Legislatura LV - Año II - Período Comisión Permanente - Fecha 19930317 - Número de Diario 13

ENCABEZADO

LV LEGISLATURA

PODER LEGISLATIVO FEDERAL

DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE

Diputado Fernando Ortiz Arana

PALACIO LEGISLATIVO

DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES

Héctor de Antuñano y Lora

AÑO II México, D.F., miércoles 17 de marzo de 1993 No. 13

SUMARIO

ASISTENCIA

APERTURA

ORDEN DEL DÍA

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

MINUTO DE SILENCIO

Deceso del diputado José Guillermo Orendain Guerrero.

SOLICITUD DE LICENCIA

Del senador Roberto Robles Garnica. De enterado.

INVITACIÓN

Del Departamento del Distrito Federal, al acto cívico conmemorativo del CLXXXVII Aniversario del Natalicio del Presidente Benito Juárez García. Se designa comisión para representar a la Comisión Permanente.

COMUNICACIONES

Del Congreso del Estado de Michoacán. De enterado.

Dos, del Congreso del Estado de Tamaulipas. De enterado.

OFICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN

Con el que se remite el dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la solicitud de pensión de la señora Socorro Díaz del Castillo viuda de Rocha. Se turna a la Primera Comisión.

Por el que se comunica que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, nombró al ciudadano Rafael Rodríguez Barrera, embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Gobierno del Estado de Israel. Se turna a la Segunda Comisión.

Tres, por los que se solicitan los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Eduardo Antonio Vega Alarid, Guadalupe Duarte Granados y Verónica Olguín Mora, puedan prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México y Lydia Castro Haro, pueda prestar sus servicios en la Embajada Británica, en México. Se turnan a la Primera Comisión.

Seis, con los que se remiten las hojas de servicios de un número igual de ciudadanos mexicanos, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnan a la Segunda Comisión.

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA

Cuatro, de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo relativos a los nombramientos. Se les dispensa la segunda lectura y sin discusión se aprueban. Pasan al Ejecutivo Federal, para sus efectos constitucionales. Protesta. De los ciudadanos:

Bulmaro Andrés Pacheco Moreno, como cónsul general de México en Miami, Florida;

Teodoro Maus y Reisbaum, como cónsul general de México en Atlanta, Georgia;

Eduardo Cayetano García Puebla, como cónsul general de México en Dallas, Texas y

Enrique Manuel Loeza Tovar, como cónsul general de México en Los Ángeles, California, en los Estados Unidos de América.

Diecisiete, de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican los grados militares a los ciudadanos: Mario Renán Castillo Fernández, Mauro Enrique Tello Quiñones. Jorge García Arredondo, Humberto Alfonso Guillermo Aguilar, Mario Fuentes Juárez, Ernesto Cruz Belmont, Humberto Bravo Sánchez, Víctor Martín Fernández y Antonio Tortajada Morán. Son de primera lectura.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN

Gastón Menchaca Arias, Basilio Pérez Casanova, José Rubén Rivas Peña, José Alvaro Vallarta Ceceña, Fausto Manuel Zamorano Esparza, Luis Humberto López Portillo, Jesús Eduardo Beltrán Guerra y Enrique Chávez Chiquillo. Se aprueban y pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Cristina Martínez Castellanos, Italo Francisco Di Lorenzo, Luis Jaime Morales Aguilar, puedan prestar sus servicios en la Delegación de las Comunidades Europeas en México.

Se aprueban y pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

COMUNICACIÓN

Del diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, por la que a nombre de trabajadores del Instituto Mexicano del Café, solicita información de la Comisión de Información, Gestoría y Quejas. Se turna a la misma Comisión.

PLEBISCITO EN EL DISTRITO FEDERAL

Para expresar sus opiniones, hacen uso de la palabra los legisladores:

Porfirio Muñoz Ledo

Cuauhtémoc Amezcua Dromundo

Manuel Aguilera Gómez

Carlos Enrique Cantú Rosas

Fernando Lerdo de Tejada Luna

Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, sobre el mismo tema, hacen uso de la palabra los legisladores:

Carlos Enrique Cantú Rosas

Jorge Alfonso Calderón Salazar

Cuauhtémoc Amezcua Dromundo

Amador Rodríguez Lozano

Porfirio Muñoz Ledo

Cuauhtémoc Amezcua Dromundo

Manuel Aguilera Gómez

LV ANIVERSARIO DE LA EXPROPIACIÓN PETROLERA

Toman la palabra los legisladores:

Fernando Lerdo de Tejada Luna

Carlos Enrique Cantú Rosas

Jorge Alfonso Calderón Salazar

Cuauhtémoc Amezcua Dromundo

Gustavo Salinas Iñiguez

Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, respecto al mismo tema hacen uso de la palabra los legisladores:

Jorge Alfonso Calderón Salazar

Israel González Arreguín

Blanca Ruth Esponda Espinosa

Jorge Alfonso Calderón Salazar

Carlos Enrique Cantú Rosas

Se turna el punto de acuerdo propuesto y la declaración política, a la Comisión de Energéticos y de Trabajo y Previsión Social.

REFORMA POLÍTICA

Para expresar sus opiniones al respecto, hacen uso de la palabra los legisladores:

Miguel Angel León Corrales

Diego Fernández de Cevallos Ramos

Amador Rodríguez Lozano

Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, los diputados:

Diego Fernández de Cevallos Ramos.

Miguel Angel León Corrales.

Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.

Carlos Enrique Cantú Rosas.

Jorge Alfonso Calderón Salazar.

ESTADO DE PUEBLA (I)

Para referirse a hechos ocurridos en el municipio de Coxcatlán, hacen uso de la palabra los legisladores:

Angel Sergio Guerrero Mier, quien presenta una declaración política.

Miguel Angel León Corrales, para formular un pronunciamiento.

Se dan por formulados ambos documentos.

OFICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN (II)

Por el que informa que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, nombró al ciudadano Manuel Uribe Castañeda, embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Gobierno de la República de Corea. Se turna a la Segunda Comisión.

ESTADO DE PUEBLA (II)

Hacen uso de la palabra los legisladores:

Cuauhtémoc Amezcua Dromundo

Manuel Díaz Infante.

ESTADO DE GUERRERO

Para denunciar hechos ocurridos en el Estado, se concede el uso de la palabra al diputado Efraín Zúñiga Galeana.

Para hablar sobre el mismo asunto, el diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar.

NATALICIO DEL PRESIDENTE BENITO JUÁREZ GARCÍA

Cuauhtémoc Amezcua Dromundo

Jorge Leobardo Lepe García

Israel González Arreguín

ESTADO DE GUANAJUATO

Para rectificar en esa Entidad Federativa, se concede el uso de la palabra a los legisladores:

Israel González Arreguín

Víctor Martín Orduña Muñoz

ORDEN DEL DÍA

De la próxima sesión. Se levanta la sesión.

APÉNDICE

DEBATE

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO FERNANDO ORTIZ ARANA

ASISTENCIA

El Presidente:- Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia de los miembros de la Comisión Permanente, rogando a los compañeros legisladores pasen a ocupar sus lugares, si son tan amables, para iniciar la sesión.

La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández:- Con mucho gusto.

Se va a proceder a pasar lista de asistencia de los miembros de la Comisión Permanente.

Señor Presidente, hay una asistencia de 30 representantes. Hay quórum.

APERTURA

El Presidente (a las 11.30 horas):- En consecuencia, se abre la sesión y ruego a la Secretaría proceda a dar cuenta con el orden del día para la presente sesión.

ORDEN DEL DÍA

La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández: Con mucho gusto.

Se va a dar lectura al orden del día de la presente sesión.

«Comisión Permanente.- Primer Receso.- Segundo Año.- LV Legislatura.

Orden del día

17 de marzo de 1993.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones de legisladores

El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del CLXXXVII Aniversario del natalicio del licenciado Benito Juárez García, tendrá lugar el 21 de marzo, a las 10.00 horas, en el hemiciclo erigido a su memoria en la Alameda Central.

Comunicaciones de los congresos de los estados de Michoacán y Tamaulipas.

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Con el que se remite el dictamen de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación a la solicitud de pensión de la señora Socorro Díaz del Castillo viuda de Rocha.

Por el que se comunica que el Presidente de la República nombro al ciudadano Rafael Rodríguez Barrera, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México, ante el Gobierno del Estado de Israel.

Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Eduardo Antonio Vega Alarid, pueda prestar servicios como especialista en información, en la embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que las ciudadanas Lydia Castro Haro, Eloísa Riquelme Olmedo y Silvia Treviño Montemayor, puedan prestar servicios en la embajada Británica, en México.

Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que las ciudadanas Guadalupe Duarte Granados y Verónica Holguín Mora, puedan prestar servicios en la embajada de los Estados Unidos de América, en México y en su consulado general, en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.

Seis, con los que se remiten las hojas de servicios de los ciudadanos Alfredo Delgado Valdez, Víctor Manuel de la Peña Cortés, Antelmo Jiménez Jiménez, Virgilio de la Vega Fermoso, Roberto Noé Samuel Marín Marín y Roberto Chiapa Aguirre, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dictámenes de primera lectura

De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Bulmaro Andrés Pacheco Moreno, como cónsul general de México, en Miami, Florida, Estados Unidos de América.

De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Teodoro Maus y Reisbaum, como cónsul general de México, en Atlanta, Georgia, Estados Unidos de América.

De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Eduardo Cayetano García Puebla, como cónsul general de México, en Dallas, Texas, Estados Unidos de América.

De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Enrique Manuel Loeza Tovar, como cónsul general de México, en los Ángeles, California, Estados Unidos de América.

Nueve, de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados a los ciudadanos Mario Renán Castillo Fernández, Mauro Enrique Tello Quiñones, Jorge García Arredondo, Humberto Alfonso Guillermo Aguilar, Mario Fuentes Juárez, Ernesto Cruz Belmont, Humberto Bravo Sánchez, Víctor Manuel Martín Fernández y Antonio Tortajada Morán.

Dictámenes a discusión

Ocho, de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados militares a los ciudadanos Gastón Menchaca Arias, Basilio Pérez Casanova, José Rubén Rivas Peña, José Alvaro Vallarta Ceceña, Fausto Manuel Zamorano Esparza, Luis Humberto López Portillo, Jesús Eduardo Beltrán Guerra y Enrique Chávez Chiquillo.

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Cristina Martínez Castellanos, Italo Francisco Di Lorenzo y Luis Jaime Morales Aguilar, para prestar servicios en la delegación de las Comunidades Europeas, en México.

Memoriales de particulares.

Intervención del ciudadano senador Porfirio Muñoz Ledo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse al plebiscito en el Distrito Federal.

Intervención del ciudadano diputado Fernando Lerdo de Tejada, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hacer comentarios sobre el LV Aniversario de la Expropiación Petrolera.

Intervención del ciudadano diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para referirse a la Expropiación Petrolera.

Intervención del ciudadano diputado Jorge Calderón Salazar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse al LV Aniversario de la Expropiación Petrolera.

Intervención del ciudadano diputado Miguel Angel León Corrales, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse al proceso de la Reforma Política.

Intervención del ciudadano diputado Amador Rodríguez Lozano, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse a los hechos ocurridos en Coxcatlán, Puebla.

Intervención del ciudadano diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, para referirse a las elecciones llevadas a cabo en el municipio de Cuetzalan, Estado de Puebla.

Intervención del ciudadano diputado Efraín Zúñiga Galeana, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hacer una denuncia sobre hechos registrados en el Estado de Guerrero.

Intervención del ciudadano diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, para referirse al aniversario del natalicio del presidente Benito Juárez.

Intervención del ciudadano diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, para referirse a la política económica que viene aplicando el Gobierno de la República.

Intervención del ciudadano diputado Israel González Arreguín, del grupo parlamentario del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, para referirse a hechos ocurridos en Guanajuato.

Intervención del ciudadano diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, para referirse a la situación salarial en la Universidad Nacional Autónoma de México.»

El Presidente:- Gracias a la Secretaría.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

El Presidente:- En virtud de que el acta de la sesión anterior fue entregada de manera previa, a la presente sesión a los diversos grupos

parlamentarios representados en la Comisión Permanente, ruego a la Secretaría consulte a los señores legisladores si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior.

La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández:- Con mucho gusto.

Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta.

Los legisladores que estén por la afirmativa, se les ruega manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura, señor Presidente.

«Acta de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el día diez de marzo de mil novecientos noventa y tres, correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.

Presidencia del diputado

Fernando Ortiz Arana

En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las once horas con veintiocho minutos del día diez de marzo de mil novecientos noventa y tres, con una asistencia de treinta legisladores, el Presidente declara abierta la sesión.

Por instrucciones de la Presidencia, se da lectura a una comunicación del diputado Jorge Calderón Salazar, por la que informa que, a partir de esta fecha, asistirá a las sesiones de la Comisión Permanente el senador Porfirio Muñoz Ledo, en sustitución del también senador Roberto Robles Garnica, ambos del Partido de la Revolución Democrática.

La Secretaría da lectura al orden del día y la Asamblea dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, misma que, sin discusión, se aprueba en sus términos en votación económica.

Una comunicación del senador Jesús Murillo Karam, por la que informa optar por el cargo de gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Hidalgo. De enterado, comuníquese a la Cámara de Senadores.

Se da lectura a una invitación del Departamento del Distrito Federal, al acto cívico conmemorativo del Quincuagésimo Quinto Aniversario de la Expropiación Petrolera. Se designa comisión para representar a la Comisión Permanente.

La Secretaría da cuenta con diversas comunicaciones de los estados de Chiapas, Querétaro y Tamaulipas, por las que informan de actividades propias de sus legislaturas. De enterado.

Un informe de la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, de la Cámara de Diputados, sobre sus gestiones en el Estado de Baja California. De enterado.

Se da lectura a dos oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que comunica que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, nombró a los ciudadanos Eduardo Cayetano García Puebla y Enrique Manuel Loeza Tovar, cónsules generales de México en Dallas, Texas y Los Ángeles, California; Estados Unidos de América, respectivamente. Se turnan a la Segunda Comisión.

Ocho, oficios de la misma Secretaría con los que se remiten las hojas de servicios de un número igual de ciudadanos mexicanos, para los efectos de la fracción séptima del artículo setenta y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnan a la Segunda Comisión.

Se da primera lectura a ocho oficios de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican los grados militares de un número igual de ciudadanos mexicanos y otro de la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se conceden los permisos constitucionales necesarios para los ciudadanos Cristina Martínez Castellanos, Italo Francisco Di Lorenzo y Luis Jaime Morales Aguilar, puedan prestar sus servicios en la Delegación de las Comunidades Europeas, en México.

Se someten a discusión y sin ella se aprueba en sendas votaciones económicas, cinco dictámenes de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican los grados militares a los ciudadanos Pablo Vázquez Vázquez, Jaime Mejía Michel, José Antonio Talavera Castella, Gelasio Luna Gutiérrez y Sergio Anaya y Galván; uno de la Primera Comisión; con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Emilio Azcárraga Milmo, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República de Ecuador. Se turnan al Poder Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. A solicitud del diputado

Calderón se asienta la abstención de su partido en la última votación.

La Secretaría da cuenta con un memorial de particulares, en el que denuncian hechos calificados como de en perjuicio de la Unión de Ejidos Presidente Lázaro Cárdenas del Río, de Torreón, Coahuila. Se turna a las comisiones de Información, Gestoría y Quejas y de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados.

Otro memorial, del Sindicato Nacional de Trabajadores Jubilados y Pensionados por el Estado, delegación Mérida, por el que protestan por la reforma del artículo cincuenta y siete de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Se turna a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y a la de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.

Para referirse a las deficiencias en el servicio y la tendencia alcista de las tarifas de Teléfonos de México, hacen uso de la palabra los legisladores Carlos Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien solicita la comparecencia de diversos funcionarios; Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista y Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, quien pone a consideración de la Asamblea un punto de acuerdo complementario. Se turnan a las comisiones de Comunicaciones y Transportes, de Manejo de Bienes de Consumo y de Comercio de la Cámara de Diputados.

Para expresar sus opiniones en relación con la reforma política, hace uso de la palabra el senador Porfirio Muñoz Ledo, del Partido de la Revolución Democrática.

Se produce desorden en las galerías y el Presidente llama la atención de los presentes, a quienes recuerda que, de continuar esa actitud, ordenará el desalojo del salón.

Presidencia del diputado

José Antonio González Fernández

Debaten sobre el mismo tema, contestan alusiones personales o rectifican hechos, los legisladores Fernando Ortiz Arana, del Partido Revolucionario Institucional., Miguel León Corrales, del Partido de la Revolución Democrática; Juan de Dios Castro Lozano, del Partido Acción Nacional; Porfirio Muñoz Ledo, del Partido de la Revolución Democrática; Fernando Ortiz Arana, del Partido Revolucionario Institucional, quien acepta una interpelación del senador Muñoz Ledo; Diego Fernández de Cevallos, del Partido Acción Nacional y Carlos Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien contesta a una interpelación del diputado Lerdo de Tejada; Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista y Alberto Carrillo Armenta, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.

Para referirse a los problemas laborales de los trabajadores de Imprenta Nuevo Mundo y del Banco Mexicano, hace uso de la palabra el diputado Miguel León Corrales, del Partido de la Revolución Democrática. Se turnan sus documentos a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Trabajo y Previsión Social y de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados.

Presidencia del diputado Fernando Ortiz Arana

Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado Amador Rodríguez Lozano, del Partido Revolucionario Institucional, quien denuncia una incursión ilegal, dentro del territorio nacional, por parte de agentes de la oficina de aduanas de los Estados Unidos de América, en Agua Prieta, Sonora y el secuestro de un ciudadano mexicano. Formula una declaración política que es apoyada por el diputado Carlos Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y por el diputado Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, quienes expresan sus opiniones al respecto. Se da por formulada la declaración.

Para referirse a hechos en el Estado de Baja California, hacen uso de la palabra los legisladores José Antonio González Fernández del Partido Revolucionario Institucional y Diego Fernández de Cevallos, del Partido Acción Nacional.

Por instrucciones de la Presidencia se da cuenta con una invitación del Congreso del Estado de Nuevo León, a la sesión solemne en la que el gobernador de esa entidad, rendirá su segundo informe de gobierno. Se designa comisión para representar a la Comisión Permanente.

También se da lectura a un memorial de particulares en el que denuncian hechos en el Estado de Tabasco. Se turna a las comisiones de Información, Gestoría y Quejas y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

Agotados los asuntos en cartera y no habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima

sesión y el Presidente clausura la de hoy a las diecisiete horas, citando para la que tendrá lugar el próximo día diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y tres a las once horas.»

El Presidente:- Gracias. Proceda entonces a consultar a los integrantes de esta Comisión Permanente, en votación económica, si es de aprobarse el acta de la sesión anterior.

La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández:- Se consulta a la Asamblea, en votación económica, si el acta de la sesión anterior se aprueba.

Los legisladores que estén por la afirmativa, se les ruega manifestarlo...

Quienes estén por la negativa, se les ruega hacerlo saber... Se aprueba el acta, señor Presidente.

El Presidente:- Gracias.

MINUTO DE SILENCIO

Deceso del Diputado José Guillermo Orendain Guerrero.

El Presidente:- Señoras y señores legisladores: Esta Presidencia de la Comisión Permanente tiene la pena de participar a esta Asamblea que el martes 10 del presente mes, falleció nuestro compañero diputado federal José Guillermo Orendain Guerrero.

Se ruega a todos los asistentes ponerse de pie para guardar un minuto de silencio en su memoria.

Continúe la Secretaría con los asuntos contenidos en el orden del día.

SOLICITUD DE LICENCIA

La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández:- Con mucho gusto.

Voy a dar lectura a una comunicación.

«Licenciado Fernando Ortiz Arana, Presidente de la Comisión Permanente , Congreso de la Unión.- Presente.

Me dirijo a usted para comunicarle que por haber sido electo presidente interino del Partido de la Revolución Democrática y dado que la atención del cargo me impide asistir a las sesiones de la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el senador Porfirio Muñoz Ledo, suplente, cumplirá el desempeño de la responsabilidad correspondiente.

Agradecido por su atención me es muy grato reiterarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente.

México, Distrito Federal, 9 de marzo de 1993.- Roberto Robles Garnica, senador de la República.»

De enterado.

INVITACIÓN

La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández:

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Departamento del Distrito Federal.

Ciudadano diputado Fernando Ortiz Arana, Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presente.

El Departamento del Distrito Federal, por conducto de esta dirección general ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del CLXXXVII aniversario del natalicio del licenciado Benito Juárez García, el día domingo 21 de marzo a las 10.00 horas.

Por tal motivo, de la manera más atenta me permito solicitarle tenga a bien girar sus respetables indicaciones a efecto de que un representante de esa honorable Comisión Permanente que usted preside asista a la ceremonia de referencia.

Agradezco cumplidamente las atenciones que se sirva prestar al presente y le reitero con mi reconocimiento, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Director de Acción Cívica, doctor Vicente de la Cruz Santiago.»

El Presidente:- Gracias.

Para asistir a este acto en representación de esta honorable Comisión Permanente, esta Presidencia designa a los siguientes legisladores:

Senador Manuel Aguilera Gómez, diputado Víctor Orduña Muñoz, diputado Israel González Arreguín y diputado Ramón Mota Sánchez.

COMUNICACIONES

La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández:- Se va a dar lectura a varias comunicaciones.

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, Morelia.- Secretaría.

Ciudadano Presidente de la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- México, D.F.

La Sexagésima Sexta Legislatura Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, por mi conducto se permite informar a ustedes que en sesión plenaria celebrada el día 15 de febrero del año en curso, clausuró su Primer Período Ordinario de Sesiones de su ejercicio constitucional.

Asimismo, aprovechamos la oportunidad para comunicarles que la mesa directiva de la diputación permanente que fungirá durante el período de receso, quedó integrada de la siguiente forma:

Propietarios: Presidente, diputado Germán Ireta Alas; primer secretario, Humberto Urquiza Marín; segundo secretario, diputado Margarito Antunez Domínguez; primer vocal, José González Morfín; segundo vocal, diputado José Hernández Garnica.

Suplentes: diputado Alejandro Ruiz López, diputado José Luis Navarrete abres, diputado Marciano Razo Amezcua.

Al hacer de su conocimiento lo anterior, reitero a ustedes la seguridad de mi consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Morelia Michoacán a 15 de febrero de 1993.- El Presidente de la Gran Comisión del honorable Congreso del Estado, diputado Germán Ireta Alas.»

De enterado.

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos. -Gobierno de Tamaulipas.- Poder legislativo.

Ciudadano Presidente de la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- México, D.F.

Con fundamento en las disposiciones normativas internas, de este Poder Legislativo en sesión pública ordinaria celebrada el día de hoy, la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, procedió a la elección para la integración de la Mesa Directiva que fungirá durante el mes de marzo del actual, siendo los legisladores siguientes:

Diputados: María Maricela López Ramos y Felipe Garza Narváez.

Sin otro particular, nos es grato reiterar a ustedes nuestra atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 24 de febrero de 1993.- Diputada María Concepción Carrera Perea, secretaria; diputado Gelasio Márquez Segura, secretario.»

De enterado.

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo.

Ciudadano Presidente de la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- México, D. F.

Con fundamento en las disposiciones normativas internas de este poder, en sesión pública ordinaria celebrada este día, abrió y clausuró, los trabajos del Colegio Electoral de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, para elegir Magistrado Supernumerario al Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 24 de febrero de 1993.- Diputado María Concepción Carrera Perea, secretaria; Gelasio Márquez Segura, secretario.»

De enterado.

OFICIOS DE LA SECRETARIA

DE GOBERNACIÓN

SOLICITUD DE PENSIÓN

La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández:

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

Por instrucciones del ciudadano Presidente de la República y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4o., y 7o., párrafos segundo y cuarto del decreto que establece las causas de retiro forzoso o voluntario de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con la solicitud de la señora Socorro Díaz del Castillo viuda de Rocha, de reconocimiento del derecho a pensión que le corresponde como cónyuge supérstite del ministro Antonio Rocha Cordero.

Con el presente envió a ustedes para los fines legales procedentes, el original del dictamen que formulan los ministros integrantes de la Comisión de Retiros y Pensiones.

Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, Distrito Federal, 9 de marzo de 1993.- El Secretario, José Patrocinio González Blanco Garrido.»

Recibo y túrnese a la Primera Comisión.

NOMBRAMIENTO

La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández:

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

Con fecha 8 de los corrientes, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a ésta de Gobernación lo siguiente:

"En uso de las facultades que le concede el artículo 89 fracción III) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al ciudadano Presidente de la República ha tenido a bien nombrar al ciudadano Rafael Rodríguez Barrera embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Gobierno del Estado de Israel.

En consecuencia, he de agradecer a usted se sirva solicitar en los términos de la fracción VII, del artículo 79 constitucional la ratificación de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión para este nombramiento. Con este fin le envío adjuntos los datos biográficos del interesado."

Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, enviándoles con el presente los anexos que en el mismo se mencionan.

Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, Distrito Federal, 11 de marzo de 1993.- El Secretario, José Patrocinio González Blanco Garrido.»

Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández:

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 24 de febrero último, enviándoles con el presente los anexos que en el mismo se citan:

"Mucho agradeceré a usted tenga a bien solicitar al honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la persona que se menciona a continuación pueda prestar sus servicios dentro del territorio nacional, al gobierno de los Estados Unidos de América. Para tal efecto, se anexa el original del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona y el escrito en que solicita que se realicen los trámites correspondientes."

Eduardo Antonio Vega Alarid, especialista en información, Embajada de los Estados Unidos.

Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, Distrito Federal, a 1o. de marzo de 1993.- El Secretario, Patrocinio González Blanco Garrido.»

Recibo y túrnese a la Primera Comisión.

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

En oficio fechado el día 4 del presente, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:

"Solicito a usted tenga a bien requerir al honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, Apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las ciudadanas, Lydia Castro Haro, Eloisa Riquelme Olmedo y Silvia Treviño Montemayor, de nacionalidad mexicana, según lo acredita el original de sus actas de nacimiento anexas al presente, puedan prestar sus servicios en la Embajada Británica en México. Se anexan: las solicitudes de esa Misión Diplomática, carta dirigida al honorable Congreso de la Unión por cada una de las interesadas, curriculum vitae, así como copias de sus identificaciones y fotografías."

Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, enviándoles con el presente los anexos que en el mismo se citan.

Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, Distrito Federal, a 8 de marzo de 1993.- El Secretario, Patrocinio González Blanco Garrido.»

Recibo y túrnese a la Primera Comisión.

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

Con fecha 4 del presente, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:

"Mucho agradeceré a usted tenga a bien solicitar al honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, Apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se mencionan a continuación pueda prestar sus servicios dentro del territorio nacional, al gobierno de los Estados Unidos de América. Para tal efecto, se anexan los originales de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y los escritos en que se solicitan que se realicen los trámites correspondientes.

Guadalupe Duarte Granados, asistente en nómina, Embajada de los Estados Unidos Verónica Holguín Mora, Empleada consular, Consulado General en Ciudad Juárez Chihuahua."

Lo que hago del conocimiento de ustedes para los fines legales procedentes, enviándoles además con el presente los anexos que en el mismo se citan.

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, Distrito Federal, a 11 de marzo de 1993.- El Secretario, Patrocinio González Blanco Garrido.»

Recibo y túrnese a la Primera Comisión.

RATIFICACIÓN DE GRADOS MILITARES

La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández:

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional, se ha dirigido a esta de Gobernación, con fecha 18 de febrero último, manifestando lo siguiente:

"Por acuerdo del ciudadano general secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general de brigada diplomado de Estado Mayor Alfredo Delgado Valdez (4748877), que en catorce fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo, para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, enviándoles con el presente la hoja de servicios que en el mismo se cita.

Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, Distrito Federal, a 3 de marzo de 1993.- El Secretario, Patrocinio González Blanco Garrido.»

Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional, se ha dirigido a esta de Gobernación, con fecha 1o. del actual, manifestando lo siguiente:

"Por acuerdo del ciudadano general secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general brigadier diplomado de Estado Mayor Víctor Manuel de la Peña Cortés, (4367526), que en quince fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo, para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, acompañándoles al presente el anexo que en el mismo se cita.

Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, Distrito Federal, a 3 de marzo de 1993.- El Secretario, Patrocinio González Blanco Garrido.»

Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional, dirigió a esta de Gobernación, con fecha 1o., del actual.

"Por acuerdo del ciudadano general secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general brigadier diplomado de Estado Mayor Antelmo Jiménez Jiménez (5000807), que en quince fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo, para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Al comunicar a ustedes lo anterior les envío con el presente la hoja de servicios a que se hace referencia.

Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, Distrito Federal; a 3 de marzo de 1993.- El Secretario, Patrocinio González Blanco Garrido.»

Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

Con fecha 24 de febrero último, la Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a esta dependencia del Ejecutivo, manifestando lo siguiente:

"Por acuerdo del ciudadano general secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general brigadier Virgilio de la Vega Fermoso, (3814605), que en catorce fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, enviándoles con el presente el anexo que en el mismo se cita.

Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, Distrito Federal, a 3 de marzo de 1993.- El Secretario, Patrocinio González Blanco Garrido.»

Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional, se ha dirigido a ésta de Gobernación con fecha 23 de febrero próximo pasado, manifestando lo siguiente:

"Por acuerdo del ciudadano general secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general de ala piloto aviador Roberto Noé Samuel Marín Marín (1925394), que en dieciséis fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo, para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, acompañándoles con el presente el anexo que en el mismo se cita. Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, Distrito Federal, a 3 de marzo de 1993.- El Secretario, Patrocinio González Blanco Garrido.»

Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional, se ha dirigido a ésta de Gobernación, con fecha 25 de febrero último, manifestando lo siguiente:

"Por acuerdo del ciudadano general secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general de ala piloto aviador Roberto Chiapa Aguirre (1881401), que en dieciséis fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo, para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, enviándoles con el presente la hoja de servicios que en el mismo se cita. Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, Distrito Federal, a 3 de marzo de 1993.- El Secretario, Patrocinio González Blanco Garrido.»

Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA

NOMBRAMIENTOS

La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández:

«Segunda Comisión.

Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe fue turnado para su estudio y elaboración del

dictamen correspondiente, el expediente integrado al nombramiento que el ciudadano Presidente de la República hace en favor del licenciado Bulmaro Andrés Pacheco Moreno, como Cónsul General de México en Miami, Florida, Estados Unidos de América, enviado a esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la fracción XVI del artículo 89 de la propia Carta Magna.

Después de haber analizado el nombramiento en cuestión y los documentos que integran el expediente correspondiente, esta Comisión desea señalar que de acuerdo a la copia certificada, Bulmaro Pacheco Moreno nació en la ciudad de Huatabampo, Estado de Sonora, el veinte de julio de mil novecientos cincuenta y cuatro. En tal virtud, reúne los requisitos de nacionalidad por nacimiento y edad mínima que se requieren para desempeñar el cargo para el que ha sido designado. A su vez, se encuentra en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos.

Por otra parte, en su curriculum vitae se establece que estudió en la facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.

La Comisión que dictamina desea mencionar que en el administración pública federal, el licenciado Pacheco Moreno se desempeño como secretario auxiliar del Secretario de Educación Pública, de 1978 a 1982; y como secretario técnico del titular de esa misma dependencia de 1983 a 1985.

Por otra parte, es del conocimiento de la Comisión que suscribe que el Cónsul General nombrado es miembro del Partido Revolucionario Institucional desde hace varios años. En tal virtud, ha ocupado diversos cargos en su Comité Ejecutivo Nacional, y en el Comité Distrital Electoral del Estado de Sonora.

Es importante señalar que el licenciado Pacheco Moreno, ha sido electo para desempeñar cargos de elección popular. En este sentido, fue diputado federal a la LIII Legislatura del Congreso de la Unión; y senador de la República a la LIV Legislatura.

Los miembros de esta Comisión deseamos indicar que dentro del servicio exterior mexicano el Cónsul General designado fungió como Cónsul de nuestro país en Phoenix, Arizona; y en Miami, Florida.

En acatamiento del acuerdo tomado por la honorable Cámara de Senadores el 22 de diciembre de 1982 y continuado por la Comisión Permanente para la elaboración de dictámenes referentes a ratificaciones de nombramientos diplomáticos, la Comisión que suscribe citó al licenciado Bulmaro Pacheco Moreno, a una reunión en donde se conversó sobre la política exterior de nuestro país, la circunstancia internacional en que se desenvuelve y, en forma especial, la situación de la ciudad de Miami, como un punto estratégico para la promoción de los intereses de México en materia económica, financiera, comercial y cultural.

Dicha reunión tuvo verificativo el día de hoy, y en la misma los legisladores que integramos la Comisión que dictamina, dialogamos ampliamente sobre los citados temas con el Cónsul nombrado, pudiendo comprobar por este medio, el grado de experiencia y preparación que ha obtenido a lo largo de su desempeño profesional. De igual forma quedó de manifiesto su vocación y voluntad de servicio a la República.

En dicha entrevista, el Cónsul designado demostró su conocimiento sobre la realidad política, económica, social y cultural de Miami. A su vez, expuso con solvencia diversos puntos de vista y opiniones que reflejan tanto su nivel de información, como una firme convicción en los principios que rigen la política exterior de nuestra patria.

Con base en el expediente mencionada y la entrevista referida, los legisladores miembros de la Comisión que suscribe hemos podido constatar que el licenciado Pacheco Moreno posee los requisitos ordenados por el artículo 23 de la Ley Orgánica del servicio exterior mexicanos para ser designado Cónsul General.

Por lo antes expuesto, los suscritos miembros de la Comisión consideramos que el licenciado Bulmaro Pacheco Moreno reúne en su persona la cualidades y méritos suficientes para el buen ejercicio del cargo de Cónsul General de México en Miami, por lo que nos permitimos someter a la consideración de esta honorable Asamblea la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Único. En uso de las facultades que le confiere la fracción VII del artículo 79 en relación con la fracción XVI del artículo 89 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió en favor del licenciado Bulmaro Andrés Pacheco Moreno, como Cónsul General de México en Miami, Florida, Estados Unidos de América.

Salón de protocolo de la honorable Cámara de Diputados.- México, Distrito Federal, 16 de marzo de 1993.- Segunda Comisión: senador Humberto A. Lugo Gil, Presidente; diputado: Diego Fernández de Cevallos, secretario; diputados: Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Amador Rodríguez Lozano, Blanca Ruth Esponda Espinosa, Fernando Lerdo de Tejada; senadores: Angel Ventura Valle, Jorge A. Vega Camacho, Carlos Sorbino Sierra y Héctor Terán Terán.»

Es de primera lectura.

El presidente:- ¿Es de primera lectura, verdad?...

La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández:- Sí, señor, es su primera lectura.

El Presidente:- Bueno, en consecuencia proceda la Secretaría a consultar a los integrantes de esta Comisión Permanente si se dispensa la segunda lectura al punto de acuerdo y lo ponemos de inmediato a discusión y a votación.

La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández:- Sí, señor. Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se somete a la discusión y votación de inmediato.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Sí, se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

El Presidente:- En consecuencia el punto de acuerdo está a discusión señoras y señores legisladores.

Proceda la Secretaría a recoger la votación económica respecto al punto de acuerdo.

La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández:- No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Está aprobado, señor Presidente. Comuníquese al Ejecutivo.

El Presidente:- Gracias. Se encuentra en uno de los salones anexos a este recinto, el ciudadano Bulmaro Andrés Pacheco Moreno, cuyo nombramiento como Cónsul General de México en Miami, Florida, Estados Unidos de América, acaba de ser aprobado por esta Comisión Permanente.

Para que lo introduzcan a este recinto, y rinda la protesta de Ley, esta Presidencia designa a los siguientes legisladores:

Diputado Víctor Martín Orduña Muñoz, senador Angel Ventura Valle y diputada Blanca Ruth Esponda Espinosa.

Le rogamos cumplir con su cometido.

La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández:- Se ruega a los colegas legisladores ponerse de pie.

El Presidente:- Ciudadano Bulmaro Andrés Pacheco Moreno: ¿Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Cónsul General de México en Miami, Florida, Estados Unidos de América que se os ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, viendo en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

El ciudadano Bulmaro Andrés Pacheco Moreno:- Sí, protesto.

El Presidente:- Si no lo hiciereis así, que la nación os lo demande. Felicidades.

Se ruega a la comisión acompañar al Cónsul cuando desee retirarse de este recinto, y a la Secretaría continuar con los asuntos que tenemos en cartera.

El secretario diputado Juan Luis Calderón Hinojosa:

«Segunda Comisión.

Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente

integrado al nombramiento que el Presidente de la República hace en favor del licenciado Teodoro Maus y Reisbaum, como Cónsul General de México en Atlanta, Georgia, Estados Unidos de América, enviado a esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la fracción XVI del artículo 89 de la propia Carta Magna.

Después de haber analizado el nombramiento en cuestión y los documentos que integran el expediente correspondiente, esta Comisión desea señalar que de acuerdo a la copia certificada, del acta de nacimiento presentada por el nombrado, consta que el ciudadano Maus y Reisbaum nació en la ciudad de México, Distrito Federal, el quince de diciembre de mil novecientos treinta y cuatro. En tal virtud, reúne los requisitos de nacionalidad por nacimiento y edad mínima que se requieren para desempeñar el cargo para el que ha sido designado. A su vez, se encuentra en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos.

En su curriculum vitae se establece que estudió en la Escuela Nacional de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde obtuvo el título de arquitecto el 19 de agosto de 1964. Posteriormente, cursó estudios de pintura en la Academia Julien, en París, Francia, y en El Art Students League de la ciudad de Nueva York.

La Comisión que dictamina desea mencionar que el ciudadano Maus y Reisbaum cuenta con una amplia experiencia en el servicio exterior mexicano, al cual ingresó en el año de 1980. En tal virtud, ha ocupado los siguientes cargos: agregado cultural en el Consulado de México en Nueva York; delegado en la Misión de México ante la Organización de las Naciones Unidas, a cargo de la 5a. Comisión y encargado de personal de la Misión; y de noviembre de 1989 a la fecha venía fungiendo como titular del Consulado en México en Atlanta.

Los miembros de esta Comisión consideramos pertinente señalar que en el ámbito profesional, el Cónsul General designado fue Socio Fundador de la Constructora Cota, S.A. y de Construcciones Pesadas, S.A. Además, como artista pintor presentó varias exhibiciones en las Galerías Merkup y Arvíl de la ciudad de México; y trabajó como director artístico y escenógrafo en las películas mexicanas Pafnucio Santo y Deseos del director mexicano Rafael Corkidi.

En lo que se refiere a su actividad docente, podemos citar que fue profesor adjunto en la Escuela Nacional de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, encargado del taller de composición; y en el año de 1972 fue coeditor del libro Contrabienal, publicado por el Movimiento Independiente de Cultura Latinoamericana (Micla) en la ciudad de Nueva York y cofundador de las organizaciones para la promoción y defensa de artistas latinoamericanos "Museo Latinoamericano" y (Micla) en esa misma ciudad.

En acatamiento del acuerdo tomado por la honorable Cámara de Senadores el 22 de diciembre de 1982 y continuado por la Comisión Permanente para la elaboración de dictámenes referentes a ratificaciones de nombramientos diplomáticos, la Comisión que suscribe citó al ciudadano Teodoro Maus y Reisbaum, a una reunión en donde se conversó sobre la política exterior de nuestro país, la circunstancia internacional en que se desenvuelve y, en forma especial, la situación de Atlanta, como un punto importante para la promoción de los intereses de México.

Dicha reunión tuvo verificativo el día de hoy, y en la misma los legisladores que integramos la Comisión que dictamina, dialogamos ampliamente sobre los citados temas con el Cónsul nombrado, pudiendo comprobar por este medio, el grado de experiencia y preparación que ha obtenido a lo largo de su desempeño profesional. De igual forma quedó de manifiesto su vocación y voluntad de servicio a la República.

En dicha entrevista, el Cónsul designado demostró su conocimiento sobre la realidad política, económica, social y cultural de Atlanta. A su vez, expuso con solvencia diversos puntos de vista y opiniones que reflejan tanto su nivel de información, como una firme convicción en los principios que rigen la política exterior de nuestra patria.

Con base en el expediente mencionada y la entrevista referida, los legisladores miembros de la Comisión que suscribe hemos podido constatar que el ciudadano Maus y Reisbaum posee los requisitos ordenados por el artículo 23 de la Ley Orgánica del servicio exterior mexicano para ser designado Cónsul General.

Por los antes expuesto, los suscritos miembros de la Comisión consideramos que el ciudadano Teodoro Maus y Reisbaum reúne en su persona las cualidades y méritos suficientes para el buen ejercicio del cargo de Cónsul General de México en Atlanta, por lo que nos permitimos someter a la consideración de esta honorable Asamblea la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Único. En uso de las facultades que le confiere la fracción VII del artículo 79 en relación con la fracción XVI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió en favor del ciudadano Teodoro Maus y Reisbaum como Cónsul General de México en Atlanta, Georgia, Estados Unidos de América.

Salón de protocolo de la honorable Cámara de Diputados.- México, Distrito Federal, 16 de marzo de 1993.- Segunda Comisión: senador Humberto A. Lugo Gil, Presidente; diputado: Diego Fernández de Cevallos, secretario; diputados: Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Amador Rodríguez Lozano, Blanca Ruth Esponda Espinosa, Fernando Lerdo de Tejada; senadores: Angel Ventura Valle, Jorge A. Vega Camacho, Carlos Sobrino Sierra y Héctor Terán Terán.»

Es de primera lectura.

El Presidente:- Gracias señor Secretario. Proceda la Secretaría a consultar en votación económica a los legisladores, si se dispensa la segunda lectura al punto de acuerdo y pasamos a su discusión y votación de inmediato.

El secretario diputado Juan Luis Calderón Hinojosa:- Por instrucciones de la Presidencia, y con fundamento en el artículo 59 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a esta Asamblea si se le dispensa la segunda lectura al presente dictamen y se somete a discusión y votación de inmediato.

En votación económica se pregunta:

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

El Presidente:- En consecuencia, ponemos a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, proceda la Secretaría a recoger la votación económica.

El secretario diputado Juan Luis Calderón Hinojosa:- En votación económica se consulta a esta Asamblea si se aprueba el dictamen.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Aprobado, señor Presidente. Comuníquese al Ejecutivo.

El Presidente:- Gracias señor Secretario.

Se encuentra en uno de los salones anexos a este recinto el ciudadano Teodoro Maus y Reisbaum, cuyo nombramiento como Cónsul General de México en Atlanta, Georgia, Estados Unidos de América, acaba de ser aprobado por esta Asamblea.

Con objeto de que lo introduzcan a este recinto, y le acompañen en el momento de rendir la protesta que establece la Ley, esta Presidencia designa a los siguientes legisladores:

Senador Jorge Adolfo Vega Camacho; diputados: Israel González Arreguín y Efraín Zúñiga Galeana.

Se ruega a la comisión designada cumpla con su cometido.

El secretario diputado Juan Luis Calderón Hinojosa:- Se ruega a todos los presentes ponerse de pie.

El Presidente:- Ciudadano Teodoro Maus y Reisbaum: ¿Protestáis guardar la Constitución General de la República, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Cónsul General de México en Atlanta, Georgia, Estados Unidos de América, que se os ha conferido, viendo en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

El ciudadano Teodoro Maus y Reisbaum:- Sí, protesto.

El Presidente:- Si no lo hiciereis así, que la nación os lo demande. Felicidades, señor Cónsul.

Se ruega a la comisión acompañar al Cónsul cuando él decida retirarse de este recinto.

Continúa la Secretaría con lo demás asuntos que tenemos en cartera.

El secretario diputado Juan Luis Calderón Hinojosa:

«Segunda Comisión.

Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente integrado al nombramiento que el ciudadano

Presidente de la República hace en favor del licenciado Eduardo Cayetano García Puebla, como Cónsul General de México en Dallas, Texas, Estados Unidos de América, enviado a esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la fracción XVI del artículo 89 de la propia Carta Magna.

Después de haber analizado el nombramiento en cuestión y los documentos que integran el expediente correspondiente, esta Comisión desea señalar que de acuerdo a la copia certificada del acta de nacimiento presentada por el nombrado, consta que el licenciado Eduardo García Puebla nació en la ciudad de Hermosillo, Estado de Sonora, el catorce de febrero de mil novecientos cincuenta y dos. En tal virtud, reúne los requisitos de nacionalidad por nacimiento y edad mínima que se requieren para desempeñar el cargo para el que ha sido designado. A su vez, se encuentra en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos.

Por otra parte, en su curriculum vitae se establece que obtuvo el título de licenciado en derecho en la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora. Posteriormente, realizó estudios de posgrado en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa; en el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, y en el Centro Nacional de Valorización de la Investigación de París, Francia.

Los miembros de la Comisión que dictamina deseamos señalar que en el desarrollo de su actividad profesional, el licenciado García Puebla se ha desempeñado en diversas áreas del ámbito nacional. En este sentido, fue: actuario, secretario y juez de primera instancia del ramo civil en el distrito judicial de Hermosillo, Sonora de 1971 a 1973; funcionario de la división fiduciaria en el noroeste del Banco Nacional de México, en 1973; coordinador de banca y finanzas de la comisión Sonora-Arizona, de 1973 a 1974; delegado fiduciario del Banco Ganadero y Agrícola, de 1974 a 1975; director adjunto de la Empresa Paraestatal Mexicana de Tecnología, S.A. en 1976; director adjunto de Proquivemex de 1977 a 1978; y secretario particular del Gobernador del Estado de Sonora de septiembre de 1979 a octubre de 1983.

En lo que se refiere a su actividad docente podemos citar que ha impartido cátedra en la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora.

En acatamiento del acuerdo tomado por la honorable Cámara de Senadores el 22 de diciembre de 1982 y continuado por la Comisión Permanente para la elaboración de dictámenes referentes a ratificaciones de nombramientos diplomáticos, la Comisión que suscribe citó al licenciado Eduardo García Puebla, a una reunión en donde se conversó sobre la política exterior de nuestro país, la circunstancia internacional en que se desenvuelve y, en forma especial, la situación de Dallas, como un punto importante para la promoción de los intereses de México.

Dicha reunión tuvo verificativo del día de hoy y en la misma los legisladores que integramos la Comisión que dictamina, dialogamos ampliamente sobre los citados temas con el Cónsul nombrado, pudiendo comprobar por este medio, el grado de experiencia y preparación que ha obtenido a lo largo de su desempeño profesional. De igual forma quedó de manifiesto su vocación y voluntad de servicio a la República.

En dicha entrevista, el Cónsul designado demostró su conocimiento sobre la realidad política, económica, social y cultural de Dallas. A su vez, expuso con solvencia diversos puntos de vista y opiniones que reflejan tanto su nivel de información, como una firme convicción en los principios que rigen la política exterior de nuestra patria.

Con base en el expediente mencionado y la entrevista referida, los legisladores miembros de la Comisión que suscribe hemos podido constatar que el licenciado García Puebla posee los requisitos ordenados por el artículo 23 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano para ser designado Cónsul General.

Por lo antes expuesto, los suscritos miembros de la Comisión consideramos que el licenciado Eduardo García Puebla reúne en su persona las cualidades y méritos suficientes para el buen ejercicio del cargo de Cónsul General de México en Dallas, por lo que nos permitimos someter a la consideración de esta honorable Asamblea la aprobación, del siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Único. En uso de las facultades que le confiere la fracción VII del artículo 79 en relación con la fracción XVI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió en

favor del licenciado Eduardo Cayetano García Puebla, como Cónsul General de México en Dallas, Texas, Estados Unidos de América.

Salón de protocolo de la honorable Cámara de Diputados.- México, Distrito Federal, 16 de marzo de 1993.- Segunda Comisión: senador Humberto A. Lugo Gil, Presidente; diputado: Diego Fernández de Cevallos, secretario; diputados: Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Amador Rodríguez Lozano, Blanca Ruth Esponda Espinosa, Fernando Lerdo de Tejada; senadores: Angel Ventura Valle, Jorge A. Vega Camacho, Carlos Sobrino Sierra y Héctor Terán Terán.»

Es de primera lectura

El Presidente:- Gracias. señor Secretario. Con el propósito de proceder a la discusión del punto de acuerdo y a la votación en su caso, consulte la Secretaría si se dispensa la segunda lectura al dictamen.

El secretario diputado Juan Luis Calderón Hinojosa:- Por instrucciones de la Presidencia, y con fundamento en el artículo 59 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura.

En votación económica se consulta a los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Sí, se dispensa la segunda lectura.

El Presidente:- En consecuencia, esta Presidencia pone a discusión el punto de acuerdo.

No habiendo quien haga uso de la palabra, proceda la Secretaría a recoger la votación económica del punto de acuerdo.

El secretario diputado Juan Luis Calderón Hinojosa:- En votación económica se pregunta si se aprueba.

Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo... Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Aprobado, señor Presidente. Comuníquese al Ejecutivo.

El Presidente:- Gracias, señor Secretario. Se encuentra a las puertas de este recinto, el ciudadano Eduardo Cayetano García Puebla, cuyo nombramiento como Cónsul General de México en Dallas, Texas, Estados Unidos de América, acaba de ser aprobado por esta Comisión Permanente.

Con la finalidad de que lo introduzcan a este recinto, y lo acompañen cuando rinda la protesta que establece la Ley, esta Presidencia designa en comisión a los siguientes legisladores:

Diputado Carlos Enrique Cantú Rosas; senador Gustavo Salinas Iñiguez y diputado Jorge Lepe García.

Se les ruega cumplir con esta comisión.

El Presidente:- Ciudadano Eduardo Cayetano García Puebla: ¿Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Cónsul General de México en Dallas, Texas, Estados Unidos de América que se os ha conferido, y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, viendo en todo tiempo por la prosperidad de la Unión?

El ciudadano Eduardo Cayetano García Puebla:- Sí, protesto.

El Presidente:- Si no lo hiciereis así, que la nación os lo demande. Felicidades, señor Cónsul.

Se ruega a la Comisión acompañar al Cónsul cuando decida retirarse de este recinto, y a la Secretaría continuar con el siguiente dictamen que tenemos para esta sesión.

El secretario diputado Juan Luis Calderón Hinojosa:

«Segunda Comisión.

Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente integrado al nombramiento que el ciudadano Presidente de la República hace en favor del licenciado Enrique Manuel Loaeza Tovar, como Cónsul General de México en Los Ángeles, California, Estados Unidos de América, enviado a esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la fracción XVI del artículo 89 de la propia Carta Magna.

Después de haber analizado el nombramiento en cuestión y los documentos que integran el

expediente correspondiente, esta Comisión desea señalar que de acuerdo a la copia certificada, del acta de nacimiento presentada por el nombrado, consta que el licenciado Enrique Loaeza Tovar, nació en la ciudad de México, Distrito Federal, el diez de mayo de mil novecientos cuarenta y cuatro. En tal virtud, reúne los requisitos de nacionalidad por nacimiento y edad mínima que se requieren para desempeñar el cargo para el que ha sido designado. A su vez, se encuentra en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos.

En su curriculum vitae se establece que obtuvo el título de licenciado en derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la tesis "La integración de los Transportes en la ALALC". Posteriormente, estudió la Maestría en Derecho Internacional en el University College de la Universidad de Londres, Inglaterra.

Los miembros de la Comisión que dictamina deseamos mencionar que el licenciado Loaeza Tovar cuenta con una amplia experiencia dentro de la administración pública federal. En tal virtud, ocupó los siguientes cargos: secretario auxiliar del subsecretario de la Presidencia en 1970; secretario auxiliar del subsecretario de Patrimonio Nacional en 1972; asesor del director general de la Comisión Federal de Electricidad en 1973; asesor del secretario de Hacienda y Crédito Público en 1973; director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares en 1976; director general de la Compañía Mexicana de Aviación en 1982, y asesor del secretario de Comunicaciones y Transportes.

En lo que se refiere a su actividad internacional, el licenciado Loaeza Tovar ha participado en diversas conferencias a nivel regional en el Marco de la Organización de Estados Americanos, y a nivel mundial, en el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Además, fue Presidente de la Asociación Internacional de Aeropuertos Civiles en 1978, y Presidente del Consejo Coordinador de Asociaciones de Aeropuertos en 1980; actuó como Representante de México en el Comité Jurídico de la Organización de Aviación Civil Internacional de 1983 a 1988; y fue Miembro del Consejo Ejecutivo de la Federación Internacional de las Asociaciones de Pasajeros de Aviación de 1986 a 1988. En la actualidad, se venía desempeñando como Cónsul General de México en San Diego, California.

En el ámbito académico, el Cónsul General designado ha impartido las cátedras de Derecho Internacional Público, Derecho Aéreo y Espacial y Seminario de Relaciones Jurídicas Internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, es miembro de las siguientes asociaciones: Barra Mexicana Colegio de Abogados, Instituto Hispano-Luso Americano de Derecho Internacional, Unión Internacional de Abogados, Rama Mexicana de la Internacional Law Association y Colegio de Profesores de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho de la U. N. A. M.

En acatamiento del acuerdo tomado por la honorable Cámara de Senadores el 22 de diciembre de 1982 y continuado por la Comisión Permanente para la elaboración de dictámenes referentes a ratificaciones de nombramientos diplomáticos, la Comisión que suscribe citó al licenciado Loaeza Tovar a una reunión en donde se conversó sobre la política exterior de nuestro país, la circunstancia internacional en que se desenvuelve y, en forma especial, la situación de la ciudad de Los Ángeles, como un punto estratégico para la promoción de los intereses de México en materia económica, financiera, comercial y cultural.

Dicha reunión tuvo verificativo el día de hoy, y en la misma los legisladores que integramos la Comisión que dictamina, dialogamos ampliamente sobre los citados temas con el Cónsul General designado, pudiendo comprobar por este medio, el grado de experiencia y preparación que ha obtenido a lo largo de su desempeño académico y profesional. De igual forma quedó de manifiesto su vocación y voluntad de servicio a la República.

En la citada entrevista, el licenciado Loaeza Tovar demostró un conocimiento detallado sobre la realidad política, económica, social y cultural de la ciudad de Los Ángeles. A su vez, expuso con solvencia diversos puntos de vista y opiniones que reflejan tanto su nivel de conocimiento, como una firme convicción en los principios que rigen la política exterior de nuestra patria.

Con base en el expediente mencionada y la entrevista referida, los legisladores miembros de la Comisión que suscribe hemos podido constatar que el licenciado Loaeza Tovar posee los requisitos ordenados por el artículo 23 de la Ley Orgánica del servicio exterior mexicano para ser designado Cónsul General.

Por lo antes expuesto, los suscritos miembros de la Comisión consideramos que el licenciado Enrique Loaeza Tovar reúne en su persona las cualidades y méritos suficientes para el buen

ejercicio del cargo de Cónsul General de México en Los Ángeles California, por lo que nos permitimos someter a la consideración de esta honorable Asamblea la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Único. En uso de las facultades que le confiere la fracción VII del artículo 79 en relación con la fracción XVI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió en favor del licenciado Enrique Manuel Loaeza Tovar como Cónsul General de México en Los Ángeles, California, Estados Unidos de América.

Salón de protocolo de la honorable Cámara de Diputados.- México, Distrito Federal, 16 de marzo de 1993.- Segunda Comisión: senador Humberto A. Lugo Gil, Presidente; diputado: Diego Fernández de Cevallos, secretario; diputados: Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Amador Rodríguez Lozano, Blanca Ruth Esponda Espinosa, Fernando Lerdo de Tejada; senadores: Angel Ventura Valle, Jorge A. Vega Camacho, Carlos Sobrino Sierra y Héctor Terán Terán.»

Es de primera lectura.

El Presidente:- Gracias señor Secretario. Se ruega a la Secretaría proceda a consultar a los legisladores, en votación económica, si se dispensa la segunda lectura al punto de acuerdo y lo ponemos a discusión y a votación, desde luego.

El secretario diputado Juan Luis Calderón Hinojosa:- Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a esta Asamblea si se le dispensa la segunda lectura al dictamen leído.

En votación económica se pregunta: los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se le dispensa la segunda lectura.

El Presidente:- Gracias, señor Secretario. En consecuencia, esta Presidencia pone a discusión el punto de acuerdo.

No habiendo quien haga uso de la palabra, proceda la Secretaría a recoger la votación respecto al punto de acuerdo, en términos económicos.

El secretario diputado Juan Luis Calderón Hinojosa:- En votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Aprobado, señor Presidente. Comuníquese al Ejecutivo.

El Presidente:- Gracias señor Secretario. Señoras y señores legisladores: se encuentra a las puertas de este recinto, el ciudadano Enrique Manuel Loaeza Tovar, cuyo nombramiento como Cónsul General de México en Los Ángeles, California, Estados Unidos de América, acaba de ser aprobado por esta Comisión Permanente.

Con el propósito de que lo introduzcan a este recinto, y rinda la protesta de Ley, esta Presidencia designa a los siguiente legisladores:

Senador Porfirio Muñoz Ledo, senador César Moreno Martínez de Escobar, diputado Rodolfo Becerril Straffon y diputado Víctor Orduña Muñoz. Se le ruega cumplir con la comisión.

El secretario Juan Luis Calderón Hinojosa:- Se ruega a los presentes ponerse de pie.

El Presidente:- Ciudadano Enrique Manuel Loaeza Tovar: ¿Protesta usted guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el Cargo de Cónsul General de México en Los Ángeles, California, Estados Unidos de América, que se os ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

El ciudadano Enrique Manuel Loaeza Tovar:- ¡Sí, protesto!

El Presidente:- Si no lo hiciereis así, que la nación os lo demande. Felicidades, Enrique.

Se ruega a la comisión acompañar al Cónsul cuando él decida retirarse de este recinto y a la Secretaría continuar con los demás asuntos que tenemos en cartera.

RATIFICACIÓN DE GRADOS MILITARES

La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández:

«Segundo Comisión.

Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen

el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1992 por el ciudadano Presidente de la República en favor del ciudadano general de brigada, diplomado de Estado Mayor Mario Renán Castillo Fernández como general de división diplomado de Estado Mayor, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

a) Que ingresó como cadete numerario en el Heroico Colegio Militar el primero de febrero de mil novecientos cincuenta y tres y el primero de enero de mil novecientos cincuenta y seis fue ascendido a subteniente de infantería, al término satisfactorio de sus estudios en dicho plantel;

b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de capitán segundo de infantería, al término satisfactorio del curso de mando y estado mayor general el treinta y uno de diciembre de mil novecientos sesenta y tres adquirió el carácter de diplomado de Estado Mayor;

c) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;

d) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante treinta y nueve años, once meses, veinte días; y

e) Se le confirió en su oportunidad por satisfacer el tiempo de servicios para ello las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera Clase, así como las de Mérito Docente, Servicios Distinguidos, Mérito Facultativo de Segunda Clase, Especial y Mérito en la Campaña Contra el Narcotráfico.

De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de división diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión le permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Único se ratificara el grado de general de división diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Mario Renán Castillo Fernández.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 2 de marzo de 1993.- Senador Humberto Lugo Gil, Presidente; diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos, Secretario; diputados: Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Blanca Ruth Esponda Espinosa, Fernando Lerdo de Tejada, Amador Rodríguez Lozano; senadores: Carlos Sobrino Sierra, Héctor Terán Terán, Jorge Adolfo Vega Camacho y Angel Ventura Valle.

Es de primera lectura.

«Segunda Comisión de Trabajo

Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1992 por el ciudadano Presidente de la República en favor del ciudadano coronel de infantería diplomado de Estado Mayor Mauro Enrique Tello Quiñones como general brigadier diplomado de Estado Mayor, para los efectos de los dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

a) Que ingresó como cadete numerario en el Heroico Colegio Militar el primero de marzo de mil novecientos sesenta y dos y el primero de enero de mil novecientos sesenta y cinco fue ascendido a subteniente de infantería, al término satisfactorio de sus estudios en dicho plantel;

b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de capitán primero de infantería, al término satisfactorio del curso de mando y estado mayor general el cinco de agosto de mil novecientos setenta y ocho adquirió el carácter de diplomado de Estado Mayor;

c) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;

d) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante treinta años, diez meses, veintinueve días; y

e) Se le confirió en su oportunidad por satisfacer el tiempo de servicios para ello las

condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera Clases, y la de Mérito Docente.

De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general brigadier diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Único se ratifica el grado de general brigadier diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Mauro Enrique Tello Quiñones.

Sala de comisiones de la Comisión permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 2 de marzo de 1993.- Senador Humberto Lugo Gil, Presidente; diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos, secretario; diputados: Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Blanca Ruth Esponda Espinosa, Fernando Lerdo de Tejada, Amador Rodríguez Lozano; senadores: Carlos Sobrino Sierra, Héctor Terán Terán, Jorge Adolfo Vega Camacho y Angel Ventura Valle.»

Es de primera lectura.

«Segundo Comisión

Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1992 por el ciudadano Presidente de la República en favor del ciudadano coronel de infantería diplomado de Estado Mayor Jorge García Arredondo, como general brigadier diplomado de Estado Mayor para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

a) Que ingresó como cadete numerario en el Heroico Colegio Militar el primero de enero de mil novecientos cincuenta y ocho y el primero de enero de mil novecientos sesenta y uno fue ascendido a subteniente de infantería, al término satisfactorio de sus estudios en dicho plantel;

b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de mayor de infantería, al término satisfactorio del curso de mando y estado mayor general el treinta y uno de julio de mil novecientos setenta y siete adquirió el carácter de diplomado de Estado Mayor;

c) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;

d) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante treinta y cinco años, veintiséis días; y

e) Se le confirió en su oportunidad por satisfacer el tiempo de servicios requerido para ello las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera Clase y del Mérito Docente.

De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general brigadier diplomado de Estado mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión le permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Único se ratifica el grado de general brigadier diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Jorge García Arredondo.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 2 de marzo de 1993.- Senador Humberto Lugo Gil, Presidente; diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos, secretario; diputados: Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Blanca Ruth Esponda Espinosa, Fernando Lerdo de Tejada, Amador Rodríguez Lozano; senadores: Carlos Sobrino Sierra, Héctor Terán Terán, Jorge Adolfo Vega Camacho y Angel Ventura Valle.«

Es de primera lectura.

«Segunda Comisión

Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de

1992 por el ciudadano Presidente de la República en favor del ciudadano coronel de infantería diplomado de Estado Mayor Humberto Alfonso Guillermo Aguilar, como general brigadier diplomado de Estado Mayor, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

a) Que ingresó como cadete numerario en el Heroico Colegio Militar el trece de enero de mil novecientos sesenta y dos y el primero de enero de mil novecientos sesenta y cinco fue ascendido a subteniente de infantería, al término satisfactorio de sus estudios en dicho plantel;

b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de capitán segundo de infantería, al término satisfactorio del curso de mando y estado mayor general el treinta y uno de agosto de mil novecientos setenta y cuatro adquirió el carácter de diplomado de Estado Mayor;

c) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;

d) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la Nación mexicana durante treinta y un años, tres días; y

e) Se le confirió en su oportunidad por satisfacer el tiempo de servicios para ello las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera Clase.

De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general brigadier diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión le permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Único se ratifica el grado de general brigadier diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Humberto Alfonso Guillermo Aguilar.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 2 de marzo de 1993.- Senador Humberto Lugo Gil, Presidente; diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos, secretario; diputados: Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Blanca Ruth Esponda Espinosa, Fernando Lerdo de Tejada, Amador Rodríguez Lozano; senadores: Carlos Sobrino Sierra, Héctor Terán Terán, Jorge Adolfo Vega Camacho y Angel Ventura Valle.»

Es de primera lectura.

«Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el veinte de noviembre de 1992 por el ciudadano Presidente de la República en favor del ciudadano coronel de infantería diplomado de Estado Mayor Mario Fuentes Juárez, como general brigadier diplomado de Estado Mayor, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército como cadete numerario en el Heroico Colegio Militar el veinte de enero de mil novecientos sesenta y uno y el primero de enero de mil novecientos sesenta y cuatro fue ascendido a subteniente de infantería, al término satisfactorio del curso de formación en dicho plantel;

b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de capitán segundo de infantería, al término satisfactorio del curso de mando y estado mayor el treinta y uno de agosto de mil novecientos setenta y dos, adquirió el carácter de diplomado de Estado Mayor;

c) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;

d) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante treinta y dos años, ocho días; y

e) Se le confirieron en su oportunidad por satisfacer los tiempos de servicios requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera Clases.

De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general brigadier diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Único se ratifica el grado de general brigadier diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Mario Fuentes Juárez.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 2 de marzo de 1993.- senador Humberto Lugo Gil, Presidente; diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos, secretario; diputados: Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Blanca Ruth Esponda Espinosa, Fernando Lerdo de Tejada, Amador Rodríguez Lozano; senadores: Carlos Sobrino Sierra, Héctor Terán Terán, Jorge Adolfo Vega Camacho y Angel Ventura Valle.»

Es de primera lectura.

El secretario diputado Juan Luis Calderón Hinojosa:

«Segunda Comisión.

Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1992 por el ciudadano Presidente de la República en favor del ciudadano coronel de infantería diplomado de Estado Mayor Ernesto Cruz Belmont como general brigadier diplomado de Estado Mayor, para los efectos de los dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

a) Que ingresó como cadete numerario en el Heroico Colegio Militar el primero de enero de mil novecientos cincuenta y seis y el primero de enero de mil novecientos cincuenta y nueve fue ascendido de subteniente de infantería, al término satisfactorio de sus estudios en dicho plantel;

b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de mayor de infantería, al término satisfactorio del curso de mando y estado mayor general el treinta y uno de julio de mil novecientos setenta y siete adquirió el carácter de diplomado de Estado Mayor;

c) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;

d) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la Nación mexicana durante treinta y siete años, veintitrés días; y

e) Se le confirió en su oportunidad por satisfacer el tiempo de servicios para ello las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera Clase, así como la "Especial".

De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general brigadier diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Único. Se ratifica el grado de general brigadier diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Ernesto Cruz Belmont.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito federal, a 2 de marzo de 1993.- Senador Humberto Lugo Gil, Presidente; diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos, secretario; diputados: Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Blanca Ruth Esponda Espinosa, Fernando Lerdo de Tejada, Amador Rodríguez Lozano, senadores: Carlos Sobrino Sierra, Héctor Terán Terán, Jorge Adolfo Vega Camacho y Angel Ventura Valle.»

Es de primera lectura.

«Segunda Comisión.

Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el veinte de noviembre de 1992 por el ciudadano Presidente

de la República en favor del ciudadano coronel de infantería diplomado de Estado Mayor Humberto Bravo Sánchez, como general brigadier diplomado de Estado Mayor, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército en el Heroico Colegio Militar como cadete numerario el veinte de enero de mil novecientos sesenta y uno y el primero de enero de mil novecientos sesenta y cuatro fue ascendido de subteniente de infantería, al término satisfactorio del curso de formación en dicho plantel;

b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de capitán primero de infantería, al término satisfactorio del curso de mando y Estado Mayor el quince de agosto de mil novecientos setenta y seis, adquirió el carácter de diplomado de Estado Mayor;

c) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;

d) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante treinta y dos años, un día y

e) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicio requerido para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera y Segunda Clase así como la del Mérito Docente.

De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general brigadier diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Único. Se ratifica el grado de general brigadier diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Humberto Bravo Sánchez.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 2 de marzo de 1993.- Senador Humberto Lugo Gil, Presidente; diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos, secretario; diputados: Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Blanca Ruth Esponda Espinosa, Fernando Lerdo de Tejada, Amador Rodríguez Lozano, senadores: Carlos Sobrino Sierra, Héctor Terán Terán, Jorge Adolfo Vega Camacho y Angel Ventura Valle.»

Primera lectura.

«Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el veinte de noviembre de 1992 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano coronel de infantería Víctor Manuel Martín Fernández, como general brigadier, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército como cadete numerario en el Heroico Colegio Militar el primero de enero de mil novecientos cincuenta y ocho y el primero de enero de mil novecientos sesenta y uno fue ascendido de subteniente de infantería al término satisfactorio del curso de formación correspondiente en dicho plantel;

b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;

c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante treinta y cinco años, veintiocho días y

d) Se le confirieron en su oportunidad por satisfacer los tiempo de servicio requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera Clase.

De la revisión del Expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general brigadier, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Único. Se ratifica el grado de general brigadier que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Víctor Manuel Martín Fernández.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 2 de marzo de 1993.- Senador Humberto Lugo Gil, Presidente; diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos, secretario; diputados: Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Blanca Ruth Esponda Espinosa, Fernando Lerdo de Tejada, Amador Rodríguez Lozano, senadores: Carlos Sobrino Sierra, Héctor Terán Terán, Jorge Adolfo Vega Camacho y Angel Ventura Valle.»

Es de primera lectura.

«Segunda Comisión

Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el veinte de noviembre de 1992 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano coronel de infantería Antonio Tortajada Morán, como general brigadier, para los efectos de los dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército como cadete numerario en el Heroico Colegio Militar el primero de enero de mil novecientos cincuenta y siete y el primero de enero de mil novecientos sesenta fue ascendido a subteniente de infantería al término satisfactorio del curso de formación en dicho plantel;

b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;

d) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante treinta y seis años, dieciocho días y

e) Se le confirieron en su oportunidad por satisfacer los tiempos de servicio requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera Clase así como la Especial.

De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general brigadier, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Único. Se ratifica el grado de general brigadier que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Antonio Tortajada Morán.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 2 de marzo de 1993.- Senador Humberto Lugo Gil, Presidente; diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos, secretario; diputados: Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Blanca Ruth Esponda Espinosa, Fernando Lerdo de Tejada, Amador Rodríguez Lozano, senadores: Carlos Sobrino Sierra, Héctor Terán Terán, Jorge Adolfo Vega Camacho y Angel Ventura Valle.»

Es de primera lectura.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN

RATIFICACIÓN DE GRADOS MILITARES

El secretario diputado Juan Luis Calderón Hinojosa:

«Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el veinte de noviembre de 1992 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano general brigadier diplomado de Estado Mayor, Gastón Menchaca Arias, como general de brigada diplomado de Estado mayor, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército en el Heroico Colegio Militar el primero de enero de mil novecientos cincuenta y siete y el primero de enero de mil novecientos sesenta fue ascendido de

subteniente de caballería al término satisfactorio del curso de formación en dicho plantel;

b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de capitán segundo de caballería, al término del curso de mando y estado mayor general el treinta y uno de agosto de mil novecientos sesenta y ocho, adquirió el carácter de diplomado de Estado Mayor;

c) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;

d) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante treinta y seis años, doce días y

e) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicio requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera Clase, así como la de Perseverancia "Especial".

De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general brigadier diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Único. Se ratifica el grado de general de brigada diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Gastón Menchaca Arias.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 24 de febrero de 1993.- Senador Humberto Lugo Gil, Presidente; diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos, secretario; diputados: Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Blanca Ruth Esponda Espinosa, Fernando Lerdo de Tejada, Amador Rodríguez Lozano, senadores: Carlos Sobrino Sierra, Héctor Terán Terán, Jorge Adolfo Vega Camacho y Angel Ventura Valle.»

Es de segunda lectura.

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...Aprobado. Comuníquense al Ejecutivo.

«Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el veinte de noviembre de 1992 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano general brigadier diplomado de Estado Mayor, Basilio Pérez Casanova, como general de brigada diplomado de Estado Mayor, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército en el Heroico Colegio Militar el primero de enero de mil novecientos cincuenta y uno y el primero de enero de mil novecientos cincuenta y cuatro fue ascendido a subteniente de zapadores al término satisfactorio del curso de formación en dicho plantel;

b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de mayor de infantería, al término del curso de mando y estado mayor general el primero de septiembre de mil novecientos sesenta y ocho, adquirió el carácter de diplomado de Estado Mayor;

c) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;

d) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante cuarenta y dos años, once días y

e) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicio requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera Clase, así, como las de Perseverancia "Especial" y "Extraordinaria".

De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de brigada diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Único. Se ratifica el grado de general de brigada diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Basilio Pérez Casanova.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 24 de febrero de 1993.- Senador Humberto Lugo Gil, Presidente; diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos, secretario; diputados: Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Blanca Ruth Esponda Espinosa, Fernando Lerdo de Tejada, Amador Rodríguez Lozano, senadores: Carlos Sobrino Sierra, Héctor Terán Terán, Jorge Adolfo Vega Camacho y Angel Ventura Valle.»

Es de segunda lectura.

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.

«Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el veinte de noviembre de 1992 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano general brigadier diplomado de Estado Mayor, José Rubén Rivas Peña, como general de brigada diplomado de Estado Mayor, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército en el Heroico Colegio Militar el primero de enero de mil novecientos cincuenta y ocho y el primero de enero de mil novecientos sesenta y uno fue ascendido a subteniente de caballería al término satisfactorio del curso de formación en dicho plantel;

b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de capitán segundo de caballería, al término del curso de mando y estado mayor general el primero de septiembre de mil novecientos sesenta y nueve, adquirió el carácter de diplomado de Estado Mayor;

c) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;

d) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante treinta y cinco años, nueve días y

e) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicio requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera Clase.

De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de brigada, diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuanta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Único. Se ratifica el grado de general de brigada diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano José Rubén Rivas Peña.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 24 de febrero de 1993.- Senador Humberto Lugo Gil, Presidente; diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos, secretario; diputados: Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Blanca Ruth Esponda Espinosa, Fernando Lerdo de Tejada, Amador Rodríguez Lozano, senadores: Carlos Sobrino Sierra, Héctor Terán Terán, Jorge Adolfo Vega Camacho y Angel Ventura Valle.»

Es de segunda lectura.

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. comuníquese al Ejecutivo.

«Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen,

el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el veinte de noviembre de 1992 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano general brigadier diplomado de Estado Mayor, José Alvaro Vallarta Ceceña, como general de brigada diplomado de Estado Mayor, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:

b) Que ingresó como cadete numerario al Ejército en el Heroico Colegio Militar el primero de enero de mil novecientos cincuenta y siete y el primero de enero de mil novecientos sesenta fue ascendido a subteniente de infantería al término satisfactorio del curso de formación en dicho plantel;

b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de capitán segundo de infantería al término del curso de mando y estado mayor general el treinta y uno de octubre de mil novecientos sesenta y siete, adquirió el carácter de diplomado de Estado Mayor;

c) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;

d) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante treinta y seis años, quince días y

e) Se le confirió en su oportunidad, por satisfacer el tiempo de servicios requeridos para ello la Condecoración de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera Clase, así, como las de Perseverancia "Especial".

De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de brigada diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Único. Se ratifica el grado de general de brigada diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano José Alvaro Vallarta Ceceña.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 24 de febrero de 1993.- Senador Humberto Lugo Gil, Presidente; diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos, secretario; diputados: Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Blanca Ruth Esponda Espinosa, Fernando Lerdo de Tejada, Amador Rodríguez Lozano, senadores: Carlos Sobrino Sierra, Héctor Terán Terán, Jorge Adolfo Vega Camacho y Angel Ventura Valle.»

Es de segunda lectura.

Está a discusión el punto de acuerdo...No habiendo quien haga usos de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los legisladores que estén por la afirmativa, Sírvanse manifestarlo...Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.

«Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el veinte de noviembre de 1992 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano general brigadier diplomado de Estado Mayor, Fausto Manuel Zamorano Esparza, como general de brigada diplomado de Estado Mayor, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército en el Heroico Colegio Militar el primero de enero de mil novecientos cincuenta y ocho y el primero de enero de mil novecientos sesenta y uno fue ascendido a subteniente de artillería al término satisfactorio del curso de formación en dicho plantel;

b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de capitán segundo de artillería, al término del curso de mando y estado mayor general el treinta y uno de agosto de mil novecientos sesenta y nueve, adquirió el carácter de diplomado de Estado Mayor;

c) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;

d) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana treinta y cinco años, catorce días y

e) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicio requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera Clase.

De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de brigada diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Único. Se ratifica el grado de general de brigada diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Fausto Manuel Zamorano Esparza.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 24 de febrero de 1993.- Senador Humberto Lugo Gil, Presidente; diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos, secretario; diputados: Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Blanca Ruth Esponda Espinosa, Fernando Lerdo de Tejada, Amador Rodríguez Lozano, senadores: Carlos Sobrino Sierra, Héctor Terán Terán, Jorge Adolfo Vega Camacho y Angel Ventura Valle.»

Es de segunda lectura.

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.

«Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el veinte de noviembre de 1992 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano general brigadier diplomado de Estado Mayor, Luis Humberto López Portillo, como general de brigada diplomado de Estado Mayor, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército en el Heroico Colegio Militar el primero de enero de mil novecientos cincuenta y siete y el primero de enero de mil novecientos sesenta fue ascendido a subteniente de zapadores al término satisfactorio del curso de formación en dicho plantel;

b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de capitán segundo de Infantería, al término del curso de mando y estado mayor general el treinta y uno de octubre de mil novecientos sesenta y siete, adquirió el carácter de diplomado de Estado Mayor;

c) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;

d) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante treinta y seis años, ocho días y

e) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicio requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera Clase, así, como la de Perseverancia "Especial".

De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de brigada diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Único. Se ratifica el grado de general de brigada diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Luis Humberto López Portillo Leal.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 24 de febrero de 1993.- Senador Humberto Lugo Gil, Presidente; diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos, secretario;

diputados: Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Blanca Ruth Esponda Espinosa, Fernando Lerdo de Tejada, Amador Rodríguez Lozano, senadores: Carlos Sobrino Sierra, Héctor Terán Terán, Jorge Adolfo Vega Camacho y Angel Ventura Valle.»

Es de segunda lectura.

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.

«Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el veinte de noviembre de 1992 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano coronel de infantería diplomado de Estado Mayor, Jesús Eduardo Beltrán Guerra, como general Brigadier diplomado de Estado Mayor, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército en el Heroico Colegio Militar el primero de febrero de mil novecientos sesenta y el primero de enero de mil novecientos sesenta y tres fue ascendido a subteniente de infantería al término satisfactorio del curso de formación en dicho plantel;

b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de capitán primero de infantería, al término del curso de mando y estado mayor general el primero de septiembre de mil novecientos sesenta y cinco, adquirió el carácter de diplomado de Estado Mayor;

c) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;

d) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante treinta y dos años, once meses, quince días y

e) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicio requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera Clase.

De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general brigadier diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que de le ha otorgado sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Único. Se ratifica el grado de general brigadier diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Jesús Eduardo Beltrán Guerra.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 24 de febrero de 1993.- Senador Humberto Lugo Gil, Presidente; diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos, secretario; diputados: Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Blanca Ruth Esponda Espinosa, Fernando Lerdo de Tejada, Amador Rodríguez Lozano, senadores: Carlos Sobrino Sierra, Héctor Terán Terán, Jorge Adolfo Vega Camacho y Angel Ventura Valle.»

Es de segunda lectura.

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.

«Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el veinte de noviembre de 1992 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano coronel de infantería diplomado de Estado Mayor, Enrique Chávez Chiquillo, como general brigadier diplomado de Estado Mayor para los efectos de los dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército en el Heroico Colegio Militar el trece de enero de mil novecientos sesenta y dos y el primero de enero de mil novecientos sesenta y cinco fue ascendido a subteniente de infantería al término satisfactorio del curso de formación en dicho plantel;

b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de capitán segundo de infantería, al término del curso de mando y estado mayor general el treinta y uno de agosto de mil novecientos sesenta y tres, adquirió el carácter de diplomado de Estado Mayor;

c) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;

d) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante treinta y un años, dos días y

e) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicio requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera Clase.

De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general brigadier diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Único. Se ratifica el grado de general brigadier diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Enrique Chávez Chiquillo.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 24 de febrero de 1993.- Senador Humberto Lugo Gil, Presidente; diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos, secretario; diputados: Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Blanca Ruth Esponda Espinosa, Fernando Lerdo de Tejada, Amador Rodríguez Lozano, senadores: Carlos Sobrino Sierra, Héctor Terán Terán, Jorge Adolfo Vega Camacho y Angel Ventura Valle.»

Es de segunda lectura.

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si de aprueba.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

El secretario diputado Juan Luis Calderón Hinojosa.

«Primera Comisión.

Honorable Asamblea: en oficio fechado el 15 de febrero del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Cristina Martínez Castellanos, Italo Francisco Di Lorenzo y Luis Jaime Morales Aguilar, puedan prestar sus servicios como secretaria/recepcionista, secretario contable y asesor económico, en la delegación de la Comisión de las Comunidades Europeas, en México.

En sesión celebrada en esta fecha por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 3 de marzo, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

CONSIDERANDO

a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicano con la copia certificada de sus actas de nacimientos;

b) Que los servicios que los interesados prestarán en la delegación de la Comisión de Comunidades Europeas, en México, serán de carácter administrativo.

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 constitucional.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana Cristina Martínez Castellanos, para presentar servicios como secretaria/recepcionista.

en la delegación de la Comisión de las Comunidades Europeas, en México.

Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano Italo Francisco di Lorenzo González, para prestar servicios como secretario contable, en la delegación de la Comisión de las Comunidades Europeas, en México.

Artículo tercero. Se concede permiso al ciudadano Luis Jaime Morales Aguilar, para prestar servicios como asesor económico, en la delegación de la Comisión de las Comunidades Europeas, en México.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 4 de marzo de 1993.- Diputado Rigoberto Ochoa Zaragoza, Presidente; diputado Miguel Ángel León Corrales, secretario; diputados: Carlos Enrique Cantú Rosas, Alberto Carrillo Armenta, Víctor Orduña Muñoz, Jorge Leobardo Lepe García, senadores: Manuel Aguilera Gómez, Artemio Iglesias Miramontes, Ernesto Luque Feregrino, Roberto Robles Gárnica y Germán Sierra Sánchez.»

Es de segunda lectura.

Está a discusión el proyecto de derecho... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado el proyecto de decreto.

Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

COMUNICACIÓN.

EL secretario diputado Juan Luis Calderón Hinojosa:

«Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presente.

En la sesión del 24 de febrero pasado de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se abordó el tema relativo a la situación de los trabajadores del Instituto Mexicano del Café, mismo que fue turnado a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados.

Con fecha 11 de marzo recibí un comunicado suscrito por trabajadores de esa institución, a través del cual expresan su interés por conocer de los trabajos que haya realizado dicha comisión con referencia a su asunto.

Me permito rogar a usted se sirva instruir a la secretaría con objeto de que dé cuenta de estas líneas, así como del documento de los trabajadores de Inmecafé al que me refiero, y a su vez se turnen ambos a la propia Comisión de Información, Gestoría y Quejas para que operen a modo de recordatorio.

Atentamente.

México, Distrito Federal, a 17 de marzo de 1993.- Diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, coordinador.»

«Diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo Partido Popular Socialista.- Presente.

Reciba por este medio un cordial saludo de los trabajadores de Inmecafé que actualmente estamos defendiendo nuestro derecho a un trabajo digno y a que se respeten nuestras garantías constitucionales de libre expresión, manifestación y reunión públicas.

Como recordará, en la sesión del 24 de febrero pasado de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se analizó la situación que atraviesa dicha entidad paraestatal y de quienes laboramos en ella. Hoy nos dirigimos nuevamente a usted para solicitarle su apoyo e información sobre nuestro asunto, que fue turnado a la Comisión de Gestoría y Quejas de este cuerpo colegiado.

Sin otro particular, le agradecemos su interés.

Atentamente.

Xalapa, Veracruz, 11 de marzo de 1993.- Juan Emilio González Garrido y Marco A. Arroyo Hernández.»

Túrnese a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados, con el anexo.

El Presidente: -Gracias, señor Secretario.

Antes de conceder la palabra a uno de los señores legisladores, esta Presidencia reconoce la

eficiencia del señor secretario Calderón y su gran sentido de economía procesal en los dictámenes que sometió a la consideración de esta Asamblea.

PLEBISCITO EN EL DISTRITO FEDERAL

El Presidente: - Ahora, señoras y señores legisladores, para tratar un asunto referente a la evolución del plebiscito al que han convocado algunos ciudadanos en esta capital, esta Presidencia concede la palabra al señor senador Porfirio Muñoz Ledo e informa a los señores legisladores que se han registrado varios compañeros para intervenir: el diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, el senador Manuel Aguilera Gómez, el diputado Carlos Cantú Rosas y el diputado Fernando Lerdo de Tejada.

Tiene la palabra el señor senador Muñoz Ledo.

El senador Porfirio Muñoz Ledo: - Con su venia, señor Presidente:

A estas alturas, creo que poca duda cabe de que el plebiscito que va a tener lugar en esta capital el domingo próximo, precisamente el 21 de marzo, es un hecho histórico en la vida democrática del país. Nunca antes de un modo libre y concertado los ciudadanos se habían organizado para hacer las elecciones por ellos mismos.

Por desgracia, como afirma en una página dramática de la evolución política del pueblo mexicano, don Justo Sierra, las revoluciones siempre fueron a cargo del pueblo y las elecciones a cargo del Gobierno.

Hay hoy en esta capital una verdadera emergencia cívica al margen del Gobierno y con independencia de los partidos políticos.

Por primera vez va a ponerse a prueba lo que muchas formaciones políticas hemos sostenido a lo largo de los debates por la reforma política, que no es necesario ni siquiera conveniente la intervención del Gobierno en los procesos electorales. No hay ningún país democrático avanzado en el cual no sea un principio aceptado por todos, la total independencia de los órganos electorales respecto de los gobiernos.

Por desgracia, una arraigada tradición que proviene de las épocas más negras de la historia nacional, me refiero a los tiempos de la dictadura, ha hecho que para el poder ésa sea una función irrenunciable. A ello se debe primordialmente que México sea hoy el único país sobre la tierra en el cual no ha habido alternancia del poder nacional en más de 60 años.

Tiene pues el plebiscito una doble vertiente: por una parte, representa una valiosa e importante modalidad del ejercicio de la soberanía popular. El artículo 39 de la Constitución Política del país deposita la autoridad máxima de la nación en la expresión libre de los ciudadanos. De acuerdo a la doctrina constitucional, la consulta directa al pueblo ni nulifica ni entorpece el funcionamiento regular de las instituciones representativas; sino por el contrario, las complementa.

La evolución política contemporánea da cuenta de un desarrollo progresivo de los sistemas de referendum y de plebiscito en la sociedad de nuestros días. Se conocen cuando menos tres categorías:

El referendum obligatorio, que es aquel establecido por la propia Constitución como requisito para la reforma en su totalidad de la misma o para cambios sustantivos en sus capítulos fundamentales, primordialmente los derechos individuales y sociales, la forma de Gobierno y los derechos de la nación.

Y el referendum facultativo, es aquel que conforme a requisitos establecidos por la propia Constitución, puede ser exigido por un grupo de ciudadanos o por un grupo de representantes populares y tiene que ver también con la ratificación de leyes o de actos de Gobierno.

El plebiscito es en cambio la consulta pública de carácter político sobre el destino de una sociedad y tiene fuerza propia, independientemente de lo que las leyes prescriban. El plebiscito nace históricamente como una rebeldía del estado llano contra la cerrazón de la autoridad; plebiscito es, en el Imperio Romano, el sistema mediante el cual se establecen leyes votadas por la plebe y aplicables a la plebe, independientemente de las castas superiores y de los órganos de Gobierno; es una respuesta popular al autoritarismo de los patricios.

Con el tiempo, el triunfo del estado llano hace que las leyes adoptadas por plebiscito sean aplicables a toda la comunidad.

El referendum es, en cambio, la aprobación en segunda instancia, en instancia última al referendum de leyes o decretos que ya han sido previamente adoptados por las instancias representativa. He ahí por qué el ejercicio que tendrá lugar en la capital de la República Mexicana el próximo domingo, es técnica y políticamente

un plebiscito y tiene validez plena conforme a la doctrina constitucional, a nuestra tradición política y al mandato supremo del artículo 39 de la Constitución Política del país.

Si hay una institución democrática en la historia de México que tiene historia y raigambre, ese es el plebiscito comunitario. Lo tiene desde la Nueva España, ascendencia directa de las instituciones de la metrópoli, tal como fueron conocidas en la época del fuero juzgo y de las siete partidas. Es nada menos, que el espíritu de Fuente ovejuna o el espíritu o el espíritu del Cid Campeador, que al lado de todos los miembros de la comunidad recibe al rey y le dice:

"Cada uno de nosotros vale tanto como vos y, juntos, valemos más que vos...". Es el origen democrático en la tradición mexicana de la autodeterminación municipal. Hubo intentos a lo largo del tiempo por convalidar esta vieja tradición. Nada menos que el síndico del ayuntamiento de la ciudad de México, Primo de Verdad, acompañado por el regidor Azcárate, ambos electos, ¡ambos electos!, fueron los primeros que se pronunciaron por la devolución de la soberanía a las colonias y la preservación de la soberanía a través del mandato popular para el monarca legítimo.

Don Benito Juárez, al término de la guerra de intervención y habida cuenta de las enormes dificultades para la estabilización política de la república, precisamente en el tiempo en que pronunció para afuera y para adentro su famoso apotegma, presentó el primer proyecto de plebiscito para una recomposición de la forma de gobierno que permitiera una mejor distribución del poder entre los distintos órganos del mismo.

Hubo en la tradición revolucionaria, entre 1914 y 1917, diversas consultas directas a los ciudadanos. Desgraciadamente el triunfo de los militares en el conflicto armado y las decisiones arbitrarias, fundadas sólo en el control territorial, como aquélla que sin mandato legal alguno en su reelección Alvaro Obregón inició para suprimir los municipios en esta ciudad, después de 400 años de vigencia, terminaron con esa hermosa y añeja tradición democrática del país.

La otra vertiente de este plebiscito es nada menos que la que se relaciona directamente con la materia que lo justifica y esa materia es la recuperación del derecho de los ciudadanos de esta capital para elegir a sus gobernantes, derecho del cual han sido injustamente privados. Es, de alguna manera, el comienzo del fin de la manipulación de los ciudadanos, la terminación de esos juegos de abalorios en las oficinas contiguas de las autoridades del Departamento del Distrito Federal, tendientes sólo a escamotear la voluntad popular y a tratar de enredar a los partidos en fórmulas intermedias, creyendo que así se satisface el interés de los cuerpos intermedios, aunque se lesione en lo profundo el interés general de los ciudadanos.

Para eso son también los plebiscitos, para colocar por encima del juego de los intereses representativos, incluso por encima del juego de los intereses de los partidos, ciertas decisiones que sólo deben obedecer al interés general de la sociedad.

Con el paso que aquí se da se abre ancha la puerta de la reforma política en el país y se abre ancha la puerta, porque no había ni hay reforma política posible si no se restituyen los derechos ciudadanos a los habitantes del Distrito Federal, si no se les reconoce su potestad constitucional de elegir Ejecutivo en este territorio, de erigir un Congreso y de restablecer los municipios libres, que son el núcleo mismo y la demarcación original del sistema constitucional mexicano.

Yo quiero rendir un homenaje a los ciudadanos que han puesto todo su empeño, su dedicación, su talento y su prestigio en la organización de este plebiscito; los ciudadanos ahora constituidos en el Consejo de Observación del Plebiscito: intelectuales, artistas, escritores, maestros, ciudadanos, que han sabido vencer con su firmeza, con su prudencia y con perseverancia todos los intentos de sabotaje contra el plebiscito; los que han vencido la incomprensión de las autoridades, los que han derrotado la desinformación y los que han convertido con su nombre y con su ejemplo este plebiscito en una gran fiesta de los ciudadanos.

Es menester afirmar una y otra vez, el plebiscito debe colocarse al margen de cualquier maniobra del poder constituido y debe de preservar también su independencia respecto de todos los partidos. Tenemos que evitar que un reconocimiento parcial del Gobierno, que era inevitable por la fuerza del mismo a lo que significa el plebiscito, vaya a convertirse en una maniobra para deformarlo o para incidir en sus resultados.

Afortunadamente está confiado a cada ciudadano del D.F., cada uno tendrá responsabilidad en la casilla, cada uno será observador, cada uno será testigo y cada uno será actor; éste es pues el ejercicio electoral más transparente que

hayamos intentado los mexicanos. Bienvenido que haya observadores de agencias gubernamentales como los hay de todos los horizontes de la vida pública y privada del país, serán un testimonio entre otros y habrán tenido la ventaja del reconocimiento público por parte del Gobierno de que la observación imparcial de las elecciones es una institución y una necesidad de nuestro tiempo que nadie puede soslayar.

Tratemos de abrir lo más posible el sistema de identificación personal en la casilla, hay rezagos enormes en el proceso de fotocredencialización en el D.F., y no podrían votar con la antigua credencial cientos de miles, si no millones, de nuevos electores que no están en el padrón, como no podrían votar aquellos que fueron injustamente privados cuando el tramposo proceso de credencialización que condujo a las elecciones de 1991, los privó de sus derechos ciudadanos por el sistema hoy universalmente conocido como el del rasurado.

Que sea pues este acto ciudadano la expresión de la libre voluntad de cada habitante con derechos a sufragar de esta capital, que se facilite a todos por método más simple su identificación personal, que los jóvenes tengan en este plebiscito, quienes no hayan antes acudido a las urnas, su escuela, su primera y mejor escuela de democracia.

Se abre, pues, compañeros legisladores, un camino promisorio de la vida democrática del país, si sabemos participar en el plebiscito; respetar sus resultados, actuar políticamente en consecuencia extraer su lección histórica. Desde lo profundo de la sociedad, en el núcleo más vivo de la República surgen voluntades ciudadanas dispuestas a contribuir sin ninguna remuneración, sin ninguna jerarquía, sin ningún control corporativo, sólo por la modesta y digna satisfacción de merecer el nombre de ciudadanos; respetemos este esfuerzo.

Así como no hay reforma política posible sin la devolución de los derechos ciudadanos a los habitantes del Distrito Federal, también es cierto que este plebiscito será una lección de tal envergadura, que habrá de convencer a los espíritus reticentes, a las mentes y actitudes que están adocenadas en el autoritarismo, en el sentido de que es necesario iniciar cuanto antes el proceso de la reforma política.

Los ciudadanos, más allá de las organizaciones y de los partidos, lo están exigiendo. Esta será pues, la mejor contribución que los mexicanos de este tiempo podamos hacer para el restablecimiento de la dignidad de la República como la cosa y la casa, como el espacio de todos.

Esta será también, la mejor contribución que podamos hacer los habitantes de esta capital, a quienes parcialmente se nos ha excluido del pacto federal para la reconstrucción del federalismo mexicano. Este será también el mejor impulso que podamos proporcionar al espíritu y a la forma del municipio mexicano.

Sea pues nuestra felicitación para los organizadores ciudadanos y nuestro mejor voto, porque entre todos ayudemos a edificar, al margen del imperio autoritario y monolítico del hegemonismo, con base sólo en la fuerza y el poder de los ciudadanos, teniendo como referente la conciencia pública un futuro democrático para el país. Muchas gracias.

El Presidente: -Se concede la palabra al señor diputado Cuauhtémoc Amezcua, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista.

El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: -Con su autorización, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

Las causas justas que enarbolan los pueblos, son, no cabe duda de esto, muy semejantes a los angostos caminos, a las pequeñas veredas que se convierten en anchas avenidas en la medida en que habiendo sido abiertas, primero por el andar de una persona o de un grupo de personas que observaron el fenómeno, que lo examinaron y plantearon una propuesta, precisamente por ser justa, la van haciendo suya otras personas, otros grupos, y va siendo recorrida esa pequeña vereda cada vez más, y así por la voluntad de quienes por ella transitan, se va ensanchando hasta convertirse a veces en una gran avenida por donde caminan las masas, por donde caminan los pueblos.

En el tema traído a esta tribuna por el compañero senador Porfirio Muñoz Ledo, tema que ya habíamos discutido por cierto hoy hace 15 días, aquí en este mismo foro, hay dos aspectos, dos cuestiones, una seria, importante, relevante y la otra que no lo es en lo absoluto.

La cuestión importante y seria de entre las dos que tocó el senador Muñoz Ledo, es la referente a la conquista, a la recuperación de los derechos ciudadanos plenos por los habitantes del Distrito Federal, que en efecto fueron conculcados en 1928, y no con un ánimo estrecho, mezquino, de reclamar la paternidad de una tesis que, repito, precisamente por ser justa no importa

en un momento dado quién la caminó primero; si otros se han sumado después y la han hecho suya, tienen tanto derecho a reclamarla como tal, independientemente de cuestiones de carácter cronológico. Sin embargo, por razones de estricta objetividad sí vale la pena recordar que precisamente en 1928, cuando se daba marcha atrás a los derechos eleccionarios de los habitantes del Distrito Federal, de la ciudad de México, fue precisamente Vicente Lombardo Toledano y no otro, quien se opuso desde la propia tribuna de la Cámara de Diputados, a esa reforma obregonista.

En una intervención realizada el 16 de mayo de ese año, 1928, entre otras cuestiones planteó Lombardo Toledano las siguientes: "Si nosotros aniquilamos este principio, si hacemos depender esta gran entidad administrativa del Ejecutivo Federal y matamos la libertad de intervención del vecindario en los negocios del mismo, indudablemente que desde luego se producirá una disociación cívica en la población más importante de la República".

Y dijo también: "El que no puede elegir un buen ayuntamiento, indudablemente no tendrá interés para elegir un buen diputado, ni sabrá elegirlo quizá" y añadió, oponiéndose a la reforma obregonista que cancelaba el ayuntamiento de la ciudad de México: "La democracia es un órgano y como órgano necesita funcionar, ejercitarse; si no se ejercita una facultad, un derecho, el órgano se atrofia y desaparece". Esta es una regla biológica, igualmente aplicable a las organizaciones sociales.

Si nosotros matamos este derecho de intervenir en la población de México, matamos el derecho de interesar al pueblo en alguna forma, entonces al mismo tiempo descartamos cívicamente a la población más caracterizada del Valle de México.

Desde 1928 está en el orden del día de la corriente lombardista, y desde 1948 en la del Partido Popular Socialista, la demanda de la restitución de los derechos para los habitantes del Distrito Federal, de elegir por voto universal directo y secreto a nuestras autoridades inmediatas. Son muchas las iniciativas de reforma constitucional que hemos presentado con ese mismo propósito, desde la XLVI "Legislatura de manera connotada y hemos visto cómo esto, igual que ocurre con las veredas, fue una idea que fueron compartiendo otras corrientes políticas, que se fueron sumando a esta causa que consideraron justa y que hoy prácticamente todas las corrientes políticas de la ciudad hacen suya.

Fue alguno de los temas que discutimos con los compañeros de la corriente democrática del PRI, desprendimiento del PRI, de la que formó parte de manera destacada el compañero senador Muñoz Ledo, cuando discutimos primero la necesidad de un programa suscrito entre la propia Corriente Democrática del PRI y el Partido Popular Socialista para, sobre ese programa, sentar la posibilidad de postular candidato del PPS al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y justamente porque se llegó a un programa que contenía entre otras esta cuestión, fue que el 13 de diciembre de 1987, la Asamblea del Partido Popular Socialista postuló esa candidatura y el ingeniero Cárdenas protestó como candidato en ese mismo evento y fue ese mismo programa discutido bilateralmente entre el Partido Popular Socialista y la corriente democrática, el que dio sustento con ligerísimas modificaciones, al que un mes después, el 12 de enero de 1988, se firmaría en la ciudad de Jalapa, Veracruz, por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, el propio Partido Popular Socialista, nuevamente la corriente democrática y casi una veintena más de organizaciones de distinto carácter, que conformaron de esa manera el Frente Democrático Nacional, siempre sustentado en un programa.

Ahí estaba esta idea, la de la conquista, la del reconocimiento, la de la recuperación del derecho a elegir a nuestras autoridades en la capital del país por voto universal, directo y secreto.

Celebramos que a partir de ese momento, el senador Muñoz Ledo haya compartido también esta tesis, vieja tesis, del Partido Popular Socialista. Celebramos y nos felicitamos porque siga haciéndola suya y la siga defendiendo, es una coincidencia valiosa.

Sin embargo, ésa es la parte válida, la parte seria, la parte importante de la intervención del senador Muñoz Ledo; la otra no lo es en absoluto.

Y ya lo tratábamos aquí hace 15 días: ¿Es válido preguntar a las personas, a los individuos, su opinión sobre esta cuestión importante o sobre cualquier otra cuestión? Desde luego que sí, es válido. Cualquier persona tiene el derecho de dirigirse a cualquiera otra y preguntarle: ¡Oye, qué opinas! ¿Debe recuperarse la vida democrática en la ciudad capital del país o no? ¿Debe establecerse el Estado de Anáhuac o no? Y sobre cualquier otro tema: ¡Oye!, qué opinas, ¿es conveniente modificar la política económica en curso, o es preferible que siga la misma? Sobre

a lo que uno se le ocurra. Es un derecho legítimo, cualquier persona puede hacerlo.

¿Es válido realizar encuestas, es decir, sistemas de consulta más sistematizadas desde el punto de vista metodológico? Desde luego que es válido y no sólo es válido, sino que esto tendrá un peso, un resultado de mucha mayor importancia que las simples preguntas a través de una conversación informal.

Una encuesta, ahora están de moda, se usan mucho, las realizan diversas instituciones especializadas y otras organizaciones no muy especializadas.

Pero las encuestas para que tengan seriedad y significación, para que algo pesen en la opinión pública, en el sentir popular; para que dejen huella o no en el devenir de los acontecimientos, deben tener una metodología rigurosa. Si no la tienen, muy poca será su importancia y su peso en ese devenir de los acontecimientos y en la opinión pública en general.

Las encuestas para tener seriedad requieren de una metodología en cuanto al tamaño de la muestra, en cuanto a la ubicación de los encuestados, su caracterización, desde el punto de vista económico y social, edades, sexos, ocupaciones, lugares donde viven y toda una serie de cuestiones más. Si no se cuidan todos esos aspectos, si simplemente se pregunta así, por preguntar, al que desee contestar, al que desee opinar, una o dos o tres cuestiones, bueno, pues es válido hacerlo, pero es sumamente pretencioso pedir que lo que resulte de esas respuestas sea tomado en cuenta por la opinión pública o por cualquier institución seria de un país, para normar su criterio.

Aquí, en este asunto es válido, como en tantos otros, hablar de la necesaria congruencia entre forma y contenido. Nosotros, en el Partido Popular Socialista somos partidarios de los plebiscitos, y somos partidarios también de los referenda y de cualquier otra forma en que los ciudadanos de manera directa puedan expresar sus opiniones, sobre todo en estas modalidades plebiscito y referendum, que necesariamente tiene un gran peso político y una seriedad importante y trascendente en la vida de las comunidades.

El senador Muñoz Ledo, al hablar aquí de distintas modalidades de referendum y posteriormente del plebiscito y aportar algunos argumentos de carácter histórico, parecería que estaría argumentando en favor de que se modifique nuestra normatividad jurídica, para que en ella se incorporen estas figuras. Si esa hubiera sido su argumentación, yo estaría aquí para expresar mi coincidencia plena y para respaldar su propuesta.

Debe modificarse la Constitución de México y debe incorporarse en la Constitución de México, tanto la figura del referendum como la figura del plebiscito.

Pero no, su argumentación, que sería válida plenamente si esa hubiera sido la intención y el resultado final, por el contrario, carece de validez cuando pretende llegar a la conclusión final de que un plebiscito pueda hacerse así nada más, sin preparación seria, sin controles rigurosos, diríase, un poco, a la trompa talega.

Como si un plebiscito no fuera un proceso eleccionario. El dijo aquí que es un proceso eleccionario y un proceso eleccionario, cualquiera que sea, requiere controles rigurosos de todo carácter.

Nosotros, con plena validez y el Partido de la Revolución Democrática, también con plena validez y en eso coincidimos, criticamos los procesos electorales actuales y estamos exigiendo una reforma política profunda, porque nos parece que por hoy todavía dejan mucho que desear, en las formas de control de vigilancia que aseguren la transparencia y la pureza de los procesos, están muy lejos todavía de garantizar los resultados en cuanto al respeto a la voluntad popular y eso que hay múltiples controles ya establecidos.

Aquí el senador Muñoz Ledo se ha pronunciado porque este proceso eleccionario, al que llamó ejemplar e histórico, se realice sin la credencial de elector, identificándose los votantes con cualquier documento.

Yo no he sabido tampoco que se haya previsto el uso de tinta indeleble para evitar que una misma persona vote dos o muchas veces. Yo no he sabido que se tomen medidas para evitar los carruseles, los tacos, las urnas embarazadas y todo este tipo de modalidades que existen en nuestra vida electoral; prácticas viciadas. Yo no he sabido que se tomen medidas para establecer órganos de control plural y equilibrado de todo este proceso.

Yo no he sabido que se establezcan modalidades para insacular a los funcionarios de casilla o para garantizar su imparcialidad. Yo no he sabido que haya nada de esto y yo soy muy partidario de

la seriedad y de la congruencia y yo me pregunto si yo estuviera en el caso de abogar por este plebiscito, porque su resultado, el que sea, se considere como un resultado serio y que alguien deba tomarlo en cuenta para algo, tendría yo autoridad al mismo tiempo para seguir cuestionando los procesos electores actuales o en orden de congruencia debía yo decir: háganse también en lo sucesivo todos los procesos electorales, así de manera tan ejemplar e histórica como éste, sin tinta indeleble, sin padrón, identificándose cada quien con la credencial que se quiera, poniéndose el ciudadano que le venga en gana con una urna ahí en la puerta de sus casa y aportando eso como resultado de la voluntad popular ahí expresada.

Señoras y señores, a mí me parece que esto es volver la vista a la forma en que se hacían las elecciones ahí en las tres décadas del Gobierno de Porfirio y decir que ésta es la forma ejemplar de realizar los procesos de este carácter y yo francamente no le veo ninguna seriedad ni ninguna congruencia en esa conducta.

¿Cuál va a ser la lectura? Simplemente por hacer una de tantas reflexiones, cuál va a ser la lectura que deberá darse a un resultado de un porcentaje no mayoritario de ciudadanos, expresándose por el si o por el no cualquiera que sea la expresión.

Bueno, acabamos de ver algún proceso electoral en un país cercano donde fueron a votar el 98% de los ciudadanos, pero en el caso de nuestro país normalmente concurre un porcentaje bastante menor y expresamos nuestra inconformidad porque así ocurra. Señalamos que carece de legitimidad un resultado electoral cuando no concurrieron a votar un elevado porcentaje de ciudadanos.

Hace poco aquí mismo analizamos el problema de Guerrero. Qué lamentable situación donde uno de cuatro ciudadanos apareció votando. ¿Qué va a ocurrir si aquí no votan el 50% más uno en esto a lo que han llamado inadecuado "plebiscito"? ¿Cuál va a ser la lectura?

¿Qué los ciudadanos del Distrito Federal no se interesan por estas cuestiones?

¿Qué les da lo mismo que se elija o no a las autoridades? Imagínense lo peligroso que es andar metiéndose de aprendices de brujo y jugando con los procesos sociales que son cosas que merecen la mayor seriedad y respetabilidad.

Querer cambiar de nivel y categoría una consulta pública y llamarle plebiscito, además de un acto de incongruencia, es un acto de grave irresponsabilidad.

Si hacemos una consulta ligera y reconocemos qué es eso, una consulta no sujeta a metodología alguna y que por lo tanto no llega ni siquiera al grado de seriedad de una encuesta y, finalmente: "Pues fíjense ustedes que recogimos una muestra de tantos miles o decenas de miles o cientos de miles y que el resultado fue de este tamaño". ¡Bueno! pues tendrá el valor de un dato anecdótico. ¡Ah!, pero le queremos llamar plebiscito y queremos que eso tenga un cierto peso y una cierta obligatoriedad.

¡Y qué tal si entonces resulta que el 50, el 60 o el 70% de los ciudadanos de esta entidad ni siquiera concurrieron! Los partidarios de la antidemocracia nos dirán: "Es que están muy a gusto con la situación actual, no les interesó esto y por lo tanto no vamos a modificar nada". Se ponen en peligro décadas de lucha por los derechos democráticos de los capitalinos cuando se sacan de la manga cuestiones de táctica política, de mera táctica política y recurrieron a una práctica de fuegos de artificio se les quiere convertir en acciones de carácter extraordinario y de carácter histórico.

No, esto no es un plebiscito, ya lo hemos dicho y debe quedar muy claro, nada tiene que ver con un plebiscito, ni siquiera es una encuesta, no tiene el grado de seriedad, de metodología rigurosa que tiene una encuesta y eso debe quedar muy claro desde hoy para evitar que se trate de manipular con los resultados de esta consulta cualesquiera que sean.

Nosotros luchamos consecuente, congruentemente por la ampliación de la vida democrática del país en todos los órdenes y concretamente en el caso del Distrito Federal, por la restitución del derecho de elección por voto universal, directo y secreto de nuestras autoridades inmediatas. Lo hacemos en la plaza pública que es legítimo hacerlo; hablamos a los ciudadanos y les expresamos por qué es importante esta acción, esta conquista y lo hacemos también en estos foros aquí en la Comisión Permanente, en la Cámara de Diputados. Participamos con interés en la mesa de concertación, que lo dijimos hace 15 días, nos parece un escenario legítimo porque en él, los partidos políticos que somos precisamente la sociedad civil y no una entidad ajena a la sociedad civil, que somos la parte de la sociedad civil políticamente organizada, nos reunimos para discutir de las cosas que le interesan a la sociedad civil en lo que se refiere al tema político y con esa autoridad, con todo

el respaldo de la sociedad civil que tenemos los partidos políticos y que sólo los partidos políticos podemos reclamar, con seriedad debatimos estas cosas y buscamos concertar y buscamos avanzar por medio del consenso.

Pero venir a plantear que la sociedad civil actúa al margen y con independencia de los partidos políticos, es otra vez igual que en el caso de la elección sin controles ni requisitos, volver los ojos a la época preindustrial, a la época en que todavía no surgían las clases sociales definidas y los partidos políticos permanentes, regulares, como expresión de las clases sociales y hablar en estos tiempos de una tesis que hace mucho fue abandonada por todos los ideólogos serios, aquella de la espontaneidad de las masas. Eso no tiene ninguna seriedad en estos tiempos. No hay dicotomía entre sociedad civil y partidos políticos, no, no se puede hablar de eso con seriedad.

Y tampoco merecen respeto para nosotros los planteamientos de los políticos militantes, de los políticos militantes de los partidos políticos cuando fingen no serlo, cuando se cambian la chamarra o la cachucha y dicen: "Ahora ya en este momento o en esta acción yo no soy de mi partido político, ahora soy de la sociedad civil. No, no merecen respeto en lo absoluto, se habla a nombre de lo que uno es, sé es congruente, sé es consecuente o no se tiene respetabilidad ni se puede reclamar.

Por esa razón valorábamos aquí con respeto y felicitábamos al compañero Carlos Enrique Cantú Rosas, hace 15 días, diputado dirigente del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, porque él pasó a esta tribuna y dijo:

"Mi partido, el partido Auténtico de la Revolución Mexicana está llamado al plebiscito..." Bien, ahí está un partido actuando. ¡Ah!, pero eso de fingir que es la sociedad civil al margen de los partidos. El partido que tenga interés en esto, bueno, muy cuestionable y todo lo que sea, pero por lo menos que dé la cara con seriedad.

No hay un vínculo, no existe un vínculo entre esa muestra, entre esa consulta sin metodología de ninguna especie y nuestro trabajo legislativo que es un trabajo serio. No puede, pues, hablarse de que debamos tomar en cuenta resultados de una muestra como ésa para nuestro trabajo. Nosotros lo rechazamos con toda energía.

No puede tomarse en serio porque no es un plebiscito, no puede tomarse en serio porque no es un hecho histórico, no puede tomarse en serio porque no es una elección, no puede tomarse en serio porque la independencia de los convocantes respecto a los partidos es ficticia y no puede tomarse en serio porque no es tratando de diluir a los partidos políticos en su elevado papel de representantes de las clases sociales, de representantes de la sociedad civil en el ámbito de la política, tratando de diluir esa respetabilidad, ese peso, esa importancia de los partidos; no es por ahí que se pueda avanzar seriamente hacia la ampliación de la vida democrática en México.

Sí es válido invocar al artículo 39 que señala que la soberanía radica en el pueblo y que éste tiene en todo momento la facultad de darle a la vida pública la modalidad que mejor convenga a sus intereses; pero igualmente debe reconocerse que el artículo 39 de la Constitución, está estrechamente vinculado al artículo 41 que señala que la soberanía, el pueblo la ejerce a través de los poderes y también el propio artículo 41 señala el papel que los partidos políticos tienen como instancias de expresión de la ciudadanía, del pueblo, de la sociedad civil, como se le llama ahora, y como formas de propiciar el que los ciudadanos lleguen a los órganos de Gobierno.

Esa es la posición nuestra con relación a este asunto y la reiteramos en esta tribuna, la reiteraremos cuantas veces sea necesario. Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente: - Gracias, diputado. Concedemos la palabra al senador Manuel Aguilera Gómez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario.

El senador Manuel Aguilera Gómez: -Con su permiso, señor Presidente; señores legisladores:

En realidad este debate es la prolongación de uno muy prolongado que se escenificó en este recinto hace 15 días y no vamos por tanto, a repetir los argumentos que en aquella ocasión esgrimimos; sólo nos vamos a referir a los hechos supervenientes en estas dos semanas.

Quiero en primer lugar dejar claramente establecido que no encuentro incompatibilidad alguna entre el ánimo democrático de académicos, de intelectuales y líderes de opinión y la responsabilidad política de los dirigentes de las principales fuerzas de la ciudad y del país, para abordar con serenidad, pero desde luego, con visión y perspectivas históricas, el tema de la reforma política de la ciudad.

He insistido en esta tribuna que nuestra abstención para participar en el plebiscito no debe

ser interpretada como una negativa de la democratización del Distrito Federal. Esa es una imputación alejada de la verdad.

A lo que reiteradamente me he opuesto y me seguiré oponiendo es que se presenten a la consideración de la opinión pública disyuntivas en torno a asuntos sobre los cuales no ha sido suficiente y ampliamente informada. No puede argumentarse como avance democrático aquello que se pretende hacer al margen del conocimiento de la ciudadanía.

Quienes promovieron esta iniciativa dan la impresión de estar más interesados en conseguir que los ciudadanos les brinden a ciegas un voto a favor de sus propias concepciones políticas y ventajas partidistas y menos convencidos de la necesidad de brindar a la sociedad civil la información acerca de las consecuencias políticas, económicas, tributarias, financieras y sociales de sus decisiones. Es una actitud que yo califico moralmente inaceptable.

Todo avance democrático verdadero debe ser obra de la convicción de los ciudadanos y no reacción emocional movida por intereses partidistas. Por ello rechazo las tesis sostenida por algunos grupos en el sentido de que el plebiscito es una respuesta a la inactividad de los partidos políticos en materia de reforma al Gobierno de la ciudad.

Es falsa la insinuación de que sin plebiscito no se habrá de engendrar una reforma de fondo en el Distrito Federal. No. para quienes pretenden menospreciar el papel de los partidos políticos en las transformaciones fundamentales de las sociedades modernas, es preciso subrayarles que la democracia siempre se canaliza a través de los partidos políticos; ignorar, menospreciar esta realidad abre el camino de la dictadura.

Aquí en Ley, en el Distrito Federal, la reforma al Gobierno de la ciudad habrá de ser obra del trabajo serio, profesional, comprometido, vinculado con los partidos políticos interesados en presentar a la nación un proyecto de reformas a las instituciones gubernamentales, capaz de conciliar el interés ciudadano con la unidad sustantiva de la República.

Ahora veamos esa manida afirmación de que este evento es obra sólo de los ciudadanos.

De acuerdo con el reglamento de votación difundido por los organizadores y responsables de las mesas de votación, están ampliamente facultados para decidir respecto de lo que ocurra en esas mesas. Se le va a permitir votar a toda aquella persona que muestre una credencial que lo identifique. Nada asegura, ni su condición de ciudadano, ni su residencia en el Distrito Federal.

Ya se tiene conocimiento de brigadas de residentes de municipios circunvecinos, principalmente de Ecatepec y de Neza, que han sido convocados a venir a votar en el Distrito Federal.

A pesar de que los organizadores se comprometieron, "se comprometieron" a que se usaría la credencial de elector con o sin fotografía, esta instrucción no se encuentra incluida en el reglamento de votación del plebiscito. Según un sondeo de opinión realizado en casi un centenar de responsables de las mesas de votación, quedó claro que impera la determinación de no acatar este acuerdo.

Hoy, en los diarios, aparece la información de la decisión oficial de los organizadores de no respetar el compromiso de exigir la credencial de elector como condición para poder votar.

El argumento de que no existen suficientes credenciales también carece de validez. En la actualidad han recibido su credencial con fotografía más de 3 millones 300 mil ciudadanos, han presentado la solicitud de credencial por cambio de domicilio o por simplemente porque no la tienen 890 mil ciudadanos, en total poco más de 4 millones tienen los documentos actuales que les van a servir para ejercer su derecho a votar en 1994 y un millón seguramente tendrán la credencial obtenida en 1991; no fue esta la razón verdadera que movió a la comisión organizadora para rechazar la credencial de elector como requisito para poder ejercer el voto.

La comisión organizadora se negó a levantar en cada casilla un listado de los votantes incluyendo el número de folio de credencial de elector y el nombre del votante, sólo accedió a levantar supletoriamente un listado del número de folios, obviamente el número de folios, sin nombre permitirá incluir en el listado los folios que jamás podrán ser verificados porque se desconoce el nombre el ciudadano.

Al no existir un listado con el nombre del votante verificado por medio del folio, el número de votantes queda automáticamente sin control, en las mesas de votación se podrán admitir a los ciudadanos inexistentes que virtualmente emitieron una cantidad de votos al arbitrio de los encargados. Los votos virtualmente recibidos en cada mesa y, ¿por qué no decirlo?, inventados

probablemente por los responsables, serán enviados a la coordinación distrital a la que se encargará de concentrar estas informaciones.

Tampoco aquí existe garantía alguna de que la información que se capte sea veraz, pues en cada distrito pueden atender o no a los números reportados por las mesas.

Tampoco existe garantía de que la información concentrada en cada distrito electoral sea la que se transmita al centro de información que se pretende instalar en la Asamblea de Representantes.

Como es fácil colegir, los resultados que se darán a conocer carecen de la más elemental confiabilidad, como aquí lo ha señalado el señor diputado Cuauhtémoc Amezcua, no existe control alguno en ninguna de sus etapas y no hay forma de verificar la veracidad de la información que se produzca en cada una de las fases del proceso, desde los resultados de cada mesa hasta la información concentrada, ni el del D.F.

Suele afirmarse que la participación de la Fundación Rosenblueth es garantía de eficacia, no lo dudo, el problema central reside en que las computadoras de la Fundación procesarán las informaciones que les sean entregadas y no existe, no existe tecnología capaz de corregir falacias informativas; no faltará quien argumente que peco de suspicaz, pues los organizadores han invitado a un grupo de respetables mexicanos, a constituir un consejo ciudadano de observación del plebiscito cuya presencia es garantía de imparcialidad y pulcritud, pulcritud cívica del evento que nos ocupa.

Quiero dejar clara, categóricamente establecido mi reconocimiento personal a la honorabilidad, a la buena fe y a la respetabilidad de quienes integran ese consejo, pero no es suficiente que estén, no es suficiente la buena intención que los anima para garantizar resultados confiables; es preciso que estén provistos de sistemas que les permitan verificar que la voluntad popular no va a ser distorsionada, sistemas que a estas alturas ya resultan casi imposible implantarlos.

En suma, a la luz de la información con que se cuenta hasta el momento, parece evidente que el sistema de acreditación de votación y de escrutinio, es altamente endeble e inseguro. Probablemente, probablemente arrojará resultados que no van a reflejar la voluntad de los ciudadanos.

También se afirma que el plebiscito está organizado por ciudadanos ajenos a cualquier partido político.

El análisis de los responsables del control de la información y de la organización del evento en cada distrito electoral, no parece soportar esa afirmación.

Esta información que hemos recabado muestra el carácter no neutral, sino abiertamente partidista del plebiscito.

Del examen de la ubicación de las casillas, han entregado la información concerniente a 1 mil 109 casillas; se pueden desprender varias conclusiones, por ejemplo el distrito III, la totalidad de las casillas se encuentra ubicada en sólo la mitad del territorio, lo cual implica primero, que no todos los ciudadanos tendrán la misma oportunidad para ejercer el voto y, segundo, y éste es el aspecto nodal, es que su localización es coincidente pero no fortuitamente con la zona en donde el PRD obtuvo más del 60% de los votos que obtuvo en ese distrito en 1991.

En el distrito XXXVI, las 33 casillas que pretenden instalarse, cubren una área donde el PRD obtuvo el 98% de los votos del distrito en 1991.

Esa situación, en su expresión fundamental, se repite en los 35 distritos analizados hasta el día de hoy.

Aquí tengo la lista de los responsables de cada distrito electoral, una somera revisión de sus nombres revela un hecho singular: 31 de los 39 responsables son militantes del Partido de la Revolución Democrática. En varios casos se trata de ciudadanos que fueron registrados por el PRD como candidatos propietarios o suplentes a cargos de elección popular en los comicios de 1991.

En numerosos casos, el domicilio señalado para que funcione el comité del plebiscito, coincide o con las oficinas del PRD en esa jurisdicción electoral, o con el domicilio de algún dirigente perredista.

Tampoco especial. En varias bardas de la ciudad de México se encuentren lemas alusivos, mezclando consignas partidistas y al mismo tiempo la invitación de participar en el plebiscito. Repito, los patrocinadores de la iniciativa parecen estar poco interesados en conocer realmente la opinión de la ciudadanía y parecen estar movidos por el interés secundario de conseguir una respuesta de la ciudadanía, favorable a sus propias preferencias políticas y postulados partidistas.

Por ello, el día de hoy, el presidente del Partido de la Revolución Democrática en el Distrito

Federal, anunció que regresará su partido a la mesa de concertación a defender los resultados de su plebiscito; de un plebiscito en el cual ese partido tiene una enorme influencia en todo el proceso organizativo.

La peor mentira es la que se fabrica con la verdad envenenada, ésa va a ser la información que seguramente se va a ofrecer a la opinión pública al final de esta jornada.

De cualquier manera, recuso anticipadamente una interpretación a mis palabras, como un intento de descalificar el derecho que asiste a los convocantes para organizar este evento. Les reconozco ese derecho y se los respeto.

Simplemente, de nueva cuenta alerto a la opinión pública acerca de su contenido, a efecto de que no se pretenda conferir más tarde a este evento, alcances que no corresponden a la voluntad popular. Muchas gracias.

El Presidente: -Concedemos la palabra ahora al señor diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.

El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas: -Señor Presidente, señores senadores, señores diputados:

Representantes de los medios e integrantes del consejo ciudadano, que dada la importancia de este asunto han asistido en forma voluntaria y espontánea al desarrollo de estas intervenciones:

Decimos en el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que la libertad se conquista, no se implora. Agregamos que hay jóvenes en el país entero que pierden el ímpetu de volar, porque ven que los adultos se arrastran y terminamos esta frase, Amador, diciendo que la libertad y la democracia es una prueba de resistencia, nunca ha sido una acción de velocidad.

El pueblo de México entero, a raíz de su etapa independientemente y las luchas iniciales de 1810 y 1821, ha venido luchado en las diversas trincheras y tribunas que a su alcance ha tenido, para tratar de impulsar la democracia. Tal es el caso de algunos hechos que en esta tribuna se han mencionado, con referencia a aportaciones hacia la democracia y la lucha cívica, que el 14 de octubre de 1987 propició el PARM, con R y verde, y que posteriormente, un mes y medio después tuvo respuesta en los compañeros del PPS, y que finalmente en los inicios del año siguiente tuvo una declaración fundamental en el Estado de Veracruz y en su capital, Jalapa.

En aquel entonces nos decía nuestro amigo tribuno y legislador Cuauhtémoc Amezcua, se realizaron importantes deseos de integrar un documento formal, mediante el cual los partidos que históricamente conformábamos, ya para entonces el Frente Democrático Nacional, pretendíamos establecer como camino a seguir, para llevar adelante una serie de trabajos, pretendiendo impulsar la democracia y abrir los campos libertarios de México.

En aquel entonces, señores asistentes, señor Presidente, señores diputados y senadores, Porfirio Muñoz Ledo, senador amigo mío y también mi amigo el señor diputado Cuauhtémoc Amezcua, compartían el PARM y la sal. En aquel entonces Cuauhtémoc Amezcua Dromundo y Porfirio Muñoz Ledo, junto a muchos integrantes del Frente Democrático Nacional, realizábamos esfuerzos denodados para superar una serie de obstáculos, rencillas, presiones, ataques y amenazas que nos impedían desarrollar con la actividad debida la actitud electoral tendiente a revisar los cuatro puntos cardinales del país, corriendo desde el Bravo hasta el Suchiate y desde el Golfo de México hasta el Pacífico.

Meses después, por voluntad de los integrantes, se lograron algunas candidaturas comunes, que también con una reforma regresiva y retrógrada, han desaparecido actualmente como figuras electorales, en los documentos que dan cause a la participación política de México.

Entonces existían las candidaturas comunes; entonces no había tantos limitantes a las coaliciones de los partidos para que la conjugación de esfuerzos, afanes y sacrificios y la proliferación de candidatos, que en sí concentrarán en común denominador los avances, deseos fervientes de impulso democrático del país.

En esas circunstancias y probablemente a muchos de ustedes se les ha pasado por alto, se logró una fórmula que fue ejemplo a la nación entera, que trajo en consecuencia que todos los partidos integrantes del Frente Democrático Nacional la apoyáramos y que llegáramos al registro concerniente ante las autoridades electorales.

Me siento muy satisfecho de decirles que el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana registró la fórmula como senador en esta capital de la República del señor licenciado Porfirio Muñoz Ledo y el señor diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.

Como todos los matrimonios, como todas las unidades, como todas esas acciones de conjunto,

como todos esos hechos que se comparten, como todas esas luchas que sufrimos y nos identificaron, transitaron paralelamente en todos aquellos avances en forma muy gloriosa y trascendente.

Y hoy, señores periodistas y hoy, señores diputados, compañeros senadores y hoy, representantes de este grupo observador del proceso que tendrá por efecto la celebración de esta consulta, popular, porque parece que a algunos les duele que se llame plebiscito, los hemos visto en esta tribuna, misma tribuna, en donde anteriormente estuvieron hermanados, con posiciones muy discrepantes.

Y debo decirles que esto es un ejemplo del pluralismo que en el país se está dando; éste es un ejemplo de la reflexión, de la madurez, el equilibrio, el análisis, la ponderación, que en todos estos eventos están realizando los representantes legislativos, tratando de encontrar los mejores rumbos, hacia donde orientar el camino de la democracia.

Nosotros en el PARM y le agradezco la referencia a mi amigo Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, definimos nuestra posición desde un inicio. Tenemos respeto, hemos otorgado ayuda, sentimos simpatía para la democracia del país, impulsar la celebración de estos hechos de consulta popular, que no obstante las imperfecciones que al respecto pudiesen tener, senador Aguilera, son una demostración clara y precisa de los anhelos fundamentales que tienen los habitantes de esta capital de la República.

Sí es cierto que con actitudes de pureza lingüística, si es eso que con actitudes de pureza fonética, indudablemente encontraríamos en estas figuras democráticas una serie de versiones tendientes a subir a esta tribuna para tratar de encontrarle defectos a este esfuerzo que por primera vez, desde 1928, la ciudadanía de la capital de la República y está realizando pública y espontáneamente, tratando de hacer escuchar ante todos los estratos gubernamentales, los deseos de un pueblo cansado de imposiciones, en donde a partir de 1928 su voluntad no ha sido atendida y pretenden, a través de un ejercicio democrático, como el que hoy se presenta en esta tribuna, tratar de otorgarle respetuosos elementos a los dirigentes gubernamentales nacionales, para que en una demostración de sensibilidad puedan percibir realmente, en la alborada del próximo siglo, lo que realmente están queriendo los capitalinos.

Este fenómeno, a todas luces, resulta muy trascendente y nadie puede negarle su importancia.

Que podría haber carrusel, que podría haber operación tamal, que podría haber rasurado de padrón, que podría haber duplicación de credenciales, se quejan los que son dueños de la maquinita de la fabricación de estas irregularidades y establecieron en los cuatro puntos cardinales de México entero tamalerías en cada día de la elección, para mediante estos intoxicantes alimentos impedirle a sus militantes asistir a emitir el sufragio o, de lo contrario, impulsarlos hasta con gerolan, para que tengan la fortaleza suficiente y vayan a cubrir las siglas del partido tricolor.

Yo creo que, señor regente de la capital de la República ha dado una muestra de madurez, ha dado muestra de equilibrio, ha dado muestra de sensibilidad y no ha satanizado a quienes tuvieron esta idea. No ha establecido cacería de brujas ni pretende sancionar, bajo ninguna circunstancia, a quienes pretendiendo convocar a la ciudadanía podían lograr una demostración clara y precisa del deseo, del hacer, del querer y de la voluntad de los habitantes del Distrito Federal.

Parecería ser que este problema, que por fuerza propia ha logrado ascender a esta tribuna, no obstante que existieron intereses par que no fuera aquí, se está derramando por México entero.

¿Quién podría negar que desde el Bravo hasta el Suchiate, desde el Golfo de México hasta el Pacífico, gente de cultura y acrisolados títulos provenientes de universidades extranjeras y aterciopeladas manos, atrás de lujosos escritorios, en hermosas oficinas, está viendo lo que hoy acontece?

¿Pero quién podría negar, también, que en cualesquiera de los 40 distritos, a nivel federal de esta capital de la República y en cualesquiera de los 40 distritos de los asambleístas, también de esta metrópoli nacional, ciudadanos de todas las condiciones; aquellos que integran fundamentalmente el partido mayoritario que en el país existe, que es el del abstencionismo, han visto prenderse a distancia una luz de esperanza; han visto que su voz, por primera vez en esta capital de la República, puede ser escuchada; han visto que, no obstante vender la harina para que los señores del partido del Gobierno hagan los tamales, han visto también que llegado el momento, su opinión será concentrada y deberá de ser respetada?

Los resultados de la consulta popular, para los puristas del lenguaje, no quieren que hablemos un millón seguramente

de plebiscito, los resultados de esta consulta popular deberán ser atendidos si quienes nos gobiernan no son robots, si quienes nos gobiernan no ilustran su capacidad y su acción a través de la moderna cibernética; si quienes nos gobiernan perciben estas reales necesidades que el pueblo de México entero tiene.

Y claro que los de la consulta popular, para no decirle plebiscito, licenciado Aguilera y claro que los de la consulta popular, indudablemente que tienen el riesgo que en México entero hemos tenido, a través de los sucesos electorales que últimamente se han dado en todo el país; hay desconfianza, hay incredulidad. Se pretende pensar que no obstante todos estos datos podrían ser manipulados y no entregados en este momento en forma directa ni al señor Regente de esta capital de la República ni mucho menos al Presidente de la nación, el licenciado Carlos Salinas de Gortari.

Pretendemos avanzar hacia la democracia. Estamos llenos naturalmente de muchas imperfecciones, el proceso electoral en los municipios, en los estados o en la nación, ha estado plagado de vicios, de irregularidades, de actitudes nebulosas y se ha dado el caso que aun los partidos en las urnas han obtenido gracias al apoyo ciudadano el triunfo electoral, este mismo triunfo electoral ha sido descalificado porque el pueblo de México entero ya le sopla al jocoque. Porque el pueblo de México entero ha perdido la confianza en las instituciones.

Porque el pueblo de México entero registra en su memoria, aún cuando sea ciudadano tendrá a su alcance la primera oportunidad de emitir el sufragio, concentra en su memoria como consejo paternal o referencia de amigos o de familia que: ¿para qué votas, si finalmente se va a burlar tu opinión ciudadana? Nosotros en el PARM no descalificamos a priori esta consulta popular o plebiscito como algunos le llaman.

Nosotros en el PARM consideramos que es un excelente ejercicio que está realizando la ciudadanía de frente, de cara y con respeto a las instituciones nacionales, para demostrar que desde 1928 hasta este instante es la ocasión en que forma más vigorosa los capitalinos tienen el deseo ferviente de romper ataduras, romper con el pasado por encima de presiones, por encima de desconfianzas, llevar a esas 3 mil urnas que usted dice senador que no existen, a emitir su opinión, tratando de expresar cuáles la voluntad de los capitalinos para que se les dé la posibilidad de elegir a sus auténticos gobernantes, su congreso federal y una serie de actitudes colindantes, como es la integración del estado 32 de la federación.

Yo creo en cualquier otro país que no fuera kafkiano como éste, nadie estaría asustado, Diego, porque un grupo de mexicanos pretenden realizar un ejercicio popular, tratando de hacer sentir la voluntad de algunos grandes pequeños o grandes concentrados nacionales.

Yo no sé por qué en este recinto, que debe ser trinchera natural de las mejores causas del pueblo de México, se pretende como en la Inquisición o en el Estado fascista o en algunas remotas etapas de Hitler quemar los libros del conocimiento universal.

Yo no sé en qué dimensión a algunos les puede asustar la existencia de un plebiscito o que los ciudadanos de la capital de la República, analfabetos o no, orientados o no, convocados por los partidos o no, realicen un ejercicio ciudadano que formalmente debe ser el más importante esfuerzo para iniciar posteriores actividades que indudablemente vendrían a ampliar la democracia en el país.

Yo no creo sinceramente que el Jefe del Departamento central, el licenciado Manuel Camacho Solís, o el señor Presidente de la República en su situal gubernamental máximo e importante en el país, estén muy asustados por lo que pueda pasar el próximo día 21 en esta capital de la República.

Yo creo que porque son hombres responsables, porque son hombres conscientes, porque son hombres sensibles y porque parte de la programación estructural de los primeros actos del Presidente de la República, el licenciado Carlos Salinas de Gortari, fue ofrecerle el pueblo de México una auténtica reforma político electoral, no pudiese en su momento sentir esta manifestación ciudadana de la capital de la República como un valioso auxilio que ciudadanos de todos los partidos o ajenos a los partidos le están otorgando a nuestros gobernantes para que perciban en auténtica pulcritud, sin intermediarios, los deseos de avance democrático que quieren los capitalinos.

Por eso, podríamos hablar aquí junto con el señor Senador Porfirio Muñoz Ledo sobre algunas actitudes griegas, sobre algunas actitudes de Atenas, sobre algunas actitudes romanas; podríamos hablar de Pericles, de Sófocles, de Solón, de Gallo y Papiniano; podríamos tener referencias en lo que acontece en países ajenos a nuestras latitudes y hasta algunas presencias

interparlamentarias e interplanetarias que algunos de nuestros compañeros relatan en sus momentos cuando ascienden a esta tribuna.

Pero creo que lo que quieren los habitantes de la capital de la República es que les otorguemos una estructura adecuada, respetable y, sobre todo cristalina y pura y yo no niego que tenga que ser así por los ilustres representantes de este Consejo que será vigilante en el desarrollo de estas actividades electorales, para que todo ese caudal electoral en donde está reflejada la voluntad de los capitalinos, de los pobres, de los ricos, de los trabajadores, de los campesinos, de las amas de casa, de los desposeídos, de los grandes directores de las empresas nacionales y hasta de aquellos que con 25 millones de dólares pretendan dirigir al país, sea tomado en cuenta en este ejercicio ciudadano para que después del próximo día 21 del mes en curso, los habitantes de la capital de la República tengan a su alcance la posibilidad de emitir su opinión con referencia a estos cuestionamientos que se les formulan.

Y podría pasar que apáticos, que indiferentes, que indolentes, que procelosos, que incrédulos o desesperanzados también dejarán desiertas las urnas en donde se pretende dar recepción a estas inquietudes y a esta voluntad.

Si bien es cierto, ésta no es la tribuna adecuada ni para las expresiones de esta naturaleza, señor Presidente de esta honorable..., si bien es cierto, ésta no es la tribuna adecuada, porque no tiene actitudes legislativas y los compañeros de Acción Nacional lo conocen en profundidad, por sustentarse en el derecho constitucional, también lo es que esta tribuna debe ser respuesta inmediata a todas las inquietudes sociales. Por eso aquí se habla de los explotados, por eso aquí se habla de los desvalidos, por eso aquí se habla de los abusos del poder, por eso aquí se habla de las irregularidades y de los fraudes electorales y por eso consideramos que el plebiscito, consulta popular, va a ser un instrumento que le otorgar al propio Gobierno de la nación, una válvula de escape y percepción de los grandes conflictos y anhelos sociales que está requiriendo del pueblo de México.

Creo que si somos congruentes con aquellos a quienes representamos, en el Partido Revolucionario Institucional, en cualquiera de las agrupaciones que ustedes legítimamente representan, lo menos que podemos hacer de frente a México, por vergüenza a México, pensando en nuestras raíces, actuando en el presente y preparando en el futuro, es pavimentar el camino para que transite por mejores formas la democracia en el país y todos hagamos la mejor era, la nueva era que todos queremos para México. Muchas gracias.

El Presidente: -Tiene la palabra el señor diputado Lerdo de Tejada.

El diputado Fernando Francisco Lerdo de Tejada Luna: - Señor Presidente, con su permiso; compañeros legisladores:

Efectivamente, el debate sobre el plebiscito, es un debate que ya dimos aquí hace 15 días, y no creo que la intervención que nos planteó en su inicio el senador Muñoz Ledo haya venido a agregar nada adicional a los planteamientos y propuestas que ya había hecho ese partido con anterioridad.

Sin embargo nos da la posibilidad de señalar algunos puntos adicionales de lo que nosotros consideramos constituyen los principales aspectos del plebiscito.

Iniciaría yo diciendo que ante el comentario del senador Muñoz Ledo, de que el plebiscito demuestra que no es necesaria ni conveniente la intervención del Gobierno en los procesos electorales, precisamente los planteamientos que aquí en esta tribuna vino a señalar el también senador Manuel Aguilera, nos convencen de que el artículo 41 constitucional tiene razón cuando establece que la responsabilidad de los procesos electorales corresponde al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, con participación de los partidos políticos. Es precisamente porque este tipo de irregularidades nos preocupa que el planteamiento de nuestro partido queda claro al respecto.

No es tampoco verdadero que en las democracias occidentales no haya una intervención del Gobierno en los procesos electorales. Nosotros podríamos señalar como ejemplos que creo que son incuestionables, el que sucede en Francia, en España, en Alemania o en Italia. En todos estos casos, la institución responsable de la organización de los procesos electorales, es precisamente el ministerio del interior.

Fundamentar el plebiscito en el artículo 39 constitucional, creemos que tampoco es un fundamento adecuado. En primer lugar porque si efectivamente el artículo señala que originariamente corresponde al pueblo esta potestad. También es cierto, y lo podemos nosotros ratificar en cualquier estudios del derecho constitucional, que el artículo 41 nos señala que

vivimos en una República representativa y desde luego, el 40 nos señala que vivimos en una República representativa y desde luego, el 41, nos especifica que el pueblo ejerce su facultad, su potestad a través de los poderes constituidos.

Las formas plebiscitarias en la realidad, han sido ya superadas en la gran mayoría de las democracias, en virtud de que no se considera que sea la forma más adecuada de expresión popular. Pero vayamos al fondo de esto.

Antes, sin embargo, quisiera señalar que me parecen curiosos los argumentos y los planteamientos del diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, quien en esta tribuna en forma permanente se ha quejado de irregularidades y en forma reiterada ha señalado en los distintos procesos electorales una serie de cuestiones que consideran que no son adecuadas. Sin embargo, ahora trata de hacer ver esto como una situación de poca monta.

Yo creo que hay una gran incongruencia y que se trata de manejar los argumentos según se convenga.

La verdad es que nadie se asusta del plebiscito. Lo que pasa es que ya la ciudad no está para experimentar a ver qué sucede. Ya pasamos de la época del ¡ai se va!, ¡a ver si acaso pega! La ciudad necesita en realidad respuestas serias. Requerimos de una reforma política no para unos meses, a ver si acaso ésta sí logra pasar del año. No. Nosotros creemos que la Ciudad de México merece una reforma política seria y, por lo tanto, es a esa finalidad a lo cual hemos dedicado nuestros esfuerzos.

Ya hemos señalado que en el Partido Revolucionario Institucional estamos de acuerdo en la necesidad de una reforma política. Ya hemos comentado en que creemos que no es conveniente que el Gobierno de la ciudad se mantenga como tal. Que consideramos que debemos de profundizar en la democracia en nuestra entidad y también hemos dicho que creemos oportuno el desarrollar formas de consulta ciudadana que permitan a los capitalinos expresarse con relación a los principales problemas del Distrito Federal.

Pero queremos lograr estas formas, esta profundización de la democracia en el marco de un sistema que también nos ayude a resolver los problemas de nuestra ciudad capital; en el marco de una estructura administrativa que nos permita elevar la calidad de vida de los millones de capitalinos que aquí viven y no solamente por dar una respuesta de índole política, dejemos nosotros cojo el otro aspecto, que se refiere al mejoramiento administrativo de la ciudad.

Y no me refiero, compañeros, en ningún momento, a que el PRI esté planteando una reforma de índole administrativa, ¡de ninguna manera! El PRI considera que la reforma política debe ser profunda, pero que no podemos dejar de lado los aspectos que se refieren en las instancias que nos está proponiendo el plebiscito a la Constitución del Estado y, por lo tanto, a la creación de municipios.

Y no es, señores legisladores, que yo venga a meter aquí el tema administrativo como si fuera forzado, ¡de ninguna manera! Quien mete el tema administrativo a esta discusión es precisamente la Constitución, que en su artículo 115 establece cuáles son las características de esas circunscripciones que llamamos nosotros municipios y es aquí donde viene nuestro principal desacuerdo con el plebiscito, que ya hemos señalado que nos lleva, por lo tanto, a un falso debate, que no nos permite entrar al fondo del asunto, sino que nos remite otra vez y a un discurso y a un debate que ya ha sido prácticamente superado por todos los partidos políticos, por prácticamente todos.

En la mesa de concertación los partidos políticos hemos creído que no resulta válido construir en esta entidad un Estado que por las características del mismo no va a ser Estado y que no es adecuado establecer municipios, que tampoco se van a ajustar a las bases de la Constitución.

¿Por qué entonces volver a buscar respuestas antiguas a los problemas que nos plantea una conurbación tan importante como la Ciudad de México?

Hemos señalado en repetidas ocasiones que creemos que la ciudad requiere necesariamente de planteamientos globales; tan fue así, que la Asamblea de Representantes en unión con la Legislatura del Estado de México se abocaron al análisis de los principales problemas que vivía nuestra ciudad, porque nos hemos dado cuenta de que la respuesta a los problemas no puede ser limitada a una entidad, que si necesariamente queremos nosotros resolver problemas tan importantes para el ciudadano común, para el capitalino que todo el día los sufre y los vive como son los relativos a la contaminación, al transporte, a la basura o bien los que se refieren a la seguridad pública, es necesario dar respuestas no sólo del D.F., sino de nivel metropolitano.

Y sin embargo el planteamiento que se nos hace es un planteamiento para ver si queremos volver a llegar a la situación municipal en nuestra entidad. Por eso creemos que el fondo del asunto no se resuelve, que el plebiscito nos lleva a un falso debate, que no son los aspectos fundamentales de la problemática de la Ciudad de México y que sin embargo si puede llevar a la ciudadanía a una mayor confusión.

Cuando se habla de que la Asamblea debería de dejar de ser Asamblea para convertirse en un Congreso local pareciera como si estuviésemos hablando de una instancia legislativa cuyas limitaciones le han impedido actuar en el contexto de la Ciudad de México. Yo digo que la Asamblea ha sido un órgano de gran relevancia e importancia, lo es actualmente y lo que requerimos es necesariamente fortalecer sus facultades y sus funciones, pero no porque la convirtamos en un Congreso local vamos a lograr nosotros mejorar la situación de este importante órgano legislativo o bien de los habitantes de la Ciudad de México.

Yo quisiera preguntar cuáles la diferencia entre las normas jurídicas generales abstractas e impersonales que expide la Asamblea, reglamentando la Constitución y aquellas que expide cualquier Cámara local.

Hay, compañeros, sin embargo un elemento importantísimo que a la Asamblea logra caracterizar como un cuerpo de un enorme dinamismo, éste es el hecho de que la facultad reglamentaria que le corresponde a esta institución no requiere de que el Ejecutivo pase a desarrollar las normas que la misma Asamblea expide. Esto es, en una conurbación como la nuestra yo le preguntaría los señores legisladores y a los ciudadanos, ¿no es más adecuado contar con un órgano legislativo cuyas disposiciones de inmediato entran en vigor y que no requieren en ningún momento de reglamentaciones o desarrollos del Ejecutivo?

En fin, hay en cada una de las preguntas que se hacen al plebiscito, elementos que nos llevan desde luego a su cuestionamiento, pero hay aspectos también de forma que creemos imprescindibles, la forma en que está n establecidas las preguntas que ya hemos comentado, consideramos nos llevan a obtener respuestas predeterminadas ya que está n verdaderamente inducidas, porque creemos que el plebiscito nos lleva a un falso debate, porque creemos que no se ha tenido realmente cuidado en la forma y en los términos como se han planteado las cuestiones, porque consideramos que nos deja un vacío después de la consulta y que no es claro con relación a las distintas opciones que la ciudadanía tiene y porque no hay suficiente información de parte de la población para que efectivamente en forma adecuada, real, consciente y responsable emita su decisión, es que nosotros consideramos que el plebiscito si bien es respetable, como son las personas que se han encargado de su organización, no es ni debe ser el insumo fundamental de la reforma política en la Ciudad de México.

¿Por dónde debemos nosotros caminar, compañeros? Creo que hemos logrado avances importantes en la mesa de concertaciones, que se han establecido de conformidad con los tiempos que se señalaron y con el programa y con los calendarios que se determinaron, se han establecido realmente logros respecto a los temas que constituyen el verdadero debate de la Ciudad de México.

Las distintas fracciones políticas han llegado a acuerdos en materia hacendaria, en materia de distribución de los recursos entre las distintas delegaciones o circunscripciones del Distrito Federal; han llegado a acuerdos también, en materia de metropolización de los servicios públicos; han llegado a acuerdos en materia de impartición de justicia y es precisamente en este foro donde se está n llevando a cabo los debates con seriedad para lograrlo.

Por estos motivos compañeros, consideramos nosotros que el plebiscito no nos llevar a dar respuestas efectivas a la ciudadanía y sin embargo ha creado expectativas que no implican la solución de los problemas de la Ciudad de México.

Nosotros quisiéramos invitar a las distintas fuerzas políticas y al Partido de a Revolución Democrática, que abandonó la mesa de concertaciones, a continuar ahí con las negociaciones, porque realmente consideramos que la reforma política de la Ciudad de México es imprescindible y que se requiere llevar a cabo; que la ciudad de forma responsable, reclama un cambio, una profundización de la democracia y también los ciudadanos quieren que sigamos avanzando.

De tal manera, compañeros diputados, que el foro de la reforma política, creemos en el Partido Revolucionario Institucional, que es el foro para llevar con seriedad los trabajos de la reforma y para que de esta manera avancemos en la democratización del Distrito Federal. Muchas gracias.

El Presidente: -Gracias diputado Lerdo,... permítame, ahorita le doy la palabra. Con todo

gusto, diputado Cantú, en términos del 102 le concedemos la palabra en cuanto deje la tribuna el diputado Lerdo.

El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas: - Señor Presidente, señores senadores, señores diputados:

Una vez más, las muy bellas y encantadoras damas que atienden a nuestros diputados, ocasionaron algunas distracciones que trajeron en consecuencia que se pusieran en labios del servidor, cosas que aquí no se dijeron.

Yo nunca dije que el plebiscito era de poca monta, estoy luchando en favor del plebiscito y obviamente en razón de eso estamos tratando de impulsarlo. Consideramos también que nadie de los asambleístas, nadie del sector social está involucrado en este proyecto democrático del país, ha expresado en cualquiera de las tribunas que a su alcance tiene, alguna acción discrepante con los trabajos que actualmente se llevan en las mesas de concertación tanto en el Distrito Federal, como las que estamos realizando en esta institución legislativa tan importante, como es la que todos ustedes integran.

Consideramos particularmente, que este ejercicio ciudadano, democrático que está n realizando los habitantes de la capital de la República, representados por algunos partidos y otros sin partidos, habrán de expresar el próximo día 21 en forma voluntaria y espontánea, su posición sobre estos temas y estas interrogantes a quienes se les está cuestionando. El resultado del mismo, manifestó el propio regente de esta capital de la República, será observado con profunda atención y obviamente conforme a actitudes que el señor regente siempre ha observado, habrá de atenderlo con respeto, y obviamente para tratar de integrarlo, si así se considera, algunos de los trabajos que está n realizando en estas mesas de concertación.

Yo ni quisiera, don Fernando, venir a esta tribuna a hacer posiciones de vanidad, de soberbia o de egolatría, o por el sólo hecho de pretender arremeter contra los molinos de viento, destrozar todo lo que mis compañeros dicen. Yo he entendido, a lo mejor no he tenido la capacidad para hacerlo, que aquí estamos haciendo esfuerzos por avanzar democráticamente. Con esta actitud de fortaleza, de simpatía, de apoyo y de impulso que usted le otorga a los trabajos de la mesa de concertación ciudadana, debo decirle que también el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana ha tomado actitudes de impulso y de trabajo en la mesa de concertación ciudadana, como lo estamos tomando, señor diputado Ortiz Arana, lo estamos tomando también para otorgar nuestro esfuerzo y nuestro impulso a las labores que en esta Cámara de Diputados se realizan para encontrar la estructura adecuada que dé respuesta al pueblo de México en sus inquietudes democráticas.

Yo no he descalificado ni la mesa de concertación ciudadana, ni hemos abandonado los trabajos que se realizan en esta Cámara de Diputados.

Simultáneamente a ello, a nosotros en el PARM, nos merece profundo respeto y los estímulos estimulamos en la medida de nuestras posibilidades, a este grupo de ciudadanos, representantes de diversas fuerzas políticas y la mayoría de ellas, la del abstencionismo, para que sean escuchados en torno a estas interrogantes que se les formulen. El resultado de estas interrogantes, en forma mayoritaria, en forma mínima, dentro de un ámbito de interés porcentual o probablemente con abstencionismo, con ausencia o con indiferencia, lo vamos a conocer el próximo día 21 en la noche, porque a diferencia de lo que en otros sectores electorales acontece, estos humildes ciudadanos representantes de diversos partidos, no te enojes, tienen a su alcance la posibilidad de dar datos inmediatos, y tengo la absoluta certeza que no se va a derrumbar el aparato electoral, que dé conferencia y contestación al pueblo de México sobre el resultado de esta votación.

Con todo cariño, señor licenciado don Fernando Ortiz Arana, es mi respuesta.

El Presidente: -Gracias por referirse a mí en la respuesta que dio. Vamos a conceder la palabra ahora al diputado Jorge Calderón, del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: -Con su venia señor Presidente; estimados compañeros legisladores:

Hay un intento de descalificación previo a la realización del plebiscito del próximo 21 de marzo, que está presente en varias intervenciones, particularmente la que hizo el senador Aguilera, intento que desde todos los puntos de vista, muestra un deseo de no aceptar la aspiración democrática que está surgiendo desde muy distintas vertientes de la ciudadanía del Distrito Federal.

El problema de fondo, y sobre todo puede haber un conjunto de debates, de palabras y discursos, es que durante más de 60 años, se ha

negando a los habitantes del Distrito Federal, el derecho de elegir a sus gobernantes y se ha convertido, dígase lo que se diga, invéntese la montaña de discursos que se quiera inventar, se ha convertido a los habitantes del Distrito Federal en ciudadanos de segunda de la República Mexicana. Ese es el problema de fondo. Desde el momento que no se tiene derecho a elegir un gobernador propio; desde el momento que no se tiene derecho a elegir diputados a un congreso propio, y desde el momento que todos los derechos que tienen la mayoría de los mexicanos residentes en 31 entidades federativas de constituir municipios, no se está n reconociendo, hay ahí una violación, aunque esto haya durado más de 60 años, hay una violación de derechos constitucionales que debieran reconocerse a los habitantes del Distrito Federal. Ese es el problema de fondo.

Pero además pareciera que hay un terror dentro de todo un aparato de partido de Estado y del corporativismo que ha existido en nuestro país durante tantos años, a un proceso político donde la ciudadanía tiene la capacidad de elegir y de decidir por sí misma sin la intervención del aparato corporativo gubernamental.

Pareciera entonces que esa lista de descalificaciones que nos ha presentado aquí el senador Aguilera, busca, por un lado, mostrar un deseo de tergiversación de estas aspiraciones fundamentales de la ciudadanía.

No es el Partido de la Revolución Democrática quien está detrás, presente o controlando tales o cuales comités ciudadanos de apoyo al plebiscito. Hablemos claro. Si nos atenemos estrictamente a la composición del Comité Ciudadano de Apoyo, si nos atenemos a ese conjunto de intelectuales ciudadanos que han participado en todos los niveles de la organización del plebiscito, si reconocemos la destacada participación de asambleístas de diferentes partidos políticos, observaremos que hay, quizá por primera vez en muchos años en algo tan fundamental como es la democracia en el Distrito Federal, una participación plural y ciudadana.

El propio presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Fernando Ríos Abud, apenas el pasado lunes expuso de manera pública y directa su apoyo al plebiscito y su apoyo a la participación ciudadana y a la constitución de una forma propia de expresión de los habitantes del Distrito Federal. Y otros sectores, la propia participación de asambleístas que fueron postulados por el Partido Revolucionario Institucional, la participación de ciudadanos que participan en el PRI en distintos distritos electorales y que está n apoyando la realización del plebiscito, es muestra clara, junto con muy diversos ciudadanos que militan en el PAN, que militan en el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y en el PRD y en otros partidos, de una voluntad amplia en este sentido.

Pero además hay distintos sectores que con un esfuerzo debiera ser objeto de reconocimiento está n apoyando esta organización.

Y por ello nosotros preguntamos: ¿Cuáles la verdadera actitud del Gobierno del Distrito Federal? ¿Cuáles la propuesta y la política que va a seguir el señor Camacho frente a esto? Por un lado, en la última fase de organización del plebiscito, el Gobierno del Distrito Federal, particularmente el licenciado Camacho, ofrece ciertas garantías mínimas, cierta participación y cierta intervención; ofrece que algunos miles de funcionarios del Departamento del Distrito Federal estarán presentes en las casillas; ofrece cierta infraestructura. Dejó el Departamento de destruir la propaganda favorable a la realización del plebiscito; dejó de quitar y de destruir las pintas que de manera libre y autónoma los ciudadanos estaban realizando y en el último momento ofreció ciertas garantías. Deja, sin embargo, ambiguo cuál será su respuesta en caso de que la votación de los ciudadanos en este plebiscito sea favorable a la creación del Estado 32, a la elección de un congreso local y favorable a la elección de los gobernantes. Eso lo deja ambiguo.

Pero, por otro lado, escuchamos una intervención del senador Aguilera, dura, directa, descalificando la participación política y ciudadana, diciendo palabras más o menos literales: "...que es moralmente inaceptable". Diciendo: "...que ciertos partidos políticos buscan obtener ventajas políticas y partidarias". Tratando de presentarlo como una maniobra, lo que es una genuina aspiración ciudadana.

Nosotros preguntamos: ¿Cuál es la política gubernamental? ¿Apostar al cambio? ¿Apostar a la reforma democrática? ¿Apostar a una transformación profunda de las instituciones republicanas del país? O, por el contrario ¿Descalificar lo que es un proceso de participación ciudadana y una forma de elección democrática que el pueblo se da a sí mismo?

Ahora bien, evidentemente, si no contamos con el inmenso aparato del Instituto Federal Electoral; si la ciudadanía libremente organizada no cuenta con esa gigantesca infraestructura,

construida a lo largo de 60 años o más de 60 años de corporativismo y partido de Estado; si no hubo durante meses colaboración para que tuviera la ciudadanía los listados nominales de electores y el conjunto de estructuras para un proceso electoral, evidentemente se pueden encontrar muy diversas formas de objeción hacia la forma de estructuración y de organización de esta consulta ciudadana.

Pero hay, sobre todo, una voluntad y un deseo democrático, y no pueden quienes han incurrido en distintas formas de manipulación y fraude electoral, quienes han violado sistemáticamente la soberanía popular, quienes han manipulado los deseos y aspiraciones democráticas del pueblo, venir aquí a suponer que esas prácticas electorales que se han utilizado en Michoacán, que se han utilizado en Guerrero, que se han utilizado en Oaxaca, Veracruz y muchos lugares de la República, esa forma de destruir las aspiraciones democráticas del pueblo, van a ser utilizadas por ciudadanos libres, autónomos y con una nueva cultura política, en un proceso de reforma y de consulta como la que estamos aquí impulsando. No puede haber tal perversión.

La ciudadanía busca un proceso limpio, y de antemano hablar de carruseles, de antemano decir que se traer n gente de los estados circunvecinos para alterar el resultado; acusar que los presidentes o representantes en tales o cuales comités distritales pertenecen al PRD a o tal o cual partido político es, repito, una acusación infundada, que no se apoya en hechos, no se apoya en datos y rechazamos categóricamente.

Este es un plebiscito ciudadano, un plebiscito autónomo, donde efectivamente como ciudadanos que somos, numerosos miembros de partidos políticos, pero con su identidad ciudadana, está n participando en este proceso, y es legítimo que o hagan.

Aquí el diputado Cantú ha dicho, de manera directa, clara, diáfana que el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana apoya esta consulta popular.

Como ciudadanos, a título personal, hemos expresado también nuestro caluroso apoyo a otras fuerzas y ciudadanos, repito, de diferentes partidos políticos han dicho sí al cambio, sí a la democracia, sí al plebiscito, sí al Estado 32, sin matices y sin construcción de frases; sí a la construcción de una Cámara local, de un Congreso local y sí a la elección por voto directo, secreto y universal de sus gobernantes.

Estas son las definiciones políticas que la ciudadanía del Distrito Federal está exigiendo. No mesas de concertaciones donde en vez de entrar a precisiones y a tránsitos de la democracia, se pierde una aspiración fundamental del pueblo, en un conjunto de debates que no han arribado a una agenda de transformación política.

Ahora bien, evidentemente esta consulta popular, que está basada, como lo ha expresado aquí el senador Porfirio Muñoz Ledo, en lo más profundo de la soberanía popular, que establece el 39 constitucional, tendrá, para que pueda materializarse, en la construcción, si es que así lo decide la ciudadanía, de un nuevo Estado, de un Poder Legislativo propio y de la elección de los gobernantes, tendrá que haber mecanismos constitucionales para que esto pueda llevarse a la práctica. En algún momento tendrá que ser presentada una iniciativa de reformas constitucionales y nuestros órganos legislativos tendrá n, en su momento, que tomar la decisión histórica de restituir a los ciudadanos del Distrito Federal sus derechos fundamentales; hay un proceso, pero ésa es otra cosa completamente distinta.

Este plebiscito puede marcar una ruta de transformación democrática en este país, en este Distrito Federal y en la República, y otro problema radicalmente diferente será la participación de legisladores de partidos políticos y de ciudadanos en los procesos de modificaciones legales y constitucionales, si ésa es la voluntad de los ciudadanos del Distrito Federal.

Otro aspecto más. Evidentemente, la Ciudad de México, particularmente el Distrito Federal, está inscrito en un muy complejo proceso de conurbación; hay una interrelación entre distintas delegaciones del propio Distrito Federal y los municipios conurbados.

No puede de antemano descalificarse la construcción de municipios y la conformación de un Estado propio, con los complejos fenómenos de conurbación. Ahí está la imaginación política de la ciudadanía; ahí está ese esfuerzo y salto que debemos dar los mexicanos hacia el Siglo XXI para, con respeto a la Constitución, con respeto al 115 constitucional, con respeto a las formas fundamentales de la Carta Magna, crear un sistema que articule democracia, participación, autogestión, con los procesos de conurbación que se dan precisamente en el Distrito Federal y en los estados circunvecinos; todo puede realizarse cuando hay una voluntad democrática. Pero lo que no se quiere reconocer son los enormes beneficios que grupos inmobiliarios, que grupos

monopólicos, que grupos industriales y que sectores de interés han obtenido a través de un manejo clientelar, autocrático, autoritario y represivo de la forma de organización de nuestra ciudad.

No podemos aceptar que millones de mexicanos, uno de cada diez mexicanos les sean privados sus derechos políticos fundamentales. Y no podemos tampoco aceptar que se pretenda por un lado una discusión sobre reforma política en materia de procesos electorales y de cambio democrático, donde se excluya lo que es la piedra angular de la construcción democrática de nuestra República que es precisamente el reconocimiento de los derechos ciudadanos de los habitantes del Distrito Federal.

Por lo anteriormente expuesto, nuestro partido en su carácter precisamente de militante pero también de ciudadanos realizar , respetuoso de la autonomía del proceso de organización del plebiscito, todo lo que está a su alcance por el mejor desarrollo de este proceso de consulta ciudadana. Pero vamos a respetar la autonomía, la autogestión de estos procesos ciudadanos.

Vamos apoyar cualquier forma de participación y de expresión y seremos los primeros, conjuntamente con el Comité de Apoyo, conjuntamente con todas las formas de organización que ahí surjan, el buscar el 21 de marzo la más amplia participación de la ciudadanía.

No descalificamos de antemano esta forma de participación de la sociedad, por el contrario la apoyamos. Y ojal que aquellas fuerzas que en este momento está n de antemano descalificando lo que es una lucha limpia, una lucha con nuevo espíritu, una nueva cultura libertaria, aprendan las lecciones de la historia, aprendan que los sistemas de partido de estado han desaparecido en todo el mundo, aprendan que la alternancia democrática en una necesidad de los tiempos contemporáneos. Reconozcan que no puede seguirse gobernando un territorio de la magnitud demográfica del Distrito Federal con las formas autoritarias como las que han venido haciendo durante tantos años.

Y que los problemas de contaminación, de delincuencia, de desindustrialización y desmantelamiento de la planta productiva en el Valle de México; los problemas de la ausencia de una verdadera forma de articulación de nuestra entidad, no pueden resolverse con actitudes despóticas y autoritarias.

Sólo con la democracia, sólo con la participación ciudadana, sólo con la creación de una forma de alternancia, donde los votos en el D.F., y en toda la república cuenten y se cuenten, podrá haber una efectiva renovación de nuestra ciudad, podrá recobrarse el cielo limpio que todos aspiramos a construir.

Podrá ofrecerse a cada hombre y a cada mujer jóvenes, empleo, una vida digna y una vivienda. Sólo con democracia se podrá castigar a los malos gobernantes que especulan y se alían con grupos monopólicos y con empresas inmobiliarias en contra de los intereses de los habitantes de esta ciudad.

La democracia pues es una aspiración de todos. Ya hemos dicho y podríamos dar una lista aquí de decenas o centenares de ciudadanos que no tienen filiación política o partidaria que apoyan el plebiscito y apoyan el autogobierno y la autogestión en el Distrito Federal. Esto es fundamental para el futuro de la República.

En nuestro país, los Estados Unidos Mexicanos, la República Mexicana, estar fracturada mientras no se reconozca de manera plena la capacidad de autogobierno de los habitantes del Distrito Federal. Que no se descalifique, que no inventen pretextos, que no se intente de antemano desconocer ese plebiscito, porque si eso fuera significa que de antemano está reconociendo que aquellos que se oponen a la democratización en el Distrito Federal son minoría en este espacio territorial.

Y por ello es que nuestro partido, por ello es que otros partidos, y por ello es que en numerosos sectores ciudadanos decimos sí al plebiscito y a la democracia y a la participación ciudadana y abramos entonces un espacio de cambio de transformación y le demos satisfacción.

El Presidente: -Esta Presidencia informa que antes de darle la palabra al orador, que está inscrito y que es el diputado Amador Rodríguez Lozano, ha solicitado la palabra para rectificar hechos el diputado Cuauhtémoc Amezcua. Tiene la palabra el diputado Amezcua.

El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: -En primer lugar es necesario aclarar que el Partido Popular Socialista respeta y valora como positivo el esfuerzo de quienes ciudadanos sin militancia política, sin participación política activa hasta antes de hoy, se han involucrado de alguna manera en un ejercicio que consideran legítimo y justo. Eso es respetable.

En segundo lugar, enfatizar en este hecho. Si no se vale descalificar al plebiscito atando sus

resultados al otro problema, al problema de fondo, al de la necesidad del reconocimiento de los derechos ciudadanos plenos a los habitantes del Distrito Federal, tampoco se vale calificarlo atándolo a esos mismos resultados. Son dos problemas distintos: uno, es un problema serio, de fondo, trascendente que nos importa a muchas fuerzas políticas.

Es un tratamiento maniqueo el querer convertir esto en un problema de debate entre un partido político, una corriente política en específico y el Gobierno.

Se trata de ignorar la larguísima lucha de la que yo di cuenta aquí hace rato, de décadas, en la que mi partido ha sido principal y fundamental impulsor de la lucha por los derechos ciudadanos en el Distrito Federal y no se vale, es una forma de manipular, es un forma de maniobrar, que no corresponde a una corriente democrática seria ni a un partido revolucionario.

La lucha por los derechos ciudadanos plenos es válida, es noble, es justa, es real, la compartimos totalmente. Hay fuerzas que se oponen, es cierto, hay que luchar contra ellas, hay que abrirle paso a esta demanda que compartimos, también la idea es demanda absolutamente mayoritaria de la población, todo eso lo compartimos.

Sin embrago, atar esto a algo a lo que se le ha llamado plebiscito en serlo, nos parece poco serio, nos parece sumamente riesgoso. En la forma carente de controles, mínimos, ya no rigurosos, sino mínimos en que se va a realizar esta forma de consulta, ligera y superficial, nadie puede garantizar qué sea lo que aparezca como frutos.

Algunos sospechar n que pudiera haber carruseles impulsados por quienes somos partidarios de los derechos democráticos plenos, pero también podemos sospechar que pudiera haberlos de quienes se oponen a ese reconocimiento y que apareciera ahí como, resultado que el 85% votó porque siga habiendo regente designado y designados y todo se quede como está .

¿Y cómo reclamar eso?, ¿con qué control?, ¿con qué garantías?, ¿con qué seguridad, si no habrá la menor forma de control?

Yo insisto en que debemos distinguir muy claramente entre el problema de fondo que es de una magnitud real y de una seriedad real y una forma de instrumentación táctica de lucha que no es más que un instrumento y que por su carácter endeble y carente absolutamente de seriedad y eso hay que decirlo y reconocerlo con toda honestidad, porque generar falsas expectativas en el pueblo no es revolucionario ni es democrático, es profundamente contrarrevolucionario y antidemocrático, así se haga con muy buenas intenciones, pero el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones.

Eso sólo puede conducir a derrotas a la lucha revolucionaria y a la lucha democrática. No se puede avanzar seriamente hacia la ampliación de la vida democrática de México por medio de la utilización de formas simuladas, de formas no serias, de formas que no tienen respetabilidad.

Hasta ahora los compañeros del Partido de la Revolución Democrática, partido amigo, partido al que respetamos, no han planteado en esta tribuna ninguna forma de sustentación de por qué llamarle plebiscito a algo que no tiene ninguna forma de control, de seriedad ni de respetabilidad; no han planteado en lo absoluto cuáles son las formas de control que pudiéramos tener para confiar en que lo que de ahí salga sea digno de tomarse en cuenta, sea lo que sea que va a salir; que sea el reflejo real de la voluntad de los ciudadanos y no algo que fue manipulado, alterado, de una o de otra manera o con diversas maneras cruzadas, incluso, a la mejor.

No han sustentado por qué este modelo sin tinta indeleble, identificándose cada quien con la credencial que sea, sin insaculación de los funcionarios, sin representantes de los partidos en las casillas, sin ningún tipo de control, por qué éste ha de ser un modelo democrático a seguir; con qué autoridad podremos declarar que estos sean los modelos para las elecciones por las que estamos luchando. ¿Este sería el contenido de la reforma política por la que luchamos?

A mí me parece que lo primero que hay que documentar es la congruencia en las posiciones. Y me parece simplemente una manipulación poco seria querer convertir esto entre un problema de debate entre el Gobierno y una corriente política. No lo es, de ninguna manera; no podemos aceptarlo. De ninguna manera vamos a permitir que el Partido Popular Socialista se le quiera hacer a un lado en un problema en el que ha sido precursor y luchador desde hace muchos años.

El Presidente: -Tiene la palabra el diputado Amador Rodríguez Lozano.

El diputado Amador Rodríguez Lozano: - Gracias, señor Presidente:

De entrada, quiero decirles, compañeros, que mi partido no descalifica de antemano los resultados de este ejercicio público que algunos denominan plebiscito que se celebrar el próximo domingo.

Se comentan aquí, si es cierto, una serie de circunstancias, elementos, procedimientos que desde nuestra perspectiva no da certeza suficiente para la confiabilidad de los resultados.

Pero al final de cuentas, esto es irrelevante desde el punto de vista jurídico - constitucional. Ha habido aquí dos posiciones del PRD. Una de un politólogo y otra de un economista. Pero ninguno ha abordado el asunto desde la perspectiva jurídico constitucional, que ése es el relevante, que ése es el relevante.

A final de cuentas, si la respuesta fuera sí a cualesquiera de las tres preguntas que se hacen en el plebiscito, suponiendo sin conceder que esto tuviera efectos políticos vinculatorios, tendría que desarrollarse una reforma constitucional.

Decía Jorge Calderón: "Hay que aprender de la historia..." y aquí en la primera intervención el PRD nos trajo una retahila de episodios históricos sin ninguna vinculación con el tema que estamos tratando. Hay un ejemplo que se debe comentar. Hoy que estamos a punto de celebrar un aniversario más del natalicio de Benito Juárez.

Juárez, después de haber vencido en la Guerra de Reforma, después de haber vencido al invasor francés, con todo el prestigio de esos triunfos atrás de él, quiso reformar a la Constitución a través de un procedimiento no establecido en la Constitución y a través de la Ley de Convocatoria de 1867 que buscaba reelegir al Ejecutivo de entonces, pidió que simultáneamente a eso el pueblo le dijera si aceptaba que regresara el Senado y que se estableciera nuevamente el veto al Presidente de la República, con todo el prestigio de Juárez. Y le dijeron: ¡No!, ¡es irrelevante!, ¡no voy a contar lo que dijo el pueblo porque no se hizo a través de los procedimientos que establece el orden constitucional!, y se lo dijo don Ezequiel Montes, tuvo el valor de enfrentarse a Juárez con toda su gran figura, para defender el orden jurídico. ¡Y aquí ése es el punto!

El artículo 39 constitucional, lo he oído en varias ocasiones que se utiliza para poder justificar una especie de democracia plebiscitaria, no es aplicable. El artículo 39 constitucional establece el principio filosófico de nuestra soberanía y es un principio ecléctico que viene de la Revolución francesa: "la soberanía nacional reside en el pueblo"; soberanía nacional, fundamento filosófico del abate Sieyes, que asumió una actitud conservadora en la convención francesa para poder justificar que los cambios fueran lentos.

"La soberanía reside en el pueblo" la tesis rousseauniana donde el pueblo es en todo momento el dueño de su propio destino. México decidió que la soberanía es nacional y reside en el pueblo. Si, tenemos el derecho de modificar el orden jurídico, pero también tenemos que pensar en la historia. Pero, ¿cómo vamos a ejercer ese derecho? Eso se lo preguntaron en 1857.

En el Congreso del Constituyente, cuando se discutía este artículo, que era por cierto el 38 en aquel momento, los diputados propusieron que se le agregara un punto, que se le agregara una pequeña frase a este artículo 39 para que fuera mucho más claro: "A través de sus representantes". El diputado Mata consideró en su intervención que esta adición era irrelevante. ¿Porqué era irrelevante?, porque el artículo 39 es sólo una parte del principio filosófico de la soberanía; viene el artículo 40 que nos va a decir cómo es esa soberanía y cómo ejerce el pueblo su soberanía.

Y dice el artículo 40: "Es voluntad del pueblo constituirse en una República"; primera decisión, ..."una República que renueve de manera periódica el Ejecutivo y el Legislativo"; segundo, "representativa"; ¿qué está queriendo decir con que México es una República representativa?, hay tres formas de ver la democracia contemporánea: la directa, cuando el pueblo decide por sí mismo y en un ejercicio pleno y solamente se da en la asamblea anual de Swazilandia, en algunos cantones suizos y en algunos pequeños pueblos de Estados Unidos, muy cercanos a Boston, de ahí en fuera no existe la democracia directa; ante la complejidad de que el pueblo por sí pueda expresar su voluntad, y por eso desde el Constituyente francés, tenemos el sistema representativo que es que el pueblo quiere a través de sus representantes y ahí hay una gran cantidad de, teoría fundamentalmente de John Stuart Mills, que es uno de los grandes teóricos de este sistema representativo, el pueblo quiere a través de sus representantes.

Ciertamente el avance democrático de las democracias contemporáneas ha buscado otros instrumentos, otros instrumentos de carácter constitucional que vengan a paliar esa circunstancia extraña que nos decía Mafeit, "la

representación es una cabeza de Janos; por un lado ayuda e impulsa a la democracia y por otra parece que la detiene" y por eso se ha avanzado en lo que se conoce como democracia semidirecta que se expresa fundamentalmente a través del referendum, plebiscito, iniciativa o veto populares; pero en México, señores, no tenemos esos instrumentos de reforma constitucional, en México el artículo 135 establece el procedimiento de reforma constitucional, con un quórum calificado de las dos terceras partes y con la participación de las entidades federativas a quienes se les exige el 50% más uno del voto para aprobar la reforma constitucional.

Ese es el único camino para aprobar reformas constitucionales en nuestro país, pero ¿por qué? ¿Por qué es irrelevante constitucionalmente hablando los resultados de este ejercicio?, porque adolecen de un elemento esencial al derecho y sobre todo del derecho constitucional, no tienen el elemento de la certeza, no está hecho por órganos legítimamente competentes para ello; por esa razón es irrelevante constitucionalmente este ejercicio; pero además y esto yo quiero dejarlo como una pregunta a todos los aquí presentes, si vamos a hacer a un lado los procedimientos establecidos en la Constitución, vamos a olvidar que el artículo 41 dice que la soberanía se ejerce a través de los poderes de la Unión en el ámbito de su competencia y ese poder es el Poder Legislativo, estamos creando un gran problema porque toda vez que el anterior presidente del PRD fue designado candidato de los ciudadanos, nos vamos a enfrentar señores en 1994 con que nos van a traer un trailer lleno de firmas para asegurar que ganaron la elección y eso, señores, no se puede aceptar. Mucha gracias.

El Presidente: -Para rectificar hechos, en términos del artículo 112 se concede la palabra al senador Porfirio Muñoz Ledo.

El senador Porfirio Muñoz Ledo: -Con su venia, señor Presidente:

Creo que la atención parlamentaria que ha suscitado este tema, se ha vuelto en verdad plebiscitario. Han participado varios distinguidos oradores desde los más distintos ángulos y perspectivas.

Creo sin embargo, que ha predominado la confusión intencional y la defensa desesperada contra lo inevitable: la expresión de la voluntad popular del próximo domingo.

Primero en voz de nuestro estimado amigo Cuauhtémoc Amezcua, una confusión que me parece necesario aclarar ya que alude a dos polarizaciones: una, peligrosa, entre partidos y ciudadanos, como si los partidos y los ciudadanos fuesen dos cosas distintas; como si los partidos sólo fuesen membresías cautivas, cotos cerrados o patentes de corso. Sólo se explica la existencia y funcionamiento de los partidos, mediante la vigencia de la participación ciudadana, igual de aquel partido político que no está en aptitud de acompañar los movimientos de la conciencia cívica.

Por otra parte, incide en una artificial polarización de las posiciones que se han expresado en esta tribuna, como si se tratara de una cuestión entre partidos.

Naturalmente, representantes de fracciones parlamentarias tenemos que externar nuestro criterio sobre cualquier hecho relevante de la vida pública, pero se ha querido aquí, de modo tendencioso, inferir que plebiscito sí o plebiscito no, son posiciones partidarias.

Se trata, insistimos una vez más, de un ejercicio cívico que merece el apoyo, el estímulo de la consideración de quienes sostenemos banderas democráticas y que ha merecido la condena de quienes tratan de ocultar con subterfugios y con engaños que a nadie convencen, una verdad elemental.

Se han opuesto, se oponen y tratar n de oponerse hasta el final, a la elección de las autoridades del Distrito Federal, por la simple y sencilla razón, me refiero al partido de la mayoría en este recinto, de que saben que fatalmente perder n las elecciones y que el mandato del Regente del Departamento del Distrito Federal, Regente por cierto chocante palabra que viene del lenguaje monárquico, no tiene un sustento verdadero de legitimidad, porque su partido ha perdido reiterada mente las elecciones en esta capital.

Sostener que no hay garantías de control, que no hay transparencias y que no hay veracidad en un proceso organizado primordialmente por los ciudadanos, resulta, lo digo con respeto, de un estatismo elemental.

A mayor abundamiento, en un sistema político como el mexicano en el cual el principal defraudador del voto es el propio Gobierno, cualquier forma de organización ciudadana que provea la organización y desarrollo de los comicios será más limpia, más confiable y más transparente que la intromisión indebida del Gobierno y de su aparato corporativo.

El valor de un plebiscito es un valor político, se externa por medio de las urnas, la voluntad mayoritaria del pueblo. Es un reforzamiento de lo que hacen por otros medios, en la sociedad democrática contemporánea las encuestas de opinión. Ahí está n, de las más importantes organizaciones y más seria de encuestas en este país; 67% de los ciudadanos se pronuncian hoy por tener autoridades electas, propias, en el Distrito Federal.

Quiero recordar también que la lucha revolucionaria a la que se alude, nunca ha sido una lucha burocrática, ni ha tenido que pasar necesariamente por los causes de los partidos. Las más grandes hazañas de los pueblos en la conquista de la libertad, son hazañas que se dan en las calles, por la expresión viva de la ciudadanía.

Es más, la palabra misma "ciudadano", que acompaña el surgimiento de la democracia en la modernidad, se inventa y nace por la lucha del hombre en la calle por su independencia.

¿Qué comentar de lo expresado aquí en tribuna por mi distinguido colega y compañero senador por el Distrito Federal?, ya no le extrañar , a estas alturas, que lo llamen el "senador no". Aquí ha dicho en todos los tonos no al plebiscito y ha procedido a una injusta y poco racional descalificación.

Yo me pregunto, porque empezamos una temporada política que arriba a 1994, y porque se supone que vamos a iniciar el ejercicio de una reforma política en profundidad, ¿cuál es el juego de la autoridad nacional? ¿Aparentar que se está en curso de una reforma política para cubrir el expediente frente a la opinión pública y en vista a la renegociación del Tratado de Libre Comercio? ¿Se trata de dar con las palabras y con los actos de las autoridades, una impresión de apertura, cuando en realidad vivimos un período de cerrazón?

Si nosotros quisiéramos adivinar a partir de lo ocurrido en esta tribuna el día de hoy, lo que va a suceder en las semanas que vienen, cuando iniciemos, se supone en serio, el debate sobre la reforma electoral, concluiremos fácilmente que se trata de un doble lenguaje gubernamental; reforma sí para los medios de información, reforma no en la realidad de los hechos; toques a las campañas electorales para las declaraciones de la prensa internacional, charolas multimillonarias en las cenas de las oligarcas, para efectos de financiamiento de su partido.

De las dos caras del camachismo, ¿cuál es la verdadera?. ¿la de quién? Como me decía un corresponsal extranjero, finge abrazar el plebiscito, se encuentra con los organizadores, se apresta a abrazarlos frente a las cámaras, les dice ciudadanos distinguidos, les muestra apoyo y respaldo; a la otra, la del Secretario General del Departamento en funciones de senador que dice: no al plebiscito, que lo condena, que lo descalifica como un acto partidario, que pone en duda de antemano la veracidad de sus resultados. Estos juegos dobles, no paran en la política, ni siquiera en la política del sistema imperante.

No quisiera extenderme respecto de nuevas confusiones aportadas aquí en tribuna, por dos discursos supuestamente jurídicos o juridicistas.

La oposición entre democracia representativa y democracia directa, es una invención de circunstancias.

Tiempo hubo en que se privilegió la democracia directa. Son los dos albores de la democracia en la primera mitad del Siglo XIX. Tiempo hubo en que existió temor la democracia directa, por los efectos secundarios y devastadores del bonapartismo.

Pero hace ya tiempo que las constituciones modernas incluyen en su articulado, tanto mecanismos de democracia directa como mecanismos de democracia indirecta.

Juárez, señor diputado, tenía la razón; Juárez tenía la razón en 1861, al término de la Guerra de Tres Años y en la víspera de la Guerra de Intervención, cuando trató de frenar reivindicaciones precipitadas; Juárez tenía razón en la restauración de la República en 1867, cuando un cuerpo electo quería privarlo y al final lo privó de una consulta directa a la ciudadanía. Se sometió al mandato de la representación popular; pero años después el presidente Sebastián Lerdo de Tejada logró lo que Juárez había iniciado.

A mi me parece... discúlpeme, por favor...

El diputado Amador Rodríguez Lozano (desde su curul): - Señor Presidente, quisiera hacerle una interpelación al señor senador.

El Presidente: -¿Acepta una interpelación, señor senador?

El senador Porfirio Muñoz Ledo: - Con mucho gusto. Una porque si no me distrae de las...

El diputado Amador Rodríguez Lozano (desde su curul): - Señor senador Muñoz Ledo, ¿a través de qué procedimiento el presidente Lerdo reformó la Constitución?

El senador Porfirio Muñoz Ledo: - El presidente Lerdo la reformó a través del mismo procedimiento que vamos a seguir nosotros, el procedimiento ordinario del Constituyente Permanente.

Aquí ha habido una confusión entre la legitimidad de los actos del Gobierno y la legitimidad de los actos de los ciudadanos.

Usted pueden poner en duda la capacidad política y constitucional del presidente Juárez para haber sometido ese plebiscito, porque tratándose de la autoridad pública, lo que no está permitido está prohibido, pero tratándose de los ciudadanos, lo que no está prohibido es permitido. Lo que usted no puede poner en duda es la legitimidad de un proceso ciudadano.

Nosotros no hemos argumentado que tal plebiscito, que es una consulta popular, cuya fuerza es política, sea un acto de Gobierno, porque no lo es; es un acto ciudadano y en eso estriba su valor y como tal debe ser juzgado.

A mí me extraña además, en un tiempo en que es indispensable fortalecer todas las formas del quehacer democrático, que se quiera anteponer caprichosa, confrontar caprichosa y arbitrariamente la democracia representativa con la democracia directa.

Si hubiese tanta preocupación por la democracia representativa, lo primero que habría que hacer es garantizar la limpieza del sufragio y alentar por ende la participación ciudadana. Es esa democracia representativa que aquí se invoca con tanta fuerza la que está hoy en crisis en México, porque el sufragio se ha visto desalentado a través de la defraudación.

Del conjunto de las elecciones locales de los últimos dos años, con la sola excepción de Baja California, el promedio de participación del cuerpo electoral no excede el 23%. De ese 23% el partido oficial reivindica poco más de la mitad del sufragio. Si lo llevamos a hechos reales, la legitimidad de esas instituciones representativas es inferior al 10% del electorado.

¡Si tanto les preocupa la democracia representativa, estarían pensando en el fortalecimiento del federalismo, en una reforma fiscal profunda que devuelva a los estados su capacidad autónoma de acción! ¡Estarían pensando en una reforma profunda del municipio, en una revisión de la división de poderes, en la autonomía efectiva del Poder Judicial y en el control, también efectivo, de los actos del Ejecutivo, por medio del Congreso.

Estarían diciendo ¡sí!, a la ampliación del Senado, con criterio de proporcionalidad. Estarían diciendo ¡sí!, al fin del candado que otorga una sobrerrepresentación indebida al partido de la mayoría. No les conocemos y vamos a verlo en debate de la reforma electoral y de la reforma política, una sola iniciativa en favor de esa democracia representativa, que hoy quieren erigir como valladar en contra de la democracia directa.

Las necesidades del país nos obligan a trabajar en ambas dimensiones; nos obligan a acreditar el sufragio ciudadano y, por lo tanto, dar la bienvenida a todos los esfuerzos cívicos que en tal sentido se hagan.

Nos obliga a revisar en profundidad las leyes y las prácticas electorales, para dar al sufragio la credibilidad que merece y nos obliga, también, a introducir en nuestro sistema constitucional, como es programa de mi partido, el referendum obligatorio, el referendum potestativo y el plebiscito.

Mientras tanto, me parece que sería perder el tiempo y tratar de ocultar la verdad, con un velo muy leve, el seguir impugnando al plebiscito, cuando de lo que se trata, por parte de estos impugnadores, es frenar una reforma política que, por otra parte, es irreversible.

Quiero, por último, decir que no conozco ningún tratadista de derecho constitucional que no haga una distinción clara entre el contenido y el alcance del artículo 39 de la Constitución y el contenido y el alcance del artículo 135. Mientras éste segundo establece la vía del Constituyente Permanente, el 39 no hace alusión, en modo alguno, a tal principio.

Tal fue el fundamento que finalmente se dio para las grandes transformaciones, después de los periodos revolucionarios y de emergencia cívica.

Quiero decir, del modo más simple, que de acuerdo con nuestro régimen y principio constitucional, las dos vías están abiertas y son complementarias: las vías, formas, del

Constituyente Permanente y las formas que el pueblo encuentre. Esperemos que sea por la vía pacífica, para alterar o modificar la forma de su Gobierno. Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente:- Han solicitado la palabra, para contestar alusiones personales, el diputado Cuauhtémoc Amezcua, del Partido Popular Socialista y el diputado Amador Rodríguez Lozano. Le concedemos la palabra al diputado Cuauhtémoc Amezcua.

También se ha inscrito ya, para contestar alusiones personales, el senador Manuel Aguilera.

El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo:- En efecto, el problema central aquí está siendo el de las confusiones, y el de un insuficiente esfuerzo para tratar de superarlas, entrando al debate a fondo, en búsqueda de las coincidencias.

Primero, interesa dejar claramente establecido que por lo que hace al problema del reconocimiento de los derechos de elección, que a todos los niveles deben tener los habitantes del Distrito Federal, no hay discusión entre el Partido Popular Socialista y la fracción parlamentaria del PRD. Esta ha hecho suya, ha coincidido con la vieja preocupación del Partido Popular Socialista y, por lo tanto, ahí no tenemos nada que discutir.

Segunda cuestión. Tampoco tenemos nada que discutir en cuanto a que ambos somos partidarios de que, entre los derechos democráticos del pueblo también exista el ejercicio del plebiscito; somos ambos partidarios del plebiscito, ¡sí!, y aquí empiezan ahora los problemas. Nosotros hemos reiterado el plebiscito, ¡sí!; simulaciones de plebiscito ¡No!; falsos plebiscitos a los que se les llame plebiscito, ¡no! porque eso nada tiene que ver con la vida democrática, eso enrarece la vida democrática, ésa no es escuela de democracia. Eso por el contrario sería malformación de quienes creyeran que un ejercicio con las características del que se pretenda realizar dentro de unos días, tuviera algo que ver con la vida democrática. Nada tiene que ver un ejercicio de este carácter, ni con la vida democrática ni con un plebiscito.

¿Y dónde es donde está el fondo de esta cuestión, de este pretendido plebiscito? No de la democratización del Distrito Federal, no de los derechos ciudadanos, no de los derechos de elecciones, no de los plebiscitos, no de la política económica del Gobierno, no del Tratado de Libre Comercio, en todo eso nosotros no tendríamos debate sino de este supuesto plebiscito. ¿Dónde está el fondo de la discrepancia?

Quedó planteado de alguna manera en la última intervención del senador Muñoz Ledo en esta tribuna, cuando habla de confusión entre partidos y ciudadanos, quedó planteado, ahí es donde estaría el problema.

Probablemente el senador Muñoz Ledo está enarbolando la idea si no es así le pediré que lo aclare en su momento, está enarbolando la idea de una sociedad civil en abstracto, integrada por ciudadanos en abstracto, sin que éstos formen parte de clases sociales específicas, sin que éstos tengan intereses cotidianos en la vida diaria en relación con la forma en que se ganan la vida, respecto a su relación con los medios de producción, con las formas de producción, sin que éstos tengan vínculo por lo tanto con los partidos políticos o un vínculo que en realidad si se da pero que se da de un modo quizá no muy claro, dado que a la vez se puede formar parte de un partido, por lo tanto, tomar un compromiso claro, de carácter programático, de carácter ideológico, de carácter político, de representación de un sector de la sociedad civil, de una clase social o de un conjunto de clases sociales específicas frente a los intereses de otro sector y al mismo tiempo se puede no hacer nada de eso y salirse y de repente decir: yo como ciudadano miembro de la sociedad civil, puedo hablar a nombre de todo el conjunto de ciudadanos miembros de la sociedad civil.

Y ése es el criterio del Senador Muñoz Ledo. ¡Hombre! pues es un criterio franca y claramente confusionista, franca y claramente retrasado, muchísimas décadas en el devenir del pensamiento político.

Hace mucho tiempo, a partir de que se entró a la etapa de la industrialización y justamente con ella de la definición más clara y concreta de las distintas clases y sectores que conforman la sociedad civil, el ciudadano dejó de ser una especie de entelequia, una abstracción y la sociedad civil también.

Y esta propia comunidad, este conjunto de todos los ciudadanos, a lo que podríamos llamar sociedad civil, entró en una fase de decantación y de perfeccionamiento de órganos específicos, de tal manera que los ha ido creando la propia sociedad civil, la propia evolución histórica y tiene sus órganos y sus formas de expresión para cada una de las actividades y las ramas.

Aquí hemos planteado ya en esta tribuna en otras ocasiones: queremos conocer el pensamiento de la sociedad civil, el pensamiento válido de la sociedad civil. Con relación a cuestiones que tengan que ver con la astronomía, el pensamiento válido de la sociedad civil con relación a la astronomía nos lo tendrá que dar la comunidad

de astrónomos, no hay otra forma en que la sociedad civil nos pueda dar válidamente la expresión de su pensamiento respecto a esa área. Y así con relación a cada una de las actividades.

Y cuando se trata de la expresión política de la sociedad civil, la sociedad civil en su evolución, particularmente a partir de la industrialización y por lo tanto de la aparición perfilada de un modo más nítido y definido de las clases sociales, se dio justamente a los partidos políticos. Esos son los órganos de expresión política de la sociedad civil, por lo tanto, eso de que se pueda formar parte a la vez de un partido político y por lo tanto ser vocero legítimo de la sociedad civil en esta materia, no de toda la sociedad civil en su amplitud, sino de la corriente del sector, de la clase social o del conjunto de sectores a los que ese partido representa, cuyos intereses representa y dejar de serlo para de repente aparecer como ciudadano suelto, como ciudadano individual no afiliado, no agrupado, sin compromiso con nadie, pero a la vez en una tercera posición, individuo suelto, sin compromiso con nadie, pero quién sabe por qué artes, con facultad de hablar a nombre de todos, pues ¡hombre!, eso simplemente, repito, no tiene nada que ver con el pensamiento político moderno.

Una elección organizada por los ciudadanos, ¿cuáles, cuántos, cómo, con qué legitimidad, con qué representatividad?, ¿diez ciudadanos, 20 ciudadanos, 100 ciudadanos, 500 ciudadanos, mil ciudadanos?

La representatividad política de la sociedad la tenemos los partidos políticos, independientemente del marco jurídico, independientemente de que éste pudiera ser legítimo o no. No hay otra forma de entenderlo. Yo he dicho aquí en esta tribuna y reitero hoy: que cuando una persona en lo individual, por respetable que sea, así sea una personalidad muy destacada del campo del arte o de la ciencia o del deporte o de la cultura, llega y me dice: yo te estoy hablando a nombre de la sociedad civil, yo le replico, preséntame el poder que te ha dado el 50% más uno de los mexicanos o de lo contrario reconoce que eres un farsante.

Si habla, habla por sí mismo y nada más, no puede hablar a nombre de la sociedad civil en su conjunto, nadie; y si habla por sí mismo, bueno, pues entonces su representación es infinitesimal. Un partido político por lo menos está obligado, de acuerdo con nuestra normatividad jurídica, a tener el respaldo de 65 mil ciudadanos, 65 mil veces el que viene a hablar por sí mismo, con la pretensión ése otro de que tiene más fuerza él que el partido político o que el conjunto de partidos, puesto que él dice que habla a nombre de todos.

Y eso no puede clasificarse más que de una farsa, no tiene manera de tomarse con seriedad. ¡Ah!, una elección organizada por los ciudadanos. Yo no he visto el acta donde el 50% más uno de los ciudadanos de México haya facultado a algún otro grupo de ciudadanos para en nombre de ellos organizar una elección, si así fuera sería muy respetable porque estaríamos hablando precisamente de un partido político y de un partido político muy grande el que es capaz de agrupar a 50% más uno de los ciudadanos.

Pero si no es así, no es más que una farsa, no hay otra forma de entenderlo. ¡Ah!, y porque son ciudadanos, entonces no importa que no haya controles, que no haya órganos, que no haya tinta indeleble, que no haya credenciales, que no haya nada, simplemente porque son ciudadanos los que lo organizan, será limpio, pulcro, respetable y obligatorio lo que de ahí resulte.

¡Caramba! ahora hay una cuarta categoría en todo este galimatías lleno de confusión en verdad. Resulta que ya no son ciudadanos tampoco ¡ahora son ángeles!, los que están organizando esto, a tal grado de perfección. ¡Imagínense ustedes! Ahora sí coincidimos. Ahora coincidimos en que en todo esto hay una grave confusión y un grave enredo en el que lamentablemente y lo digo con todo respeto, la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática se enredó sola y dice y contradice sus propias tesis. No hay congruencia y lamento mucho que así sea en este caso de este supuesto y falso plebiscito.

La lucha revolucionaria no necesariamente pasa por la burocracia ni por los partidos políticos ¡Es cierto! Pero tampoco obedece, como alguna vez hubiera planteado algún despistado a la espontaneidad de las masas, no sale así en abstracto, no se alza, no surgen así un conjunto de ciudadanos en abstracto y se dan a la lucha. Hay una interacción. Antes de la etapa de la aparición de los partidos políticos, ya se daba esa interacción y ahora con los partidos políticos se da esa interacción. Hay una interacción entre la parte de la sociedad, la clase social explotada, la clase social que lucha por una nueva organización, por una nueva forma de manejo de la vida colectiva, por una nueva forma de Estado, hay una interrelación entre esta clase social y los elementos más destacados de la misma que van surgiendo y que se convierten en los ideólogos, en los organizadores, en los impulsores de esa lucha revolucionaria.

Pero inmediatamente, aun en aquella etapa en que no habían surgido los partidos políticos permanentes, justamente al aparecer los dirigentes con capacidad teórica, con capacidad práctica de organización y de convocatoria y con capacidad de llamamiento y en torno a ello se mueve todo un conjunto de ciudadanos de esa clase social, no en abstracto, automáticamente estaríamos diciendo: ahí está ya exactamente el embrión, la forma, la manifestación práctica de un partido político; ya está ahí. No puede ocurrir que Zapata de repente diga: "Ahora ya no soy el dirigente del movimiento agrario, ahora soy un ciudadano simplemente, y vengo a hablar a nombre de todo el conjunto de la ciudadanía o de la sociedad civil". O que Villa, imagínenselo ustedes en un papel de ese carácter. Todo esto no es más que confusionismo.

No se puede avanzar hacia la vida democrática por medio de prácticas antidemocráticas; no se puede avanzar hacia la vida democrática por medio de acciones de simulación; ahí estaría nuestra posición y ésa sí la reiteramos y la mantenemos con toda firmeza.

Habría varios otros asuntos más que tocar, sin embargo, preferimos centrar en esto que nos parece es el fondo del problema. Estamos por los plenos derechos ciudadanos en el Distrito Federal; estamos por el plebiscito, por los plebiscitos, para ser más claros. Estamos en contra de la farsa que tiende hacer aparecer como plebiscito algo que nadie tiene que ver con eso, porque eso sólo sirve para demeritar lo que en verdad son derechos ciudadanos, lo que en verdad es vida democrática.

El Presidente: - Tiene la palabra el senador Manuel Aguilera Gómez, del partido Revolucionario Institucional.

El senador Manuel Aguilera Gómez: - Con su permiso, señor Presidente; señores legisladores:

Muy brevemente deseo hacer uso de la tribuna para hacer algunas puntualizaciones.

En primer lugar, nadie en el Partido Revolucionario Institucional está asustado con el plebiscito.

Simplemente hemos alertado a la opinión pública y a esta representación popular, respecto a dos cuestiones esenciales:

Una. No ha sido suficiente y claramente informada la opinión pública respecto del significado y trascendencia de un "sí" o un "no".

Y la segunda, no existen las más elementales condiciones para admitir la confiabilidad de los resultados.

Una aclaración breve al señor senador Porfirio Muñoz Ledo, distinguido profesor de ciencia política, que seguramente no ha tenido tiempo de leer las disposiciones más elementales que rigen la vida de la ciudad. Yo le ruego que se asome a la lectura de la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal y ahí encontrará que ese término que le resulta a él chocante de "regente", es inexistente en la legislación concerniente al Distrito Federal. El nombre del cargo oficial de la cabeza del Departamento del Distrito Federal se llama: Jefe del Departamento del Distrito Federal.

No es rechazado el plebiscito, pero no puedo aceptar simulaciones que van en contra del avance democrático. No senador, no, su pasado lo encadena, su futuro lo tortura y el presente, su presente, se le escapa. Esa es su tragedia personal y por eso acude usted a expresiones de trivialidad como la del "senador no" y en ese terreno, señor senador, ese terreno fangoso, no estoy dispuesto a transitarlo.

LV ANIVERSARIO DE LA EXPROPIACIÓN PETROLERA

El Presidente: - Se concede la palabra para otro asunto al señor diputado Fernando Lerdo de Tejada, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Fernando Lerdo de Tejada Luna: - Señor presidente, con su permiso, compañeros legisladores:

El día de mañana celebramos 55 años de la Expropiación Petrolera y el Partido Revolucionario Institucional ha considerado oportuno destacar este singular evento de la historia nacional, así como hacer algunas consideraciones respecto a la industria petrolera.

En primer lugar quisiéramos reconocer una vez más a la figura de Lázaro Cárdenas, un hombre que supo estar a la altura de las circunstancias, del momento histórico que le tocó vivir y dio respuesta a los retos que la nación le puso enfrente con el apoyo solidario del pueblo de México.

Lázaro Cárdenas supo defender lo que correspondía a la nación su riqueza petrolera.

Las causas inmediatas de la expropiación petrolera son particularmente importantes: el respeto al orden jurídico nacional por cualquier individuo, grupo u organización nacional o extranjera, que marcó la pauta de acción y envió claros mensajes a las empresas extranjeras que operaban en el país. Nada ni nadie sobre el orden constitucional.

El principio siempre lo habíamos sustentado, pero no siempre lo habíamos podido hacer respetar. La historia patria contiene claros ejemplos de guerras e invasiones injustas que se pelearon en contra de nuestra nación por hacer valer ese principio.

La expropiación petrolera es el corolario de la ambición de los mexicanos porque los recursos petroleros entrarán efectiva y definitivamente al dominio de la nación y que su destino se realizara conforme la voluntad nacional. La formulación de una nueva política petrolera por Carranza, resultado del movimiento revolucionario, los esfuerzos de Obregón por evitar una invasión a nuestro país que culminaron con las Conferencias de Bucareli, la expedición de la Ley de Petróleo de Calles que significó la reanudación del conflicto todos ellos fueron eventos que desembocaron en la nacionalización de la industria petrolera. Los resultados mediatos de este evento fueron de una gran trascendencia para la vida nacional.

El país logró constituir una industria petrolera propia no obstante los obstáculos que se presentaron consolidando así su soberanía y su independencia, el país pudo contar asimismo, con más recursos que le permitieron un camino de desarrollo propio, el aprovechamiento de una riqueza nacional para beneficio de la colectividad.

Hoy, 55 años más tarde, ratificamos los principios que dieron origen y sustento a la política petrolera nacional y que están vigentes, corresponde a la nación el dominio directo sobre nuestros recursos petroleros bajo la dirección del Estado mexicano, el petróleo para provecho del país, para beneficio de todos los mexicanos, no de algún grupo o segmento, respeto absoluto al marco constitucional del petróleo en todo tipo de consideraciones internas y negociaciones externas. No hay cambio de rumbo ni rectificación de principios, sí actualización de la empresa a las realidades que 55 años después se le presentan; hoy, la soberanía petrolera no puede entenderse sólo en términos de la propiedad del hidrocarburo; adicionalmente es necesario verla con relación a la eficiencia y competitividad de Pemex. Una empresa ineficiente implica un costo social altísimo que los mexicanos no podemos consentir, la empresa debe ser altamente productiva y sus resultados analizados a la luz de los beneficios que significan para la colectividad. Una empresa poco competitiva a nivel internacional significa condenar a Pemex a la dependencia real, al aislacionismo y a su eventual desaparición, la verdadera protección de la empresa y de los intereses nacionales consiste en vincularlos inteligentemente con el exterior, no los confundamos, la relación de Pemex con la industria petrolera internacional puede resultar positiva y no significa en ningún momento pérdida de soberanía.

Hoy, el aislacionismo petrolero no es una política viable; el mundo petrolero de la actualidad se caracteriza por precios internacionales que muestran una clara tendencia a la baja por un organismo de productores que no termina de salir de su crisis, por mercados que se significan por ser aleatorios y de gran competencia, por un mercado interno en plena expansión que significa un verdadero esfuerzo de abastecimiento nacional. El entorno interno y externo constituye verdadero reto que Pemex deberá superar, lo que hace necesario que esta empresa avance en su modernización.

En lo sucesivo, Pemex consolidará un modelo de agilidad y eficiencia equiparable al de otras empresas nacionales e internacionales, petroleras y de otras ramas, sin menoscabo de los vínculos de mando respecto a los órganos superiores y con estricto apego a los mandatos constitucionales.

La nueva Ley orgánica que con tan importantes modificaciones de todos los partidos aprobó el Congreso en julio del año pasado, se orienta precisamente en ese sentido: se otorga a Pemex las facultades y medios indispensables para conservar y mejorar sus funciones básicas, su unidad y el control central sobre la industria y el mercado.

Los organismos descentralizados subsidiarios que se crearon, tienen por objeto lograr un marco administrativo autónomo y responsable, con competencia para decidir sobre las distintas áreas técnicas, financieras y administrativas, específicas de la industria.

Se puede realizar mediante esta nueva estrategia, una reforma de fondo que permita particularizar responsabilidades, especializar funciones y abatir los inconvenientes de un régimen funcional, complejo y extenso, superado ya por el acelerado desarrollo de la industria.

Por otra parte, la reclasificación de la petroquímica abunda en el propósito de enfrentar los retos de una mayor globalización, estableciendo alianzas estratégicas que nos faciliten el completar procesos industriales, aprovechar economías de escala y avanzar en el desarrollo de alta tecnología.

Con estas características, en Pemex los recursos humanos se especializarán para ser más eficientes y dinámicos; los recursos materiales serán destinados exclusivamente a su objeto original, la industria petrolera, y sus recursos económicos se aplicarán en la diversificación de productos con mayor valor comercial y desarrollo tecnológico.

El proyecto no es desintegrar Pemex o fragmentarlo para su privatización en partes, sino su revalorización como una empresa con características de alta productividad, medida por su rendimiento social y no sólo por su contribución al erario.

Tenemos una empresa sólida. En 1992 la producción nacional del crudo fue de poco más de 2 millones y medio de barriles al día, en tanto que las exportaciones petroleras fueron de casi 1 millón, 400 mil barriles diarios.

No obstante que los ingresos por sus ventas al exterior bajaron casi un 9% como consecuencia de precios internacionales más bajos, aquellos aún son superiores a lo presupuestado.

Las reservas probadas de petróleo crudo, que ascienden a 65 mil millones de barriles, garantizan medio siglo más de abasto a ritmos actuales de extracción, ocupando nuestro país el sexto lugar mundial sólo detrás de los países árabes y representando 15 mil millones de barriles por encima de conjuntas de los Estados Unidos y la República Popular China.

Para el futuro, Pemex deberá asegurar mayor eficiencia en varios aspectos: primero, consideramos que deben evaluarse cuidadosamente los esfuerzos de diversificación de mercado.

Estados Unidos y España consumen las tres cuartas partes de las exportaciones mexicanas, Estados Unidos con el 50 y España con casi el 20. El anuncio de más impuestos a los energéticos mexicanos en los Estados Unidos, revelan los riesgos de la concentración.

El Gobierno Federal debe también hacer un mejor trabajo en lo relativo al control de los inventarios, en la seguridad de las instalaciones petroleras y la de sus expendedores, así como destinar los recursos libres de la reestructuración para el mejoramiento de la infraestructura.

El programa reciente de apoyos económicos para los distribuidores de energéticos, es una contribución significativa para lograr mejores medidas de seguridad, facilitar la reubicación de instalaciones, y acercar mayores estímulos a la planta productiva.

Pemex le debe a los ciudadanos una solución efectiva en materia de gasolinas no contaminantes. Estudios recientes del Instituto Mexicano del Petróleo, indican que la concentración de olfeínas, substancia de alta reactividad fotoquímica y potencial productor de ozono en la gasolina magna sin, registra uno de los porcentajes más elevados a nivel mundial.

La industria se comprometió a reducir, a partir del primero de diciembre pasado, su contenido al 15%, y esta disposición será verificada por la Comisión del Distrito Federal, como se acordó en la reunión que ayer sostuvimos por indicaciones de esta Comisión Permanente, para analizar los efectos de la contaminación en la salud de los capitalinos.

Petróleos Mexicanos, compañeros, seguirá siendo símbolo del nacionalismo mexicano, garantizando su carácter integral y estratégico, un instrumento fundamental por los soportes que ha prestado a los diversos sectores de la producción a la economía y a la sociedad en su conjunto. Se trabaja para que el petróleo contribuya a impulsar la eficiencia de la economía, a consolidarla y que coadyuve en el propósito de cumplir las responsabilidades sociales del Estado. Esto se podrá lograr con mayores niveles de competitividad, con una mejor preparación para los desequilibrios del mercado internacional y atendiendo a las prioridades del desarrollo nacional. Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente: - Gracias diputado. Concedemos la palabra para este mismo asunto al señor diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.

El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas: - Señores senadores, señores diputados, señor Presidente:

En días recientes, como a muchos de ustedes, se nos hizo llegar una lujosa invitación, participación oficial, en excelente papel y con brillante impresión, mediante la cual la Dirección de Petróleos Mexicanos notifica los festejos y la celebración del LV Aniversario de la Expropiación Petrolera.

Hoy mismo en esta Cámara, a la que tanto respetamos, se nos informó que la celebración de la asamblea y homenaje que mañana habrá de realizarse, se transfiere a las 13.00 horas, bajo la bóveda protectora del Monumento a la

Revolución, y con la asistencia de los directivos de la empresa, las agrupaciones sindicales y la presencia muy trascendente del ciudadano Presidente de la República.

Mañana, 18 de marzo, se celebra el LV Aniversario de la Expropiación Petrolera en nuestro país.

Un miércoles, miércoles 18 de marzo de 1938, el Presidente de la República, general Lázaro Cárdenas del Río, acompañado del señor licenciado Eduardo Suárez, Secretario de Hacienda y Crédito Público y del señor Efraín Buenrostro, Secretario de Economía, leyó en el Salón de Embajadores de Palacio Nacional, el Decreto de Expropiación de la Industria Petrolera.

El decreto, consistente en cuatro artículos, expropiaba la infraestructura, patrimonio e instalaciones de 13 compañías extranjeras, concesionarias de la explotación, refinamiento y distribución del petróleo mexicano.

El antecedente de esta expropiación arrancaba año y medio atrás en que los trabajadores mexicanos de estas empresas habían solicitado a los patrones la mejora de sus condiciones contracturales de labores, así como el derecho a agremiarse en un sindicato, de conformidad a lo establecido, ya en aquel entonces, por el artículo 123 constitucional y la Ley Federal del Trabajo de 1932.

La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje número 7, falló a favor de los trabajadores petroleros el derecho a agremiarse; los apoderados y directivos extranjeros de las 13 compañías concesionarias, interpusieron en su momento el recurso de amparo para impugnar el laudo a favor de los trabajadores, trayendo en consecuencia que éstos últimos interpusieran el juicio de amparo en atención a lo establecido por la Ley de Amparo del 10 de enero de 1936.

El fallo de la Suprema Corte fue conceder el amparo a la justicia federal y en consecuencia ordenar a los propietarios de la empresa petrolera el permitir la agremiación de sus trabajadores, mejorar las condiciones de su trabajo y pagar los salarios caídos por el tiempo que duró la controversia.

Los apoderados directivos de las empresas afectadas, lejos de acatar la ley y la resolución de las autoridades, solicitaron auxilio a las embajadas de los respectivos países de donde los concesionarios eran nacionales, la Embajada Británica, la Embajada Holandesa y la Embajada Americana, para pedir la intervención de tales países, tratando de sustraerse al acatamiento de tal sentencia.

El señor general Lázaro Cárdenas giró instrucciones al Secretario de Economía, Edgar Buenrostro, para que solicitase a los concesionarios un informe detallado del patrimonio, instalaciones y servicios de cada empresa; las compañías convocadas se negaron a proporcionar los datos y ante tales negativas y viendo la notoria rebeldía de las concesionarias petroleras en acatar la sentencia de la Suprema Corte e incluso al ver ostensiblemente su intención de refugiarse en sus países de origen para no acatar una norma en nuestro propio territorio, hizo que el señor general Lázaro Cárdenas, ese mismo día a las 13.00 horas, por la estación de radio XEW, transmisión enviada desde el mismo lugar de los hechos y locucionada por el señor Eduardo Charpenel, se enlazara a estaciones repetidoras en el sur de los Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica, hasta donde se escuchó la lectura del Decreto de Expropiación de viva voz del Presidente de la República, general Lázaro Cárdenas, quien dirigió un emotivo y solemne mensaje al pueblo de México.

De manera espontánea el pueblo, campesinos, obreros, amas de casa, empleados de oficina, jóvenes estudiantes, se congregaron en el Zócalo para patentizar su adhesión a tan trascendente decisión. En el mismo acto, el general Lázaro Cárdenas apeló al pueblo de México para pedir su apoyo material para cubrir la indemnización que, por causa de utilidad pública, estaba obligado a pagar al Gobierno de los concesionarios expropiados.

Al terminar la lectura del decreto y en medio de la aclamación general que se escuchaba desde la Plaza de la Constitución, el Presidente de la República salió al balcón central de Palacio Nacional en compañía del señor Efraín Buenrostro Ochoa, del licenciado Eduardo Suárez, Secretario de Hacienda y Crédito Público y del general Manuel Ávila Camacho, Secretario de la Defensa Nacional, para hondear la bandera nacional y dirigir un mensaje a la nación.

También acompañaron en este acto al general Lázaro Cárdenas los señores Vicente Lombardo Toledano, líder de la Confederación Revolucionaria de Trabajadores de México y Fidel Velázquez, de la Confederación de Trabajadores de México, quienes apoyaron con contingentes de sus organizaciones el apoyo a tan significativo acto.

El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana fue fundado por Eduardo Soto Inef y Juan Garay Martínez, desde el 16 de agosto de 1935, como un organismo sindical que defendía los intereses gremiales de los trabajadores que prestaban sus servicios en las 13 compañías concesionarias extranjeras del petróleo de nuestro país.

Para que los concesionarios reconociesen a este sindicato, hubo que pasar por un largo período de luchas y juicios laborales ante las autoridades de Conciliación y Arbitraje, desde el 26 de diciembre de 1935 hasta enero de 1938, fecha en que la Suprema Corte de Justicia confirmó, a favor de los trabajadores de este ramo, su legítimo derecho a agremiarse en un sindicato, pese a la oposición de los empresarios de las concesionarias.

El 18 de marzo de 1938, fecha de la Expropiación Petrolera, de inmediato adquirió fuerza la creación del sindicato de manera más formal, con el nombre de Sindicato Revolucionario de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y su primer secretario general fue el propio Juan Garay Martínez y a él habrían de seguirle 13 secretarios generales más, que consolidaron el patrimonio y mejoraron la calidad de servicios y prestaciones del gremio petrolero.

Los secretarios del Sindicato Petrolero de la República Mexicana, a raíz de su fundación, son los siguientes: Juan Garay Martínez, de enero a mayo de 1938; Rafael López Torres, de 1938 octubre de 1939; Aurelio Martínez Rincón, de noviembre a diciembre de 1939; Rafael Suárez Ruiz, de 1940 a 1941; Antonio Salmón Ortiz, de 1942 a 1943; Isidoro Gutiérrez, de 1944 a 1945; Jorge Ortega Carreón, en 1946; Antonio Abrego, en 1947; Eulalio Ibáñez, de 1948 a 1949; Demetrio Martínez Cortés, de 1950 a 1951; Enrique López Naranjo, de 1952 a 1953; Ignacio Pacheco León, de 1954 a 1955; Felipe Mortera Prieto, de 1956 a 1958.

En 1956 se modificaron los estudios y se amplió el período de dirigente de dos a tres años: Pedro Vivanco García, de 1959 a 1961; Joaquín Hernández Galicia, de 1962 a 1964.

A partir de 1964 Hernández Galicia asumió la Secretaría de Acción Política del Sindicato, con carácter de permanente y colocando en la Secretaría General del Sindicato a gente sujeta a su decisión y control: Rafael Cárdenas Lomelí, 1965 a 1967; Samuel Terrazas Zozaya, de 1968 a 1970; Salvador Barragán Camacho, de 1971 a 1973; Sergio Martínez Mendoza, de 1974 a 1976; Heriberto Vincen, de enero a febrero de 1977; Ricardo Camero Cardiel, del 1o. al 16 de marzo de 1977; Oscar Torres Pancardo, 1977 a 1979.

En 1979 se reformaron los estatutos del Sindicato y se amplió el período a cinco años, como dirigente nacional, con la posibilidad de la reelección en el cargo, dejando pasar un periodo: Salvador Barragán Camacho, 1980-1984; José Sosa Martínez, 1984-1988; Salvador Barragán Camacho, 1988 al 10 de enero de 1989; Sebastián Guzmán Cabrera, 1989 y a la fecha continúa al frente de esta agrupación sindical.

Comúnmente una empresa petrolera en cualquier parte del mundo siempre registra ganancias multimillonarias en dólares, sobre todo si consideramos que la principal fuente de producción del sistema capitalista industrial se realiza mediante los hidrocarburos transformados.

En México, a partir de la fecha señalada, no obstante que se habían hecho descubrimientos de yacimientos ricos en crudo en diversas partes del país, oficialmente la empresa se quejaba de déficit presupuestario, de pérdidas por la falta de modernización de equipo para la explotación y refinamiento del crudo señalado, que había dificultades para la distribución y comercialización del petróleo para los clientes. Resultaba que la única empresa petrolera del mundo que registraba pérdidas en lugar de ganancias y trabajaba con números rojos, era Pemex.

Comenzaron entonces a instrumentarse planes emergentes para aumentar subsidios y crear nuevos conceptos de gasto con el pretexto de la modernización infraestructural de Pemex. Con tal finalidad se contrataron legiones de administradores, economistas, contadores, programadores y especialistas en planeación financiera para expandir a Pemex en el exterior, así como para aumentar el número de empleados administrativos que burocratizaron la empresa y la planta de empleados técnicos, obreros, perforadores y operarios de maquinaria no registró alza alguna.

Hay quienes dicen que a partir de estos momentos, durante la presencia de Joaquín Hernández Galicia y una serie de empleados trabajadores petroleros que a su alcance y determinación fungieron y fingieron como secretarios generales de esta agrupación sindical, se realizaron en esta paraestatal una serie de actividades de carácter ilícito que causaron la molestia, el escozor en muchos sectores de la población. Aseguran algunos sectores oficiales que, obviamente se

realizaron hechos de corrupción, ventas de plazas, tráfico con los contratos que de ahí se derivaban y una serie de irregularidades que a todas luces causaban la protesta del pueblo de México entero.

Sin embargo, no obstante todas estas actitudes que llevaron en ocasiones al enriquecimiento y a la prepotencia de muchos de estos dirigentes sindicales, el Gobierno de la república de anteriores sexenios, no tomó las determinaciones correspondientes no obstante que algunos de ellos tenían como bandera fundamental de su Gobierno, la lucha en contra de la corrupción, la renovación moral por divisa.

Sin embargo, según sus detractores, como solamente se estaban afectando los intereses económicos de esta empresa, el Gobierno hizo caso omiso durante muchos años. Fue exclusivamente cuando Joaquín Hernández Galicia tomó actitudes de independencia electoral ajena a los intereses del partido del Gobierno, cuando se ejercitaron en su contra acciones penales que trajeron en consecuencia que fuese privado de su libertad, en compañía de otros prominentes miembros del Sindicato Petrolero.

Con el favoritismo gubernamental, se dice, a partir de esa fecha arribó a esta paraestatal el señor Sebastián Cabrera, individuo sobre el cual, según denuncias e informaciones periodísticas, existen muchas quejas de actitudes de suprema corrupción, que harían parecer una simple niña de pecho o dama de la caridad a las que se le estaban imputando a Joaquín Hernández Galicia y que dada su gravedad consideramos deben ser investigadas, a fin de clarificar su supuesta responsabilidad.

En razón de la obediencia con la que atiende las indicaciones gubernamentales, ha sido presa fácil de todas estas orientaciones económicas, dicen sus denunciantes periodistas, se ha prestado para liquidar a cientos de miles de empleados de esa empresa paraestatal a través de jubilaciones o liquidaciones, a la fecha no se ha ejercitado en contra de él ninguna acción que pudiese sancionar toda esta multiplicidad de denuncias, que se han venido difundiendo en los partidos y en los diferentes periódicos e informaciones del país, las cuales a nuestro juicio, consideramos deben ser analizadas por las autoridades correspondientes.

Hay agrupaciones sindicales en diversos estados petroleros que habitualmente han estado presentando denuncias correspondientes, denuncias a las que lamentablemente no se les ha dado curso, están siendo congeladas y obviamente esta persona continúa al frente de la agrupación sindical de Petróleos Mexicanos, en una actitud eminentemente criticable por el grupo de trabajadores atentando, según sus múltiples denunciantes, también contra la economía nacional, afectando también los trabajos de la explotación petrolera.

Consideramos muy importante que mañana arribemos al LV Aniversario de la Expropiación Petrolera. Qué bueno que pudimos decir ahorita en un breve recorrido todas aquellas actitudes que la patria generosa, representada por millones de mexicanos, tuvo en un acto tan patriota como el que encabezó el general Lázaro Cárdenas.

¡Qué bueno que se escuchó esa transmisión en aquella ocasión del 18 de marzo de 1938! ¡Qué bueno que en forma espontánea esa misma tarde, un miércoles por la tarde, se saturó el zócalo nacional con miles de nuestros conciudadanos, que portando sus diferentes haberes y en ocasiones arriesgándolo todo, se despojaron de lo escaso de sus pecunios atendiendo el llamado de ese Presidente patriota, para tratar de hacerle frente a esa deuda nacional, que a raíz de las indemnizaciones correspondientes estaba contrayendo el pueblo de México, con el deseo ferviente de mantenerse autónomo, independiente y soberano.

Pero qué malo que a estos 55 años de nuestra expropiación, se sigan viendo en esta empresa paraestatal estas grandes desviaciones, estos hechos de corruptelas, estas ventas de plazas, este tráfico con todos y cada uno de los diversos contratos que en la misma se otorgan y qué grave también que a la fecha no obstante que estamos en un régimen de renovación moral, no se hayan aplicado las sanciones correspondientes a esos prevaricadores líderes charros, que vergonzosamente están distorsionando las luchas de aquellos hombres que con su esfuerzo hicieron que el petróleo fuera de todos los mexicanos.

En tal circunstancia, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, se siente profundamente satisfecho de hacer un recuerdo honroso a todas aquellos mexicanos, no solamente al general Lázaro Cárdenas, sino a aquellos millones de mexicanos que con toda honestidad, que con toda entrega, que con todo sacrificio, que con toda bondad, que con toda generosidad entregaron todos sus recursos para tratar de hacerle frente a este deseo de independencia del pueblo de México; pero que lamentable sería, que todos estos ejemplos, que todas estas hazañas, que todas estas luchas, que todos estos esfuerzos,

que toda esa sangre derramada, de todo este enfrentamiento a tantas naciones que nos pusieron en peligro aun de declaración de guerra a nuestra nación, sean dilapidadas por grupos de corruptos que siguen haciendo de Petróleos Mexicanos el botín de cosarios en donde nutren sus cuantiosas fortunas.

En tal circunstancia, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana rinde homenaje a aquellos que con su esfuerzo otorgaron este ejemplo a la vida nacional y solicita en esta tribuna se dé a conocer a las autoridades correspondientes, esta misma denuncia que registrada a través de otras tantas, que en diversos tribunales del país existen en contra de líderes charros que han seguido explotando a esta empresa nacional y que podrían causarnos el peligro de que una vez más las siete hermanas, explotadoras mundiales petroleras, ante la debilidad de estos malos mexicanos, pretendiesen tener derechos sobre esta empresa que es gloria y prestigio de la nación mexicana, que se yergue orgullosa, presente en nuestra historia y visionaria en el porvenir Gracias.

El Presidente: - Se concede la palabra al señor diputado Jorge Calderón, del Partido de la Revolución Democrática.

El Diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: - Con su venia, señor Presidente; estimados compañeros legisladores:

La importancia del sector petrolero ha sido reconocida por distintos oradores que me atendieron en el uso de la palabra y es consenso que constituye una de las columnas fundamentales del desarrollo económico del país.

El artículo 27 de la Constitución de 1917 y la gesta patriótica que impulsó el general Lázaro Cárdenas en 1938; reconocieron este hecho y le otorgaron a la nación el dominio directo y la explotación exclusiva de los recursos energéticos y de todos los carburos de hidrógeno, sólidos, líquidos y gaseosos.

No obstante la importancia de este sector, no sólo reside en su aporte como abastecedor de energía y materias primas para la industria nacional, sino también por los ingresos que esta actividad general, tanto para el equilibrio de la balanza de pagos como para su aporte a las finanzas públicas.

Un elemento más de orden internacional, termina por definir el carácter estratégico de esta industria; la importancia que tiene para la economía estadounidense en general y para el complejo industrial y militar de ese país en lo particular.

La situación del sector petrolero en Estados Unidos, hace que sea percibido por distintos sectores de los complejos monopólicos de los Estados Unidos de América, que el abasto seguro de crudo de nuestro país hacia los mercados de los Estados Unidos, constituye un elemento de su seguridad nacional, es decir, de la seguridad nacional de los Estados Unidos de América.

La baja rentabilidad de los mantos petroleros, de los Estados Unidos, hace que exista un interés especial del vecino país del norte por un abasto seguro y un acceso directo a los recursos energéticos de nuestro país.

Por otro lado, existe interés manifestó, evidente, de un complejo de empresa monopólicas internacionales y particularmente de los Estados Unidos, por tener acceso y capacidad de inversión y control, tanto de la industria petroquímica mexicana, como incluso, tal como algunas declaraciones de la fundación Heritage de los Estados Unidos lo han reconocido en varias ocasiones, por la privatización lista y llana a complejos transnacionales de nuestros recursos petroleros.

Debemos, pues, reconocerlo con claridad y franqueza: existen presiones de las empresas multinacionales, particularmente de las norteamericanas, para una privatización completa de la industria petroquímica mexicana, pero también particularmente, para dar marcha atrás en una de las conquistas fundamentales de la Revolución Mexicana establecida en el Constituyente de 1917, que es particularmente la nacionalización de la industria petrolera, realizada, repito, por esa gesta heroica que encabezó el general Lázaro Cárdenas.

Contrariamente a las declaraciones oficiales, que casi de manera ritual cada año, cada 18 de marzo ensalzan a esa generación de mexicanos heroicos que impulsó la nacionalización del petróleo y contrariamente a las declaraciones también reiteradas de apoyo a la industria petrolera, observamos que en términos generales hay una dinámica de privatización bajo distintas modalidades de la industria petroquímica y una falta de apoyo particular a Pemex, como industria nacionalizada.

Entre 1981 y 1989, la inversión física de la paraestatal Pemex, cayó 80% en términos reales. Pero no contento con esta disminución de la inversión

física, observamos que de 1992 a 1993, la inversión en áreas y plantas de refinación y de petroquímica, cae un 26%. Contrasta esta fiebre privatizante que afecta al sector petroquímico mexicano y contrasta también esta disminución de la inversión en términos reales en Pemex en su conjunto y en el sector petroquímico en lo particular, con la enorme aportación que ha hecho Pemex a las finanzas públicas. Baste destacar que tan sólo en exportación de crudo, se produjeron las fabulosas cantidades de 68.9 mil millones de dólares como ingresos a la nación en el sexenio del licenciado Miguel de la Madrid, y 34.4 miles de millones de dólares, en los cuatro primeros años de gobierno del licenciado Carlos Salinas de Gortari. Es decir, en 10 años Pemex ha aportado a la república, un total de 103.3 mil millones de dólares equivalentes al saldo de la deuda externa total pública y privada.

La producción nacional de crudo en 1992, fue de más de dos millones y medio de barriles diarios, volumen similar al conseguido en 1990 y las exportaciones en 1992 fueron de casi un millón 400 mil barriles diarios.

Sin embargo, los ingresos por la venta de petróleo al exterior, resultaron 9.5% inferiores, como resultado de una tendencia descendente de los precios internacionales del crudo.

Pero unida a esta exacción de recursos de Pemex, unido a una baja en términos reales de la inversión global de Pemex y en particular de la inversión petroquímica, observamos que hay una feroz extracción fiscal, un feroz sistema de extracción de recursos fiscales a Pemex que origina evidentemente procesos de descapitalización, que a su vez fundamenta una dinámica de privatización de segmentos importantes de la petroquímica mexicana.

Baste destacar que en 1980 Pemex, aportaba el 25.4% del total de los impuestos federales, cifra que se elevó al 43% a mediados de la década de los ochenta, para situarse en los últimos años alrededor del 30% del total. En términos globales podemos destacar que el 90% de los ingresos de Pemex son objeto de una absorción por el Gobierno Federal.

Esto entonces crea lo que podríamos llamar un ciclo vicioso que fundamenta dinámicas de privatización absolutamente inaceptables desde el punto de vista técnico y financiero, un nivel bajo de inversión, un nivel bajo de recomposición del capital fijo de la empresa, un nivel bajo de creación de nuevos sectores y nuevas tecnologías, una extracción fiscal que está descapitalizando a la industria, una ausencia formal aparente de recursos para esta columna vertebral y, por tanto, después de extraerle a Pemex el 90% de sus recursos, después de negarle la posibilidad de una capitalización e inversión propia, se crea entonces un desgaste prematuro de algunas empresas petroquímicas, se desarticula a las cadenas productivas que debieran convertirse en locomotoras del desarrollo nacional y se dice: Pemex está en una situación de crisis en algunos sectores, hay que privatizar; sin haber observado que durante casi 10 ó 15 años fue la desinversión real en términos netos en Pemex, lo que origina estos procesos que después se quiere fundamentar como una privatización.

Otro punto que tiene que ver precisamente con ello, es la continua reclasificación en lo que se refiere a petroquímica básica y petroquímica secundaria. En 1989, 1991 y 1992 se hicieron distintas modificaciones legales que globalmente redujeron de 54 a 8 los productos petroquímicos básicos y de 67 a 13 los secundarios.

No contento con esto, en el Tratado del Libre Comercio, particularmente en artículos como el 602 y el 606, se establecen diversas disposiciones que afectan la propia soberanía del país en materia energética. Pero deseamos resaltar particularmente ante esta soberanía el riesgo que representa el que en el capítulo 10 del Tratado del Libre Comercio, titulado: "Compras del Sector Público", particularmente en el anexo 602.3, cláusula y documento perdido entre miles de páginas que conforman el Tratado de Libre Comercio, se establece, textual, cito: "Cada una de las partes deberá permitir a sus empresas estatales negociar cláusulas de desempeño en sus contratos de servicios".

Esta frase aparentemente neutra y relevante o carente de importancia, significa que de manera metamorfocial algo que ha sido cuestionado por el derecho internacional público y por numerosas naciones que buscan afirmar su soberanía energética, que son los llamados "contratos de riesgo compartido", de una manera nueva, con otro lenguaje, con otra forma más compleja quizá para un conocimiento de la opinión pública, aparece el que una transnacional podrá realizar explotación y exploración de recursos petroleros mexicanos y recibirá en efectivo una cantidad sustancial por concepto del descubrimiento de recursos que corresponden exclusivamente a la nación. Esto significa, repito, bajo otras modalidades, la enajenación de recursos que son fundamentales.

Pero otro elemento que nuestro partido seguirá cuestionando, porque puede tener enormes repercusiones en los años posteriores a la instrumentación del Trabajo de Libre Comercio, en caso que éste se ponga en vigor el primero de enero de 1994, es que no se hace excepción en lo relativo a trato nacional a empresas extranjeras, a aquéllas dedicadas a actividades petroquímicas y en general, energéticas.

Este punto, estimados legisladores, que les puede parecer a ustedes una pecata minuta dentro de un articulado de miles de normas y de anexos, es algo fundamental, porque significa que en todo el proceso de privatización de la petroquímica que está en marcha y que nosotros consideramos que de manera abusiva el Ejecutivo Federal a través de una Reglamentaria, de la Ley Reglamentaria de 1927, ha estado reclasificando inconstitucionalmente lo que es petroquímica básica y petroquímica secundaria; repito, significa señores legisladores, que las empresas transnacionales en los rubros más rentables del sistema de energético internacional que son los rubros de la petroquímica, tendrán la misma posibilidad de inversión y control en esta área y en las de las empresas mexicanas y por ello hay razón, como lo han señalado distintas fuerzas políticas y sociales, como lo ha señalado un sector de la opinión pública y de los mexicanos patriotas, como lo han señalado los trabajadores patriotas de la industria petrolera, hay razón para afirmar que se cierne sobre nuestra soberanía energética, severas amenazas, Sólo quien tenga una imagen verdaderamente limitada del sector energético podrá pensar que lo único estratégico es la extracción y eventualmente la elaboración de gasolina, diesel o gas.

En realidad lo más rentable, lo que permite a una nación crear un efecto de locomotora y transformación que induzca cambios en el conjunto de la estructura productiva, son las cadenas que se dan en el sector petroquímico, transferir por tanto a empresas transnacionales lo que puede ser el que constituya México una potencia económica en el Siglo XXI transferir al control de estas corporaciones monopólicas la columna vertebral de nuestra industria petroquímica que es precisamente lo que está en marcha, representa un retroceso histórico de proporciones gigantescas. De nada sirve que se hagan homenajes o estatuas a Lázaro Cárdenas, de nada sirve que en encendidos discursos de funcionarios gubernamentales se aluda a su figura si en la práctica se está destruyendo el legado histórico de Lázaro Cárdenas, se está destruyendo el legado histórico de la generación de mexicanos que no pulsó, repito, la nacionalización del petróleo.

Otro punto que resulta preocupante también, es que incluso en la actual Ley de Inversiones Extranjeras se establece que el 60% del capital en petroquímica secundaria será capital nacional, pero al quitar la clasificación de numerosas empresas de aquello que se puede considerar como petroquímica secundaria, de manera puntual se está abriendo el camino para un control irrestricto de esas transnacionales en ese conjunto de ramas petroquímicas que se está desregulando.

No contento el Gobierno con una política de reclasificación y de privatización que nosotros juzgamos contraria al interés nacional, ha fijado de manera reciente con procesos de desincorporación y de privatización; resulta preocupante entre paréntesis, que tengamos que ser informados por una agencia internacional de noticias como es A.P. Down Jones el hecho de que Pemex Petroquímica piense entregar varios complejos a empresas transnacionales pero entrando en materia, una de las vías para privatización petroquímica es la llamada venta accionaria, mediante este mecanismo se intenta vender las dos plantas más importantes de etileno cuya producción anual es de 500 mil toneladas y una más que produce 182 mil toneladas. Estas plantas se ubican en los complejos petroquímicos Morelos, Cangrejera y Pajaritos; se apoya esta privatización en el artículo 68 de Ley Federal de Entidades Paraestatales que dispone un procedimiento bursátil de privatización así como en el 32 de la Ley de Entidades Paraestatales. Sin embargo, los dos supuestos que establece esta Ley, el que no cumpla su objeto legal y el que no resulte conservarla como entidad paraestatal desde el punto de vista de la economía nacional o del interés público, consideramos que los dos supuestos no se cumplen y que por el contrario el interés nacional reside precisamente en mantener el control gubernamental en estas áreas que consideramos estratégicas y fundamentales de la actividad económica. Hacer lo contrario, transferir a los consorcios que requieren etileno, el control de estas plantas, significaría pasar de un monopolio estatal legítimo porque la Constitución faculta al Estado en este sentido, a la creación de un monopolio privado que tendría efectos totalmente desalentadores del conjunto de la actividad económica del país y hemos observado en otras áreas de la actividad económica, los efectos negativos de la constitución de monopolios privados, baste señalar el caso de Teléfonos de México

El segundo mecanismo de privatización es aún más extraño y más inconveniente desde el punto de vista legal. Se habla de la venta del complejo petroquímico de Cosoleacaque y se afirma, repito, que son agencias internacionales las que nos han hecho del conocimiento este fenómeno, que se piensa venderla a empresas como Exum, Shevrum, Shell y Texaco, quienes exigen de Pemex, y esto también es preocupante, entregar a las plantas sin trabajadores; es decir, que Pemex despida a la totalidad de los empleados de este complejo de Cosoleacaque sin trabajadores, para que puedan contratar de acuerdo a sus esquemas de productividad.

Como si no fuera suficiente esto, exigen que Pemex se comprometa a venderles materia prima en forma segura, a buen precio y con contratos de largo plazo; más aún, quieren lo que podríamos llamar que se les venda a precios de remate.

Una investigación de algunos de los documentos de Pemex y algunas de las estimaciones que han hecho organismos internacionales, muestra que hay una tendencia de las corporaciones multinacionales a subvaluar y subestimar el precio al cual podrían ser privatizados algunos de estos complejos, baste señalar que las corporaciones monopólicas han llegado al extremo de desear adquirir algunos de estos complejos entre 3 y 4 mil millones de dólares, que representa a juicio de analistas imparciales en el aspecto financiero, prácticamente rematar a precio ínfimo lo que es patrimonio construido por generaciones de mexicanos.

Hay otros elementos como el valor global de la producción vendida y otros más, que muestran que estamos ante el peligro de que una parte importante en nuestra riqueza petrolera sea objeto de una venta a precios de remate y que esto puede significar una nueva forma de fraude a las propias instituciones republicanas.

Por lo anteriormente expuesto, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática considera y lo hemos dicho en otras ocasiones y hoy lo reiteramos, que ha llegado el momento de transformar los mecanismos vigentes para la venta de bienes propiedad del Estado, y subrayamos con energía que la decisión sobre la desincorporación de empresas públicas y la enajenación de bienes de dominio público, debe ser hecha previa autorización del Congreso de la Unión.

De ninguna manera el Poder Ejecutivo debe tener libertad para decidir cuestiones que atañen al interés nacional y es preciso la concurrencia de la nación representada en su Congreso, en consecuencia someteremos a la consideración del Poder Legislativo Federal una iniciativa que recoja estos planteamientos.

Por otra parte, deseamos resaltar que desde septiembre de 1992, formulamos una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo, en cuyo artículo 15 que formulábamos como propuesta, dijimos lo siguiente: para los efectos de la fracción III del artículo 3o. de esta Ley, son materia primas industriales básicas, aquellas que sean resultado de los procesos petroquímicos fundados en la primera transformación química importante o en el primer proceso físico importante que se efectúe a partir de productos o subproductos de refinación o de hidrocarburos naturales del petróleo.

Corresponderá exclusivamente al Congreso de la Unión la determinación por la Ley, de la clasificación de los productos derivados del petróleo y el señalamiento de aquellos que constituyan el campo en que podrá operar indistintamente y en forma no exclusiva la nación, los particulares o las sociedades de particulares que tengan un mayoría de capital mexicano ya sean solos o asociados con la nación.

La elaboración de aquellos productos de la industria petroquímica con exclusión de los señalados en el primer párrafo de este artículo y en la ley respectiva, que a juicio de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, previa opinión de la Comisión Petroquímica Mexicana tenga un interés económico o social fundamental para el país, podrá ser llevado a cabo por la nación, por sí, o a través de Petróleos Mexicanos, o con la participación de los sectores nacionales, social y privado, mediante empresas subsidiarais de participación estatal mayoritaria, formadas integralmente por mexicanos.

Esta iniciativa no ha sido discutida por la Comisión de Energéticos de la Cámara de Diputados, la que ha ignorado los plazos reglamentarios para la formulación del dictamen. En consecuencia, con fundamento en los artículos 21 fracción XVI y 85 párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos que se formule una excitativa a la Comisión de Energéticos de la Cámara de Diputados, para que proceda a formular el dictamen correspondiente a la iniciativa indicada.

Adicionalmente, y con fundamento en la fracción III del artículo 79 de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, pedimos se turne a la Comisión de Energéticos de la Cámara de Diputados la siguiente propuesta de acuerdo:

Único. Que la Comisión de Energéticos de la Cámara de Diputados, a través de su Presidente, recopile toda la información referente al proceso de reclasificación de los productos petroquímicos, así como a la posible venta bursátil de los complejos petroquímicos de Morelos, La Cangrejera y Pajaritos y sobre la licitación internacional para la venta del complejo petroquímico de Cosoleacaque. Esta información será distribuida a todos los integrantes de la comisión, a fin de que en su oportunidad pueda examinar y evaluar el proceso de reclasificación de la industria petroquímica y la conveniencia o no de vender las acciones y las plantas petroquímicas de Morelos, La Cangrejera, Pajaritos y Cosoleacaque.

Por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, senador Porfirio Muñoz Ledo, diputado Jorge Calderón Salazar, diputado Miguel Ángel León Corrales.

Dejo esta propuesta a la Secretaría, para que en su momento sea considerada.

Un elemento final, y es el hecho de que mucho más que celebraciones, mucho más que palabras de elogio a la gesta libertaria que encabezó el general Lázaro Cárdenas, son momentos de definiciones, de congruencia y de patriotismo en los hechos. Lo que está en juego en la propuesta de privatización de plantas petroquímicas estratégicas, lo que está en juego en la aceptación de un control externo de la columna vertebral petroquímica de México, lo que está en juego en el Tratado de Libre Comercio, particularmente en el capítulo de Cláusulas de Desempeño, es lo que consideramos una grave afectación de soberanía, y por ello seguiremos insistiendo, el Partido de la Revolución Democrática, junto con todos los mexicanos patriotas de todos los sectores, en la defensa de nuestra industria petrolera, la defensa de nuestra petroquímica, de la rectoría económica del Estado y de los principios que establecieron los constituyentes en el artículo 27 de la Constitución de 1917. Muchas gracias.

El Presidente: - Gracias diputado. Deje su proposición en la Secretaría para darle trámite una vez que concluyan las intervenciones que tenemos registradas para este asunto.

Concedemos la palabra al diputado Cuauhtémoc Amezcua, del Partido Popular Socialista.

El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: -Señor Presidente, con su autorización, compañeras y compañeros legisladores:

El día 18 de marzo de 1938, el Presidente Lázaro Cárdenas decretó la expropiación de las compañías petroleras establecidas en México. Esta gesta fue resultado de la amplia movilización popular, encabezada sobre todo por los obreros petroleros y los obreros en general y en todo esto tuvo una participación decisiva la Confederación de Trabajadores de México, CTM, encabezada por Vicente Lombardo Toledano, quien trajera a la memoria, en esta tribuna, el compañero diputado Cantú.

La conmoción provocada en la opinión pública mundial por la expropiación petrolera, sólo es comparable con la que causó, hablando de hechos acaecidos en México, el fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo, en Querétaro, el año de 1867.

Estos hechos constituyen ingredientes fundamentales del nacionalismo mexicano.

Es evidente además que el México de hoy, que sólo en población es ya cuatro veces más grande que en 1938, no puede explicarse sin la expropiación del petróleo y sus efectos en todos los órdenes del acontecer nacional.

Esta conquista histórica del proceso revolucionario mexicano, que tuvo un costo enorme de sacrificio del pueblo con muchos otros logros trascendentes, se ve hoy como nunca antes en serio peligro de perderse o de hacerse nugatorio en la práctica por las políticas neoliberales del grupo que hoy está en el poder.

El proceso llamado de modernización de la industria petrolera nacional y específicamente de Petróleos Mexicanos, no sólo se traduce en la pérdida del empleo de los millares de trabajadores, decenas de millares de trabajadores de esta empresa que han sido despedidos o liquidados de manera injusta, sino más grave aún, disminuye la fortaleza económica en manos directas de la nación, incumple los mandatos constitucionales y pone en riesgo la independencia y la soberanía de la Nación en materia económica y en materia energética.

En efecto, por lo que hace al incumplimiento o soslayo de los ordenamientos de la Constitución en materia que, en su parte relativa del artículo 27 establece: "...tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno, sólidos, líquidos o gaseosos, no se otorgarán concesiones ni

contratos ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la nación llevará a cabo la explotación de estos productos."

Se recurre al expediente de reclasificar los productos petroquímicos, una y otra vez, ampliando cada vez más el volumen de los que se entregan a manos privadas y reduciendo lo que quedan bajo el amparo constitucional.

Igualmente resulta condenable la pretensión de privatizar múltiples plantas de la industria petroquímica nacional, entre ellas algunas de las más rentables e importantes y que son las siete plantas de amoniaco del complejo petroquímico de Cosoleacaque y las plantas de etileno de Morelos y la Cangrejera.

En el LV Aniversario de la Expropiación Petrolera, que ahora celebramos, a pesar de todo, a pesar de todo lo que se ha hecho con Petróleos Mexicanos y se sigue haciendo diariamente, todavía hoy Pemex aporta a la Tesorería de la nación 55 billones 308 mil millones de pesos, lo que significa aproximadamente el 33% de los ingresos totales de la federación. Esto es resultado de la capacidad y esfuerzo de los profesionales, técnicos y trabajadores de la empresa, que se ha visto en la necesidad de sustraer petróleo crudo por la cantidad promedio diario de 2 millones 668 mil barriles, así como producir 19 millones 117 mil toneladas de productos petroquímicos, sólo durante 1992.

Estas cifras fabulosas de extracción y producción de crudo y petroquímicos realizadas por Pemex, no sólo se destinan al consumo interno, sino que se venden al exterior, generándose de este modo un ingreso de divisas en el año de 1992, equivalente a 7 mil 448 millones de dólares.

Es menester, a juicio nuestro, preservar en manos del Estado mexicano esta enorme riqueza, que no debemos olvidarlo, se origina en un recurso nacional que no es renovable.

El imperativo de defender y aprovechar en beneficio de los altos intereses nacionales lo que Pemex significa, no sólo se desprende del sacrificio de las generaciones precedentes, sino de legar a nuestros hijos un futuro más promisorio.

Es necesario también hacer un balance crítico de la industria petrolera nacional, de su Estado actual, de sus perspectivas, en el contexto de las nuevas realidades del México de hoy en el mundo.

La revolución científico - técnica de nuestro tiempo debe incorporarse, sobre todo, a Pemex, más que a ninguna otra empresa.

El agotamiento de las reservas energéticas del mundo y la preservación del ecosistema, son preocupaciones que deben atenderse de manera interrelacionada e integral, sin olvidar que la independencia y la soberanía de la nación mexicana y el bienestar de nuestro pueblo, deben ser la razón fundamental de nuestros afanes.

El Partido Popular Socialista, interpretando con fidelidad los más caros sentimientos de la nación y del pueblo, convoca a la clase obrera, a los campesinos, a los empleados, a la juventud, a los científicos e intelectuales progresistas, a todas las fuerzas democráticas y revolucionarias, a defender a Pemex; a mantener esta empresa en manos directas de la nación; a detener y revertir el proceso de privatización, de que se le ha venido haciendo objeto; a garantizar a sus trabajadores la seguridad en el empleo.

Desde el inicio del actual Gobierno, hay que recordarlo, los trabajadores petroleros han sido agredidos de manera permanente en sus derechos sindicales y en su propia organización sindical. Decenas de miles de ellos han sido despedidos o liquidados, con el propósito, sobre todo, de llevar adelante las medidas privatizadoras.

Esta situación no puede continuar, porque han sido los trabajadores de Pemex precisamente quienes han mantenido una elevada productividad en la empresa estatal y fortalecido ese pilar fundamental del desarrollo económico de nuestro país.

Debe concluirse con la política antiobrera en contra de los trabajadores de Pemex; debe respetarse su organización sindical, la que debe ser verdaderamente autónoma; deben respetarse los derechos laborales, que les otorga nuestra Constitución y las leyes secundarias.

La acción expropiatoria de la industria petrolera bien puede valorarse como el paso fundamental que dio contenido al proceso de descolonización de México, en función de la Ley objetiva de desarrollo de países como el nuestro, sintetizada de manera genial por Vicente Lombardo Toledano, en la expresión: "Nacionalizar es descolonizar".

Muchas otras acciones trascendentes habrían de darse por esa misma vía: la nacionalización de la industria eléctrica, en su momento; la de Teléfonos de México, pieza vital, sobre todo las

largas distancias, para la seguridad nacional y el desarrollo soberano; la nacionalización de la banca, por mencionar algunas fundamentales.

Se trata de un camino hoy abandonado y desandado por el grupo en el poder, pero un camino que sin duda habrá de ser retomado más temprano que tarde por nuestro pueblo y sus fuerzas avanzadas.

En efecto, nuestro país no puedo escapar, lamentablemente, de la moda perniciosa que recorrió el mundo durante los últimos 12 años, la ola neoliberal, partidaria de la privatización de los medios de producción y cambio, a partir de la consideración, hoy demostrada falsa, de que siendo el Estado, supuestamente, un mal administración, su intervención como agente directo de la economía produciría efectos de atrofia en el crecimiento del producto.

Esta afirmación nunca pudo ser sustentada de manera sólida, desde el punto de vista teórico. Y por lo que se refiere a la práctica, la vida misma la ha derrotado ya, lo mismo en la Gran Bretaña, de la señora Thatcher, como en los Estados Unidos, de Ronald Reagan y George Bush, países y gobiernos éstos precursores de la efímera concepción.

De igual manera, la concepción neoliberal, a la que pretensiosamente se calificó de modernizadora, siendo que en realidad pretendía la reaplicación de concepciones que ya habían fracasado desde las primeras décadas de nuestro siglo, ha fracasado en todos los demás países del mundo, sin excepción.

Por eso, es tiempo en el que los mexicanos tenemos la obligación de reflexionar a profundidad sobre la vía que nuestro país ha de seguir, para el desarrollo de las fuerzas productivas y el progreso de su pueblo, en los umbrales del Siglo XXI y del tercer milenio.

Habrá quienes todavía se empeñen en proponer el camino privatizador aplicado con tan mala fortuna y pésimos resultados por los gobiernos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari; a la vista de su estrepitoso fracaso será tiempo de retomar la vía de las nacionalizaciones surgida de nuestro propio proceso histórico, depurándola de las deformaciones y de las desviaciones que la acompañaron en las décadas anteriores, para que pueda expresarse con toda la riqueza de su potencialidad.

La vía de las nacionalizaciones en efecto, compañeras y compañeros legisladores, tiene sus raíces precisamente en la Revolución Mexicana y en la Constitución de 1917. Fue esta vía y no otra la que permitió a nuestro país avanzar como pocos en el proceso de emancipación de la nación, de emancipación de la economía equiparable por su trascendencia y complementaria en sus efectos históricos con la independencia política lograda como fruto del movimiento insurgente iniciado por Hidalgo en 1810.

Puesto que la independencia política se plasma sobre todo en el concepto de soberanía, puesto que ese concepto hoy tratan de ponerlo en entredicho los ideólogos del imperialismo y la dependencia externa como nuevos conceptos en de la interdependencia asociada con el de la soberanía restringida. Puesto que la interdependencia en verdad no existe, pero sí en cambio un proceso creciente de interpelación, de intercambio en todos los órdenes, el que es sano, el que es deseable se incremente, en tanto no atente contra la soberanía plena que reiteramos es la expresión concreta de la independencia política.

Puesto que la independencia y la soberanía política exigen para su plena realización de la independencia y la soberanía económica, puesto que el 16 de septiembre es una fecha significativa para todos los mexicanos, asociada a la independencia y a la soberanía política, el Partido Popular Socialista ha considerado que igual nivel de significación debe tener el 18 de marzo, fecha que debe ser conmemorada en nuestro país con el máximo a la vez de solemnidad y júbilo popular, considerándola como el día de la independencia económica y la soberanía nacional.

En este sentido, compañeras y compañeros legisladores, me permito traer a la memoria el que hace un año el 18 de marzo de 1992, en nombre de la fracción parlamentaria de mi partido me permití presentar en esta misma tribuna de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa de reformas al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, con el propósito de que se le adicionara una nueva fracción III, estableciendo precisamente el 18 de marzo como un día feriado de celebración nacional al mismo nivel del 16 de septiembre, con el propósito de que fuera considerado en lo sucesivo como el Día de la Independencia Económica y la Soberanía Nacional.

Es conveniente traer hoy a la memoria esta iniciativa y solicitar su oportuno examen y aprobación por parte de las comisiones de la Cámara de Diputados a las que compete.

Por lo tanto, señor Presidente, quisiera permitirme en términos del Reglamento vigente

solicitar a usted se sirva formular una excitativa a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, será autogol en este caso y también a la del Trabajo y Previsión Social de la honorable Cámara de Diputados, con el fin de que se aboquen al análisis y dictamen de la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo en su artículo 74, a la que he hecho referencia y que presenté en esta misma tribuna el 18 de marzo de 1992. Entregaré la solicitud por separado debidamente tramitada.

(El documento se inserta en el apéndice de esta edición.)

Y quisiera concluir dando a conocer a ustedes, con la autorización de la Presidencia, una declaración política que suscribimos conjuntamente el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Popular Socialista, y que dice así:

"Declaración política.

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se pronuncia por la más firme y sólida defensa de la industria petrolera nacionalizada. En esa virtud, condena la política privatizadora que se expresa entre otras medidas, con las diversas reclasificaciones de los productos petroquímicos y con el intento de entregar a capitales monopólicos privados las plantas petroquímicas.

Se pronuncia porque cese la actitud antiobrera que ha conducido a decenas de miles de petroleros al desempleo."

Este es el texto Suscribe por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el compañero diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, por la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, el compañero diputado Jorge Calderón y un servidor en nombre de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista.

Sería muy conveniente si los compañeros del Partido Revolucionario Institucional y de otras fracciones se solidariza con esta declaración política en defensa de Petróleos Mexicanos.

Muchas gracias, señor Presidente. Entrego también este texto a la Secretaría

El Presidente: -Gracias diputado Amezcua. Como ha sido costumbre al término del debate y de los oradores que están inscritos, daremos curso tanto a las declaraciones que usted ha hecho como a la excitativa que nos pide que hagamos.

Se le concede la palabra al señor senador Gustavo Salinas Iñiguez.

El senador Gustavo Salinas Iñiguez: -Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros legisladores:

Como se ha expresado por los compañeros legisladores que me han antecedido en el uso de la palabra, mañana 18 de marzo los mexicanos conmemoraremos el quincuagésimo quinto aniversario del decreto que declaró expropiados por causa de utilidad pública y a favor de la nación, la maquinaria, instalaciones edificios, oleductos, refinerías, tanques de almacenamiento, vías de comunicación, carros-tanque, estaciones de distribución, embarcaciones y todos los demás bienes muebles e inmuebles de propiedad de las compañías petroleras extranjeras, que fueran necesarias para el descubrimiento, capacitación, conducción, almacenamiento, refinación y distribución de los productos de la industria petrolera.

El pueblo de México, el Gobierno encabezado por el general Lázaro Cárdenas, fueron los principales protagonistas de este hecho histórico que vino a mostrar al mundo entero que cuando los mexicanos estamos unidos somos capaces de realizar las más grandes hazañas de la historia.

La expropiación petrolera fue un acontecimiento trascendente que puso de manifiesto la decisión inquebrantable del pueblo y del Gobierno el de reafirmar el mandato constitucional, de rescatar para la nación los recursos petroleros. Fue un acto de dignidad, reivindicatorio de la soberanía nacional, donde participaron técnicos y trabajadores petroleros, juristas, diplomáticos y el pueblo en su conjunto que realizó aportaciones voluntarias para pagar la deuda originada por la expropiación.

El contexto histórico en que se dio expropiación petrolera era difícil; en lo interno, el movimiento armado de 1910 había reducido a la mitad de la producción agropecuaria y las exportaciones de metales preciosos era casi nula. En este período de la lucha armada, sólo la industria petrolera logró algunos avances. En 1938 nuestro país era una sociedad predominantemente rural, mayoritariamente analfabeta y con serios problemas de salud y de vías de comunicación.

En lo externo, en 1938, el mundo vivía en la antesala de la Segunda Guerra Mundial. Las heridas de la gran depresión económica de 1929 no cicatrizaban; las materias primas y en particular el petróleo, adquirían un valor estratégico adicional y la formación de alianzas determinaba que naciones como México quedaran reducidas a un crecimiento hacia dentro y sujetas a sus exportaciones de materias primas.

En este difícil escenario, México supo enfrentar con éxito las presiones de gobiernos y compañías extranjeras que de tiempo atrás venían explotando de manera inmisericorde la mano de obra y los recurso petrolíferos de nuestro país.

Los mexicanos de hoy valoramos en toda su magnitud política, económica e histórica, la decisión del Presidente Lázaro Cárdenas, de rescatar para México la riqueza petrolera, misma que desde que pasó a manos del Estado mexicano en 1938, ha sido puntal y promotora del desarrollo económico y social de México.

A LV años de haber sido expropiada la industria petrolera, los resultados son halagüeños. Pemex es hoy una empresa sólida que se mantiene entre las cinco más importantes del mundo, ocupando al mismo tiempo, el cuarto lugar entre las más importantes productoras de crudo y el octavo sitio por su capacidad de refinación. Pemex es la más importante contribuyente de las finanzas públicas. En 1992 captó por ventas totales, poco más de 20 mil millones de dólares y pagó impuestos por cerca de 17 mil millones de dólares. Su deuda externa bajo de 13 mil en 1989, a 7 mil millones de dólares en la actualidad; no obstante que este año Pemex reducirá su presupuesto de operación en 20%, se mantendrá la producción de petróleo crudo, refinados y petroquímicos registrada en 1992.

El año pasado produjo cerca de 2 billones 700 mil barriles de Petróleo crudo y tuvo una plataforma de exportación cercana al millón 400 mil barriles diarios.

Pemex es una empresa dinámica que camina al ritmo del desarrollo nacional, el inmovilismo no forma parte de su biografía como empresa estratégica. El cambio a su Ley Orgánica obedece a una necesidad impostergable de participar del proceso de modernización en que se encuentra inmerso el país en su conjunto.

Mediante esta reforma se crearon cuatro organismos subsidiarios bajo una sola dirección que abarcan las cuatro ramas fundamentales de la industria petrolera nacional, a saber:

Pemex expropiación y producción

Es el organismo que se encarga de la localización de las reservas petroleras y de generar la producción nacional. Actualmente las reservas son del orden de los 65 mil millones de barriles y por primera vez en la historia, se ha logrado frenar el declive de las reservas que desde hacía 10 años se venía presentando como consecuencia del ritmo de producción.

Pemex refinación

Se encarga del procesamiento del petróleo crudo que se extrae del subsuelo y su posterior distribución en el territorio nacional. Durante 1992 este organismo subsidiario elaboró un millón 570 mil 400 barriles por día de productos petrolíferos.

Pemex gas y petroquímica básica

Se encarga de la elaboración de aquellos productos petroquímicos reservados exclusivamente al Estado. Asimismo de la producción de gas natural, este organismo subsidiario desarrolla tres tipos de actividades productivas para transformar hidrocarburos que adquiere como materias primas y colocarlas entre los consumidores finales que integran su cartera de clientes. Y, finalmente,

Pemex petroquímica

Tiene a su cargo la producción de aquellas materias primas que no están reservadas para el Estado; orienta su actividad para mantenerse como un proveedor estable y confiable en el resto de las materias primas y elabora productos petroquímicos seleccionados de calidad equiparables a las de cualquier competidor.

La formación de estos cuatro organismos no desarticula las tareas industriales y comerciales de Pemex, por el contrario. La conducción central y el mando institucional que conserva Petróleos Mexicanos, hace de la industria petroquímica mexicana, una empresa integrada y fuertemente vinculada entre sus diversas áreas con el órgano central.

Cada uno de esos organismos se concentra en los negocios específicos de su rama de actividad y controla todas las funciones operativas y de apoyos relevantes.

El organismo central mantiene el mandato institucional y la dirección estratégica, según se contempla en la Ley Orgánica de Pemex y organismos subsidiarios.

De esta manera Pemex ha experimentado un importante cambio estructural que habrá de permitir a corto y mediano plazo, ser una de las empresas petroleras más eficientes del mundo, y lo será, y esto lo más importante, conservando el status que la Constitución le concede como sector estratégico de la nación en manos del Estado mexicano.

Al cumplir la industria petrolera mexicana 55 años de haber sido expropiada, el mejor homenaje que podemos hacer los mexicanos de esta generación a quienes la hicieron posible, es que el petróleo, los demás hidrocarburos y la petroquímica básica continúen siendo considerados por la Constitución como áreas estratégicas para el desarrollo nacional. En esto no cabe ninguna duda.

Quienes afirman que el mandato constitucional se ha violentado por el hecho de que se ha reclasificado la lista de petroquímicos básicos para pasarlos a la categoría de petroquímica secundaria, carecen de razón política y jurídica toda vez que el propio texto constitucional en ninguna de sus partes habla o clasifica los productos de la petroquímica básica. Es el reglamento de la propia Ley reglamentaria del artículo 27 constitucional la que faculta a la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, escuchando previamente la opinión de la Comisión Petroquímica Mexicana, quien determina los productos que deban quedar o no dentro del campo de acción exclusiva de la nación.

Con base en criterios técnicos plenamente sustentados y con estricto apego al marco legal, se ha venido modificando la clasificación de productos petroquímicos. Actualmente y de acuerdo a la resolución de la SEMIP publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de agosto de 1992, se determina como productos básicos: el etano, propano, butano, pentano, exano, eptano, materia prima para negro de humo y naftas. Estos ocho productos básicos sólo son susceptibles de ser elaborados exclusivamente por Pemex y 13 secundarios con requisito de permiso previo para fabricación por particulares.

Desde el punto de vista técnico, el avance que ha experimentado la industria petroquímica desde los inicios de la década de los ochenta, ha delimitado las diferentes fases o etapas de la transformación físico - química de los productos y subproductos de refinación provenientes de los hidrocarburos naturales, petróleo y gas natural. Esto como resultado del desarrollo de nuevas rutas tecnológicas que permiten el uso de nuevas materias primas con la consiguiente optimización de los procesos de producción, tendiendo a una disminución y uso eficiente de los hidrocarburos.

Esta situación se ha reflejado en un crecimiento de la capacidad mundial instalada de productos petroquímicos, lo que se ha manifestado en una sobreoferta mundial de varios de ellos: aromáticos, oleofinas, etcétera, modificando las condiciones del mercado internacional. Esto ha impactado en forma determinante el mercado nacional, obligándolo a modificar las políticas y estrategias en materia petrolera y petroquímica.

Según el grupo petroquímico norteamericano Down líder mundial en la producción de plásticos, la industria petroquímica se caracteriza en la actualidad por excedente de producción, mercados deprimidos, capacidad ociosa, baja demanda, cierre de plantas, fusiones y venta de empresas y rentabilidad poco favorables.

Bajo este entorno, los criterios económicos considerados para la reclasificación han obedecido a la necesidad de dinamizar la integración de la cadena productiva petroquímica en beneficio del desarrollo industrial del país. Asimismo, una gran variedad de productos petroquímicos considerados anteriormente como estratégicos, en la actualidad han dejado de serlo, debido a su abundancia en el mercado internacional, a las políticas de comercialización y al desarrollo de nuevos mercados de consumo. El avance tecnológico les ha permitido no sólo una mayor facilidad de producción, sino también una diversificación de aplicaciones que han beneficiado tanto a los productores como a los mercados de consumo final.

En esta conmemoración de la expropiación petrolera, debemos también congratularnos porque la Constitución se mantuvo incólume en todas sus partes y muy especialmente en materia del petróleo; durante la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ciertamente la negociación respetó los principios constitucionales, de esta manera una vez que entre en vigor el Tratado de Libre Comercio se seguirá preservando el carácter estratégico del sector energético del país, en particular el Estado mexicano seguirá manteniendo el derecho exclusivo en la inversión de la industria petrolera, en las actividades que la componen en el comercio de bienes reservados al Estado. En esta tribuna compañeros legisladores, el diputado Jorge Calderón Salazar hizo mención a noticias publicadas por agencias internacionales en el sentido de que habrán de ponerse

en venta los complejos petroquímicos de Morelos, Cangrejera, Pajaritos y Cosoleacaque.

Lamento mucho que el diputado Jorge Calderón tome como referencia para sus afirmaciones las agencias noticiosas internacionales, no existe ningún comunicado oficial en donde se pongan a la venta estos complejos petroquímicos por lo tanto los comentarios externados por diversos medios de comunicación tanto nacionales como extranjeros, carecen de veracidad, ya que en principio no existe resolución oficial del Ejecutivo mediante la cual se ponga a la venta alguna planta petroquímica.

En el caso hipotético de que el Ejecutivo Federal decidiera vender dichos activos, es atribución de este Poder llevar a cabo su enajenación de acuerdo a las leyes en vigor e informar al honorable Congreso de la Unión de los resultados de dicha operación. No se vulnera la soberanía de la nación ya que la posible venta de plantas petroquímicas corresponden a la elaboración de productos clasificados como petroquímica secundaria. Asimismo tampoco se formarían monopolios ya que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 constitucional, las posibles enajenaciones de activos que realice el Gobierno Federal con las entidades paraestatales se harán mediante licitación pública a efecto de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. De acuerdo con el punto anterior, no se vulneran los derechos de los empresarios mexicanos que deseen adquirir las plantas ya que aún cuando la licitación tenga carácter internacional, nada impide en el caso de presentar la mejor oferta. que puedan tener preferencia sobre los extranjeros.

Compañeras y compañeros legisladores, a 55 años de la expropiación de la industria petrolera, Pemex se enfrenta a serios retos que habrán de ser enfrentados y resueltos de manera satisfactoria, deberá resolver los problemas de contaminación y lugares donde tiene sus instalaciones, deberá igualmente elevar su productividad y mejorar los combustibles que producen, precisa generalmente que continúe saneando sus finanzas públicas.

En esta conmemoración los trabajadores técnicos, empleados administrativos, investigadores, dirigentes y directivos de Pemex que con su esfuerzo han hecho posible que la industria petrolera mexicana sea una de las mejores del mundo, pueden con legítimo orgullo mantener la cabeza erguida y ver de frente al general Cárdenas y a toda aquella trillada de hombres valerosos que hicieron posible la enorme epopeya de rescatar para la nación sus recursos petroleros. Muchas gracias.

El Presidente: -Si señor diputado. Antes de darle la palabra entonces al diputado Israel González Arreguín, para contestar alusiones personales el diputado Jorge Calderón, del PRD.

El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: -Con su venia, señor Presidente, estimados compañeros legisladores:

Solicité esta posibilidad de pasar a la Tribuna para referirme a dos puntos del senador Salinas, que me antecedió en el uso de la palabra.

Por razones de economía de tiempo, me referí únicamente a algo publicado el 16 de febrero de 1993 en el periódico Excélsior, que tiene como fuente de agencia internacional, A. P. Down Jones, donde se establecen afirmaciones distintas y se cita a funcionarios de Pemex, pero en otros órganos de prensa, como El Financiero, particularmente, se ha mencionado ya a lo largo de varias semanas este mismo punto, esto fue motivo que hace varias sesiones de la Comisión Permanente. el Partido Popular Socialista conjuntamente con otras fracciones parlamentarias, presentara una solicitud de comparecencia del licenciado Emilio Lozoya, Secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal, para que explicara a la Comisión de Energéticos lo relativo a las distintas informaciones publicadas en órganos de prensa mexicanos relativo a las propuestas de privatización de complejos petroquímicos.

Recibimos un comunicado hace ya algunos días, de que la Comisión estimaba que no habría razón fundada, no recuerdo las palabras exactas, pero aludía que no veía como positiva o como... no apoyaba la comparecencia del licenciado Emilio Lozoya; obviamente en esas condiciones en que no se nos da a los legisladores la posibilidad de tener un diálogo directo institucional con el licenciado Emilio Lozoya, todo un conjunto de informaciones diversas en torno a la privatización de complejos petroquímicos que estimamos nosotros de fundamental importancia para el país, siguen siendo válidas en virtud de que no ha habido un desmentido oficial de Pemex de las dos vías de privatización que se proponen.

En ese punto, seguimos preocupados no sólo por información de órganos de prensa internacionales o agencias internacionales, sino por informaciones de órganos de prensa que citan

fuentes mexicanas y dan nombres de funcionarios de Pemex, mismos que no han publicado los desmentidos respectivos.

El segundo aspecto que ya no es de carácter puramente circunstancial, precisamente porque la facultad para reclasificar petroquímicos está en una Ley, no en una Ley, corrijo, es un reglamento expedido por el Ejecutivo de una Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia de energéticos, los diputados de la fracción parlamentaria del PRD, estimamos que esa facultad que se autoasignó el Ejecutivo Federal, debe estar estrictamente definida por el propio Poder Legislativo Federal y debe residir en el Poder Legislativo Federal.

No cuestionamos que el texto tal como está formulado ese reglamento de la Ley Reglamentaria la da este derecho, punto. Eso puede estar en la Ley, lo que nosotros discrepamos es, repito, con esa facultad que se autoasigna el Ejecutivo Federal en ese Reglamento de la Ley Reglamentaria y por ello es que presentamos una iniciativa de ley para hacer mucho más estricto los mecanismos de reclasificación.

Y tercero, en materia de energéticos, efectivamente si uno lee algunas de las cláusulas o anexos, hay una definición en materia de que serán aplicables ciertas normas del 27 constitucional en materia del reconocimiento de la nacionalización del petróleo en México.

Lo que yo cuestioné en varios puntos. Uno, que no se hace una excepción al trato nacional de empresas extranjeras en lo relativo al rubro de la petroquímica, no hay una excepción; hay una lista de excepciones al trato nacional pero no está la petroquímica.

Dos, cuestioné los llamados contratos o cláusulas de desempeño en donde una empresa extranjera con autorización de Pemex, evidentemente, puede venir a México, realizar exploración y recibir un pago efectivo en efectivo por el petróleo que descubrió; diferente obviamente al llamado contrato de riesgo que le da un porcentaje del petróleo que fue extraído del subsuelo pero que estimamos contrario al espíritu de la Constitución de 1917.

Y tercero, cuestioné otro elemento que me parece preocupante, el hecho de que no solamente se reclasifica petroquímica básica, sino también se reclasifica petroquímica secundaria; es decir, se desregula una parte de la lista de productos petroquímicos, con el evidente propósito de eludir una reglamentación aún vigente, de que en petroquímica secundaria tendrá que haber participación de 60% de capital nacional. Si se quita del listado de petroquímica secundaria un conjunto de ramas, obviamente podrán participar empresas extranjeras, previa autorización de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, hasta un 100% en las ramas petroquímicas que ya no figuran en las 13 secundarias que el propio Ejecutivo está clasificando. Eso nos parece preocupante.

Y un argumento que sostuvimos de manera fundada, consideramos, en la discusión sobre la Ley Orgánica de Pemex, es que en materia petroquímica lo que debe buscarse es que la integración de cadenas productivas siga bajo la rectoría económica del Estado, aunque se pudieran examinar mecanismos de coinversión o cofinanciamiento en algunos segmentos, particularmente de la petroquímica secundaria, pero mantenemos, repito, porque no ha habido un desmentido de Pemex, de aquello que ha sido publicado en órganos de prensa nacionales, en varias fuentes, nuestra preocupación por lo que es aquello que se firma que será la vía de privatización.

Y por último, lo relativo a privatizar vía bolsa de valores, mientras Pemex no aclare esa situación, nuestro partido y otras fuerzas, seguiremos impugnando, cuestionando que se utilice bolsa de valores como una vía de privatización de entidades paraestatales, aunque pudiera haber reglamentos cuya base legal cuestionemos, facultades que se reconozcan al Ejecutivo para realizar tales procesos. Mantenemos nuestro cuestionamiento en estos puntos. Gracias.

El Presidente: -Gracias diputado. Concedemos la palabra el señor diputado Israel González Arreguín, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.

El diputado Israel González Arreguín: -Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, público que nos acompaña:

No aprovecho la gloriosa fecha del LV Aniversario de la Expropiación Petrolera para pretender hacer leña del árbol caído. No. Al contrario, señalo profunda y responsablemente la necesidad de que el Presidente de todos los mexicanos, el licenciado Carlos Salinas de Gortari, en un acto de grandiosidad política, en un acto de grandeza revolucionaria, implemente las formas o los procesos mediante la amnistía o el indulto, que permita poner en libertad al

compañero obrero Joaquín Hernández Galicia, en un serio acto de justicia solidaria.

Con fervor patriótico, los mexicanos bien nacidos el día de mañana conmemoraremos el 55 aniversario de la decisión del Gobierno de México, representado por el general Presidente Lázaro Cárdenas del Río, para expropiar el petróleo a las compañías extranjeras que lo controlaban.

Esta acción de valentía marca un hecho relevante e histórico en la defensa de la soberanía nacional y de nuestros recursos naturales. Desde 1917, en la Constitución, se estableció que el petróleo y los hidrocarburos formaban parte del dominio directo de la nación. No obstante, durante décadas la actividad petrolera estuvo manejada en su totalidad por compañías transnacionales las cuales no sólo explotaban el recurso, sino también la mano de obra mexicana. Estas compañías gozaban, en ese entonces, grandes privilegios que las llevó a transgredir los límites que habían permitido las distintas administraciones gubernamentales.

El general Presidente Lázaro Cárdenas del Río, tuvo que enfrentar a estas compañías hasta tomar la decisión de quitarles el manejo y control de nuestros recursos petroleros.

En 1940 se adiciona el artículo 27 constitucional para considerar a la actividad petrolera como estratégica y reservada exclusivamente para el Estado.

Son 55 años de expropiación y son 55 años en que la industria petrolera ha sido manejada con diversos criterios.

Hasta 1976, esta industria no había despuntado en un ámbito de la economía nacional; su explotación y producción se mantenían en niveles conservadores. Es a partir de 1977 cuando la industria petrolera entró en auge, cambiando radicalmente la política petrolera del país; se incrementó en forma intensiva la investigación, la perforación de pozos y, por ende, la producción de petróleo aumentó hasta convertirse en el cuarto país exportador del mundo; sin embargo, se cometieron graves errores al hacer depender a la economía nacional de la actividad petrolera. Esto, entre otros factores, originó el surgimiento y recrudecimiento de la crisis económica presentada en 1982.

Con la expropiación petrolera fue creado Pemex, como un organismo responsable de la ejecución de todas las actividades petroleras del país, desde la exploración hasta la venta de primera mano de todos los hidrocarburos y sus derivados. No obstante Pemex, en forma similar que el comportamiento de la producción petrolera, creció desmesurable y anárquicamente, lo que llevó a esta Legislatura aprobar la reestructuración de la empresa.

Consideramos que son acciones que no minan el espíritu de la expropiación petrolera llevada a cabo por el general Presidente Lázaro Cárdenas del Río. Ciertamente podemos reconocer que la industria petrolera no ha sido manejada adecuadamente por algunas administraciones gubernamentales; se han violentado los despegues de la actividad y no han podido ser controlados; se ha cometido el error, en algunos años, de privilegiar la actividad petrolera por encima de sus posibilidades reales en aras de convertirse en un gran exportador de hidrocarburos; se ha explotado irracionalmente el petróleo, y se han provocado pérdidas irrecuperables del recurso, al acabarse las reservas de algunos mantos.

Estos errores se han pagado muy caro; el país ha sufrido una crisis económica que llevó a los mexicanos a resistir en sus espaldas todo su peso.

La obra del general Presidente Lázaro Cárdenas del Río continúa vigente; la expropiación petrolera dio las posibilidades para que los mexicanos pudiéramos explotar nuestros recursos petroleros a través del Estado; las acciones que se den en la actividad petrolera, precisamente deben de ser realizadas con el espíritu que prevaleció en 1938, cuando se decide llevar a cabo esta magna tarea.

Se han soportado presiones de los Estados Unidos, los cuales, añorando durante 55 años el haber perdido el control de la actividad petrolera de nuestro país aún están como gendarmes tratando de apropiarse de nuestros recursos.

Sin embargo, el no incorporar el petróleo en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, es la continuidad de la política del general Presidente Lázaro Cárdenas del Río de no ceder soberanía ante las presiones externas.

El Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, conmemora en especial esta fecha, en principio porque valoramos con justeza la obra del general Presidente Lázaro Cárdenas del Río, y en segundo, porque nos consideramos los auténticos cardenistas. Así nos manifestaremos el día de mañana, en el Monumento

a la Revolución, en la tumba del general Presidente Lázaro Cárdenas del Río Muchas gracias.

El Presidente: -Gracias, diputado. Concedemos la palabra, en el último turno para este asunto, a la compañera diputada Blanca Ruth Esponda, del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Blanca Ruth Esponda Espinosa: -Con su permiso, señor Presidente:

Hemos estado escuchando con mucha atención las distintas intervenciones de nuestros compañeros, que nos han precedido en el uso de la palabra. Pero al respecto yo sí quisiera, señor Presidente, si usted me lo permite, hacer algunos comentarios a algunas de ellas.

En primer término, destacar que me parece inapropiado que un legislador haga en esta tribuna acusaciones o denuncias de carácter penal, que no de ideas, hacia otro compañero legislador, y que aun cuando milita en otro partido, me parece a mí que nos merecemos un trato político más considerado.

Quiero aquí, por ello, recordar que la Ley Orgánica del Congreso y el Reglamento establecen un procedimiento claro y preciso cuando exista este tipo de acusaciones y, cuyo caso, deberá solicitarse a la Cámara la realización de una sesión secreta.

Y aun en el caso, o en el supuesto caso de que se contase con los elementos probatorios de la acusación de referencia, que demostrasen lo que aquí se afirmó, la Ley también prevé un procedimiento jurisdiccional, por lo que sí considero que esta Cámara no puede erigirse en un tribunal para juicios sumarios condenatorios sobre hechos que solamente competen, en primer término, a la autonomía sindical y, en segundo término, a la legislación del fuero común.

Y creo yo que la Ley se erige, por lo tanto, en norma suprema y nos rige a todos por igual.

Tampoco podría yo aceptar aquí, señor Presidente, compañeros legisladores, la presunción que se ha hecho de que la Ley sólo se aplica rigurosamente a nuestros adversarios. Nada más alejado de la verdad y de la realidad.

La vigencia de la Ley está por encima de las prácticas políticas y su estricta aplicación, sobre todo en materia penal, es y debe seguir siéndolo, garantía de seguridad para todos.

Se ha mencionado también en esta tribuna que la industria petrolera atraviesa por un estadio de transformación. Pero yo quisiera destacar al Estado nacional no renuncia a las decisiones fundamentales que le dan razón y justificación histórica. Más aún, si desde 1917 se estableció en la Ley el dominio directo de la nación sobre los recursos del subsuelo, y en 1940 su exclusividad en la explotación y aprovechamiento del petróleo y del gas natural, creemos que con la nacionalización de la industria petrolera, considerado éste uno de los actos quizá más relevantes para la reafirmación de nuestro proceso nacional interno, pero también como un factor que contribuyó al desarrollo económico industrial de la nación; es, sin lugar a dudas, esta nacionalización lo que le ha permitido al Estado mexicano hacer de su industria petrolera una industria competitiva, capaz de allegarse muchos de los recursos que la nación requiere para su desarrollo económico y social.

Nadie duda de que la riqueza petrolera es un patrimonio invaluable del pueblo de México en su conjunto.

Sin embargo, hoy recorre al mundo un tiempo de cambio, cambios en los tiempos y en las circunstancias, cambios que aunque no nos gusten o no nos demos cuenta de ellos, se están produciendo.

La industria mexicana ha venido modernizándose y viene preparándose desde 1982, para una competencia internacional de mayor envergadura.

Y fue precisamente la gran crisis petrolera de inicios de los años ochenta, lo que obligó a buscar nuevos horizontes y a exportar, ya no sólo petróleo, sino toda una gama de bienes manufactureros que hoy constituyen ya una porción importante de su exportación mayor que lo que antes constituía el petróleo.

Por otro lado, no puede exigirse que todo cambie y al mismo tiempo esperar que la industria más importante de México permanezca igual. La industria petroquímica nacional necesita de fuerte inyección de recursos para hacer frente a un mercado internacional, con precios cada vez más bajos y con escala de plantas cada vez mayores y de mayor sofisticación.

Respaldar la modernización y la reestructuración de la industria petrolera nacional significa hoy promover nuevas y más seguras oportunidades de empleo. En tiempos de globalización y de competencia, las perspectivas del empleo

productivo están fuertemente vinculadas a la utilización eficiente e inteligente del petróleo y sus derivados.

El desarrollo de la petroquímica secundaria requiere del más amplio concurso de los agentes económicos de manera urgente e impostergable, para convertirla también en un multiplicador de fuentes de ocupación y en un detonador del crecimiento económico industrial.

La cuarta industria del mundo en materia petrolera tiene reales posibilidades de insertarse en la competencia y de generar más recursos para apoyar más programas y acciones sociales.

Sin embargo, se ha reconocido aquí o por lo menos se ha mencionado reiteradamente que la reclasificación de la industria petroquímica se realiza de una manera arbitraria. Nada más alejado de la verdad, debemos señalar que en primer lugar la ley le da atribuciones muy precisas a la comisión Petroquímica Mexicana para hacer tal reclasificación. Que los requisitos para realizarlo son el que se mantengan los petroquímicos que tengan un interés económico o social fundamental para el país como básicos y que los que no cumplen con tales condiciones deben ser ubicados en el renglón de lo secundario, en donde por sus dimensiones pueden ser desarrollados por empresas subsidiarais o por empresas mexicanizadas.

Con ese criterio se produjo la reclasificación del año pasado, de modo que Petróleos Mexicanos controla directamente 19 productos que nos los voy a mencionar por su extensión, pero que constituyen la petroquímica básica y cuya explotación sólo puede realizarla el Estado.

Pero el profundo proceso de modernización científica y tecnológica que vive el mundo está obligando a cambios cualitativos en todos los ámbitos de la producción y el reto es producir más calidad, con más eficiencia y con menores costos, frente a un mercado integrado de distancias acortadas por el sorprendente desarrollo de las comunicaciones.

Esto afecta también al mercado petrolero y sólo las naciones bien integradas y organizadas en su explotación y comercialización, desde la materia prima hasta los insumos, lograrán sobrevivir y aprovechar el nuevo escenario internacional.

Si Petróleos Mexicanos debe seguir siendo una empresa estratégica para el país, debe reestructurarse y transformarse hoy, no mañana, para seguir siendo una empresa eficiente, productiva, generadora de alta tecnología, de vanguardia y de productos de calidad internacional.

Las leyes, por otra parte, permiten la inversión privada en el área de la petroquímica secundaria, la que se circunscribe a dos principios fundamentales que rigen a la industria petrolera nacional. Mantener la propiedad y el control por parte del Estado mexicano sobre los hidrocarburos y conservar la rectoría del Estado a través de la institución central denominada Petróleos Mexicanos.

Debemos distinguir en los términos de la Ley Orgánica de Pemex que la desincorporación que analizamos en esta tribuna el día de hoy, no afecta en lo fundamental a la empresa paraestatal que tiene asignada la función de explotación y procesamiento de los hidrocarburos, sino que atañe a órganos y empresas subsidiarais, cuya naturaleza auxiliar es importante pero no estratégica en el desarrollo de la industria petrolera.

Una innovación sobresaliente en nuestra estructura de derecho administrativo público, se dio cuando en julio de 1992, se introdujo precisamente la noción de organismo público descentralizado subsidiario como una forma de diferenciar claramente lo que en materia petrolera está reservado de manera exclusiva al Estado y que es una coraza para defender precisamente el control directo de la nación sobre sus bienes hidrocarburos.

Esta diferenciación permitió establecer un conjunto de organismos subsidiarios y amalgamó además de funciones que puede realizar el Estado, también un campo en el cual pueden intervenir los particulares, pero su participación es jurídica y materialmente imposible en lo tocante al órgano superior denominado Pemex que es el responsable de ese control sobre el petróleo al que hice alusión anteriormente.

La modernización de Pemex, sin lugar a dudas, es consecuente con la política de modernización económica, tiene legitimidad jurídica, la suficiente legitimidad histórica y social para emprenderse, tiene legitimidad sobre todo económica y por ello es que merece ser respaldada y tener perspectivas favorables de beneficio real al importante papel que desempeña la explotación del petróleo en el desarrollo general de México.

Por otro lado, la apertura a la inversión privada en ramas no estratégicas de la industria petrolera,

no es un fenómeno nuevo del que se carezca de experiencia y de indicadores confiables acerca de sus posibles resultados. Desde 1940 fue permitido que Pemex se asociara con una empresa mexicana de origen y de capital y de tecnología extranjera para producir, por ejemplo, tetraetilo de plomo y nadie puso en duda que se trató de una decisión correcta y patriótica; que no invalidó la doctrina de la soberanía energética de México y en cambio, sí ayudó a contar con un insumo vital para la producción de gasolinas.

El desarrollo tecnológico nos impone limitaciones a nuestras aspiraciones de ser plenamente autosuficientes en industrias tan sofisticadas como ésta de la petroquímica y sobre todo de la petroquímica secundaria.

No hay duda que el mejor desarrollo de toda nuestra industria va a conducir a un mejor desarrollo de la economía nacional en su conjunto y de que ello hará posible que se garanticen mejores fuentes de trabajo para los mexicanos y sobre todo empleos más estables, más seguros, más remuneradores.

El reto de modernizar a la industria petrolera no corresponde estrictamente al Estado, ni podría serlo por la cuantía de los recursos de nuevas inversiones que se requieren, sobre todo en el campo de la petroquímica secundaria; pero el hecho de que estos recursos pudieran invertirse en esta rama, limitaría las posibilidades del Estado nacional para dedicarlas a la atención de otras necesidades básicas de la población aún insatisfechas y que son hoy por hoy una exigencia nacional.

Considero, compañeros, que el hecho de que se conmemore una vez más el aniversario de la industria petrolera en México, de la nacionalización, también nos compromete con una nueva visión de futuro y de progreso para la nación en su conjunto, Estoy convencida de que independientemente de las posiciones que como partidos políticos podríamos tener en algunas cuestiones específicas, en lo general no podremos sino reconocer la trascendencia y la importancia que juega esta industria en el desarrollo de la nación toda. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente: - Para rectificar hechos tiene la palabra el diputado Jorge Calderón Salazar, en términos del artículo 102 del Reglamento.

El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: - Con su venia, señor Presidente:

Sólo a un punto quisiera referirme. Hay aspectos que si no hoy, pronto PEMEX y el Gobierno tendrán que responder; puntualmente el Gobierno tiene que decir a la opinión pública, a los partidos políticos y a la ciudadanía.

Va a vender el complejo de la cangrejera, va a vender cosoleacaque y ¿a quién se lo va a vender? ¿Va a vendérselo a la Texaco? ¿Va a vendérsela a la Exon? ¿En cuánto se lo va a vender, bajo qué procedimientos y de qué formas? Son asuntos que no pueden seguir en la ambigüedad, no son cuestiones de poca monta. Tampoco es de poca monta el que haya expertos que afirmen que son complejos que valen 12 mil millones de dólares y haya informaciones de agencias internacionales que hablan que se está estimando que se venderá en tres o cuatro mil millones de dólares. No son informaciones de poca monta, no son asuntos de detalle ni de minucia, son problemas de interés nacional.

Nuestro partido, junto con otras fuerzas, pide al Gobierno soluciones directas, claras, una información precisa. De antemano, como partido, decimos que no estamos de acuerdo que se entreguen plantas petroquímicas a la Exon o a la Texaco. No estamos de acuerdo en que haya una transnacionalización de segmentos importantes de la industria petroquímica ni hoy ni mañana ni después. Hay fondos, hay hombres y mujeres capacitados, hay recursos, hay capital y hay tecnología mexicana para consolidar un sector petroquímico que sea estratégico y que esté bajo la rectoría económica del Estado.

Otro problema es que nuevos campos de inversión, en nuevas áreas, en nuevos rubros, se creen formas de coinversión y de participación de auténticos empresarios mexicanos, innovadores y que creen segmentos nuevos de actividades productivas. Pero ramas fundamentales para la actividad económica, segmentos que requieren apoyo para convertirse en columna vertebral del crecimiento económico del país, no estamos de acuerdo, lo decimos hoy y lo seguiremos diciendo, que se entreguen a la Exon o a la Texaco.

Que se les compre tecnología si es necesario, que haya formas de transferencia tecnológica, que haya formas de vinculación en materia de reconversión industrial, pero no la venta de segmentos importantes de las plantas petroquímicas mexicanas a empresas transnacionales. ¡No, señores! ¡No estamos de acuerdo en esto!

Hay que defender el carácter nacional de nuestras plantas petroquímicas y emplazamos al Gobierno de la República a la brevedad posible, defina con claridad, con transparencia y de manera directa, cuáles son sus planes en materia

de privatización, bajo qué normatividad legal, con qué montos y con qué mecanismos y entonces nuestro partido y creo que la Cámara de Diputados en su conjunto, emitirá decisiones y hará pronunciamientos al respecto. Muchas gracias.

El Presidente: -Para rectificar hechos, tiene la palabra el señor diputado Carlos Enrique Cantú, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.

El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas: - Señor Presidente; señores senadores señores diputados:

La siempre grata presencia de la diputada, nuestra amiga, compañera y muy estimada Blanca Esponda, con reconocimiento a su gentileza, a su bonhomía y obviamente muy admirador de su marcada femineidad, me hacen abordar esta tribuna con todo respeto, solamente para aclarar algunas cosas. Esta representación legislativa, esta presencia popular y esta tribuna, no le dan impunidad a nadie. Podría existir en el ciclo de un partido el deseo fundamental entendible y explicable de defenderse en su ánimo cuando expresiones ajenas al mismo son vertidas, por personas diferentes. Todo esto lo entendemos.

También quisiera aclarar que no venimos a hacer leña del árbol caído; pero es muy importante decir que el árbol caído durante mucho tiempo para un grupo de rufianes que llevaron al país al peor desastre económico que registra la historia nacional, lo ha sido el patrimonio de México y en algunas ocasiones la empresa conocida como Petróleos Mexicanos.

Finalmente quiero decirles a ustedes, sin ninguna explicación ni ninguna aplicación personal, que parece ser que vivimos en dos Méxicos diferentes: uno en donde los ángeles, los querubines, las vírgenes y los arcángeles podrían cubrir la acción de todos y cada uno de ustedes; y otro en donde el pueblo sufre presiones, represalias, injusticias, artificiosa elaboración de procesos y muchos de ellos confinados en las ergástulas con más drasticidad que la remota San Juan de Ulúa.

Tal es el caso de lo que acontece con muchos de los compañeros en el país, privados de su libertad, en donde aquí se dijo hace unos momentos que no es por sus ideas y no es por su filiación, y no es por su participación política. Obviamente a muchos de ellos con la instrumentación artificiosa de los órganos del poder a su alcance y el no ejercicio de la autonomía del Poder Judicial o Legislativo, en su caso, se facilita la posibilidad de instauración artificiosa de procesos y se da al traste y se lleva a las ergástulas a miles de mexicanos en forma injusta. ¿Quieren un ejemplo? Se los voy a dar en estos momentos.

Hace cuatro meses, por unos hechos que se suscitaron en Nuevo Laredo, Tamaulipas, con un legítimo enojo de la población por algunas actitudes represivas de la Secretaría de Hacienda, un dirigente obrero, Pedro Pérez Ibarra, que no es de mi simpatía obviamente, con quien siempre tuvimos conflictos electorales muy marcados, convocó a una reunión, a esa reunión asistió la población en general, más de 10 mil participantes, no todos ellos militantes ni del PRI ni miembros de la CTM.

Pero era tan legítima la convocatoria y existía tanto enojo social que el pueblo en masa concurrió, y debo decirles también, nada más como ejemplo, no tiene mayor importancia, que si un servidor hubiera estado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en compañía de mis hijos, hasta de una menor de 10 años, hubiera asistido yo a esa legítima manifestación por una vulneración de los derechos de los ciudadanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en estricto ejercicio de mis derechos constitucionales.

La manifestación se desarrolló en orden y ajeno a la manifestación, a 500 ó 600 metros de ella, se suscitaron hechos violentos que trajeron en consecuencia con gran difusión nacional, que se prendiese fuego a las instalaciones de la aduana fronteriza en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Afirmo que no fue gente de Nuevo Laredo, Tamaulipas; como no quiero incurrir aquí en acusaciones, no sé quienes sean, pero no era gente de Nuevo Laredo, Tamaulipas; ni fueron los asistentes a esa manifestación.

A consecuencia de ello, se privó de la libertad a decenas de los mismos, entre quienes destacan Leopoldo Ramírez Arispe y Jorge Conde Contreras, otros están huyendo, porque injustamente han sido perseguidos. Ayer ocho de ellos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, encontraron sentencia absolutoria porque en el desarrollo del proceso comprobaron, después de injustamente estar privados de su libertad cuatro meses con el desprestigio nacional que esto les ocasionó, comprobaron que aquéllos que habían sido testigos en su contra habían sido obligados por alguna instancia gubernamental en aquella entidad y los habían hecho firmar declaraciones imputables en su contra y en blanco.

Todo ello pudo haberse comprobado en las primeras 72 horas, pero no tenían las autoridades

el interés de clarificar la justicia, tenían el deseo de ejercitar acciones ejemplares para oprimir a la oposición y los mantuvieron cuatro meses injustamente privados de su libertad con los consiguientes daños morales que resultan irreparables, porque ante la sociedad entera no tienen respuesta para haber estado en la cárcel. Muchas gracias.

El Presidente: -Muchas gracias, diputado. Vamos a proceder a dar trámite a varias solicitudes que se han presentado durante el curso del presente debate.

Primero, formulamos en términos del Reglamento una excitativa a los miembros de la Comisión de Energéticos para que resuelvan la iniciativa planteada por el Partido de la Revolución Democrática y, al mismo tiempo, turnamos con fundamento en la fracción III del artículo 79 la proposición que acompañó a su excitativa.

Por otro lado, el PPS presentó una declaración política que suscribe la parte del PPS, el diputado Jorge Calderón del PRD y el diputado Carlos Cantú del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Se tiene por formulada la declaración que suscriben los tres partidos políticos y se procede, señor diputado Cuauhtémoc Amezcua, a formular una excitativa a los integrantes de la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados para que se aboquen al análisis y dictamen de la Iniciativa de Reformas a la Ley Federal del Trabajo que su partido presentó.

REFORMA POLÍTICA

El Presidente: -Pasamos ahora, si les parece, señores legisladores, a un asunto distinto y concedemos la palabra al señor diputado Miguel Ángel León Corrales, del Partido de la Revolución Democrática, para referirse al tema de la Reforma Política.

El diputado Miguel Ángel León Corrales: - Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:

Cuando el 22 de diciembre pasado se aprobó en la Cámara de Diputados la formación de una Comisión Plural para discutir y tomar acuerdos en torno a una reforma electoral, todas las fracciones parlamentarias manifestamos puntos de vista positivos hacia la formación de esta Comisión, y dijimos con claridad que en la Cámara de Diputados resultaba un espacio adecuado para en él dialogar y hacer propuestas pertinentes al tema.

La formación de esta Comisión nos indicaba la existencia de un congreso entre todas las fracciones parlamentarias acerca de la urgente necesidad que este país tiene de revisar la actual Ley Electoral para garantizar mejores condiciones legales y políticas en la coyuntura de 1994. ¿Hasta dónde debe llegar la reforma electoral?. Aquí es donde existen diferentes posiciones, en todo caso la Comisión Plural ha sido vista como el espacio ideal para confrontar estas diferentes posiciones. El problema, como ya lo hemos dicho, es que hasta hoy a tres meses de formada esta Comisión aún no se da la discusión y el diálogo substanciales, todo ha quedado en cuestiones de forma de discusión y puntos de agenda, consideramos que tres meses para llegar a acuerdos de formas es mucho tiempo, sobre todo si tomamos en cuenta que ha prevalecido la idea de que el tiempo ideal para discutir y aprobar en el pleno de la Cámara la reforma, sería el próximo período ordinario de sesiones.

Ha pasado casi la mitad del tiempo con que se cuenta y la discusión substancial, repito, todavía no inicia. Nosotros criticamos la lentitud de la Comisión desde la última semana de enero precisamente en esta tribuna, dijimos entonces que existía la necesidad de que el Gobierno y su partido diesen a conocer su posición con respecto a la reforma, presentamos aquí nuestra posición global y se nos dijo que la Comisión Permanente no era el espacio adecuado para presentar este tipo de posiciones, sobre todo si ya había otro espacio creado. Tuvo que salir a flote un escándalo como del financiamiento inmoral de la élite de los ricos de este país al partido de Estado para que las trabas que se enfrentan en la Comisión Plural que a su vez significan trabas para avanzar en la discusión de la reforma, también salieran a flote y por supuesto aquí en esta tribuna.

No se podía aceptar de manera alguna que mientras la Comisión Plural se encuentra estancada en asuntos de agenda y procedimientos por la vía de los hechos, el Gobierno y su partido tomasen ya no sólo definiciones, sino acciones en torno a temas propios de la Comisión Plural como lo es el tema del financiamiento de los partidos. No es la primera vez que el Gobierno plantea posiciones y después actúa en sentido contrario, no debemos olvidar que fue Salinas quien propuso que había que discutir las reglas que deben normar el financiamiento de los partidos y antes de que se iniciase la discusión, fue también él quien se reunió con los empresarios para pasarles la charola.

Es cierto que el Jefe del Ejecutivo Federal y el Presidente del PRI ya le hicieron una rebaja formal a los empresarios que no necesariamente en los hechos de 25 millones de dólares a un millón de nuevos pesos, pero en todo caso esta "marcha atrás", entre comillas, nos demuestra una vez más hasta qué punto pesan en Carlos Salinas de Gortari las opiniones de las publicaciones norteamericanas.

En cuanto al tema de la cena de Salinas con los empresarios, apareció en la primera plana del New York Times; Salinas y el Presidente del PRI plantearon la rebaja a los empresarios.

La lentitud de la Comisión no es un problema solamente de si las diferentes fracciones parlamentarias estamos o no de acuerdo con el ritmo de la Comisión. Se trata también de que la táctica dilatoria de la Comisión favorece la posibilidad de actuaciones de facto como lo es el caso del financiamiento del PRI.

Ahora bien, resulta evidente que para avanzar hacia una verdadera reforma. electoral para la democracia, es imprescindible la existencia de una clara voluntad política de parte del Gobierno y su partido para propiciar la reforma. Hasta hoy esa voluntad política aún no se pone de manifiesto, la forma como se ha venido trabajando en la Comisión Plural es una muestra de ello.

Pero también pondríamos como ejemplo esta falta de voluntad política, lo que ha venido sucediendo en los procesos electorales sin excepción, incluidos los más recientes. El Estado se convierte en maquinaria electoral que determinan los resultados; los dineros del erario público se ponen al servicio del partido de Estado; se montan operativos de Estado para garantizar a toda costa los triunfos del PRI, ahí están las elecciones de Guerrero como una muestra inobjetable de esa falta de voluntad política.

Tenemos también la manera en como se ha venido desarrollando el proceso de fotocredencialización, bajo las mismas condiciones de control gubernamental que no garantizan un padrón confiable.

No podrá haber elecciones auténticas y limpias en 1994 sin una depuración fidedigna del padrón, lo cual es imposible de lograr con los mecanismos de supervisión y vigilancia vigentes que se encuentran viciados de origen.

Sin una clara independencia entre los organismos electorales y el Gobierno, y sin un padrón confiable, no puede haber verdadera reforma electoral para la democracia.

El partido de Estado no va a llegar a su fin tan sólo porque Salinas lo declara en un discurso. El cordón umbilical entre el PRI y el Gobierno solo se terminará si avanzamos en las garantías de independencia entre los organismos electorales y el partido Gobierno.

No se puede abrir un espacio como el de la Comisión Plural y no ser consecuente con ello. La discusión substancial en la Comisión Plural debe empezar ya, para lo cual resulta imprescindible que el Gobierno y su partido pongan en la mesa de discusión sus propuestas acerca del problema fundamental de la reforma.

¿Con qué características y en manos de quién deben estar los organismos electorales?. Por supuesto que nosotros consideramos que la Comisión Plural es el espacio idóneo para discutir en torno a los temas de fundamental importancia para la reforma, pero la fracción parlamentaria del partido de Estado debe mostrar voluntad política para en efecto convertir a la Comisión Plural en el espacio de discusión para avanzar hacia una verdadera reforma electoral.

Por supuesto que el Partido de la Revolución Democrática tiene la más firme convicción de avanzar en la reforma electoral. La nación, hoy más que nunca tiene la más firme necesidad de disponer de reglas claras y democráticas para decidir quién lo gobierna. Me parece que en esto todos los partidos de oposición coincidimos y lo hemos demostrado, pero ya es tiempo que el Revolucionario Institucional presente sus propuestas de reforma y defina hasta dónde está dispuesto a llegar.

En lo particular nosotros hemos presentado ya propuestas globales, y estamos dispuestos a discutir y a dialogar ahí donde sea necesario para llegar a una definición.

Estamos, compañeras y compañeros legisladores, denunciando aquí el empantanamiento en el que se encuentran los trabajos de la Comisión Plural, y estamos demandando que el PRI presente sus propuestas de reforma política, sobre todo en el que se refiere al aspecto central de los organismos electorales.

Y si estamos denunciando y demandando esto, es porque queremos que la Comisión Plural recupere su valor que desde el inicio perdió por la actitud del PRI y del Gobierno, que nunca han definido su postura. No se ha dado el diálogo substancia, y pareciera que los trabajos de la Comisión Plural sólo han venido funcionando

como una cortina de humo para detener cualquier avance.

¿Cuál es la posición oficial, optar por la reforma a fondo o detenerla, revalorizar la Comisión Plural o empantanarla, definir con claridad su posición o esconderla, en una suerte de mecanismos de discusión que hasta hoy han conducido a muy poco?

Por todo lo anterior, emplazamos al PRI a que no más tarde del próximo 1o. de abril, ponga en la mesa de discusiones su propuesta en torno al padrón electoral, en torno a como haremos para efectivamente depurarlo, verificarlo y también auditarlo. Apenas estamos en tiempo para hacer las correcciones necesarias y llegar a 1994 con ese documento vertebral del proceso electoral en términos confiables. Nuestro emplazamiento al PRI incluye en el mismo término, ponga en la mesa de negociaciones su propuesta en torno a estructura, integración y funciones de los órganos electorales.

Esa es la fecha que ponemos como perentoria, esos los temas prioritarios. Si su propuesta incluye otros, bienvenidos sean, pero desde ya aclaramos que para nosotros no hay trueque posible en las prioridades.

Demandamos también que los trabajos de la Comisión Plural sean abiertos a los medios de comunicación. Si lo que queremos son elecciones transparentes, no entendemos por qué la discusión para arribar a la propuesta no sea también transparente. Nada tenemos que esconder los partidos a la sociedad en esta discusión.

Si no se cumple con este emplazamiento, la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, asumirá las acciones que considere pertinentes, entre ellas no descartamos, por supuesto, nuestro retiro de dicha Comisión y otras acciones que en otros espacios generen la presión necesaria para obligar al Gobierno y su partido a pactar las condiciones que permitan a nuestro país, iniciar el tránsito a la democracia y arribar a las elecciones federales de 1994 en la legalidad electoral, la paz y la armonía sociales.

Hacemos un llamado al Gobierno y su partido para que recapaciten. El tiempo se agota, las fechas y contenidos de nuestro emplazamiento están claros. Los plazos del país, hace rato que quedaron rebasados. Por el bien de México esperamos una respuesta positiva, oportuna y lo más pronto posible. Es todo. Gracias.

El Presidente: - Gracias diputado Miguel Ángel León Corrales. Para el mismo asunto tiene la palabra el diputado Diego Fernández de Cevallos de Acción Nacional.

El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos: -Con su permiso, señor Presidente. Señores legisladores.

Hace 15 días, en esta misma tribuna, Acción Nacional anunció su retiro del grupo de trabajo que sobre reforma electoral se conformó en los términos del acuerdo del pleno de la propia Cámara de Diputados.

Dijimos con toda franqueza que no podíamos continuar buscando consensos en el interior de esta Cámara. si allá afuera se realizaban actos que modificaban una realidad de manera tal que harían nugatorios los esfuerzos y las búsquedas de esos consensos que aquí en un momento dado se pudieren alcanzar.

Para nosotros era absurdo, señores legisladores, que pudiéramos continuar impávidos en una dialéctica entre partidos políticos a nivel de Cámara de Diputados, si los medios de comunicación informaban, con lujo de detalles, sobre financiamientos multimillonarios de un pequeño grupo de multimillonarios que se decía aportarían cantidades fabulosas en dólares en favor del PRI.

No podíamos olvidar que en el propio documento que nos sirve de punto de partida para esos trabajos, y que fue suscrito por todos los legisladores responsables de esta tarea, se decía, entre otras cosas, que en la sesión general de este Congreso, el Presidente de la República había invitado, promovido, convocado, a hacer un esfuerzo plural para lograr que resultara transparente el origen del financiamiento de los partidos y poner límites a los costos de las campañas electorales.

Se me podrá decir, y posiblemente con razón, que nadie puede probar que esos cuantiosos donativos fueran a ser precisamente para gastos de campaña, pero lo cierto, para cualquier observador serio, es que ese elemento vino a perturbar el estado político de un país que, a través de sus fuerzas organizadas en partidos, estaba buscando un consenso para clarificar y avanzar en esta materia.

Nosotros desde esta tribuna le pedimos al Presidente de la República y al Partido Revolucionario Institucional que se pronunciaran al respecto, el primero, para deslindarse de un trámite que nosotros consideramos absolutamente injusto y que provocaba ese estado político que impedía todo proceso de análisis, de búsqueda de consensos y, por supuesto, de avance democrático.

Le pedimos al presidente del PRI o al partido político como tal, que cesara en su intento, que rectificara una conducta que comunicaban los diarios y que nosotros no podíamos considerar justa y equitativa.

Como es de su conocimiento, recibimos los mexicanos respuestas de ambas instituciones. Por un lado, el Presidente de la República se manifestó y, paralelamente, el presidente del PRI hizo lo propio.

Desde nuestra perspectiva las respuestas de ambos están orientadas en el sentido de nuestro reclamo.

Ahora bien, partiendo de esas respuestas y considerando también los hechos y las circunstancias que se han venido dando a partir de ese retiro, y podríamos decir inclusive antes del mismo, el grupo parlamentario de Acción Nacional estaría dispuesto a regresar a esa mesa de trabajo, a esa consulta, estaría dispuesto a reincorporarse a los trabajos que se habían iniciado, siempre que se dieran los determinados hechos que a continuación precisaré.

Por un lado, nosotros pediríamos desde esta tribuna al Partido Revolucionario Institucional, representado en esta Cámara, que en forma explícita ratifique el compromiso que el presidente de su partido hizo, en el sentido de someter su proyecto financiero a las propias líneas que el presidente del PRI señaló públicamente. Esto con el propósito de garantizar que en serio está el grupo parlamentario del grupo mayoritario, que está en la disposición de avalar, de soportar, de sostener, de ratificar un planteamiento público que nosotros consideramos respetable, pero que necesitamos que tenga plena garantía y vigencia, para que no haga un nuevo paso hacia atrás, que vaya en el futuro próximo a enturbiar o confundir el panorama político, que es necesario tener muy claro para trabajar y alcanzar consensos.

Por otro lado, nosotros requerimos que el propio grupo mayoritario ponga ya sobre esa mesa de trabajo sus propuestas básicas, sobre los temas fundamentales de una reforma electoral que pueda merecer el calificativo de serio o de trascendente.

Esa reforma, nosotros consideramos puede estar estructurada por el consenso de todos sobre varios temas capitales. Por supuesto que, no le estamos pidiendo desde esta tribuna al PRI, que haga una propuesta acabada o detallada de cada uno de sus pronunciamientos fundamentales; pero creemos, señores, que es necesario, por muchas circunstancias vividas y precisamente por su condición de partido mayoritario, que con su voto puede perfilar un rumbo u otro en determinadas circunstancias, creemos nosotros pertinente pedirle desde esta tribuna al Partido Revolucionario Institucional, que haga esa presentación preliminar de puntos fundamentales, para que pueda servir de punto de partida para análisis futuros de los grupos parlamentarios.

El PRD ha manifestado desde esta tribuna, si bien le entendí, que exigen fundamentalmente la presentación o propuesta priísta, por lo que toca primariamente a la conformación de los organismos electorales.

Nosotros creemos es válido pedirle al Partido Revolucionario Institucional que presente sobre la mesa de trabajo sus propuestas iniciales, como punto de partida, reitero, sobre financiamiento a partidos políticos y costos de campaña; sobre accesos a los medios de comunicación; sobre ese tema fundamental de la justicia electoral; sobre el Senado de la República, para la apertura democrática que demanda y también lo relativo a su propuesta básica sobre el Distrito Federal.

Se me puede decir desde esta tribuna y con razón, que no está obligado el PRI a responder afirmativamente, lo sabemos de antemano; nadie puede conminar a un partido político a que se pronuncie en las materias que otro quiera y en el tiempo que otro le señale.

Nosotros no estamos exigiendo ni reclamando de manera coactiva nada a nadie. Lo único que estamos señalando es que creemos que por muchas circunstancias, pero especialmente por la conformación de las fuerzas políticas del país y por las circunstancias que en materia político electoral hemos vivido, es válido pedirle al partido mayoritario que presente esas líneas fundamentales, para el único propósito de testimoniar con hechos concretos cuál es su voluntad política, también concreta, para el arranque de esos trabajos y para la búsqueda de esos consensos.

Por supuesto, como siempre, en este tipo de posiciones y de planteamiento, a nosotros sólo nos corresponde esperar para tomar decisiones definitivas y al partido requerido, en el caso concreto el PRI, le toca dar la respuesta. Gracias.

El Presidente: - Gracias, diputado Diego Fernández de Cevallos. Tiene la palabra para hablar del mismo tema, el diputado Amador Rodríguez

Lozano, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Amador Rodríguez Lozano: - Gracias señor Presidente.

Efectivamente el 21 de diciembre del año pasado las seis fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados decidimos que era el momento oportuno para realizar un nuevo ejercicio político con el propósito de avanzar nuevamente para consolidar nuestras instituciones electorales y nuestro sistema de partidos.

En aquella ocasión comentamos y así quedó plasmado en el punto de acuerdo, que teníamos que considerar por un lado la convocatoria presidencial que nos proponía tres temas fundamentales para fortalecer el sistema de partidos y para establecer nuevas reglas para la equidad en la lucha política.

Y dijimos también que teníamos que tomar en consideración las distintas iniciativas que los propios partidos políticos, algunos habían presentado en distintas ocasiones a la Cámara de Diputados.

El acuerdo que firmamos partía pues de una serie de premisas y establecía entre otras cosas la complejidad de la materia electoral. Un asunto complejo, técnico en muchos casos, con repercusiones muy serias para el sistema de partidos en lo general si no se reflexiona suficientemente. Ahí tenemos el caso de Italia que en estos momentos, como consecuencia de haber aceptado el sistema de representación proporcional pura, tiene unos problemas muy serios de gobernabilidad.

Cualquier decisión que nosotros tomemos a la ligera puede tener repercusiones muy serias en el sistema político en su conjunto.

Por eso fue que se decidió crear una Comisión Plural en la cual el Partido Revolucionario Institucional aceptó participar, no con el número que le correspondía de acuerdo a la proporción que tiene en la Cámara de Diputados, sino un ejercicio nuevo; tratar de llegar a través de distintos canales a consensos entre las fuerzas políticas.

Y un punto fue fundamental en el sentido de que ningún partido político hiciera propuestas, que ningún partido político hiciera propuestas. Se dijo ahí que la suma de los consensos se terminaría en su caso en la iniciativa sobre este particular y que en todo caso los partidos se reservaban el derecho de actuar en consecuencia en el caso de los disensos. Ese fue el elemento fundamental y es uno de los compromisos fundamentales de esta Comisión.

No estamos pues obligados dentro de este acuerdo a presentar ninguna propuesta, pero mi partido quiere presentar aquí su voluntad política a la que hiciera mención Juan de Dios Castro la semana pasada cuando decía: "no solamente es cuestión de leyes, sino también de voluntad política".

Y mi partido quiere expresar su voluntad política. Primero, referente a la propuesta que hace Diego Fernández de Cevallos, mi partido está dispuesto, la próxima semana someter a la consideración de la Comisión Plural los puntos básicos, los puntos de partida sobre los temas que han sido propuestos. Sin embargo, queremos aclarar que no será en todos los puntos que el diputado Diego Fernández de Cevallos hizo mención, pero si haremos una propuesta sobre los puntos que nosotros consideramos básicos y será el punto de partida para las discusiones de la Comisión Plural.

Por supuesto que ratificamos la declaración que hizo el presidente de nuestro partido, en el sentido de que no aceptaríamos ningún tipo de aportación de empresas, que exclusivamente sería de individuos o de organizaciones sociales, que estaría limitado a un monto de un millón de pesos nuevos y que tampoco aceptaríamos de corporaciones religiosas o de corporaciones extranjeras. Ratificamos ese compromiso.

Pero, señores, una cosa es expresar aquí una voluntad política y otra cosa es tratar de poner al PRI como un rehén político. No aceptamos ningún ultimátum. ¡No lo aceptamos! No aceptaremos tampoco ningún emplazamiento, no estamos en ningún proceso de carácter judicial. Estamos sí, partidos políticos expresando una voluntad política por avanzar, por perfeccionar nuestras instituciones electorales y eso lo ratificamos aquí y queremos que coincida la Ley con la realidad electoral. Esa es otra de las afirmaciones que hace el PRI en esta tribuna.

Pero bajo ningún pretexto, argumento, aceptaremos ningún tipo de ultimátum, porque además no es cierto que nosotros estemos atorando el procedimiento en el órgano plural o en las subcomisiones; todo lo contrario, habría que ver en las minutas quiénes han sido los que han estado constantemente generando una serie de debates y discusiones sobre circunstancias que no tienen realmente ninguna importancia para

el objetivo final; que si lo que dijo la minuta la vez pasada no es cierto, que la "y", yo no dije la "y", que se le quite la "y" y una serie de cuestiones que nos han tardado muchas horas de discusión y ése no ha sido mi partido.

Tampoco es cierto que tengamos como límite la instalación de la Cámara de Diputados, para que la Comisión Plural pueda seguir trabajando. La Comisión creada para buscar los consensos y anotar los diseños, y se puso como objetivo final el 15 de julio, eso quiere decir que nosotros podemos seguir trabajando en la Comisión Plural, independientemente de que esté trabajando la Cámara de Diputados e independientemente de que las comisiones trabajen de manera normal.

Las prioridades de un partido político no siempre son las prioridades de otro. Ustedes ven a los órganos electorales como el elemento fundamental, aunque ciertamente hay una posición contradictoria porque se dice una cosa aquí de que fuera el Gobierno de los organismos electorales y en el IFE se dice que aceptarían la presencia de los organismos electorales.

Para el PRI no es éste el asunto prioritario, por eso es que los partidos políticos presentamos un temario distinto y cada partido político presentó una serie de temas de acuerdo a sus prioridades, de acuerdo a como ve el problema de la consolidación de la democracia electoral y el hecho de que nosotros no pensamos igual que ustedes, no significa de ninguna manera que seamos antidemocráticos. La pluralidad está en el derecho de reconocer que otros son distintos y no por eso significa asumir una visión maniqueísta de las cosas.

Nosotros pensábamos que el tema del financiamiento de mi partido y de esa famosa cena que ya tantas veces se ha comentado, con exageraciones algunas veces, con adjetivos calificativos otras, había sido suficientemente explicada. Pero he sostenido en otras ocasiones que siempre tiene más impacto una buena frase que muchos argumentos; pasó la charola y eso vale más que muchos argumentos que se han expresado. Mi partido había considerado que este tema ya había sido suficientemente explicado.

Pero nosotros pensamos que transparentar el origen del financiamiento de los partidos, no solamente es un problema del PRI, sino es un problema del sistema general de partidos, no se trata de que solamente el PRI transparente sus finanzas, se trata de que todos los partidos políticos transparentemos nuestras finanzas.

Por ello ya mi partido había anunciado en el Consejo General del I. F. E., una serie de acusaciones que hoy aquí, a manera de ejemplo, aunque allá será el medio procesal donde se siga, quiero aquí hacer una serie de denuncias:

Tenemos información que nos hicieron llegar de cómo se financia el Partido de la Revolución Democrática. Hay una confesión del señor Fabián Rodríguez, que fue Presidente de la Caja de Ahorro de Michoacán, que está siendo procesado por un fraude de 400 mil millones de pesos, quien confesó que le entregó dinero de ese fraude a Cuauhtémoc Cárdenas. No lo digo yo; lo dice el inculpado, el procesado y lo dice en una declaración de carácter judicial.

Pero también hay financiamiento del exterior. Tenemos información de que se está recibiendo dinero de varias organizaciones en los Estados Unidos: de Alianza Mexicana, con sede en Oakland, California; del Movimiento Chicano Mexicano, con sede en Los Ángeles; del Comité Mexicano de Apoyo a Cuauhtémoc Cárdenas, con sede también en Los Ángeles; del Comité Chicano, también en Los Ángeles, y de los Comités Laborales de Estados Unidos, este dirigido por Lyndon Larush.

Se estima que ha recibido a través de estas fuentes 7 mil 496 millones de pesos, que fueron registrados en la cuenta Banamex número. 3222077261.

Pero no solamente el dinero, la forma en que los apoyan organizaciones extranjeras, se dijo aquí: "El que paga manda..." ¡Que preocupante! sino también a través de publicidad. Aquí hay un cartón donde esta la figura de nuestro amigo integrante de la Comisión Permanente, el senador Porfirio Muñoz Ledo, que dice:

"Guanajuato; Porfirio Muñoz Ledo. ¡Vote!" Y abajo hay una caja que dice: "From 2421 With Year Blvd. Suite 1, Los Ángeles, California 900020023 to Cámara de Senadores. Senador Muñoz Ledo."

Aquí está otra de Sinaloa, Enrique Bernal Rojas, candidato a senador y aparecen las cajas con los mismos membretes.

Aquí hay otra dirigida al ingeniero Heberto Castillo. La misma suite, el mismo lugar.

Y otra de Onofre Vázquez Ortiz.

Más de Porfirio Muñoz Ledo. Dijo que su campaña había sido austera, seguramente nada

más de lo que gastó de su bolsa. Aquí esta propaganda impresa en los Estados Unidos, para Porfirio Muñoz Ledo. Dejo esta información para que obre en la Secretaría.

Pero aún hay más. ¿Cómo se financia el PRD? Creó una fundación a la cual le denominó: "Lázaro Cárdenas". Y creó una serie de organizaciones no gubernamentales vinculadas a ella.

Y ha estado recibiendo recursos de varias organizaciones extranjeras: la Fundación Nobit, de Holanda; el Fondo de Cooperación Vasca, no sé si sea de los guerrilleros; la Fraternidad de los Hombres de Francia; la Canada Next Word y la Next World Norteamericana. Formalmente se le otorgan apoyos para realizar investigaciones de beneficencia social, investigación y análisis, pero en la realidad se ha utilizado para financiar las actividades de Cuauhtémoc Cárdenas y de sus activistas externos, como Jorge Castañeda y Adolfo Aguilar Scincert.

La última remesa, solamente la última remesa, de los fondos de la Fundación Nobit a la Fundación Lázaro Cárdenas fue de 188 mil florines, equivalentes a 293 mil nuevos pesos, que se depositaron en la cuenta 005-05-910 del Bank of América en San Diego, California. Y hay otras instituciones que están siendo financiadas, insisto, a través de este procedimiento indirecto.

Por eso, estamos convencidos de que si queremos efectivamente avanzar en la democracia, si queremos efectivamente consolidar las instituciones democráticas y electorales, si tenemos de buena fe la intención de avanzar, tenemos que clarificar todos el origen de nuestros recursos. No se vale ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el suyo. Muchas gracias.

El Presidente: - Muchas gracias diputado Amador Rodríguez.

Antes de conceder la palabra al diputado Amezcua, que seguía en el turno de oradores, para contestar alusiones personales, se le concede la palabra a Diego Fernández de Cevallos y posteriormente para rectificar hechos, al diputado Miguel León Corrales.

El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos: - Como entiendo que otro partido es el que debiera más rápidamente subir a esta tribuna, por razones obvias, yo voy a procurar ser muy breve y así no distraer un debate en donde tiene derecho la parte mencionada a hacer uso de la palabra y decir lo suyo. Sólo les pido su atención dos minutos para precisar a ustedes tres puntos y dejar a mi partido a un lado de lo que hoy debe de confrontar el PRD, con toda seguridad, al margen del derecho de las demás instituciones aquí representadas.

El señor diputado Amador Rodríguez manifestó su preocupación de posibles propuestas ligeras. Es obvio que nosotros no queremos ni esperamos algo así, porque sabemos que sería fatal, negativo, morboso, el que alguien se atreviera a estas horas de la jugada hacer un planteamiento ligero que sólo conduciría a prostituir lo que hoy no queremos que se prostituya.

En segundo lugar, él dijo que se acordó en el documento básico que no hubiere propuestas de nadie. Y usé sus palabras. Se acordó que nadie hiciera propuestas concretas o específicas.

Yo quiero decirle que del documento básico lo único que encontré cercano a lo que él dice, pero no exacto, es que resulta, de acuerdo con el grupo que lo suscribió, indispensable la integración de una comisión plural que se encargue de diseñar temario, metodología y procedimientos, integrar los consensos y preparar, en su caso, la propuesta legislativa que se desprenda de dichos consensos, dejando a salvo los diferendos que hubiere para que la parte interesada actúe conforme a su derecho convenga.

Si estoy en lo cierto, lo único que aquí se establece es la propuesta de buscar consensos y de que de ese resultado se presente una posible propuesta conjunta, dejando a salvo los derechos que surjan de posibles diferendos. Pero no hay ningún compromiso de abstenernos, uno o varios partidos, de hacer propuestas concretas. Pero ¡claro!, lo fundamental es que nosotros no le podemos exigir a nadie que habrá ningún juego y nadie está haciendo exigencia de tal naturaleza; estamos haciendo una propuesta que se deriva de otra circunstancia, ¿de cuál circunstancia? entre otras de que son ustedes el grupo mayoritario, de que tienen un peso específico mayor y de que se hace necesario que ustedes por esas características, hagan una prueba fehaciente de esa voluntad tan anunciada y tan urgida para todos.

Y por último, ha dicho el PRI que no responderá en concreto sobre planteamientos específicos a todo nuestro pedimento. Señores legisladores el PRI está en su derecho. Nos queda pues esperar a conocer cuáles son sus planteamientos concretos para que nosotros determinemos nuestra permanencia o nuestra salida de dicho lugar. Gracias.

El Presidente: - Gracias diputado Diego Fernández de Cevallos Tiene la palabra para rectificar hechos el diputado Miguel León Corrales.

El diputado Miguel Ángel León Corrales: - Con su permiso compañero Presidente, compañeras y compañeros legisladores.

Nosotros, lo digo con toda claridad, sí estamos emplazando al partido de Estado y nos sentimos con todo el derecho como partido político nacional a hacer ese emplazamiento. En primer lugar porque frente a la situación de antidemocracia que vive este país y frente al hecho real de que es el pueblo de México el que se encuentra como rehén de la existencia ya antihistórica de un partido de Estado en este país, nosotros asumimos claramente nuestra responsabilidad y como Partido de la Revolución Democrática, como un partido nacional que de alguna manera está enraizado en el pueblo de México y que sin duda alguna representamos a gran parte de este pueblo, emplazamos al partido de Estado, para que en la fecha que nosotros planteamos dé a conocer su posición con respecto a los temas que nosotros consideramos son fundamentales en lo que se refiere a la reforma electoral.

Se sigue insistiendo en que la Comisión Plural se formó para avanzar en la consolidación de la democracia de México, ¿cuál democracia compañeras y compañeros? No puede haber democracia en un país donde el propio Presidente de la República acepta y admite públicamente que su partido es el partido del Gobierno, que su partido es un partido de Estado y que en todo caso de lo que se trataba al pasar la charola a los grandes empresarios, era con la intención de utilizar como método estos dineros de la iniciativa privada para cortar el cordón umbilical entre el partido de Estados y el Gobierno.

No se trata pues de consolidar la democracia, se trata de generar una reforma electoral que garantice la democracia, una democracia que hasta hoy no existe, los partidos de oposición, cada vez que participamos en un proceso electoral, local o nacional siempre vamos a contrapelo del fraude electoral, siempre vamos a contrapelo de los dineros del erario público que el partido de Estado utiliza y de la manera tan clara en como los organismos electorales funcionan como una maquinaria para garantizar los triunfos de ese partido de Estado.

Por eso alertamos a los partidos de oposición, ante la posibilidad de que se pueda implementar una supuesta reforma electoral; alertamos a los partidos de oposición ante la posibilidad de que simplemente se quiera maquillar la Ley Electoral de nuestro país.

Se podría reglamentar sobre financiamiento, incluso se podría ir a fondo en lo que se refiere al financiamiento y lograr consensos entre los partidos de oposición y el partido de la mayoría, para que ese problema quede la de oposición y el partido de la mayoría para que ese problema quede claramente reglamentado.

Se podría también llegar a consensos en lo que se refiere a medios de comunicación masiva y que ahora de repente en lugar de los 15 minutos semanales que tenemos los partidos de oposición, pudiéramos tener por ejemplo 30 minutos. Se puede reglamentar y se puede consensar, pero aun cuando existieran reglas claras en torno al financiamiento y aun y cuando existiesen reglas claras en torno al acceso igualitario de todos las partidos a los medios masivos de comunicación, eso en efecto sería un avance pero de ninguna manera eso garantiza la transparencia de los procesos electorales en este país.

No podrá haber transparencia electoral en México mientras no exista un padrón electoral confiable, lo hemos repetido una y mil veces y lo seguiremos haciendo Ahí están los millones de mexicanos que quedaron fuera del padrón de 1991.

Decía hoy un compañero legislador que no había absolutamente ningún problema en que fuese la credencial de elector sin foto o con foto la que se utilizase como única regla el próximo domingo en el plebiscito. Yo quiero decirle con toda claridad lo siguiente: hay millones de mexicanos en el Distrito Federal que ni tienen la vieja credencial de elector sin foto, y que tampoco tienen la nueva por una razón muy sencilla, en 1991 quedaron fuera del padrón y en 1993 todavía no les entrega su credencial de elector a cuatro meses de haberla solicitado.

Sin padrón electoral confiable que sea claramente revisado por todos los partidos, no hay garantía de proceso electoral; aunque haya reglas para el financiamiento y aunque haya reglas en torno a los medios de comunicación.

Pero está el otro problema de fondo, el de los organismos electorales. ¿Cómo puede haber democracia cuando en todas las instancias electorales de México, desde el Instituto Federal Electoral, hasta cualquier casilla de este país, los funcionarios electorales están ahí para cumplir una función a favor de un partido?

¿Cómo puede haber democracia cuando existe una ligazón clara, específica, demostrada, parte ya cotidiana de nuestra historia, en el sentido de que entre los organismos electorales y el Gobierno, hay una relación de dependencia inobjetable y entre el Gobierno y el Partido Revolucionario Institucional hay una relación de dependencia más inobjetable aún?

Por eso nosotros le decimos con claridad al diputado Amador, si las propuestas que ustedes piensan presentar la próxima semana en la Comisión Plural no tocan estos dos aspectos fundamentales, nosotros nos reservamos todo el derecho de decidir si continuamos participando o no en la Comisión Plural.

Se me podrá decir: no afecta en nada que el Partido de la Revolución Democrática deje de participar en la Comisión Plural. Un compañero diputado del Partido Acción Nacional escribió con claridad en una revista, no aspiro a decirlo textualmente, pero creo que esta es la idea que él expresó: la reforma electoral de 1989, contó con el apoyo del Partido Acción Nacional; la reforma electoral de 1993, para garantizarse realmente una reforma y para garantizar que crea las condiciones para un verdadero proceso democrático electoral en 1994, tendrá que contar con el apoyo del Partido de la Revolución Democrática.

Y lo digo con claridad: si en esta reforma no se toca a fondo el problema de los organismos electorales y su independencia del Gobierno y no se toca a fondo en lo que se refiere al padrón, el Partido de la Revolución Democrática se reserva todo el derecho para avalar esta reforma.

Y compañero Amador, no haga usted tanto caso a algunas noticias que a veces salen en los periódicos. El compañero Jesús Ortega, aclaró con toda precisión en ese mismo periódico, que esas afirmaciones que se le imputaban en torno a que el Partido de la Revolución Democrática aceptaría la participación del Gobierno en los organismos electorales, no fueron sus argumentos y jamás lo dijo en el IFE y en ese sentido es necesario que quede claro que lo que usted plantea no tiene absolutamente nada qué ver con la realidad.

Ahora bien, he dejado para el último el punto del financiamiento del Partido de la Revolución Democrática. Quiero empezar con una propuesta: nosotros estaríamos completamente de acuerdo que en el Instituto Federal Electoral se formase una Comisión, con la participación de todos los partidos de este país los que ahí tienen representación, para que se vaya a fondo en una investigación en torno al financiamiento de todos los partidos, el de usted y el mío, al que usted pertenece y al que yo pertenezco.

El Partido de la Revolución Democrática no tiene absolutamente nada qué esconder en lo que se refiere a su financiamiento y nosotros creemos que es una necesidad primordial, en este preciso momento histórico de México, que se esclarezca, que salga a relucir toda la verdad en lo que se refiere al financiamiento de su partido, de mi partido y de los demás partidos.

Yo solicitaría que no suceda con esa Comisión lo que sucede con casi todas las comisiones que tienen qué ver con asuntos electorales en este país, en la cual ustedes van en mayoría, que sea igualitaria, en igualdad de condiciones.

Le hago un llamado a los demás partidos de oposición, a que se sumen a una Comisión con estas características, y toquemos fondo en lo referente a de dónde salen los dineros de todos y cada uno de los partidos.

Y nosotros, compañero diputado, vamos a dar una respuesta precisa, punto por punto, de lo que usted afirmó hace unos minutos en esta tribuna y yo espero que en el momento en que le demos esa respuesta a precisión, usted tenga también el valor civil, como lo tuvo para decir lo que dijo, de venir a retractarse de las acusaciones que hace al Partido de la Revolución Democrática en lo que se refiere a financiamiento.

Sin embargo, quiero adelantar algunas cuestiones: qué sencillo resulta para la fracción parlamentaria del partido mayoritario, querer desviar ese escándalo que el Presidente de la República, el Presidente de su partido y los 25 empresarios dueños de la mitad del producto interno bruto de este país, generaron hace una semana. Qué sencillo es querer ponernos en frente una cortina de humo para que la opinión pública y tal vez los demás partidos digan: no, el problema de financiamiento del Partido de la Revolución Democrática es un problema mayúsculo, y se olvide entonces del problema minúsculo del pase de charola que el Presidente de la República hizo a los grandes empresarios de México.

Quiero decirle, compañero diputado, que esas organizaciones que usted mencionó de Estados Unidos, están formadas principalmente por mexicanos que son braceros allá y que nuestro partido tiene todo el derecho y ellos también,

de apoyar económicamente al Partido de la Revolución Democrática.

Yo puedo poner muchos ejemplos. En los estados en los cuales existe una gran cantidad de compatriotas que se van a trabajar a Estados Unidos en condiciones de ilegales, desde el punto de vista de las leyes norteamericanas, pongo el caso de Jalisco, pongo el caso de Guanajuato, una lista grande de presidentes municipales de su partido, cada año visitan Los Ángeles o visitan Oakland, o visitan San Francisco o Chicago y le solicitan a los compatriotas que están allá de estos municipios, que hagan aportaciones para implementar obras en dichos municipios y me parece completamente válido.

En ese sentido, si usted considera que porque organizaciones de Estados Unidos...

El diputado Amador Rodríguez Lozano (desde su curul): - Señor Presidente, quisiera hacer una interpelación al orador.

El Presidente: - ¿La acepta usted, señor orador?

El diputado Miguel Ángel León Corrales: - Con todo gusto

El Presidente: - La Presidencia la autoriza.

El diputado Amador Rodríguez Lozano (desde su curul): Preguntarle sencillamente al diputado Miguel Ángel León Corrales, que ¿acepta usted entonces que entidades extranjeras financian su partido, por la aseveración que hizo usted?

El diputado Miguel Ángel León Corrales: -Mire, compañero Amador, yo no acepto ese juego de palabras que usted me está planteando. Yo soy muy claro. Hay organizaciones de compañeros mexicanos que trabajan bajo ciertas condiciones en Los Ángeles o San Francisco o en Oakland o San Diego, compatriotas nuestros que yo no considero extranjeros, como usted lo hace; que tienen organizaciones clara y profundamente mexicanas y que yo no las considero extranjeras, como usted lo hace, en efecto deciden en un momento determinado hacer colectas para apoyar a nuestro partido.

Pero de que usted las considere extranjeras a esas organizaciones y extranjeros a esos mexicanos, es un punto de vista muy particular que usted podrá tener, que yo jamás lo tendría, pero que en todo caso es su problema personal y se lo respeto. Pero yo no acepto de ninguna manera que haya organizaciones extranjeras que den financiamiento al Partido de la Revolución Democrática, lo preciso con toda claridad.

Insisto, se trata de desviar la atención de lo que ha sucedido de manera vergonzosa en este país hace apenas unos días y ahora el partido que es capaz de manejar millones de dólares en campañas locales, que está pretendiendo manejar cifras superiores a las que se manejan en las campañas presidenciales en Estados Unidos, quiere esconder su vergüenza, quiere esconder su práctica, hablando del financiamiento del Partido de la Revolución Democrática.

A todas y cada una de las acusaciones que usted hizo, le daremos las respuestas precisas, pero le hago el emplazamiento al Partido Revolucionario Institucional que se forme una Comisión en el Instituto Federal Electoral; que participen todos los partidos; que lo hagamos en igualdad de condiciones y que esta Comisión tenga como objetivo implementar auditorías y analizar a fondo cuáles son las fuentes de financiamiento de todos y cada uno de los partidos que hay en este país.

Nosotros no tenemos nada que esconder, y si el Partido Revolucionario Institucional tampoco tiene nada que esconder, pues que acepte nuestra propuesta.

El Presidente: -Gracias, diputado Miguel Ángel León Corrales.

Tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Amezcua, del Partido Popular Socialista.

El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: -Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

Tres o cuatro breves reflexiones en torno a este tema.

En primer lugar, deseo en honor a la verdad y a la transparencia informativa dejar constancia de manera pública que el Partido Popular Socialista, se permitió solicitar que no hubiera reunión de la Comisión Plural de Reforma Política, ni la semana anterior ni esta semana, en virtud de eventos importantes que tenemos que atender todos los compañeros diputados que formamos parte de esa Comisión, y que fue escuchada y respaldada la petición nuestra por la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional.

En segundo lugar, daría alguna opinión en torno a este asunto de la demanda de un partido u

otro de que un tercer partido presente sus propias propuestas.

En efecto, en todo caso sería una actitud opcional por parte del partido emplazado o invitado a formular tal propuesta. No resulta indispensable el que tengamos las propuestas de cada uno de los seis partidos o de alguno en particular todos los demás, para que la Comisión Plural pueda trabajar y los consensos avancen o no o los disensos predominen o queden en un segundo plano.

Sin embargo, creo que es saludable la posición que ha asumido la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional: La oferta de plantear de manera pública algunos de sus puntos de vista para la semana próxima, creo que es saludable. Ojalá abarcaran tres aspectos, aunque, desde luego, reitero, están en libertad de escoger lo que ellos consideren importante, desde su punto de vista.

Para nosotros, los tres ejes fundamentales de la reforma, así lo planteamos desde un principio, son, en efecto, el problema de financiamiento, no sólo con topes para las campañas, sino a lo que nosotros le damos mucho más importancia, con pisos, topes mínimos, no sólo topes máximos. Este sería un tema importante; nosotros mismos traeremos nuestra propuesta también la próxima semana.

El otro es el de medios de comunicación, el otro fundamental. Estos dos aspectos: Política de financiamiento y medios de comunicación, son los que nos pueden llevar a resolver el conflicto de fondo, es decir, la posibilidad de que los ciudadanos mexicanos puedan o no ejercer un voto libre y razonado; después vendría el problema procesal de que ese voto libre y razonado, o no, voto informado y por lo tanto, no voto libre y razonado, lo cual si no está resuelto ese problema fundamental todo lo demás es secundario, resuelto ese problema, reitero, vendría el problema procesal para que durante este proceso ese voto libre y conscientemente, razonadamente expresado, se respete y llegue hasta los resultados finales, hasta las actas finales, hasta la calificación de las elecciones.

Y en este tercer aspecto o en este segundo gran aspecto, mejor dicho, el tercer planteamiento nuestro coincide con el del Partido de la Revolución Democrática: Órganos electorales es fundamental para nosotros. Ojalá fueran esos tres y si fuera así, bueno, pues avanzaríamos mucho, desde el punto de vista del Partido Popular Socialista, se abriría una gran posibilidad de intercambio de opiniones. Nosotros traeremos nuestras propuestas en torno a esos tres temas fundamentales, también la semana próxima, a reserva de abordar muchos otros temas que no dejan de tener importancia.

Por otro lado, una tercera reflexión, específicamente en torno a lo que se ha venido comentando sobre los financiamientos, y lo planteado por el presidente del PRI, el licenciado Genaro Borrego.

Nosotros coincidimos en lo principal de lo planteado, y propugnaremos porque hay consenso o porque podamos caminar el mayor número de fuerzas, si no es que lo podemos hacer todas, en sentido de reglamentar, prohibiendo estrictamente como fuente de financiamiento recursos de origen extranjero, prohibiendo también como fuente de financiamiento recursos que se originen en agrupaciones religiosas, prohibiendo también como fuente de financiamiento recursos que se originen en las empresas; agregaríamos uno más y en los empresarios, porque no vemos diferencia entre que aporte la empresa Fulana de tal o su propietario o accionista fundamental, sería empresas y empresarios.

También nos parece que debe haber un límite a las aportaciones, ya lo hemos planteado; ahí sí tenemos una gran discrepancia todavía en cuanto a la magnitud. El presidente del PRI habló de un millón de nuevos pesos, mil millones de viejos pesos; nosotros hablamos de 400 nuevos pesos, es decir, 30 días de salario mínimo, ya hemos razonado por qué, no es una cantidad inventada o salida simplemente de la manga.

Consideramos que en este país, según las cifras del INEGI, el 85% de los jefes de familia están en la franja de ingresos que va de cero pesos, cero centavos, ningún ingreso, a un máximo de tres salarios mínimos, 85% de los jefes de familia, consideramos que es muy difícil que cualquier persona que se encuentre en ese 85% pudiera llegar, ya no a superar, sino llegar siquiera a la posibilidad de un aporte del límite ése de 30 días de salario mínimo.

Y nos parece que la democratización de la vida política tiende a igualar oportunidades. Hemos dicho: "El que paga manda", y si sólo una franja pequeñísima de la población tiene la posibilidad de hacer aportes grandes, pues entonces eso inclinaría la voluntad de algunas organizaciones políticas, las que tengan vínculos con esa capa de la población, para servir a esa capa de la población, en detrimento de la gran masa de los mexicanos.

Habría otros aportes, que ya los presentaremos en su momento. Por hoy simplemente estas reflexiones en torno a este tema importante, y esperamos con todo interés reanudar los trabajos de nuestra Comisión la próxima semana. Muchas gracias.

El Presidente: - Se concede el uso de la palabra para el mismo asunto al diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.

El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas: - Señor Presidente; señores senadores; señores diputados. El enfoque del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana tiene algunas respetuosas variantes en referencia a los asuntos que aquí se han emitido queríamos partir de alguna base cierta. Si bien es cierto que los partidos aquí acreditados constitucionalmente tienen en estas áreas la representación nacional, también lo es que no siempre tenemos la sensibilidad, el contacto y la comunicación necesaria como para estar interpretando en pulcritud lo que realmente el pueblo quiere de quienes arribamos a estos recintos con esa llamada representación partidista, representación constitucional, representación popular o representación legislativa.

El asunto de la consolidación de la democracia indudablemente, señor Presidente, ha ocasionado en el país una gran dote de esperanza, mediante la cual los mexicanos todos en los distintos confines de la patria están atentos a los trabajos que aquí se desarrollen con la esperanza fundamental de lograr una estructura política que garantice a los ciudadanos todos que en la emisión del sufragio el día electoral, su voto habrá de ser pulcramente respetado y la soberanía popular se hará Gobierno para a través de ese ejercicio llevar a los mejores hombres a los cargos directivos.

En el transcurso de los últimos días, señores diputados, señores senadores, Amador, hemos podido apreciar una serie de inquietudes que podría yo asegurar a todas luces que no contraen ni esconden ningún afán protagónico, ningún derecho partidista de pretender acaparar las luminarias nacionales ni de tratar de distraer lo que está aconteciendo en estos recintos.

Sin embargo, diversos partidos han ejercitado acciones tendientes a agilizar los trabajos que aquí se desarrollen. El Partido Acción Nacional por los motivos que ustedes han escuchado, hace unos días apuntó al inicio del Diario de los Debates y del orden del día la participación y declaración que habría de tener. Sobre ese mismo asunto diversas agrupaciones políticas con referencia a los montos de las aportaciones económicas y a esa cena que se había celebrado, expusimos también en esta tribuna nuestra opinión.

Sin embargo, parece ser que es motivo permanente de referencia el conjugarnos en este recinto y seguir hablando de lo mismo. Efectivamente tanto el presidente Revolucionario Institucional como el propio Presidente de la República que avaló su posición, manifestaron que estas cantidades que inicialmente se habían señalado, disminuían sustancialmente, bajaban a un millón de pesos nuevos que quiere decir un mil millones de anteriores pesos viejos.

Consideramos nosotros en el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana que esto sigue siendo una cantidad exorbitante, que a todas luces está afuera del alcance de la mayoría de los mexicanos y que aquellos que la otorgaran serían a cambio de algo y con el deseo manifiesto de pretender orientar la posición ideológica, partidista y de candidatos de la política nacional.

Sin embargo, tampoco queremos satanizar expresiones de esta naturaleza, porque parte de lo que se le está pidiendo al Revolucionario Institucional, a través del presidente del mismo, tuvo contestación a la nación entera, nos manifestó que esa cuota habría de ser de mil millones de pesos viejos y obviamente este criterio y esta actitud habrá de ser tomada en cuenta, habrá de ser considerada en los trabajos que esta Comisión Plural está realizando para en el desarrollo de los mismos encontrar consensos que nos fijen los topes base y los topes máximos mediante los cuales podríamos encontrar los partidos la legítima posibilidad de tener financiamiento externo y ajeno a las prerrogativas que sustancialmente y conforme a la Constitución se deben de otorgar a toda organización política.

Sin embargo, considero que siendo tan importante el financiamiento de los partidos, siendo tan trascendentes los recursos económicos que se allegan las instituciones políticas, no hemos dado respuesta los que aquí nos encontramos a lo más importante de los anhelos del pueblo mexicano. Mientras nosotros nos vemos insertos en una serie de veladas o abiertas acusaciones en cuanto a requerirnos mayor ritmo de trabajo de esta Comisión Plural, en cuanto a algunas de las organizaciones muy respetables abandonan estas labores y otras señalan una serie de considerandos para seguir en esta actividad, el pueblo de México entero representado en parte por nosotros y en muchos de ustedes, sigue esperando que actuemos con responsabilidad,

que demos respuestas ciertas y que demos respuestas formales.

Yo quiero pensar, lamentablemente, que algunas de las organizaciones aquí presentes, o varias, consideraran por estrategia partidista, muy respetable y no discutible, que llegó el momento de abandonar el recinto, la mesa y los trabajos de esta concertación política.

Y aquellos que no pensáramos así, tendríamos que estar sujetos a los tiempos que otras fuerzas políticas, conforme a su estrategia nos estuvieran marcando, o deberíamos de atender el reto que el destino nos plantea y tratar de realizar todos los esfuerzos debidos para darle respuesta formal y respetuosa al gran conglomerado nacional que ajeno a nuestros institutos políticos, por encima de nuestras diferencias, por encima de nuestras ideologías, por encima de nuestras vanidades, por encima de nuestra soberbia y muy ajeno al protagonismo de algunos de los que aquí trabajamos, podría encontrar en esta actividad la posibilidad inmediata de arribar a 1994 como sin duda lo deseamos todos los aquí presentes, en una etapa electoral conforme a una estructura respetable que garantice al pueblo de México la absoluta certeza que su voto va a ser respetado, que la voluntad popular va a imperar y que va a gobernar aquel ciudadano en la Presidencia de la República, en las diputaciones federales, en las senadurías, en las gubernaturas o en las presidencias municipales, aquel ciudadano que haya determinado con su esfuerzo y con su dedicación, la mayor identificación que pueda lograr en su conglomerado.

Por eso, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana tampoco está satisfecho por los ritmos ni con los avances de lo que aquí se ha logrado, pero acepto la corresponsabilidad de como miembro del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana tenemos en estas labores, y obviamente hago un llamado a todos nuestros compañeros, miembros muy respetables de muy honestas organizaciones aquí acreditadas, para que realicemos un esfuerzo fundamental, para que de frente al pueblo de México le demos respuesta a esta legítima aspiración de democracia, de legitimidad, de crear una auténtica estructura política que garantice de una vez y para siempre, que esas convulsiones que en etapas poselectorales se dan en nuestro país, desaparezcan del panorama nacional, para que sea solamente un anecdotario en nuestra vida saber que en estos momentos en México existen 16 gobiernos interinos porque no se les garantizó el sufragio a los ciudadanos y porque finalmente las personas encargadas interinamente de estos gobiernos no fueron respuesta directa a la voluntad popular.

Para tratar de conjugar una serie de acciones que permitan a todas las organizaciones políticas, auténtica pulcritud en el manejo de sus finanzas para que se establezca, como lo piden los compañeros del PRD, una organización que tenga la posibilidad de analizar determinantemente cuál es el origen de las finanzas de las diversas agrupaciones políticas; para que establezcamos las bases y los topes de ese financiamiento para que logremos estructurar dentro de una agrupación electoral, los implementos necesarios y las herramientas adecuadas para que a todas las agrupaciones políticas en voto paritario podamos estar representadas frente, ante las autoridades electorales, para que en la misma forma se nos cubran y se nos guarden y se nos respeten los espacios de difusión y para que en su momento sea la voz del pueblo de México la que prevalezca en este recinto, que no traigamos insertos en cada uno de nosotros, las pasiones que nos dividen a través de la representación partidista que todos muy legítimamente representamos, que vengamos pensando en México, que vengamos pensando en la unidad nacional, que vengamos pensando en la concordia, que vengamos pensando en que probablemente ésta es la última oportunidad que los mexicanos todos tenemos en México entero para dirimir nuestras graves diferencias por la vía de la paz, la concordia, la armonía y la democracia, para que estructuremos el camino adecuado en torno a la Ley, para que conjuguemos afanes y sacrificios y para que juntos logremos un documento electoral que efectivamente crea a partir de este momento, la reforma política que habrá de prestigiarlos a todos ustedes que la conjugaron y que habrá de ser honra para México entero, ya próximo a avizorar el próximo siglo. Muchas gracias.

El Presidente: - Gracias, diputado.

Concedemos la palabra al señor diputado Jorge Calderón, del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: - Con su venia, señor Presidente; estimados legisladores:

El pasado lunes 15 de marzo, en conferencia de prensa, el senador Roberto Robles Garnica, presidente del Partido de la Revolución Democrática, presentó los informes financieros de nuestro partido, de los últimos tres años, detallados, precisos, minuciosos, en donde se define

con transparencia y claridad, nuestra condición de partido de ciudadanos que depende fundamentalmente de aquellas prerrogativas que por ley tiene derecho del Instituto Federal Electoral y de las contribuciones modestas de ciudadanos mexicanos que apoyan tanto lo que es propiamente el trabajo del partido, como de manera individual han colaborado con candidatos que nuestro partido ha postulado en diversos lugares de la República.

Seré breve; solamente quiero rechazar de manera clara, contundente y sin ningún matiz, la acusación de que nuestro partido recibe financiamiento de organizaciones no gubernamentales de Holanda, España, Canadá y los Estados Unidos; rechazar de manera particular que aquellos recursos que pudiera haber recibido una asociación civil apolítica y de carácter no gubernamental, como presumimos o suponemos que es la Fundación Lázaro Cárdenas, rechazamos que eventuales recursos y lo decimos sin conceder, que pudiera haber recibido esa fundación para actividades de estudio, análisis, tenga qué ver en absoluto con nuestro partido. Nuestro partido es una institución política nacional, regida por la Ley, amparada por normas constitucionales, que no recibe, que quede esto preciso, claro, ni un solo centavo de organizaciones internacionales como las que se ha aludido.

Otra cosa radicalmente distinta, que ya en otras ocasiones para fines distintos hemos debatido, es que hay un conjunto de grupos indígenas, de refugiados guatemaltecos en territorio mexicano, organizaciones, cooperativas y muchos grupos más, que han recibido a lo largo de muchos años ayuda de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura, la FAO, ayudas por materia de cooperación técnica de la Unicef, ayudas del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, programas internacionales y de cooperación intergubernamentales.

También existen cooperativas, grupos indígenas, grupos urbanos populares y programas de abasto, que a lo largo de muchos años han recibido recursos de la Comunidad Económica Europea a través de organizaciones no gubernamentales de distintas regiones de Europa, para proyectos de muy diversa índole en forma de estrategias de supervivencia. Esto es conocido, organizaciones campesinas como Unorca y muchas más, organizaciones obreras, organizaciones sociales, grupos de mujeres, grupos de jóvenes, universidades de muy diversa índole y de muy diverso tipo, han recibido a lo largo de años, cosa que aquí no es tema ni está a discusión, lo digo porque se han mencionado algunas instituciones, han recibido recursos, entre otros, de instituciones como la que aquí se mencionó, la Fundación Nibit, como se podría hablar de la Fundación Frederick Nauman o la Fundación Frederick Sherber o la Fundación Ford o la Rockefeller o muchas más, la Universidad Autónoma de Chapingo, el Centro de Investigación del Maíz y el Trigo, el Colegio de Posgraduados y numerosísimas instituciones reciben apoyos para la investigación científica y tecnológica de organizaciones no gubernamentales o de organismos internacionales.

No quiero abundar más sobre el tema, simplemente referirme a que aquellos recursos que pudieran recibir universidades, grupos indígenas, cooperativas, grupos sociales y campesinos, organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles, son eso, si es que existieran, son recursos que se destinan a un fin específico, bajo una normatividad, tienen carácter de grupos no partidarios y no tiene nada qué ver; por eso rechazamos de manera precisa, enfática y sin matices, cualquier mención de que nuestro partido recibe financiamiento de estas organizaciones que se aludió anteriormente.

Somos un partido de ciudadanos, respetamos estrictamente en materia de financiamiento lo que establece el Cofipe y, tal como lo dijo anteriormente el diputado Miguel Angel León Corrales, llamamos a todos los partidos para que con un procedimiento concertado y con la intervención de los órganos legales correspondientes, se hagan los estudios, análisis, sobre los mecanismos de financiamiento de todos los partidos que así estimen pertinente.

Y nuestra organización está abierta y dispuesta a colaborar en todo lo que sea necesario para el análisis de nuestras finanzas y estamos abiertos a cualquier estudio, porque no tenemos nada qué ocultar, nada de qué avergonzarnos y, por el contrario, estamos orgullosos de precisamente apoyarnos únicamente en las prerrogativas y en las contribuciones de los ciudadanos. Muchas gracias.

El Presidente: - Gracias, señor diputado.

ESTADO DE PUEBLA

El Presidente: - Pasamos a otro asunto y concedemos la palabra al señor senador Angel Sergio Guerrero Mier, del grupo parlamentario del PRI, para referirse a hechos ocurridos en Coxcatlán, Estado de Puebla.

El senador Angel Sergio Guerrero Mier: - Compañero Presidente; compañeros legisladores:

El pasado 13 de marzo se suscitaron en el municipio poblano de Coxcatlán, actos de violencia muy lamentables, como consecuencia de un conflicto poselectoral, que arrojó lamentablemente la pérdida de una vida y ocho heridos.

Mi partido quiere referirse en concreto a estos hechos, porque es preocupante que este tipo de conflictos no se resuelvan dentro del marco de la Ley y que se utilice la violencia como instrumento de negociación.

Quiero hacer una breve referencia a algunos antecedentes que nos dan el margen del origen de estos conflictos, de cómo se despiertan las pasiones al calor de argumentaciones que no tienen ningún sustento jurídico y que solamente exacerban los ánimos de los habitantes de un pueblo y los llevan a estos lamentables enfrentamientos.

Todo arranca, por curioso que esto parezca, de un proceso interno del Partido Revolucionario Institucional para elegir democráticamente a sus candidatos al ayuntamiento del municipio de Coxcatlán, un proceso que internamente denominamos en nuestro partido: de consulta a la base, en la que se elige al candidato por el voto directo y secreto de nuestra militancia y con escrutinio público.

En este proceso interno del PRI, llevado a cabo el 16 de agosto del año pasado, participan cinco precandidatos y esos cinco precandidatos, de ellos sustancialmente me refiero a dos, quien ganó el proceso interno fue Leobardo Armas Mauro y en segundo lugar quedó Manuel de la Vega Armas.

Nuestro partido, en consecuencia y como resultado de este proceso interno, procedió a registrar como su candidato a quien obtuvo la mayoría del voto de nuestra militancia y el ciudadano Manuel de la Vega Armas que obtuvo el segundo lugar en este proceso interno optó por refugiarse en las filas del PRD y contendió con estas siglas en la elección constitucional que en todos los municipios de Puebla se llevó a efecto el 8 de noviembre del año pasado.

Realizado el proceso electoral y como corresponde al órgano de calificación que es el Congreso del Estado, revisado el procedimiento, los recursos y las pruebas que se aportaron, dictaminó la elección como válida y legal ratificando el triunfo de la planilla del PRI encabezada por el compañero Leobardo Armas Mauro. Esa sesión del Congreso de Puebla se llevó a cabo el 9 de febrero del presente año; ese mismo día miembros del PRD, encabezados por su ex candidato Manuel de la Vega Armas y 80 personas más, tomaron las instalaciones de la presidencia municipal.

A partir de esa fecha este grupo inició una serie de amenazas, injurias, provocaciones y daños en contra de las personas, el domicilio de los bienes del munícipe legalmente electo Leobardo Armas Mauro, a quien por tal circunstancia el día 15 del mismo mes se le dio posesión de su cargo, desde luego en su domicilio particular, en virtud de seguir tomado el palacio municipal por grupos del PRD.

Además de esto, al día siguiente, el 16 de febrero, este grupo de perredistas se apoderó del armamento de la policía municipal que se encontraba en el propio palacio, así como de las instalaciones del mercado municipal, se encargaron de cobrar sus cuotas y empezaron a expedir certificaciones y documentos del Registro Civil en forma ilegal. Con este armamento integraron una especie de grupo de choque que se encargó de intimidar y de agredir a los priístas.

La Dirección General de Gobierno del Estado de Puebla, con el ánimo y el propósito de conciliar intereses y buscar y garantizar la paz de los habitantes del municipio, se reunió con las partes en pugna en tres ocasiones, exhortándolos a respetar la Ley y el resultado electoral. La posición de los miembros del PRD siempre fue intransigente en el sentido de su pedimento de que se anulara la elección.

El pasado sábado 13 de marzo se celebraba una mesa de trabajo en la casa del presidente municipal de Coxcatlán, Leobardo Armas Mauro con asistencia de 11 presidentes municipales que pertenecen al distrito local electoral de Tehuacán. Los presidentes municipales empezaron a llegar a la población al filo de las 12.30 horas, encontrándose con los caminos bloqueados por gente del PRD y sin embargo pudieron llegar hasta la casa del presidente municipal de Coxcatlán, iniciándose la mesa de trabajo.

Los "militantes del PRD", ex priístas en número de 100 personas aproximadamente, iniciaron frente al palacio municipal que tienen en su poder, una manifestación y posteriormente se instalan en un plantón frente a la casa del presidente municipal, Leobardo Armas Mauro, donde se estaba celebrando la reunión de trabajo con 11 de sus similares presidentes municipales.

Por la tarde de ese día este grupo inició acciones cada vez más violentas, tales como arrojar piedras

y palos hacia las ventanas y puertas de la casa del presidente municipal y profiriendo amenazas verbales de toda índole hacia la propia autoridad. Lo anterior obligó a suspender la reunión de trabajo de los presidentes municipales quienes determinaron retirarse a sus lugares de origen pero cuando pretendían salir del domicilio el grupo de inconformes les prohibieron hacerlo iniciándose una serie de empujones, gritos, ofensas y golpes que obligaron a los propios presidentes municipales a retornar al interior del inmueble a excepción del señor Cruz López Méndez, auxiliar del presidente municipal de Tepanco de López, de origen priísta, que resultó herido de bala, así como el ciudadano Ignacio Hernández Salinas, policía municipal de Coxcatlán. Eso dio origen a que se generalizara una verdadera balacera.

De este enfrentamiento resultaron heridas por arma de fuego ocho personas, seis del Partido de la Revolución Democrática y dos del Partido Revolucionario Institucional y resultó muerto, por arma de fuego, el señor Benito Sánchez Martínez, miembro del PRD.

El Gobierno del Estado al tener conocimiento de estos hechos, ordenó que de inmediato y por conducto de la Dirección de Seguridad Pública, se buscara la forma de restablecer el órden público y la tranquilidad en el poblado y no fue sino hasta el día siguiente, a las 6.00 horas, cuando se pudo rescatar a los presidentes municipales prácticamente secuestrados en el domicilio del presidente municipal de Coxcatlán.

Las investigaciones que ha realizado hasta la fecha la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, arrojan con base en las declaraciones de los lesionados de los presidentes municipales y de otros testigos presenciales de los hechos, que quienes iniciaron la agresión al disparar contra las personas que se encontraban en la reunión de presidentes municipales, fueron los miembros del PRD y que si bien es cierto que hubo disparos de algunas personas que se encontraban en el interior de la casa, fue en razón de contestar la agresión de arma de fuego iniciada en su contra, lo cual desde luego constituye un medio legítimo de defensa.

Estos hechos lamentables ocurridos al calor de las pasiones políticas y como una manera de pretender resolver mediante la intimidación y la violencia conflictos poselectorales, nuestro partido los condena enérgicamente. Nosotros reiteramos que no es a través de estos hechos ni puede justificarse una estrategia poselectoral que esté fundamentada en la incitación a la violencia, a los enfrentamientos y de exaltar a simpatizantes llevándolos prácticamente a un derramamiento de sangre sumamente doloroso e inconveniente. No se trata de fabricar víctimas para pretender justificar la obtención de triunfos electorales que no son resultado del sufragio en las urnas.

Por ese motivo, la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional desea hacer la siguiente declaración política: el 13 de marzo, en el municipio de Coxcatlán, Puebla, se dieron hechos de violencia a raíz de un conflicto poselectoral que desembocaron en la muerte del ciudadano Benito Sánchez Martínez y en la que resultaron heridos ocho ciudadanos más.

Es preocupante que los conflictos de orden electoral no se resuelvan dentro de la Ley y que se utilice la violencia como instrumentos de negociación. Preocupa que la contienda política esté generando incertidumbre en la población y sobre todo que un ciudadano pierda la vida.

El choque entre simpatizantes del PRI y del PRD es reprobable, independientemente de las razones de unos y de otros, lo cierto es que los hechos de violencia vulneran la vida democrática y ponen en peligro la tranquilidad de las familias de Coxcatlán, Estado de Puebla.

Por lo anterior, la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional representada en al Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, presentamos la siguiente declaración política:

La fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional representada en la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, reprueba los hechos violentos ocurridos en el municipio de Coxcatlán, Puebla, el 13 de marzo del presente año, en el que perdió la vida el ciudadano Benito Sánchez Martínez.

Asimismo, nos solidarizamos con los familiares del señor Sánchez Martínez y con todos los ciudadanos heridos durante la reyerta. La violencia no puede ser instrumento en las sociedades democráticas.

De igual forma hacemos un llamado a las autoridades del Estado de Puebla para que realicen una profunda investigación de los hechos ocurridos y para que con base en ésta se castigue a los culpables de tan reprobables actos.

Por último, invitamos a todos los involucrados a que reflexionen sobre la necesidad de que los

conflictos políticos sean resueltos dentro del marco de la Ley, y que ésta sea el instrumento para llegar a acuerdos. La violencia debe estar excluida en la contienda política democrática, son los acuerdos pacíficamente pactados los que permiten que la democracia sea la mejor forma de Gobierno.

Dejamos la declaración en poder de la Secretaría.

El Presidente: - Gracias, señor senador. Para este mismo asunto, ha solicitado la palabra el señor diputado Miguel Angel León Corrales, del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Miguel Angel León Corrales: - Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores:

Una vez más se viene a esta tribuna con la misma historia: el Partido de la Revolución Democrática es un partido que genera violencia, que genera los enfrentamientos. Claro, los muertos, como en este caso lo admitió el compañero, siempre son del Partido de la Revolución Democrática. Hay solidaridad con ellos, pero al final de cuentas esos muertos son producto, ésa es la visión que aquí se presenta una y otra vez, de la violencia que nuestro partido genera.

Si nuestro partido es el que genera la violencia, entonces, en este caso como en los demás que se han presentado aquí, seguramente nosotros mismos nos autoagredimos y del otro lado todo es paz, todo es concordia y el Partido Revolucionario Institucional avanza siempre por el camino de la democracia, sin una sola mancha. Los muertos son del PRD, el violento es el PRD.

Sobre este caso yo quiero hacer algunas precisiones. En el Estado de Puebla se han generado situaciones de inseguridad y violencia contra la ciudadanía, como resultado de la imposición de autoridades municipales, en un proceso electoral viciado. La violencia ha sido desatada incluso por autoridades municipales que son repudiadas por la misma población. Ha habido violencia en Zapotitlán de Méndez, en Izúcar de Matamoros, en Ocotepec y en Coxcatlán.

El día 13 de marzo, a las 18 horas, un grupo de ciudadanos del municipio de Coxcatlán, efectuaba una marcha pacífica en una de las calles de la cabecera del citado municipio, cuando repentinamente y sin mediar provocación de parte alguna, fueron arteramente agredidos por un grupo de priístas, encabezados por el presidente municipal de Tepanco de López y por el presidente municipal impuesto de Coxcatlán, Leobardo Armas Mauro. En el momento de la marcha, en uno de los puntos por los que ésta pasaría, se encontraban reunidos cuatro presidentes municipales acompañados de la policía municipal y de las autoridades de Coxcatlán, que estaban armados con pistolas de alto poder y armas largas. Al paso de la marcha, los participantes de la reunión, ostensiblemente embriagados, salieron del inmueble en el que se encontraban y agredieron verbalmente a los integrantes de la marcha, quienes replicaron en los mismos términos.

Acto seguido, los presidentes municipales y los policías comenzaron a disparar contra la manifestación, la cual se dispersó.

Los integrantes de la marcha que no fueron alcanzados por las balas, en un primer momento trataron de encontrar refugio. Sin embargo, seguían siendo el blanco de los disparos de los priístas. La balacera se prolongó durante hora y media. Como resultado de la agresión fue muerto nuestro compañero Benito Sánchez Martínez, de 70 años de edad, quien falleció en la madrugada del día 14 de marzo, a consecuencia de las heridas causadas por nueve impactos de bala.

Testigos oculares señalan como responsable directo de este asesinato al presidente municipal de Tepanco de López, Andrés Núñez López, quien no conforme con abatir a nuestro compañero Benito Sánchez, con un primer impacto, continuó disparándole, junto con Leobardo Armas Mauro, presidente municipal impuesto de Coxcatlán.

Fueron heridos también de extrema gravedad nuestros compañeros Senaido Valencia Bravo, quien recibió ocho heridas de bala y en estos momentos se encuentra en la Unidad de Traumatología del Seguro Social de la Ciudad de Puebla. Fue herido también de gravedad Félix García Quezada; asimismo Javier Armas Olmos, ambos hospitalizados en la ciudad de Tehuacán.

También resultaron heridos Georgina Lezama Cabrera, Margarita Silva López, José Bravo Martínez, José Luis Ramírez Durán, Javier Armas y Zulema Lezama Sánchez, quien identificó como a su agresor directo al presidente municipal de Tepanco de López.

Las autoridades estatales no sólo han mostrado una total negligencia en la resolución de los conflictos electorales y poselectorales, sino que son determinantes directos del clima de enfrentamiento y violencia.

Son incluso tolerantes con las acciones emprendidas por cacicazgos establecidos, como son los hechos sucedidos en Zapotitlán de Méndez, localidad en la cual el 4 de marzo de este año, Florencio Mora Mora, colaborador del presunto presidente municipal, lanzó disparos a diestra y siniestra y amenazó de muerte a nuestros compañeros Conrado Sosa, Jerónimo Luna, Vicente Cortés y Manuel Peralta.

A pesar de ello, las autoridades no procedieron en su contra, y al día siguiente pudo vérsele platicando amigablemente con el agente subalterno del ministerio público, el señor Ricardo Montero.

A toda esta violencia hay que agregar que el día de hoy, durante la madrugada, la policía judicial del Estado, apoyada por el comando canino y el cuerpo de granaderos del Estado, desalojaron a golpes a los ciudadanos que se encontraban ocupando el palacio municipal de Izúcar de Matamoros, en protesta por el fraude electoral que había tenido lugar en ese municipio.

El gobernador Bartlett, anunció la detención de tres personas, bajo los cargos de destrozos y daños al palacio municipal; la Secretaría de Gobernación del Estado; sólo ha proporcionado el nombre de uno de los tres arrestados, que es por cierto compañero de nuestro partido. La historia es completa, pues.

La violencia es culpa del Partido de la Revolución Democrática; el Partido de la Revolución Democrática pone los muertos, y después, cuando se habla de encarcelados, por supuesto también son del Partido de la Revolución Democrática.

Manuel Bartlett Díaz, se ha negado a reunirse con los representantes de nuestro partido en Puebla, a pesar de una sugerencia que le formuló Patrocinio González Garrido, secretario de Gobernación.

En lugar del diálogo que su involuntariamente humorística oferta de Gobierno participativo exigiría, Manuel Bartlett ha optado ahora por la represión abierta como lo demuestran todos estos hechos de violencia y como lo demuestra el desalojo de la presidencia municipal en Izúcar de Matamoros esta madrugada.

Se hace necesario pues la intervención de la autoridades federales, debido a que a causa de los conflictos poselectorales se ha acrecentado la represión de la autoridades estatales y de grupos armados, dependientes de candidatos en contra de la población de diversos municipios poblanos.

Por todo lo anteriormente expuesto y con el objetivo de contribuir a la solución en sentido democrático, de estos conflictos en el Estado de Puebla, nuestra fracción parlamentaria, con fundamento en el artículo 79, fracción III, de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, hace el siguiente pronunciamiento:

Primero: Se inicie el diálogo entre las partes del conflicto poselectoral en el Estado de Puebla, con la participación de las autoridades locales, a fin de buscar una solución.

Segundo. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla se aboque a la investigación de los hechos de sangre que se suscitaron el 13 de marzo, en el municipio de Coxcatlán y si de acuerdo con el resultado de las investigaciones se encuentran elementos para el ejercicio de la acción penal en contra de las personas ya señaladas, se proceda conforme a derecho.

Por nuestra fracción parlamentaria, diputado Jorge Calderón Salazar y diputado Miguel Angel León Corrales. Dejo el pronunciamiento a la Secretaría.

El Presidente: - Gracias, diputado. Se tienen por formulados dos pronunciamientos, el que presentara primero el senador Angel Sergio Guerrero Mier y el que ha presentado en este momento el diputado Miguel Angel León Corrales.

OFICIOS DE LA SECRETARIA

DE GOBERNACIÓN (II)

NOMBRAMIENTO

El Presidente: - Señor Secretario usted va a dar a cuenta con un oficio, ¿no?, para continuar.

Dé cuenta con el oficio y luego le seguimos con los demás asuntos.

El secretario diputado Juan Luis Calderón Hinojosa: - Se va a dar cuenta de un oficio llegado el día de hoy a esta Secretaría, de la Secretaría de Gobernación.

«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.

Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación transcribo oficio que

la Secretaría de Relaciones Exteriores, dirigió a ésta de Gobernación, con fecha de hoy, enviándoles además con el presente los anexos que en el mismo se citan:

"En uso de las facultades que le concede el artículo 89, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el ciudadano Presidente de la República ha tenido a bien designar al ciudadano Manuel Uribe Castañeda, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante el Gobierno de la República de Corea. En consecuencia, he de agradecer a usted se sirva solicitar en los términos de la fracción VII, del artículo 79 constitucional la ratificación de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión para este nombramiento. Con este fin le envío adjuntos los datos biográficos del interesado."

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, Distrito Federal, a 17 de marzo de 1993. - El Secretario, José Patrocinio González Blanco Garrido.»

Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.

ESTADO DE PUEBLA

El Presidente: - Muy bien, señor Secretario. Continuamos y concedemos la palabra al diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista, para referirse a las elecciones llevadas a cabo en el municipio de Cuetzalan, Estado de Puebla.

El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - Con su autorización, señor Presidente.

En la sesión de esta Comisión Permanente, del día 24 de febrero pasado, traje a la atención de ustedes el problema de Cuetzalan del Progreso, en el Estado de Puebla, lugar donde la propia movilización popular, si no hubiera muchos otros elementos de juicio, demuestra que la voluntad del pueblo fue expresada en favor de la planilla postulada por el Partido Popular Socialista para el ayuntamiento de esa población.

Tenemos la convicción de que aun cuando las actas oficiales, documentos que según hemos visto son sumamente fáciles de alterar y es muy poco probable que puedan reflejar lo que realmente el pueblo expresó en las urnas; aun cuando esas actas conceden el triunfo al Partido Revolucionario Institucional, la propia movilización del pueblo, mantenida hasta hoy de una manera sumamente amplia, demuestra que es el Partido Popular Socialista el que cuenta con esa voluntad expresada por los ciudadanos.

Les comentaba yo en aquella que el propio 15 del mes de febrero, fecha en que debía tomar posesión de su cargo el ayuntamiento reconocido por el Congreso local, fue cuando se reunieron más de 5 mil ciudadanos en la plaza pública y tomaron la protesta simbólicamente al candidato del Partido Popular Socialista, compañero Gregorio Méndez Nava. Hasta hoy, transcurrido poco más de 30 días, estamos hoy a 17 de marzo, el compañero Gregorio Méndez Nava se mantiene en el palacio municipal despachando como presidente municipal por voluntad popular.

El candidato postulado por el Partido Revolucionario Institucional también empezó ya a ejercer, por lo cual ahora tenemos dos ayuntamientos municipales.

El oficialmente reconocido como el presidente municipal, postulado por el PRI despacha en una discoteque de nombre muy curioso y poco edificante, por lo cual no lo daré a conocer en esta tribuna.

Planteaba yo en la ocasión anterior que estuve tratando el asunto, demandábamos que se abriera el diálogo en la instancias adecuadas que son las del Estado de Puebla y utilizábamos esta tribuna con todo su valor y peso como foro político, a sabiendas de un modo expreso de que no es ésta una instancia jurídica específica para ventilar el asunto, pero que dado que no se había podido iniciar un diálogo allá en Puebla, recurría a este foro, pues quiero comentar que fue eficaz la utilización de este foro democrático y plural, porque en efecto esto permitió un primer contacto, no ha permitido la solución del problema. Se mantiene una posición de cerrazón por parte de las autoridades del Estado de Puebla, muy lamentable por cierto.

Quiero también hacer estas dos reflexiones por último, no deseo hacer una intervención larga en un asunto que ya es conocido por ustedes y dado lo avanzado de la hora. Una primera reflexión de estas últimas, sería en el sentido de que quisiéramos apelar una vez más a la sensibilidad política, esperamos ésta exista y se manifieste de las autoridades del Estado de Puebla, para que a través de un diálogo político, respetuoso, con apego a las normas jurídicas vigentes y con respeto sobre todo a la voluntad

real del pueblo de Cuetzalan, se puedan resolver los conflictos sin atropellar la voluntad popular.

La segunda reflexión es la que compete a la responsabilidad del Partido Popular Socialista. Nosotros sustentamos la idea de que es responsabilidad de los dirigentes políticos todo lo que ocurra en cada lucha concreta, en este caso los compañeros del Partido Popular Socialista en Cuetzalan son quienes dirigen la lucha del pueblo y a su vez nuestros compañeros de Cuetzalan apelan, consultan y piden la opinión y la orientación de los órganos partidarios a nivel estatal y nacional.

Lo que hemos dicho cuando se ventilan problemas de otros partidos o de otras fuerzas en el sentido de que ningún triunfo de carácter municipal vale la vida de un ciudadano, de un compatriota mexicano, ni siquiera el que un ciudadano salga golpeado de gravedad, lo reiteramos también cuando es un caso nuestro. Lo entendemos como una elevada responsabilidad de nuestro partido, reiteramos desde esta tribuna nuestra voluntad firme y consecuente de dirigir esa lucha por la vía pacífica con estricto apego a las condiciones que aseguren la vida y la integridad de toda la población de Cuetzalan que sigue al PPS y de mantener la lucha por los cauces legales hasta el último momento, pero ningún caso, bajo ninguna circunstancia caer en ninguna provocación que siempre sobra quien la haga. En ningún caso, bajo ninguna circunstancia, permitir que ningún compañero nuestro resulte lesionado y menos aún que pierda la vida.

Así lo hemos hecho, así ha tocado a mí personalmente al dirigir muchas batallas de carácter municipal en otros momentos de mi tarea política, es una permanente conducta del partido, la reiteramos hoy mismo en esta tribuna. Por su atención muchas gracias.

El Presidente: - Muchas, gracias diputado. Para este asunto, concedemos la palabra al señor diputado Manuel Díaz Infante, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Manuel Díaz Infante: - Con su venia, señor Presidente:

Como bien apuntaba aquí nuestro compañero y amigo Cuauhtémoc Amezcua, el pasado 24 de febrero tratamos el asunto de Cuetzalan del Progreso, Puebla, en donde un grupo de militantes del Partido Popular Socialista había tomado el palacio municipal de ese municipio.

Aquí no ha venido a comentar el señor diputado que de alguna manera tuvieron efectos los comentarios que se hicieron en esta tribuna y que fueron escuchados por las autoridades del Estado de Puebla. Quiero traer a colación y recordar a ustedes en qué se centra el debate en este municipio.

En los pasados comicios electorales, en este municipio, el PRI obtuvo claramente el triunfo como lo manifestamos también el pasado día 24, lo obtuvo porque sufragaron por él, 2 mil 822 ciudadanos contra 1 mil 998 ciudadanos en favor del Partido Popular Socialista.

A partir del 10 de febrero un grupo aproximado, dice nuestro compañero Cuauhtémoc Amezcua, de 5 mil personas, habían tomado el palacio municipal. Según los informes que tenemos nosotros son alrededor de 300 personas cuando mucho y el día de hoy no pasan arriba de 25 personas las que están posesionadas del palacio municipal.

El presidente municipal electo, miembro del Partido Revolucionario Institucional, tomó posesión el pasado día 15 de febrero ante el representante del ciudadano gobernador. A partir de esa fecha, desconocemos nosotros si esté despachando en otro lugar, pero según nuestros informes despacha en su domicilio particular, ahí está despachando en virtud de que efectivamente los militantes del Partido Popular Socialista tiene tomado el palacio municipal.

Además de tener tomado el palacio municipal han estado ya haciendo uso algunas otras instalaciones y de algunos vehículos como los de limpia, por ejemplo y están cobrando también ya los derechos correspondientes por recoger los desechos en el mercado público.

Se han hecho también algunos actos de provocación en la casa del candidato triunfante y han hecho algunas pintas, en fin, no ha sido una actitud tampoco tan pacífica que digamos.

Hace aproximadamente nueve días, la dirigencia del Partido Popular Socialista, representada por los ciudadanos Jesús Antonio Carlos Hernández, el diputado local Miguel Guerra Castillo y por el señor Rubén Gallardo Mejía, solicitaron la intervención de las autoridades del Estado de Puebla para que se resolviera de una vez por todas el conflicto electoral o poselectoral. Estos ciudadanos fueron recibidos por el licenciado Manuel Bartlett Díaz, que es el gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla.

Los recibió y saliendo de esa audiencia, según declaraciones públicas que están en El Sol de Puebla, que aquí lo tengo, del día 9 de marzo, ellos declararon que habían solicitado al Ejecutivo un plazo de ocho días para entregar la Presidencia, aunque aclararon, por cierto, no reconocer el triunfo priísta. Los ocho días ya han concluido, concluyeron el día anterior y no ha sido devuelto el palacio municipal como ofrecieron al señor gobernador.

Nosotros quisiéramos también hacer una síntesis finalmente de lo que ha sucedido. Nosotros pensamos que no ha habido insensibilidad ni tampoco se ha negado al diálogo de las partes; ambas partes han estado dialogando, están buscando una salida al conflicto poselectoral.

También recordar que el proceso electoral se llevó en los términos legales y de conformidad con la legislación aplicable; que la Comisión Estatal Electoral resolvió en tiempo y forma; que el Colegio Electoral, y aquí vale la pena también hacerlo notar, resolvió por unanimidad reconocer el triunfo al candidato del Partido Revolucionario Institucional y aquí está la constancia del día en que se llevó a cabo esto; fue el día 8 del mes de febrero en que el pleno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla declaró por unanimidad desechar el recurso que había presentado el Partido Popular Socialista. No hubo ningún voto en contra, no hubo ninguna abstención.

También valdría la pena para concluir, comentar las reflexiones que hizo el propio diputado Miguel Guerra Castillo a los medios de comunicación. El externó la situación, como aquí lo he dicho, de que desalojarían el palacio municipal en ocho días y también comentó que desde el Colegio Electoral, "supimos que había la determinación de aplicar la Ley con estricto rigor".

Como se ha mencionado, la Ley es dura pero es la Ley. Se nos hizo saber que no habría modificaciones a los resultados electorales contenidos en actas y quien ganó, ganó y quien perdió, perdió. Esas son las declaraciones del señor diputado local.

Y también citó, y con eso termino mi intervención: "El Partido Popular Socialista es un partido con dirección nacional, con estructura muy férrea; nosotros no acometemos aventuras o caprichos personales. Si la dirección nacional decide que nos retiremos, nos retiraremos".

Esperamos, por el bien de todos, que prive la buena fe, la buena voluntad y el entendimiento de las partes. Gracias, señor Presidente.

El Presidente: - El diputado Cuauhtémoc Amezcua, tiene la palabra.

El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - Yo lamento mucho esta intervención del diputado Manuel Díaz Infante y lamento mucho también la actitud de cerrazón de Manuel Bartlett Díaz. Yo quiero decir que este señor, en esa entrevista de la que hace referencia Manuel Díaz Infante, se atrevió, incluso, a amenazar a los compañeros del partido; habló de que está integrando expedientes para todos quienes participen de la lucha que da el pueblo de Cuetzalan.

Y desde esta tribuna yo le quiero decir a ese señor gobernador antidemocrático e insensible, que yo soy el primero que solicito me integre un expediente y que estoy dispuesto en su momento incluso a renunciar al fuero constitucional para ver si se atreve a cumplir sus amenazas.

No son esas cifras ciertas; ¡ridículas! Trescientos ciudadanos. Nada tiene qué ver eso. Está usted muy mal informado, señor diputado. Eso no es lo que está ocurriendo allá, ni es el trato que merece el Partido Popular Socialista, el que le quieren dar ciertos funcionarios que no saben lo que el partido representa en México.

ESTADO DE GUERRERO

El Presidente: - Cedemos la palabra al señor diputado Efraín Zúñiga Galeana, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse a hechos ocurridos en el Estado de Guerrero.

El diputado Efraín Zúñiga Galeana: - Con su permiso, señor Presidente; señores legisladores:

Concurro a esta alta tribuna para referirme a los hecho que ocupan nuevamente la atención en el Estado de Guerrero.

Con motivo de los comicios electorales efectuados en la entidad el pasado 21 de febrero, los cuales tuvieron siempre la amenaza anticipada del Partido de la Revolución Democrática para impugnar y descalificar los resultados de esa contienda electoral, que pretendieron empañar mediante la provocación, a la violencia en días previos a la jornada, no obstante, la voluntad política de las autoridades electorales y la congruencia de la sociedad guerrerense, frustraron todo intento de violentar y empañar la realización de un proceso de elección que resultó ampliamente democrático.

En cumplimiento a su estrategia de chantaje y presión del PRD, han vuelto a la entidad, han envuelto a la entidad en una ola de violencia, de amenazas y sabotaje que revelan el alto grado de irracionalidad política de la dirigencia perredista. Ahora inventaron los señores del PRD, un nuevo término para justificar su conducta disoluta; le llaman "Retenes Informativos".

Resulta inconcebible que tras un largo período de preparación, concertación plural, abierta y amplia, en que se definieron las bases con apego estricto a una legislación electoral reformada por consenso, a la que concurrieron todas las fuerzas políticas registradas en el Estado, de lo cual se informó ampliamente a la ciudadanía y a la opinión pública nacional, ahora resulta que reaparece la actitud anárquica de la dirigencia perredista para impugnar una elección cuyos resultados fueron determinados por el voto libre y secreto que depositó la sociedad guerrerense en las urnas electorales.

Las elecciones en Guerrero, lo hemos afirmado aquí en otras sesiones de la Comisión Permanente, se llevaron a cabo con toda limpieza, desde su preparación, el nombramiento de funcionarios electorales, de funcionarios de casillas, la distribución de documentación electoral, con el propósito de que fueran transparentes y se emitiera con toda limpieza el sufragio de los guerrerenses, que decidieron votar mayoritariamente por el candidato a gobernador de nuestro partido, el licenciado Rubén Figueroa Alcocer.

¡Imagínense que hubiera ganado el PRD la elección de gobernador!, ¡imagínense de gobernador a Félix Salgado¡ ¡Cuántas locuras hubiera cometido¡

En lo personal, como guerrerense, me hubiera dolido mucho que mi pueblo, el pueblo que ha luchado tanto por la libertad a lo largo de toda la historia, no hubiera podido escoger entre un hombre de trabajo y un apóstol de caricatura.

Fueron elecciones legítimas, legalmente válidas, en donde se aceptaron todas las propuestas del PRD y en donde todos los actos electorales se realizaron de manera transparente, respetándose todos los términos del Código Electoral del Estado. Todavía no concluye el proceso de calificación de las elecciones, porque aún no se instala el Colegio Electoral para calificar en definitiva el proceso que concluyó con la jornada del 21 de febrero y ya se manifiesta el propósito de violentar toda norma de derecho, sin existir una justificación fundamentada en argumentos con solidez jurídica o política.

Sostiene el PRD, por ejemplo, que las elecciones fueron amañadas, porque el presidente del Consejo Estatal Electoral es el suplente del licenciado Rubén Figueroa en el Senado. Quiero decirles que el nombramiento del presidente del Consejo Estatal está firmado por los representantes del PRD, está firmado por Rafael Aréstegui y también por Misael Medrano, desde el 19 de mayo de 1992 en actas que aquí tengo en mi poder, que se las enseñe personalmente al diputado Miguel León Corrales y que las entregué en la pasada sesión de la Comisión Permanente.

Yo no sé cuáles fueron los motivos por los que el PRD lo aceptó, pero ese nombramiento al momento de firmarlo no hicieron valer ninguna protesta, no hubo ningún alegato en contra. Ahora, después de las elecciones, han venido haciendo una impugnación extemporánea.

Quiero decirles que esa impugnación es totalmente anacrónica, totalmente extemporánea y sin ninguna lógica jurídica.

Es indiscutible que el PRD perdió las elecciones y ahora trata con la violencia de lograr una negociación que de entrada está repudiada por el pueblo de Guerrero, una deshonesta negociación de cúpula es lo que está buscando el PRD.

Debe suponerse que cuando el PRD propone un interinato y da una lista de posibles gobernadores interinos, lo está haciendo porque ya compraron la voluntad de sus dirigentes y porque el PRD hizo compromisos económicos con gente interesada en crear conflictos en Guerrero.

Los dirigentes del PRD se han encargado de promover la alarma y la zozobra en la población al anunciar actos de sabotaje contra carreteras, puentes y aeropuertos y de impedir el funcionamiento normal de las instituciones.

Dentro de su estrategia de desestabilización, el PRD realiza acciones de barbarie que atentan contra la economía del Estado y contra la estabilidad social.

En las carreteras detiene el tránsito, golpean a automovilistas, realizan pintas de autobuses, los deterioran, ofenden a turistas, si los automovilistas no se detienen, le rompen los cristales de sus autos, exigen dinero con insultos, lastiman con su actitud la dignidad de mujeres y atropellan el decoro de los hombres, causando un daño irreparable al Estado.

No son muchos los perredistas que están bloqueando las carreteras, son unos cuantos

lerados. Qu¡ero darles números, voy a exhibir aquí las pruebas que tengo en mi poder, por ejemplo para impedir el acceso de los turistas a Acapulco: en la Glorieta de Puerto Marqués que está para la salida del aeropuerto, estuvieron 50 personas encabezadas por Salvador Zacarías; en la Glorieta de la Cruces, que está a la entrada a Acapulco, por donde está el Panteón de Las Cruces, estuvieron 28 personas impidiendo el acceso a los turistas a Acapulco; en la entrada que está para Mozumba, rumbo a Pie de la Cuesta, estaban 20 despistados perredistas tratando de impedir el acceso de los turistas al centro de Acapulco; el plantón y la toma del ayuntamiento de Acapulco los hicieron 100 perredistas, o sea, 198 perredistas en total han puesto de rehén al puerto de Acapulco, han puesto prácticamente en la privación de la libertad a un millón 500 mil habitantes de Acapulco que prácticamente son el 50% de los habitantes de Guerrero.

Entregó aquí la relación de los lugares donde están los bloqueos del PRD y entrego fotografías de cómo están realizando sus actos de violencia, cómo están realizando las pintas y los deterioros de los autobuses y entrego también fotografías en donde están haciendo registros indignos a hombres y mujeres y les están exigiendo violentamente y ofensivamente dinero para un movimiento que nadie justifica.

Es criminal estar amenazando en las carreteras al turismo nacional, porque es una actividad fundamental para los guerrerenses; más del 80% del ingreso fiscal del Estado se origina en Acapulco; con esto, con el ingreso de Acapulco, se subsidia a 73 municipios del Estado, es Acapulco el eje central del desarrollo del Estado y hay en la actividad turística un esfuerzo de renovación integral que hoy permite una mayor competencia de nuestro puerto con otros destinos turísticos.

Para dar un ejemplo de la importancia de los ingresos que genera Acapulco, les informo, señores legisladores de la Comisión Permanente, que solamente el Hotel Princess, el hotel que está cerca del aeropuerto, el año pasado cubrió impuestos por 40 mil millones de pesos, 40 mil millones de pesos cubrió el Hotel Princess, que representa un importante recurso para el Estado, pero que además representa el apoyo para el desarrollo general del Estado, 40 mil millones de pesos es más, pagado por solamente un hotel, es más lo que pagaron por impuesto predial todos los habitantes de Cuernavaca, es más de lo que pagaron por impuesto predial todos los habitantes del Estado de Morelos.

Esto merece una condena de parte nuestra, porque consideramos que el proceso electoral debe circunscribirse al marco de respeto que establecen las leyes electorales y de respeto al orden jurídico para que estas cuestiones no se manejen como actos propios de la ley de la selva.

Complementariamente existe la amenaza del PRD, de oponerse a que se realicen actividades en las oficinas del gobierno a partir del primero de abril. Este chantaje no lo concebimos.

No debe permitirse que se altere la paz social del Estado por la ambición del poder de un grupo minoritario de dirigentes perredistas, porque está en juego el destino histórico de todo un pueblo.

La lucha electoral que orienta el marco jurídico establecido, si es determinado por la voluntad popular, no puede, bajo ninguna circunstancia, justificar atropello alguno contra la sociedad civil. El afán por la democracia reclama de todos seriedad, responsabilidad y congruencia; entendamos que todos lo procesos electorales deben ceñirse a la normatividad, de la ley, al derecho y no a la provocación ni a las estrategias poselectorales de ganar espacios políticos a como dé lugar, mediante la presión ofensiva y el chantaje.

Estas formas de lucha política, deben acabarse porque violentan los derechos políticos de la ciudadanía; atentan contra la estabilidad social y denigran nuestro avance democrático.

Señor Presidente, además de la relación de los retenes que el PRD ha montado en las carreteras de Guerrero, quiero entregar la solicitud del diputado Sánchez Nava, para que haya un interinato y menciona a distinguidos priístas que próximamente van a formular una declaración para rechazar que el PRD de mala fe y en forma deshonesta esté utilizando sus nombres.

Quiero también entregar, señor Presidente, las conferencias de prensa del candidato a gobernador del PRD, el que perdió las elecciones, el candidato que rechazó el pueblo de Guerrero por provocador y por deshonesto y estas conferencias de prensa se refieren a un viaje que hizo los primeros días de marzo. A una semana de haber concluido el proceso electoral, se fue en los primeros días de marzo a Estados Unidos, a solicitar apoyo financiero de algunas empresas multinacionales, pero lo más grave es que se reunió, confesión de él mismo, se reunió con diputados del Partido Demócrata en Estados Unidos, a los que les pidió, él lo confiesa en estas conferencias de prensa, a los que les pidió que

intervenga el señor Presidente Bill Clinton y que Bill Clinton también intervenga para que impida la violación a derechos humanos en el Estado de Guerrero.

Esto me parece, señores, una traición a la patria y los guerrerenses que tenemos muy en cuenta que primero es la patria, esto nos parece ofensivo. Es una traición condenable y por eso nosotros pedimos que intervenga la Comisión Permanente, que se investiguen estos hechos, que se impida además, que siga el atropello a los mexicanos que transitan las carreteras de Guerrero, que se sancione al PRD, que se ha convertido en el verdugo de la libertad de tránsito en el Estado de Guerrero. Muchas gracias.

El Presidente: -Déjenos ahí sus documentos, señor diputado. Concedemos la palabra para este asunto al señor diputado Jorge Calderón, del Partido de la Revolución Democrática.

El Diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: -Con su venia, señor Presidente; estimados legisladores:

Nuevamente concurrimos a esta tribuna para contestar calificativos, alusiones, ataques y adjetivaciones que el diputado Efraín Zúñiga Galeana hace contra nuestro partido y contra nuestro candidato a gobernador, Félix Salgado Macedonio.

Sin estridencias, con el respeto que nos merece la tribuna de la Comisión Permanente, con respeto a los principios republicanos de nuestra patria, trataremos de responder diversas afirmaciones que aquí se han hecho.

Antes del 21 de febrero, nuestro partido, en diversos espacios de la patria, en la Ciudad de México, en numerosos municipios de Guerrero, ante la opinión pública, denunció un cúmulo de irregularidades que estaban empañado el proceso electoral en el Estado de Guerrero, particularmente destacamos que de un millón 350 mil ciudadanos en edad de votar, sólo se empadronó a poco más de un millón y que 270 mil ciudadanos no pudieron ejercer su derecho a voto. A esto hay que agregar 20 mil credenciales que no se entregaron a sus legítimos dueños y más de 100 mil ciudadanos que teniendo credencial de elector no aparecieron en las listas nominales, esto se conoce como "ciudadanos rasurados". Significa pues que casi 400 mil ciudadanos no pudieron ejercer su derecho al sufragio.

El día de la jornada electoral, cosa que ha sido documentada con observadores ciudadanos, se cometieron todo tipo de irregularidades, violando flagrantemente el Código Electoral. De esta forma se indujo, de manera ilegal, a numerosos grupos de votantes a votar por el PRI, realizando más de 10 mil desayunos y llevándolo a estas personas que asistieron a tales eventos ilegales, a votar en grupo. Hay testimonios de periodistas, de ciudadanos y organizaciones no gubernamentales, de compras de votos de manera descarada.

Se cambiaron de ubicación cientos de casillas, se rechazaron a muchos de los representantes del PRD en casillas electorales, no se aceptaron en numerosos casos recursos de protesta, no se respetó el secreto del voto...

El diputado Efraín Zúñiga Galeana (desde su curul): -Señor Presidente, le pido al orador si acepta una interpelación.

El Presidente: -Señor diputado Calderón, ¿la acepta usted?

El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: - No la acepto.

El Presidente: -No acepta la interpelación.

El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: -Repito, no se cumplió con el compromiso de invitar a nuestros representantes de casilla para llevar los paquetes electorales a los consejos distritales y se cometieron numerosas otras irregularidades.

Además y es quizá esto lo más grave: sostenemos, apoyados no sólo en lo que ha sido documentado por el Partido de la Revolución Democrática, sino por organizaciones no gubernamentales, que se incurrió en Guerrero en una política deliberada de presentación de nuestro partido como un partido de la violencia; se crearon en diversos municipios del Estado de Guerrero situaciones deliberadas conflictivas, sin que fuera responsabilidad de nuestro partido y se creó una imagen de que la jornada electoral, contrariamente a lo que ha sido expuesto aquí por el orador que me antecedió en el uso de la palabra, se creó una imagen de que la jornada electoral sería una jornada violenta, con el fin de alejar a los ciudadanos de las urnas y por tanto que el voto corporativizado y asegurado vía carruseles, desayunos y otros medios, fuera el que fraudulentamente impusiera resultados favorables al candidato del PRI.

Precisamente con apego a la Ley Electoral y con conocimiento de estas irregularidades, nuestros

representantes ante los 28 consejos distritales, presentaron en tiempo y forma más de mil 600 recursos de protesta, que significa una impugnación de casi el 50% de las casillas.

A partir del día 25 de febrero, el Consejo Estatal Electoral, constituido en su mayoría por funcionarios, legisladores y personas vinculadas al PRI, comenzó el computo electoral sin abrir los paquetes electorales, sin comparar las actas de escrutinio y sin considerar los recursos de protesta.

El miércoles 3 de marzo, de manera apresurada, terminaron el cómputo, declarando triunfador a Rubén Figueroa.

Con estos antecedentes, el Partido de la Revolución Democrática afirma y sostenemos que los datos, los resultados electorales, no son reales, no son limpios y no son legítimos, por lo que el proceso electoral y el cómputo no pueden ser legalmente válidos y por tanto cuestionamos la legitimidad de la declaración de triunfador en la persona de Rubén Figueroa.

Más aún, el comité estatal del Partido de la Revolución Democrática, estima que esto no significa no hacer un esfuerzo y una voluntad política, la precipitada declaración como triunfador a Rubén Figueroa, no hay una voluntad política de limpiar el proceso electoral y abrir un tránsito a la democracia.

Más aún, a estas fechas la muerte de varios ciudadanos perredistas en el proceso previo a la contienda electoral del 21 de febrero, no ha sido aún esclarecida.

El Partido de la Revolución Democrática, contrariamente a una campaña sistemática de prensa, insidiosa, a una mentira que, a fuerza de ser mil veces repetida, quizá ha logrado que algunos pudieran creerla, contrariamente a esto, el Partido de la Revolución Democrática es un partido legal, constitucionalista y no es el partido de la violencia como se ha querido calificar.

Quien ha fomentado la violencia y la provocación, son grupos de caciques, grupos de pistoleros, grupos que han estado al servicio de los peores intereses del pueblo guerrerense y que han creado ellos, estos caciques, estos provocadores, estos grupos al servicio de los peores intereses, los que han creado un clima de zozobra.

El elevado nivel de abstención, superior a un 75%, tiene dos mensajes que debiera preocuparnos. Por un lado, que este clima de intimidación y de amenaza de hechos violentos que se creó como un operativo del Estado, logró efectivamente desalentar el voto de grupos ciudadanos; muestra también que más de 400 mil fueron excluidos, pero además muestra un rechazo de un sector muy elevado de la población, ante el enorme derroche de recursos en que se incurrió en la campaña de Rubén Figueroa.

Ya en otro momento denunciamos la práctica viciada de que antes de la realización de actos electorales, una avanzada de fuerzas de seguridad del candidato Rubén Figueroa, llegaba a una población a destruir la propaganda de partidos opositores, cosa que creó conflictos en algunas poblaciones.

En este momento, la posición del Partido de la Revolución Democrática, es la demanda precisa, puntual, clara, transparente, de que se anulen las elecciones; es una demanda que presentamos a los órganos electorales del Estado de Guerrero y al Gobierno de la República.

Si no se anulan las elecciones, el Partido de la Revolución Democrática junto con el pueblo guerrerense, está decidido a continuar la lucha, una lucha contra la imposición, por la dignidad y en defensa del pueblo.

Efectivamente, nuestro partido ha realizado en los últimos días, en ejercicio de sus legítimos derechos constitucionales de expresión y de manifestación, diversas movilizaciones en el Estado de Guerrero, particularmente ha realizado plantones pacíficos y ha hecho distintos actos de denuncia, de proselitismo y de reparto de propaganda política, a que tenemos derecho como partido legalmente constituido, a quienes circulan por las carreteras del Estado de Guerrero.

Sin embargo, rechazamos por esas acciones, como expresión pública, como plantones y otros más, sean actos ilegales. Y, más aún, con toda energía, sobriedad pero con firmeza, rechazamos que hayan violado derechos de turistas, que se intente desestabilización.

No somos nosotros los que usamos acusaciones y palabras tales como chantaje, presión, violencia, amenazas, sabotajes, conducta disoluta, etcétera. Somos un partido serio y la ciudadanía guerrerense está indignada por lo que considera, con fundamento, una violación a sus más elementales derechos ciudadanos, a los atropellos.

Y, por tanto, repito, en ejercicio de estos derechos constitucionales estamos decididos a

mantener estas protestas ciudadanas, respetando a los turistas, respetando su integridad, evitando provocaciones y cualquier forma que violente los interese's de turistas y de ciudadanos; pero sí con la firmeza que nos da el luchar contra lo que consideramos una imposición.

No es tampoco interés nuestro interferir en la vida interna del Partido Revolucionario Institucional. Si estamos nosotros solicitando y exigiendo anulación del proceso electoral, inevitablemente tendrá que convocarse, si se atiende la demanda ciudadana, a nuevas elecciones y alguien que muestre la determinación de actuar conforme a la Ley, tendrá que cumplir una función transitoria de convocar a nuevas elecciones.

No somos apóstoles de la violencia ni nos gustan las negociaciones poselectorales. Nuestra fórmula es muy sencilla y la hemos repetido y seguiremos diciendo: "Que los votos cuenten y se cuenten. Y en las elecciones los ciudadanos, de manera libre y abierta, elijan a sus gobernantes".

Más de una decena de gobernadores interinos, en esta convulsionada República que hoy vivimos por falta de una voluntad de tránsito a la democracia, son muestra de conflictos poselectorales no resueltos que no deseamos.

No estamos, por tanto, apostando a tal o cual sector del PRI, no nos interesa ello. Nos interesa que haya elecciones limpias, transparentes y que se elija a aquél que el pueblo de Guerrero desee como su gobernador.

Consideramos que con elecciones limpias y transparentes, con un padrón donde todos los guerrerenses en edad de votar tengan su credencial de elector, con autoridades electorales imparciales y con respeto a los derechos ciudadanos, podría refrendarse y reconocerse legalmente el triunfo de Félix Salgado. Esto será, sin embargo, algo que requerirá una nueva elección en Guerrero.

Pero sí, claramente, rechazamos y lo haremos cada vez que sea necesario, en la Comisión Permanente, en el pleno de la Cámara de Diputados y en todos los foros, una imputación que por reiterada no significa que la podamos aceptar: la de que somos un partido que busca negociaciones poselectorales, como medio para obtener, en estas, se dice, oscuras negociaciones, lo que no tuvimos en las urnas.

En el momento en que haya elecciones libres, y cada mexicano, hombre y mujer en edad de votar, tenga su credencial y se respete el voto, no será necesario que miles y miles de hombres y mujeres en toda la República, tengan que emprender el peregrinaje y la movilización que implica dicha lucha poselectoral.

No queremos más éxodos para la democracia; no queremos que pacíficos ciudadanos marchen cientos o miles de kilómetros para que reconozca su triunfo en tal o cual municipio; no queremos que se obligue al ciudadano a tomas de presidencias municipales y a plantones. Queremos el respeto a la Ley, el respeto a la Constitución y un tránsito ordenado a la democracia.

Pero intervenciones como las que escuchamos, de Efraín Zúñiga Galeana, muestran que no hay, por lo menos no en quien él está en este momento siendo vocero o representando intereses, la voluntad de un tránsito a la democracia.

Y estas acusaciones de la magnitud y gravedad que aquí se han dicho, en nada ayudan, en nada ayudan a crear un clima de paz, de concordia y de respeto al orden constitucional de Guerrero.

No, señor diputado Efraín Zúñiga Galeana, no violentaremos el orden constitucional; no realizaremos, tal como usted está aquí afirmando, actos que violenten ese orden constitucional. Realizaremos, sí, el 21 de marzo, acciones de protesta ciudadana en defensa de nuestros derechos y si es preciso el primero de abril, pacífica, respetuosa y constitucional, realizaremos aquellos actos que la ciudadanía decida para protestar contra lo que consideraremos una imposición si el Colegio Electoral no da marcha atrás en toda esa escala de atropellos ciudadanos, pero de ninguna manera buscaremos violentar el orden legal y el orden constitucional.

Hay una voluntad y una determinación de luchar, de resistir, de defender estos derechos ciudadanos, pero repito, con respeto al orden y con respeto a las normas constitucionales.

No somos provocadores y nuestro candidato, Félix Salgado, quien fue un destacado diputado federal y es un destacado guerrerense, un hombre íntegro, un hombre probo, un hombre valiente, ha dado a lo largo de su vida muestras de una congruencia con los principios y los derechos del pueblo de Guerrero. Y no es tal o cual acusación la que impedirá que los guerrerenses lo elijan en elecciones limpias y transparentes como su gobernador.

Nuestro partido, en aquellos lugares en que pese a los obstáculos que se han impuesto ha sido Gobierno, ha sido respetuoso de la Ley y

respetuoso del orden, respetuoso de la pluralidad y este compromiso no lo modificaremos en ninguna de las circunstancias. Y cualquier epíteto, calificativo, agresión o ataque, no nos hará salir de la senda de la legalidad, no caeremos en la provocación; ni el la provocación verbal, ni en la provocación de los hechos.

Mantendremos nuestra congruencia, nuestra sobriedad republicana. Aprendemos el ejemplo de don Benito Juárez, aprendemos del ejemplo en estos héroes y buscaremos mantener una lucha civil, una lucha constitucional y la defensa de nuestros derechos. Pero la sobriedad de ninguna manera debe interpretarse como signo de que abdicamos en defensa de nuestros derechos.

Mantenemos nuestros principios y mantendremos, por tanto, la lucha por un cambio democrático en Guerrero, por elecciones limpias, transparentes, en Guerrero y porque sean respetados los derechos fundamentales del pueblo guerrerense. Muchas gracias.

NATALICIO DEL PRESIDENTE

BENITO JUÁREZ GARCÍA

El Presidente: -Para referirse a un aniversario más, por cierto del presidente Benito Juárez, al que hacía referencia al final de sus palabras el compañero Calderón, concedemos el uso de la palabra al diputado Cuauhtémoc Amezcua, del Partido Popular Socialista.

El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: -Con su autorización, señor Presidente; compañeras y compañeros:

El natalicio del ilustre Benito Juárez, fecha en que conmemoraremos con júbilo los mexicanos este 21 de marzo, debe significarse por su carácter combativo y por la participación del pueblo, con el vigor y patriotismo que caracterizaron a este mexicano ejemplar.

Es necesario revitalizar nuestra admiración por Benito Juárez, para mantener incólume la soberanía y la independencia nacional, ahora que el grupo neoliberal lleva a cabo una política en favor de la minoría enriquecida, a la que ha entregado parte considerable del patrimonio nacional y al mismo tiempo mediante diversas formas somete el destino del país a la hegemonía norteamericana.

México vive una etapa crucial, se atenta desde el Gobierno contra sus cimientos de nación. Los pilares fundamentales de la nación mexicana son: Hidalgo, Morelos y Juárez, constituyen la misma lucha del mismo ideal, el mismo rumbo. Hidalgo ha trascendido al paso del tiempo porque además de iniciar la lucha por la independencia de la patria, emergió como un profundo reformador social que con gran visión supo determinar que la lucha insurgente debía ser también la lucha por obtener mejores condiciones de vida para el pueblo mediante la destrucción del orden colonial de la Nueva España, caracterizado por la explotación y la discriminación social.

La historia de dio la razón a Hidalgo, porque a pesar de que obtuvo la independencia en 1821, pero sin tocarse el régimen económico y social del Virreinato, los problemas siguieron vigentes y la lucha continuó.

Estaban en pugna dos concepciones sobre la nación: en México con las características de la Colonia para el provecho de una minoría, posición que fue defendida por la corriente clerical y conservadora y de otra parte el México que defendía la corriente histórica nacionalista, popular y revolucionaria, inspirada en Hidalgo, Morelos y Guerrero; a esta corriente se ligó Benito Juárez desde 1820, año en el que inició su participación política.

A mediados del siglo XIX, después de tres décadas de enfrentamiento ideológico y político entre esas dos concepciones históricas del país, irreconciliables, la situación hizo crisis, demandando una solución definitiva.

¿Qué objeto tenía mantener el Estado con la estructura y funciones del régimen colonial, si éste era incapaz de defender la integridad de la nación?, como ocurrió cuando la invasión norteamericana de 1847-1948, en que la corriente clerical detentaba el poder real y sólo veía por sus intereses.

¿Cómo podría subsistir la nación mexicana con formal independencia política, pero imposibilitada para ejercer su soberanía?.

Al triunfo de la Revolución de Ayutla la corriente liberal promulgó la Constitución de 1857 y otras leyes y aunque estas medidas no tenían la profundidad que se requería, fueron suficientes para motivar la airada rebelión del grupo clerical y reaccionario que vio afectados sus fueros y privilegios.

Al presidente Benito Juárez le tocó hacer frente a la guerra de tres años, a la intervención francesa y al llamado imperio de Maximiliano, que en rigor constituyeron episodios de un mismo hecho histórico originado por la ambición del clero y los conservadores. La obra que consumó entonces Benito Juárez, como líder e ideólogo indiscutible de los hombres de la Reforma, es enorme.

Estableció la plena soberanía del Estado mexicano sobre todas las corporaciones, entidades y personas del país y recuperó para el Estado el control directo de todas las atribuciones y facultades, creando al respecto las instituciones jurídicas necesarias para el buen desarrollo de la vida social. Destruyó los vestigios de la colonia mediante la promulgación de las Leyes de Reforma e instituyó la completa independencia del Estado y de la Iglesia y, en consecuencia, el fin de las relaciones de México con el Vaticano, y la prohibición de la presencia de funcionarios en las ceremonias religiosas.

Defendió con patriotismo ejemplar la independencia, la soberanía y la integridad de la nación hasta derrotar en forma aplastante a los invasores franceses, destruyendo en forma definitiva los apetitos imperiales sobre nuestro país.

Entregó a la nación y a los pueblos del mundo los principios de una política exterior justa, el respeto a la autodeterminación de los pueblos y la no intervención.

Decretó la libertad de conciencia, el derecho de creer o no creer y la completa libertad religiosa.

Creó el sistema educativo nacional, fundado en la escuela científica y laica, gratuita y obligatoria, base de la democracia y de la plena formación del hombre. De esta forma quedó unido indisolublemente el nombre de Juárez al nombre de México.

Décadas más tarde, ya entrado el siglo XX, la Revolución Mexicana ratificó y enriqueció los fundamentos trazados por el presidente Juárez y vigorizó esta concepción de nación, estableciendo los derechos sociales y mayores atribuciones del Estado para intervenir en la economía del país, con objeto de impulsar el desarrollo económico y crear mejores formas de vida para el pueblo.

Sin embargo, ese rumbo histórico que viene desde Hidalgo, Morelos, Guerrero, Juárez y la Revolución Mexicana, al que podríamos calificar como de nación independiente, soberana, comprometida con el bienestar del pueblo, ha sido interrumpido y fracturado seriamente por el Gobierno actual, por medio de la política neoliberal y las contrarreformas a la Constitución en los artículos 3o., 5o., 24, 27 y 130, con el propósito expreso de sustituirlo por otro tipo de nación distinto al que ha creado el pueblo a lo largo de su historia y de sus tres revoluciones.

Al efecto, el Gobierno ha vulnerado la función histórica del Estado revolucionario mexicano como promotor del desarrollo y ha cedido este papel a una minoría enriquecida en la que ha concentrado la propiedad de las más importantes empresas del país, otro dominio de la nación y entrado en convenios políticos que tienden a someter al partido del Gobierno al servicio de este grupo minoritario.

A su vez ha pretendido minar la conciencia patriótica de los mexicanos con la tesis falsa de que sólo conciliando los intereses de México con los del imperialismo norteamericano podremos progresar.

En esta embestida antinacional, el clero ha tomado su lugar en el terreno ideológico para disipar del pueblo la posibilidad de construir una sociedad justa y digna. Esta concepción distinta de nación que postula el grupo neoliberal, tiene como protagonistas al clero, a la mayoría enriquecida dentro del pequeño grupo de élite y al imperialismo norteamericano, los cuales despliegan febrilmente todos sus esfuerzos para deteriorar los cimientos históricos, sociales y políticos de nuestra nación.

De nueva cuenta están en pugna hoy, dos conceptos irreconocibles de nación.

Una es la que se sustenta en las luchas y principios históricos de nación independiente, soberana, comprometida con el bienestar del pueblo.

La otra es la de los sectores que quieren borrar la conciencia histórica del pueblo y destruir la nación, transformándola en una entidad subordinada a los Estados Unidos, donde los principios de soberanía e independencia, justicia social y patria, dejen de tener sentido.

Por esta razón, compañeras y compañeros integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, estima oportuno reiterar hoy el llamado que ha hecho ya antes, desde esta misma tribuna y la de la Cámara de Diputados, a todas las organizaciones políticas, a todas las fuerzas interesadas en el examen de lo que debe ser el futuro de la nación mexicana, a entrar de manera franca, reflexiva y profunda, al debate de las ideas.

El Partido Popular Socialista considera que hoy más que nunca, precisamente en este momento, en este año eminentemente político en el que todos los ciudadanos que aspiran a la relevante tarea de encabezar el Ejecutivo Federal, deban

exponer de manera pública sus enfoques analíticos de la vida del país, de su pasado histórico y de sus proyección hacia el porvenir.

¿Cual es el camino que pretenden por el que esperan camine nuestro pueblo y nuestra nación en el futuro inmediato y en el porvenir de largo plazo? Quienes formulan un compromiso claro y definido con el pensamiento de Juárez, de sus antecesores y precursores y de sus herederos, relación en la que se encuentran sin duda alguna Hidalgo y Morelos, entre los primeros y Villa, Zapata, Cárdenas y Lombardo Toledano, entre los segundos y quienes por el contrario se definen por la vía neoliberal, así traten de disfrazarla quitándole el prefijo y añadiéndole apellido. Es hora de debatir ideas, tesis, argumentos, de manera constructiva, para enriquecer el porvenir de la nación.

Por otra parte, el Partido Popular Socialista se declara de un modo franco y definitivo en favor de la tesis, de las enseñanzas, de la herencia del gran indio de Guelatao y de las grandes luchas de ayer, de hoy y de siempre del pueblo de México. Muchas gracias.

El Presidente: - Gracias, señor diputado.

Por este mismo asunto, concedemos la palabra al diputado Jorge Lepe, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Jorge Leobardo Lepe García: -Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores legisladores:

En ocasión de la ya mencionada conmemoración del natalicio del señor licenciado Don Benito Juárez García, la fracción parlamentaria de mi partido, el Revolucionario Institucional, quiere hacer las siguientes reflexiones por mi conducto.

Pocas, realmente pocas figuras registra la historia de la humanidad como la de Benito Juárez. Sus cualidades y condiciones humanas y políticas, además la aplicación tenaz y lúcida de todas ellas, le perfilaron una estatura que sin exageraciones debe considerarse como universal.

Benito Juárez entendió que el camino de la libertad se hace siempre siguiendo los pasos que indican la razón y el derecho. Esto ha permitido que en el México de nuestros días ese camino de libertad permanezca y condiciones otras nuevas y muy variadas etapas de nuestro quehacer nacional.

La figura del benemérito puede verse con un criterio analítico o con un criterio ilustrado. Ambas perspectivas son legítimas y útiles, pues para arribar a una síntesis objetiva de la acción y de la obra de Benito Juárez ningún método podrá ser suficiente por sí solo, sobre todo si se trata de interpretar las dos facetas a la luz de la historia actual.

En la formación de este hombre de vigencia permanente y de doctrinas universales, resulta prácticamente imposible separar su ideología del proceso histórico y político en el cual se desarrolló. Fue figura señera de una corriente de pensamiento que proclamó la libertad como instrumento para el cambio y que le ha dado rumbo y sentido a nuestra historia por el vigor y validez de sus principios. De ahí que sus aportaciones a la vida social, jurídica y política del presente, estén vivas en la conciencia nacional como signo universal y constante de cambio, sin variar principios básicos o conceptos esenciales, con el único fin de lograr un México mejor para todos.

En Juárez el liberalismo es suma de ideas y de esfuerzos individuales y colectivos, que no son propios e identificatorios, pero que jamás han roto con los supuestos esenciales que originó y mantuvo a esta concepción política, que es un verdadero parteaguas de nuestra historia.

Por ello, para comprender cabalmente el valor ético, político e histórico de la obra de Juárez, debe tomarse en cuenta el contexto en que el país se desarrollaba en el Siglo XIX. Hubo momentos en que las fuerzas conservadoras conjuraron contra las instituciones de la naciente República. Varias potencias extranjeras, con cualquier pretexto, formulaban exageradas exigencias a la nación y aprovechaban cualquier momento para intervenir en nuestros asuntos.

Los viejos grupos oligárquicos, gozando de los fueros y jurisdicciones especiales, concedían el poder a la usanza virreinal y a la hacienda pública con actitudes patrimonialistas. Sin embargo, en este aparente desorden político y administrativo de los asuntos públicos, existía en México un debate de las ideas, las ideas del moralismo inglés y de la ilustración francesa, formaban parte destacada del ambiente intelectual de la época. Detrás de la polémica entre liberales y conservadores, entre federalistas y centralistas y entre republicanos y monárquicos, existían no solo pugnas de poder, sino también una clara efervescencia política.

Juárez forma parte de la generación liberal que no toleró transacción alguna con las estructura del pasado, ni tuvo dobleces en sus convicciones

políticas. Juárez formó parte de esa importante generación de hombres de la Reforma, como; Zarco, Altamirano, Ramírez, Comonfort, Lerdo de Tejada y Ocampo, entre otros, que se habían educado en los institutos científicos y literarios de diversas regiones del país. La generación de Juárez representa la continuidad en las ideas de los hombres que habían definido el primer intento secularizador de México en 1883, entre otros: Francisco García Salinas, Valentín Gómez Farías y José María Luis Mora. Los principios que estos hombres esgrimieron no eran ideas u ocurrencias aisladas, ni fragmentadas; eran todo un cuerpo ideológico sustentado en igualdad de todos los individuos ante la Ley: la división de poderes, las libertades individuales, la vigencia de una sociedad laica y el federalismo como forma de unir lo desunido y de mantener y propiciar las peculiaridades de las distintas colectividades nacionales. Estos son sus ingredientes principales.

La estricta separación en los asuntos de la Iglesia y del Estado, constituían ante todo una manera de defender las libertades; la libertad de conciencia, la libertad de manifestación de las ideas, la autodeterminación de las colectividades y el derecho a que cada individuo construyera su propio modelo y destino de vida. La idea de la República no podía concebirse sin libertades y legalidad, para ello era necesario que las instituciones se sometieran al imperio de la norma y no dependieran del arbitrio o de la eventualidad de los hombres; ése y no otro es el significado de la Revolución de Ayutla, ya mencionada aquí en 1854, cuyo fin sería convocar a un Congreso que redactara la Constitución Liberal.

Cuando Juárez asumió la Presidencia de la República, su misión ante todo fue la defensa de la legalidad. Su peregrinaje por el país durante los años de la Intervención en nuestra fehaciente de su firmeza, de su constancia y de su honradez sin tacha, para defender la República de la ambiciones de los conservadores y monarquistas, pues Juárez consideraba que ante las dificultades que aquejaban a la patria, el deber del Gobierno y de todo Gobierno, es ante todo construir compromisos que no hipotequen en el exterior ni en el interior lo que es nuestra soberanía nacional, sino más bien un esfuerzo para lograr lo que todos los mexicanos queremos, el avance de las instituciones y de un México con más libertades y con más claridad de vida para todos. Por eso, al triunfo de la República en 1867, Juárez vuelve a la capital con la Bandera del la Constitución y con las mismas leyes que sin que estas hubieran dejado de existir un solo instante, seguían vigentes dentro del territorio nacional.

Juárez es ejemplo para pensar y actuar, sigue siendo ejemplo de austeridad, honradez firmeza de convicciones y lucha sin reserva para construir con las ideas una nación libre, sustentada en la libertad de los hombres, en la soberanía del país y en la legalidad de las instituciones.

Juárez es también ejemplo ético, político y espiritual de lo que podemos lograr los mexicanos con la fuerza de voluntad y de las convicciones, pues en los momentos más difíciles de la nación, siempre tuvo pensamiento claro sobre la naturaleza de la autoridad civil que tiene sólo un límite, la libertad de los hombres y la ética de las ideas que se pretenden concretar. Sólo con el respeto a las leyes, a los derechos y libertades de los individuos y con voluntad transformadora, la política es un instrumento de cambio y de armonía social.

Ese es el significado político de su ejemplo imperecedero, compañeros legisladores: Hoy como ayer sin duda la validez y vigencia de las ideas de Benito Juárez son de actualidad, siguen siendo universales sus conceptos para orgullo de los mexicanos y ejemplo para todos, individuos, sociedad y Gobierno. Muchas gracias.

El Presidente: -Gracias diputado. Para referirse también al natalicio del Presidente Juárez ha solicitado la palabra y se la concedemos, al diputado Israel González Arreguín, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.

El diputado Israel González Arreguín: -Con su venia, señor Presidente.

Referirse a don Benito Juárez por simple rutina, no es la mejor manera de valorarlo. Como en toda efemérides, en esta sesión se han dado los rasgos más relevantes de su semblanza biográfica.

Se hizo desde luego alusión a acciones trascendentes de su vida con importantes repercusiones en nuestra historia. Por nuestra parte intentaremos justipreciar su obra a la luz de los desafíos y las oportunidades del presente y futuro de la nación.

En don Benito Juárez encontramos al prócer que sintetiza el liberalismo integral con la mejor manera de defender a la soberanía nacional. Su obra es importante en la constitución de la nación y del Estado mexicano moderno. Sin liberalismo como filosofía política dominante, no era posible constituir el México republicano y federalista que se había delineado en la Constitución de 1824 y por el que habían soñado hombres como don Valentín Gómez Farías y José María Morelos

y Pavón, hombres como el insigne guanajuatense José María Luis Mora, entre otros.

Todos sabemos las enormes penurias que atravesó nuestro país en las primeras décadas de la vida independiente; la negociación de última hora entre los verdaderos insurgentes encabezados por Guerrero y los realistas encapuchados de fervor independentista representados por Iturbide, logró una independencia a medias.

La constitución de la nación mexicana por la que lucharon Hidalgo y Morelos estaba distante en las tres primeras décadas del México independiente. Los fueros clericales y militaristas sentaron sus reales en ese tiempo; en un contexto de inestabilidad política, la nación fue desmembrada por la invasión de los Estados Unidos de América.

La alta jerarquía eclesiástica, conservó muchos de sus privilegios coloniales y las corrientes conservadoras aliadas al clero, frenaban el progreso del país. La revolución de Ayutla y después la Constitución de 1857, complementaron aquella obra inconclusa, dejado por el modo como se conformó la joven nación independiente.

Se logró la separación del Estado y de la Iglesia; se dio la necesaria secularización que permitiría destrabar los obstáculos al desarrollo económico del país. Sólo el liberalismo podía permitir constituirnos como una nación moderna. La unidad nacional no podía desarrollarse si al mismo tiempo cogobernaban las rémoras de la denominación española.

Para ser independientes era indispensable apoyarse en el liberalismo político. Esto lo entendió claramente Juárez y los patricios de la reforma. El progreso económico requería de un contexto de libertades, éstas deberían expresarse en las reglas del pacto social y ser válidas por el propio Estado, su consecución implicó liquidar las raíces coloniales que subsistían. El liberalismo juarista, enfrentó tal desafío.

El progreso político, era impensable en un ambiente de sotanas y guerreras. Suprimir fueros era la primera condición para crear las bases de la modernidad; la igualdad jurídica de los individuos era nulificada por los fueros del clero y del ejército. El liberalismo juarista cumplió un papel relevante en la supresión de esos fueros.

Pero la obra del liberalismo mexicano se topó con enemigos domésticos y foráneos; después de derrotar al camaleón Santa Anna, tuvo que encarar a sus protegidos, el clero y el grupo de los conservadores. La eliminación de quién se hacía llamar su alteza serenísima, apenas representó una fase en la lucha contra las fuerzas conservadoras. Más adelante vino la contienda en la llamada Guerra de Tres Años, contra el partido de los conservadores y la alta jerarquía eclesiástica. Vencidos estos, recurrieron al príncipe rubio y barbado para que los auxiliara en sus propósitos ignominiosos. Sus anhelos quedaron derrotados en el Cerro de las Campanas, ahí en Querétaro.

Juárez es un ejemplo de cómo se impulsa la modernización política, de cómo ésta debe enfrentar en condición estratégica los riesgos, de que no hay modernización sin respeto a la soberanía, de que la modernización es contraria al desarrollo de privilegios de grupos, de que la modernización es ajena al desarrollo de plutocracias; en fin, de que no hay modernización sin república, sin democracia y sin libertades políticas.

Compañeras y compañeros legisladores, recordemos a Juárez actuando como él. Defendamos la soberanía, combatamos a los reaccionarios de hoy, luchemos contra todo tipo de privilegios, hagamos, en fin, realidad, el sueño del indígena oaxaqueño y del proyecto de Morelos expresado en Los Sentimientos de la Nación; que la reacción no avance para que triunfe el proyecto del liberalismo radical juarista. Muchas gracias.

ESTADO DE GUANAJUATO

El Presidente: -Señor diputado, no se retire de la tribuna, porque usted continúa en el uso de la palabra en el siguiente asunto, salvo que tenga que ir usted por algunos papeles a su curul, si no, le concedemos la palabra para el asunto al que usted se inscribió, de hechos ocurridos en el Estado de Guanajuato.

El diputado Israel González Arreguín: -Es indiscutible, compañeras y compañeros legisladores, que cuando los pueblos no alcanzan los gobiernos por los que lucharon, se presenta una serie de vicios y de situaciones que enferman el desarrollo de la actividad política y social.

Todos nosotros sabemos que el municipio es la organización política administrativa que sirve de base a la división territorial y organización política de los estados miembros de la Federación mexicana. Responde a la idea de organización comunitaria con Gobierno autónomo, por mandato constitucional y constituye la forma natural

de organización de la vida colectiva, capaz de asegurar bajo una forma democrática, el ejercicio de la soberanía popular.

Las facultades constitucionales y legales que determinan la autonomía municipal, son un reconocimiento a la capacidad de organización y encauzamiento de la política gubernativa que la sociedad despliega, de la más inmediata manifestación de soberanía; es decir, el municipio.

Aquí, en esta tribuna y en la de la Cámara de Diputados en particular, hemos visto desgarrarse las vestiduras a muchos legisladores panistas, en defensa de la autonomía de los municipios. Han hablado, han argüido, han argumentado de la necesidad de que el artículo 115 constitucional se aplique seria y fehacientemente en los municipios del país.

Nosotros sabemos, como ustedes, que corresponde a los municipios prestar una inmensa gama de servicios públicos entre los que se encuentran el de seguridad pública. Por ello los ayuntamientos en función de la situación de seguridad pública, prevaleciente en sus municipios y de sus necesidades y programas en la materia, están facultados para formar y mantener los cuerpos de seguridad pública y nombrar y remover al director de dichos cuerpos.

Solamente los ayuntamientos están en posibilidad de determinar las medidas necesarias que deben adoptarse para prestar un adecuado servicio de seguridad pública y solamente a los ayuntamientos compete, en ejercicio de su autonomía municipal, decidir acerca de todas las cuestiones relativas al servicio de la seguridad pública que prestan.

En el caso concreto del municipio de Guanajuato, no es una excepción a lo antes expuesto; en ejercicio de su autonomía municipal, corresponde al ayuntamiento de Guanajuato decidir plenamente respecto de todas y cada una de las cuestiones de seguridad pública municipal que presenten en su territorio.

Es el ayuntamiento de Guanajuato garante último de la seguridad pública en su circunscripción y, por consiguiente, corresponde sólo a él, en su ámbito soberano de competencia y en ejercicio de su autonomía municipal, determinar todo lo relativo a la representación de dicho servicio, incluyendo desde luego el nombramiento del director de seguridad pública municipal.

El 18 de febrero de 1993, el presidente municipal de Guanajuato, doctor Tomás Zavala Arredondo, solicitó al gobernador del Estado, ingeniero Carlos Medina Plascencia, que dejara sin efecto el nombramiento expedido a favor del señor Miguel Alberto Aguilar Camarillo, como director de seguridad pública del municipio de Guanajuato y se procediera a nombrar un nuevo titular de esa dependencia, de acuerdo a la plática que telefónicamente sostuvieron ambos ese día.

Aún cuando es facultad del ayuntamiento nombrar al director de seguridad pública municipal, por costumbre y atención política al gobernador, que reside habitualmente en el municipio de Guanajuato, se le solicitó que nombrara a un nuevo director de seguridad pública de entre tres propuestas que fueron realizadas por el presidente municipal a nombre del ayuntamiento, mismos que reúnen el perfil que se requiere para ocupar el puesto citado.

El primero de marzo de 1993, el gobernador del Estado, Carlos Medina Plascencia nombró al ciudadano Sebastián Barrera Lud, director de seguridad pública del municipio de Guanajuato, persona que no estaba incluida en la terna de propuestas del presidente municipal por no reunir el perfil requerido para el aludido cargo.

Ante esta decisión unilateral del gobernador, misma que constituye una violación a la autonomía municipal y evidencia una pobre disposición del gobernador al diálogo y a la conciliación, el ayuntamiento de Guanajuato celebró una sesión extraordinaria el 8 de marzo de 1993, en la que apoyaría 10 votos contra cinco, desconoció el nombramiento del director de seguridad pública municipal realizada por el gobernador y le solicitó que dejara sin efecto dicho nombramiento y propuso para ello un plazo de cinco días, determinando posteriormente y en ejercicio de sus facultades, proceder a hacer la designación del referido director en la persona que reúna el perfíl que se requiere para tan importante servicio público.

Ante la defensa del ayuntamiento de Guanajuato a la autonomía municipal, el gobernador pretende desviar la atención de su imposición y justificarla, señalando que enviará una iniciativa de reformas al artículo 77, fracción XIII, de la Constitución Política de Guanajuato y solicitará al Congreso del Estado que envíe al Congreso de la Unión una iniciativa de reformas al artículo 115, fracción VII de la Constitución Federal.

Sobre este particular es pertinente destacar que la pretendida reforma resulta innecesaria, toda vez que la lectura de los preceptos invocados se desprende claramente que el gobernador del

Estado de Guanajuato ejerce el mando de las fuerzas de seguridad pública en el municipio de Guanajuato, por conducto de la persona que designe el ayuntamiento El gobernador no puede argüir que sólo está aplicando estrictamente la Ley vigente, al hacer un nombramiento para el que no está facultado; lo que sucede es que el gobernador ha pretendido aplicar incorrectamente la Ley en su propio beneficio, abusando de una costumbre y atención políticas, que le corre el ayuntamiento, sin reparar en que dicha actitud afecta seriamente la autonomía municipal.

Es de vital importancia destacar que el nombramiento de los ayuntamientos hagan de su director de seguridad pública municipal, debe de recaer en personas con experiencia policiaca y/o preparación policiaca. No cualquiera puede ser policía ni mucho menos puede cualquiera dirigir un cuerpo de seguridad pública municipal.

Dentro del perfil que se requiere para dirigir un cuerpo de seguridad pública municipal, se encuentran, entre otras, las siguientes características: conocimiento de la población; actividades económicas y zonas criminógenas de la población; experiencia y preparación en la conducta que debe de seguirse ante situaciones que rompan el orden social y atenten contra la seguridad pública; preparación física y mental; disciplina; capacidad de trabajo en equipo y de mando.

El nombramiento que el gobernador hizo, el primero de marzo de 1993, del director de seguridad pública del municipio de Guanajuato, no reúne mínimamente las características que se requieren para desempeñar tan delicada responsabilidad.

La seguridad de los habitantes del municipio de Guanajuato, en su integridad física y la salvaguarda de su patrimonio, no pueden ni deben quedar en manos de la improvisación.

Los cargos de directores de seguridad pública deben siempre recaer en las personas con la experiencia y/o preparación mínimas necesarias, que garanticen la prestación de un adecuado servicio de seguridad pública.

La remoción de funcionarios en el transcurso de las administraciones, se hace necesaria, a modo de asegurar que los relevos le impriman un nuevo impulso y una mayor definición a la función pública.

Los ajustes y cambios en los equipos administrativos, redundan en la prestación de mejores servicios públicos. Cada etapa va requiriendo de elementos más preparados y cada cambio tiene como finalidad mejorar un servicio.

Si bien es cierto que el presidente Savala Arredondo, solicita por costumbre y atención política al gobernador la remoción del director de seguridad pública municipal, ello fue con la finalidad de mejorar el servicio, poniendo al frente de la citada dirección a una persona más capacitada en la materia y de mayor experiencia policiaca.

Pero el nombramiento del ciudadano Sebastián Barrera Lud, lejos de apuntalar esta política municipal, la obstaculiza y destruye. Este cambio, precisamente por no haber considerado las propuestas municipales, lejos de fortalecer la política de seguridad pública municipal, echará abajo lo logrado y acarreará los problemas propios de la inexperiencia.

Por otro lado, el sostenimiento de la dirección seguridad pública compete al presupuesto del ayuntamiento de Guanajuato y no al Gobierno del Estado, por lo que corresponde al ayuntamiento de Guanajuato nombrar al director de seguridad pública, en la persona que reúne el perfil que se requiere para ocupar tal cargo. Dicho perfil está en función de la situación de seguridad pública prevaleciente en el municipio de Guanajuato y de los programas y acciones que en materia de seguridad se han trazado.

Sin embargo, muchos de ustedes dirán: es una situación exclusiva de un municipio. Lo importante, compañeras diputadas y compañeros diputados, compañeros senadores, es que se está violando, se está violando la Ley con el nombramiento del director de seguridad por parte del gobernador del Estado de Guanajuato, en forma arbitraria. Muchas gracias.

El Presidente: -Para este mismo asunto, ha solicitado la palabra el compañero Victor Martín Orduña, del Partido Acción Nacional.

El diputado Víctor Martín Orduña Muñoz: -Señor Presidente; señoras y señores legisladores:

Tan sólo para hacer una precisión, no pensábamos subir, pero no puede pasarse por alto el hecho de que aquí el diputado Israel González Arreguín mencione e impute que el gobernador de Guanajuato está violando la autonomía municipal. No es cierto esto, diputado y me da pena que no haya usted leído con claridad la carta que manda el presidente municipal de Guanajuato al señor gobernador, la leyó usted parcialmente y las lecturas parciales mienten, son mentirosas.

Pero quiero decirle a usted que el texto es el siguiente, dice: "Me permito solicitarle que de

acuerdo a las facultades que le otorga la Constitución Política del Estado, se sirva dejar sin efecto el nombramiento expedido por usted en favor del señor Miguel Alberto Aguilar Carrillo, como director de seguridad pública municipal".

No estamos aquí viendo si tiene o no facultades. El problema es que para usted el nombramiento recaído en favor del nuevo director de seguridad pública no es lo idóneo. Bueno, así lo decidieron, así lo decidió el gobernador del Estado, de las ternas que le fueron presentadas, consideró que era la persona idónea, consideró que lo otros propuestos no reunían los requisitos para ser directores de seguridad pública del Estado y por ello lo hizo.

Así es que rechazamos terminantemente que haya alguna violación a la autonomía municipal. No, no diga usted esas cosas, que no son ciertas, no tiene veracidad. Eso es todo, Señor presidente, gracias por su atención.

El Presidente: -Gracias diputado. Bueno, continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.

ORDEN DEL DÍA

El secretario diputado Juan Luis Calderón Hinojosa: - Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

El Presidente: -Señor Secretario: Puede molestarse, pero no se está atendiendo a la lectura del orden del día. ¡Orden y compostura aquí!

«Comisión Permanente.- Primer Receso.- Segundo Año.- LV Legislatura.

Orden del Día

24 de marzo de 1993.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicación del Congreso del Estado de Hidalgo.

Dictámenes de primera lectura

De la primera Comisión, con punto de acuerdo, relativo a la solicitud de pensión de la señora Socorro Díaz del Castillo viuda de Rocha.

De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Rafael Rodríguez Barrera, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México, ante el Gobierno del Estado de Israel.

De la segunda Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Manuel Uribe Castañeda, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México, ante el Gobierno de la República de Corea.

Cuarto, de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados a los ciudadanos Miguel Escamilla Núñez, Jorge Isaac Jiménez García, Ernesto Arcos Oropeza y Rafael Roberto García y Silva.

De la Primera Comisión, relativo a la solicitud de permiso del ciudadano Eduardo Antonio Vega Alarid, para que pueda prestar servicios como especialista en información, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

De la Primera Comisión, relativo a la solicitud de permiso de las ciudadanas Lydia Castro Haro, Eloísa Riquelme Olmedo y Silvia Treviño Montemayor, para que puedan prestar servicios en la Embajada Británica, en México.

De la Primera Comisión, relativo a la solicitud de permiso de las ciudadanas Guadalupe Duarte Granados y Verónica Holguín Mora, para que puedan prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México y en su Consulado General, en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.

Dictámenes a discusión.

Nueve, de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados a los ciudadanos Mario Renán Castillo Fernández, Mauro Enrique Tello Quiñones, Jorge García Arredondo, Humberto Alfonso Guillermo Aguilar, Mario Fuentes Juárez, Ernesto Cruz Belmont, Humberto Bravo Sánchez, Víctor Manuel Martín Fernández y Antonio Tortajada Morán.

Intervención del diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, para referirse a la política económica que viene aplicando el Gobierno de la República.

Intervención del diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, para referirse a la situación en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»

El Presidente (a las 22.02 horas): -Gracias, señor Secretario. Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo miércoles 24 de marzo a las 11.00 horas. ¡Gracias, señores!

APENDICE

APÉNDICE 1

«Ciudadano Presidente:

En términos del Reglamento en vigor, me permito solicitar a usted se sirva formular una excitativa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la honorable Cámara de Diputados, con el fin de que se aboquen al análisis y dictamen de la Iniciativa de Reformas a la Ley Federal del Trabajo, a su artículo 74, presentada por la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista el 18 de marzo de 1992.

17 de marzo de 1993 »

NOTAS

Siglas y abreviaturas incluidas en esta edición:

PRD Partido de la Revolución Democrática

PARM Partido Auténtico de la Revolución Mexicana

PPS Partido Popular Socialista

PRI Partido Revolucionario Institucional

PEMEX Petróleos Mexicanos

CTM Confederación de Trabajadores de México

IFE Instituto Federal Electoral

FAO Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

UNORCA Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas

COFIPE Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

PAN Partido Acción Nacional

DF Distrito Federal

SEMIP Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal

INEGI Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática