Legislatura LV - Año II - Período Comisión Permanente - Fecha 19931020 - Número de Diario 16

(L55A2PcpN016F19931020.xml)Núm. Diario: 16

ENCABEZADO

LV LEGISLATURA

PODER LEGISLATIVO FEDERAL DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE

Senador Emilio M. González Parra

PALACIO LEGISLATIVO

DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES

Héctor de Antuñano y Lora

AÑO II México, D. F., miércoles 20 de octubre de 1993 No. 16

SUMARIO

SUMARIO

ASISTENCIA

ORDEN DEL DÍA

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL

Invita al acto cívico conmemorativo del CLXXIX Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de Apatzingán. Se designa comisión.

Invita al acto cívico conmemorativo del CXX Aniversario del natalicio de Francisco I. Madero. Se designa comisión.

ESTADO DE OAXACA

El Congreso de esa entidad, invita a la sesión solemne en la que el Gobernador del Estado rendirá su primer informe de gobierno. Se designa comisión.

ESTADO DE AGUASCALIENTES

Comunicación del Congreso de esa entidad de actividades propias de su legislatura. De enterado.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comunicación del Congreso de esa entidad de actividades propias de su legislatura. De enterado.

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Comunicación del Congreso de esa entidad de actividades propias de su legislatura. De enterado.

ESTADO DE OAXACA (II)

Comunicación del Congreso de esa entidad de actividades propias de su legislatura. De enterado.

ESTADO DE QUINTANA ROO

Comunicación del Congreso de esa entidad de actividades propias de su legislatura. De enterado.

ESTADO DE TAMAULIPAS

Comunicación del Congreso de esa entidad de actividades propias de su legislatura. De enterado.

CÁMARA DE SENADORES

Oficio con el que remite las aprobaciones de los congresos de los estados respecto de las reformas a los artículos 31, 44, 73, 74, 79, 89, 104, 105, 107, 122; la denominación del Título Quinto; las adiciones de una fracción IX al artículo 76 y un primer párrafo al 119 y se deroga la fracción XVII del artículo 89, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Primera Comisión con la solicitud de que presente dictamen en esta misma sesión.

REPÚBLICA DE CUBA

Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto, por el que se concede el permiso constitucional necesario, para que el ciudadano Eduardo Bache Lorenzo, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de ese país. Se dispensa la segunda lectura.

ESTADO DEL VATICANO

Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario, para que el ciudadano Javier Ramón Brito Moncada, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de ese Estado. Se dispensa la segunda lectura.

REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se conde el permiso constitucional necesario, para que el ciudadano Arturo Wenzel Villalobos, pueda aceptar y desempeñar el puesto de Cónsul Honorario de ese país en el Estado de Veracruz. Se dispensa la segunda lectura.

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario, para que la ciudadana Lorena Rocío Fernández Lemus, pueda prestar sus servicios en el Consulado General de ese país en Ciudad Juárez, Chihuahua. Se dispensa la segunda lectura.

EMBAJADA BRITÁNICA EN MÉXICO

Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se conceden los permisos constitucionales necesarios, para que las ciudadanas Mónica Gabriela Martínez Gay y María de Lourdes Cervantes Contreras, puedan prestar sus servicios en esa legación. Se dispensa la segunda lectura.

EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN MÉXICO

Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se conceden los permisos constitucionales necesarios, para que los ciudadanos María Pía Iraida Cortés y Germán Raphael Koby, puedan prestar sus servicios en esa legación. Se dispensa la segunda lectura.

Se turnan al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Certificación de la Primera Comisión, respecto de las aprobaciones de las legislaturas de los estados con las que se dio cuenta en esta misma sesión. Declaratoria. Se turna al Poder Ejecutivo Federal para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación.

NUEVA ZELANDIA

Dictamen de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano José Nemorio Caballero Bazán, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el gobierno de ese país. En votación económica se aprueba. Se turna al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.

Comisión y protesta.

REPÚBLICA DEL PERÚ

Dictamen de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Manuel Martínez del Sobral y Penichet, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el gobierno de ese país. Se aprueba en

votación económica. Se turna al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.

Comisión y protesta.

ESTADO DE NUEVO LEÓN

Para expresar sus opiniones sobre los trabajadores del ISSSTE en esa entidad, usan la palabra los legisladores:

Eloí Vázquez López

José Rodolfo Treviño Salinas

Eloí Vázquez López

José Rodolfo Treviño Salinas

MEMORIAL DE PARTICULARES

Sobre la presentación de Madonna en México, hablan los legisladores:

Francisco Fernando Lerdo de Tejada Luna

Cristobal Arias Solís

Francisco Fernando Lerdo de Tejada Luna

Cristobal Arias Solís

Juan de Dios Castro Lozano

Francisco Fernando Lerdo de Tejada Luna

ESTADO DE NAYARIT

Debaten sobre la situación poselectoral en esa entidad, los legisladores:

Eloí Vázquez López

Salvador Sánchez Vázquez

Eloí Vázquez López

Salvador Sánchez Vázquez

MEMORIAL DE PARTICULARES (II)

Reclusos del Cereso de Tampico, Tamaulipas, denuncian hechos. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

ORDEN DEL DÍA

De la próxima sesión. Se levanta la sesión.

DEBATE

Presidencia del senador

Emilio Manuel González Parra

ASISTENCIA

El Presidente:

Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.

La secretaria diputada Luisa Urrecha Beltrán:

Se va a proceder a pasar lista de asistencia de los miembros de la Comisión Permanente:

¿Falta algún legislador de pasar lista de asistencia?

Hay una asistencia de 27 representantes. Hay quórum, señor Presidente.

APERTURA

El Presidente (a las 12.10 horas):

Se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

La secretaria diputada Luisa Urrecha Beltrán:

Se va a dar lectura al orden del día.

«Comisión Permanente. Segundo Receso. Segundo año. LV Legislatura.

Orden del día

20 de octubre de 1993.

Lectura al acta de la sesión anterior.

El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del CLXXIX Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de Apatzingán, tendrá lugar el 22 de octubre a las 11.00 horas.

El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del CXX Aniversario del natalicio de don Francisco I. Madero González, tendrá lugar el 30 de octubre a las 10.30 horas.

El Congreso del Estado de Oaxaca, invita a la sesión solemne en la que el licenciado Diódoro Carrasco Altamirano, gobernador constitucional del Estado, rendirá el primer informe de gobierno, la que tendrá lugar el 30 de octubre.

Comunicaciones de los congresos de los estados de Aguascalientes, Baja California, San Luis Potosí, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.

Oficio de la honorable Cámara de Senadores

Con el que se remiten las aprobaciones de las legislaturas de los estados respecto a las reformas a los artículos 31, 44, 73, 74, 79, 89, 104, 105, 107, 122 así como la denominación del Título Quinto, adición de una fracción IX al artículo y un primer párrafo al 119 y se deroga la fracción XVII del artículo 89, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dictámenes de primera lectura

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano, Eduardo Bache Lorenzo, para aceptar y usar la condecoración "Fraternidad Combativa", que le confiere el Gobierno de Cuba.

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Javier Ramón Brito Moncada, para aceptar y usar la condecoración de Caballero de la Orden de San Gregorio Magno en el Rango de Encomienda con Placa, que le confiere el Gobierno del Vaticano.

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Arturo Wenzel Villalobos, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Federal de Alemania en Veracruz, con circunscripción consular en el Estado de Veracruz.

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Lorena Rocío Fernández Lemus, para prestar servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a las ciudadanos Mónica Gabriela Martínez Gay y María de Lourdes Cervantes Contreras, para prestar servicios en la Embajada Británica, en México.

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos

María Pía Iraida Cortés González y Germán Raphael Koby, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Dictámenes a discusión

De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano José Nemorio Caballero Bazán, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Gobierno de Nueva Zelandia.

De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Manuel Martínez del Sobral y Penichet, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Gobierno de la República de Perú.»

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

La secretaria diputada Luisa Urrecha Beltrán:

Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior:

«Acta de la Sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el día catorce de octubre de mil novecientos noventa y tres, correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.

Presidencia del senador Emilio Manuel González Parra

En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las once horas con cuarenta minutos del día catorce de octubre de mil novecientos noventa y tres, con una asistencia de veintiséis legisladores, el Presidente declara abierta la sesión.

La Secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, misma que sin discusión se aprueba en sus términos en votación económica.

La Secretaría da cuenta con los siguientes asuntos:

Comunicación del diputado Abundio Ramírez Vázquez, por medio de la cual informa de su reincorporación al trabajo legislativo. Se turna a la Cámara de Diputados.

Invitación del Congreso del Estado de Coahuila, a la sesión solemne en la que el gobernador rendirá el sexto informe de su administración. Se designa comisión para representar a la Comisión Permanente.

Invitación del Departamento del Distrito Federal, al acto cívico conmemorativo del cuadragésimo octavo aniversario luctuoso del general Plutarco Elías Calles. Se designa Comisión para representar a la Comisión Permanente.

Comunicaciones de los congresos de los estados de Baja California Sur, Guanajuato, Nayarit y Tabasco, con las que informan de actividades propias de esas legislaturas. De enterado.

Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Guillermo Jiménez Morales, Fernando Raffull Miguel, Felipe Charat y Carlos Camacho Gaos, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el Gobierno de la República de Venezuela. Se turnan a la Primera Comisión, con la solicitud de que se dictaminen en esta misma sesión.

Seis oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que se solicitan los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Lorena Rocío Fernández Lemus, pueda prestar sus servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua; Eduardo Bache Lorenzo, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Cuba; Javier Brito Moncada, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno del Vaticano; Mónica Gabriela Martínez Gay y María de Lourdes Cervantes Contreras, pueda prestar sus servicios en la Embajada Británica en México, María Pía Iraida Cortés González y Germán Raphael Koby, pueda prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y Arturo Wenzel Villalobos, pueda aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Federal de Alemania en el Estado de Veracruz. Se turnan a la Primera Comisión.

En ausencia de tres secretarios de la Comisión Permanente, el Presidente solicita la anuencia de la Asamblea para habilitar como secretario por esta sesión al senador Salvador Sánchez Vázquez. La Asamblea otorga su consideración favorable.

De nueva cuenta, la Secretaría da lectura a dos oficios más de la Secretaría de Gobernación, por los que informa que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, nombró a los ciudadanos José Nemorio Caballero Bazán y Manuel Martínez del Sobral y

Penichet, como embajadores extraordinarios y plenipotenciarios de México ante los gobiernos de Nueva Zelandia y la República de Perú, respectivamente. Se turnan a la Segunda Comisión.

Se somete a discusión el dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Alejandro Vázquez Macías, pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Hungría en Guadalajara, con circunscripción consular en los estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco y Michoacán. No habiendo quien haga uso de la palabra, la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por veintisiete votos. Pasa al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.

Para expresar sus opiniones sobre el programa Procampo, se concede el uso de la palabra a los legisladores: Israel González Arreguín, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Cristóbal Arias Solís, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones y Héctor Hugo Olivares Ventura, del Partido Revolucionario Institucional, también en dos ocasiones.

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura a un pronunciamiento sobre el Día Mundial de la Alimentación, firmado por la Comisión de Distribución y Manejo de Bienes de Consumo y Servicios de la Cámara de Diputados. Se turna a la Primera Comisión para los efectos procedentes.

También se da lectura al dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que otorga los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Guillermo Jiménez Morales, Fernando Raffull Miguel, Felipe Charat y Carlos Camacho Gaos, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno de la República de Venezuela. Se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión de inmediato. No habiendo quien haga uso de la palabra, la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por veintisiete votos. Se turna al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.

El Presidente concede el uso de la palabra a los legisladores: Eloy Vázquez López, del Partido de la Revolución Democrática; Pedro Ojeda Paullada, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones, quien acepta una interpelación del diputado Vázquez López en su primera intervención; Juan Campos Vega, del Partido Popular Socialista e Israel González Arreguín, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, quienes expresan sus opiniones sobre la situación económica y política del país.

Para recordar los históricos eventos del doce de octubre de mil cuatrocientos noventa y dos, suben a la tribuna los legisladores: Cristóbal Arias Solís, del Partido de la Revolución Democrática; Manuel Aguilera Gómez, del Partido Revolucionario Institucional y Diego Fernández de Cevallos, del Partido Acción Nacional.

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura a una declaración política suscrita por las seis fracciones parlamentarias representadas en la Comisión Permanente sobre la llamada Operación Bloqueo implementada por la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos de América en la zona de El Paso - Ciudad Juárez.

Para referirse a la libertad de expresión y cuestiones relacionadas con el programa noticioso de radio que conducía el periodista Miguel Ángel Granados Chapa, hace uso de la palabra el diputado Diego Fernández de Cevallos. A raíz de esta intervención y con relación a cuestiones referentes al proceso electoral en el Estado de Yucatán, hacen uso de la palabra los diputados Eloy Vázquez López, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones; Juan Campos Vega, del Partido Popular Socialista, en tres ocasiones, y Diego Fernández de Cevallos, del Partido Acción Nacional, en cinco ocasiones.

Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las quince horas con cincuenta y siete minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo miércoles veinte de octubre de mil novecientos noventa y tres, a las once horas.»

Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Aprobada, señor Presidente.

DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL

El secretario senador Antonio Melgar Aranda:

Se va a dar lectura a tres invitaciones.

«Ciudadano senador Emilio M. González, Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presente.

El Departamento del Distrito Federal, por conducto de esta Dirección General, ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del CLXXIX Aniversario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán, que tendrá lugar en el monumento erigido al generalísimo José María Morelos y Pavón, en la Plaza de la Ciudadela, ubicada en la Avenida Balderas esquina Emilio Dondé, delegación política Cuauhtémoc, el día 22 de octubre a las 11.00 horas.

Por tal motivo, de la manera más atenta me permito solicitarle tenga a bien girar sus respetables indicaciones, a efecto de que un representante de esa Comisión Permanente que usted preside, asista a la ceremonia de referencia.

Agradezco las atenciones que se sirva prestar al presente y le reitero con mi reconocimiento, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Director de Acción Cívica, licenciado Gerardo González Camarena.»

El Presidente:

Para asistir en representación de esta Comisión Permanente, se designa al diputado Juan Moisés Calleja García.

El secretario senador Antonio Melgar Aranda:

«Ciudadano senador Emilio M. González, Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presente.

El Departamento del Distrito Federal, por conducto de esta Dirección General, ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del CXX Aniversario del natalicio de don Francisco I. Madero González, que tendrá lugar en el monumento a la Revolución Mexicana, ubicado en Plaza de la República, delegación política Cuauhtémoc, el día 30 de octubre a las 10.30 horas.

Por tal motivo, de la manera más atenta me permito solicitarle tenga a bien girar sus respetables indicaciones, a efecto de que un representante de esa Comisión Permanente que usted preside, asista a la ceremonia de referencia.

Agradezco las atenciones que se sirva prestar al presente y le reitero con mi reconocimiento, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Director de Acción Cívica, licenciado Gerardo González Camarena.»

El Presidente:

Para asistir en representación de esta Comisión Permanente, se designa al diputado Javier Guerrero García.

ESTADO DE OAXACA

El secretario senador Antonio Melgar Aranda:

«Ciudadano senador Emilio M. González, Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, Distrito Federal.

La Quincuagésima Quinta legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, tiene el honor de invitar a usted a la Sesión Solemne en la que el ciudadano licenciado Diódoro Carrasco Altamirano, gobernador constitucional del Estado, rendirá el Primer Informe de Gobierno el día 30 de octubre a las 11.00 horas en el teatro del Centro Cultural de esta ciudad, declarado Recinto Oficial.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 1993.»

El Presidente:

Para asistir en representación de esta Comisión Permanente, se designa a los siguientes legisladores: Senadora Idolina Moguel Contreras, diputado José Treviño Salinas, diputado Alberto Carrillo Armenta y senador Héctor Hugo Olivares Ventura.

ESTADO DE AGUASCALIENTES

El secretario senador Antonio Melgar Aranda: Se va a dar lectura a diversas comunicaciones:

«Escudo Nacional. Gobierno del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes. Poder Legislativo.

Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, Distrito Federal.

Nos permitimos hacer de su conocimiento que la honorable Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, con esta fecha inició su Tercer Período Extraordinario de Sesiones, correspondiente al primer año de ejercicio constitucional, a que fue convocado por su diputación permanente, con fecha 23 de septiembre del presente año, cuya mesa directiva que funcionará durante el mismo, quedó integrada de la siguiente forma:

Presidente, José Luis F. Reynoso Chequi; vicepresidente, Alfredo Escobedo Moreno; secretario Ricardo Ávila Martínez; secretario Felipe de Jesús Ortega Saucedo; prosecretario Juan Rodríguez Martínez.

Al hacer de su conocimiento lo anterior nos es grato reiterarle las muestras de nuestra consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

27 de septiembre de 1993. licenciado José Luis F. Reynoso Chequí, diputado presidente; Ricardo Ávila Martínez, diputado secretario; Felipe de Jesús Ortega Saucedo, diputado secretario.»

De enterado.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

El secretario senador Antonio Melgar Aranda:

«Escudo Nacional. Poder Legislativo del Estado de Baja California. XIV Legislatura Constitucional.

Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, Distrito Federal.

De conformidad con el artículo 62 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Baja California, nos permitimos comunicar a ustedes que la Comisión Permanente de la honorable XIV legislatura del Estado, clausuró el día 30 de septiembre último, su segundo período de receso correspondiente al primer año de ejercicio legal; asimismo abrió el día de hoy, su primer período ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de su ejercicio constitucional y el cual termina el día 31 de enero de 1994, habiendo quedado integrada la Mesa Directiva en la forma siguiente:

Presidente: Diputados Carlos Flores Reyes; vicepresidente: Rodolfo Fierro Márquez; secretario: Francisco Javier Zepeda Villaseñor; prosecretario: Cesar Mancillas Hernández.

Al hacer de su conocimiento lo anterior, aprovechamos la oportunidad para reiterar a ustedes, las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Mexicali, Baja California, octubre 1o. de 1993. Carlos Flores Reyes, diputado Presidente; Francisco Javier Zepeda Villaseñor, diputado secretario.»

De enterado.

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

El secretario senador Antonio Melgar Aranda:

«Escudo Nacional. Congreso del Estado Libre y Soberano.

San Luis Potosí.

Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, Distrito Federal.

Nos permitimos comunicar a ustedes que por acuerdo del pleno, en sesión de esta fecha se eligió la Gran Comisión de la LIV Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, quedando integrada de la siguiente manera:

Presidente: Amado Felipe Vega Robledo; secretario: Juan Ramón Nieto Navarro; prosecretario: José Antonio Herrán Cabrera.

Lo que hacemos de su conocimiento para los fines a que haya lugar, y aprovechamos la oportunidad para protestarles las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

14 de septiembre de 1993. Diputado secretario Emilio de Jesús Ramírez Guerrero; diputado secretario: Joel Ramírez Díaz.»

«Escudo Nacional. - Congreso del Estado Libre y Soberano. San Luis Potosí.

Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal.

Con toda atención nos permitimos comunicar a ustedes, que con esta fecha fue designada por la LIV Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, la ciudadana licenciada María Eugenia Mijares Sáenz, Oficial Mayor del Poder Legislativo.

Lo que hacemos de su conocimiento para los efectos a que haya lugar, y aprovechamos la oportunidad para protestarles las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

23 de septiembre de 1993. Diputado secretario Emilio de Jesús Ramírez Guerrero; diputado secretario: Joel Ramírez Díaz.»

De enterado.

ESTADO DE OAXACA (II)

El secretario senador Antonio Melgar Aranda:

«Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Gobierno Constitucional del Estado de Oaxaca. Poder Legislativo.

Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal.

Para dar cumplimiento a los preceptos legales, comunicamos a ustedes que la Quincuagésima Quinta Legislatura Constitucional del Estado, en sesión ordinaria efectuada el día de hoy, procedió a la elección de presidente y vicepresidente para el mes de octubre, habiendo resultado electas por mayoría de votos, las ciudadanas diputadas: Virgina Hernández Hernández, presidente; Emilia García Guzmán, vicepresidente.

Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra distinguida consideración. Sufragio Efectivo. No Reelección.

El Respeto al Derecho Ajeno es la Paz.

Oaxaca de Juárez, a 29 de septiembre de 1993. Gonzalo Ruiz Cerón, diputado secretario; José María Yáñez Gatica, diputado secretario.»

De enterado.

ESTADO DE QUINTANA ROO

El secretario senador Antonio Melgar Aranda:

«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. - Ciudad Chetumal, Quintana Roo, México.

Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, D.F.

La VII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, por este medio se permite comunicar que en sesión celebrada el día 30 de agosto de 1993, abrió su Segundo Período Extraordinario de Sesiones, correspondiente a su Primer Año de Ejercicio Constitucional. En junta previa de la diputación permanente, se eligió la mesa directiva, quedando integrada de la siguiente manera:

Presidente, diputado Agapito Magaña Sánchez; vicepresidente, diputado Margarito Albornoz Cupul.

Asimismo, comunico que en sesión celebrada el 1o. de septiembre del año en curso, se procedió a la clausura de dicho período extraordinario.

Sin otro particular, me es grato reiterarle las seguridades de mi consideración distinguida. Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Ciudad Chetumal, Quintana Roo, 3 de septiembre de 1993. - El Oficial Mayor del honorable Congreso del Estado, profesor Ángel de Jesús Marín Carrillo.»

De enterado.

ESTADO DE TAMAULIPAS

El secretario senador Antonio Melgar Aranda:

«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Gobierno de Tamaulipas. - Poder Legislativo.

Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, D.F.

Con fundamento en las disposiciones normativas contenidas en el Reglamento para el Gobierno Interior, que rige a este poder, nos permitimos informar que en sesión pública ordinaria, celebrada este día, fueron electos los legisladores Juan Alonso Camarillo y Enrique Pumarejo Medellín,

como presidente y suplente respectivamente para la integración de la mesa directiva que dirigirá los trabajos durante el mes de octubre del actual.

Igualmente, fue aprobada la minuta proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin otro particular, nos es grato reiterarles nuestra atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 29 de septiembre de 1993. Diputado secretario, Bruno Alvarez Valdez y diputada secretaria, María Magdalena Peraza Guerra.»

De enterado.

CÁMARA DE SENADORES

La secretaria diputada Luisa Urrecha Beltrán:

«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Cámara de Senadores. - México, D.F.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes.

Por instrucciones de los ciudadanos secretarios de este Cuerpo Colegiado me refiero al expediente integrado por esta Cámara de Senadores para los efectos del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación a las aprobaciones otorgadas por las honorables legislaturas de los estados a la minuta proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 31, 44, 73, 74, 79, 89, 104, 105, 107 y 122, así como la denominación del Título Quinto se adiciona una fracción IX al artículo 76 y un primer párrafo al artículo 119 y se deroga la fracción XVII del artículo 89 de la Carta Magna.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 135 constitucional, cúmpleme remitir a esa Comisión Permanente, los expedientes que contiene los decretos aprobatorios que al mencionado decreto han otorgado las legislaturas de los estados de Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, D.F., a 19 de octubre de 1993. - Oficial Mayor, Morelos Canseco Gómez.»

El Presidente:

Se turna a la Primera Comisión, con el ruego de que realice el cómputo de las legislaturas de los estados que han aprobado las reformas constitucionales.

REPÚBLICA DE CUBA

La secretaria diputada Luisa Urrecha Beltrán:

«Primera Comisión.

Honorable Asamblea: A la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fue turnado el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Vicealmirante Ingeniero Mecánico Naval Eduardo Bache Lorenzo, pueda aceptar y usar la Condecoración "Fraternidad Combativa", que le confiere el Gobierno de Cuba.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Vicealmirante Ingeniero Mecánico Naval Eduardo Bache Lorenzo, para aceptar y usar la condecoración "Fraternidad Combativa", que le confiere el Gobierno de Cuba.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, D.F., a 18 de octubre de 1993. - Senador Alfonso Martínez Domínguez, presidente; diputado Diego Fernández de Cevallos, secretario; senadores Netzahualcóyotl de la Vega García, Roberto Robles Garnica, Ángel Sergio Guerrero Mier, Ricardo Monreal Ávila; diputados: Pedro Ojeda Paullada, Juan Moisés Calleja García, María Esther Scherman Leaño, Cecilia Soto González, y Alberto Carrillo Armenta.»

Es de primera lectura.

ESTADO DEL VATICANO

La secretaria diputada Luisa Urrecha Beltrán:

«Primera Comisión.

Honorable Asamblea: a la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fue turnado el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano licenciado Javier Ramón Brito Moncada, pueda aceptar y usar la condecoración de Caballero de la Orden de San Gregorio Magno, en el Rango de Encomienda con Placa, que le confiere el Gobierno del Vaticano.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso al ciudadano licenciado Javier Ramón Brito Moncada, para aceptar y usar la Condecoración de Caballero de la Orden de San Gregorio Magno, en el Rango de Encomienda con Placa, que le confiere el Gobierno del Vaticano.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, D.F., a 18 de octubre de 1993. - Senador Alfonso Martínez Domínguez, presidente; diputado Diego Fernández de Cevallos, secretario; senadores Netzahualcóyotl de la Vega García, Roberto Robles Garnica, Ángel Sergio Guerrero Mier, Ricardo Monreal Ávila; diputados: Pedro Ojeda Paullada, Juan Moisés Calleja García, María Esther Scherman Leaño, Cecilia Soto González y Alberto Carrillo Armenta.»

Es de primera lectura.

REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

La secretaria diputada Luisa Urrecha Beltrán:

«Primera Comisión.

Honorable Asamblea: en oficio fechado el 4 de octubre del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano

Arturo Wenzel Villalobos, pueda aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario en el Consulado de la República Federal de Alemania en Veracruz, con circunscripción consular en el Estado de Veracruz. En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 14 de octubre, se tunó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo. CONSIDERANDO a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana, con la copia certificada del acta de nacimiento; b) Que los servicios que el propio solicitante prestará en el Consulado de la República Federal de Alemania en Veracruz, con circunscripción consular en el Estado de Veracruz, serán de carácter estrictamente consular, y c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 constitucional.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Arturo Wenzel Villalobos, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Federal de Alemania en Veracruz, con circunscripción consular en el Estado de Veracruz.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, D.F., a 18 de octubre de 1993. - Senador Alfonso Martínez Domínguez, presidente; diputado Diego Fernández de Cevallos, secretario; senadores: Netzahualcóyotl de la Vega García, Roberto Robles Garnica, Ángel Sergio Guerrero Mier, Ricardo Monreal Ávila; diputados: Pedro Ojeda Paullada, Juan Moisés Calleja García, María Esther Scherman Leaño, Cecilia Soto González y Alberto Carrillo Armenta.»

Es de primera lectura.

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

El secretario senador Antonio Melgar Aranda:

«Primera Comisión.

Honorable Asamblea: en oficio fechado el 29 de septiembre del año en curso, la Secretaría

de Relaciones Exteriores a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Lorena Rocío Fernández Lemus, pueda prestar servicios como empleada consular, en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 14 de octubre, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

CONSIDERANDO

a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana, con la copia certificada del acta de nacimiento;

b) Que los servicios que la propia interesada prestará en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua, serán como empleada consular, y

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 constitucional.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Lorena Rocío Fernández Lemus, para que pueda prestar servicios como empleada consular, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, D.F., a 18 de octubre de 1993. - Senador Alfonso Martínez Domínguez, presidente; diputado Diego Fernández de Cevallos, secretario; senadores: Netzahualcóyotl de la Vega García, Roberto Robles Garnica, Ángel Sergio Guerrero Mier, Ricardo Monreal Ávila; diputados: Pedro Ojeda Paullada, Juan Moisés Calleja García, María Esther Scherman Leaño, Cecilia Soto González y Alberto Carrillo Armenta.»

Es de primera lectura.

EMBAJADA BRITÁNICA EN MÉXICO

El secretario senador Antonio Melgar Aranda:

«Primera Comisión.

Honorable Asamblea: en oficio fechado el 4 octubre de 1993, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que las ciudadanas Mónica Gabriela Martínez Gay y María de Lourdes Cervantes Contreras, puedan prestar servicios como secretaria en la sección comercial y asistente comercial, en la Embajada Británica, en México, respectivamente.

En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 14 de octubre, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

CONSIDERANDO

a) Que las peticionarias acreditan su nacionalidad mexicana, con la copia certificada del acta de nacimiento,

b) Que los servicios que las propias interesadas prestarán en la Embajada Británica, en México, serán como secretaria en la sección comercial y asistente comercial, respectivamente, y

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 constitucional.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana Mónica Gabriela Martínez Gay, para prestar servicios como secretaria en la sección comercial en la Embajada Británica, en México.

Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana María de Lourdes Cervantes Contreras, para prestar servicios como asistente comercial, en la Embajada Británica, en México.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, D.F., a 18 de octubre de 1993. Senador Alfonso Martínez Domínguez, presidente; diputado Diego Fernández de Cevallos, secretario; senadores: Netzahualcóyotl de la Vega García, Roberto Robles Garnica, Ángel Sergio Guerrero Mier, Ricardo Monreal Ávila; diputados: Pedro Ojeda Paullada, Juan Moisés Calleja García, María Esther Scherman Leaño, Cecilia Soto González y Alberto Carrillo Armenta.»

Es de primera lectura.

EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN MÉXICO

El secretario senador Antonio Melgar Aranda:

«Primera Comisión.

Honorable Asamblea: En oficio fechado el 24 de septiembre del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través, de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos María Pía Iraida Cortés González y German Raphael Koby, puedan prestar servicios como secretaria de servicios consulares y auxiliar contable, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 14 de octubre, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

CONSIDERANDO

a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana, con la copia certificada del acta de nacimiento;

b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México, serán como empleados administrativos.

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 constitucional.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana María Pía Iraida Cortés González, para que pueda prestar servicios como secretaria de servicios consulares, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano Germán Raphael Koby, para que pueda prestar servicios como auxiliar contable, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, D.F., a 18 de octubre de 1993. Senador Alfonso Martínez Domínguez, presidente; diputado Diego Fernández de Cevallos, secretario; senadores: Netzahualcóyotl de la Vega García, Roberto Robles Garnica, Ángel Sergio Guerrero Mier, Ricardo Monreal Ávila; diputados: Pedro Ojeda Paullada, Juan Moisés Calleja García, María Esther Scherman Leaño, Cecilia Soto González y Alberto Carrillo Armenta.»

Es de primera lectura.

El Presidente:

En virtud de ser ésta la última sesión antes de la terminación formal de los trabajos de esta Comisión Permanente, se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se les dispensa la segunda lectura y se ponen a discusión y votación de inmediato.

El secretario senador Antonio Melgar Aranda:

Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se consulta a la Asamblea en votación económica si se les dispensa la segunda lectura y se ponen a discusión y votación de inmediato.

Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Se dispensa la lectura.

El Presidente:

Se ruega a la Secretaría poner a discusión los proyectos de decreto.

El secretario senador Antonio Melgar Aranda:

Está a discusión el siguiente proyecto de decreto:

"Artículo único. Se concede permiso al vicealmirante ingeniero mecánico naval Eduardo Bache Lorenzo, para aceptar y usar la condecoración Fraternidad Combativa, que le confiere el gobierno de Cuba."

No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.

Está a discusión el siguiente proyecto de decreto:

"Artículo único. Se concede permiso al licenciado Javier Ramón Brito Moncada, para aceptar y usar la condecoración de Caballero de la Orden de San Gregorio Magno, en el Rango de Encomienda con Placa, que le confiere el Gobierno del Vaticano."

No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.

Está a discusión el siguiente proyecto de decreto:

"Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Arturo Wenzel Villalobos, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República Federal de Alemania en Veracruz, con circunscripción consular en el Estado de Veracruz."

No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.

Está a discusión el siguiente proyecto de decreto:

"Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Lorena Rocío Fernández Lemus, para que pueda prestar servicios como empleada consular, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua."

No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.

Está a discusión el siguiente proyecto de decreto:

"Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana Mónica Gabriela Martínez Gay, para prestar servicios como secretaria en la sección comercial de la Embajada Británica en México."

"Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana María de Lourdes Cervantes Contreras, para prestar servicios como asistente comercial, en la Embajada Británica, en México."

No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto. Está a discusión el siguiente proyecto de decreto:

"Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana María Pía Iraida Cortés González, para que pueda prestar servicios como secretaria de servicios consulares, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México."

"Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano Germán Raphael Koby, para que pueda prestar servicios como auxiliar contable en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México."

No habiendo quien haga uso de la palabra, se va a proceder a recoger la votación nominal de éste y los anteriores reservados.

Se ruega a la Oficialía Mayor hacer los avisos de conformidad con el artículo 161 del Reglamento.

(Votación.)

Señor Presidente, se emitieron en pro de los dictámenes, 27 votos.

El Presidente:

Aprobados los proyectos de decreto por 27 votos.

El secretario senador Antonio Melgar Aranda:

Pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

El Presidente:

La Primera Comisión de Trabajo ha entregado a esta Presidencia la certificación correspondiente. Ruego a la Secretaría dar cuenta con ella.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El secretario senador Antonio Melgar Aranda:

"Primera Comisión.

Honorable Asamblea: A la Comisión que suscribe fue turnado, en la sesión de esta fecha el expediente remitido por el Senado de la República, para los efectos ordenados por el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contiene las aprobaciones por parte de legislaturas de diversas entidades federativas a la reforma a los artículos 31, 44, 73, 74, 79, 89, 104, 105, 107, 122 y la denominación del Título Quinto; adiciona la fracción IX del artículo 76 y un primer párrafo al artículo 119 y deroga la fracción XVIII del artículo 89 de la Constitución General de la República, que a su vez fuera aprobada por el Congreso de la Unión en el pasado período de sesiones extraordinarias.

Esta Comisión ha realizado una cuidadosa revisión del expediente de referencia. Al efecto encuentra que ha sido aprobado por las legislaturas de los estados de Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, según consta en las comunicaciones oficiales que

los congresos de esas entidades de la Federación hicieron llegar en su oportunidad a la honorable Cámara de Senadores. De conformidad con lo anterior hay constancia de que a la fecha la reforma referida ha sido aprobada por 19 congresos estatales. En virtud de lo anterior es procedente que en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 135 de la Carta Magna, esta Comisión Permanente realice la declaratoria del caso, conforme al texto del siguiente Decreto por el que se reforman los artículos 31, 44, 73, 74, 79, 89, 104, 105, 107, 122, así como la denominación del Título Quinto, se adiciona una fracción IX al artículo 76 y un primer párrafo al artículo 119 y se deroga la fracción XVII del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo único. Se reforman los artículos 31, fracción IV; 44; 73, fracciones VI, VIII y XXIXH; 74, fracción IV, en sus párrafos primero, segundo y séptimo; 79 fracción II; 89, fracción II; 104 fracción 1B; 105; y 107, fracción VIII, inciso a; la denominación del Título Quinto y el artículo 122. Se adicionan los artículos 76 con una fracción IX y 119 con un primer párrafo, pasando los actuales primero y segundo a ser segundo y tercero, respectivamente, y se deroga la fracción XVII del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos.

Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:

I a III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la federación, como del Distrito Federal o del Estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

Artículo 44. La Ciudad de México es el Distrito, sede de los poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos. Se compondrá del territorio que actualmente tiene y en el caso de que los poderes federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en el Estado del Valle de México con los límites y extensión que le asigne el Congreso General.

Artículo 73. El Congreso tiene facultad.

I a V. ........................................

VI. Para expedir el Estatuto de gobierno del Distrito Federal y legislar en lo relativo al Distrito Federal, salvo en las materias expresamente conferidas a la Asamblea de Representantes.

VII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VIII. Para dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional. Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, salvo los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de conversión y los que se contraten durante alguna emergencia declarada por el Presidente de la República en los términos del artículo 29. Asimismo, aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la ley de ingresos, que en su caso requiera el Gobierno del Distrito Federal y las entidades de su sector público, conforme a las bases de la ley correspondiente. El Ejecutivo Federal informará anualmente al Congreso de la Unión sobre el ejercicio de dicha deuda a cuyo efecto el jefe del Distrito Federal le hará llegar el informe que sobre el ejercicio de los recursos correspondientes hubiere realizado. El jefe del Distrito Federal informará igualmente a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, al rendir la cuenta pública:

IX a XXIXG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XXIXH. Para expedir leyes que instituyan tribunales de lo contencioso administrativo, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, y que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones.

XXX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

I a III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. Examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la federación, discutiendo primero las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo, así como revisar la Cuenta Pública del año anterior.

El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la iniciativa de ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos de la federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre o hasta el día 15 de diciembre cuando inicie su encargo

en la fecha prevista por el artículo 83, debiendo comparecer el secretario del despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos y del Proyecto de Presupuesto de Egresos, así como de la Cuenta Pública, cuando medie solicitud del Ejecutivo suficientemente justificada a juicio de la Cámara o de la Comisión Permanente, debiendo comparecer en todo caso el secretario del despacho correspondiente a informar de las razones que lo motiven.

V a VIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado.

I a VIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IX. Nombrar y remover al jefe del Distrito Federal en los supuestos previstos en esta Constitución;

X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 79. La Comisión Permanente, además de las atribuciones que expresamente le confiere esta Constitución, tendrá las siguientes

I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. Recibir, en su caso, la protesta del Presidente de la República y de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

III a IX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes

I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. Nombrar y remover libremente a los secretarios del despacho, al Procurador General de la República, remover a los agentes diplomáticos y empleados superiores de Hacienda y, nombrar y remover libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes.

III a XVI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XVII. Se deroga.

XVIII a XX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 104. Corresponde a los tribunales de la federación conocer.

I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I - B. De los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas de los tribunales de lo contencioso - administrativo a que se refieren la fracción XXIX - h del artículo 73 y fracción IV, inciso e del artículo 122 de esta Constitución, sólo en los casos que señalen las leyes. Las revisiones, de las cuales conocerán los tribunales colegiados de circuito, se sujetarán a los trámites que la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta Constitución fije para la revisión en amparo indirecto y, en contra de las resoluciones que en ellas dicten los tribunales colegiados de circuito no procederá juicio o recurso alguno;

II a V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 105. Corresponde sólo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocer de las controversias que se susciten entre dos o más estados; entre uno o más estados y el Distrito Federal; entre los poderes de un mismo Estado y entre órganos de gobierno del Distrito Federal, sobre la constitucionalidad de sus actos y de los conflictos entre la federación y uno o más estados, así como de aquellas en que la federación sea parte en los casos que establezca la Ley.

Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes

I a VII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VIII. Contra las sentencias que pronuncien en amparo los jueces de distrito, procede revisión. De ella conocerá la Suprema Corte de Justicia.

a) Cuando habiéndose impugnado en la demanda de amparo, por estimarlos directamente violatorios de esta Constitución, leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el Presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 de esta Constitución y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los estados o por el jefe del Distrito Federal, subsista en el recurso el problema de constitucionalidad.

b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IX a XVIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITULO QUINTO

De los estados de la Federación y del Distrito Federal

Artículo 119. Los poderes de la Unión tienen el deber de proteger a los estados contra toda invasión o violencia exterior. En cada caso de sublevación o trastorno interior, les prestarán igual protección, siempre que sean excitados por la Legislatura del Estado o por su Ejecutivo, si aquélla no estuviere reunida.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 122. El gobierno del Distrito Federal está a cargo de los poderes de la Unión los cuales lo ejercerán por si y a través de los órganos de gobierno del Distrito Federal representativos y democráticos que establece esta Constitución.

I. Corresponde al Congreso de la Unión expedir el estatuto de gobierno del Distrito Federal en el que se determinarán:

a) La distribución de atribuciones de los poderes de la Unión en materias del Distrito Federal, y de los órganos de gobierno del Distrito Federal, según lo que dispone esta Constitución.

b) Las bases para la organización y facultades de los órganos locales de gobierno del Distrito Federal, que serán:

1. La Asamblea de Representantes.

2. El jefe del Distrito Federal, y

3. El Tribunal Superior de Justicia.

c) Los derechos y obligaciones de carácter público de los habitantes del Distrito Federal;

d) Las bases para la organización de la Administración Pública del Distrito Federal y la distribución de atribuciones entre sus órganos centrales y desconcentrados, así como la creación de entidades paraestatales; y

e) Las bases para la integración, por medio de elección directa en cada demarcación territorial, de un consejo de ciudadanos para su intervención en la gestión, supervisión, evaluación y, en su caso, consulta o aprobación, de aquellos programas de la administración pública del Distrito Federal que para las demarcaciones determinen las leyes correspondientes. La Ley establecerá la participación de los partidos políticos con registro nacional en el proceso de integración de los consejos ciudadanos.

II. Corresponde al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos:

a) Nombrar al jefe del Distrito Federal en los términos que dispone esta Constitución;

b) Aprobar el nombramiento o remoción, en su caso, que haga el jefe del Distrito Federal del Procurador General de Justicia;

c) El mando de la Fuerza Pública en el Distrito Federal y la designación del servidor público que la tenga a su cargo. El Ejecutivo Federal podrá delegar en el jefe del Distrito Federal las funciones de dirección en materia de seguridad pública.

d) Enviar anualmente al Congreso de la Unión, la propuesta de los montos de endeudamiento necesarios para el financiamiento del presupuesto de egresos del Distrito Federal. Para tal efecto, el jefe del Distrito Federal, someterá a la consideración del Ejecutivo Federal la propuesta correspondiente en los términos que disponga la ley;

e) Iniciar leyes y decretos ante la Asamblea de Representantes del Distrito Federal; y

f) Las demás atribuciones que le señalen esta Constitución, el estatuto y las leyes;

III. La Asamblea de Representantes del Distrito Federal, se integrará por 40 representantes electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales y 26 representantes electos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una circunscripción plurinominal. Sólo podrán participar en la elección los partidos políticos con registro nacional. La demarcación de los distritos se establecerá como determine la ley.

Los representantes a la Asamblea del Distrito Federal serán electos cada tres años y por cada propietario se elegirá un suplente; las vacantes de los representantes serán cubiertas en los términos que la fracción IV del artículo 77 de esta Constitución establece para la Cámara de Diputados.

Los representantes deberán reunir los mismos requisitos que esta Constitución establece para los diputados federales y les será aplicable lo dispuesto por los artículos 59, 62 y 64 de esta Constitución.

La elección de los representantes según el principio de representación proporcional y el sistema

de listas en una sola circunscripción plurinominal se sujetará a las siguientes bases y a lo que en particular disponga la ley.

a) Un partido político, para obtener el registro de su lista de candidatos a representantes a la Asamblea del Distrito Federal, deberá acreditar que participa con candidatos por mayoría relativa en todos los distritos uninominales del Distrito Federal;

b) Todo partido político que alcance por lo menos el 1.5% del total de la votación emitida, tendrá derecho a que le sean atribuidos representantes según el principio de representación proporcional, y

c) Al partido político que cumpla con lo dispuesto por los dos incisos anteriores, le serán asignados representantes por el principio de representación proporcional. La ley establecerá la fórmula para su asignación. Además, al hacer ésta, se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en la lista correspondiente.

En todo caso, para el otorgamiento de las constancias de asignación, se observará las siguientes reglas:

a) Ningún partido político podrá contar con más del 63% del total de representantes electos mediante ambos principios, y

b) Al partido político que obtenga por sí mismo el mayor número de constancias de mayoría y por lo menos el 30% de la votación en el Distrito Federal, le será otorgada la constancia de asignación por el número suficiente de representantes para alcanzar la mayoría absoluta de la Asamblea.

En lo relativo a la organización de las elecciones declaración de validez de las mismas, otorgamiento de constancias de mayoría, así como para el contencioso electoral de los representantes a la Asamblea del Distrito Federal, se estará a lo dispuesto por los artículos 41 y 60 de esta Constitución.

La Asamblea se reunirá a partir del 17 de septiembre de cada año, para celebrar un primer período de sesiones ordinarias que podrá prolongarse hasta el 31 de diciembre del mismo año. El segundo período de sesiones ordinarias se iniciará a partir del 15 de marzo de cada año y podrá prolongarse hasta el 30 de abril del mismo año. Durante su recesos, la Asamblea celebrará sesiones extraordinarias para atender los asuntos urgentes para los cuales sea convocada, a petición de la mayoría de los integrantes de su Comisión de Gobierno, del Presidente de la República o del jefe del Distrito Federal.

Los representantes a la Asamblea son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de su cargo. Su presidente velará por el respeto al fuero constitucional de sus miembros, así como por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar. En materia de responsabilidades, será aplicable a los representantes de la Asamblea la ley federal que regula las responsabilidades de los servidores públicos.

IV. La Asamblea de Representantes del Distrito Federal tiene facultades para:

a) Expedir su ley orgánica que regulará su estructura y funcionamiento internos, la que será enviada al jefe del Distrito Federal y al Presidente de la República para su sola publicación.

b) Examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos del Distrito Federal, analizando primero las contribuciones que a su juicio deban decretarse para cubrirlos.

La Asamblea de Representantes, formulará su proyecto de presupuesto y lo enviará oportunamente al jefe del Distrito Federal para que éste ordene su incorporación al Proyecto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal.

Las leyes federales no limitarán la facultad del Distrito Federal para establecer contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles, incluyendo tasas adicionales, ni sobre los servicios públicos a su cargo. Tampoco considerarán a personas como no sujetos de contribuciones ni establecerán exenciones, subsidios o regímenes fiscales especiales en favor de personas físicas y morales ni de instituciones oficiales o privadas en relación con dichas contribuciones. Las leyes del Distrito Federal no establecerán exenciones o subsidios respecto a las mencionadas contribuciones en favor de personas físicas o morales ni de instituciones oficiales o privadas.

Sólo los bienes del dominio público de la federación y del Distrito Federal estarán exentos de las contribuciones señaladas.

Las prohibiciones y limitaciones que esta Constitución establece para los estados se aplicarán para el Distrito Federal.

c) Revisar la cuenta pública del año anterior. La revisión tendrá como finalidad comprobar si los programas contenidos en el presupuesto se han cumplido conforme a lo autorizado según las normas y criterios aplicables, así como conocer de manera general los resultados financieros de la gestión del gobierno del Distrito Federal. En caso de que de la revisión que efectúe la Asamblea de Representantes, se manifestaran desviaciones en la realización de los programas o incumplimiento a las disposiciones administrativas o legales aplicables, se determinarán las responsabilidades a que haya lugar de acuerdo con la ley de la materia.

La cuenta pública del año anterior, deberá ser enviada a la Asamblea de Representantes dentro de los diez primeros días del mes de junio.

Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de las iniciativas de leyes de ingresos y del proyecto de presupuesto de egresos, así como de la cuenta pública, cuando medie solicitud del jefe del Distrito Federal suficientemente justificada a juicio de la Asamblea de Representantes.

d) Expedir la ley orgánica de los tribunales de justicia del Distrito Federal;

e) Expedir la ley orgánica del tribunal de lo contencioso administrativo, que se encargará de la función jurisdiccional en el orden administrativo, que contará con plena autonomía para dictar sus fallos a efecto de dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública del Distrito Federal y los particulares.

f) Presentar iniciativas de leyes o decretos en materias relativas al Distrito Federal, ante el Congreso de la Unión.

g) Legislar en el ámbito local, en lo relativo al Distrito Federal en los términos del estatuto de gobierno en materias de: administración pública local, su régimen interno y de procedimientos administrativos; de presupuesto, contabilidad y gasto público; regulación de su contaduría mayor; bienes del dominio público y privado del Distrito Federal; servicios públicos y su concesión, así como de la explotación, uso y aprovechamiento de bienes del dominio del Distrito Federal; justicia cívica sobre faltas de policía y buen gobierno; participación ciudadana; organismo protector de los derechos humanos; civil; penal; defensoría de oficio; notariado; protección civil; prevención y readaptación social; planeación del desarrollo; desarrollo urbano y uso del suelo, establecimiento de reservas territoriales; preservación del medio ambiente y protección ecológica; protección de animales, construcciones y edificaciones; vías públicas, transporte urbano y tránsito; estacionamientos; servicio público de limpia; fomento económico y protección al empleo; establecimientos mercantiles; espectáculos públicos; desarrollo agropecuario; vivienda; salud y asistencia social; turismo y servicios de alojamiento; previsión social; fomento cultural, cívico y deportivo; mercados, rastros y abastos; cementerios, y función social educativa en los términos de la fracción VIII del artículo 3o. de esta Constitución, y

h) Las demás que expresamente le otorga esta Constitución.

V. La facultad de iniciar leyes y decretos ante la Asamblea corresponde a sus miembros, al Presidente de la República y al jefe del Distrito Federal. Será facultad exclusiva del jefe del Distrito Federal la formulación de las iniciativas de ley de ingresos y decreto de presupuesto de egresos, las que remitirá a la Asamblea a más tardar el 30 de noviembre, o hasta el 20 de diciembre, cuando inicie su encargo en dicho mes.

Los proyectos de leyes o decretos que expida la Asamblea de Representantes se remitirán para su promulgación al Presidente de la República, quién podrá hacer observaciones y devolverlos en un lapso de diez días hábiles, a no ser que transcurrido dicho término, la Asamblea hubiese cerrado o suspendido sus sesiones, en cuyo caso, la devolución deberá hacerse el primer día hábil en que la Asamblea se reúna. De no ser devuelto en ese plazo, se entenderá aceptado y se procederá a su promulgación. El proyecto devuelto con observaciones deberá ser discutido nuevamente por la Asamblea.

Si se aceptasen las observaciones o si fuese confirmado por las dos terceras partes del número total de votos de los representantes presentes en la sesión, el proyecto será ley o decreto y se enviará en los términos aprobados, para su promulgación.

El jefe del Distrito Federal refrendará los decretos promulgatorios del Presidente de la República respecto de las leyes o decretos que expida la Asamblea de Representantes.

VI. El jefe del Distrito Federal, será el titular de la Administración Pública del Distrito Federal. Ejercerá sus funciones en los términos que establezca esta Constitución, el estatuto de gobierno y las demás leyes aplicables, con arreglo a las siguientes bases.

a) El jefe del Distrito Federal será nombrado por el Presidente de la República de entre cualquiera de los representantes a la Asamblea, diputados federales o senadores electos en el Distrito Federal, que pertenezcan al partido político que por si mismo obtenga el mayor número de asientos en la Asamblea de Representantes. El nombramiento será sometido a la ratificación de dicho órgano, que contará con un plazo de cinco días para, en su caso, ratificarlo. Si el nombramiento no fuese ratificado, el Presidente presentará a la Asamblea, un segundo nombramiento para su ratificación dentro de un plazo de cinco días. Si no hubiera ratificación del segundo nombramiento, el Senado hará directamente el nombramiento del jefe del Distrito Federal.

b) El jefe del Distrito Federal podrá durar en su encargo hasta seis años, a partir de la fecha en que rinda protesta ante la Asamblea de Representantes o en su caso, ante el Senado de la República y, hasta el 2 de diciembre del año en que concluya el período constitucional del Presidente de la República.

c) en caso de falta temporal del jefe del Distrito Federal o durante el período de ratificación del nombramiento de jefe del Distrito Federal, quedará encargado del despacho el servidor público que disponga el estatuto de gobierno. En caso de falta absoluta, o con motivo de su remoción, el Presidente de la República procederá a nombrar, ajustándose a lo dispuesto en el inciso a de esta fracción, un sustituto que concluirá el período respectivo;

d) En caso de que la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, no estuviera en período de sesiones, el Presidente de la República presentará a ratificación el nombramiento de jefe del Distrito Federal a la Comisión de Gobierno de la Asamblea de Representantes, la que en el siguiente período ordinario lo someterá al pleno de la Asamblea para su aprobación definitiva.

e) El jefe del Distrito Federal, solicitará licencia para separarse de su encargo de representante popular previo a la fecha en que rinda protesta ante la Asamblea de Representantes, o en su caso, ante el Senado.

f) El ciudadano que ocupe el cargo de jefe del Distrito Federal, con cualquier carácter, en ningún caso podrá volver a ocuparlo:

g) El jefe del Distrito Federal ejecutará las leyes o decretos que expida la Asamblea de Representantes, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia. Asimismo, expedirá los reglamentos gubernativos que corresponden al Distrito Federal. También ejecutará las leyes o decretos que expida el Congreso de la Unión respecto del Distrito Federal, cuando así lo determinen éstas.

Todos los reglamentos y decretos que expida el jefe del Distrito Federal deberán ser refrendados por el servidor público que señale el estatuto de gobierno;

h) El jefe del Distrito Federal será responsable ante el Congreso de la Unión de acuerdo con el Título Cuarto de esta Constitución y, por violaciones a las leyes del Distrito Federal así como por el manejo indebido de fondos y recursos públicos locales; e

i) El jefe del Distrito Federal, podrá ser removido de su cargo por el Senado, en sus recesos, por la Comisión Permanente, por causas graves que afecten las relaciones con los poderes de la Unión o el orden público en el Distrito Federal. La solicitud de remoción deberá ser presentada por la mitad de los miembros de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente, en su caso.

VII. La función judicial se ejercerá por el Tribunal Superior de Justicia, el cual se integrará por el número de magistrados que señale la ley orgánica correspondiente, así como por los jueces de primera instancia y demás órganos que la propia ley señale. Para ser magistrado se deberán reunir los mismos requisitos que establece el artículo 95 de esta Constitución.

Los nombramientos de los magistrados se harán por el jefe del Distrito Federal, en los términos previstos por el estatuto de gobierno y la ley orgánica respectiva. Los nombramientos de los magistrados serán sometidos a la aprobación de la Asamblea de Representantes. Cada magistrado del tribunal, al entrar a ejercer su cargo, rendirá protesta de guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, ante el Pleno de la Asamblea de Representantes.

Los magistrados durarán seis años en el ejercicio de su cargo, podrán ser ratificados, y si lo fuesen, solo podrán ser privados de sus puestos en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.

El Tribunal Superior de Justicia elaborará su propio presupuesto para su inclusión en el proyecto de presupuesto de egresos que el jefe del Distrito Federal envíe a la Asamblea de Representantes.

VIII. El Ministerio Público en el Distrito Federal estará a cargo de un Procurador General de Justicia, y

IX. Para la eficaz coordinación de las distintas jurisdicciones locales y municipales entre sí, y de éstas con la Federación y el Distrito Federal en la planeación y ejecución de acciones en las zonas conurbadas limítrofes con el Distrito Federal, de acuerdo con el artículo 115 fracción VI de esta Constitución, en materia de asentamientos humanos; protección al ambiente, preservación y restauración del equilibrio ecológico; transporte, agua potable y drenaje; recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos y seguridad pública, sus respectivos gobiernos podrán suscribir convenios para la creación de comisiones metropolitanas en las que concurran y participe con apego a sus leyes.

Las comisiones serán constituidas por acuerdo conjunto de los participantes. En el instrumento de creación se determinará la forma de integración, estructura y funciones.

A través de las comisiones se establecerán:

a) Las bases para la celebración de convenios, en el seno de las comisiones, conforme a las cuales se acuerden los ámbitos territoriales y de funciones respecto a la ejecución y operación de obras, prestación de servicios públicos o realización de acciones en las materias indicadas en el primer párrafo de esta fracción:

b) Las bases para establecer coordinadamente por las partes integrantes de las comisiones, las funciones específicas en las materias referidas, así como para la aportación común de recursos materiales, humanos y financieros necesarios para su operación, y

c) Las demás reglas para la regulación conjunta y coordinada del desarrollo de las zonas conurbadas, prestación de servicios y realización de acciones que acuerden los integrantes de las comisiones.

TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor 30 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo lo dispuesto en los siguientes transitorios.

Segundo. La Asamblea de Representantes del Distrito Federal electa para el período noviembre de 1991 a noviembre de 1994, continuará teniendo las facultades establecidas en la fracción VI del artículo 73 de esta Constitución vigente al momento de entrar en vigor el presente decreto.

Tercero. La III Asamblea de Representantes del Distrito Federal, tendrá las facultades que le otorga el presente Decreto, y será la que se integre para el período que comenzará el 15 de noviembre de 1994 y concluirá el 16 de septiembre de 1997.

Cuarto. A partir del 15 de marzo de 1995, los periodos de sesiones ordinarias de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal se celebrarán de acuerdo con las fechas establecidas por el presente decreto.

Quinto. El primer nombramiento para el cargo de jefe del Distrito Federal, en los términos de este decreto se verificara en el mes de diciembre de 1997 y el período constitucional respectivo concluirá el 2 de diciembre del año 2000. En tanto dicho jefe asume su encargo, el Gobierno del Distrito Federal seguirá a cargo del Presidente de la República de acuerdo con la base 1a. de la fracción VI del artículo 73 de esta Constitución vigente al momento de entrar en vigor el presente decreto. El Ejecutivo Federal mantendrá la facultad de nombrar y remover libremente al titular del órgano u órganos de Gobierno del Distrito Federal y continuará ejerciendo para el Distrito Federal, en lo conducente, las facultades establecidas en la fracción I del artículo 89 de esta Constitución.

Sexto. Los consejos de ciudadanos por demarcación territorial se elegirán e instalarán en 1995, conforme a las disposiciones del Estatuto de Gobierno y las leyes respectivas.

Séptimo. Los servidores públicos que se readscriban a la administración pública del Distrito Federal y sus dependencias conservarán todos sus derechos laborales.

Octavo. Las iniciativas de leyes de ingresos, y de decretos de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para los ejercicios 1995, 1996 y 1997, así como las cuentas públicas de 1995 y 1996 serán enviados a la Asamblea de Representantes por el Presidente de la República. La cuenta pública correspondiente a 1994 será revisada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Noveno. En tanto se reforman y expidan las disposiciones que coordinen el sistema fiscal entre la Federación y el Distrito Federal, continuarán aplicándose las normas que sobre la materia rijan al entrar en vigor el presente decreto.

Décimo. En tanto se expidan las nuevas normas aplicables al Distrito Federal continuarán rigiendo las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.

Decimoprimero. El Congreso de la Unión conservará la facultad de legislar, en el ámbito local, en las materias de orden común, civil y penal para el Distrito Federal, en tanto se expidan los ordenamientos de carácter federal correspondientes, a cuya entrada en vigor, corresponderá a la Asamblea de Representantes legislar sobre el particular, en los términos del presente decreto.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. México, Distrito Federal, a 20 de octubre de 1993. Primera Comisión: senador Alfonso Martínez Domínguez, presidente; diputado Diego Fernández de Cevallos, secretario; senadores: Netzahualcóyotl de la Vega, Roberto Robles Gárnica, Ángel Sergio Guerrero Mier, Ricardo Monreal Ávila, diputados: Pedro Ojeda Paullada, Juan Moisés Calleja García, María Esther Scherman Leaño, Cecilia Soto González y Alberto Carrillo Armenta.»

El Presidente:

En consecuencia, la Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de las facultades que le confiere el artículo 135 constitucional y previa la aprobación de las cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, así como de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados, declara:

Reformados los artículos 31, 44, 73, 74, 79, 89, 104, 105, 107, 122, así como la denominación del Título Quinto, adición de una fracción IX al artículo 76 y un primer párrafo al 119, y se deroga la fracción XVII del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El secretario senador Antonio Melgar Aranda:

Pasa al Ejecutivo para la promulgación respectiva y su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

NUEVA ZELANDIA

El Presidente:

A esta Presidencia han llegado documentos que se refieren al nombramiento de embajadores nombrados por el señor Presidente de la República.

La secretaria diputada Luisa Urrecha Beltrán:

«Segunda Comisión.

Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente el expediente integrado al nombramiento que el ciudadano Presidente de la República hace en favor del ciudadano José Nemorio Caballero Bazán, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante el Gobierno de Nueva Zelandia, enviado a esta honorable Comisión Permanente para los efectos de la fracción XVI del artículo 89 en relación con la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Después de haber analizado el nombramiento en cuestión y los documentos que integran el expediente respectivo, esta Comisión desea señalar que de acuerdo a la copia certificada del acta de nacimiento presentada por el nombrado, consta que el ciudadano José Nemorio Caballero Bazán, nació en la ciudad de México, Distrito Federal, el siete de septiembre de mil novecientos treinta y cinco. En tal virtud, reúne los requisitos de nacionalidad por nacimiento y edad mínima que se requieren para desempeñar el cargo para el que ha sido designado. A su vez, se encuentra en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.

En su curriculum vitae se establece que cursó estudios de ingeniería civil en la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente, con base en becas otorgadas, efectuó estudios en los programas de internos en las sedes de la Organización de las Naciones Unidas y en la Organización de Estados Americanos.

Esta Comisión estima pertinente mencionar que el ciudadano Caballero Bazán ingresó en 1952 a la Secretaría de Relaciones Exteriores en donde ha desempeñado los siguientes cargos: jefe de Unidad de la Dirección General de Organismos Internacionales en 1955; jefe de Departamento en la Dirección General de Asuntos Culturales en 1965; director general de Pasaportes y Servicios Consulares de 1980 a 1985; en el período comprendido de 1985 a 1986, fue director general de Protección y Servicios Consulares, y de diciembre de 1989 a noviembre de 1990, director general de Protocolo.

Los integrantes de la Comisión que dictamina deseamos resaltar que el ciudadano Caballero Bazán cuenta con una amplia experiencia en el Servicio Exterior Mexicano, por lo cual ha estado comisionado, con diversos rangos, en la Misión Permanente de nuestro país ante la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York y en la Embajada de México en Washington. Además, se ha desempeñado como Embajador de México en los siguientes países: Jamaica, Concurrente ante Guyana, de 1970 a 1976; en Indonesia, Concurrente en Malasia y Papúa Nueva Guinea, de 1976 a 1980; en Hungría, de 1986 a 1989; y en la República Checa, Concurrente en la República Eslovaca, de marzo de 1991 a junio de 1993.

En acatamiento del acuerdo tomado por la honorable Cámara de Senadores el 22 de diciembre de 1982 y adoptado por la Comisión Permanente para la elaboración de dictámenes referentes a ratificaciones de nombramientos diplomáticos, la Comisión que suscribe citó al ciudadano Caballero Bazán a una reunión en donde se conversó sobre la política exterior de nuestro país, la circunstancia internacional en que se desenvuelve y, en forma especial, el estado que en la actualidad guarda la relación de México con el Gobierno de Nueva Zelandia.

Dicha reunión tuvo verificativo el día de hoy y en la misma los legisladores que integramos la Comisión que dictamina, dialogamos ampliamente sobre los citados temas con el Embajador nombrado, pudiendo comprobar por este medio el grado de experiencia y preparación que ha obtenido a lo largo de su desempeño profesional. De igual forma quedó de manifiesto su vocación y voluntad de servicio a la República.

En la citada entrevista, el Embajador designado demostró su conocimiento sobre la realidad política, económica, social y cultural de Nueva Zelandia, así como del momento actual y perspectivas de nuestra relación bilateral con esa nación. A su vez, expuso con solvencia diversos puntos de vista y opiniones que reflejan tanto su nivel de información, como una firme convicción en los principios que rigen la política exterior de nuestra patria.

Con base en el expediente mencionado y la entrevista referida, los legisladores miembros de la Comisión que suscribe hemos podido constatar que el ciudadano Caballero Bazán posee los requisitos ordenados por el artículo 23 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano para ser designado embajador.

Por lo antes expuesto, los suscritos miembros de la Comisión consideramos que el ciudadano José Nemorio Caballero Bazán reúne en su persona las cualidades y méritos suficientes para el buen ejercicio del cargo de Embajador de México ante el Gobierno de Nueva Zelandia, por lo que nos permitimos someter a la consideración de esta honorable Asamblea la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Único. En uso de la facultad que le confiere la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió en favor del ciudadano José Nemorio Caballero Bazán, como embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante el Gobierno de Nueva Zelandia.

Salón "Leona Vicario" del Palacio Legislativo de San Lázaro. - México, D.F., 19 de octubre de 1993.

Segunda Comisión: diputado Rodolfo Becerril Straffon, presidente; senador Humberto A. Lugo Gil, secretario; senador Leonardo Rodríguez Alcaine, senador Héctor Terán Terán, senador Héctor Hugo Olivares Ventura, diputado Mario del Valle Fernández, diputado Eloy Vázquez López, diputada Laura Alicia Garza Galindo, diputado Fernando Lerdo de Tejada, senador José Joaquín González Castro, diputado Manuel Rivera del Campo.»

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.

El Presidente:

Se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano José Nemorio Caballero Bazán, cuyo nombramiento como embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante el Gobierno de Nueva Zelandia, acaba de ser aprobado por esta Asamblea.

Para que lo introduzcan a este salón y lo acompañen a rendir la protesta de ley, se designa en comisión a los siguientes legisladores: senador Jesús Rodríguez y Rodríguez y diputado Fernando Lerdo de Tejada.

La secretaria diputada Luisa Urrecha Beltrán:

Se ruega a los presentes ponerse de pie.

El Presidente:

Ciudadano José Nemorio Caballero Bazán. ¿Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante el gobierno de Nueva Zelandia, que se os ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

El ciudadano José Nemorio Caballero Bazán:

Sí, protesto.

El Presidente:

Si no lo hiriereis así, que la nación os lo demande.

Se ruega a la Comisión designada, acompañar al señor embajador, cuando desee retirarse.

REPÚBLICA DE PERÚ

La secretaria diputada Luisa Urrecha Beltrán:

«Segunda Comisión.

Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente el expediente integrado al nombramiento que el ciudadano Presidente de la República hace en favor del licenciado Manuel Martínez del Sobral y Penichet, como embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México, ante el Gobierno de la República de Perú enviado a esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la fracción XVI del artículo 89 de la propia Carta Magna.

Después de haber analizado el nombramiento en cuestión y los documentos que integran el expediente respectivo, esta Comisión desea señalar que de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento presentada por el nombrado, consta que el licenciado Martínez del Sobral y Penichet nació en la ciudad de San Luis Potosí, estado de San Luis Potosí, el dieciséis de noviembre de mil novecientos cuarenta y tres. En tal virtud, reúne los requisitos de nacionalidad por nacimiento y edad mínima que se requieren para desempeñar el cargo para el que ha sido designado. A su vez, se encuentra en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.

Por otra parte, en su curriculum vitae se establece que obtuvo el título de licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México.

Posteriormente, cursó la maestría en Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacionales en el Colegio de Defensa Nacional. Así mismo, realizó curso de posgrado en el Colegio de México, en la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Johns Hopkins y en el Instituto para el Desarrollo y la Cooperación Internacional de la Universidad de Ottawa.

Los miembros de la Comisión que dictamina deseamos mencionar la experiencia que ha obtenido el licenciado Martínez del Sobral y Penichet a lo largo de su actividad profesional. En tal virtud, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, fue jefe del Departamento de Intercambio de Personas y Becas, de 1967 a 1970; subdirector general de Asuntos Culturales, de 1971 a 1972; subdirector general para América del Norte, de 1979 a 1981; y director general para América del Norte, de 1982 a 1983. Fungió como director adjunto para formación de recursos humanos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en 1977; y actuó como delegado regional en ese mismo Consejo en la ciudad de Guadalajara, Estado de Jalisco.

En el Servicio Exterior Mexicano al cual ingresó en el año de 1969, el embajador designado ha estado adscrito en las siguientes misiones: primer secretario, encargado de asuntos políticos en la Embajada de México en la República Popular de China, de 1971 a 1972; consejero para asuntos políticos en la Embajada de nuestro país en Yugoslavia de 1972 a 1973; consejero para asuntos culturales en la Embajada de México en los Estados Unidos de América, de 1974 a 1976; ministro en nuestra Embajada en Canadá, de 1983 a 1985; y con el rango de embajador se ha desempeñado como tal en Belice, de 1985 a 1988 y en Honduras de 1988 a 1992.

En acatamiento al acuerdo tomado por la honorable Cámara de Senadores el 22 de diciembre de 1982 y continuado por la Comisión Permanente para la elaboración de dictámenes referentes a ratificaciones de nombramientos diplomáticos, la Comisión que suscribe citó al licenciado Martínez del Sobral y Penichet a una

reunión en donde se conversó sobre la política exterior de nuestro país, la circunstancia internacional en que se desenvuelve y, en forma especial, el estado que en la actualidad guarda la relación de México con el Gobierno de la República de Perú.

Dicha reunión tuvo verificativo el día de hoy y en la misma los legisladores que integramos la Comisión que dictamina, dialogamos ampliamente sobre los citados temas con el embajador nombrado, pudiendo comprobar por este medio el grado de experiencia y preparación que ha obtenido a, lo largo de su carrera profesional. De igual forma quedó de manifiesto su vocación y voluntad de servicio a la República.

En dicha entrevista, el embajador designado demostró su conocimiento sobre la realidad política, económica, social y cultural de Perú, así como del momento actual y perspectivas de la relación bilateral mexicano - peruana. A su vez, expuso con solvencia diversos asuntos de vista y opiniones que reflejan tanto su nivel de información, como una firme convicción en los principios que rigen la política exterior de nuestra patria.

Con base en el expediente mencionado y la entrevista referida, los legisladores miembros de la Comisión que suscribe hemos podido constatar que el licenciado Martínez del Sobral y Penichet posee los requisitos ordenados por el artículo 23 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano para ser designado embajador.

Por lo antes expuesto, los suscritos miembros de la Comisión consideramos que el licenciado Manuel Martínez del Sobral y Penichet reúne en su persona las cualidades y méritos suficientes para el buen ejercicio del cargo de embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante el Gobierno de la República de Perú, por lo que nos permitimos someter a la consideración de esta honorable Asamblea la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Único. En uso de las facultades que le confiere la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió en favor del licenciado Manuel Martínez del Sobral y Penichet, como embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México, ante el Gobierno de la República de Perú.

Salón "Leona Vicario" del Palacio Legislativo de San Lázaro. - México, D.F., 19 de octubre de 1993.

Segunda Comisión: diputado Rodolfo Becerril Straffon, presidente; senador Humberto A. Lugo Gil, secretario; senador Leonardo Rodríguez Alcaine, senador Héctor Terán Terán, senador Héctor Hugo Olivares Ventura, diputado Mario del Valle Fernández, diputado Eloy Vázquez López, diputada Laura Alicia Garza Galindo, diputado Fernando Lerdo de Tejada, senador José Joaquín González Castro, diputado Manuel Rivera del Campo.»

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.

El Presidente:

Se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano Manuel Martínez del Sobral y Penichet, cuyo nombramiento como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México, ante el Gobierno de la República de Perú, acaba de ser aprobado por esta Asamblea.

Para que lo introduzcan a este salón y lo acompañen a rendir la protesta de ley, se designa en comisión a los siguientes legisladores:

Senador José Joaquín González Castro, diputado Manuel Rivera del Campo y diputado Mario del Valle.

La secretaria diputada Luisa Urrecha Beltrán:

Se ruega a los presentes ponerse de pie.

El Presidente:

Ciudadano Manuel Martínez del Sobral y Penichet: ¿Protestais desempeñar leal y patrióticamente el cargo de embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México, ante el Gobierno de la República de Perú, que se os ha conferido, y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

El ciudadano Manuel Martínez del Sobral y Penichet:

Sí, protesto.

El Presidente:

Si no lo hiciereis así, que la nación os lo demande.

Se ruega a la comisión designada, acompañar al señor embajador, cuando desee retirarse.

ESTADO DE NUEVO LEÓN

El Presidente:

Se le concede el uso de la palabra para tratar lo referente a los trabajador del ISSSTE del Estado de Nuevo León, al diputado Eloy Vázquez López.

El diputado Eloy Vázquez López:

Gracias, señor Presidente; estimados legisladores:

El sistema de seguridad social mexicano es una de las principales conquistas de nuestra clase trabajadora. El principio solidario que lo alienta, fondos comunes, cuyo manejo es público, lo distingue de otros esquemas como el estadounidense, en donde la participación del capital privado es privilegiada.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como sus leyes reglamentarias, son de utilidad pública por mandato constitucional. Los trabajadores y sus familias, que acceden a sus servicios, reciben un beneficio invaluable en renglones como la medicina preventiva, la hospitalización, diversas clases de seguros, prestaciones sociales y en las actividades de recreación y esparcimiento.

Nuestras instituciones de seguridad social son, por tanto, una parte muy sensible y preciada de la población derechohabiente. Sostener su carácter público y ampliar su cobertura, es tarea de todos, en especial del Gobierno de la República.

Por ello, no es extraño observar cómo amplias capas de la población reaccionan frente a la amenaza de privatizar la seguridad social en México, de concesionar aspectos importantes de los servicios que ofrece, de limitar y suprimir derechos que sus leyes consagran, o bien de afectar conquistas de los trabajadores, que con su labor la hacen posible.

No obstante, el IMSS y el ISSSTE son sometidos a un proceso de descapitalización en años pasados y hoy objeto de campañas de desprestigio, vulnerando con ello las actividades sustantivas que realizan. A esto se suma un manejo administrativo insuficiente y el diseño de políticas equivocadas, que con el uso no planificado de los recursos destinados a sostener los sistemas de jubilación, han propiciado crisis financieras e incapacidad para satisfacer el pago de pensiones.

Pese a todo, la defensa de la seguridad social, de sus instituciones públicas y de sus leyes reglamentarias, forma parte ya de la conciencia trabajadora de la ciudadanía mexicana. Ella hizo posible la movilización de miles de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social ante el peligro de la subrogación de servicios y la liquidación de logros importantes plasmados en su contrato colectivo de trabajo; en la determinación de aceptar el pobre ofrecimiento económico que les hicieran las autoridades del Instituto a los sindicalizados, se mantuvo siempre el interés de preservar y fortalecer el IMSS antes que ponerlo en riesgo.

Esa conciencia ha llevado a miles de profesores del Estado de Nuevo León a tomar las calles y a realizar diversas actividades de protesta por las reformas a la Ley del ISSSTE - León, aprobadas por el Congreso local el pasado 12 de octubre.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León, fue creado por decreto de Ley el 22 de enero de 1983, a iniciativa del entonces gobernador, Alfonso Martínez Domínguez. Se pretendía, con el nuevo organismo, de acuerdo a los elementos vertidos en su favor, mejorar e integrar las legislaciones en materia de seguridad social precedentes.

Las reformas recién efectuadas, a juicio de los profesores agrupados en la sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, lesionan derechos y dan marcha atrás en conquistas, principalmente en las referidas al renglón de las jubilaciones.

En un comunicado dirigido a los derechohabientes del ISSSTE - León, y que fue la base de las

reformas, funcionarios sindicales, representantes de los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo del Estado y del Instituto, explican las razones y propósito de las mismas, cuyos aspectos más relevantes son: crear un nuevo sistema certificado para la jubilación; ajustar los montos por concepto de pensión, de acuerdo al crecimiento inflacionario; determinar el derecho a la jubilación por los trabajadores activos, por una combinación de edad y tiempos de servicio; pagar una aportación equivalente al 5%, sobre el salario base de cotización

por cada año adicional, con tope máximo del 50% del sueldo a los trabajadores activos que permanezcan laborando después de cumplir 28 años de servicio las mujeres y 30 los hombres.

Aumentar el número de consejeros de los trabajadores en el Instituto y crear los comités técnicos sectoriales, en los cuales también podrán participar.

Incrementar las aportaciones de los trabajadores y de las entidades públicas.

Permitir que a todos aquellos trabajadores en activo que al momento del establecimiento ya hayan cumplido con los años de servicio requeridos por la anterior Ley, puedan decidir entre ingresar al régimen nuevo y optar por aquélla.

Establecer la opción para aquellos trabajadores que hayan ingresado al servicio público del Estado antes de 1983, de incorporarse al nuevo sistema o solicitar su liquidación.

El documento y la propia exposición de motivos de la reforma tienen que el nuevo sistema pensionario es superior en beneficios a los estandares de otros sistemas en el país y representa un avance significativo en la modernización, consolidación y viabilidad en largo plazo del sistema de seguridad social.

Las razones que aducen para su instauración se encuentran en la invialidad del sistema financiero del ISSSTE - León bajo las actuales condiciones, su propósito es dotarlo de solidez financiera para evitar quiebras futuras, dar certidumbre para que el trabajador conozca permanentemente el estado de los fondos para su jubilación.

Transparencia para que exista una estrecha vigilancia de la correcta aplicación de los recursos involucrados y seguridad de largo plazo para garantizar el pago oportuno de las pensiones. En todo este cuerpo de consideraciones encontramos un fuerte cuestionamiento al sistema financiero del ISSSTE - León, dudas sobre el uso adecuado, honesto y eficiente de sus recursos y la crítica soterrada a su conducción administrativa, todo lo cual condujo a que en agosto de 1992 el Instituto se declara en quiebra técnica y asumiera que no le era posible pagar las pensiones y mucho menos hacer frente a la nueva generación de trabajadores que solicitaban su jubilación.

Se argumenta que la quiebra técnica es producto del sistema financiero adoptado, en particular, de la jubilación dinámica existente. Pero se hace a un lado la responsabilidad del Gobierno del Estado para cumplir con la obligación de aportar las cuotas que le correspondían y que gran parte de los recursos fueron destinados a funciones diferentes de las que habían sido aprobadas, mediante un mecanismo de transferencias que hasta la fecha no ha sido aclarado.

El dictamen de aprobación en la nueva Ley habla de un acuerdo concertado para llevar a cabo las modificaciones, pero la respuesta magisterial es la prueba más contundente de que son acuerdo popular y a espaldas de los trabajadores.

Las razones fundamentales del magisterio para repudiar las reformas son las siguientes:

Se pone fin a la pensión dinámica que permitía el incremento de su monto de acuerdo al aumento de salario.

No se considera la propuesta de los maestros de aumentar las cuotas en forma proporcional tanto a trabajadores como a entidades públicas, tomando como referencia la proporción que existe en la Ley del ISSSTE para el caso.

Tal y como es reconocido por el documento mencionado y en la exposición de motivos de la Ley, sólo podrán jubilarse los trabajadores cuya edad mínima sea de 54 años y cuenten con 36 años de antigüedad en el servicio, cuando en la actualidad lo hacen en promedio a los 46 años de edad y 28 años de servicio al Estado.

Si bien el mecanismo de jubilación representa "como uno de los más adelantados no sólo en el país sino internacionalmente", por el titular de la Secretaría del Trabajo de Nuevo León. En los hechos, el maestro que esperaba jubilarse el próximo, para poder hacerlo, tendrá que esperar al menos 10 años más.

El nuevo mecanismo consistente en el otorgamiento de certificados de reconocimiento de

derechos, excluye a todos los trabajadores de la educación que no hayan cumplido 60 años de edad. Hay una enorme duda sobre el uso adecuado, honesto y eficiente de los recursos del ISSSTE - Nuevo León, y no se procede en consecuencia. No se le pide a las entidades públicas cuentas sobre la oportunidad de sus aportaciones ni sobre su cabal cumplimiento.

Al momento, los trabajadores agrupados en la sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación han realizado varias suspensiones de labores y ocho marchas en las que han participado más de 20 mil profesores, demandando la derogación de la Ley aprobada el 12 de octubre.

En el Estado de Nuevo León se vive hoy un clima de efervescencia social provocado por un error político del gobernador del Estado y del Congreso local que debe ser enmendado de inmediato. Los reclamos del magisterio neoleonés son justos y exigen una pronta solución .

Nosotros creemos que tiene la misma factura que la Ley Inquilinaria, cuyo proceso, de por lo menos matiz, se tuvo que realizar nuevamente por esta legislatura federal en vista de que en su elaboración no se consideró a los interesados. Creemos nosotros que por el bien del país y en un Estado de la República que se encuentra tan cerca del corazón del señor Presidente de la República, debiera de distensionarse y resolverse. Tal vez la incorporación de algún artículo transitorio que diera una salida para los profesores que ya están en servicio y que son sujetos de derecho de jubilación en las condiciones anteriores, pudiera ser la salida adecuada que se le diera a este conflicto, antes de que rebasara los marcos estatales y se convirtiera en un conflicto nacional. Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado José Treviño Salinas.

El diputado José Rodolfo Treviño Salinas:

Con su permiso, señor Presidente, compañeros legisladores:

Después de haber escuchado un cocktail de comentarios sobre distintas leyes federales y estatales que nos hiciera nuestro compañero Eloy Vázquez, quisiera centrarme sobre el tema que creo, fue el centro de su argumentación y, que se refiere al Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado de Nuevo León.

En primer lugar, no podemos aceptar que se hagan acusaciones ligeras y mal fundamentadas sobre posibles malversaciones de fondos, cuando en nuestro Estado existen auditorías claras y periódicas que realiza la contraloría del Estado y, sobre todo, no podemos aceptar estas acusaciones que, insisto, en mi concepto son ligeras, cuando es evidente que el déficit de los fondos de este instituto proceden exclusivamente de que el monto y la duración de las pensiones que se conceden en el Estado de Nuevo León a sus trabajadores, no coinciden con la aportación que se hace como proporción de la nómina total del Estado.

Hasta ahora, el gobierno del Estado nunca ha dejado de cumplir los compromisos del ISSSTE Nuevo León, es falso que en ningún momento se hayan dejado de pagar las pensiones a ninguno de sus trabajadores. Tampoco podemos aceptar que con dolo se pretenda confundir a las bases, exagerar la situación política de mi Estado o que se pretenda incitar para que se rebasen liderazgos, después de que por más de un año se han llevado negociaciones de buena fe, para buscar lo que es importante en el fondo: la supervivencia de una institución que en mucho ha apoyado a los trabajadores del Estado de Nuevo León.

Desde octubre de 1992, hace aproximadamente un año y no desde agosto como lo dijo aquí el compañero Vázquez, se hizo público que había una inviabilidad financiera en el Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado de Nuevo León, mejor conocido como ISSSTE - León. Esta inviabilidad financiera se tomó como una quiebra técnica, pues las pensiones otorgadas a los cinco mil jubilados de una plantilla en nómina de 30 mil, rebasó el 26% del total de la nómina.

La situación financiera de un organismo de este tipo en las condiciones que por error prevalecían en ese entonces, es evidente, pues las aportaciones que se hacen al financiamiento del Instituto, son de sólo el 12% de la nómina. Mensualmente ingresa un 12% y egresa un 26%; un déficit directo de un 14% que para fines de este año iba a representar alrededor de 93 millones de nuevos pesos.

El ISSSTE - León, se concibió como una organización de avanzada que fue fundada en 1983 por nuestro colega el legislador Alfonso Martínez Domínguez, con el propósito humanista de proteger y dar a los empleados del gobierno del Estado, una seguridad durante su vejez.

Hay que destacar que antes de esa fecha, no existía un sistema similar y que aún en la actualidad, solamente un puñado de entidades estatales cuentan con esquemas similares.

Como en cualquier institución dedicada a las pensiones, el éxito del ISSSTE - León, se debió en sus orígenes a la sustentación financiera de cada una de las pensiones en un presupuesto que anualmente hacía la institución. De esta forma cada año se determinaba con anticipación el monto económico disponible y el número de personas que podían ser pensionadas durante el año al que se refería el presupuesto.

En los casos en que el número de candidatos a ser jubilados rebasaba el que técnicamente era factible, se podía invitar a los que no la alcanzaran, a recibir un aumento de salario con cargo al gobierno del Estado, de un 5% cada año que estuvieran laborando, en exceso a la fecha que les correspondía la jubilación y hasta por un tope máximo de 10 años.

Desgraciadamente varios años después de la fundación del instituto y no durante el gobierno del senador Martínez Domínguez, como aquí se ha insinuado, el consejo directivo del instituto, tomó acuerdos que si bien tenían un generoso sentido social, no contaban con un soporte financiero necesario para incluir nuevos rubros de prestaciones. Entre los cambios que se realizaron y que no podían ser sustentados, se encuentra el de plantear un crecimiento en las pensiones de los jubilados, que no iba en función de su poder adquisitivo sino en los incrementos que se concedieran a los trabajadores que aún continuasen en activo.

Así se constituyó un esquema que con las jubilaciones no eran solamente dinámicas sino que también se convirtieron en automáticas. Así, trabajadores en plenas facultades de trabajo y en edades oscilantes, como aquí lo reconoció el compañero Eloy Vázquez, entre los 46 y los 48 años, se convirtieron automáticamente en jubilados, creando el absurdo actuarial, de jubilar por 28 ó 30 años de trabajo, a personas cuya esperanza de vida era todavía de alrededor de 30 años adicionales.

Esto no se da en ninguna parte del mundo; no es soportable por ningún gobierno y no resulta ni siquiera de sentido común proponerlo en esta tribuna. En ninguna parte del mundo, insisto, hay sistemas similares a los que aquí hace un momento se propusieron. Técnicamente debe de haber una relación de dos años trabajados por cada uno de que se goza de descanso.

En Nuevo León estábamos llegando a tener casi uno por uno.

Al entrar el instituto en una crisis financiera grave, el gobernador del Estado enfrentó con valor el problema y nombró hace casi un año una comisión negociadora, con representantes de los trabajadores y de las autoridades...

El Presidente:

¿Me permite el orador?

El diputado José Rodolfo Treviño Salinas:

Como no, señor Presidente.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Vázquez.

El diputado Eloy Vázquez López (desde su curul):

Primero, señor legislador, quisiera yo decirle que si ha leído usted el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la legislatura de Nuevo León, en donde se contienen las consideraciones en torno a la quiebra técnica. Porque todo lo que yo dije está fundado en el dictamen que tengo aquí. Y en el segundo párrafo dice:

"Se ha llegado a una solución negociada y concertada, producto de una participación positiva y abierta al diálogo..." No, perdón; es el otro.

"Cabe recordar que en agosto de 1992 el gobierno superior del Estado, resultado de un estudio actuarial, reveló la crisis financiera del ISSSTE - León, creándose de inmediato una comisión dedicada a analizar y buscar soluciones a la problemática planteada. Esa comisión creada con fecha 10 de noviembre de 1992, ratificó el 30 de abril del presente año la existencia de dicha crisis y se transformó en comisión negociadora para encontrar una solución y ofrecer rumbos propositivos de reformas estructurales."

Ese es por lo que se refiere a la primera. Y la segunda pregunta que quiero hacerle...

El diputado José Rodolfo Treviño Salinas:

No le entiendo, perdone, su pregunta. ¿Pudiera precisarla?

El diputado Eloy Vázquez López (desde su curul):

¿Por qué dice usted o por qué piensa usted que mis apreciaciones son juicios a la ligera, si yo estoy basándome en lo que contiene este párrafo que le acabo de leer?

Y el segundo punto. ¿Usted está en contra de que los trabajadores se jubilen a los 30 años de servicio? ¿Es esa la posición de usted en este caso? ¿Le parece a usted insuficientes los 30 años de servicio? ¿Piensa usted que el único criterio de jubilación debe ser la edad y por lo tanto quitarle a los trabajadores el derecho a ser jubilados a los 30 años por antigüedad? ¿O cree usted que debe haber compensación por el hecho de empezar a trabajar desde más jóvenes? ¿Piensa que no hay desgaste por el hecho de iniciar el trabajo con anterioridad?

El diputado José Rodolfo Treviño Salinas:

Le agradezco mucho sus preguntas, compañero diputado. Creo que para ambas tenemos respuesta. Cuando yo me referí "a juicios a la ligera", fue cuando se mencionó "que había habido desviaciones de fondos", desviaciones de fondos que no le constan ni a usted y que yo sepa a nadie en Nuevo León.

A eso me refiero con "juicios a la ligera"; que se hubieran desviado fondos, que se hubieran malversado fondos. Esa es la parte de su discurso que motivó mi reacción a llamarle "juicios de valor a la ligera". No creo que tenga usted ningún documento que pruebe lo que aquí en esta tribuna nos vino a decir.

Por otra parte, en lo que se refiere a si es justo o no es justo jubilarse con 30 años de servicio, yo creo que es muy justo jubilarse con 30 años de servicio. Pero creo que debe de ser con base en un estudio actuarial conciso, congruente. Si una persona tiene 30 años de servicio y está cotizando un 6% de su salario, él como trabajador, y otro 6% que lo cotiza el patrón. Para jubilarse a los 46 años, teniendo una expectativa de vida de alrededor de 25 ó 30 años adicionales; lo que se me hace insuficiente es el monto de la cotización, con base en la expectativa de vida y en base a los beneficios que se esperan.

Creo que fui muy claro y todavía no termino mí presentación, creo que vamos a aclararlo posteriormente, de que lo que no es justo en este caso es tener cálculos actuariales donde existen un año de trabajo por un año de descanso; eso es lo que a nosotros se nos hace incongruente, desde el punto de vista matemático y también desde el punto de vista financiero. Y es precisamente éste el asunto que ha llevado al Instituto de Nuevo León, al ISSSTE - León, a tener que modificar sus reglas.

Si le parece, señor diputado, continuaré.

Cuando entró el Instituto en una crisis financiera grave, el gobernador del Estado enfrentó con valor el problema y nombró y usted lo ha mencionado en esta interpelación que hizo, hace un año la comisión negociadora con representantes de los trabajadores, de las autoridades estatales e incluyó representantes tanto del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación como del Congreso del Estado.

Los estudios actuariales que derivaron del trabajo de esta comisión confirmaron la inviabilidad financiera del Instituto y se presentaron como disyuntivas a decisión las siguientes opciones:

Por una parte, cerrar el ISSSTE - León como hubiera podido ser factible y quedarnos como muchos otros estados de la República, sin este instrumento de servicio a los trabajadores del Estado.

Y el punto número dos es modificar con el esfuerzo de todas las partes y la colaboración de las mismas, las reglas de operación del instituto.

Cabe señalar que en el proceso de análisis y en la aprobación existió siempre unanimidad. Hubo unanimidad en la aprobación de la comisión negociadora, hubo unanimidad en la aprobación por el consejo del instituto, hubo también unanimidad en la votación de todos los partidos representados en el Congreso del Estado, inclusive contándose con el voto de un antiguo militante del PRD.

El gobernador Sócrates Rizo, pensando en el bienestar de los maestros y de los demás trabajadores al servicio del gobierno de Nuevo León, ha apoyado las modificaciones a la Ley del ISSSTE León para adecuarlas al sentido común, para hacerlas razonables y realistas y para garantizar que continúen jubilaciones justas y permanentes para los trabajadores del Estado de Nuevo León.

Los cambios propuestos garantizan pensión con sueldo íntegro para los trabajadores que cumplen con los requisitos razonables tanto en edad como en antigüedad en el servicio y de ninguna manera se lesiona ninguno de sus derechos. Se concede además pleno respeto a los derechos de los trabajadores que actualmente disfrutan de su pensión.

Por otra parte, a los trabajadores activos se les otorga un certificado de reconocimiento de derechos; este certificado incluye no sólo las aportaciones acumuladas sino el valor económico que hasta la fecha hayan acumulado como expectativas.

No se ha dado marcha atrás a las conquistas, sino que el gobierno del Estado ha aceptado un pasivo contingente de alrededor de un mil 700 millones de nuevos pesos, que es mucho más de lo que originalmente los trabajadores habían calculado.

Al jubilarse todos los trabajadores contarán con una pensión vitalicia calculada actuarialmente para proporcionarles una adecuada protección contra la inflación y que les permita mantener el poder adquisitivo de su salario; se les da un horizonte seguro y un horizonte de largo plazo.

De esta forma, haciendo frente a la realidad de una manera negociada y basada en estudios actuariales sólidos, se logra el objetivo de garantizar jubilaciones justas y equitativas, tanto para los trabajadores del estado como para el resto de la ciudadanía que contribuye con sus impuestos al sostenimiento del Estado de Nuevo León.

No tiene razón el Partido de la Revolución Democrática para tratar de distorsionar una causa con tintes populistas y con sentido demagógico. Estas distorsiones de la realidad y de la verdad en torno al asunto del ISSSTE - León derivan en desplantes absurdos que no tienen más sustento que la falta de información que el mismo PRD parece propiciar en nuestro Estado. Este es un asunto laboral entre trabajadores y su patrón, que en este caso es el gobierno del Estado de Nuevo León y en ese ámbito se ha venido resolviendo.

No nos parece adecuado y coincidimos con la petición expresa que han hecho los trabajadores, incluso en los medios de comunicación, de que en este asunto no se inmiscuya ninguno de los partidos políticos.

La confusión que se ha generalizado no deriva de hechos reales que afecten a la comunidad neoleonesa sino a la falta de información y estamos seguros de que en la medida en que se permita la información real de los acuerdos que han sido aprobados unánimemente y se permee a la base trabajadora, el proceso de distorsión cesará, la desinformación llegará a su punto final y el problema del ISSSTE - León quedará sólida y permanentemente resuelto. Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Eloy Vázquez.

El diputado Eloy Vázquez López:

Gracias, señor Presidente; muy breve, compañeros legisladores:

En primer lugar quiero rechazar el señalamiento de que 20 mil maestros de Nuevo León se están moviendo, movilizando, simplemente porque un grupo de agitadores está detrás, 20 mil maestros han sentido que sus derechos están afectados por una Ley cuya aprobación no les fue consultada; dentro de ese plural movimiento existen también distinguidos miembros del PRI. Por lo tanto nosotros no reclamamos ninguna paternidad, aparte del PRD, de este problema y lo que si es cierto es que los que aprobaron la Ley tienen una connotación política muy específica, incluido el diputado que mencionó el diputado Treviño y no es otra que la oficial.

En segundo lugar, quiero decir que los trabajadores han manifestado y, esto lo sabe el gobierno del Estado, que están de acuerdo, en todo caso estarían de acuerdo en pagar una cuota más alta para que el ejercicio actuarial que tanto le preocupa al diputado Treviño quedara saldado, pero el diputado Treviño no le preocupa el problema aritmético en la variable cuota, tanto como le preocupa en la variable antigüedad y ése es precisamente el problema. Para nosotros la antigüedad no es una variable aritmética, es un derecho social y por lo tanto no puede ser la variable dependiente, no puede ser la variable afectada, nosotros creemos que debe ser una constante, los 30 años de servicio deben cerrarse y en todo caso la otra, sí debe ser la variable.

Voy a dar lectura al artículo sexto transitorio de la Ley para que nos demos cuenta justamente cuál es el problema, porque independientemente de los derechos que plantea el diputado Treviño en el texto, en el contenido de la Ley, el sexto transitorio está prácticamente clausurando la posibilidad de la jubilación cuando plantea: "Los

servidores públicos activos que se encontraban sujetos al régimen de cotización, previsto en el ordenamiento que se abroga, tendrán el derecho de ejercer las opciones previstas en el artículo 67 de esta Ley, cuando, al momento de su retiro, la suma de sus años cumplidos de edad con sus años de servicio sea igual, o mayor a 90 conforme a la siguiente tabla", y plantea que quienes tengan 28 o 29 años de servicio deben sumar 90 los años de servicios más la edad, esto implicaría pues de hecho que tendrían que ser trabajadores de una edad muy avanzada o bien tendrían que ser muchos los años de servicio para poder acceder a la jubilación.

Un trabajador con 48 años de edad y 30 años de servicio no podría jubilarse porque necesitaría 42 años de servicios para hacerlo, es decir, 12 años más de los que actualmente tiene derecho. Este es el problema social, cuando para los actuarios los derechos sociales son variables dependientes las computadoras arrojan datos fríos, que resuelven el problema aritmético y que le ganan la simpatía al actuario de parte del funcionario responsable, pero las computadoras y los actuarios se olvidan de que se trata de hombres y aquí lo que nos ha venido a decir el diputado Treviño, es que los maestros deben continuar trabajando 40 y tantos años o morir en el servicio.

Esto es completamente inaceptable para quienes estamos por que el derecho social tiene como fundamento una realidad y esto es que los trabajadores en sus 30 años de actividad aportan para la riqueza nacional lo suficiente; no estamos hablando de las exiguas cuotas derivadas de exiguos salarios o sueldos que se les cubre, sino la riqueza que crean socialmente y esa riqueza es lo suficientemente amplia como para que ese trabajador tenga derecho al descanso.

Y creemos nosotros que si un trabajador trabaja 30 años al servicio de la nación, al servicio de su Estado y descansa 30 más, eso significaría que vivimos en un país de derecho y de ninguna manera constituye un acto demagógico. No estamos pidiéndole a nadie que trabaje 25 ó 20 ó 10 años, simplemente lo que la Constitución de la República y sus leyes reglamentarias han establecido como normas, como la base de cálculo de la vida útil de un individuo. Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Treviño.

El diputado José Rodolfo Treviño Salinas:

Con su permiso, señor Presidente:

Solamente para aclarar. Se mencionan marchas de 20 mil personas, se menciona a los maestros; en Nuevo León hay 20 mil maestros. Es imposible que haya habido 20 mil personas en esas marchas y es cosa de ver las fotografías que la prensa difundió dentro del Estado.

Yo no puedo dejar el argumento de los 30 años de servicio sin aclarar que estamos perfectamente de acuerdo que a los 30 años de servicio haya una jubilación. Lo que no creemos que sea práctico ni sea justo, es que a una persona de 46 ó 48 años, cuando todavía puede rendir mucho y enseñar con mayor experiencia a un alumnado, tenga que ser forzosamente jubilado.

El gobierno del Estado está dándole la oportunidad a aquellos que cumplen sus 30 años, de poderse jubilar de acuerdo al procedimiento anterior y aquellos que quieran quedarse, por cada año adicional que se queden después de la fecha de jubilación se les da un 5% de aumento salarial que va multiplicándose progresivamente hasta llegar a un máximo de 10 años. Hay una compensación por cada año adicional a los 30 años y yo creo que también hay una compensación para la sociedad de recibir de sus maestros una instrucción de una persona capacitada y todavía en pleno ejercicio de sus facultades físicas.

Se les ofreció a los maestros de base de Nuevo León el que tomaran la jubilación a los 30 años y que pudiesen jubilarse a los 46 ó 48 años, haciendo el ajuste respectivo en la cuota de cotización; la cuota equivalente, compañero Eloy Vázquez, es de un 50% del salario, eso es el número que da y que usted otra vez a la ligera a lo mejor no había calculado.

El 50% de salario de un maestro no le va a alcanzar para cubrir sus obligaciones, actualmente se paga el 6%. Para hacer, lo que aquí se vino a proponer hace un minuto, tendría que aumentar de 6% al 50%.

Por último, con respecto al sistema de puntaje creo que habría que analizarlo con mucho detenimiento, esto lleva un año de estudio; el sistema de puntaje está pensado sopesando la edad de la persona con los años trabajados, el número de 90 da en un caso ejemplo: si una persona empezó a trabajar a los 20 años y llega a los 55 años de vida, completa sus 90 puntos y automáticamente se puede jubilar. No creemos que 55 años sea exigirle a nadie demasiado esperar para cumplir con la sociedad y también darle

viabilidad financiera a un sistema que de otra manera demandaría un 50% del salario como cuotas. Muchas gracias.

MEMORIAL DE PARTICULARES

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Fernando Lerdo de Tejada.

El diputado Fernando Francisco Lerdo de Tejada Luna:

Gracias, señor Presidente; compañeros senadores y diputados:

Tengo una comunicación de particulares que quisiera yo darle lectura y hacer unos breves comentarios al respecto. La comunicación dice:

"Secretarios de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Palacio Legislativo de San Lázaro. Presentes.

Como hoy en día es sabido en todo el mundo, nuestro país se ha empeñado en cambiar para bien sus esquemas políticos y económicos, buscando alcanzar las anheladas metas de justicia y libertad para todos los mexicanos.

Estas estrategias de cambio se han basado en una estructura firme y sólida que ha hecho que se asombre a propios y extraños. Nos referimos sin duda al carácter y al temple de los mexicanos, que han sabido trabajar para tiempos mejores, confiando en las decisiones nacionales.

Estas características de nuestro pueblo no surgen de improviso, sino que son fruto de los siglos de integración de una cultura mixta, con ricas y arraigadas costumbres, que han delineado el perfil de una nación sin igual y destinada a la prosperidad que merece por su esfuerzo.

Recientemente el Presidente de la República constató en Bruselas, Bélgica, con motivo de Europalia 1993, la fascinación de toda Europa por nuestro patrimonio cultural milenario.

Ha llegado la hora de que sea México, quien exporte sus valores culturales al mundo entero y deje de ser de una vez por todas visto como depósito de basura social surgida de otros países que se descuidaron en materia cultural. Es éste el momento de mostrar con dignidad el orgullo de lo nuestro y el firme propósito de conservarlo y enriquecerlo a cualquier costo, ante quienes han insistido en considerarnos como un cliente fácil que aceptará pagar por la basura que otro país rechaza.

Lo anterior, nos obliga a reflexionar sobre espectáculos que nos denigran, al brindar forma abierta y peor aún, pagándole, a gente proveniente de subculturas extranjeras que, como Madonna, promueven los antivalores más agudos, tales como el homosexualismo, el lesbianismo, las prácticas sodómicas, la vieja lucha generacional que busca enfrentar a padres contra hijos, la proclividad al vicio y las malas costumbres.

Estos motivos llevaron a las autoridades de Alemania e Italia a cancelar los conciertos que la cantante tenía programados en fecha reciente en esos países.

No parece haber motivo alguno por el que nosotros sí debamos aceptar la difusión de una fuente de contaminantes tan peligrosos.

Una vez expuesto lo anterior, queremos manifestar a través de nuestros legisladores nuestro rechazo y desaprobación a la pseudocultura y antivalores que promueve esta cantante."

Quiero hacer, señor Presidente, algunos comentarios al respecto.

En primer lugar, es sin lugar a dudas singular tratar en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, una situación de esta naturaleza. Sin embargo, siempre he creído que corresponde al Poder Legislativo y desde luego a las cámaras, atender las preocupaciones sociales y ésta es desde luego una de ellas.

Quisiera yo señalar que una carta similar a ésta, fue enviada a las autoridades correspondientes, con cerca de 30 mil firmas. El grupo que firma la carta el día de hoy, es un grupo de personas que quieren manifestar esta preocupación ciudadana; no es una organización o una asociación que se dedique a objetar el tipo y la calidad de los espectáculos que se presentan en la ciudad de México, por el contrario, este grupo, como muchos otros sectores de la sociedad mexicana, han considerado que las diversas presentaciones que se han hecho de espectáculos tanto nacionales como extranjeros, en los últimos meses en diversos foros de nuestra ciudad capital, han enriquecido la vida cultural y han ampliado desde luego las posibilidades de esparcimiento de los ciudadanos del Distrito Federal, por lo tanto no es un grupo cuyo propósito sea el de llevar vidas

ejemplares a los escenarios de la ciudad de México ni mucho menos, ni tampoco su propósito es el de juzgar la vida privada de los artistas.

Este grupo, no tiene nada en contra de la presentación que próximamente también hará un conocido artista, Michael Jackson, quien ha estado envuelto en un escándalo importantísimo, y que sin embargo no tiene ningún planteamiento en eso, porque considera que el señor Jackson no hace de sus debilidades el objeto de su espectáculo, de tal manera compañeros legisladores...

El diputado Cristóbal Arias Solís: (desde su curul):

Señor Presidente, ¿me permite una interpelación al orador?

El diputado Fernando Francisco Lerdo de Tejada Luna:

Con mucho gusto, señor diputado.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Cristóbal Arias.

El diputado Cristóbal Arias Solís (desde su curul):

La posición de usted hace rato, menciona que es la de los diputados, ¿está hablando en nombre de los diputados de su partido?

El diputado Fernando Francisco Lerdo de Tejada Luna:

No, señor.

El diputado Cristóbal Arias Solís (desde su curul):

¿No que está hablando únicamente a nombre de un grupo que está aquí presente? Se entendió, ¡qué bueno que lo pueda aclarar el señor diputado!

La otra pregunta: ¿por qué contra Madonna y por qué Michael Jackson sí? Explíquenos por favor, por qué Madonna no y por qué Michael Jackson sí. No sé si también nos va a hablar de Paul McCartney. Adelante su posición por favor.

El diputado Fernando Francisco Lerdo de Tejada Luna:

No estaría de ninguna manera mal.

Déjeme decirle esto, señor diputado; ésta no es ni con mucho una posición de mi partido, es un documento, como lo señalé aquí, de un grupo de particulares que está preocupado precisamente del distrito en donde yo soy representante y que como lo señalé en un principio, no obstante la singularidad de la cuestión a tratar, aquí lo comento a título personal y dándole lectura a la preocupación que ha establecido y que mantiene este grupo de ciudadanos.

Decía yo precisamente, que este grupo de ciudadanos, no tiene como propósito ni crear una asociación, ni el integrarse en un jurado que venga aquí a juzgar sobre la vida particular de los distintos artistas que se presentan en escenarios mexicanos. Para nada. Precisamente, por eso ponía yo el ejemplo del señor Michael Jackson, que no obstante haber estado últimamente en un escándalo importante a nivel mundial, sin embargo este grupo no se opone en ningún momento a que el señor venga, porque no es un grupo que se dedique a esas situaciones.

En este caso, lo que este grupo específico comenta, no está ni siquiera en la realización de los actos eróticos que se llevan a cabo en ese escenario, o en las manifestaciones de homosexualismo o de lesbianismo que también se presentan en el mismo, o en la falta de respeto a los símbolos, a los signos o a los valores.

Por supuesto que de todo ello, nosotros creo que en última instancia rechazamos ese planteamiento, pero la verdadera cuestión, según comenta y según señala este grupo, creo yo que con toda razón, es que, a través de este espectáculo se lleva a cabo la promoción de estas conductas, como verdadero ejemplo de comportamiento social.

Y esto es precisamente lo importante. No son situaciones aisladas o parte de una presentación ni mucho menos, sino que son antivalores convertidos en verdaderos valores, son conductas antisociales que se transmutan en comportamiento cotidiano, eso es lo que este grupo quiere señalar.

Como decía, en un documento que me pasaron, un importante crítico de eventos de esta naturaleza, del London Sun, del periódico londinense, principal en la crítica de todo este tipo de eventos artísticos, un señor famoso, un señor Morgan, y déjeme decirle que éste no es ningún periódico puritano ni mucho menos, decía que sobre el espectáculo que se presentó en septiembre, que las "escenas ya no choquean a nadie, porque ya no es ése el punto, sino que es el mensaje el que causa malestar".

Simplemente para concluir y dejar clara la posición, yo diría que este grupo no pretende ni censurar ni pretende tampoco prohibir ni mucho menos este tipo de espectáculos; lo que quiere es alertar, esto es, informar y crear conciencia sobre lo que consideran son conductas contrarias a la formación de los valores sociales para que en el más absoluto respeto a la libertad la sociedad pueda decidir y escoger.

Este grupo, lo que pretende es manifestar desde luego su rechazo a los contenidos y formas que se expresan en este espectáculo y dejar de manifiesto que una parte de la sociedad mexicana no coincide con ese mensaje. Yo creo que el planteamiento de este grupo es muy valiente, además es representativo y es numeroso, por ese motivo me he permitido traerlo a esta tribuna. Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Cristóbal Arias Solís.

El diputado Cristóbal Arias Solís:

Señor presidente, honorable Asamblea:

Francamente no sé si la intervención del diputado Lerdo de Tejada, deba de movernos a la grave preocupación que a él le acongoja y a quienes representa, o si debemos de tomar las cosas, no con esa gravedad con que él ha venido a expresarse aquí.

Sin embargo, habría que resaltar algo de su intervención, hay una cuestión que a mí me preocupa, porque atrás de toda esa argumentación que considero que se puede rebatir y dejar sin sustento, hay un ataque a las libertades que consagra la Constitución y, eso creo que en esta Asamblea debemos de meditarlo seriamente, considero que no podemos negar el riesgo, el peligro, que se esconde atrás de esta aparente y bien intencionada petición que han formulado a la autoridad correspondiente y que ahora se nos hace del conocimiento a través de esta Comisión Permanente de un grupo, muy respetable, pero que seguro estoy, no representa el sentir de la mayoría en esta capital ni mucho menos del país.

Y sí, puede sentarse un grave precedente y, más que aquí un representante popular haga eco a estos planteamientos y que pase por alto el régimen de libertades, el derecho a la libertad de expresión que consagra nuestra Constitución.

De aceptarse las presiones de estos grupos y de sus voceros, como el que aquí representa el señor diputado, se sentaría entonces ese grave precedente, que atenta contra nuestro derecho constitucional y que podría, de prosperar la demanda de este respetable, pero pequeño grupo, de llevar sin demasiado esfuerzo a grados de censura en otros órdenes de la vida de nuestro país.

Hoy, cuando están en el centro del debate nacional, de cara a la sucesión presidencial, cuestionamientos por presiones o intimidaciones a voces independientes, que han expresado y dado oportunidad de expresarse, a voces disidentes y oposicionistas al régimen y al sistema, se exige y se demanda una plena libertad de expresión en los marcos constitucionales, sin restricción.

Y no se puede pedir, como alguien lo manifestó, libertad de expresión pero con mesura. No puede haber ese tipo de limitaciones, exclusivamente las que establece la Constitución.

Y hoy estamos aquí, entonces, ante otro tipo de censura, de la libertad de expresión artística, con los peores adjetivos, en voz de un diputado, de un representante de la nación, que llama "basura", llama "basura" a una expresión artística, que puede ser o no del agrado de él y de quienes representa, que puede ser compartida o no por la mayoría o por una minoría, pero que es producto del ejercicio de un derecho individual, aquí y en todas partes del mundo donde se presentan estos espectáculos.

¿Qué tiene entonces, qué se esconde atrás de la voz del diputado y de quienes representa? ¿Un atentado contra la libertad de expresión?

No es el caso discutir aquí, en esta tribuna, si es bueno, si es malo, si es regular el espectáculo de esa famosa artista conocida como Madonna. Yo en lo particular realmente no sé por qué, diputado, por qué hace eco usted de estas voces,

que quiere usted tranquilizar sus buenas conciencias, estas voces que suenan hasta medio fascistoides; ¿qué tiene usted contra esta simpática muchacha, atractiva, con esa voz que suena agradable y que alegra a tantos que vivimos en este orbe lleno de tantos problemas?

Yo le aseguro, señor diputado, que serán mucho más de las 30 mil firmas, que espero que tengan nombres y apellido, los que ya han comprado, iba a decir hemos comprado, pero no quiero que se tome aquí como defensa, porque no es el punto, boletos para el concierto de Madonna.

Creo, entonces, que aquí estamos cayendo en extremos que creíamos superados, con adjetivos que no debieran traerse a esta tribuna, de "basura" y otras cuestiones que aquí mencionó el señor diputado.

Yo considero que su introducción, que me sorprende, que es distinta a cómo termina, hay una contradicción cuando estamos hablando de abrirnos, abrir nuestra frontera, abrirnos a la globalización de la economía, abrirnos a todas las manifestaciones del arte y de la cultura; ¿por qué ahora ese escándalo por la presentación de una artista que atrae multitudes?

Porque sería bueno aquí que nos explicara, cosa que no lo hizo realmente cuando yo le preguntaba, que por qué contra Madonna ¿no habrá hasta celos por ahí de quienes han firmado también por el atractivo sensual de esa artista? Y ¿por qué no les preocupa el escándalo en que está envuelto el otro cantante que mencionó, Michael Jackson? Y ¿por qué no se refiere, tampoco hizo mención ni me contestó la pregunta, a Paul McCartney, famoso artista del ya desaparecido grupo de los Beatles que atrajo a millones en todo el mundo y que se siguen comprando ahora los discos también de este famoso artista?

¿Por qué la censura a Madonna y por qué ninguna mención, hoy en todas las esquinas de la ciudad de México y de todo el país está la pornografía a la vista de todo mundo?, de algo que sí no podemos calificar como erotismo, ¿no será el erotismo una expresión del arte también? ¿No hay erotismo en la Biblia? ¿No hay erotismo en los grandes; pintores antiguos y actuales? ¿No se admira en los museos y en las exposiciones obras catalogadas como arte y que tienen un alto grado de lo que se considera el erotismo, que no es sinónimo de pornografía?

No ha dicho nada aquí el señor diputado de todas estas revistas, que están a la vista de todos en esta ciudad y en el interior del país, o de las películas de ínfima, de pésima calidad. Ahora, ¿cómo catalogaría aquí el señor diputado y a quienes representan, a lo mejor sí ha visto las películas, yo le mencionaría unos títulos muy sugestivos, por ejemplo, la de Bajos Instintos, Invasión a la Intimidad? Podría mencionar una larga serie de películas; Nueve y Media Semanas y muchas más. Podría mencionárselas.

Yo creo que aquí una buena parte del público las ha visto, como seguramente esta última que está en todas las carteleras en el país con Sharon Stone. Por cierto, no sea que ahora vaya a tener algo contra Sharon Stone o contra Kim Bassinger, aquí el señor diputado y a quienes él representa.

No, señor diputado, ¿qué les va a decir usted a todos los que ya compraron los miles y miles de boletos y que están dispuestos a ir a esa pasarela, a falta de las pasarelas políticas en este país, qué les va a decir usted? Deje usted que vayan a esa pasarela con esta bella cantante, Madonna y, eso seguramente que va a llenar el vacío de aquellos que se sienten frustrados sobre todo en su partido, por la falta de la pasarela política.

Entonces creo realmente que aquí es un exceso traer a esta tribuna ese asunto y en la forma como lo ha tratado el señor diputado.

Pero lo preocupante, termino, como al principio, es el quererle poner limitaciones, restringir el marco de libertades, en algunos casos hasta precarias, pero en esto sí considero que se está excediendo.

Aquí el diputado dice que debemos no aceptar la basura de otros países. ¿Usted estaría de acuerdo, si gusta después contestarme; en que pudiera catalogarse y aprobaría que en otros países se dijera lo mismo sobre nuestros valores, como Juan Gabriel, como Gloria Trevi, como esta muchacha Guzmán? Y podríamos mencionar, no sé, se me van a la memoria tantos nombres de nuestros valores artísticos y culturales, ¿no les encontrarían defectos? ¿No siente que también a este cantante famoso, Juan Gabriel, podrían quererle encontrar defectos y más ahora que incluso quienes están interesados en postularlo como candidato a la Presidencia de la República? Creo que hay que tener cuidado, parece que estos excesos no debieran de presentarse, con todo respeto, señor diputado.

El Presidente:

La pide para rectificar hechos Lerdo de Tejada.

El diputado Fernando Francisco Lerdo de Tejada Luna:

Es una lástima que lo venido a expresar aquí por Cristóbal Arias, que nos dice que la argumentación fácil se puede rebatir, no lo haya hecho en realidad, sino tratándose de salir por la tangente y queriendo hacernos reír, cuando había puntos que creo que son fundamentales de reflexionar y de meditar.

Yo señalaría, en primer lugar, que tal vez el señor Cristóbal Arias, no entendió el planteamiento que vine a hacer a esta tribuna en donde a nombre de un grupo de ciudadanos, por supuesto numeroso, vengo a leer una carta que han dirigido a esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, como en múltiples ocasiones el señor Cristóbal Arias ha venido aquí a leer cartas y documentos de sus representados, sin que en un momento hayamos venido a poner en duda el derecho que tiene el señor a hacerlo.

De tal manera que a mi me extraña que ellos ahora...

El diputado Cristóbal Arias Solís (desde su curul):

Señor Presidente; quisiera preguntarle al orador si acepta una interpelación?

El Presidente:

Señor diputado: ¿acepta usted una interpelación?

El diputado Fernando Francisco Lerdo de Tejada Luna:

Yo creo que no, señor Presidente, que suba después, si quiere.

El diputado Cristóbal Arias Solís (desde su curul):

Gracias señor diputado.

El diputado Fernando Francisco Lerdo de Tejada Luna:

Adelante, señor diputado. Señor Presidente, si usted me lo permite, adelante.

El diputado Cristóbal Arias Solís (desde su curul):

Nada más una pregunta, diputado, ¿comparte o no comparte el contenido del documento a que ha dado lectura, que supongo que usted habrá elaborado, pero independientemente de quien lo haya elaborado, ¿comparte o no comparte esos juicios y esas afirmaciones o simplemente ha pasado a darle lectura, pero usted se excluye de toda responsabilidad? Es mi pregunta.

El diputado Fernando Francisco Lerdo de Tejada Luna:

Yo no hice el documento, señor diputado. En mi distrito no acostumbramos manipular a la gente, de tal manera que no es mío el documento, lo hizo precisamente la gente que lo firma y lo redactó.

Comparto el fondo, comparto la preocupación, no necesariamente todos y cada uno de los términos, pero sí comparto esa preocupación.

Bien, decía yo que es una lástima que haya ahora puesto en duda la posibilidad de que esta tribuna traigamos nosotros preocupaciones de nuestros votantes y, que ponga también en duda precisamente la representatividad de un servidor, diciendo que cómo es posible que haga yo eco de esas voces.

Lo que sucede es que como el señor Arias pues no representa en última instancia a ningún distrito, tal vez él no tenga esa situación de cercanía con votantes expresos y determinados, por lo tanto no entienda él, de preocupaciones concretas, sino únicamente de grandes generalidades.

No, señor diputado, en mi caso es distinto, yo sí represento un distrito expreso y determinado, y si mis votantes tienen una preocupación, es mi obligación además como su representante, traerla precisamente a las tribunas que ellos consideran convenientes.

Aquí, señores senadores y diputados, nadie ha puesto en juicio la libertad de expresión ni mucho menos. Que quede en claro que precisamente

porque existe libertad de expresión hay la posibilidad de tomar una posición o bien la otra. Raro sería, como lo plantea él, que con base o en aras de libertad de expresión precisamente trate de limitar el otro planteamiento y el otro punto de vista.

No, señor diputado, no quiera usted llevar "agua a su molino" innecesariamente porque nadie está tratando de vincular este tema ni con sucesiones presidenciales, ni con eventos políticos, salvo usted y su imaginación, porque de otra manera no le veo yo sentido a tratarlo de esa forma.

Y por último, bueno, viendo la debilidad que el diputado Cristóbal Arias tiene por el señor Michael Jackson, yo sí me comprometo a conseguirle boletos.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Cristóbal Arias.

El diputado Cristóbal Arias Solís:

Gracias, señor Presidente:

Otra preocupación más, también comparto algunas preocupaciones.

Quiere el diputado Lerdo de Tejada, ahora descalificarnos a los diputados que llegamos... ¿perdón?, bueno, usted no está... ¿perdón?, ¿quiere formular una pregunta?, todavía ni siquiera sabe qué voy a decir. Usted tiene mucha imaginación. Yo también tengo imaginación.

Pretende descalificar a los diputados que llegamos por el principio de la representación proporcional, a los plurinominales. Pero entonces ocurre que para él únicamente está en contacto y tiene derecho a expresarse en la forma que lo ha hecho el señor, el que llega por la mayoría relativa. Entonces éste es un juicio muy superficial que evade el asunto que él vino aquí a plantear y que no le está gustando, bueno, porque además al señor pues no tiene argumentos. Y lo peor, no tiene un mínimo de sentido del humor, porque corresponde, ¡qué lástima!, es un joven. Pero eso en apariencia ¡es un joven viejo, yo creo, yo me siento que soy joven, me siento joven, representamos a la juventud, no representamos a aquellos jóvenes viejos y prejuiciosos que quieren quedar bien con mentalidades que creíamos ya superadas. Y peor aún, desconoce a sus propios colegas, a sus propios diputados, hasta a su líder.

Yo tengo entendido que la muy distinguida, preparada y respetable que es la líder de los diputados del Partido Revolucionario Institucional, doña María de los Ángeles Moreno Uriegas, no es diputada de mayoría relativa, tengo entendido que es por el principio de la representación proporcional, como habrá senadores el próximo año, también por ese principio.

Es lo equivalente con la apertura al Senado. Con la apertura al Senado la primera minoría va a tener acceso al Senado. Es una forma, un procedimiento que si no es similar, los otros también son con votos.

Quienes llegan como diputados por el principio de representación proporcional, llegan con votos, no hay otra forma de llegar. La primera minoría que llegue a ocupar un escaño en el Senado de la República, va a llegar con votos. Pero es primera minoría.

No le veo muchas posibilidades a quien desprecia estos procedimientos para llegar a estos puestos al Poder Legislativo, le veo pocas posibilidades al señor diputado en su aspiración que pueda tener para llegar al Senado de la República, ya que creo que desprecia a otros diputados, como si hubiera diputados de primera y diputados de segunda, como si entonces estuviéramos pensando en que habrá senadores de primera y senadores de segunda.

No, señor diputado, quisiéramos que usted también supiera, si se puede, quiénes son las personas que están suscribiendo ése documento que ya nos explicó que usted no lo hizo, que no lo elaboró, que no lo formuló. No lo dudo. Sería bueno saber si efectivamente no corresponden a alguna de estas organizaciones, como aquellas que se oponen a las campañas que el propio Gobierno había emprendido para la prevención del SIDA u otras enfermedades.

Quisiéramos saber, si efectivamente no hay atrás ninguna de esas agrupaciones y son efectivamente personas que individualmente, no empujadas o no motivadas por ningún agrupamiento, son quienes han hecho esos planteamientos, esa solicitud que ahora usted nos hace del conocimiento.

Entonces sí hemos tratado con toda la seriedad del caso, este asunto. Lo que ocurre es que usted repito, está en una frecuencia que no es la de la mayoría; está en una frecuencia que es la de la minoría. No sabemos, a lo mejor aquí hasta nos va..., ojalá nos diera a conocer cuales son sus preferencias artísticas, si es que efectivamente las tiene.

Y no se trata de hacer, repito, la defensa de una artista, que el asunto de fondo es el que ya mencionamos: lo que se oculta atrás de esa pretensión, que es atentatoria contra los derechos y las garantías constitucionales.

El Presidente:

Tiene la palabra el señor diputado Juan de Dios Castro.

El diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Señor Presidente; señoras y señores legisladores:

Este tema, que aparentemente se ha manejado con un propósito jocoso, de gracejada, tiene una profundidad muy vasta, una profundidad enorme, para un problema que el Estado y la sociedad se han planteado no de ahora, no en las últimas décadas, sino yo creo que en muchas sociedades y en muchas épocas de la historia.

El establecer el conflicto, el conflicto entre dos valores que yo considero fundamentales, el de la libertad de expresión, que todos los legisladores, los del Partido Revolucionario Institucional, los del PRD, PARM, Partido Acción Nacional, estamos porque se respete.

Y otro problema, también conflictivo, que a veces parece o aparenta chocar con el primero, el de la moralidad pública.

Yo no desecharía con gracejada, señor diputado Cristóbal Arias, los planteamientos de ese grupo de ciudadanos del Distrito Federal, aunque yo no comparta muchos de sus enfoques, ni siquiera lo ridiculizaría, 20, 30 mil. Yo diría un solo ciudadano, no me importa el número, tiene derecho a plantearle a un diputado federal, su manera de pensar sobre un acontecimiento social, que puede en un momento dado afectar valores. ¡Puede en un momento dado afectar valores!

¡Yo no me atrevería a plantear en la Comisión Permanente la definición entre lo que en un momento dado un espectáculo sería moral o no!

¡Yo comparto el enfoque de Cristóbal Arias, cuando manifestó que en épocas de la historia, con base en que el Estado ha querido determinar lo que es moral o no, se ha atentado contra la libertad!

¡Podemos citar a Goya y Lucientes, por ejemplo, que lo citó indirectamente Cristóbal Arias, con la Maja Desnuda! Podemos citar muchos hechos de la historia, no solamente en la expresión artística, la simple manifestación de ideas políticas también.

¡Y ese es el grave riesgo, una precisión para... que nos toca también, me toca a mí también, para el diputado, para el diputado que hizo ese planteamiento legítimo de particulares! ¡No discrepo de usted, diputado Lerdo de Tejada, usted no es diputado de ese distrito!

¡La tesis de representación como mandato privado, ya ha sido superada en aquel famoso debate en la Convención y en la Revolución Francesa! ¡Somos diputados de la nación, no representamos distritos! ¡Y no hay diferencia entre unos y otros, tenemos los mismos derechos!

¡Pero, señores, cuando a mí me han hablado de que el artículo 6o. constitucional establece la libertad de expresión, no es un derecho ilimitado! ¡Leamos el texto del artículo 6o. tiene límites! los límites son la moral pública, los límites son los derechos de terceros, límites que el Constituyente estableció.

Y cuando alguna vez en el período de López Portillo se planteó regular este derecho, para mí siempre y, se los digo con franqueza, se me ha presentado como un problema insoluble la reglamentación de garantías y la reglamentación de los alcances de los artículos 6o., 7o. y 9o. constitucionales.

En esta materia de libertad de expresión, en esta materia me parece muy peligroso que el Estado defina, ¡muy peligroso! No porque en el derecho mexicano, señoras y señores, no se haya establecido ya por los tribunales federales afirmaciones y definiciones a este tipo de conceptos.

Yo tengo aquí, mientras hablaba Cristóbal Arias, buscaba una ejecutoria de uno de los tribunales colegiados de circuito que habla que el Estado no permanece indiferente a los conceptos de moral, tan no permanece indiferente que sanciona determinadas conductas, determinadas conductas que de acuerdo con lo que entendemos por buenas costumbres, son aquellas que chocan con las normas de esa clase que prevalecen dentro del grupo social y, voy a citar muchos dispositivos; ruego su paciencia.

Cuando hablamos del Código Civil habla de buenas costumbres en algunos de sus artículos, habla de mala conducta, habla de conducta depravada; alguien podrá estar en favor o en contra, por ejemplo, del adulterio, hablando de la libertad personal.

Yo no discuto la manera de pensar de alguien que estime como aceptable, pero en muchas entidades de la República está considerado con un concepto y una conducta que choca con las ideas que el grupo social mantiene en determinado momento. Y al margen de jocosidades, al margen de eso, yo veo muy peligroso, repito, que el Estado pudiera, con base en conceptos que no están plenamente limitados sus alcances en la Ley, adoptar conductas de censura.

Pero también veo la responsabilidad que tiene el Ejecutivo, el regente del Distrito Federal, tratándose del Distrito Federal; los presidentes municipales, tratándose de municipios del Estado, para otorgar o no permisos y para sancionar conductas que en el Código Penal son sancionadas; lenocinio, por ejemplo, en el Código Penal categóricamente se sanciona y el adulterio, por ejemplo, se sanciona en el Código Penal, y el incesto, por ejemplo, se sanciona en el Código Penal y la prostitución cuando quien la maneja obtiene lucro, se sanciona en el Código Penal. ¡Pero no solamente eso señores, la apología para la comisión de un delito también está sancionada en el Código Penal! Pero no podemos, señoras y señores, sancionar a priori.

La postura nuestra, señores, es que debe respetarse la libertad. Si en el ejercicio de la libertad se cometen conductas que la Ley sancione, sólo entonces es cuando debe aplicarse la sanción.

Señores, es un tema que a los legisladores debe llenarnos de preocupación. Cuando el Estado dice qué es arte y qué es moral y qué es obscenidad y qué es, pero no en la Ley, señoras y señores, sino el criterio pequeño o amplio del funcionario encargado, es un peligro enorme para las libertades de la sociedad. Gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra, para rectificar hechos el diputado Lerdo de Tejada.

El diputado Fernando Francisco Lerdo de Tejada Luna:

Gracias, señor Presidente; compañeros legisladores:

En primer lugar, manifestar mi punto que creo y por supuesto jurídicamente no existe diferencia alguna entre diputados de mayoría relativa y aquellos que lo son de representación proporcional. No creemos que exista ninguna distinción entre estos diputados y por supuesto tampoco en la representación que ostentan.

Comparto la tesis de la representación nacional que el diputado Castro nos ha recordado, por supuesto que los diputados somos representantes de toda la nación, encargados de una función legislativa, no por pedacitos, sino en términos generales y para todos, pero no obstante este planteamiento jurídico y al cual nuestro sistema da sustento, no obstante este planteamiento, es evidente que también existe un planteamiento político, un planteamiento político en donde la realidad se nos impone para que quienes surgimos en un momento determinado de algún distrito específico obviamente tengamos una mayor cercanía con esos electores.

Una ciudadanía participativa que hoy exige diputados de carne y hueso, que quiere además presentar ahí en los lugares en donde fuimos elegidos y ésa es precisamente la respuesta que muchos diputados queremos dar, porque sentimos precisamente ésa responsabilidad política con quienes nos eligieron, que si bien no tiene una significación jurídica, sí lo tiene desde el punto de vista en que esta gente votó por nosotros, nos eligió y por lo tanto nosotros tenemos responsabilidades para con ellos.

Yo quisiera señalar que nunca he pedido en esta tribuna y dejarlo claro de una vez por todas, ni censura, ni prohibición, ni cancelación, ni mucho menos, simplemente, como lo he ya manifestado, ha sido el alertar a la preocupación de un grupo ciudadano que yo creo que precisamente en uso de la libertad y del derecho merece ser oído por nosotros los legisladores. Muchas gracias, señor Presidente.

ESTADO DE NAYARIT

El Presidente:

Para el caso Nayarit, tiene el uso de la palabra, el diputado Eloy Vázquez, del PRD.

El diputado Eloy Vázquez López:

Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

Qué bueno que el tema de la libertad de expresión ha sido traído a esta tribuna, justo como preámbulo al tratamiento del problema de Nayarit. Ojalá que los votos que se hacen aquí los

conocieran quienes impiden que los medios nacionales relaten de una manera más amplia lo que está acaeciendo en aquella entidad.

El control que existe hoy sobre los medios de comunicación que ha tenido gravísimas expresiones ya comentadas en esta tribuna, ha encontrado también la resistencia ciudadana en esta disputa que hay por abrir espacios democráticos. Hacemos votos para que la libertad de expresión siga siendo una práctica en México y se desarrolle.

Tengo en mi poder y se le ha entregado a la Presidencia de esta Comisión Permanente, copia fotostática de algunas publicaciones periodísticas que hablan de la situación actual, de la gravísima situación actual del Estado de Nayarit. No es distinta la situación a la que vivió una manifestación de maestros, tres mil maestros de Michoacán, que se manifestaban pidiendo al Gobierno becas en días pasados, a los que les cerraron las puertas del palacio y les echaron gases lacrimógenos.

Tal vez el nuevo ambiente del país se vaya a llenar de gas y se vaya a querer enmudecer al pueblo a fuerza de gases.

Si triunfara esa línea dura, regresaríamos a tiempos anteriores, superados por lo menos en el discurso.

En relación con Nayarit, el Partido de la Revolución Democrática ha sido muy preciso. Estamos dispuestos a hablar las horas que sea necesario, en donde sea necesario para que el pueblo nayarita tenga un Gobierno digno, representativo, aceptado por todos, institucional, que le brinde a esta entidad las condiciones de un desarrollo social, económico, político; con el reconocimiento de la relación de fuerzas reales.

Sí, con todo gusto, señor.

El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul):

Señor diputado, nosotros compartimos la repulsa a la represión que se ha producido en Nayarit. Nada más quisiera para precisar un punto, por cuanto a la conducta del Partido de la Revolución Democrática, si nos puede usted asegurar que el PRD ha planteado a través de su Presidente, senador Porfirio Muñoz Ledo, alternativas de solución al problema de Nayarit, después de que se calificó la elección para gobernador, para dar una salida razonable, y en qué ha consistido. Gracias.

El diputado Eloy Vázquez López:

Nosotros hemos desarrollado, le agradezco, señor diputado, un proceso de revisión. El proceso de revisión justamente partió del llamado de Fernando Ortiz Arana, quien dijo textualmente que no quería negociar con una pistola en la cabeza, que se retirara el plantón que existía, con el compromiso de que Rigoberto Ochoa no entraría forzadamente al palacio de gobierno. El PRD cumplió el acuerdo y durante varios días se desarrolló el proceso de revisión.

Nuestro planteamiento ha sido que revisándose cada una de las impugnaciones que nosotros presentamos y que tienen qué ver con la forma como fue organizada la elección, la forma como fueron creados los padrones en cada una de las secciones, en donde fueron manejados para excluir e incluir indebidamente, revisar también la composición de comités de casilla, en donde incluso hubo quienes se dieron el lujo de ser simultáneamente promotores del voto del PRI, dirigentes a nivel seccional del PRI y presidentes de la casilla.

Esto ya está probado, lo hemos probado, de las 150 actas que se habían impugnado, 61 se han distinguido por distintas formas de irregularidad que son motivo de nulidad, por cuestiones relativas al escrutinio, y otras tantas se ha reconocido que tienen firmas falsificadas, que el presidente de la casilla era presidente seccional del PRI, que establecieron lista adicional cuando no se trataba de casillas especiales y que se abrieron o cerraron extemporáneamente, los cuales también son causas de nulidad.

El proceso de revisión ha arrojado objetivamente que existe un gran enrarecimiento del proceso electoral, que los resultados que le atribuye la mayoría a un partido, no son los resultados reales.

Esta muestra nosotros hemos planteado que debiera de profundizarse y en todo caso tomarse una resolución y para ello estaba citada una reunión el día de ayer. Sorpresivamente el viernes pasado, el señor Rigoberto Ochoa se presentó intempestivamente, violando el acuerdo establecido y se apersonó en el palacio de gobierno.

El Partido de la Revolución Democrática, estaba en la disposición de seguir explorando formas de resolver el problema. Son distintas las

opciones. No descartábamos un escenario que pudiera ser benéfico al Partido Revolucionario Institucional, y dentro de estos escenarios que se manejaban, estábamos pensando en que el gobernador del Estado iba a mantener la calma, iba a mantener la institucionalidad y su propia personalidad a salvo.

Sin embargo, al ir y ocupar el palacio de Gobierno, creó la inconformidad del pueblo nayarita, que de inmediato, dentro de las 24 horas siguientes, se aprestó a movilizarse. Fueron dos los intentos, a través de retenes que realizó el Gobierno del Estado para que los contingentes que se transladaban al centro de Tepic, no pudieran ejercer justamente el derecho que aquí se ha debatido, que es el derecho de expresión y manifestación.

La intervención sensata, serena, de nuestro compañero diputado...

El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul):

Señor Presidente, quisiera hacer una interpelación al orador.

El diputado Eloy Vázquez López:

Permítame concluir el párrafo... De nuestro compañero diputado López Tirado, evitó en los primeros intercambios, que se pudiera suscitar la violencia y se condujo la manifestación en los términos constitucionales, y era como se estaba expresando el pueblo de Nayarit frente al palacio de gobierno, sin, repito, sin que existiera el intento de cruzar el umbral del palacio de gobierno. El pueblo nayarita no intentaba entrar, porque había ya una comisión nombrada, encabezada por el diputado López Tirado, que entró y estaba dialogando con quienes estaban ya dentro del palacio.

Aprovechando la ausencia de los líderes, la policía cargó en contra de los manifestantes, que no estaban intentando entrar, sino estaban detenidos allá enfrente, manifestándose, en espera de lo que pudiera informarles la dirección del partido y el candidato.

Estoy para servirle, señor diputado.

El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul):

Señor diputado, insistimos que lo menos deseable para los partidos de oposición y para el pueblo de México es precisamente la represión, esto nos afecta a todos y afecta a todo el pueblo de México, nosotros la rechazamos.

La prensa dio cuenta de las pláticas que se realizaban para tratar de encontrar una solución al conflicto de Nayarit, pláticas en la Secretaría de Gobernación, pláticas de las comisiones a las que usted ha hecho referencia. Nuestra duda es, para el caso de que usted tenga información, de esas pláticas que pretendían dar una solución civilizada al conflicto de Nayarit, sorpresivamente se desata la violencia. ¿Qué fue lo que la provocó, señor diputado, en opinión de ustedes? ¿Qué fue lo que falló?, ¿qué fue lo que se incumplió o cuál fue la causa de que teniendo conversaciones y diálogo para encontrar una solución civilizada al conflicto de Nayarit, de pronto se desate la violencia con las consecuencias de que ha dado cuenta la prensa?

El diputado Eloy Vázquez López:

Justamente lo que yo dije, fue que el señor gobernador trascendió su propio compromiso. No responsabilizamos a nadie más. Si alguien lo alentó, hizo mal y que se le finquen responsabilidades. Por lo pronto, para nosotros quien violó su propia palabra, y por lo tanto la del presidente de su partido y la del Secretario de Gobernación, fue Rigoberto Ochoa Zaragoza, cuyo carácter conocemos todos aquí, porque lo tuvimos desde su actuación como presidente de una comisión calificadora del Colegio Electoral de diputados en 1991.

El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos (desde su curul):

Señor Presidente, si le puede preguntar al orador si me autorizaría una interpelación.

El Presidente:

¿Acepta usted una interpelación del señor diputado Diego Fernández de Cevallos?

El diputado Eloy Vázquez López:

Con todo gusto, señor diputado.

El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos (desde su curul):

Señores diputados. Yo creo que tal como lo ha manifestado el diputado Juan de Dios Castro, no pueden quedar sencillamente en la documentación de esta Comisión Permanente los sucesos violentos que usted ha señalado. Creo que su información perfila muy claramente la posición de su partido en relación con este acto de violencia y de represión.

Lo que a nosotros nos interesaría para poder tener una percepción más completa de la posición del PRD al respecto, es si nos puede usted precisar, en síntesis, ¿cuál es la propuesta concreta que su partido ha venido presentando en esas pláticas en la Secretaría de Gobernación, para dar fin a este conflicto sin que la violencia determine lo que está sucediendo en esa entidad de la República?

El diputado Eloy Vázquez López:

Para nosotros, Rigoberto Ochoa Zaragoza, no puede gobernar el Estado de Nayarit. El es responsable de una situación de ingobernabilidad, primero surgida de la forma como se eligió y de la inconformidad ciudadana que esto provocó, por el gran número de irregularidades, probadas una parte de ellas ya por una comisión tripartita que examinó el expediente. Existen bases legales para declarar que se trató de una elección que debió ser anulada.

Pero además, por las acciones mismas actuales, si aceptáramos, como lo he hecho en esta tribuna, sin conceder, que es el gobernador constitucional, ya en las condiciones legales actuales ha realizado con esta represión un acto tal que por su propia responsabilidad ha generado mayor ingobernabilidad en el Estado de Nayarit.

Por lo tanto, lo que procede es o bien que, actuando por los buenos oficios de los dirigentes de su partido y en un acto que pueda tender un puente hacia el restablecimiento de la concordia nacional, se le solicite la renuncia o la licencia por tiempo indefinido, en cuyo caso se pueda integrar otro gobierno que desde luego estamos dispuestos nosotros a discutir, que pueda encabezar un ciudadano honorable, respetado de Nayarit, independientemente del partido al que pertenezca, aquél al que todos reconozcamos autoridad moral para que pueda conducir adecuadamente la gubernatura del Estado.

Viendo las condiciones constitucionales, habría que discutir la procedencia o no de las elecciones extraordinarias y, una vez establecido el consenso sobre la base de un nuevo gobierno, restablecer también todas las libertades en Nayarit que han sido conculcadas por el ejercicio de quienes se han excedido en funciones y de quienes han hecho abusos de autoridad.

Nosotros queremos, sabemos de la importancia que tiene para nuestro estimado compañero, senador Emilio González, el Estado que él gobernó, le queremos decir, primero, que Cuauhtémoc Cárdenas fue muy preciso el domingo; los responsables de todas las acciones condenables son individuos, no las instituciones.

Nosotros no somos enemigos de la CTM. Lo queremos decir claramente. En la CTM encontramos y reconocemos a distinguidos mexicanos, tanto dirigentes como gente de base con la cual tenemos profundas y muy claras coincidencias.

La CTM como institución es, y debe seguir siendo, respetable para el PRD y para cualquier otro partido.

No es, pues, la CTM, como lo dice incluso la prensa, la responsable de estos hechos. El responsable tiene nombre y debe pagar por su irresponsabilidad.

Y le queremos decir, a nuestro querido compañero Emilio González, que tan dignamente ha presidido esta Comisión Permanente y que ha presidido también el Senado de la República. Al PRD le consta, Emilio González salió de Nayarit con las manos limpias, así lo hemos dicho y así lo reconoceremos también.

Pero le quiero pedir que vea las fotos de los niños, a los que les echaron gases lacrimógenos, esos niños que mis compañeros nayaritas, esos ancianos, esas mujeres, esos campesinos a los que usted les dio tanto calor y tanto cariño, véalos golpeados, véalos gaseados, por la intolerancia de quien no sabe ser digno del grupo político al que pertenece.

Usted salió con las manos limpias, don Emilio. Queremos siempre seguirle reconociendo a usted su gran capacidad de liderazgo en aquel pueblo y reconocerle también su dignidad como político.

La imagen de usted debe ser lavada, debe ser reconsiderada y debe ser dignificada en Nayarit. No debe culparse a Emilio González de lo que ha sucedido, porque es única y exclusivamente

de la responsabilidad de Rigoberto Ochoa Zaragoza. Muchas gracias.

Antes quiero decirle, desde luego, perdón por el lapsus, que usted como responsable del Senado, debiera analizar la conveniencia, junto con sus compañeros de partido, de conformar una comisión que en los marcos constitucionales investigara y procediera, en el caso de que los buenos oficios no fueran suficientes, a fincar las responsabilidades respectivas y a establecer la desaparición de poderes, como procede, en el Estado de Nayarit. Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra, el senador Salvador Sánchez Vázquez.

El senador Salvador Sánchez Vázquez:

Con su permiso, señor Presidente:

He escuchado con atención la intervención de quien me antecedió en la palabra. No puedo coincidir con la versión que presenta, porque no deja de ser una versión parcial y no deja de tener una natural carga partidista.

Cierto que los hechos suscitados se relacionan con la elección en el Estado de Nayarit, la que llevamos a efecto el 4 de julio, en la que, es cierto, el partido al que pertenece el diputado Eloy alcanzó un segundo lugar de la votación, incluso con una votación importante, con un número de votos importante, que a ellos mismos les invitó al análisis porque así había sucedido.

Pero lo que también es una verdad, es que la votación mayoritaria de los nayaritas, y esto fue un 57% de la votación total, le dio el triunfo al entonces candidato del Partido Revolucionario Institucional y hoy gobernador de todos los nayaritas.

El ha planteado algunos argumentos que yo he anotado que no fueron al fondo, sino que más bien por la superficie, y que a mí me gustaría referir.

El ha dicho que respecto de un acuerdo tomado, y dice él que no se respetó, "se organizó el pueblo". A mí me parece una expresión excesiva de que "se organizó el pueblo". También él dijo, que este "pueblo organizado" al que él se refirió no intentaba tomar el palacio de gobierno, o sea, ratificó aquí que el "pueblo organizado" no intentaba tomar el palacio de gobierno.

Es del conocimiento público que era una organización política, militantes y simpatizantes de una organización política, quienes se manifestaron y no el pueblo de Nayarit. Fue un agrupamiento del mismo Partido de la Revolución Democrática, quien hizo presencia el día 17 del mes en curso frente al palacio de gobierno.

Con respecto a esta comisión que ha estado trabajando y que el Partido Revolucionario Institucional en todo momento mostró disposición para con otra asociación política discutir este asunto, dice él que encontraron irregularidades. Nos viene aquí a hacer de nuestro conocimiento que encontraron irregularidades en esa comisión, dijo él en 61 casillas, ése fue el número que él mencionó. Si yo la refiero a las un mil 69 que fueron las que se instalaron pacíficamente, tranquilamente todas ellas en el Estado de Nayarit el día de las elecciones, bueno, pues podemos aquí dejar registradas el número de casillas sin que nos haya dicho con detalle cuales fueron esas irregularidades.

Y a una solicitud de otro diputado de que precisara su propuesta, viene aquí y hace una propuesta, que si es de su partido o es individual, pues él nos lo habrá de decir, de que en Nayarit se opte por desconocer la decisión de los nayaritas, ¿por qué no reconocer una elección de la mayoría de los nayaritas? El nos viene a plantear aquí que se desconozca el voto que los nayaritas emitieron en su oportunidad, frente a las ofertas de todos los partidos, y que finalmente el nayarita; decidió sus preferencias y en forma libre se expresó. No es posible que se venga a hacer un planteamiento de esta trascendencia, de este tamaño.

Es cierto que se dieron los hechos que aquí se relatan del 17 y del 18, hechos públicos además, que se dieron a la luz del conocimiento ciudadano. Cuando él mismo tocaba el tema de la seguridad social, yo anotaba, que es cierto que el hombre ante las inseguridades en las que vive, que le ocasionan incertidumbre, se organiza de distintas maneras para buscar seguridades, para su vivir en paz y en tranquilidad.

De ahí deriva que el individuo se organizó en el Estado o se organizó en otro tipo de instituciones particulares para buscar seguridad social. Y bien, el Estado se organizó para buscar seguridad pública, y es de ahí de donde derivó que ante esta necesidad de garantizar la seguridad pública de los nayaritas, se dio la intervención de autoridades a través de agrupamientos que están encargados de esta tarea ¿Fundado qué, fundado en qué?, pues en cumplimiento de facultades

que le otorga la Ley para hacer respetar los ordenamientos jurídicos, para hacer prevalecer el derecho de la colectividad frente a acciones aisladas o de grupo; para hacer prevalecer el orden, la tranquilidad y la paz pública; para garantizar, inclusive, en favor de ellos, el ejercicio de la libertad para manifestarse y evitar que se transgredieran lógicamente las libertades de otros.

Nosotros estamos también ciertos de que frente a este camino de la intervención de autoridades a través de agrupamientos de seguridad pública, encontramos y estamos por el diálogo, por el debate civilizado, por el acercamiento entre las partes, por el análisis de los temas, sentados alrededor de una misma mesa; por la búsqueda de soluciones, porque pensamos que no existe asunto irresoluble cuando existe voluntad política para alcanzar acuerdos.

Los resultados que arrojan los acontecimientos de Tepic, Nayarit, de la capital, no del Estado, los días 17 y 18 del mes en curso, a nadie satisfacen. Es cierto que hubo gritos, ofensas, reclamos verbales en donde ninguna de las partes se puede excluir. Hubo ciertamente algunos golpes, algunas acciones violentas, sí, intoxicados; sí, algunos heridos, lamentando, incluso, sí, que algunos intoxicados fueran menores y ancianos.

Hubo también detenidos, se recogieron algunas armas; mas también es cierto, que hasta este momento está a salvo la integridad física de los nayaritas. Mas no es esto lo que nos satisface, el hecho de que las consecuencias hayan sido "menores", frente a la posibilidad de que hayan alcanzado proporciones de alta gravedad.

Nuestra convocatoria de los nayaritas en general, pero en particular de los del Partido Revolucionario Institucional, nuestra convocatoria es a evitar este tipo de hechos.

Nosotros pensamos que la violencia es generadora de violencia, intenta transgredir la Ley, niega la tolerancia, oscurece el diálogo, rompe con la civilidad. La violencia como táctica o como estrategia es reaccionaria, profundamente reaccionaria.

Ciertamente las acusaciones son mutuas en los acontecimientos. Lo cierto es que más allá de los acuerdos posibles...

El Presidente:

Señor senador, ¿permite una interpelación del diputado Eloy Vázquez?

El senador Salvador Sánchez Vázquez:

Sí, cómo no.

El diputado Eloy Vázquez López: (desde su curul):

Gracias, señor Presidente:

Señor senador, quisiera yo preguntarle si a su juicio los sucesos del pasado domingo, que no solamente persiguieron a la ciudadanía por todas las calles de Tepic, céntricas, entrar a las casas, allanando sin orden de aprehensión, a sacar a la gente que se había refugiado en las casas particulares y entrar a una iglesia donde se celebraba una misa, con gases lacrimógenos por delante, desalojar, detener al sacerdote sin orden de aprehensión y de ahí ir a una escuela con gases lacrimógenos contra los niños y contra cualquiera que se atravesara.

¿Todo esto, forma parte de un estado de derecho? ¿Cree usted que de eso debemos estar muy satisfechos? ¿Considera usted que el señor Rigoberto Ochoa, se ha mantenido dentro de los marcos del derecho cuando ha encabezado y ordenado que se realicen todas estas acciones? ¿O cree usted por el contrario, que en Nayarit se ha entrado en un proceso de ingobernabilidad?

El senador Salvador Sánchez Vázquez:

Yo considero que como al iniciar esta intervención expresé, tiene usted la información parcial de los hechos, la que por el conducto seguramente de miembros de su organización ustedes tuvieron. Los hechos no solamente se dieron el domingo 17 que usted, tanto en la intervención que hizo en esta tribuna como en esta pregunta, volvió a decirlo, sino domingo 17 y lunes 18. Ahí no está completa la información que a usted le proporcionaron.

Y he dicho también al inicio de esta intervención, que nosotros estamos por la prevalencia de la ley, del respeto a los ordenamientos jurídicos y de que la seguridad que reclama la sociedad en este caso nayarita, quede totalmente a salvo; que haya la institución que en este caso es el Estado, que se la garantice. Porque además de ser una obligación del Estado, es un derecho que tiene la sociedad a tener esta seguridad.

Ahora bien, en esta comisión en la que se ha mostrado toda la disposición de nuestra organización política para el diálogo, habrá que recordar hoy, que primero se solicitaron seis días; después se solicitaron 21, y a los seis y a los 21, hemos tenido disposición y hemos estado dialogando sobre el asunto; más allá de que desde nuestro punto de vista, el único acuerdo legal y legítimo, fue el tomado por el voto de los nayaritas. Y luego, la correspondiente actuación en el marco de la Ley, de los organismos electorales, del Tribunal Electoral, del Congreso local, como última instancia.

Pienso yo, sin entrar a un análisis de detalle, que lo pudiéramos hacer si es necesario, de todo el proceso de elección, en donde una vez más tendríamos aquí que proporcionar los elementos de juicio que nos dieron el triunfo electoral, sin querer entrar nuevamente en este análisis detallado.

Yo pienso que es necesario que este asunto lo enfoquemos con amplio criterio. Venimos y estamos en un gran esfuerzo colectivo de concertación.

Hasta la fecha y con mucho interés hemos venido construyendo consensos. El Presidente Salinas ha estado haciendo parte, como Ejecutivo Federal. Los legisladores, lo nuestro. Los partidos políticos, a través de sus diligencias, han puesto voluntad política. Las relaciones entre el Estado y la sociedad experimentan cambios, al igual que nuevas y reclamadas relaciones entre Gobierno y ciudadanos.

Los avances y lo todavía no alcanzado obliga a ser consistentes en la dirección del diálogo, de la tolerancia, de la civilidad, del acercamiento, de la concertación, de las reformas y adiciones legislativas y del respeto irrestricto a los ordenamientos jurídicos.

Que los acontecimientos que hoy nos ocupan no rompan los más elevados propósitos, los de mayor alcance. Sin ocultarlos y analizados con objetividad accedemos que tenga aquí en la Permanente un espacio, pero que seamos los nayaritas quienes los resolvamos, a raíz de una propuesta que aquí se ha hecho de integrar una comisión para investigar este asunto.

Quiero hoy recordar, creo que es muy importante, que en Nayarit estamos formados en una escuela política de pluralidad, de competencia real de partidos, mucho antes que alcanzara marco nacional. Hemos sabido convivir con el adversario y reconocer su presencia, respetarlo.

Convocamos entonces nuevamente a las partes, y allá en Nayarit, a continuar en esta dirección.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Eloy Vázquez.

El diputado Eloy Vázquez López:

Quiero dar lectura al artículo 110 constitucional, que en su segundo párrafo dice:

"Los gobernadores de los estados, diputados locales y magistrados de los tribunales superiores de justicia locales, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las legislaturas locales para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda."

Esto quiere decir que si un gobernador viola la Constitución Federal de la República, es sujeto de juicio político.

Quiero decir lo que ya dije: estábamos por resolver el problema sobre la base de un consenso, cuyo centro era el reconocimiento de las fuerzas reales en Nayarit, que beneficiaba al Partido Revolucionario Institucional y beneficiaba la estabilidad del Estado.

Rigoberto Ochoa rompió sus compromisos por desesperación y con ello precipitó otra situación diferente. Ya no es en este momento el argumento de si ganó las elecciones o no, aunque por cierto, le quiero decir al señor senador que eran 150 casillas seleccionadas como una muestra de las un mil 66 del Estado, lo cual implica que podían, las condiciones de esas casillas, reproducirse en el resto y encontrar el porcentaje real de alteración.

Pero nosotros tenemos fundadas pruebas y las podemos presentar, de que en el 25% de las casillas del Estado hubo causas que ameritan la anulación de la elección. Pero ése ya no es ahora el único punto a debate, el punto a debate es si aceptando que Rigoberto ya era gobernador, preservó la Constitución General de la República o la violó. Y el hecho, señores legisladores, es que todo indica que hubo violaciones a las garantías individuales y al estado de derecho en el Estado de Nayarit y se creó una situación

de ingobernabilidad al margen de que el gobernador actual sea o no legítimo; ¡ése es el punto nodal de nuestro debate y eso es lo que no pueden rebatir los argumentos del senador! Por el contrario, ojalá que se constituya la comisión que habrá de investigar estos hechos.

Y le quiero decir que desde luego que estamos enterados de la gravísima situación que vivió el pueblo nayarita durante toda la tarde del día 17 y toda la mañana del día 18. ¡Cómo no podrá demostrarse la calidad moral de un gobernador cuando, por ejemplo, hablando telefónicamente el diputado López Tirado con el Procurador de Justicia, convienen en medio de la represión generalizada y la persecución que hacía la Policía Judicial y Preventiva de Nayarit en toda la ciudad de Tepic, que el diputado López Tirado se responsabiliza de que la gente de los distintos municipios se concentre en un estadio, a la salida de la ciudad, para que sea trasladada a otros municipios, y el Procurador de Justicia da su palabra de que permitirá la agrupación de la gente para que se vayan de la ciudad a esas horas de la noche! ¡Sin embargo, aprovechando que se encuentran 500 personas reunidas en ese estadio, en lugar de que el procurador procure su salida pacífica de la ciudad de Tepic, carga contra ellos la fuerza pública, los vuelve a gasear y los vuelve a golpear!

¿De qué se trataba entonces?, ¿de escarmentar? Se trataba de tender trampas en contra de los ciudadanos y eso no lo puede hacer de ninguna manera un gobernante. Tenderle trampas al pueblo o a una parte del pueblo, si así lo quiere el senador, es un crimen que comete cualquier gobernador y ese tipo de crímenes constituyen lo que hoy es la ingobernabilidad porque ha perdido autoridad política, autoridad moral y ha perdido también capacidad de gobierno el propio señor Ochoa Zaragoza. Por lo menos para el PRD el consenso que habrá de constituirse en Nayarit no integra la posibilidad de que Rigoberto Ochoa Zaragoza sea el gobernador del Estado, no la contempla por una simple y sencilla razón, porque no sabe cumplir su palabra y con ello, y con las violaciones constitucionales que ha realizado se ha hecho acreedor a la repulsa de distintos sectores de la sociedad, incluidas instituciones tan respetables como la propia Iglesia nayarita.

En el momento actual hay 37 detenidos cuya libertad debiera ser inmediata, porque su único delito ha sido protestar en contra de la actitud de Rigoberto Ochoa, de posesionarse del palacio cuando había un acuerdo distinto.

También tiene que cesar la persecución en contra de dirigentes y ciudadanos del pueblo nayarita, a los cuales tuvieron el atrevimiento incluso de secuestrarles sus vehículos, hacerles destrozos y ponerles droga para facilitar un pretexto de represión, ese tipo de mecanismos realizados en Nayarit son indignos de cualquier gobierno en México, porque son formas fascistas de culpar a los políticos de realizar actividades ilícitas para inhabilitar y propiciar la represión, para inhabilitarlos y propiciar la represión.

Exigimos nosotros que a partir de este momento se restablezcan las libertades democráticas en Nayarit, que se restablezca la libertad de expresión, que se restablezca la libertad de manifestación y desde luego que estamos dispuestos a establecer el diálogo, lo reitero, el día de ayer lo hizo de manifiesto la dirección del PRD y así lo hace también nuestro candidato a la gubernatura y la propia dirección y los miembros del partido en Nayarit.

Deseamos que quienes se tienen que responder, respondan con la madurez que la situación reclama, no podemos hacer de una frase un dogma; si bien se dijo que no era oportuno que existiera algún interinato, lo cierto es que no han sido los interinatos resultado de una acción voluntariosa, sino de situaciones concretas en donde los involucrados han encontrado que la única salida es ésa; ojalá que prive la madurez, el Presidente de la República requiere en estos momentos tanto para la lectura de su Quinto Informe como para la decisión que habrá de tomar su partido en torno a quién será su candidato, que en el país no existan conflictos que enrarezcan el ambiente y propicien soluciones artificiales.

Ojalá y que todos podamos contribuir para que el arranque de todas las campañas, de todos los partidos por la presidencia se dé en un clima de distensión y no en otro que presagie una tormenta para el próximo año. Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el senador Salvador Sánchez Vázquez.

El senador Salvador Sánchez Vázquez:

Con su permiso, señor Presidente:

De acuerdo con la Constitución del Estado de Nayarit y la Ley Electoral, y esto por referirme a un argumento que manejó el diputado Eloy,

en los tiempos marcados por este ordenamiento jurídico, se presentaron los recursos que en su totalidad fueron 40 y de ellos el PRD presentó 33, la gran mayoría.

Estos recursos en su momento, fueron desechados por extemporáneos, por falta de personalidad de quien los presentaba, por agravios a los que hacía referencia y que eran improcedentes, sobre todas las cosas por falta de probanza, por falta de pruebas; porque nuevamente él hace referencia a que han demostrado la irregularidad o las irregularidades que se hayan dado, las que él dice, en el proceso, pero ni en aquel momento de acuerdo con la Ley ni después en las reuniones de esta comisión integrada por dos partidos, han logrado las pruebas, probar lo que ellos plantean. Esto es por un lado, para que quede aquí ratificado.

Quiero también decirle que no es de aceptarse que se quiera este asunto encuadrar en lo que refiere el artículo 110 constitucional. Deseamos finalmente dejar constancia con claridad, que desaprobamos ya lo referido en mi anterior intervención, toda acción violenta y contraria a garantías constitucionales.

La información nos indica y la realidad nos demuestra que Nayarit no vive un estado de ingobernabilidad como se ha venido aquí a manifestar. No aceptamos el juicio sumario que del gobernador Ochoa Zaragoza viene aquí a realizar un partido, una organización política, no aceptamos que sin probarlo y lo he referido, se afirme que el gobernador Ochoa Zaragoza sea responsable de acusaciones que aquí se le hacen. Una vez más ratificamos nuestra disposición al diálogo, a la concertación, al entendimiento. Muchas gracias.

El Presidente:

Se ha recibido en esta Presidencia, un documento que rogamos dé cuenta la Secretaría.

Se ha cubierto el tiempo que marca el Reglamento para continuar trabajando. Ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si autoriza se siga trabajando en este pleno.

La secretaria diputada Luisa Urrecha Beltrán:

En votación económica se pregunta a los señores legisladores si se aprueba que se continúe esta sesión.

Los señores legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se aprueba, señor Presidente.

MEMORIAL DE PARTICULARES (II)

El Presidente:

Continúe por favor la Secretaría.

La secretaria diputada Luisa Urrecha Beltrán:

«Honorable Congreso de la Unión, México, D.F.

Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Presidentes, licenciado Emilio M. González Parra y licenciada María de los Ángeles Moreno. Presentes.

La comunidad interna en general del Centro de Readaptación Social Palacio Penal Manuel Andonegui, en Tampico, Tamaulipas, de la manera más atenta y respetuosa comparecemos ante este honorable Congreso de la Unión y con todo respeto decimos:

1. Que la comunidad interna del Palacio Penal de Andonegui, estamos totalmente intimados y desconcertados, repudiamos la violencia de que fuimos objeto, que violando nuestras garantías individuales y derechos humanos de todos los que nos encontramos privados de nuestra libertad.

2. Que fuimos objeto de violencia ejercida en contra de nosotros los internos, por parte de las autoridades por un operativo denominado Los pintos y encabezado por el licenciado Francisco Castellanos de la Garza, director general de reclusorios en el Estado de Tamaulipas, en dicho operativo, participaron, personal de la Procuraduría Federal de la República, personal de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Tamaulipas y policía integral y policía judicial del mismo Estado.

3. Dichas violencias fueron ejercidas cuando estas autoridades allanaron el Centro de Readaptación Social de Andonegui, para llevar a cabo un cateo a la institución penitenciaria en mención, con el fin de buscar drogas y armas que estas autoridades aseguraban que en el interior de dicha institución existían, pero llevado a cabo este cateo, salió a relucir la verdad ya que fueron revisados todas las instalaciones de este Cereso, y no se encontró arma alguna ni droga de ninguna especie.

4. Nosotros los internos no comprendemos porqué las autoridades procedieron de esta manera ya que en este cateo, realizado el día 13 de octubre de 1993, a muy temprana hora fue ejercida

la violencia, y fuimos despertados con palabras altisonantes, gases lacrimógenos, prepotencia de mando y balazos a diestra y siniestra en contra de nosotros los internos en ese momento estuvimos a punto de ahogarnos por la espantosa cantidad de gases que nos lanzaron, todos estos atropellos los realizó el grupo encabezado por el licenciado Francisco Castellanos de la Garza, por ese motivo todos o la mayoría de los internos nos vimos obligados a trepar por las azoteas de dicha institución para así tratar de evitar quedar asfixiados, por los fuertes estragos que provoca ese gas, pero en dichas azoteas se encontraba un nutrido grupo de los zorros y al vernos pasar a las azoteas nos comenzaron a disparar con armas de fuego, sin misericordia con una crueldad inaudita de un ser humano y salvajismo, que ni los que estamos por homicidio haríamos, ya que ellos si actuaron con todas la agravantes, pues en pocos momentos vimos los resultados, un compañero muerto y varios heridos, en ese momento nos dimos cuenta que le habían pegado en la cabeza pues le salía sangre como si fuera una fuente, el cual nos dimos cuenta que era Marco Antonio Zárate Ibarra, y los lesionados son Roberto Córdova, Venancio Chávez, a éste según diagnóstico médico, le atravesaron el riñón y se encuentra al borde de la muerte.

Señores presidentes, decimos y juramos bajo protesta decir la verdad que en ningún momento nosotros los internos nos opusimos a la revisión, pero lo que pasó es que nos espantaron con su actitud de prepotencia aclarando que en ningún momento los atacamos, repetimos que si nos subimos a las azoteas fue para evitar el ahogarnos pues muchos de nosotros deseamos la muerte en ese momento, aclaramos que ese día que se llevó a cabo dicho cateo se encontraban mujeres y niños dentro del interior, los cuales sufrieron las mismas consecuencias que nosotros, pero peor para ellas ya que esta vivencia fue traumante y difícilmente la podrán olvidar.

También manifestamos que las autoridades principales, el licenciado Francisco Castellanos de la Garza, estuvo manejando este asunto ante la prensa y los medios de difusión, que estos hechos sucedieron a raíz que nosotros los internos provocamos y generamos un motín para evitar la acción de las autoridades, pero realmente nosotros los internos no tenemos porque oponernos a dicho operativo sabiendo de antemano que esto nos beneficia tanto a nosotros como a las autoridades, pero este tiene que ser con estricto apego al respeto de las garantías individuales y los derechos humanos, pero aclaramos y decimos verdad, para que se enteren en realidad las altas autoridades y se sirvan tomar cartas en el asunto, que en ningún momento nos amotinamos y está claro y demostrado que fuimos atacados por sorpresa, de una forma inhumana, por este operativo de gran ferocidad, que resultado de esta acción costó la vida de un compañero nuestro, y está claro y bien evidenciado, que en diversas partes, en el interior de esta institución penitenciaria, se aprecian impactos causados por proyectiles disparados por armas de fuego, por parte de dichos elementos. En el área que comprende la azotea de frente a la enfermería se aprecian unos impactos como a una distancia de cuatro metros, antes de la reja de acceso de la azotea y precisamente en esa reja de la azotea, fue en donde cayó muerto nuestro compañero y también se aprecian varios impactos de bala como a una distancia de dos metros de la puerta de acceso a la sección N - 1, ahí se encuentra un muro que lo refuerza un pilar de concreto y precisamente en ese pilar más o menos como a la altura de un metro, se aprecian varios impactos de referencia:

A ustedes ciudadanos presidentes de este honorable Congreso de la Unión, solicitamos y pedimos que tengan a bien brindarnos atención y nos tengan por presentados en este escrito de atención de acuerdo a lo efectuado por el artículo 8o. constitucional.

1. De acuerdo a lo conceptuado por el artículo 6o. constitucional, solicitamos se les ponga en conocimiento a los partidos políticos que toman parte en estas cámaras den su opinión con relación a estos hechos.

2. Solicitamos a esta Cámara el apoyo para lograr la justicia que buscamos y que no quede impune este crimen.

3. Solicitamos se ponga a conocimiento a los medios de difusión y a la prensa sobre estos lamentables hechos.

Quedamos de ustedes como presuntos servidores con todo respeto los aquí firmantes, protestamos nuestros derechos los aquí firmantes.

Tampico. Tamaulipas, a 16 de octubre de 1993. - Rúbricas.»

El Presidente:

Se turna a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

Continúe la Secretaría.

ORDEN DEL DÍA

El secretario senador Antonio Melgar Aranda:

Agotados los asuntos en cartera, se va a proceder a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

«Comisión Permanente. - Segundo Receso. - Segundo Año. - LV Legislatura.

Orden del día

27 de octubre de 1993.

Lectura al acta de la sesión anterior.

Dictamen a discusión

De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano José Ángel Abelardo Treviño Martínez, como cónsul general de México, en Sao Paulo, Brasil.

Información sobre las actividades realizadas por la Comisión Permanente.

Intervención de legisladores de los grupos parlamentarios que integran la Comisión Permanente.

Designación de comisiones de cortesía.

Declaratoria de terminación formal de los trabajos de la Comisión Permanente.»

El Presidente (a las 16.33 horas):

Se levanta la sesión y se cita para la clausura de los trabajos de esta Comisión Permanente que tendrá lugar el miércoles próximo, 27 de octubre a las 11.00 horas.

NOTAS

Siglas y abreviaturas incluidas en esta edición:

CTM Confederación de Trabajadores de México

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social

ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

PAN Partido Acción Nacional

PARM Partido Auténtico de la Revolución Mexicana

PRD Partido de la Revolución Democrática

PRI Partido Revolucionario Institucional

SIDA Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida