Legislatura LV - Año II - Período Extraordinario - Fecha 19930908 - Número de Diario 11
(L55A2P1eN011F19930908.xml)Núm. Diario: 11ENCABEZADO
LV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Primer Período Extraordinario del Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Diputado Rodolfo Echeverría Ruiz
PALACIO LEGISLATIVO
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Héctor de Antuñano y Lora
AÑO II México, D. F., miércoles 8 de septiembre de 1993 No. 11
PERIODO EXTRAORDINARIO
SUMARIO
ASISTENCIA
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN
Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL;
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO
FEDERAL; LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Dictamen de la Comisión de Vivienda con opinión de la del Distrito Federal, con proyecto de decreto que modifica los artículos transitorios del diverso que reformó esos ordenamientos, publicado el 21 de julio de 1993 en el Diario Oficial de la Federación. Se dispensa la segunda lectura y para fundamentarlo, hace uso de la palabra el diputado:
Manuel Jiménez Guzmán
Para la discusión en lo general y lo particular, se concede el uso de la palabra a los diputados:
Francisco Hernández Juárez, en contra
Adolfo Alfonso Kunz Bolaños, en contra.
Demetrio Santiago Torres, en contra.
Francisco Javier Saucedo Pérez, en contra.
Gonzalo Altamirano Dimas, para informar que su grupo parlamentario no votará el dictamen.
Everardo Gámiz Fernández, en pro.
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, suben a la tribuna lo diputados:
José María Téllez Rincón
Guillermo Flores Velasco
Manuel Terrazas Guerrero
Fernando Francisco Lerdo de Tejada Luna
Guillermo Flores Velasco
Manuel Terrazas Guerrero
Héctor Ramírez Cuéllar
Juan Jacinto Cárdenas García, en contra.
Javier Centeno Avila
René Juvenal Bejarano Martínez, en contra.
Isaías Alvaro Rodríguez Vivas, en pro.
René Bejarano Martínez, para rectificar hechos.
Diego Heriberto Zavala Pérez, para fundamentar la posición de su partido. 865
Carlos González Durán, en contra.
Jorge Tovar Montañez, en contra.
Alberto Nava Salgado, en pro.
Martha Patricia Ruiz Anchondo, para proponer dos reformas.
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, se concede el uso de la palabra a los diputados:
Francisco José Paoli Bolio
Victoria Reyes Reyes
Martha Patricia Ruiz Anchondo
René Juvenal Bejarano Martínez
José de Jesús Martín del Campo Castañeda
Francisco José Paoli Bolio
Carlos González Durán
Rafael Fernández Tomás
Francisco Dorantes Gutiérrez
Raúl Pardo Villafaña, en pro.
Martha Patricia Ruiz Anchondo
Guillermo Flores Velasco, en contra.
Héctor Ramírez Cuéllar, en contra.
Alvaro Salazar Lozano, en pro.
Se desechan las proposiciones.
Se aprueba. Se turna al Senado de la República para los efectos constitucionales.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
Presidencia del diputado
Joaquín Ernesto Hendricks Díaz
ASISTENCIA
El presidente:
Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los señores diputados.
La secretaria Patricia Terrazas Allen:
Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 338 diputados, por lo tanto existe quórum legal.
APERTURA
El Presidente:
(a las 12.35 horas.) Se abre la sesión:
ORDEN DEL DÍA
La secretaria Patricia Terrazas Allen:
Se va a dar lectura al orden del día.
"Primer Período de Sesiones Extraordinarias. - Segundo Receso. - Segundo Año. - LV Legislatura.
Orden del día
8 de septiembre de 1993.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Dictamen a discusión.
De la Comisión de Vivienda, con opinión de la Comisión del Distrito Federal, con proyecto de decreto por el que se modifican los artículos transitorios del diverso por el que se reforma el Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal y la Ley Federal de Protección al Consumidor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de julio de 1993.
Dictamen de primera lectura
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales."
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El Presidente:
En virtud de que se entregaron copias del acta de la sesión anterior a los grupos parlamentarios, consulta la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura.
La secretaria Patricia Terrazas Allen:
Por instrucciones de esta Presidencia, en votación económica, se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura.
"Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el día siete de septiembre de mil novecientos noventa y tres, correspondiente al Primer Período de Sesiones Extraordinarias del Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.
Presidencia del diputado
José Ramos González
En la Capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las trece horas con cincuenta y cinco minutos del día siete de septiembre de mil novecientos noventa y tres, con una asistencia de cuatrocientos dos diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y la Asamblea dispensa la del acta de la sesión anterior, misma que sin discusión se aprueba en sus términos en votación económica.
Se concede el uso de la palabra al diputado Fernando Lerdo de Tejada, del Partido Revolucionario Institucional, quien presenta iniciativa de modificaciones a los artículos transitorios del decreto que reformó diversas modificaciones del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia
Federal; del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en Materia de Arrendamiento de Inmuebles. Se turna a la Comisión de Vivienda con opinión de la del Distrito Federal, con la recomendación de que en el curso de esta misma sesión presente el dictamen respectivo.
A las catorce horas con dieciocho minutos, el Presidente ordena un.
RECESO
A las dieciocho horas con diez minutos, se reanuda la sesión y la Secretaría da cuenta con el dictamen de la Comisión de Vivienda, con opinión de la del Distrito Federal, con proyecto de decreto que modifica los artículos transitorios a los que se refiere la iniciativa presentada por el diputado Lerdo de Tejada. Es de primera lectura.
Agotados los asuntos en cartera y no habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las dieciocho horas con veintidós minutos, citando para la que tendrá lugar mañana, miércoles ocho de septiembre de mil novecientos noventa y tres, a las diez horas."
El Presidente:
Ruego a la Secretaría poner a consideración de la Asamblea, el acta de la sesión anterior y si algún señor diputado desea hacer alguna observación a la misma, sírvase manifestarlo.
La secretaria Patricia Terrazas Allen:
Está a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior.
¿Existe algún diputado que desee hacer alguna observación a la misma?
Se consulta a la Asamblea, en votación económica si se aprueba.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada el Acta.
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA
COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA
EN MATERIA FEDERAL, EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS
CIVILES DEL DISTRITO FEDERAL Y LA LEY FEDERAL DE
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN EL 21 DE JULIO DE 1993
El Presidente:
El siguiente punto del orden del día es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto por el que se modifican los artículos transitorios del diverso por el que se reforma el Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal y la Ley Federal de Protección al Consumidor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de julio de 1993.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los señores diputados, se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea, si se le dispensa la lectura al dictamen.
La secretaria Patricia Terrazas Allen:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
"Comisiones de Vivienda y del Distrito Federal.
Honorable Asamblea:
A las comisiones de Vivienda y del Distrito Federal fueron turnadas para su estudio y dictamen diversas iniciativas presentadas por distintas fracciones parlamentarias de esta Cámara relacionadas con la legislación aplicable al contrato de arrendamiento en el Distrito Federal.
En los términos del artículo 56 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, estas comisiones son competentes para conocer de la iniciativa citada, por lo que, en cumplimiento a dicho precepto y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 64 de
la misma Ley y por los artículos 65, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, presentamos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados el presente dictamen.
ANTECEDENTES
En el reciente período ordinario de sesiones de la LV Legislatura, el Congreso de la Unión discutió y aprobó una serie de reformas y adiciones a diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y Ley Federal de Protección al Consumidor que aparecieron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 21 de julio del año en curso.
El contenido de las nuevas disposiciones antes referidas, generó una serie de confusiones en torno a su alcance y motivó múltiples comentarios entre diversas organizaciones sociales, urbanistas, funcionarios públicos y abogados que motivaron la presentación de varias iniciativas al respecto y el surgimiento de un pronunciado debate en torno a la materia inquilinaria en el Distrito Federal.
Con fecha 11 de agosto del año en curso la Comisión Permanente del Congreso de la Unión decidió convocar al presente período extraordinario de sesiones cuya apertura se verificó el día 16 de agosto y que tiene por objeto entre otros asuntos conocer de las "iniciativas en materia de arrendamiento de inmuebles en el Distrito Federal, correspondientes a la LV Legislatura".
En cumplimiento al contenido de dicha convocatoria, las comisiones dictaminadoras se abocaron a estudiar cuidadosamente el regazo legislativo en esta materia, para proceder a su desahogo:
Con fecha 28 de julio de 1993 el Partido de la Revolución Democrática presentó, por conducto del diputado Cristóbal Arias Solís una iniciativa de reformas al artículo primero transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia inquilinaria de fecha 21 de julio de 1993 proponiendo la suspensión indefinida de la entrada en vigor del mismo para que el Congreso de la Unión, "reexamine las medidas legislativas que deben tomarse en esta materia para ser compatible la normatividad del arrendamiento de casas - habitación con el derecho a la vivienda consagrado en el artículo 4o. de la Constitución General de la República."
De la misma forma el día 4 de agosto del año en curso, el Partido Popular Socialista por conducto del diputado Juan Campos Vega presentó una iniciativa de Ley de Defensa del Inquilino compuesta por 77 artículos y 4 transitorios proponiendo la creación de la Procuraduría de la Defensa del Inquilino y una exhaustiva regulación sobre los términos y características que debe reunir todo contrato de arrendamiento y de subarriendo poniendo especial atención al mecanismo que debe seguirse para fijar el monto de las rentas.
A su vez, el día 11 de agosto del año en curso, el grupo parlamentario del Partido Autentico de la Revolución Mexicana presentó una iniciativa para adicionar el artículo 90 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y el artículo 18 de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal.
Finalmente, el día de hoy, 7 de septiembre de 1993, diputados integrantes de esta LV Legislatura han presentado una nueva iniciativa de modificaciones a los artículos transitorios del decreto anteriormente referido de fecha 21 de julio de 1993 En dicha iniciativa se propone la postergación por cinco años del inicio de vigencia de las nuevas disposiciones salvo las excepciones que la misma contiene
CONSIDERACIONES
La problemática que en materia habitacional enfrentan las comunidades contemporáneas no es un fenómeno reciente ni tampoco constituye una novedad en nuestra ciudad de México.
Distintos gobernantes y legisladores, a lo largo de la historia han manifestado su interés por solucionar este problema y han recurrido a toda clase de medidas para lograr este objetivo, una de estas medidas fue la que en su momento se denominó "Ley Inquilinaria", y que consistió en una serie de reformas al Código Civil, al Código de Procedimientos Civiles, la Ley Orgánica de Tribunales de Justicia del Fuero Común y la Ley del Notariado, del Distrito Federal, así como la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la Ley del ISSSTE, la Ley Federal de Vivienda y la Ley de Obras Públicas con el propósito de establecer una serie de protecciones legales en beneficio del sector inquilinario de la población del Distrito Federal.
Tal concepción del problema resultó errónea, ya que se desestimuló la participación del sector privado en la construcción de vivienda con fines inquilinarios y ha provocado que desaparezca virtualmente la vivienda nueva en arrendamiento,
la cual constituye un importante y necesario componente de la oferta de vivienda, así como un instrumento de ahorro e inversión socialmente útil, lo anterior ha propiciado que las clases más pobres, cuya liquidez es insuficiente para afrontar los costos iniciales en los créditos para la adquisición de una vivienda propia, accedan a esta, a través de la apropiación ilegal del espacio y la autoconstrucción con todos los inconvenientes que esto conlleva.
Esta LV Legislatura, considerando lo anteriormente expuesto y en desahogo a una iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal en este rubro, aprobó una serie de modificaciones a las disposiciones sustantivas y procesales que rigen los contratos de arrendamiento en el Distrito Federal. No obstante, el alcance de dichas reformas no ha quedado lo suficientemente claro y ha generado posiciones disímbolas respecto a su aplicación. Así el Partido Popular Socialista ha sugerido la expedición de una Ley de Defensa del Inquilino cuyo contenido difiere sustancialmente del propósito que inspiro la legislación recientemente aprobada; compuesta por 77 artículos, la iniciativa referida propone la creación de la Procuraduría de la Defensa del Inquilino como parte orgánica del Departamento del Distrito Federal, al respecto, estas comisiones dictaminadoras han estimado conducente, por tratarse de una cuestión de carácter orgánico y no de derecho privado, reservar la posible creación de la entidad antes mencionada así como la regulación de sus facultades, para otro momento en que se discutan cuestiones relacionadas con la normatividad que organiza a la administración pública del Distrito Federal.
Adicionalmente, el Partido Popular Socialista sugiere que se incorporen en el texto legal una serie de disposiciones de orden público que predominen sobre la voluntad de las partes y que la restringen notablemente al momento de la celebración de un contrato de arrendamiento tales como una duración mínima de tres años que podrá prorrogarse cada tres años y un tope al incremento de la renta la cual no podrá en ningún caso exceder del 10% del valor catastral de un inmueble. También reproducen algunos de los supuestos que en términos generales nuestra legislación civil ya prevé pero procurando beneficiar al arrendatario en perjuicio del arrendador. Estas comisiones estiman que esta propuesta encierra un contenido similar al de las disposiciones recientemente derogadas por lo cual resultaría ademas de contradictorio poco útil regresar al esquema originalmente planteado cuyos inconvenientes ya se han expuesto con anterioridad.
Por su parte, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en concordancia con el propósito de las reformas recientemente aprobadas sugiere modificar la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley de Hacienda del Distrito Federal, para incentivar la inversión en materia inquilinaria cuando el impone de la contraprestación o renta por unidad no supere el equivalente a tres salarios mínimos. Al respecto, estas dictaminadoras estiman que, por tratarse de disposiciones de carácter fiscal, su discusión y en su caso aprobación deberán verificarse cuando se someta a la consideración de esta Asamblea el contenido de las normas hacendarias que habrán de dar sustento a las contribuciones del año próximo.
En lo que se refiere a las disposiciones transitorias del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de julio de este año, dos han sido las iniciativas que proponen modificaciones a las mismas, la primera de ellas, presentada por el Partido de la Revolución Democrática plantea la suspensión indefinida del inicio de vigencia de ese decreto mientras el honorable Congreso de la Unión reexamina las medidas legislativas que deben tomarse en esta materia para ser compatible la normatividad del arrendamiento de casas - habitación con el derecho a la vivienda consagrado en el artículo 4o. de la Constitución General de la República, la segunda, presentada por diversos legisladores integrantes de esta honorable Cámara propone precisar el alcance de las modificaciones aprobadas para que no se vulneren los intereses, ni los derechos sustantivos y procedimentales de quienes actualmente tienen el carácter de inquilinos y para que estos no sean sujetos de las nuevas disposiciones normativas en un plazo de cinco años que les garantice un esquema de mayor oferta y menor costo.
La primera de las iniciativas anteriormente referidas se considera inadecuada, toda vez que se limita a proponer la suspensión generalizada del ámbito de validez de las nuevas normas y por ende hace nugatorios los efectos que con las mismas se persiguen consistentes en incrementar la oferta de vivienda en arrendamiento y de esta manera abatir su costo, no obstante, estas comisiones estiman apropiado suspender dicha vigencia pero solamente respecto de aquellos supuestos en que efectivamente podrían vulnerarse derechos relacionados con espacios de vivienda actualmente ya existentes.
La segunda de estas propuestas se estima del todo conducente pues en virtud de ella las nuevas disposiciones entrarían en vigor hasta el 19 de
octubre de 1998 y solamente se aplicarían a partir del 19 de octubre de 1993 cuando se trate de inmuebles que no se encuentren arrendados para uso habitacional o que su construcción sea nueva de esta forma se garantiza al sector inquilinario que el nuevo régimen sólo se aplicará a los nuevos espacios de vivienda que las mismas reformas incentiven. Por otra parte las disposiciones de carácter procesal solo se aplicarían a las controversias derivadas de contratos que no se encuentren en los supuestos de excepción mencionados y entrarían en vigor para los demás casos hasta el 19 de octubre de 1998.
Por lo anteriormente expuesto sometemos a su consideración el siguiente
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS
ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DIVERSO POR EL QUE SE
REFORMAN EL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL
EN MATERIA COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN
MATERIA FEDERAL, EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES
DEL DISTRITO FEDERAL Y LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACIÓN EL 21 DE JULIO DE 1993
Artículo único. Se reforman los artículos transitorios del diverso por el que se reforman el Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y la Ley Federal de Protección al Consumidor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de julio de 1993, para quedar como sigue:
Primero. Las disposiciones contenidas en el presente decreto entraran en vigor el 19 de octubre de 1998, salvo lo dispuesto por los transitorios siguientes:
Segundo. Las disposiciones del presente decreto se aplicarán a partir del 19 de octubre de 1993, únicamente cuando se trate de inmuebles que:
I No se encuentren arrendados al 19 de octubre de 1993;
II Se encuentran arrendados al 19 de octubre de 1993, siempre que sean para uso distinto del habitacional o,
III Su construcción sea nueva, siempre que el aviso de terminación sea posterior al 19 de octubre de 1993.
Tercero. Los juicios y procedimientos judiciales y administrativos actualmente en trámite, así como los que se inicien antes del 19 de octubre de 1998 derivados de contratos de arrendamiento de inmuebles para habitación y sus prórrogas que no se encuentren en los supuestos establecidos en el transitorio anterior, se regirán hasta su conclusión, por las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y de la Ley Federal de Protección al Consumidor, vigentes con anterioridad al 19 de octubre de 1993.
TRANSITORIO
Único. El presente decreto entrará en vigor el 19 de octubre de 1993.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, D.F., a 7 de septiembre de 1993."
Es de segunda lectura.
El Presidente:
En consecuencia, tiene la palabra el señor diputado Manuel Jiménez Guzmán para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Manuel Jiménez Guzmán:
Con su venia, señor Presidente; honorable Asamblea:
El 21 de julio del presente año se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto mediante el cual se reforman diversos artículos del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en materia Federal, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, y de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Dentro de los motivos más relevantes que motivaron a los legisladores a aprobar dicho decreto, destaca el relativo a que la vivienda se ha convertido en una de las demandas más sentidas de la sociedad mexicana. La respuesta a esa necesidad exige esquemas que se ajusten a nuestra realidad socioeconómica y política y, permitan sostener y ampliar los esfuerzos y recursos que se han venido aplicando durante los últimos años para abatir la escasez de vivienda, sobre todo, la de arrendamiento, no sólo como una respuesta a una demanda latente, sino también como una
auténtica alternativa para que todos los mexicanos cuenten con dicho satisfactor.
En efecto, los programas que han venido desarrollando el Infonavit, Fovissste, Fonhapo, Fovi, han permitido a muchos mexicanos acceder a una vivienda digna y decorosa. En el Distrito Federal dichos programas se han reforzado con la participación de Ficapro y Fividesu; a dichos esfuerzos, se ha unido el indeclinable propósito de los gobiernos federal, estatal y municipal, para fomentar la producción de vivienda popular y de interés social; debe, en ese sentido, hacerse mención a los avances del Acuerdo de Coordinación para el Fomento de la Vivienda y los convenios de concertación para agilizar los trámites de producción, titulación y el de concertación para el programa de materiales en el mismo rubro, suscritos en un acto republicano en el mes de octubre de 1992.
En el caso del Distrito Federal, existen ya estímulos del Gobierno del Departamento del Distrito Federal para otorgar en el financiamiento, producción, regulación y titulación de viviendas popular y de interés social, mejores incentivos y alicientes.
El compromiso este año es construir 320 mil nuevas viviendas en el país y el 10%, 32 mil viviendas, en el Distrito Federal. Sin embargo, a nadie escapa que el problema de la vivienda, por sus causas y factores predisponentes, es difícil y complejo e implica, de manera global, la atención de diversos aspectos relacionados con la misma.
En efecto, representa la necesidad de una constante superación de los mecanismos de financiamiento para acceder a una vivienda propia; la regularización de un importe inventario habitacional; la obtención de reservas territoriales aptas para la construcción de vivienda; la creación de reglas que conduzcan a una mejor convivencia humana y a una mejor conservación y mantenimiento de las unidades de carácter habitacional, la desregulación de diversos ordenamientos administrativos y de carácter jurídico que son elementos indispensables para el impulso de la oferta de vivienda.
El problema, en consecuencia, no puede ni debe contemplarse de manera fragmentada, su solución debe visualizarse dentro de un marco general de desarrollo y conforme a los resultados de nuestras propias experiencias, para aplicar las alternativas que sean congruentes con nuestra propia realidad. A esto obedecieron las reformas a que nos hemos referido. Sostenemos que ellas constituyen parte de un todo indivisible, no es una reforma aislada, forma parte de una estrategia de política económica, social y de un profundo diálogo y concertación del problema a nivel nacional.
La Comisión de Vivienda de reciente creación, en marzo de 1992, llevó a cabo el I Foro de Vivienda en el Distrito Federal. En octubre del mismo año participamos en el programa especial para el fomento y desregulación de la vivienda. En febrero de 1993, llevamos a cabo el II Foro de Vivienda en Villahermosa, Tabasco; asistimos a la VI y VII reuniones nacionales de Promotores de Vivienda en la Ciudad de México en el mes de septiembre de 1992 y mayo de 1993 respectivamente. Intercambiamos puntos de vista con organismos estatales y municipales de toda la República mexicana en Tuxtla Gutiérrez, Chis., el pasado mes de agosto del presente año.
Plan Nacional de Vivienda; reformas al artículo 27 constitucional, reformas a la Ley del Infonavit; creación del Sistema de Ahorro para el Retiro, reformas a la Ley del Fovissste; abrogación del decreto que congeló los montos de las rentas en el Distrito Federal; reforma a la Ley Sobre el Régimen de Propiedad en Condominio de Inmuebles para la Ciudad de México y nueva Ley de Asentamientos Humanos, conforman un todo al que se suman ahora las reformas en materia de arrendamiento.
Bajo las circunstancias anteriores el legislador de las reformas del 21 de julio, entendió que la peor situación era el inmovilismo, pues resulta obvio que tal actitud además de agravar el problema, conduciría a corto, a muy corto plazo, a enfrentar consecuencias de proporciones alarmantes y, por ende, el riesgo de alteraciones del orden y la convivencia social.
Reiteramos que las reformas tienen como principal propósito la reactivación de la inversión para vivienda en arrendamiento a través de una normatividad que conduzca al equilibrio y justo balance de las relaciones entre arrendatarios y arrendadores con estricto respeto a sus derechos y obligaciones.
Sin embargo, hay que reconocer que con la publicación del referido decreto, algunos sectores involucrados con el arrendamiento, expresaron su temor, su reclamo, sus dudas, en el sentido de que las disposiciones promulgadas pudieran aplicarse de manera abusiva e inequitativa, vulnerando así sus derechos adquiridos. Demandaron que las reformas fueran aplicables para impulsar la inversión en la construcción de viviendas en arrendamiento y a quienes destinen nuevas viviendas con este fin.
Al dictamen que se presenta antecede un diálogo ininterrumpido que las comisiones de Vivienda y del Distrito Federal han venido sosteniendo con los grupos que han expresado sus temores, dudas, demandas y reclamos.
En este sentido celebramos cuatro reuniones en este Palacio Legislativo, en el Salón Presidentes, en el Salón Libertadores, en el Salón de Protocolo y en el Auditorio Norte; así como también acudimos a sus convocatorias fuera del recinto parlamentario; reconocemos los foros que para los mismos fines en los meses de julio y agosto coordinó nuestra compañera Patricia Ruiz Anchondo, secretaria de la Comisión de Vivienda.
De esta manera, mediante el diálogo abierto y plural con partidos políticos y actores de vivienda representados en la sociedad y en la Cámara de Diputados; con las organizaciones populares inquilinarias, los integrantes de las comisiones conocimos la preocupación de que las controversias en la materia se regulan por la normatividad vigente a pesar de que éstas se susciten después del 19 de octubre con motivo de contratos celebrados con anterioridad.
En el dictamen sometido a la aprobación de esta soberanía, se mencionan las causas que lo motivaron, en él se expresa no sólo la necesidad de reformar y adicionar los artículos transitorios del decreto del 21 de julio, para dar mayor certeza y claridad a su contenido, si no también, los criterios derivados del análisis que presentaron en materia de arrendamiento diversas fracciones parlamentarias de los partidos Popular Socialista, Autentico de la Revolución Mexicana y de la Revolución Democrática.
La precisión a los artículos transitorios que discutimos, tiene como objeto el salvaguardar los intereses y derechos sustantivos y procedimentales adquiridos de quienes actualmente son inquilinos, a efecto de que éstos no sean sujetos de las nuevas disposiciones normativas en un plazo de cinco años.
Las nuevas disposiciones entrarían en vigor hasta el 19 de octubre de 1998 y, solamente se aplicarían a partir del 19 de octubre de 1993, cuando se refieran a inmuebles que no se encuentren arrendados en dicha fecha, o bien, siempre que se destinen para uso distinto al de carácter habitacional, y finalmente a cuyas construcciones sean nuevas, siempre que el aviso de terminación de obra sea posterior al 19 de octubre del presente año.
Asimismo, las disposiciones de carácter procesal sólo se aplicarían a las controversias derivadas de contratos que se encuentren en los supuestos de excepción mencionados; mientras que para los contratos vigentes se aplicarían hasta el 19 de octubre de 1998, con los que se garantiza al sector inquilinario que el nuevo régimen sólo se aplicará a los nuevos espacios de vivienda que las mismas reformas promuevan.
Señoras y señores: la vivienda significa, para todos los partidos políticos, un asunto vital, pertenece al debate nacional, es una prioridad del México contemporáneo para hacer vigente el mandato del artículo 4o. constitucional. La vivienda, qué duda cabe, es un fuerte impulsor del desarrollo; genera empleos, redistribuye el ingreso, impacta a la economía, promueve el desarrollo, da certidumbre y paz a las familias mexicanas. En síntesis, un nuevo marco para una nueva realidad. El país ha cambiado y el derecho tiene que cambiar con él. Pensamos, con respeto a todas las opiniones de las fracciones parlamentarias aquí representadas, que vamos en el rumbo correcto: defender conjuntamente la lucha por la vivienda, es defender a la democracia como sistema de vida, sistema de Gobierno e igualdad de oportunidades en favor de la libertad y la justicia social. Muchas gracias.
El Presidente:
En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular.
Antes de proceder a leer la lista de oradores que se han inscrito para hacer uso de la palabra en la discusión del dictamen que hoy nos ocupa, esta Presidencia informa que los coordinadores de los grupos parlamentarios han acordado recomendar a los oradores circunscriban sus intervenciones a un máximo de 15 minutos.
Esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión, en lo general y en lo particular, los siguientes diputados oradores:
Francisco Hernández Juárez, del Partido Popular Socialista, en contra; Adolfo Kunz Bolaños, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para fijar posición; Demetrio Santiago Torres, del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, para fijar posición; Francisco Saucedo Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, para fijar posición; Gonzalo Altamirano Dimas, del Partido Acción Nacional, para fijar posición; Everardo Gámiz Fernández, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Juan Cárdenas García, del Partido Popular Socialista, en contra; Martha Patricia Ruiz Anchondo, del Partido de la Revolución Democrática, para fijar posición;
Diego Zavala Pérez, del Partido Acción Nacional, para fijar posición; Jorge Tovar Montañez, del Partido Popular Socialista, en contra; Alberto Nava Salgado, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; René Bejarano Martínez, del Partido de la Revolución Democrática, para fijar posición; José de Jesús Martín del Campo, del Partido de la Revolución Democrática, para fijar posición; Alvaro Salazar Lozano, del Partido Revolucionario Institucional, en pro y Héctor Ramírez Cuéllar, para fijar posición.
Tiene la palabra el diputado Francisco Hernández Juárez.
El diputado Francisco Hernández Juárez:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Vengo a expresar ante esta soberanía los puntos de vista de mi partido, respecto al proyecto de modificaciones a los artículos transitorios del decreto que reformó diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y de la Ley de Protección al Consumidor en Materia de Arrendamiento de Inmuebles, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de julio del año en curso.
De entrada, manifiesto que las modificaciones que se proponen no satisfacen los planteamientos del Partido Popular Socialista, ni resuelve el fondo de los intereses de los inquilinos, ni el propósito de incentivar la inversión en la construcción de viviendas en el Distrito Federal. ¡Porque sólo se propone el aplazamiento por cinco años del inicio de vigencia de algunas de las disposiciones aprobadas por el Congreso de la Unión!
Ni en la iniciativa de reforma, ni en la exposición de motivos del dictamen que hoy discutimos, se aborda la necesidad y la urgencia de legislar sobre este problema tan grave de la vivienda. Se soslaya la iniciativa que sobre la materia inquilinaria ha presentado mi partido, el Partido Popular Socialista, en el que se propone una serie de disposiciones de orden público para atacar las causas fundamentales que han generado la falta de vivienda y resolver de fondo esta cuestión tan lacerante que afecta a millones de mexicanos y que en el Distrito Federal afecta más del 25% de sus habitantes.
En la iniciativa presentada por mi compañero de partido, diputado Juan Gualberto Campos Vega, el 4 de agosto de 1993, ante la Comisión Permanente, manifestamos que en la ciudad de México no existe un plan orgánico que reglamente la expansión y el crecimiento de las zonas periféricas. De tal manera que, el crecimiento de la población y de la construcción de la vivienda ha sido totalmente desordenada y caótica. Que ello ha propiciado la especulación de los terrenos urbanos y las fincas, convirtiéndolos en los negocios más prósperos y afectando los intereses populares.
Señalamos que debe frenarse el alza desmedida del precio de los alquileres; que debe haber organismos del Gobierno del Distrito Federal para supervisar los contratos de arrendamiento, pues a partir de la crisis de la década pasada y de la actual, el alza de los alquileres se ha producido, se ha aumentado en forma permanente y en porcentajes superiores al alza de la inflación, sin que exista ninguna restricción administrativa y jurídica al respecto.
¡Realmente los casatenientes han hecho su agosto a costa del pueblo mexicano!
Señalamos también que en 1990, del 1 millón 789 mil 171 viviendas que habían en el Distrito Federal, 1 millón 166 mil 385 eran propias y 458 mil 829 rentadas, que representan el 25% de la población del Distrito Federal que habitan en viviendas alquiladas.
Señalamos también que en este año, millones de habitantes viven en condiciones pésimas o lamentables; en asentamientos humanos irregulares, sin agua potable, ni drenaje, en verdaderas condiciones de insalubridad y de grave promiscuidad.
Señalamos que en 1990, 1 millón 279 mil 387 viviendas disponían de agua entubada y un número importante de la población que se surtía de agua en hidratantes; 1 millón 533 mil 894 contaban con drenaje y 240 mil carecían de él; en la actualidad, existe un déficit aproximado de 800 mil viviendas en el D.F. y que ese estado de cosas se debe al abandono del Estado de una política de construcción de viviendas de interés social.
A nuestro juicio, compañeros diputados, el problema de la vivienda en la ciudad de México y en todo el país, es uno de los tantos problemas sociales que se ha ido agravando más y más desde que se empezó a aplicar la política neoliberal, es decir, desde el régimen anterior y más en el presente. Este problema habitacional se ha ido profundizando a partir del cambio de mentalidad que han tenido los dirigentes de los
últimos gobiernos al adoptar y aplicar las tesis, "reformas del Estado", de la tesis de modernidad, de adelgazamiento del Estado, vean ustedes el producto del adelgazamiento del Estado, de privatización de la economía, de la venta de empresas estatales y de entrega a la iniciativa privada nacional y extranjera, todo el legado de la conquista de la Revolución de 1910 - 1917.
El conjunto de tesis del neoliberalismo aplicado en estos dos últimos sexenios, nada tienen qué ver con el nacionalismo revolucionario que ha sido tesis fundamental de nuestra Revolución mexicana que en esencia forjó el estado protector de las grandes mayorías como son los campesinos, los obreros, los maestros y las amplias capas populares y que permitió rescatar enormes recursos como el petróleo, la industria eléctrica, las comunicaciones, el seguro social y propició la creación del Fovissste y el Infonavit para asentar las bases de nuestra independencia económica y el fortalecimiento de nuestra soberanía nacional.
En nuestra memoria histórica, existe la convicción de que este estado antifeudal, democrático y antiimperialista, surgido de nuestra revolución, hizo grandes avances para bienestar de la mayoría de nuestro pueblo en poco tiempo y a veces con zigzagueos en la aplicación de estas tesis que lograron grandes avances; se destruyó el sistema feudal de la tenencia de la tierra entregándolas a sus verdaderos propietarios originarios; millones y millones de campesinos construyeron sus viviendas en las tierras ejidales y comunales que les fueron restituidas; se hicieron caminos vecinales con recursos del Estado y con sus propias manos nuestros campesinos, nuestros hombres de la provincia, construyeron carreteras, construyeron escuelas, casas de maestros, hicieron muchas obras de beneficio colectivo.
El magisterio nacional, organizado en misiones culturales, se encargó de crear la conciencia patriótica y nacionalista de las nuevas generaciones se construyeron muchos internados, se otorgaron miles de becas a los hijos de mexicanos carentes de recursos, se construyeron hospitales, clínicas y los servicios de salud se llevaron hasta los últimos rincones de nuestro territorio, los trabajadores organizados fueron sujetos preferentes del derecho a la vivienda.
Los sindicatos y sus dirigentes impulsaron la unidad de sus agremiados, de sus afiliados, mantuvieron la estabilidad y la solidaridad de nuestro pueblo para hacer posible el progreso de nuestra nación. Esta acción progresista de los gobiernos nacionalistas, democráticos que actuaron al lado del pueblo, nunca fueron vistos con simpatía ni por el imperialismo norteamericano, ni por la burguesía y las fuerzas reaccionarias de nuestro país.
Siempre han estado agazapados dentro y fuera del poder público, dentro y fuera del partido del Gobierno han trabajado incesantemente para cambiar la correlación de fuerzas y cambiar así también el rumbo de nuestro desarrollo independiente.
Desde hace más de 20 años, denunciamos ese hecho que se estaban preparando minuciosamente, sistemáticamente aquellos que se habían enriquecido bajo la sombra del poder público, bajo la sombra de una careta, militando en los partidos revolucionarios, principalmente en el partido del Gobierno. No se entendió nuestra denuncia y ahí están los resultados.
Fueron minando poco a poco la estructura del Estado protector, nacido de la Revolución mexicanos y, han capturado el poder político y ahora sirven a sus intereses de clases y al imperialismo norteamericano.
Hoy por hoy compañeros diputados, estas fuerzas reaccionarias han logrado en gran medida alcanzar sus propósitos. Los hechos están ya a la vista; ya no son los representantes de la clase obrera, los dirigentes de los campesinos; ya no son los maestros; ya no son los sectores populares lo que deciden el rumbo de nuestro desarrollo económico, el rumbo de nuestra política, ahora son los partidarios del Tratado de Libre Comercio, los banqueros y los empresarios los que deciden sobre la política no económica, sobre la política educativa, sobre la política de la vivienda, sobre la política agraria, sobre las actividades fundamentales de nuestra economía.
Esto es sumamente grave. Se está acestando un golpe en contra los intereses del pueblo y la nación mexicana; ésos que siempre habían perdido la pelea en los combates, en la lucha, en las luchas revolucionarias de nuestro pueblo, ahora han usurpado el poder, ahora están gobernando, ahora están acestando el golpe que de hace mucho tiempo estaban preparando.
Yo pregunto, ¿será la iniciativa privada nacional o extranjera la que va a construir y resolver el grave problema de la vivienda del Distrito Federal y de nuestro país?, ¿serán ellos los que van a resolver el problema agrario para lo cual fue reformado el artículo 27 constitucional?,
¿serán ellos los que abaratarán los servicios médicos para dar salud a la mayor parte de nuestro pueblo, de la provincia y de las ciudades?
La respuesta compañeros, es obvia. No lo harán, nunca pensarán que para resolver estos problemas es necesario despojarse de su egoísmo; nunca pensarán que es necesario mejorar la capacidad económica de los trabajadores para hacerlos sujetos de contratos justos sobre la vivienda.
En esta Cámara de diputados, los legisladores progresistas y democráticos nos opusimos, con muchos argumentos de fondo, para que las reformas al Código Civil y al Código de Procedimientos, así como la Ley de Protección al Consumidor, no se hicieran reformas que desprotegieran a los inquilinos y que sólo beneficiaran fundamentalmente a los casatenientes. No fuimos escuchados, nos aplicaron el fast track y aprobaron una Ley que afecta a los intereses de la gran mayoría de los inquilinos.
Pero ahí están, ahí están los resultados de esa reforma hecha detrás del pueblo, sin escuchar al pueblo, reformas hechas al trote, al vapor y obedeciendo a los intereses de una minoría.
No se buscó de ninguna manera atacar las causas reales que han generado el problema habitacional en el Distrito Federal y en toda la República. Claro que nadie de estos reformadores contrarrevolucionarios, han aceptado que la causa fundamental de este problema lacerante y de otros que afectan al pueblo, es producto de la política neoliberal que ha aplicado el anterior y el actual Gobierno.
Ello los ha hecho renunciar a su obligación de proteger a los sectores más pobres. Estos gobiernos prefirieron transferir a la iniciativa privada la obligación que el pueblo les dio para que fueran protegidos y trazar y aplicar una política de construcción de viviendas de interés social.
Nadie ignora que el Gobierno empezó por reducir en gran medida el presupuesto del gasto social, para así darle cabida a la participación de la iniciativa privada nacional y extranjera. Ahora están abiertas de par en par la puertas de nuestro país para las inversiones que desgraciadamente ni siquiera están invirtiendo en los renglones productivos, sino que están en las actividades especulativas.
Hemos llamado en muchas oportunidades al grupo gobernante para que reflexione y que vea lo que está ocurriendo en nuestra propia patria y lo que está ocurriendo en todos los países de América Latina y de otras partes del mundo, en que se ha aplicado la privatización de la economía y en el que la oferta y la demanda determina el valor de las cosas en el mercado, entre ellos el precio de la renta de las viviendas.
El Partido Popular Socialista considera que el Gobierno mexicano debe abandonar la política neoliberal que sólo ha privilegiado a una minoría de mexicanos y está poniendo en grave peligro nuestra soberanía y seguridad nacional; en cambio ha llevado a la gran mayoría de nuestro pueblo a una situación sumamente precaria, de extrema pobreza, de miseria y de injusticia.
La economía en manos de la iniciativa privada ha mostrado, compañeros diputados, que sólo ha agudizado la pobreza y las injusticias. Hoy son ya millones de mexicanos que no tienen empleo; hoy hay millones de mexicanos que sólo comen tortilla, frijoles, sal y toman un alimento que no les nutre, que no les va a satisfacer su hambre.
Las injusticias han crecido, el desempleo, los salarios bajos. Todos estos hechos no son factores de estabilidad económica, política y social; hemos repetido nuestro llamado para que observen estos fenómenos tan negativos que ha provocado la política neoliberal, que además en poco tiempo se ha demostrado que está agotado, es peligroso y contrarrevolucionario.
El Partido Popular socialista de ninguna manera acepta que se estén acentuando las medidas contrarrevolucionarias, porque ello está cultivando, óigase bien compañeros, se está cultivando el germen del estado de violencia que existe ya en los países en que se ha aplicado y en nuestro propio país, situación que puede aprovechar el imperialismo para intervenir en nuestros asuntos internos, por eso decimos que esto afecta la seguridad nacional, porque no ignoramos que siempre ha existido la ambición del imperialismo norteamericano para apoderarse de nuestro territorio, de nuestras riquezas naturales. Ellos no actúan con sentido humanitario, no compañeros, ellos buscan las grandes ganancias, ellos buscan llenar sus bolsillos a costa del hambre y la pobreza de los pueblos y en este caso, de México.
Nosotros pensamos que el problema de la vivienda en el Distrito Federal y en todo el país, se solucionará como se ha dicho aquí, en forma integral. Este problema efectivamente compañeros, no es un problema aislado, forma de todo un conjunto de problemas que se han generado y se ha agudizado en estos últimos sexenios.
Consideramos que deben adoptarse políticas que lleven recursos al campo, a todos los rincones del país, para activar las fuerzas productivas que benefician a las grandes mayorías y evitar así las migraciones que hoy abandonan el campo y se trasladan a las grandes ciudades, entre ellas, el Distrito Federal por falta de créditos.
Es lógico pensar compañeros diputados, que si hubiera crédito para los campesinos, que si hubieran créditos para las pequeñas industrias, para la agroindustria en la provincia, no habría estas migraciones y no sería tan grave el problema de la vivienda en el Distrito Federal. Por eso, consideramos justo lo que se dice en el dictamen, pero sólo se dice en el dictamen, más no en los hechos.
El Partido Popular Socialista no se opone a la participación de la iniciativa privada en la construcción de viviendas, siempre y cuando se respete la letra y el espíritu del artículo 4o. de nuestra Carta Magna. Somos partidarios de un plan maestro de construcción de viviendas y una Ley Inquilinaria para el Distrito Federal, pero que sea justa, pero no de una Ley Inquilinaria como la que hoy tratamos de aplazar para su vigencia, que en verdad deja en estado de indefensión a miles y miles de inquilinos, por eso es justa la manifestación de ellos en las calles.
Tenemos que salirle al paso si no queremos más violencia, si no queremos desestabilidad, si ustedes, la mayoría, no desean perder el poder tienen que resolver este problema, porque ustedes lo han generado.
Consideramos que los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles para habitación, debe pactarse por lo menos tres años y que las rentas sean fijadas de acuerdo con el valor catastral de los inmuebles, tomando en cuenta el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores y que en los conflictos por contrato de arrendamiento, participe el Estado como arbitro para evitar las injusticias de los arrendadores de viviendas.
Por todas las consideraciones anteriores, la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, exhorta a todos los diputados de la mayoría de esta Cámara y a otras fracciones parlamentarias, democráticas y progresistas, para que pronto nos reunamos, compañeros, para discutir y proponer una solución a fondo sobre este problema tan importante de la vivienda que, desafortunadamente, no damos solución con la postergación por cinco años del inicio de vigencia de las disposiciones en materia inquilinaria que en el pasado reciente se hicieron.
La fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista votará en contra del dictamen. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, diputado Hernández. Se concede el uso de la palabra al señor diputado Adolfo Kunz Bolaños.
El diputado Adolfo Kunz Bolaños:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El día de hoy estamos discutiendo aquí un problema que no creo que sea el problema de la vivienda; estamos discutiendo sobre la seguridad de las resoluciones de este Congreso.
Quiero, antes de entrar a tema, señalar que precisamente existe un problema porque tenemos una legislación inadecuada. Toda la legislación tiene un coste y, este coste viene a dificultar el acceso a la vivienda en el campo inquilinario.
No es con excesiva reglamentación como se va a resolver el problema. En buena parte, el problema de la vivienda en México es un problema económico, de falta de capacidad de pago por parte de los inquilinos, que no perciben ingresos suficientes para cubrir adecuadamente ni ésta ni ninguna otras de sus necesidades.
Pero no es a través de las reglamentaciones como se resuelven estos problemas.
Tengo aquí antecedentes de los efectos de la última ley inquilinaria que conocimos en el mundo, que fue la Ley Quillot en Francia. En 1982, 12 meses después, se hablaba ya de sus efectos negativos; y en 1985, en la revista alemana Derespigel, salía publicado que los departamentos en París se alquilan en el mercado negro.
Estamos hablando de Francia, que es el país que tiene el sistema burocrático más completo y eficiente del mundo y, sin embargo, todo este tipo de medidas han resultado contradictorias. Consecuentemente, a mayor reglamentación menores departamentos, y a menores departamentos mayores rentas.
No estoy de acuerdo con lo que decía mi compañero, en el sentido de los grandes beneficios que se obtienen del arrendamiento. Si esto fuera cierto, no habría una tendencia tan marcada para disminuir la oferta de departamentos en renta;
habría mucha gente que tendría interés en participar en este mercado y sin embargo, la disminución es acelerada y al paso que va se acabarán los departamentos en renta, si no se toma una medida drástica.
En relación a la validez de lo que ahora discutimos, yo quisiera leer un extracto de la iniciativa que dio origen a estos cambios. Dice así la iniciativa del Poder Ejecutivo: "Es necesario ampliar los esfuerzos, no sólo para aumentar el acceso a una vivienda propia, sino también para generar más vivienda en arrendamiento, para un mayor número de mexicanos, en particular en las grandes ciudades y en el Distrito Federal.
En 1980 la vivienda en arrendamiento representaba el 41.7% del total, y en 1990 sólo el 25.6%, lo cual demuestra una drástica disminución en la oferta de este tipo de satisfactores.
En 1985, se efectuaron reformas al Código Civil en materia de arrendamiento; sin embargo, a casi ocho años se ha observado que dichas reformas han tenido un efecto inhibitorio en las inversiones en vivienda para el arrendamiento en el Distrito Federal.
El decreto en oferta ha provocado que a pesar de las limitaciones legales, las rentas tuvieran un incremento efectivo, en virtud del aumento en la demanda con relación a la oferta existente.
Asimismo, se ha propiciado un grado de incertidumbre que ni alienta la creación de más vivienda en arrendamiento ni protege los intereses y derechos de las partes.
Las leyes deben sustentarse en la realidad y adecuarse a las cambiantes circunstancias para cumplir sus propósitos. En ocasiones sus objetivos de protección a ciertos grados puede, si no se ajustan, tener efectos contrarios a sus objetivos; esto es especialmente cierto en materia de arrendamiento, no solamente en cuanto a la regulación sustantiva, sino también como consecuencia de los procedimientos para dirimir controversias entre arrendador y arrendatario.
Un proceso en materia de arrendamiento tiene que satisfacer al menos 58 pasos procesales distintos, para llegar a la resolución, lo que significa que en promedio un litigio de arrendamiento lleva casi cuatro años. Ello ni fomenta la edificación de vivienda de arrendamiento que tanto se requiere, ni protege los intereses tutelados por la Ley ni representa una justicia expedita.
Muchas de las actuales disposiciones en materia de arrendamiento han tenido efectos contrarios a los esperados, al brindar excesivas facilidades al inquilino irresponsable, en detrimento de aquel que, dada su buena fe, no requiere ni demanda disposiciones legales extraordinarias.
De igual manera, el marco legal que actualmente se aplica, por su lenta resolución propicia, en consecuencia, un mercado deprimido y de difícil acceso, en perjuicios de quienes requieren satisfacer sus necesidades de vivienda por vía del arrendamiento.
El arrendador, por otra parte, resulta claramente en desventaja.
Las consecuencias de no adecuar las normas vigentes, tanto sustantivas como adjetivas, propiciaría una mayor incertidumbre, limitaría las oportunidades para la creciente demanda, inhibiría las inversiones en vivienda para arrendamiento, limitando la oferta disponible, ya que la inversión se orientaría hacia la construcción de sustitutos, como los condominios o la conversión de las viviendas en renta, al régimen condominal y, ciertamente, ocasionaría incrementos a las rentas.
La presente iniciativa propone a este Congreso de la Unión, modificaciones que permitan favorecer una auténtica relación de equidad jurídica entre arrendadoras y arrendatarios y que permitan alentar la construcción de vivienda en arrendamiento.
Con la presente iniciativa se brindarían nuevas circunstancias para incrementar la oferta de vivienda en arrendamiento y se fomentaría el mantenimiento adecuado de los inmuebles.
Asimismo, la presente propuesta ayudaría a eliminar trámites y propiciaría una mejor distribución de responsabilidades. Para ello, se busca adecuar la estructura legal aplicable, para crear condiciones de equidad entre arrendador y arrendatario".
A nuestro juicio, esta iniciativa del poder ejecutivo contenía argumentos válidos, perfectamente fundados y actuales y está basada en un hecho real que no amerita mayor análisis que serían las estadísticas del comportamiento de la oferta de vivienda en renta en el Distrito Federal que disminuyen peligrosamente, como ya quedó señalado.
La iniciativa igualmente venía a cumplimentar el punto 5.5 del Programa Nacional de Vivienda 1990-1994 que establecía una adecuación de las disposiciones. El dictamen de la Comisión apoyó
la iniciativa, el Partido Revolucionario Institucional apoyó la iniciativa en el debate y argumentó a su favor, la Cámara de Diputados la aprobó y la Cámara de Senadores también la aprobó.
¿Que fue lo que pasó que ahora volvemos a la viciada costumbre de legislar para el futuro? ¿Manifestaciones de protesta, totalmente respetables desde luego, pero de ciertos sectores, qué pasó? ¿Estamos cuidando más el proceso electoral del año entrante que las necesidades de la población del Distrito Federal?
Desde luego y en su oportunidad lo señalamos, nosotros no creemos que estas reformas legales sean suficientes para resolver el problema de vivienda en arrendamiento. Esto podría establecer nuevos parámetros de carácter legal y procesal principalmente, pero no basta la seguridad jurídica para que se incremente la oferta de vivienda en renta.
Tenemos también el aspecto económico, ya lo señalamos y, dado el escaso poder de compra de la mayoría de la población, lo que requerimos es que la vivienda tenga el costo más bajo posible y esto sólo se puede lograr principalmente en los sectores populares, desgravándola fiscalmente. No es posible que un porcentaje que llega a ser del 30% de la renta se vaya de impuesto. Esto bien podía quedar en beneficio, por eso presentamos dos iniciativas:
Una, desgravando las rentas inferiores a tres salarios mínimos del impuesto sobre la renta; y otra, dándole opción a los arrendadores a adoptar la base del impuesto predial que más le convenga, ya que normalmente es mucho más alta la base de valor comercial que la base de valores unitarios.
Esto que no se resolvió en el dictamen por considerarlo ajenos por ser materia fiscal, si traería un apoyo a la construcción de vivienda, porque la iniciativa en los términos que se aprobó desde luego, puede permitir una nueva inversión en vivienda de arrendamiento, pero en condiciones iguales esta inversión se encauzaría a los sectores de alta rentabilidad, esto es bastante lógico; y la única forma de enfocar, encauzar la inversión para aumentar la vivienda en renta de sectores populares, sería desgravando este tipo de inversión y haciéndola atractiva para que no tuviera que competir con la rentabilidad alta.
Ahora bien, si el objetivo de la reforma era generar seguridad jurídica para alentar la inversión, consideramos que el mensaje, que el resultado ha sido contraproducente, el mensaje es muy claro, en esta materia no hay seguridad jurídica, en esta materia una ley perfectamente aprobada formalmente, hay que revolcarla o posponerla, como es el caso, ante cualquier circunstancia ajena. Este es el mensaje que se está mandando y el hecho de que priven criterios populistas o electorales sobre las necesidades de la población, puede traer como consecuencia que lejos de incrementarse la oferta en esta materia, vayamos en sentido contrario.
Igualmente, si de aprobarse estos artículos transitorios, estaríamos ante el caso de la doble legislación y éste es un fenómeno también conocido. quiero leerles una nota de la Revista Cambio 16 del 10 de junio de 1985, que dice: "En las últimas medidas económicas del Gobierno, incorporan la estratificación de un nuevo sector: el de los arrendamientos urbanos. A partir de ahora los nuevos contratos de arrendamiento podrán interrumpirse a petición del casero, además de instancia del inquilino. A partir de ahora, por tanto, habrá caseros e inquilinos de primera y de segunda, que inevitablemente transforman en rentas, alquileres y patrimonios de primera y de segunda".
Esta nota de 1985 se complementa con otra de 1990 que señala que los inquilinos huyen del alquiler, ¿por qué?, porque se establece todavía una mayor inseguridad jurídica y se establecen mayores fuentes de conflicto, de diferencia.
Por tal motivo, considerando que había que complementar la legislación aprobada, pero con medidas eficaces que fomentaran la vivienda de renta para los sectores populares; considerando que se crea mayor inseguridad jurídica; considerando que queda vigente por cinco años una doble legislación; y, considerando que insistimos en el vicio de legislar para el futuro, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana votará en contra de la iniciativa. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias diputado Kunz.
Se concede el uso de la palabra al señor diputado Demetrio Santiago Torres.
El diputado Demetrio Santiago Torres:
Con el permiso de la Presidencia:
Hago uso de la palabra para fijar posición de la fracción parlamentaria del Partido del Frente
Cardenista de Reconstrucción Nacional, sobre las modificaciones a los transitorios del decreto que reforma al Código Civil en Materia Común para el Distrito Federal, y en Materia Federal para la República; al Código de Procedimientos Civiles en el Distrito Federal y, la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Como los argumentos durante el debate en el pasado período ordinario sobre las reformas al Código Civil, al Código de Procedimientos Civiles y a la Ley Federal de Protección al Consumidor en Materia de Arrendamiento, consideramos:
Primero. Que era muy apresurado discutir la iniciativa, puesto que en las comisiones correspondientes no había sido discutida de manera suficiente y,
Segundo. Que las iniciativas perjudicarían considerablemente a los arrendatarios, y que constituia una acción totalmente impopular, como quedó y ha quedado demostrado con la resistencia manifestada por los inquilinos a lo largo de su discusión, y a ello hay que añadir un problema más: el derivado de la entrada en vigor de dichas reformas y que está planteando dentro de los transitorios correspondientes.
Las diversas manifestaciones que se han dado, han sido en los diversos sectores de la población que tiene que acudir a una vivienda en arrendamiento, como una alternativa para solucionar su problema de casa habitación.
En todas las manifestaciones presentadas, algunas de ellas se han desbordado, como la ocurrida el 18 de agosto en este recinto legislativo. Hemos considerado los reclamos de los arrendatarios como justos y nos hemos solidarizado en sus luchas desde el momento en que las modificaciones realizadas en el mes de julio, no corresponden a una justicia social, sino por el contrario, los agrede y los pone en estado de indefensión ante las actitudes ambiciosas de los arrendadores; sin embargo, también manifestamos que esas luchas deben darse a través de los cauces legales, sin violentar y transgredir los mecanismos de protesta.
Si las manifestaciones no se controlan, se desbordan como ocurrió el 18 de agosto y entonces esas luchas dejan de ser justas y se convierten más que en actos de protesta, en actos vandálicos.
No estamos a favor de que las instituciones como la Cámara de Diputados, que pertenece al pueblo mexicano, deba ser tomada por la fuerza, como resultado, se han realizado foros en esta Cámara, para analizar la problemática de la vivienda en nuestro país, los cuales, de hecho, han sido muy limitados y no recogen las opiniones de todos los sectores afectados como los beneficiados por las reformas.
En un foro es necesario que sean escuchadas las opiniones de todos los involucrados en la problemática de las viviendas en arrendamiento. De no ser así, resulta un evento parcial.
No obstante, la propuesta de modificación a los artículos transitorios, no responden a ningún foro, sino que es una respuesta del Ejecutivo Federal ante las protestas de los arrendatarios, sin embargo, creemos que la modificación únicamente los transitorios, no es el mejor camino a seguir, ya que el aplazamiento de la entrada en vigor de las modificaciones efectuadas en el mes de julio, traerá consecuencias al no modificarse las mencionadas reformas. Queda igual el texto, tal y como lo aprobó la mayoría priísta.
La decisión de dejar las reformas tal y como se aprobó y de aplazar la entrada en vigencia dentro de cinco años, puede incluso agravar el problema de la vivienda en arrendamiento. Pueden así interpretarse de dos formas lo que estipulan el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles y éstos pueden ser utilizados por los arrendadores como les convenga.
El quitar de la competencia a la Procuraduría Federal del Consumidor, facilita que lo anterior así suceda. El problema realmente es de origen, existe una carencia de legislación en materia inquilinaria, el hecho de que su reglamentación sea desde el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles, lo reduce a un problema de tipo precisamente civil y encubre las grandes deficiencias que se dan en la materia. Encubiertas de esta manera, lo que se provoca primero, es el desconocimiento de los arrendatarios del mencionado arrendamiento y, en segundo, que el ordenamiento sea utilizado arbitraria y discrecionalmente por los arrendatarios.
Si aun con los beneficios establecidos por las reformas a esos códigos en 1995, los abusos por parte de los arrendadores se presentan, con las modificaciones recientes, aun con su aplazamiento, fomentarán y sin entrar en vigor, fomentarán esos abusos.
Consideramos que es necesario instrumentar una legislación propia en materia inquilinaria, una legislación que equilibre los beneficios tanto para el arrendador como para el arrendatario.
Sí es necesario realizar los foros de consulta, pero de una manera ordenada y a nivel nacional, en la que se escuchen a las partes involucradas y que de ahí surja una propuesta de Ley Inquilinaria, experiencias en el Congreso de la Unión, las hay, y podemos hablar de un caso reciente, que es la Ley General de Asentamientos Humanos. No nos podemos cerrar a una demanda, pero tampoco podemos aceptar que se modifiquen los ordenamientos para beneficio de una de las partes.
Creemos que la iniciativa que se presenta realmente no responde a las demandas de los arrendatarios; se deja el contenido de las modificaciones que como lo hemos expresado, perjudican en gran medida a los arrendatarios y tenemos la seguridad de que las modificaciones de los artículos transitorios, no resuelve en nada el problema generado con las reformas realizadas en el mes de julio.
Convocamos a los compañeros diputados a resolver el problema de fondo y convoquemos a los foros de consulta para proceder a la creación de una Ley Inquilinaria, la cual hasta la fecha, y pese a representar un problema de grandes dimensiones, no existe.
Mientras tanto, lo que procede es que esta Cámara derogue las reformas y que no solamente aplace su entrada en vigor; se reglamente el artículo 4o. constitucional en materia de vivienda, y así garantizar vivienda digna y decorosa para los mexicanos.
Por lo anterior, la fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, votará en contra del dictamen.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Francisco Saucedo Pérez.
El diputado Francisco Javier Saucedo Pérez:
Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:
Hoy hace exactamente dos meses, en sesión plenaria de esta Honorable Cámara de diputados, recibíamos una iniciativa por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal; al Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal y a la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Todas ellas referidas a la materia de arrendamiento de inmuebles; han sido dos meses muy intensos en la vida social y política del país. Esta LV Legislatura lo ha vivido de manera privilegiada al ser este el espacio y el centro de atención en los debates de la reforma política nacional del Distrito Federal y ahora éste tema de la mal llamada "Ley Inquilinaria", que tanto problema ha provocado y del que nadie puede dudar de su importancia, independientemente de las valoraciones que tengamos.
Tampoco podemos dejar de lado una serie de hechos que le han dado peso a la discusión y al debate del tema, en que se han vertido elementos de carácter social, económicos y políticos por diversos agentes de la sociedad que van desde el Presidente de la República y funcionarios del Gobierno Federal, de alto nivel, pasando por las representaciones de los partidos políticos en esta Cámara de diputados, así como sus direcciones políticas; las opiniones vertidas por los diversos medios de comunicación, los análisis, las propuestas y los comentarios que diversas organizaciones sociales, tanto desde el punto de vista de los inquilinos, como desde el punto de vista de los arrendadores, se han manifestado en defensa de sus propios intereses.
Unos y otros, con aliados o sin ellos, se han hecho escuchar a través de acciones, desplegados, movilizaciones, entrevistas, editoriales, conferencias, foros, etcétera.
Hoy sin embargo, no se quiere discutir a fondo el problema de la vivienda y el del arrendamiento en particular. Se trata solo de discutir los artículos transitorios del decreto de modificaciones al que hemos hecho referencia. Discutirlo así, en función del dictamen presentado ayer, encierra una opción inadmisible para varios de los grupos parlamentarios.
¡Lo que hace dos meses llegó a esta Cámara y a los cuatro días se discutió y aprobó en condiciones desaseadas del proceso legislativo, no es una normatividad que vaya a incentivar la inversión privada en vivienda, en renta, como lo pretende el Gobierno!
¡La manifiesta falta de protección a los inquilinos que estas modificaciones proponen y el Estado de indefensión en el que quedan los actuales y futuros inquilinos pueden provocar más bien una inestabilidad y un incremento de la presión social, multiplicándose los enfrentamientos entre propietarios e inquilinos!
Por eso, la discusión está en si las reformas publicadas el 21 de julio en el Diario Oficial son o no concretas, según la finalidad y el objetivo que dicen perseguir; es decir, la inversión privada en el mercado de la vivienda en renta.
Apuesta mal el Gobierno cuando no establece un marco legal equitativo de equilibrio entre las partes, aun y cuando se tratara de una igualdad jurídica que a todas luces es ficticia en la realidad, pero que en derecho trata de adecuar y regular las relaciones conflictivas de la sociedad en un marco civilizado normativo y de respeto a los derechos humanos.
¡Esta es una tarea fundamental y central del Poder Legislativo, de cara a la población que decimos representar!
Cuando el 4 de agosto Carlos Salinas de Gortari, en un manifiesto de boletín de prensa da a conocer por diversas preocupaciones que se han manifestado en torno a la legislación inquilinaria y se publicitó la idea del congelamiento por cinco años ¡lo menos que hay que decir es que representa hoy un voto de censura a la LV Legislatura y un cuestionamiento crítico por el alejamiento a la realidad social y política de la ciudad de México; es decir, una inmensa insensibilidad social de esta Legislatura!
El dictamen de la iniciativa que hoy debatimos, dispone que entrará en vigor a partir del 19 de octubre de 1998, salvo cuando se trate de inmuebles bajo tres condiciones. Lo que hay que destacar es que esta salvedad hipoteca a los inquilinos actuales para que en cinco años, si bien les va, sean tratados como pronto lo serán los nuevos inquilinos.
Dos cosas sobresalen por su importancia en esta cuestión: por un lado, la idea de que habrá dos normatividades, dos leyes para tratar las relaciones de arrendamiento, una sola problemática: la inquilinaria, bajo una doble óptica para regularla. La diferencia es que unos son inquilinos actuales y otros serán inquilinos mañana.
Se trata, pues, de una aberración jurídica y de una situación anticonstitucional, en la medida en que violenta el principio de que la Ley es de observancia general y de carácter universal; es decir, el derecho a la igualdad de trato ante la ley.
Por otro lado, se violenta la definición del inquilino arrendatario, en la medida en que no es el trato de arrendamiento el que lo define, sino como lo establece el segundo transitorio: son las condiciones de los inmuebles que entran al mercado inmobiliario del arrendamiento.
Esto no puede generar sino más confusión de la tan traída Ley Inquilinaria, despertará más el apetito de la ganancia de los propietarios, multiplicará los procesos judiciales en manos de jueces y actuarios corruptos que interpretarán a su antojo la doble Ley aplicándola indiscriminadamente a los inquilinos cada vez más desprotegidos.
Por ello, esta iniciativa no es aceptable ni para el PRD ni para el Movimiento Urbano Popular, ni para quienes sean sensibles a la problemática de vivienda general en el país y en la ciudad de México.
Existe otro asunto que no es de ninguna manera de menor importancia, el tema de los derechos humanos fundamentales; entre otros, nuestra Constitución establece en el artículo 4o. el derecho a la vivienda. La reflexión es sencilla, se concede este derecho a la vivienda a todos los mexicanos como un derecho humano y social, pero resulta que en las Leyes Reglamentarias no se hace efectivo, sino que incluso se le ataca. La vivienda es, en la nueva visión del Gobierno actual, una mercancía como cualesquiera otra que en ámbito del mercado de la oferta y la demanda, su precio y su escasez estarán reguladas en algunos años sin importar el reajuste que significará para cientos de miles de familias, el saldo de desalojos, el hacinamiento, el deterioro de las condiciones de habitabilidad.
Este cambio en la visión del Gobierno respecto al problema de vivienda, es trascendental, trastoca una visión de la Constitución con fuerte sentido de justicia social, de contenido democrático y de visión y respeto a los derechos humanos; aquí está el fondo del asunto que hoy discutimos, no se puede juzgar un problema global como el arrendamiento desde las acotaciones que esta iniciativa presentada por el PRI nos está imponiendo; no podemos dejar de juzgar con profundidad y desde ahí, hacer nuestras propuestas coherentes con nuestros planteamientos programáticos, que el arrendamiento es una parte del importante problema social de la vivienda, que estudiar y analizar este problema implica captarlo como objeto muy complejo, sí, pero con lineamientos que integren de una manera armónica y complementaria, el conjunto de normas jurídicas, planes y programas articulados con objeto de dar atención a las necesidades nacionales de vivienda, conforme a lo establecido en los criterios generales de nuestra Constitución.
Por tanto, no quieran reducir nuestra capacidad propositiva a la esfera de su corta visión, francamente interesada en beneficiar a un sector y lastimar a otro más amplio entre la población. México es un país que ha concretado compromisos, que han signado diversos acuerdos ante organismos internacionales de diversa índole colocándolo como un país moderno adaptándose a las circunstancias de la globalización.
Por tanto, se hace necesario destacar que en estos acuerdos ante la ONU por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado y ratificado por el Gobierno mexicano el 23 de marzo de 1981 es convertido en la Ley para nuestro país y obliga al Gobierno en su artículo 11 a que se adopten las medidas necesarias para que se elimine cualquier obstáculo financiero, administrativo, social y legal para el pleno disfrute del derecho a la vivienda.
Para lograr el alcance progresivo de la materialización del derecho a la vivienda, el artículo 2o. del pacto señala que el Gobierno debe adoptar las medidas legislativas necesarias que garanticen la realización de dicho derecho impidiendo todas las formas de discriminación en contra de individuos y grupos a los que se nos niegue el derecho a un lugar a donde vivir.
En el Próximo mes de diciembre, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, se revisará el informe que el Gobierno mexicano cada dos años debe entregar a propósito del acuerdo firmado sobre el desarrollo social.
¿Qué dice el informe del Gobierno mexicano? Se trata de una reunión plenaria, que debe de llegar resolutivos. Dado que se trata de una información donde grandes sectores de la población son partes interesadas del asunto, es desde que anunciamos que diversas organizaciones políticas, sociales y civiles acudirán y estarán pendientes de dicho informe.
Exigiremos el cumplimiento cabal de los compromisos contraídos por el Gobierno mexicano en el concierto de las naciones; de ninguna manera se trata de acudir al extranjero con quién sabemos qué intenciones. La intención es unívoca: cumplir con los compromisos.
Quiero solicitar, señor Presidente, que mandase a la Secretaría a dar lectura a un documento que el día de hoy presentan por este conducto diversas organizaciones sociales a propósito de la discusión del tema.
El Presidente:
Proceda la Secretaría en los términos solicitados por el orador.
El secretario Enrique Rico Arzate:
Por la derogación de las reformas del 12 de julio, por una legislación inquilinaria justa.
Las organizaciones del Movimiento Urbano Popular que hemos actuado de manera conjunta en la defensa de los derechos de un amplio sector de la sociedad, hemos dado a conocer ampliamente nuestros argumentos acerca de por qué resultan inadecuadas las reformas del 12 de julio y hemos manifestado tan ampliamente nuestra oposición a la aplicación de las mismas.
Consideramos que el reconocimiento por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo, de que era necesario reconsiderar la aplicación de las reformas y la apertura al diálogo con el Movimiento Urbano Popular y con otros sectores involucrados, fue un paso importante para corregir el error que se había cometido.
Hoy que se discute nuevamente este asunto en la Cámara de Diputados, queremos dar a conocer nuestras propuestas y nuestra posición sobre la iniciativa que ha presentado el Partido Revolucionario Institucional y el Gobierno para modificar el decreto de reformas del 21 de julio.
Primero. Partiendo del hecho de que la legislación aprobada el 12 de julio es una legislación injusta y restrictiva de derechos humanos y sociales elementales, consideramos necesaria la derogación del decreto de reformas en materia inquilinaria publicado en el Diario Oficial el 21 de julio de 1993.
Nos parece una base importante que el Gobierno haya reconocido la necesidad de garantizar la seguridad de quienes habitan actualmente una vivienda en arrendamiento, sin embargo, no compartimos sus propuestas resumidas en el planteamiento de vivienda nueva, ley nueva, pues con el argumento de que esto puede estimular la inversión se deja en estado de indefensión a posibles nuevos inquilinos y deja abierta la posibilidad de que se cometan mayores abusos que los que actualmente se cometen en contra de una gran cantidad de inquilinos.
Reafirmamos nuestra posición en el sentido de que las reformas del 12 de julio son injustas para cualquier inquilino y queremos dejar muy claro también que nos interesa estimular la inversión
en la producción de vivienda, ya sea en renta o en sociedad, pero estamos convencidos que esto puede lograrse con otro tipo de medidas que no vayan en perjuicio de quienes habitamos esta ciudad.
Segundo. Reiteramos nuestra propuesta para abrir un proceso de análisis y discusión sobre la problemática de la vivienda en arrendamiento con objetivo de elaborar una nueva legislación en esta materia, contemplando las medidas adicionales de carácter jurídico, financiero, administrativo y de planeación y programación sectorial, que complementen dicha legislación y permitan dar un tratamiento integral a esta problemática.
Tercero. La nueva legislación, así como las medidas complementarias, deberán basarse en un diagnóstico sobre la situación actual de la vivienda en el Distrito Federal, particularmente de la vivienda en arrendamiento y buscarán en todo momento la congruencia con las diversas posiciones que sobre derechos humanos, derechos sociales e impartición de justicia, se encuentran contenidas en nuestra Constitución Política y en los pactos y convenios internacionales reconocidos por nuestro país.
Cuarto. Crear una subcomisión plural de las comisiones de Vivienda y del Distrito Federal de la Cámara de Diputados para que, en coordinación con el Departamento del Distrito Federal y la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, contribuyan al impulso de este trabajo.
Quinto. Convocar para su participación en este proceso de análisis y discusión a los sectores de la sociedad interesados en el tema, así como a las diferentes instancias y dependencias del Gobierno involucradas. Esta consulta debe ser amplia y pública.
Sexto. En una primera etapa, este trabajo deberá considerar la aportación de recomendaciones a la Cámara de Diputados y al Departamento del Distrito Federal, para la elaboración del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para 1994 en el rubro de vivienda.
Séptimo. El trabajo realizado para la elaboración de una nueva legislación en materia inquilinaria, sería retornado por la III Asamblea del Representante del Distrito Federal como una tarea prioritaria y de acuerdo con las nuevas facultades que ésta tendrá, sería la instancia responsable de dar continuidad a este trabajo y de emitir una nueva legislación, en un plazo no mayor de un año.
Octavo. Paralelamente a la adopción de estas medidas debieran contemplarse otras, que de manera inmediata contribuyan a avanzar en la solución de la problemática de la vivienda y con ello, se pueda aminorar la conflictividad en la vivienda en arrendamiento. Entre otras medidas consideramos fundamentales las siguientes:
a) Diseño de financiamientos públicos y privados para la construcción de vivienda popular en alquiler, accesibles tanto para los promotores privados como para los promotores sociales.
b) Adecuación de los programas del Fideicomiso "Casa Propia" y de "Fivedesu", en sus aspectos administrativos, financieros, y técnicos, de manera que los créditos sean accesibles para los sectores de más bajos ingresos y para que los procesos de producción de vivienda sean ágiles y con mejores resultados económicos y en calidad de la vivienda.
c) El reconocimiento formal de las organizaciones sociales como promotores sociales de vivienda.
d) Medidas que faciliten el acceso al suelo para proyectos de vivienda popular, en especial, para las organizaciones sociales que han sido las principales promotoras de vivienda popular en la ciudad.
e) Paquete de facilidades administrativas y apoyos fiscales para los promotores de vivienda en arrendamiento.
f) Ampliación de los recursos federales destinados a la atención de las necesidades de vivienda.
Las organizaciones abajo firmantes reiteramos nuestro compromiso en la lucha por la solución al problema de la vivienda, por lograr una vida digna para todos y por la democratización de nuestra ciudad.
El gran logro que hasta ahora ha alcanzado nuestro movimiento, ha puesto en evidencia una vez más que mientras se siga legislando sin tomar en cuenta los puntos de vista y las aspiraciones de amplios sectores de la sociedad, el pueblo, mediante el ejercicio legítimo de sus derechos constitucionales, habrá de seguir demandando un ejercicio legislativo y una forma de Gobierno verdaderamente democráticos.
Finalmente, hacemos un llamado a los grupos parlamentarios de todos los partidos políticos con representación en el Congreso de la Unión,
para que sean sensibles a los reclamos de la sociedad y para que consideren y analicen las propuestas que hemos presentado.
Son ustedes quienes tienen la responsabilidad, en última instancia, de dar una salida adecuada a esta situación."
Firman: Alianza para la Integración Vecinal, Asamblea de Barrios de la Ciudad de México, Unión de Colonias Populares, Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, Unión Popular Nueva Tenochtitlán, UCAI Tlatelolco, Movimiento Vecino, Movimiento de Colonos Democráticos, Asamblea Nacional de Movimiento Urbano Popular, Frente del Pueblo, Unión Popular Nueva Tenochtitlán, A. C., Unión de Vecinos de la Colonia Guerrero, Unión de Colonos Agremiados Independientes, Bloque de Organizaciones Sociales, Unión de Cuartos de Azotea de Inquilinos C. C. A. T., Unión de Colonias Trabajo y Libertad, Colonos Democráticos de San Miguel Amantla, Unión General Obrero, Campesino y Popular, Unión de Colonos Inquilinos y Solicitantes de la Tendencia 11 de Noviembre General Emiliano Zapata, Secuali Otli, USCOBI Pueblo Unido de Solicitantes de Servicios para la Vivienda, Organización de Lucha Popular, Asociación de Colonos TLACAELE, Cooperativa San Juan Copala. Servido señor Presidente.
El diputado Francisco Javier Saucedo Pérez:
Gracias, señor Secretario.
Sirva esto para que se deje constancia del testimonio de un movimiento, que a lo largo de la lucha de más de 20 años, ha logrado ser ya hoy un sujeto histórico en la lucha de la ciudad y del país.
El Movimiento Urbano Popular, hoy es un patrimonio con su experiencia, con su organización y con sus propuestas, que deben ser tomadas en cuenta en las aspiraciones de lograr justicia social y democracia en la ciudad y el país.
Finalmente deseamos destacar que tan fácil que hubiera sido sólo discutir el interés del Gobierno para incorporar toda una planta construida de locales comerciales y oficinas, que han saturado al mercado inmobiliario en el Distrito Federal, abriendo puertas desde otras instancias administrativas del gobierno y no como se quiere imponer hoy, a través de modificaciones al Código Civil de Procedimientos Civiles y la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Esto, en franca afectación a los actuales y futuros inquilinos. La voluntad y los posibles acuerdos políticos entre las fuerzas partidistas, deben contemplar los correctivos sustanciales y no como aquí se estila, parchando una problemática y encubriendo una tensa situación política que vienen viviendo el Gobierno y su partido.
Todos vamos a una coyuntura política de primordial importancia para todo el país. Será, estamos seguros, un triunfo para la democracia y los intereses de las mayorías. Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente:
Gracias, diputado Saucedo.
Tiene el uso de la palabra, el señor diputado Gonzalo Altamirano Dimas. El diputado Gonzalo Altamirano Dimas:
Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
La discusión que se da en estos momentos en torno a la modificación de un artículo transitorio, nos remota obligadamente a la discusión que se dio en el momento de plantear los artículos de fondo de estas reformas.
Ya en aquella ocasión, la diputación del PAN había advertido la iniquidad que existía en esa legislación planteada. Ya desde esa ocasión cuestionábamos que se caía en extremos o en excesos que ponían en riesgo el equilibrio procesal. Este detalle ya será más ampliamente explicado por mi compañero diputado Diego Zavala.
Y también se advertía que estas medidas no iban a resolver el problema de fondo inquilinario.
Hay que advertir aquí también que en aquella ocasión ese proyecto se presentó de manera abrupta, no guardó las formas que debió haber tenido un proyecto de tanta trascendencia. De la oficina de una Secretaría de Estado llega abruptamente al Congreso para ser discutida al vapor, sin una reflexión que tuviera el tiempo y las formas convenientes para que pudieran traducirse en acciones de justicia social.
Ahora, lo que se nos trae a esta Asamblea es un parche, es un remiendo a un proyecto que entró de manera inconveniente y que ahora estas
medidas con la que pretende atemperar, de ninguna manera van a resolver el problema de fondo inquilinario que se vive, especialmente en el Distrito Federal.
Nosotros, la bancada de Acción Nacional, ha establecido como prioridad o como necesidad, que se establezca un verdadero programa integral de vivienda. No se puede regular todo en función de una legislación que toque exclusivamente el ámbito procesal o que se vea desde el punto de vista de garantizar las inversiones. Esta es una óptica equivocada y parcial que de ninguna manera atiende al fondo del problema.
El fondo del problema es un verdadero programa integral de vivienda, en el cual, se fomenten aspectos de justicia social.
Los programas de vivienda de ninguna manera deben ser supletorios de acciones de justicia social. No se puede convertir indefinidamente en arrendatarios a quienes en estricto derecho debieran ser propietarios de una vivienda.
El Estado no puede relegar su obligación o su función para establecer las condiciones de que en los plazos más razonables se vaya superando este déficit y más mexicanos, concretamente aquí, en el Distrito Federal, que es donde tiene mayores dimensiones este problema, se puedan convertir en propietarios de su vivienda y no establecer indefinidamente programas en los cuales sean arrendatarios.
Estos programas, también nosotros los entendemos, que además de guardar equilibrios entre arrendatarios y arrendadores, deben establecer una obligación por parte del Estado. El Estado no puede dar cause nada más a una simple inversión privada para que venga a resolver el problema inquilinario.
La inversión especulativa viene por sí sola y está presente. Para vivienda media alta y vivienda que pueden pagar algunos sectores, yo creo que no debe de ser mucha la preocupación.
Lo que nos debe de preocupar realmente es la vivienda de interés social para aquellos mexicanos que menos tienen. Aquí tiene que haber una corresponsabilidad del Estado para que, junto con la iniciativa privada, emprenda programas para que pueda resolverse este problema de la manera más eficaz. No puede lanzar la responsabilidad exclusivamente a la iniciativa privada, ni tampoco el Estado guarda su responsabilidad simplemente con legislar en materia civil o en materia de Ley de Protección al Consumidor.
El problema es más complejo y hay que asumir la responsabilidad cada quien como lo toque. Aquí, el Estado debe de asumir la suya propia.
Es necesario también, que dentro de este programa integral, se creen incentivos fiscales amplios, para promover que el arrendador inmobiliario fomente las inversiones en construcción de casas habitación y en unidades destinadas al arrendamiento.
En la medida que no hay incentivos fiscales, obviamente la inversión se va dirigiendo a las áreas especulativas. Esto es también debe de tener una regulación a través de la Ley y no deben ser simples actos discrecionales del Estado.
Por eso, nosotros estamos demandando un programa integral de vivienda que contemple todos estos aspectos y que no de manera aislada, se den simples parches a una legislación que nació equivocada en esta Cámara de Diputados.
Este proyecto que se nos presenta, también es producto de las presiones que grupos sociales que resienten el problema tuvieron que hacer en las propias calles y que llegaron a Los Pinos, llegaron ante la propia casa del Ejecutivo, para protestar por esta legislación que nació en esta Cámara de Diputados.
También ahí había dicho que el anuncio hecho por el Ejecutivo, de ninguna manera le daba atribuciones para cambiar de esa manera la legislación, porque ese acto le competía o era facultado o es facultad del propio Congreso. El anuncio del Ejecutivo simplemente era eso: un anuncio y la responsabilidad subsecuente, le tocaba a la Cámara de Diputados.
Ahí nacieron estas medidas que hoy se nos presentan como paliativos, pero que, nosotros reiteramos, de ninguna manera van a resolver el problema de fondo inquilinario.
Más adelante, en el período ordinario de sesiones, debemos de preocuparnos por establecer realmente esas medidas a fondo que tienen que dirigirse al problema inquilinario.
Además, quiero decirles que con las reformas que se hicieron a los artículos constitucionales en cuanto a la Reforma Política al Distrito Federal, ya se posibilitan expectativas para que en el Distrito Federal la Asamblea de Representantes pueda tocar estos aspectos en materia civil, una vez que se hayan adecuado o que se haya hecho un Código Civil a nivel federal y de Procedimientos Civiles, tal y como quedó en un artículo transitorio.
Por estas razones, señores diputados, compañeras y compañeros diputados, en congruencia con nuestra posición que asumimos aquí en el momento que se discutieron las reformas de fondo, la diputación de Acción Nacional no puede aprobar estas reformas, porque son un paliativo que no resuelven el problema de fondo.
Pero, por otro lado, tampoco podemos oponernos o condenar algunas medidas que van a atemperar y van a beneficiar a algún sector de los que salieron a protestar en la calle.
Nosotros, por estas razones, no podemos ni aprobar el proyecto, pero sí queremos demandar que a la brevedad posible este Congreso, esta Cámara de Diputados enfrente su responsabilidad, junto con el Gobierno, con el Poder Ejecutivo, para poder integrar un programa de vivienda que responda verdaderamente a las expectativas que esperan quienes menos tienen. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, diputado Altamirano.
Tiene la palabra el señor diputado Everardo Gámiz Fernández.
El diputado Everardo Gámiz Fernández:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
En el turno que corresponde al Partido Revolucionario Institucional, acudo hoy a esta tribuna, con el propósito de fijar, puntual y eficazmente, la posición de nuestra fracción parlamentaria en torno a un asunto de enorme trascendencia para la ciudad de México y para quien en ella residimos.
La vivienda es uno de los grandes retos que tiene nuestra nación. México, al igual que muchos países con diverso grado de desarrollo económico, no ha logrado aún dar cabal respuesta a la demanda que importantes sectores de la población, cuyos limitados ingresos económicos les impiden alcanzar la calidad de ser sujetos de crédito para pasar de arrendatario a propietario de su vivienda.
El día de ayer, nuestro compañero, el diputado Fernando Lerdo de Tejada, en su calidad de presidente de la Comisión del Distrito Federal, pero en representación seguramente de muchos de quienes en esta Cámara compartimos la preocupación por elevar las condiciones de vida de la población, presentó a la consideración de ustedes, una iniciativa de reformas a diversos artículos del decreto, mediante el cual se reformaron diversos artículos del Código Civil; del de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y de la Ley Federal de Protección al Consumidor, todos en materia de arrendamiento de inmuebles.
Expresó él una visión integral de los motivos por los cuales se establece y se presenta esta nueva iniciativa.
Como miembro de la Comisión de Vivienda y de la del Distrito Federal, quisiera expresar mi opinión favorable al dictamen que hoy se discute.
Este documento es resultado del trabajo plural de la opinión de distintas corrientes, de la consulta a la ciudadanía, que a través de foros, reuniones de trabajo, ponencias y propuestas, ha fijado con claridad una línea de acción a sus legisladores.
Es necesario que las disposiciones del Código Civil y de su similar de Procedimientos, mejoren las relaciones arrendatario arrendador y se incentive, con mecanismos novedosos, la construcción de vivienda, accesible económicamente y desde luego, digna, como señala nuestro artículo 4o. constitucional.
La drástica disminución en este tipo de satisfactor hizo necesario que se tomaran medidas, no sólo para evitar que dicha oferta disminuyera aún más, sino para revertir dicha tendencia y propiciar la inversión en este renglón.
En los últimos años todos hemos coincidido en que a pesar de la protección establecida en las leyes para los arrendatarios, en la práctica, éstos se han visto afectados por las propias disposiciones legales que tenían como finalidad su protección, ya que al haber poca oferta y mucha demanda, los arrendatarios se encontraban obligados a aceptar las condiciones que se les impusieran.
Procuramos un equilibrio entre ambas partes, en donde el inversionista limite sus ganancias y amplíe los tiempos para recuperar el capital invertido y en donde también los inquilinos o arrendatarios, responsablemente, por el bien y mejoramiento de sus propios hogares, cuiden de las viviendas que ocupan.
Como legisladores, estamos conscientes y debemos actuar responsablemente, para resolver
el problema de vivienda que se confronta en el Distrito Federal.
Hoy pretendemos que las disposiciones que regulan las relaciones arrendatario y arrendador se mejoren y sean lo más claro posible. Establezcamos también, un compromiso para que con posterioridad, con mayor profundidad, obtengamos una legislación más completa, una ley que especialmente proteja al inquilino, quien merece una vivienda más digna y con costos de rentabilidad más accesibles que ofrezca al arrendador condiciones de rentabilidad económica, pero con un criterio fundamental y esencialmente de función social.
Yo los invito a que en esta Cámara, durante el ejercicio de la LV Legislatura, establezcamos compromisos serios para lograr una ley especial en materia inquilinaria para el Distrito Federal, logrando así una conjunción de voluntades que por encima de situaciones partidistas o de actitudes protagonistas, nos permita ir en auxilio de millares de ciudadanos que padecen este problema.
Por el bien de las futuras generaciones, establezcamos hoy un acuerdo para consolidar una política social de vivienda en el Distrito Federal que permita igualmente mejorar los instrumentos de los que hoy se dispone, pero que fundamentalmente le dé respuesta a uno de los más grandes compromisos que tenemos. Compañeras y compañeros diputados: estas reformas que hoy discutimos, no deben ser analizadas en forma aislada ni como muestra de laboratorio, son parte fundamental de un esfuerzo anterior que ya hizo esta legislatura, son el resultado de la participación de los diversos partidos, incluyendo el mío, que hemos tenido un análisis de este importante aspecto del bienestar social: la vivienda en nuestra ciudad capital.
Ya en la fundamentación del dictamen se destacan las acciones que en forma permanente en esta LV Legislatura se han venido realizando, tanto en lo relativo al decreto de la llamada "congelación de rentas" en donde hicimos un análisis de la situación actual, del impacto que tenía este instrumento en el deterioro de la vivienda y en la situación de peligro en que colocaba a sus moradores, por la inseguridad y deterioro de las construcciones que habitaban.
Se analizó entonces la injusticia que significaba para quienes, ocupándolas, no podían mejorarlas y para quienes siendo dueños tampoco podían obtener una ganancia adecuada y proporcional por este bien.
Esta legislatura ha conocido por igual, del grave problema que tienen las grandes unidades habitacionales construidas sobre todo durante los años sesenta y setenta, que presentaban ya signos de envejecimiento, instalaciones y equipamiento ruinosos que implicaban, para quienes ahí viven, focos de descomposición social muy grave.
Por iniciativa de esta legislatura, se reformó la Ley sobre el Régimen de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, estableciendo nuevos instrumentos, fortaleciendo sus administraciones y planteando formas nuevas de acción para enfrentar el problema del mantenimiento en estas unidades.
Debe resaltarse que el propósito que animó al legislador en mayo pasado, fue siempre muy definido en el sentido de que dicha Ley apoyara los esfuerzos de los vecinos para revitalizar sus viviendas. Se reforzaron los organismos del Estado, responsables de la vivienda de interés social, entre otros, Fividesu, Fonhapo, Ficapro y planteándose nuevas reglas para el Infonavit y sus esquemas de funcionamiento, ampliando el sistema de ahorro para el retiro y, desde luego, creo que sería injusto desconocer los resultados positivos que sobre este particular se han estado recibiendo por quienes merecen la atención de la acción del Gobierno.
Se analizó la falta de inversión en el rubro de la vivienda en arrendamiento y se propuso hace poco menos de dos meses, una reforma que pretende y ha pretendido alentar la construcción de habitación en alquiler y garantizar el acceso a una justicia pronta y expedita para quienes celebren un contrato de arrendamiento.
Se ha considerado que en los próximos 15 años se obtendrá un incremento significativo en la demanda de vivienda. El porcentaje de la población menor de 24 años, casi un 42% del total en la ciudad, reclamará en el corto plazo la construcción de más espacios en donde habitar, en donde establecer su propia familia y en donde pueda mejorar sus condiciones de vida.
Se ha considerado que el propósito medular de las reformas de julio pasado, está orientado a abatir esta situación de déficit en la vivienda y a establecer un sistema más equilibrado y de beneficio para ambas partes. Es decir, pretende una mayor oferta para cubrir de mejor manera la demanda de vivienda actual y de un futuro inmediato.
Sin embargo, creo sin temor a equivocarme, que todos los sectores y todos los partidos,
coincidimos en que la actual legislación y las nuevas reformas, no serán de ninguna manera suficientes para enfrentar integralmente este problema en la ciudad de México.
Coincidimos en que es necesario estimular las acciones de los particulares y eficientar las políticas públicas en la materia. El equilibrio en la participación de todos los sectores representará un beneficio para todos los ciudadanos y en el caso concreto de la materia inquilinaria, rendirá utilidad social tanto a los arrendadores como a los arrendatarios.
Las modificaciones que se proponen con la iniciativa presentada por varios diputados el día de ayer, con base en el artículo 70 de la Constitución, se harán únicamente a los artículos transitorios del decreto publicado el 21 de julio pasado en el Diario Oficial de la Federación, con ellas, se propone que el dicho decreto de reformas, inicie vigencia a partir del 19 de octubre de 1988. Es decir, no se aplicará a los inmuebles en arrendamiento si no hasta dentro de cinco años.
Esta proposición en su aplicabilidad...
El diputado Guillermo Flores Velasco (desde su curul):
Señor Presidente, ¿acepta el diputado una interpelación?
El Presidente:
Señor diputado, ¿acepta usted una interpelación?
El diputado Everardo Gámiz Fernández:
Al terminar, con mucho gusto.
Esta proposición en su aplicabilidad a todos los contratos de arrendamiento garantizará una adecuada transición al nuevo marco normativo, evitará que se presenten confusiones innecesarias y que fundamentalmente, en la ciudad de México, seamos testigos de prácticas arbitrarias o abusivas.
Esta regla inspirada en no desproteger a quienes hoy son arrendadores o arrendatarios, sin embargo, tiene algunas excepciones: se aplacará a partir de octubre próximo a aquellos inmuebles que se encuentren en los supuestos previstos por el artículo segundo transitorio que se propone. Estas excepciones pueden ser resumidas en la frase: "ley nueva para nuevos espacios de vivienda en arrendamiento". Así, se propone la aplicabilidad, casi inmediata, cuando se trate de inmuebles de nueva construcción; esto es, que se edifiquen con el propósito expreso de destinarlos al arrendamiento de vivienda para habitación.
Se sugiere también que se aplique para aquellos inmuebles
El diputado Manuel Terrazas Guerrero (desde su curul):
¿Acepta el orador una interpelación?
El Presidente:
Señor diputado, ¿acepta usted una interpelación del diputado Terrazas?
El diputado Everardo Gámiz Fernández:
No señor, al final.
Existe una tercera posibilidad sobre la cual es importante reflexionar: en la ciudad de México hoy existe una importante cantidad de vivienda construida y no habitada que se ofrece dentro del mercado en venta, en donde por la propia y difícil situación económica, es evidente que hay una mayor oferta que demanda. Si deseamos dar una respuesta inmediata a quienes no se encuentran en la posibilidad de adquirir en propiedad un espacio habitacional, responsablemente debemos prever que exista un mecanismo por medio del cual se puedan incorporar a la mayor brevedad al mercado en renta. Se ofrece entonces, la aplicación anticipada del marco normativo publicado el 21 de julio, cuando se trate de inmuebles que, no encontrándose arrendados al 19 de octubre de este año, se establezcan con objeto de contar con nuevos espacios de vivienda.
Se ha expresado aquí una preocupación porque esta opción prevista en la fracción I del artículo segundo transitorio, pueda dar lugar a abusos o a prácticas al margen de la Ley. Yo estoy seguro de que esto no ocurrirá y que definitivamente será en beneficio de quienes hoy demandan vivienda.
Con el ánimo de proteger los derechos de quienes hoy son inquilinos, tanto en su parte sustantiva,
como adjetiva, en el artículo tercero transitorio, se garantiza que no serán aplicables las nuevas normas para los procedimientos judiciales o administrativos que se encuentren en trámite, o que se inicien antes de octubre de 1998.
Honorable Asamblea: por las consideraciones anteriores, tomando en cuenta que el problema de la vivienda no se resuelve en un solo acto, que aún tenemos mucho por hacer por alcanzar los términos que plantea el artículo 4o. de nuestra Constitución, estimamos que es conveniente destacar que se ha dado un paso importante y en la dirección correcta por esta LV Legislatura. Deseo invitarlos a que se integre una subcomisión permanente de trabajo y estudio dentro de las comisiones de Vivienda y del Distrito Federal, que en los próximos meses realice un análisis integral, sistemático de la vivienda en el Distrito Federal y que estas comisiones presenten al pleno, sus recomendaciones sobre el particular y que en el transcurso del mes de noviembre próximo, esta soberanía, al discutir el presupuesto de egresos, proponga las modificaciones necesarias para contar con los recursos que permitan que se dé una especial atención a tan importante asunto, ya que a todos nos preocupa dotar a los más necesitados, de una vivienda digna y decorosa y; que con estas modificaciones presupuestales, una vez más, a pesar de que a muchos les duela, quede bien clara la política habitacional del Gobierno de la República, que tiende a darle la mano a los más necesitados.
Invito a todas las fracciones partidistas, a que en una actitud propositiva, conscientes de que el problema de la vivienda es de difícil solución, y en esto creo que estamos coincidiendo con las intervenciones de los compañeros del Partido Popular Socialista y del PRD, den su voto a este dictamen en forma favorable y apoyen la creación de la subcomisión y la propuesta para que a partir de ya, entremos de fondo al análisis de este aspecto y conjuntamente encontremos las mejores disposiciones legales que regulen la relación arrendador y arrendatario y que éste último cuente realmente con vivienda digna y decorosa, donde la familia acreciente su amor a México, y su decisión por alcanzar mejores niveles de vida política, social, económica, cultural y educativa y que nuestros inquilinos dejen de ser instrumentos de carácter político para hacerles la vida más insoportable a esos inquilinos y a los mismos propietarios, que todos, a final de cuentas, somos y seremos mexicanos. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, diputado Gámiz. ¿Acepta usted las interpelaciones que le están solicitando?
El diputado Everardo Gámiz Fernández:
Sí, señor.
El diputado Guillermo Flores Velasco (desde su curul):
La primera pregunta que le haría yo es la siguiente:
¿Por qué su fracción parlamentaria tenía tanta prisa en legislar y ahora la propuesta que se tiene en este momento, es aplazar la aplicación del contenido de esta reforma? ¿Cuáles son las razones de contenido?, y ¿cuáles son las razones también que llevan a su fracción a cambiar de punto de vista de que el conjunto de propuestas que hicieron, de reformas al Código Civil, y al Código de Procedimientos Civiles están en un error?, o sea, hay una equivocación porque si no se van a aplicar en este momento quiere decir que habían valorado mal. ¿Cuales son las consideraciones del cambio de posición?
Y también quisiera que me diera una opinión sobre el punto de vista, una de las conclusiones que presentó el licenciado Saturnino Agüero, presidente del tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que en su primera conclusión en el Foro de Vivienda decía: "El problema de vivienda en renta en el Distrito Federal, no es sólo jurídico, es fundamentalmente, un problema socioeconómico".
Yo quisiera saber su opinión sobre qué otros factores que no sean el jurídico, porque usted ha acentuado el problema jurídico, le merecen la disminución de la vivienda en renta. Quisiera en particular saber su opinión sobre la inflación, sobre las tasas de interés bancarias, sobre la política urbana del Gobierno que ha tenido sobre la política de vivienda, el retiro del Gobierno de todas las viviendas que tenía en renta a través de los diversos organismos como Infonavit y Fovissste, que han venido cancelando estas viviendas en renta en todo el país. Quisiera saber su opinión al respecto. Gracias.
El diputado Everardo Gámiz Fernández:
Con mucho gusto.
Usted plantea que por qué el PRI que tanta prisa por acelerar las modificaciones al Código Civil. Yo creo, compañero, que mi partido está consciente de que éste es un problema que lo conocemos a fondo, que lo conocemos de lleno, que sabemos cuáles son los factores que intervienen para presentar el enfrentamiento entre propietarios y arrendatarios; y que tiene mucho tiempo y se han hecho muchos esfuerzos para poder encontrar el punto de equilibrio entre ambas partes.
Me parece que nos habíamos tardado un poco y que nos habíamos tardado un poco, porque el problema no es simple y sencillamente resolverlo con ofrecimientos o tratarle de dar una solución simplemente con el ánimo, con el deseo, de hacer proselitismo político. Es un problema serio, es un problema importante, afecta sensiblemente a grandes sectores de la población que requiere que de inmediatos se tomen las medidas convenientes para encontrar los mejores puntos, desde el punto de vista jurídico, de que logren ese equilibrio y que abatan el problema tan carente, que es un problema de tipo social de la carencia de vivienda.
En segundo término, usted manifiesta "que primero una gran prisa y que en segundo lugar por qué aplazar lo que le habíamos imprimido una gran prisa".
Yo compañero Flores, con toda claridad y con todo respeto le digo lo siguiente:
A usted nunca le gusta que vayamos de prisa y también le gustaría que fuéramos mucho muy despacio; y creo que nosotros caminamos al tiempo, con pasos firmes, sin demagogia y con el objetivo fundamental de legislar, pero legislar conscientemente; no como algunos de ustedes consideran "que al vapor", puesto que conociendo ya el problema, simple y sencillamente lo que se ha logrado es establecer las normas de tipo legislativo que regulen la vida de los vecinos.
No hemos cambiado el punto de vista como usted lo manifiesta. Seguimos en el mismo punto de vista. Hemos entendido, a propuesta de varias corrientes que tiene qué ver en este aspecto, la necesidad reflexivamente reconsiderar aquello que estimamos que requiere mayor claridad, simple y sencillamente. Pero la esencia de la iniciativa de ninguna manera está peleada ni está en contra de lo sustantivo de la iniciativa original que ya fue aprobada por esta Cámara.
Lo que plantea usted del licenciado Saturnino, en el sentido de que el problema de la renta no es exclusivamente socioeconómico, creo indiscutiblemente que tiene toda la razón. Es un problema de tipo social, es un problema de grandes características, que se refleja y que se acentúa más con los efectos de tipo inflacionario que lógicamente inciden en la conducta del inversionista y afectan definitivamente a la economía de quienes son precisamente los inquilinos; creo que sobre este particular no podemos desconocer que el asunto relativo a la vivienda en arrendamiento es una cosa aislada, es una cosa que está estrechamente ligada con todos los fenómenos que estamos viviendo de cambio de situaciones de tipo económico mundiales que inciden en forma muy profunda en la situación económica de nuestro país, puesto que no podemos estar aislados del resto del mundo; sin embargo, creo que los esfuerzos del sistema, que la política del señor Presidente de la República, está salvando la situación económica que está viviendo el país, como resultado de esos problemas de carácter internacional y que con la conjugación de voluntades y la colaboración y la comprensión de todos los mexicanos, seguramente saldremos adelante en corto tiempo de esta situación que estamos viviendo.
El Presidente:
Señor diputado Terrazas.
El diputado Manuel Terrazas Guerrero (desde su curul):
Señor diputado Gámiz, yo creo que las dos preguntas que yo voy a hacer no tiene ningún sentido de interrumpir una intervención, sino posiblemente hasta dar más posibilidades de que se extienda y se luzca el orador; así es que no hay más que buena fe, porque hemos estado juntos hace muchos años, no quiero decir cuántos, porque sería aquí quizá poner en mal a alguno de los dos en muchos problemas, problemas y situaciones, de modo que no puede haberlo.
Yo quiero hacer dos preguntas porque hay quienes con una preguntita la piel inmediatamente se le salta y se irritan, creo que no es el caso, ¿verdad? Una, ¿eres o no partidario, crees o no en la necesidad de una Ley nacional o una Ley del Distrito Federal inquilinaria que tenga qué ver con el problema del inquilinato en nuestro país?, porque hay y lo va a haber, lo va a haber en otros sentido, no como se cree que va a haber muchas inversiones en vivienda de
arrendamiento con estas medidas que realmente no van a dar ningún resultado, es la primera pregunta porque interesa saber, desde el punto de vista de la Cámara, a qué atenernos.
La segunda pregunta, ¿qué va a pasar con los inquilinos cuyo problema se les aplaza para cinco años, y después de cinco años qué va a ocurrir cuando no tienen defensas fundamentales, recursos defensivos a los cuales acudir? y ¿qué va a pasar con los que ahora van a alquilar vivienda nueva a partir de octubre próximo, qué va a pasar? ¿qué va a ocurrir, según en este caso la opinión del compañero orador? Muchas gracias por sus respuestas.
El diputado Everardo Gámiz Fernández:
Bien, en primer lugar, yo expreso y en mi propia exposición así lo hice, en la necesidad de que esta LV Legislatura produzca una Ley Inquilinaria, pero consciente, responsable, estudiada que debidamente consultada, con una gran participación de quienes viven el problema, no de grupos políticos que los movemos para presión, sino que lo hagamos en forma consciente y responsable y aportemos en forma positiva lo que consideremos debe contemplar esta Ley que indiscutiblemente tendrá, como enfoque principal, el defender a los inquilinos que hoy son unos y mañana serán otros, pero que será siempre permanentemente ese problema, pero que no por esta posición de querer defender a los inquilinos, establezcamos un desequilibrio desconociendo también la razón del arrendador consciente, del arrendador humanitario porque hay diversos niveles en esta categoría y desde luego sí estableciendo dentro de la nueva Ley el condicionamiento y las penas para aquellos arrendadores que se quieran convertir en especuladores de la vivienda y que vengan a perjudicar los intereses de las mayorías que no cuentan con una vivienda digna y que no tienen la posibilidad de hacerse propietarios de una vivienda.
Sí estoy por una nueva Ley y espero integrarme a la subcomisión que está proponiendo mi partido para que así, de aquí el mes de noviembre tengamos ya un proyecto para someterlo a la consideración de esta soberanía.
¿Qué pasará con los inquilinos que actualmente tienen esa calidad y jurídicamente tienen algunos problemas? Ya las normas actuales están dando la garantía de que los juicios serán respetados, de que hay manera de aplicar o de frenar las ambiciones de algunos de los propietarios, no todos en general, y que haya, además, la manera de fijar a los inquilinos también las obligaciones de conservar lo que se les entrega para su uso para que en estas condiciones la construcción no sea para resolver el problema de una generación, sino de muchas generaciones.
Y lo que actualmente planteaba nuestro compañero y amigo, de que qué va a suceder, creo que las reformas a los códigos establecen perfectamente la seguridad para los inquilinos de no ser objeto de incrementos desmedidos en las rentas y para ese efecto creo que habrá las suficientes garantías y que nosotros, todos los partidos, nos convertiremos en vigilantes de que no se cometa ningún atropello de esta naturaleza en contra de los que menos tienen.
El diputado Manuel Terrazas Guerrero (desde su curul):
Para otra interpelación, señor Presidente.
El diputado Everardo Gámiz Fernández:
Perdón, no escucho. Señor diputado Terrazas. No sé, creo que no se permiten los diálogos, pero yo quisiera manifestarte que creo que a través de este análisis que estamos haciendo, nuestros compañeros de mi partido, plantearán y atacarán el tema que tú estás planteando. Gracias.
El Presidente:
Gracias, diputado Gámiz. Para rectificar hechos y hasta por cinco minutos, se concede la palabra al señor diputado José María Téllez Rincón.
El diputado José María Téllez Rincón:
Agradezco, compañero Presidente; compañeras y compañeros diputados: Esta es la misma gata, nada más que revolcada y no sirve para nada otra vez. Nos quedaremos aquí, como el 13 de julio, otra vez solos, lamiéndonos nada más nuestra desgracia de no poder ser escuchados por lo que todos tienen.
De aquí que queremos dejar muy clara toda nuestra posición en esto los diputados del grupo independiente. No estamos de acuerdo una vez
más con esta situación. Queremos nosotros tomar el guante que ha lanzado nuestro compañero Everardo Gámiz; le respetamos porque es una gente ampliamente conocida por nosotros y sabemos su forma de pensar y actuar y sí pediríamos nada más una cosa, que esta Ley sea discutida por quien realmente tiene esta necesidad y que no sean los que tienen las grandes residencias los que vengan a hablar de estos problemas, porque no saben lo que es tener necesidad.
De tal manera que sentimos nosotros que este problema se debe exclusivamente a los bajos salarios, y estamos en espera de que se cumplan las palabras del señor Presidente de que próximamente los salarios de los obreros serán retribuidos para que se puedan pagar estas rentas. No nos interesaría cuánto cuesta la renta cuando se tenga con qué pagar.
De tal manera que pedimos a ustedes que esta Ley que se propone aquí por Everardo Gámiz, sea resuelta por aquellos que conocen de las necesidades y que no se vengan a traer una vez más estas leyes que en nada benefician al pueblo. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, diputado Rincón.
En los mismos términos, el señor diputado Guillermo Flores.
El diputado Guillermo Flores Velasco:
Gracias, señor Presidente:
Bueno, mi intervención va en este sentido. En primer lugar creo que la parte que se puede rescatar del discurso de Everardo Gámiz, es el llamado a la reflexión, el llamado al trabajo serio, el llamado a constituir una Comisión de Trabajo conjunto aquí en esta legislatura, para poder legislar en materia de vivienda en arrendamiento. Tomamos la palabra y que éste sea realmente un compromiso en serio.
Sin embargo, creo que Everardo Gámiz, de alguna manera vocero de su partido, no reconoce, aunque nos dice que va a hablar con claridad, que va a ser ahora sí muy preciso, no reconoce un error que cometió el Ejecutivo Federal, la mayoría de esta legislatura no rectifica a fondo, porque no hay razones, no han dado una sola razón para explicar por qué tanta prisa para legislar, tantos argumentos de que era una iniciativa casi perfecta que incluso se hizo, todos conocemos los hechos cuando se aprobó ésta, se hizo en el Salón Verde en condiciones irregulares, pero había muchas prisa por legislar, se estaba haciendo lo mejor, sin embargo, pocos días después el Ejecutivo rectifica, rectifica y reconoce que hay un error, rectifica a medias, pero esta legislatura, a través de esta mayoría, no reconoce que la ha regado, la reconoce implícitamente al decir vamos a dialogar, vamos a reflexionar, vamos a constituir un grupo de apoyo. Si queremos hacer las cosas bien, tenemos que rectificar a fondo.
Y creo que también no responde con claridad a la otra pregunta que le hice, y efectivamente dimos un foro de vivienda donde participó Saturnino, una de las personas que podíamos decir no es del PRD obviamente, una gente que está, en materia de justicia, día con día lidiando con este tipo de problemas, y él da una opinión desde mi punto de vista bastante autorizada y dice: "El problema no es jurídico fundamentalmente, fundamentalmente es socioeconómico", y él plantea una serie de propuestas que esta legislatura hace caso omiso a ellas y solamente toma un punto de vista jurídico y no toma en cuenta los otros factores que han incidido de manera determinante para elevar las rentas, para evitar que haya suficiente oferta de vivienda, y esos problemas fundamentalmente han sido de carácter macroeconómico, como ha sido la brutal inflación, las brutales tasas de interés, la política urbana que ha venido arrasando con una oferta de vivienda y una política errónea de vivienda del Estado, que incluso esta legislatura ha formado parte, para ir haciendo que las instituciones como el Infonavit, el Fovissste y otras instituciones, no entreguen la vivienda, no doten de vivienda, este derecho constitucional, de acuerdo a criterios sociales, sino a criterios de mercado, a criterios de quien tenga más puede obtener la vivienda, no un criterio de verdadera solidaridad social como era nuestra política general de vivienda.
Son otras las causas que tendremos que discutir, que han generado este grave problema de vivienda en renta y de vivienda en general y esta legislatura está también adoptando una actitud errónea al tratar de negociar incluso Camacho Solís con diferentes fuerzas, una Ley que no es solamente para el Distrito Federal, sino es una legislación que estamos haciendo para todo el país, y eso es lo que estamos ahorita demandando, porque los problemas del inquilinato los tenemos en el Distrito Federal, pero también en Guadalajara, también en Monterrey, también
en Coatzacoalcos y en otras grandes ciudades que tenemos graves problemas urbanos y que requerimos esta legislatura si van a adoptar medidas para resolver el problema de la vivienda, actuar en consecuencia. Por su atención muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, señor diputado Flores.
El Diputado Terrazas, para rectificar hechos, y hasta por cinco minutos.
El diputado Manuel Terrazas Guerrero:
Gracias, compañero Presidente; compañeros diputados:
Me voy a referir estrictamente al sentido de las dos propuestas hechas al compañero diputado Everardo Gámiz, porque creo que tiene importancia y qué ver mucho con dos elementos que yo quiero mencionar.
Se hace necesaria o no una Ley Inquilinaria; se hace necesaria una Ley Nacional Inquilinaria, y de lo que se trata es no de remitir, proponer una Comisión para que proponga medidas fiscales, y al discutir las leyes fiscales en noviembre y diciembre de este año, examinar lo que pudiera ser el resultado de esa Comisión. No se trataba de considerar si se pronunciaba o no el diputado por una Ley Nacional Inquilinaria y si era afirmativa la respuesta, ver en ese sentido si había perspectiva, disposición, voluntad política de una Ley Nacional Inquilinaria, problema planteado por todas las fracciones.
En segundo lugar, me parece que lo relativo a las consecuencias en el aumento de rentas descomunal que se va a presentar con las nuevas viviendas ahora y dentro de cinco años, porque dentro de cinco años quienes ahora no van a ser sujetos de aplicación de la Ley por este aplazamiento de cinco años que se propone en la iniciativa, cruda y totalmente, íntegralmente, estarán para ser víctimas de los aumentos descomunales, sin ninguna protección, porque se quitaron los recursos defensivos para los inquilinos, y los nuevos, los nuevos que a partir de octubre van a tener nueva vivienda, incentivado en cuanto a que se harán nuevas construcciones con las reformas, ¿cuál va a ser el recurso que les da la Ley para defenderse de los aumentos desmesurados?
Y por otra parte, hay que decir que en este año se cumplen 70 años de la huelga inquilinaria que Herón Croal dirigió en 1923. No sería ocasión, reconociendo, dando un homenaje merecido a esa gran huelga inquilinaria de 1923, dirigida por el veracruzano Herón Croal, aprobar la Ley Inquilinaria e invitar a las fracciones parlamentarias que se comprometan todas, este año, en el período ordinario de sesiones, discutir un proyecto de Ley Nacional Inquilinaria, al cumplirse los 70 años de la huelga inquilinaria que dirigió Herón Croal. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, diputado Terrazas.
Para rectificar hechos, el señor diputado Fernando Lerdo de Tejada.
El diputado Fernando Francisco Lerdo de Tejada Luna:
Señor Presidente; compañeros diputados:
Como tengo poco tiempo, quisiera hacer algunos señalamientos, porque no cabe duda que este debate, relativo a la Ley Inquilinaria, ha sido interesante y ha estado lleno de sorpresas desde que este tema lo hemos abordado en esta Cámara. Así que empiezo de atrás para adelante.
Nos habla Manuel Terrazas y nos habla Guillermo Flores de la necesidad de una Ley Nacional Inquilinaria, y a mí realmente me llama la atención este concepto, porque siendo ellos, como sé que son, como lo han señalado aquí en esta tribuna en varias ocasiones, grandes defensores de un federalismo, ahora precisamente quieren federalizar, uniformar, centralizar una materia que ha sido básica de legislación de las legislaturas estatales, ¿por qué? Porque cada Estado tiene sus diferencias, porque cada problemática resulta que requiere precisamente de soluciones apropiadas y adecuadas para ese caso, pero ahora ya no, ahora es lo mismo las ciudades pequeñas, las medianas y las grandes. Ahora resulta que es lo mismo, para qué digo nombres, podría malinterpretarse como un aspecto peroyativo y no es mi intención hacerlo, pero definitivamente creemos que esta situación de uniformidad no sería la más conveniente para atacar un problema de esta naturaleza. Por el contrario, lo que nosotros planteamos ha sido un análisis específico, integral, serio y responsable de la problemática de la ciudad de México para que aquí demos respuestas adecuadas a esa problemática.
Pero me sorprende también, compañeros, los argumentos que se han planteado en esta tribuna, para decir por qué no se puede o no pueden votar algunos diputados de las fracciones parlamentarias por el dictamen que hemos sometido a su consideración.
Y me sorprende que la fracción del Partido de la Revolución Democrática, aduzca argumentos juridicistas y legales para señalar que no pueden ellos aprobar este dictamen y que realmente tienen una preocupación honda sobre los aspectos de generalidad, abstracción, impersonalidad, de la norma que ahora se somete a su consideración.
Bien, yo quisiera decirles que estos aspectos jurídicos creemos que han sido realmente revisados, que no tenemos duda acerca de esos puntos en el dictamen que les estamos ahora sometiendo a su consideración, y que por lo tanto, no pensamos que sean argumentos reales para rechazar el dictamen que se propone ante ustedes.
Estos planteamientos básicos del derecho administrativo que los trae cualquier libro de texto, nos señala la diferencia precisamente entre generalidad, abstracción e impersonalidad, como características del acto jurídico general que es la Ley.
Y también nos llama la atención que el Partido Acción Nacional haya considerado abstenerse, señalando que no puede votar ni a favor ni en contra del dictamen, cuando en julio pasado analizamos la iniciativa que nos llegó, resultó que eran argumentos de tipo jurídico por los cuales, nos decían, no podían votarlo y entonces se había señalado que eran necesarias algunas modificaciones de índole procesal, que hubiera sido conveniente que la apelación fuera en las dos vías y no nada más en la vía devolutiva, cosa que además, actualmente no es así, en fin.
Después nos hablaron de que era necesario un esquema transicional, de que no era conveniente de que aplicáramos esta Ley así, de inmediato, sino que fuéramos buscando algún colchón para su entrada de vigor, y ahora nos dicen que no, que ahora no se requiere, es un análisis integral, porque éstos son parches.
Yo no creo, por lo tanto, compañeros, que ése sea el argumento válido y adecuado también para no votar este dictamen a favor y más creo que hay un claro señalamiento sobre cuáles serían los costos y las ganancias reales, políticamente, de hacerlo, y que ésa es, en última instancia, la consideración que lleva a emitir su voto o a no emitir, como lo han ya señalado.
Simplemente unas consideraciones de los puntos que hemos analizado, en el transcurso de ese debate hasta donde vamos. Muchas gracias, compañeros diputados.
El Presidente:
Gracias, diputado Lerdo de Tejada.
Para contestar alusiones personales, tiene la palabra el señor diputado Flores Velasco.
El diputado Guillermo Flores Velasco:
Con su venia, señor Presidente; compañeros diputados:
Efectivamente, de lo que se trata es de hacer vigente el artículo 4o. constitucional, en lo que se refiere al derecho que tienen a la vivienda todos los mexicanos.
Creo que ése es el tema que debiéramos seguir profundizando nosotros, y profundizar en ese sentido precisamente, de garantizar ese derecho para los mexicanos, con un conjunto de normas jurídicas, que es el papel que le corresponde a la Cámara de Diputados.
Nosotros lo que hemos estado proponiendo claramente, ha sido, y no es de ahora, ha sido que se requiere garantizar el derecho al inquilinato también. Hemos demandado una Ley de Inquilinos, y no es de ahora, de siempre, y este derecho, desde mi punto de vista, tiene que estar garantizado por la Constitución. Esa es una propuesta que debe quedar clara.
Esto está también claramente normado, debe estar normado en la Ley Federal de Vivienda, que es también un marco normal para todo el país. Esto se puede hacer, porque ahorita lo que tenemos como parte de la vivienda en renta está en el Código Civil para el Distrito Federal y para todo el país. Allí es donde se ha normado la parte de vivienda en renta, tanto en la parte procesal como la parte de los delitos que tendría que haber.
Pero es insuficiente y este código funciona solamente de manera supletoria en los estados, en donde no tienen un código normado estos derechos, y precisamente de lo que se trata, es de garantizar esos derechos para todo el país.
Y aquí hemos discutido en otras ocasiones el problema de la vivienda, cuando discutimos la Ley del ISSSTE, la Ley del Seguro Social. Aquí hemos venido discutiendo normas que afectan directamente a una política de seguridad social en materia de vivienda y, de lo que se trata es que no sigamos discutiendo de manera aislada los problemas y vistos éstos desde un punto de vista financiero estrictamente o desde un punto de vista de superávit fiscal, como lo quiere ver el Estado, sino visto como una necesidad social que tienen los mexicanos de tener una vivienda digna y decorosa.
Y por eso, aceptamos el reto de discutir en serio una propuesta integral de vivienda en todos los aspectos que intervengan la parte jurídica, la parte económica, la parte fiscal, la parte técnica, los problemas urbanos, porque el problema de vivienda es un problema muy complejo, con diversos problemas de tipo social, político etcétera.
Así lo hemos hecho en el pasado, cuando hemos intentado resolver problemas de la vivienda y hoy no puede atenerse a un criterio jurídico estrecho, como lo quiere hacer la fracción parlamentaria del PRI.
Con esta reforma que se está proponiendo ahorita, con este dictamen que se está proponiendo, no resolvemos ningún problema, porque no estamos legislando realmente para ahorita; no se resuelve ningún problema y no se están poniendo medidas así, concretas, para poder incentivar, como se ha dicho aquí, una sola medida que permita la construcción de vivienda en renta, no existe, es totalmente una falsedad lo que se ha venido a hacer aquí. Gracias.
El Presidente:
Para contestar alusiones personales, el señor diputado Terrazas.
El diputado Manuel Terrazas Guerrero:
Muchas gracias, señor Presidente; compañeros diputados:
Seguramente será interesante y puede resultar amena una breve croniquilla de los hechos sorprendentes que se han dado en lo que ha sido toda la discusión de esta Cámara acerca del problema de la vivienda, porque habría que agregar, además, lo que el diputado Fernando Lerdo de Tejada ha mencionado. Resulta que aquí apareció el centralismo y según la interpretación, no muy objetiva ni aceptada, de Fernando Lerdo de Tejada, con toda amistad y respeto se lo digo, pues pronunciarse por una Ley Nacional Inquilinaria es una actitud o una concepción centralista. Curiosa interpretación, pero bien, agréguese a la croniquilla.
Pero hay que decir que los problemas fundamentales, los rasgos esenciales del inquilinato, son en el país semejantes y; sobre todo en las grandes poblaciones, son muy semejantes y se requiere legislar en este problema del inquilinato nacionalmente y no puede calificarse una legislación nacional que se hace necesario como centralista y no puede afirmarse que haya diferencias profundas en todas las ciudades del país que haga imposible una regularización jurídica de carácter nacional, porque eso sería tanto como considerar también el voto en su sentido, al grupo de compañeros que han votado, por la Ley Federal de Educación como centralista y es profundamente federal, con la base de respetar a los estados de la República, precisamente, respetar las peculiaridades, las normas generales para que se tomen en cuenta los rasgos particulares del problema del inquilinato en cada Estado, pues yo creo que se requería, de todas maneras, precisar en este caso, que de ninguna manera hay base para calificar el planteamiento de Ley Nacional Inquilinaria como centralista, y habrá que buscar en todo caso más argumentos de parte del compañero diputado Lerdo de Tejada, para descalificar con un argumento fuerte, centralismo, sobre una Ley Federal Inquilinaria. Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos, el señor diputado Héctor Ramírez Cuéllar.
El diputado Héctor Ramírez Cuéllar:
Señor Presidente, compañeros diputados:
La propuesta que ha hecho el señor diputado Everardo Gámiz Fernández me ha hecho subir a esta tribuna esperando que esa proposición sea avalada por su partido y no sea una propuesta de carácter individual, como mucho me temo, que así sea.
Efectivamente, la necesidad de promulgar una Ley especial, es un imperativo en la ciudad de México y corresponde a la necesidad de sacar del Código Civil el capítulo de Arrendamiento.
para incorporarlo a una Ley de Interés Público, que sería esta Ley Inquilinaria o del Inquilinato, como se le llame.
Quiero recordar que en la década de los veinte; hubo en muchos estados de nuestro país leyes inquilinarias muy avanzadas, como las de Veracruz, Yucatán, Durango pero cayeron en desuso las leyes inquilinarias estatales y pasaron las legislaciones correspondientes a los códigos civiles y de procedimientos civiles de cada una de las entidades federativas. Y aquéllos ordenamientos que eran de interés público, pasaron a ser ordenamientos de interés privado que tomaban en cuenta al propietario y al inquilino como iguales ante la Ley y por eso entraban al marco normativo del Código Civil.
No cabe duda que si la propuesta del diputado Gámiz procediera tendríamos que cambiar la actual tendencia jurídica y sacar del Código Civil lo que hoy estamos analizando, para emitir una Ley especial de interés público que nada tenga que ver con las concepciones civilistas que le daría al inquilino una serie de derechos y de protecciones frente al propietario.
No se trata, desde luego, de una Ley que pudiera afectar al patrimonio de los propietarios, no se trata de confiscar el bien o el objeto real que es la vivienda que se renta, se trata de darle al inquilino un mínimo de seguridades, de garantías y de derechos por encima de las pretensiones de los propietarios y para ello, tendría que reconocer la Cámara de Diputados que propietario e inquilino no son entidades iguales, que no opera la voluntad de las partes, como la Ley suprema de los contratos, sino que hay una profunda desigualdad entre el propietario y el inquilino, y tendría la Cámara de Diputados que hacer una verdadera revolución jurídica.
¿Lo hará la Cámara de Diputados? Por nuestra parte apoyamos la propuesta, pero tenemos dudas de que pudiera avanzar con la actual situación que hay en la Cámara de Diputados. Gracias.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra, el señor diputado Juan Cárdenas García.
Señor diputado Cárdenas: quiero aclararle, había solicitado usted la palabra para rectificar hechos, pero le toca también su turno en el rol que tenemos registrado de oradores.
El diputado Juan Jacinto Cárdenas García:
Le sumamos el tiempo.
El Presidente:
Adelante, señor diputado.
El diputado Juan Jacinto Cárdenas García:
Señoras y señores diputados:
Los autores de la iniciativa de reformas al Código Civil, y que lo aprobaron, han venido a esta tribuna ahora para apoyar su iniciativa de reformas a algunos artículos transitorios, y se han cuidado de no tocar el fondo del problema, yo quiero recordar al pleno de la Cámara que el origen, lo que motivo esta iniciativa para reformar algunos artículos transitorios de las reformas que se hicieron en julio, fue la gran inconformidad que se genero entre los inquilinos por la orientación, por el contenido de las reformas de julio.
Aquí se han cuidado de no abordar el problema fundamental que generó esta iniciativa que se está discutiendo ahora, que es el de que las reformas de julio dejan al libre juego del mercado la fijación de las rentas, por lo tanto, en una situación de libre juego de oferta y demanda, el Partido Popular Socialista ha denunciado que necesariamente, indefectiblemente, se impondrá la fuerza del capital ante las necesidades de los inquilinos y ante el enorme déficit de viviendas que se observan en el país.
Y esto es lo que no se ha querido tocar, esos artículos transitorios que ahora se propone se reformen ¿cubren ese problema?, ¿evitan que sea el inversionista, el casateniente el que imponga sus condiciones en las nuevas contrataciones?, no, no tocan eso, queda vivo el problema de que los inquilinos estarán sujetos a la voracidad de los inversionistas inmobiliarios, de los casatenientes y tendrán que aceptar ventas altas, condiciones antihigiénicas, viviendas no dignas, porque necesita habitar en algún lado, tampoco se toca el problema de que se sustrajo la acción de la Procuraduría Federal del Consumidor en las controversias entre el inquilino y el casateniente. No se toca; tampoco los transitorios que van a reformarse, que se propone se reforme, tocan ese problema, por lo tanto, subsiste el hecho de que los inquilinos no tendrán ahora el apoyo en las controversias judiciales, de la Procuraduría Federal del Consumidor.
Esos son los problemas fundamentales; dejar en estado de indefensión a los inquilinos; se dice
que con estas reformas que propone el dictamen se aprueben, se congela la aplicación de estas disposiciones que aprobaron en julio el PRI y el PAN, hasta dentro de cinco años. Eso no es cierto, no se va a congelar nada, los contratos que se venzan en este año, los contratos que se venzan el año que entra, en todos quedarán los inquilinos, si quieren renovarlos, bajo las condiciones de las normas aprobadas en julio.
Por lo tanto, ...
El diputado Fernando Francisco Lerdo de Tejado Luna (desde su curul):
No, no, no.
El diputado Juan Jacinto Cárdenas García:
Señor diputado, lea bien la iniciativa.
¿Qué es lo que se exceptúa?, se dice: "Los contratos cuando se trata de construcciones nuevas, ahí se va a aplicar. Bien, también se va a aplicar cuando se renueve el uso del suelo para renta. Bien, son las tres excepciones. Pero en la práctica ¿qué va a pasar con los contratos que se terminen este año o se terminen el año que entra?, ¿hay alguna disposición para que sean renovadas de manera forzosa?, pero si se puede reclamar los dos años que ahora contempla la Ley, pero son dos años, son dos años nada más, necesariamente se van a tener que renovar los contratos y quedará protegido cuando muchos dos años los contratos que se terminen este año. Ese es el problema en la práctica. Pero todavía más, si está legislando sin tomar en cuenta la realidad. La realidad es que los arrendadores, los propietarios buscarán, como lo han hecho siempre, todos los caminos posibles para terminar cuanto antes con los contratos. No hay nada que diga que se renueven hasta dentro de cinco años o por cinco años más, los contratos que estén vigentes.
Un hecho en que me apoyo; datos oficiales: 50 mil órdenes de desalojo, de las cuales se cumplieron el año pasado 7 mil. ¿Eso va a desaparecer? ¡No! Se consiguen las órdenes de desalojo aprovechando todas las argucias en contra de la Ley. Son los hechos, los hechos, los que van a acontecer y van a multiplicarse las presiones contra los inquilinos, para que desalojen y acepten la terminación de los contratos antes de los cinco años. Son los hechos.
De todas maneras, el fondo del problema, aunque sea en los contratos que se firmen cuando se trate de inmuebles en construcción, o cuando se cambie el uso del suelo, aun el problema reside en la inequidad de la disposición de que la fijación de la renta quedará al libre juego de la oferta y la demanda. Ese es el problema. Y habrá inquilinos que tengan recursos para pagar las rentas que fijen libremente los inversionistas, los casatenientes, porque ése es el hecho, pero la gran mayoría, carecerá de recursos para acceder a esas viviendas. Y lo previsible, es que los miles y miles de demandantes de nuevas viviendas, estarán totalmente indefensas ante una legislación que lo desprotege porque retira a la Procuraduría y no hay ninguna procuraduría del inquilino, y el casateniente, repito, impondrá sus condiciones ante los hechos, los hechos que hablan de un déficit de 1 millón de viviendas en el Distrito Federal y más de 6 millones en el país. Esos son los hechos que van a hablar.
Por eso, las injusticias se van a presentar. Nosotros planteábamos entonces, y lo reiteramos, que si se quiere realmente beneficiar a las grandes masas, a los inquilinos de menores de recursos, decíamos y lo demandamos de nuevo, la única solución es la derogación de las reformas al Código Civil que se aprobaron en julio. Esa es la única solución posible, si se quiere mirar el interés social y no el interés de los inversionistas.
Por otro lado, hemos sido insistentes en señalar que no se quiere advertir o no se quiere considerar el problema de la vivienda en renta como lo que es: un problema social, y se le quiere dar una solución de tipo privatista, y eso es lo que no va a resolver nada, porque evidentemente, las reformas al Código Civil de julio, tienen la orientación de enamorar a los inversionistas a que canalicen sus capitales para construir viviendas en renta; pero no lo van a hacer, no lo van a hacer por que los inversionistas siempre persiguen la máxima ganancia, y tal vez algunos canalicen algún recurso; pero sólo cuando el Estado les garantice las ganancias al monto que ellos quieran.
Y aquí denuncia un hecho: El Departamento del Distrito Federal, para que vean cómo se quiere privilegiar, no a las grandes masas, sino a los inversionistas, está ofreciendo a precios de regalo, a precios en costo cero, casi, terrenos para que los inversionistas construyan viviendas en renta. Eso es inmoral.
¿Por qué no ofrecer, si se tienen esos terrenos, porque no ofrecerlos a los inquilinos, para que se organicen en fideicomisos o buscar distintas
formas, si se quiere realmente beneficiar a las grandes masas.
¿Por qué regalarle los terrenos a los inversionistas? Que de todas maneras, aun cuando reciban regalados los terrenos, van a imponer las rentas que se les antoje para obtener la máxima ganancia. ¡Quieren ganar de todas todas! ¡Y hay quienes apoyaron esas reformas de julio, los diputados que la apoyaron y lo aprobaron, el interés que no pueden ocultar y no pueden desmentir de beneficiar solo a los grandes inversionistas, solo a los propietarios de casas para arrendamiento! ¡Y dejan a su suerte a la gran mayoría de los que carecen de una vivienda digna!
En consecuencia, lejos de acercarnos a la satisfacción del derechos constitucional de una vivienda digna como una solución social, repito, se deja a los inquilinos a merced de la voracidad de los casatenientes.
Aquí faltando a la consecuencia que debemos tener respecto de nuestros actos, han venido partidos a esconder su verdadera actitud; por ejemplo, el Partido Acción Nacional que no vota en contra ni a favor, etcétera. Bueno, está en su papel. ¡Pero ante un problema social que exige definición, se requiere una actitud mucho más consecuente: se está a favor o se está en contra!
Porque si no, demagógicamente después se sale a tratar de confundir al pueblo diciendo que se criticó algunas cosas de la reforma, pero en el fondo se abstienen de votar porque cuidan los intereses de la clase social que representan: la clase social propietaria, la clase social capitalista. ¡Seremos más consecuentes con nuestras posiciones!
Urge una Ley Inquilinaria. Bueno, señoras y señores diputados, si ésa es la visión que se tiene ahora en la fracción mayoritaria de la Cámara, por qué no se discute, por qué no se dictamina la iniciativa de Ley Inquilinaria que presentó mi partido. ¿Por qué aplazar la discusión para otros tiempos? ¿Por qué si se tiene conciencia de que existe el problema y de que el problema de la vivienda no se resuelve ni con las reformas de julio y menos con esta iniciativa de reformas los transitorios, por qué no se legisla? ¿Por qué no se dictamina la iniciativa de Ley Inquilinaria del Partido Popular Socialista, que es una iniciativa de Ley para el Distrito Federal?
No hay argumento en contra para no dictaminar, salvo los estrictamente políticos y para beneficiar a las clases sociales poderosas.
Es necesario, sí, abordar el problema más a fondo, que es el problema de las situaciones que exigen una reforma urbana integral. De otra manera no se va a resolver.
Y otra cuestión más: mientras el Estado no retome su función tutelar de los intereses de las grandes mayorías, tampoco se van a resolver los problemas porque algún ofrecimiento ahora de discutir una Ley Inquilinaria para proteger los intereses de los inquilinos, cae en una situación de contradicción profunda con la orientación de la política económica y social general del Gobierno.
Ojalá y se dé ese hecho. Marcaría una cuestión de enorme trascendencia porque sí se saldría de esta política económica general de privatización de todas las áreas de la vida social, pero el problema es para qué aplazar la discusión, el estudio, si existe una iniciativa de Ley Inquilinaria por dictaminarse.
Bien, señoras y señores diputados, el problema que nos ocupa es el de las propuestas de reformar algunos artículos transitorios a juicio de mi partido, no resuelve en nada el fondo del problema que es la fijación de la renta de acuerdo con el libre juego de la oferta y la demanda; tampoco devuelve las facultades a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que intervenga en las controversias en favor de los inquilinos, por esta razón, el PPS reitera, vamos a votar en contra de este dictamen porque no toca el fondo del problema. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, diputado Cárdenas.
Para rectificar hechos, el señor diputado Javier Centeno, del Grupo Independiente.
El diputado Javier Centeno Avila:
Con su permiso, señor Presidente; Honorable Asamblea:
Los días 12 y 13 de julio fueron aprobados por el Congreso de la Unión y publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de julio del presente año, diversas modificaciones al Código Civil para el D. F. en Materia Común y en toda la República en Materia Federal, al Código de Procedimientos Civiles y a la Ley Federal de Protección al Consumidor. Desde que fueron presentadas al pleno de la Cámara estas modificaciones en materia de arrendamiento
inmobiliario, fueron objeto de gran polémica; ante la presión de colonos la Asamblea plenaria se tuvo que trasladar al Salón Verde del Recinto Parlamentario, sólo fueron aprobadas por las fracciones parlamentarias del PRI y del PARM, con un alto número de abstenciones y ante la ausencia de fracciones parlamentarias del PRD, del PPS y del Grupo Independiente.
Posteriormente, grandes movilizaciones de grupos organizados de colonos del D. F., obligaron al gobierno a establecer el compromiso de modificar las reformas ya aprobadas y de incluirlas en el período extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión que dio inicio el mes de agosto. Al inicio de dicho período, diversos grupos de colonos del D. F. invadieron el Palacio Legislativo exigiendo ser escuchados en la reformulación de dicha Ley, asunto que fue comentado profundamente por la Prensa nacional y que ha llevado al establecimiento de un foro en el que la Comisión de Vivienda y la Comisión del D. F. de la Cámara de Diputados conjuntamente con colonos del Movimiento Popular analizaron diversas alternativas al problema habitacional, analizaron, sin llegar a un consenso.
El derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa se establecen en nuestra Constitución en el artículo 4o. el cual señala que la Ley establecerá los instrumentos y los apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. Consideramos que este propósito está muy lejos de alcanzarse en nuestro país ya que existe un déficit de más de 5 millones de viviendas debido entre otras causas al crecimiento demográfico, a la emigración del campo a la ciudad, al burocratismo existente en la política de vivienda, etcétera, esta Ley se fundamentó en el argumento en que la inversión de vivienda para arrendamiento se ha inhibido, por lo que se requiere de una nueva normatividad que le diera garantías y seguridad a los arrendadores, de esta manera, se alentaría a la inversión en este rubro y de acuerdo con las leyes de la oferta y la demanda se mejoraría la oferta de vivienda.
Estas modificaciones se enmarcan dentro del enfoque neoliberal del cual se excluye la problemática social de los inquilinos.
Ante las grandes protestas populares impulsadas por la carestía de la vivienda, es evidente que el Estado mexicano debe ser sensible para destinar mayor presupuesto a la concesión de viviendas y tener mayor injerencia en la regulación de los arrendamientos en beneficio de las clases sociales más desprotegidas, y no dejar al libre juego del mercado o a la voluntad del arrendador la fijación de las rentas.
Estas modificaciones evidentemente favorecen a los arrendadores o a los dueños de las fincas, ya que suprimen el derecho del tanto, se evitan prórrogas al arrendador y se dan ventajas procesales al dueño para que en un tiempo mínimo puedan desalojar al inquilino, y por otra parte se excluye la participación de la Procuraduría del Consumidor en materia de arrendamiento.
Es importante considerar que es la necesidad de inversión en este rubro económico, pero siempre salvaguardando los interese sociales de las mayorías.
Cuando se invierte en vivienda es evidente que los rendimientos serán menores a cualquier otra actividad capitalista, ya que es una actividad que tiene interés social, por lo que el Estado debe intervenir en su regulación en beneficio de las clases populares.
En la exposición de motivos del actual Código Civil se considera que la propiedad tiene función social para diferenciarla del concepto individualista del derecho romano. Hoy se vuelve al concepto tradicional forrando el sentido social que el pueblo mexicano le había impreso.
El Gobierno tiene la obligación de reencauzar esta normatividad poniendo por delante los intereses sociales. La actual iniciativa no cambia en lo esencial las modificaciones legislativas aprobadas el 13 de julio del presente año. No hay recursos jurídicos para el arrendatario o inquilino, ni tutela de los intereses de las clases populares, todo queda igual para los nuevos arrendatarios o inquilinos que contraten a partir del 19 de octubre de 1993, todo se deja a las leyes del mercado y de acuerdo a las propias modificaciones del 13 de julio, sólo se congela que entre en vigor para los arrendatarios que contrataron o contraten antes del 19 de octubre, dejando a la deriva a la gran masa inquilinaria de nuestro país.
Por estas razones, el grupo Parlamentario Independiente votará en contra de esta iniciativa. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, diputado Centeno. Tiene la palabra el señor diputado René Bejarano Martínez.
El diputado René Bejarano Martínez:
Muchas gracias, señor Presidente:
Quiero al subir a esta tribuna, ante las amables y los amables diputadas y diputados de este Poder Legislativo, expresar las razones de forma y de fondo por las cuales nuestro partido no coincide con la propuesta presentada por algunos diputados del Partido Revolucionario Institucional y que está contenida en el dictamen que hoy estamos discutiendo.
Por las limitaciones de tiempo voy a solicitarle a usted, señor Presidente, que al término de mi intervención pueda usted indicar que el documento que le estoy entregando en este momento a la Secretaría sea insertado en el Diario de los Debates para dejar testimonio con profundidad de nuestras propuestas.
Quiero a continuación exponer las múltiples razones de diverso tipo, de diverso origen, que tenemos quienes nos oponemos consecuentemente a esta legislación, quienes nos opusimos desde el día que entró, el 8 de julio, para que sean considerados por los amables legisladores, pero también, por quienes desde el Gobierno han venido coaccionando irresponsablemente al Poder Legislativo para que éste no cumpla con soberanía sus funciones y lo que tiene encomendado.
Quiero decir en primer lugar, le quiero expresar al señor diputado Fernando Lerdo de Tejada, que los valores cívicos que se han expresado por diversas organizaciones sociales y políticas y que, en este sentido, tienen qué ver con la concepción del derecho, están expresados claramente en los conocimientos básicos que muchos de nosotros aprendimos desde la enseñanza elemental y que afortunadamente muchas generaciones siguen aprendiendo en la actualidad.
Yo le quiero citar al señor diputado Lerdo de Tejada, con todo respeto, algún concepto acerca de la igualdad ante las leyes. Las leyes, dice mi cita, son generales. En el supuesto de la norma quedan incluidos todos los individuos y se aplican en casos concretos. Siendo generales, todos los individuos son iguales ante ella y no hay diferencias por riqueza, cultura, posición social, política, etcétera. La Ley debe aplicarse igual al pobre que al rico. La acumulación de riquezas no significa impunidad. El juez como principio, debe basarse en los hechos.
Esta cita no es de un tratado muy avanzado, pero es fundamental, es el libro de civismo de primero de secundaria, conforme a los planes y programas de estudio. Bien valdría recordar lo que a los jóvenes adolescentes la Secretaría de Educación Pública les quiere enseñar, porque es fundamental para la discusión que estamos dando. La Ley se le debe aplicar por igual al pobre y al rico, no debe haber distinciones que lesionen a un más al pobre.
Esta concepción básica que podrá parecer exótica, tomada de un libro de secundaria, me parece fundamental para el asunto que estamos discutiendo, porque, además en el mismo libro de civismo de primero de secundaria, que muchos cientos de miles, tal vez millones de jóvenes están estudiando ya, se reproduce la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 7o. dice: "Todos son iguales ante la Ley y tienen derecho a ser protegidos contra las discriminaciones que infrinjan esta declaración y contra todo intento de discriminación".
Pues resulta que el dictamen que estamos comentando es discriminatorio. Vulnera un principio fundamental del derecho, porque además establece dos marcos jurídicos para un mismo problema. Establece mecanismos de aplicación de excepción e impone a quienes menos tienen, una legislación que los desfavorece.
En este sentido es lo que está establecido principalmente en el inciso segundo del artículo uno del dictamen que estamos discutiendo.
La Ley, la reforma del 12 de julio se le aplicará a los contratos de los inmuebles que no se encuentren arrendados antes del 19 de octubre de 1993. Esto quiere decir, que esta Ley se les va a aplicar a los inquilinos nuevos, a los de las viviendas nuevas, a los de las viviendas que no se encuentren arrendadas, pero también a quienes cambien u ocupen una vivienda que cambie de uso, es decir, que antes fuera oficina o comercio y se dedique al uso habitacional.
Esto desde luego está significando una aplicación gradual de la misma Ley; es una aplicación que busca ir poco a poco en el objetivo final que no lograron imponer de un solo golpe. Cuando el 12 de julio, la fracción del Partido Revolucionario Institucional y del Auténtico de la Revolución Mexicana votaron en favor de la Ley, es porque creen en lo fundamental en la misma, mayoritariamente cuando menos, y porque esta Ley les parece, según sus concepciones, que va a mejorar las condiciones de vivienda, que va a incrementar el parque habitacional de la vivienda en renta y porque va a estimular la inversión y una serie de bondades que han expresado supuestamente.
A nosotros nos parece, y hemos demostrado con argumentos jurídicos, sociales, políticos y
económicos, que no sólo no contribuye a resolver el problema, sino que va a crear más de los que actualmente existen. Para empezar, ahora, a partir de la reforma que estamos discutiendo, va a haber mucho más confusión, no va a quedar claro ni va a haber formas explícitas claras, concretas de demostrar cuál legislación es la aplicable en casos concretos.
La enorme corrupción que existe en los mecanismos procesales para los juicios de terminación de contrato o por dasahucio o por falta de pago, van a propiciar un incremento significativo del despojo de derechos adquiridos de inquilinos que durante muchos años han estado ocupando viviendas, que van a ser incorporadas a la nueva legislación, a partir de una interpretación de la Ley distinta a la que aquí se está discutiendo.
El Gobierno no ha dado marcha atrás en su intención de imponer la Ley; ha intentado una táctica distinta. Si la legislación, yo no digo al vapor, sino por horno de microondas, que impusieron en cuatro días naturales, del 8 al 12 de julio no resultó favorable, generó afectos contraproducentes, un alto costo político para el partido oficial, ahora se trata de darle la vuelta y aplicarla paulatinamente, pero la misma legislación, que en el fondo se persigue el mismo objetivo.
Por eso es que nuestro partido, a pesar del evidente triunfo que todo el movimiento urbano popular ha conseguido, al provocar que se siga discutiendo este asunto y que se vuelva a discutir en esta Cámara de Diputados, no acepta la reforma a la reforma, porque en realidad el fondo de la cuestión no está siendo resuelta. Lo que se quiere es imponerla mediante un mecanismo distinto.
Nosotros seguimos expresando nuestra oposición al contenido de la reforma, a la forma como se impuso y desde luego por eso estamos insistiendo en la derogación de la reforma y en abrir el marco general propicio para que se discuta con profundidad y se legisle con responsabilidad un problema que tiene qué ver con el interés social, político, económico de cientos de miles de familias en nuestro país.
Dice un distinguido representante del partido oficial en el Distrito Federal, su Presidente para ser más claro, el senador Manuel Aguilera Gómez, en alguna ponencia que presentó en un foro de discusión sobre la vivienda, que considerar que la vivienda es más que una mercancía, es ante todo un medio para mejorar las condiciones de albergue material de las familias y que puede ser al mismo tiempo un instrumento para la democratización de la propiedad urbana, por lo tanto debe promover la multiplicación de los propietarios y reducir la vivienda en renta.
Esto, expresado hace poco menos de un año, expresa el sentir de quien dirige al partido oficial en el Distrito Federal, que rápidamente ha mudado de opinión y ahora es partícipe de la desregulación casi total del mercado de la vivienda en arrendamiento, y se vuelve servidor de las teorías desregulacionistas, neoliberales que predominan principalmente en la Secretaría de Hacienda y en la oficina de asesores de la coordinación de la Presidencia de la República.
Esta concepción económica que considera la vivienda tan sólo como una mercancía, negó darle el espacio social, sociológico, negó contemplar el impacto que tiene el arraigo en la vida de miles de familias, es una concepción totalmente inadecuada. Se trata, en verdad, de una concepción económica que no entiende de razones; que impone a pesar de la oposición organizada; que vulnera la autonomía del legislativo; que busca a toda costa desregular porque lo que interesa es la ganancia.
No se trata entonces, de nuestra parte, de explicar sólo argumentos políticos, como aquí se han dicho, o argumentos legales, también económicos, y voy a ir también al aspecto económico del asunto.
Para nosotros uno de los problemas asociados del marcado de la vivienda en arrendamiento es la inversión privada, nacional y extranjera. ¿Por qué extranjera? Porque efectivamente, en el Capítulo XI, el referido a la inversión del Tratado de Libre Comercio, en el artículo 1102 se establece el trato nacional en igualdad de condiciones a la inversión, a los inversores nacionales que a los extranjeros, pero también al monto de sus inversiones.
Se trata también de generar condiciones para que las empresas inmobiliarias del capital trasnacional inviertan adecuadamente, según se dice, "en el mercado de la vivienda en arrendamiento"
Se trata de generar una legislación que permita rápidamente recuperar parte de la inversión, elevar la ganancia, y desde luego, incrementar la oferta pero a partir de un incremento significativo del precio del alquiler, de la ganancia que está asociada en ello.
Muchos capitales extranjeros podrán estar tentados a venir al país a rentarle a los mexicanos
su propio suelo y a desalojarlos cuando no pueden pagar la renta.
Ese razonamiento es el que predomina en la primera generación que nos gobierna, de mexicanos que piensan como extranjeros. Esta forma de pensar no puede ser compartida por nosotros.
El interés nacional, el de las familias, el consagrado en el artículo 4o. de la Constitución conforme a la reforma de 1983, es central: la vivienda no es sólo una mercancía, por ello se tiene que analizar otros aspectos.
Pero además les quiero decir, a quienes defienden la hipótesis, de que esta reforma va a incrementar el monto de la inversión en este mercado, que no es tan simple como aparentemente parece. Primero, porque la ganancia en algunos otros sectores es mucho más elevada, porque evidentemente las tasas de interés por encima de las que predominan a nivel internacional, generan muchas más expectativas de ganancia especulativa para el capital que el que pudieran obtener invirtiendo en vivienda en renta.
Se trata entonces de que el capital va a optar por otros mecanismos de inversión muchos más redituables, menos riesgosos, más confiables, menos azaroso y de menos tiempo que el que pudiera aparecer en el caso de la vivienda en arrendamiento.
No es mágica la incursión del capital, porque el capital tiene un interés basado en el cálculo frío de la ganancia y no predomina el interés social. Ahí es donde debiera predominar el interés del Estado; la tutela que el Estado, conforme al mandato constitucional, tiene que hacer de quienes tienen menos posibilidades de defenderse.
En este sentido, nosotros creemos que una propuesta seria tiene que analizar la estructura de la oferta, pero también la estructura de la demanda. La oferta de la vivienda en renta no sólo es del capital inmobiliario o del gran capital inmobiliario, la oferta de la vivienda en renta abarca también a quienes poseen patrimonialistamente una o dos viviendas de más y la utilizan para recompensar su ingreso familiar.
Es un mecanismo para generar una recomposición del ingreso, toda vez que la pérdida del mismo ha estado asociada a los efectos de la política económica gubernamental.
Hay otra estructura de la oferta que está relacionada con la vivienda doméstica, que tiene muy diverso tipo: Las familias "desdobladas", entre comillas, los arrimados y el paisaje recientemente creciente en las grandes ciudades, como la nuestra, de los campamentos de vivienda "provisional", en los que se hacinan miles y miles de personas que no tienen posibilidad, por insuficiencia monetaria, de pagar renta alguna o que pagan cantidades verdaderamente mínimas, por el efecto que la política económica ha tenido en sus ingresos.
¿Cuál, entonces, es la política que debe promover la oferta? ¿Sólo la del capital inmobiliario o podemos hacer una política integral que incremente la oferta, también con la participación del Estado?
Cuando hablamos de legislar integralmente, no estamos defendiendo tesis centralistas, estamos en el marco del más respetuoso federalismo, proponiendo que en la legislación general de vivienda exista un capítulo para vivienda en arrendamiento que sea general y que sea el marco jurídico nacional para las legislaciones locales, en cada una de las entidades.
El artículo 122, fracción IV, inciso g, del recientemente aprobado dictamen que reforma la estructura política y administrativa del Distrito Federal, establece ya la facultad para que la III Asamblea de Representantes legisle en Código Civil, en el de Procedimientos Civiles. Ahí habrá oportunidad para legislar sobre esta materia, para abrir el camino, consecuentemente, para que en el Distrito Federal, cuando menos, se busquen todos los problemas, se detecten y se legisle con consenso.
Y ahí también tenemos que ver el problema de la estructura de la demanda.
El mercado no es negado en nuestra concepción como partido político; por el contrario, lo entendemos. Pero no puede dejarse al mercado, a la simple teoría de la competencia pura y perfecta del equilibrio general, porque estas concepciones llevaron a crisis económicas muy profundas, cuando se aplicaron ortodoxamente y no se entendió la necesidad de la intervención del Estado de responsabilidad.
La estructura de la demanda de la vivienda en renta es muy diversa. Tiene que atenderse al tamaño del ingreso, al origen del ingreso de las familias que demandan, a su espacio temporal, incluso a su estructura de edades, a la estructura socioeconómica, al uso para el que se destinan las viviendas, a la gran concentración urbana y también a los usos del suelo; a la necesidad de
optimizar el uso del suelo respetando el medio ambiente, a la necesidad de un proyecto integral económico.
Entonces, no basta con legislar, hace falta todo un proyecto general que contemple los diversos factores y que no pretenda sólo con una Ley desproteger al más débil, para favorecer al mercado de los más ricos.
Porque, eso sí, yo sí creo que esta legislación va a elevar la oferta de vivienda de los estratos de la clase media alta y alta, pero no necesariamente, incluso, puede reducir la de los estratos populares.
¿Y cuál es la prioridad en este país: La de los que más tienen, la de los que pueden rentar a alto precio, o de los que no tienen posibilidades de vivir en una vivienda digna y tienen la incertidumbre de ser desalojados ante la pérdida de un juicio, que en este nuevo procedimiento jurídico puede durar hasta 35 días?
Yo no sé si algún señor diputado haya vivido la experiencia de un desalojo. En ella, el trauma político, económico, familiar es muy elevado. El costo para una familia que es desalojada, que durante años vivió en el barrio y es aventado inmisericorde e injustamente; que se hagan cargo de lo que significa para un niño en su vida emocional, en su futuro, es que el lugar donde nació, donde aprendió sus primeras lecciones y no es demagogia, señores diputados, pierda ese lugar mediante el ejercicio violento del cuerpo de granaderos, en coordinación con los actuarios y con el propietario.
Promover el desalojo masivo de cientos de familias. Ese es el esquema que se quiere proponer? ¿Ese, el de la violencia organizada entre colonos organizados y empresas inmobiliarias? ¿Ese es el equilibrio, la selva urbana, la confrontación? ¡eso es lo que está promoviendo la Ley aprobada el 12 de julio! Nosotros no podemos aceptarla, porque si queremos legislar con responsabilidad, no con improvisaciones, no con consignas provenientes del Poder Ejecutivo, sino con el razonamiento de quienes votaron por nosotros.
¿Por qué? Porque no se dan los argumentos públicos ante quienes votaron por los diversos partidos, que se pudieran transmitir por la televisión los discursos que aquí se han dado, que los inquilinos pobres, los que viven en las vecindades de los distritos del Distrito Federal que votaron por el partido oficial, escuchen los discursos que han venido aquí a defender los diputados de ese partido en contra de ellos mismos.
Que no se legisle a espaldas de ellos. Que las sesiones sean públicas, no sólo por la presencia escogida y limitada de unos cuantos ciudadanos que responsablemente quieren saber lo que se legisla, sino que el pueblo todo se entere de lo que aquí se discute y que el pueblo le dé la razón a quienes la tenga, y no se escondan los argumentos, no se diga aquí una cosa y se actúe con otra.
Ojalá, diputado Everardo Gámiz, su propuesta avance; ojalá su propuesta predomine en el partido al que usted pertenece, pero lamentablemente no ha sido así; ojalá los legisladores pertenecientes al Congreso del trabajo, que se pronunciaron en su momento en contra de la reforma aprobada el 12 de julio, triunfarán en una pretensión de que los asalariados tuvieran una vivienda mucho más digna y mucho más justa.
Y que no se venga a pretender decir que el PRD defiende lo anacrónico. Que lo que queremos es preservar la legislación vieja, la de 1985, o aun la anterior. Que no se venga a decir que nuestro partido no quiere el mejoramiento ni el crecimiento en el número de las viviendas para el arrendamiento, por el contrario.
Algunos de nosotros que hemos sido parte activa del movimiento urbano popular, que nacimos en mucho a la vida política a partir de la reconstrucción de los sismos de 1985. Que vivimos como muchos sectores sociales, muchas mujeres nacieron a la vida política cuando se les cayeron las cuatro paredes que también las mantenían cautivas. Nosotros que vimos nacer a la política, a miles y miles de ciudadanos, escarbando, buscando entre el cascajo y los escombros a sobrevivientes de esta tragedia. Los que hemos luchado con ellos porque se construyan muchas, más viviendas de carácter popular; no podemos renunciar a nuestra historia.
Pero no estamos negando el derecho legítimo que tienen los propietarios a rentar sus inmuebles y a obtener una renta justa conforme a lo determine la Ley, pero no está sucediendo esto con esta legislación. Lo que en realidad está sucediendo es que se pretende imponer una legislación que no va a generar nuevas viviendas y que si van a generar mucho más conflictos de los que actualmente se expresaron.
El encono social no es resultado de ninguna conspiración, sino es resultado de la indignación justa de quienes ven atropellados sus más elementales derechos.
Que busquemos el consenso pero a partir del juicio razonado. Que no sólo se llegue a las
conclusiones en cada partido y después, haber qué podemos aceptar de lo que ustedes internamente discuten y deciden.
Nosotros creemos en un esquema distinto. En un esquema en donde el interés prioritario sea el interés público, donde el interés privado se subordine al interés de la mayoría, donde el interés nacional predomine al interés particular de grupo, de corriente o de fracción. Nuestro partido, sí tiene propuestas serias de política integral en vivienda, tanto en lo que se refiere a la vivienda propia como a la vivienda en arrendamiento, a los condominios y a la vivienda unifamiliar, a la vivienda urbana y a la rural, a la inversión pública y a la inversión privada.
Tenemos propuesta para establecer mecanismos fiscales de exención, tenemos un marco jurídico que hemos defendido durante mucho tiempo, pero también, y eso es lo fundamental, tenemos principios. Los principios, desde nuestro punto de vista, no son negociables y es un principio fundamentalmente establecido en la Constitución, el derecho a la vivienda digna de todos los mexicanos. Y con esta Ley, no se está cumpliendo con este principio y por eso votamos en contra. Muchas gracias.
El Presidente:
Esta Presidencia instruye a la Secretaría inserte en el Diario de los Debates el documento presentado por el señor diputado René Bejarano.
"La cuestión inquilinaria y los sucesos del 18 de agosto en el Palacio Legislativo.
En el análisis de la cuestión inquilinaria conviene hacer un somero recuento de la política estatal. Desde hace tres décadas, el Estado inició una política de inversión pública para la vivienda en el concepto de un Estado administrador. Este esquema obedecía a que la mayoría de los habitantes del D. F. vivía en casas habitación que no eran de su propiedad.
El desarrollo económico de la ciudad de México fue ocasionando que el Estado abandonara paulatinamente la inversión pública de la vivienda en renta; la causa de ello fue la dificultad para administrar las unidades habitacionales que se fueron creando. Por lo mismo se fue generando la concepción de que el Estado proporcionaba vivienda. Al mismo tiempo se fueron vendiendo a los inquilinos las viviendas que el Gobierno otorgaba en renta. Esta situación se vinculó con la provocada por la vivienda privada destinada a usos inquilinarios, las cuales estaban orientadas a producir ganancias a las inmobiliarias; además de los ingresos que obtenían algunas familias que rentaban una parte de su casa o alguna propiedad.
Las diversas disposiciones en materia de arrendamiento vigentes en esos años hasta antes de 1985, provocaron una confrontación cada vez mayor en la medida en que se fueron generalizando los desalojos, resultado de un creciente incremento en las rentas y la imposibilidad de que las pudieran pagar por muchos inquilinos.
Esta situación generó una confrontación recurrente en distintos barrios de la ciudad, puesto que la legislación inquilinaria facilitaba el desalojo, y la creciente organización popular impedía que estas arbitrariedades se cometieran impunemente.
Debe recordarse que el surgimiento del Movimiento Urbano Popular en el centro de la ciudad de México fue particularmente inquilinario, en tanto que en la periferia más bien se organizaron movimientos de colonos o de solicitantes de servicios.
I. Evaluación de la Reforma Inquilinaria.
1. No insistiré más en el procedimiento que se siguió para aprobar la iniciativa de reformas, aquí comentada pero sí valdría la pena recordar que la misma ingresó el jueves 8 de julio, a las dos de la tarde. A las tres de la tarde el Presidente de la Comisión de Vivienda citó a la reunión. A las seis de la tarde del día siguiente ya tenía hecho el dictamen. Y en cuatro días naturales, (no contando que era sábado y domingo), el lunes se aprobó en una sesión, que además, no fue en el salón de sesiones y en donde los mismos diputados del partido oficial se hicieron fraude en el Diario de los Debates porque inflaron en número de votos que en definitiva se incluyó pues la misma Prensa constató que no había ahí tantas personas presentes como para emitir su voto; ¡porque además no caben!
No insistiré más en el aspecto jurídico que ya ha sido comentado, que demuestra que la legislación es inequitativa y por ello no garantiza la impetración de justicia, sino comentaré dos argumentos que han venido defendiendo quienes legislaron con prisa e impusieron la Ley y también sumisamente lo aceptaron en la Cámara de Diputados.
Uno, que la ley actual o la vigente hasta antes de la reforma era anacrónica, y que había un decrecimiento del número de viviendas en renta
y que la situación iba perjudicando permanentemente a este mercado por el decrecimiento de la oferta y el incremento en la demanda.
Se pretende hacer creer que quienes nos opusimos a las reformas defendiamos lo anacrónico. Nada más falso. Desde hace mucho tiempo, aun antes de los sismos de 1985, diversos sectores, aún incluso el propio Gobierno, había venido insistiendo en la necesidad de una legislación inquilinaria, que estableciera y regulara los mecanismos mediante los cuales se promoviera y se atendiera la construcción y la regulación de la vivienda en renta.
En diversos foros y en diversos momentos se han venido presentando las diversas modificaciones que deberían de haber hecho al Código Civil y a otras disposiciones legales. No estamos defendiendo lo obsoleto nosotros no estamos defendiendo que la Ley regrese a como estaba antes, sino que se expida una nueva Ley que contemple con justicia los diversos factores que intervienen en el mercado de la vivienda en renta y que además, analicen la factibilidad de que se construyan más viviendas tanto propias como para la renta.
Con ello queda demostrado que el argumento que se utilizó para aprobar la reforma es falaz, que se quisieron poner en boca, de quienes nos opusimos a ella, argumentos que nunca dijimos y que nunca hemos defendido. Pero además, el análisis que se hace de la tendencia del mercado de la vivienda en renta no es profundo, se dice por ejemplo que había efectivamente, y lo afirmamos también, una tendencia decreciente del número de viviendas en renta, esto es así, pero por varios factores. Primero porque el número de viviendas que dejaron de serlo para convertirse en oficinas o bodegas, es alto, pero es el resultado del crecimiento de la economía informal en algunas de las grandes concentraciones urbanas.
Porque efectivamente es mucho más productivo y deja más ganancias rentar para bodegas o abra oficinas que para vivienda. Esto fue la tendencia que propició que por ejemplo en el Centro Histórico de la Ciudad de México se haya venido reforzando una política que no garantiza el respeto del uso del suelo. Pero también el decremento en el número de viviendas en renta es resultado de que aún el propio partido oficial promovió movimientos para la adquisición en propiedad de las viviendas rentadas. Estas no dejan de ser viviendas, lo que ha habido es un movimiento mediante el cual diversos inquilinos dejan de ser inquilinos se vuelven condóminos.
Así en el caso del Distrito Federal esto se ha venido haciendo particularmente a través del Fideicomiso Casa Propia. No es inconveniente esto, por el contrario es una política estatal, que trata de ser seguridad porque la vivienda es un derecho constitucional y se trata de garantizar un patrimonio para la familia.
En este sentido, efectivamente hay una tendencia al decrecimiento en el número de viviendas en renta que se ofertan, pero eso también es resultado de que el Estado desde hace ya bastantes años dejó de invertir o de generar gasto público para la vivienda en renta. Pero, además, la inversión privada dejó de invertir en este mercado primero porque hay una escasez de suelo y porque es mucho más redituable para algunas otras actividades que para la vivienda. Segundo, porque efectivamente la legislación no regulaba adecuadamente el mercado inmobiliario, pero esto no quiere decir, que ahora se deje a las libres fuerzas del mercado, a una desregulación bárbara, los mecanismos mediante los cuales los inquilinos quedan indefensos ante el poder de las inmobiliarias que asesoran a los propietarios de los inmuebles que se rentan.
La inversión privada en la renta decreció, porque hay tasas de ganancia mucho muy superiores en otras actividades, que son menos riesgosas y más productivas.
La pregunta que debe hacerse a quienes aprobaron la reforma es, si con ella garantizan que se incremente el número de viviendas en renta. ¿Garantiza la protección de los derechos de los inquilinos la nueva legislación? Ya se ha demostrado que no, se ha dicho que incluso ahora sobre la base de lo que se va cobrar de renta, las viviendas van a ser decorosas.
Nosotros sabemos que ése es otro argumento mendaz, puesto que si los inquilinos tuvieran capacidad para pagar la reparación de las viviendas que no sólo son acabados y algunas otras cosas, pues fácilmente podrían pagar las mensualidades de una vivienda propia, y no tendría sentido ir rehabilitando, por ejemplo cuartos de azotea, cuartos de servicio, viviendas provisionales etcétera.
2. La estructura de la demanda de vivienda en renta es masivamente popular. Son realmente sectores pequeños de clase media alta o de clase alta los que demandan vivienda en renta, generalmente prefieren comprar una vivienda porque, además el precio de la vivienda propia tiende a crecer y es mucho más redituable comprar una vivienda y después volverla a vender si acaso
se va a ocupar temporalmente, a rentar cualquier vivienda.
En este sentido, la demanda de la vivienda en renta es estrictamente popular y esto tiene una estructura de ingresos. Suponiendo sin conceder que creciera la oferta de vivienda en renta, no necesariamente la demanda se correspondería con ella, por el simple problema de precio.
Nosotros podemos ver en la ciudad cómo un sector que habitaba el condominio ha transitado a la vecindad y otro sector de la población que habitaba la vecindad ha transitado al campamento. La existencia del campamento y la reproducción de los campamentos en la Ciudad de México es resultado de la insuficiencia económica de quienes demandan vivienda en renta.
3. Esta reforma no está asociada a una propuesta integral de vivienda, incluso es contradictoria con algunos de los aspectos de la política oficial de vivienda, por ejemplo, precisamente con el Fideicomiso Casa Propia. Porque al alentar el crecimiento de la ganancia de los propietarios de los inmuebles va a haber una tendencia a la disminución de la oferta de viviendas que están rentadas y que los inquilinos quisieran comprar porque al propietario le va a ser más redituable mantenerla que venderla, y porque además no hay derecho al tanto; ¿entonces estaremos asistiendo con esto a la defunción del Fideicomiso Casa Propia en el caso de la Ciudad de México? Muy probablemente si, porque se va a quedar sin materia, es con el programa "Echame una Manita" del Centro Histórico que ha servido para algunos hoteles, para algunos restaurantes, pero que por la poca posibilidad de acceso financiero de los inquilinos del centro, a este programa; entonces éste que ha disminuido sus acciones de vivienda.
Pero además, la reforma parte de algo que es difícilmente comprobable, por ejemplo, que ya existen viviendas suficientes y que no se rentan porque la ganancia es poco atractiva. La pregunta es: ¿una familia va a rentar la cocina o una recámara o la sala o la biblioteca o el salón de juegos? Digo, entrando ya a la ironía; o si realmente existe eso. No es cierto. Las viviendas que existen están saturadas, hay una alta densidad ocupacional de las viviendas existentes propias o rentadas, por el crecimiento demográfico.
Resulta que las viviendas mágicamente se van a reproducir con la reforma como si existieran y no se rentaran porque no se paga lo suficiente. No es cierto, el problema es que las viviendas que hacen falta no existen y las que existen están saturadas.
4. El Estado está consciente, y el Departamento del Distrito Federal, que las reservas territoriales con la que cuenta, se ha venido utilizando una parte para un programa de vivienda para este año en víspera de la sucesión presidencial y el año entrante; pero también sabían que hay un límite de la reserva territorial, y entonces se ha querido con esta reforma, alentar el mercado inmobiliario, pero esto no se hizo bien.
Efectivamente hay que fortalecer al mercado de vivienda en renta, pero esto también tiene que estar asociado a un mercado de vivienda propia, y tiene que haber una adecuada correspondencia entre uno y otro, y se tendrá que ver si se pueden construir más niveles y si la resistencia del suelo en la ciudad de México es suficiente para eso. Pero finalmente todo esto tiene un límite; entonces este asunto tendrá que ir asociado a un programa de desconcentración, de descentralización, de estímulo y de coordinación metropolitana para la construcción de vivienda en el área conurbada de la Ciudad de México, pero que, además, es un problema de las 100 grandes ciudades del país, que no están siendo debidamente atacado.
Por eso mismo, el partido oficial ha tenido que discutir, que la reforma como se ha venido implementando no es suficiente y que incluso puede ser contraproducente, porque también puede suceder que no haya las condiciones sociales para que la Ley se aplique como está previsto, y que entonces en lugar de que se incremente la inversión privada en vivienda de renta, haya resistencia a que esto suceda porque aunque los inquilinos pierdan el juicio de deshaucio, siendo la vivienda un patrimonio con una alto valor social y de un alto valor sentimental incluso, y siendo el arraigo un aspecto esencial de la vida de los capitalinos, va a haber resistencia incluso organizada que puede llegar a ser violenta, como en las décadas pasadas, para evitar que un juicio que se perdió se culmine en el desalojo.
Y no va a ser sólo la oposición política, van a ser todas las organizaciones sociales, incluida las vinculadas al partido oficial. Tendrá que entenderse que en lugar de alentar; legislación como está planteada, va a asustar, porque el capital no se va a acercar aunque gane juicios, si la colonia, la manzana, el barrio o el movimiento se asocia y se enfrenta a los granaderos (como sucedía antes de 1985) permanentemente, y evita que se culminen los desalojos, o si vamos a tener presos para evitar desalojos, por daños en propiedad ajena, etcétera, y si eso realmente va a alentar al capital internacional por ejemplo, que vendría asociado con el TLC.
No es cierto entonces, que la reforma tenga bondades y bien valdría la pena que entonces, no por un mal entendido principio de autoridad, ya no nos escucharán sólo a los que desde la oposición criticamos el procedimiento y el fondo, sino el Gobierno escuchará a quienes de dentro del propio Gobierno han venido insistiendo en que fue un error la forma en como se aprobó; fue un error el contenido, que tiene altos costos sociales, económicos y políticos y debe darse marcha atrás, no para que quede como estaba la Ley, sino para hacer un verdadero proyecto de legislación de vivienda propia, vivienda digna, justa, a precios accesibles, que garantice equilibrio entre los diversos factores que contribuyen al mercado inmobiliario y que permitan una convivencia civilizada en la ciudad.
Ojalá quienes en el Gobierno tienen esa responsabilidad, entiendan que es un reclamo social y que en este sentido bien harían en reconocer que se equivocaron.
5. Ha sido un recurso utilizado con reiteración de parte del oficialismo, pretender descalificar las razones de quienes se han opuesto a sus medidas, desdibujando, distorsionando o adjudicando a quienes se oponen a ellos, palabras o conductas políticas que no son las que se defienden.
Un clásico ejemplo de ello, para defender la política neoliberal o desregulacionista del régimen, es acusar a la oposición de estatista, nostálgica o defensora de lo anacrónico, acusándola de pre moderna o de opuesta el cambio; defensora de lo que está, es decir, en el fondo conservadora. Es decir, acusando a quienes se oponen, precisamente de lo que durante muchos años fue el propio régimen.
En la materia que nos ocupa se está utilizando esta táctica y conviene deslindarse y debatir a fondo con los verdaderos argumentos y las múltiples razones.
La iniciativas de reforma en materia inquilinaria no son nuevas. Si revisáramos el Diario de los Debates de las últimas cinco o seis legislaturas, encontraría que ha sido la oposición, particularmente la de centro izquierda, la que en reiteradas ocasiones ha presentado diversas modificaciones en materia inquilinaria, la mayoría de las cuales no han sido debatidas siquiera. Así es que no se puede acusar a la oposición democrática o a los movimientos sociales, de defender el Código Civil, que se legisló en 1985 cuando esto se aprobó con la oposición de quienes entonces en la Cámara tenían representación, que eran precisamente los diputados del Partido Mexicano Socialista.
No es cierto que se defienda lo vigente o lo que era vigente hasta antes, Eso se ha utilizado para decir que no tenemos propuestas o que decimos lo que ya estaba y que no ha funcionado. Coincidimos en que no ha funcionado, pero el diagnóstico que hacemos de las razones por las que no ha funcionado es distinto y, por lo mismo también el tratamiento. Nosotros no estamos defendiendo un estatismo o una sobreprotección o una anulación de la inversión privada en renta, por eso tampoco negamos al mercado. Negar la existencia del mercado sería una sin razón; sería absurdo pretender ocultar que el mercado existe y que va a seguir existiendo. Así es que tampoco vamos a decir que no exista una oferta de vivienda en renta y por lo mismo una demanda y que nos neguemos a analizarla o utilizarla.
De lo que estamos en contra es de la concepción de la competencia pura y perfecta, dejada sólo a los factores libremente y al concepto del equilibrio general, de que los factores en este caso oferentes y demandantes de vivienda por sí solos, van a llegar al equilibrio general, de que los factores en este caso oferentes y demandas de vivienda por sí solos, van a llegar al equilibrio sin la regulación del Estado. Negar el papel del Estado es como negar el papel del mercado. Apelar a la compatibilidad entre el Estado y el mercado y el papel del Estado en el mercado y de los diversos sectores sociales, es apelar a un modelo económico que no niega la existencia de lo privado, pero que desde luego privilegia lo público.
Un estado como el mexicano, no puede negar la aspiración a la justicia social. Y la justicia social no es un valor sólo para los discursos, si no que es un elemento sustancial de la política del Estado.
Negarse a reconocer que la reforma no garantiza la impetración de justicia social, si no que por el contrario agudizará la iniquidad y la injusticia, es negarse a reconocer que el Estado no está cumpliendo con su papel, porque en primer lugar el Estado no presenta en esta iniciativa, una política integral de vivienda: no la hay. Como sí la hay en otros aspectos. Por ejemplo hay una política integral en lo que se refiere al comercio. No puede negarse que incluso en su terreno internacional existe. Pero en vivienda hay políticas diversas, dispersas incluso contradictorias entre sí, sin una adecuada planeación. La planeación no es estatismo, es racionalidad económica.
6. Estamos aceptando que el papel de los sectores privados particulares o como se les quieran llamar, son fundamentales, nadie se niega a reconocer
eso. En lo que estamos discrepando es en cómo incentivar las acciones particular e incluso de la sociedad, para garantizar que el problema de la vivienda tienda a resolverse en justicia.
Y justicia no es nada más para los que menos tienen, es equidad. Y eso supone también interesarse por los intereses de los otros sectores que intervienen que son los que tienen su vivienda y la pueden rentar, los que rentan parte de su vivienda o los capitales inmobiliarios que ganan invirtiendo en eso. También es eso justicia. No se trata entonces de una expropiación o de desaparecer el papel de lo particular en lo público, sino de darle su dimensión, y en esta iniciativa se privilegia el interés particular en demérito de lo público y lo social y entonces se requiere de una política que tenga exactamente el sentido inverso, porque es la vivienda un interés estratégico, entendido como un interés social fundamental establecido en la Constitución.
Si estuviéramos hablando de cualquier bien, del que fuera, de otro bien que no fuera o que no tuviera ese contenido, podrían aplicarse de otra manera los criterios del mercado. Pero al hablar de un bien que tiene un alto contenido social, no pueden dejarse al equilibrio bárbaro del mercado, a la Ley de la selva urbana, a la desregulación o a que esta ciudad se deje en manos de quienes tengan mejores mecanismos de defenderse.
En esta lógica entonces hay que buscar propuestas, pero reconociendo que todas las propuestas pueden ser discutidas. Lo primero que tiene que reconocerse es que lo que se legisló es una propuesta, que precisamente se está discutiendo porque no tiene consenso. No estamos desconociendo que se trata de atacar un problema, necio sería negarlo, pero tampoco podemos reconocer o aceptar que porque simple y sencillamente se votó en las condiciones en que se hizo, ya sea indiscutible o inatacable e inapelable por que el efecto social político se va a ser elevado.
En esa lógica no entran las descalificaciones; por el contrario, entran las razones.
Hay que buscar una política que involucre a los diversos sectores y factores que intervienen en el problema de la vivienda; que garantice equidad, justicia; que tenga tendencias a incrementar el número de viviendas propias y rentadas, que garantice que quienes demanden lo puedan pagar y quienes lo renten reciban la ganancia que le corresponde por su patrimonio; que tengamos juicios que no permitan la corrupción pero que tampoco permitan la arbitrariedad; que tengamos la capacitación adecuada para defender tanto al arrendador como al arrendatario. Y que esta sociedad pueda ir encontrando caminos que le permitan resolver sus problemas.
Eso, desafortunadamente no se logra con iniciativa. Pero habrá que buscar los consensos para legislar y para garantizar que la política del Estado contribuya a ello.
II. La turba
La crítica de la violencia está inevitablemente asociada al Derecho y a la noción de justicia en la medida en que, en una determinada sociedad, ambos tienen incidencia a partir de concepciones morales comúnmente aceptadas.
En lo general la violencia es un medio y no un fin en sí mismo. En los acontecimientos del 18 de agosto en el Palacio Legislativo de San Lázaro, se utilizó un medio ilegítimo y contraproducente, aunque con ello se hayan perseguido fines justos.
Durante la marcha del 28 de julio, el uso de la violencia por parte del Estado tuvo un alto grado de ilegitimidad cuando impidió, mediante los cuerpos policiacos, que las diversas marchas del MUP llegaran a la residencia oficial de Los Pinos, cuyo resultado fue docenas de militantes golpeados.
Por ello es importante resaltar que fue el régimen quien primero utilizó medios ilegítimos para pretender imponer fines injustos en contra de miles de inquilinos.
La primera evidencia de este hecho es que, sin mayor discusión, en cuatro días naturales, del 8 al 12 de julio, se aprobó la reforma a diversas disposiciones en materia de arrendamiento, que provocó irritación social.
A esto el Gobierno añadió la violencia del 28 de julio cuando impidió, el arribo de la marcha del MUP a los Pinos.
Este acto violento de la autoridad permitió al movimiento urbano colocarse a la ofensiva, a tal grado que el 4 de agosto Salinas de Gortari tuvo que cancelar el dialogo previsto con los dirigentes del MUP y anunciar que se modificaría el decreto.
Después del 4 de agosto se abrió una coyuntura que concluyó el día 18, con el uso de la impunidad de la mentira por parte de los medios masivos de comunicación, lo cual deterioró la imagen de organizaciones sociales que han trabajado
durante muchos años en beneficio de miles de familias de escasos recursos; también significó un golpe contra el Partido de la Revolución Democrática, porque pretende volver a aplicarle la imagen de organización violenta, que se difundió después de los hechos violentos de Tejupilco, Estado de México del 11 de noviembre de 1990.
El 18 de agosto las marchas confluyeron unitariamente. Había acuerdos tomados para que una Comisión ingresara al Palacio Legislativo, fuera recibida y se convocara a un debate de contenido de Reforma Inquilinaria. Dos elementos se configuraron ahí: el estado de irritación de una parte del movimiento que buscó aprovechar la coyuntura para desacralizar el Palacio Legislativo y la presencia de personas no identificadas que azuzaron permanentemente a la masa excitada. Esto generó un ambiente de provocación y violencia que luego fue utilizada en nuestra contra.
Debe subrayarse que quien realmente ejerció la coacción en contra del Poder Legislativo, ha sido precisamente el Poder Ejecutivo, que mediante el ejercicio del presidencialismo ha condicionado e impuesto permanentemente los ritmos, los tiempos y los contenidos que el Congreso de la Unión requiere. Entonces lo que tiene que reforzarse es la crítica al poder legal del Ejecutivo y a su poder de facto.
La intimación como política del Estado lleva la intensión de desarticular al MUP.
Con el pretexto de los sucesos del 18 de agosto, el Estado aplica una política intimidatoria para desarticular, inhibir y restarle autoridad moral a un movimiento social que ha demostrado consistencia, madurez e incluso ha hecho aportes significativos al desarrollo urbano de la ciudad. Este es un ensayo para impedir que estos movimientos ejerzan algún tipo de resistencia cívica en 1994.
Para ello se requiere que el parlamento no siga presentando el notorio y triste espectáculo de no atender los reclamos populares y que obedece, más bien decisiones indignas del poder, que tiene compromisos que no acepta explícitamente pero que pretende imponer coactivamente en beneficio de un solo grupo social. La decadencia del parlamento mexicano, el desprestigio del Poder Legislativo, la impunidad con que se ha ejercido el mandato popular por parte del partido oficial, la traición que los diputados del oficialismo han cometido en la Cámara, fueron algunos de los elementos, que sin duda motivaron la irritación popular. Por ello, es importante aspirar a una posible regulación no violenta de los conflictos sociales que existen. El acuerdo sin violencia se da donde quiera que prevalece la cultura, que pone y antepone el interés del entendimiento, de la confianza, de la tolerancia, de la madurez y de la pluralidad.
La Ley tiene que ser aplicada sin criterios que generen más conflictos de los que pretenda resolver. Los medios para evitar que los conflictos generen violencia, están establecidos en la esfera política; el entendimiento civil implica un acuerdo no violento que es necesario hacer prevalecer, por el contrario, si se entroniza la cultura autoritaria que antepone a la violencia ilegítima, ilegal de parte del Estado, si se mantiene el engaño como razón del Estado, si prevalece la simulación, si el Estado se separa de la sociedad y le tiene desconfianza o temor, si se abandonan valores morales socialmente aceptados y antes que las soluciones políticas en los conflictos de intereses se aplican fuerzas en los litigios, obviamente se estará asistiendo a una escalada en el terreno de la confrontación.
La existencia de un poder fuerte, centralizado y disciplinado no es incompatible con la crítica que la oposición puede hacer a la política impuesta por el Estado. Mucho menos, con la coacción a la libertad de expresión o el silencio cómplice, es necesario respetar la posibilidad de que existan contrapesos políticos importantes para evitar que el autoritarismo genere procesos de confrontación política que tarde o temprano resultarían muy costosos.
Es pertinente también señalar que nuestro partido utiliza medios legítimos para obtener fines justos. La legitimidad de los medios para alcanzar justicia social se decide en la esfera de la razón y del entendimiento, los fines justos universalmente válidos y reconocibles implican el consenso social y la armonización de intereses contrarios. Nuestro partido no aspira a la violencia destructiva, ni a la ruptura del Estado de derecho, sino que ha sido y seguirá siendo, el garante de la paz social, que sólo es posible si predomina la política antes que el interés de los poderosos. Por ello es posible apelar a la inteligencia del derecho y no a la crueldad o a los sentimientos de venganza o al castigo como razón para orientar la política estatal.
Estamos de acuerdo que la ignorancia de la Ley no exime a nadie de su cumplimiento, pero también es cierto que la aplicación ortodoxa de la Ley genera una visión mítica de la misma que tiende a la insensibilizarse ante el reclamo social.
Por ello no admitimos o no podemos admitir la vigencia del dogma de la sacralidad, que es en todo caso una aberración política.
La sacralidad del Zócalo capitalino el 2 de octubre de 1968 fue una de las razones de Estado para evitar que las masas llegaran a este lugar; después de su desacralización que costó cientos de muertos, el Zócalo es un espacio de libertades públicas que se ejercen permanentemente.
El recinto legislativo debe desacralizarse, abrirse al pueblo, quitar las rejas que impiden el contacto con el exterior, construir debates públicos que garanticen que la sociedad se entere de lo que ahí se discute y se vota.
La crítica de la violencia tiene que estar hecha también en el marco de una determinada filosofía de la historia. Lo que estamos haciendo es asistir a una nueva época histórica en donde fuerzas conservadoras intenta regresar a momentos de la vida política del país ya superados. No es el problema de la provocación, de la represión, del predominio de los duros, el que va a abrirle camino a la democracia en el país, es por el contrario el predominio de la política moderna que le reconoce al interlocutor la posibilidad de que le asista la razón y que negocie y consense antes que ejercite el autoritarismo para conseguir sus fines.
Nuestro partido tiene la obligación de seguir discutiendo sobre éste y otros asuntos, de analizar las diversas acciones descoordinadas ante los sucesos del 18 de agosto, las declaraciones contrapuestas entre sí, la falta de una estrategia política única, la conflictividad que se vive en el movimiento social urbano popular, la competencia que se desarrolla en su seno, reconocer los errores, pero sin olvidar que lo principal en este momento consiste en abrir el camino a la derogación de la Ley Inquilinaria aprobada el 12 de julio y discutir una nueva reforma.
No podemos renunciar a nuestro derecho a la manifestación, pero no podemos seguir dependiendo o ir a la zaga de lo que los movimientos sociales hacen. Necesitamos fortalecer el espectro ciudadano del PRD, para garantizar que, sin renunciar a nuestra adecuada relación con el movimiento social, el PRD tenga autonomía y capacidad de diseñar su propia política. Esta será una tarea fundamental en los meses siguientes. Tampoco podemos, sin embargo, ahora volvernos hipercríticos en momentos en que el Estado lo que desea es profundizar las contradicciones entre nosotros. Por el contrario, sin renunciar al ejercicio libre y democrática de la crítica y la autocrítica, hay que actuar con prudencia. Si la prudencia no privó en los momentos de violencia del 18 de agosto, tiene que privar ahora abriéndose camino la razón y el entendimiento, antes que la obsecación de la violencia aún tenga sustento político.
III. Hacia una propuesta alternativa.
1. Es correcto el diagnóstico que se hizo cuando se presentó la iniciativa de Ley de Reforma a Diversas Disposiciones en Materia de Arrendamiento del Código Civil, del de Procedimientos Civiles y de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en el sentido que el mercado de la vivienda en renta había venido decayendo significativamente durante los últimos 10 años.
La causa principal de este deterioro se localiza en primer lugar en que la política del Estado de inversión pública y del destino del gasto social para vivienda en renta fue paulatinamente alejándose de esta expectativa, incluso algunas de las unidades habitacionales que se construyeron con este fin, pasaron a ser propiedad de los habitantes, de los inquilinos, toda vez que resultaba muy complicado administrar rentablemente estas unidades habitacionales.
2. Los sismos de septiembre de 1985 deterioraron aún más el mercado de la vivienda en renta, toda vez que el derrumbe de miles de habitaciones, y la existencia del Programa de Reconstrucción Habitacional Popular, permitieron que muchas familias de escasos recursos después de la tragedia se pudiera hacer de una vivienda propia.
Fueron más de 80 mil las viviendas que en un lapso pequeño de tiempo se construyeron principalmente en el Distrito Federal, lo cual generó una expectativa que permitió el acceso a la vivienda propia.
Pero también es cierto que el deterioro del mercado de la vivienda en renta estuvo asociado también a la legislación que al respecto existía antes de 1985 y la que existió posteriormente.
3. Sabemos que no existe para la capital del país una Ley propiamente inquilinaria, sino que las diversas disposiciones se encuentran plasmadas en diversas leyes, y que esto además en ausencia de una política integral de vivienda, generó que por la vía de los hechos las organizaciones sociales, los propietarios de las viviendas en renta, los organismos promotores, las inmobiliarias, etcétera, establecieran códigos de conducta que no siempre estaban previstos en la Ley y que necesariamente tenían que ajustarse a la propia realidad de las habitaciones.
Los contratos firmados, sin que los inquilinos los conocieran, los acuerdos verbales, la posposición indefinida de desalojos y de sentencias definitivas que nunca se aplicaban por la presencia de organizaciones sociales, pero también la situación de miseria, hacinamiento, promiscuidad de miles y miles de familias que habitan en cuartos sin servicio, en peligro de derrumbarse o aun en campamentos de vivienda "provisional".
Desde luego que la legislación aprobada en 1985 no abrió ni generó un incremento significativo en la oferta de vivienda en renta. Se ha dicho con falsedad que quienes nos opusimos a la iniciativa que ingresó a la Cámara de Diputados el 8 de julio y que fue aprobada cuatro días naturales después, el 12 de julio, mediando un fin de semana, proponíamos lo anacrónico que estábamos defendiendo lo previsto en el Código Civil y las reformas de 1985. Nada más falso.
No se trata de defender lo obsoleto o de pretender descalificar las propuestas alternativas a partir de adjudicar a quienes discrepan, posiciones que no comparte; por el contrario, se ha insistido desde diversos partidos y el nuestro no es la excepción, e incluso desde integrantes del propio partido oficial, que se requiere una legislación moderna que establezca e incentive mecanismos claros, concretos, socialmente aceptados, para la promoción de la vivienda propia, pero también de la vivienda en renta.
Ahora estamos asistiendo a un debate que debió haberse hecho previamente a la aprobación a la iniciativa de Ley, pero que en buena hora estamos propiciando.
4. Nuestro partido está dispuesto a buscar mecanismos de consenso, propuestas alternativas que contribuyan a darle una perspectiva superior a este debate y que al mismo tiempo permita una política integral que garantice el crecimiento de la inversión, el aumento en la oferta, la regulación del mercado y desde luego el incremento también de la demanda.
En este sentido también valdría la pena reflexionar acerca de si la iniciativa que próximamente discutirá la Cámara de Diputados y la de senadores, tendrá necesariamente que provenir del Poder Ejecutivo.
Bien valdría la pena que ensayáramos un procedimiento que consistiera en que los partidos políticos, en consultas con las diversas organizaciones sociales, fueran los que presentaran la iniciativa de Ley, que próximamente tendrá que dictaminar la Cámara de Diputados en el período extraordinario.
Por nuestra parte, si se llega a consensos, si se busca acuerdos, si se es flexible y maduro, estaremos en posibilidades de que la iniciativa que se dictamine no provenga del titular del Ejecutivo, sino que pudiera provenir del consenso de los diversos partidos representados en la Cámara. Ello además fortalecería al Poder Legislativo, una y otra vez coaccionado por iniciativas del Poder Ejecutivo.
5. La iniciativa aprobada el 12 de julio no garantiza el incremento de la oferta de la vivienda en renta. Está hecha desde una óptica que confunde un bien social con una mercancía cualesquiera. Las viviendas tienen una connotación social y política de alto aprecio para la sociedad y por lo mismo no se puede dejar al libre juego del mercado de la oferta y la demanda un bien que tiene la importancia suficiente para estar establecido como un derecho constitucional en el artículo 4o.
Desde luego, no renunciamos al mercado, no pretendemos un mercado inexistente o sobreprotegido, un estatismo nostálgico de épocas del desarrollismo mexicano. Estamos aceptando que el mercado necesariamente tiene que existir, que tiene que analizarse la estructura de la demanda y de la oferta de la vivienda en renta, pero que también tiene que contemplarse otro tipo de mecanismos, incentivos, determinaciones sociales, políticas y económicas que contribuyan a fortalecer al mercado, a darle una identidad social y, desde luego a garantizar que los conflictos que eventualmente existan, a partir de intereses distintos, no deriven en violencia o en atropellos a derechos constitucionales, como son el derecho a la libertad de tránsito, al arraigo, a la vida y a una vivienda digna.
En este sentido nuestro partido no considera que la iniciativa por sí misma contribuya a elevar la oferta de la vivienda en renta. Por el contrario, incluso puede disminuirla aún más, toda vez que la conflictividad social, derivada de desalojos arbitrarios a partir de juicios que pueden durar hasta en primera instancia 35 días, puede generar violencia social, un agudo Estado de irritación que va a alejar a los inversionistas todavía más del mercado de la vivienda en renta.
6. Se deberá entonces analizar también si lo que conviene es la existencia de dos marcos jurídicos distintos para un mismo tipo de problema. No
se puede ir de remiendo en remiendo, legislando casuísticamente y tratando solamente de dejar salvadas algunas personalidades políticas sin analizar el fondo de la cuestión.
La propuesta de que la iniciativa aprobada, que entraría en vigor el 21 de octubre, no se aplique a las viviendas que hayan sido construidas y destinadas a la vivienda en arrendamiento antes de esa fecha, no garantiza necesariamente que se construyan muchas más viviendas nuevas para renta en los próximos años, ni tampoco que se cumpla esta prescripción porque habrá una influencia muy fuerte, política y social, para que los inquilinos de viviendas antiguas firmen contratos ajustados a la nueva legislación.
7. Más bien debiera pensarse en alternativas distintas. Una de ellas podría consistir que en el marco de las nuevas determinaciones que tendrán facultades de legislar sobre algunas materias del Código Civil, una de ellas sería precisamente la de la vivienda en arrendamiento.
Si la Asamblea de Representantes tuviera la facultad de legislar, sobre esta materia podría existir no sólo una Ley Federal Inquilinaria, como algunos pensamos, pero sí cuando menos una Ley para la vivienda en arrendamiento para el Distrito Federal. Esto desde luego garantizaría un estudio mucho más profundo del problema, y no sólo se estaría haciendo a partir de diversas disposiciones.
8. Ahora bien, no se puede analizar el problema de la vivienda en renta sin analizar también el problema de la vivienda propia. Si el costo de la mensualidad de una vivienda de interés social es en promedio inferior al costo del pago mensual de una vivienda en renta, será muy difícil que la demanda acceda a la vivienda en renta y tendrá ésta necesariamente la prioridad de la búsqueda de una vivienda propia.
El precio de la mensualidad de una vivienda del Fonhapo, del Fividesu, o de otra de su tipo, es en promedio muy inferior al costo de una vivienda en renta. Por ello, aparejado a la promoción de vivienda en renta, tiene que haber en los próximos años una promoción muy amplia, con una inyección de recursos, tanto privados como del Estado para la vivienda propia.
Es necesario que en la próxima discusión en la Cámara de Diputados de la Ley y del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal, que se celebrará en noviembre, exista la sensibilidad suficiente para incrementar significativamente el monto de los recursos para que el número de viviendas propias que se construyan en el próximo año sea muy superior al que se tiene proyectado para este rubro que contribuya además a fortalecer el mercado de la vivienda en renta.
En este sentido también habría que precisar que nuestro partido no pretende destruir el mercado ni acabar con los intereses de los propietarios de los inmuebles, pero tiene que haber una legislación como carácter social que sin que anule el derecho a la legítima ganancia, derivada de una propiedad regularizada, también garantice una adecuada legislación que permita que los inquilinos puedan disfrutar de ese bien sin riesgo de perderlo en cualquier momento.
Insistimos en algunas medidas que podrían contribuir a resolver el problema:
Primero, que se analice de qué manera se puede resolver el problema de los servicios en determinadas zonas de la ciudad en donde existe suelo, pero que resulta muy costosa la introducción de los mismos.
Esto tiene que estar asociado a una política de desarrollo urbano que tiene que ser consensada con las diversas organizaciones participantes y promotores de la vivienda.
Segundo, que se analice una legislación específica para la vivienda en arrendamiento del Distrito Federal, a partir de la facultad que pudiera tener la Asamblea de Representantes para legislar al respecto.
En tercer lugar, que en todo caso la iniciativa aprobada sólo se aplique para el comercio y la industria y que no solo se aplique para la vivienda en arrendamiento ni para las que ya se construyeron ni para las que eventualmente si pudieran construir.
Si se faculta a la Asamblea para legislar en esta materia muy probablemente en el primer período de sesiones ordinarias de 1995, la Asamblea podría analizar este tema y hacer una propuesta integral.
Este sería, además el cuarto aspecto: Una política integral de vivienda, que evite duplicidades, que haga expeditos los trámites, que utilice óptimamente el suelo, que no desprecie la posibilidad de expropiaciones selectivas; que se haga del conocimiento público la bolsa del suelo, de las reservas territoriales del DDF y que se busque una utilización óptima tanto en equipamiento como en promoción de vivienda.
Quinto. Que se contraten los créditos a nivel internacional suficientes, para hacer un Programa Integral de Vivienda, que revierta la tendencia al crecimiento, del déficit, en esta materia tanto a nivel del Distrito Federal, en la zona conurbada, así como a nivel nacional.
Una inyección cuantiosa de nuevos recursos permitiría revertir esta tendencia y, desde luego, podría garantizar una adecuada administración en la procuración de la justicia, que está asociada a una gran corrupción en los tribunales del arrendamiento, que son uno de los graves temores que tienen las organizaciones sociales, si se aplica inflexiblemente esta legislación aprobada.
9. Nuestro partido no pretende, y por eso también lo queremos aclarar, el regreso a la política del Estado promotor de la vivienda en renta y administrador de los mismos. No estamos defendiendo esa política, estamos buscando la promoción de un esquema moderno, que atienda la estructura de la demanda, de la oferta, que aplique incentivos fiscales, que contrate créditos suficientes, que agilice los trámites, que garantice la exención durante un determinado tiempo, del impuesto predial; que implique la introducción de servicios, que permita una revisión de los esquemas de uso del suelo, que estudie la expropiación selectiva, que permita un remozamiento de inmuebles, que por sus condiciones están en peligro de caerse. Todo esto, desde luego, sería importante que se considerara porque sin duda contribuiría a garantizar el más amplio consenso posible. Diputado René J. Bejarano Martínez, presidente del PRD en el Distrito Federal.
El Presidente:
En el turno de lista de oradores, tiene el uso de la palabra el señor diputado Isaías Rodríguez Vivas, del Partido Revolucionario Institucional, en pro.
El diputado Isaías Alvaro Rodríguez Vivas:
Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:
He escuchado con mucha atención los comentarios de mis compañeros diputados que me han antecedido, particularmente del compañero Cárdenas y del compañero Bejarano, a quienes reconozco en sus intervenciones la gran cantidad de conocimientos sobre los problemas sociales, pero desde luego que quiero señalar que en ese acervo de comentarios, creo que están implícitas las reformas al Código Civil y los transitorios que hoy se están comentando.
El Compañero Cárdenas señaló que no había habido dictamen y que no se había conocido por otros medios; sin embargo, ese dictamen se llevó a cabo, inclusive, en la página tercera del mismo está contenida la posición del Partido Popular Socialista, que en su momento fue incorporada como una aportación importante al dictamen y como una conclusión de los resultados de los transitorios.
El compañero Bejarano mencionó la importancia del derecho a la vivienda que tenemos todos los mexicanos y eso es cierto y; en un país como el nuestro de escasos recursos, de pocos recursos económicos y de una población creciente cada día que va haciendo crisis en las zonas urbanas, de mucho sirve que esté en la Constitución y de mucho sirve que esté en la Constitución porque el Estado no está rehuyendo su papel en el compromiso que tiene con la vivienda, sino precisamente lo está reforzando, haciendo participar a todos los sectores que tienen la posibilidad de hacerlo.
Todos sabemos que el problema de la vivienda no es un problema de cantidad de vivienda, es un problema de calidad de vivienda, porque si fuera un problema de cantidad no existiría tal, porque todos vivimos en algún lado. Entonces es un problema de calidad de la vivienda.
El Presidente de la República, a través de la iniciativa que envió al Congreso y que aquí fue aprobada en su oportunidad, señala como espíritu de la Ley, la posibilidad de que todos los mexicanos, o la mayoría de los mexicanos, cuenten con una vivienda digna, con mejores servicios, en mejores condiciones, con mejores acabados, en lugares que permitan que la población, que las familias se desenvuelvan en las mejores condiciones posibles.
Sin embargo, ese problema no podría el Estado resolver por sí solo, tiene que hacer participar a los diversos sectores que como inversión lo pueden hacer.
Nosotros vemos que cada día hay más necesidades de vivienda; cada día hay más necesidades de vivienda y no solamente de vivienda en compra, sino también de vivienda en renta; hay una gran cantidad de compañeros, de mexicanos, que no tienen posibilidades de acceso a la vivienda de compra y están buscando y demandando una vivienda de renta, pero esa vivienda de renta, con los recursos del Estado, no va a poder llegar. No es fácil que pueda llegar, porque no alcanzan esos recursos, es muy difícil que un país, cualquiera que éste sea, pueda resolver
con los escasos recursos propios, una vivienda de renta.
Y la idea de satisfacer la vivienda de renta y hacer participar a otros sectores, lleva implícito un objetivo paralelo: la creación de empleos. Esta participación de diversos sectores, va encaminada a que haya más inversión en la vivienda, que haya generación de empleos directos, generación de empleos indirectos y que se pueda satisfacer para una mayor cantidad de mexicanos, esta necesidad que cada día es más grande.
Por otro lado, consideramos que no es justa la posición de que se quiera omitir el compromiso político que ha tenido el Partido Revolucionario Institucional a través de los años, con las clases populares más necesitadas.
El partido Revolucionario Institucional ha estado cerca de los problemas de la tierra; de la vivienda; de la salud. De toda esa serie de satisfactores sociales que son imprescindibles para la población y, una de las cuestiones que hemos procurado mantener, es que el compromiso moral con las clases populares, sea apegado a la verdad; no podemos hablarles de cosas inciertas, ni se pueden plasmar ni apoyar en las reformas constitucionales, aspectos que no se pueden satisfacer.
Por eso considero que es muy importante contemplar que el Partido Revolucionario Institucional ha estado cerca de los requerimientos sociales; no hay un producto más caro en el mercado que aquel que no existe y se necesita y; la vivienda es un requerimiento que se está necesitando urgentemente y que solamente con la inversión privada se va a poder satisfacer y se va a poder llegar a un mercado mucho más cercano a las clases populares.
Se han retomado en estos ordenamientos, las preocupaciones expresadas por los grupos sociales urbanos y se han integrado a la iniciativa. Había una preocupación importante porque no se llevaran a cabo desahucios masivos y ya aquí se ha aclarado el procedimiento; había preocupación porque pudieran darse aumentos justificados de renta y ya señalamos aquí cual es la forma aplicable en ese sentido. Ha habido diferentes inquietudes sobre la seguridad de los procedimientos a aplicar en casos de controversia y ya se establecieron las normas procesales que recogerán los casos de conflicto.
Así que como ustedes ven, la iniciativa contempla todas esas cuestiones y considero que es muy importante que al emitir el voto, analicemos las consecuencias de ellos. Queremos vivienda y todos los partidos políticos la quieren; todos los partidos políticos independientemente de las ideologías que cada quien tenga, todos queremos una vivienda digna para nuestros paisanos mexicanos. Todos queremos que haya más vivienda; todos queremos que haya más satisfactores y yo considero que la inversión privada, las ofertas que se van a abrir para la vivienda en renta, van a dar como consecuencia que haya una mayor oferta y por consecuencia menor rentabilidad en las rentas.
Así pues, yo quiero invitar aquí a todos los compañeros de todos los partidos, a que nos sumemos en esta inquietud, nos sumemos en esta iniciativa que va a tener repercusiones a corto plazo.
Sabemos que en este momento no hay vivienda y sabemos que la población está creciendo a pasos acelerados. ¿Que va a pasar a fines de siglo cuando seamos más de 100 millones de mexicanos y la escasez de vivienda aumente si no se toman medidas inmediatas?
Yo creo que esta iniciativa representa una verdadera oportunidad para que ese mercado de vivienda que está haciendo falta en este momento, tenga un complemento, tenga un estímulo y como paralelo y como consecuencia de ello, un incremento en los empleos directos e indirectos, que la industria de la construcción es una de las mayores promotoras de empleos que puede existir. Muchas gracias.
Presidencia del diputado José Ramos González
El Presidente:
Para rectificar hechos, hasta por cinco minutos, tiene la palabra el diputado René Bejarano.
El diputado René Juvenal Bejarano Martínez:
Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Recientemente la revista Expansión informó que eran aproximadamente 2 millones de metros cuadrados el espacio físico ocioso de oficinas que se ofertaban, pero que no se alquilaban por el alto precio de las mismas.
Yo menciono este dato porque quiero decir que en efecto, generalmente, cuando la oferta de un bien sube, el precio del mismo tiende a bajar, pero que esto no es un dogma y que hay factores que contrarrestan este funcionamiento de la economía y que puede haber mecanismos de sobreoferta porque está relacionado necesariamente con la demanda.
Al existir una sobreoferta en el mercado del arrendamiento para oficinas, comercio e industrias, no necesariamente han bajado los precios de estos alquileres porque el problema es que el capital de este sector tiene una alta concentración monopólica y prefiere, sobre la base del crecimiento, del valor catastral y comercial de los inmuebles, sacrificar el arrendamiento, toda vez que es un bien que por el tipo de bien que se trata, tiene un crecimiento en su valor en esos dos niveles.
En este sentido, podemos suponer sin conceder, que suba la oferta de vivienda en arrendamiento. Aquí lo primero que tenemos que ver es qué tipo de vivienda; para qué estrato social y a qué precio.
Pero en segundo lugar, ver sólo la oferta y no estudiar la composición de la demanda, no es un análisis correcto porque la demanda, primero, tiene problemas de liquidez de ingreso; no tiene dinero para decirlo claramente. Es decir, aunque suba la oferta de vivienda en renta, por ejemplo, media, nosotros pensamos, hemos visto los datos, puede haber una sobreoferta de vivienda para clase media alta y alta, pero no para el caso de la vivienda de carácter popular.
Este problema está asociado también con la comparación que hace una familia sensata que analiza la mensualidad de un crédito de interés social y que al comprarla con el monto de la renta, observa que es mucho más baja la mensualidad de un crédito de interés social, que el pago de una renta aun sea de sector popular y que entonces prefiere el hacinamiento, prefiere la concentración en un solo espacio físico de varias familias, para poder ahorrar lo que es el enganche o el pago de la escritura o la organización social para privilegiar la vivienda propia aun cuando se trate de familias de reciente formación, parejas jóvenes.
Entonces, al estudiar la estructura de la demanda, se tiene que analizar también el otro mercado o los submercados. El de la vivienda prestada, el hacinamiento en una sola vivienda de varias familias, el de los campamentos etcétera.
Estos submercados, que existen y que ocupan miles y miles de familias, se han ido acrecentando porque las familias en lo general prefieren la vivienda propia antes que la vivienda en arrendamiento, porque desde luego, tiene un mayor nivel de seguridad.
Entonces lo que debe hacerse, y por eso nosotros lo proponemos, es promover una política integral de vivienda que expanda el número de vivienda propia de carácter popular y que tienda a incrementar la oferta de vivienda en venta, pero que analice el precio de ambas para que en todo caso la renta que se pague en la vivienda popular rentada sea menor en su monto al pago de la mensualidad de un crédito de interés social y, desde luego, no estoy proponiendo que el monto del crédito de interés social suba, sino lo que el Estado tendrá que hacer, y ahí es donde actúa con responsabilidad, es analizar o aplicar una política regulatoria como ya se ha dicho aquí: exenciones fiscales, inversión pública en viviendas para renta, no para administrar las viviendas en renta, sino para garantizar que el parque habitacional de este tipo de viviendas crezca consistentemente, que ése es el otro problema que no ha tenido la continuidad debido a la política al respecto.
Sin duda, como se ha dicho aquí, es un tema complejo. Pero yo quería preciar al respecto porque sin duda también esta visión del suelo del lado de la oferta no responde al problema integral. Y el problema es que la Ley, la Ley que se aprobó el 12 de julio y que sólo se están modificando los transitorios, está pensada sólo desde el lado de la oferta, sólo básicamente desde el lado de la inversión y no analiza el contenido social que esto tiene ni garantiza políticas que incrementen la demanda y que atienda los problemas asociados con sectores de bajos ingresos.
El Presidente:
En seguida, tiene el uso de la palabra el diputado Diego Zavala Pérez, del Partido Acción Nacional, para fijar posición.
El diputado Diego Heriberto Zavala Pérez:
Señor Presidente; señores secretarios hay que levantarles la moral, y señores diputados:
Voy a hacer un comentario, porque me parece de estricta justicia, en relación a la expresión de uno de los oradores que me precedieron.
Quienes se estremecieron ante la tragedia de 1985; quienes se sintieron solidarios en el sufrimiento, quienes removieron escombros, llevaron víveres y aliviamos heridas, fuimos los mexicanos del Distrito Federal y no fue un solo partido o dos partidos.
Señores: el contrato, cualquiera que sea su figura concreta, ejerce una función y tiene un contenido constante: es un instrumento práctico que realiza las más variadas finalidades en una vida económica y social.
El contrato de arrendamiento, lo sabemos, tiene una importancia vital en la vida de nuestro pueblo, por una parte, el transmitir el uso y goce de un bien. Por otra parte, el pago de un precio.
Lo anterior es la forma más simple de mencionar las prestaciones fundamentales de la relación arrendaticia. En realidad implica una necesidad y una satisfacción mucho más profunda dar habitación a quién carece de ella y recibir un precio por parte de quien lo necesita.
Ordinariamente, y eso es lo malo que ha ocurrido en México, a los contratos llamados de "prestaciones cruzadas" los polarizan, hacen a las partes enemigas, contendientes, arrendador contra arrendatario y desde su nacimiento hay partes enemigas cuando en realidad podemos pensar que hay intereses que convergen; una parte necesita vivienda y está dispuesta a dar un precio. No hay que polarizar las cosas, señores, hay qué ver que un arrendador necesita de un arrendatario y un arrendatario necesita forzosamente de un arrendador.
En el Distrito Federal por décadas, se legisló en materia de arrendamiento en una forma por demás anárquica y podríamos decir improvisada; allá en los años cuarenta, durante la Segunda Guerra Mundial, bajo la Presidencia de la República de Manuel Avila Camacho, curiosamente México no declaró la guerra, sino declaró un estado de guerra en contra de Alemania, Japón e Italia; por motivo de esa guerra que se nos antoja a primera vista una tanto dispareja, hubo problemas de vivienda y en relación a esos problemas se emitió un decreto que vulgarmente se conoció con el nombre de "Decreto de Congelación de Rentas" y ciertamente, en el decreto se decía que era temporal completamente y que solamente era motivado por las circunstancias propias del estado de guerra que México guardaba. Pero en una forma muy curiosa, se limitaba primeramente a las casas habitación, para que vean la anarquía, poco tiempo después se modificó nuevamente el decreto diciendo: no, también a los comercios que sean útiles, por ejemplo tortillerías, luego panaderías, luego todos los comercios, luego las cantinas, a las pulquerías en una forma que se veía que estaban improvisando el legislar.
Ahora se analiza una iniciativa después de haber terminado con el problema anterior porque al decreto de Congelación de Rentas, siguió uno de diciembre de 1948 que ya no podía ser de la guerra, sino de la posguerra, que también fue temporal y fue tan temporal que duró pues más de 40 años su vigencia y de acuerdo con ese decreto, había dos situaciones para los contratos de arrendamiento; una legislación propia para los contratos celebrados con anterioridad al 1o. de enero de 1949 y otra legislación propia para los contratos celebrados con fecha posterior al 1o. de enero de 1949.
La iniciativa que se analiza tiene el antecedente de haber sido presentada en su forma medular en el pasado período de sesiones y de haber cumplido con todas las etapas del proceso legislativo, excepción hecha de la iniciación de vigencia. Ahora se difiere en cinco años la vigencia del decreto, más se establecen presupuestos que implican excepción en cuyos casos las reformas se aplicarán en tiempo anterior al lapso indicado.
La aprobación de la iniciativa en estudio implicaría, para el mismo acto jurídico, para el mismo contrato, para la misma realidad económica y social, la aplicación de dos ordenamientos sustantivos y dos ordenamientos adjetivos. El juzgador tendría que aplicar el Código Civil en dos vertientes, tendría que aplicar el Código de Procedimientos Civiles en dos vertientes, esto es romper con la unicidad de codificación; a dos o tres arrendamientos que contienen el mismo negocio jurídico y la misma función económica y social, se les aplica leyes distintas, lo que deviene en vulnerar el carácter de la generalidad de la Ley y de su abstracción.
La generalidad señala que a todos aquellos casos que se encuentren en la hipótesis contenida en la norma, les serán atribuidos iguales derechos y obligaciones. La generalidad es la indeterminación subjetiva y la abstracción alude a la indeterminación objetiva, la Ley regula por igual, todos los casos que conlleven la realización del mismo hecho.
El que los arrendadores y los arrendamientos tengan disposiciones diversas encarna una violación al el principio de igualdad ante la Ley.
La situación será injusta, será contra la generalidad de la Ley; será contra la abstracción de
la Ley, será inequitativa y recuerde que la equidad es la justicia del caso concreto.
Aristóteles, en el libro quinto de su Ética en Nicomeno, habla de lo equitativo y de lo justo y dice que "son la misma cosa, ambos, dice, son buenos, pero lo equitativo es mejor".
El decreto que fue aprobado, sancionado por el Ejecutivo y publicado en el Diario Oficial, es expresión palmaria de que como dijo Sancho, "las obras que se hacen aprisa, nunca se acaban con la perfección que se requiere".
Ciertamente no podemos aprobar una iniciativa que lesione estos datos jurídicos tan fundamentales y al quebrantamiento de la generalidad de la abstracción de la Ley, del principio de la igualdad ante la Ley, de la unicidad en la codificación, se une el pecado de origen que conforme a los informes que en su oportunidad dio la prensa, fue el Poder Ejecutivo quien prometió cinco años de diferencia. Muchas gracias.
El Presidente:
En seguida, tiene el uso de la palabra el señor diputado Carlos González Durán, del Partido de la Revolución Democrática, para fijar posición.
El diputado Carlos González Durán:
Con su venia, señor Presidente; honorable Asamblea:
Las reformas al Código Civil, al Código de Procedimientos y a la Ley de Protección al Consumidor, en lo relativo al contrato de arrendamiento estableció estas normas.
Los juicios de desocupación o desahucio, deben ser prontos y expeditos. Se cambió el término de duración de los arrendamientos. Anteriormente eran más prolongados los de habitación y menos prolongados los de industria y comercio; pues se cambió para que los más prolongados sean los de industria y comercio y los más breves, los de habitación.
Anteriormente para los inquilinos que tenían algún tiempo y otras condiciones, se les concedía el derecho de "al tanto", en caso de venta del inmueble, podían adquirirlo del propietario. Se extingue ese derecho y ahora se crea un derecho de preferencia, pero este derecho de preferencia no anula el contrato en el caso de ser violado, sino simplemente establece una indemnización que no excederá del importe de una anualidad de renta.
El precio de los arrendamientos tenía ciertos controles. Hoy se quitaron todos los controles.
Para los arrendamientos que son por tiempo indefinido, hay un trámite que se llama revocación unilateral del arrendamiento. Esa revocación, anteriormente al interior del país, era de un aviso de un año, ahora se pone un aviso de 15 días.
El procedimiento está regido en esta reforma por un principio procesal que se llama de la concentración. Este principio significa que todo se reúne y se desahoga en la audiencia; en la audiencia se tienen que recibir todas las pruebas, oír todos los alegatos y dictarse en esa misma audiencia la sentencia.
Si las partes quieren ofrecer pruebas, solamente ellas son las que tienen que activarlas; si quieren llevar testigos, peritos o documentos, las partes oferentes son las que tienen que allegar esos medios de conocimiento y, si no lo hacen en la audiencia, sus pruebas serán declaradas desiertas.
Por otra parte, el procedimiento tiene una norma que obliga al juez a resolver en estos términos: artículo 957, del enjuiciamiento: "El juez tendrá las más amplias facultades para decidir en forma pronta y expedita lo que en derecho convenga". Se le señala al juez la obligación de convocar a las partes a un avenimiento y que obre como amigable componedor o árbitro. Si obtiene la claudicación del inquilino, si el inquilino renuncia al derecho de defenderse, le dan cuatro meses de gracia para que desocupe el inmueble. Lo más absurdo e inicuo es estas reformas, es la fecha de la audiencia. La audiencia debe ser citada en un plazo que no exceda de 25 a 35 días, o sea, el trámite no es un trámite normal, con procedimientos y etapas procesales normales; el trámite es descarada y arbitrariamente un trámite de ajusticiamiento.
Esta es pues la mal llamada Ley de Flexibilización Inquilinaria, que acompañada de otra ley que fue la Ley que derogó la congelación de rentas, Ley que se acordó el 17 de diciembre del año pasado y el de la voz, fue el único diputado de esta honorable Cámara que votó en contra de esa Ley, no porque considerara que el precio de las rentas congeladas fuera justo, ni que las rentas congeladas no crearan problemas sobre la inversión de capitales en construcción de inmuebles para habitación, eso es obvio que es aceptado.
Si yo me permití votar el año pasado en contra de la Ley de Descongelación de Rentas, fue principalmente por la falta de una propuesta global que acabara la triple irracionalidad, que traduce el atropello no solamente del desalojo de los inquilinos de una casa o departamento, sino que la ciudad en sí es un proceso de desalojo y el país en sí, es un proceso de desalojo donde el mexicano no es dueño de su territorio nacional. Ese es el problema de fondo, es el problema de los asentamientos.
No sólo se atropellan los derechos inquilinarios, se atropella el derecho al asentamiento, lo mismo en el campo, lo mismo en las ciudades.
En materia contractual existen estos principios: el tradicional de la autonomía de la voluntad, que la voluntad de las partes es la suprema Ley de la contratación, pero en el derecho moderno, a partir de las tesis de la Universidad de Burdeos, de León Duguit y de Luis Yosserand, se instituye el principio que se llama "el dirigismo contractual". Se reconoce que el Estado tiene que cuidar la equidad contractual, porque los contratantes, en algunos casos, no se encuentran ubicados en la misma posición de poder contractual y frente a una desigualdad de poder contractual, es necesario crear una regla tipo, unas leyes tarifarías, unas normas obligatorias, que puedan instituir un contrato producto de esta tutela estatal frente a la importancia que tienen los derechos sociales.
Lo que rige en los contratos es el principio de la buena fe. La buena fe quiere decir que una parte hace para la otra parte contratante lo que esa parte espera, pero de manera recíproca y la buena fe desde el derecho romano está regida por dos principios, uno dice pacta sun sarvanda, los pactos obligan, lo expresamente pactado puntualmente cumplido y, otro principio dice: rebus sic estantibus, obligan, siempre y cuando el marco de las condiciones sociales no cambie tan notoriamente, porque si cambia y desequilibra la justicia de las prestaciones recíprocas y, se causa una lesión, un abuso desproporcionado entre esa prestaciones, entonces viene un fenómeno de la anulación del contrato.
Los contratos obligan en términos de buena fe y dejan de obligar en términos de buena fe. Esa es nuestra legislación nacional.
Por otra parte, el consensualismo de la voluntad de las partes como suprema Ley de los contratos, como principio de respeto a la palabra, este principio puede conducir a arbitrariedades, a explotaciones y abusos extremos de la parte poderosa en la contratación o de los grupos poderosos en la contratación.
La contratación del arrendamiento y de la habitación, no puede quedar sólo sujetos al espíritu de lucro, tiene que regularse necesariamente en forma tutelar por el Estado, por lo que nosotros lo que debemos hacer, si lo hacemos en función de las demandas aquí expresadas, son tres cosas: aceptar la petición de los movimientos urbanos e inquilinarios y que elaboren las comisiones un decreto de abrogación o de derogación de estas reformas aprobadas al vapor, a la greña, en un sabadazo, con sábado y domingo intermedio, cuatro días y, porque es una Ley notoriamente injusta, que crea descontento social, que crea un divorcio social, que se expresa masivamente en la opinión del pueblo.
Se trata pues de que el poder contractual tiene que ser protegido, el de los pobres, máxime los rezagos de justicia que tiene esta ciudad capital y también las otras ciudades importantes del país.
Se requiere pues una legislación que proteja la nivelación, la paridad y la igualación de los contratantes para que prevalezcan los principios de siempre, la correspondencia, la reciprocidad, la equivalencia contractual, la protección del débil.
La casa debe ser habitable, pero no sólo el departamento en que habitamos o la casa que ocupemos; lo que debe ser habitable ha de ser la ciudad. Para que la ciudad sea habitable, lo hemos dicho muchas veces, se necesitan cuatro cosas: que la ciudad permita que las familias tengan una vida independiente, que sean productivas, que tengan trabajo, que se puedan transportar, que se puedan comunicar en relaciones cara a cara y, sobre todo, que la ciudad se entienda como el espacio compartido, común, que forma el patrimonio de todos los habitantes y de los visitantes.
Las ciudades no deben ser para los especuladores nacionales o extranjeros; las ciudades deben ser para los habitantes; las ciudades deben ser para el pueblo.
Por otra parte, hay un conjunto de conflictos en el arrendamiento, no por mala voluntad en los propietarios o de los arrendadores y mala voluntad de los inquilinos, sino por el resultado de las desigualdades sociales. Se trata de que éste es un contrato bilateral oneroso conmutativo simplemente informal, pero no es un contrato paritario, viene siendo un contrato de adhesión porque el inquilino que necesita casa habitación o la toma o la deja. Entonces, se necesita que
en la celebración del contrato haya una protección. Esa protección debería ser que el arrendador no pueda exigirle a un inquilino para casa habitación más que un mes de depósito de renta para garantizar deterioros del inmueble y que le exija un fiador solvente o que le otorgue una fianza, pero no más. Acabar esos abusos de que les exigen que firmen títulos de crédito; los precios no deben quedar al libre juego del mercado. El derecho a la habitación es más importante que el derecho a la ganancia. Debe haber un criterio, una medida que ajuste o al valor del inmueble o al nivel de la inflación o al nivel de los salarios.
Todo esto, la casa habitable debe ser casa y para que la casa sea decorosa y dé bienestar a las familias mexicanas, debe ser higiénica, segura.
Otros problemas son los de la terminación. Los inquilinos que van a rentar una habitación no la van a rentar por un rato. Estos señores con la reforma acabaron con el derecho de prórroga. Ese es otro atropello.
Esta es una legislación viciosa, desigualitaria, es una legislación de mala fe, es un engaño, es un atropello que causa indignación al Poder Legislativo y que causa indignación también al pueblo.
Yo felicito al movimiento popular porque participa con dignidad en su lucha. El solo hecho que participen los reivindica en su dignidad. Estar en esa lucha ya es dignidad. Pero la dignidad debe ser hasta el término de la lucha y la lucha no es sólo por una legislación inquilinaria correcta.
Hace más de 10 años el Partido Socialista Unificado de México pidió aquí la instauración en el Distrito Federal de una entidad federativa que extinguiera el resabio colonial, las inconveniencias de la ciudad-Estado, la sobredeterminación de los poderes federales sobre los locales, la presencia de órganos y autoridades cercanas, ayuntamientos, comunidades municipales.
No bastan esas consultas ciudadanas, que son un enredo y un simple engaño, para privar a los ciudadanos de sus verdaderos derechos políticos.
Entonces, el carácter estable, el carácter correcto y completo de los órganos políticos e instituciones que necesita esta ciudad para resolver sus problemas, son un Gobierno propio, pero un Gobierno propio no puede ser un Gobierno de "dedazo", aunque le "endulcen el dedazo" con la circunstancia de que se va a elegir el jefe de Gobierno del Distrito Federal de dentro de los diputados, senadores o asambleístas mayoritarios.
Gobierno propio es el Gobierno electo, ése es el Gobierno propio, no un Gobierno impuesto desde "arriba".
Entonces, los consejos ciudadanos, decíamos, las funciones legislativas que se duplican y confunden, los que verdaderamente pueden llevar a un término las tareas, son esencialmente éstos: son los órganos competentes, genuinos, propios, que den curso.
Por lo que los compañeros del Movimiento Popular Inquilinario, no solamente tienen derechos civiles que reivindicar, tienen derechos políticos que reivindicar; si no los reivindican conjuntamente, no se van a resolver los problemas.
Yo los invito a su militancia, en el partido que sea de su preferencia, pero que militen y luchen por una dignidad más importante que es la dignidad de que el Distrito Federal se convierta en el Estado del Valle de México.
Termino con este verso: Rosita se quiere casar; pero Rosita es una señorita muy guapa, de 18 años, bellísima, "ricardona", que tiene su novio y se quiere casar el 15 de septiembre próximo, dentro de unos días. Rosita ya tiene todo arreglado, el novio formal, ya le pidieron la mano a su familia, tiene la fiesta organizada, tiene el viaje de bodas previsto, la circulación de las invitaciones, todo está en orden. Rosita se quiere y se va a casar.
En cambio, Teresita es una quedada, fea, pobretona, que dice que se va a casar dentro de cinco años, pero como puede que sí, puede que no.
Hay que distinguir el tiempo vivido, del tiempo cronológico. El tiempo vivido es un tiempo incluyente, en cada momento de ese tiempo está el pasado, está el presente y está el porvenir. Es una totalidad continuada. Es el tiempo de la convivencia.
Después de haber "metido la pata" y presentarnos una Ley injusta y al vapor, ahora nos dicen que esperemos tantito, que ese atropello no se viene encima al pueblo, que se va a diferir, por su vigencia para dentro de cinco años.
Pues bien, señores, en la filosofía del tiempo se distinguen dos clases de futuros: el futuro futurido, que es el que se nos viene encima, y el
futuro futurile, el de Teresita; el que se nos viene encima es el de Rosita.
¿Para cuándo vamos a legislar, para el año de la hebra y el mes del cordón? Pues entonces esta Ley déjenla para que entre en vigencia para el año de la hebra y el mes del cordón.
Esta Ley no puede entrar en vigencia, es una Ley que carece de fuerza de convicción legislativa. No se puede aplicar algo que no tiene fundamento ni base de justicia en el derecho nacional.
Por lo tanto, lo correcto es esto: yo me adhiero a todas y cada una de las peticiones que aquí han hecho los militantes del Movimiento Urbano Inquilinario y, propongo, como se ha señalado por algunos diputados, primero acuerdo: se deroga esa Ley mal hecha y chueca.
La palabra derecho viene de directus, que quiere decir enderezar, pues vamos enderezando las cosas y, para enderezar las cosas hay que acabar con lo mal hecho. Eso por delante.
Segundo. Que se forme una comisión, como la quieran formar, plural y tripartita y cuatripartita y de todos los partidos, que estudien estos problemas urbanos. Que estudien estos problemas del derecho a la ciudad, del derecho a la habitación y que elaboren una Ley oyendo a todas las partes. Hay que crear la justicia y el entendimiento de todas las partes, pero hay que crear esas medidas de incentivo a la inversión; eso no está previsto en esta Ley incorrecta.
Entonces, la segunda propuesta es, que la Comisión elabore un proyecto meditado, debidamente estudiado, para que nos dé decoro, nos reivindique ante la opinión pública, una Ley que sea correcta y adecuada, y además que no solamente se implemente una reforma legislativa, sino que se reconozca que se ha abandonado en dos administraciones la política social de fomento a la vivienda y que, por lo tanto, con reformas administrativas fiscales y políticas, se implemente todo un sistemas de fomento a la habitación popular.
Y eso requeriría pues producción de suelo urbano, producción de materiales de construcción a nivel económico para el pueblo y autoridades interesadas en el bienestar público. Pero desgraciadamente hoy padecen muchas metrópolis, el Gobierno que los griegos llamaron la "cleptocracia" o Gobierno de la corrupción. ¿Cómo un Gobierno de la corrupción se va a interesar por la habitación como valor humano y derecho social? No, se interesa por la especulación, para permitir a los inversionistas mayor lucro y mayor ganancia.
La movilización popular nos ha puesto en la oportunidad de dar una respuesta completa y justa y lo debemos hacer por decoro y por cumplimiento de nuestras obligaciones y de nuestros deberes. Es todo.
El Presidente:
Gracias diputado Carlos González Durán.
En seguida, tiene el uso de la palabra el señor diputado Jorge Tovar Montañez, del Partido Popular Socialista, en contra.
El diputado Jorge Tovar Montañez:
Con el permiso de la Presidencia.
Es muy poco lo que pudiéramos aportar a un debate que se ha escenificado particularmente aquí en la ciudad de México desde hace ya meses, semanas. Sin embargo, no es ocioso tratar de ahondar un poco más en él, porque es un problema realmente que está difícil avizorar el fin del mismo y su solución.
A nuestro parecer el problema de esencia es el derecho a la vivienda. El problema del inquilinato obviamente es sólo un segmento, una parte muy importante, pero en esencia, en el fondo, está el derecho a la vivienda. Y permítasenos comentar un poco sobre esto.
Nosotros concebimos el derecho a la vivienda no como un aspecto romántico o como se ha dicho, de derechos humanos; es una necesidad indiscutible que no necesita otro adjetivo, ningún calificativo, es una necesidad fundamental, esencial, como el respirar, como alimentarse, no necesita más adjetivos, entonces tendríamos que pensar primero, preguntarnos si hay consenso nacional, como gustan decir algunas grupos políticos, ¿habrá consenso nacional en que todos los mexicanos o acerca de que todos mexicanos tenemos derecho a la vivienda?
Habría que preguntarle, no a los diputados que se han expresado en sentido afirmativo, los empresarios, los sectores empresariales, los señores del capital, ¿están de acuerdo con esta idea, se suman a este consenso de las fuerzas políticas nacionales en cuanto a que es urgente y necesario dotar de una vivienda digna, no decimos si en
propiedad o en arrendamiento, a todos los mexicanos? Si es así, es de esperarse que los sectores del capital opinen, digan y planteen soluciones y sobre todo, que ofrezcan desprenderse de los enormes capitales que se han ido acumulando en unas cuantas manos cada vez y abandonando aquel sentido social, señalando en el artículo 123, para dotar de vivienda a los trabajadores. Nada han dicho los señores empresarios.
Por el contrario, vemos con pena, que el sector de la construcción nada dice para resolver este problema; es un sector egoísta, es un sector también que busca ganancias en la construcción de vivienda, no en arrendamiento, peor sí en la construcción de vivienda, no en arrendamiento, pero sí en la construcción de vivienda, que de ninguna manera plantea o piensa en otra solución; pero pensamos que los demás sectores sí deberían opinar, repito, es resto del empresariado, el que no pertenece a ese sector de la construcción y las demás fuerzas sociales y políticas nacionales.
¿Qué han planteado a cerca de poner al alcance de las grandes masas de mexicanos, la vivienda? El Partido Popular Socialista, como ustedes saben muy bien y recordarán, en otros momentos hemos planteado la necesidad de encontrar fórmulas que abaraten la vivienda desde el terreno, desde el suelo y desde los materiales de construcción. Como por ejemplo, cuando señalamos que el costo de un saco de cemento, que es un material fundamental para la construcción, ha rebasado desde hace tiempo el valor de un salario mínimo. Nuestros trabajadores que son muy sabios, que obtienen de la vida esa sabiduría, nos señalaba: antes, un saco de material de cemento, costaba menos que un salario mínimo y esto ha sido rebasado desde hace mucho tiempo. Es un índice de lo que ha pasado con la vivienda de nuestro país y así el resto de los materiales; o se han dado concesiones abiertas para que se exploten los yacimientos de arena, de materiales básicos, de piedra, etcétera, sin mirar, sin pensar, sin medir las consecuencias en que esto ha incidido en el encarecimiento de la vivienda aun para lo programas de vivienda de carácter estatal.
Entonces al parecer no hay consenso nacional de resolver este problema, porque hay sectores egoístas que nada han opinado, nada han dicho y nada han aportado. Esa sería una primera reflexión.
Otra podría ser la siguiente. Si estamos de acuerdo, por lo menos las fuerzas políticas aquí representadas, en que se necesita resolver el problema de la vivienda, que el más humilde mexicano tiene derecho a disfrutar de lo indispensable y aun de lo necesario, como es entre otra cosa la vivienda, pues debemos buscar fórmulas obviamente y, aquí se nos han planteado algunas fórmulas, digamos, entre comillas.
Definitivamente, y hay que insistir en ello, debemos rechazar, compañeras y compañeros diputados, la idea de que con liberalizar el mercado de la vivienda en venta o en renta, seguiremos hablando de vivienda en general, con liberalizar el mercado de vivienda, por sí, como por arte de magia, como obedeciendo al toque divino, se van a estabilizar los precios con el tiempo y todo mundo va a tener acceso a la vivienda, eso ni los más conspicuos neoliberales creo, podrán defenderlo. Pero hay una prueba, hay una experiencia nacional: ¿cuánto tiempo estuvieron insistiendo algunas fuerzas políticas, en que se debía liberalizar el mercado de la tierra, el mercado de la tierra, en el campo, me refiero al campo, a las tierras agrarias? Fue bandera de algunas fuerzas políticas mucho tiempo, ya se liberalizó, ya se puso a la Ley de la oferta y la demanda la tierra en el campo en buena parte y no vemos que se opere el milagro automáticamente, de que la agricultura vaya a prosperar.
Cabe observar aquí también, que en este problema del campo están asociados, son correlativos, que otra vez los grandes sectores del capital se niegan a invertir en el campo porque no se les ofrecen ganancias seguras y, eso va a pasar con la vivienda también, ya nos están dando muestra de cuál es su actitud frente a los problemas del pueblo y frente a un problema fundamental que es la agricultura. ¿Qué no será con el caso de la vivienda lo mismo?
Por lo tanto insistimos, debemos abandonar esa idea ingenua, de buena fe puede ser, pero demasiado dejada a la Divina Providencia, de que los capitalistas van a venir a invertir o de que liberalizando el mercado se va a empezar a incrementar la oferta de vivienda en renta o en venta.
Y pasamos a un tercer problema: si los programas de construcción de vivienda de carácter oficial, los que implementan tantas instituciones que aquí se han mencionado, el Fovissste, Fonhapo etcétera, es una larga lista de instituciones que de alguna manera ya operan bajo la Ley de Vivienda vamos a decir, vamos a aceptarlo sin conceder, si el problema es que no se incrementan en la medida necesaria porque no hay recursos económicos oficiales y la banca privada o el capital privado tampoco está dispuesto a invertir en vivienda de interés social y se ha aceptado con
honradez, vamos a reconocerlo, que no cualquier trabajador tiene acceso a la vivienda de interés social. ¿En dónde se quedan esos trabajadores que con uno o dos salarios mínimos no tienen acceso a la compra de vivienda, a la adquisición de vivienda? ¿A qué los orillamos? ¿A dónde los queremos colocar, en qué situación?, pues la única acción es que pudiera rentar por ahí una casa accesible a sus ingresos.
Difícil; difícil. O qué, Vamos a suponer también como suponen a veces desde las esferas oficiales, que con varios salarios mínimos o el conjunto de los ingresos familiares, se pudieran resolver los problemas? Pero como el contrato para adquirir vivienda en propiedad o vivienda de carácter social es individual, yo trabajador, si obtengo dos salarios mínimos al mes, aunque en el resto de mi familia todos los demás también ganen un salario mínimo cada uno, no me van a poder prestar. Entonces, es otro camino vedado para el trabajador.
Entonces, no tiene posibilidad de vivienda de interés social adquirida por las instituciones sociales y difícil que acceda a una vivienda en renta de características adecuadas. ¿Qué camino le queda?, pues el que ya hemos señalado aquí, se van a seguir produciendo invasiones de terrenos. Eso ya lo sabemos. Con todos los problemas de carácter moral, físico, político, económico que sabemos que existen cuando hay invasión de terrenos, porque si la gente no encuentra por las buenas...las invasiones de terrenos se producen porque la gente no encuentra otro camino; si por las buenas, si porque tu salario no te alcanza, porque no hay condiciones para adquirir una vivienda, se va al camino que no es de delincuencia, sin dejar de aceptar que hay muchos delincuentes en este caso, en ocasiones, pero es un camino de desesperación, el invadir terrenos para construir vivienda. Dejemos a un lado los vivales que se aprovechan de las necesidades del pueblo, que son los invasores profesionales de terrenos.
Pensemos en la gente que sigue llegando a esta ciudad y seguirá llegando a esta a ciudad no obstante que se nos ha explicado que ha bajado la presión de ingreso de población mexicana a esta ciudad. Seguirán ingresando porque está muy desequilibrado el desarrollo nacional; no vamos a abundar en ello, ciudades cercanas, capitales de Tlaxcala, de Hidalgo etcétera, tienen o presentan un desarrollo dequilibrado con respecto a esta ciudad que ofrece múltiples atractivos de todo tipo: laboral, económicos, cultural, social. Y como hay todavía ese desequilibrio en el desarrollo nacional, seguirá habiendo mucha afluencia de gente aquí y los resultados serán ésos: más invasiones de terrenos, más asentamientos irregulares, con todos los problemas que esto conlleva.
Entonces viene la pregunta: ¿qué vamos a hacer, pues? No hay acceso a la vivienda de interés social y es difícil que haya acceso a la vivienda en renta porque no van a ir los capitalistas a poner vivienda en renta al acceso económico del trabajador. ¿Qué vamos a hacer? No hay otra posibilidad más que se legisle de tal manera, la que sea, la necesaria para que se cumpla esa necesidad de que todo trabajador, todo el mexicano tenga posibilidad de vivienda. ¿Y cuál debe ser esa legislación, en general cuál debe ser él enfoque y cuál debe ser el rumbo y la orientación de esa legislación?
Debe ser una legislación que permita efectivamente que el trabajador tenga acceso a ella sin caer en abusos, sin caer en explotación y eso nos corresponde a nosotros. No hay otra posibilidad. Si no encontramos medidas legislativas que obliguen a todos: a patrones, a Gobierno, a los inversionistas a que pongan vivienda, de manera que tengan acceso los trabajadores, a disposición de los trabajadores, los problemas van a complicarse más.
Y aquí hemos señalado algunas causas, pero quiero agregar una más, otra causa más:
No hemos recapacitado en que esas manifestaciones que hubo en semanas pasadas con las cuales el Partido Popular Socialista no estuvo de acuerdo en la forma; tienen una causa fundamental. Nos encontramos con que la mayoría del pueblo mexicano es de jóvenes, jóvenes que se encuentran con un campo laboral cerrado, restringido, mal pagado, jóvenes que vienen de las universidades preparados, clases medias que no están encontrando respuesta a sus problemas y a sus necesidades y ésa es la gente que forma el grueso de los solicitantes de casas, de terrenos, de vivienda. Es esa nueva generación que se está desesperando; una generación que está enfrentándose a condiciones más malas que las que tuvimos que enfrentar algunos de nosotros, es decir, si nosotros tuvimos posibilidad de acceder a una vivienda, a un trabajo, a un ingreso, a un salario, esta nueva generación está preparada, es más consciente, que está políticamente más enterada de lo que pasa en el mundo y en México, esta generación se está encontrando con que no puede satisfacer necesidades fundamentales. Esa es la gente que vamos a encontrar y estamos encontrando que está viviendo en las afueras de la ciudad de México. Y
es otro tipo de mexicano: un mexicano con mucha conciencia y combativo y ése es el grueso de la gente que forman las manifestaciones populares, es una generación que no va a perdonar a la nuestra si no encontramos una salida.
Con leyes o reglamentaciones que tocan un aspecto nada más, que ponen un parche y que no van al fondo de la problemática, son leyes que lo único que están propiciando es "que la olla de presión pudiera estallar en un futuro imprevisible".
No somos alarmistas, no nos gusta ser alarmistas ni acostumbramos serlo. Pero sí queremos llamar la atención de los diputados en la naturaleza, la esencia y la raíz de este problema.
Es peligroso, pues, que no se legisle a fondo. Es peligroso que el problema de la vivienda en su conjunto se toque nada más en un aspecto o como medida provisional. Hay mucho que podría decir al respecto.
El mexicano viene en buena parte del campo, y el hombre del campo tiene mentalidad muy ligada a la tierra, a la posesión de la tierra o a la presencia de la tierra. Es parte de lo que indica por qué tanta gente quiere la vivienda en propiedad. Todos esos factores tenemos que tomarlos en cuenta.
Y esta generación, repito por tercera y última vez por supuesto, está siendo víctima de condiciones que nosotros no afrontamos y que sí se pueden dar origen a grandes conmociones sociales.
Por lo tanto, la legislación que nosotros debemos buscar es no para cinco años, no para un mes; tenemos efectivamente que ocuparnos, y nadie más que los legisladores de buscar una solución lo mas a fondo, lo más completa, lo más justa posible. Esa debe ser nuestra aspiración, nuestra ambición, de que en efecto haya camino para que todos los mexicanos tengan acceso a la vivienda.
De otra manera, pues, la realidad nos va a rebasar de una manera que lo podríamos lamentar en el futuro. Muchas gracias.
El Presidente:
En seguida, tiene el uso de la palabra el señor diputado Alberto Nava Salgado, del Partido Revolucionario Institucional, en pro.
El diputado Alberto Nava Salgado:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Durante las últimas horas hemos escuchado planteamientos provenientes de todas las fuerzas políticas, en torno a un asunto que hemos coincidido tiene enorme trascendencia para esta ciudad: la vivienda en arrendamiento.
Quiero empezar mi participación dejando constancia de quienes pertenecemos al Partido Revolucionario Institucional no soslayamos el debate en torno a este importante aspecto de la vida cotidiana; por el contrario, afirmamos que hemos sido actores y promotores responsables de la incorporación de las ideas plurales de todos los grupos y agrupaciones que como consta a quienes hoy desde esta tribuna aprecian esta discusión.
Se ha hablado aquí de que esta reforma, junto con la aprobada en julio pasado, es insuficiente para resolver el problema de la vivienda en renta en el Distrito Federal. Se ha suspendido que la modificación a los artículos transitorios no hace sino suspender la entrada en vigor de una reforma que vulnera los derechos de los inquilinos.
Al respecto, permítanme hacer algunas reflexiones que espero contribuyan a esclarecer el contenido de la reforma de julio, a la luz de las modificaciones de los artículos transitorios que se proponen en el dictamen que hoy discutimos.
Las reformas aprobadas recientemente, se circunscriben al ámbito del Distrito Federal. En ellas se buscan establecer condiciones propicias para, además de incrementar la oferta de vivienda en arrendamiento, logra que ésta se dé un mantenimiento adecuado en beneficio de los inquilinos.
Un lugar adecuado donde vivir se traduce en tranquilidad social, en punto de apoyo para la integración familiar y en el refugio permanente de las inclemencias del tiempo.
No pocos de nuestros ciudadanos carecen de vivienda en propiedad, debido fundamentalmente a que sus ingresos resultan insuficientes ante el elevado costo del alza del suelo y los materiales de construcción en el Distrito Federal o para aquellos que se instalan provisionalmente en la ciudad. Es entonces cuando los habitantes de esta entidad se ven obligados a recurrir a la vivienda en arrendamiento, opción que cada día resulta más difícil al darse una escasez creciente por las causas que aquí ya se han expuesto, condenando a la población a vivir en
habitaciones no propias, deterioradas y sin los servicios indispensables de salud y seguridad, pagando un elevado costo en el alquiler, provoca esto la frustración tanto personal como familiar y denota un grave problema al que hay que atender por todos los sectores involucrados.
El problema de la vivienda en renta en el Distrito Federal se agrava diariamente, dada la explosión demográfica que provoca un crecimiento urbano, la más de las veces desequilibrado y que se torna sucesivamente más complejo. Desde el punto de vista jurídico nuestras leyes han ordenado y regulado los contratos de arrendamiento y mobiliario desde el siglo pasado; en 1928 se llegó a la conclusión de que los proyectos de reformas legales tendrían que atender a dos objetivos, la tutela y la protección a los derechos de los arrendatarios y, por otra parte, la armonía entre los derechos de éstos y de los arrendadores.
Esto, con el propósito de conseguir una mayor equidad en la relación jurídica que se establece y sin descuidar la necesidad de estimular la inversión pública, social y privada en este rubro.
Las leyes del mercado no se pueden alterar en la ciudad de México, la demanda de vivienda está creciendo y el inversionista privado ya no está destinando recursos a la construcción de nuevos edificios para la renta, no hay vivienda más cara que la que la que no existe en el mercado, como aquí ya se afirmaba; es necesario reiterar que en los contratos de arrendamiento intervienen dos partes y que todas las soluciones que se propongan deben encaminarse a armonizar los intereses de ambos al amparo de las garantías sociales que consagra nuestra Constitución.
El problema de la vivienda en renta no es sólo un asunto de carácter jurídico, es fundamentalmente un problema socioeconómico al que debemos dar respuesta a través de instrumentos legales que actúen acorde a la realidad y que fijen parámetros que se puedan aplicar en lo sucesivo. Ello nos lleva a la necesidad impostergable de dar una solución adecuada a la realidad de nuestros tiempos.
Al discutir hoy el proyecto de dictamen mediante el cual se modificarían los artículos transitorios del decreto publicado el 21 de julio pasado, quiero hacer con ustedes una reflexión, en él se está proponiendo conceder un plazo de cinco años para la entrada en vigor de la reforma, se estima que ese lapso es suficiente para que los inquilinos estén en condiciones de sujetarse a las nuevas disposiciones normativas bajo un esquema de mayor oferta en el mercado de la vivienda en renta y a menor costo.
Asimismo, se ha considerado necesario, como una respuesta en el corto y mediano plazo, exceptuar de la aplicación hasta 1998 del nuevo marco normativo, a aquellos inmuebles que hasta el 19 de octubre del presente año no se encuentren arrendados, así como los que se incorporen vía nueva construcción o el cambio de uso del suelo y destino de las viviendas ya existentes. Con este principio, damos respuesta a la exigencia de aplicar un nuevo régimen legal a la vivienda que hoy no está en el mercado inmobiliario en el arrendamiento; no se trata de la aplicación especial de una Ley, sino de otra vigencia anticipada a un ordenamiento jurídico cuando los sujetos de la norma se coloquen en los tres supuestos legales a que se refiere el artículo segundo transitorio.
Desde mi punto, de vista el dictamen que hoy discutimos es producto de la discusión, la reflexión y el punto de vista de muy diversas fuerzas políticas de agrupaciones sociales que han participado en diversos foros y no se debe a la improvisación y, tiene un contenido de protección social.
En consecuencia, concluyo mi intervención, compañeras y compañeros diputados, pidiendo el voto aprobatorio de esta soberanía, al dictamen que hoy tenemos a discusión. Muchas gracias.
El Presidente:
En seguida tiene el uso de la palabra la señora diputada Martha Patricia Ruiz Anchondo, del PRD, para fijar posiciones.
La diputada Martha Patricia Ruiz Anchondo:
Con su permiso, señor Presidente; ciudadanas diputadas, ciudadanos diputados; ciudadanos que hoy nos acompañan; honorable Asamblea:
El debate que hoy nos trae a la tribuna, es un debate que inicia el 8 de julio. Es importante que nosotros hagamos un recuento de los acontecimientos que se han suscitado desde el 8 de julio para acá, para poder ubicar la iniciativa que hoy se nos presenta, debatirla con razonamiento, fríamente y fijar nuestra posición.
El 8 de julio, el Ejecutivo envía una iniciativa a la Cámara de Diputados; dos horas de discusión
y se termina el dictamen. El 12 de julio, organizaciones del movimiento popular, particularmente la Asamblea de Barrios de la ciudad de México, realiza una marcha a Los Pinos para exigir la derogación, que no entrara en vigor esta iniciativa y que no fuera aprobada.
La Asamblea de Barrios se traslada a la Cámara de Diputados; el debate estaba en un tono acalorado donde el Partido de la Revolución Democrática aducía sus razones de por qué no a esta iniciativa del Ejecutivo. Estábamos en contra de esta iniciativa; ¿por qué?, porque desregulaba la relación entre inquilinos y propietarios cuando esta relación se encuentra atada a la contención salarial y a la pérdida masiva de empleos propiciada por la misma política económica que se implementa desde el régimen.
Esas eran nuestras razones fundamentales: una desregulación a todas luces injusta. La iniciativa se aprueba en una situación a todas luces irregular, fuera de este recinto, impidiendo el acceso a los ciudadanos que habían solicitado estar presentes en el debate y que demandaban que no se aprobara y se impuso el Ejecutivo sobre el Poder Legislativo.
La premura y mala fe del Ejecutivo era imponerse sobre el Legislativo y castigar a la ciudad. Y ¿que sucedió después?, el 28 de julio se efectúan diversas marchas de diversos puntos de la ciudad, del Movimiento Popular Organizado y acuden a la residencia oficial de Los Pinos a exigir la derogación de esta iniciativa y de esa marcha se consigue una promesa del Ejecutivo para que la ciudad pudiese poner sus razones en contra de la iniciativa.
Se planteaba la suspensión de esta iniciativa y que se abriera un debate nacional para arribar a un consenso en materia inquilinaria; la ciudad se cimbró a partir de entonces, la más amplia opinión pública simpatizó con la energía y propuestas del movimiento; diversas opiniones desde los más disímbolos sectores coincidieron con esta suspensión, nadie quería ni quiere la confrontación que propiciaba esa iniciativa.
Nadie lo quería. El 4 de agosto, previo a una reunión a esta junta, anteriormente descrita, reunión que se había pactado con el Movimiento Popular y el Jefe del Ejecutivo, se anuncia la virtual suspensión de la entrega en vigor de la iniciativa en términos sumamente confusos.
Eso indudablemente fue triunfo de la ciudadanía y del movimiento popular en contra del sistema político mexicano autoritario, particularmente en contra de la figura presidencial.
Ciudadanos diputados, no existe una acción precedente semejante a ésta, no existe. Dar marcha atrás a una decisión del Ejecutivo, ya promulgada y publicada en el Diario Oficial, no tiene precedente.
Este triunfo del movimiento, sin embargo, no significaba la solución al problema de la vivienda en renta en la ciudad ni en el país, pero era un triunfo y era evidente.
En eso estábamos, en este gran logro de la voluntad política manifestada de suspender la entrada en vigor, cuando llegó el 18 de agosto, el fatídico 18 de agosto.
Una puerta quebrada del Palacio Legislativo, en mi opinión está mal; unas pintas al interior del recinto, está mal; suspender la sesión de la Comisión Permanente, también está mal. Que irrumpiera masivamente el pueblo a este recinto, sede del Poder Legislativo, eso está bien, esto estuvo muy bien, y eso yo lo reivindico, ¿por qué?, porque hasta ahora, es casi imposible acceder a este recinto parlamentario. Parece increíble pero se tiene que pasa por una serie de negociaciones políticas entre los grupos y los partidos para que se le pueda otorgar un gáfete a un ciudadano y que pueda entrar y presenciar los debates. Esto es un absurdo, un absurdo que esta irrupción del movimiento popular en el recinto, también vino a poner en cuestión y en el centro del debate de la apertura y la independencia del Poder Legislativo.
Ante esta acción, en vez de irse al fondo de la acción y del problema, al pueblo se le calificó de chusma, de crápulas y sin calzones.
Pero este 18 de agosto, el 18 de agosto una infiltración del Gobierno en la marcha del movimiento popular a la Cámara, ¿con qué objeto se habían infiltrado?, contener la fuerza del movimiento popular y deshacer el cerco que el movimiento había puesto a la inconsistencia de la iniciativa presidencial y oscurecer lo que ya se había ganado. ¿Cuál era el mensaje? El pueblo no le puede ganar al Presidente.
De las obsesiones que ya hemos hablado aquí del régimen, está precisamente esto y una cosa más, que ya lo hemos señalado en otros debates y que hoy es preciso que lo volvamos a retomar: ubicar el movimiento en el terreno de la ilegalidad, poniéndolo a la defensiva. Ese era el objetivo de la provocación.
Qué lástima que no hubiera avanzado en la investigación para esclarecer los hechos, porque esta investigación no hubiera dicho quién es el responsable político de estos acontecimientos.
La decisión política de mi partido y de mi fracción parlamentaria de no debatir a profundidad este acontecimiento al día siguiente de que se suscitaron estos hechos, fue una decisión de buena fe, porque tanto mi partido como mi fracción se encontraban al margen de todo lo que había sucedido.
Sin embargo, en esta Cámara, cada vez que tienen oportunidad los señores de las otras fracciones parlamentarias de recordar lo que sucedió aquel día, lo vuelven a recordar y lo vuelven a retomar y vuelven de nueva cuenta a poner en evidencia que el tema no está suficientemente discutido, y que se tienen que aclarar estas cosas, se tienen que aclarar por el bien de la nación y por el bien de la transición también, porque a partir de esto, de este acontecimiento, los voceros del régimen, particularmente los medios de comunicación, Televisa particularmente, se dieron a la tarea de satanizar a unos dirigentes del movimiento popular y a mi partido, calumnias, impunidad, alevosía y ventaja desde el poder, pero todo para que se olvidara lo central, todo para descalificar un movimiento que ya tenía un triunfo, todo para tender una cortina de humo sobre lo ganado.
Ante el olvido de lo central y de ésta intención del régimen de poner al movimiento a la defensiva, la Asamblea de Barrios, al igual que otros grupos del movimiento popular, se dieron a la tarea de reunirse en foros y citas específicas, con miembros de la Cámara, particularmente con el Presidente de la Comisión Permanente y presidentes de las comisiones que habían sido designadas para tratar este asunto.
En estas comisiones se presentaron propuestas y era importante que estas propuestas hubiesen tenido, por lo menos, más tiempo para analizarse y poder arribar a un consenso.
La Asamblea de Barrios presentó una propuesta que básicamente se encuentra contenida en la iniciativa. La Asamblea de Barrios sabía que era prácticamente imposible que con un foro de por medio y con todo el clima de intimidación que se había generado alrededor del movimiento y de la discusión de la propia Ley, era casi imposible que se llegara a una legislación de consenso.
Nosotros propusimos, dado el conocimiento de cómo se imponen en este país sobre la vía de los hechos, irnos a la discusión de los transitorios y si ya venía la suspensión, entonces, esta suspensión tenía que tener algunas características. No nos podíamos oponer a la suspensión; de la entrada en vigor de una Ley injusta, obviamente no podemos estar en contra de eso, es un triunfo nuestro y además nos parece importante politicamente que se haya suspendido.
El Gobierno ha retomado prácticamente la propuesta de la Asamblea de Barrios, salvo una parte que yo quiero dejar muy clara. En el caso del artículo 2o. fracción primera, que no es parte de la propuesta de la Asamblea, pero nosotros ya sabemos como trabajamos aquí, se retoma lo que más o menos conviene, pero siempre se busca alguna manera tramposa de hacer las cosas, artículo 2o., fracción I, el artículo 2o. señala que las disposiciones se aplicarán a partir del 19 de octubre, "fracción I: en los inmuebles.....
El Presidente:
Diputada Patricia Ruiz Anchondo, le recuerdo que los coordinadores de las fracciones parlamentarias tuvieron un acuerdo de 15 minutos por orador; está usted en su tiempo y debo decirle que de acuerdo al reglamento tiene 30 minutos para poder establecer su participación.
La diputada Martha Patricia Ruiz Anchondo:
Bueno, señor Presidente, ningún orador ha respetado este acuerdo y yo creo, necesito más tiempo para exponer mi fundamentación, me voy a tomar la media hora que me corresponde por Reglamento.
El Presidente:
Adelante, diputada.
La diputada Martha Patricia Ruiz Anchondo:
Esta fracción I del artículo 2o., es en términos, para hablar en palabras pobres, más que una chicana de los abogados de los propietarios. Cualquier abogado que la lea verá que es una chicana: abrirle la puerta a los propietarios para que puedan interpretar a discreción la incorporación a la nueva Ley. Esto abre una posibilidad infinita para que se incrementen los lanzamientos y los desahucios.
Estamos en contra de esta fracción porque anula el espíritu de todo lo demás que se encuentra incluido en la iniciativa; es poner en práctica poco a poco la aplicación de la nueva Ley a
inmuebles que, por su deterioro y su destino especulativo, deberían estar sujetos también a la ley de 1985. Pero esta chicana premia a la especulación. La especulación no debe ser premiada.
Tenemos 50 mil juicios de desahucio en los tribunales; 7 mil lanzamientos el año pasado, ya lo señalaban varios diputados estas cifras.
¿Cuántos juicios civiles se convierten en penales de la noche a la mañana? ¿Cuántos? De la noche a la mañana convierten en delincuentes a los inquilinos, la gente pobre de la ciudad.
Esta fracción abre toda la posibilidad de que se revierta y entre en su aplicación eso que estamos tratando de suspender y que es a lo que yo sí estoy de acuerdo que se suspenda.
En este caso, compañeras diputadas, compañeros diputados, sí puede entrar el camello por el ojo de una aguja. En este caso sí. En este caso esta fracción revierte el sentido de todo lo demás, con lo que sí estamos a favor; estamos a favor del artículo 1o. y 3o. porque es nuestro triunfo. La suspensión por cinco años nos dio la razón al Movimiento Popular y a los Partidos que lo señalamos así el 12 de julio. Tienen razón 700 mil familias porque tienen derecho a la ciudad.
En el fondo de este iniciativa sigue todavía la cuestión del debate: ¿De quién es la ciudad?, ¿De quién?, ¿De los propietarios o de los que la habitamos y con nuestro trabajo sostenemos a la ciudad? Nosotros queremos reivindicar el derecho de todos a la ciudad.
Por eso es que también estamos de acuerdo con las fracciones segunda y tercera del artículo.
Aquí se ha argumentado de estar en contra de la fracción III, particularmente, que habla de Ley Nueva para Vivienda Nueva. Esa fue una propuesta nuestra.
La propuesta original del PRI, cuando se refería a los transitorios, manifestada por el senador Aguilera, se refería a los contratos.
La Asamblea de Barrios y el Movimiento Popular y también aquí en nuestro partido, insistíamos en que era necesario que se clasificara esto porque había una confusión entre quiénes eran los inquilinos nuevos y quiénes eran los inquilinos viejos; los inquilinos viejos se convertían en nuevos a raíz de que se renovara el contrato.
Ante esto, nosotros propusimos que no se hablara de contrato, sino que se hablara de inmuebles, porque esto modificaba la discusión y no ubicábamos en los contratos como inquilinos viejos e inquilinos nuevos, sino en inversionistas viejos e inversionistas nuevos.
Aquí se establecía la diferencia: los viejos inversionistas y los nuevos inversionistas.
Y propusimos esto, sobre la base de que a nuestro partido también le interesa que haya inversión de vivienda en renta. La inversión de vivienda en renta es fundamental, la ciudad lo necesita, lo necesitamos todos.
A los foros, que fueron convocados por esta Cámara, también acudieron los promotores de vivienda y los promotores de vivienda pedían se les diera la oportunidad de invertir y de probar.
De buena fe nosotros propusimos esta situación: creemos que es importante que se dé la oportunidad a los inversionistas y dar una oportunidad a la ciudadanía, a ver si es cierto que la intención de la iniciativa es que haya inversión de vivienda en renta.
En este sentido, a mí me parece fundamental esclarecerlo, yo estoy a favor de eso. ¿Por qué? Porque yo creo que sí debe haber inversión y si no la hay, va a ser un argumento más que vamos a tener en estos cinco años para comprobar que no era ésta la intención de la iniciativa, sino desalojar, acudir a convertir a los pobres en delincuentes, agilizar los juicios y desregular toda la situación de la vivienda en renta.
Creo que esta cuestión, señores diputados, señoras diputadas, es importante señalarla, porque yo quiero reivindicar el valor de la palabra. Nos fuimos a la discusión de los transitorios, también porque fue una propuesta nuestra, tratando de buscarle una salida, porque sabíamos que si íbamos a debatir en este período extraordinario era imposible que arribáramos a esa Ley equilibrada y de consenso, que yo también creo que es importante que se llegue.
Me parece que es importante que de esta reunión y de este debate, por lo menos, salga un compromiso de que se va a actuar en este sentido; manifestar voluntad política para una consulta nacional, que nos lleve al consenso y podamos legislar en materia inquilinaria.
Nosotros nos ubicamos en el contexto de la propuesta. Lamentablemente, yo quiero señalar algo que ha estado presente, pero que no se ha manifestado.
Este debate esta discusión se encuentran inmersos en el contexto político de la sucesión presidencial. Nuevamente la ciudad capital tiene que pagar el costo de ser la capital, el centro de las decisiones, castigando a sus habitantes con los vaivenes y los intereses de los grupos en disputa dentro del Gobierno. Los inquilinos, las víctimas; los ciudadanos ven más allá de esta situación.
Este debate no puede estar oscurecido por todos estos acontecimientos. Si estuviésemos ubicados en un contexto distinto, estaríamos discutiendo en otros términos, pero no es así; no es así y es por una situación que se nos impone desde fuera y que creo que es incorrecto.
Para finalizar, la Asamblea de Barrios, a nombre de su servidora y el Partido de la Revolución Democrática, queremos hacer dos propuestas, en este espíritu de seguir siendo propositivos, de seguir intentando buscar salidas a los grandes problemas de la ciudad, no ubicándonos únicamente en el terreno que el Gobierno nos quiere ubicar; nosotros somos gente con propuestas, gente que conoce los problemas y que busca salidas a estos problemas.
Quiero proponer dos cosas. Primero. Quiero se elimine la fracción I del artículo 2o., y segundo, como ya se debatió aquí ampliamente incluso a propuesta del propio Diputado Gámiz del Partido Revolucionario Institucional quiero proponer como artículo 4o. que la Subcomisión, o como un acuerdo único que salga como acuerdo de aquí, que la Subcomisión que se propone a esta Soberanía para analizar el presupuesto de egresos e incrementar los montos en materia de vivienda, también se encargue de convocar y organizar una amplia consulta nacional con todos los sectores involucrados en el tema, para arribar a un consenso que permita legislar en materia inquilinaria antes de 1998. Muchas gracias.
El Presidente:
Reserve la Secretaría para la votación en su oportunidad los propuestas de la Diputada Ruiz Anchondo.
Para rectificar hechos tiene la palabra el señor Diputado Francisco José Paoli Bolio del Partido Acción Nacional.
El diputado Francisco José Paoli Bolio:
Con su venia, señor Presidente, ciudadanos diputados de la nación:
Subo en esta ocasión a la tribuna para hacer lo que considero una ortodoxa rectificación de hechos. Cuando la irrupción de un grupo desordenado a esta Cámara de Diputados se produjo, éste fue calificado como "chusma", que es la definición del diccionario, "chusma" es un conjunto desordenado de personas.
Las calificaciones de crápula o de gente sin valor, no se hicieron para la "chusma", se hicieron y hay que puntualizar este hecho, para aquellos líderes que en efecto no tuvieron el valor y no afrontan sus responsabilidades dando la cara.
Un acto puede ser responsable e irresponsable, pero lo es menos cuando se afronta y se da la cara. Aquellos líderes que lo han hecho, tienen nuestro respeto aunque tengan nuestras diferencias, pero aquellos que se siguen ocultando no podrán tener jamás nuestro respecto.
No se dijo en ningún momento que ese grupo desordenado de personas, que esa "chusma" en términos literales, no tuviera por otro lado derecho a manifestar en contra de intereses que considera afectados, ellos cualquier conjunto ciudadano tiene derecho a expresarse, a manifestarse en contra, pero tiene que respetar el conjunto de valores y las instituciones que esta nación se ha dado. Tiene que respetar un recinto como éste, en donde entraron haciendo desmanes y cuyo costo político fue tan grave, que entonces hubo deslinde y entonces no hubo la responsabilidad plenamente aceptada, afrontada y asumida.
Es muy claro, porque el PRD en boca de diversos voceros suyos, en esta misma tribuna, señaló que se deslindaba y que no había participado en la promoción de estos actos. Esta es una definición que varios voceros del PRD en esta misma tribuna hicieron, no es algo que yo estoy inventando hoy. Sabemos ya que cuando algo tiene beneficios políticos muy claros, tiene un autor inmediato y cuando algo puede tener costos muy altos en el desprestigio por estar impulsando hechos que dañan al conjunto, que crean insatisfacción, inseguridad, temor y destrucción de bienes de la nación, entonces no hay una responsabilidad clara que se asuma.
Pero, en fin, quienes no asumieron la responsabilidad de haber conducido estos hechos, fueron los voceros del PRD. Está muy claro que no la tuvieron por su propia definición en esta tribuna.
Quisiera decir por último, que tan el término "chusma" no necesariamente tiene una
connotación peyorativa, o no la tiene en principio, que un distinguido militante del PRD, un jurista, el licenciado Emilio Criguet, días después de ocurridos estos hechos escribió un artículo que calificaba como "chusma" a estos grupos que intervinieron en la Cámara, está el artículo publicado.
Por tanto, si no han tocado al licenciado Emilio Criguet que usó estos mismos términos, no veo porqué tienen que referirse como algo peyorativo al término "chusma" utilizando por uno de nuestros diputados. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra para rectificar hechos, la diputada Victoria Reyes Reyes. La diputada Victoria Reyes Reyes:
Con su permiso, señor Presidente. Honorable asamblea: Para mí es verdaderamente sorprendente cuando en esta tribuna se habla con tanta firmeza de que el mecanismo de discusión para esta reforma y diseño del mismo, lo plantea la diputada Ruiz Anchondo, como que es de su partido, que el contenido de la propuesta, aquí nos presume, que recoge todos los planteamientos que su partido hizo; pero a mi me sorprende y me extraña, porque pertenecemos a las mismas comisiones, que ella y su partido hayan firmado este documento en contra; se oponen totalmente al contenido del dictamen, plantea su voto siempre en contra de todo, hasta de lo que ellos proponen. Y eso ya es preocupante porque entonces no estamos en un trabajo serio legislativo y no podemos avanzar.
Pero, por otra parte, sí quisiera de una manera comedida, pero enérgica, compañeros, rechazar enérgicamente las imputaciones que aquí ha hecho la diputada, de que haya existido provocación, que haya habido intermediación de algunas personas enviadas por el Gobierno y, todo esto referido a los acontecimientos del día 18 de agosto. No nos engañemos, compañeros.
Los hechos están ahí, los medios de comunicación son testigos de ellos, no había nada más que abrir el expediente y ver los videos. ¡No nos engañemos, compañeros! Conocemos a mucha gente de la que vino ahí. No hay, por lo tanto, compañera Anchondo, nada que ocultar.
Pero además esta Cámara y la Comisión Permanente que sesionaba ese día, demostraron su ánimo de tolerancia, de tolerancia, de diálogo y de buena fe, al rechazar cualquier tipo de acción penal, en contra de quienes pudieran resultar responsables. Y no me digan que miento, esa es una realidad y muy cierta.
Los líderes de ambas Cámaras, en una clara demostración de apertura tuvieron reuniones con los dirigentes. del Movimiento Urbano Popular, quienes consideraron que el diálogo, que el acuerdo y la negociación dentro de nuestro marco constitucional son la forma para escuchar los planteamientos e inquietudes de las diversas corrientes políticas, de los diversos grupos sociales que se marca en esas actitudes tan violentas que se dieron aquí; que por parte de ambas cámaras, por parte de todos los legisladores lo que se pretende es: apertura al diálogo y rechazo enérgico de todos para la intolerancia. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra, para contestar alusiones personales, la diputada Patricia Ruiz Anchondo.
La diputada Martha Patricia Ruiz Anchondo:
Con su venia, señor Presidente; honorable Asamblea:
Yo sólo quiero aclararle a mi compañera, la diputada Reyes, que no hablé ni dije que la propuesta era de mi partido. Esta propuesta la hizo la Asamblea de Barrios de la ciudad de México. Este es un matiz muy importante y le voy a decir por qué, porque esto es un debate incluso dentro de mi partido. Y mi partido no lo comparte, no lo comparte. Entonces, yo sí necesito decir y establecer esta diferencia porque con mi propio partido he tenido problemas para que acepte que no hemos tenido una discusión más abierta.
Ahora, también me sorprende la interpretación que hace la diputada Reyes, porque yo hablé a favor del dictamen en todos sus puntos, excepto en uno, donde pedí que se derogara, que se quitara esa fracción, porque esa fracción es la que violenta el sentido de todo lo demás, que sí es una propuesta que yo comparto. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra, el señor diputado René Bejarano, como miembro de la Comisión.
El diputado René Juvenal Bejarano Martínez:
Muchas gracias señor Presidente:
Quiero, en primer término, dejar precisada la posición oficial de nuestro partido en torno a este asunto.
Nuestro partido no aprueba en lo general la propuesta que hoy estamos discutiendo y ha decidido votar en lo particular en favor del inciso 1 y 3 del dictamen comentado. Esa es la posición oficial de nuestro partido y es la que debe ser debatida en respeto de cualquieras otras que a título de cualquier grupo partidario o de cualquier diputada o diputado en lo personal pudieran discutirse.
En segundo lugar, como ya se ha dicho aquí, las propuestas de nuestro partido han sido públicas, así como otras de diversas organizaciones sociales o parte de ellas y en todo caso, nuestro partido ha reivindicado el derecho a dialogar, a discutir, a concertar y cuando existan acuerdos sustantivos, a sucribirlos.
No hemos tenido temor y en lo personal, el de la voz, ha votado en favor de diversas ocasiones, de algunas reformas, incluso, constitucionales cuando así lo hemos considerado.
No somos como se nos ha querido endilgar, opositores de todo sin razones y propositores de nada. Hemos propuesto muchas cosas señor diputado y hemos votado en favor de algunas de ellas. Que tengamos proyectos políticos diferentes que no coinciden en lo fundamental y que tengamos que oponernos sistemáticamente a una mayoría que existe en el Poder Legislativo, no nos quita el derecho a proponer lo que consideramos más pertinente y a disentir; el derecho a la disidencia es también un derecho democrático, a la crítica y a la autocrítica.
Por otro lado, hemos dicho y aprovechado la oportunidad para también precisar mi opinión en torno a este asunto, que la violencia de los hechos sucedidos el 18 de agosto en el Palacio Legislativo de San Lázaro, se revirtió en contra de sus propios protagonistas; que el desbordamiento habido entre diversas organizaciones del Movimiento Urbano Popular y los daños causados al propio recinto, además de los daños materiales, conllevaron daños políticos contra el movimiento y también contra nuestro partido.
La violencia no es un medio legítimo aun cuando tenga fines justos. Sabemos nosotros que el jus naturalismo justificó la utilización de la violencia para la obtención de fines justos y que esto fue la base ideológica, por ejemplo, el terrorismo de la Revolución Francesa. No compartimos este concepto, no estamos de acuerdo tampoco con el ejercicio de la violencia con fines fundamentalistas o religiosos que incluso cegan la vida con la intención de desaparecer a quien discrepa de determinada creencia o fanatismo.
Pero tampoco creemos que la violencia aplicada como política de Estado tenga fines necesariamente legítimos, aunque sea legal.
La violencia que se utilizó el 28 de julio por parte de los cuerpos policiacos en contra de los contingentes que quisieron llegar a las puertas de la Residencia Oficial de Los Pinos, es una violencia que fue utilizada por el Estado en contra del Movimiento Urbano, para evitar el ejercicio de un derecho constitucional. ¡Tampoco aceptamos esa violencia!
Tampoco aceptamos los calificativos que se utilizaron desde los medios masivos de comunicación que amparados en la impunidad de la mentira, en la imposibilidad de réplica que tienen los agraviados, que se les distorsionan sus declaraciones o que se les pretende linchar públicamente, que se hicieron a través, particularmente, de los medios masivos de comunicación y especialmente de la televisión.
No sólo se utilizó la palabra "chusma", que en todo caso es discutible el contenido semántico que se le quisiera dar, también se utilizó el de la palabra "turba", con clara connotación peyorativa, ideológica incluso, en contra de quienes ejercieron de manera desordenada un ejercicio de reclamo en estado de irritación como resultado de la forma en que se aprobó una legislación que consideraba el movimiento y quienes participaron en él, injusta, arbitraria y por lo tanto, que era necesario hacer sentir ese reclamo ciudadano.
Quienes quisieron hacer de esto una conspiración, quienes vincularon los sucesos del 18 de agosto a lo acontecido en Nayarit, quienes quisieron expresar como en los tiempos de como se manejó la prensa en 1968, que era una conjura una conspiración en contra del estado de derecho y en contra del Estado, pretendieron con ello volver a intentar colocar al PRD en el escenario y en el perfil que quieren que tengamos, de un partido violento que no acepta razones.
Yo les quiero decir, señores diputados, señoras diputadas, que efectivamente nuestro partido
entendió pero no convalidó los hechos del 18 de agosto. Pero les quiero decir que los agravios sufridos, efectivamente tienen que y tuvieron que repararse en el terreno de la política.
Pero nuestro partido es, ha sido la víctima de la violencia. Yo les quiero decir a quienes con sorna exclaman ahora su estado de fastidio, que los 243 muertos que nuestro partido tiene en el tiempo que va del mandato del Presidente Salinas, son un testimonio de la violencia que nuestro partido ha sufrido.
No quisiera que nadie, de ningún partido, tuviera que sufrir la pérdida de un ser querido. ¡243 familias enlutadas! ¡Casi un muerto por semana! ¡Esa es la violencia oficial contra nuestro partido! ¡Esa es la violencia contra la que hemos luchado! ¡Es la violencia que hemos venido padeciendo: la violencia física en el extremo del asesinato, pero también la violencia verbal; la violencia que utiliza todos los recursos del poder para pretender arrinconarnos y que, desesperados, pretendamos romper con la legalidad!
¡No vamos a caer en esa situación! Hemos dicho y seremos consecuentes: más allá de estados de ánimo, de irritación, comprensibles, nuestro partido aspira a una transformación democrática en el marco del respeto a la legalidad, por vías pacíficas y constitucionales.
¡Es, en todo caso, el Gobierno corresponsable de los estados de irritación que se vivieron en ese día, por haber legislado de la forma como se hizo y por mantener el palacio legislativo enrejado, aislado de la sociedad, con múltiples retenes y legislando en la clandestinidad! Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra, para rectificar hechos, el señor diputado Martín del Campo y después el diputado Carlos Durán González.
El diputado José de Jesús del Campo Castañeda:
También en estricta rectificación de hechos, ortodoxa, apegada al reglamento, quiero decir que decimos que es una "cortina de humo" lo que se ha querido tender publicitariamente en torno al asunto de la legislación que existe en cuestiones inquilinarias, porque todo se ha hecho partir del incidente y de una explotación publicitaria y negativa del incidente de agosto.
Pero quiero recordar a los diputados de todos los partidos aquí, que originalmente la mayoría de los partidos de oposición, excepción hecha del Partido Revolucionario Institucional, cuestionamos el procedimiento como se discutió la legislación que se aprobó en julio.
Aquí, independientemente de tácticas en las que también discrepamos, coincidimos los de la oposición en que se estaba "legislando al vapor". En que era totalmente inconveniente impedir el acceso de personas del público a las sesiones, a las que pueden acceder y, que eso aquí se dijo y asumimos totalmente la responsabilidad los del PRD, porque ahí está el origen de la inconformidad de la ciudadanía y también del Partido de la Revolución Democrática. Incluidos compañeros del Partido Acción Nacional, que expresaron su opinión en la sesión, que desde nuestro punto de vista se trasladó incorrectamente y que es materia de discusión, expresaron "¡que era inadecuado el contenido de la propuesta de reforma que el PRI sacó con su votación de manera unilateral, aplicando el voto mecánico!".
¡A nosotros también nos parece muy preocupante esa memoria tan restringida, del 18 de agosto para acá, de parte del Revolucionario Institucional y sus diputados! Porque aquí dijeron todo lo contrario de lo que ahora vienen a decir con la propuesta de reforma de los transitorios.
¡Dijeron que era una legislación totalmente favorable para los inquilinos! ¡Dijeron que era la legislación del futuro y, que por ello, debía aprobarse! Y en Los Pinos dijeron que no.
¡Lo preocupante es que cambien tan rápido de opinión! ¡Lo preocupante es que se inquieten por la seguridad del recinto parlamentario, en condiciones que solo hablan de publicidad para desacreditar a un partido y no de que el Poder Legislativo ejerza plenamente sus funciones en independencia del Poder Ejecutivo!
Ese es el asunto que debe aclarar el Partido Revolucionario Institucional con el Ejecutivo, desde "donde les cambian la señala menudo", ya después de los hechos.
Nosotros creemos que debe retomarse la discusión en materia inquilinaria. Creemos que hay una trampa en la propuesta de reforma a los transitorios, en la parte segunda del artículo y por eso votamos en contra. No estamos en contra de todo, estamos en contra de lo que afecta intereses populares, estamos en contra de lo que afecta a los intereses de un amplio número de
inquilinos, no solo los que ahora rentan casas, sino de los que están por rentarlas porque afecta por igual la aplicación de una legislación inadecuada.
¡Por esa razón votaremos en contra en lo general! No es un partido que se opone a todo y en todas las comisiones participamos. Pero como el grupo mayoritario está acostumbrado a aplicar el voto mecánico, piensa que solo seremos un partido propositivo si nos subordinamos a lo que el grupo parlamentario desea.
¡Y seguiremos dando la batalla! ¡Cuantas veces sea necesario votaremos en contra de lo que desde nuestra perspectiva dañará intereses sociales! Y eso no quiere decir que no seamos un partido que participe en todas las comisiones y de sus argumentos.
¡Sí tiene una connotación, diputado Paoli, peyorativa! ¡Sí tiene una connotación lo de "turba" y lo de "chusma", pero incluso ese no es el debate, ese no es el tema central, sino cómo lograremos que se debata adecuadamente en una reflexión auténtica de intercambio de puntos de vista que se expresen en los dictámenes, cuando se tratan de legislaciones que afectan a amplios sectores de la ciudadanía. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra, para contestar alusiones personales, el diputado Paoli Bolio.
El diputado Francisco José Paoli Bolio:
Con su venia, señor Presidente, ciudadanos diputados:
Acepto que cualquier término puede tener una connotación peyorativa y esta connotación se da en función de un significado mucho más amplio, de los efectos que produce una acción, por ejemplo, de la mala impresión que causa la destrucción de bienes que no son de una persona, pero aunque lo fueran de una persona, sería una mala impresión, sino que son de la nación.
La connotación peyorativa de una "chusma" la dan sus propios actos, no la Gramática escueta y acéptica por sí misma. Gracias.
El Presidente:
Había pedido la palabra para rectificar hechos en la relación, la diputada Patricia Ruiz, antes de hacerlo para alusiones personales.
La diputada Martha Patricia Ruiz Anchondo (desde su curul):
Declino hacer uso de la palabra.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Carlos González Durán.
El diputado Carlos González Durán:
Con su venia, señor Presidente; honorable Asamblea:
La Ley es la norma general establecida mediante la palabra por el legislador para regir la convivencia. Una característica de la ley es su generalidad; la ley tiene que establecer lo que es lícito y lo que es ilícito, lo que es permitido y lo que es impedido, lo que es Justo y lo que es injusto. Si de contratación se trata, las normas deben ser uniformes y establecer la igualdad ante la Ley y la igualdad ante la Ley significa que los contratos, según su índole, están regidos por las mismas normas.
Es inconducente establecer una vocatio legis para dentro de cinco años, la vocatio legis es el tiempo que debe transcurrir es vocatio legis, de vocación, son distintos términos, no son vacaciones, es vocación, vocación es llamado, llamado a la sociedad para que respete la norma, pues bien, lo que trato de decir son dos cosas; me interesa el problema de fondo y entonces lo consecuente es que si vamos a resolver el problema de la sociedad, que es el problema de fondo, debemos de proponer lo siguiente; que la Comisión de Estudio establezca una reforma al artículo 4o. constitucional para precisar cuáles son las garantías, los medios que hacen efectivo el derecho a la vivienda que tienen que ser dos, las garantías inquilinarias constitucionales para que según ese precepto se legislen todas y cada uno de las entidades federativas y luego la política de implementación de la vivienda popular tiene que quedar establecido ahí para que este derecho a la habitación tenga las condiciones de una política social que haga efectivo ese derecho.
Entonces, los problemas que aquí se empezaron a tratar, son los problemas de violencia; en la naturaleza no hay violencia, la violencia es exclusiva del hombre; la violencia es de dos tipos, la física y la moral. Este recinto, es el recinto
de la reflexión social, es el hogar del Parlamento mexicano, aquí no debe haber violencia, aquí debe haber respeto, pero es que ha habido una serie de antecedentes que produjeron esa violencia, porque la violencia represiva genera una respuesta popular, que es la violencia popular; la violencia libertaria, puede ser llamada.
Ninguna violencia se justifica, pero la que menos se justifica es la represiva y eso hay que dejarlo precisado.
Los sectores sociales tienen derecho, según los artículos 61 y 62 del Reglamento, a hacer peticiones de particulares por escrito cuando se ventilan asuntos de su interés, también tienen el derecho de nombrar representantes ante las comisiones de estudio legislativo; tiene derecho de estar presentes, como estos derechos se atropellaron porque se rechazó con el uso de la fuerza pública que no gobernamos nosotros, sino que se gobernó desde afuera del Parlamento nacional, sufrieron rechazo esas masas y por lo tanto, esa represión generó una respuesta.
Pero creo que tanto los miembros de este movimiento, como todo el público, han obrado con prudencia, no creo que esto deba ser mayor tema de discusión.
El Gobierno reconoció que este problema debería tener una solución política y los miembros del Movimiento Urbano Inquilinario, dieron satisfacción, explicaciones y disculpas de actos que evidentemente no son correctos ni lícitos, ni convenientes, por lo tanto, el tema que nos interesa es volver al tema, es lo que yo sugiero. Volvamos al tema.
Creo que esta propuesta de dejar separada la vigencia de los contratos, de que en los contratos ya existentes van a durar por cinco años, sujetos a las mismas normas y que hasta dentro de cinco años, salvo que se trate de contratos nuevos, de inmuebles que en lugar de estar destinados a oficinas se van a destinar a habitaciones, etcétera, o que son construcciones nuevas, entonces esos sí entran a una doble legislación. Quiere decir que en el mismo tiempo vamos a tener dos legislaciones.
Me parece una incorrección de que se demore tanto la vigencia de una ley, por cinco años, quiere decir que no están convencidos de que sea una Ley que pueda quedar en entendimiento de la convivencia; por lo tanto lo correcto es revocar esa Ley incorrecta, nombrar una comisión de estudio que establezca las garantías inquilinarias constitucionales y la política de fomento de habitación popular, que dé base para que las entidades federativas legislen sobre este problema social. Es todo.
El Presidente:
En la lista para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Fernández Tomás.
El diputado Rafael Fernández Tomás:
Con su permiso, señor Presidente; compañeros:
Quise intervenir para hechos, en relación con algunas intervenciones que han tenido algunos compañeros, respetables todas las intervenciones.
Quiero decirles a los compañeros de los partidos que no son de mi partido, soy del PRI, a los compañeros que no son del PRI, quiero decirles que fui en su momento el único diputado del PRI que votó contra la Ley Inquilinaria. Lo comento simplemente porque en aquel momento me pareció que esa Ley era una Ley que no debía ser aprobada, o sea, estoy hablando como un testigo que vivió ese momento.
Hemos vivido desde aquella ocasión al día de hoy, una serie de acontecimientos en la sociedad y en la Cámara, que creo que bien vale la pena analizar con un poco de cuidado.
Creo que hemos dado un avance importante, hemos dado un avance importante, no total si se quiere, pero hemos dado un avance importante porque ha habido esa prórroga de cinco años que creo que es un paso adelante que surgió de las propias demandas populares y del análisis que hizo nuestro partido de las condiciones en que se presentaba esa Ley.
Yo quiero llamar la atención porque me tocó vivir como a muchos o algunos de aquí el movimiento de 1968 y me tocó ver cómo se prendía la ciudad y el país de un chispazo intrascendente, obviamente no voy a entrar a ese análisis, pero simplemente quiero decir que haya pasado como haya pasado, no entro al análisis, haya pasado lo que haya pasado, yo estuve aquí el día que se entró de una forma violenta, así lo manejo, a la Cámara de Diputados para refutar la Ley inquilinaria.
Voy a poner este ejemplo, yo desde la vez pasada señalé que aquí hay muchas ocasiones en que entran compañeros y que las tribunas están
abiertas y desde la mañana los compañeros que están aquí arriba, que son compañeros de las colonias, los vi en la puerta y querían entrar al debate y nadie les impidió entrar al debate y han estado aquí escuchando el debate tranquilamente y en paz, nada más que hay formas de poder entrar y hay formas de no poder entrar.
Yo digo esto porque también el día de ayer aparentemente sin motivo, un grupo se mete a la puerta de Palacio Nacional.
Entonces yo llamo simplemente, me permito hablar en voz alta y decirles: cuidado, compañeros; creo que estamos, viviendo una etapa en el país que si bien tiene muchas metas por delante, tenemos muchas cosas ya avanzadas, muchos de los que estamos ahorita discutiendo las ideas aquí, bien o mal, antes estábamos en la calles discutiendo las cosas.
El Presidente:
Señor diputado Fernández, ¿acepta una interpelación?
El diputado Rafael Fernández Tomás:
No la acepto, señor Presidente, por una razón, porque no es mi intención ahorita una discusión, simplemente pedí la palabra para expresar cómo nuestro partido ha recogido demandas populares, ha tenido la sensibilidad para poder analizarlas y hoy se presenta al Pleno de la Cámara un planteamiento muy superior al que teníamos anteriormente y al que yo mismo digo que voté en contra.
Por lo tanto, yo sintetizaría de la siguiente manera: es cierto, compañeros, aquí en la Cámara de Diputados de este país y en cualquier país, vamos a tener discrepancias más de una ocasión, no todos podemos pensar igual. Qué bueno, felicitémonos, de que podemos estar discutiendo ahorita aquí en la Cámara, de una forma diferente a como se tenía que hacer en el año 1958 con el movimiento ferrocarrilero, 1966 con el movimiento médico; 1968 y 1971, donde las cosas no se planteaban en este marco.
Rescatemos lo positivo que tiene la nación, rescatemos lo que hemos avanzado y que nos sirve para todos y lo que no nos sirva, dejémoslo a un lado y lo que nos falte por avanzar, vamos a hacerlo conjuntamente. No se hacen las cosas de un día para otro. Yo simplemente llamo, porque creo que hay un avance importante en la posición de mi partido, creo que hay un avance importante inclusive en la presentación de algunos compañeros en sus posiciones y creo que nosotros debemos, sobre todo, retomar ahora que hay un cambio tan radical en todos los países del mundo, el papel nuestro.
No juguemos, como en alguna ocasión se ha pretendido jugar con el pueblo, porque en cualquier momento en México, la propia situación social puede ser tan delicada que podamos arrepentirnos en el futuro; por eso si tenemos bases positivas en México, respetémoslas. ¡Qué bueno que podemos discutir ahorita aquí, que existe la Cámara y que no estamos como en otros países!
Es cierto que hay muchas cosas en que unos pensamos así y otros no; tendremos que discutirlo y finalmente no seremos nosotros sino el actor principal, que es el pueblo el que va a dictaminar qué es lo que va a pasar en México, pero en fin, yo llamo para agradecer a todos los compañeros y porque creo que hay que respetar todo lo que hemos ganado los mexicanos; lo que nos separe compañeros, vamos a discutirlo, vamos adelantarlo, pero que no nos separen cosas pequeñas.
Yo en este marco hoy, voy a votar en favor del cambio que hubo en la Ley Inquilinaria, claro que si, voy a votar en favor, igual que en aquella ocasión fui el diputado que voté en contra de la Ley Inquilinaria.
Festejemos compañeros, finalmente celebremos los aspectos que nos unen a todos los mexicanos; celebremos los aspectos que nos unen a todos, porque cualquiera que salga del país, observa los grandes cambios mundiales y si perdemos lo que nos está uniendo, en poco tiempo podremos un día resentirlo, por eso compañeros, muchas gracias y no acepté la interpelación porque no quería entrar a una discusión.
El Presidente:
Tiene la palabra para rectificar hechos el diputado Francisco Dorantes Gutiérrez.
El diputado Francisco Dorantes Gutiérrez:
Señor Presidente; compañeras y compañeros:
Creo que pudiéramos estar discutiendo mucho tiempo sin llegar a ponernos de acuerdo. Mientras de que no se enfoque el problema social como debemos verlo bajo los principios y fines
de la Revolución, la Revolución se desvió. No fue así como la lucha armada previó la solución del problema de vivienda.
Siempre hemos dicho que el Estado tiene la obligación de cuidar del bienestar del individuo, desde que nace el niño hasta que muere el adulto. El Estado tiene la obligación, en cualquier tipo de régimen, de dotar al ciudadano de ciertos satisfactores como son la educación, la vivienda, la salud, el trabajo, pero aquí en nuestra patria se ha dejado a la iniciativa privada la solución del problema de la vivienda.
Es obligación del Estado, como en el Gobierno de 1953, que construyó multifamiliares de interés social; desde entonces no se ha hecho.
Se ha dejado, dijo, en manos de la iniciativa privada inclusive la venta de terrenos, en algún tiempo la oficina de colonias que dirigía el señor Ramírez, que así se conocía, en convivencia con fraccionadores y líderes que repartían tarjetas para invadir terrenos, se enriquecían todos y el problema seguía latente y todavía aún en la República existen fraccionadores cuyos apellidos ustedes conocen, que vienen desde la época de don Benito Juárez, por ejemplo, Los Romero, que era Secretario de Hacienda de Benito Juárez, Manuel Romero y después su hija, el nuncio apostólico, esposa de don Porfirio Díaz, y tenemos también Los Escandón.
Y ustedes van ha ver que hay colonias en la República, Romero y en Chalco y en todas partes, que contraviniendo la Ley de Asentamientos Humanos, que le da derecho a los municipios para expropiar terrenos para habitación, pero no se hace caso de esto, se hace caso únicamente de los intereses particulares entre funcionarios corruptos y líderes creados por el mismo Estado, líderes de colonos que llegan e invaden los terrenos, pero estos líderes no nacen espontáneamente, son productos del Estado y de los gobiernos de los estados, como los fraccionadores en otro tiempo o como los líderes de Ciudad Netzahualcóyotl, a la que yo llamo la ciudad prueba más completa de la falta de capacidad para gobernar y para administrar.
Y ustedes ahora ven ese problema de hace 20 años de Ciudad Netzahualcóyotl de la covivencia entre líderes, instrumento del Gobierno y de los fraccionadores, lo ven por ejemplo en Chimalhuacán y en Chalco.
Y ustedes ven, por ejemplo, La Loba, una señora que así le dicen, le llaman, la apodan, que es instrumento de unos y otros para enriquecerse, unos y otros también.
Dice la noticia del 23 de julio de 1993: "Ecatepec, México, 22 de julio. Guadalupe Buendía, La Loba, amenazó hoy con denunciar públicamente a los funcionarios estatales y municipales que le han brindado protección desde hace más de 10 años para invadir terrenos en Chimalhuacán, si no es puesta en libertad. La Líder está recluida en el Penal Sergio García Ramírez de esta localidad, por su presunta responsabilidad en el enfrentamiento ocurrido el domingo pasado donde una persona murió".
Es que esta gente invaden todo, no invaden sólo lo que pudiera estar en alguna manzana, sino que invaden calles y en este caso invadieron unos terrenos de fútbol y los futbolistas no estuvieron de acuerdo.
En Ciudad Netzahualcóyotl ustedes pueden ir a ver calles que no tiene cruces porque ahí se invadían hasta las calles, pero todo esto de acuerdo con el mismo Gobierno del Estado.
Este problema de la habitación y del arrendatario no aflorará hoy sino dentro de unos 20 años en Chimalhuacán y en Chalco, como ya está sucediendo en Ciudad Netzahualcóyotl.
Si nuestra organización social no cumple con su deber de dotar de una habitación digna, como dice la Constitución, siempre estaremos con este problema.
Y ya creo que hay gente lo suficientemente inteligente para que se percate de que esta forma de organización social es por demás injusta, porque se propicia la corrupción, se propician los abusos con los propietarios de terrenos efectivos.
Yo creo que sería bueno, compañeros, que se ensayara por lo pronto, el Gobierno de la República, una dotación de este servicio, de este satisfactor de la casa, expropiando los terrenos adyacentes a los grandes centros urbanos y que solamente sea el Estado el que lotifique, planifique y venda terrenos para la habitación popular, de lo contrario este problema inquilinario siempre subsistirá mientras que no se ponga una medida radical como la que solamente el Estado venda, lotifique y construya terrenos para casas de habitación popular. Gracias.
El Presidente:
En la relación de lista de oradores de la discusión del dictamen, en pro, tiene el uso de la palabra el señor diputado Raúl Pardo Villafaña, por el Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Raúl Pardo Villafaña:
Con su permiso, señor Presidente:
Sobre el Artículo Segundo, fracción primera, en la que dice textualmente: "Las disposiciones del presente Decreto se aplicarán a partir del 19 de octubre de 1993, únicamente cuando se trate de cumplir... que no se encuentran arrendadas al 19 de octubre de 1993".
Esta disposición es buena, puesto que este punto se refiere a las personas o arrendatarios que no han rentado y que, lógico, tienen el temor de arrendar, por tener un problema. En este caso, ya los protege la nueva Ley y los convoca a rentar.
Esto permite que entren al marco de los nuevos espacios de renta, con el propósito de aumentar la oferta y redundar, por lo tanto, en beneficio de los inquilinos.
Este Decreto nos da la oportunidad de recoger las inquietudes a la gran problemática de vivienda y es bueno, puesto que aquí mismo se dijo que se formara una Subcomisión que se aboque al problema de la solución integral de la vivienda.
Repetimos y estamos de acuerdo: la vivienda no es sola, sino que tiene todo un entorno social, económico y hasta político, pero sobre todo en el fondo es familiar.
Una de las grandes ventajas que tiene esta Ley y es su espíritu fundamental, es propiciar precisamente la renta, pero no sólo la renta, sino la renta con opción a compra.
Y se abre un gran universo para la banca bursátil, para poder así echar a andar la economía del país, para arrendadoras, para financieras, para financiadoras, para aseguradoras, pero sobre todo, tiene como objeto final el servicio al inquilino, que podrá en un momento dado tener el derecho y la opción a la compra. Muchas gracias.
La diputada Martha Patricia Ruiz Anchondo (desde su curul):
Pido la palabra, señor Presidente, para rectificar hechos.
El Presidente:
Se concede el uso de la palabra a la diputada Patricia Ruiz Anchondo, para rectificar hechos.
La diputada Martha Patricia Ruiz Anchondo:
Con su venia, señor Presidente; honorable Asamblea:
La argumentación que se nos presenta y que se nos ha presentado en los últimos días a raíz de que conocimos la propuesta, es que esta fracción I del artículo 2o., se establece con la finalidad de incorporar al mercado todo un parque habitacional que se encuentra desocupado y que sería muy provechoso para la ciudad que fuese incorporado al acceso de los habitantes.
Creo que no está mal el espíritu, si es exactamente lo que se pretende. Pero esa redacción es lo que está mal, porque lo que se va a propiciar es que los abogados de los propietarios agilicen toda una situación de desalojo de inmuebles que están abandonados, inmuebles inmundos, vecindades, con una remozadita ya entran en la consideración de la nueva ley.
Se establece una fecha, se dice que no se encuentran arrendados hasta el 19 de octubre del 1993. ¿Quién no sabe que en este país hay corrupción? Que las cosas legales se manejan con dinero, cualquier propietario que quiera demostrar que su inmueble estaba deshabitado antes del 19 de octubre de 1993 con dinero, corrompiendo, lo logra.
No creo que debamos mantener esta fracción. Esta fracción violenta el espíritu de todo lo demás, pone en práctica justamente lo que votamos en contra, lo que originó el movimiento, lo que nos tiene ahora en el debate, lo va a poner en práctica sobre la vía de los hechos.
No nos hagamos inocentes para interpretar esta fracción, incluso algunos diputados del PRI me lo han señalado, que si es verdad. Que si es verdad que esto si puede propiciar las trampas y que esto, como lo dije en mi intervención, esto no es más que una chicana, para los abogados y también en la Cámara para los diputados.
El Presidente:
Gracias Diputada Ruiz. Se concede la palabra al ciudadano Diputado Guillermo Flores Velasco.
El diputado Guillermo Flores Velasco:
Con su venia, señor Presidente, honorable Asamblea:
En el año de 1985 la ciudad de México sufrió una gran destrucción, producto de uno de los sismos más grandes que hemos tenido en los tiempos modernos en nuestro país. Este fenómeno natural originó un grave problema tanto de orden político como de orden social. Las opiniones en la sociedad se polarizaron en el propio Estado, el Congreso de la Unión tuvo también una posición o una actitud contradictoria con respecto al movimiento social, por ejemplo, en los primeros momentos se oponía rotundamente a una expropiación, posteriormente la apoyaba, una vez que fue una decisión del ejecutivo.
En este movimiento social creo que hay que rescatar las experiencias que permitieron resolver de alguna manera el problema de la vivienda. Pasaron varios meses, muchos meses después, hasta mayo que se firmó el convenio de reconstrucción de Tlatelolco del siguiente año y en junio que se firmó el convenio de reconstrucción para toda la ciudad, para los inmuebles que estaban bajo el régimen de renovación habitacional popular de ese organismo. ¿Cuál fue la clave del problema?
El problema tenía muchas aristas políticas, sociales, económicas, de orden fiscal, financiero, jurídica de diverso tipo de naturaleza, la propiedad de la tierra, la escrituración, etc., había muchos problemas, los juicios que existían, los propios amparos que se metieron en los decretos de expropiación, había muchos problemas de carácter jurídico, problemas técnicos. Y hubo un gran debate.
Pero desde mi punto de vista, lo que ayudó a resolver el problema, fue que se enfocó el problema desde un punto de vista político y se encontraron los mecanismos de concertación adecuada. Y una cosa que quedó clara, que en el problema de la vivienda, cada quien tiene un papel; tiene un papel el Estado, tiene un papel la Cámara, tienen un papel las empresas constructoras, tienen un papel los actores o los sujetos y objeto de este programa, o sea, los damnificados en este caso. Cada quien tenía un papel.
Decíamos, el Gobierno no tiene porqué meterse a construir, es un problema técnico que pueden resolver las constructoras y tenemos la capacidad técnica para resolverlo. El problema estaba entonces en lo técnico, desde el punto de vista dictar las normas, pero estas normas técnicas tendrían que abordarse desde un punto de vista político, porque en estas normas técnicas dependía, por ejemplo, el tamaño de la vivienda que se estuvo debatiendo si podía ser hasta de 24 metros, 40, 60, etcétera, entonces, daba diferentes enfoques un problema técnico a cómo se iba a resolver el problema político y el problema social y qué dimensiones o qué impacto tenía el problema desde el punto de vista económico en general y financiero para el Estado.
Así fue como de alguna manera se lograron convenios con notarios, con actuarios, con el Registro Público de la Propiedad, se simplificaron un conjunto de trámites en los cuales dependían muchas instancias del aparato gubernamental.
A la Cámara en aquel entonces también le tocó jugar un papel y creo que definitivamente entre todos, se pudo resolver ese gran problema, cada quien poniendo su grano de arena, en todo ese proceso de reconstrucción que puede ser llamado como un proceso exitoso de construcción masiva de vivienda popular, con la participación de todos, no fue obra del Gobierno sólo; no fue obra solamente de la sociedad, no fue obra solamente de las empresas constructoras; es una obra de todos y es un hecho inédito en la historia moderna, yo creo mundial.
Hoy estamos ante un problema, desde mi punto de vista similar. Tenemos un gran déficit de vivienda a nivel nacional, también en el Distrito Federal. Esta Cámara, ahorita fundamentalmente, el problema lo está enfocando como si fuera un problema sólo del Distrito Federal, yo sostengo que es un problema nacional, o sea, que tenemos este problema en todas partes y es un problema donde no solamente debemos legislar en torno a la vivienda en arrendamiento, sino en torno también a la vivienda nueva.
Aquí hemos adoptado un conjunto de medidas con las reformas al ISSSTE, las reformas al Infonavit, que hacen prácticamente, como ha sido también en los hechos y aquí se ha reconocido, prácticamente inaccesible la vivienda en propiedad de interés social para la mayoría de los trabajadores, sean estos del Estado o sean trabajadores de las empresas privadas.
Los no asalariados, también a través de los organismos nacionales como Fonhapo y organismos estatales como los institutos de vivienda estatal, es prácticamente una oferta muy pequeña de vivienda que no alcanza siquiera a satisfacer el crecimiento, o más bien, la necesidad de vivienda que tiene el simple incremento poblacional
que tenemos actualmente y mucho menos logra cubrir el déficit que tenemos en nuestro país.
Desde mi punto de vista lo que estamos haciendo con esta reforma es realmente darle la vuelta al problema al no atacar de manera integral el problema de la vivienda, como hemos venido mencionando y creo que no basta solamente un Programa Nacional de Vivienda, creo que no basta legislar solamente de manera aislada y particular sobre éste o el otro aspecto, se refiere, si se quiere resolver el problema, contar con la aportación de toda la sociedad, de esta Cámara, del Gobierno, como insisto, lo hicimos, a raíz de los sismos, en la sociedad, porque el problema es de grandes dimensiones y es un problema social muy importante y es un problema que requiere recursos económicos para construir la vivienda nueva, para restablecer el inventario actual que tenemos de vivienda para aprovechar el espacio urbano que tenemos en las grandes ciudades.
Es un problema de tipo económico, es un problema de tipo financiero en que se requieren grandes recursos para éstos.
Al mismo tiempo que esto genera una necesidad de gasto, también este tipo de proyectos grandes a nivel nacional posibilitan una reactivación económica, porque también como lo vimos, uno de los productos que se generaron a raíz de los sismos, es que se dotó de posibilidades de trabajo a cientos de miles de mexicanos, o sea, eso es posible, es un instrumento también dinamizador de la economía, la construcción de las viviendas.
Pero aquí, al tratar de legislar en el contenido de esta Ley, solamente la parte jurídica, la parte procesal es fundamentalmente hacer más fácil la posibilidad de sacar a los inquilinos, ladeando, sesgando la aplicación de la justicia que debe ser nuestra preocupación pensar en todos los sectores de la población. Ese sesgo que estamos haciendo ahorita, no va a resolver el problema de vivienda y sobre eso, es que quiero yo llamar la atención.
Creo que Salinas y lo dije hace un momento, reconoce un error, reconoce un error de él mismo, porque él fue el que mandó la iniciativa, él mandó la iniciativa a esta honorable Asamblea. El después reconoce, rectifica y dice que no se puede aplicar de manera inmediata. Pero lo hace para cuidar también él mismo, su imagen política, pero si ya está reconociendo que cometió un error, no se rectifica a fondo y rectificar a fondo es derogar esa Ley que es a todas luces injusta, injusta para la sociedad. Derogar esa Ley que no va a resolver el fondo del problema, que no va a la esencia misma de los problemas que tenemos en vivienda en todo el país. No va a la esencia por muchos problemas que tenemos cuando discutamos el problema a fondo de vivienda, creo que es lo que tendremos que ver. Tenemos ahorita legislaciones de tipo urbano que imposibilitan el uso del suelo determinado para construir vivienda, por ejemplo, eso existe aquí en el Distrito Federal y existe en otras ciudades. No aprovechamos adecuadamente esa infraestructura urbana y tenemos limitaciones que tenemos que hacer estos cambios en materia urbana, un conjunto de reformas en este sentido.
Aquí nosotros cuando aprobamos, por ejemplo, la Ley de Hacienda y que a veces sirve esta Ley de Hacienda que tenemos en el Distrito Federal, como un modelo para ser aplicada en todas las entidades del país, ahí también ponemos restricciones sobre el cobro del impuesto predial que imposibilitan también, por esos costos y esas tarifas que tenemos, el poder construir vivienda en renta o vivienda nueva; tenemos muchos problemas y también es un problema que no se puede aprovechar el espacio urbano, porque no existe una adecuada política integral que permita analizar correctamente la imposición de estos impuestos que estamos imponiendo al uso de los inmuebles e impacta sobre la vivienda de renta.
Y así podemos hablar muchas cosas, por ejemplo en el Distrito Federal al hacer nuestras modificaciones al Reglamento de Construcciones, se ampliaron las normas de seguridad y estas normas de seguridad han encarecido la vivienda porque tiene que ser cimentaciones más fuertes, la estructura es mucho más fuerte porque tiene otras dimensiones y esto encarece necesariamente la vivienda. Y si adoptamos criterios liberales de que cada quien construya como pueda, lo que resulta es un encarecimiento general.
Si hubo un abaratamiento en la construcción masiva de vivienda en los sismos de 1985, fue porque se tomaron prototipos generales, normas generales para todo, que permitió comprar masivamente determinados insumos de la construcción, optimizar la construcción misma y esto indudablemente redundó en un beneficio para la sociedad en su conjunto.
Ese aspecto también se toma en cuenta en estos problemas. Tampoco se toma en cuenta y aquí se le echa la culpa, que es la legislación, es ese tortuoso proceso jurídico que se llevan todos los juicios de desahucio lo que ha inhibido la construcción de la vivienda en renta, cuando en
realidad ha habido una política deliberada del Estado para promover, por ejemplo, la vivienda en condominio; cuando el entorno económico de la década perdida que hemos tenido nos ha llevado a altas tasas de interés bancarias, que hacen que no sea redituable la ganancia en la construcción de vivienda en renta y que es más redituable tenerla en inversiones especulativas, en la banca, en la bolsa.
Tampoco se ha mencionado aquí que la política errónea del Gobierno que llevó a esas altas tasas de interés también, hacen que los que eran arrendadores, no les conviniera tener invertido su dinero en una vivienda que de alguna manera tenía un control de precios en todo esto.
Pero sobre todo creo que un problema que se está presentando con todo esto, es que las cifras oficiales que se han dicho, de vivienda en renta, son mucho muy pequeñas porque la inmensa mayoría y no sólo en la Ciudad de México, sino en las grandes ciudades de nuestro país, la vivienda en renta es una vivienda en renta ilegal en donde no hay contratos, en donde no tienen conocimiento las autoridades administrativas de la existencia de éstas y que las condiciones de vivienda como lo marca el censo reciente de población y vivienda, están en condiciones realmente desastrosas las viviendas, que no cuentan con los servicios más elementales; pisos de tierra, etcétera. O sea, la vivienda ha estado bastante descuidada y no es un problema de que sea recientemente o en los últimos años, sino tiene bastantes años que hemos descuidado este problema de incrementar realmente la política.
Entonces yo creo que la propuesta más acorde, en estos momentos la más racional, es derogar las reformas que realizamos nosotros al Código Civil y al Código de Procedimientos Civiles y a la Ley de Procedimientos Civiles y a la Ley de Protección al Consumidor, derogar esas disposiciones, porque se ha demostrado aquí que no tienen realmente ninguna salida.
Esta aprobación que estamos haciendo es darle la vuelta al problema.
Aceptamos la integración de esta comisión como un compromiso que sería bueno que se firmara por los coordinadores de las distintas fracciones parlamentarias para que quedara en firme esta comisión pluripartidista con todos los partidos, nos dotáramos de un plan de trabajo y analizáramos los distintos aspectos que tiene que ver con este problema que no es un problema de ninguna manera sencillo.
Y creo que si va a ser tema de esta legislatura, de toda la Cámara, de todo el Congreso de la Unión, tendríamos que pensar en legislar a nivel nacional, no sólo a nivel del Distrito Federal, porque además con la propuesta constitucional que recientemente hicimos del Distrito Federal, el Distrito Federal va a poder normar también ya esta actividad con su propia Asamblea de Representantes, su propia Asamblea legislativa.
Entonces, solamente tiene sentido que esta legislatura aborde este problema si vamos a poder normar de una mejor manera para lograr esta justicia social que se requiere, a nivel nacional.
Entonces ese debe ser el objeto de esta comisión que nosotros propongamos, o sea, crear y que se cree de manera inmediata.
Y yo también, por último, creo que debiéramos también pensar en otro tipo de planteamientos, como este que se ha dicho de elevar a rango constitucional el derecho de los inquilinos, que es una propuesta que se ha visto que puede ganar las simpatías porque toca fibras sensibles y que garantiza solamente el derecho a la vivienda en abstracto, no nos está dando garantías, por que incluso la actual legislación, como está en el Código Civil y en el Código de Procedimientos Civiles, prácticamente no hay juicio que gane un inquilino; lo único malo que tiene ahorita pero que es común, a toda nuestro sistema de justicia, es que todos los procesos son tortuosos, son procesos largos, son procesos que solamente si está un abogado puede participar en una defensa justa de un problema.
Entonces creo que el problema es otro el que tenemos que abordar en materia de justicia, de realmente hacer un Poder Judicial que ponga en primer lugar ese principio de legalidad en que el mandato de la Ley esté por encima de cualquier otra cosa, que tenga una verdadera independencia este Poder Judicial porque requerimos justicia y es un reclamo nacional.
Por lo pronto creo que debemos tomar muy en serio y tratar de hacer una propuesta conjunta con todos los partidos para elevar a rango constitucional el derecho de los inquilinos. Muchas gracias por su atención.
El Presidente:
Se concede la palabra, al señor diputado Héctor Ramírez Cuéllar.
El diputado Héctor Ramírez Cuéllar:
Señor Presidente; compañeros diputados:
Quiero hacer referencia a la fracción I del artículo segundo transitorio porque, desde mí punto de vista, aquí se encuentra implícito un grave problema que esta Cámara debiera analizar.
Por un lado, se afirma que el decreto aprobado en esta Cámara, en el mes de julio, se pospone su entrada en vigor hasta el 19 de octubre del año de 1998. Pero más adelante se establecen una serie de excepciones y es a ésta a la que me quiero referir.
No habrá la protección que tenía la legislación anterior que derogó el decreto del mes de julio, para los locales, para las viviendas que no se encuentren arrendadas hasta el 19 de octubre del presente año.
Esto quiere decir, que todos los contratos de arrendamiento que se rescindan, que terminan de esta fecha del día de hoy en que se aprobará esta reforma en la Cámara de Diputados hasta el 19 de octubre de este año, se puede considerar como vivienda no rentada, como una habitación que no ha sido rentada o que no está en renta, porque el contrato de arrendamiento se ha terminado o se ha rescindido por las dos partes o por una de las partes.
Si así se va a aplicar la Ley para estos contratos que se renuevan además todos los días en los juzgados de lo civil, entonces miles de capitalinos van a resultar afectados con la fracción I del transitorio segundo porque en la capital de la República hay 458 mil viviendas en renta.
Pero más aún. El procedimiento sumario que se establece en materia de arrendamiento, de desahucios, de desalojos, a que aquí se ha hecho referencia, que prácticamente en 15 días un procedimiento queda terminado y se da a los jueces de lo civil un gran campo de acción, esto pende como una seria amenaza para todos los contratos que se terminen, desde el día de hoy hasta el 19 de octubre, dado que para estos contratos cuya vivienda no se considera rentada y deliberadamente el propietario no la rentara, sino hasta después de la fecha ya señalada, se les aplicarán a estos inquilinos los procedimientos sumarios a que aquí se ha hecho referencia.
Esto nos parece muy grave porque en la ciudad de México hay 45 desalojos diariamente, que autorizan los juzgados de lo civil y están en curso más de 50 mil juicios de desahucio. De tal manera, que la propuesta que vengo a hacer a esta tribuna es la de derogar la fracción I del artículo segundo transitorio, con el objeto de que de verdad el decreto aprobado el 21 de julio quede suspendido en su vigencia.
Y aquí me baso en el criterio que empleó la comisión dictaminadora y por eso acepto que entre la excepción en el caso de la vivienda nueva, ¿por qué razón?, por que un argumento que se maneja es el de que aumentando los alquileres de la vivienda se capitalizará el sector inmobiliario, de que habrá mayor incentivo a la inversión de vivienda en renta, este argumento, lo hemos escuchado durante muchos años y durante muchos años ha habido una política de estímulos a la construcción de vivienda en renta, básicamente estímulos de orden fiscal; pero también durante muchos años la capacidad de inversión en el sector no ha crecido, prácticamente no hay en la ciudad de México vivienda nueva en renta, lo que hay es vivienda nueva en propiedad para personas de altos ingresos.
Como se ve, esto no ha sucedido pero suponiendo que hubiese una nueva oportunidad a los inversionistas, podría dejarse libre la posibilidad de que la vivienda nueva estuviese sujeta al libre juego del mercado o a la libre voluntad de las partes con el objeto de comprobar si de verdad habrá un aumento en la inversión inmobiliaria o no lo habrá.
No queremos ser catastrofistas, no queremos adelantar juicios pero mucho nos tememos que aún en el caso de la excepción que señala el tercer párrafo del segundo transitorio, no se va a observar una reanimación del mercado inmobiliario para la construcción de vivienda en renta, puesto que hay en la economía mexicana otras actividades, otras inversiones, más rentables, más seguras y con menos riesgos.
Es necesario también apoyar esta demanda en el hecho de que se considera que la capitalización de los inversionistas vendrá vía aumento constante de los alquileres de la vivienda; por eso en el decreto que concitó el repudio popular, se deja la fijación del monto del alquiler al libre juego de las partes, léase, al libre juego del propietario que tiene el bien mientras el inquilino no lo tiene; y los incrementos anuales que antes se vinculaban al aumento del salario mínimo y que de alguna manera amortiguaban o disminuían los abusos en los incrementos anuales, ahora, quedan totalmente libres, sujetos al acuerdo, sujetos a la voluntad de las partes propietario e inquilino.
Es necesario también señalar que si en verdad existe esa concepción, habría que preguntarse por qué desde hace varios años, con todos los
estímulos otorgados el mercado de vivienda en renta, se mantiene congelado y por qué, se ha preferido la construcción de vivienda en propiedad y la construcción de vivienda en condominio o la venta de condominio para los propietarios.
Este fenómeno no está analizado con detalle en la iniciativa y solamente se basa en un supuesto de orden jurídico, en un supuesto de orden legal de que aumentando los alquileres incesantemente, podrá haber una mayor capitalización pero esto tenemos que no sea así.
Aún en el caso de que se aceptara la práctica de suspensión de esta legislación y se considerara ese solo hecho como algo positivo, nunca debemos perder de vista que el contenido de la legislación cuya vigencia se aplaza para dentro de cinco años, en el año de 1993, está sujeta a una futura negociación política, tiene mucho qué ver este asunto con la sucesión presidencial, tiene mucho qué ver con los vínculos que se tengan entre los funcionarios públicos y el Movimiento Urbano Popular y con la campaña electoral del año de 1994.
Pero lo que no podemos perder de vista los aspectos profundamente negativos del decreto cuya vigencia solo se pospone pero no se deroga y eso es lo fundamental.
Si bien es cierto que en este momento solo están a debate los transitorios de una Ley que ya se aprobó aquí con el procedimiento ya señalado, conviene precisar que en todos los casos se desregula la relación propietario e inquilino, pero no se avanza hacia un mayor equilibrio en esa relación.
La única obligación digamos, que se establece en la Ley aprobada, que ya venía desde el Código Civil anterior, es la de que el propietario está obligado a entregar la vivienda al inquilino en condiciones habitables y se le aplican una serie de sanciones si no lo hacen. El resto de las reformas benefician a una de las partes, al propietario y perjudican a la otra de las partes, al inquilino.
Así tenemos por ejemplo, que el contrato de arrendamiento que antes era de un año forzoso, ahora ya no lo es tanto, porque queda sujeto a la voluntad de las partes, de tal manera que habrá contratos de arrendamiento hasta de un mes, hasta de seis meses.
La prórroga que habrá de un segundo año para los inquilinos, desaparece porque la terminación del contrato queda sujeto una vez más a la voluntad de las partes y finalmente, lo más preocupante es la fijación del alquiler de la renta.
Me tocó en suerte ser miembro del grupo especial que en la LII Legislatura aprobó estas reformas que ahora se derogan y en aquél momento tanto la fijación de las rentas, como los aumentos anuales de las mismas se vincularon a un indicador más general de la economía, que fue el aumento de la inflación o la tasa de inflación que existiera en un momento dado y esa vinculación era correcta.
En efecto, si por ejemplo, los aumentos de los salarios y otros incrementos en la economía, se vinculan al movimiento inflacionario, se relacionan con el aumento de precios y tomando en cuenta que el salario es un precio que se le paga a un obrero por su trabajo y con ese salario para el alquiler de su vivienda, entonces lo lógico, lo adecuado es que el monto del alquiler de la vivienda no quede sujeto a la voluntad de las partes, sino que esté determinado o por lo menos influido por los incrementos que haya en materia inflacionaria en un año determinado.
Así por ejemplo, se aprobó que los incrementos sólo subirían un 80% en función del aumento a la inflación que hubiese en ese momento.
Nos parece un grave retroceso que prácticamente se haga a un lado esta situación y se deje a criterio del propietario fijar el monto de las rentas.
¿Por qué decimos del propietario? Porque en un mercado en donde existe un funcionamiento más o menos normal de la oferta y la demanda; en donde no haya monopolios, es posible que la oferta y la demanda se equilibren, eso teóricamente hablando es factible y tiene el inquilino la posibilidad de contratar otro inmueble si el que le rentan le parece el alquiler muy elevado y de esa manera hay un equilibrio entre la oferta y la demanda.
Pero tratándose del mercado de vivienda en renta, ocurre un fenómeno diferente, hay una gran demanda de vivienda en renta y cero oferta de vivienda en renta, prácticamente no se ha construido nada en lo que se refiere a vivienda en renta.
Cuando hay esta distorsión tan grande que hay demanda pero no hay oferta, quienes fijan las condiciones de la operación en el mercado son los que ejercen la propiedad de los bienes, de tal manera que una casa - habitación que hoy se
desocupa por una razón o por otra, a la mañana siguiente vuelve a ocuparse con un incremento notable al alquiler, porque no hay oferta; en pocas palabras, al trabajador sólo se le pone una disyuntiva: o toma la vivienda o la deja y no tiene en dónde vivir. Ese es el problema.
Por esa razón, el peor momento para liberalizar el mercado de la vivienda es en éste, en que no hay vivienda disponible. Si hubiese en la ciudad de México suficiente vivienda en renta, había un equilibrio entre oferta y demanda, pero no lo hay; de tal manera que al no haberlo, los afectados van a ser demandantes de vivienda, los trabajadores fundamentalmente.
Por estas razones es que proponemos que se derogue la legislación aprobada en el mes de julio y concretamente se derogue la fracción I del artículo segundo transitorio de este decreto. Muchas gracias.
El Presidente:
Muchas gracias diputado Ramírez Cuéllar. Se concede la palabra al señor diputado Alvaro Salazar Lozano.
El diputado Alvaro Salazar Lozano:
Con su permiso, señor Presidente, señoras diputadas, señores diputados, distinguidos invitados:
He escuchado con atención lo expresado por los distinguidos diputados que me han antecedido en el uso de la palabra. Puse especial cuidado en sus planteamientos que demuestran su conocimiento en la materia que nos ocupa, así como el interés y preocupación por resolver el grave problema de la vivienda.
Una de las demandas más reiteradas de la sociedad desde hace muchos años, en su permanente aspiración de justicia, es sin duda el contar con una vivienda digna y decorosa. Esta aspiración ha sido consagrada en el artículo 4o. de nuestra Constitución y este ordenamiento señala como la Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo, por ello los gobiernos de la República se han abocado a la solución de este renglón y en particular al actual ha enfatizado su preocupación para tratar de resolver este problema nacional, haciendo para ello un esfuerzo sostenido, tanto en la construcción de viviendas como para su financiamiento.
En ello, se han sumado a este patriótico esfuerzo, los gobiernos de las entidades federativas. En este año más de 30 mil nuevas viviendas se entregarán en el Distrito Federal, pero consideramos que a pesar de este considerable esfuerzo que no tiene precedente en la historia de México, es insuficiente aun si no se suma la iniciativa del sector privado en corresponsabilidad en este asunto.
El Estado jamás ha claudicado en su propósito fundamental de proteger a los grupos sociales más desprotegidos, por ello insiste en la construcción de la vivienda en cualquiera de sus formas. La postura que se adoptó a partir de la Segunda Guerra Mundial con el congelamiento de las rentas en los inmuebles de este tipo, trajo como consecuencia, a partir de la década de los sesenta, el abatimiento en la construcción de viviendas para renta y consecuentemente, la oferta disminuyó considerablemente.
En la actualidad existe una mayor demanda de vivienda y hay un enorme desequilibrio entre los factores en este contrato y será aún más al paso de los años, por el número considerable de jóvenes y el constante flujo de mexicanos a esta ciudad.
Por eso, consideramos que los planteamientos hechos por los respetables compañeros tienen un fondo de la mayor importancia: tener más viviendas y procurar mayor justicia social. Sin embargo, la premisa fundamental es el tener viviendas y después darle las modalidades que se considere necesarias, es decir primero es el ser y luego cómo ser. Por ello, el problema es estimular la construcción de viviendas, para así darle las modalidades convenientes que nosotros necesitemos.
De ahí se originan las reformas que tiene como propósito lograr mayor número de viviendas en rentas y legislar a favor de quienes tienen la necesidad de este tipo de vivienda, sin utilizar, de ninguna manera, medidas demagógicas. Si existe una mayor oferta, ello propicia un equilibrio que dé equidad a ambas partes, al arrendador y al arrendatario.
Es el objeto de la reforma a los códigos Civil y de Procedimientos Civiles que han sido aprobadas recientemente.
Pero hay algo más que este decreto tiene y que ahora presentamos a la consideración de ustedes, es en los transitorios a discusión, en que las disposiciones contenidas en el presente decreto, entrarán en vigor el 19 de octubre de 1998, salvo lo dispuesto por los transitorios siguientes:
Primero. Las disposiciones del presente decreto se aplicarán a partir del 19 de octubre de 1993.
Segundo. Se encuentran arrendados al 19 de octubre de 1993, siempre que sean para uso distinto del habitacional.
Tercero. Su construcción sea nueva, siempre que el aviso de terminación sea posterior al 19 de octubre de 1993.
En esto particularmente yo quiero enfatizarlo y señalar que a veces existe confusión en este particular.
Desde luego que nosotros estamos seguros que la lectura cuidadosa podrá darle el verdadero significado a todo esto, que no se trata ninguna medida contra nadie, sino solamente a favor de la vivienda.
Tercero. Los juicios y procedimientos judiciales y administrativos, actualmente en trámite, así como los que se inicien antes del 19 de octubre de 1998, derivados de contratos de arrendamiento de inmuebles para habitación y sus prórrogas, que no se encuentre en los supuestos establecidos en el transitorio anterior, se regirán hasta su conclusión por las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y de la Ley Federal de Protección al Consumidor, vigentes con anterioridad al 19 de octubre de 1993.
Ha habido en todo esto una gran confusión entre la población por la desinformación y a veces por la actitud tendenciosa en algunos casos en estas disposiciones que han sido recientemente aprobadas. Pero las intensiones son claras: seguir legislando para México, lograr la equidad y justicia y proteger desde luego en este caso a los grupos más débiles, sin violentar el espíritu de la Ley ni provocar aplausos fáciles, pero sí seguir legislando a favor de todo México.
Jamás y esto lo afirmo categóricamente, el PRI ha legislado a espaldas del pueblo, siempre de frente a él y siempre a favor del mismo pueblo. Sabemos que las leyes son perfectibles, no es desde luego un fin en sí mismo, sino es un medio para alcanzar el bienestar.
Creemos que no todos estarán de acuerdo en lo aprobado, sin embargo se hace un considerable esfuerzo para lograr los dos objetivos prioritarios: primero, alentar la inversión en vivienda; y, segundo, reafirmar nuestro compromiso en favor del pueblo en estos artículos transitorios.
Por todo lo anterior, señor Presidente, considero que este asunto que nos congrega ha sido ampliamente debatido. Ruego a usted por ello que ponga a la consideración de la Cámara, de las señoras y señores diputados, el mencionado decreto, esperando de ellos su voto aprobatorio. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias diputado Salazar.
Agotada la lista de oradores, proceda la Secretaría a someter a la consideración de la Asamblea las propuestas presentadas por los señores diputados.
El secretario Enrique Rico Arzate:
Propuesta de la diputada Martha Patricia Ruiz Anchondo.
"Único. Artículo 4o. Que la subcomisión que se propone a esta soberanía para analizar el Presupuesto de Egresos e incrementar los montos en materia de vivienda, también se encargue de convocar y organizar una amplia consulta nacional con todos los sectores involucrados en el tema para arribar a un consenso que permita legislar en materia inquilinaria antes de 1998".
En votación económica se pregunta a la asamblea si esta propuesta se admite o se desecha.
Los compañeros que estén porque se admita, favor de manifestarlo.....
Los que estén porque se deseche, favor de manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
De conformidad con los artículos 124 y 125 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos la siguiente propuesta de modificación al dictamen.
"Artículo 2o., fracción I dice, Primero, no se encuentren arrendados al 19 de octubre de 1993.
Propuesta. Único. Se elimina esta fracción".
Propuesta de la diputada Martha Patricia Ruiz Anchondo.
En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se admite o se desecha.
Los que estén porque se admita, sírvanse manifestarlo.....
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
Propuesta del diputado Héctor Ramírez Cuéllar.
"Único. Derogar la fracción I del artículo segundo de los transitorios".
En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se admite o se desecha.
Los que estén porque se admita, sírvanse manifestarlo.....
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo. Desechada, señor Presidente.
El Presidente:
Consulte la Secretaría a la Asamblea, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
El secretario Enrique Rico Arzate:
En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.....
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
Suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente:
Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.
El secretario Rubén Pabello Rojas:
Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, en un solo acto.
Se solicita a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación)
Señor Presidente, se emitieron 266 votos en pro, 55 en contra, 55 abstenciones, en contra del artículo segundo y a favor de los artículos 1o. y 3o.; 20 votos y un voto en contra de la fracción I del artículo segundo.
El Presidente:
Aprobado en lo general y en lo particular por 266 votos.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se modifican los artículos transitorios del diverso por el que se reforma el Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal y la Ley Federal de Protección al Consumidor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de julio de 1993.
El secretario Rubén Pabello Rojas:
Pasa al Senado para sus efectos constitucionales correspondientes.
El Presidente:
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DÍA
El secretario Florencio Salazar Adame:
Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
"Primer Período de Sesiones Extraordinarias. - Segundo Receso. - Segundo Año.
- LV Legislatura.
Orden del día
9 de septiembre de 1993.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Dictamen de primera lectura.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se dispensa la segunda lectura y discusión.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría de cuenta."
El Presidente
(A las 20.05): Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar, mañana jueves 9 de septiembre, a las once horas.
NOTAS
Siglas y abreviaturas incluidas en esta edición:
CCAT (Sin aclaración)
Ficapro Fideicomiso de Casa Propia
Fividesu Fideicomiso de Vivienda, Desarrollo Social y Urbano
Fonhapo Fondo Nacional de Habitación Popular
Fovi Fondo de Vivienda
Fovissste Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Infonavit Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
ONU Organización de las Naciones Unidas
PAN Partido Acción Nacional
PARM Partido Auténtico de la Revolución Mexicana
PPS Partido Popular Socialista
PRD Partido de la Revolución Democrática
PRI Partido Revolucionario Institucional
UCAI Tlatelolco (Sin aclaración)
Uscobi (Sin aclaración)