Legislatura LV - Año II - Período Comisión Permanente - Fecha 19930804 - Número de Diario 4
(L55A2PcpN004F19930804.xml)Núm. Diario: 4ENCABEZADO
LV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE
Senador Emilio M. González Parra
PALACIO LEGISLATIVO
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Héctor de Antuñano y Lora
AÑO II México, DF., miércoles 4 de agosto de 1993 No.4
SUMARIO
SUMARIO
ASISTENCIA
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
ESTADO DE MORELOS
Invitación del Gobierno de ese Estado, a la ceremonia cívica conmemorativa del CXIV aniversario del natalicio del general Emiliano Zapata Salazar. Se designa comisión.
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
Invitación de esa dependencia del Ejecutivo Federal, al acto cívico conmemorativo del CXIV aniversario del natalicio del general Emiliano Zapata Salazar. se designa comisión.
ESTADO DE HIDALGO
Comunicación del congreso de esa Entidad, por lo que informa de actividades legislativas. De enterado.
ESTADO DE OAXACA
Comunicación del congreso de esa Entidad, por la que informa de actividades legislativas. De enterado
ESTADO DE QUINTANA ROO
Comunicación del Congreso de esa Entidad, por la que informa de actividades legislativas. De enterado.
PERMISO CONSTITUCIONAL
Oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso necesario para que el ciudadano Antonio Riviello Bazán, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de los Estados Unidos de América. Se turna a la Primera Comisión.
COMUNICACIÓN
Oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que informa que ciudadanos mexicanos han dejado de prestar sus servicios en las embajadas del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del norte y en la de los Estados Unidos de América en México. Se turna a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y a la de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores.
REPÚBLICA CHECA
Oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Yaromir Yan Nechyba Feiereizl, pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de esa República en Guadalajara, Jalisco, con diversas circunscripciones consulares. Se turna a la Primera Comisión.
PERMISO CONSTITUCIONAL (II)
Oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso necesario para que la ciudadana Alma Noemí Medina Gómez, pueda prestar sus servicios en la Embajada Británica en México. Se turna a la Primera Comisión.
RATIFICACIÓN DE GRADOS MILITARES
Doce oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que se remiten las hojas de servicios de un número igual de ciudadanos mexicanos, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnan a la Segunda Comisión.
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Claudia María Minvielle
Cadena , pueda prestar sus servicios en el Consulado General de ese país en la ciudad de México. Es de primera lectura.
REPÚBLICA DOMINICANA
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Reyna María Florina Ruvalcaba Peña, pueda prestar sus servicios en la Embajada de ese país en México. Es de primera lectura.
TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN
Dictamen de la tercera Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Victorino Manuel Esquivel Camacho, como Magistrado de la Sala Regional Norte - Centro de ese Tribunal.
Desde su curul, el diputado Juan de Dios Castro Lozano, hace una solicitud
A nombre de la Comisión, hace uso de la palabra el senador Jesús Rodríguez y Rodríguez.
Para explicar el por qué de su solicitud, sube a la tribuna el diputado Juan de Dios Castro Lozano.
Para contestar alusiones personales, el senador Jesús Rodríguez y Rodríguez
Votación y aprobación. Se turna el Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.
Protesta.
GRADOS MILITARES
Once dictámenes de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por lo que se ratifican los grados militares de los ciudadanos:
Fernando León Darío Meixuerio Ramírez
Luis Cotero Bayardini
José Máximo Rodríguez Carreón
Eduardo Zúñiga Martín del Campo
Carlos Armando Martínez de Anda
Armando del Ángel Rivas
Manuel Paulín Fritsche
Romeo Jiménez Trejo
Domingo Hilario Campos Morán
Joaquín Esteban García - Silva Pérez
Luis Felipe Flores Caracheo
En sendas votaciones económicas, se prueban y se turnan al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos María del Carmen Rábago Boschetti, Felipe de Jesús Corrales Mancilla, Ronaldo Xavier Villaseñor Montiel, Verónica Orozco Ortíz, Alfonso Parra Geraldo, Juan Julián Estrada Navarro y Ricardo Hernández Palacios, puedan presentar sus servicios en la Embajada de ese país en México y en sus consulados de Ciudad Juárez, Chihuahua y Tijuana, Baja California.
Sin discusión se aprueba y se turnan al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.
INICIATIVA DE LEY EN MATERIA INQUILINARIA
Presentada por el diputado Juan Gualberto Campos Vega. Se turna a las comisiones de Vivienda y del Distrito Federal de la Cámara de Diputados.
CONSEJO NACIONAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
El diputado Eloy Vázquez López , da a conocer una resolución de ese organismo.
La comenta el diputado Pedro Ojeda Paullada.
CONFERENCIA PERMANENTE DE PARTIDOS POLÍTICOS DE AMÉRICA LATINA
Hacen declaraciones al respecto los legisladores.:
Juan Gualberto Campos Vega
Rodolfo Becerril Straffon
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Denuncia anomalías en las carreteras del peaje, el senador Héctor Terán Terán. Se turna a las comisiones de Información, Gestoría y Quejas y de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados.
TRABAJADORES INDOCUMENTADOS MEXICANOS
Presenta una declaración política al respecto, el diputado Javier Guerrero García
Expresa su opinión el diputado Juan Gualberto Campos Vega.
ARANCELES AL ACERO MEXICANO
El diputado Javier Garduño Pérez, presenta declaración política por los ordenados por la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos de América.
El diputado Cristóbal Arias Solís, habla al respecto de las normas jurídicas en Materia de Arrendamiento e Inmuebles para la Vivienda . Se turna a las comisiones de Vivienda y del Distrito Federal.
ESTADO DE YUCATÁN
La diputada María Esther Scherman Leaño, informa de la denuncia presentada por su Partido anta el Consejo Estatal Electoral de esa entidad.
Para expresar opiniones, rectificar hechos y contestar alusiones personales, suben a la tribuna los diputados:
Diego Fernández de Cevallos Ramos
Juan Gualberto Campos Vega
Diego Fernández de Cevallos Ramos
Juan Gualberto Campos Vega
María Esther Scherman Leaño
Diego Fernández de Cevallos Ramos
PARTIDO AUTENTICO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA
La diputada Cecilia Soto González, denuncia la toma de las oficinas de su partido.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión .Se levanta la sesión
DEBATE
Presidencia del senador Emilio M. González
ASISTENCIA
El Presidente:
Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.
La secretaria diputada María Luisa Urrecha Beltrán:
Se va a proceder a pasar lista de asistencia de los miembros de la Comisión Permanente.
Hay una asistencia de 29 representantes. Hay quórum, señor Presidente.
APERTURA
El Presidente (a las 11.30 horas):
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
La secretaria diputada María Luisa Urrecha Beltrán:
Se va a dar lectura al orden del día.
«Comisión Permanente. Segundo Receso. Segundo Año. LV Legislatura.
Orden del día
4 de agosto de 1993.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El gobierno del Estado de Morelos, invita a la ceremonia que para conmemorar el CXIV aniversario del natalicio del general Emiliano Zapata Salazar, tendrá lugar el 8 de agosto en Anenecuilco, Morelos.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del CXIV aniversario del natalicio del general Emiliano Zapata Salazar, tendrá lugar el 8 de agosto a las 10.30 horas.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Hidalgo, Oaxaca y Quintana Roo.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano general de división diplomado de Estado Mayor Antonio Riviello Bazán, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Legión al Mérito, en Grado de Comandante, que le confiere el gobierno de los Estados Unidos de América.
Tres por los que se comunica que los ciudadanos Alejandro J. Granillo Meade, Iliana I. Sandoval Moya, Juana Vargas Hernández, Dora Alicia Camargo Gómez, Roberto García Villanueva y Juan Guillermo Núñez Llanas, han dejado de prestar servicios en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en México y en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México, respectivamente.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Yaromir Yan Nechyba Feiereizl, pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República Checa en Guadalajara con circunscripción consular en los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Zacatecas.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Alma Noemí Medina Gómez, pueda prestar servicios en la Embajada Británica, en México.
Doce con los que se remiten las hojas de servicios de los ciudadanos Ricardo Partida Martínez, Mario Edmundo Rueda Gandarilla, Cuauhtémoc Sánchez Gómez, José Jorge Sosa Hernández, José Armando Gumersindo Candia Guevara, José Adolfo Rocha Rodríguez, José Luis Sandoval Martínez, Héctor García Seyler, José Luis Carrillo Cabral, Matías Ibáñez González, Abel Cruz Garcés y Gilberto Vázquez Cruz, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dictámenes de primera lectura
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Claudia María Minvielle Cadena, para prestar servicios en el Consulado General de Colombia, en esta ciudad.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Reyna María Florina Ruvalcaba Peña, para prestar servicios en la Embajada de la República Dominicana, en México.
Dictámenes a discusión
De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano licenciado Victorino Manuel Esquivel Camacho, como magistrado de la Sala Regional Norte Centro del Tribunal Fiscal de la Federación.
Once de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados a los ciudadanos Fernando León Darío Meixueiro Ramírez, Luis Cotero Bayardini, José Máximo Rodríguez Carreón, Eduardo Zúñiga Martín del Campo, Carlos Armando Martínez de Anda, Armando del Ángel Rivas, Manuel Paulín Fritsche, Romeo Jiménez Trejo, Domingo Hilario Campos Morán, Joaquín Esteban García Silva Pérez y Luis Felipe Flores Caracheo.
De la Primera Comisión con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos María del Carmen Rábago Boschetti, Felipe de Jesús Corrales Mancilla, Ronaldo Xavier Villaseñor Montiel, Verónica Orozco Ortiz, Alfonso Parra Geraldo, Juan Julián Estrada Navarro y Ricardo Hernández Palacios, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México y en los consulados generales en Ciudad Juárez, Chihuahua y en Tijuana, Baja California, respectivamente.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
La secretaria diputada María Luisa Urrecha Beltrán::
Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el día veintiocho de julio de mil novecientos noventa y tres, correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.
Presidencia del senador Emilio M. González Parra
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las once horas con treinta minutos del día veintiocho de julio de mil novecientos noventa y tres, con una asistencia de veintiséis legisladores, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y, posteriormente, al acta de la sesión anterior, misma que sin discusión se aprueba en sus términos en votación económica.
El Presidente informa que se encuentra a las puertas del salón una comisión de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, designa una comisión que los introduzca en el salón y concede el uso de la palabra al representante Juan Carlos Sánchez, quien informa de la clausura del segundo período de sesiones del segundo año de ejercicio de la Segunda Asamblea de ese organismo Colegiado. De enterado.
Se da cuenta con una invitación del Departamento del Distrito Federal al acto cívico conmemorativo del centésimo octagésimo segundo aniversario luctuoso de don Miguel Hidalgo y Costilla. Se designa comisión para representar a la Comisión Permanente.
Dos oficios de la Secretaría de Gobernación con los que se solicitan los permisos constitucionales necesarios para que las ciudadanas Claudia María Minvielle Cadena y Reyna María Florina Ruvalcaba Peña, puedan prestar sus servicios en el Consulado General de Colombia en la ciudad de México y en la Embajada de la República Dominicana en México, respectivamente. Se turnan a la Primera Comisión.
También se da cuenta con doce oficios de la misma Secretaría, con los que se remiten las hojas de servicios de un número igual de ciudadanos mexicanos, para los efectos de la fracción séptima del artículo setenta y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnan a la Segunda Comisión.
Se da lectura a un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que se remite la información solicitada por la mesa directiva de la Cámara de Diputados, respecto a los acontecimientos ocurridos en Puerto Lázaro Cárdenas, Michoacán. Se turna a la mesa directiva de la Cámara de Diputados.
La Secretaría da primera lectura a un dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos María del Carmen Rábago Boschetti, Felipe de Jesús Corrales Mancilla, Rolando Xavier Villaseñor Montiel, Verónica Orozco Ortiz, Alfonso Parra Geraldo, Juan Julián Estrada Navarro y Ricardo Hernández Palacios, puedan prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en los consulados generales de ese país en Ciudad Juárez, Chihuahua y en Tijuana, Baja California.
La propia Secretaría da lectura a un memorial de particulares respecto de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, que se turna a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.
El Presidente concede el uso de la palabra al diputado Cristóbal Arias Solís, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta iniciativa de decreto para modificar el relativo del Congreso de la Unión publicado el 21 de julio próximo pasado en materia de reformas al Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal, al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y a la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Para referirse a esta iniciativa, hacen uso de la palabra los legisladores Juan Campos Vega, del Partido Popular Socialista; Alberto Carrillo Armenta, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y Eloy Vázquez López, del Partido de la Revolución Democrática. Se turna la iniciativa a las comisiones de Vivienda y del Distrito Federal de la Cámara de Diputados y se ordena dar cumplimiento con lo previsto en el artículo ciento setenta y nueve del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión.
Sobre el mismo tema, hacen uso de la palabra los legisladores Manuel Aguilera Gómez, del Partido Revolucionario Institucional; Cristóbal Arias Solís, del Partido de la Revolución Democrática y Juan Campos Vega, del Partido Popular Socialista.
Para formular comentarios sobre la Ley del Seguro Social, el Presidente concede el uso de la palabra a los legisladores Juan Campos Vega, del Partido Popular Socialista; Cristóbal Arias Solís, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones, quien presenta un punto de acuerdo; Jesús Rodríguez y Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional, en tres ocasiones; Cecilia Soto González, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien solicita una excitativa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados para que dictamine una iniciativa presentada por su partido, en relación con el ordenamiento que se comenta: Juan de Dios Castro Lozano, del Partido Acción Nacional; Eloy Vázquez López, del Partido de la Revolución Democrática, en cuatro ocasiones y Ricardo Monreal Ávila, del Partido Revolucionario Institucional, en tres ocasiones.
En votación económica se desecha la proposición del diputado Arias Solís y se formula la excitativa solicitada por la diputada Soto González.
Sube a la tribuna la diputada Cecilia Soto González, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien informa sobre la asamblea extraordinaria de su partido. De enterado.
Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura a una declaración política de solidaridad con el pueblo cubano, firmada por todos los grupos parlamentarios integrantes del Congreso de la Unión. Para expresar sus opiniones respecto del mismo tema, se concede el uso de la palabra a los legisladores Juan Campos Vega, del Partido Popular Socialista y Eloy Vázquez López, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta una proposición sobre abastecimiento de petróleo en Cuba. En votación económica se admite a trámite y se turna a la Comisión de Energéticos de la Cámara de Diputados.
Sube a la tribuna el diputado Eloy Vázquez López, del Partido de la Revolución Democrática, quien denuncia hechos que considera violatorios de los derechos humanos en Santiago Amoltepec, Oaxaca. Para su conocimiento, se turna a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
Se da cuenta con una solicitud de licencia por tiempo indefinido del diputado Abundio Ramírez Vázquez y la Asamblea otorga la licencia correspondiente. Comuníquese a la Cámara de Diputados.
Vuelve a la tribuna el diputado Eloy Vázquez López, quien se refiere a la aprehensión de dos militantes del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Sonora. Para su conocimiento, se turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados.
Para rectificar hechos sobre el mismo asunto, se concede el uso de la palabra a la diputada Cecilia Soto González, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
Agotados los asuntos en cartera y no habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las dieciséis horas con treinta y cinco minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo miércoles cuatro de agosto de mil novecientos noventa y tres, a las once horas.»
La misma Secretaria diputada:
Está a discusión el acta.. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Aprobada el acta, señor Presidente.
ESTADO DE MORELOS
La secretaria senadora Idolina Moguel Contreras:
Se va a dar lectura a varias invitaciones.
«Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, D.F.
Para celebrar el CXIV aniversario del natalicio del general Emiliano Zapata Salazar, el gobierno del Estado de Morelos, ha organizado una ceremonia que tendrá verificativo el próximo día 8 de agosto a las 11.00 horas, en la que fuera casa del Caudillo del Sur, en Anenecuilco, Morelos.
Con este motivo, me complace hacer a usted atenta y cordial invitación para que nos honre con su presencia en dicho acto.
Hago propicia la ocasión para saludarlo cordialmente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Cuernavaca, Morelos, julio 7 de 1993. El gobernador constitucional del Estado, Antonio Riva Palacio López. El secretario general de gobierno, Alfredo de la Torre y Martínez.»
El Presidente:
Para asistir en representación de esta Comisión Permanente, se designa a los siguientes legisladores: senador Jesús Rodríguez y Rodríguez y diputado Rodolfo Becerril Straffon.
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
La secretaria senadora Idolina Moguel Contreras:
«Ciudadano senador Emilio M. González, Presidente de la Comisión Permanente. Presente.
El Departamento del Distrito Federal, por conducto de esta dirección general, ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del CXIV aniversario del natalicio del general Emiliano Zapata Salazar, que tendrá lugar en la Alameda del Sur, ubicada en Av. Canal de Miramontes y Av. de las Bombas, delegación política Coyoacán, el día 8 de agosto a las 10.30 horas.
Por tal motivo, de la manera más atenta me permito solicitarle tenga a bien girar sus respetables indicaciones, a efecto de que un representante de esa honorable Comisión Permanente que usted preside, asista a la ceremonia de referencia.
Agradezco cumplidamente las atenciones que se sirva prestar al presente y le reitero con mi reconocimiento las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Director de acción cívica, licenciado Gerardo González Camarena.»
El Presidente:
Para asistir en representación de esta Comisión Permanente, se designa al siguiente legislador: diputado Javier Garduño Pérez.
ESTADO DE HIDALGO
La secretaria senadora Idolina Moguel Contreras:
«Escudo del Estado. Congreso del Estado de Hidalgo. Secretaría. Hidalgo.
Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, D.F.
Con toda atención, nos permitimos el honor de comunicar a usted(es) que la Quincuagésima Quinta Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, clausuró los trabajos del primer período ordinario de sesiones, correspondiente al primer año de ejercicio constitucional; y a la vez dio cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 57 de la Constitución Política de la entidad y 128 y 129 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, eligiendo a los miembros que integrarán la Comisión Permanente, que fungirá durante el receso que comprende del 1o. de julio al 30 de septiembre
de 1993, habiendo resultado electos los ciudadanos: Presidente, diputado Jaime Costeira Cruz; vicepresidente, diputado Alfredo Tovar Gómez; secretario propietario, diputado Miguel Ángel Peña Sánchez; secretario propietario, diputado Salvador Neri Sosa; secretario propietario, diputado Hilario Avilés Lugo; secretario suplente, diputado Roberto Alejandro Meza García; secretario suplente, diputado Filiberto Carlos Aguilar Alvarez.
Al hacer de su conocimiento lo anterior, nos es grato reiterarle(s) las seguridades de nuestra más alta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Pachuca, Hidalgo, 30 de junio de 1993. Secretarios diputados, Fernando Quetzalcoatl Moctezuma Pereda y Jaime Costeira Cruz.»
De enterado.
ESTADO DE OAXACA
La secretaria senadora Idolina Moguel Contreras:
«Gobierno Constitucional del Estado de Oaxaca. Poder Legislativo.
Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, D.F.
Para dar cumplimiento a los preceptos legales, comunicamos a usted (s) que la Quincuagésima Quinta Legislatura Constitucional del Estado, en sesión ordinaria efectuada hoy, integró la diputación permanente que fungirá del 1o. de julio al 15 de septiembre del presente año, quedando en la forma siguiente: diputado licenciado Fortino Figueroa Montes, diputado Benjamín Rodrigo Cabrera Robles, diputado licenciado José María Yáñez Gatica, diputado licenciado Luis Manuel de Jesús Castañeda Melgoza, diputado Jacobo Sánchez López.
Suplentes: diputado Octavio Ramos Jarquín, diputado licenciado Melitón García López.
Reiteramos a usted (s) las seguridades de nuestra distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Respeto al Derecho Ajeno es la Paz.
Oaxaca de Juárez, a 25 de junio de 1993. Diputados secretarios, Enrique Martínez Hinojosa y Rolando Hernández Castillo.»
De enterado.
ESTADO DE QUINTANA ROO
La secretaria senadora Idolina Moguel Contreras:
«Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Ciudad Chetumal, Quintana Roo, México.
Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, D.F.
La honorable VII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, se permite comunicar que en junta previa celebrada el día 8 de julio de 1993, se procedió a la elección de la mesa directiva que fungirá durante el primer período extraordinario de sesiones del primer receso del primer año de ejercicio constitucional; habiendo quedado de la siguiente manera: Presidente, diputado Fausto Leonel Villanueva Marrufo; vicepresidente, diputado Manuel Jesús Tacu Escalante; secretaria, diputada Margarita Torres Pérez.
Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle mi consideración distinguida.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Ciudad Chetumal, Quintana Roo, 9 de julio de 1993. El oficial mayor del honorable Congreso del Estado, profesor Ángel de Jesús Marín Carrillo.»
De enterado.
PERMISO CONSTITUCIONAL
La secretaria senadora Idolina Moguel Contreras:
«Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación. Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
A continuación transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 21 del actual:
"El ciudadano general de división diplomado de Estado Mayor Antonio Riviello Bazán, secretario de la Defensa Nacional, solicita se tramite ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado B, del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Legión al Mérito, en Grado de Comandante, que le confiere el Gobierno de los Estados Unidos de América. Para tal efecto y a fin de que se integren en su expediente, remito a usted acta de nacimiento, curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la condecoración relativa."
Al comunicar a ustedes lo anterior, envío con el presente los anexos que en el mismo se citan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 26 de julio de 1993. El secretario, José Patrocinio González Blanco Garrido.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
COMUNICACIÓN
La secretaria diputada María Luisa Urrecha Beltrán:
«Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación. Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
A continuación transcribo a ustedes, para su conocimiento y fines legales procedentes, oficio que el ciudadano Alejandro J. Granillo Meade, dirigió a esta Secretaría, con fecha 19 del actual: "Me dirijo a usted muy atentamente y por recomendación de la dirección general para Europa de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con motivo de informarle que con fecha 30 de junio de 1993 dejé de prestar mis servicios en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Sirva la presente para que exista constancia del término de mis funciones, ya que para iniciarlas me fue otorgado el permiso necesario por parte del honorable Congreso de la Unión en los términos de la fracción II, apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 14 de julio de 1992."
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 22 de julio de 1993. El secretario José Patrocinio González Blanco Garrido.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la honorable Cámara de Diputados y a la Comisión de Puntos Constitucionales de la honorable Cámara de Senadores para su conocimiento.
La misma Secretaria diputada:
«Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación. Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
Con fecha 19 del mes en curso la ciudadana Iliana I. Sandoval Moya, manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:
"Me dirijo a usted muy atentamente y por recomendación de la dirección general para Europa de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con motivo de informarle que con fecha 8 de julio de 1993 dejé de prestar mis servicios en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Sirva la presente para que exista constancia del término de mis funciones, ya que para iniciarlas me fue otorgado el permiso necesario por parte del honorable Congreso de la Unión en los términos de la fracción II, apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en
el Diario Oficial de la Federación del día 1o. de julio de 1992."
Lo que hago del conocimiento de ustedes para los fines legales procedentes.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 22 de julio de 1993. El secretario José Patrocinio González Blanco Garrido.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la honorable Cámara de Diputados y a la Comisión de Puntos Constitucionales de la honorable Cámara de Senadores para su conocimiento.
La misma Secretaria diputada:
«Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación. Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores, se ha dirigido a ésta de Gobernación con fecha 8 del presente, manifestando lo siguiente:
"Hago de su conocimiento para los efectos a que haya lugar, que las personas que se mencionan a continuación se dirigieron a esta Secretaría para informar que han dejado de prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en la ciudad de México. Anexo encontrará las cartas de los interesados. Nombre, puesto, lugar de trabajo; Juana Vargas Hernández, empleada de intendencia, oficina de servicios generales de la Embajada de los Estados Unidos de América, en esta Ciudad; Dora Alicia Camargo Gómez, empleada de intendencia, oficina de servicios generales de la Embajada de los Estados Unidos de América, en esta Ciudad; Roberto García Villanueva, lavacoches, oficina de servicios generales en la Embajada de los Estados Unidos de América, en esta Ciudad; Juan Guillermo Núñez Llanas, lavacoches, oficina de servicios generales en la Embajada de los Estados Unidos de América, en esta Ciudad.
Las personas mencionadas solicitan la cancelación del permiso concedido en su oportunidad por el honorable Congreso de la Unión, para prestar sus servicios a ese Gobierno.
Al comunicar a ustedes lo anterior, les acompaño con el presente los anexos que en el mismo se citan, para los fines legales procedentes.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 22 de julio de 1993. El secretario José Patrocinio González Blanco Garrido.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la honorable Cámara de Diputados y a la Comisión de Puntos Constitucionales de la honorable Cámara de Senadores para su conocimiento.
REPÚBLICA CHECA
La secretaria diputada María Luisa Urrecha Beltrán:
«Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación. Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
Con fecha 21 del actual, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:
"Adjunto al presente me es grato remitir a usted la solicitud del señor Yaromir Yan Nechyba Feiereizl, a fin de que tenga a bien disponer se gestione ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere el artículo 37, inciso b, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República Checa en Guadalajara con circunscripción consular en los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Zacatecas. Para tal efecto, se anexa también acta de nacimiento, curriculum vitae, carta de vecindad y notificación de nombramiento del interesado."
Lo que hago del conocimiento de ustedes para los fines legales procedentes, enviándoles además con el presente los anexos que en el mismo se mencionan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 26 de julio de 1993. El secretario José Patrocinio González Blanco Garrido.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
PERMISO CONSTITUCIONAL (II)
La secretaria diputada María Luisa Urrecha Beltrán:
«Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación. Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 8 del actual, enviándoles además con el presente los anexos que en el mismo se citan:
"Por medio de la presente solicito a usted sea el amable conducto para requerir ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la ciudadana Alma Noemí Medina Gómez, de nacionalidad mexicana, según consta en el original de su acta de nacimiento, pueda prestar sus servicios en la Embajada británica en México. Se anexan: la nota de esa misión diplomática, carta de la interesada dirigida al honorable Congreso de la Unión, curriculum vitae, original de su acta de nacimiento, así como copia de una identificación y fotografías.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 26 de julio de 1993. El secretario José Patrocinio González Blanco Garrido.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
RATIFICACIÓN DE GRADOS MILITARES
La secretaria diputada María Luisa Urrecha Beltrán:
«Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación. Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional, dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 2 del presente:
"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano coronel de fuerza aérea controlador de vuelo Ricardo Partida Martínez (4655966), que en catorce fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo, para efectos de la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y efectos del artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acompañándole con el presente el anexo que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 19 de julio de 1993. El secretario José Patrocinio González Blanco Garrido.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
La misma Secretaria diputada:
«Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación. Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
Con fecha 2 del actual, la Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a esta Dependencia del Ejecutivo manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano coronel de fuerza aérea controlador de vuelo Mario Edmundo Rueda Gandarilla (28 24220), que en quince fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo, para efectos de la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y efectos del artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acompañándole con el presente el anexo que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 19 de julio de 1993. El secretario José Patrocinio González Blanco Garrido.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación. Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional, dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 7 del presente:
"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano coronel de infantería Cuauhtémoc Sánchez Gómez (2845735), que en dieciséis fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo, para efectos de la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y efectos del artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acompañándole con el presente el anexo que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 19 de julio de 1993. El secretario José Patrocinio González Blanco Garrido.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación. Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
En oficio fechado el 17 de junio último, la Secretaría de la Defensa Nacional, manifiesta a ésta de Gobernación lo siguiente:
"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano coronel de infantería José Jorge Sosa Hernández (4454276), que en quince fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo, para efectos de la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y efectos del artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acompañándole con el presente el anexo que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 19 de julio de 1993. El secretario José Patrocinio González Blanco Garrido.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación. Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
A continuación transcribo a ustedes, oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional, dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 6 del actual:
"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano coronel de infantería José Armando Gumersindo Candia Guevara (5528070), que en quince fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo, para efectos de la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y efectos del artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acompañándole con el presente el anexo que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 19 de julio de 1993. El secretario José Patrocinio González Blanco Garrido.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación. Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
Con fecha 6 del actual, la Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a esta Dependencia del Ejecutivo manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano coronel de infantería José Adolfo Rocha Rodríguez (3767019), que en catorce fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo, para efectos de la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y efectos del artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acompañándole con el presente el anexo que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 19 de julio de 1993. El secretario José Patrocinio González Blanco Garrido.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación. Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
En oficio fechado el 6 del actual, la Secretaría de la Defensa Nacional, manifiesta a ésta de Gobernación lo siguiente:
"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano coronel de infantería José Luis Sandoval Martínez (5528149), que en quince fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo, para efectos de la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y efectos del artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acompañándole con el presente el anexo que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 19 de julio de 1993. El secretario José Patrocinio González Blanco Garrido.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación. Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
Con fecha 2 del actual, la Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a esta Dependencia del Ejecutivo manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano coronel de infantería Héctor García Seyler (5528199), que en dieciséis fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo, para efectos de la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y efectos del artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acompañándole con el presente el anexo que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 19 de julio de 1993. El secretario José Patrocinio González Blanco Garrido.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación. Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional, se ha dirigido a ésta de Gobernación, con fecha 2 del presente, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano coronel de infantería José Luis Carrillo Cabral (5629690), que en catorce fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo, para efectos de la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y efectos del artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acompañándole con el presente el anexo que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 19 de julio de 1993. El secretario José Patrocinio González Blanco Garrido.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación. Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional, dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 28 de junio último:
"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano coronel de infantería Matías Ibáñez González (748899), que en quince fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo, para efectos de la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y efectos del artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acompañándoles con el presente el anexo que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 19 de julio de 1993. El secretario José Patrocinio González Blanco Garrido.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación. Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional, dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 28 de junio último:
"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano coronel de caballería Abel Cruz Garcés (5528091), que en dieciséis fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo, para efectos de la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y efectos del artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acompañándoles con el presente el anexo que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 19 de julio de 1993. El secretario José Patrocinio González Blanco Garrido.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación. Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
Con fecha 28 de junio último, la Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a esta Dependencia del Ejecutivo manifestado lo siguiente:
"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano coronel de infantería Gilberto Vázquez Cruz (5898378), que en trece fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo, para efectos de la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y efectos del artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acompañándoles con el presente el anexo que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 19 de julio de 1993. El secretario José Patrocinio González Blanco Garrido.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
REPÚBLICA DE COLOMBIA
La secretaria diputada María Luisa Urrecha Beltrán:
«Primera Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: En oficio fechado el 15 de junio de 1993, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Claudia María Minvielle Cadena, pueda prestar servicios como funcionaria administrativa en el Consulado general de Colombia, en la ciudad de México.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 28 de julio, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que la propia interesada prestará al Consulado general de Colombia, en México, serán de carácter administrativo;
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO:
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Claudia María Minvielle Cadena, para que pueda prestar servicios como funcionaria administrativa en el Consulado general de Colombia, en la ciudad de México.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, Distrito Federal, a 30 de julio de 1993. Senador Alfonso Martínez Domínguez, Presidente; diputado Diego Fernández de Cevallos, secretario; senadores: Netzahualcóyotl de la Vega García, Roberto Robles Gárnica, Ángel Sergio Guerrero Mier, Ricardo Monreal Ávila, diputados: Pedro Ojeda Paullada, Juan Moisés Calleja García, María Esther Scherman Leaño, Cecilia Soto González y Alberto Carrillo Armenta.»
Es de primera lectura.
REPÚBLICA DOMINICANA
La secretaria senadora Idolina Moguel Contreras:
«Primera Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: En oficio fechado el 13 de junio de 1993, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Reyna María Florina Ruvalcaba Peña, pueda prestar servicios como secretaria en la Embajada de la República Dominicana, en México.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 28 de julio, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que la propia interesada prestará en la Embajada de la República Dominicana, en México serán como secretaria;
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO:
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Reyna María Florina Ruvalcaba Peña, para prestar servicios como secretaria en la Embajada de la República Dominicana, en México.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, Distrito Federal, a 30 de julio de 1993. Senador Alfonso Martínez Domínguez, Presidente; diputado Diego Fernández de Cevallos, secretario; senadores: Netzahualcóyotl de la Vega García, Roberto Robles Gárnica, Ángel Sergio Guerrero Mier, Ricardo Monreal Ávila, diputados: Pedro Ojeda Paullada, Juan Moisés Calleja García, María Esther Scherman Leaño, Cecilia Soto González y Alberto Carrillo Armenta."
Es de primera lectura.
TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN
La secretaria senadora Idolina Moguel Contreras:
«Tercera Comisión
Honorable Asamblea: A la Comisión que suscribe fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente el expediente integrado
al nombramiento que el ciudadano Presidente de la República hace en favor del licenciado Victorino Manuel Esquivel Camacho, como Magistrado de la Sala Regional Norte Centro del Tribunal Fiscal de la Federación, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o. de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación.
Después de haber analizado el expediente que se dictamina, esta Comisión desea señalar que de acuerdo a la copia certificada del acta de nacimiento presentada por el nombrado, consta que el licenciado Esquivel Camacho, nació en la Ciudad de México, Distrito Federal, el 8 de noviembre de 1957, por lo que reúne los requisitos de nacionalidad por nacimiento y edad mínima que se requieren para desempeñar el cargo para el que ha sido designado. Además, cuenta con el título de Licenciado en Derecho expedido el día 16 de noviembre de 1981 por la dependencia facultada, con cédula profesional número 713840, de fecha 9 de febrero de 1982 y a su vez, ha acumulado experiencia de 12 años en materia fiscal al haber ingresado a laborar en el Tribunal Fiscal de la Federación el 16 de abril de 1981. En tal virtud, el magistrado nombrado cumple con lo previsto en el artículo 4o. de la Ley que hemos citado.
Por otra parte, en el curriculum vitae del licenciado Esquivel Camacho se establece que obtuvo el título de Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con la tésis "Los Tribunales Agrarios, su importancia dentro de la Reforma Agraria en México". Posteriormente, estudió un curso de capacitación para abogados hacendarios, en la Primera Subprocuraduría Fiscal de la Federación, en 1982. De 1983 a 1984, efectuó el curso propedeútico en la unidad de posgrados de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Del 26 al 30 de enero de 1987, participó en el ciclo de conferencias sobre reformas fiscales del mismo año, realizado por el Tribunal Fiscal de la Federación y de febrero a mayo de 1992, asistió al curso denominado "Impulso Sobre la Renta de las Personas Morales", impartido por el licenciado Augusto Fernández Sagardi.
Los miembros de la Comisión dictaminadora deseamos expresar que el licenciado Esquivel Camacho cuenta con una amplia experiencia en materia fiscal. En este sentido ha ocupado los siguientes cargos: abogado dictaminador "A", Primera Subprocuraduría Fiscal de la Federación, del 16 de abril de 1981 al 31 de abril de 1983; Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Fiscal de la Federación, del 1o. de mayo de 1983 al 15 de agosto de 1985; Secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Superior, Tribunal Fiscal de la Federación, del 17 de septiembre de 1985 al 6 de enero de 1991; Secretario General de Acuerdos, Tribunal Fiscal de la Federación, 7 de enero de 1991 a la fecha.
En lo que se refiere a la actividad docente del licenciado Esquivel Camacho, podemos mencionar que impartió la materia de Derecho Fiscal en la Universidad del Valle de México y en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, fue profesor de Módulo de Código Fiscal e Impuesto al Valor Agregado. En el año de 1986, publicó un ensayo intitulado "Demanda Irregular Reformas de diciembre de 1984 del Código Fiscal de la Federación", presentada en ocasión del L aniversario del Tribunal Fiscal de la Federación.
La Comisión que suscribe citó al licenciado Esquivel Camacho a una reunión en donde se conversó sobre el ámbito del Derecho Fiscal, así como de la interpretación de diversas disposiciones fiscales y de las múltiples actividades que atiende el Tribunal Fiscal de la Federación.
Dicha reunión tuvo verificativo el día de hoy, y en la misma los legisladores que integramos la Comisión que dictamina, pudimos dialogar ampliamente sobre los citados temas con el magistrado designado, pudiéndose comprobar por este medio el grado de experiencia y preparación en materia fiscal posee. De igual forma quedó de manifiesto su vocación y voluntad de servicio a la República.
Por lo antes expuesto, los suscritos miembros de la Comisión consideramos que el licenciado Esquivel Camacho, reúne en su persona las cualidades y méritos suficientes para el buen ejercicio como Magistrado de la Sala Regional Norte Centro del Tribunal Fiscal de la Federación, por lo que nos permitimos someter a la consideración de esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 3o. último párrafo de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, aprueba el nombramiento expedido por el ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en favor del ciudadano licenciado Victorino Manuel Esquivel Camacho, como Magistrado de la Sala Regional Norte Centro del Tribunal Fiscal de la Federación.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, Distrito Federal, 3 de agosto de 1993. Tercera Comisión. Senador, Manuel Aguilera Gómez, presidente; diputado Javier Garduño Pérez, secretario; senadores: Jesús Rodríguez y Rodríguez, Carlos Sales Gutiérrez, Salvador Sánchez Vázquez; diputados: Juan de Dios Castro Lozano, Cristóbal Arias Solís, Alejandro Nieto Enríquez y Javier Guerrero García.»
Está a discusión el punto de acuerdo...
El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul):
Quisiera, en los términos del 108 del Reglamento, pedirle al Presidente de la Comisión explicar el fundamento del dictamen y leer una constancia del expediente. Nada más.
El Presidente:
Le rogamos, como lo solicita el diputado Juan de Dios Castro, proceda la Secretaría a dar cuenta con el párrafo correspondiente.
La secretaria senadora Idolina Moguel Contreras:
Señor diputado, ¿sería usted tan amable de indicar exactamente qué constancia es?
El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul):
Sí. Bueno, no sé si la señorita secretaria forme parte de la Comisión, porque el 108 pide que un individuo de la Comisión, pero yo no tengo ningún inconveniente en que sea la Secretaría, indistintamente.
Exclusivamente el punto relativo para ver si quedó acreditado el elemento de los cinco años de práctica en materia fiscal, porque leí las constancias del expediente y aparece una certificación de que ingresó, ingresó pero no dice con qué cargo y por otro lado, al final dice que actualmente presta sus servicios como Secretario y el artículo 4o. exige cinco años.
Claro que aparece el curriculum del solicitante, pero eso no es acreditable. En el expediente tienen que aparecer las certificaciones de los cargos desempeñados, que acrediten que tiene cinco años de experiencia en materia fiscal; si lo está, nada más quería preguntar si aparece en el expediente porque a lo mejor en el que yo tengo no aparece y en el original sí aparecen estos datos. Gracias.
El Presidente:
A la Comisión.
El senador Jesús Rodríguez y Rodríguez:
Señor Presidente, realmente a nombre de la Comisión pues quisiera hacer una brevísima exposición sobre lo que consta en el expediente, que para mí es, para nosotros ha sido definitivo, siento que no haya estado ahí el diputado en la reunión de la Comisión porque hubiera podido hacer estas observaciones que ahora trae a cuenta.
Hay una certificación del Oficial Mayor del Tribunal Fiscal de la Federación que indica que presta sus servicios desde el día tal y en la actualidad... Es decir, voy a terminar, desde el día 16 de abril de 1981, es decir hace 12 años.
En la actualidad desempeña el puesto de Secretario General de Acuerdos, con clave presupuestal etcétera, bueno yo creo que de 1981 a 1993 es un hecho notorio que hay 12 años y no tiene que haber una constancia intermedia de los diferentes puestos.
No ha dejado de prestar sus servicios, eso es lo que dice esta constancia, en mi humilde opinión de abogado. No sé si haya alguna chicana de... que se quiera hacer valer en este caso. Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Juan de Dios Castro.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Señor Presidente; señoras y señores legisladores:
Lamento mucho la expresión del señor senador. Dije, lamento mucho la expresión del señor senador. A qué le llama "chicana", señor senador. ¿Usted cree que yo tengo interés? ¿Cree que soy litigante? ¿Cree que soy parte en algún proceso que me interesa alargarlo? Por que la palabra "chicana", señor senador. La rechazo definitivamente.
Mire usted, yo puedo quizá pensar que el beneficiado por el nombramiento, el licenciado Victorino Manuel Esquivel Camacho, tiene todos los méritos suficientes para ser magistrado. Yo creo que su expresión fue muy desafortunada.
En el período de la Comisión Permanente anterior, presidí una de las comisiones de la Permanente y cuando nos llegaron los nombramientos de los señores magistrados, caray, venían fotocopias. Yo pedí que trajeran los originales o fotocopias certificadas de los títulos, de la cédula profesional que hacen prueba y efectivamente, en aquella ocasión entre la recepción del expediente y la aprobación, se pidieron al Tribunal Fiscal, los allegaron y pudimos resolver favorablemente.
Mi intención no es, señor senador, hacer "chicanas", no, no. Fue la palabra que usted utilizó quizá desafortunadamente. No, mi intención es darle seriedad a las aprobaciones que haga la Comisión Permanente y yo se lo apruebo, señor senador.
Mire usted, el problema es que el Tribunal Fiscal y la Secretaría de Gobernación y el solicitante y el Presidente de la República, deben ser cuidadosos al enviar las constancias y se trata no de lo que yo quiera o no quiera, se trata sencillamente de lo que dice la Ley, y la Ley dice: "Debe ser menor de 65 años, de notoria buena conducta y yo estimo que esto se da por supuesto inclusive, de notoria, porque dice notoria, licenciado en derecho con título registrado, expedido cuando menos a seis años antes de dicha fecha y con cinco años de práctica en materia fiscal."
Y luego me dice el señor senador, dice: es que nosotros como abogados en la Comisión... Efectivamente ayer se tuvo la reunión después de haberla diferido una vez, esta reunión se iba a llevar a cabo la semana anterior y se difirió. Nos dice que ésta es la constancia con la cual se acredita la práctica, fíjense bien lo que dice: "La licenciada María del Carmen Lizárraga Cabanillas, Oficial Mayor del Tribunal Fiscal de la Federación, hace constar que el licenciado Victorino Manuel Esquivel Camacho presta sus servicios en esta institución, desde el día 16 de abril de 1981". Sí, desde, pero de ¿qué cargo, señor senador, de qué?, para saber si tiene la experiencia, no dice el cargo, ¿verdad que no?, nada más dice que presta sus servicios, y presta sus servicios en esta institución. Hay muchos cargos. Eso para la alusión del señor senador "como abogados". Hay muchos cargos.
Si me dice que desde entonces presta el cargo como secretario por ejemplo, en labores que le permiten estar manejando la materia fiscal, no le hago ninguna objeción.
Yo no atacaba el plazo, claro que es hecho notorio, desde el 16 de abril de 1981, no atacaba el plazo, pero no dice el cargo. Al final en el expediente, si usted lo advierte, dice: "Desempeña el cargo actualmente de Secretario", pero tiene que acreditarlo que lo ha desempeñado cuando menos cinco años y eso no está acreditado.
Y no lo voy a votar en contra señor senador; me abstendré en la votación, pero sí la intervención tiene por objeto que sea cuidadoso en la integración de los expedientes el personal del Ejecutivo, cuando se mande a la Comisión Permanente. Nada más señores. Gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el senador Rodríguez y Rodríguez.
El senador Jesús Rodríguez y Rodríguez:
Señor Presidente:
Realmente no quisiera que un caso tan claro causara enojo por alguna expresión que pudiera no haber sido afortunada. Eso realmente no es lo importante del asunto. Lo importante del asunto es que sí, con toda seriedad, la Comisión estudió este expediente, que para nuestra opinión de quienes estuvimos en ella, haré una aclaración previa, se difirió una semana la audiencia porque se comprobó que el señor licenciado Victorino Esquivel Camacho no pudo asistir a la primera por estar ausente, según constancia que seguramente obra en algún expediente.
Realmente no llegamos a tal prurito de examinar si efectivamente hay certificado médico que haya hecho suspender la primera reunión de la Comisión, pero en la segunda, además de las constancias que exhiben aquí, que en nuestra opinión son suficientes, no tenemos por qué dudar de un curriculum en el cual se habla, a menos, carambas, de acusar muy gravemente a quien lo haya expuesto así, que ha sido Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala desde el año de 1983, Secretario de Acuerdos del año de 1983, Secretario General de Acuerdos de tal fecha a la fecha, hasta ahora.
Para nosotros es suficiente, están todos los demás requisitos que se piden por Ley acreditados y en nuestra opinión es un dictamen que debe ser aprobado. No tenemos más elementos de juicio.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul):
Señor Presidente, quisiera hacer una interpelación al señor senador en los términos del 108.
El senador Jesús Rodríguez y Rodríguez:
Sí señor licenciado.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul):
Que no sería voluntario aceptarla o no, sino que pediría nada más información.
Señor senador, le agradezco que haya estimado su expresión como desafortunada. Al margen de eso que queda olvidado, quiero nada más preguntar la opinión de la Comisión, no deseo insistir más sobre el tema. ¿La Comisión estima que la experiencia, por lo que usted acaba de decir, queda acreditada con la hoja de curriculum, con las menciones de los cargos que ha desempeñado el beneficiado con el nombramiento? ¿Ese es el criterio de la Comisión?
El senador Jesús Rodríguez y Rodríguez:
No exactamente señor.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul):
Y si no es así, aparte de la hoja del curriculum ¿qué otro elemento hay?, porque en la constancia a la que usted aludía y a la que yo me referí, no dice los cargos. Nada más.
El senador Jesús Rodríguez y Rodríguez:
Yo le contestaría al señor licenciado que para nosotros es suficiente la constancia de la ciudadana licenciada María del Carmen Lizárraga Cabanillas, Oficial Mayor del Tribunal Fiscal, que no contradice sino apoya el curriculum. Esa es nuestra opinión.
El Presidente:
Proceda la Secretaría a tomar la votación correspondiente.
La secretaria senadora Idolina Moguel Contreras:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Aprobado, señor Presidente. Comuníquese al Ejecutivo.
El Presidente:
Se encuentra en este Recinto el licenciado Victorino Manuel Esquivel Camacho, cuyo nombramiento como Magistrado de la Sala Regional Norte Centro del Tribunal Fiscal de la Federación acaba de ser aprobado por esta Asamblea.
Para que lo introduzcan a este salón, para que lo acompañen a rendir la protesta de Ley, se designa a los siguientes legisladores: diputado Mario del Valle Fernández y senador Carlos Sales Gutiérrez.
Se ruega a la comisión designada cumpla con su cometido.
La secretaria senadora Idolina Moguel Contreras:
Se ruega a los presentes ponerse de pie.
El Presidente:
Ciudadano Victorino Manuel Esquivel Camacho: ¿Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Magistrado de la Sala Regional Norte Centro del Tribunal Fiscal de la Federación, con que se os ha conferido, y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión?
El ciudadano licenciado Victorino Manuel Esquivel Camacho:
¡Sí, protesto!
El Presidente:
Si no lo hiciereis así, que la nación os lo demande.
Se ruega a la comisión designada, acompañar al magistrado cuando él desee retirarse.
Continúe la Secretaría.
GRADOS MILITARES
La secretaria diputada María Luisa Urrecha Beltrán:
«Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1992 , por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano Contralmirante del Cuerpo General, diplomado de Estado Mayor Milicia Permanente, Fernando León Darío Meixueiro Ramírez como Vicealmirante del Cuerpo General, diplomado de Estado Mayor, Milicia Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:
a) Que ingresó a la Armada de México en la heroica Escuela Naval Militar como cadete el primero de enero de mil novecientos cincuenta y seis y el primero de enero de mil novecientos sesenta y uno fue ascendido a Guardiamarina del Cuerpo General Milicia Permanente por acuerdo del titular de la dependencia;
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro de la Armada ha prestado servicios a la Nación mexicana durante treinta y siete años, cuatro meses, y
d) Se le confirió en su oportunidad, por satisfacer el tiempo de servicio requerido para ello, la Condecoración de Perseverancia de Primera Clase.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado vicealmirante se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de Vicealmirante del Cuerpo General, diplomado de Estado Mayor Milicia Permanente, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Fernando León Dario Meixueiro Ramírez.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, Distrito Federal a 27 de julio de 1993. Diputado: Rodolfo Becerril Straffon, presidente; senador Humberto Lugo Gil, secretario; senadores: Leonardo Rodríguez Alcaine, Héctor Terán Terán, Héctor Hugo Olivares Ventura, José Joaquín González Castro; diputados: Mario del Valle Fernández, Eloy Vázquez López, Laura Alicia Garza Galindo, Fernando Lerdo de Tejada y Manuel Rivera del Campo.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
«Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1992, por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano Contralmirante del Cuerpo General, diplomado de Estado Mayor Naval, Milicia Permanente, Luis Cotero Bayardini como Vicealmirante del Cuerpo General, diplomado de Estado Mayor, Milicia Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:
a) Que ingresó al Servicio Activo de la Armada de México como cadete, el quince de enero de mil novecientos cincuenta y ocho y el primero de enero de mil novecientos sesenta y tres fue
ascendido a Guardiamarina del Cuerpo General, Milicia Permanente al término satisfactorio de sus estudios en dicho plantel;
b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de Capitán de Navío del Cuerpo General, adquirió el carácter de diplomado de Estado Mayor Naval;
c) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
d) Como miembro de la Armada de México, ha prestado servicios a la nación mexicana durante treinta y cinco años, dieciséis días y
e) Se le confirió en su oportunidad, por satisfacer el tiempo de servicio requerido para ello, la Condecoración de Perseverancia de Primera Clase.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios que contiene el nombramiento de Vicealmirante del Cuerpo General diplomado de Estado Mayor, Milicia Permanente de la Armada de México, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de Vicealmirante del Cuerpo General, diplomado de Estado Mayor Milicia Permanente de la Armada de México, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Luis Cotero Bayardini.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, Distrito Federal a 27 de julio de 1993. Diputado: Rodolfo Becerril Straffon, presidente; senador Humberto Lugo Gil, Secretario; senadores: Leonardo Rodríguez Alcaine, Héctor Terán Terán, Héctor Hugo Olivares Ventura, José Joaquín González Castro; diputados: Mario del Valle Fernández, Eloy Vázquez López, Laura Alicia Garza Galindo, Fernando Lerdo de Tejada y Manuel Rivera del Campo.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
«Segunda Comisión
Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1992, por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano Capitán de Fragata del Cuerpo General Milicia Permanente, José Máximo Rodríguez Carreón como Capitán de Navío del Cuerpo General, diplomado de Estado Mayor, Milicia Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:
a) Que ingresó al Servicio Activo de la Armada de México, como cadete en la heroica Escuela Naval Militar el diez de enero de mil novecientos sesenta y seis y el primero de agosto de mil novecientos setenta y uno fue ascendido a Guardiamarina del Cuerpo General, Milicia Permanente por acuerdo del titular de la Dependencia;
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro de la Armada de México ha prestado servicios a la nación mexicana durante veintisiete años, un mes, veintiún días y
d) Se le confirió en su oportunidad, por satisfacer el tiempo de servicio requerido para ello la Condecoración de Perseverancia de Tercera Clase.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado Capitán de Navío del Cuerpo General, diplomado de Estado Mayor, Milicia Permanente, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de Capitán de Navío del Cuerpo General, diplomado de Estado Mayor, Milicia Permanente, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano José Máximo Rodríguez Carreón.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, Distrito Federal a 27 de julio de 1993. Diputado: Rodolfo Becerril Straffon, presidente; senador Humberto Lugo Gil, secretario; senadores: Leonardo Rodríguez Alcaine, Héctor Terán Terán, Héctor Hugo Olivares Ventura, José Joaquín González Castro; diputados: Mario del Valle Fernández, Eloy Vázquez López, Laura Alicia Garza Galindo, Fernando Lerdo de Tejada y Manuel Rivera del Campo.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
«Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1992, por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano Capitán de Fragata del Cuerpo General Milicia Permanente, Eduardo Zúñiga Martín del Campo, como Capitán de Navío del Cuerpo General, diplomado de Estado Mayor, Milicia Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:
a) Que ingresó como cadete en la heroica Escuela Naval Militar el diez de enero de mil novecientos sesenta y seis y el primero de agosto de mil novecientos setenta y uno fue ascendido a Guardiamarina del Cuerpo General, Milicia Permanente por acuerdo del titular de la dependencia;
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro de la Armada de México ha prestado servicios a la nación mexicana durante veintisiete años, tres meses, veintiún días, y
d) Se le confirió en su oportunidad, por satisfacer el tiempo de servicio requerido para ello la Condecoración de Perseverancia de Tercera Clase.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado Capitán de Navío del Cuerpo General, diplomado de Estado Mayor, Milicia Permanente, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de Capitán de Navío del Cuerpo General, diplomado de Estado Mayor, Milicia Permanente, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Eduardo Zúñiga Martín del Campo.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, Distrito Federal a 27 de julio de 1993. Diputado: Rodolfo Becerril Straffon, presidente; senador Humberto Lugo Gil, secretario; senadores: Leonardo Rodríguez Alcaine, Héctor Terán Terán, Héctor Hugo Olivares Ventura, José Joaquín González Castro; diputados: Mario del Valle Fernández, Eloy Vázquez López, Laura Alicia Garza Galindo, Fernando Lerdo de Tejada y Manuel Rivera del Campo.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
«Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1992, por el Presidente de la República, en favor del Capitán de Fragata del cuerpo general,
diplomado de Estado Mayor, Milicia Permanente, Carlos Armando Martínez de Anda como capitán de navío del cuerpo general, diplomado de Estado Mayor; Milicia Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:
a) Que ingresó al servicio activo de la Armada de México, como cadete en la honorable Escuela Naval Militar el diez de enero de mil novecientos sesenta y seis y el primero de agosto de mil novecientos setenta y uno fue ascendido a guardiamarina del cuerpo general, milicia permanente por acuerdo del titular de la dependencia;
b) A los siguientes grados ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de Capitán de Fragata del mismo cuerpo y milicia al término satisfactorio del curso de mando y Estado Mayor el veinte de noviembre de mil novecientos ochenta y siete adquirió el carácter de diplomado de Estado Mayor;
c) Como miembro de la Armada de México ha prestado servicios a la nación mexicana durante veintisiete años, tres meses, veintiún días y
d) Se le confirió en su oportunidad, por satisfacer el tiempo de servicio requerido para ello, la condecoración de Perseverancia de Tercera Clase.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado capitán de navío del cuerpo general, diplomado de Estado Mayor, milicia permanente, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de Capitán de Navío del cuerpo general, diplomado de Estado Mayor, milicia permanente, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Carlos Armando Martínez de Anda.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, Distrito Federal a 27 de julio de 1993. Diputado: Rodolfo Becerril Straffon, presidente; senador Humberto Lugo Gil, Secretario; senadores: Leonardo Rodríguez Alcaine, Héctor Terán Terán, Héctor Hugo Olivares Ventura, José Joaquín González Castro; diputados: Mario del Valle Fernández, Eloy Vázquez López, Laura Alicia Garza Galindo, Fernando Lerdo de Tejada y Manuel Rivera del Campo.
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
«Segunda Comisión
Honorable Asamblea: A la Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1992 por el Presidente de la República, en favor del Capitán de Fragata del cuerpo de aeronáutica naval, piloto aviador, diplomado de Estado Mayor Armando del Ángel
Rivas como Capitán de Navío del cuerpo de aeronáutica naval, piloto aviador, diplomado de Estado Mayor, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:
a) Que ingresó al servicio activo de la Armada de México, como cadete en la honorable Escuela Naval Militar el dos de enero de mil novecientos sesenta y siete y el primero de agosto de mil novecientos setenta y dos fue ascendido a guardiamarina del cuerpo general, Milicia Permanente por acuerdo del titular de la dependencia;
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro de la Armada de México ha prestado servicios a la nación mexicana durante veintiséis años, tres meses y veintinueve días y
d) Se le confirió en su oportunidad, por satisfacer el tiempo de servicio requerido para ello, la condecoración de Perseverancia de Tercera Clase.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado Capitán de Navío del Cuerpo de Aeronáutica Naval, Piloto Aviador, diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de Capitán de Navío del Cuerpo de Aeronáutica Naval, Piloto Aviador, diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Armando del Ángel Rivas.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, Distrito Federal a 27 de julio de 1993. Diputado: Rodolfo Becerril Straffon, presidente; senador Humberto Lugo Gil, secretario; senadores: Leonardo Rodríguez Alcaine, Héctor Terán Terán, Héctor Hugo Olivares Ventura, José Joaquín González Castro; diputados: Mario del Valle Fernández, Eloy Vázquez López, Laura Alicia Garza Galindo, Fernando Lerdo de Tejada y Manuel Rivera del Campo.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
«Segunda Comisión
Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1992 por el Presidente de la República, en favor del Capitán de Fragata del Cuerpo General, diplomado de Estado Mayor, Milicia Permanente, Manuel Paulín Fritsche como Capitán de Navío del Cuerpo General, diplomado de Estado Mayor; Milicia Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:
a) Que ingresó al servicio activo de la Armada de México, como cadete en la heroica Escuela Naval Militar el once de enero de mil novecientos sesenta y cinco y el primero de agosto de mil novecientos setenta y uno fue ascendido a Guardiamarina del cuerpo general, Milicia Permanente por acuerdo del titular de la dependencia;
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro de la Armada de México ha prestado servicios a la nación mexicana durante veintisiete años, tres meses, veintiún días y
d) Se le confirió en su oportunidad, por satisfacer el tiempo de servicio requerido para ello, la condecoración de Perseverancia de Tercera Clase.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado Capitán de Navío del cuerpo general, diplomado de Estado Mayor, Milicia Permanente, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de Capitán de Navío del cuerpo general, diplomado de Estado Mayor, Milicia Permanente, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Manuel Paulín Fritsche.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, Distrito Federal a 27 de julio de 1993. Diputado: Rodolfo Becerril Straffon, presidente; senador Humberto Lugo Gil, Secretario; senadores: Leonardo Rodríguez Alcaine, Héctor Terán Terán, Héctor Hugo Olivares Ventura, José Joaquín González Castro; diputados: Mario del Valle Fernández, Eloy Vázquez López, Laura Alicia Garza Galindo, Fernando Lerdo de Tejada y Manuel Rivera del Campo.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
«Segunda Comisión
Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1992 por el Presidente de la República, en
favor del capitán de fragata del cuerpo general, diplomado de Estado Mayor, Milicia Permanente, Romeo Jiménez Trejo como Capitán de Navío del cuerpo general, diplomado de Estado Mayor; Milicia Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:
a) Que ingresó al servicio activo de la Armada de México, como cadete en la heroica Escuela Naval Militar el once de enero de mil novecientos sesenta y cinco y el primero de agosto de mil novecientos setenta y uno fue ascendido a guardiamarina del cuerpo general, Milicia Permanente por acuerdo del titular de la dependencia;
b) A los siguientes grados ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de capitán de fragata del cuerpo general, milicia permanente al término satisfactorio del curso de mando y Estado Mayor el veinte de noviembre de mil novecientos ochenta y seis adquirió el carácter de diplomado de Estado Mayor;
c) Como miembro de la Armada de México ha prestado servicios a la nación mexicana durante veintiocho años, un mes veinte días y
d) Se le confirió en su oportunidad, por satisfacer el tiempo de servicio requerido para ello, la condecoración de Perseverancia de Tercera Clase.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado Capitán de Navío del cuerpo general, diplomado de Estado Mayor, Milicia Permanente, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de Capitán de Navío del cuerpo general, diplomado de Estado Mayor, milicia permanente, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Romeo Jiménez Trejo.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, Distrito Federal a 27 de julio de 1993. Diputado: Rodolfo Becerril Straffon, presidente; senador Humberto Lugo Gil, secretario; senadores: Leonardo Rodríguez Alcaine, Héctor Terán Terán, Héctor Hugo Olivares Ventura, José Joaquín González Castro; diputados: Mario del Valle Fernández, Eloy Vázquez López, Laura Alicia Garza Galindo, Fernando Lerdo de Tejada y Manuel Rivera del Campo.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
«Segunda Comisión de Trabajo
Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1992 por el Presidente de la República, en favor del capitán de fragata del cuerpo de aeronáutica naval, piloto aviador, diplomado de Estado Mayor, Milicia Permanente,
Domingo Hilario Campos Morán como capitán de navío del cuerpo de aeronáutica naval, piloto aviador, diplomado de Estado Mayor; Milicia Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:
a) Que ingresó al servicio activo de la Armada de México, como cadete en la heroica Escuela Naval Militar el seis de enero de mil novecientos sesenta y siete y el primero de agosto de mil novecientos setenta y dos fue ascendido a guardiamarina del cuerpo general, Milicia Permanente por acuerdo del titular de la dependencia;
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro de la Armada de México ha prestado servicios a la nación mexicana durante veintiséis años, tres meses y veinticinco días y
d) Se le confirió en su oportunidad, por satisfacer el tiempo de servicio requerido para ello, la condecoración de Perseverancia de Tercera Clase.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado capitán de navío del cuerpo de aeronáutica naval, piloto aviador, diplomado de Estado Mayor, Milicia Permanente, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de capitán de navío del cuerpo de aeronáutica naval, piloto aviador, diplomado de Estado Mayor, Milicia Permanente, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del Domingo Hilario Campos Morán.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, Distrito Federal a 27 de julio de 1993. Diputado: Rodolfo Becerril Straffon, presidente; senador Humberto Lugo Gil, secretario; senadores: Leonardo Rodríguez Alcaine, Héctor Terán Terán, Héctor Hugo Olivares Ventura, José Joaquín González Castro; diputados: Mario del Valle Fernández, Eloy Vázquez López, Laura Alicia Garza Galindo, Fernando Lerdo de Tejada y Manuel Rivera del Campo.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
«Segunda Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1992 por el Presidente de la República, en favor del capitán de fragata del cuerpo general, diplomado de Estado Mayor, Milicia Permanente, Joaquín Esteban García Silva Pérez como capitán de navío del cuerpo general, diplomado de Estado Mayor; Milicia Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:
a) Que ingresó al servicio activo de la Armada de México, como cadete en la heroica Escuela Naval Militar el diez de enero de mil novecientos sesenta y seis y el primero de agosto de mil novecientos setenta y uno fue ascendido a guardiamarina del cuerpo general, Milicia Permanente por acuerdo del titular de la dependencia;
b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de capitán de fragata del cuerpo general, Milicia Permanente al término satisfactorio del curso de mando y Estado Mayor el veinte de noviembre de mil novecientos ochenta y seis adquirió el carácter de diplomado de Estado Mayor, Milicia Permanente;
c) Como miembro de la Armada de México ha prestado servicios a la nación mexicana durante veintisiete años, un meses, veintiún días y
d) Se le confirió en su oportunidad, por satisfacer el tiempo de servicio requerido para ello, la condecoración de Perseverancia de Tercera Clase.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado capitán de navío del cuerpo general, diplomado de Estado Mayor, Milicia Permanente, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de capitán de navío del cuerpo general, diplomado de Estado Mayor, milicia permanente, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Joaquín Esteban García Silva Pérez.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, Distrito Federal a 27 de julio de 1993. Diputado: Rodolfo Becerril Straffon, presidente; senador Humberto Lugo Gil, secretario; senadores: Leonardo Rodríguez Alcaine, Héctor Terán Terán, Héctor Hugo Olivares Ventura, José Joaquín González Castro; diputados: Mario del Valle
Fernández, Eloy Vázquez López, Laura Alicia Garza Galindo, Fernando Lerdo de Tejada y Manuel Rivera del Campo.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
«Segunda Comisión
Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1992 por el Presidente de la República, en favor del Capitán de Fragata del Cuerpo General, Milicia Permanente, Luis Felipe Flores Caracheo como Capitán de Navío del Cuerpo General, diplomado Estado Mayor, Milicia Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:
a) Que ingresó al servicio activo de la Armada de México, como cadete en la heroica Escuela Naval Militar el dos de enero de mil novecientos sesenta y ocho y el primero de agosto de mil novecientos setenta y tres fue ascendido a Guardiamarina del Cuerpo General, Milicia Permanente por acuerdo del titular de la dependencia;
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro de la Armada de México ha prestado servicios a la nación mexicana durante veinticinco años, tres meses y veintinueve días, y
d) Se le confirió en su oportunidad, por satisfacer el tiempo de servicio requerido para ello, la condecoración de Perseverancia de Cuarta Clase.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado capitán de navío del Cuerpo General, diplomado de Estado Mayor, Milicia Permanente, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de capitán de navío del Cuerpo General, diplomado de Estado Mayor, Milicia Permanente, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Luis Felipe Flores Caracheo.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, Distrito Federal a 27 de julio de 1993. Diputado: Rodolfo Becerril Straffon, presidente; senador Humberto Lugo Gil, secretario; senadores: Leonardo Rodríguez Alcaine, Héctor Terán Terán, Héctor Hugo Olivares Ventura, José Joaquín González Castro; diputados: Mario del Valle Fernández, Eloy Vázquez López, Laura Alicia Garza Galindo, Fernando Lerdo de Tejada y Manuel Rivera del Campo.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
La secretaria senadora Idolina Moguel Contreras:
«Primera Comisión
Honorable Asamblea: en oficios fechados el 5 de julio de 1993, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos María del Carmen Rábago Boschetti, Felipe de Jesús Corrales Mancilla, Ronaldo Xavier Villaseñor Montiel, Verónica Orozco Ortiz, Alfonso Parra Geraldo, Juan Julián Estrada Navarro y Ricardo Hernández Palacios, puedan
prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México, Consulado General de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua y Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América, en Tijuana, Baja California, respectivamente.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 21 de julio, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán a la Embajada de los Estados Unidos de América, en México; Consulado General de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua y Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América, en Tijuana, Baja California, serán de carácter administrativo;
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana María del Carmen Rábago Boschetti, para que pueda prestar servicios como asistente de contabilidad, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano Felipe de Jesús Corrales Mancilla, para que pueda prestar servicios como asistente de contabilidad, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Artículo tercero. Se concede permiso al ciudadano Ronaldo Xavier Villaseñor Montiel, para que pueda prestar servicios como asistente de contabilidad, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Artículo cuarto. Se concede permiso a la ciudadana Verónica Orozco Ortiz, para que pueda prestar servicios como empleada consular, en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Artículo quinto. Se concede permiso al ciudadano Alfonso Parra Geraldo, para que pueda prestar servicios como encargado de identificación, en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América, en Tijuana, Baja California.
Artículo sexto. Se concede permiso al ciudadano Juan Julián Estrada Navarro, para que pueda prestar servicios como supervisor en detección, en el programa de la mosca mexicana de la fruta en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América, en Tijuana, Baja California.
Artículo séptimo. Se concede permiso al ciudadano Ricardo Hernández Palacios, para que pueda prestar servicios como supervisor de detección, en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América, en Tijuana, Baja California
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, Distrito Federal, a 23 de julio de 1993. Senador Alfonso Martínez Domínguez, presidente; diputado Diego Fernández de Cevallos, secretario; senadores: Netzahualcóyotl de la Vega García, Roberto Robles Gárnica, Ángel Sergio Guerrero Mier, Ricardo Monreal Ávila, diputados: Pedro Ojeda Paullada, Juan Moisés Calleja García, María Esther Scherman Leaño, Cecilia Soto González y Alberto Carrillo Armenta.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se va a proceder a recoger la votación nominal. Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Señor Presidente: Se emitieron 30 votos en pro y uno en contra.
El Presidente:
Aprobado el proyecto de decreto por 30 votos.
La secretaria senadora Idolina Moguel Contreras:
Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
INICIATIVA DE LEY EN MATERIA INQUILINARIA
El Presidente:
Para presentar una iniciativa, tiene la palabra el diputado Juan Campos Vega, del Partido Popular Socialista, en materia inquilinaria.
El diputado Juan Campos Vega:
Con su venia, señor Presidente; honorable Comisión Permanente:
«Ley Inquilinaria Del Distrito Federal
Honorable Comisión Permanente: con fundamento en los artículos 71, fracción II, 73, fracción VI y 79 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a nombre del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, permanentemente preocupado por los conflictos sociales que afectan al pueblo y con el interés de satisfacer una necesidad jurídica importante, presentamos a esta soberanía el siguiente
PROYECTO DE LEY INQUILINARIA
Las razones económicas, políticas, sociales y jurídicas, son las siguientes:
En el área del Distrito Federal, en los últimos años, se ha agudizado, cada vez más, el problema de la escasez de viviendas para la mayoría de la población y el incremento constante de los precios de los alquileres. Estamos conscientes, como partido que se inspira en los principios revolucionarios de la clase obrera, que en un país como el nuestro en el que existe el carácter privado de la propiedad de los predios urbanos y una concepción jurídica del Gobierno neoliberal que parte de juicios tradicionales sobre el dominio, la posesión y el usufructo de los bienes inmuebles, resulta difícil resolver, desde su raíz, lo señalado en el párrafo quinto del artículo 4o. constitucional que establece "Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa", en la que se desarrollen las potencialidades del núcleo familiar.
Hasta ahora no existe en la ciudad de México un plan urbano que reglamente la expansión y el crecimiento de las zonas periféricas, extendiéndose las regiones pobladas sin orden ni concierto. Por otro lado, es un hecho que, en virtud del sistema jurídico y político en que vivimos, florece y se propicia la especulación con los terrenos urbanos
y las fincas, convirtiéndose en uno de los negocios más prósperos; afectando seriamente los intereses populares. En virtud de que no existe autoridad capaz de frenar el alza desmedida de los precios de los alquileres de las viviendas y que se continúa partiendo del concepto individualista, rebasado desde hace mucho tiempo por la cruda realidad social, de que los contratos de arrendamiento se suscriben por las partes, de una manera libre y soberana, como quedó expresamente establecido en la reciente reforma al Código Civil en vigor; representantes de diversos partidos políticos progresistas, organizaciones sindicales, inquilinarias, urbanas y en general, distintos sectores de la población, se han propuesto luchar por que no entren en vigor las modificaciones legales aprobadas y por establecer una reglamentación específica en materia inquilinaria que impida la injusticia que prevalece, casi siempre, en las relaciones entre el propietario y el arrendatario.
La ciudad de México mejora y amplía su estructura urbana, contando con los recursos de todos los ciudadanos; pero de estos avances sólo se beneficia una breve minoría social; al lado de las zonas residenciales de la alta burguesía nacional, existen y se multiplican las colonias proletarias que carecen de los servicios públicos más elementales. En virtud de la anarquía existente y de la falta de interés patriótico de la iniciativa privada, se ha retraído, de una manera notable, la construcción de viviendas de interés social, prefiriendo los inmuebles en los cuales se cobran altas rentas o edificios locales comerciales y oficinas públicas o privadas.
Como resultado de distintas causas, particularmente a partir de la crisis de la década pasada, el alza de los alquileres se ha producido en forma permanente y en porcentajes superiores al de la inflación, sin que exista ninguna restricción concreta, económica, administrativa o jurídica al respecto.
En 1990 de las 1 millón 789 mil 171 viviendas que había en el Distrito Federal 1 millón 166 mil 385 eran propias y 458 mil 829 rentadas, lo que quiere decir que el 25% de la población está considerada como inquilino. En este mismo año, millones de habitantes vivían en condiciones pésimas o lamentables, en asentamientos humanos irregulares, sin agua potable ni drenaje o por lo más, con hidrante en vía pública y en condiciones insalubres y de grave promiscuidad
social. Este fenómeno se ha agravado en los últimos años porque el gasto del Departamento del Distrito Federal se ha destinado para otros fines económicos.
En 1990, 1 millón 279 mil 385 viviendas disponían de agua entubada; de ellas, un elevado porcentaje dentro de la habitación y 443 mil 465 fuera; 1 millón 533 mil 894 contaban con drenaje y 240 mil carecían de él.
En la actualidad existe un déficit aproximado de 800 mil viviendas. Desde hace varios años ha decrecido la inversión inmobiliaria, la inversión privada apenas ha podido satisfacer a una pequeña parte de la demanda generada por la población. Ante esta situación, en muchos casos, se arriendan inmuebles sin las más elementales condiciones de habilitabilidad, a precios elevados que imponen arbitrariamente los propietarios. Existen algunos de ellos que poseen decenas de edificios, casas solas o vecindades, que obtienen mensualmente ingresos verdaderamente afrentosos para el pueblo, trasladando a los inquilinos la mayor parte de los impuestos y de los gastos directos e indirectos que acarrea el mantenimiento de las instalaciones.
Los inversionistas prefieren los inmuebles en donde existe una alta rentabilidad y es más fácil la evasión fiscal.
Desde el punto de vista jurídico, la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista se opone al viejo concepto de que el contrato de arrendamiento es un arreglo que suscriben las partes con entera libertad y en el cual no puede intervenir el Estado. Nosotros partimos de los siguientes hechos y reflexiones.
De acuerdo con el sistema jurídico nacional, compete a las entidades federativas tener su propio Código Civil y legislar en materia de arrendamientos. En ese sentido es muy rica la tradición histórica y legal del país. A estas luchas están ligadas las elevadas figuras de Felipe Carrillo Puerto, Salvador Alvarado y Herón Proal que, en su tiempo, impulsaron la organización y la defensa de los intereses de los inquilinos, frente a la permanente voracidad de los arrendadores. Algunos ejemplos ilustran y dan apoyo a nuestra tesis. La Ley Inquilinaria del Estado de Veracruz en 1937 crea las juntas calificadoras integradas por representantes de los inquilinos, los propietarios y las autoridades municipales; la de Sinaloa de 1938 declara que por ningún motivo el precio de la renta será mayor del 8% del valor de la finca; la de San Luis Potosí de 1925, prohibe la obligación de fijar fianzas, depósitos o adelantos; la de Aguascalientes, de ese mismo año, declara revisables todos los contratos a efecto de que, en verdad, se ajusten a la Ley; la de Nayarit de 1939 propone la creación de la Procuraduría Inquilinaria. En esta legislación se observan ciertas características comunes que rompen con el concepto medieval de la propiedad inmueble y se sitúan a la vanguardia en la legislación social; intervención del Estado en la fijación de los términos contractuales, normas proteccionistas al arrendatario, considerándolo la parte más débil en la relación contractual; prórroga o ampliación de la vigencia del contrato de arrendamiento; limitación de las causales de la rescisión del contrato y formación de organismos especiales con competencia para intervenir en materia de arrendamiento. En suma, de la legislación inquilinaria analizada se concluye que el Estado mantiene una actitud intervencionista para fijar las cláusulas del contrato de la finca arrendada, considerando a éste como de orden público y no como un simple convenio entre particulares.
La legislación del Código Civil de 1928, en materia de arrendamiento, tiene sus antecedentes en el derecho español y francés. Así, sus autores, al referirse a la propiedad dicen que "se separó de la tendencia individualista que campeaba en el derecho romano, en la legislación napoleónica y en gran parte de nuestro Código Civil y aceptó la teoría progresista que considera al derecho de propiedad como el medio para cumplir una verdadera función social.
Por lo tanto, no se consideró la propiedad como un derecho individual del propietario, sino como un derecho mutable que debe modelarse sobre las necesidades sociales a las cuales está llamado a responder, preferentemente". Esta tesis implica un avance sustancial respecto al Código Civil de 1884 que dice que: "La propiedad es el derecho de gozar y disponer de la cosa sin más limitaciones que las que fijan las leyes. La propiedad es inviolable; no puede ser ocupada sino por causa de utilidad pública y mediante indemnización". Este Código, inspirado en concepciones individualistas, sostenía como principio básico de la contratación la autonomía de la voluntad de los contratantes, reduciendo al mínimo la intervención del Estado. Con la evolución de la sociedad y el concomitante progreso de las ideas políticas, el contrato de arrendamiento ya no puede ubicarse estrictamente en el marco de los intereses puramente particulares, sino que la concertación de éste supone el amparo de un interés social. El principio de la libre voluntad de las partes se sujeta, ahora, al interés de salvaguardar
el acceso a una vivienda digna y a la equidad.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (Tomo XXXV p. 1236) dice: "Si bien es verdad que la voluntad de las partes es la suprema ley de los contratos, también lo es que dichos principios tienen dos limitaciones forzosas e ineludibles: la primera, que se deriva del interés público, que está por encima de la libertad individual y la segunda, de la técnica jurídica, sobre la que tampoco puede prevalecer el capricho de los contratantes".
En efecto, en la relación para establecer un contrato de arrendamiento, se presentan en una situación de desigualdad, el propietario y el inquilino. El primero posee el dominio real y el usufructo sobre el inmueble y el segundo, tiene la capacidad (o debe tenerla) para pagar la renta por el goce de ese bien. En un arreglo de esta naturaleza, predominan las exigencias y los intereses del propietario, en demérito de los del arrendatario. La autonomía de la voluntad no existe en condiciones de extrema diferencia económica y social. El propietario es un capitalista que especula con la modernización de los servicios públicos y con la renta del suelo; el inquilino es un trabajador que satisface una exigencia elemental, el derecho a vivir bajo techo.
Pero la tendencia moderna de que el Estado proteja los intereses del inquilino parte también de la propia filosofía social de la Revolución Mexicana. Los artículos 27 y 123 de la Carta Magna adoptan una posición unilateral, a favor de la nación y de los trabajadores. Si en el siglo pasado se consideró que el trabajo debía estar regulado por las leyes privadas y se consideró a la huelga como un atentado a la libertad de comercio, en nuestra Ley Fundamental se eleva notablemente su jerarquía jurídica y se determinan como auténticos derechos sociales.
En un determinado período, ciertas normas de la legislación común adquieren el nivel de verdaderas disposiciones de orden público.
Hemos consagrado el derecho al trabajo en la Carta Magna, así como las disposiciones que regulan la existencia fundamental y le dan categoría de entidades de interés público a los partidos políticos y hemos incluido en el artículo 4o. constitucional el derecho a la vivienda.
Por otra parte, el Estado preocupado en el pasado por contribuir a resolver las necesidades de habitación del pueblo, creó diversas leyes y entidades administrativas, entre las que se destacan el FOVISSSTE y el INFONAVIT, los cuales hoy han reducido considerablemente su participación para resolver el problema de vivienda para los trabajadores.
El presente proyecto de Ley Inquilinaria para el Distrito Federal se inspira en la más avanzada tradición de la legislación social y está acorde con el criterio expresado por la Suprema Corte de Justicia que declara "por lo tanto resulta perfectamente procedente que se cree constitucionalmente una Ley especial que rija las relaciones en materia de arrendamiento en el Distrito Federal". (Tomo XVIII). Este criterio es lógico porque si bien es cierto que el Distrito Federal no es un Estado libre y soberano, sí es una entidad política y territorial regida por el Congreso de la Unión y en el caso que nos ocupa, por el Código Civil. La iniciativa que proponemos no pretende afectar o modificar el régimen de la propiedad inmueble, sino, exclusivamente, sentar las bases mínimas para que los contratos de arrendamiento se formulen sobre principios de equidad. Los arrendadores continúan en el goce o usufructo de los bienes que son de su propiedad. En consecuencia, es viable porque la Suprema Corte de Justicia en diversas resoluciones, particularmente desde 1948, ha declarado en forma reiterada que se ajusten a la Constitución General de la República las disposiciones en materia de contratos de arrendamiento.
Esta iniciativa de Ley Inquilinaria para el Distrito Federal contempla tan solo un aspecto del grave problema de la falta de vivienda y de su encarecimiento. Consideramos que solo una reforma urbana a fondo que elimine la especulación desmedida con los terrenos de la ciudad, que permita planificar el crecimiento y desarrollo de los núcleos de población y que siente las bases para la construcción masiva de casas habitación, de auténtico interés social y de renta baja, constituiría un cambio verdaderamente radical. Por esta demanda lucha y ha luchado permanentemente el Partido Popular Socialista.
Por los razonamientos antes expuestos, sometemos a la consideración de la Cámara de Diputados, el siguiente
PROYECTO DE LEY DE DEFENSA DEL INQUILINO
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1o. La Ley de la Defensa del Inquilino es de interés público y, por tanto, de observancia general en el Distrito Federal.
Artículo 2o. La presente Ley tiene por objeto la preservación, la defensa y la protección de los derechos del arrendatario, así como el señalamiento de las obligaciones mínimas de los contratos de arrendamiento.
Artículo 3o. Para los efectos de las disposiciones anteriores, se creará la Procuraduría de la Defensa del Inquilino, que será parte orgánica del Departamento del Distrito Federal.
Artículo 4o. Hay arrendamiento cuando una persona llamada arrendador se obliga a conceder el uso o goce temporal de una cosa a otra persona llamada arrendatario, obligándose ésta a pagar por ese concepto una renta o precio cierto.
Artículo 5o. No será de impedimento para la celebración de un contrato de arrendamiento el ejercicio de una actividad profesional, industrial o comercial a que se destine el inmueble, siendo lícita; por el sexo, estado civil, o número de hijos.
Artículo 6o. Son revisables y nulos de pleno derecho los contratos de arrendamiento, cuyas normas, de una manera expresa o táctica se opongan a la presente Ley.
Artículo 7o. El término del contrato del arrendamiento de fincas destinadas a habitación no podrá ser inferior a tres años, de 10 para las destinadas al comercio y la industria. En el caso de que el propietario decida vender la casa arrendada, el inquilino tendrá preferencia, de adquirirla por compra.
Artículo 8o. El pago de la renta se hará en moneda nacional.
Artículo 9o. Los arrendadores que mediante poder se hagan representar por administradores o intermediarios, no quedan relevados de las responsabilidades contenidas en la presente Ley.
Artículo 10. Son susceptibles de arrendamiento todos los bienes que pueden usarse sin consumirse, excepto aquellos que por disposición legal no deban arrendarse.
Artículo 11. Contra la observancia de esta Ley no puede alegarse desuso, costumbre, ignorancia o práctica en contrario.
Artículo 12. No puede arrendar un copropietario de cosa indivisa sin consentimiento de los otros copropietarios.
Artículo 13. Se prohibe a los magistrados, jueces, funcionarios y empleados públicos, tomar en arrendamiento o administrar los bienes de los negocios en que intervengan.
Artículo 14. El contrato de arrendamiento debe otorgarse por escrito.
Artículo 15. El contrato de arrendamiento no se termina con la muerte del arrendatario, o del arrendador, ni por la enajenación o cualquier otra forma de transmisión de derechos. En caso de fallecimiento de una de las partes, adquirirá los derechos y las obligaciones del difunto quien legalmente lo suceda y en caso de enajenación quien adquiera la finca.
Artículo 16. Si la propiedad fuese expropiada por causa de utilidad pública, el contrato se dará por terminado; pero el arrendador y el arrendatario deberán ser indemnizados conforme a lo establecido en la Ley de Expropiaciones.
La indemnización que se otorgue al arrendatario, deberá ser fijada por la autoridad competente en base al peritaje y los datos que aporte el afectado en su favor.
Artículo 17. La renta convenida sobre una finca arrendada deberá ser aprobada por la Procuraduría de Defensa del Inquilino, misma que no podrá exceder del 10% del valor catastral del inmueble, debiéndose tomar en cuenta el alza del costo de la vida, así como los aumentos en los salarios.
Artículo 18. El contrato podrá revisarse cada tres años tomando en cuenta lo que señala el artículo 17, pero el incremento no podrá exceder el porcentaje del índice inflacionario.
CAPÍTULO II
De la Procuraduría de la Defensa del Inquilino
Artículo 19. Se crea la Procuraduría de la Defensa del Inquilino, dependiente del Departamento del Distrito Federal.
Artículo 20. Las atribuciones de la Procuraduría de la Defensa del Inquilino serán:
I. Efectuar estudios sobre los problemas de la habitación popular, en coordinación con dependencias afines.
II. Patrocinar gratuitamente a los inquilinos en asuntos judiciales, extrajudiciales y administrativos en materia de arrendamiento.
III. Intervenir en la formulación de contratos de arrendamiento sobre la base de los términos de la presente Ley, evitando que se estipulen cláusulas notoriamente desventajosas y perjudiciales para el inquilino.
IV. Hacer los estudios socioeconómicos para la determinación del precio de las rentas en cada caso.
V. Elaborar un censo de casas habitación, locales comerciales y predios baldíos.
VI. Dar aviso a las autoridades competentes sobre las fincas que no reúnan los requisitos elementales de higiene, seguridad, servicios y comodidad.
VII. Elaborar estudios socioeconómicos para integrar un tabulador de rentas, tomando en cuenta las características urbanísticas del Distrito Federal, así como llevar un control de los valores catastrales y comerciales de los predios y todo lo relativo a esta materia.
VIII. Las demás que fije la Ley.
Artículo 21. La Procuraduría de la Defensa del Inquilino será presidida por un procurador y dos subprocuradores, nombrados y removidos libremente por el Presidente de la República; un consejo integrado por dos representantes de la Cámara de Propietarios de Bienes Inmuebles y dos de las confederaciones y asociaciones de inquilinos y colonos. Su reglamento interior fijará el número y la denominación de las oficinas indispensables para el cumplimiento de sus fines.
CAPÍTULO III
De las bases del contrato de arrendamiento
Artículo 22. Los contratos de arrendamiento para bienes inmuebles destinados a la habitación, tendrán como mínimo las siguientes bases:
I. Nombre y domicilio del arrendador; carácter que ostenta y, en su caso, la acreditación de su personalidad.
II. Nombre del arrendatario o de su apoderado legalmente acreditado.
III. Ubicación y descripción de la localidad arrendada.
IV. El término de duración del contrato, el cual no será inferior a tres años.
V. Uso al que se destinará la localidad arrendada.
VI. Importe del precio de la renta mensual.
VII. Que el arrendador, a satisfacción del arrendatario, entrega el inmueble y accesorios en condiciones óptimas de habitabilidad.
VIII. Transcripción literal de las obligaciones del arrendador y del arrendatario que se mencionan en los capítulos respectivos de esta Ley.
IX. Las garantías de cada una de las partes.
X. Número del certificado de depósito o de cualquier otro documento expedido por institución financiera autorizada que haga constar que el inquilino ha otorgado una renta en depósito para garantía.
XI. Fecha en que se celebra el contrato.
XII. Firma de los contratantes y de dos testigos.
XIII. Visto Bueno de la Procuraduría de Defensa del Inquilino.
Artículo 23. El contrato de arrendamiento deberá constar siempre por escrito y garantizarse su cumplimiento, por parte del inquilino, mediante el depósito de un mes de renta, prohibiéndose señalar otras obligaciones que no se contengan en la presente Ley.
Artículo 24. El arrendador que no hiciere las reparaciones o mejoras que ordena la Procuraduría de Defensa del Inquilino para que una localidad reúna las condiciones de habitabilidad e higiene, no podrá exigir el pago de las rentas hasta en tanto no cumpla con dicha orden y será responsable del pago de daños y perjuicios que su omisión origine. Si el desacato persiste hasta por tres, las reparaciones las hará el arrendatario a cuenta de rentas.
Artículo 25. Todos los arrendamientos que no se hayan celebrado por tiempo expresamente determinado, concluirán a voluntad de cualquiera de las partes contratantes, previo aviso a la otra parte, dando un plazo de tres meses para la entrega de la casa arrendada.
CAPÍTULO IV
Del arrendador, sus derechos y obligaciones
Artículo 26. Arrendador es toda persona física o moral que otorga a otra, denominada arrendatario,
el uso o goce temporal de un inmueble o parte de éste, mediante el pago de una renta.
Artículo 27. Cuando el arrendador sea una persona moral, ésta deberá estar constituida legalmente y encontrarse debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del comercio o acreditar que se encuentra en trámite su inscripción. Asimismo, deberá acreditar, quien comparece por él, que tiene facultades suficientes para ello y que no le han sido revocadas.
Artículo 28. Cuando el arrendador o arrendatario sean menores, incapacitados o sucesores, deberán comparecer ante quien corresponda la representación legal en los términos del capítulo respectivo del Código Civil.
Artículo 29. El arrendador está obligado aunque no haya pacto expreso:
I. A entregar al arrendatario la finca arrendada, con todas sus pertenencias y en estado de servir para el uso convenido.
II. A conservar la finca en el mismo estado durante la vigencia del contrato, haciendo para ello todas las reparaciones necesarias.
III. A garantizar y a no estorbar, de manera alguna, el uso o goce pacífico de la finca por todo el tiempo del contrato, a no ser por causa de reparaciones necesarias y urgentes.
IV. A responder por los daños y perjuicios que sufra el arrendatario por los defectos o vicios ocultos de la finca anteriores al arrendamiento.
V. A devolver al arrendatario el certificado de depósito de la renta de un mes, debidamente endosado al vencimiento del contrato o de su prórroga, si la hubiese, contra entrega de la finca arrendada.
VI. Tomar e instalar las medidas de seguridad necesarias contra incendios.
Artículo 30. El certificado de depósito de garantía se hará efectivo en la institución financiera o bancaria que lo expidió con autorización de la Procuraduría de Defensa del Inquilino. Están prohibidos los depósitos complementarios.
Artículo 31. Tratándose de edificios de departamentos o conjuntos de viviendas que constituyan una unidad, el o los arrendadores proporcionarán el servicio de aseo, vigilancia y mantenimiento de las áreas comunes, cuyos costos estarán incluidos en el precio de la renta.
Cuando a juicio del arrendador esta obligación sea incosteable. deberá recurrir a la Procuraduría de la Defensa del Inquilino para que, oyendo a las partes, se determine la forma de sufragar estos gastos.
Artículo 32. No Podrá otorgar en arrendamiento un inmueble que no reúna las condiciones de habitabilidad, ni esté revisado, en los términos de esta Ley, por la Procuraduría de la Defensa del Inquilino.
Artículo 33. El arrendador no puede, durante la vigencia del contrato, mudar la forma de la finca arrendada, ni intervenir en el uso legítimo de ella, salvo en el caso señalado en el artículo 29 fracción III.
Artículo 34. El arrendador pagará los impuestos fijados sobre el inmueble; además, la cuota de consumo de agua, las de energía eléctrica de las áreas comunes y los servicios públicos comunes.
Artículo 35. El arrendador responde de los vicios o defectos de la finca arrendada que impidan el uso de ella, aunque él no las hubiera conocido o hubiesen sobrevenido en el curso de la vigencia del contrato, siempre que no se haya originado por culpa o negligencia del arrendatario. Este podrá optar por la disminución de la renta o de la rescisión
del contrato, salvo que se demuestre que tuvo conocimiento en el momento de celebrar el contrato de la existencia de tales vicios o defectos.
Artículo 36. El arrendador, para obtener el pago de adeudos por concepto de rentas, no podrá afectar el patrimonio familiar, sino únicamente demandar la desocupación en el término de 90 días cuando se trate de habitación y de 180 días cuando la finca esté destinada a la industria o al comercio.
Artículo 37. El arrendador no podrá exigir al arrendatario la firma de un fiador, como condición indispensable para suscribir el contrato de arrendamiento, bastando para ello el depósito de un mes de renta.
Artículo 38. El arrendador tiene la obligación de pagar las mejoras útiles hechas por el arrendatario si en el contrato o posteriormente lo autorizó para hacerlas, cuando por culpa del arrendador se rescindiese el contrato.
Este pago podrá pactarse a cuenta de rentas hasta por el tiempo suficiente para cubrirlo.
Artículo 39. El arrendador tiene derecho:
I. A estar informado por el arrendatario, en el más breve plazo posible, de todo hecho o acto perjudicial que ejecute, o pretenda ejecutar un tercero, en contra del bien arrendado, so pena de que el arrendatario pague los daños y perjuicios que cause con su omisión.
II. A que el arrendatario garantice el cumplimiento del contrato de arrendamiento, respondiendo por los daños y perjuicios que el inmueble arrendado sufra por su culpa o negligencia, o sus familiares o subarrendatarios, salvo el caso fortuito y causa de fuerza mayor.
III. Solicitar la desocupación de un inquilino cuando dos o más familias vecinas lo demanden, con motivo de escándalos y alteraciones a la tranquilidad del lugar.
CAPÍTULO V
Del arrendatario, sus derechos y obligaciones
Artículo 40. Arrendatario es toda persona física o moral capaz de obligarse y de tomar en arrendamiento un inmueble.
Artículo 41. El arrendatario está obligado aunque no haya pacto expreso:
I. A pagar la renta en la forma, monto y tiempo convenido, desde el día que recibe el inmueble hasta la fecha en que lo entrega al arrendador.
II. A responder de los perjuicios que la finca arrendada sufra por su culpa o negligencia, la de sus familiares, sirvientes o subarrendatarios.
III. A darle el uso al inmueble arrendado para el cual lo contrató.
IV. Si por causa imputable al arrendatario se destruye o imposibilita total o parcialmente el inmueble, pagará los gastos que se deriven de reparaciones o sustituciones.
Artículo 42. El inquilino o su representante están obligados a poner del conocimiento del arrendador, en un plazo no mayor de 10 días, desde que tenga conocimiento de ello, todo hecho o acto perjudicial que se registre o se pretenda ejecutar por un tercero, en contra del bien arrendado, bajo la pena de pagar los daños y perjuicios que su omisión cause. En caso de ausencia del arrendador o de su representante, lo notificará a la Procuraduría de la Defensa del Inquilino, para que ésta tome las medidas pertinentes de acuerdo a sus facultades.
Artículo 43. La renta será pagada puntualmente en el lugar convenido, donde se encuentre la finca.
Artículo 44. Si el arrendatario constituyó depósito para garantizar el cumplimiento del contrato, no podrá disponer de él, ya que garantiza todas las obligaciones en el contrato celebrado.
Artículo 45. El arrendatario está obligado a defender, como si fuera propietario, el inmueble arrendado y el arrendador está obligado a reconocer los gastos que hubiese efectuado en la defensa de sus intereses.
Artículo 46. Si el arrendador fuese vencido en juicio relacionado con el contrato de arrendamiento, el arrendatario tiene derecho a exigir el pago de los daños y perjuicios que por ese motivo se le hayan ocasionado.
Artículo 47. Si por causas imputables al arrendador se impide el uso total o parcial del inmueble, procede la reclamación del pago de daños y perjuicios, derecho que el arrendatario deberá exigir dentro del término de un año.
Artículo 48. La pérdida o deterioro de la finca arrendada, se presume siempre a cargo del arrendatario, a menos que él demuestre que sobrevino sin culpa suya, en cuyo caso la reparación será a cargo del arrendador.
Artículo 49. El arrendatario debe hacer las reparaciones pequeñas que exijan el uso de la finca dada en arrendamiento.
Artículo 50. Si por caso fortuito o causa de fuerza mayor se impide totalmente al arrendatario el uso de la casa arrendada, no se causará renta mientras dura el impedimento y si éste dura más de dos meses, podrá pedir la rescisión del contrato.
Si sólo se impide el uso parcial del inmueble, el arrendatario podrá obtener una reducción del precio de la renta, a no ser que ambas partes decidan rescindir el contrato.
Artículo 51. Si el arrendador no cumpliera con lo estipulado en el contrato o en la presente Ley en materia de reparaciones, quedará a elección del arrendatario promover la rescisión del contrato o hacer uso del derecho que le confiere el artículo 47.
Artículo 52. El inquilino tendrá derecho, si está al corriente del pago de sus rentas, a que, en igualdad de condiciones se le prefiera a otro
interesado para celebrar un nuevo contrato de arrendamiento.
Artículo 53. Todas las mejoras, reparaciones y ampliaciones ejecutadas al inmueble por el arrendatario, fuera de las excepciones señaladas por la Ley, serán pagadas por el arrendador.
Artículo 54. El arrendatario está obligado a depositar en la Procuraduría de Defensa del Inquilino una cantidad igual a un mes de renta como garantía de cumplimiento del contrato, la cual le será devuelta, si cumplió normalmente con las cláusulas del contrato, al entregar la finca arrendada.
CAPÍTULO VI
De los riesgos
Artículo 55. El arrendatario es responsable de incendio, sólo por causas imputables a él. En otros casos, se observará lo siguiente:
a) Cuando sean varios arrendatarios y sólo en casos imputables a ellos. Y cuando se ignore dónde se originó el siniestro, todos son responsables proporcionalmente a la renta que paguen.
b) Si se prueba que el incendio fue causado en forma intencional o por negligencia del arrendatario, éste será responsable.
c) El arrendatario no responde del incendio que se haya comunicado de otra parte, si tomó las precauciones necesarias para evitar que el fuego se propagara.
d) Si alguno de los arrendatarios prueba que el fuego no se originó en la parte que ocupa, quedará libre de responsabilidad.
Artículo 56. En el caso de incendios en que hubiese controversia entre los arrendatarios, o entre ellos y el arrendador, se solicitará la intervención de la Procuraduría de la Defensa del Inquilino para que sobre la base de dictámenes periciales y las circunstancias particulares, se precisen el origen del daño, el o los responsables y el monto del o los pagos correspondientes a daños y perjuicios.
Artículo 57. La responsabilidad de que hablan los artículos 55 y 56 comprende no solamente el pago de los daños y perjuicios al propietario con quien los responsables tengan relaciones contractuales, sino que se hará extensivo a los que se hayan causado a otras personas, siempre que provengan directamente del incendio.
Artículo 58. El arrendatario que va a establecer en la finca una industria peligrosa, tiene la obligación de asegurar dicha finca, a su costa, contra el riesgo probable que origine el funcionamiento de esa industria.
Artículo 59. En el contrato de arrendamiento se consignarán las características del inmueble arrendado, el cual el arrendatario se obliga a devolver en el mismo estado, al término del contrato, salvo los deterioros que sufra con el uso natural. En caso contrario, el arrendatario será responsable y se obliga al pago de los daños y perjuicios.
CAPÍTULO VII
Del contrato de subarrendamiento
Artículo 60. El inquilino puede subarrendar el inmueble arrendado, todo o en parte y ceder sus derechos, con el consentimiento expreso del arrendador.
Artículo 61. Si el subarriendo se hiciere en virtud de la autorización contenida en alguna cláusula del contrato, el arrendatario será responsable solidario del subarrendatario por los daños y perjuicios que éste causare al inmueble y por tanto el arrendador le podrá exigir el pago de la reparación.
Artículo 62. Durante el contrato de subarriendo, subsisten las obligaciones y derechos del arrendador establecidos en esta Ley para con el arrendatario y éste con el subarrendatario.
Artículo 63. Las obligaciones y derechos que se establecen en esta Ley para el arrendatario, serán las mismas para el subarrendatario.
Artículo 64. El contrato de subarriendo terminará:
I. Por las mismas causas de la terminación de los contratos de arrendamiento que señala la Ley.
II. La terminación del subarrendamiento solo causa efectos en contra del subarrendatario.
III. Los subarrendatarios podrán ceder sus derechos a sus familiares dependientes económicos y serán legales si no son objetados por el arrendatario original en un plazo de 30 días.
CAPÍTULO VIII
Del arrendamiento de viviendas amuebladas
Artículo 65. En materia del arrendamiento de viviendas amuebladas, se observarán los derechos
y las obligaciones del arrendatario y del arrendador, consignadas en esta Ley, salvo las siguientes excepciones:
I. En cuanto al depósito a que se refiere el artículo 54, el arrendatario deberá efectuar un depósito del importe de tres meses de renta en la Procuraduría de la Defensa del Inquilino, institución que le entregará a cambio el certificado de depósito respectivo.
Artículo 66. La Procuraduría de la Defensa del Inquilino, para sentar las bases del monto de la renta, deberá tomar en cuenta la ubicación de la casa arrendada, el objeto para que son contratados y la amplitud y funcionabilidad de las instalaciones.
Artículo 67. En cuanto al plazo del contrato, se fija a voluntad de las partes, debiéndose avisar judicialmente con 90 días de anticipación la voluntad de darlo por terminado.
Artículo 68. El arrendatario está obligado a cuidar y conservar el mobiliario como si fueran propios, responsabilizándose de los daños o deterioros que éstos sufran, por causas imputables a él.
Artículo 69. El arrendatario tiene obligación de devolver la casa arrendada al término del contrato, debiendo entregar el mobiliario en las mismas condiciones en que le fue proporcionado, salvo el desgaste por el uso natural e inevitable.
CAPÍTULO IX
Del modo de fijar las rentas
Artículo 70. El importe de la renta será fijado por las partes ante la Procuraduría de la Defensa del Inquilino, a solicitud del arrendador, previo al avalúo correspondiente.
Artículo 71. La Procuraduría de la Defensa del Inquilino deberá elaborar una tabla de precios de la renta, sobre la base de elementos tales como la ubicación del inmueble, dimensión y forma del terreno, superficie construida, material y tiempo de construcción, estado de conservación, servicios con que cuenta la zona, transporte, rentabilidad de la vivienda, etcétera.
Estos estudios se realizan para determinar el porcentaje de la renta mensual, tomando en cuenta también el poder adquisitivo del salario y la plusvalía de los inmuebles a efecto de evitar que los términos del contrato sean lesivos para los intereses del inquilino.
CAPÍTULO X
Del modo de terminar el contrato de arrendamiento
Artículo 72. El contrato de arrendamiento puede terminar:
I. Por haberse cumplido el plazo fijado en el contrato o por estar satisfecho el objeto para el cual fue arrendada la finca.
II. Por convenio expreso.
III. Por nulidad del contrato.
IV. Por rescisión del contrato.
V. Por pérdida o destrucción total de la casa arrendada, por caso fortuito o fuerza mayor.
VI. Por evicción de la casa dada en arrendamiento.
VII. Cuando el inmueble sea destinado para una función diferente a la estipulada en el contrato, sin autorización expresa del arrendador.
VIII. Cuando contravenga las disposiciones de la presente Ley.
IX. Cuando el arrendatario deja de cubrir la renta durante tres meses consecutivos.
X. Por aviso judicial hecho por el arrendador o arrendatario por lo menos con tres meses de anticipación, una vez transcurridos el término y las prórrogas del contrato que habla el artículo 7o.
XI. Porque el arrendador tenga necesidad de habitar la finca, según resolución de la Procuraduría de la Defensa del Inquilino.
XII. Porque dos o más inquilinos la soliciten alegando que su presencia alteran la tranquilidad, el orden y las buenas costumbres, a juicio de la Procuraduría de la Defensa del Inquilino.
XIII. Por expropiación de la casa arrendada por causa de interés público.
Artículo 73. Las partes podrán dar por terminado el contrato de arrendamiento, debiendo avisar su deseo a su contraparte con 90 días de anticipación, mediante notificación judicial y observar lo que dispone el artículo siguiente.
Artículo 74. En el caso de que el arrendador necesite ocupar o habitar la finca o local arrendada
antes de su vencimiento el primero podrá solicitar la terminación del contrato ante la Procuraduría de la Defensa del Inquilino; en el caso de finca para vivienda, se dará al arrendatario el plazo de tres meses, así como el importe del alquiler de dos meses como compensación; en el caso de inmueble para local comercial o industrial, el plazo será de seis meses y la compensación de tres meses de alquiler.
Artículo 75. Vencido un contrato de arrendamiento tendrá derecho el inquilino, siempre que esté al corriente en el pago de las rentas, a que se le siga prorrogando el contrato cada tres años, pudiendo el arrendador en este acto aumentar la renta como lo establece el artículo 18. Quedan exceptuados de la obligación de prorrogar el contrato de arrendamiento, los propietarios que quieran habitar la casa u ocupar el local cuyo contrato ha vencido. Este derecho debe ejercitarlo el arrendador dentro de los 30 días siguientes al vencimiento.
Artículo 76. Si después de terminado el contrato o de su prórroga, si la hubo, continúa el arrendatario sin oposición del arrendador en el uso o goce del inmueble, se presumirá el consentimiento tácito de una prórroga por tiempo indefinido y el arrendatario deberá continuar pagando la renta pactaba en el contrato vencido.
Artículo 77. Si el arrendatario desea rescindir el contrato de arrendamiento por violaciones cometidas por parte del arrendador o su representante, también puede demandar el pago de daños y perjuicios y deberá iniciar su demanda ante la autoridad respectiva con asesoría de la Procuraduría de la Defensa del Inquilino.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Artículo primero. Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. Se derogan todas las disposiciones contenidas en el Código Civil del Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal, contenidas en el capítulo de contrato de arrendamiento, en consecuencia, los jueces civiles se sujetarán a las disposiciones de la Ley de la Defensa del Inquilino.
Artículo tercero. Los contratos de arrendamiento cuyo plazo se encuentre vigente en el momento en que entre en vigor la presente Ley, surtirán sus efectos conforme a la misma.
Artículo cuarto. Los juicios pendientes de resolverse ante los tribunales competentes, continuarán tramitándose conforme a esta Ley y el procedimiento se normará por el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal en vigor.
Ejecutoriada que sea la sentencia, al arrendador se le concederá un plazo de 30 días para que cumpla con ella si le es adversa; si es desfavorable para el inquilino, se le concederán dos meses para que dé cumplimiento a las resoluciones correspondientes.
Dado en la sala de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los cuatro días del mes de agosto de mil novecientos noventa y tres.
Por la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, diputado Juan Campos Vega.»
El Presidente:
Con fundamento en la fracción III del artículo 79 constitucional, se turna a las comisiones de Vivienda y del Distrito Federal de la Cámara de Diputados la iniciativa de que se trata.
CONSEJO NACIONAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
El Presidente:
Se concede el uso de la palabra al diputado Eloy Vázquez López, para hacer un planteamiento respecto a la cumbre de los partidos .
El diputado Eloy Vázquez López:
Gracias señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
El domingo pasado, el Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática tomó una resolución en relación con el desarrollo que ha tenido la discusión sobre la reforma política en nuestro país, tanto al seno de la Comisión Plural como a través de distintos interlocutores.
En su parte sustancial, la dirección nacional del PRD plantea lo siguiente:
"El Consejo Nacional reitera su convocatoria al diálogo para lograr un acuerdo genuino, para iniciar la transición a la democracia, por lo que convoca a una reunión con todos los partidos
políticos y el interlocutor del Gobierno que sea capaz de asumir compromisos reales, adoptando la agenda de discusión de acuerdo a las prioridades que hoy ratificamos y con la condición del establecimiento de compromisos previos y muestras de voluntad política, para cumplir con el respeto al voto y en este momento como son: la limpieza de las elecciones recientes en Nayarit y el Estado de México."
Ese es el punto sustancial. En el cuerpo de esta misma resolución se plantea que estamos dispuestos a mantener una relación con las demás fuerzas políticas y desde luego con el titular del Ejecutivo Federal.
Estamos, desde siempre, ya se ha dicho en esta tribuna, abiertos al diálogo. Dentro de la Comisión Plural hemos hecho llegar nuestras propuestas, y esta misma convocatoria que hoy he leído refuerza el trabajo que realizan nuestros compañeros legisladores al interior de la Comisión Plural en donde ayer se presentó una propuesta del Partido Revolucionario Institucional. Esta propuesta que se presentó, la consideramos nosotros como parte de la agenda que tendremos que abordar. Los demás puntos que nos están contenidos ahí, deseamos que se traten independientemente de cuál sea el resultado de las conversaciones que se den en torno a ellos.
Consideramos entonces que el proceso de formulación de la reforma política que para ser profunda, desde nuestra óptica, tiene que abarcar por lo menos los 10 puntos que planteó Cuauhtémoc Cárdenas en Tamazunchale, S.L.P. en marzo de este mismo año, deberá desarrollarse, puede desarrollarse perfectamente en dos escenarios: el escenario de la discusión amplia, política, donde se pondere un acuerdo nacional de largo alcance que abra a la transición democrática a nuestro país, que necesariamente tendrá que darse entre los dirigentes principales de los partidos políticos y especialmente el Ejecutivo Federal.
Paralelamente, complementariamente y no contradictoriamente, al seno de la Comisión Plural, deberá irse concretando todos y cada uno de los puntos que vayan surgiendo ya como parte de este acuerdo nacional.
Sabemos que el proceso de concertación de la reforma que ha pretendido hacer aislado a nuestro partido. No nos es ajena la versión de que con distintos partidos se han atado ya acuerdos para darle un bajo perfil a la reforma política. Sería muy grave que esto quedara en esos niveles.
Deseamos que los acuerdos a que han llegado el Partido Revolucionario Institucional, el Ejecutivo Federal con otros partidos, se concreten desde luego sin perjuicio de la reforma política profunda que se propone y que hoy por hoy sigue siendo el acuerdo nacional entre las fuerzas principales de la oposición y el Gobierno Federal.
No queremos una agenda rasurada; deseamos que todos los puntos que hemos tratado, se desarrollen y ojalá que pudiéramos llegar a consenso.
Dos son quizá los puntos principales de la agenda que más preocupación nos dan: el primero, el relacionado con el padrón electoral; necesitamos que todos los electores potenciales hoy, puedan sufragar el 21 de agosto de 1994 y desde luego que el padrón o mejor dicho, las listas nominales de electores que tendrán que aparecer en todas y cada una de las casillas electorales, sean inobjetables, porque estén todos los que son y no sobre ni nombre ni dato alguno que pueda prestarse a una descalificación del padrón.
Sabemos que para el Partido Revolucionario Institucional esto es también importante. Sin embargo, en el terreno de la concreción no hemos arribado aún ni a los mecanismos ni a los acuerdos operativos y prácticos para que esto sea una realidad.
No es el momento, pero si hubiera necesidad podríamos fundamentar esta aseveración con el conjunto de irregularidades que hasta el momento presenta el padrón electoral.
El otro punto, que es fundamental, es la composición de los organismos electorales, de organización y calificación de las elecciones. Consideramos importante que los ciudadanos y los partidos políticos tengan el papel protagónico para la organización y calificación de las organizaciones y que el Estado desarrolle sus trabajos de financiamiento, cumpla con el reforzamiento estructural, sin que tenga la capacidad de darle sesgos políticos a lo que debiera ser algo debidamente normado y cumplido, de acuerdo con las normas.
Tenemos propuestas también complementarias para los aspectos que el PRI ha hecho llegar, particularmente, queremos mencionar que en el asunto del financiamiento de los partidos, hemos hecho propuestas: queremos un financiamiento equilibrado para todos, normas claras para el financiamiento de particulares a los partidos y para los gastos de campaña.
En cuanto a los procedimientos electorales, también tenemos propuestas que conduzcan a que éstos se realicen con la mayor claridad, con la mayor participación ciudadana y que puedan ser observados de una manera clara para que los resultados sean inobjetables.
No deseamos, porque se ha dicho y mal interpretado, no deseamos que permanentemente la imagen de los procesos electorales sea de un Gobierno que impone candidatos; de un Gobierno que se reproduce a sí mismo, a través de su partido y los eventos electorales únicamente como vía de legitimación.
Tampoco deseamos una oposición que permanentemente presione, que permanentemente deslegitime, que permanentemente cuestione. Deseamos establecer las reglas de convivencia democrática que permitan que los resultados electorales, gane quien gane, sean acatados por todos, reconocidos por todos, porque todos participen en la elaboración de los preparativos en la ejecución de las leyes el día de las elecciones, y en la calificación de los resultados.
Recibimos para su análisis, la propuesta que ayer nos dio en la mesa de la Comisión Plural, el Partido Revolucionario Institucional, como una base para analizar detalladamente la posición del PRI. Creemos que contiene algunos aspectos de representación que pueden ser atendibles, como el hecho de que se amplía el Senado a cuatro senadores, que desaparezca la cláusula de gobernabilidad, y algunos otros puntos que son relacionados con la misma iniciativa.
Destacadamente quisiera comentar, sin embargo, que en el caso del Senado, nosotros no aceptaríamos una ampliación que significara que las tres cuartas partes del Senado quedaran en manos de una sola fuerza mayoritaria y sólo una cuarta parte pudiera ser distribuida entre los partidos que no obtuvieran la mayoría estatal en cada uno de los casos.
Si ésa fuera la posición, entonces valdría mejor dejar un Senado con tres senadores por Estado y que la primera minoría tuviera el senador complementario, sin que existiera porcentaje para que este senador se adjudicara. O bien, en el caso de la ampliación a cuatro, ya hemos planteado también nuestra opción que consiste en que la mayoría tenga dos, la primera minoría tenga uno de los senadores y la segunda minoría tenga el senador complementario.
Es contradictoria la propuesta de tres cuartos del Senado para la mayoría, con la disposición que acompaña ésta misma de que ningún partido tenga más del 63% de la composición del Poder Legislativo o específicamente la Cámara de Diputados.
Tenemos que buscar la forma de articular que si ningún partido va a tener dos terceras partes en la Cámara, tampoco haya posibilidades de que lo tenga en la Cámara de Diputados, tampoco lo tenga en el Senado.
En el caso de la desaparición de la cláusula de gobernabilidad, nosotros tampoco estaríamos en condiciones de poder aceptar una propuesta que promoviera la sobrerrepresentación del partido mayoritario a través de la vía de representación proporcional. Aceptamos cualquier modalidad que implique que el partido mayoritario pueda complementar su porcentaje real de votación con el porcentaje real, equiparar mejor dicho el porcentaje real de votación con el porcentaje real de representaciones, pero de ninguna manera aceptaríamos un mecanismo de sobrerrepresentación que también minimiza a los partidos que no tienen los porcentajes mayoritarios.
Nosotros creemos que están dadas las condiciones en nuestro país para que podamos llegar a un consenso. En el tiempo que queda, en los próximos 15 días, para instalar el período extraordinario de sesiones haremos lo que esté de nuestra parte. Está nuestra propuesta en la mesa de negociaciones. Hemos escuchado la propuesta del Partido Revolucionario Institucional. Queremos asimismo la respuesta por parte del Ejecutivo Federal de que esto tiene que avizorar un cambio y un acuerdo de largo alcance que permita a nuestro país llegar a un estadio diferente en el terreno de su realidad política.
Sin embargo, reiteramos nuestro propósito de defender el derecho que tiene el pueblo mexicano a que su sufragio sea respetado y por tanto deseamos escuchar atentamente cuales serán las posiciones en torno a la garantía del sufragio que se harán por parte del sector oficial. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Pedro Ojeda Paullada.
El diputado Pedro Ojeda Paullada:
Con su permiso, señor Presidente, compañeros legisladores:
Me complace escuchar en la voz del diputado Eloy Vázquez, que considera su partido, como también lo considera el nuestro, que están dadas las condiciones para llegar a un consenso favorable en lo que ya llamamos Reforma Política Electoral, que conjuntamente estamos analizando en la Comisión Plural, que para ese efecto se constituyó en diciembre pasado.
También coincidimos con el pronunciamiento de que todos deseamos que, gane quien gane en todos los procesos electorales, ese triunfo sea reconocido por todas las fuerzas políticas, desde luego por la ciudadanía en general, debido a que haya sido debidamente preparado y realizado con todas las características adecuadas para garantizar que el voto popular se respete.
Como aludía el diputado Vázquez, ayer tuvimos una reunión de la Comisión Plural, en la que se presentaron varios documentos, no sólo ese documento propuesto por nuestro partido, que ya completa la anterior propuesta que habíamos sugerido y que incluyó lo relativo a reformas constitucionales, sino también las ofrecidas propuestas por otros partidos sobre los mismos temas que estamos analizando.
Me place informar que tenemos el mandato renovado de trabajar en sesión permanente de manera informal entre todos los miembros de la Comisión Plural, y que en ejercicio de ese mandato ya hoy lo estamos haciendo, precisamente para el objeto de llegar a ese consenso lo más rápido posible.
Ciertamente los elementos que enlistó el diputado Vázquez como partes a discutir o como temas que estamos desarrollando, ya han sido ampliamente analizados en las anteriores reuniones, pero estamos analizándolas de nuevo con el espíritu abierto para llegar a soluciones favorables.
No cabe duda que el pueblo mexicano necesita un padrón electoral completo y confiable. Desde luego creo que todos debemos de conocer el enorme esfuerzo que se ha realizado a ese respecto y los notables avances que se han tenido.
También sabemos que en cuanto al financiamiento fue precisamente el señor Presidente de la República el que en su informe pasado comentaba la conveniencia de que los partidos políticos fijaran su atención sobre éste y otros temas que formaron parte inicial de la agenda que estamos ahora desarrollando.
Claro está que no hay coincidencia cabal en las propuestas de todos los partidos; de existir, ya hubiéramos redactado la iniciativa correspondiente, pero deseamos hacer el mejor esfuerzo y confiamos en que habrá un buen resultado y que esto nos permitirá llevar a cabo la sesión extraordinaria, el Período Extraordinario de Sesiones para ese efecto, para lo cual esta Comisión Permanente ya ha anticipado que oportunamente se cumplirá con el requisito necesario para hacer la convocatoria respectiva.
Hago votos, por lo tanto, porque tengamos un buen resultado en nuestros trabajos. Muchas gracias.
CONFERENCIA PERMANENTE DE PARTIDOS POLÍTICOS DE AMÉRICA LATINA
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra, para tratar el tema de la COPPPAL, el diputado Juan Campos Vega, del Partido Popular Socialista.
El diputado Juan Gualberto Campos Vega:
Señor Presidente, con permiso, compañeros legisladores:
Realmente nos produce gran satisfacción y lo expresamos así en sesiones anteriores de esta Comisión Permanente, que diversos organismos de carácter internacional, sean éstos integrados por jefes de Estado como la pasada Cumbre Iberoamericana o por partidos políticos como el Foro de Sao Paulo, o la Confederación Permanente de Partidos Políticos de América Latina, se ocupen de manera creciente de un conjunto de problemas que afectan a los países y cuando hablo de nuestros países me refiero fundamentalmente a los de América Latina.
La Copppal es un instrumento que surgió hace cerca de 15 años, en 1979, y que ha tenido una participación destacada, con altibajos, en ocasiones con mayor presencia que en otra, pero una presencia en todo caso permanente en torno a los problemas y situaciones que afectan a nuestro subcontinente y a sus respectivos países. Hace algunos días se reunió la Copppal que produjo un documento singularmente positivo en estos momentos, porque retoma lo que en otros foros ha venido planteando como cuestiones esenciales para el desarrollo y la integración de América Latina. Esta reunión de la Copppal esperamos que sea el síntoma de una mayor
participación, de una revitalización, de una participación mucho más importante frente a los graves problemas que aquejan a nuestro subcontinente.
En esta reunión se reconoció que la democracia es el medio político para alcanzar el bienestar social y económico de nuestras naciones y esto es de singular importancia cuando se han vivido una serie de actos que reflejan actitudes dictatoriales como el caso de Perú o que son marcadas intervenciones del Gobierno norteamericano en la vida de nuestros pueblos como lo fue la intervención militar en Panamá.
Esta reunión de la Copppal reconoció también que es necesario fortalecer el papel de los partidos políticos como entidades representativas de las distintas corrientes políticas y sociales de nuestros países; y qué bueno que se hable de este tema, porque precisamente uno de los embates de la Derecha Internacional ha sido para tratar de sustituir a los partidos políticos como instrumentos de los ciudadanos para participar en la vida de nuestros países. Se ha querido plantear que esos organismos se encuentran en crisis y que deben ser sustituidos por organizaciones de la llamada sociedad civil que desconocen este planteamiento importante de la Copppal de que los partidos son instrumentos que expresan los intereses políticos y sociales diversos, es decir, los intereses de las diversas clases que integran nuestra sociedad.
Y una cosa importante también, fue que en esta reunión se refrendó el compromiso de luchar por la unidad e integración de América Latina. Creo que esta actitud de la Copppal se suma a las ya mencionadas y a otro conjunto de iniciativas en donde nuestro país ha tenido una participación importante, sea a través de su Gobierno o a través de los partidos políticos que existimos en la arena nacional, y en esta reunión de la Copppal llama la atención que cinco de los partidos políticos de los cuales están presentes en esta Cámara, estén participando en este foro.
Creo que esta reunión ha tenido también una gran importancia porque ha permitido la incorporación de otras fuerzas políticas, de manera activa, como miembro de esta organización y a la vez ha también aceptado la participación en condición de organización invitada de otro conjunto de fuerzas políticas de América Latina.
Esta reunión de la Copppal, ha planteado la necesidad de retomar el debate de un aspecto que parece olvidado en algunos momentos pero que aún hiere la conciencia de los pueblos latinoamericanos como es la situación de nuestro hermano pueblo de Puerto Rico, un enclave colonial aún presente en nuestro continente y por ello la Copppal expresa con ese hermano pueblo latinoamericano su derecho a la libre autodeterminación independiente.
Nos parece que éste es un gesto sumamente positivo en materia internacional. Hace votos la Copppal porque el problema que afecta desde hace bastante tiempo ya a Colombia, se resuelva y propicie la participación de todas las fuerzas políticas.
Nosotros, en alguna ocasión en esta Comisión Permanente, hemos planteado la necesidad de que se suprima el llamado estado de excepción en Colombia, que se le reintegre a todas las fuerzas políticas sus derechos para participar en la lucha política y electoral de aquel país con miras a buscar un acuerdo de paz tan necesario en ese hermano país latinoamericano.
No podía una reunión de estas características, como la Copppal, dejar de lado también un tema que reiteradamente hemos tratado en esta Comisión Permanente, como lo es el caso de la hermana República de Cuba, de la cual la Copppal dice que es importante que se reintegre plenamente al conjunto de naciones latinoamericanas y que además reclama el derecho de que ésa se reincorpore a la organización de Estados Americanos.
De igual manera, los partidos políticos que integran la Copppal se sumaron a la demanda de otras instituciones y organizaciones internacionales para acabar con el bloqueo económico a que está sujeto el pueblo y el Gobierno cubano y a que se busque los espacios para que surja una nueva relación particularmente entre La Habana y Washington.
La reunión de la Copppal también saludó los esfuerzos e hizo votos porque el proceso que actualmente se realiza en El Salvador continúe, sea un proceso adecuado, que responda a las expectativas de la comunidad internacional y que garantice que la evolución política de ese hermano país centroamericano va a continuar por la senda de la democracia y la participación sin restricciones a todas las fuerzas políticas, por el retorno también, dijo la Copppal, del presidente Aristid al ejercicio de sus poderes constitucionales en Haití.
Y no podrá faltar un llamado vehemente a respaldar, no sólo políticamente, sino desde el punto
de vista económico, a la hermana República de Nicaragua que hoy de nueva cuenta se ve asediada por la política norteamericana, que a cambio de la ayuda intenta imponerle condiciones que violan su soberanía; intentan entrometerse en la vida interna de la República de Nicaragua.
Nosotros al igual que la Copppal, pensamos que éste como otros problemas compete resolverlos única y exclusivamente a los nicaragüenses.
En fin, que esta reunión realizada por la Copppal ha reafirmado no solamente declarativamente, sino en la práctica, con su opinión respecto a los temas más candentes de nuestro continente, los principios de política internacional que aquí también hemos mencionado, que se encuentran en nuestra Carta Magna y que son producto de nuestra experiencia histórica como un pueblo que ha sido permanentemente agredido por el exterior.
Saludamos desde esta tribuna, la realización de esta reunión; deseamos que sea como señalaba al principio, el inicio de una más fructífera participación de este organismo internacional en aras del derecho soberano de nuestros pueblos a la autodeterminación, a nuestra independencia y a nuestra soberanía. Muchas gracias.
El Presidente:
Recogemos esta declaración. Tiene la palabra el diputado Becerril.
El diputado Rodolfo Becerril Straffon:
Muchas gracias, señor Presidente:
Simplemente para respaldar en lo esencial los comentarios que ha hecho aquí el diputado Juan Campos Vega, en relación a la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina, que recientemente tuvo aquí, en la ciudad de México, una muy importante reunión.
Han sido 13 años de brega, 13 años de búsqueda de opciones políticas, 13 años de trabajo partidista, no para servir los intereses de una organización política, sino para servir a intereses comunes de partidos políticos en el poder, de partidos políticos en la oposición, pero todos preocupados por preservar la soberanía política de América Latina. Efectivamente, en esta reunión que acaba de concluir, se han expresado distintas muestras de apoyo a varios problemas que aquejan al mundo latinoamericano. Se ha visto con beneplácito el regreso al poder de Aristid, en Haití; se ha reiterado la posición en torno a terminar con el bloqueo a Cuba; se ha visto con preocupación los desquebrajamientos de procesos democráticos en algunos países de América Latina, pero sobre todo, se ha visto la necesidad de reivindicar el papel de los partidos políticos en el contexto de los procesos democráticos.
Durante los últimos años hemos asistido a una emergencia de la sociedad civil, a la proliferación de organizaciones no gubernamentales, quizá como una consecuencia del debilitamiento de la intermediación política, porqué no decirlo también, quizá por el fracaso de algunas de las gestiones de los partidos políticos.
Por eso, estimamos que es saludable que una nueva fase de la Copppal, tome aliento a raíz de la reunión de México, que una nueva fase de la Copppal reivindique el papel de los partidos políticos como organismos claves para intermediar entre la sociedad y el Gobierno los problemas que aquejan a nuestros países y a nuestras sociedades.
Estimamos que la democracia es fuente legitimadora de los cambios en las sociedades abiertas; estimamos que la democracia debe reconocer la pluralidad de intereses, de creencias, de ideología y de manifestaciones culturales. Eso ha sido igualmente reconocido al seno de la Copppal, y por eso, nos sumamos a los comentarios que ha hecho aquí el diputado Juan Campos Vega, saludando esta nueva etapa de oxigenación que adquiere este organismo latinoamericano, que reivindica el papel de los partidos políticos en América Latina. Muchas gracias.
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
El Presidente:
Recogemos estas declaraciones y para otro asunto tiene la palabra el senador Héctor Terán Terán, del Partido Acción Nacional.
El diputado Héctor Terán Terán:
Señor Presidente; honorable Asamblea:
Vengo a esta tribuna para unirme al reclamo del pueblo de Baja California y a la expresión de la unidad sobre este problema que existe,
de todos los diputados federales de Baja California, indistintamente del partido, y sus dos senadores que tiene Baja California, que nos integramos, nos juntamos a los reclamos que hicieron al mismo tiempo el Congreso local, el gobernador del Estado y las fuerzas vivas de Baja California.
Lo que vengo a platicarles, lo que vengo a tratar con ustedes, es de máxima importancia, porque aquí se involucran principios y objetivos que pueden llevar este programa al fracaso, o pueden llevarnos a buscar otras alternativas.
Como ustedes saben, el programa carretero emprendido por el Gobierno Federal, a través de concesiones en el manejo de las carreteras, lleva actualmente invertidos 28 mil millones de nuevos pesos en cuatro años, y es un programa que se encuentra en apuros, porque resulta que los costos del peaje están resultando sumamente altos para los usuarios, y quienes tienen las concesiones se encuentran con el problema de que no es suficiente para amortizar la inversión lo que reciben actualmente de cuota de peaje.
Además, se presenta la situación de que se están considerando este tipo de carreteras de cuota como la única solución al problema carretero de México, y se dice que solamente así se podrán contar con carreteras que pueden enfrentar las exigencias del Tratado de Libre Comercio en esa materia, porque de otra forma, no podrán las unidades motorizadas extranjeras tener confianza y poder usar las carreteras mexicanas. Se dice que el aforo resulta insuficiente para sacar, obtener una cuota adecuada.
Pero se están cometiendo también abusos, abusos que parten precisamente de que el negocio carretero se vuelve insensible. No es como una carretera que hace el Estado que fundamentalmente, independientemente del costo, independientemente de los sacrificios, busca servir al pueblo para que tenga mejores carreteras. Entre el Estado constructor de carreteras y el empresario constructor de carreteras, hay una sensibilidad diferente en materia de observar los problemas, por eso vemos nosotros, y me refiero hoy, en este momento, a que llevar a una privatización extrema no es posible en el contexto de desarrollo en que nos encontramos y que tendrá que reflexionarse para volver encauzar la verdadera participación de la sociedad, incluyendo a los empresarios particulares en las acciones determinantes para el desarrollo nacional.
Resulta que en Baja California se concesionó una carretera que permitiera transadarnos de Mexicali a Tijuana con un doble carril. La carretera existente de un carril fue inaugurada por el Presidente Miguel Alemán, y desde aquel entonces a la fecha, existe todavía esa carretera con arreglos periódicos y acondicionamiento. Pero ahora, resulta que en lugar de hacer dos carriles completos y dejar uno, el que ya estaba, como carretera libre, hicieron un carril completo y lo otro lo completaron con la carretera libre, de tal manera que el pueblo no tiene acceso a una carretera libre.
Yo creo que eso es y resulta anticonstitucional, y requiere de la mayor participación para poder resolver este problema. Ha habido una tendencia a usar las carreteras de paga, como los puentes, para buscarle un ingreso a las autoridades y así se pretende que el puente de piga que existe actualmente entre Mexicali y San Luis, sea concesionado al gobierno de Sonora, para poder entregarle los ingresos al ayuntamiento de San Luis, y eso creo que es desviar el concepto de lo que es una recaudación efectiva y no tratar de sustituir con otros métodos y mecanismos nuevos, lo que es una cosa meramente de impuestos, a lo que es meramente un gasto de la ciudadanía, en el caso del Río Colorado y del puente del Río Colorado.
¿Qué sucede? En Baja California hay bloqueos diarios en la carretera, cada día más prolongados, de protesta, a los cuales se ha unido todo el pueblo de Baja California y que hay que darle una solución.
Cuando venimos a esta tribuna lo que buscamos es precisamente la concientización de la autoridad y que puedan asumir esas autoridades la responsabilidad de atender ese problema.
Si este problema no se resuelve es como los otros conflictos que van comenzando poco a poco y van terminando en grandes conflictos. La razón le asiste al pueblo de Baja California y las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones tendrán que actuar.
Por eso, yo le quiero pedir al señor Presidente se sirva recibir esta petición.
Señor Presidente: Héctor Terán Terán, senador de la República, hago la siguiente proposición, en los términos reglamentarios:
Que la presente denuncia se turne a las comisiones unidas de Información, Gestoría y Quejas, y de Comunicaciones y Transportes, para que se investigue lo en ella manifestado.
Atentamente, senador Héctor Terán Terán.
El Presidente:
Se recibe esta manifestación del senador Héctor Terán Terán y se turna su denuncia a las comisiones unidas de Información, Gestoría y Quejas, y Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados.
TRABAJADORES INDOCUMENTADOS MEXICANOS
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra el diputado Guerrero, para una declaración.
El diputado Javier Guerrero García:
Con su permiso, señor Presidente:
Me voy a permitir dar lectura a una declaración de todos los partidos políticos representados en esta Comisión Permanente.
Con relación a recientes iniciativas del Gobierno de los Estados Unidos de América sobre asuntos de carácter migratorio, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión emite la siguiente declaración:
Primero. Respetamos el derecho soberano de cada Estado, para establecer los ordenamientos jurídicos que estime pertinentes para normar los asuntos migratorios internos, pero afirmamos que la consideración de los fenómenos de carácter internacional requieren necesariamente del diálogo y la cooperación entre los estados involucrados, para salvaguardar los derechos humanos fundamentales.
Segundo. Señalamos que los procedentes históricos han acreditado la inconveniencia y la ineficacia de la adopción de medidas unilaterales de carácter restrictivo, al margen de otros factores que dan origen a los flujos migratorios de trabajadores.
Tercero. Consideramos que la migración de trabajadores mexicanos a los Estados Unidos de América es un fenómeno complejo, que exige el análisis cuidadoso e integral de las causas que generan tanto la atracción de la mano de obra como la formación de corrientes migratorias.
Por ello, su atención requiere de la cabal valoración de sus causas. Las soluciones no se encuentran en el combate a los efectos de este fenómeno, sino en la atención de sus causas.
Cuarto. Sostenemos que los trabajadores migratorios mexicanos en los Estados Unidos de América, realizan una contribución importante al funcionamiento y desarrollo de esa economía, particularmente por su connotación de mano de obra calificada y la satisfacción que brindan a la realización de actividades que de otra forma quedarían desatendidas.
Quinto. Reiteramos nuestro interés de que se generen las condiciones económicas que permitan ampliar la oferta de trabajo en el país, porque consideramos que se trata de una política que va al fondo del origen de los flujos de trabajadores migratorios indocumentados a los Estados Unidos de América.
Sexto. Somos solidarios con el compromiso del Estado mexicano para el estricto respeto a la libertad de tránsito de nuestros connacionales y con la protección y defensa de los derechos humanos y laborales de nuestros compatriotas en los Estados Unidos de América.
Séptimo. Manifestamos nuestra preocupación por el posible surgimiento de tensiones y la aparición de brotes de conductas racistas y discriminatorias en algunos grupos de la sociedad estadounidense, toda vez que exacerban las percepciones públicas en la materia y pueden derivar en inconvenientes y condenables actos de violencia.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. México, Distrito Federal, a cuatro de agosto de mil novecientos noventa y tres. Y firman los representantes de todos los partidos políticos. Muchas gracias.
El Presidente:
Se toma nota de la declaración conjunta y se concede la palabra al diputado Javier Garduño para leer también un comunicado. Tiene la palabra para ese efecto el diputado Juan Campos Vega.
El diputado Juan Gualberto Campos Vega:
Señor Presidente, con su permiso:
Creo que es conveniente, compañeros legisladores, recordar algunas cuestiones en torno a este documento que hemos suscrito representantes de los seis grupos parlamentarios presentes en esta sesión.
Desde que el Presidente Clinton anunció, a fines del mes pasado, una propuesta para luchar por todos los medios, dijo él, contra la inmigración ilegal y para lo cual además solicitó al Congreso de los Estados Unidos una asignación especial, una gran cantidad de millones de dólares, que representan una inversión para contratar una mayor cantidad de agentes para la vigilancia de fronteras y trámites fronterizos, que ya suman un número realmente impresionante.
Los argumentos que esgrime el Presidente de los Estados Unidos es que ha tenido presiones de carácter popular, por la presunta red de radicales islámicos que en el pasado mes de febrero dinamitaron las torres gemelas de Nueva York y que supuestamente planeaban otros atentados y que un porcentaje importante, cerca de la mitad de la población de los Estados Unidos de América, desea que sea frenada esa inmigración ilegal.
Dice el Presidente de los Estados Unidos que realmente los inmigrantes han abusado de las leyes de ese país. Que los inmigrantes ilegales disponen de numerosos recursos de carácter administrativo, de carácter jurídico, que les permiten permanecer durante muchos meses y que él lo que deseaba era enviar un mensaje claro a esos inmigrantes ilegales, a los traficantes y a los miembros del crimen organizado, dijo: "tenemos que evitar esa inmigración ilegal."
Claro, por la vecindad que nuestro país tiene con los Estados Unidos por la frontera tan grande que nos une, de inmediato el embajador Negroponte aclaró que esta medida no estaba encaminada contra los inmigrantes mexicanos, que sólo buscaba adaptar la legislación a los tiempos actuales y mencionaba como ejemplos que eso estaba destinado en mayor medida a detener la inmigración fina y también evitar que algunas personas, fingiéndose perseguidos políticos, se internaran a ese país en busca de empleo.
Sin embargo, es evidente que hay una actitud del gobierno norteamericano contra los inmigrantes provenientes de nuestro país. Ya en la campaña de Clinton abundaron las declaraciones de corte racista, incluyendo algunos candidatos de los partidos contendientes en aquel país, hechos que oportunamente nuestros partido denunció aquí en la Comisión Permanente. No podemos nosotros ignorar, por ejemplo, que dentro de este conjunto de medidas implementadas por el gobierno norteamericano está la construcción de aquel muro metálico en la frontera con nuestra Baja California y que también se piensa extender hacia la parte fronteriza con el Estado de Sonora.
No podemos nosotros olvidar que también en un pasado reciente se aprobó aquella famosa Ley Simpson - Rodino que tiene una clara dedicatoria contra los inmigrantes latinos, particularmente los inmigrantes mexicanos, lo cual permitió desatar toda una campaña contra la inmigración mexicana en aquel país que está involucrada, como otros hechos, de un marcado carácter racista.
Esto ha obligado al Gobierno mexicano a tener una activa política de defensa de los derechos de los connacionales a través de cerca de 250 oficinas consulares, 50 de ellas en Estados Unidos, que en conjunto, el año pasado atendieron 115 mil casos de protección a connacionales. Son, además, y somos testigos de ello, numerosas las denuncias de malos tratos a mexicanos presentadas en la Cámara de Diputados en la Comisión Permanente y que han obligado a los connacionales nuestros a organizarse para defenderse en sus derechos.
Ha habido no sólo discriminación de parte de los ciudadanos y las autoridades norteamericanas hacia los residentes de origen mexicano, sino que en general ha habido una agresión permanente y una violación sistemática a los derechos humanos.
Nosotros, en torno a este tipo de problemas, hemos saludado porque las hemos considerado positivas, las declaraciones de diversos funcionarios mexicanos, particularmente del Secretario de Relaciones Exteriores de México, quien en una ocasión declaró que México no limita la movilidad de los mexicanos a través de su frontera, pero observará y continuará oponiéndose a toda violación a los derechos humanos y laborales de los mexicanos en el extranjero, independientemente de su calidad migratoria, ya sea que se les considere como legales o ilegales.
Para nosotros está muy claro que esta iniciativa del Presidente de los Estados Unidos está enfilada a combatir de manera particular la emigración mexicana, que según los datos vagos que ellos mismos manejan de sus instituciones, oscila entre 800 mil y 2 millones de mexicanos ilegales en los Estados Unidos.
Nos preocupa que este proyecto que incluye un monto considerable de recursos para fortalecer a la policía fronteriza, lleve a una especie de militarización de la frontera y que esto sea un
elemento más de agresión a los derechos de los mexicanos que intentan cruzarla.
Por otro lado, el Partido Popular Socialista, dado los antecedentes que tenemos, sabe perfectamente que este tipo de disposiciones a lo único que lleva es a agudizar esta represión de parte de los organismos oficiales fronterizos y que esto puede incrementar considerablemente las actitudes de violencia contra los inmigrantes mexicanos.
Por todo ello, nos preocupa a nosotros esta disposición y saludamos el hecho de que todos los partidos políticos aquí presentes, independientemente que en otros aspectos pudiéramos tener discrepancias de carácter ideológico o político, coincidamos en la necesidad de condenar, claro, respetando el derecho de cada país a darse sus normas, las que considere adecuadas, como dice la declaración, pero sí condenar todo aquello que pudiera afectar los intereses de los mexicanos.
Desde nuestro punto de vista y esto lo recoge la declaración, las medidas no van a resolver el problema de la inmigración mexicana o de otros pueblos de América Latina, porque las causas son de otro tipo, son causas objetivas, son los problemas de miseria, de falta de empleo, de situación económica difícil para muchos de los habitantes de nuestro subcontinente y de nuestro país. Pero además, y lo hemos dicho siempre, el hecho de que se produzca esa permanente migración hacia los Estados Unidos, refleja también que la economía norteamericana requiere de la mano de obra de los trabajadores mexicanos. Hay una doble política que todos los que puedan acercarse a la frontera de nuestro país podrán constatar, de una actitud formal de impedir el paso de los mexicanos, pero dejar ciertos resquicios para que ellos puedan llegar a aquel país y se encuentren en tal situación de temor de ser repatriados, de que acepten cualquier condición laboral o de salario que se les presente.
Por ello, nuestro partido, el Partido Popular Socialista considera que esta declaración política de la Permanente es muy saludable, porque es falso que los trabajadores migratorios, particularmente mexicanos, sean una carga para la economía de los Estados Unidos, por el contrario, son una fuente de mano de obra barata, como dice la declaración" laboriosa y eficiente" y además realizan importantes aportaciones al sistema de seguridad social de los Estados Unidos, al sistema impositivo norte americano, de los cuales no disfrutan porque por ser precisamente ilegales, no pueden acudir a recibir las prestaciones de las instituciones norteamericanas. Sólo aportan sus recursos pero no reciben una contraprestación. Esto evidencia la actitud cada vez más agresiva de presiones de parte del Gobierno norteamericano en contra de los inmigrantes y por eso nosotros saludamos esta coincidencia de los partidos políticos para manifestarnos en contra de la decisión del Gobierno de los Estados Unidos. Muchas gracias.
ARANCELES AL ACERO MEXICANO
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Javier Garduño, para leer una declaración de los partidos políticos.
El diputado Javier Garduño Pérez:
Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
En el asunto del orden del día de la presente sesión, el Partido de la Revolución Democrática a través del diputado Eloy Vázquez, solicitaron comentar en esta sesión, algunos aspectos sobre la disposición de la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos, respecto a los casos antidumping abiertos en los Estados Unidos de América contra empresas siderúrgicas mexicanas. Después de intercambiar documentos y de hacer un análisis de la información que tenemos los legisladores de esta Comisión Permanente, llegamos a la conclusión de presentar a esta honorable Asamblea, un punto de acuerdo sobre los casos antidumping.
El punto de acuerdo dice lo siguiente:
«Primero. En julio de 1992 el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, inició una investigación antidumping y antisubsidios, sobre las importaciones de cuatro productos siderúrgicos, de los cuales México está involucrado en dos de ellos.
Segundo. Después de un año, la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos, emitió su decisión definitiva en materia de daño, en términos tales que afectó a un producto mexicano por la suma de 20 millones de dólares, pero por otro lado, reconoció que no había daño
en otro producto mexicano, cuyo valor de exportación anual suma 100 millones de dólares.
Tercero. Ante una cada vez mayor internacionalización del comercio mexicano, es necesario utilizar todos los mecanismos jurídicos que prevengan las prácticas desleales de comercio y los mecanismos de defensa que eviten medidas unilaterales que obstaculicen las exportaciones mexicanas.
Cuarto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, exhorta al Ejecutivo Federal, a aplicar con toda oportunidad y firmeza la legislación recientemente aprobada para proteger con justicia a los productores nacionales y consolidar los mecanismos especializados que diriman las controversias en términos de estricta legalidad.
A los cuatro días del mes de agosto de 1993, Palacio Legislativo, San Lázaro, México, Distrito Federal.
Firman legisladores de todos los partidos políticos representados en esta honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos.» Muchas gracias.
MEMORIAL DE PARTICULARES
El Presidente:
Se concede la palabra al diputado Cristóbal Arias.
El diputado Cristóbal Arias Solís:
Gracias, señor Presidente:
Por ser un asunto de interés nacional, que se ha estado tratando desde la anterior sesión de esta Comisión Permanente y que fue ya tocado hace un momento, y en virtud de que es un tema que no se agota y que seguramente estará por un buen tiempo, en tanto no exista disposición para buscar rectificar medidas que consideramos precipitadas y lesivas para amplios sectores de la ciudad en esta capital, me permito dar lectura a un documento que está dirigido a esta honorable Comisión Permanente, suscrito por un importante, numeroso y representativo grupo de organizaciones urbano populares de esta ciudad, quienes nos han pedido que lo hagamos llegar previa lectura.
"México, D.F., 4 de agosto de 1993.
Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de la LV Legislatura. Presente.
Las reformas en materia de arrendamiento, aprobadas en el pasado período ordinario de sesiones, han generado, desde el momento de su discusión en la Cámara de Diputados, manifestaciones de inconformidad tanto por la manera en que esta iniciativa fue discutida y aprobada, como por el contenido de la misma.
Diversos organismos sociales, civiles y políticos, han hecho ver cómo dichas reformas no contribuyen a dar una solución de fondo a la problemática de la vivienda en arrendamiento, y sí, por el contrario, lesionan derechos y garantías individuales de millones de mexicanos.
También ha sido amplio el pronunciamiento por abrir un proceso de discusión pública sobre esta problemática, en el que se pueda discutir a profundidad este tema y se tomen en cuenta los puntos de vista y las propuestas de todos los sectores involucrados.
Es claro también que la inconformidad social que ha generado esta nueva legislación en materia de arrendamiento, puede derivar en una grave conflictividad social si ésta llegara a aplicarse.
Consideramos que ante esta situación es fundamental que quienes elaboraron y aprobaron dichas reformas, asuman una actitud de responsabilidad y sensibilidad política que dé pie a la revisión y discusión de la legislación y la política existentes respecto a esa problemática.
Por lo anterior, las organizaciones abajo firmantes, representantes de más de 30 organizaciones sociales del Movimiento Urbano Popular, hacemos un llamado a la Cámara de Diputados para que en el próximo período extraordinario de sesiones se contemple este punto para su discusión y sea la propia Cámara uno de los espacios desde donde se pueda abrir el proceso de amplia participación que reclama la ciudadanía para tratar asuntos que como éste, son de interés público e involucran directamente a amplios sectores de la sociedad.
Atentamente. Asamblea de Barrios de la Ciudad de México; Unión Popular Nueva Tenochtitlan; Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata; Alianza para la Integración Vecinal; Unión de Colonias Populares; Movimiento Vecino; Movimiento de Colonos Democráticos Amanecer Arenal y Asamblea Nacional del Movimiento Urbano Popular". Muchas gracias.
El Presidente:
Túrnese a las comisiones de Vivienda y del Distrito Federal de la Cámara de Diputados.
ESTADO DE YUCATÁN
El Presidente:
Tiene la palabra la diputada María Esther Scherman, para otro asunto.
La diputada María Esther Scherman Leaño:
Señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
Me permito hacer uso de esta tribuna para enterar a la honorable Comisión Permanente de una denuncia presentada por mi partido, el Revolucionario Institucional, ante el Consejo Estatal Electoral del Estado de Yucatán.
A sabiendas de que este honorable cuerpo colegiado no está facultado en su resolución, lo considero importante para las distintas fracciones parlamentarias aquí representadas.
Para tal efecto, previo, me permitiré leer brevemente algunas de las disposiciones que enmarcan las tareas político - electorales en el Código Electoral del Estado de Yucatán.
Ese Código en su artículo 23 dice: "Los partidos políticos deberán conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar sus actos y los de sus militantes a los principios y leyes vigentes".
En su artículo 94 señala: "Los plazos y organismos competentes para el registro de candidaturas en el año de la elección, son los siguientes:"
Me remito únicamente al inciso a "Para candidato a gobernador del estado a partir del 15 de agosto del año de la elección ante el Consejo Electoral del Estado y hasta el 30 del propio mes".
En el artículo 106 del mismo Código se definen a las campañas electorales y a los tiempos para iniciarse. "Las campañas electorales de los partidos políticos se iniciarán a partir de la fecha de registro de la candidatura para la elección respectiva y concluirán 72 horas antes del día de la elección".
Regreso a la fecha de registro: 15 al 30 de agosto.
En el artículo 99: "La campaña electoral para los efectos de este Código es el conjunto de actos llevados a cabo por los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos registrados para la obtención del voto.
Se entienden por actos de campaña las reuniones públicas, las asambleas, las marchas y aquellas manifestaciones en que los candidatos o voceros de los partidos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas".
Ante las evidencias del trabajo realizado en Yucatán por el Partido Acción Nacional y una denuncia presentada por nuestro partido en relación a que Acción Nacional ha violado los términos del Código, una organización de abogados denominada Colegio de Abogados, define y especifica el acuerdo con el Partido Revolucionario Institucional en relación a la violación a la Ley que realizó el Partido Acción Nacional.
A este respecto, la cabeza de esa campaña en el Estado textualmente dice: "Reitero que la denuncia del PRI contra mi partido no hará cambiar el sistema de mi campaña, admite ser una campaña, y que hará caso omiso a los comentarios de ese organismo político".
¿Por qué presentamos esta denuncia y por qué hablamos de una campaña? Porque no solamente nosotros la referimos de esta manera. Con motivo de un evento de Acción Nacional, un panista, Vicente Fox, a una entrevista realizada por el Diario de Yucatán, publicada el día 3 de este mes dice: "Iniciar una campaña para la gubernatura del Estado, como lo está haciendo el PAN, es signo inequívoco de triunfo. Casi podría decir: ¡Este arroz ya se coció!, y ratificó que: Yucatán sería la cuarta liebre que cazaremos, es decir, el cuarto Estado que esté gobernado por el PAN". El ex candidato opositor, según dice textualmente la nota, recalcó que de acuerdo con lo que observó en la convención panista, no queda la menor duda de que se trata de una campaña histórica que huele a triunfo.
Haciendo una reflexión de lo que ha sucedido, cronológicamente el 28 de julio pasado, el PAN anuncia el inicio de su campaña electoral; días después, realiza una marcha - mitin en Jují, en actitud de proselitismo abierto, no solamente encaminado exclusivamente a sus simpatizantes, involucró a autoridades municipales de filiación parmista. El 31 de julio celebra en una plaza pública, en una plaza pública lo subrayo, en el Parque de Santa Lucía, su XXIV Convención Estatal, en la cual uno de los oradores reconoce la presencia de panistas y también la presencia de no panistas, dada la situación del local no era un recinto cerrado, era una plaza pública, quiere decir, era una manifestación pública de proselitismo; ahí mismo se anuncia el inicio de campaña con mítines para horas después.
El domingo 1o. de agosto visita Panamá, Ziquilá y Espita; cierto, admitimos, ha sido mínima la movilización que ésta, su campaña, ha generado, pero como tal sin el registro correspondiente constituye una violación al Código Electoral del Estado de Yucatán.
El Diario de Yucatán en su nota sobre el asunto, el día 3 de agosto, destaca la distribución del primer lote de propaganda panista para fijarlo en los municipios de Hoctún Jocabá y Sanancat. Ese mismo día, a las 19.00 horas, por aquellos que supusieran que no se trata de una campaña, en las afueras de la casa de la señora Hilda María Yamerina se realiza un acto público y en Sanancat realizan un mitin de proselitismo en el costado poniente de la plaza principal. Asimismo han recorrido Tikúl, Tekax, Peto.
Ante la denuncia del Partido Revolucionario Institucional, dirigentes del PAN han argumentado lo siguiente: "Ya realizamos la convención, no nos vamos a quedar sentados esperando más tiempo sin hacer nada". ¿Y la Ley?, bien gracias.
Hacer significa no sólo su campaña previa al registro como ilegal, en los términos en que estaban en Yucatán, sino que también consultarán el fin de semana al gobernador de Baja California, pues según dicen, harán intercambios de experiencias para integrarlos a la plataforma electoral del PAN. La plataforma electoral del PAN, señoras y señores, debió haberse entregado los últimos 10 días del mes de julio.
Antes se hablaba de campaña, hoy algunas notas y declaraciones hablan de reuniones internas, mañana se presentarán ante la prensa nacional; invocan la legalidad y violan la Ley, parece adecuarse a una palabra maya conocida en el ámbito político también "capeich", "doble cara", doble discurso diría yo. Gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Diego Fernández de Cevallos.
El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos:
Señor Presidente; señores legisladores:
En primer lugar considero altamente positivo que una vez más el PRI vaya alejándose de su propia jurisprudencia; ya estábamos hasta la coronilla de que siempre que la oposición traía al foro de la Cámara un problema político estatal, subían aquí para rasgarse las vestiduras y decir que se atentaba contra la soberanía de los estados y que éstas no eran tribunas competentes para dilucidar lo que se diera en la vida interna de los estados de la Federación.
Primero, una felicitación para nuestra estimada compañera Scherman, está acabando con su propia jurisprudencia que tanto combatimos los de la oposición; segundo, no nos precisó de qué asociación de abogados se trata y de qué negociación o participación con su partido tiene, pero ciertamente es una innovación peligrosa de que las asociaciones de abogados en un momento dado, sin dar la cara ni el nombre o en su caso, la relación gratuita o costosa, puedan decir qué participación tienen en este asunto, o qué aval le dan al PRI, o qué aval le da el PRI a esos abogados; pero lo que sí le puedo asegurar a la diputada Scherman es que si de liebre se trata, ésta es una primera liebre que nos salta en las prácticas parlamentarias de la Permanente y de la Cámara en los últimos tiempos, porque hasta hoy, señoras y señores, se había tenido el cuidado, el aseo, la prudencia, la responsabilidad de plantear en la tribuna de la Cámara los asuntos que previamente se anunciaban para el efecto precisamente de no estar cuidándonos de albazos ni de puñaladas, precisamente para que no saltaran liebres en la tribuna diputada, y para que no estuviéramos todos a la caza de la oportunidad, del oportunismo y dejar a las partes con un mínimo de tiempo para poder atender con responsabilidad a reclamos concretos y a demandas precisas. Pero, en fin, si de esto se trata y a liebres vamos, vamos a intentar medirles las orejas.
Yo por lo pronto le diré que no sé ni está en mi mano el texto de la Ley actual de Yucatán, pero que por encima de lo que diga esa Ley, hay derechos fundamentales que consagra la Constitución y que entre otros está el derecho de reunión y de manifestación y ése ni usted, ni el PRI, ni la Ley Electoral pueden limitar en torno a nuestra compañera y a nuestro partido; pero por otro lado diputada, me parece temerario por lo menos que venga aquí el PRI, por voz suya, a proyectar una denuncia tan ligera, tan infundada, tan sorpresiva, tan de liebre que brinca de cualquier maizal precisamente con los antecedentes tan cercanos del desaseo político que ha tenido su partido en esa entidad, para modificar a su capricho y a su antojo, ya no la Ley Electoral, sino la propia Constitución del Estado, inclusive con violación a la General de la República que motivó en seguida que tuvieran que dar marcha atrás para vergüenza de mucha gente cuyos nombres no quiero recordar.
Por último, le diré que da pena la susceptibilidad, la delicadeza, el espíritu, la actitud tan legalista cuando se trata de juzgar un comportamiento de Acción Nacional y qué sordera, qué cerrazón y qué contumacia cuando se trata de atropellar esa Constitución del Estado con violaciones a los derechos del pueblo y a los preceptos de la Carta Magna. Gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Juan Campos Vega.
El diputado Juan Gualberto Campos Vega:
Señor Presidente, compañeros legisladores:
Yo no voy a comentar cuestiones de forma, sino me quiero referir a algunas cuestiones de fondo que se dan en la vida política del Estado de Yucatán y que no son recientes. Ha sido la conducta permanente del Partido Acción Nacional en esa entidad federativa.
Y lo señalo porque dentro de los elementos que mencionó la diputada María Esther Scherman, se encuentra uno que está señalado explícitamente en la legislación electoral de Yucatán y se refiere a que los partidos políticos, para tener derecho a participar con candidatos en los procesos electorales, deben registrar durante los últimos 10 días del mes de julio, su correspondiente plataforma electoral.
Por las declaraciones que aquí ella nos cita, pues es evidente que el Partido Acción Nacional no ha cumplido con ese requisito fundamental y en este caso pues, tendría que aplicarse por la Comisión Electoral del Estado, la Ley en la materia.
Esto no es nuevo, en el proceso de hace tres años, en 1990, se aprobó también una Ley Electoral que establecía una serie de requisitos entre los cuales se incluía el registro ante la Comisión Electoral del Estado, de los titulares del órgano dirigente del partido en la entidad, certificado por su órgano de dirección nacional, entre otros. Elemento éste, nuevo en la legislación del Estado.
El Partido Acción Nacional no cumplió en tiempo con ese requisito, se presentó por nuestro partido un documento pidiendo se aplicara la Ley en aquella ocasión, pero lamentablemente la Comisión Electoral del Estado, por la abstención de varios de sus integrantes, incluyendo, si no me equivoco, al propio Presidente de ese órgano, se encontraba en una situación de empate y precisamente fue el representante del Partido Revolucionario Institucional en aquella ocasión, quien con su voto decidió, violando la Ley, la participación de Acción Nacional en el proceso efectuado. No tenía derecho el PAN a participar en ese proceso.
Pero además, es casi la marca de la casa, que decía la diputada Scherman en maya y que nosotros ahí hacíamos referencia a una farmacia que se encuentra ubicada en la calle 58 con 65, la farmacia de las dos caras, que ha sido evidentemente la conducta del Partido Acción Nacional en el Estado de Yucatán.
Les pondré algunos ejemplos de lo que yo viví. Cuando ahí se discutía la Ley Electoral que dio origen al proceso de 1990, al proceso local, simultáneamente aquí se discutía la reforma a la Constitución, que como recordaba en la sesión pasada, si no me equivoco, también, fue aprobada única y exclusivamente por el PRI y el PAN y llamaba mucho nuestra atención que un conjunto de organizaciones que siempre participan alrededor del Partido Acción Nacional en Yucatán y supeditadas en gran parte a los designios del Diario de Yucatán, de los dueños del Diario de Yucatán, tenían en torno a este problema.
Me refiero a algunas agrupaciones patronales, al Colegio de Abogados que mencionó la diputada Scherman, que por lo general hace causa común con los planteamientos del PAN, al Frente Cívico Familiar, etcétera, y llamaba la atención porque lo que aquí apoyaba Acción Nacional en la reforma federal, su partido lo rechazaba cuando se refería a la reforma local. Los mismos aspectos, los mismos elementos, los mismos problemas, eran manejados desde dos ámbitos: a favor en lo nacional y en contra en el ámbito estatal.
Pero llegó, el momento en que de acuerdo con nuestra Carta Magna, la reforma constitucional, de acuerdo con el 135 y el constituyente permanente, tenía que ser discutida en el Congreso local y entonces nosotros esperábamos con avidez cuál iba a ser la postura del diputado de Acción Nacional en torno a la reforma constitucional fiscal.
Iba a apoyarla o iba a rechazarla, para ser congruente con sus planteamientos en el ámbito local y no tener esas dos caras. Bueno, optó por otra medida la más fácil en aquel momento, la graciosa huida, y me refiero a alguien que es junto con nosotros diputado federal, diputado Luis Rejón Peraza, que por cierto no me dejará mentir.
Pero tendría muchas pruebas más de esta doble conducta del Partido Acción Nacional en el Estado de Yucatán. Allá en nuestro ambiente político, se señala con mucha frecuencia que no es la dirigencia nacional del PAN la que orienta y da línea al Comité Directivo Estatal de ese partido, sino que es la familia ésta, dueña del Diario de Yucatán, vinculada con otros sectores, las que presionan de manera permanente para que el PAN adopte, y no sólo el PAN, organizaciones patronales, colegios de profesionistas, inclusive presionan al arzobispo en determinadas ocasiones para que adopte la política que conviene a los intereses de ese grupo, que no es exclusivamente periodístico, sino que ha extendido sus ramas a otros aspectos y que utiliza el periodismo como un mecanismo de chantaje para favorecer sus intereses.
Es un diario que habría que conocer un poquito más, que sirve de caja de resonancia, particularmente al Partido Acción Nacional, y que se da el lujo de no aceptar ninguna propaganda de ningún partido político pagada, no como otros que cobran una tarifa adicional por publicar propaganda política como si esto fuera peor que la propaganda de bebidas alcohólicas, sino se niega rotundamente a publicar declaraciones de los partidos políticos, y claro, de manera abierta utiliza los espacios para favorecer los intereses del Partido Acción Nacional en el Estado de Yucatán, con el cual está perfectamente coludido.
Entonces no nos extraña esta doble conducta, este desgarrarse las vestiduras cuando consideran que se violenta o se trasgrede una Ley, pero al mismo tiempo ser violadores sistemáticos de la legislación, como se ha demostrado en el caso de Yucatán.
Creo que bien vale la pena, afortunadamente nosotros siempre hemos traido temas políticos a esta tribuna, por eso decía no vería las cuestiones de forma, sino las cuestiones de fondo de la conducta totalmente deshonesta de los dirigentes del PAN en el Estado de Yucatán.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Fernández de Cevallos.
El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos:
Como siempre, don Juan, breve y con cariño.
Mi primera obligación consiste en rectificar. No fui totalmente veraz al afirmar que esta Comisión Permanente había sido sorprendida con una intervención, por tanto inesperada, del PRI, en voz de su diputada María Esther Scherman; fui parcialmente veraz porque el albazo se dio pero por supuesto contra Acción Nacional, no contra toda la Comisión Permanente.
Bien que en la jugada estaba, una vez más, el PPS con el PRI. Nadie puede imaginar que el señor legislador, don Juan Campos Vega, haya subido a la tribuna, de entrada y de botepronto, a contestar toda la argumentación que aquí di y en los términos de la denuncia de la diputada Scherman, sencillamente por un conocimiento pleno de lo que ha sucedido, con datos y circunstancias, como ha manejado.
Lo único que queda de manifiesto para todo el que quiera conocer en serio lo que está sucediendo en el país, es que está quedando con esto una vez más probado, de manera clara e indubitable, porqué y para qué ha venido proponiendo el PRI que siglas, membretes y fantasmas como el que hace un momento estaba representado en la tribuna, sin vida, sigan haciendo una tarea, por cierto tan sucia que ya ni el PRI quiere seguir realizando; y lo más penoso de todo es que se siga hablando de dos caras.
Yo pienso que si ya de por sí no puede representar satisfacción para nadie que hablemos de una sola moneda y ésta sea de dos caras, teniendo por un lado al PRI y a la otra el PPS, lo que resulta francamente penoso, triste, que para un caso como éste haya otras dos caras y una de ellas sea la de don Juan y otra la de doña María Esther.
El Presidente:
Tiene la palabra, para contestar alusiones personales, el diputado
Juan Campos Vega.
El diputado Juan Gualberto Campos Vega:
Se sorprende el diputado Diego Fernández de Cevallos de que yo tuviera esos datos; tengo esos y otros más, porque soy dirigente del Partido Popular Socialista en el Estado de Yucatán, fui diputado local y me consta todo esto que he dicho aquí, que además está en el Diario de los Debates del Congreso del Estado.
Pero, no me interrumpa, respéteme; yo le escuché con mucha atención. Usted decía en la primera sesión de esta Comisión Permanente, que escuchaba con mucho respeto, lo que veo que no
ha aprendido es a contestar con respeto. Muchas gracias.
Diputados, creo que el lenguaje que usted utiliza lo hemos debatido en otras ocasiones. Nosotros hemos dicho que no nos parece correcto el debate, cuando en éste se abandonan las cuestiones de fondo, cuestiones que usted no pudo rebatir aquí; de la conducta de su partido en, el Estado de Yucatán y se trata de desviar la atención con un lenguaje lépero, que no corresponde a la dignidad de la tribuna de la Cámara de Diputados. Esa ha sido su conducta, yo no lo voy a corregir, simplemente se lo señalo. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra la diputada Scherman.
La diputada María Esther Scherman Leaño:
Compañeros de esta Comisión Permanente:
Hace un momento se hizo una reflexión de situaciones acontecidas en el mes de marzo y abril en el Estado de Yucatán, es decir el trabajo que realizó el Congreso local para reformar la Constitución del Estado de Yucatán y conformar el Código Electoral del Estado de Yucatán.
Quiero hacer una breve narración de lo que sucedió en el seno del Congreso local. El Congreso local translada la responsabilidad como lo dice la tarea parlamentaria, a la Comisión de Gobernación. La Comisión de Gobernación integrada por cuatro priístas decide ampliar su integración y proponerle al pleno se incorporen a esta Comisión el diputado Coello Trejo y el diputado Mena Salas, representantes de Acción Nacional.
Ambos declinan la responsabilidad de integrarse al análisis, tanto de la reforma constitucional como del Código Electoral.
¿Por qué la referencia que hizo de dos caras? Porque el discurso que se manejaba a nivel local era su desacuerdo en torno a los planteamientos de prácticamente todas las corrientes políticas representadas en el Congreso y del espectro de negociaciones que Acción Nacional está realizando en el centro del país, difundidas, no a través de un medio de comunicación solamente, sino en la plaza pública, estimando que el Partido Acción Nacional había logrado acordar, no sabemos con quién o con quiénes, las modificaciones relativas al Código Electoral del Estado de Yucatán, es decir un doble discurso.
Aquí se invoca la legalidad, y allá se rehusa a participar en la elaboración de la Ley y en el cumplimiento de sus compromisos, sus compromisos como legisladores.
La ciudadanía yucateca seguramente se preguntó en ese momento ¿para qué había electo a sus diputados locales? ¿Para declarar públicamente supuestas negociaciones, como en el centro del país, y decir que todo lo tenta arreglado, a través de su representante y después su dirigente nacional Carlos Castillo Peraza, o para trabajar en los asuntos internos que tentan que ver con la configuración de una Ley y un Código Electoral que fue aprobado por mayoría?
Lo que aquí no aclaró el diputado de Acción Nacional, es si están o no en campaña. Y lo que me sorprende también es que se sientan sorprendidos, que se sientan, quizá, desargumentados, cuando su líder nacional precisamente es originario del Estado de Yucatán, cuando un miembro de esta Permanente acudió a los eventos, a los cuales me refiero, en el Estado de Yucatán y cuando se supone los representantes de las fracciones parlamentarias deben tener información y conocimiento de cada una de las actividades de sus partidos en los estados de la República.
Quiero agregar, pidiendo congruencia: Estamos seguros de que el Partido...
El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos (desde su curul):
Me permite una interpelación, diputada.
La diputada María Esther Scherman Leaño:
Con todo gusto.
El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos (desde su curul):
Quiero que nos diga la señora diputada si puede precisar el nombre del miembro de la Permanente, que sea miembro de Acción Nacional, que acudió al acto o al efecto que ella señala.
La diputada María Esther Scherman Leaño:
Ustedes lo conocen. Si quiere, al término le entregó la fotografía en la que aparece, con todo gusto.
Quiero hacer una solicitud: estimamos pertinente que haya congruencia, y que haya congruencia respecto a lo que el Código Electoral del Estado de Yucatán señala. ¿Están o no en campaña? ¿Respetan o no lo que el Código Electoral del Estado de Yucatán estipula?
Diputado, hay de caras a caras y de liebres a liebres.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Fernández de Cevallos.
El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos:
Señor Presidente; señores legisladores:
Yo creo que nadie apegado a la razón ni a los hechos, puede decir aquí, con fundamento, que haya yo sido lépero. A menos que tenga una consideración especial, personal, arbitraria, caprichosa sobre esa palabra, en castellano quiere decir algo específico, que no se ha dado en esta tribuna ni por mí y hasta hoy por nadie.
No creo que en este debate nadie haya sido lépero ni contra una persona ni contra una institución.
Por supuesto, señor diputado, si para usted ser directo y claro es ser lépero, yo así he sido y así seguiré siendo.
Sólo quiero decirle para su memoria, que ni yo ni ninguno de mi partido ha ofendido, jamás, a nadie en la Cámara como uno de sus distinguidos militantes, diputado por muchas legislaturas, ha ofendido reiteradamente y en el pleno de la Cámara a Vicente Fox, hace pocos días.
Pero, por otro lado, yo refiriéndome a la diputada María Esther Scherman, por supuesto que estoy totalmente de acuerdo en que ella en particular puede decir, y con orgullo, que hay de caras a caras, nadie se lo puede negar. Pero lo que yo quiero decirle es que no contestó en la tribuna, si le parece sano, si le parece correcto, si le parece honrado, si le parece saludable para la práctica parlamentaria, que haya subido así, aquí y ahora, para los efectos del caso.
Porque por supuesto que si a ésas vamos y si eso se vale, nos atenemos todos a lo mismo. ¿Cómo puede esperar la señora diputada que responda como se responde a una demanda, si no ha tenido por lo menos el cuidado y el aseo su partido de correr traslado de una demanda, con el tiempo mínimo para conocerla, y en su caso para dar respuesta a la misma? ¿De qué se trata, diputada?
¿De que como viene a la tribuna a narrar hechos y circunstancias, se dé respuesta por cualquiera de los miembros de la Permanente? Lo menos que le puedo decir es algo, de los que estamos aquí y ahora en este momento, ninguno tenemos conocimiento de los hechos que usted delata con la suficiente claridad y amplitud como para que Juan de Dios Castro o el diputado o cualquiera de los de acá pudiéramos dar una respuesta cabal. Si, por supuesto.
La diputada María Esther Scherman Leaño (desde su curul):
Pido la palabra.
El Presidente:
Si lo permite el orador.
El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos:
Encantado, tratándose de usted.
La diputada María Esther Scherman Leaño (desde su curul):
¿Forma o no parte de esta Comisión Permanente?
El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos:
Se la voy a contestar si es una sola pregunta.
La diputada María Esther Scherman Leaño (desde su curul):
Aquí está la fotografía.
El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos:
Perdóneme, yo no se, no, no, no, mire, señora diputada, para mí no es fácil con una fotografía, tráigamela y voy por ella si usted gusta. Déjeme decirle nada más, para jugar un ratito con el asunto, qué lástima que se haya esperado tanto tiempo para decir lo que pudo haber dicho en su momento cuando correspondía conforme un debate parlamentario, primero, segundo, una fotografía no prueba nada, absolutamente nada, porque no puede referenciarla a hechos, momentos, lugares y circunstancias.
Pero démoslo por cierto, señora diputada, ¿y eso qué? ¿Qué obligación podemos tener en un trámite serio de orden político, de un país moderno, que aspira al pluralismo y a la democracia y a debates de altura y fundados, que sorpresivamente vengan con una avalancha de datos y de elementos? Y yo pregunto una cosa, ¿por qué todas las fuerzas políticas cuando vamos a tratar un asunto en la Permanente o en el pleno tenemos el aseo de anunciarlo para los efectos procedentes y en su caso para dar la oportunidad en la defensa y de la respuesta?
Pero en última instancia, diputada, usted está mandando al paredón alguien que según su dicho se ha pasado un alto, cuando hay muchos que en la política nacional traen las manos sangrando de crímenes que no sólo han afectado a una entidad de la República, sino a todo el país.
Yo creo que no es posible que así, con un efectismo de tribuna y precisamente como una mujer como usted, se pueda afectar el trabajo político de un partido, que a pesar de sus consideraciones, de lo poco que valen las presencias y las movilizaciones de nuestra gente en Yucatán, el pueblo de Yucatán, si por una vez se le da oportunidad de manifestarse, va usted a saber en serio lo que es la presencia de Acción Nacional ahí.
PARTIDO AUTENTICO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA
El Presidente:
Con el propósito de dar a conocer una declaración de su fracción parlamentaria, tiene la palabra la diputada Cecilia Soto, para otro asunto.
La diputada Cecilia Soto González:
Señor Presidente de la Comisión Permanente. Estimados compañeras y compañeros:
Justo cuando mi partido y su nueva dirección nacional encabezada por la profesora Rosa Martínez Denegri, nos hemos volcado los esfuerzos para cumplir con los próximos compromisos de 1994 y los trabajos de la reforma electoral, nuestro partido, y vengo aquí a denunciarlo a esta honorable Comisión Permanente, ha sido objeto nuevamente de violencia gangsteril y su sede nacional tomada por la fuerza con la presencia de armas de fuego y bombas lacrimógenas por seguidores de la anterior dirección nacional.
Me atrevo a hacer uso de esta tribuna para un asunto que parece totalmente interno, porque es totalmente interno, porque considero necesario hacer un llamado desde aquí a las autoridades competentes a fin de que actúen oportuna, acuciosamente y estrictamente apegados a la Ley y creo que es necesario hacer este llamado porque desafortunadamente los cuantiosos recursos ilegales que maneja el grupo mencionado ha obrado no sólo para comprar gacetillas y espacios en algunos medios de difusión, sino también para hacer que la Ley en algunas instancias no actúe de manera imparcial.
Entonces, repito aquí, hacemos un estricto llamado a las autoridades competentes, porque acudiremos a ellas, a fin de que se cumpla estrictamente con la Ley, para que un partido político que desea participar, es una corriente nacional que desea cumplir con los compromisos, con el pueblo de México para entregar una reforma política que brinde mayor confianza a la ciudadanía se le permita hacer su trabajo político. Muchas gracias.
El Presidente:
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DÍA
La secretaria diputada María Luisa Urrecha Beltrán:
Señor Presidente: Se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Comisión Permanente. Segundo Receso. Segundo Año. LV Legislatura.
Orden del día
11 de agosto de 1993.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del CDLXXII aniversario de la Defensa Heroica de México - Tenochtitlán, tendrá lugar el 13 de agosto a las 11.00 horas.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del CIV aniversario del natalicio del ingeniero Vito Alessio Robles, tendrá lugar el 14 de agosto a las 10.30 horas.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Baja California Sur y Jalisco.
Dictámenes de primera lectura
De la Primera Comisión, relativo a la solicitud de permiso del ciudadano general de división diplomado de Estado Mayor Antonio Riviello Bazán, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Legión al Mérito, en grado de Comandante, que le confiere el Gobierno de los Estados Unidos de América.
De la Primera Comisión, relativo a la solicitud de permiso del ciudadano Yaromir Yan Nechyba Feiereizl, para que pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República Checa en Guadalajara con circunscripción consular en los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Zacatecas.
De la Primera Comisión, relativo a la solicitud de permiso de la ciudadana Alma Noemí Medina Gómez, para que pueda prestar servicios en la Embajada Británica, en México.
Dictámenes a discusión
Diez de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados a los ciudadanos: Hugo Elías Salomón Olvera, Mario Cinta Aguilar, Eduardo Villa Valenzuela, Fernando Vázquez Zavala, Feliciano Martínez Linos, Francisco Arias García, Salvador Riande Ferreyra, Pedro Gómez Rodríguez, Joaquín Montero Montera y José Luis Carreño Castilla.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Claudia María Minvielle Cadena, para prestar servicios en el Consulado General de Colombia, en esta ciudad.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Reyna María Florina Ruvalcaba Peña, para prestar servicios en la Embajada de la República Dominicana, en México.
Sesión secreta.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
El Presidente (a las 5.20 horas):
Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo miércoles 11 de agosto a las 11.00 horas.
NOTAS
Siglas y abreviaturas incluidas en esta edición:
Copppal Confederación Permanente de Partidos Políticos de América
Infonavit Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
PAN Partido Acción Nacional
PPS Partido Popular Socialista
PRD Partido de la Revolución Democrática
PRI Partido Revolucionario Institucional
SLP San Luis Potosí