Legislatura LV - Año II - Período Comisión Permanente - Fecha 19930331 - Número de Diario 15
(L55A2PcpN015F19930331.xml)Núm. Diario: 15ENCABEZADO
LV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE
Diputado Fernando Ortiz Arana
PALACIO LEGISLATIVO
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Héctor de Antuñano y Lora
AÑO II México, D.F., miércoles 31 de marzo de 1993 No. 15
SUMARIO
ASISTENCIA
APERTURA
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Con una aclaración del senador Porfirio Muñoz Ledo, se aprueba.
COMUNICACIONES
De los ciudadanos Rubén Figueroa Alcocer y Mario Villanueva Madrid. De enterado.
Del Congreso del Estado de Hidalgo. Se designa comisión.
Del Congreso del Estado de Guerrero. Se designa comisión.
Del Congreso del Estado de Quintana Roo. Se designa comisión.
Del Congreso del Estado de México. De enterado.
Del Congreso del Estado de Puebla. De enterado.
OFICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
Con el que se remite el IV Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994. Se turna a las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y a la de Desarrollo Económico y Social y de Planeación Democrática del Desarrollo, de la Cámara de Senadores.
DICTAMEN DE PRIMERA LECTURA
De la Primera Comisión, con puntos de acuerdo, relativo a la solicitud de pensión de la señora Consuelo Martínez Báez viuda de Castellanos. Se dispensa la segunda lectura. Se aprueba. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
Siete, de la Segunda Comisión con puntos de acuerdo por los que se ratifiquen los grados militares a los ciudadanos: Jesús Márquez Vázquez, Guillermo Alvarez Nara, Julián David Rivera Bretón, Jesús Coronel Portilla, Virgilio de la Vega Fermoso, Roberto Chiapa Aguirre y Antelmo Jiménez Jiménez. Es de primera lectura.
De la Primera Comisión, con proyecto del decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Gabriel Santoyo Calderón pueda prestar sus servicios en la Embajada Real de Dinamarca en México. Es de primera lectura.
Cuatro, de la Segunda Comisión con puntos de acuerdo por los que se ratifican los grados militares a los ciudadanos: Miguel Escamilla Núñez, Jorge Isaac Jiménez García, Ernesto Arcos Oropeza y Rafael Roberto García y Silva. Sin discusión, se aprueban y pasan al Poder Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
Tres, de la Primera Comisión, por lo que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos:
Eduardo Antonio Vega Alarid, pueda laborar en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Lidia Castro Haro, Eloísa Riquelme Olmedo y Silvia Treviño Montemayor, puedan laborar en la Embajada Británica en México.
Guadalupe Duarte Granados y Verónica Holguín Mora puedan laborar en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en el Consulado general de ese país en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Se aprueban y turnan al Poder Ejecutivo Federal, para sus efectos constitucionales.
OFICIOS
De los convocantes a la consulta pública sobre la forma de Gobierno en el Distrito Federal y sus resultados.
Del representante del Distrito Federal, Alejandro Rojas Díaz Durán, sobre su posición al respecto. Se turnan a la Comisión del Distrito Federal.
De la Unión de Ejidos Lázaro Cárdenas del Río, sobre hechos en el Estado de Coahuila. Se turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados.
CONSULTA POPULAR EN EL DISTRITO FEDERAL
Se concede el uso de la palabra a los legisladores:
Manuel Aguilera Gómez
Porfirio Muñoz Ledo
Israel González Arreguín
Víctor Martín Orduña Muñoz
Carlos Enrique Cantú Rosas
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo
Fernando Lerdo de Tejada Luna
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, respecto del mismo tema, intervienen los legisladores:
Carlos Enrique Cantú Rosas
Guillermo Flores Velasco
Manuel Aguilera Gómez
COMUNICACIONES (II)
Del Congreso del Estado de Baja California Sur. Se designa comisión.
Del ciudadano Guillermo Mercado Romero, por lo que da cuenta de su opción al puesto de gobernador del Estado de Baja California Sur. De enterado.
DETENCIONES ILEGALES
Declaración política prestada por el diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, relacionada con la detención ilegal de connacionales por el Gobierno de los Estados Unidos de América. Se da por formulada y comuníquese al Ejecutivo Federal.
SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Toma la palabra el diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, para proponer diversas comparecencias.
Intervienen los legisladores:
César Moreno Martínez de Escobar, quien presenta una solicitud que se turna a las comisiones de Comercio y de Energéticos.
Se hace una excitativa a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.
Guillermo Flores Velasco, quien presenta una solicitud que se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para que determine su constitucionalidad.
Carlos Sales Gutiérrez
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Para denunciar hechos relacionados con la Escuela Superior de Economía, toma la palabra el diputado Guillermo Flores Velasco.
Sobre el mismo asunto, solicitan y se concede el uso de la palabra a los legisladores:
Carlos Enrique Cantú Rosas
Manuel Díaz Infante
Carlos Enrique Cantú Rosas
Manuel Díaz Infante
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo
Carlos Enrique Cantú Rosas
ESTADO DE MORELOS
Toma la palabra el diputado Víctor Orduña Muñoz, quien denuncia hechos desarrollados en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Se turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
MEMORIALES DE PARTICULARES
Por el que el ciudadano Aquiles Magaña García, denuncia hechos que dicen son en su agravio en el Estado de Tabasco.
Que se refiere a la situación laboral de quienes trabajan en Tabamex, en el Estado de Nayarit.
Se turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados.
Solicita y se concede el uso de la palabra al senador Artemio Iglesias Miramontes, del Partido Revolucionario Institucional, quien se refiere a los ocursos, de particulares.
Porfirio Muñoz Ledo, para rectificar hechos.
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo
Porfirio Muñoz Ledo,
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo
ORDEN DEL DÍA
de la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
ASISTENCIA
El Presidente: - Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia de los miembros de la Comisión Permanente.
La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández: - Con mucho gusto, señor Presidente.
¿Faltó algún legislador de pasar lista?...
Señor Presidente, hay una asistencia de 30 representantes.
APERTURA
El Presidente (a las 11.55 horas): - Se abre la sesión.
Se ruega a la Secretaría dar lectura al orden del día.
ORDEN DEL DÍA
La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández: - Se va a proceder a dar lectura al orden del día.
«Comisión Permanente - Primer Receso - Segundo Año - LV Legislatura.
Orden del Día
31 de marzo de 1993.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones de legisladores.
El Congreso del Estado de Hidalgo, invita a la sesión solemne en la que el licenciado Jesús Murillo Karam, rendirá la protesta de Ley, como Gobernador Constitucional del Estado, la que tendrá lugar el próximo 1o. de abril a las 14.00 horas, en el recinto del honorable Congreso del Estado ubicado en el kilómetro 85 de la carretera México - Pachuca, sector primario.
El Congreso del Estado de Guerrero, invita a la sesión solemne en la que el ciudadano Rubén Figueroa Alcocer, rendirá la protesta de Ley, como Gobernador Constitucional del Estado, la que tendrá lugar el 1o. de abril a las 11.00 horas, en el cine Jacarandas, declarado recinto oficial.
El Congreso del Estado de Quintana Roo, invita a la sesión solemne en la que el ingeniero Mario Villanueva Madrid, rendirá la protesta de Ley, como Gobernador Constitucional del Estado, la que tendrá lugar el 5 de abril a las 16.00 horas, en el Palacio de los Deportes "Erick Paolo Martínez, declarado recinto oficial.
Comunicaciones de los congresos de los estados de México y Puebla.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Con el que se remite el Cuarto Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994.
Dictámenes de Primera Lectura
De la Primera Comisión, con punto de acuerdo, relativo a la solicitud de la pensión de la señora Consuelo Martínez Báez viuda de Castellano.
Siete de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados a los ciudadanos Jesús Márquez Vázquez, Guillermo Alvarez Nara, Julián David Rivera Bretón, Jesús Coronel Portilla, Virgilio de la Vega Fermoso, Roberto Chiapa Aguirre y Antelmo Jiménez Jiménez.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Gabriel Santoyo Calderón, para prestar servicios en la Embajada Real de Dinamarca, en México.
Dictámenes a discusión
Cuatro, de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados a los ciudadanos Miguel Escamilla Núñez, Jorge Isaac Jiménez García, Ernesto Arcos Oropeza y Rafael Roberto García y Silva.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Eduardo Antonio Vega Alarid, para presentar servicios como especialista en información, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a las ciudadanas Lydia
Castro Haro, Eloisa Riquelme Olmedo y Silvia Treviño Montemayor para prestar servicios en la Embajada Británica, en México
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a las ciudadanas Guadalupe Duarte Granados y Verónica Holguín Mora, para prestar servicios en la embajada de los Estados Unidos de América, en México y en su Consulado General, en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.
Memoriales de particulares.
Intervención del senador Manuel Aguilera Gómez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse al plebiscito celebrado en la Ciudad de México el 21 de marzo.
Intervención del senador Porfirio Muñoz Ledo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el cambio democrático en México.
Intervención del diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, para comentar la comunicación del Gobierno norteamericano, relacionada con la detención ilegal de connacionales en nuestro país.
Intervención del diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en relación con el deficiente servicio que presta la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.
Comentarios del diputado Guillermo Flores Velasco, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre los convenios de la Compañía de Luz, el Sindicato y la Comisión Intersecretarial.
Intervención del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse a la situación de los trabajadores de Tabamex, en el Estado de Nayarit.
Intervención del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática sobre hechos ocurridos en la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El Presidente: - En virtud de que se entregaron copias del acta de la sesión anterior a los grupos parlamentarios, consulte la secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura.
La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura, señor Presidente.
«Acta de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el día veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y tres, correspondientes al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.
Presidencia del diputado Fernando Ortiz Arana
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las once horas con veintinueve minutos del día veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y tres, con una asistencia de treinta y tres legisladores, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría de lectura al orden del día y la Asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, misma que, sin discusión, se aprueba en sus términos en votación económica.
Se da cuenta con los siguientes oficios de la Secretaría de Gobernación: por el que se comunica que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, nombró al ciudadano Gustavo Iruegas Evaristo, como cónsul general de México en San Antonio, Texas, Estados Unidos de América. Se turna a la Segunda Comisión.
Por el que se comunica que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, nombró al ciudadano Dante Alfonso Delgado Rannauro, embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Gobierno de la República de Italia. Se turna a la Segunda Comisión.
Con el que remite el dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la nación, en relación con la solicitud de pensión de la señora Consuelo Martínez Baez viuda de Castellano. Se turna a la Primera Comisión.
El Presidente da lectura a un oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere la República Oriental del Uruguay, con motivo de la visita del Presidente de ese país a México. En votación económica se aprueba el proyecto de decreto. Comuníquese al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.
La Secretaría da cuenta con otro oficio de la misma Secretaría por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Gabriel Santoyo Calderón puedan prestar sus servicios en la Embajada Real de Dinamarca en México. Se turna a la Primera Comisión.
Se da primera lectura y se dispensa la segunda a un dictamen de la Segunda Comisión con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Rafael Rodríguez Barrera, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante el gobierno del Estado de Israel.
Para expresar sus opiniones al respecto, hacen uso de la palabra los legisladores Porfirio Muñoz Ledo, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones, en contra y para contestar alusiones personales y Rodolfo Becerril Straffon, del Partido Revolucionario Institucional, también en dos ocasiones, en pro y para rectificar hechos.
No habiendo nadie más que haga uso de la palabra, se aprueba en votación económica. Túrnese al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.
El Presidente informa que en uno de los salones anexos se encuentra el ciudadano Rafael Rodríguez Barrera y designa una comisión que lo introduzca en el salón y lo acompañe en el acto de rendir su protesta de Ley. Terminando el acto protocolario, la misma comisión acompaña al embajador de México, hasta las puertas del recinto.
También se da primera lectura y se dispensa la segunda a un dictamen de la Segunda Comisión con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Manuel Uribe Castañeda, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el gobernador de la República de Corea.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se aprueba y pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El Presidente informa que el ciudadano Uribe Castañeda se encuentra a las puertas del salón y nombra una comisión para que lo introduzca y lo acompañe en el acto de rendir su protesta de Ley. Terminando el acto protocolario, la misma comisión acompaña al embajador de México hasta las puertas del recinto.
Para continuar con el orden del día, se da cuenta con los siguientes dictámenes: uno de la Primera Comisión con proyecto de punto de acuerdo relativo a la solicitud de pensión de la señora Socorro Díaz del Castillo viuda de Rocha. Es de primera lectura.
Cuatro, de la Segunda Comisión, por los que se ratifican los grados militares a los ciudadanos Miguel Escamilla Núñez, Jorge Isaac Jiménez García, Ernesto Arcos Oropeza y Rafael Roberto García Silva. Son de primera lectura.
También se da primera lectura a tres dictámenes de la Primera Comisión, con proyecto de decreto por los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que el ciudadano Eduardo Antonio Vega Alarid, pueda prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México; Lydia Castro Haro, Eloísa Riquelme Olmedo y Silvia Treviño Montemayor puedan prestar sus servicios en la Embajada Británica en México;
Guadalupe Duarte Granados y Verónica Holguín Mora, pueda prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en el Consulado General de ese país en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.
Se someten a discusión y sin ella se aprueban en sendas votaciones económicas nueve dictámenes de la Segunda Comisión con puntos de acuerdo por los que se ratifican los grados militares a los ciudadanos Mario Renán Castillo Fernández, Mauro Enrique Tello Quiñones, Jorge García Arredondo, Humberto Alfonso Guillermo Aguilar, Mario Fuentes Juárez, Ernesto Cruz Belmont, Humberto Bravo Sánchez, Víctor Manuel Martín Fernández y Antonio Tortajada Morán. Se turnan al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
Para referirse a la supuesta internación de desechos tóxicos al territorio nacional, hace uso de la palabra los legisladores: Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista, quien presenta un punto de acuerdo firmado por representantes de su partido, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional
y del Partido de la Revolución Democrática; Diego Fernández de Cevallos, del Partido Acción Nacional; Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista, para contestar alusiones personales; Diego Fernández de Cevallos, del Partido Acción Nacional, en el mismo sentido; Manuel Díaz Infante, del Partido Revolucionario Institucional, quien presenta una declaración con punto de acuerdo firmado por representantes de todos los partidos que integran la Comisión Permanente.
Presidencia del Diputado José Antonio González Fernández
Continúan expresando sus opiniones respecto al mismo tema, los legisladores Miguel León Corrales, del Partido de la Revolución Democrática; Israel González Arreguín, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y Carlos Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien interrumpido por la entrada de un grupo de personas, solicita que se conceda un receso. El Presidente solicita que se guarde el orden en la sala y al término de la intervención del diputado Cantú Rosas, da por presentada la declaración política del diputado Díaz Infante y el punto de acuerdo presentado por el diputado Amezcua Dromundo, lo turna a las comisiones de Ecología y Medio Ambiente de Ciencia y Tecnología.
Presidencia del Diputado Fernando Ortiz Arana
Para referirse a la situación salarial en la Universidad Nacional Autónoma de México, solicitan y se concede el uso de la palabra a los legisladores: Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista, quien da lectura a una declaración de legisladores no miembros de la Comisión Permanente y otra firmada por representantes de los partidos Auténticos de la Revolución Mexicana, de la Revolución Democrática y del suyo propio; Carlos Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, quien da lectura a un documento firmado por el grupo llamado Convertencia Académica y presenta un punto de acuerdo; Israel González Arreguín, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Rodolfo Becerril Straffon, del Partido Revolucionario Institucional; Juan Castro Lozano, del Partido Acción Nacional y Porfirio Muñoz Ledo, del Partido de la Revolución Democrática.
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, sobre el mismo tema, se concede el uso de la palabra a los legisladores Juan Castro Lozano, del Partido Acción Nacional, Blanca Esponda Espinosa, del Partido Revolucionario Institucional; Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática; Israel González Arreguín, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Carlos Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular socialista y Diego Fernández de Cevallos, del Partido Acción Nacional.
Se turna el punto de acuerdo presentado por el diputado Amezcua Dromundo, a las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y a la de Educación.
Presidencia del diputado José Antonio González Fernández
Para referirse a la sentencia de muerte que se ha dictado contra connacionales en el extranjero, hacen uso de la palabra los legisladores Miguel León Corrales, quien presenta un punto de acuerdo y solicita que dos cartas de organizaciones extranjeras se incluyan en el Diario de los Debates, así como que la solicitud de su partido se envíe de inmediato.
El Presidente da instrucciones a la Secretaría para que actúe en consecuencia y, para continuar con el tema, concede el uso de la palabra a los legisladores Blanca Esponda Espinosa, del Partido Revolucionario Institucional y Víctor Orduña Muñoz, del Partido Acción Nacional.
Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado Miguel León Corrales, del Partido de la Revolución Democrática, quien se refiere al financiamiento que recibe su partido y solicita que se retiren del Diario de los Debates las acusaciones del diputado Rodríguez Lozano.
Continúan en el debate los legisladores Carlos Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien solicita que diversos oficios de su partido se incluyan en el Diario de los Debates; Amador Rodríguez Lozano, del Partido Revolucionario Institucional, quien reitera sus acusaciones; Miguel León corrales, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones, para rectificar hechos.
Presidencia del diputado Fernando Ortiz Arana
Amador Rodríguez Lozano, del Partido Revolucionario Institucional, para contestar alusiones personales; Porfirio Muñoz Ledo, para rectificar hechos;
Presidencia del diputado José Antonio González Fernández
Efraín Zúñiga Galeana, del Partido Revolucionario Institucional, para rectificar hechos.
Para referirse a la política económica del Gobierno de la República, se concede el uso de la palabra a los legisladores: Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista, quien presenta un punto de acuerdo; desde su curul el diputado Calderón Salazar para aclarar el trámite de la Presidencia y, también desde su curul y en el mismo sentido, el senador Iglesias Miramontes; Israel González Arreguín, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Jorge Calderón Salazar del Partido de la Revolución Democrática; Carlos Sales Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional; Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática para rectificar hechos y Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista, en el mismo sentido.
En votación económica se desecha el punto de acuerdo del diputado Amezcua Dromundo.
Para referirse a la situación laboral de los mineros en Macocozac, Zacatecas, hace uso de la palabra el diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.
Hace uso de la palabra el diputado Rodolfo Becerril Straffon, del Partido Revolucionario Institucional, quien presenta una declaración de solidaridad, firmada por todos los grupos parlamentarios, representados en la Comisión Permanente, hacia el pueblo y el Gobierno cubanos. Se da por presentada.
Sube a la tribuna el diputado Carlos Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien presenta un memorial de particulares que se refiere a ochocientas familias de la ciudad de Nuevo Laredo, quienes se dicen lesionadas por actos expropiatorios. Se turna a la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas de la Cámara de Diputados.
A solicitud del Partido de la Revolución Democrática, la Secretaría da lectura a otro memorial de particulares que se refiere a problemas salariales en el Estado de Tabasco. Se turna a las comisiones de Información, Gestoría y Quejas y a la de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
Agotados los asuntos en cartera y no habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las veinte horas con doce minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo miércoles treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y tres, a las once horas.»
El Presidente: - Ruego a la Secretaría poner a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior y si algún legislador desea hacer alguna observación a la misma, sírvase manifestarlo.
La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández: - Está a su consideración.
El senador Porfirio Muñoz Ledo (desde su curul): - Por la rapidez de la lectura no escuchamos si se precisa con claridad el debate que hubo en torno a la ratificación del nombramiento del ciudadano Rafael Rodríguez Barrera, porque los medios de información hace una semana no retuvieron y quisiera aclararlo, que la fracción parlamentaria del PRD votó en contra y nos gustaría que eso quedara asentado muy claramente en el acta, que los servicios de comunicación de esta honorable Comisión Permanente pudieran hacer esta aclaración a los medios.
Hay fotografías, hay elogios, pero no hay una mención, no la hemos leído, de que hubo un voto razonado en contra de la designación del Señor Rafael Rodríguez Barrera. Gracias.
El Presidente: - Gracias, señor senador...
El senador Porfirio Muñoz Ledo (desde su curul): - De ser así, rogaremos que se aclarará y en dado caso, que los servicios de comunicación de esta Comisión pudieran hacerlo del conocimiento de los medios.
El presidente: - Proceda la Secretaría se cerciore si está en el acta, y si no, que se asiente y se distribuya también en el acta.
La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández: - Así se hará. Se está poniendo a consideración de la Asamblea, el acta de la sesión anterior con la observación antes registrada. ¿Hay algún otro legislador que desee hacer alguna otra observación?
Se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba dicha acta.
Los legisladores que estén por la afirmativa, se les ruega manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, se les ruega manifestarlos... Aprobada el acta con la observación asumida, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda.
COMUNICACIONES
La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández: - Voy a dar lectura a un oficio:
«Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, - Presente.
Me dirijo a ese honorable Cuerpo Colegiado, para ratificar que en su oportunidad y para aspirar como candidato del Partido Revolucionario Institucional del Estado de Guerrero, solicité licencia como senador de la República.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 125 de la Constitución General de la República, y en virtud de haber sido declarado gobernador electo del Estado de Guerrero por el honorable Congreso local, el 22 del presente, ruego a ustedes ser el digno conducto, para comunicar a esa honorable Comisión permanente, mi determinación de optar por el cargo de gobernador Constitucional del Estado de Guerrero.
Por lo anterior, y a partir de esta fecha, habré de dejar de desempeñar el cargo de senador de la República.
Me es grato en esta oportunidad, reiterar a ustedes, las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.
Atentamente.
Chilpancingo, Guerrero, a 30 de marzo de 1993. - Rubén Figueroa Alcocer, candidato a Gobernador Constitucional del Estado.»
El Presidente: - De enterado y comuníquese a la Cámara de Senadores.
La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández.
«Honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión. - Presente.
Me dirijo a ese honorable Cuerpo legislativo para comunicar que en su oportunidad, solicité licencia como senador de la República por el Estado de Quintana Roo, para poder aspirar al cargo de Gobernador del mismo Estado, como candidato del Partido Revolucionario Institucional.
Ahora, y en virtud de que el honorable Congreso Local me ha declarado gobernador electo de mi Estado, en los términos establecidos por la Constitución Política del artículo 125 de la Constitución General de la República, solicito a ustedes sean el mismo conducto para comunicar a esa Comisión permanente, mi deseo de optar por el cargo de Gobernador constitucional del Estado de Quintana Roo.
Me es grato reiterar a ustedes las seguridades de mi distinguida consideración.
Atentamente.
Chetumal, Quintana Roo, 31 de marzo de 1993. - Mario E. Villanueva Madrid.»
El Presidente: - De enterado y comuníquese a la Cámara de Senadores.
INVITACIONES
La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández: - Se va a dar lectura a varias invitaciones.
«Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presente.
De conformidad con los artículo 61 y 65 de la constitución Política del Estado de Hidalgo, el próximo jueves primero de abril deberé rendir protesta como Gobernador Constitucional del Estado ante el honorable Congreso Local y con la honrosa presencia del ciudadano Presidente de la República.
Por tal motivo, me es muy grato invitar a los integrantes de esa soberanía a la sesión correspondiente, misma que tendrá verificativo a las 14.00 horas en el recinto del honorable Congreso del Estado ubicado en el Kilómetro 85 de la carretera México - Pachuca, sector primario, de esta capital.
Esperando sea favorecida con su presencia o la de los representantes que se sirvan designar, hago
oportuno este medio para reiterarles mi respeto y consideración.
Atentamente.
Pachuca, Hidalgo, a 28 de marzo de 1993. - Licenciado Jesús Murillo Karam, Gobernador Electo del Estado de Hidalgo.»
El Presidente: - Para asistir en representación de esta Comisión Permanente, esta Presidencia designa a los siguientes legisladores: senador Humberto Lugo, senador Orlando Arvizú Lara y diputado Adrián del Arenal.
La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández:
«Ciudadano Presidente de la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal.
La honorable Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, formula a usted una atenta invitación a la Sesión Solemne en la que el ciudadano Rubén Figueroa Alcocer, rendirá protesta de Ley como Gobernador Constitucional del Estado.
Este acto tendrá verificativo el día 1o. de abril a las 11.00 horas, en el "Cine Jacarandas" declarado Recinto Oficial.
Chilpancingo, Guerrero, Abril de 1993.»
El Presidente: - Para asistir en representación de esta Comisión Permanente, esta Presidencia designa a los siguientes legisladores: diputado Efraín Zúñiga Galeana, senador Gustavo Salinas, diputado Héctor Pérez Plazola y senador Ángel Ventura Valle.
La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández:
«Ciudadano Presidente de la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal.
La VII Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo formula a usted una atenta invitación a la sesión solemne en la que el ingeniero Mario Villanueva Madrid, rendirá protesta de Ley como Gobernador Constitucional del Estado, contando con la honrosa presencia del ciudadano Presidente de la República licenciado Carlos Salinas de Gortari.
Este acto tendrá verificativo el día 5 de abril a las 16.00 horas, en el Palacio de los Deportes "Erick Paolo Martínez", declarado Recinto Oficial.
Chetumal, Quintana Roo, abril 1993.»
El Presidente: - Para asistir en representación de esta Comisión Permanente, esta Presidencia designa a los siguientes legisladores: diputado Javier Garduño, senador Oscar Cantón Zetina, diputado Fernando Gómez Mont y diputado Israel González Arreguín.
COMUNICACIONES
La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández:
«Escudo del Estado. - Poder Legislativo - Oficialía Mayor.
Ciudadano Presidente de la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal.
La honorable LI Legislatura Constitucional del Estado de México, por este conducto se permite comunicar que en Sesión Ordinaria celebrada el día 3 de marzo del año en curso, clausuró su Quinto Período Ordinario de Sesiones correspondiente a su Tercer año de Ejercicio Constitucional, asimismo, se eligió la Mesa Directiva de la diputación permanente, quedando integrada por los ciudadanos diputados: Presidente, licenciado Gabriel Ezeta Moll; vicepresidente, licenciado Pablo Bedolla López, secretario; Justino Carpio Monter; vocal, arquitecto Alejandro Gutiérrez Gutiérrez; vocal, licenciado Javier Tellez Sanz.
Quienes fungirán durante el período de receso que comprende del 4 de marzo al 14 de julio de 1993.
Sin otro particular, me es grato reiterarles las seguridades de mi consideración distinguida.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Toluca, México a 5 de marzo de 1993. - El Oficial Mayor de la honorable LI Legislatura del Estado de México. - licenciado Javier García Valencia.»
De enterado.
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Honorable Congreso del Estado de Puebla.
Ciudadano Presidente de la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 239, de la Ley Orgánica y Reglamentaria del Poder Legislativo, nos permitimos comunicar a usted la clausura del Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Legal de esta Quincuagésima Segunda Legislatura.
Asimismo hacemos de su conocimiento la elección de la Comisión Permanente que actuará del 15 de marzo al 31 de mayo del año en curso.
Dicha comisión estará integrada de la siguiente manera, diputados: Presidente, Miguel Quiroz Pérez; miembro, José Luis Abed Cesín; miembro: Arturo Carranco Blanca; miembro: Felipe Flores Mena; secretario, Moisés Ignacio Mier Velasco.
Lo que hacemos de su conocimiento por disposición de esta honorable Legislatura para los efectos correspondientes.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Honorable Puebla de Zaragoza, a 11 de marzo de 1993. - diputado secretario, José Luis Ayala Corona; diputado secretario, Valentín Diez Fernández.»
De enterado.
OFICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
INFORME
La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, Presentes.
Por instrucciones del Presidente de la República, y en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 6o. de la Ley de Planeación, con el presente envío a ustedes el Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994, correspondiente a 1992.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 30 de marzo de 1993. - El secretario, José Patrocinio González Blanco Garrido.»
Recibo y túrnese a las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y Desarrollo Económico y Social y Planeación Democrática del Desarrollo de la Cámara de Senadores.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
SOLICITUD DE PENSIÓN
El secretario diputado Juan Luis Calderón Hinojosa:
«Primera Comisión.
Honorable Asamblea: en sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 24 de marzo, fue turnada a la Primera Comisión que suscribe, el dictamen emitido por la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la solicitud de pensión presentada por la ciudadana Consuelo Martínez Báez, como viuda del licenciado Raúl Castellano Jiménez, ministro reiterado de ese alto tribunal.
De los antecedentes se desprende que la señora Consuelo Martínez Báez, solicitó al ciudadano Presidente de la Suprema Corte, que sometiera al tribunal pleno, su petición de reconocimiento del derecho a pensión que le corresponde en su carácter de cónyuge supérstite del Ministro Raúl Castellano Jiménez, en los términos del párrafo segundo del artículo 7o. del Decreto que establece las causas de reitero forzoso o voluntario de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adjuntando la documentación relativa.
El último párrafo del artículo 7o. del Decreto de referencia, señala que los familiares del ministro fallecido gestionarán ante el Presidente de ese alto tribunal, el reconocimiento de su derecho a la pensión respectiva; que el pleno emitirá el dictamen que corresponda, en el cual
conforme al artículo 4o. del propio Decreto, se pondrá en conocimiento del ciudadano Presidente de la República quien lo enviará en su caso para aprobación, a la Cámara de Senadores o bien a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
En sesión el 16 de marzo del año en curso, el Pleno de la suprema Corte de Justicia, aprobó el dictamen emitido por la comisión de Retiros y pensiones, en el que se reconoce a la ciudadana Consuelo Martínez Báez viuda de Castellanos, su derecho a la pensión solicitada.
Por lo anteriormente expuesto y encontrando que han sido cumplidas en su integridad las condiciones y formalidades que se exigen en estos casos, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se aprueba en sus términos, el dictamen emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 16 de marzo de 1993, por el que se reconoce a la señora Consuelo Martínez Báez, el derecho a la pensión como viuda del Ministro retirado Raúl Castellano Jiménez, de conformidad con los párrafos segundo y cuarto, del artículo 7o. de la Ley que establece las causas del Retiro Forzoso o Voluntario de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 26 de marzo de 1993. - diputado Rigoberto Ochoa Zaragoza, Presidente; diputado Miguel Ángel León Corrales, secretario; diputados: Carlos Enrique Cantú Rosas, Alberto Carrillo Armenta, Víctor Orduña Muñoz, Jorge Leobardo Lepe García; senadores: Manuel Aguilera Gómez, Artemio Iglesias Miramontes, Ernesto Luque Feregrino, Porfirio Muñoz Ledo, Germán Sierra Sánchez.
Es de la primera lectura.
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.
El secretario diputado Juan Luis Calderón Hinojosa: - Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura al dictamen y se somete a discusión y votación de inmediato.
Los legisladores que estén porque se someta de inmediato a discusión, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se le dispensa la segunda lectura.
El Presidente: - En consecuencia está a discusión el punto de acuerdo...
El secretario diputado Juan Luis Calderón Hinojosa: - No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado el punto de acuerdo Comuníquese al Ejecutivo.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
RATIFICACIÓN DE GRADOS MILITARES
El secretario diputado Juan Luis Calderón Hinojosa:
«Segunda Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1992 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano Coronel de Caballería Jesús Márquez Vázquez como General Brigadier, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército en el Heroico Colegio Militar como Cadete Numerario el primero de enero de mil novecientos cincuenta y ocho y el primero de enero de mil novecientos sesenta y uno fue ascendido a Subteniente de Artillería por acuerdo del titular de la dependencia;
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante treinta y cinco años, un mes y veintitrés días y
d) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicio requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera Clase.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado General Brigadier, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con lo méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. - Se ratifica el grado de General Brigadier que el Ejecutivo de la Unión expedió en favor del ciudadano Jesús Márquez Vázquez.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal a 23 de marzo de 1993. - Senador Humberto Lugo Gil, Presidente; diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos, secretario; diputados: Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Blanco Ruth Esponda Espinosa, Fernando Lerdo de Tejada, Amador Rodríguez Lozano; senadores: Carlos Sobrino Sierra, Héctor Terán Terán, Jorge Adolfo Vega Camacho, Ángel Ventura Valle.»
Es de primera lectura.
«Segunda Comisión de Trabajo
Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1992 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano General Brigadier, Guillermo Alvarez Nara, como General de Brigada, para los efectos de los dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército en el Heroico Colegio Militar como Cadete Numerario el primero de enero de mil novecientos cincuenta y cinco y el primero de enero de mil novecientos cincuenta y ocho fue ascendido a Subteniente de Artillería por acuerdo del titular de la dependencia;
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la Nación mexicana durante treinta y ocho años, un mes y diez días, y
d) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicio requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera Clase, así como la Especial.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado General de Brigada, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con lo méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. - Se ratifica el grado de General de Brigada que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Guillermo Alvarez Nara.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal a 23 de marzo de 1993. - Senador Humberto Lugo Gil. Presidente; diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos, secretario; diputados: Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Blanco Ruth Esponda Espinosa, Fernando Lerdo de Tejada, Amador Rodríguez Lozano; senadores: Carlos Sobrino Sierra, Héctor Terán Terán, Jorge Adolfo Vega Camacho, Ángel Ventura Valle.»
Es de primera lectura.
«Segunda Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1992 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano Coronel de Infantería, Julián David Rivera Bretón como General Brigadier, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército en el Heroico Colegio Militar como Cadete Numerario el primero de
enero de mil novecientos cincuenta y nueve y el primero de enero de mil novecientos sesenta y dos fue ascendido a Subteniente de Infantería por acuerdo del titular de la dependencia;
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la Nación mexicana durante treinta y cuatro años, un mes diez días y
d) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicio requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera Clase.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado General Brigadier, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. - Se ratifica el grado de General Brigadier que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Julián David Rivera Bretón.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal a 23 de marzo de 1993. - Senador Humberto Lugo Gil, Presidente; diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos, secretario; diputados: Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Blanco Ruth Esponda Espinosa, Fernando Lerdo de Tejada, Amador Rodríguez Lozano; senadores: Carlos Sobrino Sierra, Héctor Terán Terán, Jorge Adolfo Vega Camacho, y Ángel Ventura Valle.»
Es de primera lectura.
«Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1992 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano Coronel de Infantería Jesús Coronel Portilla, como General Brigadier, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército en el Heroico Colegio Militar como Cadete Numerario el primero de enero de mil novecientos cincuenta y cinco y el primero de enero de mil novecientos cincuenta y ocho fue ascendido a Subteniente de Infantería por acuerdo del titular de la Dependencia;
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la Nación mexicana durante treinta y ocho años, un mes y ocho días, y
d) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer lo tiempos de servicio requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda Clases, así como la Especial.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado General Brigadier, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. - Se ratifica el grado de General Brigadier que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Jesús Coronel Portilla.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal a 23 de marzo de 1993. - Senador Humberto Lugo Gil, Presidente; diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos, secretario; diputados: Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Blanco Ruth Esponda Espinosa, Fernando Lerdo de Tejada, Amador Rodríguez Lozano; senadores; Carlos Sobrino Sierra, Héctor Terán Terán, Jorge Adolfo Vega Camacho, Ángel Ventura Valle.»
Es de primera lectura.
La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández:
«Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe fue turnado, para su estudio y dictamen, el
expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1992 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano Coronel de Infantería Virgilio de la Vega Fermoso como General Brigadier, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército en el Heroico Colegio Militar el primero de enero de mil novecientos cincuenta y siete y el primero de enero de mil novecientos sesenta fue ascendido a Subteniente de Infantería por acuerdo del titular de la dependencia;
b) A los grados sucesivos ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación durante treinta y seis años, un mes y veintidós días; y
d) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicio requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera Clase, así como la especial.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general brigadier, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. - Se ratifica el grado de General Brigadier, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Virgilio de la Vega Fermoso.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 26 de marzo de 1993. - Senador Humberto Lugo Gil, Presidente; diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos, secretario; diputados: Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Blanca Ruth Esponda Espinosa. Fernando Lerdo de Tejada, Amador Rodríguez Lozano; senadores:
Carlos Sobrino Sierra, Héctor Terán Terán, Jorge Adolfo Vega Camacho y Ángel Ventura Valle.»
Es de primera lectura.
«Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1992 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano General de Grupo Piloto Aviador, Roberto Chiapa Aguirre como General de Ala Piloto Aviador, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército en la Escuela Militar de Aviación como cadete el seis de septiembre de mil novecientos cincuenta y seis y el primero de julio de mil novecientos cincuenta y nueve fue ascendido a Subteniente de Aeronáutica Piloto Aviador por acuerdo del titular de la dependencia;
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante treinta y seis años, cinco meses y trece días, y
d) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicio requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera Clase, así como la especial.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de Ala piloto aviador, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el Grado de General de Ala Piloto Aviador que el Ejecutivo de la Unión
expidió en favor del ciudadano Roberto Chiapa Aguirre.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 26 de marzo de 1993. - Senador Humberto Lugo Gil, Presidente; diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos, secretario; diputados: Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Blanca Ruth Esponda Espinosa, Fernando Lerdo de Tejada, Amador Rodríguez Lozano; senadores: Carlos Sobrino Sierra, Héctor Terán Terán, Jorge Adolfo Vega Camacho y Ángel Ventura Valle.»
Es de primera lectura.
«Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1992 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor Antelmo Jiménez Jiménez, como General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, para los efectos de los dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército en el Heroico Colegio Militar como Cadete Numerario el trece de enero de mil novecientos sesenta y dos y el primero de enero de mil novecientos sesenta y seis fue ascendido a Subteniente de Infantería por acuerdo del titular de la dependencia;
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentaciones vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación durante treinta y un años, un mes y doce días, y
d) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicio requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera Clases.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado General Brigadier se deduce que reúne los requisitos legales y cuanta con lo méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el Grado de General Brigadier Diplomado de Estado Mayor que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Antelmo Jiménez Jiménez.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 26 de marzo de 1993. - Senador Humberto Lugo Gil, Presidente; diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos, secretario; diputados: Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Amador Rodríguez Lozano, Blanca Ruth Esponda Espinosa, Fernando Lerdo de Tejada; senadores: Carlos Sobrino Sierra, Héctor Terán Terán, Jorge Adolfo Vega Camacho y Ángel Ventura Valle.»
Es de primera lectura.
PRESTACIONES DE SERVICIOS
La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández:
«Primera Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 3 de marzo del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Gabriel Santoyo Calderón, pueda prestar servicios como asesor comercial, en la Embajada Real de Dinamarca, en México.
En sesión celebrada en esta fecha por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 24 de marzo, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.
b) Que los servicios que el propio solicitante prestará, a la Embajada Real de Dinamarca, serán de carácter administrativo.
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Gabriel Santoyo Calderón, para que pueda prestar servicios como asesor comercial, en la Embajada Real de Dinamarca, en México.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 26 de marzo de 1993. - Diputado Rigoberto Ochoa Zaragoza, Presidente; diputado Miguel Ángel León Corrales, secretario; diputados: Carlos Enrique Cantú Rosas, Alberto Carrillo Armenta, Víctor Orduña Muñoz, Jorge Loebardo Lepe García; senadores: Manuel Aguilera Gómez, Artemio Iglesias Miramontes, Ernesto Luque Feregrino, Porfirio Muñoz Ledo y Germán Sierra Sánchez.»
Es de primera lectura.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
RATIFICACIÓN DE GRADOS MILITARES
La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández:
«Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el veinte de noviembre de 1992 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, Miguel Escamilla Núñez, como General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, para los efectos de los dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:
a) Que ingresó como cadete numerario en el Heroico Colegio Militar el primero de enero de mil novecientos cincuenta y uno y el primero de enero de mil novecientos cincuenta y cuatro fue ascendido a Subteniente de Artillería por acuerdo del titular de la dependencia;
b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de Capitán Primero de Artillería, al término satisfactorio del Curso de Mando y Estado Mayor el treinta y uno de diciembre de mil novecientos sesenta y seis adquirió el carácter de Diplomado de Estado Mayor;
c) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
d) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante cuarenta y dos años, un mes y
e) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicio requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera Clases, así como la Especial y la Extraordinaria.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el Grado de General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Miguel Escamilla Núñez.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 23 de a marzo de 1993. - Senador Humberto Lugo Gil. Presidente; diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos, secretario; diputados: Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Amador Rodríguez Lozano, Blanca Ruth Esponda, Fernando Lerdo de Tejada; senadores Ángel Ventura Valle, Jorge A. Vega Camacho, Carlos Sobrino Sierra y Héctor Terán Terán.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
«Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1992 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor, Jorge Isaac Jiménez García, como General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, para los efectos de los dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército como Cadete Numerario en el Heroico Colegio Militar el trece de enero de mil novecientos sesenta y dos, y el primero de enero de mil novecientos sesenta y cinco fue ascendido a Subteniente de Infantería por acuerdo del titular de la Dependencia;
b) a los grados sucesivos ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de Capitán Segundo de Infantería, al terminar satisfactoriamente sus estudios en la Escuela Superior de Guerra, el treinta y uno de agosto de mil novecientos setenta y cuatro, adquirió el carácter de Diplomado de Estado Mayor;
c) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
d) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante treinta y un años, un mes; y
e) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicio requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera Clases.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con lo méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el Grado de General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Jorge Isaac Jiménez García.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 23 de marzo de 1993. - Senador Humberto Lugo Gil, Presidente; diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos, secretario; diputados: Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Blanca Ruth Esponda Espinosa, Fernando Lerdo de Tejada, Amador Rodríguez Lozano; senadores: Carlos Sobrino Sierra, Héctor Terán Terán, Jorge Adolfo Vega Camacho y Ángel Ventura Valle."
Es de segundo lectura.
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
"Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1992 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano General de Grupo Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, Ernesto Arcos Oropeza como General de Ala Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:
a)Que ingresó en la Escuela Militar de Aviación como Cadete el primero de septiembre de mil novecientos cincuenta y nueve y el primero de julio de mil novecientos sesenta y dos fue ascendido a Subteniente de Aeronáutica Piloto Aviador por acuerdo del titular de la dependencia;
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante treinta y tres años, cinco meses y dieciséis días y
d) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicio requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera Clases.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado General de Ala Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el Grado de General de Ala Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Ernesto Arcos Oropeza.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 23 de marzo de 1993. - Senador Humberto Lugo Gil, Presidente; diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos, secretario; diputados: Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Blanca Ruth Esponda Espinosa, Fernando Lerdo de Tejada, Amador Rodríguez Lozano; senadores: Carlos Sobrino Sierra, Héctor Terán Terán, Jorge Adolfo Vega Camacho y Ángel Ventura Valle.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
«Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el veinte de noviembre de 1992 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano General Brigadier, Rafael Roberto García y Silva, como General de Brigada, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército como cadete numerario en el Heroico Colegio Militar el primero de enero de mil novecientos cincuenta y uno y el primero de enero de mil novecientos cincuenta y cuatro fue ascendido a subteniente de Artillería por acuerdo del titular de la dependencia;
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en al fecha de sus ascensos;
c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la Nación Mexicana durante cuarenta y dos años, un mes, cuatro días y
d) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicios requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera Clases, así como la Especial y Extraordinaria.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado General de Brigada, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el Grado de General de Brigada que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Rafael Roberto García y Silva.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 23 de marzo de 1993. - Senador Humberto Lugo Gil, Presidente; diputado Diego Fernández de Cevallos, secretario; diputados: Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Amador Rodríguez Lozano, Blanca Ruth Esponda, Fernando Lerdo de Tejada, senadores: Ángel Ventura Valle, Jorge A. Vega Camacho, Carlos Sobrino Sierra, Héctor Terán Terán.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
PRESTACIÓN DE SERVICIO
La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández:
«Primera Comisión.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 24 de febrero del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Eduardo Antonio Vega Alarid, pueda prestar sus servicios como especialista en información, en la embajada de los Estados Unidos de América, en México.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 17 de marzo, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacional mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el interesado prestará en la embajada de los Estados Unidos de América, en México, serán como especialista en información.
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido, en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por la expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Eduardo Antonio Vega Alarid, para prestar servicios como especialista en información, en la embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 18 de marzo de 1993. - Diputado Rigoberto Ochoa Zaragoza, Presidente; Diputado Miguel Ángel León Corrales, secretario; diputados: Carlos Enrique Cantú Rosas, Alberto Carrillo Armenta, Víctor Orduña Muñoz, Jorge Leobardo Lepe García; senadores: Manuel Aguilera Gómez, Artemio Iglesias Miramontes, Ernesto Luque Feregrino y German Sierra Sánchez.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Aprobado el proyecto de decreto.
Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
«Primera Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 4 de marzo del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que las ciudadanas Lydia Castro Haro, Eloísa, Riquelme Olmedo y Silvia Treviño Montemayor, puedan prestar sus servicios como asistente de contabilidad, asistente administrativo y secretaria comercial y de registro, en la embajada Británica, en México, respectivamente.
En sesión celebrada en esta fecha por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 17 de marzo, se turnó a la suscrita Comisión para sus estudio y dictamen, el expediente relativo
CONSIDERANDO
a) Que las peticionarias acredita su nacional mexicana con las copias certificadas del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que las propias solicitantes prestarán a la embajada Británica, serán de carácter administrativo;
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana Lydia Castro Haro, que pueda prestar servicios como asistente de contabilidad en la embajada Británica, en México.
Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana Eloísa Riquelme Olmedo, para que pueda prestar servicios como asistente administrativo, en la embajada Británica, en México.
Artículo tercero. Se concede permiso a la ciudadana Silvia Treviño Montemayor, para que pueda prestar servicios como secretaria comercial y de registro, en la embajada Británica, en México.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 19 de marzo de 1993. - Diputado Rigoberto Ochoa Zaragoza, Presidente; diputado Miguel Ángel León Corrales, secretario; diputados: Carlos Enrique Cantú Rosas, Alberto Carrillo Armenta, Víctor Orduña Muñoz, Jorge Leobardo Lepe García; senadores: Manuel Aguilera Gómez, Artemio Iglesias Miramontes, Ernesto Luque Feregrino y German Sierra Sánchez.»
Es de segunda lectura.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado el proyecto de decreto.
Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
«Primera Comisión.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 4 de marzo de año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que las ciudadanas Guadalupe Duarte Granados y Verónica Holguín Mora, puedan prestar servicios administrativos, en la embajada de los Estados Unidos de América, en México y en el Consulado General en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.
En sesión efectuada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el día 17 de marzo, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo
CONSIDERANDO
a) Que las peticionarias acreditan su nacional mexicana con las copias certificadas de las actas de nacimiento;
b) Que los servicios que las interesadas prestarán en la embajada de los Estados Unidos de América, en México y en el consulado general en Ciudad Juárez, Chihuahua, serán de carácter administrativo;
c) Que las solicitudes se ajustan a los establecido, en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede el permiso a la ciudadana Guadalupe Duarte Granados, para prestar servicios como asistente de nómina, en la embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana Verónica Holguín Mora, para prestar servicios como empleada consular en el consulado general en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la unión. - México, Distrito Federal, a 19 de marzo de 1993. - Diputado Rigoberto Ochoa Zaragoza, Presidente; diputado Miguel Ángel León Corrales, secretario; diputados: Carlos Enrique Cantú Rosas, Alberto Carrillo Armenta, Víctor Orduña Muñoz, Jorge Leobardo Lepe García; senadores: Manuel Aguilera Gómez, Artemio Iglesias Miramontes, Ernesto Luque Feregrino y German Sierra Sánchez.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado el proyecto de decreto.
Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
OFICIOS
La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández:
«Ciudadanos s4cretarios de la Comisión Permanente del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad.
Los convocantes al plebiscito ciudadano del 21 de marzo de 1993 enviamos por este conducto a la Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos los resultados de dicho plebiscito, en los que se contiene un informe sobre la realización de la consulta, el dictamen del Consejo ciudadano de observación del plebiscito y los resultados numéricos globales, por distrito y por casilla.
Solicitamos, por este conducto, a la mesa directiva de la Comisión Permanente, de conformidad con el artículo 61 y la fracción V del artículo 31, ambos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que se le dé turno a estos documentos a las comisiones que corresponda de ambas cámaras. Solicitamos asimismo que la Secretaría de la Comisión Permanente dé lectura de los escritos síntesis de la documentación que estamos enviando.
Agradecemos las atenciones que se sirvan prestar a la presente solicitud.
Representantes: Amalia García Medina, Pablo Gómez Alvarez, Patricia Garduño, Pablo Jaime Jiménez B., Oscar Mauro Ramírez A., Demetrio Sodi de la Tijera.»
«PLEBISCITO CIUDADANO PARA LA REFORMA POLÍTICA DEL DISTRITO FEDERAL
1) El 13 de diciembre de 1992, nueve representantes a la Asamblea de cinco partidos políticos (PAN, PRI, PRD, PFCRN y PARM), convocamos a una consulta pública para conocer la opinión de la ciudadanía sobre la reforma política del D.F. a través de un Plebiscito, a celebrarse el domingo 21 de marzo de 1993.
2) El objetivo era conocer el punto de vista de los ciudadanos del D.F. sobre tres temas fundamentales de la Reforma política que se estaban discutiendo en la mesa de concertación, en los cuales había claras diferencias entre los diferentes partidos políticos:
Deben o no ser elegidos los gobernantes del D.F. por los ciudadanos.
Debe el D.F. contar con un Poder Legislativo propio.
Debe el D.F. convertirse en un nuevo Estado de la República.
3) Con objeto de ampliar la convocatoria a todos los sectores y organizaciones de la ciudad, el día 28 de enero de 1993 se integró un Consejo de Apoyo al Plebiscito con la participación de 500 personas representantes y líderes de organizaciones políticas, sociales, religiosas, empresariales, académicas e intelectuales.
4) A través del Consejo de Apoyo se estableció contacto y se realizaron reuniones de difusión, discusión y análisis de las alternativas de reforma política para el Distrito Federal, en universidades privadas y públicas (UNAM, UAM, ITAM, Iberoamericana, Del Valle de México, Anáhuac, entre otras), en organizaciones políticas, sociales, religiosas, de defensa de la democracia y los derechos humanos, entre organizaciones vecinales, de obreros profesionistas, así como en diversos programas de radio y televisión.
5) Para llevar a cabo la organización de la consulta pública, se integraron 40 comités distritales de composición plural, responsables de promover y difundir el plebiscito, así como de definir los lugares adecuados para establecer las mesas de la consulta y reclutar a los ciudadanos voluntarios
6) Para informar a la ciudadanía y promover la participación, se realizó una campaña de difusión que debido a los escasos recursos económicos se limitó a la impresión de carteles, volantes, conferencias de Prensa, foros de análisis y una reducida campaña pagada de propaganda en radio la semana previa al plebiscito.
La campaña de difusión permitió informar en forma adecuada a la población lectora de periódicos y en forma limitada al auditorio de radio, sin embargo fue prácticamente imposible informar al grueso de la población dada la cerrazón de la televisión pública privada.
7) Con objeto de asegurar credibilidad y transparencia en los resultados, se responsabilizó la Fundación Rosenblueth del cómputo de las actas de casilla en cada uno de los distritos y del cómputo integral del proceso.
Asimismo, para dar autonomía al proceso de calificación y observación del plebiscito, se propuso la integración de un "Consejo Ciudadano de Observación", integrado por 63 ciudadanos independientes de reconocido prestigio a nivel nacional.
8) Se mantuvo permanente comunicación con el Gobierno del D.F. y con los diversos partidos políticos que así lo permitieron, con objeto de
coordinar los trabajos e informar del avance de la organización.
9) El financiamiento el Plebiscito se realizó en su mayor parte a través de donativos ciudadanos y de una aportación del D.D.F. por N$300,000.00, para volver a gravar sports de radio, apoyar la difusión del uso de la credencial de elector para la votación y restituir el costo de las boletas canceladas.
El costo total del Plebiscito fue de N$770,000.00, de los cuáles se adeudan a la fecha N$399,000.00. No se incluye costo de la propaganda (volantes, carteles y mantas) que mandaron a imprimir los comités distritales.
10) El domingo 21 de marzo, de las 9.00 a las 18.00 horas, funcionaron 2 mil 841 casillas localizadas en toda la ciudad e instaladas fundamentalmente en lugares públicos: mercados, tianguis, centros comerciales, supermercados, iglesias, estaciones del metro, parques, plazas, jardines, unidades habitacionales y calles o avenidas principales.
Participaron en la organización cerca de 12,000 ciudadanos que en forma voluntaria se sumaron a la organización y promoción del Plebiscito.
11) Participaron en la consulta 331,367 ciudadanos que representan el 73% de la cifra estimada de 450,000.
Con base a diversas encuestas realizadas, se puede asegurar que la participación ciudadana corresponde a todas las zonas de la ciudad y a todos los estratos sociales, económicos y culturales, por lo que la opinión vertida es representativa de la opinión de la mayoría de los habitantes de la ciudad.
A pesar de la participación diversa y plural, se observó un porcentaje más elevado de personas con nivel educativo e ingresos superiores a la media de la ciudad, debido probablemente a que los medios de comunicación utilizados fueron principalmente los periódicos y las revistas.
12) La opinión de la ciudadanía se manifestó claramente a favor de la elección de gobernantes en un 84.8%, de la creación de un Poder Legislativo propio en un 84.3% y de la conversión del D.F. en un nuevo Estado de la República en un 66.9%
Tanto por la numerosa participación de más de 331,000 ciudadanos, por su composición plural y representativa de toda la ciudad, los resultados del Plebiscito pueden considerarse como representativos de la opinión de los 4.9 millones de ciudadanos del D.F.
13) El mismo día del Plebiscito se contó con resultados de más del 90% de las casillas y al día siguiente se tenía el resultado total y para cada uno de los 40 distritos electorales. A las 72 horas de concluido el proceso, se tuvieron resultados de cada una de las 2 mil 841 casillas.
14) Todo el proceso de conteo, cómputo y concentración fue público y hubo una amplia vigilancia ciudadana a través de observadores del Consejo Ciudadano de Observación, de los observadores designados por el D.D.F. y de los miembros de los medios de comunicación.
15) Los resultados y el proceso han sido reconocidos por los diversos partidos políticos, por su transparencia, imparcialidad y credibilidad; no habiendo existido ninguna irregularidad de importancia que pudiera afectar el proceso.
16) A pesar de los innumerables obstáculos que se presentaron y los intentos de impedir y deslegitimar el proceso, el Plebiscito se llevó a cabo con una participación sin procedentes de 331,000 ciudadanos, con la colaboración comprometida de 12,000 personas y con la solidaridad y apoyo de todos los sectores y organizaciones de la ciudad. En el Plebiscito participaron juntos intelectuales, comerciantes partidistas, empresarios, obreros, académicos, políticos, vecinos, religiosos, profesionistas, grupos minoritarios y ciudadanos anónimos comprometidos, todos, con la democracia.
17) El plebiscito convirtió a la reforma política del D.F. en algo de toda la ciudad, sacó la discusión a la calle, a las universidades, a las colonias, a las bases de los partidos; logró informar a muchos cientos de miles de ciudadanos que desconocían de la Mesa de Concertación, y permitió, por primera vez en la historia, que la ciudadanía opinara sobre lo que conviene a la ciudad.
18) Todos los resultados del Plebiscito representan la opinión de la mayoría de los hombres y mujeres del D.F. y el grado de participación exige que esta representación nacional de respuesta a la ciudadanía aprobando una reforma política integral para el D.F. que democratice la elección de gobernantes y la dote de un Gobierno propio y autónomo para hacer sus leyes y definir su futuro.»
«Fundación Arturo Rosenblueth. - Para el Avance de la Ciencia, A.C.
Síntesis del cómputo del Plebiscito ciudadano.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
En nombre de la Fundación Arturo Rosenblueth para el Avance de la Ciencia, A.C., nos permitimos hacer de su conocimiento que el día 21 de marzo del presente año realizamos el proceso de cómputo de los votos emitidos en el Plebiscito ciudadano, en virtud de haber establecido un compromiso de colaboración al respecto con los convocantes de dicho Plebiscito.
A continuación informamos a ustedes los resultados globales del proceso de cómputo y anexamos los resultados finales completos del mismo.
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Al presentar estos resultados, que implican el esfuerzo de toda una red ciudadana de voluntarios que hicieron posible su realización y sobre todo que constituye la opinión de quienes votaron en el Plebiscito, sólo nos resta desear que el Congreso de la Unión sea receptor y defensor de la voluntad ciudadana así expresada.
Conclusiones del Dictamen del Consejo Ciudadano de Observación de Plebiscito del 21 de marzo de 1993
Con fundamento en los cómputos oficiales del Plebiscito efectuados por la Fundación Rosenblueth y en las indagaciones, entrevistas y la documentación examinada por los relatores y en atención a las observaciones efectuadas antes, durante y después del Plebiscito por los integrantes de este Consejo, presentamos las siguientes conclusiones generales sobre la calidad y resultados de esa consulta popular:
1. La votación en las 2 mil 841 casillas diseminadas en los 40 distritos de la capital de la República se realizó de manera ordenada, permitiéndosele a la ciudadanía manifestarse sin presiones, ajena a la manipulación directa o indirecta de cualquier grupo o partido político. Salvo la imposibilidad de instalar algunas casillas por diversos motivos, incluyendo la ausencia de funcionarios ciudadanos, no se reportaron irregularidades graves que empañasen el proceso o pusiesen en duda total o parcialmente sus resultados.
Los incidentes ocurridos durante la jornada cívica del 21 de marzo, registrados tanto por nuestros propios observadores como por el amplísimo equipo de observadores que el Consejo Consultivo de la Ciudad y el Departamento del Distrito Federal desplegaron en la casi totalidad de las casillas, fueron hechos aislados e individualizados difíciles de ponderar, por lo tanto carentes de significación estadística. En su conjunto
todos los sucesos reportados por los observadores del CCOP y del Consejo Consultivo conciernen únicamente a un porcentaje menor al 4% de las casillas involucrando a poco más del 1% de los ciudadanos sufragantes.
No se presentó impugnación alguna al proceso. No existieron vicios ni de origen, forma o procedimiento que pongan en duda su confiabilidad. Esta consulta fue por ello, gracias a la responsabilidad cívica, a la integridad, a la eficacia y la dedicación de los 12,000 voluntarios que organizaron y atendieron las casillas y el cómputo, un proceso ejemplar, sin procedentes en la vida electoral del país.
2. Comprobada la limpieza del proceso y no existiendo ninguna discrepancia mayor entre los resultados oficiales del plebiscito brindados por la Fundación Rosenblueth y los conteos paralelos y por muestreo levantados en forma independiente por diversos medios de información, por empresas encuestadoras y por el propio CCOP el día de los comicios, los resultados de la consulta son fiel y puntual expresión de la voluntad de los 331,367 ciudadanos que concurrieron a las urnas plebiscitarias el 21 de marzo.
La opinión mayoritaria de éstos es: primero, que el Distrito Federal debe transformarse en un estado de la Federación; segundo, que los gobernantes de esta entidad deben ser elegidos por el voto universal y secreto de la ciudadanía; y tercero que la entidad debe contar con un poder legislativo propio.
Al no existir entre la ciudadanía del D.F., corrientes de opinión tan amplias como la que refleja este plebiscito, que se haya manifestado abierta y libremente en contra de las opiniones recogidas por la consulta del 21 de marzo, consideramos que está es un expresión ciudadana que no puede ser ignorada ni menospreciada.
3. El examen minucioso de los resultados desglosados del plebiscito y de las circunstancias que lo antecedieron, no permite afirmar que las diferencias tan notables habidas en los flujos de votación, abundantes en unas zonas y muy escasos en otras, así como el volúmen general de la votación no son consecuencia de sesgos en la organización ni tampoco de dificultades en el acceso o distribución de las casillas. Los flujos muestran que los patrones de participación de la ciudadanía están en cambio íntimamente vinculados a la disponibilidad de información sobre la consulta. El acceso a esta información de los distintos estratos de la población capitalina refleja, en última instancia, los profundos diferenciales en los niveles socioeconómicos y de educación de la población.
De esta manera es posible comprobar cómo en los sitios donde las principales fuentes de información a que los ciudadanos están expuestos son los medios electrónicos, en particular la televisión comercial, la votación fue, en lo general y salvo excepciones, muy baja. En cambio en las zonas donde la ciudadanía consulta más intensamente medios escritos y tiene acceso a fuentes de información y análisis alternativos, la votación fue alta. Con base en estas apreciaciones el CCOP desea llamar la atención de la ciudadanía sobre el papel esencial de los medios de comunicación en los procesos político electorales y, a la vez, lamenta la actitud desinteresada e incluso francamente hostil de algunos medios electrónicos que respecto a este importante suceso ciudadano, faltaron a su obligación moral, social y legal de informar.
Con fundamento en lo anterior el CCOP expresa:
Primero: La Reforma Política del Distrito Federal debería hacerse en concordancia con la opinión expresada por los ciudadanos que concurrieron a votar en plebiscito del 21 de marzo. La Asamblea de Representantes y su Mesa de Concertación para la Reforma Política del Distrito Federal, el Congreso de la Unión y las autoridades correspondientes deberían asumir este compromiso ético y político.
Segundo: El CCOP hace un llamado muy especial a los medios de información, sobre todo a la radio y la televisión, para que informen adecuada e imparcialmente sobre este debate político y den cobertura justa a las inquietudes de los ciudadanos del Distrito Federal. Los medios de comunicación, en especial la televisión comercial, deben de reflejar con veracidad las inquietudes ciudadanas y los hechos sociales.
Tercero: Es opinión de este Consejo que dada la calidad democrática del proceso plebiscitario del 21 de marzo y su comprobada eficacia como mecanismo de consulta y participación directa de la ciudadanía en las decisiones públicas que le afectan, se reincorporen al texto constitucional mediante la reforma correspondiente las figuras del referendum, el plebiscito y la consulta popular.
El Consejo Ciudadano de Observación del Plebiscito extiende un reconocimiento a los asambleístas convocantes por su iniciativa y el esfuerzo que empañaron en realizarla, igual reconocimiento hace a todos los voluntarios que, en
distintos niveles y en muy diversas tareas, hicieron posible este ejercicio ciudadano. Ellos son la ciudadanía actuante que hará posible y ejercerá, con responsabilidad y sentido patriótico, la democracia.
México, Distrito Federal, 30 de marzo de 1993.»
El Presidente: - En los términos del artículo 61 del Reglamento Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, túrnese a la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados.
Continúe con los demás asuntos.
La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández:
«Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
Alejandro Rojas Díaz - Durán, en mi carácter de representante a la II Asamblea del Distrito Federal, ante esa representación nacional, respetuosamente, comparezco y expongo:
Que con fundamento en el artículo 30 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se dé cuenta del contenido de la presente comunicación, en la sesión del día 31 de marzo, toda vez que se debatirá el tema del Plebiscito celebrado el 21 de marzo pasado del que el suscrito fue uno de los convocantes originales.
En tal virtud, me permito, ante esa representación nacional, fijar mi posición al tenor de la siguientes reflexiones:
Independientemente de las imperfecciones, unas compresibles y otras deliberadas, reconozco que el Plebiscito ciudadano al que convocamos nueve asambleístas es una aportación valiosa a los procesos democráticos del país.
La participación ciudadana es esencial en el fortalecimiento de una nueva cultura política madura y responsable, y este plebiscito demostró ser una vía eficaz en la que los ciudadanos que acudieron se manifestaron de buena fe. Por tanto, habrá que impulsar la incorporación a la Constitución de las figuras del plebiscito y referendum.
Ratifico mis críticas a los procedimientos que fueron modificados a última hora y con explicaciones baladíes y medias verdades. La ciudadanía del Distrito Federal no recibió, de parte de los organizadores, aclaraciones oportunas y las seguridades necesarias para darle al plebiscito una mayor transparencia, claridad e imparcialidad a los resultados. Hoy, con estos resultados, no es políticamente aceptable que sean manipulados con banderías ideológicas, arropados en nombre de la ciudadanía que se dice defender.
Los resultados del plebiscito son muy respetables, porque son una decisión importante de una parte de la conciencia ciudadana que participó. Por tanto, merecen respeto y deben ser considerados, pero en su cabal dimensión y representatividad política, dentro del proceso de transición democrática que vive el Distrito Federal.
Sin embargo, mis compañeros asambleístas no pueden, y no deben, interpretar esa expresión popular reflejada en el plebiscito ciudadano como la voluntad efectiva de la inmensa mayoría de los que habitamos en la Ciudad de México, ni mucho menos erigirse en sus voceros o dirigentes.
Exhorto a esa soberanía a que promueva que los acuerdos surgidos en la Mesa de Concertación para la Reforma Política del Distrito Federal, sean sometidos a la ratificación o rechazo de los ciudadanos capitalinos, por la vía de un referendum, que convoque el Gobierno de la Ciudad de México y los partidos políticos representados en la Mesa de Concertación.
Este referendum legitimará democráticamente la Reforma Política del Distrito Federal a través de la participación popular. Y el plebiscito, para ello, fue un buen comienzo.
Por último, les reitero la exigencia a mis compañeros asambleístas del desagravio público y moral a mi persona, en relación a las calumnias y difamaciones que virtieron a través de los medios de comunicación. Si así no lo hicieren, continuaré promoviendo mi denuncia en su contra en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, por medio de la averiguación previa número SC 3674/93 - 03 y por los cauces legales y políticos correspondientes.
Por encima de la Ley, nadie, mucho menos nosotros, los representantes populares.
Muy respetuosamente.
Protesto lo Necesario.
México, Distrito Federal, a 29 de marzo de 1993. - licenciado Alejandro Rojas Díaz - Durán.
Por lo anteriormente expuesto y fundado a ustedes ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión, atentamente solicito se sirvan:
Único. Dar cuenta en la sesión del 31 de marzo de 1993 del contenido del presente ocurso.
El Presidente: - En términos del artículo 61 del Reglamento Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, túrnese a la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados.
Continúe la Secretaría con los demás memoriales.
El secretario diputado Juan Luis Calderón Hinojosa:
La Unión de Ejidos "Presidente Lázaro Cárdenas del Río" (con registro número 561 - 8883/86 en el Registro Agrario Nacional), con sede en los municipios de Francisco I. Madero, Matamoros y San Pedro, Coahuila. solicita la intervención de esta Honorable Cámara para que se le haga la devolución y pago de los saldos a favor de la Unión de Ejidos, derivados de las declaraciones fiscales del impuesto al valor agregado IVA, del período de mayo a diciembre del ejercicio fiscal de 1991.
En forma a todas luces incorrecta e irregular se autorizó esa devolución al ciudadano Miguel Rivas Cruz, persona no perteneciente a la Unión, como se acredita mediante la constancia pública que expide la Secretaría de la Reforma Agraria, con fecha del 14 de enero del año en curso el promovente, en la que consta que ningún momento tuvo, jurídicamente, el carácter de representante legal, ni de miembro del Consejo de Administración de la Unión de Ejidos.
Mediante la orden número 3046 del oficio 34303, de fecha 8 de octubre de 1991, suscrito por la Jefatura del Departamento de Servicios y Asistencia al Contribuyente de la Administración Fiscal Federal número 23700, con residencia en San Pedro, Coahuila, se hizo incorrectamente la devolución fiscal de ciento cuarenta y cuatro millones novecientos cincuenta y un viejos pesos, moneda nacional.
Por lo anterior expuesto, pedimos la intervención de la Cámara de Diputados, para que la autoridad fiscal emita una resolución favorable a la Unión de Ejidos Presidente Lázaro Cárdenas del Río, ya que aquella ilegal devolución lesiona nuestros intereses y es de estricta responsabilidad de la Secretaria de Hacienda.
Por la Unión, diputado Jorge Torres Castillo.
El Presidente: - Gracias, señor Secretario.
En los términos también del artículo 61 del Reglamento Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, túrnese a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados.
CONSULTA POPULAR
El Presidente: - En otro orden de asuntos registrados en el orden del día, se concede la palabra al senador Manuel Aguilera Gómez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse al plebiscito celebrado en la Ciudad de México el 21 de marzo pasado.
Esta presidencia informa que se han registrado varios oradores sobre este mismo tema, en el siguiente orden: senador Porfirio Muñoz Ledo, diputado Víctor Martín Orduña, diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, diputado Cuauhtémoc Amezcua, diputado Israel Gómez Arreguín y diputado Fernando Lerdo de Tejada.
El senador Manuel Aguilera Gómez: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros legisladores:
El día 21 de este mes se llevó a cabo un evento plebiscitario en la Ciudad de México, patrocinado por un grupo de miembros de la Asamblea de Representantes y en cuya organización participaron con inocultable entusiasmo en un numeroso contingente de ciudadanos. Fue un esfuerzo significativo que, con toda obra humana, tuvo desaciertos que, sin embargo, no empañan la buena fe de mucho de los participantes.
Acudieron a emitir su voto 331 ciudadanos, es decir, atendieron la convocatoria el 6.3% de los ciudadanos, sólo de cada 10 de los que votaron en las elecciones de 1991 y casi...
El Presidente: - Se ruega a los asistentes, por favor, de la manera más respetuosa, que guarden silencio. Por favor, continúe, señor senador.
El senador Manuel Aguilera Gómez: - ...Es decir, atendieron la convocatoria el 6.3% de los ciudadanos, sólo de cada 10 de los que votaron en las elecciones de 1991 y casi a mitad de los que participaron en las elecciones vecinales de 1992.
En este evento hubo un hecho singular que ha sido soslayado: asomó, en muchos de sus
patrocinadores, una pasión que los llevó a menudo al terreno de la intolerancia de las ideas.
Aquí, en este foro, expliqué claramente las razones por las cuales el Partido Revolucionario Institucional se mantenía al margen de este proceso. Entre las razones esgrimidas, la más importante era la alusiva a que una reforma al Gobierno de la ciudad no podía quedar comprimida en un "sí" o en un "no"; que era indispensable informar suficientemente a toda la ciudadanía respecto de las opciones para la reforma política, tarea ésta que no podía conseguirse en unas cuantas semanas.
Exhibiendo claros signos de intolerancia esta actitud fue calificada como antidemocrática por algunos de sus patrocinadores; por excepción, alguno admitieron el derecho a discrepar, otros exhibieron en sus argumentos un concepto de democracia sui generis: sólo son demócratas aquellos que piensan como ellos. Se asomó la intolerancia por la tolerancia aparte de aquellos que sienten depositarlos de las verdaderas absolutas y eternas.
Es el autoritarismo aplicado al terreno de las ideas.
No, la democracia no puede ser obra de la pasional descalificación de los argumentos del adversario, ni ofreciendo a la sociedad opciones insuficientemente examinadas ni evaluadas. La democracia no puede construirse sobre los cimientos de la intolerancia.
Todo avance democrático debe sustentarse en el respeto efectivo a la pluralidad, a admitir el derecho de los demás a pensar de manera distinta a la propia y asumir nuestra obligación de respetar y de luchar por el respeto a las opiniones de los demás. La intolerancia es incompatible con la democracia.
Algunos opinantes han señalado con virtud de este evento una tesis singular, inaceptable: no importa tanto la cantidad sino la calidad de los votantes; tesis que ha pretendido apoyarse en los resultados de una encuesta levantada por la empresa Pearson, S A de C V, relativa a las características de quienes acudieron a la urnas. Según esa encuesta la mayoría de los votantes se caracterizaba por su elevado nivel educativo y su desahogada posición económica.
A la luz de esta información, algún miembro del Consejo Ciudadano escribió en un diario de circulación nacional, que el plebiscito tenía como valor supremo el de haber sido expresión de las preferencias de la población informada y politícamente consciente. Este concepto de democracia calificada, es el camino de la antidemocracia; es el camino de la democracia selectiva; es la expresión consciente o inconsciente de que los actos de Gobierno sean obra de un grupo de notables. Esa es una interpretación elitista de la democracia, que ningún partido político puede aceptar.
Pero por encima de estas consideraciones, la reflexión que no debemos hacer es ¿por qué acudió un numero tan reducido a la convocatoria del plebiscito? El sondeo de opinión entre quienes no aceptaron votar revela que su abstención obedeció a que consideraron que no estaban suficientemente informados acerca de las implicaciones de su voto. En general la opinión pública crecía de la información sobre el significado y consecuencias de opinar en uno o en otro sentido. Aquí debo aclarar: la inmensa mayoría de la población que no votó, sí estaba enterada del plebiscito, pero su indiferencia obedeció a que no quiso sentirse sorprendida; no aceptó quedar atrapada en una disyuntiva; en opciones extremas, rechazó...
El Presidente: - Señores asistentes, les voy a recordar lo que dice el artículo 207 del Reglamento Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos: "Los concurrentes a las galerías se presentarán sin armas, guardarán respeto, silencio y compostura y no tomarán parte en los debates con ninguna clase de demostración".
Le ruego de la manera más atenta a todos los presentes que guardemos compostura.
Señor senador, continúe.
El senador Manuel Aguilera Gómez: - Muchas gracias, señor Presidente, en una manifestación más de esta intolerancia que hemos padecido.
...Rechazó votar sobre el asunto de tanta complejidad planteado como simples disyuntivas, como dilemas maniqueos cuyos alcances resultaban inciertos; no aceptó ser víctima de preguntas para inducir respuestas afirmativas; reclamaba una explicación seria y razonada acerca de las consecuencias políticas, económicas, financieras, tribunales y sociales, de su decisión. Explicación que nunca recibió de manera objetiva.
La sociedad nos enseño que no está dispuesta a ser movida por reacciones emocionales alentadas por anuncios publicitarios. Está consciente
de que todo avance democrático duradero debe ser obra de la convicción de los ciudadanos. Esta actitud, lejos de ser expresión de apatía, es signo de madurez cívica de una sociedad altamente participativa, como la del Distrito Federal.
Sería un gravísimo error de apreciación, suponer que existe indiferencia, desmoralización y desidia cívica en la ciudadanía, pues es preciso recordar que en las elecciones de 1991, el nivel de abstencionismo fue sólo del 23%, junto con el de Baja California, el más bajo del país.
A la luz de los reducidos niveles de participación de la ciudadanía en el plebiscito, se ha pretendido conferirle a este evento, el carácter de una muestra representativa de la opinión pública, con valor superior a la de cualquier encuesta levantada entre centenas de ciudadanos. Obviamente, tal argumentación carece de valor científico y de consistencia política. Una encuesta seria se levanta bajo ciertos parámetros técnico - estadísticos que aseguren representatividad, proporcionalidad y aliatoriedad, para que reflejen la estratificación social y la distribución espacial de la sociedad. Sus resultados tienen un valor sólo estadístico; precisamente, la comparación de quienes votaron en el plebiscito según sus edades, sexo, escolaridad, domicilio y nivel de ingresos, muestra de manera inequívoca, los sesgos muestrales y estadísticamente medibles que son reveladores de su representatividad.
El plebiscito no fue una encuesta diseñada conforme a las normas, estadísticas científicamente aceptadas; fue una convocatoria, un llamado a los ciudadanos a que expresasen su opinión a través del voto. Se trata, pues, de una convocatoria que tiene valor político.
La primera. La encuesta es únicamente un sondeo.
La segunda. Es un compromiso político.
Equiparar una encuesta con una votación llevaría al extremo del absurdo de juzgar innecesarias las elecciones, las que podrían suplirse con los resultados de alguna encuesta de opinión. Eso sería una aberración.
Otra cuestión sobre la cual es preciso estar alerta, alude a que se pretende atribuir a la sociedad civil una insospechada capacidad para organizar los procesos electorales, sin burocratismos que retrasan y enturbian los resultados. A quienes así opinan, es oportuno recordarles que la tramitación de los procesos electorales no es obra de caprichos burocráticos, sino respuesta a reclamos de los partidos políticos interesados en contar con evidencias documentales de las diversas etapas del proceso electoral, desde la instalación de las casillas, hasta su cierre y escrutinio, con el propósito de hacer valer sus derechos ante las instancias electorales.
En un plebiscito o referendum no hay contendiente, no hay competencia y por ende, no hay necesidad de probar fehacientemente, documentalmente frente a los representantes de los contendientes, las circunstancias, los incidentes y los resultados de los comicios.
Recuérdese que los resultados del plebiscito fueron en gran medida transmitidos por la vía telefónica. Ningún partido político aceptaría este sistema de cómputo de votos.
Finalmente se ha pretendido insinuar que el plebiscito es un testimonio de que las elecciones pueden ser preparadas y realizadas por los ciudadanos, con independencia de los partidos políticos y de las autoridades gubernamentales.
En este sentido deseo alertar una vez más a la opinión pública, acerca de la campaña emprendida dentro y fuera del país, en contra de los partidos políticos, como entidades intermediarias entre la sociedad y el poder público para asuntos electorales.
A la luz de los bajos índices de participación ciudadana en las elecciones, se ha insinuado la inoperancia de los partidos políticos, menospreciando el papel de éstos en las transformaciones de las instituciones públicas en las sociedades modernas.
Deseo insistir en que la democracia invariablemente se ejerce y se perfecciona a través de los partidos políticos.
Anular, disminuir el papel de los partidos políticos, sólo habrá de derivar en la implantación de formas autoritarias de Gobierno. El abstencionismo no se va a combatir debilitando a los partidos; por lo contrario, es preciso fortalecer el régimen de partidos brindándoles los medios necesarios para que puedan aumentar su capacidad de penetración y de persuasión entre la ciudadanía.
Ciertamente es indispensable avanzar también en la simplificación de los procesos electorales, con el fin de estar en condiciones de ofrecer a la opinión pública resultados oportunos acerca de los comicios. Este es un reclamo que comparto y que mediante el uso de medios modernos de
transmisión de datos, puede lograrse sin sacrificar los controles documentales.
Ahora bien, los resultados de esta consulta popular, creo yo, deben ser incorporados como un elemento más, a los trabajos y deliberaciones de la mesa de concertación que de tiempo atrás ha venido trabajando con seriedad técnica y con responsabilidad política y en la que participan cinco partidos políticos.
La tarea trascendente que nos espera, es concretar las reformas al Gobierno del Distrito Federal. Esta es la obra que espera la ciudadanía; una reforma que logre conciliar el fortalecimiento de las instituciones y prácticas democráticas con una organización gubernamental capaz de lograr el acercamiento entre el Gobierno y la ciudadanía, una estructura que concilie la legitimación y representatividad del poder público con mayor eficacia en la presentación de los servicios públicos, una reforma que contribuya a abrir mayores espacios de participación política y de participación social, fortaleciendo la unidad sustantiva de la sociedad.
Esta es la reforma política que nos espera a los partidos en los próximos días y que con buena fe y con patriotismo habremos de plasmar en iniciativas legislativas surgidas de la concentración y del acuerdo de las diferentes fuerzas políticas que actuamos en la ciudad.
Es todo, señor Presidente.
El Presidente: - Muchas gracias, señor senador Aguilera.
Se concede la palabra al señor senador Porfirio Muñoz Ledo, del Partido de la Revolución Democrática.
El senador Porfirio Muñoz Ledo: - Estamos sólo a 16 meses de las próximas elecciones federales y a 20 de la renovación de los poderes de la Unión. Estamos entonces a un tiempo angustiosamente breve del momento en que los ciudadanos habrán de decir en sus líneas fundamentales el rumbo del país hacia el siglo próximo. El momento es grave y nada de lo que ocurre en la vida pública de México es irrelevante; nada debe ser sometido a la vanidad del juicio como el que acabamos de escuchar.
Es obligación de todos definir las reglas, los cauces y los límites por los que deberemos concluir el proceso político, a efecto de que el tránsito sea pacífico y se mantengan la estabilidad y la cohesión nacionales por el más estricto respeto al voto y la igualdad en las contiendas electorales.
La cuestión es imprimir un salto cualitativo a la vida política de la nación; transitar de un sistema de partido, de Estado o de Gobierno, como ahora se le llama, que hegemoniza los controles sociales, la comunicación, las elecciones y el ejercicio del poder público, a otro sistema, distinto en naturaleza, democrático, plural, con alternancia de los partidos en el poder público, en el que se respete la estructura republicana del país y en que los ciudadanos sean los árbitros últimos de los procesos políticos.
En esta coyuntura adquiere la mayor relevancia el plebiscito que tuvo lugar en esta ciudad el 21 de marzo anterior. Es un ejemplo cuya glosa y ponderación resulta inevitables y necesarias. Alguien lo llamó: "la primavera de la democracia". un nuevo tono cívico en la capital de la República, incluso sus más tenaces adversarios han reconocido transparencia y tranquilidad, incluso un esfuerzo significativo y de buena fe.
Quiero, en primer lugar, agradecer la presencia de los asambleístas que hicieron posible, por su iniciativa, este ejercicio ciudadano y que reivindicaron así su condición de genuinos representantes populares, dándole sentir a un cargo que hasta ahora había venido siendo mediatizado por el autoritarismo ilimitado por el escaso espectro de sus funciones.
Quiero también hacer de nueva cuenta un reconocimiento público al Consejo Nacional de Observación Ciudadana, integrado por intelectuales, profesionistas, maestros y hombres de empresa que cumplieron así la alta dignidad del oficio ciudadano.
El documento que la Secretaría leyó habla por sí mismo, a pesar de todo los obstáculos encontrados, fue un ejercicio políticamente representativo que dio por resultado una convergencia y una contundencia clara de la opinión de los ciudadanos del D. F., en favor de la democracia.
La conclusión última de este escrito merece ser retenido, todos los resultados del plebiscito representan la opinión de la mayoría de los hombres y mujeres de D. F., y el grado de participación exige que esta representación nacional dé respuesta a la ciudadanía aprobando una reforma política integral para el D. F., que democratice la elección de gobernantes y la dote de un Gobierno propio y autónomo para hacer sus leyes y definir su futuro.
La relación que debe establecerse entre plebiscito y tarea legislativa, preocupa de tal modo a los detentadores del poder público que hemos escuchado en esta tribuna una diatriba bajo nuevos ropajes que francamente no me esperaba.
Señor senador Aguilera, se trata de toda evidencia de una muestra representativa de los ciudadanos del D. F., la asistencia a las urnas no puede compararse en número a la de aquellas elecciones apoyadas y promovidas por todo el aparato del poder y de los medios de información; sin embargo, ahí estuvo la expresión espontánea de los ciudadanos desafiando el cerco de la difamación y de la desinformación. Creo que no tiene usted derecho a hablar de intolerancia cuando se ha caracterizado en tal medida por su posesión intolerante respecto del plebiscito y de la democratización que ha recibido el apelativo sintético de senador, no.
Los plebiscitos son en principio una decisión en contra de estructuras de poder, son una decisión ciudadana sobre cuestiones fundamentales, tienen como trasfondo de información la propia conciencia pública; cuando el pueblo de Chile decide no a Pinochet, no requiere un Tratado de Ciencia Política dirigido a cada domicilio; cuando cualquier ciudadano de Europa se pronuncia por el sí o por el no, lo que concierne al Tratado de Maastricht, tiene tras de si una conciencia madura respecto de los intereses de su país.
Dice usted que su actitud no es antidemocrática, lo es, es una actividad fundamental antidemocrática que viene a ser un eslabón más en una larga cadena de rechazos. Desde 1989 y a lo largo de un año de debates, la Comisión Especial de la Comisión Federal Electoral, su partido se negó a discutir la reforma democrática del Distrito Federal y a lo largo de todo ese tiempo y hasta ahora, no ha esgrimido una sola razón válida para esa negativa.
Usted mismo, en la última sesión del Senado de la República, que pedimos que la Comisión respectiva dictaminara el proyecto de reformas constitucionales cuyos autores son precisamente los asambleístas, usted hizo uso de un artículo del Reglamento para aplazar sine die el debate.
Lo único que le importa, es salvar la mesa de concertación a la que convocado su Jefe, que no es la mesa de un demócrata, sino la de un cafetócrata; tomarse el café con cualquiera no significa ser un demócrata.
Los ciudadanos sí son depositarios de la verdad, son más que eso, son depositarios de la soberanía, para saberlo basta la lectura de la Constitución. Nosotros sí somos tolerantes, respetamos su derecho a pensar, aunque pocas veces lo ejerce; respetamos su derecho a no pensar y respetamos su derecho a obedecer.
No está aquí planteado un problema de calidad o de cantidad, está planteado un problema de poder ciudadano y de participación libre del pueblo del Distrito Federal.
No se trata de las elecciones del acarreo, de la operación tamal o de la operación banderita; se trata de un nuevo tipo de elecciones no conocidas hasta ahora por los habitantes de esta ciudad.
Me parece además, un exceso, lo digo del modo más sereno, acusar a este núcleo de ciudadanos, de componer un grupo de notables, máxime que la acusación proviene de un partido en trance de privatización, que depende ahora de las contribuciones que provienen de la famosa charola, esa sí, basada en una reunión de notables oligárquicos.
Por fortuna, la cena de Ortiz Mena terminó como la cena de Salomé, lo único que quedó en la charola es la cabeza del bautista.
Más allá de las cifras queda como ejemplo una notable operación ciudadana; queda de manifiesto, aunque les irrite, que los ciudadanos somos capaces de organizar las elecciones y de organizarlas bien y sobre todo de generar la credibilidad de los otros ciudadanos, sin sombra de sospecha sobre fraudes o caídas del sistema.
Me extraña que se erija usted el defensor de los partidos, cuando es precisamente la política del suyo a través de todos los mecanismos de información, de deformación, la que ha empleado como estrategia política, el descrédito de los partidos y la que ha impedido el desarrollo de un sistema verdaderamente plural de partidos políticos en México.
Este plebiscito demostró además que el sufragio puede organizarse con recursos económicos y materiales relativamente escasos; probó que puede desafiarse y vencerse parcialmente el cerco de los medios de información. Ciertamente, fueron los lectores de periódicos y de unos cuantos periódicos que dieron espacio y estímulo al ejercicio democrático quienes tuvieron la mayor información.
Algunos que atendieron los mensajes de la radio, pero ninguno tuvo esclarecimiento de los grandes
medios electrónicos, que con ello en alguna medida, violaron el sentido mismo de las concesiones que tienen sobre el espacio aéreo de la nación, porque no respondieron a las necesidades y a las inquietudes de la población.
Se demostró también, que la ciudadanía reacciona de modo pacífico y confiado cuando sabe que el fraude está excluido del proyecto electoral, que los resultados pueden conocerse en la misma noche y que la celeridad del cómputo y la definitividad de los resultados son los que generan la certidumbre ciudadana sobre el resultado electoral.
Simplemente el plebiscito se pareció a como ocurren las elecciones en los países democráticos del mundo. Pasearse ese día por la ciudad, ir a conversar con los ciudadanos que voluntariamente fueron a vigilar las urnas, contemplar el tono cívico de la participación, era ubicarse en un ámbito democrático como el que no habíamos conocido en el país.
Hay además aspectos cualitativos del proceso que no pueden menospreciarse: el entusiasmo juvenil, a salvo del escepticismo y del desencanto, ver a esos jóvenes acudir a las urnas como quien tiene de nuevo algo en que creer y ver a los adultos como quienes tienen la ocasión genuina de decidir el país que se desean para sus hijos, se ha creado y habrá de desenvolverse un contrapeso al poder autoritario.
Esta es una de las primeras expresiones de un poder ciudadano que habrá de crecer en nuestro país. Hay, en los ciudadanos del Distrito Federal y en el voto que depositaron, una visión de largo plazo sobre el destino de la ciudad, al margen de los parches, de los dispendios, de las corrupciones, del propagandismo y del coyunturismo político. Los ciudadanos han decidido replantearse el modo de organización y el sistema de vida en el que quieren transitar para los próximos años.
A mi me extraño y no puedo dejar de subrayarlo, el silencio de las más autoridades del país. Ciertamente el Jefe del Departamento del Distrito dio un "si es, no es" errático y equívoco, dio un voto particular cuyo contenido no conoceremos sino hasta que el proceso termine, pero al lado de ese voto particular hubo un silencio que no me atrevería a calificar de ominoso del Jefe del Ejecutivo de la Unión; es un silencio que no se explica, viniendo además de un personaje tan activo y tan solícito que está siempre dispuesto a retratarse con un boxeador, con un corredor o con un artista de éxito, o atraer para sí mismo los laureles obtenidos por un Premio Nobel de la Paz.
Creo que es deber de los dirigentes políticos de un país, el expresar una reacción respecto de un movimiento ciudadano de esta envergadura.
Estamos ahora en las vísperas de un reforma política.
Nosotros no estaríamos de acuerdo en que el resultado del plebiscito fuera a diluirse en esa mal llamada Mesa de Concertación; ése sí un ámbito de notables; ése sí un ejercicio a espaldas de la soberanía popular.
Esa mesa no ha tenido desde su inicios otro propósito que ocultar un hecho innegable, que todos los partidos políticos, con la sola excepción del partido de Gobierno, estamos a favor de la democratización del Distrito Federal.
Se quisiera llegar en esa mesa y en aras de un pretendido respeto a los partidos, a una serie de transacciones cupulares. Lo que se busca bajo la máscara de un régimen parlamentario es crear delegados de partido, como en alguna ocasión hubo diputados de partido, tantos para el del Gobierno y tantos alícuotamente para los partidos de oposición. Ese es lo que usted llama ejercicio democrático.
Lo que el pueblo de esta ciudad quiere, lo que el marco general de la Constitución de la República indica, lo que la tradición histórica del país exige, es la devolución del derecho de los ciudadanos del Distrito Federal a elegir a sus gobernantes, a elegir el Poder Ejecutivo, a elegir un Congreso propio y a restaurar el régimen municipal que tuvo existencia en esta capital durante cerca de 400 años.
Hay que entender el plebiscito no como un punto de llegada sino como un punto de partida. El plebiscito es, estoy cierto, el inicio de una basta movilización ciudadana que debe confluir dentro del marco de las tareas encomendadas a la representación nacional.
La democratización del Distrito Federal es uno de los temas de la agenda política; agenda por cierto mal llamada de la consolidación de la democracia, puesto que consolidar significa dar fuerza y solidez a una cosa que ya existe y lo que queremos es cambiar esa cosa llamada sistema de partido de Estado.
La agenda es clara y tendrá que ser resuelta a la brevedad; órganos y procesos electorales;
igualdad de los partidos y de los candidatos en las contiendas electorales y reformas al régimen representativo, entre ellas la reforma al régimen político del Distrito Federal.
A estas alturas ya no hay escamoteo posible. Esta es la decisión política más responsable que está llamada a tomar la representación nacional.
No es a estas alturas admisible el doble lenguaje. Por una parte, el jefe del Ejecutivo insiste, hace unas semanas, que en México existe un partido de Gobierno, para abundar en su expresión del último informe, en el sentido de que nuestro país ha vivido con un sistema de partido casi único y apenas ayer se exhibe en un acto de su propio partido coreando decisiones que llegaron a los medios de información no desde Aguascalientes, sino desde Los Pinos.
No creemos que sea una avance democrático el convertir a un borrego en chivo expiatorio; no creemos que sea un avance democrático el reafirmar de modo exuberante el vínculo entre el Ejecutivo y el partido de Gobierno.
Debiéramos proceder en sana lógica a partir del propio discurso presidencial a definir qué es un partido de Gobierno, cuáles son las características de esa simbiosis y desmontar después el sistema de alianzas, de complicidades y de contubernios que vedan al país su acceso a una plena democracia.
Estos discursos a la historia del Congreso de la Unión y el que los lea en el futuro sabrá quien tenía la razón. Los hechos hablarán por sí mismos, antes de que transcurran 90 días, sabremos si la oferta democratizadora del Gobierno encerraba siquiera aunque fuera una débil voluntad de cambio político o si nos enfrentamos a un nuevo juego de engaño.
Si fuese lo segundo, los peligros para el mantenimiento de un consenso nacional en los acontecimientos políticos difíciles que van a transcurrir, serían amenazantes para el país.
Yo hago un llamado para que la lección ejemplar del plebiscito sirva como un aldabonazo en la conciencia pública y ayude a generar una conciencia responsable en los detentadores del poder público. Muchas gracias.
El Presidente: - Gracias senador Muñoz Ledo. Para el mismo asunto tiene la palabra el diputado Israel González Arreguín, del Frente Cardenista.
El diputado Israel González Arreguín: - Con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores:
Sólo como un pequeño dato de reflexión, hay más de 400 mil estudiantes tan sólo entre la UNAM y el Politécnico, que piensan, que analizan, que reflexionan, que actúan y determinan.
El fracaso del plebiscito no implica el fracaso de la reforma política en el Distrito Federal. Los organizadores de este evento lejos de beneficiar a la reforma política, la obstruyen y la torpedean por el manejo de los resultados que se obtuvieron; de una opinión de ciudadanos muy reducida se quiere hacer valer y se utiliza como un chantaje político para volver a la mesa de las concertaciones, tener una actitud triunfalista con resultados mínimos y perfectamente localizados es no reconocer que el plebiscito fracasó en la medida que no despertó interés en la ciudadanía.
Este fracaso es producto de todas las anomalías que ocurrieron, desde la convocatoria durante su preparación y durante su realización, pero también a que en este evento no hubo la participación de los partidos políticos, esto nos preocupa, porque son prácticas que conllevan a fomentar los fenómenos que cada vez toman mayor fuerza, como son el bipartidismo, el abstencionismo y el antipartidismo, fenómenos que contribuyen al debilitamiento del sistema de partidos y a una verdadera participación de la ciudadanía.
Quienes pretenden manejar la inseguridad de los procesos serios, lo único que realizan en forma por demás absurda es el alejamiento del pueblo de las urnas, de la participación plena en política y promueven el deterioro de las instituciones que surgen de los procesos electorales constitucionales, aclamando y abriendo consecuentemente las puertas al intervencionismo.
Pese a esto, seguimos considerando que nadie que se interese en el desarrollo democrático del país, supone que sea erróneo realizar una consulta al pueblo, menos cuando ésta es de la mayor importancia para la vida económica, política y social; pero una cosa es el plebiscito como principio y otra cosa como táctica de oportunidad de los promotores de la enfermedad del antigobernismo y antipriísmo, cuya actitud quedó evidenciada en Teloloapan, Guerrero en donde fueron presa de sus propias trampas que han venido generado conjuntamente con la toma violenta del poder y/o de un día para otro.
Insistimos, el fracaso del plebiscito ha sido la consecuencia del sectarismo de unos cuantos apartidistas, de un grupo de renegados y disidentes de los partidos políticos que quisieron mediante la farsa, el engaño, la simulación, maniobrar la voluntad del pueblo.
En la primera sesión de esta Comisión Permanente, en la que se discutió por primera vez la realización del plebiscito, marcábamos su trascendencia. En esa reunión aseveramos que si bien, no estábamos en contra de la figura del plebiscito, ésta, a nuestro parecer, no debería de utilizarse como táctica oportunista para retroceder en los consensos que ya se habían generado en la misma Asamblea de Representantes y en la mesa de concertaciones que había estado trabajando para la reforma política del Distrito Federal.
Dijimos que no se debería descalificar a nuestro parecer las opiniones, muchas de ellas muy acertadas, que fueron vertidas en el foro de consulta que se llevó a cabo por convocatoria de la misma Asamblea de Representantes.
Argumentamos en la misma sesión que efectuar un plebiscito era una tarea de enorme trascendencia, debería ser creíble e influir en las transformaciones del sistema legal, disponer de recursos, medios y técnicas que lo hicieran confiable, deberían valorarse sus riesgos, impedir sus anomalías que pudieran registrarse ante la carencia de una infraestructura adecuada para llevarlo a cabo.
Hoy, tratamos nuevamente el tema del plebiscito, pero ya con elementos que nos permiten analizar los resultados derivados de la consulta realizada el domingo 21 de marzo, en este evento, que a todas luces, fracasó.
Salieron a relucir ahí no sólo la falta de infraestructura para poder llevar a cabo, sino también la falta de información que explicara las razones de la consulta a los capitalinos. Sale a la luz que fue un evento no preparado, que se hizo sobre las rodillas, que no tuvo eco en la población.
La falta del interés de los capitalinos y el desconocimiento de lo que implica una consulta de este tipo, provocó una escasísima concurrencia a las urnas.
Según las cifras, la asistencia de votantes fue un poco más de 320 mil personas, lo que significa que el 94% de los capitalinos no quiso participar en el plebiscito. Según las muestras levantadas por los especialistas, la votación se centró en un sector de la población que se ubica en un nivel de ingresos medios y altos y que tienen un nivel de preparación escolar, en promedio, de nivel medio.
Esto es para reflexionarse. En principio, la opinión generalizada y que bien podría tomarse como una muestra amplia de un posible resultado y de un sector específico de la sociedad, no garantiza la participación del grueso de la sociedad, entre los que se encuentran los de mayores carencias que no quisieron manifestarse en un evento que careció de información y que tuvo grandes problemas de organización.
Hace un rato se habló aquí de que había que definir las reglas de tránsito, el tránsito de un sistema de Estado o de un Gobierno a otro distinto, más democrático, plural, con alternativas de partidos en el poder público, de un respeto a todos los partidos políticos.
Se habló de transparencia, de tranquilidad, pretendiendo dejar como algo aparte, como un capítulo aparte, la transparencia democrática que se engulló Porfirio Muñoz Ledo en Nayarit, el "senador yes", que fue apoyado a cuatro años y medio, por tan sólo un 6% de los volantes que en 1988 lo llevaron al Senado, como muestra del repudio que le tienen los hombres y mujeres trabajadoras, las amas de casa, los obreros, los estudiantes y el pueblo en general del Distrito Federal, que repudian su entreguismo al extranjero y su actitud intolerante que pone por encima de todo, los riñones, el hígado y el revanchismo y la amargura, que viene a querer dar lecciones de democracia, cuando fue el principal promotor del fraude cuando tuvo el poder acumulado en sus manos.
Pero, en tratándose compañeros legisladores, de una reforma que implica la democratización del DF, debemos actuar con seriedad y con responsabilidad. Las figuras como el plebiscito, no pueden ser utilizadas para ejercer una presión para que se acepten los métodos que determinado partido propone.
Insistimos que la opinión de los ciudadanos no se debe limitar a responder si están o no, de acuerdo en la elección ciudadana de los gobernantes del Distrito Federal.
En otro sentido, del experimento del 21 de marzo, debemos sacar lecciones provechosas. la mayoría de la población no quiso manifestarse y eso le resta credibilidad al plebiscito. La opinión corresponde sólo a un pequeño segmento de la población y con características definidas que lo hacen que sea una opinión parcial. No obstante,
inmediatamente después del evento, surgieron los que se apropiaron de los resultados y quieren anteponerles o anteponerlos para la concertación de la reforma política en el Distrito Federal. Sin embargo, no se puede menospreciar el esfuerzo realizado y la opinión obtenida aunque minoritaria, se debe de tomar como un parámetro para complementar los resultados del foro de consulta que se realizó en la Asamblea de Representantes. Pero lejos está, de que se debe de tomar como el eje central de discusión de la reforma política del Distrito Federal, como algunas organizaciones políticas y personas interesadas lo pretenden. Muchas gracias.
El Presidente: - Muchas gracias, señor diputado Israel González Arreguín, del Partido del Frente Cardenista.
Para el mismo tema se ha anotado el diputado Víctor Martín Orduña, del Partido Acción Nacional.
El diputado Víctor Martín Orduña Muñoz: - Señor Presidente; señoras y señores legisladores:
A pesar de todo cuanto se hizo por descalificar el plebiscito, desde aquellos intentos por descalificarlo a priori por los apologista del absorbente presidencialismo mexicano, quienes se opusieron contumazmente a su realización y también por quienes posterior a su realización lo consideraron como un deslucido intento o como un fracaso total, como aquí se ha considerado, creo que este plebiscito debe considerarse en una dimensión diferente.
No obstante también, de la escasez de recursos con que se realizó este evento, evento que se realizó con los recursos económicos de la ciudadanía y de los participantes, hechos que consideramos no debiera haber sido así porque la propia Asamblea de Representantes debió asumir el costo de este gasto plebiscitario y debió haber sido así, porque estos asambleístas tienen la facultad de convocar a consulta pública, desde esa forma debía haber sido la Asamblea quien corriera con los gastos y no dejarlo así e incluso hacerle una mayor difusión para efectos de que votara mucho más gente.
Segundo. No podemos negar que hubo intimidación por parte de líderes obreros, como fue Fidel Velázquez, para que no se presentaran lo obreros a votar.
No podemos negar, por otro lado, que a pesar de que el Gobierno de la ciudad de México había manifestado su desinterés en la participación de este evento, al cuarto para las 12 quiso participar y participó cambiando las preguntas y participó con observadores ciudadanos en cada una de las casillas electorales, que puedo asegurarles, participación que fue mucho más costosa que la realización del propio plebiscito.
A pesar de todo esto, a pesar de todo esto, creo que podemos calificar Plebiscito como un magnífico esfuerzo ciudadano que se desarrolló en esta entidad federativa, por los siguientes motivos:
Es la primera vez que los ciudadanos de esta capital se organizaron con el propósito de manifestar su opinión sobre la forma de Gobierno de quien quieren los gobierne en esta ciudad; fue también ejemplar por la entusiasta participación ciudadana. Fue ejemplar también por la organización ciudadana que tuvo una cobertura generalizada en la ciudad; fue ejemplar también por la claridad y objetividad, limpieza, diligencia y rapidez con que se obtuvieron los resultados, hecho que permite dar certeza a este evento de consulta popular.
Por otra parte consideramos que no obstante que jurídicamente los resultados plebiscitarios no obligan a las autoridades, sí consideramos por otro lado, que cada uno de los legisladores, cada uno de los políticos sensibles es esta Cámara de Diputados, deberá asumir su papel histórico para con México y realizar las reformas necesarias para democratizar a esta entidad federativa.
No estamos de acuerdo con el senador Aguilera, quien con su tesis de la intolerancia pretende minimizar al plebiscito. Intolerancia es, señor senador, tener a los habitantes de esta ciudad capital con derechos políticos disminuidos, como se ha tenido durante tanto tiempo. ¡Eso sí es intolerante!
Por otro lado, tampoco puede calificarse que los resultados del plebiscito hayan sido muchos o hayan sido pocos; únicamente como debemos de tomarlo, señores, es como un buen intento ciudadano de manifestar opinión frente a la forma de Gobierno que quieren para esta entidad federativa y no podemos cuantificarlo porque no hay parámetro de comparación, no había ningún intento en la ciudad de México de una consulta popular de esta naturaleza y como consulta popular debemos darle un pleno valor y un gran esfuerzo para quienes lo realizaron.
Por otro lado, yo creo que los asambleístas realizaron una excelente labor de promoción y
difusión de este evento, que por otro lado es una facultad de ellos, una facultad constitucional que ejercieron.
No estamos de acuerdo con el diputado Arreguín, en el sentido de que este plebiscito fue de una votación demasiado escasa. ya le dije, diputado y le contesté al senador, no puede usted tener parámetro de comparación para medir este plebiscito.
Por ello, señores, este Plebiscito no se opone de ninguna forma a los trabajos que se están realizando en la mesa de concertación. Deben ser esfuerzos conjuntos para democratizar a esta entidad federativa.
Tampoco podemos verlo como una concesión graciosa como lo hacía aquí el senador Aguilera, quien después de descalificar el plebiscito y minimizarlo con su teoría de la intolerancia, dice que se adjunten estos resultados a la mesa de concertación para que se tomen de alguna forma en consideración.
No es necesario que se haga así, señor senador. Creo que los ciudadanos de esta capital de debemos asumir cada uno nuestra responsabilidad con respecto a estos resultados plebiscitarios y solamente y en esa medida habrá que verlos. Muchas gracias.
El Presidente: - Gracias, diputado Orduña.
Tiene la palabra el mismo asunto, el diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas: - Señor Presidente; señores senadores; señores diputados:
Parece ser que en estas reuniones tan trascendentes de la República se divide en posiciones muy discrepantes que parecerían ser el inicio de una confrontación social en donde en la lucha fratricida los mexicanos tendríamos que decir la existencia o no, desde el punto de vista reglamentario y constitucional, de esta figura de consulta popular, o de lo contrario desechar a partir de este momento, conforme a unos resultados catastróficos que alguna gente emite, la posibilidad de mantener vigente para los ciudadanos, por encima de una reglamentación constitucional, la posibilidad de convocar y consultar directamente al pueblo conforme a sus pretensiones democráticas.
Hay cosas que parece ser que en este recinto asustan a algunos de nuestros compañeros. Se les olvida que el primer plebiscito se realizó dentro del territorio nacional con algunas divisiones en 1824, cuando los hermanos del Estado de Chiapas, mediante esa figura democrática de consulta popular, convocaron a sus habitantes para que determinen si se integraban a la Federación mexicana o se mantenían como República independiente.
Parece ser también que a esos amantes en la última asamblea del Partido Revolucionario Institucional, de liberalismo social, se les ha olvidado que fue precisamente el Benemérito de las Américas, don Benito Juárez, cuando en el pasado siglo convocó al pueblo de México entero para que determinara con precisión en 1867, mediante un ejercicio de consulta popular, mediante un plebiscito, la determinación voluntaria y democrática del pueblo de México para mantener solamente una función unicamaral o reintegrar al Poder Legislativo la Presencia de la Cámara de Senadores.
Parece ser que quienes estamos en estas reuniones olvidamos algunos elementos fundamentales, elementos de la Constitución de 1857, vigente hasta 1916, en donde se enumeran las partes integrantes de la Federación al Distrito Federal. En 1862 el Distrito Federal se dividía en la municipalidad de México y cuatro partidos: Guadalupe, Hidalgo, Xochimilco, Tlalpan y Tacubaya; el gobernador del distrito es la autoridad de la municipalidad, cada partido cuenta con un prefecto y un jefe de policía y se expide, señores diputados, don Juan de Dios Hinojosa, se expide desde aquel entonces un decreto de elecciones de funcionarios de ayuntamiento en el que se establece renovación anual y una presidencia rotativa entre 20 regidores que componían a los municipios desde aquel entonces.
¡Ojo!, con lo siguiente. Durante la intervención francesa, que no podría tener más simpatía a los mexicanos, lógicamente, salvo prueba en contrario que nuestras actuales autoridades federales, estatales y municipales, la ciudad de México es gobernada por un comandante militar, el alcalde de la capital era nombrado por el emperador Maximiliano; los regidores y ayuntamientos eran electos populares; el ayuntamiento se renovaba por mitad cada año.
El Distrito Federal adquiere su carácter definitivo, tomado como centro a la Ciudad de México, con la promulgación de la Ley de Organización Política y Municipal del Distrito Federal durante el período de Porfirio Díaz en el año de 1903, estipulando que el Distrito Federal se dividiría en 13 municipios que reconocía esa autoridad.
Los ayuntamientos del Distrito Federal conservaron las funciones de la administración municipal, voz consultiva y derecho de vigilancia, de iniciativa y de veto. Se estableció que el ayuntamiento sería nombrado por elección directa cada dos años, dirección directa, democrática, reconocimiento de autoridades municipales por voto directo.
En la etapa revolucionaria de 1914 el Gobierno de la Convención restituyó a los ayuntamientos de los distritos federales de las facultades, bienes y propios e impuestos que tuvieran en 1902. En 1917 la Ley de Organización del Distrito y Territorios Federales señalo que el DF, se dividiría en municipalidades. La Constitución de 1917 dispuso que el Gobierno del DF, estaría a cargo de un gobernador dependiente directamente del Presidente de la República nombrado y removido libremente por él; se institucionalizó la No Reelección, la división de Poderes y, ¡ojo!, que los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos serían electos popularmente por elección indirecta y no podrían ser reelectos por el período inmediato.
Desde el año de 1928, a instancia del General Alvaro Obregón y ejecutado por don Emilio Portes Gil, se suprimió el régimen municipal en el DF; en consecuencia se suprimió el ayuntamiento de la ciudad de México y el Gobierno de su territorio, quedando a partir de entonces el cargo de jefe del departamento Central sujeto al nombramiento por el Presidente de la República.
Para el PARM el plebiscito constituye una de las formas democráticas más limpias, el concepto es la voluntad de la ciudadanía expresada libre y espontáneamente en las urnas; si bien es cierto que nuestra Constitución y leyes electorales no contemplan esta forma de manifestación de la voluntad popular, también lo es que a nuestro juicio la esencia del ideal democrático radica en estos actos organizados por el propio pueblo, que es quien lo sanciona sin necesidad de un formulismo y complicaciones jurídicas.
De ahí que el plebiscito realizado el pasado 21 de marzo es ni más ni menos la manifestación de los derechos cívicos de la ciudadanía. El pasado domingo 21 de marzo, 3 millones 321 mil ciudadanos opinaron libremente sobre la reforma de Gobierno que desean para el DF, acudieron a las urnas, los ciudadanos mejor informados y cuyos ingresos económicos son mayores a los tres salarios mínimos y de un promedio alto de educación, votó el ciudadano de las áreas centrales de la capital de la República; en cambio, tuvieron limitaciones para votar, emitir su opinión, los ciudadanos más golpeados por la crisis, los menores ingresos y los que no tienen igualdad de facilidades para allegarse información sobre los diversos medios de comunicación.
Para el PARM es importante destacar que el sistema de organización del plebiscito en cuanto a su procedimiento y el conteo de votos dejó en evidencia vergonzante a la estructura electoral actual en cuanto a su ineficiencia en los sistemas de cómputo. Desde 1928 el gobernante del DF, es determinado por el Presidente en turno.
Los capitalinos han vivido 28 años de imposiciones y antidemocracia, de cerrazón gubernamental y condenados a una ínfima calidad ciudadano la relación a las demás entidades del país.
Por ello consideramos que el plebiscito llevado a cabo el 21 de marzo marca un hito en la historia política electoral del país dado que desde 1911 con la elección de Madero a la Presidencia de la República, no se había dado un movimiento ciudadano espontáneo, libre y decidido para lograr una elección que no dejara dudas respecto al sentido del voto, 15 mil ciudadanos se encargaron voluntariamente del proceso de consulta del plebiscito, pudieron convencer a más de 330 mil capitalinos para que acudieron a las urnas instaladas a expresar su decisión respecto a la democratización o no democratización del DF.
No debe perderse vista que 330 mil ciudadanos votantes son muchos más que los que acuden en varias entidades del país juntas en ocasión a cualquier proceso electoral y esto también resulta en cifras muy significativas. Los implementos utilizados para difundir la celebración del plebiscito, fueron mínimos en algunos casos, costeados por los propios organizadores que algunas organizaciones interesadas en la democratización del Distrito Federal, como lo fue el propio Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien atendió a los integrantes de esta consulta popular, los nueve asambleístas desde el pasado mes de enero.
Pero, si consideramos que cada encargado instaló la casilla con sus propios medios y recursos y organizó el llamado para invitar a los ciudadanos a acudir a depositar si opinión, por otra parte se sufrió el bloqueo de algunos medios de comunicación para evitar que la difusión tuviera la dimensión que el importante acontecimiento requería.
No obstante lo anterior, resultó una elección enteramente limpia. El orden y la disciplina
quedaron confiados a los propios ciudadanos que respondieron ampliamente. Ni partidos ni electores alteraron el proceso. Miles de pequeños comerciantes, industriales, burócratas, empresarios, profesionistas, universitarios, gente que tiene acceso a los medios y a la discusión política, se presentaron a votar, lamentablemente no en esa proporción las clases marginadas.
En la Delegación Cuauhtémoc, colonia Balbuena, Distrito Federal, número XII, se instalaron 33 casillas; en la colonia Agrícola Oriental, Delegación Ixtacalco, distrito número XIII, se instalaron 12 casillas, estas fueron las zonas de la ciudad que registraron el menor número de casillas ese día.
Las colonias del centro, sur, del Distrito Federal, que captaron mayor número de votantes ese día, fueron las ubicadas en las delegaciones Miguel Hidalgo, Alvaro Obregón, Magdalena Contreras, Benito Juárez y Coyoacán. Captaron un 60% de los 330 mil 812 votos contabilizados a las 23 horas con 38 minutos del propio domingo en que se cerró la última casilla en el distrito XXXVI en la colonia Crédito Constructor, de Mixcoac.
Lo anterior indica que el plebiscito resultó una experiencia aleccionadora, que independientemente del resultado cuantitativo o cualitativo, reflejó el deseo de los ciudadanos de emplear este mecanismo novedoso para establecer un canal de comunicación más libre y directo con lo gobernantes.
Se instalaron 2 mil 840 casillas repartidas en los distintos electorales diseminadas en las 16 delegaciones políticas del Distrito Federal. En la delegación Tlahauc, distrito número XL, se establecieron 186 casillas; en la delegación Tlalpan, distrito XXIV, se instalaron 170 casillas; en la delegación Ixtapalapa, distritos XXI y XXVI, se instalaron 143 casillas; en la delegación Xochimilco, distritos XXVII, XL y XLI, se establecieron 141 casillas; en la colonia Loma Estrella, delegación Ixtapalapa, distrito número XXIV, se instalaron 101 casillas.
Estos distritos y delegaciones, fueron los de mayor número de casillas instaladas ese día, significando un encomiable esfuerzo entre los organizadores del plebiscito y la Comisión Observadora de Partidos que cooperan con los ciudadanos que instalaron tales casillas.
Lo anterior nos indica que el grado de politización y de información en la macro ciudad está enteramente fragmentado. La gente del pueblo tiene una cuota de información política manipulando y tendencioso por un sistema altamente centralizado, operando por oligarquías pero orquestando y conduciendo estratégicamente por el Gobierno, que quedó evidente también que algunos medios informativos se mueven y actúan bajo consigna oficial.
A juicio del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el plebiscito representa devolverle a la ciudadanía su voz para opinar sobre las decisiones políticas que por derecho le atañen y también como la única posibilidad de destrabar las negociaciones en la propia mesa de concentración y lograr que el Gobierno y su partido tomen una decisión acorde al sentir de la mayoría, como lo hemos venido planeando los partidos de oposición en torno a la reforma política del Distrito Federal.
No es difícil plantearse los porqués de este férreo control oficial en el Distrito Federal, puesto que constituye el centro político, económico, financiero, comercial, científico, y cultural del país, pero también, dada su magnitud poblacional, constituye un núcleo concentrador de rezagos, desigualdades y distorsiones, fenómenos estos que no sólo se deben a las autoridades sino a más de 60 años de impunidad.
Mientras no exista oposición y una opinión pública alerta, los gobernantes seguirán haciendo su voluntad por encima, muy por encima de la soberanía popular, a pesar de que está constitucionalmente es la máxima forma para gobernarse y soberanía que radica esencialmente en el pueblo.
¿Por qué el férreo control de las autoridades en el Distrito Federal? Porque nuestra capital tiene una elevada interrelación con el resto del país, de ahí que las acciones que se realicen o las decisiones que se pospongan o no se ejecuten, en relación a la politización y desarrollo, que tienen repercusión nacional. También porque en la ciudad de México se da el más claro ejemplo de la desigualdad en el desarrollo económico del país.
Aquí se pueden observar con precisión las características más ilustrativas de la modernidad y el atraso, de la opulencia y la miseria, es un mosaico muy diversificado de niveles de vida de la población capitalina. El crecimiento de la capital de la República ocasiona fuertes desequilibrios a nivel nacional, espectaculares desigualdades sociales, acogiéndose a una elevada y creciente población que había en zonas marginadas formando los llamados cinturones de miseria.
Los problemas que afectan a la zona, se pueden resumir de la manera siguiente: educación, vivienda, seguridad pública, justicia, crecimiento demográfico, transportes, abastecimiento de agua, deterioro del medio ambiente, salud, abasto y comercialización, concentración industrial, viabilidad, pero especialmente la falta de una auténtica democracia y participación ciudadana en la elección de sus propios gobernantes.
El plebiscito, a nuestro juicio, representó un esfuerzo ciudadano para presionar al Gobierno que debe tomar en cuenta si es que resultan ciertos, sus constantes planteamientos de apertura hacia la democratización integral del Distrito Federal.
Con el plebiscito se demostró que se pueden tener elecciones limpias y resultados inmediatos, sin grandes derroches económicos. La experiencia ciudadana de haber realizado unas elecciones con calidad, resulta a todas luces extraordinaria. Se pueden realizar comicios limpios que no dejen lugar a dudas respecto a su claridad, sea cual sea el porcentaje de los ciudadanos sufragantes. Son un reproche al Cofipe que inauguraba el IFE y que contando con las más avanzada tecnología en computación, no pudo cumplir su palabra y nos quedamos esperando los resultados ofrecidos para el mismo día de la elección de 1991.
La noche del 21 de marzo del año en curso, la Fundación Rosenblueth se encargó de hacer un conteo y logró tener el resultado de cerca de 3 mil casillas, es decir el 96.20% a la media noche de ese mismo día de los resultados electorales. Ahí no se cayeron los sistemas y los datos y las cifras fueron de inmediatos proporcionados tanto a los medios de difusión como a los ciudadanos interesados.
El plebiscito, su organización y su resultado, deben ser motivo de reflexión para partidos, organismos electorales y gubernamentales, porque la ciudadanía opinó directamente en torno a un hecho: el plebiscito que conoció escasamente a través de algunos medios informativos, diarios y revistas y estaciones de radio, ya que algunos canales de televisión poco o nada difundieron el acontecimiento. Opinó y participó el pueblo sin necesidad de una intensa campaña personal de los candidatos, ni de intensas acciones publicitarias ni de derroches económicos. Es el nacimiento de una nueva cultura política, a pesar de quienes insisten en negar al evento cualquier valor normativo electoral que pudiese tomarse en cuenta para estos efectos.
El Distrito Federal necesita una profunda reforma política y el resultado del plebiscito es valioso material que no puede ni debe desecharse, sino tomarse muy en cuenta. Para ello, queda muy claro que en tal reforma política debe incluirse la elección de los gobernantes del Distrito Federal, que la Asamblea de Representantes debe convertirse en diputados con poder legislativo y que se requiere un espacio de gobernabilidad democrática para el Distrito Federal, creándose el Estado del Valle de México con Gobierno propio.
La organización de la consulta, el procedimiento, el computo, los resultados, la información oportuna, la responsabilidad en el manejo de las casillas, el entusiasmo generacional de los jóvenes, son los ingredientes que hicieron posible que esta consulta funcionara con eficacia.
Por lo anterior, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana no sólo propone que los resultados sean tomados en consideración en la mesa de concertación para la reforma política del Distrito Federal, sino para que sirva como antecedente válido para que la reforma electoral federal, en la que inmersos en estas funciones legislativas, también reciba la opinión, la sugerencia, los planteamientos y en síntesis la participación ciudadana mediante una consulta popular.
Por ésas y otras muchas razones de fondo, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana ha venido pugnando por la instauración del Estado del Valle de México en la zona que comprende actualmente el Distrito Federal y en el área conurbada, tal y como visionariamente lo establece el Constituyente de Querétaro en el artículo 44 constitucional.
Debemos de aceptar de una vez por todas que la única manera de acabar con el control oficial de la conciencia pública y de las elecciones, es mediante movimientos democráticos, como el plebiscito del 21 de marzo. Si queremos el cambio se requiere presionar y vencer los obstáculos.
No será posible el cambio si este anhelo no cunde, florece y fructifica en la mente de todas las castas, clases y segmentos de la gran ciudad.
El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, desea felicitar desde esta tribuna a los organizadores del plebiscito, a los participantes en las casillas y en general a todos los ciudadanos que con una conciencia cívica, precisa y bien intencionada, acudieron a depositar su opinión en cualquiera de las casi 3 mil urnas instaladas ex profeso.
Asimismo, consideramos necesario que el resultado obtenido en la consulta mencionada, sea tomada en cuenta en la reforma política que los partidos hemos venido deliberando para responder al reclamo de la democratización integral que el pueblo de México nos ha venido planteando a raíz de nuestra vida independiente.
Consideramos de fundamental importancia los debates reflexivos, razonados y respetuosos que en está legislativa vienen proporcionando diversos representantes de organismos políticos aquí acreditados. Pero a todas luces consideramos negativo para la salud democrática del país, esas dolosas imputaciones, descalificando criterios discrepantes.
Consideramos particularmente que en algunos sectores de la representación gubernamental, tienen mayor preocupación por evitar que en el próximo sexenio tenga el propio Presidente de la República la capacidad que actualmente le confiere la Constitución General de la Nación para determinar quién habrá de estar al frente del Distrito Federal, que el respeto que les merece la voluntad popular, expresada en todos estos ejercicios democráticos de consulta popular.
Considero que estas graves discrepancias, estas graves diferencias, que en torno a este tema se están vertiendo, deberían de llegar a la reflexión, deberían llegar a la congruencia.
¿Qué es lo que les asusta? ¿La expresión ciudadana de aceptar la elección por voto directo de quien habrá de presidir el Distrito Federal, de voto directo de quienes habrán de ser diputados locales con capacidad legislativa en un Congreso Local inherente a estos municipios y la división territorial en municipios a esta capital de la República, conservando el área correspondiente del Distrito Federal como asiento de los poderes que a la nación rigen, o de los contrario, le temen a la democracia, le temen a la voluntad popular?
Consideramos de fundamental importancia en estas reuniones que se están celebrando, que por encima de consignas partidistas, que por encima de soberbias, que por encima de obstaculizaciones y por encima de intereses en ocasiones hasta económicos, le demos cauce y curso, tránsito respetuoso, a esta voluntad expresada el pasado día del plebiscito. Fueron más de 330 mil ciudadanos, que si en una manifestación por las principales arterias de esta capital de la República, trataran de hacer escuchar su voz, no habría autoridad suficiente, con el apoyo de las fuerzas armadas del país, que pudiese evitar el deseo democratizador de estos 330 mil ciudadanos que, atendiendo esa conciencia cívica, ese espíritu de reflexión y ese afán democratizador, ocurrieron a las urnas electorales.
Alguien decía hace unos momentos que esos que ocurrieron a las urnas electorales son específicamente un mínimo porcentaje del resultado electoral de los pasados comicios celebrados a nivel federal en esta capital de la República, pero se les olvida también a quienes esgrimen este argumento que a partir de esta propia elección de 1991 el pueblo de México entero ha sido convocado en todas las latitudes a emitir el sufragio en cerca de 20 entidades federativas del país, que en 16 de ellas se mancilló profundamente el voto ciudadano y el Gobierno de la República a través de sus ejecutores políticos determinó imponerles a esas entidades 16 gobernadores interinos que se encuentran de espaldas al pueblo, que sin ilegítimos, que no tienen un consenso democrático y que no arribaron a esas funciones gubernativas, distritales y estatales con la voluntad popular. Y que no obstante el tiempo transcurrido en las mayorías de estas 16 entidades del país, a la fecha no se convoca a los ciudadanos de esos estados para que vayan a una elección de carácter extraordinario y enmendar esas graves irregularidades que han sido un atentado en contra de la democracia y que han mutilado en forma más sangrienta que nunca la esperanza de un pueblo, ya cansado de imposiciones.
Esa es una de las respuestas por qué aquí en la capital de la República solamente 338 mil ciudadanos ocurrieron a emitir el sufragio, porque no creen en las promesas del Gobierno, porque ya están cansados de imposiciones, porque tradicionalmente se le ha violentado su voluntad popular y porque en cada proceso electivo en el que comparecen se dan cuenta que su voto es burlado y que se atenta en contra de la soberanía popular. Muchas gracias por su atención.
El Presidente: - Gracias diputado Carlos Enrique Cantú Rosas. Para el mismo tema tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Amezcua, del Partido Popular Socialista.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - Señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
El debate sobre este tema se dio aquí en esta tribuna el día 17 de marzo pasado y se reeditó una vez más en la sesión de hace ocho días. Es un tema prácticamente agotado, no hemos escuchado hoy aquí ningún nuevo argumento, ninguna nueva tesis, ningún nuevo
planteamiento, simplemente estamos un poco haciendo el ejercicio de poner la grabadora y oír nuevamente lo que ya se dijo en las dos ocasiones anteriores.
Y claro como pierde interés la repetición de un debate ya dado, pues entonces éste de hoy, esta tercera edición, esta repetición del disco, esta tercera ocasión en que vemos el mismo capítulo de la misma serie televisiva, pues se está dando ya entre murmullos y pláticas y se tiene que recurrir por parte de algunos de nuestros compañeros a buscar planteamientos efectistas, de broma, de ingenio o de ira para tratar de llamar la atención.
Es un debate complicado porque se enredan en él temas diversos, por un lado, el problema de los derechos ciudadanos de los capitalinos, tema en el que compartimos una numerosa gama de fuerzas políticas nacionales y desde luego de esta entidad, la demanda de los derechos ciudadanos plenos para los habitantes de esta ciudad, el derecho de elegir por voto universal directo y secreto a todas sus autoridades, a sus autoridades inmediatas de carácter ejecutivo a sus autoridades inmediatas de carácter legislativo. Junto con esta demanda justa en la que compartimos muchísimas fuerzas, se mezclan otros temas en los que ya no necesariamente compartimos y otros en los que incluso discrepamos de manera diametralmente, por ejemplo, el tema de si la soberanía radica tal y como lo dice el artículo 39 de la Constitución, en el pueblo o como hoy se quiso tergiversar aquí en esta tribuna, en los ciudadanos, que son conceptos radicalmente distintos; el pueblo es la masa popular de este país, el pueblo son los obreros, los campesinos, las amas de casa, los jóvenes, los sectores populares de la población; los ciudadanos es esa abstracción a la que recurrió Fujimori en Perú, a la recurrió Perot en los Estados Unidos, a la que recurrió Hitler en Alemania, a la que recurre la ultraderecha hoy en todo el mundo para tratar de descalificar a los partidos políticos, a las organizaciones sociales, sobre todo a las de corte popular y poder imponer el dominio de la gran burguesía financiera, con o sin sus partidos políticos puesto que ellos no requieren de ese instrumento y quien requiere de la organización social son las capas populares, las clases sociales explotadas, porque éstas sólo cuentan como fuerza fundamental con su número mayoritario, pero éste sólo tiene fuerza cuando se expresa de manera organizada.
Así pues, venir a hablar de que la Constitución nuestra concede la soberanía a los ciudadanos, simplemente consiste nuevamente, así lo planteábamos hace ocho días, le explicábamos al compañero senador Porfirio Muñoz Ledo y él ya no replicó, supongo que quedó de acuerdo, consiste en caer en una grave confusión, no es por la vía de la confusión, no es por la vía de los enredos conceptuales, no es por la vía de los juegos de artificio como podemos avanzar seriamente hacia la construcción de una vida democrática. No es por la vía de la simulación por donde podemos avanzar hacia formas superiores de vida y organización social en este país.
También discutimos la vez anterior, ¿por qué llamarle plebiscito a un ejercicio como el que se programaba realizar el 21 de marzo, por qué darle ese nombre? Decíamos, un plebiscito tiene dos características: un peso jurídico fundamental y una organización eleccionaria, una organización procesal sumamente cuidada como debe tenerlo toda organización o todo proceso eleccionario que se respete.
Un proceso eleccionario de los ciudadanos, no del pueblo, del cierto grupo e ciudadanos, 15 mil se ha dicho, nadie ha demostrado por qué estos 15 mil tengan mandato o tengan representatividad de los tres millones o cuatro millones o cuatro millones 900 mil de ciudadanos, para realizar ese ejercicio; un ejercicio de ese carácter sin tinta indeleble, sin insaculación de funcionarios de casilla, sin representación de los partidos políticos, sin vigilancia, ¿por qué habría de resultar digno de tomar en cuenta en sus resultados fueran los que fueren?
Nunca se ha dicho en esta tribuna ¿por qué?, lo más que se dijo es: ¡Ah!, es que éste no lo organizan los partidos políticos sino lo organizan los ciudadanos. Lo organizamos los ciudadanos dijo aquí un distinguido dirigente de un partido político en esta tribuna y cuando le decíamos: por fin usted es dirigente de un partido político o ciudadano, decía: soy las dos cosas, en mi partido no hay ese problema, se puede estar en el partido y se puede ser ciudadano.
Resulta entonces que un proceso electoral como el de 1991 o el de 1988 también lo organizamos los ciudadanos, porque también estamos en los partidos, sin embargo allá votó muchísimo más gente que en éste al que han dado en llamar plebiscito, sin que tenga las características de un plebiscito.
Y resulta que esos otros procesos que han tenido toda una serie de reglas para su aplicación y vigilancia, no nos han sido aceptables del todo, porque a pesar de todas esas reglas ha habido sin duda formas para violentar la voluntad popular. Sin embargo, en un alarde de incongruencia política, Sí queremos aceptar como válido
éste otro, en el que no hay ni siquiera un mínimo de condiciones, simplemente porque éste lo organizaron los ciudadanos, como también organizaron los ciudadanos aquéllos otros, puesto que con esa lógica, aquí se dijo, los mismos ciudadanos somos los que militamos en los partidos.
Bien, se ha hecho un verdadero galimatías, un extremado juego de palabras. ¿Hay una gran confusión de intereses detrás de esto? ¿Los compañeros del Partido de la Revolución Democrática, cometieron sin duda un error táctico al inicio de los debates en la mesa de concentración? ¿Cometieron un error de valoración? ¿pensaron que la táctica de retirarse de la mesa de concentración podría ser útil para la lucha por la ampliación de la vida democrática en el Distrito Federal? Cuando vieron que esto no funcionó, pues empezaron a buscar algunas otras salidas y tienen todo el derecho de hacerlo, muy respetable derecho; cada partido político tiene el derecho de buscar las tácticas que convengan para su lucha.
Y finalmente encontró que esto de llamar a un plebiscito y de llamarle así de manera rimbombante a algo que no tiene nada que ver con un plebiscito, pues podría a lo mejor dar resultados. Y coincidieron con otros sectores, no necesariamente del que tampoco necesariamente compartían la misma concepción y los mismos intereses; que no necesariamente tendrían quizá ni siquiera el interés porque se amplíe la vida democrática en la entidad; quizá incluso sectores que deliberadamente sí sostienen la tesis de la liquidación de los partidos políticos y su situación por un ámbito de ciudadanos, entre comilla, y llevaron a cabo este esfuerzo. Pero este esfuerzo compañeras y compañeros, bueno, vamos a ponernos de acuerdo, ¿cuenta lo cuantitativo o no cuenta?, el hecho de que sean 330 mil ciudadanos los que se expresan ¿qué significa si son cuatro millones 900 mil ciudadanos?
Hace una semanas hubo elecciones en Cuba; hubo elecciones que todo el mundo calificó de un verdadero plebiscito para ver si el pueblo respaldaba o no, al régimen revolucionario y hubo una enconada campaña del sí y el no, en serio, no en show; una enconada y vigorosa campaña por el sí y una vigorosa y enconada campaña por el no. Allá, las radiodifusoras de Miami, de República Dominicana y de muchos otros países, Venezuela, que cercan a la isla, 33 radiodifusoras transmitieron 24 horas al día llamando a los cubanos a: "no vayas a votar" o "si te ves obligado a ir a votar, anula tu voto y demuestra de esa manera que estás repudiando a ese régimen autoritario y a ese régimen que no te conviene". Una intensa y permanente campaña. Y claro, el Partido Comunista de Cuba, el Gobierno, las fuerzas de otro carácter en aquel país hicieron su campaña llamando a votar y votó el 97% de la población. Y eso es un plebiscito.
Pero bueno, ahora resulta que un plebiscito donde vota el 6% de los electores, y de éstos el 4% se manifiesta en un determinado sentido, pues es algo muy respetable porque lo hicieron los ciudadanos y no los partidos políticos, aunque finalmente ciudadanos y partidos políticos no se ha planteado aquí, donde esté la diferencia. Y porque se hizo en medio de una situación precaria, que obviamente tenía que ser así, no sé por qué pudiera haberse supuesto que hubiera sido una situación no precaria, si justamente no hubo las condiciones para que pudiera haber sido de otra manera y ahora resulta que es algo que tenemos que tomar muy en serio, para normar nuestro criterio.
Nosotros planteamos con toda anticipación que no podíamos tomar en serio eso, fuera lo que fuera que resultara. No podía tomarse en serio simplemente por un ejercicio de congruencia. Los políticos revolucionarios, los políticos democráticos, o somos congruentes y consecuentes con todos nuestros planteamientos o perdemos credibilidad o perdemos autoridad moral para dirigirnos al pueblo y a la gente.
Y yo lamento, en el caso del PRD, que es un partido amigo y un partido al que respetamos mucho y un partido con el que esperamos poder compartir muchas batallas, lamento que se haya enredado en este segundo error, después del primero que significó el retiro de la mesa de concentración. Y veamos si no es un error el que hayan ido a las urnas 330 mil ciudadanos, el que hayan votado por el "sí" entre el 70, el 80%, dependiendo de las preguntas de esos 330 mil ciudadanos y el que de esos sólo el 22% hayan sido simpatizantes del PRD. Esto significa que el PRD que hizo una franca campaña como partido, legítima, todo su derecho, a promover el llamado "plebiscito" y a promover el voto en un determinado sentido en ese plebiscito, sólo tuvo capacidad de convocatoria, de movilización para alrededor de 70 mil capitalinos, cuando su última votación, en 1991, la oficialmente reconocida, aparte de los votos que le sustrajo, sin duda, el Gobierno, fue de más de 330 mil, más que todos los que se movieron hoy en este Plebiscito. El PRD salió sumamente desgastado, lamentablemente; lo digo con mucho desagrado. Perdió mucha credibilidad.
No puede el pueblo de esta ciudad ser movilizado con esas formas simuladas de democracia que nada tiene que ver con la vida democrática de México.
Se desgastó inútilmente el PRD; perdió credibilidad, perdió prestigio, perdió imagen.
Debe tomarse en cuenta, se dice, la voluntad expresada el 21 de marzo. Y yo estoy de acuerdo que debe tomarse en cuenta en su justa dimensión. Yo estoy en contra de que se exagere y se quiera decir que ésta es la representación de la opinión de la gran mayoría de los capitalinos, porque lamentablemente no hay ningún sustento para poder decir eso. Y lo mismo, estoy en contra de que se quiera minimizar y se diga: "No pasó nada. Nadie opinó..." ¡No!, sí opinaron 330 mil ciudadanos, y de ahí 220 mil opinaron en un determinado sentido y ésa es la opinión de 220 mil ciudadanos, que debe contar.
También debe contar la opinión que ya han dado, antes del 21 de marzo, muchos otros ciudadanos.
Las elecciones de 1991, y más que las de 1991, las de 1988, fueron el verdadero plebiscito en este asunto que lamentablemente hoy se degradó por esta extraña aventura, esta manera incongruente e inconsecuente de manejar las cosas.
En las elecciones de 1988, el Frente Democrático Nacional manejó como una de las consignas fundamentales, aquí en el Distrito Federal, precisamente la democracia plena, los ejercicios electorales plenos de todos los ciudadanos. La elección por voto universal directo y secreto de todas las autoridades; la creación del Estado de Anáhuac. Y esas sí son cifras plebiscitarias. Ahí están las cifras: 1 millón 400 mil ciudadanos de la capital, dieron su voto al Frente Democrático Nacional y por eso el compañero Porfirio Muñoz Ledo es senador en la misma fórmula con un servidor por cierto, como suplente. Ese fue un verdadero plebiscito. Y preferible que hagamos política de manera seria y no simulando como ocurrió con esta muestra del 21 de marzo, que ya había yo señalado en esta tribuna, no llega ni siquiera a una encuesta, a una encuestota alguien le llamó. Pero, bueno, una encuesta también se rige por normas metodológicas serias y éstas lamentablemente no las tuvo.
Démosle a cada cosa su justa dimensión si hemos de ser políticos serios y congruentes. Muchas gracias.
El Presidente: - Gracias, diputado Cuauhtémoc Amezcua.
Tiene la palabra para el mismo tema el diputado Fernando Lerdo de Tejada, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Fernando Francisco Lerdo de Tejada Luna: - Señor Presidente con su permiso; compañeros legisladores:
Quisiera yo señalar que es una lástima que ya no esté el senador Porfirio Muñoz Ledo. Vino a esta tribuna a hacer una serie de imputaciones personales que me hubiera gustado contestar en los mismos términos, pero ya será en otra ocasión.
Cuando a mí me comentaron que el senador Muñoz Ledo utilizaba en ocasiones como estrategia de tribuna el salirse, bueno, pues yo pensé que era una falta de caballerosidad política, pero ahora que me ha tocado vivirlo, veo que es más bien una situación de sordera política. Al senador nada más le interesa escucharse él, no a sus adversarios.
Compañeros legisladores: en dos sesiones, durante más de cuatro horas esta Comisión Permanente estuvo discutiendo precisamente el punto que hoy nos vuelve a traer a la tribuna. En esas dos sesiones el Partido Revolucionario Institucional dio argumentos, dio razones del por qué se mantendría al margen; planteó cuestiones de fondo y cuestiones de forma, nos referimos a las preguntas, a la mecánica, a la estrategia y al procedimiento, de tal forma que fundamentamos plena y claramente nuestra posición.
Ahora creo que no es el caso aquí venir precisamente a repetir ese debate, sino a ver, después de la realización del plebiscito, qué es lo que podemos concluir, cuáles son algunas reflexiones que podemos realizar.
Y yo empezaría diciendo que uno de los aspectos positivos del plebiscito, uno de los aspectos benéficos es que nos permite la posibilidad de analizar en forma objetiva, de definir claramente cuál es su impacto en la vida de la ciudad.
No se trata aquí, compañeros, de ver quién ganó o quién perdió; yo creo que ésos no deben de ser los términos de esta importante discusión. Se trata de analizar cuál es el impacto, cuáles son en realidad las implicaciones para la vida de la ciudad.
Yo creo que, por lo tanto, no debemos hablar ni de éxitos, ni de fracasos. Hablar de éxitos es definitivamente tratar de engañarnos, como dijera un articulista prestigiado, miembro del Consejo Ciudadano, una persona que estuvo
defendiendo plenamente el plebiscito en sus artículos de periódico y en sus participaciones en radio, después de la realización del mismo en su columna del siguiente martes, señalaba: "que no es momento de practicar torpes triunfalismos". Y es que, compañeros, las cifras están precisamente ahí.
Por supuesto que nosotros vemos con seriedad y vemos con respeto 320 mil opiniones, pero no podríamos decir que estas constituyen una tendencia mayoritaria de la opinión pública del D. F. Las cifras del 6.8%, 6.2% ó 7% del padrón yo creo que no puede tener satisfechos ni a los mismos organizadores, se habían fijado metas mucho más amplias, se había señalado también como un parámetro mínimo el de la elección de las juntas de vecinos realizada en mayo de 1990, no se lograron esas metas y por lo tanto no creo que se puede hablar de estar satisfecho ni los mismos organizadores.
El argumento que nos da aquí el señor diputado Carlos Enrique Cantú Rosas de que la gente no fue a votar, pues realmente, precisamente, porque no tenía confianza, es como bumerán, se le revierte completamente si la gente no fue a votar, porque tenían desconfianza en este plebiscito, pues definitivamente no es el punto, creo que mediante argumentos como ese, se contradicen precisamente todos los aspectos que se han tratado de dañar, de tal manera que hablar de éxito es un triunfalismo, sin sustento que definitivamente considero no nos permite apreciar los verdaderos resultados.
Tampoco queremos hablar nosotros de fracaso, no es ese el punto, simplemente se confirmó lo que aquí en tribuna ya habíamos establecido, que la ciudadanía no estaba informada de las consecuencias de sus respuestas; que la población no acudiría a las urnas para resolver una cuestión tan importante bajo premisas tan simplistas, que no se podía ver el plebiscito como un todo, como un nada, porque precisamente esa situación implicaría que la gente no asistiera, no era la única opción.
Se habla que el motivo fue el vacío informativo; yo creo que en ese sentido hemos estado sobrevolando realmente el impacto de Televisa, hemos señalado en muchas ocasiones, aquí en la tribuna lo hemos hablado, lo hemos mencionado, que la radio es uno de los medios de mayor penetración sobre la población y por supuesto que una presencia constante del plebiscito en la radio, en radiodifusoras, realmente creemos que tiene impacto sobre la población.
En una encuesta realizada por una empresa que se llama Estudios de Opiniones, S C, encuesta que según señalan ellos mismos recibió información del mismo Consejero Ciudadano para realizarla. Se dice que había conocimiento del suceso, que el 64% de la población conocía dos semanas antes previo a la campaña de promoción de la radio, que se iba a llevar éste. El 22% de la población conoció como resultado de la campaña promocional que se llevó a cabo, la fecha y las condiciones del mismo, que el 5% lo supo antes de acudir a la casilla y que solamente el 8% se enteró ahí en la casilla.
De tal manera que nosotros consideramos que no es más que la falta de información la que realmente viene a ser responsable de la poca presencia de la población, la ciudadanía no conocía las implicaciones del sí o no y por lo tanto no acudió a preguntas vagas, respuestas tibias de la población.
Creemos que otro elemento aquí se acaba de comentar por el diputado Cuauhtémoc Amezcua, es definitivamente el apadrinamiento del PRD de este evento.
Muchos sabemos que existió un número de ciudadanos no pertenecientes a ningún partido político, quienes estuvieron realmente participando en forma activa en su realización, pero sin embargo no podemos nosotros negar que el único partido que tuvo una participación y una presencia tan amplia fue el PRD en su vigilancia, en su supervisión y que definitivamente esto lo hizo ver a los ojos de la ciudadanía como un evento de un solo partido político; que se viera precisamente como algo promovido por una sola fuerza.
Y esto, desde luego, le restó objetividad a la ciudadanía y nosotros creemos que es otro de los elementos que se deben de tomar en consideración al hacer una evaluación.
Otra situación es que la estrategia que se utilizó consideramos que tampoco fue la más adecuada. Algunos de los organizadores iniciales del plebiscito se comprometieron más por obtener un sí, que por darle a la ciudadanía información objetiva sobre las consecuencias, sobre los pros y los contras de una determinación, de tal manera que los papeles se confundieron de organizadores, en algunos casos, a partes interesadas y esto desde luego también repercutió en la ciudadanía.
Yo quisiera dejar claro que no se trata en ningún momento de culpar a los organizadores del
plebiscito, que nada más lejos del partido que señalarlos como responsables de que haya habido poca participación, para nada. Por el contrario, consideramos que muchos de los participantes, especialmente los del Consejo Ciudadano, actuaron de buena fe, convencidos de que lo hacían en beneficio de los mejores intereses de la ciudad.
Creemos que los 12 mil voluntarios que apoyaron este ejercicio en las casillas, en términos generales actuaron bien y que merecen desde luego nuestro respeto. Creemos que los ciudadanos que acudieron a las urnas lo hicieron con interés de participar en ejercicio de los derechos que la Constitución les otorga.
Lo que sucede es que los términos de la consulta, la discusión y la forma de planteamiento, la falta de información sobre las repercusiones, resultaron realmente en poca información y en poca participación. No fueron los más adecuados.
La ciudadanía, lo hemos señalado, no está para experimentos, sino que quiere respuestas concretas a sus preocupaciones.
Se ha señalado aquí además, que las autoridades, nos decía el senador Muñoz Ledo, tuvieron una actitud equívoca, guardaron silencio y nos señalaba él que no conocemos el voto del Jefe del Departamento del Distrito Federal, digo yo creo que todos nos enteramos del sentido y del contenido del voto del Jefe del Departamento del Distrito Federal, dieron de él cuenta todos los periódicos y además de le dio lectura pública.
Nosotros creemos que la autoridad del Distrito Federal no tuvo una actitud equívoca, realizó distintas reuniones con los asambleístas organizadores, se reunió también con el Consejo Ciudadano; creemos que dio garantía para la realización de la votación el 21 de marzo; llevó una... realizó una contribución para que se realizara otra vez, para que se emitieran nuevas boletas, para que se hiciera la campaña promocional que se llevó a cabo, de tal manera que sentimos y también se declaró en muchas ocasiones, por la importancia de este evento, de tal manera que creemos que hubo una respuesta clara y que obró bien la autoridad del Distrito Federal al no comprometer al Departamento a participar directamente, porque no existe facultad para que la autoridad realice un evento de esa naturaleza y si lo hubiera hecho así, definitivamente estaríamos en presencia de una violación al principio de legalidad que rige en nuestro sistema, de tal forma que creemos que hubo en ese sentido una participación adecuada.
Se dice también que el PRI obstaculizó el evento, que el PRI se opuso. Yo quisiera decir que el Partido Revolucionario Institucional no se opuso al evento, simplemente se abstuvo de participar en el mismo. Obstaculizar hubiera significado realizar acciones positivas, efectivas para que el evento no se llevara a cabo; abstenerse, por el contrario, significa una acción pasiva de no intervenir y nosotros creemos que queda demostrado esto, precisamente por las conclusiones que acabamos de escuchar del Consejo Ciudadano, en donde se nos señala que la población en ningún momento se vio presionada para emitir el sentido de su voto y por la otra parte en el reconocimiento de que no hubo incidentes dignos de merecer alguna calificación por parte del mismo Consejo Ciudadano, de tal manera que es distinto el oponerse que el abstenerse.
La dirigencia del PRI nunca dio instrucciones para actuar en un sentido o en otro, siempre dejó a sus militantes en libertad y prueba de ello es que las mismas encuestas nos ha señalado que de los votantes un 14% tiene identificación con nuestro partido.
Señalaba yo sin embargo, que lo importante del evento es el poder realizar algunas reflexiones al respecto. ¿Cuáles son estas reflexiones?
En primer lugar, compañeros, yo creo que la primera que nos debe de venir a la mente es que la reforma política del Distrito Federal no se para, sino que por el contrario, sigue adelante, que los partidos, que los ciudadanos y que las autoridades, todos en conjunto estamos conscientes de que es necesario e importantísimo llevar a cabo una reforma política en el Distrito Federal, una reforma que nos ayude a profundizar en la democracia de nuestra entidad, una reforma que amplíe los cauces de expresión de la ciudadanía para participar directamente en asuntos que le interesen, una reforma que nos ayude a diseñar, a establecer un esquema administrativo que sea base para resolver importantes problemas que tiene nuestra ciudad. Esa es una de las primeras reflexiones y desde luego la mesa de concertación creemos nosotros, es el espacio adecuado para llevar a cabo ahora esa discusión. En esta mesa de concertación, en donde participan todos los partidos políticos excepto el PRD, en esta mesa de concertación donde están las autoridades, en esta mesa de concentración donde también han estado presentes los ciudadanos.
Decía el senador Muñoz Ledo que la mesa de concentración era un ejercicio de notarios. Yo considero que esto no es así. Todos los partidos
políticos, excepto el PRD, participan en esa mesa de concertación; todos, incluyendo el PRD, suscribimos las reglas bajo las cuales se iba a desarrollar esa mesa de concertación y sin embargo el PRD decide salirse de la misma, habiéndose llevado a cabo una o dos sesiones, realmente con una razón muy baladí y desde luego con la protesta de muchos de los miembros del PRD, que consideraban que esa estrategia no era la más conveniente para los mismos fines del partido. Una acción que realmente más pareció un pretexto que una justificación real, un motivo específico del por cuál abandonaba esta mesa.
Pero en fin, ahora veremos, habiéndose ya terminado el plebiscito, ahora veremos si los convocantes al mismo plebiscito apoyan ahora los trabajos de la mesa de concentración, con ánimo de llegar a acuerdos específicos sobre la reforma política del Distrito Federal o si realmente existían otros móviles que eran los que los llevaban a actuar.
Yo creo que es precisamente ahora el momento de demostrar las verdaderas intenciones y por lo tanto actuar en consecuencia.
Una segunda reflexión, compañeros legisladores, es que el plebiscito nos ha mostrado que hay un agudo interés de la ciudadanía por participar en los asuntos públicos, aunque no haya habido participación en este evento, por las razones que ya hemos expresado, no podemos soslayar que realmente se da una demanda de los capitalinos por intervenir en aquellas decisiones que les afectan a ellos y a sus comunidades.
Por ello consideramos que será muy conveniente el reglamentar los procesos de consulta, con el propósito de que a través de los mismos se dé cauce a la opinión ciudadana; que garanticemos que existe una representatividad de todos los sectores en las distintas consultas que se lleven a la población; que aseguremos su transparencia y también que veamos que se conviertan en actos concretos de administración. Esa reflexión creo que también resulta importante y es resultado precisamente de este plebiscito del 21 de marzo.
Por último, quisiera yo señalar que la experiencia del domingo 21, desde nuestra perspectiva, nos confirma que la regla establecida en el artículo 41 constitucional, por medio del cual se establece como responsable de la organización de los procesos electorales a los órganos de Gobierno, con participación privilegiada de los partidos políticos y de los ciudadanos, es la más adecuada.
El foco de la argumentación del PRI, no ha sido el centrarnos en las distintas irregularidades que pudieron darse en el proceso de ese domingo. No ha sido ése el énfasis, ni creemos que sean de relevancia, precisamente para analizar el plebiscito. Pero eso no quiere decir que dejen de ser importantes como enseñanza para la organización de procesos electorales.
Vamos simplemente, compañeros, quisiera yo dar algunos puntos. Uno de ellos, que ha sido muy comentado, fue el relativo a la ubicación de las casillas. Se señaló y se ha demostrado, que las casillas no fueron equitativamente distribuidas; se ha dado el ejemplo, lo señalo, del distrito XXXIX, el cual tiene 87 mil electores en el padrón, en contraposición con el Distrito XL, el cual tiene 530 mil electores.
El distrito XXXIX, que tiene 1.8% del padrón, se instalaron en el mismo 106 casillas, mientras que en el XL, que tiene el 11% del padrón, se instalaron 186 casillas. Es decir, uno era casi 10 veces mayor que el otro y sin embargo, el número de casillas no fue proporcional. ¿Por qué fue esto? Bueno, pues se señala que los resultados electorales de 1991 fueron más favorables al PRD en un distrito en comparación con el otro. Pero este ejemplo no se da sólo entre distritos, se da también hacia dentro de los mismos distritos.
Por ejemplo un distrito, que es un distrito popular de Azcapotzalco, el XXVIII distrito, tenemos nosotros que en una de las principales unidades habitacionales de la ciudad como en la Unidad Habitacional El Rosario, se establecieron ahí cuatro casillas, teniendo esta unidad habitacional cerca de 10 mil viviendas y una población cercana o aproximada de 150 mil personas.
Sin embargo, en la Colonia San Antonio, quince veces menor a la Unidad Habitacional, se establecen cinco casillas, una casilla más que en la Unidad El Rosario.
¿Por qué es esto? Bueno, pues haciendo un análisis básico de las votaciones anteriores también nos damos cuenta de que en el área de más casillas se favoreció la votación de un solo partido.
Hay otros elementos que, repito, no solo la base ni el centro de la argumentación del PRI, pero que creemos importante traer a colación: la identificación fuera de los acuerdos que se habían tomado por el propio Comité, donde se señaló que sería la credencial de elector, con o sin fotografía o la licencia de manejo.
Tenemos nosotros algunos ejemplos públicos y notorios, como el del propio senador Muñoz Ledo, que no votó con ninguna de esas dos formas de identificación, sino que según nos señalan los periódicos sacó la charola de senador para votar.
Pues digo, no creemos que este tipo de actitudes venga a darle mayor confianza a los procesos que estamos nosotros queriendo defender.
Tenemos el caso, por ejemplo, de las casillas móviles, en donde el asambleísta Ramírez Cuéllar, nos enseñó a todos como éstas precisamente persiguen a los votantes, o el caso de las casillas motorizadas como se dieron también en algunas zonas de la ciudad, principalmente en la Unidad Tlatelolco.
De tal manera, señores legisladores, que nosotros tenemos que hacer un análisis serio de esta situación. Si bien el sistema resultó bueno, resultó ser positivo para el plebiscito, nosotros no podríamos transferir, extrapolar esas características a otros procesos electorales.
Si bien la naturaleza de la elección en esta ocasión nos permite realmente señalar que fue adecuado, hablar de que esto pudiera hacerse igual en elecciones constitucionales en donde existe competitividad, en donde hay distintos candidatos precisamente que son adversarios por alguna posición, sentimos que no es lo más adecuado, que la forma de organización está desde luego mejor realizada en nuestra legislación que como se llevó al cabo.
Creo que tampoco debemos olvidar que, bueno, que estos seguros que se han incluido en la legislación mexicana son en gran parte resultado de planteamientos que han hecho precisamente los partidos de oposición y que por lo tanto están o pretenden quitarlos de la legislación o en la realización de los comicios sería definitivamente un retroceso.
Finalmente, señores legisladores, considero como ya se señaló aquí por el senador Aguilera, que las conclusiones derivadas del plebiscito deben de tomarse en cuenta en la mesa de concentración para llegar realmente a un acuerdo que tanto busca nuestra ciudad en materia de reforma política.
Que como se señala en las conclusiones que nos presenta el Consejo Ciudadano, el acceso equilibrado a los medios de comunicación, es uno de los factores principales que nosotros tenemos que trabajar para lograrlo; que el ampliar las causas a la expresión ciudadana del Distrito Federal, como se establece en esa conclusión tercera, también resulta un reto precisamente para la reforma política, para todos los partidos que tendremos que responder a la ciudadanía.
En el PRI estamos abiertos a la discusión y al planteamiento de propuestas visibles sobre el futuro del Distrito Federal. Gracias, señor Presidente.
El Presidente: - Muchas gracias, diputados Fernando Lerdo de Tejada. Para contestar alusiones personales, en términos del 102 del Reglamento, se concede la palabra al diputado Carlos Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas: - Señor Presidente; señores diputados, señores senadores:
¡Provecho, además!
Seguimos insertos en este magno recinto, en dos Méxicos diferentes, parece de repente que la influencia del Tratado de Libre Comercio trae a algunos de nuestros compañeros a hablar ya en lengua extranjera o de lo contrario han dejado de percibir con pulcritud lo que en España se dice y ellos lo distorsionan.
¿Quién de los aquí presentes y quién de los mexicanos todos podría, pretendiendo tapar el sol con un dedo, decir que los electores de todos los partidos, porque también en el Partido Revolucionario Institucional hay muchos buenos, aquí veo pocos, pero sí veo, podrían negar que existe desconfianza en el país en cuanto a la orientación, en cuanto al valor, en cuanto a la legitimidad del proceso electoral?
De ahí que esto, que en un ejercicio físico de la aerodinámica, el compañero Fernando Lerdo de Tejada me manifiesto que era un bumerán, pues es un bumerán centrífugo que trae consecuencias envolventes, parte de lo que él dijo hace unos momentos.
La desconfianza en el país está inserta en todos los procesos electorales ni del municipio ni del comisariado ejidal, no tiene limitaciones en lo más recóndito de la serranía, en los breñales que cubren lo inhóspito de nuestros campos y tampoco está ajena a lo que acontece aquí en el Distrito Federal.
Siento particularmente que las labores que aquí estamos realizando en este momento histórico,
como un compromiso que el destino nos depara, es otorgarle con profunda solemnidad, responsabilidad y respeto al pueblo de México entero, indistintamente de su posición ideológica y partidista, una estructura electoral que le garantice que la voluntad popular va a ser respetada, que el sufragio va a ser efectivo y que el pueblo tendrá a su alcance en cada uno de los limitantes territoriales del país, la posibilidad de elegir libremente y sin presiones a sus auténticos gobernantes.
Sigo pensando que en esta tribuna, señor Presidente, estamos estableciendo un debate que de repente a algunos nos parece sin fundamento.
Nosotros no estamos discutiendo sobre el monto de los asistentes a este ejercicio ciudadano de consulta popular, nosotros estamos indicando que en razón de haber sido espontáneo, que en razón de haber sido solventado por los ciudadanos que en él participaron, cerca de 15 mil con sus propios recursos llevando sillas, mesas, instalando las secciones electorales, es algo ejemplar que marca el inicio de otra etapa de ejercicio democrático en el país, que en estas mesas de concertación, que el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana no ha abandonado, debe tomarse en cuenta para en sucesivos trabajos que se realicen en la instancia del Distrito Federal y en la instancia de las entidades legislativas a nivel federal, pretender darle cauce y curso con las reformas electorales y constitucionales correspondientes.
No podríamos descalificar un proceso de consulta popular, como el que aquí se celebra, por el solo hecho de imputarle al senador Porfirio Muñoz Ledo que exhibió su credencial de senador.
Resultaría muy infantil pensar que esa sola legítima imputación que usted le formula, podría descalificar el esfuerzo que realizaron 330 mil ciudadanos a quienes se les otorgó las facilidades, con sus propios recursos llegaron hasta la sección electoral y emitieron el sufragio en torno a su voluntad política.
También es cierto que dentro de esos 330 mil electores voluntarios, muchos de ellos, en varios cientos de miles, emitieron respuestas en sentido negativo. Todas estas cosas las tenemos que aceptar, pero son los riesgos de la democracia. La democracia se perfecciona con su ejercicio y el pueblo de México y concretamente los capitalinos, tanto tiempo ausentes de sus derechos ciudadanos, encontraron de la noche a la mañana esta oportunidad y si bien es cierto no todos ellos estuvieron informados o tuvieron la capacidad o la confianza o la esperanza para asistir, resultaría muy insensible de parte de algunas de nuestras autoridades nacionales y del Distrito Federal, que ese maravilloso esfuerzo, esa energía positiva, pretendiendo ampliar los campos democráticos y libertarios del país, solamente por atender intereses partidistas por el afán de vender alguna o algunas organizaciones políticas, se pretendiese desechar sus resultados.
El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, reafirma, confirma, insiste y repite, desde esta tribuna de la Cámara de Diputados, esta Comisión Permanente, frente a los honorables senadores y todos ustedes que gentilmente nos acompañan, que se trató de un excelente ejercicio ciudadano, de una honorable consulta popular, de un deseo ferviente de avanzar por los campos democráticos del país.
Y precisamente, esa incongruencia de la que hablaba hace unos momentos con toda capacidad el señor senador del Distrito Federal, diciéndonos que no había oposición a los resultados del plebiscito, es la bandera fundamental de esta clase de reuniones, donde mexicanos de distintas posiciones ideológicas, con diferentes creencias, con diferentes resultados económicos, estamos luchando denodadamente por tratar de otorgarle al pueblo de México una estructura electoral lo suficientemente respetable, que le otorgue confianza y esperanza, para que ese gran partido del abstencionismo, que le ha dado las espaldas a miles de urnas en el país, recupere la confianza y vuelva a emitir en ejercicio ciudadano, su voluntad política en torno a la democracia que anhela el país.
De ahí que el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, convoca a todas las fuerzas políticas, para que en lugar de estar buscando cuestiones negativas en este esfuerzo maravilloso que realizó la ciudadanía, en coordinación con los partidos, y en algunos de los casos sin la ayuda de los partidos, sea canalizada con sensibilidad. respeto y formalidad, para tomarla en cuenta en el valor proporcional, Lerdo de Tejada, en el valor proporcional de los votos emitidos en esta mesa de concertación y en estas labores de reforma política que estamos celebrando los representantes populares nacionales.
En la inteligencia de que a través de nuestro esfuerzo, a través de nuestra responsabilidad, a través de nuestro trabajo, a través de honestidad, que otorguemos a nuestras actividades, por encima de egoísmos o de intereses partidistas, podemos otorgarle al pueblo de México entero
y a la capital de la República en su ciudadanía, la estructura adecuada para que los procesos que habremos de vivir en un futuro inmediato, no dividan aún más a los mexicanos, sino a través de una estructura electoral confiable, marquen el camino, el sendero hacia la nueva era que todos queremos para México. Gracias.
El Presidente: - Gracias, diputado Cantú Rosas.
Tiene la palabra para el mismo asunto el diputado Guillermo Flores, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Guillermo Flores Velasco: Señor Presidente; compañeros senadores; compañeros diputados:
Voy hacer algunas reflexiones sobre las intervenciones que se han vertido. En primer lugar, una aclaración: el senador tuvo que asistir a un evento, a una comida con unos senadores de Alemania y por eso se tuvo que retirar. Las imputaciones que se han hecho aquí, él las puede defender porque Porfirio se defiende solo.
Sobre el plebiscito, creo que tenemos que centrar adecuadamente el tema del debate. Efectivamente hemos debatido en varias ocasiones en esta Comisión Permanente, se ha dado un debate importante también en los medios de comunicación, principalmente los escritos, se ha dado un debate amplio entre las diversas fuerzas políticas y sociales de todo nuestro país. Creo que también el plebiscito por sí mismo se valora; es la historia la que va a juzgarlo, son los hechos objetivos y no las palabras, los que finalmente van a poner las cosas en su lugar.
Los organizadores fueron de distintos partidos, eso se ha planteado; los principales promotores, los que hicieron el llamamiento, fueron de diversos partidos, se aclaró que lo hicieron a título personal, sin su carácter de asambleísta y sin el carácter de dirigentes partidarios, los que lo eran.
El Consejo, de más de 500, también la opinión pública dio cuenta de eso, de que fueron más de 500 personalidades, con partido y sin partido; los participantes, los volantes, en el ejercicio democrático más importante que ha tenido esta ciudad en los últimos años, fueron también de distintos partidos.
Nos halaga mucho que digan que el PRD es el principal promotor de este ejercicio democrático, pero desafortunadamente, esto no es así. Es decir, no fue sólo el Partido de la Revolución Democrática el promotor de esta iniciativa, fueron diversos partidos, incluso en esta tribuna también se dio cuenta de que el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el PARM, el diputado Cantú aquí en esta tribuna manifestó claramente él que su partido sí había tomado una resolución de impulsarlo. Cada partido asumió su posición en esta tribuna sobre este plebiscito y también consta en el Diario de los Debates, para no inventar cuestiones.
Nos halaga mucho, efectivamente, pero no. El plebiscito no se puede descalificar diciendo que es perredista. Sí participamos algunos militantes, algunos dirigentes, pero eso no demerita en nada ese ejercicio, porque nunca se ha planteado lo contrario; ha sido en torno a esta participación.
Entonces creo que las objeciones que se han hecho aquí y creo que ese es el tema principal que ahora toma el debate, o sea, que se torna el debate, ya no se trata de calificar a este plebiscito. Creo que lo molesta, lo que está ahora a discusión y a debate, son las consecuencias que se derivan de este ejercicio democrático.
No caigamos en discusiones bizantinas si fue adecuado o no el nombre, etcétera. Creo que eso está totalmente superado. Veamos hacia el futuro, veamos qué es lo que sigue, qué panorama nos espera, qué vicisitudes tienen que atravesar los ciudadanos para restablecer sus derechos plenos, sus derechos políticos y cívicos plenos. Eso es lo que está ahorita en el centro del debate y creo que si queremos avanzar en este ejercicio también democrático que realiza esta Comisión Permanente, debemos centrar adecuadamente la discusión.
El debate es la transición democrática del Distrito Federal; el debate es cómo podemos establecer un pacto democrático para establecer los principios constitucionales que tiene nuestro país; cómo establecemos los principios de la Federación, de la República, de la democracia, del sistema representativo, de la adecuada división de poderes. Creo que eso es lo que está en el centro de las discusión.
Y yo me pregunto, porque aparentemente en algunos planteamientos existe coincidencia: ¿realmente deseamos fortalecer el sistema del partido?, ¿realmente deseamos abandonar la práctica del partido de Estado?, ¿realmente queremos fortalecer la conciencia y la cultura cívica y política de los ciudadanos del Distrito Federal?, ¿se desea que los ciudadanos del Distrito Federal participen en la toma de decisiones
y en la solución de los grandes problemas que ponen en grave riesgo, ya de crisis, a nuestra entidad federativa?, ¿queremos superar esos grandes problemas? Creo que eso es lo que ahora está en el centro de este debate.
El plebiscito efectivamente fue, desde nuestro punto de vista y lo hemos dicho, tenemos una valoración propia y respetamos los puntos de vista de otros partidos y otros distinguidos diputados y senadores que han expresado aquí una opinión contraria y en los medios de comunicación también; respetaremos sus puntos de vista, pero para nosotros nos parece que es el acontecimiento más importante de la cultura democrática en el Distrito Federal, uno de los más importantes.
Pero afortunadamente no es el único. La lucha de los ciudadanos en los últimos años por la democracia en el Distrito Federal, se ha expresado en diversos medios; foros organizados por la Secretaría de Gobernación; foros organizados por los distintos órganos electorales, o sea, en todo este proceso de reforma; todo el proceso de reforma que se tuvo constitucional, que dio origen a la Asamblea de Representantes; foros académicos; procedimientos de todas las fuerzas políticas y creo que el resultado es que solamente un partido es el que se ha opuesto terminantemente, tajantemente a restituir los derechos plenos de los ciudadanos del Distrito Federal.
Yo quiero avanzar. Creo que el plebiscito marca una nueva situación. Quiero hacer una propuesta con toda responsabilidad, con toda seriedad. Creo que nosotros, el Congreso de la Unión, en pleno ejercicio de sus derechos constitucionales debe constituir y es una propuesta que se pone a discusión, una comisión similar a la comisión que hemos establecido para la reforma política nacional, una comisión integrada por diputados y senadores, para que empiece a valorar, empiece a discutir, a tomar en cuenta, a analizar las distintas propuestas que hemos hecho los partidos de este plebiscito, los resultados de la mesa de concertación, los pronunciamientos que han hecho académicos y representantes de las sociedad: cámaras de comercio, cámaras industriales, etcétera; que se han pronunciado seriamente democrático. Por primera vez no solamente opinamos los partidos, ya han puesto su contribución los ciudadanos; los partidos hemos opinado, las autoridades han estado también haciendo propuestas de transformación democrática, pero creo, si somos consecuentes, que es el Congreso de la Unión, en pleno ejercicio de sus facultades, el que tiene que legislar.
Finalmente, cualquiera que sea la conclusión que se derive de ese plebiscito, cualquiera que sea la conclusión de la mesa de concertación, tendrá que traducirse en una iniciativa que tendrá que discutir el Congreso de la Unión.
Los tiempos cada vez acortan más el ambiente político en nuestro país también esta bastante complejo y creo que si no queremos legislar por la vía del fast track, si no queremos legislar al dictado del Ejecutivo, si queremos restablecer el equilibrio de poderes y ejercer nuestra soberanía debemos comentar la posibilidad de constituir una comisión ex profeso para esto.
Esto lo demanda ya la ciudadanía, esta es la principal conclusión que yo desprendo del plebiscito. Vamos a tener que discutir aquí y tenemos que considerar todas las opiniones, nosotros hemos hechos una propuesta y también en su voto razonado y después de los comentarios que hizo Camacho Solís, esbozó una propuesta similar a la que nosotros habíamos realizado. Es posible establecer un pacto de transición democrática, un pacto que esté planteado claramente en la Comisión, un pacto que establezca cuál es el inicio y cual es el fin de este proceso de transición democrática y esta propuesta es una propuesta seria.
Creo, desde mi punto de vista que si dejamos el debate en la mesa de concertación con está, si queremos también continuar con otras iniciativas populares porque se han planteado que también se pueden hacer referendum para establecer, o la aceptación o no de una iniciativa o de un decreto que pudiéramos establecer, podemos, creo, en ese ejercicio democrático, llegar a acuerdos para que los diputados y los senadores integrando una mesa similar de discusión, podamos ir tomando en cuenta todas estas opiniones.
Aquí es donde deben discutir las consecuencias que tanto temor expresa el senador Manuel Aguilera. La ciudad ya está en crisis, crisis por todas partes, urge un nuevo Gobierno, urge una nueva forma de poder resolver esos problemas y cuanto antes lo hagamos mejor. Esa es la propuesta seria que nosotros hacemos, no queremos una respuesta en este momento, pero creo que también el licenciado Camacho en su próxima comparecencia ante la Asamblea de Representantes, va a tener que definirse y espero que no sea una nueva proposición como ha hecho en reiteradas ocasiones cuando ha ido a la Asamblea, de una reforma tramposa, primero informa un conjunto de problemas y casi al reiterarse
hace una nueva propuesta de que ahora sí va a haber reforma, ahora sí vamos a hacer tal cosa.
El hizo un promesa, hoy que tiene la responsabilidad si quiere que se debata en serio, que el debate político sea le primer punto de la ronda que se dé en la Asamblea de Representantes, porque también es un espacio legítimo de discusión y de cara a la nación, con las cartas abiertas, con las propuestas claras podemos debatir y podemos ir concentrando ese pacto de transición democrática que tanto exigen los ciudadanos del DF.
Por su atención, muchas gracias.
El Presidente: - Muchas gracias, diputado Guillermo Flores. Sobre el mismo asunto ha pedido la palabra el señor senador Manuel Aguilera, del PRI. Tiene usted la palabra, señor senador.
El senador Manuel Aguilera Gómez: - Con su permiso, señor Presidente; ciudadanos legisladores:
Este debate sobre el plebiscito está llegando a su fin en más de un sentido. Quisiera no obstante, hacer algunas precisiones porque, sobre todo mi compañero en el Senado, Muñoz Ledo, me atribuyó afirmaciones que no corresponden a lo dicho, sino a lo que él quiso escuchar.
En el debate que se ha dado en esta tribuna a lo largo de dos semanas, los diferentes partidos expresamos nuestro punto de vista en relación con este evento plebiscitario. Hoy lo referendo, lo reitero textualmente con objeto de evitar las tergiversaciones a que se ha dado lugar.
Dije hace 15 días:"...en esta tribuna he insistido en que nuestra abstención para participar en el plebiscito no debe ser interpretada como una negativa a la democratización del Distrito Federal. Esta es una imputación alejada de la verdad; a lo que reiteradamente me he opuesto y me seguiré oponiendo es que se presten a la consideración de la opinión pública disyuntivas en torno a asuntos sobre los cuales no ha sido suficiente y ampliamente informada.
No puede argumentarse como un avance democrático, aquello que se pretende hacer al margen del conocimiento de la ciudadanía."
La segunda aclaración que me parece pertinente formular, se refiere a una imputación que el senador Muñoz Ledo me hizo en el sentido de que yo había pretendido descalificar al Consejo Ciudadano de Observación del Plebiscito. Reitero hoy lo que dije hace 15 días:" ...quiero dejar clara, categóricamente establecido mi reconocimiento personal a la honorabilidad, buena fe y respetabilidad de quienes integran este Consejo, empero no es suficiente la buena intención que los anima para garantizar resultados confiables. Reitero hoy mi respeto a cada uno de los que participaron en el Consejo Ciudadano".
Aquí, lo que es fundamental puntualizar es lo siguiente: El PRI tomó la decisión simplemente de no participar, nos asiste el mismo derecho que el PRD cuando decidió separarse de los trabajos de la mesa de concertaciones, respetamos su actitud y responde a su línea y a su táctica política, por ello lo que en realidad nos están reclamando, es una determinación que nos corresponde adoptar internamente. Son tácticas y responsabilidades políticas de cada partido.
Nuestra decisión de no participar es la verdadera razón, creo yo, del enojo de algunos de los que han participado y publicitan el plebiscito y la no participación de los partidos políticos es algo que todos, los que han opinado en la prensa escrita y hablado están de acuerdo, la no participación activa de los partidos políticos, fue sin duda fundamental para la baja concurrencia en las urnas.
Por otro lado, el señor diputado Orduña afirmó dos cuestiones que merecen un breve, brevísimo comentario.
Primero, los números, los votos, claro que tienen importancia. Es el único medio para distinguir las mayorías de las minorías. Esos números colocan al plebiscito en sus justas dimensiones.
También, pretenden conferirle a la intolerancia calidad de un sistema político, creo que no es el propósito central del debate. No la tolerancia o la intolerancia de los demás y aquí ha habido testimonios claros de quiénes no están dispuestos a escuchar las ideas distintas.
El Diario de los Debates recogerá las expresiones del senador Muñoz Ledo, que como es costumbre, lo que ha ocurrido hoy no es una excepción ni un compromiso ineludible al que suele asistir después de que él ha hablado, ha hecho uso de la tribuna, es una costumbre, insisto, de él, para de alguna manera no enfrentar totalmente el debate. Quienes hemos estado laborando en la Cámara de Senadores, ya estamos acostumbrados a su autismo legislativo, signo sin duda de su propia soberbia.
Comparto el punto de vista del diputado Flores, la actitud la comparto. Creo que ahora tenemos que mirar hacia adelante; creo que ahora tenemos todos con patriotismo y responsabilidad política, tratar de contribuir a la reforma, a las formas de Gobierno del Distrito Federal. Tenemos en nuestra responsabilidad, la de encontrar fórmulas de legitimación de las autoridades del Distrito Federal y buscar fórmulas institucionales que acerquen a los ciudadanos al proceso de toma de decisiones que ellos, a todos nosotros nos afecta.
Ese lenguaje, el usado por el diputado Flores, el lenguaje propositivo, el lenguaje de encontrar caminos que conduzcan a respuestas institucionales que den de alguna manera cabida a lo que los ciudadanos han expresado, creo que es un signo muy importante de avance político que todos celebramos. Es todo, señor Presidente.
El Presidente: - Gracias, senador Manuel Aguilera.
COMUNICACIONES
El Presidente: - Pasando a otro asunto, se ruega a la Secretaría dé cuenta de algunas otras comunicaciones por favor.
El secretario diputado Juan Luis Calderón Hinojosa: -
«La VII Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, se honra en invitar a usted a la sesión solemne en la que rendirá protesta como Gobernador Constitucional del Estado para el período 1993 - 1999, el ciudadano Guillermo Mercado Romero, que se llevará acabo en el Teatro de la Ciudad declarado recinto oficial, el 5 de abril a las 9.00 horas ante la presencia del ciudadano Carlos Salinas de Gortari, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
La Paz, Baja California Sur, 1993.»
El Presidente: - Para asistir en representación de esta Comisión Permanente, esta Presidencia designa a los siguientes legisladores: senador César Moreno Martínez de Escobar, diputada Irma Piñeiro Arias y diputado Mario Vargas Aguilar.
El secretario diputado Juan Luis Calderón Hinojosa:
«Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presente.
Me permito expresar a usted que, con toda oportunidad, solicité licencia al cargo de diputado federal de esa LV Legislatura del Congreso de la Unión, para estar en aptitud de contener como candidato del Partido Revolucionario Institucional a la gubernatura del Estado de Baja California Sur.
Una vez hecha la declaratoria por la cual el honorable Congreso local considera gobernador electo de esa misma entidad, en cumplimiento a lo establecido por la Constitución Política del Estado. Ahora, ruego a usted tenga a bien ser el apreciado conducto para hacer del conocimiento de esa honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión, mi voluntad de optar por el cargo de Gobernador Constitucional del Estado de Baja California Sur, en los términos del artículo 125 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por esa razón y a partir de esta fecha, informo a usted que habré de dejar de desempeñar el cargo de diputado federal a la LV Legislatura.
Sin otro particular, le reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
La Paz, Baja California Sur, marzo 31 de 1993. - Licenciado Guillermo Romero, gobernador electo del Estado de Baja California Sur.»
El Presidente: - De enterado y comuníquese a la Cámara de Diputados.
DETENCIONES ILEGALES
El Presidente: - Para otro asunto, se concede la palabra al diputado Cuauhtémoc Amezcua, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista para comentar la comunicación del gobierno norteamericano, relacionada con la detención ilegal de connacionales en nuestro país.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros:
El Gobierno de los Estados Unidos se ha caracterizado, entre otras cosas, desde hace tiempo, por su falta de respeto a las normas del derecho internacional vigente y por atropellar la soberanía de otros países, entre ellos el nuestro, pretendiendo otorgarle el derecho de extraterritorialidad a sus propias leyes, y a sus autoridades, así han sido innúmeros casos los que se
han dado ya de compatriotas nuestros que han sido arbitrariamente detenidos en nuestro país para ser llevados al otro lado de la frontera norte para ser juzgados, algunos han sido casos muy sonados, como el doctor Alvarez Macháin, no el único desde luego.
En ese contexto se produjo hace uno días un hecho importante que fue el envío de un comunicado por parte del jefe del Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos, William Clinton, al Gobierno de México, mediante el cual hace el compromiso de en lo sucesivo respetar la soberanía de nuestro país, respetar por lo menos, por lo que a México se refiere, el derecho internacional y no volver a promover, impulsar, patrocinar o financiar secuestros de mexicanos en nuestro territorio.
Sin embargo, este hecho, siendo importante, no tiene el peso jurídico que debería tener y que adquiriría si estuviera plasmado de un modo claro y concreto ese mismo compromiso en el Tratado de Extradición que existe entre México y los Estados Unidos.
Por eso la preocupación que traigo a esta tribuna es justamente la de que sea declaración escrita, esa declaración epistolar, firmada por el Presidente Clinton, se refleje en un documento con plena autoridad jurídica, que sería este tratado. Y voy a poner a la consideración de ustedes, con la autorización suya, señor Presidente, una declaración política que suscribimos todas las fracciones parlamentarias presentes en esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, quien dice así:
"Declaración política: Toda vez que el Poder Ejecutivo de los Estados Unidos de América se ha dirigido por escrito al Gobierno Mexicano, comprometiéndose a respetar en lo sucesivo la soberanía de nuestro país y por lo mismo a no promover, impulsar, patrocinar ni financiar el secuestro ilegal de personas en nuestro territorio nacional para ser conducidas a aquel país.
Para reforzar ese compromiso y darle pleno valor jurídico, las fracciones parlamentarias que suscriben, se dirigen de manera atenta y respetuosa a la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicitándole tenga bien plantear a su contraparte estadounidense la demanda de que la promesa del presidente Clinton adquiera la necesaria fuerza jurídica, incorporándose de manera pertinente al Tratado de Extradición vigente entre nuestros dos países.
Dada en la sala de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 31 días del mes de marzo de 1993. Suscriben el compañero diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; el compañero diputado Miguel Angel León Corrales, por el PRD; el compañero diputado Amador Rodríguez Lozano, por el PRI; el compañero diputado Juan de Dios Castro, por el PAN; el compañero diputado Israel González Arreguín, por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional."
Hago entrega a la Secretaría, con la petición atenta a la Presidencia de que se sirva resolver, se incluya este documento en el Diario de los Debates y se turne copia de él a la Secretaría de Relaciones Exteriores, señor Presidente. Muchas gracias.
EL Presidente: - Gracias, diputado Amezcua. La Presidencia da por formulada su declaración política y además instruye a la Secretaría que se incorpore al Diario de los Debates el documento y se comunique al Ejecutivo.
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
El Presidente: - Para otro asunto, tenemos dos intervenciones muy relacionadas, una del diputado Carlos Cantú Rosas y otra del diputado Guillermo Flores Velasco.
Le daría la palabra al diputado Cantú Rosas, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en relación con el deficiente servicio que presta la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.
Tiene la palabra el diputado Cantú Rosas.
El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas: - Señor Presidente; señores senadores; señores diputados:
Hace tres semanas el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana ocupó esta tribuna para denunciar enérgicamente las reiteradas irregularidades que presta el servicio proporcionado por la Cía. Teléfonos de México, S.A., que ocupa el primer lugar nacional en quejas presentadas por los usuarios.
La semana antepasada , en vísperas del LV Aniversario de la Expropiación Petrolera, hicimos uso de la palabra para manifestar una justa inquietud de la ciudadanía en relación a la industria petrolera del país, que a cinco décadas de haberse nacionalizado, tal parece que ha dejado más problemas que beneficios.
Quisiera abundar sobre esto, señor Presidente, que no obstante que en su momento se le dio el curso correspondiente a las comisiones en conocimiento, a la fecha no hemos tenido ninguna respuesta sobre estas formales y respetuosas denuncias presentadas.
Hoy ascendemos a esta tribuna a presentar también alguna denuncia de hechos sobre los manejos, sobre el pésimo servicio y sobre una serie de irregularidades que se presentan en el servicio eléctrico nacional.
Durante los primeros decenios de este siglo, el suministro de energía eléctrica estaba en manos de concesionarios que recibieron esta prebenda del régimen del general Porfirio Díaz, quien a partir de 1877 inició un proceso de apertura irrestricta al capital extranjero para modernizar a México y ponerlo a la altura de las grandes potencias de occidente, permitiendo que transnacionales se enriquecieran, como hoy, ilimitadamente con los recursos de nuestro pueblo y de nuestro subsuelo.
No fue sino hasta el régimen del general Plutarco Elías Calles, cuando en abril de 1926 se expidió el Código Nacional Eléctrico cuyo régimen limitaba a concesionar y estipular las condiciones de orden general en que deberían de operar las empresas, las tarifas se decretaban en forma y línea recta, es decir, la cantidad consumida implicaba modificaciones en el precio.
En 1940, señor Presidente, la industria eléctrica estaba dominada en su totalidad por empresas extranjeras y frente a esta situación de dependencia de este energético, el general Lázaro Cárdenas del Río, el 14 de agosto de 1937 por decreto Presidencial creó la Comisión Federal de Electricidad, que reguló las tarifas y el suministro de energía eléctrica como servicio público y vigilado por el Estado.
A partir de entonces el Gobierno intervino en la electrificación del país. De 1937 a 1943 la producción de energía eléctrica estuvo en manos de particulares y su crecimiento se estancó en el 1% anual; es decir, crecían cada año extendiendo la cobertura de su servicio a menos de un Kilómetro de cableado y suministro efectivo.
En 1944 la Comisión Federal de Electricidad inició un intenso período de actividad, quedando constituida la misma como organismo descentralizado con patrimonio propio y personalidad jurídica, poniendo en 1948 la primera planta en Ixtapaltongo.
En el régimen del licenciado Adolfo López Mateos, el 27 de septiembre se promulgó el Decreto de Nacionalización de la Industria Eléctrica Mexicana y por ello la empresa extranjera Mexican Light Force Company Ltd; fue cambiada de nombre a Cía. de Luz y Fuerza del Centro, como empresa pública que suministraba servicio y energía eléctrica al Distrito Federal y al altiplano central.
Cabe destacar que la Cía. de Luz y la Cía. Federal de Electricidad unificaron sus frecuencias de voltaje en el flujo suministrado en 1972 y hasta el 23 de abril de 1973, fecha en que México accionó su sistema de frecuencia regulada de energía a redes de 60 ciclovoltios y amperaje por flujo.
Por decreto presidencial del 16 de diciembre de 1974, se acordó la disolución y la liquidación de la compañía de Luz y Fuerza del Centro sus cinco compañías filiales regionales: la de Occidente, la del Bajío, la de La Laguna, la del Sureste y por decreto presidencial del 2 de enero de 1975 se expidió la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica que abogó la Ley de la Industria Eléctrica de 1938 y en tal acuerdo se autorizó a la Comisión Federal de Electricidad a adquirir los activos e instalaciones de las compañías en liquidación.
Actualmente, un numeroso grupo de ciudadanos han acudido al Partido Auténtico de la Revolución Mexicana a fin de que en el cabal cumplimiento de la representación popular que nos confirió en las urnas electorales, hagamos nuestra su queja respecto a los abusos de que siguen siendo víctimas más de 12 millones de usuarios de energía eléctrica en todo el país por cobros excesivos y que aparecen ilegítimamente en forma bimestral en los recibos correspondientes.
En 1991, atendiendo a una queja similar a ésta, la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, correspondiente a la LIV Legislatura al Congreso de la Unión, denunció en esta propia tribuna la improcedencia del cargo del 1148 que apareció desde el mes de diciembre de 1990 en los recibos de energía eléctrica.
Con apoyo en aquel entonces, que ahora agradecemos también, de las fracciones parlamentarias de Acción Nacional y de la Revolución Democrática, logramos la comparecencia ante la Comisión de Energéticos, del señor ingeniero Guillermo Guerrero Villalobos, director general de la Comisión Federal de Electricidad. En dicha comparecencia exigimos se aclararan dudas que surgían en torno al concepto 1148
en los recibos de energía eléctrica y a cambio de ello, recibimos información sobre programas de inversión del 9194, acciones del programa especial del sector eléctrico del desarrollo social, pero respecto de la causa en que se fundaba el cobro del 1148, a la fecha sólo hemos tenido evasivas y ninguna respuesta objetiva en torno al problema.
Lo más que se afirmó en aquel entonces, el funcionamiento en referencia fue el cargo 1148 que estaban pagando más de 12 millones usuarios, es un fondo que se está recabando para mantenimiento de líneas, a pesar de que quedó demostrado que la llamada Junta de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad no tenía ni tiene facultad alguna para obligar al usuario al pago del 1148.
Ante el silencio de las autoridades responsables para aclarar este planteamiento y como persistiera aplicando este oneroso cargo, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y el suscrito, presentamos en su momento formal denuncia ante la Procuraduría General de la República, donde con documentos probamos además de enriquecimiento inexplicable de líderes sindicales, posible tráfico de viviendas, manejo de contratación y otros delitos en la representación social que deberían ser investigados a fondo.
En síntesis de lo anterior, a pesar de que el cargo 1148 era para dar mantenimiento a las líneas, según lo expresó en aquel entonces el ingeniero Guillermo Guerrero Villalobos, el cableado subterráneo cuenta con más de 40 años de antigüedad y se encuentra en condiciones deplorables, dado que no cuenta con el equipo necesario para realizar el mantenimiento correctivo.
Estamos pues, los ciudadanos, sobre una auténtica bomba de tiempo que no sólo se causa de los constantes apagones que tenemos que sufrir en nuestros hogares, negocios e instalaciones, sino que genera también el inminente riesgo de un corto circuito de proporciones funestas inimaginables, dado que los conductos subterráneos no están protegidos ni contra el natural deterioro ni contra las acciones de los roedores, que destruyen la capa plástica de los cables.
A 25 meses, a partir de que los consumidores hemos tenido que pagar el cargo del 1148 que supuestamente serviría para dar mantenimiento a las líneas conductoras y ante la evidencia de que éstas siguen igual o peor, por no haber recibido la atención que requieren con urgencia, tenemos que preguntarnos: ¿dónde quedó o en qué se ha aplicado la multimillonaria suma que tan sólo en 1991 aproximadamente ascendió a un billón de viejos pesos?
Hoy, nuevamente la ciudadanía reclama nuestra intervención para denunciar una serie de abusos de que ha venido siendo víctima de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y para ello tenemos el antecedente de que no han logrado ser atendidos en sus quejas por la Procuraduría Federal del Consumidor.
Entre las causas de denuncias, quejas y reclamaciones que el público en general interpone contra la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y la Comisión Federal de Electricidad, ante la Procuraduría Federal del Consumidor, a través de su Unidad de Recepción y Trámite de Quejas, según informes de la Dirección General de Conciliación, Arbitraje y Quejas de la citada institución, están: cobro indebido por error en el cálculo o cuantificación del consumo de energía eléctrica, negativa al pago por pérdida o deterioro del equipo de instalaciones eléctricas por corto circuito o bajo voltaje en el flujo de la corriente eléctrica, por incumplimiento en el servicio del suministro adecuado, por corte de servicio injustificadamente, por la negativa a la entrega de documentos, es decir, que no llegan los recibos al domicilio del consumidor y cuando éste acude a la empresa, ésta se niega a entregar copia del recibo de luz, por no cumplir los términos del contrato.
La Procuraduría Federal del Consumidor a través de su dirección de información, estima que el número de quejas que ella recibe es inferior en mucho a las que reciben directamente las empresas en cuestión, a través de los escritos correspondientes.
Las unidades de quejas y de información de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y la Comisión Federal de Electricidad, reciben por su cuenta un número mucho mayor de quejas y reclamaciones que por lo general los números que reportan están disminuidos, ya que la dimensión real del problema nunca se da a conocer a fondo por las propias compañías suministradoras del servicio.
Los recibos constantemente llegan a domicilios por cantidades tres o cuatro veces superiores a la normal y en este renglón, se debe a las pésimas condiciones en que se encuentran los medidores que jamás reciben mantenimiento o reparación. Sin embargo, el pago del servicio es insalvable dado que de no ser así, viene el corte, el fluido con los consiguientes perjuicios y molestias que esto ocasiona. Aquí se nota con
claridad la corrupción e irresponsabilidad de los inspectores que no cumplen con su función de revisores de los datos y mantenerlos en óptimas condiciones.
A esto, debe dar cabal respuesta la gerencia de inspección de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y de la Comisión Federal de Electricidad.
Por otra parte, son muchos los aparatos eléctricos de los hogares que resultan dañados hasta quedar inservibles merced a las constantes variaciones del voltaje. En síntesis, las quejas se han venido acumulando y las audiencias para atenderlas rebasan hasta dos meses y mientras tanto, el afectado debe pagar el importe de un recibo con el que no está de acuerdo y si no lo cubre, viene el terminante corte de servicio telefónico y del servicio eléctrico; si no ocurre a hacer la defensa correspondiente, le cortan el servicio y si ocurre a tratar de hacer la defensa correspondiente, en los meses que tiene que estar presente en esas oficinas, inmersos en un burocratismo, pierde su trabajo.
Para la Procuraduría de la Defensa del Consumidor, la Comisión Federal de Electricidad y al Compañía de Luz y Fuerza del Centro en liquidación, ocupan ambas el segundo lugar como la empresa proveedora de servicios públicos que mayor índice de quejas, denuncias y reclamaciones recibe por año. El segundo lugar, para el período de enero a diciembre de 1990, el número de quejas en el Distrito Federal fue de 20 mil 302 quejas y en el resto del país, 183 mil 590, para totalizar 203 mil 892. Para el primer cuatrimestres de enero a abril, el número de quejas en el Distrito Federal, se cuadruplicó para llegar a 80 mil 671. En el resto del país las quejas también aumentaron, totalizando 287 mil 700. De mayo a diciembre de 1991, el número de quejas en el Distrito Federal, sólo bajó a 75 mil 525, pero en el resto del país éstas aumentaron a 302 mil 850, para un total de quejas de 378 mil 375. Para el año 1992, el número de quejas a nivel nacional, llegó a la increíble cifra de 1 millón 259 mil 308 quejas y la fecha de hoy, no tenemos informes sobre el número de quejas atendidas y de este año de 1991. De enero de 1990 a diciembre de 1992, la Profeco recibió 2 millones 129 mil 275 quejas sobre este pésimo servicio. Insisto, de enero de 1990, a diciembre de 1992, la Profeco recibió 2 millones 129 mil 275 quejas, señor senador, que no reflejan en mucho, la realidad de lo que en esas compañías y el pésimo servicio que otorgan, está actualmente doliendo.
La información de la Procuraduría Federal del Consumidor, respecto a las quejas que ella recibe, señala que se atienden aproximadamente un 75% de las mismas, con la aclaración de que las quejas se contabilizan en un mes y la solución que dan las empresas, ocurre entres dos y tres meses, lo que habla de una marcada gran ineficiencia.
A todas luces resalta que el usuario está pagando por un servicio que no recibe adecuadamente. Según los informes del Banco de México, en enero de 1970, la tarifa de consumo mínimo era, mensualmente, de 137 pesos. Para diciembre de 1980, el suministro costaba 760 pesos con 90 centavos, lo que significó un incremento de alrededor, en esa fecha, del 500% en diez años. Para octubre de 1990, el suministro costaba 47 mil 894 pesos, lo que representó un incremento del 6 mil 200%, 6 mil 200% de incremento en el servicio eléctrico.
Continuando con los informes del Banco de México, para febrero de 1993 dicho suministro cuesta 74 mil pesos viejos, lo que significa un incremento del 60% en tres años. De enero de 1970 a la fecha, el costo por consumo mínimo de energía eléctrica se incrementó, atención, señores senadores, señores diputados, señores representantes de la información, de enero de 1970 a la fecha, el costo por consumo mínimo de energía eléctrica se incrementó en ¡6 mil 790%!
En la década de los ochenta, el salario mínimo perdió capacidad de compra en más del 60%, según estimaciones de la Confederación de Trabajadores de México. En los cuatro años de este Gobierno, el salario mínimo ha perdido un 25% de su capacidad adquisitiva y de compra, según información del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado.
Por otra parte, debe considerarse que la mayoría de los planes del Gobierno Federal respecto al sector eléctrico, se resumen a hacerlo autofinanciable vía la eliminación de los subsidios y el alza en las tarifas. Pero, ¿cómo convencer a los usuarios que habitan las regiones de clima extremoso del país, de las altas tarifas que pagan por el uso eficiente de la energía?, ¿cómo convencer a los campesinos y agricultores de que las tarifas por bombeo de agua aumentan despiadadamente para evitar el despilfarro y que éstas están siendo succionadas, cuando las tarifas son las más altas?
Estudios del Sindicato Mexicano de Electricistas, de la Compañía de Luz y fuerza del Centro que abastece el Valle de México, sostienen y lo comprueban, que la principal sangría de los
recursos financieros se encuentran en los contratos especiales, el robo de energía de las ciudades perdidas, sino fundamentalmente de la gran industria, sobre todo la ubicada en el Valle de México.
Para la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, los contratos especiales representan el 0.8% del total de los usuarios, pero significa en contrapartida, el 70% del consumo de energía eléctrica y el 75% de los ingresos, lo que significa un serio problema financiero, ya que la compañía raramente recibe estos pagos.
¿Y quiénes son los usuarios de los contratos especiales? Ni más ni menos que las dependencias gubernamentales, donde igual se benefician servicios de transporte colectivo, así como inmensos edificios de oficinas administrativas tanto del Gobierno Federal como del Departamento del Distrito Federal.
El Gobierno Federal ha asumido los pasivos de la compañía de Luz y Fuerza del Centro, porque se encuentra en bancarrota, pero nunca se supo cuánto es lo que el Gobierno le adeudaba, porque la práctica del contrato especial se desgrana desde el Gobierno Federal hasta el gobierno estatal y sin olvidar a los municipales en cada una de las entidades del país.
No obstante la gravedad de este último comentario, la prioridad que me trajo a esta tribuna, es denunciar los abusos de que se está haciendo víctima a los usuarios comunes, es decir, al pueblo en general y para ello propongo, ante esta soberanía, el siguiente punto de acuerdo:
"Solicitar información correspondiente de la Comisión de Energéticos de esta Cámara de Diputados, a los funcionarios que a continuación se mencionan, para los fines que también se expresan:
Al señor licenciado Jaime Serra Puche, Secretario de Comercio y Fomento Industrial, para que explique si la dependencia a su cargo ha autorizado algún incremento en el precio del servicio a usuarios por el uso de la energía eléctrica; al ciudadano Guillermo Guerrero Villalobos, director de la Comisión Federa de Electricidad, para que informe cuál fue el destino de las billonarias cantidades recaudadas por el concepto del cargo 1148, y la razón por la que el servicio eléctrico presenta tantas reiteradas y constantes deficiencias.
A la ciudadana Norma Samaniego, coordinadora del Pacto para la Estabilidad, Competitividad y el Empleo, para que informe si se autorizó algún incremento en el cobro por el uso de energía eléctrica o por qué en los recibos aparece, aparte de la tarifa normal, el cobro por mantenimiento, que es casi el 50% de lo anterior, el IVA y un cargo pendiente por facturación anterior.
Al licenciado Alfredo Baranda García, responsable de la Procuraduría Federal del Consumidor, para que informe sobre el destino que han tenido las múltiples quejas presentadas ante su dependencia por los usuarios, cuál es el total de esas quejas a la fecha y en qué porcentaje se han atendido. Asimismo, sobre qué acciones ha tomado para defender el abuso de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro en perjuicio de los consumidores y cuál ha sido el resultado."
Por la fracción parlamentaria del PARM, su servidor.
El Presidente: - Gracias, señor diputado. Le ruego nos deje en la Secretaría su propuesta, y para el mismo asunto, tiene la palabra el señor senador César Moreno Martínez.
El senador César Moreno Martínez de E.: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
He escuchado con atención los importantes datos históricos que nuestro compañero, el diputado Carlos Cantú Rosas, ha planteado, lo que señala el enorme esfuerzo que viene realizando la industria eléctrica nacional, a fin de contribuir con un muy positivo trabajo para el desarrollo y el crecimiento de nuestro país, asimismo de sus señalamientos, que ha pronunciado en esta tribuna.
Estimo de legítima preocupación de mi compañero legislador, sin embargo me permitiré hacer algunas observaciones y señalar algunos hechos que considero importantes, dado que no podemos soslayar el esfuerzo que esta empresa pública por sumarse al proceso de modernización y con bienestar social viene realizando en el país el sector eléctrico.
En primer lugar y en relación a los costos o tarifas que pagan los usuarios, quiero señalar los siguiente hechos:
1. En el proceso de facturación vigente se aplican las tarifas autorizadas para la venta de energía eléctrica desde el 21 de octubre de 1992, mismas que son de carácter nacional y aplicados en todo el territorio de la República.
2. En esa fecha se autorizó un incremento del .57% mensual a la tarifa residencial, la cual se aplica para consumidores menores de 200 kilovatios - horas mensuales, es decir, engloba a más del 90% de los usuarios del país; el incremento en el caso es únicamente del 6.76 por año. Respecto a las tarifas en los comercios e industrias pequeñas, el ajuste autorizado fue de .79% mensual, lo que resulta que en 12 meses a partir de la fecha, el incremento es solamente máximo de 9.9%.
Como podemos ver, el ritmo de los incrementos en tarifas permanece fijo y acorde a la política económica de combate a la inflación, dado que sus impactos se han minimizado. Además, los cargos en combustible no se aplicaron a las tarifas domésticas.
Y también, finalmente, quiero subrayar, dado que los hechos anteriores de los únicos causantes de facturaciones elevadas son los altos consumos, no puede existir otra explicación, se cumple la frase que paga más el que más consume, pero en beneficio de más del 90% de usuarios del servicio eléctrico se ha otorgado un subsidio en lo que respecta al área metropolitana de esta capital de 2.8 billones de viejos pesos, el resto representa menos del 9% que paga el costo real unitario del consumo de energía eléctrica.
La zona metropolitana recibe un constante flujo de inmigrantes de provincia, mismo que por lo general induce a zonas de asentamientos irregulares en la periferia urbana. Esto ocasiona, ante la imposibilidad de un ajuste inmediato en la oferta del servicio público, que dicha gente cubra sus necesidades haciendo tomas clandestinas, se cuelgan los cables provocando con ello variaciones de voltaje, frecuentes quemas de los transformadores, roturas de cables y otros daños que repercuten indiscutiblemente en una falla del servicio eléctrico que no son imputables al prestador oficial de este servicio.
Ante esta situación se ha actuado con gran sensibilidad y respuestas concretas y expeditas, aun enfrentando la necesidad primero regularizando la tenencia de la tierra y realizar el trazo urbano como requisito indispensable para la construcción de las líneas de distribución. Repito, los hechos son claros; en los últimos cuatro años se han regularizado 400 mil servicios de este tipo en el área conurbada, ello significa que se incorporan 10 mil servicios mensuales en esta ciudad capital, destacando las zonas que plantean mayor pobreza como Chalco y Chimalhuacán; lo mismo viene ocurriendo en el resto del país donde la demanda del servicio eléctrico en el orden social viene atendiéndose con una gran eficiencia y expedita.
El renglón de atención a clientes me permite señalar el siguiente hecho: la Procuraduría Federal del Consumidor ha recibido en lo que va de este año en la ciudad de México, 170 quejas y en un período de 12 meses llegan a las 850, las cuales se resuelven por la vía de conciliación. Consideramos que la Compañía de Luz y Fuerza del Centro atiende a 4 millones 500 mil clientes, los cuales se facturan seis veces al año, como resultado se expiden 27 millones de facturas por lo que las 850 quejas representan el .003% del total de facturas.
Esta misma atención viene a nivel nacional. El señor diputado Cantú Rosas ha señalado que existen en Profeco 2 millones 129 mil 275 quejas, las cuales desde luego será conveniente hacer la verificación de la atención que viene recibiéndose en respuesta a estas quejas, porque es de interés nacional que este servicio eléctrico siendo prioritario en el desarrollo del país se atienda.
También quiero informarle al señor diputado Carlos Cantú Rosas que en lo referente a los adeudos oficiales no existe ninguna dependencia con rezagos pendientes de pago de sus consumos.
En el caso de la ciudad de México el metro paga por adelantado su factura eléctrica del consumo.
Cabe señalar también en lo referente a las encuestas que se han aplicado, la ciudadanía ha manifestado que el servicio que presta la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, es uno de los mejores que se presenta de todos los servicios en esta población, sin embargo, la mayor demanda ciudadana es que el teléfono de atención de quejas se encuentra permanentemente saturado y es que sólo tiene 10 líneas en el área metropolitana.
Ya la Compañía de Luz y Fuerza del Centro está tomando medidas pertinentes a la atención a esta demanda de la ciudadanía, por lo que se va a dividir en zonas a la ciudad, incrementando áreas de atención en los centros comerciales, aumentando el personal y aumentando el número de líneas para que reciban una respuesta expedida al planteamiento de estas quejas.
También hay que reconocer que la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, está realizando
importantes obras de infraestructura para mejorar el servicio que demandan fuertes inversiones, además se utilizan los recursos para cubrir el crecimiento normal del sistema que actualmente la compañía está realizando en cambios de líneas para pasar de 6 a 23 kilovoltios en la distribución, incorporando la automatización y operación del reforzamiento de las cuadrillas y herramientas especiales que demandan la técnica moderna del servicio eléctrico.
Igualmente se introducen, se reparan y se reponen, redes eléctricas subterráneas, obras que no se ven y de las cuales se trabaja de noche para evitar molestias a la ciudadanía, por eso quizá no se note que está haciendo un trabajo muy positivo en este renglón.
Se ha puesto en marcha también el Programa SIRVES, Sistema Integral de Recursos y Valores para la Excelencia del Servicio, programa que impulsa la modernización y eficiencia del servicio para los usuarios finales, mismo que implica mejorar las condiciones del orden del trabajo, oficinas y equipamiento, manuales y de instrumentos que a la fecha se tiene un avance de 10 en 100 centros de operación como son los de Satélite, Chimalhuacán, Chalco, Milpa Alta, Villa de las Flores, Valle de Aragón, Zaragoza, Toluca, Calzada de Guadalupe, Centro y 90 más que están en proceso.
También se está implementando a otros reclamos que se han presentado para que los consumidores puedan verificar que sus consumos están apegados a las lecturas reales y esto es un programa de orientación al consumidor para enseñarles cómo se debe leer el medidor eléctrico a fin de que ellos puedan vigilar y verificar los consumos que están realizando.
El esfuerzo que viene haciendo el sector eléctrico a nivel nacional, es un extraordinario esfuerzo. El costo de la energía en este país, que debe ser competitivo con el resto del mundo, es uno de los servicios que viene ofreciéndose al alcance de la economía, de la ciudadanía y de la productividad de México, por lo que quiero hacer la invitación a todos mis compañeros para que nos sumemos en un positivo esfuerzo de suma, de crítica constructiva, de trabajo positivo para que en este renglón que es una de las materias que más requiere el desarrollo, la creación de fuentes de trabajo, la producción, ser competitivos y poder engranar en nuestro esfuerzo al nuevo México que estamos demandando, que estamos queriendo los mexicanos, poder responder a este reto que representa el nuevo México, el México que todos queremos. Muchas gracias señor Presidente.
El Presidente: - Muchas gracias señor senador.
Esta Presidencia instruye a la Secretaría para que la proposición dejada aquí por el diputado Carlos Cantú Rosas, se turne a comisiones unidas de Comercio y Energéticos de la Cámara de Diputados.
Igualmente se recomienda a las comisiones de Energéticos y de Comunicaciones y Transportes, que las proposiciones anteriores que se han turnado, las desahogue lo más pronto posible.
Gracias diputado Cantú Rosas.
El Presidente: - Para otro asunto se concede la palabra al diputado Guillermo Flores Velasco, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre los convenios de la Compañía de Luz, el Sindicato y la Comisión Intersecretarial.
El diputado Guillermo Flores Velasco: - Con su venia, señor Presidente; compañeros diputados, compañeros senadores:
Se ha generado un punto que desde mi punto de vista es un problema que sí merece la discusión de esta gran tribuna nacional. El pasado 25 de febrero se firmaron tres convenios, en los que intervinieron la Comisión Federal de Electricidad, el director de la Compañía de Luz, el Sindicato Mexicano de Electricistas y un conjunto de representantes de las secretarías de la Comisión de Gasto Financiamiento.
En estos convenios, de alguna manera se realizaron tres grandes eventos, la asunción de pasivos, o sea, de la deuda que tenía la empresa por parte del Gobierno Federal, un convenio de productividad y la revisión salarial entre el sindicato y la empresa, el sindicato, el SME y la Compañía de Luz.
Aquí, de alguna manera se resaltan dos eventos bastante positivos en la vida política nacional, que ojalá fueran así, en muchos casos, sobre todo en este proceso de desincorporación, de la empresa paraestatal de nuestro país.
Por primera vez en la creación y en la liquidación de una empresa pública, se toma en cuenta a los trabajadores, participan como actores, como sujetos de la negociación. También por primera vez el órgano técnico con el que cuenta la Cámara
de Diputados, está en el proceso de vigilancia, en las atribuciones que tiene la Cámara de Diputados, vigilando las acciones del Ejecutivo Federal. Si está en este caso, vigilando la Contaduría Mayor de Hacienda, el proceso de liquidación y de creación de una empresa.
Desafortunadamente estos dos eventos que son bastante positivos, que representan algo novedoso en la vida política nacional, se ven ensombrecidos porque resultan, primero en una negociación desventajosa para los trabajadores mexicanos; se ve ensombrecido porque esta intervención de la Cámara de Diputados, esa intervención de su órgano técnico, de la Contaduría Mayor de Hacienda, se hace sin el conocimiento, sin el aval, sin la autorización de esta Comisión Permanente, en este caso que estamos en receso, o por el pleno de la Cámara de Diputados.
Desgraciadamente una vez más complementamos el abuso de las facultades del Ejecutivo Federal, contemplamos el atropello de los poderes, de estos poderes de nación, que son soberanos y no se respeta nuestra alta investidura.
Por primera vez también vemos que en este proceso, en esta intromisión del Ejecutivo, se cometen un conjunto de violaciones al orden constitucional ; se violenta, en primer lugar, el artículo 74 de nuestra Constitución, de nuestra Carta Magna, en donde se establece claramente las facultades que tiene la Cámara de Diputados y se establece claramente este artículo que el órgano técnico, con lo que cuenta, está bajo la estricta dirección de la Cámara de Diputados. No tienen porque intervenir terceros para decidir qué hace o no hace la Contaduría Mayor de Hacienda.
Se viola el espíritu del cuarto transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y se violenta también en diversos artículos la Ley del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1993, en el artículo 7o., artículo 11, fracción V, y artículo 29, fracción II.
Ya en otras ocasiones hemos mencionado como el Ejecutivo hace violación sistemática de nuestra leyes, o sea con tal de lograr determinados propósitos, que en este caso se trata de sanear una empresa pública para posteriormente subastarla en precio de ganga a la iniciativa privada. Ese es el propósito de estos convenios, el propósito final. Y en ese propósito final, no ve, no respeta el orden constitucional. Esa es la grave denuncia que venimos a hacer aquí.
Aún hay más en este proceso de sanear esta empresa, se van a lesionar los derechos de los mexicanos, derechos de los trabajadores de la Compañía de Luz, derechos de los trabajadores del Sindicato Mexicano Electricistas, que han hecho grandes contribuciones en la construcción de nuestra nación, en su infraestructura eléctrica y por muchos años son los de los sindicatos que han dejado una gran tradición de lucha en nuestro país, que sus gestas están escritas en la historia y que ahora este convenio, al igual que pretenden los convenios paralelos al Tratado del Libre Comercio, estos convenios van a empezar a desmantelar el contrato colectivo, las conquistas de los trabajadores y es una forma indirecta a violentar el Estado de derecho, se violentar el espíritu y la letra del artículo 123, una de las grandes conquistas del pueblo mexicano en sus derechos sociales.
En esta violentación, es un convenio por demás engañoso. Por un lado se plantea que se va a respetar, porque así aparenta en una de sus cláusulas uno de estos convenios, que se va a respetar en el contrato colectivo, que se va a respetar la plantilla de los trabajadores.
Pero resulta que para liquidar esta empresa, para asumir los pasivos, se tienen que cumplir determinados índices de productividad. Estos índices de productividad, que hay en distintos índices, hay 19 índices y estos convenios solamente contemplan dos índices. Se plantea una meta de cuántos usuarios tiene que atender en promedio cada trabajador.
Hay un calendario a cumplir en dos años y medio, un calendario en donde para poder lograr que aumente el número de usuarios por trabajador hay dos opciones o una combinación de estas dos opciones: aumentar más allá del crecimiento promedio de usuarios, ésa es una forma para que se pueda incrementar la atención de usuarios por trabajador, o la otra disminuir el número de trabajadores y con esa disminución aumentar la carga de los trabajadores, explotar más su fuerza de trabajo y de esa manera entre menos trabajadores van a cubrir más usuarios o una mezcla de estas combinaciones. En el fondo si se quiere cumplir este calendario de productividad va haber despidos de la Cía. de Luz.
Esto es grave y la gravedad del problema, no solamente es un problema ahora de forma, es un problema del procedimiento constitucional o el procedimiento legal jurídico para realizar los convenios.
Creo que ahora estamos ante dos problemas: el procedimiento y estamos también ante un
problema de consecuencias de carácter social, económico, técnico y que tiene que ver con el desarrollo también de la ciudad, el desarrollo de la zona que atiende, principalmente el Distrito Federal, la Cía. de Luz.
De los convenios se desprenden las siguientes conclusiones que yo saco y son de que va haber un aumento en los precios de las tarifas de la energía eléctrica. Va haber problemas técnicos igual como se han presentado en otras empresas públicas después de que se someten a ese proceso brutal de saneamiento, donde hay descuido en el mantenimiento, descuido en tareas técnicas, porque ahora se tienen pocos trabajadores para hacer un conjunto mayor de tareas, va haber problemas técnicos en el servicio público de energía eléctrica en la ciudad de México.
Es predecible que ante la actitud malévola, tramposa y engañosa por parte del Gobierno Federal se acrecienten los problemas sindicales. Vamos a ver nuevamente la venta de una empresa pública, poniendo en riesgo todo y vamos a ver el despido de por lo menos 10 mil trabajadores de esta empresa.
Es un problema complejo efectivamente, tiene que ver el problema de cómo se resuelve esta liquidación y esta constitución de esta nueva empresa por lo menos con tres grandes problemas: uno, todo el proceso de negociaciones y promesas, por ejemplo, que hizo Salinas en plena campaña al sector eléctrico en Necaxa, ustedes se acordarán que él mencionó un compromiso con los electricistas y dijo que "él sabría ser amigo", recuerden esa expresión.
Esa promesa después se vio reflejada en una Iniciativa de Ley cuando reformó esta Legislatura el Cuarto Transitorio y ahí en ese texto no hay ninguna limitativa. Es más, han pasado más de dos años, se hizo en 1989 esa iniciativa de reformas, más de dos años y medio, en donde no ha cumplido su promesa Salinas de constituir la empresa. Y hoy pospone nuevamente su promesa cuando él ya no sea titular del Ejecutivo porque pone un plazo de dos años y medio. Ha faltado a su promesa Salinas con el sector eléctrico.
Este problema, insisto, tiene que ver con compromisos políticos, tiene que ver con un orden jurídico que se violenta, tiene que ver también con una tarea que tenía esta soberanía; también en la Legislatura pasada se planteó; a propósito de un tarifa abusiva del Ejecutivo, de la tarifa llamada 1148, a hacer auditorías a todo el sector eléctrico nacional.
Es la fecha que no conocemos, que no hemos dictaminado los resultados de esas auditorías al sector eléctrico que además de manera clandestina sus conclusiones se mezclan en el debate de esos convenios que firmó el Ejecutivo a través de sus representantes; y tiene que ver también con un proceso judicial que se lleva en tribunales internacionales en torno a a la liquidación de la "Mexican Like". Y no quiero pensar que la venta de esta empresa posteriormente caiga en la "Mexican Like", es una empresa principalmente de accionistas canadienses, no quiero pensar que posteriormente resulte que los beneficiarios de la compra de esta empresa canadiense y de esta empresa sea una empresa canadiense y que sea precisamente esta empresa. Esto no va a suceder, obviamente, cuando seamos diputados, va a ser hasta dentro de dos años y medio por lo menos, porque ése es el límite que se ha puesto.
Por todo lo anterior, yo creo que es un problema que merece toda la atención, que merece la discusión no sólo de formalidad de carácter jurídico sino de la cuestión técnica de tener todos los elementos disponibles y analizarse con todo detenimiento en la Comisión de Energéticos y en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Por todo lo anterior, me permito leer una propuesta que posteriormente dejaré aquí en la Secretaría, la cual han asignado el diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Cuahutémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista y los diputados del Partido de la Revolución Democrática.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en la fracción III del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los grupos parlamentarios representados en esta honorable Comisión Permanente, los que afirman, solicitamos a la Presidencia se turne a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados los siguientes convenios: de asunción de pasivos y de productividad, entre la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y asociadas al Sindicato Mexicano de Electricistas, con la intervención del Gobierno Federal por medio de los ciudadanos Pedro Aspe Armella, Secretario de Hacienda y Crédito Público; Luis Donaldo Colosio Murrieta, Secretario de Desarrollo Social; María Elena Váquez Nava, Secretaria de la Contraloría General de la Federación; Emilio Lozoya Thalmann, Secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal; Jaime Serra Puche, Secretario de Comercio y Fomento Industrial; Miguel Mancera Aguayo,
Director del Banco de México; Arsenio Farell Cubillas, Secretario de Trabajo y Previsión Social; Manuel Gómez Peralta, Subsecretario "A" de Trabajo y Previsión Social; Emilio Gómez Vives, Coordinador General del Cuerpo de Funcionarios Conciliadores; Juan Díaz Roublan Subdirector de Conciliación; Luciano Bernal Flores, funcionario conciliador de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y por parte de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, el Director General Guillermo Guerrero Villalobos, él participó en su carácter además como director general de la Comisión Federal de Electricidad. Y también Jorge Sánchez García, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.
Por lo anteriormente expuesto, solicitamos:
Único. La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados acuerde que los convenios que se turnan a tal efecto, se examinen sus aspectos constitucionales allegándose para ello la información pertinente.
Salón de los sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 31 de marzo de 1993.
Por los grupos parlamentarios los diputados que señalé en un principio. Dejo esta constancia en la Secretaría y ruego a la Presidencia que instruya lo conducente. Por su atención muchas gracias.
El Presidente: - Gracias diputado Flores. Sobre el particular se ha inscrito el señor Carlos Sales y también el diputado Cuauhtémoc Amezcua.
Le damos la palabra al senador Carlos Sales.
El senador Carlos Sales Gutiérrez: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
Con el compromiso de ser muy breve en esta ocasión, voy a comentarles unos cuantos aspectos de lo que aquí se señaló por mi compañero el diputado Guillermo Flores Velasco.
Siento que está tratando de adivinar intenciones que no están señaladas en los convenios aquí mencionados y tampoco se han incumplido promesas.
Creo que es conveniente poner en su contexto cuál es la situación de la Compañía que se está estudiando en este momento, para saber con quién se estaría incumpliendo, si no se toman el tipo de acuerdos que aquí se comentaron. Estamos hablando de una empresa, la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, que por cierto, le informo con todo respeto a mi compañero Guillermo Flores, la Mexican Light, por fin pudo ser ya disuelta gracias a la resolución que tomó la Corte Canadiense y ya no existe el problema que tuvimos.
La Corte Suprema Canadiense, el problema que tuvimos inclusive para que pudiera consolidarse esta industria, ya es una empresa que se decretó su desaparición allá. Esta empresa, tiene un capital negativo del orden de 5 billones de pesos acumula cada año con su operación, en resultados ya ajustados, cerca de 3 billones de pesos de pérdida por su operación. Su nivel de productividad lo dejo a juicio de ustedes.
La Compañía de Luz, atiende por empleado, por trabajador, 118 usuarios de energía eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad, 195, la Compañía Chilena de Electricidad, 256, en Inglaterra en Gales, 280, recuerdo nuestro índice, 118, en Italia, 261; en Estados Unidos, 186, en Francia 231.
En realidad, por diversas causas y quiero dejar claro aquí, que de ninguna manera es mi intención señalar que éste es un problema derivado de los trabajadores de la Compañía por diversas causas. La situación de la Compañía de Luz, no puede seguirse manteniendo tal y como está ahora, porque somos todos los mexicanos no sólo los que consumimos la energía eléctrica, los que pagamos esta ineficiencia, el pasivo acumulado es el orden de 19 billones de pesos viejos o 19 mil millones de nuevos, que realmente es una carga que al ser asumida por el Gobierno Federal, va a representar evidentemente la reorientación del gasto público en perjuicio de algunos programas quizá y yo espero, no de los más importantes, pero para absorber pasivos que de otra parte que no se ve cómo van a poder disminuir si no toman medidas importantes.
Creo que además es importante dejar muy claros los puntos fundamentales de este convenio, porque son la forma en que el Sindicato Mexicano de Electricistas, aceptó su firma. El primero es que va a continuar vigente el contrato colectivo celebrado entre la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y el Sindicato Mexicano de Electricistas. El segundo, yo aquí no quiero echar a volar la imaginación, lo que se está conviniendo y que están aceptando los trabajadores y vigilarán que se cumpla, es que se respetará la plantilla de trabajadores y los derechos de los jubilados.
Después vienen algunas cláusulas que son complementarias. La Comisión de Luz y Fuerza del Centro va a informar al Sindicato Mexicano de Electricistas mensualmente los avances que se obtengan en materia de productividad. El sindicato va a prestar colaboración y empeño para alcanzar las metas de productividad y la representación sindical operará con la Compañía de Luz en las medidas que habrán de adoptarse para el saneamiento financiero de las compañías, a fin de dar cumplimiento al artículo 14, cuarto transitorio de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica.
El compañero Flores hizo una propuesta bien fundada en la fracción III del artículo 79 constitucional y por lo tanto yo no prejuzgo lo que va a resolver esta comisión cuando conozca el asunto que le fue turnado.
Quiero tan sólo dejar clara la opinión de los legisladores de mi partido respecto de que no observamos ilegalidad alguna en los convenios que se han celebrado. Tuve la oportunidad de leer muy rápidamente los artículos del Decreto del Presupuesto de Egresos que aquí se mencionaron y sin ser un especialista completo la materia, puedo decirles que no encontré la ilegalidad mencionada. Creo que tampoco se está faltando a la Constitución y por contra, se está cumpliendo con lo que el mismo Decreto de Presupuesto señala en los artículos aquí mencionados, como el hecho de que tenga que cumplir plenamente el Gobierno Federal con una serie de disposiciones, de austeridad y de control del gasto, así como de informes a la Cámara de Diputados y un procedimiento largo, extenso, en su artículo 29, de los diferentes requisitos que se deben de cumplir para que pueda haber una asunción de pasivos y que se reflejan plenamente en los convenios que hemos mencionado.
Por lo tanto y sin juzgar nuevamente lo que ustedes concluyan en el estudio de comisiones, quiero señalar que creo que es una actitud responsable, que va a permitir el que se pueda racionalizar el trabajo de la Compañía de Luz o de la empresa que la suceda y que definitivamente hay varios mecanismos para que el peso de esta reconstrucción no sea sobre los trabajadores. Hay el mecanismo para que la contrapartida de los índices de eficiencia a los que yo creo que nadie puede oponerse, como se opusieron los mismos trabajadores, en contrapartida a estos índices de eficiencia, de productividad, hay el crecimiento natural del servicio en las diversas plazas que cubre la compañía.
Pero no sólo esto, si no la posibilidad de que se racionalice la operación de otras empresas que atienden otro tipo de actividades de la Propia Compañía Mexicana de Luz, que por cierto ahora, por razones del contrato colectivo que obligan a su contratación, provocan gastos hasta de dos veces precios de mercado por la ineficiencia de estas empresas.
Pero retomando el tema, decía yo, estas empresas al funcionar bien, serán otra fuente probable, posible de trabajo para los mismos empleados de la Compañía de Luz.
Y además tenemos la posibilidad de que se racionalicen las contrataciones y una gran serie de acciones que podrán llevar a cabo conjuntamente sindicato y empresas.
Así que siento, por un lado, que los convenios son legales; por el otro, que creo que difícilmente alguien pueda oponerse a que la Compañía Mexicana de Luz racionalice su actuación y por último, que las medidas adoptadas podrán ser revisadas periódicamente por la Cámara de Diputados y podrá ir opinando sobre la marcha de este proceso. Muchas gracias. Señor Presidente.
El Presidente: - Gracias, señor senador. Tiene la palabra para este mismo asunto, el diputado Cuauhtémoc Amezcua, del Partido Popular Socialista.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - Gracias, señor Presidente:
Al suscribir el punto de acuerdo propuesto por el compañero diputado Guillermo Flores, del Partido de la Revolución Democrática, lo hicimos y lo queremos reiterar en esta tribuna, con esta serie de preocupaciones:
En primer término, la necesidad de vigilar, de defender, de preservar a la empresa eléctrica como propiedad de la nación. Es evidente que hay una campaña para tratar de conducir a la privatización de manera abierta o encubierta a la industria eléctrica, como de la actividad económica.
En segundo lugar, la necesidad de preservar los derechos de los trabajadores, la fuente de trabajo, los salarios, las conquistas logradas hasta hoy, de defender su organización sindical, su unidad, su independencia como organización sindical y su derecho de resolver en lo interno sus conflictos y de conjugar todos estos aspectos, los de los trabajadores, los de la empresa nacionalizada, con los mandatos de nuestra Constitución y de la normatividad jurídica vigente.
Hay muchos intereses en juego. La propuesta que ha hecho el compañero Flores es una propuesta que compartimos totalmente. Nos parece adecuado que sea la Cámara de Diputados, a través de las comisiones pertinentes, la que tome cartas en el asunto y vea con profundidad hasta qué punto los convenios aquí comentados respetan la normatividad jurídica vigente, particularmente la Constitución de la República y estos dos intereses que también tienen qué ver con la soberanía de nuestro país y con los intereses populares, los de los trabajadores y los de la industria eléctrica misma, como industria nacionalizada.
Simplemente estas reflexiones, señor Presidente. Compañeros, muchas gracias.
El Presidente: - Gracias, señor diputado Amezcua.
En los términos del artículo 79 de la Constitución, fracción III, como lo solicitó usted señor diputado Guillermo Flores, se turna su proposición a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
El Presidente: - Para otro asunto se concede la palabra al propio diputado Guillermo Flores, que se ha inscrito a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar sobre hechos ocurridos en la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional.
Esta Presidencia informa que se han inscrito para este asunto también los diputados Carlos Enrique Cantú Rosas, el diputado Manuel Díaz Infante y el diputado Cuauhtémoc Amezcua.
El diputado Guillermo Flores Velasco: - Con su permiso, señor Presidente, compañeros diputados, compañeros senadores:
Profesores y estudiantes de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, nos han solicitado que volvamos a traer a esta alta tribuna de la nación el problema que les aqueja.
Me han pedido que lea un pronunciamiento que va dirigido al Secretario de Educación Pública al licenciado Ernesto Zedillo; al Director General del Instituto Politécnico Nacional, al contador público Oscar Joffre y al Presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.
Ellos nos mencionan que han recurrido en varias ocasiones a esta Comisión Permanente y a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados para solicitar la intervención ante la Secretaría de Educación Pública y las autoridades de Instituto Politécnico Nacional, para detener el cúmulo de violaciones a la Constitución y a la propia Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional, que las autoridades de esta escuela, de la Escuela Superior de Economía, cometen día con día contra la comunidad académica de ese centro de estudios.
Entre los hechos que han denunciado hay uno que parece no tener precedente en ningún lugar, el que las propias autoridades de dicha escuela sean responsables materiales, no sólo intelectuales, de las agresiones físicas a estudiantes; es claro que urge una solución a la situación que vive ese centro de estudios, fue la integridad física de los miembros de la comunidad que está en peligro, tanto de las instalaciones como sus inmediaciones.
Son varias las agresiones físicas que han sufrido y solicita respetuosamente pero con energía, que el comunicado que ellos han emitido en donde preguntan a los titulares de la SEP y del IPN así como al Presidente de la Comisión de Educación, quién avala la solvencia moral de Miguel Angel Correa Jasso, director de la Escuela Superior de Economía y ellos nos han solicitado que este pronunciamiento donde se planteó una pregunta muy clara, lo haga suyo esta Comisión Permanente.
El comunicado dice lo siguiente: "Lic. Ernesto Zedillo, Secretario de Educación Pública; C.P. Oscar Joffre, Director General del IPN; lic. Roberto Madrazo, Presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. ¿Quién de ustedes avala que el director de la Escuela Superior de Economía del Politécnico, Miguel Angel Correa Jasso, cuenta con la probada solvencia moral que establece el artículo 53 de la fracción IV de la Ley Orgánica del IPN como requisito para ser director de cualquier escuela de enseñanza superior? Su respuesta es urgente".
A más de dos meses que los miembros de la comunidad en la Escuela Superior de Economía del IPN plantearon que con toda premeditación, alevosía y ventaja la agresión física que han sufrido los estudiantes de esta escuela, personalmente la ejecutaron estas autoridades el pasado 14 de enero y a casi dos meses la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión, llamó a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, esto pasó el 27 de enero, para que conociere y resolviera la situación de la ESE, la Comisión continúa sin emitir su dictamen y la violencia, los atropellos y la represión administrativa a estudiantes, trabajadores y profesores persiste.
El cúmulo de agresiones físicas y administrativas afectan a todos los miembros de la comunidad quienes nos encontramos en un estado de indefensión interna en tanto que la impunidad de la que gozan los funcionarios es la norma. El diálogo de la comunidad de la ESE ya no puede establecerse con las actuales autoridades de nuestra escuela, en la medida de que son ellas las que están cuestionadas y si hemos estado demandando su destitución es porque también hemos aportado suficientes elementos que prueban que su actuación es la que la ha descalificado legal, ética, política y académicamente para estar al frente de nuestro centro educativo.
Es función de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados que se acaten las leyes en el sector de su competencia y por ello resulta de fundamental importancia que el dictamen que emita, apunte a las soluciones que realmente vayan a las raíces que están originando los hechos de violencia y represión en la Escuela de Economía y no sólo a sus manifestaciones circunstanciales aunque también ésas deban considerarse, pues resulta inaceptable que se permitan las injustas expulsiones y sanciones a estudiantes, máxime que como hemos documentado, se trata de alumnos que en su mayoría se han distinguido por sus altos promedios académicos.
¿En México se vale mentir al Poder Legislativo? Además de las pruebas que hemos aportado, la Comisión de Educación pudo constatar como el director Correa Jasso le mintió el 19 de febrero cuando compareció ante ella a declarar, el propio diputado Martín del Campo así lo denunció públicamente y advirtió sobre la gravedad que reviste el hecho, porque ello afirmó, que mentir al Poder Legislativo es de tal gravedad que de tolerarse quedará entredicho el Estado de derecho, por lo que en algunos países el funcionario público que mienta al Poder Legislativo es consignado penalmente de inmediato.
La actuación del licenciado Correa Jasso no sólo ha agredido a los politécnicos, pues si el Poder Legislativo permite que cualquier funcionario le mienta con toda impunidad, ¿cuál es la imagen que nacional e internacionalmente proyecta de sí misma?
La ESE, es una escuela pequeña que ha sabido rebelarse y denunciar a sus autoridades y no es justo que quienes deban atenderla sólo lo hagan a condición de que mantengan la movilización bajo los riesgos y amenazas a la que está sujeta.
La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados tiene la información y las pruebas suficientes para dictaminar que es necesaria la destitución del licenciado Correa Jasso y urge que no se siga posponiendo su respuesta, hace ya mucho tiempo que le hemos aportado documentación comprobatoria de los siguientes hechos:
1. Que la violencia física es persistente y su responsabilidad recae en las autoridades de la ESE, como lo demuestra que el 14 de enero la mayor parte de los miembros de la administración de la Escuela Superior de Economía, plantearon la agresión física a un grupo de estudiantes y participaron directamente en ella.
2. Que las agresiones físicas a los miembros de la comunidad son persistentes, como lo muestran las denuncias públicas que hicieron los profesores. (Periódico La Jornada, 16 de enero), sobre esta balacera que se suscitó el 15 de enero de 1993, por la noche frente a las instalaciones de la ESE, como consta a un miembro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que se encontraba presente.
Los comprobantes de atención médica expedidos por la Cruz Verde a los pasantes Víctor Amador Cruz, Mario Pérez López, Antonio César Ramírez, Francisco Palacios, a causa de los golpes que recibieron el viernes 12 de febrero. La agresión física que sufrió el estudiante Noel Pineda el 9 de marzo en Zacatenco, cuando acudía a la Comisión de Honor y Justicia del Politécnico a apelar por el dictamen de su expulsión como consta en el acta judicial.
3. Que las agresiones físicas contra los miembros de la comunidad el 14 de enero tienen varios antecedentes en lo que va de la actual administración, entre lo que destaca la denuncia del profesor Víctor Montañez ante Servicios Jurídicos del IPN el 20 de mayo de 1992 y el acta levantada por el estudiante José de Jesús Saldaña Cruz ante el subdirector administrativo de la Escuela Superior de Economía, a causa de las agresiones que sufrió por parte de Mario Alberto Rosas, alias "El Ticson", uno de los porros a servicio de la dirección de la Escuela Superior de Economía.
Que los procesos de expulsión y aplicación de sanciones a estudiantes han sido ilegales como lo demuestra:
Uno. Que la Comisión de Honor y Justicia del Consejo Técnico Consultivo de la ESE, presidida por el director de esta Escuela, Miguel Angel Correa Jasso, dictaminó la expulsión de 10 estudiantes y otras sanciones a seis más, sin que se les haya citado para hacerles saber de qué y quiénes los acusaban y sin que se les haya dado oportunidad de defenderse, lo cual es violatorio de los derechos y garantías individuales consagrados en el artículo 14 de la Constitución y en otros preceptos de la misma.
Dos. Que los miembros de la Comisión de Honor y Justicia del Consejo Técnico Consultivo de la Escuela Superior de Economía, previamente a su dictamen habían hecho acusaciones públicas en contra de los estudiantes a los cuales decidieron expulsar, lo cual demuestra que actuaron como juez y como parte.
Tres. Que de manera particular la honorabilidad del Secretario de la Comisión de Honor y Justicia del Consejo Técnico Consultivo de la ESE, Sergio Sandoval, está seriamente cuestionada desde 1983, cuando fue demandado judicialmente por agredir al profesor Efraín Hernández, como consta en el acta 7 A/4463/983.
Cuatro. Que a pesar del carácter ilegal del dictamen de expulsión o sanción a 16 estudiantes de la ESE, emitida por la Comisión de Honor y Justicia, se procedió a turnarlo a la Comisión de Honor y Justicia del Consejo General Consultivo del IPN para que fuera ratificado.
Cinco. Que la Comisión de Honor y Justicia del Consejo Consultivo del IPN ratificó, el 24 de febrero del presente, la expulsión de los tres alumnos, sanciones a 12 y extrañamente continúa sin dictaminar sobre el otro que se encontraba en el mismo paquete turnado a la Escuela Superior de Economía.
Seis. Que los exámenes de expulsión y sanción, no especifican quién acusa a los estudiantes, sino que sencillamente se expide un documento en el que se señala una serie de artículos de la Ley Orgánica del IPN, que supuestamente fueron violados, pero en ningún momento se indica cuándo, cómo, dónde y de qué forma violaron tales artículos y quién lo atestigua, lo cual es resultado de que no se realizó ningún juicio en el que fueran oídos y vencidos los estudiantes agraviados.
Siete. Que los dictámenes a los estudiantes afectados comprenden disposiciones que ninguna Comisión de Honor y Justicia tiene atributos legales para imponer, pues además de que se les retiran las exiguas becas con las que contaban, se les conculca el derecho de ser representantes estudiantiles, jefes de grupo o consejeros técnicos de la escuela, cargos que sólo pueden ser desempeñados por elección de los propios estudiantes y sólo estos pueden revocarlos.
4. Existe corrupción en justamente las autoridades que aplican sanciones administrativas a estudiantes y profesores, como lo demuestra:
1. Que a pesar de que los artículos 187, 188 y 189 del Reglamento Interno del IPN establecen que es requisito para la evaluación de las materias teóricas el haber cubierto el 100% de los contenidos programáticos y el 80% de las materias prácticas, varios profesores incondicionales a la dirección actual de la ESE, no han tenido escrúpulos en amenazar y reprobar a estudiantes, como represalia por manifestar desacuerdos con la administración y esto se ha visto agravado recientemente, cuando profesores que sólo cubrieron entre el 20% y el 40% del programa de su materia, se atrevieron a aplicar exámenes de evaluación semestral y reprobaron a la casi totalidad del grupo.
2. Que a muchos de los profesores que se han manifestado en contra de la actuación represiva de las autoridades de la ESE, no se les asigna grupo para que impartan clase y a otros que tenían nombramientos internos no se les renuevan sus contratos, aun cuando sus servicios son necesarios, en tanto que por otra parte a personas cercanas a la administración que no presentan examen de oposición, se les está improvisando como profesores.
3. Que existe un derroche millonario del presupuesto politécnico, como lo muestra por ejemplo la publicación simultánea en ocho órganos periodísticos, de gacetillas, inserciones sin firmas de responsable de la publicación, con costos de aproximadamente el doble de los desplegados y que en precios oficiales tienen un costo de 9 millones de pesos por cuarto de página, o sea, en un sólo día las autoridades han llegado a comprar espacios por 64 millones de pesos, en tanto que en la biblioteca no se cuenta con lo más elemental para cubrir los programas de estudios.
Firman estudiantes y profesores de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional y el escrito está fechado el 17 de marzo.
Este es un pronunciamiento también público. Ese sería el pronunciamiento que daría a conocer. Gracias.
El Presidente: - Gracias, señor diputado Guillermo Flores.
Esta Presidencia ha formulado su pronunciamiento y sobre el mismo asunto tiene la palabra el diputado Carlos Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas: - Señor Presidente, señores senadores, señores diputados:
Como es del conocimiento de ustedes, atento al interés mediante el cual siguen todo lo que en esta tribuna se dice siempre, recordarán con profunda facilidad que ya en tres ocasiones anteriores compañero del PRD, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana ha tratado en esta tribuna el asunto relativo a los estudiantes y maestros de la Escuela de Economía del Instituto Politécnico Nacional.
Hemos escuchado la reiteración de quejas, de agravios, de sinsabores, de heridas, de lesiones, de despidos injustificados, y una serie de anomalías que en el seno estudiantil, magisterial, se viven diariamente en la Escuela Superior de Economía.
Reiteramos en alguna ocasión, al inicio de nuestras denuncias, que los estudiantes y alumnos agraviados de la Escuela de Economía del Instituto Politécnico Nacional, presentaron ante esta honorable Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, con fecha 14 de enero, mediante el oficio 55/3/57, una solicitud para que esta comisión de la honorable Cámara de Diputados, la Comisión de Educación, interviniese y diese recepción a una serie de quejas y anomalías que ellos vienen presentando.
En diversas fechas, a partir del 27 de enero, hemos presentado en esta propia tribuna denuncias que son concordantes y amplifican con mucho los sucesos violentos que en esta Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional se están dando.
Hace unos momentos escuchamos al compañero del Partido de la Revolución Democrática, con una serie de detalles de las tres denuncias anteriores e intervenciones que nosotros hemos venido formulando.
Aquí mismo, fuera de este recinto, los compañeros y alumnos agraviados han tenido acciones de bloqueo de calles colindantes, tratando de ser escuchados por la comisión correspondiente de esta Cámara de Diputados, en la Comisión de Educación.
Se da el caso que ellos manifiestan que parte de la dirección de la escuela y la dirección del Instituto Politécnico Nacional, ya fueron atendidos por la Comisión de Educación de esta Cámara de Diputados, pero no obstante que en reiteradas ocasiones se han presentado los maestros y los alumnos agraviados, la Comisión de Educación ha manifestado no estar integrada debidamente y los han traído en un sin fin de vueltas y compromisos, sin darle recepción ni comunicación ni contestación a los agravios que ellos pretenden señalar.
La solicitud, por cuarta ocasión, que haría el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, respetuosamente ante estos miembros de la honorable Comisión Permanente, directamente ante usted, señor Presidente de esta honorable Comisión, es que independientemente de darle curso a esta denuncia y a esta petición, que ya con nosotros en tres ocasiones lo han hecho y supongo que la del diputado será la cuarta, se hiciera una reconvención muy atenta a los integrantes de esta Comisión de Educación, para que se aboquen a darle recepción a las diferentes partes en conflicto, a fin de tratar de encontrar alguna situación conciliatoria que pueda darle solución a este problema que a todos afecta y que sin duda está poniendo en entredicho la honorabilidad, el plantel docente y el cuerpo directivo de esa Escuela Superior de Economía y está poniendo en riesgo también el futuro mediato e inmediato de una serie de educandos que están en los últimos semestres y a quienes se ha mutilado la posibilidad de seguir sus estudios en razón de que se les pretende expulsar.
Esta es nuestra petición, señor Presidente. Solicitaríamos respetuosamente se haga este atento recordatorio a los integrantes de esta comisión para que en una fecha próxima, atendiendo la urgencia del caso, se le dé contestación a estos grupos de estudiantes y maestros que no han sido escuchados.
El Presidente: - Gracias, diputado Cantú Rosas. Esta Presidencia dará trámite a su petición al término del debate.
Sobre el particular, tiene la palabra el diputado Manuel Díaz Infante, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Manuel Díaz Infante: - Con su venia, señor Presidente. Efectivamente, compañeros legisladores, tenemos memoria y este
asunto ya está tratado aquí en tres ocasiones; en tres ocasiones, la fracción del Partido Revolucionario Institucional ha sostenido que el Instituto Politécnico Nacional es autónomo en todo lo que concierne a sus programas de estudio y que está regido por una ley orgánica aprobada por el propio Congreso de la Unión. Nosotros respetamos definitivamente al Instituto Politécnico Nacional y a las decisiones de sus autoridades.
Aquí se han hecho dos imputaciones que valdría la pena que comentáramos o en dos vertientes se ha comentado esta situación. Una, de la actuación de la Comisión de Educación de la propia Cámara de Diputados y dos, en torno a la expulsión de un determinado número de alumnos de esa escuela.
Yo quisiera que recordáramos un poco qué fue lo que sucedió. En noviembre del año pasado hubo algún problema en la escuela, en virtud de que estudiantes de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y de la Preparatoria Popular pretendieron introducirse a la Escuela Superior de Economía. Hubo ahí algún problema serio, algún enfrentamiento o hechos graves, de los cuales consignó también la opinión pública.
Esta situación de los estudiantes que intervinieron en el conflicto fue turnada a la Comisión de Honor y Justicia del propio Instituto Politécnico Nacional, instancia que determinó con base en la normatividad del propio Instituto, la sanción correspondiente.
Cabría destacar que el movimiento que se llevó a cabo dentro del plantel fue impulsado por un grupo de aproximadamente 30 muchachos, de un total de 1 mil 440 alumnos que conforman la escuela y de 400 profesores, de los cuales alrededor de nueve o 10 estaban también involucrados en este problema.
Esta situación también trató de ser capitalizada por un reducido grupo, insisto, de profesores y por algún partido político.
Tendríamos que mencionar también nosotros que el grueso de la comunidad ha estado en contra de este movimiento y en su oportunidad ha expresado su repudio. Los muchachos, la inmensa mayoría de los 1 mil 400 desea estudiar, porque a eso van al Instituto Politécnico Nacional y las actividades de una manera o de otra han seguido desarrollándose con cierta normalidad en la escuela.
Aquí valdría la pena apuntar dos consideraciones que nosotros vemos que no obedecen, no se ajustan a la verdad. La primera, es que es falso que hayan sido expulsados del orden de 10 o 12 compañeros como aquí se ha mencionado. El dictamen que emitió la Comisión de Honor y Justicia del Consejo General Consultivo del Instituto Politécnico Nacional, una vez entrevistados, porque aquí se comentaba de que no se les dio derecho a audiencia, una vez entrevistados arrojó el siguiente resultado: baja definitiva del Instituto Politécnico Nacional de tres de ellos. Amonestaciones administrativas para 12 y en un caso no procedió la acusación. Entonces vemos aquí que no se está hablando con la verdad y ahí están los resultados de la Comisión de Honor y Justicia.
Por otro lado, también se ha dicho aquí, que la Comisión de Educación sí se ha reunido, se ha entrevistado con profesores, se ha entrevistado con alumnos y la última cita que tienen los compañeros, los estudiantes involucrados, es con el diputado José Francisco Paoli, que se va a reunir con ellos en su calidad de titular de la Subcomisión de Educación Superior de la propia Comisión de Educación.
Esto quiere decir que la Cámara de Diputados no ha desatendido sus obligaciones, ha estado en contacto con autoridades, ha estado en contacto con alumnos, e insisto que el diputado José Francisco Paoli los ha solicitado también ya para que en unos días se reúnan con él.
Por todo esto, nosotros pensamos que bajo estas condiciones, la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional está teniendo un problema de carácter interno, exclusivamente de ellos. Que corresponde a la autoridad académica del propio Instituto Politécnico Nacional, a su Consejo de Honor y a la dirección de la escuela resolver y que nosotros, los legisladores, del Partido Revolucionario Institucional, nos pronunciamos por rechazar cualquier intervención externa a los intereses académicos y educativos del Instituto Politécnico Nacional.
Y deseamos también sinceramente que la razón se imponga sobre las conductas irracionales o lo que es peor aún, el uso de los espacios educativos para expresión de intereses ideológicos encubiertos.
Compañeros, yo solicitaría que respetemos la autonomía académica del Instituto Politécnico Nacional y la normatividad vigente que rige sus destinos. Gracias, señor Presidente.
El Presidente: - Muchas gracias, señor diputado Manuel Díaz Infante. Pide la palabra en términos del 102 del Reglamento el diputado Carlos Cantú para ratificar hechos.
El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas: - Señor Presidente; excelentísimo señor diputado Manuel Díaz Infante:
El Instituto Politécnico Nacional no es autónomo, es desconcertado... sí señor, es desconcentrado no es nescafé, es desconcentrado, consecuentemente por ahí partimos de una base equivocada.
La otra, bajo ninguna circunstancia quisiéramos tomar esta tribuna como instrumento para dirimir facciones políticas ni orientaciones ideológicas.
Aquí está en juego la existencia, el trabajo, la educación, la labor de un plantel educativo de profunda trascendencia, solvencia moral, orgullo y prestigio nacional.
El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana en ninguna de las instancias de estas cuatro denuncias presentadas para que se investiguen, ha hecho propios los agravios que los denunciantes han formulado; pero sí resulta a todas luces muy extraño que en el trato de estos asuntos existan dos raseros o dos reglas diferentes para medir el mismo objeto. Al señor titular, Director de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, sí lo ha recibido oportunamente la Comisión de Educación correspondiente y consideramos a todas luces desproporcionado, desigual, inequitativo e injusto que no tengan igual oportunidad los maestros y alumnos querellantes.
Si están tan decididos algunos miembros de la Comisión de Educación, como aquí parece, a seguirle dando protección al señor Director de esta Escuela Superior de Economía, pues yo creo que el mismo ejercicio de su acción podría realizarlo, pero quisiéramos tan siquiera que tuvieran la cortesía, la atención y la educación de hacerles frente y darles recepción a estos legítimos alumnos y maestros que por todos lados de este recinto los han buscado, tratando de encontrar respuesta en la Comisión de Educación.
Ellos manifiestan, yo no lo afirmo, que la Comisión de Educación recibió al Director de la Escuela Superior de Economía ni tan siquiera en este recinto de la Cámara de Diputados, sino que le dieron atención inmediata en un lujoso hotel de esta capital de la República y que en reiteradas ocasiones, no obstante sus peticiones, se ha negado a darle correspondencia a las denuncias por ellos formuladas.
Por otro lado, considero que está fuera de la litis que estemos hablando sobre la posibilidad de que la Comisión de Educación correspondiente les dé recepción y los atienda en sus denuncias y quejas. Usted que hace rato me dijo que tenía excelente memoria y yo no lo dudo, sabrá que esto ya está acordado desde el 27 de enero y solamente estamos pretendiendo que se cumpla.
El Presidente: - Gracias, señor diputado Cantú Rosas. En los términos del 102 del diputado Manuel Díaz Infante, para contestar alusiones personales.
El diputado Manuel Díaz Infante: - Gracias, señor Presidente.
Para hacer tres precisiones exclusivamente. Yo nunca dije que el Instituto Politécnico Nacional fuera autónomo, y creo que estaba distraído el compañero, yo dije que el Instituto Politécnico Nacional tenía autonomía académica y estaba regida por la ley que había autorizado el propio Congreso, en primer lugar.
En segundo lugar, sí tengo memoria y quiero decirle que efectivamente se ha turnado a la Comisión de Educación y que han sido atendidos y aquí lo dije yo y que el diputado Bolio los iba a atender en fecha próxima y que estaba fijada; yo no tengo la fecha porque no formo parte de la Comisión.
Y en tercer lugar, yo estoy cierto, por supuesto, que el Instituto Politécnico Nacional es un órgano desconcentrado más no desconcertado, como dijo usted. Muchas gracias.
El Presidente: - Gracias, señor diputado Días Infante.
Pidió previamente la palabra para rectificar hechos el diputado Cuauhtémoc Amezcua, diputado Cantú.
Tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Amezcua, en los términos del 102.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - Gracias, señor Presidente.
Quisiera informar al compañero diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, de los elementos que tenemos, en nuestro caso, con relación a este problema.
Nuestros compañeros miembros de la Comisión de Educación nos han mantenido al tanto. La Comisión de Educación desde que le fue turnado el asunto para su conocimiento, en esos términos fue turnado, no es un problema en el cual esté facultado para emitir dictamen, simplemente tomar conocimiento del asunto, tomó conocimiento del mismo y no sólo tomó conocimiento, sino trató de profundizar.
Sí se ha reunido; sí ha recibido a una y otra parte, ha recibido a los jóvenes querellantes, a los maestros con quejas; se ha reunido con las autoridades, ha dialogado con ambos interponiendo sus buenos oficios para tratar de resolver un problema que por otra parte no es, no fue, nunca ha sido un problema en el que pudieran estar enfrentadas las autoridades de la Escuela Superior de Economía a la comunidad estudiantil o a la comunidad de maestros, sino que la comunidad de maestros y la comunidad estudiantil han seguido laborando desde hace largo tiempo, en relaciones de buena armonía con las autoridades.
Pero hay un grupo reducido en efecto, como lo señalara acertadamente el compañero Manuel Díaz Infante, de maestros y alumnos que han prestado actitudes de inconformidad frente a las autoridades, ha habido un problema de violencia con acusación recíproca de quiénes son los causantes.
Repito, esto en modo alguno afecta a la institución, que ha estado funcionando.
La Comisión de Educación, al tomar conocimiento de estos hechos, al valorar la situación consideró que lo prudente sería interponer buenos oficios, mediar, recomendar que las cosas se tranquilizaran, que se llevaran a buen término, no encontrando problemas de fondo, de profundidad, respetar la ley orgánica del Politécnico, respetar su vida interna, respetar la aplicación de las normas por parte de las autoridades competentes para tal efecto y dejar que la Comisión de Honor y Justicia, que es la instancia para estos fines, tomaran las determinaciones finales, con la recomendación de que fuera benévola en sus juicios, dado que varios de los alumnos sujetos a juicio de esta comisión, son alumnos o eran alumnos muy calificados, alumnos buenos, estudiantes con altas calificaciones.
Originalmente pendía la amenaza de máxima sanción de expulsión sobre 16 estudiantes, pero también en efecto nuestros compañeros miembros de la Comisión de Educación, de manera coincidente con lo que aquí planteaba el compañero Díaz Infante, que en efecto la Comisión de Honor y Justicia, ha obrado con máxima benevolencia, ya que la sanción máxima, la sanción fuerte sólo se aplicó en tres casos, donde realmente no había posibilidades de que hubiera atenuantes de ninguna manera y en cambio ha sido un tratamiento muy distinto el que se ha dado al resto de los estudiantes.
Todo esto nos parece que no es pertinente a estas alturas, ya el tratamiento de este tipo de problemas aquí, en todo caso si alguno o algunos alumnos en lo individual se sienten lesionados en sus derechos, hay otras instancias que tienen facultades para querellarse, incluso por la vía penal si esto fuera y pues reiterar que creo que debemos sentirnos satisfechos de que la Escuela Superior de Economía del Instinto Politécnico Nacional, haya vuelto a la normalidad, estén trabajando los grupos de estudiantes, salvo el mínimo de jóvenes que hubo necesidad de sancionar, pues todo esté en buenas condiciones.
El Presidente: - Muchas gracias diputado Cuauhtémoc Amezcua.
Para rectificar hechos tiene la palabra el diputado Carlos Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas: - Varios de los maestros, profesores afectados se encuentran atentos en este recinto. Obviamente, tienen afanes conciliatorios, afanes reflexivos de meditación y de constructividad. Queremos atender el llamado que nos formula el diputado Díaz Infante, con una solicitud muy respetuosa al señor Presidente, para que se haga una atenta excitativa a los integrantes de la comisión para que efectivamente a la mayor brevedad posible, de ser posible esta semana, se reúnan con estos grupos y se busquen las formas conciliatorias para darle solución a este angustioso problema.
El Presidente: - Gracias, diputado Cantú Rosas. Esta Presidencia había dado ya como un hecho y se había dado por enterada del pronunciamiento que había presentado aquí el diputado Guillermo Flores, y con esta petición que usted hace, señor diputado Cantú Rosas, en los términos del artículo 85 del Reglamento y artículo 21 fracción XVI, se excita a la Comisión de Educación en los términos que usted ha señalado.
ESTADO DE MORELOS
El Presidente: - Para otro asunto tiene la palabra el diputado Víctor Orduña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre hechos ocurridos en Cuernavaca, Morelos.
El diputado Víctor Martín Orduña Muñoz: - Señor Presidente; señoras y señores legisladores:
El motivo por el cual he solicitado el uso de la palabra, es con el propósito de hacer desde esta tribuna, una denuncia de hechos que están ocurriendo en el municipio de Cuernavaca, Morelos.
Y estos hechos están ocurriendo bajo un marco en el que se están discutiendo los mecanismos de financiamiento a los partidos políticos y mientras esto sucede, mientras se da el marco legislativo, el marco jurídico para estos financiamientos, algunos presidentes municipales hacen de las suyas con los fondos municipales, como es el caso del señor presidente municipal de Cuernavaca, Morelos, el señor Luis Flores Ruiz.
Ante estos hechos en que se han desviado fondos municipales en el pago de empleados que no prestan servicios en el ayuntamiento, en donativos para instituciones que pertenecen a sectores muy definidos de un partido político, para el pago de comensales relativos a funcionarios de un partido político; dos dirigentes estatales, el dirigente estatal de mi partido en el Estado de Morelos, el compañero diputado del Partido Acción Nacional José Raúl Hernández y el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, presentaron denuncia penal ante la Procuraduría de Justicia del Estado de Morelos, por estos hechos.
No sabemos si los hechos denunciados son ciertos o no; existe la documentación presentada, que a nuestro juicio hace presumir fundadamente que se esté dando una situación de irregularidad como la he denunciado.
Por ello es que solicitamos a esta Comisión Permanente que con respeto a la soberanía de los estados, sea turnada la denuncia que dejo en poder de la Secretaría a la Comisión de Gestoría y Quejas, con el propósito de que se solicite a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, el estado que guarda la averiguación previa correspondiente.
Dejo en poder de la Secretaría estos datos y ruego a la presidencia dé el trámite solicitado.
El Presidente: - Muchas gracias, diputado Orduña.
Esta Presidencia instruye a la Secretaría que turne la proposición a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
MEMORIALES DE PARTICULARES
El Presidente: - Señora Secretaria: Tenemos unos memoriales con que dar cuenta; por favor.
La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández: - Voy a dar lectura a la comunicación del ciudadano Aquiles Magaña García.
«Con fundamento en el artículo 61, del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, atentamente solicito a la Presidencia:
Único: Turne a las comisiones de Justicia, Derechos Humanos y Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados, el memorial de particulares que al efecto se acompaña, en virtud de que los hechos son diferentes a los ya planteados en la sesión pasada, asimismo, instruya a la Secretaría para que dé lectura al mismo.
Por el Partido de la Revolución Democrática, diputado Guillermo Flores Velazco.
Salón de sesiones de la Comisión permanente del honorable Congreso de la Unión a 31 de marzo de 1993.»
«Ciudadano Presidente, ciudadanos diputados y senadores.
El día 24 de marzo 1993, se leyó en esta tribuna la denuncia por las violaciones cometidas en agravio del compañero Aquiles Magañas García por autoridades municipales y estatales del Estado de Tabasco.
El día viernes 26 de marzo del año en curso, siendo las 23.30 horas fue secuestrado el compañero Aquiles Magaña por supuestos sujetos que dijeron pertenecer a la Secretaría de Gobernación llevándose arrastrado y golpeando hasta una de las 50 patrullas con aproximadamente 100 elementos de la policía judicial y policía preventiva que llegaron al lugar, donde se encontraba en Huelga de Hambre el compañero Aquiles Magaña, en este acto de violencia fue salvajemente golpeada la esposa del compañero Aquiles quien se encontraba en los presentes hechos.
La esposa de Aquiles inició la búsqueda en la procuraduría del DF y General de la República, negándole cualquier información manifestándole que no existía ningún detenido con ese nombre.
El Sábado 27 de marzo de 1993, la esposa de Aquiles se trasladó a la Secretaría de Gobernación a exigir se le informara donde tenían secuestrado a su marido.
Fue recibida por el secretario particular del Secretario de Gobernación licenciado Galo Alcantara quien después de dos horas de esperar informó que el compañero Aquiles se encontraba recluido en el Reclusorio Norte de esta ciudad a disposición del juzgado 37 penal y que en ese momento giraría instrucciones al funcionario de guardia del penal licenciado David Garay para que le permitiera ver a Aquiles.
Hasta la fecha el juez 37 penal informó que fue aprehendido por exhorto de las autoridades de Tabasco, que estará en el reclusorio hasta 25 días o más dependiendo de las autoridades de Tabasco, su traslado.
Hasta el día de hoy el compañero Aquiles se mantiene en huelga de hambre hasta la solución de su problema.
México, DF, 31 de marzo de 1993. - María de los Angeles Alvarez de Magaña.»
La secretaría senadora María Elena Chapa Hernández: Voy a dar lectura a otro memorial.
El Presidente: - Permítame tantito, por favor.
Este memorial del que usted ha dado cuenta, señora Secretaria, le ruego que se turne a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, con la recomendación que a la brevedad esta Comisión vea al asunto con el Procurador de Justicia del Distrito Federal.
Dé cuenta del siguiente memorial.
La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández: - Así será. Con mucho gusto.
«Honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
La Empresa "Tabasco Mexicanos" fue valuada por particulares en 500 mil millones de pesos y fue vendida por el Gobierno en 60 mil millones. Dicha empresa era propiedad del Gobierno 50%, de particulares 48% y de los Productores 2%. Tabamex: creada en 1972 al nacionalizar algunas Empresas Extranjeras dedicadas a la Producción y Exportación del Tabaco. creó en 1985 un Fideicomiso de Previsión Social de beneficios adicionales a los trabajadores. El fondo inicial se formó con las aportaciones de los trabajadores proveniente de un fondo de ahorro de los trabajadores y otra parte de la Empresa.
Dicho fondo se incrementaría semanalmente con el equivalente a un día de sueldo de los trabajadores y una parte proporcional tabulada de acuerdo con el salario, que aportaría la empresa, también se estableció que los trabajadores en caso de accidente, incapacidad parcial, total o muerte aportarían un 50% del importe pagado por la aseguradora, para incrementar los fondos del Fideicomiso.
El Fideicomiso debería prestar varios servicios a los trabajadores el más importante era un Fondo de Retiro Voluntario, de tal manera que un trabajador al retirarse de su trabajo tendría un ingreso adicional al pago que haría la Empresa al liquidar conforme a la Ley.
En 1990 la Empresa fue vendida y sus trabajadores en un número aproximado de 10 mil fueron liquidados muy por debajo de las prestaciones de Ley. Los trabajadores aunque inconformes no presentaron en tiempo su reclamación ante la Secretaría de Trabajo por interferencia de los dirigentes sindicales de la CTM que habían transado con los liquidadores de la Empresa. Al perder sus derechos para reclamar las indemnizaciones que señala la ley, los trabajadores están reclamando el importe del Fondo de Previsión Social, considerando que es un dinero de ellos.
En 1991 los trabajadores nayaritas plantaron una denuncia ante la Procuraduría General de la República solicitando informes sobre:
1. Cantidad del Fondo acumulado por el Fideicomiso.
2. Gastos efectuados en vigencia del Fideicomiso y en qué renglones.
3. Remanente o saldo del Fondo.
Después de año y medio la Procuraduría contesta que no hay delito que perseguir, sin dar respuesta a ninguna de las preguntas planteadas en la demanda. Los liquidadores licenciado Raúl Felipe Esquivel Pasos y Antonio Bassols Zaleta, se concretaron a defenderse, exhibiendo la copia
de un cheque por 4 mil 800 millones entregado a la Tesorería de la Federación, como saldo de la liquidación de los trabajadores, nada dijeron de otro fondo de 3 mil millones para eventos contingentes, que también pertenecían al fondo.
En respuesta a la demanda de los trabajadores los liquidadores sostienen:
1o. Que el Fideicomiso se hizo para autofinanciar la Empresa y no para beneficio de los trabajadores tal "como lo establece el Contrato de Fideicomiso".
2o. Que el Fondo se formó con aportaciones de la Empresa en forma unilateral, sin que los trabajadores aportaran nada, por lo tanto la Empresa recoge el Fondo.
3o. Los liquidadores entregaron a algunos trabajadores preferidos diversas cantidades del Fondo de Previsión Social que van desde 3 millones hasta 300 millones sin que estos lo reclamaran; cuando se les pregunta porque procedieron así responden que el Comité Técnico, autoridad máxima del Fideicomiso, los autorizó para que entregaran discrecionalmente los dineros del Fideicomiso.
Como puede verse con claridad a los trabajadores se les está escamoteando su dinero, pues ellos han demostrado que aportaron el 13% de un fondo de Ahorro especial y que no se les pagaba el séptimo día. Además el Comité Técnico no tenía atribuciones para arrebatar a los trabajadores los dineros ahorrados.
Los trabajadores han recurrido a todas las Instancias sin que hasta la fecha hayan resuelto su problema. Acudieron a esta Cámara de Diputados pero la Comisión de Gestoría y Quejas los ignoró, también en repetidas ocasiones visitaron al Presidente de esta Comisión señor Emilio M. González en su calidad de nayarita, Dirigente Nacional de la CTM y Presidente de esta Comisión del Congreso de la Unión, pero sus gestiones fueron infructuosas.
Establecieron un plantón frente a Palacio Nacional para que la Secretaría de Hacienda depositaria del saldo del Fondo se los entregara. Posteriormente se entrevistaron con el propio licenciado Carlos Salinas de Gortari, quien ordenó al gobernador Celso H. Delgado resolviera el problema coordinándose con Pedro Aspe, prometiendo que él mismo daría instrucciones al Secretario de Hacienda.
Los trabajadores nunca pudieron ver a Pedro Aspe y el Gobernador se concretó a decir que el Secretario de Hacienda no lo recibía. A los únicos que pudieron entrevistar fue a funcionarios de Tercer Nivel dependientes de la Secretaría de Hacienda, los cuales tenían instrucciones de resolver el caso, pero finalmente dijeron que la Secretaría no tenía responsabilidad, que ésta era de la Secretaría de agricultura para con Tabamex.
Los trabajadores se entrevistan con el Titular de la SARH Carlos Hank González y ésta promete resolver el problema en ocho días, previo estudio que ordena a un subsecretario y varios abogados de la propia Secretaría, transcurrieron dos meses sin que se pueda volver a ver a Carlos Hank González.
Los trabajadores desesperados toman la delegación de la SARH en Nayarit con la determinación de no reiterarse hasta que su dinero les sea entregado. El titular de SARH vuelve a Nayarit. Los trabajadores lo entrevistan de nuevo y les pide formen una Comisión para discutir con subalternos el asunto, para luego recibirlos y el personalmente y darles solución.
Los trabajadores regresan de México sin ser recibido por el titular de la SARH y continúan apoderados de la delegación de esa Secretaría en el Estado de Nayarit como medio de presión para que su asunto sea resuelto.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en la fracción III del artículo 79 constitucional solicitamos se turne denuncia para el conocimiento e intervención, en su caso de la Comisión de Información Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a 31 de marzo de 1993. - Por el Partido de la Revolución Democrática, diputado Guillermo Flores Velasco, diputado Miguel León Corrales y senador Porfirio Muñoz Ledo.
El Presidente: - Sí, señor senador, a sus órdenes.
El senador Artemio Iglesias Miramontes (desde su curul): - Pido la palabra para hechos.
El Presidente: - Tiene usted la palabra para rectificar hechos, en los términos del 102.
El senador Artemio Iglesias Miramontes: - Con su permiso, señor Presidente.
Se nos acaba de dar conocimiento de un memorial de particulares. En los términos del
artículo 61 dice: "Toda petición de particulares, autoridades, corporaciones o autoridades que no tengan derecho de iniciativa se mandará pasar directamente por el ciudadano Presidente de la Cámara a la Comisión que corresponda, según la naturaleza del asunto".
Consecuentemente, hipotéticamente asumo que no he de tener réplica, ¡hipotéticamente!, porque esto viene de particulares que no tienen derecho a voz, que no tienen derecho a iniciativa en esta Cámara, en esta Permanente.
Entonces lo que hago es dar un alcance a este memorial, sin poder replicar absolutamente con nadie, en estos términos del 61.
Dice, acusa el memorial de que no fueron cumplidas las normas legales de una liquidación. La carga de la prueba es de ellos. Yo digo que individualmente les fueron entregados el importe de cuatro meses de salarios por concepto de indemnización y 25 días de salarios por cada año de servicios prestados.
Esto hace una suma del 13% adicional a lo que especifica la ley, que eran de alguna manera los dividendos del fideicomiso que yo expreso que este fideicomiso fue constituido por fondos exclusivamente de la empresa.
Y como reza en el fideicomiso, el fondo que aportó la empresa lo hizo con la finalidad de que dicho fondo tuviera gananciales o ganancias mediante mecanismos de inversión a través del fiduciario, con cuyas ganancias se solventó la administración del fideicomiso y se obtuvieron seguros de vida colectivos y por invalidez permanente. La empresa lo formó. Se liquido de acuerdo con la ley, y aquí están los días, súmenlos a la Ley del Trabajo y hay gente que conoce, de los particulares que aquí firmaron este memorial, mucho sobre Ley del Trabajo.
De tal suerte que en el contrato colectivo de Tabamex, existían prestaciones que se traducían en un alto costo económico, la invalidez total permanente, el fallecimiento y el retiro voluntario.
Es cierto, este asunto ha sido un verdadero peligro y va a volver dar vueltas; originalmente cuando aquí se trató, tenía un fin, noble en sí mismo, de lograr que los campesinos, que los trabajadores nayaritas pudieran encontrar una respuesta.
Yo digo que ahora es un medio, un medio para golpear en circunstancias electorales de Nayarit, de tal suerte que fue a la Comisión de Gestoría y Quejas, debo presumir que no encontró elementos para dar una respuesta sobre una acusación expresada aquí, de acuerdo al turno que dio la Presidencia, fue a la Procuraduría General de la República y en los términos administrativos este asunto en la Procuraduría se mandó a la reserva en virtud de no encontrar elementos que fundaran la acusación respectiva.
Se hizo un peritaje del Colegio de Contadores, una institución no gubernamental, y llegó a la conclusión de que no había ninguna causal en este acusación y que en efecto, el 13% adicional eran las utilidades que había tenido el Fideicomiso, Fideicomiso específico como el la propia figura que literalmente nos dice: "donación de una herencia a una persona para que haga con ello que se le encarga", el encargo del Fideicomiso era atender asuntos de previsión social y así, durante este ejercicio se dieron becas, ayudas de transportes, gastos hospitalarios y en su momento hasta el pago del 13% del valor de su salario.
Consecuentemente cuanto tuvo que liquidarse Tabamex, primero se desincorpora en 1990 y en 1991 se liquida, obtiene de la Comisión Gasto - Financiamiento, quien le otorga recursos; lo que quedó de aquel capital lo reintegra el Fideicomiso para pagar los fondos de esa Comisión de Gasto Financiamiento y quedaron agotados absolutamente todos.
Nosotros consideramos que se cumplió a cabalidad con la ley de la materia, cuando nos habla de liquidaciones, con las indemnizaciones, con los días a que tiene derecho un trabajador en estos asuntos, de suerte tal que sólo considero que se agregue esta expresión al Memorial de Particulares que dice el Reglamento, no tienen derecho de iniciativa por lo que, como están en estado de indefensión, no espero réplica. Muchas gracias.
El Presidente: - Muchas gracias, señor senador.
Y de acuerdo con lo previsto en el 89 fracción III, esta Presidencia instruye a la Secretaría para que este asunto se turne a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
¿Ha pedido la palabra también para otro asunto, señor senador Muñoz Ledo?
El senador Porfirio Muñoz Ledo (desde su curul): - Para rectificar hechos, señor.
El Presidente: - Adelante, senador Porfirio Muñoz Ledo.
El senador Porfirio Muñoz Ledo: - Con su venia señor Presidente:
De acuerdo con mis derechos parlamentarios, vuelvo a esta tribuna para referirme a hechos diversos que tienen que ver con el debate.
Me ausenté durante un breve tiempo de esta sala, para atender la encomienda oficial que me dio la Cámara de Senadores para asistir al encuentro que el Congreso de la Unión ofreció a los parlamentarios alemanes que visitaron hoy nuestros país.
Encuentro en el que se hizo un elogio del pluralismo político, que espero se refleje en esta sala.
Con brevedad voy a referirme a los cuatro principales temas del debate al que no pude asistir en razón de una comisión oficial.
Sé que en mi ausencia, nuevamente y de modo artero, se me agredió. Se habló de que rehuyo el debate, cuando todos los días y en todos los foros estoy presente en el debate público del país.
En la pasada legislatura, tuve ocasión de subir a la tribuna en 267 ocasiones y no hay, lo saben mis compañeros del Senado, tema en el cual los representantes de la oposición no estamos presentes.
Ocurre que por la implacable ley del número, somos pocos en esta sala, muchos en el país, los de la oposición, tengamos en ocasiones que atender varias responsabilidades en el mismo día.
Respeto de lo que aquí se dijo, quiero afirmar que por lo que hace a mi partido y por lo que hace también a otros partidos de oposición y movimientos ciudadanos, el cúmulo de argumentación históricos, jurídicos, políticos y económicos que hemos aportado en favor de la democratización del Distrito Federal, es absolutamente abrumadora.
Quiero decir que hasta hoy, no se ha enderezado ningún argumento que sostenga el razonamiento; que la única razón de la negativa, es el temor que tiene el sistema político, temor fundado por cierto, de que si hay elecciones en la capital de la República, pueda perder el partido de Estado.
Esto en su régimen democrático es absolutamente lo más normal, pero aquí se elude y se tratan de evitar los contrapesos al poder autoritario.
Afirmar que los habitantes no están suficientemente informados, sobre las consecuencias, consecuencias, dicho con su peso amenazante de un cambio de status políticos, no es sino alentar el peor de los argumentos políticos que es el temor. Es el argumento que han empleado todos los regímenes despóticos. Es una manera subliminal de exaltar los riesgos económicos de la democracia; es poner por encima de las aspiraciones de la población, determinadas consideraciones que no tienen nada más ningún fundamento técnico y es insinuar a los habitantes de la capital que la democracia les sería costosa.
Nada es más falso. Esta capital contribuye a los gastos generales de la nación con un régimen superativo con cerca del 80% más de lo que recibe en beneficios. Este es el centro económico de la República, y si acaso, como todos lo deseamos, fuera una entidad política soberana e independiente, la situación fiscal sería en su beneficio y no en su contra.
No habría caos, no habría desorden, sólo habría orden democrático. Quisiera, con toda brevedad, hacer un comentario sobre los tres temas más importantes que se han abordado.
La cuestión del Instituto Politécnico Nacional es en extremo grave. Se ha establecido no solamente un régimen de terror, sino una estrategia deliberada de deterioro académico. Si en los días que vienen pudiésemos hacer una consulta con el cuerpo docente y de investigación del Instituto Politécnico Nacional...
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo (desde su curul): - Pido la palabra para hechos.
El Presidente: - Queda registrado para rectificar hechos diputado.
El senador Porfirio Muñoz Ledo: - ¿Quería interpelar?
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo (desde su curul): - No, pido la palabra para hechos.
El senador Porfirio Muñoz Ledo: - Muchas gracias Cuauhtémoc. Es un hecho extremadamente grave, porque por primera vez en muchos años, las autoridades mismas de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, se han convertido, con fuerza física y con armas, en verdugos de los estudiantes. Hemos acudido en diversas ocasiones con gestiones y llamados telefónicos ante el Secretario de Educación Pública. ¡Oh enorme paradoja! Ernesto Zedillo es exalumno de esa escuela, de la Escuela de Economía del Instituto Politécnico
Nacional; creo que hay un senador aquí que también es egresado de la misma escuela.
Ha habido absolutamente oídos sordos; hay abundancia de pruebas testimoniales y fotografías en el sentido que los porros de antigua tradición, por desgracia en el sistema de educación superior han sido directamente suplantados por quienes pagan esas fuerzas represivas; hay filmaciones que demuestran que el propio cuerpo directivo de la escuela ataca y agrede a los estudiantes con armas de distinto tipo.
Yo creo que en estas cuestiones, no sólo debiéramos turnar a las comisiones respectivas, sino que esta Comisión Permanente o las Cámaras en período de sesiones, debiéramos tener una posición más activa.
Entiendo que los miembros de la fracción mayoritaria se nieguen sistemáticamente a la comparecencia, en esta tribuna, de los altos funcionarios de la Federación, pero creo que el sistema de gestoría del Congreso de la Unión, debiera tener una actitud más positiva y más inmediata respecto de hechos que son graves.
Yo me permito sugerir que en la próxima sesión de esta Comisión Permanente, pudiéramos tener un informe respecto del curso de estas gestiones.
Otro asunto que me parece extremamente preocupante, es el del compañero Aquiles Magaña. Después de que se presentó el Memorial de Particulares respecto de la situación en la que se encuentra este ex dirigente de los trabajadores del Estado de Tabasco, acudí personalmente al plantón que tenía frente a la Suprema Corte de Justicia. Platiqué con él y platiqué con su esposa, que han sido agredidos y amenazados por el Gobierno. El abundó con los argumentos del documento que aquí se presentó. Me explicó cómo él había sido dirigente en contra del régimen neopótico, ahora depuesto, del señor Neme Castillo y como las acciones intentadas en su contra eran una venganza.
Debo decir que hace menos de 15 días estuve en la ciudad de Villahermosa y había asistido también en el zócalo de esa ciudad, a un plantón, en donde los trabajadores del Estado defienden su causa.
A mi me parece extremamente preocupante el que unas horas después, cuatro horas después de que estuve muy ostensiblemente presente en el plantón de Aquiles Magaña, éste haya sido apresado por la policía.
El día de ayer averigüé qué autoridad judicial había ordenado semejante aprehensión; supe que se trataba de la Procuraduría del Distrito Federal. Establecí contacto telefónico con el licenciado Diego Valadéz, con quien espero conversar el día de mañana, así está previsto. No tiene o no tenía ayer conocimiento el procurador de las razones de esta aprehensión.
El nivel de impunidad, el nivel de abuso, el nivel de irracionalidad con el que se está tratando a los disidentes políticos y sociales de este país, raya en los prolegómenos de un estado despótico.
Es absolutamente indispensable, se lo haré saber mañana al señor procurador, que se rinda un informe a esta soberanía sobre las razones que justifican semejante atropello.
El asunto de Tabamex, que aquí se trata con tanta ligereza, reviste también un profunda gravedad. Estuve directamente involucrado en la creación de la empresa en 1972; la creación de esa empresa es el resultado final de una protesta y de una huelga de los trabajadores, de los obreros, al servicio de las compañías extranjeras. Huelga y protesta que fueron en su tiempo encabezadas, debo decir, con una gran consistencia y con una gran congruencia por el dirigente sindical Emilio M. González.
Frente a la demagogia vociferante de algunos supuestos líderes agrarios, la razón se impuso. Creamos Tabamex con un instrumento del Estado, de la empresa, de la sociedad y de los trabajadores mexicanos, para establecer un sistema de intermediación que impidiera la explotación directa y la selección de los frutos de la tierra por las empresas extranjeras; empresas que definían los créditos, la selección de las semillas, las compras, los niveles de salario y los ciclos agrícolas.
Tabamex fue un instrumento de intermediación entre la sociedad mexicana, las empresas nacionales y los intereses extranjeros.
El cierre de Tabamex fue uno de los símbolos más ominosos de una privatización entreguista; los cálculos sobre el valor global de los activos de Tabamex ascienden a 500 mil millones de pesos antiguos, 500 millones de pesos nuevos y la venta total no excedió de 60 mil millones, 60 millones de pesos nuevos.
Aquí no solamente es necesaria una investigación sobre lo que se adeuda a los trabajadores, aquí es necesaria una investigación en profundidad, respecto de los malos negocios, malos manejos
u objetivos ocultos que hay detrás de las venta de Tabamex.
Es el día en que el Gobierno no ha explicado de modo racional por qué Tabamex y ya que rehuyo el debate, yo invito, no lo desafío y reto, a cualquier, a cualquier parlamentario del Gobierno, a que dé una razón nacional para la venta de Tabamex.
Vamos a discutirlo a fondo haber quién viene a esta tribuna a defender esas transacciones ocultas en contra del patrimonio nacional y esa entrega de los intereses de los productores del país al interés extranjero. Yo quiero una razón en esta tribuna, que no sea la monserga de la privatización, que no sea la premiación del señor Rogozinsky, el primo del señor "Cordobasonsky", nacidos en Francia y ahora apoderados del patrimonio nacional.
Que se venga a probar aquí cuáles son las razones nacionales de la venta de Tabamex, que alguien tenga el valor civil para hacerlo y los argumentos.
En cuanto a la suerte de los trabajadores y esto lo digo como Secretario del Trabajo que fui, en el momento que se constituyó el fideicomiso era una garantía para los trabajadores en cualquier momento en que sus intereses pudieran ser afectados. Por desgracia sólo correspondió el 2% como porcentaje a los productores.
Yo me pregunto, si con tal irracionalidad, con tal violación a los intereses del país se remata Tabamex a un precio ridículo, ¿no sería elemental para un Gobierno que pregona ser heredero de un supuesto liberalismo social proteger en primer término a esos obreros? A esos obreros que no hicieron la primera huelga en 1972, que venían organizando movimientos desde la última década de los años cincuenta y que eran supuestamente los destinatarios de la nueva organización productiva que se fundó en 1972.
Habiendo tanto dispendio, habiendo tanto uso irracional de los recursos, yo me pregunto, como cuestión de simple sentido común: ¿Por qué tanta terquedad? ¿Por qué tanta necedad para darles a los trabajadores lo que les corresponde? ¿Ya se olvidó que uno de los mandatos fundamentales de la Constitución Política del país es que el papel del Estado nacional, su papel tutelar de los trabajadores, cuánto le cuesta al Gobierno, cuánto le cuesta al país dar esta mínima satisfacción a los trabajadores de Tabamex que fueron los creadores de la empresa?
Pero detrás del designio que los oprime hay simplemente una ideología de explotación, una ideología de desprecio al ser humano que es la verdadera ideología del régimen del Gobierno de México. Muchas gracias.
El Presidente: - Gracias senador.
Tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Amezcua del Partido Popular Socialista en lo términos del 102 del Reglamento Interior.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - El artículo 102 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, es el que se refiere a las intervenciones breves para aclaración de hechos o para referirse a alusiones personales y da un tiempo máximo de cinco minutos.
Es un artículo que es prudente cuidar en su validez, como es prudente también cuidar en su validez la manera de ordenar nuestros debates, dado que aquí estamos cinco, seis fuerzas políticas.
No es posible, señor senador Muñoz Ledo, no es posible violentar los debates, subir a esta tribuna a hablar de todos lo que a uno se le ocurra cada vez que a uno se le ocurra, porque esto nos llevaría a una situación de extrema anarquía.
Entonces, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados y senadores, yo quisiera apelar a la conciencia de todos nosotros para que este cuerpo parlamentario opere, necesitamos tener reglas consensadas, aceptadas por todos, no podemos aceptar que ninguna corriente imponga sus propias reglas al margen de la normatividad jurídica vigente, al margen de la pluralidad. Estamos en un régimen plural y todos nos merecemos respeto.
Yo rogaría, señor Presidente, que en lo sucesivo se aplique el Reglamento. Muchas gracias.
El Presidente: - Gracias, señor diputado Cuauhtémoc Amezcua. Sí, señor senador Muñoz Ledo, para contestar alusiones personales.
El senador Porfirio Muñoz Ledo: - Con todo respeto, señor Presidente, hemos tenido un ejercicio de pluralidad muy intenso en ésta y la anterior Legislatura. Sé que hay normas que se aplican en la Cámara de Diputados, que han consensado los diputados, yo las respeto; hay normas que hemos consensado los senadores, espero que ustedes las respeten. Si consensamos normas para este cuerpo mixto de diputados y senadores, las respetaré; pero no existen.
En la Cámara de Senadores es claro, mi querido amigo diputado Cuauhtémoc Amezcua que por
la desproporción numérica, que por la desproporción numérica, nosotros tenemos flexibilidad para intervenir. Hay ocasiones en las cuales para no subir 15 ó 20 veces a la tribuna, debo decir que en el récord de la Cámara de Senadores hay la presencia en tribuna de un solo senador de la oposición, 19 veces en un día. Hemos convenido tener intervenciones sumarias en donde tocamos varios temas, esto es parte de los acuerdos parlamentarios que están perfectamente contemplados en la ley y en el reglamento del Congreso de la Unión y que están, sobre todo, amparados por el principio constitucional de la representación parlamentaria que aquí tenemos.
Yo no veo en qué ofendo a la distinguida representación del Partido Popular Socialista, que en 12, 14 minutos tocó cinco temas cuando mi amigo Cuauhtémoc Amezcua en una hora toca medio tema. Cada quien distribuye su tiempo como puede. Yo tengo el derecho como parlamentario de acudir a esta tribuna cuantas veces quiera para los temas que quiera y constitucionalmente lo que yo vierta en esta tribuna es inviolable, puedo hacer uso de la palabra un minuto, una hora o 10 horas, como lo hizo Belisario Domínguez. Y lo demás, no es sin un espíritu de cesión al poder constituido.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Amezcua.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - Señor senador Porfirio Muñoz Ledo: Está habitualmente acostumbrado a debatir en un foro distinto a éste, donde sólo participan tres fuerzas políticas. Yo no sé si sea de su propiedad o no, ni me interesa si lo compró.
Sin embargo, aquí éste es un foro de seis partidos políticos...
El Presidente: Si me permite, señor diputado. Yo le ruego señor senador, si me permite, en términos del 104 del Reglamento, aquí se ha invocado varias veces la normatividad de la Cámara, no hay diálogos en esta Cámara. Continué, señor orador.
El diputado Cuauhtémoc, Amezcua Dromundo: - Este es un foro de seis partidos políticos, este un foro en que nos ponemos de acuerdo seis y nadie tiene derecho a violentar los derechos de los demás. Eso debiera entenderlo el senador Porfirio Muñoz Ledo, que me parece que es un hombre inteligente y también debiera entender que se requiere un mínimo de urbanidad para no rebajar esta elevada tribuna de nuestro pueblo.
Yo no sé si él considere, si tenga elementos para suponer que yo alguna vez he hablado una hora en ésta o en alguna tribuna medio tema, a lo mejor he hablado varias horas y tratado menos de medio tema, pero si él pretende descalificar mi derecho a intervenir, ojalá pudiera sustentar en argumentos serios esa pretensión; de lo contrario, quien se descalifica es él mismo por andar haciendo esa clase de alusiones.
El Presidente: - Gracias, diputado Amezcua. Continúe la Secretaría con los asuntos del orden del día, por favor.
ORDEN DEL DÍA
La secretaria senadora María Elena Chapa Hernández: - Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.
Voy a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Comisión Permanente. - Primer Receso. - Segundo Año. - LV Legislatura. Orden del día
5 de abril de 1993.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del LXXIV Aniversario Luctuoso del general Emiliano Zapata Salazar, tendrá lugar el 10 de abril a las 10.30 horas, en la Alameda del Sur, Av. Canal de Miramontes y Calzada de las Bombas, Delegación Política Coyoacán.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Guerrero, Yucatán y Jalisco.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Quince, con los que se remiten las hojas de servicios de los ciudadanos Alejandro Martínez Belmont, Carlos Cortés Brizuela, Bernardo Rodrigo Castellanos Fernández, José Leopoldo Martínez González, Víctor Manuel Fabián Ceniceros, José María Fregoso Ambriz, José Luis Chávez Olvera, Moisés Humberto González Villalba, Francisco López Requena, Rodolfo Elizondo Mendoza, José Manuel Sandoval López, Javier del Real Magallanes, Fermín Rivas García, Raúl Cadena Negrete y José Darío Magaña López, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dictámenes de primera lectura.
De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Dante Alfonso Delgado Rannauro, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México, ante el Gobierno de la República de Italia.
De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Gustavo Iruegas Evaristo, como cónsul general de México, en San Diego, California, Estados Unidos de América.
Tres, de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por lo que se ratifican grados a los ciudadanos Alfredo Delgado Valdez, Roberto Noé Samuel Marín Marín y Víctor Manuel de la Peña Cortés.
Dictámenes a discusión
Siete, de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados a los ciudadanos Jesús Márquez Vázquez, Guillermo Alvarez Nara, Julián David Rivera Bretón, Jesús Coronel Portilla y Virgilio de la Vega Fermoso, Roberto Chiapa Aguirre y Antelmo Jiménez Jiménez.
De la primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Gabriel Santoyo Calderón, para prestar servicios en la embajada real de Dinamarca, en México.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.
Sesión secreta.»
El Presidente (a las 18.40 horas): - Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo lunes 5 de abril a las 13.00 horas.
NOTAS.
Siglas y abreviaturas incluidas en esta edición.
DF Distrito Federal.
SC Sociedad Comandita.
PAN Partido Acción Nacional.
SME Sindicato Mexicano de Electricistas.
PRD Partido de la Revolución Democrática.
UNAM Universidad Autónoma de México.
PARM Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
COFIPE Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
IFE Instituto Federal Electoral.
S.A. de C.V. Sociedad Anónima de Capital Variable.
PRI Partido Revolucionario Institucional.
CIA Compañía.
PROFECO Procuraduría Federal del Consumidor.
IVA Impuesto al Valor Agregado.
SEP Secretaría de Educación Pública.
IPN Instituto Politécnico Nacional.
CP Contador Público.
ESE Escuela Superior de Economía.
TABAMEX Tabacos Mexicanos.