Legislatura LV - Año II - Período Comisión Permanente - Fecha 19930818 - Número de Diario 6
(L55A2PcpN006F19930818.xml)Núm. Diario: 6ENCABEZADO
LV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE
Senador Emilio M. González Parra
PALACIO LEGISLATIVO
DIRECTOR DEL DIARIO de los DEBATES
Héctor de Antuñano y Lora
AÑO II México, DF., miércoles 18 de agosto de 1993 No. 6
SUMARIO
SUMARIO
ASISTENCIA
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
DEPARTAMENTO DE DISTRITO FEDERAL
Invitación al acto cívico conmemorativo del CXLVI aniversario de la Batalla de Churubusco. Se designa comisión.
ESTADO DE GUERRERO
Comunicación por la que su Congreso informa de actividades legislativas.
ESTADO DE GUANAJUATO
Comunicación por la que su Congreso informa de actividades legislativas.
ESTADO DE JALISCO
Comunicación por la que su Congreso informa de actividades legislativas.
BANCO DE MÉXICO
El Director General de esa institución, da cumplimiento al artículo 10 de su Ley Orgánica. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, de la Cámara de Diputados y a la de Hacienda de la Cámara de Senadores.
SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO
Oficio con el que se remiten los informes sobre la situación económica, las finanzas y la deuda públicas, correspondientes al segundo trimestre de 1993. Se turna a las mismas comisiones que la anterior.
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL (II)
Oficio con el que remite el informe trimestral de avance del programa presupuesto al 30 de julio de 1993. Se turna a las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y del Distrito Federal de la Cámara de Diputados y a la del Distrito Federal de la Cámara de Senadores.
SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
Solicitud de permiso constitucional necesario para que el ciudadano Ignacio Durán Loera, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República Francesa. Se turna a la Primera Comisión.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Cómputo de las aprobaciones de los congresos de los estados, al artículo 82, fracción III. Se turna al Poder Ejecutivo Federal, para su promulgación y su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Cómputo de las aportaciones de los congresos de los estados, a los artículos 28, 73 y 123. Se turna al Poder Ejecutivo Federal, para su promulgación y su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN MÉXICO
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Andrés Raúl Prado Pelayo, Alberto Cortes Arellano y Guadalupe Medel Guadarrama, puedan prestar sus servicios en esa delegación. Es de primera lectura.
RATIFICACIÓN DE GRADOS MILITARES
Dictamen de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo respecto a las solicitudes de ratificación de los ciudadanos:
Eduardo Dávalos Hernández
José Francisco Gerardo Castillo Zaragoza
Benito Medina Herrera
Martín Cordero Luqueño
Felipe Arturo Román Calderón
Arturo Salgado Urióstigue
Se aprueban en sendas votaciones económicas y se turnan al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.
GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Antonio Riviello Bazán, pueda aceptar usar la condecoración que le confiere ese Gobierno. Sin discusión se reserva para su votación nominal en conjunto.
REPÚBLICA CHECA
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Yaromir Yan Nechyba Feiereizl, pueda aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de ese país, en Guadalajara, Jalisco, con circunscripción consular en los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Zacatecas. Sin discusión se reserva para su votación nominal en conjunto.
EMBAJADA BRITÁNICA EN MÉXICO
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Alma Noemí Medina Gómez, pueda prestar sus servicios en esa delegación.
La Secretaría recoge la votación nominal de este dictamen y los anteriormente reservados que resulta aprobatoria y se turna al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (II)
Iniciativa de reformas a los artículos 41 y 60, presentada por el diputado Juan Jacinto Cárdenas García. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
Hace uso de la palabra el senador Emilio Manuel González Parra, Presidente de la Comisión Permanente.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (III)
Iniciativa de reformas a los artículos 52, 53 y 54, presentada por el diputado Juan Jacinto Cárdenas García. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
PROBLEMAS INQUILINARIOS
Los comentan los legisladores:
Cristóbal Arias Solís
Alberto Marcos Carrillo Armenta
Juan Jacinto Cárdenas García
Diego Fernández de Cevallos Ramos, para contestar alusiones personales.
Eloí Vázquez López
PROBLEMÁTICA AGROPECUARIA
Comentan los ocasionados por las carteras vencidas, los legisladores:
Cristóbal Arias Solís
Ricardo Monreal Avila
TRATADO DE LIBRE COMERCIO
Expresan sus opiniones sobre los acuerdos paralelos, los legisladores:
Eloí Vázquez López
Cecilia Soto González, quien propone la comparecencia del secretario de Comercio y Fomento Industrial.
Juan de Dios Castro Lozano
Juan Jacinto Cárdenas García
Carlos Sales Gutiérrez
Juan de Dios Castro Lozano
Eloí Vázquez López
Angel Sergio Guerrero Mier
Cecilia Soto González
La proposición se turna a la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados.
SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Comentan la decisión de no publicar los textos gratuitos sobre Literatura e Historia, los legisladores:
Eloí Vázquez López, quien propone la comparecencia del Secretario del Ramo.
Amado F. Treviño Abatte
Se turna a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.
ESTADO DE OAXACA
Se da lectura a una denuncia de presunta agresión contra el semanario Regeneración. Se turna a la comisión de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
Presidencia del senador Emilio Manuel González Parra
El Presidente:
Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.
La secretaria diputada María Luisa Urrecha Beltrán:
Se va a proceder a pasar lista de asistencia de los miembros de la Comisión Permanente.
La Secretaría informa que está presente el diputado Amado Treviño, en ausencia o en sustitución de la diputada María Esther Scherman. Asimismo, en sustitución del diputado Juan Campos Vega, el diputado Juan Cárdenas.
Hay una asistencia de 31 legisladores. Por lo tanto, hay quórum, señor Presidente.
APERTURA
El Presidente (11.45 horas):
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
La secretaria diputada María Luisa Urrecha Beltrán:
Se va a dar lectura al orden del día.
«Comisión Permanente. - Segundo Receso. - Segundo Año. - LV Legislatura.
Orden del día
18 de agosto de 1993.
Lectura al acta de la sesión anterior.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del CXLVI aniversario de la Batalla de Churubusco, tendrá lugar el 20 de agosto a las 11.00 horas.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Guerrero, Guanajuato y Jalisco.
Oficio del director general del Banco de México
Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley Orgánica del Banco de México, se remite el informe correspondiente al movimiento diario que durante el segundo trimestre de 1993, tuvieron el financiamiento interno del Banco de México y la cuenta General de la Tesorería de la Federación.
Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Con el que se remiten los informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, correspondientes al segundo trimestre del ejercicio fiscal de 1993.
Oficio del departamento del Distrito Federal
Con el que se remite el informe trimestral del avance del programa presupuesto del Departamento del Distrito Federal, al 30 de junio de 1993.
Oficio de la Secretaría de Gobernación
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Ignacio Durán Loera, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Artes y las Letras, en grado de Oficial, que le confiere el Gobierno de la República francesa.
Primera Comisión de Trabajo
Cómputo de las aprobaciones de los congresos de los estados al artículo 82, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y declaratoria.
Cómputo de las aprobaciones de los congresos de los estados a los artículos 28, 73 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y declaratoria.
Dictamen de primera lectura
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos Andrés Raúl Prado Pelayo, Alberto Cortés Arellano y Guadalupe Medel Guadarrama, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Dictámenes a discusión
Seis, de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados a los ciudadanos Eduardo Dávalos Hernández, José Francisco Gerardo Castillo Zaragoza, Benito Medina Herrera, Martín Cordero Luqueño, Felipe
Arturo Román Calderón y Arturo Salgado Urióstegui.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al general de división diplomado de Estado Mayor, Antonio Riviello Bazán, para aceptar y usar la condecoración de la orden de la Legión al Mérito, en grado de Comandante, que le confiere el Gobierno de los Estados Unidos de América.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Yaromir Yan Nechyba Feiereizl, para desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Checa, en Guadalajara, con circunscripción consular en los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Zacatecas.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Alma Noemí Medina Gómez, para prestar servicios en la Embajada Británica, en México.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
La secretaria diputada María Luisa Urrecha Beltrán:
Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de la Sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el día once de agosto de mil novecientos noventa y tres, correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.
Presidencia del senador Emilio Manuel González Parra
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las once horas con cuarenta y ocho minutos del día once de agosto de mil novecientos noventa y tres, con una asistencia de treinta y dos legisladores, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da cuenta con el orden del día y posteriormente da lectura al acta de la sesión anterior, misma que, sin discusión, se aprueba en sus términos en votación económica.
Enseguida, la propia Secretearía da cuenta con los siguientes documentos:
Dos invitaciones del Departamento del Distrito Federal, a los actos cívicos conmemorativos del cuadracentésimo septuagésimo segundo aniversario de la defensa heroica de México - Tenochtitlán y del centésimo decimocuarto aniversario del natalicio del ingeniero Vito Alessio Robles. Se designan comisiones para representar a la Comisión Permanente.
Una invitación del Congreso del Estado de Nayarit, a la sesión solemne en la que el Gobernador de esa entidad rendirá su Sexto Informe de Gobierno. Se designa comisión para representar a la Comisión Permanente.
Una comunicación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la que informa de la apertura del segundo período de sesiones. De enterado.
Sendas comunicaciones de los congresos de los estados de Baja California Sur y de Jalisco, por las que informan de diversas actividades propias de su calendario de trabajo.
Dos oficios de la Cámara de Senadores, con los que se remiten las aprobaciones de las legislaturas de los estados, respecto a las reformas de los artículos ochenta y dos fracción tercera y veintiocho, setenta y tres y ciento veintitrés de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnan a la Primera Comisión.
Una iniciativa, con proyecto de decreto presentada por diputados del Partido Acción Nacional, por la que se abroga el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y que abrogó La Ley del Impuesto Sobre las Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal Prestado bajo la Dirección y Dependencia de un Patrón, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de julio de mil novecientos noventa y tres. Se turna a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.
Una iniciativa, con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley del Impuesto Sobre la Renta y la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal en materia de Arrendamiento, presentada por el grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Se turna a las comisiones de Vivienda y del Distrito Federal de la Cámara de Diputados.
Una iniciativa del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, con proyecto de decreto que reforma el artículo cincuenta y cuatro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
Un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite la propuesta del Poder Ejecutivo Federal para convocar al Congreso General a un período de sesiones extraordinarias. Se turna a la Primera y Tercera comisiones de Trabajo de la Comisión Permanente, con la recomendación de que en el curso de esta misma sesión presenten el dictamen respectivo.
Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado Juan de Dios Castro Lozano, del Partido Acción Nacional, quien solicita que la iniciativa que presentaron diputados de su partido en esta misma sesión, se incluya dentro de la convocatoria al período de sesiones extraordinarias. Se turna la solicitud a la Primera y Tercera comisiones de Trabajo de la Comisión Permanente.
Dos oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que se solicitan los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Raúl Prado Pelayo, Alberto Cortés Camarillo y Guadalupe Medel Guadarrama, puedan prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. Se turna a la Primera Comisión.
La Secretaría da primera lectura a tres dictámenes de la Primera Comisión, con proyecto de decreto por los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que:
El ciudadano Antonio Riviello Bazán, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de los Estados Unidos de América;
El ciudadano Yaromir Yan Nechyba Feiereizl, pueda desempeñar el cargo de Cónsul honorario de la República Checa en Guadalajara, Jalisco, con circunscripción consular en los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Zacatecas y la ciudadana Alma Noemí Medina Gómez, pueda prestar sus servicios en la Embajada Británica en México.
Enseguida, se someten a discusión y sin haberla, se aprueban en sendas votaciones económicas sucesivas, diez dictámenes de la Segunda Comisión con puntos de acuerdo por los que se ratifican los grados militares a los ciudadanos Hugo Elías Salomón Olvera, Mario Cinta Aguilar, Eduardo Villa Valenzuela, Eduardo Vázquez Zavala, Feliciano Martínez Linos, Francisco Arias García, Salvador Riande Ferreyra, Pedro Gómez Rodríguez, Joaquín Mortero Mortera y José Luis Carreño Castilla. Se turnan al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
También se someten a discusión y sin haberla, se aprueban por veintinueve votos, dos dictámenes de la Primera Comisión por los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que las ciudadanas Claudia María Minvielle Cadena y Reyna María Florida Ruvalcaba Peña, puedan prestar sus servicios en el Consulado General de Colombia en la ciudad de México y en la Embajada de la República Dominicana en México, respectivamente. Se turnan al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.
Para expresar sus opiniones respecto de la visita de Estado del Papa Juan Pablo Segundo a México, el Presidente concede el uso de la palabra a los legisladores: Cristóbal Arias Solís, del Partido de la Revolución Democrática; Alberto Carrillo Armenta, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Angel Sergio Guerrero Mier, del Partido Revolucionario Institucional y Juan Campos Vega, del Partido Popular Socialista.
Suben a la tribuna para comentar expresiones del embajador designado por los Estados Unidos de América ante nuestro país, los legisladores Juan Campos Vega, del Partido Popular Socialista; Eloy Vázquez López, del Partido de la Revolución Democrática y Mario del Valle Fernández, del Partido Revolucionario Institucional.
Desde su curul, el diputado Cristóbal Arias Solís, solicita que la Secretaría dé lectura al documento que entregó sobre los hechos acontecidos en Jonacatepec, Morelos. Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría procede a su lectura. El asunto se turna a las comisiones de Derechos Humanos y de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados.
El Presidente informa que las comisiones Primera y Tercera están por terminar el dictamen sobre la propuesta del Ejecutivo Federal, para convocar al Congreso General a un período de sesiones extraordinarias, para conocer el dictamen, a las catorce horas con dieciocho minutos, la Asamblea aprueba un
RECESO
A las quince horas con dos minutos, se reanuda la sesión y el Presidente pide a la Secretaría dar lectura al dictamen aludido, que contiene proyecto de convocatoria a un período de sesiones extraordinarias del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos a partir del lunes dieciséis de agosto de mil novecientos noventa y tres, a las trece horas.
La Asamblea dispensa la segunda lectura. El dictamen se somete a discusión de inmediato. A discusión en lo general, para expresar sus opiniones en pro hacen uso de la palabra los legisladores Eloy Vázquez López, del Partido de la Revolución Democrática; Alberto Carrillo Armenta, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y Pedro Ojeda Paullada, del Partido Revolucionario Institucional.
La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen en lo general y la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por unanimidad de treinta y dos votos.
Se pone a discusión en lo particular el dictamen y no habiendo quien haga uso de la palabra, la Secretaría recoge la votación nominal que resulta aprobatoria por unanimidad de treinta y dos votos.
Se turna al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.
Agotados los asuntos en cartera y no habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las dieciséis horas con veinte minutos, para pasar a sesión secreta, citando para la próxima sesión pública que tendrá lugar el miércoles dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y tres a las once horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Aprobada el acta, señor Presidente.
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
La secretaria senadora Idolina Moguel Contreras:
Se va a dar lectura a una invitación.
«Ciudadano senador Emilio M. González, Presidente de la Comisión Permanente. - Presente.
El Departamento del Distrito Federal, por conducto de esta Dirección General, ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del CXLVI Aniversario de la Batalla de Churubusco, que tendrá lugar en el monumento al general Pedro María Anaya, ubicado en el ex convento de Churubusco, Delegación Política Coyoacán, el día 20 de agosto a las 11.00 horas.
Por tal motivo, de la manera más atenta me permito solicitarle tenga a bien girar sus respetables indicaciones, a efecto de que un representante de esa honorable Comisión Permanente que usted preside, asista a la ceremonia de referencia.
Agradezco cumplidamente las atenciones que se sirva prestar al presente y le reitero con mi reconocimiento las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Director de Acción Cívica, licenciado Gerardo González Camarena.»
El Presidente:
Para asistir en representación de esta Comisión Permanente, se designa a los siguientes legisla dores: diputado Trinidad Reyes Alcaraz y senadora Idolina Moguel Contreras.
ESTADO DE GUERRERO
La secretaria senadora Idolina Moguel Contreras:
Se va a dar lectura a varias comunicaciones.
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Poder Legislativo. - Honorable Congreso del Estado de Guerrero. - LIII Legislatura.
Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, México, Distrito Federal.
Para los efectos procedentes, me permito comunicar a usted, que previas las formalidades de Ley, la Quincuagésima Tercera Legislatura, en sesión ordinaria de esta fecha, tuvo a bien elegir a los ciudadanos diputados licenciado Héctor Roman Bahena y Juan Manuel Hernández Gardea, como presidente y vicepresidente del honorable Congreso del Estado, respectivamente, quienes fungirán del 1o. al 31 de agosto del presente año, dentro del Tercer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Chilpancingo, Guerrero, a 27 de julio de 1993. - El oficial mayor del honorable Congreso del Estado, licenciado Emilio I. Ortiz Uribe.»
De enterado.
ESTADO DE GUANAJUATO
La secretaria senadora Idolina Moguel Contreras:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Honorable Congreso del Estado de Guanajuato.
Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, México, Distrito Federal.
El honorable Quincuagésimo Quinto Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, en sesión celebrada el día de hoy, procedió a la elección de la mesa directiva a fungir durante el segundo mes del segundo período de sesiones ordinarias correspondiente al segundo año de su ejercicio constitucional; la cual quedo integrada de la siguiente manera:
Presidente: diputado Salvador Guerra Jiménez; vicepresidente: diputado Juan Alberto Tovar; prosecretario: diputado Federico Herrera López.
Sin otro particular nos es grato reiterarles las seguridades de nuestra consideración distinguida.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guanajuato, Guanajuato, 9 de julio de 1993. - Licenciado Celeste Gómez Fragoso, licenciado Eusebio Moreno Muñoz.»
De enterado.
ESTADO DE JALISCO
La secretaria senadora Idolina Moguel Contreras:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Gobierno de Jalisco.
Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, México, Distrito Federal.
De conformidad a lo dispuesto por el artículo 84 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la Entidad, comunicamos a ustedes que, con esta fecha fue clausurado el tercer período extraordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio legal de la quincuagésima tercera legislatura de Jalisco, a que convocó su honorable diputación permanente.
Lo que hacemos de su conocimiento para los efectos legales procedentes.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guadalajara, Jalisco, a 15 de julio de 1993. - Diputado secretario, Julio de la Mora Razura; diputado secretario, Angel Guadalupe Franco Camberos.»
De enterado.
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Gobierno de Jalisco.
Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, México, Distrito Federal. De conformidad a lo dispuesto por el artículo 84 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la Entidad, comunicamos a ustedes que, con esta fecha se declaró abierto el cuarto período extraordinario de Sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio legal de la LIII Legislatura de la entidad, a que convocó su honorable diputación permanente; y la forma de como quedó integrada su mesa directiva:
Presidente: David Pérez Rulfo Brizuela; vicepresidente: Joel González Ibarra; secretario: Arturo Uribe Avin; secretario: Silviano Urzúa Ochoa; prosecretario: Hugo Padilla Urtazar; prosecretario: Gerardo Avalos Lemus.
Lo que hacemos de su conocimiento para los efectos legales procedentes.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guadalajara, Jalisco, a 19 de julio de 1993. - Diputado secretario, Arturo Uribe Avin; diputado secretario Silviano Urzúa Ochoa.»
De enterado.
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Gobierno de Jalisco.
Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, México, Distrito Federal.
De conformidad a lo dispuesto por el artículo 84 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la Entidad, comunicamos a ustedes que, con esta fecha se declaró cerrado el cuarto período extraordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio legal de la LIII Legislatura de la entidad, a que convocó su honorable diputación permanente.
Lo que hacemos de su conocimiento para los efectos legales procedentes.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guadalajara, Jalisco, a 19 de julio de 1993. - Diputado secretario, Arturo Uribe Avin; diputado secretario, Silviano Urzúa Ochoa.»
De enterado.
BANCO DE MÉXICO
La secretaria senadora Idolina Moguel Contreras:
«Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Presentes.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Orgánica del Banco de México, esta institución presenta a ustedes el informe referente al movimiento diario del financiamiento interno del propio Banco de México y de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación, correspondiente al segundo trimestre de 1993.
Con fecha 15 de febrero de 1993, esta institución informó a ustedes el acuerdo adoptado por su Junta de Gobierno respecto al saldo máximo que podrá alcanzar el financiamiento interno del propio Banco de México en el ejercicio de 1993.
Las cifras relevantes de esa determinación son las siguientes:
a) Saldo del financiamiento interno del Banco de México al 31 de diciembre de 1992. 40 mil 608 millones de nuevos pesos.
b) Flujo total en 1993. 563 millones de nuevos pesos.
c) Saldo máximo que podrá alcanzar el financiamiento interno del Banco de México durante 1993. 41 mil 171 millones de nuevos pesos. - /
- /Según el referido acuerdo de la Junta de Gobierno, el saldo que se reporte durante el año podrá exceder esta cifra, sin que ello implique violar el límite establecido, por el efecto de la valuación en nuevos pesos de la deuda en moneda extranjera a favor del Banco de México y a cargo del Gobierno Federal, del crédito al Gobierno Federal compensado con depósito en el fondo especial constituido por la enajenación de empresas públicas, créditos para cobertura cambiaria a los fondos de fomento y bancos de desarrollo que tengan como contrapartida un depósito especial del Gobierno Federal en Banco de México, y créditos que otorgue el Banco de México con recursos que reciba de las instituciones de crédito por el mecanismo de fijación de tasas de interés interbancarias promedio.
En la consideración de las cifras de este informe, es necesario distinguir los saldos del financiamiento interno otorgado por el Banco de México, de los incrementos que experimentan dichos saldos en periodos determinados.
Los saldos expresan el importe total de los financiamientos otorgados por el Banco de México desde su constitución, menos las amortizaciones efectuadas por los deudores y menos las cesiones de activos representativos de dichos financiamientos, en tanto que los incrementos de esos saldos, reflejan el financiamiento adicional otorgado por el Banco durante el período al cual están referidos.
Con fecha 14 de mayo de 1993 informamos a ustedes sobre el financiamiento interno del Banco de México durante el primer trimestre de 1993. El saldo del financiamiento interno al día último de marzo fue de 21 mil 265 millones de nuevos pesos, cifra que muestra una disminución de 19 mil 334 millones de nuevos pesos respecto al saldo ajustado al cierre de diciembre de 1992*/, de los cuales (en números redondos) 3 millones de nuevos pesos corresponden a un aumento por el efecto del deslizamiento del tipo de cambio sobre el monto, valuado en nuevos pesos, de la deuda en moneda extranjera que el Gobierno tenía con el Instituto Central al cierre de 1992, y 19 mil 337 millones de nuevos pesos corresponden a una disminución de la tenencia de Valores Gubernamentales del Banco de México.
A continuación les damos a conocer los movimientos diarios del financiamiento interno del Banco de México, correspondientes al segundo trimestre de 1993, en los cuales se distingue el saldo e incrementos nominales de éste, del saldo sin el efecto del tipo de cambio y el flujo efectivo, entendiéndose por estos dos últimos aquellos que no toman en cuenta la modificación del valor en nuevos pesos de la deuda denominada en moneda extranjera, consecuencia de la variación del tipo de cambio.
Ello en virtud de que tal modificación del valor en nuevos pesos de la deuda en moneda extranjera no constituye financiamiento efectivo y, por tanto, tampoco debe tomarse en cuenta para considerar si el financiamiento interno del Banco de México se encuentra o no dentro de los límites establecidos por su Junta de Gobierno, según se explica en lo conducente en la nota de la página anterior de este informe.
*Saldo informado: 40 mil 608 millones de nuevos pesos. Saldo ajustado con movimientos retroactivos: 40 mil 599 millones de nuevos pesos.
MOVIMIENTO DIARIO DE LOS SALDOS DEL FINANCIAMIENTO INTERNO DE BANCO DE MÉXICO
DEL 1o. DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 1993
- Miles de Millones de Nuevos Pesos -
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El 15 de febrero de 1993 informamos a ustedes que, de conformidad con lo previsto al efecto en el artículo 9o. de la Ley Orgánica del Banco de México, el saldo máximo a cargo del Gobierno federal en la Cuenta General de la Tesorería de la Federación para 1993 se estableció en 2 mil 665 millones de nuevos pesos, cifra que, de acuerdo con lo previsto en el mismo artículo, no debe excederse, salvo que se presenten circunstancias extraordinarias que aumenten considerablemente las diferencias temporales entre los ingresos y los gastos públicos. Por otra parte, en cumplimiento del artículo 10 de la Ley citada, el pasado 14 de mayo de 1993 les dimos a conocer los movimientos diarios de la cuenta referida, correspondiente al primer trimestre de 1993.
Por lo que se refiere al segundo trimestre, a continuación se muestra el movimiento diario de la multicitada cuenta:
MOVIMIENTO DIARIO DE LA CUENTA GENERAL DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN DEL 1o. DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 1993 (*) -Saldo en Miles de Millones de Nuevos Pesos-
Dar doble click con el ratón para ver imagen
Recibo y túrnese a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores.
SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO
La secretaria senadora Idolina Moguel Contreras:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, Presente.
Por instrucciones del ciudadano Presidente de la República y a efecto de dar cumplimiento a lo señalado en el decreto aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1993, así como en el artículo 9o. de la Ley General de Deuda Pública, me permito anexar al presente los informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, correspondientes al segundo trimestre del Ejercicio Fiscal de 1993.
En caso de requerir información adicional, me pongo a sus órdenes para satisfacer oportunamente su petición.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 15 de agosto de 1993.- El secretario, Pedro Aspe A.»
Recibo y túrnese a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados y de Hacienda de la Cámara de Senadores.
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL (II)
La secretaria senadora Idolina Moguel Contreras:
«Escudo.- Jefatura del Departamento del Distrito Federal, México.
Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, Presente.
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 36 del Decreto Aprobatorio del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para 1993, me permito remitir a usted el Informe Trimestral de Avance del Programa Presupuesto del Distrito Federal, al 30 de junio de 1993.
El informe contempla los apartados sobre ingresos, egresos, deuda pública y sus respectivos cuadros analíticos.
Asimismo, con objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 9o. de la Ley General de Deuda Pública, se incluye un capítulo que contiene el estado de la deuda, así como los movimientos de la misma.
Reitero a usted mi disposición de aclarar o ampliar cualquier aspecto que sobre el particular tenga a bien solicitarnos y hago propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 13 de agosto de 1993.- El jefe del Departamento, licenciado Manuel Camacho Solís.»
Recibo y túrnese a las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y del Distrito Federal de la Cámara de Diputados y a las comisiones de Hacienda y del Distrito Federal de la Cámara de Senadores.
SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
La secretaria senadora Idolina Moguel Contreras:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
A continuación transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 5 del actual:
"El ciudadano licenciado Ignacio Durán Loera, solicita se tramite ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado b, del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Artes y las Letras, en grado de Oficial, que le confiere el Gobierno de la República francesa. Para tal efecto y a fin de que se integren en su expediente, remito a usted acta de nacimiento, carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la condecoración relativa."
Al comunicar a ustedes lo anterior, envío con el presente los anexos que en el mismo se citan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 10 de agosto de 1993.- El secretario, José Patrocinio González Blanco Garrido.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
La secretaria senadora Idolina Moguel Contreras:
«Primera Comisión.
Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe fue turnado, en la sesión de fecha 11 de agosto del año en curso, el expediente remitido por el Senado de la República, para los efectos ordenados por el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contiene las aprobaciones por parte de legislaturas de diversas entidades federativas a la adición a la fracción III del artículo 82 de la Constitución de la República, que a su vez fuera aprobada por el Congreso de la Unión en el pasado período de sesiones ordinarias.
Esta Comisión celebró reunión el día de hoy, en la cual tuvo a la vista el expediente de referencia
y realizó una cuidadosa revisión del mismo, a través de la cual pudo constatar que el texto aprobado por el Poder Legislativo Federal para efectuar la adición mencionada al citado artículo constitucional, ha sido aprobado por los congresos de los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, México, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, según consta en las comunicaciones oficiales que los congresos de esas entidades de la Federación hicieron llegar en su oportunidad a la honorable Cámara de Senadores.
De conformidad con lo anterior hay constancia de que la adición al artículo 82 fracción III de la Constitución de la República ha sido aprobada al momento por 21 congresos estatales estándose en la hipótesis de lo previsto por el artículo 135 constitucional. Por tanto es procedente que, en acatamiento a lo dispuesto por ese numeral, esta Comisión Permanente realice la declaratoria del caso en los siguientes términos:
La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión declara que ha sido reformado el artículo 82 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar en los siguientes términos.
Artículo 82. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I y II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. La ausencia del país hasta por treinta días, no interrumpe la residencia.
IV a VII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TRANSITORIO
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de comisiones Presidente Sebastián Lerdo de Tejada, de la honorable Cámara de Senadores.- México, Distrito Federal, a 13 de agosto de 1993.- Primera Comisión: Senador Alfonso Martínez Domínguez, Presidente; diputado Diego Fernández de Cevallos, secretario; senadores: Netzahualcóyotl de la Vega, Roberto Robles Garnica, Ricardo Monreal Avila, Angel Sergio Guerrero Mier; diputados: Pedro Ojeda Paullada, Juan Moisés Calleja García, María Esther Scherman Leaño, Cecilia Soto González y Alberto Carrillo Armenta.»
El Presidente:
En consecuencia, la Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 constitucional y previa la aprobación de las cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, así como de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados, declara reformado el artículo 82, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La secretaria senadora Idolina Moguel Contreras:
Pasa al Ejecutivo para la promulgación respectiva y su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
«Primera Comisión.
Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe fue turnado, en la sesión de fecha 11 de agosto del año en curso, el expediente remitido por el Senado de la República, para los efectos ordenados por el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contiene las aprobaciones por parte de legislaturas de diversas entidades federativas a la adición a las reformas a los artículos 28, 73 y 123 de la Constitución General de la República, que a su vez fuera aprobada por el Congreso de la Unión en el pasado período de sesiones ordinarias.
Esta Comisión celebró reunión el día de hoy, en la cual tuvo a la vista el expediente de referencia y realizó una cuidadosa revisión del mismo, a través de la cual, pudo constatar que el texto aprobado por el Poder Legislativo Federal para efectuar las reformas mencionadas a los citados artículos constitucionales, ha sido aprobado por los congresos de los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, según consta en las comunicaciones oficiales que los congresos de esas entidades de la Federación hicieron llegar en su oportunidad a la honorable Cámara de Senadores.
De conformidad con lo anterior hay constancia de que las reformas a los artículos 28, 73 y 123 de la Constitución de la República han sido aprobadas al momento por 25 congresos estatales
estándose en la hipótesis de lo previsto por el artículo 135 constitucional. Por tanto es procedente que, en acatamiento a lo dispuesto por ese numeral, esta Comisión Permanente realice la declaratoria del caso en los siguientes términos:
La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión declara que han sido reformados los artículos 28, 73 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar en los siguientes términos.
Artículo 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las áreas estratégicas a las que se refiere este precepto: correos; telégrafos; radiotelegrafía y la comunicación vía satélite; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos y generación de energía nuclear; electricidad; ferrocarriles y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión.
El Estado contará...
El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración.
Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. Ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento.
No constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva, a través del banco central, en las áreas estratégicas de acuñación de moneda y emisión de billetes. El banco central, en los términos que establezcan las leyes y con la intervención que corresponda a las autoridades competentes, regulará los cambios, así como la intermediación y los servicios financieros, contando con las atribuciones de autoridad necesarias para llevar a cabo dicha regulación y proveer a su observancia. La conducción del banco estará a cargo de personas cuya designación será hecha por el Presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente, en su caso; desempeñarán su encargo por periodos cuya duración y escalonamiento provean al ejercicio autónomo de sus funciones; sólo podrán ser removidas por causa grave y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación del banco y de los no remunerados en asociaciones docentes, científicas, culturales o de beneficencia. Las personas encargas de la conducción del banco central, podrán ser sujetos de juicio político conforme a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Constitución.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 73. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a IX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123;
XI a XXX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 123. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a XII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XIII bis. El banco central y las entidades de la Administración Pública Federal que formen parte del sistema bancario mexicano regirán sus relaciones laborales con sus trabajadores para lo dispuesto en el presente apartado.
XIV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TRANSITORIO
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. En tanto se expide la ley del banco central, reglamentaria del artículo 28 de esta Constitución, continuará en vigor la Ley Orgánica del Banco de México.
Sala de comisiones Presidente Sebastián Lerdo de Tejada de la honorable Cámara de Senadores. México, Distrito Federal, a 13 de agosto de 1993.- Primera Comisión: Senador Alfonso Martínez Domínguez, Presidente; diputado Diego Fernández de Cevallos, secretario; senadores: Netzahualcóyotl de la Vega, Roberto Robles Garnica, Ricardo Monreal Avila, Angel Sergio Guerrero Mier; diputados: Pedro Ojeda Paullada, Juan Moisés Calleja García, María Esther Scherman Leaño, Cecilia Soto González y Alberto Carrillo Armenta.»
El Presidente:
En consecuencia, la Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 constitucional y previa la aprobación de las cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, así como de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados, declara reformados los artículos 28, 73 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La secretaria senadora Idolina Moguel Contreras:
Pasa al Ejecutivo para la promulgación respectiva y su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN MÉXICO
La secretaria senadora Idolina Moguel Contreras:
«Primera Comisión.
Honorable Asamblea: en oficios fechados los días 22 y 26 de julio del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Andrés Raúl Prado Pelayo, Alberto Cortés Arellano y Guadalupe Medel Guadarrama, puedan prestar sus servicios como telefonistas y operadora de computación, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
En sesión celebrada en esta fecha por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 11 de agosto, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada de sus actas de nacimiento;
b) Que los servicios que los interesados prestarán en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México, serán de carácter administrativo.
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado b, del artículo 37 Constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano Andrés Raúl Prado Pelayo, para prestar servicios como telefonista, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano Alberto Cortés Arellano, para prestar servicios como telefonista, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Artículo tercero. Se concede permiso a la ciudadana Guadalupe Medel Guadarrama, para prestar servicios como operadora de computación, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 12 de agosto de 1993.- Senador Alfonso Martínez Domínguez, presidente; diputado Diego Fernández de Cevallos, secretario; senadores: Netzahualcóyotl de la Vega García, Roberto Robles Garnica, Angel Sergio Guerrero Mier, Ricardo Monreal Avila; diputados: Pedro Ojeda Paullada, Juan Moisés Calleja García, María Esther Scherman Leaño, Cecilia Soto González y Alberto Carrillo Armenta.»
Es de primera lectura.
RATIFICACIÓN DE GRADOS MILITARES
La secretaria diputada María Luisa Urrecha Beltrán:
«Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1992 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano Teniente Coronel de Infantería diplomado de Estado Mayor Eduardo Dávalos Hernández como Coronel de Infantería diplomado de Estado Mayor, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en el Heroico Colegio Militar como Cadete Numerario el dieciséis de noviembre de mil novecientos sesenta y siete y el primero de septiembre de mil novecientos setenta y uno fue ascendido a Subteniente de Infantería por acuerdo del titular de la Dependencia;
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante veinticinco años, siete meses, y
d) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicio requeridos para ello, las condecoraciones de perseverancia de Cuarta, Tercera y Segunda Clases.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado Coronel de Infantería se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de Coronel de Infantería, diplomado de Estado Mayor que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Eduardo Dávalos Hernández.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 3 de agosto de 1993.- Diputado Rodolfo Becerril Straffon, presidente; senador Humberto Lugo Gil, secretario; senadores: Leonardo Rodríguez Alcaine, Héctor Terán Terán, Héctor Hugo Olivares Ventura, José Joaquín González Castro; diputados: Mario del Valle Fernández, Eloy Vázquez López, Laura Alicia Garza Galindo, Fernando Lerdo de Tejada y Manuel Rivera del Campo.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo. «Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1992, por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano Teniente Coronel de Infantería diplomado de Estado Mayor José Francisco Gerardo Castillo Zaragoza como Coronel de Infantería diplomado de Estado Mayor, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en el heroico Colegio Militar el primero de enero de mil novecientos sesenta y siete y el primero de septiembre de mil novecientos setenta fue ascendido a subteniente de Infantería por acuerdo del titular de la Dependencia;
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante veintiséis años, seis meses, y
d) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicio requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera y Segunda Clases.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado Coronel de Infantería se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de Coronel de Infantería, diplomado de Estado Mayor que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano José Francisco Gerardo Castillo Zaragoza.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 3 de agosto de 1993.- Diputado Rodolfo Becerril Straffon, presidente;
senador Humberto Lugo Gil, secretario; senadores: Leonardo Rodríguez Alcaine, Héctor Terán Terán, Héctor Hugo Olivares Ventura, José Joaquín González Castro; diputados: Mario del Valle Fernández, Eloy Vázquez López, Laura Alicia Garza Galindo, Fernando Lerdo de Tejada y Manuel Rivera del Campo.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
«Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1992, por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano Teniente Coronel de Infantería diplomado de Estado Mayor Benito Medina Herrera como Coronel de Infantería diplomado de Estado Mayor, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en el Heroico Colegio Militar como Cadete Numerario el primero de enero de mil novecientos sesenta y siete y el primero de septiembre de mil novecientos setenta fue ascendido a Subteniente de Infantería por acuerdo del titular de la Dependencia;
b) A los siguientes grados ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de Capitán Primero de Infantería adquirió el carácter de diplomado de Estado Mayor;
c) A los grados sucesivos ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
d) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante veintiséis años y seis meses, y
e) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicio requeridos para ello, las condecoraciones de perseverancia de Cuarta, Tercera y Segunda Clases.
Del análisis del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado Coronel de Infantería diplomado de Estado Mayor se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de Coronel de Infantería, diplomado de Estado Mayor que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Benito Medina Herrera.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 3 de agosto de 1993. Diputado Rodolfo Becerril Straffon, presidente; senador Humberto Lugo Gil, secretario; senadores: Leonardo Rodríguez Alcaine, Héctor Terán Terán, Héctor Hugo Olivares Ventura, José Joaquín González Castro; diputados: Mario del Valle Fernández, Eloy Vázquez López, Laura Alicia Garza Galindo, Fernando Lerdo de Tejada y Manuel Rivera del Campo.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo. «Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1992, por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano Teniente Coronel de Infantería diplomado de Estado Mayor Martín Cordero Luqueño como Coronel de Infante ría diplomado de Estado Mayor, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en el Heroico Colegio Militar como Cadete Numerario el dieciséis de noviembre de mil novecientos sesenta y siete y el primero de septiembre de mil novecientos setenta y uno fue ascendido a Subteniente de Infantería por acuerdo del titular de la Dependencia;
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante veinticinco años, siete meses, diecisiete días, y
d) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicio requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera y Segunda Clases.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado Coronel de Infantería se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de Coronel de Infantería, diplomado de Estado Mayor que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Martín Cordero Luqueño.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 2 de agosto de 1993.- Diputado Rodolfo Becerril Straffon, presidente; senador Humberto Lugo Gil, secretario; senadores: Leonardo Rodríguez Alcaine, Héctor Terán Terán, Héctor Hugo Olivares Ventura, José Joaquín González Castro; diputados: Mario del Valle Fernández, Eloy Vázquez López, Laura Alicia Garza Galindo, Fernando Lerdo de Tejada y Manuel Rivera del Campo.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
«Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1992, por el ciudadano Presidente de la República en favor del Teniente Coronel de Infantería diplomado de Estado Mayor Felipe Arturo Román Calderón como Coronel de Infantería diplomado de Estado Mayor, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en el Heroico Colegio Militar como Cadete Numerario el veintinueve de enero de mil novecientos sesenta y seis y el primero de septiembre de mil novecientos sesenta y nueve fue ascendido a Subteniente de Infantería por acuerdo del titular de la Dependencia;
b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de Capitán Primero de Infantería adquirió el carácter de diplomado de Estado Mayor;
c) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
d) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante veintisiete años cuatro meses, veintisiete días, y
e) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicio requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera y Segunda Clases.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado Coronel de Infantería diplomado de Estado Mayor se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de Coronel de Infantería, diplomado de Estado Mayor que el
Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Felipe Arturo Román Calderón.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 2 de agosto de 1993.- Diputado Rodolfo Becerril Straffon, presidente; senador Humberto Lugo Gil, secretario; senadores: Leonardo Rodríguez Alcaine, Héctor Terán Terán, Héctor Hugo Olivares Ventura, José Joaquín González Castro; diputados: Mario del Valle Fernández, Eloy Vázquez López, Laura Alicia Garza Galindo, Fernando Lerdo de Tejada y Manuel Rivera del Campo.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo. «Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1992, por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano Teniente Coronel de Infantería Arturo Salgado Urióstigue como Coronel de Infantería, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en el Heroico Colegio Militar como Cadete Numerario el primero de enero de mil novecientos sesenta y siete y el primero de septiembre de mil novecientos setenta fue ascendido a Subteniente de Infantería por acuerdo del titular de la Dependencia;
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante veintiséis años, cinco meses, catorce días, y
d) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicio requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera y Segunda Clases.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado Coronel de Infantería se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de Coronel de Infantería, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Arturo Salgado Urióstigue.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 2 de agosto de 1993.- Diputado Rodolfo Becerril Straffon, presidente; senador Humberto Lugo Gil, secretario; senadores: Leonardo Rodríguez Alcaine, Héctor Terán Terán, Héctor Hugo Olivares Ventura, José Joaquín González Castro; diputados: Mario del Valle Fernández, Eloy Vázquez López, Laura Alicia Garza Galindo, Fernando Lerdo de Tejada y Manuel Rivera del Campo.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
La secretaria, senadora Idolina Moguel Contreras:
«Primera Comisión.
Honorable Asamblea: a la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fue turnado el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano general de división diplomado de Estado Mayor Antonio Riviello Bazán, Secretario de la Defensa Nacional, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Legión al Mérito, en grado de Comandante, que le confiere el Gobierno de los Estados Unidos de América.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fraccción III, del apartado B, del
artículo 37 Constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano General de División diplomado de Estado Mayor Antonio Riviello Bazan, Secretario de la Defensa Nacional, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de la Legión al Mérito, en grado de Comandante, que le confiere el Gobierno de los Estados Unidos de América.
Sala comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 6 de agosto de 1993.- Senador Alfonso Martínez Domínguez, Presidente; diputado Diego Fernández de Cevallos, secretario:; senadores: Netzahualcóyotl de la Vega García, Roberto Robles Garnica, Angel Sergio Guerrero Mier, Ricardo Monreal Avila; diputados: Pedro Ojeda Paullada, Juan Moisés Calleja García, María Esther Scherman Leaño, Cecilia Soto González y Alberto Carrillo Armenta."
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
REPÚBLICA CHECA
La secretaria senadora Idolina Moguel Contreras:
«Primera Comisión.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 21 de julio del año en curso, la Secretaria de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Yaromir Yan Nechyba Feiereizl, pueda aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Checa, en Guadalajara, con circunscripción consular en los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Zacatecas.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 4 de agosto, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el propio solicitante prestará al Gobierno de la República Checa, serán de carácter estrictamente consular, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado b, del artículo 37 Constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Yaromir Yan Nechyba Feiereizl, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Checa en Guadalajara, con circunscripción consular en los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Zacatecas.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--México, Distrito Federal, a 6 de agosto de 1993.-- Senador Alfonso Martínez Domínguez, presidente; diputado Diego Fernández de Cevallos, secretario; senadores: Netzahualcóyotl de la Vega García, Roberto Robles Garnica, Angel Sergio Guerrero Mier, Ricardo Monreal Avila; diputados: Pedro Ojeda Paullada, Juan Moisés Calleja García, María Fsther Scherman Leaño, Cecilia Soto González y Alberto Carrillo Armenta.,>
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
EMBAJADA BRITÁNICA EN MÉXICO
La secretaria senadora Idolina Moguel Contreras:
«Primera Comisión.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 8 de julio de 1993, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita
el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Alma Noemí Medina Gómez, pueda prestar servicios como Asistente de la Sección Comercial en la Embajada Británica, en México.
En sesión celebrada en esta fecha por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 4 de agosto, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que la propia interesada prestará en la Embajada Británica, en México, serán como Asistente Comercial.
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado b, del artículo 37 constitucional. Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Alma Noemí Medina Gómez, para prestar servicios como Asistente de la Sección Comercial, en la Embajada Británica, en México.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 6 de agosto de 1993.- Senador Alfonso Martínez Domínguez, presidente; diputado Diego Fernández de Cevallos, secretario; senadores: Netzahualcóyotl de la Vega García, Roberto Robles Garnica, Angel Sergio Guerrero Mier, Ricardo Monreal Avila; diputados: Pedro Ojeda Paullada, Juan Moisés Calleja García, María Esther Scherman Leaño, Cecilia Soto González y Alberto Carrillo Armenta.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se va a proceder a recoger la votación nominal de éste y los anteriormente reservados.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Se emitieron 32 votos en pro.
El Presidente:
Aprobados los proyectos de decreto por 32 votos.
La secretaria senadora Idolina Moguel Contreras: Pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (II)
El Presidente:
Para presentar dos iniciativas, tiene la palabra el diputado Juan Cárdenas García.
El diputado Juan Jacinto Cárdenas García:
Señor Presidente; compañeras y compañeros de esta Comisión Permanente:
Para presentar a ustedes el proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y deroga su artículo 60 con vista a ampliar la vida democrática nacional.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Revolución Mexicana de 1910 tuvo como propósitos la independencia plena, económica y política, de la nación, la elevación del nivel de vida del pueblo y, desde luego, la ampliación del régimen democrático. En este ámbito por lo que hace a la elección de los gobernantes, es plenamente conocido el tema maderista que demandaba la efectividad del voto y la no reelección del jefe del Ejecutivo, si bien la concepción sobre democracia que surge del movimiento revolucionario y se plasma en la Constitución, va más allá de la democracia que surge del movimiento revolucionario y se plasma en la Constitución, va más allá de la democracia electoral para definir su contenido social.
Después de promulgada la Constitución, hubo diversas leyes que rigieron el proceso electoral y fue a partir de 1963 cuando se empezaron a dar pasos importantes en materia de reforma democrática, el más trascendente de ellos, en opinión nuestra, precisamente el de ese año de 1963 que fue cuando se dio inicio al régimen
plural de partidos políticos y se estableció la figura jurídica de los diputados de partido, bajo la cual se conformó la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en la XLVI Legislatura.
Otros momentos de la reforma electoral se dieron en 1969, cuando se reconoció el derecho de voto a los jóvenes a partir de los 18 años; en 1972, con la reducción al 1.5% como mínimo de votación requerida para acreditar diputados de partido; en 1977, cuando se sustituyó la figura jurídica de los diputados de partido por la de la representación proporcional, si bien integrada de manera mixta con el todavía predominante sistema de mayoría relativa; en 1986, cuando se incrementó el peso de la representación proporcional en relación a la mayoría relativa en la composición de la Cámara de Diputados, de un 25 a un 33.3%. En este proceso, además, se elevó a los partidos políticos a rango constitucional.
Durante toda esta etapa la reforma democrática tuvo como rasgo fundamental el de reconocer a los partidos políticos, de manera cada vez más definida, su carácter de actores fundamentales del proceso electoral y, en muchos aspectos, de titulares de los derechos político - electorales, fortaleciéndose así el régimen plural de partidos y propiciándose su adecuada presencia y participación en la vida política nacional.
En todo este proceso, a grandes rasgos señalado en los párrafos anteriores, ha quedado plasmado uno de los propósitos esenciales que ha perseguido el pueblo de México a lo largo de su historia: el de la ampliación de la vida democrática. Esta aspiración tiene un elevado contenido de carácter social, el que se plasma en lo señalado por el artículo 3o. de la Constitución, pero tiene también un contenido de carácter político - electoral, ambos íntimamente vinculados.
En este último aspecto, una cuestión medular será la de garantizar el que la gran mayoría de los ciudadanos mexicanos, que son quienes viven de su esfuerzo personal, puedan ejercer de manera razonada su derecho a elegir al partido político y a los candidatos a ocupar las distintas posiciones de elección popular, porque en la medida en que este ejercicio pueda realizarse sin manipulaciones previas que vicien de origen el sufragio; en la medida en que el voto pueda darse verdaderamente libre, sin presiones ni amenazas de carácter material, económico ni espiritual y teniendo los electores acceso suficiente y oportuno a la información de lo que cada uno de los partidos políticos representa y propone, en esa medida, no cabe duda que la gran mayoría de los mexicanos tendrá la posibilidad de convertirse en rector de su propio destino, seleccionando de manera consciente al partido con cuyas propuestas concuerde y a los candidatos a puestos de elección popular que representarán sus intereses y opiniones.
Otro aspecto fundamental de la necesaria ampliación de la vida democrática en México es y ha sido el carácter plural de su régimen de partidos que deba fortalecerse cada vez más, cerrando el paso a cualquier tentación de copia extralógica de modalidades bipartidistas o tripartidistas imperantes en otros países, las que, por cierto, obedecen a concepciones de democracia en extremo cuestionable.
Relevancia especial tiene también el tema de quién es a quien compete organizar el proceso electoral. Antes de la modificación constitucional de 1989, esta responsabilidad era compartida por el Estado y los partidos políticos; ahora solamente la ejerce el Estado, dejando a los partidos apenas una participación secundaria en la que, por cierto, se les equipara con "los ciudadanos", señalados así, de una manera abstracta.
Esta modificación, a juicio del PPS, fue regresiva y antidemocrática, por lo que se requiere volver a la concepción anteriormente imperante.
Esas tres cuestiones de carácter medular para la vida democrática nacional, tienen su expresión en el artículo 41 de la Constitución, cuya modificación proponemos.
No poca importancia posee la cuestión relativa al órgano que debe calificar la elección de los diputados y senadores, a la vista de la evidente obsolescencia del método de autocalificación vigente, asunto que se contiene en el artículo 60, pero también, en varios aspectos, en el propio artículo 41, mismo que toca algunas otras cuestiones de carácter procesal que, a juicio del PPS, deben ser asimismo objeto de modificación.
Una vez resueltos los problemas fundamentales, sobre todo el principal, que es el de evitar manipulaciones que vicien de origen el sufragio, medidas adecuadas de carácter procesal podrán permitir que el voto, libre y razonado como ejercicio, sea respetado en todo su valor. En tales circunstancias, quedará como cosa del pasado la larga etapa durante la cual en nuestro país los votos ni cuentan ni se cuentan, como todavía ocurre en gran medida.
Por esta razón es que el Partido Popular Socialista considera que la gran reforma en materia de
democracia electoral está todavía por realizarse. Para contribuir a que se lleve a cabo y de esta manera se ponga en consonancia este aspecto fundamental de la vida política con el desarrollo que han alcanzado las fuerzas productivas en México, la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista presenta a la consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por la vía de esta Comisión Permanente, este proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 41 y deroga el 60 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes
TÉRMINOS
En primer término proponemos, que se adicione el texto actual del párrafo tercero, en el que se señala que "los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional...", añadiendo aquí las palabras estatal y municipal, a efecto de dar congruencia a este texto con el del párrafo que reconoce a los partidos políticos nacionales el derecho a participar en las elecciones estatales y municipales.
En segundo lugar y éste es uno de los aspectos medulares de nuestra iniciativa, proponemos se adicione el párrafo cuarto, que se refiere al derecho de los partidos políticos a usar en forma permanente los medios de comunicación social, vinculándolo, en su esencia, con el artículo sexto de la Constitución, que se refiere al derecho de los ciudadanos a estar informados y a la obligación del Estado de garantizar ese derecho.
A pesar de que desde hace tres sexenios, la Constitución establece el acceso permanente de los partidos a la radio y la televisión, cuyo propósito no puede ser otro, sino el de satisfacer lo señalado en el sexto de la propia Carta Magna, hasta hoy esto ha sido, en la práctica, puramente simbólico, dado que está muy lejos de darse con el mínimo de frecuencias necesario para alcanzar a informar, aun de manera mínima, al público elector.
El párrafo sexto modificado pasaría a ser el párrafo noveno. Por lo que se refiere al párrafo séptimo, proponemos se convierta en sexto y regrese a la concepción imperante antes de la reforma de 1989, que corresponsabilizaba al Estado y a los partidos políticos de la organización de las elecciones federales.
Proponemos se modifique el párrafo octavo que en nuestra propuesta se convierta en séptimo a efecto de establecer el principio de la pluralidad democrática en la toma de decisiones relativas al proceso electoral, lo que constituye otro de los aspectos fundamentales de esta iniciativa de reformas.
Como otra de las cuestiones fundamentales de nuestra iniciativa, proponemos la desaparición de la figura de los colegios electorales, por lo que se refiere a las elecciones de diputados y senadores y su sustitución por el consejo superior de dirección del organismo encargado también de la organización y preparación del proceso electoral.
Proponemos se derogue el artículo 60 de la Constitución. Por lo expuesto, y de acuerdo con las facultades que nos otorgan los artículos 71, fracción II; 79, fracción III, 135 y demás relativos de la Constitución, la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, por mi conducto, presenta este
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se reforma y adiciona el artículo 41, para quedar en los siguientes términos:
Artículo 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, estatal y municipal y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.
Es derecho de los ciudadanos el de estar informados de manera suficiente y oportuna con relación a las distintas opciones programáticas representadas por los partidos políticos y, por tanto, es obligación del Estado garantizarlo. En consecuencia, los partidos políticos tendrán derecho al uso en forma permanente, suficiente y oportuna de los medios de comunicación social, de acuerdo con las normas y procedimientos que establezca la Ley.
Durante los procesos electorales y fuera de ellos, los partidos políticos deberán contar con los elementos suficientes para sus actividades, orientadas a la consecusión de los fines señalados en el párrafo tercero de este mismo artículo. La Ley determinará los procedimientos para la distribución de los recursos disponibles, los que en todo caso, se sustentarán en el criterio de igualdad y establecerá las reglas a que se sujetarán el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales.
La organización de las elecciones es corresponsabilidad del Estado y de los partidos políticos. La función estatal se ejerce a través del Poder Ejecutivo. El Estado y los partidos políticos realizarán sus funciones a través de un organismo público, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, el que deberá responder a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad y profesionalismo.
El organismo público será autoridad en la materia, profesional en su desempeño y autónomo en sus decisiones; contará en su estructura con órganos de dirección, así como con órganos ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El órgano superior de dirección se integrará por un representante del Poder Ejecutivo que será su presidente y por consejeros designados por cada uno de los partidos políticos en forma paritaria y tendrá también como responsabilidad la de calificar las elecciones de los integrantes del Poder Legislativo. Sus decisiones, serán definitivas e inatacables cuando actúe como órgano calificador.
El organismo público agrupará para su desempeño, en forma integral y directa, además de las que determine la Ley, las actividades relativas al padrón electoral, preparación de la jornada electoral, cómputos y otorgamiento de constancias, capacitación electoral y educación electoral e impresión de materiales electorales. Asímismo, atenderá lo relativo a los derechos y prerrogativas de los partidos políticos.
Las sesiones de todos los órganos colegiados electorales serán públicas en los términos que disponga la Ley.
Los partidos políticos tendrán derecho a participar en las elecciones estatales y municipales, sin más requisito que el de presentar su constancia de registro nacional.
Artículo segundo. Se deroga el artículo 60.
Sala de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión a los dieciocho días del mes de agosto de mil novecientos noventa y tres.
Diputado Juan Cárdenas García.
El Presidente (a las 14.18 horas):
Les voy a hablar en mi carácter de Presidente de la Gran Comisión, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión:
Para poder continuar trabajando, nosotros, en la Comisión Permanente, necesitamos que haya orden y responsabilidad. Les hemos dado el trato que merecen, como pueblo; no hay amenaza de que la sesión pueda suspenderse, sino que es un procedimiento de carácter legal y de acuerdo con la Ley, con el Reglamento del Congreso, en una reunión de la Comisión Permanente en donde se provoca desorden, ésta debe darse por terminada. Pero además el orden del día oficial, está totalmente desahogada y concluida; quedan pendientes planteamientos de carácter partidista, pero ya el orden del día a la que se sujetaron los trabajos de esta Comisión Permanente, han sido totalmente terminados.
Yo no quiero verme en el caso de que en virtud de que el orden del día, sus temas, han sido terminados, levantar la sesión. Si ustedes mantienen el orden, como buenos mexicanos y buenos luchadores, vamos a continuar trabajando en tanto el orden lo permita.
En consecuencia, vamos a pedirle al diputado Juan Cárdenas García, que continúe con la propuesta que está dando a conocer, que es una iniciativa de Ley.
El diputado Juan Jacinto Cárdenas García:
Gracias, señor Presidente. Retomo la lectura en los siguientes términos:
"...Las sesiones de todos los órganos colegiados electorales, serán públicas en los términos que disponga la Ley.
El Presidente:
En apoyo en lo dispuesto por la fracción III del artículo 79 constitucional, se turna a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (III)
El Presidente:
Continúe la siguiente iniciativa.
El diputado Juan Jacinto Cárdenas García:
«Honorable Comisión Permanente:
Con fundamento en el artículo 79, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y los correspondientes del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, el Partido Popular Socialista presenta ante esta soberanía un proyecto de decreto para modificar los artículos 52, 53 y 54 de la Constitución, para que la Cámara de Diputados se integre por legisladores electos, única y exclusivamente a través del principio de representación proporcional.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las modificaciones legales que han permitido la presencia de diversos partidos políticos en esta Cámara de Diputados y la elevación a rango constitucional de los partidos políticos como entidades de interés público, no se han complementado con una profunda reforma política que supere los obstáculos, para poder lograr avances que transformen de raíz la vida democrática de México.
El Partido Popular Socialista considera que se requiere que el pueblo de México participe plenamente, a través de sus genuinos representantes, en la vida política y social de su Patria.
Por ello plantea que deben realizarse reformas profundas en el aspecto político que garanticen que se continúe transitando hasta conquistar una vida democrática plena.
Por lo que se refiere a la integración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la tesis del Partido Popular Socialista consiste en que debe ser de carácter plural, como todos los demás órganos colegiados de representación popular; que en su seno deben estar presentes todas las fuerzas reales en proporción a su votación alcanzada, sin que se sobrerrepresente un solo partido y menos si éste es ya de suyo mayoritario, dado que esto va en detrimento de los derechos de los demás.
Consecuentemente, el Partido Popular Socialista se ha pronunciado por la desaparición de la figura de la "mayoría relativa" en la integración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y su correspondiente sustitución por el principio de la representación proporcional, conservando el número de regiones plurinominales y los criterios de fórmula a aplicar vigentes, los que estima adecuados para las actuales circunstancias socioeconómicas y políticas del país.
De igual manera, nos hemos pronunciado por la desaparición de la llamada cláusula de "gobernabilidad", que constituye uno de los grandes retrocesos de la contrarreforma de 1989, ya que se trata de un mecanismo por el cual se preestablece la posible sobrerrepresentación de una fuerza política en la Cámara de Diputados, cuestión que es de suyo antidemocrática.
Con fundamento en las anteriores consideraciones y convencidos que la presencia de los representantes de los partidos en el Poder Legislativo contribuye de una manera más eficaz a que el Legislativo actúe con independencia del Ejecutivo y a vigilar adecuadamente a la administración pública, para que esta cumpla con los lineamientos que el propio Congreso ha aprobado con anterioridad, la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista presenta el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Único. Se modifican los artículos 52, 53 y 54 de la Constitución para quedar como sigue:
Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 500 diputados electos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas regionales, votadas en circunscripciones plurinominales.
Artículo 53. Para participar en la elección de diputados los partidos políticos o coaliciones deberán registrar por lo menos 300 candidatos.
Artículo 54. La elección de los 500 diputados se realizará a través de cinco circunscripciones plurinominales, en cada una de las cuales se elegirán 100 diputados y se sujetara a las siguientes bases y a lo que disponga la Ley:
I. Todo partido político que alcance por lo menos el 1.5% del total de la votación emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales, tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados según el principio de representación proporcional.
II. La Ley establecerá la fórmula para la asignación. Además, en la asignación se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las listas correspondientes.
Dado en la sala de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión a los dieciocho días del mes de agosto de mil novecientos noventa y tres.
Diputado Juan Cárdenas García.»
El Presidente:
Con apoyo en lo dispuesto por la fracción III del artículo 79 constitucional, se turna a las
comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
PROBLEMAS INQUILINARIOS
El Presidente:
Para dar la palabra al siguiente orador, yo reitero a todos ustedes, compañeros, el encargo que de que se mantenga el orden para poder trabajar y se eviten manifestaciones públicas para que quien haga uso de la palabra pueda hacerlo con la libertad conveniente.
En consecuencia, para tratar lo referente al Movimiento Urbano Popular, tiene la palabra el diputado Cristóbal Arias.
El diputado Cristóbal Arias Solís:
Señor Presidente; diputados y senadores; pueblo en general:
Señor Presidente, quiero manifestarle mi reconocimiento por el tacto y la sensibilidad mostrada para permitir que pudieran continuarse los trabajos de esta sesión de la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Asimismo manifestar nuestro respeto a los ciudadanos del Movimiento Urbano Popular y el Movimiento Campesino, por haber tenido a bien guardar la compostura, para permitir que pudiéramos continuar con estos trabajos y hacer uso de la palabra para denunciar las justas demandas de amplios sectores de la población que ustedes representan y que quienes estamos aquí, como diputados del Partido de la Revolución Democrática, compartimos.
Desde hace tiempo, muy atrás, fuimos firmes y enérgicos en denunciar en el período de sesiones ordinarias, en sus postrimerías, las prisas de los representantes del Partido Revolucionario Institucional por aprobar "al vapor" una iniciativa del Poder Ejecutivo, que contenía reformas a distintas disposiciones legales en el Distrito Federal como al Código Civil, al Código de Procedimientos Civiles, a la Ley Federal de Protección al Consumidor, que se dio en denominar indebidamente Ley Inquilinaria, pero que está relacionada con esta materia.
Enérgicamente los diputados del Partido de la Revolución Democrática asumimos un compromiso de no prestarnos a estar legislando "al vapor", sino que planteamos que iniciativas de esa envergadura, de repercusiones sociales altas para la vida de millones de mexicanos de esta gran capital, tenía que darse el tiempo suficiente para que se abriera una consulta, seria, con los sectores involucrados, los que principalmente se verían afectados por las medidas que se contenían en dicha iniciativa.
Sin embargo hubo "oídos sordos" y como es del conocimiento de ustedes fue aprobada sin mayores trámites. Incluso en un recinto ajeno al que se estaba legislando y en el que los diputados del PRD protestaron y esa protesta fue desoída y trasladada la sesión a otro recinto, sin la presencia de nuestra fracción.
Sin embargo, días después que se supo de la aprobación de esta iniciativa por parte del Ejecutivo, el 29 de julio de este año, se realizó una marcha de más de 20 mil vecinos pertenecientes al Movimiento Urbano Popular, en contra de esas reformas; la intención era llegar a la casa presidencial de "Los Pinos" para mostrar el rechazo del pueblo a la mal llamada Ley Inquilinaria, para exigir la intervención del Jefe del Poder Ejecutivo, para exigir que se derogue el decreto y que se concierte el compromiso de que aquí en este órgano Legislativo se derogue y se dé paso a una verdadera Ley Inquilinaria, justa y equilibrada, para los inquilinos principalmente.
Se logró, recordamos, con motivo de esa gran movilización popular que recuerda a otras como las que se suscitaron con motivo de los sismos de 1985 ante la perplejidad y la incapacidad del Gobierno para reaccionar rápidamente en apoyo a la sociedad civil, nuevamente el pueblo de esta gran ciudad se alzó y se movilizó para protestar, para rechazar enérgicamente esas medidas que lesionan su interés.
La movilización fue recibida agresivamente, con golpes, con macanazos, con mallas, con perros amaestrados; fueron agredidos, se utilizó la fuerza antes que el diálogo, antes que la concertación primero se puso enfrente a la fuerza pública para intimidar, para apabullar y para agredir. Por eso nos preocupa y lo decimos con toda honestidad y franqueza, sin buscar cuidar prestigios personales, quienes nos hemos venido forjando en la lucha que lleva varios años por abrirle camino en nuestro país a un régimen justo y democrático que dé oportunidades de una vida mejor, nos preocupa que la desesperación, producto de una justa inconformidad, pueda traer desbordamientos que puedan llevar a la confrontación y al enfrentamiento y que puedan ser éstos
tomados como provocación o pretexto o motivo por el régimen, para endurecerse frente a las justas demandas populares.
Debemos de ser cuidadosos y prudentes y debe de imponerse antes que la pasión y la desesperación, la cordura y la razón para determinar las acciones que debemos emprender en la lucha por lograr que se dé respuesta positiva a las reivindicaciones populares.
El PRD no avala el que por el hecho de que se den actos de movilización vayamos desesperados y utilicemos medios de presión que conlleven actos de violencia. Nosotros lo rechazamos porque el camino que hemos escogido es el camino de la Ley, son los medios pacíficos, son los medios legales los que nos dan y nos asisten la razón contra la arbitrariedad, contra el autoritarismo que estamos combatiendo y no va a ser con actos de violencia como vamos a atacar y a confrontar a la violencia, no va a ser con actos de presión y de choque, porque sería el pueblo el que llevaría las peores consecuencias.
Vamos a actuar con energía, con firmeza, como lo ha venido haciendo el pueblo que se está organizando, pero habremos de hacerlo también con toda responsabilidad.
Por eso nosotros reiteramos que nuestra posición es de rechazo a la violencia, pero nos manifestamos firmemente al lado del pueblo en sus justas demandas populares, como lo hemos venido haciendo desde esta trinchera, que estamos representando en favor del Movimiento Urbano Popular para que se deroguen las reformas que indebidamente fueron aprobadas por las disposiciones que llegaron del Poder Ejecutivo y que se impusieron en el Poder Legislativo.
En la sesión de esta Comisión Permanente del mismo 29 de julio el PRD presentó una iniciativa de decreto para suspender la vigencia de dichas reformas inquilinarias, con el propósito de que se realicen y se genere un proceso de consulta ciudadana con los especialistas, con los sectores populares afectados, con autoridades en la materia, que permita la formulación de una Ley alternativa inquilinaria que actualmente no existe.
La reforma inquilinaria sólo puede concebirse como el afán del capital de maximizar ganancias a costa de los inquilinos; fue impulsada por su representante el Gobierno y su partido, no importaban los intereses de millones de arrendatarios sobre los que se da la amenaza de aumentos arbitrarios de los costos de arrendamiento de la vivienda, juicios sumarios de desahucio para realizarse en tiempo breve y sin antelación desalojos, los cuales incluso están sancionados hasta por la ONU por ser una violación a los derechos humanos.
Con la eliminación del derecho de preferencia cuando se da un nuevo arrendamiento, supresión del tope al aumento de las rentas, eliminación del mínimo forzoso de un año en la contratación, se cancela entonces el derecho a prórroga de los contratos por dos años y se anula el derecho de tanto que daba preferencia al inquilino en caso de venta del inmueble.
En la sesión de la Comisión Permanente, el partido oficial ofreció modificar los artículos transitorios para evitar supuestamente que los ciudadanos queden desprotegidos, lo que a nuestro juicio no resuelve en absoluto el problema ni se ataca de fondo; subsiste.
Desde nuestro punto de vista y el que comparten miles y miles de mexicanos que como el día de hoy se han movilizado, lo que debe hacerse es preparar una Ley Inquilinaria con justicia social, producto como decíamos hace un momento, de la concertación con todos los interesados, con las organizaciones políticas y sociales. Ante las protestas, ante el rechazo de la población y de las organizaciones del Movimiento Urbano Popular, el titular del Ejecutivo el 4 de agosto anunció la determinación de postergar por cinco años la aplicación de la legislación inquilinaria a los actuales arrendatarios y que se propondrá una iniciativa en el próximo período de sesiones del Congreso de la Unión, ante lo cual nuestra organización política lo que propone es la derogación de dichas reformas inquilinarias, formulación de una Ley que regule la relación entre arrendador y arrendatario.
Cuestionamos esa actitud unilateral asumida por el Ejecutivo, que no tiene las facultades para detener una Ley en los términos que lo anunció. Queremos una Ley Inquilinaria que contribuya a resolver estos problemas y no paliativos, no parches como los que se anunciaron por parte del Ejecutivo, que consideramos que es una reacción, una respuesta a la reacción popular y a los costos políticos que ya está teniendo y tendrá en el próximo proceso electoral.
Pero no podemos caer en el garlito de un anuncio tan oscuro como ése, que no compromete en realidad al Ejecutivo a resolver el problema de la vivienda en esta gran capital.
Queremos una reforma inquilinaria a fondo, integral, una reforma que tenga qué ver con la solución en serio del grave problema de la vivienda que afecta a millones de mexicanos.
Consideramos entonces que es insuficiente la respuesta del titular del Poder Ejecutivo Federal, además de unilateral. Consideramos que hubo también una falta de respuesta a los grupos urbanos populares que habían, en ejercicio de su derecho constitucional de petición, habían solicitado una entrevista, una audiencia y cuando estaban justamente haciendo la gestión, estaban más bien en espera de esa entrevista, se anuncian unilateralmente estas medidas por parte del Ejecutivo Federal.
Advertimos que de no tomarse en cuenta los planteamientos que nosotros hacemos nuestros pero que son el sentir de los miles, de los millones de inquilinos de esta ciudad capital, de no profundizarse en la búsqueda de una Ley que venga a satisfacer las demandas de las mayorías, una Ley equilibrada y equitativa, no una Ley preferencial para unos cuantos, no una Ley que tampoco deje en estado de indefensión a los arrendadores, pero que no carguen la mayor responsabilidad los que nada tienen, advertimos los costos y los riesgos que tiene para todos.
Somos todos corresponsables, pero más corresponsables quienes están al frente de las instituciones y han puesto oídos sordos a los justos reclamos de un pueblo que como hoy se desborda y que buscamos, quienes nos sentimos identificados con él, encauzar, para evitar que nos rebase ese desbordamiento, que nos atropelle a todos.
Queremos entonces dejar constancia aquí de nuestro pleno apoyo y respaldo, más allá de partidos, porque el hambre y la miseria no tienen ideología, porque la pobreza de aquellos que carecen de vivienda digna, no tiene ideología. Más allá de partidos y de ideologías, manifestamos nuestro decidido apoyo y respaldo a los mexicanos que luchan por una vivienda digna, para que la Constitución sea una realidad y no una letra muerta, cuando establece el derecho del pueblo a tener vivienda digna, porque sabemos que el pueblo habrá de seguir luchando y movilizándose, hasta lograr echar abajo estas medidas que vienen a lesionar sus derechos y habrá de pugnar, y nosotros junto con ellos, por lograr una verdadera Ley Inquilinaria. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Alberto Carrillo Armenta, para este asunto.
El diputado Alberto Marcos Carrillo Armenta:
Señores legisladores; compañeros asistentes a este debate:
A nombre de la fracción parlamentaria del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, quiero decir que nosotros hemos tenido y mantenemos nuestro interés en hacer consideraciones sobre la llamada Ley Inquilinaria, algunas de ellas coincidentes con el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, el compañero Cristóbal Arias, sobre todo coincidentes con el contenido y la crítica fundamental al contenido de la Ley, pero también nos gustaría mucho hacer consideraciones sobre todo de la forma, métodos, tácticas de lucha que nosotros consideramos eficaces para llevar un movimiento tan importante como es el movimiento inquilinario a la victoria y no a la derrota, a la frustración o a la represión, consideraciones que nosotros queremos hacer, porque nos parece válido poder opinar sobre la forma correcta de conducir un movimiento, insisto, tan legítimo como puede ser el movimiento que represente a miles o a millones quizá de inquilinos que viven en la capital de la República.
No lo hacemos, no porque no tengamos interés, sino porque consideramos que el día de hoy no es oportuno hacerlo por las circunstancias en que este debate se da y sobre todo por la falta de seguridad para los diputados que no coincidamos del todo con el grupo apoyado por los compañeros que hacen uso hoy de la presencia en este recinto. Nos reservamos nuestro derecho de seguir reivindicando la lucha de los inquilinos, pero también seguir reivindicando la lucha con una táctica, con una conducción adecuada, que permita que este movimiento florezca y que no se vaya a frustrar. Gracias.
El Presidente:
Para este mismo tema, tiene la palabra el diputado Juan Cárdenas García.
El diputado Juan Jacinto Cárdenas García:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros miembros de la Comisión Permanente; señoras y señores.
He pedido el uso de la palabra en torno de este asunto de la popularmente llamada Ley Inquilinaria, para expresar la posición clara y categórica del Partido Popular Socialista. Los compañeros del Movimiento Urbano Popular no desconocen, saben muy bien que la posición del Partido Popular Socialista no es nueva, es de hace mucho tiempo que nos viene preocupando profundamente el problema de la vivienda; saben bien que desde 1979 el Partido Popular Socialista presentó una iniciativa de Ley Inquilinaria, junto con otra para crear la Procuraduría del Inquilino.
Por eso no debe tomarse el uso de la palabra que hago en este momento como para aprovechar el que estén ustedes aquí; es una vieja lucha del Partido Popular Socialista, porque el Partido Popular Socialista viene del pueblo y sirve al pueblo.
Esta misma Ley Inquilinaria la volvimos a presentar ya el día 4 de agosto de este año y, como una respuesta a las modificaciones que se hicieron al Código Civil en su capítulo sobre arrendamiento de vivienda y lo hicimos, tal y como lo expresamos el día que se discutió, si era legal o no la aprobación que hicieron los diputados de la mayoría y los de Acción Nacional...
El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos (desde su curul):
Mientes...
El diputado Juan Jacinto Cárdenas García:
...El Partido Acción Nacional...
El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos(desde su curul):
Mientes.
El diputado Juan Jacinto Cárdenas García:
El Partido Acción Nacional, con su actitud propició la aprobación de esta Ley.
El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos (desde su curul):
Nuevamente miente, señor diputado.
El diputado Juan Jacinto Cárdenas García:
Usted es el que miente, señor. Yo no he dicho que usted votó.
El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos (desde su curul):
Farsante...
El diputado Juan Jacinto Cárdenas García:
El mentiroso es usted, el mentiroso es usted. Usted señor, usted que aprobó con su presencia en este Salón Verde... ¡Cómo no!.. ¡Ahora aguántese, señor!.. No retiro nada, no retiro nada, porque ustedes con su presencia avalaron esa aprobación y lo sostengo una y otra vez.
Acción Nacional siempre se ha conducido así de manera fascista y hoy lo denuncio, contrario al pueblo siempre, contrario a los sindicatos, contrario a los ejidatarios, siempre Acción Nacional. Ahora lo reitero.
Compañeras y compañeros; esto que nos sirva de lección. No debemos caer en la provocación, que nos dejen exponer nuestros juicios claramente y si quiere que venga a la tribuna a decir los juicios suyos.
Hoy venimos a condenar, sí, a condenar esa actitud mentirosa de Acción Nacional, que ahora anda diciendo públicamente que va a presentar una iniciativa de Ley Inquilinaria, cuando con su actitud propició la aprobación de estas reformas que ahora han obligado al pueblo a movilizarse, con esa energía, para echarlas abajo. Eso el pueblo lo sabe.
Señoras y señores: El Partido Popular Socialista insiste: las modificaciones al Código Civil deben ser derogadas.
Esta coincidencia con el Movimiento Urbano Popular la expresamos ya en un foro público organizado por ustedes, no es nuevo, porque es la única solución.
Es necesario que se legisle realmente, y en esto coincidimos con el compañero Cristóbal Arias.
Es necesario que se legisle para que exista una verdadera Ley Inquilinaria que protega a los inquilinos
y no a los casatenientes que aquí representa Acción Nacional.
Necesitamos una Ley, una Ley que proteja a los inquilinos frente a la enorme oferta del casateniente.
Recuerden, no es cierto, es totalmente falso que tengamos la misma fuerza ante la Ley; el que tiene dinero ahora se impone, porque nosotros, los que necesitamos una vivienda, tenemos el problema de que hay un enorme déficit de más de 6 millones de viviendas en el país y en el Distrito Federal hay un déficit de un millón y, esta necesidad es la que permite a los casatenientes, a los voraces caseros, imponer sus condiciones.
Por eso, necesitamos una Ley que equilibre las fuerzas y proteja realmente a los inquilinos.
No podemos, con esta misma energía, de manera categórica y de frente a ustedes, con la frente bien levantada, debo decirles que podemos discrepar y de hecho discrepamos, en algunas tácticas, pero en lo esencial, en el derecho que se tiene para que exista una verdadera Ley Inquilinaria, en eso coincidimos.
Y la lucha no va a cesar hasta que tengamos esta ley y no va a cesar tampoco hasta que exista la Procuraduría del Inquilino, porque aun cuando exista una Ley que equilibrara las fuerzas, de todas maneras los capitalistas encontrarán siempre la manera de burlar la Ley. Por eso necesitamos junto a la Ley Inquilinaria la Procuraduría del Inquilino.
Compañeras y compañeros, el Partido Popular Socialista reitera aquí con toda energía su disposición plena, a luchar al lado de ustedes, sin caer en la provocación, sin llegar a torcer el lado público, a violentar el orden.
Vamos a luchar, como saben luchar los campesinos, como saben luchar los obreros, en orden pero con toda energía y sin abatir banderas. Vamos a triunfar sobre los fascistas.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Fernández de Cevallos. Rogamos a la Asamblea mantenga el orden. Pedimos orden a la Asamblea. Tiene la palabra el orador.
El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos:
Señor Presidente; señores legisladores:
Acción Nacional responde de las leyes que aprueba y no de las que no aprueba, como ésta. El que venga a decir lo contrario, si es hombre y tiene dignidad, se presente aquí ante esta parte del pueblo el Diario de los Debates... Momento, señores, que tenemos para amanecernos...
Acción Nacional en esta tribuna de la Cámara impugnó una serie de disposiciones que venían en esta iniciativa, porque las consideró lesivas para el pueblo de México... Mentirosa, la que lo trajo al mundo. Y voy por partes...
Yo quiero decirles que emplazo a cualquier legislador de cualquier partido político, a que traiga aquí el Diario de los Debates y que de cara al pueblo me desmienta...
El Presidente:
Yo quiero informar a la Asamblea y a los visitantes que deben estar enterados que se ha convocado a un período de sesiones extraordinarias que ya inició sus trabajos; entre esas iniciativas está la referente al problema inquilinario. Pero además la actual Ley no entrará en vigor hasta en tanto en el período de sesiones extraordinarias se generen nuevas disposiciones que protejan a los inquilinos.
Tiene la palabra el diputado Eloy Vázquez López.
El diputado Eloy Vázquez López:
Gracias, señor Presidente; compañeros legisladores; ciudadanos presentes:
Quiero informarles simplemente que las conversaciones entre la Comisión de Diputados y la Comisión del Movimiento Urbano Popular, acaban de concluir hace unos minutos. Se acordó y se está levantando la minuta, que existirá un diálogo permanente entre el Movimiento Urbano Popular y la Cámara de Diputados en el proceso de elaboración de las disposiciones legales a las que ha hecho mención el señor Presidente.
Este diálogo se concretará en el hecho de que a partir del día 12 se realizará un foro nacional en esta Cámara de Diputados, en donde todos los que somos inquilinos podremos debatir con quienes representan a otros sectores, para establecer la posibilidad de un consenso nacional en torno al asunto inquilinario.
Esa es la información que queremos darles y agradezco a la Presidencia la oportunidad.
PROBLEMÁTICA AGROPECUARIA
El Presidente:
Estando agotado el tema con la explicación que me permití darles, tiene la palabra el diputado Cristóbal Arias, para tratar lo referente a las carteras vencidas.
El diputado Cristóbal Arias Solís:
Muchas gracias, señor Presidente:
Los campesinos de México en el Zócalo de esta ciudad, desde hace ya varios días se estuvieron organizando para trasladarse a esta ciudad. Muchos campesinos que provienen...
Señor Presidente yo le rogaría que solicitara se nos permitiera continuar sin interferencias como ha estado usted pidiéndolo o que bajen un poco la voz...
El Presidente:
Se ruega a los visitantes mantengan el orden para que el orador haga uso de la palabra con la libertad que priva aquí en la Cámara en la Comisión Permanente, en el Congreso de la Unión.
El diputado Cristóbal Arias Solís:
Gracias, señor Presidente; muchas gracias, señor diputado, si se dio cuenta.
Han llegado familias completas de campesinos al corazón político de esta ciudad para protestar una vez más, por los efectos de la política económica neoliberal del actual régimen, que sin lugar a dudas ha estado orientada para favorecer principalmente a grandes capitales transnacionales, financiero, industrial y comercial. Ha tenido entonces como efecto el agravamiento de la crisis agropecuaria nacional.
Las políticas agropecuaria y agraria entendidas por el conjunto de los lineamientos con los que participa el Estado para lograr el desarrollo del agro mexicano, cuenta con instrumentos de ejecución como son subsidios, la capacitación y organización campesina, la asistencia técnica, el extensionismo, los paquetes tecnológicos, el financiamiento de las actividades productivas del campo, la instalación de la infraestructura productiva, el reparto agrario que se realiza históricamente por medio de un conjunto de leyes y decretos, los cuales legitiman el control estatal de la población campesina, la magnitud de la propiedad agraria y sus modalidades, sus distintas modalidades.
La política agropecuaria y agraria, desde 1934 en el régimen del general Lázaro Cárdenas, se orientó a permitir el desarrollo, entendido éste como el crecimiento del producto agropecuario, de tal manera que su distribución equitativa permitiera el mejoramiento permanente de las condiciones económicas y sociales que incidiera en la elevación de la calidad de vida de la población campesina. Así, el crecimiento del sector permitió generar exportaciones y superávit en la balanza comercial que se destinó a la industrialización del país; producir alimentos básicos baratos para la población; aspecto histórico determinante del bajo precio de la fuerza de trabajo nacional; producir las materias primas de la industria nacional y propiciar la expansión del mercado interno; puesto que el campo ha generado una elevada oferta de productos y era el receptor de las mercancías producidas por los sectores secundario y terciario, ésa fue la base de la política agraria del Estado, representado por el Gobierno del general Lázaro Cárdenas.
Bajo una estrategia de desarrollo endógeno del país, sostenida por el crecimiento del conjunto de sus sectores, sin embargo, posteriormente dicho crecimiento se basa en la sobreexplotación de la economía campesina, que a mediados de los sesenta mostró los primeros signos de la crisis, ahora profunda crisis que ahoga al campo mexicano.
Dicho modelo de crecimiento capitalista no se modificó en las décadas de los setenta y de los ochenta, sino al contrario, se ahondó y se profundizó en él.
De este modo el capitalismo salvaje en el campo mexicano se tradujo, en los setenta, en las grandes movilizaciones campesinas que luchaban por mejorar condiciones de existencia, reparto de los latifundios, créditos oportunos y suficientes y una política de fomento a la producción, industrialización y comercialización de los productos agropecuarios; movilizaciones que se enfrentaron en varios casos con la represión, el asesinato y el encarcelamiento de dirigentes campesinos.
La declaración, por parte del Gobierno, del fin del reparto agrario, el despojo de la tierra a ejidatarios, a comuneros y en gran medida también a auténticos pequeños propietarios por parte de capitales usureros comercial y financiero.
Así llegamos entonces a esta profunda crisis que se agudiza en la década de los años ochenta, donde se elevan los precios de los insumos de la producción, se contraen y hasta desaparecen los subsidios, se aumentan como todos sabemos y lo saben bien los campesinos aquí presentes y los que están en el Zócalo, saben que se aumentan los costos de los energéticos, se congelan los precios de garantía y se incrementan de manera especulativa las tasas de interés, que es por lo que se está luchando en contra en este movimiento campesino, que tiene su sede en el Zócalo de la ciudad.
Se cambia también la política agropecuaria y agraria. El Estado abandona, renuncia a lo irrenunciable, abandona su obligación constitucional de apoyar a los campesinos, de apoyar a los productores, cancela el reparto agrario, abandona la infraestructura productiva, hoy hecha pedazos y que cuesta mucho para poderla rehabilitar; el Estado abandona, en suma, se desentiende del campo, porque no es su interés ni su prioridad y menos en este actual régimen.
Los campesinos entonces tienen pocas alternativas. Unos, muchos de ellos, por cierto, tienen que emigrar a los polos de desarrollo del país y siguen arriesgándose a ir al extranjero en busca de expectativas mejores de vida. La tierra se abandona porque no existen los medios ni las condiciones para hacerla productiva, se da en arrendamiento masivo e intensivo y los campesinos y los jornaleros que se quedan a arañarla en el campo, sufren mayor explotación, miseria, desempleo y represión.
La inversión agropecuaria, aspecto dinámico de la economía, se colapsa, teniendo como corolario, la disminución de los volúmenes de producción, el desempleo, el desempleo de los factores productivos, la caída absoluta de la rentabilidad del sector, la disminución de las exportaciones agropecuarias, las que se quieren amortiguar con la petrolización de la economía y el incremento masivo de importación de granos y alimentos básicos, lo que redunda en un mayor déficit de la balanza de pagos, en un mayor endeudamiento externo.
A toda esta política los tecnócratas liberales la llaman: "El cambio estructural". Cabe señalar que la crisis agropecuaria fue provocada por la política estatal al buscar la desrregulación del sector. Todo esto con objeto de que el régimen salinista pudiera generar las condiciones para realizar los cambios que se hicieron al artículo 27 de la Constitución General de la República, para propiciar la privatización de la tierra y dejarla en manos de unos cuantos para atraer la inversión privada nacional y extranjera con estrepitoso fracaso hasta el momento.
¡Olvidándose el Estado, olvidándose el Estado que la propiedad social de la tierra en sus distintas modalidades: ejido, pequeña propiedad y comunidad, no es producto caprichoso de un régimen, sino es producto de un movimiento social revolucionario agrario de la Revolución Mexicana de 1910, plasmado en el Constituyente auténtico de 1917! ¡No hay memoria histórica, se quiere enterrar al movimiento agrario!
Como se señaló entonces, la política económica actual en el campo, lejos, lejos, muy lejos de resolver sus problemas, los ha agravado. Así, de ser un sector productivo, eficiente, que contribuyó de manera significativa al producto nacional, al conjunto del desarrollo que hoy se vive en el país, hoy en este final de década vive una de las crisis históricas más profundas del siglo.
Esto se muestra ahora con las movilizaciones campesinas nacionales, regionales, locales, que constantemente están dándose, para exigir atención y solución a sus problemas, y que irán intensificándose y que se irán reproduciendo a cada día mientras persista esta política de contra - reforma agraria, que busca desaparecer a este sector de nuestra economía.
Esto se muestra entonces con la movilización que se ha dado en el Zócalo de la ciudad de México, donde cientos de campesinos de diversas partes del país han iniciado un plantón indefinido. Dicha población está representada, entre otros, de estados como Tabasco, Veracruz, Tlaxcala, Morelos, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Yucatán, Guanajuato, entre otras, y una de sus principales demandas es la condonación de carteras vencidas con el Banco Rural y con la banca privada, toda vez que desde 1988 y 1990 el financiamiento agropecuario se operó con elevadas tasas de interés que llegaron a ascender hasta 120% anual. Así el capital financiero, vía especulativa, buscó concentrar sus excedentes generados en el campo. Los campesinos, por necesidad, tuvieron que contratar estos créditos para poder sobrevivir. Pero "estuvo peor el remedio que la enfermedad". La congelación de los precios de los productos,
la desregulación estatal y los altos costos financieros produjeron la bancarrota de miles de ellos, de miles de pequeños y medianos productores.
Gran parte de los acreditados de la banca tuvieron que vender, la mayor parte de las veces obligados por la presión de los bancos, sus instalaciones productivas, sus instrumentos de trabajo, sus instrumentos de producción, los hatos lecheros, etcétera, a precios bajos para amortizar los créditos usurarios. Generalmente no alcanzaron a cubrir siquiera la totalidad del adeudo, por lo que éste se siguió incrementando con el consiguiente aumento de la desesperación, de la impotencia, de la inconformidad de los campesinos que perdieron todas sus pertenencias y no contaban con instrumentos o con medios para generar ingresos y hacer frente a los requerimientos de la banca.
En este sentido, el financiamiento agropecuario, principal palanca del fomento en otras épocas, se volvió un medio de acumulación primitiva, produjo la separación histórica de los productores y de los medios de producción; junto con la presión violenta que el capital bancario realiza al obligar a los productores a subastar en algunos casos o a embargar los bienes.
No estamos hablando de la película de "cosechas de ira", que relata el fenómeno de endeudamiento de los farmers norteamericanos y las medidas del capital bancario, sino de la realidad que viven miles y miles de campesinos, debido a que el financiamiento otorgado por el Estado con tasa de interés preferencial, se cambió por el interés especulativo.
Los llamados créditos a la palabra son, y lo saben bien, lo sabemos bien los que estamos aquí, son subsidios políticos para buscar controlar a la población campesina, para medio paliar sus demandas y necesidades; son créditos a la subsistencia, que no cubren ni siquiera el 70% de los costos de producción y que además en esa tupida red de corrupción, que va desde los altos niveles de las dependencias encargadas de hacer llegar los recursos, pasando por muchas presidencias municipales y oficinas del sector agropecuario, no llegan las míseras cantidades a la mayoría de los campesinos.
Por otra parte, el Banco Rural dejó de cumplir el papel histórico que se le encomendó, al disminuir de manera absoluta el financiamiento del sector, está cerrando puertas y ventanillas y esto lo saben bien los campesinos. Como ya se señaló, esto produce una mayor contracción de la producción agropecuaria, que vulnera la soberanía alimentaria de nuestro país.
Los campesinos exigen la condonación de la cartera vencida o la renegociación de la deuda, en condiciones que la hagan pagable y que permita el fomento de la producción y la capitalización de los productores. Es de todos conocido que el Estado en distintos momentos históricos ha realizado este tipo de medidas sin afectar el equilibrio de las finanzas públicas que tanto preocupan a los tecnócratas, como el tecnócrata secretario de Hacienda, Pedro Aspe, a quien no tienen oportunidad de entrevistar los campesinos de México que una y otra vez le solicitan audiencia para tratar su problemática, pero que él está puesto con las puertas abiertas para los extranjeros y para aquellos dueños de grandes capitales con los que quiere quedar bien.
¡La indiferencia de la tecnocracia de Hacienda, del tecnócrata que se esmera en hacerse de una imagen con fines futuristas electorales, le impide conocer y escuchar el clamor del pueblo campesino de México, al que le cierra sus oídos y la puerta de sus oficinas para escuchar y conocer las alternativas que está planteando el movimiento campesino de México y, cuando decimos del movimiento campesino de México lo decimos de todas las organizaciones independientes o no independientes, porque estos problemas, esta profunda crisis que se vive en el campo, afecta a los campesinos sin distinción de partidos o de ideologías y lo saben muy bien aquí los señores diputados del PRI, que representan a su sector campesino, porque la protesta de quienes hoy están aquí sin ser de sus organizaciones, es la misma, la irritación y el malestar que viven y resienten los campesinos de la CNC, de la CCI, de la UGOCEM, o de otras letras oficiales que forman parte de la estructura sectorial del Partido Revolucionario Institucional!
¡La lucha de los campesinos es una lucha que no tiene por qué considerarse que es de un partido o de una ideología, como mencionábamos hace un momento en el caso del Movimiento Urbano Popular, porque tan mal se encuentran los campesinos de la Unión Campesina Democrática, como de la Confederación Nacional Campesina, tanto les cierran las puertas a los de la Unión Campesina Democrática como a los propios de la Confederación Nacional Campesina, porque son, aquéllos que los representan, no son más que enterradores del movimiento campesino y de esa organización que pasó sus mejores épocas!
¡Son los sepultureros de una organización como la Confederación Nacional Campesina, que en su momento fue reivindicadora de los derechos del pueblo campesino de México, fue sustento
de gobiernos revolucionarios, como el de Lázaro Cárdenas y siguió bregando en la lucha diaria por mejorar condiciones de vida pero que ha distorsionado y se desviaron sus objetivos hasta convertirlos en un instrumento de manipulación y de sometimiento político de los campesinos, para fines principalmente electorales.
¿Dónde está la voz enérgica de quienes actualmente la dirigen?, porque ellos están en el proyecto de la privatización y la entrega del campo a los intereses de unos cuantos y no a sus representados.
Los campesinos movilizados en el Zócalo, en las carreteras, en las plazas, los que hoy están aquí, compañeros nuestros, piden que el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el señor Aspe los reciba para buscar a través del diálogo y de una auténtica concertación solución a estos problemas, solución entre otros, a problemas de las altas tarifas de energía eléctrica que se cobran en las unidades de riego, que hacen más altos los costos de producción y por lo tanto disminuyen los márgenes de rentabilidad.
Una tercera demanda es la que se refiere al rezago agrario, aunque fue ya decretada la cancelación del reparto agrario y se anunció que no hay nada ya de rezago agrario, esa es la versión oficial, pero no la realidad que viven los campesinos, muchos de ellos movilizados porque saben que están pendientes de resolverse expedientes que se quedaron en trámite desde hace muchos años, aspecto de la política agraria que se ha manejado de manera burocrática, con trámites dilatorios, donde se recurre sistemáticamente a archivar los expedientes con objeto de desalentar las demandas de los campesinos.
En este sentido solicitan ser atendidos por el responsable del área respectiva que no se ha dignado tender ningún puente de comunicación para buscar un encuentro que permita conocer y avanzar en la solución de los problemas de esos expedientes.
Otra demanda que consiste al pedir que sean sobre muchos diversos problemas productivos y proyectos que se han quedado en el papel, solicitan ser atendidos por el titular de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, pide además la intervención del señor Aspe, responsable de Hacienda, para que se contemple lo relacionado con la regulación de miles de vehículos de procedencia extranjera que utilizan los campesinos para fines de su trabajo agrícola en distintas partes de la República, toda vez que son frecuentemente molestados en su persona y son secuestrados y decomisadas estas herramientas de trabajo, hasta el momento no ha habido ninguna respuesta positiva; sabemos que hubo una Comisión mientras que estuvo nuestro compañero Andrés Manuel López Obrador, dirigente en el Estado de Tabasco y que fueron recibidos en la Secretaría de Gobernación por un funcionario menor que no dio ninguna respuesta.
Nosotros esperamos que este Gobierno cuente con la sensibilidad política para atenderlos, que no cierre las puertas, que no se inventen y se invoque falsamente soberanías estatales para tratar de que se regresen los campesinos a sus lugares de origen porque las facultades de los gobiernos locales y la falta de recursos son pocas frente a las demandas de un Gobierno que no debe rehuir su responsabilidad en asuntos que son principalmente de competencia federal; no se vale invocar falsamente soberanías estatales cuando sabemos que allá no se está resolviendo y que allá además se reciben instrucciones, se han agotado esas instancias, se ha acudido a las delegaciones de las secretarías de Estado competente en cada una de las entidades, se ha buscado infructuosamente entrevistas con la mayoría de los gobernadores que se han cruzado de brazos y han dicho que ahí no se resuelve, si no que es en el Gobierno Federal, hoy están aquí, en el corazón político del país, en el corazón del centralismo político y económico de México y nosotros exigimos atención y solución a las demandas, por justas y legítimas, del movimiento campesino de México. Muchas gracias.
El Presidente:
Se concede el uso de la palabra al senador Ricardo Monreal.
El senador Ricardo Monreal Avila:
Gracias, señor Presidente; señores legisladores, señores asistentes:
La obligación de todo legislador es sostener en lo que cree y es responder por lo que hace. Bajo el riesgo de abucheos o de expresiones de desaprobación en esta intervención, uso esta tribuna por defender lo que yo siento y lo que yo creo.
Cuando pasaron los acontecimientos del día de ahora, me ubiqué en un pasaje histórico de la Revolución francesa y de la Revolución mexicana y recordé un viejo adagio que decía que
cuando el adoctrinamiento exasperado de los hombres es constante, conduce inevitablemente a la destrucción de la República.Y recordaba Robespierre, a Teleirán, a Laffayette y a Zapata y a Villa y a muchos otros que lucharon por la libertad de este pueblo y por la soberanía de esta nación.
Y cuando tomó o tocó el tema el diputado Arias, también he recordado las distintas posiciones que las organizaciones campesinas han adoptado. Inicio diciéndole que es un problema complejo y que es una situación difícil por la que atraviesan los campesinos. Eso es innegable. Lo hemos sostenido en la Confederación Nacional Campesina y lo ha sostenido el Congreso Agrario Permanente, en donde participan distintas organizaciones con distinto perfil partidista.
Y yo creo que este tema del agro nacional no debe parcializarse sino que debe de observarse de manera integral. Nosotros recogemos ese planteamiento y en este momento le queremos decir que la próxima semana habrá un Congreso Nacional extraordinario de la Confederación Nacional Campesina para ver precisamente los impactos tan fuertes que ha tenido el campo en los temas que usted comentara.
Cartera vencida, su reestructuración; tarifas de energía eléctrica, granos, producción, desequilibrio entre los costos de producción y los precios reales de los productos del campo mexicano y, todo eso está en la agenda de la Confederación Nacional Campesina y, por eso le repito, yo creo que no es conveniente parcializarlo o verlo a través de un solo partido.
Por cierto, invariablemente he sostenido que todos los legisladores, sin distingo de partido, tienen la obligación de velar por la seriedad, pero sobre todo por la pulcritud republicana del Poder Legislativo, porque finalmente es el Poder Legislativo de una nación que durante la historia yo no recuerdo que se le haya mancillado o que se le haya degradado.
Y creo que no es ni Oficialía de Partes, ni se imparte justicia de barandilla, pero sí es conveniente y oportuno tratar asuntos de la importancia como los que aquí se han tratado, porque finalmente ya constituye una práctica parlamentaria; el uso frecuente de temas distintos hasta de nuestro partido, constituye ya esa práctica parlamentaria.
Pero eso no da derecho a tratar con desdén y con falta de decoro esta institución republicana. No digo que se haya hecho, aclaro, pero yo creo que es obligación de todos cuidarla. Es una tribuna libre, como se demostró, pueden expresar lo que se quiera, en lo que se crea, como se pretenda, para eso está esta tribuna y para eso existen diputados de todos los partidos en esta tribuna, en esta Cámara y en esta Comisión Permanente y creo que menos se valen agresiones entre nosotros, finalmente somos parte de un poder, diferimos en ideas, diferimos en metas, diferimos en propósitos, pero todos estamos inmanentes en la función republicana de ser legisladores y allá quienes no lo crean así, esa será su responsabilidad histórica, pero nosotros sostenemos que estos asuntos, los que se han tratado, se pueden tratar con serenidad, con prudencia, con racionalidad, con civilidad; nada lo impide y son reclamos justos, lo hemos dicho y hay que analizarlos.
Eso lo hacemos y queremos hacerlo, vamos a analizarlo. Quienes estén interesados, el PRD, el PAN, nos preocupa el campo, vamos a analizarlo y busquemos mecanismos, mecanismos que permitan eso.
Por eso, señores, muchas gracias por haberme escuchado.
TRATADO DEL LIBRE COMERCIO
El Presidente:
Agotado este tema, tiene la palabra el diputado Eloy Vázquez, para acuerdos paralelos del Tratado de Libre Comercio.
El diputado Eloy Vázquez López:
Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
Al igual que hace un año en que los ministros de comercio anunciaron la conclusión de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio y en que Carlos Salinas de Gortari mostrara por televisión un volumen de más de 2 mil páginas como prueba de ello, el viernes 13 del mes en curso, sin que se exhibiera texto alguno, hubimos de conformarnos con el mensaje del Ejecutivo y de la conferencia de Prensa del secretario Serra Puche, para enterarnos de la terminación del proceso de negociaciones sobre los acuerdos paralelos al Tratado de Libre Comercio.
Todavía el día de ayer, en la comparecencia del secretario Serra en el Senado de la República,
el documento distribuido tuvo carácter de resumen.
La experiencia del 12 de agosto de 1992, en que concluyeron formalmente las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, es que éstas continuaron en diversos rubros, añadiéndose y suprimiéndose disposiciones, listas de productos y otros temas. Aún más, hasta la fecha no conocemos el texto firmado por el Ejecutivo mexicano y sus homólogos norteamericanos. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, ha editado y reeditado un par de volúmenes carentes de la rúbrica Presidencial y que omiten las listas de desgravación de los tres países.
Contrario a lo afirmado el día de ayer por el secretario Serra, de que juristas depuran textos, creemos y, así lo confirman los reportes periodísticos, que los acuerdos suplementarios están inconclusos y sujetos todavía a discusión.
Se sabe que diversos textos entregados como la versión final, entre comillas, el pasado jueves 12 al Ejecutivo, mantienen "corchetes" y "pies de página"; convencidos de que una discusión responsable y fundamentada sobre la constitucionalidad y las consecuencias e impactos del Tratado de Libre Comercio impone una información completa y veraz, exigimos que de inmediato sea entregado el documento que ha servido de base para anunciar la conclusión de los llamados acuerdos paralelos. Asimismo demandamos que la información y la discusión se extienda oportunamente a la sociedad mexicana.
En su comparecencia ante la Comisión de Comercio del Senado de la República, el secretario Serra se refirió a más de 23 estudios realizados por instituciones académicas, que arrojan resultados coincidentes sobre la creación de empleos más productivos y mejor remunerados, una vez que entre en vigor el TLC. Olvidó referirse, empero, que existen igual o un mayor número de estudios también de reconocidas instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, la de Chapingo entre otras, que muestran perniciosas consecuencias sociales e impactos nocivos en el empleo, sobre todo agrícola, pero también manufacturero, así como del ambiente en el desarrollo regional y productivo del país.
Respecto al medio ambiente, el secretario Serra citó un estudio realizado en la Universidad de Prinston, que advierte sobre la tendencia de un mayor nivel ambiental en una nación desarrollada, tendencia que se manifiesta con nitidez cuando un país arriba a una zona de ingreso per capita de 4 mil dólares.
Quiero en esto preguntarle al señor Serra, o si se encuentra alguno de sus voceros aquí presente, si podemos decir que existe un mejor ambiente por ejemplo en los países desarrollados en donde existen basureros tóxicos, en donde se realizan pruebas nucleares, donde se generan gases que dañan la capa de ozono y donde el modelo industrial de desarrollo y tecnológico es prepotente, afecta los lagos, afecta los ríos, independientemente de las condiciones económicas que puedan tener para corregir.
Yo quiero decirle desde aquí al señor Serra, que el desarrollo industrial del mundo, producto de la concepción de la ilustración, ha dado como resultado mayor colusión y que las grandes empresas trasnacionales que tienen su sede y que reciben las ganancias de la explotación de distintos países y que tienen su sede precisamente en los países desarrollados, son los responsables de la colusión, de la contaminación que existe hoy en el mundo.
En ese sentido, ese argumento es completamente inaceptable para cualquier ecologista digno.
Pero además, el secretario Serra dice que México se encuentra a punto de entrar en esa zona. Yo creo que si se refiere a la contaminación, México está en condiciones peores que varios países desarrollados, pero si se refiere al asunto del ingreso per capita, independientemente de la metodología seguida por el Secretario para calcular dicho ingreso, es claro que esa aseveración no se parece con la realidad, como tampoco con los datos que ofrecen instituciones internacionales como el Banco Mundial.
Dice el secretario Serra que ya estamos cerca de los 4 mil dólares, cuando el Banco Mundial sitúa a México en 1990, en el rango de 2 mil 490 dólares. Esto quiere decir que es inverosímil, pues significaría que cada familia mexicana tendría en promedio 5 mil pesos por componente.
Nosotros, desde luego, estos datos los rechazamos y nos seguiremos atendiendo a lo establecido por el Banco Mundial, que además es quien regula la política que el señor Serra y el señor Aspe le imponen a nuestro país. Si atendemos al crecimiento per capita observado en los últimos años, se requerirá por lo menos una década para arribar a la zona de los 4 mil dólares. Una década no es estar a punto de entrar a la zona a partir de la cual, de acuerdo al estudio estadounidense que tanto impresionó al doctor Serra,
se tenderá a mejorar los niveles ambientales. Una década es demasiado para resolver los problemas ambientales de México.
El entendimiento sobre el financiamiento de proyectos fronterizos será insuficiente para resolver los problemas ambientales comunes y nacionales, toda vez que éstos se originan, no sólo en la frontera sino también en otras regiones. Los mecanismos de financiamiento en la frontera están muy lejos de la demanda de crear mecanismos compensatorios y de desarrollo necesarios para enfrentar las asimetrías existentes en los tres países, así como los impactos ambientales, laborales, sociales y regionales de este modelo de libre comercio.
Huelga señalar que el "diablo" escondido en los fondos de financiamiento ambiental fronterizo, es la creación de una institución ambiental fronteriza, de carácter binacional, que tendrá funciones y autoridad. Este sería un organismo pionero, donde regirán no las leyes y las autoridades de cada país, sino una institución específica con atribuciones ejecutivas.
En otro orden de ideas y a reserva de conocer el documento oficial de la información difundida por la Secofi y del texto leído por Jaime Serra Puche en el Senado, desprendemos las siguientes objeciones en materia laboral. No hay un compromiso claro de hacer respetar todos los derechos laborales, sólo se alude a la aplicación efectiva de las leyes laborales en materia de seguridad e higiene, trabajo de menores o salario mínimo.
Aunque se menciona la aplicación de las leyes en materia de salario mínimo, no existe certeza en el inicio de la recuperación del salario en México o de hacer cumplir el mandato constitucional de un salario suficiente para mantener las necesidades de un trabajador y su familia. Esto, por cierto, tiene que ver con el asunto de la productividad.
Aunque aún no se nos ha explicado cuál será el indicador que utilizará el Gobierno mexicano para establecer la productividad, de acuerdo con datos tomados de los informes oficiales del Sistema Nacional de Cuentas y utilizando una metodología tentativa, tenemos que la economía tuvo un problema de productividad anual, cualquier cosa que la productividad quiera decir, entre 1970 y 1976 de 3.1% y las manufacturas en ese mismo lapso tuvieron de 4%.
Si el salario hubiera estado indexado a ese índice de productividad, el salario sólo podría haber aumentado en esta proporción. Y así por el estilo. ¿Y qué vamos a hacer cuando la productividad decrezca? O a lo mejor se están refiriendo al salario real que ése si lo han hecho decrecer a lo largo de todos estos años, más allá todavía de lo que la productividad y el crecimiento se ha mantenido, estancado o ha descendido en algunos momentos.
Quisiéramos, para claridad de los obreros, de los trabajadores, de los empleados mexicanos que nos aclararan cuáles van a ser los indicadores para establecer la productividad. Y si no podemos establecer la productividad en el rango nacional, tal vez sea más difícil todavía establecer la productividad como índice en todas y cada una de las empresas. Todavía tendremos que debatir mucho porque el concepto de productividad no es un concepto estrictamente científico, sino es un concepto ideológico, como todo lo contenido en los neoclásicos y en el neoliberalismo forma parte de dogmas.
No se garantiza la imparcialidad de la comisión laboral. Los gobiernos de los tres países son juez y parte en las controversias, no existe certidumbre en la reparación del daño a la parte afectada por el incumplimiento de las leyes laborales; no está explicado el destino de los recursos obtenidos por concepto de multas; es poco clara la designación de los miembros de la oficina nacional administrativa de la comisión.
La importancia de la oficina nacional administrativa puede ser vital ya que será la responsable del enlace nacional con la Comisión y la receptora de las demandas sociales de cada país.
No existe la disposición a integrar en esta oficina a ciudadanos independientes, en virtud de que se pretende que forme parte del Gobierno Federal. Para el inicio de una controversia se pone como condición que la falta de aplicación efectiva de las leyes laborales sea permanente y sistemática, lo que equivale a dejar a los trabajadores sin la posibilidad de iniciar una controversia a la manera en que el derecho de huelga de los trabajadores mexicanos, cuyas relaciones de trabajo se enmarcan en el apartado B, de la Constitución, es en la actualidad inalcanzable.
Por último, no vale el argumento de que nuestra legislación laboral se mantendrá intacta con la firma de los acuerdos paralelos. Desde hace varios años se ha venido modificando el marco laboral que rige las relaciones de trabajo entre patrones y obreros, a través de cambios en las leyes secundarias y con disposiciones administrativas de la Secretaría del Trabajo.
En las negociaciones de contrato y en los laudos que por consigna emiten las Juntas de Conciliación y Arbitraje, de nada sirve contar con una legislación avanzada si no se respeta y constantemente se viola y si en la práctica se le desconoce con la complacencia de las autoridades del trabajo.
La estrategia del Gobierno mexicano se encaminó a ocultar las verdaderas concesiones otorgadas a sus contrapartes, sobre todo a los Estados Unidos. Se trataba y se trata de escamotear el cuestionamiento social de fondo sobre el tratado y sus acuerdos paralelos y el costo político interno de ceder en la soberanía.
El simulacro de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial sobre el inminente "rompimiento de las negociaciones", dada las voraces pretensiones estadounidenses y canadienses, antecedieron en horas a la triunfante conclusión de las negociaciones.
Con ello, salieron beneficiados los principales accionistas, por ejemplo, de Teléfonos de México cuyas acciones bajaron en un día y subieron escandalosamente al día siguiente. Yo quisiera decir que sería muy bueno que la Comisión de Hacienda hiciera una investigación para ver de cuánto fue la ganancia neta que obtuvo el señor Carlos Slim en función de esta jugada y quiénes más se beneficiaron con el rumor de que los acuerdos se rompían.
A reserva de que en su momento, haciendo uso de nuestras facultades como diputados, lo solicitemos formalmente en el órgano correspondiente.
Por último, el secretario Serra dijo ayer, respondiendo a Robles Garnica, nuestro senador, que había habido un proceso de consulta que ha requerido un gran esfuerzo del Gobierno mexicano y de los mexicanos de primera, subrayo, que han participado en este proceso. ¿Quiénes son los mexicanos de primera y quién es el señor Serra Puche para estratificar a la sociedad mexicana? Rechazo tajantemente a nombre de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, el calificativo que se arroga el señor Serra y sus negociadores en el sentido de que tienen un status especial en México.
Ellos, quizá no sean ni siquiera más que mexicanos, aunque el señor Serra sea sujeto actualmente de la prohibición del artículo 82 que impide a los mexicanos hijos de extranjeros ser candidatos a la Presidencia de la República.
El señor Serra no tiene por qué estratificar a los mexicanos. Así como estamos exigiendo que él tenga derecho a ser Presidente de México o por lo menos candidato de su partido, debería tener respeto por el pueblo mexicano y por sus representantes que muy dignamente lo cuestionan porque él no es plenipotenciario ni mucho menos, para haber tomado los acuerdos que tomó, ni para que se arrogue una categoría que de ninguna manera tiene.
Por ese motivo nosotros protestamos por la respuesta y le exigimos al señor Serra, que se comporte cuando se presente en un órgano legislativo como es la Cámara de Senadores, de la misma forma que exigimos que se comporte cualquier otro Secretario de Estado, porque sólo así dignificaremos un verdadero equilibrio de poderes en esta República. Muchas gracias.
El Presidente:
Diputada Cecilia Soto, tiene la palabra.
La diputada Cecilia Soto González:
Señor Presidente de la Gran Comisión; compañeras y compañeros miembros de esta Comisión:
Quisiera presentar formalmente una solicitud y me voy a permitir argumentarla posteriormente. Quisiera leerla primero.
"Señor Emilio M. González: Con base en el artículo 58 de nuestro Reglamento, vengo a proponer a este pleno de la Comisión Permanente, tenga a bien acordar ampliar la agenda del período extraordinario del Congreso de la Unión, a fin de que conforme al párrafo segundo del artículo 93 constitucional, se cite al doctor Jaime Serra Puche, secretario de Comercio, para que se informe a los miembros de la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados, respecto a los recientemente concluidos acuerdos paralelos al Tratado de Libre Comercio."
Solicito se turne para su estudio a la comisión correspondiente de esta Comisión Permanente.
Señor Presidente, quisiera ahora argumentar la pertinencia de esta propuesta.
La intervención de quien me antecedió en el uso de la palabra, ya señaló algunas inconsistencias y problemas en la comparecencia del doctor Serra Puche, ante los colegas senadores.
Una lectura atenta de esta comparecencia en su versión estenográfica y otra serie de documentos emitidos en México y en Washington, muestran claramente una serie de puntos oscuros en esta comparecencia, inexactitudes y en algunos momentos simple y sencillamente, faltas a la verdad por parte del secretario de Comercio.
Dice en primer lugar el secretario de Comercio en la página dos de su discurso, que con el fin de asegurar estos dos objetivos, es decir, que México no use simplemente su mano de obra barata y segundo que sea un acuerdo ecológicamente limpio. Dice: "Con el fin de asegurar estos dos objetivos es que llevamos a cabo esos estos acuerdos, estas negociaciones sobre acuerdos paralelos".
En primer lugar es muy importante aclarar esto. La iniciativa para llevar a cabo las negociaciones sobre acuerdos paralelos, se le impuso al Gobierno de México por parte del Gobierno norteamericano. No fue una iniciativa para asegurar estos dos objetivos, fue una necesidad que tuvo que acatar por iniciativa del Gobierno norteamericano y esto no hubiera tenido que ser así, no hubiera tenido que tener que acatar y obedecer una iniciativa del Gobierno norteamericano si las negociaciones del Tratado de Libre Comercio no hubieran llevado ya el sello de una insuficiente discusión, la falta de democracia que priva en nuestro país. Se hizo oídos sordos a numerosas voces que reclamamos que había parcialidad en la discusión, que habrá concertación y diálogo pero con las cúpulas empresariales o sindicales y no con otra serie de voces muy importantes.
En segundo lugar, a una respuesta al senador Héctor Terán Terán y a una pregunta similar del senador Robles Garnica, el señor secretario de Comercio dijo así, se referían los compañeros senadores a la propuesta hecha el viernes a las tres de la tarde por el señor Presidente de la República, de vincular salarios mínimos con incrementos en la productividad. Los senadores Terán Terán y Robles Garnica insinuaron que quizá esto hubiese sido una solicitud del Gobierno norteamericano, por lo menos así lo hizo el senador Robles Garnica.
Contesta muy ofendido el secretario de Comercio:
"Quiero recordarle a usted que el 1o. de mayo pasado, al finalizar el desfile obrero, el Presidente de la República anunció en su discurso la intención del Gobierno mexicano de establecer una liga específica y concreta entre la evolución de la productividad y la evolución del salario mínimo". Primero de mayo de este año, primero del año pasado. ¡Miente! ¡Miente..!
Tengo aquí la versión estenográfica del discurso del señor Presidente y no hubo el anuncio de la intención del Gobierno mexicano de proponer tal vinculación. Hubo referencias de paso, a la importancia que podría tener en el salario mínimo que hubiese aumentos en la productividad.
Se las leo, compañeros:
"He señalado, dice el señor Presidente, que un instrumento adicional para promover más crecimiento económico, es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Por eso cuando entre en vigor el tratado, las oportunidades y también los esfuerzos para elevar la productividad, serán mayores y ello habrá de resultar en una recuperación de los salarios reales, especialmente los salarios mínimos."
Simplemente como resultado, no está anunciando aquí ninguna intención de establecer un mecanismo específico, está hablando de un resultado paralelo al aumento de la productividad.
Segundo. "Sin embargo es importante recuperar el salario mínimo y con el Tratado de Libre Comercio, esto ocurrirá más pronto y a un ritmo mayor. Más productividad significará mayores salarios reales y mejor nivel de vida".
¿Dónde está aquí, compañeros de la Comisión Permanente, la intención gubernamental, el anuncio oficial, porque así dijo el señor secretario, dijo el señor secretario:
"El Presidente de la República anunció en su discurso la intención del Gobierno mexicano de establecer una liga específica y concreta..."
No hay tal anuncio específico y concreto. Faltó a la verdad aquí el señor secretario y faltó a la verdad, voy a decirles por qué. Porque en efecto este anuncio de ligar productividad con salario mínimo, fue una cuestión negociada dentro de los acuerdos paralelos.
Tengo en mis manos, compañeros, la versión estenográfica, el briefing de Prensa, como le llaman los americanos; es decir, el reporte de Prensa que Mickey Kantor dio a las 7.00 de la mañana, hora de México, 9.00 de la mañana, hora de Washington, a los principales reporteros norteamericanos, fue una hora antes de la conferencia de prensa oficial simultánea a la de la ciudad de México. Fue una conferencia, como llaman los reporteros, off the record para atribuírsele a un alto funcionario de comercio.
Dice a una pregunta acerca de si lo bajo del salario mínimo en nuestro país no significaría una violación a la Ley laboral. Le preguntan si esto entraría dentro del tipo de sanciones que se acordaron en materia de ecología y materia laboral. Contesta Kantor: "Sí, usted puede hacer que se cumpla con el salario mínimo, bajo estos acuerdos. Y déjenme decirles como referencia, por favor pongan atención, ¡esto era 7.00 de la mañana, hora de México!, por favor, pongan atención al discurso del Presidente Salinas, a las 3.00 de la tarde hora de México, 5.00 de la tarde hora de Washington, será un discurso muy significativo, es extremadamente importante para nosotros y significará su anuncio un gran cambio en la política de México".
¡Así que nos enteramos de este anuncio tan importante del señor Presidente, vía Mickey Kantor! ¡Está realmente operando ya la globalización!
Más tarde, en su discurso, en su conferencia de prensa oficial, a las 9.00 de la mañana de Washington, y me tocó verlo, Mickey Kantor volvió a decir "que se pusiera atención al discurso del Presidente Salinas de Gortari en materia laboral".
Para cerrar el triángulo, unos minutos después de que el Presidente Salinas anunciara esta posible vinculación entre salario mínimo y productividad, el presidente Clinton emitió un discurso, una declaración apoyando entusiastamente ese anuncio.
Quisiera recalcar otro punto muy importante de los acuerdos paralelos. Dijo el señor secretario de Comercio que estos acuerdos siempre se llevaron a cabo manteniendo tres principios: respeto a la soberanía nacional; mantener intacto el texto del tratado y que nunca deberían estos acuerdos funcionar como instrumentos encubiertos de protección.
Sin embargo, sin embargo se aceptó, como todos ustedes saben, sanciones comerciales no convencionales.
En efecto, no son convencionales en el sentido de que nuestro país, cuando es objeto de una sanción comercial convencional que le es impuesta de una manera externa en contra de u voluntad y no tiene manera de hacer que cese esa sanción. Esta es una manera en que nosotros nos las "autoimponemos", y podemos dejar de sufrir estas sanciones si pagamos una multa.
Aquí también hubo una serie de imprecisiones del señor secretario de Comercio. El texto del acuerdo, el texto en inglés y el texto en español, plantea que en el caso de que México o los Estados Unidos no hayan logrado hacer valer sus leyes ecológicas o laborales y se hayan resistido a pagar una multa, una vez que ha pasado un proceso bastante complicado, los beneficios del Tratado de Libre Comercio dejarán de funcionar o dejarán de existir hasta que el Gobierno haya pagado la multa relevante.
¿Qué significa que los beneficios del Tratado de Libre Comercio dejen de aplicarse? Depende de la rama de que se está tratando. Si se está tratando de una rama para la cual anteriormente existían tarifas, es decir, anteriormente al Tratado de Libre Comercio, lo que habrá es una simple y llana sanción comercial.
Y quiero plantear de qué manera podría ser esta sanción. Son esta serie de preguntas y reflexiones que tendría que contestar el señor secretario, si se aceptara que se le cite por la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados.
Si una fábrica de pinturas en México, por ejemplo, viola una serie de estándares ecológicos y cae en lo que se llamaría un "dumping ecológico", produce un producto más barato, produce un producto más barato por no cumplir con ciertos estándares ecológicos. Esto es un patrón repetido, continuamente repetido de conducta. Se llama al Consejo de Ministros, el Consejo de Ministros llama al panel arbitral, el panel arbitral impone una multa, porque el Gobierno..., impone una multa al Gobierno mexicano, es decir, es muy importante, en estos acuerdos paralelos se acordó que de recursos fiscales del pueblo de México se paguen faltas de particulares, no va a ser una multa impuesta a un particular, va a ser una multa impuesta al país por no hacer cumplir sus leyes ecológicas o laborales.
Si además el país se niega a pagar, a pagar esta multa, van a dejar de valer las disposiciones del Tratado de Libre Comercio para el renglón de pinturas. ¿Qué significa esto?, que toda la pintura producida en México, no solamente la de ese productor en particular, va a ser sujeto de tarifas, de sanciones comerciales. En efecto, no son sanciones comerciales en todos los casos, porque hay una serie de renglones, por ejemplo el de inversión, en donde anteriormente no existían las sanciones comerciales.
Otra inexactitud del señor secretario: ¡serán hasta 20 millones de dólares..!, ¡serán hasta 20 millones de dólares el primer año!, los 20 millones de dólares fueron calculados como un porcentaje del comercio entre los dos países, pero en la
medida en que el comercio crezca van a crecer las multas; así lo establece el documento oficial, así lo establece la versión estenográfica de la conferencia de prensa dada por el señor Mickey Kantor.
Hay pues, decía yo, numerosas inexactitudes, numerosas áreas grises que tendría que contestar el señor secretario.
Hay otra pregunta: ¿a quién se le pagarían estos 20 millones de dólares o esta multa?, no está claro al respecto, aún no han decidido los gobiernos; ¿se le pagaría a la parte afectada?, ¿entraría al fondo para infraestructura fronteriza que pretende crearse?, todavía no se sabe.
Y quisiera referirme nuevamente al acto de desinformación que produjo la Secretaría de Comercio unas horas antes de que se firmaran los acuerdos paralelos, para distraer la atención del público, para distraer la atención del público sobre el hecho de que de facto se acordaron sanciones comerciales. La prensa ya ha reportado de las supuestas filtraciones de la Secofi a Reuter y a Notimex, donde el secretario instruía a su negociador principal para suspender de inmediato las negociaciones sobre la supuesta pretensión de que un gobierno extranjero quería juzgarnos en nuestros propios tribunales.
En este sentido es importante recalcar la diferencia que ya se ha mencionado entre las sanciones comerciales no convencionales o el levantamiento de los beneficios del Tratado de Libre Comercio que operarán para México y Estados Unidos y la que operará para Canadá. Aquí dijo el señor Secretario otra inexactitud, dijo en alguna de sus respuestas que México no había aceptado esta pretensión de que se le juzgara en sus tribunales por parte de un gobierno extranjero o un organismo supranacional, pero que en cambio los canadienses habían aceptado cambiar su sistema judicial; esto es una inexactitud.
El sistema judicial canadiense funciona de manera..., es diferente cualitativamente al sistema norteamericano y al sistema mexicano. Los negociadores canadienses demostraron que durante 132 años las cortes canadienses jamás han dejado de cumplir una sanción ordenada por un tribunal internacional. No existe el amparo ni el derecho de apelación en el caso de sanciones impuestas por tribunales extranjeros. El tribunal extranjero, en este caso sería la Comisión Trinacional, emite una resolución y las cortes canadienses están obligadas a hacerlo cumplir de manera inmediata; esto fue un objeto largo de discusión entre los negociadores; como decía yo, éstos demostraron que durante 132 años jamás habían fracasado al plantear esto.
Los cambios legales que se harán en las leyes correspondientes canadienses se refieren a que en Canadá hay un sistema mucho más descentralizado que en México y en Estados Unidos en cuanto a la relación de las provincias con el Gobierno Federal; entonces no es verdad que Canadá haya aceptado esta ruptura de constitucionalidad o de soberanía que se insinúa en las declaraciones del doctor Serra Puche.
Se le pregunta al representante comercial norteamericano Mickey Kantor si hubo la pretensión de hacer que México aceptara que se le juzgara por parte de un Gobierno extranjero o de un organismo extranjero en los tribunales misionales.
Dice aquí, permítanme por favor un momento: "jamás hubo la pretensión de que hubiese tal ruptura de la soberanía ni con respecto a México ni con respecto a Estados Unidos; sucede que los sistemas judiciales mexicano y norteamericano funcionan de manera cualitativamente diferente al del Canadá", lo que sucede simple y sencillamente es que bajo la presión de tener que convencer al Congreso norteamericano para aceptar este Tratado de Libre Comercio, el Gobierno mexicano aceptó lo que dijo que no iba a aceptar. Muchas gracias, compañeros.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Juan de Dios Castro. ¿Me permite, diputado?, solamente para solicitar la opinión de la Asamblea no obstante facultades que tiene la Presidencia, para continuar los trabajos de esta Asamblea. Proceda la Secretaría a hacer la consulta.
La secretaria diputada María Luisa Urrecha Beltrán:
En vista del tiempo reglamentario transcurrido, por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si autoriza la continuación de los trabajos.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en la forma acostumbrada... Se autoriza, señor Presidente.
El Presidente:
Gracias.
Tiene la palabra el diputado Juan de Dios Castro.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Señor Presidente; señoras y señores legisladores:
Después de esta muy larga sesión en la que ocurrieron algunas intervenciones a las que me hubiera gustado dar respuesta en otras circunstancias, sobre este tema del Tratado de Libre Comercio solamente voy a hacer énfasis a uno de los aspectos que me preocupa y preocupa a mi partido, lo relativo al acuerdo sobre cooperación laboral.
No voy a tocar los tres aspectos a que hizo referencia el señor secretario de Comercio y Fomento Industrial, pero sí a un aspecto en el que se afecta seriamente, se puede afectar seriamente, a los trabajadores de México, a los ya muy pocos, a los ya repito, muy pocos trabajadores de México, porque yo no acepto, no me convence el dato del INEGI sobre el desempleo abierto del 16.5% sobre la población económicamente activa; en todo lo largo y ancho del país, yo no sé, porque no estoy vinculado estrechamente en el Distrito Federal, pero sí puedo hablar de lo que ocurre en provincia, el mexicano no tiene empleo.
Ya no se tiene empleo ni siquiera con altos niveles de educación. El desempleo brutal, impacta a nuestros jóvenes universitarios que terminan carreras y obtienen títulos desde el grado académico de licenciatura hasta los grados académicos de maestría y doctorado.
La competencia en el ámbito laboral es brutal, es feroz; la oferta de empleo es terriblemente desproporcionada a la demanda de empleo de los trabajadores jornaleros, de los trabajadores calificados y de los profesionistas.
¿Será el 16.5%? Aquí hay senadores muy conocedores de la ciencia económica, ¿o será 30%, o será el 50% de la población económicamente activa?
a realidad es que primero la queja generalizada de los mexicanos es que no encuentran la realización y el desahogo de su derecho a la vida que deviene también en su derecho al trabajo.
Ese, señores, no está, no está garantizado para la población mexicana. Yo hubiera querido hablar de esto cuando algún diputado miembro de la Comisión Permanente habló de que antes, antes en el campo mexicano funcionaban los planes y funcionaban los mecanismos; yo digo que ni antes ni ahora.
El problema del campo con tierra, se resuelve con una palabra muy sencilla de pronunciar, pero muy difícil, muy difícil de realizar: tacto, tierra, agua, crédito, técnica y organización.
Y ¿cómo vamos a tener empleo señoras y señores?; ¿cómo vamos a tener empleo si se han repartido en décadas de gobiernos revolucionarios más de 108 millones de hectáreas y son susceptibles del cultivo 26 millones y se cultivan apenas 16 ó 18 millones de hectáreas con un sistema de minifundio? Y algún diputado nos dijo que antes, que antes sí funcionaban los mecanismos y que es solamente a través, a causa de las reformas al artículo 27.
Pudiéramos hablar amplísimamente de eso, pero en el resumen del Acuerdo de Cooperación Laboral de América y en un párrafo que lo transcribe, de la comparecencia del señor secretario, se dice que cada una de las partes está comprometida de acuerdo con sus propias leyes nacionales.
Recalco, señoras y señores legisladores, de acuerdo con sus propias leyes nacionales a promover los siguientes principios laborales: la libertad de asociación, el derecho de negociación colectiva, el derecho de huelga, la prohibición del trabajo forzado, las restricciones sobre el trabajo de los menores, las condiciones mínimas de trabajo, etcétera.
No voy, señoras y señores, a cansarlos más de lo que ya están los señores legisladores, enumerando todos los principios a los que cada una de las partes se compromete, se compromete señoras y señores, a promover, a promover la libertad de asociación. Si estamos hablando del ámbito laboral, estamos hablando del derecho de los trabajadores a formar sindicatos y el derecho de los sindicatos a existir, el derecho de los sindicatos a ser.
¿Está garantizada en México por la legislación laboral el derecho a sindicalizarse? Claro. Ustedes dirán: lo apoya el artículo 9o. de la Constitución por un lado y además está consagrado por el artículo 123 de la Constitución General de la República, que establece los derechos laborales.
Y vea, señor diputado, la Ley Federal del Trabajo, léase el artículo 13 y 5o., ahí está, los sindicatos deben registrarse, el sindicato existe antes
del registro, claro que existe antes del registro, existe el sindicato antes del registro. La Ley Federal del Trabajo establece que deben registrarse y los documentos para el registro que exige la Ley Federal del Trabajo, serán autorizados por el secretario General, el de Organización y el de actas de acuerdo con lo dispuesto en los estatutos, y si se satisfacen los requisitos, la autoridad no podrá negar el registro.
¿Qué más garantía queremos?, ¿qué más garantía queremos para establecer que no va a promoverlo?, no necesita obligarse a lo que ya cumplió, promover el principio de la libre asociación.
Nada más que, señores, la Ley tiene muchas trampas en esta materia. ¿Cuáles son las quejas de muchísimos sindicatos del país? Pues sencillamente que la Ley les niega el registro y si la Ley les niega el registro, los dirigentes de los sindicatos no tienen personalidad jurídica y, si no tienen personalidad jurídica, la fracción IV del 692 dice:
"Los representantes de los sindicatos acreditarán su personalidad con la certificación que les extienda la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, de haber quedado registrada la directiva del sindicato."
¿Podrán estas dependencias gubernamentales extender la constancia de un sindicato al que se le negó el registro? Y los dirigentes de ese sindicato tendrán personalidad jurídica si la Ley está exigiendo como prueba la certificación del registro de la directiva del sindicato? Pues no, señores, no le queda más que el amparo.
¿A qué se compromete México, cuál es la obligación de la parte, señoras y señores legisladores, en este tema? A promover en su Ley nacional el siguiente principio laboral: la libertad de asociación. Está anulada.
Aquí hay expertos en materia laboral, porque hay diputados obreros muy conocedores de la Ley Federal del Trabajo, que me dirán que cuando no se resuelve el registro en 60 días, cuando haya omisión de la autoridad laboral de decidir sobre el registro sindical, entonces, señoras y señores, se estimará hecho el registro.
Lo que pasa en la práctica y todos lo sabemos, es que la autoridad laboral contra derecho niega el registro y no le queda al sindicato más que acudir al amparo, a la justicia federal contra la resolución de la autoridad laboral. Está en manos del Estado la existencia del sindicato como organización laboral.
Y dice: entre las obligaciones, será obligación general para cada una de las partes garantizar la aplicación efectiva de sus propias leyes laborales. Y yo leí hace unos días a ocho columnas, en la prensa nacional, reformas emergentes anunciadas por el Presidente Salinas, para mejorar el salario de los trabajadores en razón de la productividad, en razón de la productividad.
Y dan los medios de comunicación social y los medios de difusión, que uno de los problemas finales para destrabar la conclusión de los acuerdos en materia del Tratado de Libre Comercio, fue precisamente el relativo al salario y que se destraba con una intervención del Presidente de la República.
¿De acuerdo con la Ley, tenemos un salario justo? Bueno, la Constitución dice que sí, la Constitución General de la República dice que los salarios mínimos generales serán suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social, cultural, para proveer la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando además las condiciones de las distintas actividades económicas. Y la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para la comarca lagunera, establece un salario mínimo general de 12.05 nuevos pesos, 12.05 nuevos pesos para pagar vivienda, para pagar alimentación, para pagar vestido en condiciones decorosas y, señores, para pagar educación de los hijos, educación en las universidades estatales, las mejores para las condiciones económicas de los hijos de los trabajadores mexicanos, porque no implican erogación económica alguna, aunque de cada cinco días se trabaje tres y aunque los programas de estudio se cubran al 20 ó al 25 ó al 30%.
Señores, a mí me preocupan en el aspecto de la clase trabajadora estos acuerdos del Tratado de Libre Comercio. Contra las imputaciones que nos hacen nuestros enemigos políticos, nuestros adversarios, precisaría mas no enemigos, adversarios, nosotros no estamos de acuerdo con el liberalismo en el campo laboral; no estamos de acuerdo con la abstención del Estado en el campo de las relaciones laborales entre el patrón y el trabajador; no sentimos que sea la solución el Estado gendarme, que deja hacer y deja pasar y sentimos que el Estado debe tener intervención para establecer en la legislación jornada de trabajo, salarios, participación en las utilidades de las empresas y nosotros vamos más allá, a los principios de cogestión y copropiedad de las empresas en el ámbito laboral.
Nosotros pensamos que el trabajo como elemento, tiene preeminencia sobre el capital; pensamos en el respeto a la eminente dignidad de la persona humana, pensamos nosotros en la necesidad, todavía en 1993, de que se logre la justicia en el campo laboral.
¿Y saben ustedes señores legisladores cuál es el primer paso para lograr la justicia? Dando empleo, no que el Estado contrate a todos los trabajadores de México, no; el Estado gestor del bien común debe crear las condiciones adecuadas para que cada uno de sus miembros pueda desarrollarse en plenitud. Y el primer paso, señoras y señores legisladores, es precisamente dar empleo.
Se dice, se dice, para quienes defienden la postura liberal, se dice que primero hay que crear el pastel para después repartirlo, que la nada no se puede repartir, no se puede distribuir. Sí, señores legisladores, pero se viene diciendo por décadas, por décadas. Analicen la situación de los trabajadores mexicanos en 1970, por citar las dos últimas décadas; 1980, el poder adquisitivo del salario mexicano real y el poder adquisitivo del salario de 1993; el índice de desempleo en 1980 y el índice de desempleo en 1993.
Y yo me aterrorizo, me aterrorizo, señoras y señores legisladores, porque la bipolaridad que existía hace décadas entre el socialismo y el capitalismo liberal, con el fracaso, fracaso, de los regímenes socialistas, el fracaso de los regímenes socialistas que dejaban todo en la planificación del Estado y el sacrificio de derechos fundamentales de la persona humana por un equivocado concepto de los derechos de la sociedad, da la impresión como que la solución y el éxito de los nuevos estados y de las nuevas sociedades y de las sociedades contemporáneas, está precisamente en adoptar los sistemas de liberalismo clásico, capitalismo clásico, todo dejado a la libre competencia, todo dejado a la Ley de la oferta y la demanda.
El anuncio del salario en función de productividad, sí, pero con un gravísimo riesgo: establecer los niveles de productividad, primero como parámetros mediante estímulos, mediante bonos, mediante aportaciones económicas adicionales. No digo que eso se vaya a hacer, lo apunto sólo como riesgo. Y dejar al sistema tradicional de salarios las condiciones de ir mejorándolos en el mínimo, en el mínimo indispensable, señores legisladores, para que el trabajador mexicano no se muera de hambre.
Y la estabilidad en el empleo, la antigüedad, los derechos de antigüedad no percibidos con el salario, más los estímulos, sino con el salario básico, porque los primeros podrían no entrar a integrar el salario en beneficio de los trabajadores mexicanos y en favor del capital. Y entonces para nosotros, en Acción Nacional, ahí se invertiría lo que nosotros decimos: la preeminencia del capital sobre el trabajo, en lugar de la preeminencia del trabajo sobre el capital.
El pueblo está hambriento de justicia social, hambriento de justicia social. Vayan a la comarca lagunera; vayan a provincia, donde el fracaso de los sistemas de comercialización, aunque la productividad haya sido buena, la caída de los precios de los productos agrícolas obligan a los campesinos mexicanos ni siquiera a cosecharlos, señores legisladores, porque resulta más costoso cosechar que dejar los productos agrícolas pudrirse, pudrirse en los lugares en que fueron sembrados, cultivados y desarrollados. Esa es la realidad.
Yo no niego que se estén haciendo esfuerzos a punto; vaya, quizá en mi juventud, cuando yo tenía 20, 25 años, quizá viera todo acto del Gobierno malo, malo. No, los años me han demostrado que en los ámbitos gubernamentales puede haber gente, hay, no puede haber, hay gente capaz; y puede haber preocupación seria por resolver los problemas de México, pero a veces las razones políticas pesan más que resolver a fondo los problemas económicos del país.
Tampoco soy partidario de ilusiones. Yo no siento que se pueda dar el paraíso de la noche a la mañana.
Siento, señoras y señores legisladores, que ni siquiera en determinado sistema y en determinadas ideologías y en determinadas religiones en que se prometía una vida mejor, pero en la otra vida, se descuidaron los problemas gravísimos de la existencia terrenal.
Hubo, sí, la bienaventuranza para la justicia distante, para el momento de la redención definitiva, pero también hubo, señoras y señores legisladores, ante la miseria de las turbas, la piadosa bienaventuranza del pedazo de pan en la boca de los hambrientos y hubo la luz para los ciegos y la música inefable del sonido para los sordos y el milagro para los paralíticos y la misericordia para el dolor humano en todas sus formas, el dolor humano de aquí y de ahora y el dolor terrestre debe alcanzar la redención y la justicia debe realizarse.
Y yo reclamo, yo no reclamo al Gobierno de Salinas nada más; ustedes, los que forman parte
de la mayoría, tendrán datos extraordinarios de los logros a nivel macroeconómico, que yo reconozco, soy el primero en reconocer.
Bajar la inflación del 160% a menos de un dígito, es un logro que sólo algún ciego podría negar. Pero, ¿díganme quién causó la inflación o provocó la inflación al 160 y 170%? Los gobiernos emanados del mismo sistema, del mismo grupo y del mismo partido. Y yo siento que ustedes todavía tienen una factura pendiente de pagar, hablo de la mayoría, con el pueblo de México, que aún no logra los anhelos, no logra los anhelos de justicia social que desde la Revolución de 1910 originaron la derrama de un millón de vidas de mexicanos.
Y aunque me digan que en 1960 el 64% de la población era analfabeta y que en 1992 solamente el 12% y aunque me digan, cosa que acepto, y aunque me digan también, señoras y señores, que en 1910 en relación con 1993 se han reducido las distancias entre clases sociales económicamente fuertes de una minoría y una inmensa mayoría que estaba en la pobreza, porque ahora tenemos una clase media más fuerte y más pujante que en la época de la Revolución Mexicana, yo les diré, señoras y señores legisladores, que el pueblo no sabrá de esos datos, no entenderá, quizá, los datos históricos; no entenderá las estadísticas, aunque alguien decía que había tres tipos de mentiras: las grandes, las pequeñas y las estadísticas, según como éstas se presenten y se manejen, porque las estadísticas se manejan muy fácilmente y se maquillan para convencer de cosas distintas a las que realmente reflejan. Y yo aceptaré lo que ustedes me digan. Y aunque puedo aceptar que si dije que el primer paso para lograr la justicia social es dar empleo, creando las condiciones económicas adecuadas para que los mexicanos tengamos empleo y si me dicen el tratado, el tratado, uno de los pasos será la creación de empleos y la inversión del capital extranjero, yo les diré que el capital no tiene patria ni tiene ideología ni tiene sensibilidad y les diré lo que alguna vez algún secretario estadounidense dijo respecto de su país: "Mi país no tiene amigos, tiene intereses". La utilidad es el motor, la utilidad del beneficio económico.
Yo no puedo dejar de hablar, no puedo dejar de hablar. Recibir de algunas personas que estaban aquí cerca hace unas horas muchas injurias, muchas injurias. Injurias, ¿saben por qué? Nomás por un solo hecho, no por ser del PAN o del PRI, por el hecho de ser diputado. Tenemos mala imagen en el pueblo de México, de una mala imagen torcida deliberadamente por los medios de comunicación sociales.
Mañana no se hablará de los datos, de las cifras, de los reclamos en materia social, se hablará del incidente violento. Y yo, yo siento injusto, siento injusto el reclamo. Pero la gente, repito, no sabe de datos, decía hace unos momentos, ni de estadísticas ni de cifras, sabe nada más que le aprietan los zapatos. No sabrá hacerlos, pero sabe que le aprietan, eso es lo que siente el pueblo de México.
Mi intervención, yo no soy conocedor de situaciones económicas, mi intervención tiene por propósito crear una inquietud, crear una inquietud, senador Sales, inquietud. Preocupaciones que tenemos legisladores, que somos representantes de la nación, legisladores sobre cuál va a ser el destino de la clase trabajadora, eternamente asalariada, eternamente vinculada a un salario mínimo que no satisface los requerimientos constitucionales.
Con empleos, sí, con empleos si quizá en un futuro inmediato, en este momento no, en un futuro inmediato con empleo, pero cerradas sus posibilidades para que puedan desarrollar su destino temporal y para quienes tenemos determinada ideología con el destino temporal, el destino eterno.
Y además, ¿qué puede esperar? ¿Qué puede esperar el modesto campesino, que en estos momentos en la provincia donde yo vengo, no tiene trabajo para pizcar, ni siquiera para ganar 12.05 nuevos pesos, porque resulta incosteable cosechar y es mejor dejar pudrir el producto agrícola? ¿Qué puede esperar, ya no digo ese campesino para su mujer y para sus hijos para remediar las necesidades del cuerpo, del estómago, no, además para remediar las necesidades del espíritu? Recibí muchas injurias a media sesión, injustas para mí, para mi manera de pensar, pero para quienes me las profirieron ahí a un metro, para ellos eran justas. Lo que yo no puedo negar es que este pueblo todavía tiene hambre, mucha hambre y sed de justicia. Muchas gracias. El Presidente: Tiene la palabra el diputado Juan Cárdenas García. El diputado Juan Jacinto Cárdenas García: Señor Presidente; señoras y señores miembros de la Comisión Permanente:
Muy brevemente en torno de este asunto, quiero manifestar la preocupación profunda del Partido Popular Socialista, por los riesgos que corren las principales conquistas del movimiento obrero y en consecuencia la soberanía y la independencia de la nación, con todas estas negociaciones que se han llevado a cabo en torno a los acuerdos paralelos a la negociación para un Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México.
Digo que entran en un período de serio riesgo porque no ha cambiado en nada la orientación general de la política económica y social aplicada por el Gobierno de la República, durante el tiempo que lleva en su gestión. Es la misma política, es la misma política antiobrera, es la misma política antipopular.
Y quiero apoyarme en algunos hechos para sustentar la preocupación acerca de la suerte que va a correr el derecho de huelga, la contratación colectiva, la jornada de ocho horas, etcétera. Cuando discutíamos en torno de la Ley de Energía Eléctrica muchos diputados sostenían que no estaba en riesgo la soberanía de la nación, que no corría riesgo la empresa nacionalizada y que no había riesgo de privatización. Sin embargo, de acuerdo con lo que con anterioridad ya se había negociado en el Tratado de Libre Comercio, los hechos demostraron que la esencia de las reformas en torno de la Ley, eran para crear en México la figura de productor independiente de energía eléctrica y esta es la puerta que se abría para la inversión privada, para ir deteriorando la empresa nacionalizada.
Y un hecho lamentable que acabamos de presenciar también, es demostrativo que no ha cambiado la orientación de la política general del Gobierno, de favorecer intereses de los capitalistas en contra de los intereses de las masas populares, que es la Ley Inquilinaria, por más que argumentábamos en ése entonces.
Estos hechos son los que nos hacen que pongamos muy en duda lo que ahora se asegura por todos los medios de que se ha salvado la soberanía, se ha respetado la legislación nacional, que no corren riesgo las conquistas del movimiento obrero y que al contrario, habrá mejores salarios, más empleos, más inversiones, etcétera.
Y desconociendo el contenido total de los acuerdos no podemos si no poner en duda nuevamente que sea como se ha publicitado, de que se ha respetado, se logró hacer respetar, soberanía y legislación nacional.
Por eso, apoyado en los hechos, consideramos que la Cámara de Diputados debe encontrar los mecanismos para participar en la discusión y aprobación final de los acuerdos, tanto paralelos como del propio Tratado de Libre Comercio.
Ya en otras ocasiones que hemos planteado esta demanda, se nos ha dicho que es facultad exclusiva de la Cámara de Senadores. Pero sucede que son negociaciones que ponen en riesgo conquistas de quienes representamos los diputados: las masas populares.
Es la Cámara de Diputados la que representa directamente los intereses de los obreros, de los campesinos y por eso nuevamente planteamos que se deben buscar caminos para que la Cámara de Diputados estudie a fondo y participe en la aprobación o rechazo de los acuerdos paralelos y del tratado mismo, de otra manera el Congreso o más bien la Cámara de Diputados estaría al margen de lo que va a afectar directamente a quienes representamos en este Poder Legislativo.
Ya se ha abundado que hay planteamientos que no tienen sustento de que se van a elevar los salarios en una vía doble, escala móvil doble por la vía de la productividad y por la vía de la inflación. El Partido Popular Socialista ha reclamado permanentemente el establecimiento de la escala móvil de salarios, pero en estas condiciones, en estas condiciones no es dable realmente alcanzar el objetivo de que aumenten en términos reales los salarios que han caído tremendamente en este país.
Por esta razón en primer lugar, demandamos de inmediato que se nos dé a conocer a los diputados los textos completos de los acuerdos, porque normalmente en los resúmenes siempre quedan al margen algunas cuestiones que son los que van a perjudicar a quienes se pretende beneficiar y nuevamente la demanda de que participemos en la aprobación de todas estas cuestiones.
Si no participamos los diputados, seremos testigos de cómo sin nuestra opinión, se deteriorará aún más la soberanía y la independencia del país, por más que se diga que se ha logrado consolidar en los acuerdos.
No es necesario repetir aquí algunos datos que han proporcionado los compañeros diputados que me han antecedido en el sentido de que muchos de los acuerdos han sido planteamientos primarios de los Estados Unidos y eso es inocultable, primero se indica allá y luego aquí se toman, aunque se diga que son planteamientos propios.
Señoras y señores diputados; compañeros senadores: Reitero la demanda del Partido Popular Socialista, de tener acceso a los acuerdos completos y la participación nuestra en la discusión y aprobación de todos los negocios, de todo lo que se ha negociado. Muchas gracias.
El Presidente:
El senador Carlos Sales, tiene la palabra.
El senador Carlos Sales Gutiérrez:
Muchas gracias señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
Voy a ser extraordinariamente breve, porque incluso no había pensado hacer uso de la palabra, dado lo muy particular de la forma en que se ha llevado a cabo esta sesión, donde las emociones se encuentran a flor de piel; donde los temas se han tratado de una forma amplia y dispersa y donde ha habido ahora sí, que de todo.
Separé sólo cuatro temas para comentarlos insisto, brevemente, con ustedes. Se insultó a un ausente y para que no subiéramos a decir algo en contra de eso se dijo, pero si hay un personero o vocero de él, que suba.
Ojalá cuando se ponga a votación la propuesta de la diputada Soto, de que venga el señor secretario de Comercio, ya sea a la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados o a esta Permanente, como aquí se vote, tengan la oportunidad de decírselo de frente. Sé que es probable que lo hagan.
También que la mala lectura que escuchamos aquí de un documento, se reflejó en la mala lectura que se hizo de la versión estenográfica de lo que dijo ayer Serra Puche en el Senado. Cuando dijo:
"Un esfuerzo de mexicanos, de primera..." Y lo hizo así, era un esfuerzo de primera. Pero el que no lee bien, no tiene la oportunidad de distinguir.
Hubo, decía yo, también la presentación de la diputada Soto, con una propuesta que si no entendí mal, es que pase a la Tercera Comisión la propuesta de que se vea la posibilidad de que comparezca el secretario Serra. Yo me sumo a esa propuesta, para que sea estudiado y dictaminado por esta Tercera Comisión.
Y no puedo dejar de omitir, por la seriedad con la que siempre trata todos los asuntos, la muy emocionada exposición del diputado Juan de Dios Castro. Respeto sus puntos de vista, su entrega emocionada a esta labor legislativa, pero creo que hoy se equivocó, y lo digo respetuosamente, diputado, cuando llevado por esa emoción empezamos a juzgar periodos, momentos diferentes de la historia del país y del mundo. Hay veces que en el deseo de que las cosas sean mejores en México, nos olvidamos de que nos movemos dentro de un contexto internacional, que ciertamente es difícil explicarles a los compañeros de La Laguna que no tienen para pescar su producto, pero que es una realidad y que condiciona en mucho el comportamiento de la economía de nuestro país.
Decir que 1970, 1980 y 1993 es volver a caer en la trampa de la que nosotros hemos tratado de discutir en este lugar. No voy a entrar al detalle, porque no es el momento de si en la década de los ochenta, fueron los gobiernos resultado del Partido Revolucionario Institucional por sí solos o condiciones internacionales, particularmente difíciles las que provocaron un deterioro enorme, brutal en el salario de prácticamente todos los mexicanos.
La disminución del poder adquisitivo del salario de las mayorías en esa época en los ochenta, alcanza casi el 50% y efectivamente, como bien lo mencionó el señor diputado Castro, la inflación alcanzó niveles históricamente altos y durante ocho años no creció el valor de lo que produjimos los mexicanos. Y podemos buscar culpables, efectivamente y qué más fácil para un miembro de un partido diferente del que ha estado en el poder, decir: "Muy bien, a la mejor ahora lo están haciendo bien, pero antes lo hicieron mal".
Sin caer en la defensa de lo que pasó, en la explicación de lo que pasó, sólo quiero decirles que creo que llegando al fondo de las cosas, hemos de reconocer que esas cifras macroeconómicas que el propio diputado Juan de Dios Castro reconoció y que yo acepto cómo él encuentra lo blanco y lo negro con mucha claridad y con mucha valentía lo señala.
Esas cifras macroeconómicas sí se han reflejado en beneficios de las familias de los mexicanos, no de todos. No se puede estar satisfecho cuando vemos problemas como los presentados, pero también no podemos cerrar los ojos cuando el valor de la producción de este país está creciendo por quinto año en forma consecutiva; insuficiente, lo reconozco, pero contra lo que sucede en el resto del mundo, en México por quinto
año vuelve a crecer la economía y la inflación se abate. Y esa inflación es la que destruyó el salario de las clases mayoritarias de este país y se está trabajando en ese sentido; se aumentan salarios contractuales y no así el salario mínimo y se reconoce.
Y ahora se busca una fórmula que trate de ligar el principio básico que da lugar al salario mínimo, con una compensación, o como se le llame por los expertos en esto por productividad, pero garantizando algo; que si se hubiera podido garantizar hace 15 años, otra fuera la situación de todos los trabajadores mexicanos: y es que siempre crezca el salario mínimo por arriba de los niveles de inflación. Y ahora que se pide esto, es cuando hay la reacción en contra. No lo entiendo.
Pero lo que quiero decir, sin polemizar aunque lo pareciera, es que siento que dentro de los muchos problemas que tenemos y hoy escuchamos y escuché emocionado a mi compañero priísta cuando hablaba de los problemas que ciertamente tiene el campo mexicano y lo mucho que tenemos qué hacer ahí, tenemos problemas que tenemos que atacar y que debemos de seguir insistiendo. Pero yo creo que no lo vamos a lograr, sólo si vemos los problemas que quedan pendientes y no lo mucho que se está haciendo.
Respecto del TLC, respecto de los acuerdos paralelos. Estoy de acuerdo con casi todo lo que ustedes dijeron; ¡pero si no conocen los textos, cómo van a opinar de ellos! ¡Espérense a tenerlos! ¡No los tenemos en el Senado!
Ayer lo que nos fue a informar el Secretario de Comercio, es que concluyó una negociación y nos fue a dar lineamientos generales. Y esos lineamientos generales para lo único que nos sirvieron, fue para una información preliminar que hemos de completar senadores, diputados, todo el pueblo de México, con la información definitiva que se nos dará. Como se nos dio del texto del Tratado de Libre Comercio, que seguramente al diputado Cárdenas no se la proporcionó la Comisión de Comercio de la Cámara, pero yo se lo voy a hacer llegar con mucho gusto y que tienen ustedes aquí desde el día 18 de diciembre, que fue la fecha en que también lo recibió el Senado.
Entonces, yo no digo que acabemos con la discusión de los acuerdos paralelos, yo lo que digo es que para analizarlos en toda su extensión vamos a conocer el texto y vamos a pronunciarnos entonces. Así lo vamos a hacer en el Senado de la República, con responsabilidad, cuando tengamos todo el texto.
Y por mí, diputado Juan de Dios Castro, respetuosamente le digo que creo que estamos avanzando, que vamos en el sentido correcto y que es mucha la deuda que tenemos todos los mexicanos con las mayorías; la responsabilidad, la de los gobernantes, la responsabilidad, la de los legisladores. Pero lo que es un hecho es que caminamos pese a todo. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Juan de Dios Castro.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Señor Presidente; señoras y señores legisladores:
La intervención del senador Sales, como siempre, muy serena. Sin embargo, creo que amerita algunas precisiones, señor senador.
Cuando México ha confrontado problemas graves en el aspecto económico, yo siempre, yo siempre he escuchado el argumento de que no es éste el momento de buscar culpables y dio usted datos que son innegables, como dio usted datos innegables, como dio usted el ejemplo del contexto internacional en la década de los ochenta.
Pero ciertamente, con todo respeto, creo que usted fue omiso en algunos datos. Los datos son los siguientes. Yo no tengo conocimientos amplios sobre economía, pero los datos para mí son claros para explicarme algún tipo de situaciones.
Por ejemplo, el gravísimo problema que tenía el país al dedicar gran porcentaje, gran parte del producto interno bruto para pagar, por dar un dato, el servicio de la deuda. Que me imagino que aunque usted no lo mencionó, éste fue uno de los elementos que hacían difícil el crecimiento del país a lo largo de siete, ocho años en la década de los ochenta - noventa y, como lo hizo un destacado funcionario gubernamental a uno de nuestros diputados, si yo comparo el porcentaje que del producto interno bruto se dedicaba al pago de la deuda externa, por dar un dato y el que se dedica ahora en este sexenio, yo no tengo ningún inconveniente en reconocerlo, señor senador. Pero ¡momento!, la imputación que yo hice fue que usted indica que no es momento de buscar culpables y que esta acusación viene de la oposición. Bueno, no es un calificativo, señor senador, es un cargo fundado, porque he dado datos. Yo quiero darle el dato.
¿Qué motivó el dedicar un alto porcentaje del producto interno bruto para pagar el servicio de la deuda?, ¡la deuda!, y los datos son los siguientes: sexenio 1964 - 1970, deuda externa, termina Díaz Ordaz, ¡deuda externa!, un poquito más, un poquito menos, 3 mil 600 millones de dólares. Sexenio 1970 - 1976, período de Luis Echeverría Alvarez; deuda externa, de 3 mil 600 millones de dólares, señor senador, a 20 mil millones de dólares. Período 1976 - 1982, José López Portillo, Partido Revolucionario Institucional; Luis Echeverría Alvarez, Partido Revolucionario Institucional; de 20 mil millones de dólares la deuda externa se eleva a ¡80 mil millones de dólares! ¡Claro!, ¡claro!, las circunstancias del contexto, porque López Portillo le apostó a los precios del petróleo.
Y yo fui diputado en 1979, señoras y señores y yo recuerdo que un diputado del Partido Revolucionario Institucional, economista, conocedor de economía, yo me declaro con conocimientos sumamente reducidos en el campo económico, al grado de que algún muy querido para mi, diputado de entonces, muy querido, del PSUM, que ya murió, Carlos Sánchez Cárdenas, bromeando me decía: "Juan de Dios, te propongo un convenio, ustedes nos pasan línea jurídica, me pasas línea jurídica y yo te paso línea económica". señores, pero los datos son claros, de 20 mil millones a 80 mil millones de dólares la deuda externa y no doy en estas cifras la cuantía de la deuda interna, que fue elevadísima. Y claro, ¡claro!, ¡por supuesto!, el logro de este sexenio es haber abatido los niveles de deuda externa y haber abatido también las cantidades que se pagaban por servicio de la deuda, ¿pero a qué costo, señor senador?, ¿cuántas empresas paraestatales siguen existiendo en el país?
Y tenemos ahorita, de acuerdo con el presupuesto último, un superávit de 18 billones de pesos, con una carga fiscal que podía ser menor, no en beneficio de los empresarios, aunque demagógicamente pudiera establecerse: ¡ah, es que usted disminuye la carga fiscal para que disminuyan los recursos del Estado que pueden ser utilizados en el fomento de empleo! ¡No!, para crear mejores condiciones para el crecimiento del empleo, que dije en mi primera intervención, que era uno de los primeros pasos para lograr la justicia: dar empleo a todos los mexicanos.
Sí, fue emotiva mi intervención, pero di y doy cifras, di y doy argumentos, debo reconocer, debo reconocer que en mi primera intervención hablé nada más de los salarios mínimos y pudo señoras y señores legisladores, parecer que fue mi intención impresionar con 12.05 de nuevos pesos el salario mínimo y el senador, con los conocimientos que reconozco y la solidez que tiene en su preparación económica, me da un dato que yo no di, pero que no tengo ningún inconveniente en reconocer. Dice, bueno, sí, ése es el salario mínimo, pero ésos no son los salarios contractuales.
Tiene razón senador, los salarios contractuales son dos de esa cifra o cuatro o cinco, con topes, con topes y parece increíble, parece increíble, topes en las negociaciones contractuales por los mismos dirigentes sindicales, pero no me refiero a los topes, no voy a basar mi argumentación en los topes, no; mi argumentación va enfocada hacia otro aspecto. ¿Cuántos de los miles de trabajadores mexicanos disfrutan el privilegio del salario contractual?, que cuando menos, como se decía en una de las intervenciones anteriores por uno de los diputados o legisladores del PRI, en una intervención o en otro debate, se decía cuando menos garantiza dos cosas: la estabilidad en el empleo y cuando menos la seguridad en el ingreso.
Hay trabajadores, hay dirigentes sindicales respetables y siento que luchan por los derechos de la clase trabajadora y siento que a veces se encuentran en una encrucijada, la necesidad del Gobierno de atar los topes, por necesidades de interés nacional quizá, quiero pensar generosamente que ése es el motivo, para poder menos pagado, sí, pero más empleos, para dar empleos a los trabajadores de México, para que crezca la industria y al crecer la industria crezca el empleo, pero los trabajadores que tienen salarios contractuales son muy pocos de los millones de trabajadores del país. Y no voy a hablar del trabajador subempleado que limpia coches, que recibe propinas en las gasolineras, que trabaja una hora y ya con ese dato es considerado como empleo. No, señores, millones de trabajadores que ni siquiera ganan el salario mínimo ni siquiera los 12.05 y que no trabajan los seis días de la semana.
Al margen del aspecto político, los datos estadísticos desde el sexenio de Díaz Ordaz se decía que la estabilidad económica favorece la estabilidad política; la estabilidad económica y la estabilidad monetarial, cuando se rompe la estabilidad económica, cuando se rompe la estabilidad monetaria, se crean situaciones de inestabilidad política que podrán controlar, suavizar, no controlar, suavizar, con el Pronasol, con ayudas económicas inyectadas por el Presidente de la República, pero que no resuelven el problema de raíz.
Los datos que dio el señor senador yo los acepto a nivel macroeconómico, señor senador, control de la inflación, reducción de la deuda externa, reducción del servicio de la deuda externa, la estabilidad en el tipo de cambio del dólar y el peso mexicano.
Y podrá decirme, senador, que eso indirectamente favorece también a los trabajadores, porque van poco a poco creando las condiciones para que crezca el empleo y yo lo acepto, pero ésa es la economía del mini - shock.
La economía que permitió que en la época del dictador Pinochet, con el ejército atrás se pudiera mejorar la situación caótica de la economía chilena y que ahora no tan aguda como ese plan de mini - shock, el trabajador mexicano sabe que el dinero no le alcanza y no sólo el trabajador, no solamente hay desempleo, hay recesión económica, aunque se diga lo contrario. Llámenle un período de desaceleración, pero es recesión económica.
Y los que no sabemos de economía, los que no sabemos y podrán con justicia decirme cómo habla de lo que no sabe, pero no dejamos, yo hablo de los efectos que veo, el comercio no vende, la industria no fabrica, el desempleo no disminuye porque la industria no contrata; al no contratar el trabajador está desempleado, no hay poder adquisitivo, no compra y se cierra el círculo.
¿Cuánto tiempo podemos aguantar de recesión económica, cuántos meses más sin que se cree la inestabilidad política? Y la inestabilidad política, señoras y señores legisladores, la inestabilidad política no nos agrada a la oposición responsable, porque la historia demuestra, la historia demuestra que aunque la violencia es la gran partera de la historia, como dijo alguien y, que provoca los grandes cambios, la historia demuestra que mientras se da el parto y el alumbramiento, el nacimiento y el desarrollo del producto primero y del niño después, el pueblo sufre, y sufre en su salud, en su vida, en su trabajo, en sus condiciones económicas, yo no quiero inestabilidad, por mucho que discrepe del sistema y por mucho que discrepe del Gobierno.
Ultima precisión, dos últimas precisiones, respecto a la intervención del señor senador.
No conocemos los textos y dice tienen razón de quejarse de eso. Bueno, la Cámara no tiene facultades para conocer de los tratados, por mucho que haya una iniciativa en esos términos, pero caray, a mí como diputado federal, aunque constitucionalmente la Cámara no tenga esas facultades, cómo me agradaría que ya desde hace un año o dos años, cada avance, cada avance concluido se diera al Senado y se diera también a los diputados, cuando menos que tuvieran acceso a esa información.
Yo no quiero conocer, por una razón obvia, porque no me permite comprobar ni constatar, por el dicho del señor Secretario, por el folleto que dice lo que el Secretario dijo, y luego aquí o en la Cámara de Diputados, por lo que dicen que dijo el Secretario en el Senado.
No, yo quiero información, porque eso norma los criterios y la responsabilidad de decisión de los diputados de la nación respecto del panorama general del país.
Por mí, dice el senador Sales, estamos avanzando. Ahí hay falso debate, senador, yo lo dije. En 1910 el 64% de analfabetismo contra el 12 de ahora o el 16, depende de si tomamos en cuenta el analfabetismo funcional, es un avance. Las posibilidades de acceso a la educación son superiores, pero ratifico mi reclamo no podemos disvincular este sexenio y ¿qué va a hacer el que viene? Ya no va a haber paraestatales qué vender para tener recursos, ¿qué va a hacer el siguiente, qué va a hacer? Se están creando bases y a la mejor ésa era la solución, pero pudo haberlo hecho otro Gobierno también. Esa es mi crítica. Yo no estoy por la privatización absoluta ni por la estatización absoluta, ése es un error. Yo no siento que pueda, a priori, rechazarse lo uno y lo otro y en la doctrina de Acción Nacional estimamos sobre todo las exigencias y las necesidades del bien común.
Hay áreas que para mi no deben privatizarse, no importa que arrojen pérdidas, no importa la ineficiencia del manejo del Estado mientras el Estado haga esfuerzos para reducirlas, porque se satisfacen requerimientos de índole social que cuando la maneja la empresa privada, no tienen más motivación que el lucro y la utilidad, pero tampoco la estatización absoluta, ni el socialismo ni el capitalismo liberal, nosotros le llamamos, aunque ahora la palabra está muy de moda, le llamamos hace décadas solidarismo, solidarismo, ese equilibrio entre los derechos de la persona y de la sociedad.
Sólo las piedras no cambian. Sí estamos avanzando, avanzando, pero sin esos viejos vicios, el gravísimo error de endeudar e hipotecar las generaciones futuras de México, quebrantando el espíritu de la reforma a la fracción VIII del 73 de la Constitución, cuando Avila Camacho
mandó la iniciativa al Congreso para no hipotecar las generaciones futuras, eso es responsabilidad que aún no se ha pagado. Gracias, señores.
El Presidente:
El diputado Eloy Vázquez tiene la palabra para este asunto.
El diputado Eloy Vázquez López:
Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
Quiero responder al señalamiento que hizo el senador Sales y quiero decirle que si él se puso el saco de vocero del señor Serra Puche y con ese carácter vino, no sólo se convirtió en su vocero, sino que también en su intérprete.
La prensa, que ha seguido de manera destacada todo este asunto y este debate, constata hoy con entera precisión lo que el senador trata de desmentir.
Como nosotros no nos atenemos ni a guiños ni a gestos, sino al sentido literal de las palabras, la verdad es que el señor Serra Puche estaba muy molesto y descargó su ira, su frustración, contra los mexicanos que no estamos de acuerdo en las negociaciones del TLC, cuando el senador Robles Garnica le hizo una pregunta y fue señaladamente respondiéndole a él que dijo aquello de que las negociaciones las habían hecho mexicanos de primera, lo dice El Financiero, lo dice La Jornada y lo dice La Afición.
Sería muy bueno que el senador Sales mandara una nota aclaratoria a estos periódicos, para que les dijera a sus reporteros que oyeran bien o leyeran bien.
Voy a leer, tal como está escrito en La Jornada, dice: "Ha habido un proceso de consulta que ha requerido de un gran esfuerzo del Gobierno mexicano y de los mexicanos (coma) de primera (coma) que han participado en este proceso..." (puntos suspensivos). Que quede muy claro, senador.
Yo creo que aunque el señor Serra sea como lo es, alguien que tiene un vínculo peninsular, su sintaxis no puede ser muy distinta de la nuestra y la sintaxis de este párrafo está poniendo el adjetivo junto a mexicanos la coma que establece, no puede calificar el esfuerzo, porque en todo caso tendría que haber ido antes o después del sustantivo, de otra manera el señor Serra flaco favor le haría a la sintaxis que utiliza, porque a lo mejor es la misma sintaxis con la que está resolviendo acuerdos internacionales que tendrán efecto sobre gran cantidad de mexicanos y, si hay un desconocimiento del uso del lenguaje, entonces estamos ante un problema político mayor.
Pero quisiera yo llamar la atención en relación a quiénes son los mexicanos de primera. Ya el señor Legorreta, en alguna ocasión dijo que había 300 mexicanos que eran precisamente los señores de negocios que eran los mexicanos de primera, o lo que pudiéramos plantear el sinónimo de esos mexicanos que importaban porque eran los que decidían y después el señor Serra, cuando compareció ante esta Legislatura, nos comentó cómo estaba integrado el grupo aquél que se denominó de los del Cuarto de Junto, que son precisamente a los que consultó.
El Consejo Asesor de la Secofi estuvo integrado por cinco miembros de la propia Secretaría, tres miembros del llamado sector laboral; el sector agrícola fue representado también por tres miembros, los empresarios en cambio tuvieron nueve representantes, mientras que los académicos fueron incluidos en número de cinco. Dicha Comisión se reunió 24 veces durante el período de negociación del Tratado de Libre Comercio, según los datos proporcionados por el propio Serra Puche.
Los empresarios tuvieron entonces tres representantes más que el conjunto de los sectores llamados obrero y campesino respectivamente. Estos sectores participaron simplemente como una simulación, habida cuenta de que se trata simplemente de una formalidad y el Titular del Ejecutivo desde luego, solamente consideró importantes las opiniones de los propietarios del dinero.
Estas observaciones que he mencionado, están contenidas en una solicitud, en una propuesta de iniciativa que el PRD ha hecho ya, para que se realicen la ratificación de este tratado y de todas aquellas disposiciones que tengan qué ver o que tengan trascendencia con la vida nacional, se realicen a través de un referendum que consulte a la ciudadanía, que sería el mecanismo adecuado que avalaríamos todos los mexicanos para un tratado y unos acuerdos de esta trascendencia.
La propia iniciativa continúa diciendo que existió un segundo órgano, la Coordinadora de Organismos Empresariales de Comercio Exterior, integrado por alrededor de 110 miembros provenientes de la élite de los negocios.
Esta coordinadora acompañó constantemente a los negociadores a sus reuniones con norteamericanos y canadieneses, por lo que fue significativamente sobrenombrada "Grupo del Cuarto de al Lado", con el que la Secofi celebró más de 2 mil 600 reuniones.
Este violento contraste indica que existió un solo segmento de la sociedad mexicana realmente representado en la negociación, convenientemente informado y escuchado con la frecuencia y la voluntad política reservadas a un verdadero interlocutor. Las voces del resto de mexicanos no fueron oídas y ni siquiera fueron convocadas. Como a todos les consta, los diputados solicitamos, del PRD, siempre que la Cámara de Diputados tuviera una mayor intervención y esto fue negado, escondiéndose detrás de un artificio legal que pone a la Constitución como valladar de la información.
Yo creo que a esos mexicanos se estaba refiriendo el señor Serra. No me va a hacer cambiar el criterio el senador Sales y, en todo caso, que venga, aceptamos, lo apoyamos, lo ha planteado el PARM, que venga Serra Puche y en todo caso que discuta con los diputados y que explique el contenido, quizá no de esta expresión, sino, lo más grave, el contenido de lo que ha negociado porque hasta el momento el senador Sales, que interpreta muy bien al señor Serra, fue incapaz de decirnos aquí ¿qué es lo que realmente contienen los acuerdos paralelos? y si él tiene esos documentos en su poder, desde luego que haría mal en no explicarle a la Comisión Permanente cuál es el contenido, porque realmente hasta el momento la Secofi no lo ha aclarado, y tal vez no lo haga porque todavía se trata de un esqueleto, con una gran cantidad de corchetes y puntos por acordar, tal como aquí lo dijimos.
Eso es lo que no ha podido desmentir el senador Sales, independientemente de la forma como nosotros lo presentamos en esta tribuna.
Tampoco podrá desmentir, el senador Sales, los datos del INEGI, por ejemplo, que plantean la pérdida que ha tenido el salario en estos cuatro años de administración salinista de un 20%, ni se puede ocultar que el salario ha perdido de 1983 a 1992, 57.25%, y sin embargo, en los momentos de mayor inflación, el salario fue el terreno en donde los señores de las grandes empresas recuperaron sus ganancias.
Vamos a seguir discutiendo durante un largo período, a pesar de la arrogancia del senador, vamos a seguir discutiendo todos estos aspectos económicos, porque nosotros no venimos aquí a convencer a quienes tienen ya definida una postura, sino a sensibilizar a quienes puedan modificarla.
En este mismo período de 1993, por ejemplo, los señores empresarios tomarán 140 mil millones de nuevos pesos, en relación con años anteriores, que se descontarán de los ingresos de los trabajadores.
Y es que en los últimos 11 años, la participación de los trabajadores en el ingreso nacional ha disminuido de 38% a 24%. Eso es precisamente el gran debate.
Si nosotros indexamos a lo que se pretende establecer como productividad, el incrementos de salarios, simplemente, lo dije hace unos minutos, estamos engañando a los trabajadores.
Tenemos, en todo caso, que indexarlos directamente a las ganancias que obtienen...
La diputada Laura Alicia Garza Galindo (desde su curul):
Señor Presidente, quisiera que preguntara al orador si acepta una interpelación.
El Presidente:
¿La permite el orador?
El diputado Eloy Vázquez López:
Con todo gusto.
El Presidente:
Tiene la palabra, diputada Garza Galindo.
La diputada Laura Alicia Garza Galindo (desde su curul):
Señor diputado, ¿podría definir lo que es productividad y lo que es indexación?
El diputado Eloy Vázquez López:
Bueno, la primera, se ha planteado, aquí ya lo rebatió la diputada Cecilia Soto, que el Presidente
de la República dijo que se tomara como base para definir el incremento salarial, la productividad.
Justamente me refiero, al plantear la indexación, a que pudiera considerarse un índice de productividad y que en ese mismo índice se incrementaran los salarios.
Si la diputada tiene otro concepto, tiene todo el derecho de pedir la palabra y venir a corregir.
En segundo lugar, para mí indexar significa inscribir en el mismo índice, o por lo menos esto es lo que conocemos, en la medida que se incrementa algo, se incrementa la variable dependiente.
En cuanto a productividad, eso es precisamente lo que he venido aquí a preguntarles: ¿cuál es el concepto de productividad sobre la que van a basarse estos incrementos salariales, porque no hay en este momento todavía, por parte del Gobierno y de sus voceros, una propuesta ni una fórmula matemática, que nos diga qué es lo que conciben ustedes por productividad?
Y si productividad, lo dije también, significa, lo que significa para la teoría neoclásica, entonces estamos ante un dogma ideológico y tendremos que debatir.
Para nosotros, en todo caso, lo importante es cómo se distribuye el ingreso nacional y qué participación tienen ahí los salarios de los trabajadores.
El proceso de crecimiento que ha tenido la economía mexicana en los últimos años, ha tenido como resultado la simple disminución de los ingresos de los trabajadores, porque gran parte de ese incremento está siendo financiado con los recursos que a los mismos trabajadores se les quitan.
Y ese ha sido nuestro planteamiento en todos los foros en que hemos participado.
Por lo tanto, nosotros consideramos que si a partir de esos acuerdos paralelos y a partir del momento en el que el Gobierno de los Estados Unidos planteó ya que en México debieran incrementarse los salarios y como respuesta el señor Presidente de la República, que tan atento está a las iniciativas del señor Bush, hoy plantea la posibilidad de que se incrementen los salarios en México.
A partir de esa posibilidad nosotros demandamos que el incremento salarial no sea en función de planteamientos abstractos, como el punto éste o el índice de productividad, cualquier cosa que esto signifique, sino que se base justamente en la depreciación que ha tenido la fuerza de trabajo en estos años en nuestro país, por que finalmente, como ya lo dijo el diputado Juan de Dios Castro, el salario no puede estar constitucionalmente en función sino de las necesidades básicas de una familia, las necesidades, tal y como ya lo expresó aquí de una manera gráfica un diputado de un partido opositor, con quien me place coincidir en todos los puntos que planteó, porque justamente lo que podemos observar con gran nitidez es como, mientras las fuerzas opositoras congruentes con un análisis de la sociedad mexicana y con un concepto de justicia nos vamos manteniendo en una posición congruente y quienes representan al sector oficial van virando su posición y cada vez encuentran más allegados a las posiciones de quienes son los propietarios de los más grandes capitales y se van alejando de los conceptos de justicia social y se van acercando más a los dogmas, mejor dicho, van aplicando con mayor rigor los dogmas del neoliberalismo. Gracias.
El Presidente:
El senador Carlos Sales tiene la palabra... Declinando el senador Sales el uso de la palabra, vamos a proceder a darle curso a la propuesta presentada por la diputada Cecilia Soto.
De acuerdo con la fracción II del artículo 58 del Reglamento, se abre el registro de oradores...
Tiene la palabra el senador Angel Sergio Guerrero Mier.
El senador Angel Sergio Guerrero Mier:
Señor Presidente; señoras y señores legisladores. He pedido utilizar la tribuna para hacer referencia a la propuesta presentada por la diputada Cecilia Soto en relación, según entendí, con una prórroga del período de sesiones ordinarias y una comparecencia del Secretario de Comercio.
Yo quiero tan sólo recordar a la Asamblea, que las circunstancias y facultades de las Cámaras del Congreso de la Unión en materia de comparecencias, están muy definidas en el segundo párrafo del artículo 93 de la Constitución General de la República, pero que además hay algo que no quisimos mencionar desde el inicio de este debate, en aras precisamente de la libertad de expresión que con tanta frecuencia se ha mencionado
y que además ha sido materia de un gran respeto y de una gran permanencia y constancia en los trabajos de esta Comisión Permanente, acorde a esa libertad y a ese respeto que el señor Presidente de la Comisión Permanente siempre ha impreso a nuestros debates.
Pero tenemos que recordar que precisamente analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal, con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del despacho correspondiente rindan al Congreso, son facultades exclusivas del Senado y que colateralmente con ello, el segundo párrafo del invocado artículo 93 constitucional señale que cualquiera de las cámaras, las cámaras, no la Comisión Permanente, podrá citar a los secretarios de Estado y a los jefes de los departamentos administrativos, así como a los demás funcionarios de empresas que se señalan, para que informen cuando se discuta una Ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades. Es lo que ha hecho precisamente la Comisión de Comercio y otras comisiones unidas en la Cámara de Senadores cuando se ha citado a comparecer al señor Secretario de Comercio y Fomento Industrial.
Pero además de ello, pues debemos de recordar la existencia de facultades reglamentarias que se contienen precisamente en nuestro reglamento interno, la facultad también de las comisiones dictaminadoras o de las comisiones de análisis y de estudio y dictamen legislativo, de poder celebrar conferencias con funcionarios para ilustrarlos en el conocimiento de los asuntos que en un momento dado estén a consideración de una Comisión.
Hay facultades desde luego de las cámaras para citar a los funcionarios, hay facultad de las comisiones para tener también esas conferencias; hay una facultad clara y perfectamente ubicada en la Constitución en cuanto a la facultad de la Cámara de Senadores que será precisamente, mientras no haya otra reforma constitucional ciertamente, quien analizará, estudiará y en su caso, aprobará y así estimar lo conveniente, el Tratado de Libre Comercio celebrado entre México, Estados Unidos y Canadá.
De tal manera que no hay razón, ni por un lado para plantear la prolongación de un período extraordinario que ya fue materia de una convocatoria y una convocatoria que señala claramente cuáles son los asuntos que se conocerán en el período extraordinario y que también por derivación de lo que dice nuestro propio reglamento, no puede tratarse ningún otro asunto que no sea de los expresamente señalados en la convocatoria que ya fue expedida.
De tal manera que yo estimo que estando perfectamente aclarada la facultad de cada una de las cámaras, la facultad inclusive de las comisiones, son cuestiones que se deben de plantear precisamente en el seno de las propias cámaras o de aquellas comisiones que juzgue en un momento necesaria la comparecencia un funcionario del Gobierno Federal.
El Presidente:
Tiene la palabra la diputada Cecilia Soto.
La diputada Cecilia Soto González:
Con su permiso, señor Presidente:
Viendo que hay objeciones a esta propuesta, yo quisiera hacer una modificación a esta propuesta en la forma en que la hice. La retiro de esta manera y la propongo para que se envíe como una excitativa a la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados, a fin de que invite al ciudadano Serra Puche a que nos presente un informe más detallado sobre los acuerdos paralelos. Hay precedentes ya en la Cámara de Diputados que indican que durante periodos de receso, comisiones han citado a funcionarios a que comparezcan. Entonces modifico mi propuesta, señor Presidente.
El Presidente:
Para que decida respecto de la competencia del caso, se turna a la Comisión de Comercio para los efectos que pudieran proceder.
SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Eloy Vázquez, para hablar sobre el libro de texto gratuito.
El diputado Eloy Vázquez López:
Muchas gracias, señor Presidente.
Tenía yo formulado un discurso en atención al tiempo de que disponemos. Solamente voy a destacar
los elementos principales que contiene esta petición.
El año pasado la Secretaría de Educación Pública, fue motivo de un amplio debate al presentar nuevas versiones de los libros, sobre todo en el terreno de la historia de México.
Como resultado de las protestas de señalamientos de distintos sectores, se convocó a un concurso para establecer la nueva literatura sobre la que habría de fundarse la educación básica.
El concurso desde luego estuvo signado por los elementos de escándalo que todos pudimos constatar en la prensa y que entre las condiciones impuestas a los concursantes, había dos particularmente nocivas para el desarrollo de un esfuerzo intelectual serio: primero, el plazo verdaderamente insuficiente de entrega de los proyectos en tres meses y una salvedad que reservó la SEP para si misma mediante la cual puede discrecionalmente publicar o no, los libros que su propio jurado declarara ganadores.
Ha decidido y así lo ha dado a conocer el subsecretario Olaf Fuentes Molinar, no publicar los libros de historia de México de cuarto, quinto y sexto grados. Hasta el momento sólo ha dado la noticia, pero no ha explicado las razones.
Desde luego, que estas razones tienen qué ver con aspectos ideológicos y se resumen en una frase que hoy publica la prensa y que ayer dijo Olaf Fuentes, que no se lleve a los niños los debates de los adultos.
Hubiera sido muy propicio que el señor subsecretario revisara los propios textos que él publicó hace 10 años y que sostenía en su contenido por lo menos hasta la última ocasión en que pudimos conversar. Justamente Olaf Fuentes, quien fuera en otro momento responsable de la política educativa del Partido Socialista Unificado de México, sostenía, ante quienes lo admirábamos, que debiera precisamente estimularse en el educando, desde los niveles básicos, una visión crítica y planteaba justamente que a los niños no los podemos engañar; la visión de que los niños deben mantenerse en el limbo en cuanto a los problemas nacionales, la adquirió recientemente el señor subsecretario de Educación Básica y debiera, por respeto a su pasado, explicarle el motivo de esos cambios a quienes han seguido la veta teórica que él forjó.
Lo mismo que como responsable de este nivel de educación, debiera explicar a satisfacción, las razones por las cuales estos libros no se publican. En tal virtud el Partido de la Revolución Democrática somete a su consideración el siguiente proyecto de punto de acuerdo, dirigido, en términos del artículo 61 del Reglamento, a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados:
«Honorables miembros de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados:
El pasado martes 17 de agosto compareció ante esta Comisión el Subsecretario de Educación Básica y Normal Olaf Fuentes Molinar. Durante dicha comparecencia le fueron hechas diversas preguntas acerca de los criterios empleados por la subsecretaría a su cargo, para impugnar y someter a un segundo dictamen los proyectos de libros de texto ganadores del concurso convocado por la misma Secretaría, correspondientes a la asignatura de español, para el primer grado y, de historia de México, para cuarto, quinto y sexto grados.
Fue público también el hecho de que el subsecretario formuló a los autores diversas recomendaciones de cambios a los textos, especialmente a los de historia de México, en temas sustantivos de la asignatura.
El funcionario aludido no despejó las dudas al respecto. El rechazo a los cuatro textos fue difundido apenas ayer. Pero la importancia intrínseca del tema que de suyo compromete la atención de esta Comisión y considerando además que las respuestas del subsecretario Olaf Fuentes ilustrarían sin duda el despacho de los negocios de esta Comisión, especialmente los referentes al dictamen pendiente de las iniciativas de reformas al régimen jurídico de las actividades educativas del Estado presentadas por diversos partidos políticos, entre ellos el PRD, los abajo suscritos diputados federales con base en el artículo 89 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a su consideración el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se solicita al Secretario de Educación Pública, licenciado Ernesto Zedillo Ponce de León, se sirva instruir al Subsecretario de Educación Básica y Normal: Olaf Fuentes Molinar, a fin de que informe por escrito y pormenorizadamente, acerca de los criterios empleados para rechazar cuatro de los proyectos de libros de texto gratuitos ganadores del concurso convocado por la Secretaría a su cargo; proyectos correspondientes a las asignaturas de español,
para el primer grado e historia de México para cuarto, quinto y sexto grados."
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 18 de agosto de 1993.- Firmando por el Partido de la Revolución Democrática, el diputado Eloy Vázquez López; diputado Cristóbal Arias; diputado Jesús Martín del Campo; diputado Elpidio Tovar de la Cruz, y diputado Jorge Calderón.» Gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Amado Treviño.
El diputado Amado F. Treviño Abatte:
Señor Presidente; señores legisladores:
Yo también tenía preparado un discurso para este tema, pero en respeto a la prolongada y cansada sesión que hemos tenido el día de hoy, simplemente quisiera puntualizar alguna de las afirmaciones que fueron hechas aquí por el señor diputado que me antecedió en el uso de la palabra.
El hablaba de que en la convocatoria hecha por la Secretaría de Educación Pública para la renovación de los libros de texto, hubo elementos de escándalo, de cláusulas que iban en contra de los intereses de los que participaron con propuestas.
Yo quiero decir en este punto que ninguno de los participantes, que fueron más de 300, que en lo individual o en grupos participaron, se quejó de las estipulaciones que venían en estas convocatorias, y así se pudo lograr una participación muy numerosa y resultados en libros de texto que ya están siendo distribuidos, de otras asignaturas, en el país.
Por lo que respecta a la decisión de no imprimirse y no adoptarse como libros de texto los referentes al cuarto, quinto y sexto grados de historia, no obedece de ninguna forma a cuestiones ideológicas.
El día de ayer la Secretaría de Educación Pública emitió un comunicado, sentimos nosotros muy claro por lo que respecta al porqué no se imprimirían estos libros y adoptarse como libros de texto.
En el transcurso del proceso para la designación de los libros ganadores y una vez que se establecieron, los jurados, de acuerdo a la misma convocatoria, hicieron observaciones y recomendaciones a los autores para mejorar y salvar algunas deficiencias que se encontraron.
Y quiero también aclarar que en la constitución de estos jurados hubo propuestas, se integraron a base de propuestas de instituciones muy reconocidas en todo el país, tanto en historia como en educación. Estos jurados hicieron las observaciones. A juicio de estos mismos jurados posteriormente, ya una vez que se hicieron o que debieron haberse hecho las modificaciones, a juicio de estos jurados esas modificaciones no se hicieron con la cabalidad que se requería para que estas obras fueran adoptadas como libros de texto.
Por esa razón, con base en esas opiniones, la Secretaría de Educación Pública consideró que no eran susceptibles de ser adoptados como libros de texto.
No obstante esto, yo quiero respetuosamente pedirle a esta Presidencia que el punto de acuerdo solicitado por el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, sea turnado a la Comisión de Educación para que ahí se le dé el curso que se está solicitando.
Y también quisiera subrayar que todas las informaciones que han solicitado los diputados de la Cámara de Diputados en esta Comisión, todas han sido puntualmente proporcionadas en su oportunidad por la Secretaría de Educación Pública. Muchas gracias.
El Presidente:
Se turna a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.
ESTADO DE OAXACA
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Eloy Vázquez, para hacer una denuncia respecto a una agresión en el periódico Regeneración en Oaxaca, Oaxaca.
El diputado Eloy Vázquez López (desde su curul):
Señor Presidente:
En alusión respecto del documento, quisiera pedir solamente que la Secretaría le diera lectura a la solicitud que en él se hace.
La secretaria senadora Idolina Moguel Contreras:
"Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 18 de agosto de 1993.
Ciudadanas y ciudadanos legisladores:
En virtud de lo expuesto y con fundamento en el artículo 61 del Reglamento solicito a esta Comisión turne el presente documento a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados.
Diputado Eloy Vázquez López."
A continuación voy a dar lectura al documento:
"Oaxaca, Oaxaca, 18 de agosto de 1993.
Señor licenciado Diódoro Carrasco Altamirano, Palacio de Gobierno, Presente.
El día de ayer, 17 de agosto, como debe ser de su conocimiento, las oficinas del semanario Regeneración, del cual soy fundador y director, fueron allanadas por cuatro sujetos desconocidos que en forma violenta derribaron la puerta de acceso, rompieron los cristales y se introdujeron con la evidente intención de atentar contra mi persona, como es y se desprende la versión que de los hechos da la única persona que se encontraba en el inmueble. Lo anterior constituye un hecho delictivo que tiene significación política por la actividad que desarrollo desde la campaña en la que fuimos adversarios y por mi posición crítica de su Gobierno, al que he denunciado permanentemente por su autoritarismo, prepotencia y corrupción.
En Oaxaca se está configurando un estado de ingobernabilidad, la sociedad está a merced de la violencia, el abuso y la vejación, que en muchas ocasiones proviene del mismo Gobierno. Por ello, es fundamental que usted garantice plenamente la vigencia del estado de derecho, de la libertad de expresión y de todas las garantías que constitucionalmente nos corresponden como ciudadanos.
Exijo el esclarecimiento de los hechos denunciados y lo responsabilizo a usted de lo que pueda ocurrir no sólo a mi persona y a mi familia, sino al pueblo de Oaxaca.
Atentamente, licenciado Raúl Castellanos Hernández, ex candidato del Partido de la Revolución Democrática. El Gobierno del Estado así dice: coordinador de la precampaña para la Presidencia de la República de Cuauhtémoc Cárdenas, en Oaxaca; consejero nacional del PRD y director del semanario Regeneración."
El señor diputado solicita que se turne a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados.
El Presidente:
Se turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados.
ORDEN DEL DÍA
La secretaria senadora Idolina Moguel Contreras: Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.
Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Comisión Permanente.- Segundo Receso.- Segundo Año - LV Legislatura.
Orden del día
25 de agosto de 1993.
Lectura al acta de la sesión anterior.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Morelos y Querétaro.
Dictamen de primera lectura
De la Primera Comisión, relativo a la solicitud de permiso del ciudadano licenciado Ignacio Durán Loera, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Artes y las Letras, en grado de Oficial, que le confiere el Gobierno de la República francesa.
Dictámenes a discusión
Diez, de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados a los ciudadanos Amado Onésimo Flores Morales, Alberto Martínez Herrera, Eduardo Bahena Pineda, Héctor Andrés Alvizo Hernández, José Ricardo Cárdenas Ortiz, Alejandro Leopoldo Parra Estrada, Gilberto Vázquez Cruz, José Luis Carrillo Cabral, José Armando Gumersindo Candia Guevara y José Jorge Sosa Hernández.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos Andrés Raúl Prado Pelayo, Alberto Cortés Arellano
y Guadalupe Medel Guadarrama, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
El Presidente (a las 18.20 horas):
Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo miércoles 25 de agosto a las 11.00 de la mañana.
NOTAS
Siglas y abreviaturas incluidas en esta edición:
CCI Central Campesina Independiente
CNC Confederación Nacional Campesina
D.F. Distrito Federal
INEGI Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
ONU Organización de las Naciones Unidas
PAN Partido Acción Nacional
PARM Partido Auténtico de la Revolución Democrática
PRD Partido de la Revolución Democrática
PRI Partido Revolucionario Institucional
Pronasol Programa Nacional de Solidaridad
PSUM Partido Socialista Unificado de México
Secofi Secretaría de Comercio y Fomento Industrial
SEP Secretaría de Educación Pública
TLC Tratado de Libre Comercio
UGOCM Unión General de Obreros y Campesinos de México