Legislatura LV - Año II - Período Comisión Permanente - Fecha 19930324 - Número de Diario 14
(L55A2PcpN014F19930324.xml)Núm. Diario: 14ENCABEZADO
LV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE
Diputado Fernando Ortiz Arana
PALACIO LEGISLATIVO
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Héctor de Antuñano y Lora
AÑO II México, DF, miércoles 24 de marzo de 1993 No. 14
SUMARIO
ASISTENCIA
APERTURA
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
COMUNICACIONES
Del Congreso del Estado de Hidalgo. De enterado.
OFICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
Por el que se comunica que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, nombró al ciudadano Gustavo Iruegas Evaristo, como cónsul general de México en San Antonio, Texas, Estados Unidos de América. Se turna a la Segunda Comisión.
Por el que se comunica que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, nombró al ciudadano Dante Alfonso Delgado Rannauro,
embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Gobierno de la República de Italia. Se turna a la Segunda Comisión.
Con el que remite el dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con la solicitud de pensión de la señora Consuelo Martínez Báez viuda de Castellanos. Se turna a la Primera Comisión.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere la República Oriental de Uruguay
Se aprueba el proyecto de decreto. Comuníquese al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Gabriel Santoyo Calderón, pueda prestar sus servicios en la Embajada Real de Dinamarca en México. Se turna a la Primera Comisión.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Rafael Rodríguez Barrera, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Gobierno del Estado de Israel.
Se dispensa la segunda lectura y se somete a discusión de inmediato.
Intervienen los legisladores:
Porfirio Muñoz Ledo
Rodolfo Becerril Straffon
Porfirio Muñoz Ledo, para contestar alusiones personales.
Rodolfo Becerril Straffon, para rectificar hechos.
Se aprueba. Se turna al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Toma de protesta
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Manuel Uribe Castañeda, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Gobierno de la República de Corea.
Se aprueba. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Toma de protesta.
SOLICITUD DE PENSIÓN
De la Primera Comisión, con proyecto de punto de acuerdo relativo a la solicitud de pensión de la señora Socorro Díaz del Castillo viuda de Rocha. Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
Cuatro, de la Segunda Comisión, por los que se ratifican los grados militares a los ciudadanos: Miguel Escamilla Núñez, Jorge Isaac Jiménez García, Ernesto Arcos Oropeza y Rafael Roberto García Silva. Son de primera lectura.
Tres, de la Primera Comisión, con proyectos de decreto por los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos:
Eduardo Antonio Vega Alarid, pueda prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México;
Lydia Castro Haro, Eloísa Riquelme Olmedo y Silvia Treviño Montemayor puedan prestar sus servicios en la Embajada Británica en México;
Guadalupe Duarte Granados y Verónica Holguín Mora, puedan prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en el Consulado General de ese país en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
Nueve, dictámenes de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican los grados militares a los ciudadanos: Mario Renán Castillo Fernández, Mauro Enrique Tello Quiñones, Jorge García Arredondo, Humberto Alfonso Guillermo Aguilar, Mario Fuentes Juárez, Ernesto Cruz Belmont, Humberto Bravo Sánchez, Víctor Manuel Martín Fernández y Antonio Tortajada Morán. Se turnan al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
DESECHOS TÓXICOS
Sobre su internación en el territorio nacional, hacen uso de la palabra los legisladores:
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, quien presenta un punto de acuerdo.
Diego Fernández de Cevallos Ramos
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, para contestar alusiones personales.
Diego Fernández de Cevallos Ramos, para contestar alusiones personales.
Manuel Díaz Infante, quien presenta una declaración política.
Miguel Angel León Corrales
Israel González Arreguín
Carlos Enrique Cantú Rosas
El punto de acuerdo presentado por el diputado Amezcua Dromundo, se turna a las comisiones de Ecología y Medio Ambiente y de Ciencia y Tecnología.
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Para referirse a la situación salarial en dicha casa de estudios, solicitan el uso de la palabra los legisladores:
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, quien presenta un punto de acuerdo.
Carlos Enrique Cantú Rosas
Jorge Alfonso Calderón Salazar, da lectura a un documento.
Israel González Arreguín
Rodolfo Becerril Straffon
Juan de Dios Castro Lozano
Porfirio Muñoz Ledo
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, intervienen los legisladores:
Juan de Dios Castro Lozano
Blanca Ruth Esponda Espinosa
Jorge Alfonso Calderón Salazar
Israel González Arreguín
Carlos Enrique Cantú Rosas
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo
Diego Fernández de Cevallos Ramos
Se turna el punto de acuerdo presentado por el diputado Amezcua Dromundo, a las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y a la de Educación.
PENA DE MUERTE
Para referirse a la sentencia dictada contra connacionales en el extranjero, hacen uso de la palabra los legisladores:
Miguel Angel León Corrales, presenta un punto de acuerdo
Blanca Ruth Esponda Espinosa
Víctor Martín Orduña Muñoz
FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLÍTICOS
Se concede el uso de la palabra a los legisladores:
Miguel Angel León Corrales
Carlos Enrique Cantú Rosas.
Amador Rodríguez Lozano
Miguel Angel León Corrales
Amador Rodríguez Lozano, para contestar alusiones personales.
Porfirio Muñoz Ledo, para rectificar hechos.
Efraín Zúñiga Galeana, para rectificar hechos.
Miguel Angel León Corrales, para rectificar hechos.
POLÍTICA ECONÓMICA
Sobre el tema intervienen los legisladores:
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, presenta punto de acuerdo.
Israel González Arreguín
Jorge Alfonso Calderón Salazar
Carlos Sales Gutiérrez
Jorge Alfonso Calderón Salazar
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo
Se desecha el punto de acuerdo del diputado Amezcua Dromundo.
ESTADO DE ZACATECAS
Para referirse a la situación laboral de los mineros en Macocozac, hace uso de la palabra el diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.
REPÚBLICA DE CUBA
Hace uso de la palabra el diputado Rodolfo Becerril Straffon, quien presenta una declaración de solidaridad. Se da por presentada.
NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Toma la palabra el diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, quien presenta un memorial de particulares que se refiere a familias de la ciudad de Nuevo Laredo supuestamente lesionadas por actos expropiatorios. Se turna a la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas de la Cámara de Diputados.
ESTADO DE TABASCO
Memorial de particulares referente a problemas salariales en ese Estado. Se turna a las comisiones de Información, Gestoría y Quejas y a la de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
APÉNDICES
DEBATE
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO FERNANDO ORTIZ ARANA
ASISTENCIA
El Presidente: - Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia de legisladores miembros de la honorable Comisión Permanente y se ruega a los legisladores pasen a ocupar sus curules para que estemos en condiciones de iniciar la sesión de este día.
El secretario diputado Rodolfo Becerril Straffon: - Se va a proceder, por instrucciones de la Presidencia, a pasar lista de asistencia de los miembros de la Comisión Permanente.
Hay una asistencia de 33 representantes. Hay quórum, señor Presidente.
APERTURA
El Presidente (a las 11.30 horas): - En consecuencia se abre la sesión. Ruego a la Secretaría dar lectura al orden del día para esta sesión, señor Secretario.
ORDEN DEL DÍA
El secretario diputado Rodolfo Becerril Straffon: - Se va a dar lectura al orden del día.
«Comisión Permanente. - Primer Receso. - Segundo Año. - LV Legislatura.
Orden del día
24 de marzo de 1993.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación del Congreso del Estado de Hidalgo.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Por el que se comunica que el Presidente de la República, nombró al ciudadano Gustavo Iruegas Evaristo, Cónsul General de México en San Diego, California, Estados Unidos de América.
Por el que se comunica que el Presidente de la República, nombró al ciudadano Dante Alfonso Delgado Rannauro, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México, ante el Gobierno de la República de Italia.
Con el que se remite el dictamen de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación a la solicitud de pensión de la señora Consuelo Martínez Báez viuda de Castellano.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el licenciado Carlos Salinas de Gortari, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar la Condecoración República Oriental del Uruguay, que le confiere ese país, con motivo de la visita del Presidente de Uruguay a México.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Gabriel Santoyo Calderón, pueda prestar servicios en la Embajada Real de Dinamarca, en México.
Dictámenes de primera lectura
De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Rafael Rodríguez Barrera, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México, ante el Gobierno del Estado de Israel.
De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Manuel Uribe Castañeda, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México, ante el Gobierno de la República de Corea.
De la Primera Comisión, con punto de acuerdo, relativo a la solicitud de pensión de la señora Socorro Díaz del Castillo viuda de Rocha.
Cuatro, de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados a los ciudadanos Miguel Escamilla Núñez, Jorge Isaac Jiménez García, Ernesto Arcos Oropeza y Rafael Roberto García y Silva.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Eduardo Antonio Vega Alarid, para prestar servicios como especialista en información, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a las ciudadanas Lydia Castro Haro, Eloísa Riquelme Olmedo y Silvia Treviño Montemayor, para prestar servicios en la Embajada Británica, en México.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a las ciudadanas
Guadalupe Duarte Granados y Verónica Holguín Mora, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México y en su Consulado General, en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.
Dictámenes a discusión
Nueve, de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados a los ciudadanos Mario Renán Castillo Fernández, Mauro Enrique Tello Quiñones, Jorge García Arredondo, Humberto Alfonso Guillermo Aguilar, Mario Fuentes Juárez, Ernesto Cruz Belmont, Humberto Bravo Sánchez, Víctor Manuel Martín Fernández y Antonio Tortajada Morán.
Comentarios del diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, sobre los hechos ocurridos en San Luis Potosí.
Intervención del diputado Manuel Díaz Infante, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una declaración política sobre la supuesta internación de desechos tóxicos en nuestro país.
Intervención del diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, para referirse a la situación salarial en la Universidad Autónoma de México.
Intervención del diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para referirse a la situación salarial en la Universidad Autónoma de México.
Intervención del diputado Jorge Calderón Salazar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse a la situación salarial en la Universidad Autónoma de México.
Intervención del diputado Israel González Arreguín, del grupo parlamentario del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, para referirse a la situación salarial en la Universidad Autónoma de México.
Intervención del diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, para referirse a la política económica que viene aplicando el gobierno de la República.
Intervención del senador Manuel Aguilera Gómez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse al plebiscito celebrado en la ciudad de México el 21 de marzo.
Intervención del senador Porfirio Muñoz Ledo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el cambio democrático en México Intervención del diputado Miguel Angel León Corrales, para referirse al financiamiento que recibe el Partido de la Revolución Democrática.
Intervención del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para proponer un punto de acuerdo sobre la sentencia de muerte para algunos connacionales en el extranjero.
Intervención del diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, para referirse a la situación laboral de los mineros de Macocozac, Zacatecas.
Intervención del diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, para comentar la comunicación del gobierno norteamericano, relacionada con la detención ilegal de connacionales en nuestro país.
Intervención del diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, para hacer una efemérides sobre el LXXX aniversario del Plan de Guadalupe.
Intervención del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse a la situación de los trabajadores de Tabamex, en el Estado de Nayarit.
Intervención del diputado Rodolfo Becerril Straffon, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una declaración de solidaridad con el pueblo y gobierno cubanos.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El Presidente: - Antes de continuar con los puntos del orden del día es conveniente que desahoguemos lo referente al acta de la sesión anterior. En consecuencia y en virtud de que el acta ha sido distribuida a todos los grupos parlamentarios, ruego al secretario consulte en votación
económica si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior.
El secretario diputado Rodolfo Becerril Straffon: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura, señor Presidente.
«Acta de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el día diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y tres, correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.
Presidencia del diputado
Fernando Ortiz Arana
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las once horas con treinta y dos minutos del día diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y tres, con una asistencia de treinta legisladores, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y la Asamblea dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, misma que sin discusión, se aprueba en sus términos en votación económica.
El Presidente informa del fallecimiento del diputado José Guillermo Orendáin Guerrero y a solicitud suya se guarda un minuto de silencio.
La Secretaría da lectura a la solicitud de licencia del senador Roberto Robles Garnica. De enterado.
Una invitación del Departamento del Distrito Federal, al acto cívico conmemorativo del centésimo octagésimo séptimo aniversario del natalicio del licenciado Benito Juárez García. Se designa comisión para representar a la Comisión Permanente.
Se da cuenta de sendas comunicaciones de los congresos de los estados de Michoacán y Tamaulipas, por las que informan de actividades propias de sus legislaturas. De enterado.
La Secretaría da cuenta con los siguientes oficios de la Secretaría de Gobernación: Con el que se remite el dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la solicitud de pensión de la señora Socorro Díaz del Castillo viuda de Rocha. Se turna a la Primera Comisión; por el que se comunica que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, nombró al ciudadano Rafael Rodríguez Barrera, embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Gobierno del Estado de Israel. Se turna a la Segunda Comisión; tres por los que se solicitan los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Eduardo Antonio Vega Alarid, Guadalupe Duarte Granados y Verónica Olguín Mora, puedan prestar sus servicios en diversas oficinas de la Embajada de los Estados Unidos de América en México y Lydia Castro Haro, pueda prestar sus servicios en la Embajada Británica en México. Se turnan a la Primera Comisión y seis con los que se remiten las hojas de servicios de un número igual de ciudadanos mexicanos, para los efectos de la fracción séptima del artículo setenta y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnan a la Segunda Comisión.
Se da primera lectura a cuatro dictámenes de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo relativos a los nombramientos de los ciudadanos Bulmaro Andrés Pacheco Moreno, como cónsul general de México en Miami, Florida; Teodoro Maus y Reisbaum, como cónsul general de México en Atlanta, Georgia; Eduardo Cayetano, García Puebla, como cónsul general de México en Dallas, Texas y Enrique Manuel Loeza Tovar, como cónsul general de México, en Los Angeles, California, todos en los Estados Unidos de América.
A cada uno de esos dictámenes se les dispensa la segunda lectura y sin discusión se aprueban. Pasan al Ejecutivo Federal, para sus efectos constitucionales.
El Presidente informa de la presencia de los ciudadanos Pacheco Moreno, Maus y Reisbaum, García Puebla y Loeza Tovar en el recinto, nombra sendas comisiones para introducirlos en el salón de sesiones y acompañarlos en los actos de rendir, cada uno de ellos, su protesta de Ley, en ceremonias separadas. Terminados los actos protocolarios, los nuevos cónsules de México, abandonan el salón y las comisiones de cortesía los acompañan hasta las puertas del recinto.
También se da primera lectura a nueve dictámenes de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican los grados militares a un número igual de ciudadanos mexicanos.
Se someten a discusión y sin ella se aprueban y pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales, ocho dictámenes de la Segunda Comisión por los que se ratifican los grados militares a los ciudadanos Gastón Menchaca Arias, Basilio Pérez Casanova, José Rubén Rivas Peña, José Alvaro Vallarta Ceceña, Fausto Manuel Zamorano Esparza, Luis Humberto López Portillo, Jesús Eduardo Beltrán Guerra y Enrique Chávez Chiquillo.
La Secretaría da cuenta con un dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Cristina Martínez Castellanos, Italo Francisco di Lorenzo y Luis Jaime Morales Aguilar, puedan prestar sus servicios en la Delegación de las Comunidades Europeas en México. Sin discusión se aprueba y pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Se da cuenta con una comunicación del diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista, por la que a nombre de trabajadores del Instituto Mexicano del Café, solicita información de la Comisión de Información, Gestoría y Quejas. Se turna a la misma comisión.
Para expresar sus opiniones sobre el llamado plebiscito en el Distrito Federal, hacen uso de la palabra los legisladores Porfirio Muñoz Ledo, del Partido de la Revolución Democrática; Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista; Manuel Aguilera Gómez, del Partido Revolucionario Institucional; Carlos Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y Fernando Lerdo de Tejada, del Partido Revolucionario Institucional.
Presidencia del diputado
José Antonio González Fernández
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, sobre el mismo tema, hacen uso de la palabra los legisladores Carlos Enrique Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática; Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista, en dos ocasiones; Amador Rodríguez Lozano, del Partido Revolucionario Institucional; Porfirio Muñoz Ledo, del Partido de la Revolución Democrática, quien acepta una interpelación del diputado Rodríguez Lozano y Manuel Aguilera Gómez, del Partido Revolucionario Institucional.
Presidencia del diputado
Fernando Ortiz Arana
Solicita y se les concede el uso de la palabra, para referirse al quincuagésimo quinto aniversario de la Expropiación Petrolera, los legisladores Fernando Lerdo de Tejada, del Partido Revolucionario Institucional; Carlos Enrique Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, quien solicita excitativa a la Comisión de Energéticos y propone un punto de acuerdo; Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista, quien solicita una excitativa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social y presenta una declaración política, firmada por los partidos Auténtico de la Revolución Mexicana, de la Revolución Democrática y Popular Socialista y Gustavo Salinas Iñiguez, del Partido Revolucionario Institucional.
Presidencia del diputado
José Antonio González Fernández
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, respecto del mismo tema, hacen uso de la palabra los legisladores Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática Israel González Arreguín, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Blanca Esponda Espinosa, del Partido Revolucionario Institucional; Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática y Carlos Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
Presidencia del diputado
Fernando Ortiz Arana
El Presidente ordena que se de seguimiento a las excitativas realizadas por los legisladores Calderón Salazar y Amezcua Dromundo y turna el punto de acuerdo propuesto y la declaración política, a la Comisión de Energéticos y de Trabajo y Previsión Social.
Presidencia del diputado
José Antonio González Fernández
Para expresar sus opiniones respecto a la reforma política, hacen uso de la palabra los legisladores Miguel León Corrales, del Partido de la Revolución Democrática; Diego Fernández de Cevallos, del Partido Acción Nacional; Amador Rodríguez Lozano, del Partido Revolucionario Institucional; Diego Fernández de Cevallos, del Partido Acción Nacional, para contestar alusiones personales; Miguel León Corrales, del Partido
de la Revolución Democrática, para rectificar hechos y acepta una interpelación del diputado Rodríguez Lozano; Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista, para rectificar hechos; Carlos Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para rectificar hechos y Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, en el mismo sentido.
Presidencia del diputado
Fernando Ortiz Arana
Para referirse a hechos ocurridos en el municipio de Coxcatlán, Puebla, hacen uso de la palabra los legisladores Angel Sergio Guerrero Mier, del Partido Revolucionario Institucional, quien presenta una declaración política y Miguel León Corrales, del Partido de la Revolución Democrática, quien formula un pronunciamiento. Se tiene por formulados ambos documentos.
Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura a un oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que informa que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, nombró al ciudadano Manuel Uribe Castañeda, embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Gobierno de la República de Corea. Se turna a la Segunda Comisión.
Para denunciar hechos en el Estado de Guerrero, se concede el uso de la palabra al diputado Efraín Zúñiga Galeana, del Partido Revolucionario Institucional y para hablar sobre el mismo asunto, al diputado Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática.
Para referirse al aniversario del natalicio del Presidente Benito Juárez García, hacen uso de la palabra los legisladores Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista; Jorge Lepe García, del Partido Revolucionario Institucional e Israel González Arreguín, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El Presidente concede el uso de la palabra a los legisladores Israel González Arreguín, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y Víctor Orduña Muñoz, del Partido Acción Nacional, quienes se refieren a hechos en el Estado de Guanajuato.
Agotados los asuntos en cartera y no habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausurar la de hoy a las veintidós horas con un minuto, citando para la que tendrá lugar el próximo miércoles veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y tres, a las once horas.»
El Presidente: - En consecuencia, proceda y ruego a la Secretaría así se conduzca consultar a los señores legisladores si se aprueba el acta de la sesión anterior.
El secretario diputado Rodolfo Becerril Straffon: - Está a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior.
¿Hay algún legislador que desee hacer observaciones a la misma?...
Se consulta en consecuencia a la Asamblea en votación económica si se aprueba
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada el acta, señor Presidente.
El Presidente: - Continúe con el desahogo de los siguientes puntos contenidos en el orden del día, señor secretario.
COMUNICACIONES
El secretario senador Ramón Serrano Ahumada:
«Escudo del Estado de Hidalgo. - Poder Legislativo.
Ciudadano Presidente de la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión. - México, D.F.
En debido cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 19, 21 y 24 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito el honor de comunicar a usted (s) que el día de hoy se dio apertura al primer período extraordinario de sesiones, correspondiente al Segundo Receso del Tercer año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del honorable Congreso Constitucional del Estado de Hidalgo, el cual será clausurado hasta haberse diligenciado en su totalidad los asuntos contenidos en el acuerdo respectivo.
Para tal efecto, se eligió la mesa directiva que presidirá los trabajos, quedando integrada de la siguiente forma:
Diputados: Romeo Pérez Martínez, Presidente; María Guadalupe Silva de Paz, vice - presidente; J. Guadalupe Salinas Pérez, secretario propietario; Arturo Godínez Hernández, secretario propietario; Jaime Medina Medina, secretario suplente; Genaro Hernández Villegas, secretario suplente.
Agradeciendo de antemano se sirva (n) tomar nota de lo anterior, aprovecho la oportunidad para reiterarle (s) las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Pachuca, Hidalgo, 5 de febrero de 1993. - El Oficial Mayor del honorable Congreso Constitucional, licenciado Rodolfo Miranda Enríquez.»
De enterado.
«Escudo del Estado de Hidalgo. - Poder Legislativo.
Ciudadano Presidente de la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión. - México, D.F.
En debido cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 19 y 24 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y para su conocimiento y efectos consiguientes me permito el honor de comunicar a usted (es) que la Quincuagésima Cuarta Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, clausuró el día de hoy, el primer período extraordinario de sesiones correspondiente al segundo receso del tercer año de ejercicio constitucional, al haberse diligenciado en su totalidad los asuntos contenidos en el acuerdo respectivo.
Al rogar a usted (es) tenga (n) a bien acusar el correspondiente recibo, aprovecho la oportunidad para reitérale (s) las seguridades de nuestra más alta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Pachuca, Hidalgo, 17 de febrero de 1993. - El Oficial Mayor del honorable Congreso Constitucional, licenciado Rodolfo Miranda Enríquez.»
De enterado.
OFICIOS DE LA SECRETARIA
DE GOBERNACIÓN
NOMBRAMIENTOS
El secretario senador Ramón Serrano Ahumada:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores, dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 11 del actual, enviándoles además con el presente los anexos que en el mismo se citan:
En uso de las facultades que le concede el artículo 89 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el ciudadano Presidente de la República, ha tenido a bien nombrar al ciudadano Gustavo Iruegas Evaristo, cónsul general de México, en San Diego, California, E.U.A.: En consecuencia, he de agradecer a usted se sirva solicitar en los términos de la fracción VII del artículo 79 constitucional, la ratificación de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión para este nombramiento. Con este fin le envío adjuntos los datos biográficos del interesado."
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 15 de marzo de 1993. - El secretario, José Patrocinio González Blanco Garrido.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
Con fecha de hoy, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a ésta de Gobernación lo siguiente:
"En uso de las facultades que le concede el artículo 89 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el ciudadano Presidente de la República ha tenido a bien nombrar al ciudadano Dante Alfonso Delgado Rannauro, embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Gobierno de la República de Italia. En consecuencia, he de agradecer a usted se sirva solicitar en los términos de la fracción VII del artículo 79 constitucional la ratificación de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión para este nombramiento. Con este fin le envío adjuntos los datos biográficos del interesado."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, enviándoles con el presente los anexos que en el mismo se mencionan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México. Distrito Federal, 24 de marzo de 1993. - El secretario, José Patrocinio González Blanco Garrido."
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
SOLICITUD DE PENSIÓN
El secretario senador Ramón Serrano Ahumada:
«Escudo Nacional - Estados Unidos Mexicanos - Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
Por instrucciones del ciudadano Presidente de la República y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4o., y 7o., párrafos segundo y cuarto del decreto que establece las causas de retiro forzoso o voluntario de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con la solicitud de la señora Consuelo Martínez Báez viuda de Castellano, de reconocimiento del derecho a la pensión que le corresponde como cónyugue superstite del ministro Raúl Castellano Jiménez.
Con el presente envío a ustedes para los fines legales procedentes, el original del dictamen que formulan los ministros integrantes de la Comisión de Retiros y Pensiones.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 22 de marzo de 1993. - El secretario, José Patrocinio González Blanco Garrido.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
CONDECORACIÓN
El Presidente: - Gracias, señor secretario.
Esta Presidencia va a dar cuenta con un oficio suscrito por el secretario de Gobernación, que al texto dice lo siguiente:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
A continuación transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 16 del presente.
"Mucho agradeceré a usted girar sus apreciables instrucciones a fin de que se solicite a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere a la fracción III, apartado B, del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que el ciudadano licenciado Carlos Salinas de Gortari, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; pueda aceptar y usar la Condecoración República Oriental del Uruguay, que le confiere este país, en ocasión de la próxima visita de Estado que efectuará a México, el excelentísimo señor doctor Luis Alberto Lacalle Herrera, Presidente de esa Nación. Agradeceré que el permiso correspondiente se tramite con carácter de urgente."
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 18 de marzo de 1993. - El secretario, Patrocinio González Blanco Garrido.»
Pido a la Secretaría que con fundamento en lo previsto en los artículos 59 y 60 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General, consulte en votación económica a los legisladores si se dispensan todos los trámites y se somete a discusión y votación de inmediato este asunto.
El secretario senador Ramón Serrano Ahumada: - Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le dispensan todos los trámites y se somete a discusión y votación de inmediato.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensan todos los trámites, señor Presidente.
El Presidente: - Gracias, señor Secretario.
En consecuencia, señoras y señores legisladores, está a discusión el siguiente proyecto de decreto.
Artículo único. Se concede permiso al licenciado Carlos Salinas de Gortari, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración República Oriental del Uruguay, que le confiere el gobierno de ese país.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, proceda la Secretaría a recoger la votación económica de este proyecto.
El secretario senador Ramón Serrano Ahumada: En votación económica se pregunta a los legisladores si se aprueba.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El Presidente: - Continúe, señor Secretario con los demás puntos contenidos en la agenda de esta reunión.
PRESTACIÓN DE SERVICIO
El secretario senador Ramón Serrano Ahumada:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
En oficio fechado el día 3 del actual, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:
"Informo a usted que la Embajada Real de Dinamarca solicita a esta Cancillería la autorización correspondiente, para que el ciudadano, mexicano Gabriel Santoyo Calderón pueda prestar sus servicios en la citada Misión Diplomática. Se anexa solicitud formal, copia certificada del acta de nacimiento y dos fotografías del señor Santoyo. Sobre el particular, la Secretaría de Relaciones Exteriores solicita a esa dirección a su digno cargo, de no haber inconveniente, realice las gestiones necesarias ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión a fin de dar curso a la solicitud planteada."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, enviándoles con el presente los anexos que en el mismo se mencionan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 15 de marzo de 1993. - El secretario, José Patrocinio González Blanco Garrido.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
NOMBRAMIENTOS
El secretario senador Ramón Serrano Ahumada:
«Segunda Comisión
Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe fue para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente integrado al nombramiento que el ciudadano Presidente de la República hace en favor del licenciado Rafael Rodríguez Barrera, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Gobierno del Estado de Israel, enviado a esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la fracción XVI del artículo 89 de la propia Carta Magna.
Después de haber analizado el nombramiento en cuestión y los documentos que integran el expediente respectivo, esta Comisión desea señalar que de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento presentada por el nombrado, consta que el licenciado Rafael Rodríguez Barrera, nació en la ciudad de Campeche, Estado de Campeche, el primero de febrero de mil novecientos treinta y siete. En tal virtud, reúne los requisitos de nacionalidad por nacimiento y edad mínima que se requieren para desempeñar el cargo para el que ha sido designado. A su vez, se encuentra en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
En su curriculum vitae se establece que obtuvo el título de licenciado en Derecho en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Campeche.
La Comisión que dictamina desea mencionar que el licenciado Rodríguez Barrera en el desarrollo de su actividad profesional, se desempeñó como abogado asesor de la cooperativa "Pulperos de la Sonda de Campeche"; del Banco nacional de Crédito Agrícola en su entidad natal; y de la Delegación en Campeche de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera, misma en la que fue gerente, de 1966 a 1967. Además, obtuvo la patente de Notario Público.
Es importante señalar que el licenciado Rodríguez Barrera cuenta con una amplia experiencia en la Administración Pública Federal y Estatal. En tal virtud, ha ocupado los siguientes cargos: auxiliar en el juzgado de lo penal del Estado de Campeche, de 1957 a 1958; secretario del ayuntamiento del Estado de Campeche, de 1959 a 1961; director de Seguridad Pública y Tránsito en su entidad natal, de 1961 a 1962; Presidente del honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Campeche de 1965 a 1966; secretario general de Gobierno del Estado de Campeche, de 1968 a 1970; en la Secretaría de la Reforma Agraria, fue subsecretario de Organización Agraria, de 1981 a 1982; subsecretario de Asuntos Agrarios, de 1982 a 1986; y titular de esa dependencia de 1986 a 1988.
Los miembros de la Comisión Dictaminadora consideramos conveniente mencionar que el embajador nombrado ha sido electo para desempeñar cargos de elección popular. En este sentido, fue diputado local por el primer distrito del Estado de Campeche, de 1962 a 1964, fue diputado federal a la XLVIII Legislatura del Congreso de la Unión; y gobernador constitucional del Estado de Campeche.
Por otra parte, es del conocimiento público y de la Comisión que suscribe, que el licenciado Rodríguez Barrera es miembro del Partido Revolucionario Institucional desde hace varios años. En tal virtud, ha ocupado diversos cargos en su Comité Ejecutivo Nacional y en el Comité Directivo Estatal de su entidad natal.
En acatamiento de acuerdo tomado por la honorable Cámara de Senadores el 22 de diciembre de 1982 y continuado por la Comisión Permanente para la elaboración de dictámenes referentes a ratificaciones de nombramientos diplomáticos, la Comisión que suscribe citó al licenciado Rodríguez Barrera a una reunión en donde se conversó sobre la política exterior de nuestro país, la circunstancia internacional en que se desenvuelve y, en forma especial, el estado que en la actualidad guarda la relación de México con el Gobierno del Estado de Israel.
Dicha reunión tuvo verificativo el día de hoy y en la misma los legisladores que integramos la Comisión que dictamina, dialogamos ampliamente sobre los citados temas con el embajador nombrado, pudiendo comprobar por este medio el grado de experiencia y preparación que posee. De igual forma quedó de manifiesto su vocación y voluntad de servicio a la República.
En dicha entrevista, el embajador designado demostró su conocimiento sobre la realidad política, económica, social y cultural del Estado de Israel, así como del momento actual y perspectivas de la relación bilateral mexicano - israelí. A su vez, expuso con solvencia diversos puntos de vista y opiniones que reflejan tanto su nivel de información, como una firme convicción en los principios que rigen la política exterior de nuestra patria.
Con base en el expediente mencionado y la entrevista referida, los legisladores miembros de la Comisión que suscribe hemos podido constatar que el licenciado Rodríguez Barrera, posee los requisitos ordenados por el artículo 23 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano para ser designado Embajador.
Por lo antes expuesto, los suscritos miembros de la Comisión consideramos que el licenciado Rafael Rodríguez Barrera se reúne en su persona las cualidades y méritos suficientes para el buen ejercicio del cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Gobierno del Estado de Israel, por lo que nos permitimos someter a la consideración de esta honorable Asamblea la aprobación, del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. En uso de las facultades que le confiere la fracción VII del artículo 79 en relación con la fracción XVI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión Ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo expidió en favor del licenciado Rafael Rodríguez Barrera como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Gobierno del Estado de Israel.
Salón de Protocolo de la honorable Cámara de Diputados. - México, Distrito Federal, 23 de marzo de 1993. - Segunda Comisión: Senador Humberto A. Lugo Gil, Presidente; diputado Diego Fernández de Cevallos, secretarios; diputados: Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Amador Rodríguez Lozano, Blanca R. Esponda Espinosa, Fernando Lerdo de Tejada; senadores: Angel Ventura Valle, Jorge A. Vega Camacho, Carlos Sobrino Sierra y Héctor Terán Terán.»
Es de primera lectura.
El Presidente: - Gracias, señor Secretario. Consulte a la Asamblea en votación económica si se le dispensa la segunda lectura al dictamen y lo ponemos a discusión de inmediato.
El secretario senador Ramón Serrano Ahumada: - Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se somete a discusión y votación de inmediato.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo... Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura.
El Presidente: - En consecuencia, esta Presidencia pone a discusión el dictamen. Preguntamos: ¿Oradores en contra? En contra, el senador Porfirio Muñoz Ledo.
¿Oradores en pro? Senador Angel Ventura y diputado Rodolfo Becerril.
Se concede la palabra, en contra, al senador Porfirio Muñoz Ledo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El senador Porfirio Muñoz Ledo: - Ciudadano Presidente; compañeros legisladores:
Solemos en el recinto del Senado de la República hacer análisis ponderado de los nombramientos que expide el Ejecutivo en favor de ciudadanos mexicanos para cumplir altas responsabilidades como agentes diplomáticos y consulares.
Se trata de una atribución esencial del Senado de la República contemplada en la fracción II del artículo 76 de la Constitución. Es una facultad remanente del Senado por lo que hace en el orden federal a conducción de la política exterior del país.
El nombramiento de agentes diplomáticos y consulares es típicamente una facultad concurrente entre el Ejecutivo y el Senado, Facultad que ejerce en los recesos del Congreso de la Unión esta honorable Comisión Permanente.
No hemos tenido en estas sesiones la oportunidad de comentar otras designaciones sometidas por el Ejecutivo a la soberanía de este cuerpo. Cierto apresuramiento en las sesiones de entrevistas y ausencia oportuna de los documentos que en este caso apenas me acaban de ser entregados.
En el Senado hemos solicitado y hemos obtenido que los datos referentes a los nombramientos se nos hagan llegar con varios días de anticipación. Hemos discutido y debatido criterios de designación. Hemos solicitado además a la Secretaría de Relaciones Exteriores, sin éxito por cierto, que nos explique en documento escrito las razones que fundan y motivan dichas designaciones, así como un análisis de la situación en la que se encuentran nuestras relaciones con el país de que se trate, con la región del país al que vaya a ser acreditado un cónsul o con el organismo multilateral frente al cual acreditemos un representante permanente. Hemos así detectado lagunas, aciertos e inconsistencias.
De los últimos nombramientos podría decir sin desdoro alguno para la función que tengo encomendada, que la mayor parte de ellos han sido, en nuestro criterio, acertados. Hemos solicitado incluso acompañar a algunos representantes diplomáticos a que rindan protesta. Sin embargo, otros son inexplicables y comienza a señalarse una tendencia de fin de sexenio en la que no podríamos estar de acuerdo.
Hoy analizamos, y lo haré en una sola intervención, dos nombramientos del Poder Ejecutivo, uno en favor del licenciado Manuel Uribe Castañeda, formado en la teoría y en la práctica económica, con entrenamiento de alto nivel en el Banco de México, que concurrió durante años
a la modernización del servicio público del trabajo y de la seguridad social en nuestro país, está ya hace tres años acredito como embajador en Singapur y los méritos de su trabajo lo acreditan como un excelente embajador, hombre en suma formado en el servicio público, con amplia experiencia internacional y dotado de capacidades técnicas, administrativas y políticas que en nuestro criterio lo hacen merecedor del encargo que hoy se le confiere como embajador extraordinario y plenipotenciario en Corea.
No podría decir lo mismo del nombramiento de Rafael Rodríguez Barrera, tenemos por costumbre no hacer censura personal ni referencias que puedan herir sobre todo a las familias, a los amigos y a los correligionarios que en acto simultáneo al debate sobre estas candidaturas se presentan a acompañar a los recipiendarios en la toma de posesión.
Hemos pedido, eso sí en el Senado, que los dos actos se separen a efecto de que podamos tener un debate abierto sin necesidad de estar colocados enfrente de los rostros en ocasiones angustiados de las familias de los candidatos. Simplemente diré que la carrera de Rodríguez Barrera es típicamente una carrera de política interna, predominantemente regional en el Estado de Campeche, sin experiencia internacional conocida y sin que se pueda acreditar ni se haga en los documentos de marras ninguna idoneidad respecto del cargo para el cual está siendo propuesto.
Las relaciones que sostenemos con el Estado de Israel son en extremo complejas en lo político e intensas en lo económica; no exageraría en decir que se trata de una relación especial, sobre todo por la dicotomía que ha existido a lo largo de los años entre la intensidad, amistad e incluso fraternidad de nuestra relación bilateral y las diferencias tan señaladas que hemos tenido en el orden multilateral, situación que ha merecido en diversas ocasiones delicados esclarecimientos diplomáticos al más alto nivel. Se trata pues de una relación compleja y de una relación importante para la cual hubiésemos pensado en un profesional de la diplomacia.
Acontece, además, que cuando se terminan los sexenios, algunos, no pocos de los embajadores políticos en servicio, buscan el regreso al país por una anhelada incorporación a nuevos equipos de Gobierno, aunque tal aspiración pueda ser la mayor parte de las veces frustrada; simultáneamente políticos en receso buscan el soñado paraíso de un exilio o la dorada ilusión de un viaje con todos los gastos pagados.
Es muy importante, para el buen orden del servicio exterior mexicano, que pongamos el mayor cuidado, sobre todo en las épocas finales de las administraciones para que los importantes y delicados cargos diplomáticos no se conviertan en acomodo de políticos ni en premios partidarios.
Hay un malestar generalizado dentro del servicio exterior de carrera en torno a estos fenómenos. Cuando los diplomáticos políticos, que los hay con méritos, pasan un tiempo suficiente en su encargo y acreditan responsabilidad y capacidad de servicio, el juicio no se escatima. Nosotros no podríamos acompañar esta designación porque estaríamos contribuyendo además a abrir la puerta para que en estos meses que faltan para el término de la administración, se repitiera el caso de políticos en vacancia que desplazaran a funcionarios del servicio exterior y porque estaríamos también autorizando la falta de información, el criterio no presentado; la argumentación de la que se carece para probar la idoneidad en el ejercicio de estos casos. Muchas gracias señor Presidente.
El Presidente: - Tiene la palabra para hablar en pro, el diputado Rodolfo Becerril Straffon, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Rodolfo Becerril Straffon: Con su permiso, señor Presidente; compañeros legisladores:
Cada minuto que transcurre, vivimos las horas antiguas y empezamos las próximas. En todo momento tenemos sin embargo, el mayor de los deberes, el deber de la memoria.
Que yo recuerde, cuando el señor senador Porfirio Muñoz Ledo fue nombrado embajador de México ante Naciones Unidas, no tenía a esa fecha, ningún antecedente, aunque claro, había sido agregado cultural en Francia, pero no era diplomático de carrera.
México siempre ha buscado tener a sus mejores hombres en el servicio exterior. En éste hay personas que conocer muy bien nuestra historia y que como personajes tan ilustres de nuestra vida política, han representado con toda dignidad y decoro a nuestro país en el extranjero.
El caso que nos ocupa es el de un distinguido mexicano que de antiguo, ha prestado sus servicios a la nación con decoro, honestidad, verticalidad y profesionalismo en las distintas tareas que ha ocupado en la administración local y en la administración federal.
Cuenta con el beneplácito del Gobierno a donde ha sido acreditado y no como en otros casos, en donde no ha habido ese beneplácito, el famoso place, para algunas propuestas que ha hecho el Gobierno mexicano.
La política exterior de México no es de fin de sexenio, recientemente se ha nombrado a una distinguida embajadora de carrera en Canadá, a un embajador de carrera en Estados Unidos, a un embajador de carrera en Naciones Unidas; la mayor parte de los funcionarios que prestan sus servicios en nuestras representaciones, son del servicio diplomático, más de 80%.
En estos años ha habido una intensa y profesional tarea de estímulos al personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores, como no había habido en el pasado.
Siempre, todos los países buscan este equilibrio tan deseado entre diplomáticos de carrera y personajes de la vida política de cada país. Hoy ha habido en efecto, algunos nombramientos de personajes nacionales ante ciertas embajadas, pero eso no modifica ni el equilibrio entre diplomáticos de carrera y políticos, ni la tradición de la política exterior mexicana, de profesionalizar cada vez más a nuestro personal que nos representa en el extranjero.
Yo no sé si aquí se nos estaba hablando, cuestionando el nombramiento de un embajador, o se estaba haciendo un acto de fe autobiográfica. No pude bien a bien colegir de qué se trataba. Lo que sí creo, es que Rodríguez Barrera, por su tradición republicana, por la manera que se ha conducido en los distintos puestos de la administración, sabrá representarnos con decoro y dignidad ante el Gobierno de Israel y en consecuencia nuestra fracción parlamentaria votará a favor el dictamen.
Debo señalar finalmente, que todos los miembros de la Comisión Dictaminadora, recibieron con una semana de antelación los documentos que se refieren a este caso. Hay actualmente 44% de embajadores políticos y 66% de embajadores de carrera, lo cual es una muestra contundente de la mecánica y el equilibrio que se persigue en la política exterior. Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente: - Gracias, diputado.
En términos del 102, para contestar alusiones personales, concedemos la palabra al señor senador Porfirio Muñoz Ledo.
El senador Porfirio Muñoz Ledo: - Con su venia, señor Presidente.
Seré breve. Me obligan a veces las referencias personales a lo que llama el diputado Becerril tendencia autobiográfica, pero tengo que responder al cargo.
No soy el único, ni seré el último, de los funcionarios públicos del país, que han trabajado en el servicio exterior y en el servicio interno de la República. Las cuestiones que están aquí planteadas son las de idoneidad y las de equilibrio. En mi caso, efectivamente pasé temporadas largas fuera del país, como estudiante y como profesional; fui Consejero Cultural de la Embajada de México en Francia, estuve vinculado a la actividad internacional del sector educativo, tuve a mi cargo las actividades internacionales de la seguridad social del país, estuve vinculado en los años setenta al diseño de la política exterior de México y fui miembro del Comité del Consejo Ejecutivo tanto de la Organización Internacional del Trabajo que presidí, como de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Prácticamente toda mi vida de funcionario ha estado vinculada a la actividad internacional.
En cuanto a los resultados de mi gestión en las Naciones Unidas, son públicos y cada quien podrá formarse la opinión que le merece.
Cuando hablo de idoneidad y hablado de equilibrio, estoy refiriéndome a casos específicos, a coyunturas concretas y a proporciones también que deben ser precisas.
Nadie ha dicho, en ninguna ocasión, que no deba haber la concurrencia de diplomáticos de carrera y de personal diplomático que no tenga ese origen. Hay casos ilustres de escritos, por ejemplo, pienso en Alfonso Reyes, en José Gorostiza, en Octavio Paz o en Amado Nervo y actualmente en Fernando Benítez, que desempeñan espléndidamente o desempeñaron la función de embajadores de México; pienso en funcionarios que fueron del servicio federal, alguno por cierto, el más ilustre multilateralista del país, Luis Padilla Nervo, que han tenido desempeños extraordinarios.
Pero había idoneidad y había antecedentes; había vocación para el servicio exterior y había características que acreditaban y que dieron frutos óptimos a esos ciudadanos mexicanos como representantes diplomáticos en el extranjero.
Lo digo con toda franqueza, y creo que nadie razonablemente podría desmentirme no veo, en el curriculum que recién me ha sido entregado, del señor Rafael Rodríguez Barrera, una sola línea que indique vocación, conocimiento, aptitud o antecedentes en la vida política exterior del país, ni siquiera sé si conocimientos idiomáticos en esos cargos son fundamentales.
Por otra parte, nosotros no podemos estar de acuerdo en la premiación partidaria; ya por la rapidez de la otra sesión y por no tener los documentos en la mesa, resulta que a un ex jefe de prensa del Partido Revolucionario Institucional se le nombra cónsul en un país, en los Estados Unidos. ¿A cuántos funcionarios del partido en el poder se les va a acomodar, cada vez que haya un cambio de dirigentes en esa organización;
Por otra parte, si se analizan con cuidado los últimos nombramientos y los que vienen en los próximos días, tendremos que volver a la tribuna. Observaremos con toda claridad que está predominando el criterio de acomodos políticos, sin que medie ninguna razón de idoneidad, unos con mayores, otros con menores méritos y otros absolutamente desacertados. Tenemos presentes los recientes nombramientos de embajador en Francia, de embajador en Cuba, de embajador en Filipinas; ahora de embajador en Israel, próximamente de embajador en Italia.
Es a todas luces claro que en esta fase final de la administración se está privilegiando al personal político sobre el personal de carrera y se está pensando en el premio y en el acomodo y no en el sano y leal servicio de la República. Muchas Gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra para rectificar hechos en términos del 102, el diputado Rodolfo Becerril Straffon.
El diputado Rodolfo Becerril Straffon: - Que conste que aquí no cuestionamos la labor desempeñada por el embajador Muñoz Ledo en la ONU, simplemente apuntamos que cuando él fue designado no tenía los antecedentes que hoy él invoca, porque el puesto de Consejero Cultural que tuvo en la Embajada de Francia, que por otro lado fue coyuntural, no puede considerarse suficiente para ocupar la representación del país ante las Naciones Unidas.
No quisiera yo recordar aquí el caso de nuestro embajador en Ecuador, militante de un partido político también, pero también destacado mexicano que reúne los atributos para representarnos con dignidad y decoro en esa República latinoamericana.
Se habla de idoneidad. Rodríguez Barrera, como secretario de la Reforma Agraria, tuvo la oportunidad de estudiar en repetidas ocasiones la agricultura de Israel y el desarrollo de los Kibutz en aquel país; varias misiones de especialistas y técnicos vinieron a México para intercambiar puntos de vista sobre el problema agrario mundial. Pero la idoneidad no tiene que ver sólo con los idiomas ni con la elocuencia; se gobierna con responsabilidad no con estridencia; se conduce la política exterior, atendiendo a la trayectoria de los personajes que son propuestos. Si estudiamos con todo detenimiento, sin dolo, el curriculum vitae de Rodríguez Barrera, habremos de coincidir que es una persona que ha dedicado su tiempo y su vida al servicio público y que, por otro lado, reúne estrictamente todos los requisitos que marca la Ley para que el Presidente de la República pueda proponerlo a un cargo de embajador.
Yo creo que no estamos en este fin de sexenio haciendo ningún tipo de acomodo, estamos simplemente proponiendo embajadores, haciendo eco a la propuesta del Presidente de la República, de aquellas personas que han servido a la patria con honorabilidad, con profesionalismo y con verticalidad. Muchas gracias.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a consultar a la Asamblea en votación económica si se aprueba el punto de acuerdo.
El secretario senador Ramón Serrano Ahumada: - No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado Comuníquese al Ejecutivo.
El Presidente: - Gracias, señor Secretario.
Señoras y señores legisladores, en virtud de que se encuentra en un salón anexo a este recinto el ciudadano Rafael Rodríguez Barrera, cuyo nombramiento como embajador extraordinario y plenipotenciario de México, ante el Gobierno del Estado de Israel, acaba de ser aprobado por esta Asamblea, esta Presidencia designa para que lo introduzcan a este recinto y lo acompañen a rendir la protesta de Ley, a los siguientes
legisladores: Senador Humberto Lugo Gil, diputado Rodolfo Becerril Straffon, diputado Israel González Arreguín, senadora María Elena Chapa Hernández y senador Jorge Adolfo Vega Camacho.
Se les ruega cumplir con su cometido.
El secretario senador Ramón Serrano Ahumada: - Se ruega a los presentes ponerse de pie.
El Presidente: - Ciudadano Rafael Rodríguez Barrera: ¿Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de México, ante el Gobierno del Estado de Israel, que se os ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
El ciudadano Rafael Rodríguez Barrera: - Sí, protesto.
El Presidente: - Si no lo hiciereis así, que la nación os lo demande. Felicidades Rafael.
Se ruega a la comisión acompañar al señor Embajador cuando él desee retirarse de este recinto.
Rogamos a la Secretaría continuar con los demás asuntos que tenemos agendados para esta reunión señor Secretario.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
NOMBRAMIENTO
El secretario senador Ramón Serrano Ahumada:
«Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: A la Comisión que suscribe fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente el expediente integrado al nombramiento que el ciudadano Presidente de la República hace en favor del licenciado Manuel Uribe Castañeda, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Gobierno de la República de Corea, enviado a este Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la fracción XVI del artículo 89 de la propia Carta Magna.
Después de haber analizado el nombramiento en cuestión y los documentos que integran el expediente respectivo, esta comisión desea señalar que de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento presentada por el nombrado consta que el licenciado Manuel Uribe Castañeda nació en la ciudad de México, Distrito Federal, el doce de mayo de mil novecientos treinta y ocho. En tal virtud, reúne los requisitos de nacionalidad por nacimiento y edad mínima que se requieren para desempeñar el cargo para el que ha sido designado. A su vez, se encuentra en pleno goce sus derechos civiles y políticos.
Por otra parte, en su curriculum vitae se establece que obtuvo el título de licenciado en Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana. Posteriormente, cursó la Maestría en Administración Pública y el Doctorado en Economía en la Universidad de Harvard.
Esta comisión estima pertinente mencionar que el licenciado Uribe Castañeda cuenta con una amplia experiencia al servicio del Estado Mexicano. En tal virtud, ocupó los siguientes cargos: Economista en la Oficina Técnica de la Dirección General del Banco de México de 1960 a 1964; Asesor en Asuntos Económicos del Secretario de Trabajo y Previsión Social, de 1967 a 1969; Gerente de Investigación Económica del Banco de México, de 1971 a 1974; Oficial Mayor de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de 1974 a 1976; Presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, de 1976 a 1981; Director General del Banco Obrero, de 1981; a 1982; Subdirector General de Finanzas del I. S. S. S. T. E., de 1982 a 1983; y Subdirector General del Grupo de Investigaciones Económicas y Secretario Técnico del Consejo Directivo del Banco de Comercio, de 1984 a 1988.
En lo que se refiere a la experiencia que en materia internacional posee el embajador nombrado, esta comisión de se señalar que fue Representante Residente del Fondo Monetario Internacional, en la ciudad de Quito, Ecuador, de 1969 a 1970; y como gobernador por México de esa institución, asistió a la XI Reunión de Gobernadores de Bancos Centrales Latinoamericanos. En la actualidad, se venía desempeñado como embajador de nuestro país ante el Gobierno de Singapur.
Los miembros de la comisión que suscribe consideran relevante expresar que el licenciado Uribe Castañeda ha impartido cátedra en la Universidad Iberoamericana, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en el Colegio de México y en el CEMLA, Asimismo, es autor de diversos artículos y ensayos publicados en revistas especializadas del país.
En acatamiento del acuerdo tomado por la honorable Cámara de Senadores el 22 de diciembre de 1982 y continuando por la Comisión Permanente para la elaboración de dictámenes referentes a ratificaciones de nombramientos diplomáticos, la Comisión que suscribe citó al licenciado Uribe Castañeda a una reunión en donde se conversó sobre la política exterior de nuestro país, la circunstancia internacional en que se desenvuelve y, en forma especial, el estado que en la actualidad guarda la relación de México con el Gobierno de la República de Corea.
Dicha reunión tuvo verificativo el día de hoy y en la misma los legisladores que integramos la Comisión que dictamina, dialogamos ampliamente sobre los citados temas con el embajador nombrado, pudiendo comprobar por este medio el grado de experiencia y preparación que en materia internacional posee. De igual forma quedó de manifiesto su vocación y voluntad de servicio a la República.
En dicha entrevista, el embajador designado demostró su conocimiento sobre la realidad política, económica, social y cultural de Corea, así como del momento actual y perspectivas de la relación bilateral mexicano - coreana. A su vez, expuso con solvencia diversos puntos de vista y opiniones que reflejan tanto su nivel de información, como una firme convicción en los principios que rigen la política exterior de nuestra patria.
Con base en el expediente mencionado y la entrevista referida, los legisladores miembros de la Comisión que suscribe hemos podido constatar que el licenciado Uribe Castañeda posee los requisitos ordenados por el artículo 23 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano para ser designado embajador.
Por lo antes expuesto, los suscritos miembros de la Comisión consideramos que el licenciado Manuel Uribe Castañeda reúne en su persona las cualidades y méritos suficientes para el buen ejercicio del cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Gobierno de la República de Corea, por lo que nos permitimos someter a la consideración de esta honorable Asamblea la aprobación, del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. En uso de las facultades que le confiere la fracción VII del artículo 79 en relación con la fracción XVI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió en favor del licenciado Manuel Uribe Castañeda como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Gobierno de la República de Corea.
Salón de protocolo de la honorable Cámara de Diputados. - México, Distrito Federal, 23 de marzo de 1993. - Segunda Comisión. Senador Humberto A. Lugo Gil, Presidente; diputado Diego Fernández de Cevallos, secretario; diputados: Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Amador Rodríguez Lozano, Blanca Ruth Esponda Espinosa, Fernando Lerdo de Tejada; senadores: Angel Ventura Valle, Jorge A. Vega Camacho, Carlos Sobrino Sierra y Héctor Terán Terán.»
Es de primera lectura.
El presidente: - Gracias señor Secretario. Señoras y señores legisladores, se ha dado cuenta con un dictamen de primera lectura, vamos a solicitar a la Secretaría consulte en votación económica si dispensamos la segunda lectura y lo ponemos de inmediato a discusión y a votación.
El secretario senador Ramón Serrano Ahumada: - Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se somete a discusión y votación de inmediato.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la segunda lectura.
El Presidente: - En consecuencia, señoras y señores legisladores, está a discusión.
No habiendo quien haga uso de la palabra proceda la Secretaría a recoger la votación en lo económico.
El secretario senador Ramón Serrano Ahumada: - No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
El Presidente: - Gracias señor Secretario. Señoras y señores legisladores: Se encuentra en un salón anexo a este recinto el ciudadano Manuel Uribe Castañeda, cuyo nombramiento como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Gobierno de la República de Corea acaba de ser aprobado por esta Asamblea.
Para que lo acompañen a rendir la protesta que establece la Ley y lo introduzcan a este recinto, esta Presidencia se permite designar a los siguientes legisladores: Senador Porfirio Muñoz Ledo, diputado Carlos Cantú Rosas, senador Gustavo Salinas Iñiguez y diputado Manuel Díaz Infante.
Se ruega cumplir con esta comisión.
El secretario senador Ramón Serrano Ahumada: - Se ruega a los presentes ponerse de pie.
El Presidente: - Ciudadano Manuel Uribe Castañeda: ¿Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Gobierno de la República de Corea que se os ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, viendo en todo por el bien y prosperidad de la unión?
El ciudadano Manuel Uribe Castañeda: - ¡Sí, protesto!
El Presidente: - Si no lo hiciereis así, que la nación os lo demande. ¡Felicidades Manuel!
Continúe la Secretaría con los asuntos que tenemos en cartera, señor diputado Becerril.
SOLICITUD DE PENSIÓN
El secretario diputado Rodolfo Becerril Straffon:
«Primera Comisión.
Honorable Asamblea: en sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 17 de marzo, fue turnada a la Primera Comisión que suscribe, el dictamen emitido por la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la solicitud de pensión presentada por la ciudadana Socorro Díaz del Castillo, como viuda del licenciado Antonio Rocha Cordero, ministro retirado de ese alto tribunal.
De los antecedentes se desprende que la señora Socorro Díaz del Castillo, solicitó al ciudadano Presidente de la Suprema Corte, que sometiera al Tribunal Pleno, su petición de reconocimiento del derecho a pensión que le corresponde en su carácter de cónyuge supérstite del ministro Antonio Rocha Cordero, en los términos del párrafo segundo del artículo 7o. del decreto que establece las causas de retiro forzoso o voluntario de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adjuntando la documentación relativa.
El último párrafo del artículo 7o. del decreto de referencia, señala que los familiares del ministro fallecido gestionarán ante el Presidente de este alto tribunal, el reconocimiento de su derecho a la pensión respectiva; que el pleno emitirá el dictamen que corresponda, el cual conforme al artículo 4o. del propio decreto, se pondrá en conocimiento del ciudadano Presidente de la República, quien lo enviará en su caso para aprobación, a la Cámara de Senadores o bien a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
En sesión del 2 de marzo del año en curso, el pleno de la Suprema Corte de Justicia, aprobó el dictamen emitido por la Comisión de Retiros y Pensiones, en que el que se reconoce a la ciudadana Socorro Díaz del Castillo Viuda de Rocha, su derecho a la pensión solicitada.
Por lo anteriormente expuesto y encontrando que han sido cumplidas en su integridad las condiciones y formalidades que se exigen en estos casos, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO:
Único: Se aprueba en sus términos, el dictamen emitido por la Suprema Corte de Justicia, el 2 de marzo de 1993, por el que se reconoce a la señora Socorro Díaz del Castillo, el derecho a la pensión como viuda del ministro retirado Antonio Rocha Cordero, de conformidad con los párrafos segundo y cuarto del artículo 7o. del decreto que establece las causas del retiro forzoso o voluntario de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 19 de marzo de 1993, - Rigoberto Ochoa Zaragoza, Presidente; diputado Miguel Angel León Corrales, secretario; diputados: Carlos Enrique Cantú Rosas, Alberto Carrillo Armenta, Victor Orduña Muñoz, Jorge Leobardo Lepe García, senadores: Manuel
Aguilera Gómez, Artemio Iglesias Miramontes, Ernesto Luque Feregrino y Germán Sierra Sánchez.»
Es de primera lectura.
El Presidente: - Gracias, señor Secretario. Consulte a la Asamblea si a este dictamen relativo a la solicitud de pensión de la señora Socorro Díaz del Castillo viuda de Rocha le dispensamos la segunda lectura y lo ponemos de inmediato a discusión y a votación, señor Secretario.
El secretario diputado Rodolfo Becerril Straffon: - Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se somete a discusión y votación de inmediato.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.
El Presidente: - En consecuencia, señoras y señores legisladores, el punto de acuerdo a que ha dado cuenta la Secretaría está a discusión...
Toda vez que no hay quien haga uso de la palabra, proceda, señor Secretario, a recoger la votación en lo económico del punto de acuerdo.
El secretario diputado Rodolfo Becerril Straffon: - En votación económica y por instrucciones de la Presidencia, se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
El Presidente: - Gracias, señor Secretario. Continúe con los demás asuntos.
RATIFICACIÓN DE GRADOS MILITARES
El secretario Rodolfo Becerril Straffon:
« Segunda Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: A la Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el veinte de noviembre de 1992 por el ciudadano Presidente de la República en favor del ciudadano general brigadier Diplomado de Estado Mayor, Miguel Escamilla Núñez, como general de brigada Diplomado de Estado Mayor, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:
a) Que ingresó como Cadete Numerario en el Heroico Colegio Militar el primero de enero de mil novecientos cincuenta y uno y el primero de enero de mil novecientos cincuenta y cuatro, fue ascendido a subteniente de artillería por acuerdo del titular de la dependencia
b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de capitán primero de artillería, al término satisfactorio del curso de mando y Estado Mayor el treinta y uno de diciembre de mil novecientos sesenta y seis adquirió el carácter de Diplomado de Estado Mayor;
c) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
d) Como miembro del Ejercito ha prestado servicios a la nación mexicana durante cuarenta y dos años, un mes y
e) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicio requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera Clase, así como la Especial y la Extraordinaria.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de brigada Diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de general de brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Miguel Escamilla Núñez.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 23 de marzo de 1993. - Senador Humberto Lugo Gil, Presidente; diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos, secretario; diputados: Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Blanca Ruth Esponda Espinosa, Fernando Lerdo de Tejada, Amador Rodríguez Lozano, senadores: Carlos Sobrino Sierra, Héctor Terán Terán, Jorge Adolfo Vega Camacho y Angel Ventura Valle.»
Es de primera lectura.
«Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el veinte de noviembre de 1992 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor, Jorge Isaac Jiménez García, Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército como cadete numerario en el Heroico Colegio Militar el trece de enero de mil novecientos sesenta y dos y el primero de enero de mil novecientos sesenta y cinco fue ascendido a subteniente de infantería por acuerdo del titular de la dependencia;
b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de capitán segundo de infantería, al terminar satisfactoriamente sus estudios en la Escuela Superior de Guerra, el treinta y uno de agosto de mil novecientos setenta y cuatro, adquirió el carácter de diplomado de Estado Mayor;
c) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
d) Como miembro de Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante treinta y un años, un mes; y
e) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicio requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera Clase.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general brigadier diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de general brigadier diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Jorge Isaac Jiménez García.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 23 de marzo de 1993. - Senador Humberto Lugo Gil, Presidente; Diputado Diego Fernández de Cevallos, secretario; diputados: Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Amador Rodríguez Lozano, Blanca Ruth Esponda Espinosa, Fernando Lerdo de Tejada, senadores: Angel Ventura Valle, Jorge A. Vega Camacho, Carlos Sobrino Sierra, Héctor Terán Terán.»
Es de primera lectura.
«Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1992 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano general de grupo piloto aviador diplomado de Estado mayor Aéreo, Ernesto Arcos Oropeza como general de ala piloto aviador diplomado de Estado Mayor Aéreo, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:
a) Que ingresó en la Escuela Militar de Aviación como cadete el primero de septiembre de mil novecientos cincuenta y nueve y el primero de julio de mil novecientos sesenta y dos fue ascendido a subteniente de aeronáutico piloto aviador por acuerdo del titular de la dependencia;
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante treinta y tres años, cinco meses y dieciséis días, y
e) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicio requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera Clase.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de ala piloto aviador diplomado de Estado Mayor Aéreo, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de general de ala piloto aviador diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Ernesto Arcos Oropeza.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 23 de marzo de 1993.- Senador Humberto Lugo Gil, Presidente; diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos, secretario; diputados: Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Blanca Ruth Esponda Espinosa, Fernando Lerdo de Tejada, Amador Rodríguez Lozano, senadores: Carlos Sobrino Sierra, Héctor Terán Terán, Jorge Adolfo Vega Camacho y Ángel Ventura Valle.» Es de primera lectura. El secretario senador Ramón Serrano Ahumada: «Segunda Comisión. Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el veinte de noviembre de 1992 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano general brigadier, Rafael Roberto García y Silva, como general de brigada, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte: a) Que ingresó al Ejército como cadete numerario en el Heroico Colegio Militar el primero de enero de mil novecientos cincuenta y uno y el primero de enero de mil novecientos cincuenta y cuatro fue ascendido a subteniente de artillería por acuerdo del titular de la dependencia; b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos; c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante cuarenta y dos años, un mes, cuatro días y d) Se le confirieron, en su oportunidad por satisfacer los tiempos de servicios requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera Clase, así como la Especial y la Extraordinaria. De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de brigada, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación. Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente PUNTO DE ACUERDO Único. Se ratifica el grado de general de brigada que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Rafael Roberto García y Silva. Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 23 de marzo de 1993.- Senador Humberto Lugo Gil, Presidente; diputado Diego Fernández de Cevallos, secretario; diputados: Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Amador Rodríguez Lozano, Blanca Ruth Esponda, Fernando Lerdo de Tejada, senadores: Ángel Ventura Valle, Jorge A. Vega Camacho Carlos Sobrino Sierra y Héctor Terán Terán.»
Es de primera lectura.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El secretario senador Ramón Serrano Ahumada:
"Primera Comisión.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 24 de febrero del año en curso, la Secretaría de
Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Eduardo Antonio Vega Alarid, pueda prestar sus servicios como especialista en información, en la embajada de los Estados Unidos de América, en México.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 17 de marzo, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el interesado prestará en la embajada de los Estados Unidos de América, en México, serán como especialista en información.
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 constitucional. Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Eduardo Antonio Vega Alarid, para prestar servicios como especialista en información, en la embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 18 de marzo de 1993.- Diputado Rigoberto Ochoa Zaragoza, Presidente; diputado Miguel Ángel León Corrales, secretario; diputados: Carlos Enrique Cantú Rosas, Alberto Carrillo Armenta, Víctor Orduña Muñoz, Jorge Leobardo Lepe García, senadores: Manuel Aguilera Gómez, Artemio Iglesias Miramontes, Ernesto Luque Feregrino y Germán Sierra Sánchez.»
Es de primera lectura.
«Primera Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 4 de marzo del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que las ciudadanas Lydia Castro Haro, Eloisa Riquelme Olmedo y Silvia Treviño Montemayor, puedan prestar servicios como asistente de contabilidad, asistente administrativo y secretaria comercial y de registro, en la embajada Británica, en México, respectivamente.
En sesión celebrada en esta fecha por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 17 de marzo, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo
CONSIDERANDO
a) Que las peticionarias acreditan su nacionalidad mexicana, con las copias certificadas del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que las propias solicitantes prestarán a la embajada Británica, serán de carácter administrativo;
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO:
Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana Lydia Castro Haro, para que pueda prestar servicios como asistente de contabilidad, en la Embajada Británica, en México.
Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana Eloisa Riquelme Olmedo, para que pueda prestar servicios como asistente administrativo, en la Embajada Británica, en México.
Artículo tercero. Se concede permiso a la ciudadana Silvia Treviño Montemayor, para que pueda prestar servicios como secretaria comercial y de registro, en la Embajada Británica, en México.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal a 19 de marzo de 1993.- Diputado Rigoberto Ochoa Zaragoza, Presidente; diputado Miguel Ángel León Corrales, Secretario; diputados: Carlos Enrique Cantú Rosas, Alberto Carrillo Armenta, Víctor Orduña Muñoz, Jorge Leobardo Lepe García; senadores: Manuel Aguilera Gómez, Artemio Iglesias Miramontes, Ernesto Luque Feregrino y German Sierra Sánchez.»
Es de primera lectura.
«Primera Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 4 de marzo del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que las ciudadanas Guadalupe Duarte Granados y Verónica Holguín Mora, puedan prestar servicios administrativos, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México y en el Consulado General en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.
En sesión efectuada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 17 de marzo, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que las peticionarias acreditan su nacionalidad mexicana, con las copias certificadas de las actas de nacimiento;
b) Que los servicios que las interesadas prestarán en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México y en el Consulado General en Ciudad Juárez, Chihuahua, serán de carácter administrativo;
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana Guadalupe Duarte Granados, para prestar servicios como asistente de nómina, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana Verónica Holguín Mora, para prestar servicios como empleada consular en el Consulado General en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal a 19 de marzo de 1993.- Diputado Rigoberto Ochoa Zaragoza, Presidente; diputado Miguel Ángel León Corrales, Secretario; diputados: Carlos Enrique Cantú Rosas, Alberto Carrillo Armenta, Jorge Leobardo Lepe García, Víctor Orduña Muñoz; senadores: Manuel Aguilera Gómez, Artemio Iglesias Miramontes, Ernesto Luque Feregrino, German Sierra Sánchez.»
Es de primera lectura.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
NOMBRAMIENTOS
El secretario diputado Rodolfo Becerril Straffon:
«Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1992 por el ciudadano Presidente de la República en favor del ciudadano general de brigada, diplomado de Estado Mayor Mario Renán Castillo Fernández como general de división diplomado de Estado Mayor, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:
a) Que ingresó como cadete numerario en el Heroico Colegio Militar el primero de febrero de mil novecientos cincuenta y tres y el primero de enero de mil novecientos cincuenta y seis fue ascendido a subteniente de infantería, al término satisfactorio de sus estudios de dicho plantel;
b) a los grados sucesivos ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de capitán segundo de infantería, al término satisfactorio del curso de mando y estado mayor general el treinta y uno de diciembre de mil novecientos sesenta y tres adquirió el carácter de diplomado de Estado Mayor;
c) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
d) como miembro del ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante treinta y nueve años, once meses, veinte días; y
e) Se le confirió en su oportunidad por satisfacer el tiempo de servicios para ello las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera Clase, así como las de Mérito docente, Servicios Distinguidos, Mérito
facultativo de Segunda Clase, Especial y Mérito en la Campaña contra el Narcotráfico.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de división diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión le permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de general de división diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Mario Renán Castillo Fernández.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 2 de marzo de 1993.- Senador Humberto Lugo Gil, Presidente; diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos, secretario; diputados: Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Blanca Ruth Esponda Espinosa, Fernando Lerdo de Tejada, Amador Rodríguez Lozano; senadores: Carlos Sobrino Sierra, Héctor Terán Terán, Jorge Adolfo Vega Camacho, Ángel Ventura Valle.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
«Segunda Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1992 por el ciudadano Presidente de la República en favor del ciudadano coronel de infantería diplomado de Estado Mayor Mauro Enrique Tello Quiñones como general brigadier diplomado de Estado Mayor, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:
a) Que ingresó como cadete numerario en el Heroico Colegio Militar el primero de marzo de mil novecientos sesenta y dos y el primero de enero de mil novecientos sesenta y cinco fue ascendido a subteniente de infantería, al término satisfactorio de sus estudios en dicho plantel;
b) a los grados sucesivos ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de capitán primero de infantería, al término satisfactorio del curso de mando y Estado Mayor general el cinco de agosto mil novecientos setenta y ocho adquirió el carácter de diplomado de Estado Mayor;
c) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
d) Como miembro del ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante treinta años, diez meses, veintinueve días; y
e) Se le confirió en su oportunidad por satisfacer el tiempo de servicios para ello las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera Clase y la de Mérito Docente.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general brigadier diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de general brigadier diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Mauro Enrique Tello Quiñones.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 2 de marzo de 1993.- Senador Humberto Lugo Gil, Presidente; diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos, secretario; diputados: Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Blanca Ruth Esponda Espinoza, Fernando Lerdo de Tejada, Amador Rodríguez Lozano; senadores: Carlos Sobrino Sierra, Héctor Terán Terán, Jorge Adolfo Vega Camacho, Ángel Ventura Valle.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
«Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1992 por el ciudadano Presidente de la República en favor del ciudadano coronel de infantería, diplomado de Estado Mayor Jorge García Arredondo, como general brigadier diplomado de Estado Mayor, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:
a) Que ingresó como cadete numerario en el Heroico Colegio Militar el primero de enero de mil novecientos cincuenta y ocho y el primero de enero de mil novecientos sesenta y uno fue ascendido a subteniente de infantería, al término satisfactorio de sus estudios en dicho plantel;
b) a los grados sucesivos ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de mayor de infantería, al término satisfactorio del curso de mando y Estado Mayor el treinta y uno de julio de mil novecientos setenta y siete adquirió el carácter de diplomado de Estado Mayor;
c) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
d) como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante treinta y cinco años, veintiséis días; y
e) Se le confirió en su oportunidad por satisfacer el tiempo de servicios requerido para ello las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera Clase y del Mérito Docente.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general brigadier diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión le permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de general brigadier diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Jorge García Arredondo.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 2 de marzo de 1993.- Senador Humberto Lugo Gil, Presidente; diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos, secretario; diputados: Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Blanca Ruth Esponda Espinosa, Fernando Lerdo de Tejada, Amador Rodríguez Lozano; senadores: Carlos Sobrino Sierra, Héctor Terán Terán, Jorge Adolfo Vega Camacho, Ángel Ventura Valle.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
«Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1992 por el ciudadano Presidente de la República en favor del ciudadano coronel de infantería diplomado de Estado Mayor Humberto Alfonso Guillermo Aguilar, como general brigadier diplomado de Estado Mayor, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:
a) Que ingresó como cadete numerario en el Heroico Colegio Militar el trece de enero de mil novecientos sesenta y dos y el primero de enero de mil novecientos sesenta y cinco fue
ascendido a subteniente de infantería, al término satisfactorio de sus estudios en dicho plantel;
b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de capitán segundo de infantería, al término satisfactorio del curso de mando y Estado Mayor general el treinta y uno de agosto de mil novecientos setenta y cuatro adquirió el carácter de diplomado de Estado Mayor;
c) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
d) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante treinta y un años, tres días; y
e) Se le confirió en su oportunidad por satisfacer el tiempo de servicios para ello las condecoraciones de
Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera Clase.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general brigadier diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión le permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de general brigadier diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Humberto Alfonso Guillermo Aguilar.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 2 de marzo de 1993.- Senador Humberto Lugo Gil, Presidente; diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos, secretario; diputados: Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Blanca Ruth Esponda Espinosa, Fernando Lerdo de Tejada, Amador Rodríguez Lozano; senadores; Carlos Sobrino Sierra, Héctor Terán Terán, Jorge Adolfo Vega Camacho, Ángel Ventura Valle.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se
pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
«Segunda Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1992 por el ciudadano Presidente de la República en favor del ciudadano Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor Mario Fuentes Juárez, como general brigadier diplomado de Estado Mayor, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:
a) Que ingresó al ejército como cadete numerario en el Heroico Colegio Militar el veinte de enero de mil novecientos sesenta y uno y el primero de enero de mil novecientos sesenta y cuatro fue ascendido a subteniente de infantería, al término satisfactorio del curso de formación en dicho plantel;
b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de capitán segundo de infantería, al término satisfactorio del curso de mando y Estado Mayor el treinta y uno de agosto de mil novecientos setenta y dos, adquirió el carácter de diplomado de Estado Mayor;
c) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
d) Como miembro del ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante treinta y dos años, ocho días; y
e) Se les confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicio requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera Clase.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general brigadier diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de general brigadier diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Mario Fuentes Juárez.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 2 de marzo de 1993.- Senador Humberto Lugo Gil, Presidente; diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos, secretario; diputados: Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Blanca Ruth Esponda Espinosa, Fernando Lerdo de Tejada, Amador Rodríguez Lozano; senadores: Carlos Sobrino Sierra, Héctor Terán Terán, Jorge Adolfo Vega Camacho y Ángel Ventura Valle.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
El secretario senador Ramón Serrano Ahumada:
«Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1992 por el ciudadano Presidente de la República en favor del ciudadano coronel de infantería diplomado de Estado Mayor Ernesto Cruz Belmont como general brigadier diplomado de Estado Mayor, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:
a) Que ingresó como cadete numerario en el Heroico Colegio Militar el primero de enero de mil novecientos cincuenta y seis y el primero de enero de mil novecientos cincuenta y nueve fue ascendido a subteniente de infantería, al término satisfactorio de sus estudios en dicho plantel;
b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de mayor de infantería, al término satisfactorio del curso de mando y Estado Mayor general el treinta y uno de julio de mil novecientos setenta y siete adquirió el carácter de diplomado de Estado Mayor;
c) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
d) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la Nación mexicana durante treinta y siete años, veintitrés días, y
e) Se le confirió en su oportunidad por satisfacer el tiempo de servicios para ello las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera Clases, así como la "Especial".
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general brigadier diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único Se ratifica el grado de general brigadier diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Ernesto Cruz Belmont.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal a 2 de marzo de 1993.- Senador Humberto Lugo Gil, Presidente; diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos, secretario; diputados: Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Blanca Ruth Esponda Espinoza, Fernando Lerdo de Tejada, Amador Rodríguez Lozano; senadores: Carlos Sobrino Sierra, Héctor Terán Terán, Jorge Adolfo Vega Camacho, Ángel Ventura Valle.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
«Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el veinte de noviembre de 1992 por el ciudadano Presidente de la República en favor del ciudadano coronel de infantería diplomado de Estado Mayor Humberto Bravo Sánchez, como general brigadier diplomado de Estado Mayor para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército en el Heroico Colegio Militar como cadete numerario el veinte de enero de mil novecientos sesenta y uno y el primero de enero de mil novecientos sesenta y cuatro fue ascendido a subteniente de infantería, al término satisfactorio del curso de formación en dicho plantel;
b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de capitán primero de infantería, al término satisfactorio del curso de mando y Estado Mayor el quince de agosto de mil novecientos setenta y seis adquirió el carácter de diplomado de Estado Mayor;
c) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
d) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante treinta y dos años, un día, y
e) Se le confirió en su oportunidad por satisfacer los tiempos de servicio requerido para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera y Segunda Clases, así como la del Mérito Docente.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general brigadier diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de general brigadier diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Humberto Bravo Sánchez.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 2 de marzo de 1993.- Senador Humberto Lugo Gil, Presidente; diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos, secretario; diputados: Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Blanca Ruth Esponda Espinosa, Fernando Lerdo de Tejada, Amador Rodríguez Lozano; senadores: Carlos Sobrino Sierra, Héctor Terán Terán, Jorge Adolfo Vega Camacho, Ángel Ventura Valle.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
«Segunda Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el veinte de noviembre de 1992 por el ciudadano Presidente de la República en favor del ciudadano coronel de infantería Víctor Manuel Martín Fernández, como general brigadier, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército como cadete numerario en el Heroico Colegio Militar el primero de enero de mil novecientos cincuenta y ocho y el primero de enero de mil novecientos sesenta y uno fue ascendido a subteniente de infantería, al término satisfactorio del curso de formación correspondiente en dicho plantel;
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante treinta y cinco años, veintiocho días, y
d) Se le confirió en su oportunidad por satisfacer los tiempos de servicio requeridos para ello las
condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera Clases. De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general brigadier, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único Se ratifica el grado de general brigadier, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Víctor Manuel Martín Fernández.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 2 de marzo de 1993.- Senador Humberto Lugo Gil, Presidente; diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos, secretario; diputados: Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Blanca Ruth Esponda Espinoza, Fernando Lerdo de Tejada, Amador Rodríguez Lozano; senadores: Carlos Sobrino Sierra, Héctor Terán Terán, Jorge Adolfo Vega Camacho, Ángel Ventura Valle.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
«Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el veinte de noviembre de 1992 por el ciudadano Presidente de la República en favor del ciudadano coronel de infantería Antonio Tortajada Morán, como general brigadier, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte: a) Que ingresó al Ejército como cadete numerario en el Heroico Colegio Militar el primero de enero de mil novecientos cincuenta y siete y el primero de enero de mil novecientos sesenta fue ascendido a subteniente de infantería, al término satisfactorio del curso de formación en dicho plantel;
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
d) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante treinta y seis años, dieciocho días, y
e) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicio requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera Clases así como la "Especial".
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general brigadier, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único Se ratifica el grado de general brigadier, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Antonio Tortajada Morán.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 2 de marzo de 1993.- Senador Humberto Lugo Gil, Presidente; diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos, secretario; diputados: Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Blanca Ruth Esponda Espinosa, Fernando Lerdo de Tejada, Amador Rodríguez Lozano; senadores: Carlos Sobrino Sierra, Héctor Terán Terán, Jorge Adolfo Vega Camacho, Ángel Ventura Valle.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
El Presidente: - Gracias, señor Secretario.
DESECHOS TÓXICOS
El Presidente: - Gracias señor Secretario:
Entramos a otro capítulo del orden del día de esta sesión y concedemos la palabra al diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista, para formular comentarios sobre hechos ocurridos en San Luis Potosí.
Tiene la palabra diputado.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo:
- Señor Presidente, con su autorización; compañeras y compañeros legisladores:
El orden del día de esta sesión registra como primero y segundo temas del debate político que habitualmente se da ya en este foro, el relativo a hechos ocurridos en San Luis Potosí, en el primer caso y el de una declaración política sobre la supuesta internación de desechos tóxicos en nuestro país, en el segundo caso. De hecho se trata de un mismo tema, señor Presidente y en tal virtud seguramente el tratamiento será tal que permita su desahogo ordenado.
El Presidente: - Así lo haremos, señor diputado.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo:
- Gracias, señor Presidente.
El organismo Grinpix, sección México, solicitó que la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional De Ecología manifiesten su rechazo al envío de 530 toneladas de desechos tóxicos de Inglaterra a nuestro país, bajo el pretexto de someterlas a un proceso de reciclamiento en la empresa Metales de San Luis Potosí.
La fundidora inglesa Kyperpas, que en la fuerte de donde procede este cargamento, ha sido cuestionada ya en diversas ocasiones. El cargamento de que se trata, se ha informado, contiene altas concentraciones de plomo, estaño, zinc y arsénico, además del producto radiactivo polonio 210.
Según Green Peace, cita de Green Peace, se han realizado investigaciones por parte del Departamento de Salud en Inglaterra y éstas han demostrado que en las comunidades cercanas a la planta fundidora de Keiper Pass se encontraron altas tasas de leucemia, especialmente en la población infantil y aunque no pudo establecerse una relación directa con las emisiones tóxicas al aire por parte de esta fundidora, se pudo comprobar sin lugar a dudas que los daños son de carácter irreversible y afectan al sistema neurológico de la población.
La planta de Keiper Pass en Inglaterra, fue clausurada en mayo de 1991, esto es un antecedente, por los daños que ocasionó a la población donde se localizaba; no obstante que se han realizado algunas operaciones de limpieza en el sitio, aún permanecen 2 mil toneladas de desechos en ese lugar, parte de esos desechos son los que se pretenden traer a nuestro país. Green Peace informó también que el cargamento de residuos espera todavía en el puerto de Felix Todd, Inglaterra, para de ahí ser trasladado al puerto de Tampico en México; también dieron a conocer que ya en octubre del año pasado llegaron a nuestro país por parte de la misma empresa y con el mismo destino 39.2 toneladas de desechos semejantes.
El asunto reviste gravedad puesto que amenaza a la salud en general de la población de San Luis Potosí, particularmente la población infantil, amenaza de contaminación generalizada en aquella región. Es interesante hacer notar que la empresa Metales Potosí destinataria de estos productos, es propiedad del señor Guillermo Pizzuto Samanillo, prominente militante del PAN quien fuera Presidente Municipal de la capital de ese Estado y quien ahora ocupa la primera posición en la lista plurinominal como candidato a diputado para las elecciones del 18 de abril próximo. Esta misma empresa, decíamos, fue la destinataria del envió anterior de 39.2 toneladas de estos residuos que se estiman peligrosos por lo cual sería deseable se realizara una auditoria ecológica a la propia empresa para ver qué ocurrió con el anterior envío y con otros que pudieran haber existido, que pudieran haber existido de características semejantes a estas.
Es interesante mencionar una declaración del Procurador Federal de Protección al Medio Ambiente, quien afirmó que pueden estarse encubriendo a través del Certificado de Embarque desechos de naturaleza tóxica, dijo además que se ha establecido ya un contacto con la Dirección General de Aduanas, a fin de establecer con toda precisión el tipo de embarque y la naturaleza del mismo.
Añadió que si se trata de desechos tóxicos, lo que es presumible, la posición de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente será un rotundo no a la importación de los mismos con nuestro país y declaró asimismo que la empresa Metales Potosí habrá de ser investigada para saber cuáles son sus operaciones y cuáles son sus antecedentes en este tipo de acciones.
Estos son los rasgos de carácter general de este problema frente al cual la fracción parlamentaria del PPS de manera conjunta con la fracción
parlamentaria del PRD y la fracción parlamentaria del PFCRN ponemos a la consideración de esta Comisión Permanente el siguiente punto de acuerdo fundamentado en el artículo 79 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dice así:
Único. Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión acuerde que los elementos planteados en esta tribuna en torno a desechos industriales presumiblemente de naturaleza tóxica que se pretenden trasladar de Inglaterra al Estado de San Luis Potosí, sean turnados estos elementos a las comisiones de Ecología y Medio Ambiente y Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, para que estas vean la conveniencia de designar una Comisión que investigue el grado de peligro que puedan representar, que vean asimismo la conveniencia de trasladarse a San Luis Potosí con objeto de averiguar sobre la empresa Metales de San Luis Potosí, propiedad del señor Guillermo Pizzuto Samanillo, prominente militante de Acción Nacional y que presuntamente estaría involucrada en acciones ilegales lesivas al medio ambiente y peligrosas para la salud de la población.
Dado en la Sala de Sesiones de la Comisión Permanente, a los 24 días del mes de marzo de 1993, y firman por el Partido de la Revolución Democrática, el diputado Miguel A. León; por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, el diputado Israel González Arreguín, y un servidor en nombre de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista.
Hacemos entrega de la proposición de punto de acuerdo, señor Presidente.
Muchas gracias.
El Presidente: - Gracias, diputado, dejé ahí en la Secretaría y quiero informarles, señoras y señores legisladores que para un asunto que tiene relación con lo planteado por el señor Cuauhtémoc Amezcua, había un punto ya registrado en el orden del día por parte del señor diputado Manuel Díaz Infante; entonces concedemos la palabra que la ha solicitado, al diputado Diego Fernández de Cevallos y después al diputado Manuel Díaz Infante, para tratar su punto y tratar en un solo asunto a ambos.
El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos: - Con su permiso, señor Presidente:
En primer lugar quiero decirles a los señores legisladores, que Acción Nacional ha estado, está y estará siempre en contra de toda recepción de desechos tóxicos en cualquier parte de nuestra Patria, porque resulta evidente que no puede aceptarse un riesgo de esa naturaleza, que tiene proporciones y consecuencias muchas veces impredecibles y que jamás, bajo ningún concepto puede aceptarse como lícito, como procedente o como tolerable.
Tan es así, que antes que subiera Cuauhtémoc Amezcua a esta tribuna, nosotros hemos firmado ya un pronunciamiento repudiando toda posible recepción de desechos tóxicos a nuestra patria y pidiendo además que interviniera la procuraduría al respecto, para los efectos legales procedentes.
Así las cosas, debe ser de su conocimiento que Acción Nacional, en forma alguna puede tolerar este tipo de conductas sean quienes fueren los que las ejecutan. Lo que nosotros no podemos aceptar en esta tribuna, es que a propósito de ello de lo que sea, nuevamente el PRD venga a contaminar un asunto que podría tener pleno consenso para introducir aspectos de orden político.
EL diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: - ¿Me permite el orador hacer una interpelación?
EL Presidente: - Nos desean hacer una interpelación, ¿la acepta usted?
El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos: - Ya no porque supongo que quiso usted decir que si hacía referencia al PRD, disculpe, de antemano ofrezco las disculpas respectivas, es un lapsus lingüe y una inclinación ya de mi conciencia hacia el PRD.
Quise decir PPS y ratifico mi ofrecimiento de disculpas. Volviendo al tema, he de manifestarles que no podemos aceptar, como partido político, que también para estos efectos otra vez surja la inquina y todo lo que ello entraña para que el representante del PPS venga a hacernos afirmaciones primero no demostradas y no comprobadas aquí, pero además que jurídicamente no pueden resultar fácilmente aceptables.
Nosotros sabemos, los que alguna incursión hemos hecho en el ámbito del derecho, que las empresas jurídicas tienen diversos propietarios en su capital accionario y atribuirle la propiedad de la compañía al señor Pizzuto, es al menos desconocer el régimen jurídico de las compañías.
Pero sea o no sea propietario de esa compañía el señor Pizzuto, el involucrar en ello a Acción
Nacional nos parece incorrecto. Es lo único que podemos repudiar de la exposición del diputado Amezcua. Sea o no sea propietario el señor Pizzuto, legal o ilegalmente de todas las acciones de la compañía, nosotros estamos en contra de cualquier desecho tóxico que pueda llegar a México y si vamos a los excesos de hacer que interfieran principios ecológicos y de salud con lo político, yo también podría aprovechar para decirle que en esta tribuna frecuentemente, cada miércoles, hay desechos tóxicos de lo político que tenemos que soportar todos aquí.
El Presidente: - Para contestar alusiones personales, en términos del 102, se concede la palabra al diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - Yo celebro que esta vez coincidamos en el problema fundamental de repudiar el ingreso a nuestro país de desechos tóxicos, y el reconocimiento implícito, aunque no explícito que hace el diputado Diego Fernández de Cevallos, de que éstos se destinan precisamente a la planta Metales de San Luis, donde se pretende reciclarlos.
El pone en duda, en un juego de palabras, si Guillermo Pizzuto es o no es, si es propietario, si tiene acciones, si tiene la mayoría, si tiene todas o sólo pocas; en un juego de palabras algo así parecido al de la santísima trinidad, tres personas y un sólo Dios verdadero. Aquí como que es y deja de ser. Un juego dialéctico después de todo podría decirse, pero verdaderamente intranscendente.
¿Por qué pudiéramos caer en la tentación sugerida veladamente por el diputado Diego Fernández de Cevallos, de ocultar el nombre del señor Pizzuto si tiene que ver evidentemente en el asunto. Mucho o poco pero tiene que ver. ¿Por que ocultarlo? Más vale que se sepa públicamente.
¿Por qué calificar de inquina contra Acción Nacional? Yo no veo dónde pudiera fundamentarse que sea una actitud de inquina o de persecución por parte nuestra particularmente. Simplemente es un hecho real. Este señor tiene que ver con la empresa, este señor tiene que ver con Acción Nacional.
Pero además hay otro hecho relevante. Este señor fue alcalde de San Luis Potosí. Nosotros hemos planteado, esto nos parece muy de fondo, que los empresarios no debieran tener nada que ver con la política, que el gran capital todo lo corrompe, todo lo contamina, que los empresarios metidos a políticos, generalmente inclinan sus decisiones para favorecer a sus propias empresas y aquí estaríamos presumiblemente en un caso que podría ejemplificar este supuesto.
Por otro lado, simplemente lo que demandamos es que se investigue y que se determinen las responsabilidades pertinentes. Yo no he hecho, hasta el momento, ninguna afirmación de carácter concluyente en torno a este asunto. Esas serían mis aclaraciones. Muchas gracias.
El Presidente: - Para contestar alusiones tiene la palabra el diputado Diego Fernández de Cevallos, en términos del 102 del Reglamento.
El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos: - En primer lugar señores legisladores, quiero decirles que yo no hice ningún reconocimiento, ni implícito ni explícito de nada que se refiera al señor Pizzuto, por muchas razones, porque eso es irrelevante, porque eso es intranscendente, porque eso para mí resulta algo así como de tercer nivel para decirlo suavemente. Lo que importa es de que si pueden o no entrar o si van a entrar o no residuos tóxicos a nuestra patria y en ello hay coincidencia señor legislador, eso es lo único que interesa en esta tribuna.
De coletilla meter lo que ha sido o es o pudo haber sido en Acción Nacional una persona, eso es secundario, eso entraña un aprovechamiento de un tema ecológico y de salud, para una implicación política. Sus obsesivas referencias al gran capital retirado de la política, se las va a llevar usted a la tumba, pero ni aquí ni en ninguna parte del mundo se ha logrado eso jamás en la historia de la tierra. Le respetamos sus ideas, sígalas llevando a todo donde vaya y por supuesto se las vamos a aguantar en esta tribuna.
Mientras la Constitución permita que todos los ciudadanos participen en política, independientemente del tamaño de su cartera, usted siga con lo suyo, la Constitución con lo suyo y los mexicanos con lo suyo.
Por otro lado, yo sí creo que nada tenemos que ocultar nosotros del señor Pizzuto por mil razones, porque inclusive es hoy candidato por otra fuerza política que no tiene nada que ver con nosotros. No está dentro de nuestra nómina política, de nuestra línea política ni de nuestro santoral político y yo sí creo que en última instancia todas sus inclinaciones religiosas, que también son respetables, nos pondrán a pensar que algún día usted ande recogiendo charolas también en este orden de ideas y pueda andar
asumiendo cargos de los que tanto ha renegado en el orden religioso.
Lo importante es que Acción Nacional tiene perfectamente claro su pronunciamiento en torno a los materiales tóxicos y en torno de ello manifestamos públicamente, con un documento conjunto, firmado con otras fuerzas políticas, que no podemos aceptar, sea de quien fuere la propiedad de la empresa, que pueda perjudicarse la salud de los mexicanos o ponerse en riesgo por cualquier negocio de cualquier índole. Gracias.
El Presidente: - Para presentar un punto de acuerdo sobre este asunto, y no quisiera que lo registráramos, diputado, porque habíamos anunciado desde antes que concluyan las intervenciones haríamos la presentación que hace de este mismo asunto un punto que ya había registrado el diputado Díaz Infante, ha solicitado la palabra antes que usted el diputado Miguel Ángel León Corrales, lo registramos a usted también después.
El diputado Manuel Díaz Infante: - Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
En el curso de esta mañana nos abocamos a concertar con todas las fracciones políticas aquí representadas, un punto de acuerdo en torno a la internación de desechos peligrosos a la República Mexicana. Esta concertación llegó a buen fin, en virtud de que las seis fuerzas políticas lo han firmado y lo han firmado en atención a las siguientes consideraciones:
Primero. Que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en vigor, desde el primero de marzo de 1988, contemple en su Capítulo V, tanto el manejo, como la recolección, transporte, alojamiento, tratamiento, reciclaje y disposición final de materiales y residuos peligros; que los ordenamientos respectivos, así como el Reglamento de la materia, disponen que la importación de materiales o residuos peligrosos, se sujetará al control del Instituto Nacional de Ecología, quien es la autoridad responsable de autorizar las guías ecológicas para importar este tipo de productos, así como de la Procuraduría Federal del Medio Ambiente, encargada de la vigilancia de la normatividad ecológica.
Que también no resulta benéfico para el país la importación de residuos peligrosos; que los medios de comunicación han dado cuenta que una empresa inglesa denominada Keiper Pass, pretende exportar a nuestro país 530 toneladas de residuos peligrosos, a efecto de que sean reciclados con el fin de recuperar estaño por la empresa Metales Potosí, ubicada en el Estado de San Luis Potosí.
Que de los informes proporcionados a los medios de comunicación, se desprende que el Instituto Nacional de Ecología no ha autorizado la introducción de ningún desecho tóxico, como los que describió la organización Green Peace; que sin embargo, en la denuncia pública presentada, se habla de que ya han sido introducidas al país, en octubre del año pasado, 39 toneladas de estos residuos peligrosos, por lo que se podría estar en presencia de un contrabando.
Que en nuestro país el cumplimiento de las normas ecológicas, por su importancia es una condición ineludible y que en este marco deben investigarse las denuncias que se presenten por la opinión pública, porque evitar posibles actos de violación es indispensable para todos los mexicanos y estamos con ello colaborando con la preservación del medio ambiente, con el control de la contaminación y buscando un uso responsable de la tecnología, que se traducirá en una garantía para sustraer a la nación de daños que pueda generar este tipo de importaciones a que se ha hecho referencia.
Por lo anterior y con el aval, insisto, de todas las fuerzas políticas aquí representadas, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, suscribe el siguiente pronunciamiento:
Único: Que el Instituto Nacional de Ecología aplique con estricto rigor las disposiciones contenidas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y en el Reglamento respectivo en materia de residuos peligrosos, a efecto de que no se permita la importación a territorio nacional de residuos peligrosos que aténte contra nuestro medio ambiente.
Asimismo, se solicita que la Procuraduría Federal del Ambiente, realice una investigación sobre el supuesto contrabando de desechos peligrosos, efectuado en octubre del año próximo pasado para los efectos legales procedentes.
Lo firman por el Partido Revolucionario Institucional, el senador Humberto Lugo Gil y el diputado Manuel Díaz Infante; el diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; diputado Víctor Orduña Muñoz, por Acción Nacional; Cuauhtémoc Amezcua, por el Partido Popular Socialista; Israel González Arreguín, por el Partido del
Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Miguel León Corrales, por el Partido de la Revolución Democrática.
Por último, señor Presidente y a nombre de la fracción del Partido Revolucionario Institucional, contundente, enfáticamente, dejamos constancia en esta tribuna que México nunca será traspatio y basurero de ninguna otra nación.
El Presidente: - Gracias. No se lleve el documento, déjenlo ahí en la Secretaría, señor diputado.
Y ahora concedemos la palabra para este asunto al señor diputado Miguel León Corrales, del Partido de la Revolución Democrática. Están registrados ya Israel González Arreguín y el diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El diputado Miguel Ángel León Corrales: - Con el permiso de la Presidencia; señoras y señores legisladores:
Recientemente diferentes medios de comunicación publicaron que la empresa de origen inglés, con nombre Fundidora Inglesa Keiper Pass pretendía desembarcar un cargamento de 530 toneladas de desechos tóxicos en nuestro país.
Deseamos expresar nuestro más enérgico rechazo e inconformidad al virtual envío de 530 toneladas de desechos tóxicos provenientes de Inglaterra por dicha empresa. El embarque tiene como objetivo principal un supuesto reciclaje a través de una compañía mexicana situada en el Estado de San Luis Potosí de nombre Metales Potosí. Pero en realidad, según la empresa Metales Potosí, de tal embarque solamente el 10% de estos materiales es reciclable y de los estudios que ha realizado Green Peace estos desechos contienen altas tasas de sustancias peligrosas tales como plomo, estaño, zinc y arsénico, además del radioactivo polonio 210. Todas éstas, consideradas sustancias peligrosas de alta toxicidad.
En este sentido, según el listado que nos presenta la norma técnica NTCRP00188 aparecen el arsénico y el plomo.
De igual manera, en una lista emitida por las Naciones Unidas, de sustancias prohibidas retiradas del comercio, restringidas o no autorizadas por los gobiernos, aparecen dentro de los productos químicos industriales el arsénico y compuestos de arsénico, plomo y compuestos de plomo.
También existe un listado de sustancias tóxicas publicado en las gacetas sanitarias en octubre de 1987, con fundamento en el artículo 178 fracción III de la Ley General de Salud y para efectos de control sanitario, en donde aparecen enlistados el plomo, el arsénico y el estaño.
Con base en todo lo anterior, podemos afirmar que tal desembarque sería en primera instancia ilegal, ya que sin lugar a dudas se afectaría el medio ambiente y la salud humana.
Ante las presentes irregularidades denunciamos estos hechos que atentan contra la salud de miles de mexicanos, alteran nuestro equilibrio ecológico y violan lo reglamentado en la Ley General de Equilibrio y Protección Ecológica, en lo referente a los materiales y residuos peligrosos, Capítulo IV, así como sus normas técnicas.
Por lo tanto, pedimos que en el ámbito de su competencia, las autoridades ecológicas de este país, deben actuar en correspondencia y aplicar el debido peso de la Ley, ya que en la actualidad gran parte de estos desechos tóxicos que entran en nuestro país, no se les conoce su destino final. A esto se puede agregar la situación de no contar aún con sitios seguros para su confinamiento final.
Por todas estas razones, la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, ha firmado los dos puntos de acuerdo, tanto el que presentó el diputado Cuauhtémoc Amezcua como el que presentó el diputado Díaz Infante. Es todo, gracias.
El Presidente: - Gracias diputado. Se concede la palabra al diputado Israel González Arreguín.
El diputado Israel González Arreguín: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras legisladoras, compañeros legisladores:
Uno de los problemas de las grandes, medianas y también pequeñas ciudades de todo el mundo, lo constituye sin duda, el desecho de basura y su acumulación.
El agravamiento del problema se da como consecuencia del acelerado crecimiento de la población y la concentración de las áreas urbanas, así como la falta de capacidad instalada para su recolección.
El desarrollo de las regiones viene acompañado de una mayor generación de desechos sólidos, algunos con características tóxicas y radioactivas.
Generalmente, en las poblaciones del país, los desechos sólidos son arrojados en basureros, a cielo abierto e incluso en cuentas hidrográficas.
En el caso de los residuos tóxicos, no necesariamente existe un control para depositarlos en lugares seguros que impidan la contaminación ambiental y que pongan en riesgo la salud de los pobladores.
Los basureros convencionales se convierten también en factores de transmisión de enfermedades de la población por la proliferación de moscas, mosquitos, ratas, cucarachas y otros insectos que trasladan los microbios propios de la basura. Los basureros tóxicos provocan una mayor problemática ya que sus efectos no únicamente son de enfermedades epidémicas sino también provocan trastornos cerebrales, cardiacos, pulmonares y otros.
Quise exponer el problema que provocan tanto los basureros convencionales como los de residuos tóxicos para entrar a argumentar nuestra posición sobre un posible ingreso a nuestro país de aproximadamente 500 toneladas de desechos tóxicos derivados de la fundición de estaño, provenientes de Inglaterra que supuestamente serán reciclados en nuestro país por la empresa Metales Potosí en concreto, en el Estado de San Luis Potosí.
Si el problema que provoca la basura normal genera grandes problemas de contaminación y de afección de la salud de los mexicanos, los desechos tóxicos originan mayores problemas, poniendo en riesgo la salud de la población y podría también entrañar un grave peligro para el medio ambiente en donde se pretenden ubicar estos residuos.
Información periodística nos ilustra que más del 75% de los residuos no son reciclables y que por lo tanto, se tendrían que depositar en un basurero de residuos tóxicos.
En esta tribuna todas las fracciones parlamentarias nos hemos manifestado en contra de la instalación de basureros tóxicos en la frontera de los Estados Unidos, aun siendo en su territorio. Ahora, no se puede permitir por ningún motivo que los residuos tóxicos que hemos mencionado ingresen a nuestro país para ser reciclados y menos para que se instalen basureros tóxicos en nuestro territorio con sustancias que provienen de empresas establecidas en otros países.
Nuestro Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional se suma a las propuestas manifestadas por la fracción del Partido Popular Socialista y la que se pronunció aquí por el diputado Manuel Díaz Infante, sobre el posible ingreso de estos materiales radiactivos.
Por ningún motivo se puede exponer la salud de los mexicanos. En la prensa se han dado opiniones de la Secretaría de Desarrollo Social y del Instituto Nacional de Ecología, en donde se precisa que no se permitirá la entrada a nuestro país de ningún tipo de residuos tóxicos. Pero no basta...
El Presidente: - Un momento, señor orador. Se ruega a los presentes guardar silencio, por favor. Continúe, señor orador, por favor.
El diputado Israel González Arreguín: - Pero no basta que se prohiba la entrada de estos materiales; es necesario que se investigue a la empresa Metales Potosí, para evitar o detectar si existen basureros de desechos sólidos. Esta investigación debe ampliarse a todas las empresas ubicadas en territorio nacional que manejan materiales tóxicos y radiactivos, para evitar y en su caso imponer, una severa sanción a quien establezca o permita la instalación de este tipo de basureros.
En este sentido, consideramos que la Comisión Permanente se debe pronunciar en contra del establecimiento de basureros tóxicos y del ingreso de sustancias o materiales que son peligrosas y que conllevan a un elevado riesgo para la población. Muchas gracias.
El Presidente: - Gracias, diputado González Arreguín. Se concede la palabra al diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, para el mismo asunto.
El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas: - Señor Presidente; señores senadores; señores diputados; señores integrantes de la información y honorable grupo que en esta ocasión nos acompaña:
Yo quisiera proponer a usted, señor Presidente, un receso de unos cuantos minutos para que los compañeros de la información pudieran cubrir ampliamente las gráficas que están tomando y pudiésemos continuar en forma normal con el desarrollo de esta actividad legislativa.
El Presidente: - Señores asistentes: Se les rogaría, por favor, que guardaran silencio y compostura en el transcurso de esta sesión; los compañeros que aquí se encuentran presentes en esta ocasión, vienen en relación a algún punto del orden del día que está enlistado. Les rogaría a los compañeros de los medios de comunicación también, que ocupen sus lugares para que podamos continuar con la sesión.
Continúe, señor orador, por favor.
El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas: - Con todo gusto, señor Presidente.
Señores senadores, señores diputados: En el transcurso de nuestra vecindad con Estados Unidos, en muchas etapas de nuestra historia y en las últimas décadas, preocupados por los problemas del medio ambiente, el desecho de aguas contaminantes y la instalación de industrias que afectan la ecología y el medio ambiente; los Estados Unidos de Norteamérica y México, han firmado en diversas ocasiones, diversos acuerdos que pretenden dar normatividad a esta clase de acciones, pretendiendo conjugar acciones tendientes a mantener la pureza del medio ambiente, la lucha en favor de la ecología, la protección de la vida humana.
Dentro de estos acuerdos existe el acuerdo de la paz, firmado entre estas dos naciones, mediante los cuales se pretende establecer conjuntas, reiteradas consultas para evitar en los estados limítrofes y en las fronteras correspondientes, la instalación de industrias contaminantes.
En la misma forma, con anterioridad, existen los acuerdos del Tratado de Aguas, para evitar que el Río Bravo y algunos otros ríos coincidentes, colindantes y limítrofes, pudiesen recibir los desechos de aguas contaminantes de cualquiera de los dos países, poniendo en riesgo la ecología y el medio ambiente.
Recientemente, como hace unos momentos se escuchó en esta tribuna, percibimos en forma conjunta y estableciendo un común denominador la preocupación que a las diversas agrupaciones políticas les ocasiona la viable y probable internación al Estado de San Luis Potosí, en el territorio nacional, de una serie de implementos tóxicos que podrían afectar la vida humana, el medio ambiente y la ecología.
México, nuestro país, ya no sólo está considerado como potencial basurero tóxico por Estados Unidos, sino que ahora también la Gran Bretaña nos envía materiales peligrosos que ponen en severo riesgo nuestra ecología, medio ambiente y como consecuencia la supervivencia misma.
La voz de alerta que nos ha hecho llegar la Organización Ecologista Internacional Green Peace sobre los desechos tóxicos, en razón de 530 toneladas de Polonio 210, de los cuales más del 70% no es reciclable, que se pretende enviar a la empresa Metales Potosí, para obtener zinc, plomo y algunos otros metales, debe impulsarnos a encontrar algunos mecanismos que eviten de una vez por todas ser constante blanco de este tipo de agresiones por parte de otros países.
En el caso que nos ocupa, la Organización Ecologista antes mencionada, incluso detuvo un embarque de 530 toneladas de los desechos tóxicos. Pero resulta inexplicable que vinieran ya en camino sin que para ello contaran ya con la autorización de las autoridades mexicanas. Este es un punto que debe aclararse para determinar si en este nefasto envío de materiales contaminados con radiación se obtuvo o no anticipadamente la autorización de las autoridades mexicanas correspondientes, como la Sedesol.
No debemos olvidar que la contaminación no reconoce fronteras y nacionalidades y sólo pueden evitarse riesgos y daños mediante una estricta norma internacional aplicada a escala mundial. Es necesario que se respeten y obedezcan acuerdos preventivos que reduzcan riesgos de contaminación radiactiva, que eliminen fuentes de contaminación ambiental no sólo en los respectivos espacios y mares territoriales de los países del mundo, sino que cada país haga conciencia cívica y ecologista, que frene los abusos o el interés ecologista y hasta apátrida de intereses y empresarios particulares, para quien es más fácil pagar por los daños hechos al medio ambiente y preservar sus insanos intereses, que atender al interés, al bienestar y a la salud de sus congéneres.
El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana considera que no es admisible bajo ninguna circunstancia que empresas siderúrgicas compren material de desecho radiactivo para economizar la adquisición de esos mismos insumos.
El caso que nos ocupa es paralelo también a la cuestión de los basureros nucleares que se han pretendido establecer en la franja fronteriza con nuestro país por parte de empresarios de industrias americanas. Ambos casos nos demuestran que el interés de algunos industriales y empresarios particulares es común en todo el mundo, anteponen sus ganancias a la salud pública y no tienen el menor temor frente a las graves lesiones que al medio ambiente puedan provocar con el manejo de desperdicios nucleares. Lo anterior es una actitud irresponsable y violatoria de la protección de la salud humana y el equilibrio de los ecosistemas en la zona centro de nuestro país.
El Partido Auténtico sostiene que es imperativo que la conservación y la defensa de la ecología no estén sujetas a negociación alguna ni puedan subordinarse a jugosos convenios comerciales entre particulares, ya que por encima de éstos, está nuestra obligación de respetar la vida en el planeta. No puede haber comercio si no hay vida.
El respeto a decretos, acuerdos y convenios de conservación ecológica debe ser irrestricto y debe existir una estrecha vigilancia por parte de la comunidad internacional para detectar intereses particulares que vulneren el equilibrio ambiental con la salida: que es más fácil pagar por los daños hechos que abstenerse de ganancias reprochables, ilícitas, interesadas y egoístas.
El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana demanda una investigación en el caso del envío del material radiactivo que pretende introducir en nuestro territorio, la Gran Bretaña y reprocha la actitud de malos y apátridas empresarios y la actitud apática o de complicidad de algunas autoridades mexicanas, dando vista de esta preocupación; denuncia al Instituto Nacional de Ecología, a la Secretaría de Desarrollo Social, al Instituto Nacional de Investigación Nuclear y a la Procuraduría Nacional del Medio Ambiente, para que informen a esta Comisión Permanente sobre la veracidad de esta denuncia, sobre sus implicaciones y acciones que actualmente se están tomando para evitar estos graves riesgos a la vida humana, a la ecología y al medio ambiente. Muchas gracias.
El Presidente: - Muchas gracias diputado.
Esta Presidencia da por presentada la declaración política, del pronunciamiento que han hecho aquí las diversas fuerzas políticas que presentó en la tribuna el diputado Manuel Díaz Infante y por otro lado turna a las comisiones de Ecología y Medio Ambiente y Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados la propuesta presentada aquí por el diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del PPS.
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
El Presidente: - En otro orden de ideas y en otro asunto enlistado, se concede la palabra al diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del grupo parlamentario del PPS, para referirse a la situación salarial de la UNAM. Se hace notar que sobre este mismo asunto se han registrado en diversos puntos del orden del día los diputados Carlos Enrique Cantú Rosas, Jorge Calderón Salazar, Israel González Arreguín, hasta este momento.
Se concede la palabra al diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - Gracias, señor Presidente. Quiero en primer lugar saludar la presencia de compañeros catedráticos e investigadores de la UNAM que nos acompañan en esta sesión, haciendo presente a los legisladores integrantes de esta Comisión Permanente la situación dramática por la que atraviesan.
La situación salarial de los trabajadores de la UNAM no es un problema privativo sólo de esta rama de la actividad profesional y económica, es un problema generalizado particularmente a partir de que se puso en marcha la política de los llamados pactos, la política que establece topes reales a los probables incrementos salariales y que para este año limita a un máximo de 9.9% el incremento que se pueda otorgar a cualquier trabajador o grupo de trabajadores de cualquier empresa y rama de la actividad económica.
Ya ha sido tema de planteamiento en este foro, la inconformidad, el rechazo, la condena enérgica por parte del PPS a esa política que consideramos verdaderamente criminal, porque ha venido sometiendo a un creciente proceso de empobrecimiento, de depauperación a sectores importantes de nuestra población, la riqueza se concentra en muy pocas manos hasta alcanzar niveles verdaderamente insultantes, en tanto que sectores importantes de la población se ven carentes de los recursos para poder satisfacer necesidades de carácter ingente.
Los compañeros académicos están en esa situación, se ha dado cuenta de manera importante a la opinión pública de la demanda formulada de incremento salarial por parte de los trabajadores académicos de la UNAM y de la nula respuesta, más bien simbólica, que una respuesta real formulada por las autoridades. Hace unos días se publicó un desplegado suscrito por el Consejo Universitario, que es un documento valioso y con autoridad que dice así:
"La Universidad Nacional Autónoma de México cumple y seguirá cumpliendo su compromiso histórico con la nación, a la cual se debe. Ha formado generaciones de profesionales, difunde la cultura, desarrolla la ciencia, expande el saber y colabora con el desarrollo del país.
La Universidad Nacional es uno de los pilares fundamentales de la cultura en México. Tenemos la convicción de que esta responsabilidad no sólo debe ser preservada, sino decididamente garantizada para el futuro.
En su sesión extraordinaria del 11 del presente, el Consejo Universitario de la Universidad
Nacional Autónoma de México, reflejando el sentir de toda la comunidad, acordó pronunciarse en los siguientes términos: 1o. El deterioro del salario del personal académico ha llegado a un nivel insostenible, que influye negativamente sobre su nivel de vida, hace poco atractiva la carrera académica para las nuevas generaciones, y propicia el éxodo de académicos hacia otras actividades.
2o. Tal deterioro refleja una injusta valoración que en el Estado y en la sociedad se hace de la labor que profesores e investigadores realizan en las universidades públicas.
De continuar esta situación, no sólo se verán afectados la Universidad y los universitarios, sino la sociedad entera, pues la cultura superior se irá enrareciendo progresivamente al carecer de los recursos humanos y materiales adecuados para su preservación y enriquecimiento.
3o. En razón del urgente reconocimiento que se debe a la labor académica, y de la justa valoración que merecen los universitarios, el Consejo Universitario hace un llamado a las autoridades gubernamentales y a la sociedad para que de manera impostergable se atienda la necesidad de un programa de recuperación salarial en la Universidad Mexicana.
El Consejo Universitario apoya decididamente las gestiones que se realicen para el logro de ese propósito y manifiesta su compromiso con el cumplimiento de las funciones sustantivas que la UNAM ofrece a la sociedad mexicana."
Este documento fue difundido el propio 11 de marzo y está suscrito por el Consejo Universitario.
Por otra parte, compañeras y compañeros, quiero también dar cuenta de un documento que firman tres compañeros diputados federales, ninguno de los cuales es integrante de esta Comisión Permanente, pero que me han pedido dé a conocer su opinión a ustedes, y lo hago con todo gusto. Dice así:
"Los profesores e investigadores de la UNAM, han iniciado una lucha por mejorar sus deplorables condiciones de trabajo y su salario; han realizado diversas acciones para lograr este objetivo, entre ellas, una huelga de hambre y diversas marchas.
El día 15 de marzo, profesores de la máxima casa de estudios dieron inicio a un ayuno colectivo en demanda de un aumento salarial del 100%; los salarios del personal académico se han deteriorado más de un 70%, sus condiciones de trabajo son cada vez peores, lo que ha generado que profesores e investigadores altamente calificados, hayan tenido que emigrar a otras instituciones o a la iniciativa privada.
Es evidente que la excelencia académica pregonada por las autoridades, seguirá siendo un mito mientras no se recuperen los ingresos de los docentes e investigadores universitarios; los maestros han tenido que acudir a esta acción después de años de observar cómo su salario se pulveriza y ante la falta de respuesta satisfactoria por parte de la rectoría de la UNAM.
Las autoridades universitarias en un acto desesperado por frenar el movimiento magisterial, han ofrecido un aumento diferenciado de 100 a 1 mil nuevos pesos, por medio del programa de estímulos a la productividad y al rendimiento académico para mejorar las condiciones de los profesores de asignatura y fomento a la docencia de profesores e investigadores de carrera, propuesta que no es un aumento directo al salario, sino que de nueva cuenta pone a competir a los docentes y no resuelve el problema general.
Las autoridades de la UNAM están obligadas a buscar salidas para mejorar las condiciones de vida de sus profesores, ya que no podemos entrar a la modernidad ni a la competitividad internacional con una docencia e investigación deficientes."
Los diputados abajo firmantes respaldamos las demandas de aumento salarial, al menos del 100%, de los profesores e investigadores de la UNAM y manifestamos nuestra disposición de procurar mejor subsidio y presupuesto para nuestra máxima casa de estudios.
Firman este documento los compañeros diputados Javier Centeno Ávila, Nicolás Olivos Cuéllar, Secretario General del STUNAM y José María Téllez Rincón.
Por otro lado, compañeras y compañeros legisladores, debemos recordar que nosotros constituimos uno de los poderes de la Unión, ambas cámaras, la de Diputados y Senadores aquí representadas en esta Comisión Permanente. Debemos recordar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación que autorizamos en diciembre pasado, hay un artículo 14 que dice así: "El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autorizará erogaciones adicionales para aplicarlas a proyectos de inversión de carácter social, o a
programas y proyectos estratégicos o prioritarios del Gobierno Federal, tales como desarrollo rural, comercialización de productos agropecuarios, educación, vivienda, etcétera", es decir hay la facultad establecida ya en el Presupuesto de Egresos aprobado por nosotros, para que el Ejecutivo Federal disponga de erogaciones adicionales, entre otros conceptos precisamente para el de educación y se señala que estas erogaciones especiales serían con cargo a: fracción III, ingresos que obtenga el Gobierno Federal como consecuencia de la desincorporación de entidades paraestatales, o del retiro de la participación estatal en aquellas que no sean estratégicas o prioritarias, o de la enajenación de otros bienes muebles o inmuebles que no le sean útiles o no cumplan con los fines para los que fueron creados o adquiridos, así como de los provenientes de la recuperación de seguros.
Se ha estado informando con amplitud de la desincorporación, así se le llama a la política privatizadora a la que nos oponemos, pero sin embargo se está realizando, de numerosas empresas y de la captación de recursos cuantiosos por parte del Ejecutivo Federal como resultado de esa desincorporación, prevista en la fracción III del Capítulo XIV del Presupuesto de Egresos a que he dado lectura.
Por lo tanto, no se requiere ni siquiera esperar al próximo período de sesiones ordinarias para legislar al respecto, no hace falta recurrir a mecanismos complejos o prolongados; basta con que el Ejecutivo aplique esta facultad que ya tiene, que ya le otorgamos en este artículo 14 fracción III, al que he dado lectura.
Por lo tanto, compañeras y compañeros legisladores, en nombre de las fracciones parlamentarias del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en nombre de los compañeros diputados que no forman parte de ninguna de las fracciones partidistas, en nombre de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista de la que formo parte, me permito poner a la consideración de ustedes, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Nos permitimos recomendar respetuosamente al Ejecutivo, la aplicación de lo señalado en el artículo 14 del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1993, por lo que se refiere al área educativa, incrementando sustancialmente los recursos destinados a la misma en su aspecto general, en particular a la educación superior y a la investigación científica y tecnológica y de un modo concreto a la Universidad Nacional Autónoma de México. De esta manera habría los recursos para atender la justa solicitud hecha públicamente por el Consejo Universitario y la Universidad Nacional Autónoma de México podría quedar en disposición de atender el programa de recuperación salarial a que legítimamente aspiran sus trabajadores académicos.
Firmamos el compañero diputado Miguel Ángel León Corrales, del PRD; el compañero diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, del PARM; el compañero diputado Javier Centeno Ávila y un servidor, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, por la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista. Señor Presidente, hago entrega de la propuesta en términos reglamentarios. Aclaro que está fundamentada en el artículo 79, fracción III de la Constitución General de la República. Muchas gracias.
El Presidente: - Muchas gracias, diputado. Señores, les ruego que guardemos compostura, por favor. Vamos a informar a ustedes que hay varios compañeros diputados que han solicitado la palabra, incluso han registrado en el orden del día el punto que estamos tratando.
Entre ellos está el diputado Carlos Cantú Rosas, del PARM; el diputado Jorge Calderón Salazar, del PRD; el diputado Israel González Arreguín, del Partido del Frente; el diputado Rodolfo Becerril Straffon, del PRI.
Vamos a darle la palabra al señor diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas: - Señor Presidente; señores diputados; señores senadores:
En forma muy especial, trascendente, organizada, pero dolorosa, un grupo muy representativo de maestros universitarios, arriban con profundo respeto a este recinto a dar a conocer a la nación entera las vicisitudes, los agobios y las carencias que están sufriendo habitualmente en el maravilloso desempeño de su apostolado de preparar a la juventud mexicana.
No es la primera ocasión que esta tribuna de esta honorable Comisión Permanente, lleva a
efecto una actitud tan positiva, como el defender las injusticias, las carencias y las vicisitudes que estos compañeros universitarios sufren en el diario acontecer, en la magistral proyección de su sentido educativo.
El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, ha planteado en varias ocasiones, en esta tribuna, estos problemas que aun cuando existen intereses por enclaustrarlos solamente en el área universitaria, la legitimidad de sus acciones ha logrado desbordar esos honorables recintos y extenderse ante México entero, que en un reclamo a la conciencia social, pretende solamente impulsar el conocimiento de estos dolores que sufren los mentores aquí representados.
Quisiera brevemente señalar a ustedes algunos antecedentes: el pasado 19 de diciembre de 1991, durante el razonamiento en contra del Presupuesto de Egresos para 1992, la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, expuso ante la Asamblea, la urgente necesidad de ampliar el presupuesto a la UNAM, debido a los bajos presupuestos de sueldos y salarios, con todo y el sistema nacional de investigadores, con todo y los estímulos salariales.
En 1992, el 11 de febrero, el doctor Sarukhan solicitó al Congreso de la Unión elevar el presupuesto asignado a la UNAM, ya que lo consideró insuficiente para la capacidad administrativa de la institución, principalmente para solucionar la situación salarial de la UNAM; a pesar de ello, la Comisión de Programación y Presupuesto de esta Cámara de Diputados, no dictaminó favorablemente la propuesta.
En diciembre de 1992, de nueva cuenta, insistiendo, la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, al exponer su voto en contra del Presupuesto de Egresos para 1993, señaló la importancia de elevar el presupuesto a la máxima casa de estudios, debido al deterioro salarial de los profesores e investigadores, ya que alrededor de 2 millones de nuevos pesos asignados a la UNAM, no son suficientes para contribuir al mejoramiento salarial, por lo que sería necesario aumentar en un 30% su presupuesto, esto debido a que ha habido y estamos hablando de 1992, un deterioro salarial del 70% de los maestros, de 1982 a la fecha.
En marzo 9 de 1993, los profesores de asignatura, los técnicos académicos, los de tiempo completo, los maestros eméritos y los premios nacionales de la Universidad Nacional, encabezados por el doctor Ruy Pérez Tamayo, se reunieron con el doctor Sarukhan para rechazar el aumento del 7% asignado en enero pasado mismo. Asimismo se inició un ayuno frente a la rectoría de maestros e investigadores en demanda al incremento salarial.
El 10 de marzo de 1993 el Consejo Universitario convocó a sesión extraordinaria para discutir la situación y aprobó tomar en cuenta dos documentos presentados y hacer una declaratoria de dos puntos: a) El Estado invalora la labor de los profesores e investigadores a través del deterioro social; b) Incremento sustancial a los salarios a través del Gobierno Federal.
El doctor Sarukhan señaló que el secretario general junto con una comisión, tendrá listo en 15 días un programa de regularización de personal académico interino, tanto de carrera como de asignatura. El 14 de marzo de 1993 el doctor Sarukhan anunció la creación del programa de estímulos para el personal de asignatura, mediante el cual a partir de abril a la mayoría de los 19 mil docentes de esta categoría, les será adicionado su sueldo mensualmente con aportaciones que dependerá de su desempeño académico y del número de horas frente al grupo. Paralelamente se crea un programa de fomento a la docencia en el personal académico de carrera, que consistirá en estimular con recursos adicionales entre 100 y 400 nuevos pesos mensuales para aquellos investigadores y profesores que accedan a dar clases en el bachillerato y en los primeros semestres de licenciatura.
El 16 de marzo de 1993 investigadores y profesores de la UNAM rechazaron los programas de estímulo por considerarlos meros paliativos en la solución del problema salarial, además de que no incluyen a todos los académicos, no repercuten en las prestaciones e implican más cargas de trabajo. Además se dieron a la tarea de demostrar a la sociedad su negativa al realizar aparte el ayuno, que ya lleva 10 días, un bloqueo en la avenida Insurgentes, portando cartelones en sus espaldas, en los que se podía leer el número de alumnos que atienden, las obras publicadas y sus salarios y se dispusieron a lavar parabrisas de los autos que transitaban en esos momentos, de los que obtuvieron en sólo dos movimientos 300 nuevos pesos. Asimismo señalaron su disponibilidad de concurrir a los supermercados para actuar como empacadores para demostrar los raquíticos salarios y lo que pueden ganar realizando otro tipo de actividades.
El pasado 17 de febrero de 1993 en esta propia tribuna de esta honorable Comisión Permanente,
señalamos que el problema de los salarios, de las graves carencias, el problema de la Universidad Nacional Autónoma de México desde hace tiempo, ha venido lanzando una urgente voz de auxilio. La calidad de cátedra y de enseñanza se deteriora y por eso año tras año se lanza a la sociedad mexicana a profesionistas, soldados que integran un ejército, soldados de desocupación, con profesionales que no encuentran acomodo en las áreas de su competencia y que necesariamente se emplean como vendedores ambulantes, vendedores de seguros y algunas otras muy respetables actividades.
Por ello la enorme inversión que la nación hizo para preparación profesional, lamentablemente se pierde o es lanzada a la borda. El apoyo que la Universidad Nacional Autónoma de México recibe por parte del Gobierno ha venido de creciendo. En los setenta era aceptable, en los años ochenta decayó sensiblemente y actualmente es a todas luces insuficiente. Este apoyo económico tiene qué ver directamente con la caída en su nivel educativo. En la máxima casa de estudios ya no hay catedráticos e investigadores de tiempo completo, porque la mayoría de ellos se ven obligados para subsistir a buscar otros empleos de medio tiempo con los que distraen su empleo.
Los bajos salarios han provocado un fenómeno muy preocupante: faltan jóvenes en investigación básica. Si es urgente dar el apoyo a los investigadores expertos, mucho más lo es apoyar a los que comienzan; de lo contrario, tal como hace tiempo lo mencionó Augusto Fernández Guardiola, premio en el área de investigación de ciencias sociales, puede haber consecuencias graves, porque nos estamos rodeando de coroneles y generales, pero ya en la nación no existen soldados.
La situación económica de la universidad es delicada y los emolumentos que puede dar la institución a los maestros son muy limitados, en comparación con las posibilidades de los profesionistas titulados en las respectivas carreras; por los bajos salarios, difícilmente puede convencerse a esos o a otros profesionistas para que impartan asignaturas correspondientes.
Desde el 15 de enero de este año, el Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor José Sarukhan Kermez y el consejo universitario, entraron en una crisis laboral y de entendimiento sobre los aumentos a los salarios de los trabajadores docentes e investigadores.
Al inicio de este mismo año se autorizó un aumento a los salarios mínimos de los trabajadores del país en un 7%, mientras que la inflación registró en los dos primeros meses un 8%; por ello, ahora no sólo son los profesores de asignatura, los técnicos académicos o los de tiempo completo los que rechazan el aumento salarial del 7% que les otorgaron en enero pasado, sino que a ellos se han sumado los maestros eméritos y los premios nacionales.
El deterioro nacional no es sólo un problema de carácter económico, sino que refleja la injusta valoración que el Estado y la sociedad hacen de la labor de profesores e investigadores y trabajadores en general en nuestra máxima casa de estudios.
Hace unos días, el Rector José Sarukhan recibió de manos de maestros un documento en el que se señala que los salarios han registrado una pérdida en su poder adquisitivo del 70% de 1976 a la fecha y califican de humillante el aumento del 7% cuando la inflación oficial es del 12%.
Se propone en el documento abrir una cláusula de exclusividad para acabar con el multichambismo que ha provocado una caída en la calidad de la vida académica, enseñanza e investigación, que desanima a los jóvenes a seguir, lo cual no puede tener sino consecuencias funestas para el futuro de México.
Un aumento del 100% a quien se dedique totalmente a la institución, utilizando para ello los recursos que la UNAM destina al programa para el rendimiento y la productividad económicos y eliminando así toda redistribución al margen del salario, entre otros puntos.
En el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana consideramos que no debe esperarse a que el país salga de la crisis para que haya verdaderos aumentos salariales a los académicos; no vamos a salir de la crisis si no se valora, apoya e impulsa a la Universidad, ya que consideramos que el mejor camino para ello es preparando mejor a nuestros jóvenes. Si no contamos con mejor educación, reitero, no vamos a salir de la crisis; si continuamos con una actitud de desprecio y no evaluación justa hacia la universidad pública del país, difícilmente saldrá adelante.
Más de 180 profesores de bachillerato, licenciatura, posgrado, maestría y doctorado participaron en la huelga de hambre que el movimiento Convergencia Académica por la Dignificación Universitaria, llevó a cabo del 15 al 19 de marzo, en relevos de 24 horas para repudiar el 7% de aumento salarial y el programa de estímulos a la productividad y al rendimiento del personal
académico que el rector de la UNAM, José Sarukhan, extendió a los profesores de asignatura.
El viernes 19, último día de ayuno, el rector envió una carta de rechazo a las propuestas que le fueron planteadas. La huelga terminó el viernes 19 a las 20.00 horas, luego de un mitin y una marcha por las instalaciones universitarias y con el apoyo de profesores de la escuela superior de ingeniería mecánica y eléctrica, del Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y los jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas.
Los profesores universitarios han decidido, justamente, continuar e intensificar su lucha por una aumento directo del 100% a sus salarios.
Anuncian movimientos de protestas más enérgicos y a otro nivel; continuarán hasta el final con su lucha por un aumento salarial, si no del 100%, por lo menos de un 76%, para volver a tener el mismo nivel de percepciones del año de 1976.
Los parmistas consideramos que merecen remuneraciones justas, dignas de la labor que realizan como académicos universitarios y para ello no basta que las autoridades universitarias esgriman el argumento de que no hay presupuesto, sino que debe realizarse un análisis profundo de sus finanzas internas, detectar los baches burocráticos, distribuir mejor la riqueza universitaria y utilizar el dinero para que la universidad cumpla cabalmente con los fines para los cuales fue creada.
En esto coincidimos con el premio nacional de la ciencia, René Ruquer, descubridor de la cura del mal de Parkinson, quien ha revelado percibir un sueldo nominal de 3 millones 700 mil viejos pesos, más otras prestaciones que no rebasan los 5 millones, lo cual resulta a todas luces, injusto.
Si comparamos, quisiera que pusieran atención, compañeros diputados y senadores, si comparamos los ingresos de los maestros de la Universidad Nacional Autónoma de México, con las percepciones de los académicos de otras universidades del país, observamos que mientras los primeros dependen regularmente de una sola fuente de ingreso, en los planteles privados los mentores reciben honorarios por diversas fuentes; para éstos el cobrar por dar clase, es sólo un ingreso extra, mientras que para los de la UNAM, constituye legítima y exclusivamente, su modus vivendi.
Ahora bien, la diferencia de salarios es infinitamente contrastante entre un plantel privado y la Universidad Nacional Autónoma de México. Mientras un profesor de asignatura "A" de la Universidad Nacional Autónoma de México obtiene mensualmente por su cátedra tan sólo 231 pesos nuevos, un profesor de asignatura de la Universidad Iberoamericana, cobra 565 pesos nuevos con 28 centavos al mes; en la Universidad del Valle de México, un profesor de asignatura cobra 795 pesos con 98 centavos; en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, un profesor obtiene por sus servicios, 1 mil 250 mil nuevos pesos al mes y, en la Universidad La Salle, un profesor de asignatura cobra 290 pesos con 6 centavos de nuevos pesos al mes.
Lo anterior nos da una idea de lo mal pagados que están los maestros universitarios, especialmente los de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como los investigadores académicos que perciben una remuneración que no corresponde ni a su esfuerzo ni a la calidad de su cátedra y mucho menos a la alta responsabilidad que se les ha designado, de forjar a los nuevos profesionistas de México.
El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana considera que una de las más nobles labores humanas es que deben ser modeladores y guías de generaciones de jóvenes en el camino del saber y de la experiencia acumulada; tal es la delicada labor de los maestros universitarios; pero a cambio de ello, en 10 años, es decir, de 1970 a 1980, el sueldo de un profesor de asignatura universitario, subió un 153.33%, mientras que la inflación y el costo de la vida llegó en ese mismo período, a rebasar el 300% de inflación.
Pero en la última década, de 1980 a 1990, mientras que el sueldo de los catedráticos e investigadores subió solamente un 378.75%, la inflación aumentó 50 veces el índice de precios y salarios casi por año.
Con estos salarios, evidentemente no hay joven universitario que decida dedicarse a la investigación científica.
El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana considera muy grave lo que está aconteciendo en el seno de nuestra máxima casa de estudios, dado que con este tipo de movimientos y huelgas, a nuestro juicio, muy justas y legítimas, se está poniendo en severo riesgo no sólo el presente, sino el futuro del país, dado que el proceso de cultura de nuestras juventudes se detiene y con ello se cancelan las expectativas de desarrollo y por ende, de bienestar nacional.
Autoridades universitarias y Gobierno, deben hacer un esfuerzo a fin de satisfacer en lo posible las demandas salariales de los maestros universitarios; la sociedad civil, también tiene una deuda con quienes mediante su apostolado nos han forjado como profesionistas. Todos debemos de estar prestos para acudir en auxilio de nuestra máxima casa de estudios, preservando la unidad para que la cátedra fluya incesante.
Por lo anterior, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana propone se revise a fondo el subsidio que la Universidad Nacional Autónoma de México recibe, que se incremente a niveles adecuados y suficientes para ofrecer a catedráticos e investigadores, salarios decorosos que les permitan dedicarse de tiempo completo a sus asignaturas, incrementar el tiempo para su investigación, con lo cual pueden elevar sustancialmente la calidad del nivel económico al grado de su excelencia que todavía no hace muchos años sustentaba el criterio continental de considerar a nuestra universidad como la mejor de América Latina.
El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en consecuencia, señores profesores, señores diputados, señores senadores, apoya firmemente y sin limitaciones la justa demanda salarial que ustedes los maestros universitarios legítimamente están requiriendo. Muchas gracias.
El Presidente: - Gracias, diputado.
Concedemos la palabra al diputado Jorge Calderón, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: - Con su venia, señor Presidente; estimados compañeros legisladores; ciudadanos presentes:
En nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, queremos expresar de manera directa y clara nuestra solidaridad con la lucha que el personal académico de la Universidad Nacional Autónoma de México está librando en defensa de la institución y por el mejoramiento de sus condiciones de vida, de trabajo y de sus ingresos.
Esta lucha es mucho más que un elemento puramente circunstancial; se trata de la defensa de la conciencia de la nación. Está en juego la defensa de la cultura y de la capacidad de nuestro país para convertirse en un elemento promotor de la ciencia y de la tecnología contemporánea.
No podemos aceptar un discurso en donde, por un lado, se privilegia la integración de México al mercado mundial, se habla reiteradamente de la globalización, se defiende el Tratado de Libre Comercio y se nos dice que no hay que preocuparnos porque estamos preparados y, de otro lado, la conciencia crítica de esta nación, los científicos, los técnicos y los académicos que aportan una parte fundamental de la construcción de nuestro acervo tecnológico, se ven obligados a realizar acciones como, ayunos colectivos; se ven obligados a concurrir a centros comerciales para mostrar el deterioro de los niveles de ingreso en que han caído los trabajadores y académicos de la UNAM.
No podemos aceptar un discurso donde reiteradamente se insiste en la defensa de la cultura y en los hechos, en los presupuestos, en la práctica y en los salarios, se niega apoyo a lo que es la máxima institución educativa de nuestro país.
Exigimos congruencia en los actos. Hay 18 billones de viejos pesos que han sido indebidamente puestos como superávit del gasto público. Hay recursos listos para ser aplicados en la defensa de la educación y de la dignidad de los académicos de la Universidad. Hay recursos también de fondos contingentes. Hay más de 20 billones de viejos pesos que fueron aprobados como recursos susceptibles de ser aplicados a diferentes partidas presupuestales.
Pero aquí el elemento de fondo es que falta voluntad política en las autoridades hacendarias y presupuestales de México y falta autoridad política en quienes encabezan la educación del país para apoyar de manera firme, clara y decidida la recuperación salarial de los académicos de la Universidad.
Lo que está en juego es que se está destruyendo la masa crítica de científicos, de técnicos y de aquellos que tienen la capacidad de crear una independencia tecnológica para nuestro país. Se está destruyendo esa base fundamental de cualquier desarrollo nacional. Es mucho más que un problema de recuperación salarial, es el problema de la defensa de la nación, es el problema de la defensa de la soberanía, es el problema de la defensa de la independencia de este país. Lo que está en juego es una dinámica donde las transnacionales desean convertirnos en un status de país neocolonial, en un estatus de país subordinado a las transferencias tecnológicas del extranjero, sin que tengamos capacidad los mexicanos para convertirnos en un centro de difusión y generación de tecnologías propias.
Esto afecta a agricultores, afecta a industriales, afecta al conjunto de la planta productiva del
país, el que se destruya esa masa crítica fundamental para nuestra independencia tecnológica. Pero afecta también lo más fundamental, que es la formación de recursos humanos.
Esta nación ha sido construida en décadas de lucha, en décadas de esfuerzos para crear intelectuales, científicos y técnicos que son precisamente la conciencia ilustrada de este país. Cuando se debilita a la Universidad pública, cuando se debilita a la UNAM, cuando se destruye la base de formación de recursos humanos, se está afectando una parte vital de nuestro desarrollo y de nuestra conciencia nacional.
Esta lucha que están librando los académicos de la Universidad es una lucha cívica, pero es también una lucha por la defensa, repito, de nuestra soberanía. Han realizado ya un plebiscito los académicos de la Universidad, particularmente... perdón, un referendum, los días 25, 26 y 27 de enero, donde 4 mil profesores e investigadores rechazaron este ridículo aumento del 7%; el 28 de enero realizaron varios miles de profesores un paro de 12 horas y tal como se ha dicho en intervenciones previas, ha habido diferentes formas de lucha, de resistencia, como ayunos, como la marcha de 40 profesores e investigadores del más alto nivel por el campus universitario, ha habido acciones de ayunos colectivos, ha habido movilizaciones en las escuelas y movilizaciones en el Consejo Universitario.
Pero aquí quisiéramos hacer hincapié en un punto, no basta anunciar medidas fragmentarias de apoyo a algunas categorías de profesores de manera aislada, no bastan ciertas propuestas de cambios marginales en los niveles de ingresos de profesores y mucho menos algunas propuestas que no voy a detallar, que tienen qué ver con un programa de estímulos que profundiza la diferenciación de ingresos de los profesores, afecta lo que es la estructura fundamental de su salario y de lo que no impacta sobre lo que es propiamente aguinaldo y otros aspectos más y crea una dinámica de división que es negativa para la Universidad.
Por ello es que nuestra propuesta y la sostendremos, está ligada a la necesidad de realizar reformas constitucionales y reformas legales. Cuando discutimos el artículo 30 constitucional, propusimos que el 8% del producto interno bruto se dedicara a la educación en este país, la ratificamos y seguiremos insistiendo, pese a la negativa reiterada, de los diputados de la mayoría, a esta propuesta.
Sostuvimos también en la discusión del Presupuesto, que tenía que haber un aumento sustancial al Presupuesto de Egresos en materia de Educación Pública y en particular defendimos que las universidades públicas recibieran un sustancial aumento y hay que decir con claridad que esta propuesta formulada en el debate del 3o. constitucional y formulada también en el debate del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año de 1993 no fue aceptada, nosotros insistiremos en ella, hoy mañana, en los próximos días y en las próximas semanas.
Hay que incrementar el presupuesto de las universidades públicas, hay que incrementar el presupuesto de la Educación Pública del país y hay que fomentar todo aquello que sea la formación de nuestros recursos humanos y nuestros recursos en materia de ciencia y en materia de tecnología.
Para terminar, quisiera dar lectura a un documento que Convergencia Académica por la Dignidad Universitaria nos ha hecho llegar y que tiene especial interés que sea del conocimiento de los legisladores y de la opinión pública de nuestro país y que procederé a presentar a ustedes. Dice así: "Conflicto y salarios en la UNAM, señores diputados. Los universitarios que actualmente impulsamos el movimiento de Convergencia Académica por la Dignidad Universitaria y cuya demanda central es la recuperación salarial para todo el personal académico de la UNAM, nos dirigimos a ustedes para informarles lo siguiente:
1o. A lo largo de la historia moderna de nuestro país, la UNAM ha sido un baluarte del conocimiento y la reflexión; sin duda nuestra Universidad es el proyecto cultural más importante de México y de América Latina. De 1929 a 1989 nuestra Universidad produjo 241 mil profesionistas titulados; de ellos 60 mil 500 médicos cirujanos; 17 mil 600 ingenieros; 11 mil 500 arquitectos; 24 mil abogados; 20 mil 400 biólogos, físicos - matemáticos y químicos; 5 mil 100, economistas y 27 mil 700 contadores. En el mismo período, la UNAM produjo 5 mil 400 maestros y casi 1 mil 500 doctores.
2o. La calidad del personal académico de nuestra Universidad, se muestra en varios hechos. Más de una tercera parte del Sistema Nacional de Investigadores son parte de la planta académica de la UNAM; más del 80% de los miembros del Colegio Nacional, cursaron algún tipo de estudios en la Universidad Nacional y la mitad de ellos aún mantiene una relación con la institución.
El Consejo Consultivo de Ciencias, tiene una proporción de más del 75% de egresados universitarios.
3o. En nuestra Universidad, se realiza el 32% de la investigación básica nacional, pero en ciertas reas su incidencia es definitoria. En la UNAM se lleva a cabo el 62% de la investigación básica en química; el 54% en física; el 75% en ciencias de la tierra; el 77% en astronomía; el 33% en oceanografía; 69% en ingeniería mecánica y 57% en informática.
En cuanto a investigación aplicada, en ciertas áreas su participación es notable, en ellas se hace el 85% de la investigación en astronomía, 36% en física, 20% en química y 40% en ingeniería civil.
4o. A pesar de esta actividad cultural y educativa que nuestra Universidad realiza, a pesar de su innegable importancia para el desarrollo nacional, el trato que los universitarios hemos recibido por parte del Estado mexicano, es totalmente injusto y contradictorio con el discurso oficial que sistemáticamente reitera la importancia estratégica de la educación.
El presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México, tomando como base el año 1978, era, en 1981, de 9 mil 103 millones de pesos constantes y a partir de ese año, empieza a caer de manera violenta hasta llegar en 1990, a 5 mil 519 millones de pesos constantes; es decir, de 1981 a 1990, el presupuesto general de la UNAM ha tenido una reducción en términos reales, de 39.37%.
Para 1991, su presupuesto, por tanto, observa una tendencia descendente. Como puede observarse, es absolutamente insuficiente.
5o. Ahora bien, esta política financiera que el Estado ha impuesto a nuestra Universidad, ha tenido repercusiones muy serias sobre el salario de su personal académico. El problema adquiere tal gravedad, que las repercusiones presupuestales de los últimos dos años, no se han reflejado en dichos salarios.
De 1975 a 1990, el salario de un investigador, profesor, titular "C" de tiempo completo, se ha deteriorado en 71.44% y esto, a pesar del relativo aumento presupuestal, persiste en la actualidad.
Es de llamar al atención que si el presupuesto universitario ha experimentado una contracción de 39.37%, en el mismo período el salario se ha reducido en 71%. Es de suma gravedad que el rubro más importante de la institución haya sufrido el mayor deterioro.
Con este solo dato, es fácil inferir que otros rubros de menor importancia no sólo no tuvieron contracciones, sino que incluso tuvieron aumentos reales en los mismos años. Para constatar esta afirmación, basta observar los presupuestos que la burocracia política universitaria se autoasigna en todas y cada una de las diferentes secretarías que conforman la estructura de gobierno de la UNAM; para ellas, la crisis no ha pasado.
Con base en lo aquí expuesto, es obvio inferir que en nuestra institución las autoridades universitarias no han instrumentado una política de gasto universitario adecuada para responder a una situación de crisis y en donde el salario apareciera como lo que debe ser, un rubro prioritario.
Todo lo contrario, en el rubro Presupuesto 1988, se constata que en dicho año el monto destinado a la partida "remuneraciones", representó el 84% del presupuesto, pero en el presupuesto de 1992, este rubro significó sólo el 71.8%.
En sólo cuatro años, los correspondientes al primer período del rectorado del doctor José Sarukhán, el gasto destinado a estos importantísimos rubros se contrajo en un alarmante 12%.
Señores diputados, venimos a solicitarles su atención en este grave problema que comparte toda la nación. Somos un grupo de universitarios que estamos dispuestos a defender nuestra Universidad, que es la Universidad de la nación.
Exigimos una pronta resolución a nuestras demandas, porque hoy, defender nuestro salario es defender nuestra Universidad, hoy defender nuestro salario significa evitar la consumación de un verdadero crimen a la cultura nacional.
México, Distrito Federal, 24 de marzo de 1993. Y firman. -con esto finalizo esta lectura del documento - Convergencia Académica por la Dignidad Universitaria."
Por último, quisiera expresar a ustedes que en mi condición de integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, pero también en mi condición de integrante de profesor e investigador universitario durante más de 20 años en nuestra máxima casa de estudio, y egresado de la propia Universidad Nacional Autónoma de México, sostenemos que es prioritario en este momento del desarrollo de nuestro país atender en forma rápida, pronta, las demandas del personal académico de la UNAM.
Hoy más que nunca exigimos congruencia en los actos de las altas autoridades gubernamentales. Se requiere una intervención directa, clara,
enfática, para una asignación presupuestaria de emergencia en la Universidad y en ejercicio también de sus atribuciones de autogobierno y autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, debe atender, pensamos, la Rectoría de la UNAM, las justas peticiones del personal académico de una reasignación de recursos y priorización en cuanto al mejoramiento de las condiciones salariales de los investigadores de la UNAM.
No queremos que se repitan circunstancias en las cuales el pensamiento científico, la masa crítica de nuestra ciencia y tecnología, se vean obligados a movilizaciones y acciones que reflejan una insensibilidad del Gobierno y de las autoridades universitarias. Es preciso defender la Universidad, es preciso defender su base presupuestal y es preciso defender la formación de las futuras generaciones. Es momento de hechos, es momento de definiciones y es momento de una práctica congruente con la defensa de la soberanía y la independencia nacional.
Lo que está en juego, pues, es mucho más que la defensa sólo de salarios; es la defensa de la integridad de nuestra ciencia, de nuestra cultura y de la base de nuestro acervo nacional. Hacemos pues un llamado a una rápida, pronta y enérgica acción solidaria con el personal académico de la Universidad y pedimos en particular que ese punto de acuerdo sea objeto, no sólo del trámite legislativo habitual en el sentido de que se lleve a las comisiones de Educación Pública y a la de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, sino sobre todo que los legisladores en su conjunto, los diferentes partidos políticos, que la opinión pública y el Gobierno Federal, atiendan de manera pronta y rápida, las justas demandas del personal académico de la Universidad. En ello está el futuro de México. Muchas gracias.
El Presidente: -Gracias, diputado. Concedemos la palabra al señor diputado Israel González Arreguín, del grupo parlamentario del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado Israel González Arreguín: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras legisladoras; compañeros legisladores; público que nos acompaña; compañeros universitarios:
Creo que no hay aquí una sola persona, un individuo que no haya recibido la luz de la enseñanza gracias a un maestro. Tengo la plena seguridad de que ninguno de los diputados presentes y ausentes, podrá oponerse en ningún momento al punto de acuerdo que propuso aquí o que vino a leer el diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, con el cual nos solidarizamos.
Hay quienes quisieran que la enseñanza pública en todos sus niveles se demeritara, son los únicos que podrían aplaudir el que el estado de cosas se conserve.
Aquí en esta legislatura hemos insistido que uno de los lados débiles de la actual política económica, o mejor dicho, uno de los aspectos que han permanecido estrictamente controlados son los salarios de los trabajadores.
Aunque se exhiben cifras, elaboradas por el INEGI y argumentadas favorablemente por le Secretario de Hacienda, en cuanto a una supuesta recuperación del salario real, las evidencias que se muestran indican todo lo contrario.
Podemos precisar, por ejemplo, que el salario mínimo en los últimos años se ha visto deteriorado en más de un 40%, aunque se trate de descalificar este tipo de salarios promediándolos con los del sector manufacturero. Un gran porcentaje de la población lo percibe.
A este salario mínimo, año con año, se le han impuesto topes salariales, situación que en el último pacto por primera vez, en lo que va del sexenio de Salinas de Gortari, se amplió a los salarios contractuales, como una medida antiinflacionaria. Pese a estos topes, la inflación no parece ser controlada y muy difícilmente se vislumbra que pueda llegar a los niveles programados en los criterios generales de la política económica para 1993.
Cabe mencionar que el salario de los académicos de la UNAM, de 1976 a la fecha, se ha demeritado en un 212%.
Nos preocupa que la política salarial siga enmarcada en la aplicación de fuertes restricciones; vemos conflictos serios que se pueden desbocar de no instrumentarse una política diferente que permita por lo menos resarcir el poder adquisitivo de los trabajadores. Someter a los salarios en pro de la consolidación de los programas de Gobierno, no es una política que conlleve a incrementar el bienestar de los mexicanos; conlleva sí a mejorar la posición de un pequeño grupo que sustenta el poder económico en nuestro país.
¿Por qué no aplicar una política restrictiva de precios y así controlar la inflación?
En los últimos días hemos visto la manifestación de inconformidad que han mostrado los
investigadores y maestros universitarios por el ridículo y vergonzante aumento del 7% a su salario, más 2.9% en prestaciones.
El esfuerzo de darles estímulos por las horas trabajadas, atenúa sí el bajo salario, pero no le permite recuperar poder adquisitivo, además que no es un estímulo que no impacta directamente en el salario y por ende tampoco en las prestaciones.
Lo impactante de esta inconformidad de los profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México, es que demostraron que un investigador o profesor de tiempo completo está muy mal pagado; pudimos observar, aunque ya lo habíamos advertido con anterioridad, que las actividades informales dejan un mejor salario que el puede percibir una persona con la más alta categoría en la Universidad.
En unas cuantas horas, los "limpiaparabrisas", los "malabaristas de esquina" o los "cerillos" de los supermercados, obtienen un ingreso diario equivalente o mayor al que percibe un académico de tiempo completo, sin necesidad de mayores estudios.
Comparamos también el caso de los conductores de Ruta - 100; de los cuales en 14 horas de trabajo obtienen el doble que un académico de la UNAM, aun contando con todos los estímulos que reciben.
Esto nos permite ver con claridad el porqué la fuga de cerebros, el porqué desertan gran número de académicos para dedicarse a actividades informales, el porqué algunos académicos complementan sus actividades de docencia o de investigación con otras como de taxista. El porqué el académico recurre a los profesores adjuntos para la impartición de sus clases en detrimento de la calidad académica.
Hay que comprender que la Universidad Nacional Autónoma de México, así como todas las instituciones públicas de educación superior en el país, representa parte de la educación que imparte el Estado y que cuenta dentro de su plantilla de personal a investigadores y académicos, que han dedicado parte de su vida a la formación de profesionistas.
La estructura de estas instituciones educativas se han incrementado. Las magnitudes de esta estructura reclaman en sí mismas mayores proporciones de personal y de subsidio gubernamental, pero también reclaman un mejor trato laboral para el personal docente.
Los trabajadores y académicos de la UNAM reclaman respeto, primero, a su contrato colectivo y segundo, cumplimiento al programa de recuperación salarial que se prometió desde octubre pasado y que ahora lo sujetan al tope salarial impuesto en el mes de diciembre.
Consideramos que la lucha de los trabajadores universitarios es justa. No se les puede sujetar su salario con un tope vergonzoso e injusto que el Gobierno ha impuesto como una política antiinflacionaria. Permitir o soslayar esta situación implica estar de acuerdo en sumir en la pobreza a los trabajadores mexicanos.
Vemos con claridad que los grandes avances anunciados por el Gobierno en materia económica no se manifiestan en los aspectos sociales de nuestro país. Continuar con este tipo de políticas contrae grandes riesgos y uno de ellos es la manifestación de inconformidad que se da ya en diversos medios laborales, algunas empresas han roto el tope salarial con el consabido descontento del Gobierno Federal, otras pretenden romperlo y son reprendidas por el mismo Gobierno.
En nuestro país hay quienes argumentan que se requiere progresar, primero, ser más productivos y generar mayores riquezas para estar en posibilidades de otorgar a los trabajadores universitarios salarios elevados. Quedarnos con esa concepción equivaldría a quedarnos conformes a que se decida lateralmente lo que se quiera hacer de los salarios de los trabajadores. Es imprescindible iniciar una política que reactive realmente a los salarios de los profesores, investigadores y trabajadores universitarios. En la medida en que perciban mejores salarios, tendrán mejor posibilidad de dedicarse únicamente a esta actividad, podrán dedicarse con mejores posibilidades a la enseñanza y a la investigación y con ello a formar mejores profesionistas. México requiere a mejores profesionistas y a mejores técnicos.
Con la venida del Tratado de Libre Comercio el papel de los científicos, de los investigadores y de los maestros es importante, no sólo en la preparación de las presentes y futuras generaciones, sino también relevante para el desarrollo pleno y económico de nuestro país y en la defensa de nuestra soberanía nacional.
Nuestro partido, el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, apoya total e incondicionalmente la lucha de los trabajadores universitarios por mejorar sus condiciones.
salariales, por lo que iniciaremos movilizaciones de nuestros militantes y llevaremos a cabo un exhaustiva campaña en barrios, mercados, parques públicos y otros centros de concentración para obtener recursos económicos y entregárselos a los universitarios para que continúen con su lucha.
No podemos estar a favor de una política salarial que sojuzgue a los trabajadores. Como un ejemplo manifestamos: un compañero, 42 horas, semana - mes, 10 años de antigüedad, Francisco Figueiras Tapia, quicenalmente percibe 532.14 nuevos pesos. Compañera de tiempo completo, con 19 años de antigüedad Dios Vallejo Delia, percibe quincenalmente, 1 mil 091.68 nuevos pesos.
Nosotros creemos que con este tipo de salarios lo único que estamos promoviendo es la inculturización del pueblo.
Por ello, congruentes con la universalidad del pensamiento universitario, saludamos a los académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México aquí presentes y desde nuestra fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, les manifestamos que solidaria y ampliamente estamos con sus demandas justas de recuperación salarial, ya que en los últimos 20 años han perdido definitivamente arriba del 212%. Consideramos que su justo reclamo de recuperar su salario en un 100% en este año, no sólo el legítimo, sino necesario y justo.
La Universidad Nacional Autónoma de México cuenta con recursos suficientes para poder dar esos aumentos y si no fuera así, esta Legislatura puede pronunciarse por aumentar extraordinariamente los subsidios y presupuestos, tal y como lo manifestamos en la aprobación del Presupuesto para Educación de 1993. ¡Adelante, compañeros, su lucha es justa!
El Presidente: - Se concede la palabra al señor diputado Rodolfo Becerril Straffon, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Rodolfo Becerril Straffon: - Con su permiso señor Presidente; compañeros legisladores:
Nuestra fracción parlamentaria ve con enorme respeto este movimiento reivindicativo de los profesores e investigadores universitarios, a quienes saludamos como universitarios que somos.
Estamos convencidos que nadie pretende aumentar su clientela política, ni los profesores ni los investigadores buscan siglas partidarias que encabecen su lucha, sino una real y auténtica solución a sus demandas.
Hay temas centrales en la agenda nacional que pesan sobre nosotros como la fuerza de una obsesión. Hay rocas como de Sísifo que no logramos apartar de nuestro camino, pese a que las hemos rodado una y otra vez. El problema universitario es una de ellas.
Hay gritos que importa repetir y lanzar a todos los rumbos con la esperanza de recoger un eco de comprensión nacional.
La universidad sabe muy bien que si forma profesionistas no es esa su única misión y ni siquiera quizá su misión esencial; que no es ella una fábrica de técnicos sino una fragua de hombres; que su obligación es la de entregar al país intelectuales reciamente formados en que se anuden la ciencia y la cultura y que sean al mismo tiempo hombres con levantado espíritu cívico y con honda formación moral.
De lo que la universidad logre en su fragua depende fundamentalmente el futuro de México. Si el país ha de salvarse, prosperar y engrandecerse, ha de ser por las soluciones que aporten los hombres preparados, politécnicos o universitarios. Esos hombres viven en nuestra universidad, y toca a ella formarnos. No podemos lanzar intelectuales carentes de sentido ético ni formarlos carentes de sentido patrio. Tampoco podemos formar sabios vacíos de contenido humano, escéptico de su ciencia y en los destinos de la humanidad, esos que saben todo y que no creen en nada.
En materia académica, necesitamos elevar el nivel académico de nuestra enseñanza; las aportaciones de la ciencia y los refinamientos de la técnica, son cada día mayores; lo que debemos enseñar, es, por tanto, cada día más copioso; tarea esa, gigantesca.
La universidad es una de las instituciones centrales de nuestra sociedad; tiene autoridad moral e intelectual, ha creado y recreado el pensamiento.
Desde su origen ha sido factor de movilidad y de cambio social, pilar fundamental de la conciencia crítica del país. La universidad ha formado generaciones de profesionales, difunde la cultura, desarrolla la cienica, expande el saber y colabora todos los días, puntualmente, con el desarrollo de la patria. Así como estamos pendientes de sus aciertos, que son muchos, estamos igualmente pendientes de sus problemas.
Hay una demanda escolar no atendida. El 90% de la población de posgrado no termina sus estudios, no se ha logrado la excelencia académica en todos los ramos; hay ausentismo y en los últimos 25 años, egresaron muchos universitarios con más del 48% de los créditos pendientes. Hay casi tantos trabajadores administrativos como académicos; nadie podría negar el deterioro de las percepciones del personal académico; nadie podría oponerse a un aumento substancial del mismo. Tenemos una realidad de carencias, pero también la voluntad de cambiarla. Pero entre la ilusión que apacigua y la verdad escueta, tenemos a veces, con frecuencia, que optar por ésta.
En tanto no veamos el problema del magisterio de la universidad como un problema integral que entre otras cosas incluye recursos para atender crecientes demandas de nuestra alma mater, cuotas, capacitación, técnicas pedagógicas modernas, no habremos logrado resolver el problema sustantivo.
En esta Cámara de Diputados, el tema de la universidad ha sido objeto de intensos y acalorados debates. Siempre con el respeto que nos merece la autonomía de nuestra alma mater. Aquí, en esta tribuna, varios compañeros legisladores sostuvieron rico, creativo e imaginativo debate. Recuerdo una docta intervención del diputado Paoli y una docta intervención del diputado Bejarano. Compartimos todos aquí las preocupaciones de los muy destacados profesores, intelectuales que encabezaron la marcha silenciosa en relación a los aspectos salariales.
Sentimos, y lo digo con toda honestidad, que el programa de estímulos fiscales que entraría en operación en abril próximo, puede ser insuficiente frente a los reclamos; pero qué duda cabe que es un paso que avanza en la solución de los problemas. Habremos, seguramente que dar nuevos y quizás más sustantivos pasos para lograr la reivindicación cabal de los profesores e investigadores universitarios. Pero tenemos que partir de la base de que el problema universitario tenemos que contemplarlo incluyendo todos los aspectos del problema y no sólo el problema salarial.
La propuesta que aquí han hecho algunos compañeros legisladores, algunos ilustrando con cifras contundentes, como lo señaló el diputado Cantú Rosas, el problema universitario o el documento que leyó el propio diputado Calderón, que nos proporcionaron los profesores, habrá de analizarse cuidadosamente, puntualmente, con cuidado, en las comisiones a la que sea turnada la propuesta.
En base al artículo 14 que se menciona en la propuesta, el análisis tendrá que contemplar contenido y viabilidad y sobre todo, los requerimientos que en principio para una modificación presupuestal como la que se propone, no parece que se dan de manera automática.
Estamos por el respeto de la autonomía, por la excelencia académica, por un mejor salario para los profesores universitarios y sobre todo, por un análisis concienzudo y responsable de la situación que guarda nuestra alma mater.
Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente: - Gracias, diputado.
Concedemos la palabra al diputado Juan de Dios Castro, del Partido Acción Nacional.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano: - Señor Presidente; señoras y señores legisladores; respetables maestros universitarios:
No podemos ser ajenos a un problema que cala en lo más profundo de nuestras almas, porque es un problema que cala en lo más profundo de la esencia del país.
Ciertamente dentro de los fines que constitucionalmente le ha dado el Constituyente a la Universidad, está precisamente la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. Acción Nacional cuenta entre sus fundadores a notables y destacados universitarios. La autonomía de la Universidad no ha sido ajena a las luchas de Acción Nacional.
Coincidimos, señoras y señores, que este problema, al margen de interés de partidos, al margen de interés de grupos o corrientes políticas nacionales, es un problema eminentemente de justicia y de justicia social. Y es un problema que concierne al interés prioritario de la nación.
¿Por qué decimos que concierne al interés prioritario de la nación, que está por encima del interés de los partidos? Concierne, interesa, es de interés nacional porque en la investigación, señoras y señores legisladores de la universidad, porque en la difusión de la cultura está la esencia de la independencia nacional.
Requerimos maestros, requerimos también investigadores para avanzar en el progreso del país, con tecnología de lo más avanzada y no podemos tenerlo señoras y señores y es así, la realidad lo impone así, si no destinamos recursos suficientes para el logro de los objetivos de la universidad.
Es un problema de fondo que todos los grupos reconocemos: La crísis de la educación superior que ha decaído notablemente. Es un problema que debe analizarse, que debe evaluarse y señoras y señores, que debe superarse.
Podemos quizá forjar investigadores capaces de nuestras universidades, tenemos elementos humanos de gran valía y de gran prestigio no solamente nacional sino internacional. Puede la universidad incrementar el número de investigadores pero debe el Estado y debe la sociedad, Estado y sociedad, crear el ambiente adecuado para su desarrollo, no solamente en la forma de estímulos académicos. Los maestros que han venido a la Comisión Permanente yo creo, señoras y señores legisladores, que no desean de nosotros los legisladores miembros de la Comisión Permanente, una reiteración, una reiteración verbal, verbal solamente señoras y señores legisladores, de lo que ello han expuesto a la opinión pública nacional, del problema que debe ser atacado integralmente en uno de los aspectos, el ámbito de los salarios y de los estímulos para los maestros y aquí, aquí se han expuestos datos, el diputado Calderón ratificó en tribuna la argumentación expresada por los señores profesores universitarios, ellos quizá crean, crean estos maestros que somos voz pero es necesario que exista oído señoras y señores; ellos tienen voz suficiente, ellos tienen voz suficiente pero es necesario que se les escuche, un dato.
Ya Calderón, ya González, ya Becerril, todos han expuesto el problema pero señores, requieren solución, solución del Estado y de la sociedad. Un maestro de 30 horas, de 30 horas, de 30 clases, y algunos ganan menos, que gane como tengo aquí el talón de uno de los cheques, 693 nuevos pesos por quincena, que puede decirse, bueno, pues un mil 400, nuevos pesos, que después de decucciones le queda 1 mil 146 nuevos pesos mensuales y que gana nueve pesos 56 centavos por clase, cumple multiplicado por el número de maestros de la UNAM el objetivo de la docencia, de la investigación y de la difusión de la cultura que engrandecerá más a México si se logra y el tiempo estimado a las horas de clases, ¿y los recursos necesarios para comprar bibliografías?, la necesidad de capacitación, ésta, señoras y señores, es la realidad de los maestros universitarios.
Al margen de corrientes políticas, al margen de grupos, al margen de partidos, problema de justicia; pero además permítanme agregarle más señoras y señores: problema del patriotismo; porque esa es la esencia del problema.
Queremos independencia tecnológica, queremos realmente independencia tecnológica, queremos investigadores nacionales que estén a la par con los avances tecnológicos del extranjero; destinemos recursos.
Y vienen aquí, a la Comisión Permanente. Somos diputados de la nación, diputados de la nación, dentro de nuestras facultades está la aprobación del presupuesto nacional, y yo voy más allá, no es un problema nada más de los maestros de la universidad, de la clase trabajadora de todo el país, de los pensionados y es justo ante este panorama, que tengamos un presupuesto superavitario de 18 billones de pesos.
18 billones de pesos de superávit. Yo no digo que nadamás ataquemos señoras y señores, el problema exclusivo del incremento salarial, pero es el primero que debemos considerar dentro de un problema integral: la fuga de cerebros por falta de estímulos.
Señoras y señores, la oposición unida toda, unida toda, no puede lograr el paso, el paso necesario; pero el diputado Becerril coincidió con todos nosotros que es un problema en el que estamos preocupados todos. No demos esperanzas, esperanzas frágiles a estos maestros universitarios para que mañana aparezca en las columnas de la prensa nacional que todos los diputados, todos los grupos parlamentarios, coincidieron con los maestros universitarios en la necesidad de atacar el problema que planteamos.
Eso, señores, no es suficiente, necesitamos que el Ejecutivo Federal, el gabinete económico, que los diputados todos, de la mayoría y de la oposición, demos el paso que la universidad y que México, México señoras y señores, está exigiendo de nosotros. Gracias.
El Presidente: - Se concede la palabra al senador Porfirio Muñoz Ledo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El senador Porfirio Muñoz Ledo: - Ciudadano Presidente; señores legisladores; distinguidos maestros universitarios.
No podía quedarme en silencio sobre lo que aquí ocurre, por la gravedad del hecho y por la falsedad de cierto discurso.
Ciertamente hay que colocar sobre los intereses de los partidos la cuestión suprema de la educación nacional, pero es responsabilidad de los
partidos y de los parlamentarios pronunciarnos sobre la política económica del país y es mandato constitucional, que nosotros decidamos el Presupuesto de Egresos de la Federación.
He escuchado con satisfacción las expresiones de los distintos partidos políticos, salvo de uno; lo que no considero legítimo en esta tribuna es que quienes votan presupuestos que comprimen el gasto público, quienes privan a la universidad y al sistema de educación superior de sus recursos, quienes promueven reformas constitucionales regresivas y quienes nada hacen para cambiar una abusiva y antipopular política económica del Gobierno, vengan aquí a disfrazarse de defensores de la causa universitaria.
Francamente no me esperaba que llegaran hoy a la tribuna, las lágrimas del "pricodrilo", e hipócrita sensibilería que finge proteger a las victimas de la política gubernamental, de la cual los diputados y senadores del partido oficial son aquí sus representantes. Si de buscar clientela se tratara, ya no les quedaría ninguna; si el pueblo supiera, a través de los medios de información por qué votan los diputados y los senadores de la mayoría; no les quedarían más votos que los que provienen del fraude y más dinero de los que se depositan en las charolas.
La diputada Blanca Ruth Esponda Espinosa (desde su curul): - Más respeto, señor.
El senador Porfirio Muñoz Ledo: - Estoy hablando de una política oficial, diputada y de lo que usted vota.
El Presidente: - No hay diálogos, señor senador, no hay diálogos.
El senador Porfirio Muñoz Ledo: - Y de debates que ha habido en este Congreso y de votos que ha habido en este Congreso. Está en el registro del Congreso de la Unión y voy a hablar del debate sobre el artículo 3o., y lo que ustedes dijeron, para que los maestros sepan lo que aquí votaron y lo que aquí dijeron.
Hace bien el diputado Carlos Enrique Cantú Rosas en recordar cómo se votó, cuando se votaron aquí los presupuestos de la federación; hace bien el diputado Juan de Dios Castro en recordar que estamos frente a un caso insólito de un superávit fiscal de 18 mil millones de dólares, lo que significa que el Gobierno recoge de la población, por concepto de impuestos, derechos, aprovechamientos y precios de productos y servicios que el Estado genera, una cantidad muy superior a la que devuelve en servicios a la población. Eso no lo resuelve la literatura ni la retórica del último minuto, con todo respeto, no es Sísifo el que les impide votar presupuestos para la Universidad; es Córdoba, es Aspe, es quien ordena en las finanzas nacionales.
¿Quieren un mejoramiento integral de la Universidad? Para eso se requiere un proyecto y para eso se requieren recursos suficientes. No veo a qué sale así deslizada en el debate la palabra cuotas. ¿Quiénes votaron a favor de que en el artículo 3o. de la Constitución que desde hace 40 años tiene incorporada la expresión "toda la educación que el Estado imparta será gratuita", se estableciera una diferenciación tramposa entre la educación que el Estado imparte, que ahora sólo es la preescolar, la primaria y la secundaria y aquella que el Estado promueve o alienta para abrir la puerta de la desresponsabilización del Estado respecto de la educación superior? ¿Quiénes se opusieron en esta tribuna a que se adoptara la propuesta que formulamos en ese proyecto de reforma constitucional, primero para que se inscribiera la obligación del Estado de asegurar cuando menos el 8% del producto interno bruto anualmente para la promoción de la educación, la ciencia y la cultura?
¿Quienes se opusieron a la reforma que propusimos al artículo 3o. para que las empresas concesionarias del espacio aéreo de la nación, en materia de radio y televisión, estuvieran obligadas en la emisión de sus contenidos por los principios y valores del artículo 3o. constitucional y conforme a la ley aportaran su mayor concurso a la difusión de la ciencia y de la cultura? Ahí es donde se prueban las decisiones políticas y las posturas de los partidos.
Compañeros maestros, ustedes lo saben mejor que nosotros. Lo que sufre el maestro universitario es la consecuencia concentrada de un proyecto antinacional y antipopular, que pasa por la desalarización general del trabajador; por la disminución del empleo formal; por el desprecio al valor del trabajo humano; por la disminución de las oportunidades a los hijos e hijas de las familias más modestas, de escalar en el aparato educativo; por una disminución del interés en la educación pública del país; por un incremento constante en las tasas de deserción escolar; por una sustitución peligrosa y culpable de las élites gobernantes del país, que se han trasladado de las universidades públicas y del Instituto Politécnico Nacional, hacia las universidades privadas y hacia los doctorados en las universidades norteamericanas; por un descuido, por un descuido patente que corresponde a un
diseño de antidesarrollo de la evolución científica y tecnológica del país; por un proyecto también de marginación de las clases y de los grupos pensantes y por un continuo socavamiento de la gratuidad y de la universalidad de la educación pública.
Lo que ocurre a los maestros de la Universidad Nacional, que son, junto con compañeros de otras universidades e instituciones de educación pública superior, el grupo laborante del país que más deterioro ha tenido en los últimos años en salarios y remuneraciones y yo no estaría totalmente de acuerdo en la cifra de 81% de pérdida, yo la he estimado en 83% y en 84%, ganan cuatro veces menos del salario real que devengaban hace 15 años los maestros de México.
Es la síntesis de un desprecio al saber, al esfuerzo creador de los mexicanos, a la mentalidad liberal y progresista del país que se anida en las universidades, al pluralismo cultural y al proyecto de una nación independiente.
Se suman ustedes, maestros, a un despertar cívico en el país; están celebrando el gran plebiscito del ayuno, de la constancia y de la firmeza. Su lucha es ya parte integrante del gran esfuerzo nacional por la transformación democrática del país.
Esa transformación llevará consigo el cambio de las pautas de política económica, que en el símbolo de ese malhadado Tratado de Libre Comercio, quiere entregarnos atados de pies y manos con la reducción correlativa y constante de la competitividad de la planta productiva nacional, y lo ha dicho con razón el diputado Calderón: ¿están acaso en ayuno por salarios de miseria los profesores de las universidades del Canadá y de los Estados Unidos? ¿No sería ésta una razón suficiente para revisar el contenido y el alcance de estos acuerdos comerciales? ¿No sería razón suficiente lo que aquí ocurre para que se revisara una política especulativa que arroja gigantescas ganancias de capital en unas cuantas empresas, mientras la masa salarial del país, intelectuales y sus trabajadores, se debaten en salarios de hambre?
Maestros, todos los daños, todos los males de esa política entreguista y antipopular, parecen concentrarse como en un vértice en el profesorado de la educación superior de México. Pareciera que volviera a resonar el grito de las hordas autoritarias en tiempos de la guerra civil española, cuando entraban a saco en las universidades al grito de: "Muera la inteligencia".
Son ustedes, en la cultura, en el saber y en la esperanza de las nuevas generaciones, la posibilidad de una auténtica regeneración del país. Vencerán en su lucha.
Maestros de México, el futuro democrático tiene qué ver centralmente con la emergencia ciudadana que ustedes están personificando, que no podrá ser derrotada en nuestro país. Muchas gracias.
El Presidente: - Señoras y señores legisladores, quiero informarles a ustedes que se han registrado otros compañeros legisladores en términos del artículo 102 para intervenir.
Concedemos entonces la palabra al diputado Juan de Dios Castro del Partido Acción Nacional y después a la diputada Blanca Ruth Esponda del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano: - Señor Presidente; señoras y señores legisladores:
Al escuchar la intervención del señor senador Porfirio Muñoz Ledo, tocó algunos temas que quizá de no haberlo hecho no motivarían esta intervención de mi parte para hacer alguna precisión. Mi deseo, en primer término, de que este debate se dé en función de la naturaleza intrínseca del problema, problema de justicia.
Ha tocado el senador Muñoz Ledo una serie de temas que cada uno de ellos podría originar un debate por separado en los distintos grupos representados en esta Comisión Permanente.
Temas incluso en los que mi partido ha adoptado una posición determinada ante el problema de la Universidad.
Yo podría hablar, por ejemplo, que Acción Nacional desde su fundación ha hablado de la posibilidad de dotar a las universidades de patrimonio propio que garantice su independencia económica, para no estar negociando constantemente aportaciones al Estado, pero sería un debate aparte.
Nuestra reticencia, señoras y señores, al porcentaje del 8% del producto interno bruto, no porque estemos en contra de mayores recursos a la universidad, que lo he reiterado, los necesita por interés nacional. Podríamos hablar de que sería una cuestión relativa en función de la situación económica de cada país y de los ingresos de cada país. Y puedo seguir haciendo precisiones en cada uno de los temas abordados
por el senador Muñoz Ledo, pero, señores, yo siento, yo siento que los señores maestros universitarios tienen su preferencia, algunos de ellos en favor de determinados partidos políticos y otros quizá no la tengan, pero este problema es ajeno, ajeno a la lucha de partidos.
Yo discreparía con todo respeto, discreparía de ubicar el planteamiento del problema en un debate partidista. No temo al debate ni temo a la confrontación, puedo hacerlo, pero plantearlo así, señoras y señores, ubicaríamos a los señores maestros universitarios en uno de los frentes de la batalla. Y hemos externado nuestro deseo de que mayoría y minoría, de que el grupo parlamentario y grupo minoritario, Gobierno y sociedad, que hemos concedido ya en la gravedad del problema, hagamos nuestro mejor esfuerzo por darle solución. Los otros temas en otro momento distinto a éste, con todo gusto podemos debatirlos. Gracias.
El Presidente: - Gracias diputado. Tiene la palabra la diputada Blanca Ruth Esponda Espinosa.
El diputado Blanca Ruth Esponda Espinosa: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores; compañeros profesores, académicos que hoy nos acompañan:
Para una diputada que en otras épocas ha sido también académica, pero que tiene la vocación de servicio en la universidad y en las aulas y además que cree firmemente en que la inteligencia de nuestro país debe fortalecerse con una presencia crítica en las universidades; que además piensa que la lucha de quienes están al servicio de la formación de los mexicanos, es la lucha de todos, es la lucha de todos los mexicanos, debe ser la lucha de todos los partidos.
Pero quien además ha compartido esta lucha íntimamente y quien ha estado presente en todo el avance que dentro de la política hemos buscado en favor de las reivindicaciones del sector educativo, porque ha sido esta Cámara y esta Legislatura en particular la que tuvo la enorme responsabilidad de buscar consensos para modificar el artículo 3o. constitucional, que nos diera una vigencia cotidiana en nuestras universidades al conocimiento universal. Pero que además, también en el debate del 3o. constitucional, no solamente fuimos a la reforma de la letra de la Constitución, que es la norma suprema de los mexicanos, sino que acompañamos a ese debate todo un programa destinado a mejorar las condiciones mismas en que opera la universidad y que con ello se pudieran generar no solamente mejores salarios para los maestros, sino mejores condiciones de vida y de trabajo de todo el personal académico, sí irrita, sí molesta, sí indigna que se pretenda utilizar este legítimo reclamo de los maestros universitarios para un debate político oportunista que solamente pretende enturbiar el ambiente de lucha o la reivindicación clara de los intereses de los maestros y de la inteligencia nacional.
Lo que ocurra a la inteligencia de México, le ocurre a México todo. La inteligencia de México habla por la nación, habla por todos los mexicanos. Y por eso creemos que la rebeldía es válida, es legítima, pero cuando ésta se inflama por motivos altos, por motivos nobles, por motivos generosos; nunca por pasiones mezquinas, personales, mucho menos por intereses de grupos o de partidos. Lo que es orgullo y galardón en el primer caso, no se vuelve sino oprobio, en el segundo. Y es ahí donde yo quiero centrar el debate.
Nosotros no creemos que este debate pueda resolverse con una supuesta divisa de apoyo por parte de partidos, que cuando se enfrentó la hora de la verdad, de la negociación de un nuevo programa para la universidad, de revisión de las cuotas, de saneamiento interno de sus finanzas, ese mismo partido nos dio la espalda. Ese partido que no solamente nos dio la espalda a nosotros como la mayoría parlamentaria interesada por todos los trabajadores universitarios y académicos del país, sino ese mismo partido que desconoció y descalificó la actitud y la conducta positiva, contributiva de sus legítimos legisladores acreditados en el Congreso de la Unión; es reprobable que ahora vengan acá a desgarrarse las vestiduras cuando ni siquiera en el momento oportuno se tuvo el valor de respaldar una iniciativa limpia, legítima, de legisladores de ese mismo partido que hoy viene a esgrimir que es el legítimo representante de estas causas. No se vale ese malabarismo retórico, no se vale ese chantaje tribunicio.
Aquí lo que importa es rescatar el valor de una lucha política legítima, limpia; una lucha honesta en función de quienes ofrecen lo mejor de sí mismos para seguir formando generaciones y generaciones de mexicanos.
Compañeros que hoy nos acompañan del mundo académico: habremos de resolver muchos problemas juntos, como hemos resuelto el de hallar fórmulas para ampliar las erogaciones para la Universidad en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Pero ustedes bien lo saben, no
todo es responsabilidad del Estado. La educación es pública, es un primer compromiso ineludible del Estado nacional y éste no se elude.
Sin embargo, las universidades de hoy, la nacional, como las universidades de cualquier parte del mundo, encuentran fuentes adicionales y complementarias para mejorar sus funcionamientos internos y para mejorar las condiciones de salario y en general, las prestaciones sociales a su personal, no solamente académico, que por supuesto ocupa un lugar prioritario, sino también al resto del personal de una casa de estudios.
Este constituye, sin lugar a dudas, un programa prioritario en el Gobierno de la República: el programa de mejorar la educación nacional.
Y es prioritario y habremos de abocarnos a él todos conjuntamente. Este es un compromiso que mantendremos unidos y que mantendremos en el transcurso de nuestras deliberaciones políticas.
Pero nosotros aquí no admitimos, no toleramos que quienes en el momento en que pudimos haber hecho planteamientos destinados a mejorar las condiciones de ustedes, nos hubieran dado la espalda en el momento necesario. Sin embargo, no por ello habremos de cejar en nuestro interés legítimo, político, de mantenernos a la vanguardia en esta lucha al lado de ustedes. Muchas gracias.
El Presidente: - Gracias.
Permítame, señor diputado. Hay varios registrados ya para rectificar hechos.
Antes que usted está el diputado Jorge Calderón, del PRD; el diputado Israel González Arreguín y después lo registramos a usted diputado Carlos Cantú, con todo gusto. Y después el diputado Cuauhtémoc Amezcua.
Tiene la palabra diputado Calderón.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: - Con su venia, señor Presidente; estimados legisladores:
Solicité la palabra para rectificar hechos porque deseamos los legisladores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ratificar nuestro absoluto respeto a la autonomía universitaria y nuestro respeto también a las justas demandas que ha levantado el personal académico de la Universidad. Pero siendo los partidos políticos entidades de interés público y siendo precisamente la Cámara de Diputados, en su carácter de Poder Legislativo Federal, quien aprueba el presupuesto de egresos de la federación, es perfectamente legítimo que nosotros desde la tribuna de la Cámara de Diputados cuestionemos en este momento que estamos debatiendo sobre, repito, las demandas de los investigadores y profesores de la UNAM, repito, es perfectamente legítimo que critiquemos aquellas fracciones parlamentarias y aquellos legisladores, particularmente los del Revolucionario Institucional, que en su momento no aceptaron propuestas de modificación del presupuesto de egresos de la federación, que implicaban aumentar sustancialmente el gasto destinado a la educación y en particular a la educación superior y a la Universidad Nacional Autónoma de México.
No son estas afirmaciones oportunistas, mezquinas o personales. El Diario de los Debates de la Cámara de Diputados claramente establece cómo distintas fracciones parlamentarias y en particular nuestro partido, hizo propuestas específicas de aumento en varios billones de viejos pesos para el rubro de educación pública y en particular para la educación superior.
Ratificamos también la importancia de un debate que dimos previamente en el sentido de que debiera establecerse por lo menos como asignación presupuestal la del 8% del producto interno bruto; evidentemente varían circunstancias y momentos económicos. Si una nación puede tener capacidad de dar más, excelente. Pero pensamos que al menos eso da un marco de congruencia en una política macroeconómica de apoyo a la educación superior.
Un punto más. En la discusión que se dió en torno al artículo 3o. constitucional, nuestra fracción parlamentaria preocupada de manera precisa por una interpretación que pudiera darse a las frases: "atenderá y promoverá", que significaba o pudiera significar abandonar el apoyo del Estado a la educación superior y su gratuidad, repito, la fracción parlamentaria del partido de la Revolución Democrática en el debate en lo particular, votó en contra de la fracción V del artículo 3o. constitucional reformado y no sólo eso, también sostuvimos la necesidad de establecer con claridad lo relativo al 8% de asignación el producto interno bruto y en su momento y está en los debates de la Cámara de Diputados, dijimos que había una tendencia preocupante en el sentido de abandonar la gratuidad de la educación y el compromiso del Estado nacional con la educación media y la educación superior.
Están también en los debates de la Cámara de Senadores, en las intervenciones que hicieron los senadores del Partido de la Revolución Democrática. Repito, somos respetuosos de las demandas de los académicos de la Universidad, pero nos parece perfectamente legítimo para defender la justicia social que está presente en las aspiraciones de los académicos, nos parece perfectamente legítimo para defender la gratuidad de la educación, hacer en primer término referencia a lo que es el presupuesto de egresos de la federación; esa es la piedra de toque de los discursos y la piedra de toque de las declaraciones.
No se va a aumentar el sueldo de los investigadores de la UNAM con palabras, con discursos y con afirmaciones, se aumenta con dinero que se asigna a través del presupuesto de egresos de la federación y no aceptaremos, lo dijimos en 1991, lo dijimos en 1992 y lo seguiremos afirmando este año, no aceptamos que por un lado se pretenda chantajear a la Universidad con una propuesta de aumento de cuotas que cancela la gratuidad de la educación superior y por otro lado se mantengan 18 billones de viejos pesos en superávit presupuestario; sin haberse aplicado a fin específico de mejoramiento de la educación, de la ciencia y la cultura. No aceptamos que el Gobierno reciba más de la sociedad de lo que le está regresando a través del presupuesto de egresos de la federación y no aceptamos que mientras por un lado se hayan transferido al exterior 35 mil millones de dólares de servicio de la deuda externa durante los cuatro primeros años de Gobierno del licenciado Carlos Salinas y por otro, se niegan recursos fundamentales a la educación superior del país, son hechos, no son afirmaciones irresponsables.
Por ello es que ratificamos nuestro compromiso de defender la educación pública, como ciudadanos, como investigadores universitarios que somos algunos diputados federales en ejercicio de nuestros derechos y además como entidades de interés público que representamos.
Finalmente creemos que estos compromisos que fracciones parlamentarias aquí representadas hay asumido, deben y reiteramos, en los próximo días y semanas, convertirse en una modificación del presupuesto de egresos de la federación que permita a la Universidad cumplir con los fines fundamentales. Creemos que de ello depende la defensa de nuestro interés y la defensa de los principios fundamentales de la cultura y de la ciencia nacionales.
Por ello es que no admitimos que se acuse a nuestro partido de que al haber defendido la gratuidad de la educación superior, haya obstaculizado el mejoramiento del personal académico de la UNAM. Quienes están obstaculizando el mejoramiento del personal académico de la UNAM, son aquellos que persisten en una política de superávit presupuestal que está siendo derrotada en todos los países del mundo y que de manera casi obsesiva en este país persiste, mientras las necesidades de millones de mexicanos de educación, salud y vivienda están incumplidas. Por ello es que insistimos, antes de reiterar viejas discusiones sobre cuotas, debe mantenerse el compromiso del Constituyente de 1917 sobre la gratuidad del conjunto de la educación incluyendo la educación superior y debe refrendarse el compromiso de apoyar la ciencia y la cultura en la UNAM y en otras universidades e instituciones públicas.
Hay recursos, hay capacidad, solo falta voluntad política para atender las necesidades y las demandas del personal académico de la UNAM y del conjunto de las universidades públicas, que no se acuse, lo que propuesta específica de mejoramiento con que se trate de un debate partidario, no, se trata de defender a la nación, defender a la Universidad y de defender a la República. Muchas gracias.
El Presidente: - Concedemos la palabra ahora al diputado Israel González Arreguín del PFCRN.
El diputado Israel González Arreguín: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras, compañeros legisladores:
Definitivamente la lucha que, limpia, honrada, claramente ha sido planteada en la mayor parte de las intervenciones, se demerita cuando se pretende llevar inicuamente agua al molino. Creo que debemos tener mayor respeto a los compañeros trabajadores de la Universidad y a esta tribuna; durante mucho tiempo en forma permanente todos hemos presenciado, todos los legisladores hemos presenciado intervenciones provocadoras que a veces no sabemos si es con el afán de perjudicar a un partido o es con el interés de minimizar las peticiones, como la que en este momento tenemos aquí.
Creo que la lucha por la autonomía universitaria, los compañeros profesores, muchos de los cuales hace 25 años eran estudiantes, la han venido dando, como muchos legisladores que estamos presentes. Que esta demanda salarial tan justa, que el respeto a la educación pública han sido
debatidos, han sido analizados desde ésta, la más alta tribuna de la nación y siempre lo hemos hecho con un profundo respeto a lo que significa la discusión de este tipo de análisis tan serio.
No se vale abrogarse la limpieza de un reclamo, no es leal ni congruente sectarizar un derecho que todos los legisladores tenemos, pero para concretizar, compañeros legisladores, no es con el mejor verbo, sino con hechos reales como podemos contribuir al legítimo reclamo de los trabajadores universitarios, por eso creo que estamos en el mejor momento, en el mejor lugar para poder plantearnos una profunda y seria revisión al presupuesto de la Universidad.
Tenemos facultades, como lo han manifestado o lo hemos manifestado hoy varios legisladores aquí, para poder plantearnos un presupuesto extraordinario, esta forma será la mejor de contribuir en apoyo al desarrollo económico, pero sobre todo, al desarrollo intelectual de nuestro país y en la defensa perenne de la soberanía. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Carlos Cantú, del Partido
Auténtico de la Revolución Mexicana.
El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas: - Creo que el problema, señor Presidente, señores diputados, senadores, se clarifica en mucho si hablamos de algunas cifras que no están inmersas en las pasiones partidistas y que pretenden darle claridad a la legitimidad de los justos reclamos de este grupo de maestros representantes de otros muchos tantos que no han arribado a este recinto.
Qué lástima que el justo clamor que ellos vienen realizando en los últimos años, porque no se suscita a partir del pasado o el anterior mes, sino desde anteriores años, haya tenido que aflorar del claustro universitario, porque en el seno de ese territorio no han encontrado respuesta y solución a los legítimos reclamos de mejoramiento en sus salarios que les otorguen una vida digna a través de una percepción de los emolumentos que el Estado les otorga, pero más triste resulta aún que en este recinto, que podría servir para desfacer entuertos, las agrupaciones políticas vengamos a cobrar nuestros mutuos agravios y los tomemos a ellos como parte de este combate, nos desliguemos de la orientación fundamental del tema que estabamos tratando y caigamos en una serie de acusaciones entre los partidos, olvidando fundamentalmente que la presencia de los maestros aquí presentes viene invadida de un grito de reclamo solicitando auxilio y atención inmediata a esos reclamos de mejores salarios.
En muchas ocasiones, este recinto desorienta la causa fundamental de sus debates, porque al fin humanos, los integrantes de los partidos nos vemos inmersos en una serie de pasiones que nos hacen olvidar la causa fundamental de nuestra presencia en este recinto.
Dicen los estudiosos del Derecho Constitucional, que somos la voz del pueblo y aquí parece ser que de repente queremos ser exclusivamente la voz dogmática de alguna agrupación ideológica o partidista y en la defensa de nuestros intereses partidarios, olvidamos la representación popular que el pueblo nos otorgó y no traemos a esta tribuna con equilibrio y madurez, la solución y la presencia de los problemas que confrontamos.
Se encuentran con nosotros, honrando este recinto, representantes muy acreditados del esfuerzo y del intelecto nacional, hombres probos y honestos, hombres con apostolado, hombres y mujeres que algunos de ellos tienen más de 40 años de dedicación, entrega, esfuerzo y sacrificio, en las aulas universitarias; probablemente hombres y mujeres que fueron nutriente cultural y pedagógico de muchos de los que ahorita concentrados en este recinto, percibimos su angustia y tratamos de darle cauce a sus necesidades.
Y resulta que de repente abordamos esta tribuna, para todo menos para aquello para lo que nos mandó el pueblo de México entero; el pueblo de México entero, entiendo yo y así pretendo hacerlo, nos mandó a ser representantes populares, no representantes partidistas; el pueblo de México entero nos envió a este recinto a ser la voz de los desposeídos, a expresar en esta tribuna el pensamiento y las necesidades, las angustias, la zozobra, las protestas y las esperanzas de aquellos que no son tomados en cuenta en la articulación de las políticas gubernamentales.
Y cuando este recinto es adornado con la presencia de estos meritorios educadores, los miembros de las diversas fuerzas políticas perdemos el rumbo y caemos en una serie de conflictos partidistas y nos olvidamos del bien fundamental de luchar por la justicia y el equilibrio.
El problema no es insoluble, el problema no es difícil, el problema no tendríamos que solicitar la presencia de potencias extranjeras para tratar de resolverlo, el problema está en nuestras manos; tenemos los diputados intervención directa en los presupuestos de ingresos y de egresos y el próximo período de sesiones ordinarias, señores diputados, se abre el próximo día 15 de abril y los señores que aquí están presentes en estos momentos pensando que la esperanza
final de sus anhelos somos nosotros, tendrán en los diputados del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, una voz independiente para que por encima de tratar de lograr banderas políticas, por encima de saludar con sombrero ajeno o por encima de tratar de llevar agua a su molino, como algunos de ustedes lo han mencionado, expresar públicamente frente al órgano legislativo que tiene a su cargo estas aprobaciones, la solicitud respetuosa, señor Presidente, que transmito en estos momentos formalmente, para que este asunto sea analizado, para que se solicite una aportación extraordinaria dentro del presupuesto correspondiente, para que el Gobierno de la República resuelva de inmediato la legítima solicitud de mejores salarios a estos esforzados trabajadores de la educación y del intelecto nacional.
Quiero reiterarles a ustedes, profesores, educadores, investigadores aquí presentes, nuestro respeto absoluto, la absoluta certeza de que un grupo de diputados y considero que de diferentes partidos, nos hemos quedado con esta inquietud y con esta preocupación, que formalmente atendemos su llamado, que nos mortifica el estado deprimente y económicamente débil en el que ustedes se desenvuelven, los riesgos que corre la independencia y la educación nacional; que tomamos con profunda seriedad lo que aquí se ha dicho y que queriendo tanto a mi partido, el Auténtico de la Revolución Mexicana, por encima de intereses partidistas, por encima de soberbias, egolatrías o afanes protagónicos, no pretendo llevar la bandera de este movimiento al recinto de la Cámara de Diputados.
Pretendo dar a conocer la injusticia que en contra de ustedes se está cometiendo y solicitar la intervención de todos los legisladores, para que en conjunto, contando en ellos a los miembros del Revolucionario Institucional, llevemos a efecto una convocatoria nacional tendiente a que la propia Secretaría de Hacienda y demás dependencias que tienen participación en estos menesteres, den respuesta inmediata a las solicitudes legítimas que ustedes han formulado. Establecemos ese compromiso y nuestra voz llevará sus inquietudes a la tribuna de la Cámara de Diputados en el período ordinario. Muchas gracias, señores.
El Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - Gracias señor Presidente.
En verdad, lo menos útil y lo menos oportuno, es venir a la tribuna a hablar en favor de lo que ha hecho cada uno de nuestros partidos políticos en este momento. El problema concreto de las percepciones salariales de los trabajadores académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, planteaba yo en mi primera intervención, tiene una solución concreta y sencilla, no es un problema que adquiera especial complejidad.
Existe ya el instrumento jurídico. Dí lectura a él, y se trata de un instrumento jurídico que está en manos del Ejecutivo, no del Legislativo; el Legislativo ya facultó, ni siquiera hay que esperar al próximo período de sesiones para debatir que se hace con el presupuesto, si se amplía o no se amplía. El artículo 14 del documento de referencia, reitero, dice: "El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autorizará erogaciones adicionales", ese mandato le dimos ya el Legislativo, ya le dimos el mandato al Ejecutivo para que autorice erogaciones adicionales, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
¿En qué casos o para qué? Dice: "Para aplicarlas a proyectos de inversión de carácter social, o programas y proyectos estratégicos o prioritarios del Gobierno Federal". ¿Cuáles serían estos programas estratégicos o prioritarios? ¿Estaría el asunto que nos tratan los compañeros universitarios en esta esfera? Vamos a verlo. Sigue diciendo: "tales como desarrollo rural, comercialización de productos agropecuarios, educación, ahí está, está entre los asuntos que ya le dimos mandato al Ejecutivo, ya no necesitamos, no es asunto nuestro, es asunto que está en manos del Ejecutivo, hay que exigirle al Ejecutivo que cumpla con este mandato. Ahí está el mandato, ahí esta la facultad.
Y siguen otros rubros: "salud, vivienda, etcétera". ¿De dónde va a obtener los recursos? Hay tres fracciones, dí lectura a la III fracción para que no nos hable de que no tiene la capacidad económica para resolverlo; la tiene. Dice la fracción III: "Estos recursos serán con cargo a: fracción III: Ingresos que obtenga el Gobierno Federal, como consecuencia de la desincorporación de entidades paraestatales..." y sigue el texto. Son múltiples las empresas del Estado, las entidades paraestatales que han sido privatizadas; se ha estado dando cuenta de los recursos billonarios que se han sido privatizadas; se ha estado dando cuenta de los recursos billonarios que se han obtenido por ese concepto; ahí está el mandato de a dónde cargar los recursos que se requieren para incrementar el presupuesto de la universidad y resolver el problema salarial de los trabajadores.
Como el asunto lo estamos discutiendo en esta esfera, por eso el punto de acuerdo que propusimos es en el sentido de que nosotros como Legislativo nos pronunciemos dirigiéndonos al Ejecutivo para que cumpla este mandato, pero aún eso sería innecesario. Ya tiene el mandato el Ejecutivo, ahora hay que ver si tiene la voluntad política de cumplirlo y ahí es donde está todo el problema.
¿Tendrá el Ejecutivo la voluntad política para cumplir con este mandato que ya le dimos y resolver el problema de los académicos universitarios? Si la tiene, lo puede resolver hoy mismo, no hay por qué esperar el día de mañana, hoy mismo. Puede haber un pronunciamiento dentro de un rato, del señor Secretario de Hacienda y Crédito Público que aquí es el responsabilizado para esto, o de otra autoridad superior a él diciendo: "Aquí está la partida que se requiere para que se resuelva el problema". Hoy mismo puede resolverse, si es que hay voluntad política.
Esta sería la solución inmediata del problema inmediato de los compañeros trabajadores académicos; el problema también puede tener una vertiente de mucho más fondo, pero ése es el problema de largo plazo, el problema de lucha, el problema de largo aliento.
Este es el problema de ver qué tipo de orientación general debe presidir los destinos de nuestro país; una orientación general que tienda a concentrar cada vez más la riqueza en muy pocas manos, empobreciendo a todos los trabajadores manuales, intelectuales, urbanos y rurales como se ha venido aplicando en los últimos 10 años. Si es por ahí no habrá voluntad política para resolver el problema de ustedes, ni hoy ni el mes que entra, ni en abril, ni cuando termine el período de sesiones, ni cuando termine esta Legislatura, se irá agudizando cada vez más, cada vez se irá deteriorando más su salario, como ha venido ocurriendo durante los últimos años, como ha venido ocurriendo con los salarios mínimos y con todos los demás salarios. A cambio de esto se vendrá concentrando la riqueza en muy pocas manos, como ha venido ocurriendo.
Un dato simplemente. Hace unos días hubo un escándalo político en torno a la posibilidad de un pequeño grupo de 25 ó 30 hombres muy acaudalados financiaran a un partido político con donativos del orden de los 25 millones de dólares. ¿A cuánto equivale una cifra así para donarla como quien entrega un billete de cinco pesos a la Cruz Roja, a cuánto equivale medida en términos de salario de los trabajadores universitarios, algo que no significa ningún esfuerzo para este grupo pequeño, simplemente para evaluar de alguna manera los términos de la concentración gravísima de la riqueza lamentable e indignante? Esto que no significa nada, ninguna privación, ninguna reducción, ningún sacrificio ni el más remoto para este tipo de individuos, equivale, si consideramos un salario de 3 millones de pesos mensuales, que muchos trabajadores universitarios están lejos de alcanzar, equivale exactamente a 2 mil 83 años de salario de un trabajador universitario, eso que ellos pueden echarle así a un alcancía. Eso es indignante. Dos mil 83 años, más de lo que tiene la llamada Era Cristiana. ¡Haber si tienen algo de cristiano estos señores!
Ese es el problema de fondo. ¿Se va a seguir caminando con ese tipo de filosofía modernizadora, concentradora de la riqueza, a cambio de empobrecer a las masas populares? ¿Se va a reorientar el rumbo del país en el sentido que alguno de los carteles que ustedes traen aquí, legítimamente plantea, retomar los mandatos de los constituyentes, que aquí hemos destruido. Demandar levantar otra vez los mandatos de los grandes hombres de nuestra historia, de Hidalgo, de Morelos, de Juárez, de Zapata, de Villa, o irnos por la política fondomonetarista que ha imperado en los últimos años? Ese es el problema de fondo.
El inmediato se puede resolver si hay voluntad política. Esperemos que la haya y lo podamos saber en 24 horas, no hay que esperar más.
El Presidente: - Ahora concedemos la palabra al diputado Diego Fernández de Cevallos, del Partido Acción Nacional.
El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos: - Señores Legisladores: Yo quisiera pedir su atención para ver si logramos evitar lo que me da la impresión de que está a punto de suceder. Una vez más puede pasar que después de coincidir todos en la existencia de problemas y en la necesidad de urgente solución, acto seguido discutamos, peleamos, nos confrontamos, abrimos la litis a todos los temas inimaginables y después no resolvemos nada. Esto ha sucedido en algunas ocasiones y me temo que hoy puede suceder. Por lo pronto diré que no creo que los maestros vengan a eso ni lo merezcan.
Yo creo que ya hay muestras claras por el curso del debate de que hay un planteamiento concreto en el que todas las fuerzas políticas podemos coincidir y que se reduce a la existencia de una profunda injusticia que no debe seguir y a la necesidad
por tanto de medidas correctivas, profundas, completas y reales.
Ahora bien, yo no tengo motivo para sugerir siquiera que hay un sólo legislador aquí que en el fondo de su conciencia no quiera que el problema se resuelva, no hay motivo para suponer. Podemos decir, sin faltar a la verdad, que todos los datos nos llevan a suponer que en todos existe una preocupación concreta y real para buscar soluciones, pero con toda franqueza quisiera decirles que si alguien se propusiera establecer una mecánica habilidosa para que este asunto se entrampe y se complique, provocaría un debate interminable, donde todo se vale, cualquier materia es lícito tratarla y sobre todo confrontar posiciones de fuerza para que ahí se quede sencilla y llanamente en un punto muerto.
Yo creo que el gran esfuerzo que podemos hacer hoy, los legisladores de todos los partidos, es entender que los profundos debates nacionales sobre toda la temática que complica la vida de este país, está abierta en el tiempo y hay espacios, lugares y momentos, para entrar como muchas hemos entrado, a los debates de fondo, pero no poner en medio de un artificioso debate a un magisterio que busca soluciones concretas y de fondo.
Yo creo que ni los maestros ni las universidades ni la sociedad merecen quedar en el centro de una polémica protagónica, en donde al final de cuentas lo único que no interesó en definitiva, es buscar mecanismos concretos de solución.
Nosotros hemos sostenido reiteradamente y en forma pública profundas diferencias con la política económica del actual Gobierno, lo seguiremos haciendo. El viejo argumento de que son coincidentes la política del actual Presidente con las tesis de Acción Nacional es falsa. Y risas que vayan y risas que vengan no sustituyen los argumentos a pesar de que esas risas provengan de un respetado legislador.
Pero lo que no nos parece correcto, lo que si no es serio, es introducir aquí un cóctel molotov para que estalle en medio de esta sala. Esto no es serio, esto no es honrado, esto no es inteligente.
Si nosotros pudiéramos escuchar aquí y ahora a los maestros presentes y con ellos a miles y miles de maestros en la República, yo creo que lo único que nos pedirían y nos reclamarían con justicia: encuentren soluciones. Sus debates tienen lugar y tienen momento, pero no nos pongan al centro de una confrontación que a nada conduce.
No creo que los maestros puedan, deban merezcan ser arietes de nadie. Y en última instancia un legislador aquí recordó un trágico e impresionante grito: "Muera la inteligencia".
No hagamos un debate desquiciante, provocativo, atávico, un homenaje a "Muera la inteligencia". Gracias.
El Presidente: - Señoras y señores legisladores: Con fundamento en lo previsto en la fracción III del artículo 79 constitucional, esta Presidencia turna la proposición presentada por el diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista y varias fracciones de diputados más que la suscriben y de legisladores, a dos comisiones de la Cámara de Diputados: a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, y a la Comisión de Educación Pública de la propia Cámara de Diputados.
PENA DE MUERTE
El Presidente: - Pasamos ahora a otro asunto y concedemos la palabra al señor diputado Miguel Ángel León Corrales, para referirse y presentar un punto de acuerdo sobre la sentencia de muerte a connacionales en los Estados Unidos.
El diputado Miguel Ángel León Corrales: - Con el permiso de la Presidencia; señoras y señores legisladores:
A partir de una iniciativa de nuestra fracción parlamentaria, la del Partido de la Revolución Democrática, hemos consensado con todas las demás fracciones el siguiente punto de acuerdo que voy a someter a la atención de ustedes.
"Sede del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, a 24 de marzo de 1993.
Ann Richards, excelentísima gobernadora del Estado de Texas:
Para el primer minuto del 25 de marzo del año en curso, está programada la ejecución del mexicano Ramón Montoya Facundo, sentenciado a muerte por inyección letal.
En virtud de que la junta de perdón y libertad condicional del Estado de Texas rechazó la petición de clemencia del Gobierno mexicano para con nuestro connacional, nos dirigimos a usted con el absoluto respeto de las soberanías de los Estados Unidos de América y del Estado de Texas, para que humanitariamente
reconsidere la recomendación de ese órgano y disponga urgentemente del aplazamiento de la ejecución y la conmutación de la pena.
No estamos avalando con nuestra intervención conductas antisociales, sólo expresamos el sentir de la nación mexicana sobre el derecho a la vida plasmado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Quienes representamos a la nación en el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, tenemos el deber de abogar por los derechos fundamentales de nuestros compatriotas y por esta razón estamos obligados a manifestarle que para nosotros la ejecución de Ramón Montoya, sería un acto que como mexicanos, nos lastima profundamente.
Hacemos votos porque la petición que firmamos sea atendida y porque en un futuro encontremos soluciones bilaterales que permitan proteger las garantías y derechos humanos de los ciudadanos de ambas naciones.
Los legisladores de la Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Por el Partido Revolucionario Institucional, diputado Rodolfo Becerril y diputado Amador Rodríguez; por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, diputado Carlos Enrique Cantú Rosas; por el Partido Acción Nacional, diputado Víctor Orduña; por el Partido Popular Socialista, diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo; por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, diputado Israel González Arreguín y por el Partido de la Revolución Democrática, el senador Porfirio Muñoz Ledo, el diputado Jorge Calderón, y un servidor, diputado Miguel León.
Quiero solamente hacer dos peticiones a la presidencia:
En primer lugar, que dos cartas que fueron enviadas por diversas organizaciones de mexicanos en los Estados Unidos, que se oponen a la ejecución que se llevará a cabo, esperemos que no, en el transcurso de la noche de hoy, nos han mandado y nosotros estamos solicitando de manera muy atenta, que sean incluidas en el Diario de los Debates.
Y una segunda petición, que por las vías diplomáticas y consulares adecuadas, esta carta dirigida a la gobernadora del Estado de Texas, se le haga llegar de inmediato, dada la premura de que dicha carta sea conocida por la persona a quien va dirigida.
Con estas dos solicitudes, dejo en manos de la Secretaría tanto el punto de acuerdo como las dos cartas que recibimos. Es todo.
El Presidente: - Muchas gracias, diputado Miguel Ángel León Corrales. Esta Presidencia instruye a la Secretaría que los documentos correspondientes a que ha hecho mención el diputado León Corrales sean incluidos en el Diario de los Debates y asimismo se da por enterada del pronunciamiento de declaración que han firmado varios diputados y varias fuerzas políticas e instruyo a la Secretaría a que proceda de inmediato y en consecuencia, como lo ha solicitado el diputado Miguel Ángel León.
«Señores del Congreso Mexicano por medio de la presente me atrevo a pedir a ustedes de la manera más atenta, ayuden a mi hijo Francisco Cárdenas A., al igual que a los demás mexicanos sentenciados a muerte. Uniéndome al dolor de los demás padres que están pasando por el mismo dolor y de nuestros hijos que sufren ese encierro tormentoso por muchos años y que los tienen en una agonía constante, esperando el momento angustioso en que les pondrán la inyección letal para acabar con sus vidas; sin pensar que nosotros, sus padres, también estamos sufriendo al saber el destino que les espera a nuestros hijos.
Cuando supimos que iban a venir ustedes nos dio mucho gusto, nació una nueva esperanza en nuestros corazones, confiando en que ustedes podrán hacer algo, al menos que se les haga una justicia humanitaria a nuestros hijos, que les perdonen la vida, que los mantengan cautivos hasta que todo se aclare y les hagan un juicio justo.
Se los pide una madre que ha sufrido mucho, que Dios los bendiga y los ilumine en su misión, en defensa de muchos inocentes.
¡Súplicas de una madre y de un hijo, de Francisco Cárdenas A.!
Dieciséis de marzo de 1993.- Su servidora Herminia Arreola. Rúbrica.»
«Carta abierta al Congreso Federal de México y petición pidiendo su intervención directa para parar la ejecución de Ramón Montoya; Ricardo Aldape Guerra y de otros mexicanos condenados en Estados Unidos:
Nosotros, las organizaciones e individuos firmados abajo, le pedimos al Congreso Federal de México, su intercesión inmediata para parar la ejecución de Ramón Montoya, que tiene fecha de ejecución para el 25 de marzo en Huntsville, Texas. Les pedimos que busquen las formas más eficaces para salvarle la vida a Ramón Montoya, originario de San Luis Potosí, México. También les pedimos que comuniquen ustedes con el Congreso Federal Estadounidense en Washington D. C. tocante esta situación urgente.
Después del rechazo en enero de la petición mandada al Gobierno estatal de Texas, la cual originándose del gobernador de San Luis Potosí, parece que solo la autoridad de millones de mexicanos y la de sus diputados y senadores federales pueden parar las ejecuciones pendientes de Ramón Montoya, Ricardo Aldape Guerra, Irineo Tristan Montoya, Manuel Salazar (Illinois), Lupe Cazares (en California), Cesar Fierro, Héctor Torres García, Javier Suárez Medina, Francisco Cárdenas y otros.
La pena de muerte no se implementa en una manera equitativa en los Estados Unidos, E. E. U. U. La discriminación que enfrentamos nosotros, los de origen o de nacionalidad mexicana, se refleja en la situación desesperada de estos presos mexicanos. En unos casos las pruebas sosteniendo su inocencia son abundantes. En ningún caso no hay justificación para implementar la pena de muerte en lugar de sentencia de encarcelamiento. En todos los casos su pobreza no les proveía acceso a asesoría legal adecuada, intérpretes competentes, e investigadores privados antes del juicio.
Suplicamos que rompan ustedes su silencio en estos momentos urgentes y que actúen con fuerza y de prisa. Gracias.
Aldape San Fernando, Presidente, Coalición de Trabajadores Mexicanos de América del Norte, 835 Kress, Houston, TX 77020, teléfono (713) 674- 22- 42; Leopardo Contreras, vicepresidente, Coalición, (CTMAN), (713) 861- 58- 19; licenciada María Elena Castellanos, asesora legal (CTMAN), (713) 222- 75- 17.
Houston, Texas, marzo 19, 1993."
El Presidente: - Para el mismo debate han pedido la palabra la diputada Blanca Esponda y el diputado Víctor Orduña. Tiene la palabra la diputada Blanca Esponda.
La diputada Blanca Ruth Esponda Espinosa: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros legisladores:
Me permití solicitar el uso de la palabra para respaldar íntegramente en sus términos la propuesta que ha formulado aquí nuestro compañero Miguel Ángel León Corrales, en el sentido de que se haga llegar a la brevedad posible a su destinataria, la señora gobernadora Ann Richard, la Carta a la cual se dio lectura en esta tribuna momentos antes y que nosotros suscribimos íntegramente Queremos, por lo tanto, también reconocer y respaldar aquí las diversas sesiones diplomáticas emprendidas por nuestro Gobierno ante las autoridades y el Gobierno de los Estados Unidos, en relación con este caso en particular y con otros, de mexicanos que se encuentran amenazados con la pena capital en aquel país.
Creemos que en el caso de estos inculpados, que se trata de mexicanos, podríamos subrayar que no es posible excluir que el perjuicio de raza, de color, de cultura e incluso de condiciones económicas, hayan sido factores coadyuvantes en su perjuicio cuando se les juzgó.
Creemos también nosotros que tal como lo prescribe la doctrina constitucional mexicana y el derecho penal, nosotros en México estamos en contra de la pena de muerte, porque pensamos que como sanción social máxima realmente no combate la criminalidad ni coadyuva a prevenir nuevas conductas delictivas; que estamos en presencia de una pena capital que es cruel en sí misma y que paradójicamente a lo que a veces persigue el juzgador, al segar la vida al individuo, en esta caso a un criminal, impide por ese hecho mismo su regeneración, su arrepentimiento y por lo tanto pierde el carácter ejemplar que esta pena está destinada a crear.
Creemos también que se trata de un apena anacrónica, en lo que toca a los anales del derecho, a la historia misma de la criminalidad, en la universal.
Existe, por el otro lado, también otra preocupación, La pena de muerte es en sí misma irreparable y siempre existe en el caso de los juzgadores el riesgo de cometer algún error. Nadie por su condición humana es infalible y por lo tanto este riesgo está presente en el caso del mexicano Montoya.
A mí me pareció muy oportuno el señalamiento contenido en la comunicación a la que dio lectura nuestro compañero León, cuando él dice que no estamos avalando con nuestra intervención, con nuestra solicitud de clemencia humanitaria, en este caso, conductas antisociales. No
podemos nosotros esgrimir como una causa nacional la defensa del delito. ¡Jamás lo haríamos! Pero sí pensamos que es posible la conmutación de la pena y el lograr que en el caso de criminales mexicanos puedan cumplir esta pena en su propio país; que también se puedan encontrar algunas otras atenuantes que permitieran el ejercicio ejemplar del derecho criminal, pero sin incurrir en el riesgo de un error irreparable.
Creemos, por lo tanto, en todo lo dispuesto en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el derecho fundamental a la vida, que es el bien más preciado que todos los seres humanos tenemos.
Y en esa búsqueda del respeto a los derechos humanitarios es que estamos apelando a la autoridad superior a la que compete en este momento poder aplazar, diferir o conmutar esta pena capital.
Nos preocupa que sean varios mexicanos los sentenciados a la pena capital en aquel país, nos preocupa también como fenómeno político porque en México hemos estado denunciando sistemáticamente la violación a los derechos humanos en agravio de nuestros connacionales, a los que en ocasiones solamente por carecer de documentación migratoria que les acredite una presencia legal en aquellas tierra los hace ipso facto sujetos de delito y también los hace en ocasiones ipso facto sujetos de los mayores agravios que nosotros en nuestro propio territorio censuramos y por supuesto rechazamos contundentemente que se cometan en las personas de los mexicanos internados en ese territorio.
Pareciera también a veces desconocerse el valor económico, social y cultural que representa la presencia de la mano de obra, de la fuerza de trabajo mexicana en aquellas tierras. Los mexicanos contribuyen con su fuerza de trabajo a generar riqueza, a generar prosperidad, no desplazan a norteamericanos en sus puestos de empleo, simplemente ocupan aquellas posiciones para las cuales los norteamericanos no quieren acceder a ellos porque cuentan con un servicio de bienestar social y con un derecho al desempleo que les permite tener un ingreso sin trabajar; los mexicanos ocupan ese espacio y con ello están generando riqueza y bienestar y ese solo hecho internacionalmente ya ha sido reconocido como un derecho que debe ser sujeto de obligaciones por parte del Estado norteamericano; sujeto de obligaciones en lo que toca a sus derechos humanos; sujeto de obligaciones en lo que toca a sus derechos sociales y laborales y algunas restricciones, pero sí a sus derechos básicos en materia civil.
Por el otro lado también decía yo, la presencia de los mexicanos en los Estados Unidos está contribuyendo a crear una cultura de la tolerancia, una cultura de la integración, una cultura del respeto a la diferencia, la diferencia que representa el que nuestros connacionales con raíces históricas distintas a las del pueblo sajón, sean quienes estén integrando ya buena parte de la sociedad norteamericana del sur de los Estados Unidos.
En múltiples ocasiones hemos subrayado cómo algunas ciudades norteamericanas ya cuentan con una presencia de las llamadas minorías latinas, altamente relevantes tanto para su funcionamiento como ciudades de desarrollo económico como para una sociedad culturamente más integrada.
Por todas estas consideraciones, compañeros legisladores, nosotros no podemos sino aplaudir este ejercicio político que las diversas fracciones parlamentarias hemos hecho para hacer llegar esta comunicación a la señora gobernadora Richard que la consideramos en este momento oportuna, válida, legítima y que no dudo que la diligencia de nuestra Cancillería, que siempre se ha mantenido atenta al desenvolvimiento de los procesos en contra de estos mexicanos, hará todo lo que esté en sus manos para hacerla llegar en tiempo y forma y así poder lograr el objetivo superior de preservar una vida de un connacional en tierras extranjeras. Muchas gracias.
El Presidente: - Muchas gracias, diputada Blanca Esponda. Sobre el mismo asunto tiene la palabra el diputado Víctor Martín Orduña, de Acción Nacional.
El diputado Víctor Martín Orduña Muñoz: - Señor Presidente; señoras y señores legisladores:
Queremos dejar constancia de la siempre vivida preocupación de Acción Nacional como partido político, que se sustenta en un profundo humanismo político, en el respeto a la vida humana.
Nos cuestionamos sobre la fundamentación filosófica y jurídica de esta pena capital que ante su sola mención, aterra ante la posibilidad de la falibilidad humana. Conocemos de muchos casos en que la justicia se aplica con error, y en otros más, tenemos antecedentes en que algunos juzgadores norteamericanos han manifestado su tendencia en una aplicación de la justicia de carácter racial.
Para nadie es desconocido el caso de aquel juzgador californiano que consideró que golpear
delito alguno; que en dado caso sería tan solo expresión de la libertad de los ciudadanos norteamericanos.
No creemos que este sea el caso, ni que se haya aplicado la justicia en forma discriminatoria, pero lo que sí queremos decir es que esta pena capital no remedia en nada a una sociedad que tiene alguna inclinación por ciertos delitos delictivos que por su propia naturaleza son de los delitos que aterran, de los delitos que indignan a la sociedad.
Por otro lado consideramos a la pena de muerte, como la expresión más viva de una sociedad para poder controlar y para poder sancionar a su delincuencia.
Por ello nuestro apoyo a esta petición que se hace a la gobernadora del Estado de Texas y también, señores legisladores, que nos sirva y nos sea motivo de reflexión para no sólo hacer esta petición, sino también para desterrar de nuestra ley fundamental esta posibilidad de pena capital.
Nos hemos manifestado en los últimos tiempos, por un profundo respeto a los derechos humanos, queremos ser congruentes con ese respeto que hemos proclamado, con ese respeto del que nos hemos dicho somos garantes, necesitamos hacer reformas constitucionales para erradicar esa posibilidad de nuestra Constitución General de la República.
Por ello apoyamos la petición que fue aquí formulada y esperamos y hacemos votos porque las negociaciones y la intervención de la cancillería mexicana, que hay que reconocerlo, por que así lo vimos en un viaje reciente que hicimos a la frontera, ha estado muy acuciosa y al pendiente de los asuntos de nuestros connacionales que se encuentran en situaciones legales conflictivas.
Por ello también, expresamos a la gobernadora de Texas desde esta tribuna, la posibilidad de posponer esta pena de muerte, para que sea analizado el expediente del mexicano Montoya y si de ese expediente se cometieron irregularidades, en su caso, hacer no solamente la posposición de esta pena, sino la conmutación de la pena de muerte por alguna otra. Muchas gracias.
El Presidente: - Muchas gracias diputado Orduña.
FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLÍTICOS
El Presidente: - Para otro asunto, se concede la palabra al diputado Miguel Ángel León Corrales, a fin de que se refiera al financiamiento que recibe el Partido de la Revolución Democrática. Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel León.
El diputado Miguel Ángel León Corrales: - Con el permiso de la Presidencia; señoras y señores legisladores:
El Partido de la Revolución Democrática es el único partido político que ha dado a conocer a la opinión pública, a través de los medios de comunicación, informes sobre sus finanzas de 1990 a diciembre de 1992.
Los informes financieros revelan que nuestro partido tiene recursos económicos reducidos que aplica a sus fines debidamente autorizados conforme a la Ley.
Es evidente que la transparencia de las finanzas del PRD no puede ser puesta en duda, no existe ningún ingreso inexplicable, tampoco hay eventos confidenciales, ni ningún ingreso que no corresponda a su actividad pública.
El PRI quedó arrinconado por la censura pública y en su desesperación para desviar la atención en torno a su propio problema, inventó infundios contra nuestro partido, con acusaciones de financiamiento extranjero y de quiebras fraudulentas y de todo cuanto es capaz de producir la falta de ética de voceros oficialistas.
En el ámbito del Instituto Federal Electoral, el magistrado Salvador Rocha Díaz tuvo la temeridad de acusar al PRD de recibir financiamiento indebido; dijo tener los documentos probatorios, nunca los mostró.
En esta misma linea de ataques al Partido de la Revolución Democrática, la semana pasada en esta tribuna, el diputado Amador Rodríguez Lozano tocó el tema de las finanzas de nuestro partido. El diputado planteó que dejaba pruebas en la Secretaría de esta Comisión Permanente. Nosotros desde el 19 de marzo solicitamos por escrito copias de esas pruebas; nos fueron entregadas hasta el día de ayer, 23 de marzo, Quiero plantear que los documentos que se nos entregaron es una hoja en la que se mencionan los nombres de algunas organizaciones de mexicanos en Estados Unidos. Me parece a mí que también es una parte del discurso que el diputado Amador Rodríguez Lozano presento hace ocho días, se nos presentan como pruebas pues la página cinco y la página seis de ese discurso y las otras pruebas son solamente algunas fotos, de ahí en fuera no existe absolutamente ningún documento.
probatorio, al menos en los documentos que de manera oficial se nos fueron entregados por la Oficialía Mayor de esta Cámara.
Hace ocho días se afirmó aquí lo siguiente: "Tenemos información de que se está recibiendo dinero de varias organizaciones de los Estados Unidos, de Alianza Mexicana con sede en Oakland, del Movimiento Chicano - Mexicano con sede en Los Ángeles, del Comité Mexicano de Apoyo a Cuauhtémoc Cárdenas, con sede también en Los Ángeles y de los comités laborales de Estados Unidos, éstos dirigidos por Lyndon Larouch.
La afirmación del diputado Rodríguez Lozano en el sentido de que nuestros candidatos han recibido financiamiento del extranjero, es simple y llanamente una falsedad. El PRD se sostiene primordialmente por aportaciones públicas vía prerrogativas legales y en menor medida por contribuciones modestas de sus militantes. Estas contribuciones vienen de todos los comités del partido, según sus posibilidades, incluyendo en ocasiones las de miembros de nuestra organización que residen temporalmente en el extranjero, desde luego ciudadanos mexicanos con absolutos derechos para hacerlo. En efecto, son compatriotas que por diversas razones que tienen que ver con la política económica implementada en nuestro país durante varias décadas, se han visto obligados a emigrar a los Estados Unidos en busca de trabajo y por supuesto que son mexicanos.
La semana pasada aquí se afirmó: "tenemos información que nos hicieron llegar". No se dijo quién hizo llegar la información, pero lo que sí está claro es que se equivocó. Una de las organizaciones mencionadas, el Movimiento Chicano Mexicano nunca ha existido, otras tres ya dejaron de existir, para sumarse al Comité del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de California en los Estados Unidos, porque habría que informarle al diputado Rodríguez Lozano, que los estatutos de mi partido, aprobados como legales por las autoridades electorales de este país, cuando nosotros luchamos por nuestro registro definitivo, permiten la existencia de comités de Partido de la Revolución Democrática en el extranjero.
En cuanto a la última organización mencionada en la cita que yo aquí repetí, la de los comités laborales en Estados Unidos, el diputado acusador tuvo la mala suerte de que ni siquiera transcurrieran 24 horas para que lo desmintiera Lyndon Larouch, afirmando que era descabellado mencionar su nombre como protector financiero del Partido de la Revolución Democrática, se trata de un cuento extravagante, dijo, creo que ni remotamente podría sospecharse entre personas racionales y bien informadas, que yo haya financiado actividades políticas del Partido de la Revolución Democrática.
Tengo aquí en mis manos un documento fechado el 18 de marzo en el que el señor Lyndon Larouch hace una declaración en torno a lo que aquí se dijo en la Comisión Permanente hace ocho días y con toda claridad se dice aquí: acabo de recibir informes de un ataque de ciertas fuentes de México, que me acusan falsamente de que he tenido que ver con el financiamiento del PRD; me asombra que haya mexicano alguno en posición informada, que sea tan crédulo como para creer un cuento tan extravagante y descabellado.
No tenemos absolutamente nada que esconder en lo que se refiere a la ayuda de nuestro Comité en el Estado de California en Estados Unidos. El Comité del PRD de Los Ángeles, California, apoyó con la suma de 7 mil 700 dólares para la impresión de carteles electorales en media docena de campañas. El costo de dichos carteles ha sido un promedio de 22 centavos de dólar y un total impreso de 3 mil 500 carteles, por cierto que todavía nuestros compañeros arrastran adeudos por tal concepto, 7 mil 700 dólares es una muy pequeña proporción, tres mil veces menor de lo que la opinión pública ha conocido como contribuciones personales demandadas por otros partidos.
Resulta absurdo acusar a un partido de pobres, a un partido de modestas y esperanzadas contribuciones ciudadanas, de violar cualquier principio o regulación vigente, cuando es claro que las disposiciones legales permiten y aún promueven este tipo de aportaciones populares.
No fue ésta la única acusación que nos hizo el diputado Rodríguez Lozano; él mismo planteó, "pero aún hay más". ¿Cómo se financia el PRD? Creó una fundación a la cual denominó Lázaro Cárdenas, y ha estado recibiendo recursos de varias organizaciones extranjeras.
La Fundación Lázaro Cárdenas es una entidad totalmente ajena al Partido de la Revolución Democrática, ni la fundación tiene que ver con las actividades de nuestro partido, ni el partido tiene alguna conexión con los proyectos de la fundación.
Los miembros de esta fundación ya han dado a la opinión pública sus puntos de vista,
desmintiendo las afirmaciones del diputado Rodríguez Lozano.
Cito aquí a Adolfo Aguilar Sinser: "El PRD nunca ha recibido un solo centavo de la fundación ni viceversa; actúan cada uno por su lado".
En todo caso serán los miembros de esta fundación quienes tomen las medidas que crean convenientes para aclarar la acusación que en esta tribuna se les hizo.
Lo que quiero dejar claro a nombre del Partido de la Revolución Democrática, es que la Fundación Lázaro Cárdenas no es una entidad que tenga relación alguna con nuestro partido.
La semana pasada también se nos hizo la acusación de que el fraude en una caja de ahorros en Michoacán, ha servido para financiar al Partido de la Revolución Democrática. El diputado acusador cometió la pifia de mencionar, por ignorancia, a Fabián Rodríguez como testigo de cargo de haber entregado a Cuauhtémoc Cárdenas, dinero producto de la quiebra fraudulenta de la caja de ahorros de Morelia.
Tal persona no existe, Fabián Rodríguez no existe. En todo caso el diputado Amador pudo haberse referido a Mauricio Dromundo, quien preso y bajo presión en el penal de Morelia, dijo haber entregado dinero a Cuauhtémoc Cárdenas. Pero habría que aclarar aquí con toda precisión que Mauricio Dromundo se retractó ante los medios informativos de la capital michoacana, de lo cual dieron cuenta varios periódicos locales. Enseño aquí un encabezado del periódico La Voz de Michoacán, con fecha 29 de mayo de 1990, en que con toda claridad el señor Dromundo se retractó de sus declaraciones en torno a las acusaciones que bajo presión dijo haber hecho en contra de Cuauhtémoc Cárdenas.
Así pues el diputado Amador Rodríguez, no tuvo escrúpulos para utilizar la declaración de un delincuente en contra del expresidente nacional de mi partido, pero además utilizando el nombre de una persona que no existe y omitiendo que si en todo caso se trata del señor Dromundo, éste con toda claridad y en fecha precisa ante los medios de comunicación en Morelia, se retractó de lo que el diputado Amador Rodríguez dice que él dijo.
No es la primera vez que desde el Gobierno se monta una calumnia de estos tamaños, desde que nació el PRD, una y otra vez, desde la posición oficial, nuestro partido y nuestros dirigentes han recibido ataques y difamaciones, que luego no se demuestran, pero que al ser utilizados de manera exagerada en algunos medios de comunicación, se mantiene la esperanza de que las difamaciones en contra nuestra surtan efecto en la opinión pública.
Una muestra de cómo se montan los ataques y las difamaciones contra nuestro partido desde el sector oficial, es que las acusaciones en torno al financiamiento del PRD aparecen en un periódico nacional como versiones filtradas por un alto dirigente nacional del PRI, así, sin mencionar ni fuente ni nombre, pero como encabezado de primera plana.
Otra muestra es que en la televisión oficial se dijo, el miércoles hace ocho días, que en la pasada Permanente los Diputados que representamos al Partido de la Revolución Democrática en esta tribuna, guardamos silencio frente a las acusaciones hechas al PRD acerca de su financiamiento, las cuales todos sabemos que son falsas.
Por otro lado, un señor llamado Carlos Vázquez Rangel, quien se dice presidente de organizaciones masónicas, dijo que el PRD ha sido subsidiado por narcotraficantes, empresas transnacionales e instituciones con desprestigio moral en Estados Unidos, como los partidos demócrata y laborista. Informaciones periodísticas le atribuyen haber afirmado que el PRD oculta la mitad de sus egresos porque no es creíble que despliegue tantas acciones políticas con las reducidas cantidades que reportaron los informes financieros.
Este señor supone que los perredistas nos movilizamos solamente con dinero, tal como se hace en otros partidos, y no puede imaginar que los militantes del PRD llevamos a cabo nuestras luchas políticas por nuestros objetivos democráticos y no por intereses que tengan que ver con dinero.
Ya obra en poder del Instituto Federal Electoral la demanda de que se investiguen las finanzas del PRI y la disposición clara de mi partido de informar por los medios conducentes y las instancias respectivas, todo lo relativo a su financiamiento.
No tenemos absolutamente nada que esconder y sostenemos la idea de que la opinión pública nacional tiene todo el derecho a conocer los montos y las fuentes del financiamiento de todos los partidos políticos de este país.
Esperamos que nuestra demanda del Instituto Federal Electoral tenga una respuesta clara y a fondo.
En resumen, hace ocho días, hicieron aquí acusaciones en tres sentidos: el de algunas organizaciones norteamericanas que financiaban a mi partido y que yo he aclarado aquí con precisión que una de ellas nunca existió y que tres de ellas han dejado de existir para sumarse al Comité del PRD en el Estado de California en los Estados Unidos y con respecto a la quinta organización, la propia persona que está al frente de ella se encargó, a menos de veinticuatro horas, de precisar que las acusaciones hechas por el diputado Amador Rodríguez Lozano y en relación con esta organización, son absolutamente falsas.
En segundo lugar se nos acusó de recibir dinero del extranjero, vía la Fundación Lázaro Cárdenas. Precisamos que esta fundación no es parte de manera alguna del Partido de la Revolución Democrática y sus miembros optarán por los caminos que consideren convenientes para aclarar, creo que ya lo han precisado en la opinión pública que las afirmaciones del diputado Rodríguez Lozano son falsas.
Y en cuanto a la acusación que se nos hizo de que el fraude de una caja de ahorros en Morelia ha servido para financiar a mi partido, ya precisé aquí el nombre que se utilizó hace ocho días es el de una persona que no existe. Y que si el diputado Amador Rodríguez Lozano se refería al señor Mauricio Dromundo, éste aclaró ante la opinión pública de Morelia, que son falsas estas acusaciones.
Por todo lo anterior, a nombre de mi partido, el Partido de la Revolución Democrática, hago una exhortación al diputado Amador Rodríguez Lozano a que retire los infundios vertidos por él en contra del Partido de la Revolución Democrática en la sesión pasada de la Comisión Permanente, y en consecuencia solicite a la Presidencia de esta Comisión que esas falsas aseveraciones no consten en el Diario de los Debates. Es todo, gracias.
El Presidente: - Gracias diputado Miguel Ángel León Corrales. Esta Presidencia informa que para este asunto se ha registrado como orador Amador Rodríguez, sin embargo antes para rectificar hechos se concede la palabra al diputado Carlos Cantú Rosas.
El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas: - Señor Presidente; señores diputados; señores senadores:
Por muchas circunstancias especiales, nosotros encontramos frecuentes coincidencias con algunas de las posturas que establecen los compañeros del Partido de la Revolución Democrática, pero en esta ocasión respetuosamente y obviamente con afecto, quisiera hacer alguna aclaración que a mi juicio estimo pertinente con referencia a una expresión en la interesante exposición del señor diputado Miguel Ángel León Corrales.
Inicia su intervención, hace unos momentos, diciendo que el único partido que ha informado a la opinión pública es en el que él milita y yo quiero decirles que antes de que se le diera registro a su partido ya estaba el PARM luchando por la democracia en México. Y aquí lo tengo en mi poder. Quiero entregarle, con profundo afecto a mi amigo León Corrales, siete informes que en forma consecutiva en los últimos años ha otorgado el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana sobre el manejo, el destino, el origen de los recursos y prerrogativas que ha venido formulando.
Pero quiero abundar: antes de que esta institución fuera obligatoria en la ley de la materia, ya el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana periódicamente y en forma anual estaba informando sobre el manejo y el origen y el destino de las prerrogativas y los fondos públicos que nos son asignados.
Y, a mayor abundamiento, hace unos días a principios del mes, en la pasada reunión en el Instituto Federal Electoral, cinco de los seis partidos con registro anterior, recibieron algunas aportaciones millonarias adicionales sobre los trabajos que venían realizando en lo que ellos acreditaron como labores extraordinarias. El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana no recibió ni solicitó ni un quinto de esas aportaciones extraordinarias, porque con el exacto, leal y correcto manejo de las aportaciones que ya se encontraban en nuestro poder, no tuvimos necesidad de acreditar frente al Estado solicitud de nuevas prerrogativas, porque con el leal manejo de las mismas hemos dado curso a todas las necesidades partidistas.
Quiero solicitar a usted, señor Presidente y obviamente a disposición entre otros de mi querido amigo el señor licenciado Corrales y a disposición de todos los legisladores aquí presentes y los medios de la Prensa, copias de estas informaciones oportunas de las cuales en su momento hemos venido señalando en esta tribuna. La primera de ellas al señor licenciado Manuel Bartlett Díaz, con fecha enero 29 de 1988, en funciones de
presidente de la Comisión Federal Electoral; la segunda con fecha febrero 10 de 1989, al licenciado Fernando Gutiérrez Barrios, como presidente de la Comisión Federal Electoral; la tercera con fecha mayo 15 de 1990, a Fernando Gutiérrez Barrios en las mismas funciones; la cuarta en septiembre 4 de 1991 a Fernando Gutiérrez Barrios, presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral; la quinta, 23 de septiembre de 1991, a Fernando Gutiérrez Barrios, presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral; una más, 30 de enero de 1992, a don Fernando Gutiérrez Barrios, presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral y la más reciente, por eso no hubo posibilidad de que nosotros solicitáramos aportaciones extraordinarias, presentada por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, cuando probablemente otras fuerzas políticas todavía no empiezan a formularlo, el pasado 15 de enero de 1993, al licenciado José Patrocinio González Blanco Garrido, en funciones del presidente del consejo General del Instituto Federal Electoral, precisamente dándole cuenta del manejo exacto que ha realizado este instituto político de los recursos y fondos públicos.
En cuanto a los otros temas, no corresponde al suscrito hacer ninguna aclaración y además tengo profundo interés en estar atento a ver cómo se dilucidan.
Señor Presidente: le voy a agradecer se incluyan en el Diario de los Debates estos documentos. Muchas gracias.
El Presidente: - Gracias, diputado Cantú Rosas. Esta Presidencia instruye a la Secretaría a que se acepte la petición del diputado Cantú Rosas y se incluyan en el Diario de los Debates los documentos correspondientes.
(Se inserta en los apéndices No. 1)
Para el mismo asunto se concede la palabra al diputado Amador Rodríguez Lozano.
El diputado Amador Rodríguez Lozano:- Gracias, señor Presidente.
No son infundios ni son inventos. Son pruebas objetivas que muestran con seriedad la forma en que se financia el Partido de la Revolución Democrática.
Voy a mostrar ante ustedes, e iniciaré a dar respuesta a cada uno de los comentarios que nos hizo aquí nuestro amigo Miguel Ángel León Corrales, gente muy comprometida con su partido, a quien yo respeto; es un militante convencido, es gente seria y que yo desde aquí le reitero mi reconocimiento.
¡Pero no le dieron la información suficiente! Empezaré por la caja de ahorros, que fue la primera de mis intervenciones la vez pasada: Efectivamente, Mauricio Dromundo se llama Fabián Rodríguez. Pero eso es irrelevante. Todos sabemos muy bien que los delincuentes utilizan los alias para poder cumplir con mayor eficiencia sus actividades delictuosas. Pero no es inventado por mí, no es ignorancia, sino son elementos objetivos.
Miren ustedes: tengo aquí el acta del Ministerio Público del Estado de Michoacán, no lo estoy inventando, es un documento de carácter oficial, donde efectivamente el señor Mauricio Dromundo, que representaba una casa de inversión, nos dice en esta acta del Ministerio Público del fuero común de Michoacán, número 2226D90, para que luego no digan que les dan las pruebas hasta acá porque ustedes pueden ir a la agencia del Ministerio Público y solicitar esta información, del 16 de mayo de 1990, para que no batallen, declaró que recibió cinco mil millones de pesos de los señores Constantino Aragón Cañas, Pedro Vicente Bravo Silva y del ingeniero Homero Cárdenas Buenrostro, primo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Asimismo, que recibió instrucciones vía telefónica para que hiciera caso de varios diputados perredistas, contanto, entre ellos, al diputado federal por el VII distrito de Tacámbaro, señor Uber González Jarillo.
Por otra parte, en su declaración manifestó que sistemáticamente estuvo proporcionando dinero en cantidades importantes a las siguientes personas:
Arnulfo Juárez Camarillo, al diputado del VII distrito electoral en el Estado de Michoacán, con cabecera en Tacámbaro; a otras dos personas de sexo masculino de las que no recordó el nombre, pero manifestó que eran siempre activos del Partido de la Revolución Democrática, a Homero Cárdenas Buenrostro, quien es yerno de Constantino Octaviano Aragón Cañas, así como Pedro Vicente Bravo Silva. Es un documento público que está ahí siguiéndose una averiguación y que seguramente el juez en su momento determinará la presunta culpabilidad de Mauricio Dromundo, alias Fabián Rodríguez.
Y nos trae un documento: La Voz de Michoacán, nada más que yo traigo otro también, compañero Miguel Ángel León Corrales, nada más que éste es del 21 de marzo de 1993 y aquí abajo dice: "Ratifica Dromundo que dio 200 mil millones
al PRD" y viene la entrevista exclusiva de Mauricio Dromundo, alias Fabián Rodríguez. No inventé absolutamente nada, sino que el señor está ratificando, es una entrevista que le hacen del Cereso donde está internado. Por lo tanto o ha sido desmentido lo que yo aquí aporté.
Ciertamente no los acusé de falta de inteligencia, yo dije que habían inventado una fundación, la Fundación Lázaro Cárdenas y que formalmente esta fundación recibía dinero de distintas fundaciones y organizaciones extranjeras para supuestos trabajos de carácter académico.
Y miren, dicen los abogados que a confesión de parte relevo de pruebas. Hay una profusa información por distintas personas de las que yo aquí nombre, Aguilar Sintzer entre ellos, quienes manifiestan que efectivamente reciben esa cantidad, claro, dicen que hay alguna diferencia en las cantidades, pero a final de cuentas aceptan que se recibe este financiamiento y dicen que sirve para este tipo de investigaciones científicas.
Pero, señores, está perfectamente vinculado con la estrategia del PRD. Ellos mismos dicen, el propio Aguilar Sintzer, que financiaron un foro sobre democratización en San Luis Potosí, una Conferencia sobre el Tratado de Libre Comercio en Zacatecas, tareas de observación electoral en Nuevo León, San Luis Potosí, Tabasco, Guanajuato y Michoacán. ¿Qué están perfectamente desvinculados, que no hay relación entres ellos?, ¡por favor!, ¡por favor! Yo creo que hay que buscar argumentos más serios y responsables.
Hay una aclaración de la fundación donde aparece Cuauhtémoc Cárdenas como presidente de la misma y Jorge Martínez Almaraz, ex diputado del PRD como director general de ella. Pero además en otra información nos dicen que Jorge Almaraz es el tesorero de esta especie de campaña ciudadana pro Cuauhtémoc Cárdenas para Presidente de la República en 1994.
Pero ¿Quién puede pensar que no hay vinculación entre ellos? Por supuesto que hay una total y absoluta identificación entre ellos y por supuesto que a través de este procedimiento financian las actividades del partido y financian una serie de actos y de estrategias que están íntimamente vinculadas con el trabajo del Partido de la Revolución Democrática.
Aquí mismo se dijo en la ocasión pasada y voy a citar textualmente a Miguel Ángel León Corrales en la versión estenográfica de su segunda intervención, que efectivamente dice que acepta que recibieron aportaciones de los Estados Unidos y dijo: "están formadas principalmente - ojo, principalmente, a dicho de él, que no lo demuestra pero lo dice - , principalmente por mexicanos que son braceros allá y que nuestro partido tiene todo el derecho y ellos también de apoyar económicamente al PRD".
Hay una serie de testimonios que ha dado cuenta la Prensa Nacional, de algunas personas; José Buzio, ex militante del PRD; Miguel Salazar y Jesús Cárdenas, quienes sostuvieron que han enviado remesas continuas al PRD e incluso uno de ellos, Luis Buzio dice que renunció al PRD porque le exigieron 2 mil dólares para la campaña y dicen que es válido que eso sea. Yo creo que no es válido esquilmar a compañeros indocumentados, no es válido jugar con sus ilusiones, ni es válido tratar de jugar con ellos, porque es gente que efectivamente va hacia los Estados Unidos con el propósito de obtener mejores condiciones de vida y no es posible que el dinero que con mucho esfuerzo y con el riesgo de su integridad se exponen siempre para llegar a una fuente de trabajo, tenga que ser para financiar al PRD.
La cantidad es irrelevante, compañero Miguel Ángel León Corrales, en este caso, porque se trata de ayuda al exterior, no sería lo mismo si estuviéramos hablando de ciudadanos mexicanos. Imagínese usted si los seguidores de Judas estuvieran aquí tratando de justificarlo porque fueron 30 monedas, por favor, es el acto no la cantidad.
Pero además lo dicen en otras entrevistas que da información la Prensa Nacional, nos dicen que van a seguir recibiendo dinero del extranjero, que les importa poco lo que diga el PRI, que ellos van a seguir recibiendo y financiando a Cuauhtémoc Cárdenas y citan a organizaciones que yo no conocía y que aquí están para que las conozcamos ahora todos. Dicen El Labor Council of Latinamerican Advancement, Independence Union of Agriculture Workers, United Food and Commercial Workers, la League of United Latinamerican Political Association, la Cámara de Comercio Hispana, United Electrical Radio and Machines Workers of America, la Service Employees International Union y la Glass Model and Plastic Juniors. Yo no lo digo, lo dice un vocero del propio PRD que se llama Ben Garza, no tiene nombre de mexicano, no sé si sea el apostrofe de Benito, de Bernardo o de Benjamín, pero en todo caso no tiene tipo de mexicano el nombre.
Y otro que tampoco tiene nombre de mexicano que se llama David Bacon también dice que van
a seguir mandando dinero de los Estados Unidos, que van a seguir solicitando dinero de distintas organizaciones no de mexicanos, que participan mexicanos, es cierto, pero la mayoría de ellos son ciudadanos americanos independientemente de que tengan el carácter de origen mexicano, porque sus padres hayan sido mexicanos, ellos son americanos. Por eso cabe preguntarse lo siguiente: ¿las organizaciones sindicales que proporcionarán recursos a Cárdenas tienen la personalidad jurídica mexicana o norteamericana? ¿La mayoría de sus miembros tiene la ciudadanía mexicana o norteamericana?, o ¿supone el PRD que ya está la validez de la doble nacionalidad?; todos los trabajadores son de origen mexicano, no afiliados a estas agrupaciones, ¿son del PRD?, ¿se ha presentado el PRD como instrumento de presión y vocero de grupos proteccionistas que se oponen al Tratado de Libre Comercio?, ¿no es evidente que se está infringiendo la legislación electoral mexicana que prohibe de manera tajante el financiamiento proveniente del extranjero, sea éste de personas, grupos, iglesias, partidos u organizaciones?
¿La insuficiente capacidad de convocatoria del PRD en el territorio nacional lo ha obligado a realizar campañas de proselitismo en el extranjero? ¿Es válida la táctica perredista encabezada y conducida en Estados Unidos por Adolfo Aguilar y Jorge Castañeda, busca hacer presente el factor externo, es decir la presión política de los Estados Unidos en cuestiones fundamentales sólo compete a los mexicanos? Por último, por último, ciertamente Jesús Ortega y aquí tengo su petición, en el IFE, solicita que se investigue las formas, procedimientos y origen de los recursos financieros obtenidos por el Partido Revolucionario Institucional. Aquí, el diputado Miguel León Corrales, la semana pasada, dijo que su partido iba a solicitar que se integrara una Comisión que investigara el financiamiento de todos los partidos y el PRD en el IFE, mantiene una posición distinta. Y ahora, compañero Miguel León Corrales, no me podrá decir que lo saqué de la Prensa, porque traigo la solicitud expresa del PRD. Piden la investigación de las formas, procedimientos y origen del Partido Revolucionario Institucional, pero el de ellos solamente dicen que van a informar. Sí, aquí se vuelve a hacer efectivo el adagio popular de que friéguense la yunta de mi compadre. Muchas gracias. El Presidente: - Gracias, diputado Amador Rodríguez. Ha pedido la palabra para rectificar hechos, en términos del 102 del Reglamento, el diputado Miguel León Corrales. Para contestar alusiones personales en términos del 102. El diputado Miguel Ángel León Corrales: - Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores: Le decía yo aquí al diputado Amador Rodríguez Lozano, que parece que a él le gusta dar malos pasos; esperemos que no le suceda lo mismo en la otra pierna. Bien, yo mencioné el asunto del nombre... El diputado Amador Rodríguez Lozano (desde su curul): - Para una interpelación, señor Presidente... El Presidente: - Señor orador, autoriza usted una intervención...me permite... No hay diálogos, por favor, señor senador, señor diputado, en términos del 104 del Reglamento les ruego se comporten, no hay diálogos. Señor orador, ¿autoriza usted una interpelación? El diputado Miguel Ángel León Corrales: - Yo le pediría al diputado Amador, que cuando menos me deje empezar, apenas lo quiero hacer... El Presidente: - Pues no autoriza, señor diputado. Prosiga usted, señor orador, prosiga usted por favor. El diputado Miguel Ángel León Corrales: - ...Y hace ocho días lo escuché con toda atención y hoy también, creo que la tónica correcta...Entonces, me gustaría continuar. Bien, yo cuando mencioné el asunto de los dos nombres no lo hacía en términos de si eso resulta o no intranscendente, sino simplemente quería acotar en todo caso, hace ocho días, cuando el diputado Amador Rodríguez Lozano mencionó aquí un nombre que no es tal, simplemente él nos estaba demostrando cierta ignorancia con respecto a los sucedido en esta famosa caja de ahorros de Morelia. El nos presenta hoy por primera vez un documento que es el acta del señor Mauricio Dromundo, con fecha 16 de mayo de 1990. Yo hace rato presenté el encabezado de un periódico, en el cual con fecha 29 de mayo, es decir 15 días después de la declaración, el señor Mauricio
Dromundo se retracta de lo que dijo en esa declaración. Hoy el diputado Amador nos presenta otro recorte periodístico del mismo periódico por cierto, con fecha que no la recuerdo bien, pero es de este año, en la cual el señor Mauricio Dromundo se retracta de lo que dijo a ese mismo periódico en aquella fecha del 29 de mayo. En todo caso, creo que tanto el diputado Amador como a mí, como a los presentes, nos debe de quedar claro cómo se las gasta el señor Mauricio Dromundo cuando se trata de hablar y de declarar, sea ante el Ministerio Público o sea ante la Prensa. En ese sentido yo más bien haría un planteamiento muy concreto al diputado Amador: ¿cuándo, cómo y de qué manera se transfirieron recursos de esa caja de ahorros al Partido de la Revolución Democrática? Si el diputado Amador Rodríguez Lozano no puede venir a demostrar esa afirmación aquí, entonces él, simple y llenamente se está basando en las declaraciones de una persona que él mismo me está demostrando cómo se las gasta a la hora de declarar y que en todo caso yo diría: se trata de un delincuente, que como tal se encuentra preso, y que el señor diputado Amador Rodríguez Lozano debería de subirse aquí a demostrar de qué manera se transfirieron recursos de esa caja de ahorros hacia las fianzas de mi partido. Si no lo hace, si él sólo se atiene a que en una ocasión Mauricio Dromundo dijo una cosa y en otra se retractó y en la siguiente se retractó de esta segunda, pues ahí está la seriedad de los planteamientos que nos está haciendo aquí el diputado Amador Rodríguez Lozano. Evadió, lo quiero dejar bien claro, el asunto de los comités laborales de los Estados Unidos, lo evadió con toda claridad y dice él que la Fundación Lázaro Cárdenas, por el hecho de haber organizado una conferencia acerca del tema de la democracia y por el hecho de jugar el papel de en varias elecciones locales observa los procesos, ya esta fundación está claramente ligada al Partido de la Revolución Democrática. Me parece que aquí el compañero Amador Rodríguez Lozano está diciendo algo sumamente peligroso para él mismo, está planteando que a todos aquellos organismos que les interese discutir en torno a la democracia y observa los procesos electorales, para calificar su autenticidad, forzosamente tendrían que ligados al partido de la Revolución Democrática. ¿Qué la Fundación Lázaro Cárdenas recibe dinero de otras fundaciones extranjeras? Hay en este país cientos de organismos no gubernamentales, que con base en las leyes mexicanas, reciben dinero de fundaciones extranjeras. Entonces aquí no nos vamos a poner a discutir si la Fundación Lázaro Cárdenas recibe o no dinero, como cientos de organismos no gubernamentales en México, de fundaciones extranjeras. Lo que estamos discutiendo aquí es si esos dineros que reciben la fundación, son canalizados hacia las finanzas de mi partido. Yo recalco una vez más: ni un sólo centavo de la Fundación Lázaro Cárdenas hacia el Partido de la Revolución Democrática, y si el diputado Amador Rodríguez Lozano tiene pruebas de esa transferencia de recursos de la fundación hacia nuestro Partido, que las demuestre. Que algunos miembros prominentes de mi partido pertenecen a la fundación, no es el único caso, compañeras y compañeros; el diputado Jorge Calderón, antes de arribar como diputado a esta LV Legislatura, era Presidente precisamente de un organismo no gubernamental y miembros del partido Revolucionario Institucional son parte también de fundaciones. Yo no veo por qué el hecho de que el miembro de algún partido pertenezca a una fundación, ya esa fundación está ligada a ese partido. Entonces aquí habría que hablar de otras fundaciones en las cuales se encuentran miembros del Partido Revolucionario Institucional y ver si ya por ese hecho dichas fundaciones son parte del Partido Revolucionario Institucional. Y sale a recluir aquí algo que el diputado Amador Rodríguez Lozano calificó como irrelevante, dijo: "la cantidad es irrelevante." Hace tres permanentes hablábamos aquí de cantidades, se mencionaban 25 millones de dólares por cabeza, se hablaba de 29 personas y si cuando hablamos aquí de cantidades irrelevantes, también estamos afirmando que 25 millones de dólares es una cantidad irrelevante, en efecto, estamos regresando a una discusión que ya se dio, pero en la cual el diputado Amador Rodríguez Lozano nos está planteando un enfoque sumamente interesante. Los tres organismos que yo mencioné aquí en la tribuna, se fusionaron con el Partido de la Revolución Democrática en el Estado de California; todos sus miembros son militantes del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de California, y son mexicanos, no son extranjeros. Esa discusión sale a relucir una vez más, y yo afirmo aquí que los mexicanos que se encuentran por diversas causas trabajando
temporalmente en Estados Unidos, tienen todo el derecho a apoyar, con lo poco que pueden, las finanzas del Partido de la Revolución Democrática. Primera cuestión. Que se demuestre aquí cuando y cómo y cuánto de los dineros de la caja de ahorros de Morelia fueron transferidos al Partido de la Revolución Democrática; que se demuestre aquí cuándo y cómo y cuánto de los dineros de la Fundación Lázaro Cárdenas fueron transferidos al Partido de la Revolución Democrática. No se vale inferir la relación porque la Fundación Lázaro Cárdenas hace conferencias sobre democracia o practica la observación electoral. Y que se nos demuestre aquí sobre la base de qué ley mexicana los mexicanos residentes temporalmente en los Estados Unidos de América no tienen todo el derecho de apoyar, de la manera que lo crean más conveniente, al partido de sus preferencias en nuestro país. Esas son las cuestiones de fondo y hasta ahorita de lo que aquí se ha dicho yo infiero que el diputado Amador Rodríguez Lozano, no ha presentado absolutamente ninguna prueba que avale los infundios que hace ocho días le hizo a mi partido y por lo tanto le sostengo la propuesta, que lo retire y que lo solicite a la Presidencia de la Comisión Permanente, que los infundios que el planteó hace ocho días sean borrados del Diario de los Debates. Gracias. El presidente:- Para contestar alusiones personales, en términos del 102 del Reglamento, tiene la palabra el señor diputado Amador Rodríguez Lozano. El diputado Amador Rodríguez Lozano: - Gracias señor Presidente. Con el propósito de hacer una mala broma, dijo aquí mi compañero Miguel Ángel León Corrales, que iba a meter nuevamente la pata y yo digo que los políticos mexicanos podemos meter la pata pero no la mano. Me dice que yo pruebe las transferencias que se hicieron de la Caja de Ahorros, por supuesto que no compete ni a este órgano político ni a este servidor que está presentando documentos públicos demostrar esas transferencias. ¿Quién puede probar las transferencias? Lo pueden probar las personas que Dromundo, alias Fabián Rodríguez, está señalando que les dio el dinero, son los que pueden probar las transferencias no yo. No soslayé a Lyndon Larouch simplemente que por omisión no comenté supuesto o su real desmentido. Cuando habló de Lyndon Larouch en esta tribuna nos dijo que había que establecer una cualificación, dijo, personas racionales, y el señor Lyndon Larouch no es una persona que desde mi perspectiva racional, es un hombre que en estos momentos tiene una carga que habla de 150 años de prisión en los Estados Unidos de América. Otro punto, yo no lo digo, lo dicen ustedes mismos, en una nota periodística que dice: que el 26.1% de los trabajadores californianos que les dan a usted apoyo financiero es de origen mexicano. Yo no lo estoy diciendo, lo están diciendo ustedes mismos y ahí están las declaraciones de diversas organizaciones y ahí están en una revista. Pero además todos sabemos muy bien que este tipo de organizaciones no son totalmente de trabajadores mexicanos, yo he platicado con ellas en distintos lugares de California, los conozco muy bien, sé quienes son y no se puede decir aquí, ni que todos son del PRD ni que todos son mexicanos, eso no es cierto. Ciertamente hay otras fundaciones que reciben fondos de otras fundaciones extranjeras, pero estas fundaciones de otro tipo no están vinculadas a partidos políticos y si hay legislación electoral mexicana, de que no se puede recibir dinero ni de persona ni de individuos, ni de corporaciones ni de entidades extranjeras, eso es una realidad. Por lo tanto ratifico mi dicho y pido que se asiente todo lo demás en el Diario de los Debates. Muchas gracias. El Presidente: - Para rectificar hecho el senador Porfirio Muñoz Ledo, en términos de 102. El senador Porfirio Muñoz Ledo: - Señor Presidente; ciudadanos legisladores:
La irresponsabilidad política y la incongruencia a veces no tiene límites. Los políticos en general, es cierto, hasta los del partido oficial "meten poco la pata", pero hay algunos que "meten la mano" donde pueden, sobre todo en las urnas para violentar el sufragio público. Si la Ley se aplicara en México con rigor, si no se protegiera la impunidad aberrante de funcionarios, si no existiera tampoco deslinde entre el patrimonio público y el patrimonio privado, sin no hubiera el nivel de corrupción que existe en las esferas públicas, otra sería la suerte de México; pero si se aplicara la Ley con rigor,
muchos que se dicen defensores de la moral pública estarían hace tiempo en la cárcel. Vuelve la mentira, vuelve la calumnia y vuelve la difamación a esta tribuna. Pero como siempre, el doble lenguaje. Un Gobierno y un partido que en agonía del sexenio no saben qué quieren ni adonde van, que envían mensajes confusos y contradictorios y que se desmienten de un día a otro. Hace apenas tres días el Gobierno nos hace saber que no desea que se siga enlodando el debate público del país, que desean bajar el tono de las acusaciones, que les molestan las denuncias que afectan a altos personajes del poder público y en el fondo que ya no saben cómo escapar al laberinto internacional de acusaciones y de desprestigio generado por la famosa "charola multimillonaria". Y ahora de nuevo la misma mentira y la misma intención dolosa. No voy a extraviar el tiempo en volverle a contestar al acusador lo que ha dicho, simplemente quiero recordarles que las fundaciones y las organizaciones no gubernamentales tienen su propio estatuto que no es precisamente el Cofipe y que si hay coincidencias de estrategia, las hay entre docenas de organizaciones no gubernamentales preocupadas por la defensa de los derechos humanos, por la defensa del medio ambiente, por la defensa de los derechos de los trabajadores y lo que postulamos los partidos democráticos del país. Con ese mismo sentido se quiso todavía hace unos días denunciar el plebiscito o descalificarlo como una estrategia partidaria. Quedó claro que fue un gran esfuerzo ciudadano y ahora sus propios detractores revelan la nobleza y el significado del esfuerzo. Es falso que tenga validez la acusación de un convicto de la justicia, que después de haber hecho una acusación calumniosa, se ha retractado en varias ocasiones. Si el Gobierno y su partido creyeran que esto es cierto, ya hubieran procedido por la vía penal y están en su derecho. ¡Háganlo!
Acusar a un partido de recibir donaciones de ciudadanos mexicanos en el extranjero, es francamente un exceso. En primer término, los estatutos del Partido de la Revolución Democrática, que fueron registrados en su tiempo en la Comisión Federal Electoral, contienen la estipulación de que habrá comités de nuestro partido en el extranjero y de que estos comités estarán integrados exclusivamente por ciudadanos mexicanos. Si ellos consideran que tal militancia es ilegal, tienen también las vías abiertas en el consejo del IFE y hubiesen objetado a tiempo, tal cláusula de nuestros estatutos. ¡Están en su derecho!
Comparar contribución de modestos trabajadores y comerciantes que no asciende a 7 mil 700 dólares, y que según me he enterado ayer todavía deben 4 mil 500. Con las 30 monedas de Judas, es un acto de profundo desprecio a nuestros trabajadores en el extranjero. Hablar de extranjero y luego confundir con el ciudadano mexicano, es una contradicción de tal tamaño y de tal mendacidad que vacía de sentido la resolución que acabamos de adoptar para defender la vida de un compatriota mexicano en Texas, llamado: Montoya. Esa idea de frontera es antinacional. Las fronteras de México, en lo humano y en lo cultural, se extienden ahí, donde está un mexicano y por ello, por esta actitud dolosa, se ha negado el partido de la mayoría a reconocer el derecho inalienable de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, para votar en las elecciones de nuestro país. Todos sabemos el monto enorme derivado del sacrificio y del esfuerzo de nuestros compatriotas que viene en las remesas de dólares a las familias mexicanas, que según un reciente estudio de la Universidad de los Ángeles, es superior, el monto, a todo el ingreso nacional derivado del turismo. Si nosotros queremos privar a esos ciudadanos mexicanos de su derecho a participar en la vida política del país ¿por qué los defendemos? ¿Por qué usamos los conductos diplomáticos y políticos para proteger sus vidas?, ¿por qué no proscribimos también que envíen remesas de dinero par aligerar la carga económica del país? Si alguno de los actos de mi partido resulta ilegal, las vías están abiertas. Nosotros no podemos acusar a un diputado por difamación; lo protege la Constitución. Es inviolable en sus opiniones, pero tienen la vía legal abierta; probarán su veracidad o su mendacidad. No quieren proceder por la vía legal. Lo que desean es salpicar con un poco de lodo, ya que están cubiertos, en la opinión pública nacional e internacional, por su propia suciedad. Lo que se trata de decir a la opinión pública, es que todos somos iguales, que el partido de Estado, financiado multimillonariamente por el
Gobierno y por las oligarquías financieras, es igual a los partidos de oposición. Otros ya han sufrido en el pasado este mismo tipo de embates. ¡Lo que se trata es de profundizar una estrategia antidemocrática que consiste en el descrédito de los partidos! ¡Lo que se trata es de seguir ahuyentando a los ciudadanos de las urnas, hacerles perder la fe en la cosa pública y confundir a los ciudadanos honestos con los ladrones! Yo no quisiera utilizar esta tribuna para difamar a nadie. Sí quiero decir, citando al Jefe del Estado, que es jefe de Gobierno y que es ostensiblemente jefe de partido, que en México y doy dos citas textuales: una en la tribuna de la nación y otra en la tribuna de su partido, se vive un sistema de partido cacigúlico, cito el último informe presidencial y en la última intervención de Carlos Salinas de Gortari frente a sus compañeros del PRI, su deseo de que deje de ser un partido de Gobierno, textual. Carlos Salinas está reconociendo con claridad y diría yo con nitidez, que ¡hasta hoy su partido es un partido de Gobierno, no en el Gobierno! ¿Cuáles son las implicaciones de ser un partido de Gobierno? Ser financiado por el Gobierno, al margen de las prerrogativas legales, en el nivel federal, estatal y municipal; gozar de los apoyos corporativos y de los auxilios y aportaciones de todo el aparato central, descentralizado y paraestatal del Estado mexicano. Están detenidas investigaciones que se iniciaron, una por el gobernador Ernesto Ruffo, en el caso de Baja California, si mi memoria no me traiciona, de una desviación de 34 mil millones de pesos del erario del Estado a la campaña de Margarita Ortega. En Guanajuato y acabo de verificar cifras con el señor Procurador del Estado, cuando menos la mitad de los 42 mil millones de faltantes del inmensamente corrupto que anda circulando por México en el extranjero, de Rafael Corrales Ayala, fueron desviados, y está probado, a la campaña de Ramón Aguirre. Se probó en el Estado de Guerrero, con recibos del Gobierno del Estado, la inmensidad de dinero que se dio a los candidatos. ¿Alguien en esta sala podría afirmar que no hay dinero ilegal del Gobierno hacia el partido oficial? ¿Alguien tendría el valor civil de hacerlo, cuando todas las pruebas están en contra, pero no 7 mil 700 dólares de un modesto grupo de trabajadores mexicanos, sino de un dinero que ha salido de las arcas públicas y dinero que ha salido del contratismo y del fruto indebido de las transferencias ocultas de bienes de la nación hacia grupos financieros privilegiados? Y lo peor de todo esta lamentable historia es la vuelta a una práctica que parecía olvidada, la de ciertos métodos fascistoides para el ejercicio del poder, de las formas más innobles de colusión entre el Estado y su partido, que ya denunciamos al secretario de Gobernación. El tipo de información que se ha exhibido, sobre todo en el caso de una fundación, cuyo nombre es Lázaro Cárdenas, que está constituida conforme a la Ley y que opera conforme a la Ley, es información policiaca, es espionaje de seguridad nacional, es desviación de faxes, es espionaje telefónico ilegal. ¿De dónde obtiene esos datos su partido? ¿Los obtuvo por propio espionaje o los obtuvo por espionaje del Estado? Hacía tiempo, desde muy calumniosos libelos en los años setenta, recuerdo libros innobles contra Daniel Cosío Villegas y Julio Scherer García, no se utilizaba información de las fuentes de seguridad nacional que nunca ha estado en manos de los partidos, ni siquiera del partido oficial, para calumniar al adversario. El empleo de los recursos de un espionaje astracanesco de comedia de segunda, equívoco, errático, deformado y falsario, es prueba plena del uso de la policía política para fines partidarios y desmiente paladinamente la intención que ha enarbolado el Gobierno en el sentido de terminar con el régimen de partido de Estado. Se trata de una cortina de humo, por la que se trata de infamar y me refiero a los partidos que mayor votación han tenido en las pasadas elecciones, a aquél que clara y ostensiblemente gasta 20, 30, 50 y hasta 100 veces menos primordialmente el partido oficial. El problema, pues, es otro. ¿Vamos a enfrentar una reforma política en serio o sólo se están cubriendo las apariencias? Nosotros, el PRD le ha tomado la palabra en un punto fundamental a Carlos Salinas de Gortari y esa palabra es su intención, supuesta, o real, la historia lo dirá, de terminar con el sistema de partido casi único en México o de terminar con el sistema de partido de Gobierno pero para ello necesitamos hacer el diagnóstico, transparente, qué ha significado sistema de partido de Estado; qué ha significado sistema de partido de Gobierno; que ha significado sistema de partido casi único; qué ha significado en materia de colusión del PRI- Gobierno en los órganos electorales; que ha significado la libre disposición de recursos públicos para un solo partido; qué ha significado en el control abusivo de los medios
de comunicación electrónica la oficial que es Televisa y la paraestatal que es Imevisión, para calumniar al adversario. Todos vimos en la televisión como las palabras calumniosas de un diputado se repetían durante minutos interminables para que lo escuchara la nación entera y como no hubo un solo espacio para lo que respondió la oposición y se llegó a afirmar que la oposición no habría respondido. No estoy cierto que lo que estoy diciendo no aparecerá en las cadenas de radio - televisión. Entonces digo ¿con qué autoridad moral el Gobierno y su partido nos están hablando de un debate sobre la equidad y facilidad de acceso a los medios de información? Que lo prueben desde ahora, exigimos el principio de tiempo igual en los medios informativos, no estamos dispuestos a seguir prestándonos de avales a una parodia de democracia. ¿Cuál es la autoridad moral de un Gobierno y de un partido que nos están ofreciendo transparencia en los recursos financieros de los partidos, que nos están planteando topes a las campañas electorales y que tratan a través del abuso difamatorio y del exceso del control de los medios de información de sofocar acusaciones que son públicas, sobre hechos públicos que conoció la Prensa nacional e internacional y que nosotros sólo hemos comentado aquí con nuestros deber y nuestro derecho de partidos políticos y organizaciones de interés público? Creo que la opinión pública nacional merece algo más que estos juegos sucios, de artificio; quiere propuestas y quiere que las palabras y las promesas correspondan a los hechos; quiere que se abra el debate sobre la Reforma Política, quiere que su esfuerzo ciudadano plasmado en el plebiscito, nos lleve a la democratización de esta ciudad y quiere que enterremos para siempre el sistema político más anacrónico y en muchos aspectos más inmoral, que subsiste sobre la faz de la Tierra. Nosotros estamos en disposición de un diálogo sustantivo, en donde no se rehuyan los hechos ni los fenómenos, de otro modo no vamos a acertar, a ponerles remedios que sean creíbles para la ciudadanía y que operen en la realidad política. Pero sí queremos decir que así como puede moderarse y encauzarse el tono del debate político, también puede profundizarse el tono de la denuncia. Estamos, supongo, en un país libre. Son muchos los hechos, son muchos los atropellos y son muchos los abusos del círculo del poder; tiene el partido y su Gobierno, dos alternativas, la del diálogo racional y la del denuestro público. Cualquiera de ambas puede llevar por diversas vías a las salud de la República. Muchas gracias. El Presidente: - Gracias señor senador. Para rectificar hechos, en términos del 102, ha pedido la palabra el diputado Efraín Zuñiga Galeana, del Partido Revolucionario Institucional, se le concede la palabra. El diputado Efraín Zúñiga Galeana: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros legisladores: Desde luego que soy un militante convencido del Partido Revolucionario Institucional desde hace muchos años. Desde joven he creído en su ideología y en sus estrategias de lucha, y en él, en su seno, he debatido mis ideas de joven y he debatido en él mis ideas como dirigente campesino. Me parece que mi partido ha contribuido mucho al avance democrático de la nación, me parece que ha estado del lado de muchos mexicanos, de los partidos políticos, para ir superando los obstáculos que tiene nuestra democracia, por eso las palabras, del orador que me antecedió me parecen realmente increíbles, creo que son las palabras de un diletante de tribuna, de un hombre que a través de la retórica sabe bordar novelas increíbles deformadoras de la verdad. Porque si en una balanza histórica, en una balanza política pudiésemos sopesar las ideas del pasado y las ideas de ahora, nosotros encontraremos desde luego que mi partido ha ido cambiando, que afortunadamente las cosas que han venido diciendo en el seno de mi partido los jóvenes, los dirigentes populares y los dirigentes campesinos y los dirigentes obreros, han servido para que avance nuestro partido. El orador que me antecedió fue, por equivocación de los militantes de mi partido, dirigente nuestro y cuando habla de mi partido, está hablando como un emisario del pasado, anclado en la historia porque habla de los vicios que él con todo cinismo defendió. El fue autor de muchos vicios, de muchas deformaciones políticas y por eso nosotros creemos que debemos hablar con la verdad, debemos revisar nuestro pasado y revisar nuestro presente. En mi partido he podido luchar en el reparto agrario, y contribuido con los campesinos a repartir la tierra, a formar ejidos, y en mi partido he podido firmar sindicatos y formar parte de la lucha de los
trabajadores agrícolas de México. Vengo pues del reparto agrario, vengo de la formación de sindicatos; me he inscrito, gracias a mi partido, en la lucha social más trascendente históricamente de mi patria y yo estoy seguro que si comparamos los antecedentes de lucha que nosotros, que yo en lo personal, hemos desarrollado en el seno de mi partido con la retórica que aquí acabamos de escuchar, hay una gran diferencia, hay una diferencia entre venir a decir discursos en el micrófono y participar en la lucha del reparto agrario o en la formación de sindicatos. Yo niego rotundamente muchas cosas de las que aquí se han dicho, pero niego fundamentalmente que en Guerrero el Gobierno haya estado dándole dinero a los partidos políticos. Afirmo que el consejo estatal electoral dispuso de recursos fiscales para organizar, para preparar el evento electoral del 21 de febrero, que el consejo estatal electoral, efectivamente apoyó a los partidos políticos, pero no hubo entre los partidos políticos y el Ejecutivo del Estado, ninguna relación de tipo económico, de tipo financiero; fue el Consejo Estatal Electoral el que apoyó, no solamente con recursos económicos, con sistemas de computación, apoyó con faxes efectivamente y apoyó con líneas telefónicas, pero ahí están las prerrogativas establecidas en el Código Estatal Electoral, y son las funciones del Consejo Estatal Electoral. Niego también rotundamente, que mi partido, el comité ejecutivo nacional de mi partido, reciba recursos del Gobierno Federal. No hay ni una sola prueba; son solamente palabras, son retórica, alardes de tribuna los argumentos que se han venido a decir aquí, porque estoy seguro que el senador que acabamos de escuchar no tiene ni una sola prueba, ni un solo documento que pruebe que efectivamente mi partido reciba recursos del Gobierno Federal. Yo no entiendo muchas cosas en relación con la historia de mi partido, pero si quiero decirles a todos ustedes y al orador que me antecedió en la tribuna, que yo confío en la vida de mi partido, en el avance democrático de mi país, y sé que mi partido superará vicios que lo alejen del pasado. Estoy convencido de que el partido de hoy no es el partido que dirigió Muñoz Ledo, que gracias a la lucha de todos nosotros, de campesinos y de obreros, hemos ido superando los vicios que él defendió, la corrupción que él promovió y defendió, los actos que para todos nosotros no deben volver al partido. El partido tiene que superarse, es cierto, el nuestro y por eso enfrentamos nuevas asambleas nacionales, nuevos programas del partido. Sabemos que mi partido tiene que ganar altura y tiene que tirar lastres, que mi partido buscará en todo momento de superación, para encontrar el camino de la superación. Queremos que nuestro partido sea leal a sus militantes, a los obreros, a los campesinos. Nosotros venimos de la lucha electoral, venimos de la lucha de obreros y de campesinos, no nos hemos formado en comedias callejeras ni mucho menos ejercemos el oficio de militantes de tribuna o retóricos de café. Muchas gracias. El Presidente: - Gracias, diputado Efraín Zúñiga. Para rectificar hechos, en términos del 102, ha solicitado la palabra el diputado Miguel León Corrales. El diputado Miguel Ángel León Corrales: - Con permiso de la Presidencia. Ya estamos acostumbrados en esta Comisión Permanente al tipo de intervenciones del diputado Zúñiga. En esta Comisión Permanente y desde el Colegio Electoral, cuando el caso del distrito del diputado Zúñiga fue uno de los más discutidos; ya sabemos que cada vez que se sube hace su historia personal, política y hoy le añade la problemática de Guerrero, que yo no voy a discutir aquí porque, en primer lugar, ése no es el punto. No he escuchado absolutamente ninguna prueba que demuestre lo que hace ocho días se dijo aquí en torno al financiamiento del Partido de la Revolución Democrática; no se han esgrimido de forma alguna si esas pruebas existen, que el partido oficial las utilice ahí donde crea necesario para solicitar lo que considere conveniente en torno a mi partido, pero hoy aquí lo único que he escuchado es que un convicto y un irracional, son utilizados como prueba en contra del Partido de la Revolución Democrática y sus formas de financiamiento. Y lo que veo es una actitud claramente irresponsable del partido oficial: pretenden, con un ataque sin pruebas, con argumentos que no convencen a nadie, con planteamientos que aquí no han sido demostrados bajo ninguna circunstancia, esconder sus propias vergüenzas. Salió a relucir un hecho vergonzoso que los puso en boca de la opinión pública durante varias semanas y en torno al cual hubo un consenso claro y preciso de la opinión pública nacional, de la vergüenza que significa que el partido que durante tantos años ha utilizado los dineros del Gobierno para sacar adelante a sus campañas,
ahora quería privatizarse y utilizar los dineros de los beneficiados por el neoliberalismo para de esa manera dejar de ser un partido de Gobierno. Esa vergüenza fue pública y se intentó aquí utilizar las finanzas de nuestro partido como una pobre cortina de humo, para esconder ese hecho claro, vergonzoso que inmiscuye al partido oficial. Esto es irresponsable y más aún cuando desde el Gobierno y en esta Cámara y desde todos los partidos se está planteando que tenemos que intentar las condiciones para avanzar hacia una verdadera reforma política. Se ha dicho que se trata de consolidar la democracia en este país; una vez más sostenemos que no se trata de consolidar lo que no existe. O hay democracia o no hay democracia. Y el problema de fondo aquí es el problema de cuáles son los mecanismos y las maneras legales a través de una reforma política que toque fondo, para de una vez por todas evitar la ignominiosa existencia en este país de un partido de Estado. Ese el problema de fondo. Y en medio de esa problemática salió a relucir el financiamiento del partido oficial y en medio de ese hecho público se pretendió utilizar las finanzas de mi partido para esconder los problemas del otro partido. Y yo afirmo una vez más, en esta tribuna, ni hace una semana, ni el día de hoy, se ha presentado la más mínima prueba de lo que se nos acusa. Si tienen pruebas, adelante, hay que utilizarlas ahí donde crean conveniente, nosotros no tenemos absolutamente nada que esconder. Pero reafirmo una vez más el Partido de la Revolución Democrática, está dispuesto a discutir con quien sea y en donde sea necesario, para llegar a una verdadera reforma política que acabe de una vez por todas con el partido de Estado. Nos sostenemos en esa posición. Estamos dispuestos a demostrarlo y lo que se planteó aquí hace ocho días, simple, sencilla y llanamente, ha quedado como una absoluta falsedad. POLÍTICA ECONÓMICA El Presidente: En otro asunto listado en el orden del día se concede la palabra al diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, para referirse a la política económica que viene aplicando el Gobierno de la República. Esta presidencia informa que para este tema se han registrado ya los siguientes oradores: el diputado Israel González Arreguín, del Frente Cardenista, el diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, del PARM, el diputado Jorge Calderón Salazar, del PRD y el senador Carlos Sales Gutiérrez, del PRI. Tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Amezcua. El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - Muchas gracias señor Presidente; compañeras y compañeros integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Hace ya algunas semanas que recibimos los informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública también, acciones y resultados del cuarto trimestre de 1992 que nos envió el Ejecutivo Federal en cumplimiento con lo dispuesto por una parte en el artículo 38 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio fiscal correspondiente a 1992 y por otra, con lo previsto en el artículo 9o. de la Ley General de Deuda Pública. Se trata de un material valioso a juicio nuestro, porque viene a demostrar una vez más la inviabilidad de la política económica de corte neoliberal dependiente que se ha venido aplicando en nuestro país durante los últimos 10 años, de manera mucho más acusada durante los últimos cuatro años. En el primero de los dos informes de referencia, el relativo a la situación económica y a las finanzas públicas, se afirma que la inversión sigue aumentando a tasas elevadas y que como resultado de esto, el crecimiento del producto será superior por cuarto año consecutivo a la dinámica poblacional. En realidad el monto de las inversiones de carácter productivo dista mucho de ser deseable. Salta a la vista el hecho de que el Estado se retrae cada vez más en esa área, abandonando responsabilidades que le son inherentes, forma parte de la concepción neoliberal, la idea de que debe ser responsabilidad de los capitalistas privados la del crecimiento económico, pero esto no ha dado resultado en parte alguna del mundo, ni tampoco en nuestro país. La tasa de inversión total en efecto, en 1990 fue de 13.2%, en 1991 se redujo a 8.5%, en 1992 llegaría apenas a algo así como el 8% y las cifras del Banco de México consideran una tasa un poco menor todavía como perspectiva para 1993.
Como resultado de un inversión insuficiente tenemos también una insuficiente tasa de crecimiento, según lo reconoce el propio documento, si bien trata de minimizar su carácter negativo hablando de una ligera desaceleración en el crecimiento de la economía mexicana en su conjunto. El documento nos da cuenta de que el volumen de la producción en efecto apenas llegó al 2.8% anual por lo que se refiere al período enero octubre de 1992 y que esa tasa es inferior en 0.3 puntos a la registrada en igual período en 1991. Cifras posteriores a ese documento, sin embargo, todavía reducen la ya raquítica magnitud a apenas 2.6%, 2.8% ó 2.6%, cualquiera que sea la cifra correcta y definitiva, se trata de una en extremo precaria para un país como México. Hay que recordar, compañeras y compañeros legisladores que tenemos una tasa de crecimiento de la población del 2.1% y que por tanto el crecimiento por capita se reduce a la insignificante cifra de 0.7% ó 0.5%, según sea el caso. ¿De dónde van a salir las plazas de trabajo que en gran magnitud se requieren para los jóvenes que emergen a la vida productiva? ¿De dónde los recursos indispensables para dar un extraordinario impulso al esfuerzo de la investigación científico - técnica que pueda a su vez convertirse en palanca poderosa para romper nuestro rezago? 0.7% en el mejor de los casos de crecimiento per capita, he ahí el magro resultado por lo que a crecimiento se refiere, de una política a todas luces equivocada y fracasada. El documento que comentamos nos habla de un superávit financiero y nos dice que éste ascendió a 35.1 billones de pesos. Con tono triunfalista se comenta en el documento que este resultado no tiene precedente en la historia moderna de nuestro país, sin embargo, el mismo documento reconoce que si se excluyen los ingresos extraordinarios, de los que hablábamos hoy con motivo del problema de los salarios de los trabajadores universitarios, provenientes de las ventas de los bancos y otras entidades del sector paraestatal, el balance financiero del sector público registra un superávit ya no de 35.1 billones de pesos, sino de sólo 4.9 billones Mientras que la política financiera de caja siga descansando en ingresos de este tipo extraordinario, nadie podrá negar con argumentos serios que se trata de una política financiera insuficiente e ineficiente. Si alguien no estuviera de acuerdo le preguntaríamos, ¿qué va a vender el Gobierno cuando se agoten las instituciones bancarias?, cosa que ya ha sucedido o va a suceder muy pronto por cierto, ¿qué va a vender el grupo privatista de dentro del poder público, cuando termine de dilapidar las pocas empresas que quedan de las 1 mil 155 que allá por 1982 constituían la parte fundamental del patrimonio social del pueblo mexicano? No tendrá nada que vender para sustentar así una política financiera que no ha podido ser fincada sobre bases de mayor solidez y permanencia. Esto significa, compañeras y compañeros legisladores, que la mayor parte, con mucho, del mencionado superávit financiero es de origen extraordinario, nada menos que el 86% del mismo, proviene de la venta de los bancos y otras entidades del sector paraestatal y sólo un 14% de dicho superávit tiene un origen ordinario. No hay motivo para el triunfalismo exultante que expresa el funcionario encargado de redactar el documento que vengo comentando. ¡No lo hay! No puede haberlo cuando el superávit financiero casi en su totalidad, nada menos que en 86% se origina precisamente en el desmantelamiento del patrimonio que el pueblo mexicano fue construyendo durante muchas décadas de esfuerzos y sacrificios. Bien puede decirse a este respecto que la política neoliberal dependiente, ha conducido a la venta de los bienes del pueblo para acrecentar los males, los rezagos, las miserias que sufre el pueblo mismo. Nos dice el documento que examinamos que la tasa inflacionaria fue del 11.9% y subraya que se trata del nivel más bajo desde 1975. Hace referencia al Pacto, del cual comenta que fue renovado el 20 de octubre del año pasado y lo valora como un elemento estratégico que tiene como objetivos fundamentales la estabilidad y la convergencia de la inflación, con la de nuestros principales socios comerciales. Menciona que además este mismo elemento estratégico, el Pacto, pretende apoyar el mejoramiento de la productividad conjuntamente con la creación de empleos remunerados y de carácter permanente. Sin embargo, compañeras y compañeros diputados y senadores, las cifras generales de la reducción de la tasa inflacionaria, deben cotejarse necesariamente con las del costo social que esa política ha generado. De ese cotejo se desprendería la calificación justa. ¡Se han alcanzado sustanciales reducciones en la tasa inflacionaria con un bajo costo social? Sería entonces erróneo calificar de socialmente
ineficiente la política neoliberal seguida en estos últimos años. Pero sí por el contrario, los hechos de la realidad nos muestran que el costo social ha sido exageradamente alto y los resultados pobres; entonces tendrá que concluirse necesariamente en la afirmación de que se trata de una política antiinflacionaria total y absolutamente ineficiente, desde el punto de vista social y por tanto, injusta y condenable. Y estos datos nos indican que el 30% de la población nacional más desprotegida, recibía hacia 1984, el 11.8% del total del ingreso corriente y que hacia 1991 su participación se redujo a solamente el 7.8%. En decir, registraron una pérdida de 4 puntos porcentuales en términos globales y poco más de la tercera parte de sus ingresos en términos relativos. No ha logrado el Pacto crear empleos; si ha logrado en cambio deprimir el ingreso de la gran mayoría de los mexicanos, entre ellos también los trabajadores universitarios, según veíamos hoy y propiciar la concentración de la riqueza en pocas manos. Es decir, ha sido sobre todo un instrumento de depauperación, de explotación desmesurada; ése es el alto precio que ha tenido que pagar el pueblo trabajador a través de los pactos, a cambio de que se haya logrado fijar la tasa inflacionaria en un 11.9%. El documento que comentamos nos habla de incrementos en las remuneraciones reales y en los niveles de empleo y recurre a cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social en su pretensión de dar sustento a tales afirmaciones. Este es un tema que ya hemos examinado aquí en diversas ocasiones y en todas ellas hemos demostrado que en modo alguno puede el grupo gobernante sostener de manera seria, la afirmación que hace relativa a un supuesto crecimiento de empleos y de salarios. No hay tal, lo que ha ocurrido es exactamente lo opuesto, la tasa de desempleo real es verdaderamente preocupante y los salarios están verdaderamente lejos de poder satisfacer las necesidades de los trabajadores. Al cierre de septiembre de 1992, nos sigue dando cuenta el documento, la inversión extranjera total fue de 13 mil 104.4 millones de dólares, superior en 3 mil 577.8 millones a la registrada en igual período en 1991. La inversión extranjera directa ascendió a 4 mil 512.7 millones de dólares, superior en 1 mil 344.3 millones de dólares a la observada en el mismo período de 1991. En efecto, compañeras y compañeros, de este hecho salta a la vista una vez más que esta ha sido la cuestión en la que ha cifrado de manera fundamental sus esperanzas, diríamos todas sus esperanzas, la estrategia neoliberal en curso. Los flujos de inversiones extranjeras, si estos vienen de manera creciente, con ellos podrá financiarse el crecimiento de nuestra economía. No importa que las inversiones extranjeras directas, según lo han probado sobradamente los datos empíricos, constituyan una fuente fundamental de descapitalización para las naciones de mayor magnitud aún que el endeudamiento externo y constituyan a la vez una forma de pérdida de soberanía e independencia. ¿Eso carece de importancia desde la óptica de los estrategas del neoliberalismo dependiente? Pero nosotros, compañeras y compañeros diputados y senadores, debemos rechazar y condenar esa concepción si es que queremos cumplir con elevada responsabilidad con nuestros deberes para con el pueblo y la nación. Por lo que al sector externo se refiere, el informe de referencia nos dice que al cierre de noviembre de 1992 las importaciones totales registraron una tasa de rendimiento de 26.1% con relación al mismo período de 1991, que las compras al exterior de bienes intermedios y de capital presentaron un incremento anual de 20.3% y 36.6% respectivamente y lo que es todavía más preocupante, que las importancias de bienes de consumo crecieron a una tasa de 35.8% con relación al mismo período anterior. Contrasta notablemente el caso de las exportaciones. Las de carácter no petrolero apenas superar el 1.3% al volumen de las realizadas en el período enero - noviembre del año anterior. Las exportaciones agropecuarias no solamente no crecieron, sino que cayeron en un 11.5% y las extractivas tuvieron una caída mayor, la que llegó al 34.3%, las exportaciones de manufactura apenas si crecieron un modesto 4.4% anual. Todo esto se reflejo en el hecho de que al mes de noviembre de 1992 la cuenta corriente haya registrado un déficit de 20 mil 175 millones de dólares, cifra alarmante, carácter éste último que el documento trata de desestimar y hasta de presentar como si se tratara de algo positivo, al decirnos que este resultado es congruente con los elevados flujos de ahorro externo hacia nuestro país basado en las favorables perspectivas de la economía. La verdad es que se trata de una cantidad preocupante que no se puede negar, pone en riesgo la paridad cambiaria. Compañeras y compañeros legisladores, el mismo documento nos habla de la economía
internacional, se reconoce en él que la economía de los siete países más industrializados registró un casi nulo crecimiento anual durante 1992 el que llegó apenas al 1.5%. Nos dice que esa cifra, si bien refleja una ligera mejoría respecto al 0.5% del año anterior, no implica una recuperación generalizada, destaca que la economía japonesa solo creció en un 1.6% en 1992 y que la alemana apenas llegó al 1.5%; sin embargo, desestima el aspecto medular del asunto, el hecho precisamente de que la estrategia neoliberal ha fracasado, cuestión que no parece advertir por lo que lejos de realizar un ejercicio autocrítico de fondo y reconocer de manera pública el profundo error en que se incurrió al poner en marcha una estrategia que estaba condenada al fracaso, el Ejecutivo insista en llamarle modernizadora cuando en todas partes se le está abandonando y trate de seguir adelante con ello a pesar de los gravísimos daños que está trayendo a la nación y al pueblo. Por las consideraciones anteriores y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en nombre de la fracción parlamentaria del PPS presento a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo. "La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a la vista de los lamentables resultados que arroja la política económica seguida por el Ejecutivo durante los cuatro años transcurridos desde la toma de posesión del Presidente Carlos Salinas de Gortari, que se viene a acumular a los que se produjeron durante el sexenio anterior, formulan un llamamiento respetuoso pero enérgico al jefe del Ejecutivo, para que abandone de una vez por todas una estrategia política que sólo está generando pérdida de soberanía a la nación, miseria y desesperanza para la gran mayoría de los mexicanos. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión al formular este llamamiento, tiene en cuenta que el modelo económico neoliberal ha fracasado ya en los Estados Unidos y en Canadá, en Inglaterra y de hecho en todos los países del mundo donde se ha aplicado sin excepción, por lo que considera que se incurre en un verdadero desatino cuando se insiste en aplicar esa misma estrategia en nuestro país, no obstante los resultados negativos que aquí también ha originado. Señor Presidente, entrego la proposición de punto de acuerdo suscrita por un servidor para su trámite respectivo. Muchas gracias. El Presidente: - Gracias diputado Cuauhtémoc Amezcua, recibimos su propuesta en los términos del artículo 58 del Reglamento Interno. En base a lo anterior y para satisfacer los supuestos, tenemos registrados aquí algunos oradores, preguntaría qué orador se inscribe a favor de la propuesta del diputado Cuauhtémoc Amezcua, qué orador en contra y qué orador en su caso para clasificar su posición. Tiene la palabra entonces el diputado Israel González Arreguín para razonar su..., sí, diputado Calderón. El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar (desde su curul): - Una aclaración si me permite. Habría dos procedimientos a seguir en este caso: uno, el que usted está indicando, que sería el que de manera inmediata como asunto de obvia y urgente resolución, se inscribieran oradores a favor y en contra; la otra posibilidad es que continuaran los distintos oradores para fijar posición respecto al tema y al término de esta serie de intervenciones ya inscrita en la lista de oradores, se diera el trámite legislativo correspondiente de oradores a favor y en contra para la votación específica de la proposición que ha hecho el diputado Cuauhtémoc Amezcua. Yo me inclino por la segunda, que continúe la lista de oradores ya inscritos y posteriormente se le dé trámite legislativo de oradores a favor y en contra de la proposición respectiva. Muchas gracias. El Presidente: - Gracias diputado Calderón..., sí, señor senador. El senador Artemio Iglesias Miramontes (desde su curul): - Bueno, pero nadie ha solicitado que sea de urgente y obvia resolución. El Presidente: - Así es, nadie ha solicitado que sea para urgente y obvia resolución. Con el afán de no repetir el debate en su caso, se hacía la consulta de cómo querían estar registrados los oradores, porque en todo caso pudieran haber intervenciones repetidas. Así las cosas, se le da la palabra al diputado Israel González Arreguín para razonar su proposición y desahogar su intervención. El diputado Israel González Arreguín: - Con su permiso, señor Presidente, compañeras legisladoras, compañeros legisladores, público que nos acompaña: Para el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, la política económica debe
cambiar; las aportaciones del Estado y de los trabajadores en el combate a la inflación, han quedado de manifiesto en los últimos años; las finanzas públicas, hoy son superavitarias y los trabajadores en contraposición se han empobrecido en alrededor de un 70% en los últimos 10 años. Falta la contribución de las élites del poder económico al combate a la inflación. Para continuar combatiendo el crecimiento de los precios, se requiere de una reforma fiscal progresiva que grave a las grandes fortunas; la reforma económica no se ha consolidado y la reforma social continúa pendiente en amplias esferas del pueblo. Nuestra fracción parlamentaria está de acuerdo en el propósito gubernamental de aumentar el gasto social; los niveles que se sugieren por el Ejecutivo nos parecen significativos, nos interesa que el gasto tenga un sentido y no se quede en los bolsillos de caciques, burócratas y tecnócratas. Aquí, debe procurarse la más amplia transparencia, sobre todo si éste habrá de ser el rubro más importante que habrá de crecer en 1993. Esas realidades reclaman superior vigilancia y no permitir que ayuntamientos, consejos municipales o juntas municipales bilaterales de rubro alguno, maniobren los recursos o los desvíen, como sucedió en Aguascalientes en tres municipios que están sujetos a revisión en sus cuentas, fundamentalmente en el manejo del Programa Nacional de Solidaridad, como está sucediendo en Salamanca y en Valle de Santiago en Guanajuato y como está pasando en la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya, en donde el titular está maniobrando los recursos del Pronasol en beneficio de otras esferas de la vida social y no precisamente para los efectos que fueron establecidos y creados. El hecho de no contemplar grandes avances en los niveles de gasto sectorial, es contradictorio con los fines de alcanzar los objetivos centrales de la reforma económica, como son productividad, competitividad y mejores niveles de ingreso. El Estado desatiende, a nuestro parecer, sus obligaciones constitucionales regulatorias en la economía mixta, al delegar la responsabilidad exclusiva del crecimiento a la inversión privada. Esto resulta más grave cuando se dispone de un amplio margen de maniobra, que en estricto sentido no es patrimonio del Gobierno actual, sino de la nación, del superávit fiscal. Entendemos que el nuevo esquema de política de ingresos plantea permanencia y certidumbre en la política fiscal, en congruencia con la necesidad de fortalecer la balanza de capital, factor necesario para financiar el proceso de desarrollo. Pero esto resulta insuficiente, si consideramos que en los últimos cuatro años han crecido enormes fortunas al amparo de la especulación financiera, se ha premiado al aventurismo financiero y se ha castigado al capital productivo con las tasas de interés tan elevadas. La política financiera debe cambiar en forma radical. El Estado debe cumplir con sus funciones regulatorias en el desarrollo financiero de la actividad productiva. Es una gran incongruencia pretender consolidar la reforma microeconómica, cuando entre otras cosas se castiga el financiamiento, se exigen menores niveles de capitalización a la banca de desarrollo, se mantienen altas las tasas de interés, se congelan salarios, se canaliza proporcionalmente menor cantidad de dinero al fortalecimiento de la infraestructura y se da un menor apoyo a la consolidación de las cadenas productivas por los menores niveles de gasto sectorial. Se habla mucho de la disminución histórica de la deuda pública externa, pero poco se habla de la dinámica de la deuda privada externa y de su tendencia a crecer más. No se señala como elemento peligroso su crecimiento, no se consideran los peligros o riesgos de que en el fortalecimiento en la cuenta de capital se eleve el ingreso del capital externo especulativo. Para 1993, la política económica no debe seguir los horizontes del continuismo. Estos han exhibido sus límites y contradicciones; es necesario cambiar el sentido de la estrategia económica, con el fin de alcanzar los siguientes fines: recuperar el salario, favorecer la inversión productiva, combatir rezagos estructurales y regionales que frenan el desarrollo, fortalecer el mercado interno y distribuir el ingreso de manera más equitativa, mediante una reforma fiscal progresiva. Alcanzar estos objetivos, para la fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, es prioritario. Muchas gracias. El Presidente: - Gracias diputado, González Arreguín. Sobre el mismo asunto se concede la palabra al diputado Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática. El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: - Con su venia, señor Presidente, estimados compañeros legisladores: Debatir en la tribuna de la Comisión Permanente y en otros momentos de nuestro quehacer
legislativo en la tribuna de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores sobre la marcha de la economía del país, constituye una importante responsabilidad en el ejercicio de nuestro trabajo como diputados y como senadores. Consideramos, lo hemos dicho en otras ocasiones, que el análisis que trimestralmente presenta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la marcha de las finanzas públicas y la deuda pública, así como también posteriormente, en su momento, el análisis de lo que ha sido la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, son elementos que debieran normar no sólo aquello que tiene qué ver propiamente con el estudio de la marcha de nuestra economía, sino debiera normar la corrección y en su caso modificación de políticas económicas en caso de que sean contrarias al interés nacional.
Hemos dicho también en otras ocasiones que el examen de Cuenta Pública y la discusión del Presupuesto de Ingresos y de Egresos de la Federación, son la columna vertebral de cualquier política económica y cualquier instrumentación de una estrategia de desarrollo.
Por ello es que con gusto continuamos algunas consideraciones que previamente ha hecho el diputado Cuauhtémoc Amezcua en torno a la situación económica del país y deseo en la situación presente de nuestra nación, referirme a algunos problemas que estimamos relevantes.
Un primer aspecto que quisiera destacar, que en otras ocasiones hemos resaltado y que en este momento solamente reitero, es nuestro deseo de que criterios y elementos sobre política económica que aquí exponemos, sean tomados en cuenta por el Ejecutivo Federal para modificaciones sustanciales, si es que ha lugar a la política económica en beneficio de la nación.
No coincidimos con el tono triunfalista que ésta presente en el informe de finanzas públicas y afortunadamente en distintos documentos gubernamentales, particularmente algunos que recientemente han aparecido, uno de la Secretaría de Hacienda, distinto al informe trimestral, los propios anexos del IV Informe de Gobierno del licenciado Carlos Salinas de Gortari y documentos del INEGI, nos dan elementos de juicio fundados para cuestionar diversos elementos de la política económica .
Sin más prolegómenos entraré a referirme a algunos puntos. En primer término , hay que destacar que después de seis años de crecimiento prácticamente nulo, que fueron los del Gobierno de Miguel de la Madrid, el crecimiento económico que ha experimentado nuestra nación a partir de 1989, es un crecimiento absolutamente insuficiente para resolver los grandes problemas y las grandes carencias del país.
Veamos los datos: en 1989, nuestro país creció un 3.3%, en 1990, 4.4%, en 1991, 3.6%, y en el año de 1992 el crecimiento del país fue de 2.6%, Después de seis años de crecimiento nulo, con una tasa de aumento demográfico que oscila alrededor del 2% y con una drástica disminución del producto per capita, un aumento de apenas poco más de 1% en términos reales en el primer año, de 2% real en el segundo, de poco más de 1% en el tercero y de apenas de 5 ó 6 puntos porcentuales en el cuarto año, de ninguna manera puede considerarse satisfactorio para una nación, repito, con los graves rezagos que tenía nuestro país en 1982, con los tremendos problemas económicos que se indujeron, con los seis años de crecimiento nulo y que después con el crecimiento demográfico y otros aspectos, de ninguna manera, repito, esta dinámica de crecimiento podemos considerarla satisfactoria.
Más aún, durante dos años, que fueron los años de 1989 y 1990, los empleos que se crearon, que fueron al rededor de 500 mil, apenas, apenas compensan aquellos que se perdieron por la destrucción de la infraestructura productiva del sistema agropecuario de México en algunas regiones, que fueron de alrededor de 400 mil.
Y no sólo se ha mostrado nuestra economía incapaz de reabsorber el subempleo y desempleo que afecta al 50% de la población económicamente activa, sino que observamos que el millón y medio de jóvenes que cada año ingresan al mercado de trabajo no encuentran empleo, sino solamente muy escasa fracción de ellos.
La desindustrialización y el desmantelamiento de nuestro sistema agropecuario están afectando severamente las posibilidades de empleo de las futuras generaciones.
Por otra parte, sostenemos que el crecimiento no es crecimiento sostenido, está ligado a una dinámica errática del gasto y de la inversión pública y privada, depende en alto nivel en algunos segmentos de la inversión extranjera, especialmente de la pequeña fracción de esta inversión, que es inversión extranjera directa y se ha dado a partir del segundo trimestre de 1992 una desaceleración económica en un contexto ya de desaceleración global.
Lo más preocupante y eso ha sido reconocido por los propios banqueros del sistema
privatizado, es que una parte sustancial de los recursos que debieran financiar el crecimiento económico del país, están siendo canalizados hacia los circuitos de especulación financiera e inmobiliaria. Más de 30 mil millones de dólares de ahorro interno, según datos de la última convención bancaria, no se destinan a inversión productiva y a la formación de capital, se destinan a los circuitos financieros y especulativos que no generan riqueza, no generan empleos y no implican una dinámica de modernización.
Por otro lado, si bien nuestro partido, en diversos foros y en esta tribuna, ha reconocido la importancia de la disminución de la tasa de inflación innegable desde todos puntos de vista, nuestra tesis basada en un examen de las tendencias de la economía mexicana, es que la estabilidad de los precios no está consolidada. Y hay un efecto o un elemento extraeconómico de presión sobre los factores de la producción que artificialmente está creando una supuesta estabilidad macroeconómica en materia inflacionaria, pero no augura que pueda consolidarse en el largo plazo de control inflacionario.
Baste señalar como efecto de estas desigualdades que los pactos del año 1987 para acá han generado, el que en este período los precios al consumidor aumentaron 360% y los precios al productor aumentaron solamente 282%, según datos gubernamentales. Esto significa que en un contexto de regulación con fuertes presiones monopólicas, son los productores, particularmente la mediana y pequeña empresa y los agricultores, los que han resentido en mayor grado esta política de contención inflacionaria. Y en el momento en que se ve lo que distintos industriales y productores han dicho, el aterrizaje de las políticas antiinflacionarias vía pacto, lo que se llama la desaparición hipotética de los pactos, las presiones de aquellos sectores que consideran que sus precios han sido artificialmente inducidos a la baja, pueden generar de nuevo una espiral inflacionaria.
No se ha querido escuchar del lado del Gobierno una idea que ha surgido no sólo de nuestro partido, sino de muchos sectores productivos, de que para bajar la inflación de manera duradera, tenemos que apostar a un crecimiento económico sostenido, con un aumento de la oferta de bienes y servicios, basado en la inversión productiva y un moderado también crecimiento de la demanda con recuperación del ingreso y del empleo.
Otro elemento que nos preocupa de manera fundada, es que el crecimiento sólo se está dando en algunas ramas, aun este raquítico crecimiento.
De esta forma, en el año 1991, cinco de nueve ramas de la industria manufacturera han decrecido, la productividad ha tenido un comportamiento errático. Y por otro lado, observamos que se trata de un crecimiento mal distribuido desde el punto de vista de la justicia social.
Según datos oficiales, de 1980 a 1990, la participación de los asalariados en el producto interno bruto ha disminuido en 11.38 puntos porcentuales, lo cual refleja un proceso de concentración del ingreso y de disminución de la masa de recursos transferida a millones de trabajadores que conservadoramente estimada en viejos pesos sería del orden de 130 billones, repito, de pesos antiguos. Y diversos indicadores como comparaciones de encuesta de ingresos y gastos de los hogares, levantada por el INEGI en dos momentos: en 1984 y en 1989, permiten observar una tendencia clara a la concentración del ingreso.
Por otro lado, en un sexenio donde han sido reiteradas las afirmaciones de que se busca proteger la inversión y apoyar al empresariado, encontramos que la formación de capital es insuficiente y esto se refleja en una modernización irregular. De hecho. solamente en el año de 1988 la tasa de formación de capital fue apenas del 7.3% y tuvimos un pequeño crecimiento del PIB de 1.2%. En 1990, la formación neta de capital apenas fue de 8.6%.
Numerosos analistas detrás de estas frías cifras que estoy presentando a ustedes, coinciden que para que un país tenga al menos capacidad de una modernización medianamente sostenida, tendría que tener una tasa de formación del capital superior al 10%.
Otro aspecto que preocupa y que ha sido objeto de una reiterada respuesta en ésta y en otras tribunas en diálogo con funcionarios y con legisladores del partido mayoritario en esta Cámara, es el hecho de que se afirma que el elevado nivel de importaciones es para la modernización del país. Resulta que un examen cuidadoso de los datos del INEGI sobre la estructura de importaciones, muestra que del total de lo importado en el año 1990 sólo 16%, 16.8% contribuye a la modernización, el resto es sólo para mantener funcionando el aparato productivo.
Y las mismas corporaciones financieras mexicanas, tal como el grupo Accival o el grupo Inverlat, sostienen, según encuestas, que hay un lento crecimiento y una escasez de crédito en el curso de este primer semestre del año 1993. Y encuestas del INEGI muestran un pesimismo
empresarial respecto a las tendencias económicas de fines de 1982 y de la primera etapa de 1993.
Otro elemento que ha recibido poca atención de la opinión pública, pero que nos parece preocupante, es el hecho de que de acuerdo estrictamente con los anexos del informe del licenciado Carlos Salinas de Gortari, y cito, de acuerdo con la página 219 del cuarto anexo del Informe del licenciado Carlos Salinas de Gortari: "Para importar en 1992 la misma cantidad de bienes y servicios que importábamos 10 años antes, tenemos que exportar el doble". Esto significa que necesitamos exportar más petróleo, más productos agrícolas y más productos manufacturados, para importar la misma cantidad, lo que en términos económicos se llama la relación desigual en los términos de intercambio, en donde nuestro país ha perdido de manera neta, por una tendencia absolutamente desfavorable en el comportamiento de los precios internacionales.
Por otro lado, el crecimiento de las exportaciones es verdaderamente preocupante, es un minúsculo crecimiento, mientras que por otra parte, el crecimiento de las importaciones está reflejando un proceso de desindustrialización.
Esta extraña palabra, producto quizá de las nuevas tendencias del idioma, aunque cuestionamos, repito, su congruencia lingüística, muestra algo que debiera también preocupar a amplios sectores de la opinión pública.
De hecho, el consumo, las inversiones y la economía crecen mucho menos que las importaciones. Las importaciones fueron en 1991 el 11.9% del producto interno bruto; pero para nuestra sorpresa el año siguiente, que fue 1992, las importaciones representan ya el 16.7% del producto interno bruto.
Estimados legisladores: si la economía crece solamente en 2.6% y las importaciones aumentan como proporción del producto interno bruto en casi un 5%, esto significa desindustrialización, desmantelamiento del sistema agrícola y sustitución de lo que antes los mexicanos compraban a empresarios y productores mexicanos, por elementos que ahora se importan en detrimento de nuestro empleo. Por ello no resulta extraño que en 1991, las ventas crecieran en 15% en nuestro país, pero la importaciones crecieran un 28%.
Y ya dijimos que sólo el 16% de las importaciones contribuyen a la modernización del país. Esto ha sido vivido en carne propia más allá de datos, estadísticas y fríos elementos numéricos como los que aquí presento, por agricultores de La Laguna, por productores agrícolas de Sinaloa y otras regiones del país y por aquellos productores de café, de cacao, de caña de azúcar, que viven en carne propia el efecto combinado del desmantelamiento del sistema productivo y de importaciones que están sustituyendo lo que anteriormente era producido por mexicanos; de hecho nuestro país está ayudando a mitigar el tremendo impacto del déficit comercial que sufren los Estados Unidos desde hace algunos años y tienen, los Estados Unidos, respecto a México, un superávit de su balanza comercial que evidentemente es motivo de regocijo de algunos productores del vecino país del norte.
Ahora bien, otro elemento es el déficit comercial. Durante el régimen del licenciado Carlos Salinas de Gortari, la estructura del déficit de la balanza comercial pasa, de un saldo positivo al inicio de su Gobierno de 845 millones de dólares, a un déficit de 20 mil 607 millones de dólares.
Conocemos de antemano la respuesta que nos han dado decenas de veces por funcionarios gubernamentales y a los medios de comunicación. Nada hay de qué preocuparnos; ninguna devaluación está en el futuro del país. La nación, se repite y se repite, está fuerte porque ingresan recursos por inversión extranjera suficientes para cubrir el déficit de la balanza comercial. Como si las transnacionales que invierten en México fueran instituciones de beneficencia pública y no recibieran utilidades que a su vez se están repatriando al extranjero, presionando así un déficit de la propia balanza de servicios y de la balanza de capitales.
Pero más aún, efectivamente durante el presente Gobierno han ingresado 30 mil 900 millones de dólares por inversión extranjera. La mayoría ha ido a bolsa de valores y alcanzó esta inversión, a cubrir el déficit. Pero no se observa la tremenda volatilidad que significa que así como en los últimos años del Gobierno del licenciado López Portillo era con deuda externa como se financiaba el equilibrio macroeconómico que nos llevó al desastre de 1982, hoy se están financiando los desequilibrios de este país, con inversión extranjera, la mayoría de ella en bolsa de valores, o si se quiere dividir en inversión en acciones y en inversión fiduciaria, pero en última instancia son recursos líquidos, con el enorme peligro de que en el momento que baje la tasa de interés en México, en el momento en que los inversionistas extranjeros perciban que la rentabilidad de su inversión en México es inferior a la de Estados
Unidos, o en el momento en que perciban dificultades en la marcha de la economía, puede haber un doble proceso de depreciación de las acciones en manos de extranjeros que están en la bolsa de valores mexicana y de fuga de capitales que haga que disminuyan las reservas del Banco de México y eso amenace la estabilidad del peso.
Seamos claros, señores legisladores. No desea el Partido de la Revolución Democrática que en ningún momento se produzca una brusca y abrupta devaluación que afecte los niveles de vida del pueblo mexicano y desate una nueva espiral inflacionaria; nos oponemos a cualquier esfuerzo de desestabilización económica que implique mayores penalidades para nuestra nación. Sin embargo, sí queremos destacar la tremenda complejidad de un déficit creciente que sube de cuatro, pasa a 11 y posteriormente se aumenta a 20 mil millones de dólares, mientras por otro lado dependemos de un flujo de capitales que no está consolidado como base de este equilibrio macroeconómico.
Dígase lo que se diga, hay ya una llamada de atención, casi diríamos una clara muestra de los peligros que tiene nuestro país y que no ha sido entendido por el Gobierno. Tuvimos un diálogo hace apenas unos días en la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública con tres subsecretarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, diálogo provechoso, respetuoso, importante, pero donde no se atendieron las luces rojas que se están prendiendo en la economía.
Un solo ejemplo, señores legisladores: en junio y en julio del año de 1992, hubo, debido a una baja de la Bolsa de Valores, una depreciación de las acciones en manos de extranjeros, pero ¡ojo! con lo que voy a destacar, también hubo una salida directa de divisas por 2 mil millones de dólares, que fue cubierto con las reservas del Banco de México, que disminuyeron en el mismo período en 1 mil 935 millones de dólares.
Para fortuna del Gobierno, en esos mismos momentos se canceló lo que era el fondo de cobertura cambiaria, que tenía reserva de 2 mil millones de dólares, se ingresaron al Banco de México y el licenciado Carlos Salinas de Gortari pudo presentar en su IV Informe de Gobierno que las reservas del Banco de México habían aumentado ligeramente. De no haber tenido el Gobierno el colchón financiero de los 2 mil millones de dólares del fondo de cobertura cambiaria, nos hubiéramos enfrentado a una baja de las reservas del Banco de México, que tenía, repito, efectos hacia una presión devaluatoria.
No es pues una argumentación que debiera desecharse a la ligera la que estamos presentando aquí y que no se diga tampoco que buscamos el desequilibrio financiero. Buscamos estabilidad, correcciones a la política económica, uso de recursos nacionales para incentivar la producción del país y hay otro elemento que hemos insistido en ello y hemos encontrado oídos sordos; no se trata sólo de incentivar la producción nacional, no se trata solamente de incrementar la oferta nacional, no se trata únicamente de mejorar los niveles de ingreso y de empleo. Hay una situación de emergencia económica que no quiere reconocer el Gobierno, cuando tenemos crecimientos exponenciales de las importaciones, un crecimiento exponencial del déficit de la balanza comercial y es momento que el Gobierno, pero se niega a escucharnos y aparentemente éste es un asunto técnico, aplique ciertas medidas que están presentes en el protocolo de adhesión de México al GATT, que son medidas extraordinarias de contención de importaciones para mejorar nuestro déficit en momentos en que estamos severamente afectados por esta desregulación.
Ya hubo una aceptación parcial de ello cuando en materia de acero el Gobierno impuso ciertos impuestos compensatorios ante acusaciones de dumping. Pero lo que tendría que hacer nuestro país es aplicar un sistema generalizado de impuestos compensatorios en los rubros donde existe particular debilidad de nuestra planta productiva, unido a un programa nacional de reconversión industrial y de reconversión agrícola.
Por lo anteriormente expuesto, creemos que en este año, 1993, sigue habiendo presiones a desequilibrios globales de nuestro sistema productivo. Baste señalar un solo elemento. La deuda externa del Gobierno ha disminuido, pero muchos analistas privados destacan el aumento de la deuda externa del sector privado, que genera que a pesar de la disminución de esta deuda externa, el servicio global de la deuda externa, mexicana se mantenga a niveles muy elevados, cerca de 35 mil millones de dólares en cuatro años, combinando pago de capital con pago de intereses del sector privado y del sector público y 35 mil millones de dólares significa, quiérase lo que se quiera decir, una descapitalización neta del país, así sea el sector privado y el sector público de manera conjunta.
Pero un elemento más del cual no escuchamos una respuesta satisfactoria de los subsecretarios de Hacienda. Según datos del Banco de México, de ninguna manera son datos de nuestro partido, estrictamente declaraciones del Banco de
México, 8 mil 544 millones de dólares de la deuda interna del Gobierno Federal está en manos de extranjeros y esto es un peligro; es un peligro porque presiona hacia el alza las tasas de interés, obliga a mantener artificialmente elevadas las remuneraciones de la deuda pública en pesos mexicanos que circule en nuestro país y obviamente esto encarece el crédito global.
Se me responderá, porque conozco de antemano el argumento: en los últimos días hay ligeros indicios de baja de las tasas de interés. Pues no coincidimos, porque cualquier revisión de los créditos a corto, mediano y largo plazo, que el sistema bancario privado otorga a los sectores productivos, muestra que sigue habiendo un diferencial abismal entre tasas de inflación que se están consolidando en alrededor del 10, supongamos así, por ciento en este año y con tasas de interés que se cobran a empresarios mexicanos del orden del 40%; eso se llama usura y eso se llama profundizar una situación de crísis de diferentes sectores productivos.
Por ello es que el elogio al superávit presupuestal que se obtuvo en 1992 o el autoelogio debiéramos decir, en que se incurre desde el Gobierno; el elogio a una disminución de la participación de la deuda pública externa en el PIB; el elogio hacia cierta estabilidad macroeconómica aparente, no nos convence y no porque seamos críticos irreductibles, de ninguna manera. Estrictamente refiriéndonos a los datos gubernamentales, repetimos, hay elementos de juicio para asegurar que el crecimiento es insuficiente y no es sostenido, la estabilidad de precios no está consolidada, son desiguales los impactos de crecimiento en diferentes ramos, la productividad crece de manera irregular, la formación es insuficiente, la modernización es escasa, los pronósticos son complejos y persisten serios desequilibrios externos.
Obviamente, si este año y el próximo logran conseguir, tal como nos afirma la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 40 mil millones de dólares, si se logran captar capitales externos por esta cifra, que equivale a casi el 11% del producto y si logran mantener tasas de interés que atraigan al capital, evidentemente se puede mantener una estabilidad macro, pero los 105 mil millones de dólares de deuda pública y privada externa, el elevado nivel de servicio de la deuda externa pública y privada oscilando alrededor de 9 mil millones de dólares y los desequilibrios estructurales que presionan hacia repuntes inflacionarios, nadie los puede negar; se pueden diferir, pero no se pueden negar; de ahí pues que la única opción es como de manera saludable, otros países del mundo lo están haciendo, abandonar las políticas de ajuste estructural, abandonar la ortodoxia de políticas de regulacionistas a ultranza, asumir el concurso del sector público y privado en una política de crecimiento ordenada, justa y estable, hacer aquellas medidas de protección de la planta productiva que requiere el interés nacional, abandonar la obsesión limantouriana de un superávit fiscal como medio para contención inflacionaria, abandonar también la política de desaceleración económica para que no se nos desborde la dinámica inflacionaria y apostar al crecimiento, apostar el empleo, apostar a un proceso, repito, que fundamente nuestra independencia económica en nuestra soberanía en diversos rubros.
Creemos que los datos referidos y con esto concluyo ya, a la situación económica hacen imperioso un cambio de rumbo, un cambio de política a apostar a la defensa de nuestra planta productiva, de nuestro empleo y de nuestro ingreso y seguiremos insistiendo hoy, mañana y en los próximos meses, que el cambio es fundamental y que el cambio es un imperativo de nuestro tiempo. Muchas gracias.
El Presidente: - Gracias, diputado Calderón.
Para el mismo asunto, tiene la palabra el senador Carlos Sales, del Partido Revolucionario Institucional.
El senador Carlos Sales Gutiérrez: - Con su permiso señor Presidente, compañeras y compañeros legisladores:
En economía como en otras ciencias que no son exactas, la discusión seria, documentada, es parte fundamental para acercarse a lo que más conviene, a lo que permite diseñar e instrumentar políticas precisas para resolver la problemática que se analiza, o que se estudia. Desde luego que siempre hay opiniones que difieren, qué bueno que así sea que se expresen libremente, en lo personal las respeto aunque no las comparto, pero es importante distinguir entre lo que es producto de la investigación o del análisis o de la experiencia si tiene el objetivo de presentar proposiciones o formas alternativas de alcanzar un objetivo respecto de aquello que significa solo discrepar con buena intención o haciendo lo que se conoce como análisis de violín, sin suficientes fundamentos o bien, combatiéndolo todo, negando logros evidentes.
Quede claro que no quiero decir, que sólo hay un camino, o que todo el que discrepa está equivocado porque por lo mismo es opositor sin fundamento
Claro que algunos no apuntan programas integrales alternos, coherentes, que pudieran evitar lo que señalan que sucede o puede llegar a suceder y no lo hacen porque no los tienen y porque saben que dentro de márgenes razonables se está haciendo lo que corresponde la circunstancia nacional e internacional por la que atravesamos.
En el mejor de lo casos se proponen apuestas o se presentan relaciones de buenos deseos, aisladas, con compatibles entre sí, para buscar ganar algunas buenas voluntades.
La terca realidad marca otra cosa. Se avanza y se reconoce así por muchos mexicanos y en el extranjero, pero es más, se sigue trabajando con nacionalismo en el rumbo correcto como lo vamos a demostrar más adelante.
La exposición que voy a hacer es larga, como también las que me antecedieron, y no es novedosa tampoco, resume lo que aquí hemos dicho por mucho tiempo los legisladores de mi partido, el Revolucionario Institucional, y se basa en información que tiene el mismo origen que la que aquí se ha mencionado, por lo tanto lo que voy a presentar a continuación, con sus defectos pero con sus logros también, insuficientes todavía en algunos aspectos, ha merecido ya el reconocimiento de muchos.
Una breve introducción. La crisis económica por la que atravesó el país en los años ochenta, la falta de estabilidad, se tradujo en el deterioro de los niveles de bienestar de la población así como en un serio agravamiento de las desigualdades en el ingreso. No es objeto de esta presentación analizar lo que motivó esa crisis, éste puede ser materia de otra discusión específica que es factible, incluso pudiera relacionarse con algunas propuestas de política con lo que algunos pretende regresar a que se haga lo que originó dicha crisis o su agravación.
Más adelante voy a comentar el superávit primario y su origen y los efectos de no entenderlo y suponer que se toma de la sociedad más de lo que se regresará. Adelanto que comprometer para siempre recursos que se obtienen por una sola vez, irremediablemente nos llevaría a déficits crecientes.
El problema de la década de los ochenta, se reflejó en que el producto interno bruto por habitante disminuyó, entre 1982 y 1988 en aproximadamente 12% en términos reales, mientras la inflación alcanzaba niveles extraordinariamente altos que llegaron en 1987 a ser anualizados de más de 200%.
Este estancamiento y elevada inflación fueron sin duda la causa fundamental del deterioro de los salarios reales de los trabajadores, del ingreso real en general y de su distribución. Un ejemplo preciso de esta situación es que entre 1982 y 1988, el salario medio de cotización al Instituto Mexicano del Seguro Social se redujo en 50% en términos reales.
Fue precisamente ante esa realidad que la política económica de la actual administración se ha dirigido a alcanzar una recuperación gradual pero firme y sostenida de la actividad económica, en un marco de estabilidad, con niveles de inflación como aquí se dijo y se criticó, semejantes a los que se observan en los países con los que mantenemos la mayor parte de nuestras relaciones comerciales.
Se diseñó esta política porque había que recobrar el crecimiento, y hacerlo con estabilidad, ya que libertades y oportunidades, aun nuestros avances democráticos se debilitan cuando la economía no crece y por tanto se es incapaz de enfrentar con éxito perdurable los problemas y las justificadas aspiraciones de nuestro pueblo.
La estrategia se apoya en dos fundamentos económicos y sociales. Por una parte sentar las bases para la creación de actividades y empleos bien remunerados, y por otra, lograr el incremento de los salarios reales, sin acciones populistas que terminan revirtiéndose. Lo hace sobre la base de una evolución económica que fortalece esta demanda de trabajo, el aumento de la productividad y busca el equilibrio de los factores de la producción.
Simultáneamente, prevé medidas para aumentar la provisión de servicios sociales básicos, que repercuten de una manera directa y pronta en el bienestar general de la población, como parte de la lucha por la erradicación de la pobreza extrema y en general originar mejores oportunidades para todos.
Respecto a algunos resultados que está teniendo la política económica en marcha, indicadores disponibles permiten dar cuenta de los efectos que el crecimiento y la mayor estabilidad de precios están produciendo en nuestro país, perdón que tenga que repetir lo que mis tres compañeros que me antecedieron dieron cuenta, pero creo que es importante para sacar conclusiones ciertamente diferentes:
1. El crecimiento económico promedio de los últimos cuatro años, es superior al de la población, lo que ha permitido el inicio de la
recuperación real de una buena parte de los sectores mayoritarios. El crecimiento 1989 - 1991 fue del 3.8% promedio anual como estaba previsto en el Plan Nacional de Desarrollo. Si bien es cierto se presentó una desaceleración en 1992, en donde el producto creció en 2.6%. No obstante, el crecimiento acumulado 1989 - 1992, casi 15%, refleja un notable cambio positivo en relación al de los siete años anteriores. Claro, esto a algunos les parece despreciable.
Es cierto que el país requiere crecer más todavía, pero era necesario primero romper muchas inercias y sentar bases estables, para reiniciar, de manera autosostenida y amplia, el desarrollo que se requiere.
Por otra parte, el proceso de cambio estructural y de modernización de la planta productiva, así como la debilidad relativa de la actividad económica mundial, generaron la moderada desaceleración a que hice referencia, con efectos todavía para los primeros meses del año en curso.
Las diferentes ramas de actividad económica, han tenido un comportamiento variado, donde entre las de evolución menos favorable se encuentra la del sector primario, que incluso registró declinaciones de 1.5% en 1992 respecto a 1991, por razones tanto estructurales, como en particular coyunturales que afectaron a la agricultura, como lluvias excesivas y plagas.
En el sector industrial, a nivel de ramas de actividad, varias registraron una evolución favorable, además su comportamiento, si bien fue lento los primeros seis meses del año anterior, a partir de julio aceleraron su crecimiento. El comportamiento diferencial a nivel de industrias y empresas, se explica en parte por el proceso de reconversión, por esto es que es posible, como aquí se hizo, identificar ramas en las que la inversión, la productividad y las exportaciones crecen aceleradamente, en tanto que en otras el proceso de reconversión aún no se traduce en la ampliación de la oferta interna, a pesar de que la inversión sigue creciendo.
En efecto, analizar el efecto de la política económica, tiene que considerarse que pasamos por una transición entre dos situaciones, de la que se partió y a la que se quiere llegar. Al respecto hay que recordar una frase que quienes estudiamos economía vimos, y que dice que hay transformaciones que conllevan un proceso de destrucción creativa, ya que incluso llevan a la desaparición de sectores o empresas cuya razón de existir eran las distorsiones en la economía, como por ejemplo. la muy elevada protección arancelaria o la existencia indiscriminada de permisos previos, pero también estas transformaciones permiten el surgimiento de nuevas actividades y empresas, cuando la liberación fortalezca o revele las verdaderas ventajas de una economía. Sin embargo, estos dos procesos no sólo no son simultáneos, sino que llevan tiempo para ajustarse, por lo que presentan desequilibrios temporales que hay que superar.
Esta circunstancia indica que se requiere acelerar el cambio estructural a nivel microeconómico en las empresas, en los negocios, en los sindicatos, para tener una mayor competencia, competitividad y productividad, requisitos indispensables para continuar avanzando a la velocidad que se requiere. Por eso es que se hace necesario poner acento en la estabilidad y en la competitividad.
Esta responsabilidad es en lo fundamental de los empresarios, quienes deben asumirla plenamente.
Dejando de lado problemas coyuntarales en aspectos específicos, cuya importancia no se minimiza pero tampoco se magnifica, puede afirmarse que la estabilidad macroeconómica ha alcanzado niveles razonables, aunque llegar a las metas fijadas al inicio del sexenio requerirá de esfuerzos extras, donde en el marco microeconómico, como decía yo antes, los empresarios deberán asumir su responsabilidad.
2. La baja de la inflación es condición fundamental para obtener un crecimiento estable y sostenido; por las solidez de las finanzas públicas, por el pacto social de concertación, por el proceso de apertura comercial, la inflación es la más baja en 20 años y ha disminuido, tan sólo en estos dos últimos años, del 18.8% en 1991, al 11.9% el año anterior y se espera de un solo dígito para este año.
Cabe destacar la manifiesta decisión de mantener inalterada la lucha por bajar la inflación, sin inducir la disminución de las tasas de crecimiento de la economía, pero tampoco de promover un aliento artificial y por tanto inestable de la misma.
En el primer bimestre del año la inflación ha sido de 2.1%, cifra compatible, con la intención de que sea de un dígito en el total del año y que indica una bastante, aceptable, operación de la nueva unidad monetaria, así como el que la nueva política de precios públicos que evita aumentos de golpe ya haya eliminado las denominadas burbujas inflacionarias.
Por último, la baja de la inflación ha estado acompañada de niveles de pleno abasto, como lo demuestra que el promedio en 1992 de este indicador fuera cercano al 100%.
3. El favorable desempeño de las finanzas públicas ha jugado el papel central en la consolidación de los avances obtenidos y ha permitido incrementar recursos destinados al gasto social y a la inversión productiva.
La posición financiera del sector público, nos señala el informe del cuatro trimestre que envió el Ejecutivo, es resultado, por un lado, del fortalecimiento de los ingresos públicos, en particular de la recaudación tributaria, también de un más estricto control y selectividad del gasto público y de los efectos de la reestructuración de la deuda, añado yo.
Estos son elementos de carácter permanente y también se nos señala que hay ingresos no recurrentes, o sea, de una sola vez, que provinieron de la venta de bancos y otras entidades públicas. A nadie se ha engañado con esta situación. Eso lo dice el informe. Pero ahora bien, estos recursos son los que motivan el gran superávit fiscal que tanto se ha comentado durante todo el día de hoy, por cierto no de 18 mil millones de dólares, como alguien dijo.
No se repetirán estos ingresos extraordinarios, no habrá más superávit de este tamaño que conozco, pero es un superávit primario, o sea, no es el superávit último, de resultado de las finanzas públicas.
Mi recomendación, como se está haciendo, es que no comprometamos recursos que no volveremos a tener más, no regresemos al pasado que nos heredó la situación que ahora con tantos trabajos estamos corrigiendo.
Quiero decir, en otras palabras, que no empecemos a hacer cuentas alegres y modifiquemos presupuestos con recursos que no vamos a volver a obtener.
Al cierre de 1992, aquí se dijo, si se excluyen los ingresos extraordinarios provenientes de la venta de bancos y de las otras entidades, el balance ya financiero primario será de sólo 4 billones 900 mil millones de pesos, quiere decir que la tendencia del gasto público es a mostrar equilibrio en su resultado final. No, de ninguna manera es éste un resultado pobre como alguien lo comentó en la tribuna, cuando venimos de porcentajes de hasta 18% de desequilibrio de las finanzas públicas en el producto interno bruto y del origen una muy buena parte de los problemas que tuvimos en los años pasados.
4. El gasto público total se ha racionalizado y reorientado por lo que pese a que se ha reducido en término reales entre 1989 y 1992 a habido un notable aumento. también en términos reales, del gasto social. Por esto es que ha sido posible orientar recursos crecientes hacia los sectores prioritarios.
Es relevante también y de reconocer en las autoridades el que estén evitando las presiones de quienes siguen pretendiendo, pese a los negativos resultados por todos conocido, que el gasto estatal se amplié y que el Gobierno se avoque a resolver todos los problemas, a volver hacer de todo.
La notable reducción en el pago de intereses, por la reducción de la deuda pública y las menores tasas de interés, es lo que ha permitido canalizar un mayor volumen de recursos hacia el gasto social.
A través del Programa Nacional de Solidaridad se ha avanzado en obras de construcción y rehabilitación de espacios educativos, en la dotación de energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, infraestructura carretera, todo ello en beneficio de los grupos sociales más desprotegidos del país.
5. La intervención solidaria y corresponsable del Estado en la economía al librarse de innecesarios apéndices ha fortalecido su fundamental capacidad regulatoria y conductora para garantizar el interés público y el de la nación. La acción del Estado se centra hacia áreas como el desarrollo social donde se tiene mayor impacto.
Es cierto el número de empresas desincorporadas. Había 1 mil 155 a finales de 1982 y sólo alrededor de 214 por estas fechas. Esta política es lo que ha permitido ayudar a contribuir, a sanear las finanzas públicas y permite además también mayor eficiencia en el manejo de la mayor parte de estas empresas desincorporadas.
Los recursos que se han obtenido de la venta de estas empresas no se cancela, sino que han servido para cancelar pasivos, lo que permite ahorros permanentes en el gasto público, con menores gastos de intereses y esto es el destino justamente del superávit primario. El Estado no le quita a la sociedad más de lo que le devuelve.
Se trata en síntesis de que el Estado aliente la inversión de los particulares, pero que no
solamente mantenga, sino que refuerce su compromiso de realizar inversión en infraestructura y en el desarrollo social, al tiempo que participe en las áreas estratégicas o aliente proyectos y sectores.
6. Se están modificando las regulaciones que por excesivas representan un obstáculo a la actividad económica. Algunas ya se han eliminado y otras se han hecho más claras.
La formación bruta de capital fijo ha aumentado en estos cuatro años de 16.5% al 20%, pero también se ha presentado consecuente con todo lo que expone y con los resultados alcanzados, un cambio importante en su composición. Al principio del sexenio era prácticamente mitad y mitad, para el último año prácticamente en tres cuartas partes, son inversión privada y una cuarta parte inversión pública.
También el consumo privado se ha incrementado, el último año lo hizo 5.9% mientras que el del sector público lo hizo en 2.2% fundamentalmente gasto en provisión de servicios médicos y en los educativos.
7. En la evolución del sistema financiero, destaca indudablemente la desregulación que ha existido de sus actividades así como el que al equilibrarse las finanzas públicas, el Gobierno Federal haya reducido notablemente su participación como demandante de recursos de crédito. Esta situación, junto con la disminución de la inflación y el incremento de los recursos que provienen del exterior, sobre todo en los últimos cinco años, ha permitido la baja constante en las tasas nominales que se pagan a los ahorradores, pero manteniendo el interés real atractivo para promover un ahorro que es el que puede destinarse a través de los intermediarios financieros a fines productivos.
El costo del dinero para las empresas también disminuyó notablemente durante el período 1989 - 1991, aún entre 1991 y 1992 esta baja del precio del dinero fue de alrededor de cinco puntos. Diversas causas, y esto hay que reconocerlo, han impedido que el ajuste a la baja del costo de los recursos sea consistente con las bajas de la inflación y con los requerimientos de una economía cada vez más abierta al mundo que exige que el costo del dinero sea también competitivo.
La competencia interna que se generalizará entre las instituciones bancarias desincorporadas, al terminar el período de transición por el que atraviesan y la próxima apertura de bancos al extranjero, hacen ver que pronto podrá verse una mayor disminución de diferenciales bancarios que permitan una real promoción sobre todo en sectores como el agropecuario y la pequeña y mediana industria.
8. Desde 1989 México se ha convertido en un receptor neto de ahorros del exterior como resultado de la política económica y de la renegociación de la deuda externa; situación que junto con la generación de ahorro interno permite financiar las crecientes necesidades del país.
La inversión extranjera, aquí se dijo, ha sido de poco más de 26 mil 700 millones de dólares en lo que ha transcurrido del sexenio, cifra que ya supera la que esperaba para seis años. Y sí es cierto, dos terceras partes son inversiones de cartera y una tercera parte se clasifica como directa.
Las reservas internacionales del Banco de México son las más altas que ha tenido este organismo central. Al 31 de diciembre de 1991 tenía 17 mil 546 millones de dólares, y como bien se dijo en esta tribuna, pese al déficit en la cuenta corriente, pese a los momentos en que la Bolsa Mexicana de Valores ha registrado bajas en su comportamiento, al 1o. de noviembre, que es la última cifra que yo tengo disponible, se presenta, pese a ese déficit en cuenta corriente, pese a los movimientos erráticos por movimientos en la Bolsa de Valores, un incremento respectivo del 31 de diciembre de 1991 del orden de 700 millones de dólares.
Por otro lado, lo que es cierto en política cambiaria, es que la ampliación de la banda de flotación ha permitido dar una mayor estabilidad al tipo de cambio. Con esto el año pasado, éstas son cifras al alcance de todos, la variación fue de solamente 1.04%.
Consecuencia de la concertación entre sectores existe certidumbre acerca del nivel máximo de variación que podrá tener la relación peso - dólar hasta el 31 de diciembre de 1993 y esta variación será de menos de 4% respecto de su cotización al día de hoy, o sea, un máximo acumulado de nueve meses del orden de 11 a 12 nuevos centavos.
9. La evolución de la balanza de pagos se ha caracterizado por un superávit en la cuenta de capital, debido principalmente a los elevados flujos de inversión extranjera y este superávit ha tenido como contrapartida un déficit en la cuenta corriente y una acumulación de reservas internacionales. El déficit en la cuenta corriente, nos
dice el informe que hoy todos comentamos, se explica en parte, por el crecimiento de la actividad económica interna, el cambio de procesos de producción a nivel de industrias y empresas, el estancamiento de la actividad económica mundial, el deterioro de los términos de intercambio de varios bienes y la creciente disponibilidad de divisas que asociada con el superávit en cuenta de capital, permiten financiar las compras de importaciones que realiza el sector privado.
Las exportaciones han tenido modificación, sobre todo en 1992 su ritmo de crecimiento, el de las manufacturas, fue más bajo. Y es cierto también que hay un deterioro en nuestros términos de intercambio, en los de todos los países que producimos este tipo de materias primas. Por ejemplo, en el caso del café, de 25% del azúcar, del 30% y del algodón del 17. Pero es poco, muy poco, casi nada lo que un Gobierno puede hacer para evitar esta situación que depende de otra cosa diferente a actos soberanos.
La evolución del saldo del intercambio comercial con el exterior, estuvo particularmente influido, también se señaló bien en esta tribuna, por la creciente demanda de importaciones. Y se mencionaron cifras. Yo quiero añadir que en el mes de enero de este año, de 1993, confirmando mucho de lo que dentro de la larga exposición voy haciendo, se confirma que aunque todavía no es una tendencia definitiva, observamos por primera vez en muchísimos años, que el crecimiento de las exportaciones es mayor que el crecimiento de las importaciones.
En efecto, las últimas cifras nos dicen que las exportaciones crecieron a una tasa del 10%, mientras que las importaciones lo hicieron sólo a un poco más del 9%.
Desde 1985 fue que se inició esta reducción de aranceles y eliminación de barreras no arancelarias. Ante esta situación que nos da la nueva apertura de México con el exterior, se recuerda la propuesta que hicimos en esta tribuna, que no tuvo eco, desafortunadamente, de mis compañeros legisladores y quedó sólo en eso, en una propuesta de que se recomendara a las autoridades que ante la creciente importación que está realizando México por productos extranjeros, que no encuentran compradores en sus mercados, nuestras autoridades actuaran de manera general, con firmeza y prontitud, conforme a la legislación aplicable, para que se realizace una vigilancia eficaz y rápida contra prácticas desleales.
Igualmente que mucho se deberá hacer conjuntamente entre nuestros empresarios y las autoridades de comercio de nuestro país, para que se utilice todos los mecanismos legales existentes aquí y en el extranjero, para impedir que se impongan a la exportaciones mexicanas, cuotas antidumping discrecionales y que no estén apegadas a derecho o a las prácticas normales de comercio.
10. La deuda pública ha evolucionado en forma muy favorable. Mientras que a fines de 1988 la deuda neta total representaba el 62% del producto interno bruto, en 1992 es del orden del 26%. No es poco importante este logro, aunque se pretenda minimizar.
La reducción no representa un objetivo en sí mismo, pero sí al disminuir la carga financiera asociada al débito público, ha permitido que el Gobierno Federal Libre recursos presupuestales y pueda así atender tareas fundamentales del Estado sin incurrir ni en déficit ni en financiamiento inflacionario. Y así, este dato también es importante. Entre 1982 y 1992, el pago de intereses de la deuda pública total, interna y externa, pasó de representar, respecto del producto interno bruto, del 16.3%, al 4.1%. Y del gasto total, mientras que en 1988 el 60% del gasto era para pagar intereses, ahora el 24% es el monto que se destina a este fin.
La deuda interna también se ha reducido y ha tenido una contracción, tan sólo 1992 con 1991 de 29%. Y si bien tiene composición diferente entre el tipo de ahorradores que detentan la tenencia de sus bonos, también hay que ver la falta, la menor volatilidad de esta deuda, donde se ha ampliado su plazo de vencimiento a 405 días como promedio y si se considera la tenencia que tienen los bancos de unos bonos de desarrollo, el plazo promedio de la deuda interna que hace unos cuantos años era prácticamente a la vista, se eleva ahora a 775 días.
Hay que comentar, porque es algo que fue aprobado en el seno de la Cámara de Diputados y de Senadores, que el sector público obtuvo financiamientos derivados del Sistema del Ahorro para el Retiro, del SAR, por 2 billones 500 mil millones de pesos y que pagó a los beneficiarios de este sistema la tasa real de 5.5%.
11. La disminución de la dinámica inflacionaria y el crecimiento de la actividad económica han permitido un incremento gradual, aunque no generalizado, en las remuneraciones reales.
Anticipo la conclusión de que los niveles alcanzados no son los óptimos, pero que ya se impide
su deterioro y se continúa en la consecución del objetivo primordial de elevarlo.
Antes de entrar en materia, conviene dejar en claro algo. Es común escuchar que los ingresos de todos los trabajadores se ha deteriorado en años recientes. Para documentar esta afirmación se utilizan generalmente comparaciones estadísticas que no tienen plena validez. La más común es la de pretender juzgar la política de este régimen haciendo comparaciones de datos de salarios de 1992 con los de 1980. Para este preciso fin la comparación no es válida, ya que el deterioro que platicamos al inicio de esta cada vez más larga exposición, el deterioro de los años ochenta fue tan fuerte que resultaba imposible en sólo cuatro años revertir la tendencia negativa que se presentaba y luego recuperar el rezago acumulado en los últimos ocho años.
La comparación adecuada para este fin, repito, no para otros, que podemos discutir cualquier otro, pero para este fin la comparación adecuada es la de los niveles alcanzados a finales de 1988, cuando inició su responsabilidad como Jefe del Ejecutivo el Presidente Salinas de Gortari y comparar éstos con los de la fecha más reciente.
Cuando esto se hace, con excepción del salario mínimo, acotado por una consideración que haré más adelante, la gran mayoría de los indicadores de salarios reales por sectores y regiones, muestran o bien que se ha detenido su deterioro o bien muestran una franca mejoría, que si bien no alcanza el nivel que todos deseamos, tiende a generalizarse y a ampliarse.
Tengo información, que en repetidas ocasiones hemos dado en la tribuna, sobre los incrementos en los salarios medios con que se cotiza al Instituto Mexicano del Seguro Social y que nos dice que estos incrementos han venido manifestándose año con año, 6.6% en 1989, 1.2% en 1990, 3.1% en 1991 y 4.6% la última información que tengo disponible para los primeros 10 meses de 1992.
Es cierto que la baja en el salario mínimo lo más que se podido hacer es que su deterioro pierda velocidad, pero todavía no revertirlo. Sin embargo, también es cierto que entre, comparando dos periodos acumulados, 1982 - 1987 con 1988 a la fecha, mientras que en el primer período, en el antiguo, el 34% de la población trabajadora, 34.8% ganaba hasta un salario mínimo, a la fecha sólo lo hace el 18.1%, mientras quienes devengan más de dos salarios mínimos, que antes eran el 25% del total, ahora son el 48.3%, lo que muestra que algunos trabajadores están mejorando sus remuneraciones por vías diferentes a las del propio salario mínimo. Quiero insistir que en su conjunto los niveles salariales contractuales alcanzados no son todavía satisfactorios, son aún niveles de ingresos bajos y sus beneficios no alcanzan a todos los sectores y regiones. Hoy aquí fuimos testigos de uno de estos casos, no obstante lo que si es satisfactorio es la modificación registrada respecto al comportamiento de años anteriores. De esta manera y esto es lo toral, si todavía en 1992 se tienen niveles de salario reales inferiores a los existentes en 1980, hay un notable cambio en su tendencia ya que a partir de 1989 se inició esta elevación gradual a veces modesta pero constante, la conclusión de este análisis es que se avanza en el camino correcto pero que sigue siendo necesario acelerar los resultados positivos.
Por su parte, los diversos indicadores acerca del desempleo y subempleo, muestran en conjunto una abatimiento, esto en particular la denominada tasa de desempleo, abierto ha llamado la atención, los comentarios de algunos estudiosos investigadores y políticos debido a que su nivel no es tan elevado como creían advertir o estimaban. En gran parte esto se debe a un problema de definición; bajo el concepto de esta tasa de desempleo abierto, se mide, lo comento rápidamente, tres indicadores, quienes trabajaban de 0 a menos de una hora a la semana, las personas disponibles para aceptar un empleo y quienes habían buscado trabajo en las ocho semanas anteriores a la encuesta. Pero ésta no es una medida, fórmula o indicador, invento para confundir, es la forma en la que el organismo que se denomina Organización Internacional del Trabajo, la O.I.T., solicita a las oficinas estadísticas de todos sus países miembros, México es uno más, la información de referencia y así la presenta México, quizá lo único relevante de este indicador por tanto es un comportamiento a través del tiempo porque la definición sí es consistente y nos dice que mientras que en 1987 esa tasa de desempleo abierto era de 3.9%, a la fecha lo es de 2.9%; pero quiero dejar claro otro dato porque siempre decimos las cosas a medias, para caracterizar mejor el mercado ocupacional de nuestro país, el INEGI dispone de otros nueve indicadores diferentes que publican periódicamente y que están a disposición de todos los interesados; yo traje dos de los nueve como un ejemplo para que se vea que no se ocultan cifras, sólo que tiene significado y procedencia diferente. Traje por ejemplo la tasa de ingresos insuficientes y desocupación, es un índice al que a la población desempleada abierta que les definía hace un momento, se le suma la ocupada con ingresos inferiores al salario
mínimo, este índice en 1987 era de 32.3% y para el tercer trimestre del año anterior bajó al 10.3%. La tasa de ocupación parcial con menos de 35 horas a la semana suma a las personas desempleadas abiertas más las ocupadas pero que trabajan menos de 35 horas a la semana, esta tasa a la fecha es del 18.9% mientras que hace cinco años en 1987 era de 23.5%.
A este respecto tan solo señalo que todos estos indicadores señalan una faceta diferente del mercado de trabajo, que no se puede sintetizar, simplificar, un problema tan complejo en un solo índice o en una sola comunicación.
Por eso yo recomiendo respetuosamente, que definido el interés de mis distinguidos colegas por analizar este fenómeno, se observe los indicadores disponibles, son nueve más uno, para que se analice su tendencia a lo largo del tiempo, se vea su evolución que creo que eso es lo más relevante.
Para concluir este tema, diría que fomento del empleo e incremento de los salarios reales en un marco de estabilidad de precios, es ciertamente el mayor reto del programa económico en marcha.
12. Como parte indispensable fundamental de las acciones mencionadas en los 11 puntos anteriores, se ha puesto especial énfasis en medidas que permitan un combate frontal contra la pobreza extrema ya que mejorar la distribución al ingreso implica establecer mecanismos que alivien sus efectos negativos.
Esta atención de las demandas prioritarias del bienestar social, hizo necesario diseñar instrumentos idóneos para elevar sustancialmente la eficiencia del Gobierno. Para este fin se revisaron más de 70 años de política social donde se recogieron experiencias positivas y se evitaron errores que en un mucho tiempo impidieron culminar con importantes proyectos.
Ahora, es a través de señalamientos de la propia población que se ha aumentado de manera importante el gasto social, el que se ha incrementado 70% en términos reales en el período y donde para 1993 el 53.6% del total del presupuesto que equivale al 9.5% del producto interno bruto, se va a destinar a este fin.
A manera de una conclusión muy general, puede decirse pese a carencias y rezagos indudables aún existentes, que hay notables avances que no pueden negarse, así como que durante 1993 y 1994, habrá que mantener un delicado equilibrio entre los objetivos de más plazo y lo que sucede en la economía en estos momentos.
También, que pese a la relativa depresión internacional, las espectativas económicas son firmes es la decisión gubernamental de no inducir artificialmente un mayor ritmo de crecimiento en 1993, manteniendo inalterables las políticas fiscal y monetaria; sin embargo las nuevas circunstancias hacen necesario poner el acento en la estabilidad, la competitividad y el fomento del empleo y del ingreso real.
Destaca que junto con una variable económica fundamental como es la inversión, destaca que el cambio estructural requiere de la elevación del nivel educativo de la población y del apoyo a la investigación científica y tecnológica. Es por esto que el programa económico busca, según expresión del propio titular del Ejecutivo, para 1993 y 1994, la tarea de consolidar los cambios alcanzados, lo cual se reduce en lograr que las reformas trasciendan, que se conviertan en instituciones.
Consolidar la estabilidad de precios y seguirlos bajando en 1994. De esta estabilidad de precios es de lo que depende el incremento sostenido en los salarios reales; no se va a relajar la política fiscal y se va a buscar que la economía crezca por quinto año consecutivo por arriba del crecimiento de la población.
Se consolidará el nuevo propósito de elevar productividad y competitividad, como también elevar el ahorro de inversión productivos y fortalecer a las empresas estratégicas. Se va a consolidar la apertura con el exterior y se va a apoyar a la industria nacional para que pueda adaptarse al nuevo entorno competitivo dentro de los plazos de la negociación.
Se van a consolidar los apoyos a la micro, pequeña y mediana empresas. Quiero destacar aquí el acuerdo en marcha de impulso a la empresa familiar y social pequeña y mediana; se consolidará el Programa Nacional de Solidaridad para llevar mayores beneficios a los compatriotas que más lo solicitan; se va a consolidar la reforma social donde la educación tiene aspecto central; se va a establecer una red social de protección que incluye un programa extensivo de construcción de vivienda y de carreteras y mantenimientos de carreteras en el país, que propondrá la creación de medio millón de empleos.
En resumen, ésas son las tareas para que haya más empleo y más atención del Gobierno para las familias más necesitadas.
Por todo lo que aquí he expuesto, contrario desde luego de manera absoluta a lo que propone en el punto de acuerdo presentado por el diputado Cuauhtémoc Amezcua, la fracción priísta está definitivamente en contra del mismo. Agotados los extremos del artículo 58 del Reglamento, solicito respetuosamente se ponga a votación para que sea desechado. Muchas gracias.
El Presidente: - Muchas gracias senador. Para rectificar hechos sobre este tema, se concede la palabra al diputado Jorge Calderón, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: - Estimados legisladores; con su venia, señor Presidente:
Soy sensible a diversas expresiones de distintos legisladores, sugiriendo de diversas formas brevedad en este punto. Atenderé estas observaciones.
Reiterar que la extensa exposición del senador Sales continúa con una defensa que hemos escuchado ya a lo largo de más de un año, de los grandes lineamientos de política económica y nos preocupa. No voy a entrar al conjunto de afirmaciones y de tesis; nos preocupa porque en esta tribuna hemos comentado diversos puntos que no son lo que podríamos llamar equilibrios financieros o de finanzas públicas. Puede haber un discurso y podemos hablar aquí horas de equilibrios financieros y de finanzas públicas; podemos hablar horas del superávit del gasto público y un desglose del superávit; podemos hablar horas respecto a cómo se han modificado los ingresos y los egresos, etcétera.
Yo me referí y por ello fui insistente, en la economía productiva. Hablé de desindustrialización, porque la demanda nacional que antes se cubría con producción de mexicanos, ahora se cubre con importaciones. Hablé de desmantelamiento del sistema productivo, hablé de desequilibrios que se están dando en ramas de nuestra nación, hablé de un problema estructural de empleo basado en datos del censo; me refería a un dato del censo más allá de encuestas circunstanciales de que tres de cuatro mexicanos en edad de trabajar, carecen de empleo permanente, e hice distintos comentarios sobre lo que podríamos llamar el desequilibrio esencial que se da en sectores productivos.
Si se me contesta con aquellas afirmaciones que a lo largo de mucho tiempo hemos escuchado sobre las ventajas del superávit, las ventajas del déficit de la balanza comercial cubierto con ingresos de capitales y con manejos estadísticos sobre aumento de empleo y de ingreso, no creemos que sea posible avanzar en un esfuerzo de concertación nacional para una modificación de política económica. Lo que escuché fue lisa y llanamente; vamos bien y tenemos un futuro promisorio. No coincidimos. Los datos, los hechos y la opinión pública, cosa nueva en los últimos meses, particularmente en los sectores empresariales medianos y pequeños, muestran la validez de muchas de las afirmaciones que aquí hemos hecho sobre desequilibrios fundamentales.
Solo un punto para terminar: en el período del licenciado Carlos Salinas de Gortari, el salario mínimo del primero de diciembre de 1988 al 31 de diciembre de 1992 baja un 20.5% y los salarios contractuales de las ramas de jurisdicción federal, bajan un 3% en 1989, un 7.26% en 1990 y aun tomando en cuenta aumento del 4.36% en 1991, la pérdida global es de 6.22%. Por tanto, no es solamente un problema el que critiquemos la política económica en una visión de largo plazo, también en el corto plazo tenemos estos indicadores.
Y yo terminaría diciendo que quizá en una economía en donde sólo tuviéramos 5 ó 10 millones de mexicanos, este modelo secundario exportador, extrovertido y ligado al mercado mundial bajo influencia de corporaciones multinacionales y con un motor externo puede funcionar, parcialmente funciona en Chile y ha tenido algunos impactos en Singapur y Taiwan. Pero en un país que pronto tendrá 90 millones de habitantes, donde cada año ingresan al mercado de trabajo un millón y medio de jóvenes y con la complejidad estructural y demográfica de nuestra nación, el modelo exportador, el modelo extrovertido, el modelo de integración a la economía mundial y particularmente a los Estados Unidos y Canadá, de integración subordinada y dependiente, sostendremos que no tiene futuro. Podrán obtenerse efímeros crecimientos para minorías, pero no puede sostenerse un crecimiento estable, sólido, justo, sobre el esquema que se ha instrumentado en los últimos años y reiteramos que es momento de cambiar, de transformar y de modificar la política económica por el bien de la nación.
El Presidente: - Para los mismos efectos del artículo 102, ha solicitado la palabra para rectificar hechos, el diputado Cuauhtémoc Amezcua, del Partido Popular Socialista.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - Gracias, señor Presidente:
El señor senador Sales Gutiérrez, nos dice que considera para efectos del artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, agotados los extremos, y por lo tanto pide que se ponga a votación el asunto. Y después de la larga jornada que hemos tenido hoy y de la larga exposición, dicho sea con respeto para nuestro compañero legislador, que ha hecho en esta tribuna, yo diría que quienes estamos agotados somos los integrantes de esta Comisión Permanente, por lo cual no tengo inconveniente en que se ponga a votación el asunto. Muchas gracias.
El Presidente: - Muchas gracias, diputado Amezcua. ¿Algún otro orador quisiera hacer uso de la palabra?... ¿No? De no ser así, le ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se admite o no a discusión la proposición.
El secretario diputado Rodolfo Becerril Straffon: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión o no la propuesta presentada por el diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén porque se deseche, favor de manifestarlo poniéndose de pie... Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Muchas gracias, señor Secretario.
ESTADO DE ZACATECAS
El Presidente: - Pasando a otro punto del orden del día, se concede la palabra al diputado Cuauhtémoc Amezcua, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, para referirse a la situación laboral de los mineros de Macocozac, Zacatecas.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - Compañeras y compañeros:
Hace casi dos meses que 396 trabajadores mineros de la empresa Macocozac, de Concepción del Oro, Zacatecas, se encuentran en huelga debido a las evidentes violaciones a su contrato colectivo por la parte patronal, que comprenden entre otras la retención de las cuotas sindicales, la negación del derecho de vacaciones durante ya más de un año y medio, la falta del pago por retiro voluntario a 43 trabajadores que formularon esa opción, la multiplicidad de despidos arbitrarios, la falta de pago de las cuotas patronales al Infonavit y al Sistema de Ahorro para el Retiro.
En este caso ni siquiera solicitan aumento salarial o de prestaciones, sino que solamente exigen el pago de los adeudos establecidos en el contrato colectivo; sin embargo, la patronal se ha negado a dar solución a las demandas y ha cerrado el camino de la negociación desde el día 9 de febrero de 1993.
La fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista al traer este asunto a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, elevada a tribuna del pueblo mexicano, lo hace con el propósito de que sea del conocimiento de las fuerzas políticas aquí representadas y lo sea también de la opinión pública nacional, lo hace de igual manera con la petición de que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que es la representación popular por excelencia, tome cartas en el asunto en la medida en que las normas vigentes la facultan, esté pendiente del curso de los acontecimientos, ofreciendo todo su respaldo y solidaridad a los 396% trabajadores mineros de Macocozac.
Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 79 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en vigor, solicito atentamente a la Presidencia de esta Comisión Permanente, se sirva disponer se turne esta denuncia a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la petición de que ésta intervenga en protección y solidaridad de los trabajadores en huelga. Muchas gracias.
El Presidente: - Gracias, diputado Amezcua.
En los términos en los que usted lo ha solicitado y con fundamento en el artículo 79 fracción III de la Constitución, su denuncia se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.
REPÚBLICA DE CUBA
El Presidente: - Para otro asunto del orden del día se concede la palabra al diputado Rodolfo Becerril, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una declaración de solidaridad con el pueblo y Gobierno cubano.
El diputado Rodolfo Becerril Straffon: - Compañeros legisladores:
La naturaleza es regularmente generosa con los hombres; sin embargo, a veces los fenómenos naturales quedan fuera de control y lastiman a ciudades y pueblos enteros. A lo largo de la historia han existido distintos desastres causados por terremotos, ciclones, huracanes y tormentas,. Ante cada uno de ellos los hombres se han ayudado recíprocamente en muestra fehaciente de su humanidad.
Recientemente fuimos testigos de un fenómeno meteorológico de magnitud poco conocida e intempestivo surgimiento, ello provocó que distintas zonas en varios países se vieran afectadas e imposibilitadas para tomar las debidas precauciones, pero en especial el fenómeno afectó a Cuba, en el Mar Caribe, que es el paso de ciclones.
Sufrió ese país hermano la tormenta de invierno de hace dos semanas. Hasta ahora no se han podido calcular las pérdidas, pero se sabe que es uno de los peores desastres de las últimas décadas que afectó partes vitales del país hermano.
Sentimos que en esta hora es un deber moral manifestar nuestro pesar y solidaridad con los cubanos, a esos 150 mil damnificados por la tormenta, a las ocho de las 14 provincias de la isla que resultaron afectadas. Más de seis millones de plantas de plátano fueron dañadas. Se perdieron 4 mil 290 hectáreas de tabaco, entre ellas, 455 de primera calidad. A consecuencia de los vientos huracanados de 160 kilómetros por hora, más de 400 kilómetros de cableado de comunicaciones fueron destruidos.
No se han dado, repito, las cifras puntuales en todos los sectores y ramas y menos sobre las pérdidas humanas; sin embargo, se habla de enormes pérdidas materiales y sobre todo de una pérdida en el potencial económico del país.
En consecuencia, las seis fracciones parlamentarias representadas en esta Comisión Permanente, formulan y leo la siguiente Declaración Política de Solidaridad con el Pueblo Cubano:
"Los infortunados acontecimientos ocasionados por la llamada tormenta del siglo que afectó diversos lugares de nuestro continente, particularmente dañó vastas zonas de la hermana república de Cuba que sufrió la pérdida de vidas humanas, la incierta situación de 150 mil damnificados, así como cuantiosos daños materiales en miles de viviendas, en instalaciones agrícolas, de energía eléctrica y de infraestructura de comunicaciones.
Ante tan lamentables sucesos, las fracciones parlamentarias de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, se solidarizan con el pueblo y el Gobierno de Cuba por los momentos difíciles que enfrentan y hacen votos por su pronta recuperación que redunde en el bienestar integral de la población.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, D. F, 24 días del mes de marzo de 1993.
Suscriben, por el PAN, diputados; Diego Fernández de Cevallos, por el PFCRN, Israel González Arreguín; por el PPS, Cuauhtémoc Amezcua; por el PARM, Carlos Enrique Cantú Rosas; por el PRD, senadores: Porfirio Muñoz Ledo y por el PRI, Humberto Lugo Gil y diputado Rodolfo Becerril Straffon. Gracias, señor Presidente.
El Presidente: - Gracias, señor diputado Becerril. Esta Presidencia da por formulada la declaración a que usted ha hecho referencia.
NUEVO LAREDO TAMAULIPAS
El Presidente: - Para los efectos del artículo 61 del Reglamento Interno del Congreso, se concede la palabra al diputado Carlos Enrique Cantú Rosas.
El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas: - Señor Presidente; señores diputados señores senadores:
Pretendo, al arribar a esta tribuna, no contestar en tiempo y en forma al compañero Jorge Calderón y mucho menos al señor senador don Carlos Sales Gutiérrez, quienes en forma rápida, pronta y expedita, expusieron frente a todos nosotros sus conocimientos económicos y particularmente con el respecto y el cariño que les tengo yo les sugeriría que platiquen entre ellos y una vez que logren el resumen de sus diferencias nos las expongan y las entenderíamos con mayor facilidad.
Tampoco voy a pretender la llegada del compañero Cuauhtémoc Amezcua, que solamente en esta ocasión trató 18 temas, nos ha prometido que en la próxima será ágil y obviamente se va a reducir a 16 de ellos.
Quiero, repetir, ante ustedes, con la formalidad que esto requiere, que por tercera ocasión traigo a esta tribuna algún asunto de competencia y de afectación fundamental a un grupo de 800 familias que residen en las colonias Viveros y Victoria, de la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en donde el Gobierno de la Federación está construyendo un bulevar ribereño y ha
estado afectando las propiedades de ellos, tratando de establecer actos expropiatorios que indudablemente afectan el patrimonio de esas familias.
A consecuencia de anteriores intervenciones, esta Comisión Permanente y su Presidencia determinó se le diera curso y vista a la Comisión de Asentamientos Humanos, finalmente la Comisión de Asentamientos Humanos llevó a efecto en Nuevo Laredo, Tamaulipas, una comisión de diputados y el dictamen de los mismos fue dándole razón a los afectados. Sin embargo, el asunto no ha concluido, señor Presidente y ha llegado a nosotros un memorial de particulares que conforme al artículo 30 del Reglamento en su fracción V, quisiera solicitarle al señor Secretario, que está distraído, nos hiciera el favor de leer y una vez terminado, concluir con la petición de que se remita a las comisiones correspondientes, se le dé curso adecuado e intervenga la Comisión en el dictamen que habremos de tener.
El Presidente: - Gracias, diputado Cantú Rosas. Se instruye a la Secretaría dé lectura al memorial que deja aquí el diputado Cantú Rosas.
El secretario diputado Rodolfo Becerril Straffon: - "Licenciado Carlos Cantú Rosas, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PARM, México, D. F: Los que al final suscriben, en nuestro carácter de integrantes del Comité - Prodefensa de las colonias Viveros y Victoria en esta ciudad, mediante el presente tenemos a bien dirigirnos a sus finas atenciones a fin de manifestarle y hacer de su conocimiento lo siguiente:
Con fecha 16 de marzo del año en curso, aprovechando la estancia del gobernador constitucional del Estado en esta ciudad, tuvimos a bien entrevistarnos con el fin de que nos fuera informado el estado en que se encontraba el proyecto relativo a la construcción del bulevar ribereño, mismo que conforme a su inicial proyecto habría de afectar a aproximadamente 800 familias, que ahora representa en defensa de sus intereses este comité. Pero grande fue nuestra sorpresa que cómo respuesta del dicho mandatario estatal, se nos dijo que estaba plenamente enterado de las gestiones que nuestro comité venía llevando a cabo en pro de los afectados y con el apoyo de los diputados federales que han hecho llegar ante el Congreso de la Unión dicho asunto e incluso se sabía de que en dicho Congreso se formaría una Comisión dictaminadora.
Empero - agregó, que ese no era el camino, que dicho Congreso carecía de competencia en el problema, que sería la Comisión Internacional de Límites y Aguas, quien con legal competencia habría de emitir su fallo y que en su oportunidad y a través de los medios de difusión tendríamos conocimiento de ello.
Sin embargo y contraponiendo se lo a manifestado por el ciudadano gobernador, en nuestra ciudad se siguen llevando a cabo por conducto de la iniciativa privada, las expropiaciones de carácter, algunas de ellas voluntarias, dado que se vienen ejerciendo actos de presión e intimidación a nuestros agremiados, con el fin de apremiarnos a la venta de nuestras propiedades en las que tenemos enclavados nuestros sacrosantos hogares.
En mérito de todo lo anterior, de usted, licenciado Carlos Enrique Cantú Rosas, nos permitimos solicitar:
"Primero. Que por su valioso conducto e intermediación se logren agilizar los trámites pertinentes, a fin de que de una buena vez se logre integrar en el Congreso de la Unión, la comisión dictaminadora, la cual habrá de acudir a esta ciudad a elaborar un concienzudo estudio respecto de dicho proyecto de construcción del citado bulevar ribereño y emitió en su opinión respecto a la conveniencia del mismo o sugerir su modificación o cancelación en su caso.
Segundo. Que de igual forma se haga del conocimiento de los integrantes del Congreso de la Unión, la postura del señor gobernador y su opinión dada a los medios de difusión y a nuestro comité, en el sentido de que dicho Congreso carece de injerencia en el problema que nos afecta.
Tercero. De igual forma solicitamos de que en el caso de que perdurase el proyecto inicial de dicha obra, se anteponga el principio de equidad; esto es, de que se afecten también aquellos terrenos propiedad de funcionarios y personas de amplio potencial económico, que al igual que los integrantes de nuestras colonias ya aludidas, también tienen sus propiedades contiguas a la ribera del río y en donde extrañamente dicho proyecto esquivó su afectación
Reiterarle a la vez a los miembros de dicho Congreso, que nuestro comité de ninguna manera se opone a la construcción de dicha obra ni al progreso de nuestra querida ciudad, ya que lo único que se solicita es que se reconsidere el proyecto inicial y se vea la factibilidad de modificar su construcción para no afectar a tantas familias, pero que en el caso de que no hubiese
otra alternativa, se nos indemnice conforme a la ley, formándose previamente una comisión valuadora y evitándose intermediarios. Pero entre tanto, se conmine a ITABU a fin de que cese de hostigar y presionar a nuestros agremiados conminándolos a la venta de sus propiedades.
Todo ello con copia para el Gobernador de nuestro Estado.
Agradeciéndole una vez más lo que por nosotros está haciendo, sólo nos resta quedar como siempre.
Respetuosamente. Nuevo Laredo, Tamaulipas, 19 de marzo de 1993. Firman, en representación del Comité Prodefensa de las Colonias Viveros y Victoria, señor Javier Ortega Villarreal, Presidente y, señora Juanita Graciano, vicepresidente.
El Presidente: - Gracias, señor secretario, Túrnese el memorial correspondiente, con fundamento en el artículo 61 del Reglamento Interno, a la Comisión de Asentamientos Humanos de la Cámara de Diputados.
ESTADO DE TABASCO
El Presidente: - Finalmente, esta Presidencia les comunica, señores legisladores que hemos recibido un memorial de particulares también con fundamento en el artículo 61, a través del Partido de la Revolución Democrática, e instruiría a la Secretaría que dé cuenta del memorial de referencia.
El secretario senador Ramón Serrano Ahumada: - Grupo parlamentario del PRD. Ciudadano Presidente; ciudadanos diputados y senadores:
"El día 22 de marzo pasado el líder del Sindicato de Burócratas del Estado de Tabasco, inició una huelga de hambre por tiempo indefinido a las puertas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para protestar por las violaciones de que ha sido objeto a sus garantías individuales.
El compañero Aquiles Magaña García abanderó una lucha en el año de 1990 para defender las prestaciones de su contrato colectivo y obtener un aumento salarial que el Gobierno del Estado había autorizado y que los trabajadores de Limpia del Centro del Ayuntamiento del Estado de Tabasco exigían.
El día 20 de abril de 1990, los trabajadores realizaron un paro laboral y exigieron al señor Aquiles Magaña, Secretario General del Sindicato de Burócratas, que encabezara una marcha al Palacio de Gobierno. La marcha fue reprimida con un saldo de 15 manifestantes lesionados. Ese mismo día fue detenido sin orden de aprehensión, el señor Aquiles Magaña García y presentado ante el Director de Averiguaciones Previas, licenciado Juan Adán Rodríguez Alipe, quien le quería obligar a firmar una declaración por el delito de robo de agua. Al no lograr que firmara dicha declaración, fue trasladado con el Procurador de Justicia del Estado de Tabasco, licenciado Armando Melo Barragueti, quien le manifestó que si desistía de luchar por el aumento salarial y renunciaba a la Secretaría General del Sindicato de Burócratas, le cancelaría el proceso; de lo contrario, lo privaría de la libertad.
Al negarse a acatar las órdenes del Procurador, fue consignado y trasladado al Reclusorio por el delito de robo de agua, lesiones y daños causados al ayuntamiento del Estado de Tabasco, quedando integrado el expediente con la causa penal número 82/990 y la averiguación previa 44/990.
Cabe señalar que no se le permitió ser asistido por un abogado o persona de su confianza, artículo 20 constitucional y el procedimiento seguido en contra del dirigente del sindicato de burócratas adolece de las formalidades establecidas por el artículo 19 constitucional, ya que no se constituyeron los elementos de la probable responsabilidad.
Asimismo no se cumplió con lo establecido en el artículo 14 constitucional, ya que no se cumplió con las formalidades esenciales del procedimiento. Además la amenaza hecha por el Procurador de Justicia, licenciado Armando Melo, confirma que fue juzgado por un tribunal especial, condicionándole su libertad a la renuncia del cargo público del sindicato y al abandono de la lucha salarial, por lo que se puede afirmar que debido al fuero del Procurador y a las instrucciones giradas a sus subordinados, fue consignado por un tribunal especial. Además las averiguaciones correspondientes carecen de las firmas del funcionario público que supuestamente realizó la averiguación previa, ni de los testigos de asistencia ni tampoco firma y nombre alguno del Director de Averiguaciones Previas del Estado.
Magaña ha sido sentenciado por el delito de lesiones y daños en propiedad ajena, grado de copartícipe, a cuatro años dos meses de prisión, multa de 120 veces el salario mínimo y otra multa de 50 pesos. Contra dicha resolución antepuso recurso de apelación que resolvió mediante
ejecutoria con fecha 8 de octubre de 1991 la Segunda Sala Penal del Tribunal de Justicia del Estado de Tabasco, el cual menciona que los agravios formulados por el defensor de oficio resultaron inoperantes e infundados, sin dar un motivo ni fundamento del porqué de esa determinación.
Magaña antepuso demanda de amparo ante el Tribunal Colegiado del X Circuito desde el 25 de octubre de 1991. El pasado martes 2 de los corrientes el Primer Tribunal Colegiado del X Circuito negó el amparo.
Por todas las violaciones sufridas por el dirigente del Sindicato de burócratas de Tabasco, que se encuentra en este momento en huelga de hambre, solicitamos que se turne la presente denuncia a la Comisión de Gestoría y Quejas, a la Comisión de Justicia y a la Comisión de Derechos Humanos, para la investigación correspondiente.
El Presidente: - Gracias, señor Secretario.
Túrnese en los términos del artículo 61 del Reglamento Interno a las comisiones requeridas, que son la de Gestoría y Quejas, Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
ORDEN DEL DÍA
El secretario diputado Rodolfo Becerril Straffon: - Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Comisión Permanente. - Primer Receso. - Segundo Año. - LV Legislatura.
Orden del día.
31 de marzo de 1993.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones de los congresos de los estados de México y Puebla.
Dictámenes de primera lectura
De la Primera Comisión con punto de acuerdo, relativo a la solicitud de pensión de la señora Consuelo Martínez Báez viuda de Castellano.
Siete, de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados a los ciudadanos Jesús Márquez Vázquez, Guillermo Alvarez Nara, Julián David Rivera Bretón, Jesús Coronel Portilla, Virgilio de la Vega Fermoso, Roberto Chapa Aguirre y Antelmo Jiménez Jiménez.
De la Primera Comisión, relativo a la solicitud de permiso del ciudadano Gabriel Santoyo Calderón, para que pueda prestar servicios en la Embajada Real de Dinamarca, en México.
Dictámenes a discusión
Cuatro, de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados a los ciudadanos Miguel Escamilla Núñez, Jorge Isaac Jiménez García, Ernesto Arcos Oropeza y Rafael Roberto García y Silva.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Eduardo Antonio Vega Alarid, para prestar servicios como Especialista en Información en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a las ciudadanas Lydia Castro Haro, Eloísa Riquelme Olmedo y Silvia Treviño Montemayor, para prestar servicios en la Embajada Británica, en México.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a las ciudadanas Guadalupe Duarte Granados y Verónica Holguín Mora, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México y en su Consulado General, en Ciudad, Juárez, Chihuahua, respectivamente.
Intervención del diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, para comentar la comunicación del Gobierno norteamericano, relacionada con la detención ilegal de connacionales en nuestro país.
Intervención del senador Manuel Aguilera Gómez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse al plebiscito celebrado en la Ciudad de México el 21 de marzo.
Intervención del senador Porfirio Muñoz Ledo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el cambio democrático en México.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
El Presidente (a las 20.15 horas): - Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo miércoles 31 de marzo a las 11.00 horas.
APENDICE
APÉNDICES
APÉNDICE 1
«PARTIDO AUTENTICO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA
Ciudadano José Patrocinio González Blanco Garrido, Presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral. - Presente.
En cumplimiento con lo dispuesto en el párrafo quinto del artículo 49 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en mi carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, vengo a informar al Instituto Federal Electoral, por su conducto, del origen y aplicación del financiamiento público durante el ejercicio correspondiente al año 1993, sobre las prerrogativas de: actividades generales, actividades electorales y subrogación del estado de las contribuciones que los legisladores habrían de aportar para el sostenimiento de sus partidos.
En relación con la partida de actividades específicas, el informe correspondiente se presentó el 30 de diciembre de 1992 ante la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de ese Instituto Federal Electoral, de lo cual anexamos copia.
Adjunto al presente oficio varios anexos conteniendo: resumen de ingresos y egresos, gráfica de ingresos y egresos, gráfica con distribución de los gastos efectuados, relación de ingresos, descripción detallada por concepto y por mes de los gastos realizados y, copia del informe de actividades específicas y su contestación; los que explican detalladamente el uso de las prerrogativas de ley.
Acompaño toda la comprobación relativa, consistente en recibos, nóminas, facturas comprobantes, registros, relaciones, notas, estados de cuenta, etcétera, mediante la cual se acreditan los egresos realizados.
Por lo anterior de usted atentamente solicito tenerme por presentado, en los términos del presente oficio, dando cumplimiento a las disposiciones legales correspondientes.
"Justicia para Gobernar y Honradez para Administrar"
México, Distrito Federal, a 15 de enero de 1993. - Diputado licenciado Carlos E. Cantú Rosas, Presidente del C.E.N.»
«PARTIDO AUTENTICO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA
Ciudadano Fernando Gutiérrez Barrios. Presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral. - Presente.
En cumplimiento con lo dispuesto en el párrafo quinto del artículo 49 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos electorales, en mi carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, vengo a informar al Instituto Federal Electoral, por su conducto, del origen y aplicación del financiamiento público durante el ejercicio correspondiente al año de 1991.
Adjunto al presente oficio cuatro anexos conteniendo: descripción detallada por concepto y por mes de los gastos realizados, resumen de ingresos y egresos, gráfica de ingresos y egresos y gráfica con distribución de los gastos efectuados; los que explican detalladamente el uso de las prerrogativas de ley.
Acompaño toda la comprobación relativa, consistente en recibos, nóminas, facturas, comprobantes, registros, relaciones, notas, estados de cuenta, etcétera, mediante la cual se acreditan los egresos realizados.
Por lo anterior de usted atentamente solicito: tenerme por presentado, en los términos del presente oficio, dando cumplimiento a las disposiciones legales correspondientes.
"Justicia para Gobernar y Honradez para Administrar"
México, Distrito Federal, a 30 de enero de 1992. - Licenciado Carlos E. Cantú Rosas, Presidente del C.E.N.»
«PARTIDO AUTENTICO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA
Ciudadano Fernando Gutiérrez Barrios. Presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral. - Presente.
En cumplimiento con lo dispuesto en el párrafo quinto del artículo 49 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos electorales, en mi carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, vengo a informar al Instituto Federal Electoral, por su conducto, del origen y aplicación del financiamiento público durante el ejercicio correspondiente al año de 1990.
Adjunto al presente oficio cuatro anexos conteniendo: descripción detallada por concepto y por mes de los gastos realizados, resumen de ingresos y egresos, gráfica de ingresos y egresos y gráfica con distribución perceptual de los gastos efectuados; los que explican detalladamente el destino de las prerrogativas de ley.
Acompaño toda la comprobación relativa, consiste en recibos, nóminas, facturas, comprobantes, registros, relaciones, notas, estados de cuenta, etcétera, mediante la cual se acreditan en plenitud los egresos realizados.
Por lo anterior de usted atentamente solicito: tenerme por presentado, en los términos del presente oficio, dando cumplimiento a las disposiciones legales correspondientes.
"Justicia para Gobernar y Honradez para Administrar"
México, Distrito Federal, a 23 de septiembre de 1991. - Licenciado Carlos E. Cantú Rosas, Presidente del C.E.N.»
«PARTIDO AUTENTICO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA
Ciudadano Fernando Gutiérrez Barrios. Presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral. - Presente.
En nuestro carácter de Presidente y Tesorero del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, personalidad que tenemos debidamente acreditada y reconocida, ante usted atentamente manifestamos:
Que toda vez que consideramos que los Partidos Políticos Nacionales, como entidades de interés público, tienen una obligación moral, superior a la que la ley les exige, de utilizar honesta y eficientemente los recursos recibidos por concepto de prerrogativas legales y que, igualmente, consideramos que deben rendir cuentas minuciosas del destino de dichos fondos; de usted, en su carácter de Presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral, respetuosamente solicitamos:
Se ordene una auditoría al Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, con objeto de que se acredite el manejo honesto y eficiente de los recursos públicos recibidos por disposición legal, para la cual ponemos a disposición de las personas designadas para realizar, la comprobación que obra en nuestro poder y la correspondiente a las cuentas bancarias 0325718 - 5, 1988005 - 3 y 0010915 - 7 de Bancomer, S.N.C.
Igual que en años anteriores, nos dirigimos a usted con esta solicitud, ya que tenemos especial empeño en que los recursos provenientes de las prerrogativas que la ley confiere a los partidos políticos sean administrados en forma honesta y clara.
"Justicia para Gobernar y Honradez para Administrar."
Septiembre 4, 1991. - Licenciado Carlos E. Cantú Rosas, Presidente del C.E.N.; diputado Gilberto Ortiz Medina, tesorero del C.E.N»
«PARTIDO AUTENTICO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA
Ciudadano Fernando Gutiérrez Barrios, Secretario de Gobernación y Presidente de la Comisión Federal Electoral. - Presente.
Ciudadano licenciado Manlio Fabio Beltrones subsecretario de Gobernación y Secretario Técnico de la Comisión Federal Electoral. - Presente.
Los partidos políticos, considerados como entidades de interés público, debemos responder con honestidad y responsabilidad a la confianza que nos ha depositado la ciudadanía al otorgarnos Registro Legal, confirmando mediante su voluntad expresada cada tres años en las elecciones federales.
Una de nuestras mayores obligaciones en respetar la Ley, pero aún por encima de las exigencias legales, encontramos en nuestra responsabilidad moral la causa fundamental de nuestra presente comparecencia.
Por cuarta ocasión, en nuestro carácter de Presidente y Tesorero del Comité Ejecutivo Nacional de este Instituto Político, personalidad acreditada ante ese honorable Organismo Electoral conforme al acta No. 42/978, expedida por el Notario Público No. 44, licenciado Carlos Hermosillo Pérez, reiteramos a ustedes, formalmente, por este conducto, nuestras anteriores solicitudes, manifestándoles, una vez más, nuestra inmediata disposición de cumplir estrictamente con lo ordenado en la fracción VIII del artículo 61 del Código Federal Electoral.
Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicitamos a ustedes nos señalen las personas, el lugar, la fecha y la hora en la cual habremos de acreditar mediante la presentación de los diversos documentos, recibos, nóminas, facturas, estados de cuenta bancarios, activos y cantidades en efectivo, la legítima, honesta y estricta aplicación de los fondos que con el carácter de prerrogativa constitucional, hemos recibido en este partido.
"Justicia para Gobernar y Honradez para Administrar"
Mayo 15 de 1990. - Licenciado Carlos E. Cantú Rosas, Presidente del CEN del PARM; diputado licenciado Gilberto Ortiz Medina, tesorero del CEN del PARM.»
«PARTIDO AUTENTICO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA
Ciudadano licenciado Fernando Gutiérrez Barrios, Secretario de Gobernación y Presidente de la Comisión Federal Electoral. - Presente.
Ciudadano licenciado Manlio Fabio Beltrones, subsecretario de Gobernación y Secretario Técnico de la Comisión Federal Electoral. - Presente.
Los partidos políticos, considerados como entidades de interés público, debemos responder con responsabilidad y con honestidad a la confianza que nos ha depositado la ciudadanía al otorgarnos Registro Legal, confirmado mediante su voluntad expresada cada tres años en las elecciones federales.
Una de nuestras mayores obligaciones es respetar la ley muy por encima de las exigencias legales, encontramos en nuestra responsabilidad moral la causa fundamental de nuestra presente comparecencia.
Por tercera ocasión, en nuestro carácter de Presidente Tesorero del Comité Ejecutivo Nacional de este Instituto Político, personalidad acreditada ante ese honorable Organismo Electoral conforme al acta No. 42/978, expedida por el Notario Público No. 44., licenciado Carlos Hermosillo Pérez, reiteramos a ustedes formalmente por este conducto nuestras anteriores solicitudes, manifestándoles una vez más nuestra inmediata disposición de cumplir estrictamente con lo ordenado en la fracción VIII del artículo 61 del Código Federal Electoral.
Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicitamos a ustedes nos señalen las personas, el lugar, la fecha y la hora en la cual habremos de acreditar mediante los diversos documentos, recibos, nóminas, facturas, estados de cuenta bancarios, activos y cantidades en efectivo, la legítima, honesta y estricta aplicación partidista de los fondos que con el carácter de prerrogativa constitucional, hemos recibido en este partido.
"Justicia para Gobernar y Honradez para Administrar"
Febrero 10 de 1989. - Licenciado Carlos E. Cantú Rosas, Presidente del CEN del PARM; diputado licenciado Gilberto Ortiz Medina, tesorero del CEN del PARM.»
«PARTIDO AUTENTICO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA
Ciudadano licenciado Manuel Bartlett Díaz, Secretario de Gobernación y Presidente de la Comisión Federal Electoral. - Presente.
Ciudadano licenciado Fernando Elías Calles, subsecretario de Gobernación y Secretario Técnico de la Comisión Federal Electoral. - Presente.
Los partidos políticos, considerados como entidades de interés público, debemos responder con responsabilidad y con honestidad a la confianza que nos ha depositado la ciudadanía al otorgarnos Registro Legal, confirmado mediante su voluntad expresada cada tres años en las elecciones federales.
Una de nuestras mayores obligaciones es respetar la ley y muy por encima de las exigencias legales, encontramos en nuestra responsabilidad moral la causa fundamental de nuestra presente comparecencia.
Ante tal circunstancia, en nuestro carácter de Presidente y Tesorero del Comité ejecutivo Nacional de este Instituto Político, personalidad acreditada ante este honorable Organismo Electoral conforme al acta No. 42/978, expedida por el Notario Público No. 44, licenciado Carlos Hermosillo Pérez, reiteramos a ustedes formalmente por este conducto nuestras anteriores exposiciones verbales, manifestándoles una vez más nuestra inmediata disposición de brindar estricto cumplimiento y observancia a lo ordenado en la fracción VIII del artículo 61 del Código Federal Electoral.
Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicitamos a ustedes nos señalen las personas, el lugar, la fecha y la hora en la cual habremos de acreditar mediante los diversos documentos, recibos, nóminas, facturas, estados de cuenta bancarios, activos y cantidades en efectivo, la legítima, honesta y estricta aplicación partidista de los fondos que con el carácter de prerrogativa constitucional, hemos recibido en este partido.
"Justicia para Gobernar y Honradez para Administrar"
Enero 29 de 1988. - Diputado licenciado Carlos E. Cantú Rosas, Presidente del CEN del PARM; licenciado Gilberto Ortiz Medina, tesorero del CEN del PARM.»
NOTAS
Siglas y abreviaturas en esta edición:
ONU Organización de las Naciones Unidas
SEDESOL. Secretaría de Desarrollo Social
PRI Partido Revolucionario Institucional
CEMLA (Sin aclaración)
PAN Partido Acción Nacional
PPS Partido Popular Socialista
PRD Partido de la Revolución Democrática
PFCRN Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional
UNAM Universidad Nacional Autónoma de México
TABAMEX Tabacos Mexicanos
STUNAM Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México
INEGI Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
CERESO Centro de Readaptación Social
IFE Instituto Federal Electoral
COFIPE Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
PRONASOL Programa Nacional de Solidaridad
GATT Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio
PIB Producto Interno Bruto
PARM Partido Auténtico de la Revolución Mexicana
ITABU (Sin aclaración)