Legislatura LV - Año II - Período Extraordinario - Fecha 19930827 - Número de Diario 7
(L55A2P1eN007F19930827.xml)Núm. Diario: 7ENCABEZADO
LV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Primer Período Extraordinario del Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Diputado Rodolfo Echeverría Ruiz
PALACIO LEGISLATIVO
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Héctor de Antuñano y Lora
AÑO II México, D.F., viernes 27 de agosto de 1993 No. 7
PERÍODO EXTRAORDINARIO
SUMARIO
ASISTENCIA
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
SENADO DE LA REPÚBLICA
Minuta con proyecto de decreto que reforma el inciso b, del artículo 20 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos y se señalan las características de la Moneda de Cincuenta Pesos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
A discusión en lo particular del dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma los artículos 41, 54, 56, 60, 63,74, 82 y 100.
El Presidente da cuenta con el acuerdo de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
Para la discusión del artículo 41, hacen uso de la palabra los diputados:
Jorge Tovar Montañez, en contra.
José Octaviano Alaniz Alaniz, en contra.
Eloí Vázquez López, para rectificar hechos.
Oscar Ricardo Valero Recio Becerra, en contra.
Guillermo Flores Velasco, en contra.
Cesar Jáuregui Robles, en pro.
Juan Ramiro Robledo Ruiz, en pro.
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, los diputados:
Rosa Albina Garavito Elías
José Octaviano Alaniz Alaniz
Juan Ramiro Robledo Ruiz
Rosa Albina Garavito Elías
José Octaviano Alaniz Alaniz
Oscar Ricardo Valero Recio Becerra
Miguel Ángel León Corrales, en contra.
Juan Gualberto Campos Vega, en contra.
Elpidio Tovar de la Cruz, en contra.
Israel González Arreguín, en contra.
José Camilo Valenzuela, en contra.
Pablo Emilio Madero Belden
Héctor Ramírez Cuéllar, en contra.
Francisco Javier Saucedo Pérez, en contra.
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, los diputados:
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa
José Camilo Valenzuela
Gonzalo Altamirano Dimas
José Camilo Valenzuela
Fernando Estrada Sámano
José Camilo Valenzuela
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa
Rosa Albina Garavito Elías
Francisco José Paoli Bolio
Rosa Albina Garavito Elías
Diego Fernández de Cevallos Ramos
José Camilo Valenzuela
Diego Fernández de Cevallos Ramos
Martha Patricia Ruiz Anchondo
Alberto Marcos Carrillo Armenta
Gilberto Rincón Gallardo y Meltis
Suficientemente discutido, se reserva para su discusión nominal en conjunto.
Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado Miguel González Avelar, quien solicita que se adelante la discusión del artículo 82. La Asamblea lo aprueba.
Sube a la tribuna el diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, quien propone moción suspensiva que la Asamblea desecha en votación económica.
Hace uso de la palabra el diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, quien propone una modificación.
Se concede el uso de la palabra al diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, quien propone que el artículo no sufra modificación y permanezca como está en la Constitución vigente.
Sube a la tribuna el diputado Gustavo Carbajal Moreno, Presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, quien propone que este artículo regrese a la Comisión dictaminadora y la Asamblea lo aprueba en votación económica.
Para rectificar hechos, el diputado Eloy Vázquez López.
A discusión el artículo 54, hacen uso de la palabra los diputados: Hildebrando Gaytán Márquez, en contra.
Adolfo Alfonso Kunz Bolaños
Demetrio Hernández Pérez, en contra.
Salvador Valencia Carmona, en pro.
Eloí Vázquez López, en contra.
Jesús Martín del Campo Castañeda, en contra.
Héctor Ramírez Cuéllar, en contra.
Demetrio Hernández Pérez, para rectificar hechos.
Carlos González Durán, en contra.
Jesús Mario del Valle Fernández, en pro.
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, los diputados:
Raymundo Cárdenas Hernández
Francisco Gárate Chapa
Martha Patricia Ruiz Anchondo
Raymundo Cárdenas Hernández
Alejandro Rodrigo Nieto Enríquez
La Asamblea considera suficientemente discutido el artículo 54 y se reserva para su votación nominal en conjunto.
A discusión el artículo 56, hacen uso de la palabra los diputados:
Martín Tavira Urióstegui, en contra.
Manuel Terrazas Guerrero, en contra.
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, los diputados:
Francisco José Paoli Bolio
Manuel Terrazas Guerrero
Francisco José Paoli Bolio
Manuel Terrazas Guerrero
Alberto Marcos Carrillo Armenta
Francisco José Paoli Bolio
Alberto Marcos Carrillo Armenta
Raymundo Cárdenas Hernández, en contra.
Ernesto Gil Elorduy, en pro.
Eloí Vázquez López
Jorge Zermeño Infante, en pro.
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, los diputados:
José de Jesús Martín del Campo Castañeda
Luisa Alvarez Cervantes
Jorge Zermeño Infante
Eloí Vázquez López
José Octaviano Alaniz Alaniz
Jorge Zermeño Infante
Enrique Sada Fernández, en pro.
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, los diputados:
Griselda Beatriz Rangel Juárez
Israel González Arreguín
Marco Humberto Aguilar Coronado
Jorge Alfonso Calderón Salazar, en contra.
Héctor Ramírez Cuéllar, en contra.
Carlos González Durán
Juan José Rodríguez Prats, en pro.
La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen y se reserva para su votación nominal en conjunto.
A discusión el artículo 60, hacen uso de la palabra los diputados:
Griselda Beatriz Rangel Juárez, en contra.
Héctor Ortiz Ortiz, en pro.
Francisco Javier Saucedo Pérez, para rectificar hechos.
La Asamblea considera suficientemente discutido el artículo 60 y se reserva para su votación nominal en conjunto.
A discusión los artículos 63, 74 y 100 el Presidente informa que no hay oradores registrados, por lo que la Asamblea los considera suficientemente discutidos y se reservan para su votación nominal en conjunto.
A discusión el artículo Primero Transitorio, propone una modificación el diputado Alberto Schettino Piña y la Asamblea lo considera suficientemente discutido, se reserva para su votación nominal en conjunto.
La Asamblea considera suficientemente discutidos los artículos transitorios Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Séptimo.
El diputado Raymundo Cárdenas Hernández, protesta el trámite por lo que se refiere al artículo Sexto Transitorio.
Aclaraciones de la Presidencia.
Se someten a consideración de la Asamblea las proposiciones hechas por los legisladores en el curso del debate y son desechadas en sendas votaciones económicas, excepto la que se refiere al artículo Primero Transitorio.
Votación y aprobación.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
Presidencia del diputado Rodolfo Echeverría Ruiz
ASISTENCIA
El Presidente:
Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados.
El secretario Enrique Rico Arzate:
Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 363 diputados, por lo tanto hay quórum.
APERTURA
El Presidente:
(a las 12:32 horas): Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El secretario Enrique Rico Arzate:
«Primer Período Extraordinario de Sesiones.- Segundo Receso.- Segundo Año.-
LV Legislatura.
Orden del día
27 de agosto de 1993.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Minuta
Proyecto de decreto, por el que se reforma el inciso b, del artículo 2o., de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos y se señalan las características de la Moneda de Cincuenta Pesos.
Dictamen a discusión
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma los artículos 41, 54, 56, 60, 63, 74, 82, y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para su discusión en lo particular.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El Presidente:
En virtud de que se entregaron las copias del acta de la sesión anterior a los grupos parlamentarios, consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa su lectura.
El secretario Enrique Rico Arzate:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se dispensa la lectura al acta.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el día veinticuatro de agosto de mil novecientos noventa y tres, correspondiente al Primer Período de Sesiones Extraordinarias del Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.
Presidencia de la diputada Gabriela Guerrero Oliveros
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las doce horas con diecinueve minutos del día veinticuatro de agosto de mil novecientos noventa y tres, con una asistencia de trescientos ochenta y nueve diputados, la Presidenta declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y la Asamblea dispensa la del acta de la sesión anterior, misma que sin discusión se aprueba en sus términos en votación económica.
En virtud de que el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma los artículos cuarenta y uno, cincuenta y cuatro, cincuenta y seis, sesenta, sesenta y tres, setenta y cuatro, ochenta y dos y cien de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sido impreso y distribuido entre los señores diputados, la Asamblea le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión de inmediato.
Para fundamentar el dictamen, hace uso de la palabra el diputado Cuauhtémoc López Sánchez,
del Partido Revolucionario Institucional, a nombre de la Comisión dictaminadora y, para fijar la posición de sus respectivos grupos parlamentarios, hacen uso de la palabra los diputados:
Hildebrando Gaytán Márquez, del Partido Popular Socialista; Cecilia Soto González, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Alberto Carrillo Armenta, del Partido Del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Ricardo Valero Recio Becerra, del Partido de la Revolución Democrática; Jorge Zermeño Infante, del Partido Acción Nacional y Juan Ramiro Robledo Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional, quien contesta interpelaciones de los diputados Terrazas Guerrero y Alvarez Cervantes.
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, en este primer turno de oradores, hacen uso de la palabra los diputados: José Téllez Rincón; Juan Campos Vega, del Partido Popular Socialista; Jesús Berrospe Díaz, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Demetrio Hernández Pérez, del mismo grupo parlamentario; Juan Cárdenas García, del Partido Popular Socialista, en dos ocasiones y Fernando Estrada Sámano, del Partido Acción Nacional.
La Presidenta informa que ha terminado el primer turno de oradores y que, por acuerdo de los coordinadores de los grupos parlamentarios, se recomienda que el tiempo para cada uno de los oradores sea de solamente quince minutos.
Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado Martín Tavira Urióstegui, del Partido popular Socialista y, para rectificar hechos o contestar alusiones personales, a los diputados: Juan de Dios Castro Lozano, del Partido Acción Nacional; Martín Tavira Urióstegui, del Partido popular Socialista, en dos ocasiones; Felipe Calderón Hinojosa del Partido Acción Nacional; Alfredo Ling Altamirano, del mismo partido.
Desde su curul, porque una emoción de orden el diputado Téllez Rincón y continúan contestando alusiones personales o rectificando hechos, los diputados: Juan José Rodríguez Prats, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones; Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista; Raymundo Cárdenas Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones; Francisco Dorantes Gutiérrez, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Pablo Emilio Madero Belden; José Alaniz Alaniz, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Cecilia Soto González, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
Continúa el segundo turno de oradores en el debate de este dictamen y hacen uso de la palabra los diputados Javier Centeno Ávila, en contra, Demetrio Hernández, Pérez, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, para rectificar hechos; Adolfo Kunz Bolaños, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en pro; Rosa Albina Garavito Elías, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Héctor Ramírez Cuéllar, en contra; Manuel Terrazas Guerrero, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en contra; Pablo Emilio Madero Belden, en pro; Francisco Paoli Bolio , del Partido Acción Nacional, en pro; Jorge Oceguera Galván, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, para rectificar hechos; Jorge Uscanga Escobar, del Partido Revolucionario Institucional, en pro.
Para rectificar hechos, suben a la tribuna los diputados: Luisa Alvarez Cervantes, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Martha Patricia Ruiz Anchondo, del Partido de la Revolución Democrática; Jesús Berrospe Díaz, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, quien contesta a una interpelación de la diputada Soto González y Alberto Carrillo Armenta, del mismo grupo parlamentario, quien también contesta a una interpelación de la misma legisladora.
En el tercer turno de oradores, hacen uso de la palabra los diputados Juan Campos Vega, del Partido Popular Socialista, en contra; Juan José Rodríguez Prats, del Partido Revolucionario Institucional, para rectificar hechos;
Presidencia del diputado Joaquín Hendricks Díaz
Israel González Arreguín, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en contra;
Presidencia de la diputada Gabriela Guerrero Oliveros
Carlos González Durán, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Gilberto Rincón Gallardo, del mismo partido, en contra; Manuel Garza González del Partido Revolucionario
Institucional, para rectificar hechos y Felipe Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional, en pro.
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, suben a la tribuna los diputados: Alberto Carrillo Armenta, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; José Alaniz Alaniz, del mismo partido, en dos ocasiones; Salvador Abascal Carranza, del Partido Acción Nacional; Manuel Hueso Pelayo, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Raymundo Cárdenas Hernández, del Partido de la Revolución Democrática; Tomás Correa Ayala, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Carlos González Durán, del Partido de la Revolución Democrática y Luisa Alvarez Cervantes, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
En pro del dictamen, hace uso de la palabra el diputado Pedro Ojeda Paullada, del Partido Revolucionario Institucional y para rectificar hechos, los diputados Martha Patricia Ruiz Anchondo, del Partido de la Revolución Democrática; Pedro Ojeda Paullada, del Partido Revolucionario Institucional y Demetrio Santiago Torres, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
Diputados de los diversos grupos parlamentarios, reservan todos los artículos del dictamen para la discusión en lo particular y la Asamblea considera Suficientemente discutido el dictamen y la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por doscientos ochenta y seis votos en pro y cincuenta y seis en contra.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las cero horas con veintisiete minutos del día veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y tres, citando para la que tendrá lugar el próximo viernes veintisiete del mismo mes y año a las diez horas.»
El Presidente:
Ruego a la Secretaría poner a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior y si algún diputado desea hacer alguna observación a la misma, sírvanse manifestarlo.
El secretario Enrique Rico Arzate:
Está a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior.
¿Hay algún diputado que desee hacer observaciones a la misma?
Se consulta a la Asamblea en votación económica si se aprueba.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
SENADO DE LA REPÚBLICA
EL secretario Rubén Pabello Rojas:
«Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados.- Presentes.
Para los efectos correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se reforma el inciso b, del artículo 2o., de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos y se señalan las características de la Moneda de Cincuenta Pesos.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 26 de agosto de 1993.- Secretarios senadores: Antonio B. Manríquez Guluarte y Gustavo Salinas Iñiguez.»
«MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO B, DEL ARTÍCULO 2O., DE LA LEY MONETARIA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SE SEÑALAN LAS CARACTERÍSTICAS DE LA MONEDA DE CINCUENTA PESOS
Artículo primero. Se reforma el inciso b, del artículo 2o., de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los términos siguientes:
"Artículo 2o.
a).
b) Las monedas metálicas de cincuenta, veinte, diez, cinco, dos y un pesos y de cincuenta, veinte, diez y cinco centavos, con los diámetros, composición metálica, cuños y demás características que se señalen los derechos relativos.
c)
Artículo segundo. Las características de la moneda de cincuenta pesos a que se refiere el presente decreto, serán las siguientes:
Valor facial: Cincuenta pesos.
Forma: Circular.
Diámetro: 39.0 mm (treinta y nueve milímetros).
Composición: La moneda será bimetálica y estará constituida por dos aleaciones, una para su parte central y otra para su anillo periférico, que serán como sigue:
1. Parte central de la moneda.
Plata: Sterling.
Ley: 0.925
Metal de Liga: Cobre.
Peso: 16.812 g (dieciséis gramos, ochocientos doce milésimos).
Contenido: 15.552 g (quince gramos, quinientos cincuenta y dos milésimos), equivalente a 1/2 (un medio) de onza troy de plata pura.
Tolerancia en Ley: 0.005 (cinco milésimos) en más o en menos.
Tolerancia en peso por pieza: 0.336 g (trescientos treinta y seis miligramos) en más o en menos.
2. Anillo periférico de la moneda.
Conforme lo previsto en el inciso b) del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, dicho anillo podrá estar constituido por cualquiera de las aleaciones siguientes:
A) Aleación de bronce-aluminio.
Esta aleación estará integrada como sigue:
92% (noventa y dos por ciento) de cobre;
6% (seis por ciento) de aluminio y;
2% (dos por ciento) de níquel; con una tolerancia, en más o en menos, de 1.5% (uno, cinco décimos por ciento), por elemento.
En esta composición el peso será de 17.155 g (diecisiete gramos, ciento cincuenta y cinco milésimos), y la tolerancia en pesos pieza será de 0.772g (setecientos setenta y dos miligramos), en más o en menos.
B) Aleación de acero recubierto de bronce.
Esta aleación estará compuesta por dos partes:
Un núcleo cuyo peso corresponderá entre 92% y 96% (noventa y dos y noventa y seis por ciento) y un recubrimiento cuyo peso corresponderá entre 8% y 4% (ocho y cuatro por ciento) del peso total de la pieza.
La composición de cada una de estas partes será la siguiente:
B1) Núcleo de acero.
Esta aleación estará integrada como sigue:
0.08% (ocho centésimos de punto porcentual) de carbono, máximo; entre 0.25% y 0.40% (veinticinco y cuarenta centésimos de punto porcentual) de manganeso; 0.04% (cuatro centésimos de punto porcentual) de fósforo, máximo; 0.05% (cinco centésimos de punto porcentual) de azufre, máximo; y lo restante de hierro.
B2) Recubrimiento de bronce.
Estará integrado como sigue:
Entre 86% y 90% (ochenta y seis y noventa por ciento) de cobre.
Entre 14% y 10% (catorce y diez por ciento, de estaño.
En esta composición el peso será de 17.198 g (diecisiete gramos, ciento noventa y ocho milésimos y, la tolerancia en peso por pieza será de 0.774 g (setecientos setenta y cuatro miligramos) en más o en menos.
C) Aleación de bronce-aluminio-hierro.
Esta aleación estará integrada como sigue:
5% (cinco por ciento) de níquel, máximo;
5% (cinco por ciento) de aluminio, máximo;
1% (uno por ciento) de hierro, máximo;
0.6% (seis décimos de punto porcentual) de manganeso, máximo; y lo restante de cobre.
En esta composición, el peso será de 17.394 g (diecisiete gramos, trescientos noventa y cuatro
milésimos), y la tolerancia en peso por pieza será de 0.783 g (setecientos ochenta y tres miligramos), en más o en menos.
D) Aleación de alpaca dorada.
Esta aleación estará integrada como sigue:
70% (setenta por ciento) de cobre;
5.5% (cinco, cinco décimos por ciento) de níquel; y
24.5% (veinticuatro, cinco décimos por ciento) de zinc; con una tolerancia en más o en menos, de 1.5% (uno, cinco décimos por ciento), por elemento.
En esta composición el peso será de 18.918 g (dieciocho gramos, novecientos dieciocho milésimos), y la tolerancia en peso por pieza será de 0.851 g (ochocientos cincuenta y un miligramos), en más o en menos.
3. Peso total.
Será la suma de los pesos de la parte central y del anillo periférico de la misma, que corresponderá para cada inciso del punto 2 anterior, como a continuación se indica.
A) 33.967 g (treinta y tres novecientos sesenta y siete milésimos), y la tolerancia en peso por pieza será de 1.108 g (un gramo, ciento ocho milésimos), en más o en menos.
B) 34.010 g (treinta y cuatro gramos, diez milésimos), y la tolerancia en peso por pieza será de 1.110 g (un gramo, ciento diez milésimos), en más o en menos.
C) 34.206 g (treinta y cuatro gramos, doscientos seis milésimos), y la tolerancia en peso por pieza será de 1.119 g (un gramo ciento diecinueve milésimos), en más o en menos.
D) 35.730 g (treinta y cinco gramos, setecientos treinta milésimos) y la tolerancia en peso por pieza será de 1.187 g (un gramo, ciento ochenta y siete milésimos), en más o en menos.
CUÑOS
Anverso: El Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos" formando el semicírculo superior.
Reverso: En la parte central la efigie de los Niños Héroes, con el símbolo de la Casa de Moneda de México "M" arriba desfasado a la izquierda y el año de acuñación arriba desfasado a la derecha; al pie de la efigie, desfasado a la derecha la leyenda "Niños Héroes". En el anillo periférico en la parte superior el símbolo "$" y el número "50"; formando un semicírculo en la parte inferior, una guirnalda de laureles. El marco liso con gráfila escalonada.
Canto: Estriado.
TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La moneda de cincuenta pesos a que se refiere este decreto, deberá contener en el reverso el símbolo "N$", en lugar del cíbolo "$" hasta que el Banco de México en términos de lo dispuesto por el artículo tercero transitorio del decreto por el que se crea una nueva unidad del Sistema Monetario de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial, de la Federación el 22 de julio de 1992, retire de la circulación las monedas metálicas representativas de la unidad monetaria que ha sido sustituida.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México D.F., a 26 de agosto de 1993.- Senadores: Humberto A. Lugo Gil, Presidente; Antonio B. Manríquez Guluarte, secretario; Gustavo Salinas Iñiguez, secretario.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
El Presidente:
El siguiente punto del orden del día, es la discusión en lo particular, del proyecto de decreto que reforma los artículos 41, 54, 56, 60, 63, 74, 82 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Compañeros diputados: hoy debatiremos y votaremos en lo particular la reforma de unos artículos constitucionales cuya modificación significará un cambio sustancial en la vida política democrática y en las prácticas electorales de la nación.
En las primeras horas de la mañana de hoy, se reunió como es costumbre los días de sesión, la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, integrada por los dirigentes de cada uno de los grupos parlamentarios. Se acordó en esa reunión que harían uso de la palabra hasta dos oradores de cada partido político en la discusión de cada uno de los artículos en lo particular. Se recomendó que cada intervención no excedería de 15 minutos.
La Comisión de Régimen Interno tomó este acuerdo a la vista de que aún sujetándose el número de oradores a lo convenido, harían uso de la palabra alrededor de 96 compañeros de esta Cámara. Esta Presidencia solicita de la manera más respetuosa a los señores diputados, acogerse al acuerdo de la Comisión de Régimen Interno, a fin de que realicemos un debate serio, profundo y ordenado, como corresponde a la respetabilidad de nuestra Cámara y a la indudable trascendencia histórica de los temas que hoy abordaremos.
Los grupos parlamentarios han hecho llegar a esta Presidencia la lista de los artículos que se reservan para discutir en lo particular.
El Partido Revolucionario Institucional, los artículos 54 y 82., el Partido Acción Nacional, los artículos 41,56, 82, fracción I., el Partido de la Revolución Democrática, los artículos 41, 54, 56, 60, 63, 74, 82 y 100; el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, los artículos 41,54, 56, 60, 63, 74, 82 y 100; el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, los artículos 54 y 82 y el Partido Popular Socialista, los artículos 41, 54, 56 60, 63, 74, 82, 100 y el transitorio sexto.
Se han inscrito para la discusión del artículo 41, los siguientes diputados:
Jorge Tovar Montañez, del Partido Popular Socialista; Octaviano Alaniz Alaniz, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Ricardo Valero, del Partido de la Revolución Democrática; César Jáuregui, del Partido Acción Nacional; Benjamín González Roaro, del Partido Revolucionario Institucional; Juan Campos Vega, del Partido Popular Socialista; Elpidio Tovar de la Cruz, del Partido de la Revolución Democrática; y Francisco Saucedo, del Partido de la Revolución Democrática.
En consecuencia, tiene el uso de la palabra, él diputado Jorge Tovar Montañez.
El diputado Jorge Tovar Montañez:
Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados: Como es bien sabido de todos nosotros, el artículo 41 constitucional, como todos los de la Constitución, está pleno de doctrina política y social.
En nuestro concepto, contiene dos aspectos fundamentales trascendentes esenciales para la vida política.
En primer lugar, lo referente a los partidos políticos. Es trascendente por que la presencia de los partidos políticos, su existencia, su desarrollo, su fuerza, su influencia a nivel nacional, no ha sido de siempre; es relativamente reciente en la vida política nacional y podemos afirmar, recordando que hasta 1986 se desarrolló la idea de fortalecer a los partidos políticos, se avanzó en esta idea. Pero también podemos afirmar que a partir de 1989, se opera un retroceso, fruto de una coyuntura política que ahora se traduce en nuestro concepto, en una agresión contra el sistema de partidos políticos en México.
El haber introducido en 1989 la presencia de consejeros ciudadanos y magistrados en el órgano superior; pero también, El hecho de haber relegado a un segundo término a la par que la presencia, ciudadana de los partidos políticos en cuanto a la responsabilidad de organizar las elecciones, esto implica, repito, una agresión al sistema de partidos políticos; y habría que preguntarnos ¿ qué es lo que queremos ? ¿ Vamos a seguir fortaleciendo el sistema de partidos políticos permitiendo una mayor presencia de éstos, una mayor pluralidad ? O bien, ¿vamos a cerrar la puerta para este desarrollo de la democracia, desarrollo incipiente de la democracia en México, caminando por la vía dejar dos o tres partidos políticos ?
Eso es lo que está en juego ahorita en la vida política nacional como un asunto muy importante.
Si la respuesta es "Basta con dos o tres partidos políticos", probablemente prospere esta reforma que plantean tres partidos. Pero si nosotros estamos de acuerdo en que todavía falta mucho camino por recorrer para fortalecer la democracia nacional, para que todos los mexicanos en edad de hacerlo y en condiciones de hacerlo tengan la oportunidad de expresar su voluntad a través del voto y contribuir con ello a estar representados en los órganos de Gobierno y a nombrar a sus autoridades y poder en un momento recusar los actos de éstas y poder opinar
y disentir como lo indican los moldes de la democracia representativa.
Entonces nosotros tenemos que concluir en que todavía no se ha desarrollado cabalmente el sistema de partidos políticos en México y por tanto tenemos que buscar las formas de que los partidos sigan profundizando su presencia en la vida nacional.
Por ello la propuesta del Partido Popular Socialista, su iniciativa de reforma, al artículo 41, va en el sentido de fortalecer la presencia de los medios de comunicación y también la posibilidad de tener mayores elementos materiales para su actividad a los partidos minoritarios, a los partidos fundamentalmente de la clase trabajadora.
Si todos estamos de acuerdo en que en la actualidad los medios de comunicación son un arma fundamental para obtener voluntades, entonces tenemos que poner a disposición: tenemos que buscar la posibilidad de que los partidos de menor presencia en la vida nacional, de mayor votación hasta el momento, tengan esa posibilidad.
Por eso, nosotros hemos planteado concretamente en nuestra iniciativa de modificaciones al artículo 41, la necesidad de garantizar a los partidos, a todos los partidos de una manera no equitativa sino igualitaria; la presencia en los medios de comunicación y los elementos suficientes para su movilización a nivel nacional.
De otra manera no hablemos de democracia representativa, si no le damos a ese pueblo, que se nos ha quedado sin voluntad, sin deseos o sin posibilidades de expresar su voluntad, no hablemos entonces de democracia representativa mientras no nos esforcemos y hagamos todo lo posible por garantizar la expresión de la voluntad del pueblo para todos los mexicanos.
El segundo aspecto importante del artículo 41 es la manera de integrar el órgano responsable de conducir, de organizar y también de calificar las elecciones.
Repetimos lo que ya antes habíamos afirmado: la presencia en el órgano superior electoral de los consejeros ciudadanos y los consejeros magistrados fueron una medida coyuntural para salvaguardar una forma que podemos afirmar que ha sido de autoritarismo, de autoritarismo del Gobierno para garantizar su modelo económico, político y social. Pero si estamos de acuerdo en que fue coyuntural ese cambio, entonces tendremos que estar de acuerdo en que es el momento de eliminar del artículo 41 constitucional la presencia de estos grupos, digamos, de estos consejeros ciudadanos y magistrados, que no contribuyen en nada a la democratización del órgano superior ni tampoco a la claridad, a la pureza, de los resultados electorales.
La garantía de resultados electorales confiables está desde la casilla, desde el respeto a la voluntad popular y no a su manipulación ni a la presión de ningún tipo de organismos para obtener el voto del pueblo. ¡ Ahí está la garantía: en la integración democrática y paritaria de todos los órganos electorales!
¿ Qué ganaríamos, qué ventaja habría en que en el órgano superior electoral estén estos organismos ya mencionados, si los votos vienen viciados de origen ? No es ninguna contribución; por el contrario, aquí, en esta tribuna, se han denunciado muchas veces por todos los partidos políticos, que los consejeros ciudadanos en los distintos niveles, lo que han hecho es obstaculizar el llegar a acuerdos válidos y la presencia de los consejeros magistrados que corresponden efectivamente al Poder Judicial, pero que no tienen por lo mismo tarea, en este caso de carácter jurisdiccional, sino de carácter político y que no pueden cumplir con su esencia por su naturaleza, son organismos, son grupos, que no tienen nada qué hacer en el órgano superior electoral.
Y volvemos a la premisa anterior: si son los partidos políticos los que tienen por el mismo mandato constitucional la representatividad ciudadana, son éstos los que deben integrar, junto con el Ejecutivo, el órgano superior y los órganos electorales de una manera paritaria.
Tenemos la oportunidad de enmendar entuertos, y un entuerto fue la inclusión de los consejeros de ambos tipos en el artículo 41 constitucional. En nada contribuyen, en nada ayudan, sino que debemos por el contrario depurar las funciones que son estrictamente de carácter político y éstas corresponden efectivamente al Poder Ejecutivo y a los partidos políticos, y permítasenos insistir, ¿ por qué de manera paritaria los partidos políticos y no de manera proporcional, que se verá posteriormente, pero por qué de manera paritaria si nosotros seguimos aceptando que la representación partidaria en los órganos electorales sea de manera proporcional, estamos negando un principio de la convivencia entre fuerzas distintas de carácter político, como puede ser la presencia desde la representación de las naciones en las Naciones Unidas ?
Imaginémonos si la presencia, la representación de las naciones en el órgano superior internacional fuera por la, de acuerdo con el poderío económico, con la extensión de los países. Estados Unidos, la ex URSS, etcétera, China, tendrían una mayor representación contra o en demérito total de la presencia y el derecho de los países pequeños, ¿ y a dónde nos conduciría una representación internacional tan desequilibrada ? ; los poderosos los países ricos sobre los países pobres o los países grandes o los países pequeños.
Conforme a este principio totalmente de justicia es, de acuerdo con ese principio, con el que nosotros debemos pensar y reflexionar en la integración de los órganos electorales. Si los partidos políticos que representan a los ciudadanos y los ciudadanos son iguales ante la Ley, la representación de los partidos políticos en los organismos debe ser paritaria.
¿ Y por qué no el Poder Legislativo ? ¿ por qué el Ejecutivo sí y los partidos y por qué nosotros rechazamos la presencia del Legislativo ? Por lo mismo que ya se ha ido abundando de eliminar la autocalificación y la autocalificación se elimina cuando no hay participación, presencia de los poderes, del Poder Legislativo. Por eso ya no cabe que en los organismos electorales estén presentes representantes del Poder Legislativo, porque eso significa incidir en la autocalificación.
La propuesta del Partido Popular Socialista puede parecer radical, pero es justa y es válida. Lo que está en el fondo es lo que decíamos inicialmente ¿ que tipo de sistema político queremos para México ? y esa respuesta la vamos a dar aquí en la tribuna.
¿ Queremos dos partidos, tres partidos o queremos que se siga desarrollando la vida nacional, de la cual todavía no podemos decir que es satisfactoria, porque hay muchos mexicanos todavía que se quedan sin ejercer su voto, sin expresar su voluntad porque ni siquiera se llegan a enterar de lo que piensan los partidos políticos y los candidatos y esos mexicanos son fundamentalmente de las grandes masas populares, de los obreros, de los campesinos, de los trabajadores; no son de las clases medias y menos de las clases acomodadas; si no tomamos esas medidas que permitan la presencia no de dos ni de tres partidos políticos, sino de varios, estamos matando antes de que acabe de crecer, la vida democrática nacional. Muchas gracias.
El Presidente:
Se concede el uso de la palabra al compañero diputado Octaviano Alaniz, del PFCRN.
El diputado José Octaviano Alaniz Alaniz:
Con vuestra venia, señor Presidente; compañeras diputadas, compañeros diputados:
Todavía existe en el interior de la sala el ánimo con el que se trató en lo general estas propuestas. Sí se lamenta que apesar de todo no se haya tenido la sensibilidad de aceptar conceptos mínimos con la intención de mejorar el dictamen, proyecto de dictamen; ahora vamos a tratar de comentar por qué queremos los integrantes del PFCRN que se reforme un poquito, que se modifique un poco el proyecto de dictamen para el artículo 41. Mal haríamos si no acertáramos algunos comentarios para este artículo de lo que ha venido pasando en la República, en todos los procesos electorales desde hace algún tiempo considerable.
Nosotros aquí estamos debatiendo, tratando de que se acepten las tesis de los partidos o las apreciaciones de los grupos parlamentarios, o las apreciaciones personales del diputado. Todo indica que la reforma se habrá de realizar, pero estamos observando que esta reforma va quedando gradualmente en el aire.
Vamos a contar con una Constitución reformada en lo que se refiere a este artículo, pero, ¿ para quién se está legislando realmente ?, ¿ para todo el pueblo empadronado ? No señores diputados, la gran mayoría en algunos casos y en algunos lugares de la República, es a lo sumo el 20%, el 30% en otros casos, el 40% en otros más, de los que van a votar.
No estamos entonces en un país en donde las elecciones muevan a ese gran electorado nacional para que se le dé brillo y gran contenido a los resultados en las casillas; estamos entonces aludiendo y afirmando que hay un gran abstencionismo en la República.
La norma constitucional debe ser tal que motive a todos los mexicanos empadronados de hoy y del futuro, a cumplir con ese deber cívico para que efecto se pueda...
Señor Presidente, le ruego a usted que me permita interrumpir mi intervención hasta que en la sala haya orden.
El Presidente:
Ruego a los visitantes a esta Cámara , permitirnos continuar con el desarrollo de nuestra sesión, por lo tanto el compañero Alaniz guardará silencio mientras toman la decisión de dejarnos continuar la sesión. Continué señor diputado Alaniz, por favor.
El diputado José Octaviano Alaniz Alaniz:
Muchas gracias, señor Presidente.
Bueno, es que existen varios espacios para que se siga platicando.
El Presidente:
Ruego al señor Alaniz continuar con su disertación.
El diputado José Octaviano Alaniz Alaniz:
Gracias, y discúlpeme.
Existen datos en la República con los cuales esta Cámara debe conducir sus decisiones o por lo menos tomarlos como unos antecedentes y tratar de que esto no se repita.
En la República ha habido procesos electorales con un resultado determinado y por decisiones de la mesa, se transforma en un sentido distinto. No cuenta el voto en definitiva, sólo se usa el procedimiento electoral para tratar de justificar estas medidas que a posteriori se presentan.
Esto y otros aspectos del proceso electoral nacional han hecho que el pueblo mexicano pierda credibilidad y confianza en los procesos electorales, en consecuencia, existe en el ánimo del pueblo mexicano un reclamo de una auténtica y real justicia electoral y esto, por lo ,menos en la Cámara, se debe tratar de satisfacer vía integración de órganos electorales, los que deben ser integrados democráticamente, de lo contrario no va a ser posible que se abata la desconfianza, la violación a la voluntad del pueblo que se conoce en las urnas.
Ya decíamos en una ocasión anterior; en este país hay una proliferación enorme de leyes, pero también hay una proliferación enorme de incumplimiento y de violación a la Ley.
Para tratar de que nosotros como diputados ofrezcamos a la República la posibilidad de que haya más credibilidad, confianza y más justicia electoral, debemos arribar a la integración de los órganos electorales, por lo menos a propuesta de los partidos; que se elimine del proyecto el término de judicatura federal, para que sólo queden magistrados y ministros, pero estos, por ministerio de Ley, deben aceptar, deben ver la posibilidad de que sean los que propongan los distintos partidos para integrar al órgano electoral. Por lo menos, señores de la mayoría y señores del PAN, habría que pensar en una posibilidad mínima de participación de los partidos para hacer las propuestas y sean integrados los órganos electorales.
Si no se acepta, si no se convence al país, vamos a ver definitivamente que la autocalificación es muy apreciada, que no se quiere hacer de lado para que se de espíritu justiciero en lo electoral; que va a haber el control del Estado, va a haber un exacto manipuleo de los procesos electorales; porque no van a ser posible como se tiene propuesto en el proyecto; que se de una voluntad graciosa del Estado de dar libertad a los que integren el órgano electoral y un apremio de que cumplan con la Ley, sino que al contrario, se les va a imponer, y otra vez lo mismo, la reforma constitucional entonces, no va a satisfacer las expectativas.
Señor Presidente, le ruego que en un momento, en seguida, nos permita entregar a usted las propuestas de esta fracción, para entregarle lo que nosotros estamos comentando, un texto en esos términos. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Eloy Vázquez.
El diputado Eloy Vázquez López:
Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Solamente he solicitado el uso de la palabra para, a nombre de mi partido, rechazar, en base al Reglamento, el acuerdo del señor Presidente, que suspendió durante un lapso mínimo de tiempo la intervención del orador, en virtud de que, en primer lugar, cualquier personalidad que se presente en esta Cámara, siempre es bien recibida y los señores de la Prensa, sabemos de su profesionalismo, siempre están atentos para cubrir esa información. Los diálogos, la concertación se establece libremente en los pasillos de este recinto y dentro de este mismo salón de
sesiones, como parte de una práctica parlamentaria.
Yo supongo que si nuestro compañero diputado Fernando Ortiz Arana se presentara aquí, todos tendríamos el interés de cambiar impresiones con él , y sería muy legítimo que los señores representantes de la nación cambiarán impresiones con un distinguido dirigente de un partido político.
Ese mismo tratamiento que estamos dispuestos a dar a cualquier dirigente de cualquier partido político, lo pedimos para el Presidente de nuestro partido, que además es un senador de la República y tiene derecho a circular libremente por los pasillos de este recinto en este mismo salón de sesiones; por lo tanto el señor orador estaba en su derecho de suspender su intervención y su interés era guardar respeto para la presencia de la investidura de nuestro Presidente, sin embargo, señor Presidente de la sesión no consideramos que haya actuado adecuadamente cuando se arrogó la facultad de suspender la sesión. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Ricardo Valero.
El diputado Oscar Ricardo Valero Recio Becerra:
Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Hemos expresado y sostenido de manera reiterada en esta tribuna y en otros foros, en distintas ocasiones y momentos, esta misma semana, que para nuestro partido, para la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, son muy claros, precisos, fáciles de entender y, estamos seguros también de compartir los propósitos que debe perseguir y por lo tanto orientar esta reforma política.
Para nosotros son primordialmente tres. El primero de ellos, que en México y por vez primera en la historia y particularmente en la historia reciente o contemporánea del país, los mexicanos podamos tener plena, cabal seguridad de que la renovación y la integración de los poderes públicos se realiza mediante el sufragio, el voto y la voluntad populares debidamente garantizados, esto es, el tener en nuestro país procesos electorales, confiables, claros, transparentes, aceptables para todos.
Como complemento de esta primera consideración y objetivo, también decimos que la reforma debe conducir a generar, a crear y de hecho, a invertir de manera importante, incluso radical, los términos en que tienen lugar y se desenvuelven en nuestro país las contiendas electorales, que deben darse y desenvolverse a partir de condiciones mínimas de equidad e incluso de igualdad y no de la manera desproporcionada, desigual y desequilibrada en que tiene lugar; siempre y en todos los ámbitos, se trata de las elecciones y de las contiendas nacionales, las federales o las estatales.
Y la tercera, la tercera finalidad de esta reforma, radica en impulsar y en acordar una serie de elementos que permitan que los rezagos enormes que el país tiene en términos del funcionamiento de un sistema democrático puedan siquiera enmendarse, comenzar a atenderse, a superarse, a corregirse. Esos son los propósitos.
Se ha dicho, y queremos una vez más refutar esa afirmación por falsa e inconsistente, de que aspiramos a un máximo, sí aspiramos a un máximo ciertamente, pero no lo ponemos como requisito un máximo de modificaciones de reformas, aspiramos ciertamente a un país democrático, pero también, sabemos que en cada etapa hay oportunidades y posibilidades y, en ese sentido ha sido muy claro, por ejemplo, que muchos de los temas vinculados o que se desprenden de la reforma auténtica, de la reforma democrática del Estado, pueden ser, si no diferidos, pueden ser objeto precisamente en cambio de una elección verdaderamente competitiva y democrática. Más bien nos planteamos mínimos, pero son los mínimos que acabamos de mencionar, y a diferencia de lo que se nos señala.
Dejamos fuera, para otro momento, lo que en tantas partes, e inclusive en una región tan próxima a la nuestra, como es América Latina, en la actualidad se debate a propósito de los sistemas y de los regímenes de Gobierno.
Y dentro de esta categoría de grandes rezagos, y en la búsqueda de abatirlos, uno de ellos, primordial, inaplazable, radica precisamente en enmendar, en corregir todos aquellos elementos desequilibrados y desequilibradores, inclusive abusivos en que se incurrió con la reforma electoral, la constitucional primero, y la de su Ley Reglamentaria, con posterioridad, en 1989- 1990.
No queremos en este momento, no lo estamos planteando en estos términos, aunque tampoco rehuiríamos un análisis a profundidad y un debate que fijara nuevamente las responsabilidades
que corresponde a cada uno, pero sabemos, afirmamos, reiteramos nuevamente que en 1989 y 1990, en las reformas de aquel entonces se perdió el mejor momento, la gran oportunidad, en verdad, de impulsar a nuestro país a la transición hacia la democracia y dejó pendientes y ésta era de nueva cuenta la oportunidad de retomarlos, cuestiones fundamentales, relacionadas particularmente con la protección del voto y que se expresa particularmente en la integración de los organismos electorales.
Es por eso que también y desde un primer momento señalamos, que si esta reforma habría o habrá de contener elementos importantes en esa dirección, que apunten hacia una transformación, un cambio, una transición democrática para el país, debe atender y revisar esas cuestiones que se resolvieron mal en 1989 y en 1990 y que constituyen la principal prioridad, no sólo para nosotros, ni siquiera de esta reforma, sino para el país entero y en términos, en relación a su paso democrático.
No hemos resuelto en nuestro país lo que prácticamente en estas postrimerías del siglo está resuelto, desde luego, en los países democráticos, muchos inclusive próximos y cercanos al nuestro, como es algo tan simple y tan sencillo, como que las elecciones determinen y resuelvan mediante la protección del voto, quién gobierna, quién asume la responsabilidad de los poderes públicos.
Por eso, el artículo 41 de la Constitución General de la República es fundamental y por eso nuestras propuestas, las que hemos expuesto, desarrolladas y sostenidas a lo largo de todo este tiempo, han insistido e insisten, una vez más, en que si no se tocan aspectos medulares contenidos en este artículo 41, la reforma que se apruebe podrá ser una reforma que haga de manera fragmentaria y, finalmente, superficial, reformas de consideración en temas importantes que tocan instituciones fundamentales de la vida pública del país, pero que no habrán atacado lo esencial.
En el mejor de los casos será una reforma intranscendente, irrelevante, selectiva y que, desde luego, no corresponda a este impulso y a esta fundamental exigencia nacional.
Nos remite, el artículo 41, a muchos temas y por eso, no lo voy a repetir ahora, nosotros propusimos desde un principio un sistema completo, mediante el cual se planteara, en primer lugar, una reforma importante que le permitiera al organismo electoral en general, al organismo público del que habla ese artículo 41 constitucional y todos los elementos que lo componen, de los atributos que el propio artículo le plantea: el de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad, profesionalismo, que están ahí descritos; pero que no corresponden ni a la integración ni han correspondido tampoco al funcionamiento de estos organismos.
Y ése es el problema en verdad central de ésta, lo fue de la pasada y seguirá siendo en el país, por lo visto, la reforma aplazada, que no se hará en esta ocasión.
Propusimos un sistema completo; una reformulación, ésta aparece desde el año pasado y lo recordarán, como recordamos nosotros otras propuestas, los compañeros legisladores, con la reforma constitucional que planteamos desde el mes de julio de 1992 y que tenía como eje, como centro, precisamente este tema.
Y planteábamos que este organismo público, autónomo, como ahí se menciona con toda claridad y sin ninguna duda pudiera y debiera integrarse de la misma manera para asegurar ese funcionamiento.
Y por eso fue, recuerden esta cuestión, que planteábamos una representación gubernamental diferente, que no significara el control gubernamental o por la suma de la participación del Gobierno y de su partido que no tuviera mediante esta ecuación el control, como ocurre en los hechos de ese organismo electoral.
Que la representación y, lo hemos dicho también nos complace coincidir con los compañeros diputados que han asistido a esta tribuna hace un momento, que recuerdan efectivamente, como lo sabe el país entero, que se reproduce la misma desigualdad en la búsqueda de la reproducción del mismo estado de cosas y de la misma situación, con una representación aunque se diga atemperada que lo es en cierta forma y un cambio con respecto a la que existía en la Comisión Federal Electoral antiguamente, pero que todavía no participa, no integra esos criterios de igualdad, de equilibrio y finalmente equitativos de los partidos políticos. El compañero diputado del Partido Popular Socialista lo recordó, los partidos políticos también deben tener una participación y una representación paritaria.
Esta fue la propuesta que hicimos, que sostuvimos. Esta fue también la que planteamos en nuestro proyecto de reformas constitucionales y de la que estamos convencidos.
Hemos intercambiado a lo largo de todos estos días y de este período de manera más general, puntos de vista con todos los compañeros diputados, con todos los compañeros representantes de las fracciones parlamentarias y hemos insistido en estos temas. Hemos inclusive alcanzado ciertos acuerdos, que no se han concertado para estos propósitos en los acuerdos correspondientes.
En las últimas reuniones que efectivamente lo hemos de informar, lo hemos hecho, de cara a la nación y de frente a la opinión nacional, se han celebrado con la participación de las dirigencias de nuestro partido, no nada más de este intercambio que ha tenido lugar con la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional y el nuestro, sino también con otros.
Pero en el caso del PRI Y del PRD son más de 10 reuniones en donde y así lo hemos reconocido, subrayado y difundido, se han desarrollado en términos cordiales, positivos, francos, abiertos, puntos de vista, que eso tiene un valor que no regateamos en sí mismo. Pero lo cierto es que no hubo una actitud de verdadera apertura y de reconocimiento a nuestras propuestas, en ningún caso, al menos a este nivel de los intercambios que se han concretado por razones naturales, que se han concretado a los temas que abarca, que comprende la reforma constitucional.
Quedan abiertos para otros en materia electoral, la reforma del Cofipe y otros más hacia adelante, quizá inaugurados en esta etapa.
A nuestras propuestas en materia de reformas constitucionales relacionadas con el referendum constitucional, con el voto de los mexicanos en el extranjero, la participación política de las mujeres, la abolición del corporativismo, etcétera, la respuesta fue negativa. Y a los temas que abarca la iniciativa de modificaciones constitucionales nuestros planteamientos o bien se dijo que no eran compartidos, o bien también que se presentaban en un momento tardío cuando en realidad ya se habían hechos los compromisos necesarios, tal vez inmodificables.
Menciono estos elementos como antecedentes y para subrayar la importancia de este tema, porque es nuestra intención y en el curso del debate lo iremos precisando aún más, insistir al menos, no en todos los temas, esos quedarán desde luego vigentes, pero de aplicación tal vez para otro momento, relacionados con temas del artículo 41 constitucional a los partidos políticos, relacionados o vinculados también con el propio organismo electoral.
No hemos querido, en cambio, dejar de insistir y éste es el propósito primordial, en la presentación y puesta a consideración de la manera más respetuosa, de toda la Asamblea, de todos ustedes, compañeras y compañeros diputados, unas propuestas de reforma mínima que abrirían, también estamos seguros, perspectivas fundamentales para alcanzar acuerdos satisfactorios a nivel de la reforma al Código más adelante, pero que de no establecerse, como lo hemos dicho, desde ahora al nivel constitucional, lo harán, si no difícil, imposible.
Y proponemos que se sustituyan los párrafos correspondientes de ese artículo, referidos a la organización de la elecciones federales, de tal manera que quede perfectamente establecido que la organización de las elecciones federales, a diferencia del actual texto, se diga:
" Si en verdad se desea la autonomía del órgano, que es responsabilidad y competencia de un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonios propios, en cuya integración concurren los poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, según lo disponga la Ley.
La certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y profesionalismo serán principios rectores en el ejercicio de esta función.
El organismo público, diría el siguiente párrafo, será autoridad en la materia, profesional en su desempeño, y adoptará sus decisiones por el voto de las dos terceras partes de sus miembros, salvo en los casos en que excepcionalmente se fije otro porcentaje de votación.
Contará en su estructura con órganos de dirección, así como con órgano auxiliares, ejecutivos y técnicos. De igual manera, contará con órganos de vigilancia que se integrarán mayoritariamente por representantes de los partidos políticos nacionales o por los ciudadanos.
El órgano superior de dirección se integrará por consejeros ciudadanos de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión y por representantes nombrados por los partidos políticos.
Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario para prestar el servicio profesional electoral, los ciudadanos formarán las mesas directivas de casilla.
El número total de integrantes con derecho a voto en los consejos directivos del organismo
público se establecerá equilibradamente, de tal modo que ninguna coalición formal o informal de una ventaja predeterminada a algún partido político en la dirección del proceso electoral."
Y por último, subrayando los primeros términos, los consejeros ciudadanos del organismo público, deberán satisfacer los requisitos que señala la Ley que no podrán ser menores a los que señala esta Constitución para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, excepción hecha del título de abogado. Serán electos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, de entre los propuestos por los grupos parlamentarios de esta Cámara, la Ley señalará las reglas y el procedimiento correspondiente.
Si en verdad, como se ha afirmado, sostenido por prácticamente todos, al menos formalmente, se desea un organismo autónomo como responsable de esta función electoral. Hacia esto está dirigida nuestra propuesta.
Si se desea introducir la posibilidad del verdadero equilibrio en el interior del funcionamiento de ese órgano, bien lo sabemos, tenemos que pensar en la verdadera representación y representatividad de los consejeros que no tienen ciertamente que ser o por lo menos, magistrados y que son los que pueden permitirle el equilibrio de funcionamiento y esa función, capacidad y aptitud de autonomía al órgano en su conjunto.
Esta propuesta de reformas y adiciones del artículo 41 constitucional, están respaldadas por la totalidad de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. La firmamos como responsables de su transmisión y presentación en este pleno, los compañeros diputados Rosa Albina Garavito, Gilberto Rincón Gallardo y un servidor. La dejamos en la Secretaría, con la certeza de la atención favorable, el respaldo y el apoyo de todos ustedes. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Guillermo Flores Velasco.
El diputado Guillermo Flores Velasco:
Con su venia, señor Presidente; honorable Asamblea:
Vengo a exponer también algunos comentarios de carácter general sobre el artículo número 41 del dictamen, artículo 41 constitucional.
Francisco I. Madero, señalaba en el Plan de San Luis: " En México, como República Democrática, el poder público no puede tener otro origen ni otra base que la voluntad nacional. Y ésta no puede ser supeditada a fórmulas llevadas a cabo de un modo fraudulento. Esta conclusión la derivaba del análisis del sistema político del porfiriato".
También en el Plan de San Luis señalaba: " que tanto el Poder Legislativo como el Judicial, estaban completamente supeditados al Ejecutivo. La división de poderes, la soberanía de los estados, la libertad de los ayuntamientos y los derechos de los ciudadanos, sólo existían escritos en nuestra Carta Magna, las cámaras de la Unión no tiene otra voluntad que la del dictador. Los gobernantes de los estados son designados por él y ellos a su vez designan y y se imponen de igual manera a las autoridades municipales".
Continúa señalando:
" De esto resulta que todo engranaje administrativo, judicial y legislativo, obedecen a una sola voluntad, al capricho del general Porfirio Díaz, quien en su larga administración ha demostrado que el principal móvil que lo guía es mantenerse en el poder a toda costa."
Al escuchar estas tesis, pareciera que don Francisco I. Madero fuera un luchador social de nuestros días.
La democracia política es una vieja aspiración de los mexicanos, que hoy abandera nuestro partido, el Partido de la Revolución Democrática, junto con millones de mexicanos y numerosas organizaciones políticas, democráticas, a lo largo y ancho del territorio nacional.
El artículo a debate, es el artículo principal en nuestra Carta Magna que desarrolla las tesis de nuestro sistema político-electoral. Este ha venido sufriendo sucesivas reformas, sobre todo a partir de la década de los setenta. En él se define la naturaleza de los partidos, sus fines, sus derechos, su importancia en la representación nacional a través del pluralismo. Es decir, el reconocimiento de varias y distintas corrientes de opinión nacional.
Se plantea de manera incuestionable, la vinculación que tiene el sufragio libre, directo y secreto de los ciudadanos con los partidos políticos. Se define además, a los procesos electorales como una función pública que expresa los lineamientos de un sistema de medios de impugnación.
" Las elecciones , dice la Constitución, se realizarán bajo los principios rectores de la certeza, imparcialidad, legalidad y profesionalismo. Se crea un tribunal autónomo, órgano jurisdiccional de pleno derecho".
Ante todos estos inobjetables, cabría preguntar: ¿ cuál es la razón que a lo largo de varias décadas, sobre todo en los últimos años no podamos los mexicanos tener pleno derecho a nuestro sufragio ? ¿ Cuál es la razón para que se conculque la voluntad popular ? ¿ Cuál es la razón de que los procesos electorales terminen o deriven en violencia, en graves conflictos sociales ?
Algunos afirman que lo que hace falta es voluntad política del Gobierno para respetar la Constitución. Otros afirman que lo que hace falta es buscar congruencia entre la Ley Fundamental y la Ley Reglamentaria.
Nuestro partido sostiene que hace falta una mayor precisión en nuestro texto constitucional, para dar a las elecciones credibilidad y sobre todo, legalidad.
Nuestro partido propuso una reforma constitucional hace un año; nuestra iniciativa es esta reforma que nosotros propusimos a esta soberanía. Propone, en esencia, crear un nuevo título, el Título Octavo para normar el sistema electoral. En seis artículos desarrollamos nuestras principales tesis.
En primer lugar, crear un órgano supremo de la Federación, conformado con la concurrencia de ciudadanos y partidos políticos para la organización de las elecciones federales; autónomo, independiente de los otros poderes, dotado de personalidad jurídica propia y patrimonio también propio, integrado por un número tal que ningún partido político por sí solo o coaligado con otros, puede su decisión; un organismo donde el principio de legalidad es fundamental, la sujeción de todo acto a la autoridad suprema de la Ley.
Los poderes de la Federación pueden y deben concurrir en su formación por que alguien lo tiene que crear. Pero una vez creado, cuenta con la total autonomía dentro del marco de la Ley.
Las resoluciones en casos fundamentales, deben ser por mayoría calificada de dos tercios. Un órgano colegiado que tenga plenas facultades y que no se concentren en una sola persona.
El dictamen de esta iniciativa no da una sola razón jurídica, histórica, política o técnica para el rechazo o para no hacer ninguna mención de cada una de las propuestas de nuestra iniciativa constitucional.
De todos es conocido que nuestro partido ha estado abierto de manera responsable a un diálogo con todas las fuerzas políticas nacionales, incluyendo también al propio Gobierno.
De todos es conocido que nuestro partido fue coautor o impulsor, junto con otras fuerzas, para crear la Comisión Plural en el marco de esta soberanía discutiría plenamente esta reforma política electoral que requiere nuestra nación.
Los medios de comunicación han dado cuenta de reuniones recientes, al margen de esta Comisión Plural, entre nuestro partido con otros partidos políticos y la propia Secretaría de Gobernación. Con ello se ha demostrado fehacientemente nuestra voluntad de diálogo, pues hemos venido flexibilizando nuestra posición en aras de alcanzar un acuerdo con las otras fuerzas. Por ejemplo, aceptamos la participación del Gobierno en los órganos electorales. Aceptamos ensayar fórmulas en cuanto a la integración, en cuanto a los mecanismos de integración, etcétera.
¡ Sin embargo, no se acepta una sola modificación en materia constitucional y en otros artículos de la presente iniciativa ! Es más, temas como el financiamiento se incorporan al texto constitucional con bastante ambigüedad.
El acceso a los medios de comunicación no merece ninguna mención. El sistema de medios de impugnación no establece el principio de la suplencia de la queja y no precisa que serán castigados con todo el rigor de la Ley los delitos electorales.
Está expresada claramente nuestra propuesta de flexibilidad, una propuesta constitucional que hemos hecho claramente y que no se ha tomado en cuenta.
¡Nosotros votaremos en contra de este artículo 41 constitucional, como otros artículos que posteriormente serán debatidos, porque no incorpora, como hemos señalado, aspectos fundamentales para la vida política nacional para lograr eso que todos los mexicanos deseamos: elecciones limpias, transparentes, pacíficas, creíbles, que sean producto, estas elecciones, de la voluntad popular expresada en las urnas!
No se encuentran en estas iniciativas claramente tipificados cómo vamos a resolver tantos delitos
y hampones electorales que existen y que esta Ley fundamental no contempla una sola mención. Y ésos son los problemas fundamentales para que se tergiverse la voluntad popular.
¡ Votaremos en contra y otros compañeros harán algunas propuestas en lo particular sobre este artículo ! Por su atención, muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el señor diputado don César Jáuregui Robles.
El diputado César Jáuregui Robles:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
En Acción Nacional nos hemos pronunciado de manera reiterada por una reforma política que contemple cambios a la legislación, que conduzcan a la celebración de procesos electorales limpios y competitivos, donde la ausencia de vicios que ensombrecen los resultados haga posible la alta participación social que todos los partidos políticos y los ciudadanos ambicionamos.
Los cambios propuestos a esta soberanía en materia de calificación se inscriben en este contexto y han contado con el aval de algunas de las fuerzas políticas aquí representadas.
Esto es así, porque el sistema de autocalificación que los legisladores llevamos a cabo, constituye una aberración al atentar contra la máxima jurídica que expresa: " que nadie puede ser juez y parte a la vez".
La disposición que aparece en el artículo 60 constitucional es un precepto que desde siempre ha despertado suspicacias e inconformidades entre los estudiosos del derecho, porque los encargados de aplicar la norma tienen interés directo en el resultado, restándole seriedad a su juicio por las lealtades partidistas y parcialidad que conlleva el sistema citado.
Ya en los días previos al inicio de los trabajos del Colegio Electoral de 1991, no fueron pocas las voces, los articulistas y los medios de opinión pública que advertían que en el proceso de calificación se evitarán todo tipo de sentimentalismos, presiones, negociaciones y afinidades de partido; temores que en un sistema de calificación heterodoxo no encuentran plena cabida o se atemperan, porque no existe el interés directo, que a final de cuentas resulta en imposición.
La historia reciente nos muestra que en los colegios electorales no puede hablarse siquiera de una tarea significante, sino más bien de actos protocolarios que obedecieron a ordenamientos legales o a sumisión plena. Por ello, pugnamos porque la definición electoral se dé basada en determinaciones jurisdiccionales y no jurídica que se apartan del campo de la legalidad.
Cuestiones de derecho son las que se plasman en los recursos e impugnaciones que la Ley establece al inconformarse por el desarrollo del proceso electoral a las partes involucradas. Profesionales del derecho deben, en consecuencia, resolver estos delicados asuntos.
El sistema mixto que contempla la iniciativa se justifica en el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, por el antecedente histórico que se remonta a 1857 y que privilegia la facultad camaral de calificar la elección de Presidente de la República, debido a la mayor amplitud y opinión plural conformada en la representación nacional.
Existen al respecto criterios encontrados que contradicen esta explicación, mismos criterios que fueron recogidos en el planteamiento de reforma propuesto por nuestro partido en el seno de la Comisión Plural. Lo anterior, sin embargo, no ha sido obstáculo para que Acción Nacional suscriba la iniciativa presentada por tres fracciones parlamentarias, por considerar que la calificación presidencial por la Cámara de Diputados como instancia final, sin desligarse del apoyo que brinda la ciencia jurídica, constituye un acto que habrá de ser superado en futuros comicios al acreditarse plenamente la calificación jurisdiccional por parte del Tribunal Federal Electoral.
Con esto entendemos que el tribunal citado debe, en la esfera de su competencia, contar con el propósito de ir ampliando al democracia desarrollando y aplicando criterios jurídicos que precisen la forma en que deben conducirse los actores que participan en el proceso electoral, atendiendo exclusivamente al interés general y desvinculándose, desde luego, con todo compromiso partidario.
La democracia para nuestro partido no se agota con los procesos electorales pero ciertamente es una premisa de primer orden que éste debe contar con una legalidad, transparencia y claridad, que hagan posible que el electorado se acerque y confíe en los comicios, pensando quizá que su voto será respetado. Buena responsabilidad de que esto se cumpla habrá
de corresponder al tribunal, que hoy definimos como órgano autónomo y máxima autoridad jurisdiccional, mismo tribunal que hoy adopta el añejo reclamo de la oposición, de dar injerencia a la Suprema Corte de Justicia en el acto relativo a la calificación electoral.
Si bien, el dictamen no refleja en su totalidad los postulados de la iniciativa planteada en 1946 por nuestro partido o la iniciativa sobre el mismo tema presentada por el diputado Juan de Dios Castro en 1992, sí se acepta el fondo del asunto, que consiste en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no permanezca al margen de las posibles controversias que en materia electoral se den en nuestra nación.
Está muy fresco aún en la generación de 1946 la intervención de la Corte con motivo de los trágicos sucesos ocurridos en la ciudad de León, Guanajuato. La sola declaración de la Corte, aunque jurídicamente no era vinculatoria, pues su fuerza moral fue suficiente para que se crearan consejos municipales y se diera marcha atrás en lo que era una imposición fraudulenta de autoridades.
Es saludable que los máximos representantes del Poder Judicial participen en una segunda instancia definitiva e inatacable, vigilando la legalidad y certeza que deben caracterizar una elección al sustanciar los conflictos. Ojalá y es deseo de Acción Nacional, que estas instituciones que hoy ocupan nuestra atención, sean de lo menos relevantes para el proceso electoral, por la ausencia de irregularidades y transgresiones al marco jurídico que se pudieran ventilar en este proceso.
El cumplimiento de esta hipótesis no necesariamente atañe a la Ley, sino a la voluntad política de respeto incondicional al sufragio. Por ello, a la par que fincamos instituciones y órganos de revisión y calificación de la legalidad del proceso, habremos de estar atentos al cumplimiento del empeño gubernamental, consistente en evitar el desaseo electoral que por desgracia aún acompaña a las elecciones en muchas partes del país.
Queda claro pues, que sólo desterrando del hábito político las formas y prácticas viciadas que prevalecen todavía, podremos aspirar a una contienda democrática, equitativa, legal y justa. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz.
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz:
Muchas gracias, señor Presidente y compañeros diputados de México:
En esta fase de la discusión particular del artículo 41, va desde luego, como lo han estado expresando los compañeros diputados que hablaron antes, referirse a las dos cuestiones que como modificación se introducen en este dispositivo constitucional. Desde luego al principio que deja ya en el texto de la Carta Magna la regla, la norma de que habrá una regulación del financiamiento de los partidos políticos y de sus campañas electorales.
A mí me parece compañeros diputados, y espero que ustedes compartan esta opinión, que para este tema es suficiente el enunciado en la norma constitucional y que decir y establecer con qué métodos se regula el financiamiento, qué tipo de financiamiento, cuándo, por qué organismo, cómo pueden recibir los partidos políticos financiamiento, de cuáles no deberían recibir, de quiénes no, de qué entidades, cuánto puede llegar a gastar en una campaña de un tipo o de otro tipo; son cuestiones para las que tenderemos el tiempo suficiente y el espacio correcto a la hora de conocer las propuestas e iniciativas que intenten reformar el Código de la materia.
Entonces, por razones de técnica y espacio, estaremos todos los integrantes de los partidos políticos de esta Cámara muy atentos y creo que la regla será que debemos estar muy receptivos a conocer los puntos de vista de los demás diputados de las demás fracciones.
Lo que quiero decir a nombre del PRI en este punto es resumidamente lo anterior, basta con el enunciado que se está proponiendo para que esta Asamblea y la Cámara de Senadores en caso de aprobarse, se permitan, se remitan ir a la fase de las sesiones siguientes de este período extraordinario a discutir con toda calma, acuciosidad y con mucha reflexión las formas de regulación del financiamiento de los partidos y de los topes o límites para los gastos de campaña.
El otro aspecto importantísimo que en lo particular hoy reflexionamos y discutimos compañeros, es el que trastocan el orden e introduce conceptos, instituciones y principios verdaderamente importantes en este mismo artículo, pero por lo que toca a la composición, a la organización, a la forma de funcionar, a la misma
competencia a los principios y criterios para su resolución, de un organismo que ya existe pero que ahora estará dotado de una función política y jurídica verdaderamente trascendente compañeros diputados.
Si ustedes analizan la propuesta de cambio cotejada con el actual artículo 41 en este aspecto del Tribunal Electoral.
Encontrarán que en la iniciativa y en el dictamen consecuente, se ratifican los principios básicos primarios de este artículo 41 y creo que no podría ser de otra manera y me parece que en eso estamos todos de acuerdo.
Explico brevemente, porque me parece que no se ha mencionado esto aquí. Innovamos mucho con esta propuesta pero conservamos verdaderamente los principios torales que conforman esta disposición que ya excede en la historia de su... en su historia propia, el artículo 41 con mucho lo que originariamente era su contenido.
La referencia a que la soberanía es la cualidad insustituible e intransferible del pueblo mexicano es intocada y no podría ser de otra manera. La referencia o la ratificación de que los partidos tienen una definición constitucional como entidades de interés público, definición que nace no exactamente en estos términos pero sí figura que nace a la constitucionalidad, la de los partidos políticos desde aquella reforma de 1977 y 1978. Después se introdujo la definición de que son entidades del interés público en México.
Naturalmente que se conserva. Y los fines de los partidos políticos que están en el tercer párrafo y que no quiero referirlos porque es algo que todos nosotros sabemos y conocemos; y el uso de los partidos políticos, hace rato se mencionaba algo referido a los medios de comunicación, en forma permanente, un termino que califica esta parte del artículo 41, a los medios de comunicación social y también la remisión para que sea la Ley Reglamentaria la que ordene, regule y acote esta disposición.
Hay una ratificación aquí, desde luego, a esta norma que dice que un derecho, prerrogativas si queremos usar el término partidos, se conserva y creo que debe fortalecerse en la legislación secundaria para usar permanentemente, ceder de manera permanente, a los medios de comunicación social.
Y también, aparejádamente con esto último, se conserva, se ratifica y creo que también deberá fortalecerse, analizarse muy cuidadosamente en las discusiones que vengan sobre la Ley de la materia electoral federal, que también los partidos políticos cuentan por disposición constitucional con el derecho a recibir en forma equitativa de un mínimo de elementos. Antes decía materia, se le quita lo de materiales para dejarlo abierto a otras cosas que son no exactamente materiales, sino derechos intangibles, para sostener todas sus actividades tendientes a la obtención del sufragio popular.
Esto es parte y será parte permanente, presente, vigente, importante del artículo 41 constitucional, compañeros diputados de todas las fracciones.
Y el último párrafo del actual artículo 41 también queda como está. Es la referencia a la organización interna por medio de consejeros magistrados y de magistrados del tribunal, a los requisitos que se deben satisfacer y a su forma de elegirlos.
Esas cosas no había necesidad de modificarlas y por eso la iniciativa no lo propuso así y el dictamen repito, es consecuencia.
Los cambios, repito, son muy importantes y se traducen, quiero hacer una breve síntesis, a mi juicio, en los siguientes: Yo creo que todos los partidos en lo general, proponían y siguen sosteniendo y, aunque hayan orientado su voto en lo general en sentido contrario, la idea central me parece que es aceptada por todos, que saliéramos de la calificación de las elecciones a cargo de los propios cuerpos a elegirse, lo que llamamos la autocalificación, que daríamos un paso hacia afuera y, que le entregáramos la última palabra a un organismo, a una entidad diferente a los propios diputados y senadores que se iban a autocalificar.
Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Me atrevo a decir algo, con todo respeto, compañeros, que si hubiéramos estado discutiendo nada más el artículo 41, no como parte de una iniciativa que la componen, más disposiciones constitucionales para modificarse, si la iniciativa sólo se refiriera al artículo 41 y ésta fuera la propuesta sola, todos en lo general hubiéramos estado de acuerdo: salir de la autocalificación.
En lo particular diferiríamos mucho, cómo vamos a hacerlo, quién se va a en cargar de calificar, ¿un tribunal?, ¿el Poder Judicial de la Federación?, ¿un órgano compuesto con muchos ciudadanos?, ¿con la representación de los partidos?, ¿exclusivamente con funcionarios ad hoc?, ¿profesionales de un cuerpo al servicio de esa función estatal? En eso diferiríamos seguramente
en lo particular y creo que ésa es la tesitura del debate de este punto.
La propuesta, tiene que haber una propuesta, para muchos diputados nos parece adecuada y esto es algo que deben considerar mucho, todos los demás compañeros diputados. La propuesta plantea conformar de una manera el sistema para llegar hasta la última calificación de las elecciones, para llegar a decir ésta es válida, todas las cuestiones y controversias que había en disputa han sido resueltas, finalmente es constitucional, los ciudadanos que resultaron electos por este sistema, por mayoría, fuera el que atiende al principio de la representación de las minorías en base a porcentaje de votos.
La propuesta lo que dice es que demos un paso hacia afuera, salgamos de la calificación que hacen los propios cuerpos a elegirse y bueno, cuál de todas las modalidades podemos adoptar. Se propone una que me parece hoy sensata y que inmersa en todo este proceso que desde hace muchos años, como decía la ocasión anterior, ha venido apoyando, aportando y avanzando en reforma completa a la que faltan sin duda todavía años y muchas cosas por revisar, quizá pudiera haber dentro de este contexto otras propuestas.
Esta da un paso, no como quisieran todos desde luego, no vamos al Poder Judicial a entregarle esta función como en otros países, no nos quedamos con el principio y con la regla que teníamos como conservan otros países, muchos otros países del mundo, llegamos a un sistema en donde la fórmula y la entidad que va a resolver se queda intermedia entre los poderes constitucionales. Y ya teníamos la base de ese sistema porque ya existía, existe el Tribunal Federal Electoral que ya califica en una primera instancia la validez de las elecciones y hay todo un sistema de medios de impugnación, de lo que se van a ocupar nuestros compañeros de todas las fracciones al discutir particularmente el artículo 60, pero hay un sistema actualmente de medios de impugnación que permite ocurrir, por lo que podríamos llamar medios de defensa legal, los recursos ordinarios en esta fase de lo que también llamamos contencioso - electoral, pues a los órganos centrales o regionales del IFE, que es el organismo encargado como todos sabemos de organizar y preparar las elecciones, pero en donde también después de haberse quejado originalmente con ellos, ante esos órganos, se puede ocurrir a las salas regionales y a la de esta zona de primera circunscripción que se vuelve central cuando trabaja de manera única fuera de elecciones, fuera de los tiempos de elecciones y hasta ahí hay un recurso que busca eso, que se califique la elección buscando corregir, rectificar o declarando nulidades.
Lo que hay hasta ahora es que de esas salas del tribunal venimos a discutir en una fórmula no tan jurídica, sino más bien política, aquí al Colegio Electoral antes de iniciar una Legislatura y bueno, eso es lo que me parece que recoge la mayor coincidencia, que ya no tengamos esta instancia y que mejor le agreguemos una facultad especial importantísima, constitucional, a ese tribunal que ya existe.
La propuesta nos lleva a decir que queda el sistema de medios de impugnación, que lo vamos a tener que revisar bien a la hora de discutir el COFIPE, tratando de agilizar, nuestro partido tiene propuestas para provocar que los procedimientos se agilicen, que la denominación de los recursos sea más sencilla, que los plazos se abrevien, que dejemos ese sistema de los medios de impugnación a cargo de dos entidades, originalmente del IFE y después del Tribunal, pero ahora ya no nada más en una instancia previa, sino en ésa y en una última y, para eso se crea un órgano más del tribunal y, se da la facultad de revisar en última instancia, de decir en última instancia si son válidas, si son constitucionales todas las elecciones, las 305 elecciones que hay en materia de diputados, las 32 elecciones en materia de senadores y la elección del Presidente de la República.
¿Cómo va a hacer ese Tribunal para dar esa calificación? Se formó la creación, como se ha dicho aquí, de una sala que está integrada por gente que garantice los principios fundamentales de lo que llama la Constitución el artículo 41, la función estatal electoral, la certidumbre, la objetividad, la imparcialidad, el profesionalismo; gente que tenga un origen profesional en el Poder Judicial Federal, que pueden ser ministros de la Corte, no necesariamente, dependerá de las propuestas, del momento en que de aprobarse esta iniciativa, al momento en que eso llegara al seno de esta Cámara, se tendrían que ponderar mucho la personalidad de los miembros del Poder Judicial, de los muchos miembros del Poder Judicial, de donde pudiera salir una propuesta final a consideración del pleno de esta Cámara.
Digo que no necesariamente podrán ser ministros, pero sí lo pueden ser porque el término está redactado de tal manera que lo permite. La Suprema Corte de Justicia con sus salas y su pleno forma parte desde luego de la judicatura federal, y eso es lo que quiere decir esta propuesta de reforma constitucional, de manera que en
el buen sentido de la palabra, la iniciativa apuesta a dotar de un grado más de garantía y de seguridad jurídica, que al final es lo que debe buscarse, proponiendo que sean miembros prestigiados del Poder Judicial Federal los que formen esa sala de segunda instancia, sala superior podríamos decir, sala de definitividad. Ese es un punto compañeros. Creo que es el más importante.
¿Qué más se propone aquí? Cuestiones que tratan de complementar precisamente la propuesta central, que el principio de resolución del Tribunal sea la legalidad, si vamos a pasar un proceso de heterocalificación, muy cercana a la idea de lo judicial, tenemos que abordar y asumir como principio rector, para que resuelva ese Tribunal, el principio de legalidad; segundo, el de definitividad.
Si quitamos la forma de autocalificarnos, se la entregamos a una tercera entidad, necesariamente tenemos que abordar y proponer; y creo que deberíamos aprobar también lo que se consigna en esta propuesta de reforma que es el principio de definitividad para el trabajo, para las resoluciones del Tribunal.
Ahora bien, textualmente hubo la introducción del término judicial como agregado Poder a los que ya existían del Legislativo y Ejecutivo, como entidades del Estado mexicano, sus poderes constitucionales federales, que tienen a quienes la Constitución les encarga la función importante de garantizar el funcionamiento del Tribunal, integrándolo y apoyándolo en su organización y en su funcionamiento, respetándole su autonomía y desde luego, lo que ahora tendría el principio de convertirse en la máxima autoridad en materia de conflictos electorales y conocerá desde cuestiones de nulidad relativa o nulidad parcial de casillas, hasta una resolución que cambió por la sala regional el sentido de la calificación del IFE o de la cuenta distrital de los votos, la entrega de la constancia, hasta puntos de elegibilidad de los candidatos. También los va a conocer plenamente este Tribunal. Eso es un avance, reflexionen desde este punto de vista, y bueno, podrán venir y decir que hay otros modelos que tienen más ventajas.
Serenamente éste es un paso que se da; todo es perfectible, no me atrevería a decir que es una propuesta perfecta; pero que reflexionándola, tiene muchas más ventajas que cuestionamientos.
Compañeros diputados: hay la introducción de un párrafo seis y luego de seis o siete párrafos más.
Este tribunal, que forma parte de todo un sistema de organización, desarrollo y calificación de elecciones, ya termino, señor Presidente, no desdibuja su organización principal actual, estará organizado a cargo de magistrados y de jueces instructores, no de la judicatura, sino del poder, no poder, sino de lo que ya llamamos y en la Constitución, servicio profesional electoral; personal, ciudadanos, con ciertos requisitos de imparcialidad que debemos estar vigilando siempre, tanto en la Ley como la aplicación de esta norma legal a la hora de designarlos. Es de servicio especializado al que habrán de dedicarse prácticamente de por vida, porque es una actividad vital. Eso se busca: profesionalizar. Se conserva ese principio.
Se agrega la introducción de gente por demás calificada desde todos los puntos de vista, a la sala última, a la reducción final, inatacable, se dice, que será la segunda sala a cargo, repito, de los miembros de la judicatura.
Compañeros diputados, ésta es una parte y un buen ejemplo de cómo podemos ir encontrando fórmulas que nos permitan cada vez acercar coincidencias, resolver críticas, y bueno, esta fase del debate en lo particular debería llamarse la fase de la reconsideración, es para eso, para que todos reconsideremos las propuestas de unos y las propuestas de otros, para eso estamos acá.
Por lo demás y desde el punto de vista de nuestro partido, ésta es una propuesta que ofrece más ventajas y que puede funcionar, que vale, que valdría aprobarla y, bueno constantemente, siempre como una obligación y una responsabilidad política de todos lo partidos, legisladores y ciudadanos, siempre nunca perder de vista que debemos estar constantemente revisando normas e instituciones. Muchas gracias, señor Presidente.
La diputada Rosa Albina Garavito Elías (desde su curul)
Señor Presidente, pido la palabra para hechos.
El Presidente:
Tiene la palabra para rectificar hechos, la diputada Garavito.
La diputada Rosa Albina Garavito Elías:
Con su permiso, señor Presidente:
Solicité hacer uso de la palabra para rectificar hechos, porque la intervención del diputado que me acaba de anteceder en el uso de la tribuna, fue una clarísima muestra de la manera en que una actitud de un partido, del partido de la mayoría, justamente obstaculiza la posibilidad de llegar a acuerdos.
Todos los que lo escuchamos con atención, y estoy segura que fuimos la mayoría, nos dimos cuenta que el señor diputado hizo una revisión de todos y cada uno de los párrafos del artículo 41 que en este momento discutimos, para justificar que solamente tiene sentido modificar la forma de calificación. El resto queda exactamente igual.
Me llamó la atención un argumento. No tenemos por qué cambiar la categoría de magistrados para los consejeros ciudadanos, simplemente porque no hay necesidad de cambiarlo, decía el diputado.
Les quiero relatar, señoras y señores legisladores, que muchos de los argumentos que escuchamos en la negociación, de la cual dio informes el diputado Valero a nombre de nuestro grupo, que llevamos adelante hasta el día de ayer en la noche con el partido de la mayoría, fue justamente una actitud de este tipo.
¿A qué equivale? Queremos hacer aquí la reflexión con ustedes, Equivale a poner por delante una tesis política y a esa tesis política darle una forma jurídica.
Y ahora vayamos a cuál es el contenido de esa tesis política. En relación al órgano electoral, el Gobierno y su partido no quieren arriesgarse a perder el control de la organización de los procesos electorales. De ahí nuestra insistencia, todavía hoy y hasta el último minuto antes de que se vote, de que sea modificado el artículo 41 en lo relativo, entre otras cosas, y aquí hago énfasis en ese punto, a la calidad de los consejeros ciudadanos.
Si continúa con el requisito de que tienen que ser magistrados, como lo señala el último párrafo de la Constitución, obviamente el universo de las posibilidades para que los consejeros ciudadanos concurran a la organización de las elecciones en el órgano supremo electoral, se reduce tremendamente.
De ahí nuestra insistencia en que ese requisito se elimine.
Cuando el diputado finalizaba su intervención decía que: "Es necesario hacer la reflexión justamente, hasta el último momento, escuchar nuestros argumentos, para ver qué modificaciones son dables de hacerse y por qué otras no".
Nosotros más bien lo que estamos contemplando es una argumentación para decir: "La reforma constitucional hasta aquí está cerrada". Y el balance de esa reforma constitucional, en lo que se refiere al artículo 41, es "No se abra la organización de las elecciones realmente al poder de la ciudadanía y de los partidos. Continúese con el control del Gobierno".
La insistencia de nuestro partido ha sido: "ábrase ese órgano electoral para que la concurrencia, numéricamente mayor de los ciudadanos propuestos por los grupos parlamentarios de esta Cámara y electos por las dos terceras partes de la misma, puedan realmente abrir ese órgano, además de la representación paritaria de los partidos.
Yo llamo la atención sobre este punto, yo espero que efectivamente hasta el último momento se dé un debate, pero un debate real, un debate abierto, un debate efectivo, para que cada uno de los legisladores en esta Cámara podamos ejercer nuestra soberanía real, como representantes populares que somos.
Hago un llamado de atención a que en esta tribuna no se venga con argumentos de que eso no se va a cambiar simplemente porque no necesita cambiarse. La reflexión tiene que hacerse de frente a los datos de la realidad: ¿de qué manera vamos a continuar con la organización de los procesos electorales y, sobre todo, de qué manera podemos cumplir con el reto de la credibilidad y la confianza en los procesos electorales?
No es, pues, dando por descartado, aun cuando sea en el tono cordial que siempre escuchamos de los representantes y de la dirigencia nacional priísta en las negociaciones y como el que acabamos de escuchar del diputado que me antecedió en el uso de la palabra, pero no con esas actitudes de que no se puede cambiar nada al respecto, simplemente porque no estaba considerado. Muchas gracias.
El diputado José Octaviano Alaniz Alaniz (desde su curul):
Pido la palabra para hechos, señor Presidente.
El presidente:
Tiene la para rectificar hechos, y hasta por cinco minutos, el compañero Octaviano Alaniz.
El diputado José Octaviano Alaniz Alaniz:
Gracias, señor Presidente:
El propósito de esta intervención es ocuparme de un aspecto general concluyente del orador priísta. Esperaba en lo personal y yo creo que la mayoría de los diputados, que la intervención del diputado Robledo se ocupara de decir por qué no procede una o todas y cada una de las propuestas qué aquí se han escuchado, cuál parte o concepto se acepta y en eso debió haberse ocupado para poder estar en posibilidades de hacer lo que él nos pide en el final de su intervención, de hacer una profunda reflexión, comprensión y llegar a buenos términos.
No hubo nada de esto y así exactamente de vertical se va a seguir observando la intervención del partido mayoritario, al tratarse de esta reforma trascendental para la vida del país, en donde exactamente debería arribarse aquí después de un profundo y amplio consenso y no lo hay.
Ya decía en una ocasión que aquí se trata de un alegato de sordos. Por mucho que se alega, por mucha razón que se esgrima por los distintos diputados o partidos, no se va a aceptar, no se va a incluir, porque se tiene un concepto torcido del principio de autoridad, de mayoría y a como dé lugar es así y nomás y así y no se vale. Son intereses que deben ser vistos, de acuerdo a la República, a la patria, al pueblo, a todos los partidos y no sólo encerrarse en un capricho para exigir solamente la comprensión de todos los partidos para uno.
El dice que se conservan principios vertebrales del artículo 41. El habla de la soberanía del pueblo que se conserva y que es intocada, eso es falso, aquí no se está preservando en todas las formas a la soberanía nacional. Esa es una mentira, es una parte demagógica que nosotros como diputados no debemos aceptar, porque exactamente se trata de la soberanía nacional, del pueblo mexicano y que los partidos en toda su representatividad en esta Cámara deben buscar todas las formas para preservarla. Pero no es cierto, con el proyecto que se está introduciendo ahora en el dictamen, esto queda en tela de duda.
Es cierto que todos lo partidos son de interés público, pero ojalá que poco a poco lo pudiéramos ir confirmando; haber si se respeta la norma constitucional.
El habla aquí también de que todos los partidos tienen acceso a los medios de difusión y no es cierto. En México no se da esto todavía, siempre se busca limitar a los partidos de oposición para el acceso a los medios de difusión, siempre y en estos momentos si se está dando la negativa para que todos los medios tengan acceso de hecho a los medios de difusión, porque ha habido muchos asuntos en esta tribuna que no trascienden porque hay control, no hay entonces libertad de acceso.
El diputado Robledo menciona que ahí se incluye en el cuerpo de la iniciativa la adjudicatura federal y que ésta, es cierto, la integran, la componen el pleno de la Suprema Corte, salas, ministros, magistrados y jueces. Pero el pleno y las salas, no están llamadas a integrar a los órganos electorales; es imposible, sería desastroso que como pleno o como salas fuesen invitadas a integrar el órgano electoral. Entonces, esto para quienes los estuvimos escuchando y observando, definitivamente es inadmisible.
Sólo para tratar de que entienda el grupo mayoritario, que estamos trabajando y haciendo uso de esta tribuna para ocuparnos exactamente de la propuesta priísta. Allí estamos incluyendo que sólo se mencionen a los ministros y a los magistrados, pero que deben ser electos a propuesta de los partidos. Si eso no se accede, señores priístas, si no se acepta, otra vez vamos entonces a considerar que estamos aquí sólo para que sepa el grupo mayoritario qué piensan los demás diputados o los demás partidos; pero simplemente a eso se remite el objetivo, escuchar, o simplemente saber qué piensan, no hay audiencia no hay consenso; en la audiencia se escucha y se responde; en el consenso se analiza, se escucha, se responde y se busca la manera de ir hacia adelante juntos. Aquí no se ve eso. Gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el señor diputado Juan Ramiro Robledo, para contestar alusiones personales, y hasta por 5 minutos.
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz:
Gracias, señor Presidente:
Me referiré brevemente a tres puntos de los que se dijeron en las dos intervenciones anteriores.
Yo lo que puedo decir es que técnicamente no están a debate otras cuestiones cuya reforma no se introduce, también cualquier diputado tiene derecho de venir a la tribuna y abordar el tema que le parezca que está correlacionado, concatenado.
No sé si le entendí bien a la diputada Garavito, me quedó la idea de que ella comprende que los consejeros magistrados a que se refiere el actual último párrafo del artículo 41, son magistrados de judicatura, abogados, jueces, creo que no es así, es una denominación que se usa, se llaman consejeros magistrados, pero no tienen origen en la judicatura, pudieran tenerlo, no tienen una función de jueces jurisdiccionales, así los denominó la Constitución y en el debate de hace tres años se les llamó así para distinguirlos de la representación ciudadana, pero son ciudadanos propuestos de los diferentes sectores de la vida activa social de país y su forma de proponerlos bueno pues lo dice el mismo párrafo y la manera de aprobarlos también.
Que es una denominación que me parece que es equívoca, creo que ésa no es la idea. Son representantes de la sociedad civil, no representantes que tengan origen en el Poder Judicial o en algún otro. Los consejeros magistrados a que se refiere el último párrafo, por lo que toca al IFE; los magistrados del Tribunal desde luego que sí; quizá la forma en que está redactado nos lleve a esa interpretación equívoca.
Pero por lo demás, compañeros diputados, bueno, yo creo que se presentó de otra manera la rectificación para hechos que me hizo el diputado Alaniz porque yo no vine a decir que es vigente el contenido del artículo 41, aunque lo puedo afirmar y desde luego que tiene muchos matices y maneras de interpretar y discutir este punto. Lo que vine a hacer es a defender y dar argumentos de una iniciativa que firmó mi partido y que yo también firmé.
Desde luego, y además de todo lo que introduce conserva los párrafos fundamentales que encierran esos principios teóricos, políticos e históricos y que me parece que no es el tema ni el momento ni la fase del procedimiento legislativo a entrar a discutirlo, pero desde luego que se respeta el derecho de cualquier legislador para hacerlo, pero creo que la réplica estaba en otro contexto, diputado Alaniz, y lo digo con mucho respeto.
Por lo demás, sólo una aclaración. Hay una propuesta del Partido del Frente para que estos miembros del tribunal sean, dicen, propuestos por los partidos políticos, actualmente no lo son, actualmente no lo son.
A ver, reconsideren esto: ciertamente la Ley en este momento, la Constitución y para como se pretende reformar también, propone que esas propuestas vengan o del Ejecutivo o ahora de la Suprema Corte. Si los partidos literalmente no los van a proponer, pero con la norma como está y como proponemos que quede después, va a suceder algo mejor para los partidos políticos, sucede algo mejor para los partidos políticos, tienen más atribución diputado Alaniz. No los proponen pero los aprueban y verdaderamente la exigencia de número que pide la Constitución, dos terceras partes en un primer intento, obliga a un consenso entre las fracciones de los partidos.
Esto tamiza, eso le da una atribución, le arroga una atribución más importante a los partidos políticos distribuidos en fracciones partidistas en esta Cámara, porque bien no proponen, pero deciden al final y el quórum y el número de votos que se requiere para su aprobación, es también un punto de seguridad que involucrará decididamente la participación de los partidos políticos. Muchas gracias, señor Presidente.
La diputada Rosa Albina Garavito Elías (desde su curul):
Pido la palabra para alusiones personales.
El Presidente:
Tiene la palabra la señora diputada Garavito, para contestar alusiones personales, y hasta por cinco minutos.
La diputada Rosa Albina Garavito Elías:
Gracias, señor Presidente:
Mi intervención va en el sentido de aclarar nuestra posición en relación a la exigencia de cambio de el último párrafo del artículo 41, aunque por técnica jurídica no pudiera aquí ser presentada.
Estamos en el proceso en que culmina una negociación, que si todos recordamos, se originó con la constitución de la Comisión Plural. Por supuesto que da sustento político al debate y de nuestra parte es del mayor interés que así sea la evolución que esta negociación, esta discusión tanto en la Comisión Plural como en otras instancias tuvo, y el resultado que al final obtuvimos.
Motivó nuestra participación anterior la coincidencia entre la posición del diputado que me antecedió en el uso de la palabra con los argumentos que siempre escuchamos. Esto no se va a modificar porque no necesita modificarse, y en la intervención que hacíamos en la anterior sesión, decíamos que justamente sentíamos que esta posición estaba inspirada en el personaje de Tomás de Lampedusa "Que todo cambie para que todo quede igual".
En términos políticos es de la mayor importancia y por eso insistimos. Cuando nos referimos a la modificación necesaria al último párrafo del artículo 41, estamos diciendo que los consejeros ciudadanos no sean nominados como consejeros magistrados; no se los califique como tal, no porque estemos en contra de que puedan pertenecer a la judicatura, sino por la exigencia que se hace de que sean abogados. Hablé yo de que esto reduce el universo de posibilidades en torno al cual los diputados a través de sus grupos parlamentarios, podrían hacer la propuesta para la designación de los mismos.
Espero que con esta intervención haya quedado suficientemente aclarada mi intervención anterior y por supuesto la insistencia de la importancia de que el órgano electoral efectivamente en relación a la organización de los procesos electorales y para dar el papel efectivo que la ciudadanía que representa esa sociedad más plural y más compleja que es el México de hoy, no se restringiera su nominación solamente al gremio de abogados. No existe, insistimos, ningún argumento suficiente para decir que por ejemplo un politólogo, un sociólogo, no pueda hacer las mejores funciones en el Consejo General del IFE, de ahí nuestra petición de que se elimine la característica, el requisito, de que todos los consejeros ciudadanos necesiten ser abogados. Se trata de dar, no solamente un nuevo rostro social a este órgano electoral, sino que se trata de realmente abrir la posibilidad de la eliminación del control de las organizaciones, como hasta este momento lo tiene el Gobierno y el partido de la mayoría. Muchas gracias.
El Presidente:
Nuevamente para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Octaviano Alaniz.
El diputado José Octaviano Alaniz Alaniz:
Muchas gracias, señor Presidente:
Aun cuando hubiera procedido señalar que para alusiones personales, sin embargo, pues vámonos como así lo pedí.
Estamos en el momento exacto de que se ponga en práctica lo que el compañero diputado Robledo vino a expresar: que a los partidos les va mejor votar por los que van a integrar el órgano electoral, porque se habrá de consensar. Bueno, por qué no nos consensamos ahora para que se establezca en la Constitución, los términos de esa reforma, y que se vean las bondades de las propuestas de los distintos partidos.
Exactamente ése es uno de los puntos que nos interesa y nos preocupa. La integración o el procedimiento para integrar ese órgano electoral, debe ser vía propuesta de los partidos, aun cuando en seguida en su momento, esta Cámara dé su opinión para su elección en cuanto a las personas que vayan a integrar esos órganos.
En esas condiciones yo sí creo que estaríamos en posibilidad, siendo reiterativos, de que le estemos ofreciendo al pueblo mexicano normas constitucionales con las que habrán de producirse procesos electorales con toda la claridad y con toda honestidad. Si ya desde ahorita nos hablan de que mejor nos esperemos para consensar a ver quiénes van a ser los electos, pues vamos a consensarlos para establecer la norma constitucional.
Ruego entonces que se piense en esa posibilidad y que sea en todo caso en este momento, antes de que llegue a la conclusión del alegato para esta norma del 41 constitucional, ver en todo caso cómo establecemos el procedimiento para la integración de los órganos electorales. De lo contrario, pues va a ser lo que ya se dijo aquí, que aquí estamos simplemente para ver qué se piensa, que se expresa; pero las decisiones ya están tomadas.
Y no se vale. Aquí hay que tomar la decisión entre todos. Yo creo que el número no puede tener siempre la razón; debe pensar el número mayoritario que ya es necesario soltar tantito el control para que este proceso democrático en efecto, se vaya produciendo en realidad, con franqueza y con sinceridad. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Miguel León Corrales.
El diputado Oscar Ricardo Valero Recio Becerra (desde su curul):
¡Para hechos, señor Presidente!
El Presidente:
Para rectificar hechos, el señor diputado Ricardo Valero, hasta por cinco minutos.
El diputado Oscar Ricardo Valero Recio Becerra:
Señor Presidente:
Son dos los supuestos argumentos que en realidad se trata de afirmaciones dogmáticas que se presentan como irrebatibles e indiscutibles, las que se han presentado alrededor de estos temas para no modificar y para no aceptar la necesidad de cambiar los organismos electorales.
La primera de ellas dice que debemos dar tiempo a que prueben su eficacia, que en realidad está en una fase de organización y el argumento solo parcialmente es cierto, pero con lo que tenemos hasta ahora, hay razones más que suficientes y no podemos esperar el proceso de 1994, para confirmar lo que desde ahora ya sabemos.
¿Quién puede poner en duda la parcialidad del funcionamiento del organismo electoral? Que en realidad el control de ese organismo está dado por la fusión entre una representación de partido y la representación del Gobierno. Que los partidos políticos no tienen acceso, real y efectivo, a la información y menos aún, a las decisiones que se producen en su interior y que por si fuera poco, tenemos ya a la vista los resultados, que fue la primera prueba, de 1991 y del manejo que se tiene de esa maquinaria supuestamente profesionalizada e imparcial, para que por sólo ese hecho desde ahora tomáramos las medidas indispensables.
Y la segunda es la que hace el señor diputado Ramiro Robledo, la segunda afirmación dogmática: "pues es que así dice el texto". Pues sí, pero eso dice el texto. El texto dice que el organismo para ser autónomo, en esa supuesta autonomía, estará integrado por consejeros representantes o por consejeros de los Poderes, dos de ellos de la Unión: el Ejecutivo y el Legislativo, por representantes de los partidos políticos y por consejeros ciudadanos.
La función teórica de estos consejeros ciudadanos es introducir el equilibrio indispensable para que ese funcionamiento del órgano electoral se produzca en términos de imparcialidad, objetividad, certeza, etcétera.
Preguntémonos con honestidad: ¿Quién sabe de los presentes si haya habido alguna intervención de los consejeros magistrados integrados, desde ahí se origina el problema, por una propuesta del Poder Ejecutivo, como si el Poder Ejecutivo en México fuera objetivo, neutral y partidista? ¿Pero de alguna intervención relevante, destacada, imparcial, de esos consejeros?
No se resuelve todo de ninguna manera por el hecho de que sean magistrados. Y son magistrados porque ésa es la función, que es precisamente la que tenemos que modificar, entre otras muchas cosas.
Por eso la insistencia. Si fuera simplemente aceptar el texto, pues que se quede como está. Pero la función de esos consejeros es representar a la sociedad civil, a la ciudadanía y no la están representando.
O con honestidad preguntémonos esta cuestión fundamental: ¿si es el punto de equilibrio para el funcionamiento, para la objetividad, para la imparcialidad de ese órgano?
Y ése es el problema: ¡que está desde el origen de su integración, desde quien lo propone hasta de la función teórica pero sobre todo efectiva que están cumpliendo! Y es el tema que no se quiere atender, simplemente, y se insiste una vez más, porque ya lo dice así el texto constitucional. No se quieren atender las razones, como ha ocurrido en estos días y aquí simplemente se asiste a la tribuna a hacer una confirmación, también dogmática, de lo que actualmente dice el texto constitucional; cuando es precisamente el tema abierto a la discusión.
El Presidente:
Tiene la palabra el señor diputado Miguel León Corrales.
El diputado Miguel Ángel León Corrales:
Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
Yo no puedo dejar pasar la oportunidad en esta discusión en lo particular del artículo 41, de insistir una vez más, como lo ha venido haciendo mi fracción parlamentaria, en torno al tema de los organismos electorales, en torno a la
propuesta que mi compañero Ricardo Valero hizo a nombre de la fracción parlamentaria del PRD cuando iniciábamos esta discusión.
Desde la óptica de nuestro partido, el principal objetivo de una reforma electoral en las condiciones actuales de nuestro país, sería transitar hacia una verdadera situación de democracia, es decir, garantizar elecciones auténticas, establecer la garantía del principio: un ciudadano, un voto, gane quien gane, pierda quien pierda y de esa manera hacer realidad el sufragio efectivo.
Para mí resulta evidente que la propuesta que hoy discutimos deja de lado la cuestión fundamental: la democratización de México. Esta reforma no resuelve lo esencial, no garantiza elecciones limpias, libres y transparentes.
La principal tarea de la estructura electoral de este país, consiste en garantizar que el partido de Estado permanezca en el poder. Las elecciones en México son, sin lugar a dudas, un operativo de Estado y una garantía fundamental de respeto absoluto al voto es contar con organismos electorales imparciales, con acceso por igual de todos los partidos a los medios de comunicación y con un uso de fondos económicos equitativos y acordes con la situación económica de México por parte de todos los partidos.
Ahí está la experiencia de 1988. En el momento preciso, cuando los resultados no eran los esperados, el operativo de estado funcionó, el sistema se cayó y los resultados electorales se vieron manchados por duda y el fraude impuso al candidato del partido de Estado. Olvidar esto de parte de la oposición de este país sería un grave error histórico.
El secretario de Gobernación de entonces, Manuel Bartlett, estuvo al frente del operativo de Estado y con esta supuesta reforma el Secretario de Gobernación que funja como tal en agosto de 1994, continuará al frente del operativo de Estado. Esta es la cuestión de fondo y por ello nosotros no podemos estar de acuerdo con esta reforma.
Repito, los fraudes electorales han sido y son el mecanismo del Gobierno y su partido para permanecer en el poder sobre la base de la ilegitimidad. Y hoy aquí se está promoviendo una reforma política constitucional que podría resultar insuficiente para conducir pacíficamente las elecciones de 1994. Esto es grave.
Desde 1988, casi el total de los procesos electorales, incluidos los federales de 1991, se han enmarcado dentro de la práctica de fraude electoral del Gobierno y su partido, lo cual ha hecho que elección tras elección, se presenten situaciones poselectorales sumamente conflictivas y en muchos casos situaciones de violencia. Casi no ha habido proceso electoral que no termine en conflicto y con impugnaciones muy claras de parte de la oposición.
No necesitamos esperarnos a agosto de 1994, para prever lo que va a suceder. Existe en nosotros una clara preocupación de cara a ese proceso electoral, ya que la situación sería sumamente compleja y todos estos hechos conflictivos y de violencia que se han dado elección tras elección desde 1988, se presentan al mismo tiempo; el propio Gobierno ha admitido que de lo que se trata es de irle quitando elementos de conflicto a los comicios de este país; el único camino viable para quitar estos elementos de conflicto a los comicios es garantizar su transparencia. La pregunta que cabe hacernos en esta discusión es, si la reforma que hoy estamos aquí parlamentando realmente quita elementos de conflicto a las elecciones.
El martes pasado, en el debate en lo general, salió a relucir la pregunta de si era necesario o no incluir en la reforma constitucional aspectos qué tienen que ver directamente con los organismos electorales. Tienen o no tienen razón los que aseguraron que tal cuestión debe ser incluida solamente en las reformas del Cofipe, se afirmó que el tema de los organismos electorales es materia sólo de la Ley ordinaria, en lo que a la Constitución se refiere el tema ya está suficientemente abordado.
En el párrafo octavo del artículo 41 se establece que el organismo electoral será autónomo en sus decisiones; nosotros sostenemos que esta frase, ahí en donde se encuentra, no pasa de ser una frase inocua que para que un organismo público sea autónomo en sus decisiones, lo debería ser también en su estructura o debería ser también en su funcionamiento como aparato, por ello la definición constitucional debe ir más allá.
¿Cómo puede el organismo público que organiza los procesos electorales de este país ser autónomo en sus decisiones si toda la estructura que organiza los procesos electorales está vinculada de manera clara, directa y precisa al Poder Ejecutivo? Supuestamente, en la organización de las elecciones existe una corresponsabilidad entre los poderes Legislativo y Ejecutivo; los partidos y los representantes ciudadanos. Hasta hoy esto ha sido solamente declarativo, toda esa
estructura técnica y operativa del IFE depende del director general, funcionario que nombra el consejo del IFE a propuesta del Secretario de Gobernación quien a su vez es Presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral.
Nosotros partimos de la tesis de que en este país, en este momento histórico, durante ya demasiados años se viene dando la existencia de un partido de Estado, no somos los únicos que sostenemos esta idea, hasta el mismo PRI ha aceptado de manera pública la tesis que la oposición ha manejado durante años, en el sentido de que el régimen político de nuestro país se encuentra caracterizado por la existencia de un partido de Estado, ahí están las afirmaciones del propio Salinas de Gortari en el acto de aniversario priísta a principios de este año.
Cito textualmente: Un PRI unido y actualizado seguirá siendo el gran partido de México, ya no, dijo él, partido de Gobierno. Mientras sea el Gobierno quien organice los procesos electorales de este país, el PRI será Juez y será parte. Esta es la principal perversión de la elecciones en México. Que el PRI no acepta la independencia de los organismos electorales respecto del Gobierno, nos parece lógico, nos parece lógico que a costa de los que sea y contra quien se el Partido Revolucionario Institucional no esté dispuesto a generar condiciones democráticas para un proceso transparente que pudiese poner en peligro su permanencia en el poder.
En realidad, todas sus propuestas de reforma política hasta hoy soló han sido con el fin de transitar no hacia la democracia, sino para sostenerse en el poder. Lo que nos parece lógico y quiero decirlo, esto con toda claridad, es que los partidos de oposición en su conjunto no estemos en esta tribuna defendiendo con todas nuestras fuerzas la idea de que debe de existir una independencia de los organismos electorales respecto del Gobierno.
Yo entiendo que en las elecciones presidenciales de 1994, los partidos de oposición no vamos solamente por las listas plurinominales o tratando de acceder al Senado, yo entiendo que los partidos de oposición tendremos candidatos a la Presidencia de la República y vamos por la mayoría del Congreso de esta Cámara y por la mayoría en la Cámara de Senadores y le pregunto a los partidos de oposición que tienen o van a tener sus candidatos a la Presidencia de la República y que van a luchar en todos y cada uno de los 300 distritos de este país por la mayoría en esta Cámara de Diputados, y que van a presentar candidatos a senadores en los 32 estados de la República por la mayoría en esa Cámara, ¿en qué condiciones piensan participar en este proceso electoral? ¿en qué condiciones está y estamos la oposición para enfrentar el proceso electoral de 1994, si en realidad los organismos electorales desde el IFE hasta la última casilla continuarán en manos del partido y su Gobierno?
Me parece que aquí los partidos de oposición tendríamos que ser consecuentes y entender que si de reforma política se trata, el único camino viable para garantizar una democracia real en este país es una reforma que toque y que toque de fondo los organismos electorales. Si es que los partidos de oposición realmente estamos pensando que de lo que se trata en este país al participar en las elecciones es de la lucha por el poder.
Si estamos luchando por el poder necesitamos que esa lucha sea equitativa y transparente, por eso yo afirmo una vez más que esta reforma política que hoy discutimos aquí, el problema de fondo, el problema clave, la piedra de toque que puede llevar a este país a procesos electorales transparentes y evitar condiciones de violencia en 1994, en un problema que ni siquiera ha sido puesto a discusión en la propuesta que nos han hecho tres partidos en este período extraordinario.
Eso a nuestra fracción parlamentaria le parece una grave irresponsabilidad y continuaremos insistiendo una y otra vez, incluso en la discusión del Cofipe en torno a este aspecto central de los organismos electorales.
El Partido de la Revolución Democrática, en la mesa de negociación no solo puso la reforma constitucional, puso también la reforma del Cofipe; no solamente planteó asunto del Senado y terminar con los colegios electorales, puso como prioridad el asunto de los organismos electorales y si algún partido aquí viene a decir que no plantea una reforma constitucional en lo que se refiere a organismos electorales porque se está esperando para dar la discusión en el Cofipe, grave error compañeras y compañeros.
Grave error negociar sólo la reforma constitucional, dar el apoyo y dejar la discusión de lo fundamental para después.
A nosotros en la negociación nos queda clara una cuestión. El Gobierno y su partido no están dispuestos a ceder el espacio de los organismos electorales. La fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática continuará insistiendo hasta que sea necesario. Gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra del señor diputado don Juan Campos Vega.
El diputado Juan Gualberto Campos Vega:
Con su permiso, señor Presidente:
Decía el diputado Juan Ramiro Robledo en su primera intervención, que él estaba seguro de que si este artículo se hubiera presentado en forma individual para su discusión, contraría con el consenso de todos los grupos parlamentarios.
Por lo que el Partido Popular Socialista corresponde, yo le diría al diputado Robledo que se equivocó, porque para analizar el tema que nos ocupa, no basta solamente expresar la opinión en torno a la propuesta firmada por tres partidos, que se pone a discusión, sino también todas aquellas propuestas que sin un comentario, sin discusión y aunque el dictamen diga que no se dictaminan en términos negativos, no fueron incorporadas premeditadamente a este debate.
Para nosotros es muy importante tener en cuenta que entre las propuestas que hemos formulado, está la relativa a modificar la composición del órgano que establece el párrafo octavo del artículo 41 del proyecto de decreto que hoy se nos presenta.
En la legislación anterior a este régimen, se mantenía el criterio de que Gobierno y partidos políticos eran corresponsables de la preparación del proceso electoral, pero la contrarreforma pasada, producto del contubernio entre el PAN y el PRI, entre otras cosas modificó la Constitución para establecer que la organización de los procesos era una función estatal, donde también participan los partidos políticos y se incluyó la figura de supuestos representantes de la sociedad civil que no se representan más que a sí mismos y que han sido un subterfugio para que particularmente el Gobierno y su partido incrementen el número de elementos que votan a su favor en la integración de estos organismos electorales.
Y ahí viene un aspecto fundamental que no se está discutiendo en esta reforma constitucional.
A juicio del Partido Popular Socialistas, uno de los problemas que provocan que el pueblo no crea en los procesos electorales, que generan desconfianza en los ciudadanos, es precisamente la forma como se encuentran integrados los organismos electorales encargados de preparar, desarrollar y ahora calificar los procesos electorales.
No es posible que el partido del Gobierno o el Gobierno y su partido, tengan en el proceso garantizada de antemano la mayoría de los votos de los organismos electorales, esto es profundamente antidemocrático y ha sido una lucha de todos los partidos políticos, de la mayoría de ellos; por lo que cabe el Partido Popular Socialista, desde sus inicios combatió esta forma de integración de los organismos electorales.
Y esta situación ya hizo crisis, no hay los mecanismos adecuados para desahogar los diversos problemas que plantean los partidos políticos en los procesos electorales, porque el voto mayoritario garantizado del partido de la mayoría hace que esos organismos tomen acuerdos en favor de sus intereses, sin intentar, siquiera, buscar el consenso o el convencimiento de las demás fuerzas políticas para llegar a acuerdos que vayan desgrasando el camino hacia la realización de la votación el día de las elecciones.
Y todos esos problemas que se acumulan durante el proceso, hacen explosión después de éste, y eso se refleja en diversas formas de violencia, en actos de todo tipo, desde las marchas, los plantones, toma de palacios municipales en el caso de los ayuntamientos, bloqueos de carreteras, inclusive hechos de sangre. Esos son los resultados de una actitud arbitraria de mantener un órgano electoral en manos de un solo partido para que defienda única y exclusivamente esos intereses.
Pero también es verdad que los partidos políticos, el Partido Popular Socialista, ha planteado la necesidad de que desaparezca el proceso de autocalificación. Pensamos que este mecanismo tuvo su razón de ser, en las primeras décadas de este siglo, creo que una forma adecuada, un mecanismo que se consideró viable, que facilitaba hasta cierto punto las cosas, es que los presuntos diputados que ya tenían en sí respaldo popular, fueran los que hicieran este proceso de calificación de los resultados electorales. Pero en la medida en que México se va transformando y surge un conjunto de partidos políticos, este mecanismo, necesario quizá el principio, se vuelve totalmente obsoleto y por el Partido Popular Socialista planteó desde aquél entonces, la necesidad de que el órgano encargado de calificar los procesos electorales, sea uno integrado por los partidos políticos, en condiciones de igualdad, con presencia del Poder Ejecutivo pero
no con su hegemonía, ésa fue nuestra demanda y la sigue siendo.
Conforme fue avanzando el tiempo, cada partido político fue presentado sus proyectos alternativos para resolver esta cuestión y ha sido una insistencia del partido de la derecha tradicional, en el Partido Acción Nacional, involucrar a otro Poder, al Poder Judicial en este proceso de calificación.
Hablaban del posibilidad de que se incorporara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación los asuntos de carácter electoral, y el Partido Popular Socialista se opuso desde el principio, por una razón fundamental: vivimos en un régimen en donde el poder se encuentra compartido a través de tres figuras, el Poder Ejecutivo, el poder Judicial y el Poder Legislativo. De estos tres, éste último, el Poder Legislativo, particularmente la Cámara de Diputados, es el poder popular por excelencia, es el representativo de los intereses populares, es el que está integrado en forma plural, y además, que es también no solamente un poder como los demás, que cumple con lo establecido en la Constitución, sino que forma parte del Constituyente Permanente, que es el único que está facultado para poder modificar nuestra Carta Magna.
Es un poder que no puede ser calificado por otro, por eso nosotros insistimos en la creación de esta instancia, de esta figura, que dejara en manos de los partidos políticos, reconocidos por la propia Constitución como entidades de interés público, reconocidos por la propia Constitución como entidades iguales en importancia y por eso la integración paritaria de este órgano decisivo.
Nosotros también pensamos que ha sido un error no incorporar a esta reforma al artículo 41 de la Constitución reglas caras que dejen sentado que los recursos públicos y que los tiempos y espacios en los medios de comunicación, será entregados en condiciones de igualdad a los partidos políticos.
Si el artículo 41 constitucional le da a cada partido político la obligación de ser el conducto a través del cual los ciudadanos pueden acceder a los diversos cargos de elección popular, para integrar el Gobierno, si esa tarea fundamental la debemos cumplir todos, es necesario que la voz, la oferta política, el programa, la ideología, las propuestas, la plataforma electoral de cada uno de los partidos políticos sea conocida por los ciudadanos.
En las condiciones actuales hay un total desequilibrio entre los recursos que tienen uno o dos partidos y el resto de los partidos políticos. No estamos entrenando a la batalla en condiciones de igualdad.
Y aquí se señalaba, y nosotros coincidimos con ese juicio, que por lo que respecta a los medios de comunicación, lo que significó un avance en cierta etapa del desarrollo electoral de nuestro país, que fue el acceso de los partidos a los medios de comunicación, hoy se ha vuelto una cuestión meramente simbólica. Ni por el tiempo de que disponen los partidos políticos ni por los horarios en que se transmiten estos programas, vale la pena siquiera que los partidos hagan esfuerzos serios para presentarse ante la ciudadanía con programas atractivos que reflejen su propuesta política.
Es necesario garantizar a los partidos políticos el acceso real a los medios de comunicación; es indispensable que los partidos políticos puedan, en condiciones de igualdad, hacer llegar sus mensajes a los ciudadanos para que éstos, una vez informados, puedan decidir libremente qué partido político, qué programa, qué ideología representa realmente sus intereses. De la otra manera, cualquier mecanismo que hagamos de carácter secundario para superar algunos defectos, algunos de los defectos que tiene el proceso electoral, cualquier modificación de segundo orden que hagamos para que el voto de los ciudadanos se cuente, no sea burlado como actualmente sucede, sin antes garantizarle al pueblo que conozca la oferta de los partidos políticos, nos parece, como señalaba al principio, una cuestión secundaria.
Creo que lo fundamental, lo esencial, en este momento de lo que debiera de ser una reforma positiva al artículo 41 constitucional, es el de garantizar la igualdad en los recursos económicos, en los tiempos y espacios en los medios de comunicación y en la integración de los órganos encargados de preparar, desarrollo y calificar los procesos electorales.
Si esta reforma no va en ese sentido, es evidente que en el caso nuestro contará con el voto en contra del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra el diputado Elpidio Tovar de la Cruz.
El diputado Elpidio Tovar de la Cruz:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El artículo primero de la iniciativa que discutimos, modifica al artículo 41 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos. Esta modificación, esencialmente toca, aunque en muy distinto grado, dos grandes temas: El Tribunal Federal Electoral, su naturaleza, modo de integración y funciones, por un lado; y un aspecto de la normalidad de los partidos políticos, por el otro.
En esta intervención nuestro partido se ocupará del segundo aspecto, con el objeto de proponer la adición al mencionado artículo 41 constitucional de una serie de actualizada de bases generales para la legislación de los derechos y obligaciones de los partidos políticos en materia de financiamiento público y privado, acceso a los medios de comunicación masiva y topes en los gastos de las campañas electorales.
Nuestra propuesta incluye también un mandato a las legislaturas locales, a fin de que éstas adecúen sus respectivos regímenes jurídicos en material electoral a las mencionadas bases.
Al respecto de este tema, iniciativa cuyo dictamen consideramos, persigue únicamente la adición de la siguiente frase: "La ley establecerá las reglas a que se sujetarán el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales". Nada más.
La frase anterior se sumaría a los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto del texto constitucional vigente, mismos que establecen desde el año de 1977, las bases generales sobre el concepto, la naturaleza, el financiamiento y las funciones de los partidos.
El Partido de la Revolución Democrática considera que la gran importancia intrínseca del tema, que en esencia se inserta en el de las condiciones democráticas de participación electoral y de la experiencia misma del sistema mexicano de partidos, exigen una actualización de estas bases, que ya en estos momentos de la evolución política de México resultan del todo insuficientes.
La escuela frase propuesta en la iniciativa priísta, es intranscendente y deja las cosas prácticamente como están, pues desde 1977 la legislación secundaria ya lo contempla, aunque de manera sesgada, en función de los intereses gubernamentales, lo vagamente establecido por la propuesta constitucional del Partido Revolucionario Institucional.
Cuando afirmamos que el tema tiene una gran importancia intrínseca, no lo hacemos sin fundamentos. Es de sobra conocido que las condiciones materiales de los participantes en cualquier contenida electoral tienen siempre una incidencia en el resultado de ésta, que en no pocas ocasiones llega a ser decisiva, con lo que la esencia misma de la democracia se corrompe.
El empleo del dinero como arma electoral es bastante viejo. Ya en la Gran Bretaña del siglo pasado, se advertía claramente la necesidad de evitar diversos actos de corrupción como, el soborno directo a los electores, mediante dinero o regalos, proscrito desde 1854, o el uso ilimitado de recursos económicos.
Estos abusos permitían hablar en aquel entonces de la compra de asientos parlamentarios y fueron combatidos por una ley especial sobre actividades corruptas e ilegales, duda en el año de 1883, merece a la cual los gastos de las campañas bajaron drásticamente y la competencia electoral aumentó.
Los procesos electorales en México, lejos de ser una excepción, actualmente constituyen un ejemplo difícilmente superable en este sentido. Esta situación, por desgracia, tiene sus orígenes en los comienzos mismos de nuestra vida republicana.
Ya desde los tiempos de la primera República Federal, las lógica Yorquina y Escocesa, predecesora de los partidos históricos del siglo pasado (el Liberal y el Conservador, respectivamente), acudían en muchos casos a la compra directa de votos.
Durante el Porfiriato era ostensible el soborno a lo electores en forma de bolillos amontonados sobre el suelo y pulque en tinajas, sobre todo en ocasión de las sucesivas reelecciones del dictador.
Es innegable que la fórmula priísta es superior, ya se emplean platos para la operación desayuno, tanto en sus modalidades tamal como machaca, aunque tiene la desventaja de que ya no se ofrecen bebidas reconstituyentes.
El empleo actual del Pronasol tiene el mismo sentido: dar servicios y bienes, no como el cumplimiento a medidas y a destiempo de una obligación constitucional, sino en calidad de propaganda electoral.
Esta es la tendencia, hasta ahora, fomentada por el partido oficial.
A lo anterior hay que agregar el importantisímo papel de los medios de comunicación masiva. En México las campañas se desarrollan ya, en gran parte desde las ondas de radio y la pequeña pantalla. También aquí el partido oficial mantiene injustas ventajas, pues la actividad de la radio y la televisión, controladas básicamente por el monopolio de Televisa, aliado declarado del Gobierno, están totalmente subordinadas a los intereses políticos de éste.
Esto deforma necesariamente las imagen que estos medios proporcionan al público de los partidos políticos, siempre en favor del PRI, siempre en contra de los partidos opositores.
Gracias a esta tendencia favorecida por el Gobierno, las elecciones se están convirtiendo en México en un enfrentamiento de cuentas bancarias y de agencias de publicidad y no de proyectos de nación. El problema de la mercantilización de la político y las elecciones, desde luego no es privativo de México, lo que sí es casi exclusivos de nuestro país, es la renuencia gubernamental a reconocer la magnitud del problema. En el resto del mundo se ha observado una fuerte reacción social e incluso de algunos gobiernos en contra del imperio del dinero sobre la política.
En los Estados Unidos, una nación en la que la riqueza está mejor distribuida que en México, y en la que la alternancia en el poder es real, está por estrenar una serie de reformas que tienden a contrapesar las ventajas financieras de aquellos sujetos políticos que ya están en el poder.
En Italia un escándalo derivado de la transgresión de las normas financieras en los partidos políticos, terminó con un Gobierno. En el Japón, es otro ejemplo, aún más dramático al respecto, ahí terminó también, a raíz de un escándalo financiero, una hegemonía política de más de 40 años.
Estos problemas políticos que en algunos países como en Italia y en Japón adquirieron dimensiones históricas, se derivaron también de una de las consecuencias más perniciosas de la mercantilización de la política. El control, totalmente antidemocrático por su origen, por sus medios y por sus efectos, que individuos o grupos económicamente poderosos llegan a ejercer sobre las instituciones y los partidos.
Este tipo de control es posible cuando la Ley no contempla límites cualitativos y cuantitativos a los recursos que los partidos por los políticos individuales pueden allegarse por vía privada, ya sea de personas, organizaciones o instituciones financieras.
Para el Partido de la Revolución Democrática no hay verdadera democracia, ahí donde no existen condiciones mínimamente equitativas para participar en las elecciones. Sostenemos que el factor dinero no debe convertirse en un elemento decisivo de la competencia electoral, en México las desigualdades económicas y sociales de suyo, extraordinarias a nivel mundial, están cobrando un papel cada vez más relevante en las campañas electorales, favoreciendo siempre al partido oficial que cuenta con los recursos del Estado y con la abierta simpatía de las oligarquías creadas y fortalecidas especialmente en los dos últimos gobiernos.
Es por ello que deben normarse estrictamente tanto los límites de las aportaciones como las actividades económicas de los partidos, mismas que jamás deben tener el lucro como fin principal.
Es por ello que pongamos por establecer uno constitucionalmente como uno de los principios rectores de la normatividad en esta materia, el de la igualdad de oportunidades para la obtención del sufragio popular. Dicho principio abarcan no soló las cuestiones relativas a las condiciones de las campañas electorales, por supuesto, está también el factor sustantivo de la imparcialidad de los órganos.
Sin embargo, las injustas ventajas legales e ilegales del partido del Gobierno en materia de condiciones para la participación electoral, constituyen el otro gran pilar del régimen de partido de Estado.
El principio de igualdad de oportunidades que sostenemos, representa mucho más que un simple derecho de los partidos políticos, representa el reconocimiento del derecho que asiste a una sociedad, como la mexicana, profundamente desigual, garantizarse a través de su propio dinero ministrado por intermedio del Estado, un régimen político en el que la posibilidad de disputar el poder sea real y, que por lo tanto su posibilidad de determinar cuestiones de Gobierno como sociedad civil, sea también verdadera.
El derecho a proteger es en este un derecho ciudadano primordial. La libertad integral del sufragio, derecho establecido en el artículo 35 constitucional, como en el mismo artículo 41 en su párrafo tercero. Por lo tanto, cualquier Ley que no tienda a asegurar esa libertad es injusta, por ello se requiere normar tal garantía desde la Constitución misma, por congruencia con el resto del artículo 41 y por la trascendencia de la materia.
El partido oficial ha empleado un argumento en los trabajos de la Comisión Plural para justificar sus propios privilegios, especialmente en materia de financiamiento público; no es posible tratar igual a los desiguales, ha dicho. Este juicio ha sido también aplicado a la realidad social mexicana por los Constituyentes de 1917, solo que en sentido estrictamente opuesto, en tanto justificación de ventajas legales a los menos favorecidos por las circunstancias extra legales, buscando contrapesar con ello los privilegios de quienes se encuentran en mejor situación, por ello, si alguna desigualdad de oportunidades debiera haber en la Ley Electoral, no podría ser en justicia a favor del PRI.
Aparte de las severas insuficiencias de fondo, antes reseñadas en el artículo analizado, existen otras incongruencias. Hasta ahora el artículo 41 constitucional le señala en su párrafo quinto: "En los procesos electorales federal, los partidos políticos deberán contar en forma equitativa con un mínimo de elementos para sus actividades tendientes a la abstención del sufragio popular". Sin violentar la lógica, este párrafo podría interpretarse como el establecimiento de la obligación de los partidos políticos de no sólo contar con un mínimo de elementos, sino además de cuidarse de hacerlo en forma equitativa.
En realidad el citado párrafo adolece de una deficiente elaboración advertida en el mismo debate parlamentario que en 1977 tuvo lugar con motivo de la reforma al artículo 41.
El la cita textual se establece: "El carácter de interés público que en la iniciativa se reconoce a los partidos políticos, hace conferir al Estado la obligación de asegurar las condiciones para su desarrollo y propiciar suministrar el mínimo de elementos que éstos requieren en su acción destinada a recabar la decisión ciudadana".
De una lectura atenta a esta citada, cuyo contenido por lo demás se retomado en el dictamen correspondiente, se desprende que se concibe como una obligación del Estado respecto a los partidos políticos, al asegurar las condiciones para su desarrollo y propiciar y suministrar el mínimo de elementos que éstos requieren en su acción destinada a recabar el voto de la ciudadanía.
Sin embargo, en el quinto párrafo del artículo 41 constitucional esta obligación no es conocida explícitamente. Por si fuera poco, en el texto sólo se habla del mínimo de elementos y no de los elementos necesarios en todo caso y aquí resulta otra importante contradicción. Estos elementos, quizá por mínimos, se circunscriben sólo a las actividades tendientes a la obtención del sufragio popular; pero en el párrafo tercero del artículo 41 de nuestra Carta Magna, también adicionado en 1977, a los partidos políticos se les reconoce una función que va mucho más allá de los electoral.
De ahí la necesidad de que se reconozca explícitamente como una obligación del Estado a asegurar a los partidos políticos no simplemente un mínimo de elementos para actividades electorales, sino los elementos necesarios para el desarrollo integral de sus fines constitucionales.
Por otra parte, pese a que desde hace 15 años en la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos se establecieron las bases generales sobre el concepto, la naturaleza las prerrogativas, el financiamiento y las funciones de los partidos políticos, hasta ahora no son pocas las constituciones locales que a este respecto resultan prácticamente omisas.
De esta manera, los limitados avances logrados en las sucesivas reformas electorales que en el plano federal ha tenido lugar, se han visto pobremente expresadas en el nivel de los estados. En este sentido, se corre el riesgo de que las modificaciones que hoy debatimos tampoco se vean correspondidas en la legislación actual.
La iniciativa de reformas constitucionales en materia político - electoral presentada ante esta Cámara por el Partido de la Revolución Democrática el 14 de julio de 1992, incluye y desarrolla todos los puntos propósitos tocados en esta intervención. De ninguna manera renunciamos a la aspiración de adecuar en forma integral a las necesidades de la democracia el texto constitucional. Pero ante una dinámica legislativa impuesta por el partido oficial en la que prevalecen la cerrazón a establecer reformas sustantivas, el PRD, como un partido que se toma en serio la posibilidad de introducir en este proceso de reforma electoral, cambios significativos, aun así sean parciales, asume la responsabilidad de hacer un último esfuerzo de negociación en aras del avance democrático, reafirmando con ello nuestro compromiso y disposición de llegar a consensos.
Por ello, el propósito de esta intervención es hacer en esta soberanía por mi conducto, una propuesta concreta de adición al artículo 1o. de la iniciativa que se discute, una propuesta que introducirá en el artículo 41 de nuestra Constitución, un avance mínimo pero real en la dirección correcta, el establecimientos de normas básicas para la reforma al Cofipe en materia de
garantías a los partidos políticos y condiciones justas de participación electoral.
Propuesta de adición al artículo 1o. de la iniciativa:
"Se reforma el párrafo quinto del artículo 41 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona a continuación un párrafo nuevo, recorriéndose en su orden los restos para quedar como sigue:
Artículo 41. El Estado proveerá a los partidos políticos nacionales en forma equitativa, con los elementos necesarios para sus actividades tendientes a la consecución de los fines establecidos en el párrafo tercero.
Adicionalmente y con ese mismo propósito, los partidos políticos podrán recibir contribuciones voluntarias de los particulares. Tendrán derecho asimismo a recibir rendimientos financieros de la banca, créditos financieros de la banca nacional, por concepto de cuentas corrientes y creas fideicomisos para fines académicos, de investigación y de capacitación política exclusivamente.
Queda prohibida la realización o aprovechamiento de cualquier otra actividad de lucro.
La Ley establecerá las reglas a que se sujetarán el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales. Esta regulación contemplará tanto el financiamiento proveniente del Estado, como el proveniente de los particulares, el acceso a los medios de comunicación social, los topes a los gastos de las campañas electorales y el capital inicial de los fideicomisos.
Todas estas regularizaciones tendrán como base la igualdad de oportunidades para la obtención del sufragio popular, la transparencia del origen y manejo de los recursos financieros y la prohibición de recibir créditos de la banca extranjera o de participación extranjera mayoritaria, así como de utilizar recursos o servicios públicos o privados no contemplados por la Ley.
Los estados de la Federación deberán de adecuar a su legislación en la materia, a estas bases".
Firman, los diputados: Elpidio Tovar de la Cruz, Patricia Ruiz Anchondo y Miguel Ángel León Corrales.
Dejo en la Secretaría la actual propuesta. Muchas Gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Israel González Arreguín.
El diputado Israel González Arreguín:
Con el permiso de la Presidencia; compañeras diputadas; compañeros diputados:
Hace unos días en el aspecto político nacional se manejó que político demasiado en político derrotado.
Yo diría en este momento que político ensoberbecido es un político destruido.
Una gran irresponsabilidad demuestra una de las fracciones parlamentarias de está Cámara, que abandona todas las curules para irse a elucubrar en el limbo, el cómo hacerle para burlarse de la voluntad soberana de esta Cámara de Diputados una vez más.
Este tipo de situaciones se seguirán repitiendo seguramente para perjuicio de la discusión seria que deberíamos de estar dando, porque hay quienes están apostando a que efectivamente en 1994 algunas fuerzas políticas desaparezcan y en el 2000 otras, para dejarlos discernir exclusivamente frente a frente y de acuerdo a intereses que son los mismos y que lo único que estarían analizando sería qué persona.
Nosotros creemos que es importante en este esquema político, establecer una lucha seria, con el propósito de encontrar alternativas que nos puedan permitir la participación de la mayor parte del pueblo de México en el devenir histórico con base en las contiendas políticas, que puedan garantizar seriamente la supervivencia y la existencia de todos los partidos políticos, y a la que garanticen que las participaciones políticas de todos los ciudadanos están y serán respetadas, así como una garantía de que el voto vale en todos y cada uno de los procesos electorales, una garantía de que ya en México no habrá más actitudes como la tomada en San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán, o la que algunos quisieran estar planeando que se vislumbra en las mismas circunstancias para Nayarit.
Compañeras y compañeros: en la Iniciativa de Ley de Reforma Política Integral presentada en esta Cámara de Diputados el 11 de mayo de 1993, por la fracción parlamentaria del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional,
expusimos una modificación al artículo 41 de la Carta Magna. Ahora incorporamos alguno de los criterios del dictamen aprobado por la mayoría de los legisladores hace tres días.
Nuestra fracción parlamentaria propone a su consideración en este debate en lo particular, la siguiente redacción para este precepto constitucional.
Articulo 41, modificación al párrafo segundo, creación de un nuevo párrafo quinto en relación al texto vigente de la Constitución, y modificación a los párrafos decimoséptimo, de decimoctavo y decimonoveno del dictamen aprobado en lo general:
"Los partidos políticos son asociaciones libres y voluntarias de individuos y entidades de interés público. La ley determinará las formas específicas de su intervención en el proceso electoral. Los partidos políticos son agrupaciones autónomas del poder público.
Queda terminantemente prohibido a los poderes federales y de las entidades federativas, intervenir en la vida interna de los organizaciones políticas nacionales, regionales, estales y municipales, con el fin de imponer una forma de pensamiento o de acción definidas.
Estos organismos tiene en todo momento, el inalienable derecho a revocar a sus representantes cuando consideren que se está faltando a los principios que dieron origen a dichas organizaciones.
Queda prohibido a los organismos políticos, hacer uso de los recursos de la nación, salvo los que las leyes autoricen. También impedido forzar la participación de la ciudadanía en actividades de carácter partidario.
Los gobiernos Federal y estatales no podrán conceder trato preferencial, de cualquier índole, a los organismos políticos.
Para cada proceso electoral se integrarán una sala de segunda instancia con cuatro magistrados o ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el presidente del Tribunal Federal Electoral, quien la presidirá. Esta sala será competente para resolver las impugnaciones a que se refiere el párrafo tercero del artículo 60 de esta Constitución.
El Tribunal Federal Electoral se organizará en los términos que señale la Ley. Para el ejercicio de su competencia contará con cuerpos de magistrados, los cuales serán independientes y responderán sólo al mandato de la ley.
Los cuatro magistrados o ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que con el presidente de Tribunal Federal Electoral integren la sala de segunda instancia, serán electos para cada proceso electoral por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, de entre los propuestos por los partidos político nacionales.
Si no se alcanza esta mayoría se presentarán nuevas propuestas para el mismo efecto. Y si en este segundo caso tampoco se alcanza la votación requerida, procederá la Cámara de elegirlos de entre todos los propuestos por mayoría simple de los diputados presentes.
La Ley señalará las reglas y los procedimientos correspondientes.
Los motivos en los que se fundamenta esta propuesta, en los particular, son los siguientes:
Para el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional la cuestiones relacionadas con la soberanía nacional y la forma de Gobierno en las que se inserta esta postulado constitucional son fundamentales, pues la simple referencia a tales aspectos nos remite a reflexionar sobre las formas en las que el poder político está constituido en México. Modalidades, por cierto, ajenas al espíritu de la Carta Magna.
De ahí, la razón misma de establecer constitucionalmente la autonomía del partido político frente a los poderes públicos, para que tales entidades de interés público representen soberanía popular y se termine con las confusiones entre partido en el Gobierno y partido - Gobierno.
2o. Nuestra propuesta perfila a una superación en el equilibrio constitucional de los poderes; una relación más sana entre los poderes representativos de la Federación y de la Unión; delimita ámbitos del poder y responsabilidades; ayuda a darle transparencia y confianza a los partidos políticos nacionales y a los órganos de poder.
3o. Debe avanzarse en relaciones más sanas en tres poderes representativos, organizaciones sociales y ciudadanos; superarse las tradicionales formas de corporativismo, que caracterizan al mexicano, de problemas que de no reformarse, difícilmente puede cambiar el sistema electoral del país. No ayuda a los procesos electorales el control público de sectores sociales
organizados, como los sindicatos, las agrupaciones campesinas, ciertos grupos empresariales y fuerza política.
4o. Desde la forma de Gobierno constitucional se debe fomentar el desarrollo de la sociedad abierta, de un sistema político que respete y estimule las libertades, que dé paso franco a la libre expresión de las ideas y de proyectos alternativos; de un sistema que haga posible la reforma política profunda.
5o. Garantizar que los ciudadanos no tengan duda del manejo de los recursos públicos.
6o. Garantizar que quienes resuelvan en la instancia superior, garanticen plenamente la voluntad del pueblo manifestada de a través de los votos y no que tengamos que sufrir el bochornoso ejemplo que se dio en la LIV Legislatura Federal cuando le entregaron en paquete más de 40 diputados al Partido Acción Nacional, por acuerdo de cúpula."
Dejo en la Secretaria nuestra propuesta.
El Presidente:
Gracias, diputado González Arreguín.
En seguida, tiene el uso de la palabra José Camilo Valenzuela, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado José Camilo Valenzuela:
Con su permiso, señor Presidente.
Aparte del poco ánimo que da discutir una reforma electoral en al que poco cuentan las razones, venir a la tribuna con una Cámara semivacía se acentúa el escaso atractivo de venir a discutir ahora en lo particular el artículo 41 de nuestra Constitución.
Yo quiero empezar lamentando la ausencia de una gran parte de compañeras y compañeros diputados y en especial la ausencia de prácticamente toda la diputación del Partido Acción Nacional, porque tengo especial interés en tratar de debatir con los diputados del PAN una serie de interrogantes que me surgen acerca de cómo es posible que este partido vuelva a avalar una reforma electoral que como la de 1989 deja intocado el control de los procesos electorales de parte del Gobierno y la absoluta posibilidad, cierra totalmente cualquier posibilidad de que el voto pueda ser la base de sustentación de los poderes públicos en nuestra patria.
Más que orientar mi discurso a tratar de mostrar el cómo el artículo 41, con los cambios mínimos que se le proponen, no posibilita un sistema electoral que haga posible el sufragio efectivo, quiero orientar mi participación a compartir con ustedes una serie de interrogantes y una serie de reflexiones.
Yo me pregunto: ¿por qué de nueva cuenta el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional comparten la decisión de llevar a cabo una reforma que no va camino a hacer respetar el sufragio efectivo en nuestra patria?, ¿qué interés, qué concepciones, que valoraciones llevan al Partido Acción Nacional y al PRI a coincidir de nueva cuenta en una reforma electoral que mantiene en lo esencial, intocado, el sistema electoral mexicano, que de manera reiterada ha demostrado que no posibilita el respeto al sufragio?
¿Es acaso la posibilidad de mayor acceso a recursos económicos lo que mueve al PAN a avalar la reforma que deja al Gobierno del PRI la posibilidad de seguir controlando los sistemas electorales? ¿Es acaso lo posibilidad de acceder a algunos senadores más, a través de la reforma que abre el Senado, a la posibilidad de diputados de las primeras minorías? ¿Qué es lo que mueve al Partido Acción Nacional a coincidir de nueva cuenta con el PRI en una reforma que deja intocado el sistema electoral mexicano que, está demostrado, no posibilita el derecho al voto en nuestra patria?
¿Es que acaso al PAN y al PRI no les interesa que las instituciones públicas de nuestro país tengan cada día una menor representatividad? ¿Es que les importa poco que la mayoría de los ciudadanos mexicanos se abstengan de participar en las elecciones y que ese abstencionismo llegue al 80%y las instituciones que tienen el origen en elecciones representan a una parte cada vez más insignificante de la ciudadanía mexicana? ¿Es que no les importa que los procesos electorales mexicanos sigan siendo fuente de conflictos que nos cuentan cada vez más a la sociedad en desgaste, en vidas humanas, en credibilidad? ¿Es que tampoco les importa el riesgo de que las elecciones de 1994 generen una confrontación que hunda a nuestra patria en la inestabilidad agravando la ya difícil situación económico - social que padecemos? ¿Qué es entonces lo que mueve al PRI y al PAN a compartir el temor de llevar a cabo una reforma electoral que posibilite, que abra la posibilidad de que el sufragio efectivo
sea la base de la integración de los poderes públicos en nuestra patria?
Me parece que en la base de esta coincidencia y de esta actitud que el PAN y el PRI vuelven a compartir hoy como en 1989, se encuentran dos factores fundamentales, por un lado un factor relacionado con el período post 1988; la emergencia de una alternativa democrática nacional de 1988 que entró a la disputa de la conducción del país, que obligó al régimen a dejar caer el sistema de computación y a inventar los resultados electorales, esta emergencia de una alternativa democrática nacional que echó por tierra la posibilidad de una alternancia bipartidista que tiene como sustento un mismo proyecto de nación, es, a mi entender, uno de los factores que generó la convergencia abierta, que obligó a la convergencia abierta entre el PRI y el PAN a tratar de posponer la transición a la democracia hasta que desapareciera de este país la posibilidad de que accediera a la Presidencia de la República y a la mayoría del Poder Legislativo una alternativa democrática y nacional
El segundo factor que mi entender está debajo de esta convergencia, es una profunda coincidencia en el menosprecio a la democracia. No sólo por lo que hace al sufragio efectivo, sino también en el cumplimiento de uno de los fines primordiales que la propia Constitución señala para los partidos políticos.
La Constitución establece para los partidos políticos los siguientes fines: promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público.
Este último, fin de los partidos políticos establecido por la Constitución, se concreta aparte de lo que se pueda hacer para que el voto ciudadano se cuente en la participación de los integrantes de los partidos políticos en la elección de los candidatos que esos partidos políticos van a proponer a los diversos puestos públicos.
Pues bien, tanto en el PRI como en el PAN existen normas estatutarias y prácticas políticas que vulneran de manera directa el derecho de los miembros de su partido a participar y decidir acerca de las candidaturas a los diversos puestos de representación popular.
Así, en el partido Revolucionario Institucional, leemos en sus estatutos el artículo 135, que en síntesis dice que los objetivos para la selección de candidatos a cargo de elección popular, son con el propósito de acelerar el desarrollo político del pueblo, fortalecer la democracia interna, descentralizar la responsabilidades decisorias, estimular al máximo posible la participación de las bases militantes, aplicar la fórmula de voto individual secreto y escrutinio público y abierto en los procesos de selección interna de candidatos y postular como candidatos a quienes por su representatividad, convicción ideológica y trabajo partidista, garanticen en el desempeño de las funciones públicas, los principios del partido.
En el artículo 138 de los mismos estatutos del PRI, se lee: se ordena que las únicas modalidades de los procesos internos para postular candidatos serán: en las elecciones nacionales, las convenciones de delegados electos democráticamente y para las elecciones estatales, distritales y municipales, la consulta directa a la base militante, la cual se considerará como convención abierta.
Luego, en el artículo 139 enfatiza que: las convenciones de delegados electos democráticamente o de consulta a la base militante, son los órganos de decisión del partido para postular candidatos a los puestos de elección popular.
También aquí, en el papel, suenan bien estos principios, como en la Constitución suena bien el principio de la soberanía popular del sufragio efectivo y los fines que se establecen para los partidos. Por todos sabemos que nunca se han llevado a la práctica.
Dentro del PRI, el gran elector de sus candidatos a la Presidencia de la República, a las senadurías, a las diputaciones, a las gubernaturas e incluso de los presidentes municipales más importantes, es el titular del Poder Ejecutivo Federal. Nadie de la plana mayor o de los puestos de elección popular es electo de importancia, es electo sin la aprobación del Jefe del Ejecutivo que ejerce desde Los Pinos.
Sólo accede a la democracia cuando se le ordena votar corporativamente en cada elección y en favor de los candidatos electos de manera subrepticia, a los que se otorga la habitual cargada, de parte de los voceros de los diversos sectores en el nivel respectivo. Y por ello no es gratuito el descontento al interior del tricolor cada vez que hay elecciones en los municipios, en los estados y, desde 1988, también en la elección del candidato a Presidente de la República.
Incluso la aberración más grave de antidemocracia dentro del partido oficial y del rol agraviante del Ejecutivo en la vida interna de ese
partido, se ha dado en este sexenio con las renovaciones desde el centro de los candidatos a gobernadores priístas que supuestamante habían ganado las elecciones en diversos estados.
En el Partido Acción Nacional, el acceso de los ciudadanos a los puestos de acción popular es aún más restrictivo desde el punto de vista formal y estatutario.
Por ejemplo, de acuerdo al artículo 42, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN tiene la enorme facultad, a través de sus cinco miembros dentro de las comisiones dictaminadoras, de alterar el orden de las listas que sobre diputaciones plurinominales se adopten en los Estados de cada circunscripción, e incluso puede imponerse nuevas fórmulas hasta por un 15%. O sea, que la élite del CEN panista puede estar por encima de la voluntad de sus militantes en cada Estado soberano en las listas de circunscripciones.
Por eso, en 1991 vimos la decisión aberrante del Comité Ejecutivo Nacional panista, de cambiar al diputado José Ángel Conchello, del primer lugar de la lista plurinominal al séptimo lugar, obligándolo a renunciar a su candidatura a diputado federal.
Peor aún resulta el famoso veto que tiene el Comité Ejecutivo Nacional panista, sobre las resoluciones de asambleas y convenciones estatales y municipales, así como sobre las decisiones de los consejos estatales.
Hay en el PAN, por sobre el discurso supuestamente democrático y por la imagen supuestamente democrática, una legalidad interna profundamente restrictiva de los derechos de militantes y una evidente incongruencia con los fines que establece la Constitución para los partidos políticos y concretamente con el viabilizar la participación de la ciudadanía en la integración de los poderes públicos.
Este hecho, este carácter antidemocrático en sus propias estructuras y decisiones internas, es el otro factor que determina la convergencia del PRI y del PAN para seguir negando la exigencia de una reforma electoral que nos posibilite acceder a un sistema electoral que abra en México la posibilidad del sufragio efectivo.
Creo, compañeras y compañeros, que más allá de buenas intenciones, que más allá del alud de razones que se han venido exponiendo por muy diversos partidos, personalidades, organizaciones civiles y, compañeros diputados, más allá de eso están pesando estos factores en la convergencia PRI - PAN, para hacerse cómplices de la enorme exigencia nacional de acceder a un régimen democrático en México y en particular a un sistema electoral democrático.
Tenía razón, tiene razón el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas cuando dice que esta reforma electoral es una reforma corruptora, es una reforma para tratar de comprar a las cúpulas de los partidos políticos en general, dándoles acceso a mayor financiamiento, dándoles acceso a algunas posiciones subordinadas en el Poder Legislativo y en particular en el Senado, a cambio de que continúen aceptando un sistema electoral que vulnera el derecho de los mexicanos a elegir quién debe de gobernarlos.
Por ello considero, compañeras y compañeros, que es necesario revisar también el problema de los deberes y derechos de los partidos políticos.
Yo había elaborado una propuesta de modificaciones al párrafo relativo al artículo 41, pero ciertamente, dar mayores atribuciones legales a instancias que no pueden ser neutrales, a instancias interesadas y orientadas a alterar la voluntad popular...
El diputado Romero Flores Leal (desde su curul):
Señor Presidente, una moción de orden al orador, porque ya se ha excedido en su tiempo.
El Presidente:
Esta Presidencia le recuerda al señor orador que hay una recomendación por parte de los coordinadores de las fracciones parlamentarias, hasta por 15 minutos en su participación. Vuelvo a decir que es una recomendación, si lo quiere hacer o no lo quiere hacer.
El diputado José Camilo Valenzuela:
Bueno, aparte de que es una recomendación, yo quiero señalar que siguen las parcialidades en esta Cámara. Me antecedieron oradores que se excedieron con mucho, e incluso estuve observando un hecho, de que hay oradores a los que se les empieza a contar el tiempo después de que han ido avanzando en el discurso. Hace, si no me equivoco, dos turnos atrás, estuve observando el echo de que iba como en el cuarto o quinto minuto cuando empezó a correr el cronómetro.
Estos son fenómenos que se dan en esta Cámara y que desafortunadamente nos sitúan en un terreno muy resbaloso para hacernos reclamos de recomendaciones y de reglamentos. Con todo y eso, yo no quiero abusar. Voy a concluir.
Decía que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas tiene una gran razón cuando ha afirmado que ésta es una reforma corruptora, orientada a darles a las cúpulas partidarias la posibilidad de acceder a mayor dinero y a mayores privilegios desde puestos públicos, a cambio de que avalemos la continuación de un sistema electoral que no posibilita el sufragio efectivo.
Para el Partido de la Revolución Democrática esta propuesta corrupta es rechazable, no sólo por ese carácter, sino porque los tiempos políticos del país, compañeras y compañeros, no están para seguirle prometiendo regímenes, sistemas electorales para un futuro indeterminado a cambio de seguir avalando la posibilidad de una conflictividad de consecuencias imprevisibles para este país.
No se entienden los tiempos del pueblo de México, no se entiende los estados de ánimo de nuestra gente y se pretende que este régimen puede prorrogarse indefinidamente hasta que desaparezca del escenario nacional, una alternativa que contenga la posibilidad de un rumbo distinto para acceder a una nación distinta. Este es un error histórico que está cometiendo el PRI y es un error histórico que está cometiendo el PAN y creo que de su propio seno, de muchos de sus miembros tanto del PRI como del PAN, que sí son verdaderamente democráticos o que sí aspiran realmente a la democracia o que sí siente la necesidad de la democracia para cambiar de Gobierno y cambiar de rumbo, va a venir la aportación para que en 1994 arribemos a un nuevo Gobierno y arribemos a un nuevo rumbo. Gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra, para rectificar hechos, el diputado Madero.
El diputado Pablo Emilio Madero Belden:
Muchas gracias, señor Presidente; señoras y señores diputados:
He pedido la palabra para hechos porque el diputado Camilo Valenzuela vino a hablar aquí extensamente, presentó una serie de puntos en relación al Partido Acción Nacional al cual yo pertenecí durante 52 años. Yo, a partir de octubre del año pasado renuncié y renuncié precisamente, ahora pertenezco al Partido Foro Democrático, que no tiene su registro debido a gestiones que se hicieron para que no la tuviéramos, pero estamos tratando de enmendar este absurdo.
De cualquier manera el partido nació a raíz del absurdo de 1989, cuando una reforma constitucional se aprobó con el apoyo del que era mi partido y expresamos nuestra inconformidad entonces. Estuvimos luchando durante tres o cuatro años, para ver que se rectificara el rumbo, se corrigiera el absurdo y cuando nos dimos cuenta que era inútil, dimos el paso. Pero esto es cuestión, digamos, interna, de lo que sucedió en el partido.
Quiero retomar lo que decía el diputado Valenzuela y yo creo que una cosa fundamental que se está dejando intacta es la cuestión de que la integración de los organismos electorales desde el IFE hasta la sección electoral, deben ser imparciales y no deben estar integrados en forma tal que el partido oficial y los funcionarios designados por el partido oficial tengan el control, porque esto impediría el que hubiese verdadera democracia interna en los procesos electorales.
Y México está en una situación muy delicada, es urgente que México llegue a la democracia, para evitar que la violencia se desboque o que haya el argumento para que haya violencia.
Ahora bien, se mencionó, es decir, yo estoy a favor de que se abran y resulta que si bien se va a discutir a la hora de hablar del Cofipe, resulta que ya desde la reforma constitucional se establecen bases que impiden que se pueda corregir este absurdo posteriormente.
Habló el licenciado Valenzuela de la no democracia interna de los partidos. Yo pienso que esto es cosa de cada partido, es decir, es responsable de sus actos y sufrirá las consecuencias.
Con tal de que se respete el voto popular, que el anhelo de 1910 del sufragio efectivo sea respetado, el pueblo irá poniendo a cada partido en su lugar, si la democracia interna no respeta los derechos de sus afiliados.
De tal manera que quizá éste sea parte del problema por el cual no se quiere llegar a la democracia, pero de cualquier forma todos, creo, tenemos el deber de luchar por ello, porque México necesita urgentemente llegar a la democracia.
Esta será la quinceava forma electoral desde 1911 y México no ha llegado a la democracia y esto es una tragedia para el pueblo de México. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Héctor Ramírez Cuéllar.
El diputado Héctor Ramírez Cuéllar:
Compañeros diputados:
La discusión del artículo 41 de la Carta Magna que hoy ocupa nuestra atención, tiene dos aspectos que desde mi punto de vista deben causar una serie de preocupaciones y de reflexiones en el seno de la Cámara de Diputados.
Uno de ellos se refiere al problema del financiamiento para los partidos políticos y para las campañas electorales; el otro se refiere a la eliminación de los colegios electorales y a las nuevas atribuciones que se otorgan al Tribunal Federal Electoral para que sea éste el organismo que califique en última instancia, en definitiva e inatacable instancia, los procesos electorales.
El problema del financiamiento a los partidos afloró, como todos sabemos, hace unas semanas, cuando el Gobierno Federal, a través de un ex Secretario de Hacienda, celebró una cena con un grupo de empresarios para solicitarles apoyo económico al partido del Gobierno, a efecto de financiar la campaña presidencial de 1994.
No cabe duda que este hecho político causó una enrome conmoción en la clase política mexicana y una justa indignación en la opinión pública sobre este particular.
Estaban también frescas las campañas electorales estatales, en que dos partidos erogaron enormes cantidades de dinero en las contiendas, que terminaron en conflictos poselectorales, casi todas ellas.
Vinieron después propuestas que en esta materia hizo el partido en el Gobierno y otros partidos.
Pero deseo destacar un aspecto del financiamiento público, que poco se ha valorado y que quizá se plasme en la Ley Reglamentaria, que próximamente habrá de discutirse.
El financiamiento público a los partidos es una práctica que existe en casi todos los países capitalistas desarrollados, porque el Gobierno se ve obligado, es una obligación, a apoyar a los partidos políticos para que entren a la competencia política en condiciones más equitativas y más adecuadas; se presenta como una obligación jurídica del Gobierno y también, como contrapartida, se presente como un derecho que tienen los partidos para la obtención de estos recursos públicos.
Sin embargo, las diferencias entre los partidos políticos en lo que se refiere al financiamiento público, son verdaderamente abismales. No hay punto de comparación entre los ingresos de los partidos políticos, porque se aplican fórmulas que no son concordantes con una distribución más equitativa de estos recursos, que son recursos de origen fiscal, o sea que son patrimonio del pueblo.
De tal manera que, se presenta otro fenómeno que es preocupante: la mayor parte de los partidos políticos dependen, casi totalmente para sus actividades, del financiamiento público que les entrega el Instituto Federal Electoral y prácticamente no realizan tareas que les permitan aumentar el financiamiento de los miembros de sus partidos u otras formas del financiamiento privado.
Considero que es nocivo para los partidos políticos depender en tan alto grado del financiamiento público, porque esta dependencia ha acabado con la militancia en el seno de muchos partidos, ha minado la mística partidaria, ha debilitado la conciencia de que se pertenece a un partido y de que se debe contribuir con recursos materiales al sostenimiento de ese partido y al sostenimiento de esa lucha.
De tal manera que, las prerrogativas oficiales han estado debilitando el interior, las bases de los propios partidos políticos que, repito, dependen casi totalmente del financiamiento público.
Tan nocivo es depender del financiamiento público como depende del financiamiento privado. Quizá el mayor peligro del financiamiento privado sea el de que los partidos políticos se transforman en instrumentos de los grupos económicos para la obtención del poder y, por lo tanto, aquí comparto los criterios de que los partidos políticos no reciban financiamientos de corporaciones industriales, comerciales ni mucho menos de entidades religiosas.
Propondré en seguida una reforma al artículo 41 para que el financiamiento público no exceda
más del 50% del financiamiento total a los partidos, con objeto de impulsar el trabajo de los partidos hacia el desarrollo de actividades financieras muy variadas y diversas, que comprenden inversiones, creación de entidades industriales y comerciales, de empresas directas, del trabajo financiero de sus miembros y de sus militantes, si es que queremos avanzar en la conformación de partidos sólidos, permanentes y en un real sistema de partidos.
El otro asunto al que me quiero referir, es a la nueva atribución que se le otorga al Tribunal Federal Electoral. Creo yo que a estas alturas nadie en esta tribuna, después de las experiencias de 1988 en la calificación de la elección presidencial y de 1991 en la elección de diputados y senadores, alguien pudiera seguir defendiendo todavía la tesis de la autocalificación de las elecciones.
Podemos afirmar categóricamente que los colegios electorales casi nunca cumplieron con la función que la Ley les señalaba, que era la de depurar los procesos electorales y de asignar con base en la Ley y en los datos electorales auténticos los cargos en las Cámaras del Congreso de la Unión.
Recordamos nuestro propio Colegio Electoral que más bien fue el escenario de una confrontación política, un torneo de discursos de los presuntos diputados, pero recordamos que fue prácticamente imposible abrir paquetes electorales, revisar actas, cotejar datos, o sea, ir al fondo, ir a la esencia de cada proceso electoral.
Por lo tanto, la figura del Colegio Electoral, pasa a la historia con una marca de gran obsolencia y de pérdida total de credibilidad, puesto que lo que hacía el Colegio Electoral, fue en un principio ratificar los resultados que nos enviaba la Comisión Federal Electoral controlada por el Gobierno Federal; luego ratificar los resultados que nos enviaba el Instituto Federal Electoral dominado por el Gobierno Federal y finalmente ratificar los dictámenes que enviaba el Tribunal Federal también controlado por el poder público. De tal manera que la figura de la calificación en el Colegio Electoral nunca llegó a cumplirse en su cabalidad.
Todavía hoy, en la actualidad, nadie conoce los resultados electorales de 22 mil 600 casillas de la elección presidencial del año de 1988. Recordemos que ese Colegio Electoral se negó sistemáticamente a investigar los datos de estas casillas en donde había una notoria diferencia a favor del candidato del Partido del Gobierno y recordemos cómo ese Colegio Electoral no pudo demostrar la existencia legal o los datos de ese alto número de secciones electorales.
Pero no creemos que el solo hecho de transferir la función calificatoria del Colegio Electoral al Tribunal Federal Electoral, como la última instancia, sea por sí mismo un avance democrático, el sólo hecho de transferir la función de un órgano claramente obsoleto a otro órgano que tiene muy poco tiempo de haberse integrado su avance democrático.
En el primer lugar, debemos destacar la experiencia breve, corta, del Tribunal Federal Electoral. Desechó el 90% de los recursos de queja que presentaron los partidos políticos en las elecciones federales de 1991 y cuando en el Colegio Electoral se investigaron las razones en las que se fundaba este rechazo, se demostró que había claros vicios en la fundamentación de estas negativas que hacía el Tribunal que operaba con magistrados, con jueces instructores y con salas regionales.
Recordemos aquí cómo en la tribuna del Colegio Electora, se demostró el poco profesionalismo, la poca credibilidad y asiento jurídico de muchos dictámenes que había enviado al Colegio el Tribunal Federal Electoral.
De tal manera que no podemos nosotros afirmar que la existencia del tribunal tal y como se propone en la iniciativa, sea por sí misma un signo de avance democrático. En primer lugar, porque vino a derribarse el mito de que no hay magistrados independientes, de que no hay profesionales que estén al margen de la lucha política, como se afirmaba eran los integrantes del Tribunal Federal Electoral, los magistrados y jueces instructores.
La candidez, la inocencia de pensar que estos altos funcionarios iban a obrar en forma autónoma, en forma imparcial, en la emisión de dictámenes del tribunal, cayó por los suelos porque así se demostró en la práctica.
Por eso viene la desconfianza natural de la integración del Tribunal Federal Electoral. Pero más aún, cuando se habla de que los miembros del tribunal en una primera etapa podrán ser aprobados por esta Cámara, por las dos terceras partes de la misma, de los miembros presentes, lo que teóricamente supone que el partido del Gobierno presentará a través de la Suprema Corte de Justicia, que es una entidad muy dependiente del Ejecutivo, una propuesta de consenso de magistrado que reflejen la aceptación de las fracciones que integran la Cámara de Diputados,
para obtener las dos terceras partes, dado que ningún partido tendrá ya esas dos terceras partes en el futuro.
Sin embargo, lo que parece ser un avance en este sentido, desaparece cuando en la propia propuesta se señala que en el caso de no haber acuerdo en la votación de las dos terceras partes, los integrantes del tribunal serán nombrados por la mayoría simple de los miembros presentes de la Cámara de Diputados. De tal manera que un solo partido político, el que obtenga la mayoría simple, podrá finalmente decidir la integración del Tribunal Federal Electoral.
Por esa razón es que no podríamos aceptar el profesionalismo, la seriedad de este organismo, cuando se integra de esta forma. Por eso pensamos que es una propuesta que debe ser rechazada por la Cámara de Diputados.
Dejo a la Secretaría la propuesta relativa al financiamiento de los partidos políticos. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra a continuación, el diputado Francisco Saucedo.
El diputado Francisco Javier Saucedo Pérez:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Quiero retomar la última parte de la intervención del diputado Héctor Ramírez Cuéllar, que es a propósito de lo que yo quiero hablar en este momento y es lo relacionado a lo del Tribunal Federal Electoral.
En ese sentido al final de mi exposición daré lectura a la propuesta que al artículo 41 al respecto y al artículo 60, estamos haciendo los miembros del Partido de la Revolución Democrática.
Son dos aspectos fundamentales o centrales que nuestro partido al respecto quiere proponer y enfatizar. Uno es lo relacionado a la necesidad de establecer un sistema plenamente jurisdiccional para la calificación de las elecciones. No es, valga la redundancia, la palabra plenamente ociosa, de señalar en este aspecto, porque como lo decía el diputado Ramírez Cuéllar, sabemos que el Tribunal Federal Electoral no ha sido, no ha respondido a la necesidad de no depender, de no tener subordinación a otro poder y, en esto pues ya señalaba él una serie de elementos, de mecanismos de designación, de propuestas de quién, de formas de elección etcétera, que van manifestando esta situación. Pero no es un problema solamente de formalidad; es también un problema relacionado a la credibilidad de los procesos electorales y en el caso particular, a la cuestión de la calificación.
Es una de las partes en donde quisiéramos insistir dentro de los principios rectores que la Constitución señala para la organización de los procesos electorales, lo de la certeza y lo de la legalidad de los procesos electorales y estaría recayendo precisamente en un órgano de esta naturaleza: en el Tribunal Federal Electoral.
La propuesta del Partido Revolucionario Institucional, al respecto, nosotros pensamos no está cambiando un inconveniente fundamental; es inconveniente la propuesta en el sentido de que los propios partidos somos lo que intervenimos en la calificación de las elecciones, desde los órganos electorales, es decir, desde los órganos del IFE.
Y en cierto sentido, con esto se está manteniendo de alguna u otra manera, no la autocalificación señalada en la ley de los artículos que se están modificando, del artículo 60, pero sí una forma de simulación de este proceso de calificación donde se sigue siendo juez y parte cuando señalamos que en los órganos electorales no existe una distribución paritaria de participación de los partidos políticos. Y más, señalaríamos nosotros, cuando el mandato de la organización de las elecciones, de ninguna manera debería de tener por delante una representación de estos órganos a nivel proporcional, a los costos de elecciones pasadas, cuando de lo que se trata es de organizar las elecciones imparciales, los próximos procesos electorales y, entonces se requiere de una participación paritaria de todos los partidos políticos.
Un segundo elemento fundamental para la cuestión de la calificación de los procesos electorales es lo relacionado a la segunda sala. Nuestro partido, el Partido de la Revolución Democrática, propone que la segunda sala debe de componerse, debe integrarse y aquí retomaría un poco algo de lo que señalaba el diputado del PRI, el diputado Juan Ramiro Robledo, nosotros pensamos que sí debería estar compuesta e integrada, esta segunda sala, por ministros de la Suprema Corte de Justicia; que no quedara como está la propuesta en la idea de miembros de la adjudicatura etcétera. Que sean ministros
de la Suprema Corte de Justicia, propuestos por el pleno de la misma; es decir, no por la reunión de salas, sino por el pleno mismo de la Suprema Corte de Justicia.
¿Por qué es esto? ¿Por qué esta propuesta? Porque nosotros consideramos que el máximo tribunal de nuestro país, encargado de la legalidad, encargado de velar por la constitución en nuestro país, es precisamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación y son los ministros las principales autoridades de este Poder.
Y esto le da una gran significación y autoridad, pensamos nosotros, a los procesos de calificación electoral.
Ya se señalaba la falta de independencia de muchos de los jueces y magistrados que han venido participando en esos procedimientos, además de que han sido desechados muchísimos de los recursos que los partidos pusieron en el proceso electoral de 1991; es decir, requerimos darle a la calificación de las elecciones, plena jurisdicción para proporcionarle cierto grado de certeza y de credibilidad a las elecciones.
En este sentido, en el artículo 41, proponemos que para la integración de los miembros del tribunal, no esté el Poder Ejecutivo involucrado en la propuesta de los miembros de la Corte y esto, pues por razones clarísimas, de amplia parcialidad, de subordinación, no solamente ya de la calificación de las elecciones, sino de la que ha sido la lucha en este día: de lograr plena autonomía de los órganos electorales y uno de estos órganos es también el Tribunal Federal Electoral.
En otra de las propuestas se señala que el Tribunal Federal Electoral solamente tiene competencia para calificar aquello que ha venido siendo impugnado o se ha presentado algún tipo de documento de impugnación a la calificación electoral.
Nosotros pensamos que el Tribunal Federal Electoral debe de calificar todo el proceso electoral, todas las elecciones. Es decir, debe calificar las elecciones de diputados y de senadores, y debe de resolver todo proceso de impugnación que se presente.
En el artículo 60 señalaríamos nosotros que ésta es una cuestión que deberían de recibir y revisar las salas del tribunal de oficio; de oficio deben recibir toda la paquetería electoral directamente al tribunal electoral, a la sala correspondiente y desde ahí iniciar el proceso de calificación.
Otra de las propuestas que hacemos es lo relacionado de nueva cuenta al nombramiento de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, de que no sea una propuesta del Ejecutivo Federal, sino una propuesta de los miembros de la Cámara de Diputados y su definición por las dos terceras partes de los diputados presentes al momento de la decisión.
Del artículo 60 señalaría brevemente primero que como está la propuesta del PRI, la propuesta de la iniciativa, es que sea en los órganos del IFE correspondientes donde se califique la elección, o sea en los consejos distritales para calificar a los diputados y sea en los consejos locales para la calificación de los senadores.
Nosotros pensamos que esta atribución "es donde se esta tendiendo la trampa al proceso de calificación", donde se simula de nuevo un proceso de autocalificación. Es decir, debería de ser el Tribunal Federal Electoral, en sus salas correspondientes, en sus instancias, correspondientes, quien fuera calificando todo el proceso electoral.
Y en ese sentido toda la calificación de las elecciones, el nombramiento de los triunfadores, digamos, solamente lo podrán hacer los órganos electores del IFE, en razón de la calificación que el Tribunal Electoral haya manifestado.
Bien, en ese sentido, leería pues la propuesta de corrido del artículo 41 y del artículo 60 que el Partido de la Revolución Democrática pone a su consideración en este pleno, para en su momento llevarlo a votación:
"Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Asamblea la modificación al artículo 41 constitucional en los párrafos relativos al Tribunal Federal Electoral y al artículo 60, también constitucional, para quedar como sigue:
Artículo 41. El Tribunal Federal Electoral será órgano autónomo y máxima autoridad jurisdiccional electoral. Los Poderes Legislativos y Judiciales garantizarán su debida integración.
El Tribunal Federal Electoral tendrá competencia para calificar las elecciones de diputados y senadores y resolver en forma definitiva e inacatable en los términos de esta Constitución y la Ley, las impugnaciones que se presenten en materia electoral federal.
Expedirá su reglamento interior y realizará las demás atribuciones que le confiere la Ley.
El Tribunal Federal Electoral funcionará en pleno o salas y sus sesiones de resolución serán públicas en los términos que establezca la Ley.
Para cada proceso electoral se integra una sala de segunda instancia, con cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Presidente de Tribunal Federal Electoral, quien la presidirá. Esta será competente para resolver las impugnaciones a que se refiere el párrafo quinto del artículo 60 de esta Constitución.
El Tribunal Federal Electoral se organizará en los términos que señale la Ley para el ejercicio de su competencia.
El Tribunal Federal Electoral tendrá...ahí no cambia.
El siguiente párrafo: "Los magistrados del Tribunal Federal Electoral deberán satisfacer los requisitos que señale la Ley, que no podrán ser menores a los que señale esta Constitución para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Serán electos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados de entre los propuestos por cualquiera de sus miembros. Si dicha mayoría no se lograra en la primera votación, se procederá a insacular de los candidatos propuestos el número que corresponda de magistrados del tribunal. La Ley señalará las reglas y el procedimiento correspondientes.
Durante los recesos del Congreso de la Unión, la elección a que se refiere el párrafo anterior será hecha por la Comisión Permanente."
Penúltimo párrafo: "Los cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el Presidente del Tribunal Federal Electoral integren la Sala de Segunda Instancia, serán electos para cada proceso electoral por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, de entre los propuestos por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; si no es el caso esta mayoría, se presentarán nuevas propuestas para de entre ellas elegirlos por mayoría simple de los diputados presentes. La Ley señalará las reglas y el procedimiento correspondientes."
Luego seguiría el último párrafo. No hay modificación.
Del artículo 60, la propuesta es la siguiente:
"Artículo 60. El organismo público previsto en el artículo 41 de esta Constitución hará la declaratoria de los ciudadanos elegidos a los cargos de diputados y senadores al Congreso de la Unión, de conformidad con las resoluciones del Tribunal Federal Electoral. Dicho organismo otorgará las constancias a las fórmulas de candidatos que hubiesen obtenido mayoría de votos y hará la asignación de senadores de representación proporcional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de esta Constitución y en la Ley. Asimismo, hará la asignación de diputados según el principio de representación proporcional, de conformidad con el artículo 54 de esta Constitución y la Ley.
El otorgamiento de las constancias y la asignación de diputados o senadores, podrán ser impugnadas ante las salas del tribunal Federal Electoral en los términos que señala la Ley.
Las salas del tribunal revisarán de oficio la validez de las elecciones, resolviendo al mismo tiempo las impugnaciones a que se refiere el párrafo anterior.
Las resoluciones de las salas a que se refiere este párrafo exclusivamente podrán ser revisadas por la sala de segunda instancia del Tribunal Federal Electoral, mediante el recurso que los partidos políticos podrán interponer cuando hagan valer agravios debidamente fundados, por los que se pueda modificar el resultado de la elección.
Los fallos de esta sala serán definitivos e inatacables.
La Ley establecerá los presupuestos, requisitos de procedencia y de trámite de este medio de impugnación."
Dejo en la Secretaría , señor Presidente, la propuesta de modificación a los artículos 41 y 60, para que en su oportunidad se les dé lectura. Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos y hasta por cinco minutos, tiene el uso de la palabra el diputado Felipe Calderón Hinojosa.
El diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa:
Gracias, señor Presidente:
Para rectificar hechos y afirmaciones dichos aquí por el diputado Camilo Valenzuela del PRD.
A mí me parece que a juicio de algunos compañeros nuestros, cuando se observa esta esquizofrenia de un partido como éste, donde un día nos dicen, "somos hermanos en la lucha por la democracia" y dos días después nos dicen que "tenemos un sentido o una misión eminentemente antidemocrática, un menosprecio por la democracia" no debiera hacérsele caso. Si el PRD tiene efectivamente militantes y diputados responsables y voces autorizadas, sensatas, que hablan con hechos de afirmaciones que pueden probar, eso es un elemento suficiente como para mantener una relación respetuosa con el PRD y que voces como la de Camilo Valenzuela, no merecen ni contestación.
Pero yo creo que para claridad de lo aquí expuesto, vale hacer esta rectificación. En primer lugar, en la reforma electoral de 1989, el PAN nunca afirmó que fuese una reforma suficiente, ni en lo constitucional ni en lo legal; hubo un debate interno, democrático además, acerca del voto que se dio en ese sentido y hubo una coincidencia sobra la insuficiencia; si acaso hubo una discusión sobre temas opinables acerca de que era a lo que más se podía llegar en aquella ocasión, con resultados que todavía se están viendo, como es el hecho de la credencial de elector con fotografía, que sin el voto del PAN, no hubiesen podido lograrse entonces y ahora; no quiere decir que se haya considerado como suficiente aquella reforma.
No creemos además, y no voy a reiterar el debate pasado, que nunca hemos dicho que con la reforma constitucional se agota y se deja un sistema democrático en las instancias legales; lo que hemos afirmado hasta el cansancio, es que la reforma del aparato electoral está en la Ley Electoral, que ahí se regula la integración de los consejos distritales, los consejos locales, de las juntas ejecutivas, de las atribuciones del director, de los requisitos de sus miembros etcétera.
No es la posibilidad de mayor acceso a recursos económicos lo que mueve al PAN creo que además nadie ha mencionado eso y nadie ha afirmado que de esta reforma vaya a salir la posibilidad de recibir más dinero para nadie; hacerlo significa, hacer esta afirmación no sólo ignorar lo que estados diciendo, sino lo que se ha discutido en el seno de las comisiones plurales.
Efectivamente no estamos por una reforma que posibilite el voto en el extranjero para cuestiones mexicanas, porque estamos de acuerdo y otra vez así lo hicimos ver en las reuniones con el PRD y así quedó constatado de tal manera que ni siquiera está en los puntos coincidentes que establecimos entre en PAN y PRD.
Luego se mete a decir algo acerca de los procedimientos internos del PAN, de nuestros estatutos, donde lo que molesta no es la referencia, sino la ignorancia; diputado Camilo Valenzuela, dice usted que el PAN por su estructura antidemocrática dice: "vimos la decisión aberrante del Comité Ejecutivo Nacional panista de cambia al diputado José Ángel Conchello, del primer lugar de la lista plurinominal al séptimo lugar, obligándolo a renunciar a su candidatura a diputado." No, diputado Valenzuela, el licenciado Conchello fue en la dictaminadora puesto en primer lugar, fue sostenido por el Comité Ejecutivo Nacional en el primer lugar de la lista plurinominal y fue una convención democrática la que entrada en la discusión de este tema rechazó esas candidaturas, que además a él le obligó a renunciar; hubo modificaciones por el rechazo, hubo un debate en convenciones que además son del pleno de los miembros del partido donde todos tienen derecho a acceso y donde los votos están establecidos en mecánicas perfectamente definidas. Yo no creo que tenga aquí caso venir a comentar si están buenos o están malos los estatutos del PRD, creo que para un juicio como ése valdría la opinión de los propios perredistas en sus procesos de elección, recientes por cierto, tanto en el Distrito Federal como nacionalmente, que además nosotros respetamos, diputado Valenzuela, pero el día que quiera venir a hablar de cosas internas del PAN, primero enterése bien, no por nosotros, sino por usted mismo.
El Presidente:
¿Con qué objeto, señor diputado Valenzuela? Tiene la palabra el compañero Valenzuela, para contestar alusiones personales hasta por cinco minutos.
El diputado José Camilo Valenzuela:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Yo quiero empezar diciendo que yo no menosprecio la participación de nadie y que las opiniones de todos merecen ser consideradas por todos nosotros.
No es con actitudes soberbias de élites que se sientes incapaces de ser sometidas a cuestionamiento, con quienes vamos a poder, no va a
ser con esas actitudes con las que vamos a poder avanzar en un verdadero debate democrático, de que se habla muy seguido, pero con el que se es muy poco congruente.
Yo vine a plantear en primer lugar, reflexiones en torno a hechos políticos de primera importancia para la vida política de México. Yo vine a plantear que el Partido Acción Nacional ha convergido con el PRI desde 1988 en torno a decisiones políticas fundamentales para nuestra patria, para las mexicanas y los mexicanos.
Y vine a preguntarme y a dar mi visión acerca de las causas y factores de fondo que motivaron este viraje en una fuerza política que yo no menosprecio, que tiene un rol muy importante en la vida nacional y esto no es faltarle el respeto a nadie, es venir a discutir sobre hechos y conductas que están influyendo en la vida política de nuestra patria y que nos interesa a todos.
Y vine a señalar que desde 1988 y específicamente referí que desde la reforma electoral de 1988, el PAN ha estado avalando reformas que no posibilitan el respeto al voto, que no posibilitan el sufragio efectivo y que hoy nuevamente vuelve a conducirse de manera coincidente a como lo hizo en 1989.
Puede opinarse y tenerse de parte del PAN las justificaciones que se quiera, las visiones que se quiera, pero yo tengo mi visión y vine a exponer mi visión y nadie me puede negar el derecho de poner mi visión acerca de estos fenómenos políticos de enorme trascendencia en nuestra patria.
No tiene caso venir a comentar la vida interna, las características de la vida interna de los partidos cuando se está llevando a cabo una reforma electoral, señala el diputado Calderón. Dice, no tiene caso y yo digo, sí tiene caso.
En la relación entre la conducta de defensa de la democracia y en específico la congruencia en la lucha por el respeto al voto y las características de la vida interna de los partidos, hay una estrecha e intrínseca relación.
Yo considero que buena parte de la posibilidad de coincidencia entre el PRI y el PAN, en reformas electorales que posponen la sobrevivencia de un sistema electora que, está demostrado, se orienta a atropellar el sufragio efectivo, está relacionado, buena parte de eso, con una falta de vocación democrática global y en especial con una falta de ejercicio democrático interno del PRI y PAN. Expuse los argumentos y valoraciones y podría exponer más.
Creo también que es completamente falso que en la Constitución no se pueda regular lo relativo a los órganos electorales. ¿Por qué si la Constitución establece especificaciones sobre cosas de mucha menor trascendencia que el sistema electoral, del que depende la efectividad del sufragio, en dónde, qué razones jurídicas, constitucionales, políticas, históricas, morales, de qué tipo pueden ser las razones para que la Constitución no defina que debe haber un órgano autónomo capaz de posibilitar un sistema electoral orientado al respecto del sufragio?
¿Por qué no puede establecerse como se establece en relación al Poder Legislativo, la composición de ese poder en relación a un órgano electoral que por las características de la vida política de México, requiere erigirse prácticamente como un cuarto poder, para aspirar a que sea neutral, a que no esté subordinado al Poder Ejecutivo totalitario que subordina a los poderes de la Unión?, ¿por qué no?
¿Por qué en la Constitución no se puede fijar un representante por cada partido político en el Consejo General?; ¿por qué no pueden especificarse 10 consejeros ciudadanos?; ¿por qué no pueden especificarse dos consejeros por cada Cámara, uno por el Ejecutivo? ¿En dónde está la imposibilidad jurídica y técnica? No la existe.
Lo que hay son razones políticas, es falta de voluntad política para dejar claro desde la Constitución un órgano que sea neutral.
Y ya en 1989 se nos manejó mucho la oferta de que avaláramos la reforma constitucional, al cabo que en el Cofipe sí se iba a establecer no sé qué tantas condiciones y no pasó así. Aquí de nueva cuenta se nos puede sugerir lo mismo, pero compañeras y compañeros, si no hay razones ni morales jurídicas ni de ningún tipo, para establecer en la Constitución características y composición del órgano electoral máximo que le autonomía y neutralidad, ¿por qué va a haberlas para establecer en el Cofipe? No es cierto. Es en la Constitución en donde deben establecerse las formulaciones y las precisiones que posibiliten que las leyes secundarias se hagan de acuerdo con esas formulaciones de esencia y con esas posiciones que no dejen lugar a duda acerca de las características y del rol que van a tener en este caso las instancias que rijan el proceso electoral.
Yo creo, compañeras y compañeros, que en la vida política de México ninguna fuerza puede llamarse a esta a salvo del juicio político y del análisis político.
Yo enjuicio críticamente la conducta del PAN, por que además siento que está eludiendo los tiempos políticos de la nación y ése es un gran peligro que a todos nos debe de incumbir y que todos debemos de encarar con una mayor decisión y con una mayor congruencia con las aspiraciones democráticas de nuestro pueblo. Gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra para rectificar hechos y hasta por cinco minutos, don Gonzalo Altamirano Dimas.
El diputado Gonzalo Altamirano Dimas:
Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El debate sobre la reforma política, el tema de la reforma política, tal parece que no se ubica en los términos en que las distintas fuerzas políticas aquí representadas lo han planteado en su momento en su oportunidad.
Acción Nacional, desde un principio sentó claramente las bases, los lineamientos de los alcances de esta reforma que se está discutiendo. Ustedes recordarán, y usted concretamente, diputado Camilo Valenzuela, el proyecto original que había planteado el Partido Revolucionario Institucional, que fue rechazado por todas las fuerzas políticas, por lo menos por la mayoría, las más representativas, la insistencia de que se abrieran aspectos de fondo y democráticos para posibilitar una verdadera reforma política, como lo era la desaparición de la cláusula de gobernabilidad, la desaparición de la autocalificación de los procesos electorales y también de manera fundamental, la apertura del Senado para posibilitar que la democracia también se viviera en la Cámara Alta, demandas en las cuales habíamos coincidido ambos partidos y otras fuerzas políticas.
Acción Nacional estuvo insistiendo de manera tajante, que los planteamientos originales del Partido Revolucionario Institucional de ninguna manera eran aceptables. Pasa el tiempo y son recogidas en cuanto al fondo las propuestas de Acción Nacional; entonces la óptica es muy distinta, diputado Camilo Valenzuela. Ahí podría usted decir con más propiedad, que las propuestas de Acción Nacional fueron aceptadas y fueron recogidas en sus términos por el partido gobernante, pero de ninguna manera que Acción Nacional se coludió con ningún propósito, confesable o no, para sacar adelante una reforma política.
Yo creo que hay que hablar con seriedad. Estamos nuevamente ante el mismo episodio que se dio en 1989, cuando se atacó a Acción Nacional y se le etiquetaron términos que no fueron congruentes con las votaciones y con lo apoyos que ha recibido Acción Nacional en muchos municipios y en muchos estados donde hemos consolidado nuestra fuerza y hemos seguido avanzando porque el pueblo cree en nosotros.
Yo creo, diputado Valenzuela, que habría que hablar con responsabilidad y con respeto. Acción Nacional, a través de toda su historia, ha defendido no solamente en sus tesis sino también en sus planteamientos, la democracia y la vive internamente, tal y como lo dijo aquí en tribuna el diputado Felipe Calderón.
Nosotros somos respetuosos también de las posiciones que asume el PRD; tiene derecho a rechazar la reforma, tiene derecho a tener un punto distinto al de Acción Nacional, pero compañeros del PRD, no tienen derecho a lanzar calificativos cuando no tienen bases y sobre todo cuando está de por medio la historia limpia de Acción Nacional a través de tantos y tantos años.
Y yo concluyo nada más con eso, a las pruebas nos remitimos y ahí está la votación de Acción Nacional y ahí está el apoyo de quienes han seguido confiando en el PAN y no han hecho eco de calumnias como las que se han vertido aquí en la tribuna.
El Presidente:
Para rectificar hechos nuevamente tiene la palabra el compañero diputado Valenzuela.
El diputado José Camilo Valenzuela:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros:
Yo creo que no se puede decir que se falta al respeto cuando lo que se dan son interpretaciones políticas y siento que en buena medida los compañeros de Acción Nacional nos piden que no enjuiciemos sus conductas políticas, aunque se la han llevado haciendo campaña contra el Partido de la Revolución Democrática.
Específicamente el coordinador de la fracción panista, constantemente está acusando al PRD
de ser el partido del todo o nada y recientemente, con los acontecimientos que se dieron en la Cámara, relacionados con el movimiento popular, no se detuvieron a pensar si las implicaciones de esos eventos tenían que ver con decisiones políticas de nuestro partido.
La campaña que se lanzó a raíz de eso, la campaña de linchamiento que se lanzó a nivel de los medios de comunicación masivos y de acuerdos en esta Cámara, fueron contra el PRD en general.
¿Qué tenían que ver los perredistas de California o los perredistas de Tabasco con la decisión de organizaciones urbanas de hacer un acto en la Cámara, que devino por diversos motivos en lo que pasó? ¿Qué tenían que hacer? ¿Qué había tenido que ver la dirección del PRD en eso? ¡Ah, pero eso no importaba, eso no importaba!
Se lanzó una campaña contra el PRD pidiendo...
El diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa
(desde su curul):
Señor Presidente, quisiera pedirle al orador si acepta una interpelación.
El Presidente:
Señor diputado Valenzuela, el señor diputado Calderón solicita una interpelación. ¿La acepta usted?
El diputado José Camilo Valenzuela:
Con mucho gusto.
El diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa
(desde su curul):
Camilo Valenzuela, está diciendo primero que el PAN tiene un menosprecio por la democracia.
A lo mejor si a usted le dicen eso, no le parece una falta de respeto; yo creo que sí.
Nosotros creemos en la democracia mucho antes que usted creyera en ella.
Y, segundo, si sus dirigentes en el Distrito Federal, aquí presentes algunos diputados, han asumido la parte de responsabilidad que les corresponde, a mí me parece eso meritorio. ¿Por qué usted dice que no hubo ninguna responsabilidad de su partido en los hechos que usted refiere?
El diputado José Camilo Valenzuela:
Primero, quiero pedirle que precise o busque oír con precisión lo que dije. Yo no dije que el Partido de la Revolución Democrática no hubiera tenido, a través de miembros que ahí hubo, relación con el incidente. Nuestro partido no tomó ninguna decisión e instancia alguna.
Hubo compañeros de nuestro partido que, en su calidad de dirigentes populares, participaron en el acto.
En la medida en que nuestro partido acepta la responsabilidad que se desprendan de las acciones de sus militantes como tales, no dijimos que no habían estado compañeros nuestros, estuvieron. Pero que nuestro partido haya asumido la responsabilidad del hecho porque lo decidió o lo promovió como partido, eso es otra cosa. Y ningún miembro de nuestro partido la ha asumido así, la ha asumido como responsabilidad de ellos, en tanto dirigentes de organizaciones sociales, no más.
En segundo lugar, y creo que es muy pertinente la aclaración, esto demuestra la interpretación torcida de la campaña que se desató a partir de esos acontecimientos contra el PRD, que no están orientados ni son benéficos para la democracia y desatar una campaña de linchamiento no tiene nada qué ver con una conducta democrática, congruentemente democrática. Ese, a mi entender, es una manifestación de lo que he señalado y no lo hago en un término peroyativo; trato de caracterizar una conducta política que desde mi parecer, desde mi análisis de los tiempos políticos de este país, me parece que menosprecia la democracia.
Y además tengo una valoración de los estatutos y de las prácticas internas del PAN y también considero que menosprecia la democracia. No sólo yo, hay propios miembros del PAN que lo han planteado y han planteado reformas en ese sentido. Excesivo centralismo y excesivas atribuciones a órganos centrales, entre otras cosas.
Pero yo quiero regresar a la cuestión original.
Yo siento que el problema de algunos compañeros del PAN, es que no quieren escuchar evaluaciones de sus conductas políticas.
A los compañeros de la dirección del PAN y a los diputados del PAN, les puede parecer que
el problema del Senado, el problema de que desaparezca la cláusula de gobernabilidad, son suficiente para avalar la reforma electoral actual, pero a nosotros nos parece que no.
Y no es un simple problema de que a ustedes les parezca que sí y que no, sino es un problema de razones y argumentos, de tiempos políticos y de exigencias de la sociedad mexicana.
Que hay que desaparecer la cláusula de gobernabilidad, hay que desaparecerla. Pero, ¿qué va a suplir a la cláusula de gobernabilidad? ¿Cualquier cosa que supla la cláusula de gobernabilidad, simplemente porque desapareció la cláusula de gobernabilidad? Claro que no.
Si desaparece la cláusula de gobernabilidad, ha de ser, porque ha de instaurarse un sistema que significa avance, de consideración en las prácticas democráticas.
El que actualmente un partido político que tenga menos del 60% y no se establece el límite mínimo hacia abajo, pueda aspirar mínimo a 300 diputados, esto, después de quitar la cláusula de gobernabilidad, ¿cómo nos puede dejar satisfechos y ser motivo para avalar?
Luego, se elimina la autocalificación. ¿Pero quién ya a calificar? Nosotros queríamos que se eliminara la autocalificación, para que la calificación fuera neutral, apegada a derecho, para que se respetara el voto y los partidos tuviéramos la representación que nos daba el voto de manera proporcional a eso. Pero se nos desaparece la autocalificación y se nos pone un tribunal, evidentemente controlado por el Gobierno, que va a pecar de la misma parcialidad que han pecado los tribunales actuales.
Esto, compañeros, es el problema que no podemos eludir y no se trata de si ésas son razones suficientes.
Se abre el Senado, sí, pero un Senado que ha servido muy poco para la defensa del federalismo y que han sido instrumento del Ejecutivo para el sometimiento de los estados.
¿Para qué nos sirve un Senado que no cambia ese rol, porque no se cambia su composición?
Esta es el problema de fondo.
Pero además, yo quiero insistir en un hecho.
Los tiempos del avance democrático en nuestro país, no están sólo en función de qué pensamos las élites, las cúpulas, los partidos políticos; están en función de los tiempos del pueblo y esos tiempos, compañeros, nos está imponiendo una problemática económico - social muy difícil y también los tiempos del mundo.
El que se pueda llevar a cabo un tratado como el que se está llevando a cabo, que va a impactar la vida nacional, sin consultar al pueblo, ¡por favor!, éstos son otros tiempos y se están tomando otro tipo de medidas, que urge cambios en el régimen político mexicano, porque si no el pueblo va a emerger y va a imponer sus cosas.
Compañeras y compañeros: yo siento que no podemos pedir que el debate político no sea lo profundo y lo riguroso que necesita esta país, estos tiempos, este pueblo, porque en aras de la diplomacia vamos a dejar de lado las cuestiones de fondo y vamos a estar avalando reformas y yo creo que el PAN lo está haciendo, que no responden a los reclamos de nuestro pueblo y a las necesidades de nuestro pueblo.
El diputado Fernando Estrada Sámano (desde su curul):
Pido la palabra para hechos, señor Presidente.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene la palabra el señor diputado Estrada Sámano, hasta por cinco minutos.
El diputado Fernando Estrada Sámano:
Hace apenas unos días, señoras y señores diputados, señor Presidente, en esta tribuna me declare sujeto y víctima de la envidia, por la claridad intelectual y política de algunos análisis aquí hechos; hoy he de declararme, señoras y señores, positivamente abrumado por la estructuración lúcida, por la congruencia interna del discurso, por la coherencia de la argumentación, que el señor diputado Camilo Valenzuela acaba aquí de externar.
Salta de un tema a otro, se le señalan, en rectificación de hechos por el diputado Calderón Hinojosa, cosas inexactas, hechos simplemente falsos, eventos alterados que no se corresponden con la realidad y, tiene que aclararle a él que ha, según propia afirmación analizado estatutos y disposiciones del Partido Acción Nacional, que
en una decisión de una Asamblea nacional con la participación, no de la CELIT, señor diputado Valenzuela, sino de miles de demócratas mexicanos que votan por la alternativa del PAN, simplemente respecto a una cosa que esa Asamblea es la que está facultada estatutariamente para decidir en el orden de listas y distribución de candidaturas en las listas que se presentan al electorado.
Y a este hecho concreto, al señalamiento de este hecho, que es para lo que Calderón Hinojosa habló, el señor diputado Valenzuela, simplemente no contesta.
Segundo, creo yo. señor diputado Valenzuela, que el Partido Acción Nacional de ninguna manera se niega a ser juzgado tan críticamente como se quiera por otros partidos y por la opinión pública política nacional, al contrario, en diversos documentos, uno de ellos muy reciente, Acción Nacional, como partido democrático, declara y afirma, como lo debían de hacer todos los partidos de orientación y de proyecto democrático para el país, que da la bienvenida a la crítica fundamentada.
Pero el tener un juicio crítico, no basta con usar la palabra crítica, con darle el calificativo de crítico al juicio que se hace.
Un juicio crítico, señor diputado Valenzuela, no pueden serlo, si está fundamentado en la ignorancia o en la interpretación antojadiza.
Tercero, me parece también que tan crítico como se pueda ser respecto de las actuaciones de todos los partidos políticos, como el perfectamente natural y necesario que lo sea, éste debe estar fundamentado en hechos y en conocimientos de la realidad y no convertirse, señoras y señores diputados, en intérpretes gratuitos y autonombrados de lo que son los sentimientos del pueblo y los tiempos del pueblo mexicano y peor aún del mundo.
Señor diputado Valenzuela, ni usted ni nadie, tiene la llave de la historia, ni es secretario de los sentimientos del pueblo. Vamos a enfrentarnos en la plaza pública y haber realmente qué dicen los electores mexicanos en libertad y con respeto. Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos, nuevamente, y hasta por cinco minutos tiene la palabra el compañero Valenzuela.
El diputado José Camilo Valenzuela:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Nunca he tenido como práctica la agresión personal a nadie, ni siquiera cuando se me agrede.
Yo creo que el problema que estamos discutiendo no es un problema de interpretación de lo que es crítica o lo que no es crítica; es un juicio sobre conductas políticas que están influyendo y van a tener consecuencias muy importantes en el curso de la vida política nacional y por eso es que vale la pena comentarlas, no por otras cosas.
Yo podría haber hablado en relación a las conductas del PAN si se tratara de denostarlo, no es sólo de la reforma electoral de 1989 y de su conducta, han salido a flote hechos sumamente graves para la vida nacional. El mismo Luis H. Alvarez, en su calidad de presidente del PAN, aceptó haber avalado los resultados electorales de 1988, y no continuar la lucha y el cuestionamiento contra ellos a partir de sus consideraciones.
Yo creo, compañeras y compañeros del PAN, compañeras y compañeros diputados, que no se trata de denostarnos; se trata de enjuiciar nuestras conductas políticas y la manera como asumimos la responsabilidad ante los retos de estos tiempos de nuestro país.
Yo tengo aquí en la mano un documento relativo a la reforma electoral de 1989, en donde se establece, es un documento del Instituto de Estudios para la Transición a la Democracia, cuaderno número 5, página 36, en donde se cita algo que para mí es nodal y que tiene que ver con este juicio que yo estoy haciendo de la conducta del PAN ante la reforma electoral actual y la de 1989. En ese párrafo se dice: "El primer movimiento público en las negociaciones fue la Declaración Parlamentaria sobre la reforma electoral que el 6 de septiembre firmaron el PAN, el PRD y el PARM y, un grupo de diputados independientes escindidos del PFCRN".
En dicha declaración esos grupos llegaban a un solo acuerdo, pero central y viene citado: "Que los organismos electorales en todos los niveles deben ser imparciales y autónomos de cualquier fuerza política y de los poderes públicos. Ninguna de ellas debe prevalecer mediante mayoría directa o indirecta o de cualquier otro modo, ni a través de frentes, coaliciones o alianzas".
Esta es precisamente la esencia del problema.
La reforma electoral actual no se trata de a ver
qué avances tiene, sino se trata de cómo modificamos un problema central para la posibilidad de respeto al sufragio, la subordinación de los órganos electorales y del sistema electoral mexicano al Gobierno.
Eludir este tema con avances parciales y justificarlo, es menosprecio a la democracia y al reclamo de sufragio efectivo, que nuestro pueblo está levantando también a través de apoyo al PAN y en las luchas que el PAN da en varios lados.
Nosotros no menospreciamos esas luchas cuando el PAN defiende el sufragio y lo hemos apoyado y lo vamos a seguir haciendo; aunque de allá para acá no haya la misma correspondencia cuando nosotros somos a los que el pueblo nos da la responsabilidad de conducir esa defensa de los sufragios.
Esta conducta parcial, esa disputa de defensa del voto, es también una manifestación de menosprecio y de incongruencia en la lucha por la democracia.
Yo quiero compañeras y compañeros, para terminar esta discusión este día y, desde luego que acepto la posibilidad de un debate público que hacía el compañero diputado del PAN que me antecedió en la palabra, sí; para terminar, yo quiero señalar que esta reforma electoral va camino a una nueva frustración para las aspiraciones de nuestro pueblo al sufragio efectivo y, que nuestro pueblo no tiene la paciencia, la idea que tiene el PAN de que podemos tener muchos avances parciales no importa que los órganos electorales sigan siendo subordinados, al cabo que algún día van a cansarse, quizá quienes hegemonizan el Gobierno de este país, de estarnos dando concesiones parciales aquí y allá y, entonces sí van a decidirse a cambiar los órganos electorales para construir un sistema electoral que posibilite: sufragio efectivo y no reelección.
Gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tendrá un vez más la palabra el compañero diputado Calderón.
El diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa:
Muy brevemente, señores diputados:
Nuevamente miente, diputado Camilo Valenzuela, lo que afirma de que Luis Alvarez haya dicho que haya reconocido los resultados de 1988 o que haya claudicado en la lucha, es completamente falso, hay una tergiversación, fue un hecho público de expresiones. Se comentó ampliamente en la opinión pública nacional.
Yo lo exhorto a que compare lo que usted ha dicho con la versión estenográfica de esa misma versión, inclusive por aquí la pueden tener.
Pero es muy fácil hacer afirmaciones gratuitas de ese calibre. Lo segundo, diputado Valenzuela, usted no ha entendido que el PAN insiste en que los órganos sean autónomos y que sean independientes. Lo que pasa en que no percibe usted la afirmación que ya está en la Constitución de órganos autónomos; ignora el hecho de que actualmente el consejo del IFE tiene nueve consejeros magistrados, a lo mejor por uno ya entonces no fueron democráticos; que tienen los representantes de los poderes como usted lo menciona; que no está ahí el problema, Camilo Valenzuela; que aunque se aceptara la propuesta que usted dice de ponerle otro más u otro menos, ¿usted cree sinceramente que eso va a resolver el problema democrático? Ahí no está el problema democrático; está en la regulación de las competencia, está en los órganos que hacen los fraudes, que son los órganos locales, distritales, las juntas, está en el padrón electoral, que no es materia otra vez de la Constitución.
Y podemos divergir o tener diferencia en esta opinión, pero de ahí a que usted venga a manifestar que tenemos manifiestamente dice, un desprecio por la democracia, un menosprecio por la democracia, hay una diferencia abismal; que venga usted a leer los estudios de la tradición, excelente, sostenemos ese postulado; sostenemos que la lucha de los órganos electorales autónomos se da en la Ley; tenemos una propuesta que además hemos compartido. Las mismas propuestas que sus compañeros han venido a leer aquí sobre integración del tribunal, ¿de veras están seguros que eso va a garantizar la democracia?
No es un problema constitucional, se puede crear un tribunal que si no tiene las facultades adecuadas, no funciona democráticamente; se puede crear un tribunal que si no tiene los medios de valoración adecuados, no podrá resolver con apego a la justicia electoral; son temas discutibles que tienen que tratarse en la Ley ordinaria, diputado. Eso tiene que entenderse perfectamente.
Pero aunque se tenga un criterio divergente, la posibilidad de poder llevar a cabo una buena reforma que no consideramos que deba ser para el ratito, para poquito, de a lo que se pueda.
Una reforma democrática verdadera, también está en función en la capacidad de que podamos
dedicarle tiempo a esos temas y no vengamos una y otra vez aquí a rectificar posiciones que no tenemos por qué dejar pasar.
Por supuesto que nos sometemos al juicio, somos tal vez un partido que como pocos es sometido intensamente a la revisión crítica de analistas, de periodistas, de políticos. A eso no le tememos; lo que no nos parece es que se hagan afirmaciones sobre el PAN, con base en hechos que son falsos. Usted ha dicho varios aquí, dijo el de Conchello, por ejemplo, para decir que el PAN era antidemocrático y era un hecho falso y ni siquiera ha venido a decir que se equivocó o que de dónde lo sacó, quién se lo platicó.
Dijo lo de Luis Alvarez, afirmaciones gravísimas que son falsas también. Yo le pido que, está bien, entablemos un debate, creo que no es el lugar, ahora entre PAN y PRD, sobre nuestras concepciones democráticas, sobre nuestra historia, nuestros antecedentes, nuestros dirigentes o nuestras élites, como usted le llama. Pero que no lo hagamos primero, en base en cosas falsas y segundo, que lo hagamos en análisis objetivo de las cosas que estamos discutiendo y no ocurrencias que no son las que le darán el espacio democrático a México.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene la palabra la diputada Rosa Albina Garavito.
La diputada Rosa Albina Garavito Elías:
Gracias, señor Presidente:
Tiene razón el diputado Calderón Hinojosa. No bastaría con que la mayoría priísta aceptara las propuestas que el Partido de la Revolución Democrática ha venido sosteniendo a lo largo de los últimos ocho meses en el espacio que se abrió en la Comisión Plural que se conformó en esta Cámara de Diputados y a lo largo de mucho más de ese tiempo, sobre todo a partir de la crisis política que se abrió en las elecciones federales de 1988.
Tiene razón. No sería suficiente que se aprobaran todas esas iniciativas para dar garantía a la legalidad del voto; hace falta un elemento más: hace falta la voluntad política del Gobierno y de su partido, para respetar la legalidad. Pero quiero también señalar que para arrancar la voluntad política al Gobierno y hacer cumplir no solamente la Ley vigente, si no la que el acuerdo entre las fuerzas políticas aquí representadas en la Cámara, con vocación democrática, lográramos en esta reforma electoral, hace falta ponernos de acuerdo para arrancar esa voluntad política.
Esa voluntad política no la van a dar gratuitamente, esa voluntad política no se va a cambiar de manera graciosa; para eso tenemos que luchar todas y cada una de las fuerzas democráticas.
En esa lucha, en esa conjunción de esfuerzos, por supuesto que tenemos el derecho y a nadie hemos otorgado un cheque en blanco para no hacerlo, en torno a los juicios que no merecen todas y cada una de las fuerzas políticas aquí representadas.
Nadie le puede quitar el derecho al diputado Camilo Valenzuela, de enjuiciar, según su criterio, como ciudadano libre que es, en torno a la actitud de esas fuerzas políticas. No se le puede quitar al diputado Camilo Valenzuela, no se le puede quitar a ningún diputado del Partido de la Revolución Democrática y a ninguna fuerza política aquí representada. Por supuesto que es parte del proceso político; la reflexión, el juicio crítico, no la abstención, no la elusión sobre la calificación de hechos reales.
Hacemos un llamado entonces a que se nos respeten los juicios que cada uno tengamos sobre el comportamiento político de todas las fuerzas en este proceso.
Pero llamo la atención, sobre todo, por el juicio político, el último, como hemos dicho nosotros, la prueba del ácido para esta reforma electoral, que será justamente a la hora de poner en práctica esta reforma, ya veremos si la reforma fue suficiente o no suficiente y ya veremos quiénes tuvieron la responsabilidad en no aportar todo su esfuerzo para que esta reforma fuese efectivamente la que el país necesita; el hecho de que nosotros enjuiciemos las posiciones de otras fuerzas políticas, no eliminan la relación de respeto que entre todos nos debemos.
Hago un llamado, entonces, a dar por terminado este debate en los términos que el Partido de la Revolución Democrática en esta momento está planteando.
Gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos, y hasta por cinco minutos, tiene la palabra el diputado Francisco José Paoli Bolio.
El diputado Francisco José Paoli Bolio:
Con su venia, señor Presidente señores diputados:
En el momento en que discutimos la reforma constitucional, se intercala una discusión que entraña un juicio de un partido a otro y se pierde la perspectiva de lo que estamos trabajando, con una serie de denuestos de un partido a otro.
Hay una serie de cuestiones que aquí en esta tribuna han sido planteadas y que no tienen qué ver siquiera con los artículos constitucionales que estamos discutiendo. Se hizo un juicio de que un partido desprecie a la democracia; se repitió de diversas maneras esta expresión, que es una calificación no sólo injustificada, sino que hiere, que falta al respeto a una organización y por el otro lado, se plantea que debemos caminar juntos en la denuncia, en el combate por la democracia.
¿Cómo se puede estar agrediendo, denostando y llegar al insulto, y pedir que trabajemos juntos por la democracia? Si el punto es tan claro de que por este lado hay traidores y por esta lado sólo hay puros, vayan los puros solos, trabajen solos, combatan solos y no estén pidiendo que hagamos alianzas que no son capaces después de sostener.
Señores: ni son ustedes los intérpretes del pueblo, porque el pueblo se expresa en forma plural, ni tienen en la correlación de fuerzas la suficiente como para poder imponer y ni siquiera lograr negociaciones de avance, ni mucho menos para medir cuáles son los minutos o los tiempos del pueblo.
Hablan ustedes de la centralización en un partido, cuando ustedes son subordinados de un caudillo que es la única voz de su partido, aquel que es capaz de regañarlos después de que todos han votado por la aprobación en lo general del artículo 3o.
¡Cómo es posible que ustedes no hablen de centralización, cuando han quitado en su última Asamblea una enorme cantidad de facultades que tenía el caudillo! ¡Cómo es posible, si ustedes están haciendo uso de una cultura política providencialista que se aprovecha por el lado de PRONASOL, pero también se aprovecha por el lado de un caudilismo providencialista exacerbado!
¡Si quieren discutir en ese terreno, también en ese terreno es factible discutir; pero no vengan después a decir que acabamos el debate! ¡El debate está planteado y es que hay una predisposición: para tener voluntad política, para arrancar la voluntad política del Gobierno, hasta donde podamos hacerlo, hay que tener voluntad propia! ¡Y no se tiene voluntad propia cuando se está sujeto a una única, a una última, voz; a una única, a una última, instancia!
Muchas gracias.
El Presidente:
La señora diputada Garavito tiene la palabra para rectificar hechos y esta Presidencia toma nota de que también se inscribe para el mismo propósito el diputado Camilo Valenzuela.
Tiene la palabra la diputada Garavito.
La diputada Rosa Albina Garavito Elías:
Gracias, señor Presidente:
Podemos juzgar, a partir de las intervenciones de los diversos diputados de la fracción parlamentaria del PAN, "que tiene la sensibilidad a flor de piel".
Si ustedes juzgan un agravio el calificar una actitud en torno a las consecuencias que tendrá el haber avalado una reforma electoral, que evidentemente no está garantizando la legalidad, el respeto al sufragio efectivo, entonces señores diputados del PAN, ustedes no están dispuestos, no están dispuestos es evidente, a enfrentar la responsabilidad política de su voto. Esto es lo que está aquí evidenciando.
Todas las fuerzas políticas tenemos por supuesto el riesgo a equivocarnos en la valoración de la situación política. Nadie, absolutamente nadie, tenemos el monopolio de la verdad. Pero para contribuir a la construcción de esa verdad, es necesario saber escucharnos en la tolerancia suficiente para poder justamente llegar a una verdad que puede ser compartida por la mayor parte de la sociedad y por la mayor parte de las fuerzas políticas. ¡A eso apostamos los diputados del Partido de la Revolución Democrática con nuestro debate parlamentario!
Les solicito entonces no tomen ustedes como una ofensa, como un agravio, el señalar que se considera una actitud poco consecuente con la democracia la de avalar una reforma política, una reforma electoral, que no garantiza justamente ese tránsito a la democracia.
Y reitero: no es con ofensas como las que vino a decir aquí el diputado que me antecedió en
el uso de la palabra, como podamos transitar para construir con el respeto que nos merecen nuestras diferencias, esa verdad con el mayor grado de colectividad y de consenso posible.
Yo hago un llamado entonces a que no continuemos por esta ruta del debate que descalifica.
Que en todo caso tengamos la valentía, que estoy segura que todos tenemos, para encarar y para afrontar las responsabilidades que tenemos cada uno como legislador y cada fuerza política como partido en este momento tan importante para el futuro político del país.
Hago entonces un llamado y hago además un recordatorio a la fracción parlamentaria del PAN, que hasta ahora nuestras relaciones han sido lo suficientemente cordiales como para en ningún momento romper un diálogo posible. A eso sigo convocando desde esta tribuna.
Y no solamente eso, quiero recordar que el compromiso que se adquirió en aquél desplegado que conjuntamente firmamos, ha sido una experiencia que nuestro partido sigue valorando a profundidad; pero que no se confunda, al menos, el diputado que me antecedió en el uso de la palabra. ¡Ni estamos solicitando, ni mucho menos rogando, ninguna alianza! ¡Sí todo debate respetuoso! ¡Si toda posibilidad de coincidencia! ¡Pero nada más! El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos
(desde su curul):
Señor Presidente.
El Presidente:
Señor diputado Fernández de Cevallos:
Había solicitado la palabra unos minutos antes el diputado Valenzuela... Cede el diputado Valenzuela su orden al señor diputado Fernández de Cevallos, quien tiene la palabra en este momento y, después, para rectificar hechos, el diputado Valenzuela.
El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos:
Señor Presidente; señores legisladores:
Yo quiero decir a la bancada del PRD que tal vez no sea una sensibilidad de nosotros a flor de piel. Nos hemos indignado porque se nos ha dicho aquí y ahora en esta tribuna, que tenemos un profundo menosprecio por la democracia y si esto nos produce indignación, nadie con razón y con justicia puede decirnos que tenemos la sensibilidad a flor de piel. Tal vez sea que tenemos conciencia clara de nuestra dignidad, como hombres y como ciudadanos.
Por otro lado, señora diputada Garavito, no es tampoco apegado a la verdad decir en esta tribuna que estamos avalando una reforma política priísta. Es una forma de menospreciarse posiblemente ustedes, pero ciertamente es una forma clara de menospreciar nuestro trabajo y tampoco lo aceptamos. Porque nosotros consideramos, apegados a hechos históricos y a verdades objetivas y conocidas muy bien por ustedes, que lo que hoy en buena medida se contempla en la reforma constitucional, no es una propuesta priísta ni es una idea del grupo mayoritario, ni es una demanda inventada en los últimos tiempos; es un conjunto de reclamos añejos, muy sentidos por la oposición democrática y puedo decirle que tiene décadas Acción Nacional de reclamar lo que hoy aparece como posible en una reforma concreta.
Por lo demás, no puede usted decir que hayamos avalado una reforma político- electoral, porque no falto a la verdad si le recuerdo que estamos hablando de una propuesta de reformas a artículos concretos de la Constitución y que en esta tribuna los oradores de Acción Nacional hemos dicho hasta la saciedad: ¡falta lo fundamental!, ¡falta lo fundamental en el orden de la Ley, que es la Ley secundaria! y, si lo hemos dicho aquí muchas veces, no es justo que se nos diga que venimos avalando una reforma político - electoral cuando falta más de medio camino ¡y lo más importante del camino por andar!, ¡y vamos a ver si lo terminamos con el PRI o no!
¡Pero lo cierto es que tampoco las propuestas que en orden a la Ley secundaria estamos demandando tienen factura priísta ni tienen antecedentes priístas; son demandadas también de usted, como de nosotros! Pero voy más.
Faltan, señores diputados, otros momentos que por razones de todos conocidas van a ser muy difíciles, porque termina un sexenio y porque viene una dinámica de campaña y de contienda y porque se van a confrontar los candidatos cara a cara frente al pueblo y porque nosotros aceptamos lo que usted nos pide, de tener tolerancia, pero no por una concesión de un partido a otro, sino por
elemental conciencia de una vocación democrática, porque el político que no tiene capacidad para tolerar y para concretar,
no es político y porque el hombre público que no busca conciliar en el acuerdo la diferencia de voluntades, poco servicio le hace por lo menos en este terreno a su patria. Pero la tolerancia la tendrán toda, con una condición, señores diputados, que no se nos pida tolerar el insulto, eso no nos lo pueden pedir o al menos no lo podemos garantizar.
Pero por último, el llamado al diálogo. Yo diría que por supuesto que lo recogemos, señora diputada, lo recogemos, porque creemos que a pesar de todo siempre será el diálogo y la búsqueda de caminos comunes lo que pueda salvar a una patria común.
Yo quiero decirles a los diputados del PRD y a todos los diputados de la nación, que a pesar de nuestras diferencias, profundas, graves, de fondo, si somos capaces de llevar por delante la idea de la patria, podemos encontrar en todo momento la concordia que se necesita, que presupone respeto y que reclama mucho amor a México.
Acción Nacional hará también en esas condiciones, su mejor esfuerzo por el bien de la patria.
Gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra para rectificar hechos, según lo había solicitado anteriormente, el compañero diputado Valenzuela.
El diputado José Camilo Valenzuela:
Con su permiso, señor Presidente:
Yo quiero insistir en que no insulto, creo que desafortunadamente el diputado Diego Fernández de Cevallos no se conduce de manera igual; hace poco la parte del contenido del linchamiento de la campaña posterior al del miércoles, él se expresó en relación a sectores sociales como chusma, como crápulas y no sé qué tantas cosas más y nos echó la maldición de que ojalá fracasáremos en 1994.
Yo quiero por el contrario retomar algunas cosas de contenido del debate político, que tan necesitado está este proceso de reforma electoral. La correlación de fuerzas, se dice, no nos permite imponer o lograr acuerdos en las negociaciones; yo creo que la correlación de fuerzas en este país no ha habido forma de medirlas después de 1988 en una contienda federal en donde está en juego el poder fundamental que en nuestra patria es el Ejecutivo.
De nueva cuenta, después de 1988 estamos ya a un escaso año de una contienda en donde se va a medir la correlación de fuerzas; vamos a ver, el pueblo dirá cuál es la correlación de fuerzas que hay en nuestro país y no en relación a favor del PRD, a favor de uno u otro partido, sino a favor o en contra de la democracia. Si el pueblo va a tolerar una vez más el fraude y la imposición o si el pueblo va a tener la capacidad de decisión para echar atrás el fraude y la imposición, porque ya no está dispuesto a continuar con un sistema político que está agravando el conjunto de los problemas que padece nuestra patria y que los tiene ya en niveles muy agudos, muy difícil poderlos soportar.
Creo que éstos son los problemas de la correlación de fuerzas reales; por lo demás, nosotros sabemos que la situación en que se ha desarrollado nuestro partido y el movimiento democrático nacional desde 1988 ha sido muy difícil, las baterías del régimen se han orientado desde entonces a tratar de debilitarnos, de reducirnos, de desarticularnos, no se han escatimado medios para ello y las campañas que nos han venido calificando de portadores de la violencia del todo o nada y de no sé qué tantos análisis para tratar de justificar un gradualismo infinito, no han servido precisamente para ayudar o para detener esta ofensiva, sino para alimentarla y justificarla.
Yo creo que el problema de si la actual reforma es o no del PRI es un problema en relación a cómo se vinieron dando las distintas iniciativas, es un problema también secundario. El problema es si la actual reforma genera un sistema electoral que garantice en sus aspectos esenciales la posibilidad de que se respete el voto, de que haya órganos neutrales tanto en la preparación como en la calificación, éste es el problema central y nosotros decimos esta reforma que aprobamos constitucionalmente, no garantiza eso que es la esencial demanda en nuestro pueblo.
El problema de si la propuso el PRI o si la propuso el PAN o cómo fueron agregándosele aditamentos y qué variantes hubo, es a estas alturas totalmente accesorio.
Esta reforma que ayer se avaló en lo... que en la sesión anterior se avaló en lo general y que hoy estamos discutiendo en lo particular, deja intocado lo esencial, el control de régimen sobre el sistema electoral mexicano y con ello la posibilidad de seguir agraviando el sufragio de nuestro pueblo.
Es por lo demás, otra divergencia más que habrá que agregar. La versión de que nos falta más de medio camino en esta reforma con lo del Cofipe.
Compañeras y compañeros, si no asimilamos la experiencia de 1989, donde avalamos la reforma constitucional y después con promesas y expectativas creíamos que en el Cofipe iban a venir medidas que ahora sí van a posibilitar mayor limpieza electoral.
Si no asimilamos esa experiencia y volvemos a venirnos a decir a nosotros mismos que la Constitución es secundaria, que lo principal es el Cofipe, pues compañeros, creo que ni asimilamos la experiencia inmediata relativa a la reforma electoral anterior y parece que estamos subvirtiendo el orden jurídico de esta país, que se supone que tiene conocimiento precisamente de la Constitución mexicana.
Yo creo compañeras y compañeros diputados, que es evidente la diferencia entre nosotros y no son denuestos, es valoración política que puede resultarles incomoda y por lo visto les resulta muy incomoda, pero en una valoración política a la que no se puede descalificar con denuestos ni con defensa de falsas o supuesta o sensibles dignidades. Gracias.
El Presidente:
El señor diputado Diego Fernández de Cevallos, para contestar alusiones personales, tiene el uso de la tribuna.
El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos: Me propongo señores legisladores, demostrar que nuevamente falta a la verdad un diputado del PRD.
Y voy a demostrar por qué no hay congruencia en mi conducta pública, señor diputado.
En primer lugar, porque creo que "chusma" quiere decir multitud de hombres que irrumpen o actúan en desorden. Si eso es ofensivo, pruébelo y dígalo así en un nuevo diccionario. Yo he aprendido en los diccionarios y en las gramáticas el lenguaje que utilizo y chusma no es otra cosa, es un grupo humano, en un concierto de hombres que actúan en desorden, que irrumpen en desorden, que se conducen en desorden, pero además, yo no ofendí a la chusma, lo dije y lo repito y hay constancia de periodistas serios sobre el particular, que reconocí sus legítimos derechos en esta reclamación y en esa demanda, que habían sido seguramente humillados y que no tenían forma honesta de vivir, en la medida de que no se les permitía una morada digna y alimento y todo lo que se requiere para vivir con dignidad.
Lo recogen periódicos y revistas que no tienen mucha proclividad para el que habla. Lea usted Proceso, si le sirve de algo.
Segundo. Cuando yo sostuve que ese tumulto tenía la razón en su demanda y que su demanda era legítima y añeja, sí hice una reclamación y que por supuesto hoy ratifico. Yo reclamé y reclamo en contra de quienes lanzan a esas multitudes o a esas chusmas en contra de una institución como ésta y que manden por delante a las mujeres y a los niños. Alguien me decía: es que las mujeres no tienen guarderías para dejar a sus niños; pero yo he visto ahí a las madres de los que inducen a los que vienen aquí. A lo mejor es que ésos que no dan la cara tienen madres con guardería o tienen otra razón.
Usted dijo aquí que estábamos avalando una reforma política, sin tocar el control de los organismos electorales, que quedan en manos del Estado. Eso, señor diputado, merece dos consideraciones en vía de respuesta: primero, que malamente se puede usted adelantar si nos queda el largo camino de la Ley Electoral en donde su partido puede, si quiere, hacer grandes aportaciones.
Ahí tenemos en el Código Electoral muchas posibilidades de avanzar, precisamente con ustedes, si quieren ustedes avanzar con nosotros.
Pero vamos al trabajo sensato, vamos a la propuesta constructiva, no apostemos a las reuniones interminables, pero que de antemano todos sabemos y podríamos apostar que el final sería el mismo: no se pudo avanzar.
Y si está tarea pendiente, ¿por qué públicamente no nos comprometemos Acción Nacional y el PRD?; ¿por qué no damos esos debates sobre los organismos electorales frente a la prensa, frente a la televisión? ¿por qué si el PRD tiene voluntad de construir organismos electorales que conformen una realidad política diferente, no nos aceptan la invitación y de cara a la nación hacemos la propuesta y la demanda?
Pero de nada sirve firmar con ustedes en los diarios lo que sea; de nada sirve suscribir con ustedes compromisos; al final hay una razón donde el Gobierno es malvado y donde nosotros
seguimos, pícaramente y por conveniencia de pandilla, a un grupo político que es antidemocrático. Eso se llama, en cualquier país de la tierra, maniqueísmo.
Pero voy más. yo no creo faltar a la congruencia, señor diputado. Por supuesto, los diarios nacionales y los medios televisivos, reportaron al que habla haciendo reclamación muy dura contra los que no dieron la cara y lo insistí muchas veces y hasta donde yo sé, caso todos los manifestantes de la semana anterior, dieron aquí la cara, con violencia si se quiere, pero dieron la cara.
Entre otras cosas me refiero a quienes pagaron suculentos bocadillos cuyo origen no se supo.
Y no vengo a decirle que por supuesto, había violencia en mi respuesta, pero señor diputado, usted olvida una cosa, que hubo horas de vejaciones, horas de insultos, horas de atropello, más que a la persona de los diputados, más que a los diputados...
No, señorita.
Más que a los diputados.
La diputada Martha Patricia Ruiz Anchondo
(desde su curul):
Señor Presidente, quisiera hacer una interpelación al orador.
El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos:
No, señorita.
El Presidente:
Diputada Anchondo, denegada.
Continúe, señor diputado.
El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos:
Por supuesto que hice reclamaciones fuertes, pero ¿por qué olvida que hubo antes horas y horas de agresiones y de injurias?
Y yo se los dije hace un rato, si quieren diálogo con nosotros, lo tendrán; sólo reclamamos una consideración: respeto y, el miércoles de referencia no hubo respeto. Quiere decir que para adelante están claras las cartas sobre la mesa.
Nos van a oír; ustedes nos dicen cómo.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene la palabra la señora diputada Ruiz Anchondo y, a continuación, la tendrá el señor diputado don Alberto Carrillo.
La diputada Martha Patricia Ruiz Anchondo:
Gracias, señor Presidente:
Antes de iniciar esta pequeña intervención, quisiera decir que comparto la idea de la mayoría de mi fracción parlamentaria, en el sentido de que el debate se debe orientar hacia lo fundamental. En este caso he acudido a la tribuna por una serie de afirmaciones sobre unos hechos sobre los cuales yo estoy involucrada.
Quise hacer una interpelación al orador que me antecedió en el uso de la palabra, no me la aceptó. El hace referencia reiterada a la gente que no dio la cara, a gente que pagó, pero antes y subyace dentro de su acusación, que esa gente pertenece a determinado organismo político.
Yo quiero que usted me conteste a quién se refiere cuando dice que hubo gente que no dio la cara, porque aquí los que pagamos la factura de todo lo que sucedió el 18 de agosto, fuimos gente que estuvimos totalmente al margen de los acontecimientos violentos y por eso hemos demandado que se llegue a fondo en la investigación, y por eso acudimos ante la Procuraduría y exigimos el esclarecimiento de los hechos.
Ahora que se quiere decir que se nos ha otorgado un perdón, yo no tengo por qué pedir perdón de lo que no hice. En ningún momento hice mal uso de mi fuero constitucional y los hechos violentos que se suscitaron aquí son responsabilidad de alguien que sí está detrás de esto, que motivó y provocó los acontecimientos, pero que no tiene qué ver con gente de mi partido ni con gente que es dirigente del movimiento social y por eso a la Procuraduría le corresponde aclararlo, por que si se aclara, entonces se va a saber quién fue el que motivó esta situación para generar un clima de linchamiento contra mi partido y particularmente contra mi persona y algunos dirigentes muy cercanos a mí.
Esto, compañeros, nosotros lo vamos a resolver incluso hasta vía judicial y lo vamos a demandar,
porque aquí se ha hecho daño moral y se ha calumniado a gente que han estado luchando, si ustedes quieren de maneras distintas y cada quien por los canales que considera pertinentes, pero siempre en el marco de la legalidad.
No se vale que se calumnie así a los dirigentes sociales y porque están los dirigentes sociales defendiendo los derechos del pueblo, entonces ya son dignos de cualquier calificativo. Aquí en México la mayoría es pueblo, la mayoría es gente pobre y esa gente reclama dignidad en el trato, en la correspondencia de este Poder hacia sus demandas y en el acceso y el diálogo abierto con sus representantes populares. Gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Alberto Carrillo.
El diputado Alberto Marcos Carrillo Armenta:
Con su permiso, señor Presidente:
No quiero dejar pasar esta oportunidad de hacer unas reflexiones acerca de algo que nos ha ilustrado este debate sostenido hace unos momentos por las fracciones parlamentarias del PAN y del PRD.
Quiero hacer, creo que ha quedado evidente en este debate, que hay un elemento nuevo en la situación política del país y que es indiscutiblemente el nuevo papel que el PAN está jugando y el nuevo papel que el PAN va a jugar en los próximos tiempos.
Hay una pregunta elemental: ¿por qué el PAN se ha convertido en los últimos meses, con mucha fuerza, pero algo que ya se venía venir desde 1988, en el sujeto principal, en la búsqueda de alianzas? ¿Por qué el PRD le busca con tanto denuedo? ¿Y por qué al PRI le interesa privilegiar de toda la gama de posibilidades de relación política su alianza con el PAN?
Yo creo que es evidente que algo está sucediendo en el país y que a partir de la reforma que hoy estamos realizando, el PAN va a jugar un papel distinto; es una fuerza de reconstrucción del sistema político mexicano por la vía que no nos gusta, que hemos llamado la vía perversa del bipartidismo. Es decir, hay una tendencia de reconstrucción, del sistema de partido casi único, por la vía del bipartidismo y en esta reforma eso está quedando cada día más claro.
Pero también queda clara otra situación. El Partido de la Revolución Democrática ha venido equivocando su táctica y la ha venido equivocando de manera profunda con un costo altísimo para el país.
La táctica del PRD de la llamada transición democrática, no nos está transitando a la democracia de ninguna manera, no ha logrado incorporar sectores sociales ni fuerzas políticas a su proyecto. Es una táctica que hoy demuestra lo equivocada que ha sido, por poner énfasis en su arraigado antipartidismo y precisamente buscar alianza con un partido, el de Acción Nacional, en donde nunca va a encontrar lo que dice que afanosamente anda buscando.
Creo que también en este debate ha quedado perfectamente ilustrada esa situación.
Y en cambio, la táctica del PAN, por supuesto que es una táctica totalmente exitosa, ha logrado establecer una profunda alianza con el PRI de tipo ideológico, de tipo estratégico, incluso pragmática, con sectores del Gobierno que se caracterizan por su afán, digámoslo en los términos que les gusta hablar a los compañeros del PRD, más neoliberal; que ha venido derivando cada día más en una estrategia por afinidades selectivas.
Creo yo que los compañeros del PRD andan buscando un aliado táctico en el PAN, cuando el PAN ha definido con toda claridad que tiene una alianza estratégica con algunos sectores del Gobierno y del Partido Revolucionario Institucional.
Es decir, no se dan cuenta nuestros compañeros del PRD, que existen bases, condiciones en la economía, en la sociedad, en la política, en las relaciones internacionales, que han permitido configurar de manera sólida una estrecha relación estratégica entre el PAN y el PRI.
Nosotros hemos venido acompañando al PRI y a sectores del Gobierno, en la reforma de Estado, porque coincidimos en algunas de sus premisas fundamentales e iniciales: redimensionamiento del Estado, liberación de fuerzas sociales; incluso, la estabilización de la economía etcétera.
Pero esta reorientación de la política gubernamental siempre ha tenido un peligro y siempre ha caminado por el filo de la navaja, que es precisamente la posibilidad de ser altamente aprovechable por las grandes élites y los poderosos intereses económicos, que pueden aprovechar esta situación.
Esta reforma de hoy, que discutimos ya en su fase final, demuestra un cambio profundo en la
correlación de fuerzas. No nos gusta, pero lo comprendemos perfectamente; pero el PRD todavía es hora que no lo comprende, no ha comprendido su táctica, no ha comprendido sus profundos errores y parece, por este debate, que todavía no lo comprende y eso daña profundamente al país.
El PRD no comprende su papel de tercera fuerza, no comprende el movimiento político que le dio origen, no comprende a las fuerzas de izquierda, centro y progresista, que buscaron una alternativa en 1988, en el Frente Democrática Nacional. Es lamentable, pero es hora, a tres años de distancia, que todavía nuestros compañeros no comprendan su papel.
Grave responsabilidad de ellos y grave responsabilidad de nosotros, que en el Frente Democrático Nacional no pudimos convertirnos en alternativa y ahora vamos a padecer la reconstrucción del sistema de partido único, por la vía del bipartidismo. Gracias.
El diputado Gilberto Rincón Gallardo y Meltis (desde su curul):
Señor Presidente, pido la palabra para hechos.
El Presidente:
El diputado Rincón Gallardo, tiene el uso de la palabra para rectificar hechos.
El diputado Gilberto Rincón Gallardo y Meltis:
Señor Presidente; señoras y señores diputados:
No es la primera vez en este debate, que los compañeros del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, so pretexto de su persistente lucha contra el PAN, nos pega por parejo al PRD o nos da más fuerte.
No me extraña esa actitud, no es nueva, ya tiene tiempo atrás y creo que sería muy largo estar haciendo un debate sobre actitudes que son francamente preconcebidas.
Pero creo que es conveniente aclarar por lo menos una cosa: ¿cómo concibe el PRD sus alianzas y la lucha por la democracia? Y lo voy a hacer de la manera más sencilla y más simple, sin hacer demasiadas búsquedas teóricas, sino las más sencillas.
Estamos convencidos, en el Partido de la Revolución Democrática, que en este país hay fuerzas para transitar a la democracia y lo que requiere este país es iniciar el tránsito a la democracia.
Por lo tanto, nos hemos comprometido a marchar juntos con todas aquellas fuerzas políticas nacionales o locales y fuerzas sociales, que estén dispuestas a hacer algún aporte por la democracia. Estamos todos en el mismo nivel y nosotros buscamos hacer aportes, para encontrar el camino a la democracia.
Y en ese sentido no hay que darle muchas vueltas para saber que el PRD hace un compromiso a priori con todos aquellos que estén dispuestos a soportar algo en favor de la democracia y en eso nos uniremos.
En lo que nos hemos unido está explicado, son puntos democratizadores. Nunca en ninguna ocasión nos hemos unido en pos de nada, nada más con aliarnos y por sumar fuerzas, eso quien lo afirme comete una falsedad. Siempre que nos hemos aliado hemos tenido un explicación clara, porque vamos con puntos muy claros de democracia.
Y lo hemos hecho con muchas fuerzas y con casi todos los partidos políticos nacionales. Tenemos la convicción de que en este país el obstáculo principal a la democratización es el partido oficial y el Gobierno. Pero si el partido oficial y el Gobierno dan un paso que sea claro para todo mundo en favor de la democracia, lo daremos juntos y estamos dispuestos a marchar con todos aquellos que estén dispuestos a marchar democratizando al país.
La lucha por la democracia la concebimos compleja y que requiere de la unión de fuerzas distintas y diversas, en ocasiones opuestas y eso no le quita valor a la lucha. En todos los países donde ha habido un tránsito pacífico a la democracia, ha sido porque han encontrado acuerdos, pactos fundamentales, fuerzas que son tradicionalmente opuestas y distintas y, ojalá llegara el momento de encontrar las fuerzas para hacer un pacto nacional entre todos y marchar a la democracia, ahí estaremos.
Y eso cualquiera lo entiende y no compartimos, lo decimos claramente, la táctica de aquellos partidos, sea el que sea, que dice: con esta fuerza no marcho ni a la gloria; con esta otra no doy un paso así sea claro y democratizador; con esta otra no marcho ni a la esquina.
Estamos completamente en contra de esa idea y por eso seguiremos haciendo esfuerzos y con
todos aquellos que quieran dar un paso democratizador, que se explique claramente al pueblo y que quede claro que si se trata de parte de la lucha por la democracia, lo haremos. Ese ha sido el sentido de todas, sin excepción, de todas nuestras alianzas.
El Presidente:
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo 41 de la Constitución.
El secretario Rubén Pabello Rojas:
En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo 41.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
Suficientemente discutido el artículo 41, señor Presidente.
El Presidente:
Se reserva para su votación nominal en su conjunto. Señor diputado González Avelar, ¿con qué objeto?
El diputado Miguel González Avelar (desde su curul):
Para formular una propuesta.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado González Avelar, para formular una propuesta. Antes de cederle el uso de la palabra al diputado, ruego a la Secretaría conservar las propuestas de modificaciones presentadas por los diputados en derredor de la discusión del artículo 41, para que se pongan a consideración de la Asamblea al término de la discusión en lo particular.
El diputado Miguel González Avelar:
Gracias, señor Presidente:
Es indudable para todos los presentes, que a partir de la presentación de la propuesta de reformas constitucionales de la que se ocupa ahora esta representación nacional, la opinión pública del país, la nación entera, en una palabra, levantó una muy viva expectación a propósito del curso que esas deliberaciones tendrían y no cabe duda que una de las preocupaciones más vivas de ese debate fue la relativa a la propuesta de modificación a la fracción I del artículo 82 de la Constitución.
Esa propuesta y el debate que la ha acompañado ha movido fibras muy sensibles de entre las más sensibles de nuestra índole nacional y ha preocupado a muchos, ha interesado a todos y, ciertamente, hay una expectación, así lo considero, en el seno de la sociedad mexicana para conocer de qué manera se pronuncia en definitiva o por dónde se encaminan los rumbos para resolver esta cuestión.
El día de hoy, como se ha estado haciendo, nos ha tocado discutir en lo particular el conjunto de modificaciones que en lo general aprobamos en la sesión anterior. Hoy, alrededor de las 12.00 horas del día comenzamos a discutir el artículo 41, de ocho artículos que están comprendidos en el dictamen, más los artículos transitorios.
Una sencilla operación aritmética, una regla de tres elemental, nos indica a qué horas podríamos esperar estar discutiendo esta materia a la que me he referido, La nación entera, digo, la sociedad, la opinión pública y quienes le llevan las noticias de esta Cámara, están ciertamente en expectación para conocer pues el debate que a propósito de este asunto pudiera darse.
Esta es la razón por la cual me he subido a esta tribuna para proponer a ustedes, para solicitar al señor Presidente, en su caso, que adelantásemos, que modificásemos el orden del debate de los artículo de los que nos estamos ocupando, de tal manera que la fracción I del artículo 82 fuese considerada inmediatamente después del artículo 41, sin que con esto se dejasen de discutir, por supuesto, todos los demás artículos y los transitorios; en este caso se pediría también que la fracción I del artículo 82 más el artículo transitorio que en el dictamen viene referido a esa fracción de ese artículo, también se pusieran de inmediato a consideración.
En consecuencia y dado que es un asunto de trámite parlamentario, no estoy presentando una iniciativa, no estoy presentando, en rigor, una proposición, sino estoy sugiriendo que por práctica legislativa se ponga a consideración de
la Asamblea este asunto. Así lo solicito respetuosamente al señor Presidente que lo haga, si tiene a bien acceder a esta petición. Gracias.
El Presidente:
Consulte la Secretaría a la Asamblea si como lo solicita el diputado González Avelar, se adelanta la discusión al artículo 82.
La secretaria Patricia Terrazas Allen:
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la propuesta. Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo...Aceptada, señor Presidente.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Francisco Arroyo.
El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: (desde su curul): Señor Presidente: Pido la palabra en términos del 110 del Reglamento para hacer una proposición sobre el 82.
El Presidente:
Ha solicitado previamente la palabra el señor diputado Arroyo y a continuación se la daremos al señor diputado Encinas.
El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez (desde su curul):
Señor Presidente: es en términos del artículo 110, solicito la palabra antes de que se inicie el debate sobre el artículo 82.
El Presidente:
En consecuencia, señor diputado Arroyo, le ruego ceda usted su turno al señor diputado Encinas.
El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez:
Muchas gracias, señor Presidente:
Coincido sin lugar a dudas con el planteamiento que ha hecho el compañero González Avelar, sobre la importancia que representa para la sociedad mexicana, la discusión sobre el artículo 82 constitucional.
Sin lugar a dudas, esto ha despertado un gran interés en la ciudadanía y ha sacado a relucir un debate que desde 1917 había permanecido cancelado, y creo que es oportuno que nosotros hagamos una reflexión en torno no solamente a la trascendencia, sino al mecanismo idóneo, a través del cual esta Cámara de Diputados, deberá resolver un asunto en el que a mi juicio y a juicio del Partido de la Revolución Democrática, amerita el mayor detenimiento y el mayor esfuerzo por recoger las preocupaciones de los ciudadanos en nuestro país.
Antes de presentar una proposición a nombre del Partido de la Revolución Democrática, en relación con la discusión de este artículo, quisiera plantear brevemente algunos antecedentes históricos y la fundamentación de esta propuesta.
Ya en el Acta Constitutiva y en la Constitución de 1824, se estableció que bastaba con que el ciudadano hubiera nacido en territorio mexicano, para poder postularse a la Presidencia de la República, de acuerdo al principio de jus soli.
Por decreto del 14 de abril de 1928, se amplía en términos reales este principio al establecerse que: los hijos de los ciudadanos mexicanos que nazcan fuera del territorio de la nación, serán considerados como nacidos en él. Se introduce así con esto, el principio del jus sanguinis.
La Constitución de 1857, influida por el decreto anterior, establece que serán mexicanos por nacimiento, los hijos de padres mexicanos nacidos dentro o fuera del territorio nacional.
El proyecto de Ley extranjería, establecía en su artículo 29, que los hijos de los extranjeros por el principio de jus sanguinis, también serán extranjeros hasta naturalizarse mexicanos a la mayoría de edad y que estarían incapacitados para desempeñar los cargos o empleos en los que se exige la nacionalidad por nacimiento.
El 12 de mayo de 1886, el entonces diputado José Yves Limantour, solicitó la modificación de este artículo de la Ley de la extranjería, lo cual fue aprobado por el legislativo. El argumento fue que el nacido y educado en México, guarda el mismo patriotismo sin importar si sus padres son extranjeros o mexicanos de origen.
Cuando el 8 de mayo de 1893, Limantour fue nombrado secretario de Hacienda, hubo un gran descontento por ser hijo de extranjeros. Sin embargo, es hasta 1902 con motivo de la sucesión presidencial en que se agudizan los ataques contra este personaje, quien en su defensa pública que señala que personajes como Lucas Alamán, Valentín Gómez Farías, Sebastián Lerdo de Tejada, Ezequiel Montes y José María Iglesias, habían sido hijos de padres extranjeros.
En 1909, el principal contrincante de Limantour, el general Bernardo Reyes, también era hijo de padres extranjeros.
En el Constituyente de Querétaro, el 17 de enero de 1917, se dictaminó el artículo 30 del proyecto de Venustiano Carranza, Francisco J. Mújica, Alberto Román, Luis Monzón, Enrique Recio y Enrique Colunga, dictaminaron en el sentido de asimilar a los mexicanos por nacimiento, los hijos de extranjeros nacidos en territorio nacional.
El dictamen fue atacado en el pleno por José Natividad Macías, quien puso como ejemplo el caso de Limantour y las posibilidades de que un integrante del grupo de los científicos, hubiera llegado a la Presidencia de la República.
En el proyecto de Carranza, influenciado por este razonamiento de Macías, se estableció por primera vez en la Constitución, en su artículo 82, como requisito adicional, para ser Presidente de la República, el que fuera mexicano por nacimiento y que sus padres fueran igualmente mexicanos por nacimiento.
Lo anterior, precisamente para evitar que casos futuros como el de Limantour se volvieran a presentar.
Como se puede observar, en la historia constitucional y política de México no ha existido una tendencia única en relación con este tema. Por el contrario, nuestro constitucionalismo ha adoptado distintos criterios y principios atendiendo a diversas etapas históricas. Lo que es claro, es que en diferentes momentos destacados intelectuales y políticos de diversas tendencias e ideologías, han debatido con argumentos de peso a favor de plasmar en nuestra normatividad uno u otro principios.
En este debate histórico, el cual en esta legislatura se revive, se han confrontado dos posiciones que ahora se siguen manifestando al seno de todos los grupos parlamentarios.
Por una parte, quienes se manifiestan por respetar y darle concreción a una garantía elemental, en un sistema que se quiera concebir como democrático y representativo, que es la de igualdad de derechos políticos para todos los mexicanos, independientemente de su ascendencia.
En este sentido se han manifestado personalidades de la talla de: Francisco J. Mújica, al cual nadie que conozca su trayectoria, podría tachar de antipatriota.
Por una parte, en una posición contraria, se ha enfatizado la experiencia histórica que han recorrido los mexicanos, marcada por una constante lucha por conformar y defender nuestra nación y en particular algunos hechos de no grata memoria que han tenido lugar en nuestro país.
Alguien que quiera abordar con seriedad el tema que nos ocupa, aun optando y asumiendo algunas de las posiciones señaladas, no podría dejar de reconocer la parte de la verdad y los argumentos de quienes defienden una posición contraria.
No será entonces con descalificaciones apresuradas que podremos resolver con serenidad y ponderación, un asunto que se remonta a nuestra formación misma como nación y que toca fibras muy sensibles de los mexicanos.
Por lo anterior, es comprensible que un asunto que no estaba planteado en la agenda original de discusión de la reforma político - electoral, haya despertado un amplio y a veces enconado debate entre las fuerza políticas y en la opinión pública; desafortunadamente, a costa de relegar el debate central que nos debería ocupar con mayor desempeño, que es el de las instituciones y procedimientos electorales en México.
Es un hecho que no existe a la fecha, un consenso respecto al tratamiento que se debe dar al artículo 82 constitucional. Basta con revisar la opinión de buena parte de los estudiosos del tema, de articulistas, intelectuales y ciudadano, además de las diferencias que se han planteado entre las fuerzas políticas e incluso al interior de ellas.
Mientras que los temas contenidos en las demás reformas constitucionales que propone el dictamen que se discute han sido motivo de una amplia discusión que ha llevado años, desde 1976 por lo menos, que ha sido motivo de recurrentes foros, consultas públicas, seminarios y numerables debates parlamentarios que han permitido a franjas importantes de la sociedad conocer diversos puntos de vista y fundamentar su propio criterio, ha llevado a los legisladores a la necesidad de
modificar en varias ocasiones la Constitución y la ley secundaria a partir de las demandas y reclamos de la sociedad, por cierto aún insatisfecha con los cambios hasta ahora realizados.
Por el contrario, el debate en torno al artículo 82, apenas está aflorando; no ha sido un asunto que parta de un reclamo generalizado de la sociedad, no es tampoco un rubro que hubiera merecido una discusión importante durante las últimas décadas, se requiere entonces conformar canales para que la sociedad se pronuncie, para ponderar argumentos y soluciones, para debatir con la mesura y profundidad que este tema y otros vinculados con los derechos políticos de los ciudadanos amerita.
Tenemos ya experiencias, algunas muy recientes, de reformas realizadas con premura y sin la debida participación de la sociedad, que demeritan el papel y el trabajo del Poder Legislativo. No incurramos hoy en el mismo error. No nos atribuyamos una representación social en abstracto, sin confrontar nuestra opinión como legisladores o como grupos parlamentarios con el sentir y con la opinión razonada de sectores importantes de la sociedad en relación con este tema.
Es necesario entonces que esta Cámara de Diputados, antes de discutir y aprobar en lo particular la reforma a este artículo que propone el dictamen, convoque a los ciudadanos a manifestarse sobre este tema. El mecanismo idóneo para ello sería el referendum, el cual ha sido propuesto por nuestro partido en la iniciativa presentada al pleno de esta Cámara y que inexplicablemente no ha sido motivo de atención y razonamiento en el dictamen que se discute.
Sin embargo, se tiene la posibilidad de ejercer responsablemente la atribución a una consulta pública nacional en relación con un asunto que es de interés de todos los mexicanos.
La propuesta de reformas al artículo 82 constitucional contenida en el dictamen, no sólo no ha sido consultada y discutida con profundidad, además aborda de manera parcial el problema de la restitución plena de derechos políticos a los mexicanos, ignorando por ejemplo la necesidad de permitir a los compatriotas que se encuentran en el extranjero ejercer su derecho al voto.
Adolece, además, de aberraciones jurídicas, como es el hecho de ligar este artículo a un transitorio donde de manera arbitraria se condiciona un derecho a ejercerse hasta 1999, lo cual no tiene ningún fundamento jurídico o político y que hace pensar que no es necesario y urgente la aprobación de esta reforma para la cual se puede propiciar una mayor y más profunda reflexión.
Por todo lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 109 y 110 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática vengo a poner a la consideración de este pleno, la siguiente proposición:
"Única. Se declara moción suspensiva de la discusión en lo particular de la reforma al artículo 82 constitucional contenida en el dictamen que se discute en lo particular, hasta en tanto se realiza y se obtienen las conclusiones de la consulta pública nacional que sobre este tema será convocada por este órgano legislativo a través de su Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, en las fechas y de acuerdo a las bases que la propia convocatoria establezca."
Dejo esta propuesta en la Secretaría, insistiendo y recapitulando: si se quiere cometer este absurdo jurídico de reconocer un derecho y posponer su ejercicio hasta 1999, ¡qué mejor y por sanidad política de este Poder Legislativo, que convocar a una consulta pública sobre el tema, que nos permita tener las conclusiones que se deriven de la opinión de los mexicanos, para que podamos legislar sobre este particular en el segundo período de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio¡
Dejo a su consideración la propuesta, agradeciendo su atención.
El Presidente:
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se toma en consideración la moción suspensiva propuesta por el señor diputado Alejandro Encinas.
El secretario Rubén Pabello Rojas:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se admite o se desecha la propuesta de moción suspensiva del diputado Alejandro Encinas.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El Presidente:
Tiene la palabra el señor diputado Francisco Arroyo.
El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:
Con su permiso, señor presidente Rodolfo Echeverría; honorable Asamblea: Siendo de todos conocido y sentido el espíritu y alcance del contenido de la fracción I del artículo 82 constitucional y congruente con el ánimo de nuestros compañeros de fracción, vengo a nombre de un grupo de diputados a proponer, en los términos del artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, una redacción distinta a la prevista en el dictamen que discutimos y que tiene qué ver con los requisitos para aspirar a la titularidad del Poder Ejecutivo Federal.
No bastaría entonces con ser mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, pedimos además se agregue el imperativo de ser hijo de padre o madre mexicano o haber residido en el país durante 30 años.
Pretendemos así dar cauce a las inquietudes de miembros de este alto cuerpo colegiado, para que este precepto siga siendo y cumpliendo a cabalidad como filtro oportuno de la soberanía nacional.
Por tanto y en consecuencia, dejo en la Secretaría la propuesta de reformas a la fracción I del artículo 82 de la Constitución General de la República, presentada por los diputados que la suscribimos.
Artículo 82, fracción I. Ser mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos y ser hijo de padre o madre mexicano o haber residido en el país durante 30 años.
Firman los diputados: María de los Angeles Moreno, Miguel González Avelar, Rodolfo Becerril Straffon, Cuauhtémoc López Sánchez, Gustavo Carvajal Moreno, José Treviño Salinas, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Laura Alicia Garza Galindo, Guillermo Pacheco Pulido, Manuel Garza González, Joaquín Hendricks Díaz, Agustín Basave Benítez, Juan Antonio Nemi Dib, Manuel Díaz Infante, Luis Beauregard, Juan José Rodríguez Prats y el de la voz, Francisco Arroyo Vieyra.
El diputado Oscar Ricardo Valero Recio Becerra (desde su curul):
Señor Presidente, ¿quisiera consultar al orador si acepta una interpelación?, por favor.
El Presidente:
Señor diputado Arroyo, acepta usted una interpelación del señor diputado Valero?
El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:
No, en los términos del contenido del artículo que estoy usando para mi propuesta.
El Presidente:
Tiene la palabra el señor diputado Cuauhtémoc Amezcua.
El diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda (desde su curul): Señor Presidente: una petición, porque no oímos bien. Si pudiera instruir a la Secretaría para que leyera nuevamente la propuesta que se acaba de leer.
El Presidente:
Es un problema de audición.
Ruego a la Secretaría proceda a leer despacio y fraseando la propuesta del señor diputado Arroyo.
El secretario Florencio Salazar Adame:
"Artículo 82, fracción I. Ser mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos y ser hijo de padre o madre mexicano o haber residido en el país durante 30 años."
Servido, señor diputado.
El Presidente:
Servido, señor diputado.
Tiene la palabra el diputado don Cuauhtémoc Amezcua.
El Diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo:
Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros integrantes de esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Para el PPS y, esto no es un secreto para nadie de ustedes, este asunto, el del artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente el contenido de su fracción I, reviste un muy alto contenido, una elevada significación que tiene qué ver con cuestiones fundamentales relativas a la soberanía, a la independencia de la nación y a la seguridad interna de nuestra patria.
El Presidente:
Diputado Amezcua, ¿me permite usted una respetuosa interrupción?... Ruego a la Asamblea y a nuestros distinguidos visitantes orden y prestar atención al señor diputado Amezcua.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo:
Por lo señalado, el PPS ha estado en contra de que el artículo 82 sea modificado. Ha señalado que debe mantenerse su texto actual, no ha encontrado en los argumentos expuestos por quienes pretenden se modifique, ninguna razón sólida ni sustentada. Ha afirmado que no es un asunto que tenga qué ver con problemas de igualdad jurídica o con problemas de derechos humanos, que es un asunto que tiene qué ver esencialmente con los derechos de la nación para darse el régimen que mejor convenga a sus intereses, que es fruto de la experiencia histórica y que es también fruto de la conformación étnica de nuestro país.
Por las razones señaladas, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados, el PPS pone a la consideración de ustedes en los términos del Reglamento, una proposición distinta de la que ha dado a conocer el compañero diputado Francisco Arroyo. La nuestra dice así: "ÚNICA. Que la fracción I del artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se mantenga exactamente con sus términos vigentes".
Firma por la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, su servidor, diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.
Lo entrego a la Secretaría para su trámite correspondiente.
El Presidente:
A nombre de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, tiene la palabra el diputado Gustavo Carvajal Moreno.
El diputado Gustavo Carvajal Moreno:
Con su permiso, señor Presidente.
Vengo a esta tribuna con fundamento en los artículos 124 y 125 del Reglamento. Me permito subir a nombre de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para solicitar a esta Presidencia que en atención a que se han presentado varias propuestas que merecen considerarse por la importancia del tema, se ponga a consideración de esta honorable Asamblea, en votación económica, se regrese a nuestra Comisión dicha propuesta de reforma al artículo 82, fracción I, así como el artículo 60. transitorio para su estudio y dictamen correspondiente y se continúe con el debate de los demás artículos constitucionales que se encuentran en el orden del día. Muchas gracias.
El Presidente:
Como lo solicita el Presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, diputado Carvarjal Moreno, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si regresa a comisiones el artículo 82.
El diputado Eloy Vázquez López (desde su curul):
Pido la palabra en términos del 102.
El Presidente:
Diputado Vázquez, estamos ya sometiendo a votación la propuesta del diputado Carvajal Moreno.
Proceda la Secretaría.
El secretario Rubén Pabello Rojas:
En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se acepta o se desecha la proposición hecha por el diputado Gustavo Carvajal, en el sentido que ha quedado expuesto.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Se acepta la propuesta, señor Presidente. Regresa a Comisión el artículo.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Vázquez, para rectificar hechos.
Antes de que proceda el señor diputado Vázquez, quiero rogar que en los términos del artículo 124 y del 125 de nuestro Reglamento, regrese este artículo a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, junto con su correspondiente transitorio y las propuestas presentadas y tiene la Comisión el término reglamentario para emitir el dictamen correspondiente.
Proceda, diputado Vázquez.
El diputado Eloy Vázquez López:
Muchas gracias, señor Presidente:
Solamente queríamos plantear que íbamos a votar esta moción, a pesar de que no significaba una interpretación directa de lo propuesto por nuestro compañero Alejandro Encinas, pero se inscribía dentro del espíritu de lo que aquí vino a proponer nuestro compañero.
Esto demuestra que sí podemos, cuando existe el mínimo de voluntad política, aplazar y darle el ritmo natural que puedan tener los debates. Ojalá y se hubiera abierto no sólo a los miembros de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, sino a todo el pueblo de México; sin embargo, lo consideramos como un triunfo de la propuesta que aquí vino a hacer el Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias.
El Presidente:
Continúa la discusión de los asuntos en cartera e informo a la Asamblea que para proceder a la discusión en lo particular del artículo 54 de nuestra Constitución, se han inscrito los siguientes oradores: Hildebrando Gaytán Márquez, Adolfo Kunz Bolaños, Demetrio Hernández Pérez, Eloy Vázquez López, Salvador Valencia Carmona, Juan Campos Vega, Jesús Martín del Campo, Héctor Ramírez Cuéllar y Mario del Valle.
Tiene la palabra el compañero Hildebrando Gaytán.
El diputado Hildebrando Gaytán Márquez:
Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:
Alrededor de estas reformas que tienden a mejorar nuestra vida democrática, el Partido Popular Socialista ha dicho que la democracia viene siendo la culminación de toda una serie de etapas que deben cumplirse, para que precisamente la parte formal de la democracia, que es la de la elección de los gobernantes, pueda ser completa, válida, requiere del cumplimiento de otros aspectos, como está en primer lugar la satisfacción de necesidades básicas fundamentales del pueblo.
En segundo lugar, el haberse extendido a todas las capas de la población, la alfabetización y el conocimiento, el cumplimiento de la escuela básica. Un tercer aspecto sería el que cumplan los medios de comunicación y la consiguiente también práctica de la comunicación y la discusión del pueblo.
Cumplidos estos aspectos mínimos, es como la democracia en la etapa que estamos discutiendo, tiene el campo propicio para que ésta se dé.
Asimismo, el Partido Popular Socialista ha considerado que en la vida política de México, como en la de los otros pueblos, se ha seguido un proceso que va de lo que ha sido la participación individual de los ciudadanos en torno a determinadas figuras notables que llegan a representar intereses y aspiraciones , es decir, movimientos de ciudadanos, movimientos políticos que son los que propiamente se dieron aquí en el siglo pasado; pero desde hace unas cuantas décadas se ha entrado a la vida de los partidos políticos, que constituye una etapa superior de la discusión política, puesto que conduce a que las organizaciones formulen perfectamente las propuestas que dan para la solución de los problemas de la nación, del pueblo, es decir, que presenten un proyecto nacional, presenten reflexiones que tengan validez, que abran camino a las inquietudes y necesidades populares y por eso esta etapa de los partidos políticos, a raíz de que estas agrupaciones han sido consideradas como entidades de interés público, abren esta etapa del pluripartidismo de la lucha organizada, del
análisis de los problemas y de la educación política en el pueblo.
Por eso nos extraña y nos promueve a motivarnos en contra de los términos en que viene el artículo 54 para la integración de la Cámara de Diputados, porque reformando el aspecto en el que los términos vigentes se conceden curules de las consideradas en la representación proporcional al partido logre la mayoría de votos, y se le conceden hasta obtener la mayoría absoluta, lo que se ha llamado la cláusula de gobernabilidad, en los términos de la reforma que estamos viendo, de hecho aunque con otras palabras, pero en esencia mantienen esta serie de prerrogativas al partido que logre la mayoría de triunfos uninominales o de mayoría de votos, para que sin otro sustento se le otorguen, no solamente la mayoría absoluta, sino una cantidad mucho mayor.
Esto indudablemente que ubicado en el contexto histórico y en la evolución política de México a fortalecer el régimen de partidos políticos, constituye una retranca, una incongruencia que tiende a una sobrerrepresentación de los partidos o del partido que obtenga una mayoría.
El Partido Popular Socialista ha expresado en la Comisión Plural, cuál es a su juicio la forma más democrática para integrar la Cámara de Diputados, que es en este caso darle la preeminencia al sistema de la representación proporcional, para que así no haya absolutamente ninguno de los contendientes que obtengan mayores ventajas.
Pero además, quiero manifestar que en los términos en que viene el propio dictamen, que recogió a la iniciativa presentada también así en sus términos, quiero manifestar que la fracción VI del artículo 54 del dictamen que hoy discutimos, se presenta en términos ambiguos, que dan lugar a muchas interpretaciones, a confusiones y de hecho no cumple con los términos de una norma jurídica.
¿A qué se refiere la fracción VI cuando dice que ningún partido político que haya obtenido el 60% o menos de la votación nacional emitida podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios? ¿A qué se refiere? a que todos pueden recibir, diputados por el sistema de la representación proporcional, solamente con el requisito de que no hayan obtenido el 60% de los votos, es decir, que no haya llegado a esa cantidad, todos, ¿o qué aspectos son los que se prevén?
Aquí tenemos el caso de un apresuramiento, en que inclusive esta propuesta viene en términos ambiguos, ya he dicho, que no puede ser aprobada precisamente porque no da claridad. Pero siendo con esto un hecho que pudiéramos considerar sencillamente en cuanto a crítica, como es presentada esta iniciativa, el Partido Popular Socialista tiene su argumentación de fondo, en cuanto a que en este artículo 54 se sigue manteniendo una sobrerrepresentación al partido que logre la mayoría de las constancias, como está en el artículo 5o., y en la fracción VI, pues inclusive se cometen más errores que no es posible saber a qué se refiere y, por eso nuestro voto es en contra de los términos en que viene este artículo 54 y además nos permitiríamos y llamar a la consideración de quienes han suscrito este dictamen, para que se sirvan explicarnos qué quieren decir en esta fracción VI. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, diputado Gaytán.
Se concede el uso de la palabra al diputado Adolfo Kunz Bolaños. El diputado Adolfo Alfonso Kunz Bolaños:
Con su venia, señor Presidente:
Mi partido, como ya lo señalamos en la discusión en lo general, apoyó la propuesta de reformas, sin embargo, expresamente se reservó el artículo 54, que se refiere a la integración de la Cámara de Diputados y en relación con el cual votaremos en contra y haremos una propuesta alternativa.
Estamos en contra del artículo 54...
El Presidente:
Compañeros diputados: les suplicamos orden en la sala para poder escuchar al diputado Kunz Bolaños. Demandamos de ustedes a lo que todos aspiramos cuando hacemos uso de la tribuna: ser escuchados, compañeros.
Adicionalmente, les pedimos que nos ayuden a la conducción de esta sesión ocupando sus lugares y pidiéndole a sus colaboradores que despejen los pasillos.
Muchas gracias.
El diputado Adolfo Alfonso Kunz Bolaños:
Gracias, señor Presidente.
No nos estamos oponiendo, en el caso del artículo 54, a un mecanismo electoral.
Para nosotros el alcance de este artículo es mucho más.
Si seguimos la clasificación de Giovanni Sartori, estamos, en el caso de México, frente al caso de un sistema de partido hegemónico y existe un partido hegemónico cuando toda la oposición tiene posibilidades de participar, pero no de ganar.
En este caso el artículo 54 está diseñado en estos términos y, queremos hacer algunas reflexiones al respecto.
Sabemos muy bien que el sistema electoral condiciona al sistema de partidos políticos. Con un sistema electoral de mayoría, con distritos uninominales, la configuración es de un sistema bipartidista.
Sin embargo, en este sistema los partidos de oposición tienen poca presencia y en un país como México no podemos entender un sistema de dos partidos, habiendo tantas desigualdades y tantas opiniones y tanta diversidad geográfica y cultural.
En nuestro país se adoptó el sistema de mayoría simple, que favorece esta tendencia bipartidista y posteriormente se corrigió con un sistema de representación proporcional.
Sin embargo, en el caso mexicano hasta este momento hemos tenido la llamado cláusula de gobernabilidad, que implica que un partido que tenga el 35% de los votos tendría automáticamente la mayoría.
Hemos encontrado algunos antecedentes de esta cláusula de gobernabilidad en Taiwan, en Uruguay, pero principalmente en la Italia fascista de Mussolini; en la Italia de Mussolini, el partido que obtenía la mitad más uno automáticamente tenía las dos terceras partes de la votación.
Para nosotros, el artículo 54 contiene una trampa en su mecanismo, por un lado se propone suprimir la Cláusula de Gobernabilidad, pero por otro se plantea un supuesto, simulado mecanismo llamado "de las dos pistas", que resulta inaceptable.
Si nosotros seguimos una definición de lo que es el sistema de representación proporcional, diríamos que es un sistema electoral cuyo último rateo estriba en atribuir los escaños en forma diversa a como postulan los criterios mayoritarios, otorgando a cada candidatura o partido, un número de aquéllos, en proporción a la cuantía de los votos obtenidos en un distrito o circunscripción.
En la propuesta que ahora estamos discutiendo, se afirma que tenemos un sistema de mayoría para 300 distritos y después de representación proporcionada.
Aquí dolorosamente se confunde lo que sería un sistema de representación proporcional con un mecanismo, ya lo señalé, tramposo, para seleccionar la parte supuestamente proporcional.
Con el mecanismo que se propone, primero se votan 300 distritos por mayoría y después se toma el 100% de la votación y su porcentaje, para aplicarse únicamente al 40% de las curules totales. Esto automáticamente, dentro de los parámetros de las últimas elecciones, genera una sobrerrepresentación para el partido que ocupa el primer lugar de más o menos 100 escaños en la elección.
Este mecanismo se trata de corregir mediante un candado en el 60% y un segundo candado para el 63% de la votación. Para que nos demos una idea de lo que puede pasar, para obtener con el 60% de la votación las 300 curules, bastaría 180 triunfos de mayoría; o sea que tenemos una diferencia enorme y si nos ponemos a hacer ejercicios con una numeración razonable, veríamos que pase lo que pase, sea cual sea el resultado, la oposición en conjunto sólo tendría acceso siempre, invariablemente, entre 185 y 200 diputados. Este mecanismo a todas luces fraudulento, permite que los votos por el PRI se contabilicen dos veces, se contabilizan para los triunfos de mayoría y nuevamente se toman en cuenta para la asignación.
Esto vulnera un principio constitucional que se refiere a que México es una República representativa, o sea, que los votantes nombran a sus representantes.
En este caso estamos viendo que no hay ninguna representación proporcional, que los votantes no están eligiendo a sus representantes y que la mayoría es falsa.
En tal virtud, estamos haciendo una propuesta al artículo 54, en que se respete el sistema de mayoría simple en los 300 distritos y se plantea un sistema de representación proporcional para los 200 distritos restantes, pero en forma integral; igualmente se suprime cualquier candado. Nosotros pensamos que debe haber la mayor relación posible entre el número de votos o el porcentaje de votos que obtenga cada partido
y el porcentaje de diputados que debe haber en la Cámara.
En tal virtud y con fundamento en el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, el grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, propone el siguiente texto para el artículo 54, que está a discusión, para quedar como sigue:
"Artículo 54. La elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de asignación por listas regionales, se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley:
1o. Un partido político para obtener el registro de sus listas regionales deberá acreditar que participa con candidatos a diputados según el principio de votación mayoritaria relativa, en por lo menos 200 distritos uninominales;
2o. Todo partido político que alcance por lo menos el 1.5% de la votación emitida, tendrá derecho a participar en los términos de la fracción siguiente y de conformidad con lo que al respecto señale la ley en la asignación de diputados según el principio de representación proporcional;
3o. Al partido político que cumpla con lo dispuesto por las dos bases anteriores, adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido sus candidatos, les serán asignados diputados por el principio de representación proporcional.
La ley establecerá la fórmula para la asignación. Además, en la asignación se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las listas correspondientes.
4o. Para el otorgamiento de las constancias de asignación por el principio de representación proporcional, se observarán las siguientes reglas;
a) El partido que obtenga el mayor número de constancias por el principio de mayoría relativa y ésta represente en un porcentaje el total de la Cámara inferior a su porcentaje en la votación nacional emitida, le será otorgada constancia de asignación por el número de diputados que se requiera para que su representación, por ambos principios, corresponda al porcentaje de votos emitidos.
Cuando el porcentaje de constancias por el principio de votación mayoritaria relativa sea superior al porcentaje de votos, no se le asignarán diputados por el principio de representación proporcional;
b) Una vez hecha, en su caso, la asignación anterior, las diputaciones sobrantes por el principio de representación proporcional le serán asignadas a los demás partidos, en los términos de la fracción III."
Dejo esta propuesta en la Secretaría y agradezco su atención. Muchas gracias.
El Presidente:
Registre la Secretaría la propuesta del diputado Kunz. Se concede el uso de la palabra al diputado Demetrio Hernández Pérez.
El diputado Demetrio Hernández Pérez:
Con el permiso de la Presidencia; señoras y señores diputados:
Después de esta euforia que creo que nos embargó a todos, quisiéramos continuar y "sacar la carreta a la orilla"; para esto, a nombre de la fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, vengo a hacer algunas consideraciones con respecto al artículo 54 de nuestra Constitución.
Nuestra fracción parlamentaria viene a remarcar su propuesta de modificación del mencionado artículo constitucional y lo hacemos porque en el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, aprobado en lo general, no se ofrecieron argumentos sustantivos, porque se ha pretendido engañar a la nación, porque se ha querido persuadirle de que se ha cancelado la llamada cláusula de gobernabilidad y en realidad se ha buscado reemplazarla.
Ahí está la razón de ser y la fuerza misma de nuestra propuesta en este postulado constitucional. Esta iniciativa que ponemos a consideración de esta Asamblea, concilia democracia y representación fiel de la soberanía popular expresada en el sufragio ciudadano. Tal propuesta que sometemos a su consideración es la siguiente:
"Artículo 54. Modificación al texto. La elección de los 200 diputados, según el principio de representación proporcional y el sistema de listas regionales, se sujetará a las siguientes bases y reglas y a lo que disponga la ley.
Primero. Para obtener el registro de sus listas regionales, el partido político nacional que lo
solicite, deberá acreditar que participa con, por lo menos, la mitad más uno de candidatos en la elección por mayoría relativa.
Segundo. Tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados, según el principio de representación proporcional todo aquel partido político nacional que alcance por lo menos el 1.5% del total de la votación emitida para las listas regionales de las cinco circunscripciones y no se encuentre comprendido en los siguientes supuestos:
a) Haber obtenido el 51% o más de la votación nacional efectiva y que su número de constancias de mayoría relativa represente un porcentaje del total de la Cámara, superior o igual a su porcentaje de votos, o
b) Haber obtenido menos del 51% de la votación nacional efectiva y que su número de constancias de mayoría relativa sea igual o mayor a la mitad más uno de los miembros de la Cámara.
Tercero. Al partido que cumpla con lo dispuesto en las fracciones I y II de este artículo, le serán asignados por el principio de representación proporcional el número de diputados de su lista regional que corresponda al porcentaje de votos obtenidos en cada circunscripción plurinominal.
La Ley determinará las normas para la aplicación de la fórmula que se observará en la asignación. En todo caso, en la asignación se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las listas correspondientes.
Cuarto. En los términos de la fracción anterior, las normas para la asignación de curules son las siguientes:
a) Si algún partido obtiene el 51% o más de la votación nacional efectiva y el número de constancias de mayoría relativa representan un porcentaje del total de la Cámara, inferior a su referido porcentaje de votos, tendrá derecho a participar en la distribución de diputados electos según el principio de representación proporcional, hasta que la suma de diputados obtenidos por ambos principios, represente el mismo porcentaje de votos.
b) Ningún partido tendrá derecho a que le sean reconocidos más de 315 diputados, que representan el 63% de la integración total de la Cámara, aun cuando hubiere obtenido un porcentaje de votos superior." Señoras y señores legisladores: las bondades de nuestra propuesta, como se ve, resaltan por sí mismas. Mencionemos de modo puntual algunas de ellas:
1. Se concilia en un sistema mixto de representación popular, la voluntad ciudadana de mayorías y minorías; se incorpora y respeta el respaldo ciudadano a candidatos; se reconoce la fuerza de las plataformas programáticas y los proyectos nacionales de las fuerzas partidistas.
2. Se opone a quienes pretenden marginar a las minorías y rechaza a quienes pretenden generar partidocracias y eliminar la fuerza de la representación ciudadana en candidatos.
3. Profundiza los senderos en los que se ha venido incorporando desde 1979, a las fuerzas que integran el mosaico ideológico y político nacional. Continúa en consecuencia, los horizontes pluripartidistas y se opone a las tendencias segregacionistas del proyecto bipartidista.
4. Es una propuesta sincera, no es una simulación de cancelación de la cláusula de gobernabilidad; pretende la representación real en términos de representación ciudadana en la Cámara de Diputados, de la voluntad popular.
5. Se apoya en principios históricos, recoge la filosofía de don Mariano Otero, diseñada a mediados del siglo pasado, que todos los sufragios cuenten, el de las mayorías y el de las minorías.
6. En nuestra propuesta de sistema mixto de representación, no se afecta a nadie; no se beneficia ninguna fuerza en particular; ningún partido político se sobrerrepresentaría en curules, por el contrario, nuestra propuesta busca compensar desequilibrios. Por ejemplo, si un partido tiene una votación de 60% y sus curules obtenidas por el principio de mayoría relativa fueran inferiores, se haría uso del mecanismo de la representación proporcional para identificar voto y asignación de curules en la Cámara de Diputados. Este principio se aplicaría para todos los casos.
7. Nuestra fórmula matemática de representación popular en la integración de la Cámara de Diputados, es majestuosa. Se concilia en los números a votos y curules; no podría decirse lo mismo de la propuesta del PRI, PAN y PARM.
8. Recogemos la propuesta de la mayoría de esta Cámara, del tope máximo que pudiera tener un partido político en representación. Creemos que es atingente.
Nos gustaría concluir con las siguientes interrogantes a quienes elaboraron el dictamen en lo general y hoy lo defienden en lo particular, cuestiones relevantes no sólo para esta Asamblea, sino para toda la nación:
¿Creen con honestidad que han eliminado la cláusula de gobernabilidad? ¿No la han reemplazado por un mecanismo similar? ¿Pueden ustedes sostener razones para definir públicamente las razones de su desacuerdo con nuestra fórmula precisa de representación mixta? ¿Han avanzado en criterios de reglamentación en este artículo en la ley reglamentaria?
¡Aquí está la tribuna para debatir...!
Muchas gracias.
Dejo la propuesta a la Secretaría para su consideración.
El Presidente:
Registre la Secretaría la propuesta del diputado Demetrio Hernández.
Se concede el uso de la palabra al diputado Eloy Vázquez López...
Se concede el uso de la palabra al diputado Salvador Valencia Carmona.
El diputado Salvador Valencia Carmona:
Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Está a discusión en esta tarde, un artículo que ha sido fundamental tanto para la reforma política del país, como la evolución del propio sistema de partidos; se genera precisamente en el artículo 54, ustedes lo recuerdan, el primer esfuerzo en tiempos del licenciado López Mateos, por incorporar mediante un sistema de representación de minorías, los famosos diputados de partido. En este mismo artículo, en el año de 1977, que fue un año en que la reforma política recibió un impulso fundamental, el propio artículo 54 se vuelve a modificar.
Lo propio sucede en 1986 en que se ensancha la Cámara de Diputados y estamos ahora discutiendo una fórmula distinta.
¿A qué se debe tanto cambio? ¿A qué se debe tanta variación? La situación es fácil de responder.
Aquí en este artículo a través de la Constitución, ha venido cambiando aquel partido hegemónico y mayoritario para ir arribando a un Estado diferente, a un Estado en que los partidos adquieren cada día mayor vigor y existe una participación popular más intensa. La iniciativa que discutimos hoy propone eliminar la cláusula de gobernabilidad, institución que debe de reconocerse, ha sido de carácter polémico; pero que tenía su razón de ser. Hay que aclarar que se elimina la cláusula de gobernabilidad, pero de ninguna manera la gobernabilidad. La Cámara nunca puede dejar de ejercer un Gobierno responsable, un Gobierno que haga funcionar eficazmente este órgano legislativo, so pena de caer en ese estado de ingobernabilidad, de saturación, de que hablaba Sartori, precisamente y que conduce a la parálisis de las instituciones.
Por eso es muy importante que la Cámara, para no caer en la anarquía, tenga un Gobierno firme y decidido que le permita tomar decisiones legítimas. Creo que este sistema va a emerger de las soluciones que estamos proponiendo en esta iniciativa.
El sistema, como aquí bien se dijo, es un sistema mixto que sigue siendo denominaste mayoritario pero atemperado por la representación proporcional.
Con dos vías, con dos pistas, que se implican recíprocamente y se limitan también de manera recíproca. Pero en ambos casos, en la reforma que nosotros proponemos, el factor determinante, el fundamental, consiste en la votación emitida por la ciudadanía, que se convierte así en juez supremo e instancia última tanto en la vía mayoritaria como en la de la representación proporcional.
Se han presentado junto con esta iniciativa, muchas iniciativas más, de gran interés, por todos los partidos, con las soluciones más distintas imaginables, desde el sistema de representación proporcional puro, impuro, denominante mayoritario y algunas otras más.
Esto habla bien de esta Legislatura. El derecho electoral hasta hace algunos años era una materia propia de la academia y ahora se maneja corrientemente por los legisladores.
Se ha dicho sin embargo aquí y se ha afirmado un juicio del que yo disiento en lo absoluto y disiento porque a veces un juicio falso, erróneo, de tanto circular puede adquirir cierta carta de naturalización y por eso mi partido quiere dejar claramente expuesto su criterio.
No, señores, no creo que haya sobrerrepresentación. El último juez, en la proposición que
estamos sometiendo nosotros, será fundamentalmente la votación nacional emitida. Tanto en un caso como en otro. No se está ni inventando una mayoría artificial, ni sacando de ningún oscuro rincón alguna curul. En la pista mayoritaria como en la pista proporcional es la votación que obtiene cada partido la que en definitiva marca la asignación de curules.
Yo quisiera también señalar que se habla sobre este tema de la representación, a veces sin comparar la propia situación de México respecto de otros países del mundo. Este asunto de la sobrerrepresentación, que es un asunto estudiadísimo en muchos países del mundo, es lo que le llaman "los efectos distorsionantes de la representación proporcional".
¿Significa esto que nosotros proponemos un sistema perfecto? ¡De ninguna manera! No hay sistema electoral perfecto en ninguna parte de este globo. No es el momento, creo, de traer aquí las discusiones en torno al sistema mayoritario o proporcional o los resultados que puedan tener los sistemas mixtos. Pero sí vale la pena comentar cómo se presentan los efectos distorsionantes de la representación en los mejores sistemas que están ahorita en vigor.
Se decía aquí hace algunos días, cuando se discutió en lo general la propuesta de reforma política y se dijo bien, por un representante de Acción Nacional, que hay en el mundo por lo general y en muchas democracias, esos márgenes de sobrerrepresentación, que yo le llamo efectos distorsionantes, de 10% y hasta 12%.
Y yo recuerdo por ejemplo también algún estudio que me tocó leer hace algún tiempo, de un famoso tratadista estadounidense, Douglas Right, que analizó toda una serie de países durante largo tiempo, durante 20 años y de ahí sacó él su famosa distinción de mayorías ganadas y mayorías fabricadas y ahí demostró que normalmente todos los sistemas, sean mayoritarios o de representación proporcional, tienden a producir efectos distorsionantes que es preciso corregir.
Y no sólo eso. En investigaciones recientes nos encontramos con una gran pléyade, con una gran plétora, con grandes variantes que demuestran esto que estos tratadistas afirman. Así por ejemplo en Austria, llegó a darse la tiranía de las mayorías; allá en 1954 el Partido, por ejemplo, del Trabajo, ganó ampliamente las elecciones, con más del 50% y sin embargo no gobernó él, gobernaron las minorías. Lo propio sucedió por ahí también en la República Federal Alemana, donde una coalición obtuvo más del 40% y tampoco logró gobernar.
También es cierto que hay otros casos en que las distorsiones se dan para el partido mayoritario. Así, en Inglaterra en 1979 el Partido Laborista obtuvo la mayoría con el 39.2%; así también en la India por ejemplo, fíjense, con muy poca votación se obtuvo la mayoría; del 24.4%; en Gran Bretaña el 26.6%; en el Japón de 13.4%; en Australia de 8.4% y otros más.
¿Qué quiere decir esto? Que lo importante, lo fundamental y aquí disiento de alguien que afirmó que el sistema electoral determina la vida de los partidos, ¡nada más falso! Hay tendencias, cierto, Duverger lo notó ya hace algunos años y lo dijo con claridad, pero esto ha sido desmentido una y otra vez; quiero incluso decirles que el sistema electoral no puede caminar contra la realidad política, la realidad política es finalmente la que se impone.
También quiero expresarles que no podemos encontrar en el sistema electoral todas las respuestas, es una variable más del sistema político, de los partidos, de las fuerzas sociales, del contexto internacional. Hay una serie de fuerzas, de factores intrincados, que permiten exclamar que es simple y sencillamente falaz afirmar que un sistema electoral determina la vida de los partidos.
Sí quisiera detenerme en la propuesta que tenemos el día de hoy. Estamos proponiendo las dos vías: la representación proporcional, por una parte, y el sistema mayoritario por otro. Pero repito, no será ningún otro factor el que decida, más que la votación final del electorado. En 1994, cuando vayamos a las urnas ahí en las urnas, los partidos demostrarán su fuerza, su alcance, los escaños que ganen legítimamente los tendrán. Este es...
La diputada Cecilia Soto González (desde su curul):
Deseo hacer una interpelación al señor diputado.
El diputado Salvador Valencia Carmona:
Con todo gusto señorita diputada. A sus ordenes.
La diputada Cecilia Soto González (desde su curul):
Señor diputado, he escuchado con mucho interés sus reflexiones acerca de los problemas de
la representación y usted planteó dos asuntos interesantes; primero que en la propuesta que mantiene la iniciativa en cuestión no hay sobrerrepresentación y basa usted ese argumento en términos de que será la votación de cada partido reflejada en mayorías y luego aplicada a la proporcional la que determinará su representación en la Cámara y, luego habla usted de que en todos los sistemas especialmente donde se combinan ambos principios hay efectos distorsionantes de la representación proporcional.
A nosotros nos parece que la propuesta del 54 da lugar a un efecto distorsionante de sobrerrepresentación para la fuerza mayoritaria, especialmente, muy clara en rangos por ejemplo de una votación nacional del partido mayoritario, digamos de 43% en adelante, que lo lleva de manera artificial al 60% y más abajo lo acerca al 60%.
Desde el punto de vista de la votación nacional, no es ésta la votación nacional; sí hay sobrerrepresentación.
Vemos aspectos interesantes en la propuesta, los candados de arriba etcétera, son cuestiones interesantes, pero desde el punto de vista de que exprese la conformación de la Cámara de Diputados, la fuerza de cada partido político, nos parece que hay mejores maneras de que represente esta fuerza que sería usar la representación proporcional para mejorar, complementar las distorsiones naturales de la representación de mayoría y hacer que entonces las fuerzas políticas se acerquen en su representación en la Cámara lo más posible a los resultado electorales.
Me parece que la propuesta tiene construida interiormente una distorsión.
Quisiera oír sus comentarios al respecto.
El diputado Salvador Valencia Carmona:
Con todo gusto. Yo coincido con usted en que hay muchas soluciones imaginables y ésta es una más; por ejemplo, en las proposiciones que recibimos hay una que aparentemente es muy equitativa, aquella que dice, bueno, mejor que sean todos los diputados de representación proporcional, sin excusa ni ninguna excepción y suena atractivo, porque efectivamente cada partido estaría representado en proporción a su fuerza; nada más que aquí sí nos pasaría como les ha pasado a muchos países, que finalmente los partidos que decidirían serían los partidos minoritarios, porque se convierten en factor básico de decisión, entonces aparentemente eso que es equitativo, que es justo, en la práctica viene haciendo que se viole profundamente la norma básica de la democracia, que es la regla de la mayoría, por ejemplo.
Pero voy al caso concreto que nosotros planteamos; se decía por ejemplo cuando se hablaba de la cláusula de gobernabilidad, decía, bueno están premiando al partido con un 35% sin llegar a obtenerlo para llegar a la mayoría que necesita para trabajar, incluso recuerdo que Ditter Nollen le llama a esto el sistema, al nuestro, el sistema de premio, porque hay un premio según él, nada más que yo creo que ni ningún sistema electoral ni ninguna ley electoral puede sustituirse a la voluntad popular, a la votación que los partidos obtengan en las urnas. Eso por una parte y, por otra parte coincido también en que el problema del sistema electoral no es un problema independiente, sino dependiente y es una variable más del sistema político, que es cierto que debemos buscar un sistema electoral que procure ser equitativo, que trate también de ser fuerte, pero también creo sobre este particular, que debemos nosotros revisar todo el contexto que nos permita elecciones más competitivas.
Por eso por ejemplo yo saludo esta reforma, porque va a vigilar los fondos de los partidos, porque está estableciendo criterios muy claros en materia jurisdiccional.
Para mí yo tengo también una gran esperanza en este aspecto jurisdiccional, creo que la justicia electoral en México requiere de un gran desarrollo, que está en pañales y que necesitamos darle un fuerte impulso. ¿Por qué razón? y, esto lo sostuve no ahora, es gratuito, viene desde hace muchos años. Cuando me invitaron a mí, hace algunos años, a una plática que se tuvo en la Comisión Federal Electoral, dije que me parecía que como el Tribunal Electoral había sido concebido, no iba a funcionar jamás, porque estaba sujeto finalmente al criterio político de la Cámara.
Por eso creo que es una gran conquista el hecho de que haya una justicia electoral cada vez mejor en México y es cierto también que esta reforma trae importantes avances; no creo que se la última, México va hacia una democracia, pero tendrá que trabajar no sólo digamos el pueblo, el Gobierno; todos los partidos.
En síntesis, pienso que en las condiciones actuales, el sistema electoral que estamos
proponiendo se ajusta a las condiciones que México vive, a su realidad política; no vamos a transformar la realidad política a través del sistema electoral, tratemos de darle buenas reglas, buenas condiciones y en eso estamos trabajando.
Quiero decirle que finalmente el reto está en los partidos, en la crítica que los partidos hagan hacia adentro. Por eso por ejemplo, a mí me dio mucho gusto que se revise el artículo 82 y también me agradó, independientemente de que se coincida o no, que se haya debatido sobre el Senado en mi partido. Creo que es saludable y es útil.
Yo coincidí por ejemplo cuando platiqué alguna vez con Luis Dantón Rodríguez, que ha adoptado una actitud gallarda en el artículo 82, que me hizo recordar el discurso de su padre cuando decía "así quería yo ver a Guanajuato", así lo vi a Guanajuato, lo vi claro y lo vi definido sobre este punto.
Porque no es cuestión de xenofobia o de sangre; es cuestión de conciencia nacional, se requiere en este punto que haya discusión y qué bueno que la habrá.
Finalmente quisiera decir que por las razones que he señalado, mi partido votará a favor de la propuesta que hizo...
El diputado Demetrio Hernández Pérez (desde su curul):
Señor Presidente, si me acepta una interpelación el compañero orador.
El Presidente:
Señor diputado Valencia, ¿acepta una interpelación?
El diputado Salvador Valencia Carmona:
Con todo gusto, señor diputado.
El Presidente:
Adelante, señor diputado, con su interpelación.
El diputado Demetrio Hernández Pérez (desde su curul):
Diputado Valencia Carmona, es usted una de las personas más respetables que yo conozco, por su trayectoria política, se lo digo sinceramente, pero quisiera preguntarle algo.
Usted habló hace rato de gobernabilidad y de ingobernabilidad. Aseveró que solamente se puede gobernar si se garantiza un control absoluto de una fuerza partidaria, de un partido hegemónico en un Congreso, en un Gobierno y al mismo tiempo dijo que en algunos países se ha podido gobernar junto con las minorías.
En las propuestas que hemos escuchado, hemos insistido que las minorías también podemos hacer Gobierno, que queremos gobernar este país en una razón justa de equilibrio con las fuerzas mayoritarias y hemos hecho propuestas.
¿Por qué entonces si nosotros como minorías estamos haciendo Gobierno, por qué no tener una representación real? Insisto, creemos que debemos tener una representación real porque en 1988, a nuestro juicio, no se dio así.
Además, quisiera hacerle una pregunta que ya había hecho en la tribuna y ojalá y pudiera hacer algunos comentarios. ¿Cree usted con honestidad que con esta propuesta han eliminado la cláusula de gobernabilidad?
Por su comentarios muchísimas gracias.
El diputado Salvador Valencia Carmona:
Gracias, señor diputado. Empezaré por la afirmación que usted hizo sobre la situación de 1988.
Efectivamente, creo que es una buena fecha porque señala un fenómeno extraordinario en el país. Creo yo útil para todos, para todos los partidos, inclusive el mío y lo digo porque he estado revisando por ejemplo los números en el Distrito Federal e indudablemente sumando por ejemplo todos los votos del frente democrático, eran superiores a los del partido nuestro y al Partido Acción Nacional y esto representaba un fenómeno inusitado. Por eso cuando se discuta el asunto en la Asamblea de Representantes, va a ser de la mayor importancia ver cómo queda ahí la cuestión.
Sí creo que los sistemas de partidos y los sistemas electorales deben manejarse con sumo cuidado, para no caer en la anarquía y en el caos que a nadie convienen. Un Poder Legislativo que no
toma decisiones, que se empantana, que relega las cuestiones importantes de la vida nacional, es un Poder Legislativo que necesita crecer. Creo que en mi país está creciendo y me siento orgulloso de participar en ese crecimiento; pero sí creo que no se pueden acomodar soluciones de escritorio para la realidad política del país. Me explico.
Existe por ejemplo entre los proyectos, un sistema de representación proporcional pura, en que cada partido tendría los escaños que hubiese adquirido en la votación. Esto produciría lo siguiente:
Dos partidos o tres partidos con un gran voto fuerte, que hubieran competido más o menos en condiciones igualitarias, y esto ya se dio precisamente aquí en la Cámara y usted lo sabe muy bien, el frente en algunos casos se convirtió en factor esencial para las votaciones y no se trata aquí de que la mayoría oprima, pero tampoco que las minorías opriman; se trata de llegar a una solución justa y adecuada. En las condiciones políticas del país reales, lo que podemos hacer es dejar que las pistas se muevan libremente y que se asignen escaños de acuerdo con el voto que cada partido obtenga. Los partidos, los sistemas electorales, están por abajo de la voluntad popular.
Ella decide finalmente cuál es el campo a seguir. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra el señor diputado Eloy Vázquez.
El diputado Eloy Vázquez López:
Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Los artículos que en esta ocasión discutimos, tienen qué ver justamente con la integración del Poder Legislativo y tienen qué ver desde luego con la concepción que del poder y de su aplicación tienen todos y cada uno de los partidos políticos aquí representados.
La pieza oratoria del diputado que me antecedió, es gráficamente ejemplificativa de lo que está justamente en el fondo de estas disposiciones que hoy se dictaminan, que hoy se van a votar.
Voy a cambiar el curso de mi intervención que tenía preparada, justamente para hablar de lo que aquí el diputado ha puesto en la mesa, 1988, la Asamblea de Representantes, 1988 el Colegio Electoral que calificó las elecciones presidenciales; cláusula de gobernabilidad, posibilidad de compartir el Poder Legislativo entre partidos.
Para quienes acostumbrados a gobernar solos y acostumbrados a no tomar en cuenta las opiniones ni de los grupos organizados ni de los ciudadanos en lo individual, para ellos la erupción de fuerzas opositoras con capacidad para actuar y modificar leyes, para influir en la formulación de dictámenes y para desarrollar un debate intenso al interior de los órganos legislativos, significó no el preludio de una nueva realidad nacional democrática y pluralista, sino una molestia y un factor de desestabilización de la paz victoriana de la cual disfrutaban.
Desde luego que no coincidimos con los conceptos que aquí se han vertido por el diputado Valencia, pero él reconoció lo que está en el fondo de este asunto. Primero, que estas modificaciones esconden una nueva formulación de la cláusula de gobernabilidad; no desaparece la cláusula de gobernabilidad, se transforma, se multa y reaparece como un candado de seguridad que le permite a quien tenga la mayoría relativa, asignarse una mayoría cómoda, una mayoría absoluta, cómoda, independientemente de los resultados que le permitiría calificar en primer lugar las elecciones de 1994 y; en segundo lugar, imponer cualquier ley que decidiera por mayoría relativa.
En esto tiene que ver una concepción absolutista del Gobierno. No se pretende que el Gobierno tenga como base el consenso, sino que tenga como base la coerción de una mayoría por encima de los opiniones de quienes discrepen y quienes no compartan del todo la propuesta mayoritaria.
Esa concepción ha dañado a nuestro país y lo ha conducido a situaciones de tensión y en el futuro puede ser el tapón que impida que se liberen democráticamente las tensiones generadas por el pluralismo avanzante en nuestra realidad social y política.
Bien hizo el diputado Valencia al hablar de que es necesario ir en pos de la gobernabilidad, pero qué injusta resulta su frase de que se asignen los espacios a cada partido que obtenga, dice, menos desde luego al partido mayoritario, a quien él está de acuerdo que se le asignen más.
He ahí una confesión de las intenciones que se esconden detrás de esta propuesta a
sobrerrepresentar a quienes obtenían la mayoría relativa. A confesión de parte, relevo de pruebas.
En distintos ejercicios que se han realizado, matemáticos, para calcular las posibilidades de sobrerrepresentación, incluso en el extremo del 35% de mayoría relativa, quien tenga el 35% de la votación nacional y al mismo tiempo obtenga 200 diputados de mayoría relativa, tiene la posibilidad de sobrerrepresentarse con 270 diputados, lo cual quiere decir que aun en condiciones más críticas que las que vivió la mayoría de aquel momento en 1988, en donde con el 51% tuvo 260 diputados, que aun en condiciones más críticas, es decir, 16% más abajo la mayoría relativa, tendría al interior de esta Cámara una composición olgada que les permitiría realizar todo tipo de acuerdos por mayoría absoluta, entre otros desde luego calificar favorablemente a su candidato a la Presidencia de la República.
Pudiera darse el caso de que un partido ganara la mayoría relativa de constancias de diputados y otro partido ganara la mayoría relativa de Presidente de la República. Esto en las democracias resulta a veces frecuente.
En México sería imposible pensar con el sistema de calificación y con la forma como se representaría la mayoría relativa en la legislatura, que pudieran existir una verdadera división de poderes y la cohabitación de fuerzas políticas en el poder. No lo habría y ello significa que el proyecto que se esconde detrás de esta propuesta es un proyecto regresivo, que rompe con la tendencia que existía y que se fundó o que tomó su auge en 1977, con las propuestas que realizó Jesús Reyes Heroles, atendiendo a una realidad política que en México congestionaba los conductos democráticos para la convivencia.
Hay que decir que, en efecto, en la primera incursión del sistema político mexicano a la representación proporcional, el propósito que perseguía el legislador era justamente que la sobrerrepresentación que de manera natural se da por la mayoría relativa, cuando en la tradición que proviene de Inglaterra, el que gana la mayoría relativa gana la representación absoluta del círculo electoral, esta sobrerrepresentación, que se puede dar con un 49% o con un 99% o incluso con un 35%, dependiendo del número de partidos que se presenten, esta sobrerrepresentación es rectificada, la injusticia de esta sobrerrepresentación natural de la mayoría relativa, por la disposición y la existencia del sistema de representación proporcional.
Y se agregaron los 100 diputados de representación proporcional, en donde la mayoría relativa no tenía derecho a participar, incluso no tenían derecho aquellos partidos que obtuvieran un determinado número de escaños por la vía de la mayoría relativa.
Se rectificaba así y se modulaba adecuadamente, desde la óptica de ese momento, la pluralidad y el crecimiento de las minorías.
El siguiente paso que fue progresista, desde la óptica de lo que hoy se propone, fue que el partido que tuviera mayoría relativa, al ampliarse a 200 los escaños de representación proporcional, pudiera recuperar de entre aquellos de representación proporcional, los cargos que perdiera en mayoría relativa hasta el nivel que le representara el porcentaje de votos obtenidos en las urnas.
Tal disposición se aplicó y consideramos nosotros que debiera recuperarse y tener vigencia y mantenerse en la norma constitucional, para que de esta manera, como se vino a decir aquí, todos los partidos políticos, independientemente de la vía por la que ganen sus escaños, sólo tengan aquellos escaños que le representen el número de votos que hayan obtenido en las urnas.
Por cierto que, si hay que eliminar el cociente rectificado, que significó en su momento darles a las minorías mínimas una especie de sobrerrepresentación y nosotros no nos opondríamos a que se estableciera una disposición de esta naturaleza, si se acordara que ni la mayoría relativa se sobrerrepresentara ni las minorías mínimas se van a sobrerrepresentar, que nadie se sobrerrepresente, cada quien el número de escaños que le corresponde, de acuerdo con el porcentaje obtenido de votación.
La propuesta del PRI, lamentablemente, no llega a esos niveles; propicia una sobrerrepresentación que tiene razones estrictamente políticas y que no tiene precedentes, sino que significa un retroceso a los tiempos en que se pretendía gobernar en forma exclusiva y absoluta. Quiero decirles, por cierto, que esto entra dentro de la lógica que se trata en la última fracción de este artículo, en donde se hace una compensación y se distribuyen aquellos escaños que se exceden de los 315 o de los 300 que obtuviera la mayoría relativa.
Esto no significa más que una visión pragmática, según la cual ya no tendría dos tercios la mayoría relativa, pero los dos tercios sólo se requieren para grandes acuerdos, como son las modificaciones constitucionales y las modificaciones principales, voy a concluir, a la Constitución, las
modificaciones regresivas ya se han hecho, las principales, las fundamentales para el proyecto neoliberal. De manera que quienes hoy tienen la mayoría relativa piensan que ya no necesitarán los dos tercios y por ello sólo se mantienen en el nivel de obtener a toda costa la mayoría absoluta de los escaños. La trampa que está detrás de esta disposición, es sobrerrepresentar a una mayoría relativa para el Colegio Electoral de 1994 y ésa es la razón por la cual nosotros votaremos en contra de esta propuesta contenida en el dictamen. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado don Jesús Martín del Campo.
El diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda:
Primero que nada, hago precisión y discrepo con los ejemplos o referencias que tomó el diputado Valencia que me antecedió en el uso de la palabra.
El habló del caso austríaco y el español y en ambos para fundar el temor a que la aplicación de la proporcionalidad produzca lo que llamó "la dictadura de las minorías" y creo que está esencialmente equivocado en la comparación, puesto que el ejemplo tomado es de gobiernos parlamentarios, no de gobiernos presidencialistas como el nuestro. Segundo, que en el caso del Gobierno español, el PSOE, el partido que tiene mayoría relativa gobierna en coalición, pero lo que quiso plantear el compañero Diputado Valencia es "el gobierno de la Cámara" y nosotros estamos planteando el problema al término de...
El diputado Salvador Valencia Carmona (desde su curul):
Una interpelación, señor Presidente.
El Presidente:
Señor diputado, ¿acepta una interpelación?
El diputado José de Jesús Martín de Campo Castañeda:
No la acepto.
El Presidente:
No la acepta, señor diputado Valencia. Ruego al diputado Martín del Campo prosiga con su disertación.
El diputado José de Jesús Martín de Campo:
Gracias, señor Presidente.
El asunto es que lo que está aquí preocupando es la sobrerrepresentación política en la Cámara y lo que le preocupa al diputado Valencia es quizá "el gobierno de la Cámara", porque las condiciones del sistema político en los ejemplos tomados por él, son distintos en muchos aspectos, aunque efectivamente la comparación es válida en esto del análisis de los sistemas políticos.
Sobre este asunto del artículo 54, conviene recordar que la lógica de las reformas que se han llevado a cabo desde 1963 para acá al mismo, que han transitado desde los diputados de partido hasta los diputados que se asignan por representación proporcional en cada una de las circunscripciones plurinominales en que se ha dividido el país, debemos reconocerlo, así lo hemos dicho todos los miembros de las bancadas de oposición, están circunscritas a una misma lógica: la lógica del poder, la lógica de la continuidad en el mismo y nuestra perspectiva es que con la última propuesta se mantendrá el control y habrá sobrerrepresentación, categóricamente lo afirmamos.
Y efectivamente el temor del que habla el diputado Valencia, es ni más ni menos que frente a ese temor, buscar las garantías legales para una sobrerrepresentación que garantice la continuidad en el poder y no la perspectiva incluso de relevos, que sería efectivamente dejar al juego del voto libre, del voto no controlado, de organismos autónomos, la posibilidad de que se exprese la ciudadanía y que puede contemplar, sin que se hable de grandes cataclismos o del fin de la historia de una nación, el relevo en el poder, el relevo en el Gobierno, que es lo que es impensable en las propuestas que el Partido Revolucionario Institucional sostiene y defiende.
Nosotros creemos que el mayor peligro, junto con los demás partidos de oposición que han hablado en esta tribuna para este artículo, es esta sobrerrepresentación. La cuestión de que serán competidas las elecciones es un hecho sin discusión, es incluso una especie de consenso
y casi, casi, una obligación de todos los mexicanos que hagamos que sean muy competidas para garantizar el flujo libre de la opinión de los ciudadanos a través del voto.
Pero el gran problema es que una cosa es reconocer que serán competidas, que de 1988 en adelante no hay otra perspectiva y, otra cosa es observar las posibilidades de competitividad que tendrán las distintas fuerzas políticas.
La competencia será un hecho, pero aunque reconocemos que la ley no garantiza la democracia y aquí coincido con diputados del PAN que refutando nuestras afirmaciones tanto en la sesión anterior como en ésta, nos han dicho que no debemos plantear para órganos electorales reforma constitucional, el diputado Calderón Hinojosa, reconocemos que la ley no garantiza la democracia, no es la única garantía de democracia y, sin embargo, si no prevenimos que puede restringir el libre ejercicio del voto, que puede restringir el libre flujo de las fuerzas políticas que actúan y de su capacidad de convocatoria que se concreta en el voto, caeríamos en un error.
Por ahora nosotros decimos: no se garantiza con reforma alguna que haya respecto a ese voto, no se garantiza el libre ejercicio de la democracia en nuestro país, pero sí debemos prevenir que hay restricciones para el libre ejercicio del voto, por lo menos como una precaución que debemos tener las fuerzas políticas que aspiramos a la competencia y a la competitividad que esté garantizada legalmente y que no tenga esos candados.
Coincidimos con los diputados de varios partidos que afirman que no se ha quitado el principio de gobernabilidad, que ha regido la lógica de las reformas que se han venido haciendo últimamente para la representación proporcional.
Nosotros queremos decir aquí en el núcleo dirigente del PRI tanto los que han sido denominados en la discusión política tradicionales o premodernos y los modernos o tecnócratas, tienen una noción crítica de la reforma política; sólo se debe decorar la fachada, sólo se debe hablar de pluralidad, de proporcionalidad en la fachada, pero la cripta del poder debe estar sólo libre para el acceso de este núcleo dirigente que no quiere abrir realmente a la proporcionalidad directa el asunto de la representación en la Cámara.
Esta noción crítica no es conveniente y está expresada nuevamente en la propuesta, en la iniciativa y en el dictamen en lo que se refiere al artículo 54.
En este contexto, cabe recordar que el PRD, de origen, tiene una propuesta integral que fue modificada en aras de buscar una verdadera negociación política que ya fue reseñada en la sesión anterior y en ésta, muchas sesiones hubo. Entre los sociólogos y antropólogos hay una regla o dos que convienen recordar y traer a cuento aquí, que dice que no hay que confundir los guiños con los gestos ni los gestos que son pautas de comportamiento o costumbres cuando se observan interacciones en la vida cotidiana de algún proceso, de algún grupo que se está analizando. También dice la regla que no hay que irse con la primera impresión de algún proceso o de alguna interacción que se observa.
Aplicadas al caso, podemos afirmar que hubo cortesía en las negociaciones, pero no se fue al contenido, no hubo más que guiños publicitarios de que habría diálogo, de que se buscara el consenso también con el PRD, pero sólo fueron guiños publicitarios que no se constituyeron, aplicado el ejemplo, en gestos verdaderos del cambio y mucho menos en pautas ya fijas de comportamiento para debatir, para arribar a propuestas de consenso.
También debemos decir que la primera impresión publicitaria que se generó, es que el PRI sí tenía el deseo de discutir y negociar con la oposición y que el PRD no, impresión publicitaria que nos hemos empeñado con los hechos en romper, porque era una finta esa primera impresión que se generó y nosotros estuvimos en las mesas de negociación y no se ha roto esta concepción critica, por lo tanto en este punto no hubo negociación, no hubo desde nuestro punto de vista, la incorporación del punto de vista de la oposición y hay todavía un criterio de control al que se aferra el Partido Revolucionario Institucional, que creemos teme al verdadero voto libre que debe concretarse en lo que se refiere a la representación proporcional de la Cámara, en una proporcionalidad directa.
Por eso, nosotros habíamos hecho una modificación de nuestra propuesta integral original, que hablaba de llegar a tener un número igual de diputados de representación proporcional, a los que existen de mayoría relativa, para que estadísticamente hablando se pudiera distribuir de la mejor manera la proporcionalidad y en casi cualquier ejercicio o escenario, pudiera concretarse de mejor manera esto.
Sin embargo, por el peligro de representación que tiene la iniciativa no modificada en el dictamen, proponemos que quede una redacción como sigue en el artículo 54. Que el párrafo
c, de la fracción IV se derogue y que el párrafo d, quede como sigue: "El partido político cuyo número de constancias de mayoría relativa represente un porcentaje del total de la Cámara, inferior a su porcentaje de votos, tendrá derecho a participar en la distribución de diputados electos, según el principio de representación proporcional, hasta que la suma de diputados obtenidos por ambos principios represente el mismo porcentaje de votos".
Dejo aquí a la Secretaría para que proceda en consecuencia con nuestra propuesta. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Héctor Ramírez Cuéllar.
El diputado Héctor Ramírez Cuéllar:
Señor Presidente; compañeros diputados:
Las fórmulas matemáticas que han aparecido en el artículo 54, en la historia política de México, han obedecido al desarrollo político de la nación.
Las primeras fórmulas tendieron a beneficiar a los partidos minoritarios, para que en condiciones más adecuadas tuviesen acceso a la Cámara de Diputados. Pero en la medida en que el sistema político se ha hecho más competido, han aparecido partidos políticos más fuertes, se ha notado un descenso relativo en la votación del Partido Revolucionario Institucional y un ascenso también relativo en el resto de los partidos políticos.
Es a partir de esta tendencia al descenso, en que comienza a modificarse la fórmula de asignación de curules en la Cámara de Diputados. Ya no aparece como interés primordial dar cauce a la representación de los partidos minoritarios, como sucedió en los años cincuenta, sesenta todavía, parte de los setenta, si no que ahora, la tendencia fundamental de las fórmulas del artículo 52, es la de asegurar al partido minoritario decreciente, al que va perdiendo votos en cada elección federal, su calidad de partido mayoritario, para efectos de control político en la Cámara de Diputados.
Es así que nos encontramos con la justificación de la cláusula de gobernabilidad, que se produce después de las históricas elecciones del año de 1988, y a efecto de evitarlas, en qué consistía evitar esta posibilidad, que aunque el PRI siguiera teniendo una votación descendente, en las siguientes elecciones una votación por debajo incluso del 35% de la votación efectiva total, la ley le aseguraba la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara de Diputados, al grado tal de que en una segunda hipótesis de la redacción actual del artículo 54, el partido con el 35% de la votación efectiva total, puede o podría tener hasta el 70% de los miembros de la Cámara de Diputados.
No cabe duda que la cláusula de gobernabilidad fue un exceso, fue un verdadero abuso en la sobrerrepresentación del partido minoritario, que teniendo el 35%, ya de entrada la ley le daba más del 51%, y como podía tener dos diputados adicionales por cada 1% más, en una de las hipótesis podía tener holgadamente el 60% y, como decía, en una segunda hipótesis, pudiera tener hasta el 70%.
Se trata entonces, de una concepción implícita en la cláusula de gobernabilidad asegurar al partido minoritario, por la vía de la ley y no por la vía de la votación, una mayoría absoluta que a partir de ella le asegure la gobernabilidad en la Cámara de Diputados.
No cabe duda que la cláusula de gobernabilidad fue en su momento un intento del Estado mexicano, de evitar que se repitieran las elecciones del año de 1988. Fue un esfuerzo jurídico para evitar perder el control de la Cámara de Diputados, aunque no obtuviese respaldo de carácter electoral.
En el fondo lo que está implícito en esta cláusula, es el reconocimiento de que el PRI tiende a ser un partido de mayoría muy relativas, tiende a disminuir notablemente su carácter de partido mayoritario y que posiblemente ya no haya en México partidos mayoritarios absolutos y quizá tampoco partidos mayoritarios simples, con la tendencia electoral que se muestra en nuestro país.
Pero el Gobierno sintió que recuperó poder en las elecciones de 1991, porque no se aplicó la cláusula de gobernabilidad; no fue necesario.
Una vez que el Frente Nacional Democrático fue desintegrado y cada uno de sus partidos comenzó a luchar en forma independiente, fue fácil para el Gobierno consolidarse y recuperar parte del terreno que perdió en el año de 1988 y que se reflejó en la elección del año de 1991.
Ahora bien, la propuesta actual parte de la convicción que tiene el Gobierno de que el PRI
tiende a recuperar terreno en el electorado, de que la política social de Salinas tiende a permitir, al partido del Gobierno, una base social más amplia y que es previsible que no se vea con las complicaciones que tuvo en el año de 1988, sino que haya un panorama electoral más optimista.
De tal manera que la excesiva sobrerrepresentación que hubo en la cláusula de gobernabilidad, que fue una verdadera afrenta a cualquier sistema democrático, ahora se pasa a una menor sobrerrepresentación, si la comparamos con la que había con la cláusula de gobernabilidad.
En primer lugar, un aspecto de la propuesta es que ningún partido político podrá tener, ahora; más del 63% de los miembros de la Cámara de Diputados, a diferencia de la norma anterior, que en una de las hipótesis le daba a un partido la posibilidad de tener el 70%. Con el 70% o con el 66% el PRI podía reformar la Constitución libremente; bastaba su votación, la votación de su grupo parlamentario, sin que hubiese en esta sala ningún otro parlamentario, para poder aprobar reformas a la Constitución. Que requiere, como todos sabemos, mayoría calificada.
Ahora no será así. Ahora ningún partido por los dos sistemas electorales podrá tener tal porcentaje de votos, que le permitan reformar la Constitución libremente. A partir de ahora tendrá que haber una política de concentración en el seno de la Cámara de Diputados, para lograr el acuerdo de por lo menos otro grupo parlamentario o dos grupos parlamentarios, para poder reformar la Constitución, dado que no podrá tener ningún partido más del 63%, o sea no más de 315 legisladores.
El problema de esta sobrerrepresentación, que está implícita en la propuesta del PRI, es que a partir de porcentajes de votación muy bajos, el PRI o el partido mayoritario, simple, comienza a acumular, comienza a contabilizar votos, por la vía de representación proporcional.
Incluso me atrevo a afirmar que puede comenzar a sumar con gran celebridad curules, por debajo de los márgenes del 30% o del 25%. Es demasiado bajo el nivel a partir del cual el partido mayoritario simple comienza a sumar rápidamente curules a su favor, hasta llegar al 65%.
¿Esto qué implica? Que las curules o los diputados para este partido van a ser relativamente baratos. Los diputados del PRI podrán obtenerse con muy poca votación, por la rapidez con que se acumulan a favor de este partido en las listas regionales.
En cambio, en cambio para los partidos minoritarios, esos mismos diputados serán más caros, dado que tendrán que tener un mayor número de votos y tendrán que hacer un esfuerzo mayor para obtenerlos. Aquí radica, a mi modo de ver, la iniquidad de la propuesta: que los diputados del PRI saldrán muy baratos y los diputados de la oposición saldrán relativamente más caros.
Pero ¿cuál sería la fórmula más adecuada?, por que en todas las fórmulas que ha habido en la Constitución siempre ha habido un margen de sobrerrepresentación mayor o menor, siempre tratando de asegurarle al PRI la mayoría.
Se parte del concepto de que sólo teniendo la mayoría absoluta, de que sólo teniendo la mayoría simple, el partido podrá gobernar la Cámara de Diputados, de que en otras condiciones, cuando esto no sucediere ese partido no podrá gobernar la Cámara de Diputados. Por eso se opone el PRI a la aplicación del partido de la representación proporcional.
Pero en realidad la gobernabilidad de la Cámara de Diputados depende fundamentalmente de la habilidad de los líderes parlamentarios, de los jefes de los grupos parlamentarios para ponerse de acuerdo. Puede ser que en esta Cámara ningún grupo parlamentario tenga la mayoría simple, pero si los grupos, los líderes de los grupos se ponen de acuerdo para conducir la Cámara, para poder aprobar leyes en forma conjunta, haciendo a un lado o coincidiendo en objetivos programáticos, pueden gobernar la Cámara de Diputados sin necesidad de que haya un partido que tenga la mayoría absoluta.
En el fondo lo que está implicando es que a partir de la mayoría absoluta el partido mayoritario impone al resto de los grupos parlamentarios las reglas de la concentración, como sucedió en la pasada Legislatura y como sucede exactamente ahora, a partir de la mayoría se aplican las reglas a los demás grupos parlamentarios.
¿Qué sucedería si se aplicara el principio de la representación proporcional directa que sería el mecanismo que reflejara más fielmente la expresión popular: a tal porcentaje de votos, tal porcentaje de diputados? Sin embargo, y aquí obviamente no hay una fórmula perfecta, al aplicarse el sistema de representación proporcional lo más seguro es que no hubiese en la Cámara ningún partido mayoritario, sino que todos fuesen partidos minoritarios.
Si nosotros aplicáramos el principio de representación proporcional hoy a esta legislatura, la mayor parte de lo partidos políticos verían descender notablemente el número de sus integrantes, que no corresponden a la votación tenida en las urnas electorales; ése sería el carácter digamos injusto de la representación proporcional, porque todos los partidos verían disminuir su número de diputados y habría una nueva integración numérica de la Cámara de Diputados.
No obstante la imperfección que tiene ese sistema de representación proporcional, es, a mi modo de ver, el sistema que menos se presta a la manipulación, es el sistema que menos se presta a la sobrerrepresentación y a la subrepresentación, porque también hay el otro extremo, el de la subrepresentación, que perjudicaría a los partidos minoritarios.
Entonces, se requiere, no desconozco, que de implantar el sistema de representación proporcional directa e integral, tendría que haber modificaciones al sistema electoral, en primer lugar ya no podría haber el sistema mixto, habría un solo sistema, quizá habría una sola circunscripción electoral en todo el país y habría una serie de cambios importantes.
¿Por qué el PRI, por conducto del señor diputado Valencia Carmona, encuentra defectos en el sistema de representación proporcional? Porque de aplicarse ningún partido tendría la mayoría en la Cámara de Diputados y se verían obligados todos los grupos parlamentarios a la concertación parlamentaria como una actividad permanente y sistemática y cuando digo concertación, hablo de una concertación de a de veras, no de aquella que se impone desde la posición de partido mayoritario simple; de tal manera que habría en esta Cámara un verdadero juego parlamentario en que los grupos coincidirían en objetivos programáticos, discreparían de ellos y habría una verdadera política parlamentaria en el Congreso de la Unión.
Por eso es que el PRI no acepta el principio de representación proporcional; no obstante y con fundamento en el artículo 86 del Reglamento Interior, hago la siguiente proposición:
"Artículo 54. La elección de los 500 diputados se hará de conformidad con el principio de representación proporcional directa e integral".
Sala de Sesiones, a 27 de agosto de 1993. Muchas gracias.
Dejo en la Secretaría mi proposición.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Demetrio Hernández Pérez.
El diputado Demetrio Hernández Pérez:
Con su venia señor Presidente; compañeras y compañeros Legisladores:
Hace poco decíamos en esta tribuna algo que hoy tiene una importante vigencia, un mensaje ilustrativo que nos da claridad en este debate; todos o más bien casi todos, pregonan el cambio político, casi nadie defiende en el discurso formal el statu quo, pero aquí como en otros ámbitos de la vida, desnudar la realidad de los discursos políticos es una tarea indispensable para quienes pretendemos ser actores y no simples espectadores de la vida política nacional.
De ahí la conveniencia de descubrir la lógica de los discursos políticos partidarios y desentrañar sus reales intenciones. Unos por ejemplo dicen buscar la pluralidad democrática y en la práctica sólo reclaman el privilegio de ser en todos lados la primera minoría y además ser la única fuerza alternante de gobierno; así, exigen un pluralismo convenenciero en el reparto de una curul senatorial adicional, hacen malabarismos, por cierto fallidos, para demostrar que sólo hasta ellos deben llegar los linderos de la pluralidad, descubren aparentes ofensas al federalismo cuando las bondades de la extensión plural expresadas en el sufragio ciudadano, los sobrepasan; otros muy recientemente dicen aceptar la terminación de la cláusula de gobernabilidad, aquí se acaba de decir en la Cámara de Diputados, pero al tratar de descifrar el lenguaje en el que exponen su propuesta, uno se encuentra con una desagradable sorpresa, proponen eliminar la cláusula de gobernabilidad, pero a cambio de elevar la sobrerrepresentación del partido con más número de votos, ejemplos ilustrativos del carácter esbozado de ciertos discursos políticos que reflejan sin lugar a dudas, los resabios de una cultura política autoritaria y exhiben simulaciones desfasadas con los nuevos tiempos de una economía y de una sociedad más abierta. Rémoras de un proteccionismo, en desuso y penosa expresión de métodos políticos, opuestos a la transparencia plural.
¿Por qué se analiza una iniciativa del partido oficial cuando ha habido otras iniciativas importantes? La nuestra, la del Frente Cardenista, es una iniciativa equilibrada, justa y quiero pedirle
a la Presidencia autorice a la Secretaría para que nuevamente se le dé lectura a nuestra propuesta y se valoren sus alcances.
El Presidente:
Procédase en los términos que lo solicita el señor diputado.
El secretario diputado Enrique Rico Arzate:
Artículo 54. Modificación del texto: "La elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de listas regionales, se sujetará a las siguientes bases y reglas y a lo que disponga la ley:
Primero. Para obtener el registro de sus listas regionales, el partido político nacional que lo solicite, deberá acreditar que participa con por lo menos la mitad más uno de candidatos en elección con mayoría relativa.
Segundo. Tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados según el principio de representación proporcional. Todo aquel partido político nacional que alcance por lo menos el 1.5% de la votación total emitida para las listas regionales de las 5 circunscripciones y no se encuentre comprendido en los siguientes supuestos:
a) Haber obtenido el 51% o más de la votación nacional efectiva y que su número de constancias de mayoría relativa represente un porcentaje del total de la Cámara, superior o igual a su porcentaje de votos o,
b) Haber obtenido menos del 51% de la votación nacional efectiva y que su número de constancias de mayoría relativa sea igual o mayor a la mitad más uno de los miembros de la Cámara.
Tercero. Al partido que cumpla con lo dispuesto con las fracciones I y II de este artículo, le serán asignados por el principio de representación proporcional, el número de diputados de su lista regional que corresponda al porcentaje de votos obtenidos en cada circunscripción plurinominal.
La ley determinará las normas para la aplicación de la fórmula que se observará en la asignación. En todo caso, en la asignación se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las listas correspondientes. Cuarto. En los términos de la fracción anterior, las normas para la asignación de curules son las siguientes:
a) Si algún partido obtiene el 51% o más de la votación nacional efectiva y el número de las constancias de mayoría relativa representa un porcentaje del total de la Cámara inferior a su referido porcentaje de votos, tendrá derecho a participar en la distribución de diputados electos según el principio de representación proporcional hasta que la suma de diputados obtenidos por ambos principios representen el mismo porcentaje de votos.
b) Ningún partido tendrá derecho a que le sean reconocidas más de 315 diputados, que representan el 63% de la integración total de la Cámara, aún cuando hubiere obtenido un porcentaje de votos superior. Servido, señor
Presidente.
El Presidente:
Continúe señor diputado Hernández.
El diputado Demetrio Hernández Pérez:
Gracias señor Presidente. Quiero reiterar aquí, desde esta tribuna, la invitación al orador del partido oficial para que me responda estas preguntas:
¿Por qué cuando se dice en los medios masivos de comunicación que se elimina la cláusula de gobernabilidad, nos damos cuenta de que no es cierto? Hablemos claro, hablemos bien, pongámonos de acuerdo. No es justo que la mayoría aplaste a las minorías, tampoco sería justo lo contrario, pero nosotros sostenemos que debe haber una representación real, equilibrada y anteponemos, que quede claro, al nacionalismo, el compromiso cívico de cada ciudadano y de cada representante en esta Cámara de Diputados, para llevar una discusión sana, anteponiendo los intereses de la nación a nuevos intereses de grupos.
Los invitamos a que contesten estas preguntas y a que consideren nuestra propuesta y, en todo caso, nos argumenten en contra. Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente:
A continuación tiene la palabra el compañero diputado don Carlos González Durán.
El diputado Carlos González Durán:
Con su venia, señor Presidente; honorable Asamblea:
Parece que todos somos iguales, pero como que hay unos que son más iguales y más bien dicho, como que hay uso sólo que es el verdaderamente igual y se llama elector supremo.
El discurso de principios que viene animando la legislación electoral, habla de estos principios, la certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y profesionalismo; pero estos llamados principios están gastados y desgastados.
La certeza que tiene el pueblo mexicano es de las chuecuras en todas y cada una de las elecciones. La legalidad es todo lo contrario. La imparcialidad es la parcialidad. La objetividad es la subjetividad y el profesionalismo sí existe, pero es de los delincuentes electorales.
Dadas estas condiciones, quisiera en cuanto el tiempo lo permita, hacerme dos preguntas: ¿qué democracia?, ¿qué igualdad?
La democracia no se lleva con los sistemas monoburocráticos, la democracia es policéntrica, la democracia es representativa, quiere decir que no debe dar la espalda a los anhelos sociales. La democracia es fomento de la individualidad humana, la igualdad en la libertad, pero no la uniformidad de los borregos.
En la democracia nadie es absoluto, ni despotismo ni idolatría, se habla de estado de derecho, pero el estado de derecho es aquél en que obedecemos las normas, no a los gobernantes en sus caprichos.
La democracia es gobierno moderado, respeta a instituciones, es el gobierno mediante la discusión, no usa de la violencia ni de sistemas hegemónicos.
En la democracia las leyes las hacen los mismos que las deben respetar; la democracia no es tecnocracia, porque la tecnocracia quita al pueblo la toma de decisiones. Se trata de que el Gobierno debe ser resultado de la voluntad popular, porque la voluntad popular es la que debe asumir su futuro, por lo tanto la democracia es el control de la sociedad civil sobre el Gobierno.
La democracia es tolerante y plural, respeta los espacios de la disidencia.
Ningún partido tiene el monopolio del patriotismo. El patriotismo es una cualidad que deben practicar todos los partidos y todos los ciudadanos.
En la democracia las agrupaciones sociales pertenecen a sus miembros; no se dan los cuadros de los charros sindicales como tapones de los derechos políticos.
La democracia es flexible, no es rígida y no hay decisión muchas veces que no cause la manifestación pública de protesta. La democracia es visible y transparente. Las principales decisiones se ponen a la vista de la sociedad civil.
Aquí también algunos compañeros han manifestado que el verdadero parlamento exige la presencia del diálogo. No hay diálogo con descalificaciones. No hay diálogo si no se aceptan las razones opositoras si están justificadas.
En la democracia no se rinde culto a la personalidad, se reconoce el prestigio bien ganado de los gobernantes. En la democracia queremos ser tratados sin ventajas y sin privilegios.
El juego electoral es como un juego de barajas o un juego de ajedrez. Si estamos jugando póquer y nos dan sólo tres cartas, ¿cómo vamos a hacer un póquer? Si estamos jugando ajedrez y nos quitan las torres y los caballos que son de las piezas más estratégicas, ¿cómo vamos a ganar el juego?
Las elecciones son como una competencia, como una carrera. Se requieren dos clases de igualdades, la igualdad en el punto de partida y la igualdad en el punto de llegada. La igualdad en el punto de partida significa paridad y la igualdad en el punto de llegada significa dar más a quien menos tiene.
El financiamiento de los partidos debería ser uniforme hasta un primer suelo y a partir de ahí aplicar la proporcionalidad. La democracia es pues la libertad del hombre y del pueblo en la elección de gobernantes. Las ventajas de la democracia son integración de todas las fuerzas sociales, concurrencia, iniciativa plural, flexibilidad política, empleo constructivo de la oposición, tolerancia, respeto a la dignidad humana, que todo poder esté controlado, que el poder esté dividido, que haya un equilibrio y sistema de pesos y contrapesos, que las funciones estén especializadas en el aparato de Estado.
Para que el todo social sea armónico, las partes deben tener su gravitación de acuerdo a su propio peso político. La burocratización y la corrupción electoral causan la apatía ciudadana. La democracia es dinámica, resuelve los problemas, no hace demagogias. La democracia requiere la conciencia social abierta, sin dogmatismos doctrinarios. Es también un recíproco reconocimiento de la dignidad humana, dice Hans Kelsen
La democracia es la convivencia justa; la República es la convivencia de los ciudadanos. También es la democracia y la República el estado laico. Es el mundo que es para todos, no para unos pocos; no para esos que llamamos "los iguales".
Protección de la persona humana ante el poder del Estado, según el liberalismo deben ser los espacios de los derechos personales y civiles, pero los espacios de los derechos políticos y sociales; el estado tiene una responsabilidad de hacer factible su ejercicio igualitario.
Democracia es el desarrollo de las capacidades humanas, las élites abiertas, la participación de los movimientos sociales; la democracia nueva es la que se expresa en las calles, en las marchas, donde se reclama la crítica del sistema para que éste responda a los nuevos derechos.
El tiempo en que vivimos es llamado por Bovio "el tiempo de los derechos", porque es el tiempo en que los ciudadanos y sujetos a cuyos derechos no se ha accedido, no se ha concedido, lo están reclamando. La reclamación de los derechos políticos es una ola mundial, es un espacio mundial. Pues bien, qué igualdad. La igualdad, decíamos, es lo justo. No toda igualdad es justa. La igualdad que anula la individualidad humana, la uniformidad, eso no es justo.
Lo justo es dar a cada uno lo suyo, en algunas situaciones conforme al mérito, en otras situaciones conforme a la capacidad, en otras situaciones conforme al talento, en otras conforme al esfuerzo o al trabajo o al resultado de la acción de la convivencia, o bien, en unas dimensiones humanas, justo es la satisfacción de las necesidades humanas, desde las básicas hasta las culturales.
Es pues la igualdad tratar igual a los Iguales y desigual a los desiguales. Un sistema electoral correcto y democrático, no es el que le da más a la primera mayoría. Ya sabemos que entre nosotros la primera mayoría es la del ausentismo, pero la segunda mayoría se quiere llevar todo el pastel y eso no es correcto.
Aquí las tesis que se han presentado de la mayor amplitud, el principio de elección proporcional, son más consecuentes.
La igualdad que ameritamos es en muchos aspectos igualdad jurídica, igualdad de derechos, igualdad en la ley.
El tema que estamos aquí debatiendo es la igualdad de la ley; la igualdad en los partidos. No nos hemos pronunciado por la paridad, la equiparación de gravitación, de decisiones en los órganos electorales. Se trata pues de un conjunto de exigencias, que entendemos son indicadas para la igualdad en la libertad de los ciudadanos, la libertad es un bien individual, así como la justicia es un bien social.
Entonces los criterios de igualdad electoral deben ser para crear condiciones de que la contienda electoral esté regida por los siguientes principios, dado que los anteriores principios están gastados y desgastados, pareciera que sería más consecuente decir: las elecciones deben ser libres para el ciudadano; las elecciones deben ser competitivas, deben ser competitivas, deben acudir a los ciudadanos; las elecciones deben ser correctas en sus procedimientos y órganos; las elecciones deber ser respetadas; las elecciones deben, entonces, ser verdaderas, cumplirse la función selectiva de los gobernantes.
Que todos los hombres sean iguales, lo dicen nuestras leyes, pero poquísimos son los que disfrutan verdaderamente de condiciones de bienestar y condiciones de bienestar y condiciones de poder político.
Podemos entender que todos somos iguales, debería ser "todos los ciudadanos mexicanos somos iguales", pero parece que no lo somos. A los que viven en el extranjero no les damos derecho a votar; a los que viven en esta ciudad a puro "chilangazo", tampoco tienen derecho de elegir gobernantes.
Entonces, aunque los seres humanos sean desiguales e individualmente distintos, queremos ser tratados con respeto y el querer ser tratados con respeto quiere decir querer ser tratados con igualdad.
Pues, querer ser tratados con respeto y querer ser tratados con igualdad, significa principalmente que no todas las igualdades son deseables.
Si teóricamente todos los ciudadanos deber ser elegidos y todos deben ser electores y Presidente de la República, debemos entender que desregularizar el artículo 82 es dar un paso adelante en la política desnacionalizadora y extranjerizante, es dar un paso más en el debilitamiento del sistema interior del poder soberano del país y subordinarlo al vigor de la intromisión de la dependencia; es debilitar las condiciones y posibilidades de un Gobierno patriótico.
Claro está que no basta que el Presidente sea hijo de padres mexicanos para que sea magnífico
Presidente, pero no me parece que ésta es una condición para, aunque no sea una condición por.
Por lo tanto, un juez japonés que sea magnífico juez en Japón, sea un pésimo juez en México. Así, un extranjero y menos por naturalización, como lo pretendía la propuesta alterna de la proposición no disyuntiva, implicaría hasta abrir las puertas en una desregulación tan excesiva que nos llevaría a crear condiciones de subordinación ante las fuerzas foráneas. Debilitar lo externo es abrir la puerta a la hegemonía foránea.
Por lo tanto, concluyo con estas frases, hay una expresión que me parece muy certeza y muy correcta y es la que ha pronunciado el señor Presidente de la República, cuando fue entrevistado en la televisión y dijo: "El artículo 82, como está, está bien".
Quiere decir que estamos dando pasos inestables en nuestro debate. Avanzamos y retrocedemos, como que estamos perdiendo el horizonte y como que estamos perdiendo el camino. Es todo.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Mario del Valle.
El diputado Mario del Valle Fernández:
Con su permiso señor Presidente. Compañeras, compañeros Diputados:
Está claro que México ha avanzado de una representación mayoritaria a una representación combinando la representación proporcional.
En 1963, cuando se abrió la representación a diputados de partido, se configuró una primera expresión para incorporar expresiones minoritarias que no tenían una voz en el Congreso hasta ese momento. Posteriormente en 1977 y en 1986 hubieron momentos de integración de mayor consenso de representaciones proporcionales.
Sabemos que es complejo conciliar dos sistemas electorales básicos que existen, me refiero al que sustenta el principio de mayoría y al que lo hace bajo la representación proporcional, ambos tienen pros y tienen contras. En un sistema de mayoría se privilegia por encima de todo la capacidad para determinar quién debe tomar decisiones en un órgano colegiado; en un sistema de representación proporcional se caracteriza ante todo la representatividad, en áreas de sacrificar la eficacia en la toma de decisiones.
Uno y otro principio, con sus pros y sus contras, tienen una ventaja fundamental al integrarse, para relacionar de una manera completa la personalidad, la votación de un distrito, con el tomar en cuenta la votación que se da en su conjunto para hacer una representación proporcional.
Tomando en consideración que si maximizamos ventajas inherentes a cada principio, estamos integrando el sistema mixto de representación y de votación que tenemos para integrar la Cámara de Diputados.
En estos conceptos no cabe hablar de sobrerrepresentación, cuando estamos hablando de un reconocimiento, de una votación mayoritaria, en la que todos participamos en igualdad de circunstancias.
Estamos combinando una decisión mayoritaria con una representación proporcional atemperando efectos de una y de otra.
Los sistemas mixtos son una variedad que no es predominante en un solo país sino tiene su vigencia en otros sistemas electorales; en esto, influyen las características de un electorado, la cultura política y el sistema de partidos que prevalecen en una nación.
Con el planteamiento que hemos hecho al buscar contender con un límite en mayoría del 63%, estamos reconociendo que sea la voluntad y preferencia de los electores las que de la capacidad de votación y reconocimiento a los triunfos de cada partido.
Sabemos que esto no es fácil o no está asimilado por otras acciones o por otros conceptos y que se crea a su vez, según su parecer, una tendencia bipartidista y hay quien señala más allá, que nos regresa a una mayoría perpetua.
Hemos cambiado nuestra propuesta inicial al variar de un 70% con 350 curules a una segunda de 63% con 315 curules, garantizando una mayor amplitud a representaciones proporcionales. Nosotros entendemos que es una preocupación fundamental que cada partido debe contender por candidatos de mayoría y que el trabajo partidista debe estar fundamentado en el mayor número de triunfos y en el mayor alto porcentaje de votación; no es válido cancelar la decisión de las mayorías en toda una nación.
Nosotros reconocemos que hemos transitado buscando sistemas de representación proporcional. Ha habido representaciones en otros sistemas que se llaman "pura", "impura" o una representación con barrera legal.
Nuestro sistema reconoce un sistema con barrera legal al establecer un tope de la votación del 1% para tener derecho a una representación de este carácter, éste nos asemeja a un caso como es el sistema alemán. El sistema de representación proporcional, si se pretendiera compararlo o clasificarlo con algún sistema electoral, podríamos decir que en el sistema anglosajón, que es de mayoría relativa o el francés de mayoría absoluta, nosotros estamos en un caso que se manifiesta para México en una cosa particular.
En el caso de México, los elementos que conforman el sistema de representación proporcional lo hacen de manera diferente a los demás. Posee México características propias derivadas de una evolución del sistema original y que fue mayoritario, cambiando posteriormente a uno de representación mixta.
Será responsabilidad en este entonces que cada partido político organice y haga un funcionamiento eficaz de sus programas, sus estructuras y contienda con mayor ahínco en una votación en el porcentaje nacional.
La fijación del tope del 63%, obliga a que ninguna fracción parlamentaria tenga una relación directa de modificación representativa absoluta. Este planteamiento de reforma electoral si bien es un planteamiento de mayoría no rebasando un 63%, sí conforma una referencia y de preferencia directa de los electores.
La reforma constitucional en comento, trata de consolidar un sistema de partidos competitivos con probabilidades reales de obtener triunfos de mayoría y que no estén esperanzados en una representación proporcional. Nosotros no somos partidarios de los extremos, no estamos porque el tope sea una reforma para que un solo partido contienda y a modificar directamente la Constitución.
Nos atenemos a los consensos en la Cámara de Diputados, buscamos una representación parlamentaria atentos a una nueva correlación de fuerzas. Vamos a los debates camarales, pero no renunciamos como partido a buscar el triunfo en los distritos electorales ni a lo que nos da nuestra representación de votación nacional.
El diputado Raymundo Cárdenas Hernández (desde su curul):
Señor Presidente: ¿podría preguntarle al señor diputado si me permite una interpelación?
El Presidente:
Señor diputado Del Valle, ¿acepta la interpelación solicitada por el diputado Cárdenas?
El diputado Jesús Mario del Valle Fernández:
Sí, señor Presidente.
El Presidente:
Proceda usted señor diputado Cárdenas.
El C. diputado Raymundo Cárdenas Hernández (desde su curul):
Gracias.
Señor diputado Del Valle: usted nos está haciendo en su intervención la sugerencia de que es necesario que los partidos compitan para ser mayoría en los distritos. Yo quisiera preguntarle las razones por las que debe premiarse precisamente a los partidos que ganen distritos, con la asignación de diputados, con la votación que hayan tenido también en esos distritos mayoritarios.
El diputado Jesús Mario del Valle Fernández:
Nuestro sistema electoral fue variando hasta tener una representación a la que no teníamos derecho anteriormente sobre representación proporcional. No teníamos derecho a participar en ella. Lo que estamos proponiendo es que se premie la voluntad del electorado, que nosotros tenemos derecho a participar en igualdad de condiciones a los demás partidos en lo que es la distribución proporcional de los diputados. No tenemos por qué, en aras de una mayoría que obtuvimos en los distritos, renunciar a lo que es una voluntad electoral nacional.
El diputado Raymundo Cárdenas Hernández (desde su curul):
Pido la palabra.
El Presidente:
Para rectificar hechos se concede la palabra al señor diputado. Raymundo Cárdenas.
El diputado Raymundo Cárdenas Hernández:
Gracias Señor Presidente; honorable Asamblea:
Los cambios en la leyes electorales que aquí nos han descrito varias veces los oradores del PRI especialmente, han tenido una evolución que todos conocemos: Primero, en 1977 la reforma reyes heroliana, propuso la fórmula de representación proporcional para permitir el ingreso a esta Cámara de minorías excluidas. El principio de cociente rectificado premia a las minorías.
Después la legislación que ahora tenemos, perdón, la que teníamos hasta 1989, permitía la representación estrictamente proporcional, combinando distritos y listas. Pero los partidos prácticamente tenían la posibilidad de estar representados aquí en esta Cámara, con tantas curules como su porcentaje de votos nacionales lo indicaran. Pero a partir de 1988, en lugar del estímulo a las minorías, el PRI inventó o se vio obligado a ir por la cláusula de gobernabilidad. Se olvidó del estímulo a las minorías y entró a la dinámica de una ex mayoría que ve irremediable su conversión en mayoría relativa o en una de las minorías que compiten por ser las más grandes y generar la seguridad de que puede gobernar siendo minoría relativa.
Y ahora tenemos otro problema, que es el que a mi juicio es más grave y que el compañero diputado Del Valle, no explicó. Efectivamente esta legislación que ahora nos presentan, premia a los partidos que ganan distritos, porque ésos van a tener votos que van a valer más que los votos de los ciudadanos que no ganan distritos. Ese es un hecho.
Para un partido regional como era antes de la elección de gobernador el PARM en Tamaulipas, el PAN podría ganar distritos en Tamaulipas y con esos votos nacionalmente tendría un porcentaje muy bajo. Pero tendría diputados de mayoría. Con la fórmula de ahora, el PARM con los votos de antes, tendría sus diputados de mayoría y además diputados de representación proporcional.
Ahora, el PARM aunque tenga un porcentaje nacional mayor, pero si no gana los distritos de Tamaulipas, va a estar menos representado.
Y la pregunta que yo le hacía al diputado es ¿por qué premiar a los que ganan distritos? ¿Qué diferencia hay entre 100 mil votos que ganen dos distritos y 100 mil votos repartidos en 10 distritos? ¿Por qué los que ganan dos distritos tienen que ser premiados todavía dándoles más diputados de representación proporcional? Ese es el tema y no hay contestación distinta a la del pragmantismo. Es evidente cuáles son las fuerzas políticas que tienen capacidad hoy para ganar distritos electorales y esa es la apuesta.
Es junto con la fórmula del senado, el estímulo a la concentración de la votación en partidos que tengan capacidad de hacer mayorías concretas en estados o en distritos; es el estímulo al voto útil, es el estímulo al bipartidismo estilo Estados Unidos.
No es suyo en sí mismo un demérito que una fuerza política nacional tenga una votación de 15% nacional y que no gane distritos. ¿Qué de vergonzoso hay en ello? No hay nada vergonzoso; pero aquí se le castiga.
Es obvio que para hacer mayorías en distritos, en demarcaciones territoriales concretas, hay que anudar intereses concretos de caciques, de hombres de empresas influyentes, de medios de comunicación, de personalidades concretas.
Eso es lo que hace que un partido gane distritos en mayoría, no las propuestas nacionales programáticas. ¡Eso es falso!
En un distrito puede ganar el cacique fulano de tal o personalidades como Enrique Cárdenas González; por ejemplo, en Tamaulipas, obtiene votos regionales por su persona y no por propuestas concretas de partidos nacionales.
En esta fórmula está contenida una visión estratégica que ve reproducido en este país, el régimen político de Estados Unidos, de dos fuerzas con capacidad de hacer mayorías o primeras minorías y las demás fuerzas borradas del mapa.
Puede ocurrir que una fuerza nacional homogéneamente distribuidos sus votos, quede muy mínimamente representada aquí. Eso es lo que es incorrecto de esta propuesta y se liga a lo que nos proponen para el Senado.
Por eso el diputado no me pudo contestar por qué razón hay que premiar a los partidos que ganen mayorías en distritos.
Dicen, además, por otro lado, que nos se va a poder hacer coaliciones porque lo prohiben tanto para lo del Senado, en el Cofipe, según las propuestas que hicieron los del partido de la mayoría de la Comisión Plural, se impedirán candidaturas comunes y coaliciones.
Eso implica también la imposibilidad de hacer mayorías a un conjunto de agrupamientos que tengan denominación partidaria distinta; premiando a una coalición, porque eso es el PRI, una coalición de intereses de empresarios con líderes o de empresarios agrarios metidos en el mismo saco con ejidatarios, pero unidos por el poder del Estado y ésos ganan los distritos. Eso es el PRI; esa coalición llamada PRI va a ser premiada en un sistema como el que nos están presentado. ¿O también va a ser premiado cualquier fuerza que logre tener influencias regionales muy concretas a través de líderes empresariales, de líderes de opinión? En fin, con los recursos del Estado se pueden hacer esas coaliciones.
Creo que es necesario revisar esta propuesta mejor; sería bueno que corriera la misma suerte del artículo 82.
El Presidente:
Para rectificar hechos y hasta por cinco minutos, tiene la palabra el diputado Francisco Gárate.
El diputado Francisco Gárate Chapa:
Con su permiso señor Presidente; compañeros diputados:
De acuerdo con la iniciativa de reforma constitucional en discusión, la integración de la Cámara de Diputados lleva a sus consecuencias naturales la vigencia de un sistema mixto de integración de ésta con preponderante mayoritario.
En efecto, los diputados de representación proporcional se originan por un mecanismo que tiende a distribuirlos de manera proporcional. Las diputaciones de mayoría, por su parte, son producto de los distritos, de la competencia distrital, los cuales en nuestro esquema son un factor determinante para las tomas de decisiones camarales.
En la contienda distrital gana quien más votos obtuvo. Resultaría irracional que quien obtuvo mayores votos en un distrito no obtuviera esa posición. Este es un principio que se rectifica con la propuesta y que injustamente se ignora en el esquema de la cláusula de gobernabilidad actual. Porque independientemente de las mayorías que se ganen, se logra mayoría absoluta de la Cámara por tener casi la tercera parte de la votación nacional efectiva: el 35%.
En este debate se han planteado puntos de vista diferentes y concepciones con las cuales no coincidimos. Aun en la teoría parlamentaria no hay fórmulas unánimemente aceptadas.
Aunque en la nueva fórmula se da la sobrerrepresentación, con ésta la mayoría de la Cámara no depende del porcentaje que obtenga un partido para tener la garantía de la mayoría de los miembros de esta Cámara. Requiere un esquema de disputa real de la diputación de mayoría.
La propuesta que se considera, tiene varios cambios que consideramos positivos:
1o. Que por primera vez se suprime la posibilidad de que un partido tenga mayoría constitucional. Esto es en sí mismo una mejora importante, no trivial, de nuestro sistema jurídico camaral.
2o. Que no por el hecho de obtener el 35% de los votos se tenga la garantía de tener el 50% más uno de los miembros de la Cámara. 3o. En la medida en que el partido mayoritario disminuye su porcentaje de votos, sin lugar a dudas reduce también el número de distritos que puede ganar, los que proporcionalmente son distritos que gana la oposición. Lo que empieza a dar ventaja numérica a ésta.
El sistema propuesto posibilita un esquema de representación real, si el escenario electoral de verdaderamente competitivo.
Nadie duda que algunos partidos de oposición en forma permanente han tenido avances y que en el futuro los continuarán teniendo, lo que significará un cambio importante en la distribución de curules de mayoría.
4o. Por primera vez se vislumbra un escenario en donde el PRI no tenga mayoría absoluta, aunque ningún otro partido la obtendría, lo que conduciría a la necesidad de establecer alianzas parlamentarias para garantizar la gobernabilidad de la Cámara y que el trabajo legislativo pueda salir adelante en forma plural y velando siempre por los intereses de México.
Hoy lo que la oposición exige es que tenga verdadera vigencia un sistema democrático. Hoy lo que buscamos es encontrar una alternativa que permita lograr la estabilidad social, la paz y el encuentro de mejores caminos para el desarrollo y la solución de los problemas de México, en una estabilidad cimentada en la democracia no en el autoritarismo, no en las ficciones y mucho menos en el desaseo electoral.
Como dijera don Efraín González Luna: "La verdadera estabilidad política es la de un pueblo que se siente representado, respetado y servido por su gobierno". Gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos, se concede el uso de la palabra a la señora diputada doña Patricia Ruiz Anchondo.
La diputada Martha Patricia Ruiz Anchondo:
Con su permiso, señor Presidente; honorable Asamblea:
De los argumentos que se han vertido en esta tribuna sobre este tema, me llama mucho la atención que quienes defienden el esquema y la propuesta tal y como está en la iniciativa, aducen como un argumento el esquema de la disputa real, que es precisamente lo que no existe en México. ¡No tenemos un esquema de disputa real por el poder!, es lo que no hay y es precisamente lo que se reclama por la sociedad y por todas la fuerzas políticas.
Esta reforma que estamos discutiendo ahorita no tiene ni por error la garantía de que la disputa real se va a dar en nuestro país.
¿A qué nos enfrentamos cada vez que vamos a un proceso electoral? Al fraude electoral, a la inflación de votos por el partido que controla las elecciones a través de los órganos electorales y del Gobierno.
Acabamos de presenciar un proceso, como en el Estado de México, donde el partido mayoritario se infló la votación en un millón de votos. Aquí ha hablado el diputado Del Valle de que hay que darle la representación según los votos que obtengan los partidos; ¿en este esquema de fraude electoral?, ¿a qué nos estamos refiriendo?
¡No nos engañemos, compañeros diputados! Me llama la atención que precisamente en este momento, cuando la sociedad está demandando de nosotros mayor responsabilidad en el sentido de que todas las fuerzas políticas en el país tengan posibilidad de acceder a los puestos de representación popular, se cierre esta posibilidad a que esta sociedad tenga que entrar a los puestos de representación popular vía los partidos que entren en este esquema.
Yo creo lo que está de fondo es esta situación. Yo no me opondría a la modificación y al esquema como está planteado en la iniciativa, si efectivamente existiera en nuestro país un esquema de disputa real por el poder; ¡eso no es cierto! Vivimos todo un esquema político de sobrerrepresentación de un partido. No sabemos cuál es la representación real de las fuerzas políticas en el país, porque hay un gran margen de maniobra para aplicar la cuestión del fraude electoral, es una situación que creo que no debemos aceptar...
El Presidente:
Señora diputada Ruiz Anchondo ¿aceptaría usted una interpelación del diputado Calderón Hinojosa?
La diputada Martha Patricia Ruiz Anchondo:
Sí, cómo no, con mucho gusto.
El Presidente:
Adelante diputado Calderón.
El diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (desde su curul): Compañera, menciona usted un tema en el que nosotros coincidimos. Si hubiera un proceso verdaderamente democrático, el problema de la integración de la Cámara sería secundario. Ahora, si esto es así, yo le preguntaría: independientemente de las cuestiones del proceso, ¿si hubiera un proceso democrático usted votaría en favor de esta propuesta como se está planteando?
La diputada Martha Patricia Ruiz Anchondo:
Sí, por supuesto, claro que sí, yo tengo esa opinión, de que sí debemos disputar, todos los partidos políticos estamos para disputar el poder, pero ese esquema no existe; ese esquema no existe y hay un gran fraude electoral, condiciones inequitativas en las contiendas, medios de comunicación a favor de un solo partido, la utilización de los recursos del Estado para la promoción del voto, la perversión del juego político y, bajo este esquema para nosotros es absolutamente inaceptable.
No estamos avanzando en la democracia sino estamos tratando de devolverle una mayoría a
un partido político que ya no la puede ganar vía las elecciones y entonces tiene que hacer una serie de trampas para garantizarse una sobrerrepresentación que el voto ciudadano no sé lo está dando sino la alquimia electoral.
El Presidente:
El señor diputado don Raymundo Cárdenas, tiene la palabra para rectificar hechos.
El diputado Raymundo Cárdenas Hernández:
Gracias señor Presidente:
En la teoría de la representación que aquí se ha venido a comentar, sobre todo por los oradores del PRI, se establece que el principio de mayoría relativa establece o produce la nula representación de fuerzas extendidas que no ganan distritos correspondientes y también establece que el principio de representación proporcional completo tiene el problema de que se fortalecen las partidocracias que definen las listas de los partidos y alejan a los diputados o a los representantes de sus electores.
En la teoría, ésas son las dos dificultades que tienen los dos sistemas puros y por eso muchos países mezclan los dos métodos para compensar estos problemas y así la ley que, teníamos hasta antes de 1989, o incluso la actual ley quitándole la cláusula de gobernabilidad, efectivamente permite que por la vía de los diputados plurinominales se compense el problema de la representación de las corrientes que no ganan mayorías y; resulta también que en México el sistema de mayoría relativa no resuelve el asunto de las partidocracias, porque si hay un partido cuya dirigencia sea más fuerte y determinante, es la del PRI, gana mayorías, pero eso no asegura que no haya una partidocracia, porque ahí el Presidente es el que define prácticamente las candidaturas, peor que en el peor sistema de partidos de representación proporcional, peor que los excesos que hubo en Italia y que obligaron a que el sistema de representación proporcional fuera sustituido por el de mayoría.
Aquí la existencia de un partido con un dirigente que es el propio Presidente de la República, anula las ventajas de la mayoría relativa y ahora va a ser peor, porque ganando mayoría relativa, los electores de un distrito van a tener un voto doble porque se van a ir sobre la representación proporcional violando el principio de que el voto debe ser igual para todos los mexicanos.
Ese principio se violenta con la propuesta que nos hacen ahora, porque los electores de una mayoría que gane un distrito, van a representarse con su diputado del distrito y con los diputados de la lista de representación proporcional, van a representarse doblemente; es más, puede ocurrir que si dos fuerzas se reparten más o menos equitativamente en una competencia bipartidista muy fuerte, se reparten las curules de mayoría, digamos 150 y 150, con una votación 50% contra 30% concentradas, va a resultar que las minorías representando el 20% nacional, pero que no ganen mayorías relativas en distrito, esas corrientes nacionales extendidas, no concentradas para ganar distritos, van a quedar reducidas a su mínima expresión.
Van a tener el 20% de las 200 curules, o séase 40, diputados 40 diputados para una fuerza que representa el 20% nacional, cuando 20% de 500 deberían ser 100 diputados y, en lugar de 100 van a tener 40. Ese es el problema.
Se violenta el principio de que el voto es igual. En este caso se va a premiar a los votos de los distritos a los partidos que tienen concentrada su presencia electoral. Gracias
El Presidente:
Para rectificar hechos y, hasta por cinco minutos, tiene la palabra el diputado Alejandro Nieto.
El diputado Rodrigo Alejandro Nieto Enríquez:
Con su permiso, señor Presidente, honorable Asamblea:
Solicité la palabra para rectificar hechos efectivamente, en relación a la intervención de nuestra compañera diputada Patricia Ruiz Anchondo, en relación a su aseveración relativa a las recientes elecciones en el Estado de México.
Quiero expresar a nombre de mi partido, que de ninguna manera podemos aceptar que los resultados de la elección no correspondieron a la voluntad de los mexiquenses y solamente quiero pedirle a la diputada si tiene pruebas fehacientes de su dicho o puede ofrecernos esas pruebas.
El Presidente:
Ruego a la Secretaría, consulte a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo 54 constitucional.
El secretario Florencio Salazar Adame:
En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo 54.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
Suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente:
En consecuencia, se reserva para su votación nominal en conjunto. Ruego también a la Secretaría conservar las propuestas de modificaciones presentadas por los diputados para que se sometan a consideración de la Asamblea al término de la discusión en lo particular.
A continuación, proseguiremos con los puntos de nuestro orden del día y corresponde la discusión en lo particular del artículo 56 constitucional. Están inscritos los siguientes compañeros: Martín Tavira Urióstegui, Manuel Terrazas Guerrero, Raymundo Cárdenas Hernández, Ernesto Gil Elorduy, Jorge Zermeño Infante, Enrique Sada Fernández, Jorge Calderón Salazar, Héctor Ramírez Cuéllar y Juan José Rodríguez Prats.
Tiene la palabra el compañero Tavira Urióstegui.
El diputado Martín Tavira Urióstegui:
Señor Presidente; señoras y señores diputados:
Sobre el Senado hemos tenido oportunidad de hablar en varias ocasiones. Este tema lo abordamos creo que con suficiente extensión cuando se debatió la reforma a los artículos 73, 76 y 89, en el período ordinario anterior.
Se dice que ciertos diputados, y esos ciertos diputados son los del Partido Popular Socialista, en realidad legislamos para el Diario de los Debates, porque muchas de nuestras iniciativas y proposiciones son utópicas, pero señoras y señores diputados, las grandes causas así se presentan ante la historia, las ideas van ganando terreno, se van abriendo paso ante la incomprensión o ante la realidad, pero llega un momento en que se vuelven una necesidad y entonces hay necesidad de hacer los cambios.
No legislamos sólo para el Diario de los Debates, queremos legislar para el futuro. Nosotros consideramos que nuestras proposiciones en relación con el Senado, tarde o temprano se van a imponer.
No me voy a referir desde luego en concreto a la reforma del Senado, porque parafraseando al doctor José María Luis Mora en relación con la Universidad, diríamos que el Senado es irreformable.
Cuando nosotros hablamos del Senado, nos referimos a la institución, no a los senadores. Puede haber y hay senadores preparados, progresistas, los ha habido siempre, los habrá en el futuro, pero nosotros estamos contra la institución del Senado. Consideramos que ha llegado el momento de establecer una Asamblea legislativa única, de carácter popular, porque las transformaciones ocurridas en el país ya no imponen la necesidad de un cuerpo colegiado más, bastaría con la Cámara de Diputados.
No negamos, porque la historia nos desmentiría, que el Senado fue una necesidad cuando surgió la República. El propio federalismo exigía en aquel tiempo el Senado.
No negamos que el Senado respondiera a factores reales del país, factores económicos, factores geográficos, factores sociales, factores políticos, cómo no, un país extenso, no integrado, de economías regionales, de autoconsumo; factores culturales inclusive.
Nadie podrá negar que algunas de las provincias de la Nueva España obedecieron a la existencia de desarrollos culturales, antes de la conquista, muy importantes.
En todo caso, ¿por qué surgió Michoacán? Porque había una provincia y esa provincia era el resultado de la cultura de los purépechas. ¿Por qué surgió una capitanía general en Yucatán, después el Estado de Yucatán que abarcaba toda la península? Por la existencia de una gran cultura en aquella región, claro, ¿por qué el Distrito Federal, aquí en esta ciudad? Por la cultura náhuatl, o algunos dirían por la confederación de Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan. Esos fueron los factores reales.
Ya hemos hablado, junto con muchos de ustedes, sobre la creación de la diputaciones provinciales, que llegarían a ser, andando el tiempo, los congresos de los estados.
Entonces, además de la influencia del federalismo norteamericano, había factores reales que
exigían la existencia del federalismo y en consecuencia de la Cámara que representara a las entidades federativas, es decir como se dice ahora, el Pacto Federal.
El Senado se mantuvo durante tantos años. Esa expresión famosa que todavía manejan algunos jurisconsultos de que el Senado debe ser freno al ímpetu o frenesí, o juventud o rebeldía o romanticismo de la Cámara de Diputados, la acuñó justamente Mariano Otero en el Congreso que aprobó el acta de reformas en 1847. Pero hemos de recordar cómo en el Constituyente Liberal de 1856-1857, el grupo de diputados encabezados por Ignacio Ramírez dijeron muchas cosas que ahora repetimos.
¿Por qué ha de haber una Cámara que representa los estados, como si estos estados fueran repúblicas o entidades absolutamente soberanas y tuvieran que mandar embajadores? Si no es así nuestra Federación, si no es así la realidad política de la nación, establezcamos una Cámara solamente, una Cámara o que represente a los estados o que represente al pueblo en su conjunto, o que dos y, como ustedes recuerdan, se votó en contra del Senado. Señoras y señores diputados, durante largo tiempo el país vivió sin Senado. Todo el Poder Legislativo se concentraba en la Cámara de Diputados y no pasó nada. El propósito del Benemérito de las Américas al término de la Guerra de Intervención de restablecer el Senado, no tuvo éxito como ustedes recuerdan y algunos de atreven a considerar que tal vez la insistencia en que volviera esta Cámara, la Cámara Alta, se debía a que estaba surgiendo un parlamentarismo muy vigoroso, que en cierta forma ponía diques o valladares al Poder Ejecutivo.
Pero aquella realidad que se reflejó en las cartas políticas que establecieron el Senado, se ha modificado profundamente. Ya no es aquel México de regiones aisladas, de entidades que se querían separar como al comienzo de la República.
Recordemos cómo el país pudo haberse disgregado si no se atendía el reclamo de que hubiera un pacto federal; pero esa situación es totalmente distinta.
Hoy afortunadamente ninguna entidad de la República podría plantear su separación del país y formar una entidad soberana aparte. Ha habido voces y eso es muy grave, en los estados fronterizos de la República, de que sería mejor que hubiera una separación para agregarse a los Estados Unidos. Pero esto no podrá ocurrir. Todavía países tan grandes como Brasil, tienen este peligro y ahora los medios de comunicación dan cuenta de que una enorme región de ese país, de 8 millones de kilómetros cuadrados, pretende separarse qué digo, no pretende separarse el pueblo que está en esa gran región, quienes impulsan el separatismo es un grupo y, aquí está la gravedad de brasileños de origen extranjero, de origen alemán.
Esto nos recuerda pues la grave situación que sobrevendría si se reforma el artículo 82 en su fracción I.
Entonces, señores diputados, hemos llegado a un estado del desarrollo del país en que no se requiere una colegisladora, porque si la Cámara de Senadores sigue por el camino del bipartidismo, será una Cámara no democrática será una Cámara ajena a los intereses de la nación y del pueblo.
Y si el Senado se convierte en un cuerpo pluralista, pluripolítico, entonces se repetirá en el escenario de la Cámara de Diputados, se dará el mosaico de la realidad política de la nación, y entonces será como el reflejo de esta Cámara Popular y, entonces devendrá también una Cámara que no tiene ya razón de ser, porque repetirá los mismos debates que se dan en la Cámara de diputados.
La fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista está convencida, señores diputados, de que un camino para democratizar la vida política de la nación es estableciendo una cámara popular, única.
El Senado tuvo su explicación. Senadores ilustre hubo, nadie lo niega, que dieron la vida ante feroces dictaduras, pero la situación ha cambiado. Tenemos que ser consecuentes con la realidad de la nación; nuestro pueblo es único.
La nación mexicana, a pesar de su mosaico cultural, en única; no tiene sentido de hablar de una nación que no está integrada culturalmente porque tiene muchas expresiones regionales, de cultura.
Hablando en propiedad, señores legisladores, diríamos: la cultura de Yucatán es cultura nacional; la cultura de Michoacán es cultura nacional, la cultura guerrerense es cultura nacional; todas son culturas de México, todas las sentimos nuestras, el país está integrado económica, social y culturalmente.
No hay razón para hablar de una Cámara de Senadores que venga a representar los intereses
de cada una de las entidades federativas, seguir manejando conceptos tradicionales, pero que ya no tienen razón de existir en la realidad, diríamos, de la cultura política nacional.
Por eso, el Partido Popular Socialista, señores diputados, mantendrá su posición: una cámara popular única y desaparición del Senado de la República. Muchas gracias.
El Presidente:
Se concede el uso de la palabra al compañero diputado don Manuel Terrazas Guerrero.
El diputado Manuel Terrazas Guerrero:
Muchas gracias, señor Presidente, compañeros diputados:
Vamos a reafirmar, sin detenernos en repetir algunas de las cuestiones que hemos expuesto acerca de cómo vemos la integración del Senado, en función de que es indispensable fortalecer, en esta etapa del desarrollo histórico de nuestro país, al Senado de la República.
Es preciso elevar su papel, es indispensable un Senado de integración pluralista y democrático, que esté en condiciones de poder dar respuesta a los principales retos que una nueva situación de nuestro país y también en un nuevo escenario internacional, seguramente deparará como desafíos al Senado de la República.
Somos partidarios de la reforma del Senado, de un nuevo Senado y sostenemos y llamamos, una vez más, en esta intervención, a la reflexión de todos nuestros compañeros diputados, para que pudiéramos avanzar en ese objetivo que creemos que es objetivo de todos.
Reiteramos nuestro cuestionamiento a la propuesta tripartida. ¿Por qué seguimos pensando, primera minoría y no todas las minorías? ¿Por qué el voto de la primera minoría tiene la misma calidad que la del resto? Lo sostenemos, por eso, porque tiene esa misma calidad, la primera y la segunda y la tercera y la cuarta minorías. Son votos, sin embargo, que no tienen mayoría.
Seguimos pensando que la propuesta no tiene, no ha tenido ahora suficiente, convincente sustento doctrinario, constitucional ni jurídico, ni en los usos, altera los modos y sistemas de representación.
Seguimos pensando que nuestra propuesta no rechaza la representación de las entidades federativas en el Senado; por el contrario, la fortalece con la incorporación de todas las corrientes políticas nacionales.
No nos parece que el elemento federativo sea vulnerado o la representación minoritaria.
Reiteramos y sostenemos, una vez más, que nuestra propuesta soluciona varios problemas que no soluciona la propuesta tripartita. Nuestra propuesta soluciona problemas como, la integración plural, en la justa medida de la fuerza electoral al de todas las minorías sin excepción alguna. No lesiona al partido mayoritario, tampoco a la primera minoría que tendría acceso al Senado en la justa proporción de su fuerza, sin posibilidades de sobrerrepresentación.
Permite un fortalecimiento de la pluralidad y en esa medida será una reforma que permitiendo la expresión de la actual correlación de fuerzas, desaliente al bipartidismo, compensa a las posibilidades pérdidas de la mayoría, posibilita equilibrios nacionales, ya que un partido podrá recuperar, por la vía de representación proporcional, las posibles pérdidas que sufra por el sistema de mayoría.
Permite el acceso al Senado de dirigentes altamente representativos de los partidos políticos, sin inhibir los liderazgos locales y la necesidad de que los dirigentes cuenten con respaldo partidario avalado por el voto popular. Fortalece la actividad legislativa del Senado para mejores efectos del equilibrio bicamaral.
Seguimos sosteniendo, y en esta ocasión reiteramos ante ustedes, compañeras y compañeros diputados, que los debates hasta ahora nos confirman la idea, nos fortalecen en nuestra convicción de que la propuesta del grupo parlamentario del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, previene riesgos antifederalistas, ¿por que? Por lo siguiente:
Conserva la fórmula de representación mayoritaria de dos senadores por entidad. Incorpora el justiciero esquema de representación popular a este cuerpo constitucional de acuerdo con el pensamiento liberal de don Mariano Otero, expresado en el siglo pasado. Que cuenten los votos de mayorías y minorías. Al integrar una lista adicional de 64 senadores por la fórmula de representación proporcional, se buscan mecanismos que no lesionen la estabilidad del Senado. La fórmula matemática es justa, es más justa que cualquiera. Llamamos a que se reflexione sobre esto.
Pueda ser que ahora no avancemos. Quisiéramos, creemos que se puede avanzar, pero ya avanzaremos. Encontrar una fórmula más justa y la nuestra, probablemente, nosotros estamos seguros, se aproxima mucho a esta necesidad. Pretende que mediante el esquema de representación proporcional, se subsanen las deficiencias de la representación de un partido, que ganando curules de mayoría no haya obtenido el porcentaje que le dio el voto popular, que es por tanto una propuesta compensatoria.
La propuesta se aleja de los sistemas de representación de partido casi único y bipartidista. Es una iniciativa modernizadora de nuestra forma de Gobierno constitucional, fortalece el federalismo por la vía de la democracia pluripartidista. La representación mixta y pluralista del Senado no ofende al federalismo; lo trasciende en un sentido democrático. El federalismo no es representante de los estados en particular, es además representativo de la Federación en general; es decir, del pueblo.
El Senado es el pueblo organizado federativamente como establece nuestra propuesta. La república federativa requiere representantes de la pluralidad nacional, éstos deben provenir de los estados ciertamente, pero también del pacto federal consagrado en el tipo de república que establece la Carta Magna.
Dichos representantes provendrán de la soberanía popular representada en los partidos políticos nacionales.
Y pensando también en que se ha establecido la integración mixta del Senado, reiteramos nuestra propuesta, de que también en el Senado estén representantes directos de los partidos, ya sea su presidente o el secretario general, en las condiciones específicas que se puede resolver este problema, pero habría que ver un Senado con grandes riesgos bipartidistas, un Senado que en su primera integración tendrá indudablemente esta característica, el que pudiera compensarse para darle pluralidad, representatividad democrática al Senado, que haya los representantes de todos los partidos políticos registrados, presidente del partido o secretario general, que lo decida el Senado. Es posible incluir esta fórmula.
Por todo lo dicho, estimados compañeros, queremos presentar la siguiente propuesta y dejarla posteriormente a la Secretaría. Formulamos el artículo 56 de la siguiente manera, reformando el texto:
"La Cámara de Senadores estará integrada bajo los principios de mayoría relativa y representación proporcional; además, se conformará con la participación de los presidentes o secretarios generales de los partidos políticos nacionales registrados". Ya explicamos, hago un paréntesis, que sólo aquellos que obtengan el 1.5% de la votación total. Continuó con el texto: "Conforme a lo que disponga la Ley y sin contravenir a lo dispuesto en esta Constitución.
Por el principio de mayoría relativa se compondrá de 64 integrantes, dos senadores por cada Estado de la República y dos por el Distrito Federal; por el principio de representación proporcional habrá 64 senadores. Tendrán derecho a que le sean atribuidos senadores electos por el principio de representación proporcional todo aquel partido político que alcance por lo menos el 1.5% del total de la votación emitida en una sola circunscripción nacional. Si algún partido obtiene el 51% o más de la votación nacional, efectiva y el número de constancias de mayoría relativa representan un porcentaje del total de la Cámara inferior a su referido porcentaje de votos, tendrá derecho a participar en la distribución de senadores electos, según el principio de representación proporcional hasta que la suma de senadores obtenidos por ambos principios represente el mismo porcentaje de votos.
No obtendrá senadores por representación proporcional el partido que hubiese obtenido el 51% o más de la votación nacional efectiva y que su número de constancias de mayoría relativa represente un porcentaje del total de la Cámara, superior o igual a su porcentaje de votos.
Tampoco obtendrá senadores por esta vía, si hubiese obtenido menos del 51% de la votación nacional efectiva y que su número de constancias de mayoría relativa sea igual o mayor a la mitad más uno de los miembros de la Cámara. Ningún partido tendrá derecho a que le sean reconocidos más de 90 senadores que representan el 70% de la integración total de la Cámara, aun cuando hubiere obtenido un porcentaje de votos superior".
Ese es el texto de nuestra propuesta para el artículo 56 de la Constitución de la República que estamos discutiendo. Muchas gracias por su atención.
El Presidente:
Para rectificar hechos tiene la palabra el diputado Francisco José Paoli Bolio.
El diputado Francisco José Paoli Bolio:
Con su venia, señor Presidente; diputados de la nación:
He pedido la palabra para hacer algunas rectificaciones de hecho que se refieren tanto a la intervención del diputado don Martín Tavira, del Partido Popular Socialista: como a esta última intervención del diputado don Manuel Terrazas.
Yo quisiera puntualizar rápidamente, que los valores que se protegen en una Cámara como el Senado de la República en el sistema federal que ha adoptado México, porque hay distintos tipos de regímenes federales con variantes considerables, es uno que busca los siguientes valores:
El primero es el equilibrio, este equilibrio que no se logra solamente con un órgano, sino con diversos órganos y mecanismos dentro de los cuales el Senado de la República, juega un papel dentro de un conjunto de contrapesos y balanzas que tienen distintas formas de integración, que tienen una fuente de representación que se origina y se conduce en forma diversa.
La segunda función y valor que protege una Cámara como el Senado o un sistema bicamaral, es el de la capacidad revisora; es decir, que la Ley que se va a aplicar a un conjunto tan amplio de habitantes, como es el nuestro, tenga la posibilidad de ser analizada desde distintos puntos de vista, tomando en cuenta intereses no sólo de sectores sociales, sino de regiones y de otros elementos y al configurarse una Cámara que tiene una fuente que origina una representación distinta, estamos en presencia de tener una capacidad revisora mucho más atinada. Este es un valor fundamental de una doble Cámara, el de la capacidad revisora.
Yo no diría como se dijo en algún momento, que la Cámara de Senadores debe servir para moderar esos ímpetus o esas demagogias o esos acalorados debates y decisiones que se toman en la Cámara de Diputados. Así se dijo cuando se debatió el Senado de la República el siglo pasado.
Yo diría, como dijeron los liberales moderados, como dijo Otero, como dijo Vallarta, que en efecto la capacidad revisora no de una Cámara aristocrática en la cual tendrían razón los integrantes del Partido Popular Socialista en oponerse como se opuso desde el principio Lombardo Toledano, porque no se trata de una Cámara de Senadores como la que se integraba antes, que tenía a las corporaciones donde estaban representados los obispos en cuanto tales, los comerciantes, los mineros, a este tipo de Cámara de Senadores nos hemos opuesto los republicanos siempre; si no a una Cámara que busca con esta capacidad revisora, tener fuentes y ópticas distintas que permitan tener una Ley más afinada que tome en cuenta a los distintos intereses de la nación.
En tercer lugar, se busca que haya una equivalencia en la representación, así se trate de un Estado pequeño con un Estado grande enfrente porque la gran discusión que se produce y que lleva hasta la llamada transacción de Connecticut, se da en función de la preocupación de los estados pequeños, porque unos cuantos estados grandes y lo recuerdo a plumazo rápido, podían tomar las decisiones por el número de diputados que tendrían o de representantes en los términos norteamericanos. Así, se llega a la conclusión de una Cámara en donde teniendo el tamaño pequeño o un tamaño mayor o muy grande, se tuvieran el mismo número de representantes, de senadores. Estos son valores que se protegen en la integración de la Cámara de Diputados y que vistos en el conjunto del sistema federal adoptado en México, representan un sistema de contrapesos y balances y una capacidad revisora.
Así pues, no podemos introducir ahora un nuevo tipo de representación en donde los partidos políticos y sus dirigentes quedan automáticamente representados, con lo cual sí se estaría yendo hacia fomentar una cierta partidocracia, incluso de partidos que son insignificantes en amplias regiones del país y en estados enteros, pero tendrían a un líder en el Senado.
Esto tocaría muy de pasada, la propuesta que ha hecho el compañero diputado Terrazas, en donde está planteando el desvirtuamiento completo del sistema federal y de la justificación de la Cámara de Senadores en ese sistema que hemos adoptado y está tomando otro sistema. No digo que no sea posible, pero esto no está planteado, habría que cambiar no sólo eso si se quiere cambiar, tendrían que cambiarse muchas otras cosas.
Y finalmente termino diciendo que se repite y se repite un cliché que nunca se prueba y es que la Cámara de Senadores es la representante del Pacto Federal. Eso es un lugar común falso, está Cámara es tan representante del Pacto Federal, como la Cámara de Senadores; esta
Cámara tiene que defender el Pacto Federal igual que la Cámara de Senadores, está Cámara tiene facultades que van directamente a la protección del Pacto Federal, como el Presidente de la República tiene facultades que representan en alguna medida al Pacto Federal.
La soberanía sólo se divide para su ejercicio, como dice el artículo 41, en distintos poderes, pero todos representamos una misma forma de Gobierno que es el Pacto Federal.
Así, pues, no hay que estar repitiendo el cliché de que la Cámara de Senadores representa al Pacto Federal; lo representa tanto cuanto lo representa esta Cámara o el Poder Ejecutivo en las facultades que tiene expresamente asignadas Muchas gracias.
El Presidente:
Para contestar alusiones personales, tiene la palabra el diputado Manuel Terrazas.
El diputado Manuel Terrazas Guerrero:
Gracias, compañero Presidente; compañeros diputados:
En primer lugar, nos parece que no puede sustentarse la afirmación que no está fundada en la interpretación correcta, objetiva, de nuestra proposición, de que se trata de un nuevo sistema, ni tampoco de un desvirtuamiento del Senado de la República en su concepción actual.
Indudablemente que no se trata de eso, porque lo que hacemos es modificar, agregar, establecer un nuevo método en cuanto al problema de la representación proporcional que ya se establece en la propuesta que ha firmado el Partido Acción Nacional; en tanto que hay un cuarto senador que se va a elegir en base a la primera minoría, y eso ya es de todas maneras un cierto tipo de representación distinta; se introduce el elemento de mixto.
Nosotros mantenemos con otra variante importante, lo relativo a los senadores de representación proporcional.
Por otra parte, negamos de manera terminante que sea fundada la afirmación de que desconocemos los tres valores fundamentales del Senado, a los que se refirió el diputado Paoli; ni negamos el equilibrio dentro de un conjunto de pesos y contrapesos. Al contrario, hay que ver que se mantiene en lo fundamental esa primera característica del Senado d la República a la que se ha referido el compañero Paoli y tampoco negamos. Le quitamos el carácter de Cámara revisora; al contrario, seguirá siendo, con nuestra proposición ¿En dónde se le quita el carácter de Cámara revisora? Sigue manteniéndose ese carácter; va a revisar con una integración naturalmente, en muchos aspectos distintos.
Si estuviéramos proponiendo otro Senado, naturalmente que sería legítimo, porque estamos revisando la Constitución, completamente legítimo; pero no están dadas las condiciones. Por ejemplo, para una Asamblea única; no estamos proponiendo eso. Mantenemos el Senado, mantenemos las características fundamentales del Senado, modificamos algunas formas de su integración y hacemos una propuesta.
¡De ninguna manera, aún en el caso de que se aprobara la propuesta de los tres partidos, le quitaría nada de lo que es el Senado actual de la República! Porque siete senadores, ¿acaso va a estar integrado fundamentalmente por dirigentes políticos, por dirigentes sociales, por sacerdotes, por una élite como fue en el pasado, incluso cuando se canceló el Senado de la República?
¡De ninguna manera! Se integraría seguramente, como se va aprobar, por las propuestas de los tres partidos.
¿En cambio, que no le daría fuerza mayor al Senado, que estuvieran los representantes, los presidentes o secretarios generales de los partidos? Tiene base entonces el que nosotros les estamos restando facultades de características al Senado. No rompemos con su carácter fundamental.
Tampoco queremos decir que le quitamos la equivalencia entre los estados, la equidad entre los estados. ¡De ninguna manera! Los estados tendrán su representación igual de acuerdo con que son cuatro por cada Estado. Una forma distinta, una parte de los cuatro van a ser electos con el sistema que nosotros proponemos.
¿Entonces dónde está, cómo se puede probar que nuestra propuesta le resta, le quita, elimina, ese rasgo fundamental del Senado de la equidad entre las entidades federativas de la equivalencia entre las entidades de la República? No creemos pues que tenga el carácter que le da el diputado Paoli, pues para refutar, cosa que ayuda incluso a aclarar el sentido de la proposición. Problemas como éstos deben ser precisamente objeto de aclaraciones, de hechos, de discusión, de análisis.
¡Y qué bueno! Porque pensamos, estimados compañeros, que no ha habido hasta ahora, no ha habido razón de peso, argumento fundamental para desvirtuar esta fórmula; que se una gran fórmula de carácter democrático, equitativa y que fortalece al Senado y no niega al Senado, precisamente, porque le agrega elementos de vitalidad, de representatividad nacional y desde luego, de fortalecimiento político. Muchas gracias.
El Presidente:
Para contestar alusiones personales, tiene el uso de palabra el diputado Paoli.
El diputado Francisco José Paoli Bolio:
Con su venia, señor Presidente:
Quisiera aclarar que dividí mi intervención anterior en dos partes. Una referida a los planteamientos que había hecho el diputado don Martín Tavira, en función de sostener la tesis de un sistema unicamaral, señalando que la Cámara de Senadores no tenía sentido.
A eso obedece la primera parte de mi argumentación, que fue la más amplia, porque los minutos se lo van comiendo a uno. Y lamento que la segunda parte, que estaba referida a la propuesta presentada por el compañero Terrazas, no tuviera suficiente tiempo para exponerla.
Aprovechando pues las alusiones personales y agradeciéndolas, pasaría a señalar que tanto los valores de equilibrio, de capacidad revisora y de equivalencia en la representación, para decirlos muy sintéticamente a los que me referí, los refería en función de la argumentación que hacía el compañero Martín Tavira, porque eso se logra en función del sistema bicamaral y no se logran de otra manera. Este es el valor que protege un sistema bicamaral.
En cuanto a la propuesta que hace el diputado don Manuel Terrazas en nombre de su fracción parlamentaria, sí quisiera decir que, primero, la propuesta que hizo Acción Nacional y la propuesta que quedó finalmente en el dictamen, no es una propuesta donde se hace la representación proporcional en el Senado, sino donde la primera minoría, que tuvo que haber corrido como candidato, el que tenga la primera minoría tuvo que haber corrido como candidato normal en una entidad completa, y al no sacar la mayoría relativa y no tener derecho a tres de los senadores, pasaría a tener la primera minoría una representación en el Senado por esa entidad.
Es decir, no estamos en presencia de un sistema que logra la representación proporcional, aunque se puede hablar de una proporción de senadores, pero no es un sistema estrictamente de representación proporcional, sino que es una fórmula que respeta mucho más el sistema federal que tenemos adoptado. Segundo. Quisiera decir que hay también un equívoco en donde se sostiene frecuentemente que los senadores son representantes de las entidades, y esto se debe en parte a que tienen una serie de facultades en relación con las entidades, como es la de la desaparición de poderes del artículo 75, fracción VI, etcétera.
Pero la verdad es que son senadores de la República como ustedes, y nosotros somos diputados de la nación es decir, es lo mismo. No hay un senador que represente a una entidad, aunque su proveniencia original, su generación de origen, su forma de representación proviene de las entidades. Pero éste es un valor importante en el sistema federal que hemos asumido y que hemos tratado de perfeccionar para nuestra propia realidad y en nuestra propia historia.
Hay tradiciones diferentes: yo mencionaba en un debate anterior la de Jalisco, la de Yucatán, las de las diputaciones provinciales, compañero Tavira, es una tradición que viene no del sistema norteamericano, pero que se cruza, se complementa y se conjuga con la del sistema norteamericano, que es la dominante que adoptamos.
La de las diputaciones provinciales, como bien se dijo, es la que viene de la Constitución de Cádiz de 1812 y de ahí se originan las representaciones estatales. Ya hubo también en algunas entidades de la Federación, senados locales.
Así pues, los jefes de los partidos sí romperían el esquema de representación para ir a la última parte de la argumentación, al incorporarse como tales como jefes de los partidos puestos en un sistema cuya lógica no estamos adoptando, que es un sistema de lista, que es el que están proponiendo en la representación proporcional, sí rompería a qué Estado, de qué Estado provienen como fuente originaria de representación los jefes de los partidos, a todos, a ninguno y entonces habría alguno que perdería esta equivalencia en la representación porque todos los estados, grandes y pequeños, tendrían el mismo número de senadores, descontando los de los partidos. Muchas gracias.
El Presidente:
Para contestar alusiones personales, tiene el uso del palabra el diputado Terrazas.
El diputado Manuel Terrazas Guerrero:
Bueno, yo no sé qué no se vale, pero también me gustaría, y creo que a los demás compañeros diputados les gustaría, que aquí el compañero que hizo esa observación viniera, usara la tribuna y dijera qué no se vale, a hacer uso de la tribuna para alusiones personales, yo creo que sí se vale, Pero al fin y al cabo, en ese camino andamos y ya habrá oportunidad para alguien que intervenga con derecho, seguido en la tribuna, y podamos también repetirle la misma observación.
Pero lo que yo quería decir en última instancia, que lo dicho por el diputado Paoli en cuanto a que es verdad, es cuestionable; y lo decíamos en nuestra intervención, que el Senado no puede representar nada más a las entidades federativas, pues con más razón pudiera aplicársele un determinado sistema de representación proporcional en cuanto a la parte de los senadores. Creo que esa argumentación es válida.
Pero por otro lado, nosotros quisiéramos decir, aquí se ha hablado mucho del derecho comparado. En cuanto al Senado se ha recordado el caso de Alemania, se ha recordado el caso de Venezuela, el de Chile, me parece, y de algunos otros países más. Pero yo quisiera preguntarle al compañero diputado Paoli, ¿en este estricto sentido de derecho comparado, para tratar de considerar casos semejantes posiblemente hay alguna solución que nuestro país pudiera adoptarse parecida?
En Venezuela, ustedes saben que hay representación proporcional e integración del Senado; sabemos muy bien que según la Constitución de la República en un concepto definido en el artículo 2o., este país asume la forma de Estado federal, constituido su Gobierno conforme a un patrón democrático representativo, responsable y alternativo; su territorio nacional se divide en varias zonas; en Caracas se asientan los poderes supremos de la nación; en Venezuela, el Poder Legislativo se ejerce por el Congreso, éste se encuentra integrado por dos cámaras, el Senado y la de Diputados; el Senado se elige por votación universal y directa, se eligen dos senadores por cada Estado y dos por el D.F., más los senadores adicionales que resultan de la aplicación del principio de la representación de las minorías. El artículo 148, en las leyes reglamentarias, precisa el número y las modalidades de la elección de los suplentes; además, integran al Senado los ciudadanos que hayan desempeñado la Presidencia de la República por elección popular, siempre que no hubiesen cometido delitos en el desempeño de sus funciones. En la Cámara diputados de Venezuela se incluye también la representación proporcional en tanto de las minorías.
¿Esto cambia el carácter del Senado venezolano?, ¿responde a situaciones concretas de Venezuela? pero, ¿no hay llegado el momento de que estudiemos la necesidad, la conveniencia, la posibilidad de integrar el Senado de la República también, avanzando hacia aquel Senado que recoja las nuevas necesidades de México, las nuevas necesidades de nuestro país y que no arriesguemos al Senado a situaciones como las que repetidamente hemos mencionado con relación al bipartidismo?, pensamos que ha llegado la hora, yo quisiera saber y me va a dispensar el compañero Eloy que me base quizá a otra cosa y que no se valga el punto de vista del diputado Paoli respecto al ejemplo de Venezuela. Gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene el uso de la palabra el compañero Alberto Carrillo.
El diputado Alberto Marcos Carrillo Armenta:
Bueno yo quisiera aclarar que nosotros estamos totalmente de acuerdo con las características que ha señalado el diputado Paoli que debe de tener el Senado o que de hecho tiene y que deben ser respetadas en toda propuesta que aquí se haga con el propósito de fortalecer el Senado.
Nosotros sostenemos y es la base fundamental de nuestra argumentación, que la propuesta que hacemos lesiona menos esas características que la presentada por el PRI; nos parece que la propuesta que el PRI ha hecho sobre la integración del Senado, sí lesiona las características de equilibrio y sobre todo a las características de equivalencia de representación que el diputado Paoli señala como propias del Senado; por eso es nuestra inconformidad con la propuesta y por eso es nuestra argumentación. De ninguna manera estamos en contradicción con lo que ha dicho el diputado Poli.
¿Por qué nosotros decimos que la propuesta del PRI alerta y entra en contradicción las características del Senado? Yo lo digo por dos cosas; primero porque nos quieren dar gato por liebre, nos quieren hacer pensar, sin demostrarlo, que un supuesto candidato que obtiene la primera minoría se gana el derecho de representar a una entidad federativa dentro del Senado, dentro del Pacto Federal y eso carece absolutamente de toda lógica. Vayamos a un ejemplo concreto que he mencionado anteriormente, el caso de Tlaxcala; en el caso de Tlaxcala, el PAN, con votación de 1991, tendría un senador de primera minoría con 18 mil votos y con el 4% de ellos.
Digo, en qué lógica cabe que una persona, en este supuesto, tenga capacidad de representar en el pacto federal. Para representar la entidad yo estoy de acuerdo que el voto mayoritario lo representa, eso es lógico, pero no hay ninguna argumentación jurídica constitucional, de sentido común, lógica, que nos permita suponer que una persona con 4% de los votos pueda representar una entidad en el pacto federal.
¿Que representa esa persona?, representa legítimamente una fuerza política que en ese Estado es primera minoría y que corresponde al Partido Acción Nacional, representa al Partido Acción Nacional, corresponde a los intereses del Partido Acción Nacional; muy bien, si es así, reconozcámoslo y digamos que el pacto federal será fortalecido. Que el Senado de la República será fortalecido con la integración de las corrientes políticas; será fortalecido con las corrientes ideológicas; será fortalecido con lo que realmente se pretende fortalecer con la presencia de los partidos políticos que son entidades públicas de interés nacional.
Si estamos de acuerdo en eso, podemos llegar a una siguiente conclusión porque unos sí y otros no. Si alterase la representación que tanto preocupa al diputado Paoli, ¿cuando?, se rompe el equilibrio, cuando habrá un senador con 18 mil votos pero una fuerza política nacional con 1 millón y medio ó 2 millones de votos por no ser segunda fuerza ninguna entidad, no puede estar representado en el Senado.
Así sí se altera la representación, así sí se altera el equilibrio federal; así sí se altera la equivalencia de representación. Nuestra propuesta está clara. No respeta la representación paritaria, pero es más justa que la que ahora presenta el PRI. Nosotros en nuestra propuesta no podemos conciliar representación proporcional con representación paritaria, eso es claro y lógico y no vamos a insistir en eso, pero nosotros decimos que en nuestra propuesta se concilia, por que tenemos la propuesta de dos senadores que por mayoría representan lo que ahora representa el pacto federal y habrá otros dos que por representación proporcional representen la posibilidad de fortalecerlo, como se pretende fortalecer, con el ingreso de corrientes opositoras que no pueden llegar por la vía de mayoría y que tienen que hacerlo por la vía de minorías.
Pero hagámoslo en justicia para todos, en equivalencia de representación para todos, porque si no se hace entonces sí se lesiona el equilibrio federal y entonces sí se lesiona la representación que es lo que sostenemos nosotros y sobre lo cual fundamos nuestra negativa a avalar esta propuesta. Gracias.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra, para contestar alusiones personales, el diputado Paoli.
El diputado Francisco José Paoli Bolio:
Con su venia, señor Presidente; señores diputados:
Nada más una aclaración que me ha sido solicitada. Lo que yo sostengo es que la representación que se origina para integrar al Senado, en el modelo federal adoptado por México, debe ser paritaria en cada una de las entidades federativas; y la propuesta que ha presentado el diputado don Manuel Terrazas, implica que con el 1.5% cualquier partido que lo alcance deberá tener representación en el Senado, con lo cual se rompe completamente la lógica del origen de las representación por entidad, que es la que forma parte de todo el conjunto de equilibrios contra pesos y balanzas. Es a los que me refería antes.
Segunda aclaración. En Venezuela, sistema que a mí no me parece el más adecuado; que yo no comparto, pero que pues es respetable como cualquier sistema y que es distinto del nuestro, en efecto hay una representación distinta de las entidades, pero no hay una representación de los líderes de los partidos, hay una representación de los ex presidentes de la República, que son lógicamente muy pocos, pero en todo caso ésta no es la propuesta que está haciendo el Partido del Frente Cardenista, el que está haciendo el Partido del Frente Cardenista es que los líderes de los partidos estén representados en el Senado por el hecho de serlo y una vez que hubieran alcanzado el 1.5%.
Y ahora le diría al compañero diputado Carrillo Armenta, que utilizó el ejemplo de Tlaxcala y de Acción Nacional con 18 mil votos, que representan el 4% de los votos emitidos, según entiendo en su propio ejemplo. Bueno, le parece al diputado Carrillo que es muy poco el 4%. A mí francamente también, yo creo que esto puede representar un estímulo para que los partidos crezcan, embarbezcan y alcancen porcentajes altos, aun cuando tengan la primera minoría. Pero no le parece poco el 1.5% para tener senadores y si le parece poco el 4.5%, y en los del 1.5% para el primer lugar para los líderes de los partidos. Eso sí es partidocracia. Muchas gracias.
El Presidente:
Para contestar alusiones personales, el diputado Alberto Carrillo Armenta.
El diputado Alberto Marcos Carrillo Armenta:
Muy brevemente. Primero: la tradición que provenía desde 1857. de integración de la Cámara de Diputados, también se rompió, diputado Paoli, con la reforma política de 1979. No veo absolutamente ninguna razón para que la tradición en el Senado también se rompa con un propósito democrático, como ahora se va romper con un propósito antidemocrático en donde se sostiene que un partido que representa una minoría pueda representar una entidad. Eso es rompimiento de un criterio constitucional hasta ahora establecido, se rompe, sí se rompe. Bueno, nosotros sostenemos que también se puede romper por la vía bipartidista.
Segundo. Nosotros hablamos a nombre de la tercera fuerza electoral en voto a senadores. Nosotros somos cuarta fuerza electoral por el voto a diputados, somos tercera fuerza, estamos por debajo de ustedes como tercera fuerza al voto a senadores, tenemos autoridad para hablar sobre el tema, ¿verdad?
Esto es, creo yo que no estamos defendiendo esa cuestión, estamos defendiendo principios de representación, estamos defendiendo doctrinariamente nuestras posiciones y no desde un punto de vista de un interés de alguna partidocracia.
Creo yo, diputado Paoli, que nuestra propuesta, en la lógica, respeta más los intereses que usted ha venido a defender aquí de criterios doctrinarios de tipo constitucional, que la propuesta que ahora se nos pretende imponer. Gracias.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra el diputado Raymundo Cárdenas Hernández.
El diputado Raymundo Cárdenas Hernández:
Gracias, señor Presidente; honorable Asamblea:
Si bien la discusión en relación con la reforma al Senado de la República propuesta en el dictamen, se limita a la integración de ese órgano legislativo, es necesario hacer algunas reflexiones sobre la naturaleza de dicho órgano, así como del papel que él mismo ha jugado históricamente y el que juega en la actualidad como una Cámara integrante del Congreso de la Unión.
En la doctrina constitucional mexicana todavía existe un debate en relación con los orígenes y naturaleza del Senado de la República. Hay quienes sostienen que el acta constitutiva de la Federación Mexicana y la Constitución de 1824; toman como modelo a la Constitución Francesa de 1795 y la Constitución de Cádiz de 1812; en cambio otro sector de la doctrina, tal vez la mayoritaria, considera que su existencia se deriva de la Constitución norteamericana.
Lo cierto es que parece haber acuerdo en que la consideración que dio origen a este órgano de representación, no necesariamente se vincula a la concepción federalista que ha predominado en nuestro país, cuando menos como definición constitucional, aunque en los hechos se ha continuado y reforzado un sistema político y económico centralista.
Tan es así, que el Senado se mantuvo dentro de la República centralista, aunque con una idea aristocrática y que en el período de 1857 a 1874, fue suprimido sin que sufriera merma el principio federalista.
Cabe señalar que los argumentos fundamentales para restituir la figura del Senado en 1874, no fueron las apelaciones al principio federalista, sino la idea, formulada desde Juárez de establecer un contrapeso a la Cámara de Diputados, a efecto de fortalecer la figura presidencial.
Esta contracción entre la consideración formal del Senado, como una representación de las entidades federativas y la realidad reforzada y
sostenida por el sistema político predominante desde el porfiriato, que le asigna al Senado el papel de contrapeso de la Cámara Colegisladora y sobre todo, de correa de transmisión de las decisiones del Ejecutivo, es una contradicción que está presente en nuestros días. Incluso el planteamiento formal desde el punto de vista histórico, de que el Senado representaba el Pacto Federal, fue muchos años el argumento que se utilizó para impedir cualquier modificación que permitiera la representación en este órgano de la fuerzas de oposición.
Evidentemente este argumento encubría el verdadero motivo de esta negativa, que era conservar el Senado como un bastión del presidencialismo y, por tanto, del conservadurismo ante la presión de la sociedad y el fortalecimiento de la oposición en la Cámara de Diputados.
Ahora, finalmente se reconoce que aún manteniendo el supuesto de que esa Cámara representa el pacto federal, se puede concebir fórmulas que permitan la representación de la pluralidad social y política de la sociedad, planteamiento que desde hace tiempo se ha venido utilizando en virtud en diversos países de América Latina y de otras latitudes.
Desafortunadamente la fórmula que ahora se presenta en el dictamen, no es la más idónea para dar expresión a esa pluralidad, como se demostrará más adelante.
El reto que se nos presenta en la reforma a ese órgano legislativo, es por una parte encontrar la fórmula de representación más adecuada a nuestra realidad política y social, pero además, dotar a ese órgano de las facultades y mecanismos de control que le permitan cumplir verdaderamente como una instancia de representación de las entidades federativas y de contrapeso al presidencialismo que asfixia y anula el principio de separación de poderes en nuestro país.
Si bien es verdad que esta afirmación debe aplicarse a las dos cámaras integrantes del Congreso de la Unión, para que cumplan verdaderamente con el papel que le corresponde al parlamento en una sociedad democrática es aplicable al Senado de la República que a no ser por las voces de la oposición que se encuentra a su interior, se mantiene como el órgano que fue duramente criticado y suprimido en 1857, por consideración un órgano inocuo y propiciador del inmovilismo de nuestro sistema político.
Prueba de lo anterior es que ni siquiera el proyecto de Ley Orgánica del Congreso de la Unión, aprobado por esta Cámara y enviada la minuta al Senado, y que contiene algunos avances en la organización y funcionamiento de esta Cámara, ha sido discutido por ese órgano, lo que es sólo una pálida muestra del inmovilismo que lo caracteriza.
Lo que hace que de cara a la toma de decisiones tan importantes, como la discusión y aprobación del Tratado de Libre Comercio, no merezca ni al interior ni al exterior de nuestro país, ninguna confianza y credibilidad como garante de los intereses de nuestra nación, sobre estos temas abundará nuestro compañero Jorge Calderón.
Lo que está en juego compañero, cuando discutimos esta reforma, no es sólo el interés de las fuerzas políticas de oposición de tener un espacio mayor de representación y de expresión sino, sobre todo, imprimir al Senado de la República una dinámica diferente que permita convertirlo en un verdadero órgano de representación de los intereses de la sociedad mexicana y no sólo en un instrumento del Ejecutivo.
Pasando a comentar en concreto la iniciativa que nos presentan el PRI y el PAN, me permito hacer las siguientes consideraciones:
En primer lugar, cabe señalar que el PRD ha ido haciendo propuestas diferenciadas de la que originalmente propuso, con la intención de ir acercándose lo más posible a la propuesta del PRI y del PAN, con el objeto de facilitar el acuerdo y el consenso.
Durante el debate ríspido que hubo entre la diputación del PAN y algunos compañeros de la diputación del PRD, se estableció que nosotros estábamos haciendo propuestas con ganas de que no hubiera acuerdos.
Hay que señalar en concreto que las propuestas de integración de la Cámara, por ejemplo, que hicimos desde el principio, contempla la posibilidad de que se mantenga las dos vías; la representación uninominal y la representación proporcional.
Durante bastantes años las fuerzas de la izquierda mexicana plantearon la representación proporcional completa; el PRD no mantiene esa posición con el objeto de acercarnos.
La propuesta que presentó Jesús Martín del Campo en esta tribuna permite, básicamente ese acercamiento y si no hay acuerdo con el PRI y con el PAN en este asunto, se debe a la voluntad política del jefe del Ejecutivo que no quiere nada con el PRD.
¿Cuál fue la propuesta de Martín del Campo? Planteamos, si en la integración de este órgano, de esta legislatura, las fuerzas están representadas más o menos de acuerdo a la proporción de votos que tenemos, entonces quiere decir que la fórmula contenida en esta legislación es tan mala, lo que la hace mala es la cláusula de gobernalidad y entonces la solución es simplemente eliminar la cláusula de gobernabilidad. Y por eso, Martín del Campo propuso que se mantenga la actual redacción del artículo 54, eliminando el inciso C, de la fracción IV y modificando el D, para quitar la cláusula de gobernabilidad Y con eso garantizaríamos la representación equitativa de las fuerzas.
No se requiere la fórmula que nos presentan y que ya debatimos en el anterior turno.
Y también hemos hecho este esfuerzo en lo que corresponde al Senado. Nosotros entendemos que sería posible, de haber voluntad política, buscar fórmulas distintas, incluyendo la que presentan los compañeros del Frente Cardenista.
No sería primera vez, ni el primer país, en que el Senado se compusiera de manera heterodoxa. Podría ocurrir eso.
Pero nosotros atendemos a que las fuerzas representadas por el PRI y el PAN todavía está arraigada la idea de la representación equitativa de los estados y el no a las listas nacionales para la representación proporcional.
Por esa razón, propusimos que se eligieran tres senadores de representación proporcional estricta, esto es, con cociente electoral simple y resto mayor cada tres años, que cada senadora durara seis años y con renovación de la mitad de la Cámara cada tres.
Bueno, se nos dijo: "Son muchos senadores". Ahora nos propone que en el Senado haya cuatro, y yo quiero hacer propuesta que se acerca a ésta, pero que impide la sobrerepresentación de las fuerzas.
La propuesta que nos hacen implica que en 1994 vamos a elegir tres Senadores, se asume que ya hay uno en funciones, que dura hasta 1997; los tres senadores que se van a elegir, van a ser, dos de la mayoría y uno de la primera minoría.
La propuesta que nosotros hacemos es: esta bien, elijamos tres senadores, pero que sea a representación proporcional completa, en cada Estado, con lista estatal y consciente electoral; cada senador costaría, digamos, hipotéticamente 33%, el tercero sería a tal vez, a resto mayor.
Con eso las fuerzas quedan representadas en su fuerza en cada entidad.
Ahora, dentro de tres años elegimos uno por mayoría relativa, en 1997; en el 2000 otra vez los tres de representación proporcional.
Nuestra propuesta tiene la virtud de que elegimos cuatro, igual que la propuesta que nos hacen, mezclamos, combinamos la representación proporcional y el principio de mayoría relativa, como la propuesta que nos hacen y mantenemos algo que la propuesta que nos hacen no mantiene, que es la renovación de la Cámara, aunque sea en una parte, cada tres años.
La propuesta que nos hacen mantiene en el inmovilismo la representación durante seis años y eso es un defecto. Todos los congresos del mundo, los senadores están tendiendo a la renovación parcial cada tres años, porque las sociedades son muy dinámicas, y una representación estática en el Senado durante seis años no corresponde a la velocidad con que se dan los cambios a nivel de prácticamente todas las sociedades del mundo.
Y, entonces, nuestra propuesta es similar a la de los compañeros panistas y priístas, la única diferencia es que la nuestra impide que la mayoría se sobrerrepresente.
El diputado Garza, del PRI, hace unos días vino de manera prepotente a decirnos que de entrada, el PRI nos estaba regalando un senador. Nosotros le decimos: "No queremos regalos; queremos que tanto nosotros como el PRI tenga tantos senadores como su votación le dé el pueblo de cada entidad." Eso es lo que nosotros queremos.
La propuesta que comentamos va a permitir que una fuerza, la que sea mayoritaria, se lleve tres senadores, el 75% de la representación de una entidad.
Eso creo que amerita que lo reflexionen, sobre todo, las fuerzas más prepotentes del PRI.
Es importante porque hay que contemplar lo que está ocurriendo en todas las sociedades antidemocráticas, como la que tenemos en nuestro país. La velocidad de los cambios, cuando éstos se desatan son muy grandes y las minorías y las mayorías se producen y se disgregan de una manera sorprendente.
La transición que vive México también nos enseña eso. Hay que cuidar, tengo derecho a media
hora según el Reglamento, señores diputados, hay que ver qué está ocurriendo en sociedades como la de Baja California que en 1988 le da la mayoría de votos a Cuauhtémoc Cárdenas y a los meses o años siguientes le de la mayoría de votos a Ruffo por la vía del Pan; hay que ver qué pasa en sociedades como la tamaulipeca, en donde en un cierto momento el PARM es una fuerza importante, surge una figura, no se si caciquil, caudillesca, carismática como la de Jorge Cárdenas y entonces la coalición PAN PRD crece.
¿Esos va a mantener? ¿Alguien podría asegurar que se va a mantener lo que ocurrió en Tamaulipas o lo que ocurre en muchas sociedades estatales? Nadie lo puede asegurar.
Yo creo que la coalición representada con las siglas Partido Revolucionario Institucional no puede aguantar mucho su integridad, cuando las tensiones producidas por la política económica del Gobierno están siendo cada vez más grandes.
Los intereses tan contradictorios que hay entre los sectores y las capas de la sociedad incorporadas en el PRI van a hacer irremediablemente que la disolución de esa fuerza se dé.
¿Hacia dónde quiere conducir el actual Gobierno la nueva integración de las fuerzas¿ Al bipartidismo, ése es el contenido concreto de la propuesta de integración del Senado y se complementa con la propuesta de integración de la Cámara de Diputados. Sostengo que es un error grave que va a obligar a cambio muy rápidamente, porque en dos partidos no va a caber diversidad y sobre todo en el plazo, en la época histórica de la transición.
En esta época histórica de la transición hay que flexibilizar, generar condiciones para que las fuerzas se acomoden hora de un modo, hora de otro, hasta que se estabilicen. La estabilidad en grandes agrupamientos nacionales, con proyectos políticos diferenciados no se va a dar de manera automática.
Sostengo por ello, que la propuesta de integración que nosotros ofrecemos permite esta flexibilidad; que en cada Estado las listas de candidatos a senadores se integren flexiblemente y entre a la Cámara las fuerzas regionales, ya escojan un partido u otro.
Quiero referirme además al segundo párrafo de la propuesta que establece la voluntad de la mayoría de impedir las coaliciones. Esto se relaciona a lo que he venido diciendo, obliga a los segmentos de la sociedad que están cada vez más movibles; en movimiento los obliga a buscar integrarse en partidos con los cuales no tienen coincidencia en serio, con los cuales no tienen coincidencias probadas.
Y así vemos, sobre todo en las luchas municipales, que los agrupamientos a veces buscan la expresión por el lado del PAN, a veces buscan la expresión por el lado del PRD, para combatir los dedazos y las imposiciones en el PRI.
Yo podría mencionar muchos municipios del país en donde se ha dado este encauzamiento de los grupos políticos por fuerza como el PAN, aunque digan que en su partido no hay ex priístas, yo podría darle 15 ejemplo, donde fuerzas priístas en muchos municipios han escogidos a su partido como la vía para canalizar sus inquietudes políticas, y yo digo legítimamente. ¿Pero por qué ahora se trata de congelar, de obligar a estas fuerzas en movimiento a que opten por las dos fuerzas principales, sean cualesquiera que sean ellas. Creo que es un error histórico.
También quiero insistir en los argumentos que di cuando discutíamos en el anterior artículo. El estímulo que se da a los partidos que ganan mayorías en los distritos y ahora complementando con el estímulo que se da para que los ciudadanos usen el voto útil a favor de la primera o la segunda fuerza, eso va a llevar a que en los partidos actúen los grupos caciquiles y oligárquicos que son uno de los asuntos que Norberto Bobio demuestra que están carcomiendo las democracias, aún en los países más desarrollados. Norberto Bobio postula que el problema actual de la democracia es que las corporaciones, que los medios de comunicación, el poder mismo del Estado está impidiendo que los ciudadanos se comporten como tales, como individuos libres.
Y estas fuerzas, el poder oculto llama Bobio, están canalizando a las grandes masas, hacia opciones políticas que les permitan la representación de manera más segura. Y entonces vamos a tener, creo que no lo dicen tanto el PRI y el PAN, pero ellos han optado por esta fórmula, porque aspiran a ser Gobierno aún siendo mayoría relativa, pero aspiran a gobernar con lo que ellos llaman gobernabilidad. Tener mayoría en los órganos aunque sean mayoría relativa; pero no lo dicen así.
Va conducir esto a partidos regionales con liderazgo carismático, o caudillescos o caciquiles en cada Estado; aunque el compañero Paoli en ese debate ríspido al que me referí, hizo la crítica
del ingeniero Cárdenas como el caudillo. Yo creo que vale la pena responder ese asunto, porque hay que entender que ése es un liderazgo popular que surge con una fuerza inusitada a nivel de la nación sin que nadie se lo esperara y que no basa su fuerza en los métodos tradicionales del caciquismo y del caudillismo.
No se puede demostrar que ese liderazgo tenga las características se ha señalado y lo podemos discutir. Sin embargo, yo sí podría decir que hay en partidos. ¿Que fue Jorge Cárdenas González...
El Presidente:
Compañero diputado Cárdenas...
El diputado Raymundo Cárdenas Hernández:
Voy a terminar, señor Presidente, ¿O qué fue o qué es Barrio?, si no es un liderazgo carismático.
Creo compañeras y compañeros que tenemos que discutir todos estos asuntos, y darle a nuestras instituciones la flexibilidad necesaria para que la cambiante realidad social pueda encontrar el acomodo necesario, su representación legitima en las instituciones de la República.
Finalmente, los métodos de elección de los representantes no son más que eso, un método. Somos representación de la nación. El hecho de que diputados se elijan en distrito o en entidades de la República, con el principio de mayoría o de representación proporcional, no son más métodos para buscar la sociedad se refleje lo mejor posible en los órganos. Eso es la democracia.
Y la fórmula que nos presenta, tanto en una Cámara como en la otra, no va a permitir que la sociedad se retrate en las organizaciones, en las instituciones de representación, No va a permitir que se reflejen los cambios tan rápidos que se están generando en la sociedad.
Por esa razón insistimos en nuestra propuesta, que no se diga que no buscamos acercamientos. Si no se acepta nuestra propuesta simple y sencillamente es por el cálculo político que se hace de la situación actual. Es obvio que el Gobierno actual con su poder económico en los medios de comunicación, puede detener la emergencia de una fuerza y permitir que otras se desarrollen normalmente.
El impulsar el voto útil para el Senado y el impulsar la búsqueda de mayorías en los distritos, tiene como sustento, tiene como fondo político, el comportamiento del PRI y de su dirigente real en los últimos años. Impidamos a toda costa que el PRD pueda ser mayoritaria; dejemos que otras fuerzas fluyan y a final de cuentas congelar ese bipartidismo al infinito. Creo que eso es lo que estamos rechazando al votar en contra de las dos propuestas de integración de las dos Cámaras y al presentar nuestra propuestas que son atendibles, a mi juicio, que permiten una representación equilibrada, proporcional a la fuerza de cada partido. Gracias.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra, el diputado Ernesto Gil Elorduy.
El diputado Ernesto Gil Elorduy:
Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
No cabe duda que este debate trascendental en la Cámara de Diputados, que se refiere a las propuestas que se han hecho para la reforma política en el país, tiene un signo que la discusión sobre la democracia.
Mi partido tiene un compromiso con ella y tuvo también desde el inicio de esta administración, el compromiso de ampliarla y de consolidarla. En esta discusión se demuestra que conocemos y entendemos el reclamo social para, mediante leyes y normas de conducta, permitir la estabilidad política y el fortalecimiento de la soberanía de la nación.
Es indudable que el sistema de partidos políticos en México, inicia realmente su presencia a partir del año de 1963. Anteriormente había habido ya triunfos de partidos minoritarios muy respetables; pero a partir de la iniciativa que permite la integración plural de la Cámara de Diputados, iniciamos con mucha energía, con enriquecedoras ideas y presencia de los partidos minoritarios, el sistema de partidos en México.
A partir de ahí se inicia el primer esfuerzo que ahora se ha ido consolidando en nuestro sistema mixto con representantes electos por mayoría y representantes electos por representación proporcional.
Yo no estaría de acuerdo en varias de la propuestas presentadas aquí por nuestros
compañeros de los distintos partidos que han hecho uso de la palabra, porque en principio no consideramos que la propuesta de que haya tres senadores de mayoría relativa y un senador para la primera minoría, afecte el funcionamiento del Senado, ni tampoco dañe a la democracia.
Por el contrario, pensamos, que ha habido un esfuerzo serio de diálogo, de concretación y de búsqueda de espacios de participación democrática para permitir, no la apertura del Senado, sino la ampliación de ese espacio de representación popular nacional, que es el Senado de la República y se está dando con esta propuesta.
Efectivamente, como se afirma en esta tribuna, pudiera darse el caso de que hubiera partidos regionales con una fuerza determinada que permitiera, que ciertas fuerzas llegaran a la representación del Senado.
Yo diría que más que partidos regionales, sería, como somos todos los que estamos participando aquí, partidos nacionales con determinada fuerza regional, que es válida en la democracia, como por ejemplo, el caso de Tamaulipas, el caso de Michoacán, el caso de Chiapas de Veracruz y de algunas otras entidades de la República.
Y esto nos permite reconocer la realidad política que tiene el país y reconoce también que hay en el campo de la batalla democrática, fuerzas mayoritarias y fuerzas minoritarias que por su número y por su representatividad, tiene el derecho y la opción de acceder a los cargos de elección popular, tanto en la Cámara de Diputados como, ahora con esta propuesta, en la Cámara de Senadores.
Es indudable que la pluralidad política está representando a la pluralidad de la sociedad y que el ejemplo de la discusión, del análisis en la Cámara de Diputados, debe reflejarse ahora en el Senado de la República. Esto va a darle una mayor vitalidad, como se ha afirmado aquí también, y permitirá también que la discusión se amplíe y que esas nuevas ideas y esa presencia y representación de las entidades de la República, tenga su lugar que debe ocupar en la Cámara de Senadores.
Desde luego que la propuesta de un senador de primera minoría no ha coincidido con las propuestas de los demás partidos aquí representados. Pero nosotros sentimos que de esa manera se permite, no sólo reconocer la fuerza de esa primera minoría, sino que además no sería solamente un problema entre minorías sino que sería reconocer la mayoría de las minorías.
Y nosotros estamos de acuerdo aquí lo hemos manifestado infinidad de veces, que la esencia del sistema democrático es el respeto a la voluntad popular y es el respeto al voto mayoritario de la ciudadanía.
Estamos obligados los partidos políticos, con esta propuesta, a prestar al Senado de la República, candidatos que cumplan requisitos para poder contender en los distintos estados de la República. Y esto sin duda va a fortalecer la presencia regional de distintas corrientes de opinión, de distintas corrientes políticas; y va a permitir que varios de los partidos minoritarios, que como explicábamos tiene fuerza y presencia regional, puedan acceder al Senado de la República.
El sistema de representación proporcional que se propone para el Senado, y que hemos escuchado aquí, sería posible sólo si se ampliara considerablemente el número de senadores por mayoría y por representación proporcional. Pero tendría otras dificultades también: la representación proporcional se da por circunscripciones. El triunfo de la primera minoría se daría por cada una de las entidades de la República.
En la propuesta, que hacemos nosotros obligará a una mayor participación de los partidos contendientes. Exigirá que hagan campaña política y vayan en busca del voto popular, para que sea la ciudadanía quien, con su opción democrática y con su decisión soberana, decida quienes triunfaran por, mayoría y quienes acceden como primera minoría.
Yo diría que el reglamento de que los partidos de primera minoría, los candidatos, perdón de primera minoría, triunfadores, representarían solamente al partido político que los haya postulado; no es acertado y no lo es porque aquí en la Cámara y en los cargos de representación popular todos tenemos un origen, que es la postulación que hace nuestro partido ante la ciudadanía. Pero, sin duda y lo hemos dicho aquí también en infinidad de ocasiones, somos representantes de la nación, sin negar nuestra posibilidad de acceder por nuestro sistema de partidos a la representación popular que aspiramos.
Pero en ningún caso podríamos afirmar que tendría solamente la representación del partido, porque aquí en la Cámara de Diputados todos los que estamos representando a un distrito o a una representación proporcional que se elige por medio del voto, tenemos la representación de la nación. Y también sería en ese caso en el Senado de la República.
Yo diría también que hay una coincidencia en los planteamientos que se han hecho aquí el día de hoy y ésta es una coincidencia que es resultado de un número importante de discusiones que se han dado en los últimos años sobre el Senado de la República y que coincide en la necesidad de ampliar la participación política en el Senado de México.
Lo que no nos hemos puesto de acuerdo es en la forma de la integración del Senado. Pero coincidimos, todas las fuerzas políticas, en que es saludable para el Senado que haya otras voces, que haya otras opiniones y que haya fuerzas representativas de la sociedad mexicana en ese importante órgano de la República.
Yo les diría, por último que esta reforma política no es una reforma que sea a la medida exacta de las propuestas que hacen los partidos políticos...
La diputada Luisa Alvarez Cervantes (desde su curul):
¿Si acepta una pregunta?
El Presidente:
Compañero Gil: ¿Si acepta una pregunta?
El diputado Ernesto Gil Elorduy:
Al final, con mucho gusto, si me permite. Estoy por terminar.
Y no puede ser una reforma a la medida y a la aspiración concreta de cada partido político, porque no podría buscar ese esfuerzo de concertación y de consenso que se ha intentado y que sería además una reforma antidemocrática.
Yo siento que esta reforma es una reforma que da respuesta seria a la aspiración democrática y plural de la sociedad mexicana.
Nosotros sentimos que la apertura del Senado implicará una mayor competencia electoral en las entidades de la República, una mayor participación plural en las discusiones y en los debates del Senado de la República y un aliento a los partidos políticos mayoritarios y minoritarios para trabajar con más intensidad en busca del voto popular.
A sus órdenes compañera.
La diputada Luisa Alvarez Cervantes (desde su curul):
Señor diputado: Nosotros quisiéramos hacerle una pregunta. Ruego a usted nos puede responder a todas las fracciones, creo que a todas las fracciones parlamentarias nos gustarían mucho nos diera alguna razones.
El 14 de agosto de 1989 el Partido Revolucionario Institucional venía manejando en ese tiempo como parte de la propuesta de reforma política, una propuesta de integración al Senado mixto, donde contemplaba la representación proporcional y la de mayoría relativa. Esto obra en la memoria de ese tiempo de los debates, en la memoria legislativa.
Mi pregunta es sencilla: ¿Que cambió¿, ¿qué ha cambiado¿, ¿cuáles son las razones de peso que tiene el Partido Revolucionario Institucional para, primero presentar una propuesta a nuestro juicio que reúne ahora una propuesta de integración que reúne ahora una propuesta de integración del Senado, excluyente, donde habla de primeras minorías¿, ¿qué ha cambiado¿, ¿qué razones tiene el Partido Revolucionario Institucional para haber modificado casi la propuesta en 180 grados de ese tiempo ahora? Gracias por su respuesta.
El diputado Ernesto Gil Elorduy:
Con mucho gusto, compañera diputada.
Yo le diría a usted lo que se ha afirmado también aquí por las fracciones parlamentarias. El resultado de las propuestas no es un resultado unipersonal, es un resultado del diálogo, de las conversaciones que se han tenido con las diferentes fracciones parlamentarias, del esfuerzo parlamentario para deliberar, para analizar las propuestas y efectivamente las propuestas son distintas porque son mejores Gracias.
El diputado Eloy Vázquez López (desde su curul):
Señor Presidente pido al palabra en términos del artículo 102 del Reglamento.
El Presidente:
En términos del 102, tiene la palabras el diputado Eloy Vázquez.
El diputado Eloy Vázquez López:
Gracias, señor Presidente; compañeras, compañeros diputado:
Yo creo que argumentaciones como las que aquí se vinieron a dar por parte del orador anterior, forman parte justamente de un acervo con el cual debiéramos romper todos los políticos de México. Se trata de una retórica según la cual todo lo que se propone desde el poder está lleno de virtudes y no hay respuesta convincente para las propuestas de la oposición; ilusiones, simplemente ambigüedades: todo está muy bien porque lo proponemos nosotros, etcétera.
No se dio respuesta, por ejemplo, al hecho de que cualquier mayoría relativa pudiendo en condiciones de equilibrio, de 35, 35-30 entre tres fuerzas, en un Estado como por ejemplo el de Hidalgo de donde es el diputado Gil Elorduy, en donde hay una alta competividad entre tres fuerzas que se ha manifestado justamente en las elecciones locales en distintos momentos, se pudiera dar la posibilidad de que tres ó cuatro fuerzas en una correlación de 30-30, 20-20 de alta competividad, sin embargo , las fuerzas mis mas siendo un estado plural, no se encontraban representadas adecuadamente dentro del Senado de la República.
Yo le preguntaría que me antecedió, si él se consideraría representado, por ejemplo, en un esquema en donde su estado natal tuviera tres senadores del PRD y un senador del PAN habiendo, por ejemplo, obtenido el partido que él representa un 30% de la votación estatal; yo considero que en la forma como él ha respondido a este tipo de señalamientos se esconde justamente el esquema de conformidad un bipartidismo claramente definido y con una dirección sobre la base de un acuerdo político que quizá tenga ya una perspectiva de más largo alcance, tal como aquí se vino a decir por mi compañero Raymundo Cárdenas.
Nosotros creemos que le Senado de la República no puede ser secuestro por una fuerza mayoritaria, por muy mayoritaria que sea, está claro que la tendencia es decreciente para quien hoy tiene la mayoría relativa de la ciudadanía mexicana y esta fuerza decreciente debiera expresar a través de un cambio total de actitud, no se trata señores de la mayoría actual, de que continúen esforzándose por ser mayoría absoluta y siempre seguirlo siendo y gobernar como si no existieran otras opciones políticas. Se trata de un cambio total de la cultura política y de la actitud de esa mayoría para aprender a ser mayoría relativa y a construir mayorías plurales, mayorías que gobiernen porque sean representativas y cuyas disposiciones se basen en el consenso y eso justamente es lo que está ausente de la propuesta del Senado.
Por último, sólo decir que en el asunto del Senado ganaron los duros de una manera abrupta, el planteamiento de que hubiera dos senadores de la mayoría y por de la primera minoría, deba ya a la mayoría la posibilidad de representarse con el 66% independientemente del nivel de su mayoría, pero ahora se nos trae y se nos quiere vender como un avance, el cual rechazamos, que se sobrerrepresenten con el 75% este tipo de mecanismos de retroceso que no son de ninguna manera concesiones; nosotros la rechazamos y seguiremos planteando que la pluralidad que existe en cada uno de los estados, se exprese cabalmente al interior del Senado.
El Presidente:
Se concede el uso de la palabra al diputado Jorge Zermeño Infante.
El diputado Jorge Zermeño Infante:
Gracias, Señor Presidente:
Bueno yo lamento mucho que los compañeros de otros partidos consideren esto como un retroceso.
Ciertamente durante largos debates que tuvimos en la Comisión Plural y durante largas pláticas que llegamos a tener con los compañeros del PRD concretamente llegamos, a ciertos acuerdos donde combinando las propuestas que ellos tenían con las nuestras, pues se veía la posibilidad de fortalecer al Congreso de la Unión, la posibilidad de que se abriera la Cámara de Diputados a una mayor pluralidad, la posibilidad de que se democratice este cuerpo legislativo que durante tantos años ha permanecido conformado casi exclusivamente por una sola fuerza política.
Es lamentable que no les guste y que ahora se unan a las voces de quienes tienen vocación de ser minoría permanente, de aquellos que solamente están esperando las migajas del poder para
tener alguna posibilidad de representación en los diferentes cargos de representación popular; de aquellos que la democracia se da solamente en los órganos legislativos, en los órganos colegiados donde tienen necesariamente que estar representadas todas las fuerzas políticas.
Nosotros con la mejor buena intención, representando la esencia del federalismo mexicano, porque para nosotros sí tiene un fundamento doctrinal la creación del bicamarismo, porque ciertamente venimos de una tradición federalista que basa este sistema bicamaral en la representación igualitaria de todas las entidades federativas y nosotros sí le damos un valor a esta confederación del Congreso de una Unión, de nuestro Pacto Federal.
Y aunque ciertamente en el desempeño de su encargo, tanto los diputados como senadores, no representan exclusivamente a las entidades federativas sino tienen un desempeño que va más allá y son representantes, en caso de los diputados de la nación y en el caso de los senadores de este sistema republicano al que nos hemos referido, pensamos pues que sí tiene un sustento y que tiene una razón de ser este sistema bicamaral.
Una cámara que por su número tiene que ser más reflexiva; una Cámara que tiene que actuar con una mayor pluralidad para que el trabajo legislativo sea más profesional, sea mejor para todos los mexicanos; por eso nosotros propusimos esta fórmula que respetando la igualdad en la representación de las entidades federativas pudiera darle una mayor pluralidad a este cuerpo colegiado.
Por eso, Acción Nacional propuso esta fórmula que no tiene dedicatoria para algún grupo o partido político en especial, pero si se tiene vocación de ser minoría permanente, si se tiene vocación de no aspirar a llegar al poder, de no aspirar a obtener triunfos, pues simplemente se estará viendo, se estará negando la esencia que deben tener todos los partido políticos, que es entre otras, el tener la posibilidad real de ofrecer a los electores un programa de Gobierno para llegar y hacerlo realidad desde el ejercicio del poder.
Por eso, nosotros negamos que se esté buscando en este tipo de propuestas una conformación que a muchos asusta. Ese bicamarismo, ese bipartidismo perdón, del que tanto nos han venido a hablar aquí los compañeros de otros partidos políticos, y se les olvida que en 1988 obtuvieron en muchos estados de la República la segunda, fueron la primera minoría, y se les olvida pues esa posibilidad real de que cualquier partido político, presentado opciones viables, pueda llegar o por la mayoría a obtener dos o tres senadores, o tener la posibilidad de la primera minoría.
Nosotros no estamos pensando en que sea esto una integración que excluya la posibilidad de cualquier fuerza política de integrarse a este órgano del Congreso de la Unión, que venga a fortalecer el parlamentarismo mexicano.
Por eso, hemos hecho esta propuesta y nosotros sí la apoyamos porque consideramos que sí es trascendente, que vendrá a fortalecer los trabajos del Congreso de la Unión, que respetando el Pacto Federal, respetando la igualdad de todos los estados de la República de donde proceden los senadores, tendrá una confrontación más plural el Senado de la República y vendrá a darle una mayor fortaleza a este Poder Legislativo.
Por eso, nosotros sí apoyamos esta reforma concreta que abre la posibilidad al Senado de la República y negamos que tenga esa idea que se ha venido a expresar por muchos compañeros y lamentamos que ahora algunos de ellos se desdigan de algo en lo cual habíamos platicado y pensamos que de buena fe estamos buscando el fortalecimiento del Congreso de la Unión. Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos, se concede el uso de la palabra al diputado Martín del Campo.
Se registra a la Compañera Luisa Alvarez.
El diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda:
Conviene aclarar al compañero diputado del Partido Acción Nacional que acaba de hablar, y creo que la crítica se refería por lo de las conversaciones entre PAN y PRD, al PRD, en el sentido de que nos estamos desdiciendo de nuestra posición de apertura del Senado, de la búsqueda de que el Senado no siga sirviendo solamente para el fin de la carrera política de algunos priístas que ya se van a retirar, como la prejubilación, o para promover cantidades a gobernadores y que no duran en el Senado, el Senado sólo es el pretexto en un juego de entrada y salida, de entrada para promoverse a gobernadores y en otros porque es la jubilación o la prejubilación.
Claro que nosotros estamos en desacuerdo con este uso del Senado, que acompañado de toda la argumentación histórica que han manejado todos los partidos, sentimos se han desaprovechado las posibilidades o potencialidades que tiene este órgano legislativo.
No estamos echándonos para atrás, no estamos desdiciendo, simplemente hemos venido previniendo tanto en lo del artículo 54 como en éste, que en nombre de la gobernabilidad no nos parece correcto que se anule la posibilidad de la representación proporcional más aproximada a la proporcionalidad directa. Ese es nuestro debate en todo caso.
Por supuesto que estamos satisfechos, incluso de tener muy buenos senadores, que haya senadores de la oposición que han hecho que despierte un poco esa Cámara de la siesta que antes era siesta permanente y ahora, por lo menos, hay debate con senadores de la oposición, en este caso del PAN y del PRD.
Ciertamente nosotros estamos satisfechos, no podríamos pensar en que queremos retroceder a que sólo un partido esté ahí, simplemente estamos previniendo e incluso sabemos que seremos primera minoría en algunos lugares y que ganaremos en otros y disputaremos seriamente la Presidencia de la República el año que entra, y por ello vamos.
No es entonces que nosotros sintamos que seremos los más afectados, sinceramente si hacemos las cuentas aun en un perfil bajo, el de 1991, con fraude de por medio que denunciamos conjuntamente aquí muchos de la oposición, el PAN, el PRD, el Partido del Frente, el PPS, que aunque griten está reconocido hasta por su jefe nato de que era sistema de partido prácticamente único y que ya convenía irle dando retoques, entonces estamos claros de que vamos, aun en ese perfil bajo nos tocarían, si hablamos del reparto del botín desde ahora, nos tocaría cuando menos 12 senadurías con la votación de 1991 y disputaríamos hasta 19, porque estamos muy próximos en votación; entonces no tenemos problemas de números, sabemos hacer cuentas, y aun en el perfil de voto controlado y aun con los mecanismos de fraude existentes, nos tocaría una buena representación en el Senado con la propuesta que hacen, de manera que, compañeros del PAN, fraternalmente les decimos como compañeros diputados, que nos estamos echando para atrás; simplemente estamos previniendo, e hizo una propuesta clara el compañero Raymundo Cárdenas, que incluso combina los aspectos que contiene la que ahora está hecha en el dictamen, con la perspectiva de no sujetarse a gobernabilidad y de abrir una representación proporcional más directa o más próxima a lo directo.
También sabemos, lo comentábamos en corrillos hace unos minutos con el diputado Paoli Bolio, que ciertamente no hay, estadísticamente hablando, una proporcionalidad tan ajustada a la matemática o la estadística; siempre hay un margen de sobre representación o de su cumplimiento de subrrepresentación. Nuestra idea es que el margen se reduzca, que no sea exageradamente sobrerrepresentado un partido o varios, y que no sean exageradamente subrepresentados los partidos en cualquiera de las opciones que se coloquen.
Eso es lo que busca nuestra propuesta, compañeros diputados del Partido Acción Nacional, los del PRI, y los demás partidos, que nos aproximemos de la mejor manera posible a una representación proporcional directa, en las condiciones en que se opera el sistema político de nuestro país y no dudamos que ganaremos senadurías en cualquiera de las posibilidades que ahora existen en este país. Muchas gracias.
El Presidente:
En los mismos términos, se concede el uso de la palabra a la compañera diputada Luisa Alvarez.
La diputada Luis Alvarez Cervantes:
Con su permiso, señor Presidente:
Quiero referirme a unas afirmaciones que aquí se hicieron por parte de los compañeros de Acción Nacional. Si por nosotros dicen que queremos ser minoría permanente, desde aquí les decimos que están equivocados en su posición, porque nosotros, como Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, para que lo sepan y para que tengan memoria histórica, somos un destacamento, el único que no ha sucumbido desde 1973 como Partido Socialista de los Trabajadores; han caído partidos, nosotros seguimos y seguiremos avanzando.
A nivel Nacional, que muchos nos quieran ver como minorías, están totalmente equivocados. En el nivel de senadores somos tercera fuerza; somos cuarta fuerza nacional y en muchos ayuntamientos nosotros gobernamos y somos primera fuerza. No aceptamos ese calificativo de minoría
permanente. Están totalmente equivocados, y vamos a ir permanentemente ganando palmo a palmo en el terreno del pueblo la disputa por la nación.
Nosotros también le entramos a la disputa de la nación, pero no para cambiar las élites como aquí se hace, cambiar la élite del PRI por la élite del PAN. Nosotros vamos por el poder, pero educando y organizando al pueblo, para que el ejerza y no las élites que a veces dicen que lo representan.
Ahora en lo que se refiere a la propuesta y a lo que no contestó el diputado del Partido Revolucionario Institucional, la situación es la siguiente: para que haya memoria histórica les voy a leer la propuesta del Partido Revolucionario Institucional del 14 de agosto de 1989, textualmente dice lo siguiente, para que haya equilibrio y seamos cuáles son las nuevas condiciones del país. Dice: "La Cámara de Senadores estará integrada por 96 miembros electos según el principio de mayoría relativa, tres por cada Estado y tres por el Distrito Federal, y 32 que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas nacionales votadas en una circunscripción plurinominal.
La elección de los 32 senadores será según el principio de representación proporcional y el sistema de listas nacionales se sujetará a las siguientes reglas y a lo que disponga la Ley.
I. Un partido político, para obtener el riesgo de su lista, deberá acreditar, para que participe con candidatos a senadores por mayoría relativa en por lo menos 21 entidades federativas. Todo partido político que alcance por lo menos el 1.5% del total de la votación emitida para todas las listas nacionales registradas por los partidos políticos en la circunscripción plurinominal, tendrán derecho a que se les sean atribuidos senadores según el principio de representación proporcional.
Al partido que político que cumpla con lo dispuesto por estas dos bases anteriores, le serán asignados por el principio de representación proporcional el número de senadores de los que su lista nacional le corresponda, en virtud del porcentaje de votos obtenidos en la circunscripción plurinominal.
La Ley establecerá la forma para la asignación, además en la asignación se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las listas correspondientes.
En todo caso, para el otorgamiento de las constancias de asignación, se observarán las siguientes reglas:
a) Ningún partido político podrá contar con más de 100 senadores electos por ambos principios.
b) Si ningún partido político obtiene más de la mitad de los miembros de la Cámara por ambos principios, al que obtenga mayor número de constancias de mayoría y por lo menos el 35% de la votación nacional, le será otorgada la constancia de asignación por el número necesario de senadores hasta alcanzar la mayoría absoluta.
Las constancias de mayoría y de asignación proporcional, serán otorgadas por el organismo público, según lo disponga la ley."
Ahora voy a leer la propuesta que actualmente hizo el PAN, y dice lo siguiente:
"Artículo 56. La Cámara de Senadores se compondrá de tres miembros por cada entidad federativa que durarán en su cargo seis años; dos senadores serán elegidos en votación directa por el principio de mayoría relativa y el otro senador será quien obtenga la primera minoría en la votación respectiva.
Los primeros se renovarán por mitad cada tres años, y los de la primera minoría sólo en la elección que corresponda la renovación del titular del Poder Ejecutivo.
La Ley establecerá el procedimiento para declararlos senadores electos."
Ahora leeremos la propuesta que nos hace el PRI. Le voy a solicitar al señor Presidente me otorgue terminar mi intervención, que me falta muy poco qué leer de este artículo solamente. Y si los del PAN se molestan, pues, es su problema.
"Para integrar la Cámara de Senadores, en cada Estado y en el Distrito Federal, se elegirán cuatro senadores, de los cuales tres serán electos según el principio de votación mayoritaria relativa, y uno será asignado a la primera minoría.
Para cada entidad federativa, los partidos políticos deberán registrar una lista con tres fórmulas de candidatos.
La senaduría de primera minoría le será asignada a la fórmula de candidatos que encabece la lista del partido político que por sí mismo haya ocupado el segundo lugar en el número de votos en la entidad de que se trate.
La Cámara se renovará en su totalidad en elección directa cada seis años."
Si nosotros desde el principio afirmamos que esta reforma política tiene toda una tendencia bipartidista en lo particular de cada artículo nos está señalando lo mismo.
La propuesta que hace en el dictamen el Partido Revolucionario Institucional, en muy poco se aleja de la propuesta, se aleja kilómetros de distancia de su propuesta original en 1989, ¡ah!, pero muy cerca a la propuesta del Partido Acción Nacional.
Y en ese sentido que no venga el PRI aquí a echarnos mentiras de que es una propuesta consensada con todas las fuerzas políticas, cuando en los acontecimientos nos estamos dando cuenta que efectivamente es una propuesta consensada, pero consensada con otra fuerza que no tienen de fondo ninguna contradicción y a fin de cuentas se pueden entender en esto del negocio de la alternativa en el poder, a fin de cuenta, son las mismas élites en el país y no van a cambiar de fondo las cosas que demanda el pueblo, El pueblo demanda reformas; El pueblo demanda cambios y no cambios de élites. Muchas gracias, señor Presidente por el tiempo otorgado.
El diputado Jorge Zermeño Infante (desde su curul):
Señor Presidente, pido la palabra para alusiones personales.
El Presidente:
Para contestar alusiones personales, tiene la palabra el diputado Zermeño.
El diputado Jorge Zermeño Infante:
Reconozco que tal vez de manera involuntaria provoqué alguna reacción en los compañeros de otros partidos, pero qué bueno, porque el compañero diputado del PRD, con sus propios argumentos, con las cuentas que él mismo nos vino a hacer , pues, nos demuestra que tiene un caudal importante de votación y de posibilidades de votación y de posibilidades de integrar el Senado de la República.
Lo mismo, con ese lenguaje tan florido y edificante de la compañera del Frente Cardenista, pues nos vino a demostrar que tienen también aspiraciones de obtener triunfos, con lo cual, bueno, ya no estaremos hablando de un bipartidismo, sino de un tetrapartidismo, y qué bueno, qué bueno, porque esto a confesión de parte, relevo de pruebas.
Este temor y este miedo de llegar a un bipartidismo, cuando realmente nos están manifestando su deseo de obtener triunfos, bueno, simplemente hace a un lado esta argumentación tan escandalosa.
Por lo demás, bueno, creo que el trabajo político, compañera diputada, es también buscar consensos a través del diálogo, en donde siempre las propuestas que nosotros hagamos tendrán que ser las únicas, las verdaderas y las que triunfen. Habremos, pues, de poner nuestro máximo empeño en buscar las mejores soluciones, y creo que esto es parte del trabajo político y legislativo, al que estamos obligados todos.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra, y hasta por cinco minutos, el compañero Eloy Vázquez.
El diputado Eloy Vázquez López:
Agradezco al Presidente, agradezco las muestras de simpatía de mis compañeros diputados:
Quiero decir solamente una precisión: no vine a decir, si se interpretó así, que se modifique, que era un retroceso el que existiera representación de la primera minoría en el Senado.
Cuando hablé de retroceso me referí a que primero se manejó dos de mayoría uno de primera minoría, lo que significaba 66% y 33%, y después, ahora, se presenta 75% contra 25%, eso me parece un retroceso, porque establece mayor representación para la mayoría y menor representación para la primera minoría. Esto fue el sentido de mi planteamiento.
Aclarado esto, quisiera yo profundizar un poco. Ya se llegó aquí a un consenso de que hay espíritu de competitividad en cada uno de nosotros, pero el problema no es de tener ganas de triunfar, el problema es de tener las posibilidades para que ese triunfo se exprese formal y legalmente en la realidad.
Con un esquema así, de mayoría y primera minoría sólo se representan dos fuerzas en cada caso, independientemente, y pues un ejemplo de
alta competitividad entre tres o entre cuatro. Eso no lo resuelve la actual propuesta; la nuestra sí, porque atiende a una representación que eventualmente pudiera, por lo menos, representar a tres fuerzas por cada Estado.
Pero el otro punto de fondo es el problema de la gobernabilidad y cómo debe concebirse.
Lo que aquí se está debatiendo son dos posiciones: una que concibe la gobernabilidad como resultado de la construcción de un consenso político, que es justamente la que nosotros defendemos, construir la gobernabilidad entre fuerzas que puedan tener una mayoría relativa y los otros tener minorías bastante substanciadas y que pueda ser plural la construcción del consenso. Esa es la concepción de la pluralidad y de la gobernabilidad que tenemos nosotros. Es el debate y los acuerdos políticos lo que construyen día con día la gobernabilidad, y la otra que tiene qué ver con una gobernabilidad por coerción, es la gobernabilidad a partir de mecanismos legales que sobrerrepresentan, que dan mayores facultades a la mayoría relativa para imponerse más allá de lo que verdaderamente representan.
Nosotros no aceptamos la concepción que se esconde detrás de la propuesta de que el ganador se lo lleve todo o por lo menos el 75%. Detrás de eso está la concepción de que una sola fuerza, independientemente de los resultados, puede representar a todos.
La mayoría, por muy mayoría que sea, jamás podrá representar a todos, y ya se dijo aquí acertadamente que lo que buscamos es que la sobrerepresentación necesaria por razones matemáticas, y por razones prácticas y la subrepresentación que tendrá que darse, se dé al mínimo rango y sea la Ley misma la que regule que esto sea modulado.
Entonces con esas consideraciones agradezco su atención.
El Presidente:
Tiene la palabra el compañero Alaniz para rectificar hechos.
El diputado José Octaviano Alaniz Alaniz:
Muchas gracias, Presidente señores diputados;
Creo que procede que nos ocupemos de hablar de algunos conceptos que no se han incluido en esta discusión; previamente quiero mencionarle al compañero diputado Zermeño, que no es indigno estar en la posición en que se encuentran algunos partidos, entre ellos mío, en el que desafortunadamente no tenemos los números que otros partidos tienen, pero que tampoco nos colocamos en el arrebato y en la expresión vejatoria que usted expresa para estos partidos, reclamándole que sólo su lenguaje es el que cuenta y vale que parece que sólo usted tiene el derecho de expresarse con demostración o desprecio a otros partidos.
Lo que quiero es que se agregue en este rato lo siguiente: aquí se ha confesado que es una propuesta panista a la que se está discutiendo, a partir de ello debemos entonces entrar a mencionar que sólo vale el voto de dos en la mayor parte de la República, o tres partidos en algunos casos, el resto de los votos no vale. Este es entonces el aspecto que habríamos de considerar, que es entonces menester saber y, en efecto, aquí se está rechazando la posibilidad de lo valioso de ese voto para otros partidos. Quiero decir que el voto que reciben otros partidos, excepto esos tres en algunos casos, no contarán, no vale nada, es inexistente.
Desde el mismo momento en que escuché que se trata de una propuesta del PAN, pensé en que el PAN, a fuerzas y con chantajes, está incrustado en un bipartidismo, que exactamente por su característica, es antidemocrático, porque no puede se democracia excluyendo a otras fuerzas que tienen registro nacional, no puede se tampoco que con esto se fortalezca al federalismo como aquí se ha venido a expresar. Vamos a discutir sobre la derechización que se está agregando el Senado.
Y desgraciadamente el PRI se hace acompañar de estas amistades. Para decirles a todos con qué pensamiento ingresa esa fuerza vía bipartidista al Senado, yo quisiera, una vez más aun cuando sea enfado, expresar lo que piensa el PAN en sus documentos básicos, sí señor, en cuanto al federalismo,
Ciertamente Acción Nacional defiende a su manera el federalismo, pero obviamente que lo concibe a su manera. "El federalismo, sostiene el PAN, es constitucionalmente hablando nuestra forma de integración nacional". Y lo que pasa es que están desintegrando, son desintegradores, no integradores en lo que estábamos hablando. "En México, en ese sentido no hemos tenido grandes avances, vivimos en un federalismo centralizado en donde los recursos de las provincias y de las entidades son manejados desde el
centro en un 80%, se necesita equilibrar esa relación para que los recursos puedan ser manejados por el Estado y los municipios; de lo contrario, no hay federalismo".
Esa es una cita, disculpen y perdónenme la tardanza, que se toma de la Declaración de Principios del PAN. ¡Qué pobre visión de federalismo! Si recordamos el federalismo mexicano en su origen, fue diferente al que siguió luego de los servicios y de los sucesivos periodos del presidente Benito Juárez, figura que choca con la ideología del PAN.
En efecto, hay que tomar en consideración que ya Alejandro Hamilton lo concibió como un fuerte lazo que debería unir los estados de la Federación para una barrera contra las discordias y las sublevaciones interiores. También Madison, compañero de Hamilton, señalaba a la necesidad como un baluarte contra el peligro del exterior, como salvaguarda de la paz interior, como proyecto de nuestro comercio e intereses comunes.
Sí, es este tipo de federalismo, del cual nuestro país tomó su modelo. Se advierte de un lado la tendencia de que éste constituye el lazo de unión más fuerte y poderoso para conservar y defender a la nación. Pero también se nota a primera vista intenta, ya desde entonces, ejercer el predominio del centro sobre los estados, dado el desarrollo económico, político, social y cultural de los Estados Unidos; triunfa la tendencia más democrática de un federalismo a tono con los intereses de la Unión y no de un poder centralista.
Pero la crítica de acción Nacional en cuanto al federalismo centralizado no es honesta ni justa, puesto que en primer lugar, subraya exageradamente la cuestión económica y deja de lado la crítica hacia el federalismo centralizado de carácter que opine la voluntad soberana de los estados.
Creo que si se trata de una forma constitucional debe entonces ampliarse la discusión y no sólo en cuanto a los números, porque exactamente compañeros diputados de otros partidos, estamos cayendo en las trampas de la propuesta que se incluye en el proyecto de dictamen. Muchas gracias.
El Presidente:
A continuación, tiene el uso de la palabra y para rectificar hechos, el señor diputado Zermeño.
El diputado Jorge Zermeño Infante:
Solamente par hacer un brevísimo comentario:
El diputado Alaniz perteneció al PRI y después al PRD y ahora anda en Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
Queremos comentar que nos aterra que esté ahora leyendo con tanta asiduidad los documentos de Acción Nacional.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Enrique Sanda Fernández.
El diputado Enrique Sanda Fernández:
Con su permiso, me propongo ser breve y no repetitivo y empezar afirmando como Locke y Montesquieu, que es inaplazable la necesidad de que el poder detenga al poder.
El bicamarismo tiene el objeto, como aquí se ha dicho, constituir un equilibrio interno del Poder Legislativo, atemperar posibles decisiones políticas precipitadas, establecer un mecanismo más profundo y técnico de examen de las leyes y establecer una instancia entre Ejecutivo y Legislativo en caso de conflicto entre aquél con una de las cámaras, entre otros que se han mencionado.
En México han existido tradicionalmente cuatro tipos de facultades legislativas referidas al bicamarismo. Las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, la de la Senadores, la del Congreso de la Unión y las facultades que puedan ser ejercidas por cualquiera de las dos cámaras. Pero en todo caso, en este reparto de facultades permanece la idea de considerar al Senado como un muy necesario freno de eventuales tendencias centralistas en favor de la automía política de las entidades federativas, espina dorsal de nuestra historia política.
Se han pretendido que el sistema federal debe constar siempre como premisas justificativas de su adopción con vigorosos regionalismos preexistentes; que sólo a través de una transacción lleguen a ceder una porción de su autonomía, a fin de construir el Gobierno nacional.
Si el federalismo sirve para centralizar poderes antes dispersos, como aconteció en Estados
Unidos, también puede ser utilizado para descentralizar poderes anteriormente unificados según ha sucedido en estados originalmente unitarios como México.
En México, una vez consumada la independencia, varias provincias amenazaron con segregarse de la naciente República si no se garantizaba el federalismo a través de la admisión de representantes al Poder Constituyente. Así, en México ha existido una relación dialéctica entre Senado y federalismo.
La forma de federalismo genera al Senado en su forma actual y el Senado protege al federalismo y ambos se convierten en guardianes de la autonomía de las entidades federativas.
México, un país de perfiles unitarios, se empeña en descentralizar sin desintegrar. A ello se opone su pasado centralista, y el Senado constituye una palanca para realizar nuestro particular y propio sistema federal, inscribiéndolo en un marco de modernidad y eficiencia.
Este federalismo particular y propio, se confunde con nuestra historia de país independiente y constituye una realidad que consiste en aplicar a nuestra manera, el sistema federal y puede concluirse que estamos definiendo un sistema con perfiles propios.
Efectivamente, en Estados Unidos, cuna del federalismo, se trata de introducir unidad en su variedad histórica para lo cual encuentra también, en sentido contrario al nuestro, la resistencia de su pasado. Nadie puede predecir el destino final del sistema federativo, pero acaso algún día concurran al mismo punto la decisión descentralizadora de México y la tendencia centralizadora de Norteamérica.
Así, el Senado va unido históricamente a esta evolución particular y propia del federalismo mexicano. Parece perfilarse actualmente una tendencia en el derecho constitucional moderno, a privilegiar las decisiones de los órganos legislativos ante las del Ejecutivo, conjuntamente con una revisión y adecuación de los senados que han ido quedando rebasados por la evolución más dinámica y representativa de la Cámara de Diputados.
En tal sentido, la reforma que propone la iniciativa sometida a discusión, constituye una respuesta a los requerimientos de lograr una correspondencia entre la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados; es el punto de partida de un proceso de revisión y actualización del Senado, así como de su competencia. Hay que enfatizarlo: el Senado actual requiere de profundas transformaciones.
Habrá que revisar a partir de esta reforma, sus atribuciones, habrá que revisar la relación senado-federatismo, y habrá que revisar la relación senado-democracia, basado en el impulso al pluripartidismo. Esta es la mejor fórmula encontrada hasta ahora; insisto, si quisiera abolir el multipartidismo, no cabría la representación proporcional.
Existe la voluntad política de ampliar cauces democráticos, pero ella requiere de un proceso y consenso que aún no culminan. A ello llamamos con voluntad y respeto a diferencias bien intencionadas; el consenso basado en la tolerancia mutua, es el objetivo fundamental de la iniciativa propuesta a consideración.
Aumentar a cuatro el número de senadores, asignado tres de ellos por principio de mayoría y el cuarto a la primera minoría siempre y cuando ésta última logre una votación que garantice su representatividad. No sólo es congruente con la naturaleza de la relación histórica entre Senado y Federación, sino que encuentra su más acabada justificación, en la teoría constitucional y democrática, el derecho comparado y nuestra historia política constitucional. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra, para rectificar hechos, el diputado Arreguín.
El diputado Israel González Arreguín (desde su curul):
La compañera había pedido la palabra con anterioridad.
El Presidente:
Le toca el turno a la señora diputada que había solicitado el uso de la palabra unos segundos antes. La diputada Beatriz Rangel.
La diputada Griselda Beatriz Rangel Juárez:
Muchas gracias, señor Presidente:
Yo quisiera expresar en este momento, una de las cuestiones que nuestro partido, el Partido
del Frente Cardenista, ha venido sosteniendo como argumentación para rechazar de manera terminante la iniciativa que el Partido Revolucionario Institucional, en binomio con el Partido Acción Nacional, pretenden aprobar por esta soberanía.
Quisiera señalar que uno de los aspectos que nosotros impugnamos es que el procedimiento que se propone para integrar la Cámara de Senadores, es un procedimiento que altera la representación nacional, el principio de representación nacional. Es decir, introduce una diferencia entre las minorías privilegiando a la primera minoría; es decir, esto en estricto sentido, no tiene una argumentación ni histórica, ni constitucional, ni doctrinaria y consideramos, por lo tanto, que no es válido oponer el argumento de que representa una apertura democrática a este organismo que es la Cámara Colegisladora, el Senado.
Consideramos que si nosotros hacemos una valoración de qué es lo más conveniente, tendríamos que irnos no a los criterios estrictos de una parte de la doctrina, porque no son todos los que se hacen cargo de estudiarla quienes sostienen que el principio de paridad del Senado, de la representación de los estados en el Senado, tenga que ser fatal, tenga que ser el único que prevalezca en la historia de nuestro país.
Pensamos que el Senado en este tiempo que vivimos, más que representar a los estados frente al despotismo del Gobierno central, representa los intereses de la nación frente al exterior, frente al imperialismo.
Por lo tanto, pues, si se trata de crear formas para abrir el Senado, habría qué considerar que también la fórmula de representación proporcional que nuestro partido propone es válido y debe tomarse en cuenta por el bien de la nación.
Yo quisiera, finalmente, preguntar a las fracciones parlamentarias del PRI y del PAN, porque aquí mi compañera Luisa Alvarez estuvo anteriormente en el uso de la palabra y les hizo una pregunta y esta pregunta no fue contestada: ¿Por qué el PRI modificó esta propuesta: para privilegiar a una fuerza que ahora tiene muchos votos, pero no tiene la mayoría? ¿Cuál es el temor para contestar esta pregunta?
Lo dejo aquí para que lo recojan los aludidos. Muchas gracias.
El Presidente:
Diputado González Arreguín, me había usted solicitado el uso de la palabra.
Tiene la palabra para rectificar hechos, el diputado González Arreguín.
El diputado Israel González Arreguín:
Legisladores de la República:
Cuando se viene a hablar aquí de provincia aflora indiscutiblemente el conservadurismo, por ser ésta una contraposición al federalismo. Provincia, señores diputados, alude al centralismo político contra el que luchó en el siglo pasado el federalismo, cuando tuvo que combatir las siete leyes que fueron enarboladas por conservadores y centralistas.
Las constituciones de 1924 y de 1957 nunca se refirieron a provincias sino a estados. En otro sentido, aquí se ha querido venir a manipular mediante una serie de conjunciones gramaticales el que lo que sucede, que se tiene miedo por ser minorías a una propuesta como la que está aflorando en este momento por el PRI y el PAN.
En 1991, en Guanajuato se llevaron a cabo elecciones para gobernador, que ganó el Partido Revolucionario Institucional y que graciosamente le concedieron la gubernatura a un panista que jamás había participado ni siquiera en las elecciones.
Quiero hacer un comparativo, simplemente para que se vea el efecto de este tipo de situaciones, de conducciones que se dan a través de acciones de esta naturaleza, como la que se dio en 1991 en Guanajuato y la que ahora se pretende establecer aquí como una alternativa.
En 1988 por ejemplo, en Salamanca, Guanajuato, en el distrito VI el PRI sacó 20 mil votos, el Frente Cardenista 9 mil 500 y el PAN 10 mil. Como consecuencia de la cesión de la gubernatura que hizo el PRI en 1991, en agosto, en diciembre el PAN gana en Salamanca por algo que ni el candidato del PAN se explicaba, porque no había hecho ni campaña en el municipio. Esto mismo sucedió en Salvatierra, en Valle de Santiago, en San Miguel de Allende, en San José Iturbide, San Luis de la Paz y Dolores, con votaciones ínfimas, por ejemplo en Dolores de 4 mil votos, en 1988, contra 25 mil del PRI y que sin embargo en 1991, en diciembre, gana el PAN, ¿por qué?, porque, compañeros, es una cultura política del pueblo,
Se quiera o no se quiera aceptar, esto cuenta en la mentalidad del pueblo que va a elegir el voto, contra eso estamos, contra esa regalía que se le quiere hacer al PAN en reconocerlo como la única fuerza de alternancia en el poder. ¡Eso es lo peligroso de la famosa propuesta que está induciendo el voto contra lo que está el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional!, y no contra lo otro. En 1988 en Guanajuato, y aquí está un ex diputado local, que ahora es federal del PAN, allá nos dijo: "¡En las elecciones federales nos vemos y nos vimos y los mandamos a tercer lugar!". Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Humberto Aguilar.
El diputado Marco Humberto Aguilar Coronado:
Muy brevemente, con todo respeto, y para la compañera del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, que hizo una pregunta tanto al Partido Revolucionario Institucional, como a mi partido, decirle que no entendemos por qué se sigue insistiendo en que esta reforma, al único partido que va a beneficiar es al nuestro. Ustedes aquí vinieron a decir que eran la tercera fuerza política en la elección del Senado; otros partidos políticos han dicho que van a luchar por la senaduría. Entonces, lo único que les podemos decir es que ya han confesado ustedes que quieren acceder al Senado, perdón, pues nos vemos en el Senado. Gracias.
El presidente:
Tiene la palabra el diputado Jorge Calderón Salazar.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar:
Con el permiso de la Presidencia; estimadas compañeras y compañeros legisladores:
El debate que a lo largo de este día hemos tenido sobre los artículos constitucionales que han sido objeto de un minucioso análisis desde diferentes vertientes de fracciones parlamentarias, tiene desde todos los puntos de vista una importancia histórica.
No se trata sólo de números para la composición de la Cámara de Diputados, no son únicamente aspectos primordiales como los mecanismos y proporcionalidades de la Cámara de Senadores, no estamos solos ante detalles para el nombramiento del Tribunal Federal Electoral, o de la Sala de Segunda Instancia, o de aspectos secundarios, estamos discutiendo el perfil de la nación hacia el año 2000 y más allá del año 2000, estamos discutiendo los mecanismos para, por medio de una reforma política y una reforma constitucional, replantear las bases constitutivas de la nación mexicana, las bases constitutivas de los Estados Unidos Mexicanos y de esta República de la que todos formamos parte; discutir en consecuencia la integración del Senado es discutir aquello que es el vínculo de unión de las entidades federativas como lo es también nuestra Cámara de Diputados.
El PRD desde hace ya mucho tiempo ha insistido que lo que la nación requiere es una reforma democrática integral, una reforma que combine el federalismo con una profunda adhesión a los principios de la legitimidad popular; requerimos; de una Cámara de Diputados y un Senado electo por el pueblo, donde de manera real y efectiva, los intereses y aspiraciones de la nación estén representados; requerimos de un Poder Legislativo tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, que funcione como un contrapeso real al Poder Ejecutivo y que cumpla las funciones constitucionales; en vez de trozos, pedazos o fragmentos de reforma electoral, lo que está en juego es precisamente la definición, repito, de las bases constitutivas del proyecto nacional.
Y el PRD desde hace ya mucho tiempo ha señalado la importancia que tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores cumplan con las funciones sustantivas que señala la Constitución General de la República.
La Cámara de Senadores no sólo requiere de la ampliación de su número, no sólo requiere de un mecanismo de representación plural de las diferentes fuerzas políticas existentes en las entidades federativas tal como lo ha propuesto el PRD en la exposición que hizo el diputado Raymundo Cárdenas.
Más que eso, requiere de senadores electos en forma legítima y representantes del pueblo, requiere de esas facultades para ser contrapeso del Poder Ejecutivo y se ejerzan. Voy a referirme directamente a ellas.
La Constitución establece que el Senado debe ratificar los nombramientos de altas autoridades de Hacienda así como los nombramientos
del ejército, la armada y de diplomáticos. También recientemente, esta LV Legislatura ha dado facultades al Senado en materia del nombramiento del personal dirigente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Comisión Federal de Competencia Económica, y del Banco de México, y tiene constitucionalmente facultades para examinar política exterior y analizar y en su caso ratificar tratados internacionales.
Son facultades de extraordinaria importancia que con mucha frecuencia, por los mecanismos de existencia de lo que los militantes del Partido de la Revolución Democrática denominamos un partido de Estado o un régimen de partido de Estado, han impedido que se puedan ejercer a plenitud pero en una agenda democrática amplia y es por ello que solicité a mis compañeros del Partido de la Revolución Democrática me permitieran pasar a tribuna.
En un régimen democrático amplio, quiero insistir en esto, no sólo importan las definiciones legales, no sólo importan las normas constitucionales y las bases de las distintas leyes, importan las prácticas políticas efectivas, importa la congruencia entre leyes y hechos, y en el caso particular del Senado, nuestro partido tiene no solamente la aspiración de que la pluralidad de las fuerzas políticas de entidades federativas estén representadas en el Senado, no sólo tenemos la aspiración de que detrás de cada senador esté avalado por votos que legitimen su función legislativa, sino tenemos la aspiración de que el Senado cumpla, repito, las funciones sustanciales que establece, la Constitución General de la República.
Si de manera efectiva el Senado ratificara y vigilara el nombramiento de las autoridades superiores de Hacienda; si de manera efectiva el Senado ejerciera el control de las actividades del Ejecutivo en materia de política exterior; si de manera real tuviera las facultades que conjuntamente con la Cámara de Senadores tiene, en base al 73 constitucional, México tendría un fuerte contrapeso al autoritarismo del poder presidencial y le darían las bases de un tránsito a la democracia, no sólo por la vía del voto libre, sino también por la vía del equilibrio de los poderes.
Pero hay más, existe otro elemento que deseo poner a consideración de ustedes. Por razones propias del debate en la Comisión Plural que definió una agenda vinculada a procesos electorales, ciertos aspectos no fueron en su momento incluidos dentro de este debate e incluso de manera precipitada fueron dictaminados antes que iniciáramos este período de sesiones extraordinarias.
Nos referimos a la iniciativa que el Partido de la Revolución Democrática y que otros partidos con su propia independencia de criterio presentaron para reconocer atribuciones de la Cámara de Diputados en materia de aprobación de tratados internacionales.
Y, por otra parte, el PRD ha presentado iniciativa de reformas constitucionales en materia de referendum.
Para los perredistas, una reforma democrática del Estado y una reconstrucción de las bases constitutivas del federalismo mexicano y de la defensa de nuestro nacionalismo, exige reconocer a la Cámara de Diputados facultades conjuntamente con el Senado, porque somos federalistas en materia de ratificación de tratados internacionales, exige también reconocer lo relativo al referendum de aquellas cuestiones que sean de interés nacional y fundamental, y exige simultáneamente, y lo pongo en el tapete de la discusión, reconocer si la reforma democrática del Estado así lo exige, mayores facultades a un Senado democratizado y dotado de la legitimidad suficiente para tener, por ejemplo, atribuciones que hoy se le niegan, en materia de discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación.
En su momento, una reforma democrática del Estado tendrá que entrar a estos problemas. Facultades de la Cámara de Diputados en materia de aprobación de tratados internacionales, facultades de la Cámara de Diputados en materia de ratificación de nombramientos de quienes ocupan puestos directivos en organismos como Banco de México, Comisión Nacional de Derechos Humanos y Comisión de Competencia Económica, pero también, reconocer, repito, a la Cámara de Senadores facultades en lo que es uno de los puntos sustanciales del Pacto Federal, que es el ejercicio del gasto público en el conjunto de las entidades federativas.
Y es en este sentido que para una agenda futura de reformas y transformaciones democráticas, tendría que tomarse en cuenta el rol renovado de un Senado democratizado.
Nuestra convicción es que por un mecanismo se combine la representación de un senador de mayoría con tres senadores electos bajo formas proporcionales, se está garantizando esa expresión plural.
Respetamos los puntos de vista de otras fuerzas que tienen distintas propuestas pero pensamos, al igual que defendemos la proporcionalidad directa en la Cámara de Diputados, que un mecanismo de proporcionalidad más amplia, rica y plural en la Cámara de Senadores, ayuda a consolidar la integridad de la República.
Llevamos una herencia de más de 300 años de centralismo en el marco de la dominación colonial española; llevamos también una herencia, contraria por cierto a nuestras definiciones constitucionales, de centralismo económico y de centralismo político y pugnamos por un federalismo en lo económico y un federalismo en lo político y pugnamos por una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores que sean expresión de este Pacto Federal renovado.
Pero más que esto, queremos estados que tengan la capacidad real de ejercer la autonomía que teóricamente les confiere la Constitución y poderes legislativos locales de entidades federativas, con capacidad para ejercer esos poderes que teóricamente tienen.
Más aún, en el aspecto fiscal, desearíamos que la proporción que hoy existe entre un 70% de recursos que absorbe la Federación y un pequeño 30% que va hacia entidades federativas y municipios, se invirtiera y que tuvieran los municipios y las entidades federativas, capacidad propia de recaudación fiscal y de ejercicio del gasto público, para que el federalismo no fuera sólo una expresión vacía en el ámbito económico, sino tuviera una expresión en la política y en la economía y el Senado en estas condiciones, tendría que ser el garante de ese Pacto Federal renovado cada día, cada ejercicio de gasto y en las prácticas efectivas de control del Ejecutivo y de un proceso de equilibrio entre las cámaras renovado.
Finalmente, desearía referirme a otro punto de prácticas reales del Poder Legislativo. EL PRD pugna por un Senado plural, abierto, dotado de legitimidad, pero también pugna por una Cámara de Diputados que tenga su propia capacidad de discutir y en su caso modificar aquellas leyes aprobadas por el Senado, que considere la Cámara de Diputados en voto mayoritario que son contrarias a los intereses de la nación o que simplemente deben ser mejoradas.
Una práctica que hemos criticado en varias ocasiones es que el Senado en algunos casos, por ejemplo en leyes financieras, aprueba disposiciones que después llegan a la Cámara de Diputados y resulta extremadamente difícil en las actuales condiciones políticas, modificar esas propuestas.
Desearíamos que un Senado plural, dotado de legitimidad, con adecuada representación de diferentes fuerzas políticas y una Cámara de Diputados plural, legítima y con representación de diferentes fuerzas políticas, pudieran aplicar de manera real lo establecido en el artículo 72 constitucional y pudiera haber ese efectivo equilibrio bicamaral en las decisiones y discusiones de leyes; y cuando una Cámara crea que una Ley aprobada en la colegisladora debe ser modificada, se haga por el bien de la nación y se siga el procedimiento constitucional definido.
Pero de ninguna manera ayuda al fortalecimiento del Congreso de la Unión preservar un esquema en donde la Cámara de Senadores no refleja el conjunto de las expresiones plurales de nuestra nación, y pensamos en consecuencia, con esto termino, que de cara a las grandes transformaciones que vive el mundo contemporáneo, de cara a las aspiraciones de una revolución democrática en nuestro país y en las actuales perspectivas de una transformación que se opera en la economía de nuestro país, es de fundamental importancia que la Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores plural y renovada, ejerzan a plenitud la facultad constitucional de controlar al Ejecutivo, revisar su ejercicio en materia del cumplimiento de las leyes, expedir aquellos ordenamientos legislativos que sean en defensa del interés de la nación y crear entonces condiciones para una refundación del Pacto Federal, una refundación de los propios Estados Unidos Mexicanos, creando órganos de Gobierno desde el nivel municipal, el Poder Legislativo Federal y el Poder Ejecutivo Federal, surgidos del voto libre, independiente y autónomo de los ciudadanos. Esa es pues nuestra aspiración. Muchas gracias.
El Presidente:
A continuación, tiene la palabra el diputado Héctor Ramírez Cuéllar.
El diputado Héctor Ramírez Cuéllar:
Señor Presidente; compañeros diputados:
No cabe duda que el proceso de modernización del capitalismo en nuestro país; que la urbanización creciente que ha observado en las últimas décadas; que la homogeneización económica nacional que el país ha experimentado, sobre todo desde el Gobierno del general Lázaro Cárdenas hasta hoy, han hecho añicos la vieja
concepción del federalismo que todavía en esta tribuna hemos escuchado el día de hoy.
Todavía a estas alturas, ignorando los grandes cambios económicos y sociales de México, se habla como se hablaba en el siglo pasado, con los mismos argumentos, con las mismas razones y se esgrime una vez más la tesis federalista de la representación paritaria de los estados de la Unión.
Considero que esa tesis es en la actualidad obsoleta, que ya no debe sostenerse y que debiéramos avanzar en un gran debate nacional hacia la concepción de un nuevo federalismo, de un nuevo federalismo político y de un nuevo federalismo económico. De otra manera, si no avanzamos hacia una reformulación del federalismo, difícilmente habrá cambios democráticos en el Senado de la República.
Cuando hemos escuchado aquí a oradores del PRI y oradores del PAN que sostienen las tesis del federalismo del Siglo XVIII o del Siglo XIX, ignorando que México es ya un mercado único, que es ya un mercado nacional, que es una nación capitalista de desarrollo medio, que está en proceso de integración con el mercado de Norteamérica, esto explica por qué el Senado de la República estuvo anclado en la obsolescencia durante muchos años.
Durante muchos años el Senado de la República fue un organismo inoperante que sólo servía para escalar cargos públicos hacia las gubernaturas de los estados, y que sólo servía para colocar en esa Cámara a políticos que estaban a punto de retirarse de la actividad y que pensaban descansar los últimos años de su vida activa.
Este rezago histórico del Senado, contrasta mucho con los avances que se registraron en la Cámara de Diputados.
Mientras en esta Cámara se avanzó aceleradamente en la integración democrática desde la creación de los diputados de partido hasta hoy, en un proceso muy accidentado, una de cuyas etapas estamos cubriendo hoy, el Senado se mantuvo cerrado a las fuerzas opositoras durante mucho tiempo, y prácticamente fungió como una Cámara que revisaba o que sancionaba las leyes que esta Cámara de Diputados aprobaba y le enviaba.
Pero no solamente hubo una declinación histórica de esta Cámara, sino que con la reforma que emprendió el presidente José López Portillo, una serie de facultades que tenía la Cámara de Senadores, en forma exclusiva compartida con la Cámara de Diputados, le fueron cercenadas. Por ejemplo, las facultades en materia económica y presupuestal, en las cuales el Senado tenía una gran injerencia, y otras más.
La tendencia de la reforma de López Portillo, fue muy clara, la de debilitar al Senado, la de constreñirlo a una serie de facultades muy pobres y la de fortalecer las atribuciones o las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, la cual se enriqueció en su composición interna mucho más que el Senado.
De tal manera que de muy poco serviría una Cámara de Senadores integrada, como el PRI y el PAN la proponen, con las actuales atribuciones que tiene esta Cámara.
Si nosotros vemos en un panorama general las atribuciones actuales de la Cámara de Senadores, y las comparamos con las que ejerce esta Cámara, llegaremos a la conclusión de que se trata de un conjunto de facultades muy pobres, muy limitadas, señaladamente algunas de ellas, por ejemplo, analizar la política exterior, ratificar nombramientos de diplomáticos, nombrar gobernadores cuando desaparecen los poderes en un Estado, erigirse en jurado de sentencia contra servidores públicos que cometen delitos. y ha sido recientemente, en estos años y en esta legislatura, en que se le han entregado a la Cámara de Senadores otras facultades. Pero en términos generales podemos afirmar que se trata de un órgano que ha sido debilitado en su funcionamiento orgánico, político y constitucional y se ha fortalecido la otra Cámara que es la Cámara de Diputados.
Si nosotros observamos la propuesta que hacen el PRI y el PAN sobre el Senado, vemos que se trata de encontrar nuevos escenarios para la confrontación y para la colaboración de dos fuerzas políticas fundamentalmente.
No se trata aquí de hacer alarde de votación, no se trata de asumir actitudes de prepotencia o de buenos deseos, sino de ver el contenido de la reforma en sí misma y hacia dónde apunta la reforma, qué objetivos persigue.
Un objetivo clarísimo de la reforma es que induce a los electores, impulsa en su conciencia la existencia de sólo dos opciones políticas en cada Estado, por una razón elemental: los votos útiles sólo serán para dos partidos políticos, fundamentalmente, para el partido de la mayoría y para la primera minoría; el resto de los partidos políticos, cuyos votos reciban, incluso en miles de votos, no tendrá representación política en el Senado de la República, serán votos inútiles en
la conciencia política de los ciudadanos y lo que éstos buscan es que sus votos produzcan una conformación del poder político.
Los ciudadanos, cuando ven que el voto no genera parte del poder político, cuando ven que ese voto se desperdicia, asumen normalmente una actitud: no concurrir a las urnas electorales, o bien poner en su cabeza, en su conciencia, que en México sólo hay dos fuerzas políticas.
Esa concepción del bipartidismo, metida en la conciencia de los mexicanos como un paradigma, como un esquema del menor esfuerzo, en el que solamente hay dos opciones y que las demás no cuentan, mucho me temo que también pueda reflejarse, por extensión, en la elección de diputados y en otros procesos electorales.
El problema es cuando se introduce en la conciencia de una población el esquema bipartidista, como ocurre en los Estados Unidos, se genera una cultura política, una tradición política determinada, una forma de actuar que difícilmente se va a poder desarraigar en la lucha política, porque se dan formaciones psicológicas, formaciones sociales que van a quedar sedimentadas en la conciencia de la población por muchos años.
Es particularmente preocupante esta sedimentación en los estados del norte del país, en donde claramente el bipartidismo se ha sentado como una profunda realidad política y en donde será muy difícil que otra fuerza pueda desarraigar el bipartidismo, como práctica y como sistema de Gobierno en esos estados.
En segundo lugar, la otra falla que observamos es la de que claramente se impiden las coaliciones para acceder al Senado de la República, porque la propuesta bipartidista señala que llegarán por sí solos los partidos políticos. Esto quiere decir que, aunque los partidos pequeños, de izquierda sobre todo, que no tendrán acceso al Senado en las presentes circunstancias, se coligaran, a efecto de alcanzar la primera minoría y así llegar a la Cámara de Senadores, no lo podrán hacer porque está prohibida en la propuesta que examinamos la figura de la coalición.
Las coaliciones le dieron al Frente Democrático Nacional la victoria resonante en el año de 1988, y ahora las coaliciones, las candidaturas comunes, se llenan de candados, se les ponen una serie de restricciones y de limitaciones para que no se realicen, no se prohiben formalmente, pero en la práctica se están restringiendo al grado de que no van a poder efectuarse estas coaliciones.
Otra crítica que deseamos hacer a esta propuesta, es la de que siendo la campaña de senadores por su magnitud, una campaña muy similar a la de los gobernadores de los estados, la tendencia que se puede observar ya el día de hoy, es a que los partidos principales puedan postular candidaturas de elementos que representen intereses económicos regionales y estatales.
De tal manera que no sería difícil que hubiese un Senado estamental, que hubiese un Senado corporativo, pero con un corporativismo moderno, en el que pudieran estar representados los intereses económicos, por ejemplo, de los grupos financieros directamente en el Senado de la República, desplazando a los políticos tradicionales de los principales partidos.
Ya en la actualidad en el Senado de la República se da una presencia importante de representantes de intereses económicos que no tenían militancia política alguna o por lo menos una militancia no conocida, y que aseguran una presencia de esos grupos en el Senado.
Finalmente, el costo político de la reforma al Senado lo pagarán los partidos democráticos y los partidos de izquierda principalmente. Si nos basamos en las tendencias electorales recientes, ningún partido de izquierda podrá acceder a esta Cámara. Por lo tanto, rechazamos la propuesta que hace aquí el PRI y el PAN. Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene la palabra el señor diputado González Durán.
El diputado Carlos González Durán:
Con su venia, señor Presidente; honorable Asamblea:
República es el gobierno de todo el pueblo, no de una parte del pueblo, sino de todo el pueblo. Para que exista o pueda existir un gobierno republicano, el camino no es el sistema de la elección uninominal de mayoría relativa, el camino es la generalizada aplicación del sistema de elección plurinominal de listas. Por lo siguiente, pondré un ejemplo:
En una elección de representante popular, el partido A gana con 32 mil votos, el partido B tiene 30 mil votos y el partido C tiene 20 mil votos, pero hay una abstención de 100 mil votos. Quiere decir que de acuerdo con el principio de elección uninominal y de mayoría relativa, gana con 32 mil votos a pesar de que tiene 150 mil votos que no están apoyando su nominación.
En el sistema de elección proporcional tenemos que el total de los votantes se divide por el total de las curules, con lo que resulta un coeficiente y cuantas veces ese coeficiente se encuentre comprendido en el resultado de una votación, ése será el número de representantes que podrán estar presentes en un órgano colegiado de Gobierno y de representación.
Por lo tanto, si tomamos además en cuenta que la geografía política del país se establece de acuerdo con 300 distritos cuyos distritos han sido determinados previo un cuidadoso estudio de la conducta electoral de los votantes, y que se ha diseñado con trozos de comunidad urbana y con trozos de comunidad rural, a efecto de conociendo el comportamiento electoral dar condiciones de dificultad para que los partidos de oposición puedan acceder al poder. Si además tomamos en cuenta lo que ha expresado aquí el compañero Héctor Ramírez Cuéllar, en dos direcciones: el proscribir las coaliciones y el impedir en cierta medida que las minorías, segunda, tercera, puedan acceder a los órganos de representación.
Si de veras queremos obrar con racionalidad y no con fuerza, hay el poder de la racionalidad, ése lo postuló Rousseau y hay el poder de la fuerza y ése lo postuló Rosseau y hay el poder de la fuerza y ése lo postuló Hobbes. Para Hobbes la igualdad es mala; para Rosseau la igualdad es buena.
Si es así, y recordamos que Aristóteles dijo que el hombre era un animal racional, no sabemos si en este lugar y en este recinto tenga razón Aristóteles por lo primero o por lo segundo; tenga Aristóteles razón por la sociabilidad y la racionalidad o tenga Aristóteles razón por el imperio de la fuerza y del fuerte. Ese es el problema.
Si de veras quisiéramos abrir paso al tránsito a la democracia tendríamos que aceptar, como principio más consecuente, el principio de la elección proporcional, no solamente en el Senado, sino también en la Cámara de Diputados en su totalidad y también en los ayuntamientos y en los municipios, y también deberíamos crear la primera y radical instancia de la comunidad vecinal.
Entonces el dilema está planteado. Yo he subido aquí para expresar que apoyo la propuesta del compañero Héctor Ramírez Cuéllar porque me parece la más racional y quiero darle la razón a Aristóteles, de que el hombre es un animal político pero por el camino de la sociabilidad para que se respete a todas las minorías. Eso me parece que es más republicano porque significa el Gobierno de todo el pueblo sin exclusiones. Es todo.
El Presidente:
Tiene la palabra, el compañero Rodríguez Prats.
El diputado Juan José Rodríguez Prats:
Con su permiso, señor Presidente:
Pretendo responder a algunas de las cuestiones que han quedado aquí un tanto confusas. Se ha dicho mucho de quién es la paternidad de esta reforma; ¿por qué antes se propuso una cosa diferente a lo que ahora se instrumenta?
Yo creo que el ejercicio de rastrear los derechos de autor corresponde a los intelectuales; a los partidos, a los órganos de Gobierno nos interesa hacer compatible lo necesario con lo posible; no simplemente quedarse en un criterio conservador de respetar la estabilidad sobrestimado a ésta en su valor instrumental que lo que nos debe permitir es precisamente concebir los cambios y llevarlos a sus últimas consecuencias.
Cuando en un sistema operan los órganos legislativos, cuando se canalizan los cambios y las propuestas a través de estos debates y el cambio se canaliza a través de normas jurídicas, quiere decir que ese sistema está haciendo compatible a la estabilidad y al cambio.
Si nos pusiéramos a rastrear en la historia de México la paternidad de las ideas, nos encontraríamos con sorpresas al confirmar, por ejemplo, cómo Servando Teresa de Mier, es el precursor del estado de derecho cuando habla de la exigencia de respetar las leyes; cómo Mariano Otero es el precursor en la representación de las minorías; cómo Ponciano Arriaga en 1857, pronunció una frase que hoy es vigente y es contundente para avanzar y consolidar el sistema político mexicano cuando él decía que para consolidar la democracia debíamos hacer creíbles las palabras; cómo Francisco Bulnes, este controvertido personaje del porfiriato hablaba en 1903, de que los sucesores de don Porfirio Díaz debían de ser los partidos políticos, las instituciones y las leyes, adelantándose 25 años a las ideas de Plutarco Elías Calles, que iniciaron el origen del sistema político mexicano; cómo Daniel Cossío Villegas inclusive, en 1947, ya hablaba de la crisis de México.
Todo esto nos lleva también a una reflexión: ha habido continuidad en el aliento por la idea democrática en México. Desde la elección de los diputados en las cortes de Cádiz, desde ese nacionalismo que siempre hemos querido hacer compatible con el humanismo, en donde siempre se ha desterrado al racismo, a los particularismos, al fascismo y a las actitudes excluyentes, nos llevan a la conclusión de que, por muchas debilidades que tenga la cultura política mexicana, también tiene sus puntos a favor y sus ventas que no hemos sabido a veces explotar en forma adecuada.
Se habló aquí de que no era necesaria la institución del Senado. Podríamos aludir a razones históricas como por ejemplo cuando Alvaro Obregón en 1923, se cobijó en el Senado para no ceder a tratados internacionales que rompían con nuestra política interna o inclusive, cuando Antonio Carrillo Flores en la Conferencia de Bogotá en 1848, también buscó protegerse en la institución del Senado. Pero ya aludiría a dos razones fundamentales: se ha criticado al Senado, se ha dicho que de ahí surgen figuras políticas. Y yo creo que todo sistema y éste es un argumento que no por pragmático deja de tener peso, requiere preparar a su clase política, requiere espacios a donde esa clase política se nutra, aprenda y en donde se haga compatible la pedagogía y la política.
Si el Estado mexicano se ha reformado, si ha reducido los espacios del sector público, si ha disminuido su sector paraestatal, requiere lugares, espacios, en donde se forje esa clase política que repito, todo sistema político requiere, no hay nada vergonzante ni nada negativo en ello. Pero por otra parte, si México está en una transición y esa transición requiere de instituciones, un país es más estable en tanto más diversifique las instituciones para canalizar los cambios, en tanto más los concentre, se vuelve más vulnerable. Por eso creo que es conveniente por el momento en el que México atraviesa, por ésta, su historia política, por ésta, su tradición jurídica, que conservemos esta institución, se enriquezca y se vigorice, como la reforma lo pretende.
Creo que también ha habido casi una coincidencia en que la reforma debe darse en el Senado.
Y me preocupa, lo digo con todo respeto, me preocupa que se crea que los partidos puedan crecer por la accesibilidad que haya o que la Ley conceda a los cargos de elección popular.
Yo creo que los partidos significarán una fuerza en la medida en que postulen hombres adecuados, en la medida en que haya una oferta ideológica actualizada, en la medida en que haya una gestoría de la demanda popular.
Los partidos, inclusive, tendrán que dominar hasta estas nuevas técnicas que denigran a la democracia, pero que vienen con la democracia de la mercadotecnia electoral y que ha repercutido en todas las democracias occidentales.
Yo creo que se exageran los alcances del derecho, como he insistido aquí en reiteradas ocasiones, al creer que porque la Ley señale un sistema, se va a caminar hacia el bipartidismo, al pluripartidismo, al tripartidismo; yo creo que eso lo dirá la ciudadanía en las urnas; no son las leyes las que van a definir qué clase de sistema queremos; no corresponde al ámbito de lo jurídico, corresponde al ámbito de la voluntad de los ciudadanos en las próximas elecciones.
Yo creo que la reforma impulsa, como una expresión del federalismo al Senado, para que los partidos vayan a hacer política a cada entidad federativa. Aquí se ha dicho que hay que decentralizar la vida nacional y hay que descentralizar la lucha política y con este esquema de la primera minoría, los partidos tendrán que acudir a cada entidad federativa a dar la lucha, no a concentrar la vida política en determinados centros del país, sino tener que recurrir a cada Estado para conquistar estas minorías y así impulsar la lucha política, impulsar la confrontación de ideas, que será el impulso que también se le da a la democracia.
Desde luego se puede aludir de que, por ejemplo, en Suecia y Dinamarca desaparecieron al Senado, o que Alemania y Venezuela no corresponden a este número equilibrado de senadores por cada una de las entidades federativas. Pero México tiene su tradición, desde al acta constitutiva en sus artículos 11 y 12 en 1824, se hablaba de que representaban a las entidades federativas, y el artículo 25 de nuestra primera Constitución en 1824, señala que son las legislaturas de los estados las que deben designar a los senadores. ¿Qué nos refleja esto? Que hay una tradición federalista que debemos respetar. Que podemos hacer a un lado las formas. Yo soy un tanto contrario a esto, las formas a veces nos llevan a enriquecer el contenido de las leyes.
Jesús Reyes Heroles, en su liberalismo hablaba de que el federalismo efectivamente no había frenado estas corrientes centralistas en el sistema político mexicano, pero dice Jesús Reyes Heroles: "¿Qué sería de México si esta forma del federalismo no se hubiera adoptado o si se hubiera legalizado la centralización del país?".
Obviamente sería pronunciada esa concentración de poder.
Entonces las formas son necesarias; jurídicamente le dan validez; jurídicamente le dan trascendencia a la Ley.
De esta LV Legislatura ha salido toda una nueva legalidad para México. Creo que también debemos esforzarnos todos los partidos, para que expliquemos al pueblo de México esa nueva legalidad que vigorice la legitimidad del sistema político mexicano y que deseamos ver que esa legalidad como aquí se ha dicho, tiene limitaciones. La legalidad es un proyecto de conductas, contiene deber ser y contribuirá del esfuerzo de toda la ciudadanía, de todos los partidos políticos, obviamente del Gobierno, obviamente de las autoridades, obviamente de los poderes de la República, para que esa Ley se cumpla y se observe y conduzca al cambio.
Tendremos que insistir en que la verdadera democracia no se agota con la participación episódica en los asuntos públicos por medio de elecciones o de representantes elegidos. Se realiza cotidianamente por la fusión entre el trabajador y el ciudadano, por el acercamiento entre la existencia popular y el quehacer político.
Compañeros diputados: aquí de alguna forma y tal vez, con resabio de una vieja cultura maniquea o maximanista, se quieren extremar los resultados de esta concertación que nos lleve a reformar a nuestros ordenamientos jurídicos. Yo creo que en materia legislativa, en el proceso legislativo, nunca se elige entre el bien y el mal, sino entre grados desiguales de mal o bien. Queremos mejorar la sociedad fragmento por fragmento, porque no hay solución global alguna.
Pido al Presidente de la Asamblea, en virtud del debate de este artículo 56, que consulte a la Asamblea si está suficientemente discutido para poder desahogar la orden del día.
El Presidente:
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se encuentra el artículo 56 constitucional discutido de manera suficiente.
La secretaria Patricia Terrazas Allen:
En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo 56.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente:
Se reserva en consecuencia para su votación nominal en conjunto.
A continuación ruego a la Secretaría conservar las propuestas de modificaciones presentadas por los diputados, para que se sometan a consideración de la Asamblea al término de la discusión en lo particular.
A continuación pasaremos, compañeros, a la discusión en lo particular del artículo 60 constitucional.
Leeré la lista de oradores que han sido inscritos: la compañera Beatriz Rangel y el compañero diputado Héctor Ortiz.
Tiene la palabra la diputada Beatriz Rangel.
La diputada Griselda Beatriz Rangel Juárez:
Con su permiso, señor Presidente:
A nombre de la fracción parlamentaria del Frente Cardenista venimos a hacer una propuesta de modificación a la redacción del artículo 60 constitucional, por las siguientes consideraciones:
Consideramos que este artículo recoge uno de los aspectos más sobresalientes de la reforma que hoy discutimos. En este sentido se propone "derogar el sistema de autocalificación de las elecciones, que era facultad de las cámaras de Diputados y Senadores, para otorgarle a un organismo de plena jurisdicción la resolución en forma definitiva e inatacable de los resultados".
Consideramos que una de las aspiraciones del pueblo mexicano ha sido la lucha por el sufragio efectivo. Este hasta la fecha es uno de los puntos nodales de nuestra historia y por ello consideremos, pues, que tiene relevancia esta modificación que ahora se pretende realizar.
Sin embargo, en este artículo se le da también la facultad de calificar elecciones al Instituto Federal Electoral, lo cual consideramos que no es conveniente, ya que se trata de un organismo desconcentrado del Gobierno Federal, para
tener esta facultad y al tenerla de hecho estaría preparando, realizando, vigilando y calificando elecciones. Es decir, se convertiría "en juez y parte de los procesos electorales", lo cual desde nuestro punto de vista le da un carácter parcial a la calificación de las elecciones de diputados y senadores.
Consideramos que el único órgano que debe tener esta facultad es el Tribunal Federal Electoral.
Por lo tanto, hacemos la siguiente proposición de redacción a este artículo.
"Artículo 60. La calificación de las elecciones, tanto para diputados, como para senador de la República, se hará por medio del Tribunal Federal Electoral. En las entidades federativas la calificación se hará por los tribunales estatales electorales.
El Tribunal Federal Electoral tendrá a su cargo la vigilancia y calificación de los procesos electorales, bajo las modalidades que marquen las leyes. Su preparación y desarrollo compete a los ciudadanos, partidos y Gobierno, mediante los organismos y procesos que marque la Ley, ésta también determinará las responsabilidades de los ciudadanos, partidos y Gobierno, así como sus funciones en el proceso electoral y en los organismos correspondientes, además establecerá los medios de impugnación para garantizar que los actos de los organismos electorales se ajusten a lo dispuesto por esta Constitución y las leyes que de ella emanen.
Las resoluciones del Tribunal Federal Electoral al que se refiere el párrafo anterior exclusivamente podrán ser revisadas por su sala de segunda instancia, mediante el recurso que los partidos políticos podrán interponer cuando hagan valer agravios debidamente fundados por los que se pueda modificar el resultado de la elección. Los fallos de esta sala serán definitivos e inatacables. La Ley establecerá los presupuestos, requisitos de procedencia y el trámite para este medio de impugnación".
Dejamos esta propuesta en la Secretaría, para que en su oportunidad se vote en los términos que establece el Reglamento de esta Cámara. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el señor diputado don Héctor Ortiz Ortiz.
El diputado Héctor Ortiz Ortiz:
Con su permiso, señor Presidente y de modo muy breve por lo avanzado de la hora:
La propuesta de la compañera Beatriz Rangel sintéticamente plantea que la facultad de calificación de los órganos del IFE no se contemple en la propuesta y que sólo el tribunal califique todo el proceso y resuelva de las impugnaciones.
Yo considero, con todo respeto, que esta propuesta es improcedente, ya que nadie puede negar, dejar de reconocer, que la supresión de la autocalificación es, en los términos en que está previsto en la propuesta del dictamen, es un notable avance democrático. La posibilidad de que un órgano distinto al Legislativo pueda determinar en definitiva sobre la calificación de sus miembros, como se contempla en el dictamen a discusión, es de modo innegable un medio que dará claridad, certeza, confiabilidad, definitividad y respeto a los resultados electorales, sin que sean válidos los argumentos expresados aquí, que se centran en descalificar a priori la actuación de los integrantes del Tribunal Federal en sus dos instancias.
Pero el más importante avance y respeto del que no se ha emitido argumento alguno en contra, es la factibilidad real de que la declaración de validez de la elección que haga el órgano previsto por el artículo 41 constitucional, pueda ser revocada por un tribunal de pleno derecho, mediante el examen de los hechos probados ante la autoridad impugnada y aún más, que esta última resolución pueda también revocarse por una sala de segunda instancia.
Compañeros diputados: la reforma que plantea el dictamen con meridiana claridad, constituirá en la práctica, el avance más importante en el propósito común: perfeccionar nuestra vida democrática. Por ello, solicito el voto aprobatorio de ustedes al dictamen planteado en los términos expresados. Muchas gracias.
El diputado Francisco Javier Saucedo Pérez (desde su curul):
Pido la palabra para hechos, señor diputado.
El presidente:
Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Saucedo.
El diputado Francisco Javier Saucedo Pérez:
Con su permiso, señor Presidente:
Una cuestión muy breve, miren en mi participación cuando hablamos del artículo 41, aprovechamos la ocasión también, hablando del Tribunal Federal Electoral, en el artículo 60 hicimos también una propuesta que coincide en todos sus términos con las que presentó la compañera del PFCRN y nada más decirle al diputado que el que haya desaparecido el proceso de autocalificación como estaba estipulado en la Constitución, y que se vea como una cuestión de avance democrático, no significa que la propuesta en positivo no pueda ser también un avance democrático, es decir, no hay que descalificar un avance por una nueva propuesta, como si ésta tampoco tuviera un avance democrático.
Nosotros decíamos en nuestra intervención de hace rato, a propósito de este artículo, que hay una superficie de trampa mandando la calificación cuando no hay ningún tipo de impugnación a los órganos electorales, cuando en éstos no hay una participación paritaria de los partidos políticos y en ese sentido, ahí mismo se hace un procedimiento de cierta autocalificación que habría que avanzar un proceso de plena jurisdicción en el Tribunal Federal Electoral.
Por eso también decimos que se revisen en la sala del tribunal, de oficio, la validez de las elecciones. Eso es todo, muchas gracias.
El Presidente:
Ruego a la Secretaría consultar a la honorable Asamblea si se encuentra, suficientemente discutido el artículo 60 constitucional.
El secretario Rubén Pabello Rojas:
En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo 60.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente:
Se reserva para su votación nominal en conjunto y ruego a la Secretaría conservar las propuestas de las modificaciones presentadas por los diputados, a fin de que sean sometidas a consideración de la Asamblea al término de la discusión, en lo particular.
En virtud de que no existen oradores inscritos para la discusión en lo particular de los artículos 63, 74 y 100 de la Constitución y para cumplir con la inexcusable formalidad, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si estos artículos se encuentran discutidos de manera suficiente.
La secretaria Patricia Terrazas Allen:
En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se encuentran suficientemente discutidos los artículos 63, 74 y 100.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutidos, señor Presidente.
El Presidente:
Se reservan, en consecuencia, para su votación nominal en conjunto.
Por lo que concierne al artículo Primero Transitorio, tiene la palabra el diputado Alberto Schettino, con la finalidad de formular una propuesta.
El diputado Alberto Schettino Piña:
Con su venia, señor Presidente:
A nombre de los partidos políticos Revolucionarios Institucional y Auténtico de la Revolución Mexicana, vengo, compañeras y compañeros diputados, a presentar la siguiente propuesta de modificación al artículo primero transitorio del proyecto de decreto que hoy somete a su consideración la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Los trabajos que hemos desarrollado en este período de sesiones extraordinarias, han sido básicamente encaminados a realizar reformas al texto de nuestra Constitución Política, por ello es importante realizar esta propuesta con el objeto de dar continuidad a nuestro quehacer legislativo y que las propias comisiones puedan seguir
conociendo, estudiando y dictaminando otras iniciativas que también inciden en nuestro ordenamiento fundamental, señalando en su artículo primero transitorio que la misma surtirá efectos a partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación, y a la letra reza bajo el siguiente tenor:
«Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados.- Presentes.
Los abajo firmantes, diputados de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y Auténtico de la Revolución Mexicana, con fundamento en el artículo 124 y 125 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, venimos a someter la siguiente proposición relativa al artículo primero transitorio del proyecto de decreto que se discute para quedar en los siguientes términos:
Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de agosto de 1993. Firman María de los Ángeles Moreno, Gustavo Carvajal Moreno, Rodolfo Becerril Straffon, Manuel Díaz Infante, Adolfo Kunz Bolaños, Miguel González Avelar, Diego Fernández de Cevallos y el de la voz.» Muchísimas gracias.
El Presidente:
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se encuentra discutido de modo suficiente el artículo primero transitorio.
El secretario Enrique Rico Arzate:
Preguntaré a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo primero.
Las compañeras y compañeros diputados que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo:
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente:
Se reserva en consecuencia para su votación nominal en conjunto.
Ruego a la Secretará conservar las propuestas de modificaciones presentadas por los diputados a fin de que sean puestas a consideración de la Asamblea al término de la discusión en lo particular.
En virtud de que tampoco se han inscrito oradores para la discusión de los artículos transitorios segundo, tercero, cuarto, quinto y séptimo, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se encuentra estos artículos transitorios suficientemente discutidos.
El secretario Florencio Salazar Adame:
En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se encuentran suficientemente discutidos los artículos segundo, tercero, cuarto, quinto y séptimo.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado, señor Presidente.
El Presidente:
Se reservan para su votación nominal en conjunto.
Proceda la Secretaría someter a la consideración de la Asamblea, las propuestas presentadas por los diputados a lo largo de esta sesión.
Señor diputado Cárdenas.
El diputado Raymundo Cárdenas Hernández (desde su curul):
Falta el sexto, señor Presidente...
El Presidente:
El sexto transitorio señor diputado Cárdenas, es aquel que regresó a comisión cuando fue regresado a Comisión correspondiente el artículo 82...
El diputado Raymundo Cárdenas Hernández (desde su curul):
Pido la palabra, señor Presidente.
El Presidente:
Con qué objeto, señor diputado. Para rectificar hechos, el señor diputado Cárdenas.
El diputado Cárdenas Hernández:
Sólo para dejar testimonio y establecer antecedentes que nos permitan discutir el procedimiento que se adoptó para regresar a comisiones el artículo 82. Quiero señalar que el Presidente de esta Cámara el turno que dio a la Comisión fue el siguiente textualmente: "Regresa a Comisión el artículo", se entiende el 82, porque el Secretario preguntó a la Asamblea lo siguiente: "En votación económica se pregunta a la Asamblea si se acepta o se desecha la proposición hecha por el diputado Gustavo Carvajal". El Presidente ordenó a la Secretaría lo siguiente: "Como lo solicita el Presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, diputado Carvajal Moreno, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si regresa a comisiones el artículo 82". El trámite sobre el transitorio no fue sometido a la Asamblea. Está la versión estenográfica.
Simplemente planteo el asunto, lo podría leer la Secretaría si lo desea.
Creo que es importante que se reponga el procedimiento cuando menos para el transitorio en este momento y establezco el precedente porque vamos a discutir este procedimiento en cuanto regrese el nuevo dictamen de la Comisión.
El Presidente:
Para ilustrar y satisfacer el escrúpulo reglamentario del señor diputado Cárdenas, ruego a la Secretaría tenga la amabilidad de leer el turno que esta Presidencia dio y que obra en la versión estenográfica de esta Secretaría.
El secretario Rubén Pabello Rojas:
"Que en los términos de los artículos 124 y 125 de nuestro Reglamento, regrese este artículo a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales junto con su correspondiente transitorio y las propuestas presentadas y tiene la Comisión el término reglamentario para emitir el dictamen correspondiente." Servido, señor Presidente.
El Presidente:
Gracias, señor Secretario.
Por lo tanto, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si encuentran suficientemente discutidos los artículos segundo, tercero, cuarto, quinto y séptimo transitorios.
Suficientemente discutidos se reservan para su votación nominal en conjunto.
Proceda en consecuencia la Secretaría a someter a consideración de la Asamblea las propuestas presentadas por los diputados en el curso de esta jornada legislativa.
La secretaria Patricia Terrazas Allen:
Propuesta del Partido de la Revolución Democrática. Proposición de reforma y adición al artículo 41 constitucional.
Artículo 1o. Se reforman los párrafos octavo y noveno del artículo 41 constitucional y se adicionan dos párrafos después del noveno, recorriéndose en su orden los siguientes para quedar como siguen:
"La organización de las elecciones federales es responsabilidad y competencia de un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración concurren los poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos según lo disponga la Ley, la certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y profesionalismo, según principios rectores en el ejercicio de esta función.
El organismo público será autoridad en la materia, profesional en su desempeño y adoptará sus decisiones por el voto de dos terceras partes de sus miembros, salvo en los casos en que excepcionalmente se fije otro porcentaje de votación. Contará en su estructura con órganos de dirección, así como órganos auxiliares ejecutivos y técnicos.
De igual manera contará con órganos de vigilancia que se integrarán mayoritariamente por representantes de los partidos políticos nacionales o por los ciudadanos.
El órgano superior de dirección se integrará por consejeros ciudadanos y de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, y por representantes nombrados por los partidos políticos. Los órganos ejecutivo y técnicos dispondrán del personal calificado necesario para prestar el servicio profesional electoral.
Los ciudadanos formarán las mesas directivas de casilla. El número total de integrantes con derecho a voto en los consejos directivos del organismo público se establecerá equilibradamente, de tal modo que ninguna coalición formal o informal, dé una ventaja predeterminada a
algún partido político en la dirección del proceso electoral. Los consejeros ciudadanos del organismo público deberán satisfacer los requisitos que señale la Ley, que no podrán ser menores a los que señala esta Constitución para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, excepción hecha del título de abogado. Serán electos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, de entre los propuestos por los grupos parlamentarios de esta Cámara.
La Ley señalará las reglas y el procedimiento correspondiente."
Diputados del grupo parlamentario del PRD: Rosa Albina Garavito, Gilberto Rincón Gallardo y Ricardo Valero.
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
Propuesta que hace el Partido de la Revolución Democrática:
Se reforma el párrafo quinto del artículo 41 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, y se adiciona a continuación un párrafo nuevo, recorriéndose en su orden los restantes para quedar como sigue:
"Artículo 41. El Estado proveerá a los partidos políticos nacionales en forma equitativa con los elementos necesarios para sus actividades tendientes a la consecución de los fines establecidos en el párrafo tercero.
Adicionalmente, y con ese mismo propósito, los partidos políticos podrán recibir contribuciones voluntarias de los particulares. Tendrán derecho asimismo, a recibir rendimientos financieros de la banca nacional por concepto de cuentas corrientes y a crear fideicomisos para fines académicos, de investigación y de capacitación política exclusivamente; queda prohibida la realización o aprovechamiento de cualquier otra actividad de lucro."
Siguiente párrafo: "La Ley establecerá las reglas a que se sujetarán el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales. Esta regulación contemplará tanto el financiamiento proveniente del Estado, como el proveniente de los particulares, el acceso a los medios de comunicación social, los topes a los gastos de las campañas electorales y al capital inicial de los fideicomisos.
Todas estas regulaciones tendrán como base la igualdad de oportunidades para la obtención del sufragio popular, la transparencia del origen y manejo de los recursos financieros y la prohibición de recibir créditos de la banca extranjera o de participación extranjera mayoritaria, así como de utilizar recursos o servicios públicos o privados no contemplados por la Ley.
Los estados deberán adecuar su legislación en la materia a esta base".
Diputado Elpidio Tovar de la Cruz, diputada Martha Patricia Ruiz, diputado Miguel Angel León Corrales y diputado Jorge Calderón.
En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo...Desechada, señor Presidente.
Propuesta de modificación al artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
"Artículo 41. Modificación al párrafo segundo. Creación de un nuevo párrafo quinto, en relación al texto vigente de la Constitución y modificación de los párrafos decimoséptimo, decimoctavo y decimonoveno del dictamen aprobado en lo general.
Los partidos políticos son asociaciones libres y voluntarias de individuos y entidades de interés público; la Ley determinará las formas específicas de su intervención en el proceso electoral.
Los partidos políticos son agrupaciones autónomas del poder público.
Queda terminantemente prohibido a los poderes federales y de las entidades federativas intervenir en la vida interna de las organizaciones políticas nacionales, regionales, estatales o municipales, con el fin de imponer una forma de pensamiento o acción definidas.
Estos organismos tienen en todo momento el inalienable derecho a revocar a sus representantes, cuando consideren que se está faltando a los principios que dieron origen a dichas organizaciones.
Queda prohibido a los organismos políticos hacer uso de los recursos de la nación, salvo lo que las leyes autoricen.
También está impedido forzar la participación de la ciudadanía en actividades de carácter partidario.
Los gobiernos federal y estatales no podrán conceder trato preferencial de cualquier índole a los organismos políticos.
Para cada proceso electoral se integrarán una sala de segunda instancia con cuatro magistrados o ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el Presidente del Tribunal Federal Electoral, quien la presidirá.
Esta sala será competente para resolver las impugnaciones a que se refiere el párrafo tercero del artículo 60 de esta Constitución.
El Tribunal Federal Electoral se organizará en los términos que señale la Ley.
Para el ejercicio de su competencia contará con cuerpos de magistrados, los cuales serán independientes y responderán sólo al mandato de la Ley.
Los cuatro magistrados o ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que con el Presidente del Tribunal Federal Electoral integrarán la sala de segunda instancia, serán electos para cada proceso electoral por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados de entre los propuestos por los partidos políticos nacionales.
Si no se alcanza esta mayoría, se presentarán nuevas propuestas para el mismo efecto, y si en este segundo caso tampoco se alcanza la votación requerida, procederá la Cámara a elegirlos de entre todos los propuestos, por mayoría simple de los diputados presentes.
La Ley señalará las reglas y el procedimiento correspondiente."
Diputado Israel González.
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
Propuesta que hace el diputado Héctor Ramírez Cuéllar.
"Artículo 41. El funcionamiento público no podrá exceder del 50% del financiamiento total de los partidos."
Diputado Héctor Ramírez Cuéllar.
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
Propuesta que hace el Partido de la Revolución Democrática.
"Artículo 41. El Tribunal Federal Electoral será órgano autónomo y máxima autoridad jurisdiccional electoral.
Los poderes Legislativo y Judicial garantizarán su debida integración.
El Tribunal Federal Electoral tendrá competencia para calificar las elecciones de diputados y senadores y resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y la Ley, las impugnaciones que presenten en material electoral federal, expedirá su Reglamento Interior y realizará las demás atribuciones que le confiera la Ley.
Para cada proceso electoral se integra un sala de segunda instancia con cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el Presidente del Tribunal Federal Electoral, quien la presidirá.
Esa sala será competente para resolver las impugnaciones a que se refiere el párrafo quinto del artículo 60 de esta Constitución.
Los magistrados del Tribunal Federal Electoral deberán satisfacer los requisitos que señale la Ley, que no podrán ser menores a los que señala esta Constitución para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Serán electos por el voto de las terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, de entre las propuestas por cualquier de sus miembros. Si dicha mayoría no se lograra en la primera votación, se procederá a insacular de los candidatos propuestos, el número que corresponda de magistrados del Tribunal.
La Ley señalará las reglas y el procedimiento correspondiente.
Durante los recesos del Congreso de la Unión la elección a que se refiere el párrafo anterior será hecha por la Comisión Permanente.
Los cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el Presidente del Tribunal Federal Electoral integren la sala de segunda instancia, serán electos para cada proceso electoral por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, de entre los propuestos por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Si no se alcanza esta mayoría, se presentarán nuevas propuestas para, de entre ellas, elegirlos por mayoría simple de los diputados presentes.
La Ley señalará las reglas y el procedimiento correspondiente."
Diputados del Partido de la Revolución Democrática: Francisco Saucedo Pérez, Miguel León Corrales y Jesús Martín del Campo.
En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén porque se deseche sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El secretario Enrique Rico Arzate:
Propuesta del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana,
"Artículo 54. La elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de asignación por las listas regionales se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la Ley:
1o. Un partido político para obtener el registro de sus listas regionales deberá acreditar que participa con candidatos a diputados según el principio de votación mayoritaria relativa en por lo menos 200 distritos uninominales.
2o. Todo partido político que alcance por los menos el 1.5% de la votación emitida tendrá derecho a participar en los términos de la fracción siguiente y de conformidad con lo que al respecto señale la Ley en la asignación de diputados según el principio de representación proporcional.
3o. Al partido político que cumpla con lo dispuesto por las dos bases anteriores adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido sus candidatos, le serán asignados diputados por el principio de representación proporcional, la Ley establecerá la fórmula para la asignación. Además en la asignación se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las listas correspondientes.
4o. Para el otorgamiento de las constancias de asignación por el principio de representación proporcional, se observarán las siguientes reglas:
a) Al partido que obtenga el mayor número de constancias por el principio de mayoría relativa y ésta represente en un porcentaje de total de la Cámara inferior a su porcentaje de la votación nacional emitida, le será otorgada constancia de asignación por el número de diputados que se requiera, para que su representación por ambos principios corresponda al porcentaje de constancia por el principio de votación de mayoría relativa, sea superior al porcentaje de votos, no se le asignarán diputados por el principio de representación proporcional.
b) Una vez hecha en su caso la asignación anterior, las diputaciones sobrantes por el principio de representación proporcional le serán asignadas a los demás partidos en los términos de la fracción III."
Justicia para gobernar y honradez para administrar. Diputado licenciado Adolfo Kunz Bolaños.
Se pregunta a la Asamblea en votación económica, si se acepta o se desecha la propuesta.
Los diputados que estén porque se acepte, favor de manifestarlo...
Los diputados que estén porque se deseche, favor de manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
Alternativa de reforma de la fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
Artículo 54. (Modificación al texto) La elección de los 200 diputados, según el principio de representación proporcional y el sistema de listas regionales, se sujetará a las siguientes bases y reglas y a lo que disponga la Ley.
Primero. Para obtener el registro de sus listas regionales, el partido político nacional que lo solicite, deberá acreditar que participan con por lo menos la mitad más uno de candidatos en la elección por mayoría relativa.
Segundo Tendrá derecho a que se le sean atribuidos diputados, según el principio de representación proporcional todo aquel partido político nacional que alcance por lo menos el 1.5% del total de la votación emitida para las listas regionales de las cinco circunscripciones y no se encuentre comprendido en los siguientes supuestos:
a) Haber obtenido el 51% o más de la votación nacional efectiva y que su número de constancias de mayoría relativa represente un porcentaje del total de la Cámara, superior o igual a su porcentaje de votos; o
b) Haber obtenido el 51% de la votación nacional efectiva y que su número de constancias de mayoría relativa sea igual o mayor a la mitad más uno de los miembros de la Cámara.
Tercero. Al partido que cumpla con lo dispuesto con las fracciones I y II de este artículo le serán asignados por el principio de representación proporcional el número de diputados de su lista regional que corresponda al porcentaje de votos obtenidos en cada circunscripción plurinominal.
La Ley determinará las normas para la aplicación de la fórmula que se observará en la asignación; en todo caso, en la asignación se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las listas correspondientes.
Cuarto. En los términos de la fracción anterior, las normas para la asignación de curules son las siguientes:
a) Si algún partido obtiene el 51% o más de la votación nacional efectiva y el número de constancias de mayoría relativa representan un porcentaje total de la Cámara, inferior a su referido porcentaje de votos, tendrá derecho a participar en la distribución de diputados electos según el principio de representación proporcional, hasta que la suma de votos de diputados obtenidos por ambos principios represente el mismo porcentaje de votos.
b) Ningún partido tendrá derecho a que le sean reconocidos más de 315 diputados que representan el 63% de la integración total de la Cámara, aun cuando hubiera obtenido un porcentaje de votos superior.
Firman el diputado Demetrio Hernández Pérez, diputado Manuel Terrazas y diputado Octaviano Alaniz Alaniz.
Se pregunta a la Asamblea, en votación económica, si esta propuesta se acepta o se rechaza.
Los diputados que estén porque se acepte, favor de manifestarlo...
Los diputados que estén porque se rechace, favor de manifestarlo... Rechazada, señor Presidente.
Propuesta de modificación al artículo 54 constitucional presentada por el Partido de la Revolución Democrática.
Artículo 54, como está vigente hasta la fracción IV incisos a y b, el inciso c, se deroga y el inciso d, se modifica quedando de la siguiente forma:
El partido político cuyo número de constancias de mayoría relativa represente un porcentaje del total de la Cámara, inferior a su porcentaje de votos, tendrá derecho a participar en la distribución de diputados electos según el principio de representación proporcional, hasta que la suma de diputados obtenidos por ambos principios represente el mismo porcentaje de votos. Firma el diputado Jesús Martín del Campo.
En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se acepta o se rechaza la propuesta.
Los que estén porque se acepte, favor de manifestarlo...
Los que estén porque se rechace, favor de manifestarlo... Rechazada, señor Presidente.
Propuesta de modificación al artículo 54.
"La elección de los 500 diputados se hará de conformidad con el principio de la representación proporcional directa e integral. Firma el diputado Héctor Ramírez Cuéllar."
En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se acepta o se rechaza.
Los que estén de acuerdo porque se acepte, favor de manifestarlo...
Los que estén porque se rechace, favor de manifestarlo... Rechazada, señor Presidente.
El secretario Florencio Salazar Adame:
Propuesta de reforma de la fracción parlamentaria del PFCRN:
"Artículo 56. La Cámara de Senadores estará integrada bajo los principios de mayoría relativa y representación proporcional, además se conformará con la participación de los presidentes de los partidos políticos nacionales, conforme a lo que disponga la Ley y sin contravenir a lo dispuesto en esta Constitución.
Por el principio de mayoría relativa se compondrá de 64 integrantes, dos senadores por cada Estado de la República y dos por el Distrito Federal.
Por el principio de representación proporcional habrá 64 senadores. Tendrán derecho a que les sean atribuidos senadores electos por el principio de representación proporcional, todo aquel partido político que alcance por lo menos el 1.5% del total de la votación emitida en una sola circunscripción nacional.
Si algún partido tiene el 51% o más de la votación nacional efectiva y el número de constancias de mayoría relativa representa algún porcentaje del total de la Cámara inferior a su referido porcentaje de los votos, tendrá derecho a participar en la distribución de senadores electos según el principio de representación proporcional. Hasta que la suma de senadores electos según el principio de representación proporcional. Hasta que la suma de senadores obtenidos por ambos principios, represente el mismo porcentaje de votos. No obtendrá senadores por representación proporcional el partido que hubiese obtenido el 51% o más de la votación nacional efectiva, y que su número de constancia de mayoría relativa represente un porcentaje del total de la Cámara, superior o igual a su porcentaje de votos. Tampoco obtendrá senadores por esta vía, si hubiese obtenido menos del 51% de la votación nacional efectiva y que su número de constancia de mayoría relativa sea igual o mayor a la mitad más uno de los miembros de la Cámara.
Ningún partido tendrá derecho a que le sean reconocidos más de 90 senadores que representan el 70% de integración total de la Cámara, aun cuando hubiera obtenido un porcentaje de votos superior. Diputado Manuel Terrazas."
En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se admite o se rechaza la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se rechace, sírvanse manifestarlo... Desechado, señor Presidente.
Propuesta de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática.
"Artículo 56. Para integrar la Cámara de Senadores en cada Estado y en el Distrito Federal, se elegirán cuatro senadores electos, uno según el principio de votación mayoritaria relativa y tres según el principio de representación proporcional y el sistema de asignación por listas estatales.
La Cámara se renovará cada tres años eligiéndose en una elección a los senadores por el principio de representación proporcional y en la otra al de mayoría relativa. Los senadores durarán en su encargo seis años."
Se pregunta a la Asamblea si es de aceptarse la propuesta formulada.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El secretario Rubén Pabello Rojas:
Propuesta del Partido de la Revolución Democrática.
"Artículo 60. El organismo público previsto en el artículo 41 de esta constitución, hará la declaratoria de los ciudadanos elegidos a los cargos de diputados y senadores al congreso de la Unión, de conformidad con las resoluciones del Tribunal Federal Electoral. Dicho organismo otorgará las constancias de las fórmulas de candidatos que hubiesen obtenido la mayoría de votos y hará la asignación de senadores de representación proporcional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de esta Constitución y en la Ley. Asimismo hará la asignación de diputados según el principio de representación proporcional de conformidad con el artículo 54 de esta Constitución y la Ley.
El otorgamiento de las constancias y la asignación de diputados o senadores podrán ser
impugnadas ante las salas del Tribunal Federal Electoral, en los términos que señale la Ley.
Las salas del tribunal revisarán de oficio la validez de las elecciones, resolviendo al mismo tiempo las impugnaciones a que se refiere el párrafo anterior. Las resoluciones de las salas a que se refiere este párrafo, exclusivamente podrán ser revisadas por la sala de segunda instancia del Tribunal Federal Electoral, mediante el recurso de que los partidos políticos podrán interponer cuando hagan valer agravios debidamente fundados, por los que se pueda modificar el resultado de la elección.
Los fallos de esta sala serán definitivos e inatacables. La Ley establecerá los presupuestos, requisitos de procedencia y el trámite para este medio de impugnación."
Firman los diputados: Francisco Saucedo Pérez, Miguel León Corrales y Jesús Martín del Campo.
Se pregunta a la Asamblea, en votación económica, si se admite o se desecha esta modificación.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Quienes están porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Se desecha, señor Presidente.
Propuesta del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
"Artículo 60. La calificación de las elecciones tanto para diputados como para senadores de la República, se hará por medio del Tribunal Federal Electoral.
En las entidades federativas la calificación de las elecciones se hará por los tribunales estatales electorales.
El Tribunal Federal Electoral tendrá a su cargo la vigilancia y calificación de los procesos electorales, bajo las modalidades que marquen las leyes.
Su preparación y desarrollo compete a los ciudadanos, partidos y Gobierno, mediante los organismos y procesos que marque la Ley, ésta también determinará las responsabilidades de los ciudadanos, partidos y Gobierno, así como sus funciones en el proceso electoral y en los organismos correspondientes.
Además, establecerá los medios de impugnación para garantizar que los actos de los organismos electorales se ajusten a lo dispuesto por esta Constitución y las leyes que de ella emanen.
Las resoluciones del Tribunal Federal Electoral a que se refiere el párrafo anterior, exclusivamente podrán ser realizadas por su sala de segunda instancia, mediante el recurso que los partidos políticos podrán interponer cuando hagan valer agravios debidamente fundados por los que se pueda modificar el resultado de la elección.
Los fallos de esta sala serán definitivos e inatacables.
La Ley establecerá los presupuestos, requisitos de procedencia y el trámite para este medio de impugnación."
Firman los siguientes diputados: Beatriz Rangel Juárez. Luisa Alvarez, Demetrio Santiago y Manuel Terrazas Guerrero.
En votación económica, se consulta a la Asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén porque se admita, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
Propuesta del Partido Revolucionario Institucional.
"Artículo primero transitorio. El presente decreto entrará en vigor al día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación."
Firman los siguientes diputados: María de los Ángeles Moreno, Gustavo Carvajal Moreno, Rodolfo Becerril Straffon, Miguel González Avelar, Manuel Díaz Infante, Adolfo Kunz Bolaños y Diego Fernández de Cevallos.
En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén porque se admita, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Admitida, señor Presidente.
El Presidente:
Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo particular de los artículos 41, 54, 56, 60, 63, 74, 100 y transitorios en un solo acto.
Ruego a los señores diputados ocupar sus asientos, a fin de que los señores secretarios puedan discernir con claridad un voto del otro.
Proceda la señora secretaria.
La secretaria Patricia Terrazas Allen:
Se va a a proceder a recoger la votación nominal en lo particular de los artículos 41, 54, 56, 60, 63, 74, 100 y transitorios en un solo acto.
Se solicita a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
De los artículos 41, 56, 60, 63, 74, 100 y transitorios se emitieron 313 votos a favor y 56 en contra. Y del artículo 54 fueron 308 votos a favor y 61 en contra.
El Presidente:
Aprobados los artículos 41, 54, 56, 60, 63, 74, 100 y transitorios por 313 votos.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma los artículos citados de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.
La secretaria Patricia Terrazas Allen:
Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
ORDEN DEL DÍA
El Secretario Rubén Pabello Rojas:
Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.
Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Primer Período de Sesiones Extraordinarias.- Segundo Receso.- Segundo Año.- LV Legislatura.
Orden del día
2 de septiembre de 1993.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Dictamen de primera lectura.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso B, del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos y se señalan las características de la moneda de cincuenta pesos. Se dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
El Presidente:
(A las 02.45 horas): Se levanta la sesión, y se cita para la próxima que tendrá lugar el jueves 2 de septiembre a las 10 de la mañana.
NOTAS
Siglas y abreviaturas incluidas en esta edición:
CELIT (Sin aclaración)
Cofipe Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
IFE Instituto Federal Electoral
PAN Partido Acción Nacional
PARM Partido Auténtico de la Revolución Mexicana
PFCRN Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional
PPS Partido Popular Socialista
PRD Partido de la Revolución Democrática
PRI Partido Revolucionario Institucional
Pronasol Programa Nacional de Solidaridad
PSOE Partido Socialista Obrero Español