Legislatura LV - Año II - Período Ordinario - Fecha 19921105 - Número de Diario 4
(L55A2P1oN004F19921105.xml)Núm. Diario: 4ENCABEZADO
LV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO de los DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de segunda clase en la administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Dip. María de los Ángeles Moreno Uriegas
PALACIO LEGISLATIVO
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Héctor de Antuñano y Lora
AÑO II México, D.F., jueves 5 de noviembre de 1992 No. 4
SUMARIO
ASISTENCIA
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
COMUNICACIONES
Dos, del Congreso del Estado de Hidalgo. De enterado.
Del Congreso del Estado de Yucatán. De enterado.
De los diputados: Tomás González de Luna, Rafael Fernández Tomás, Rodolfo Toxtle Tlamani. De enterado.
Informe de la comisión de diputados para comunicar a la Asamblea, del estado de salud del ciudadano diputado Carlos Ávila Figueroa.. De enterado.
ANÁLISIS DEL IV INFORME DE GOBIERNO
POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL
Se concede el uso de la palabra a los diputados:
Juan Gualberto Campos Vega.
Cecilia Soto González
Tomás Correa Ayala
Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez
Alfredo Lujambio Rafols
Angel Aceves Saucedo
En el segundo turno de oradores interviene el diputado Hildebrando Gaytán Márquez.
RECESO
Continúan los diputados:
Javier Marcelino Colorado Pulido
Abundio Ramírez Vázquez
José de Jesús Martín del Campo Castañeda
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa
Cesáreo Morales García
José María Téllez Rincón, para rectificar hechos.
PROTECCIÓN DEL DELFIN
Propuesta presentada por el diputado Israel González Arreguín. De enterado.
ESTADO DE OAXACA
Para referirse a la situación preelectoral en dicho Estado, hacen uso de la palabra los diputados:
Salomón Jara Cruz
Rafael Sergio Vera Cervantes
Eloí Vásquez López, para rectificar hechos.
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales toman la palabra los diputados:
Jorge Fernando Iturribarría Bolaños Cacho
Eloí Vásquez López
Jorge Fernando Iturribarría Bolaños Cacho
Salomón Jara Cruz
ESTADO DE TAMAULIPAS
Sobre la situación electoral en dicho Estado, toma la palabra la diputada Luisa Alvarez Cervantes.
ESTADO DE SINALOA
Para comentar la situación política del Estado, toman la palabra los diputados:
Esteban Zamora Camacho.
Manuel de Jesús Valdez Sánchez.
Esteban Zamora Camacho, para rectificar hechos.
Jorge Alfonso Calderón Salazar
Jesús Octavio Falomir Hernández , para rectificar hechos.
OFICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
Relativo a la desincorporación de la empresa denominada Fertilizantes Mexicanos. S.A. De enterado.
Relativo a la desincorporación de la empresa denominada Azúcar, S. A. de C. V. De enterado.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA PATRICIA RUIZ ANCHONDO
ASISTENCIA
La Presidenta:- Ruego a la secretaría haga del conocimiento de esta Presidenta el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados, para conocer si existe el quórum reglamentario.
El secretario Rubén Pabello Rojas:- Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 417 diputados, por lo tanto . Hay quórum.
La Presidenta (a las 11.10 horas)- Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El secretario Rubén Pabello Rojas:
«Primer Período de Sesiones Ordinarias.- Segundo Año.- LV Legislatura.
Orden del día
5 de noviembre de 1992.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones de los congresos de los Estados de Hidalgo y Yucatán.
Comunicaciones de ciudadanos diputados.
Análisis del Capítulo de Política Económica y Social del IV Informe Presidencial.
Comentarios del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre la situación preelectoral, en Oaxaca.
Comentarios del grupo parlamentario del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, acerca de la situación electoral en Tamaulipas.
Punto de acuerdo que presenta el ciudadano diputado Israel González Arreguín, Presidente de la Comisión de Pesca.
Comentarios del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, acerca de la situación política, en Sinaloa.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
La Presidenta:- En virtud de que se entregaron copias del Acta de la Sesión anterior a los coordinadores de los grupos parlamentarios, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura.
El secretario Rubén Pabello Rojas:- Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta .
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el día tres de noviembre de mil novecientos noventa y dos, correspondiente al Primer Período de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.
Presidencia de diputado Luis Felipe Bravo Mena
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las once horas con treinta y dos minutos del día tres de noviembre de mil novecientos noventa y tres, con una asistencia de cuatrocientos sesenta y cinco legisladores, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y, posteriormente, la Asamblea dispensa la lectura al acta que, sin discusión, se aprueba en sus términos en votación económica.
La misma Secretaría da cuenta con diversos oficios de la Comisión Permanente, por los que informa que concedió licencia a los diputados Jesús Arnoldo Millán Trujillo, Tomás Garza Garza, Tomás Yarrington Rubalcava, Rafael Cañedo Benitez, Alberto López Vargas, Humberto Gómez Campaña, Francisco Gamboa Herrera y Guillermo Mercado Romero. Llámese a los suplentes.
El Presidente informa que se encuentran a las puertas del salón los ciudadanos Víctor Emanuel Díaz Palacios, Ramiro Rojo López, Alicia Montaño Villalobos, María Elisa Meza Rochín, Rubén Miranda Villalva, Benjamín López Aguirre, Gabino Rutiaga Fierro y Yolanda Robinson Martínez, diputados suplentes electos en los distritos electorales, segundo de Puebla, segundo , tercero y quinto de Sinaloa; primero
y tercero de Tamaulipas; tercero de Durango y primero de Baja California Sur, respectivamente y designa una comisión para que los introduzca y los acompañe en el acto de rendir su protesta de Ley.
Terminado el acto protocolario, los diputados toman posesión de su encargo de inmediato.
Se da lectura a un oficio de la Comisión Permanente, por el que informa que concedió licencia por tiempo indefinido a la diputada María del Carmen Bolado del Real. De enterado.
Un oficio de la honorable Cámara de Senadores, por el que comunica la elección de mesa directiva para el mes de noviembre. De enterado.
La Secretaría da cuenta con un punto de acuerdo suscrito por la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, relativo a las instalaciones de la Unidad y de Congresos doctor Ignacio Morones Prieto, del Centro Médico Nacional Siglo Veintiuno, del Instituto Mexicano del Seguro Social.
En votación económica la Asamblea lo aprueba. Se solicita a la Secretaría gestionar su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Se da lectura a un acuerdo parlamentario suscrito por los coordinadores de los grupos parlamentarios, relativo al calendario y reglas de trabajo para el Primer Período de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicios de la Quincuagésima Quinta Legislatura. De enterado.
Para continuar con el orden del día, la Secretaría da lectura a una comunicación del diputado Carlos Ávila Figueroa y el Presidente, conforme a lo dispuesto en el artículo cincuenta y dos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, designa una comisión para que visiten al legislador e informen sobre su estado de salud a la Asamblea.
La misma Secretaría da lectura al acuerdo de práctica parlamentaria para la presentación de iniciativas de leyes de ingresos y los proyectos de presupuestos de egresos para la federación y para el Departamento del Distrito Federal, así como la Miscelánea Fiscal y comparecencia del secretario del ramos. De enterado.
También se da lectura a una proposición de la Gran Comisión, respecto de la integración de comisiones. La Asamblea la prueba en votación económica.
Se concede el uso de la palabra al diputado Amador Rodríguez Lozano, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, quien presenta un punto de acuerdo, firmados por todos los grupos parlamentarios, respecto de amenazas a una ciudadana mexicana. De enterado.
La Secretaría da cuenta con los puntos de acuerdo relativos al análisis del Cuarto Informe de Gobierno. De enterado.
Para expresar sus opiniones respecto a la política interior del Gobierno mexicano, se concede el uso de la palabra a los diputados Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista; Samuel Moreno Santillán, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Israel González Arreguín, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Gilberto Rincón Gallardo, del Partido de la Revolución Democrática; Roderico Tapia Ruiz, del Partido Acción Nacional y Jorge Uscanga Escobar, del Partido Revolucionario Institucional.
Conforme al acuerdo de práctica parlamentaria, a las quince horas con nueve minutos, se decreta un
Receso.
A las dieciséis horas con treinta y ocho minutos, se reanuda la sesión y, para ampliar las opiniones de sus partidos en el análisis de Cuarto Informe de Gobierno, respecto de la política interior, hacen uso de la palabra los diputados: Jorge Tovar Montañez, del Partido Popular Socialista; Adolfo Kunz Bolaños, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; José de Jesús Berrospe Díaz, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; René Bejarano Martínez, del Partido de la Revolución Democrática; Quinardo Meléndrez Montijo, del Partido Acción Nacional y Agustín Basave Benitez, del Partido Revolución Institucional.
Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado Fernando Lugo Hernández, del Partido Acción Nacional, quien se refiere al proceso electoral en el Estado de Tamaulipas y, para rectificar hechos o contestar alusiones personales, los diputados Laura Alicia Garza Galindo, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones y Francisco Gárate Chapa, del Partido Acción Nacional.
Agotados los asuntos en cartera y no habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las
diecinueve horas con diecisiete minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo jueves cinco de noviembre de mil novecientos noventa y dos, a las diez horas.»
La Presidenta:- Ruego a la Secretaría poner a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior y si algún diputado desea hacer alguna observación a la misma, sírvase manifestarlo.
El secretario Rubén Pabello Rojas:- Está a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior.
¿Hay algún coordinador que desee hacer observaciones a la misma?
Se consulta a la Asamblea en votación económica si se aprueba.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Aprobada el acta.
COMUNICACIONES
El secretario Miguel Gómez Guerrero:
«Escudo.- Congreso del Estado de Hidalgo.- Oficialía Mayor.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal.
Con toda atención, nos permitimos el honor de comunicar a usted (s), que la Comisión Permanente de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del honorable Congreso Constitucional del Estado de Hidalgo, en sesión celebrada el día de hoy, clausuró los trabajos de dicha Comisión; lo anterior se le (s) comunica para los efectos procedentes.
Al hacer de su conocimiento dicha clausura, nos es grato reiterarle (s) las seguridades de nuestra más alta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Pachuca, Hidalgo, 25 de septiembre de 1992.- El Oficial Mayor del honorable Congreso Constitucional licenciado Rodolfo Miranda Enríquez.»
De enterado.
El mismo Secretario:
«Escudo.- Congreso del Estado de Hidalgo.- Oficialía Mayor.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, México, Distrito Federal.
Con toda atención, nos permitimos el honor de comunicar a usted (s), que la Quincuagésima Cuarta Legislatura del honorable Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en Junta Preparatoria celebrada el día de hoy, dio cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para la designación de la Mesa Directiva que habrá de presidir los trabajos durante el mes de octubre del año en curso, correspondientes al Segundo Período Ordinario de Sesiones del Tercer año de Ejercicio Constitucional, resultando electos los ciudadanos:
Presidente: diputado José Guadalupe Salinas Pérez; vicepresidente: diputado Paulino Chávez Martínez; secretario propietario: diputado Joel Marroquín Rodríguez; secretario propietario: diputado Genaro Hernández Villegas; secretario suplente: diputado Alfonso Martín Lozano y secretario suplente: diputado Jaime Medina Medina.
Al hacer de su conocimiento lo anterior, nos es grato reiterarle (s) las seguridades de nuestra más alta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.-
Pachuca, Hidalgo, 28 de septiembre de 1992.- El oficial Mayor del honorable Congreso Constitucional, licenciado Rodolfo Miranda Enríquez.»
De enterado.
El mismo secretario:
«LII Congreso del Estado Libre y Soberano de Yucatán.
Ciudadana diputada María de los Ángeles Moreno Uriegas, Presidenta de la honorable Cámara de Diputados, México, Distrito Federal.
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 27 fracción IV último párrafo y 93 de la Ley
orgánica del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, nos permitimos comunicar a usted que, con esta fecha, dio inicio el Tercer Período de Sesiones Ordinarias, correspondiente al Segundo Año del Ejercicio Constitucional de la LII Legislatura. Asimismo, se eligió la Mesa Directiva que fungirá hasta el 15 de noviembre próximo, y quedó integrada de la forma siguiente:
Presidente: diputado licenciado Rodolfo Martín Osorio Conde; vicepresidente: diputado Contador Público Roberto Edmundo Pinzón Alvarez; secretarios: diputados profesor William Alfredo Novelo Novelo, abogado Luis Felipe Mena Salas; secretarios suplentes: diputados, capitán Carlos Erosa Correa y profesor Juan Elías Vallejos Vega.
Protestamos a V. H., nuestra atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Mérida, Yucatán, a 16 de octubre de 1992.- Los secretarios de la Mesa Directiva: diputado profesor William Alfredo Novelo Novelo y abogado Luis Felipe Mena Salas.»
De enterado.
El secretario Salomón Jara Cruz:
«Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados, Presente.
Tomás González de Luna, diputado federal, miembro de la LV Legislatura al Congreso de la Unión, usted, de manera respetuosa comparezco para exponer:
Que vengo por medio de la presente comunicación a solicitar se sirva hacer del conocimiento del Pleno de la Cámara de Diputados, mi determinación de incorporarme como miembro de la fracción partidista del Partido Revolucionario Institucional en esta Legislatura.
Lo anterior corresponde a una decisión de orden estrictamente personal, expresando mi reconocimiento y gratitud a mis compañeros del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, con quienes compartí durante algún tiempo responsabilidades en su fracción parlamentaria.
En consecuencia, atentamente solicito:
Único. Se sirva ordenar se de cuenta con esta comunicación al Pleno de la Cámara de Diputados y se me incorpore en el registro correspondiente a la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional.
Palacio Legislativo, Distrito Federal a 3 de noviembre de 1992.- Protesto lo Necesario, diputado Tomás González de Luna.»
De enterado.
El mismo Secretario.
«Diputada María de los Ángeles Moreno Uriegas, Presidenta de la Cámara de diputados, Presente.
En mi carácter de diputado federal de la LV Legislatura, manifiesto a usted mi voluntad para pertenecer al grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Lo anterior, obedece a mi deseo de incorporarme a los trabajos que esa fracción parlamentaria cumple en el seno de esta Cámara de Diputados.
Por otra parte, estimo de justicia reconocer y agradecer, las múltiples muestras de apoyo y solidaridad que me brindó el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, desde mi llegada a esta Cámara.
Sin otro particular, respetuosamente le solicito, se sirva dar sus instrucciones, a efecto de que se informe de esta comunicación en el Pleno de nuestra Cámara y se me considere en los registros correspondientes, como miembro integrante de la fracción partidista del Partido Revolucionario Institucional.
Atentamente.
San Lázaro, Distrito Federal, noviembre 3 de 1992.- Diputado Rafael Fernández Tomás.»
De enterado.
El mismo Secretario.
«Ciudadano Presidente de la honorable Cámara de Diputados, Presente.
De manera respetuosa solicito a esa Presidencia, haga del conocimiento del Pleno de esta Cámara de Diputados, mi decisión para permanecer, a partir de esta fecha, al grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LV Legislatura.
Creo que conviene dejar testimonio de mi agradecimiento por el respaldo de mis compañeros del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, desde el inicio de esta Legislatura, así como de su espíritu solidario y amistoso para conmigo.
Mucho he de agradecer a usted, ordene que se dé cuenta de este comunicado ante el Pleno y se me incluya en el registro correspondiente a la fracción del Partido Revolucionario Institucional, para todos los efectos pertinentes.
Atentamente.
Palacio Legislativo, Distrito Federal, noviembre 3 de 1992.- Diputado Rodolfo Toxtle Tlamani.»
De enterado.
La Presidenta:- Ruego a la Secretaría informe sobre el estado de salud del ciudadano diputado Carlos Ávila Figueroa.
El secretario José Socorro Velázquez Hernández:
«Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Zubirán.
A quien corresponda:
Se trata del paciente Carlos Ávila Figueroa, con registro en este Instituto 153415, quien ingresó el día 27 de octubre del año en curso para estudio de síndrome anémico. El diagnóstico presuncional hasta este momento es de una probable leucemia aguda mieloblástica cuyo subtipo está por determinarse. Este paciente continuará hospitalizado por tiempo aún indefinido hasta completar su estudio para establecer un diagnóstico definitivo e iniciar tratamiento específico.
Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención prestada, quedo de usted, seguro servidor.
Atentamente.
México, Distrito Federal, 29 de octubre de 1992.- Doctor Paul Ángulo Hernández.»
De enterado.
ANÁLISIS DEL IV INFORME DE GOBIERNO
POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL
La Presidenta:- Con fundamento en el artículo 8o., párrafo tercero de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con el punto 7o. del acuerdo parlamentario, en esta sesión se hará el análisis del capítulo de política económica y social del IV Informe Presidencial.
Se han registrado, para tal efecto, los siguientes diputados:
Para la primera ronda, por el Partido Popular Socialista, el diputado Juan Campos Vega; por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, la diputada Cecilia Soto González; por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, el diputado Tomás Correa Ayala; por el Partido de la Revolución Democrática, el diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez; por el Partido Acción Nacional, el diputado Alfredo Lujambio Rafols; por el Partido Revolucionario Institucional, el diputado Angel Aceves Saucedo.
En tal virtud, se concede el uso de la palabra al diputado Juan Campos Vega.
El diputado Juan Gualberto Campos Vega:-
Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados: Cuando se lee con detenimiento los juicios expresados por el Presidente de la República en su IV Informe de Gobierno, referentes a la economía nacional, no puede uno dejar de asombrarse del infundado optimismo con el que se señalan los resultados de la aplicación de neoliberalismo en nuestro país.
En este IV Informe, el licenciado Salinas de Gortari exalta los logros de su Gobierno en materia de inversión, de crecimiento, de inflación, se refiere al superávit financiero creciente, a la venta de empresas estatales, a la reducción de nuestra deuda respecto del producto interno bruto, a la firma del Tratado de Libre Comercio y haber alcanzado, en sólo cuatro años, la meta propuesta en materia de inversión extranjera.
Es evidente que tales datos y tal política son cotidianamente exaltados a través de los medios de comunicación por los representantes de los monopolios norteamericanos, del Gobierno norteamericano, de los grandes empresarios nacionales que han obtenido fabulosas ganancias y beneficios innumerables, y también por los políticos afines al régimen, tanto los del grupo neoliberal en el Gobierno como por los que desde otras organizaciones políticas representan los intereses más reaccionarios.
Sin embargo, todos ellos olvidan de manera premeditada que el crecimiento de nuestra
economía no puede ser un fin en sí mismo, sino solamente un medio para garantizar nuestro desarrollo autónomo y proporcionar bienestar a nuestro pueblo en un sistema político que amplíe substancialmente nuestra vida democrática.
De estos logros, que hubiera sido importante conocer poco o nada, contiene el IV Informe de Gobierno, Y ello es así, porque el neoliberalismo, impulsado por los círculos más reaccionarios de los países imperialistas, tiene como finalidad impulsar precisamente los objetivos contrarios a los que se ha propuesto nuestro pueblo a lo largo de su historia.
Por ello, compañeras y compañeros diputados, para iniciar el análisis de este tema bien vale la pena en primer lugar precisar que el liberalismo social del que habla el licenciado Salinas no existe. El liberalismo como doctrina económica dejó de existir hace muchos años, lo mató el mismo proceso del desarrollo del capitalismo; la libre concurrencia ya no existe, lo que domina ahora es la concentración de los capitales, los que controlan la economía ahora son los monopolios.
Por ello, la lucha en este momento no puede ser entre los individuos, como hace un siglo, sino entre los mismos monopolios que ahora se disputan en control de la economía internacional.
El liberalismo que existió en nuestro país, adaptado a nuestras condiciones muy concretas, representó una corriente del pensamiento avanzado, y representó una corriente avanzada porque tenía como finalidad destruir todas las trabas en las relaciones económicas, en la política, en la ideología, en la educación, en todo aquéllo que obstaculizaba el progreso independiente de nuestro país. Pero ésas no son las condiciones actuales, a pesar de que en este momento también existen trabas internas, lo fundamental de la etapa en que nos ha tocado vivir es que precisamente el problema fundamental es que el imperialismo norteamericano ha estado empeñado en impedir nuestro desarrollo independiente, ha tratado por todos los medios de impedir que México tenga un desarrollo autónomo acorde con sus necesidades y con sus características de país soberano.
El liberalismo que existió en esa etapa, tenía como fundamento la libertad irrestricta para producir, la libertad irrestricta para comerciar, para invertir, pero ese liberalismo como lo conocieron en el siglo pasado ya no existe más; no existe más porque en este momento en las metrópolis imperialistas quienes tienen el control de la economía son los monopolios financieros, y en países en vías de desarrollo, como el nuestro, por dos razones: o el Estado ha asumido el papel de ser el impulsor del desarrollo económico independiente, o porque el capital extranjero ha tomado tales posiciones que acaba por controlar nuestra vida material con el consecuente e irremediable control de nuestras decisiones políticas.
Pero era necesario justificar la intervención de los monopolios en países como el nuestro; era necesario romper las barreras de un nacionalismo defensivo que quería ver libre a nuestra patria de la presencia dominante de los monopolios, en el caso nuestro, particularmente norteamericanos.
Y entonces surgió esta corriente conocida como neoliberalismo, y ya no el liberalismo de la libre concurrencia, sino el liberalismo de la época de los grandes monopolios, el liberalismo de la época de la concentración del capital. Y esta corriente del pensamiento económico, surgida en la década de los treinta en el mundo, tiene diversas variantes; pero como quiera llamárseles, tiene elementos esenciales que le son comunes: el elogio a la economía de mercado, el elogio al libre juego espontáneo de la oferta y la demanda, la no intervención del Estado en la economía, la desregulación de la actividad económica, la existencia de un gasto público reducido y la presentación de los presupuestos deficitarios como un grave riesgo para la economía, entre otras cosas.
Si analizamos el sustento de este IV Informe de Gobierno, veremos que todas y cada una de estas cuestiones están contenidas en la política económica que el Gobierno mexicano llama liberalismo social, pero que en la práctica es nada más que el neoliberalismo de carácter dependiente que nos han impuestos los grandes círculos imperialistas.
¿Alguien podría afirmar que no son en la práctica estos dos elementos que orientan la política del Gobierno actual?
Entonces nosotros planteamos: ¿por qué no llamarle por su nombre? ¿Por qué utilizar el otro término, el del liberalismo social, que no sólo es falso en su primera acepción, sino también en su segunda? ¿O es acaso posible afirmar sin rubor en esta tribuna que los resultados de esta política son favorables a nuestro país y a nuestro pueblo?
Habría que analizar lo que la política aplicada por el Gobierno ha traído a México, un mercado interior cada vez más reducido, producto de la baja capacidad adquisitiva de los salarios, y la cada vez más injusta distribución de la riqueza pública.
Una política que ha propiciado el apoderamiento de las principales actividades económicas por el capital extranjero; una política que ha permitido un mayor control sobre nuestro comercio exterior de parte de esos mismos monopolios, con la consecuente exportación de sus ganancias y como consecuencia de todo ello, la descapitalización de nuestra economía nacional, el acrecentamiento de nuestra dependencia y de la miseria de nuestro pueblo.
Porque pensar que la inversión extranjera directa, por cierto, eje de toda la política actual, va a mantener los flujos actuales, no sólo es un error, sino en la práctica, una mentira flagrante.
Yo quisiera aprovechar la ocasión para precisar la posición del Partido Popular Socialista, ante ustedes, en torno a este tema, el de las inversiones extranjeras.
Nosotros nunca hemos sido enemigos a ultranza del capital extranjero. ¡Jamás¡ Nos parece que esta postura de ser enemigos cerrados a la presencia del capital extranjero es un error. Pero tampoco hemos asumido la actitud contraria. La de abrirle las puertas de par en par, inclusive pasando por encima de las leyes vigentes, como ha hecho el actual Gobierno con el supuesto objetivo de desarrollar la producción y los servicios en un plazo breve, porque esta conducta, la de abrir las puertas indiscriminadamente al capital extranjero, representa la entrega total de nuestro destino a los inversionistas de fuera de nuestro país, y en consecuencia, una traición a los intereses nacionales.
Lo que el Partido Popular Socialista ha firmado, es que es necesario cuantificar la inversión extranjera, determinar con claridad qué montos son necesarios para contribuir a nuestro desarrollo; señalar con toda claridad las áreas que deben ser competencia exclusiva del Estado, no sólo las estratégicas señaladas en la Constitución, sino también las prioritarias, mencionadas en nuestra Constitución, pero nunca señaladas específicamente en las leyes reglamentarias.
Deberíamos precisar también cuales son las áreas en donde puede participar y debe participar el capital privado nacional y cuales son aquellas que pueden ser ocupadas por el capital externo, porque contribuyen a desarrollar nuestras fuerzas productivas, sin que ello se contraponga al progreso independiente de nuestro país.
Este tema, a juicio nuestro, es de vital importancia. Porque, como lo señalaba el coordinador de nuestro grupo parlamentario en la pasada sesión del martes, el eje central de la política neoliberal dependiente ha tenido y tiene como propósito la búsqueda de inversiones extranjeras en el mayor volumen posible y de manera incondicional.
Esta conducta entreguista, representa un grave peligro para nuestra nación porque la presencia sin ningún tipo de condiciones del capital extranjero, como lo demuestra la experiencia no solamente de México, sino de todos los países dependientes, implica mantener y acrecentar nuestra supeditación. Significa seguir siendo proveedores de materias primas. Significa seguir siendo fuente de mano de obra barata. Significa ser mercado para los productos elaborados de los países capitalistas, industrializados. Fuente importante de las ganancias de sus monopolios y plataforma de producción y venta de las mercancías, de esos mismos monopolios para el mercado internacional.
Además, es necesario expresar con toda claridad cuáles son los objetivos que se propone la inversión extranjera en un país como el nuestro y cuales son las prácticas que tiene, cuál es la conducta que tiene, al acercarse a un país como lo es México.
La inversión extranjera viene a México, en primer lugar, a saciar su afán de lucro. Viene a obtener altas ganancias, que no puede obtener en su país de origen o en otros países, con la seguridad que le proporciona el nuestro.
¡Ingenuo sería pensar que vienen a sacarnos de la recesiones que nos hundió el Gobierno neoliberal de Miguel de la Madrid¡ ¡Absurdo sería siquiera imaginar que vienen para promover nuestro desarrollo industrial independiente¡ ¡Y torpe sería siquiera también pensar que su objetivo es ayudarnos de una u otra manera¡
Ellos, lo decía antes, vienen por las altas tasas de ganancia y su práctica permanente es que cuando no las obtengan, se retiran de nuestro país y se van a otro que les ofrezca mejores condiciones. Y esta conducta es cada vez más fácil para ellos, es más fácil para ellos realizarla, porque un elevado porcentaje de estas inversiones se han canalizado a la Bolsa Mexicana de Valores.
La inversión extranjera, por principios de cuentas, se ha duplicado de 1989 a la fecha. Ha pasado de 27 mil millones de dólares a 45 mil millones de dólares. Y la inversión en cartera, la que se canaliza a través de la Bolsa Mexicana de Valores, que hace unos años no existía en nuestro país, representó en 1989 el 14% de la inversión extranjera total, en 1990 el 43.1%, y en 1991 el 65%, aproximadamente.
Esto quiere decir, que en 1989 la séptima parte de la inversión extranjera fue inversión de cartera. ¡Y que ahora supera las dos terceras partes del total¡
Esta inversión, que se canaliza a través de la bolsa en forma creciente, tuvo en 1990 una capitalización cercana al 56% anual. En 1991 obtuvo 118.4%; es decir, por cada 1 mil dólares invertidos, obtuvieron una capitalización de 1 mil 200 dólares. ¡Y sólo en el primer trimestre de 1992, obtuvo el 28.42% de ganancia¡
La Bolsa de Valores de México es, según fuentes oficiales, la tercera a nivel mundial por las ganancias obtenidas; sólo después de Argentina y Brasil. Y la primera si se considera nuestro mercado como mercado de bajo riesgo, que le ofrece garantía al inversionista.
¿Pero qué va a suceder cuando la bolsa ya no pueda mantener esas tasas de capitalización? Lo que nos espera es la salida masiva de esos capitales. Lo que se evidencia con el comportamiento que ya tiene esa misma inversión, la cual, ante los cambios en la bolsa de valores que le restan confianza, se ha trasladado al mercado de valores de renta fija, donde ya controla el 28% de ese mercado; la mayoría con inversiones de corto plazo.
Y cuando ya no les convenga ni la bolsa ni los valores de renta fija, se irán del país sin haber transferido tecnología, sin garantizar un financiamiento permanente, sin haber contribuido a frenar el desempleo o a incrementar nuestra capacidad exportadora, como falsamente asienta el IV Informe de Gobierno.
Simplemente se regresarán con grandes ganancias como mínimo duplicando el capital invertido en plazos excesivamente breve, descapitalizando al país y beneficiándose del esfuerzo productivo de nuestros trabajadores que continuarán sumidos en la miseria.
Pero, además, no podemos ignorar que el origen de esos capitales no está debidamente diversificado. Los Estados Unidos acaparan el 62.5% de todas las inversiones extranjeras directas y los países que le siguen en importancia, Alemania y Gran Bretaña, apenas alcanzan cada uno el 6%; es decir, la décima parte de la inversión, que contra lo que afirma el Informe, no sólo ha sustituido al Estado mexicano en importantes actividades, sino que hora adquiere acciones de compañías mexicanas y busca los mecanismos para penetrar a través de asociaciones y alianzas, adquiriendo empresas o fusionándose con empresas mexicanas y por tanto es falso afirmar que las inversiones externas no representan un peligro para la industria propiedad de nacionales.
Consecuencia de estas inversiones externas será sin dudas también la descapitalización del país por otra vía, ya que si en el año de 1991 la nueva inversión foránea fue igual a las ganancias que obtuvo ese año, en 1992 obtendrán aproximadamente 20 mil millones de dólares; es decir, casi la mitad de la inversión externa o para usar otro parámetro, la quinta parte de nuestra deuda externa.
Con estos resultados, con estos datos, pensamos que pudiera mantenerse nuestra situación, por ejemplo, en la balanza en cuenta corriente habrá el suficiente capital para financiar el déficit permanente de nuestra balanza comercial; nosotros estamos seguros que éste será un problema que se irá agravando conforme pasen los años en la vida de nuestro pueblo.
Y todo esto, la penetración del capital extranjero, la posibilidad de que participe en forma especulativa, ha sido posible porque el Gobierno, violando la Ley en la materia a través del Reglamento correspondiente, dio tales facilidades que el 90% de las empresas extranjeras se pudo instalar tan solo con informar de su intención a las autoridades y porque propició, como señalaba anteriormente, la participación especulativa del capital externo.
Yo estoy convencido de que ahora, en el colmo del surrealismo que a veces impregna la política que vivimos, el Ejecutivo nos mandará pronto un proyecto de Ley en torno a la inversión extranjera para ponerlo en consonancia con el Reglamento que previamente había aprobado.
El Partido Popular Socialista quiere reiterar su postura de defensa de los intereses nacionales frente a las agresiones del exterior en torno a esta importante materia y quiere aprovechar por mi conducto, expresar también una opinión muy concreta sobre el Tratado de Libre Comercio, al cual hizo referencia el Informe del Presidente Carlos Salinas de Gortari. Sabemos que tendremos oportunidad de analizar este documento con mayor detenimiento en un futuro próximo, pero no queremos abandonar esta tribuna sin expresar
con toda firmeza que es falsa la afirmación contenida en el Informe, cuando el Presidente Salinas señala, que la negociación se hizo sin vulnerar los principios constitucionales.
Podríamos referirnos al problema de los ferrocarriles que según el párrafo cuarto del artículo 28 de nuestra Constitución, no se considera monopolio, porque es una facultad exclusiva del Estado mexicano y sin embargo en los documentos entregados por el Secretario de Comercio, se afirma con toda claridad que ya en este ramo hay participación de empresas extranjeras, de capital extranjero.
Podríamos señalar también otro hecho. En este mismo documento se señala que las empresas norteamericanas que producen energía eléctrica, que están asentadas en el sur de los Estados Unidos, de acuerdo con este tratado, podrán venderle sus excedentes a la Comisión Federal de Electricidad, para que ésta a su vez las comercialice en el territorio mexicano.
Y yo quisiera preguntar, ¿que acaso no el párrafo sexto del artículo 27 constitucional modificado en el año de 1960, establece que corresponde exclusivamente al Estado mexicano generar, conducir y distribuir la energía eléctrica que tenga como finalidad el servicio público?
Yo creo que los funcionarios que negociaron este tratado, y los que lo están suscribiendo, debieran darle una pequeña repasada a nuestra Constitución; debieran conocer la iniciativa presentada por el Presidente López Mateos y el dictamen del Senado, donde estos elementos fundamentales se hacen explícitos, se detallan para entender perfectamente bien cuál es el sentido de esa reforma constitucional que quiso reservar para el Estado en forma exclusiva, no sólo la comercialización, sino también la generación, la transmisión, la conducción de la energía eléctrica en nuestro país.
Podríamos hablar de otros aspectos un poco más sofisticados en la materia, como sería el caso de la petroquímica, que de una manera sistemática, a través de un proceso legal, ha ido suprimiendo de la petroquímica básica elementos importantes.
Inicialmente eran 70; en una primera modificación se redujo a casi la mitad, 35, 36; se volvió a reducir a 19; la última creo que quedó en siete u ocho, y se habla inclusive de que podría llegar a ser de solamente dos. Y valdría la pena preguntarse, ¿porqué se está cediendo esta importante rama de la petroquímica al capital privado nacional y extranjero? ¿Por qué si los mismos funcionarios de Petróleos Mexicanos manifiestan que donde hay más valor agregado, donde se obtienen más altas ganancias, son precisamente en esa rama de la petroquímica, por qué entregarlo al capital extranjero? Esta también es una forma de contravenir la Constitución, es una forma de entregar los intereses nacionales a las grandes compañías extranjeras.
Por ello, compañeras y compañeros diputados, nosotros no podemos compartir en lo más mínimo el aspecto de política económica de este IV Informe de Gobierno. Nosotros estamos convencidos que para lograr los objetivos que el pueblo mexicano se ha propuesto a lo largo de su historia, es necesario abandonar este camino neoliberal que está demostrando en todo el mundo su incapacidad para la solución de los problemas del pueblo y de la nación.
Que tenemos que abandonar este camino que en nuestro país está haciendo cada vez más miserable a nuestro pueblo y está acrecentando nuestra dependencia respecto de los países imperialistas, particularmente de los Estados Unidos. Nosotros pensamos que es necesario retomar el camino que abrió la Revolución Mexicana; ese camino que le señala al Estado mexicano funciones fundamentales en la vida económica y social; ese camino que plantea la necesidad del fortalecimiento de nuestra economía y de nuestro país frente al exterior.
Ese camino abierto por la Revolución Mexicana imbuido de un profundo nacionalismo, de un profundo antiimperialismo, para rescatar nuestras riquezas naturales y ponerlas al servicio del pueblo y no de las grandes compañías transnacionales.
Nosotros pensamos también que no podemos atarnos a la enferma economía norteamericana; que tenemos que profundizar en el camino de las alianzas con los demás pueblos subdesarrollados del mundo, particularmente con los de América Latina; que debemos hacer tangible el ideal de Bolívar, de unir a todos los pueblos latinoamericanos para defenderse conjuntamente en problemas esenciales, como el problema del endeudamiento externo, que sigue lacerando la economía de nuestro país y que sigue perjudicando los intereses de las masas populares.
Pensamos que debemos encontrar los mecanismos que nos permitan integrarnos a los países de América Latina para desarrollarnos de manera conjunta y poder combatir con éxito en la lucha por nuestra liberación.
Nosotros creemos compañeras y compañeros diputados, que a pesar de estos 10 años de política neoliberal; que a pesar de esos 10 años
de entrega a los intereses del exterior, el camino de México no ha concluido. El pueblo mexicano se encargará de conducirlo por la senda correcta. Muchas gracias.
La presidenta:- Tiene la palabra la diputada Cecilia Soto González, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
La diputada Cecilia Soto González:- Compañera Presidenta, con su venia:
¿Cuantas veces toca la oportunidad a la puerta de un gobierno? Son pocas y la historia ha demostrado que quien desperdicia esas oportunidades, puede perder momentos oportunos que quizá no se vuelvan a presentar en décadas o en centurias.
Hago esta reflexión porque me parece que los resultados de las elecciones norteamericanas, este martes 3, debiera constituir un momento de reflexión, de alto en el camino y de cambio en estrategias para el actual Gobierno.
Fue ampliamente discutido y comentado en la opinión pública que el que perdió en los Estados Unidos no fue simplemente el Presidente Bush, sino una política económica que ha convertido a vastos sectores de la economía norteamericana en un remedo caricaturesco del tercer mundo.
Así que quien se empeñe en que nuestro país transite al primer mundo usando una política, que como digo yo, está destruyendo a la base productiva de los Estados Unidos, convirtiendo a sus ciudades en ghettos tercermundistas; convirtiendo al sistema educativo de su país en el más atrasado del sector avanzado; convirtiendo a vastos sectores de su industria en desechos y fábrica cerradas, está cometiendo un grave error con nuestro país.
Y así como fue derrotado Bush, Brian Mulroney, en Canadá va a perder también las próximas elecciones; lo mismo sucederá con Francois Mitterrand, que también ha desmantelado el sector público francés y seguido al pie de la letra las recetas neoliberales.
Insisto pues, en que el Gobierno mexicano debería reflexionar sobre los resultados del martes 3 en los Estados Unidos y aprovechar esta oportunidad.
El Presidente de la República probablemente ahora sí queriendo creer lo que anticipaban las encuestas y que los resultados en los Estados Unidos eran una condena al neoliberalismo, hizo un esfuerzo, yo diría importante, para intentar demostrar, intentar convencernos que su política no es una política neoliberal; argumentó fundamentalmente la existencia del Programa Nacional de Solidaridad, para plantear que no es una política estrictamente ciega a los mandatos del mercado.
Yo diría que es una política neoliberal sui generis, pero ya se ha analizado en otros momentos en este recinto, que el impacto del programa de solidaridad, que este año tuvo un presupuesto de seis billones de pesos, es muy pequeño para el grado de pauperización y de atraso de nuestro país.
Yo quisiera dar dos ejemplos de cómo el gabinete económico del Gobierno de la República, en efecto utiliza la política, la doctrina de obedecer al mercado y dejar toda la iniciativa de las fuerzas del mercado, realmente como una cuestión cosmética y de propaganda, porque cuando conviene a los intereses de su programa económico, usa los resortes y las armas poderosas que tiene el control sobre el crédito y sobre los recursos fiscales.
En primer lugar uno de esos ejemplos sucedió hace algunos meses, cuando el Banco de México, en una operación audaz, obligó a los tenedores de papeles de deuda gubernamental en manos de particulares, a través de la banca comercial, a reconvertir esta deuda de deuda a corto plazo, en deuda de un perfil de 10 años. Esta fue una medida obligatoria, forzada, y en términos de un teórico libre mercado dictatorial. ¿Por qué se va a hacer ese movimiento? Porque se me da la gana, dijo Mancera, y se hizo, y fue una operación correcta.
El segundo ejemplo de muchos otros que abundan, fue la reacción también del gabinete económico cuando se suscitaron grandes inestabilidades en la bolsa de valores. Mientras el secretario de Hacienda, Aspe, declaraba que el Gobierno no intervendría para equilibrar lo que sucedía en la bolsa de valores, giraba memorándum a Nacional Financiera, Sociedad Anónima, para que interviniera en la bolsa de valores con 2 mil millones de pesos.
Esta política de duplicidad también se demuestra para otros sectores de la economía nacional, mientras que los sectores más avanzados de la agricultura de nuestro país, como es el caso de la agricultura avanzada del Estado de Sonora son desmantelados, mientras que más de mil sonorenses, pequeños propietarios viven en este momento bajo arresto domiciliario por negarse a entregar sus pertenencias embargadas, mientras que la banca comercial es la nueva dueña
de campos y ranchos en el Estado de Sonora y Sinaloa, el Gobierno se niega a resolver problemas de carteras vencidas de pequeños propietarios, pero no duda en desembolsar 2 mil millones para salvar a la bolsa de valores.
Está muy claro, desde este punto de vista, cuáles son las prioridades.
Ahora, quisiera adelantarme a dos calificativos que generalmente se utilizan, especialmente por funcionarios de la Secretaría de Hacienda , cuando la oposición critica los programas antiinflacionarios del Gobierno, o cuando criticamos el alto índice del déficit de nuestra balanza comercial, cuando atacamos el hecho de que todo se someta a un programa antiinflacionario se nos acusa de querer la inflación.
El secretario Aspe se felicitó en diciembre pasado, porque al parecer esto ya no era la actitud de la oposición. Nada más falso. Simplemente que nosotros consideramos a la inflación y a una baja inflación, no como un objetivo, no como una prioridad, sino como el resultado, uno de los síntomas de una economía sana.
En segundo lugar, cuando argumentamos el excesivo crecimiento de las importaciones, se nos acusa de querer una balanza comercial superavitaria. De nuevo nada más falso. Esto es un argumento sofista y equivocado.
Es cierto que un país en crecimiento como el nuestro necesite en etapas rápidas de desarrollo una balanza comercial deficitaria, sin embargo en el caso de México esto es un déficit exagerado que pasaré a analizar.
Nuestro argumento, en el primero de los casos, en cuanto de la política inflacionaria, es que en primer lugar éste está siendo obtenido, este bajo índice inflacionario, está siendo obtenido no como resultado de un crecimiento sano de la capacidad productiva del país, sino a costa de sacrificar vastas porciones de nuestro aparato productivo, de imponer un costo social inmenso sobre las mayorías trabajadoras, de causar desempleo y de destruir oportunidades para un crecimiento sostenible. El Presidente de la República asegura que una tasa inflacionaria, por debajo de por lo menos un dígito, es una condición sine que non para el crecimiento sostenido. Nosotros creemos que esto es solamente un síntoma que acompaña al crecimiento y no el objetivo fundamental. En ese sentido, en los puntos torales de debate con la opinión pública nacional, la apreciación del Partido Auténtico es que el Presidente de la República no enfrentó el debate, no contestó con argumentos sino con medias verdades y sofismas. Quisiera plantear el caso de nuestra balanza comercial y del creciente ritmo de importaciones.
Afirma el Ejecutivo que no tenemos que preocuparnos por esto, que es síntoma de un rápido crecimiento y de la preparación cuidadosa de una base exportadora futura. Esto es falso.
Afirma que el hecho de que solamente 15% de nuestras importaciones sean bienes de consumo y 25% bienes de capital, o el resto bienes de capital, porque generalmente la cifra no se menciona porque no conviene, es una muestra de que se está construyendo una nueva base productiva.
Un análisis cuidadoso, como lo han hecho saber varios observadores de la economía nacional, plantea que más de un 63% de las importaciones son bienes intermedios, bienes que de ninguna manera pueden considerarse como bienes de capital o pueden considerarse que se incorporan a la construcción de una base exportadora, sólida y perenne.
Por el contrario, estamos importando en exceso, y lo estamos haciendo de manera discriminada, porque el Gobierno de la República no tiene un proyecto que le dé orientación y modelo al nuevo tipo de economía que queremos tener.
El segundo punto que quisiera plantear, es la cuestión del uso de recursos extraordinarios. Desde mi punto de vista, en esta ocasión el Presidente de la República acabó con una rendija o cerró una rendija que había dejado abierta en su pasado Informe, insinuando que la sociedad podría de alguna manera intervenir en la discusión sobre el uso de estos recursos extraordinarios.
El Presidente de la República afirmó de nuevo con un sofisma, que como son recursos, y quisiera plantear que estos recursos extraordinarios, como lo saben los compañeros aquí presentes, son los que provienen de la venta de las desincorporaciones, que en el caso de estos últimos dos años, son de aproximadamente 25 mil millones de dólares, entre 70 y 80 billones de pesos.
El Presidente de la República planteó que como son ingresos de una sola vez, usarlos en el presupuesto, en este año, impediría que en los próximos años tuvieran un seguimiento.
Al Presidente se le olvida mencionar que el gasto de inversión también se define como gasto de
una sola vez. Nadie en su sano juicio pediría que estos recursos se usaran como capital circulante. Es obvio que recursos que provienen del esfuerzo de generaciones de mexicanos no pueden utilizarse en un gasto presupuestal ordinario, pero hay proyectos, hay necesidades del país que no pueden ser atendidas por la iniciativa privada por sus propias características, y que sería ideal que parte de estos recursos extraordinarios fueran usados para este destino.
El Presidente de la República afirmó o confirmó que estos recursos serán usados de manera exclusiva prácticamente para pago de deuda interna, e informó que este año aproximadamente 25 billones de pesos fueron utilizados para saldar deuda con los particulares, deuda interna con los particulares.
Los compañeros legisladores, recordarán que el año pasado el Gobierno de la República, hizo el primer desembolso utilizando 20 billones de pesos para reducir el circulante, saldando deuda con Banco de México.
Estos recursos, que provenían, insisto del esfuerzo de generaciones de mexicanos, tuvieron el triste destino de parar en los incinerados del Banco de México.
El argumento del gabinete económico, es que el ahorro anual que se genera al reducir deuda interna, bien justifica este destino.
Yo quisiera plantear como la misma política antiinflacionaria del régimen, nulifica el ahorro pretendido que se logra al disminuir esta deuda.
Como ustedes saben estos recursos que, por una parte provienen de recursos repatriados, y por otra parte recursos existentes en nuestro país, son retirados de la circulación al quedarse en Banco de México, en el fideicomiso que tiene Nacional Financiera, Sociedad Anónima.
Necesariamente, éste es uno de los fenómenos más importantes que ha presionado a la alza las tasas de interés.
Entonces, mientras que el Gobierno ahorra 3 mil millones de dólares al año, por reducir su deuda interna, al elevarse las tasas de interés en los primeros nueve meses de este año en 70%, el Gobierno de la República va a tener que desembolsar 10 mil millones de dólares por concepto de intereses a la deuda interna restante.
No se justifica, desde nuestro punto de vista, esta política de destinar los recursos extraordinarios a pago de deuda interna, y menos es congruente, desde nuestro punto de vista , la decisión o la afirmación de querer un país más democrático, el de impedir que la Cámara de Diputados tenga control y decisión sobre estos recursos.
Quisiera yo, además, identificar dos áreas en las que la falta de inversión por parte del Estado y sólo del Estado, necesariamente aumenta la inflación y frena el propio proyecto gubernamental de tener una base exportadora.
El Gobierno de la República dice que no es una política neoliberal, puesto que ha aumentado de manera muy significativa el gasto social; plantea que, en este caso se eleva a 50% el presupuesto, el contenido en gasto social. Eso es cierto.
Sin embargo, un país moderno, un país de siglo XXI, un país moderno, exportador, no puede tener una red de ferrocarriles como la que tenemos nosotros en este momento.
Es plenamente conocido que el costo por tonelada kilómetro que se transporta, la más cara es la de carreteras.
¿A dónde se está orientando el Gobierno de la República¿ A concesionar las carreteras y que éstas sean de cuotas y que sean manejadas por la iniciativa privada. La iniciativa privada se orienta a esta inversión, porque se puede recuperar fácilmente a través de las cuotas.
¿Cuando invertirá la iniciativa privada para coadyuvar a la modernización de ferrocarriles? Nunca, nunca, porque la inversión en ferrocarriles es una inversión que no tiene una recuperación rápida, y que necesita periodos muy largos de maduración.
Es tal el desastre, además, de nuestra red carretera que no necesitamos simplemente una modernización o una mejora, sino necesitamos una red ferrocarrilera comparable a la europea, en donde un sistema de trenes, como el tren de gran velocidad , francés, sea uno de los ejemplos más claros.
Por lo tanto, tenemos ya una fuente de inflación al transportar nuestra carga a granel por carretera, siendo ésta el transporte que más esfuerzo y energía cuesta a la sociedad.
En segundo lugar, como lo planteó mi colega Samuel Moreno Santillán, el Gobierno ha planteado la desincorporación de los servicios portuarios en momentos en que no tenemos una
flota mercante y que no hay la menor intención de tenerla.
Perdemos en ese sentido 4 mil millones de dólares. Es decir, México gasta una enorme cantidad de dinero en fletes, por carecer de una flota mercante moderna y eficiente.
Entonces, estamos ya listos a privatizar los servicios portuarios, cuando todavía no tenemos cómo transportar las mercancías que queremos exportar.
Quisiera plantear ahora una segunda área, donde por definición tampoco la iniciativa privada puede participar de manera decisiva.
Se define este Gobierno como un Gobierno con vocación ecológica. El Presidente de la República ha creado, incluso, una Comisión sobre biodiversidad.
Sin embargo, cualquier examen del perfil de nuestro sistema energético, de la manera en como aprovechamos nuestra energía, nos muestra un sistema energético atrasado, obsoleto, contaminante.
De hecho, la innovación que ha hecho el actual Gobierno, en la generación de energía, es invertir en carboeléctricas que, como se sabe, es una de las formas de generación de energía eléctrica más contaminante, como lo revela el dramático caso de Europa del Este.
La idea genial a la que ha llegado el Gobierno actual, es la de invitar a una serie de compañías extranjeras para que produzcan, para que construyan más bien las plantas eléctricas tradicionales que utiliza la Comisión Federal de Electricidad, para que en un plazo de 15 años pasen a manos de Comisión Federal de Electricidad.
Pero esto no tiene nada que ver con preparar el tránsito de nuestro país al arco iris de tecnologías de primera, de avanzada, de punta que dominarán en el siglo XXI. Si nuestro país no modifica substancialmente su perfil energético, llegaremos al Siglo XXI de nuevo como un país petrolero, como un país incapaz de competir en las áreas más destacadas de la tecnología en cuanto a la generación de electricidad.
Esto desde nuestro punto de vista entonces que el Gobierno de la República con su política neoliberal sui generis está cabando la tumba, por decirlo de una manera muy radical o está frustrando su propio objetivo de construir una planta productiva exportadora eficiente.
Se necesita, como decía yo, hacer un alto en el camino, reflexionar sin apasionamientos en lo sucedido en estas últimas semanas, aprender las lecciones de los Estados Unidos de América y cambiar de rumbo. Muchas gracias.
La Presidenta:- Tiene la palabra el ciudadano diputado Tomás Correa Ayala del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado Tomás Correa Ayala:- Con su permiso señora Presidenta. Señoras y señores diputados.
Por mi conducto el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional hará los comentarios al IV informe de Gobierno en la perspectiva económica y social. Consolidar los cambios, ese fue el mensaje fundamental del Presidente Salinas, consolidar no emprender nuevos cambios de fondo, ajustar, modificar lo que haya que hacer pero manteniendo lo esencial de la reforma. Consolidar no significa solamente mantener lo mismo sino también profundizar y redimensionar internalizar los cambios y volverlos prácticas cotidianas, actitudes personales y comportamientos institucionales.
Este fue también nuestro mensaje previo al Informe. Algunos lo tomarán como una consecuencia evidente de nuestra línea política, otros lo confundirán con el mismo discurso presidencial , señalando que no hubo nada nuevo pero los que se preocupan por analizar en vez de descalificar, reconocerán que nuestro diagnóstico de la realidad nacional no estaba errado, al menos en lo que se refiere a la orientación general del Gobierno.
Esta coincidencia en el diagnóstico y en la línea general del informe no es casual, responde a nuestro método, primero comprender el alcance y la lógica de las propuestas e iniciativas gubernamentales, para luego valorarlas y establecer propuestas de modificación o de rechazo.
Comprender antes de rechazar, analizar antes de descalificar, ese es nuestro método de análisis y nuestra guía de intervención.
Para los enamorados de las oposiciones irreductibles, para los amantes de la polémica y las frases ingeniosas, no está hecho nuestro discurso, tampoco con ellos o con ellas nos interesa discutir, el debate que nos importa, que nos mueve, es el de las ideas, no el del efecticismo, ni tampoco el de las planas de los periódicos proclives al amarillismo político.
En un debate, en un debate como el de hoy, donde la acotación temática es muy reducida,
el riesgo de perderse en declaraciones, cifras, juicios y críticas es muy amplio, por eso proponemos que el análisis de los aspectos económicos y sociales del Informe se divida en tres partes: primero, las características y resultados de la estrategia gubernamental, la coyuntura económica y social y, las propuestas para 1993 y 1994.
El primer punto justifica el Informe, la consolidación de la reforma; el segundo nos permitirá establecer nuevas coincidencias y diferencias con el Presidente; y en el tercero, señalaremos nuestras divergencias y nuestras propuestas sobre el futuro económico inmediato.
En estos dos segundos renglones una intervención de otro diputado de nuestro partido profundizará, yo me limitaré al primero: las características y resultados de la estrategia gubernamental.
La estrategia gubernamental en materia económica se caracteriza por cinco ejes: la liberación del comercio exterior, la desincorporación de empresas públicas, la reforma fiscal, la desregulación económica, y la modernización del aparato productivo. Estos cinco grandes ejes se articulan con una política de estabilización económica que encuentra sus líneas principales de acción en el combate a la inflación, la reducción del peso de la deuda, la disciplina en las finanzas públicas y los acuerdos corporativos de fijación de precios.
Los resultados entre la modernización y la estabilización son los que, en el argumento presidencial, justifican la consolidación de las reformas. Veamos tres de ellos. Primero, crecimiento con estabilidad de precios. Es cierto, la economía mexicana ha crecido por encima del incremento de la población los últimos cuatro años; la inflación por su parte, se ha reducido de un 170% en 1987 a un 50% en 1988, hasta un 12 o 13% para este año. Esta reducción en el crecimiento de los precios podría ser gradual si en 1990 no hubiera habido un repunte inflacionario del 30%. Podría decirse que ha crecido con disminución significativa en el encarecimiento de los productos nacionales. Hasta aquí el diagnóstico y la realidad son correctos.
Sin embargo y cuando empiezan los peros empiezan las diferencias y los matices, el crecimiento sano y sostenido todavía no es una realidad, para verlo tenemos que considerar a manera de ejemplo dos cuestiones: la burbuja inflacionaria de 1990 y la actual desaceleración productiva. Lo interesante del caso es que estos dos problemas se producen cuando el año anterior había sido particularmente benéfico para los agregados económicos. La conclusión es muy clara: cada vez que el producto interno bruto crece de manera importante aparecen problemas en la inflación o en el déficit comercial.
El crecimiento todavía acarrea problemas que lo hacen frágil e inestable, como en 1990 con la inflación, hoy la desaceleración productiva se explica por causas externas. Sin duda esto tiene su granito de verdad, pero lo que no se explica es que la vulnerabilidad del frente externo es una de las repercusiones más significativas de la estrategia gubernamental y que los problemas internos, como la hegemonía de las inversiones especulativas, el rasgo en las inversiones productivas, el deficiente espíritu de empresa de nuestros capitalistas nacionales, los bajos salarios, etcétera, son los que en el fondo vuelven inestable el crecimiento sano y sostenido.
Por otra parte, el crecimiento ha sido muy desigual, tan desigual que las cadenas productivas se interrumpen cuando el crecimiento en un sector no trae aparejada una respuesta productiva en el otro, creándose cuellos de botella, importaciones aceleradas de materias primas e insumos intermedios y desabasto.
Reducción de la deuda pública. Si en la década anterior el enorme peso de la deuda pública había sido distorsionado, los circuitos financieros, la estructura presupuestal, las expectativas de inversión y el flujo de divisas, se supondría que la última renegociación de la deuda externa cambiaría estos procesos hacia un círculo virtuoso de crecimiento sin endeudamiento.
Los datos del informe son elocuentes. La relación deuda producto interno bruto se ha reducido significativamente de más del 60% a cerca del 30%. El flujo de divisas al exterior se ha revertido; en vez de exportar divisas por cerca de 6.5% del Producto Interno Bruto, por el servicio de la deuda en los últimos años hemos captado capitales por cerca de 25 mil millones de dólares.
Se ha operado una verdadera transformación presupuestal; sólo es desapercibida por los que no quieren ver, los que se niegan a analizar los cambios. En vez de un presupuesto carcomido por el servicio de la deuda, tenemos en los últimos dos años un presupuesto que puede orientarse hacia el gasto en sectores sociales.
Pero además existe un superávit presupuestal, un fondo de contingencia y reservas por más de 18 mil millones de dólares. En este aspecto, la información parecería avalar el diagnóstico
presidencial, pero de nuevo aquí también existen dificultades.
Sin negar los resultados anteriores, tenemos que ser más precavidos en declarar solucionado el problema de la deuda. Si es cierto que el sector público puede conocer desendeudamientos netos y reales de su monto total, no es cierto que el total de la deuda externa del país haya disminuido. Para algunos, incluso ha aumentado hasta cerca de 120 mil millones de dólares. El efecto de endeudamiento externo del sector privado, no es tan despreciable para los circuitos monetarios y financieros nacionales, como nos lo quieren hacer creer. No es responsabilidad sólo privada, si así fuera, tendría razón la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por no preocuparse.
Pero lo cierto es que si la deuda crece, los problemas de la vulnerabilidad frente a las turbulencias monetarias del exterior, frente a la especulación, frente a la captación de capital externo crece tanto, que prácticamente determina la política financiera del régimen con las repercusiones subsecuentes en la soberanía y la estabilidad económica.
Por otra parte, ¿cómo no preocuparse de la deuda externa privada si se están hipotecando de esta manera los activos nacionales? ¿Cómo soslayar este problema si está causando, entre otras cosas, por los créditos usureros del país? En última instancia, la deuda es nacional y el Estado tendrá que responder en una emergencia; justo como en 1981-1982, porque estaría en riesgo la estabilidad económica interna.
Tercero. El déficit en cuenta corriente, por la reducción en el peso de la deuda y la recuperación económica, el déficit en cuenta corriente está causado primordialmente por el déficit comercial. Este déficit ha venido aumentando progresivamente en los últimos años. A pesar de reconocerlo, en el Informe se nos dice que no es preocupante; que al contrario, es un signo de la superación de la crisis. Que las importaciones al estar concentradas en bienes de capital e insumos intermedios, están preparando la ampliación de la capacidad productiva nacional para enfrentar competitivamente la globalización.
Que el financiamiento de este déficit tampoco tendrá problemas, pues al existir superávit fiscal, el endeudamiento público prácticamente no existe.
El déficit se financia sólo con regreso de capitales, inversión extranjera directa e inversión en cartera.
Como en los demás casos, aquí también existen "peros", y lo hemos venido diciendo desde 1988.
En primer lugar, la interpretación del contenido material del déficit comercial es, por decir lo menos, imprecisa. Los insumos intermedios y los bienes de capital siempre han sido las importaciones determinantes. Es una de las características de lo que antes se denominaba el subdesarrollo de la reproducción dependiente del mercado mundial.
En la actualidad el problema es más significativo, si recordamos que las importaciones más importantes, son las de insumos intermedios, lo que no asegura sino la producción actual y no necesariamente la ampliación de la capacidad productiva. Tanto en términos totales como marginales estas importaciones son dominantes.
En segundo lugar, el financiamiento no es tan sano como parece, desde hace dos años lo advertimos, se depende en más de un 60% de la inversión en cartera; lo que da una gran volatilidad al capital extranjero y un grado de maniobra muy reducido al Estado en el manejo de la política monetaria y financiera.
En suma, ¿qué tenemos en estos cuatro años de la estrategia gubernamental? Una reducción del peso de la deuda externa pública, pero un incremento de la deuda privada con el exterior. Un crecimiento del producto interno bruto, pero no sostenido, al reaparecer problemas de inflación o de desaceleración productiva. Una modificación de la estructura presupuestal, pero un rezago en los sectores sociales y una desatención en las inversiones productivas. Un déficit comercial que se combina con un superávit fiscal, lo que excluye el endeudamiento público; pero que se financia con una entrada de capitales altamente especulativa y volátil.
Una estructura salarial muy deprimida y con márgenes enormes entre sectores y grupos sociales.
Sería una tontería analítica, que no vamos a cometer, el negar las modificaciones y transformaciones efectivas de la economía y los procesos económicos. Pero igualmente sería una inconsecuencia, que mucho menos vamos a cometer, negar las dificultades y repercusiones peligrosas causadas por la misma estrategia gubernamental.
Podríamos decir, en síntesis, que si bien la estrategia gubernamental ha traído el crecimiento, este todavía ni es sano ni es sostenido, mucho menos compartido o democrático.
Por su atención, muchas gracias señores diputados. (aplausos).
La Presidenta:- Tiene la palabra el diputado Alejandro Encinas Rodríguez del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez:- Con su permiso, ciudadana Presidenta.
Yo creo que como lo han dicho muchos de los grandes economistas, la economía es una ciencia muy lúgubre, en ocasiones es una ciencia muy contradictoria; después de analizar con detenimiento el IV Informe de Gobierno tengo que reconocer que durante cuatro años yo estuve equivocado, porque siempre pensé que los grandes teóricos del actual grupo gobernante eran Milton Friedman y los grandes teóricos neoliberales, pero me di cuenta de que no es cierto, de que el gran ideólogo del actual gobierno es el Barón de Coubertin, y han hecho suya la divisa de que lo importante no es ganar, sino competir y creo que ése es el contenido de fondo del Informe que hoy nos ocupa.
Compañeras y compañeros, el IV informe de Gobierno nos obliga a hacer un conjunto de reflexiones de que ha sido hasta ahora el devenir de la política económica instrumentada por la actual administración gubernamental y sus implicaciones en los diferentes ámbitos de la vida nacional.
Una primera reflexión que nos ocupa es la que desde nuestro punto de vista el Titular del Ejecutivo Federal no encaró en su informe los grandes problemas que enfrenta la marcha actual de la economía; por el contrario, sobre la base de un falso optimismo, eludió el análisis y formulación de propuestas para atender los grandes desequilibrios que hoy obligan a la llamada desaceleración de la economía y al continuismo excesivo de una política para la que el bienestar social es una variable prescindible.
Quisiera por ello en esta primera intervención, a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, referirme a cinco aspectos que considero fundamentales no sólo en el análisis del Informe gubernamental, sino indispensables en el debate que nos habrá de ocupar en los próximos días, por lo que además de la visión crítica que aportamos, formularé propuestas específicas en espera de su confrontación durante esta discusión, en el ánimo de hacer de la glosa del informe un acto parlamentario y no un asunto de trámite legislativo.
De acuerdo con el Informe gubernamental se ha registrado un avance sustancial en la justicia social; sin embargo, a lo largo del Informe se omite hablar de un indicador fundamental para conocer hasta qué punto el modelo económico avanza en términos justos; es decir, en qué medida se avanza en una mejor distribución del ingreso y de la riqueza. En nuestro país, el cambio estructural más significativo en la economía durante los últimos 10 años es precisamente el de una puntual regresión en la distribución social del ingreso. Basta señalar un dato tomado de los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares levantado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, es un dato que señala que en 1984 el 10% de las familias más pobres del país recibían solamente el 1% del ingreso nacional, mientras que para 1989, es el dato más reciente, su participación se redujo al 1.6% en tanto que el 10% de la población con mayores ingresos del país incrementó su participación en el producto interno bruto en el mismo período del 32% a cerca del 38%, eso significa que el 90% de los mexicanos vio disminuida su participación en el ingreso en poco más del 5%.
En lo que se refiere a la distribución funcional del ingreso de trabajadores y patrones, la tendencia regresiva es aún mayor, ya que mientras en 1980 las remuneraciones al trabajo representaban el 36% del producto interno bruto, en 1950 solamente llegó al 25%. Al mismo tiempo el excedente de operación donde se consignan fundamentalmente las ganancias de las empresas, aumentó su participación en el producto interno bruto de 48 al 55% en el mismo lapso. Este proceso de concentración del ingreso continúa, ya que en los dos últimos años, desde que se ha registrado una Ley, un leve repunte salarial en algunas ramas productivas, el incremento en la productividad ha sido mayor, por lo cual sigue aumentando el excedente de operación, situación a la que contribuye la política económica actual, al ahondar este proceso regresivo en la distribución social del ingreso. Lo importante no es ganar, sino competir.
Hasta ahora, el Ejecutivo ha pretendido disociar la política económica de la política social, lo que consideramos no solamente contradictorio, sino absurdo ya que a nuestro juicio, la política económica debe ser el principal instrumento para alcanzar el objetivo de la equidad social.
Ello tiene qué ver estrechamente con la política antiinflacionaria, ya que con el pretexto de abatir la inflación, se pretende justificar los costos que se derivan de la política económica, contención
salarial, desaceleración inducida, creciente déficit comercial, crisis agrícola, desindustrialización, etcétera.
El problema dista mucho de haber sido superado. En el informe, el Ejecutivo Federal da una explicación superficial y ambigua al respecto, al señalar que la reducción de la inflación se ha logrado sobre bases sólidas y permanentes, con finanzas públicas sanas; sin control artificial de los precios privados, sin rezagos en los precios públicos, sin escasez de productos en el mercado. Sin embargo más adelante en el mismo texto reconoce que aún no se ha consolidado la estabilidad de precios y afirma, cito:"... mientras no consolidemos la estabilidad de precios, no podemos reducir el superávit fiscal para impulsar la demanda global".
Ese es a nuestro juicio el problema central. Después de 10 años de instrumentar una política de estabilización que si bien ha reducido las tasas hiperinflacionarias, la estabilidad de precios no se ha consolidado. ¿A qué se debe este hecho? El informe no lo explica, más bien elude el problema.
Por ejemplo, cuando el Presidente afirma que se ha logrado disminuir la tasa de inflación sin control artificial de los precios privados, cita textual, omite la existencia del ahora Pacto para la Estabilidad, la Competitividad y el Empleo, que ha mantenido un férreo control sobre los precios de la fuerza de trabajo, el precio de los productos agrícolas, y de un conjunto de productos de pequeñas y medianas empresas severamente afectadas por el proceso inflacionario.
Cuando se afirma que se ha logrado abatir la inflación sin que haya escasez de productos en el mercado, se olvida también que esta escasez se ha evitado mediante una masiva importación de bienes del exterior y no mediante una respuesta productiva satisfactoria, por lo que ese desequilibrio en nuestra estructura productiva no se resuelve, sino por el contrario, se transfiere a la balanza comercial, ahondándose las persistencia de las presiones inflacionarias, como es la incapacidad productiva de algunos sectores de la economía nacional.
El hecho de que el Gobierno gaste menos de lo que recibe, contribuye además a mantener y ensanchar los rezagos productivos; por ello, como hemos sostenido en ocasiones anteriores y lo reiteramos hoy, la política de estabilización que practica el gobierno ha logrado contener la inflación, pero no resuelve, sino agrava, las causas estructurales que la hacen persistir y manifestarse ante cualquier repunte económico salarial.
Hemos manifestado también la necesidad de avanzar en un diagnóstico más objetivo en torno al problema inflacionario, que incluya sus causas estructurales e inerciales, lo mismo que sus mecanismos propagadores de carácter monetario, del que se pueda desprender un programa más completo y socialmente justo para enfrentar el problema.
Aquí, quisiera plantear tres líneas para atender la solución a este problema.
1o. La necesidad de una política de disciplina fiscal y monetaria que sin llegar a los límites de un creciente superávit de las finanzas públicas y de inalcanzables tasas de interés, como las que se practican actualmente, permita que el Gobierno y los pequeños y medianos empresarios, cuenten con los recursos suficientes para contribuir a que el país desarrolle una capacidad de respuesta productiva ante el aumento de la demanda global; esto es, una política fiscal que permita desarrollar instrumentos de crédito para el financiamiento de los sectores productivos.
2o. La necesidad de un nuevo pacto para el desarrollo que entre otras metas cumpla con controlar mediante la concertación, los mecanismos inerciales de la inflación y que a diferencia del actual pacto, promueva la más amplia y diversa representación de los sectores productivos y establezca objetivos de equidad, indispensables para útiles crecimientos sanos; y,
3o. Una tercera línea del programa antiinflacionario que proponemos, es el fomento a la producción y el abasto de bienes de consumo básico, que a diferencia de la actual política, que pretende resolver los problemas del abasto suficiente, mediante la libre importación de mercancías, se promueva un esfuerzo interno de producción que genere oferta suficiente, para lo que se requiere un esfuerzo nacional, que conjugue la participación de todo tipo de empresas e instituciones privadas, sociales y públicas, en los niveles federal local y municipal, que conduzcan a una redefinición de la economía mixta, en la que efectivamente no cabe el estatismo, como tampoco el chantaje de las élites económicas nacionales o transnacionales.
Otro de los grandes problemas no encarados en el informe, es el de la crisis agrícola. El Ejecutivo nos presenta un panorama triunfalista de la agricultura y de las consecuencias de la reciente reforma al artículo 27 constitucional, y afirma,
cito textualmente: "El incremento de la inversión pública y privada y el esfuerzo de los hombres del campo, permitirán en 1992 cosechar 25 millones de toneladas de los 10 cultivos básicos". Sin embargo, no señala que estos 25 millones de toneladas representan un millón de toneladas menos a las cosechadas de 1991, lo que significa un decremento de la producción superior al 4%.
Este no es un dato novedoso, ya que en los últimos años el decaimiento de la producción agrícola ha sido una constante, por lo que la crisis agrícola prevalece, se mantiene en un estancamiento productivo que no ha sido superado.
Así, si consideramos la década reciente, encontramos que en el período 1980-1985, fue de 25 millones 200 mil de toneladas la producción de los 10 principales productos, y en el período 1986-1991, se redujo solamente a 24 millones 300 mil toneladas, situación que se mantiene en la actualidad con un promedio en los últimos años de 24 y medio millones de toneladas, a pesar gracias fundamentalmente a la excepcional cosecha de 1990.
Esto confirma una situación sumamente crítica, ya que en este mismo lapso la población en el país aumentó en más de 12 millones de habitantes, por lo que la dependencia alimentaria es cada vez mayor.
Y aquí yo sí quisiera cuestionar el argumento de que hemos recuperado la autosuficiencia en la producción de básicos y particularmente de maíz en el país. Retomando los propios datos que se presentan en el anexo del informe, encontramos que no solamente hay una caída importante en la producción de maíz de 1991 a 1992, que pasa de 14 millones de toneladas a 13 y medio millones, sino que el consumo aparente que no fue satisfecho en 1991, que era de 15 millones 600 mil toneladas, representan, si es que no aumentara la población, un déficit para 1992 de 2 millones de toneladas en maíz, y creo que no hay fundamento para sostener la tesis gubernamental de que hemos recuperado la autosuficiencia alimentaria.
Por el contrario, estos datos además dan a conocer de severos problemas en la estructura productiva del campo, porque hay una caída muy importante en el caso de la producción de maíz, de la superficie cultivada de temporal, la cual de 1990 a 1992 pierde más de 2 millones de hectáreas cultivadas, fundamentalmente por la falta de habilitación de los recursos crediticios. Y paradójicamente, aun y cuando se compensa esta caída en la superficie cultivada de maíz en tierras de temporal e incrementa la superficie cultivada de maíz en tierras de riego con más de 1 millón 300 mil toneladas, los rendimientos caen, a pesar de que se cultiva en riego, y pasan de poco más de dos toneladas por hectárea, a una tonelada 900 kilogramos.
Yo creo que hay problemas muy serios en el campo mexicano que están manifestados en un cambio sustancial en la estructura productiva, derivados ya de la apertura comercial, donde cultivos como el cártamo, el ajonjolí, la cebada, la semilla de algodón, no solamente es una crisis muy severa, sino que tiene una tendencia a desaparecer de la actividad productiva del campo.
No hay autosuficiencia y no hay avance y recuperación, porque la inversión que dicen ha llegado en 1992, producto de la reforma constitucional, no ha llegado y no llegará a la producción de básicos.
El gobierno mexicano ha pretendido enfrentar esta larga crisis en la agricultura mexicana, mediante Bs. reformas legislativas ya mencionadas, pero no acierta, y es que como lo sostuvimos reiteradamente durante los debates en esta Legislatura, las razones fundamentales de esta crisis no se encuentran en el tipo de tenencia de la tierra, sino en sus limitaciones económicas, la descapitalización del sector, el deterioro de los términos de intercambio, las tendencias recesivas en el mercado internacional de algunos productos, y por una política económica que durante años dejó a la deriva al agro nacional.
Reiteramos, no fue el ejido quien entró en una ruinosa crisis, sino toda la estructura agraria, por lo que al margen de reformas legales y de debates ideológicos, mientras persistan las causas económicas que tienen postrada a la agricultura y que habrán de acentuarse frente a una despiadada apertura a la competencia externa en uno de los momentos más difíciles del sector, frente a esta situación, hemos propuesto y lo reiteramos, un programa para el resurgimiento de la agricultura, que a partir de un diagnóstico objetivo revierta las causas que han determinado la crisis actual y contemple diversos instrumentos como una política de precios y apoyos financieros, que superen la aguda caída de los últimos 10 años, que comprenda el impulso de un mercado interno más dinámico, derivado de una mayor capacidad de compra de la población, una racionalización de la apertura en función de la defensa y recuperación de nuestros productores, y una política económica y social diferencial que tienda a disminuir la polaridad en la estructura
agraria, atendiendo a los segmentos productivos carentes de recursos.
Hemos propuesto también una reforma institucional que permita un manejo eficiente y democrático de los recursos destinados al campo, con la participación efectiva de los productores y sus organizaciones, no solamente en el conocimiento sino la definición y la sanción de las políticas sectoriales.
El Informe de Gobierno tampoco encara el que quizá, sea el más grave problema nacional: el enorme desempleo acumulado a lo largo de una década. El Ejecutivo reconoció la desaceleración del crecimiento, pero a la vez se ufanó de que la economía del país crece a una tasa superior a la demográfica, y más aún, superior a la de la mayor parte de los países desarrollados.
Pero el Ejecutivo soslaya que ese crecimiento es muy desigual, sectorial y regionalmente, y que nuestras necesidades de empleo y los rezagos sociales y productivos, no tienen punto de comparación con los del primer mundo. Una tasa de crecimiento del producto interno bruto del 3% o menos, después de una década de estancamiento en un país como el nuestro, que arrastra carencias ancestrales, es muy insuficiente, no resuelve ni siquiera en forma gradual el enorme problema del desempleo, al contrario, el desempleo se sigue acumulando en cada uno de los últimos años.
Una tasa de crecimiento del producto interno bruto por encima de la tasa de crecimiento de la población, no significa necesariamente que se esté generando más empleo que el que demanda la población, porque ese crecimiento del producto obedece en su mayor parte a un incremento en la productividad. No es cierto que en los últimos años hubiera disminuido el desempleo en México, la cifra oficial que indica un desempleo abierto de 2.6% de la población económicamente activa, es una cifra engañosa. Si nos atenemos a ella, resulta que el desempleo en México es menor que el de países como Estados Unidos, Japón o Gran Bretaña, que reportan una tasa de desempleo abierto de 7.5%, 6.6% y7.6% respectivamente. Si esto fuera cierto, que nuestro desempleo es menor al de estos países, entonces ¿para qué la modernización y para qué querer ser una potencia del primer mundo?
Lo que ocurre, es que en México, al no haber seguro de desempleo, la población que carece de un trabajo regular y carece de ingresos, busca otras opciones, sale a la calle a buscar un ingreso de cualquier modo, sea éste de manera formal o informal, lícita o ilícitamente, por eso en México, a la tasa de desempleo abierto hay que sumarle la del subempleo, la del ambulantaje y otras formas de la economía informal, y la de una creciente y cada vez más conflictiva emigración de trabajadores mexicanos hacia los Estados Unidos.
En el anexo estadístico del Informe, encontramos un dato que nos confirma esta tesis: el total de puestos de trabajo remunerados en México en 1980, era de 20 millones 281 mil trabajadores, los que pasaron en 1990 a 22 millones 383 mil, esto es, en una década aumentó el número de plazas en 2 millones 300 mil trabajadores, cuando la población económicamente activa creció en más de 10 millones de personas.
Solo por esta diferencia, tenemos que en la década el desempleo aumentó en más de 8 millones de mexicanos. En ningún año de la década pasada ni en los del actual sexenio, la creación de nuevas plazas de trabajo ha correspondido ni siquiera a la mitad de las requeridas por el crecimiento de la población.
Pero por si no fuera suficiente, el número de despedidos en el primer semestre de 1992 asciende ya a 181 mil trabajadores, producto de la desaceleración económica. Estos son datos del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Entre los sectores más afectados por los grandes recortes se encuentran el manufacturero, el agropecuario y el comercial, quienes representan el 86% de los despidos.
De las siete ramas productivas en que se encuentra dividida la economía, en seis se despidió a personal, y solamente en una, en la industria eléctrica, se obtuvo un incremento de 4 mil plazas.
En la industria manufacturera el número de trabajadores despedidos fue de 63 mil personas; en el sector agropecuario de 68 mil; en la industria de la construcción de 5 mil; en la actividad comercial se despidió a 33 mil personas; la minería prescindió de 9 mil trabajadores, y en los rubros de sectores económicos no especificados se despidieron ya a 20 mil trabajadores, tan sólo en el primer semestre de este año.
Respecto a los incrementos observados de la productividad, éstos no se han debido a una mayor tecnificación y modernización de la planta productiva, sino a un mayor aprovechamiento de la capacidad instalada.
El comportamiento de los indicadores de productividad, no reflejan necesariamente un proceso de auténtica modernización de la actividad productiva, sino al estancamiento o contracción de los índices de empleo.
El índice de las hora-hombre trabajadas en la industria manufacturera es sumamente bajo e inclusive inferior ya al de 1980. Lo importante, nuevamente, no es ganar sino competir.
Aquí tenemos ya un acercamiento de la magnitud de este problema al que el Ejecutivo en su Informe ni siquiera tomó en cuenta.
Cuando al problema de desempleo y al cierre de fuentes de empleo está el del salario, se aúna este problema.
El Ejecutivo dio al respecto una información superficial y seleccionada, se refirió a las remuneraciones contractuales durante su sexenio, habló de ligeras tasas de crecimiento real, que no significa una verdadera recuperación salarial. Tomemos en cuenta que la mayoría de los asalariados del país están fuera de los contratos colectivos; consideramos también la enorme pérdida que el poder adquisitivo del salario sufrió a lo largo de la década, para reconocer así lo insuficiente que resulta hablar de recuperaciones parciales del orden de un 3% o 4% anual.
En el mismo anexo del Informe encontramos los siguientes datos: La remuneración media anual por trabajador en el país era de 79 mil 400 pesos en 1980. Tenemos que en precios constantes de ese año, esa remuneración media fue de 57 mil 400 pesos en 1990. Esto significa que como promedio el trabajador mexicano tenía un salario en 1980 en 38% superior al de 1990.
Pero esta situación se complica para los empleados del gobierno federal, en su mayoría a maestros y médicos, quienes en 1980 ganaban como promedio 144 mil 300 pesos al año y ya para 1990 solamente ganan 90 mil 200 pesos al año. Esto es, en 1980 los empleados del Gobierno Federal obtenían un sueldo 60% superior al de 1990.
Los trabajadores de la educación ganaban en 1988, 66% más que en 1990. Nuevamente, lo importante no es ganar, sino competir.
Por lo anterior, después de que según el Gobierno vivimos un tiempo de recuperación del crecimiento y de una histórica bonanza de las finanzas públicas, es ridículo que se festinen incrementos reales al salario del 2 o el 4%, máxime cuando en el Gobierno no hay una verdadera voluntad de recuperar el poder adquisitivo de los salarios, que por cierto nunca han tenido en México un nivel suficiente, mucho menos como algunos ya lo insinúan, excesivo.
Seleccionamos los salarios que paga el Gobierno, porque en ello se expresan no abstractas leyes del mercado, sino una política oficial que es lo que en esta Cámara de Diputados estamos analizando; una política oficial que se expresa nítidamente en la determinación de los salarios mínimos.
El licenciado Salinas de Gortari no dio en su Informe ninguna explicación del por qué durante su sexenio el salario mínimo, que depende fundamentalmente de una decisión gubernamental, ha seguido cayendo; no ha explicado tampoco por qué en el nuevo Pacto para la Estabilidad, la Competitividad y el Empleo, se concertó un aumento al mínimo de un ridículo 7.7% en promedio.
¿A qué razón económica o social obedece ese castigo adicional a los trabajadores? El licenciado Salinas nos debe esa explicación.
Suponiendo que es real el aumento de los salarios contractuales y que ese incremento es posible en la situación actual de la economía y del mercado laboral, ¿porqué el Gobierno pone el salario mínimo por debajo de esa realidad?
El Gobierno se refiere como causa única de la caída salarial a la inflación Esto, a nuestro juicio, es falso. En México la caída salarial rebasa con creces a la inflación. Veamos.
A partir de 1988 la tendencia inflacionaria bajó, pero el salario mínimo siguió cayendo a un ritmo aún mayor que cuando la tasa inflacionaria iba a la alza.
El Gobierno promete y explica que el salario aumentará cuando aumente la productividad. Esto, que en teoría suena bien, no corresponde al funcionamiento reciente de la economía en México.
La caída de salario real, a través de toda una década, no correspondió a un descenso de la productividad; el aumento destinado en ésta, en los últimos cuatro años, tampoco tiene una correspondencia con la dinámica de los salarios.
Hemos señalado que son dos las causas que determinan la reducción de los salarios en México: La primera, el que obedece al mercado, al
enorme desempleo acumulado en el país, que significa una oferta excesiva de mano de obra, que presiona los salarios a la baja; y una segunda, que es la política salarial del Gobierno, aceptada o tolerada por un sindicalismo subordinado al poder del Estado.
Nosotros proponemos una política salarial que se oriente con paso firme a la recuperación del poder adquisitivo del salario, más del que ha perdido en los últimos 10 años.
Al contrario de la política gubernamental, consideramos que el aumento salarial es indispensable para que se expanda el mercado y con ello la producción nacional. Sólo así habrá un verdadero estímulo, tanto para los empresarios como para los trabajadores, para que se incremente la productividad.
Para hacer viable esta propuesta se debe ubicar dentro de una política activa de fomento agrícola industrial, de apoyo tecnológico y financiero, que supere la falta de capacidad de respuesta productiva de algunos sectores o ramas de actividad.
Por otro lado, el Ejecutivo denominó al modelo económico que impulsa como un modelo abierto de desarrollo. Intentó explicar, en este marco, las tendencias que se presentan en el frente externo de la economía, un expansivo déficit en la balanza comercial y en cuenta corriente, que se financia con una también creciente entrada de capitales del exterior.
El licenciado Salinas dijo en el informe, cito: "Estamos perfeccionando el nuevo modelo abierto de nuestra economía. Esta apertura al resto del mundo y su menor grado de desarrollo relativo, implican que mientras elevamos productividad y competitividad, requerimos de importantes flujos de capital del exterior, para financiar nuevas tecnologías, maquinarias y otros bienes que permitan al aparato productivo competir mejor, afectando la cuenta corriente de nuestra balanza de pagos.
Se dijo así otra verdad a medias. El expansivo crecimiento de nuestras importaciones, determinante fundamental de ese déficit en cuenta corriente, se explica sólo parcialmente por la producción productiva y modernizadora del capital foráneo; la mayor parte de esa inversión va a cartera, a especular en la Bolsa de Valores y en particular a participar en la propiedad de empresas ya existentes, como es el caso de Teléfonos de México.
A la vez, no todas las importaciones se aplican en ampliar o modernizar nuestra planta productiva, la mayor parte son efecto del desplazamiento de la producción nacional por productos del exterior.
Prueba de ellos es el crecimiento de las importaciones, está muy por encima del crecimiento del producto interno bruto y del incremento de nuestras exportaciones. Tan sólo en los primeros ocho meses de este año las exportaciones crecieron a una tasa de 1.4% cuando las importaciones hacia nuestro país aumentaron en casi el 28%. Por cierto lo que demuestra mejor el efecto del desplazamiento de la producción nacional que señalamos, es que las importaciones que más crecieron en este período fueron las de bienes de consumo que aumentaron en más de un 37.4%.
El hecho es que la estabilidad financiera del país depende cada vez más del capital extranjero. El capital foráneo en lugar de ser complementario como señala el gobierno, se está convirtiendo en el verdadero eje del desarrollo, este tipo de dependencia del exterior no sólo compromete la estabilidad económica en el corto plazo sino que a la larga condiciona en función de intereses ajenos las características sociales y productivas del desarrollo del país.
Nosotros proponemos ante esa política de desindustrialización nacional puesta en marcha, una política de desarrollo industrial que logre avanzar en el aumento y diversificación de las importaciones, avanzando al mismo tiempo en un mayor grado de integración nacional de la economía para que nuestra presencia comercial en el mundo sea una muestra de fortaleza interna y no como ahora, que al basarse en la inferioridad salarial, es sólo expresión de atraso.
Queremos dejar claro que no estamos en contra de que el modelo económico de desarrollo esté abierto, sería absurdo a estas alturas del siglo pensar en un modelo cerrado de economía, ese no es el problema. Lo que consideramos insostenible es que el valor de las importaciones aumente en un 27% cuando en cuando en las exportaciones crecen un poco más del 1%. La competencia es buena, siempre y cuando estemos preparados para ella y se realice en condiciones que no prefiguren la ruina de nuestros sectores productivos.
La disyuntiva no es como falsamente se plantea entre economía abierta o economía cerrada. Todos los países tienen una puerta para abrirla y para cerrarla según el interés nacional. La cuestión entonces es como controlamos nuestra puerta, para controlar asimismo el tráfico de mercancías, de capital y de trabajo.
Y en esto no hay criterios absolutos, lo que existe en el mundo son criterios pragmáticos en función de los intereses de cada nación. Por ejemplo, Estados Unidos reclama la libre circulación de capital hacia México pero se opone a la libre circulación del otro llamado factor para la producción, el del trabajo.
Todos los países capitalistas desarrollados se dicen liberales en materia de comercio exterior, pero entonces, ¿por qué no se llega a un acuerdo en la Ronda de Uruguay? La razón es sencilla, son liberales siempre y cuando sus sectores productivos no se vean perjudicados.
Consideramos que el gobierno mexicano no ha sabido practicar este sano pragmatismo, por ello, proponemos un modelo alternativo de desarrollo económico, un modelo abierto, si, pero con buenas puertas, cuyo eje no sea la maquila o unas cuantas empresas exportadoras transnacionales. Si no hay industria y una agricultura fuertemente articuladas entre sí, orientadas a satisfacer las grandes necesidades nacionales de consumo y producción.
Un modelo cuyo motor no sea el mercado de las recesivas economías desarrolladas sino una demanda derivada principalmente de un creciente ingreso real de la propia población. Un modelo cuyas contradicciones sociales, financieras y productivas se resuelven dentro de un nuevo pacto social para el desarrollo y la recuperación del bienestar social.
Importante a nuestro es competir pero competir para ganar. Muchas gracias.
La Presidenta:- Tiene la palabra el ciudadano diputado Alfredo Lujambio Rafols del partido Acción Nacional.
El diputado Alfredo Lujambio Rafols:- Muchas gracias señora Presidenta. Señoras diputadas, señores diputados:
A la luz del examen y de los datos que ofrece el Informe reciente del Presidente de la República, pero también de las realidades sociales que afronta el pueblo mexicano en estos momentos, Acción Nacional afirma que nos encontramos en el centro de una grave y profunda regresión en los niveles de bienestar y justicia de los mexicanos.
La vida democrática de un pueblo no podemos interpretarla exclusivamente como la realización de procesos electorales limpios y confiables, lo que todavía no hemos podido alcanzar en México, sino que para nosotros la democracia es también aquel sistema de vida enraizado en la justicia que establece la igualdad en las posibilidades de desarrollo para todos los mexicanos.
Un niño que nace hoy en día en algún rincón de las huastecas o de la sierra de Oaxaca o en el altiplano potosino o para no particularizar casi en cualquier rumbo de la nación, está fatalmente condenado a crecer con los niveles de desnutrición e insalubridad más deficientes, y dramáticos, tiene también muy altas probabilidades de educarse en el mejor de los casos hasta el tercer año. Ese niño a los 11 o 12 años seguramente habrá de abandonar su educación para ayudar al padre en la labranza o irse a la próxima ciudad a ganarse la vida lavando automóviles o vendiendo chicles en cualquier esquina. Ya mayor ese niño muy probablemente migre, subrepticiamente a los campos de California, de Texas o de Nuevo México para abrir esperanzas en su patria no supo darle.
La economía, señores diputados, no podemos admitirla sólo como el enunciado frío insensible al dolor social, que ofrece muchos datos, nos aporta cifras, nos presenta gráficas, nos habla del producto interno bruto, de la población económicamente activa, del índice inflacionario, del superávit primario, de la balanza de pagos, y muchos otros términos ajenos a la comprensión y el interés del pueblo.
En Acción Nacional, afirmamos que la democracia es la justa distribución del saber, del poder y del tener. Don Efraín González Luna, preclaro mexicano, visionario y pensador nos decía que la economía no cumple sus fines por el simple aumento cuantitativo o cualitativo de las cosas, si no se cumple al mismo tiempo la justicia en la distribución de la riqueza y del producto de la cooperación social. La justicia en las relaciones económicas nos decía don Efraín, no puede ser el resultado de pretendidos procesos tecnocráticos que en la vida real resultan en profundas injusticias; 50 años después conservan, por desgracia, plena vigencia estas palabras.
El Gobierno actual, creemos nosotros, no ha estado ni de lejos, a la altura del pueblo de México para compartir con él, hombro con hombro el sacrificio y el agobio que estoicamente soporta el pueblo de México, para que aquél pueda salir de sus premuras ocasionadas por muchos años de demagogia, populismo y despilfarro de los antecesores.
Muchas madres mexicanas tienen hoy que salir cada mañana de su hogar, a un trabajo
frecuentemente mal remunerado, desatendiendo su inclinación natural y superior al cuidado y atención de los hijos menores, para auxiliar al esposo que por más esfuerzos que hace nunca logra completar los satisfactorios mínimos de la familia.
Pero convengamos: ¿quien puede estar en desacuerdo con que se renegocie la deuda¿ ¿Quién se puede oponer a que se controle la inflación¿ ¿Quién puede objetar que se adelgace al sector público? ¿Acaso no favorecemos todos la reducción de una burocracia que devora insaciable el presupuesto nacional?
¡Sí reconocemos algunos signos favorables por ser necesarios para enmendar errores, para corregir frivolidades. Pero impugnamos enérgicamente, según nuestra percepción, el alto grado de insensibilidad social de los tecnócratas del régimen que propicia, por ejemplo, que unos cuantos dueños de casas de bolsa hayan podido acumular en muy pocos años, capitales que les permitieron adquirir los bancos grandes y los bancos no tan grandes, para seguir incrementando su riqueza y su poder.
Nos preocupa seriamente en Acción Nacional, que frente un pueblo en agobio e indigencia, se den casos como el de un empresario, casi desconocido hace pocos años, el que haya podido adquirir una empresa como Teléfonos de México en una suma que va a recuperar vía utilidades en muy pocos años. Así está el texto de esta intervención, señores diputados.
Pero datos que recibí posteriormente a su elaboración, me indican que esta persona, quien adquiere Teléfonos de México, no es cierto que vaya, en unos cuantos años, a recuperar, a través de utilidades, el costo que pagó por Teléfonos de México. Ya en este momento, a escasos dos años de distancia, ya recuperó el total de la inversión vía colocación en mercados internacionales, colocaciones bursátiles de valores de Teléfonos de México.
Hace muy pocos días la prensa informa que el recién privatizado monopolio de Teléfonos de México acumuló utilidades, solo en los primeros nueve meses de este año, una cifra del orden de 7 billones de pesos. Para referenciar esta cantidad, tomemos en cuenta que este importe es superior al presupuesto anual acumulado de todos los municipios de este país. Un empresario obtiene en nueve meses, 7 billones de pesos de utilidades, más que los ingresos totales de los 2 mil 389 municipios de este país, señores diputados.
Es preocupante, realmente preocupante y grave, que la clase media que venía incrementándose en la estructura porcentual de la sociedad hasta fines de los años setenta, ahora, 13 ó 14 años después, se ha reducido a los niveles de 1975. En esa misma proporción se incrementó el estrato socioeconómico más desprotegido, pero en cambio permanece seguro, sin alteración, el nivel porcentual del estrato superior.
La participación del trabajo en la estructura porcentual del ingreso nacional se reduce en sólo 10 años, del 41.7% al 26.9%. En tanto que el capital se sigue desarrollando felizmente y se incrementa en la misma proporción en que pierde su participación social la clase media, sube del 48 al 62% ¡Cada vez más pobres y más intensamente pobres y cada vez menos clase media¡ ¡Ese es el panorama actual de este país!
¡Rechazamos, categóricamente, la tesis deshumanizada de los esquilmos y los desperdicios, o también llamada "la teoría económica de los vasos comunicantes", que preconiza que estando rebozante la mesa del rico, habrá sobrantes y algo caerá en la mesa del humilde!
El proceso económico lo concebimos sólo como un agente al servicio de la sociedad y del hombre concreto, que atempere contrastes, que modere la riqueza y al mismo tiempo que abata la pobreza.
En el concierto mundial se reconoce tristemente para nosotros los mexicanos y para este país, como uno de los más rezagados en el mundo a lo que a distribución de riqueza e igualdad de oportunidades para todos se refiere. ¡Este es otro de los tristes balances que ofrecen los regímenes llamados revolucionarios en este país!
Pactos van y pactos vienen, pero todos llevan un mensaje muy claro: " hay que salvar de la quiebra económica al Gobierno". ¡Pero es el pueblo el que tiene que pagar el precio, sujetando los salarios y aguantando los mayores aumentos que provienen, con mucha frecuencia, de los servicios y productos que vende el Gobierno, o tarifas ilegales y arbitrarias, como la 1148¡ ¡Los pactos han venido consolidando, inexorablemente, la reducción del poder de compra del salario!
Los jóvenes, en su empeño por cooperar a su propia manutención y al esfuerzo familiar, no encuentran empleo. En México durante muchos años sólo hemos podido generar un 23 ó 24% del millón de puestos de trabajo requeridos anualmente. El resultado es: ¡que año tras año, 750 mil jóvenes o adultos permanecen en la
frustración y en la desesperación de no poder emplearse y hacer provechoso constructivo el uso de su tiempo¡
Frente al Tratado del Libre Comercio y a la liberalización ya en curso y casi desenfrenada de las importaciones, miles y miles de pequeños y medianos empresarios padecen con angustia, cada día, la reducción de sus ventas, la necesidad de reducir su personal o de plano cerrar la fuente de trabajo para incursionar hacia la economía informal.
La deuda se renegoció. ¡Qué bueno¡ Se reduce el peso de la deuda en el producto interno bruto y en el presupuesto; pero su servicio, más los gastos de la deuda, siguen pesando en el presupuesto de 1992 con casi 42 billones de pesos, que salen del producto del esfuerzo de los mexicanos, vía sus impuestos.
Todavía hoy representan un gravoso 17% del presupuesto nacional . Los intereses de la deuda representan casi un 50% más, ¡casi un 50% más que el presupuesto de todos los estados y todos los municipios de la República, en este país, señores diputados¡
¡Ese es el verdadero peso de la deuda para los mexicanos y para sus posibilidades de desarrollo y de alcanzar justicia, empleo y educación!
Los intereses y gastos de esa deuda que se nos dice que va bajando, es cierto, va bajando la deuda externa pero sigue pesando de tal manera que cada mes los mexicanos tenemos que pagar 3.5 billones de pesos de nuestros impuestos para atender ese compromiso que contrajeron unos irresponsables. También, permítanme ustedes, bajar en el calendario al ciclo diario, cada día, cada 24 horas pagamos 115 mil millones de pesos los mexicanos, cada día cuántas obras públicas, cuántas necesidades urgentes del pueblo de México, cuántos actos de justicia a los pensionados, a los maestros, a tantos trabajadores que viven condiciones intolerables para una sociedad que se diga verdaderamente solidaria se deja de producir por estos 115 mil millones de pesos por día y casi 4 mil millones de pesos por hora, eso es lo que está pesando hoy en día el servicio de la deuda, señores diputados.
Algunas de las grandes empresas mexicanas o transnacionales en México ven en cambio con ojos de satisfacción, con ojos optimistas el futuro; ellas ya se preparan para afrontar y obtener los beneficios del Tratado de Libre Comercio, ellas cuentan con tecnologías y recursos económicos casi ilimitados, sobre todo ahora que ya controlan la banca para competir en la fiera batalla de los mercados mundiales. Aquí la pregunta es ¿contribuirá el Tratado de Libre Comercio a redistribuir mejor los beneficios de la economía de escala entre los mexicanos? o sólo vendrá a profundizar aún más los grandes contrastes sociales y las injusticias. Mi compañero Felipe Calderón, habrá de aportar algo también a ustedes señores diputados, en su intervención en la siguiente ronda, haciendo algunas ampliaciones sobre datos más concretos y específicos y análisis del actual acontecer de la economía y de las medidas económicas.
Yo quiero hacer un pequeño regreso a la historia, refresquemos la memoria; los antecedentes del actual estado de cosas no los olvida el pueblo de México, hasta 1970, muy lejos aún de los mínimos avances democráticos, cuando se daban represiones violentas, había sin embargo mayor responsabilidad, austeridad y seriedad en las políticas económicas, se lograba un lento pero estable avance, se sostenía el crecimiento del producto interno bruto, con niveles moderados de inflación que auspiciaba el ahorro, la inversión y la oferta del empleo sin endeudar irracionalmente, como ocurrió después al país y con un progresivo incremento en el poder de compra de los salarios; pero llega el sexenio del ¡arriba y adelante¡ y empezamos para abajo y hacia atrás, se inaugura el populismo, la irresponsabilidad y la demagogia económica, se compran empresas, se crean fideicomisos, se construye la Universidad del Tercer Mundo, elefante blanco del que siguen medrando algunos de los beneficiarios del desastre, se reparte alegremente el dinero en efectivo en las giras presidenciales, sin el más mínimo respeto a las formas mínimas de la administración pública; se auspician viajes artísticos y folklóricos al Caribe, y el déficit público, empieza a crecer.
Nadie lo para, todo se aplaude, pero no había ningún problema, para eso estaba la máquina de imprimir billetes; empezamos a utilizar el magnifico crédito exterior de México con gran regocijo, todo se festinaba.
Voces de Acción Nacional fueron las que se levantaron en aquellos años para advertir los riesgos, denunciar los despilfarros, exigir orden y austeridad y advertir que caminábamos directo a la ruina del país; pero esas voces señores diputados, nunca se escucharon. La inflación tomaba fuerza.
El sexenio de "la solución somos todos" fue sólo más de lo mismo. el desorden y la frivolidad no se detenía a pedir más préstamos, a emitir
más circulante, y desde luego a incrementar los impuestos. Y con ligereza inaudita se nos advertía que debíamos acostumbrarnos a vivir con la inflación, que era un mal inevitable, y un Secretario de Hacienda, posteriormente que fue Presidente, tuvo la desfachatez de pedirnos que nos acostumbráramos a vivir con la inflación y que toleráramos ese despilfarro, esa negligencia y esa corrupción que tomó tanta fuerza en aquellos sexenios.
Se continuaron pidiendo préstamos; se emitía más circulante; se incrementan los impuestos y se mantiene, no obstante, el crecimiento del producto interno bruto, pero la inflación se salía de control al tiempo que el titular del Ejecutivo estallaba en alegría diciéndonos a los mexicanos: "ya somos ricos, aprendamos a administrar la riqueza". Y si lo hicieron, la administración pero sólo entre ellos y para ellos.
Mudos de aquella distribución son entre otros, la colina del perro, el partenón de Zihuatanejo y algunos otros más que por brevedad no mencionamos. Llega después la época de "la renovación moral".
Sólo se renovaron los niveles de corrupción a grados nunca vistos, y se para y se para en seco el crecimiento del producto interno bruto, sólo que la inflación se desboca ya incontenible hasta llegar a finales del sexenio a niveles del 175% anual, deja al país con una deuda percapita muy superior a los mil dólares, alcanzando el triste record mundial de endeudamiento per capita.
Y llegamos así a los tiempos presentes. Inicia el sexenio actual. Llega urgido de credibilidad confianza y consenso. El pueblo concede tiempo y se inician las duras, las brutales medidas correctivas que una vez más se cargan sobre sus espaldas,
Qué sano habría sido que desde aquél inicio y por principios de justicia se hubiesen establecido responsabilidades. Abrir juicio y aplicar la Ley a los autores materiales e intelectuales del desastre. Está pendiente de hacerse justicia al pueblo de México.
A manera de expiar culpas, el régimen instaura su Programa Nacional de Solidaridad. Se pretenden remediar los efectos, pero no las causas profundas de las carencias y de la marginación social; pero el poder está muy lejos de reconocer sus pecados económicos del pasado. El pueblo sólo se los perdonaría, pero a condición de que se hiciera justicia y se le devolviera lo que se le arrebató.
El Programa Nacional de Solidaridad no remedia males de fondo, pero sí pervierte la conciencia colectiva y perjudica al supuesto beneficiario, porque lo sujeta a esquemas de paternalismo, lo somete al centralismo burocrático y lastima la estructura constitucional de las responsabilidades municipales y estatales. Con malicia oculta el clientelismo electoral y los propósitos de lucimiento presidencial.
En conclusión, Acción Nacional admite como ineludibles, aunque muy dolorosas, algunas de las medidas adoptadas, pero exige del Poder Ejecutivo moderar estas medidas de choque, compartir la carga con el pueblo y ser sinceramente austero y celoso vigilante del buen uso del erario público.
Le exigimos también al Ejecutivo que se racionalice más el gasto corriente, que sigue siendo exagerado, y se incremente el de inversión; que se controle y suprima el oneroso y pesado déficit de las paraestatales como la Comisión Federal de Electricidad, como Ferrocarriles Nacionales de México entre otras, que gravita tan pesadamente sobre el presupuesto y reduce posibilidades de inversión en obras, servicio y vivienda o en educación. Es necesario imprimir a las medidas económicas un sentido social y humanista, que atienda a las causas y no sólo a los efectos. Nos pronunciamos porque las medidas y decisiones económicas, dejen ya de ser totalizadoras, centralistas, autocráticas.
Exigimos en fin, porque así lo reclama el bien público, su genuina disposición para compartir con el pueblo de México representado por el Poder Legislativo, la toma de decisiones.
Queremos participar en las formulaciones de los planes de desarrollo nacional; queremos proponer un legislativo que participe con actividad, dinamismo y responsabilidad, en el diseño de políticas económicas, de los presupuestos anuales y de los principales programas del Gobierno; una Cámara de Diputados que coopere con el Ejecutivo, ciertamente, pero con dignidad, sensibilidad y eficacia en la formulación de políticas fiscales, para que cuente con el consenso de los contribuyentes y de la sociedad.
Retomamos muy en serio las palabras recientes del Presidente, que les decía a un grupo de notables: "Es inútil aprobar las reglas de un país que ya no existe."
Convocamos al propio Ejecutivo a actuar en consecuencia, y a todos los grupos parlamentarios para que revisemos y actualicemos la legislación
vigente, anacrónica, ineficaz, que concentra facultades desproporcionadas en materia económica en el Ejecutivo, y auspicia los graves errores que se cometieron en el pasado, y que por ningún motivo podemos los mexicanos permitir que se repitan.
La economía al servicio del hombre, las decisiones económicas compartidas en responsabilidad y en facultades por el Legislativo y el Ejecutivo, actitudes y conductas de austeridad, honradez y honestidad en todos los funcionarios públicos, distribución justa de la riqueza nacional y una equitativa igualdad en oportunidades para todos. Este es el reclamo del pueblo de México, es también el reclamo de Acción Nacional. Muchas gracias.
La Presidenta:- Tiene la palabra el ciudadano diputado Angel Aceves Saucedo, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Angel Aceves Saucedo:- Con su venia ciudadana Presidenta, honorable Asamblea:
Hemos escuchado con atención e interés, los comentarios que formulan los compañeros diputados que me han antecedido en el uso de la palabra, en torno a los aspectos económicos del IV Informe de gobierno del Presidente Salinas de Gortari. Algunos de esos comentarios merecen respeto y también consideración.
La fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, por mi conducto, expresa en forma razonada y comprometida, su convicción de que la firme aplicación de una política económica congruente y consistente durante ya cuatro años, presenta ya resultados que mueven a satisfacción, y que merecen ser considerados como auténticos logros de la sociedad y del Gobierno.
Alejándonos del triunfalismo, hemos de reconocer que los avances no son los mismos en todos los órdenes de nuestro sistema económico. Es claro que la estrategia tiene diversas etapas, por lo que el cumplimiento de algunas metas está supeditado a que previamente se alcancen y consoliden otras.
Resulta también claro para nosotros que las medidas que se han tomado en el ámbito económico, han implicado decisiones de fondos con costos para la sociedad, pero esto es así porque lo que el pueblo de México demanda no es una actitud de complacencia, y por el contrario exige actuar de manera decidida y firme, como se está haciendo, en la solución de los problemas nacionales.
Para darle su justa perspectiva a la evolución de la economía nacional, resulta conveniente examinarla dentro de un contexto mundial caracterizado por lentitud en el crecimiento económico o por franca recesión.
En efecto, no sólo la economía estadounidense se encuentra sumida en un relativo estancamiento, del que seguramente saldrá con lentitud y con grandes dificultades, también el Japón, el Reino Unido, Italia e incluso la nueva Alemania, enfrentan graves dificultades para mantenerse en la ruta del crecimiento.
Por cierto, aunque existen diferentes causas que explican esa situación, todos estos países presentan como denominador común considerables déficit fiscales; tales déficit, por los problemas financieros y monetarios que implica su financiamiento, son considerados como un obstáculo mayor al crecimiento de las economías de esos países.
Por el contrario, la economía nacional ha crecido por el período 1989- 1991, a una tasa promedio anual de 3.8%, en un marco de inflación notoriamente declinante que habrá de ubicarse para finales de este año en niveles cercanos al 10%.
Para el presente año se estima un crecimiento de la economía de alrededor del 3%, ciertamente inferior al originalmente establecido como meta, pero superior al crecimiento de la población.
Ya hemos dado como una explicación a este crecimiento relativamente menor, el que la economía mexicana se desenvuelve en un contexto internacional de estancamiento, pero también contribuye a este resultado la decisión del Gobierno, a nuestro juicio plausible, de sujetar las políticas fiscal, cambiaría y monetaria al objetivo de abatir la inflación.
El menor crecimiento de la economía se explica también por la reducción de la oferta de bienes y servicios, que temporalmente resulta, como ha resultado en todo el mundo, de la necesaria reconversión productiva en algunas empresas, industrias y sectores de la economía .
En palabras sencillas, sin bajar la guardia en la lucha contra la inflación, la economía mexicana continúa creciendo. Lo anterior no nos lleva, no nos puede llevar a una actitud de complacencia, pues es evidente que nuestro país requiere crecer a tasas más elevadas, por la magnitud de nuestras
insuficiencias y rezagos, y sobre todo por la necesidad de crear más empleos.
Sin embargo, tanto la experiencia internacional como la propia, nos demuestran que sólo el crecimiento económico sostenido y creación de empleos productivos y permanentes se da, cuando hay estabilidad de precios.
Es de señalarse que la evolución positiva de nuestra economía se ha realizado con bases sanas, pues para el primer semestre de 1992 se registró un crecimiento en la inversión del 9% en términos reales.
El saneamiento de las finanzas públicas dio mejores resultados de los previstos, pues el sector público generó un superávit financiero de 33 billones de pesos, incluyendo los ingresos derivados de la desincorporación bancaria y de empresas paraestatales.
El proceso de desendeudamiento continuó su tendencia. Así, la deuda pública neta, total, interna y externa, de representar el 62% del producto interno bruto en 1988, se redujo a sólo 28.4%.
La disminución de casi 7 mil 200 millones de dólares de la deuda externa, hizo posible que ésta constituyera ahora el sólo el 16.6% del producto interno bruto.
Además, en los primeros meses de 1992, la deuda interna se redujo en 26 billones al destinarse a su pago ingresos provenientes de las desincorporaciones.
La deuda interna se sitúa ahora en sólo 11.8% del producto interno bruto. Pagamos menos intereses y destinamos recursos crecientes a programas de infraestructura productiva y de bienestar social.
Es innegable que el desendeudamiento ha aumentado al margen de maniobra en la economía y ha permitido llevar a los hechos la aspiración de dar la más alta prioridad al pago de la deuda social.
Por lo que hace al gasto público, éste se ha mantenido dentro de su estimación inicial y su estructura refleja el propósito de mejorar el bienestar de la población.
Ciertamente, es satisfactorio observar que mientras para el año de 1988 el gasto social significaba sólo el 32% del total, actualmente representa prácticamente la mitad del presupuesto federal.
En relación a las cuentas con el exterior, enfrentamos un déficit en la balanza comercial y en forma correlativa en la cuenta corriente de la balanza de pagos.
Esto es consecuencia, obviamente, de un mayor dinamismo en las importaciones, en las exportaciones. Al respecto, ya hemos señalado que el resultado de la cuenta corriente a que nos referimos, corresponde exactamente al de un país que, como el nuestro, está inmerso en un cambio estructural y avanza como paso firme, hacia la modernización.
Lo que es verdaderamente relevante al análisis, es la composición de nuestras ventas como de nuestras compras al exterior. En cuanto a nuestras exportaciones tienen especial significación casi 50% las exportaciones de productos manufacturados que, por cierto, son las que más rápido crecen, al 12%.
Por lo que hace a nuestras compras con el exterior, están constituidas en un 85% por bienes intermedios y de capital, que son indispensables para un país que construye o consolida su aparato productivo.
Otro punto relevante al análisis, es el relativo al financiamiento del déficit de la cuenta corriente. En nuestro caso y en como una expresión de la confianza que se tiene en el rumbo que ha seguido México, ha habido un flujo permanente de inversión del extranjero y repatriación de capitales, que han permitido no solamente financiar el déficit de la cuenta corriente, sino que por cuatro año consecutivo se incrementen las reservas internacionales, cuyo monto, según se informó, llegó a 18 mil 258 millones de dólares.
En resumen, tenemos ahora una economía en crecimiento, que tiene como sustento fundamental el éxito logrado en la estabilización de la economía. La estabilización, a su vez, tiene como eje central el saneamiento de las finanzas públicas del que ya hemos dado cuenta, pero también, y esto hay que subrayarlo, se basta en la concertación, concertación que se ha concretizado en los pactos de los agentes productivos y cuya expresión más reciente es el Pacto para la Estabilidad, la Competitividad y el Empleo.
El análisis del nuevo pacto nos permite concluir que éste representa avances significativos respecto a los acuerdos de este tipo alcanzados en el pasado. Su vigencia, a partir del 20 de octubre del presente y hasta el 31 de diciembre de 1993, ofrece certidumbre sobre el desenvolvimiento económico del país en medio de una situación.
internacional y como ya comenté será compleja y difícil.
Es de destacarse que esta vez el sector empresarial además de comprometerse a aceptar, a absorber los crecimientos en sus costos, se ha comprometido a no recurrir a la llamada cláusula de escape, esto es, a solicitar ajustes de precios en el caso de que la inflación resultara superior a la prevista, esto no se había logrado en concertaciones anteriores.
Por otra parte, también por primera vez, puede hablarse de contención en los precios y tarifas del sector público, puesto que en esta ocasión, sólo se modifican el de la gasolina y el de la energía eléctrica mediante un deslizamiento mensual cuyo incremento acumulado en el año, en ninguno de los casos, es superior a un dígito.
Especial mención merece la actitud patriótica y solidaria del movimiento obrero, que una vez más puso por encima de todo y de todos el interés de la nación, al asumir el compromiso de recomendar a sus agremiados un incremento máximo de un dígito en las negociaciones contractuales, pese a lo cual, el poder adquisitivo de los salarios habrá de experimentar una recuperación de aproximadamente 5%, que aunque muy modesto confirma la reversión de la tendencia negativa.
Esto merece una reflexión más en el sentido de que en los hechos, no hay mejor defensa del salario que eliminar la inflación y que son preferibles las consecuencias previstas y planeadas de un programa de ajuste que impacte los ingresos de los trabajadores conforme a un límite y a un período cuidadosamente calculado, que las graves situaciones impredecibles que supondría para los trabajadores una inflación incontrolada.
El sector campesino por su parte nuevamente suma esfuerzos a la concertación, aceptando incrementos moderados en los precios de los productos agropecuarios.
De especial significación son las medidas que dentro del pacto se tomaron en materia cambiaría, puesto que conservándose el esquema vigente se amplió el límite superior de la banda de fluctuación de 20 centavos diarios, hasta un máximo de 40 centavos. Esta medida por su oportunidad salió al paso de la incertidumbre. Aumentó el margen de maniobra para la política monetaria y permite desalentar movimientos especulatorios, conjurando además ajustes bruscos que obligadamente tienen efectos inflacionarios adversos.
Resulta conveniente reflexionar en torno al nuevo significado que al pacto le dan los términos competitividad y empleo. Por mi parte, pienso que éstos resultan de la inserción de la productividad como eje central de la nueva concertación.
Debe recordarse que el concepto de productividad no ha sido fácil de definir aún en el campo de la teoría. Para nosotros aumentar la productividad no es trabajar más sino trabajar mejor y en consecuencia no es sólo una responsabilidad del trabajador, como a veces se ha pretendido, sino también y de forma subrayada del empresario.
Esto debe enfatizarse, como ya se hizo al elaborarse el Acuerdo Nacional para la Productividad y los programas de sectores específicos tales como el de la industria textil y de la confección, y como de la curtiduría y calzado.
El concepto de competitividad abarca no sólo la productividad, sino que en forma señalada al de la calidad. Para apuntalar el crecimiento de la economía por la vía del comercio exterior, requerimos precio y calidad que nos hagan competitivos, así entendemos y atendemos nuestro crecimiento vía exportaciones y, al mismo tiempo, damos mejores perspectivas al consumidor nacional.
Ya se ha dicho, México no puede elevar su productividad y en consecuencia ganar competitividad en forma sostenida sólo mediante el manejo de la política macroeconómica y financiera, sino necesita transitar a políticas efectivas a nivel microeconómico que hagan posible que los innegables logros y beneficios derivados de un manejo ejemplar de las variables macroeconómicas, formen parte de la vida cotidiana de los mexicanos y en especial de los que menos tienen.
Aceptando que habrá de transitarse manteniendo a éste con firmeza, del ámbito macroeconómico al microeconómico, por la vía del aumento en la productividad, pensamos que un objetivo central debe ser el fomento a la micro, pequeña y mediana empresa, donde existen un gran número de inversionistas potenciales cuyos esfuerzos debidamente apoyados, tiene una importancia clave para el verdadero desarrollo del país. Este tipo de empresarios debe jugar un papel estratégico en la cruzada nacional por la productividad, en la que por supuesto, también tiene especial significación la gran empresa cuyo funcionamiento debe contemplarse como complementario y potencializador de la micro y
pequeña empresa. En muchos países del mundo, la pequeña y la mediana empresa al integrarse con la gran empresa, han contribuido al aumento de la productividad y la producción como es el caso, entre otros, de Japón y de Italia.
Por lo comentado anteriormente, recibimos con beneplácito el anuncio en el reciente informe Presidencial, de que se promoverá un acuerdo de impulso a la empresa familiar y social, pequeña y mediana, agilizando apoyos, trámites y asesoría. El reto ahora es concebir nuevos mecanismos y profundizar los ya existentes que hagan viables los proyectos productivos de la comunidad, involucrando las voluntades de los actores sociales como sujetos activos de los procesos, y sumando solamente apoyos financieros y técnicos institucionales.
En el apoyo a las microempresas debe tenerse en cuenta que los grupos sociales conocen bien sus problemas y están probadamente dispuestos a resolverlos con su propio trabajo; su esfuerzo debe ser plenamente aprovechado para no hacerlos dependientes y propensos al fracaso por un paternalismo indebido.
En otro orden de ideas, en el pasado período de sesiones ordinarias, esta soberanía aprobó la instauración del Sistema de Ahorro para el Retiro, el SAR. Los objetivos eran y son superiores, por un lado, respaldar el nivel de vida de los trabajadores que terminan su ciclo productivo y, por otro, contribuir a generar ahorro de largo plazo, en el entendido de que sólo las sociedades que ahorran pueden invertir, crecer y a lograr que los beneficios sean generalizados, desarrollarse.
Es satisfactorio el que se nos informe que el Sistema de Ahorro para el Retiro, se está instrumentando con éxito, y que para el mes de agosto del año en curso, alrededor de 10 millones de trabajadores obtuvieron sus cuentas individuales, que en conjunto representan recursos por casi 3 billones de pesos.
Por otra parte, y éste es un punto destacado, se concluyó la negociación de Gobierno a Gobierno, del Tratado del Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, después de dos años y medio de una tarea perseverante, compleja y ardua, siempre de cara a la nación. Podemos decir que el resultado es un buen tratado para México.
Actualmente signado por los tres jefes de los grupos negociadores, seguramente será firmado por los Jefes de Estado en fecha próxima, para que de acuerdo a las leyes fundamentales, pasen a los órganos legislativos de los tres países y pueda entrar en vigor en los términos planeados.
El tratado representa, para nuestras exportaciones, la eliminación de cuotas y aranceles. México abrirá su mercado de manera paulatina, ya que se lograron plazos de apertura más largos de entre cinco y 15 años, en los sectores en los que somos menos eficientes; por lo cual se reconocen las diferencias existentes entre los grados de desarrollo de los tres países. De esa manera, el 84% de nuestras exportaciones quedará libre de aranceles para ingresar al mercado de Estados Unidos, y el 79% para el de Canadá; mientras que México solamente liberará en la primera etapa, el 42% de los productos que ellos nos envían, y que son básicamente bienes de capital y otros insumos que no se fabrican en el país.
El Tratado de Libre Comercio, estoy seguro, permitirá a México consolidar su papel como plataforma exportadora hacia Estados Unidos y Canadá.
Hemos procurado integrarnos también con los países de la hermana América Latina.
La voluntad política se ha manifestado en los tres gobiernos de los países; México, Estados Unidos y Canadá, y la lógica de nuestras economías evoluciona hacia un tratado que una vez que sea realidad, nos permitirá constituir el mercado más grande del mundo.
Con el tratado en vigor y en el mediano plazo, entraremos en un rápido proceso de transformación de la economía, con creciente creación de nuevos empleos, salarios reales al alza y estabilidad de precios y amplias expectativas de inversión y de comercio.
En lo personal creo que habrá de llegarse al Tratado de Libre Comercio; lo pienso porque es de interés de los tres países signatorios. No creo que sea finalmente para atender nuestros propios intereses solamente.
En los Estados Unidos de Norteamérica, independientemente de quien gobierne, saben que el comercio del mundo está por darse en bloques, y saben que individualmente pierden terreno ante los países de la Cuenca del pacífico y la Europa unificándose.
Compañeras y compañeros de partido; hasta aquí nuestros comentarios.
El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez (desde su curul):-y de la oposición.
El diputado Angel Aceves Saucedo:-...compañeros de la oposición, también, hasta aquí nuestros comentarios.
Creemos que nuestro país ha avanzado en forma consistente en la solución de sus problemas económicos. No negamos insuficiencias y rezagos, sería pueril hacerlo. Pero el balance es positivo.
Finalizo afirmando, convencido, que el grupo parlamentario priísta respalda las políticas económicas del Gobierno de la República, un Gobierno que cambia para mantener la esencia de su origen, y mantiene la esencia para acelerar los cambios que demandan los tiempos, en marco de respeto, hacia todas las corrientes políticas con las que ciertamente mantenemos diferencias; pero diferencias que a veces son más de superficie que de profundidad, porque en el fondo no debe abrazar el denominador común que es México y porque en todas ellas reconocemos la preocupación por seguir construyendo la patria, que unos imaginamos, todos deseamos y que también exigimos. Muchas gracias. (Aplausos.)
La Presidenta:- Se ha agotado la lista de oradores de la primera ronda.
Para continuar con el análisis del capítulo de política económica y social del IV informe de Gobierno, se han registrado, para la segunda ronda, los siguientes ciudadanos diputados:
Por el Partido Popular Socialista, Hildebrando Gaytán Márquez; por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Javier Colorado Pulido; por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, Abundio Ramírez Vázquez; por el Partido de la Revolución Democrática, José de Jesús Martín del Campo Castañeda; por el Partido Acción Nacional, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa; por el Partido Revolucionario Institucional, Cesáreo Morales García.
Se concede el uso de la palabra al diputado Hildebrando Gaytán Márquez, del Partido Popular Socialista.
El diputado Hildebrando Gaytán Márquez:- Ciudadana Presidencia, señoras y señores diputados:
Luego que se ha analizado de manera especial la situación económica del país, pasamos a ver como se refleja en la vida social y no se puede pasar desapercibido cómo tras de reconocer que...o tras de decirse que vamos bien con esta política económica y sin embargo se reconocen una serie de fallas y se anuncia para el año 1993 una situación pavorosa para los trabajadores y para la economía nacional.
Para la política social, ¿que aspectos debemos de tomar en cuenta?
Para el Partido Popular Socialista se debe tomar en cuenta, en primer lugar, que es lo que establecen las leyes fundamentales, esto es, la Constitución General de la República y sus leyes reglamentarias, sobre los derechos y los intereses de los trabajadores. Si en un país no existen disposiciones que atiendan estos intereses, evidentemente que la política social del Gobierno no tiene compromisos y es totalmente libre de disponerla "como le pegue la gana".
¿Es ése el caso de México? La respuesta es evidente: no lo es. La Constitución de la República, especialmente en los artículos 27 y 123, establece las normas, los principios, que dan origen a las leyes reglamentarias subsecuentes para que, el Estado, trace una política económica y social que atienda a los intereses de la clase trabajadora.
No hay en el caso de México, a pesar de las reformas reaccionarias que se le han hecho en esta Legislatura, no hay esa libertad para el Gobierno para actuar "como le pegue la gana"; tiene un compromiso con lo trabajadores, que le estableció la Revolución Mexicana.
En seguida surge esta pregunta para poder evaluar a la política social, ¿cuál es la política que aplica en lo concreto un Gobierno, en este caso el Gobierno de la República que encabeza el licenciado Salinas de Gortari, en cumplimiento de la Constitución, para favorecer a los trabajadores o es una política que favorece al sector de los grandes empresarios, y lo que es más grave, de las inversiones extranjeras? Pues ya del análisis que se ha hecho, ha quedado claro que se le ha dado un privilegio al gran sector capitalista y al capital extranjero y por lo tanto, la política social se ha venido reflejando desde 1982 en un rumbo adverso, contrario al que al Gobierno le ha establecido la Constitución de la República, porque desde esa época se trazó una política de topes salariales, una política para acentuar la injusta distribución de la riqueza por el lado de favorecer la concentración en los grandes capitales y consecuentemente ha crecido el desempleo.
Todo esto no solamente tiene efectos de carácter económico y social, tenemos que advertir que
tiene graves proyecciones de tipo político, que estamos a tiempo de poder corregir. Qué bueno que el Gobierno empiece a incidir en esta política de autocrítica y de correcciones; no va a ser por supuesto esa decisión gratuita responderá la correlación de fuerzas que se dé en el país y por esos todos los sectores democráticos tenemos este compromiso, estamos a tiempo de poder establecer una correlación que vea a los intereses de México y de su pueblo.
Quiero comentar respecto del Informe que prácticamente en algunos casos ni vale la pena comentarlo, puesto que hay un reconocimiento tácito de su proyección negativa.
El Informe señala en la página 31, que el salario mínimo decreció en términos reales, una aceptación tajante, el salario mínimo ha venido perdiendo su poder adquisitivo desde 1976 pero se ha acentuado a partir de 1982; si en 1976 el poder adquisitivo situado a 100 puntos, para 1982 equivalía a 78 puntos, para este año de acuerdo con las estimaciones oficiales, equivale a 35 puntos.
Es decir, desde que se aplicó esta política neoliberal a partir de 1982, ha perdido 43 puntos; y a partir de 1976, 22 más, que daría 65 puntos de pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo.
Y cuántos trabajadores apenas ganan el salario mínimo; o es más, cuántos salarios mínimos se requieren para que una familia pueda regularmente sobrevivir, no decimos que en términos de bienestar como los que establece el artículo 132, sino en términos regulares.
Las propias dependencias oficiales, como es la del consumidor, ha señalado que lo mínimo para atender las necesidades más elementales en términos muy generales, requieren una familia de tres, de lo que son actualmente tres salarios mínimos. Y en esto coinciden los estudios de la Comisión Económica para América Latina; para la canasta básica lo mismo, se requieren tres salarios mínimos.
Sin embargo, es un elevado porcentaje de trabajadores los que ni siquiera llegan a alcanzar el salario mínimo. El censo de 1990 señalaba que menos de un salario mínimo era el 20% de los trabajadores, y hasta dos salarios mínimos el 37%, lo cual hacía que hasta dos salarios mínimos era el 64% de la población económicamente activa.
El informe señala que el desempleo abierto en las 16 principales zonas metropolitanas del país se sitúa en 2.9%. Aquí tenemos el caso de una información incompleta; parece ser que esa táctica que se utilizó en el libro de texto gratuito de información incompleta se ha trasladado al Informe.
Información incompleta, Efectivamente, en el estudio que se hizo recientemente en las 16 principales zonas metropolitanas del país, se dio a conocer hace unos meses que era 2.9 el desempleo, pero eso no ofrece el dato completo del desempleo en México.
Quiero hacer dos precisiones sobre este caso. En primer lugar, el Presidente de la República, licenciado Salinas de Gortari, lo mínimo que pudo haber señalado para ubicar este dato es que en el censo de 1990, las personas que buscaron trabajo sin encontrarlo, que es a lo que se refiere este 2.9, en 1990 fue 2.7; y hoy en 1992 es 2.9. Es decir, aumentó el número en esta zonas de los que buscaron trabajo y no lo encontraron.
Aumentó el número de desempleos en este aspecto, pero el dato de los desempleados, de acuerdo con el mismo censo, de acuerdo con la misma serie de información que buscan para encontrar el desempleo, no es el único aspecto que se toma en cuenta, se toman en cuenta otros, como es quienes trabajaron menos de 15 horas a la semana o quiénes tienen un trabajo familiar no remunerado, y otros datos más que en el censo de 1990 nos da que los desempleos eran el 25%, en lo cual se incluye el 2.7%.
Ahora el Informe debió haber señalado, tomando en cuenta todos estos renglones, el dato total del desempleo y no solamente en un solo aspecto. Por lo tanto, información incompleta y tendenciosa. Pero ni siquiera aclara que aun ese dato concreto revela que ha aumentado el desempleo.
En la misma página 31, como ya señalaba aquí el compañero Cuauhtémoc Amezcua, aparece una información confusa, dice que los salarios promedio de la economía, si bien partiendo de bajos niveles aumentaron 4.5 en 1989, 1% en 1990, 6.7% en 1991 y en lo que va de 1992, 6.8%. Esto daría un 20.3% de aumento en los salarios, dice, promedio nacional, pero esto está desmentido por los datos que vienen en los anexos.
Y por otra parte, tenemos que remitirnos también a la depreciación de los salarios contractuales a partir de 1982. ¿Cuánto se perdió de 1982 a 1988? En promedio fue el 41.3%, y en los datos que ofrece en los anexos del Informe, para 1989 y 1990 se pueden obtener los siguientes índices,
que solamente en tres aspectos ha habido aumento, en la industria manufacturera un 10.5%, frente a un 33% de pérdida en los años anteriores; en servicios financieros, 13.8% frente a 32% del período de Miguel de la Madrid, y en servicios comunales, sociales y personales, un 8% frente a un 44% de pérdida, pero no ha habido recuperación en las actividades agropecuarias, en la minería, en la construcción, en electricidad, en el propio comercio, en los transportes.
Por lo tanto, aparte de que está confuso, es ese dato falso y sencillamente los propios salarios contractuales no han recuperado ni la décima parte de su depreciación en aquellos aspectos en donde ha habido un ligero beneficio.
Compañeros: en estos años quien se ha favorecido ha sido la cúpula, la minoría que constituyen los que gobiernan el Consejo Coordinador Empresarial, y este aspecto no solamente les entrega más poder hoy en día, poder económico, les está otorgando poder político.
Esto es lo que continuar por este rumbo puede darnos un salto cualitativo en lo que ha sido la nación mexicana, y que ya había un anuncio, una proyección en la concepción de país que se estaba presentando en el libro de texto que fue rechazado por las fuerzas democráticas de todos los partidos democráticos de fuera del Gobierno, y de fuerzas democráticas, pensamos, de dentro del mismo partido del Gobierno.
No es de extrañar que el Consejo Coordinador Empresarial, cuando se anuncio el triunfo electoral en el Estado de Chihuahua, inmediatamente reclamó que todo el gabinete debía integrarse con elementos surgidos del sector de los empresarios, para garantizar una política empresarial totalmente acorde con esos intereses. Y esto es lo que se reflejará con esta fuerza económica por el lado de la faceta política que pueda darse en nuestro país. Ya no es por el mismo lado de los sindicatos. Habría que advertir que se está tratando de imponer si antes fue un cooperativismo gubernamental en cuanto a que estos favorecieran la política del Gobierno, ahora la Confederación Patronal de la República Mexicana y otras organizaciones de los empresarios están fomentando lo que puede denominarse como un cooperativismo empresarial. sindicatos al servicio de las empresas.
Y hay experiencias que debemos de tomar en cuenta, para poder detener esta caída del poder adquisitivo del salario y de los intereses de los trabajadores.
En la Italia fascista, en los tiempos de Mussolini, se creó la cooperación que significaba el acuerdo entre el sindicato y la empresa, para elevar la productividad en base a una colaboración y armonía de clases, en establecer normas de disciplina, y juntos, sindicato y empresa, constituían lo que se denominó así: corporación. Ese fue el régimen corporativo para apoyar al Estado, al Gobierno.
Los intereses que se satisfacían eran los de los empresarios, por supuesto que no los de los trabajadores; fue impuesto a la fuerza.
Hace pocos años, en Centroámerica, denunciado por las organizaciones internacionales de trabajadores, se empezó a desarrollar y a fomentar este corporativismo con un nuevo término pero con el mismo sentido. En Costa Rica le llamaron solidarismo sindical ¿En qué consiste el solidarismo sindical, la solidaridad sindical? Consiste, de acuerdo con el conjunto de normas y reglamentos que dieron a conocer, en establecer una asociación solidaria dentro de cada empresa; sindicato y empresa aportarían una cantidad para establecer un fondo económico, el cual podría utilizarse ya sea para comprar acciones de la empresa o como una caja de ahorro para préstamos a los trabajadores. El objetivo, el compromiso: elevar la productividad, echar abajo los contratos colectivos y no utilizar y derogar el uso de la huelga.
Este solidarismo sindical centroamericano que fue finalmente repudiado por la misma Organización Internacional del Trabajo, y que tuvo que frenarse, sin embargo es la política que dentro del neoliberalismo le pretenden imponer ahora a los sindicatos para que pierdan su lucha, porque si inicialmente el neoliberalismo y sus fundamentos teóricos pugnan por la desaparición de los sindicatos y por suprimir de la conciencia de los trabajadores la conciencia de clase, está claro hoy en día que no pueden suprimir a los sindicatos, y por lo tanto, buscan convertirlos en asociaciones inocuas, que más que ver la defensa de los intereses de los trabajadores, comprometan los propios trabajadores en intereses que beneficien exclusivamente a la parte empresarial. Pero esto también está fallando, es decir, no está prosperando esta propia táctica del neoliberalismo, porque evidentemente si los problemas económicos y sociales se profundizan con el neoliberalismo, la propia conciencia de clase de los trabajadores tiene que fortalecerse.
Quisiera referirme enseguida brevemente al aspecto educativo. El Informe anuncia dos aspectos importantes al respecto: por un lado, que
se puso en práctica un acuerdo nacional para la educación básica, y por otra parte, que pronto someterá a la consideración de la Cámara de Diputados y de Senadores, seguramente, una iniciativa para establecer la escuela secundaria con carácter obligatorio.
Nosotros queremos aquí señalar que el Acuerdo Nacional para la Educación Básica, estableció una serie de puntos que constituyen un compromiso político del Gobierno de la República, de los gobiernos de los estados, frente a los maestros y a los padres de familia, y que éstos puntos del acuerdo sobre la educación básica, no deben modificarse, so pretexto de reformas a la Ley Federal de Educación ni del propio artículo 3o.
Quiero recordar los que son pilares fundamentales de este acuerdo. En primer lugar, señala que la Secretaría de Educación Pública, vigilará en toda la República el cumplimiento del artículo 3o. y de la Ley Federal de Educación; segundo, que la Secretaría de Educación Pública mantiene la facultad de formular para toda la República los planes y programas, los libros de texto, y de autorizar la inclusión de los contenidos regionales que se le propongan, si así lo ve pertinente.
En tercer lugar, el compromiso del Gobierno federal y de los estados de continuar incrementando su gasto en educación en forma considerablemente superior, y este punto debe tomarlo en cuenta en especial la Comisión de Hacienda, y para los efectos que haya, pues la Comisión de Presupuestos, aunque ya no exista esta secretaría, para demandar en el Presupuesto para el próximo año, atendiendo a este compromiso político, se destine una cantidad como lo señala el acuerdo, considerablemente superior en el aspecto educativo.
También establece que los gobiernos estatales reconocen, garantizan y proveerán lo necesario para respetar íntegramente los derechos laborales de los trabajadores de la educación.
Siguiente punto. Que los gobiernos de los estados reconocen al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación como titular de las relaciones laborales colectivas de los trabajadores de la educación, y que los gobiernos de los estados no adquieren nuevas funciones que hasta el momento no tengan, de acuerdo con la Ley. Y finalmente, como un compromiso conjunto, el Gobierno federal y los gobiernos de los estados, instituirán la carrera magisterial.
Estas disposiciones y algunas otras medidas que se derivan, son las que deben mantenerse para poder llevar adelante la educación en México y, por supuesto, respetar los principios filosóficos del artículo 3o. constitucional.
El Partido Popular Socialista, cuando el Secretario de Educación Pública visitó a la Comisión de Educación, en el mes de mayo, le señalo que, si la iniciativa se refería únicamente a adicionar en el artículo 3o. la educación secundaria con el carácter obligatorio, el Partido Popular Socialista estaría de acuerdo; pero que si, además, se incluían otras reformas para derogar los aspectos doctrinarios o de procedimiento para establecer la educación en México, el Partido Popular Socialista la rechazaría.
Y en aquella ocasión, y tal parece que ése fue el tenor de las palabras del Presidente en su Informe, en aquella ocasión el Secretario señalo que únicamente estaría esa iniciativa para adicional la educación secundaria, con carácter obligatorio.
Porque hay que tomar conciencia que, si la política económica ha fracasado, la implementada en las líneas neoliberales, con estos resultados para la clase trabajadora, y que pretender llevar esos principios doctrinarios para establecer nuevas concepciones en los mexicanos sobre su patria, como se pretendía con el libro de texto, entonces el rumbo será cada vez más grave y más incierto; seguramente, para poner en peligro la estabilidad social.
Ha dicho el Informe, en un sentido autocrítica, que los libros de texto se van a corregir y a mejorar, y que seguramente se tomarán en cuenta es estas correcciones muchos de los señalamientos críticos que se le formularon. Y es que se corrige en cualquier aspecto lo que está mal, y los libros de texto que se presentaron están malos en su concepción, en su análisis, en su mismo procedimiento metodológico; porque se falta a la verdad histórica, porque se pretende desdibujar lo que ha sido el meollo de la historia de nuestro país, que desde que surge la nación mexicana tiene un hilo conductor, que ha sido el que ha guiado, ha fortalecido a lo que constituyen las fuerzas democráticas, nacionalistas, patriotas y revolucionarias de este país, que en cada etapa han presentado el programa que así conviene a la nación y al pueblo.
En estos libros de historia se pretendía suprimir lo que ha sido la corriente progresista y la corriente conservadora y retrógrada, que a estas alturas por cierto, se me viene a la memoria, lo
que señalaba aquí un diputado del Partido Acción Nacional, de cómo cuando hoy Teléfonos de México está en manos de la iniciativa privada, obtienen ganancias estratosféricas, que efectivamente si estuviera en manos del Estado, serían recursos para el Estado, para atender los intereses del pueblo.
El Partido Popular Socialista no cambia en su concepción de defensa de las empresas del Estado, las que consideramos estratégicas, que son las que aún se conservan y muchas de las que han pasado a la iniciativa privada, nosotros luchamos porque regresen al Estado.
Tenemos la concepción correcta de que es esta etapa de la revolución científico-técnica lo que se debe de hacer es eso, aplicar la alta tecnología en las empresas nacionales y en las empresas del Estado, pero no pasarlas a la iniciativa privada como equivocadamente se ha hecho.
Por estas consideraciones, el Partido Popular Socialista, señala que la política social ha dado estos frutos negativos al pueblo porque se inspira en un incumplimiento de las normas constitucionales respecto de los derechos de los trabajadores, porque se basa en principios económicos neoliberales que nunca van a beneficiar a los trabajadores ni a la nación mexicana.
Por eso condenamos esta política social, esta política económica, y una vez que desde la propia área del Gobierno se notan estos fracasos y se advierten estos peligros, llamamos a las fuerzas democráticas a que revisemos a fondo todo lo que se ha hecho y perfilemos un programa nacionalista y patriótica que retome en la esencia a la Revolución mexicana. Muchas gracias.
RECESO
La Presidenta (a las 14.55 horas):- De conformidad con el acuerdo parlamentario para regular las sesiones en las que se analiza el IV Informe de Gobierno, esta Presidencia declara un receso de 60 minutos, rogando a los diputados, cumplir con estos 60 minutos.
(Receso.)
(A las 16.20 horas): Se le concede el uso de la palabra al diputado Javier Colorado Pulido, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El diputado Javier Marcelino Colorado Pulido:- Con el permiso de la Presidencia, señoras y señores diputados, compañeros legisladores:
De la lectura del IV Informe del Presidente Salinas, la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, ha considerado que las reformas emprendidas por el Ejecutivo han llegado a su fin ahora. Viene el proceso de la consolidación para estas reformas, para que sean irreversibles y para que se desciendan a nivel más bajo del comportamiento de las personas.
Las reformas económicas y las reformas políticas, a nuestro juicio, requieren de una reforma social que es la que impulsa el último tramo del mandato efectivo.
Para el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y a la luz del Informe presidencial, consideramos que en materia económica se procedió a desmantelar al sector estatal de la economía, conquista de la Revolución de 1910, y que constituye el patrimonio del pueblo.
En estos últimos años, no sólo se enajenaron empresas que no tenía repercusión en el aparato productivo nacional, y que en su caso no tenía razón para protestar por ello, sino las de gran importancia industrial, comercial y de servicio, a tal grado de que aun las contempladas en la Constitución como estrategias y de primer orden: como Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Ferrocarriles Nacionales, Correos y Telégrafos, etcétera.
Con motivo de la preparación del Tratado de Libre Comercio se han abierto a los intereses expansionistas del capital privado nacional y con marcado énfasis al extranjero.
Ejemplo de lo anterior y a través de las reformas constitucionales y leyes reglamentarias "aprobadas al vapor", con la complacencia de un partido político, se han hecho constantes reclasificaciones. Entre otras la petroquímica, para que esté a disposición de los grandes consorcios extranjeros.
Para Ferrocarriles Nacionales se prevén inversiones extranjeras tanto en talleres, estaciones, equipos y servicios.
Para la fracción parlamentaria del partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en materia económica y retomando la política internacional a la que nos condujo don Jaime Serra Puche, al darnos a conocer las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, a primera vista ésta se ciñe a los intereses de los Estados Unidos. Sin embargo, debemos reconocer que el referido tratado es producto del esfuerzo de la
modernización y que se enuncia en un número., perdón, y que se enunció en un número de medidas positivas para tal ejemplo.
Estas posiblemente se hubieran dado, en el caso de que el presidente de los Estados Unidos hubiera sido electo. Sin embargo, los resultados adversos electorales a los que se jugó el Secretario de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, doctor Jaime Serra Puche, nos deja en el entredicho, puesto que ahora estaremos a merced de lo que el próximo Presidente norteamericano implique en su renegociación.
El Presidente Salinas, en estos años ha cambiado de una manera radical la estructura económica nacional practicada por los anteriores presidentes, pues la inversión del Estado llegó a representar el 60% de la inversión bruta nacional. Con esto le daba presencia y fuerza al Estado, pudiendo ejercer la conducción en el desarrollo económico nacional.
Esta fuerza política-económica de conducción está desapareciendo. El Estado se ha retraído de las actividades productivas, industriales, agrícolas y comerciales, dando apertura y lugar a los capitales privados, nacionales y extranjeros. Señalando que estas inversiones serán la palanca de recuperación y del crecimiento de la economía. Sin embargo, este repunte económico no ha contemplado ni a obreros ni a campesinos.
Los obreros se verán afectados con interpretaciones modernizantes del artículo 123, como lo son también en su caso los campesinos con la reforma del artículo 27, que constituyen las compuertas que se han abierto hasta su más amplia capacidad en beneficio del Tratado de Libre Comercio, mismo que resulta conforme la práctica que a la fecha estamos viendo, provocará la fuga masiva de empleos en México de quienes están en el extranjero, pues con esta apertura no hay obstáculo alguno para que Estados Unidos reubique sus fábricas automotrices en nuestro país.
En el Informe del Presidente Carlos Salinas trató de deslindar de la tesis del neoliberalismo que proclama la existencia de un estado ausente de la producción de bienes y servicios para convertirse en un agente liberador de las fuerzas del mercado, toda vez que en la inversión estatal apenas se eleva al 15%, lo cual quiere decir que en el Estado mexicano se han retirado las funciones que la Revolución de 1910 le había encomendado y que los complacidos que han dejado los que ocupaban los agentes de la iniciativa privada a merced de la política económica que conforme a las negociaciones del tratado de Libre Comercio se han perfilado.
Se dice que la situación económica por la que atraviesa actualmente la nación ha declinado en su dinamismo pero sigue creciendo con tasas menores que en años anteriores; si se pone por ejemplo el crecimiento de los salarios, se afirma que estos han crecido en un promedio acumulado a 1992 del 20.3% pero esta afirmación exige una seria revisión con base en los datos oficiales de la dirección técnica de la Comisión de los Salarios Mínimos emitidos a mediados de este año, en los que señala que durante el sexenio, los salarios mínimos han acumulado un deterioro de 21.5% al mes de junio del año en curso. Como consecuencia el salario mínimo no puede ser representativo, de tal manera que debemos de tomar como referencia el salario mínimo industrial que consiste en un nivel de dos a tres salarios mínimos durante el mismo período; este salario en términos reales si ha crecido cerca del 13% pero solo hablando del salario mínimo promedio y del medio industrial, de esta manera sí puede llegar a la recuperación señalada, lo cual es totalmente imposible, puesto que para dicho salario tenga vigencia habría que incorporar cerca del 80% de los trabajadores del país.
Ahora bien, con la venta de empresas propiedad del pueblo mexicano se lograron sanear las finanzas públicas y lograron superávit fiscales, esto ha producido los efectos negativos que ya señalamos con el salario mínimo, pues se disminuye el crecimiento y el impacto redistributivo en la inversión pública y se desacelera el producto interno bruto. Esta economía alentó la formación de grupos industriales y financieros muy poderosos que controlaron la economía nacional y que están influyendo en forma decisiva en la orientación de la política nacional. De ahí que para el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y de acuerdo con el dogma neoliberal, afirmamos que son las fuerzas del mercado las que con su propia dinámica ajustan a la perfección a la Ley de la oferta y la demanda, lo cual no sucedía en nuestra realidad mexicana, pues se han constituido y fortalecido consorcios nacionales y regionales en perjuicio de las pequeñas y medianas industrias que están a punto de desaparecer en su totalidad.
Indudablemente es impredecible para que México sea fuerte en lo económico y en lo político con un sólido sustento popular y democrático que impida la excesiva concentración de la riqueza y del ingreso en una minoría, que frene las injusticias, los atropellos, las agresiones que
están sufriendo los sectores obreros y campesino que conforman los grupos mayoritarios de la sociedad.
Esto conlleva a traducir que la política económica que señala el Informe, equivale a fomentar el individualismo y exacerbado entre los ciudadanos, la supervivencia de los más fuertes contra los más débiles; el egoísmo como móvil esencial de la conducta humana, quedando sin protección millones de mexicanos que se encuentran viviendo por debajo de los niveles de la pobreza en que se encuentra inmerso el país, lo cual a juicio de la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, se debe terminar. Muchas gracias.
La presidenta:- Tiene la palabra el ciudadano diputado Abundio Ramírez Vázquez, del Partido Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado Abundio Ramírez Vázquez:- Con el permiso de la Presidencia:
No está muy concurrida la sesión, pero bueno, vamos a iniciar, y va a girar el punto de vista de mi partido, el partido del Frente Cardenista, en relación al tema que estamos comentando del IV Informe de Gobierno.
El partido del Frente Cardenista, por mi conducto, quiere hace pública la inconformidad o desacuerdo en el sentido de que la recesión internacional no es exactamente la culpable de que el país tenga problemas internos, problemas económicos, de desaceleración, dicho por el Gobierno.
Tampoco compartimos la política salarial y que ahora inclusive en el pacto, en el pacto de solidaridad se ha incluido a los salarios contractuales. No compartimos esos puntos de vista del Gobierno federal. No compartimos tampoco la tesis de crecer primero y repartir después, pensamos que debe de ser que debe haber equilibrio, de que la riqueza se debe ir distribuyendo por medio del salario de manera más equitativa.
Pensamos que la consolidación debería de ser de los avances y no la consolidación de los sacrificios del pueblo trabajador de nuestro país. Compartimos la idea de más apoyo a la educación para el desarrollo, pero recordemos una frase popular: "Las letras no entran cuando se tiene hambre".
Por lo tanto, compañeras diputadas, compañeras diputadas, si continúa el país de esta manera, puede haber retrocesos de carácter social y esto no le conviene al país. En torno a esto van a girar los comentarios que iniciaré en este momento.
En el IV Informe de Gobierno, el Presidente Salinas habló de desaceleración económica productiva, incertidumbre cambiaría, recesión internacional, etcétera, no estamos en desacuerdo, pero habría que enfatizar y reconocer el rol del déficit externo, la disminución en la entrada de capitales, la sobrevaluación del peso y la incertidumbre cambiaría, así como los cuellos de botella en la infraestructura, en una explicación más precisa de esa disminución en el crecimiento productivo, que para algunos es recesión y para el Gobierno federal es desaceleración.
Independientemente de los términos, lo cierto es que la industria nacional ha crecido menos y en algunos sectores incluso decrecido en términos reales.
En las primeras explicaciones se habló de una desaceleración inducida, causada principalmente por el creciente déficit comercial; después la hipótesis de la recesión externa se hizo oficial. Creemos que son las dos. Una recesión inducida es una táctica coherente con la política oficial, más si las condiciones internacionales no podrían absorber el crecimiento interno y el mercado nacional está descartado de antemano para la estrategia del Gobierno.
Por eso, en el Partido del Frente Cardenista creemos que la desaceleración productiva, más que mostrar repercusiones internas de un entorno adverso o producido por un déficit creciente marca los límites inmediatos de la estrategia económica, unos límites que encuentran el la dependencia del financiamiento externo, en las importaciones crecientes para el abasto de la producción industrial y en la depresión de los mercados de exportación, las manifestaciones más evidentes.
Nadie está en contra de exportar más, ni de la competitividad, ni la eficiencia productiva, ni de la inversión externa, pero cuando éstas, estos rubros que acabo de mencionar, determinan prácticamente las decisiones nacionales, cuando éstas ponen en que el crecimiento nacional o lo vuelven inestable, nos preguntamos si no será el momento de revalorar el mercado interno, si no será conveniente volverlo un motor del crecimiento y la transformación productiva, cuando la recesión internacional amenaza con retrasar más el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros compatriotas.
Por otra parte, es evidente que la recesión ha traído consigo una elevación de las tasas internas, de interés interno; en pocos meses se ha revertido un proceso que duro dos años. Hoy las tasas pasivas o del ahorro son mayores en casi un 100% a las de hace cinco meses. Las tasas activas o las referentes a los préstamos, tanto de la industria como de las personas que adquieren créditos hipotecarios y demás, muy altas desde siempre, han aumentado más. Las repercusiones sobre los costos financieros, la disponibilidad de créditos y las decisiones de inversión, son evidentes y muestran uno de los problemas que no se han podido erradicar; diríamos más, que no se han querido erradicar de la estrategia oficial: las presiones de la inversión especulativa.
En esto hemos sido reiterativos, el peso de la fracción financiera del capital es tal, que en nuestro país prácticamente ha ordenado la política económica desde 1982, y si en 1987 y 1991 sufrió serios reveses en los cracs bursátiles su poder le ha permitido revertirlos a través de los diferenciales de las tasas de interés, del aumento de éstas y de una regulación bursátil que todavía apremia la especulación por sobre la inversión productiva, por sobre la inversión que sí queremos los mexicanos.
Si algo falta en el Informe es un diagnóstico sobre la inflación. Los años anteriores sí lo había. Se dijo por ejemplo en 1990, que era inflación importada por términos de intercambio y devaluación del dolor frente a otras monedas, pero hoy no hay nada parecido. Por eso, cuando se anuncia que el eje de la política económica será conseguir la inflación de un dígito, lo menos que podría esperarse es una reflexión sobre la persistencia de la inflación de un 10 a un 15%
Si como en estos años la inflación será importada, entonces nos preguntamos: ¡qué sentido tiene entonces una política de mayor sacrificio interno, de salarios bajos y estrujamiento presupuestal, si la inflación no podrá disminuirse más de lo que se ha hecho¿ Si hay una especie de piso en el crecimiento de los precios, motivado por el poder del capital financiero, el peso del déficit comercial y las elevadas tasas de interés internas, ¿no sería peor desperdiciar lo logrado en materia de disciplina fiscal, de transformación presupuestal, de gasto social, si por una explicación insuficiente de la inflación se perdieran oportunidad de crecimiento y transformación productiva, sana y compartida?
En otras palabras, si hay una especie de inflexibilidad a la baja de la inflación, por las repercusiones de la estrategia del Gobierno y el entorno recesivo internacional, ¿por qué reducir más las oportunidades de crecimiento con baja inversión pública y salarios de hambre?
Hay que detenerse un momento en la política social, el presupuesto a los sectores de educación, salud, seguridad social, desarrollo regional, vivienda y el programa de solidaridad en términos reales, esto sin duda es indiscutible, los datos lo confirman.
También es necesario advertir que la crítica sobre esto no se centra en el asunto de los rezagos sociales. Todo el mundo lo reconoce, el Gobierno, en primer lugar, lo que nos preocupa es el impacto presupuestal en los niveles de bienestar social, la transformación productiva del mismo bienestar y el mismo concepto de lo que debe de ser el bienestar social en México.
El mejoramiento del bienestar social no puede ser equiparado o comprado directamente con el monto presupuestal a los sectores sociales; se puede gastar mucho en bienestar sin que el bienestar aparezca. Es necesario reestructurar primero los programas sociales, para que impacten productivamente en la sociedad.
Se dice que se gasta mucho en educación. Es cierto, ha aumentado el gasto en la educación. Su presupuesto sin duda en 1992 casi es del 5% del producto interno bruto, pero la educación es básicamente, recordemos, una relación social donde los factores importantes son profesores estudiantes, y si los primeros siguen manteniendo niveles bajos de percepción salarial, la educación nunca podrá recuperarse.
Vuelvo a repetir y a comentar la frase de que las letras no entran cuando se tiene hambre, cuando no hay un gasto social dedicado al salario, cuando no hay políticas como hasta ahora no las ha habido, de una redistribución más equitativa por medio del salario, es difícil que los niños acudan a la escuela, que nuestros hijos para recibir la educación y producto de ello venga el desarrollo. Primero está lo primero, y primero es la alimentación y la vivienda.
Es cierto que el aumento a los salarios de los maestros de educación básica ha aumentado en estos últimos cuatro años, pero hay que decir que en ese mismo lapso el salario de los profesores de educación superior y media, se ha disminuido dramáticamente, y para muestra basta un botón: recién se acaba de firmar el convenio con los trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, y se ha otorgado un
raquítico aumento a los salarios contractuales de un 7%, a la casa máxima de estudios de México, a la Universidad Nacional Autónoma de México.
El mismo problema se observa en cultura, ciencia y tecnología. Si los salarios de los investigadores y los artistas no pasa en los niveles superiores de sus escalafones de 3 ó 4 millones de pesos, y tiene que acudir a becas de desempeño, a estímulos de productividad, al Sistema Nacional de Investigadores, y demás fórmulas extrasalariales para sobrevivir, apenas se está atentando directamente contra su desempeño profesional y su eficiencia científica, académica o artística.
En la educación, en la cultura, en la ciencia y la tecnología, el problema del bienestar está asociado al presupuesto. Es cierto, pero también a la reestructuración de los programas sociales; se ha gastado mucho y se gastará más, pero el impacto de ese gasto en el bienestar y en la eficiencia social es muy reducido, apenas a unos grupos y bajo un esquema conceptual muy discutible de productividad.
En la cuestión de los salarios y el empleo, nuestra diferencia con el Informe presidencial es mayor: los salarios han sido concebidos como costo empresariales, como disciplina social a los trabajadores y como variable antiinflacionaria; nunca como el ingreso de mayoría que debe recibir la población.
Tenemos ya más de una década de caídas progresivas de salario mínimo real. Después de las distintas fases de los pactos de concertación económica, queda claro que las disminuciones inflacionarias no significan por sí solas mejorías en el poder adquisitivo de los trabajadores.
Se ha dicho que la estructura salarial del país se ha modificado, y que en el crecimiento de los salarios reales contractuales se encuentra el mejor indicador del salario promedio. Nos gustaría que así fuera, pero no es del todo exacto.
En primer lugar, el porcentaje de la población económica activa que trabaja bajo la figura del salario contractual es muy bajo; en segundo lugar, el crecimiento real de estos salarios se verá menguado cuando en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico en este año se contempla por primera vez un tope salarial del 9.9% a todos los salarios, incluidos éstos, los contractuales.
En el empleo las cosas no son complicadas, las estadísticas de empleo nunca han sido confiables, y los mismos conceptos son difíciles de compartir. Por eso: ¿cómo afirmar en el empleo, que el empleo crece cuando cotidianamente comprobamos un sector informal cada vez más vivo y extendido¿ ¡Cómo compartir la tesis presidencial de abatimiento del desempleo cuando las empresas están en desaceleración y buena parte de la reestructuración productiva es ahorradora de mano de obra?
A los rezagos del empleo, a los problemas de una oferta creciente de mano de obra, debemos sumarle las insuficiencias en la inversión productiva, la recesión industrial, la retracción de la inversión pública para esperar un escenario favorable para el empleo en México.
Si el eje del Informe es la consolidación de las reformas y la estrategia oficial, nos preguntamos si en materia social puede hablarse de un proyecto gubernamental que deba consolidarse. Está solidaridad, y estamos de acuerdo con ella, con el programa de solidaridad, tanto en sus programas como en el crecimiento de su gasto, pero el Programa Nacional de Solidaridad es un programa, así lo ha dicho el Presidente, de combate a la extrema pobreza, para que no se mueran muchos mexicanos de hambre, por ejemplo, con el crédito a la palabra en el campo.
Una política es, en todo caso, una política compensatoria, y en muchos casos una política de infraestructura social, y la política social no es ésa, es más amplia. Creemos que reducirla al gasto social y al gasto en solidaridad, no es suficiente.
Es necesario concebir una política social que parta de las familias, de la familia, del gasto familiar, de los ingresos que cada trabajador debe de tener para la manutención de su familia, del poder adquisitivo para poder empezar a hablar del bienestar y de la política social.
Ninguna consolidación de la estrategia del Gobierno será posible si no se avanza consolidando el nivel de vida de la población. Los avances en materia de estabilidad macroeconómica y la modernización productiva, encuentran su límite social y político en el nivel de vida de la población. Sobre esto sería muy difícil suponer que la crisis ya pasó o ya ha pasado, y que el crecimiento traerá consigo el mejoramiento en el nivel de vida.
No compartimos, vuelvo a repetir, la tesis de crecer primero y después redistribuir o distribuir el ingreso nacional.
El crecimiento económico, como la modernización productiva, no son políticas neutras, implican beneficios intereses, explotación y repercusiones en la sociedad; y hasta hoy los beneficios del crecimiento se han concentrado mucho, tanto como la propiedad financiera o accionaria.
No es posible ganar legitimidad social a un proyecto gubernamental, si no se refleja cotidianamente en la casa, la mesa, la vivienda y la recreación de los trabajadores. Y esto no sólo se ha consolidado, ni siquiera, desde nuestro punto de vista, se ha emprendido.
Queda mucho por hacer, todavía queda la deuda social por atacar.
El gobierno debería proponer un programa explícito, claro, con la fuerza social y productiva, para renegociar la deuda social. Parece que hasta ahora no se tiene contemplado renegociar o negociar por primera vez la deuda con el pueblo de México.
El reto, compañeros diputados, es evidente: si se ha reducido el peso de la deuda externa, si se ha reestructurado la deuda interna, ¿cuándo empezará a renegociarse la deuda social?
Las propuestas de mi partido para 1993 y 1994 son las siguientes: el Informe de Gobierno no tiene, como en las tres anteriores, anuncios espectaculares de reformas o de posición ideológica. Es el Informe de la consolidación de las reformas, si así lo pensamos también nosotros.
Sin embargo, la consolidación no debe ser concebida como continuidad puntual, como insistencia o reiteración de prácticas políticas o instituciones.
Creemos en la consolidación, que la consolidación debe implicar ajustes, modificaciones, profundizaciones, ampliaciones, pero también rectificaciones y nuevos problemas que deben de atenderse.
En particular, creemos que la coyuntura económica de desaceleración productiva, incertidumbre internacional y aumento de tasas de interés, déficit, comercial y financiamiento especulativo del déficit, no son sólo accidentes de la política económica, sino repercusiones de la estrategia; son, pues, los límites de la estrategia del actual sistema.
La consolidación no debería significar solamente mantener la disciplina fiscal, la concertación corporativa y los intereses competitivos, en una lucha por alcanzar un improbable dígito en el crecimiento de los precios.
Somos de la hipótesis de que en el panorama internacional actual, alcanzar un dígito en la inflación, acarrea más problemas para el sacrificio que implica el recorte presupuestal y los salarios bajos será medida, desperdiciado, como lo está siendo, en alguna medida, el superávit fiscal.
Pensamos que consolidar el crecimiento sano con estabilidad de precios no deberá ser una fórmula inflexible y que los avances macroeconómicos deberían consolidar el crecimiento que una coyuntura internacional desfavorable ha puesto en la mesa de la discusión.
La consolidación debería ser de los avances y no más de los sacrificios populares.
Consolidar hoy también implica flexibilizar la estrategia del Gobierno, para nosotros estos significa dos cosas: apostar a la consolidación del mercado interno como motor del crecimiento en momento de esta recesión internacional. Si hay disciplina fiscal, si hay reservas suficientes, si hay un período de transición y transformación productiva, ¿por qué no apoyarlo aumentando el poder adquisitivo de los trabajadores, con aumentos progresivos y sanos de sus salarios?, no tendría por qué tener efectos inflacionarios como aquí lo teme el Gobierno Federal.
Si se hace un marco de crecimiento de la productividad, desde luego con finanzas sanas y no deficitarias. Reducir el nivel de superávit fiscal aumentando la inversión pública en sectores productivos y en aquéllos en donde haya cuellos de botella, donde haya problemas, el efecto inmediato sería elevar el empleo, los salarios y el mercado interno. No sería inflacionario pues no es gasto corriente y sí tendría efectos inmediatos en la destrabación de problemas productivos.
En suma, compañeros diputados, en el Partido Frente Cardenista, creemos que consolidar los programas en materia de política económica debería significar profundizarlos a manera de incorporar la política social especialmente el empleo, ingresos y programas sociales y flexibilizarlos, a manera de que el crecimiento económico en un período recesivo se centre en el mercado interno, en la producción nacional, lo que implicaría aumentos de salarios e inversión pública.
Una reforma política electoral que es necesaria, dicho sea de paso, sin reforma económica
y social que beneficie al pueblo que genera la riqueza de este país, no resolverá los problemas de fondo que tenemos todos los mexicanos. Muchas gracias.
La Presidenta:- Tiene la palabra el diputado Jesús Martín del Campo Castañeda, del Partido de la Revolución Democrática:
El diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda:- Quiero comenzar mi intervención para hacer comentarios acerca de la política social, contenidos en el último Informe Presidencial, explicitando reiteradamente un punto de vista del Partido de la Revolución Democrática respecto a este tipo de actos, que son de la mayor importancia en cuanto a su trascendencia pero que devienen en una rigidez, en un acotamiento y en un desinterés casi natural del conjunto de los legisladores de todas las fracciones, como es evidente por la poca asistencia en esta sesión.
El planteamiento del Partido de la Revolución Democrática, es que un Informe de Gobierno del mandatario de la nación debe suponer diálogo no debe suponer una relación unívoca y rígida, en la que sólo nos dedicamos a escuchar pasivamente el día del Informe, contenidamente para poder comentar directamente con el primer mandatario y después se hace una glosa, donde incluso la información será filtrada por los medios de comunicación y el interés de los diputados decrece en la medida de que pasan los días, en la medida de que pasan las intervenciones. Toca en este caso que yo haga comentarios, insisto, acerca de la política social.
Hago uso de esta tribuna para compartir con ustedes algunas reflexiones acerca del Informe y las ideas vertidas por el poder ejecutivo en materia de política social en su cuarta comparecencia ante este Congreso de la Unión.
Era previsible, según el punto de vista de los integrantes del Partido de la Revolución Democrática, que el Informe Presidencial fuera, de nueva cuenta, un recuento acrítico de la acción administrativa del Gobierno Federal y que nos ofreciera esencialmente la visión de un país en pleno despliegue y en vías de consolidación.
También era previsible que se dijera a los mexicanos que la nación observa un crecimiento económico sostenido aunque en menor medida que el año anterior, pero que se ocultaran los signos de inestabilidad y la creciente amplitud de la brecha entre los sectores económicos, como resultado de un modelo de desarrollo socialmente injusto.
Era sin duda, previsible que se hiciera especial énfasis en los logros de la política social, sobre todo los alcanzados a través del Programa Nacional de Solidaridad, pero que no se reconociera ante el país que se extienda la polarización entre los sujetos sociales, entre una minoría cuyo paradigma es el grupo de los 300 que se enriquece inmoralmente sin límites y una mayoría cuyo paradigma son 40 millones de mexicanos que se empobrecen hasta lo indecible.
Era de esperarse que el Ejecutivo pretendiera demostrar avances en el terreno de la democratización nacional ocultando el origen y la dimensión de los recientes conflictos y de las demandas político electorales que se han generado en varias entidades federativas, y que más aún pretendiera justificar sus insolentes limitaciones.
En materia de política social, es imperativo traspasar la cortina de humo de las cifras del discurso oficial del Programa Nacional de Solidaridad para revelar que el esquema del Gobierno es incapaz de distribuir con justicia los beneficios del desarrollo, así como de restituir los ingresos y el poder adquisitivo de los mexicanos que ni siquiera encuentran el incentivo de una mayor generación de empleos reales.
Así, durante 1992, no se modificó substancialmente la participación de los trabajadores en el goce de los ingresos totales; la masa salarial no ha logrado superar los niveles de 1982, no digamos ya los de 1976, cuando alzó su punto más alto. Diversos analistas han quitado el maquillaje a las cifras desdeñando los promedios falsamente homogeneizantes evidenciando que los salarios mínimos medio y manufacturero permanecen estancados o a la baja, y que el 75% de los mexicanos viven por debajo del mínimo necesario si incluimos al sector informal de la economía, que desde luego no aparece como sujeto concreto en el Informe del Ejecutivo.
En este sentido, permanece el déficit crónico en la generación del empleo y se incrementa el empleo informal aunque a menor ritmo que años anteriores, reduciéndose así el espacio de maniobra para ofrecer opciones a la creciente población económica activa.
Es en este marco general desde donde debe analizarse la eficacia de los resultados del Programa Nacional de Solidaridad para evaluar si ha cumplido con sus propósitos y objetivos prioritarios.
Desde diversas perspectivas, numerosos analistas han demostrado que el Programa Nacional de
Solidaridad no ha logrado reducir realmente el número de mexicanos que viven en la extrema pobreza y que el programa ha estado orientado más a aliviar los efectos agudos de la política neoliberal que a incluir a los marginados en las políticas generales de desarrollo, es decir, la economía de corte neoliberal y el Programa Nacional de Solidaridad, no forman una unidad de justicia distributiva, aunque ahora se le quiera bautizar con el nombre de "liberalismo social" no forman esta unidad de justicia distributiva que permita que la modernización sea a la vez combate a la pobreza; por el contrario, la política económica Salinista es la responsable directa del enorme rezago social y la creciente marginalidad entre los mexicanos. No se trata de negar obcecadamente que han crecido los recursos para el Programa Nacional de Solidaridad, ni que éste ha tenido determinados éxitos relativos, se trata, más bien de dejar claro que la política del régimen en materia social, no es sustantiva, sino accesoria. Así, como dijo un conocido analista, la mano solidaria del régimen da consuelo a las víctimas de la mano liberal y entre ambas siguen estrangulando a muchos mexicanos.
El loable incremento de los recursos del Programa Nacional de Solidaridad, no le quitan su carácter emergente y coyuntural sustentado en premisas efímeras, su instrumentación discrecional y su operación, a través de mecanismos de excepción. Así, asistimos en realidad, al desmantelamiento del sistema de bienestar social que es ocultado por una derrama espectacular de recursos y que ha generado no una nueva y moderna relación del Estado con la sociedad, sino nuevos aparatos organizativos tanto o más ineficaces y corruptos que sus predecesores en algunos casos.
El Programa Nacional de Solidaridad no encarna, pues un programa de reformas sociales profundas que se orienten a saldar la deuda histórica con los mexicanos pobres. Es más bien, un gasto social cuantioso que ha tenido el transparente propósito de crear las aún inexistentes bases sociales para sustentar el hegemonismo del grupo en el poder, del Gobierno, cuyos más prominentes promotores, están de capa caída después de que la insurgencia social ha frustrado muchas intentonas autoritarias en procesos electorales recientes.
Desde ya, puede afirmarse que la orientación asistencialista del programa no será suficiente para crear un nuevo sujeto histórico y más temprano que tarde habrá necesidad de abrir un profundo debate que propicie la reformulación de las estrategias, de tal modo que se establezca un verdadero piso social, lo cual equivale a establecer con absoluta precisión, los límites de la economía de mercado que se ha ofrecido como el elíxir todo poderoso para promover la justicia social.
El Gobierno le ha dado la vuelta al problema y ha evadido la responsabilidad constitucional que le obliga a dotar a los mexicanos de los derechos sociales básicos, utilizando los recursos públicos para promover y legitimar al Ejecutivo, así como para apoyar electoralmente cada vez con menos eficiencia y eficacia, a los candidatos del partido en el poder, reproduciendo así los peores vicios del sistema político mexicano.
En el ámbito rural, el Ejecutivo se refirió a las reformas al artículo 27 constitucional y su Ley Agraria, con la incumplida pretensión de demostrar que han sido el instrumento para promover la justicia, el empleo y el bienestar en el campo.
La reforma referida, aunada a los cambios que se proponen en la Ley de Bosques y Selvas que próximamente se debatirá en esta Legislatura, tienen como rasgo común, el atentar contra las formas de propiedad, de producción y de distribución social, establecidas en la Constitución como logros históricos de la Revolución Mexicana y que en condiciones específicas han demostrado su viabilidad económica y sustentable.
Así en la reforma del artículo 27, se ha abierto la puerta de par en par para la virtual desaparición del ejido, y en la de bosques y selvas, desaparecen de un plumazo los pueblos y comunidades indígenas, propietarias del 86% del recurso forestal. Al dejar de ser propietarios sociales de la tierra y de los recursos naturales, decenas de miles de campesinos y productores rurales, serán lanzados a una mayor pobreza y a un mercado de trabajo rural y urbano, saturados por el desempleo y pasarán a ser sujetos sociales sin ninguna posibilidad de aportar a la solución de la problemática rural, sobre todo por cuanto se refiere a la defensa de la soberanía nacional a través de la autosuficiencia alimentaria, toda vez que su experiencia y sabiduría en el manejo racional de los recursos será simplemente desechada.
En lo que se refiere a la educación básica, se repite de manera compactada lo que se mencionó en 1991, con la novedad de que hay un nuevo titular en la Secretaría de Educación Pública a partir de principios de este año, y también con la novedad de la firma de un Acuerdo Nacional para
la Modernización de la Educación Básica, signado el pasado 18 de mayo.
Cabe decir que el acuerdo, por si mismo no garantiza, como se afirma en los discursos oficiales, la solución de los grandes problemas de la educación nacional y sí en cambio abre la puerta a otros. No garantiza, por ejemplo, que el Gobierno se comprometa a llegar a la aplicación de la anhelada cifra del 8% del producto interno bruto antes de que termine la actual administración. Tampoco garantiza, así como está, que la declaración respecto de que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se mantiene con el titular de las condiciones de trabajo de todos los trabajadores de la Secretaría de Educación Pública, pese a la federalización, dure más allá del sexenio.
Se trata de un pacto que por ahora sólo es una declaración y que no tiene todavía sustento jurídico. Para que esto suceda, se requieren reformas a las legislaciones laborales estatales y también se requiere de una norma especifica nacional que dé cuenta de esta nueva situación de la federalización de los servicios educativos.
Por cuanto a la educación básica se refiere, podemos afirmar que en materia de rezagos e iniquidades representa una zona de desastre y constituye un enorme desafío para los mexicanos. Mientras que si hablamos de la participación del magisterio y de los padres de familia, tenemos la evidencia de un heroísmo permanente y de una permanente hazaña social de maestros y padres de familia, que hacen posible que existan las escuelas en condiciones de manifestarlo desastre.
En el Informe se reitera que el protagonista de la transformación educativa debe ser el maestro, pero en los hechos se le sigue marginando. Es por lo demás una viejísima tradición. Todos los 15 de mayo de cada año, desde Vasconcelos hasta nuestros días, el magisterio es el héroe en los discursos. Pero el día 16 de mayo se ha acabado la quincena que cobró el día anterior el profesorado.
La centralidad reconocida en el discurso, no se expresa en la participación y aun en la misma consulta en el momento de planear los cambios. Se le asigna, eso sí, la responsabilidad en la baja calidad educativa y se apela siempre a su disposición mística, a su disposición apostólica, para mejorarla.
Con el cambio de Secretario de Educación, al principio de este año, se dio un viraje respecto a los planeamientos que tenía el equipo anterior. Se desecharon el llamado modelo pedagógico y educativo y se llegó a la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica.
Sin embargo, más allá de los planteamientos específicos, preocupa la materialización de éstos en acciones, mismas que asignadas por la necesidad de recuperar el tiempo sexenal se están tomando de manera apresurada; lo que va en detrimento de la intencionalidad declarada. El tiempo político, que es de duración sexenal, marca la elaboración de los nuevos planes, programas y libros de texto, así como el de la carrera magisterial.
Como resultado de la premura, está el ejemplo de los libros de texto de Historia para 4o., 5o. y 6o., grado de primaria. Fue elocuente y fulminante, si nos atenemos a los primeros resultados, la respuesta que la sociedad civil dio a la imposición de un texto lleno de erratas, confeccionado además con una __ visión parcial y limitada de nuestra historia.
¡Qué bueno que el Informe se reconoce, tácitamente, que deben reformularse, ateniéndose a procesos de consulta, mismos que, esperamos desde ya, no se conviertan en actos reiterados de simulación a los que está acostumbrada la autoridad educativa desde hace mucho tiempo!
Sobre los cambios a planes y programas muchos expertos en educación consideran que en primaria no se requiere de un cambio curricular radical a corto plazo sino la consolidación de los avances obtenidos, recomienda y se lo hicieron saber a la Secretaria de Educación Pública que contrató servicios de expertos de la Organización de Estados Americanos trabajar más hacia la formación del maestro en servicio y sobre las condiciones materiales de trabajo docente, antes que trabajar en la transformación radical del curriculum, es moneda corriente entre quienes estudiamos cuestiones de educación que lo último que se cambia cuando se transforma la educación en un país es el plan de estudios y el programa, lo primero que se cambian son las condiciones de formación de los docentes, las condiciones materiales del trabajo de los mismos y se generan estímulos sociales y profesionales antes que llegar al cambio de plan de estudios; ahora se ha empezado al revés, y se han tenido ya los primeros fracasos pese a la campaña triunfalista que existe respecto a los no conocidos éxitos de la Secretaria de Educación Pública.
En educación secundaria el panorama es caótico, las 10 materias que componen el nuevo plan de estudios para primer año aparecen desarticuladas entre sí y no se sabe qué pasará con las de segundo y tercero; la educación secundaria sigue estando atorada al modelo que le asignó Moisés Sáenz en los años veinte cuando fue vinculada al ciclo de educación media superior, en términos coloquiales podemos decir que la secundaria tiraba más hacia arriba, hacia el siguiente ciclo y ahora está colocada mirando más hacia abajo para culminar la educación básica y el plan de estudios no está diseñado adecuadamente. Si se sigue procediendo como hasta ahora, los problemas de dicho nivel educativo se agudizarán.
Los miembros del Partido de la Revolución Democrática hemos ya emitido en la Cámara una iniciativa para que haya un ciclo básico que contemple desde el preescolar hasta la secundaria, un viejo anhelo de todos los mexicanos, por lo tanto nosotros estamos de acuerdo en que haya secundaria obligatoria, pero también que haya preescolar y que haya la responsabilidad del Gobierno para que no sólo sea una declaración política y haya la inversión necesaria para que todos los mexicanos puedan tener como grado de escolaridad universal el ciclo básico de 10 grados.
La carrera magisterial fue propuesta por la Secretaría de Educación Pública desde 1989 se anticipo que de común acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se elaboraría el proyecto definitivo; este año en junio comenzó a trabajar la Comisión Mixta respectiva, pero un primer problema que hay es el que se refiere al tope presupuestal establecido para activar este proyecto que es de 800 mil millones de pesos para ser ejercidos entre septiembre de 1992 y diciembre de 1993. Es muy difícil que con este tope se pueda lograr un verdadero estímulo a los maestros que cumpliendo con los requisitos, accedan a la carrera; ¡qué evaluar, cómo evaluar y quiénes evaluarán al magisterio! Son preguntas que todavía no tienen respuesta clara, si se le da un tratamiento burocrático administrativo al asunto por encima de uno pedagógico, el proyecto puede fracasar en sus objetivos explícitos que es elevar la calidad de la educación y profesionalizar en definitiva al magisterio en servicio.
Un asunto de la mayor importancia dado el contexto de la educación, es el de los salarios de los maestros; el efecto de los aumentos otorgados desde 1989, se ha visto diluido y todavía no compensa el rezago acumulado en esta materia.
Ahora, para decirlo en términos directos, porque luego los porcentajes son cambiados, modificados o se leen de distinta manera, ahora un maestro de educación básica percibe en su plaza inicial 1 millón 204 mil pesos mensuales, aunque hechos los descuentos de los impuestos, la cifra se reduce a 1 millón 100 mil pesos al mes; aproximadamente lo que da 550 mil a la quincena en una plaza inicial.
No es cierto que en promedio los maestros trabajen dos turnos, lo que sí hacen es trabajar de profesores de primaria o secundaria y complementan sus ingresos en la economía informal como taxistas o vendiendo productos de distinta naturaleza en las propias escuelas donde laboran. Son la demostración degradante del trabajador polivalente de educación en una etapa de liberalismo en el terreno de los salarios.
Dicha cantidad, es menor a tres salarios mínimos y deberá mejorarse inmediatamente para alcanzar cuando menos cuatro salarios mínimos por mes que apenas sería compensatorio de los ingresos que requiere un profesor para arraigarse en su profesión. De no ser así, no se llegará a la ansiada profesionalización del magisterio.
En lo que se refiere a la educación superior todo mundo reconoce que es un pilar para alcanzar el progreso y la autonomía científica y tecnológica que nuestro país requiere en la perspectiva de la integración regional. Esta premisa sin embargo, fue olvidada durante toda una década, al disminuir sensiblemente el presupuesto destinado al sector; y aunque en el Informe se observa una recuperación gradual de su participación en el gasto público federal, todavía queda mucho por hacer.
Lejos estamos, como decía antes, de alcanzar el presupuesto recomendado por la Organización Educacional, Científica y Cultural de las Naciones Unidas.
El sistema educativo del nivel superior debe ser fortalecido para propiciar que ningún egresado de bachillerato que demande su ingreso, quede fuera por falta de oportunidades. La gratuidad de la enseñanza en este nivel, debe ser conservada, todas las intentonas autoritarias y conservadoras que haya para abatir la gratitud en la educación superior, generarán por necesidad respuesta social de los estudiantes, de los trabajadores, de los padres de familia, porque para la mayoría de los mexicanos la única opción de tener profesionales en sus familias es la de las universidades públicas, y la responsabilidad del Estado debe mantenerse para el sostenimiento de las mismas sin sufrir disminución alguna.
De la información estadística proporcionada, se desprende que urge fortalecer la matrícula del posgrado nacional que en el ciclo 1991/1992 apenas representó el .2% del total de alumnos inscritos en el sistema educativo. Es necesario señalar que en el posgrado y su desarrollo, descansa la posibilidad real de que nuestro país abandone su dependencia científica y tecnológica del extranjero.
Si a las instituciones de educación superior se les exige calidad y rendimiento de excelencia, esto no podrá conseguirse con bajos salarios como los que ahora tienen el personal docente de dichas instituciones. La caída que sufrieron los ingresos reales de este sector, fue cercana al 50% en la década de los ochenta; hoy se percibe una ligera recuperación pero es absolutamente insuficiente para afirmar que hay alcanzados sus niveles históricos.
Los programas de becas al desempeño académico y la carrera docente puestos en marcha por la Secretaría de Educación, sólo hay beneficiado a un tercio de los profesores con derecho a ellos. No forman parte del salario ni cuentan para efectos de jubilación y retiro, más aún, en algunos centro de estudios estos programas han fomentado la simulación académica y la de distorsión de los fines institucionales. Esto se concreta en que ahora muchos profesores, muchos investigadores andan consiguiendo cartones con firmas para ver su suman puntos y abandonan muchas horas la tarea de investigación y de docencia porque si no, no llegan a tiempo a la ventanilla que sellará cuántos papeles entregan para que por medio de ellos se les dé la beca al desempeño dizque académico.
Para el Partido de la Revolución Democrática no puede haber excelencia académica, sin una verdadera recuperación del salario real y el fortalecimiento de los ingresos base de profesores e investigadores, que les permita ubicarse dentro de la media internacional que nunca está por debajo de los 4 mil dólares.
Acerca de la procuración e impartición de justicia laboral, una ausencia muy notable en el Informe leído ante esta soberanía por el titular del Poder Ejecutivo, es el referido a la procuración e impartición de justicia laboral. El tema simple y sencillamente se omite, no obstante su importancia para millones de trabajadores mexicanos.
Si para despejar nuestra duda recurrimos al anexo, nos encontramos con una serie de estadísticas que poco o nada nos dicen sobre la realidad laboral del país.
El período que abarca el mencionado Informe, es revelador en acontecimientos en donde la clase trabajadora sufrió un ataque sistemático contra sus derechos fundamentales. En efecto, al amparo de la Secretaría del Trabajo y esto es lo grave, se ha violado la Constitución y la Ley Federal del Trabajo, cuantas veces ha sido necesario, para impedir que las demandas obreras sean atendidas. Los tribunales del trabajo, sometidos a las consignas políticas del titular de la dependencia, que se ha ganado el apodo de "Rambo" para los trabajadores, no han reparado en emitir resoluciones contrarias a derecho y en beneficio de los empresarios. Así ocurrió con la declaración de inexistencia de huelga, por parte de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en más de 60 empresas y centros de trabajo, durante el primer trimestre del año en curso.
Recuérdese tan sólo que trabajadores de 55 empresas de la industria textil del ramo de la lana, fueron obligados a regresar a trabajar, por la vía de la declaración de inexistencia de la huelga, sin aumento salarial alguno. Aquí las autoridades han confundido derecho tutelar con intervención arbitraria de la autoridad gubernamental.
Pero quizá el hecho más ominoso para los trabajadores, fue el desenlace del conflicto en la empresa automotriz Volkswagen, en agosto pasado, en donde una vez más quedó claro el patente desprecio que a la Secretaría del Trabajo le merece la Constitución, la Ley y los tratados internacionales en materia de derecho laboral. El origen del problema, lo sabemos, fue la firma de un acuerdo de productividad sin el consentimiento de los trabajadores, asunto que fue aprovechado por la empresa para modificar a su antojo el contrato colectivo de trabajo y reestructurar a la propia organización sindical. Ello fue conseguido gracias a la complicidad de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de la Secretaría del Trabajo. En el laudo emitido por la junta no sólo se hizo a un lado la Ley, la doctrina y la jurisprudencia al dictar una resolución aprobando la terminación de las relaciones colectivas e individuales de trabajo por cierre de empresa, debido a causa de fuerza mayor, cuando no hubo cierre ni causa de fuerza mayor, sino que se llevó al extremo la actitud de desconocer la Ley.
Para el Partido de la Revolución Democrática, éste es un paso más en el rompimiento del orden legal y constitucional y representa una acción que vulnera el estado de derecho que nos debe regir.
En cuanto al renglón de los salarios, el Informe plantea que el salario mínimo decreció en términos reales y que sin embargo la menor inflación y la mayor productividad han permitido una recuperación real de los salarios contractuales. Así, los salarios promedio de la economía, si bien partiendo de bajos niveles aumentaron en términos reales 4.5% en 1989, 1% en 1990, 6, 7% en lo que va de 1992, es lo que dice el Informe, al respecto no hay razón para estar optimistas, además de que las cifras están cambiadas. Baste hacer una revisión más puntual del asunto para corroborarlo.
Hoy, de acuerdo a las propias cifras oficiales, los salarios mínimos compran menos de una tercera parte de lo que podrían adquirir en 1981, es decir, que han perdido en ese lapso cerca del 70% de su poder adquisitivo, y eso no es ningún tránsito a la modernidad en el terreno de la justicia hacia los trabajadores.
El anexo nos dice que durante el período de enero-julio de 1992, las remuneraciones reales promedio por persona ocupada en el sector manufacturero, aumentaron 7% respecto al mismo período de 1991. En referencia a ese punto, conviene reiterar el resultado de distintas investigaciones hechas sobre la base de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en el sentido de que entre 1982 y 1991 los salarios pagados a los obreros de la industria manufacturera perdieran 36% de su poder de compra, los sueldos de los empleados de esa misma industria disminuyeron en 22% y las prestaciones sociales en un 23%. Más aún, las remuneraciones promedio pagadas a los trabajadores agrícolas, perdieron el 51% y las de los trabajadores del sector público el 42%.
Tener presente el comportamiento de los salarios mínimos es fundamental, no sólo por el número de trabajadores que todavía lo persigue, según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 2.7 millones, sino porque estos determinan en buena medida los salarios contractuales.
Es notoria la presión a la baja que han ejercido los topes impuestos a los salarios mínimos sobre los contractuales, sobre todo a raíz de la inauguración de los pactos en 1987. El recién firmado Pacto para la Estabilidad, la Competitividad y el Empleo lo confirma a la par las revisiones contractuales al porcentaje definido por los salarios mínimos, y anula la capacidad de negociación de las directivas sindicales en todas las ramas y en todas las actividades.
Para conseguirlo, se ha utilizado la persuasión del Secretario de Trabajo y Previsión Social, que extralimita sus funciones al impedir que patrones y sindicatos lleguen a convenios salariales que, a su juicio, sobrepasen los límites impuestos por la política salarial del Gobierno.
Se han dado casos en que los funcionarios de la Junta de Conciliación se niega a levantar y ratificar convenios, en los que empresa y sindicato han llegado a acuerdos con aumentos salarial por arriba del tope. Esto obliga a firma de acuerdos por fuera de la revisión, como acaba de ocurrir en la Universidad Nacional Autónoma de México.
En cuanto hace al empleo, y para terminar estas reflexiones sobre la cuestión social en el Informe Presidencial, se nos informa que de enero a junio el número de plazas permanentes registradas en el Instituto Mexicano del Seguro Social, se incrementó en 3.5% y la tasa de desempleo abierto en las 16 principales zonas metropolitanas del país, se situó en 2.9%.
En referencia a la tasa de desempleo abierto, podemos observar en los cuadros anexos al informe, que ésta creció 3 décimas comparada con la que se registró en 1991. Sin embargo nosotros quisiéramos llamar la atención sobre el porcentaje tan reducido, que de cualquier forma se reporta, y que no guarda relación con la enorme cifra de despidos que casi a diario vemos .
De acuerdo al Informe Presidencial, tres de cada 100 personas integrantes de la población económicamente activa de las ciudades estudiadas, se encontraba sin empleo y había realizado una búsqueda activa de ocupación. Esto significa que hay en México cerca de un millón de desocupados. Las estadísticas oficiales no guardan proporción por empleo, con lo que voceros de algunas centrales obreras han declarado recientemente que en nuestro país existen alrededor de ocho millones de desempleados, apoyados, claro está, en la evidencia de los reajustes masivos en los sectores público y privado producidos en los últimos años.
Por tanto, no podemos más que mirar con enorme reserva el dato sobre empleo abierto que nos proporciona el Ejecutivo federal, y rechazar la aseveración de que el desempleo se ha reducido, por el contrario, nuestra opinión es que va en aumento. El producto de la política neoliberal del actual régimen es todo este conjunto de iniquidades que nos separan cada vez más a los mexicanos, entre el pequeño grupo que concentra toda la capacidad de riqueza, y la gran
capa de trabajadores de todas las ramas y servicios que no vemos cuál es la transición a la modernidad en materia de justicia social.
El Partido de la Revolución Democrática, escuetamente plantea: se requiere que el Ejecutivo cumpla al pie de la letra, el contenido del artículo 25 de la Constitución Mexicana, y también se requiere que además de una apertura democrática en el terreno de la política, haya también una planeación democrática del conjunto de la vida económica de nuestro país. Muchas gracias. (Aplausos.)
La Presidenta:- Se concede el uso de la palabra al diputado Felipe Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional.
El diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa:- Gracias ciudadana Presidenta, señoras y señores diputados:
Para 1992 el crecimiento económico apenas alcanzará 2.6%, contra el 4% previsto en los criterios generales de política económica.
El próximo año, si bien nos va, el crecimiento será similar o tal vez cercano al 3%, y recordamos que el Ejecutivo Federal ofreció al pueblo de México en el Plan Nacional de Desarrollo y en su toma de posesión, tasas de crecimiento sano y sostenido promedio de 6% en el último tercio de su sexenio.
Lo primero que salta a la vista al evaluar los resultados de la política económica, es que esto ya no se cumplirá.
Hace un año, en el III Informe Presidencial, con enorme triunfalismo se nos señaló que la economía mexicana había crecido a tasas de un 5% anualizado durante el primer semestre de 1991, y se nos dijo que ese crecimiento era sano y sostenido. Nosotros sostuvimos que no era así durante la glosa de aquel Informe. En efecto, dijimos que no se trataba de un crecimiento sano, entre otras cosas porque dependía en buena medida a una política monetaria insuficientemente restringida y coincidía un crecimiento en el volumen de gasto con gastos electorales de aquel año.
En el lapso comprendido entre julio de 1990 y junio de 1991, el dinero en circulación, el M1-bis, creció a tasas superiores al 40%.
También señalamos que no era crecimiento sano, y tampoco sostenido, puesto que la amarga experiencia nacional había demostrado que el crecimiento inmoderado genera situaciones económicas de freno y arranque, incapaces de consolidar estabilidad económica y aún estabilidad.
Es eso parte de lo que le ocurre ahora a la economía mexicana. El crecimiento inmoderado de los tres primeros años del sexenio, provocará que el último trienio de éste, tengan contrariamente a lo previsto tasas de crecimiento inferiores a la primera mitad.
En 1989, la meta oficial de crecimiento del producto interno bruto era de 1.5%, y fue más del doble, 3.1%; en 1990, la meta fue de 3%, y cerró en casi 4%, y en 1991, la oficialmente anunciada de 2.7% fue rebasada por el 4%. El resultado, que en este año de 1992, y aunque los criterios de política económica, como ya lo indiqué, señalen una meta de crecimiento del 4%, creceremos sólo al 2.5% o al 2.6%, tasa similar tal vez al de crecimiento de la población, pero inferior al número de mexicanos que se incorporan anualmente a la fuerza productiva en busca de trabajo, inferior a lo previsto también e inferior a lo logrado en los tres años anteriores.
En materia de crecimiento, señores diputados, resumamos: 1992 es el peor año de la actual administración.
Por supuesto que, como es tradición, en los informes presidenciales de todos los tiempos, lo bueno siempre se debe a las medidas tomadas en lo interno; lo malo siempre se debe a la situación internacional. En este caso no hay excepción porque el bajo crecimiento de 1992 refleja los efectos de la debilidad de la economía mundial, debilidad que debemos apuntar también se reflejaba en los tres años anteriores.
La verdad es que nos está ocurriendo, de alguna manera, lo que ya se anunciaba en el mismo Plan Nacional de Desarrollo.
Miren ustedes, dice el Plan Nacional de Desarrollo: "Un crecimiento con precipitación favorecería la aparición de cuellos de botella o estrangulamientos del aparato productivo". Y, en efecto, tres años de crecimiento inmoderado han generado, por una parte, que en ninguno de ellos, primero, se haya logrado la meta prevista de inflación y, por la otra, las enormes carencias de infraestructura, la obsolescencia en el aparato productivo, la carencia de programas eficaces de capacitación laboral y la permanencia y aun la prioridad de intereses políticos de grupo en legislaciones y prácticas laborales, agrarias y de la vida cotidiana, han estrangulado, como lo señalaba el Plan, el proceso productivo.
El ritmo de crecimiento que vivimos era incontenible para un país como el nuestro, con por lo menos un cuarto de siglo de abandono en inversión pública en infraestructura, especialmente la de transporte terrestre.
Por decirlo en palabras que el pueblo entiende, este crecimiento sin condiciones de infraestructura, capacitación, planta productiva adecuada, se asemeja a una... Esta economía que se atora, lo hace porque, en términos coloquiales, repito, se ha puesto la carreta por delante de las carreteras.
En México, se dice, se enfrenta una desaceleración económica. En lo general es cierto, pero en el caso particular de varios sectores se vive una franca y abierta recesión.
En la industria manufacturera, por ejemplo, si se descuentan algunos rubros privilegiados como el químico, los minerales no metálicos y el automotriz, con sus respectivos oligopolios de Vitro, Cemex y las multinacionales automotrices, el crecimiento es prácticamente nulo en todo el sector.
En el caso de madera, imprenta y editoriales y metálicas básicas por segundo año consecutivo han tenido un crecimiento negativo, es decir, hay cierre de empresas, baja de producción y en todos los rubros de la industria, salvo el rubro denominado otras industrias manufactureras, en todos estos sectores, señores diputados, se refleja en 1992 una reducción de la planta laboral; esto es, más despidos y más costo social.
Por cierto, hace un año también señalamos que el informar que la tasa del desempleo en México era de 2.6%, era ridículo e inverosímil. Hoy se nos dice que el desempleo en México es de 2.9% y sigue siendo la cifra ridícula e inverosímil.
Cuando en economías más desarrolladas, a las que por cierto en el Informe se hace referencia insistente, las tasas de desempleo alcanzan 7%. Y, para no ir más lejos, cuando el propio Consejo Nacional de Solidaridad, en sus publicaciones señala un desempleo abierto del 14%, la tasa del 2.9% es, repito, ridícula. ¿Por qué¿ Porque no considera el desempleo en el sector rural; porque sólo se limita a muestreos en las principales zonas urbanas del país; porque considera como trabajador a quien trabaja sin remuneración; considera como empleado a quien trabaja a la semana por lo menos una hora; porque considera como empleado a quien tiene la certeza o la creencia de conseguir empleo en un mes.
Aparte, esta cifra del 2.9% no considera el subempleo ni hay referencia oficial en el Informe al mismo.
Acción Nacional considera que, no puede darse por informado el Congreso y el pueblo de México del estado que guarda la nación si no se informa con precisión y apego a la verdad los datos de este problema lacerante para millones de mexicanos.
En 1988 al iniciar la actual administración uno de cada ocho trabajadores estaba en el sector informal, en 1991 uno de cada cuatro está en el sector informal. Otras cifras, como ésta del desempleo, se manipulan al gusto de la autoridad y producen no sólo desinformación en la opinión pública, de suyo grave, sino incertidumbre económica.
Por ejemplo, no se dan a conocer las cifras de ventas nacionales al menudeo, el promedio de los salarios distintos a los salarios de manufactura. No se da la información relativa a los niveles de inventarios del sector privado de viviendas y de otros indicadores líderes indispensables para una toma de decisiones correctas.
Hay casos, por ejemplo, en que cuando se analiza la balanza comercial, el Banco de México da una cifra y la Secretaría de Hacienda da otra cifra distinta, ¿por qué¿ Porque la Secretaría de Hacienda incorpora en sus resultados el producto de los servicios pagados por maquiladoras que no se incorporan, como hace correctamente el Banco de México, no se deben incorporar en la balanza comercial.
Por otra parte, se señala por primera vez, ahora sí, que hay un superávit fiscal de 7.8%, digo que ahora sí, porque si ustedes recuerdan en el Informe pasado también se nos dijo que por primera vez había un superávit.
Se señala al mismo tiempo que los ingresos fiscales han crecido de manera superior a la prevista. Es cierto, como lo es también que el costo del superávit financiero en sí mismo bueno, el costo de este superávit sin embargo ha sido debido más a los esfuerzos extraordinarios de los contribuyentes que a verdaderos esfuerzos ahorrativos del Gobierno, Gobierno rico a costa de un pueblo que sufre.
Puede ser la política que se sigue para hacer un aparato financiero estatal mayor y si vemos el costo del ajuste, veremos que cada 100 pesos reales que se han ajustado el gasto público, 75 pesos se deben a un menor pago de intereses.
internos y nueve pesos nueve centavos a un menor pago de intereses externos.
Es decir, sólo el 15% más o menos de la reducción real del presupuesto del gasto público en cinco años, obedece a un verdadero esfuerzo de ajuste en el aparato y en el gasto estatal. Este sacrificio fiscal se expresa no en los términos en que lo entiende la Secretaría de Hacienda, sacrificio fiscal igual a menor recaudación, sino en los términos literales que son los que entiende el contribuyente, sacrificio fiscal donde se sacrifica literalmente al contribuyente.
Otro dato que cabe destacar, es que en la reducción del gasto público no se refleja todavía un esfuerzo sustancial de poner coto y limitación al gasto político ilegal. La invitación que se hizo en el Informe a velar por la transparencia financiera de los partidos, compromiso público y político de trascendental importancia para México, refleja implícitamente una lacerante realidad y que es que el peso económico de los gastos de campañas electorales o la desviación de recursos ilegales hacia campañas, puede estar marcando una incidencia de un volumen desconocido en el gasto gubernamental.
Es más, nosotros consideramos, que puede y debe conseguirse un mayor ahorro del presupuesto y del gasto federal, pero que ese ahorro se puede hacer sin sacrificio del gasto social y de inversión. Si se establece un sistema de vigilancia, auditoría o contraloría sobre todo el gasto federal y enfatizado en el gasto político, seguramente podrán obtenerse mejores resultados.
En otros sistemas políticos inclusive el control presupuestal, la contraloría o lo que es en nuestro sistema constitucional la Contaduría Mayor de Hacienda, está asignado a la responsabilidad de una o varias fuerzas de oposición. Creemos que no habrá garantía, por lo menos garantía política, en los términos de la teoría política, mientras sea la misma fuerza la que gasta y la misma fuerza política la que vigila.
En otro orden de ideas, por cuarto año consecutivo el déficit en balanza comercial será mayor a lo previsto, en 1989 se preveían 200 millones de dólares de déficit y fue de 1 mil 700, en 1990 se calcularon 2 mil 400 y fue de 4 mil 500, con todo y el excedente petrolero de la guerra del Pérsico; el año pasado el Gobierno esperaba un déficit de 4 mil 100 millones de dólares y alcanzó la cifra de 11 mil 200, y para este año, previsto en 13 mil, probablemente alcance los 19 mil millones de dólares en diciembre. Esta vez, sin embargo, señores diputados, hay una agravante, ¿por qué?, porque por primera ocasión en esta administración y contrariamente a lo que dice el Informe, el flujo de inversión extranjera no alcanzará a cubrir el déficit en balanza comercial, con lo que se generará una pérdida neta de reservas internacionales por primera vez en cuatro años.
Si ya preocupaba la composición de la inversión extranjera el año pasado, donde el 61% era inversión en cartera, a julio de este año, 6 mil 200 millones de dólares, es decir, el 67% del total de la inversión extranjera está canalizado a inversión de cartera especulativa, sólo el 33% en inversión directa y sin distinguir en esta nuevas plantas, reposición de capital o compra de empresas nacionales por extranjeros.
Según datos de la Bolsa Mexicana de Valores la inversión extranjera en esa institución en mayo de este año alcanzó 27 mil 200 millones de dólares, tan sólo tres meses después la cifra había descendido a 20 mil 500 millones de dólares, esto es, casi 7 mil millones de dólares en ese lapso, lo que nos da una idea de la fragilidad y la vulnerabilidad con la que el Gobierno conduce el manejo de divisas y la cuenta de capitales.
Se nos informa también que las reservas del Banco de México eran al último día de octubre, 18 mil 258 millones de dólares, lo que no se nos dice es que ya habían alcanzado en abril los 20 mil millones de dólares y que en agosto habían descendido a 17 mil, por lo que este año, como ya dije, se presenta, y no lo dice el Informe, por primera vez una desacumulación neta de reservas con fuertes ataques especulativos en algunas semanas de este ciclo.
Aunque se ha avanzado, tampoco se ha cumplido año con año las metas oficiales de inflación, es decir, reconocemos logros en la materia, pero el promedio de la inflación en el sexenio de Carlos Salinas es aún mayor del promedio de la inflación vivida en los sexenios de Luis Echeverría y de José López Portillo y sólo ligeramente menor a la del sexenio de Miguel de la Madrid.
En lo general, podemos afirmar entonces que el balance arroja a este momento logros, sí, pero logros inferiores a lo previsto primero y, segundo inferiores a lo requerido por los mexicanos en los rubros más importantes de la política económica.
Se observa entonces un crecimiento declinante que de continuar con la tendencia enfrentará una etapa marcadamente recesiva en los años más difíciles para México como lo son los años de la sucesión presidencial.
A nadie escapa que los agentes económicos en México, las empresas, el propio Gobierno, requieren importantes ajustes en su estructura de funcionamiento o en su estructura productiva en el primer caso.
Ante el argumento de que sólo deben subsistir los más eficientes, no debe olvidarse el hecho de que todas las empresas que operan en México, en situaciones no competitivas, lo hacen, porque vivieron habituadas a un régimen proteccionista. Es decir, bajo un conjunto de reglas que si ahora se consideran nefastas o simplemente inconvenientes, no son sino responsabilidad del Gobierno mismo.
Estamos en vísperas de que se firme un Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Canadá. A pesar de las declaraciones oficiales, la suerte de la economía y de la política exterior de México, se encuentra ya atada inexorablemente a este evento de cristalización todavía incierta.
Señalamos con énfasis en su tiempo, el riego de una política económica que apueste todo a lo que según se dice, es sólo un instrumento de política económica.
No obstante, el Gobierno mismo ha sobrevalorado las expectativas acerca del Tratado. Puede decirse que el entorno macroeconómico de este año varió y bailó al ritmo de las más insignificantes variantes de la política interna de Estados Unidos. El Gobierno hizo todo lo posible porque se creyera que a más tardar, se decía literalmente, en enero de 1992 concluirían las negociaciones. Luego se dijo que en marzo. Algún miembro de esta Cámara puso también su granito de arena y dijo que en junio definitivamente se concluirían las negociaciones. El acuerdo se rubricó apenas en octubre y aún no ha sido firmado.
Este disfrazamiento o dosificación en la información, ha causado incertidumbre e intranquilidad. En el ínter, los sucesos de la política norteamericana causaron zozobra; apenas declaraba alguno de los candidatos presidenciales de aquel país sobre el tema, y el mercado bursátil mexicano reaccionaba con una verdadera sangría de recursos.
Es cierto, consideramos, que a largo plazo y a nivel agregado, a largo plazo y a nivel agregado, repito, esto es, entre 8 y 15 años, se dejarán sentir algunos efectos positivos en nuestra economía en los rubros de inversión, empleo y crecimiento.
Sin embargo, en el corto y mediano plazos, se dejarán sentir sobre el país, un esfuerzo considerable de ajuste con un costo social enorme. Muchas empresas tendrán que cerrar, muchos trabajos se perderán, y ya de hecho, en 1992, en este ejercicio administrativo, se observa un desempleo abierto, franco, en el sector manufacturero, y se espera uno todavía mayor en el sector agrícola.
Para colmo, aún no se implementan reformas a fondo en sectores vitales, uno de ellos en el de transporte, que requiere un replanteamiento integral, por ejemplo, en el rubro de los ferrocarriles y en el sector eléctrico; en ambos que requieren una revisión integral, por subterfugios legales se pretenden liberar a base de torcer el texto de la Ley.
Si hay que tomar medidas, señores diputados, en estos rubros y las medidas son buenas, discutámoslas y que se hagan de cara al debate público y a la representación popular que este Congreso ostenta, y no a través de una interpretación reglamentaria del escritorio de un empleado de tercer nivel de la Secretaría de Comercio o de la de Energía Minas e Industria Paraestatal.
Otra reforma medular, la agraria, en la que se ha dado un paso en el orden legal, se está deteniendo en la práctica.
Acción Nacional denuncia que en algunos estados y bajo el área de dominio personal de algunos funcionarios, como son las regiones y áreas de dominio del secretario Cervera Pacheco, la estructura burocrática en el campo, se prepara no para auxiliar al campesino en la transformación profunda y grave que tarde o temprano enfrentará, sino para rescatar o mantener el poder bajo su férula.
El Partido Acción Nacional exige que el régimen deje a un lado los intereses político-electorales de su grey y se enfoquen todos los esfuerzos a paliar en algo el costo de las transformaciones, que nuevamente se observa se harán recaer en los sectores menos favorecidos del país.
Luego, más de una década por ejemplo, en que los salarios se deterioraron, en el caso del mínimo en más de 60% y luego de que los obreros "pagaron el pato" en el pacto, al renovarse éste en su etapa actual no sólo no se permite que el salario recupere el poder adquisitivo, sino que se pone un control corporativo adicional; que no existía en los pactos anteriores: el tope a los salarios contractuales, esto es, los salarios que más o menos sacaban la cara por los trabajadores.
Así, mientras que en el rubro de bienes y servicios, exceptuado el de medicinas, sólo se ejerce control, señores diputados, ¡sólo hay control oficial ya sobre el precio de nueve productos básicos, sólo nueve productos básicos están sujetos a control, pues todos los demás precios se han liberado del control oficial!
¡En el sector laboral el Gobierno no escatima esfuerzo para poner más y más controles a los salarios!
Por su parte, las empresas mexicanas en problemas requieren asesoría, financiamiento y oportunidades fiscales para dedicar su energía y talento a la reconversión. ¡En lugar de ello, el Gobierno se ha convertido en asesor y hasta abogado de los grandes consorcios y ha abandonado a su suerte a pequeños empresarios, que "no tienen derecho de picaporte" en sus cúpulas y en materia fiscal no cede un ápice en las enormes cargas y obligaciones que enfrentan!
Puede alegar la Secretaría de Hacienda que las tasas fiscales se acercan a las internacionales. Suponiendo, sin conceder, que eso sea cierto, la base gravable y la carga fiscal acumulada del productor mexicano es mucho más onerosa que la de sus futuros competidores en Estados Unidos.
Así, el mexicano no sólo paga impuesto sobre la renta, sobre la cual probablemente pueda haber algún acercamiento en tasas, sino que además paga impuesto sobre activos, impuesto sobre nóminas, contribuciones de seguridad social, contribuciones estatales de educación, al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, al Seguro de Ahorro para el Retiro, ¡más lo que se acumule este mes, con la nueva Ley de Ingresos!
Es urgente para México entonces un replanteamiento del Gobierno acerca de su función rectora y subsidiaria sobre la sociedad. Si no enfrentamos el enorme rezago en infraestructura, educación y capacitación laboral, desarrollo regional equilibrado y asesoría y financiamiento para la reconversión industrial, la pasaremos, la mayoría, muy mal.
En el Informe, por ejemplo, destaca un aumento a las participaciones de los estados y municipios. Sin embargo, ¡no aparece en el anexo, cuando menos en el cuadro correspondiente a Participaciones, los datos de 1992, a que se refiere el texto del Informe¡ ¡Lo que sí aparece es que entre las 32 entidades federativas y los casi 3 mil municipios del país sólo reciben, vía participaciones, 10 pesos 50 centavos de cada 100 pesos de ingresos del Gobierno Federal!
El Partido Acción Nacional reitera que política y constitucionalmente toca a los estados y municipios el enfrentar las necesidades inmediatas de los ciudadanos. En este caso, no pueden excluirse las relativas a educación ni formación laboral, infraestructura y servicios urbanos. Sin embargo, al paso que vamos el país no estará en condiciones de enfrentar con éxito su enorme rezago en estos rubros, si no abre paso a un verdadero federalismo fiscal.
Exigimos en consecuencia que en esta dolorosa transición el Gobierno diseñe, con la concurrencia de la sociedad, de los partidos y no sólo de las cúpulas económicas, un programa que minimice los costos sociales de la transición económica y para lo cual consideramos que se requiere:
1o. Una modificación radical en el criterio de asignación de partidas presupuestales para que el peso de la recaudación nacional se oriente a las tesorerías de los estados y los municipios, y puedan éstos enfrentar, con éxito, los requerimientos en materia de servicios e infraestructura urbana que sean receptores de inversión.
2o. Que la prioridad de los recursos se oriente y sea la transformación y reconversión agrícola, es decir, que el problema de transformación en el campo sea el programa prioritario, casi único, dentro de las prioridades nacionales, sin escatimar esfuerzos para un desarrollo regional en el rubro.
3o. Que se diseñe en los gobiernos federales, estatales y municipales un programa complementario de asesoría, entrenamiento y colocación de trabajadores despedidos por los ajustes laborales en sus empresas, a fin de que puedan ser canalizados a puestos en sectores competitivos y productivos.
4o. Que se susciten los organismos de financiamiento urbano y municipal y que se canalicen recursos financieros a programas atados y claramente determinados tendientes a abatir el rezago en infraestructura; si es necesario deben crearse con la participación del país organismos financieros de carácter internacional y de enfoque regional junto con los otros firmantes del Acuerdo de Libre Comercio para que se financie el rezago en infraestructura y servicio.
5. Que se declare una tregua fiscal hacia los pequeños y medianos empresarios y se establezcan
programas que auspicien con instrumentos fiscales la reconversión de empresas y sectores vendedores en la transición.
6o. Que se diseñe un sistema de información pública económica de carácter legal para que se termine la manipulación de cifras que hace el Gobierno, para que la sociedad y los partidos puedan ejercer una fiscalización efectiva sobre el gasto público para que se den cifras reales sobre importaciones, sobre desempleo, sobre política monetaria, para que periódicamente e inclusive semanalmente, se conozca el monto de los agregados monetarios, de las reservas, de los flujos de capital hacia adentro y hacia afuera del país; en suma, que se conozca la verdad y que los mexicanos sepan tomar decisiones en apego a información clara, verídica, confiable, a la que debe estar obligado el Gobierno.
Finalmente, señores, que se avance substancialmente de manera terminal, de manera definitiva, en el ámbito político, porque en una sociedad que concentra las decisiones del poder político, por lógica natural se concentran los beneficios del crecimiento económico que es lo que ha ocurrido en nuestro país en estos cuatro años de gobierno. (Aplausos.)
La Presidenta:- Tiene la palabra el diputado Cesáreo Morales García, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Cesáreo Morales García:- Con su venia señora Presidenta, señoras y señores diputados:
Permítanme comenzar con la referencia a una pregunta desafiante y llena de consecuencias; se hizo en la Comisión Permanente una semana antes del Informe rendido por el Presidente de la República, la formuló con elocuencia la oposición; a mí me interpeló profundamente y en el espíritu de pluralidad y tolerancia de esta Legislatura, aquí la reitero con todas sus exigencias y su poder de cuestionamiento, que me digan, ¿a cuántos mexicanos ha sacado de la pobreza el Programa de Solidaridad?, se preguntó en esa ocasión.
El Informe del pasado 1o. de noviembre aclaró y precisó los avances de la lucha que sociedad y Gobierno han emprendido contra la pobreza y describió los pasos que se han dado durante estos cuatro años en la promoción de la justicia. Los propósitos son claros, lucha contra la pobreza y promoción de la justicia, no repartición de credenciales de pobres, compromisos del Estado fincados en principios y en recursos mayores, no paternalismos, pues aún el más benévolo viste ropajes autoritarios. La desigualdad social, sabemos, que es uno de los fenómenos más generalizados de las sociedades complejas actuales, el debate teórico en cuanto a cómo enfrentarla está a la orden del día y el diseño de las políticas públicas que tienen el propósito de disminuirlas en una preocupación actual de todos los gobiernos.
Después de la caída del socialismo y de los fracasos en diferentes regiones de las políticas que buscan el bienestar de la población; después de la sublevación social en Los Ángeles, California, en Caracas y Río, la construcción de un Estado solidario y de una sociedad más justa, se vuelve una cuestión urgente y crucial no sólo para la gobernabilidad, sino sobre todo, por lo que se refiere a la propia legitimidad de la sociedad.
¿Por qué sería digno vivir en una sociedad desigual? ¿Por qué eso sería aceptable¿ ¿Por qué una sociedad desigual sería una sociedad moral y éticamente legitimada? La ética moderna respondió a esas preguntas con dos principios: es digno para el hombre vivir en una sociedad primero que garantice las libertades fundamentales; segundo, que ofrezca a todos igualdad de oportunidades.
En México, libertades y justicias son los principios fundamentales que orientan las acciones de sociedad y Estado. Principios que se aquilataron y echaron raíces en el movimiento liberal del Siglo XIX y en la Revolución mexicana que dio nacimiento a nuestro Estado contemporáneo. Libertades y justicia fundan por ello la legitimidad de nuestra convivencia.
La constitución tradujo esos valores en norma y consagró nuestra democracia como fuente de la soberanía política y también como forma de vida, y prescribió al Estado la responsabilidad de asegurar a todos los mexicanos un bienestar equitativo.
Los mexicanos tenemos un Estado comprometido en la garantía de las libertades y en la elevación de la justicia. Libertades para la participación de individuos y comunidades; libertades para optar entre distintas alternativas; libertades para que cada mexicano, sobre todo el más favorecido y el más desigual, se convierta él mismo en sujeto y actor del desarrollo de sus propias capacidades.
Por tanto, ni neoliberalismo ni neopopulismo; ni indiferencia del Estado ante la injusticia ni
manipulación de las necesidades y las demandas; ni Estado simple vigilante de que se cumplan las reglas de la oferta y la demanda ni Estado asistencial de los pobres; ni puro mercado ni una política social de soluciones aparentes o de simples calmantes de los reclamos y las demandas de los grupos más débiles y desprotegidos.
Hay que reiterarlo, libertades y justicia alientan la política social de este Gobierno; una política social eficiente, integral y permanente, de largo alcance, sólo puede fincarse sobre el terreno de una economía sólida.
La primera exigencia de justicia es el empleo, por ello la recuperación del crecimiento económico sobre nuevas bases más firmes y amplias, otorga al Estado mayor capacidad de respuesta social. Hoy la economía estable permite al Estado promover mejor la justicia, y la consistencia de los resultados permite la elevación del gasto social. Así se favorece la reforma social.
Persisten algunos problemas y ya hay otros nuevos, pero no debemos ignorar lo alcanzado. En medio de los grandes cambios mundiales se abren caminos para nosotros. Cuando algunas naciones desaparecen o se desmembran, los mexicanos estamos cohesionados por el esfuerzo que busca nuevas y mejores oportunidades para todos.
La nueva política social, ni es de corte asistencialista ni sólo pretende mitigar los efectos adversos y excluyentes del mercado. La funda una voluntad deliberada de promover lo social y la calidad de la convivencia, mediante la participación y la corresponsabilidad.
La política social tiene el propósito de enmarcar al Estado en las políticas de justicia y en los propósitos de la sociedad. No queremos al mercado contra la sociedad. Nuestra experiencia reciente rechaza una economía que excluye, dispersa y divide; al final de cuentas, la calificación definitiva de la economía le viene de su capacidad para cohesionar a la sociedad, procurando los legítimos intereses de todos.
Eso lo hemos logrado nosotros mismos, por eso es falso que la elección de Clinton en Estados Unidos golpee la solidez actual de nuestra economía. Es ligereza pensar que la viabilidad económica de México dependería de una persona o de un sólo país. Descansa en el trabajo de los mexicanos, en su esfuerzo y en su tenacidad.
El Tratado de Libre Comercio es y sigue siendo un instrumento. Con o sin él, la amplia relación económica con Estados Unidos, nos hace compartir con ese país, con nuestro vecino, riesgos y oportunidades.
El crecimiento económico logrado durante los últimos cuatro años, ha creado condiciones más favorables para la política social; tenemos más gasto para la justicia y más justamente distribuido, se asienta en el Informe. Para mostrar la validez de esta afirmación, basta con mencionar que este año el gasto social es la mitad del presupuesto federal. El Partido Revolucionario Institucional, por ello, rechaza como infundadas y dolosas las observaciones aquí vertidas, en el sentido de supuestas desviaciones del presupuesto en gastos políticos.
La política social se aplica en el ámbito del individuo y en el entorno urbano y social de éste. Educación para el desarrollo de las capacidades individuales y para hacer del conocimiento una potencialidad de trabajo, creación y productividad. Con esos propósitos, el gasto nacional en educación pasó del 3.6% al 5% del producto interno bruto.
Salud, seguridad social y nutrición, para que cada persona pueda vivir y realizarse a plenitud, para que los niños no mueran ni vean obstaculizado el desarrollo de sus capacidades y el logro de su destino.
Política social también en el ámbito comunitario de convivencia; política que se propone cumplir con los derechos sociales que garantiza la Constitución, servicios y bienestar para todos, desarrollo urbano y progreso en las regiones, viviendas, medio ambiente sano y calidad de vida. Se requería para ello un arreglo institucional moderno y eficiente. Ese fue el propósito de la creación de la Secretaría de Desarrollo Social.
Además, ámbito individual y ámbito comunitario de la política social, encuentran congruencia en las acciones, mediante la integración del Gabinete Social.
Se atienden así las políticas de vivienda, desarrollo urbano y política del ambiente.
La vivienda es un aspecto fundamental para el bienestar integral del individuo y de su familia, es factor de distribución de la riqueza y base segura del patrimonio.
Hasta diciembre de este año, se asienta en el Informe, se canalizaron a la política de vivienda más de 13 billones de pesos; se beneficiaron así 1 millón 220 mil 824 familias. Para 1993, la meta es beneficiar a otras 320 mil familias.
Los organismos de vivienda y los instrumentos de financiamiento se han modernizado. Hace apenas unas semanas se firmaron tres acuerdos para el fomento y desregulación de la vivienda, que disminuirán sus costos y la harán más accesible a la población rural.
El desarrollo urbano es condición necesaria de la calidad de vida y factor que promueve la equidad. El programa de 100 ciudades en esta dirección, busca ofrecer suelo urbano a la población de escasos recursos, garantizar la conservación de áreas naturales, planificar el crecimiento de las ciudades, establecer sistemas viales que eleven la productividad y el bienestar social y reduzcan los niveles de contaminación, mantener el equilibrio ecológico y revitalizar los centros de las ciudades, para rescatar la imagen urbana y fortalecer la convivencia y la identidad de sus habitantes.
La política ambiental es hoy una dimensión insustituible de la política de desarrollo social, una política que responda a la nueva conciencia ecológica de la ciudadanía, pero también a la necesidad de proteger a la comunidad contra los riesgos ambientales; una política fundamental del desarrollo sustentable, con el cual está comprometido el Gobierno de la República y que exige nuevos modos de producir y de convivir en la sociedad.
Solidaridad, finalmente, es la expresión más cabal de la nueva política social del Estado reformado, es el lenguaje de los hechos que en libertad elevan la justicia. Ahí están las cifras de sus logros, tanto en la construcción del piso social básico que consiste en servicios, escuelas dignas, servicios de salud adecuados y condiciones favorables para el bienestar, como en el fomento y apoyo de las actividades productivas, que sobre todo en el campo permitirán mejorar substancialmente las condiciones de vida de los mexicanos.
Algunos han dicho y lo vuelven a repetir, con pretensiones argumentativas, que Solidaridad es arma partidaria y clientelar. Veamos esta falsa apreciación de frente, confrontemos argumentos sopesándolos con objetividad si hay disposición para ello.
La lucha contra la pobreza en un país como el nuestro, y las políticas para elevar el bienestar en todos los países, están asechadas por los riesgos del asistencialismo y del clientelismo. En América Latina los órganos multilaterales como la Comisión Económica para América Latina y el Banco Interamericano de Desarrollo, han profundizado con amplitud esos problemas y lo siguen haciendo. El asistencialismo pretende atacar las manifestaciones de pobreza, pero no atienden a sus causas; cultiva, al fin de cuentas, una cultura de la pobreza para ejercitar luego una indigna caridad gubernamental; Solidaridad no es asistencialista, su propósito es ir al fondo de los problemas; la superación de la pobreza sólo puede venir de condiciones favorables al despliegue de las capacidades productivas del individuo, la familia, la comunidad y las regiones. Este es su objetivo en el amplio horizonte del desarrollo social. No hay asistencialismo sino una concepción inédita del bienestar; la autonomía productiva, todos lo sabemos es fundamento de una ciudadanía libre.
El clientelismo manipula ofrecimientos y apoyo. Solidaridad ni compra ni se sustituye a la voluntad de ciudadanos y comunidades, es la comunidad misma, la ciudadanía organizada, la que decide qué hacer, cómo y cuándo. Solidaridad es un ejercicio de corresponsabilidad de ciudadanos organizados y gobierno, por ello es un ejercicio de libertades para la construcción de la justicia, libertades que se manifiestan en la participación responsable, y cuya fuerza resulta en justicia y mayor bienestar; es ejercicio de cultura ciudadana para lograr una ciudadanía plena, es autoayuda, autorrespeto y dignidad al acto de cada ciudadano.
En el horizonte de un Estado justo, es la comunidad la que tiene la experiencia de la libertad. Para el Estado es compromiso el conducir la construcción de una sociedad de libertades justas, por eso Solidaridad, en su núcleo más válido, es una revolución moral. No hay voto amarrado a Solidaridad. Este Gobierno, este partido, buscan el voto de libertad.
Los que afirman que Solidaridad es arma partidaria, demuestran en qué poco aprecio tienen a los mexicanos y qué poco conocen el temple de su autonomía. El gobierno del Partido Revolucionario Institucional está comprometido con una política de justicia, no con una política de manipulaciones.
Solidaridad, por otra parte, no atenta contra el federalismo ni viola la autonomía de las entidades y los municipios; se equivocan los que afirman lo contrario, es la expresión de un federalismo moderno, no de autonomías cerradas sino de coordinación y concurrencia de esfuerzos de los tres niveles de Gobierno. A través de ella, en la obra comunitaria, en el apoyo a los municipios, en los recursos adicionales para los gobiernos de las entidades, se hace concreta y viva la nueva relación entre Estado y sociedad. Solidaridad.
promueve la justicia en el territorio, apoya el despliegue de la energía ciudadana y comunitaria, respeta la pluralidad y se finca en las libertades.
Permítanme citar aquí a un presidente municipal: Solidaridad dice él, es una forma de organización institucional creada en el espíritu del federalismo y basada en la pluralidad política. ¿Saben ustedes, señoras diputadas y señores diputados, quién afirmó esto? Un gobernante panista, el presidente municipal de Tijuana, durante la semana de Solidaridad el pasado mes de septiembre.
Debatamos pues, pero cerramos ya ese punto.
Solidaridad no es, como pretenden algunos, el programa de un presidencialismo providencialista. Los que participan en sus distintas vertientes, campesinos, familias, habitantes de las colonias populares y trabajadores, saben bien que esta política social cuenta sólo con la providencia del esfuerzo, la tenacidad y la tarea compartida.
Tampoco es Solidaridad un simple programa para afianzar la gobernabilidad ante los costos de la modernización económica; sí es punta de lanza es la promoción de la justicia al interior del proceso de reforma de la economía; sí es una política de largo alcance y para fortalecer la gobernabilidad sobre la base de libertades y justicia.
Hay que reiterarlo: para el Partido Revolucionario Institucional la modernización de la economía tiene un solo objetivo: establecer las bases para que el esfuerzo colectivo rinda mejores frutos en el ámbito de la justicia. La conducción eficiente de la economía, va de la mano con una política social que incorpora productivamente a los mexicanos menos favorecidos a la acción colectiva.
Señoras diputadas, señores diputados: aquí se han expuesto los puntos de vista de la pluralidad de esta Cámara; se han hecho críticas y cuestionamientos, como corresponde al ejercicio democrático de las funciones de este órgano legislativo; que todo sirva para mejorar las acciones de gobierno, para promover el mayor bienestar de los mexicanos.
No hay sociedades perfectas, todas padecen males, viejos y nuevos; el gobierno justo, eficiente y ordenado no propone utopías irrealizables, sólo debe curar males, pero es convicción del Partido Revolucionario Institucional que hoy los mexicanos tenemos mejores razones para nuestras esperanzas. Muchas gracias.
La Presidenta:- Se ha agotado la lista de oradores para el análisis del capítulo de Política Económica y Social del IV Informe de Gobierno.
Tiene la palabra el diputado Salomón Jara Cruz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para comentar la situación preelectoral del Estado de Oaxaca.
El diputado José María Tellez Rincón (desde su curul):- Quisiera hacer uso de la palabra para comentarios al capítulo de la Política Económica y Social del IV Informe.
La Presidenta:- Para hechos, tiene la palabra el diputado José María Tellez Rincón, por cinco minutos.
El diputado José María Tellez Rincón:- Agradezco a la Presidencia, compañeras y compañeros diputados:
En este análisis al capítulo de la Política Económica y Social del Informe de la Presidencia, me he sentido muy satisfecho porque por fin empezamos a hablar todos un mismo lenguaje, y empezamos nosotros a ver que tenemos ya hegemonía en nuestro pensamiento.
Yo no podría dejar pasar desapercibido esto, porque todos los partidos, y en un momento determinado hasta el propio Partido Revolucionario Institucional ya en su análisis, tuvo que tocar esto con mucha meticulosidad para entender que ha fallado el Gobierno de la República; que de todas las promesas que se nos hicieron a nosotros han quedado incumplidas, y ha quedado aquí en las magníficas exposiciones de todos mis compañeros, que yo aplaudí, porque verdaderamente estamos haciendo un análisis como se debe hacer, y esto nos lleva a una conclusión, que es la que me hace a mí, venir a esta tribuna:
Cuando nosotros entendamos que podemos analizar esto y corregirlo, cuando nosotros entendamos que cuando tengamos todos la conciencia absoluta de que esto está mal y que lo tratemos de corregir, esta Cámara de Diputados cambiará toda suposición y lograremos que el señor Presidente reciba todas las recomendaciones de nosotros, que ya no se puede venir a decir informes aquí que pasen desapercibidos, que ya no es la feria de números aquella que se nos hacía para venirnos a enredar en una bola de números y cosas que no entendíamos, ahora quedaron puntos y concretos todos éstos. Lo que faltó en el Informe, que lo sepa el señor Presidente, la parte a los obreros, el trato que se
ha venido dando a los obreros y esto quedó de manifiesto en lo expuesto aquí por nuestro compañero, en el caso del Partido de la Revolución Democrática, en el caso de la Universidad, que es muy claro y concreto lo que se ha hecho a este respecto.
Los obreros tenemos que levantar nuestra voz, los trabajadores de esta país tenemos que decirlo, que no estamos de acuerdo con la política que se viene siguiendo a este respecto; que no estamos de acuerdo con Solidaridad, como se dejó aquí de manifiesto por todos los oradores; que se quieren decir muchas palabras, lo real es que es una simulación de cómo llevar esto hacia el centralismo del poder.
Que abandonen esta conducta y recibirá el señor Presidente la aprobación de todos nosotros.
Tenía que dejar esto de manifiesto, compañeros, y yo felicito a todos ustedes. Muchas gracias.
PROTECCIÓN DEL DELFIN
La Presidenta:- Se le concede el uso de la palabra al diputado Israel González Arreguín, presidente de la Comisión de Pesca, quien dará a conocer un punto de acuerdo designado por los coordinadores de las diversas fracciones parlamentarias, relativo a la protección de los delfines.
El diputado Israel González Arreguín:- Con su venia señora Presidenta, compañeras diputadas y compañeros diputados:
El pasado 8 de octubre, el Senado estadounidense aprobó una Ley denominada "de protección de delfines 1992", misma que fue ratificada por la administración del Presidente George Bush el 29 de octubre. Esta Ley supuestamente pretende acabar con la moralidad incidental de esos mamíferos en la pesquería de atún con redes de cero en el océano Pacífico oriental.
Sin embargo, la citada Ley estadounidense presupone que nuestro país, lo mismo que todos aquellos países que pescan en el área van a aceptar la pretensión de extraterritorialidad de una Ley doméstica de los Estados Unidos de América. Que se viole su soberanía nacional, se viole el derecho internacional, y las leyes internacionales de comercio, y de paso arruinen su economía pesquera, desaparezcan decenas de miles de empleos y permitan que se les inunde con millones de enlatados de atún estadounidense.
Siendo evidente el exceso de supuestos que consideraron los legisladores estadounidenses al aprobar esta Ley de conservación de delfines, terminaron transformándola en una legislación fuera de la realidad internacional de finales del Siglo XX.
Aunque dolosamente la Ley fue publicitada como la oportunidad para que Estados Unidos de América levanten el embargo a nuestras exportaciones atuneras, su contenido real pretende que a partir de 1994 todas las flotas atuneras con redes de cerco que operan en el Océano Pacífico oriental tropical dejen de pescar encerrando delfines.
Al respecto, volvemos a insistir que existen dictámenes científicos elaborados por el comité especial de la Academia de Ciencias de los propios Estados Unidos de América, así como de la Comisión Interamericana del Atún Tropical y de diversos investigadores, donde explícitamente se establece que:
La pesca de atún encerrando delfines y liberándolos es la técnica más racional desde el ángulo ecológico y económico.
Las poblaciones de delfines del océano Pacífico oriental tropical no están amenazadas de extinción, sino incluso en situación estable o de expansión, toda vez que su índice anual de crecimiento poblacional es mayor del 2%, y la tasa de mortalidad incidental anual en la pesquería es menor al 0.3%.
Los notables avances en la reducción de las tasas de mortalidad incidental de delfines de los últimos años, ha sido producto de los esfuerzos de los propios pescadores, y es esperable una mayor reducción mediante programas de cooperación internacional.
Por consiguiente, en la pesquería de atún en el Pacífico oriental tropical no existe un problema ecológico de destrucción de recursos marinos, como erróneamente lo presupone la legislación estadounidense en comento.
Y aún más, existe un importante programa internacional denominado Acuerdo Multilateral de La Jolla, suscrito por nuestro país, Estados Unidos de América, Venezuela y siete países más, donde se han tomado medidas muy importantes para acrecentar la protección de delfines y conservación de la pesquería del atún. La importancia de este programa ha sido estimada, en la reciente conferencia mundial técnica sobre pesquerías de alta mar, celebrada en Roma, como un modelo vanguardista de avance en la resolución del problema de pesquerías responsables en todas las áreas oceánicas.
En cambio, la "Ley de protección de delfines 1992", además de su origen unilateral, pretende hacer caso omiso de las nefastas consecuencias en el eventual caso de que se impusiera.
Desde el ángulo ecológico, la Ley propiciaría que las embarcaciones atuneras que permanecieran en el área, y bajo la prohibición de encierro de delfines, se dirigieran a la captura de atunes inmaduros o juveniles, amenazando sus poblaciones, y amenazando la posibilidad de un desarrollo sustentaba para los países latinoamericanos. Y en el caso de las embarcaciones que no aceptarán permanecer necesariamente, se dispersarían hacia otras áreas oceánicas, donde también se pesca con delfines (como ya lo hizo la flota atunera estadounidense), pero donde "casualmente" la Ley estadounidense no contempla ningún control, ni ningún observador de flota, lo que en esencia significa debilitar los esfuerzos civiles mundiales de que se avance en el control de las pesquerías de alta mar.
Desde el ángulo económico y social, la ley propiciaría que la flota mexicana y latinoamericana se paralizará por la falta de rentabilidad, por la ausencia de tecnología alternativa. Y la falta de recursos financieros para apoyar una eventual transferencia tecnológica ante la ausencia de abasto de materia prima a las enlatadoras y falta de demanda a las industrias conexas, se agudizaría aún más el problema de la pérdida de empleos. Que en el caso mexicano significaría cerca de 30 mil empleos, y ante el vacío de oferta nacional de enlatados de atún, se crearían las condiciones para que millones de enlatados estadounidenses o de otros países invadieran nuestros mercados. Esta última situación es algo largamente buscado por nuestros competidores estadounidenses, que no han aceptado las reglas de la competitividad y vuelven a recurrir al arsenal del proteccionismo. Embozado ahora en falsos argumentos ecológicos o moralistas.
Así, que la publicitada "bondad" de la Ley que el Gobierno estadounidense aprobó, significaría que de inmediato nos levantan el embargo, y en 1994 nos permiten morir y dejar de ejercer nuestra soberanía nacional.
Pero para que esto suceda, se requiere que nuestro país y otros, como Venezuela, acepten esa Ley Doméstica de los Estados Unidos de América. El gobierno venezolano ha mantenido una posición de franco rechazo a esa ley desde el inicio de su discusión, y nuestro país, mediante carta expresa, en días recientes ha manifestado su rechazo.
Tomando en consideración el punto de acuerdo de la Comisión Permanente sobre este mismo tema, del pasado 5 de agosto, es de suma importancia de no dejar duda alguna sobre la defensa de nuestra soberanía, y la disposición de ajustarnos al derecho internacional.
Por lo anterior, los diputados de todos los partidos de esta Cámara de Diputados, compartimos la reciente declaración del Poder Ejecutivo de la República, expresada a través de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Pesca. Respecto al enfático rechazo e inaceptabilidad de adhesión de nuestro país a la Ley Doméstica estadounidense, de "protección de delfines 1992"; así como a la pretensión de su aplicabilidad extraterritorial. Por consiguiente, coincidimos en el siguientes.
PUNTO DE ACUERDO
1. Se condena enérgicamente cualquier intento de los Estados Unidos de aplicar sanciones unilaterales en materia pesquera a otros países, ya que se trata de imponer extraterritorialmente una Ley de ese país al resto del mundo.
2. Reiteramos nuestro tácito apoyo al Acuerdo Multilateral de La Jolla, de protección de delfines, desarrollo de nuevas tecnologías de captura, creación de un panel especial de vigilancia en el cumplimiento del Programa Internacional de Cuotas.
3. Nuevamente reiteramos nuestra convicción de que los problemas comerciales entre nuestros países deben de resolverse por la vía del derecho internacional, y el respeto a las soberanías nacionales, evitando en todo momento recurrir a las acciones unilaterales.
4. Consideramos que de proseguir la pretensión de extraterritorialidad de la Ley de Protección de Delfines 1992. El Gobierno de la República considere la solicitud de instalación del panel especial del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, sobre este conflicto.
Recinto del Palacio Legislativo de San Lázaro, México Distrito Federal a 5 de noviembre de 1992.- Partido Acción Nacional, José Guillermo Orendain Guerrero; Partido Revolucionario Institucional, José Antonio González Fernández; Partido Popular Socialista, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo; Partido de la Revolución Democrática, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez; Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Cecilia Soto González; Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, Israel González Arreguín.
ESTADO DE OAXACA
El Presidente:- Tiene la palabra el diputado Salomón Jara Cruz, del Partido de la Revolución Democrática, para comentar la situación preelectoral en el Estado de Oaxaca.
El diputado Salomón Jara Cruz:- Con permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados:
El próximo domingo, 8 de noviembre del presente, se efectuarán las elecciones a concejales en el Estado de Oaxaca; 570 municipios iniciarán por el cambio de sus autoridades; de los 570 municipios, en 125 municipios se realizarán verdaderas contiendas electorales y el resto, los usos y costumbres de las tradiciones comunitarias del Estado de Oaxaca, hacen registrar a sus planillas de manera tradicional.
Observamos que las delegaciones de Gobierno, órganos que asisten al Gobierno del estado en diferentes regiones de Oaxaca, hacen uso de la manipulación para poder registrar a más de 420 planillas comunitarias.
Estas delegaciones de Gobierno, minigobiernos que funcionan en el Estado de Oaxaca, son los que, por un lado, utilizan las elecciones, organizan las elecciones en donde participa la oposición en estos municipios.
Inician el trabajo las delegaciones de Gobierno, creando problemas en diferentes distritos municipales electorales, en distintos comités municipales electorales. Primero, buscan que los diferentes partidos de oposición tengan los menos representantes posibles ante órganos municipales y órganos distritales electorales. Asimismo, van buscando la incidencia en diferentes municipios, para que las plantillas comunitarias o las planillas de oposición, puedan los caciques de la región, los políticos que tienen intereses económicos, poder incidir en diferentes municipios, en que tienen peso económico y político.
Es así como en estos días realizarán las elecciones en el Estado de Oaxaca con un sin fin de problemas que se han venido acumulando: violencia en municipios, impedimento de que los partidos de oposición realicen verdaderas campañas, encarcelamiento de compañeros en diferentes municipios así como buscando de que desistan en su participación electoral.
Municipios como San Vicente Ocuatlán, Pinotepa de Don Luis, San Juan Colorado, Santa María Ahuasolotitlán, por mencionar algunos, en donde nuestro partido realiza campañas a favor de su planilla y que los caciques y los delegados de gobierno intentan parar este tipo de actividades.
Pero la violación no para solamente en las delegaciones de gobierno sino que prosigue en los órganos estatales electorales. En los órganos estatales electorales hemos visto sistemáticamente el impedimento de que el registro de nuestros representantes, de nuestros comisionados ante este órgano se le obstaculiza. Se le crean trabas de tal manera que nosotros podamos tener una verdadera representación para que defendamos las posiciones de nuestro partido.
En ese contexto hemos visto como el órgano electoral ha manipulado un proceso electoral que se presenta para nosotros problemático. Por mencionar algún ejemplo y grave en el Estado de Oaxaca, el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales marca en el artículo 173, Título Tercero de la Documentación y Material Electoral lo siguiente: "Para la emisión del voto se imprimirán las boletas electorales correspondientes al modelo que apruebe el Instituto.
La boletas para las elecciones que regula este Código contendrán:
a) Distrito o municipio;
b) cargos para que se postule a candidato o candidatos;
c) color o combinación de colores;
d) nombre y apellidos del candidato o candidatos, etcétera."
Pero nosotros como lo hemos denunciado en su momento, hemos observado que este artículo ha sido violado, porque se presentan en estas elecciones unas boletas en las cuales vamos a participar pero sin los nombres de los candidatos. Sin los nombres de los candidatos una boleta en donde aparecen los emblemas de seis partidos políticos y que de los seis participaremos cuatro partidos políticos en estas elecciones.
Esto es grave de que en Oaxaca se intenté realizar unas elecciones, unas elecciones en donde el voto popular, en donde los ciudadanos elegirán a sus concejales. Es grave que exista en Oaxaca impedir que se desarrollen unas elecciones limpias, transparentes y claras, se obstaculicen hasta en el propio Código de Instituciones Políticas
y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca.
Esto no puede ser posible que se efectúen unas elecciones de esta manera, la gravedad implica no solamente desde los órganos municipales distritales, sino también los órganos estatales. Hasta hoy hemos conocido la parcialidad de este órgano electoral de cómo ha venido funcionando. Ellos deciden qué planillas registrar por los partidos de oposición, ellos deciden a quién registrar, así es el caso de nuestro compañero Clemente de Jesús, comisionado ante este órgano electoral quien a 72 horas de las elecciones aún no ha sido registrado; el propio compañero de nuestro partido y el Partido Acción Nacional votaron en contra en el Consejo General Estatal Electoral, en contra de la boleta electoral.
Efectivamente, ellos participaron en el consejo electoral, pero en contra de esta posibilidad de llevar a las elecciones. Nosotros decimos que es grave ir a unas elecciones en estas condiciones, porque se utiliza de manera discrecional cambios en algunos ayuntamientos a los concejales tanto del Partido Revolucionario Institucional como del propio Partido de la Revolución Democrática y de otros partidos. Discrecionalmente no sabremos de qué lado vendrán las acreditaciones de compañeros que serán autoridades municipales, tales son los casos, por mencionar algunos, hasta hace unos días en las comunidades de Tacachi de Minas, Santiago Yucuyachi, Teotongo y Tepescolula, se hicieron cambios a algunas planillas, a pesar de haber concluido desde el 30 de octubre con el registro de éstas.
Entonces nosotros denunciamos que ir a unas elecciones de esta manera nos imposibilita ver de que será con imparcialidad la actitud de un órgano estatal electoral, será imparcial no en sus decisiones, actuará de acuerdo a como la conveniencia y a los intereses les creen. Para nosotros ésta es una denuncia que hacemos ante el órgano estatal electoral y ponemos de manifiesto la preocupación de nuestro partido porque se sigan utilizando este tipo de métodos y este tipo de actitudes en los órganos estatales y en diferentes órganos electorales. Muchas gracias.
La Presidenta:- Para el mismo asunto, se le concede el uso de la palabra al diputado Sergio Vera, del partido Revolucionario Institucional.
El diputado Rafael Sergio Vera Cervantes:- Con su permiso, señora Presidenta:
Oaxaca es un Estado atípico, con sus costumbres, sus tradiciones, sus formas de ser y sus formas de organización social a veces son muy especiales. A diferencia de Baja California que tiene cuatro municipios, de Tabasco que tiene 17, Oaxaca tiene 570 municipios. Por eso, a veces técnicamente es difícil realizar con todo el rigor el desempeño de algunas indicaciones jurídicas electorales.
El día 30 de septiembre se cerró el registro de las planillas de los 570 municipios. Sin embargo todavía hasta hace ocho días, los compañeros del Partido de la Revolución Democrática estaban solicitando registrar candidatos. Esto nos indica que no es fácil registrar en 570 municipios: Jalapa del Marqués, Salina Cruz Tuxtepec, etcétera.
Hemos llegado a acuerdos especiales en otras ocasiones. Por ejemplo, en las elecciones pasadas de diputados y gobernador, muy claro lo dice la Ley, que los representantes en las casillas deben de ser las secciones correspondientes. Sin embargo se llegó a convenios, a concertación, dado de que no es fácil para algunos partidos políticos reunir en cada casilla o localizar en cada casilla a un representante. Se dio la posibilidad al Partido de la Revolución Democrática que con el solo hecho de que fuera oaxaqueño, aunque no fuera de la sección, pudiera ser representante de su partido en las casillas. Y la ley no lo señala; pero éste es un asunto de concertación y de entendimiento. Las elecciones no debemos verlas como una lucha entre rivales, sino debemos verlas como una lucha cívica, en la que a veces se proponen y se enfrentan programas de acuerdo a la concepción y a la ideología de cada uno de los partidos políticos.
Por eso, el caso que el compañero Salomón Jara presentó aquí es interesante. Y me voy a permitir hacer algunas referencias:
El día 7 de septiembre, los integrantes del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, donde estuvieron presentes: Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática, el Partido Popular Socialista, el Partido auténtico de la Revolución Mexicana, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el Frente y todos los demás partidos políticos, se llegó a un acuerdo en el que dado el número de municipios y dado el impedimento de los talleres gráficos de la nación, que fueron los encargados, de la impresión de las boletas, sólo contenderían, a reserva de ir registrando, contenderían y se señalarían los símbolos de los partidos. En ese día 7 de septiembre se firma un acta de consentimiento en el que están las firmas de todos los partidos
políticos que participan en la contienda. Esto no es ventaja para nadie, es ventaja, sí, para que de manera práctica se lleven a cabo las elecciones.
Los Talleres Gráficos de la Nación señalaban que si había que hacer impresiones de los nombres de los concejales de cada uno de los 570 municipios, se llevarían dos meses para su impresión, y los registros se cerraron el 30 de septiembre.
Por eso es importante hacer esta aclaración. Aquí está el nombre del representante del Partido de la Revolución Democrática, Clemente de Jesús López. Esta es su firma, en la que se acepta, y yo me voy a permitir dejar estos documentos, esta acta para constancia en la Secretaría.
Por otra parte, como señala el compañero Salomón Jara, de los bloqueos a su representante, no es tal. No queremos venir aquí a sorprender a nadie. Es una lucha interna.
COCEI es un grupo importante, de personas especialmente que han hecho tarea política en el istmo. Juchitán en estos momentos está en manos de COCEI. Ha sido un grupo de compañeros aguerridos, a veces temerarios, pero que juegan con las siglas. Se registran con las siglas del partido de la Revolución Democrática y así participan a las elecciones.
Pero ha habido un sismo dentro del Partido de la Revolución Democrática en Oaxaca, Y por eso unos apoyan a quien está registrado como representante. Y otros apoyan a otra persona de apellido Reina.
Por tanto, ahí no puede entrar el Instituto ni el Gobierno a participar en cuestiones internas de los partidos. Pónganse de acuerdo. Decida el Partido de la Revolución Democrática quién va a ser representante. No choquen. No peleen. Son hermanos de la misma lucha. Y después de ponerse de acuerdo, entonces hablamos.
De no ser así, vamos a venir aquí a esta Tribuna a tratar de sorprender a los compañeros diputados de los demás partidos, que con tanta paciencia nos escuchan.
En Oaxaca, pues, queremos que las cosas se realicen como debe hacerse y así en esa lucha estamos haciéndolo. Oaxaca es un estado muy difícil, muy difícil porque es un mosaico de hombres, de mujeres, de étnicas. de grupos sociales. Pero hoy más que nunca debemos cooperar para que haya tranquilidad y paz en este estado. En esa situación estamos viviendo.
Compañeros, pónganse de acuerdo. Y yo pienso que después de ponerse de acuerdo podemos caminar mucho mejor en este proceso electoral. (Aplausos.)
El diputado Eloy Vásquez López (desde su curul):-¡Para hechos!
La presidenta:- Sí. Tiene la palabra el diputado Eloy Vásquez López para rectificar hechos, por 5 minutos.
El diputado Eloy Vásquez López:- En primer lugar agradezco a la Presidenta y en segundo, quiero pedirles a ustedes un minuto de su atención, o unos minutos, para refutar algunas cosas que se han venido exponiendo. Yo creo que nadie puede venir aquí a darle lecciones de unidad interna a nadie, porque si no, entonces les pediríamos a quienes apoyan a Camacho, a quienes apoyan a Aspe, a quienes apoyan a Colosio que se comporten como hermanos que tienen la misma lucha, etcétera.
El problema no es éste, el problema central es que el gobierno estatal a través del Secretario de Gobierno, por cierto aliado de aquí del señor Vera que lo vino a defender, está invirtiendo directamente en la vida interna no sólo de un partido, el suyo, sino en varios partidos. Ha hecho un uso discrecional de los registros y fomentado no sólo en el Partido de la Revolución Democrática, también en el Partido Revolucionario Institucional, están los ejemplos de Putla, por ejemplo; y otros en donde la forma desinstitucionalizada, como ha llevado desconociendo acuerdos de direcciones de los diferentes niveles, ha creado el problema de duplicidad de planilla. Esto es un caso clarísimo en tres municipios del Partido de la Revolución Democrática pero también hay tres planillas o varias planillas en otros lugares en donde está participando el Partido Revolucionario Institucional y para solucionar problemas internos del Partido Revolucionario Institucional es que ha propiciado o ha auspiciado que las boletas electorales no lleven más que el emblema de los partidos; es una trampa a través de la cual utilizando los recursos del Programa Nacional de Solidaridad de los que por ejemplo no ha dado cuenta la Confederación Nacional Campesina del monto de 3 mil millones que ha manejado el año pasado y que encabezaba el diputado Vera que me antecedió, esos recursos del Programa Nacional de Solidaridad utilizados para el voto, para comprar votos, simplemente sirven para darle el triunfo a un partido, violando totalmente el derecho ciudadano de aquellos miembros, incluso de ese partido, que podían ser o deberían ser candidatos. Hay planillas engañadas en varias
partes del Estado de Oaxaca, que creen que su planilla es la registrada por el Partido Revolucionario Institucional. No sólo por el Partido de la Revolución Democrática, en el Partido de la Revolución Democrática está clarísimo el problema.
No, de esto del Partido Revolucionario Institucional hay priístas engañados que no saben si están registrados o no y el problema lo quieren transferir y resolverlo después en el Colegio Electoral y a partir ya de hechos consumados, ésa es la política que está siguiendo el Secretario de Gobierno, la cual es una política de desinstitucionalización del Estado de Oaxaca; ésa es la alarma que vino a poner el compañero Salomón Jara aquí y a eso lo que tienen que responderle, no se puede, independientemente de un acuerdo votado por mayoría a través de mecanismo que todos conocemos por el manejo que utiliza el Gobierno, que tiene el Gobierno sobre los procesos electorales y sobre los órganos electorales, no se puede violar de esa manera el derecho ciudadano de candidatos de ningún partido.
Efectivamente está la firma en el documento que presenta el diputado Vera, del representante del Partido de la Revolución Democrática, pero justamente después de que el compañero impugna en una sesión del Consejo General, auspiciando situaciones y aprovechando situaciones de otro orden, el Consejo General lo suspende violando con ello los derechos del Partido de la Revolución Democrática, porque ningún órgano electoral tiene derecho a suspender al representante de un partido. Eso es una intervención directa y eso también lo cometió bajo la dirección del actual Secretario de Gobierno.
Y la impugnación del compañero ahí está, y sin embargo se niegan incluso a firmarle de recibido y a entregarle copia de su recurso.
Esa es la situación que está privando en el Estado de Oaxaca, en vísperas de las elecciones se está desinstitucionalizando y se está propiciando que después nosotros realicemos protestas fuertes y en donde no haya condiciones para poder establecer el diálogo.
Nosotros hemos planteado que estamos dispuestos a establecer condiciones civilizadas para las elecciones municipales en Oaxaca. Lo que queremos es el reconocimiento mutuo de la responsabilidad que cada uno de nosotros debe tener como partido y especialmente, de las instituciones.
En el caso que menciona de los antecedentes de acuerdos especiales, yo le quiero pedir a quien me antecedió, que por favor se informe bien; tal vez su ausencia del Estado de Oaxaca lo haya hecho que le informaran mal, su desapego y su desarraigo.
La verdad es que el acuerdo que no bastaba con ser oaxaqueño, sino que se permitió que cualquier ciudadano que estuviera inscrito en el padrón del distrito electoral, fuera representante de casilla; y no fue un acuerdo especial para el Partido de la Revolución Democrática; como él viene a mentir aquí; fue un acuerdo general que también permitió, porque nos consta, que priístas de secciones diversas, estuvieran como representantes en lugares en donde ni siquiera el Partido Revolucionario Institucional tuvo posibilidades de tener representación.
O sea que era un problema generalizado en donde la ley era vigente, pero no tenía positividad, no podía realizarse y en la práctica por las condiciones específicas del Estado de Oaxaca; pero no es el caso del asunto de las boletas electorales, las boletas electorales en los ciento y tantos municipios en donde va a ver elecciones, debían llevar efectivamente los nombres de los candidatos.
No se puede permitir que en aras de que el Partido Revolucionario Institucional obtenga su unidad interna o engañe o engatuse a candidatos incautos, las boletas no lleven los nombres de todos los candidatos. El candidato que sea de un partido o de otro, tiene derecho a que su nombre aparezca en la boleta.
Por último y para no cansarlos, quiero decirles que nosotros queremos evitar sobre todo la violencia. En este momento existe, con este proceso que se está llevando de desinstitucionalización, de desconocimiento de las direcciones estatales de promover la división interna de los partidos desde el órgano; por ejemplo, en este momento se encuentran bloqueadas las carreteras de Tuxtepec y del Istmo de Tehuantepec.
Es una protesta de gente del pueblo, de gente del Partido de la Revolución Democrática que está por este mecanismo, tratando de hacerse oír porque a pesar de que su planilla debió haber sido registrada desde hace un mes, a través de una maniobra legaloide permitió que el comité municipal registrara a otra planilla que no tenía derecho a ser registrada.
Esas son las condiciones que nosotros queremos que no se profundicen, porque ya existen
amenazas de muerte en contra de distintos candidatos, por ejemplo el de San Vicente Coatlán, que ya se mencionó acá, que es un municipio enclavado en la sierra sur del estado, en donde por su aislamiento existen pistoleros, existen problemas de narcotráfico, existen problemas de distinto tipo de violencia y en donde a pesar de que ha gobernado la fuerza de la izquierda democrática desde hace 12 años, no se ha podido erradicar la existencia de ese tipo de grupos que actúan en la clandestinidad y con el apoyo de funcionarios regionales y de los caciques regionales.
En esos lugares puede generarse la violencia y en donde quizá en esas partes no podamos detenerla y tengamos que lamentar nuevamente muertos poselectorales, tal como hubo en 1989. Desgraciadamente la autoridad estatal, a través de su Secretario de Gobierno actual, no ha puesto las bases para ello y es lo que se ha venido a criticar.
Esperamos que próximamente, desde luego tiene que ser hoy o mañana, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, dicte los acuerdos necesarios para que se restablezca la normalidad y la legalidad en el Estado de Oaxaca. Muchas gracias.
La Presidenta:- Para rectificar hechos tiene la palabra el diputado Fernando Iturribarría, del Partido Revolucionario Institucional. Le recuerdo que es por cinco minutos.
El diputado Jorge Fernando Iturribarría Bolaños Cacho:- Muchas gracias, señora Presidente:
El Partido Revolucionario Institucional ha dejado claramente establecidas las condiciones de apertura política y de voluntad Democrática con la que los oaxaqueños participamos en las elecciones.
En enero pasado se reformó el artículo 33 de la Constitución del Estado de Oaxaca, a fin de dar mayor participación y representación a las fuerzas políticas del estado y de esta manera se incrementaron el número de diputados de mayoría relativa, de 18 a 21, y el número de diputados electos por el principio de representación proporcional, de seis a 10. Bajo estas circunstancias en la actualidad, y conocidos los resultados de las pasadas elecciones, el Partido Revolucionario Institucional tiene 21 diputados de representación de mayoría relativa, el Partido de la Revolución Democrática cuatro, el Partido Acción Nacional dos, el Partido Socialista, el Frente Cardenista y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, un diputado cada uno.
En otro orden de ideas, durante este mismo mes, fue aprobada una nueva Ley electoral conocida como Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, Ley que aprobada por unanimidad de todos los partidos políticos, incluido el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática. Este código reconoce a los partidos como entidades de interés público, y asimismo considera la posibilidad de otorgar el registro condicionado a organizaciones políticas locales; prevé además la autonomía del Instituto Estatal Electoral, cuyo órgano máximo de dirección lo es el instituto estatal, compuesto por los representantes de los partidos políticos, la ciudadanía a través de consejeros magistrados y del Gobierno del Estado. Esta organización se transmite a los 21 comités distritales electorales y finalmente a los 570 ayuntamientos.
Asimismo, incorpora elementos e instrumentos jurídicos de inapreciable valor, como son el Tribunal Estatal Electoral, compuesto por cinco magistrados y un sistema de medios de impugnación para la preservación de los derechos políticos de partidos y en particular de los ciudadanos.
En este punto queremos dejar claro que el pasado proceso electoral fueron presentados 147 escritos de protesta que al 8% del total de las casillas instaladas en todo el Estado y que es requisito de procedibilidad para que el recurso de inconformidad, de los que conocimos en 15 ocasiones, fueran tomados en cuenta e interpuestos como recursos.
Como se puede observar, fue un proceso limpio, claro, transparente, investido claramente de la legalidad que nos otorga el derecho electoral y de la legitimidad que nos da el voto mayoritario de los oaxaqueños.
La democracia en Oaxaca se ha construido con el esfuerzo sostenido de todos los partidos políticos; de esta manera, desde 1991, se inició en el Estado la construcción de un padrón electoral cianfiable, en el cual participaron Acción Nacional, el Popular Socialista, el Frente Cardenista, el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, y fueron esos partidos, al igual que el partido Revolucionario Institucional, los que autorizaron conforme a la ley la utilización del padrón electoral nacional construido en 1991, para ser utilizado en la jornada electoral del 12 de agosto y de este 8 de noviembre.
En este sentido se han observado tanto los ordenamientos del Código Federal de las Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales, como la Ley Electoral Local. De esta manera se han cubierto los plazos para la campaña de actualización del catálogo general de electores, y se han autorizado plazos extraordinarios, como el que acaba de concluir el pasado 10 de octubre de más de 74 mil 843 credenciales de elector, y de esta forma el listado nominal de electores contiene un total de 1 millón 295 mil 52 ciudadanos, quienes en los 570 ayuntamientos y en las 2 mil 980 casillas, y en las 2 mil 435 secciones electorales de todo el estado, podrán votar el próximo 8 de noviembre para elegir autoridades municipales.
En este sentido, es inapelable la afirmación de un empadronamiento selectivo o de un reparto amañado de credenciales como se ha mencionado, y para demostrarlo la Comisión Local de Vigilancia del Registro Federal de Electores, en su sesión del pasado 26 de octubre, emitió una convocatoria que fortalece la vida democrática de Oaxaca y realiza a plenitud el pluralismo político de nuestro Estado, con el reconocimiento y la participación de todos los partidos políticos.
Hasta este momento se ha cumplido con todas las etapas preparatorias del proceso electoral municipal en el Estado de Oaxaca. Tenemos conocimiento de que el Instituto Estatal Electoral instaló en tiempo y forma los 570 comités municipales electorales de todo el estado, mismo que fueron aprobados en sesión de consejo general el 7 de septiembre próximo pasado, y que en sus términos fueron aprobados con el conocimiento de los partidos políticos, así como que se procedió a autorizar la documentación electoral y formato de actas y de boletas a utilizarse en la jornada municipal. En este sentido contamos con las importantes aportaciones de todos los partidos políticos, en la sesión que tuvo lugar el 6 de octubre en el Instituto Estatal Electoral, en donde se dio a conocer todos y cada uno de los registros de las planillas a concejales municipales que realizaron los partidos.
De esta forma, nos enteramos que el Partido Acción Nacional solicitó y obtuvo el registro en 30 ayuntamientos; el Partido de la Revolución Democrática en 36 de los 570 municipios, pero que están sujetos a una dificultad interna en la solicitud de registro de los municipios de Jalapa del Marqués, Salina Cruz y Tuxtepec, en donde la disputa interna de la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática, ha llevado a miembros de este partido a tomar oficinas públicas, a secuestrar funcionarios, a fin de que los intereses personales de cada uno se vean satisfechos con la obtención del registro, que de esta manera se encuentra a discusión la acreditación de representantes del Partido de la Revolución Democrática ante el Instituto Estatal Electoral, en una situación interna de ese partido, que ha superado los canales de la legalidad para abiertamente violentar el proceso electoral y la voluntad democrática de los oaxaqueños, exigiendo que una decisión que corresponde solamente a miembros de ese partido, sea tomada desde instancias externas.
Sabemos y conocemos la táctica sólo de estar buscando un pretexto para violentar la estabilidad del estado, y evitar que la opinión pública conozca realmente cuál es esta realidad.
Finalmente, queremos señalar que el pasado 10 de octubre, en presencia de los representantes de los partidos políticos, fue recibida toda la documentación electoral que imprimió Talleres Gráficos de la Nación, y que bajo este mismo comportamiento claro y transparente, fueron entregadas las listas nominales de electores que serán utilizadas en las casillas desde el pasado 28 de octubre a las 12 horas, y en este mismo tenor, el pasado 31 de octubre todos los partidos políticos recibieron una copia de las listas nominales de todo el estado.
Creemos y podemos afirmar que los oaxaqueños deseamos vivir en paz, y en que en modo alguno, de ninguna manera estamos dispuestos a aceptar que las presiones, el chantaje, las amenazas, el terrorismo y las componendas, sean reconocidos como medios legítimos para acceder al gobierno municipal. Reconocemos en cambio, a la legalidad, a la imparcialidad, a la objetividad y a la certeza como principios rectores que aseguran que el ejercicio del sufragio de la suma de los votos, será el único medio legítimo para acceder a la democracia, y estamos seguros que el próximo 8 de noviembre, la voluntad mayoritaria de los oaxaqueños se manifestará en favor del Partido Revolucionario Institucional.
Quiero también dejar asentado que en el acta del 17 de septiembre en el Consejo General, el formato fue aprobado de las boletas electorales y fue firmado por todos los representantes de los partidos, la cual, como ya se dijo, fueron impresas en los Talleres Gráficos de la Nación, que apenas dio el tiempo necesario de acuerdo a lo que establece la ley para cumplir con los plazos de registro de candidatos, publicación de esas boletas, registro de cada uno de los distintos municipios, y finalmente que pudieran hacerse llegar en tiempo y forma a los 500 comités municipales electorales. Muchas gracias.
El diputado Eloy Vásquez López (desde su curul):- Pido la palabra para hechos.
La Presidenta:- Tiene la palabra para hechos el diputado Eloy Vásquez López. Se le recuerda que cuenta con cinco minutos.
El diputado Eloy Vásquez López:- Gracias, señora Presidenta:
Solamente para constatar que el señor Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, está totalmente de acuerdo en que los nombres de esos candidatos no aparezcan en las boletas electorales, lo cual establece un precedente de la mayor importancia para el Estado de Oaxaca. Se está legitimando así el despojo a candidatos decididos por su partido a través de distintos métodos, pero sobre todo aquellos que representan auténticamente a sus comunidades.
El está de acuerdo, la inconformidad en Oaxaca en torno a distintas planillas registradas por su partido va a continuar; sin embargo, creemos que esto viola, reiteramos, derechos constitucionales, porque cualquier candidato debe ser respetado y su nombre debe de aparecer en la boleta.
También quiero aclarar nuevamente que, él mismo lo dijo, las boletas electorales hace escasamente una semana y media que fueron puestas a disposición de los partidos, y hasta ese momento se constató que no contenían los nombres de los candidatos. La protesta de nuestro compañero, el representante del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, no ha sido posible que se haga efectiva, justamente porque se le mantiene suspendido, y en torno a eso, el Partido Revolucionario Institucional no hizo ningún pronunciamiento, y esperábamos que planteara por lo menos...
La Presidenta:- Un momento, diputado.
El diputado Marco Antonio García Toro (desde su curul):- Ciudadana, quisiera hacer una interpelación al orador.
La Presidenta:- ¿Acepta la interpelación?
El diputado Eloy Vásquez:- Con todo gusto.
El diputado Marco Antonio García Toro (desde su curul):- Gracias, señora Presidenta. En las condiciones en que usted está planteando el hecho de que en el Estado de Oaxaca las boletas no tienen el nombre de los candidatos, ¡qué cree usted que va a suceder? ¿Los votantes van a elegir a un candidato oculto o van a elegir un partido?
El diputado Eloy Vásquez López:- Los votantes van a optar por un partido, pero sin candidato, y la suma de los votos de los dos precandidatos o más se van a sumar a ese partido.
Yo creo que, si en México lleváramos esto al extremo de que en la candidatura a la Presidencia de la República en 1994 no aparecieran más que los emblemas de los partidos, sería una agresión al pueblo mexicano. Los gobernados tienen el derecho a elegir individualmente a su gobernante, independientemente de la fuerza política que este represente.
Y eso es lo que se está violando en el Estado de Oaxaca. Muchas gracias.
El diputado Jorge Fernando Iturribarría Bolaños Cacho (desde su curul):- Pido la palabra para hechos, señora Presidenta.
La Presidenta:- Para contestar alusiones personales, tiene la palabra el diputado Iturribarría, por cinco minutos.
El diputado Jorge Fernando Iturribarría Bolaños Cacho:- Únicamente para decirle a mi compañero Eloy Vázquez, que yo no avalo nada, que fue un acuerdo del Consejo General Electoral y el que lo avaló fue su representante, con la firma en el acta correspondiente.
El diputado Salomón Jara Cruz (desde su curul):- Pido la palabra, señora Presidenta, para hechos.
La Presidenta:- Tiene la palabra para rectificar hechos el diputado Salomón Jara Cruz, por cinco minutos.
El diputado Salomón Jara Cruz:- Con su permiso, señora Presidenta, compañeras y compañeros diputados:
Para expresarle al diputado Iturribarría Bolaños y recordarle que el día 7 de septiembre, que se reunió el Consejo General Estatal Electoral en el Estado de Oaxaca, fue para determinar los puntos que se referían a lo de las boletas, a lo de las constancias, nada más.
El Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática estuvieron en contra de
que se imprimieran en las boletas siete partidos políticos, entre ellos el Partido Revolucionario de los Trabajadores, que no tiene registro en el Estado de Oaxaca.
Eso es, para aclarar que, efectivamente, lo que se hizo en Oaxaca, con no registrar a los nombres de los candidatos, como decía acertadamente mi compañero Eloy, es con el objeto de discrecionalmente utilizar a los miembros de su planilla, en donde tienen problemas fuertes, en municipios importantes, hacer de estos municipios la unidad de manera discrecional. Esto es lo que quieren demostrar estos señores
Por eso, queremos decir que a partir de allí vienen una serie de problemas, no solamente en el Partido de la Revolución Democrática, sino también en el Partido Revolucionario Institucional, que empiezan a hacer actos de protesta, empiezan a bloquear carreteras, empiezan a tomar algunos comités municipales, y ésa es no solamente una actitud del Partido de la Revolución Democrática, sino también es una actitud que realiza su partido y que ha venido haciendo, porque le han cambiado las planillas. Muchas gracias.
ESTADO DE TAMAULIPAS
La Presidente:- Tiene la palabra la diputada Luisa Alvarez Cervantes, del grupo parlamentario del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, para comentar la situación electoral en el Estado de Tamaulipas.
La diputada Luisa Alvarez Cervantes:- Compañeras diputadas, compañeros diputados:
Estoy en esta tribuna porque considero una obligación fundamental de los legisladores estar insertos en los procesos electorales. El Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, por mi conducto, hace una denuncia desde la más alta tribuna de la nación, acerca de las dificultades que enfrentamos las fuerzas democráticas y progresistas para lograr plenas condiciones en la contienda electoral del 8 de noviembre.
Apenas el día de ayer la coalición Partido Acción Nacional Partido de la Revolución Democrática inició la entrega de algunos de los edificios de los órganos electorales tomados en el Estado de Tamaulipas; siguen tomados todavía alrededor de nueve edificios de los órganos electorales distritales y municipales del Estado de Tamaulipas hoy, a tres días de la elección.
A la vez que siguen algunos plantones haciendo propaganda cuando de acuerdo a la Ley, el día 4 de noviembre terminaron los actos de la campaña. Estamos a tres días de la elección y aún, compañeros, se tienen tomados los edificios con todo y documentación electoral.
Entre todas las funciones que se paralizaron se afectó una, la fundamental, la entrega de los documentos que acreditan a los representantes comunes del partido y candidato ante las mesas directivas de casilla y generales. Cientos de nombramientos se encuentran hoy en este momento en los órganos electorales. En tan sólo tres días, en el supuesto caso de que se entreguen en este momento los edificios tomados, sería una tarea casi imposible que terminen de entregarse los nombramientos de representantes de casilla, pues éstos tienen la obligación de entregarlos a los partidos políticos y los partidos políticos a los ciudadanos, mismos que confiaron en que los contendientes en el proceso electoral mirarían el proceso en serio y que podrían suprimir intereses de grupo y de partido en aras del pueblo tamaulipeco.
De palabra todos nos hemos pronunciado contra el fraude electoral, por el respeto irrestricto a la voluntad popular, pero a la luz de los hechos se apoya el fraude y se pretende evitar la expresión popular. Independientemente de las razones, de las tomas de los edificios electorales, estamos ante un hecho que violenta el proceso el día de la elección.
¿Qué se pretende al detener la documentación relativa a los representantes electorales? ¿Desmantelar desde ahora la vigilancia constitucional el día de las elecciones en el estado?
Aquí se habla de sufragio efectivo, se manifiestan por el sufragio efectivo, se pelea por la vigilancia el día de las elecciones; pero en los hechos, tanto el Partido Acción Nacional como el Partido de la Revolución Democrática, como las instituciones electorales, casi lo niegan en el Estado de Tamaulipas.
Con gran madurez cívica el pueblo tamaulipeco inició la jornada electoral para renovar cuarenta y tres ayuntamientos, el congreso local y la gubernatura del Estado; prestó, pueblo y partidos políticos nominados a nuestros candidatos a los diversos puestos de elección popular.
Con libertad se realizaron las campañas, los candidatos se desplazaron a lo largo y ancho de nuestro Estado, buscando la aceptación del pueblo, confiados todos en que el ocho de
noviembre es la fecha donde sabremos hacia quién se inclinan los electores.
En este proceso, como en ningún otro, se inició el despertar popular, se conocieron las propuestas y los programas de candidatos y partidos, y al calor del pueblo se hizo posible que fuerzas como la nuestra, lograran en las ciudades y pueblos el 100% de los representantes de las casillas para que el día de las elecciones se encuentren vigiladas. Estamos seguros de que a pesar de aquellos que pretenden el retroceso, las fuerzas progresistas haremos esfuerzos extraordinarios para que acudiendo al pueblo y con nuestros representantes, las elecciones del 8 de noviembre sean las más vigiladas en la historia de Tamaulipas.
En otros tiempos, los partidos nos juntamos para exigir a los órganos electorales el cumplimiento a la Ley, sobre todo en lo que respecta a los representantes de casilla, sabeedores de que a partir de ellos, con actas en la mano de todos los partidos políticos sabremos el mismo día de la elección nuestras victorias para defenderlas y nuestras derrotas para reconocerlas.
Nuestro pueblo anhela una transformación profunda de la vida política y económica del país, una transformación que le permita tener en acceso al empleo, a la vivienda digna, a la alimentación, a la producción, con el fin de satisfacer las necesidades de desarrollo y progreso.
Las elecciones deberían ser el proceso por el que el pueblo elija los programas y que los partidos avancen en esta transformación, pero en esta contienda, la participación de una coalición antihistórica que busca arrogarse el papel de juez en el proceso electoral siendo parte del mismo, ha entorpecido la vigilancia efectiva las casillas y del proceso electoral.
Que no nos engañen, una cosa es luchar porque los órganos electorales sean autónomos, los organismos electorales sean autónomos del Poder Ejecutivo, y otra que éstos pasen a un partido, a una coalición que manifiestamente no representa el programa que el pueblo de Tamaulipas quiere, sino los intereses de algunos grupos económicos que aprovechando el descontento del pueblo por los errores del partido en el poder del gobierno, pretenden tomar el poder sin pasar por el sufragio popular.
Desde esta tribuna de la nación, llamamos a todas las fuerzas progresistas y democráticas, a los hombres y mujeres claros, al pueblo en general para que las intentonas de violencia sean acalladas con el esfuerzo de todos para que desde nuestra trinchera nos apoyemos mutuamente en un esfuerzo extraordinario para que en estos tres días la intentona de desmantelar la vigilancia constitucional del 8 de noviembre en Tamaulipas fracase, y lleguen a cada casilla electoral los representantes de los partidos y la papelería correspondiente.
En Tamaulipas, como en las demás contiendas electorales, está a prueba la voluntad política del gobierno y de todos los partidos políticos para que el sufragio empiece a ser efectivo, para que las elecciones sean confiables y los resultados aceptados por todos, pero no será posible si las mismas fuerzas políticas no acatan una de las reglas fundamentales de la democracia: la vigilancia efectiva del proceso electoral en la misma casilla.
No ayuda a nada a la transición democrática obstaculizar la entrega de la acreditación a los representantes del partido y candidato, eso sólo hace menos confiables las elecciones, aleja más al pueblo político, pareciera que obstaculizando esta función sólo ganan aquellos interesados en que la democracia no sea una forma de gobierno viable.
En el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, nos interesa profundizar y perfeccionar la democracia, por eso no podemos quedarnos callados ante cualquier procedimiento que atente contra la legitimidad de una contienda electoral. Todavía es tiempo para hacer elecciones confiables en Tamaulipas. Los partidos, las instituciones electorales y el Gobierno tienen la palabra. Muchas gracias, compañeros.
ESTADO DE SINALOA
La Presidenta:- Tiene la palabra el diputado Esteban Zamora Camacho, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para comentar la situación en el Estado de Sinaloa.
El diputado Esteban Zamora Camacho:- Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:
También Sinaloa tendrá elecciones el próximo domingo y también en Sinaloa este domingo se pondrán a prueba los propósitos de enmienda que ha venido a predicar el régimen aquí.
En Sinaloa vamos a ver este domingo si el sistema hace honor a la palabra presidencial empeñada
en la lectura de Informe, cuando el Presidente dijo:
"Es hora de consolidar, hora de que todos cumplamos con la Ley y con nuestro compromiso democrático".
Y en estas sesiones de glosa, un compañero diputado del Partido Revolucionario Institucional nos decía antier, precisamente, que la modernización de México, según muchos pensamos, ellos y nosotros también implica en buena medida, que deje de ser un país de reglas no escritas, para convertirse en un país de reglas escritas. Y eso es lo que esperamos de las elecciones de Sinaloa, que se cumplan con las leyes, que se respeten las reglas, y lo que impere sea la norma y no la excepción.
Desafortunadamente frente a la voluntad del pueblo sinaloense, manifestada una vez más por conquistar su libertad política y el establecimiento definitivo de la democracia, no han faltado los intentos de preparar el terreno para la falsificación de las elecciones. Y no venimos a lloriquear ni anticipar resultados adversos. ¡Sabemos que vamos a ganar! Venimos a denunciar lo que están haciendo los mapaches.
Vamos a entrar a un juego disparejo, en primer lugar, porque el padrón no es totalmente confiable. Y sé que van a venir a revisar los compañeros priístas de Sinaloa, pero ello no podrán negar que en una investigación de campo que se realizó en el municipio de Culiacán, solamente en ese municipio había 16 mil ciudadanos empadronados que no viven en el lugar que se les señala en el listado nominal. ¿De qué se trata? En su mayoría esos 16 mil ciudadanos son trabajadores estacionales que se emplean en la recolección de las cosechas de legumbres; termina su trabajo, se van del estado, muchos de ellos no recogen su credencial pero la credencial ahí está para que la utilicen quienes se prestan a utilizarla de mala manera.
Hay que señalar que también hay personal que sí tienen su credencial de elector; sí viven en el lugar señalado en la credencial, pero no aparecen en el listado nominal.
Por otra parte, tenemos que señalar con claridad que la Constitución de Sinaloa señala una residencia de dos años para adquirir la ciudadanía sinaloense.
El haber empadronado a los trabajadores estacionales pondrá en condiciones de votar a ciudadanos que no tienen derecho a hacerlo en las elecciones locales de Sinaloa y que por sus condiciones sociales, económicas y educativas se puedan prestar a manipulaciones que todos conocemos.
Por otra parte, y esto hay que recalcarlo y si es necesario vamos a traer pruebas, un aspecto grave, alarmante, sobre el cual el Gobierno de la República debe poner atención porque va de por medio su prestigio, es el hecho de que no hay información seria sobre la forma como se han entregado las credenciales. Se han proporcionado números gruesos, pero por lo menos hasta el día de ayer no habían entregado a los partidos las cintas magnéticas que habían ofrecido, las cuales contienen información pormenorizada del destino que no han tenido, por ejemplo, las credenciales no reclamadas y la forma en que los titulares legítimos han recibido el documento que los acredita como electores.
Por otra parte, no han faltado las presiones y las maniobras. La Prensa de ayer de la ciudad de Culiacán daba información acerca de que los sindicalizados que trabajan en el ferrocarril o en el transporte urbano, han recibido amenazas en el caso de que no asistan a las concentraciones del partido del gobierno.
Y hay un dato importante que ha sido muy manejado por la Prensa de mí estado Los diputados locales de Acción Nacional llevaron al Congreso Local una lista de cheques, donde se especifican números de cheque y cantidades, que puedan ser indicio de desviación de recursos hacia la campaña del Partido Revolucionario Institucional. Esto es público.
Los diputados panistas de Sinaloa pidieron al Congreso que se investigaran esos cheques, que fueron girados por la Tesorería del Ayuntamiento de Ahome, con cabecera en Los Mochis.
¡Hubiera sido una oportunidad magnífica "para taparle la boca a los habladores" si se tratara de una calumnia; pero el Congreso del Estado se ha negado a investigar los cheques que, como indicio, han presentado los diputados del Partido Acción Nacional! ¡Pero no solamente eso: los transportistas de Los Mochis han aceptado públicamente, y la Prensa de Sinaloa ha publicado sus declaraciones, en el sentido de que han recibido dinero del Ayuntamiento de Ahome, a cambio de acarrear "carne de mitin" para las concentraciones de Renato Vega Alvarado! (Aplausos.)
Tenemos que ser justos. Hay que admitir y eso se están preparando para venírmelo a decir que
algunas denuncias han sido atendidas, denuncias graves por cierto.
Por ejemplo, el proceso para la insaculación de los ciudadanos entre los cuales se iban a seleccionar los funcionarios de casillas, se repuso en su totalidad porque se demostró que habían hecho listas amañadas, de tal manera que el dígito seleccionador, como le llaman en su lenguaje técnico la gente de los organismos del Registro, correspondiera a pura gente previamente seleccionada. Se les demostró esa irregularidad; se repuso todo el procedimiento.
Hubo un caso muy sonado. El Candidato a Presidente Municipal de Navolato denunció el transplante de ciudadanos que se esta haciendo, gente residente de Culiacán que los estaban llevando en camiones, tenemos número de placas de los camiones y filmaciones en video, a registrarse como residentes en Navolato. La explicación que dieron era que se estaban cambiando en masa a vivir a Navolato, explicación absurda, infantil e increíble porque Navolato es un municipio en crisis, la principal fuente de trabajo de Navolato es el Ingenio Azucarero que está a punto de cerrar sus puertas y podría pensarse en un éxodo de trabajadores navolatenses y no en una inmigración de gente de Culiacán que se va a buscar trabajo donde los trabajadores se están muriendo de hambre por falta de previsión del Gobierno que ha llevado a una de lo que en otro tiempo fue industria floreciente de Sinaloa, a la bancarrota y al descalabro total.
Es cierto, también el caso ése se atendió, la autoridad no admitió que se estaba haciendo transplante, hubiera sido el harakiri, pero sintomáticamente al funcionario señalado como responsable lo corrieron el día siguiente de la denuncia. Y podríamos seguir, ya sé que se estaban preparando para venirme a decir, hemos atendido las denuncias de ustedes pero el gobierno está jugando al juego perverso de que si me viste, te reíste y si no te fregaste. Como esos casos hay muchas más, estamos alertas, tenemos la experiencia de agosto del año pasado, sabemos cuál es el atajo del mapache y tenemos ya el dispositivo para cerrarles el camino.
Los organismos electorales en su mayoría están formados por individuos de clara filiación priísta, el nuevo lenguaje que se utiliza ahora en este recinto, las nuevas formas parlamentarias no me permiten decir que la mayoría de los organismos electorales son un retacadero de mapaches y así lo diría si no fuera a faltar a la nueva urbanidad que ahora se usa en esta Asamblea; pero es cierto, la parcialidad la han demostrado desde el principio, tenemos muchos motivos de queja pero uno muy gordo fue el de haberle negado el registro a la señora Concepción Rodríguez de Rice con el pretexto de que le faltaba el apellido paterno en la solicitud de registro y sin cumplir con el requisito señalado por la Ley Electoral del Estado de que las autoridades electorales dentro de un plazo fijado por la misma Ley harían ver a los partidos las deficiencias que pudieran encontrar en sus solicitudes; claro, protestamos esa decisión, se aceptó el registro de la señora Concepción Rodríguez de Rice porque era evidente que la falta de apellido materno estaba más bien del lado del funcionario lépero que estaba tratando de cerrar el paso a la democracia.
(Aplausos.)
Acción Nacional está encabezando la lucha del pueblo sinaloense por la democracia. El próximo domingo, con fe en la victoria que ya la sentimos llegar porque hemos vivido una campaña alegre, entusiasta, de comunicación con el pueblo porque hemos sentido la diferencia en el ánimo de la gente que se han acercado a los actos masivos de Acción Nacional, frente a los acarreos del candidato de enfrente, donde los asistentes están como en la misa de difuntos, de cuerpo presente pero de alma ausente y que van cuando mucho a escuchar a Lola Beltrán pero no apoyar al candidato del Partido Revolucionario Institucional.
Entonces pues, tenemos convencimiento de la victoria. Sabemos que vamos a ganar en los municipios de mayor población; que vamos a tener autoridades emanadas de Acción Nacional en municipios en los que vive el 75% de los ciudadanos de Sinaloa; sabemos que vamos a tener mayoría en el Congreso. Estamos seguros de que Emilio Goicochea Luna será el próximo gobernador de Sinaloa.
Ahora bien, esperemos que esto se decida como un chihuahuazo, no como un michoacanazo. Esperamos que no sea necesaria la contienda postelectoral; confiamos en que el régimen haga honor a su palabra. No queremos la lucha después de las elecciones porque nosotros también compartimos la idea de que los comicios se ganan en las urnas y no en la calle.
¡Ah!. pero sí, al sistema le consta la capacidad de resistencia y de movilización del pueblo de Sinaloa. Está claro en la memoria de todos que hace tres años tuvimos en Culiacán los días seguidos en mitin. Está claro que la gente de Sinaloa ya perdió el miedo a la represión; lo de hace tres años fue un ensayo general; ya aprendimos a enfrentarnos a los perros y a los caballos,
a los de dos y a los de cuatro patas y ya no les tenemos miedo.
Entonces pues, insistimos, no queremos el confrontamiento posterior a la elección, esperamos que se decida todo por los medios civilizados pero no renunciamos a nuestro derecho a la legítima defensa. Muchas gracias.
La Presidenta:- Para el mismo asunto, se le concede el uso de la palabra al diputado Manuel de Jesús Valdés, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Manuel de Jesús Valdés Sánchez:- Con su permiso, señora presidente:
No es válido usar sistemáticamente, después de cada cierre de campaña, el argumento que aquí se vino a decir, para restarle transparencia a los comicios próximos en mi Estado de Sinaloa.
No podemos aceptar que ante esta tribuna nacional, se trate de decir que en Sinaloa vaya a haber barruntes o vaya a haber problemas en toda la geografía sinaloense.
Estamos convencidos los sinaloenses que las elecciones se ganan en las urnas electorales; podemos afirmar que los sinaloenses somos y seremos respetuosos de la voluntad ciudadana, aclarando aquí que en ningún momento los sinaloenses seamos carne de mítines, sino priístas convencidos todos.
Seguros estamos de lo que afirmamos, simplemente como un hecho expresamos ante ustedes, señores diputados, las declaraciones hechas el día de ayer por los tres candidatos a gobernadores, por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos en Sinaloa, por el obispo de la entidad, Luis Roja Mena, y el presidente del Centro Empresarial del Estado, coincidiendo todos ellos en que este 8 de noviembre serán elecciones sin violencia, limpias, transparentes.
Si tomamos en consideración las declaraciones hechas, ¿qué genera violencia?, ¿una supuesta falta de transparencia? Bien, entonces si ya se está pronosticando elecciones sin violencia, prácticamente estamos hablando de elecciones limpias y transparentes en Sinaloa.
El padrón electoral de Sinaloa es un documento absolutamente confiable, el cual ha sido revisado, depurado y actualizado con la participación de todos los partidos políticos, fundamentalmente por los representantes del Partido Acción Nacional.
La Comisión Estatal de Vigilancia del Registro Estatal de Electores, organismo técnico de representación plural, donde está representado Acción Nacional, ha recogido en todo momento los planteamientos, sugerencias, propuestas de los partidos políticos ahí representados, han hecho por mejorar cada día más el padrón electoral.
En Sinaloa se hará un proceso electoral basado en una nueva legislación electoral estatal, documento histórico que fue aprobado por unanimidad de los integrantes del Congreso de mi estado, del cual forman parte siete diputados del Partido Acción Nacional. Esta Ley Estatal Electoral fue consensada y aprobada en todos sus términos por todos los partidos políticos.
La voluntad política del gobernador Francisco Labastida, ha permitido que en el marco de la concertación se dé la atención y el respeto que se merecen las diferentes expresiones políticas.
El Ejecutivo del Estado, como corresponsal del proceso electoral, ha gestionado para que se den todos los apoyos que los partidos políticos requieran para hacer una revisión minuciosa del padrón electoral.
Al Partido Acción Nacional se le permitió el acceso permanente al Centro Regional de Cómputo del Registro de Electores; se le proporcionaron más de 20 terminales para que personal de su confianza revisara el padrón electoral, sección por sección.
Por espacio de dos meses, el Partido Acción Nacional, con esas 20 computadoras que se le facilitaron dentro del propio Centro Regional de Registro de Electores, pudo constatar que en Sinaloa existe un padrón confiable. Sin embargo, en una actitud irresponsable, y asumiendo una posición con fines electoreros, en estos últimos días previo a las elecciones, han criticado el padrón electoral, un padrón electoral que fue verificado y revisado por ellos mismos, de acuerdo con los plazos que marca la Ley Electoral. Oportunamente tuvieron en sus manos los listados nominales para su revisión y sus observancias correspondientes.
En relación a la denuncia presentada en Navolato, sobre un supuesto transplante electoral donde denunciaban que ciudadanos de Culiacán estaban siendo empadronados en Navolato, la Comisión Local de Vigilancia del Registro de Electores ordena se haga una investigación al respecto, y al no existir elementos que confirmen la denuncia panista sobre el trasplante electoral,
se cita al candidato a la presidencia municipal del Partido Acción Nacional por ese municipio, quien hizo la denuncia correspondiente, para que presente y aporte las pruebas; sin embargo, nada se pudo comprobar cerrándose el presente caso.
Recientemente el representante del Partido Acción Nacional ante la Comisión Local de Vigilancia del Registro de Electores, pidió que se excluyeran del padrón electoral 19 mil ciudadanos, aquí hago una aclaración, no eran 16 sino 19 mil que a juicio de ellos no deberían estar en el padrón por ser trabajadores agrícolas emigrantes de otras entidades del país, y que no tenían derecho de votar. Se les pidió pruebas al respecto; lógicamente que no las pudieron presentar, sin embargo, en un afán de buscar la concordia y darle al proceso la mayor transparencia posible, se acordó que se hiciera una investigación de campo.
De los 19 mil supuestos electores que se pedía se excluyeran del padrón que solamente 1 mil 545 electores repartidos en todos los campos agrícolas del Estado no habían nacido en Sinaloa, y que en el momento de hacer la investigación no se encontraron en sus domicilios, sin que esto quiera decir que no tenga la calidad de sinaloenses por residencia, y aún así y con la finalidad de ser condescendientes y coadyuvar para que los partidos políticos y la ciudadanía en general se dé cuenta de lo confiable que es el padrón electoral.
En sesión celebrada el día 4 de noviembre, el Consejo Estatal Electoral aprobó por mayoría de votos la exclusión del padrón de esos 1 mil 545 ciudadanos que supuestamente no son sinaloenses. Si a algún político le consta que el padrón electoral sinaloense es confiable, es el propio Acción Nacional. Tuvo todas las atenciones, todos los apoyos y todas las consideraciones; se le atendió siempre con la mayor disposición, lo que le permitió más que a ningún otro partido, constatar que el padrón electoral es un documento legal y totalmente transparente.
¡Qué bueno que aquí se dijo por parte de Acción Nacional que tiene el deseo que se cumpla la palabra del señor Presidente! Nosotros la compartimos.
Se dijo también el caso de Ahome. Debo aclarar que son sólo denuncias de tipo político, de estrategia para llamar la atención sin fundamentos ni pruebas. La verdad es que ante el poco arrastre popular, todavía usan artimañas que se consideraban ya superadas.
Creo compañeros diputados, que en Sinaloa este 8 de noviembre habría de ser un proceso limpio, trasparente y claro, y favorable a nuestro Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias. (Aplausos.)
La Presidencia:- Tiene la palabra para hechos el diputado Zamora Camacho.
Le recuerdo que dispone de cinco minutos.
El diputado Esteban Zamora Camacho: - Muchas gracias, señora Presidenta.
Me complace estar de acuerdo con muchos de los conceptos expresados por mi paisano. Estamos totalmente de acuerdo con él en que las elecciones se ganan en la casilla, y así lo habíamos señalado en nuestra intervención anterior.
Y fíjense ustedes cómo Manuel de Jesús cumplió exactamente lo que yo les había anunciado. Les dije:" Van a venir los del revire y van a decir esto..."Ya habíamos pronosticado que se nos iba a venir a decir que se nos han dado todas las facilidades, que se han aceptado las denuncias, que se han investigado, y es cierto, se han investigado y se han corregido algunas de las irregularidades, sobre todo las muy graves. Pero imagínense ustedes lo que nos ha venido a decir Manuel de Jesús, no era cierto que esos ciudadanos trabajadores del campo no hayan tenido derecho a votar, ah, pero el sistema Partido Revolucionario Institucional - Gobierno, como son muy buenas personas, y en aras de la concordia, guillotinó para darle gusto a la oposición a 1 mil 500 votantes. ¿Les parece a ustedes eso una señal de democracia? No, señores, esos 1 mil 500 y muchos más no tienen derecho a votar; se va intentar llevarlos a las casillas, pero nuestros representantes estarán muy alerta para impedir que se viole la ley.
Concuerdo en casi todo lo que ha dicho Manuel; recibo con toda la amplitud de mi mano, de mis brazos fraternos de sinaloense sus buenos propósitos, que en este caso serían propósitos de enmienda, porque hasta ahora no han sabido portarse bien, pero eso sí no le admito que tache a Acción Nacional de irresponsable; le anticipo que se va a tener que "tragar" sus palabras, lo que decimos lo podemos sostener; que no se diga que fue artimaña electorera la denuncia en Los Mochis. Ya lo dije antes, si tenía la posibilidad de taparle la boca a los habladores, por qué no lo han hecho. Ahí están los cheques, están los números de cheque, los números de cuenta y los nombres de los bancos, y el Congreso del estado no ha hecho la investigación correspondiente.
Finalmente, no quiero que se le dé a mis palabras más alcance que las que realmente tuvieron.
Yo nunca dije aquí que esperábamos violencia generalizada en la geografía sinaloense, por lo contrario, dije que deseamos y que esperamos un proceso limpio; que esto se resuelva al ejemplo de Chihuahua y no al de Michoacán.
Aceptamos, pues los buenos deseos, los buenos propósitos, las concordancias de nuestros compañeros priístas. Estamos dispuestos a tomarle la palabra. Muchas gracias.
La Presidencia:- Para el mismo asunto, se le concede el uso de la palabra al diputado Jorge Calderón, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: -Con su permiso, Presidenta de esta sesión.
Estimados compañeras y compañeros diputados de la LV Legislatura. En nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, vengo a presentar a ustedes algunas consideraciones sobre la situación política que priva en mi estado, el estado de Sinaloa, previo a la elección del 8 de noviembre.
Durante varios meses nuestro partido, el Partido de la Revolución Democrática, en muchos municipios, a todo lo largo y lo ancho del estado, ha desplegado un esfuerzo de movilización ciudadana, un esfuerzo de organización social y popular, una lucha por despertar la energía, el esfuerzo, la convicción de que el cambio democrático es posible, de que existe otro camino y otro rumbo completamente distinto al de la política económica salinista, y que el progreso, el bienestar, la justicia y la libertad en el Estado de Sinaloa exigen un cambio fundamental en la política económica, en las formas de Gobierno y en las prácticas, en las prácticas democráticas.
Es así como en algunos municipios con mayor fuerza, principalmente en Guasave, en el municipio de Angostura, en Elota, en Mazatlán y con esfuerzos también importantes en El Fuerte, en Ahome y en otros más, se desplegó con escasez, lo decimos con franqueza, con escasez de recurso económico, pero con gran voluntad, con decisión y con gran esfuerzo, una movilización ciudadana en la cual compañeros como Juan Figueroa, en Guasave; compañeros como Luis Esther Mascorro, en Angostura; como Ernesto Lobo, en Elota; como Ivo Aguirre, en Mazatlán, han desplegado un esfuerzo tendiente a convencer a la ciudadanía de Sinaloa que existe otro camino, que las formas para resolver la grave postración de la agricultura, la pesca y la industria de Sinaloa, no es solamente con cantar loas, como algunos candidatos de oposición lo han hecho, a las políticas económicas salinistas y decir: nosotros somos mejores administradores del salinismo.
La vía en un cambio fundamental en la política económica; la defensa de los cooperativistas, de los auténticos y demócratas cooperativistas; la defensa del ejido y de la comunidad; la defensa de los auténticos pequeños propietarios; la defensa de la mediana y la pequeña empresa; la defensa en general de los trabajadores y de la ciudadanía, ante una crisis económica que ha sido impuesta por políticas y apertura comercial irresponsable e indiscriminada, que han destruido prácticamente grandes sectores de la agricultura de mi estado, del Estado de Sinaloa.
De una producción agrícola de más de 2 millones y medio de tonelada, hay un desplome mucho mayor que el que reconoce el Gobierno del Estado, a menos de un millón. Algunos investigadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa hablan de sólo 700 mil toneladas en el último ciclo agrícola, y sostienen que esto es producto de una política de cancelación del crédito al campo, de reducción de la operación crediticia a los ejidatarios, de un nivel de 500 mil hectáreas de riego a solamente 150 mil hectáreas de riego.
Que sostienen que hay una política criminal en contra de los cooperativistas, que han desmantelado la vida entera de comunidades, de puertos y de numerosas familias de pescadores; una política que ha golpeado a la agroindustria, no sólo por la corrupción y la antidemocracia, sino también por una sistemática destrucción de lo que fue orgullo de Sinaloa, que es precisamente sus industrias de transformación, de productos agrícolas.
Y esto no sólo, no sólo es producto de la corrupción y la antidemocracia de caciques y malos políticos locales; claro que es producto de la corrupción, y como muestra está el caso de Angostura, donde la Unión de Ejidos tenía una agroindustria que era orgullo nacional y que fue destruida por la corrupción y por la antidemocracia.
Pero también es producto de una política económica nacional, que ha privilegiado el crear empleos en Estados Unidos, para agricultores de Estados Unidos, en detrimento de los mexicanos y de los productores mexicanos, sean pequeños propietarios, sean ejidatarios o sean comuneros.
Y por ello es que Juan Guerra, Juan Nicasio Guerra, como candidato del Partido del Partido de la Revolución Democrática a la gubernatura de Sinaloa, desplegó una campaña no solamente en búsqueda de democracia, de limpieza electora; una campaña no sólo en contra de la corrupción y por una forma distinta de relación del Gobierno con los ciudadanos.
También desplegó una campaña por la independencia y la soberanía, en el marco del Pacto Federal de los poderes estatales de Sinaloa, por una política que efectivamente defienda a los sectores productivos y a las fuerzas progresistas del Estado de Sinaloa y esta política ha calado hondo.
Es por ello que afirmamos que en Guasave al igual que en otros municipios del Estado de Sinaloa defenderemos esa movilización ciudadana que va a llevar a nuestros candidatos al triunfo; estamos convencidos de ello.
Lamentablemente ha habido una política de autoridades gubernamentales, de autoridades municipales, de caciques, no sólo de manipulación del padrón electoral sino también de amedrentamientos, de represión, de presiones en contra de campesinos.
Apenas hace cuarenta y ocho horas y apenas hace veinticuatro horas escuchábamos de viva voz de ejidatarios y de pescadores en San Ignacio, en Piaxtla, en Elota, en Angostura y en Guasave, en El Fuerte, testimonios directos de pescadores y de campesinos donde denunciaban que autoridades gubernamentales los amenazaban con córtales créditos los amenazan con cancelar obras de riego, los amenazaban con cancelar obras de bienestar social y esas comunidades votan por el Partido de la Revolución Democrática.
Y escuchamos de viva voz la indignación ciudadana ante esta presión ilícita, ilegal, contraria a toda norma de convivencia civilizada que se pretende ejercer contra pacíficos ciudadanos que están dispuestos a defender sus derechos políticos y su derecho democrático.
Escuchábamos también con indignación cuando Juan Figueroa en Guasave hace apenas unas horas en el mitin de cierre de campaña que se hizo la noche del día de ayer, denunciaron que fue la intervención directa de autoridades municipales en Guasave la que impidió que miles de ciudadanos guasavenses pudieran concurrir al mitin de fin de campaña precisamente en Guasave.
Secuestraron camiones las autoridades gubernamentales de Guasave. Impidieron que el Partido de la Revolución Democrática, pudiera con el aporte ciudadano trasladar a numerosos grupos de distintas comunidades de Guasave. Bloquearon cartearas, bloquearon caminos, presionaron a las radiodifusoras de Guasave para que no transmitieran ningún anuncio ni ningún aviso anunciado de éste. Y lo que es más grave un acuerdo que se había tomado, de transmitir en vivo este acto, el acto político donde Cuauhtémoc Cárdenas, donde Juan Guerra y donde Juan Figueroa expondrían sus puntos de vista ante la ciudadanía gusavense, pues bien hubo presión directa del ayuntamiento para impedir que fuera transmitido en vivo ese acto.
El colmo es que hasta un grupo musical, prestigiado en esa población, que ya había sido contratado y había aceptado participar en ese acto, fue presionado y coaccionado para que no participara en un evento de esta magnitud.
Muchos más testimonios de este tipo escuchamos en El Fuerte, en Sinaloa de Leyva, en Elota, en San Ignacio y en Mazatlán, testimonios directos de la población, no estamos hablando de acusaciones que no están respaldadas con evidencia testimonial.
Y por esto fuera poco, el Movimiento Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia en un estudio acucioso que recientemente terminó en colaboración otros organismos civiles e Sinaloa como es El Ejército por la Democracia donde participa una destacada ciudadana sinaloense, Tatiana Clouthier, hizo una estimación de que 214 mil ciudadanos sinaloenses, 214 mil, el 20% de los ciudadanos con posibilidades y aptitud de votar, no recibieron su credencial de elector o fueron empadronados y no les fue entregada su credencial o no aparecen en listas nominales o lista y llanamente no fueron inscritos en el padrón electoral. 214 mil ciudadanos que no van a poder ejercer su derecho constitucional de voto.
Una vez más como en agosto de 1991 la manipulación del padrón se convierte en un medio para inhibir la acción ciudadana.
Pero más grave que eso, Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia, tienen pruebas documentales de que el índice de ciudadanos que no recibieron su credencial de elector es muy alto, precisamente de aquellas comunidades y municipios con mayor participación de fuerzas democráticas de oposición, lo cual realmente está mostrando una voluntad de bloquear y de inhibir la participación ciudadana.
Renato Vega dice que sólo gastó 11 mil millones de pesos en su campaña. Aún suponiendo que ésta fuera la cifra, ésta alcanzaría para realizar importantes obras de mejoramiento social y popular en muchas comunidades sinaloenses particularmente en comunidades serranas.
Pero no contento con esto está actuando el candidato del Partido Revolucionario Institucional en muchas comunidades, el candidato a gobernador, al igual que están actuando candidatos a presidentes municipales postulados por el Partido Revolucionario Institucional como si ya fueran gobierno, inaugurando obras junto con los presidentes municipales, convirtiéndose en vehículos supuestamente para gestión de obras de Solidaridad y utilizando el conjunto del aparato gubernamental de una manera indebida para fines políticos y electorales; actuando tal como Partido de la Revolución Democrática lo ha denunciado, como un partido de Estado, uno de los últimos partidos de Estado que subsiste en el mundo contemporáneo, y esto es indebido, es incorrecto, es anticonstitucional y es opuesto a las más elementales normas de convivencia civilizada.
No podemos aceptar que a ciudadanos pacíficos se les coaccione, se les presione y se les amenace con cortarles créditos, agua potable, drenaje y apoyos diversos con el pretexto de que si votan por el Partido de la Revolución Democrática o por fuerzas opositores recibirán sanciones, esto es innoble.
Si el Partido Revolucionario Institucional quiere ganar en Sinaloa que lo haga de buena lid, jugando limpiamente las leyes y cumpliendo la Constitución y separándose de una indebida actuación de sus funcionarios apoyados por todo el aparato de gobierno.
Solamente para ubicar cómo nosotros estimamos que no es adecuada o correcta la cifra de 11 mil millones de pesos, mencionaré que en un solo acto, según una nota publicada por el periódico El Noroeste el día de hoy, se estima que solamente en transportar a algunos grupos de personas al mitin de fin de campaña de Renato Vega se gastaron más de 125 millones en 235 unidades para, dice el periódico, acarreos al mitin de fin de campaña. Una estimación solamente con los costos globales de publicidad, propaganda y movilización que ha hecho nuestro partido, de los gastos de campaña de Renato Vega, es del orden de 60 mil millones de pesos, y eso es una cifra que alcanzaría para resolver carencias fundamentales, ancestrales, particularmente en los altos de Sinaloa.
Pero no contento con esto, existe una declaración que indigna a la población sinaloense, la han hecho funcionarios del Partido Revolucionario Institucional en Elota, en Angostura, en El Fuerte y en Guasave, una declaración que hiere la sensibilidad del pueblo sinaloense en el sentido: no les entregaremos el Gobierno, han dicho estos funcionarios priístas, aunque ganen. Y escuchamos de viva voz de ciudadanos comunes en Elota, en Guasave, en Angostura y en El Fuerte esta declaración, como si el poder, como si la representación del pueblo en órganos de Gobierno fuera propiedad solamente de un partido o de un grupo.
Evidentemente desde ningún punto de vista pueden aceptarse declaraciones o afirmaciones de este tipo. Ya desde la época de la lucha insurgente, desde 1813 y 1814, en Los Sentimientos de la Nación, en la Constitución de Apatzingán se definió claramente el principio de la soberanía popular; se refrendó en la Constitución de 1824, se refrendó en la del año de 1857 y nuevamente en la de 1917. Nada puede aceptar nuestro partido que limite el ejercicio irrestricto de la voluntad popular.
Y, por tanto, los triunfos que obtenga nuestro partido en las luchas en municipios específicos o aquellos votos que Juan Guerra y los candidatos del Partido de la Revolución Democrática al Congreso obtengan, serán votos defendidos. Y si el Partido Acción Nacional persevera en esta propuesta de la defensa del voto, junto con otras fuerzas ciudadanas, ahí estaremos, al lado de todas las fuerzas democráticas y de todas las fuerzas ciudadanas en defensa del voto, en defensa de la voluntad popular, en defensa de triunfos limpios.
Y llamamos, como lo hemos hecho en Sinaloa y en toda la República, al Partido Revolucionario Institucional y a todas las demás fuerzas políticas a un respeto irrestricto a la voluntad popular. Pero estamos dispuestos, y dijo Juan Figueroa, Juan Guerra y Cuauhtémoc Cárdenas en Guasave, a usar todos los medios legales y pacíficos que sean necesarios en defensa de los triunfos democráticos de nuestro pueblo y de nuestro partido. Somos respetuosos de las leyes, buscamos formas legales y civilizadas de defensa de los triunfos democráticos, pero seremos enérgicos en la defensa de esos triunfos democráticos porque pensamos que Sinaloa necesita una nueva vida, una nueva etapa en su desarrollo.
Requerimos democracia, justicia y libertad, y lo vamos a lograr el 8 de noviembre de 1992. Muchas gracias.
El diputado Jesús Octavio Falomir Hernández (desde su curul ): -Para hechos..
La Presidenta: - Tiene la palabra el diputado Octavio Falomir, y le recuerdo que dispone de cinco minutos.
La Presidenta: -Pidió la palabra para rectificar hechos.
El diputado Jesús Octavio Falomir Hernández -Con su permiso, señora Presidenta:
Comparezco a esta Tribuna a expresar a nombre de mi partido, en relación con las aseveraciones de quien me precedió en la palabra en esta Tribuna.
A nosotros, los de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, nos alienta que aquí en esta Tribuna un compañero diputado que tiene sus raíces y su arraigo en el Estado de Sinaloa, pero que no resultó electo en el Estado de Sinaloa, pero que lo felicitamos porque es loable desear para su estado un proceso electoral transparente, limpio y legal, como lo queremos todos los sinaloenses.
Es también muy loable que se venga a esta Tribuna por cada quien que representa a un partido político, a ensalzar la función y la postura de ese partido político en el contexto electoral de un estado determinado. Por eso qué bueno que el Partido de la Revolución Democrática está haciendo esfuerzo en Sinaloa por llegar a penetrar en el electorado sinaloense, como aquí se ha dicho. Qué bueno porque eso alienta la pluralidad política que trata de auspiciarse en nuestro país, eso alienta los procesos electorales; la competencia, hemos dicho, y no la complacencia, debe ser el papel fundamental de todos los partidos políticos que en este momento y que el 8 de noviembre tendrá su jornada electoral.
Por eso felicito a Jorge Calderón, por eso deseo que también tenemos nosotros los diputados de Sinaloa, por el conocimiento que tenemos de nuestro estado y con el proceso electoral que hasta este momento ha tenido con una tranquilidad que los mismos candidatos de la oposición lo han dicho, en que se espera un proceso limpio y transparente de que Sinaloa ha tenido la misma oportunidad, todos los candidatos de todos los partidos políticos y que si quizá se haya informado mal a la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, sobre lo que aquí se ha denunciado. Porque nuestro candidato ha hecho una campaña limpia y transparente, ha emitido razones, ha establecido tesis, ha emitido opiniones sobre lo que debe hacerse para resolver los grandes problemas que vive actualmente Sinaloa, como la agricultura, como el empleo, como la recesión económica que en este momento se está viviendo.
Por eso en este momento invito a todas las fracciones parlamentarias que aquí tenemos algo qué ver con Sinaloa, para sumarnos de veras para que el próximo 8 de noviembre tengamos un proceso limpio y trasparente y con la madurez que debemos tener todos los mexicanos sinaloenses, reconocemos el triunfo o la derrota que la soberanía popular emitirá en las urnas electorales. Muchas gracias. (Aplausos.)
OFICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
La Presidenta:- Proceda la Secretaría a dar cuanta con los oficios de la Secretaría de Gobernación.
El secretarios Rubén Pabello Rojas:
Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Por instrucciones del ciudadano Presidente de la República y en cumplimiento a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito enviar a ustedes, el informe que contiene las razones y criterios que fundamentan la desincorporación de la empresa de participación estatal mayoritaria denominada Fertilizantes Mexicanos, S. A.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 5 de noviembre de 1992. - El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.
De enterado.
El mismo Secretario:
Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
Por instrucciones del ciudadano Presidente de la República y en cumplimiento a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito enviar a ustedes, el informe que contiene las razones y criterios que fundamentan la desincorporación de la empresa de participación estatal mayoritaria denominada Azúcar, S. A de C. V.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 5 de noviembre de 1992.- El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.
De enterado.
La Presidenta:- Continué la Secretaría con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DÍA
El secretario Rubén Pabello Rojas: -Señora Presidenta, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura a la orden del día de la próxima sesión.
Primer Período Ordinario de Sesiones.- Segundo año.- LV Legislatura.
Orden del día.
9 de noviembre de 1992.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación del Congreso del Estado de Guanajuato.
Análisis del Capítulo de política exterior del IV informe Presidencial. Y los demás asuntos con que la Secretaría dé cuenta.
La Presidenta (a las 20.30 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo lunes 9 de noviembre, a las 10.00 horas.