no hay prohibición en tal sentido y también afirmó de lo que se ha dado cuenta de la reunión y del sucedido al que se referían aquí de nueva cuenta, que se habló de diversas cantidades y nunca el Presidente de México habló de suma alguna durante la reunión de que se ha dado cuenta.

Pero, señores, el PRI ha fijado claramente su posición. El Presidente de México, además de lo que ha señalado durante sus informes de Gobierno y de las múltiples convocatorias a los partidos, para que revisemos la normatividad electoral, también señaló el día de ayer, que era inconveniente pensar en aportaciones mayores que podrían provocar influencias indebidas en las fuerzas políticas.

El Presidente hizo mención a la necesidad de que llevemos a cabo campañas austeras; ha sido congruente con sus planteamientos de origen, cuando hizo el llamado a las fuerzas políticas nacionales para que trabajáramos.

El senador Muñoz Ledo duda de todo. Dice que se señala un tope por autorregulación del PRI, que bueno, por debajo de la mesa se pueden pasar otras cantidades; que es necesario, dice él, un sistema de control y de sanciones. Esto último por supuesto que yo lo suscribo. Es necesario, una vez que regulemos todos los tipos de financiamiento para los partidos y los topes que puedan tener las campañas, que él vincula las dos cosas, que efectivamente se cree un sistema de controles y de sanciones. En esto yo creo que estaríamos totalmente de acuerdo.

En lo que no lo estoy, es en ese cúmulo de afirmaciones que hace el senador Muñoz Ledo; esa catarata de calificativos que le da al Gobierno y que le asigna a mi partido, del que él fue en su tiempo un importante constructor también y que fue también un tiempo dirigente de nuestro partido.

No hay ningún carácter oligárquico, ni el PRI ha pretendido subvencionarse de cantidades multimillonarias presentadas por los empresarios o por otros grupos de poder económico.

Hoy, señoras y señores legisladores, en los términos en que está la legislación vigente, no habría prohibición, no hay tope para las aportaciones privadas a los partidos políticos. ¿Somos partidarios de que sean ilimitadas? No. Somos partidarios de que se limiten las aportaciones privadas. Somos partidarios también de que los partidos puedan ir generando un patrimonio que les permita por supuesto independencia y autonomía de todos, de particulares,

de organizaciones, de grupos de presión, de autoridades, de todos por supuesto.

En otra parte de su intervención, el senador Muñoz Ledo nos hizo un enunciado de los temas que él considera deben tratarse en el análisis de la legislación electoral y en lo que se conoce hoy como la reforma para consolidar la democracia electoral en México. Largo catálogo que efectivamente son temas que están contenidos en la Ley y que además están incluidos en la agenda que todos los partidos políticos en la Cámara, en su momento, aprobamos para discutirlos y buscar puntos de consenso.

Sí hay diálogo, senador Muñoz Ledo. Seguramente no le han informado en su partido de las reuniones que hemos llevado a cabo en la Cámara de Diputados, donde los miembros de su partido han intervenido reiteradamente y han presentado diversas propuestas, muchas de ellas racionales y por lo mismo aceptadas por las demás fuerzas políticas.

Estamos avanzando y lo vamos a seguir haciendo, en el proceso de consolidación y perfeccionamiento de nuestra legislación electoral.

Sólo un tema, de la múltiple agenda política y electoral que está conociendo la Cámara, sólo un tema se convino, en que no tratáramos en la primera etapa de nuestros trabajos; ése tiene qué ver con otro asunto que usted trató también aquí, con la naturaleza jurídico - política del Distrito Federal y con las opciones que puede tener la capital de la República, para su modificación.

Se convino en la Comisión que esperaríamos a que la mesa de concertación que tiene tiempo trabajando en la ciudad de México y donde están representadas las fuerzas políticas vía la Asamblea de Representantes, puedan llegar, así lo esperamos, a conclusiones y que éstas se hagan del conocimiento de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.

Hay, señores, entonces, voluntad política para regular el financiamiento privado y preservar a todos los partidos de influencia que pudiera derivarse de grupos de presión o de donantes; hay voluntad para que revisemos, juntos todos los partidos, las normas que hoy guían el proceso electoral en México y busquemos, a través de sus reformas, encontrar cauces adecuados, que permitan dar respuesta a muchas demandas que se han presentado en materia de reforma electoral.

Hay voluntad de que el país avance democráticamente; hay voluntad de que el país resuelva sus problemas en vías de una gran conciliación entre todas las fuerzas políticas nacionales.

El PRI siempre ha estado y seguirá estando abierto a las posibilidades de diálogo y de entendimiento honorable con todos los demás partidos políticos. De eso hemos dado muestra permanentemente y la última de ellas fue en la propia Cámara de Diputados, al sumarnos a la propuesta de que integráramos una Comisión Plural que conociera, analizara y, en su caso, llegara a consensos en torno a la reforma electoral.

En conclusión, señores el llamado que hace el senador está desde antes atendido. Hemos estado y estaremos dispuestos a continuar, como ha venido ocurriendo, en la mesa de negociaciones de la Cámara de Diputados, para que la reforma política encuentre nuevos puntos de coincidencia entre los partidos, que coincidiendo todos en el avance democrático del país, de buena fe encontremos cada día mejores normas para regular de mejor manera la vida democrática de México. Muchas gracias.

El Presidente: - Gracias, diputado Ortiz Arana. Ha pedido la palabra para rectificar hechos, el diputado Miguel León Corrales Ayala.

El diputado Miguel Angel León Corrales: - Una pequeña aclaración, yo no soy Miguel León Corrales Ayala y afortunadamente no tengo absolutamente nada qué ver con el Corrales Ayala que usted menciona.

Con el permiso de la Presidencia. El problema fundamental que el senador Porfirio Muñoz Ledo presentó en esta tribuna y que es el problema de fondo que nosotros hemos venido presentando una y otra vez en la Comisión Permanente y en los plenos de la Cámara de Diputados y en los plenos de la Cámara de Senadores, es el problema de la existencia en este país de un partido de Estado, él lo dijo con toda claridad: "Mientras no terminemos en México con la existencia de un partido de Estado, resultará muy difícil avanzar por el camino de la democracia".

La cena que el Ejecutivo de la República tuvo con los principales empresarios de este país y en la cual en efecto les pasó la charola por la módica cantidad de 25 millones de dólares, no solamente dejó en claro la enorme y estrecha relación que existe entre el poder político y el poder económico en este país, no solamente precisó con toda objetividad que los principales beneficiarios del proyecto neoliberal de Salinas de Gortari, en efecto, son sus favoritos y por

supuesto están con él en la idea de darle continuidad al proyecto económico.

Esta cena evidenció otra cosa, con la misma objetividad; la naturaleza del partido de Estado, la aceptación clara de que hasta el día de hoy, campaña tras campaña los recursos del Gobierno mexicano son manipulados en beneficio de un partido político. Así es como yo entiendo las palabras de María de los Angeles Moreno, cuando afirma: "¿Pues no la oposición quería que nos independizáramos?", las de Ortiz Mena, cuando habla de que con la ayuda del capital privado el PRI podrá cortar el cordón umbilical con el Gobierno.

Hoy con toda claridad los políticos del PRI aceptan, admiten de manera pública la principal tesis que los partidos de oposición hemos venido manejando durante varios años: que la característica fundamental del sistema político en México es precisamente la existencia de un partido de Estado. Ahí están las afirmaciones del propio Salinas en el acto de aniversario priísta cuando dijo: "Un PRI unido y actualizado seguirá siendo el gran partido de México; ya no, lo recalco, el partido del Gobierno". Ese es el problema de fondo y ese es el problema que tiene qué ver con los trabajos que se están haciendo en torno a la reforma política.

Hace algunas semanas en esta misma tribuna un servidor de ustedes trajo a colación el tema, planteó con claridad la posición del Partido de la Revolución Democrática con respecto a la reforma y dijo, lo repito, que la Comisión Plural no estaba funcionando exactamente como nosotros, los miembros de la fracción del P R D, opinábamos que era la forma correcta.

Recuerdo que en esa ocasión hubo un extrañamiento muy claro en el sentido de que no se valía que una fracción parlamentaria trajese este tema a la tribuna Muy bien, se ha planteado que el tema no debía de ser traído a la tribuna, pero al mismo tiempo el Partido Revolucionario Institucional y el jefe de Estado, creó las condiciones para que uno de los principales temas que están agendados en la Comisión Plural que es el del financiamiento, saliera a colación, fuera de la Comisión Plural, fuera de esta tribuna, en la cena entre el jefe del Ejecutivo y los empresarios.

Yo quiero plantear aquí claramente que en efecto hay una Comisión Plural y recordar que la existencia de esta Comisión Plural se debe a una propuesta del Partido de la Revolución Democrática; pero la próxima semana habrán pasado tres meses desde que esta Comisión Plural fue formada y hasta este momento dicha Comisión no ha pasado de discutir una y otro vez, cuáles son los procedimientos de discusión y cuáles son los temas que debe de contener la agenda de la Comisión Plural. En este sentido yo quiero afirmar: en efecto, el diálogo se ha dado. Pero la discusión no ha empezado. La Comisión Plural hasta hoy no ha tocado uno solo de los temas que los diferentes partidos de oposición hemos puesto en la mesa de la discusión y eso, me parece a mí que es criticable y que en ese sentido cuando el senador Porfirio Muñoz Ledo, afirmaba en esta tribuna que la discusión no se ha iniciado, yo desde aquí, le doy de manera clara y absoluta toda la razón. La Comisión Plural aún no comienza a discutir los temas que tienen qué ver con la reforma política, a pesar de que ya han pasado casi tres meses que dicha Comisión fue formada.

Y además existe otro problema: hasta hoy el único partido que ha presentado con toda oportunidad una propuesta de reforma política a fondo, profunda, seria, contenida en los puntos que nosotros consideramos fundamentales, es el Partido de la Revolución Democrática.

El senador tocaba otro problema de fondo: hasta hoy, desde que Salinas de Gortari tomó el poder, todos y cada uno de los procesos electorales de corte estatal o el proceso electoral de corte federal de 1991, han estado caracterizados por el fraude electoral y hasta hoy, después de cada uno de estos procesos, los diferentes partidos de oposición e incluso en algunas ocasiones el PRI, hemos desarrollado toda una serie de medidas tendientes en contra del fraude electoral, como una manera ya de lucha característica en este país, de que después de cada proceso electoral hay lucha poselectoral. ¿Qué va a pasar en 1994 si toda esta problemática y todas estas luchas poselectorales y todos los brotes de violencia que se han dado en más de cuatro años de salinismo, se dan al mismo tiempo después de agosto de 1994?

El senador decía y tiene razón, este país puede entrar en una seria conmoción política. ¿Cuál es la única manera de evitar esto? Lo hemos dicho desde el principio, solamente una reforma electoral que toque fondo y, ¿cuál es la única garantía de que una reforma electoral en México toque fondo?, no es solamente el problema del dinero, no es solamente el problema de los financiamientos, si son privados o no, si son legales o no; es el problema de en manos de quién están todos y cada uno de los organismos electorales en este país, desde el Instituto Federal Electoral,

hasta la casilla más remota que se encuentre en México. En ellos, una y otra vez se repite exactamente el mismo esquema: los organismos electorales están en manos del Gobierno y al estar en manos del Gobierno están en manos de su partido y al estar en manos de su partido, no existe equidad ni democracia en la lucha entre los diferentes partidos en este país. Ese es el problema de fondo de la reforma electoral; hacia allá es hacia donde debemos de caminar, de otra manera, las condiciones para que en efecto en 1994 haya una conmoción política, están dadas y en este sentido, nosotros emplazamos al PRI y a su fracción parlamentaria, para que acepte con toda claridad esas palabras de Salinas de Gortari, en el acto de conmemoración priísta, para que presente su proyecto en la Comisión Plural y para que de una vez por todas, esta Comisión Plural en efecto, comience a discutir.

Es todo. Gracias.

El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Juan de Dios Castro, para rectificar hechos.

El diputado Juan de Dios Castro Lozano:- Señor Presidente; señoras y señores legisladores miembros de la Comisión Permanente:

Hemos escuchado tres discursos de muy respetables miembros de la Comisión Permanente, a propósito de un tema que ha conmocionado la opinión pública nacional.

Cuando al jefe de mi partido en la década de los sesenta Adolfo Christlieb Ibarrola, en alguna entrevista después de su elección como jefe nacional se le hizo una pregunta sobre si los empresarios mexicanos estaban en Acción Nacional, Adolfo Christlieb pidió algo, pidió algo a los periodistas de aquella época, pidió algo a la opinión pública nacional: que se hiciera una encuesta seria para ver de qué lado estaba el capital mexicano.

La nota informativa que ha conmocionado a la opinión pública nacional, que ha conmocionado a los medios de comunicación social, que ha motivado el interés de las principales corrientes políticas del país y que ha tenido un gran impacto a tal grado que las intervenciones en esta Comisión Permanente han motivado declaraciones del Presidente de la República, aparentemente es un hecho, como lo acaba de decir Fernando Ortiz Arana, que no implica ninguna violación a la Ley ¡ninguna violación a la Ley! la aportación de 625 millones de dólares, de entrada, de entrada, para lograr, se dice, para lograr, se dice, la autonomía financiera del Partido Revolucionario Institucional; para lograr, se dice, cito al diputado León Corrales, no leí yo la cita, espero que la haya hecho exacta, el cordón umbilical del Partido Revolucionario Institucional, con el Gobierno.

Y nos ha dado el senador Porfirio Muñoz Ledo, señoras y señores legisladores, una abundantísima argumentación sobre el tema. Senador, senador Muñoz Ledo: ¡Muy abundante argumentación!

Y créanme que me ha impactado en lo personal, y esa abundante información que nos ha dado el senador Muñoz Ledo, todavía a mí me deja, me deja, y lo voy a plantear, señoras y señores, me deja con deseos de saber más, senador, con deseos de saber más. ¿Y saben por qué, señoras y señores legisladores? ¿Saben por qué, ciudadanos del público que asiste a esta Comisión Permanente? ¿Saben por qué, señores periodistas y representantes de los medios de comunicación social?, porque si alguien tiene información precisa, completa, detallada, ¡vasta!, con "v" chica, de ese cordón umbilical, de esa falta de autonomía, es el senador Porfirio Muñoz Ledo.

Yo sé que va a venir aquí y yo coincido, senador con su planteamiento y yo siento que el Gobierno de la República y el Jefe del Ejecutivo están haciendo un esfuerzo serio de dar un pequeño paso, pequeño paso en el desarrollo del país, desarrollo político y democrático del país.

Pero yo sé que el senador Porfirio Muñoz Ledo fue colaborador cercano de Hugo Cervantes del Río y sé que el senador Porfirio Muñoz Ledo estuvo muy cercano al régimen de Luis Echeverría y no necesito acudir a la cita de Fernando Ortiz Arana, el senador Porfirio Muñoz Ledo fue Presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional y casi, casi acompañó a uno de los asistentes, en su apariencia, en la capucha, en aquél período de los encapuchados de entonces y de ahora, señoras y señores legisladores.

Yo, yo me complazco. ¡No me complazco en la fractura de un partido! ¡Cómo me voy a complacer! En mi partido ha habido fracturas. Son dolorosas, son duras. No, señoras y señores, me complazco en que ese grupo del que formó y forma parte el senador Porfirio Muñoz Ledo tiene toda la información como jefe nacional que fue del Partido Revolucionario Institucional, del tipo de apoyos económicos que se proporcionaban al Partido Revolucionario Institucional, que él ha manifestado aquí.

Y quiero decir, quiero decir que no basta en la historia política del país, en la historia de los partidos políticos, no podría el senador Porfirio Muñoz Ledo pronunciar aquella respuesta extraordinaria de un diputado, Alejandro Gazcón Mercado, por ejemplo, cuando se le dijo del cambio de partido político y Gazcón Mercado decía: "Yo tengo la meta definida, el rumbo, el puerto al que me dirijo; he cambiado solamente de vehículo". Porque seguía en la oposición.

Y el senador ha estado ¡en el grupo oficial! Y ahora en la oposición.

Yo no soy capaz, capaz de dudar senador de las buenas intenciones suyas ¡ahora en la oposición! ¡De dar a México un régimen democrático, que los mexicanos todavía deseamos y aspiramos! ¡De dar a México la democracia por la cual se derramó 1 millón de vidas en la Revolución de 1910! ¡De darle vigencia al artículo 39, al artículo 40 y al artículo 41 de la Constitución! ¡De darle vigencia a la división de poderes! ¡Lejos de mí, dudar de la intención actual del señor senador!

Pero sí debo decirle que está obligado, que está obligado ante la opinión pública nacional. Entonces cuando su cambio y ahora en un partido respetable, como es el P R D, a pronunciar un mea culpa por su responsabilidad pasada, ¡ante la historia!, el grado de responsabilidad que usted tuvo en toda esa época y en todo ese período, porque usted fue el jefe nacional. O nos dirá, nos dirá: "Es que el jefe no decide, decide el Presidente".

Señoras y señores, el senador en su intervención, yo confío, yo confío que nos dé la abundancia de información de que él dispone ¡y yo sé que la tiene!. Quisiera yo tener esa información como un extraordinario caudal, útil en un debate como este.

Pero el planteamiento, señoras y señores, es el apoyo de un grupo económico poderosísimo al sistema y al partido del Gobierno, que ya se cree quiere que no sea "del" y que sea "en el" Gobierno. Nosotros también queremos eso, equidad, ¡equidad en la contienda electoral!, ¡equidad en los partidos!

De nada sirve, de nada sirve Fernando, Porfirio, de nada sirve la reglamentación y la Ley. ¡Yo no voy a pedir nada más reformas electorales!, ¡no voy a pedir, señoras y señores, exclusivamente reglamentación! En la declaración abstemia, Burgoa Orihuela, constitucionalista y Presidente del Instituto Mexicano del Amparo, decía: "sí, se regula". Pero una regulación que entraña tales dificultades para elaborar la ineficaz que sería fácilmente burlada. No, no basta.

Como no basta tampoco, señoras y señores, que la reforma electoral que queremos, y cuando digo queremos no hablo de los del PAN, que queremos todas las corrientes políticas del país y el pueblo de México, sea una Ley perfecta, perfecta en las sanciones que tipifiquen conductas delictuosas en materia electoral; perfecta en los mecanismos, perfecta en las autoridades. No, señoras y señores, no basta la Ley perfecta.

Acudo a lo que dijo Fernando y dijo Porfirio, coincido: "voluntad política", señoras y señores, ¡voluntad política!, no la perfección de la Ley sin la voluntad política. ¡Que la declaración del Ejecutivo Federal, que la declaración del Presidente de la República se concrete, se traduzca en conductas concretas del Gobierno, en pasos que convenzan a los partidos de la buena intención de seguir avanzando en la democracia que queremos para nuestro país! y sí el diálogo entre las fuerzas políticas, Partido Auténtico de la Revolución, P R D, Partido del Frente Cardenista, Acción Nacional.

No, no podemos cerrarnos al diálogo, pero, señoras y señores, el diálogo parte de un principio básico sin el cual no se puede dar la buena fe de las partes que dialogan. De ahí el retiro de Acción Nacional de una comisión que hasta ahora ha discutido mecanismos y metodología, pero que estemos convencidos de que hay el sincero deseo de llegar a 1994 en mejores condiciones que las actuales.

Yo no espero, señoras y señores, que se dé el mundo ideal de un día para otro, yo no creo en utopías, creo en la historia, creo en la sociología, creo en el desarrollo de los pueblos que es largo, duro, difícil; creo en las fuerzas convergentes, en las presiones, en los grupos de poder, en los intereses, porque eso me lo dice la realidad. ¿Pero por qué me he de cegar por esa realidad?, porque no puedo creer en un futuro prometedor para esta patria nuestra.

Mi intervención y puede pensar el senador que le pegué; probablemente, pero sin odio, senador, profundamente convencido, convencido de la responsabilidad histórica de cada uno de nosotros y de nuestro caudal histórico en nuestra actuación política nacional con sus claros y con sus oscuros, esta intervención tiene el propósito de que reflexionemos, señoras y señores, la oposición y el Gobierno, la oposición y el Gobierno, por encima del interés del PRI o del PAN, del

P R D o del Partido Auténtico, del Partido del Frente Cardenista o del P P S; por encima de interés del Gobierno, por encima del interés de los grupos de oposición está, señores, el sagrado interés de la nación, que el interés de la nación tiene predominio sobre el interés de cualquier grupo que exista en el país. Muchas gracias.

El Presidente: - Para contestar alusiones personales, se concede la palabra al senador Porfirio Muñoz Ledo.

El senador Porfirio Muñoz Ledo: - Muchas gracias, señor Presidente. Para alusiones personales abundantes y provenientes de varios lados.

Primero las del señor Presidente de la Comisión Permanente, de quien ha recibido el inesperado honor de que dejase su sitial para responder a mi intervención, cosa que mucho le agradezco.

La primera de sus afirmaciones fue que el senador, el tantas veces mencionado senador, el senador sí, en este caso, sabe bien que hay diálogo para la reforma electoral; sé bien, señor diputado, que no lo hay. Si bien no pertenezco a la Comisión que trabaja en el ámbito de la Cámara de Diputados, sí pertenezco en cambio a la Comisión que dentro de mi partido se ocupa cotidianamente de analizar avances y plantear propuestas.

La información que el diputado León acaba de corroborarle es que si bien se han definido, con mucho trabajo por cierto, los temas, sin siquiera un calendario preciso, no se ha iniciado el diálogo verdadero. Esa es la razón por la que no nos hemos retirado, no nos hemos retirado de algo que todavía no comienza.

Nosotros planteamos que este foro se creara y nosotros insistiremos en que se presente una propuesta del partido de la mayoría.

Por otra parte, usted recordará, señor diputado, porque fue miembro, con algunos de los que estamos aquí, de la Comisión Especial de la Comisión Federal Electoral, que también estuvimos sentados viéndonos unos frente a otros, discutiendo a veces animadamente durante más de un año, que sin embargo jamás, en ese proceso tuvieron ustedes una propuesta integral o siquiera satisfactoria.

Tenemos además, por función de nuestro encargo, contacto y diálogo para otras cuestiones con funcionarios del Gobierno. Se nos había dicho antes del cambio de Secretario de Gobernación, que en pocos días tendríamos un planteamiento de la posición del partido del Gobierno. Cuando cambió ese alto funcionario, se nos dijo que en menos de dos o tres semanas después de la llegada de su sucesor, tendríamos ese planteamiento. Ya han pasado cerca de dos meses, y no hay una respuesta clara del Gobierno.

En segundo término, dijo el señor diputado Ortiz Arana, y es una confesión que lo enaltece, reconocer errores u omisiones enaltece siempre, que él no había dicho la verdad cuando afirmó que el Jefe del Ejecutivo había estado en esa cena y había pasado la charola. Me hubiera gustado que al no saber si el hecho era cierto, no hubiera afirmado radical y contundentemente lo contrario, porque ello lo ha obligado a desdecirse hoy en día.

Le funcionó y yo lo entiendo, el reflejo protector de las instituciones antes del cuidado por la palabra empeñada.

No me referiré en detalle, porque adivino que vendrá un debate enseguida a su afirmación sobre mi pretendido catastrofismo. Yo quiero decirle de entrada, que nosotros no quisiéramos la catástrofe pero que no la hemos provocado. Hemos advertido en tiempo y reiteradamente los errores estructurales de la política económica de este Gobierno. Hay largo récord de intervenciones en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, donde advertimos muchas de las cosas que están pasando, pero no hay análisis nacional ni extranjero; esta mañana desayuné con un grupo de diplomáticos, que no coincida en que estamos al borde de una profunda crisis financiera, que ojalá y hubiera una reacción para evitarla a tiempo.

Nosotros no quisiéramos mayores males para el pueblo de México, pero no somos, por desgracia, los conductores ni los responsables de la política económica del país.

Afirma el señor diputado Ortiz Arana, que dudo de todo. Yo debo decirle que por desgracia no es cierto, no soy tan escéptico. El creador del racionalismo moderno pensaba que debiéramos dudar de todo; a esto le llamó la "duda metódica", como madre de la ciencia. Por desgracia, yo tengo ciertas certidumbres y lo que expresé aquí fueron fundamentalmente certidumbres.

No dudo siquiera del Gobierno; tengo la certidumbre de que es una política abiertamente contraria a los intereses de la nación.

A propósito de dudas, también se refirió a mi persona el señor diputado Juan de Dios Castro,

a quien estimo como orador parlamentario y como hombre de convicciones. No me pegó, usó usted su derecho a la palabra, y externo legítimamente sus propias dudas. No fue una lucha entre Superbarrio y el senador. No. Fue la expresión de dudas, que como antiguo militante de su partido usted tiene.

Le responderé con respeto. Hace no más de dos semanas comenté una declaración suya que me pareció atinada y prudente, donde usted hizo un llamado a que en estos momentos tan difíciles en que tenemos por delante una reforma política y frente a un posible endurecimiento del Gobierno, no debiéramos ahondar diferencias explicables entre distintos partidos de oposición, y lo cité por nombre, diciendo que era un llamado pertinente que habría que atender.

He hecho un nuevo llamado, con motivo del cambio de presidente de su partido, para que pueda haber, junto con otros partidos de oposición, un mayor cambio de entendimiento en esta reforma que tenemos por delante.

No dejaré, sin embargo, de responder con la mayor precisión que me sea posible.

Nunca he quitado un renglón a mi biografía, que es pública; fui funcionario y antes empleado público desde el año cincuenta, a la edad de 17 años, claro, muy modesto y fui después funcionario federal en los ramos de educación, relaciones exteriores, seguridad social, Presidente de la República, trabajo, educación pública y nuevamente servicio exterior. Sólo un año fui funcionario partidario en todo ese muy largo período que va hasta 1985.

En lo que usted tiene razón, es de que conozco el sistema de financiamiento del partido oficial. He escrito ensayos sobre la materia, aun antes de haber sido funcionario de ese partido, y los conozco, debo decirle a usted por qué, porque fui durante muchos años también profesor de ciencia política, y la cátedra que fundé y serví se llamó "Sistema Político Mexicano", en el Colegio de México se llamaba "Gobierno y Proceso Político en México". Es más, estudiantes míos, ahora muy connotados profesionales y maestros, hicieron tesis sobre algunos de estos temas.

El financiamiento del partido del Gobierno tiene distintos periodos: el primero es el tiempo del P R M, durante la época del caudillismo, en el cual los fondos con que se financia el partido del Gobierno son variados, porque en aquel entonces es un partido esencialmente regional, es una coalición de fuerzas regionales.

Los financiamientos, y debo de decir la toma de decisiones políticas, en todos los autores nacionales y extranjeros, son sistemas bastante descentralizados en aquella época.

Hubo desde luego, que fue la parte más negativa, la intervención de contratistas, comenzó la época de los contratistas, que ayudaban a financiar campañas políticas para obtener beneficios; luego vino la época del maximato, bajo la presidencia del licenciado Emilio Portes Gil, la presidencia del partido y de la República después, donde tuvieron la ocurrencia que en todos mis cursos a lo largo de los años califiqué de una monstruosidad de obligar a los empleados públicos a que cotizaran para el partido del Gobierno, con lo que revelaban el carácter de partido de Estado y con lo que limitaban la libertad de los trabajadores al servicio público de ejercer sus derechos ciudadanos con total independencia. El argumento es que le debían el empleo al partido, lo que es una aberrante confusión entre lo que es el Estado, lo que es el Gobierno y lo que es un partido, simbiosis que por desgracia ha estado en el fundamento de muchas de las perversiones de nuestro sistema político.

Vino después la contribución, en época del P R M, fundamentalmente de las organizaciones de base de ese partido; fue la época del crecimiento, de las grandes organizaciones sociales nacionales.

Volvió a fines de los cuarenta, galopante y presagiando lo que ahora pasa en la Secretaría de finanzas del PRI, la intervención de empresarios y de contratistas.

El señor Ruiz Cortines produjo según el Anecdotario Político del país, una de las muchas frases que lo hicieron célebre. Dijo: "Para que no haya tanta inmoralidad y tanto contratista financiando al PRI, ahora va a pagar todo el Gobierno, y, para que no se nos salgan del huacal los gobernadores, lo va a pagar la Secretaría de Hacienda". Este es un hecho histórico, esto es un hecho histórico, sin dejar que los gobernadores o presidentes municipales echaran también, un poco, sus contribuciones.

Vive ese partido, durante un largo período, a base de contribuciones que salen de cheques ilegales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y después de la Secretaría de Programación y Presupuesto.

Cuando fui designado, nunca he negado que fui presidente de un partido de Estado, ese año como coordinador de una campaña electoral, creamos

una Comisión de Revisión y Estructura del Partido. Usted que es un estudioso, lo invitaré a que vea conmigo la propuesta que hicimos: Una Comisión donde según recuerdo, la secretaria de esa Comisión era la ahora compañera de partido Ifigenia Martínez, el secretario de toda la Comisión fue el ahora compañero mío de partido, Rodolfo González Guevara. Y ahí propusimos un sistema de financiamiento distinto, independiente del Gobierno y está escrito; y ese sistema de financiamiento eran las contribuciones de los militantes, de los militantes de base del partido, un financiamiento sano, no un financiamiento corporativo, no un financiamiento de grandes empresas, y menos un financiamiento gubernamental. Esto está propuesto.

Ahora bien, casi todos los que estuvimos en ese ejercicio de revisión de estructura y funcionamiento así se llama el documento, y creo que por aquí hay alguno presente también, ya no estamos, nosotros rompimos por ésta y otras muchas razones, con el partido del Gobierno, no solamente yo, muchos y muy distinguidos miembros de mi partido, desde luego los dos que han sido hasta ahora presidentes nacionales del mismo.

Ahora bien, voy a lo que me interesa destacar, con el mismo respeto lo voy a decir. Desde luego, yo traté siempre de quitarme la capucha, y fue bastante público todo lo que ocurrió en aquel entonces; nunca fui propiamente colaborador del licenciado Cervantes del Río, él era secretario y yo subsecretario, por desgracia nunca tuvimos una buena relación, no había una dependencia jerárquica clara.

En un segundo término, quisiera decirle, licenciado, lo que me preocupa del lado de ustedes, con la misma franqueza con la que usted habla, yo no estaría de acuerdo que a lo largo del tiempo el Partido Acción Nacional no haya recibido contribuciones de empresarios y tampoco estoy afirmando que lo haya hecho de modo excesivo ni ilegal. Pero es obvio que hay campañas electorales, las hemos conocido de cerca, en donde ha habido contribuciones del sector privado.

Incluso, en la época en que algunas organizaciones como el C A D E, estuvieron cerca de su partido. No quiero decir que hayan sido excesivas, insisto, ni que hayan sido ilegales, pero que sí ha habido contribuciones privadas individuales de cierto monto o cuantía.

Lo segundo que quisiera decir y me parece que esta es una cuestión de fondo, es que el carácter democrático de las personas y de los partidos se mide en un largo proceso en el tiempo.

A mí me ha preocupado, desde hace muchos años, como académico y como hombre público, el comportamiento de los partidos políticos conservadores, cuando hay gobiernos autoritarios de derecha, en Europa y en América Latina.

Lo comentaba hace unos días con mis amigos del Partido Renovación Nacional y del Partido Unión Democrática Independiente de Chile, así como con los parlamentarios de la Democracia Cristiana. En cuántas ocasiones, en la historia de América Latina, los partidos conservadores y sus parlamentarios han apoyado a las dictaduras latinoamericanas.

Es el caso lo puedo decir, no todos, pero es el caso mayoritario con Somoza, con Trujillo, con los generales argentinos, con el régimen dictatorial de Brasil, con el régimen de Pinochet, en Chile.

Han sido, eso sí, muy demócratas respecto de gobiernos progresistas, ustedes nacieron en la época del general Lázaro Cárdenas y se le opusieron, ése es su derecho; nosotros jamás nos hubiéramos opuesto al general Cárdenas.

Entonces el llamado que yo he hecho, del modo más respetuoso y la reflexión que públicamente he formulado, es que todos los partidos independientemente de su ideología y de sus convicciones, sean democráticos contra todo Gobierno, contra todo Gobierno que sea autoritario. Yo creo que eso sería un principio que en mi opinión todos debiéramos de acatar, no sólo contra los gobiernos progresistas o los nacionalistas o los populistas, sino también contra los gobiernos privatizantes, también contra los gobiernos que en materia económica cumplen los programas, los postulados de los partidos conservadores. Así todos tendríamos credibilidad en el largo plazo.

Paso en seguida y con brevedad a lo dicho de nuevo por el diputado Ortiz Arana. No confundo, señor diputado, el tema de los topes a las campañas electorales con el tema de las contribuciones individuales. Esto no quita, sino al contrario, reafirma mi convicción de que aun la cifra que ha establecido el presidente de su partido es en verdad desmesurada, si el límite va a ser 1 millón de pesos nuevos, mil millones de pesos antiguos, imaginemos lo que ocurre si hay 100, 150 ó 200 contribuciones de esa naturaleza. Este tema obviamente se relaciona con el otro que es el tope.

Si usted no está enterado porque no se ha publicado mayormente, debo decirle que en

mesas de negociación nosotros hemos planteado una hipótesis que es la siguiente: un peso nuevo por elector como tope de campaña, o mil pesos viejos. Un peso nuevo por elector, todos entendemos mejor cuando menos yo todavía en pesos viejos, significaría digamos dado un padrón electoral como el de Guanajuato, un costo límite de 2 mil millones de pesos, dado un padrón electoral como Michoacán, un costo de 1 mil 500 millones de pesos. Debo decirle que es aproximadamente en el caso de Michoacán el doble y en el caso de Guanajuato cuatro veces más de lo que mi partido pudo erogar en esas campañas.

Si nosotros estableciéramos como tope un peso nuevo por elector tendríamos un máximo de 40 ó 50 millones de pesos para la campaña nacional, es decir, 40 ó 50 mil millones de pesos. Si en los Estados Unidos la campaña del Partido Demócrata costó aproximadamente 80 ó 90 millones de dólares creo que por densidad demográfica y por todas las condiciones económicas comparativamente además a otros regímenes democráticos, estaríamos en una cifra adecuada.

Yo me permitiría al respecto, ya que estamos entrando en materia, y creo que vale la pena utilizar el debate para esto, para dejar ideas y sugerencias, creo que sería muy fácil, nosotros parcialmente lo tenemos hecho, ver cuál es el tope de campaña de otras legislaciones. Lo he comentado, tenemos una vida interparlamentaria amplia con parlamentarios de Ecuador, de Venezuela, de Colombia, de Chile, de Argentina. Yo le puedo asegurar que una cifra como la que estoy sugiriendo, un peso nuevo por elector, sería la que correspondería a un país de la dimensión y de la riqueza que México tiene y podría recuperar dignidad y credibilidad para los procesos políticos.

Vivimos un tiempo, señor diputado, en que los gobiernos autoritarios se empeñan en el descrédito de los partidos y en ahondar la brecha que existe entre la política y la ciudadanía. Es muy importante la transparencia, es muy importante la austeridad para no permitir que el descrédito de los partidos socave las posibilidades de la democracia.

Hay una enorme contradicción a veces, generalmente, en el discurso oficial del Gobierno de México. Por una parte, habla de la imposibilidad de transitar a la democracia sin un régimen auténtico de partidos políticos; después dice que hay crisis de los partidos políticos en México, cuando lo que hay es precariedad de los partidos, porque hemos vivido durante largo tiempo un sistema de partido hegemónico, de partido de Estado.

Si en realidad el Gobierno cree que hay crisis de credibilidad de los partidos, que hay crisis de credibilidad de los procesos electorales y que esto está en el trasfondo del abstencionismo, porque cuando entró este argumento, es porque está justificando el abstencionismo al cual contribuye fundamentalmente el Gobierno a través del fraude electoral, si realmente lo cree, que tenga una contribución sensata por vía de la austeridad, por vía de la absoluta transparencia y por vía de topes claros, para que el ciudadano recupere la respetabilidad que debe tener en las organizaciones políticas, en los candidatos y en los representantes populares.

Para terminar, señor diputado, yo no estaría de acuerdo con usted y va a ser tema de debate, el viernes en el consejo del I F E, lo estoy adelantando, bueno, estoy también facilitando indirectamente que se preparen los argumentos de la otra parte, que no sea ilegal este tipo de contribuciones.

El artículo 49 del Cofipe, dice con toda claridad que: "además de las prerrogativas que reciben los partidos, podrán recibir donaciones de sus organizaciones y de sus afiliados". Las contribuciones de las que habla de crónica, son contribuciones de empresas. Si usted me prueba que Televisa es una organización del PRI formalmente, pero en realidad sabemos que lo es; si usted me prueba que Bancreser, si usted me prueba que Telmex, del que se acaba de hablar, son organizaciones del PRI en el mismo sentido que lo es la C T M, la C N O P, el UNE o Desune, que ya nadie sabe cómo se llama, si usted me comprueba que es una organización del PRI, podría estar dentro de la Ley, pero éste no es el caso, son donaciones de empresas.

Por otra parte, esta idea tan a la ligera lanzada de fondos de inversión, es contraria también a lo que estipula el código que dice que todos los bienes de los partidos tienen que estar afectos al fin para el cual fueron creados estos partidos. No da pie y aquí hay quien conoce bien la legislación, no da pie intencionalmente la Ley, para que los partidos se conviertan en sociedades de inversión o se coticen en la bolsa de valores, porque se desnaturalizarían los partidos políticos. Hay países donde se ha permitido a los partidos tener negocios. Pero en la mayor parte de los países democráticos del mundo, hay una prohibición expresa para que los partidos se dediquen a hacer negocios, porque se considera que es más consecuente con el principio

democrático, que los partidos no dependan de los flujos económicos, no dependan de donantes anónimos y riquísimos, no dependan del mundo empresarial o de la sociedad oligárquica, sino dependan de cada uno de los electores.

Quiero decir por último, sobre este punto, que el límite de las contribuciones individuales, son motivo central de la campaña primaria del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Voy a decir en qué términos y en qué cifras: el exgobernador de California, el señor Jerry Brown y eso ustedes lo recordarán, su campaña bajo el lema: "Un dólar, un ciudadano", con ser en la calle de a dólar y él luchó, como lo ha contado personalmente, porque se incluyera en la plataforma de su partido, que él no suscribió al final y no lo suscribió por esta razón, no por razones ideológicas, según su dicho, se incorporaran principios de límite a las contribuciones individuales.

Confidencialmente Brown ha dicho que él hubiera aceptado el principio "one citizen, five dólar". Esto es, un ciudadano cinco dólares. Hasta ahí, porque no hubiera aceptado más y que su contendiente el gobernador de Arkansas lo sabía y que pensaba que sería impráctico para el costo que esa campaña tendría.

Yo cito este antecedente como podríamos hablar de otros países del mundo, para que se vea hasta qué punto es una preocupación fundamental de los regímenes democráticos contemporáneos, que esos topes sean bajos y que las contribuciones correspondan a la capacidad ciudadana y no provengan del mundo oligárquico o empresarial.

Diré para terminar, señor diputado, que parte del financiamiento que debe ser tocado como una unidad, es el resto de los apoyos indirectos que reciben los partidos.

El tiempo que se le destina a Solidaridad en la televisión mexicana, con el nudito tricolor que después se convierte en escudo del PRI, que es dinero gubernamental, porque ahí sí no creo que haga donaciones el señor Azcárraga, por cierto quiero aclarar que nosotros nos abstuvimos conforme a un principio. No votamos en contra de preseas otorgadas por gobiernos extranjeros, porque sería poner en duda la capacidad de juicio de otros gobiernos. Pero no votamos tampoco a favor, casos en los cuales consideramos que un conciudadano nuestro no tiene los requisitos más elementales de patriotismo o de decencia para merecer tal presea. Esa es la razón por la cual nos abstuvimos.

Entonces los apoyos indirectos en la televisión, los apoyos indirectos a través del manejo indebido de los programas públicos para fortalecer o favorecer las campañas del partido oficial, deben también ser suspendidos. Se reduciría, además y esto es lo último que quisiera decirle, señor diputado, grandemente el costo de las campañas electorales si se estableciese un principio elemental que figura prácticamente en todas las legislaciones democráticas de Europa; no se autoriza un sólo centavo para propaganda pagada por radio y televisión en las campañas electorales.

En cambio hay dos obligaciones. Una obligación que es supervisada por una comisión adhoc una comisión adhoc, de igualdad de trato en los programas de información; hay unas especies de ombudsman de la información, que están recibiendo quejas y dando recomendaciones para que no se trate de modo indebido desleal, abrumador, disparejo, como ocurre en México, a los partidos.

Y por otra parte, todo el tiempo pagado, todo el tiempo pagado en toda la radio y en toda la televisión, esta es la regla de la democracia europea, es pagado por el órgano electoral supremo y es puesto a igualdad, en manos de todos los partidos.

Este es el tipo de debate que quisiéramos tener; que a cada uno de nuestros puntos se diga: "sí o no", o tenemos uno distinto, que frente al problema de independencia los órganos electorales, no de un debate tan elemental, de que si es función de Estado o no es función de Estado. Claro que es una función pública, pero no es una función a cargo del Ejecutivo, es un órgano independiente de los tres poderes que debe ser integrado por los partidos y por los ciudadanos. Que vayamos en cada uno de los temas fundamentales, definiendo claramente la posición de los partidos.

Yo agradezco a los diputados Ortiz Arana y Juan de Dios Castro, la atención que se sirvieron prestar a mi intervención en tribuna, y que me hayan dado además la ocasión de aclarar algunas cosas y de empezar a explicitar algunos de los puntos centrales de la reforma que tenemos pendiente. Muchas gracias.

El Presidente: - Se le concede la palabra al diputado Fernando Ortiz Arana, para contestar alusiones personales.

El diputado Fernando Ortiz Arana: - Voy a solicitar a la Presidencia me permita usar más

tiempo que el que previene el Reglamento para este tipo de intervenciones, lo mismo que hizo el senador Muñoz Ledo al hacer uso de la palabra.

Primero, señor senador Muñoz Ledo, usted es la primera sesión a la que ocurre a esta Comisión Permanente. Quizá por eso no está usted muy enterado de la forma como venimos debatiendo ya durante más de dos meses en esta Comisión Permanente.

Al Presidente de la Comisión Permanente, a este servidor de ustedes, me ha tocado participar en varios debates que se han dado en el transcurso de estos dos meses. He debatido varias ocasiones con el compañero y amigo Diego Fernández de Cevallos, con compañeros de su partido, como Miguel León, y otros compañeros de otros partidos políticos.

A mí me parece que el hecho de cumplir una responsabilidad de conducción en la Comisión Permanente, no me inhabilita para tener la siempre grata oportunidad de participar en los debates que aquí damos de manera respetuosa todos los partidos políticos.

Varias veces el Partido de la Revolución Democrática, en sus intervenciones hoy en la tribuna e incluso en documentos que han aparecido publicados en la prensa escrita, se atribuye la paternidad de la comisión plural creada en la Cámara de Diputados para discutir la democracia electoral mexicana.

Es cierto que impulsó el P R D la propuesta. Pero, señoras y señores legisladores, recordemos que para que esto pudiera darse, todos los partidos políticos accedimos a que integráramos esta Comisión, la forma y términos de integrarla.

Entonces me parece que la creación de la comisión plural para la reforma en la Cámara de Diputados corresponde por igual a todos los partidos políticos que suscribimos el documento, que señalamos la forma de trabajar de la Comisión.

Dice el señor Muñoz Ledo: "No hay diálogo en esta Comisión". No podemos salirnos de lo que no se ha iniciado. "Porque, bueno, se han puesto de acuerdo en la metodología, en los mecanismos". También nos hemos puesto de acuerdo, señor Muñoz Ledo, en la agenda de los temas que tenemos que discutir en la Comisión plural.

Usted no tiene derecho a afirmar que no ha habido diálogo en la Cámara de Diputados, en una Comisión Plural en la que efectivamente estamos todos los partidos y en la que por supuesto que hemos avanzado; es y es un avance importante determinar el método como hemos de discutir y qué es aquello de lo que hemos de ocuparnos.

También le informo, señor senador Muñoz Ledo, que integramos también dos subcomisiones de trabajo, plurales ambas, y que han empezado a hacer su esfuerzo para avanzar.

También debe saber que se aprobó un programa de comunicación social de los trabajos. Que se convino y se integró una subcomisión propuesta para entrevistarlos con R T C y avanzar.

Entonces, yo rechazo su afirmación, que me parece ligera, de que no ha habido diálogo en la Cámara de Diputados en la Comisión Plural, señor senador.

El senador Porfirio Muñoz Ledo (desde su curul): Quisiera hacer una interpelación al orador.

El Presidente: - El senador desea hacer una interpelación al orador...

El diputado Fernando Ortiz Arana: - Se la acepto con gusto, senador.

El senador Porfirio Muñoz Ledo (desde su curul): - Lo que quisiéramos es que nos respondiera en lo sustancial. Ha tenido usted dos intervenciones de tribuna y no ha dicho ningún pronunciamiento en lo sustancial. Ese es el juego de rodeos al que nos tienen acostumbrados. Tenía usted ahora la ocasión privilegiada para responder a cinco o seis de los planteamientos que hicimos. ¿Qué piensa usted de topes de campaña? ¿Qué piensa usted de la independencia de los órganos electorales?

Defínanse en la sustancia. No ha habido diálogo sustantivo; ha habido rodeos y preparativos. Y ahí estamos.

El diputado Fernando Ortiz Arana: - No se adelante, senador, déjeme terminar mí intervención. Déjeme terminar mí intervención para referirme a todos los puntos que usted ha tratado. Estoy en el proemio de la intervención, senador; sea usted paciente, como lo somos nosotros con usted.

Dice usted, y también dice mal senador, dice que no hay calendario preciso, creo que fueron

sus términos. Aquí también ignora usted que desde que la Comisión presentó la propuesta al pleno de la Cámara, se determinó un tiempo en el que habremos de avanzar en la reforma política y en la reforma para la democracia electoral.

Por otro lado, usted quiere hacer varias las reglas de trabajo con las que nació la Comisión; hecho que tampoco en mi caso puedo aceptarle, senador Muñoz Ledo. Dice usted: "Que el PRI presente su propuesta para que estemos en condiciones de discutir".

Fíjese señor senador que ese no fue el método de trabajo que definimos en la Comisión. Se acordó que ningún partido presentaría una propuesta concreta. Se combino, eso sí, que iríamos hablando de los temas que acordáramos y agotando cada uno de ellos, buscar en cada tema cuales eran los puntos de coincidencia e irlos separando e igual separar los disensos. Así es que no puedo aceptar su cordial invitación a presentar una propuesta por parte de mi partido en todos los temas en la Comisión Plural.

Dice usted, y esto es cierto, que en reforma anterior coincidimos, en la Comisión Federal Electoral entonces y que estuvimos dialogando. A mi me parece que se avanzó mucho en aquel tiempo y que se llegó a reformas importantes a la legislación electoral. Hoy son otras las que son las exigencias y habrá que buscar la forma de responder de la mejor manera a ellas.

Lo que usted llama la sustancia, y que quiere que le conteste, tiene dos problemas senador: El primero, que el derecho electoral es complejo, es difícil, hay que conocerlo de manera integral. Usted aquí viene y lanza que en el caso de los topes de campaña, les parece a ustedes que la franja única para decidir topes de campaña sea el número de electores y hasta una cantidad, anuncia usted ya, que propone su partido, y dice que sea un nuevo peso, si no recuerdo mal por elector, o sea, mil pesos de los anteriores. Esto no es tan sencillo, ni es la única franja que tenemos que considerar para el financiamiento de las campañas y para los topes y requiere un análisis mucho más completo esto, que el que usted de manera tan superficial viene a presentar aquí a la tribuna.

Es difícil el asunto del financiamiento y el asunto de los topes de campaña, implica muchas cuestiones más que el señalar una cantidad y pedir aquí un si o no respecto a la propuesta que formula su partido. Esto no es tan fácil, señor senador, ni puede ser tan simple, de que vengamos aquí y digamos: ¡Fíjese que nos parece muy adecuado lo que usted propone, de que para los topes de campaña únicamente tomemos en cuenta el número de electores, que se den en cada distrito. Y que está bien un peso nuevo o mil pesos antiguos!. No senador, yo no podría tratar este asunto como usted nos los está exigiendo en la tribuna.

Me parece que los topes de campaña tienen que responder desde un principio a los pisos con los que hoy se cuenta para el financiamiento en algunos casos de los partidos políticos. Usted sabe que hay un piso que se ha señalado en la Ley para el financiamiento público, que se habla ahí de 3 mil pesos por voto, tres mil pesos por elector, 6 mil pesos como punto de partida; que se da un valor también a las curules y que se hace una combinación de ambos factores para llegar a lo que es el costo mínimo de una campaña. Hoy pretendemos llegar al costo máximo de una campaña, a cuál sería el techo que pudiera gastarse en la campaña. Y esto tenemos que verlo de manera integral.

Es cierto que tenemos que analizar otra serie de prerrogativas que tienen los partidos políticos, pero no, es posible, a mi me parece irresponsable que diera en este momento una respuesta al planteamiento del senador Muñoz Ledo, de si me parece bien mil pesos antiguos, un peso actual, con objeto de que a partir de eso aquí nos pongamos de acuerdo en cuáles pueden ser los topes que pueden establecerse a las campañas.

Esto, como el financiamiento, requiere un análisis mucho más sereno, mucho más integral, mucho más reflexivo y para eso estamos en la Comisión Plural de la Cámara avanzando en estos trabajos. Ahí estamos haciendo el esfuerzo para analizar esta materia que efectivamente es difícil, que implica conocimiento sobre ella, que es necesario estudiar, ver otras legislaciones. El hacía afirmaciones de la legislación norteamericana en la materia, que me parece no está bien informado el senador Muñoz Ledo, él sabe, por ejemplo, que en los Estados Unidos para la campaña presidencial, si se acepta el financiamiento público no hay posibilidades de financiamiento privado; que el financiamiento privado tiene la posibilidad, es cierto, en forma limitada de cantidades, pero que se crearon los famosos packs que permiten que los dos partidos en los Estados Unidos reciban cantidades muy importantes para las campañas. A mí no me toca hacer juicios de otras legislaciones, pero lo que él señaló no es así exactamente.

Hay muchas legislaciones del mundo, senador Muñoz Ledo, que hay que estudiarlas, que establecen cuatro y cinco formas de financiamiento para los partidos políticos. En México el financiamiento público desde que se creó, se consideró como complementario al financiamiento que los partidos pueden obtener por otros medios lícitos.

Para concluir esta intervención, señor senador, usted insistió en que estamos obteniendo recursos de empresas. Eso no es cierto, ya fijó el PRI su posición claramente el día de ayer. No aceptaremos ningún donativo que provenga de ninguna empresa, proponemos sólo que en la legislación se establezcan donativos individuales y de organizaciones sociales y políticas.

Entonces no sé por qué reiterar este asunto. Si lo que quiere es discutir la sustancia y que discutamos aquí organismos electorales, aceptando el senador que es una función de Estado organizar las elecciones, diciendo que está un poder cuando estamos dos, está el Poder Ejecutivo y está el Poder Legislativo Federal también, y entiendo que ya su partido, señor senador, a través del representante en el I F E, ha señalado que es adecuado que estén presentes los poderes públicos, cuando menos de eso dieron cuenta los medios informativos hace poco por parte de Ortega.

Pero no podríamos, señor senador, por el máximo esfuerzo que hiciéramos aquí, discutir como usted pretende, todos los temas electorales, que exige necesariamente tiempo y cambio de impresiones; no así de respetar aquí una propuesta y de que nos pongamos de acuerdo en este momento para ver cuáles son las franjas por las que debe conducirse el tope de las campañas, o cuáles son los límites al financiamiento privado, o cuáles son las formas en que los partidos pueden o no autofinanciarse como ocurre en muchos países del mundo.

Eso no es sencillo. Quiero que quede claro ante todos que existe disposición de parte del PRI. Estamos dispuestos a discutir éstos y todos los demás temas que tienen qué ver con el desarrollo de las elecciones en México, y vamos a continuar en las reformas en la Comisión, con las reglas que hasta ahora la propia Comisión ha fijado para la buena marcha, y esperamos nosotros, para el buen desempeño y buen final de su propuesta. Muchas gracias.

El Presidente: - Gracias, diputado Ortiz Arana.

Esta Presidencia informa que además de los oradores que han pedido la palabra, han solicitado el uso de la palabra para rectificar hechos los siguientes legisladores: Diego Fernández de Cevallos, Carlos Enrique Cantú Rosas y Jorge Calderón, independientemente de los demás oradores que han pedido hacer uso de la palabra. Tiene la palabra el diputado Diego Fernández de Cevallos, para rectificar hechos.

Le informo, diputado Amezcua, que terminando la lista para rectificar hechos de los tres oradores a que he hecho referencia, usted sigue en la lista de oradores, no para rectificar hechos.

El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo (desde su curul): - Señor Presidente: solicito se me retire de la lista normal de oradores y se me incluya en la lista de hechos.

El Presidente: - Con mucho gusto, señor diputado Amezcua.

El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos: - Con su venia, señor Presidente.

Para la diputación de Acción Nacional, lo más importante en este momento es que ustedes, señores legisladores y el pueblo de México, conozcan cuál es el pronunciamiento de Acción Nacional respecto de esta materia y en este preciso momento.

Como ustedes recordarán, hace una semana en esta misma tribuna nosotros nos pronunciamos con toda energía y claridad en contra de un proyecto de un partido para estructurar sus finanzas y seguramente, como se anunciaba, rectificar en esa materia rumbos y establecer una modernidad.

Con toda franqueza, de manera directa y contundente, consideramos que era una forma que de manera alguna iba a beneficiar el avance democrático y la pluralidad de este país.

Ayer, el Presidente de México hizo públicamente un pronunciamiento que nosotros lo consideramos una respuesta clara al cuestionamiento que aquí hicimos y al requerimiento formal de que él deslindara, como Presidente de México, su posición al respecto. También habló el Presidente del PRI.

Nosotros podemos encontrar en las palabras del Presidente y así lo decimos, un recto criterio que hoy debe empezar a materializarse en los hechos. Del sólo debate que se ha iniciado aquí esta mañana, se puede llegar a la conclusión cierta de que el problema de México y del PRI no es fundamentalmente de pronunciamientos o de propuestas o de proyectos, es de realizaciones señores, es de hechos.

Y así diríamos también, que lo que ha manifestado el Presidente del PRI, el actual, debe de estar materializado en una conducta demostrable y demostrada para que nuevamente podamos entender que en efecto, la idea de los cambios se quiere dar en serio y a fondo, porque hoy tenemos el derecho de cuestionarnos si será o no será esa palabra, esa idea, seguida en los hechos.

No podemos olvidar que el presidente del PRI, Muñoz Ledo, tardó muchos años en hablar y hoy podemos preguntarnos si dentro de 30 ó 40 años el señor licenciado Borrego hablará en esta tribuna de la Cámara.

Yo creo que por propuestas y planes no ha quedado el cambio anunciado reiteradamente en el PRI. Mientras la verdad aparezca 40 años después, creo que todo México podrá concluir tristemente, en que vamos 40 años atrás. Ojalá que todos los hombres públicos de cualquier rango, estemos dispuestos a dar la cara completa y a tiempo, sin escondernos en forma alguna para que así pueda ser transparente la vida pública de la patria.

Yo no acepto el planteamiento que en su momento hizo el senador Muñoz Ledo en cuanto a que no ha comenzado el diálogo sobre la reforma política. El sabe, como ex funcionario federal y durante algún tiempo responsable en áreas importantes de la política exterior de México y también como catedrático de ciencias políticas, según nos ha comunicado, que el diálogo empieza al analizar la metodología y esa metodología ha sido analizada, ha merecido el consenso y es el principio de todo diálogo serio para una reforma política trascendente.

Pero también debemos decir, que el hecho de que haya iniciado el diálogo sobre la materia, o mejor dicho sobre la metodología, no quiere decir que podamos estar satisfechos, porque se está pasando el tiempo, transcurren las semanas y no tomamos todavía el camino concreto para empezar a buscar los deseados consensos que reclama con urgencia el trabajo político de este país.

Yo creo, por otro lado, que ha sido respetuoso Juan de Dios Castro con el senador Muñoz Ledo, y también lo ha sido con su partido. Lo que no es aceptable es presentarse ante esta tribuna recordando la conocida frase o poema: "...soy de las aves que cruzan el pantano y no se manchan".

Yo creo, señor senador, que reconocer errores u omisiones, como usted lo dijo, enaltece y yo creo que todos debemos reconocer los errores o las omisiones en que hayamos incurrido, sean cuales fueren las causas y las circunstancias. Eso hasta hoy no se ha dado.

Usted habló del reflejo protector de las instituciones, atribuido a otro orador contendiente. Yo creo que no puede cambiarse el reflejo protector de las instituciones con el reflejo protector de las autobiografías.

Yo creo que es necesario que vayamos a versiones estenográficas en donde usted, en la tribuna de la Cámara, decía, precisamente el año pasado, y para ser más exactos, el 29 de julio de 1992, usted de manera impersonal señalaba en esta tribuna que "quisiera llamar la atención sobre la tendencia recurrente a negar lo obvio". No podemos incurrir en negar lo obvio como aquí se pretende negar en esta tribuna.

Y usted dijo también, cito textualmente: "¿Quién en este país, quién en el mundo entero ignora la procedencia de los fondos del partido oficial?; ¿quién de los aquí presentes, dijo usted- , ignora o no tiene experiencia como actor, como beneficiario o como víctima de esa colusión indebida entre el partido oficial y el Gobierno o todos sus líderes?".

Yo creo que estas preguntas deben retumbar en su conciencia, porque son ciertas las respuestas que pueden darse a ellas. Todos, absolutamente todos conocemos ese origen, esos recursos, pero con toda franqueza, senador, usted es el único que ha tenido las tres personalidades; usted es el único que ha sido actor, beneficiario y ahora víctima. Esto es grave. No podemos buscar realmente el avance político de México, faltando a la verdad histórica y cambiando de máscara, así sea ocasionalmente, con argumento de procesos de cambio democrático.

Lo que procede es que le digamos a las cosas por su verdad y que la historia ominosa, en el ámbito financiero y en muchos otros que ha tenido el partido oficial, debe rectificarse y que todas las cuestiones que afecten la integridad la honestidad, la decencia y el derecho en la vida de los demás partidos que estemos dispuestos a rectificar, pero no con verdades a medias ni con discursos de circunstancia.

Pero por lo demás, yo creo que lo fundamental no es establecer aquí un debate contra el senador Muñoz Ledo, porque lo que importa sustancialmente es el tema que nos ocupa.

El Partido Acción Nacional ha manifestado, en torno a la opinión vertida por el licenciado

Carlos Salinas de Gortari sobre el tema del financiamiento de los partidos políticos, las siguientes consideraciones. Leo textualmente:

"Primero. Es positivo que la Presidencia de la República, cuya participación en este asunto suscitó la preocupación de Acción Nacional, haya emitido una respuesta, según lo exigido por nuestro grupo parlamentario y el propio Comité Ejecutivo del partido," yo añadiría:...y de muchos otros elementos de la sociedad.

"Segundo. Es asimismo positivo que el licenciado Salinas de Gortari haga referencia al peligro que entraña la concentración de donativos excesivos a los partidos políticos y señale la necesidad de que haya límites a las aportaciones individuales o grupales al financiamiento de éstos.

Tercero. La expresión del propósito del PRI de revisar su estrategia de financiamiento, será analizada por el grupo parlamentario de Acción Nacional, en comunicación con esta dirigencia.

Cuarto. De verificarse la sinceridad de los propósitos del PRI a que hizo referencia el licenciado Salinas de Gortari, mejorará el ambiente en que se reforma la legislación electoral, lo que en sí favorece la transición política que urge en el país."

Por lo que refería uno de los oradores, a que el Partido Acción Nacional también ha recibido donativos de particulares, yo le puedo decir que se remita a la versión estenográfica de la sesión pasada, para que ahí pueda leer palabra por palabra, lo que sobre el particular dijo el que habla.

Pero, por lo demás, con sólo ver la trayectoria de Acción Nacional y sus haberes, su comportamiento, el costo de sus campañas, la existencia de este partido durante más de medio siglo y su patrimonio, se puede concluir con buena lógica lo que ha sido de Acción Nacional en el ámbito económico y las aportaciones que pudo haber recibido.

Por lo demás, señores legisladores, lo importante para nosotros es que se den las condiciones realmente válidas, para que podamos adentrarnos en el fondo de la reforma.

Son muchas las materias que debemos discutir, son complejos los temas que deben analizarse; no es una propuesta ligera de nadie en una tribuna, la que va a producir un consenso trascendente, para que la legislación mejore.

Y, por último, insistimos, como Juan de Dios Castro lo hizo y como lo seguiremos haciendo, que el problema político de México, en todos los ámbitos, más que de leyes, es un problema de voluntades y de hombría de bien. Gracias.

El Presidente: - Gracias, diputado Fernández.

Tiene la palabra el diputado Carlos Cantú Rosas.

El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas: - Señor Presidente; señores legisladores; senadores; diputados y, obviamente, medios de la información y público asistente:

Resulta a todas luces atractivo, vigorizante para la salud democrática del país, que hechos como los que hoy se abordan en esta tribuna se planteen de frente, con sinceridad y ante el pueblo de México entero.

Hechos como los que hoy nos ocupan no son ajenos en parlamentos extranjeros, en donde representantes de diversas posiciones políticas e ideológicas en el mundo entero, han llegado a la conclusión del peligro que entraña el permitir la filtración de los grandes capitales, en ocasiones disfrazados de industriales, otros de medios de la información y otros más en el narcotráfico, que pretenden influir sobre las grandes decisiones en los países en contienda.

Hace unos momentos escuchábamos a varios de quienes estuvieron en esta tribuna, con algunas alusiones al senador Porfirio Muñoz Ledo. Debo decirles que en el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana tenemos muchos agravios en contra y para cobrarle al senador Porfirio Muñoz Ledo; agravios de reparación irreversible que en su momento, al frente del Partido Revolucionario Institucional, ocasionó a la democracia de México entero.

Qué bueno que hace unos momentos nos dijera públicamente que desde 1950 empezó su larga carrera en el servicio público oficial, tratando de distribuir afanes, servicios y consignas, atendiendo las funciones gubernamentales.

Todas estas cosas, señores legisladores de Acción Nacional, señores legisladores del Partido Revolucionario Institucional, podrían sin duda, senador Porfirio Muñoz Ledo, llevarnos mucho tiempo.

Pero debo decirles que, en el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana no venimos a satanizar a Porfirio Muñoz Ledo. Tuvo tiempo Porfirio Muñoz Ledo para abrir los ojos, para

enmendar su conducta, para conciliarse con la conciencia y para superar todos aquellos agravios que en contra de la democracia, desfaciendo entuertos y atendiendo consignas, había venido realizando.

En fecha reciente, un grupo democrático - revolucionario dentro del Partido Institucional, tomó determinaciones que indudablemente permitieron dar un avance a la democracia en México; y meses después, senador Porfirio Muñoz Ledo, conjugamos afanes, esfuerzos y sacrificios en conjunto para marcar lo que la historia de México tendrá que reconocer, fue el parteaguas de la historia política electoral contemporánea del país y tratar de entregar una serie de actitudes que dieran impulso al deseo democrático del pueblo de México entero que cansado de imposiciones, de dedazos, de cuatachismos y de compadrazgos, en contra de las mentiras, los engaños, las falsedades y las promesas, trató de conjuntar dentro de lo que se llamó un Frente Democrático Nacional, la más clara expectativa de democracia para el pueblo de México entero.

Nos encontramos pues en esta tribuna no enjuiciando a Porfirio Muñoz Ledo; nos encontramos pues en esta tribuna tratando de realizar un esfuerzo denodado, serio y responsable, pretendiendo impulsar las posibilidades y la estructura democrática para darle respuesta inmediata, responsable y patriota al pueblo de México entero que a resultas de los sucesos electorales existentes en 16 entidades del país que hoy viven gubernaturas interinas, ha perdido absolutamente la certeza, la confianza y la esperanza en el respeto a la legitimidad del sufragio y se ha mantenido de espaldas a las urnas, porque no cree que su voluntad habrá de respetarse.

Este fenómeno podría parecer que a la única organización política que indirecta o directamente favorece sería al partido, ya no del Gobierno, sino ahora de los empresarios, que indudablemente atenderían estos deseos de manifestación política a través de estas circunstancias y capacidad de decisión que con grandes emolumentos podrían lograr en la cúpula partidista del Revolucionario Institucional.

Ya estas decisiones políticas, partidistas, dentro del Partido Revolucionario Institucional, probablemente ya no se van a tomar en la Central Campesina, ni la que pertenece al sistema y está adherida al Partido Revolucionario Institucional, ni una serie de centrales agrocampesinas también mucho muy respetables, pero que se manifiestan en forma independiente. Probablemente las grandes decisiones políticas ya no se van a comentar con don Fidel Velázquez y el grupo de obreros que él representa, sino ahora tendrán que ser adoptadas por la cúpula de la Canacintra, de la Canaco, del grupo de empresarios mexicanos y una serie de capitostes económicos que tendrán la posibilidad de decidir sobre los destinos de la patria, filtrados en un partido que anteriormente representó a la revolución con sus grandes conquistas y que hoy entrega indirectamente las grandes decisiones a todos estos grupos que indudablemente no pertenecían...

El Presidente: - Permítame, diputado. Dígame, diputado.

El diputado Fernando Lerdo de Tejada Luna (desde su curul): - Señor Presidente: ¿Podría el señor diputado aceptar una interpelación?

El Presidente: - ¿Acepta usted una interpelación?

El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas: - Tantas cuantas usted quiera en forma continua.

El diputado Fernando Lerdo de Tejada Luna (desde su curul): - Gracias, señor diputado.

Yo quisiera preguntarle, ante las afirmaciones que acaba usted de hacer, si no tuvo conocimiento del planteamiento que hizo ayer el partido respecto de su política expresa, específica para recibir aportaciones de organizaciones o de grupos sociales.

El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas: - ¿Se refiere al suyo o al mío?

El diputado Fernando Lerdo de Tejada Luna (desde su curul): - Al Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas: - Como no lo había aclarado, no lo había entendido.

El Presidente: - Señor diputado Cantú, no hay diálogo. Acabe de formular su pregunta, señor diputado.

El diputado Fernando Lerdo de Tejada Luna (desde su curul): - ¿Tuvo usted, señor diputado, oportunidad de leer o de conocer ese documento?, porque las afirmaciones que usted está haciendo en este momento me dan la impresión de que usted no sabe lo que planteó el Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas: - ¿Me autoriza a contestarle?

El Presidente: - Está usted autorizado, diputado, adelante.

El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas: - Está usted incurriendo en el error que hace rato se le imputaba al señor senador Porfirio Muñoz Ledo, se está anticipando a lo que yo voy a decir.

Venturosamente el día de ayer, atendiendo precisamente este clamor nacional expresado hace una semana en este mismo recinto por las diferentes fuerzas políticas, el Partido Revolucionario Institucional tomó determinaciones que fueron publicitadas y en su momento secundadas y avaladas con la fuerza del poder presidencial, como una política y criterio a seguir en cuanto a estas aportaciones.

También nos enteramos de alguna cosas más hace unos momentos, lo que pasa es que usted no me había dado oportunidad de contestarle.

El señor diputado Fernando Ortiz Arana, con todo respeto mi amigo, no miembro de mi partido, nada más mi amigo, manifestó en su momento, que obviamente ésta era una autorregulación del Partido Revolucionario Institucional, señalando un criterio a nuestro juicio sobre el cual, ustedes los miembros integrantes del Partido Revolucionario Institucional, van a luchar para que se constituya en Ley y en reglamento, en estas reuniones tendientes a darle cauce a la reforma electoral. Sin embargo, considero particularmente, que los partidos políticos también en ejercicio de nuestra autonomía, en ejercicio de nuestra libertad y fundamentalmente atendiendo los reclamos populares, en ocasiones de los propios miembros del Revolucionario Institucional, que no han sido tomados en cuenta, lucharemos para que esos montos y topes, sean muy inferiores a los señalados en estas aportaciones.

Yo debo decirle, particularmente a todos ustedes, antes de que don Fernando Ortiz Arana, me reconvenga porque estamos haciendo diálogo, debo decirle en expresión a todos ustedes, que a nosotros no se nos hace a ninguna luz ilegítimo, las aportaciones que se han venido brindando. Yo creo que el pueblo de México entero, agradece a esos 25 empresarios, su deseo de cargar sobre las lesionadas espaldas de la economía nacional, el peso de la estructura, funcionamiento de las campañas políticas del Partido Revolucionario Institucional, en la circunstancia específica que todavía hasta antes del divorcio PRI - Gobierno, decretado por el propio Presidente de la República en funciones de magistrado nacional, se había aclarado que esos costos económicos, correspondían a las instituciones gubernamentales vía Secretaría de Hacienda y obviamente el pueblo de México entero a estas alturas, debe estar muy satisfecho porque en lugar de llevar adelante la conformación de un partido a través de los impuestos que todos cubrimos, ahora corresponderá esta responsabilidad, exclusivamente al grupo de empresarios o "aportadores voluntarios" que habrán de garantizar la vida, la estructura y la economía del Partido Revolucionario Institucional.

Sin embargo, considero que si hablamos de 25 millones de dólares, como si ahora hablamos de mil millones de viejos pesos, el problema no estriba en la cantidad; el problema estriba en que dentro del Gobierno, dentro del poder, usando el poder para continuar en el poder y para lograr la sucesión del poder, se esté convocando a una serie de gente sobre las cual se tiene presencia y decisión para solicitarle "voluntariamente" Las aportaciones correspondientes.

¿De quién creen ustedes, señores diputados, señores senadores, de quién creen ustedes, señores representantes de la Prensa, que salió la filtración de esa cena que se celebró en la casa del señor licenciado Antonio Ortiz Mena. Salió de una misma gente a la que se les había convocado y a las que se le estaba solicitando con la presencia del Gobierno por encima, la aportación voluntaria de estas cuotas que tendrían como efecto, el desarrollo de las campañas del Partido Revolucionario Institucional. Venturosamente, señor licenciado Lerdo de Tejada, el día de ayer nos enteramos precisamente, de que se ha reconsiderado esta actitud. Esta es una demostración de la forma en que se están airando los asuntos de interés nacional en el país. No puedo negar que es una demostración también de sensibilidad del rector de la política nacional, el primer miembro de su partido en el país.

Pero nosotros consideramos, desde la óptica, desde la dimensión de un partido de oposición, que este otorgamiento de contraprestaciones, de aportaciones voluntarias, siguen siendo logradas en razón del tráfico de influencia, que esos mil millones de pesos viejos que van a entregar individuos en lo particular, u organizaciones, como ustedes señalan, tendrán de inmediato una contraprestación en la impunidad que a muchos de esos explotadores industriales o comerciantes habremos de brindarle para no pagar

adecuadamente el salario de sus obreros, tendrán de inmediato una contraprestación frente a los acaparadores de la tierra y de la riqueza para no otorgarles sus legítimos derechos a los ejidatarios o a los campesinos y tendrán también la oportunidad en las instituciones empresariales, llámese Canacintra, llámese Conasupo, llámese Centro Empresarial, llámese grupos privilegiados del sector empresarial nacional, para tomar decisiones que anteriormente correspondían a aquellos a quienes legítimamente representaban dentro del sector campesino, dentro del sector obrero y dentro de esta UNE que ya no está unida como anteriormente se señalaba por aquí.

Pero independientemente de ello, estamos luchando para que la reforma política avance, para que le demos respuesta inmediata al pueblo en sus afanes de lograr confianza, de lograr credibilidad, de lograr satisfacción, de tener la absoluta certeza que a través de esta humilde papeleta que es el voto ciudadano, podrían estar insertos en las grandes decisiones nacionales del país, para que el pueblo sea consultado en todos los niveles y para que en esta Comisión Plural, señor diputado Ortiz Arana, que indudablemente está trabajando y que se ha integrado, se aceleren los ritmos, se logren óptimos resultados, se dé respuesta a estas diversas interpretaciones y el pueblo de México entero tenga en un futuro muy próximo, la absoluta certeza que esa lucha que durante tanto tiempo ha venido realizando para que el sufragio en el país sea efectivo, que surge antes de nuestra vida independiente en 1810, se repite en 1821, transita por todas las constituciones que se han establecido en el país, por todas nuestras luchas fratricidas, llega a la revolución de 1910 y se hace Ley en 1917, sea una realidad, no una simple esperanza del pueblo de México.

De lo contrario, señores diputados, de lo contrario, señores senadores, ese bien preciso, ese bien invaluable que todos queremos para México, la libertad, la democracia, que pretendemos apoyar, que pretendemos impulsar, que pretendemos fortalecer, la democracia se nos podría morir en las manos.

El Presidente: - Se concede la palabra al diputado Cuauhtémoc Amezcua, del Partido Popular Socialista.

El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

La interacción que se da entre nuestro reglamento, todavía vigente, que tiene muchos años de antigüedad y las necesidades reales de un debate que hoy en día es sumamente ágil y dinámico, se han expresado hoy en esta sesión con mucha claridad y me inclinaron a solicitar se me diera de baja en la lista normal de oradores para entrar a la lista de oradores para hechos. La lista normal se elaboró al inicio de la sesión con quienes habíamos solicitado intervenir en el tema; sin embargo, el debate se ha ido dando con intervenciones, aclaraciones, respuestas, de una manera muy dinámica y sana. Qué bueno que se dé el debate así; es un debate muy vivo. Pero eso mismo ocasiona que entonces en la práctica se formen dos listas de oradores. Una que se queda rezagada y otra donde se va moviendo con dinamismo de todos los que van pidiendo la palabra para hechos.

Desde el punto de vista reglamentario habría una limitación, si se opta por esta segunda modalidad, que es la de tener que restringirse a cinco minutos. No hay tal sin embargo en la realidad. En la realidad, también cuando el debate así lo requiere y ha sido el caso hoy, prácticamente de todos los que me antecedieron en el uso de la palabra en la lista de hechos, el tiempo ha sido libre y por lo tanto me acogeré a la misma práctica, seguramente con la autorización de la Presidencia.

Tenemos ya muchas horas invertidas, esta es la segunda sesión de esta Comisión Permanente, en la que el tema central de la discusión o por lo menos el que origina la discusión, es aquella famosa cena, aquella cena entre el dirigente principal de un partido político, aquí representado, el Presidente de la República, según ha quedado clara su participación y su presencia y un grupo prominente de empresarios.

No cabe duda entonces que lo primero que interesa es dejar en claro que esa cena ha constituido un importante, un impactante hecho político de nuestros días.

En esa cena, también vale la pena destacarlo, se produjeron coincidencias y discrepancias. Coincidencias y discrepancias políticas importantes, a pesar de la brevedad del grupo de los comensales, 30, poco más de 30 probablemente si se considera la relación de los nombres que han sido publicados, por un lado, de los magnates y, por otro lado, la de los políticos u hombres públicos presentes en esa reunión.

Bien. Hacía referencia ya el compañero diputado Cantú a un hecho que tiene importancia. Esa cena, de ella surgieron filtraciones. Originalmente se convocó a ella en un ambiente de sigilo.

No era la primera que se realizaba, la primera reunión que agrupaba a esta serie de personajes. Ahora que ha salido todo esto a la luz pública, también se ha hecho público que hubo 11 reuniones semejantes antes de ésta; que ésta fue la 12 y las anteriores se habían mantenido en un ambiente de sigilo.

No hubo entonces de todo lo que se había venido conversando entre los dueños del gran capital, la gran mayoría de ellos beneficiarios de la política de privatizaciones. Hoy hacíamos mención aquí en otro punto del orden del día, del señor Carlos Slim, el principal beneficiario de la privatización de Teléfonos de México, que tan grave costo le ha traído el pueblo y a la nación; así como él, los demás.

En estas reuniones, decía yo, se venía dando por hecho que había una coincidencia total entre los hombres públicos, entre los políticos y los hombres de empresas que habían tenido ya 11 reuniones y en ésta parece que se pretendía culminar todo ese proceso.

Sin embargo, queda a la vista y repito es un hecho político de importancia que sería un grave error soslayar, que no hubo tal plena coincidencia. No la hubo y se manifestó la disidencia de por lo menos uno de los hombres de empresa, si no es que de varios. ¿Cuántos? Quién sabe, no hay elementos para determinarlo, justamente haciendo pública, justamente filtrando esa información, en la seguridad de que esto se convertiría en una bomba política que en gran parte reventaría ese proceso, lo cual por fortuna parece que está a punto de consumarse ese reventamiento.

Bien. No hay plena coincidencia entre la dirigencia del PRI. No hay plena coincidencia entre la dirección política de México y ese conjunto de 25 ó 30 hombres de empresa. Hay muchas coincidencias; pero no coincidencia total.

El otro aspecto que interesaría valorar es el de la relación de este evento, esa cena de referencia tantas veces traída a colación, con el tema de la reforma política.

La primera interrelación muy directa que se expresó en esta tribuna hace una semana, corrió a cargo de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, que en una postura muy vistosa declaró que como resultado de esa cena y de sus efectos, se retiraba de la Comisión Plural para discutir la reforma política hasta en tanto no ocurrieran dos hechos: uno, se aclarara la no presencia del Presidente; ahora se aclaró que sí hubo tal presencia y dos, se diera marcha atrás en el proceso de financiamiento ahí acordado. Hay vínculos entre la cena y el proceso de reforma política.

A mí me parece que a diferencia de lo que se desprendería del planteamiento inicial de Acción Nacional, que sería el hecho de que esta cena pudiera atrofiar, estorbar, obstaculizar de alguna manera la necesidad de una reforma política profunda, lo que ocurrió fue a la inversa; esta cena vino a poner más de relieve la urgencia de legislar a fondo en varios temas fundamentales de la vida política electoral de nuestro país.

El gran tema a debate que surgió de inmediato fue el del financiamiento, el del financiamiento específico de carácter privado y más concretamente el del financiamiento que tenga su origen en las empresas o en los empresarios. Si unas decenas, dos o tres decenas de poderosos capitalistas mexicanos se convierten en aportadores fundamentales para las finanzas de un partido político, que es además el partido político que gobierna y que es además el partido político que ejerce mayoría en todos los órganos de dirección política en nuestro país, local y federal, de inmediato la lectura tendría que ser necesariamente en cualquiera de estas dos interpretaciones y no hay una tercera posible: este grupo de capitalistas están pagando los favores que han recibido o bien este grupo de capitalistas están pagando por adelantado los favores que piensan obtener.

Es un hecho evidente, no se puede poner en duda que en política y lo decíamos aquí la semana pasada, "quien paga manda". Si son capitalistas los que financian la campaña de un candidato o de un partido o sus activos fijos o cualquier otra necesidad de existencia de un partido político o de acción de esa misma organización, estos capitalistas estarán considerando que lo que hacen no es un donativo, sino una inversión; esa es la mentalidad de los empresarios, aquí y en todas partes.

El gran capital y la democracia y este es el tema de fondo o uno de los temas de fondo que se desprenden de este hecho político importante, que fue esta cena, el gran capital y la democracia son categorías antagónicas y excluyentes, no hay ninguna forma en que puedan combinarse.

Justamente el problema del financiamiento privado a los partidos políticos, que aquí empieza a abordarse a profundidad en estas últimas semanas, en esta última semana para ser más concretos, es un tema que se viene discutiendo

de hace meses, de hace años, por ejemplo en Japón, en Italia y en los propios Estados Unidos. Diríamos que el gran capital, a semejanza de aquel personaje mitológico, el Rey Midas, que todo lo que tocaba convertía en oro, en este caso el gran capital todo lo que toca lo corrompe, lo desvía y los desvirtúa.

En aquellos países donde el gran capital aporta a los partidos políticos, no hay uno solo en el que no hayan aflorado hechos de corrupción. Hoy mismo tenemos información nueva y muy reiterada ya, un hecho más de los muchos que han ocurrido en el caso de Japón, también en el caso de Italia y en los Estados Unidos apenas hace unos meses, dos o tres, habían aflorado múltiples casos de legisladores que también habían incurrido en graves hechos de corrupción.

No puede haber, a juicio nuestro, ningún vínculo entre gran capital y partidos políticos, entre gran capital y campañas políticas, si es que queremos tener una vida democrática sana, porque por otro lado la reflexión es clara: ¿Cuántos son los grandes capitalistas? ¿Esos 25 ó 30 que estuvieron en la cena de marras? Quizá lleguen a 100, quizá llegaran a los 300 de aquella frase que durante algún tiempo fue clásica. Sean los que sean, es un puñado mínimo, un grupo insignificante si se le compara con el total de quienes integramos el pueblo mexicano. Somos millones, decenas de millones, 85 millones de mexicanos y en modo alguno un grupo de 25 ó de 100 ó de 300, o de algunos miles incluso si así fuera, pueden tener el derecho de ejercer prioridad en la vida política.

Más aún, hay que recordar, y éste sería un principio muy sano para tenerlo en mente todos nosotros, que durante un largo tiempo en la democracia griega, quienes tenían un cierto nivel de riqueza, perdían todo derecho político, no tenían derecho a participar en la vida cívica y esa sería una regla muy sana para la vida política de México y de cualquier otro país que pretenda avanzar hacia la democracia auténtica.

¿Quiere el Partido Revolucionario Institucional dejar de ser un partido del Gobierno? ¿Quiere a cambio de eso pasar a ser qué clase de partido? Quiere pasar a ser un partido de los obreros, de los campesinos, de las masas populares de nuestra patria? ¿Quiere pasar a ser un partido de centro-izquierda? Quiere pasar a ser un partido de carácter popular y democrático? Rompa todo vínculo con los acaudalados; no puede navegar en las dos aguas, no puede poner un pie del lado de los 25 hombres más poderosos, enriquecidos a base de la explotación de nuestro pueblo y al mismo tiempo hablar con cara franca al pueblo diciéndole que defiende sus intereses. O se está con el pueblo o se está con los explotadores del pueblo; o se está por los topes salariales del 9.9% que conviene a los patrones, o se está porque se recupere la capacidad adquisitiva de las masas populares; no se puede navegar en las dos aguas, es imposible hacerlo.

Bien, es tiempo de reacomodos de fuerzas políticas, es tiempo de agrupamientos y reagrupamientos. La vida política de nuestro país así lo reclama. En el seno del Partido Revolucionario Institucional, que sigue siendo un partido heterogéneo por fortuna, que sigue siendo un partido donde hay fuerzas que tienen un carácter patriótico y que tienen intereses superiores, vinculados a los del pueblo, seguramente se está dando un gran debate y una lucha importante.

¿Qué va a ser en el futuro ese partido? ¿Un partido de los hombres de empresa, o un partido vinculado a las causas populares? No puede ser ambos, eso es imposible.

En el fondo de toda esta problemática, de la que aquí ha aflorado en los discursos del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Revolucionario Institucional, en el fondo de todo esto está una lucha importante, la lucha por el perfil que debe tener nuestra patria, por las características que debe tener el México en el próximo siglo. No hay que olvidar que 1994 es un año de elecciones, que el gobierno que surja como resultado de ese proceso, terminará su ejercicio precisamente en el año 2000 y que estamos por lo tanto en los umbrales de ese nuevo siglo y en los umbrales del nuevo milenio.

No hay terceras posibilidades. Hasta hoy la lucha que se ha venido dando en las últimas décadas, es la misma que preside estos momentos definitorios y que determinará el perfil del México del futuro. ¿Va a ser nuestro país uno determinado por las concepciones de la derecha tradicional y de la nueva derecha, la derecha neoliberal de dentro del Gobierno?, o ¿Va a ser nuestro país uno determinado por todo el bagaje de su proceso histórico, de sus luchas avanzadas por la herencia de Morelos e Hidalgo, de Juárez y la pléyade de la Reforma, por la evolución de 1910? ¿Se impondrá la vía ya derrotada en todo el mundo a estas alturas del neoliberalismo, que nos conduciría a una creciente dependencia, a una creciente subordinación al poderío económico de los Estados Unidos, o se impondrá una vía surgida de los principios de autodeterminación, de independencia y soberanía tan caros a nuestro pueblo?

Ese es el gran debate que está en el fondo de toda esta problemática. La reforma política en este contexto es una necesidad, es una reforma que no puede quedarse en cuestiones secundarias o epidérmicas, es una reforma que no puede caminar, sería muy grave que así ocurriera, en el mismo sentido y con la misma orientación de la que se dio en 1989; esa, la de 1989, fue una reforma de carácter profundamente regresivo, la única de carácter regresivo que se ha dado en México en las últimas décadas. Es una reforma que tiene que dar paso para que nuestro país entre a una etapa nueva y distinta en su vida político-electoral.

Nosotros hemos planteado el problema a partir de esta consideración: estamos en un régimen, desde el punto de vista formal, de democracia representativa. El conjunto de ciudadanos mexicanos, puesto que todos ellos no pueden reunirse en la plaza pública para discutir de manera conjunta y colectiva los problemas del país y tomar las decisiones de Gobierno, delegan su representación.

Sin embargo, ese supuesto para que se traduzca en posibilidades reales, requiere en primer término de que el 100% de los ciudadanos mexicanos tengan acceso a la información adecuada de la problemática nacional, vista como universo, de los distintos análisis o lecturas de esa problemática y de las distintas propuestas para su solución. Hasta hoy nunca hemos tenido esa posibilidad; hasta hoy hemos vivido en un régimen en el cual uno o pocos partidos políticos tienen posibilidad de comunicación con un grupo amplio de ciudadanos para hacerles llegar su lectura y su análisis de la realidad. No se cumple el supuesto previsto en el artículo 41 de la Constitución; no hay la comunicación indispensable entre el conjunto de la sociedad civil, conformada por clases sociales y la expresión de la sociedad civil políticamente organizada que somos los partidos políticos.

Se han obstaculizado esa comunicación natural, debiera serlo así; se han establecido obstáculos que hacen que un gran porcentaje, que la gran mayoría de los electores no puedan estar enterados de las cosas de las que por derecho y por obligación debieran estarlo.

Y luego se producen los resultados naturales de esto. El hecho de que en una elección como la de Guerrero, decíamos hace ocho días aquí, sólo uno de cada cuatro ciudadanos concurra a votar, que no es un hecho extraño, sino es justamente el fruto de todo lo que se ha edificado. Si sólo uno de cada cuatro ciudadanos ha llegado a ellos la información suficiente, el análisis adecuado, la propuesta programática de situación política de Guerrero, lo lógico es que sólo uno de cada cuatro ciudadanos ejerza su derecho al voto. He ahí la profundidad del problema que tenemos enfrente, que aflora a plenitud en la medida en que se avanzan en la vigilancia de los procesos electorales.

Antes creíamos que acudían a votar la mitad o más de la mitad de los electores, porque así se ponía en los documentos finales; pero evidentemente tampoco era cierto. No puede pedirse que concurran a votar los ciudadanos si no son ciudadanos informados, enterados de la situación política y de las propuestas. Decíamos también: "Sólo el voto consciente es expresión de vida democrática" y sólo puede haber voto consciente cuando hay conocimiento, valoración y razonamiento de las distintas ofertas políticas.

Por eso el gran problema es el de que encontremos los mecanismos para garantizar la comunicación entre los partidos, expresión políticamente organizada de la sociedad civil y la sociedad civil en su conjunto.

Y esto nos lleva al tema de los financiamientos, de los pisos de los financiamientos, que son mucho más importantes que los techos de los financiamientos.

Claro, hay que ponerle techos, hay que decir cuánto es lo máximo que deba gastar un partido político o un candidato en una campaña, pero mucho más importante que eso y primero hay que decir cuánto es lo mínimo y no se puede determinar en términos de dólar por elector, o en términos de si una campaña política cuesta 3 mil pesos cada voto o no, porque esos son ejercicios meramente imaginativos, al margen de la realidad.

Tenemos que partir de definiciones. Si los partidos políticos somos entidades de interés público, según lo consagra la Constitución; si nuestra tarea, entre otras, es la de llevar nuestro mensaje a los ciudadanos, elevar la conciencia de los ciudadanos, informar a los ciudadanos, prepararlos para su participación en la vida política, entonces la definición del piso está dada justamente por ese mandato constitucional.

Lo que se requiera como mínimo para que el mensaje del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y del Partido del Frente Cardenista y del PRD y del PRI y del PAN y del Partido Popular Socialista, lo que se requiera como mínimo para que nuestro mensaje y nuestro análisis

llegue al 100% de los ciudadanos y cada uno de estos ciudadanos, adecuadamente informado pueda optar, elegir significa optar, significa escoger, el término político electoral de elegir es eso, pueda elegir conscientemente entre las seis ofertas, o las que fuere el número, ése es el piso, eso es lo que debe determinar el piso, el mínimo del que debe disponer cada partido político, para cumplir su función.

Y a partir de ahí sería fácil determinar lo otro, el tope máximo o el techo. Bueno, cumplir esa función con holgura, cumplirla con cierto exceso, cumplirla sin saturación que bloquee la capacidad de entendimiento y el mensaje mismo, que será cinco veces, 10 veces, el mínimo, pero no 100 veces, no 1 mil veces, no diferencias abismales.

Mientras no resolvamos ese problema fundamental, difícilmente podemos hablar de democracia real en nuestro país.

Y eso nos lleva también al otro problema medular, al problema de órganos, de órganos electorales.

Mientras los órganos encargados del proceso electoral en todas sus instancias, tenga un carácter unilateral, tengan los votos o el peso suficiente en el seno de ellos, para que las decisiones que ahí se van tomando se inclinen hacia una sola de las fuerzas políticas, no habrá la posibilidad de procesos electorales justos.

Tenemos que avanzar hacia órganos electorales plurales, si plural h a de ser la democracia; no podemos tener democracia plural con órganos procesales unilaterales. Eso es también antagónico y lo ha demostrado la experiencia de muchos años.

No es la modalidad de incorporar ciudadanos a los órganos lo que va a determinar su pluralidad o lo que va a romper su carácter unilateral. Los ciudadanos, los miembros de la sociedad civil, que han adquirido conciencia política, que se han interesado por la vida pública, todos ellos sin excepción, se han vinculado, como es natural, con lo que la propia sociedad ha creado para atender esta tarea, que son los partidos políticos.

No hay ciudadanos políticamente imparciales, no los hay, militantes activos o no muy activos vinculados emocional o ideológicamente con los partidos, si es que no militan formalmente en ellos, pero quienes tienen interés político tienen vínculo con los partidos.

Por eso esa modalidad de incorporar ciudadanos aparentemente con la idea de que serían imparciales, no ha funcionado ni puede funcionar. Hay ciudadanos que forman parte de los órganos y que actúan conforme a los intereses del PRI, como los hay en minoría que actúan conforme a los intereses de otros partidos.

No es pues esa forma simulada de imparcialidad la que nos pueda ayudar en lo absoluto, no lo es; habrá que buscar una forma seria de representación plural, de acuerdos plurales entre los partidos políticos, como única posibilidad de resolver este gran problema de fondo por lo que hace al aspecto procesal.

El Partido Revolucionario Institucional dio a conocer ayer algunas concepciones respecto al problema del financiamiento. Yo debo aclarar aquí que sin duda significan avances, no es lo mismo 25 capitostes aportando 25 millones de dólares cada uno, es una cifra astronómica, serían los dueños del PRI, sin lugar a dudas, que reducir la posibilidad de que cada uno de estos aporte 1 mil millones de pesos o 1 millón de pesos nuevos, se reduce substancialmente.

Sin embargo, no compartimos en modo alguno la idea, a pesar de que haya reducido su magnitud. Lo decía yo hace un momento, seguimos pensando que el gran capital y la democracia son antagónicos y excluyentes, no debiera haber vínculo alguno con el gran capital.

Debemos legislar a juicio nuestro para que los donativos de particulares tengan un carácter muchísimo menor que ese, muchísimo menor. Podríamos pensar tal vez, por decir algo, en un máximo de un mes, 30 días de salario mínimo, esto nos llevaría a algo así como medio millón de pesos viejos y no más; de otra manera, otra vez volvemos al problema que planteábamos al inicio, si un trabajador de salario mínimo, en nuestro país todavía tenemos millones de ellos, si un trabajador de dos veces el salario mínimo, si un trabajador de tres veces el salario mínimo y compañeras y compañeros legisladores, recuerden ustedes que 85 de cada 100 mexicanos no reciben más de tres veces el salario mínimo, 85 de cada 100 jefes de familia no reciben más de tres veces el salario mínimo; están de ahí hacia abajo.

Si un trabajador de tres veces el salario mínimo o quienes tienen menos, difícilmente podrá aportarle al partido político de su preferencia esa cantidad que yo señalaba, 30 días de salario mínimo como donativo; ¿por qué un pequeño grupo de capitostes va a tener el derecho de comprarse

su partido, de comprarse sus partidos, de imponer sus decisiones políticas?, porque reitero una vez más, el que paga manda.

Si no es así, que den el dinero al erario público y se distribuya con criterio público y no con criterio de inversionista.

Por ahí están nuestras preocupaciones, nos parece que el tema es importante, que el tema es serio, nos parece que el tema no debiera prestarse, aunque entendemos también que ocurra, para extravagancias de carácter publicitario.

Tenemos muchas discrepancias con el Partido Acción Nacional, las hemos ventilado aquí muchas veces, a veces coincidimos en algunas cosas, muy pocas cosas, son muchas en las que discrepamos.

Hoy hablaba aquí el diputado Juan de Dios Castro, de algunos artículos constitucionales que debieran tener plena vigencia en la realidad, si tuviéramos una vida democrática más amplia. Yo agregaría dos artículos que me parecen fundamentales y son de carácter social, a los que él mencionó. Si tuviéramos una vida democrática plena, tendrían plena vigencia el artículo 3o. constitucional en su definición de democracia, que es una definición rica y valiosa y el artículo 123 en su definición de cuál debiera ser el ingreso mínimo que debiera tener plenamente garantizado todo jefe de familia de nuestro país y que equivale en términos monetarios actuales, en términos de nuevos pesos, ahora vigentes, exactamente a tres veces el salario mínimo hoy en boga: 85 de cada 100 mexicanos están por abajo de esa realidad y eso es expresión concreta de un gravísimo rezago desde el punto de vista de la democracia en México. Muchas gracias.

El Presidente:- Muchas gracias, diputado Amezcua.

Tiene la palabra el diputado Alberto Carrillo.

El diputado Alberto Marcos Carrillo Armenta:- Señores legisladores:

Definitivamente el tema del financiamiento, que aquí se ha estado discutiendo durante todo este largo debate, es sumamente importante. Tiene como aquí ha quedado de manifiesto, profundas implicaciones de todo tipo: filosóficas, sociológicas, históricas y además una trascendencia acrecentada por obvias razones políticas, que no solamente de coyuntura.

Pero el tema es parte de una discusión en donde hay otros temas tan amplios y tan profundos y tan importantes, como éste, un gran conjunto de temas son los que conforman la agenda de la reforma política y por lo tanto este tema tiene que supeditarse a un tema previo que lo determina. Pienso que traer a discusión ahora el tema del financiamiento público, corre dos riesgos: el primero, que un tema tan importante reciba un trato superficial; es decir, un tema profundo que queda en el debate sin ningún tipo de acuerdo que le dé permanencia y, el segundo riesgo, es el riesgo de que el tema se preste para utilizarlo y retrasar más aún, la discusión sobre el tema de fondo. Es decir, que su utilización amarillista, distraiga más el proceso de concertación, incluso que el tema se preste para una maniobra diversionista.

Insisto, que retrase aún más el trabajo de la Comisión que ha realizado sus trabajos con una excesiva prudencia. Lo importante de este debate y el de la semana pasada, es que nos permite advertir la posición y la conducta que cada uno de los partidos políticos estamos adoptando con respecto al método, con respecto al procedimiento hasta ahora seguido en la Comisión Plural para la conciliación de la reforma política. Es decir, nos permite advertir con qué táctica y con qué estrategia, cada uno de los partidos políticos estamos abordando este tema. Es decir, la táctica y la estrategia con respecto a la forma y el contenido de la reforma política.

Quisiera brevemente entrar al tema del contenido de la reforma. Desde nuestro punto de vista solamente hay tres posibles caminos para la reforma política que ahora se debate. El primero, el primer camino, es el de las fuerzas conservadoras del Gobierno. Es decir, esta posición aunque es prácticamente inviable, existe. Es inviable porque el propio régimen ha impulsado profundos cambios económicos, sociales y políticos que no sólo hacen inviable este camino, sino peligrosa esta tentación.

La profundidad de los cambios introducidos en este sexenio, deben obviamente tener su correlativo impacto en el sistema político mexicano y en los métodos de gobernabilidad.

La segunda posibilidad que nosotros advertimos, es la de una reforma bipartidista hecha a la medida de los intereses de los dos partidos más poderosos del país. Esta reforma consolidaría mediante cambios legislativos e incluso posibles cambios constitucionales, una peligrosa tendencia de dividir la sociedad mexicana en dos partes: bipartidismo que hemos juzgado como una forma

pervertida de la vida política del país, altamente nociva y un país en que un peso se agregaría a otro en un sistema de equilibrio de dos grandes hermanos, como en 1989 y 1990, ha demostrado, este camino agotó sus posibilidades de transformación progresiva de la sociedad; sus aparentes beneficios tienden cada día más a convertirse en perjuicios para la vida democrática del país.

Lo peligroso y lo nocivo de esta posibilidad, es que condicionaría, desde hoy, el proceso futuro, ahondando las dificultades políticas del país.

Finalmente, la tercera posibilidad, es la de avanzar en un pluralismo democrático, único proceso que no lesiona o limita a nadie, que impulsa a todas las fuerzas políticas a la reconstrucción de sus relaciones con la sociedad, permitiendo que ésta se incorpore a la vida democrática y se venzan así fenómenos tan nocivos para la vida política, como el abstencionismo, el antipartidismo y la creciente deslegitimación de los procesos electorales y los órganos del poder público.

Nuestro punto de vista obviamente es a favor de la última de estas posibilidades. Una reforma que encauce a las fuerzas políticas del país hacia el pluripartidismo, por su método, por sus participantes y por sus objetivos.

En función de las anteriores consideraciones, tenemos una preocupación que aquí queremos manifestar: las tácticas de los partidos políticos aquí anunciadas, de todos ellos, ¿hacia dónde apuntan? ¿Hacia dónde apunta la salida del PAN de la mesa de negociaciones y los emplazamientos que hemos escuchado del PRD?

No nos preocupa que la ausencia del PAN interrumpa el proceso de reforma que vivimos, sino que lo sobredetermine al margen de otras fuerzas políticas. El PAN ha utilizado aquí argumentos muy lógicos y muy razonables: atractivos a vastos sectores populares y utilizando esos argumentos sale de las reuniones y su salida provoca un efecto político que nosotros queremos alertar sobre él: la suspensión de las reuniones de las mesas de concertación pactadas en esta Cámara de Diputados.

Es obvio que la maniobra del PAN no busca abandonar la mesa de negociación, sino llevarse la mesa a otro lado y preocupa también la posibilidad de que detrás de ellos se vayan otras fuerzas y lo más preocupante es que se vaya el PRI mismo. Eso sucedió hace años, hace tres años y hace tres años la alianza PRI-PAN condicionó la Reforma Política.

Es cierto, hay otras circunstancias, hay otra correlación de fuerzas; hoy el PRI en esta legislatura tiene una situación privilegiada. También hay otras demandas y otras necesidades profundas de la vida política; pero el riesgo existe.

El PRD también, a su modo, hace lo mismo; busca también lo mismo, busca obligar a un trato de negociación bipartidista, con desventaja, porque va a la zaga del PAN. No calificaré estas tácticas, son legítimas en la lucha política, pero frente a éstas nuestro partido fija su posición.

Aquí se ha hablado y se ha abundado sobre una reforma plural. Todos los partidos hemos exhortado mutuamente a sentarnos en la mesa de negociación y debatir de cara a los intereses nacionales nuestras respectivas propuestas. Pues hagámoslo. Volvamos a esa mesa. Trabajemos de inmediato. Abandonemos la excesiva prudencia. Trabajemos por una reforma plural, por su método, por su integración, por el debate y por los acuerdos que resulten. Gracias.

PROBLEMAS LABORALES

El Presidente:- Para hablar de otro asunto, tiene la palabra el diputado Miguel Angel León Corrales, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, referente a diversos Problemas Laborales.

El diputado Miguel Angel León Corrales:- Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos preserva en su artículo 123 los derechos laborales y sociales de los trabajadores del campo y de la ciudad, junto con sus leyes reglamentarias se integra en un cuerpo de disposiciones con alto contenido social. Su carácter protector es la garantía de una impartición de justicia laboral con equidad.

Por ello, se ha insistido una y otra vez que la norma de los tribunales de trabajo y de quienes conocen y resuelven los conflictos obrero-patronales, debe ser el apego a derecho, así como el respeto a la Constitución y al sentido tutelar de la Ley Federal del Trabajo.

No obstante, la Ley en materia laboral ha sido permanentemente violada por empresarios y desconocida por las propias instancias del trabajo. El caso más reciente y escandaloso fue el del conflicto en la empresa automotriz Volkswagen y sus trabajadores, en donde la Junta Federal

de Conciliación y Arbitraje falló en contra de éstos, dando por terminadas las relaciones colectivas e individuales de trabajo por cierre de la empresa, debido a causa de fuerza mayor.

Para nosotros es evidente que no ha sido necesario reformar la Ley Federal del Trabajo ni la Constitución para imponer a los trabajadores un nuevo modelo patro-laboral, acorde a los intereses exclusivos de los patrones y el gran capital. Con anuencia o participación de la Secretaría del Trabajo se han violado, mutilado, desconocido y cancelado contratos colectivos de trabajo. El objeto ha sido eliminar los obstáculos para avasallar a los trabajadores e imponerles condiciones más desfavorables, en un proceso cuyo pretexto ha sido la llamada reconversión industrial.

A lo largo de toda una década se ha montado una ofensiva antiobrera para golpear a los trabajadores y sus sindicatos. Al caso de la Volkswagen se suman los de la Ford, Modelo, Tornell, Aeroméxico, despedidos de Petróleos y de la industria minera, textiles, azucareros, trabajadores de la aviación, en una lista interminable.

Sin embargo, el blanco principal de dicha ofensiva han sido los contratos colectivos de trabajo y las condiciones generales de trabajo, en lo que puede denominarse una verdadera plataforma empresarial para reducir los derechos laborales.

Innumerables son ya los ejemplos en los cuales la unilateralidad patronal se ha impuesto en renglones como el ingreso, la promoción y la definitividad del trabajador en el pago de indemnizaciones por despido, en los esquemas de capacitación, en los cambios en la organización del trabajo y la introducción de nueva maquinaria y tecnología.

Asimismo se han incrementado los mecanismos de supervisión y control y la explotación de mano de obra. Se ha impuesto la compactación de los tabuladores o simplemente se ha borrado la contratación colectiva, como ocurrió con el contrato Ley de las fibras duras de la industria textil hace algunos meses.

Otro asunto de particular importancia ha sido el de imponer convenios de productividad con ventaja sólo para el patrón y cuando éste no queda satisfecho, permitirle que los desconozca. Uno de estos casos, el de la Compañía Hulera Euzkadi, yo ya lo planteé en esta tribuna hace 15 días.

También ha sido una práctica recurrente de los dueños del capital, eliminar o disminuir prestaciones con el solo fin de aumentar la tasa de ganancia o las utilidades en favor de las empresas; así lo ilustran otra vez dos casos que hoy deseamos denunciar en esta alta tribuna, a solicitud expresa por cierto de los trabajadores involucrados en ambos casos.

En primer lugar, el conflicto de la empresa Imprenta Nuevo Mundo. La revisión salarial que debió llevarse a cabo en febrero de 1992, entre empresa y sindicato, se convirtió en una revisión de contrato a favor de la empresa, con el pretexto de que la empresa pasaba por una crisis ésta condicionó otorgar el aumento de salario a los trabajadores a cambio de mutilar el contrato colectivo y reajustar a 139 trabajadores de 300 sindicalizados. Los resultados de esta negociación fueron los siguientes: 28 de 62 cláusulas del contrato colectivo de trabajo fueron mutilados o reformados. Por ejemplo, de 57 días de aguinaldo se bajó a 30; de 21 días de descanso con goce de salario se descendió a 10; los días de vacaciones en promedio se reducen cuatro días por escala de antigüedad; la prima vacacional disminuyó de 135% al 50%; la jornada laboral aumentó media hora para el segundo turno; las habilitadas en categorías superiores se pagan ahora por tiempo efectivo de trabajo, haciendo a un lado las partes proporcionales de sábado y domingo y así un sinnúmero de cláusulas. Se reformaron otras de carácter administrativo que implican restarle sus derechos a los trabajadores.

En el convenio que se suscribió quedó pactada una cláusula nueva que se refiere a la movilidad del personal, según necesidades de trabajo, sin respetar ningún tipo ni de categoría ni de salario. Por si fuera poco se cerró el servicio de comedor y para 1994 la empresa retirará el servicio de transporte a los trabajadores.

Por último se convino reajustar a 139 trabajadores: 35 obligados por desaparecer un departamento y el resto de manera "voluntaria", pues se tenía que llegar a la cantidad, exactamente a la cantidad que planteaba la empresa. Al final se reajustaron 175 trabajadores, algunos con el engaño de que serían recontratados como empleados de confianza, cosa que nunca ocurrió; además, por el contrario, se dio de baja a 25 empleados de confianza.

Actualmente 87 trabajadores reajustados se han agrupado para hacer valer sus derechos, sobre todo el que tienen de recibir indemnización como lo establece la cláusula quinta del convenio que suscribieron la empresa y el sindicato con fecha 24 de febrero de 1992 y que garantiza un pago justo.

No obstante que este compromiso es tan claro, la empresa no ha querido cumplirlo valiéndose de infinidad de artimañas y negándose a llegar a un acuerdo.

Para nuestra fracción parlamentaria resulta injusto e inadmisible que el señor Carlos Slim, accionista mayoritario de Teléfonos de México y en este caso de Imprenta Nuevo Mundo, esté ofreciéndose por un lado para financiar a un partido político y por el otro se niegue a cumplir con la liquidación que convino con sus trabajadores.

El segundo problema que también a petición de los trabajadores involucrados queremos plantear aquí, es el de que con motivo de la reprivatización bancaria, el Presidente de la República señaló en ceremonia oficial, el 16 de julio de 1992, lo siguiente: "Aseguramos el control en manos mexicanas del sistema bancario nacional y al mismo protegimos el interés y el derecho de los trabajadores que participan en el mismo", lo que constituyó, a juicio de los propios trabajadores, una clara manifestación de Salinas de Gortari de respetar los derechos laborales de los trabajadores bancarios.

Ya en la exposición de motivos de la Ley de Instituciones de Crédito, expedida el 27 de julio de 1990, el Ejecutivo Federal había señalado su compromiso de vigilar que en ningún caso resultasen afectadas las legítimas conquistas de los trabajadores, al pasar de las instituciones de banca múltiple a las instituciones bancarias privadas y se comprometió a mantener esos derechos.

Con mayor precisión en el artículo séptimo transitorio de la citada Ley se prevé que los derechos y las obligaciones de los trabajadores de las sociedades que se transformen, no sufrirán por ese acto modificación alguna.

El artículo octavo transitorio es todavía más explícito al establecer que las instituciones de banca múltiple que dejen de tener el carácter de entidades de la administración pública federal, mantendrán para sus trabajadores los derechos, beneficios y prestaciones que hayan venido otorgando.

Es decir, por un lado un compromiso expreso de Salinas de Gortari y por otro lado en el mismo sentido la Ley de Instituciones de Crédito. En ambos casos se trata de que se respetaría de manera cabal los derechos de los trabajadores bancarios, cuando los bancos, pasasen, como así ha sido, de manos del Estado a manos privadas.

A seis meses de concluida la privatización, las palabras de Salinas de Gortari y el texto de la Ley son puestos en duda por los propietarios del Banco Mexicano, al reducir a más de 48 días anuales las prestaciones de los trabajadores, sin considerar en el cálculo las repercusiones de los préstamos a corto plazo, durables e hipotecarios.

Desconociendo lo establecido en la fracción XXVII del artículo 123 constitucional, especifica la nulidad de las condiciones y la no obligación de los contrayentes aunque se expresen en contrato, que impliquen renuncia de algún derecho consagrado a favor del obrero, el Banco Mexicano informó a sus trabajadores las siguientes medidas, apoyados en una supuesta revisión contractual, cuyos términos a la fecha desconocen completamente los sindicalizados.

Las medidas entre otras son las siguientes: reducción del porcentaje por concepto de prima vacacional; disminución de los días de vacaciones y disminución en el pago de aguinaldo; reducción de la compensación por antigüedad; desaparición de incentivos y el aumento de las tasas de interés de los préstamos personales y de consumo durable.

La justificación esgrimida por los flamantes banqueros es la necesidad de homologar el cuadro de prestaciones del grupo financiero Inverméxico y Banco Mexicano, ofreciendo a sus trabajadores la monetización de prestaciones.

Al asunto adquiere un mayor tono de gravedad, si se toma en cuenta la información vertida a los empleados de Banco Mexicano, por funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el sentido de que lo mismo estaba sucediendo en Banamex, en Multibanco Mercantil, en Banco del Atlántico y en Banca Serfín.

Si de algún sector no se puede hablar de falta de liquidez para hacer frente a sus responsabilidades patronales, quiero insistir profundamente en esto, si de algún sector no se puede hablar de falta de liquidez para hacer frente a sus responsabilidades patronales, es precisamente el de la banca. Sabido es que la privatización representó un jugoso negocio para sus adquirientes, quienes no tardarán mucho en recuperar su inversión; no hay por tanto justificación alguna que valga frente a la irrenunciabilidad de los derechos adquiridos.

Las prestaciones tienen un sentido de protección integral para el trabajador y su familia y no pueden de ninguna manera canjearse por dinero prorrateado, con mayor razón cuando es

por una sola y única vez que se les entregará, ya que para 1994 la mutilación será un hecho.

Para el grupo parlamentario de nuestro partido, es un deber presentar esta doble problemática en esta tribuna a petición de los trabajadores.

«En tal virtud y en relación con estas dos empresas que tienen qué ver, en ambos casos, con esos 25 grandes empresarios de este país, con fundamento en la fracción III del artículo 79 constitucional y el artículo 61 del Reglamento para el Gobierno-Interior del Congreso General, solicitamos:

Primero. turnar a las comisiones de Información Gestoría y Quejas y de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, la denuncia de los trabajadores de Imprenta Nuevo Mundo, para su conocimiento y, en su caso, intervención.

Segundo. turnar a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, Trabajo y Previsión Social y de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados, el problema de los trabajadores del Banco Mexicano, para su conocimiento y en su caso intervención.

Firmamos: el diputado Jorge Calderón Salazar y un servidor, Miguel Angel León Corrales.»

Dejo sólo el documento para que sea turnado.

El Presidente:- Gracias, señor diputado y como usted lo solicita, con el fundamento previsto en la fracción III del artículo 79 constitucional y 61 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, esta Presidencia turna la solicitud con que ha dado cuenta el diputado Miguel Angel León Corrales a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Trabajo y Previsión Social y de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados.

INCURSIÓN ILEGAL

El Presidente:- Pasamos a otro asunto y concedemos la palabra al señor diputado Amador Rodríguez Lozano, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse a los sucesos ocurridos en Agua Prieta.

El diputado Amador Rodríguez Lozano:- Con su autorización, señor Presidente:

El día 4 de marzo, por la noche, seis agentes de la aduana de los Estados Unidos de América, que perseguían presuntamente a unos ladrones de autos, incursionaron ilegalmente en territorio mexicano, en la localidad de Agua Prieta, Sonora.

De la información que se posee, prácticamente tuvieron un enfrentamiento con agentes de la policía judicial local, en la cual incluso derribaron a uno de ellos, y aprovechando esta confusión se llevaron, secuestrándolo de manera ilegal, a una persona que presuntamente es el sospechoso del robo de este auto.

La cancillería mexicana, con gran rapidez y eficacia tomó nota del asunto, y solicitó a la Secretaría de Estado estadounidense una investigación profunda del caso y también nuestra Secretaría de Relaciones Exteriores, se encuentra estudiando desde hace tiempo la posibilidad de establecer o adicionar al Tratado de Extradición, vigente con los Estados Unidos de América, supuestos que eviten los secuestros de esta naturaleza.

Nosotros queremos reconocer que las relaciones con los Estados Unidos, muy importantes para nosotros, han mejorado en los últimos años y que hay una gran cordialidad en ellas y también que ha sido política del Gobierno mexicano diferenciar las distintas áreas de la relación y no dejar que el conflicto de una, contamine globalmente las relaciones en otros campos.

Pensamos que ésta ha sido una manera inteligente que nos ha permitido avanzar e ir resolviendo los problemas que hemos tenido y que seguramente seguiremos teniendo con los Estados Unidos de América.

Pero un caso de esta naturaleza no puede soslayarse y es necesario que nosotros con gran energía condenemos una circunstancia de esta naturaleza.

México lo ha dicho en distintos foros internacionales. No es posible combatir la ilegalidad con actos ilegales. Todo acto que sea para combatir el delito donde se encuentre, tiene que ser a través de los cauces, procedimientos y los métodos señalados por la Ley. Lo mismo opera para las cuestiones internacionales como para las cuestiones internas. Toda autoridad debe someter su actuación ante la Ley.

Por eso, por esas circunstancias, la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, quiere hacer, la siguiente

DECLARACIÓN POLÍTICA

"Primero. Se condena enérgicamente la incursión de agentes de la oficina de Aduanas de

los Estados Unidos de América en territorio mexicano, por violar flagrantemente el orden jurídico mexicano y el derecho internacional, base de la convivencia entre las naciones.

Segundo. Se hace un reconocimiento a la labor que en defensa de nuestra soberanía ha realizado nuestra cancillería en este caso, exhortándola a redoblar sus esfuerzos en esta materia y a presentar una nota diplomática de protesta a las autoridades de Estados Unidos de América.

Tercero. Se exhorta a las autoridades competentes para que, en ejercicio de sus atribuciones, lleven a cabo una revisión profunda del Tratado de Extradición, signado con los Estados Unidos de América, a fin de adecuarlo a las circunstancias que vive nuestra relación bilateral y evitar así en lo futuro violaciones a nuestra soberanía que afectan la salud de estas relaciones."

Dejo en la Secretaría la Declaración Política.

El Presidente:- Ha solicitado la palabra para este asunto el señor diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.

El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas:- Señor Presidente; señores diputados; señores senadores:

Desde tiempos muy remotos de nuestra historia nacional, en aquellos territorios limítrofes con la frontera norte del país hemos recibido los mexicanos una serie de atracos, abusos por parte de las autoridades estadounidenses.

Pareciera ser que aquellos tiempos del Marshall Dillon en el Dodge City no han desaparecido, o parecía ser que de repente tenemos nuevas versiones de la expedición punitiva de Perkins, buscando a Villa y queriéndolo matar.

Lo acontecido en Agua Prieta, Sonora, es una reiterada repetición, constante, frecuente y diaria de hechos que autoridades de los estados limítrofes de México con Estados Unidos, vienen realizando en contra de nuestros connacionales.

De ahí que consideramos de vital importancia no dejar pasar un hecho de esta naturaleza, para plantear en este honorable recinto y frente a todos ustedes, la opinión y el criterio del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para que nuestro Gobierno de la República, con la representación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, presente la enérgica nota de protesta correspondiente a este nuevo agravio a nuestro territorio nacional, a nuestra independencia, a nuestra soberanía, al derecho internacional y al cumplimiento de todas las actitudes de relaciones en nuestros pueblos.

Independientemente de ello, indudablemente nos hacemos solidarios con la expresión que hace unos momentos tuvo el diputado que nos antecedió en la palabra y solicitamos al señor Presidente de esta Comisión Permanente, le dé el curso correspondiente.

El Presidente:- Gracias, señor diputado. Se tiene por formulada la declaración, pero previamente concedemos la palabra al señor diputado Jorge Calderón, del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar:- Con su venia, señor Presidente; estimados legisladores:

Los sucesos recientemente desarrollados en Agua Prieta, que condujeron a que ilegalmente un ciudadano mexicano fuera detenido por fuerzas policiacas de los Estados Unidos, se unen ya a una larga lista de intervenciones ilegales y de acciones contrarias al derecho internacional, que han realizado distintos cuerpos policiacos de este país en territorio de la República Mexicana.

En algunos casos, cosa que fue objeto de una discusión pública y de un debate nacional e internacional, hubo incluso secuestros en territorio mexicano de un ciudadano acusado de vínculos al narcotráfico, como fue el caso de Alvarez Macháin.

Lamentablemente, no se trata sólo de actos aislados, sino obedece a una escala que bajo diversas modalidades afecta los intereses vitales de nuestra nación: la militarización de la frontera; las agresiones continuas a trabajadores mexicanos indocumentados; los actos en los cuales diversos ciudadanos de nuestro país han perdido la vida al intentar cruzar la frontera; la violación a derechos humanos en distintas formas, contra los mexicanos residentes en los Estados Unidos.

Y como si esto fuera poco, la decisión unilateral que el Gobierno de los Estados Unidos ha realizado, de imponer un impuesto compensatorio de más del 100% a la exportación de cables de acero.

Escuchamos con atención la intervención que hizo el diputado Amador Rodríguez, cuando

sostenía una preocupación del Gobierno mexicano de no establecer un vínculo directo entre los distintos campos de conflicto existente con los Estados Unidos.

Una tesis que nuestro partido ha expuesto en varias ocasiones, el diputado Ricardo Valero lo ha sostenido, como vocero en materia de política exterior del Comité Ejecutivo Nacional, es precisamente que este tipo de acciones: intervenciones en territorio mexicano, agresiones en materia de derechos humanos a nuestros conciudadanos, el establecimiento de impuestos, de injustos impuestos compensatorios a nuestras exportaciones y una escala neoproteccionista contra nuestro país, en realidad constituyen diversos eslabones de un clima que no constituyen un elemento que ayude al mejoramiento de las relaciones binacionales.

Estamos de acuerdo con la energía exigencia que se establece en la primera parte de la declaración que nos presenta el diputado Amador Rodríguez, precisamente porque se trata de una violación a nuestra soberanía; sin embargo, nosotros pensamos que debe haber una acción diplomática, enérgica en varios terrenos y de manera simultánea, cada una en el ámbito específico de competencia de distintas secretarías de Estado y de diferentes organismos gubernamentales.

Pero cuando al mismo tiempo se militariza la frontera, se instalan basureros tóxicos y basureros nucleares que afectan los intereses de nuestro país, cuando al mismo tiempo y en el mismo período se viola el Convenio de la Paz en materia de regulación binacional de estos desechos tóxicos; cuando simultáneamente se establecen estos injustos impuestos compensatorios y se hacen acusaciones no válidas en materia de dumping contra nuestro país y cuando, y esto lo hemos denunciado ya en la tribuna de la Cámara de Diputados la semana pasada, hay sectores neoproteccionistas en los Estados Unidos que pretenden una renegociación del Tratado de Libre Comercio en condiciones aún más onerosas y desfavorables de las que en algunas cláusulas se están planteando, esto evidentemente forma parte de una escalada que tiende a una subordinación o a una integración de nuestro país en mayor grado hacia los Estados Unidos.

Terminaría diciendo, pues, que es momento que el Gobierno de la República asuma con la firmeza y solidez que requieren las circunstancias nacionales, una política múltiple en distintas áreas y terrenos, como es medio ambiente, derechos humanos, derechos laborales, derechos de los trabajadores mexicanos residentes en los Estados Unidos y los problemas particularmente de violación de soberanía, como pretexto de perseguir a conciudadanos que se presume que cometieron ilícitos, es preciso, repito, establecer un vínculo entre este conjunto de acciones del Gobierno de los Estados Unidos que viola un principio de buena vencidad que debiera normar nuestras relaciones bilaterales y tener una política enérgica y que de ninguna manera prevalezca un criterio que en aras de no afectar el marco global de la ratificación por órganos legislativos del Tratado de Libre Comercio, buscara no entorpecer o no ejercer con firmeza y determinación la defensa del interés nacional.

Precisamente si queremos una relación comercial adecuada con Estados Unidos, tenemos que dar mensajes y acciones firmes, sólidas y decididas en varios campos como el acero, derechos humanos y particularmente una protesta firme precisamente por esa intervención que se dio en Agua Prieta.

Es, pues, el momento de definiciones, de energía y de acciones para defender nuestros intereses nacionales vitales ante prácticas recurrentes antimexicanas que han aparecido en diversos sectores de los Estados Unidos. Muchas gracias.

El Presidente:- Gracias, diputado.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

El Presidente:- Para un asunto distinto, concedemos la palabra al señor diputado José Antonio González Fernández, del grupo parlamentario del PRI.

El diputado José Antonio González Fernández:- Con su permiso señor Presidente; compañeros diputados y senadores:

Como todos recordamos, el 25 de febrero pasado, se hizo pública una declaración política a propuesta del Partido Revolucionario Institucional, aquí en la Permanente, misma declaración política que fue apoyada por los diversos partidos políticos aquí representados. Una declaración política que le refiere y que abordaba en aquel entonces el tema de los secuestros. Una declaración política que al abordar el tema de los secuestros hacía un llamado firme, respetuoso al mismo tiempo, a las autoridades y a las corporaciones policiacas federales y estatales, para que se coordinaran y pudieran unir sus esfuerzos y combatir este tipo de delitos.

Esta declaración política fue presentada en su oportunidad por nuestro compañero el diputado Amador Rodríguez Lozano, nuestro compañero diputado hizo referencia a este tipo de delitos y lamentablemente como él lo señaló y después también fue afirmado por otros compañeros diputados que hicieron uso de la tribuna, lamentablemente los últimos meses hemos visto cómo se han acrecentado y como se ha incrementado el numero de secuestros en nuestro país.

En su intervención el diputado Amador Rodríguez Lozano señaló este hecho, pero jamás hizo referencia a una circunstancia o a una circunscripción o una autoridad específica. Habló de los secuestros en nuestro país, como un fenómeno preocupante a nivel nacional. Sí mencionó algunas estadísticas; sí enriqueció la declaración política con alguna presentación; habló de ciertos hechos; narró incluso algunos eventos que se han sucedido en algunas entidades federativas; pero jamás señaló a nadie como presunto responsable de los secuestros o alguna autoridad ni siquiera la mencionó.

No obstante, después del 25 de febrero y precisamente a raíz de su declaración a raíz de su intervención en esta tribuna, Amador Rodríguez Lozano, compañero nuestro y distinguido diputado del Revolucionario Institucional, ha sido objeto de algunas amenazas por el Procurador de Justicia del Estado de Baja California. El procurador general de Justicia del Estado de Baja California, de nombre Francisco Franco Ríos, ha intimidado al diputado Amador Rodríguez Lozano. Inmediatamente que tuvo conocimiento de estos hechos, el diputado Amador Rodríguez Lozano, de manera muy respetuosa dirigió una carta al ciudadano gobernador del Estado, narrando los hechos, narrando el porqué de la intimidación; obviamente protestando por los sucesos y pidiendo un esclarecimiento de los mismos.

No preocupa de sobremanera el hecho, porque en sí misma la intimidación es preocupante; pero más cuando ha sido objeto un distinguido compañero legislador, por hacer uso de la tribuna de manera libre, respetuosa, como la hacemos todos aquí y como nos pronunciamos de diferentes hechos o puntos de vista de interés nacional. Por lo tanto, nosotros protestamos enérgicamente ante esa actitud del Procurador del Estado de Baja California y presumimos que seguramente negará los hechos.

Por eso la importancia de que el ciudadano gobernador dé respuesta a la carta de Amador Rodríguez Lozano, que le dirigió el 4 de marzo pasado, hace unos días Amador Rodríguez como dije ya, le mandó una carta firme pero respetuosa, al gobernador, pidiendo que le diera respuesta y que investigara estos hechos. Al día de hoy, no se ha recibido ninguna respuesta, por lo que nosotros pensamos que es indispensable que a la brevedad el gobernador del Estado como titular del Ejecutivo, dé respuesta a este hecho que hoy denunciamos y que mucho nos afecta. Gracias, señor Presidente.

El Presidente:- Concedemos la palabra al diputado Diego Fernández de Cevallos, del Partido Acción Nacional.

El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos:- Señores legisladores:

Francamente de manera inexplicable para mí, el señor diputado José Antonio González Fernández y por lo que él dice, todos los señores legisladores del Partido Revolucionario Institucional, aquí presentes, han ido demasiado lejos y, yo me atrevería a decir que todos, menos uno: el supuesto ofendido por el acto que se le imputa al señor Procurador de Justicia en el Estado le voy a decir por qué a mi muy respetado y querido amigo, el licenciado González Fernández:

Porque de versión directa del propio diputado Rodríguez Lozano, a él no le consta la amenaza. El dice y en su caso de ser necesario tendría que decirme que miento, pero él aquí en la tribuna, que recibió información de una persona que le merece crédito, en el sentido de que a esa persona el Procurador le comunicó una amenaza supuestamente dirigida en contra del referido diputado Rodríguez Lozano.

Lo primero que yo le diría a usted y a todos los legisladores, don José Antonio, es que desde mi punto de vista, con los elementos que se cuentan, lo menos que se podría pedir en estricto rigor, es que se hablara de la posibilidad de una amenaza, o en su caso, de una presunta amenaza.

Lo que yo quiero, de la manera más respetuosa, pero enérgica, es desechar, rechazar la idea de que quede en la tribuna como consentida por Acción Nacional, la amenaza como una conducta cierta e imputable al Procurador.

Aclarado esto le diría que en términos legales y atendimos a ejecutorias de la corte, formalmente el señor gobernador no ha incurrido en violación alguna del precepto constitucional que le exige responder a toda petición escrita. ¿Por qué? Por que conforme a la jurisprudencia, gozaría, el señor gobernador, de cuatro meses para

responder. Pero en forma alguna vamos a sugerir siquiera la posibilidad de que se agote un plazo tan extenso para un asunto que para nosotros es muy claro, muy sencillo, pero a la vez grave.

El simple hecho de que los señores legisladores le hagan una imputación directa al señor Procurador del Estado de Baja California, reclama, a nuestro juicio, una respuesta inmediata y fundada del señor gobernador.

Estén ustedes seguros, señores legisladores del PRI, que el señor gobernador habrá de responder puntualmente a la brevedad posible. Es obvio que nosotros no llevamos tampoco la agenda del Ejecutivo de Baja California; pero no dudaríamos en su magnífica disponibilidad de recibir personalmente al diputado Amador Rodríguez, con objeto de que se clarifique cualquier situación al respecto y que en cualquier circunstancia habrá de garantizar que no será objeto de ninguna amenaza ni él ni ningún otro ciudadano mexicano.

Así las cosas, cuentan pues, con nuestra muy puntual respuesta a su denuncia; participamos en la necesidad que ustedes exponen de que se clarifique y se precise si existió o no, pero en forma alguna que puede aquí en la tribuna, la afirmación que a nuestro juicio no procede, de la imputación directa en contra de un servidor público del gobierno de Baja California. Gracias.

El Presidente:- Gracias, diputado y qué bueno que existe la disposición por parte de ustedes de que se aclaren estos hechos.

Ahora rogamos a la Secretaría continúe con los asuntos en cartera.

INVITACIONES (II)

El secretario diputado Rodolfo Becerril Straffon:

«La honorable LXVI legislatura del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, se complace en invitar a usted a la sesión solemne en la que el ciudadano Sócrates Rizzo García, gobernador constitucional del Estado, rendirá su Segundo Informe de Gobierno, el día 11 de este mes a las 18:00 horas en el Teatro de la Ciudad, declarado para este acto recinto oficial.

Monterrey, Nuevo León, marzo de 1993.»

El Presidente:- Gracias, señor Secretario.

Para asistir a este acto en representación de esta honorable Comisión Permanente, esta Presidencia designa a los siguientes legisladores:

Senadora María Elena Chapa, quien iría al frente de la Comisión. Diputado Víctor Orduña y diputado Carlos Cantú Rosas.

Continúe la Secretaría.

ESTADO DE TABASCO

El secretario senador Ramón Serrano Ahumada:

«Ciudadanos miembros de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.

El pasado viernes 5 de marzo del año en curso, un grupo de policías judiciales desalojaron de la colonia José de Jesús en el Municipio de Teapa, Estado de Tabasco a un grupo de 30 familias que se habían asentado en ese lugar a orillas del río, aprehendiendo y encarcelando inclusive a dos infantes de nombres Santiago Palomeque de tres años de edad e Ismael Custodio, de quince años junto con otras 25 personas entre hombres y mujeres.

Asimismo, fue detenida la regidora perredista de Teapa, Tabasco, Rebeca López Domínguez, por los mismo motivos.

El día 6 de marzo 35 militantes del PRD, encabezados por el diputado Miguel Cuitlahuac Vázquez Hidalgo, iniciaron una marcha de ese municipio a la plaza de armas de la ciudad de Villa Hermosa, para protestar por la forma en que han procedido las autoridades policiacas en contra de quienes han solicitado insistentemente una vivienda, y por su liberación inmediata, sin que hasta el momento se les haya hecho caso alguno.

Los cargos que se les imputan a los detenidos son los de despojo en contra de la Constructora Coconal.

El operativo practicado por la Policía Judicial estuvo lleno de irregularidades que violan flagrantemente las garantías individuales y los derechos humanos de los detenidos, pues aunque justificaron las detenciones con algunas ordenes de aprensión que llevaban, ninguna de ellas, coincidía con los nombres de las persona detenidas, y otras no llevaban nombre. Las órdenes de aprensión fueron giradas por la juez penal de ese municipio María Victoria Jiménez Ross.

Por otro lado, el desalojo de que fueron objeto estas familias fue injustificado, y por supuesto

ilegal en virtud de que se encontraban asentadas en la zona técnicamente denominada Rivera o zona federal que en términos de lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 3o. de la Ley de Aguas Nacionales, se entiende por esta "la faja de 10 metros de anchura contigua al cauce de las corrientes o al vaso de los depósitos de propiedad nacional, medida horizontalmente a partir del nivel de aguas máximas ordinarias; y por lo tanto la Compañía Constructora Coconal no tiene ningún derecho de propiedad sobre dicha zona que es precisamente sobre la que se habían asentado estas familias.

En cuanto a la detención de la regidora Rebeca López Domínguez, cabe señalar que su detención es a todas luces ilegal y violatoria de sus derechos humanos; y fue detenida, por ser la persona quien ha estado ayudando a las familias hoy encarceladas a gestionar ante las instancias competentes un acuerdo para su establecimiento legal en dicha zona.

Varios de los detenidos desde la cárcel han manifestado a los medios de comunicación y a las propias autoridades judiciales que existe un documento donde la Comisión Nacional del Agua permitió el asentamiento en el predio que ocupan mientras las autoridades municipales llegaban a un acuerdo definitivo sobre su estancia.

Por otra parte, el gobernador del Estado, Manuel Gurría Ordoñez tiene conocimiento de esta situación, ya que en dos ocasiones se solicito audiencia con él a efecto de llegar a un acuerdo, sin embargo, en ningún momento recibió a los peticionarios.

Finalmente, el día de ayer apareció en el periódico La Verdad del Sureste de Villa Hermosa Tabasco, una petición dirigida al ciudadano Presidente de la República Carlos Salinas de Gortari y al ciudadano Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Jorge Madrazo, firmada por más de 100 personas que se consideran afectados por este desalojo, solicitando la liberación inmediata de todas las personas encarceladas por el abuso cometido en su contra con el desalojo y una solución inmediata a su necesidad de contar con una vivienda digna y decorosa como manda el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que los suscritos diputados nos pronunciamos por lo siguiente:

Primero. Por la liberación inmediata de todas las personas detenidas con motivo del desalojo practicado en la colonia José de Jesús en el municipio de Teapa, Tabasco, llevado a cabo por elementos de la Policía Judicial en virtud de que el mismo no contó con los elementos que harían legal su proceder.

Segundo. Exhortamos a las autoridades municipales y estatales y principalmente al gobernador del Estado de Tabasco a apoyar a todas estas familias para lograr conseguir una vivienda digna y decorosa a que tienen derecho como lo señala artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto los suscritos diputados solicitamos al ciudadano Presidente de esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión con fundamento en la fracción III del artículo 79 de la Constitución Federal, turne a las comisiones de Información, Gestoría y Quejas, y a la de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados la presente denuncia a fin de que intervengan en el ámbito de sus competencias para la solución inmediata a este problema.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 10 de marzo de 1993.- Diputados: Miguel Cuitlahuac Vásquez Hidalgo y Juan Hernández Mercado.»

El Presidente: -Gracias, señor secretario.

Como lo solicitan, con fundamento en el artículo 61 del Reglamento, se turna a las comisiones de Información, Gestoría y Quejas, y de Derechos Humanos, de la Cámara de Diputados.

Continúe con los asuntos en cartera.

ORDEN DEL DÍA

El secretario senador Ramón Serrano Ahumada: -Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

«Comisión Permanente.- Primer Receso.- Segundo Año .- LV Legislatura.

Orden del día.

17 de marzo de 1993.

Lectura del acta de la sesión anterior.

El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del CLXXXVII aniversario del natalicio del licenciado Benito Juárez García, tendrá lugar el 21 de marzo, en

el hemiciclo erigido a su memoria en la Alameda Central.

Comunicaciones de los congresos de los estados de Michoacán, Tamaulipas y Yucatán.

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Eduardo Antonio Vega Alarid, pueda prestar servicios como especialista en información, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Seis, con los que se remiten las hojas de servicios de los ciudadanos Alfredo Delgado Valdez, Víctor Manuel de la Peña Cortés, Antelmo Jiménez Jiménez, Virgilio de la Vega Fermoso, Roberto Noé Samuel Marín Marín y Roberto Chiapa Aguirre, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dictámenes de primera lectura

De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Teodoro Maus y Reisbaum, como cónsul general de México, en Atlanta Georgia, E.U.A.

De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Bulmaro Andrés Pacheco Moreno, como cónsul general de México, en Miami, Florida, E.U.A.

De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Eduardo Cayetano García Puebla, como cónsul general de México, en Dallas, Texas, E.U.A.

De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Enrique Loaeza Tovar, como cónsul general de México en los Ángeles, California, E.U.A.

Nueve, de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados a los ciudadanos Mario Renán Castillo Fernández, Mauro Enrique Tello Quiñones, Jorge García Arredondo, Humberto Alfonso Guillermo Aguilar, Mario Fuentes Juárez, Ernesto Cruz Belmot, Humberto Bravo Sánchez, Víctor Manuel Martín Fernández y Antonio Tortajada Morán.

Dictámenes a discusión

Ocho, de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados militares a los ciudadanos Gastón Menchaca Arias, Basilio Pérez Casanova, José Rubén Rivas Peña, José Alvaro Vallarta Ceceña, Fausto Manuel Zamorano Esparza, Luis Humberto López Portillo, Jesús Eduardo Beltrán Guerra y Enrique Chávez Chiquillo.

De la Primera Comisión con Proyecto de Decreto que concede permiso a los ciudadanos Cristina Martínez Castellanos, Italo Francisco Di Lorenzo y Luis Jaime Morales Aguilar, para prestar servicios en la Delegación de las Comunidades Europeas, en México.

Comentarios del ciudadano diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, sobre la política económica en curso.

Intervención del ciudadano diputado Miguel Angel León Corrales, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre problemas del medio ambiente.

Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»

El Presidente (a las 16.55 horas): -Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo miércoles 17 de marzo, a las 11.00 horas.