Legislatura LV - Año II - Período Comisión Permanente - Fecha 19930728 - Número de Diario 3
(L55A2PcpN003F19930728.xml)Núm. Diario: 3ENCABEZADO
LV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Correpondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE
Senador Emilio M. González Parra
PALACIO LEGISLATIVO
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Héctor de Antuñano y Lora
AÑO II México, DF., miércoles 28 de julio de 1993 No. 3
SUMARIO
SUMARIO
ASISTENCIA
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL DISTRITO FEDERAL
Hace uso de la palabra el representante Juan Carlos Sánchez, quien informa de la clausura de un período de sesiones de ese cuerpo colegiado.
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
Invitación al acto cívico conmemorativo del CLXXXII aniversario de don Miguel Hidalgo y Costilla. designa comisión.
SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
Solicitud de permiso constitucional para que la ciudadana Claudia María Minvielle Cadena, pueda prestar sus servicios en el Consulado de Colombia en la Ciudad de México. Se turna a la Primera Comisión.
Solicitud de permiso constitucional necesario para que la ciudadana Reyna María Florina Ruvalcaba Peña, pueda prestar sus servicios en la Embajada de la República Dominicana en México. Se turna a la Primera Comisión.
Doce oficios con los que se remiten las hojas de servicios de los ciudadanos Martín Cordero Luqueño, Eduardo Dávalos Hernández, Amado Onésimo Flores Morales, Eduardo Bahena Pineda, Héctor Andrés Alvizo Hernández, Felipe Arturo Román Calderón, José Francisco Gerardo Castillo Zaragoza, Benito Medina Herrera, Alberto Martínez Herrera, José Ricardo Cárdenas Ortiz, Arturo Salgado Urióstegui y Alejandro Leopoldo Parra Estrada, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnan a la Segunda Comisión.
Información solicitada por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, sobre acontecimientos en Puerto Lázaro Cárdenas, Michoacán. Se turna a los solicitantes.
PERMISOS CONSTITUCIONALES
Dictamen de primera lectura con proyecto de decreto por el que se conceden los permisos necesarios para que los ciudadanos María del Carmen Rábago Boschetti, Felipe de Jesús Corrales Mancilla, Rolando Xavier Villaseñor Montiel, Verónica Orozco Ortiz, Alfonso Parra Geraldo, Juan Julián Estrada Navarro y Ricardo Hernández Palacios, puedan prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en los consulados generales de ese país en ciudad Juárez, Chihuahua y Tijuana, Baja California.
ESTADO DE YUCATÁN
Memorial de particulares de esa Entidad, en que se refiere a la Ley del ISSSTE. Se turna a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL; CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL; LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
El diputado Cristobal Arias Solís presenta iniciativa de reformas a esos ordenamientos.
Expresan sus opiniones al respecto, los legisladores:
Juan Gualberto Campos Vega
Alberto Marcos Carrillo Armenta
Eloí Vázquez López
Se turna a las comisiones de Vivienda y del Distrito Federal de la Cámara de Diputados.
Para referirse al mismo tema, hacen uso de la palabra los legisladores;
Manuel Aguilera Gómez
Cristobal Arias Solís
Juan Gualberto Campos Vega
LEY DEL SEGURO SOCIAL
Comentan dicho ordenamiento, los legisladores:
Juan Campos Vega
Cristobal Arias Solís, quien propone un punto de acuerdo.
Jesús Rodríguez y Rodríguez
Cecilia Soto González, quien solicita una excitativa.
Juan de Dios Castro Lozano
Eloí Vázquez López
Jesús Rodríguez y Rodríguez
Ricardo Monreal Avila
Eloí Vázquez López
Ricardo Monreal Avila
Cristobal Arias Solís
Ricardo Monreal Avila
Jesús Rodríguez y Rodríguez
Eloí Vázquez López
Se desecha la proposición del diputado Arias Solís.
Se hacen las excitativas solicitadas por la diputada Soto González. Se turna a comisiones.
Hace uso de la palabra el diputado Eloy Vázquez López, quien expresa su inconformidad por el procedimiento realizado.
PARTIDO AUTENTICO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA
Informa de una asamblea extraordinaria la diputada Cecilia Soto González.
REPÚBLICA DE CUBA
Se da lectura a una declaración política firmada por todos los grupos parlamentarios del Congreso de la Unión, en la que se expresa la solidaridad con el pueblo de ese país y hacen uso de la palabra los legisladores.
Juan Gualberto Campos Vega
Eloí Vázquez López, quien presenta un punto de acuerdo que se turna a la Comisión de Energéticos, de la Cámara de Diputados.
ESTADO DE OAXACA
Memorial de particulares de esa entidad, presentado por el diputado Eloy Vázquez López, quien presenta una denuncia. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
SOLICITUD DE LICENCIA
Se aprueban los puntos de acuerdo que se refiere a la presentada por el diputado Abundio Ramírez Vázquez. Comuníquese a la Cámara de Diputados.
ESTADO DE SONORA
Denuncia la detención de militantes del Partido de la Revolución Democrática, el diputado Eloy Vázquez López. Se turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados.
Comenta la denuncia la diputada Cecilia Soto González.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
Presidencia del senador Emilio M. González
ASISTENCIA
El Presidente:
Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.
El secretario diputado Juan Campos Vega:
Esta Secretaría informa que está presente el diputado Enrique Jacob Rocha, en virtud de la ausencia del diputado Alejandro Nieto Enríquez.
Se va a proceder a pasar lista de asistencia de los miembros de la Comisión Permanente.
Hay una asistencia de 26 legisladores, hay quórum, señor Presidente.
El Presidente:
(A las 11.30 horas): Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El secretario diputado Juan Campos Vega:
Se va a dar lectura al orden del día.
«Comisión Permanente. Segundo Receso. Segundo Año. LV Legislatura.
Orden del día
28 de julio de 1993.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación de Representantes del Distrito Federal.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del CLXXXII aniversario luctuoso de Don Miguel Hidalgo y Costilla, tendrá lugar el 30 de julio a las 11.00 horas.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Claudia María Minvielle Cadena, pueda prestar servicios en el Consulado General de Colombia, en esta ciudad.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Reyna María Florina Ruvalcaba Peña, pueda prestar servicios en la Embajada de la República Dominicana, en México.
Doce con los que se remiten las hojas de servicios de los ciudadanos Martín Cordero Luqueño, Eduardo Dávalos Hernández, Amado Onésimo Flores Morales, Eduardo Bahena Pineda, Héctor Andrés Alvizo Hernández, Felipe Arturo Román Calderón, José Francisco Gerardo Castillo Zaragoza, Benito Medina Herrera, Alberto Martínez Herrera, José Ricardo Cárdenas Ortiz, Arturo Salgado Urióstegui y Alejandro Leopoldo Parra Estrada, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dictamen de primera lectura
De la Primera Comisión con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos María del Carmen Rábago Boschetti, Felipe de Jesús Corrales Mancilla, Rolando Xavier Villaseñor Montiel, Verónica Orozco Ortiz, Alfonso Parra Geraldo, Juan Julián Estrada Navarro y Ricardo Hernández Palacios, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México y en los consulados generales en Ciudad Juárez, Chihuahua y en Tijuana, Baja California, respectivamente.
Memorial de particulares.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El secretario diputado Juan Campos Vega:
Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el día veintiuno de julio de mil novecientos noventa y tres, correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.
Presidencia del senador Emilio M. González
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las once horas con treinta minutos del día veintiuno de julio de mil novecientos noventa y tres, con una asistencia de treinta y un legisladores, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, misma
que, sin discusión, se aprueba en sus términos en votación económica.
Se da cuenta con la invitación del Congreso del Estado de Querétaro, a la sesión solemne en la que el gobernador de dicha entidad, rendirá su segundo informe de Gobierno. Se designa comisión para representar a la Comisión Permanente.
Una comunicación del diputado Mariano López Mercado, por la que solicita licencia para separarse de su encargo como diputado federal. Se aprueban los puntos de acuerdo respectivos. En su oportunidad llámese al suplente.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, informa de la clausura de su primer período de sesiones, correspondiente al presente año. De enterado.
Se da cuenta de la integración de las comisiones de trabajo para el período de sesiones de la Comisión Permanente. Se aprueban en votación económica.
Un oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que informa que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, nombró al ciudadano Victorino Esquivel Camacho, magistrado de la Sala Regional Norte Centro del Tribunal Fiscal de la Federación. Se turna a la Tercera Comisión.
Otro oficio de la misma Secretaría, por el que informa que los ciudadanos Miguel Angel Pérez del Toro, Victoria Rojas Alvarado y María Alejandra Mancilla Santamaría, han dejado de prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. Se turna a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y a la de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores.
La Secretaría da lectura a dos oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que se solicitan los permisos constitucionales necesarios para que siete ciudadanos mexicanos puedan prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en los consulados de ese país en Ciudad Juárez, Chihuahua y Tijuana, Baja California. Se turnan a la Primera Comisión.
Dos oficios más de la misma Secretaría, con los que se remiten las hojas de servicios de veintiún ciudadanos mexicanos, para los efectos de la fracción séptima del artículo setenta y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnan a la Tercera Comisión.
Para comentar la inmigración indocumentada de nacionales de la República Popular China, hacen uso de la palabra los legisladores: Eloy Vázquez López, del Partido de la Revolución Democrática, quien cede su turno al diputado Cristóbal Arias Solís, del mismo partido; Cecilia Soto González, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Alberto Carrillo Armenta, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Rodolfo Becerril Straffon, del Partido Revolucionario Institucional; Cecilia Soto González, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para rectificar hechos; Laura Alicia Garza Galindo, del Partido Revolucionario Institucional; Cristóbal Arias Solís, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos y Manuel Aguilera Gómez, del Partido Revolucionario Institucional.
Solicita y se concede el uso de la palabra al senador Roberto Robles Gárnica, del Partido de la Revolución Democrática, quien hace, a nombre de su grupo parlamentario, una declaración respecto al proceso de reforma electoral y las expectativas de su partido.
Para expresar sus opiniones sobre este mismo tema, suben a la tribuna los legisladores Eloy Vázquez López, del Partido de la Revolución Democrática; Juan Campos Vega, del Partido Popular Socialista; Alberto Carrillo Armenta, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Diego Fernández de Cevallos, del Partido Acción Nacional, para alusiones personales; nuevamente Alberto Carrillo Armenta, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, para rectificar hechos; Eloy Vázquez López, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos y Pedro Ojeda Paullada, del Partido Revolucionario Institucional.
Hace uso de la palabra el diputado Eloy Vázquez López, del Partido de la Revolución Democrática, para formular comentarios sobre el Segundo Congreso Nacional de su partido.
Para comentar el hundimiento del barco "Betula" y sus consecuencias ecológicas y sociales, hacen uso de la palabra los legisladores Cristóbal Arias Solís, del Partido de la Revolución Democrática; Cecilia Soto González, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Alejandro Nieto Enríquez, del Partido Revolucionario Institucional y, para rectificar hechos, los legisladores Cristóbal Arias Solís, del Partido de la Revolución Democrática; Cecilia Soto González, del Partido
Auténtico de la Revolución Mexicana y Fernando Lerdo de Tejada, del Partido Revolucionario Institucional. La petición de la diputada Soto González, se turna para su conocimiento a la Comisión de Ecología de la Cámara de Diputados, y se examinará la pertinencia de coadyuvar con la misma.
Para referirse a la situación salarial en México, hace uso de la palabra el diputado Juan Campos Vega, del Partido Popular Socialista, quien presenta un proyecto de pronunciamiento al respecto. Sobre el tema y la proposición aludidas, hacen uso de la palabra para rectificar hechos los legisladores Alfonso Godínez López, del Partido Revolucionario Institucional; Ricardo Monreal Avila, del mismo partido, en contra del pronunciamiento; Juan Campos Vega, del Partido Popular Socialista, para rectificar hechos y Ricardo Monreal Avila, del Partido Revolucionario Institucional, para alusiones personales.
En votación económica, se desecha la proposición del diputado Campos Vega.
Suben a la tribuna el diputado Juan Campos Vega, del Partido Popular Socialista, quien expresa su opinión respecto de la Tercera Cumbre Iberoamericana, celebrada en la República Federativa de Brasil y el senador Joaquín González Castro, del Partido Revolucionario Institucional, quien presenta una declaración política firmada por representantes de todos los grupos parlamentarios que integran la Comisión Permanente.
Agotados los asuntos en cartera y no habiendo quien haga uso de la palabra, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a la dieciséis horas con cuatro minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo miércoles veintiocho de julio de mil novecientos noventa y tres a las once horas.»
Esta a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Aprobada, señor Presidente.
ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL DISTRITO FEDERAL
El Presidente:
Se encuentra a las puertas de este recinto una Comisión de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Para introducirla a este salón, se designa al diputado Fernando Lerdo de Tejada y al senador Manuel Aguilera Gómez.
Se concede el uso de la palabra al representante Juan Carlos Sánchez.
El representante Juan Carlos Sánchez Magallán:
Con su permiso, señor Presidente. Señores miembros de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión: Comparecemos ante esta Comisión Permanente, en cumplimiento a las instrucciones recibidas por el honorable pleno de la II Asamblea de Representantes del Distrito Federal.
La Comisión, integrada por los asambleístas Román Barreto Rivera, Ernesto Aguilar Apis, Alfonso Ramírez Cuéllar, Oscar Mauro Ramírez Ayala, Laura Itzel Castillo Juárez, Juana García Palomares y un servidor, para comunicar a esta soberanía que con fecha 15 de julio del año en curso, fueron clausurados solemnemente los trabajos del segundo período de sesiones, del segundo año de ejercicio, de la II Asamblea de Representantes del Distrito Federal.
Durante este período de trabajo consideramos, después de un análisis de evaluación del mismo, que su balance fue positivo, porque los resultados alcanzados en nuestro deber de servir a la comunidad en sus demandas y, en este sentido, podemos comunicarles a ustedes que se cumplió ampliamente el mandato consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica de la Asamblea y su propio Reglamento Interior de Gobierno.
Compareciendo diversos funcionarios de la Administración Pública del Distrito Federal, quienes informaron de los asuntos principales de sus dependencias, de sus planes y programas, de lo realizado y por realizar.
Se analizaron y debatieron informes de las 16 comisiones de trabajo y de los cuatro comités de apoyo; se trataron asuntos importantes, como la seguridad pública, la administración de justicia, el comercio en vía pública, transporte, seguridad social, empleo, salud, vivienda, uso de suelo y ecología.
Fueron aprobados el Reglamento de Construcciones, el Gubernativo de Justicia Cívica. Se modificó el de agua y drenaje; se expidió un
bando sobre comercio en vía pública, para el área del Centro Histórico; se refrendo el Acuerdo de Facilidades para la Regularización de Construcciones del Distrito Federal. Asimismo se aprobó el Informe Anual de Análisis de la Congruencia entre el gasto autorizado y lo realizado por el Departamento del Distrito Federal. También, igualmente se creó un fondo de financiamiento para proyecto de investigación en el Distrito Federal.
De la misma manera se otorgó la Medalla al Mérito Ciudadano al historiador y escritor Guillermo de Tovar de Teresa y se apoyó económicamente a nuestros hermanos del pueblo cubano. Así se rindió también reconocimiento al compañero Gerardo Medina por obtener el Premio Nacional de Periodismo.
Atención especial merece la comparecencia del licenciado Manuel Camacho Solís, el pasado 16 de abril, donde expuso la propuesta del licenciado Carlos Salinas de Gortari, Presidente de la República, para la reforma política del Distrito Federal y que es producto de la discusión de 170 años sobre la compatibilidad entre los derechos políticos de los habitantes de la Ciudad de México y el carácter de ésta como sede de los poderes de la Unión y capital de la nación.
Los congresos constituyentes de 1824, 1857, 1917, vivieron de manera especial esta polémica y procuraron conciliar intereses nacionales y locales para consolidar a la República.
Los congresos de 1928, 1977 y 1987 no fueron la excepción y resolvieron este asunto en sus circunstancias dando respuesta a la exigencia social de su momento.
Ahora, en 1993, el Distrito Federal, con una alta densidad poblacional y urbana, con niveles de exigencia crecientes, con coexistencia de partidos políticos nacionales, organizaciones no gubernamentales y ciudadana, que exige ampliar los espacios de participación política de manera decidida y demanda nuevas estructuras institucionales que permitan tener gobierno propio para la ciudad, que fortalezca capacidad política, financiera, administrativa y de operación territorial y que todo esto de respuesta ágil y oportuna a los reclamos ciudadanos, exigencia y demanda, para conservar la estabilidad que siempre hemos gozado y que nos ha permitido crecer cultural y económicamente sin rupturas sociales, que estanquen o conduzcan al retroceso.
En abril de 1992 el Presidente Carlos Salinas de Gortari, convocó a todas las fuerzas políticas nacionales a que por conducto de la mesa de trabajo que instaló el licenciado Manuel Camacho Solis, expresaran sus puntos de vista para adecuar las instituciones a nuestra realidad actual. Especialistas, intelectuales, universidades, centros de investigación, organismos no gubernamentales, dirigentes vecinales y de organizaciones sociales, coincidieron en pronunciarse por nuevas formas de gobierno. Debate, movilización y expresión de ideas y de tesis, precedieron a este trabajo; diálogo, concertación y elaboración de propuesta incluyente fue la respuesta del Poder Ejecutivo.
Por ello, superar antagonismo, intereses de grupo y preferencias personales es la tarea. Tarea que como condición necesaria en el marco de la planeación democrática nacional genere consensos que logren la creación de instrumentos necesarios confiables y eficaces, que permitan que la mayoría ciudadana se incorpore a las políticas públicas de tomar decisión, que afectan o benefician a todos.
Por ello, fundamental es consolidar derechos políticos locales, preservar el carácter de Distrito Federal como sede de los poderes de la unión y crear las instituciones de gobierno local para la ciudad de México.
Reconocer la convocatoria del Ejecutivo Federal es de justicia. Reconocer que el diálogo, discusión, concertación análisis de la historia y de los problemas actuales, generaron la iniciativa de reformas y adiciones enviada por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados para que discutida, debatida, mejorada y aprobada, produzca nuevas fórmulas políticas que permitan la convivencia de un gobierno local que siga albergando a los poderes de la unión y que conserve su status de capital de la República.
Iniciativa de reformas que obedece a los tiempos actuales de cambio y a la necesidad de establecer nuevas formas, reglas y actitud, con preservación de principios y tradiciones republicanas, con respeto en la relación de los tres poderes de la unión, elevando niveles de coordinación del Gobierno también en sus tres niveles, fortaleciendo así a la democracia y, desde luego, a las libertades públicas. Esa es la tarea, en ésto los representantes a la Segunda asamblea del Distrito Federal estamos comprometidos, en lograr una ampliación de facultades para nuestro órgano colegiado, que consolide su representación política ciudadana como órgano de cogobierno, que legisle asuntos de desarrollo urbano y de uso de suelo, derechos humanos, transporte, vialidad, vías públicas, protección al ambiente, procesos electorales y, en general, de formas de participación ciudadana y de los servicios
que ofrece la administración de la ciudad a sus habitantes.
También en la creación de un Gobierno propio que surja de la competencia electoral; en la creación de un estatuto que regule las relaciones sociales, jurídicas y políticas de los capitalinos; en la creación de consejos ciudadanos que señalen las prioridades de atención en la inversión pública y privada; en el establecimiento de un órgano de coordinación metropolitana donde se agilicen las decisiones de planeación urbana en asuntos que nos son comunes con 27 municipios conurbados como son el agua, la seguridad pública, el medio ambiente, desechos sólidos y transporte. Esa es nuestra preocupación y nuestra ocupación.
En la participación de una reforma que conoce y reconoce, que transforma, que impulsa, que abre, induce e institucionaliza el cambio; reforma que genera competencia política, que la optimiza, la eficienta y la dignifica; reforma que garantiza derechos políticos ciudadanos precisando a la relación con los poderes federales, manteniendo el equilibrio jurídico y salvaguardando la seguridad necesaria para ejercer nuestra soberanía nacional. Muchas gracias.
El Presidente:
Hemos quedado enterados de los motivos que animan a la Comisión de Representantes y que fue designada para comunicar a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la razón de su visita. Queremos enviar un saludo afectuoso a los representantes, desearles éxito en sus trabajos y, rogarle a la misma Comisión que los acompañó, nos haga el favor, cuando se quieran retirar, de hacerlo.
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
El secretario senador Antonio Melgar Aranda:
«Ciudadano senador Emilio M. González, Presidente de la Comisión Permanente.- Presente.
El Departamento del Distrito Federal, por conducto de esta Dirección General, ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del CLXXXII Aniversario luctuoso de don Miguel Hidalgo y Costilla, que tendrá lugar en el Jardín Hidalgo, en la estatua del padre de la patria, ubicada en Carrillo Puerto y avenida Hidalgo, delegación política Coyoacán, el día 30 de julio a las 11.00 horas.
Por tal motivo, de la manera más atenta me permito solicitarle tenga a bien girar sus respetables indicaciones, a efecto de que un representante de esa honorable Comisión Permanente que usted preside, asista a la ceremonia de referencia.
Agradezco cumplidamente las atenciones que se sirva prestar al presente y le reitero con mi reconocimiento las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Director de Acción Cívica, licenciado Gerardo González Camarena.»
El Presidente:
Para asistir en representación de esta honorable Comisión Permanente, se designa a los siguientes ciudadanos legisladores: diputado Javier Garduño Pérez y senador Manuel Aguilera Gómez.
SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
El secretario senador Antonio Melgar Aranda:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En oficio fechado el 15 de junio último, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a esta de Gobernación lo siguiente:
"La Embajada de la República de Colombia en México se dirigió a esta Secretaría para solicitar que se realicen las gestiones correspondientes a fin de que la ciudadana Claudia María Minvielle Cadena, pueda trabajar como funcionaria administrativa en el Consulado General de Colombia en esta ciudad. En tal virtud, mucho agradeceré a usted girar sus apreciables instrucciones a fin de que se tramite ante el honorable Congreso de la Unión el permiso de referencia. Se anexa original del acta de nacimiento, dos fotografías, la solicitud al Congreso firmado por la interesada y una lista de las funciones que quedarán a su cargo."
Al comunicar a ustedes lo anterior, les acompaño con el presente los anexos que en el mismo se citan, para los fines legales procedentes.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 20 de julio de 1993.- El Secretario, José Patrocinio González Blanco Garrido.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
«Escudo Nacional. Estados- Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Con fecha 13 del actual, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a esta de Gobernación, lo siguiente:
"La Embajada de la República Dominicana en México se dirigió a esta Secretaría para solicitar que se realicen las gestiones correspondientes a fin de que la ciudadana Reyna María Florina Ruvalcaba Peña, pueda prestar sus servicios como secretaria en esa misión diplomática. Mucho agradeceré a usted girar sus apreciables instrucciones a fin de que se tramite ante el honorable Congreso de la Unión el permiso de referencia, para lo cual se anexa el original del acta de nacimiento de la interesada y la solicitud al Congreso firmada por la ciudadana Ruvalcaba Peña."
Lo que hago de su conocimiento de ustedes para los fines legales procedentes, enviándoles además con el presente los anexos que en el mismo se mencionan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 20 de julio de 1993. El Secretario, José Patrocinio González Blanco Garrido.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
El secretario senador Antonio Melgar Aranda:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional, dirigió a esta de Gobernación, con fecha 8 del presente:
"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano Coronel de Infantería diplomado de Estado Mayor Martín Cordero Luqueño (6460 585), que en trece fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo, para efectos de la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y efectos del artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acompañándoles con el presente el anexo que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 19 de julio de 1993. El Secretario, José Patrocinio González Blanco Garrido.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional, se ha dirigido a esta de Gobernación, con fecha 28 de junio último, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano Coronel de Infantería diplomado de Estado Mayor Eduardo Dávalos Hernández (6231233), que en quince fojas útiles se adjunta
con carácter devolutivo, para efectos de la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y efectos del artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acompañándoles con el presente el anexo que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 19 de julio de 1993.- El Secretario, José Patrocinio González Blanco Garrido.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En oficio fechado el 28 de junio último, la Secretaría de la Defensa Nacional, manifiesta a esta de Gobernación lo siguiente:
"Por acuerdo del ciudadano General Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano Coronel de Infantería diplomado de Estado Mayor Amado Onésimo Flores Morales (6772733), que en diecisiete fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo, para efectos de la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y efectos del artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acompañándoles con el presente el anexo que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 19 de julio de 1993.- El Secretario, José Patrocinio González Blanco Garrido.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional, se ha dirigido a esta de Gobernación, con fecha 28 de junio último, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano Coronel de Infantería diplomado de Estado Mayor Eduardo Bahena Pineda (6772 650), que en catorce fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo, para efectos de la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y efectos del artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acompañándoles con el presente el anexo que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 19 de julio de 1993.- El Secretario, José Patrocinio González Blanco Garrido.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión. «Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación. Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En oficio fechado el 28 de junio último, la Secretaría de la Defensa Nacional, manifiesta a esta de Gobernación lo siguiente:
"Por acuerdo del ciudadano General Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Cámara de Senadores del honorable
Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano Coronel de Infantería diplomado de Estado Mayor Héctor Andrés Alvizo Hernández (6714631), que en quince fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo, para efectos de la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y efectos del artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acompañándoles con el presente el anexo que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 19 de julio de 1993. - El Secretario, José Patrocinio González Blanco Garrido.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
En oficio fechado el 2 del actual, la Secretaría de la Defensa Nacional, manifiesta a esta de Gobernación lo siguiente:
"Por acuerdo del ciudadano General Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano Coronel de Infantería diplomado de Estado Mayor Felipe Arturo Román Calderón (6461947), que en quince fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo, para efectos de la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y efectos del artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acompañándoles con el presente el anexo que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 19 de julio de 1993. - El Secretario, José Patrocinio González Blanco Garrido.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
A continuación transcribo a ustedes, oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional, dirigió a esta de Gobernación, con fecha 6 del actual:
"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano Coronel de Infantería diplomado de Estado Mayor José Francisco Gerardo Castillo Zaragoza (6772646), que en dieciséis fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo, para efectos de la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y efectos del artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acompañándoles con el presente el anexo que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 19 de julio de 1993. - El Secretario, José Patrocinio González Blanco Garrido.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional, dirigió a esta de Gobernación, con fecha 6 del presente:
"Por acuerdo del ciudadano General Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano Coronel de Infantería diplomado de Estado Mayor Benito Medina Herrera (6772662), que en catorce fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo, para efectos de la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y efectos del artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acompañándoles con el presente el anexo que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 19 de julio de 1993. - El Secretario, José Patrocinio González Blanco Garrido.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional, se ha dirigido a esta de Gobernación, con fecha 6 del presente, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del ciudadano General Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano Coronel de Infantería diplomado de Estado Mayor Alberto Martínez Herrera (6461908), que en quince fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo, para efectos de la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y efectos del artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acompañándoles con el presente el anexo que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 19 de julio de 1993. - El Secretario, José Patrocinio González Blanco Garrido.
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
En oficio fechado el 7 del actual, la Secretaría de la Defensa Nacional, manifiesta a esta de Gobernación lo siguiente:
"Por acuerdo del ciudadano general secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano coronel de Infantería José Ricardo Cárdenas Ortiz (6416463), que en dieciséis fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo, para efectos de la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y efectos del artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acompañándoles con el presente el anexo que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 19 de julio de 1993. - El Secretario, José Patrocinio González Blanco Garrido.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
Con fecha 28 de junio último, la Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a esta dependencia del Ejecutivo manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del ciudadano general secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano coronel de Infantería Arturo Salgado Urióstegui (6714611), que en trece fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo, para efectos de la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y efectos del artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acompañándoles con el presente el anexo que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 19 de julio de 1993. - El secretario, José Patrocinio González Blanco Garrido.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
A continuación transcribo a ustedes, oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional, dirigió a esta de Gobernación, con fecha 28 de junio último:
"Por acuerdo del ciudadano general secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano coronel de Infantería Alejandro Leopoldo Parra Estrada (8843741), que en quince fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo, para efectos de la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y efectos del artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acompañándoles con el presente el anexo que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal., a 19 de julio de 1993. - El secretario, José Patrocinio González Blanco Garrido.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
El secretario senador Antonio Melgar Aranda:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines que estimen procedentes acompaño al presente copia del oficio número PGR - 0175/93 de fecha 14 del actual, signado por el ciudadano doctor Jorge Carpizo Mac`Gregor, procurador general de la República, en el que remite información de diversas autoridades acerca de los acontecimientos ocurridos en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
Lo que comunico a ustedes en relación al oficio número 55 - II - 1 - 526 de fecha 6 de los corrientes, girado por los ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 20 de julio de 1993. - El director general de Gobierno, licenciado Tristán Canales Najjar.»
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Procuraduría General de la República.
Ciudadano licenciado Tristán Canales Najjar, director general de Gobierno de la Secretaría de Gobernación. - Presente.
Distinguido señor licenciado:
En relación con su oficio número 891, fechado el día 9 del mes en curso, por el que hace de mi conocimiento que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión requiere información de diversas autoridades acerca de los acontecimientos ocurridos en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán en los pasados días, me permito comunicarle lo siguiente con respecto a esta Procuraduría General de la República:
Por información remitida por el ciudadano delegado estatal de esta Procuraduría en Michoacán, se comunicó que el día 24 de junio de 1993 el buque "Betula" de bandera noruega, propiedad de la compañía naviera Torquel Alendal, LTD., arribó al puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, con el propósito de descargar 9 mil toneladas de ácido sulfúrico en el interior de la unidad industrial propiedad del grupo industrial del Bajío, S.A. de C.V. En esa fecha se pudo hacer entrega únicamente de 5 mil toneladas.
Al día siguiente, cuando se inició la descarga de las 4 mil toneladas restantes, se presentó un desperfecto en el interior de las máquinas, lo que ocasionó una fuga de ácido sulfúrico hacia el cuarto de bombas que no pudo ser controlada por la tripulación del buque.
El día 26, con la ayuda del personal técnico de seguridad de la planta receptora en tierra, se procedió a pasar el cargamento hacia otros tanques vacíos del mismo barco. Sin embargo, al término de esta operación, el capitán del buque reportó tener "entrada acelerada de mar, ácido sulfúrico y aceite hidráulico en el cuarto de máquinas", lo que motivó que el barco quedara sin energía para realizar cualquier maniobra. Por ello se decidió desalojar a la tripulación y llevar al buque, del puerto hacia altamar. La maniobra de salida se realizó con el auxilio de dos remolcadores mexicanos.
El día 2 de julio, aproximadamente 300 personas, miembros de las Cooperativas Pesqueras de Playa Azul, en Lázaro Cárdenas, bloquearon el acceso al Puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, solicitando una indemnización de 7 millones 650 mil nuevos pesos por los daños ecológicos ocasionados por la descarga de combustible del buque "Betula" de bandera noruega, ya que a juicio de los líderes de las citadas cooperativas, su producto no podrá ser vendido por estar "fuertemente contaminado".
Ante ese bloqueo, las fuerzas navales realizaron un operativo a las 17.45 horas del día 4 de julio, con la finalidad de desalojar a los cooperativistas. Esta acción no tuvo resultados.
Posteriormente, el día 7 de julio elementos de la armada detuvieron y pusieron a disposición del Ministerio Público Federal, en Lázaro Cárdenas, a 19 personas como presuntos responsables del bloqueo al puerto, relacionados con la averiguación previa 72/93, iniciada con motivo de la denuncia interpuesta por el capitán del Puerto de Lázaro Cárdenas, Guillermo Macbeth Amor.
Entre las personas detenidas por los elementos de la armada de México se encontraba el diputado federal Enrique Rico Arzate, a quien el agente del Ministerio Público Federal permitió retirarse de inmediato cuando se identificó, sin tomársele declaración ministerial. El ciudadano delegado puso a su disposición un vehículo con la finalidad de facilitar su traslado al punto que el señor diputado decidiera.
Cabe señalar que del informe enviado por la delegación estatal de Michoacán se manifiesta que en todo momento hubo por parte de esta Procuraduría General de la República un respeto absoluto hacia el fuero constitucional y las garantías del ciudadano diputado. De igual manera, fueron puestos en libertad tres personas que demostraron que al momento de la detención, su estancia en el lugar era casual y nada tenía que ver con el bloqueo al puerto referido.
En una segunda acción realizada ese mismo día, 7 de julio, la armada detuvo y puso a disposición del Ministerio Público Federal a 10 personas más, con lo cual ascendieron a 25 los presuntos responsables, cuya situación jurídica fue valorada por el fiscal federal, quien determinó lo siguiente:
a) Por lo que respecta al detenido Omar Pérez Cabrera, fue puesto a disposición del Consejo Tutelar, por ser menor de edad.
b) Las 24 personas restantes fueron consigna das ante el Juez Quinto de Distrito, con sede
en Uruapan, Michoacán, dictado auto de libertad a cinco personas que son: Roberto Cobarrubias Cisneros, Israel Núñez Zavala, Jesús Marban Cisneros, Manuel Pino Hernández y Adolfo Marban Marban.
c) Se dictó auto de formal prisión, por los delitos de motín y ataque a las vías generales de comunicación, sin derecho a salir bajo caución a: Irais Rosales Patiño, Casto García Cerna y Petronilo Reyes Palacios.
En estos tres casos la Procuraduría General de la República ejecutó órdenes de aprehensión libradas por averiguaciones previas iniciadas con anterioridad a los hechos suscitados el 2 de julio en el referido puerto, es decir, estas personas ya estaban sujetas a distintos procesos judiciales ante diversos juzgados federales.
Concretamente, a los señores Irais Rosales y Casto García Cerna se les ejecutó las órdenes de aprehensión libradas por el Juez Cuarto de Distrito, el día 23 de enero de 1993 y derivadas del proceso penal número 116/93, por los delitos de motín y ataques a las vías generales de comunicación.
Asimismo, a los señores Irais Rosales Patiño, Casto García Cerna y Petronilo Reyes Palacios se les ejecutó las órdenes de aprehensión obsequiadas el día 29 de mayo de 1993 por el Juez Quinto de Distrito y derivadas del proceso penal número 131/93, por el delito de motín.
d) A las 16 personas restantes se les dictó auto de formal prisión por el delito de ataques a las vías generales de comunicación, teniendo derecho a obtener libertad bajo fianza, misma que obtuvieron, a las 16.00 horas del día 14 de julio de 1993, después de que fue depositada la fianza de 400 nuevos pesos, pagada por el Gobierno del Estado, quedando como fiador carcelario el presidente municipal del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Ellos son: José Manuel Romero Maciel, Saúl Millán Ruiz, Juvenal Camacho Gómez, Pablo Rangel Cortés, Carlos Pineda Medrano, José Valdez Orozco, Procuro Méndez Serrano, Ernesto Cabrera Vargas, Adán Bejar Méndez, Hermenegildo Cabrera Valdez, Artemio Chávez Ramírez, Eduardo López Ruiz, Miguel Ángel Trujillo Urbina, Armando Navarrete Cadenas, Francisco Espíndola Hernández y Ramiro García Palacios.
Le manifiesto que esta Procuraduría considera que deben realizarse los dictámenes correspondientes y, si existen daños ecológicos, estos deben ser reparados mediante una justa indemnización a cargo de las empresas responsables o sus compañías aseguradoras y que se debe apoyar a los miembros de esas cooperativas pesqueras.
Asimismo, se entiende el malestar de los señores cooperativistas, pero no es posible tratar de ejercer un posible derecho, cometiendo delitos. Esta Procuraduría General de la República reitera que nadie está por encima de la Ley y que en un estado de derecho no es adminisible que nadie trate de hacerse justicia por propia mano.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle mi distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 14 de julio de 1993. - El Procurador General de la República, doctor Jorge Carpizo.»
Conforme a la solicitud formulada, remítase a la Presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.
PERMISOS CONSTITUCIONALES
El secretario diputado Juan Campos Vega:
«Primera Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: en oficios fechados el 5 de julio de 1993, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos María del Carmen Rábago Boschetti, Felipe de Jesús Corrales Mancilla, Ronaldo Xavier Villaseñor Montiel, Verónica Orozco Ortiz, Alfonso Parra Geraldo, Juan Julián Estrada Navarro y Ricardo Hernández Palacios, puedan prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México, Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua y Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California, respectivamente.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 21 de julio, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán a la Embajada de los Estados Unidos de América, en México; Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua y Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California, serán de carácter administrativo;
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana María del Carmen Rábago Boschetti, para que pueda prestar servicios como asistente de contabilidad, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano Felipe de Jesús Corrales Mancilla, para que pueda prestar servicios como asistente de contabilidad, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Artículo tercero. Se concede permiso al ciudadano Ronaldo Xavier Villaseñor Montiel, para que pueda prestar servicios como asistente de contabilidad, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Artículo cuarto. Se concede permiso a la ciudadana Verónica Orozco Ortiz, para que pueda prestar servicios como empleada consular, en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Artículo quinto. Se concede permiso al ciudadano Alfonso Parra Geraldo, para que pueda prestar servicios como encargado de identificación, en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América, en Tijuana Baja California.
Artículo sexto. Se concede permiso al ciudadano Juan Julián Estrada Navarro, para que pueda prestar servicios como supervisor en detección, en el programa de la mosca mexicana de la fruta, en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América, en Tijuana, Baja California.
Artículo séptimo. Se concede permiso al ciudadano Ricardo Hernández Palacios, para que pueda prestar servicios como supervisor en detección, en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América, en Tijuana, Baja California.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, D.F., a 23 de julio de 1993. Senadores: Alfonso Martínez Domínguez, Presidente; Netzahualcóyotl de la Vega García, Roberto Robles Garnica, Ángel Sergio Guerrero Mier, Ricardo Monreal Ávila y diputados: Diego Fernández de Cevallos, secretario, Pedro Ojeda Paullada, Juan Moisés Calleja García, María Esther Scherman Leaño, Cecilia Soto González y Alberto Carrillo Armenta.»
Es de primera lectura.
ESTADO DE YUCATÁN
El secretario senador Antonio Melgar Aranda:
«Honorable Congreso de la Unión. - Ciudadano Presidente de la República.
Los que abajo firmamos, pensionistas y trabajadores al servicio del Gobierno Federal, manifestamos a ustedes nuestra más enérgica protesta por el cambio del tercer párrafo del artículo 57 de la Ley del ISSSTE que recientemente aprobó ese Congreso a iniciativa del Ejecutivo Federal.
Supeditar los aumentos de las pensiones a los porcentajes en que se incremente el salario mínimo general del Distrito Federal, no sólo no es lo que hemos demandado de ustedes, sino que representa una reforma totalmente opuesta a nuestras aspiraciones de contar con pensiones dignas y suficientes.
Demandamos la reparación de la injusticia legal cometida contra nosotros, restituyendo el párrafo tercero aludido, tal como estaba redactado.
Atentamente
Mérida, Yucatán, junio 9 de 1993. Rúbricas.»
Túrnese a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL; CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL; LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
El Presidente:
Se concede la palabra al diputado Cristóbal Arias.
El diputado Cristóbal Arias Solís:
Señor Presidente; señores diputados y senadores:
En nombre de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, abordamos esta tribuna para hacer referencia a un asunto de interés nacional que consideramos que involucra a amplios sectores de la población, especialmente a aquellos de escasos recursos que hoy se ven seriamente amenazados y afectados por las recientes reformas, erogaciones y modificaciones a diversas disposiciones legales al Código Civil de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, a la Ley Federal de Protección al Consumidor, que se ha dado en denominar como: Ley Inquilinaria, sin realmente corresponder a esta denominación y que ha traído como consecuencia el rechazo enérgico a través de distintas protestas y manifestaciones, no únicamente de agrupaciones sociales, sino que también en el seno del Congreso de la Unión.
Particularmente de la Cámara de Diputados, fue objeto de serios cuestionamientos la iniciativa del Jefe del poder Ejecutivo que en forma apresurada y violentando, incluso, los procedimientos reglamentarios que rigen el quehacer legislativo de dicha Cámara, fue aprobada apresuradamente y desde el punto de vista de nuestra fracción, como de otros legisladores que así se expresaron, se hizo en forma irregular como se dio cuenta la opinión pública, en una sesión tormentosa de la Cámara de Diputados, en la que se mostró más que la flexibilidad, la dureza y la inflexibilidad de quienes sin corresponder al espíritu plural que se da en la Cámara de Diputados, en ningún momento estuvieron dispuestos a ceder o a acceder, reconociendo que se habían cometido graves y serias violaciones al Reglamento del Congreso de la Unión.
Consta ya, no únicamente en el Diario de los Debates de la Cámara, que como se quiso evitar en aquella ocasión, con la desafortunada intervención de un legislador del Partido Revolucionario Institucional, no podían acallarse las voces de la inconformidad por la forma en que se ha venido legislando y particularmente en relación con tan trascendental iniciativa en la que hubo una fuerte oposición.
Difícilmente podrían acallarse las voces independientes, porque no pueden éstas encerrarse en un recinto legislativo, cuando buscando entrar a él, a un recinto que no es del Estado ni propiedad de los legisladores, sino que es del pueblo y como lo establece la ley, el derecho, de que donde se hacen las leyes, donde se aprueban las leyes que van a afectar la esfera de los ciudadanos, se tiene el derecho irrenunciable de estar presentes.
Y aquí, en esa ocasión, se cerraron las puertas y se le negó acceso al pueblo para que escuche a quienes los representan en las distintas organizaciones políticas que están presentes en el quehacer legislativo.
Pero más allá de ese bochornoso acto que deja un mal precedente a esta legislatura, lo más importante es las reacciones que se han estado presentando a través de distintos medios de comunicación, de distintos sectores de la vida de nuestro país, de inquilinos, de organizaciones sociales, de intelectuales, de urbanistas, de ecologistas, de profesionistas, que han expresado el rechazo a la aprobación de estas disposiciones legales.
Por una parte, porque como ha sido ya una costumbre inveterada en el actual régimen, al enviar las iniciativas del Poder Ejecutivo sabiendo de que cuenta con la mayoría en las cámaras, se ha buscado en todo momento que éstas se aprueben, sobre todo en aquellos casos en los que son sobre aspectos fundamentales que rigen la Constitución de la República y de otras leyes no menos importantes, en que sin abrirse a una discusión que rebase más allá de las propias comisiones que están contempladas en la ley orgánica del Congreso de la Unión, se ha propuesto inútilmente, de dentro y de fuera de estos recintos legislativos, que en aquellos casos por la trascendencia y la gravedad de lo que puede repercutir en dichas iniciativas, se abran a una mayor discusión, tanto en las comisiones como se abran foros de discusión en que se involucren y participen los distintos sectores interesados en emitir su opinión.
Legislar modernamente significaría entonces que los recintos parlamentarios se abrieran al pueblo de México, para que la sociedad organizada, para que los organismos independientes pudiesen también emitir opiniones que vinieran a enriquecer el debate en las cámaras, el análisis y discusión en las comisiones, lo que no se ha hecho, lo que se ha evitado y cuando se ha tratado de cubrir las formas como lo registramos en aquella Iniciativa de Reformas al artículo 27 de la Constitución General de la República, se hacen mascaradas de debates y mascaradas de consultas que no satisfacen a nadie y ponen en ridículo a quienes las organizan.
Estamos ante un caso semejante, ante una situación que es grave no únicamente para los habitantes de la urbe más poblada y contaminada, por cierto, del mundo, como es esta ciudad capital de la República, que ha sido el espejismo de millones y millones de mexicanos que ante la carencia de oportunidades para mejorar y elevar la calidad y el nivel de su vida, han dejado otros centros de población rural y urbano para trasladarse a esta capital en busca de la oportunidad de una vida mejor, de una vida más digna y han encontrado aquí que no es ni el espejismo que creyeron ver que se iba a hacer realidad, sino que han encontrado una ciudad compleja en todos los órdenes de la vida.
Han venido aquí a formar los cinturones de miseria más grandes del país, el hacinamiento en una ciudad caótica que creció anárquica y caóticamente, sin ningún orden, sin ninguna planeación y que hoy estamos todos padeciendo quienes tenemos que estar en esta gran capital, estamos pagando el precio de la falta de una política de planeación en el desarrollo y en el crecimiento de esta ciudad, de sus servicios, en esta ciudad que ha devorado y sigue devorando la mayor parte de los recursos económicos del contribuyente, la mayor parte de los recursos económicos que genera el pueblo, a través de los que han sido los bienes de la nación.
Aquí se asientan entonces millones también de desempleados, millones de mexicanos subempleados, que no tienen los más elementales bienes para llevar una vida con decoro y con dignidad y entre ellos el que se pueda hacer realidad el ideal consagrado en la Constitución General de la República, en el artículo 4o., que se refiere al derecho de toda la familia mexicana, de todo el pueblo mexicano, de tener una vivienda digna y decorosa.
Por eso, estas reformas que hoy encuentran un rechazo en la sociedad civil y que también nosotros como legisladores nos hacemos eco de ellas, porque amenazan la de por sí precaria situación en que se encuentran no únicamente los millones de mexicanos que carecen de vivienda propia y que viven en viviendas alquiladas en malas condiciones, sino que va más allá aun de aquellos que tienen un poco de mayor ingreso, pero a los que también les repercuten estas disposiciones.
No ha habido entonces una política en materia inquilinaria integral, no únicamente para el Distrito Federal, sino para todos los estados y para toda la República en general. Ha habido un estado realmente de indefensión en el que se han venido encontrando estos mexicanos que carecen de vivienda y que hoy ven restringidos sus derechos con reformas regresivas en las que se trata de dar un tratamiento de iguales a quienes sabemos que son totalmente desiguales y que ha aumentado más la brecha de desigualdad económica y social en esta última década en que se han agudizado los problemas económicos y sociales del pueblo.
Se aumenta esta brecha entre desiguales, ahora jurídicamente, con estas disposiciones que de entrar en vigor y que de llegar a extenderse, posteriormente, con la imitación extralógica que caracteriza a los gobiernos locales cuando siguen todas las pautas y las líneas que se hacen por el Gobierno central, inmediatamente buscan aplicar o hacerlas iguales en sus estados en la esfera de su competencia.
La experiencia recogida durante estos últimos años nos muestra que el Gobierno, que el Estado mexicano no ha tenido una política clara, de apoyo y de estímulo para resolver el problema de la vivienda y de los edificios.
Ciertamente se han creado algunas instituciones derivadas de la creación de disposiciones legales que han buscado atacar y afrontar, pero aislada y dispersamente, el problema de la vivienda, más que para renta de vivienda, para compra por parte de determinados grupos específicos de la sociedad, como es el caso de los burócratas, en el caso de instituciones como el Fovissste, de organismos de apoyo y de estímulo para las viviendas de carácter y fraccionamientos populares como el Fonhapo, por mencionar algunos.
Pero no se conoce una política clara y una institución o una Secretaría que específicamente tenga los suficientes recursos para ir buscando abatir el déficit que afecta a millones de mexicanos
que carecen de vivienda propia y que no tienen tampoco los medios para la renta de las mismas y, ante esa situación, han quedado en un estado francamente de abandono todos estos millones de mexicanos que hoy, aquí en la misma Ciudad de México, empiezan muchos de ellos a manifestarse abiertamente en la vía pública, como estamos enterados que el día de hoy lo están haciendo varias organizaciones tratando de llegar a la residencia oficial de Los Pinos para hacer entrega de un documento que contiene su rechazo, su protesta enérgica contra estas disposiciones aprobadas apresuradamente por el Congreso de la Unión.
Los inconvenientes más importantes entonces, de estas supuestas reformas inquilinarias, consisten desde nuestro punto de vista, en que no se sustentan en criterios de justicia social; sólo favorecen realmente a los propietarios y perjudican más a los inquilinos.
Generaran seguramente mayor inflación, al permitir los aumentos indiscriminados de los costos de alquiler habitacional, que repercutirá de manera negativa en la población trabajadora que percibe salarios congelados, como es del conocimiento de todos.
Propiciarán la expulsión de la población de las zonas centrales de las metrópolis, hacia las áreas conurbadas, por medio del descongelamiento de las rentas y la desregulación. Así, incidirán en el agravamiento de las crisis de las grandes metrópolis de nuestro país, al seguir permitiendo un crecimiento anárquico en las periferias, en detrimento del medio ambiente y al aumentar los costos de la dotación de infraestructura urbana.
Asimismo, no lograrán el objetivo que las motiva, de incrementar la oferta de vivienda en renta debido a que el gran capital no invertirá en este tipo de vivienda por no obtener los altos rendimientos que persigue, como ya lo han anunciado y declarado algunos empresarios.
Para incrementar la oferta se requiere no sólo de la Ley Inquilinaria, que no existe, sino de un verdadero paquete de incentivos y de la revisión de las políticas de vivienda que se han venido aplicando durante estos últimos años.
Tienen, insistimos, un carácter antidemocrático, porque reiteramos que son producto de decisiones impuestas de manera apresurada por las dinámicas de las contradicciones internas del partido de Estado en la sucesión presidencial, sin importar las graves consecuencias que genere sobre los inquilinos.
Además de violentar los procedimientos de consulta y análisis a que nos referíamos, el debate y aprobación por el Congreso de la Unión y por no tomar en cuenta a los demás sectores de la población, van a generar mayor tensión social, la que ya empieza a darse en las justas protestas de inconformidad de las organizaciones sociales urbanas.
Las llamadas reformas inquilinarias son violatorias de los artículos 4o., 13, 16, 27 y 28 constitucionales. De este modo, se debe buscar restituir los derechos de los inquilinos a una vivienda digna, a restablecer la seguridad en tiempo de arrendamiento, el derecho de prórroga, a implementar mecanismos de regulación y control de las rentas y de las condiciones de habitabilidad y de higiene que no se dan.
Quiero, en nombre de nuestra fracción y de quienes integramos la representación en esta Comisión Permanente, presentar una iniciativa de decreto a esta Asamblea:
«Sede de la Cámara de Diputados, a 28 de julio de 1993.
Secretarios de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Presentes.
En las postrimerías del más reciente período ordinario de sesiones de la LV Legislatura, el honorable Congreso de la Unión discutió y aprobó un decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia Federal; Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y Ley Federal de Protección al Consumidor.
Este decreto, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de julio del año en curso, transforma de manera sustancial el marco normativo que rige el arrendamiento de bienes inmuebles para habitación en el Distrito Federal.
Diversas organizaciones sociales, urbanistas, funcionarios públicos y abogados, han señalado los inconvenientes de dicho decreto, cuyos efectos sociales se estima que serán perjudiciales para quienes careciendo de casa propia, se ven en la necesidad de alquilar un lugar dónde vivir.
Uno de estos efectos, el más grave quizá, es que los arrendatarios de habitaciones no tendrán garantizada una estancia legal razonable para establecer su residencia; por el contrario, se verán amenazados por el desalojo forzoso, cuyo trámite es facilitado y acelerado por los cambios que introduce el mencionado decreto.
La práctica de los desalojos forzosos es incompatible con el derecho a la vivienda y está considerada por la Organización de Naciones las Unidas como una violación patente a los derechos humanos.
El decreto a que hacemos referencia, no fue producto de una investigación seria y responsable por parte de los conocedores de la materia, ni tampoco surgió de un consenso o reclamo popular; está motivado en consideraciones subjetivas que dan por buena y justa sin más a la ley de la oferta y la demanda y al principio liberal de que la voluntad de las partes es la suprema ley de los contratos.
Frente a estas ideas es preciso volver a la exposición de motivos de nuestro actual Código Civil de 1928, para hacer ver, una vez más, el abandono de los principios revolucionarios en que se fundó el Estado mexicano contemporáneo. Dice la exposición de motivos:
"La célebre fórmula de la escuela liberal, dejar hacer, dejar pasar, es completamente inadecuada para resolver los importantísimos y complejos problemas que a diario se presentan en la vida contemporánea.
La idea de solidaridad arraiga cada vez más en las conciencias y encauza por nuevos derroteros las ideas de libertad y de igualdad.
En nombre de la libertad de contratación han sido inicuamente explotadas las clases humildes y con una declaración teórica de igualdad, se quiso borrar las diferencias que la naturaleza, la educación, una desigual distribución de la riqueza etcétera, mantienen entre los componentes de la sociedad.
Es preciso socializar el derecho, porque como dice un publicista, una socialización del derecho será un coeficiente indispensable de la socialización de todas las otras actividades en oposición con el individuo egoísta, haciendo nacer así un tipo de hombre más elevado, el hombre social. Socializar el derecho significa extender la esfera del derecho del rico al pobre, del propietario al trabajador, del industrial al asalariado, del hombre a la mujer, sin ninguna restricción ni exclusivismo, pero es preciso que el derecho no constituya un privilegio o un medio de dominación de una clase sobre otra."
Por esto, el pensamiento capital que forma el Código Civil, puede expresarse brevemente en los siguientes términos: armonizar los intereses individuales con los sociales, corrigiendo el exceso del individualismo que impera en el Código Civil de 1884.
La doctrina orientadora del libro relativo a las obligaciones, es preciso recordarla; sustituye el principio fundamental de la autonomía de la persona para obligarse y disponer de sus bienes como mejor le parezca, por una norma menos metafísica e individualista, cual es la sujeción de la actividad humana a los imperativos ineludibles de interdependencia y solidaridad social, guiados por la división del trabajo y comunidad de necesidad.
Inspirado en motivos meramente mercantilistas, reengendrados en las altas oficinas de la Secretaría de Hacienda y en las alcobas de Los Pinos, el decreto materia de esta iniciativa no estimulará, como se afirma, la oferta de habitación en renta, sino el esquilmo del inquilino por el casero.
Existen diversos enfoques sobre las soluciones que pueden darse a las necesidades de vivienda de los habitantes del Distrito Federal, por lo que es necesario concitar la participación social de las instituciones educativas, urbanistas, personas y grupos afectados por este decreto, para tomar las medidas legislativas y políticas encaminadas a reducir las prácticas de los desalojos forzosos y conceder seguridad legal en el uso de una habitación rentada.
Mientras esto es posible, el honorable Congreso de la Unión puede disponer la suspensión indefinida de la vigencia del decreto en cuestión, que está previsto entrará en vigor a los 90 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
En virtud de lo expuesto y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de la honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa de decreto que reforma el artículo primero transitorio del diverso por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Civil para
el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal, Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y Ley Federal de Protección al Consumidor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de julio de 1993.
Artículo único. Se reforma el artículo primero transitorio, el diverso por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal, Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y Ley Federal de Protección del Consumidor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de julio de 1993, para quedar como sigue:
"Primero. Se suspende indefinidamente la entrada en vigor del presente decreto, mientras el honorable Congreso de la Unión reexamina las medidas legislativas que deben tomarse en esta materia, para hacer compatible la normatividad del arrendamiento de casas habitación con el derecho a la vivienda.
Transitorio único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
En consecuencia, señores legisladores, con base en la fracción III del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne la presente iniciativa a las comisiones unidas de Vivienda, Derechos Humanos y del Distrito Federal de la Cámara de Diputados, para que la dictaminen en el término reglamentario.
Diputados: Cristóbal Arias, Francisco Saucedo, Eloy Vázquez, senador Roberto Robles Garnica, diputada Patricia Ruiz Anchondo.» Muchas gracias.
El Presidente:
Se concede la palabra para este tema al diputado Juan Campos Vega.
El diputado Juan Gualberto Campos Vega:
Con su permiso, señor Presidente; compañeros legisladores:
He pedido el uso de la palabra en torno a este tema de la vivienda, de la vivienda en renta, para hacer algunos comentarios no tanto al procedimiento que se siguió en la Cámara de Diputados para la aprobación de la iniciativa correspondiente, sino fundamentalmente los criterios que el Partido Popular Socialista tiene, en torno a este problema.
A juicio nuestro, esta propuesta está en el marco de la política neoliberal que aplica este Gobierno. No es una cuestión aislada.
El problema de la vivienda no es, por cierto, un problema nuevo en nuestro país, pero es verdad que éste se ha ido agudizando con el tiempo.
El Partido Popular Socialista, cuando se propuso incluir en el artículo 4o. de la Constitución, el derecho de toda familia a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, dio su mayor esfuerzo porque estamos convencidos de que éste es uno de los problemas que laceran más la economía del pueblo trabajador.
Y nos pareció muy adecuado que en ese artículo constitucional se estableciera claramente que sería la Ley la que iba a establecer los instrumentos y apoyos necesarios, para alcanzar ese objetivo que ha perseguido, sin alcanzarlo por cierto, el pueblo mexicano.
En el año de 1983, en el marco de un conjunto de ordenamientos vinculados al tema, el Congreso de la Unión aprobó una Ley Federal de Vivienda. Nosotros esperábamos que esta Ley, como lo señala el artículo 4o., encontrara los instrumentos y los apoyos necesarios para dar solución a este problema, o cuando menos para iniciar un proceso con vistas a una solución definitiva de este problema.
Dijimos en aquella ocasión que había cuestiones positivas en este ordenamiento jurídico, con aquella creación de las reservas territoriales que tenían el sano interés de sacar de la especulación los terrenos circundantes, sobre todo de las grandes ciudades de nuestro país.
Nos pareció sumamente positivo que en esta labor tuvieran una presencia importante los ayuntamientos, porque ellos viven de cerca el problema que genera el crecimiento anárquico de nuestras grandes urbes.
Sin embargo, en aquella ocasión se produjeron múltiples presiones de la iniciativa privada, particularmente de algún sector de la Canacintra,
para establecer una serie de mecanismos que impidieran, por ejemplo, que los materiales de construcción estuvieran en situación accesible para toda la población.
Y esto lo quiero mencionar, porque los fundamentos de esta Ley Federal de Vivienda son muy semejantes a la escuadra federal, con este conjunto de reformas a distintos ordenamientos.
Se dijo en aquella ocasión que era necesario dar estímulos a la iniciativa privada, para subsanar el gran déficit de vivienda en nuestro país y a nosotros nos llamó mucho la atención que el mecanismo, entre otras cosas, implicaba que esos terrenos, que ahora son reservas territoriales que se habían sustraído del fundo legal o de los ejidos circundantes de las grandes ciudades, se le iban a proporcionar a los constructores de vivienda, no se les iban a obsequiar, pero se les iban a facilitar para el procedimiento.
En esta época aún la banca se encontraba en manos del Gobierno y nos llamaba también la atención que se iba a utilizar crédito de la banca en manos del Gobierno, para dárselos a las constructoras, para que iniciaran ese proceso de construcción de viviendas; se les iban a dar terrenos, facilidades, recursos y, nosotros preguntábamos: si todo eso se tiene, ¿por qué no directamente el Gobierno intensifica la construcción de viviendas, si él tiene el control de todos estos recursos importantes y no se le da a los de la iniciativa privada para que especulen? Y creo que en aquella ocasión recordábamos algunos mecanismos fuera de la ley a través de los cuales las compañías constructoras de vivienda obtenían ganancias exorbitantes al sólo inicio de la venta de estas casas - habitación.
Se dijo que ése era el camino para resolver el problema de la falta de viviendas, estamos a 10 años y el tiempo ha demostrado que ni los estímulos ni las facilidades a los constructores de vivienda, han resuelto siquiera en parte este grave problema.
Pero además, sin dejar de reconocer que en cierta etapa el Gobierno mexicano, a través de una serie de instituciones como el Infonavit, el Fovissste, el Fonhapo y otras, ha realizado importantes labores en pro de este problema, desde siempre la vivienda ha estado destinada no a los sectores de escasos recursos; se ha requerido siempre que quien quiera adquirir una vivienda gane más de cuatro, cinco, seis salarios mínimos para que pueda tener acceso a ellas.
Y ya mencionábamos en la sesión anterior que un importante porcentaje de mexicanos que trabajan, ochenta y tantos por ciento, perciben menos de tres salarios mínimos; quiere decir que la mayoría de los trabajadores estaban al margen o están al margen de los beneficios de esta política de vivienda del Gobierno Federal.
En contrapartida, el Partido Popular Socialista propuso siempre que el Gobierno debiera intensificar e incrementar su oferta de vivienda en renta baja para los trabajadores, que había experiencias de parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, que había que tomar en cuenta, que había que analizar para hacerle los ajustes necesarios, porque en aquella época la inflación generó una serie de problemas que ya no se podían resolver, pero que con esa experiencia podría preverse un programa de construcción de vivienda en renta precisamente para los sectores de escasos recursos.
Hoy la situación económica de los trabajadores se ha agudizado. Hoy es más difícil para el pueblo acceder a una vivienda digna y decorosa, porque si nos fuéramos a las estadísticas que maneja el INEGI, veremos un alto porcentaje de ellas que carecen de cuestiones fundamentales, de los servicios indispensables que la hagan una vivienda verdaderamente digna y decorosa.
Este problema es evidente que afecta en mayor medida a los habitantes de las grandes ciudades, a las zonas urbanas más desarrolladas que a la zona rural de nuestro país, el problema de la vivienda en renta y particularmente al Distrito Federal.
En el Distrito Federal hay, según los datos del Censo de 1990, cerca de un millón de viviendas en renta, más del 51% de las viviendas que existen en el país, según el Censo de 1990, 917 mil 658, 51.28% y, el número de ocupantes de estas viviendas es 3 millones 619 mil 664, que abarca un porcentaje de habitantes del 44.33%. Es de todo el país el que más problemas refleja en este aspecto. Pudiera haber algunos cambios en estos tres años, yo realmente lo dudo, pero en todo caso serían mínimos, no irían al fondo de este problema que hoy nos ocupa.
¿Qué es lo que va a suceder con esta legislación mal llamada Ley Inquilinaria? Que de nueva cuenta los empresarios constructores de vivienda van a aprovechar las facilidades que se les presenten para construir vivienda, pero no va a ser para destinarlas a los sectores de escasos
recursos, sino va a ser otra vez para designar a aquellos sectores que estén en posibilidades de pagarles y de proporcionarles grandes ganancias.
Esta reforma inquilinaria, lo hemos dicho en otra ocasión y no lo voy a repetir ahora, pone en un estado de indefensión al inquilino respecto del arrendador, facilita los mecanismos para que el dueño de la vivienda pueda imponer su voluntad de una manera fácil frente a los intereses de la gran mayoría de nuestro pueblo, particularmente de los trabajadores.
Por eso nosotros, que no participamos en el debate porque no estuvimos de acuerdo en el procedimiento, expresamos públicamente nuestra oposición a este conjunto de reformas, a un conjunto de disposiciones que afectan los intereses de los trabajadores.
¿Cuáles son a juicio del Partido Popular Socialista los elementos que pudieran realmente contribuir a contrarrestar este fenómeno y a oponerlo a este planteamiento, a este procedimiento legislativo que nos llevó a una legislación antipopular? Nosotros estamos en contra de que se deje al libre juego de la oferta y la demanda el problema de la vivienda en renta, consideramos que no es posible considerar como iguales al dueño de la vivienda que tiene el bien, que tiene muchas personas interesadas en alquilársela, compararlo con un trabajador, que tiene escasos recursos e inclusive múltiples dificultades de carácter administrativo y de todo tipo para poder acceder a esa vivienda.
Y por ello hemos planteado siempre que este aspecto debiera salir del Código Civil, que debiera legislarse de manera particular y crear una Ley Inquilinaria. Hemos dicho también que en lugar de que se haya marginado a la Procuraduría Federal del Consumidor de este proceso para proteger a los inquilinos, se debiera crear una Procuraduría Especial, precisamente la de Defensa del Inquilino, que fuera la que tuviera a su cuidado la defensa del inquilino, que es la parte desprotegida de esta relación contractual.
Por ello, el Partido Popular Socialista cree conveniente en primer lugar, que estas reformas que se han hecho a los ordenamientos ya mencionados en esta tribuna, no entren en vigor; nosotros estamos de acuerdo en que esto no debe de entrar en vigor, lesiona terriblemente los intereses de las masas populares del Distrito Federal, particularmente de los trabajadores. Pero pensamos que además de esa decisión, debiera legislarse de manera particular en materia inquilinaria, crear una Ley Inquilinaria que realmente proteja los intereses de los desposeídos, que se cree esa procuraduría del inquilino y, además, creemos que debe ser el Gobierno, el Gobierno Federal, el Departamento del Distrito Federal, el que impulse programas populares de vivienda destinados a la venta y a la renta para los trabajadores de escasos recursos. Muchas gracias.
El Presidente:
Para este mismo tema, se concede el uso de la palabra al diputado Alberto Carrillo Armenta.
El diputado Alberto Marcos Carrillo Armenta:
Señor Presidente; señores legisladores:
Frente al debate reabierto el día de hoy con respecto a las reformas al Código Civil, el Código de Procedimientos Civiles y a la Ley de Protección al Consumidor, a 80 días de que estas modificaciones entren en vigencia, quiero a nombre de mi partido reiterar, reafirmar la posición que en su momento mantuvimos frente a este debate.
En primer lugar, reconocemos un hecho obvio, que es el que motiva las reformas: la necesidad de captar inversión que permita construir una mayor oferta de vivienda de renta. Es un hecho que si se mantiene como ahora, bajo el nivel de oferta, se agranda a pasos agigantados un déficit y en consecuencia se provoca a futuro un problema social de enorme magnitud.
Poca construcción de vivienda propia se advierte y poca o menos aún construcción de vivienda para ofrecerla en renta, una demanda social cada día mayor y un reclamo de un uso cada día más eficiente de la infraestructura y del equipamiento urbano. Es obvio, pues, que con esta ley el Gobierno busca estimular la construcción de vivienda de renta otorgando garantías a los inversionistas y, sobre todo, expectativas de seguridad.
Esto ha sido una política del sexenio en muchas áreas de la actividad económica y en muchos casos esta estrategia del Gobierno ha sido avalada por nuestro partido, sólo que en este caso las garantías al inversionista son totalmente excesivas en perjuicio del inquilino y salidas de
toda proporción. Se deja al inquilino en un grado de indefensión casi total frente a abusos posibles en materia de incremento de rentas y sin recursos frente a los desalojos.
Aun cuando en lo fundamental las reformas efectuadas contemplan medidas para agilizar los procedimientos litigosos en materia de arrendamiento, esta agilización de manera definitiva atenta contra los derechos de los inquilinos e insisto, los deja o los coloca en un estado de indefensión jurídica en beneficio obviamente del arrendador.
En aras de agilizar el proceso litigoso, se establecen medidas que sólo benefician al arrendador dentro de una relación donde el arrendatario se encuentra en un estado de indefensión y de necesidad frente al arrendador.
Dentro del Código Civil, consideramos lesivas el haber eliminado la disposición de formalización de ciertos contratos que producen inseguridad jurídica para ambas partes, incluso al reducir el valor probatorio de los contratos de arrendamiento.
Hemos señalado diversas disposiciones lesivas en relación de los plazos que en esta materia las reformas establecen, una considerable reducción respecto al plazo con que contará una vez notificado el arrendatario para desalojar el inmueble, ya que de dos meses que se establecía antes de las reformas, se disminuye a 15 días de plazo para dar aviso por terminado un arrendamiento.
Consideramos que el aviso de la voluntad de dar por terminado un arrendamiento con sólo 15 días de anticipación es absurdo, aberrante e, insistimos, deja en un estado de incertidumbre total a los arrendatarios, lo que en consecuencia provocará sin duda graves problemas en la habitación del Distrito Federal y en el caso de otras metrópolis que adopten este mismo tipo de legislación.
Indudablemente las reformas se orientan a agilizar el proceso de desahucio de vivienda, con el fin de crear mayor oferta de vivienda para arrendamiento de la misma, pero otra vez dejando totalmente a los arrendatarios en estado de indefensión jurídica frente a los arrendadores.
No hay que olvidar que el problema de vivienda es de carácter social y de interés público. La reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor en su artículo 73 suprimiendo la competencia de la Procuraduría Federal del Consumidor en materia de arrendamiento inmobiliario de casas - habitación en el Distrito Federal, también atenta gravemente contra los derechos de protección que anteriormente otorgaba la ley al arrendatario, colocándolo también en una situación de incertidumbre que no puede permitirse.
Frente a esta ley es obvio que se acrecienta la necesidad de la organización inquilinaria, para compensar, con la organización, la lesión o lesiones mayores a inquilinos por abusos que incluso esta ley tolera puede propiciar.
La ley tal como está aprobada, provoca o puede provocar efectos contrarios a sus propósitos iniciales, incluso agudizar los problemas sociales, los problemas de asentamientos irregulares, acelerar el incremento de los desalojos que ahora son de 30 diarios en promedio etcétera.
Nosotros consideramos y así lo argumentamos en su momento en el debate de las reformas mencionadas, en primer lugar que era muy apresurado discutir la iniciativa que en comisiones correspondiente, no había sido discutida suficientemente y, en segundo lugar, que los efectos de la iniciativa perjudicarían considerablemente a los arrendatarios que constituían una acción totalmente impopular que así ha quedado manifiesta por la resistencia mostrada por los inquilinos.
De instrumentarse estas modificaciones al Código Civil y otros ordenamientos, se estaría provocando una situación de excepción en la que los inquilinos se enfrentarían a la ley y esa resistencia provocaría aun mayores problemas.
Consideramos que es importante que se haga una revisión exhaustiva de las reformas aprobadas el día 12 de julio y que se hagan modificaciones pertinentes.
No sería el primer caso ni el último, en que se hagan modificaciones inmediatas para que no se genere un problema sobre otro, que no ha podido ser solucionado. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra para este asunto, el diputado Eloy Vázquez López.
El diputado Eloy Vázquez López:
Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
Quiero llamar la atención en este momento, a que 40 organizaciones del Movimiento Urbano Popular han realizado una manifestación rumbo a Los Pinos. Su pretensión era hablar con el Titular del Ejecutivo, quien ha hecho ofrecimientos de diálogo a todas las fuerzas políticas y sociales de este país.
La respuesta que tuvieron este conjunto de mexicanos que no tienen la característica de formar parte de las corporaciones oficiales, fue la tradicional respuesta que puede dar un sistema cuyo autoritarismo resulta ya ofensivo para la población.
Desde luego que no fueron recibidos por el señor Presidente de la República, no estaban considerados en la agenda, como no han estado considerados ni ellos ni los inquilinos que resultarán afectados por esta ley que hoy se comenta, no han estado agendados en las preocupaciones del partido oficial.
Fueron recibidos por la fuerza pública; desde luego que se utilizaron las presiones y los mecanismos acostumbrados para desalentar el derecho, el ejercicio del derecho de manifestación y de expresión en este país.
Ignoramos si los incidentes hayan tenido resultados que podríamos lamentar; pero sí sabemos que el trato que recibieron, fue contrastante con la cortesía que se ha planteado atribuir al Ejecutivo Federal en estos últimos días.
Tal cerrazón tiene qué ver con un hecho: el Partido Revolucionario Institucional y su jefe político, no tienen todavía en este momento, una respuesta precisa a la protesta ciudadana en torno a la ley que tan arbitrariamente se aprobó, violando toda la normatividad de la Cámara de Diputados en este mismo recinto donde nos encontramos y, no tienen respuesta porque no es una ley, no son disposiciones legales que tengan asidero, para poder darle una imagen propagandística que le dé popularidad y que le genere votos al Presidente de la República y a su partido.
Si fuera así, estoy seguro que hubiera hecho lo mismo que con la Selección Nacional y se hubiera retratado con los dirigentes del Movimiento Urbano Popular.
Me extraña que el Partido Revolucionario Institucional no haya subido a esta tribuna a rebatir los argumentos que mi compañero Cristóbal Arias vertió. Me extraña porque estamos planteando la posibilidad de establecer un sistema democrático y de confrontación de ideas. Pero no me extraña en el sentido concreto de que esta ley es "una piedra en el zapato" para el partido oficial y lo será a medida que avance la "bola de nieve" y tendrá repercusiones expresas en la sucesión presidencial.
De hecho, el surgimiento mismo de la iniciativa que en forma unilateral promovió una de las Secretarías de Estado, ya constituye un acontecimiento marcado por la sucesión presidencial. Se habla ya de "patadas debajo de la mesa", algunas "ya por encima de la misma mesa", muy visibles. Se generan leyes cuyos efectos tendrá que atacar otro frente que puede resultar afectado y cuya imagen se puede disminuir en el concurso de personalidades que significa este rejuego sucesorio que tenemos que vivir sexenalmente.
Quiero exhortar, como siempre lo haré, a que el Partido Revolucionario Institucional haga uso de esta tribuna y arriesgue las hipótesis y las propuestas. Sé que muchos priístas están inconformes con estas disposiciones legales. Los he escuchado y me lo han dicho en corrillos. Pero quiero escucharlos acá, en donde pueden decidirse cuestiones nodales que afecten en forma trascendente al pueblo mexicano. ¡Vengan aquí, señores priístas, debatamos abiertamente! ¿Es procedente que se suspenda la vigencia de esta ley o no? ¿Política, moralmente?
Esta ley es una ley impopular y puede tener para el Partido Revolucionario Institucional los mismos efectos que se expresaron en 1988, cuando en 1985 votaron en contra del decreto expropiatorio, que generó todo el problema de la vivienda en el Distrito Federal. Porque el problema de la vivienda en esta ciudad, que está precisamente sobrepoblada por el gran atractivo económico, político y cultural que representa, es un problema estructural; no es un problema de coyuntura. No es el problema de que vamos a ver qué hacemos con los inquilinos que tienen uno o dos ó 10 ó 20 años para taparles un rato la boca y mientras pasa la coyuntura sexenal! ¡Es el problema de un desarrollo urbano planificado y al mismo tiempo de derechos sociales consagrados por la Constitución!
Se trata de balancear ambas necesidades, se trata entonces de considerar que incluso las anteriores disposiciones en relación con los arrendamientos garantizaban al inquilino la posibilidad de ser protegido frente al dueño de la casa, al dueño del inmueble, porque precisamente se trataba de un contrato o se trata más bien de un contrato que no se establece entre iguales, tal como ya se mencionó acá; en el Decreto de 1928 se
establecía claramente que la relación entre un inquilino y un propietario no es una relación entre iguales; por el contrario, es una relación que debe ser protegida por la ley y debe existir un derecho social que proteja al inquilino, que proteja a la vivienda y haga congruente lo estipulado por la Constitución, con la realidad misma.
Sabemos que en la Constitución hay muchos derechos que están consagrados y sin embargo han sido negados por las leyes reglamentarias, el derecho a la información, el derecho a la vivienda, son derechos que se encuentran consagrados en la Constitución y conculcados en la práctica para el pueblo mexicano.
Hoy estamos a tiempo, hay condiciones para darle una nueva oportunidad al derecho social mexicano en materia de vivienda, podemos suspender la vigencia de esta Ley y generar una legislación en torno a la vivienda, por ejemplo que se comparezca de los consensos establecidos entre todos los que estamos aquí presentes, todas las fuerzas políticas en relación a la Ley de Asentamientos Humanos.
¿Por qué pudimos ponernos de acuerdo en cómo ordenar las ciudades y no, o se presupone, que no podemos ponernos de acuerdo en cómo ordenar la habitación? ¿Se cree que es imposible? Avancemos, tal vez podamos encontrar el consenso que balancee los intereses de todos, incluidas las grandes inmobiliarias, las cuales por cierto no queremos que desaparezcan, no queremos que desaparezcan los arrendatarios, nadie está planteando eso, tampoco queremos que el Estado se vuelva... perdón; arrendador o los grandes arrendadores, lo que queremos es que si van a existir oligopolios para el arrendamiento, si se van a propiciar las inversiones de nacionales y extranjeros, para eso que los derechos sociales de los inquilinos sean igualmente garantizados, eso es lo que queremos balancear.
Sabemos el espacio concreto en el que estamos actuando, no nos engañamos ni tenemos propuestas ni utopías; tenemos propuestas concretas para la realidad que pretende construir el Gobierno neoliberal que hoy ostenta el poder en México, tenemos propuestas para regular la irracionalidad de ese capitalismo que se está construyendo en México, esas propuestas que son rescatar un tanto el patrimonio del pueblo mexicano, sus derechos sociales y permitirle al pueblo de México actuar en ese marco; no estamos planteando nada más allá, tenemos propuestas y tenemos derecho a que se nos escuche. En ocasión de la aprobación de las disposiciones legales que aquí se comentan, este derecho se le negó a nuestra fracción parlamentaria a través de artificios y maniobras; queremos que las cosas se pongan sobre pie y que todas las fuerzas políticas discutamos con racionalidad, discutamos con serenidad, con sensatez y desde luego escuchando, convenciendo y dejándose convencer los argumentos de todos y podamos sacar una legislación de consenso en torno a las relaciones de arrendamiento y habitación en este país.
Que pudieran partir, quizá, de desarrollar en la misma Constitución, aspectos centrales qué tengan que ver con la vivienda y que puedan ser aplicados por las legislaturas locales, por la legislación federal y que sean un marco propicio para que las relaciones entre los inquilinos y entre los dueños de casas para habitar, se den en términos justos. Muchas gracias.
El Presidente:
Con apoyo en lo que dispone la fracción III del artículo 79 constitucional, túrnese a las comisiones de Vivienda y del Distrito Federal de la Cámara de Diputados; cúmplase además con lo que previene el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.
Tiene la palabra el senador Manuel Aguilera, para tratar lo referente a auditoría.
El senador Manuel Aguilera Gómez:
Con su permiso, señor Presidente; compañeros legisladores.
En rigor, acudo a esta tribuna no por aceptación a una invitación que se haya formulado a mi fracción para examinar el asunto de las reformas al Código Civil, sino en ejercicio del derecho que el Reglamento y mi condición de representante popular me confieren.
Aquí en esta tribuna, se ha traído el debate acerca de las consecuencias sociales de las reformas, adiciones y derogaciones de las diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y en toda la República en Materia Federal y del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y de la Ley Federal del Consumidor, que fueron aprobadas por el Congreso de la Unión hace dos semanas.
El argumento central de estas reformas legales, consistió en dar facilidades y seguridad a los inversionistas interesados en promover la vivienda
en renta. Este aliento a la vivienda en renta obedeció a la necesidad de aumentar la oferta de vivienda, con objeto de reducir el ritmo de crecimiento de las rentas, pues el subíndice de arrendamientos inmobiliarios ha crecido en los últimos ocho años, siete veces más rápido que el índice general de precios.
En este sentido, la evolución de las rentas se ha convertido en un factor de presión sobre los precios del conjunto de la economía; sin embargo, estas reformas nunca tuvieron el propósito de desproteger a los inquilinos, sino por el contrario, dejar claramente garantizados sus derechos y solamente implantar normas jurídicas precisas para las nuevas inversiones de inmuebles para el arrendamiento.
En el seno de ambas cámaras, han sido ampliamente debatidos el contenido y alcance de las reformas legales; no es por tanto sitio ni ocasión para reabrir un debate sobre asuntos que ya han sido analizados.
Lo que sí me parece fundamental, y ésta es la razón de mi presencia en esta tribuna, es plantear las diversas interpretaciones jurídicas que numerosos grupos de arrendatarios y voceros de opinión de intereses inmobiliarios, están pretendiendo dar a las reformas, interpretaciones que están provocando confusión entre inquilinos de la Ciudad de México, interpretaciones que sin lugar a dudas son contrarias al espíritu del legislador, son contrarias a las convicciones de quienes aprobamos esas reformas y son contrarias al propósito que las ha inspirado.
Me refiero concretamente al alcance de los artículos transitorios segundo y tercero del citado decreto.
El artículo segundo transitorio del decreto que aprobó el honorable Congreso de la Unión, dice a la letra: "Las disposiciones contenidas en el presente decreto, no serán aplicables a los contratos de arrendamiento celebrados con anterioridad a la entrada en vigor del mismo".
La aplicación de este precepto establece que no se aplicarán las nuevas normas legales a los contratos de arrendamiento celebrados con anterioridad al 21 de octubre de este año, fecha en que se cumplen los tres meses después de su promulgación, consignados en el citado decreto para entrar en vigor.
Así entendido, todos los inquilinos que han celebrado contratos de arrendamiento en vigor, tendrán en lo conducente el derecho a:
1. La prórroga de dos años a voluntad del inquilino.
A pagar sólo un incremento de la renta en un 85% del incremento porcentual fijado al salario mínimo general en el Distrito Federal, en el año en que el contrato se prorrogue.
A gozar el derecho del tanto en caso de la enajenación del inmueble que habita y a recibir un aviso del propietario, con dos meses de anticipación, relativo a la conclusión del contrato, cuando éste tuviese un plazo indeterminado.
Es decir, las nuevas disposiciones se aplicarían única y exclusivamente para los contratos que se celebren a partir del 21 de octubre en adelante y nunca serán aplicables para contratos vigentes hasta antes de esa fecha.
Esta aplicación no retroactiva, debe incluir, a nuestro juicio, las cuestiones procedimentales.
El artículo tercero transitorio de las reformas a que he aludido, estipula: "Los juicios y procedimientos judiciales o administrativos actualmente en trámite, se seguirán rigiendo por las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto.
En nuestra opinión, es claro que para los juicios instaurados con relación a los contratos celebrados hasta el 30 de octubre del año en curso, se seguirán respetando los procedimientos vigentes en el Código de Procedimientos Civiles, como son:
1. El derecho de los inquilinos a interponer el recurso de revocación, así como el de interponer todas las excepciones y ofrecer las pruebas que acrediten éstas, en la forma y términos previstos actualmente.
El derecho a que la apelación ordinaria tenga un carácter suspensivo y no sólo devolutivo, a efecto de que la falta de recursos para la fianza por parte del inquilino, no ofrezca la posibilidad de la ejecución inmediata de la desocupación del inmueble.
Y la admisión de la apelación extraordinaria para que al inquilino no le dejen el juicio de garantías como única opción de defensa.
Todas estas puntualizaciones podrían ser catalogadas como redundantes, a no ser por el hecho de que en algunos círculos conectados con intereses inmobiliarios, se le están pretendiendo dar a las disposiciones transitorias, una interpretación distinta, contraria a los derechos de los inquilinos.
Estas pretensiones tratan de fundarse en la jurisprudencia definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, denominada retroactividad de las leyes de procedimiento y en la tesis de jurisprudencia denominada retroactividad; las leyes procesales no pueden producirla.
La primera estatuye: la retroactividad de las leyes de procedimiento, cabe cuando se trata de la forma con arreglo a la cual puede ser ejercido un derecho precedentemente adquirido, pero no cuando ese derecho ha nacido del procedimiento mismo, derecho del que no puede privarse a nadie por una ley y que hizo nacer excepciones que pueden ser opuestas por el colitigante, más la tramitación del juicio debe, desde ese punto, sujetarse a la nueva ley.
La segunda, la tesis de retroactividad, las leyes procesales no pueden producirlas dice: "Es bien sabido que tratándose de procedimientos, por estar constituidos por actos sucesivos, es decir, por no ser actos que se desarrollen en un solo momento, se van rigiendo por las disposiciones vigentes en la época en que tienen verificativo y por esto las leyes de procedimiento no pueden producir efectos retroactivos".
Profundamente preocupados por los alcances e interpretaciones que pudieran darse a los artículos segundo y tercero transitorios, del decreto que hemos estado aludiendo, numerosos legisladores priístas del Distrito Federal hemos tomado los siguientes
ACUERDOS
Primero. Para el próximo período de sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, los legisladores priístas presentaremos la iniciativa de reformas y adiciones a los artículos transitorios, para que dejen clara, categóricamente establecido que los juicios y procedimientos judiciales o administrativos, actualmente en trámite, así como las controversias que se susciten con relación a los contratos de arrendamiento celebrados con anterioridad al 31 de octubre próximo, se seguirán rigiendo por las disposiciones procesales actualmente en vigor y sólo las controversias que se susciten a partir de los contratos celebrados desde el 21 de octubre en adelante, se regirán por las nuevas disposiciones procesales.
Segundo. Para evitar abusos por parte de los arrendadores, la semana próxima empezarán a funcionar los bufetes de defensa inquilinaria, encargados de asesorar y defender a los inquilinos que así lo soliciten. Será una defensa profesional altamente calificada y gratuita.
Estamos los priístas convocando a los representantes de los inquilinos integrantes de los comités de defensa inquilinaria en el Distrito Federal, para darles las orientaciones jurídicas y políticas conducentes para evitar que los inquilinos sean sorprendidos por vivales.
No estamos dispuestos a que la buena fe del Poder Legislativo sea torcida por interpretaciones falaces a las disposiciones transitorias en detrimento de los cientos de miles de familias que en el Distrito Federal guardan la condición de inquilinos. No vamos a permitir que la irretroactividad de las normas aprobadas en materia de controversias de arrendamiento inmobiliario, quede en la práctica en cierta medida anulada por la aplicación retroactiva de las normas de procedimiento a que se refiere la jurisprudencia transcrita.
Nuestra lucha, nuestra lucha legal y política, consistirá en lograr que las controversias que se susciten con relación a los contratos de arrendamiento celebrados hasta antes del 21 de octubre de este año, se regulen por las disposiciones sustantivas y adjetivas actualmente en vigor y sólo a los nuevos contratos de arrendamiento, firmados a partir del 21 de octubre y las controversias que se susciten, le sean aplicables las reformas legales recién aprobadas.
Todas las fuerzas políticas que efectiva, legítima y legalmente quieran proteger a los interés de los inquilinos, en un justo equilibrio en la relación entre inquilino y arrendatario, creo que deberán sumarse a esta iniciativa cuando sea presentada, en tiempo, momento y circunstancia, en el próximo período de sesiones extraordinarias del honorable Congreso de la Unión. Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Cristóbal Arias.
El diputado Cristóbal Arias Solís:
Señor Presidente, nuevamente.
Ya estábamos un tanto extrañados, sorprendidos y hasta preocupados de que no hubiese intervención de ningún representante del Partido Revolucionario Institucional en este tema, en este asunto tan delicado y más aún de que habrá de afectar seriamente a muchos habitantes del Distrito Federal.
Yo creía que no había en esta Comisión Permanente algún diputado del PRI por el Distrito Federal. Pero luego recordé que había saludado momentos después de mi intervención al senador Aguilera, ex funcionario importante del Departamento del Distrito Federal y líder importante de su partido.
Sin embargo, esperaba que su intervención fuese más a fondo, con un mayor contenido sobre este problema y no para hacernos las grandes revelaciones de descubrir cómo deben de interpretarse los artículos transitorios, a los que él aludió y rematar señalando que próximamente habrá una gran cruzada en esta ciudad, donde miles, seguramente, de abogados, los que luego aparecen como defensores del voto en los procesos electorales, representando al PRI, ahora seguramente van a ser los abnegados defensores de los inquilinos, amenazados, atropellados por los que aprobaron esta Iniciativa del Ejecutivo, de las reformas en discusión.
No creemos, definitivamente, con todo respeto se lo decimos al señor senador, que tenga que ser motivo de que en algún próximo período de sesiones extraordinarias tenga que haber una iniciativa única y exclusivamente para que quede muy bien clara la interpretación y aplicación de los transitorios, a que se alude en este Decreto, para que no queden en estado de indefensión los miles y miles de inquilinos que, como aquí se dijo, podrán seguramente ser objeto de muchos abusos, de muchos chantajes y presiones, una vez que entren en vigor estas disposiciones, por parte de propietarios de inmuebles en alquiler o de sus representantes.
Creo que, lamentablemente, en la intervención del señor senador Aguilera, se evade el fondo y el contenido realmente de este problema, cuyas repercusiones se pretenden paliar y hasta minimizar con lo que aquí se nos ha anunciado y se hace con un claro propósito de carácter político y clientelista, en una ciudad donde están ya movilizados grupos, organizaciones urbano - populares que están saliendo a la calle para protestar, para buscar defender sus derechos.
Las consecuencias se están viendo ya y más graves van a ser, el no dar marcha atrás. El querer aquí defender a capa y espada todas las iniciativas del Ejecutivo y que estas son intocables por los representantes de su partido, va a traer serias consecuencias que no se están viendo pero que políticamente tendrán sus costos.
Claro, presumimos que por parte del Ejecutivo y de sus asesores siempre ha habido más sensibilidad que de sus representantes en las cámaras, tomando en cuenta que seguramente en cada acción política o en cada iniciativa de un régimen que se ha considerado audaz por su capacidad de iniciativa, siempre ha calculado el riesgo político; lo que no se calcula en las cámaras por parte de quienes forman parte del Partido Revolucionario Institucional.
Hay un riesgo calculado políticamente por parte del Ejecutivo, de quienes lo apoyan y le asesoran, que saben hasta dónde puede llegarse en alguna iniciativa o en alguna acción política que puede despertar una controversia y una reacción negativa por parte de algún sector de la sociedad y se ha sabido rectificar y rectificar parcialmente porque, insisto, ese riesgo calculado, asume un costo político.
Pondríamos un ejemplo, el caso de Yucatán. Ahí hubo un riesgo calculado, pero previsto por parte del Gobierno, cuando se hacen aquellas modificaciones a la Constitución particular del Estado, relacionadas con las elecciones para gobernador y hubo la reacción y la protesta de distintos grupos y partidos políticos y se rectificó hasta lo que se tenía previsto rectificar con la aprobación de quienes se consideraba que eran interlocutores válidos e importantes para ese caso. Y así lo ha hecho en otros más por parte del Ejecutivo, ahí si existe eso que denominamos el riesgo calculado políticamente en sus costos por el Ejecutivo, lo que demuestra una ausencia en quienes están en las cámaras representando al Partido Revolucionario Institucional.
Yo espero que se quede entonces esta iniciativa que se anuncia por parte de la fracción priísta en voz del senador Aguilera, que ésta cuando se vean las consecuencias que van a ser más graves de lo que se están previendo. Y que no es de que ahora el PRI o los diputados o las autoridades se conviertan en defensores del inquilino lo que va a resolver el problema, ni de los viejos ni de los nuevos inquilinos, en esa separación que se ha hecho aquí por parte del senador en la interpretación y cómo debe ser la aplicación de estos transitorios, no es lo que va a resolver el problema de fondo, el malestar y la inconformidad socioeconómica que va a traducirse en costos políticos para todos y principalmente para el Gobierno. Muchas gracias.
El Presidente:
Para este asunto, tiene la palabra el diputado Juan Campos Vega.
El diputado Juan Gualberto Campos Vega:
Con su permiso señor Presidente; compañeros diputados; compañeros senadores:
Este es un tema realmente complejo que requiere de soluciones de fondo porque si nosotros hiciéramos cuentas nos daríamos cuenta que un elevado porcentaje de los ingresos de un trabajador se designan precisamente al pago de la renta de su vivienda. Este es el problema, de fondo real, que hay que resolver, que no es posible que a la inequitativa distribución de la riqueza, que al cada vez más bajo poder adquisitivo del salario se le golpee de nueva cuenta con una medida que va a afectar el bolsillo de quienes menos tiene; ése es el problema de fondo.
La propuesta que hará el partido de la mayoría, que anuncia para el próximo período de sesiones extraordinarias no es más que una cuestión de forma que tiende a hacer válidos los señalamientos que están en los artículos 2o. y 3o. transitorios, pero no hay ningún cambio de actitud, no hay ninguna respuesta real a los justos reclamos de la población, particularmente de la ciudad capital, no hay, no existe eso.
Nos dice que para coadyuvar a que se cumpla con este aspecto de la Ley va a haber servicios profesionales calificados y gratuitos; bueno, si cobraran, sería realmente inadmisible, yo creo que esto es obligado, para que no sean sorprendidos por vivales. Yo digo que lo sorprendido de los habitantes del Distrito Federal fue por la legislación, con los cambios legislativos que se realizaron, eso es lo que ha sorprendido a la población de la capital; el problema ya no es de vivales, podemos remediar el problema de los vivales transitoriamente, pero y después qué vamos a hacer, cuando quede indefenso el inquilino, no van a servir ni despachos jurídicos ni abogados calificados ni ninguna otra medida, porque los estamos desprotegiendo con la Ley, esa es nuestra preocupación.
Creo que este tema, si realmente queremos responder a los justos reclamos de la población, responder a los justos reclamos de los trabajadores, debiera tocarse en forma integral. Si hemos de abordar de nueva cuenta el problema inquilinario en el período extraordinario, vayamos al fondo del asunto, discutamos profundamente un paquete de medidas, no cuestiones particulares e insustanciales; un paquete de medidas que vaya realmente a la solución de éste que es un derecho constitucional que no se está cumpliendo y lo peor, que ni siquiera se están cumpliendo los esfuerzos para empezarlo a cumplir. Muchas gracias.
El Presidente:
Habiéndose dado el turno correspondiente a este asunto, tiene la palabra el diputado Juan Campos Vega.
LEY DEL SEGURO SOCIAL
El diputado Juan Gualberto Campos Vega:
Señor Presidente; compañeros legisladores:
Solicité el uso de la palabra para abordar el tema que también es preocupación de nuestro partido y de otros partidos políticos, que es el relativo al Seguro Social, a lo que se ha venido generando previamente y posteriormente a la modificación legal correspondiente.
Hoy precisamente, una organización de los trabajadores daba datos que son realmente importantes, nos decía que un porcentaje pequeño de los trabajadores inscritos en el Seguro Social percibe tres salarios mínimos, otros, dos y uno más un salario mínimo y que en conjunto el 66.6% de los trabajadores que cotizan en el Seguro Social obtiene de uno a tres salarios mínimos, son los datos que ésta organización plantea.
Y esto está relacionado con la cuestión del Seguro Social porque todos sabemos que hay un debate público en torno a las medidas que hay que tomar para que esta institución pueda cumplir adecuadamente con sus objetivos.
Es evidente que uno de los aspectos que ha impedido que la injusta distribución de la riqueza y la pérdida del poder adquisitivo del salario de los trabajadores los afecte aún más, ha sido un conjunto de conquistas que a lo largo de un proceso largo y a veces accidentado ha generado que el Estado mexicano dé atención a cuestiones fundamentales de los mexicanos y, creo que una de ellas, la más importante, es la garantía constitucional del derecho a la salud, éste es un aspecto esencial.
Pero se planteó la reestructuración financiera del Instituto Mexicano del Seguro Social y se planteó una modificación legal para las cuotas y frente a esto ha habido una ofensiva que, particularmente de las organizaciones patronales, cuyos argumentos sintéticamente podríamos señalar en lo siguiente: falta de información acerca de la situación financiera del Instituto Mexicano del Seguro Social, una administración desastrosa,
excesivo personal, atención deficiente a derecho - habientes y en los últimos días una ofensiva también contra las prestaciones que contiene el contrato colectivo de los trabajadores de esta institución.
Inclusive, días antes de que se debatiera en la Cámara esta iniciativa, los dirigentes de las cúpulas empresariales se reunieron con el Presidente de la República y ahí expresaron sus puntos de vista y de seguro habrán pedido rebaja de las cuotas. Algunos fueron más allá y dijeron: "La única solución es privatizar el Instituto Mexicano del Seguro Social". Y esto coincide con un señalamiento realizado por el Presidente del Banco Mundial, que dijo que la deficiencia en la atención a la salud de los mexicanos estaba ocasionada por la existencia de un monopolio estatal en la materia. Entonces, esta ofensiva no se limita únicamente a las agrupaciones de carácter patronal que hay en el país y que protestan por este incremento de las cuotas, sino que tienen padrinos un poco más allá, que de seguro quieren crear un nuevo negocio, quieren que los empresarios privados se dediquen a lucrar con la salud del pueblo mexicano.
Creo que vale la pena ver con objetividad este incremento de las cuotas, ¿realmente es un incremento que pudiera desestabilizar la economía de las empresas mexicanas?; ¿realmente es un incremento que ponga en riesgo la existencia de las empresas mexicanas? Quizá haya algunos casos, quizá en las micros, pequeñas empresas, cause un impacto importante pero es muy pequeño, porque hay que recordar que a cambio del incremento a las cuotas, se les suprimió otro impuesto que pagaban y realmente el incremento es .2%; .2% una cosa realmente insignificante.
Además, el incremento a las cuotas de 10 a 25 salarios mínimos, no va a afectar a las pequeñas empresas, eso es para las grandes empresas. Y ahí yo creo que sería realmente injusto plantear que esto no debiera hacerse, ya que aquí en esta tribuna, hemos señalado la semana anterior, que uno de los aspectos de la política económica aplicada en este sexenio, ha sido precisamente concentrar la riqueza en unas cuantas manos, hacer mayor la parte del producto interno bruto que va destinada a los dueños de los medios e instrumentos de la producción y reducir la parte que corresponde a los trabajadores.
El incremento a las cuotas para hacer más eficiente al Seguro Social, no es sino una pequeña medida insignificante para tratar de restituirle, aunque sea en mínima parte, uno de los aspectos fundamentales a que tiene derecho todo trabajador y todo habitante de nuestro país, que es el derecho a la salud y a esto podríamos agregar otros problemas: sin recursos económicos, ¿cómo va a poder resolver el Instituto Mexicano del Seguro Social el problema de pensionados y jubilados? Realmente es denigrante que quienes aportaron toda su vida para crear la riqueza producida en este país, estén percibiendo ingresos realmente deplorables, que no sirven ni siquiera para las cuestiones elementales de la subsistencia de un ser humano y menos de éste con su familia.
Realmente nosotros pensamos que el Instituto Mexicano del Seguro Social, debe mejorar sus servicios, en esto estamos todos de acuerdo, creo que es legítimo que el Instituto Mexicano del Seguro Social, mejore sustancialmente sus servicios, particularmente en lo que se refiere a medicina externa, que es donde se manifiesta el mayor número de problemas, no así en medicina interna.
El Seguro Social es una institución de vanguardia en muchos aspectos no sólo de la medicina en nuestro país, sino de nuestro continente y en algunos muy particulares, inclusive a nivel mundial.
Creo que esta institución creada por la Revolución Mexicana para ser utilizada y puesta al servicio de los trabajadores, del pueblo de México, no pudiera ser privatizada. Sería uno de los más graves errores en los que pudiera incurrir cualquier Gobierno de nuestro país. Por el contrario, nosotros pensamos que deben encontrarse los mecanismos que fortalezcan financieramente al Instituto Mexicano del Seguro Social, que hagan más eficientes sus servicios, que protejan los intereses de sus trabajadores; todo ello con un mismo objetivo, similar al que planteábamos en el problema de la vivienda: garantizarle al pueblo mexicano, uno de sus derechos consagrados en la Constitución. Muchas gracias.
El Presidente:
Se concede el uso de la palabra para este tema, al diputado Cristóbal Arias.
El diputado Cristóbal Arias Solís:
Señor Presidente:
Sobre este tema, relacionado con una de las instituciones públicas más importantes de nuestro país, durante estos últimos meses, particularmente
estos últimos días, ha estado siendo motivo de controversias y polémicas que ya el diputado que me antecedió en el uso de la palabra enumeró los distintos ángulos con que ha estado siendo analizada y cuestionada en su funcionamiento.
Coincido con él, como seguramente todos o la mayoría de los legisladores, que esta institución ha sido y fue un ejemplo, no únicamente en nuestro país, del cumplimiento de aspiraciones, de demandas, de servicios y prestaciones sociales, de atención no únicamente a la salud de los mexicanos, sino para promover un sinnúmero de mayores actividades para lograr la integración familiar y el desarrollo social de la persona.
Una institución que ha merecido reconocimientos de dentro y de fuera del país y que quienes admiramos que esta como algunas otras instituciones producto del compromiso establecido en la Constitución, en el artículo 123, cumplido por administraciones que recogen ese legado revolucionario, no quisiéramos que ahora con esta oleada que se ha dado en nuestro país durante estos últimos 10 años, de privatizar las empresas públicas, de hacer modificaciones para enajenar recursos y bienes de la nación, antes administrados por el Estado, estuviera en riesgo, como aquí se advirtió por el diputado que hizo uso de la palabra anteriormente.
Quisiéramos que esta institución siga siendo un modelo importante, que deje satisfechos no únicamente en la prestación de los servicios a que está obligado conforme a la Ley, sino que hubiese transparencia en la relación de quienes la representan tanto del sector público como del sector patronal y el obrero; que hubiese una mejor y mayor eficiencia en sus servicios, desde luego, que es algo que tenemos que exigir y demandar y estar atentos a que así ocurra. Pero que también se dé una transparencia de respeto en las relaciones laborales y una transparencia en el manejo de los recursos públicos, que está en entredicho, porque no ha habido esa claridad, porque ha faltado mayor información que llegue a todos los mexicanos y a quienes tienen las facultades para auditar y para dar a conocer los resultados de los manejos de esos recursos económicos.
Por eso y porque es una exigencia que nos rebasa a los legisladores, sin embargo queremos someter a la consideración de esta Permanente, por su conducto, un proyecto de acuerdo que ordene a la Contaduría Mayor de Hacienda la práctica de auditorías al Instituto Mexicano del Seguro Social y, es el encargo de nuestra fracción parlamentaria a través de quienes representamos en este recinto legislativo.
El control sobre las finanzas públicas a través de la Contaduría Mayor de Hacienda constituye uno de los expedientes más importantes por medio de los cuales el Poder Legislativo ejerce sus facultades de fiscalización de las actividades del Poder Ejecutivo. Es así como el Congreso de la Unión está en capacidad de ver, de velar, el adecuado manejo de los recursos del Estado y en general de conocer la situación de la hacienda pública.
Tal información resulta de inapreciable valor y nosotros agregamos de obligado recurso, también para el efecto de ilustrar el juicio del Congreso cuando éste ejerce sus facultades propiamente legislativas. Sin embargo, se ha convertido también en costumbre el no legislar, que margina en muchos casos a los propios sujetos de este proceso de la información y de los antecedentes indispensables. Tal fue el caso de las últimas reformas al régimen jurídico que norma al Instituto Mexicano del Seguro Social, en cuyo proceso legislativo los legisladores en su mayoría carecieron de datos suficientes acerca de la situación financiera de dicho organismo.
Se tuvo únicamente a la vista informe de resultados del año de 1991, cuando las reformas que se aprobaron tendrían efectos hasta 1994. En tal circunstancia los legisladores de la mayoría fundamentaron su voto aprobatorio en evaluaciones de la situación financiera del Instituto Mexicano del Seguro Social y en interpretaciones de las causas que llevaron al Instituto a esa situación, que no se sustentaron desde nuestro punto de vista en un análisis más objetivo del manejo que el Poder Ejecutivo ha hecho de ese órgano de la Administración Pública Federal.
El Partido de la Revolución Democrática considera que esa actitud legislativa supone una responsabilidad y exige que por lo menos el Congreso de la Unión retome, aunque sea un tanto a destiempo y de manera insuficiente el ejercicio efectivo de sus funciones de fiscalización.
Es imperativo que el pueblo de México conozca la verdadera situación en que se encuentra y atraviesa actualmente el Instituto Mexicano del Seguro Social, que ha conllevado también a la violación de derechos laborales de sus trabajadores, al aumento de las aportaciones de éstos de asumir a los jubilados en una situación de extrema injusticia.
En atención a lo expuesto y con fundamento en la fracción III del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 113 de la Ley Orgánica del Congreso
General, los legisladores que suscribimos pedimos que se turne a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
«La Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, en ejercicio de las faculta des que le confiere la fracción III del artículo 10 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, resuelve:
Se ordena a la Contaduría Mayor de Hacienda la práctica de auditorías al Instituto Mexicano del Seguro Social, por los ejercicios fiscales de 1990, 1991 y 1992 para verificar si se cumple con lo dispuesto en la fracción III del artículo 3o. del mismo ordenamiento orgánico. De los resultados que arrojen dichas auditorías se elaborará un informe, mismo que se rendirá a la Comisión de Vigilancia para que en su oportunidad lo haga del conocimiento del pleno de la Cámara de Diputados.
En consecuencia, el Contador Mayor de Hacienda elaborará el proyecto de Calendario de Auditorías para someter a la consideración de esta Comisión de Vigilancia.
Por el Partido de la Revolución Democrática, diputado Eloy Vázquez, diputado Cristóbal Arias, diputada Liliana Flores Benavides, y senador Roberto Robles Garnica.» Gracias.
El Presidente:
Para este tema se concede el uso de la palabra al senador Jesús Rodríguez y Rodríguez.
El senador Jesús Rodríguez y Rodríguez:
Señor Presidente; señoras legisladoras, señores legisladores:
En primer lugar yo, voy a oponerme a esta proposición; sin embargo, creo que el procedimiento parlamentario ya va de origen, en la proporción que ha presentado el diputado por el PRD, pues va mal encaminado; realmente el fundamento o la proposición tendría que ir en los términos del artículo 58 de nuestro Reglamento. El fundamento constitucional, que él da no lo encuentro procedente; sería la primera observación que me permitiría yo hacer, pero con el fundamento que yo pienso debido, me opondría a esta proposición pues yo diría por innecesaria y porque realmente se dice que no hay información sobre el IMSS; pienso que hay una información amplísima para quien quiera recibirla de buena fe.
No dejaría de hacer el comentario y por qué sí estoy totalmente de acuerdo con el análisis que hizo sobre cuotas el diputado por el PPS quizá sobre todas sus deducciones, no estaría yo de acuerdo pero sí en lo que hizo y por lo cual fue por lo que el Congreso aprobó las reformas a la Ley del Seguro Social, el también diputado por el PRD hizo elogios, que son muy justos para el Instituto, por eso también aprobamos las reformas, porque sí sentimos, como ellos mismos lo han dicho, la necesidad de que una entidad de tal importancia con tales antecedentes revolucionarios, tan útil socialmente, pues vaya adelante y siga por ese camino que le ha merecido elogios yo diría mundiales y por supuesto nacionales.
Que hay cosas que corregir, creo que toda institución humana es perfectible y siempre es posible hacer correcciones a sus procedimientos o a sus actos, pero en lo que toca ya a la proposición para que la Contaduría Mayor de Hacienda haga una auditoría o una investigación especial sobre esto, pienso que es exagerar realmente la cuestión y lo es, porque tenemos una institución que tiene órganos de administración, de empezaría yo por lo interno para después pasar a entidades externas como sería la Secretaría de la Contaduría de la Federación, como sería la Contaduría Mayor de Hacienda que tienen una labor permanente de vigilancia y de fiscalización sobre el IMSS por lo cual yo pienso que seria o se desea hacer una exhortación o excitativa a un organismo que está cumpliendo no sólo debidamente sino que con todo cuidado y quizá y muy a fondo sus atribuciones como es la Contaduría Mayor de la Federación, pero empezaría yo por la Contaduría Mayor de Hacienda.
En cuanto toca al régimen interno, desde luego tenemos que pensar que no se ha aprobado el Balance de 1992, al cual también se refirió el diputado Cristóbal Arias, pues porque todavía no ha habido la Asamblea correspondiente, es un balance que ya lo vio el consejo técnico, lo vio la Comisión de Vigilancia, lo vio el auditor externo, por supuesto el auditor interno y apenas va a haber una Asamblea que está convocada; de modo que no era fácil ni posible que cuando examinamos las reformas a la Ley tuviéramos a la vista, pues porque no estaba aprobado; ahora, decir que de un año a otro una institución, que por naturaleza actuarial maneja grandes números y las cuotas originan esos grandes números, pues realmente no hace gran diferencia examinar el balance contable de 1991 - 1992 para efectos de cuotas, son grandes números que se vienen
manejando a través de los años, yo diría que desde el año 1943 en que se instituyó el Seguro Social.
Pero además, ese balance no aprobado, sí está siendo ya revisado desde luego por el auditor externo, insisto en este primer paso que se da, independientemente de la Comisión de Vigilancia, y no solamente esto, sino que por un exceso de cuidado, estos seis meses que han pasado de enero a junio de este año, también están siendo revisados por el auditor externo dentro de las normas... dentro de las cuentas del Instituto.
De modo que yo pienso que ahí ya habría desde luego... hay, perdón... este estudio que se está haciendo en número de enero a junio de este año, lo está haciendo el auditor externo a petición de la propia Secretaría de la Contraloría de la Federación.
Ahí hay un primer tamiz, tamiz que indudablemente está hecho por expertos. El auditor externo, sabemos, es uno de los despachos de contadores más prestigiados de los que vemos en México, fue cambiado hace apenas dos años para evitar que el anterior despacho, que era excelente también, sería difícil hablar mal del despacho que manejó esto desde el año 1943 sí podía pasar lo que pasa a veces con las instituciones humanas, que se va uno acostumbrando a ellas y viene una especial ceguera de que todo está bien.
Entonces, hace dos años, a petición de la Secretaría de la Contraloría, se cambió este auditor externo y es un nuevo despacho.
Eso sería, desde el punto de vista interno, pero también tendría yo que referirme a que hay un contralor interno que sigue, de acuerdo con las normas de la Ley de Administración Pública Federal, sigue la normatividad de la Secretaría de la Contraloría General; hace auditorías selectivas, otras permanentes, siempre bajo una normatividad que es general para todas las entidades públicas, lo mismo las centralizadas que las descentralizadas.
Ese auditor sí acuerda o tiene una línea directa con el director del Seguro Social, pero a ese director del Seguro Social se le informa de cualquier irregularidad que se presente. Todavía dentro del régimen interno, en la Comisión de Vigilancia hay un comisario de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, quien asiste y todas las semanas o las reuniones que hay de las comisiones de Vigilancia, está presente y tiene voz y actúa dentro de esa Comisión.
Ese sería pues el primer tamiz, insisto en ello; después tendríamos para no llegar todavía a la Contraloría Mayor de Hacienda, tendríamos a la Secretaría General de la Contraloría de la Federación, pues la que por Ley debe investigar los manejos y las descentralizadas en todas sus fases, tanto en lo operativo como en el cumplimiento de los programas, como en la parte financiera.
La Secretaría de la Contraloría de la Federación, está también permanentemente no sólo a través del comisario, del que les hablo a ustedes que entra a formar parte de la Comisión de Vigilancia, sino que constantemente está haciendo auditorías, y acaba de terminar una... no acaba de terminar, terminó una en 1992, una auditoría integral en la que vio todas las problemáticas del Instituto e hizo recomendaciones que se están cumpliendo.
Todo esto es público, realmente información la hay para quien desee, insisto, de buena fe, obtenerla.
Tiene también la misma Contraloría de la Federación, que ese sería el órgano que yo pondría en seguida, de vigilancia y fiscalización permanente, en 1990 por ejemplo, hizo una especial auditoría relacionada con todo lo que era, que es muy importante, difusión, convenios de intercambio, auto seguro y obras en general, entre ellas la del hospital de oncología y pediatría.
En 1992, contratos sobre los trabajos tan importantes de Centro Médico Nacional, que ustedes saben que es una inversión mucho muy cuantiosa, se hizo una auditoría especial; también sobre la obra pública realizada en Monterrey sobre... se terminó la fiscalización de los números y de la construcción del Centro Médico Siglo XXI, que conocemos bien.
Pues yo creo que desde el punto de vista de la Contraloría General de la Federación, que es tan importante y que es tan enérgica en sus manejos y en su vigilancia, hay una información muy completa, pero todavía ya este año acaba de terminar cinco auditorías de obra pública, obras tan importantes como los hospitales de Naucalpan, de Aguascalientes, de Monterrey y la Unidad Médico Familiar en Nuevo León también.
Todos estos estudios, estas fiscalizaciones, dieron por supuesto alguna información y algunas directivas que se han estado cumpliendo cuando menos en lo que se conoce y no ha habido inconformidad de la Secretaría de la Contraloría.
Ahora bien, en lo que corresponde a la Contaduría Mayor de la Federación, que es a la que ahora se pide que haga una nueva auditoría, desde luego les diré a ustedes y lo saben bien los señores diputados porque a ellos les corresponde el manejo exclusivo, son facultades exclusivas de la Cámara, la Contaduría Mayor de Hacienda, pues hay una permanente vigilancia no sólo sobre el Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre toda la cuenta pública que ustedes verán en su oportunidad, y digo verán porque tiene calendario, en septiembre se termina una, en noviembre y diciembre vuelven a ver otras partes de las cuentas de 1991 y de 1992, pero les podría sí decir como adelanto, que seguramente ustedes lo saben y aquí está la distinguida Presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda que conoce a la perfección estos asuntos, que de 1986 a 1990 hubo 61 auditorías por la Contaduría Mayor de Hacienda.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul):
Solicito a la Presidencia pregunte al señor senador Jesús Rodríguez y Rodríguez si acepta una interpelación.
El Presidente:
La autorizo y se pregunta...
El senador Jesús Rodríguez y Rodríguez:
Pero yo preferiría terminar, señor Presidente, si usted me permite, si el señor diputado me permite y cuando yo termine con mucho gusto contestaría lo que él desearía.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul):
Gracias.
El senador Jesús Rodríguez y Rodríguez:
La Contaduría Mayor de Hacienda, de 1986 a 1990 hizo 61 auditorías al Instituto Mexicano del Seguro Social; se han terminado 12 auditorías sobre números a 1991 y se están viendo por supuesto los de 1992.
Se están viendo en todos los terrenos, en lo que la misma Ley de la Contaduría Mayor de Hacienda dice en las líneas de obra pública, la línea financiera y las programáticas.
Entonces yo terminaría realmente, y por eso es por lo que pediría yo a la Presidencia que desechara la proposición que, insisto, el mismo fundamento procedimental parlamentario no lo veo muy preciso, que desechara la proposición de mandar de que la Comisión de Vigilancia exhortara a la Contaduría Mayor de Hacienda a cumplir con su deber, que lo está cumpliendo en forma, pues en mi opinión excelente y permanentemente. Sería tanto, llegaríamos a la exageración si seguimos por este camino, de pedir que también haga otra auditoría al programa de obras, de caminos y que abra otra auditoría, las que hace todos los días exhortarla aquí a que las haga. Creo que no es debido porque hay órganos de vigilancia perfectamente establecidos, procedimientos bien señalados que se están cumpliendo.
De modo, señor Presidente, que yo le rogaría a usted que se solicitara el voto de la Asamblea para pedir que se desechara esta proposición.
El Presidente:
Señor diputado, antes había pedido la palabra la diputada Cecilia Soto y en seguida con mucho gusto se la concedemos.
La diputada Cecilia Soto González:
Señor Presidente, con su permiso; compañeros senadores, diputadas y diputados:
No duda el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana que a raíz de la reciente reforma, que por cierto nuestra fracción votó en contra, se busquen aprovechar los ataques y las protestas de los patrones para tratar de ir vendiendo la idea de la necesidad de privatizar el Seguro Social. Esto sería una monstruosidad, sería algo inaceptable, algo que atacaría la raíz misma de la Revolución Mexicana.
Con todo y lo que mi partido y muchos mexicanos defendemos a la institución del Seguro Social.
Debemos de reconocer, para fortalecerla, que hay muchas cuestiones que se tienen que mejorar en esa institución. En ese sentido, y esa fue una de las razones por las cuales votamos en contra, la iniciativa que se aprobó en el período que acabamos de terminar, no ataca uno de los problemas
de fondo más importantes, es decir la raíz por la cual se descapitalizó el Seguro Social y acabó con los fondos para jubilados.
En ese sentido señor Presidente, quisiera recordarle a esta distinguida Asamblea, que el 22 de abril de 1992 mi partido presentó una iniciativa para reformar los artículos 258 inciso h), 263, 264, 265 de la Ley del Seguro Social, que duerme tranquila en los archivos de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados. Otras iniciativas como la inquilinaria, se aprobaron en cuestión de días.
Esta iniciativa que a nuestro juicio mejoraría una serie de aspectos y de áreas nebulosas de la administración del Seguro Social, no ha sido dictaminada. Quisiera referirme brevemente a este asunto compañeros de la Comisión Permanente, para luego formular una excitativa a fin de apresurar el dictamen sobre esta iniciativa.
La Ley del Seguro Social en 1973, previó que las reservas deberían invertirse en las mejores condiciones de seguridad, rendimiento y liquidez. Sin embargo, en el artículo 263 párrafo uno del capítulo respectivo, se determinaba por una parte que hasta el 85% de las reservas se podían invertir en la adquisición, construcción o financiamiento de hospitales, sanatorios, clínicas, guarderías infantiles, etcétera, siempre y cuando fueran fines compatibles con los de la institución.
Por otra parte, el artículo 261 de la propia Ley determinó que las reservas deberían de invertirse, de manera que el rendimiento medio no sea inferior a la tasa de interés que sirva de base para los cálculos actuariales; es decir, era un artículo que por cierto se reformó a iniciativa del PARM recientemente, que no fijaba de manera precisa cuál era la base de esos cálculos actuariales. De esta manera lo que fue sucediendo fue que los fondos del impuesto para vejez, cesantía y muerte, se fueron utilizando para la instalación, para la inversión y construcción de instalaciones físicas compatibles con los fines del Seguro Social y por otra parte, un porcentaje importante de estos fondos, recibieron históricamente, solamente intereses del 5%, es decir, amparados en esta ambigüedad del artículo 261, se le atribuyó a la inversión de esos recursos un rendimiento histórico del 5%.
Si ustedes compañeras y compañeros de la Comisión Permanente, recuerdan las tasas de interés que privaron durante la década pasada, estarán de acuerdo conmigo en que mientras algunos instrumentos durante algunos años tuvieron rendimientos superiores al 100%, estos fondos que venían del impuesto a la vejez, cesantía y muerte, recibían apenas el 5%, lo cual significó la descapitalización y "la desaparición" de estos fondos.
De esta manera se originó uno de los problemas más graves que padecen aproximadamente 1 millón 250 mil jubilados; es decir, la incapacidad financiera del Seguro Social para poder dar pensiones adecuadas y dignas a mexicanos que sirvieron durante toda una vida a la nación y a la sociedad.
Ha habido diversas reformas, una de ellas el SAR; otra, la que se aprobó en el reciente período sobre el Seguro Social, que intentan de alguna manera corregir este problema y, de manera parcial podría decirse que habría una solución pero para los futuros jubilados; no hay sin embargo, una solución al problema de la aparente desaparición de los fondos de jubilación del Seguro Social y del problema de la incapacidad para cumplir con los jubilados.
Sin embargo, nuestro partido considera que esas reservas no han desaparecido, esas reservas se encuentran actualmente en la forma de instalaciones físicas, están en bienes muebles e inmuebles propias del funcionamiento de cada uno de dichos seguros, de manera especial en edificios de clínicas, sanatorios, hospitales y guarderías.
En consecuencia, los seguros de enfermedades generales, de maternidad, los seguros de riesgo, de trabajo y el de guarderías infantiles, son deudores del seguro de invalidez, vejez, cesantía y muerte.
De hecho, debería determinarse, y en este sentido sí es necesaria una auditoría, por lo menos parcial, en este sentido, debería determinarse qué instalaciones físicas son deudoras o fueron construidas con los fondos provenientes del impuesto a la cesantía, vejez y muerte.
De esta manera, los seguros de enfermedad y maternidad, por ejemplo, serían deudores de estos seguros que acabo de mencionar inicialmente. Por lo tanto, tendrían que pagar una renta, estas instalaciones tendrían que pagar una renta, para así ir restituyendo poco a poco el fondo de jubilados.
En nuestra iniciativa nosotros planteamos una reforma que complementa las últimas modificaciones y reformas hechas a la Ley del Seguro Social, mediante las cuales se creó el Seguro de Retiro, atendiendo no a los jubilados del futuro, sino también a quienes actualmente lo son.
Evita injustas transferencias de recursos de un segmento de la sociedad a otros; establece una situación de equidad entre los trabajadores en activo y entre quienes han dejado de serlo, teniendo derechos a los beneficios de alguno de los seguros diferidos.
Propende a la capitalización de los seguros diferidos a la restitución de las reservas en forma líquida, de manera gradual y sobre bases sanas.
Acaba con la posibilidad de que la Asamblea del Instituto pueda determinar que hasta el 50% de las reservas del Instituto, correspondientes al ramo de invalidez, vejez, cesantía y muerte, puedan invertirse en activos distintos a los financieros.
Propugna la autosuficiencia de cada ramo del Seguro, lo cual es congruente con los tres sucesivos incrementos que han tenido las cuotas en la presente administración.
Determina el plazo en que los remanentes del ramo de invalidez, vejez, cesantía y muerte debería invertirse dentro de las reservas y establece que en caso de no realizarse la inversión, se causarán recargos de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación.
Asimila para el seguro de invalidez, vejez, cesantía y muerte, algunas de las bases más importantes de la operación del Seguro de Retiro, apuntando aquí a la unificación futura de los primeros y del último.
Creemos, señor Presidente, que de haberse dictaminado de manera responsable sobre esta iniciativa, podría haberse establecido el camino para una sanidad financiera más importante que la que pretendidamente se aseguro con la pasa da reforma.
Por ello, basada en el artículo 58 de nuestro Reglamento, señor Presidente, yo solicito respetuosamente que esta Comisión Permanente haga una excitativa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, a fin de que dictamine con prontitud y responsabilidad la iniciativa presentada el pasado 22 de abril de 1992, por legisladores del Partido Auténtico, para reformar la Ley del Seguro Social. Hago entrega.
El Presidente:
Se concede el uso de la palabra al diputado Juan de Dios Castro Lozano.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Señor Presidente; señoras y señores legisladores:
Podríamos haber abreviado un poco este debate si el señor senador Rodríguez nos hubiera aceptado la interpelación. Era únicamente para hacer dos, tres precisiones.
Algunas afirmaciones hechas por el señor senador, y creo que para hacerlas el senador no disponía de la información suficiente, relativa a las facultades de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados y muy especialmente en relación con el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Miren ustedes, una de las facultades que tiene la Cámara de Diputados, todos lo sabemos, es precisamente de fiscalización. Yo estoy de acuerdo con la primera parte de su argumentación, totalmente de acuerdo; debiera haber sido una proposición hecha en los términos del artículo 58 del Reglamento, una iniciativa no de Ley y el trámite era muy sencillo: turnarla precisamente a la Comisión competente de la Cámara de Diputados. No podría ni tiene facultades la Comisión Permanente para por si, integrar una comisión, ni tampoco ordenar por si se haga la auditoría. En eso coincido con usted, señor senador, es un problema de procedimiento.
Y en ese sentido lo procedente es como dice el 79, si se hubiera hecho conforme al 79, turnar las iniciativas y proposiciones. Nosotros no vamos a aprobar o desaprobar. Se turna y es la Comisión la que dictamina. Hecha, planteada esa coincidencia con el señor senador, paso a hacer ahora las precisiones.
¿Qué dijo el señor senador? Dijo el señor senador, es que, yo, quiso decir, es albarda sobre aparejo, ¿verdad señor senador? ¿Por qué es albarda sobre aparejo? Y aquí fortalezco su argumentación. Señores, porque el órgano técnico de la Cámara de Diputados que es la Contaduría Mayor de Hacienda no necesita ni que la Comisión ni que la Cámara le diga. Tiene facultades plenas para hacer las auditorias que estime pertinentes, no necesita el acuerdo de la Comisión de Hacienda, no necesita el acuerdo de la Comisión de Vigilancia. ¡Vaya!, señoras y señores, no necesita ni siquiera el acuerdo del pleno de la Cámara.
Motu proprio este órgano técnico, la Contaduría Mayor de Hacienda, puede fiscalizar las finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social y, dijo
el senador con toda razón, sí tiene esas facultades pues la Contaduría realiza una fiscalización permanente no sólo del Instituto Mexicano del Seguro Social, sino muchísimas entidades de la administración pública federal y paraestatal.
Tan es así, y nos recordó el senador, tan es así que nos rinde la Cuenta Pública. Y ahí es donde debo hacer las precisiones, senador.
Yo no estaría en contra de que hubiera albarda sobre aparejo, ¿sabe por qué?, porque la Contaduría Mayor de Hacienda no está cumpliendo con su misión. Y le voy a dar prueba, senador, le voy a pegar, pero sin odio, senador, en debate nada mas, le voy a dar pruebas.
¿En qué sentido, si, en qué sentido? Nosotros anunciamos una serie de deficiencias en la legislación secundaria, porque la Constitución le da facultades a la Cámara de Diputados para examinar la Cuenta Pública, es obvio que la Contaduría Mayor de Hacienda debiera presentar un análisis terminado, pero la legislación secundaria dice que nos tiene, hablo de la Cámara de Diputados, no de la Comisión Permanente, nos tiene que rendir un informe previo, un informe previo. Y como es previo, no es acabado, no es completo, no es integral. Ya tuvimos un debate sobre el tema en la Cámara de Diputados y yo me permití en ese debate, senador, antes del debate, entrevistarme con el Contador Mayor y preguntarle sobre las auditorías de que usted nos hablaba y, decía: "Bueno, señor diputado, los resultados de las auditorías vienen en el Informe de Resultados". ¿Y cuándo la Cámara de Diputados tiene el informe de resultados?, nunca, senador, nunca. ¡Ah!, claro, no es culpa de la Contaduría. Repito, no es culpa de la Contaduría; es problema de legislación secundaria.
Cuando dimos el debate, anuncié la presentación de una iniciativa de Ley sobre el tema, que ya presentamos y todavía no está dictaminada. Entonces usted podría replicarme con justicia y decirme: diputado y, si usted acaba de reconocer que no es culpa del contador, porque la Ley secundaria le pide nada más que rinda el informe previo y con eso se examina la Cuenta Pública, no con el informe de resultados, ¿por qué imputa usted culpa y por qué afirmó al inicio que la Contaduría Mayor de Hacienda no funciona adecuadamente? ¡ No ha funcionado!
Se lo digo con un dato, senador, porque la Constitución, la Constitución, en el artículo 74 fracción IV, tiene tres líneas que dice: "Si del examen que realice la Contaduría Mayor de Hacienda aparecieran discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas respectivas del presupuesto, o no existiera justificación en los gastos hechos, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley".
¿Cuándo se determinan responsabilidades?, en dos casos, señores, cuando la cantidad gastada no esté de acuerdo con el presupuesto, dicho de otra manera, no se ajustó al presupuesto, una; dos, cuando las partidas del gasto no tengan apoyo, no tengan justificación, llámense documentos, llámense cualquier comprobante que reúna los requisitos legales.
Bueno, yo le digo que en el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, de acuerdo con el análisis de la última Cuenta Pública, existe un desfasamiento presupuestal cercano o superior a los mil millones de viejos pesos. Y dígame ¿ya fincó responsabilidades la Contaduría Mayor de Hacienda? Senador, la respuesta es no. Claro, que si ya fincó responsabilidades, a mí me agradaría conocer los datos, no solamente en el Seguro, cuando menos en cinco o seis entidades hay desfasamiento presupuestal de acuerdo con los datos de la última Cuenta Pública. Y le aclaro, de acuerdo con el dictamen de auditoría del despacho al que usted se refería. No digo más, señores. Gracias.
El Presidente:
Para este tema, se concede el uso de la palabra al diputado Eloy Vázquez López.
El diputado Eloy Vázquez López:
Muchas gracias señor Presidente:
El senador que me antecedió en el uso de la palabra, está imbuido del ánimo privatizador que ha campeado en este sexenio. Ahora resulta que nos viene a justificar la privatización de las auditorías que debieran ser públicas y le quiere escamotear, como bien ya lo fundó aquí el diputado Juan de Dios Castro, una facultad fiscalizadora, originaria al Poder Legislativo, cambiándosela por auditorías hechas por despachos privados. Esa facultad es una facultad a la que no puede renunciar la legislatura y ya se ha probado aquí justamente, los desajustes que pueden ser innumerables, en distintos casos. Pero no solamente eso, sino que también quiere hacerle modificaciones a la propia Constitución y al Reglamento de la Cámara.
Según el artículo 113 que es en el cual fundamos nosotros la petición que leyó para su turno el diputado Cristóbal Arias, la Ley Orgánica lo que
procede es que el Presidente turne a la Comisión y de ninguna manera está sujeto a trámite esta petición. Es imperativa la disposición normativa. Y a mayor abundamiento también lo es la fracción III del artículo 79 de la Constitución.
Entonces pues, no estamos nosotros pidiéndole a la Contaduría Mayor, que haga algo que realmente está haciendo, porque yo quisiera preguntarle al senador que está tan informado de este asunto, si nos puede decir ¿para cuándo tiene agendada la Contaduría la realización de la auditoría que aquí estamos solicitando?
Y por cierto, él también da muchos datos que debieran ser constatados a través de un procedimiento normado por la propia Constitución, por la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda y no simplemente poner su palabra y la de empresas privadas como el testimonio.
Quisiéramos saber por ejemplo, cuál es el fundamento financiero contable a través del cual se pueden fijar las cuotas del Seguro Social, los aumentos de las cuotas del Seguro Social, basados en los requerimientos específicos conforme a un gasto programado y conforme con el manejo mismo por partida, de ese mismo gasto, porque mientras no se funde en una auditoría confiable y auditoría confiable no de buena fe, sino fundada constitucionalmente para la Legislatura, sólo puede ser aquella auditoría que le conste mediante un órgano de la Legislatura misma. Esta es la razón por la cual nosotros estamos requiriendo la información, el asunto de las cuotas fue aprobado a ciegas, fue votado a ciegas sobre la base de un conocimiento preliminar del manejo del presupuesto del Seguro Social y de ninguna manera como un acto fundado, planificado, después de una evaluación puntual de todos y cada uno de los recursos ejercidos.
Y lo que nosotros queremos, porque así lo exige el pueblo mexicano, es que antes de que nos aparezca una Ley de privatización del Seguro Social, como ya se avizora de todos los indicios que aparecen en el ámbito político y en la opinión de los sectores oficiales, antes de que privaticen el Seguro, por disposición presidencial, el pueblo de México tiene derecho a conocer cómo se ha ejercido el gasto del Seguro Social, en forma puntual. Porque muchos pensionados que hoy reciben pensiones miserables que no les alcanzan para los mínimos requerimientos, muchos pensionados se preguntan de qué manera se ha jineteado, durante todos estos años, las cuotas que ellos han aportado. Y el senador, representante popular, tiene obligación de darles una respuesta puntual a esos pensionados.
El Presidente:
Se concede la palabra para este mismo tema, al senador Rodríguez y Rodríguez, para contestar alusiones personales.
El senador Jesús Rodríguez y Rodríguez:
Señor Presidente; señoras legisladoras, señores legisladores:
Pedir para alusiones personales, alusiones muy correctas, muy educadas en la forma, pero en las que no estoy de acuerdo en el fondo.
Desde luego, sí lo estoy con el diputado Juan de Dios Castro, en casi toda su exposición. Indudablemente no cité yo, bueno, no cité la expresión vernácula albarda sobre aparejo, por más que créanme que la tenía yo casi lista, pero sentí que esto era lo que hubiéramos hecho, solicitando que se haga, casi sería un pleonasmo hacer lo que debe hacerse.
Y además, efectivamente, él señaló muy bien, sin señalar el artículo preciso, el artículo 10 de la Ley de la Contaduría Mayor, en su fracción III, ordenar a la Contaduría Mayor de Hacienda, cuando lo estime conveniente, para los efectos de esa Ley, practique visitas y auditorías. Efectivamente, eso puede hacerlo y tengo yo gran respeto por la Cámara de Diputados y por las comisiones de la misma, por lo cual siento que hasta parece una actitud un poco soberbia de la Comisión Permanente, querer sustituir al Congreso y sustituir a las dos cámaras.
Sí somos el cuerpo que permanece en los recesos del Congreso, pero no sustituimos ni a senadores ni a diputados; parece un exceso de pretensión, aun diría yo de soberbia, el querer hacerlo.
Entonces siento mal decir que vamos a exigirle a la Comisión de Vigilancia que le exija a la Contaduría que haga lo que está haciendo.
Por eso es por lo que yo pedí que se rechazara esta propuesta, porque es albarda sobre aparejo, porque son muchas, muchas, en lo interno y en lo externo, la vigilancia, la fiscalización que se hace sobre el Seguro Social.
Quien quiera tener los datos, bueno, sí debe estudiarlos, debe examinarlos, debe pedir los informes; sentado en una silla no se pueden saber las cosas, hay que estudiar.
En el otro punto, en el punto de que yo estoy por la privatización, bueno, pues el diputado por
el PRD puede pensar lo que desee y atribuirme las tesis o las ideas que él desee, pero realmente no creo que en lo que yo haya dicho, haya habido una sola palabra respecto a ese tema, que por cierto hoy por hoy, como siempre hacen o generalmente hace el PRD, exageran o profetizan cosas y grandes males que van a pasar; pero en cuanto a que el auditor externo que por ser un auditor externo, un despacho privado, es una privatización, ¡sí! creo que es no conocer la práctica de todo el mundo, de todas las entidades de la práctica constante en este país, siempre en los tiempos de mayor estatización, las instituciones de cierto tipo, requieren, y qué bueno que lo tengan, un auditor externo. Ahora, el auditor externo, no va a serlo el mismo organismo ni un organismo tampoco afecto, al contrario, precisamente se trata de un órgano imparcial o una entidad imparcial. Por eso se hace así, se ha hecho siempre, se ha hecho cuando se creó la Ley del Seguro Social, se instituyó, se instituyó el auditor externo y ésta es una práctica tan inusual, que no tiene realmente un fundamento decir que a través de esto se considera que se desea privatizar el Seguro Social.
Insisto, mal u objetivo último, pues que está en la mente del diputado que me antecedió en el uso de la palabra, pero que no me he referido para nada a eso. Gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el senador Monreal.
El senador Ricardo Monreal Ávila:
Gracias, señor Presidente; señoras y señores legisladores:
Sí es cierto, en estos momentos se encuentra en debate público asuntos que relacionan directamente a una institución históricamente producto de la Revolución Mexicana y creo que el pro pósito fundamental que anima a esta institución es el mejoramiento de los servicios que se prestan a todos los mexicanos o a los mexicanos que están inscritos en este régimen del Seguro Social.
Me parece atendible la preocupación del diputado Campos, se lo digo con todo respeto. Incluso preocupación compartida por el diputado del PRD, Cristóbal Arias. Pero debemos insistir en la reflexión, más allá de posturas históricas, que si bien hay algunas todavía vigentes, otras requieren de adecuación y de revisión.
El senador Rodríguez ha expresado ampliamente los argumentos legales que sustentan nuestra oposición a la propuesta presentada por el Partido de la Revolución Democrática y estimo que la discusión de los miembros de la Comisión Permanente debe centrarse básicamente en el contenido de este punto de acuerdo propuesto por el diputado Cristóbal Arias.
Incluso debo confesar que aquí se han puesto a la consideración de la Permanente dos puntos: uno, el expresado por el diputado del PRD; y otra, la excitativa del PARM. Parlamentariamente tenemos que darles trámites distintos, no podemos votarlos en un solo sentido o en un solo acto.
Sin embargo, por las aseveraciones que expresara también el diputado Eloy, de que era una obligación de la Permanente turnar a comisiones este punto de acuerdo, me parece que es inexacta su apreciación y su interpretación jurídica.
Sí, el artículo 79 de la Constitución General de la República establece las atribuciones de la Comisión Permanente y en su fracción III señala:
"Resolver los asuntos de su competencia. Recibir durante el receso del Congreso de la Unión las iniciativas de Ley y proposiciones dirigidas a las cámaras, repito: y proposiciones dirigidas a las Cámaras, y turnarlas para dictamen a las comisiones de las cámaras a las que vayan dirigidas, a fin de que se despachen en el inmediato período de sesiones."
Pero vamos más allá en la interpretación. Suponiendo, sin conceder, que se cumplieron los extremos de esta hipótesis del artículo 79 en su fracción III, aun así, que haya dirigido la propuesta a alguna de las cámaras, aun en ese supuesto, tiene que ser sujeto al artículo 58 del Reglamento.
¿Por qué razón? Porque tiene la característica de ser una propuesta, una proposición y tiene necesariamente que caer dentro del artículo 58, para que se le desahogue y para que se siga el trámite parlamentario de costumbre. Es una práctica parlamentaria. No es nuevo. Y el artículo 58, como ustedes lo recordarán, dice:
"Las proposiciones que no sean iniciativas, como es el caso de Ley, presentadas por una o más individuos de la Cámara, sin formar los que la suscriban mayoría de diputados, se sujetará a los siguientes trámites "y se establece una serie de trámites, los cuales aquí han estado desahogando.
Por esa razón yo me he inscrito en contra, pero para que no le quede duda, le he hablado del trámite parlamentario desde mi punto de vista.
En materia jurídica, los abogados acostumbramos a señalar que no tenemos verdades absolutas ni embalsamadas, son acercamientos, interpretaciones distintas, pero les voy a decir por qué considero improcedente la propuesta y por qué no es viable que la Comisión Permanente se pronuncie o que la Comisión Permanente asuma o acuerde un punto o una propuesta, como es la que se está discutiendo.
Primero, los órganos internos y externos de control, auditoría y vigilancia, del sector público, actúan de manera regular y ordinaria y es innecesario suscribir por parte de la Comisión Permanente un acuerdo de tal alcance y ahí coincido con la apreciación y el punto de vista tanto del diputado del PAN, como del senador Rodríguez y Rodríguez; es decir, estos órganos de control y fiscalización permanente actúan por mandato de la Ley, no es necesario que la Permanente se pronuncie por un acuerdo de esta naturaleza.
¿Cuál es el propósito de un pronunciamiento en tal sentido? ¿Es acaso, les pregunto, señores integrantes de la Permanente, el IMSS una institución que por excepción escapa a la Contraloría General de la Federación, a sus órganos internos de control y vigilancia, a sus órganos de fiscalización permanente o escapa incluso a la Contaduría Mayor de Hacienda, órgano fiscalizador del Poder Legislativo? Incluso estamos minando o poniendo en duda la facultad soberana del Poder Legislativo, en tanto la revisión, el análisis y la aprobación de la Cuenta Pública.
Por esta razón no existe elemento jurídico que sustente o que refuerce esta propuesta. Los órganos de control tienen que funcionar, aunque no lo quiera la Permanente, aunque no se pronuncie la Permanente por una propuesta en este sentido y por eso la verdad de Peregrullo, que señalaban aquí con lenguaje vernáculo, respetable, pero es así, coincido con esta apreciación y por esto, señor Presidente, me he inscrito para votar y solicitar de la Asamblea que vote en contra de la propuesta.
El Presidente:
El diputado Eloy Vázquez López.
El diputado Eloy Vázquez López:
Gracias, señor Presidente:
Señor senador, le quiero decir en primer lugar que ya en distintos momentos las legislaturas que nos han antecedido han discutido la interpretación al artículo 79 fracción III y la práctica parlamentaria en ningún caso, en ningún caso, ha propiciado que se vote una propuesta dirigida a las cámaras, a cualquiera de las cámaras, porque la interpretación no... más bien dicho la redacción puntual de la fracción III no es sujeta a interpretaciones.
Aquí no dice, en ningún punto dice, que deberá discutir si se acepta o no, la Constitución es directa, dice: "Recibirá: recibir durante el receso, recibir, estamos recibiendo, del Congreso de la Unión las iniciativas de Ley y proposiciones dirigidas a las cámaras y turnarlas, en ningún momento dice "discutirlas", turnarlas para dictamen a las comisiones de la Cámara a la que vayan dirigidas, a fin que se despachen en el inmediato período de sesiones".
No hay pues, posibilidad de interpretación, porque el artículo 58 que usted invoca se refiere a proposiciones hechas en el pleno de la Cámara y habla expresamente de la Cámara y se refiere a proposiciones que son votadas específicamente por el órgano que lo discute; no se trata de proposiciones remitidas ni para recibir y turnar; no está hablando de ese tipo de proposiciones porque esas están normadas por el 113 de la Ley Orgánica...
El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul):
Quiero preguntar al orador, por favor, si me permite.
El diputado Eloy Vázquez López:
Claro que sí....
El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul):
Señor diputado, creo que se podría obviar con una pregunta a la fracción parlamentaria que presentó este pedimento.
¿Estarían ustedes de acuerdo, yo no sé qué opine la mayoría, en que el pedimento se tomara en
consideración para turnarse a la Comisión respectiva de la Cámara?
El diputado Eloy Vázquez López:
Señor diputado, le quiero responder que esa es la petición que está redactada por escrito y presentada por el diputado Cristóbal Arias, desde el principio...
El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul):
Gracias, gracias.
Por lo que considero yo, sólo quiero agregar, para concluir este punto, quiero pedirle al señor Presidente, que proceda en los términos constitucionales y reglamentarios a turnar a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados esta solicitud.
En ningún momento hemos venido aquí a pedir que se vote si hacemos la auditoría o no al Seguro Social por acuerdo de la Comisión Permanente, quien lo haya interpretado así no escuchó adecuadamente la petición que formulamos. Hemos dicho que se turne a la Comisión de Vigilancia, cuya Presidenta se encuentra aquí presente y en el seno de esa Comisión, en el marco del Reglamento y de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se nos acepte o se nos deseche o se dictamine como proceda. Ahí será el escenario del debate y ahí es donde se verá la materia de esta propuesta. Muchas gracias.
El Presidente:
El senador Monreal tiene la palabra.
El senador Ricardo Monreal Ávila:
Gracias, señor Presidente.
Como lo dijera en la anterior intervención, señores legisladores, en materia jurídica existe eso, son acercamientos, son discutibles, yo sigo sosteniendo mi tesis, mi posición y quiero decirle al diputado que la Constitución establece principios generales y se requiere incluso también es discutible la reglamentación de esos artículos. Hay jurisprudencia de la Corte en ese sentido. Y no es la interpretación. La interpretación literal, señor diputado, es la interpretación más, ya en este momento más rezagada; es necesario leer nuevas teorías de interpretación jurídica porque la literal, no obstante que es la principal que debe de observarse, pero tiene que recurrirse a otro tipo de interpretaciones.
Y otra cosa: el Reglamento no es de una Cámara, diputado; el Reglamento es para el Congreso General y en este momento nosotros constituimos la representación del Congreso de la Unión por disposición constitucional.
No se vaya a la interpretación rígida, literal, esa es la forma respetable pero eso es para los codigueros, para que lean lo que dice, hay que leer las nuevas interpretaciones jurídicas, del derecho y por eso tenía que reglamentarse; no hay un reglamento para la Cámara de Diputados, no hay un reglamento para la Cámara de Senadores, no hay un reglamento para la Comisión Permanente; hay un solo reglamento, desafortunadamente ya obsoleto y muchas de las disposiciones ya no son aplicables, pero eso es lo que tenemos y tenemos que aplicarlo necesariamente, más la Permanente que tiene que vigilar la observancia y la aplicación de las leyes que nosotros construimos.
Le repito, es discutible y no tengo la verdad absoluta, nunca la he tenido, es discutible, y en materia jurídica sólo se dan acercamientos. Pudiera estar equivocado, pero esa es mi interpretación y por eso reitero a la Presidencia mi solicitud de la conclusión del trámite parlamentario. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Cristóbal Arias, para este tema.
El diputado Cristóbal Arias Solís:
Gracias, señor Presidente:
De la intervención del senador Monreal, creo, a mí me deja francamente sorprendido y hasta asustado, de su temeraria afirmación en esta tribuna. No sé si él sea abogado, pero aun sin ser abogado cómo es posible que alguien venga y se atreva a decir aquí que busca aplicar la Ley en el sentido literal de lo que es claro, de lo que es rígido, de lo que no deja lugar a dudas, eso es algo ya fuera de época, que eso es algo rígido, es algo rezagado, dijo la palabra rezagado
y que entonces tiene que interpretarse la ley. Bueno, en aras y con esa concepción y en aras de interpretar la ley, se pueden cometer todas las arbitrariedades que se quieran y así se puede violar impunemente todo el estado de derecho que rige las relaciones en nuestro país.
A mí me parece francamente que es un desliz grave que no debieran dejar pasar los señores diputados y senadores del Partido Revolucionario Institucional, porque esto ya sale fuera, sale del tema, perdón, sale del tema central del contenido de lo que aquí se ha estado expresando sobre la cuestión del Seguro Social, pero esto creo que no podemos estar de acuerdo en una aberración, francamente una intervención que desprecia absolutamente lo que a la ley es muy claro y que se diga entonces aquí con esa tesis de que lo literal es reaccionario, es de rezago, es rígido, no vale, no cuenta, cuando la Constitución, cuando muchas leyes reglamentarias no dejan lugar a dudas en sus definiciones.
Entonces basta interpretar que aun cuando la ley señale el número que debe de haber de miembros para que haya quórum, para que sesione el Pleno de cualquiera de las dos cámaras, aun cuando en su sentido literal no deja lugar a dudas, basta con que venga aquí el señor senador Monreal a decir que eso es atrasado, eso es reaccionario, ése es un rezago que basta interpretar, que observamos, sin pasar lista de presentes, que hay el quórum, porque ésa es la interpretación caprichosa, subjetiva, que a su conveniencia le interesa para que pueda aplicarse la ley. Yo francamente creo que es una falta de respeto que se venga aquí a hacer esas afirmaciones tan temerarias, tan descabelladas, que van, eso sí, en contra del estado de derecho y, si ésa es la característica que asume, la posición que asume el senador Monreal y es la que se quiere llevar aquí al pleno de esta Permanente, creo que debemos de rechazar categóricamente ese tipo de afirmaciones, porque no contribuyen en nada a que hagamos efectivo realmente que este pleno se maneje conforme a derecho.
Y por otro lado, creo que la explicación en su intervención por parte del diputado compañero nuestro del Partido de la Revolución Democrática, Eloy Vázquez, ha sido muy clara, invocando un artículo de la Constitución General de la República que está por encima del Reglamento del Congreso de la Unión y que simplifica el trámite a una proposición hecha por nuestro partido y que entiendo, quiere entender el sentido de la pregunta que el diputado Juan de Dios Castro hizo a nuestro compañero, de cuál era el sentido de esa petición. Creo que no deja lugar a dudas y lo único a que se presta la intervención de quien me antecedió en el uso de la palabra, es a enredar y a complicar y a tratar de crear confusión entre nosotros, pero el simple sentido común nos aconseja rechazar categóricamente ese tipo de interpretación, ésas sí reaccionarias, de rezago y de miopía para conocimiento y aplicación de nuestra Constitución General de la República.
El Presidente:
Se le concede al senador Monreal la palabra.
El senador Ricardo Monreal Ávila:
Gracias, señor Presidente:
Bueno, eso es muy discutible, señor diputado. Le voy a tratar de rebatir lo que usted me dijo. Yo nunca expresé que fuera reaccionaria su propuesta. La interpretación, como usted habrá de recordarlo, se aplica en todos los sistemas modernos del derecho. En ocasiones debemos recordar para ubicarnos, ¿quién interpreta la Constitución o la ley? Hay interpretación auténtica, hay interpretación judicial que se refleja en la jurisprudencia, hay interpretación doctrinaria y, la interpretación no debe de extrañarle, diputado, es una figura jurídica en todo derecho del mundo, en todas partes es desentrañar el contenido de la norma.
Cuando falta claridad en un artículo de la Constitución, se acude por el juzgador a la interpretación jurisprudencial, doctrinaria o auténtica, se acude por el legislador o por el intérprete auténtico para establecer razonamientos, juicios, valoración sobre la norma y por eso nosotros recurrimos normalmente a la interpretación y se dice: vamos a acudir a lo que el espíritu del Constituyente quería decir y la jurisprudencia es eso, señor diputado, es interpretación en la aplicación de la ley aunque por un órgano distinto al nuestro, el judicial.
Pero además de eso, yo de ninguna forma, le expresé a usted o alguno de los miembros de la Permanente que la Constitución no debía observarse y no recuerdo haberle expresado juicios despreciativos a ella, no se trata de hacer predominar un punto de vista, ni tampoco que se confunda lo que yo expresé como posición personal, pero si le digo una cosa, hay jurisprudencia de la Corte, en el sentido de que si no existe la reglamentación de los artículos de la Constitución, la reglamentación repito, en ocasiones es difícil su aplicación y son tesis sostenibles por
juristas serios; está el doctor Burgoa, está el doctor Carpizo, está Fix Zamudio, están muchos tratadistas, pero estoy dispuesto a la discusión en otro momento, para que vea que la interpretación no es así como usted la señala y ojalá y con esto pudiéramos seguir el trámite parlamentario.
El Presidente:
Para el mismo tema, tiene la palabra el senador Rodríguez y Rodríguez.
El senador Jesús Rodríguez y Rodríguez:
Señor Presidente; sólo para alguna precisión sobre el tema que estamos discutiendo, ya de procedimiento.
En realidad creo que se ha señalado con toda claridad, por el señor senador Monreal, que la Constitución en algunos artículos, pues claro que es aplicable por sí misma, pero en otros y todo el procedimiento legislativo tiene una reglamentación a través de la Ley Orgánica del Congreso y a través del Reglamento, que no podemos cerrar los ojos ante ella.
Este artículo, que por cierto el diputado Eloy Vázquez leyó incompleto, es recibir durante el receso las iniciativas de Ley y las proposiciones dirigidas a las cámaras.
Primero, ésta no iba dirigida a las cámaras. Sería la primera razón, o una razón, ahí sí también interpretación gramatical; no va dirigida a la Cámara.
Pero después, y ahí iría la lógica, realmente si queremos hacer algo importante o se considera que es tan urgente hacer esta auditoría especial o esta vigilancia especial o fiscalización especial, pues tampoco lo lograríamos, porque se habla de que se mandaría a comisiones, vamos a suponer que tuviera razón el señor diputado Eloy Vázquez, a fin de que se despache en el inmediato período de sesiones; es decir, esta proposición tan urgente, tan importante, no la va a resolver la Comisión de Vigilancia; va en noviembre a tratarla.
Creo que es un poco fuera de lógica discutir tanto por algo que, de aceptarse, tendría que verse en noviembre. Antes de esto ustedes ya vieron y, por eso, insisto, son hechos que no son propios de los senadores y para seguir el lenguaje vernáculo, "zapatero a tus zapatos", pues yo no contesté lo que el señor diputado Juan de Dios Castro habló sobre la Contaduría.
En realidad es un tema que a ellos les corresponde, que él lo ha manejado y que es otro procedimiento, en el cual no, modesto senador, no voy a entrar; la Cámara de Diputados tiene el camino para hacerlo.
Pues lo mismo en este caso. Ya para noviembre, ya esto se ha visto por muchas, la vieron la Cuenta Pública, sea provisional o sea definitiva. Pero, además, esa reglamentación de que habla el senador Monreal es muy precisa, es tan precisa como el artículo 72, cómo se discuten las leyes, cómo se señala el quórum; no es la Constitución la que lo dice, vamos a la Ley Orgánica y vamos al Reglamento.
Aquí es el orden jerárquico de la Ley. Sí, la Constitución priva sobre todo, tiene razón el señor licenciado Cristóbal Arias, priva sobre todas las otras leyes, pero de ella se deriva la Ley Orgánica, el artículo 113 y de ahí el artículo 58 del Reglamento.
Creo que no hay duda y yo le rogaría señor Presidente, que no siguiéramos más este debate, sino que votáramos, que se deseche esta proposición.
El Presidente:
El diputado Eloy Vázquez, tiene la palabra para el mismo asunto.
El diputado Eloy Vázquez López:
El senador Monreal insiste en interpretar la Constitución. Efectivamente, hay cosas que son interpretables, no nos negamos.
Sin embargo, la autoridad, esto es, esta Cámara, esta Comisión Permanente sólo puede hacer aquello que le permite la Ley, sólo puede hacer aquello que la Constitución le permite.
La Constitución no está diciendo que las comunicaciones que dirigen los legisladores a una Comisión de la Cámara, pueda ser negada o bloqueada por la Comisión Permanente, que es lo que se pretende hacer aquí.
Queremos, señor senador, que se haga la auditoría al Seguro Social, la queremos que se haga dentro del marco de las posibilidades de la Contaduría Mayor, a la mayor brevedad posible y, si esto hay que aprobarlo en el mes de noviembre, en el mes de noviembre lo aprobaremos, pero es oportuno que en este momento se señale que, al haberse aprobado las modificaciones a
las cuotas, tendrán un efecto y que la Contaduría debe tomar en cuenta al Seguro Social dentro de sus prioridades para las próximas auditorías. Eso es nada más ni nada menos lo que estamos pidiendo. Estamos siguiendo un trámite ordinario, un trámite que se ha seguido por los legisladores que nos antecedieron, lo reitero, en relación con este tipo de asuntos.
Entiendo que, tal vez por solidaridad partidaria, ustedes no quisieran que el señor Borrego se encontrara en una situación de entredicho o quizá alguno de sus antecesores, como el licenciado Gamboa, de también algunas perspectivas en el corto plazo.
Entendemos esa intención, pero eso no da derecho a que podamos nosotros ejercer la labor fiscalizadora del propio Poder Legislativo.
Además, no se trata únicamente de una acción de coyuntura; se trata de aclarar las cuentas del Seguro Social. Si se aclaran ahorita, si se aclaran en noviembre o en octubre de 1994, nosotros estaremos impulsando que sea a la mayor brevedad posible, pero aceptaremos el momento en que se aclaren y presentaremos a través de los procedimientos legales correctos, las objeciones que tengamos y desde luego exigiremos que se finquen las responsabilidades que procedan.
Particularmente creo que sería muy grave que nosotros votáramos la fracción III del artículo 79, porque la Constitución tiene que acatarse y no se puede votar en un órgano como es éste y desde luego, los aspectos reglamentarios también mientras estén vigentes no están sujetos a interpretación.
Pido, por tanto, que el señor Presidente, con base en el artículo 113 y en el artículo 69 de la Constitución, simplemente turne a la Comisión que procede y pasemos al siguiente punto, en todo caso, el punto concreto que propuso la diputada Soto. Gracias.
El Presidente:
Con apoyo en el artículo 58, consulte la Secretaría a la Asamblea si estima que está ampliamente discutido.
El secretario senador Antonio Melgar Aranda:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a los miembros de la Comisión Permanente si se encuentra suficientemente discutida la propuesta presentada por el diputado Cristóbal Arias.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Suficientemente discutida, señor Presidente.
El Presidente:
No obstante la amplitud del debate que ya se tuvo, se abre el registro de oradores.
Proceda la Secretaría a tomar la votación correspondiente.
El secretario diputado Juan Gualberto Campos Vega:
En los términos del artículo 58 se va a proceder.
En votación económica, se consulta a la Asamblea si se admite o no la proposición presentada por el diputado Cristóbal Arias.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...
Los que estén porque no se acepte, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Desechada, señor Presidente.
El Presidente:
Con relación a la solicitud formulada por la diputada Cecilia Soto, túrnese a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, para los efectos que procedan.
El diputado Eloy Vázquez López: (Desde su curul):
Señor Presidente, pido la palabra.
El Presidente:
Tiene la palabra el señor diputado Eloy Vázquez López.
El diputado Eloy Vázquez López:
Quiero dejar sentado simplemente la inconformidad de nuestro partido por el tratamiento que se ha dado y por la violación que se ha hecho
de los artículos 79 fracción III de la Constitución y artículo 113 de la Ley Orgánica, en función de que se está aceptando un procedimiento y se está dando un tratamiento distinto a dos propuestas que tenían el mismo destino.
Considero esto de extrema gravedad, porque constituye una responsabilidad en quienes han votado a favor de aquellos delitos que resulten o de las responsabilidades que resulten de la práctica de la auditoría al Instituto Mexicano del Seguro Social en el momento en que se realice.
Quiero dejar sentado esto, porque lo considero de la mayor gravedad y el pueblo mexicano deberá juzgar esta actitud parcial, unilateral, que ha usado la mayoría, que de manera arbitraria ha evadido la posibilidad de que se realice una vez más, como se hizo anteriormente, cuando se solicitó en la Cámara de Diputados, la auditoría al Instituto del Fondo de Vivienda para los Trabajadores, lo cual significa que las responsabilidades que habrán de fincarse, abarcarán desde luego el encubrimiento en el que ustedes están cayendo, señores de la mayoría.
PARTIDO AUTENTICO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA
El Presidente:
Con apoyo en lo establecido por el derecho que tienen los legisladores para intervenir, tiene la palabra la diputada Cecilia Soto, para el tema de la asamblea extraordinaria del PARM y la disposición de la nueva dirigencia hacia la política.
La diputada Cecilia Soto González:
Señor Presidente, con su permiso; compañeros de la Comisión Permanente:
El día de ayer, el día 27 de julio, se celebró una asamblea extraordinaria de mi partido, en que hemos dado fin a largo difiriendo que mantuvimos con una minoría que haciendo mal uso de las prerrogativas y derecho de los partidos políticos, pretendía transformar al Partido Auténtico de la Revolución Mexicana en un instrumento exclusivo para su beneficio personal. Este conflicto, como ustedes saben, empezó el 21 de abril y afortunadamente culminó con una elección democrática, de una dirección permanente, que encabeza la profesora Rosa María Martínez Denegri, como Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional, cuestión que nos da mucho orgullo ser el primer partido con una mujer presidenta y, como Secretario General, al diputado Servando Hernández Camacho.
Una característica importante de esta Asamblea, fue la adopción del acuerdo para convocar en un período no mayor de 90 días, a otra asamblea que permita reformar nuestros documentos básicos y el compromiso de la directiva electa el día de ayer, para regirse por estos nuevos documentos básicos y no por los que rigen actualmente.
De esta manera, el PARM quiere sumarse al ambiente propicio, al debate nacional por una reforma política, ahora en mejores condiciones que las que estábamos antes, con un partido que pueda ejercer su democracia y de esta manera tener todo el derecho de exigirla también a nivel nacional, con un partido que destierre por completo la práctica de la reelección y reasuma el lema básico de la Revolución Mexicana, del respeto al sufragio efectivo y la no reelección y; que practique de manera dedicada y entusiasta la vida vigorosa de sus órganos estatutarios.
En ese sentido, nosotros queremos sumarnos a las propuestas que se hicieron ya en la pasada sesión de la Comisión Permanente, para que la Comisión Plural, que está analizando las propuestas de reforma política, reinicie sus trabajos. Esta Comisión está prácticamente en suspenso, suponemos que las consultas en materia de reforma política se están llevando a cabo por otros canales, desmereciendo así el papel que debe tener la Cámara de Diputados.
Ya en otras tribunas hemos expresado nuestra disposición a participar de tal manera que demos al pueblo de México una reforma política que contribuya a restablecer la credibilidad en el sistema electoral. Creemos en este sentido que debe ser una reforma política generosa, que no debe estar regida por el sistema de contrapesos que desafortunadamente apreciamos en la propuesta del Partido Revolucionario Institucional, en donde se abre aparentemente el Senado, a costa de buscar mantener el 65% per secula seculorum en la Cámara de Diputados. Creemos que ese tipo de propuestas no son propuestas con el ánimo generoso de verdaderamente encauzar al país por el rumbo de la democracia, sino por propósito, un tanto mezquino diría yo, de mantener el poder por este tipo de trucos.
Reitero entonces nuestra disposición, nuestra propuesta de que se reinicien los trabajos de
la Comisión Plural y reciban por mi conducto un saludo de nuestra nueva directiva. Muchas gracias.
REPÚBLICA DE CUBA
El Presidente:
Se toma nota de esta declaración y proceda la Secretaría a dar lectura a un escrito que se ha presentado a la Comisión Permanente.
El secretario senador Antonio Melgar Aranda:
Se va a proceder por instrucciones del Presidente, a dar lectura a una declaración suscrita por diferentes partidos políticos.
«Con motivo del XL aniversario de la Revolución Cubana, celebrado el 26 del actual, los grupos parlamentarios representados en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, emiten la siguiente declaración:
Primero. Saludamos fraternalmente al pueblo y Gobierno cubanos en ocasión de un aniversario más de la gesta revolucionaria de Cuba.
Segundo. Ratificamos el valor inalterable de la libre determinación de los pueblos, de la no intervención en los asuntos de otro Estado, del imperio de las normas de derecho internacional y de la convivencia respetuosa entre los diversos estados que integran la comunidad internacional.
Tercero. Renovamos al pueblo cubano la solidaridad del pueblo mexicano con su inalienable derecho a determinar soberanamente las formas de organización política, económica, social y cultural, que mejor respondan a sus intereses. Al mismo tiempo, reiteramos los lazos de amistad que nos han vinculado en la búsqueda constante por mejorar los niveles de cooperación y colaboración en un marco de irrestricto respeto mutuo.
Cuarto. Destacamos la prioridad que para nuestra política exterior constituye América Latina y el Caribe. Con esta región en general y con Cuba en particular, destacamos la prioridad que para nuestra política exterior constituye América Latina y el Caribe, con esta región en general y con Cuba en particular, nos unen esfuerzos comunes para lograr mejores estadios de bienestar en nuestros respectivos pueblos.
En este contexto, reiteramos la importancia del respeto a la pluralidad política, económica, social y cultural, que se da entre naciones que conforman la comunidad internacional.
Quinto, saludamos las diversas muestras de apoyo que en torno al fin del bloqueo se han registrado en distintos foros y formulamos votos por el constante progreso y bienestar del pueblo cubano, con la convicción de que la Comunidad Internacional y Cuba, tendrán un mejor marco de cooperación para el desarrollo de ese pueblo hermano, por lo que reafirmamos la vigencia de solidaridad que el Estado mexicano ha practicado hacia el Estado cubano.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 28 de julio de 1993. Suscriben: diputado Juan de Dios Castro Lozano, del Partido Acción Nacional; diputado Eloy Vázquez López, del Partido de la Revolución Democrática; diputado Juan Campos Vega, del Partido Popular Socialista; diputado Alberto Carrillo Armenta, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; diputada Cecilia Soto González, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; diputado Rodolfo Becerril Straffon, del Partido Revolucionario Institucional; senador Humberto Lugo Gil, del Partido Revolucionario Institucional.»
El Presidente:
Habiendo sido firmado este documento por todas las fracciones parlamentarias.
Se va a dar a conocer de parte de la Secretaría, un escrito que nos llegó durante el transcurso de esta Asamblea.
El diputado Juan Gualberto Campos Vega (desde su curul):
Señor Presidente, pido la palabra.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Campos Vega.
El diputado Juan Gualberto Campos Vega:
Señor Presidente; compañeros legisladores:
Quiero expresar una profunda satisfacción, porque los partidos políticos aquí representados en esta Comisión Permanente, hayamos suscrito esta declaración, que es plenamente congruente
con los principios de política internacional que del pueblo de México se ha dado a lo largo de su historia y, que forman parte de nuestra Carta Magna.
Pero también quiero aprovechar la ocasión para hacer unos breves comentarios, sobre todo a uno de los puntos a que hace referencia el documento citado y es el que se refiere a las manifestaciones cada vez más frecuentes que en diversos foros de carácter internacional se dan en torno al bloqueo a Cuba.
Todavía la semana pasada comentábamos aquí lo positivo de la actitud asumida por la Tercera Cumbre Iberoamericana y hoy queremos aprovechar la ocasión para comentar que hace apenas unos días, del 21 al 24 de este mes, se celebró precisamente en la ciudad de La Habana, el Cuarto Encuentro de Sao Paulo, con la presencia de 112 organizaciones miembros y 25 observadores de la región.
A este evento asistieron diversas organizaciones y partidos políticos mexicanos, tres de los cuales estamos representados en la Cámara de Diputados. Este organismo, el Foro de Sao Paulo, que surgió hace apenas algunos años, ha ido incrementando su presencia de manera permanente; en esta reunión se integraron 30 organizaciones.
Y a nosotros nos parece importante subrayar que éste es un foro con organizaciones de carácter diverso, que no son organizaciones homogéneas, sino que hay de diversas corrientes ideo lógicas, políticas; pero que todas ellas coinciden en objetivos que nos son comunes, como es el de lograr el desarrollo de nuestros países, de nuestra región, la integración de América Latina en un marco de independencia y bienestar para nuestros pueblos.
Este foro, como era de esperarse, condenó algunas prácticas que aún hieren los sentimientos de defensa de los intereses nacionales de nuestros pueblos: la presencia militar en Panamá, la ilegal ocupación de la Base de Guantánamo y de manera articular el mantenimiento del bloqueo a Cuba.
Sobre este tema, al que hemos reiterado nuestro rechazo permanente, creo que no vale la pena mencionar que ha sido una práctica que de manera sistemática y permanente el imperialismo norteamericano ha ido aplicando cada vez con mayor rudeza.
Bien vale la pena recordar que apenas triunfante la Revolución, en febrero de 1959, ya se inició esta práctica de parte del Gobierno norteamericano, cuando bloqueó parte de la cuota azucarera que Cuba vendía a ese país.
Y en julio del mismo año, la prensa cubana dio a conocer copias de un documento del Gobierno norteamericano, donde se daban las instrucciones para iniciar el bloqueo económico a Cuba.
Sería muy largo enumerar todas las acciones que paulatinamente se fueron adicionando a estas primeras medidas, sobre todo durante los primeros años de la Revolución: objeciones para el comercio de Cuba con terceros países, restricciones a las embarcaciones que hicieran contacto en puertos cubanos y que iniciaran acciones comerciales con Cuba, reducción de las cuotas de azúcar. En fin, una serie de medidas que solamente habían dejado fuera, el bloqueo, a una serie de alimentos elementales, a medicinas y a instrumental médico.
A estas alturas ya ni eso está libre de bloqueo. Es una actitud criminal en contra del pueblo cubano.
Si nos pusiéramos a hacer cuentas de lo que implicaron e implican para el pueblo cubano, para ese país, todas las medidas de carácter económico que tuvieron que tomar para contrarrestar el bloqueo, llegaríamos a sumas fabulosas de miles de millones de dólares, que teniendo en cuenta el número de habitantes, la extensión territorial, el producto interno bruto de Cuba, equivaldrían a un duro golpe si se produjera en nuestro país.
Así han caminado las cosas durante estos años, pero últimamente y, nosotros lo condenamos aquí en esta Comisión Permanente, se trató o se trata por parte del Gobierno norteamericano de darle carácter extraterritorial a alguna de sus decisiones. Si el Gobierno de los Estados Unidos no desea comerciar con Cuba, está en su derecho; aunque sea un acto criminal, aunque sea un acto inmoral, es su derecho.
Lo que no puede hacer el Gobierno norteamericano es entrometerse en la vida de nuestros países y tratar de que empresas subsidiarias de sus monopolios establecidas en territorio de México o de cualquier otro país del mundo, estén inhabilitadas, estén imposibilitadas de realizar acciones comerciales con Cuba. Hay muchos ejemplos de esta actitud.
Lo que no puede hacer el Gobierno norteamericano es obligarnos a que nosotros nos sumemos al bloqueo a Cuba. Eso es lo que no debe hacer. Eso es lo que no debemos nosotros permitir.
El día de ayer, con una visión por cierto deformante o deformada de lo que sucede en Cuba, el Washington Post plantea algo que llama poderosamente la atención. Hace su permanente condena a la política seguida en Cuba, pero dice que las condiciones del mundo han cambiado, que ya no existe el peligro de que Cuba sea utilizada por la desaparecida Unión Soviética, como parte de su política de confrontación en el área internacional, que por ello Cuba ya no representa un peligro para los Estados Unidos y además y, ahí viene la visión deformada del Washington Post, dice que si se suprimiera el bloqueo económico a Cuba, entonces se demostraría que ésta no es la causa de los problemas que enfrenta el pueblo cubano.
Creo que bien valdría la pena hacer una valoración real de lo que ahí sucede, preguntarnos cómo es posible que una economía pequeña, sin recursos energéticos, bloqueada durante más de 34 años, aun resiste, aun logra que la mayoría del pueblo cubano apoye a su Gobierno y mantenga su derecho de autodeterminación de darse el régimen social que más considere conveniente para sus intereses. Yo creo que eso es un ejemplo de lo que un pueblo puede hacer cuando está dispuesto a defender sus derechos, sobre todo su derecho soberano a darse el régimen que considere conveniente.
Por estas razones y en el marco del XL aniversario del "Asalto al Cuartel Moncada", que fue con el que dio inicio formal la lucha del pueblo cubano para darse la revolución que hoy está en el Gobierno, que nosotros creemos al sumarnos a esta decisión colectiva de los partidos políticos representados en la Cámara, expresar como partido político nuestra permanente, firme y decidida solidaridad con el pueblo cubano, con su revolución y con su Gobierno.
Queremos expresar aquí que a la par con la satisfacción que hemos venido constatando de la suma de diversas organizaciones internacionales, a la política en contra del bloqueo norteamericano, demandemos con mayor energía el cese de esta actitud criminal del Gobierno norteamericano.
Yo creo que por los principios de política internacional que orienta a nuestro país, por la larga historia de identificación entre los revolucionarios cubanos y los revolucionarios mexicanos, por el intercambio permanente de solidaridad que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, es necesario no solamente hacer declaraciones muy positivas como la que hoy hemos hecho, sino también tomar acciones concretas que contribuyan no solamente a condenar, sino ya a acabar con esta criminal política norteamericana que pudiera llevarnos también a que logremos la plena integración económica, política y social de Cuba, en el marco del incremento de las relaciones con el resto de los países de América Latina.
Creo que hay muchos lazos de diverso carácter que nos unen con el pueblo cubano, creo que hay un conjunto de objetivos que tenemos los diversos países de América Latina, que debemos realizar sin la presencia deformante, sin la presencia agresiva del Gobierno norteamericano y por ello expresamos de nueva cuenta nuestra satisfacción por haber suscrito este Acuerdo. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Eloy Vázquez López.
El diputado Eloy Vázquez López:
Gracias, señor Presidente, compañeros legisladores:
El PRD tiene claro el más importante ámbito de actividad internacional de México, es el de los vínculos con América Latina y El Caribe. Con los países de esta área compartimos no sólo lengua, historia y cultura, sino también problemas y como latinoamericanos que somos estamos obligados a buscar alternativas viables y articular esfuerzos con los países que nos interesan a fin de contribuir para la consecución de una comunidad latinoamericana en naciones, acordes con los tiempos que corren.
El pueblo cubano a través de la heroica lucha y una prolongada resistencia, le ha arrancado al país más poderoso de la tierra y rico entre los ricos, su independencia política y su soberanía nacional. Cuba existe y persiste como nación independiente desde hace más de 30 años y es la historia de más de 30 años de brutal bloqueo económico, político y científico de los gobiernos norteamericanos que desde entonces y hasta ahora han intentado doblegarla para recuperar el dominio sobre la isla.
Este pequeño pueblo cubano no cabe en el nuevo reino del neoliberalismo. Es un estorbo al proceso de globalización e internacionalización de las relaciones mercantiles capitalistas. La insolencia de la economía cubana que no somete los precios de los productos básicos y de consumo
a las leyes del mercado, son un insulto al ladies fair del imperio.
Las necesidades de alimentación, educación y salud del pueblo cubano no son atendidas bajo los criterios elementales de su sociedad... perdón, no son atendidos bajo los criterios selectivos del mercado porque los derechos por demás elementales de su sociedad no se someten a los vaivenes de los flujos del capital.
Cuba con sus contradicciones y deficiencias y en el contexto de la más grave crisis económica de su historia revolucionaria, constituye una muestra y un ejemplo de que hoy por hoy es posible que un pequeño y pobre país pueda regirse con independencia y soberanía bajo los principios de justicia social.
Al perder vigencia los pretextos que antes de la disolución de la Unión Soviética y demás países europeos del Este utilizaban los gobiernos estadounidenses para hostigar a Cuba en el marco de la Guerra Fría, hoy el Gobierno de Clinton busca nuevas razones ante la opinión pública mundial para mantener la agresión y el bloqueo.
Concretamente se acusa a Cuba de violar los derechos humanos con cuestiones de opinión y participación política.
El Secretario de Estado norteamericano, Warren Christoper anunció el endurecimiento del bloqueo ratificando su intención de aplicar la Ley Torriccelli y de que el uso de la fuerza en Cuba tendría que cumplir los mismos objetivos que en cualquier otro lugar del mundo.
En política internacional, los argumentos humanitarios de libertad y derechos humanos para justificar intervenciones son tan antiguos como los propios imperios. Así lo demuestra la historia de las intervenciones estadounidenses en Panamá, Guatemala, Gradada, Vietnam, Iraq y hoy por hoy, en Somalia que junto con las balas llevan comida al pueblo conquistado. Este es el estilo y sello caritativo y humanitario intervencionista de los Estados Unidos para refrendar su poderío bélico y depender unilateralmente sus intereses.
El bloqueo norteamericano y el desplome de los comercios con los países del Este, propició que el pueblo y Gobierno cubano realizaran impresionantes esfuerzos por sostener y mejorar los derechos humanos más importantes: la salud, la educación, la alimentación y la vivienda en condiciones de seguridad social.
Sin embargo el Gobierno norteamericano sí viola los derechos humanos del pueblo de Cuba por cuanto a su política genocida expresada por el bloqueo, que limitan de hecho el ejercicio del más humano de los derechos, el de la vida del pueblo y de la nación cubana.
El Gobierno estadounidense condicionó su proyecto de asignación presupuestaria para el paquete de ayuda foránea de 1993 a los gobiernos que presten ayuda militar, tecnológica y económica a La Habana.
Lo que el imperialismo busca con el embargo económico es paralizar la industria y la economía y rendir por hambre al pueblo cubano para reunir los requisitos que justifiquen el uso de la fuerza bajo los mismos argumentos utilizados en Somalia.
Hoy la situación de la Isla se agrava y los efectos del bloqueo se agregan a los del desastre causados por la tormenta del siglo con 150 mil damnificados, cinco mil árboles de plátano destruidos, daños irreparables a la zafra azucarera y 33,422 casos de afectados por epidemia de neuritis, sin que hasta el momento se conozcan las causas de esta enfermedad.
El problema fundamental de la economía es la falta de combustible agravada por el incumplimiento del Gobierno ruso en los contratos de aprovisionamiento de petróleo. Actualmente los cortes de electricidad por ese motivo son de seis horas diarias.
La defensa de la soberanía de este país hermano es algo que nos atañe a todos los pueblos de América Latina y del mundo; es parte de la defensa de nuestra propia soberanía y de nuestras propias conquistas, es por eso que consideramos que es necesario actuar. México puede ser decisivo en la ruptura del bloqueo, porque es un país productor de petróleo.
El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, ha propuesto un punto de acuerdo a esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en relación con Cuba. Son tres los aspectos que este acuerdo cubriría:
1. La afirmación de los principios básicos del derecho internacional, en especial, el del respeto a la soberanía de los estados y a la libre determinación de los pueblos y a su aplicación efectiva por parte de todos los países, incluso nuestro hemisferio y desde luego tienen vigencia en la relación de los gobiernos de los Estados Unidos de América y la República de Cuba.
2. Renovar el sentimiento y la convicción del Poder Legislativo mexicano, para que se suspenda y levante el ilegal e injusto bloqueo económico a que ha estado sometido ese país hermano desde hace más de tres décadas.
3. La manifestación de un acto de solidaridad efectiva y no puramente retórica, por parte del Gobierno de México, que consistiría en la venta de petróleo mexicano a Cuba en condiciones, términos y precios preferenciales.
Estos puntos fueron sugeridos y son presentados aquí como un punto de acuerdo particular que propone el Partido de la Revolución Democrática, sin descartar que suscribimos el punto de acuerdo que condensamos entre todas las fracciones parlamentarias.
Hace dos días tuvo lugar en Cuba la celebración del XL aniversario del histórico ataque al "Cuartel Moncada", con que se inició su proceso revolucionario contemporáneo. El acto tuvo lugar en medio de las circunstancias más adversas y contradictorias, dentro del marco que ha dominado este período especial, es decir, la conjugación de los cambios internacionales que se han producido en los últimos tiempos, particularmente la caída y desaparición del otrora llamado bloque socialista, el endurecimiento del bloqueo económico internacional, con la aplicación de la conocida Ley Torriccelli y los procesos de renovación o modernización económica a que están sometidos todos los países.
Por el otro lado, destaca la voluntad del pueblo cubano de defender sus derechos y conquistas sociales, alcanzadas bajo el impulso de la evolución interna y por efecto de su revolución.
La democratización del socialismo cubano, es nuestra convicción, sólo puede ser resultado de la acción del propio pueblo cubano y no resulta do de las presiones que ejerza ninguna entidad que se denomine la metrópoli del mundo.
Ese día fueron anunciadas una serie de medidas de carácter interno, sobre todo en el campo económico, tendientes a obtener mejores posibilidades de intercambio comercial internacional mediante, sobre todo, la captación de divisas. Estas medidas fueron consideradas como poco atractivas y estimulantes, incluso antipáticas pero indispensables en las circunstancias actuales.
Es el momento precisamente de actuar y no a través de gestos ambiguos o rituales, sino de una contribución real y precisa, que permita al menos amortiguar o aliviar la pesada, desproporcionada e injusta situación que carga el pueblo cubano.
En esa visión y perspectivas se inscribe la iniciativa que estamos poniendo a consideración de esta Comisión Permanente. En el mediano plazo es claro que habrá que hacer un esfuerzo adicional para asegurar la estabilidad y la normalización de las relaciones hemisféricas y adecuarlas a los tiempos del fin de la posguerra fría y a la cooperación entre las naciones. Tiempos serán para que, incluso, puedan celebrarse acuerdos de carácter económico y comercial, con Cuba como los que actualmente se impulsan, a lo largo de todo el continente, pero por ahora, esas tres medidas son necesarias, urgentes e inaplazables.
Nuestra iniciativa toma en cuenta también el hecho de que como es del conocimiento de todos los compañeros diputados y senadores, la semana pasada tuvo lugar un importante acto político precisamente en Cuba. En esta reunión, el IV Encuentro del Foro de Sao Paulo, participaron varias organizaciones políticas mexicanas, incluyendo algunos compañeros diputados, miembros incluso de esta Comisión Permanente.
El IV Encuentro del Foro de Sao Paulo, reunido en la ciudad de La Habana los días 21 al 24 de julio de 1993, con la presencia de 112 organizaciones, permitió tomar contacto con la difícil situación que atraviesa el hermano pueblo de Cuba y constatar los graves efectos del bloqueo y de la política sistemática de agresión que lleva adelante el Gobierno de los Estados Unidos.
Igualmente se testimonió la firmeza y voluntad de lucha cotidiana que los cubanos despliegan por salvaguardar las conquistas económicas y sociales alcanzadas. Este cuarto encuentro reafirmó su resuelta condena al inmoral bloqueo contra Cuba y asumió el compromiso de profundizar las acciones políticas tendientes a su levantamiento, así como su integración plena e incondicional a la comunidad continental de la que forma parte indivisible.
El primer punto que acordó este foro, fue multiplicar las actividades que exijan el cese del bloqueo económico y la política hostil de Estados Unidos contra Cuba y otras acciones que contribuyan a ese fin, entre ellas, priorizar las movilizaciones populares solidarias y de la opinión pública, la obtención de recursos financieros y materiales que alivien los efectos del bloqueo en áreas sensibles como combustible, alimentos y medicamentos y el estímulo a empresarios para que realicen negocios con Cuba.
Con motivo de la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas, donde volverá a discutirse
el tema del bloqueo a Cuba, incrementar desde septiembre hasta noviembre la presión política a los gobiernos de la región, para que apoyen en la ONU la resolución que ratifica y actualiza la solicitud del cese del bloqueo norteamericano contra Cuba.
También se adelantó la conveniencia de dirigir al propio Gobierno de los Estados Unidos, las exigencias de levantar incondicionalmente el bloqueo.
El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien es precandidato del Partido de la Revolución Democrática a la Presidencia de la República, asistió en representación de este partido a ese foro y, en él expresó las siguientes palabras, con las cuales concluyo: "Hablamos de complementar producciones y mercados, ¿por qué entonces no planteamos ya una gran región latinoamericana de intercambios libres? ¿Por qué mientras éste avanza no promovemos acuerdos de libre comercio y complementación económica de nuestros países con Cuba, para fomentar así el comercio que en alguna medida contribuya a romper el bloqueo?"
Dejo a la Secretaría el punto de acuerdo respectivo para que sea votado en esta Comisión Permanente.
El Presidente:
Se abre el registro de oradores, con la aplicación del 58. No habiendo, consulte la Secretaría a la Asamblea su opinión.
El secretario senador Antonio Melgar Aranda:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a los miembros de la Comisión Permanente si se admite la proposición presentada por el diputado Eloy Vázquez.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Aceptada, señor Presidente.
El Presidente:
Se turna a la Comisión de Energéticos.
ESTADO DE OAXACA
El Presidente:
En relación con un memorial presentado por particulares sobre denuncia respecto a violaciones que fueron realizadas en Santiago Amoltepec, Oaxaca, tiene la palabra el diputado Eloy Vázquez.
El diputado Eloy Vázquez López:
Muchas gracias, señor Presidente, compañeros legisladores:
Sólo quiero llamar su atención en torno a una situación que se vive en la región de la mixteca alta del Estado de Oaxaca, en torno a una serie de violaciones a los derechos humanos, que se han estado realizando, por parte de pobladores y autoridades de un municipio, que ha invadido a distintos poblados que son colindantes a él.
Hay una solicitud y una recomendación. Los comuneros del pueblo de San Mateo Yucutindó, perteneciente al municipio de Zapotitlán del Río, distrito de Sola de Vega, Estado de Oaxaca, han venido denunciando ante diversas instancias, tanto estatales como federales, una larga serie de atropellos, despojos, robos, agresiones y asesinatos cometidos contra ellos, por parte de las autoridades y pobladores de Santiago Amoltepec, los que invadieron tierras de Yucutindó desde 1942, año en el que cometieron el primer asesinato.
Estas denuncias, turnadas ante la Procuraduría estatal y la Procuraduría federal, el Ejecutivo estatal, la dirección de policía preventiva del Estado y las comisiones de Derechos Humanos local y nacional, hasta ahora han obtenido una pobre atención.
Muestra de lo anterior es el hecho de que sólo se han integrado hasta el momento seis averiguaciones previas, a pesar de que se han denunciado 32 asesinatos.
En vista de que el esclarecimiento de hechos, como los denunciados por los comuneros en San Mateo Yucutindó, debe ser compromiso de toda autoridad y motivo de la máxima atención del Poder Legislativo, a fin de garantizar la vigencia del estado de derecho y la plena observancia de los derechos humanos en la República y, entre otras funciones de la comisiones de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados se encuentra el coadyuvar, dentro de la esfera de su competencia, a la resolución de estos problemas, consideramos que la mencionada Comisión debe tomar cartas en el asunto.
Por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley Orgánica del Congreso y 64 del Reglamento,
someto a consideración de esta Presidencia que se remita esta denuncia a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
La entrego a la Secretaría para los efectos correspondientes. Gracias.
El Presidente:
Como lo solicita el promovente, se turna a la Comisión de Derechos Humanos.
SOLICITUD DE LICENCIA
El Presidente:
La Secretaría va dar a conocer un escrito que llegó a esta mesa, presentando una solicitud de licencia.
El secretario diputado Juan Gualberto Campos Vega:
«Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
Con fundamento en lo previsto en el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los términos previstos por la fracción VIII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito de la manera más atenta se me conceda licencia por tiempo indefinido de las funciones de diputado federal, para estar en posibilidades de participar como candidato a la Presidencia municipal de Torreón, Coahuila, por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
Agradezco de antemano la atención que se sirva prestar a mi petición y reitero a usted las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.
México, DF, a 27 de julio de 1993.
Atentamente.
Diputado Abundio Ramírez Vázquez.»
El Presidente:
De acuerdo a lo que establece el artículo 79 fracción III constitucional, se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.
El secretario diputado Juan Gualberto Campos Vega:
Por instrucciones de la Presidencia vamos a someter a discusión los siguientes puntos de acuerdo:
Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Abundio Ramírez Vázquez, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en la segunda circunscripción a partir de esta fecha.
Segundo. En su oportunidad llámese al suplente.
¿Algún diputado desea hacer uso de la palabra?.. No habiendo quien haga uso de la palabra en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
Comuníquese a la honorable Cámara de Diputados.
ESTADO DE SONORA
El Presidente:
El PRD ha presentado una denuncia respecto a la detención de sus militantes Petra Santos y Ramón Manríquez Uluarte en Mexicali por bloquear la caseta de peaje sobre el puente de la carretera federal San Luis Río Colorado Tijuana.
Tiene la palabra el diputado Eloy Vázquez López.
El diputado Eloy Vázquez López:
Compañeras y compañeros legisladores:
El pasado día jueves 22 de julio fueron detenidos nuestros compañeros Petra Santos Ortiz, quien es miembro del Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática y Ramón Manríquez Uluarte, quien es dirigente nacional de la Ceoac, por la policía del municipio de San Luis Río Colorado, apoyada con agentes de la policía judicial del Estado de Sonora, al que pertenece el citado municipio.
Inicialmente detenido bajo el pretexto de despojo del inmueble e instalaciones del palacio municipal de San Luis Río Colorado, así como por los supuestos de motín e incitación a la rebelión y obstaculización de las vías de comunicación.
Posteriormente les fue formado auto de formal prisión por el delito perteneciente al fuero federal de ataques a las vías de comunicación.
En realidad tales detenciones no son sino la cara más visible del enfrentamiento entre la política económica del actual Gobierno y distintos sectores del pueblo de México y en este caso las comunidades fronterizas de Sonora y Baja California.
El nudo de la disputa es el carácter aun más oneroso que el Gobierno estatal pretende dar al servicio que brinda un puente que comunica los lados de la frontera entre Sonora y Baja California Norte a través del Río Colorado, construido con los recursos de los ciudadanos de la zona por vía tanto de impuestos como de aportaciones específicas de los lugareños.
El puente en cuestión es cruzado varias veces al día por los habitantes de la zona ribereña, por lo que desde 1988 un convenio entre el Gobierno Federal y los vecinos permitía a quienes vivían a una distancia y hasta 25 kilómetros del río utilizar el puente sin costo alguno. Lo anterior era posible gracias a que la caseta de cobro del puente se encontraba precisamente a 25 kilómetros del río dentro del territorio de Sonora.
En la lucha social que permitió llegar a este acuerdo, tuvieron una destacada participación nuestros compañeros ahora injustamente presos.
Desde finales del año pasado, sin embargo, el Gobierno comenzó obras de restauración y remodelación de la caseta de cobro que se encuentra inmediatamente continua al puente y que por virtud del convenio de 1988 no se empleaba más. El objetivo evidente era que el Gobierno se proponía restaurar no sólo la caseta sino también los cobros, por lo que los habitantes de la franja fronteriza, los usuarios más habituales del puente se verían obligados a emplear una buena parte de sus recursos simplemente para transitar por las inmediaciones de sus localidades.
Ante este problema, ciudadanos de San Luis Río Colorado decidieron protestar pacíficamente haciendo un plantón en el palacio municipal, posteriormente y ante la presencia de la fuerza pública accedieron a emplear otras formas de protesta y a levantar el plantón, es entonces cuando se habían ya desalojado de manera totalmente pacífica las instalaciones municipales cuando los ocupantes de una patrulla llamaron a dialogar a nuestra compañera Petra Santos y el compañero Ramón Manríquez Uluarte; se trataba de un sucio ardid, los patrulleros en vez de dialogar detuvieron a ambos ciudadanos quienes fueron recluidos en el mismo San Luis y posteriormente trasladados al Juzgado Federal de Distrito con sede en Mexicali, donde se encuentran hasta la fecha.
Este tipo de problemas que el Gobierno pretende tratar como asuntos penales, constituyen la sustancia de enfrentamiento entre la elemental realidad de una gran mayoría de la población mexicana y una política económico gubernamental desfasada precisamente de esa realidad.
Por ello, cuando el actual Gobierno realizó la última serie de reformas al régimen jurídico de las comunicaciones, de clara orientación privatizadora, no olvidó endurecer la penalización de figuras jurídicas susceptibles de ser aplicadas a las protestas sociales por el Poder Judicial complaciente.
Por ello, debe verse a las recientes reformas constitucionales que limitan muy seriamente los derechos de los detenidos, como el necesario complemento de toda una cauda de reformas, como la última Ley Inquilinaria dirigida contra las condiciones de vida de los mexicanos más desfavorecidos haciendo totalmente real el apotegma decimonónico del Estado mínimo, Estado gendarme.
A nuestros compañeros inicialmente les habían fijado una fianza de 15 mil nuevos pesos para Petra Santos y de 10 mil nuevos pesos para Ramón Manríquez. La presión de la protesta social contribuyó a que las fianzas fueran fijadas finalmente en 500 nuevos pesos para cada uno. Ellos, con toda justicia, se han negado a pagarla en virtud de que el ejercicio de la protesta ciudadana no convierte en delincuente a nadie, máxime tomando en cuenta las condiciones del caso.
La presión social a la que nos referimos es el producto natural de la lucha de los vecinos de San Luis Río Colorado desde el pasado día 24. Un plantón permanente de lugareños bloquea el extremo baja californiano del puente que cruza el Río Colorado. La razón por la cual la protesta tiene lugar en Baja California es simple, del lado sonorense de la frontera se ha desplegado una considerable fuerza compuesta por elementos de la policía federal de caminos y la policía judicial del Estado de Sonora.
Lo anterior habla con gran elocuencia de la actitud que hasta ahora ha asumido el Gobierno de Manlio Fabio Beltrones: represión, cerrazón total al diálogo, presión hasta ahora infructuosa al Gobierno de Baja California para que se sume a las represalias. Incluso el Presidente municipal de San Luis le debe el puesto por circunstancias poco democráticas, después de un proceso electoral no muy claro en el que la presión popular obligó al candidato original del priísmo local a
renunciar. Gilberto Madrid Navarro fue impuesto por Manlio Fabio Beltrones como Presidente de San Luis, por lo que su desempeñó ha sido totalmente subordinado al gobernador. Sin embargo, la presión que como habíamos dicho es ejercida hasta ahora por el Gobierno de Sonora, lamentablemente hace prever un inminente desalojo del contingente que protesta en el lado baja californiano del puente.
Desde esta tribuna nos oponemos a cualquier acto represivo, venga de quien venga y hacemos un llamado al diálogo y a la cordura, a fin de que prevalezcan como hasta ahora, la moderación y la tolerancia política, valores indispensables para resolver estos problemas.
Por otra parte, la movilización de los ciudadanos no se detiene, el día de ayer martes 27, tuvo lugar un plantón de una hora en la carretera que comunica Tecate con Mexicali y hoy mismo, hace apenas media hora, culminó el segundo plantón en esa carretera. Ahora en el lado de Baja California. Y es que ante los atropellos del Gobierno, nuestro partido da ya los primeros pasos de una amplia campaña de protesta a lo largo de todo el Estado de Sonora y partes de Baja California, campaña que se intensificará en el caso de que nuestros compañeros Petra Santos y Ramón Manríquez, no sean inmediata e incondicionalmente liberados.
Desde esta alta tribuna nos sumamos enérgicamente a esta exigencia y alertamos sobre los actos represivos que por desgracia parecen inminentes. Esperamos que no sea así.
El Presidente:
Túrnese a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados.
Tiene la palabra la diputada Cecilia Soto.
La diputada Cecilia Soto González:
Señor Presidente, con su permiso:
Quisiera hacer una breve intervención para aclarar hechos con respecto a esta situación en que viven en efecto dos destacados líderes sociales de Sonora, Petra Santos y Ramón Manríquez Uluarte, líder de la Cioac.
Como diputada sonorense quisiera plantear algunos hechos y llamar a la cordura para que en efecto no se acuda a métodos represivos, pero que también haya disposición al diálogo por la otra parte.
La orden de aprehensión que se dictó, hay dos conflictos en realidad en el caso que mencionó el compañero Eloy Vázquez: uno muy importante es el conflicto de las cuotas de peaje en el puente y el que se está preparando en Baja California, que fue objeto de la toma de la carretera hoy, y ayer, en Mexicali Tijuana, que no es el caso de Petra Santos, sino los preparativos para la construcción de una caseta que cobrará 48 mil pesos en este tramo.
Uno es ese conflicto y otro es el conflicto que sostienen los mencionados líderes con el Ejido San Luis, con los ejidatarios de San Luis, que es un ejido ya conurbado, en donde hay una invasión muy importante de aproximadamente mil familias, que en su mayoría reconocen a la señora Santos como su lideresa. Se estaban llevando a cabo una serie de negociaciones para otorgar lotes a estos fecatarios y como resultado de un diferendo en estas negociaciones, para dar servicios y legalizar estos lotes, en muchas ocasiones los líderes de este movimiento encabezados por Petra Santos, habían tomado por breves momentos la Presidencia municipal de San Luis Río Colorado.
En este caso la presidencia de San Luis Río Colorado, se tomó por, casi ya serían cerca de 60 horas, cuando el Presidente municipal procedió a demandarla por despojo y en ejecución de esa demanda de despojo fue que se la apresó. Yo por supuesto no comparto la iniciativa que tomó el Presidente municipal, creo que en un caso de invasión urbana, en un caso de falta de vivienda hay otras maneras para arreglar este asunto, maneras que por otra parte, se venían sosteniendo.
Y fue una vez que ya estaba aprehendida ella, por despojo, que vino la otra demanda, en este caso federal, por obstrucción de las vías de comunicación, porque un movimiento popular había, en efecto, apoderado del puente de peaje, San Luis Río Colorado Mexicali, ya por más de seis meses.
En efecto, hay un problema importante en ese sentido. Antes los ciudadanos de Mexicali y de San Luis Río Colorado podían pasar libremente por el puente y solamente pagaban peaje los turistas o fuereños. Y se restringió esto de tal manera que ahora solamente los que vivían del lado de Sonora, 25 kilómetros del puente, ya no pagaban. Y esto en efecto, es un problema grave, porque afecta a la economía de los lugareños.
El paro que hubo ahora en la carretera Mexicali - Tijuana, y que lo hubo ayer también por una hora, tengo entendido que fue un movimiento ciudadano, aparentemente sin participación protagónica
de algún partido político, en donde se protesta por algo que ha sido un problema serio en el Estado de Sonora, que es el cobro de altas cuotas de peaje y la práctica inexistencia de caminos alternos. Es decir, en donde se viola la Constitución, por concesionar las carreteras, se ofrece una alternativa caricaturesca de camino alterno y se obliga al ciudadano a pagar altas cuotas de peaje en momentos en que la economía nacional atraviesa una situación extremadamente delicada, más la economía, las economías de Sonora y Sinaloa, golpeadas de manera muy profunda por una crisis agrícola a la que por cierto no se le ve salida.
Entonces son dos los problemas que hay: un problema judicial a nivel estatal, por una orden, por una acusación de despojo, presentada por el Presidente municipal de San Luis Río Colorado, en donde en efecto hay un diferendum muy amargo, muy fuerte con los mencionados dirigentes sociales.
Segundo. El problema de la caseta de peaje.
Yo quisiera hacer un llamado a ambas partes y por supuesto, en especial, al Gobierno de Sonora, a que se usaran métodos civilizados para llegar a un acuerdo en un conflicto en el que hay muchas vías todavía de negociación y de solución. Muchas gracias.
El Presidente:
Se toma nota del llamamiento de la diputada Cecilia Soto y continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DÍA
El secretario senador Antonio Melgar Aranda:
Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.
Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Comisión Permanente. Segundo Receso del Segundo Año de la LV Legislatura.
Orden del día
4 de agosto de 1993.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Gobierno del Estado de Morelos, invita a la ceremonia para conmemora el CXIV aniversario del natalicio del general Emiliano Zapata Salazar, que tendrá lugar el 8 de agosto en Anenecuilco, Morelos.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del CXIV aniversario del natalicio del general Emiliano Zapata Salazar, tendrá lugar el 8 de agosto a las 10.30 horas.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Hidalgo, Oaxaca y Quintana Roo.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Doce con los que se remiten las hojas de servicios de los ciudadanos Ricardo Partida Martínez, Mario Edmundo Rueda Gandarilla, Cuauhtémoc Sánchez Gómez, José Jorge Sosa Hernández, José Armando Gumersindo Candia Guevara, José Adolfo Rocha Rodríguez, José Luis Sandoval Martínez, Héctor García Seyler, José Luis Carrillo Cabral, Matías Ibáñez González, Abel Cruz Garcés y Gilberto Vázquez Cruz, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dictámenes de primera lectura
De la Primera Comisión, relativo a la solicitud de permiso de la ciudadana Claudia María Minvielle Cadena, para que pueda prestar servicios en el Consulado General de Colombia, en esta ciudad.
De la Primera Comisión, relativo a la solicitud de permiso de la ciudadana Reyna María Florina Ruvalcaba Peña, para que pueda prestar servicios en la Embajada de la República Dominicana, en México.
Dictámenes a discusión
De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano licenciado Victorino Esquivel Camacho, como magistrado de la Sala Regional Norte Centro del Tribunal Fiscal de la Federación.»
El Presidente:
(A las 16.35 horas) Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo miércoles 4 de agosto a las 11.00 horas.
NOTAS
Siglas y Abreviaturas incluidas en esta edición:
CIOAC Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos
Fonhapo Fondo Nacional de la Habitación Popular
Fovissste Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social
Infonavit Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para Los Trabajadores
INEGI Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
PARM Partido Auténtico de la Revolución Mexicana
PRD Partido de la Revolución Democrática
PPS Partido Popular Socialista
PRI Partido Revolucionario Institucional
SAR Sistema de Ahorro para el Retiro