Legislatura LV - Año II - Período Ordinario - Fecha 19921109 - Número de Diario 5
(L55A2P1oN005F19921109.xml)Núm. Diario: 5ENCABEZADO
LV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO de los DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de segunda clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Dip. Ma. de los Ángeles Moreno Uriegas
PALACIO LEGISLATIVO
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Héctor de Antuñano y Lora
AÑO II México, D.F., lunes 9 de noviembre de 1992 No. 5
SUMARIO
ASISTENCIA
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
COMUNICACIÓN
Del Congreso del Estado de Guanajuato. De enterado.
INICIATIVAS DE DIPUTADOS
ARTÍCULO 28 CONSTITUCIONAL
Presentada por el diputado Fauzi Hamdan Amad. Se turna a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Comunicaciones y Transportes.
ANÁLISIS DEL IV INFORME DE GOBIERNO
POLÍTICA EXTERIOR
Se concede el uso de la palabra, en el primer turno de oradores, a los diputados:
Francisco Hernández Juárez
Demetrio Hernández Pérez
Ricardo Valero Recio Becerra
Yolanda Elizondo Maltos
Alfredo Castillo Colmenares
Miguel González Avelar
En el segundo turno de oradores, sobre el mismo tema, hace uso de la palabra el diputado Martín Tavira Urióstegui.
RECESO
Continúan el debate los diputados:
Cecilia Soto González
Odilón Cantú Domínguez
Jorge Alfonso Calderón Salazar
Jorge Zermeño Infante
Rodolfo Becerril Straffon
Se turnan las versiones taquigráficas de los tres días de análisis del IV Informe de Gobierno, al Ejecutivo Federal, para cumplir con el acuerdo parlamentario respectivo.
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Para referirse a los problemas que enfrenta la Escuela Superior de Ingeniería, Mecánica y Eléctrica de dicha institución, hacen uso de la palabra los diputados:
René Bejarano Martínez
José María Téllez Rincón, para rectificar hechos.
Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas
El Presidente invita a la Comisión de Educación a que coadyuve en la solución de la problemática planteada.
ESTADO DE SINALOA
Para expresar sus opiniones respecto del proceso electoral en dicho Estado, hacen uso de la palabra los diputados:
José de Jesús González Reyes
Juan Sigfrido Millán Lizárraga
Jorge Alfonso Calderón Salazar
Esteban Zamora Camacho
Víctor Manuel Gandarilla Carrasco
Esteban Zamora Camacho, para rectificar hechos.
Jorge Alfonso Calderón Salazar, para rectificar hechos.
Víctor Manuel Gandarilla Carrasco, para rectificar hechos.
Esteban Zamora Camacho, para rectificar hechos.
Carlos González Durán, para rectificar hechos.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se designan las comisiones para recibir al Secretario de Hacienda y Crédito Público en su comparecencia y levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO MANUEL TERRAZAS GUERRERO
ASISTENCIA
El Presidente: -Compañeros, rogamos a la Secretaría nos haga favor de darnos a conocer el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados, para conocer si existe el quórum reglamentario.
El secretario Rubén Pabello Rojas: -Esta Secretaría informa a la Presidencia que existen registrados hasta el momento 345 diputados, por lo tanto hay quórum, señor Presidente.
El Presidente (a las 11.35 horas): -En consecuencia compañeros diputados se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El Secretario Rubén Pabello Rojas: -Se dará lectura al orden del día para la sesión del día 9 de noviembre de 1992.
"Primer Período de Sesiones Ordinarias.- Segundo Año.- LV Legislatura.
Orden del día
9 de noviembre de 1992.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación del Congreso del Estado de Guanajuato.
Iniciativas
De reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de ferrocarriles, presentada por el ciudadano diputado Fauzi Hamdan Amad, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Análisis del capítulo de Política Exterior del IV Informe Presidencial. Sesión Secreta."
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El Presidente: -Gracias compañero Secretario.
En virtud de que se entregaron copias del acta de la sesión anterior a los coordinadores de los grupos parlamentarios, consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura de este documento.
El secretario Rubén Pabello Rojas: -Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se dispensa la lectura del Acta de la sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura, señor Presidente.
"Acta de la Sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el día cinco de noviembre de mil novecientos noventa y dos, correspondiente al Primer Período de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.
Presidencia de la diputada
Patricia Ruiz Anchondo
En la capital del los Estados Unidos Mexicanos, siendo las once horas con catorce minutos, del día cinco de noviembre de mil novecientos noventa y dos, con una asistencia de cuatrocientos diecisiete diputados, la Presidenta declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, misma que, sin discusión, se aprueba en sus términos en votación económica.
Se da cuenta con diversas comunicaciones de los congresos de los estados de Hidalgo y Yucatán, por las que informan de actividades propias de sus legislaturas.
La Secretaría da lectura a las comunicaciones de los diputados Tomás González de Luna, Rafael Fernández Tomás y Rodolfo Toxtle Tlamani, por las que informan de su voluntad para integrarse al grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. De enterado.
Con fundamento en el artículo octavo de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el punto séptimo del acuerdo parlamentario, respectivo, la Presidenta informa que en esta sesión se hará el análisis del
capítulo de Política Económica y Social del Cuarto Informe Presidencial y concede el uso de la palabra a los diputados Juan Campos Vega, del Partido Popular Socialista; Cecilia Soto González, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Tomás Correa Ayala, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Alejandro Encinas Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática; Alfredo Lujambio Rafols, del Partido Acción Nacional y Angel Aceves Saucedo, del Partido Revolucionarios Institucional.
Conforme al acuerdo parlamentario mencionado, la Presidenta concede el uso de la palabra, en un segundo turno de oradores, al diputado Hildebrando Gaytán Márquez, del Partido Popular Socialista y a las catorce horas con cincuenta y siete minutos, decreta un
Receso
A las dieciséis horas con veinte minutos, se reanuda la sesión y suben a la tribuna, para continuar con el análisis del Cuarto Informe de Gobierno, los diputados Javier Colorado Pulido, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Abundio Ramírez Vázquez, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; José de Jesús Martín del Campo Castañeda, del Partido de la Revolución Democrática; Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional y Cesáreo Morales García, del Partido Revolucionario Institucional.
Sube a la tribuna el diputado Israel González Arreguín, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, Presidente de la Comisión de Pesca, quien a nombre de todos los grupos parlamentarios que integran la quincuagésima quinta legislatura, presenta un punto de acuerdo por el que se condena cualquier intento de imponer sanciones unilaterales so pretexto de la protección del delfín en la pesca del atún y declara el apoyo al acuerdo de La Joya. De enterado.
Para referirse a la situación preelectoral en el Estado de Oaxaca, hacen uso de la palabra los diputados Salomón Jara Cruz, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones; Sergio Vera Cervantes, del Partido Revolucionario Institucional; Eloy Vázquez López del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones y contesta a una interpelación del diputado José Luis Durán Reveles y Fernando Iturribarría Bolaños Cacho, del Partido Revolucionario Institucional, también en dos ocasiones.
Solicita y se concede el uso de la palabra a la diputada Luisa Alvarez Cervantes, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, quien se refiere a la situación electoral en el Estado de Tamaulipas.
Para expresar sus opiniones respecto de la situación política en el Estado de Sinaloa, hacen uso de la palabra los diputados Esteban Zamora Camacho, del Partido Acción Nacional, en dos ocasiones; Manuel de Jesús Valdés Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional; Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática y Jesús Falomir Hernández, del Partido Revolucionario Institucional.
Por instrucciones de la Presidenta, la Secretaría da lectura a dos oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que se informa de las razones y criterios de desincorporación de las empresas Azúcar, Sociedad Anónima de Capital Variable y Fertilizantes Mexicanos, Sociedad Anónima. De enterado.
Agotados los asuntos en cartera y no habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y la Presidenta clausura la de hoy a las veinte horas con treinta minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo lunes nueve de noviembre de mil novecientos noventa y dos, a las diez horas."
El Presidente: -Prosiga señor Secretario.
El secretario Rubén Pabello Rojas: - Está a consideración de la Asamblea el Acta de la sesión anterior. ¿Hay algún diputado que desee hacer observaciones a la misma?
En votación económica se pregunta si se aprueba al acta de la sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
El Presidente: - Gracias señor Secretario, prosiga con los asuntos en cartera, señor Secretario.
COMUNICACIÓN
El secretario Rubén Pabello Rojas:
"Escudo del Estado.- Honorable Congreso del Estado de Guanajuato, Guanajuato.
Ciudadano Presidente, Cámara de Diputados, México, Distrito Federal.
El honorable Quincuagésimo Quinto Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, en sesión celebrada el día de hoy, procedió a la elección de la Mesa Directiva que fungirá durante el segundo mes del Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondientes al segundo año de su ejercicio constitucional; quedando integrada de la siguiente manera:
Presidente: diputado Alberto Reyna García; vicepresidente: diputado Miguel Angel Herrera Torres; prosecretario: diputado Diego González López.
Lo que nos permitimos hacer de su conocimiento para los efectos a que haya lugar.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guanajuato, Guanajuato, a 23 de octubre de 1992.- Francisco Javier Murillo Flores, D. S.; Juan Manuel Oliva Ramírez, D. S."
De enterado.
El Presidente: -Gracias, señor Secretario.
INICIATIVAS DE DIPUTADOS
ARTICULO 28 CONSTITUCIONAL
El Presidente: -Tiene la palabra el ciudadano diputado Fauzi Hamdan Amad, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar una Iniciativa de Reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de ferrocarriles.
El diputado Fauzi Hamdan Amad:
"Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - Presente.
El infrainscritos, diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 34 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General, y artículos 55, fracción II, 56 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, por su digno conducto, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa de reforma al párrafo cuarto del artículo 28 constitucional, para el efecto de que se suprima, como actividad estratégica del Estado, la relativa a ferrocarriles, con base en los siguientes razonamientos y proyecto de decreto.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Cuando la máquina viene a sustituir la fuerza de la mano del hombre y se mecaniza la industria, el fenómeno da origen a lo que conocemos como Revolución Industrial. Su inicio es atribuido a la invención de la máquina de vapor, que fue aplicada en un principio a la navegación, al ferrocarril y a la imprenta. La mecanización vino a cambiar la economía, los medios de comunicación y la vida misma del hombre.
La historia del movimiento ferroviario en México, podría fecharse como línea de despegue, el 4 de noviembre de 1824, día cuando el Congreso de la Unión expidió un decreto en el que autorizaba la construcción de un ferrocarril interoceánico que partiría del Istmo de Tehuantepec y daría un nuevo impulso al comercio y a las importaciones. Poco tiempo después es otorgada una concesión para construir la línea que uniría a Veracruz con la ciudad de México. Dicha concesión y sus términos fueron considerados por el beneficiario como una "prueba plausible del beneficio, espíritu que animaba al Gobierno". Sin embargo, dicha concesión fue declarada caduca antes de que el proyecto se concretara. Por razones políticas, económicas y sociales que vivió nuestro país en la primera mitad del siglo pasado, postergaron su ingreso en la era del ferrocarril hasta la segunda mitad del siglo pasado. Entre 1837 y 1850 se otorgaron cuatro concesiones y se promulgaron decretos que ampararon a otras 44 líneas ferroviarias. Del total de 48, sólo el 19% tuvo plenos efectos y una ejecución regular, en tanto que el 81% restante de tales concesiones, por diversas razones y motivos fueron declaradas nulas o caducas.
Dadas las condiciones económicas que atravesaba entonces el país, y en razón de las experiencias que sobre la materia se habían tenido, hicieron que los gobiernos cambiaran su política en materia de concesiones y comenzaran a ofrecer subsidios para la construcción de las líneas más importantes, pero sus avances fueron poco significativos. Fue hasta el año de 1873 cuando se realizó el viaje inaugural entre México y Veracruz, con una línea ferroviaria de 423.7 kilómetros, después de 36 años desde que, por primera ocasión, se había concesionado ese tramo.
Durante el primer período gubernamental de Porfirio Díaz, se inició, propiamente dicho, un programa serio y constante de construcción de las líneas férreas, así como el impulso de la construcción ferroviaria por cuenta directa del Estado, de modo que tanto el Estado como los particulares combinaron recursos y esfuerzos para la realización del ambicioso programa de construcción ferroviaria. Tales medidas, dieron como resultado la construcción de 433.2 kilómetros, en un período de cuatro años, lo que representaba un incremento del 69%, en relación con todo lo que en la materia se había hecho anteriormente.
Al conmemorarse el primer centenario de la Independencia de México, en 1910, el país contaba con 18 mil 524 kilómetros de vías férreas de jurisdicción federal, por las que circulaban regularmente máquinas de vapor. Tales vías ligaban al centro con los puertos, sobre todo los del Golfo, y con las fronteras, especialmente la Septentrional.
Sin lugar a dudas el ferrocarril también jugó un papel muy importante durante la gesta revolucionaria: fue utilizado durante los largos combates, tanto por unos como por otros bandos. El ferrocarril pasó a formar parte de los actores principales del movimiento revolucionario.
En agosto de 1914, como una medida de estrategia militar Carranza ordenó la incautación de los 12 mil 837.9 kilómetros administrados por Ferrocarriles Nacionales de México y creó la Dirección General de Ferrocarriles Constitucionalistas. A partir de tal medida la actividad ferrocarrilera volvió a tomar un cauce de normalidad. En julio de 1919 se unificaron bajo una misma administración todos los ferrocarriles manejados por el Gobierno y, finalmente, fue devuelto al ferrocarril mexicano a la empresa inglesa propietaria, al desaparecer las condiciones de emergencia, inseguridad e inestabilidad en que vivía el país.
Concluida la lucha armada el Estado continuó interesado en la construcción y ampliación ferroviarias. Además de reparar las vías, instalaciones y equipo, su esfuerzo se encaminó a saldar la muy onerosa deuda pública ferrocarrilera que se contrajo durante el Porfiriato.
Al comenzar los años treinta, el ferrocarril contaba ya con 23 mil 345 kilómetros de vías, sin embargo, su crisis permanente estuvo vinculada a la importancia que , a partir de esa década adquirió el transporte por carretera.
Fue Lázaro Cárdenas quien en 1937, decretó la nacionalización total del sistema ferroviario, cuya injerencia del Gobierno era mayoritaria desde 1908, en las empresas dedicadas a dicha actividad.
Desde el período de 1940 hasta nuestros días, el organismo descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México ha sufrido múltiples cambios en su estructura de organización, administración y funcionamiento. Sus resultados, como más adelante se indicará son deplorables con un enorme déficit y un casi nulo rendimiento operativo.
De acuerdo con datos estadísticos del propio Gobierno Federal, el actual sistema ferroviario se apoya en una red de 26 mil 400 kilómetros de longitud; con un equipo de más de 1 mil 700 locomotoras, 47 mil unidades de carga y 1 mil 300 coches para servicio de pasajeros. El presupuesto de inversión de Ferrocarriles Nacionales de México para 1991 ascendió, aproximadamente, a 1.1 billones de pesos, que se han destinado a la construcción de obras en proceso, trabajos de conservación, rectificación y rehabilitación de vías.
Tales datos, fríamente considerados, pudieran traer como consecuencia que el transporte ferroviario en México cumple con los objetivos de eficiencia, seguridad y cobertura amplia a lo largo y ancho del territorio nacional a fin de satisfacer la demanda de transporte de carga y de pasajeros, a través de esa vía de comunicación. Sin embargo, están muy lejos de lograse dichos propósitos; por el contrario, Ferrocarriles Nacionales de México, como organismo público descentralizado, opera con grandes déficits presupuestales; hay una insuficiencia de equipo pues el que actualmente tiene, en su mayoría es obsoleto y un gran porcentaje en operación por el energético que consume es muy contaminante. su red ferroviaria, un 70% de la cual fue construida en las dos primeras décadas de este siglo, es insuficiente, con grandes riesgos de seguridad; el costo de operación de tal organismo descentralizado representa un 88%, considerando equipo, sueldos y salarios, movimientos, tráficos, material tractivo y remolcado, instalaciones fijas, retiros y además de otros cargos sociales, al igual que su deuda pública, que representa un 9%.
Todo ello demuestra las deficiencias y rezagos en el transporte ferroviario, tanto de carga como de pasajeros. Por lo que se refiere al transporte ferroviario de carga ocupa el segundo lugar en cuanto al movimiento doméstico, con un 12% del total. El primer lugar lo tiene el transporte
carretero con un 81%, según estadísticas de 1991. El transporte de carga ferroviario ha sido relegado en la comercialización de los productos agropecuarios, por razones de lentitud, mermas en el tránsito, así como dificultades para recuperar la carga en las estaciones terminales. Respecto de las tarifas ferroviarias, no hay congruencia para fijarlas: se tiende a la aplicación de tarifas más caras, a los bienes con mayor densidad económica; cualesquiera que sea las tarifas que se aplican, tanto en transporte de carga como de pasajeros, los resultados finales son negativos. Dentro del esquema de apertura comercial de México en el ámbito internacional, y más concretamente ante la inminencia del Tratado de Libre Comercio, es indiscutible que el transporte ferroviario para largas distancias tiene mayores ventajas que otros medios de transporte, siempre y cuando opere con eficiencia y rentabilidad. Si deseamos tener un servicio de transporte ferroviario de gran rendimiento, como una vía alterna y complementaría, importante y trascendente, es menester efectuar cuantiosas inversiones es infraestructura y equipo, así como realizar una profunda reestructuración administrativa para lograr disminuir los costos de operación. Conforme a la política que actualmente sigue el Gobierno Federal, de reducir o eliminar transferencias de recursos con carácter subsidiario, a entidades paraestatales cuya operación es deficitaria que trae consigo la canalización de recursos a sectores de menos prioridad que los sociales que deben satisfacerse, sería necesario fomentar la participación del capital privado. Como ejemplo de ello baste citar las demás actividades de vías generales de comunicación excepto en la transmisión por vía satélite, muy concretamente en el programa carretero, donde se han concesionado a particulares la construcción, aprovechamiento y explotación de una gran parte de la red de caminos, con los resultados positivos que hasta la fecha se tienen en un período apenas de cuatro años de iniciada dicha política La participación del capital privado en la explotación y aprovechamiento ferroviario y, por ende, en la prestación del servicio público de transporte a través de dicho medio de comunicación, no es factible mientras se mantenga ferrocarriles como actividad exclusiva del Estado.
La presente iniciativa no intenta privatizar la actividad ferrocarrilera, sino que el Estado pueda, con la participación de los sectores privado y social, bajo la rectoría del propio Estado que estos sectores puedan participar en la concesión para la explotación, aprovechamiento y prestación del servicio público de ferrocarriles, de modo tal que, al igual que las demás vías generales de comunicación, el Estado mantenga la propiedad de tal medio de comunicación, pero pueda concesionarla a fin de que logre ampliar y modernizar la red ferroviaria, reponer el equipo obsoleto, agilizar tanto su administración como su operación y, por ende, optimizar el servicio, ya sea de carga como de pasajeros.
Ninguna justificación histórica política y mucho menos económica, habría para seguir manteniendo la actividad ferrocarrilera como exclusiva del Estado. Más aún: eliminar dicha actividad como estratégica, es congruente con la política gubernamental que se ha seguido en otros renglones de la economía, y muy particularmente en lo relativo a las vías generales de comunicación.
Por lo anteriormente expuesto, se propone la siguiente
INICIATIVA DE DECRETO
Unico. Se reforma el párrafo cuarto, del artículo 28 constitucional para quedar redactado en los siguientes términos:
"Artículo 28.
...............................................................................
No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las áreas estratégicas a las que se refiere este precepto: Acuñación de moneda; correos, telégrafos, radio telegrafía y la comunicación vía satélite; emisión de billetes por medio de un solo banco, organismo descentralizado del Gobierno Federal; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica, minerales radioactivos y generación de energía nuclear, electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión."
TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo a los cinco días del mes de noviembre de 1992.- Diputados: Diego Fernández de Cevallos, Marco Humberto Aguilar Coronado y Fauzi Hamdan Amad."
El Presidente: - Gracias, compañero diputado Hamdan.
La iniciativa de reformas constitucionales en materia de ferrocarriles presentada por un
grupo de diputados y que ha leído el compañero Hamdan, se turna a comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y Comunicaciones y Transportes
ANÁLISIS DEL IV INFORME DE GOBIERNO
POLÍTICA EXTERIOR
El Presidente: - Compañeras y Compañeros, pasamos al punto de análisis del Capítulo de Política Exterior del IV Informe Presidencial. Al respecto informamos a ustedes que se han inscrito para la primera ronda de este análisis, los compañeros diputados, por el Partido Popular Socialista, Francisco Hernández Juárez; por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el diputado Francisco Felipe Laris Iturbide; por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, el diputado Demetrio Hernández Pérez; por el Partido de la Revolución Democrática, el diputado Ricardo Valero; por el Partido Acción Nacional, el diputado Alfredo Castillo Colmenares y por el Partido Revolucionario Institucional, el diputado Miguel González Avelar.
Tiene la palabra en esta virtud, el compañero diputado Francisco Hernández Juárez, por el Partido Popular Socialista.
El diputado Francisco Hernández Juárez: -Señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Hoy nos toca comentar el aspecto político de Política Exterior del IV Informe de Gobierno rendido en este Recinto Parlamentario, ante el Congreso de la Unión el pasado 1o. de noviembre por el Presidente Carlos Salinas de Gortari.
Este IV Informe de Gobierno, se produce en momentos sumamente complejos y difíciles en todas partes del mundo en que lógicamente queda considerada nuestra patria. La lucha antiimperialista está en su apogeo; los países capitalistas más desarrollados, Alemania, Japón y Estados Unidos, prácticamente se están repartiendo el mundo para asegurar mercados, aprovisionamientos de recursos naturales y mano de obra barata.
Así Alemania predomina ya en Europa; Japón, en la Cuenca del Pacífico y el imperialismo norteamericano, en América Latina, Centro América y El Caribe. Otros países capitalistas menos desarrollados como Inglaterra, Francia, Italia y Luxemburgo, están también en la competencia pero con pocas posibilidades de éxito si actúan aisladamente; más bien están en una posición defensiva y de resistencia para no ser dominados por los países más poderosos.
El sustento común del predominio imperialista está en la privatización de la economía. en la existencia de una economía de mercado; en la tesis y práctica de puertas abiertas a la inversión extranjeras y globalización del comercio a tal grado que hace desaparecer los principios de independencia y soberanía nacionales. Estos principios y tesis imperiales están contenidos en los acuerdos de Maastricht, que hoy se discute en toda Europa, y en la Iniciativa de las Américas, de George Bush, que día a día se está implementando en nuestro continente.
Esta lucha antiimperialista ha provocado y sigue provocando un enorme costo económico, político y social a un gran número de naciones y pueblos, porque para lograr estos países poderosos su hegemonía imperialista, realizan acciones de desestabilización y de toda índole, provocan la guerra fría, provocan conflictos regionales, amenazan a gobiernos y a pueblos que no se someten a sus dictados, y cuando la resistencia de una nación y de un pueblo es grande, usan su fuerza militar e invaden materialmente los territorios de los países que se resisten, o los bloquean económicamente y embargan sus recursos.
Ahí están los casos de Granada, de Santo Domingo, de Nicaragua, El Salvador, Haití, Cuba, entre otros.
Hoy, particularmente el Gobierno de los Estados Unidos ha ido mucho más lejos, ha practicado el secuestro de ciudadanos de otros países en sus propios territorios, para se juzgados por tribunales norteamericanos.
El Gobierno de los Estados Unidos, encabezado por George Bush, en su pretensión de erigirse en gendarme del mundo, el 23 de octubre pasado aprobó la llamada Acta de la Democracia en Cuba, más conocida como Ley Torricelli, que prohibe a subsidiarias de empresas de Estados Unidos en el extranjero, comerciar con el Gobierno de Cuba, y establece sanciones civiles para los que violan cualquier norma de la Ley de Comercio con el enemigo, entre comillas.
Asimismo, dicha Ley establece la negación de ayuda económica a países que subsidien al régimen cubano, así como la prohibición de entrada de barcos de cualquier nacionalidad que toque algún puerto de Cuba. Este hecho absurdo, injusto y criminal, es parte del brutal bloqueo que
el imperialismo norteamericano ha ejercido por más de 30 años en contra de la revolución cubana, para bloquear y aislar su régimen, un Gobierno y un pueblo que no han querido someterse a su hegemonía.
Otro hecho de prepotencia y de gendarme universal que el imperialismo norteamericano ha venido implementando para lograr su hegemonía, es el convertir los organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos, (OEA), y la propia organización de las Naciones Unidas, en su instrumento de agresión en contra de países que no someten a su dictado. El caso más elocuente son las acciones contra Irak, hecho que ha desvirtuado el papel pacifista, antibélico y de concertación que históricamente se le ha asignado a esos organismos internacionales.
Esta política prepotente, agresiva, brutal y hegemónica de los países más desarrollados del mundo, encabezados por los Estados Unidos, ha deteriorado gravemente la independencia, la soberanía y el progreso social de la mayoría de las naciones y pueblos del mundo.
Estos hechos constituyen la causa fundamental de la desigualdad del desarrollo de los pueblos, de la acumulación de la riqueza en unas cuantas manos, del control de los precios de las riquezas naturales de nuestros pueblos, es la causa fundamental de la pobreza de millones y millones de seres humanos en toda la Tierra; es el fenómeno más brutal del capitalismo, que ha conducido a las contiendas bélicas y a la pérdida de vidas de millones de seres humanos es la causa del deterioro ecológico del mundo y de degradación de los seres humanos en todos los rincones de la Tierra. Este es el origen de la inconformidad y la lucha de millones de trabajadores que a diario se rebelan contra estas injusticias que ha provocado la política económica neoliberal del capitalismo salvaje.
Estos hechos desgarradores, se reconocen expresamente en el Informe Presidencial que comentamos, en donde se dice entre otras cosas, cito: "Las circunstancias mundiales se han modificado nuevamente durante este año; el asombro del mundo inunda el debate político y algunos retos que se prefiguraban con el fin de la guerra fría se han materializado. Predomina militarmente una sola potencia, renacen los conflictos regionales, y aun en nuestro continente brotan inquietudes de un paso inestable".
Y más adelante el Presidente Salinas afirma que México no ha esperado a que se consoliden esas transformaciones en el entorno mundial, y se ha establecido diálogo con 62 jefes de Estados y de Gobierno en 78 encuentros, y se cita entre otros: la Segunda Cumbre de Iberoamérica de jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Madrid, la Quinta Reunión Cumbre del Grupo de Río, celebrada en Cartagena, se informa que se continúan estrechando los lazos en todos los órdenes, sobre todo con la República Dominicana y con Cuba, que nuestro país fue sede de la firma de los Acuerdos de Paz para El Salvador, y se celebraron en México los diálogos para la Paz entre el Gobierno de Guatemala y la Unión Nacional Revolucionaria Guatemalteca (U N R G). Asimismo se dialogó entre las autoridades de Colombia y la coordinadora guerrillera Simón Bolívar.
También se informó a esta soberanía que México promovió, junto con otras naciones, la reforma de la Organización de las Naciones Unidas sobre bases de mayor equilibrio entre sus órganos, y una participación más democrática en la formación de la agenda internacional y en la adopción de las decisiones.
Se actúa también en la XXII Asamblea de la Organización de Estados Americanos, en donde se logró una resolución relativa a la cooperación de la lucha contra la pobreza extrema.
Estas acciones de política exterior de México son positivas, porque diversifican nuestras relaciones con todo el mundo, porque contribuyen a restablecer la paz en las naciones que sufren de la guerra civil, porque contribuyen al desarme, y porque se establecen relaciones de fraternidad y de solidaridad, que pueden contribuir a mantener vigentes los principios de libertad, de independencia, de soberanía, de autodeterminación de los pueblos y la colaboración, sin condiciones políticas o de sometimiento.
México, históricamente ha contribuido a que estos principios tengan plena vigencia en el ámbito internacional, y para que sean factor de mutuo respeto de mantenimiento de la paz, de solidaridad fraternal y de progreso social; por tanto, el Partido Popular Socialista exige de parte del Gobierno mexicano, de proyectar esta política en forma congruente, sin oblicuidades, sin apoyos directos o indirectos a candidatos presidenciales de otro país o de sometimiento; sin prestarse a la aplicación de una política hegemónica.
La patria mexicana se ha forjado a lo largo de su historia con los mejores ideales de independencia, de soberanía y de libertad de nuestros mejores hombres y mujeres.
La soberanía popular constituye la sustancia y esencia de todos los mexicanos revolucionarios, democráticos y patrióticos.
De esta convicción nacionalista nace y se proyecta el espíritu solidario de los mexicanos hacia nuestros hermanos de América Latina, Centro América y El Caribe, por eso les brindamos nuestra fraternal solidaridad y amistad, porque sus problemas y la causa de los mismos, son semejantes con los nuestros, y estamos por ello dispuestos a correr la misma suerte.
Por eso hemos afirmado que la lucha Cuba es la lucha del pueblo mexicano; por eso nos llena de regocijo que a la luchadora social Rigoberta Menchú Tum, de origen guatemalteco, se le haya otorgado el Premio Nobel de la Paz 1992, porque con ello se estimula la lucha de los pueblos indígenas de América Latina en contra de la marginación, que por más de 500 años han sufrido, y porque dicho galardón puede conducir al establecimiento de la paz en la hermana República de Guatemala, que por más de 30 años ha padecido una guerra civil en la que han perdido la vida más de 100 mil guatemaltecos, de todas las edades y condiciones políticas y sociales.
Consideramos que con ello también se contribuye a llamar la atención a los gobiernos de todos los países de nuestro continente y del mundo entero, para erradicar las causas que han originado la marginación, la pobreza, la insalubridad y el analfabetismo que predomina en la mayoría de las etnias del mundo y de nuestro propio país.
No hay duda alguna que la exorbitante acumulación de la riqueza en unas cuantas manos y en unos cuantos países a través de sus monopolios y consorcios internacionales, constituyen la causa fundamental de la explotación y de la pobreza de millones de seres humanos en toda la tierra.
Todos los días recibimos imágenes de hombres y mujeres, sobre todo de niños muriéndose de hambre; todos los días también recibimos cifras del aumento del número de desocupados en todo el mundo; cifras de analfabetas, de familias carentes de vivienda y de millones de pobres que sólo sobreviven. Esta situación lacerante es la que hace difícil una política internacional equilibrada y justa, complicada e incierta, que debemos manejar con un alto grado democrático y de solidaridad.
Por eso exigimos congruencia para que las acciones que se realicen correspondan a la realidad, primero tomando en cuenta los más altos intereses de la patria, no olvidando nunca las causas y los ideales por lo que han luchado Hidalgo, Morelos, Juárez y los pro hombres de la Revolución Mexicana.
Compañeras y compañeros diputados: sólo me resta hacer un llamado a todas las fuerzas patrióticas, democráticas y revolucionarias de México, para actuar juntos en la defensa de nuestra soberanía, de nuestra independencia, para lograr el mejoramiento de las condiciones de vida de los mexicanos y la democracia. Muchas gracias.
El Presidente: -Muchas gracias, compañero Francisco Hernández Juárez. Tiene la palabra el compañero diputado Demetrio Hernández Pérez, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado Demetrio Hernández Pérez: -Con su venia , señor Presidente, compañeras y compañeros legisladores:
Para el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, el análisis de la política exterior de México no sólo debe ser concebido como el seguimiento puntual del conjunto de nuestras relaciones con los distintos estados de la comunidad internacional, a partir de su comparación con tradiciones y principios generales; debe ser también la valoración de la existencia o la ausencia de una práxis política acertada, que nos permita avanzar hacia una patria soberana y justa.
Hemos dicho en esta tribuna que, una estrategia de reconstrucción de la nación no es posible, entre otras razones, sin la comprensión de las relaciones internacionales, económicas y políticas y, sobre todo, sin tener claros los horizontes de las tendencias mundiales.
Insistimos: No basta decir que el mundo cambia; es indispensable precisar explicaciones sobre la naturaleza de los cambios, más allá de apresuramientos frívolos o definiciones nostálgicas.
En fin, una política exterior activa debe aclarar, en primer lugar, un diagnóstico correcto del estado de las relaciones internacionales de nuestro tiempo, aquello que nos permita entender las continuidades y discontinuidades del contexto mundial.
En segundo lugar, a partir del análisis expuesto, exponer los riesgos, desafíos y las oportunidades del entorno mundial.
La política exterior de la actual administración contiene elementos importantes que indican continuidades en tradiciones y principios de política exterior. Refleja también cambios lógicos, en la medida que el mundo ha cambiado.
Por un lado, la desaparición de la Unión de República Soviéticas, ha modificado la geografía económica y política mundial. Pero, desafortunadamente, las ventajas de la distensión estratégico - militar, no se han traducido en un ambiente más favorable a la cooperación internacional.
El mundo comienza a padecer las secuelas de nacionalismos chauvinistas y retardatarios, que se creían enterrados en el basurero de la historia. Cuando algunos, con candidez o cinismo, colocaron al mercado como el nuevo vellocino de oro, sobre todo ante el ocaso y derrumbe de un modelo de socialismo autoritario e ineficiente, en menos de dos años ha irrumpido en el seno de las viejas economías capitalistas, la recesión económica y un proteccionismo en ascenso.
Se prefiguran así tendencias ominosas que recuerdan los años de entreguerras de la gran depresión de 1929-1933.
La incertidumbre crece; la cautela frente a las derivaciones perniciosas en materia social, del neoliberalismo, gana terreno y sus más fervorosos partidarios retroceden.
El contexto mundial no parece tan favorable. En este panorama se buscan profundizar las relaciones comerciales de México con el mundo, en particular con nuestros vecinos de América del Norte, proceso inevitable pero, desde luego, más complejo que hace un año.
Es menestar observar que la política exterior no solamente se suscribe a las relaciones diplomáticas bilaterales y multilaterales.
En esta administración en particular, se ha pasado a una nueva etapa de búsqueda hacia una mayor participación e inserción de la economía mexicana, en las nuevas corrientes, comerciales, y financieras internacionales.
En este marco se puede decir que la política exterior se ha conducido en dos vertientes: una, la que constituye el trato diplomático y protocolario; y la otra, más práctica, que es la tendencia a integrar a la economía nacional en el juego de los bloques comerciales internacionales.
La política comercial ha sobre determinado en lo fundamental a la política exterior. Las relaciones con los Estado Unidos comprenden múltiples problemas, lo tenemos muy claro, pero ahora resulta más claro que los asuntos ecológicos, laborales y políticos, domésticos, forman parte de la agenda binacional vinculada al Tratado de Libre Comercio. No reconocerlo sería la política del avestruz, no se trata de ser alarmista.
El propio Presidente de la República reconoció primero, ante la élite priísta y después ante el Congreso de la Unión, que las soluciones poselectorales de varios estados en conflicto como Guanajuato, San Luis Potosí y Michoacán, se dieron para no permitir la intromisión foránea en nuestra soberanía.
Esto queda totalmente claro, en el IV Informe cuando dice el Ejecutivo y cito textualmente: "Se ha compobado la voluntad conciliadora del Gobierno de la República frente a las divergencias y la firmeza política frente a quienes desde afuera quisieran tener pretexto para intervenir en nuestro país", termina la cita.
La soberanía nacional se establece en un contexto difícil, aunque con afán retórico se sostenga el dicho de que nada ha cambiado ni cambiará con el Tratado de Libre Comercio.
No es lo mismo un desarrollo nacional en los marcos de una política de integración comercial concertada con los vecinos países del norte.
La política exterior no puede ser la misma, lo entendemos. No estimar los eventuales riesgos sería aventurar el destino nacional. Es inevitable integrarnos económicamente con el norte, pero regulemos en nuestro beneficio los retos y peligros.
En el mensaje político del IV Informe en las últimas páginas, se hace una alusión explícita respecto a la defensa de nuestra soberanía. Se plantea la pertinencia de continuar en una estrategia que se coloque en la prueba del cambio mundial.
Pero la política del desarrollo debe vincular en un trinomio singular el cambio con la patria soberana y la reafirmación de nuestro nacionalismo. Aunque parezca fuera de un lugar y a propósito de las intromisiones externas en materia de política doméstica, la mejor manera de garantizar la soberanía nacional es identificándola con la soberanía popular y el sufragio efectivo.
Ya hemos hecho una propuesta para la reforma política integral que avanza en este terreno, nos
pronunciamos en contra de la intromisión de fuerzas estatales o partidarias extranjeras en nuestros asuntos internos. Construir el México democrático y pluripartidario es la mejor manera de defender nuestra soberanía nacional.
Es inadmisible que se pretenda proyectar desde los interese de sistemas políticos bipartidistas una visión sesgada y limitada de la representación política que lesionaría nuestro incipiente pluripartidismo. Que desde México y teniendo como único soberano al pueblo se decida el rumbo de la transición democrática.
Lo que hemos dicho sobre las intromisiones externas, en nuestra política interna vale por otros ámbitos, en ecología, narcotráfico, asuntos laborales y otros temas, debemos resolver soberanamente. Una cosa es cooperación binacional para resolver problemas y otra muy distinta es consentir la intromisión prepotente del vecino del norte.
Reconocemos la habilidad de la política exterior del Ejecutivo pero existen problemas en este terreno que exigen el concurso de las fuerzas partidarias y de los ciudadanos.
Entendemos que los tiempos y necesidades de la negociación del Tratado de Libre Comercio obligaron a la realización de un importante número de visitas oficiales del Ejecutivo a los Estados Unidos. En los órganos legislativos constitucionales ofrecimos las razones de nuestro voto positivo, pero aquí se rompieron añejas tradiciones en la relación binacional. Contra una visita del mandatario norteamericano en nuestro país, el nuestro efectuó ocho en lo que va del sexenio. Anteriormente eran conferencias alternas en cada país, algunas de estas conversaciones se realizaron en el contexto de la disputa electoral presidencial norteamericana más reñida en los últimos tiempos.
Por desgracia, algunos representantes presidenciales se dejaron involucrar en esta contienda política electoral al lado del candidato que salió perdedor; esto no parece delicado y ahora se tendrá que remar contra corriente.
Con el próximo Gobierno demócrata de los Estados Unidos se deben discutir cuestiones aledañas al Tratado de Libre Comercio. El candidato electo ha dicho que lo apoya condicionalmente, insisten en que deben ser consideradas cuestiones de defensa ecológica y laboral. En el Senado, Cámara de Representantes e incluso en los gobiernos locales se ha fortalecido la fuerza demócrata.
En esta corriente partidaria existen firmes opositores al acuerdo y posturas moderadas que lo apoyan condicionalmente, entre las que se encuentra la del señor Bill Clinton.
Es conveniente que los responsables de la política exterior, es decir, nuestra Cancillería, tome cartas en el asunto, éste es un tema que rebasa los ámbitos de competencia de los negociadores comerciales, deben iniciarse lo más pronto posible los preparativos para debatir los nuevos temas incorporados, con la victoria de Clinton.
Pero en tanto, en los preparativos del debate y en la discusión misma, ambas cámaras del Congreso de la Unión debemos estar presentes, proponemos que se dé un amplio debate nacional sobre los siguientes temas: protección ecológica, legislación laboral y productividad, y la nuevas relaciones entre México y los Estados Unidos.
En otro aspecto de la política exterior, hemos sido testigos de hechos relevantes, como la continuidad en el intento de la integración latinoamericana que tuvo su inicio en la Cumbre Iberoamericana celebrada en Guadalajara. La segunda Cumbre celebrada en España se puede considerar apenas como un ligero avance, un evento político con mínimas repercusiones en la integración regional y en la relación Sur - Sur.
En el Informe se manifestó que la diversificación de las relaciones externas ha sido la estrategia fundamental de la política exterior y que es necesario consolidarla. Nuestra fracción parlamentaria considera que en esto queda mucho terreno por andar. Debemos evadir el riesgo de colocarnos en una de las trincheras de la guerra entre los bloques comerciales, es difícil hacerlo cuando no hemos colocado en uno de los frentes; sin embargo, existe tradición en nuestra política exterior para conseguirlo, no es imposible si recurrimos a la experiencia histórica y reforzamos nuestro interés por tener una patria más soberana.
Es necesario diversificar los intercambios económicos internacionales con los diferentes bloques comerciales y con todos los países. No debemos de depender de una potencia mundial, ésta es una premisa indispensable que nos puede conducir a una mejor posición mundial.
Quisiéramos hacer algunas consideraciones al respecto de la política de los Estados Unidos de América y que afectan no sólo a nuestro país, sino que violentan el contexto internacional.
La decisión de la aplicación de la Ley Torricelli, dirigida a endurecer el bloqueo económico
contra Cuba, no sólo lesiona los derechos humanos de los pueblos, sino que atenta contra los derechos soberanos de los países de establecer relaciones con las diversas naciones del mundo.
Nuestro país ha protestado en contra de esta Ley y ha asumido la posición de la autodeterminación de los pueblos. Nuestro partido considera que no se debe permitir ni aceptar la aplicación de leyes que lesionan los intereses nacionales. Es momento de dejar que sea el pueblo cubano el que decida su futuro y así, debe de expresar en el contexto mundial.
En el IV Informe de Gobierno, se exaltan las relaciones que el Gobierno mexicano estableció con el Vaticano. En su momento expresamos que esta decisión era producto de la actualización del marco jurídico de las relaciones del Estado con las iglesias.
Durante el año que abarca el Informe, ocurrieron hechos históricos relevantes que impactaron al mundo, entre ellos las más importante fue el de la disolución de la Unión de República Soviéticas Socialistas. El IV Informe consigna claramente sus repercusiones geopolíticas e ideológicas. Nosotros queremos aquí precisar que la muerte de un modelo de socialismo, no significa la desaparición de un ideal justiciero. Entendemos las negativas implicaciones del derrumbe de ese esquema de socialismo en todos los proyectos actuales del socialismo. Pero aceptamos el reto y buscamos aprovechar esta dolorosa lección. No hay socialismo sin democracia; no hay socialismo sin libertad; no hay socialismo sin respeto al individuo; no hay socialismo sin autogestión de los trabajadores; no hay socialismo sin mercado; no hay socialismo, en fin, sin la voluntad mayoritaria de los ciudadanos. Pero mientras el capitalismo subsista con sus miserias y profundas contradicciones, sobrevivirá la idea de la justicia social y de hacer de la democracia, representativa democracia directa; democracia industrial y democracia social. Muchas gracias.
El Presidente: -Muchas gracias, compañero diputado Demetrio Hernández.
En seguida tiene el uso de la palabra el compañero diputado del Partido de la Revolución Democrática, Ricardo Valero.
El diputado Oscar Ricardo Valero Recio Becerra: -Señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Me propongo desde luego cumplir y acatar los acuerdos parlamentarios que rigen estas sesiones, si en lo que se refiere al tiempo disponible me excedo un poco, intentaré que sea lo mínimo, Estoy seguro de contar con su comprensión y benevolencia.
La política exterior impulsada y puesta en marcha por el Gobierno de la República y los asuntos internacionales que la enmarcan, aparecen en tres lugares y momentos distintos del IV Informe de Gobierno, presentado en este recinto la semana pasada.
En el diagnóstico inicial, más que la explicación o la propuesta interpretativa, predomina la superficialidad y la retórica intranscendente. Se señala con razón que entre los acontecimientos recientes en la escena internacional, sobresale la desaparición de la Unión de Repúblicas Soviéticas y Socialistas y el surgimiento en su lugar, de la Comunidad de Estados Independientes. Se sostiene en seguida, sin embargo, que su significado y alcance, apenas comienzan a entenderse.
A un año de distancia, sólo se manifiesta asombro y el análisis reduce este acontecimiento al debate político, como si fuera un ejercicio académico. No se trata por cierto de aventurar hipótesis arbitrarias e irreflexivas, pero podrían al menos identificarse algunas tendencias visibles estructurales o conyunturales, que se advierten en el mismo escenario, como son desde luego, la transición hacia un nuevo sistema internacional, el surgimiento y la transformación de sus principales actores y agentes en el proceso y sobre todo, llama la atención el olvido, y la falta de preocupación por ubicar el lugar y el tratamiento que se le asigna a los países del sur, cuestión esencial para nuestro país por más que el Gobierno haya ofrecido reiteradamente un acceso de la nación, pronto y expedito, al primer mundo, y actuar por su lado como si formara parte de esta constelación.
El hecho de que predomine militarmente una sola potencia, además de que no significa que sea erradicado el peligro de confrontación armada, incluso la nuclear, es sólo un rasgo en la transformación de las relaciones internacionales.
Se dice ahí también que ha renacido los conflictos regionales, sin especificar cuáles se contemplan, si Yugoslavia, el Medio Oriente, por ejemplo; imprecisión que exigiría elementos complementarios, no tanto para ubicar lo que se tiene en mente, sino para extraer conclusiones valiosas para el presente y futuro inmediato de la política mundial y de interés evidente, por lo tanto, para nuestro país.
Por si fuera poco, se afirma que aún en nuestro continente brotan inquietudes de un pasado inestable, lo que no alcanza siquiera el rango de una regular metáfora. La generalidad conduce no pocas veces a la vanalidad y ésta directamente a la falta de definiciones y de compromisos.
Hasta ahí llega el ensayo por proporcionar un marco de referencia que ignora y elude en cambio, otros fenómenos sumamente significativos que se han expresados en el mismo período, como son, sin duda, la irritación y los estallidos sociales, como resultado de la adopción y aplicación de políticas económicas restrictivas y excluyentes inherentes al modelo neoliberal, así como la creciente participación de los pueblos y la determinación y sentido de responsabilidad de los congresos, para frenar la impunidad y la corrupción, o la firmeza para participar en decisiones cruciales en el presente y el futuro de numerosas naciones, como han sido las prácticas de plebiscitos. No hay ámbito político o académico ni institución regional o mundial seria prestigiada que no se haya manifestado con toda claridad y energía para poner límites o frenos, a esa forma de defender y más bien a deformar la convivencia humana aun cuando varían las explicaciones, los motivos y las percepciones que van desde la agudización de la desigualdad social, hasta el funcionamiento y reproducción de los propios sistemas productivos.
El Estado benefactor cuya sentencia de muerte fue decretada hace unos lustros, incluso en nuestro país, ha vuelto a colocarse en el centro de la reflexión y de las perspectivas sociales, si bien con modalidades diferentes a las que le dieron origen.
Los mitos que pretendieron sustituir a los que se llevó la caída del llamado socialismo real, no lograron afianzarse y algunos siquiera alcanzaron a delinearse y a asimilarse por la sociedad; ni el mercado se hizo cargo de la economía y menos aún fue capaz de atender los problemas sociales, ni desapareció la necesidad de la planeación, ni se extinguió el Estado del penoso carácter rector - orientador, ni se avizora el fin de la historia o el derrumbe de las ideologías y de los paradigmas.
El Jefe del Poder Ejecutivo se refiere después a la economía mundial y a sus problemas, mencionando exclusivamente lo que ocurre en los países industrializados, sugiriendo indirecta y temerariamente, el fracaso de la integración europea. No se detiene, así fuera mínimamente, en la creciente preocupación que renace en el mundo entero en torno a la situación de los países. en desarrollo, grupo del que formamos parte, pese al desdén y a las aspiraciones de una tecnoburocracia que sólo considera a las oligarquías nacionales o a los gobiernos del primer mundo, como sus únicos y auténticos pares.
Hemos mencionado en otras sesiones de esta Cámara, la conveniencia de difundir, de analizar el informe, sobre el desarrollo humano elaborado por el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, correspondiente a este año. En ese valioso estudio queda consignada la situación económica y social de un planeta cada vez más escindido entre ricos y pobres; hace un llamado para el diseño y aplicación de políticas económicas que coloquen al desarrollo humano y al bienestar, en el centro de los objetivos de la economía, o que en todo caso, las entienda como medios para reducir las brechas y eliminar la inequidad.
No obstante la estrechez de esa visión, se afirma en el Informe "que México se abre espacios con una política exterior de principios, de acciones renovadas e iniciativas amplias" Las dos primeras cláusulas son equívocas y a la última le sobra la "s" del plural. Todos sabemos que hay una sola acción de este tipo y a ella se han subordinado las demás: la participación en una zona de libre comercio en la región del norte del Continente.
Anuncia así: "que se continúa con la estrategia diseñada, basada en dos pilares: el respeto al derecho internacional y la diversificación de nuestras relaciones con el exterior". Las dos afirmaciones son al menos dudosas y por lo tanto discutibles.
En seguida se pasa a reseñar la forma en que se ha cumplido con el compromiso contraído de promover las relaciones del país con el exterior. En este breve apartado se resumen los hechos, que luego se retoman en la sección que se intitula: Detalle de las Acciones, y en donde conviene centrar la glosa.
Los Temas de la Política Exterior. Se afirma "que con los países a los que nos unen vínculos históricos se ha llevado el acercamiento y la cooperación a niveles sin precedentes". Para empezar, la información es inexacta si se consideran, en ese grupo sobre todo, a los países latinoamericanos y europeos. En realidad parece ser una forma eufemística y poco afortunada de denominar a los Estados Unidos.
Siendo así, adelanto que estamos de acuerdo con la afirmación, ya que en efecto, desde los
oscilantes días de Antonio López de Santa Anna no se presentaba una armonización y un acercamiento tan grande y funcional, materializado y simbolizado en los cuatro encuentros, éstos sí sin precedente, con el Presidente de los Estados Unidos de América, todos sin excepción en el territorio de ese país.
Con los nuevos bloques regionales se dice que se estrechan nexos. Cuando lo cierto es que precisamente en este lapso y en esa dirección se entró en una especie de parálisis o de compás de espera en función de la conclusión del Tratado de Libre Comercio. Lo que no es una acusación perversa o maligna, sino una información pública que se puso de manifiesto abiertamente.
En relación con la Cumbre Iberoamericana entre jefes de Estado de Gobierno celebrada en Madrid, se vuelve a insistir en que el origen se encuentra una iniciativa de México. No es desde luego lo más relevante, pero conviene registrar una vez más que el proyecto de esas reuniones fue anterior y rebasan incluso al actual período gubernamental en México. La idea de celebrar una Reunión Iberoamericana antes de 1992, que se haya realizado en Guadalajara, México, y que se decidiera imprimirle periodicidad y continuidad, pues ser un mérito en el que participó el Gobierno de México; pero hasta ahí.
Lo fundamental, sin embargo, es que desde que se plantearon estas reuniones expresamos nuestra satisfacción y ante todo la esperanza de que impulsaran decididamente la integración latinoamericana.
No sólo se ha cumplido la expectativa, sino que a estas reuniones y a su correspondiente mecanismo de aplicación se le ha otorgado una función similar y poco útil para estos tiempos que corren, a la que cumple, por ejemplo, la Comunidad Británica de Naciones. Con la diferencia de que los componentes de esta última, de cualquier forma, pueden tener y procuran entre sí intercambios económicos y tecnológicos, altos e intensos, y la Iberoamericana se especializa, cada vez más, en la cooperación educativa y cultural.
No es verdad tampoco que ese foro sea un puente hacia la unión europea porque no se requiere, ni es ése su papel. Cada uno de los países latinoamericanos tiene su respectiva relación con la Comunidad Europea y cada uno de los países que la integran e incluso su propia representación en Bruselas. Así ha sido reconocido desde hace varios años y los demás, si algún valor puede tener, es el de la innecesaria cortesía.
Aquí se impone recordar un comentario que hicimos en la Cámara, cuando se planteó esa visita y que parecía entonces obvio. La Reunión Cumbre en Madrid se presentaba precisamente en el marco del V Centenario, y un país como México no podía dejar de incluir entre sus planteamientos la perspectiva indígena en el conjunto de sus consideraciones; esa idea fundamental no se expresó ni se hizo patente en el discurso que el Presidente Salinas de Gortari pronunció durante la reunión, lo que contrasta todavía más con su reflejo automático de invitar a desayunar en Los Pinos, con el mayor número de fotógrafos testimoniales, a la admirable Rigoberta Menchú, al conocerse la decisión del jurado que le concedió este año el Premio Nobel de la Paz.
En relación con América Latina y el Caribe, ciertamente lo que se informó el pasado 1o. de noviembre es, no por previsible, desalentador. Dos visitas de mandatarios de esos países al nuestro en esta época no es demasiado y resulta por ello más que cuestionable la afirmación de la intensidad con que se producen los acercamientos.
Hay que tener siempre presente que si ha habido algún Gobierno que en los últimos tiempos ha impedido y obstruido el acuerdo y la concertación entre los países latinoamericanos, es el de México, lo mismo ante los problemas de la deuda externa, que frente a la búsqueda del diálogo colectivo con los Estados Unidos, por no mencionar el proceso de integración regional.
Otra cuestión distinta es que se tengan relaciones e intercambios con ellos, que pueden ser incluso, fluidos y cordiales, y que se hayan celebrado o estén en preparación varios acuerdos de libre comercio. Estos acuerdos, en primer lugar, están atados y circunscritos a los flujos y niveles existentes, y no representan diversificación real en el exterior, pero sobre todo su concesión forma parte de la cadena neoliberal que los últimos gobiernos republicanos de los Estados Unidos han venido promoviendo y desde 1991 agrupa alrededor de la llamada "Iniciativa para las Américas".
Uno de los rasgos del pensamiento tecnocrático radica en su visión inmediatista y de corto plazo y en presentar las grandes hazañas y momentos en la formación de nuestras naciones, como episodios aislados e inocuos y sin valor en el presente, fue lo que motivó el desliz e incidente de los libros de textos gratuitos con los miles de millones de ejemplares de pesos desperdiciados. No se han encontrado todavía, por cierto, responsables del derroche o siquiera un asomo
de información coherente con respecto a usos que pertenecen a la nación.
Según el Presidente Carlos Salinas de Gortari, con la elaboración, negociación y la ejecución de los tratados de Libre Comercio estamos avanzando en el camino de la integración regional, se olvida que a lo largo de la historia ha sido constante en las relaciones hemisféricas el dilema o el desideratum entre latinoamericanismo y panamericanismo, la diferencia es también clara.
En el segundo esquema, por lo demás, el que invariablemente se ha impuesto, la región entera queda cubierta y pasa a formar parte de la esfera en donde los Estados Unidos ejerce su mayor hegemonía y dominio. La primera no supone falta de relación con la gran potencia regional, por lo demás inevitable, pero la plantea en términos y tiempos diferentes. Dados los pesos, intereses divergentes y proyectos disímbolos, ésta debe iniciarse y basarse en una concertación previa entre nuestros países, que define y protege intereses básicos y amplía su capacidad de maniobra y desenvolvimiento autónomo o menos dependiente.
El Gobierno de México, por primera vez en la historia del país, no sólo se aleja ostensiblemente de este esquema y en lugar de adaptarlo a las realidades y necesidades del presente, se ha convertido en el gestor del modelo que el Gobierno de los Estados Unidos favorece e impulsa para toda la región. Lo demás, bien lo decía Hamlet, son palabras, palabras.
Con los vecinos inmediatos del sur y hacia el Caribe, no es sino más de lo mismo, acuerdos comerciales y un planteamiento que corresponda a una reflexión seria, de orden estratégico.
Es un exceso afirmar que México ha impulsado los procesos de pacificación en el área, cuando desde hace tiempo se desligó expresamente de ese compromiso y ahora sólo desempeña un papel, sin duda, discreto y modesto, aunque útil para contribuir a las iniciativas de otros.
Por consideraciones que no es el momento de expresar aquí con detalle, lo cierto es que la responsabilidad de esas iniciativas dejaron de tener un origen y un sello latinoamericano y se trasladaron al Secretario General de las Naciones Unidas.
Como se reconoció en la ceremonia de la firma de los acuerdos de paz para el Salvador, el hecho de tener lugar en México evocaba el pasado inmediato, el del Grupo Contadora, el requisito sine qua non para la participación del Gobierno de México en ése y en prácticamente todos los asuntos de importancia, perdón, en que no afecta esa especie de relación especial con el Gobierno de los Estados Unidos tan buscada como fallida y frustrada en el pasado, no se tiene conocimiento público ni aparece en el Informe alguna consideración relacionada con las dificultades, con la falta de cumplimiento o acerca de las resistencias en el interior del Gobierno y en el ejército salvadoreño para dar cumplimiento a los acuerdos de Paz y a los tiempos y procedimientos convenidos, lo que por cierto no tiene por qué reñir con el pleno respeto a la soberanía de la nación.
Por eso llama la atención y preocupa aún más el tratamiento que la situación de Cuba recibió en el IV Informe, en donde se le equipara con la República Dominicana por una parte y por primera vez hay una referencia, no a una nación; si del Caribe vinculado histórica y estrechamente América Latina se tratara, el peligro de anexión de Puerto Rico, así como el golpe militar en Haití son desde luego materia de nuestro interés, la situación de Cuba no puede soslayarse sino artificialmente y menos aun cuando permanece asediada, amenazada y agredida como si el fin de la posguerra fría no tuviera nada que ver con nuestro Continente.
La Enmienda Torricelli fue aprobada en este lapso y fue firmada por el Presidente de los Estados Unidos como parte de su campaña electoral y con dedicatoria en presencia de los mismos personajes contrarrevolucionarios recibidos semanas antes en Los Pinos; a eso se refiere seguramente la alusión a la cubana que se hace en el Informe porque de esta manera lo mismo se puede hacer residir en Miami, en las Islas; aquí no se pide a nadie su solidaridad con un Pueblo y un Gobierno que protagonizaron una de las mayores hazañas de los latinoamericanos en el Siglo XX, eso lo decide cada uno, lo mismo los individuos que las organizaciones políticas y sociales, no obstante es obligación de todos y en primer lugar del Gobierno de la República en defensa de nuestra soberanía nacional, exigir que se acate sin distinciones o excepción las normas y principios del derecho internacional y además, que haya congruencia entre el comercio libre que se proponga y el comportamiento de los gobiernos con el que el nuestro ha apostado en este ámbito, carta esencial. Algunos de estos conceptos han sido motivo de acuerdo de esta Cámara de Diputados y del Congreso de la Unión en su conjunto, pero en vez de orientar el comportamiento gubernamental todo indica que no ha merecido siquiera su lectura.
Se dice en el Informe que con el Gobierno de los Estados Unidos los acuerdos y las coincidencias son muchos mayores que las diferencias, a nadie ciertamente extrañó escuchar esta afirmación como expresión del, ahora sí, reconocida y no anatematizada integración en el norte que ha dejado de ser silenciosa para convertirse en estruendosa y festiva.
Insistimos en que nadie, al menos no nosotros ni nuestro partido, desea una mala relación con ningún país incluyendo desde luego a los Estados Unidos, partimos de la base de la complejidad y diversidad de esas relaciones que no representa ninguna novedad y más bien ha sido la piedra de toque en las relaciones internacionales del país como solía decir el excanciller de México, Jorge Castañeda, las opciones y los caminos son pocos, o se adopta una actitud digna aunque también cooperativa y se aumenta la capacidad de interlocución y de negociación del país o se aceptan sumisas y obsecuentemente otros criterios aunque se les envuelva y presente en una retórica que no se compadece con los hechos. Estos dilemas en sus extremos han acompañado la historia del país y esas relaciones bilaterales han estado siempre sujetas al mismo desideratum, el actual Gobierno declaró el fin de la hostilidad y de la era de las confrontaciones y del conflicto como si hubieran sido provocados artificialmente y no fueran consecuencia de diferencias reales incluso estructurales en muy diversos campos y ante numerosos problemas.
La cooperación no puede significar, como ahora ha ocurrido, sacrificio o negación de principios y de intereses esenciales; por ello no podemos sino expresar nuestro desacuerdo con la afirmación que se hace en el Informe de que el Gobierno ha sostenido la razón de México con claridad, firmeza y recurriendo a los recursos, sic, legales a nuestro alcance. A nadie, nadie y menos a esta Cámara de Diputados puede llamarse a engaño.
A mediados del mes de junio, la Suprema Corte de los Estados Unidos emitió un fallo por el que supuestamente legaliza o legitima la actividad del secuestro en otros países, interpretando los tratados de extradición.
México, como ningún otro país, se vio afectado por esa sentencia, puesto que se trataba precisamente del que tiene en sus quick ambos gobiernos y se refería a una acción perpetrada en nuestro territorio. Se suspendieron provisionalmente las actividades de la Agencia Federal Contra el Narcotráfico en México, que se levantó de inmediato, en un tiempo sin precedentes, a cambio de una reunión de alto nivel, cuyos resultados no dieron ninguna satisfacción a los planteamientos mexicanos.
Todo se disolvió en promesas y vaguedades como la de revisar el asunto en una próxima reunión de la Comisión Binacional, que como era desde entonces previsible, no se llevó a cabo. El doctor Alvarez Machain permanece en territorio de los Estados Unidos de Norteamérica y no está siendo juzgado por los tribunales nacionales.
No se solicitó opinión al mecanismo interamericano de jurisconsultos ni se recurrió a la Corte Internacional de Justicia de La Haya con más deslumbramiento que efectividad, se celebró un acuerdo en la Cumbre de Madrid que podría significar la puesta consideración en el actual período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.
Es decir, en lugar de la firmeza y claridad que se presume, se optó por la suavización y solución del problema y no por el ejercicio real de una soberanía nacional afectada, y dicho sin ningún ambage, también vulnerada.
Aparente dureza en el interior al tipificar la colaboración de nacionales en estas acciones como traición a la Patria, pero ninguna acción definida y concreta ante quien directamente socava y transgrede el derecho y la soberanía nacional. La misma actitud se repite en la lucha contra el narcotráfico.
Impunidad y amplias libertades en el desempeño de la Agencia Federal Contra el Narcotráfico, y mansedumbre y no exigencias correlativas y proporcionales ante quienes tienen la responsabilidad primordial de combatir la corrupción, el consumo y el lavado de dinero.
Presentamos carta de esmerada aplicación y nos sometemos al escrutinio y a la magnimidad, a una especie de certificación de buena conducta. Tampoco es del todo cierta la preocupación y la actividad desplegada para la protección legal de los derechos humanos y laborales de los mexicanos en el exterior, como lo han mostrado fehacientemente numerosos casos y sobre todo, los evidencia la falta de determinación y empeño por incluir un capítulo referido a este tema en un sentido amplio en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio.
De la vista a varios países de Europa, sólo quedan como recuerdo que algunas se estuvieron que hacer como giras de trabajo por no haberse concertado después de varios años la reciprocidad
obligada. La pretensión de obtener la calificación de país altamente industrializado en la O C B E E, con el principal argumento de ser próximamente socios de dos países que sí lo son, y no mediante el esfuerzo y el crecimiento real de nuestra economía, y por último la promesa una vez más incumplida, hecha en Budapest, de promover la transición del país a la democracia.
Del establecimiento de relaciones diplomáticas con la Santa Sede, resaltan al menos dos cuestiones:
1. La precisión de que se trata no de un Estado, el Vaticano, sino de la Sede que es cabeza de una religión en el mundo. Consulta que en su momento hicimos a la Secretaría de Relaciones Exteriores y cuya respuesta fue a diferencia de lo que estaba realmente ocurriendo, que no se contemplaba necesariamente ese tema en la agenda de nuestra política exterior, y
2. La alusión a la transparencia.
Acerca de la primera, no es ocioso recordar que fue la Santa Sede la que suspendió u obligó a suspender las relaciones diplomáticas al negarse a reconocer e incluso a relevarse en contra del régimen jurídico y político surgido e instituido como resultado de la Guerra de Reforma y de la Revolución Mexicana.
A propósito de la segunda, la de la transparencia, es posible que la afirmación grandilocuente contenida en el Informe, se refiere a la transgresión previa al haber acreditado en el Vaticano a una representación supuestamente personal en nombre de un ciudadano mexicano y no del Presidente de la República.
Si como se aseguró en este Recinto el 1o. de noviembre, esta acción es resultado de la actualización jurídica de las relaciones de los estados y las iglesias, conviene subrayar entonces el imperativo del pluralismo y del respeto a la libertad religiosa que subyacen en esa legislación, para aplicarse en consecuencia, lo mismo que evitar el peligro de confundir una institución compleja y variada como es la iglesia católica y no reducirla a su representación jerárquica.
El pragmatismo sin principios, ha acompañado algunas de las acciones de la política exterior, como el caso de nuestra visita a nuestro país del Presidente de Indonesia y las relaciones establecidas con el Gobierno de Sudáfrica, que aparecen mencionadas en el anexo del Informe.
Es inexacto además, que el Gobierno de México haya promovido alguna iniciativa propia, que refleje y corresponda a los intereses de los países del sur, en cualquiera de sus modalidades. No en seguramente involuntario que no haya hecho mención alguna a la presencia pasiva de los delegados mexicanos en las reuniones de los países no alineados; tampoco lo es que no se especifique en el Informe, así sea en forma general, en qué consisten las opciones de los países que integran el Grupo de los Quince, siendo ese precisamente no un tema secundario, sino uno que puede considerarse como decisivo para nuestro país en nuestro tiempo.
Fue ése el planteamiento que hicimos en esta Cámara, al discutirse la solicitud del permiso al finalizar el año pasado. Lo único con lo que contamos sigue siendo la información periodística que consigna duras críticas a los gobiernos que, como el nuestro, han adoptado la concepción y han identificado sus intereses con los de los países altamente desarrollados, así como la intempestiva e inexplicable salida y su retorno a México del Jefe de Estado mexicano, antes de que la reunión concluyera.
Dejo los comentarios sobre el Tratado de Libre Comercio a una intervención particular que se va a hacer un poco más adelante y paso a otro tema, otro apartado, el de los fundamentos reales de la política exterior.
En relación con uno de los últimos datos contenidos en el IV Informe de Gobierno, es de recordar que se suscitó este año una de las discusiones más esclarecedoras y reveladoras, acerca de la verdadera orientación de la actual política exterior de México. Se asegura en el Informe que México, junto a otras naciones, promovió la reforma de la Organización de las Naciones Unidas, y se ilustra ese proyecto con temas sin duda importantes, pero dejando fuera acaso el central: el de la cooperación para el desarrollo, tanto más urgente ahora, cuando se han reducido considerablemente las amenazas a la paz mundial, al extinguirse el peligro de una guerra atómica o nuclear de vasto alcance.
En ocasiones diversas, incluso recientemente al celebrarse una reunión interparlamentaria mundial que incluía este tema en su agenda, solicitamos información, o al menos las líneas generales de esta propuesta, que no hemos obtenido todavía. En todo caso, este asunto debe corresponder a una de las mejores tradiciones de la diplomacia mexicana.
Es evidente que de existir esa propuesta y con ese carácter, y de tener un verdadero interés en su estímulo y promoción, el Gobierno de
México debería ocupar ahora un lugar en el Consejo de Seguridad de esa organización, desde donde se tienen mayores posibilidades de impulsar un proyecto de este corte y alcance. Es sabido sin embargo, que el Gobierno de México se rehusó a asumir esa responsabilidad, que hubiera sido la demostración palmaria de que las palabras y las formulaciones generales se respaldan con hechos.
Las explicaciones indirectas que proporcionó la Cancillería por medio de artículos periodísticos, lejos de esclarecer las razones de la negativa, confirmaron la tesis y la impresión de uno de los excancilleres más prestigiados desde hace tiempo, embajador emérito del Gobierno mexicano.
No se participó en el Consejo de Seguridad, porque en ese ámbito es posible e incluso normal, la disidencia con las grandes potencias, debido a los intereses diferentes que se presentan y promueven. Al igual que en prácticamente todas las acciones significativas, el Gobierno de México no quiere contaminar o poner en peligro la celebración del Tratado de Libre Comercio. Esa decisión representa la demostración fehaciente de la renuncia a los principios, e ilustra una actitud de subordinación y de lo que es la dependencia en este tiempo nublado, para utilizar el título de un libro y de una hermosa imagen de Octavio Paz.
Los dos premisas en que descansa este capítulo del Informe, no son sólo endebles sino son falsas. No es verdad que la exigencia del respeto al derecho internacional sea la llave de la política exterior mexicana, como lo testimonia la actitud asumida ante Panamá, antes y después de la invasión, la que se dispuso frente a la guerra del Golfo Pérsico o la que se sigue ante la agresión de que es objeto Cuba; tampoco la ha sido ante el fallo de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos en relación con la extradición o la aprobación y firma de la Enmienda Torricelli.
También es dudoso que el otro pilar de esa política consiste en diversificar las relaciones del país con el exterior. Diversificar no equivale a tener muchas y variadas relaciones, sino supone, implica necesariamente procurar que por lo menos algunas de ellas, proporcionen un cierto equilibrio. Como frase está desgastada hace tiempo y no tiene más valor que aquella otra, memorable, de querer y desear la amistad con todos los pueblos de la tierra, convertida en emblemática en medio de la masacre y la represión en 1968.
El problema específico de México, está representado por la excesiva dependencia que ejerce en todos los sentidos la relación con los Estados Unidos. Esto no es nuevo ni tampoco un fenómeno súbito. La historia del país o al menos de sus relaciones exteriores, en buena medida lo constituye una búsqueda por equilibrar y compensar esa relación por medio de otras acciones y contrapesos. Lo que nunca había ocurrido o había sido tan visible, es la voluntad de un Gobierno mexicano por incrementar y profundizar la dependencia. Esa es la única explicación coherente y la consecuencia natural de la tesis del paso de la confrontación a la cooperación, y nada la simboliza y representa mejor que el tratado de Libre Comercio a que han quedado sujetos los demás actores.
El Entorno y la Política Exterior. Habrá ocasión de insistir en las próximas sesiones, si es que la honorable Cámara de Diputados no actúa otra vez como embudo, en que no es posible que el Congreso de la Unión carezca de funciones y facultades en materia de política exterior, cuando es una tendencia universal inscrita en la revolución democrática de nuestro tiempo.
Si una adecuada política exterior permite captar los nuevos tiempos para actuar en concordancia con ellos, no es posible prolongar el autoritarismo que hoy, en nuestro país, caracteriza la toma de decisiones.
El proceso electoral en los Estados Unidos, los debates entre los candidatos, la información inmediata de resultados, la alternancia en el poder, los plebiscitos en Europa para ratificar los acuerdos de Mastricht, el de Canadá en relación con la corriente de Quebec, el que está en vías de desenvolvimiento en Uruguay y para limitar la ola privatizadora y desnacionalizadora, el juicio político al Presidente de Brasil y la actitud independiente del Congreso, no pueden seguir ignorándose en México, o suponer que no nos conciernen.
La introducción de la práctica del referendum ante los grandes problemas nacionales, y la ratificación de los tratados internacionales por parte del Congreso, son también, como la falta de credibilidad en los procesos electorales, asignaturas pendientes relacionadas con la frenada y diferida transición hacia la democracia en México.
El capítulo de la política exterior termina con una frase contundente, en que se afirma que mantiene congruencia con nuestra estrategia interna, sirve a los intereses del país y promueve causas de interés mundial.
No nos detendremos mayormente en esta última cláusula, cuyo valor es más que ambiguo, de la intermedia y vemos que se confunden esos intereses del país con los de su nueva oligarquía, de la que por supuesto altos funcionarios del Gobierno forman parte. En cuanto a la primera, declaramos que estamos, la de la congruencia que estamos completamente de acuerdo.
En efecto, la política exterior no se ha conducido conforme a la mejor tradición del país y los intereses nacionales, procurando su actualización y desarrollo consecuente en nuestra época, sino se ha puesto al servicio y es una pieza clave para la implantación de un modelo económico y social, el neoliberalismo, del que el Gobierno mexicano se ha convertido, a nivel internacional y por derecho propio, en uno de sus más singulares y visibles representantes.
Hay ciertamente congruencia, pero no es la que el Gobierno exalta. El mayor intento de ocultamiento y mistificación, se ha pretendido hacer con la fórmula, o por juego de palabras de la renovación de la revolución, cuando todas las políticas y las acciones decisivas del Gobierno representan su abolición y su negación.
Hay un intento reciente y se plasma en el Informe, de generar o construir una nueva cobertura ideológica que justifique y racionalice la acción gubernamental. En los primeros años fue la modernización, en seguida vino la reforma del Estado, y los días que corren son los del liberalismo social, contrapuesto por añadidura, tanto al neopopulismo como al neoliberalismo.
La propuesta fluctúa entre la frivolidad y la falta de mesura y de rigor, en primer lugar con la utilización de este concepto y su pretendido hallazgo y originalidad, ocurre lo mismo que con su gemelo, la solidaridad, que está asociado tanto con el pensamiento socialista como con la doctrina social de la Iglesia católica, y por supuesto, en las últimas décadas, como recordó el escritor Bacla Habel, en un ensayo, ése sí extraordinario, con lo que fue el célebre sindicato polaco.
En nuestro medio lo que hoy se pretende aportar a la historia de las ideas, fue una fórmula afortunada de don Jesús Reyes Heroles, para referir el Siglo XIX mexicano, pero no para aplicarse en las postrimerías del presente.
En el ámbito internacional, de las organizaciones partidistas, y en muchos países, sobre todo europeos, desde hace tiempo el liberalismo, en oposición a la social democracia, a procurado incorporar también la dimensión social, y lo mismo ha hecho incluso el conservadurismo; el conservadurismo también es social, por convicción o por lo menos así se presentan. Por convicción o por convivencia, hoy nadie prescinde de la categoría, por lo que importa siempre y en todo caso, es darle sustento y respaldarlo.
Las políticas económicas que ha impulsado y conducido el Gobierno mexicano, corresponden a la más íntima y pura esencia conservadora y del ideario neoliberal de hoy en día. Basta recordar las medidas del ajuste inicial, la privatización de los procesos productivos, la desregulación, la venta o liquidación de las empresas públicas, los objetivos macroeconómicos para mantener baja la inflación, reducir el déficit público y mantener estable la paridad cambiaría, a los que se agregan la reestructuración de la deuda externa conforme a los lineamientos de los organismos financieros internacionales y la fe ciega en el mercado y el amor sin barreras por los tratados de libre comercio para corroborar este acierto.
En nada este Gobierno se muestra mejor y más claramente adherido a éstas teorías en boga, cuyo declive también comienza como en la figura del goteo, que sostiene que el primero es preciso hacer crecer la economía y formar una clase empresarial a cualquier costo y medio, para después, y paulatinamente, proceder a un reparto justo y equitativo.
Aquí aparecen por ello algunas notorias contradicciones, en el sentido que por supuesto no le conviene al grupo en el poder ni a los intereses que representa, no es liberal en tanto que no confiere en las fuerzas invisibles del mercado, en el libre juego de la oferta y la demanda, y está empezando a erigir una sociedad corporativa de grandes negocios y empresas privadas, con las que vincula directamente para que sean ellas las que determinen, las que delineen y modelen la vía económica y social del país en su conjunto.
No en valde, y por casualidad, los más altos funcionarios gubernamentales, en su círculo más estrecho, han sido inscritos internacionalmente en esta escuela de pensamiento, y como lo han reconocido en numerosas latitudes, se cuentan entre sus más dilectos y distinguidos adultos, pro todo ello representa ni más ni menos el polo opuesto de un proyecto o estado social.
Cada una de las políticas aplicadas y la totalidad en su conjunto, tienen como contraparte el olvido de esta dimensión; ni están en el eje o en el centro de las políticas públicas, ni han sido los trabajadores y los sectores intermedios, junto con
los pequeños y medianos empresarios, los que han pagado, que han sido ellos los que han pagado la crisis y el intento de recuperación, a costa del descenso de sus abatidos niveles de ingreso y de vida y la mayor parte de la población.
Los rezagos en materia educativa, de salud, de vivienda, de seguridad social y de los salarios, incluso los contractuales, son brutales, y están a la vista como visibles también, la decadencia de las instituciones públicas destinadas a atenderlos. A todo esto se refirió, se han referido varios diputados, particularmente el diputado Jesús Martín del Campo, hace unos días, el jueves; tampoco me detendré.
Pero, por otra parte, y en todo lo demás el Gobierno es neopopulista. Como no puede ignorar que en el país la mitad de la población se encuentra en la línea límite de la subsistencia y más de la cuarta parte en la pobreza extrema, tal y como lo recomendaba hace varios lustros el Banco Mundial, ha puesto en ejecución un programa por medio del cual tiene todas las ventajas, el Programa Nacional de Solidaridad y su enorme gasto publicitario.
Aparenta preocupación por las cuestiones sociales y los problemas de la comunidad; descarga con él sus verdaderas responsabilidades y obligaciones; controla corporativamente a sus destinatarios y beneficiarios y, por si fuera poco, procura por este medio sus controles políticos o, al menos, su neutralización. Justamente la antítesis del liberalismo y en rigor también de lo social.
En las relaciones laborales el corporativismo se ha llevado a los extremos. Los trabajadores no están ahora siquiera en condiciones de defender sus derechos ni plantear sus demandas.
Sociedad corporatizada por excelencia, es la que impone y renueva los llamados pactos, el último rumboso, para la Estabilidad, la Competitividad y el Empleo, antes, incluso, de que avanza sus plazos o los plazos de los anteriores y en donde las cúpulas determinan los límites, que sólo cumplen y afectan a los trabajadores.
La tutela del Estado, que consagra la Constitución en beneficio de los trabajadores, se ha invertido radicalmente y ha sido entendida y canalizada como protección y estímulo para el otro factor de la producción, para el capital.
En caso de que falle el esquema, allí están las Juntas de Conciliación y Arbitraje para llamar al orden, y siempre, desde luego, la amenaza o la simple y directa represión.
Pero si de liberalismo se trata, apenas es necesario recordar que su vertiente o expresión política es la democracia, y en este ámbito en donde el Gobierno muestra sus verdaderos déficits y su naturaleza.
La democracia supone como mínimo respeto al sufragio y sufragio efectivo, un sistema de competencia política en términos y en condiciones de igualdad y un verdadero Estado de Derecho, de sujeción a la legalidad, desde luego, pero que también implica superación, autonomía y equilibrios entre los poderes públicos.
Es evidente para todos, menos para quienes no lo quieran ver o requieren ocultar y servir en sus particulares intereses, que los supuestos de la democracia liberal son la negociación de un sistema, no de un partido casi único, como indulgentemente se quiere hacer creer, sino de un partido de Estado, de Gobierno, que controla los procesos electorales en todas sus fases y que se vincula y hacer radicar su fuerza, no en un régimen presidencial como también se desea suponer, sino en uno de corte presidencialista, a partir del cual se dirige y administra el conjunto del sistema. No todo se detiene ahí.
Ese sistema, al que por regla general sirven los medios de información y sobre todo los de comunicación electrónica, se hace aparecer como poseedor de la verdad o depositario único del proyecto viable y posible para el presente y el futuro de la nación.
Dirige su poder, además, hacia la descalificación o distorsión de otras propuestas o enfoques distintos. Sostiene y repite, una y otra vez, que la oposición carece de proyectos o, en la mejor de las hipótesis, de proyectos visibles.
La aceptación retórica del pluralismo no tiene que ver sino con las formas, con la epidermis, nunca con las cuestiones de fondo, con la esencia de las políticas.
Aparece así, un país unánime, uniforme y colocado en una sola dirección y rumbo, sin opciones.
En el Informe de Gobierno y aún desde antes, en la confección de la ceremonia, está presente tal vez como nunca, esa desmesurada pretensión.
En el documento leído el primero de noviembre, aparece un Gobierno conciliador y benévolo, y aparte de tolerante también modesto, ahora preocupado solo por consolidar lo que se ha hecho y subrayando lo mucho que queda por realizar. Pero, una vez más, con el rictus
camaleónico que lo distingue y con falsa doctrina de su liberalismo social, anuncia que en las próximas contiendas electorales federales ocupará las demandas y los espacios de la oposición, y hace suyas las demandas por la democracia y por bienestar social de la población. Es demasiado tarde.
Con independencia de afiliaciones partidistas y al igual que todas las etapas decisivas de la brillante y enaltecedora historia del país, en 1994 habrán de confrontarse el proyecto neoliberal, conservador y neopopulista, encarnado por el grupo en el poder, y aquel otro, alternativo, que representa, en esta hora, lo esencial y la continuidad de esas luchas de los mexicanos y los verdaderos "Sentimientos de la Nación". Muchas gracias.
El Presidente: -Gracias, compañero diputado Valero. Rogando su comprensión por una modificación en el orden de los oradores, tiene enseguida la palabra la compañera diputada Yolanda Elizondo Maltos por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
La diputada Yolanda Elizondo Maltos: -Con su venia, señor Presidente; compañeras, compañeros diputados:
La nación mexicana se enfrenta a una situación frente al exterior que vendrá a marcar el destino de las relaciones entre los países para plantear la estrategia del siglo XXI.
Estamos viviendo momentos históricos como consecuencia de movimientos políticos en todos los confines del planeta, que drámaticamente han cambiado la faz de la tierra. Naciones que difícilmente se vislumbraba su derrumbamiento por su aparente solidez, ahora se enfrentan a luchas interraciales para dar cabida a la conciliación de naciones libres, naciones soberanas.
A consecuencia, la bipolaridad ha dejado de existir y un sólo sistema político, hasta el momento, incapaz de resolver los problemas de pobreza, desempleo, justicia social y equidad en la distribución del ingreso, está creciendo como una mancha voraz que definirá el destino de la mayoría de los países.
Así las cosas y bajo el pretexto de intensificar las relaciones comerciales en el mundo, la globalización de la economía se toma como pilar fundamental del destino del país, que se midan las consecuencias constantes con la realidad que se vive en el interior.
En efecto, la política exterior mexicana en la actualidad se conforma a partir de dos situaciones simultáneas: primero, desde el punto de vista diplomático y desde lo económico. En síntesis, podríamos concebirla como una política económica exterior.
Los constantes ataques sufridos por nuestro país desde la década de los setenta en materia de diplomacia mexicana, no fueron más que el recelo de los Estados Unidos contra nuestra política de no intervención, autodeterminación de los pueblos y dirimir controversias pacíficamente hablando, logrando así, el respeto y el prestigio internacional y que además significa la defensa de los intereses vitales de la nación.
Es evidente por lo tanto que ante la firma del Tratado de Libre Comercio los Estados Unidos continúan lanzando ataques en torno a nuestra doctrina Calvo, que según ellos, es una limitante para la puntual aplicación de dicho tratado.
La vecindad histórica con los Estados Unidos ha mostrado un desafío para la conciliación de México como una nación soberana. Por ello, los mexicanos, debemos prestar atención a las expectativas de su posible ratificación y evitar a toda costa consecuencias adversas a nuestra soberanía e identidad nacional.
Bajo este mismo marco notamos con preocupación que existe una desarticulación entre la dimensión política y económica de la política exterior, debida a que no siempre ha habido una coherencia con el objetivo específico de mantener y ampliar el margen de autonomía relativa del país, principalmente frente a la potencia hegemónica.
En el mundo contemporáneo tanto, la naturaleza de la seguridad nacional, como la seguridad internacional, como la del desarrollo, tiene un carácter fundamental interdependiente del contexto global. De ahí que sea importante hablar de la seguridad internacional como una nación complementaria a la de la seguridad nacional. En este sentido, la seguridad positiva y negativa en México se ve profundamente influenciada por sus relaciones con los países en sus fronteras norte y sur. Existen cuando menos tres áreas de problemas con la frontera norte que puede afectar la seguridad positiva y negativa de nuestro país, a la vez que interactúan o influyen sobre la seguridad de los Estados Unidos. Estos problemas son: la migración ilegal de trabajadores mexicanos, el tráfico de drogas y el pago de la deuda internacional mexicana.
De las tres, el único que potencialmente podría llegar a serlo, sería el del narcotráfico y esto por violencia en que usualmente ocurre en los países. El conflicto centroamericano en la frontera sur de México es, en esencia, un conflicto entre modelos de desarrollo económico y social que se ha convertido en un conflicto regional e internacional. Desde 1983 México ha contribuido como parte de los esfuerzos por pacificar y encontrar una solución diplomática a los conflictos de la región. De continuar el escalamiento en materia armada en Centroamérica, los riesgos para la seguridad negativa en México son muy altos. Un conflicto armado internacional en la región pondría en peligro áreas y regiones estratégicas y altamente vulnerables en el sur del país, por ejemplo, campos petroleros, plantas hidroeléctricas y zonas turísticas. La protección de áreas potenciales de nuestro país requeriría la militarización intensiva del sur de México, lo cual, además de un enorme costo económico podría tener mucho mayor costo político al desequilibrar, como ha ocurrido en Centroamérica, el balance político entre autoridades civiles y militares. Aumentaría con la violencia el número de refugiados legales e ilegales centroamericanos en nuestro país y su peso sobre las frágiles economías de los estados mexicanos sureños. Asimismo, desorganizaría el comercio regional y una parte importante de nuestras vías de acceso al resto de Continente; a la vez que pendería sobre los países de América Latina la posibilidad de un desbordamiento del conflicto armado fuera de sus límites centroamericanos. La nueva política económica exterior de México ha iniciado una etapa de supuesta diversificación del comercio exterior; sin embargo, al analizar el anexo estadístico en esta materia notamos claramente que el 70% de nuestro comercio tiene como destino los Estados Unidos, el 10% la Comunidad Europea, el 3% Japón y solamente el 17% en el resto del mundo. De los resultados en cuanto al origen del comercio destacan cifras similares a las anteriores. La tendencia en relación a la inversión extranjera directa que para el primer semestre de 1992 significó 36 mil 297 millones de dólares, de igual manera los Estados Unidos participan significativamente con un 62%. Esto permite prever las circuntancias a las que nos enfrentamos cuando pretendemos hablar sobre diversificación de nuestro comercio exterior. Es imprescindible que nuestro comercio se intensifique con un margen más amplio con los países de América Latina, como resultado de las raíces históricas y no como parte de un proyecto hegemónico con miras a satisfacer sus propios intereses a costa de abrir más los márgenes entre la pobreza y la riqueza extremas. La fuerte discusión entre los Estados Unidos, apoyado por algunos países de Latinoamérica, con el resto de los países de la región sobre, entre comillas, el derecho de esta potencia para intervenir en Centroamérica o su obligación de no hacerlo, ha oscurecido el hecho de que los intereses de seguridad de los Estados Unidos en Centroamérica son muy parecidos a los intereses de la mayoría de las naciones de América Latina. Es necesario entonces que se retome el desarrollo autosostenido que permita reducir pobreza y mejorar la distribución de la riqueza. Es fundamental contar con países vecinos que resuelvan sus disputas pacíficamente a través de la diplomacia y la negociación internacional, incrementando la seguridad internacional. En el futuro, es importante que se satisfagan estos intereses de seguridad comunes a casi todos los países del Continente. De esta manera México podría intensificar el comercio con la zona y procurar por una integración ad hoc a las realidades existentes, bajo el respecto mutuo de la sobreranía nacional. de igual manera, debemos procurar por ampliar nuestras influencias con regiones poco exploradas comercialmente, como es Africa y el Medio Oriente, al igual que el sur de Asia así como aprovechar la apertura de aquellas economías calificadas. Singular importancia deberá recibir el futuro de nuestras relaciones con la nueva Europa unida y con los países que integran la Cuenca del Pacífico. Todo esto, evitando a toda costa la marginación relativa en esta nueva dinámica mundial. Dentro de la política exterior, queda inmersa la problemática ecológica, como un tema que hoy por hoy ha dejado de ser una custión nacional para convertirse en una cuestión mundial. El concepto de desarrollo sostenible como producto del Informe Rootland y ratificó en Río 1992, partiendo de que el equilibrio ecológico está amenazando a la vez por la pobreza y la riqueza, deja entrever los desafíos a los cuales las naciones se enfrentarán a partir de la segunda mitad de la década, con miras a formar parte de la estrategia para el siglo XXI y que
tiene injerencia significativa en la cuestión de seguridad pública y en mayor grado, de soberanía nacional. Los acuerdos signados en Río de Janeiro en julio pasado, deberán pasar a formar parte de un pronunciamiento inmediato denominado "Carta de México", en el cual se establezcan los lineamientos a seguir para la aplicación puntual de las derivadas del desarrollo sostenible, que contribuya a un mejor entendimiento entre las relaciones económicas y las relaciones ecológicas. Por lo tanto, es menester señalar la rotunda negativa de esta soberanía, a la instalación de basureros radiactivos cercanos a nuestra frontera norte, que pueden en un momento dado, poner en peligro la habitabilidad misma de la zona. México debe estar pendiente de adoptar medidas progresivas para igualar condiciones y la protección del medio ambiente. La estructura piramidal del orden económico internacional en las postrimerías del siglo XX, pone en evidencia la gran desigualdad existente entre el centro y la periferia. Día a día somos testigos de la condición de sumisión escalonada que en ciertos casos lleva al mundo subdesarrollado, a servir como un medio experimental de suministro de materias primas en el campo de batalla, por medio de alineación, La genocida Ley Torricelli, ratificada por Bush, con miras a intensificar el bloqueo económico hacia Cuba, excede los límites imperialistas, en detrimento de una sociedad libre y soberana. Y que además recae sobre aquellas naciones que comercian con la isla, convirtiéndose en una ley, además de genocida, de dimensiones extraterritoriales, en detrimento de la soberanía de las naciones. México mantiene relaciones estrechas e históricas con la Isla de Cuba, el hegemón del norte no podrá hacer cambiar esta circunstancia y seguiremos insistiendo en la aplicación puntual de nuestra doctrina Calvo. Las relaciones diplomáticas de México con el Estado Vaticano, representan teóricamente, la relación con un estado sobrerano reconocido como tal por muchos países del mundo, uncluida también la República Italiana. El Vaticano es ahora, el único caso en el mundo en el que un liderazgo político internacional, está respaldado por una soberanía política. Así pues, el establecimiento de relaciones diplomáticas formales con el Vaticano por primera vez en la existencia de la República y tambíen en la del Estado Vaticano fundado en 1929, se realiza con un estado sui generis y deberá ser porque así conviene a la convivencia de la nación mexicana y al interés nacional en el mundo. Conviene aquí recordar que en los primeros 15 años de la vida republicana mexicana, la Santa Sede se negó a reconocer la independencia de México, y destinó después sólo un delegado apostólico; es decir, un representante papal ante la jerarquía católica mexicana, no ante el gobierno. El primer nuncio fue monseñor Pedro Francisco Meglia, embajador papal ante el embajador papal ante el emperador Maximiliano, con quien tuvo severos enfrentamientos, ya que pretendía a todo trance, que se nulificará la desamortización derivada de las Leyes de Reforma que sostenía el emperador. Por eso parece poco apropiado hablar ahora de reestablecimiento de relaciones diplomáticas. En todo caso, las relaciones diplomáticas deberán establecerse en el contexto de los siete principios constitucionales de política exterior, que le fija el artículo 89 al Ejecutivo , que son: La autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Compañeros diputados: el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana considera de suma importancia el significado que representa, como nación, la necesidad de lograr un equilibrio sólido entre la diplomacia mexicana en nuestra política económica, tanto interior como exterior. La tan pregonada globalización de la economía puede llegar a ser contraproducente, al contribuir al mayor bienestar de la población. No podemos apostar todo por esta globalización ni aceptar condiciones adversas a nuestra soberanía. Estamos frente a una prueba de fuego, frente a una política exterior nacionalista y congruente con los intereses estratégicos del país ante los desafíos de la globalización. Nos encontramos en un momento en el cual nuestra política exterior debe contar con bases bien sustentadas y no sólo con principios fundamentados; el mundo desarrollado ha emprendido una ofensiva sin precedente contra el subdesarrollo, a través de la colonización comercial y el suministro exorbitante de materias primas a cambio de ayuda condicionada, y en muchas ocasiones, golpeantes a las economías internas.
Nuestro país deberá, forzosamente, readecuar los lineamientos de su política económica exterior, que establezca como premisas el bienestar de la mayoría de los mexicanos; la diversificación de los vínculos y la defensa de la autonomía en su actuación internacional, sin renunciar a la justicia social, y a la defensa de los derechos humanos; en la búsqueda de caminos alternativos que consoliden la eficiencia productiva y la equidad social, la racionalización del consumo y la inversión, coadyuvando a un crecimiento económico autosostenido y menos vulnerable a los factores externos adversos, como son: la recesión económica en otras latitudes y la vigencia de leyes extraterritoriales. La modernización económica de México, por lo tanto, supone la modernización política del país, y ambos requieren de un nuevo consenso, actualmente en proceso de gestación, sobre las reglas fundamentales del juego político, por razones tanto jurídicas, morales, funcionales como estratégicas. Estas reglas deberán garantizar la separación de poderes y la democratización de los diversos ámbitos de nuestra existencia social. Es realmente posible la construcción de un futuro en el que nuestro país participe exitosamente en los circuitos globales más importantes en materia de producción , comercio, tecnología y financiamiento; en el que el crecimiento económico sostenido por inversiones y productividades crecientes, acompañado finalmente por una mucho más adecuada distribución de la riqueza, se manifieste en una planta productiva de calidad competitiva mundialmente y en el bienestar generalizado de la población mexicana. En el que tenga vigencia plena una genuina vida democrática nacional, firmemente anclada en historia y en la cultura de nuestro país. Todo ello es realmente posible, más no es seguro que se haga. Existen también otros futuros posibles caracterizados por la hiperinflación, el fracaso de la industria nacional en el foro del mercado global, el autoritarismo, la inestabilidad política y la continuada pobreza de la población de los mexicanos. Por lo tanto, señores legisladores, nuestra tarea es buscar caminos alternativos que permitan al país desligarse de la amplia dependencia económica y de evitar a toda costa la polarización de nuestra sociedad. Esta es la labor de los mexicanos preocupados por el destino del país. Muchas gracias. El Presidente:- Gracias, compañera Diputada. En seguida, tiene el uso de la palabra el compañero diputado del Partido Acción Nacional, Alfredo Castillo Colmenares. El diputado Alfredo Castillo Colmenares:- Con su venia señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: El Presidente de la República, al referirse a la política externa de México, destacó tres aspectos: 1o. Las relaciones diplomáticas con el Vaticano. 2o. Los vínculos del gobierno mexicano con Estados Unidos. 3o. La realización de la Segunda Conferencia Iberoamericana. Aseguró el Titular del Ejecutivo que la política exterior de México mantiene congruencia con nuestra estrategia interna, sirve a los intereses del país y promueve causas de interés mundial. De esta manera, en el Informe, se establece una vinculación ineludedible y estrecha entre política interior y política exterior. En acción Nacional hemos sostenido que la política exterior es ante todo un instrumento al servicio de la nación. Y señalamos que la exigencia imprescindible para una política exterior independiente y digna, es que la política interna de México se estructure al amparo de los derechos humanos, y exige que las instituciones políticas internas estén organizadas para realizar la justicia social y el bien común nacional, y que la legitimidad de las autoridades en nuestro país se funde en el voto libre y respetado. En el Informe se aseguró que nuestras relaciones con los Estados Unidos son amplias, complejas y diversificadas. Que el Tratado de Libre Comercio corresponde a la nueva dinámica de la política internacional y que las negociaciones con Estados Unidos y Cánada han concluido. El Tratado de Libre Comercio constituye un nuevo espacio económico para incrementar la producción, el empleo y las ventas en nuestra industria, agricultura,comercio y servicios. Ante ello, Acción Nacional considera indispensable que se informe con todo detalle a la sociedad civil, al Senado de la República y a la Cámara de Diputados, de los contenidos y alcances de la negociación. Toda vez que nos acercamos a la fase de hechos consumados, que como
tales no tienen posibilidad de enmienda. Y el Congreso de la Unión, de acuerdo con el artículo 131 y el artículo 73, fracción VII y XXIX de la Constitución, tiene facultad para establecer contribuciones sobre el comercio exterior, por lo que tambien a esta Cámara y no sólo a la Cámara de Senadores, corresponde analizar el Tratado. Hemos sostenido que a largo plazo los beneficios netos del Tratado de Libre Comercio en materia de inversión, empleo y crecimiento económicos, serán tales y comprobables. Empero, nuestra exigencia de información es la de los efectos potenciales, correcciones y por sectores. Aunque en términos generales el Tratado de Libre Comercio será positivo, habrá resultados perjudiciales para algunos sectores industriales y comerciales. Y no han quedado claros los riesgos que enfrentarán con la firma y, sobre todo, lo que deben hacer para salir aventes. Numerosas empresas en México no están a nivel comptetitivo con las empresas canadienses y norteamericanas. Siendo una de las razones entre otras, el tipo de cambio; que está sobrevaluado. Hay industrias en México que atraviesan por muchos problemas, como la alimentaria, la metálica básica, la textil, la papelera y la madedera. Actividades que necesitan asesoría, capacitación, financiamiento y un tratamiento fiscal benigno. Estamos conscientes que con la firma del Tratado de libre Comercio algunas empresas y sectores laborales serán enormemente beneficiados y que otras tendrán que ser clausuradas; lo que se traducirá en pérdida de empleos. Gran número de empresas ya están reduciendo su personal: Petróleos mexicanos, la INdustria Textil, Ferrocarriles Nacionales de México, la Volkswagen, etcétera. Las autoridades deben instrumentar un programa de emergencia para los trabajadores que pronto quedarán sin empleo. Acción Nacional demanda de las autoridades una actitud responsable y patriótica, para que los trabajadores del país sepan claramente cuál va a ser su futuro con el Tratado de Libre Comercio y, sobre todo, qué van a hacer. Por otra parte, celebramos que actividades de orden estratégico, como el petróleo, no formen parte del tratado. Relaciones con el Vaticano. En las relaciones con el Vaticano en el Informe se subraya: "Compartimos con la diplomacia vaticana la lucha por la paz y por la mayor armonía mundial, por lo que el diálogo será provechoso para estos propósitos. Avansamos así, agregó el Presidente, en la transparencia que desea la sociedad mexicana". Aplaudimos la desición de establecer relaciones diplomáticas entre México y el Estado Vaticano, porque pone término a una etapa de simulación, expresada en la negación de la personalidad jurídica de las iglesias, mantenida hasta hace un año. A este claro avance en la política exterior de México debe corresponder un respeto pleno a los derechos sociales y políticos de los católicos, así como de quienes profesen otra religión o ninguna. La nueva relación entre el Gobierno mexicano y la Santa Sede, no debe constituir un mecanismo de control político sobre los creyentes mexicanos. Corresponde a todos los ciudadanos, independientemente de su creencia religiosa, participar en la vida política del país, manteniendo la pluralidad que caracteriza a la sociedad mexicana. América Latina y el Caribe. Nuestra nación ya inició un proceso de inserción en el sistema internacional y ha pugnado por fortalecer sus relaciones con América Latina y el Caribe. En este contexto, se firmó un acuerdo con Guatemala en enero del año pasado, para constituir una zona de libre comercio; en el mes de agosto se firmó el acuerdo, marco multilateral para el programa de liberalización comercial, entre México, Honduras, Costa Rica , el Salvador, Guatemala y Nicaragua. Con Honduras suscribió un memorandum de entendimiento, entre la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación de Honduras, para el combate al narcotráfico. Con perú se ratificó el acuerdo sobre cooperación en materia de narcotráfico y farmacodependencia. Con Bolivia se firmaron varios acueros de cooperación económica y un acuerdo para estimular el intercambio de información. Y con Ecuador se suscribieron dos acuerdos sobre cooperación científica, técnica y turística. Y en la Reunión de la Comisión Binacional México-Argentina, se revisaron temas económicos y comerciales.
México ha pugnado por una mayor integración de América Latina y el Caribe, para lo cual ha planteado como objetivo el establecimiento del mercado común latinoamericano. En américa Latina y en Centroamérica se han ensayado prácticamente todos los modelos de integración económica. La Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), y el Pacto Andino fueron sustituídos por la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), y el Protocolo de Quito. La Asociación Latinoamericana de Integración surgió en agosto de 1980 en sustitución de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, con el Tratado de Montevideo, suscrito por 11 Naciones, México entre ellas. Hemos fortalecido nuestras relaciones con América del Sur, pero para lograr que América Latina se inserte en el comercio mundial, es necesario el replanteamiento del papel que desempeña el Estado en la economía; cambiar la política de sustitución de importaciones por una que aliente las exportaciones y una estrategia que diseñe metas más cortas, pero que posibiliten una creciente integración económica con los países del área. Tangencialmente en el Informe se tocan las relaciones con Cuba, cuando el Presidente de la República afirma, cito textualmente: "Con el Caribe continuamos estrechando lazos en todos los órdenes, sobre todo con la República Dominicana y con Cuba, nación ésta con la que mantenemos relaciones respetuosas y cordiales; hemos iniciado un nuevo acercamiento con los países anglófonos del área". En el caso de Cuba Acción Nacional declara enfáticamente que ningún país puede alegar soberanía para violar los derechos humanos y cancelar libertades; tampoco son admisibles los bloqueos porque hacen sufrir a los pueblos y no a los gobiernos. Se requiere de una iniciativa internacional para destrabar el bloqueo a Cuba y persuadir al régimen de Fidel Castro, de casi 34 años de duración, para que se decida por una verdadera apertura democrática y política y no se continuén violando los derechos humanos en la isla; México tiene una posición muy respetable en el ámbito internacional y así como intervenimos como terceros componedores en Contadora, así debemos luchar para restaurar los derechos y las libertades en Cuba. Estamos inmersos en la competencia internacional, por lo que manifestamos nuestra satisfacción porque México siga diversificando nuestras relaciones en el exterior; Acción Nacional, como fuerza política, madura y responsable, desea que nuestra política internacional se siga basando en la defensa tenaz de los Derechos Humanos, el respeto a la Soberanía de las naciones, la defensa del Derecho de Asilo, la No Intervención y Autodeterminación de los Pueblos, la Cooperación entre las Naciones, la Solución Pacífica de las Controversias, la Integración de América Latina y del Caribe y la Lucha por la Seguridad Internacional y por la Paz. Muchas gracias. (Aplausos) El Presidente: -Muchas gracias compañero diputado Castillo Colmenares. Tiene la palabra el señor diputado miguel González Avelar, por el Partido Revolucionario Institucional. El diputado Miguel González Avalar: -Señor presidente; compañeras y compañeros diputados: Apenas será necesario recordar a esta ilustrada Asamblea que la política exterior de un país no es sino una manifestación de su política interna. La manera de proyectar en el exterior los valores y los intereses de la nación. Tampoco ignoran los representantes populares que las relaciones internacionales de México, se sustentan en un patrimonio histórico que refleja tal vez mejor que ninguna otra expresión colectiva, lo que bien podríamos llamar el alma nacional. Por esta razón, examinar aquí los términos en que el Presidente de la República ha dado cuenta al Congreso de los asuntos del exterior, es referirnos a cuestiones entrañables que a todos importan y a todos conciernen. Tal vez existieron tiempos y eso sobre todo en algunas etapas de la guerra fría, en que el llamado capítulo internacional de los informes presidenciales, podía ser fácilmente desprendido del cuerpo del documento sin que éste se resintiera mayormente. Tiempos en que los asuntos internacionales parecían agotarse en la referencia a las disputas entre las grandes potencias y a los esfuerzos de nuestra diplomacia por mantener el equilibrio y el decoro a que nos obligaban nuestros principios. En todo caso, referencias a iniciativas y conflictos tan ajenos como amenazantes, pues implicaban nada menos que la posibilidad de un holocausto nuclear, pero a una distancia tal del ciudadano común que no era fácil discernir como lo afectaban a él y al país mismo.
La política exterior aparecía así como un capítulo más de la política interna manifestada en ecos que inquietaban a las fuerzas políticas locales. Por lo demás, éramos meros espectadores en un escenario en el que las grandes potencias ocupaban hasta el último espacio de maniobra. Por consecuencia, el interés en tales combinaciones se presentaba casi siempre dividido en bandos y su comentario recaía casi exclusivamente en el terreno de los especialistas. Esos tiempos, señores diputados, han pasado definitivamente, y no sólo en México sino en el mundo entero. Ni la diplomacia es ya sólo asunto de quienes tienen autoridad, ni la sociedad podría desentenderse de verificarla constantemente; le va demasiado en ello para que no lo haga. De esta manera, frente al informe con que el Ejecutivo federal da cuenta a la representación nacional del estado que guardan nuestros asuntos con el exterior , debemos preguntarnos en qué medida y hasta qué punto, al ejercer su facultad de dirigir la política exterior, ha observado los principios normativos que como mandato constan en la Constitución. Nos corresponde verificar si en el lapso que se examina, la política exterior de México sigue inspirada en los principios de autodeterminación de los pueblos de no intervención, de solución pacífica de las controversias, de proscripción en la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales o de su uso, peor aún, de igualdad jurídica de los estados, de cooperación internacional para el desarrollo y de lucha por la paz y la seguridad internacional. Para decirlo brevemente, es opinión de la mayoría en esta Cámara, que el informe que rindió el Presidente de la República el pasado 1o. de este mes, corrobora la observancia de estos postulados en nuestras relaciones internacionales que dentro de una comunidad internacional cada vez más renuente a la observancia de principios para regir sus relaciones entre sí y proclive por tanto a un pragmatismo sin ataduras, nuestro país sigue sustentando lo esencial de su política internacional en los principios históricos que son voluntad y patrimonio de la nación. Es conveniente observar sin embargo, que la política de principios se complementa, tiene que complementarse, con la defensa y promoción de nuestros intereses en el exterior. El conjunto de los estados no es presisamente una sociedad de filósofos preocupados sólo por la congruencia ni una asociación de filántropos atenta únicamente a nuestro bienestar. Como todos los países, el nuestro actúa en un mundo plagado de intereses contradictorios y cambiantes. Los países hegemónicos actúan para conservarse como tales; los que tienen nuestra escala, compiten para mejorar su condición, y los más pequeños luchan para sobrevivir en un espacio normalmente ayuno de solidaridad y con frecuencia ajeno a los dictados del derecho. Actuar en ese escenario real es un desafío enorme, mayormente si aspiramos a transformar la sociedad internacional, conforme a los principios y a la convicción de justicia de la mayoría de los mexicanos, y al mandato de nuestra Constitución. Siempre he creído que en materia internacional defender los principios es la cosa más práctica que podemos hacer, pero indudablemente se trata de un equilibrio delicado y en ocasiones vulnerable desde algún punto de vista; pero en todo caso, debemos recordar lo que a este propósito decía Juárez, que lo que México no haga por sí mismo para su bienestar, nadie lo vendrá a hacer por nosotros. México es una sociedad con enormes necesidades y ciertamente, buena parte de ellas se satisfacen a través de intercambios con el exterior. Así les ocurre a todos los estados y esto será cada vez más cierto y más apremiante. El ascenso de la economía japonesa y su círculo de influencia, la conformación de la comunidad europea, la disolución de la Unión Soviética y la crisis de reconversión económica en los Estados Unidos, han soltado las amarras de lo que en la guerra fría eran intereses adscritos a alguno de los dos grandes bloques. Hoy, como dice la expresión popular, cada quien jala para su santo y el santoral es ya inmenso. Tan sólo en el último año, se han configurado 17 nuevos estados independientes, que han traído consigo una peligrosa secuela de conflictos étnicos, disputas territoriales y guerras civi les. Como se dice en el Informe, el fin del equilibrio y la tensión bipolar, abatió la amenaza de una confrontación nuclear, que era el más ominoso aspec to de la guerra fría, pero de ninguna manera ha traído consigo la armonía prometida o sugerida por el término de la guerra fría; por el contrario, las disputas comerciales que ya están en curso, pueden ser el combustible de confrontaciones difíciles de precisar en su evolución, pero potencialmente muy peligrosas. Quisiera llamar ahora su atención hacia dos amenazas ciertas para la soberanía de los estados
y la audeterminación de los pueblos, que cada día se insinúan más claras; me refiero, cosa que no ignora la mayoría de esta Cámara a que junto al fenómeno de globalización y bajo su capa, se manifiestan tendencias teóricas, pero sobre todo amenazas prácticas, encaminadas a menguar o desdibujar el concepto de soberanía nacional. Es cierto que la internacionalización de los fenómenos económicos y sociales, tiende a remodelar viejos conceptos de aislamiento y autarquía, relacionados con la soberanía externa de las naciones, pero esto no puede vulnerar de ninguna manera la capacidad del pueblo hablo del pueblo mexicano para regirse con total independencia frente a poderes del exterior. Esta posición nuestra no está reñida con la realidad de la interdependencia creciente entre las naciones, ni con la necesidad de adoptar acuerdos supranacionales, precisamente en asuntos que hoy tienen ese carácter, como la protección del ambiente, la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, o el acceso a la información, entre otros, porque éstos son acuerdos que apuntan al concepto de soberanía como sinónimo inaceptable de irresponsabilidad internacional. Lo que queremos enfatizar, es que la participación que México debe tomar en los asuntos mundiales, ha de partir precisamente del ejercicio de su soberanía y no de imposiciones externas. El Estado se autolimita en cuanto a relaciones con el exterior, en función de encarar problemas que rebasan las fronteras nacionales, pero la mayoría parlamentaria no confunde esta autolimitación con el ejercicio de la voluntad hegemónica de otro países. En un sentido más preciso, el Gobierno de México ha reaccionado con energía frente a las pretensiones de otros estados, particularmente los Estados Unidos, de extender el ámbito de aplicación de su derecho interno a sus relaciones con México y otros países. Tal pretensión afecta en forma grave la soberanía nacional, y fractura las relaciones en un área muy sensible, cuando las querríamos buenas en todos sus aspectos. Esta es la naturaleza de actos como la resolución de la corte norteamericana en el caso del secuestro del doctor Alvarez Machain, la expedición de la ley Torricelli que amenaza la soberanía de Cuba y la de cualquier país, y las disposiciones relativas al embargo del atún mexicano y su secuela, que están afectando ya a numerosos terceros países. El Gobierno del presidente Salinas de Gortari, se ha opuesto, y habrá de seguir haciéndolo, al intento de regular las relaciones internacionales a través de un proceso expansivo de la legislación interna de los países poderosos. En México nadie está de acuerdo con él. Sólo la negociación de los acuerdos, acuerdos internacionales, sean bilaterales o multilaterales, puede dar base al reconocimiento de normas jurídicas que puedan afectar los intereses de los mexicanos. Este asunto exige ciertamente una vigilancia especial, puesto que por calculado interés tiende a mezclarse y confundirse con otros procesos, estos ilegitimos o inevitables, como la internacionalización de determinadas cuestiones económicas o jurídicas, o bien se quiere desfrazar, lo que es peor aún, con la cooperación internacional, la cual se basa por definición en el compromiso libre de las partes. El rasgo más característico de la política exterior de México, tal y como se desprende del Informe que comentamos, es el empeño por diversificarla. De ello dan testimonio los acuerdos comerciales propalados o en proceso avanzado de negociación, entre ellos muy destacadamente el Tratado Trilateral de Libre Comercio con Estados Unidos y Cánada, y los de igual naturaleza con Chile, Colombia, Venezuela, Bolivia y los países centroamericanos, el convenio global con la Comunidad Europea y las acciones emprendidas hacia el Mercado Común de Sur (MERCOSUR). Igualmente responden a este propósito las visitas del Presidente a otros países, sedes de organismos internacionales o grupos de concertación política, tanto como las visitas recibidas de personalidades del extranjero, entre éstas de Japón. Argentina, Indonesia, Honduras, Bolivia y Nueva Zelandia. Los contactos cada vez más estrechos con los países de la Cuenca del Pacífico, apuntan claramente también en esa dirección. El establecimiento de relaciones diplomáticas con Lituania, Estonia, Letonia, la Santa Sede, persona de derecho internacional, y las repúblicas independientes de la antigua Unión Soviética, reconocen tambíen, a mi juicio, este objetivo de diversificación. Por lo que se refiere a la búsqueda de soluciones pacíficas para los conflictos, permítanme destacar las acciones de México en la cuadragésima sexta y cuadragésima séptima reuniones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se han planteado iniciativas para conferir a la Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas, la última en septiembre de este año, la primacía que le corresponde como el órgano universal y plural por excelencia de la organización, sobre todo en asuntos relativos a la paz y la seguridad internacionales. Y en el mismo sentido, la idea de facultar al Secretario General para solicitar opiniones consultivas a la Corte Internacional de Justicia en materia de controversias entre los estados. México postula que el Consejo de Seguridad no puede ser un mero instrumento para legitimar con visos de concertación los designios de unos cuantos países poderosos. Hay en esta materia, además, algunos hechos que por parte de la mayoría desearíamos que no pasaran desapercibidos, me refiero a que México ha impulsado y ha sido sede de los acuerdos de paz para El Salvador, de los diálogos para la paz entre el Gobierno de Guatemala y la Unión Nacional Revolucionaria Guatemalteca y entre el Gobierno de Colombia y la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. Se trata de esfuerzos activos y fructuosos para lograr la conciliación en pueblos hermanos, y ellos dan testimonio, quiérase que no, del reconocimiento al ambiente de libertad, respeto, pluralismo y simpatía que aquí puede encontrarse para desarrollar diálogos fecundos. Permítanme ahora una cuantas palabras acerca de nuestra América la de Martí. No cabe duda alguna que el subcontinente es el ámbito natural y más cómodo para el despliegue de nuestras relaciones con el exterior; compartimos lengua y cultura, pero sobre todo una perspectiva histórica común: somos países diferidos y en espera, en espera del desarrollo y de la justicia. Pudimos haber sido una sola patria. No lo fuimos. Sobre el fondo común emergían disparidades poderosas, reales. El propio Bolívar reconoció "que sí acaso" formaríamos una nación de repúblicas pero independientes. Seguramente por esto hace tiempo que la mayoria de nuestros países persibieron la necesidad de echarse a andar por su cuenta, no cabía esperar actos inauditos de generosidad de las potencias ni la salvación por el mero espíritu y sentimiento bolivarianos. No cabe duda que hay en este inmenso espacio territorial, grandes oportunidades de cooperación económica e intercambios comerciales. El intercambio intraregional ofrece ciertamente oportunidades considerables, pero es preciso también reconocer sus limitaciones. La evolución de nuestras economías es relativamente comparable, y ha corrido por caminos semejantes. Nos dedicamos todos a la sustitución de importaciones, y al abrirse las barreras nacionales, encontramos naturalmente grandes similitudes. Nuestro desarrollo necesita ahora de tecnologías de punta, vienes de capital y procesos productivos que no están disponibles en el área, de tal suerte que, reconociendo la necesidad de complementarnos con los países hermanos de América latina, fortaleciendo con ellos nuestros vínculos económicos, políticos y culturales, como se está haciendo activamente, no podríamos hechar la suerte del país a esa carta única, necesitamos también diversificarnos. Compañeras y compañeros diputados: el Tratado Trilateral de libre comercio con los Estados Unidos de América y cánada, es una referencia inescapable en un recuento como éste, lo haré con suma brevedad. Lo conceptuamos, antes que nada, como un esfuerzo para dar orden y certidumbre a un caudaloso proceso de intercambios económicos, que hasta ahora carecen de reglas de juego. Todas las normas relativas a nuestras exportaciones, y mayormente antes de nuestro ingreso al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, han sido dictadas unilateralmente por los Estados Unidos. Mientras solamente importábamos, sufríamos esta situación y aplicábamos también unilateralmente barreras y restricciones, compatibles con las necesidades de no frenar nuestro propio desarrollo. Esta era la limitación única. Esta situación ya no es posible, nos interesa tanto importar como exportar en condiciones reguladas. La certidumbre jurídica será, cada vez más, un factor crucial en las relaciones internacionales, y lo estamos viendo en el conflicto que en los últimos días se ha levantado entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos. Cuando las normas de derecho brotan de la libertad y de la legitimidad, como creemos que ha sido el caso, operan por lo regular en favor de la parte más débil. De otra manera, el fuerte ejercita su poder, sin más límite que el de su propia conveniencia, y sin que haya instancia o recurso alguno para combatir su arbitrio.
En este sentido, consideramos necesario y útil el tratado. El resultado fue un buen tratado para México, se afirma en el Informe Presidencial,y la fracción mayoritaria de esta Cámara considera que así es. Pero la mayoría considera también que no será sólo por obra y gracia del Tratado que sobrevenga un estirón al desarrollo del País. El tratado es un medio, una herramienta, por decirlo así, a cuyo uso correcto no pueda ser ajena la totalidad de la estructura aconómica del sistema productivo, en realidad de la sociedad entera. En primer lugar, y como parte de ella, su Gobierno, el cual debe cuidar que las exportaciones no entren al país en condiciones de competencia desleal, como ya lo manifestó aquí el Presidente en su Informe. Pero también agregariámos: el industrial que no recibe por conducto del tratado una franquicia para desnacionalizar su empresa, y el comerciante que debe cuidar la supervivencia de sus proveedores, porque además de que son sus clientes, de su capacidad de compra depende su suerte también, a fin de cuentas. Y, desde luego, también de los consumidores que deben comprender que al preferir productos extranjeros muchas veces, por mero afán novelero, están contribuyendo a cerrar puestos de trabajo en el país. Es toda la nación, entonces, la que ante la fatalidad de mercados abiertos, tiene que protegerse. Y este tipo de proteccionismo no lo prohibe el Tratado, pero sí lo necesita la nación. Tales son, compañeros diputados, las reflexiones que en nombre de mi fracción parlamentaria me he permitido traer a la atención de este pleno. Consideramos que el Presidente ha cumplido con la Constitución, al conducir la política exterior, que hay esfuerzos serios, fructuosos, para diversificar nuestras relaciones exteriores, sin caer en actos de mero voluntarismo o fantasía. En suma, que en esta materia se han observado los principios constitucionales y se ha preservado nuestra valiosa tradición histórica. Gracias por su atención. El Presidente:- Gracias, compañero diputado González Avelar. Se ha terminado la primera lista de oradores del Análisis al Informe Presidencial, vamos a pasar a iniciar la segunda ronda en el entendido que después de la primera intervención, daremos comienzo a un receso de una hora para despúes continuar los trabajos. Rogamos al compañero Martín Tavira Urióstegui, diputado por el Partido Popular Socialista, nos haga favor de tomar la palabra. Compañero diputado, con disculpas, quiero decir que se han anotado para esta segunda ronda los diputados Martín Tavira Urióstegui, Francisco Laris Iturbide, Odilón Cantú Domínguez, Jorge Alfonso Calderón Salazar, Jorge Zermeño Infante y Jorge Becerril Straffon. El diputado Martín Tavira Urióstegui: - Señor Presidente, distinguidas diputadas, distinguidos diputados: Con franco espíritu internacionalista podemos afirmar que México ha contribuido con sus luchas y sus sacrificios a forjar el derecho internacional de nuestros tiempos. Cuando en el mundo todavía se proclamaba el derecho de intervención, Miguel Hidalgo y Costilla ya agitaba las conciencias en favor de la autodeterminación de los pueblos y José María Morelos y Pavón plasmaba en la Constitución de apatzingán el principio de no intervención. Nuestro orgullo de pueblo que ha querido hacer historia y ha hecho historia, nos ha llevado a realizar hazañas por nuestra libertad e independencia. Hemos hablado claro a las potencias colonialistas, agresoras e intervencionistas sobre el derecho que hemos ganado para forjar nuestro destino sin tutelajes externos. Este largo camino de mil batallas, nos ha enseñado a ser solidarios con los demás pueblos que buscan su felicidad en independencia. Esa solidaridad internacional tan arraigada en nuestra conciencia nacional, la hemos convertido en norma constitucional. Nuestra mirada se ha dirigido de inmediato hacia nuestros hermanos del sur, porque con ellos nos unen tantos lazos de sangre y de historia. El dominio colonial español contruyó cuatro virreinatos en nuestra América: el de la Nueva España, el de la Nueva Granada, el de Lima y el de La Plata. Bolívar quería la unidad de nuestros pueblos, se empeño en construir la gran Colombia, pero las ambiciones caudillistas y las maniobras divisionistas del Gobierno norteamericano frustraron el propósito, la balcanización era un
propósito imperialista para dividir y dominar despúes. Hoy el pensamiento bolivariano vuelve a nuestro tiempo como base de apoyo para emprender nuevas tareas hacia la integración de América Latina. Ante el acoso de los bloques económicos, tenemos que buscar fórmulas nuevas que nos permitan un desarrollo económico, social y cultural, sin sometimientos ni pérdida de nuestra identidad como naciones y como regiones. Por eso consideramos que la Cumbre Iberoamericana puede ser una vía para la tantas veces aplazada integración. Tiene que ser un proceso, porque es difícil que con regímenes tan diversos pueda construirse de inmediato la cumbre como una institución permanente. La de Guadalajara reafirmó los principios del derecho internacional: el respeto a la soberanía, a la integridad territorial y a la independencia de los estados, la igualdad soberana de los mismos; la autodeterminación de los pueblos, y la no intervención . La segunda Cumbre Iberoamericana, como ha dicho el Presidente Salinas, acordó hacer de la educación y de la cooperación técnica y científica, el eje de nuestra solidaridad. No menos importante son los puntos relativos a la cooperación en materia educativa y cultural, así como al convenio contitutivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América y el Caribe. Sabemos ya que es sin la incorporación de los pueblos indígenas al desarrollo económico de nuestros países, no podrá hablarse en forma definitiva de que nuestras naciones están formadas. La segunda cumbre hizo pronunciamientos de invaluable valor antiimperialista, al rechazo de todo tipo de interpretaciones que pretendan reconocer la posibilidad de aplicación extraterritorial de las leyes de un país a otro. Es obvio que aquí hay una condena contra la conocida resolución de la Suprema Corte de los Estados Unidos, violatoria de la soberanía de los estados. Abrigamos la esperanza de que la Cumbre Iberoamerica ha de ser un foro, como lo dice el Presidente, pero también un camino sin regreso para la integración económica, cultural, científica y tecnológica de los países del área. El respeto a la integridad territorial de los estados es uno de los principios torales del derecho internacional defendido por México y reafirmado en la Cumbre Iberoamericana. Sin embargo, este principio carece de una vigencia real en América Latina porque aún hay enclaves coloniales que tienen que ser barridos para que podamos hablar de que nuestra región está cabal y definitivamente liberada. Nuestros países debieran considerar como permanente agresión a Latinoamerica la presencia de enclaves militares y de francas expresiones colonialistas. Tenemos que referirnos a un tema que no toca el Jefe del Ejecutivo en su Informe, pero que debe estar en la preocupación de los representantes del pueblo mexicano, porque además los enclaves militares constituyen una amenaza para nuestros pueblos. Existen tres puntos fundamentales en América Latina que hieren su celo patriótico y su cabal soberanía: la base naval de Guantánamo, la ocupación del Canal de Panamá, y Puerto Rico, tres áreas sustraídas de la integridad territorial de nuestro subcontinente. La base naval de Guantánamo tiene un cuadro y un claro origen de hegemonismo militar y político. La guerra hispano-norteamericana de 1898, la primera contienda típicamente imperialista fue fraguada por el Gobierno de Estados Unidos con el fin de llenar el vacío que dejaría España en América y Filipinas. Norteamerica no entró al conflicto para ayudar a los pueblos a independizarse, como mentirosamente se ha dicho, sino para extender sus tentáculos de país que había llegado a la etapa de la exportación de sus capitales, dispuesto a entrar en el reparto del mundo. Despúes de 30 años de lucha, el pueblo cubano estaba a punto de echar fuera de su suelo al colonialismo español, cuando el Gobierno de McKinley decidió intervenir militarmente en el conflicto sin que nadie se lo pidiera, tomando como pretexto la misteriosa explosión del barco "Man". El Tratado de París del 10 de diciembre de 1898, entre España y Estados Unidos, que puso fin a la guerra, se hizo a espaldas del pueblo cubano, sin que él autorizará la ocupación de su territorio por fuerzas militares yanquis. La famosa enmienda Platt que impuso a Cuba la obligación de vender o arrendar a los Estados Unidos las tierras necesarias para carboneras o estaciones navales, fue dictada por el Congreso Norteamericano y sancionada por el Presidente McKinley. Baste hacer algunas breves consideraciones de carácter jurídico, para darse cuenta de que esta enmienda tiene vicios de origen que la invalidan y nulifican. En esencia, es un contrato de
arrendamiento, se diría en el derecho civil, primero: la soberanía de un país es absoluta, indivisible e inenajenable y pertenece esencialmente a la nación. Cada Estado ejerce esa soberanía sobre su territorio; por tanto, el gobierno cubano que aceptó el arrendamiento de la Base de Guantánamo, para ceder a una potencia extranjera, parte de su territorio nacional, no tenía capacidad jurídica para hacerlo. Segundo, el consentimiento para conceder esa superficie de territorio cubano, está viciado por la violencia. Ninguna duda cabe sobre la grave coacción ejercida sobre la Convención Constituyente de la Isla, la cual abrigó el temor fundado de que la independencia se perdiera para siempre, si no cedía a las presiones del poderoso vecino. Tercero, la causa de todo contrato no debe ser ilícita o inmoral; el artículo 7o. de la Enmienda Platt sobre el arrendamietno de la base dice: "para poner a los Estados Unidos en condiciones de mantener la independecia de cuba y proteger al pueblo de la misma, así como su propia defensa". Pero esta cuasa es un disfraz del verdadero propósito:apoderarse de un pedazo de territorio ajeno, para mantener en el tutelaje a una nación. El tratado de 1934 hizo cambiar la causa, diciendo que se inspira en el deseo de fortalecer los lazos de amistad entre los dos países y de modificar con ese fin las relaciones establecidas entre ellos. Lo cierto es, que la potencia imperialista le dio a Cuba el tratamiento de país conquistado. Esa base ha servido y sirve, para amagar constantemente al pueblo cubano, especialmente despúes del triunfo de su revolución; despliegues militares y provocaciones de todo tipo, quieren envolver a Cuba en un conflicto bélico, para aplastarla como nación independiente. Está en la conciencia de los pueblos y en los principios del derecho internacional, que los Estados Unidos deben desocupar la base naval de Guantánamo lo más pronto posible. Las condiciones han cambiado, los Estados Unidos no pueden invocar como factor de su presencia ahí, la defensa de Cuba o los vínculos de amistad, como se expresaron en la enmienda Platt y en el Tratado de 1934, respectivamente. Tenemos que invocar la cláusula rebus sic stantibus, aceptada universalmente. Han cambiado radicalmente las circunstancias que hicieron surgir la Enmienda y al Tratado, se tiene que poner fin a una ocupación que viola el principio del respeto a la integridad territorial del país, aunque el imperialismo diga, como el personaje de Shakespeare, en El Mercader de Venecia: "Sálvese mi derecho, aunque perezca el mundo". Otro enclave militar que ofende la dignidad de América Latina y viola el principio de la integridad territorial de los estados, es la zona del Canal de Panamá, ocupada por los Estados Unidos desde 1903. Tres angosturas atrajeron las ambiciones de las potencias imperialistas en América Latina: Tehuantepec, Nicaragua y Panamá. La historia de las presiones para conquistarlas, es larga y accidentada. Pero refiriéndonos en concreto a Panamá, diremos que su independencia respecto de Colombia, coincidió con la política del big stick, el "gran garrote" de Teodoro Roosevelt. Primero, el latrocinio de la compañía universal del Canal de Panamá, envuelta en sucios fraudes que fue vendida al Gobierno norteamericano en 1894, sin el consentimiento de colombia. Despúes, el latrocinio de Roosevelt, quien dos semanas después de reconocida la independencia del País ístmico, le impuso el Tratado Hey diu nova rilla a un pueblo inerme que no acaba de constituirse. ¿Qúe validez jurídica podría tener un tratado que fue firmado por un extranjero representante de los accionistas de la empresa canalera, por el cual los Estados Unidos adquirían a perpetuidad el uso, ocupación y control de una zona del Canal en una franja de diez millas¿ Y vinieron los demás latrocinios: ocupación militar, bases que han servido para espiar y agredir a otra naciones y a la propia Panamá. Por ejemplo, la Isla Galeta ha sido equipada con el sistema más sofisticado de comunicación, con un costo de alrededor de 30 mil millones de dólares. Desde ahí se grabaron las conversaciones de Salvador Allende. El "gran garrote" de Teodoro Roosevelt, ahora lo empuño George Bush, para ensangrentar al suelo istmeño con armas que se ensayaban por primera vez. Esta fue la invasión de diciembre de 1989, con el pretexto de aprehender al general Noriega, acusado de narcotráfico. Fue un crimen y una verguenza que algún día pagará caro el imperialismo yanqui, porque el verdadero fondo de la agresión, fue el de hacer imposible el cumplimiento de los Tratados Torrijos-Carter, de 1977, que obligan a Norteamérica a devolver a Panamá la plena soberanía sobre el Canal al finalizar el año 2000. La agresión de 1989 impuso a un títere: el señor Guillermo Endara, quien protestó como "Presidente" de Panamá, en una base militar norteamericana.
Nosotros hemos sostenido que en esa circunstancia no cabía aplicar la Doctrina Estrada, porque el cambio de régimen en Panamá, no era el resultado de factores internos, sino de una intervención extranjera. Aquí debería darse la simple ruptura de relaciones diplomáticas. El Gobierno norteamericano estaba urgido de un cambio de mando en Panamá, con el fin de tejer enredos para frustrar los compromisos adquiridos en 1977. En efecto, el quicksling panameño ha presentado una iniciativa de reformas a la Constitución del país, por las cuales desaparecen los mecanismos para cumplir con las cláusulas del Tratado Torrijos - Carter. Se pretende suprimir constitucionalmente al ejército y crear, en su lugar, un cuerpo policiaco; de ese modo no existirá la institución que reciba la responsabilidad de la zona del Canal, como indica el Tratado. De hecho, la Invasión de por sí acabó con el ejército panameño. Existe el peligro de que la marrullera diplomacia norteamericana pueda invocar en su favor la cláusula rebus sic stantibus alegando que las circunstancias han cambiado radicalmente en Panamá y que el Tratado Torrijos - Carter carece de sustento real. El objetivo del imperio es seguir conservando ese enclave para que sirva de punta de playa al intervencionismo militar de Estados Unidos. El Gobierno y el pueblo de México no pueden permanecer ajenos al drama del pueblo panameño; su deber es realizar acciones que conduzcan a la liberación de esta parte de la gran patria latinoamericana. Ciudadanos legisladores: deploramos que el Presidente Salinas en su Informe no se haya referido a un problema que incide gravemente sobre nuestra soberanía y la de los demás estados de América Latina y del mundo. Nos referimos a la llamada Ley Torricelli aprobada en septiembre de este año, por el Congreso de Estados Unidos. Como bien sabemos, esta Ley tiene el propósito de endurecer más el bloqueo económico que por más de 30 años ha impuesto el imperio contra la patria de Martí. La ley Torricelli establece castigos a los países que comercien con Cuba. Pretende sujetar su comercio, el comercio internacional y el de cada país a una norma dictada unilateralmente, por decisión de un sólo país: los Estados Unidos de América. En otras palabras, cada nación debe obedecer a una Ley estadounidense, so pena de sufrir las consecuencias económicas y políticas. ¡Este grosero hegemonismo viola todas las normas morales y jurídicas de carácter internacional y pisotea a la dignidad y la soberanía de cada Estado! Además, la Ley Torricelli se permite prohibir ciertas transacciones entre empresas de Estados Unidos. Se trata de afectar a subsidiarias de los consorcios norteamericanos en terceros países y de aplicar una ley norteamericana a nacionales del País del norte, fuera de su territorio. Esta norma espuria, contradice la cláusula Calvo, convalidada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, en 1978. Dicha cláusula prohíbe que los extranjeros invoquen a leyes de su país de origen y la protección de sus gobiernos, desde luego. El artículo 27 en la Carta de Querétaro recoge esta doctrina de un modo claro y enfático. De manera que la Ley Torricelli contradice flagrantemente a nuestra Constitución. Con satisfacción decimos que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión dictó un pronunciamiento contra la Ley Torricelli, el 30 de septiembre del año en curso, por el voto unánime de los representantes de los diversos grupos parlamentarios. El Presidente Salinas de Gortari ha expresado en su Informe "que nuestro país mantiene con Cuba relaciones respetuosas y cordiales". En aras de estos vínculos no debieran emprenderse políticas que tiendan a fortalecer a los enemigos de la Revolución Cubana, que desde el extranjero sirven a los intereses imperiales y de hecho atentan contra la soberanía de su patria. Distiguidos legisladores: el imperialismo norteamericano ha dictado medidas y normas para estrangular a la Revolución Cubana. Desde luego, de esta política se han hecho eco gobiernos que siempre han obedecido consignas de la Casa Blanca. ¿Quién está interesado en llevar la democracia a Cuba? ¿Quién está interesado en cambiar radicalmente las condiciones políticas imperantes en la isla? ¿Quiénes critican a voz en cuello todos los días la situación prevaleciente en la patria de Martí? ¿Quién tiene preocupación constante por sacar al pueblo de Cuba de la situación difícil en que se encuentra?
Todas estas preguntas merecerían una respuesta. Porque los defensores de la democracia olvidan, como lo han dicho el canciller mexicano Fernando Solana: "que la democracia no es única, que hay diversas formas y contenidos de democracia, en la historia y en nuestro tiempo". Quienes jamás se atrevieron a criticar la dictadura fascista de Francisco Franco, quienes jamás hablaron de que el caudillo recibiera el voto, el rechazo del pueblo español, hoy vienen a hablar aquí la necesidad de establecer la democracia en Cuba. Ignorando que ese país, de 10 millones de habitantes, está siendo acosado todos los días, amenazado de muerte. !Quítense los amarres!, !destruyase el bloqueo!, !exprésese en la práctica la solidaridad con el pueblo cubano!, y verán que el pueblo cubano nunca retrocederá ante los desafíos! !El pueblo cubano se somete, pudiéramos decir, diariamente al referendum de su pueblo, el régimen establecido a partir de los años sesenta! !Pero el pueblo y el gobierno cubano no están dispuestos a ceder un mínimo ante las presiones del extranjero. Quienes han venido a México lloriquear por las condiciones en que vive Cuba, es gente desprestigiada, servidora, desde hace mucho tiempo, de las consignas de la policía de los Estados Unidos. Ha querido chantajear, ha querido presionar de una u otra forma a fin de que los gobiernos de América Latina y especialmente el nuestro, se pronuncien contra la situación de Cuba. Nosotros reafirmamos una vez más, desde esta alta tribuna, nuestra firme convicción de que el pueblo cubano ha de encontrar los caminos propios para superar las difíciles condiciones en que vive, condiciones dimanantes del criminal bloqueo impuesto a ese pequeño país desde hace más de 30 años. Que el imperialismo yanqui saque las manos de ahí y veremos como el pueblo cubano manifiesta su potencialidad, material e intelectual, y construye definitivamente la felicidad de su pueblo. El Presidente Salinas en su IV Informe de Gobierno ha dado cuenta de los trabajos de México en la XLVI y en XLVII Asamblea General de las Naciones Unidas, en favor de la democratización de la Organización, así como la participación de nuestro país en los temas de la paz y del desarme. Es justo darle su dimensión a la labor tesonera del canciller Fernando Solana en defensa de los principios escenciales del derecho internacional. En la XLVII Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas se pronunció nuestro Canciller con toda energía en contra del anacrónico sistema del veto, con el propósito de que el Consejo de Seguridad no sea un mero instrumento para legitimar con visos de concertación los designos de unos cuantos países poderosos, según sus propias palabras. Criticó las desiguladades que privan en el mundo e hizo una advertencia: "Sería una ilusión peligrosa que las sociedades ricas creyeran que su seguridad no está amenazada por la profundización de los desequilibrios". Estos planteamientos, ciudadanos diputados, de nuestro Secretario de Relaciones Exteriores, constituyen denuncias en contra de las injustas relaciones económicas que privan en el mundo. Es hora de terminar esta intervención con las admoniciones, recomendaciones y previsiones de uno de los grandes constructores der América Latina, José Martí. Dijo Martí en aquel documento extraordinario latinoamericanista: "Nuestra América, de todos sus peligros se va salvando América. Sobre algunas Repúblicas está durmiendo el pulpo; otras por la ley del equilibrio se echan a pie a la mar a recobrar con prisa loca y sublime los siglos perdidos; otras, olvidando que Juárez paseaba en coche de mulas, ponen coche de viento y de cochero a una bomba de jabón. El lujo venenoso, enemigo de la libertad pudre al hombre liviano y abre la puerta al extranjero. Otras acercan con el espíritu épico de la independencia amenazada el carácter viril, otras crían en la guerra rapaz contra el vecino, la verdadera que puede devolver, pero otro peligreo corre acaso en nuestra América, que no le viene de sí, sino de la diferencia de orígenes, métodos e intereses, entre los grandes factores continentales y es la hora próxima en que se le acerque demandando relaciones íntimas un pueblo emprendedor y pujante que la desconoce y la desdeña", hasta aquí marqué. Distinguidos legisladores, nuestro pueblo y los de América Latina han de surcar la historia con sus banderas desplegadas, empapadas de principios y han de desafiar todos los Poderes del mundo para merecer la libertad y la independencia plenas. Muchas gracias.
RECESO El Presidente (a las 15.00 horas): -Gracias, compañero y diputado Martín Tavira: Iniciamos el receso y reanudamos dentro de una hora. Gracias. Receso. El Presidente (a las 16.30 horas): - Compañeros legisladores, reanudamos la sesión. Tiene la palabra la compañera diputada Cecilia Soto, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. La Diputada Cecilia Soto González: -Pido la venia, señor Presidente para hacer algunos comentarios sobre política exterior que solamente complementarán la exposición presentada previamente por mi colega, la diputada Yolanda Elizondo Maltos. Leímos con atención la parte que se refiere a Política Exterior presentada en el informe de Gobierno del Licenciado Salinas de Gortari, Presidente de la República; también leímos y escuchamos con atención el análisis que hizo el dipuitado González Avelar. Dice él por ejemplo, el diputado González Avelar, que nos corresponde verificar si en el lapso que se examina, la política exterior de México sigue inspirada en los principios de autodeterminación de los pueblos, de no intervención, de solución pacífica de las controvercias, de proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, de igualdad jurídica de los estados de cooperación internacional para el desarrollo y de la lucha por la paz y la seguridad internacional. Para el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, es claro que dos de estos principios han sido violentados sistemáticamente por el actual Gobierno y han sido vulnerados. En ese sentido por supuesto, no compartimos la apreciación de la fracción mayoritaria. Nos referimos al principio de autodeterminación de los pueblos y al principio de igualdad jurídica de los estados. No robaré la atención de los colegas diputados haciendo un análisis exhautivo, sino solamente escogiendo tres áreas del problema de la política exterior que desde mi punto de vista demuestra el empobrecimiento de la política de relaciones exteriores de nuestro país. El jueves 5 de noviembre, en el comunicado oficial número 905 de Los Pinos, al relatar, Comunicación Social de la Presidencia, la llamada telefónica que se dió entre el Presidente de la República y el candidato, el Presidente electo Clinton, se cita, como si el director de Comunicación Social hubiese oído la conversación, al Presidente Clinton diciendo: "he dado todo mi apoyo al Tratado de Libre Comercio". Pena ajena sufrimos los mexicanos, cuando al día siguiente, en noticieros de la CNN, NBC y City Off, George Stapanopulos, uno de los encargados de la campaña de Clinton niega la versión mexicana y plantea y reitera la posición del candidato Clinton del 4 de octubre, en cuanto a dar un apoyo en general, no "todo su apoyo" como dice la Presidencia de la República, un apoyo general al Tratado de Libre Comercio e informa el señor Stapanopulos que el señor Clinton volvió a reiterar al Presidente Salinas, que considera necesario reforzar ese tratado con legislación ecológico y laboral. Cuestión que por supuesto no fue enfatizada ni siquiera mencionada en el comunicado 905. No bastaron los deslices infortunaos que representaron las reuniones de San Diego y San Antonio, para que el Ejecutivo volviera a irse de bruces, en este caso ahora exagerando el apoyo que el Presidente electo Clinton dará al Tratado de Libre Comercio y tratando de desvanecer los errores cometidos al apoyar abiertamente la campaña de Bush. Como dice algún comentarista por ahí, la campaña del Presidente Bush representada el primer candidato del Partido Revolucionario Institucional que pierde y que admite la derrota. Como decía, mi partido en su momento juzgó como totalmente inapropiada la presencia del Presidente Salinas de Gortari en San Diego, para ver un partido de béisbol. !Ah!, pero nos dice Relaciones Exteriores: "es que solamente fue a ver béisbol, la fue a decir al Presidente Bush que estaba totalmente en desacuerdo con la resolución de la Suprema Corte de Justicia". Bueno, señores, eso no tiene ningún valor. Continuar con la agenda como si nada hubiera pasado; desdecirse en menos de 24 horas de la resolución planteada o anunciada por la Secretaría de Relaciones Exteriores para revisar la Ley de tratados; desdecirse vergonzosamente, dar marcha atrás, y luego decírselo muy en confianza aquí, entre strike y strike, en un estadio de béisbol, señores, no tiene ningún valor.
Quisiera plantear otro punto que demuestra que se han visto lesionados estos dos principios de nuestra política exterior, tan cara a los mexicanos. El diputado González Avelar con su enorme cultura nos da también una cita muy importante de Benito Juárez dijo: "Lo que México no haga por sí mismo para su bienestar, nadie lo haya por nosotros". Bueno, de nuevo se olvidó al Ejecutivo esta herencia de la política exterior mexicana, y me refiero al caso del atún. El caso de atún es la primera víctima del Tratado de Libre Comercio. Es cierto que nosotros en la Cámara todos los partidos políticos nos unimos para rechazar la modificación a la ley de protección de delfines que hicieron los Estados Unidos y para apoyar las declaraciones de la Secretaría de Pesca condenando esto; pero es muy importante que el pleno de la Cámara conozca como el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Comercio, bloqueó toda posibilidad de defensa en el caso del atún. En primer lugar, una vez que México ganó ante un tribunal ad hoc sobre prácticas desleales de comercio del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, un dictamen favorable a nuestro país y condenatorio del embargo unilateral de los Estados Unidos en el caso del atún, se necesitaba que nuestro país refrendará ante el Pleno del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio esa denuncia. Por presiones de los Estados Unidos, vinculadas directamente a la negociación sobre el Tratado de Libre Comercio, nuestro país no ha refrendado esa denuncia. No solamente esto, sino que cuando se sabía que el agregado sobre delfines a la Ley de mamíferos iba a ser presentada ante las cámaras del Congreso de los Estados Unidos, nuestro país no hizo absolutamente ningún pronunciamiento; tanto es así que el representante Stods, que es el que auspicia esta modificación, planteó que tanto México como Venezuela apoyaban esta modificación que, como ustedes saben, acabaría de acatarla con la pesquería del atún. Eso sí, una vez que lo aprobaron y que ya no había nada por hacer, entonces sí protestamos. Creo que en este caso México no hizo nada por sí mismo y confió en que Estados Unidos haría algo por nosotros. Quiero plantear el tercer caso: el 3 de agosto de 1992, en un decreto que aparece en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial anunció que más de 325 fracciones arancelarias tendrán que demostrar reglas de origen y un etiquetaje riguroso para poder ser importadas a nuestro país. Este decreto entró en vigor creo que un mes después. La oficina de la señora Karla Hills estaba muy ocupada en estos momentos, porque estaba haciendo campaña en favor de George Bush. En cuanto terminó la campaña, el lunes 2 de noviembre, la señora Hills envió una carta personal al Secretario de Comercio Serra Puche, planteándole su descontento por las limitaciones que se estaban poniendo a las importaciones norteamericanas hacia nuestro país. Ni tarde ni perezoso, el 5 de noviembre aparece en el Diario Oficial de la Federación, un decreto que nulifica el decreto del 3 de agosto en 280 fracciones arancelarias. Queda aquí clarísimamente demostrado, creo que no necesitó más, que ni hay autodeterminación ni realmente se cree muy a fondo en el principio de igualdad jurídica entre los estados. Muchísimas gracias. El Presidente: -Gracias diputada Cecilia Soto. Tiene la palabra a continuación el compañero Odilón Cantú Domínguez, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. El diputado Odilón Cantú Domínguez: -Con su anuencia compañero Presidente, con el permiso de las compañeras diputadas y diputados aquí presentes: En material de política exterior, en esta segunda ronda de oradores, a nombre del Partido del Frente Cardenista vengo a hacer la siguiente exposición. La evolución de la política exterior de nuestro país, desde la forma de poseción del Presidente Salinas, tiene dos ejes fundamentales:el primero, que ha permeado a la política exterior actual. Está en función de las necesidades que tiene nuestro país de diversificar sus relaciones diplomáticas, y paralelamente atender la ingente necesidad de nuestro país de crear mercados y de diversificar sus relaciones comerciales. El segundo eje, tiene un gran arraigo histórico y gira alrededor de la no intervención y el respeto al derecho internacional. En este sentido, creemos que el Ejecutivo tiene gran claridad de los grandes procesos que actualmente se están dando en el mundo, y que condicionarán los años venideros, los cuales estarán profundamente influenciados por el liderazgo político y militar
norteamericano y por un liderazgo económico, tecnológico y financiero multipolar. Lo que no es claro para la política exterior de nuestro país, son los costos que se derivan de otorgar gran preponderancia en su diseño a los aspectos económicos, como la gran atención que se le otorga a los procesos ligados al mercado, apertura comercial, integración, regionalización, globalización, ya que estos procesos están profundamente influenciados por relaciones de poder que marcan y dan contenido a categorías tan importantes y trascendentes en estos tiempos, tales como independencia, soberanía, fortaleza económica, autodeterminación y respeto al derecho internacional. En suma, creemos que no hay claridad sobre el manejo de la economía política de las relaciones internacionales. Estas categorías efectivamente son manejadas a lo largo del capítulo de política exterior en el IV Informe de Gobierno; tienen ubicación y contexto, pero lo reiteramos, adolecen de un análisis serio de las repercusiones, de sus límites, de sus costos y de las posibilidades del hecho de estar a bordo de la apertura, de la integración virtual al mercado norteamericano, y de los límites de la integración y la cooperación con otros bloques en la esfera internacional. Estos procesos, se generan a partir de la interacción del Estado y el mercado como corporizaciones de la política y de la economía en el mundo actual. Se plantean de una manera en que el Estado y los procesos políticos asociados con él, afectan la producción y distribución de los costos y beneficios de tales actividades. El Estado y el mercado han tendido a desplazar otras formas de organización política y económica en el mundo moderno, en razón de su eficiencia para producir poder y riqueza; el Estado y el mercado se ha extendido progresivamente hasta abarcar un afracción sustancial de la humanidad; el mercado se ha extendido también como forma de intercambio económico, incorporando gradualmente a más sociedades a los procesos de interdependencia económica. La relación entre le Estado y el mercado son temas presentes en el IV Informe Presidencia, pero no se señalan sus diferencias y contradicciones; no se dice tampoco que se les considera como principios organizados de la vida social y determinantes del papel del Estado en el contexto internacional. También se olvida que en la actualidad el problema político jurídico de la soberanía de los estados, ya no encuentra su sustento exclusivamente en los elementos clásicos de territorialidad, población, origen, lenguaje y cultura, que inclinan a la comunidad de un país hacia un destino común. Se omite que en esta época de globalización económica la soberanía se analiza y se describe por la vía de los logros que cada uno de los estados obtiene en el ámbito económico, de su debilidad y fortaleza que muestra al insertarse en la economía internacional y a partir de estos procesos se valora si un país goza de una mayor o menor vulneravilidad y respeto a su soberanía. Nosotros no pedimos autarquía, no pedimos cerrarnos, pero no podemos aceptar que nuestra política exterior y nuestra política económica esté determinada por una lógica de mercado, que sólo mira al exterior, ya que su operación se basa en los conceptos de integración funcional, relaciones contractuales y creciente interdependencia de compradores y vendedores. Para el Estado, las fronteras territoriales son la base necesaria de la autonomía nacional y la unidad política. Para el mercado, es imperativa la eliminación de todos los obstáculos políticos y de todo tipo de elementos que entorpezcan la operación del mecanismo de precios. La tensión entre dos maneras escencialmente diferentes de ordenar las relaciones humanas, ha configurado de manera decisiva el curso de la política internacional y constituye el problema central de la dinámica política, económica y social actual. Estos elementos condicionan y constituyen en estos tiempos la política exterior de cualquier nación moderna. Liberales y marxistas tradicionales, por igual consideran que la integración de una sociedad a la economía mundial, es un factor positivo para el desarrollo económico y el bienestar interno. La mayoría de los liberales señalan que el comercio constituye un motor de crecimiento, aunque son más importantes las fuentes internas de crecimiento, el flujo internacional de comercio, capital y tecnología productiva son de gran ayuda para el proceso de crecimiento. Los marxistas tradicionales creen que dichas fuerzas exteriores promueven el desarrollo económico al romper los lazos de las estructuras sociales conservadoras. Desde otra perspectiva, los tradicionalmente economistas nacionalistas, tanto de países muy desarrollados como de menos desarrollados, creen que la economía mundial del mercado opera en desmedro del bienestar económico interno.
Desde su punto de vista, el comercio es un motor de explotación de subdesarrollo y, en caso de economías muy avanzadas, de decadencia económica. La controvercia acerca del papel que cumple el mercado mundial, tiene fuertes y determinantes implicaciones en el manejo de la política exterior y en la dinámica de las relaciones internacionales, ya que de la interacción de la disputa por los mercados, resulta la distribución global de la riqueza y el bienestar. Las causas y efectos de la economía mundial de mercado, la relación entre el cambio económico y el político y la significación de la economía mundial para la economía nacional, constituyen uno de los problemas teóricos más importantes a resolver. Las características específicas de un mercado dependen de su grado de apertura y de la intensidad de la competencia entre productores y vendedores. Los mercados se diferencian según la libertad de los participantes para entrar en él y también por el grado de influencia que tienen los compradores individuales en los téerminos de intercambio. Una de las razones en la lógica de dar prioridad o primacía al mercado en la configuración del mundo moderno, es que obliga a que la sociedad se reorganice, a fin de que el mercado funcione bien. Cuando el mercado comienza a existir, como lo percibió claramente Marx, se convierte en una poderosa fuente que impulsa el cambio social. Cuando no existen condiciones políticas, económicas, sociales, físicas o de otro tipo, la economía del mercado tiene una cualidad expansiva y dinámica; tiende a generar crecimiento económico, a expandirse territrialmente a abarcar todos los segmentos de la sociedad. A pesar de esta dinámica, los grupos de poder y los Estados, tienden a restringir el funcionamiento del mercado, pues éste tiene la capacidad de proyectar una considerable fuerza sobre la sociedad. Y, en este sentido, creemos que el IV Informe de Gobierno del Presidente Carlos Salinas de Gortari olvida el papel y los esfuerzos que las economías desarrolladas hacen para controlar los mercados. La economía del mercado tiende a redistribuir la riqueza y las actividades económicas, tanto dentro de las sociedades como entre ellas. Si bien en términos absolutos todos se benefician al participar en la economía de mercado, algunos ganan más que otros. Al principio, la tendencia del mercado es concentrar la riqueza en grupos específicos, clases, países o regiones. La diseminación de la riqueza y el crecimiento, no se produce equitativamente en todo el sistema, tiende a concentrarse en esos nuevos centros de crecimiento, en donde las condiciones son más favorables. Como consecuencia, la economía de mercado tienden a desembocar en un proceso de desarrollo desigual, tanto en los sistemas nacionales como en los internacionales. En el mundo real, dividido en grupos y Estados muy diferentes y a menudo enfrentados, los mercados tienen un impacto ampliamente diferente del que supone la teoría económica; y da origen a poderosas reacciones políticas. Las actividades económicas afectan el bienestar político, social y económico de los diversos grupos y Estados de manera diferente. El mundo real es un universo de lealtades excluyentes y a menudo conflictivas y de fronteras políticas, en el cual al división del trabajo y la distribución de los beneficios están determinadas tanto por el poder y las leyes del mercado. La presunción de una armonía de intereses no es válida en la mayor parte de los casos, y la expansión y crecimiento de los mercados en el mundo fragmentado social y políticamente, tiene profundas consecuencias en la naturaleza y el funcionamiento de la política internacional. Una de las consecuencias de la economía de mercado para la política internacional, es que tiene efectos altamente desorganizativos en la sociedad. La introducción de las fuerzas de mercado y del mecanismo de precios en una sociedad, tiende a avasallar e inclusive a disolver las relaciones sociales y las instituciones tradicionales. Esto los mexicanos lo hemos experimentado recientemente. Se ha reinstitucionalizado al país, al poner en práctica una reforma estatal; se ha refuncionalizado el campo; se han desregularizado los
circuitos monetarios y financieros; se ha inicializado el Tratado de Libre Comercio; se desregula la inversión extranjera; se firman acuerdos internacionales parciales de armonización económica con diferentes países latinoamericanos, orientales y europeos. En suma, se intenta consolidar una reforma económica. En un contexto de apertura al exterior y de fomento a la competencia, los agentes eficientes expulsan a los ineficientes y obligando a todos a adaptarse a nuevas pautas. Los mercados están sujetos a fluctuaciones y alteraciones cíclicas, sobre las cuales la sociedad puede tener escaso control. La especialización y sus consecuentes dependencias, incrementan la vulnerabilidad económica y minan la soberanía de nuestro país. Para nosotros, el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, la interdependencia económica establece una relación de poder entre los grupos y las sociedades, por lo que el mercado no es políticamente neutro, su existencia crea poder político y económico, el cual puede ser utilizado por un agente contra otro. La interdependencia económica genera vulnerabilidades que pueden ser explotadas o manipuladas. En palabras de Alfred Hissman, el poder de interrumpir las relaciones comerciales o financieras de culaquier país, es la raíz de la influencia que un país adquiere en otros países a través de sus relaciones de mercado. En otras palabras, son varios los grados en los que la interdependencia económica establece relaciones jerárquicas de dependencia y de poder entre los grupos y las sociedades nacionales. En respuesta a esta situación los Estados intentan asegurar su propia independencia y aumentar la independencia de los otros Estados. En consecuencia pocas sociedades eligen autoexcluirse de participar en el sistema económico mundial.Sin embargo, la economía de mercado impone costos económicos, sociales y políticos a los grupos particulares y a las sociedades, por lo que en términos relativos algunos se benefician más que otros. La lucha entre los grupos y los Estados por la distribución de los beneficios y los costos, se ha convertido en un rasgo fundamental de las relaciones internacionales en el mundo moderno. Este fenómeno es clarísimo y lo vemos a la luz de nuestra relación política y comercial con los Estados Unidos y en especial con la nueva relación que supone la victoria en la carrera presidencial del demócrata Bill Clinton. Debemos reconocer que la victoria demócrata supone revisar el Tratado de Libre Comercio a pesar de que Clinton apoya en términos generales el tratado, pero solicita incorporar por lo menos tres acuerdos adicionales dentro de los que se encuentran el acuerdo sobre medio ambiente, un acuerdo laboral y un acuerdo especial para la creación de un mecanismo de salvaguardas para responder a los inesperados aumentos en las importaciones. La evolución de la economía mundial y los cambios estructurales que lo acompañan implican una creciente integración de las economías nacionales y el consecuente impacto de las fuerzas externas en los niveles de bienestar interno; esto, unido al proceso de crecimiento desigual afecta significativamente los intereses de los estados en su soberanía. Por lo anterior, es de fundamental importancia revisar, definir y ubicar la trascendencia de la incorporación de nuestro país al proceso de integración económica y con ello a la política internacional, ya que se ha llegado a deformar tanto en sus principios teóricos como en sus objetivos prácticos. Esto es necesario pero sobre todo vital en un ambiente internacional plagado de escenarios que alimentan expectativas positivas, no siempre seriamente verificadas o confrontadas con la realidad. Esto es de fundamental importancia porque este proceso está inmerso en una dinámica de recomposición de la escena política y económica internacional, de cambios en los equilibrios políticos existentes, el fin de la guerra fría, donde se han modificado las fronteras económicas, se han internacionalizado los procesos productivos, de la conformación de bloques económicos, de la economía-mundo. Todos estos elementos condicionan e imprimen dinámica propia a cualquier proceso de integración económica regional, como el que nuestro país ha iniciado. Para nosotros la integración económica es un proceso y una situación que trastoca profundamente las actividades económicas. Desde nuestro punto de vista el principal problema es detectar hacia dónde dirigimos el proceso de integración económica de nuestro país, ¿al mercado norteamericano¿ No está en discusión, es
un hecho, ahora sólo se está formalizando para darle continuidad y permanencia. Teniendo claro esto, nosotros pensamos que la discusión debe concentrarse en su evolución, sus condicionantes internas y externas, los elementos necesarios para decidir o delimitar en qué momento del proceso de integración al mercado norteamericano nos detendremos y sobre todo cuál es nuestro margen de maniobra en térmonos de diseñar una política exterior independiente en este proceso. Nos preocupa esto porque para nosotros es claro que cada paso en la dinámica del proceso de integración implica, quiérase o no, reconocer una pérdida relativa de soberanía. Recordemos que la integración económica total presupone pérdida total de autonomía en la determinación de la política monetaria, fiscal, social anticíclica, además de requerir el establecimiento de autoridades supranacionales cuyas decisiones son obligatorias para los estados miembros. Un elemento incipiente de este fenómeno son los procedimientos ante la Comisión de América del Norte, que se ha constituido como órgano trilateral de administración del tratado. Es claro que junto a los aspectos aparentemente técnicos del comercio, se ocultan significativos aspectos políticos que influyen profundamente en el poder, la independencia y el bienestar, y la soberanía de los estados nacionales. Las implicaciones de la incorporación de nuestro país al proceso de globalización económica internacional y la articulación de nuestra política a este proceso, debemos reconocerlo, implica: cierre de empresas, crisis de ramas industriales, desempleo, deterioro del ingreso de amplios sectores de la población, pérdidas de soberanía económica y por lo tanto pérdida de soberanía política. En cumplimiento de las fases de este modelo de apertura e integración al mercado norteamericano, no están garantizadas, entre otras, porque el diseño de la política exterior y la política económica se condicionan mutuamente por las siguientes consideraciones: 1o. Las altas tasas de interés en el mercado doméstico son obstáculo para una sana correspondencia entre los circuitos financieros y productivos; 2o. La volatilidad de la inversión extranjera en nuestro país; 3o. Incapacidad para absorber la fuerza de trabajo expedida y de reciente incorporación al mercado de trabajo; 4o. Los añejos desequilibrios interregionales; 5o. Los obstáculos derivados de la crisis, la desindustrialización y, sobre todo, por los rezagos y la infraestructura y servicios educativos; 6o. La inexistencia de investigación y desarrollo tecnológico que impiden avances autonómos, en particular hacia el incremento de la productividad y una eficaz inserción; 7o. A pesar de todos los procesos señalados anteriormente, existe la tendencia en muchos países industrializados de matener barreras al libre comercio. En Estados Unidos, por ejemplo, ante los problemas que enfrenta su industria para aumentar los niveles de productividad se combinan, el libre comercio y el proteccionismo. El gobierno japonés, por su parte, ha sido tradicionalmente proteccionista por excelencia y mantiene una política de permanente apoyo al comercio y a la industria, cuyo éxito se hace patente en el contexto internacional. 8o. A tales limitantes habrá que agregarse diversos factores que condicionan el estancamiento de las exportaciones de los países en desarrollo como son sus elevados costos de producción y distribución, y problemas asociados con su alto nivel de endeudamiento externo, ello sin profundizar en los alcances de una probable recesión internacional que no se presenta desde una década. En suma, creemos que el reto inmediato de nuestro país, en el contexto internacional, es encontrar dentro del discurso oficial de la política exterior, una articulación real y funcional entre la defensa de la soberanía en su sentido más amplio, y la congruencia contextual con los cambios del mundo, de lo contrario, seguiremos encontrando a lo largo de nuestro camino condicionantes inmediatos que nos impidan alcanzar mejores niveles de bienestar. La lucha por el poder económico va a traer como consecuencia la lucha por el poder político. Muchas gracias. El Presidente: -Muchas gracias, compañero diputado Odilón Cantú Domínguez. Tiene palabra el compañero diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: -Con su venia, señor Presidente, estimados compañeras y compañeros legisladores de esta LV Legislatura del Congreso de la Unión: El debate que estamos realizando en torno a la glosa del Informe, ha sido seguido, como es de todos nosotros sabido, un desigual interés, por muchos de nuestro compañeros. Y estas razones lo explican, no entraremos. Y estas razones lo explican, no entraremos a esta dicusión, vemos una evidentemente mermada asistencia de muchos de nuestros compañeros legisladores y a veces también una ausencia de interés. Esto tiene que ver con factores circunstanciales. No quiero extendermo en este punto pero hay un aspecto que sí dijimos desde el principio, antes del Informe y aquí lo ratificamos: es preciso revalorar el diálogo directo, de la cara a la nación, de cara al pueblo y en presencia del Titular del Ejecutivo Federal, de los problemas fundamentales de nuestro país. Debatir como ciudadanos, como representantes populares y con el derecho que nos da la función constitucional que nos toca desempeñar, los grandes problemas nacionales. E incluso pensar con imaginación, hacia el futuro, fórmulas que permitan que esta glosa del Informe, sea mucho más que un juego de palabras, algunas de las cuales logran a medios de comunicación de sectores populares; que sea efectivamente un debate sobre la gestión del Gobierno, y que culmine, como en numerosas democrácias contemporáneas culmina el análisis del informe a la nación, ¿por qué no¿, con un voto de confianza o un voto de censura que a veces provoca en muchas naciones del mundo, discusiones apasionadas, discusiones en donde está en juego precisamente el destino de un Gobierno, el destino de la nación. Evidentemente con el formato actual y con el sistema legal de nuestra discusión de la glosa del Informe, tenemos el derecho sí a presentar nuestros puntos de vista. Pero hay una laguna en términos de cómo incidir de manera directa, con las opiniones aquí vertidas de los representantes de la nación, en la gestión pública y en la conducción de la nación. Nuestro partido, congruente sin embargo, con la función que le toca desempeñar en esta LV Legislatura, ha presentado a lo largo de varias sesiones sus puntos de vista respecto al Informe, conscientes de las imperfecciones legales existentes pero congruentes con nuestra función de ser un grupo analítico y propositivo, cuando las condiciones lo requieran. Dicho esto, entramos al análisis específico del Informe de Gobierno, en lo relativo a política exterior y particularmente en lo relacionado con las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio. Como todos sabemos, un tema clave en la vida actual del país, son las negociaciones para la eventual firma y ratificación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Planteamos la necesidad, desde mediados de 1990, poco después que se dio a conocer la propuesta de iniciar estas negociaciones, de cambiar de manera fundamental, el ritmo, la agenda y las bases de la misma. Particularmente el ingeniero Cuauhtémoc Cárcenas, presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática, formuló la iniciativa de un tratado continental de comercio y desarrollo. En esta perspectiva, la iniciativa propuesta por Cuauhtémoc Cárdenas, los acuerdos comerciales con Estados Unidos y Canadá, debían ser considerados como una primera etapa que se articularía con un diálogo y negociación multilateral con los países de América Latina, tendiente a establecer un tratado a nivel continental, sustentado en el respeto a la soberanía de las naciones y su atodeterminación en materia económica. En lo relativo a la agenda específica de negociaciones con Estados Unidos y Canadá, sostuvimos desde el año de 1990 y 1991, y lo ratificamos hoy una vez más, que la agenda, la agenda de los pueblos, la agenda de los trabajadores, la agenda de la ciudadanía, adicionalmente a los puntos estrictamente comerciales, debe incorporar en un tratado distinto al negociado, que a título de importancia fundamental para la defensa de nuestro interés nacional, particularmente uno relativo a estánderes ambientales que impida que empresas contaminantes se instalen en México, un capítulo sobre regulaciones en materia de migración, que permita sancionar, en un tratado internacional, los derechos humanos, sociales y laborales de los mexicanos residentes en Estados Unidos, y permita a su vez facilitar flujos migratorios con pleno respeto al derecho internacional. Propusimos también la necesidad, siguiento la experiencia de la Comunidad Económica Europea, de establecer fondos compensatorios para el desarrollo económico de las regiones que fueran afectadas y de los sectores productivos que fueran afectados por los procesos de integración comercial y de integración económica.
Y propusimos y lo ratificamos, siguiendo la experiencia de negociaciones multilaterales del Acuerdo General de Aranceles y Comercio, que la condición y el punto de partida del tratado, fuera el reconocimiento explícito, global, en el conjunto del tratado y no sólo en algunos rubros y sectores, de nuestra condición de nación en vías de desarrollo y el reconocimiento por tanto, de las asimetrías. No estamos satisfechos con el texto del tratado, especialmente en este punto; es un reconocimiento insuficiente, y los diferentes ritmos de apertura comercial no compensan la magnitud de las diferencias estructurales entre México y los Estados Unidos. Baste recordar, una vez más, que el producto interno bruto de México apenas representa el 3.65% del producto interno bruto de los Estados Unidos de América. Y si añadimos a la consideración del producto interno bruto la estimación de la economía canadiense, la dimensión global de nuestra economía respecto a las tasas de Estados Unidos y Canadá, se reduce aún más. Por ello cuando se nos dice, como reiteradamente lo afirma el Titular del Ejecutivo, y el licenciado Serra Puche, secretario de Comercio, que el hecho de que Estados Unidos tenga un ritmo de apertura comercial mayor que la nuestra y un ritmo de disminución arancelaria mayor que la nuestra en la primera etapa del tratado, evidentemente no significa un reconocimiento de una magnitud de asimetrías donde la economía de Estados Unidos de América es casi 25 veces más grande que la economía mexicana. Y no estamos satisfechos porque a la vuelta de unos años, pocos años, cinco, seis años a lo máximo, los ritmos de desgravación arancelaria entre México y Estados Unidos de América, prácticamente se igualarán. Otro punto que sostuvimos desde 1991 y lo ratificamos hoy, y no fuimos escuchados, es la necesidad de definir por interés nacional, una etapa de transición previa a la plena vigencia del tratado, a fin de instrumentar un programa integral, en todas las regiones y sectores productivos involucrados, un programa integral de reconversión agrícola y de reconversión industrial que permitiera en el corto, mediano y largo plazo, impulsar el empleo, el ingreso y la modernización tecnológica en un conjunto de sectores. Sostuvimos, escuchando la voz de los campesinos de distintas regiones, que los granos básicos debían ser excluidos de la negociación, y sostuvimos también que debía mantenerse en forma explícita la facultad autónoma del Estado mexicano para establecer aranceles, permisos de importación, subsidios y políticas de fomento, a la autosuficiencia alimentaria. Y requerimos, una vez más, una vez que ya conocemos el texto del tratado, reiteramos la exigencia de una plena capacidad autónoma en materia de estímulo a la autosuficiencia alimentaria y en materia de capacidad autónoma, de regulación de nuestra producción agrícola. Conocemos, como todos ustedes saben, la situación actual de las negociaciones del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio en materia agropecuaria, y precisamente la lectura que extraemos de estas negociaciones y del actual impasse y de la guerra comercial que está iniciándose entre Estados Unidos y la Comunidad Económica, Europea, es una presión de los Estados Unidos para exportar sus propias oleaginosas y productos agrícolas de Europa, negando a los países de esta comunidad, su facultad y capacidad regulatoria en materia de subsidios y de regulación interna. Nosotros como mexicanos, independientemente de estos aspectos, reivindicamos para nuestro país esos derechos de regulación, de precios, de subsidios y de apoyos al campo y reivindicamos algo que para la tecnocracia parece una herejía: reivindicamos que debemos los mexicanos, por tazones de seguridad conómica nacional, por razones de interés nacional, de empleo, de ingreso y de vida de nuestros campesinos, sostener, con apoyo del Gobierno y con subsidios del Gobierno, precios agrícolas superiores a los precios internacionales con los que las compañías exportan de los Estados Unidos a otros países y que debemos preservar la vida campesina y la vida rural con aquellos subsidios que se requieran al campo y que son después recuperables a través de la expansión económica multisectorial que genera el crecimiento agrícola. No podemos aceptar que situaciones como las que ya se presentan hoy en Sinaloa, con la agriculturam y en Sonora, con la ganadería, se extiendan a toda la República. Una caída de la magnitud que ha sufrido la agricultura sinaloense y de la magnitud que ha sugrido la ganadería sonorense, sólo puede ser explicada por una apertura comercial irresponsable, que está destruyendo a las bases mismas de sustentación de regiones agrícolas y ganaderas que fueron orgullo de esta patria y que costaron muchos esfuerzos de mexicanos construir estos emporios agrícolas, que están siendo destruídos con importaciones de granos especulaticas, a
precios en donde los granos importados reflejan subsidios del exterior. Estados Unidos de muchas formas se reserva el derecho a subsidiar sus granos, especialmente con subsidios ocultos, y pretende negarnos a los mexicanos facultades en materia de subsidios. No es suficiente decir que el maíz y el frijol estarán protegidos. Es una protección descendente durante 15 años y es insuficiente porque la agricultura mexicana no sólo es maíz y frijol; también son granos básicos, granos forrajeros y oleaginosas. Y la solución dada en el Tatado, repetimos, es una solución insuficiente y ha sido ya expuesto por organizaciones, como la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos y otras centrales, su posición crítica respecto a esta negociación en el sector agrícola. Posteriormente, cuando en enero de 1992 conocimos la posición de los negociadores mexicanos de dar trato nacional a las empresas de los Estados Unidos y de Canadá, sostuvimos, junto con la red mexicana de acción frente al Tratado de Libre Comercio, que esa cláusula era violatoria del interés nacional y que estaba abdicando el Gobierno mexicano, al otorgar trato nacional a empresas extranjeras de estos dos países, a facultades constitucionales que estaban claramente definidas en nuestra Carta Magna, particularmente en el artículo 25 y 26 de la Constitución. Por último, sostuvimos y seguimos sosteniendo que es preciso mantener la rectoría económica del Estado y por ningún motivo debía aceptarse y hoy conociendo el texto del Tratado, lo ratificamos, que por ningún motivo debe aceptarse la presión de Estados Unidos para incluír un capítulo de energéticos. Este capítulo sí fue incluído en el Tratado, y si bien formalmente en lo que se refiere a petróleo no hay una afectación directa de nuestra soberanía, sí la hay en materia de energía eléctrica y sí existe también afectación a la soberanía en materia de transportes ferroviarios. Particularmente en lo que se refiere a energía eléctrica, un análisis atento del Tratado de Libre Comercio permite examinar que se abre la puerta, en términos estrictos, no sólo a la generación de energía eléctrica por particulares para autoconsumo, no sólo se abre la puerta para que particulares nacionales o extranjeros generen electricidad y vendan excedentes a través de la Comisión Federal de Electricidad. Se está abriendo la puerta, en términos legales, y el texto preciso del Tratado así lo establece, para que particulares establezcan plantas con fines estrictamente comerciales de generación de energía eléctrica. Y nos preocupa que en los anexos de salvaguarda del Informe, particularmente en materia de energéticos la salvaguarda sea el artículo 25, el artículo 26 y el 28 constitucional. Pero hay una omisión importante en materia constitucional. Pero hay una omisión importante en materia constitucional al no incluir en las salvaguardas del Tratado de Libre Comercio, el artículo 27 Constitucional. Y es que el 27 no solamente establece la facultad estatal para la comercialización de la energía eléctrica; el 27 establece la cualidad del Estado nacional para la generación de energía eléctrica, en un régimen no concesionable. Y no se incorporó, lo decimos con conocimiento de causa, en las salvaguardas energéticas en materia eléctrica, particularmente el artículo 27 constitucional, lo cual abre la vía para toda una gama de concesiones a empresas extranjeras en materia de energía eléctrica, termos e hidroeléctricas, con la sola condición, insuficiente desde el punto de vista del artículo 27 constitucional, con la sola condición de que se venda a través de la Comisión Federal de Electricidad. ¡Esto es una violación constitucional contra la cual nos oponemos de manera enérgetica¡. Y es una violación constitucional, aunque el licenciado Serra Puche diga que se viene haciendo hace muchos años, que circulen trenes completos en nuestro país y que se abra de par en par la posibilidad en el Tratado de Libre Comercio para una circulación de trenes extranjeros con instalaciones ferroviarias propias dentro de nuestra Nación. Otro punto que nos preocupa, aunque se trata de un acuerdo colateral, es que se refiere al petróleo, particularmente la reclasificación de petroquímica básica a petroquímica secundaria, que abre posibilidades de inversión extranjera en ramas que consideramos vitales para nuestro desarrollo nacional. Ya en intervenciones previas, directamente cuando el licenciado Serra Puche hizo su comparecencia y con la lectura del texto del Tratado lo hemos corroborado, expresamos nuestra preocupación en rubros que tienen que ver con las facultades que se dan a empresas extranjeras en materia de exploración de campos petroleros. Y la práctica en las últimas semanas confirmó nuestras preocupaciones. Podrán darse muchos argumentos, podrá haber una campaña de prensa, una campaña de
publicidad, una campaña de la televisión que pretenda ocultar a la opinión pública nacional los argumentos de quienes impugnamos esta negociación; podrán repetirse muchas cosas, pero la realidad es que se está abriendo el campo empresas extranjeras para la exploración en nuestros campos petroleros, se les está dando una prima en caso de descubrir petróleo en nuestro territorio nacional y se están creando una serie de condiciones para que transnacionales regresen a electricidad y regresen a ferrocarriles. Y esta es una verdad inconmovible contra la cual nosotros seguiremos presentando un cuestionamiento enérgico y una oposición a una negociación en esos términos. Por lo anteriormente expuesto, nosotros sostenemos que a lo largo de dos años y una vez concluída la negociación del Tratado de Libre Comercio, el Gobierno mexicano mostró una negativa a escuchar las opiniones de la sociedad civil, las opiniones de la red mexicana de acción frente al Tratado de Libre Comercio, las opiniones de organizaciones no gubernamentales, sindicatos y grupos campesinos, y las que formuló el Partido de la Revolución Democrárica en lo relativo a cambios que considerábamos fundamentales en la agenda, en los ritmos y en los tiempos de negociación. En muchas ocasiones, en discusiones que tuvimos con funcionarios, preferían distintos representantes del Gobierno Federal, recluirse en una cómoda postura acusar al Partido de la Revolución Democrática de aislacionista, de autáquico y de contrario a las corrientes mundiales de integración y de interdependencia, sin observar que desde el primer momento que conocimos la propuesta de negociación del Tratado dijimos sí a la interdependencia, sí a la relación comercial con Estados Unidos y Canadá y con América Latina; sí a una norma que regule nuestras relaciones económicas, pero respetando soberanía, respetando agricultura, respetando sistema industrial y cadenas productivas, respetando mercado interno y, sobre todo, y hoy la ratificamos una vez conocido el texto del Tratado, respetando nuestro derecho a convertirnos en una economía integrada y autosuficiente, con capacidad de elevar de manera sostenida su ingreso, su empleo y su bienestar social. ¡No podemos aceptar que el futuro de México se el que hoy viven grandes regiones del país, donde se han instalado plantas maquiladoras, como son las de la franja norte, aprovechando un diferencial de salarios, donde el obrero mexicano gana la octava parte de lo que gana el obrero de los Estados Unidos¡ ¡No podemos aceptar un sistema industrial en donde son los insumos importados, la tecnología importada y el capital extranjero, los que se han convertido en rectores del desarrollo económico de esa zona¡ Una vez más, como lo hemos hecho a lo largo de dos años, y lo reiteramos porque pareciera haber oídos sordos, estamos de acuerdo con una inserción acelerada de México en el entorno mundial. Estamos de acuerdo con negociaciones bilaterales, trilaterales y multilaterales en materia comercial. Estamos de acuerdo con un esquema que permita combinar expansión del mercado interno, fortalecimiento del sistema agrícola industrial, fortalecimiento del ingreso, el empleo y el salario y simultáneamente una integración al mercado mundial en beneficio de nuestra economía. En lo que no estamos de acuerdo es en una integración subordinada, dependiente que afecta ramas vitales de nuestro sistema económico del sistema productivo y deforma el proyecto nacional definido en el Constituyente de 1917. Defendemos la rectoría económica del Estado pero rectoría no es estatismo, no es burocracia, rectoría, la rectoría que nosotros defendemos es una rectoría democrática, es una rectoría sustentada en el respeto al voto, en elecciones libres, en órganos de Gobierno que respondan al pueblo, en el estímulo a la mediana y la pequeña empresa privada, en el estímulo al sector social y en empresas públicas eficientes, democráticas y alejadas de la corrupción que apoyen decididamente un desarrollo nacional sustentable con preservación del medio ambiente. No coincidimos con la visión de que la apertura comercial de los últimos años que se presenta como previa al Tratado sea positivo para la nación, en realidad lo que hemos vivido en los últimos 10 años, pero en particular en 1989 acá, es el preludio de lo que se agudizará con el Tratado de Libre Comercio, baste sólo presentar algunos datos. Tuvimos un déficit de la balanza en Cuenta Corriente de 13 mil millones de dólares en 1991, todos los indicadores, precisamente los del Informe de Gobierno y sus anexos, muestran que para 1992 tendremos un déficil superior a los 20 mil millones de dólares; nuestro déficit comercial en este primer semestre del año 1992 fue de 9 mil 402 millones de dólares, solamente suponiendo que las tendencias sean idénticas, tendremos un déficit de casi 18 mil o más de 18 mil millones de dólares de déficit de la balanza comercial, pero si vemos el déficit de la balanza manufacturera es aún peor y tenemos un déficit
manufacturero estimado en este año de 24 mil 852 millones de dólares. El Gobierno dice, no debemos preocuparnos, decenas de veces en los últimos meses hemos escuchado a funcionarios decir, y el licenciado Carlos Salinas lo ratificó, no debemos preocuparnos, las importaciones son de bienes de capital y por tanto ayudan a que en el futuro exportemos más, pero por más que hemos discutido con decenas de funcionarios y revisado estadísticas, no encontramos una evidencia de esta afirmación; en el año 1991 únicamente el 22% de lo que importamos fueron bienes de capital, sólo el 22% y en el año 1992 sólo el 23% de lo que importamos, según los anexos del Informe, son bienes de capital, el resto son bienes intermedios y bienes de consumo y los bienes intermedios son insumos para la industria la mayor parte de ellos destinados a la fabricación de bienes de consumo durables, no hay pues, dígase lo que se diga evidencia de que hay una tendencia a modificar nuestro sistema productivo, pero hay un elemento que yo quisiera destacar y es que las importaciones de bienes de consumo en el año 1992 crecieron un 21% y es nueve veces más alto el crecimiento de las importaciones de bienes de consumo y el crecimiento de la economía del país en este año que será, según se nos dijo, del 2% ó 2.6%. No quiero cansar a este respetable auditorio con datos estadísticos, quiero referirme a algunos puntos del Tratado en lo particular, pero hay un solo elemento que sí quisiera destacar. El pueblo mexicano, la industria, la economía mexicana aproximadamente destina 100 mil millones de dólares a consumos de manufacturas, 100 mil millones de dólares, pero resulta que las tendencias de este año 1992 es que el 40% de todo el consumo de productos manufacturados ue tiene la República Mexicana el 40% será cubierto con importaciones y esto no era así hace apenas unos años. Vamos a importar este año, según datos de los anexos del Informe, alrededor de 41 mil o 42 mil millones de dólares de productos manufacturados de toda clase, lo cual significa que apenas el 58% de la demanda de productos manufacturados que se genera en nuestra economía, se cubre con producción nacional y eso en términos macroeconómicos significa que estamos creando empleo en los Estados Unidos y en Canadá, de donde proviene más del 75% de nuestras importaciones y son empleos que no creamos dentro de México. Por eso es efectivamente que hay sectores de la gran industria norteamericana sectores del Partido Republicano e incluso del Partido Demócrata que su preocupación es efectivamente continuar con el esquema de negociación del Tratado de libre Comercio que facilita la creación de empleos del otro lado de la frontera, les permite tener una balanza comercial superhabiaria, entonces nuestro país les permite gozar de ventajas tecnológicas y transferir a México industrias que usan un alto componente de mano de obra a bajos costos para reexportar ciertos segmentos de su producción. Eso significa una integración subordinada con la que no estamos de acuerdo; y que no se mal entienda lo que aquí decimos. Estamos de acuerdo con una integración comercial con respeto a soberanía, a independencia y en un marco que fortalezca nuestro sistema económico y nuestro sistema productivo, pero no los esquemas que han sido negociados. El Tratado de Libre Comercio presenta algunos puntos con los cuales tenemos discrepancias importantes basados en los intereses nacionales; no asume radicalmente las asimetrías entre los países firmantes. Otro punto es que no se respeta la Constitución, sino que se han hecho cambios para adoptar la Constitución al esquema de negociación del Tratado de Libre Comercio. Se renuncia en buena medida al papel constitucional del Estado para orientar la economía seg1n intereses y prioridades nacionales; deja fuera de la negociación aspectos centrales como el de migración; no tiene una agenda social para elevación de niveles de vida, tampoco es un instrumento para impulsar un modelo de desarrollo sustentable y no existen mecanismos de participación social democrática. Una postura central del Partido de la Revolución Democrática que hoy ratificamos, es que esta Cámara de Diputados tenga plenas facultades para discutir, analizar y en su caso aprobar como propuesta a la nación, este Tratado de Libre Comercio, y presentamos antes, incluso de la LV Legislatura, desde la LIV Legislatura, un texto de propuesta de reforma legal y constitucional que ratificara lo que según nuestra interpretación significa que ya tenemos facultades para debatir el Tratado, pero habiendo lagunas y discrepancias con el Senado sin menoscabo de las funciones del Senado, propusimos en la LIV y lo ratificamos en la LV, facultades específicas para la Cámara de Diputados en materia de discusión y aprobación de tratados internacionales.
Y hace apenas una semanas, ante un extraño silencio que diversos medios de prensa y diversos órganos de comunicación mostraron, precisamente la representación del Partido de la Revolución Democrática, en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, presentó una iniciativa para darle al pueblo mexicano el derecho para que através de un referendum que pronunciará en algo tan trascendental como tratados internacionales que afecten la vida entera de nosotros, nuestros hijos y de las futuras generaciones, hoy ratificamos la plena vigencia de las dos propuestas que formulamos oportunamente: La de dar facultades a la Cámara de Diputados para discutir y aprobar tratados internacionales que se han propuesto a la nación en su conjunto y la facultad que debe reconocerse al pueblo para discutir y decidir a través de un referendum.
No estamos pidiendo nada que esté fuera de sistema de normatividad jurídica internacional, baste recordar la importancia que tuvo el reciente referendum en Francia en torno a la ratificación del Acuerdo de Mastricht; baste recordar la importancia que tuvo en Dinamarca ese referendum, y baste recordar también los encendidos debates que en diferentes naciones provocan estos problemas.
Pensamos que la soberanía popular debe también expresar a través de estos medios. De antemano, sostuvimos y lo reiteramos aquí, pensamos que la condición indispensable tanto en lo que se refiere a dar facultades a la Cámara de Diputados en materia de ratificación de tratados internacionales como en un referendum nacional, es oportunidad de presentar a la nación, los diferentes puntos de vista, postura y opiniones en torno al Tratado.
Porque de nada serviría un referendum con control oficialista de los medio de comunicación; con control oficialista de la prensa y control oficialista de todo el sistema de explicación a la nación, negándonos a quienes cuestionamos no el Tratado como tal, sino ciertos puntos de la agenda, ciertos puntos negociados y ciertos ritmos, negándonos el derecho a llegar a las amplias mayorías de esta nación.
Ratificamos una vez más que ése es el debate que la nación requiere. Durante meses y años, exigimos información precisa de lo negociado; escuchamos vaguedades e imprecisiones y sostenemos que 85 millones de mexicanos no estaban representados en la Coordinadora de Organismos Empresariales, son ciudadanos mexicanos respetables pero no representan 85 millones de mexicanos, no representan la mediana y pequeña empresa y mucho menos a los auténticos trabajadores de la industria y del campo.
Por eso reivindicamos, una vez que el Tratado ha sido dado a conocer y no habiendo participado la mayoría de la nación en la negociación y formulación del mismo, que se le debe dar voz a la nación, se le debe dar voz al pueblo, se debe pasar por la prueba de las urnas, de un referendum de discusión en Cámara de Diputados, y debe abandonar el Gobierno esa propaganda oficialista, donde se nos anula a quienes impugnamos algunos aspectos del Tratado, toda facultad de discutir y analizar de cara a la nación estos aspectos y solamente se presenta la visión oficialista parcial de esta negociación. Reivindicamos estos puntos de democracia.
Finalmente, cuestionamos una vez más, puntos de este Tratado que tiene que ver con el trato nacional de los extranjeros. No aceptamos que a la vuelta de unos años, el 25% del sistema bancario se entregue a los extranjeros, el 30% de las casas de bolsa y el 100% de las aseguradoras. No estamos de acuerdo que en lo que se llama requisitos de desempeño, se abrogue toda facultad del Estado nacional para regular y controlar la inversión extranjera en una serie de cuestiones fundamentales. No coincidimos que en el sector automotriz se desmantele casi 30 años de regulación para que este sector automotriz esté incorporado al desarrollo nacional. No estamos de acuerdo que al día siguiente de firmar el Tratado, el 50% de las compras gubernamentales puedan ser hechas a empresas extranjeras y que dentro de unos años, el 100% de las compras gubernamentales sean o puedan ser hechas a empresas extranjeras.
No coincidimos que el Gobierno mexicano se convierta en defensor de la propiedad intelectual de las empresas transnacionales. No aceptamos la apertura radical que en la mayoría del sector agrícola se propone en el Tratado.
Reivindicamos el respeto a la Constitución, en base principalmente a los principios del Constituyente de 1917. Exigimos que se quite la parte que autoriza a empresas extranjeras, el ser propietarias de plantas termoeléctricas e hidroeléctricas para generar energía eléctrica con fines comerciales.
Y particularmente reivindicamos que la empresa pública debe estar libre de ataduras, como las que pretenden establecer en el capítulo XV, sobre política de competencia y empresas gubernamentales, subordinándolas a intereses,
estrictamente comerciales. La empresa pública debe ser orgullo de la nación, rectora del desarrollo económico nacional y promotora de la mediana y pequeña empresa privada y del sector social.
Reivindicamos que el Tratado debe situarse a nivel de los estándares laborales y ambientales, en los niveles más altos de los tres países, pero tal como el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas lo dijo claramente hace unos días, no estamos de acuerdo en supervisión trinacional, por encima de nuestras leyes internas de los estándares laborales y ambientales. Los estándares laborales y ambientales y nuestros problemas de medio ambiente, deben ser definidos por nuestros órganos legales nacionales y constitucionales. No aceptamos por tanto, la propuesta formulada ya por la administración democrática entrante, de una supervisión trinacional sobre estos niveles; reivindicamos, sí, normas altas laborales, altos niveles en materia ambiental, pero no intervención y supervisión trinacional.
Reivindicamos un capítulo migratorio para defender los millones de mexicanos residentes en los Estados Unidos, y por último, sostenemos que hay un vínculo fundamental entre la transición democrática, el respeto al voto y el futuro de las negociaciones comerciales de México.
Algunos funcionarios, en particular el licenciado Carlos Salinas de Gortari, en una parte de su intervención lo dijo, cambian los hombres pero no las instituciones, pero añadió un conjunto de afirmaciones que deban otra idea con la cual no estamos de acuerdo, señores diputados y diputadas, que es la idea del continuismo en la política económica gubernamental y en la integración dependiente y subordinada. Pareciera, releyendo el discurso del licenciado Carlos Salinas, intervenciones del licenciado Serra Puche y otros funcionarios, que se quiere el Tratado, además de un medio para equilibrar la balanza de capitales y muchas cosas más, como una forma de asegurar más allá del año 1994, la continuidad de la política instrumentada por el gobierno mexicano, de ajuste estructural, de baja de salarios, de privatización de empresas, según la línea del Fondo Monetario Internacional, y nosotros decimos aquí, y lo seguiremos afirmando en el año 1993 y 1994, la soberanía popular es irrenunciable, y si en 1994 la nación elige un congreso democrático, una Cámara de Diputados democrática, un Senado que sea auténtica expresión de la voluntad del pueblo, y exigimos un Presidente de la República comprometido con su pueblo, esos órganos legales y constitucionales tienen la facultad indeclinable, y lo decimos desde hoy lo ratificamos, de revisar todos los tratados internacionales que ha firmado el Ejecutivo Federal o que hubieran aprobado las cámaras, y en su caso proponer renegociaciones que correspondan al interés nacional, y sólo después de un largo esfuerzo diplomático, de renegociación de aquellos puntos que sean lesivos para nuestra soberanía, podrá un Gobierno democrático y un congreso democrático, de cara a la nación, examinar la posibilidad de una abrogación del tratado para iniciar negociaciones globales nuevas, pero de ninguna manera, y lo decimos claramente, pueden considerarse como un capítulo cerrado, incluso en la hipótesis de que el Tratado pudiera ser instrumentado a partir de enero.
Entre enero del 1994 y agosto, apenas hay siete meses; sólo siete meses separarían, en el muy improbable caso que el Tratado fuera aprobado por los tres órganos legislativos, sólo siete meses, señores diputados y diputadas, sólo siete meses hay de diferencia entre la puesta en vigor del tratado y la elecciones presidenciales mexicanas. Es muy poco tiempo, y las elecciones para Senado y Cámara de Diputados, y reivindicamos, que sólo con la democracia, con el respeto al voto y con la viva voz de millones de mexicanos, podrá instrumentarse un proyecto económico nacional independiente, abierto al mundo, con relaciones económicas con todos los países del mundo, pero sustentado en el mejoramiento del ingreso, del empleo y en el bienestar nacional, Muchas gracias. (Aplausos)
El Presidente: - Gracias compañeros diputados.
El diputado Jorge Calderón Salazar : - Señor Presidente, quisiera solicitarle fuera incorporado al Diario de los Debates el texto completo de la posición del Partido de la Revolución Democrática en torno al aspecto del IV Informe de Gobierno relacionado con el Tratado de Libre Comercio, en virtud de que lo que aquí presenté, fueron sólo consideraciones de este texto que aquí presento a la Secretaría.
El Presidente : - Así se hará compañero diputado Calderón.
«México Distrito Federal, 9 de noviembre de 1992.
Un tema clave en la vida actual del país, son las negociaciones y eventual firma y ratificación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En esta glosa del informe, el Partido de la Revolución Democrática quiere plantear su postura política ante el proceso de aprobación
y su eventual ratificación legislativa. Queremos subrayar los aspectos propositivos, al menos en sus términos generales que permite el tiempo disponible. Es inevitable la crítica, pero en ella explicitaremos la orientación global que proponemos para lograr un buen tratado.
Poco después que se dio a conocer, a mediados de 1990, que los gobiernos de México y Estados Unidos indicarían la negociación de un Tratado de Libre Comercio (proceso al que Canadá se incorporó posteriormente), el Partido de la Revolución Democrática, y, particularmente, el presidente nacional del partido, ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, propuso cambios fundamentales en el ritmo, agenda y bases de la misma. Particularmente, en diversos foros nacionales e internacionales realizados desde fines de 1990, se formuló la iniciativa de un Tratado Continental de Comercio y Desarrollo. En esta perspectiva, los acuerdos comerciales con Estados Unidos y Canadá eran considerados como una primera etapa que debía articularse, gradualmente, con un diálogo multilateral que permitiera a los países de América Latina establecer las bases de un tratado comercial a nivel continental, sustentado en el respeto a la soberanía de las naciones y su autodeterminacion en materia económica.
En lo relativo a la agenda específica con Estados Unidos y Canadá, se sostuvo que ésta debía incluir, adicionalmente de los apartados estrictamente comerciales (ritmos y niveles de desgravación, sectores productivos involucrados, reglas de origen, solución de controversias, salvaguardas, normas de las mercancías sujetas a intercambio comercial), otros capítulos de importancia fundamental para la defensa del interés nacional, especialmente, uno relativo a estándares ambientales (que impidiera que empresas contaminantes se instalaran en México), y un capítulo especial sobre regulaciones en materia de migración, que permitiera sancionar, en un tratado internacional, los derechos humanos, sociales y laborales de los mexicanos residentes en los Estados Unidos y facilitar flujos migratorios con pleno respeto al derecho internacional.
Además, retomando la experiencia de las negociaciones comerciales multilaterales del Acuerdo General de Aranceles y Comercio y de las Conferencias de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, se propuso que el punto de partida del tratado fuera el reconocimiento explícito de las asimetrías existentes entre México y los Estados Unidos, a fin de que en todos los rubros y capítulos del mismo se reflejara esta principio; otro aspecto colateral al anterior, tomando de la experiencia de la Comunidad Económica Europea, fue la necesidad de establecer, en beneficio de nuestro país, fondos compensatorios para el desarrollo económico de regiones y sectores afectados por la integración económica y la apertura comercial.
Se consideró necesario definir una etapa de transición previa a la plena vigencia del tratado, a fin de instrumentar un programa integral de reconversión industrial y agrícola que permitiera, en el mediano plazo, impulsar el empleo, el ingreso y la modernización tecnológica en un conjunto de ramas productivas y prepararlas adecuadamente para la competencia externa. En lo relativo al sector agrícola se exigió que los granos básicos fueran en la negociación y se mantuviera la facultad autónoma del Estado mexicano de establecer aranceles, permisos de importación, subsidios y políticas de fomentos a la autosuficiencia alimentaria y a los sistemas agrícolas y agroindustriales que requiera el interés nacional, regulando y controlando el capital extranjero en éstas y otras áreas.
Posteriormente, cuando en enero de 1992 se conoció la posición de los negociadores mexicanos de aceptar dar trato nacional al capital extranjero y a las mercancías provenientes de Estados Unidos y Canadá, se sostuvo que esto violaba disposiciones legales y el espíritu del Constituyentes de 1917 y debía ser reconsiderada esta propuesta.
Por último, se estableció la necesidad de mantener la rectoría económica del Estado y por ningún motivo se debía aceptar la presión de Estados Unidos para incluir un capítulo de energéticos en el Tratado; evitar cualquier forma de inversión y control extranjero en hidrocarburos, energía eléctrica, ferrocarriles y otras áreas estratégicas reservadas para el Estado, respetando estrictamente lo dispuesto en la Constitución, Se insistió en la necesidad de lograr, en forma simultánea, la renegociación de la deuda externa contratada con la banca de Estados Unidos y Canadá a fin de liberar sustanciales recursos que permitieran retomar un crecimiento económico estable y justo, con aumento sustancial del empleo, el ingreso y los salarios de la población, fundando la renegociación en el postulado de la corresponsabilidad de acreedores y deudores en la solución del problema de la deuda, ya que resulta del todo injusto que el peso del ajuste haya recaído, íntegramente, en los países deudores, originando que, en la década de los ochenta y principios de noventa, México realizara transferencias netas por concepto de servicios de deuda, superiores a 120 mil millones de dólares.
En mayo de 1991, conociendo la experiencia del "Acuerdo Marco de Comercio", firmado en abril de ese mismo año entre México y la Comunidad Europea, se propuso, en comparecencias del Senado de la República, que como paso previo a la negociación de un tratado de comercio, era perfectamente viable renegociar el acuerdo marco con nuestro país había firmado con Estados Unidos en 1989, dándole el carácter de acuerdo de "tercera generación" (integral, flexible, intersectorial, transformables, incorporando transferencias de tecnología, cooperación en materia ambiental, cooperación científica, acceso preferentes cláusulas de nación mas favorecidas y otras áreas); que fuera el antecedente de una negociación más compleja y en donde, temas y capítulos acordados en el acuerdo marco, podría ser base de discusión en el tratado.
Finalmente, desde principios de 1992, el senador Porfirio Muñoz Ledo, propuso, en varias ocasiones, que ante la perspectiva de que habría elecciones legislativas y presidenciales en Estados Unidos el 3 de noviembre de 1992, y siendo el Congreso que surgirá de esas elecciones el que deberá ratificar el Tratado de Libre Comercio y su legislación complementaria, se buscará concluir las negociaciones posteriores en una fecha posterior a las elecciones, a fin de sustraer la negociación de los vaivenes de la política preelectoral del vecino país.
A lo largo de dos años, el Gobierno mexicano se negó a escuchar las opiniones del Partido de la Revolución Democrática, relativas a cambios en la agenda, ritmos y tiempos de negociación, y, además, hizo oídos sordos a las propuestas que sobre el mismo tema formularon organismos civiles (como la Red Mexicana de Acción Frente al Tratado de Libre Comercio), organizaciones de productos, organizaciones de productores, organizaciones campesinas, sindicatos partidos políticos, juristas e intelectuales. En consecuencia, la negociación del Tratado de Libre Comercio (concluída el 21 de agosto de 1992), reflejó, exclusivamente, los puntos de vista de un pequeño sector de funcionarios de la administración salinista y de algunos consorcios monopólicos que, aunque afirmaban ser defensores del conjunto de lo empresarios mexicanos, en realidad representaban fundamentalmente los intereses de corporaciones exportadoras y los de empresas transnacionales instaladas en México.
El Partido de la Revolución Democrática ha expresado en múltiples ocasiones que no lucha por una economía cerrada o por un proteccionismo que fomenta la ineficiencia.
El Partido de la Revolución Democrática es consciente de que México debe reinsertarse en la economía mundial, en un contexto internacional que ha cambiado y que ofrece nuevas oportunidades y retos. Esta integración en la economía internacional debe estar guiada por los intereses nacionales, que no son otros que los de las grandes mayorías del país: los trabajadores del campo y de la ciudad, los empresarios nacionalistas, las amas de casa, etc.
Nos oponemos a una integración guiada por los intereses de minorías y corporaciones, de dentro y fuera del país, que buscan optimizar sus ganancias y competir en mejores condiciones con los capitales de otras regiones del mundo. México debe integrarse a la economía internacional y ser competitivo, pero no debe aceptar el papel y lugar que se le asigna desde los intereses de las grandes corporaciones y polos desarrollados que se preparan para una nueva etapa de competencia mundial.
Somos conscientes de los condicionamientos que implica el contexto económico mundial y nuestra vecindad con una de las potencias económicas mundiales. Ello lleva a la conveniencia de acuerdos y tratados internacionales, pero el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, tal y como ha negociado por Salinas - Bush Mulroney, no es ni la única ni la mejor de las alternativas viables.
Pugnamos por un desarrollo sostenido, generalizado en todas las ramas, sectores y regiones del país; un desarrollo en el que la eficiencia y productividad creciente se reflejen en mejores niveles de vida de la mayoría de la población. Un desarrollo interno que lleva a una mayor capacidad competitiva tanto en el exterior como en el interior. Es decir, un desarrollo que aumenta nuestras exportaciones, pero que también sea capaz de competir con éxito en un mercado interno abierto.
Ello no se logrará por la simple apertura comercial que fuere a una competencia salvaje en la que sobrevivirán los más grandes y poderosos. El mercado y la competencia por sí mismos no aseguran un desarrollo equilibrado y mucho menos una distribución justa del ingreso. Además, pugnamos por un desarrollo con democracia en todos los niveles y aspectos de la vida nacional. Por un modelo de desarrollo que resista la prueba de las urnas, que se fortalezca del consenso social amplio, debido a que sus frutos se reflejan en el bolsillo y el estómago de la mayoría de la población.
El modelo de desarrollo por el que pugnamos es viable, pero no será fruto de la pura competencia mercantil. Es necesario que el Estado asuma su papel constitucional el rector de la economía y garante el bienestar social. La rectoría económica no puede anular las leyes del mercado, ni se trata de simplemente protegernos cerrando las fronteras. Pero la rectoría económica estatal tampoco se reduce a ser un guardián de que nadie viole la sacrosanta ley de la competencia y el mercado. El Estado debe orientar la dinámica económica global según los intereses y prioridades nacionales. incluyendo una más justa distribución del ingreso. Cuando reivindicamos el importante papel de la intervención del Estado en la economía, de ninguna manera estamos simplemente pensando en volver al pasado.
El balance de la economía durante la administración de Salinas es negativo. En los días pasados ya hemos expresado nuestro análisis en respuesta al IV Informe de Gobierno, en su aspecto macroeconómico.
La economía ha crecido, pero no de una forma sostenida y es reconocido que se está "desacelerando", más bien se está frenando pensando que con ella se evitará un repunte inflacionario. En realidad en el período han crecido espectacularmente algunas ramas y sectores y otros permanecen en la recesión.
La apertura comercial, unilateral ha llevado a una balanza comercial y de cuenta corriente deficitarias que no sólo nos ha vuelto peligrosamente dependientes de grandes volúmenes de inversión extranjeras, sino que está implicando una desindustrialización del país.
Se han atraído grandes volúmenes de inversión extranjera, pero no se le regula ni se logra que se canalice según las prioridades nacionales y en su mayor parte se orienta a la especulación bursátil.
La distribución del ingreso ha sido regresiva y los niveles de pobreza han crecido. La política social y el programa de solidaridad sólo son un paliativo al empobrecimiento que aprovecha la política económica, esto dicho por el propio director del Fondo Monetario Internacional.
Se ha logrado bajar sensiblemente la inflación, pero consideramos que no se han removido sus causas profundas. Se sigue enfrentando la inflación contrayendo la demanda con un superávit fiscal y la contención salarial, no se pone el mayor esfuerzo en el aumento de la productividad que abarate los costos y con ello los precios. Se enfrenta la inflación vía la competencia salvaje de la apertura comercial, pero con ello lo que está logrando es la quiebra de muchas industrias y la sustitución de los precios internos por los precios externos. Más que resolver las causas internas de la inflación se importa parcialmente un índice de precios de los países con los que comercializamos.
Una de las razones principales que han llevado al Gobierno mexicano a buscar la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá es, por una parte, crear un clima de confianza al capital externo que permite mantener el precario el precio equilibrio de la balanza de pagos, por medio de la inversión extranjera y el superávit en balanza del capitales, única forma de cubrir el creciente déficit en cuenta corriente y, por otra, se busca resolver, a través de la integración subordinada a la economía de Estados Unidos y Canadá, una serie de graves desequilibrios estructurales en materia de deuda externa, comercio exterior, sistema financiero y estructura productiva los cuales, contrariamente a las declaraciones oficiales, se ha agravado en los últimos años.
En 1991 el déficit en cuenta corriente fue superior a 13 mil millones de dólares, el doble de 1990 y se estima que en 1992 será superior a 20 mil millones de dólares según datos contenidos en los anexos del IV Informe, de enero a juicio del presente año, el déficit comercial ascendió a 9 mil 402 millones de dólares, lo que representa un crecimiento de 70% respecto al año anterior. Si hiciéramos una extrapolación simple de esta cifra y la calculáramos a 12 meses, tendríamos un déficit anualizado del orden de 18 mil 804 millones de dólares.
En lo relativo a la balanza externa de la industria manufacturera del país, el déficit es aún mayor y ascendió en el lapso enero - junio de 1992, a 12 mil millones de dólares, que significa un aumento de 34.07% respecto al nivel de 1991. Estimado, a grosso modo, su nivel probable en todo el año, resulta que el déficit comercial manufacturero podría situarse en la suma de 24 852 millones de dólares; cifra que, evidentemente, refleja un grave desequilibrio macroeconómico. Aunque los funcionarios se esfuerza por minimizar este fenómeno argumentando que no nos debe preocupar porque es originado por el sector privado, "es financiable", y "nos ayuda a crecer", la realidad es que es producto de un aumento explosivo de la importación de bienes intermedios (destinados, principalmente, a fabricar bienes de consumo) y de productos
terminados que invaden nuestros mercados atraídos por un peso sobrevaluado y una apertura comercial unilateral.
Contrariamente a lo que expresan reiterádamente voceros oficiales, las importaciones de bienes de capital solo representan el 22.2% del total de las importaciones de 1991 (8 mil 470.6 millones de dólares), mientras que las de bienes de consumo (5 mil 639.5 millones de dólares) y bienes intermedios (24 mil 073.9 millones de dólares) representaron el 77.8% restante. En el primer semestre de 1992 la tendencia persiste. El 76.95% de las importaciones del primer semestre fueron de consumo y bienes intermedios. Las importaciones de bienes de consumo muestran una tendencia a incrementarse en el presente año en un 21.87%, casi 10 veces más alto que el crecimiento económico de 1992.
En término globales, en lo que va del presente sexenio, tenemos un déficit comercial acumulado del orden de 50 mil millones de dólares La demanda nacional de manufacturas es de alrededor de 100 mil millones de dólares y sólo el 60% de la misma es cubierta con producción nacional; el restante 40%, esto es, más de 40 mil millones de dólares, se atiende con importaciones, de las cuales el 75.5% provienen de Estados Unidos. Esta contracción del mercado para la industria del país ha representado, en la última década, una pérdida neta de varios millones de empleos de los mexicanos, mismos que se crearon en el extranjero a partir de la demanda y el consumo generados en nuestro país.
La deuda externa total, pública y privada, ronda ahora por los 106 mil millones de dólares (37.6% del producto interno bruto de 1991), y podría situarse en 115 mil millones de dólares al finalizar 1992. La deuda pública externa es, según los anexos del IV informe, de 76 mil 087.1 millones de dólares, cifra ligeramente inferior a la de 1991 y 1990, pero superior a la de 1989, y a la de 1982, 1983, 1984, 1985 y 1986. A la deuda actual deben sumarse los activos de renta fija y variable en poder extranjeros, 6 mil y 20 mil millones de dólares respectivamente, con lo que la deuda externa del país en términos reales, asciende a 132 mil millones de dólares.
A pesar de las fanfarrias oficiales sobre la renegociación de la deuda pública externa en febrero de 1990, no fue mucho lo que se ahorró en el servicio de la misma (intereses más amortización), apenas menos de 1 mil millones de dólares. Según datos de la Secretaria de Hacienda y el Banco de México, de 1989 al primer trimestre de 1992, se ha contratado un endeudamiento neto adicional público y privado, incluido el negociado por la banca comercial del país, por la suma de 24 mil 190 millones de dólares y se prevé que en 1992 el servicio de la deuda (amortización más intereses), será de 20 mil 137 millones de dólares, cifra que constituye una importante sangría económica para la nación y representa el 6.36% del producto interno bruto de México en 1992.
Persiste una severa contracción en el poder de compra de amplios sectores de la población y continúa una situación recesiva en un conjunto de sectores de la economía nacional, orientados al mercado interno que no han podido recuperar los niveles de producción per capita que tenían a principio de la década de los ochentas.
Esta situación ha sido ocultada con una acelerada expansión de la industria maquiladora y de ciertas ramas productivas orientadas a la exportación, como petróleo, minerales, cemento, cerveza, ganado, industria automotriz y electrónica, expansión que no ha sido suficiente para financiar las crecientes importaciones en todos los sectores de la economía, especialmente de la industria manufacturera, que experimenta un severo déficit en su balanza comercial.
Ahora bien, en virtud de que la cifra de incremento del producto interno bruto sólo es un indicador estadístico del valor de los bienes y servicios producidos en el país, es evidente que el auge exportador, basado, en gran medida, en sueldos 10 veces mas bajos que los existentes en Estados Unidos y Canadá, ha permitido que en 1990 y 1991, el aumento del producto interno bruto (3.9% y 4% respectivamente) sea ligeramente superior al crecimiento demográfico (1.9% a 2%), pero esto oculta los profundos desequilibrios estructurales que continúa padeciendo la economía del país.
El ingreso real sigue disminuyendo y aún no se inicia una recuperación sostenida del empleo en el sector formal. Un efímero crecimiento del 3% en 1992 (1% en términos reales) sostenido con inversión extranjera, con un elevado déficit en cuenta corriente, y un alto servicio de la deuda externa, apuntalado por capitales externos especulativos y venta de empresas estatales, es altamente inestable y, no se debe olvidar que al haber culminado la privatización de los bancos, quedaron pocas empresas públicas susceptibles de ser enajenadas: las 11 ramas de petroquímica básica que recientemente fueron reclasificadas, algunas empresas mineras, Aseguradora Mexicana, y quizá algunos sectores de generación de energía eléctrica, carreteras, puertos y transportes ferroviarios (bajo el régimen de concesión).
Sin embargo, aun dilapidando y rematando el patrimonio de la nación, nada permite asegurar que se podrá mantener el próximo año el bajo nivel de inflación (que aún sigue siendo relativamente alto: casi 30% en 1990; casi 20% en 1991 y seguramente superior al 10% en 1992, en comparación con las tasas de 4% anual de las décadas de desarrollo estabilizador), la estabilidad cambiara y el superávit del gasto público del que tanto se enorgullecen los monetaristas mexicanos. Y si lo hiciera, ello tendrá un elevado costo económico y social.
Hasta hace algunas semanas era común ver en revistas norteamericanas artículos elogiando las bondades del paraíso fiscal para inversiones bursátiles de consorcios transnacionales en la Bolsa Mexicana de Valores resaltando rendimientos de mas del 100% en el curso de 1991. Así se logró, parcialmente, recuperar la confianza de algunas empresas multinacionales que se vieron beneficiadas por la apertura comercial y la privatización de empresas y sectores estratégicos que eran propiedad de la nación, iniciadas en el sexenio de Miguel de la Madrid y profundizada en la presente administración, y se logró cubrir el elevado déficit en cuenta corriente con un superávit en balanza de capitales.
De esta forma, aparentemente se "resolvió", temporalmente, la grave crisis financiera que existía desde hace varios años y se ha podido mantener un peso sobrevaluado. Sin embargo, la severa caída del índice de la bolsa de valores de junio a agosto de 1992, prácticamente ha anulado las utilidades de los inversionistas en el presente año y ha originado una salida de capitales extranjeros colocados en la bolsa superior a 4 mil millones de dólares que amenaza la estabilidad macroeconómica del país y el equilibrio de la balanza de pagos en 1992.
El Tratado de Libre Comercio negocio por la administración salinista, pretende consolidar una orientación y un modelo de desarrollo subordinado y dependiente Hemos de recordar que del borrador de Dallas y el de Virginia, al texto final hay avances importantes en cuanto a la precisión de las excepciones, por ejemplo el no firmar la cláusula de abasto seguro de pe - tróleo (aunque amarrados a la cláusula del Acuerdo General Sobre Aranceles y Comercio), en cuanto a dejar algunos requisitos para la intervención del estado en la economía, etcétera. Ciertamente el texto final una negociación más compleja y salva la vigencia de algunas de nuestras leyes fundamentales; pero los cambios son totalmente insuficientes.
a) No asume radicalmente las asimetrías entre los países firmantes, ni es un tratado al servicio del desarrollo nacional.
b) No respeta la Constitución sino que acomoda la Constitución al Tratado.
c) Renuncia en buena medida al papel constitucional del Estado de orientar la economía según los intereses y prioridades nacionales.
d) Deja fuera de la negociación aspectos centrales, como la migración.
e) No es un instrumento para avanzar en la agenda social de elevación de los niveles de vida, respeto a los derechos humanos y de los trabajadores migratorios, derechos laborales, etcétera.
f) No es un instrumento para implementar un modelo de desarrollo sustentable y los aspectos ecológicos y ambientales sólo se incorporan como formalidad sin enfrentar radicalmente el problema.
g) No existen mecanismos de participación social en la vigilancia y evaluación de los impactos sociales con capacidad de intervenir en su corrección.
a) Asimetrías. El partido de la Revolución Democrática, la Red de Acción Frente al Tratado de Libre Comercio y muy diversas voces de la sociedad mexicana, plantearon la necesidad de un tratado que asumiera como principio rector de la negociación, la radical asimetría en los niveles de desarrollo y que lograra un tratado que las compensara y tendiera a disminuirlas. Después del 12 de agosto, en que oficialmente concluyen las negociaciones, los voceros oficiales del más alto nivel, quieren presentar la diversidad de tiempos de apertura y desgravación como la satisfacción de dicha demanda fundamental.
Compensar y disminuir las asimetrías no se logrará con sólo tener mas tiempo y la consolidación del Sistema General de Preferencias. Se necesitan fondos extraordinarios de financiamiento y planes y programas concretos que instrumenten la consecución de dicho objetivo. Dichos fondos de financiamiento compensatorio orientados a disminuir las asimetrías podrían salir de una negociación radical de la deuda externa, de la creación de un banco regional de desarrollo en el que los recursos se aporten proporcionalmente según el potencial económico.
No solo no se asume esta orientación, sino que en muchos aspectos del Tratado de Libre
Comercio se asume una postura que ignora dicha asimetría. Algunos ejemplos son los siguientes:
El "trato nacional" que atraviesa todo el Tratado de Libre Comercio negociado por Salinas, se pretende justificar como un trato no discriminatorio. Se podría hablar de discriminación cuando se trata de iguales, pero no es el caso Frente a empresas e inversionistas mucho mas poderosos, hay que buscar un trato diferenciado, hay que buscar que sus inversiones apoyen al desarrollo nacional y no que se aprovechen de nuestro menor potencial, vacío tecnológico y salarios bajos, para obtener grandes ganancias que luego transfieran y saquen del país.
Incluso en servicios financieros se opta por el criterio de trato nacional, en lugar del de concesiones equivalentes. En dicho sector las leyes norteamericanas en las que eventualmente operarían los inversionistas mexicanos, son anacrónicas y no permiten lo que sí les permitiremos en México: integración en grupos financieros que incluyan bancos, casas de bolsa y agencias de seguros.
A las inversiones no sólo se plantea darles trato nacional sino que en los requisitos de desempeño (artículo 1106 del capítulo XI sobre inversiones) se renuncia a exigir trasferencias de tecnología reinversión al menos parcial de las ganancias, balanza comercial equilibrada, dar preferencia a insumo producidos en el país o un porcentaje de contenido nacional. Todos estos elementos operativizarían la tendencia a aminorar las simetrías y a apoyar el desarrollo nacional. En lugar de ello el salinismo se guía sólo por el interés de atraer inversión en montos crecientes, de ser competitivo en la atracción de dicha inversión y renuncia a regular dicha inversión para compaginarla con los intereses y prioridades nacionales.
En al anexo 300 - a sobre inversiones y comercio en el sector automotriz la tendencia es todo lo contrario a la búsqueda del desarrollo nacional. Paulatinamente se eliminarán las reglas de contenido nacional para ser sustituidas por las de contenido regional; lo mismo sucederá con la exigencia de balanza comercial equilibrada. De esta manera se favorece la integración continental y mundial de los gigantes de la industria automotriz, pero nacionalmente disminuye su papel de impulsor de la economía al no estar obligado a abastecer de producción mexicana.
En el sector textil no se garantiza el vacío tecnológico a la planta productiva mexicana en los plazos contemplados para su apertura integral, por lo que su competitividad tendrá que basarla en la disminución de las condiciones laborales, ya de por sí precarias a pesar de los contratos ley, además hoy severamente cuestionados.
Las reglas de origen dan cierta protección a la industria, de cara a los europeos y asiáticos, pero el "Trato nacional" pone en desventaja a los mexicanos ante los empresarios de los otros países firmantes debido a la brecha tecnológica. La eliminación de cuotas a las exportaciones mexicanas se encontrarán con el límite de un mercado ya posesionado por los asiáticos y que probablemente las reglas de origen no lograrán desplazar.
La industria textil mexicana es más fuerte en la producción de insumos (dominada por la gran empresa), que en ropa terminada (en la que se ubican la pequeña y mediana empresa); por ello los grandes beneficiarios serán los maquiladores y la gran empresa.
La pequeña y mediana industria no sólo enfrentan la apertura del ramo, sino también el contrabando de ropa usada de importación, que difícilmente será parado a pesar del plazo largo de protección negociado en el Tratado de Libre Comercio, ya forma parte del consumo de los amplios sectores sociales.
El capítulo de compras gubernamentales abre a la competencia por concurso internacional dichas compras y los contratos de construcción y servicios, el 50% de las mayores a 50 mil dólares desde el primer día de entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio y dicho porcentaje aumenta paulatinamente. Es evidente que las compras gubernamentales sólo han sido una formidable palanca para el desarrollo de la industria nacional. El Partido de la Revolución Democrática no se opone a la competencia, no plantea que siempre se compre en el interior lo que se puede conseguir de mejor calidad y más barato en el extranjero, pero debe tener preferencia en condiciones similares a la producción nacional. Incluso debe mantenerse un porcentaje reservado a nacionales como un mecanismo de incentivo a la generación de tecnología propia o al menos a la conservación de la desarrollada en los últimos 50 años.
El Estado no puede guiarse por criterios puramente comerciales, sino que su papel es el de impulsor del desarrollo nacional. Hay industrias que viven exclusivamente de las ventas a Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad o el sector salud. Por tanto, los efectos de este capítulo del Tratado de Libre Comercio
serán catastróficos en términos de empleo. Además vía los "contratos de desempeño", versión moderna de eludir los contratos de riesgo prohibidos por la Constitución, las compañías extranjeras pueden cotizar barato para ganar el concurso sabiendo que por su tecnología moderna la posibilidad de conseguir un pago adicional es casi segura.
El capítulo sobre Propiedad Intelectual se orienta a proteger la propiedad intelectual de la grandes corporaciones dificultando aún más la transferencia de tecnología indispensable y clave para aminorar las asimetrías. Incluso México renuncia a sus propuestas en el borrador de Dallas de excluir la patentabilidad de lo relacionado con biotecnología. Se dificultan las licencias obligatorias que por ejemplo en el sector farmacéutico permitían la producción del cuadro básico de medicinas sin marca y regalías por derecho de propiedad y de este modo producirlas a bajos costos para el sector de medicina socializada. Se privilegia la protección de la propiedad intelectual de las grandes corporaciones y se olvida del derecho de las comunidades sobre plantas base de muchas medicinas industrializadas y el conocimiento tradicional sobre su uso medicinal.
El sector agrícola es un ejemplo más de que no se asume radicalmente la asimetría. Contra la demanda generalizada y fundamentada de partidos, organizaciones campesinas, intelectuales y la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio, se incluyen los granos básicos en el proceso de liberación y apertura gradual.
b) ¿Respeto a la Constitución y defensa de la soberanía? Se repite hasta la saciedad que el Tratado respeta la Constitución. Hay que recordar que durante el proceso de negociación la Constitución fue modificada en aspectos esenciales para allanar el camino de dicho Tratado. El caso más relevante es la modificación del artículo 27 constitucional y la mayoría de sus leyes reglamentarias.
Todas estas modificaciones implican abrir campos estratégicos a la inversión privada nacional y extranjera. Luego, el Tratado se completa ofreciendo "trato nacional" a las mercancías, servicios, inversionistas e inversiones extranjeras. En otros campos se eluden los supremos mandatos de la Constitución por la vía de reglamentos o decretos del Ejecutivo, como en el caso de la reducción de los petroquímicos básicos y más recientemente en materia de propiedad intelectual.
Las modificaciones constitucionales no se han concluido. Conforme pasa el tiempo se amplía el número de iniciativas de reformas del paquete Tratado de Libre Comercio de las que se habla, sin hasta el momento el Congreso de la Unión tenga información oficial al respeto. Actualmente se habla de 38 modificaciones de las que 4 tienen qué ver con modificaciones constitucionales fundamentalmente en cuanto a las atribuciones del Ejecutivo materia económica.
Se habla de modificación a la ley de expropiaciones, volver a modificar la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia minera y de pesca. Modificar la Ley Federal de Servicio Público de Energía Eléctrica. Se vuelve a hablar de modificar la Ley Federal del Trabajo. Se habla de ocho cambios de leyes relacionadas con servicios financieros y de la Ley Sobre Inversión Extranjera. También de leyes relacionadas con comunicaciones y transportes, comercio exterior y la que regula la información de cámara empresariales, etcétera. El Tratado no se acomoda a nuestra Constitución y leyes fundamentales; mas bien nuestra legislación se modifica para hacerla congruente con el Tratado.
A pesar de todas las modificaciones constitucionales, sigue habiendo incongruencias y violaciones constitucionales en diversos capítulos del Tratado Un ejemplo es en materia de energía eléctrica en el capítulo VI sobre energéticos.
No bastó la modificación a la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para abrir la posibilidad de generación privada del fluido para autoabastecimiento, el tratado de Libre Comercio va mucho más lejos.
El anexo III del voluminoso anexo sobre inversión y servicios contiene la lista de México de actividades reservadas al Estado. Por supuesto que en ella está la electricidad, pero al hablar del fundamento legal no se remite al artículo 27 constitucional, sino sólo al 25 y 28 de nuestra carta magna. Ello es de suma relevancia debido a que al artículo 27 no sólo habla de las actividades estratégicas sino de actividades exclusivas y no concesionables.
En 1960, cuando se nacionalizó la industria eléctrica ésta fue elevada a rango constitucional precisamente con la adición del párrafo 6o. al artículo 27 constitucional y su inclusión en los artículos 25 y 28 fue posterior. En la exposición de motivos y en la argumentación priísta se justificó su inclusión en el artículo 27, en que había que darle el mismo régimen de excepción que al petróleo y prohibir cualquier régimen de concesión. Es en este sentido que argumentó entre otros el senador Brena Torres el 27 de
octubre de 1960. La omisión en el Tratado de Libre Comercio de la referencia al artículo 27 constitucional es capital, ya que en los artículos 25 y 28 se asienta la exclusiva de la nación, pero no se excluye la posibilidad de concesionar.
En el anexo 602.3 párrafos cinco inciso b se abren posibilidades a la inversión privada no sólo en plantas para el autoabastecimiento que permite la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, aunque omite la condición indispensable que marca dicha ley de "imposibilidad o inconveniente" del suministro por parte de Comisión Federal de Electricidad (artículo 26 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica). También permite la congeneración de electricidad; es decir, producir electricidad como subproceso de otro proceso industrial. Sin embargo, expresamente afirma que el dueño de la infraestructura para cogenerarla puede ser distinto, por lo que en realidad se trata de una inversión directa e independiente para producir energía con fines comerciales.
Llega más lejos, permite la posibilidad de producción independiente de energía eléctrica, aunque la debe comercializar la Comisión Federal de Electricidad.
El hecho de que la Comisión Federal Electricidad mantenga la exclusividad en la distribución y comercialización, no resuelve la contradicción con el artículo 27 constitucional y la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Ambas son explícitas en que la exclusividad se refiere también a la generación. Incluso en los considerandos de la iniciativa que nacionaliza la industria eléctrica (párrafo cuarto), y en el dictamen de la Cámara de Senadores (punto I), se recalca este hecho.
Es claro que la inversión que permitiría el Tratado de Libre Comercio en electricidad no se hace con estricto apego a la Constitución ni a nuestras leyes. Este es sólo un ejemplo. De hecho el espíritu y orientación del Tratado de Libre Comercio negociado es contrario a la orientación básica de la Constitución mexicana en materia económica. Socava las posibilidades de rectoría económica estatal; opta por no discriminar o diferenciar a los inversionistas extranjeros, cuando la constitución manda dar preferencia a los mexicanos; tiende a buscar un contenido regional en la producción de bienes, cuando la constitución y la ley vigente orientan a aumentar el contenido nacional; lo mismo sucede en compras gubernamentales, etcétera.
Hay multitud de aspectos en los se cede a renuncia de soberanía. En múltiples ocasiones hemos argumentado y fundado nuestra apreciación. Ahora sólo damos un ejemplo menor que el poco tiempo y espacio permite fundamentar. En el capítulo XV sobre "Política de Competencia y empresas gubernamentales", se respetan los criterios constitucionales para las expropiaciones, pero se obliga a pagar en divisas a precio de mercado (no catastrales o fiscales) y el pago es libremente transferible. En general, tanto en el capítulo de inversiones como en otros, se prohibe poner obstáculos a la libre transferencia de recursos. Sólo se conserva la posibilidad de retenerlas por razones de quiebra u otro asunto contencioso para garantizar el pago a acreedores. Ni siquiera se hace explícito la prioridad de pago a los trabajadores en caso de quiebra o cierre; tampoco se ponen mecanismos para evitar que con la transferencia de ganancias se evaden el reparto de utilidades. Con ello se renuncia a soberanía monetaria y a la posibilidad de control de cambios.
c) En el tratado negociado se renuncia en gran medida a su función constitucional, de promover el desarrollo nacional, impulsar y orientar la economía guiado por las prioridades nacionales.
Dos ejemplos solamente ya que mucho de lo planteado en el inicio a sobre las asimetrías y en el b sobre oposición a la orientación constitucional son pertinentes también para este punto:
El capítulo XV sobre Política de Competencia y Empresas Gubernamentales está orientado por el objetivo, expresado en el artículo 1501, de hacer jugar a las empresas públicas en una orientación puramente comercial. Con ello se renunciaría al papel histórico del sector público de la economía de ser palanca del desarrollo.
El Partido de la Revolución Democrática no plantea que la empresa pública sea un simple subsidiador de la empresa privada y protector de ineficiencias, pero evitar esos errores del pasado no implica la renuncia a su papel histórico y constitucional de impulsor del desarrollo y ser instrumento en la rectoría económica del Estado. El trato nacional a mercancías y sobre todo a inversionistas e inversiones extranjeras, impide en gran medida regularlas y orientarlas según los intereses y prioridades nacionales.
Somos conscientes de que el país necesita de la inversión extranjera y de que en el contexto actual hay que competir por atraerla a nuestro país. Pero no podemos avalar el que el modelo de desarrollo impulsado por la tecnocracia ha
llevado al país a una peligrosa dependencia de grandes y crecientes volúmenes de inversión foránea, incluso en áreas en las que se ha sustentado el desarrollo nacional.
Hay que reorientar el modelo de desarrollo para evitar que todo el equilibrio macroeconómico dependa del sector externo y la balanza con el exterior dependa de la llegada de inversión extranjera.
No podemos renunciar a atraer inversión extranjera como complemento del esfuerzo nacional; pero tampoco podemos suponer que no hay diversidad de intereses y renunciar a regularla. Hay que ponerle condiciones mínimas: que sean productivas, que preserve el ambiente, que traslade tecnología adecuada al país, se comprometa con el proyecto de desarrollo nacional y respete las leyes del país.
Con el trato nacional a la inversión extranjera, se obliga a tratarlos como mexicanos y con ello se renuncia a una regulación especifica. De hecho se anula el espíritu y la letra de la vigente ley sobre la inversión extranjera y con ello sus raíces constitucionales.
Al entrar en detalle en el contenido del capítulo XI del Tratado de Libre Comercio descubrimos que se renuncia a casi cualquier exigencia o requisito especial para los extranjeros: trasferencias de tecnología, contenido nacional de su producción, balanza comercial equilibrada, límites a la transferencia de recursos, etcétera. En síntesis, a regularla para que apoye el desarrollo nacional.
A diferencia del borrador de Dallas el texto final deja algunos requisitos, se pueden poner algunos requisitos para que las inversiones foráneas reciban algunos incentivos o ventajas, aunque siempre en un espíritu no discriminatorio. Esperamos que el paquete de legislación del Tratado de Libre Comercio no cierre estos pequeños apoyos para orientar la inversión extranjera en apoyo del desarrollo nacional.
Es necesario adicional el Tratado o legislar internamente un código de conducta para la inversión extranjera y explicar en el Tratado que deban someterse a él.
d) Agenda social. La Red Mexicana frente al Tratado de Libre Comercio, ha planteado insistentemente la necesidad de incluir en el Tratado de Libre Comercio temas de una agenda social.
El Tratado de Libre Comercio debe sancionar el uso de la mano de obra barata como una práctica desleal de comercio.
El Tratado de Libre Comercio debe prever y proveer fondos para amortiguar los efectos sociales del Tratado de Libre Comercio como por ejemplo, para crear en México un seguro de desempleo. Al menos el paquete de leyes mexicanas, que se ha dado en llamar paquete del Tratado de Libre Comercio, debe incluir leyes para amortiguar el impacto social del tratado de libre Comercio: seguro de desempleo, programa nacional de capacitación para las nuevas condiciones tecnológicas y de productividad con cargo a las empresas o al Estado.
e) Migración. Otro gran ausente del Tratado de Libre Comercio son los aspectos migratorios. El Gobierno afirma que es un tratado de comercio y por ello, en su momento, habrá que convenir sobre otros aspectos, como la migración. Sin embargo, de hecho el Tratado de Libre Comercio negociado incluye muchos temas no estrictamente comerciales e incluso incluye un capítulo sobre entrada temporal, que sólo se preocupa de facilitar el transito de profesionales que interesan a los inversionistas. Es indispensable adicionar al tratado al menos con una carta de derechos laborales y humanos de los millones de trabajadores migratorios.
No se plantean intervenir en la legislación laboral de Estados Unidos, como no aceptamos que intervengan en la nuestra; pero el Tratado de Libre Comercio al menos debe contener compromisos claros y mecanismos de solución de controversias para garantizar un trato no discriminatorio a los trabajadores que si bien son "ilegales" migratoriamente hablando, son una necesidad económica en los Estados Unidos. Además a cambio de innumerable concesiones hechas por nuestro país, los negociadores mexicanos debieron arrancar a los estadounidenses un acuerdo que soluciones el problema de nuestros compatriotas que se ven obligados a salir fuera de su partida a ganarse la vida.
f) Ambiental. Es verdad que al Tratado de Libre Comercio se le salpica de alusiones ambientalistas, pero el tratado de Libre Comercio negociado tiene a un modelo de desarrollo fincado en criterios estrechamente mercantiles en el que la protección, conservación y rehabilitación del medio ambiente no es sustancial. Al menos el Tratado de Libre Comercio debe prever fondos para programas ambientales de nivel nacional.
g) El tratado negociado no contempla ninguna participación de la sociedad civil en la vigilancia de los acuerdos, en la evaluación de sus impactos sociales y ambientales. Dichas comisiones deben
tener capacidad jurídica de sancionar e implementar soluciones.
El Tratado de Libre Comercio, de entrar en vigor en enero de 1994, en caso de ser firmado por los titulares del Poder Ejecutivo y una vez aprobado por órganos legislativos por los tres países (lo cual, como veremos a continuación, es una ruta larga e incierta), profundizaría la dependencia de nuestra economía respecto de la de Estados Unidos.
Como comentamos previamente, en la visión gubernamental, el aviso de conclusión de negociaciones del Tratado de Libre Comercio abre la posibilidad de crear un clima de confianza a inversionistas extranjeros, para que sigan invirtiendo en México y continúen financiando el servicio de la deuda y el pago de las remesas al exterior por concepto de utilidades de la creciente inversión extranjera, actualmente superior a 45 mil millones de dólares. Además, se piensa que por esta vía se podrá impedir el estallido de una nueva crisis financiera manteniendo un superávit en la balanza de capitales. Por ello no resulta extraño que se destinen cuantiosos recursos para financiar agencias de publicidad y grupos de cabildeo (denominados de "lobby"), a fin de convencer a congresistas de Estados Unidos y la opinión pública de ese país, de las bondades del Tratado de Libre Comercio.
Sin embargo, el largo y accidentado camino que tendrá que recorrer el Tratado de Libre Comercio en el Congreso de los Estados Unidos hace que no compartamos esta visión optimista. En primer término, porque una vez que finalizó la redacción del texto legal del tratado y éste fue "inicializado" por los ministros de comercio de los tres países, existe el dilema de si Bush firmará el tratado en los últimos días de su mandato o dejará Clinton esta responsabilidad.
Aun con el texto firmado, el nuevo mandatario de los Estados Unidos ha indicado su voluntad de adicionar capítulos sobre estándares laborales y ambientales; o incluso elaborar acuerdos paralelos, lo cual retrasaría el inicio formal del período de 90 días laborales legislativos más de 120 días a partir de que el nuevo Congreso reciba el texto ya firmado, en los que se discutiría el tratado y su legislación complementaria, a partir de la instalación de la nueva legislatura (febrero de 1993).
El nuevo congreso de Estados Unidos de mayoría democrática tiene, como es de todos sabido, numerosos congresistas con fuertes tendencias neoproteccionistas. Así, la mayoría legislativa que por un estrecho margen aprobó dar plenos poderes al Ejecutivo para negociar tratados por el procedimiento del Fast Track desapareció y el procedimiento legislativo de ratificación del tratado y su legislación asociada podría terminar con un rechazo al mismo, por intereses estrictamente proteccionistas, unidos a argumentos ambientales y laborales, o con una petición de renegociar temas o añadir otros. Seguramente, este debate se prolongará la primavera y el verano de 1993, por lo menos.
En todo caso, y haciendo abstracción de la posibilidad de que Canadá se retire de la negociación debido a que la mayoría de la población se opone al tratado; el Tratado de Libre Comercio entraría en vigor en 1994, al final del período de Gobierno de Carlos Salinas y apenas siete meses antes de la elección presidencial de nuestro país. Y es de todos sabido que el Congreso de la Unión y el Ejecutivo federal que surja de la elección federal de ese año, tienen la facultad constitucional de revisar el contenido del Tratado de Libre Comercio y renegociar su contenido o abrogarlo, dando aviso con seis meses de anticipación.
Pese a los intentos continuistas de algunos sectores que pretenden dejar al siguiente gobierno una hipoteca que supuestamente impedirá modificar el rumbo económico, los derechos que establece la Constitución son irrenunciables y los poderes de la Unión son soberanos para tomar las decisiones que imponga la defensa del interés nacional.
Los grupos empresariales monopólicos y algunos funcionarios, en abierta contraposición con el principio de soberanía popular que establece el artículo 39 de la Constitución, piensa que con la firma y aprobación del tratado se harán irreversibles las políticas integracionistas y se impedirá que el pueblo recupere la soberanía económica; sueñan con eternizar la política de ajuste impuestas por el Fondo Monetario Internacional; desean que el Tratado de Libre Comercio y las leyes que lo complementan impidan a los trabajadores del campo y la ciudad recuperar las conquistas sociales (como el derecho a la tierra, la contratación colectiva, los derechos laborales, la educación gratuita, la seguridad social, salario justo, jubilación, y otros), por las que lucharon varias generaciones de mexicanos y que han sido sistemáticamente anuladas en los últimos años.
Quisiera que su política privatizante, opuesta a la empresa pública y a la rectoría económica
del Estado se mantuviera indefinidamente. De ahí que aparezcan defensores del continuismo político. Pareciera que para el bloque monopólico dominante se considera "razón de Estado" mantener en el poder, incluso sin legitimidad y violentando la voluntad popular, aun equipo gobernante acorde con los intereses de las empresas transnacionales y grandes corporaciones nacionales, que continúe la integración subordinada de nuestro país a los Estados Unidos y haga irreversible la pérdida de soberanía y autodeterminación nacionales.
Sin embargo, lo más grave es que un proyecto de estas características resulta altamente atractivo para ciertos sectores de Estados Unidos que aun abrigan tendencias expansionistas y siguen sustentando una concepción de "seguridad nacional" basada en la doctrina Monroe. Así, el mantenimiento, de "gobiernos amigos", es decir, favorables a la dominación transnacional, es visto por estas corrientes conservadoras como una "necesidad" para la defensa de los intereses de Estados Unidos de América.
Frente a estas nuevas amenazas al proyecto nacional de México, adquiere particular importancia, para preservar la independencia e integridad de las instituciones republicanas y federales del país, la lucha por la democracia y el estímulo a la participación ciudadana y la amplia convergencia de fuerzas sociales y populares para impulsar, en la campaña presidencial de 1994, una candidatura democrática a la Presidencia de la República, que permita restaurar la República, establecer un proyecto de desarrollo con justicia, libertad y democracia, y renegociar o en su caso derogar, tratados internacionales, como el Tratado de Libre Comercio, en caso de que éste entrara en vigor en 1994, con el contenido que fue anunciado el 12 de agosto de 1992, que contenga cláusulas o principios contrarios al interés nacional.
En conclusión, el Partido de la Revolución Democrática pugnará por una renegociación global de los términos del tratado, una renegociación orientada por otros criterios y en la perspectiva de un modelo distinto de desarrollo económico nacional. Una renegociación que asuma los puntos anteriores y en general las demandas de amplios sectores de la población. Estos nuevos acuerdos deben tener el mismo peso jurídico que el Tratado de Libre Comercio.
Somos conscientes de que la conducción de una renegociación en estos términos supone la transición a la democracia. Supone un gobierno surgido de la amplia participación ciudadana, en un proceso electoral en que haya una verdadera competencia partidaria en igualdad de condiciones y en el que voto ciudadano sea respetado. Supone un proceso legislativo de ratificación que no excluya a la Cámara de Diputados y por ello la aprobación de las reformas constitucionales que el Partido de la Revolución Democrática ha propuesto a esta soberanía. Supone reformas constitucionales para que tratados de este tipo pasen por la prueba de un referendum sin manipulación y fraude. Sin estas condiciones políticas la reapertura de las negociaciones es un arma de dos filos, ya que puede empeorar aún más el tratado y ceder más en áreas estratégicas.
Si no se logra una renegociación en estos términos, el Partido de la Revolución Democrática votará en contra de su ratificación y pugnará por leyes que aminoren los efectos negativos de dicho tratado. Cuando se logren nuevas condiciones democráticas y un gobierno representativo de la sociedad en su conjunto, pugnará por una nueva renegociación. Sólo si agotadas todas las instancias legales a disposición de México no se logra una buena renegociación el Partido de la Revolución Democrática luchará por su derogación o lo derogará si está en el poder.
Por una política económica alternativa frente a la propuesta de integración subordinada y dependiente que se sustenta en los acuerdos negociados en el Tratado de Libre Comercio.
Cuahutémoc Cárdenas, desde su campaña presidencial en 1988 propuso un programa de gobierno patriótico y nacionalista, y esta posición de defensa de la soberanía nacional fue ratificada en numerosas ocasiones por el Partido de la Revolución Democrática, a partir de su fundación, en México Distrito Federal, el 5 de mayo de 1989.
Consideramos que algunas propuestas programáticas podrían resumirse en los siguientes puntos:
a) Respeto a los derechos humanos y las garantías sociales e individuales que establece la Constitución General de la República, aplicando los postulados del Constituyente de 1917, especialmente en lo relativo al artículo 27 y 123 constitucionales.
b) Rectoría económica del Estado cumpliendo los principios establecidos en el artículo 25 constitucional, buscando, ante todo, el fortalecimiento de la vida democrática de la nación,
"considerando la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo" (artículo 3o. de la Constitución).
c) Planeación democrática para impulsar un "desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía, para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación" (artículo 26 constitucional).
d) Estímulo a la generación de empleos con políticas regionales y sectoriales de fomento económico y construcción de obras de infraestructura.
e) Estricto cumplimiento de la legislación laboral, pugnando, con apego a la Ley, por un aumento sustancial de los salarios reales que les permita recuperar el poder adquisitivo que han perdido en los últimos 17 años, para dar cumplimiento a los dispuesto en el artículo 123 constitucional: "Los salarios mínimos deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos".
f) Estímulo a la inversión nacional, la economía mexicana genera anualmente un ahorro interno bruto de 56 mil millones de dólares, existiendo una disponibilidad neta de ahorro nacional disponible para inversión de alrededor de 30 mil millones de dólares, cifra que podría incrementarse a un nivel cercano al ahorro interno bruto con adecuadas políticas fiscales y financieras. Estos recursos, correctamente canalizados, son la base de un proyecto nacional de desarrollo económico.
g) Racionalización de la política de apertura comercial, subordinándola al interés nacional y a la preservación de sectores productivos vulnerables a la competencia externa restricta.
h) Reconversión industrial y agrícola con estímulos gubernamentales, utilizando la planeación democrática y el gasto federal para impulsar el fortalecimiento del mercado interno, promover el aumento sostenido de nuestras exportaciones, especialmente de empresas de propiedad nacional, con pleno respeto a los derechos sociales y laborales de los trabajadores y protegiendo el medio ambiente. Estimular una política económica integral que permita la recuperación económica y el crecimiento sostenido del producto y del ingreso nacionales, con la concurrencia del sector privado, social y el sector público.
i) Relanzar las negociaciones comerciales multilaterales participando activamente en organismos regionales (Sistema Económico Latino Americano, Asociación Latinoamericana de Integración); en las conferencias de la Organización de las Naciones Unidas, sobre comercio y desarrollo (conocidas como Conferencia de las Naciones Unidas para Comercio y Desarrollo); en el Acuerdo General de Aranceles y Comercio; buscando diversificar nuestros intercambios comerciales y tecnológicos con Europa, la Cuenca del Pacífico y las naciones en vías de desarrollo; sin descuidar la negociación de la agenda bilateral con los Estados Unidos. Revisar, con estricto apego a las disposiciones constitucionales y con la concurrencia del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo Federal, los tratados comerciales internacionales ratificados por nuestro país a fin de renegociar aquellas disposiciones que resulten contrarias al interés nacional, buscando, siempre, preservar la autodeterminación política y económica de México.
j) Defensa del federalismo, la integridad de la República y la soberanía; democratización de la vida nacional; desaparición del régimen de partido de Estado, dando paso a una transición democrática que restablezca el estado de derecho, el respeto al voto ciudadano y la plena vigencia de los principios del Constituyente de 1917.
k) Democratización, racionalización y defensa de la empresa pública, consolidando la rectoría económica del Estado y fortaleciendo el control social sobre la misma, eliminando el cooperativismo y la corrupción.
l) Reforma rural democrática, que permita culminar el reparto agrario y fortalecer la autosuficiencia alimentaria y el desarrollo rural basado en la constitución de sistemas productivos a nivel regional y sectorial. Aumento de la inversión pública en la agricultura y recuperación gradual de la rentabilidad del sector agropecuario con una política integral de aranceles, subsidios, apoyos, precios de garantía, créditos, sistemas de transformación y comercialización y capacitación y extensionismo agrícola, respetando siempre la autogestión campesina y la autodeterminación de los productores rurales (ejidatario, comuneros, grupos étnicos y auténticos pequeños propietarios).
m) Reforma fiscal nacional, que permita reducir cargas impositivas a los grupos de menores ingresos y a la mediana y pequeña empresas
productivas, Simlificación de la legislación y de los procedimientos fiscales para hacerlos sencillos y transparentes, eliminando prácticas arbitrarias e inequitativas. Defensa del federalismo en materia impositiva, fortaleciendo los sistemas de recaudación fiscal en manos de entidades federativas y municipios.
n) Programa de combate a la inflación, con una política que combine el estímulo de una gradual y moderada reactivación económica que estimule oferta de bienes de consumo de producción nacional con la solución de los "cuellos de botella", que se presentan en el sector de bienes intermedios, insumos y bienes de capital.
o) Aumento sustancial del gasto social en educación, salud, vivienda, infraestructura urbana, medio ambiente y protección de los derechos sociales, humanos y laborales.
p) Desarrollo regional, consolidando sistemas agrícolas e industriales en las entidades federativas.
q) Regulación de la inversión extranjera, estimulando proyectos de conversión que permitan transferencias tecnológicas reales y contribuyan a fortalecer el desarrollo tecnológico del país.
r) Política monetaria y cambiaría que permita hacer compatible el crecimiento económico con la estabilidad macroeconómica. Equilibrar, tendencialmente, la balanza de pagos y el gasto público y fortalecer el ahorro interno con un adecuado mecanismo de regulación financiera, en rubros como tasa de interés, emisión monetaria, deuda pública, mercado de valores y en general en el rubro de servicios financieros, regulando el flujo de divisas y su disponibilidad.
Las propuestas programáticas expuestas son algunos elementos para la formulación de una nueva agenda de relaciones económicas internacionales y de una nueva política económica para impulsar una revolución democrática con soberanía, justicia y libertad.
El Presidente: - Se concede el uso de la palabra al diputado Jorge Zermeño Infante, del Partido Acción Nacional.
el diputado Jorge Zermeño Infante: - Señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Para el Partido Acción Nacional las relaciones internacionales deben propiciar el establecimiento de un orden internacional justo que promueva la paz, que respete la soberanía hacia el interior de las naciones, y garantice el respeto y la igualdad en el plano externo para todos los pueblos de la Tierra, dentro de un jurídico que promueva el bien común universal.
El nuevo contexto internacional nos obliga a realizar un análisis serio del papel que México debe desempeñar en el ámbito externo, así como de los profundos cambios realizados en los países del este. El derrumbe de mitos ideológicos del llamado socialismo real, y el surgimiento de un liberalismo voraz, nos lleva a replantearnos la necesidad de fortalecer nuestros valores como nación, frente a un mundo convulsionado por estos cambios, que muchas veces son realizados sin plena conciencia.
Debemos conocer las transformaciones, distinguirlas o por lo menos suponerlas, para que nos sirvan de marco de referencia y entender mejor cuál es la comunidad en la que México está inserto.
En este análisis, debemos tomar en cuenta las tendencias globales, que los son por su extensión, duración y profundidad, como la nueva distensión, que al término de la guerra fría producen nuevas relaciones entre las grandes potencias. Aquí las tensiones internacionales, que son de orden militar, ideológico, económico y político, aunque con la desaparición práctica del bloque socialista como tal, los conceptos de primer mundo o tercero desaparecen, pero no así la pobreza y la explotación.
Surgimiento de una polaridad dominante. Al derrumbarse la clasificación en tres partes del mundo, es evidente que entramos en un proceso de globalización que tiene riesgos peligrosos, donde el país que encabeza la lista de países, no abandona su antiguo proyecto hegemónico, con lo cual se convierte en el gran policía, manteniendo su misma estrategia internacional, basada en un concepto de seguridad y no de la seguridad del mundo.
La determinación de la Suprema Corte de los Estados Unidos de Norteamérica, al permitir el secuestro de personas en otros países, violando flagrantemente la soberanía y los más elementales derechos humanos, y los más elementales derechos humanos, es una clara muestra de esta política, que mereció no sólo la condena de los mexicanos, sino además la condena internacional, incluyendo la de la propia sociedad norteamericana, y el voto en contra, magistralmente razonado, por dos de los cinco magistrados de la Corte de los Estados Unidos.
La llamada Ley Torricelli es otra muestra de esta política intervencionista que no debe permitirse, porque independientemente de que en Cuba se mantenga un gobierno autoritario y dictatorial desde hace más de 30 años, es a los cubanos a quienes corresponde el derecho a decidir su propio destino, y si los Estados Unidos, en ejercicio de su soberanía deciden suspender sus relaciones comerciales con ése o con cualquier otro pueblo de la Tierra, es también su decisión. Lo que no se vale, es pretender imponer y extender a un ámbito de validez internacional, normas de un derecho que no puede ni debe violentar la soberanía de otros estados.
Esto cobra especial relevancia en la medida en que el Gobierno mexicano ha venido celebrando intensas negociaciones que eventualmente pueden concluir con la firma del Tratado Trilateral de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.
Durante la comparecencia en la Cámara de Diputados del secretario Jaime Serra Puche, planteamos nuestra preocupación por los mecanismos pactados para dirimir en forma justa y equitativa las controversias que pudieran surgir con motivo del intercambio comercial, habida cuenta del comportamiento parcial que en este ámbito conocemos.
Por otra parte consideramos positivo el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con El Vaticano, dando término a una etapa de simulación, que fortalece nuestra presencia y relación amistosa con todos los pueblos de la Tierra, especialmente con aquellos estados que por razones culturales están más cercanos al pueblo de México.
Respecto a la afirmación hecha en esta tribuna por el diputado Martín Tavira, del Partido Popular Socialista, en relación a la posición del Partido Acción Nacional frente a la dictadura franquista, queremos preciar que Acción Nacional siempre ha condenado todo tipo de dictaduras, sean el signo que sean. Basta revisar los documentos y las posturas del Partido Acción Nacional, respecto a Franco, a Pinochet, Stalin, Castro, o cualquier otro gorila militar que se haya perpetuado en el poder por medios antidemocráticos.
Nosotros señalamos que precisamente que el denominador común es el régimen dictatorial. Nos hace manifestar nuevamente nuestra posición y nuestra postura profundamente democrática frente a quienes todavía siguen rindiendo culto al stanilismo.
Por otra parte, también nos parece saludable el nuevo manejo que por parte del Ejecutivo se implementó recientemente con la Prensa nacional, respecto a los gastos de traslado, hospedaje, viáticos, y otros que significaban un enorme dispendio y derroche de recursos, que no pueden justificarse, porque además de uniformar la información mediatizando a los reporteros, distorsiona la noble tarea de informar con oportunidad y veracidad.
Esperamos que estas prácticas también se extiendan a las enormes comitivas que en otras épocas eran motivo de asombro y de burla internacional, por el dispendio que mostraban, dignas de cualquier jeque petrolero, como era en la época de Echeverría y López Portillo.
Deseamos que esta intención de sana austeridad, permita una presencia digna y decorosa, tal como corresponde a las relaciones externas de nuestro país.
Señala el titular del ejecutivo, en su Informe, que no hay valor más entrañable, íntimo, o fundamental entre los mexicanos, que tener una patria soberana. Y en Acción Nacional estamos de acuerdo, queremos una patria auténticamente soberana, pero hay que precisar: la soberanía tiene dos características, una que es aspecto interno y es el de contar con un Gobierno propio dentro de la agrupación humana y de mayor jerarquía, que es el Estado, cuyo fin más alto es alcanzar el bien común.
De esta forma, la idea de bien común contiene la idea de soberanía, que significa la existencia de un poder supremo, el cual reside esencial y originariamente en el pueblo.
El derecho que implica dictar y aplicar normas conducentes a la obtención del bien público. El bien público determina la soberanía del Estado, le da sentido y en su límite.
Por otra parte, el aspecto externo, que es el de ser independiente, que significa no estar subordinado aun orden jurídico estatal extraño, y que precisamente por su ser independiente permite la conformación de una comunidad jurídica vinculada por el derecho internacional. Y he aquí el meollo del asunto.
Porque justamente si en el pueblo reside esencial y originalmente la soberanía, resulta especialmente grave el no contar con procesos electorales transparentes y confiables, porque no es posible exigir un orden internacional eficaz, sin que la normalidad política interna de los estados, en
el caso concreto de México, se estructure sobre la vigencia real de los derechos humanos, incluyendo los derechos políticos.
No se puede, no se debe invocar autodeterminación, no intervención para justificar la violación de derechos humanos en contra de los ciudadanos o para cometer injusticias mediante el abuso de la prepotencia política o económica.
por ello, se han proclamado normas y se han creado instituciones internacionales, para asegurar la vigencia de derechos humanos y sancionar su violación. Por ello existe el deber de cooperación a la formación, y fortalecimiento y reconocimiento de dichas instituciones.
Resulta incongruente que mientras México promueva el fortalecimiento de organismos internacionales, por otro lado se desconozcan las recomendaciones de instituciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Pacto de San José, que en uso de nuestra soberanía ya fue incorporado a nuestra legislación.
Es importante que en México asimilemos que se ha dado un cambio mundial en favor de los derechos del ser humano, de los pueblos y de la democracia; que es necesario aceptarlos, asimilarlos y practicarlos, para que en el concierto de naciones seamos más respetables.
Señalamos que uno de los aspectos en los cuales se finca la interacción de las relaciones internacionales en la democracia.
México, en aras de ser congruente en su política exterior, de no perder su protagonismo, de lograr una mejor posición, debe dejar de exportar democracia y mejor hacerla realidad viva, para que nuestra imagen no se deteriore más.
Debemos, como señalaba Vasconcelos, dejar de ser vegetarianos en el extranjero y caníbales en nuestra propia Tierra.
En la nomenclatura moderna de los derechos, se reconocen tres generaciones: los primeros, que son los civiles y políticos; los de la segunda generación, que son los económicos, sociales y culturales, y los de la tercera generación, que son los derechos ecológicos . a la paz, etcétera.
México ha recibido de las Naciones Unidas un reconocimiento por la política gubernamental sobre defensa del medio ambiente, un reconocimiento a un derecho de tercera generación.
En Acción Nacional deseamos que pueda recibir un reconocimiento por la protección, garantía y vigencia de los derechos políticos, que son los de primera generación. So riesgo de ser incongruentes con la protección a derechos que son fundamentales.
Que la lucha por nuestra soberanía y por la reafirmación de nuestro nacionalismo y su preeminencia frente al exterior, no sea excusa para el autoritarismo sino búsqueda y ejemplo de un nuevo orden internacional en el que cada ser humano tenga una vida mejor.
Creemos que nuestra política exterior hacia Iberoamérica, efectivamente ha tenido un papel preponderante, positivo. Las gestiones de paz en diversos países, las acciones diplomáticas para continuar con la Cumbre Iberoamericana y la promoción de diversos acuerdos u organismos multilaterales son prueba de ello, sin embargo nos muestra el trabajo que falta por hacer.
Habremos de aspirar a una Iberoamérica unida en vez de dominada . Habremos de aspirar a una Iberoamérica solidaria.
En Acción Nacional sostenemos también que los cambios que están teniendo lugar en el mundo, hacen necesario el establecimiento de un nuevo orden internacional que responda a las exigencias de bien común universal, de toda la humanidad, donde las relaciones entre países se den dentro de un genuino plano de igualdad. Esto sin que se dejen de reconocer ni de reafirmar las particulares exigencias y valores propios de cada nación.
La solidaridad internacional debe ser tal, que no reduzca la comunidad internacional a la simple coexistencia ni a la simple yuxtaposición de soberanía ni tampoco contemple a las naciones como átomos dispersos. Tampoco que cada soberanía se contemple a sí misma como todo el universo ni como todo el horizonte en una forma autista y tampoco se tenga una visión aldeana del mundo.
La solidaridad internacional, por el contrario, debe promover la integración entre los países bajo el principio de que se pide complementariedad, pero a su vez se presta a colaboración y no la sustitución de la responsabilidad de cada nación por una obligación colectiva.
Se pide la integración considerando a cada país como acreedor de derechos que puede y que tiene que hacer valer, pero que a su vez todos y cada uno de los países al mismo tiempo son
deudores ante el gran acreedor que es la humanidad.
Por lo anterior, consideramos que la política exterior de México debe promover una estructura más democrática e igualitaria en la toma de decisiones en las Naciones Unidas. La creación de organismos regionales multilaterales que con representaciones de pueblo y Gobierno canalicen denuncias, conflictos, situaciones de orden regional como instituciones de primera instancia internacional.
La exigencia de revisar tratados y acuerdos que garanticen la reducción universal de producción, almacenamiento, comercialización y uso de armamento. La proscripción total de las armas nucleares y las pruebas en el aire, suelo, subsuelo y espacio exterior.
En el orden internacional impone nuevos retos de desafíos a la política exterior mexicana, requerimos cambiar. Cambiar actitudes hacia adentro y hacia afuera.
Construir el nuevo orden internacional de concordia, progreso, paz y solidarismo, requiere de congruencia en el decir y en el hacer, así como el respeto de los derechos humanos, la equidad y la justicia. Muchas gracias.
El Presidente: - En seguida en el uso de la palabra el compañero diputado Rodolfo Becerril Straffon del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Rodolfo Becerril Straffon: - Señor Presidente; compañeros diputados:
Inicio mi comentario sobre el capítulo de la Política Exterior del IV Informe Presidencial, subrayando que México ha hecho, diríase ha sido, un enorme esfuerzo por liberar su desarrollo independiente de las fuerzas imperiales que tantas veces lo ha acechado; que ha sido un esfuerzo por autodeterminarse, por ganar su derecho a ser él mismo. De la historia y en la historia aprendimos a ser nosotros y no otros. En las horas favorables, cuando el sol más se esplende o en las adversas, cuando más se fragua, hemos defendido, en apego a nuestros principios consagrados en el artículo 89 nuestros valores fundamentales.
Lo seguimos haciendo, lo seguiremos haciendo con obstinación en las circunstancia de los cambios de fin de siglo, en esta historia azarosa, accidentada y contradictoria en la que se tropiezan muchas certezas, en la que fronteras y referencias nacionales se derrumban, en la que los esquemas de ordenamiento global de la economía benefician a unos, pero dejan insatisfechos a otros, y en la que los desequilibrios de ingreso y bienestar entre países crece.
En esa circunstancia, la globalización sin embargo es un proceso irreversible, por su dinámica, la economía experimenta un viraje decisivo del ámbito nacional al mundo; de ahora en adelante, cualquier país que desee prosperar tendrá que aceptar que la economía mundial configura tendencias y escenarios, y que las políticas nacionales triunfarán si fortalecen o no deterioran su posición competitiva internacional.
Cada economía, cada país sufre en grados distintos y diferentes las presiones y restricciones que emanan de la dinámica económica internacional, pero nada está exento de las implicaciones económicas de estos sesgos y saltos vertiginosos de la mundialización.
Los productos básicos se desvinculan de la industria, la industria del empleo y el comercio no registra, como podría suponerse, una correspondencia cierta con los movimientos de capital. Esa urdimbre densa de estos tiempos complejos, esos cambios y mudanzas son referencia obligada para evaluar los propósitos y alcances de la política exterior mexicana; de los primeros menciono sólo dos por considerar que en esta ocasión adquieren particular relevancia: uno, preservar y fortalecer la soberanía nacional; dos, apoyar el desarrollo económico, político y social del país a partir de una mejor inserción de la nación en el mundo actual. Ambos se retroalimentan, ambos se apoyan mediante la intensificación de las relaciones de México con el mundo que abarca a todos los países y regiones del mundo.
Llevamos a cabo una política diversificada, de ello el Informe da puntual cuenta, tan solo en este año, el Presidente sostuvo 78 encuentros con 62 jefes de Estado. Se podrá decir que algunos fueron de protocolo o cortesía, a lo que habría que señalar que todo encuentro entre mandatarios es importante por la envergadura que ello significa. No los enumero, pero es evidente que ha habido acercamientos y programas de cooperación en niveles sin precedente a lo largo de los últimos 12 años.
Se colaboró en los procesos pacificadores de El Salvador, Guatemala y Colombia. Se establecieron relaciones con 15 nuevos estados independientes y con la Santa Sede. Se tuvo presencia en Europa, se avanzó en el proceso de vinculación con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, se consolidaron
las relaciones con los países del pacífico asiático, se logró la aprobación de la resolución relativa a la cooperación en la lucha contra la pobreza extrema y entre otras, de las muchas plurales y diversificadas realizaciones.
Por lo que toca a nuestra relación con estados Unidos, debe señalarse, aunque sea de perogrullo, que ésta es una relación de suyo compleja, que con frecuencia enfrenta intereses e incluso fricciones.
Nuestra frontera con Estados Unidos, es no sólo un accidente geográfico, es una realidad cultural, social, económica y política, que no se puede ignorar. Por ello, la política exterior ha necesitado encontrar nuevos caminos para seguir garantizando la soberanía de nuestra patria.
La estrategia hoy, como ha sido reiterada en varios documentos oficiales, trata de que los muchos temas de esta rica y compleja relación, no se contaminen unos con otros, ni contaminen a toda la relación. Ello ha permitido que a pesar de las diferencias desarrollemos programas de cooperación positivos en varias áreas. Pero es claro, que un país tan complejo como los Estados Unidos, no se mueve solo por el criterio de la buena vecindad o el de la cooperación. Una muestra en el increíble precedente establecido por la Suprema Corte de Justicia de ese país, que autoriza el secuestro de ciudadanos en otros territorios, para ser enjuiciados en los propios Estados Unidos, hecho que es flagrantemente violatorio de la soberanía de los estados. A ello el país, el Gobierno y la propia Cámara de Diputados, reaccionó con firmeza y sin titubeos, la posición mexicana demandó el respeto irrestricto al orden jurídico interno, así como la revisión de los términos de la cooperación en materia de narcotráfico.
Reaccionó enérgicamente el país ante una clara violación de la soberanía nacional y del derecho internacional. Fue posible concertar algunas diferencias; otras no. A la fecha, no ha habido respuesta satisfactoria a la devolución de los compatriotas que están apresados en el extranjero. Pero obtuvimos escritos de la Casa Blanca y del Departamento de Estado, de que no habría más secuestros y la aceptación de iniciar, como de hecho ocurrió, de inmediato, las negociaciones.
Se ha reconocido que el secuestro transfronterizó, da lugar a la extradición y se aceptó la revisión del tratado sobre la materia. Hubo pues, firmeza y eficacia de nuestra política exterior.
En apego a nuestra tradición, como señalaba hace algunos años, un destacado investigador, concentramos presión sin llegar a la ruptura; anulamos argumentos sin lesionar los canales; supimos esperar y sobre todo, tuvimos vigor para ampliar la capacidad de negociación. No ahora solamente, pero quizá de sobremanera en estos tiempos, la efectividad de la política exterior se ha fundado en la imaginación y en la capacidad de maniobra. Y la necesitamos, sobre todo hoy que la economía, como decíamos y se ha dicho reiteradamente en esta tribuna, se desliza al centro de las preocupaciones prioritarias y al reordenamiento de los mercados económicos mundiales.
Y sobre todo hoy, que la polarización entre países ricos y pobres y el imparable deterioro ecológico, se combinan para crear un clima de temor e inseguridad.
Hubo firmeza y apego a nuestros principios igualmente cuando frente a la amenaza, la convivencia respetuosa entre países soberanos que supone la llamada Ley Torricelli, México afirmó que sostendrá relaciones comerciales con las naciones que más le convengan. Todo intento, señaló la cancillería, de aplicar leyes de un país más allá de sus fronteras, constituye una violación a los principios torales del derecho internacional. Sostenemos, como lo ha hecho el Gobierno, que con Cuba mantendremos nuestra relación invariable en base a principios que establece el artículo 89 constitucional.
La política exterior ha respaldado, por otra parte, la mejor inserción de México en el mundo actual. Ese es el significado del Tratado Trilateral de Libre Comercio. Este respaldo tiene varias vertientes. Las alianzas comerciales no excluyen, sino que obligan aún más a participar en agrupamientos culturales y políticos con las naciones de culturas similares.
De ahí el enorme esfuerzo de vinculación con América Latina, el Tratado Comercial con Chile, el que tenemos pendiente de suscribir con Colombia y Venezuela, los acuerdos marcos en Centroamérica como reiteradamente se señaló en la mañana por mi compañero de fracción González Avelar.
También de ahí el vasto esfuerzo diplomático que supuso la primera y la segunda Cumbre Iberoamericana. Otra vez una clara política de diversificación como elemento vertebral de la política exterior del país.
En las relaciones entre países, el esfuerzo hoy ya no se concentra en los vínculos de Gobierno
a Gobierno. Ahora más que nunca se van creando nexos y flujos incontables, y a veces incontrolables. Estos fenómenos a veces saltan, rebasan la gobernanza de los países y representan un reto para la política exterior que tiene que identificar las nuevas tendencias.
Los procesos de integración mundial tienen retrasos, motores que sufren descomposturas o accidentes de ruta; pero los inexorables. Por eso más que una integración inercial, se requieren acuerdos comerciales que fijen las reglas, que normen los intercambios, que los faciliten, incluso.
El Tratado de Libre Comercio se inscribe por derecho propio en el abanico, en el amplio aspecto de medios que el país está utilizando para continuar siendo comunidad integrada y Estado soberano en el próximo siglo.
En sus orígenes, la idea de soberanía expresó la necesidad de conformar espacios diferenciados de territorialidad, sociedad, economía y cultura.
Durante mucho tiempo los modelos económicos eran cerrados y se basaban en la autosuficiencia y en el autoconsumo.
En nuestro tiempo los procesos son tan complejos que demandan especializaciones concretas y vertientes que van más allá de las fronteras geográficas. En ello descansa, en el fondo, la tendencia, la formación de bloques o alianzas económicas regionales y comerciales.
Son los hechos, los tercos hechos, los que están llevando a actualizar el concepto de soberanía.
El debate no implica que el concepto haya perdido vigencia. La capacidad de autodeterminación es una decisión fundamental, subrayo, fundamental, de México. Pero para orientar el desarrollo político, orientar las instituciones jurídicas, promover y defender la apertura, exige nuevas estrategias y objetivos que sin afectar lo fundamental, garanticen la soberanía y permitan una defensa eficaz del interés nacional.
La política exterior en estos años ha buscado afanosamente la nueva realidad de las relaciones internacionales; los nuevos paradigmas están convirtiéndose de facto, en normas de conducta entre los estados - nación. Quizá obligue a dejar de lado las falsas disyuntivas, como la que se esgrime entre dependencia o independencia. Quizá habría hoy que hablar de una mayor o menor independencia sin desconocer, obviamente, las fuertes y evidentes asimetrías que existen entre los distintos países.
La otra falsa disyuntiva, que ve como antagónicos los principios y el pragmatismo. La sola reiteración de los principios formales no produce las consecuencias concretas esperadas. Sin duda siempre será necesario, y así lo ha hecho el país, reafirmar día con día los valores y principios que han dado consistencia, por muchos años, a la política exterior del país.
Pero igualmente es necesario derivar de esos postulados generales la flexibilidad suficiente para insertarlos en un mundo novedoso y en el cual la negociación y la cercanía económica son fundamentales.
Hoy, la mayor interacción permitirá conciliar algunos objetivos, pero también, qué duda cabe, provocará la aparición de nuevos y quizá más difíciles conflictos. De ahí que junto a una postura firme y a la vez prudente, sea necesario diseñar mecanismos para salvar esos nuevos conflictos.
La protesta automática y solo principista. La confrontación inflexible y la acción inmediatista, que no se propone objetivos de mayor duración, deben quejarse al margen. Parece más razonable encontrar, como se hace, uno a uno los resquicios adecuados para solucionar los múltiples problemas, que no dudamos que existen, internacionales, fortalecer el diálogo y la comunicación y sobre todo insistir en el respecto a las diferencias e intereses particulares. En otras palabras, firmeza y gallardía, pero también audacia constructiva.
Estamos convirtiendo riesgos evidentes en posibilidades manejables de una evolución que ya no sólo nos permita eventualmente saltar del subdesarrollo, sino tener mínimamente una economía en crecimiento.
En unos años que parecen décadas, e inclusive en unos meses que parecen años, muchas cosas han cambiado. Variamos nosotros. Ha pasado en el mundo entero. Ahora se cambia de prisa. Se vive con premura. Se duda.
Nosotros tenemos respuestas. Lo hacemos apoyados en una reserva determinante, una energía capaz de derribar las más firmes barreras: ¡La comprometida memoria de nuestro pueblo¡ ¡El inmenso patriotismo cultural, anterior a toda materia prima! ¡Cultura de resistencia, de vida cotidiana que se expresa en su imaginación creativa!
¡Esa es nuestra fuerza! ¡No podrá ser vencida ni siquiera por nuestros propios medios inmemoriales de traducir en palabras los sueños más recónditos! ¡Nuestra soberanía se defiende en la forma y en los términos que la época moderna solicita! ¡Al mismo tiempo el país activa una política exterior diversificada y una participación decorosa en la economía mundial, con oportunidad y perspicacia; tratando de sacar al país adelante, no de arriesgarlo! Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Gracias, compañeros Becerril Straffon.
Conforme al acuerdo para el análisis del IV Informe de Gobierno, esta Presidencia enviará al titular del Poder ejecutivo las versiones esenográficas de cada una de las intervenciones, en las tres sesiones de análisis, de todos los diputados y de todos los partidos. (Aplausos.)
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
El Presidente: - Tiene la palabra el compañero diputado René Bejarano, para hacer comentarios acerca de la situación y los problemas prevalecientes en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional.
El diputado René Juvenal Bejarano Martínez: - Muchas gracias, señor Presidente, señoras y señores diputados:
El día de hoy se cumplen 19 días de suspensión de labores en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional, que, como todos sabemos, fue fundado en 1935 con la intención de avanzar en la consolidación de la independencia científica y tecnológica de nuestro país, preparando a hijos de obreros y campesinos para estar en la posibilidad de acceder a mejores niveles de desarrollo.
El paro de labores, la forma como ha sido tratado y los peligros que se ciernen sobre esta institución, particularmente sobre la escuela, obligan a nuestro partido, al Partido de la Revolución Democrática, a emitir en esta tribuna una serie de consideraciones que esperamos sean atendidas, desde luego, por los diputados, pero especialmente por quienes tienen responsabilidad en la administración educativa del país, tanto en el Instituto Politécnico Nacional como en la propia Secretaría de Educación Pública.
El paro de labores de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica tiene causas justificadas. Las demandas, el pliego petitorio presentado por la comunidad estudiantil, condensa peticiones justas y hace evidente las dificultades hasta el nivel de crisis en que se encuentra el sistema de educación tecnológico mexicano.
Los estudiantes piden cuestiones que debieran ser resueltas rápidamente y que, sin embargo, no han sido atendidos cabalmente y, por el contrario, han provocado mayores conflictos y mayores tensiones.
Pedir un aumento al presupuesto destinado a la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica es algo completamente justificado. Si lo es en general para las actividades educativas, lo consiste para la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, que no ha sido beneficiada, como debiera ser, de los incrementos relativos al presupuesto que el conjunto de la educación ha tenido en los últimos años.
El deterioro de la enseñanza de la ingeniería en nuestro país, en vísperas del Tratado de Libre Comercio, debiera preocupar a quienes tienen responsabilidad directa en la conducción de los planes y programas de estudio. Debiera preocupar que, como se señala en una publicación hecha por la Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior, se pueda señalar, por ejemplo, que el 67% de los profesores en el sistema de educación tecnológica lo es por horas, que sólo el 25% de los profesores contratados lo es de tiempo completo, es decir, que sumando los de medio tiempo, que son 8% y los contratados por horas, hacen las tres cuartas partes de todos los profesores que no se dedican por ello como debieran a la enseñanza profesional.
Debiera preocupar que el Instituto Politécnico Nacional tenga en su matrícula no sólo un estancamiento, sino un decremento real. No es explicable, no es justificable que de 1990 a 1991, por ejemplo, la matrícula haya descendido, según los propios datos entregados por la Secretaría de Educación Pública, en 2% cuando debiera haber un crecimiento significativo en la cantidad de los profesionales técnicos que debieran estar implicados directamente en actividades productivas.
Preocupa además que los profesores por escolaridad en el Instituto Politécnico Nacional tengan un 22% de pasantes o menos, es decir, que en el Instituto Politécnico Nacional del total de los profesores, hay profesores de licenciatura que son pasantes, esto evidentemente hace necesario un programa de actualización y de contratación diferente que permitiera una mayor calidad de los servicios educativos. ¿Cómo puede ser que los profesores de estas instituciones de educación superior en un 22% sean pasantes?
¿Cómo puede garantizarse un adecuado nivel de la educación si no hay profesores que hayan concluido su información profesional?; claro que esto tiene que ver por otro lado con el problema agudo de los salarios del personal académico del instituto; si en las universidades públicas el salario se ha deteriorado, lo es más en el Instituto Politécnico Nacional, al extremo de que incluso un profesor de asignatura de enseñanza secundaria o un profesor de educación primaria con doble plaza pueda ganar prácticamente lo mismo que un profesor de la enseñanza vocacional, siendo niveles totalmente distintos. Desde luego que no estamos de acuerdo con los salarios de ninguno de los niveles, pero es claro que el salario de los profesores se ha deteriorado significativamente y sobre todo en los últimos años de la administración del actual director general.
Y esto contrasta sin embargo, los aumentos insignificantes o muy pequeños al salario de los profesores con los incrementos a las cuotas de los servicios educativos.
Cuando debatimos la gratuidad de la educación superior, argumentaban que lo señalado en la fracción VII del artículo 3o. no incluía las universidades autónomas porque éstas tenían capacidad para autogobernarse, tener patrimonio propio y conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública poder determinarse su forma de gobierno, no podrán argumentar lo mismo para una institución como el Politécnico que no es autónoma y sin embargo en los últimos tiempos ha venido incrementando considerablemente las cuotas de inscripción a los alumnos. Baste mencionar que en agosto pasado las cuotas de los diversos servicios escolares crecieron en un promedio entre 20 y 30%; pregunto a los diputados del partido oficial si ¿acaso los incrementos aprobados por las autoridades del instituto le corresponden con el texto del Pacto para la estabilidad, la Competividad y el Empleo? ¿Acaso los topes para incrementos salariales contractuales o mínimos fijados en no rebasar un dígito no es aplicable para un servicio educativo? ¿Cómo es que los salarios se incrementen apenas en 8 ó 9% cuando las cuotas que se cobran a los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, la inmensa mayoría de escasos recursos, se eleva apenas en agosto pasado entre el 20 y el 30%? ¿Cómo explicar estos incrementos significativos y la contradicción entre lo aprobado por el pacto restrictivo en contra de algunos y desde luego exagerado en contra de las familias de los estudiantes del Instituto?
Pero si los costos de los servicios educativos se han elevado, no así las instalaciones, los equipamientos para la actividad educativa.
Los estudiantes de la escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, reclaman en su pliego petitorio cuestiones que debieran ser de obvia resolución. Se quiere una lista de adquisiciones que se harían con el incremento en el presupuesto para equipar los laboratorios y la biblioteca; será terriblemente subversivo para quienes han acudido a actitudes intimidatorias, el que los estudiantes reclamen presupuesto para que los laboratorios funcionen y que las bibliotecas tengan el acervo cultural y bibliográfico que necesitan.
Es algo exageradamente subversivo, rompe la estabilidad el que los estudiantes reclamen que los laboratorios están equipados y que no estén como ahora, abandonados, y esto tiene que ver además con la forma como se utiliza el gasto en el Instituto Politécnico Nacional.
Quienes pertenecemos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, hemos podido observar, cuando hay congresos, en la sección X, que la delegación sindical más grande del Instituto Politécnico Nacional, lo es la de oficinas generales, es decir, personal contratado con salarios de profesores o de funcionarios que no desempeñan actividades de investigación o docencia y que tienen un número, la delegación sindical de unos 20 del Instituto Politécnico Nacional de la Sección X, un número de 4 mil en números globales, profesores no vinculados a las tareas educativas.
Esto tiene que ver evidentemente, con que una parte importante de los recursos del Instituto Politécnico Nacional, proveniente del presupuesto federal, no está adecuadamente utilizado; que los salarios que se pagan a los profesores en este grupo no son de la proporción de los salarios que se les pagan a quienes están desempeñando actividades administrativas.
Aproximadamente entre el 35 y el 40% de los profesores del instituto no desempeñan actividades diversas de investigación y docencia. Evidentemente, lo que están haciendo es construirse en una carga pesada para la administración y los gastos de operación del instituto; debiera entonces, antes que empezar a despedir profesores o exigiéndoseles, como lo fue mediante la circular 20 de hace año y medio, que estén más horas frente al grupo; debiera disminuirse la cantidad de personal académico contratado para funciones administrativas distintas a la investigación y la docencia.
La situación entonces en el instituto es grave, y lo es también porque ese instituto padece lacras
que debieran desterrarse de una vez y para siempre. El porrismo es un contrasentido en una institución del saber; es el Instituto Politécnico Nacional, una de las instituciones en donde todavía prevalece esta práctica indeseable.
La Federación de Estudiantes Politécnicos heredera de la tristemente celebre Federación de Estudiantes Técnicos, junto con la organización supuestamente Democrática de Estudiantes y Trabajadores, son verdaderos grupos de presión, armados muchos de ellos, que ilegitimamente ejercen violencia en contra de estudiantes y maestros.
Los últimos tres paros en el Instituto Politécnico Nacional han tenido como detonante la existencia de estos grupos de porros. Dicen las autoridades que ellos no son responsables, lo dijeron en el paro de la Vocacional número dos, de hace casi dos años, que no son responsables de la existencia del porrismo.
Debiera ser responsabilidad de ellos el que no exista un porro más en ninguna institución educativa, pero en realidad el porrismo es la expresión también de un mecanismo rígido de pensamiento que impide una administración de la educación concertada que garantice avances en la educación, en la comunicación y en la convivencia plural en las escuelas.
El tratamiento que se le ha dado al conflicto en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, es por demás inconveniente, tenemos con razón y con justicia que reconocer que en la Cámara de Diputados ha habido la suficiente apertura y la voluntad de diálogo para garantizar que este conflicto se resolviera.
El propio líder de la Cámara, Fernando Ortiz Arana, tuvo que intervenir para establecer el diálogo con el director general del instituto, cuestión que valoramos altamente. Sin embargo, la dirección general del instituto no ha tenido la flexibilidad suficiente y la apertura para garantizar que este problema se resolviera y, por el contrario, se ha venido ejerciendo, mediante diversos mecanismos, presiones que en lugar de ayudar a resolver el problema, lo está agudizando. Así lo es, el que se haya convocado a un supuesto referendum, amenazando a los estudiantes de que si no se presentaban a votar para levantar el paro, perderían el semestre. Resultó que de los más de 7 mil estudiantes que existen en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, sólo se presentaron a votar 1 mil 188, es decir, no consiguieron, aun a pesar de las amenazas, que la mayoría de los estudiantes se pronunciaran en contra del paro de labores.
Ahora, el director de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y eléctrica, Arturo Zepeda Salinas, advirtió a la comunidad estudiantil inconforme, de que se van a levantar actas judiciales y administrativas en contra de los estudiantes inconformes. Actuar así, es actuar irresponsablemente.
Un conflicto que debió haberse resuelto por los canales institucionales, que debió haberse encontrado una solución adecuada, sin necesidad de suspender labores, lleva ya casi 20 días y no sólo eso, sino que amenaza con prolongarse.
El día de hoy, supuestamente, se iba a levantar el paro. No ha sucedido así. Todavía no descartamos la posibilidad de un acuerdo, pero no encontramos de parte de la autoridad voluntad política para hacerlo.
Hay un razonamiento incorrecto de quienes dirigen la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, y que evidentemente comparte la administración de la Secretaría de Educación Pública. Quienes hoy están encargados de la conducción de la Secretaría de Educación Pública, debieran comprender que la sociedad ha venido evolucionando, que los estudiantes, los maestros y los trabajadores, cada vez reclaman mayor participación en la conducción de las actividades educativas; que lo que reclaman los estudiantes, que es diálogo público con las autoridades educativas del instituto, es un reclamo de hace 24 años, que fue una de las consignas importantes del movimiento popular estudiantil de 1968; que no debieran atarse a anacronismos que no ayudan a resolver los conflictos y que por el contrario, los agudizan.
Reclamar diálogo público y compromisos escritos, es algo natural en una comunidad plural; sin embargo la autoridad rehuye y amenaza con sanciones y con represión; que se va a perder el semestre, que se va a encarcelar a los líderes estudiantiles, que se les va a dar de baja de las escuelas. Esa no es una política adecuada. La política del desgaste, además, ya mostró que no es conveniente.
Recordemos que el conflicto en la Universidad de Sonora se prolongó durante varios meses, que los estudiantes caminaron durante mas de tres meses del desierto al zócalo, que tuvieron que plantarse y hacer una huelga de hambre y que tuvo que intervenir el regente de la ciudad, una autoridad no relacionada directamente con la actividad educativa, para que se firmara un convenio con el gobernador del Estado de Sonora y el rector de la Universidad de Sonora para
resolver el conflicto y que la autoridad educativa, el propio Secretario de Educación, estuvo al margen de ello, que argumentó que no había conflicto, que estaba tranquilamente el asunto resuelto en Sonora y que esto era mentira, que esa política de simular diálogo pero no aceptarlo no conviene a la administración de la educación del país; que recientemente en el propio informe de Gobierno, Carlos Salinas señaló que el manejo que se le dio a los conflictos educativos no es el conveniente. Debiera entenderse entonces en la administración de la Secretaría de Educación Pública, que debiera haber un cambio de política, un acercamiento para que los problemas se resuelvan, pero si se acude a polarizar más los conflictos, si se amenaza incluso con la violencia de desalojar a los estudiantes inconformes, no sólo se estará resolviendo un problema, sino se estará extendiendo.
Las demandas de los estudiantes de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica son compartidas por los profesores, por la delegación democrática, por ejemplo de la Escuela Superior de ingeniería Mecánica y Eléctrica de Zacatenco, cuyo secretario general sindical en el profesor Simón Salazar, y que pertenece, como otros muchos más, a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que conocemos la problemática, que el Partido de la Revolución Democrática ha estado atento y que solicita a los integrantes del partido oficial, a las autoridades educativas del instituto y en general de la Secretaría de Educación Pública, a que se instrumente una política distinta, que los estudiantes siempre han estado dispuestos al diálogo, pero que no se les puede exigir rendición o condiciones humillantes, que se les podrá hacer perder un semestre de sus estudios o se les podrá intentar expulsar de las escuelas, pero que eso no resuelve los conflictos, por el contrario, resulta contraproducente para la propia autoridad.
El Partido de la Revolución Democrática, llama a todos los partidos a que busquemos un punto de entendimiento para lograr que en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica se restauren las actividades. Hay condiciones para que los días que no hubo actividades educativas, se repongan con otros días del período vacacional. Si se ejercen los presupuestos adecuadamente, si se equipan los laboratorios, si se fortalecen las bibliotecas, si se mejoran las condiciones de trabajo de los profesores, si se respeta la integridad de la organización estudiantil verdadera, si se acaba con la lacra del porrismo, si se buscan acuerdos concretos, serios y por escrito, hay camino de solución. Por el contrario si se impone la cerrazón y la intolerancia, el conflicto podrá posponerse, pero tarde o temprano se agudizará. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Gracias diputado Bejarano. Ha pedido el uso de la palabra, para rectificar hechos, el diputado José María Téllez Rincón.
El diputado José María Téllez Rincón: - Agradezco, compañero Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Lo que ocurre en el Politécnico nos ocurrió aquí en la Cámara de Diputados.
En alguna ocasión quisimos investigar al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, saber cómo es su funcionamiento, si estaba funcionando bien o mal, y 128 diputados que firmamos porque se llevara a efecto, no se pudo hacer nada.
Esta es la copia fiel de estos asuntos, donde los diálogos se rompen por cosas que nos dejan sorprendidos a todos nosotros. ¿Qué es lo que pide el estudiantado? Pide cosas muy sencillas, dicen muy claro: que se haga un presupuesto de adquisiciones y que se diga cómo se derogan las cuotas de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, y esto no se puede hacer; es tan difícil que se tiene que llegar a los hecho como los que estamos viendo, de que están a punto de perder el semestre todos nuestros compañeros del Politécnico.
Yo sí quisiera pedir desde esta tribuna, la intervención que no sabía de nuestro líder. ¿Qué bueno que esto sea?, porque debemos involucrarnos, compañeros diputados, debemos involucrarnos ya en estas cosas que no deben de seguir siendo en el país. No es posible que una autoridad, por necedad, llegue a la amenaza como lo están haciendo en este momento a nuestros compañeros, para no dar cuentas de cómo se maneja todo el presupuesto del Politécnico.
Esto es grave. Yo sí pediría a nuestro Presidente, que él instará, a través de nuestra Comisión de Educación de la Cámara, que este problema se resuelva de inmediato, y que ya basta, ya basta de todos los funcionarios, compadres de los otros funcionarios que los meten ahí, no por elección, porque nos tocó presencia cómo se hizo, y fue una denominación ahí y una imposición a través de todas estas personas contratadas, que nada tienen que hacer el Politécnico. No permitamos que una institución de esta magnitud se degenere. Pedimos la intervención abierta y determinante de la Cámara, porque es importante, es un problema que no tiene gran
trascendencia, si lo tuviera sería otra cosa, pero es un problema sencillo. Se pide que se den cuenta; se pide que haya materiales en los laboratorios, que no los hay. Esto es grave; y nadie puede decir más que parar esto y llevarlo al porrismo, que todos sabemos, no nos hagamos aquí que ahora qué es lo que hace el porrismo, el porrismo sabemos de dónde viene, quién lo maneja, quién lo paga y por qué lo paga.
Entonces contra esta situación, no permitamos nosotros que una cosa de éstas degenere en una institución tan digna como es el Politécnico, y pido la intervención de la Comisión de Educación para que esto lo paremos de inmediato.
La petición de Ortiz Arana parece que ha sido desoída, me preocupa esto. Apoyamos a nuestro presidente de la Gran Comisión, y le apoyaremos también a nuestra Comisión para que liquide este problema lo más rápido posible. Muchas gracias.
El Presidente: - Gracias, diputado Téllez, seguramente la Comisión de Educación va a tomar cartas en el asunto. El diputado Zorrilla, por favor, tiene el uso de la palabra.
El diputado Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas: - Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Yo recuerdo que hace muchos años alguna corriente, dentro del Instituto Politécnico Nacional pedía, la autonomía para el Politécnico; surgieron voces de maestros y de alumnos, y con mucha razón, dijeron que el Instituto Politécnico Nacional, fiel a su historia, a su tradición, a sus raíces, había ejercido su libertad y le había dado vigencia realmente a su autonomía. Y es cierto, con el espíritu que nació el Politécnico, con su aspiración al dominio de la técnica, para la cultura regeneradora, para la justicia social, para imprimirle un sentido cultural a la práctica política, esa filosofía, esa fidelidad a su historia y a su tradición, había establecido su presencia en México y la ha establecido hasta la fecha.
Quiero decirles que yo he abordado esta tribuna porque no soy ajeno al Instituto Politécnico Nacional, modesto profesor de la Vocacional 5 de la Ciudadela, y modesto fundador de la Vocacional 5 de Jacarandas, y trabajando en el Sistema Abierto de Economía, he sentido como un honor, y permítanme decirlo como gloria, haber estado al servicio de esa institución.
Qué bueno que el Instituto Politécnico Nacional, que los estudiantes de la Escuela Superior de Ingeniería, Mecánica y Eléctrica, ejerciendo su libertad, dándole vigencia a su autonomía no formal, porque se es autónomo frente al Gobierno, pero sí a una autonomía real, han acudido a la Cámara de Diputados, para que este colegio sea intermediario para resolver con conflicto que a todos nosotros, no solamente a la comunidad politécnica, sino a todos los mexicanos, les urge que se resuelva.
Todas las universidades se han apresado a la investigación técnica, a la preparación de los técnicos, pero creo que nadie como el Instituto Politécnico Nacional, y voy a externar este juicio, que a la mejor a algunos les parece temerario, creo que nadie como el Instituto Politécnico Nacional, ha tratado de formar al técnico, al ingeniero, para realmente escoger y tener la posibilidad de una opción tecnológica.
Se ha esforzado para crear técnica, para hacer tecnología, para hacer ciencia, consciente de la realidad científica que vive nuestro país y consciente de las posibilidades frente a la tecnología de punta o frente a los estudios de investigación tecnológica de las sociedades industriales.
Ninguna institución, como el Politécnico, ha entendido que becar, que enviar estudiantes al extranjero, a veces resulta una forma de atraer al imperialismo. ¿Por qué? Porque cuando se manda becado a un estudiante, ese estudiante regresa y si no cuenta con el material para científico, si ese estudiante no tiene la posibilidad de la investigación, no le quedará más al país que adquirir ese material para científico o dejar que este técnico, creado en nuestras universidades, tenga que emigrar para que sea posible la investigación y sea posible que él pueda hacer y cultivar la técnica.
El Instituto Politécnico Nacional, a lo largo de su historia, ha representado esta tendencia nacional, esta tendencia nacionalista; este afán de crear al técnico según nuestras necesidades y para nuestras necesidades; construir al técnico, y que sepa decirnos qué nos es útil y qué nos es perjudicial; qué es útil para el agro, qué es útil para el agro, qué es útil para la industria nacional, y qué es nocivo para el agro y para la industria nacional.
Esta cualidad del Instituto Politécnico Nacional, que debemos resaltarla, que debemos darle la importancia que tiene en la cultura nacional, en la educación superior nacional, debe estar en la conciencia de nosotros, para saber y entender que cuando surge un problema de esta naturaleza en el Instituto Politécnico Nacional, debemos aprestarnos a su pronta solución.
Es triste que las escuelas se cierren, es triste que las aulas de cierren, y es más triste cuando a veces en nuestras instituciones no existen centros de excelencia, bibliotecas o centros de información, que ajenas a los problemas estudiantiles o laborales, sean como columnas vertebrales que conservan la ciencia, la cultura, el estudio constante de nuestras juventudes.
Efectivamente, debe haber una lucha de toda la sociedad mexicana contra ese fenómeno nefasto que se ha llamado el "porrismo". No tiene porqué la fuerza, la inconsciencia, la arbitrariedad o interés netamente personales, atentar contra una institución que está al servicio de la patria y al servicio de la juventud. Una institución que por su misma naturaleza no tiene más fin que crear hombres de ciencia y hombres de cultura para México.
Yo celebro que se haya llegado a la Cámara y que la Cámara pueda ser medidora. Yo celebro que ya miembros de la Comisión de Educación hayan estado platicando con estudiantes y autoridades para que pronto encontremos la solución. El Instituto Politécnico Nacional sigue siendo una realidad y una esperanza.
Muchos de nuestros jóvenes venidos de los pueblos, de la rancherías, han estudiado en ese Instituto. Yo les quiero manifestar una experiencia: siendo Coordinador del Instituto Indigenista en Chiapas, todos los economistas y todos los que hacían trabajos de planeación en los centros indigenistas de Chiapas, de Oaxaca, de Chihuahua y de otras partes del país, eran economistas egresados del Instituto Politécnico Nacional.
Son los hombres metidos en las comunidades. Son hombres que junto al servicio técnico y especializado llevan el mensaje en el servicio social. Son hombres con una conciencia popular regeneradora. ¡Vamos a trabajar por el Politécnico! ¡Qué bueno que la Cámara de Diputados sea intermediaria y esperemos que mañana próximamente esté resuelto este problema, que no debe aquejar más a la juventud estudiosa de México! Muchas gracias.
El Presidente: - Debido al interés que ha manifestado esta Cámara de Diputados por contribuir a resolver los problemas de la Escuela Superior de Ingeniería, Mecánica y Eléctrica, de acuerdo con lo que aquí se ha planteado, le pedimos a la Comisión de Educación, con base a la versión estenográfica que proporcionará el Departamento de Estenografía, que tome las medidas necesarias, decida las acciones, para hacer esta contribución que a todos nos beneficiaría. Muchas gracias.
ESTADO DE SINALOA
El Presidente: - En seguida, tiene el uso de la palabra el compañero José de Jesús González Reyes, del Partido Acción Nacional, para hacer comentarios sobre la situación electoral en Sinaloa.
El diputado José de Jesús González Reyes: - Gracias señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
He solicitado la palabra en virtud de que tuve la oportunidad de acudir como observador a la contienda electoral el día de ayer en el Estado de Sinaloa, específicamente en el municipio de Navolato. Y también porque considero que éste puede ser presentado como ejemplo ilustrativo de los mecanismos que se utilizaron en el Estado de Sinaloa para violentar de manera evidente la voluntad popular en esa entidad federativa.
Solamente voy a citar algunos de estos casos por respeto al tiempo de los compañeros diputados. No haré una relación exhaustiva peso si expondré información comprobable escogida de un conjunto de irregularidades que muestran lo que fueron los comicios en Navolato en el Estado de Sinaloa.
En primero lugar, en el muestreo realizado antes de las elecciones, se encontró en las secciones investigadas que en los listados nominales había ciudadanos registrados que no vivían en esas demarcaciones, o si había vivido hacía mucho tiempo que se ausentaron. También había electores registrados que ya habían fallecido.
Una posterior revisión de la lista de los que votaron, mostró que hubo quienes sufragaron a nombre de esos electores fantasmas aparecidos en los listados y cuya inexistencia en fácil de probar si existiera la voluntad de hacer una investigación seria y responsable.
Pero el sistema no se conformó con inflar el listado antes de las elecciones, hay casos comprobables de que el listado que obró en poder de los presidentes de casillas fue cambiado durante el transcurso del proceso, es decir, el que se utilizó en las casillas no coincidió con el que había sido entregado a los representantes de los partidos políticos.
Por otra parte, las maniobras señaladas tuvieron eficacia porque la tinta utilizada en las casillas para marcar el pulgar de los votantes no fue indeleble, si a ello agregamos que más del 50% de las casillas de Navolato nunca se entregó esta famosa tinta, convenida anteriormente por los partidos políticos ante el Consejo Estatal Electoral.
En otro porcentaje menor de casillas, la tinta fue entregada después de las 13.00 horas lo que dio tiempo y lugar a sufragar más de una vez con varias credenciales.
Debo hacer notar que por lo menos en 25 casillas se puede demostrar, con las actas de instalación y cierre, que hubo aperturas tardías y cierres prematuro y cito solamente algunos ejemplos. La casilla 159 abrió a las 9.20 horas y cerró, sin motivo justificado, a las 5.10 de la tarde. La casilla 156 cerró a las 5.30 horas; la casilla 147 abrió a las 11.20 horas; la casilla 146 abrió a las 14.40; la casilla 142 cerró a las 3.00 de la tarde con sólo 39 ciudadanos que habían sufragado de un padrón que tiene 108 ciudadanos.
Además, resulta escandaloso que haya habido casillas donde los votos para el Partido Revolucionario Institucional superaron el número de los electores que según las actas, habían sufragado. Lo anterior denota que el número de votos del Partido Revolucionario Institucional evidentemente fue alterado.
Otros ejemplos que fueron obtenidos de una revisión objetiva de las actas y por tanto comprobables, son los siguientes: en la casilla 33 votaron 151 electores y sólo el Partido Revolucionario Institucional tiene acreditados en esa misma casilla 250 votos; en la casilla 51 votaron 109 electores, el Partido Revolucionario Institucional aparece con 269 votos; en la casilla 96 votaron 167 electores, el Partido Revolucionario Institucional aparece en las actas con 341 votos; en la casilla 136 sólo votaron 34 y al Partido Revolucionario Institucional se le acreditaron 65 sufragios. Esto es sólo por mencionar algunos ejemplos.
En conclusión, compañeros diputados y después de una revisión indulgente, con amplio margen de comprensión a la posibilidad de errores humanos, nos indica que hay irregularidades serias en 45 de las 145 casillas revisadas hasta ayer por la noche, de un total de 182 casillas. Esto significa el 24% del total; porcentaje suficiente para que proceda la anulación de la elección en el municipio de Navolato. Navolato es el ejemplo de los que sucedió en Sinaloa. En Navolato estuvieron presentes la maldad, el inmovilismo, la resistencia al cambio que son los lastres que frenan el avance y la transición a la democracia; estos lastre son los que debemos superar para abrir nuevos caminos al México que todos queremos.
Dejamos constancia de nuestra más enérgica protesta, y reclamamos de las autoridades competentes la inmediata aplicación de la Ley. Muchas gracias.
El Presidente: - Gracias diputado González. Ha pedido el uso de la palabra sobre la misma situación de Sinaloa en cuanto a las elecciones del último domingo, el diputado Juan Sigfrido Millán.
El diputado Juan Sigfrido Millán Lizárraga: - Con su permiso, señor Presidente, compañeras, compañeros diputados:
En relación con el proceso electoral en el Estado de Sinaloa, es conveniente expresar algunos comentarios:
En primer lugar, merece reconocimiento el intenso trabajo realizado por el Partido Acción Nacional. Su preparación para participar en la contienda electoral de 1992, no tiene procedente. Formaron estructuras partidistas de municipios donde anteriormente no contaban con simpatizantes que dieran la cara para representar al Partido Acción Nacional; lograron registrar candidatos a presidentes municipales, regidores y diputados, en los 18 municipios y los 23 distritos del Estados de Sinaloa.
Los candidatos realizaron una campaña digna de mejor suerte. El candidato del Partido Acción Nacional, Emilio Goicochea Luna, según su propio balance de campaña, recorrió seis veces, todas las localidades del Estado y algo más, muy importante: por primera vez en la historia de las contiendas políticas en Sinaloa, el Partido Acción Nacional logró acreditar representantes en todas las casillas electorales, los que fueron reforzados por lo que llamaron "el ejército declaraciones de la democracia". Este, integrado, según declaraciones de prominentes panistas, por 12 mil ciudadanos; tres por cada casilla electoral, para cuidar la limpieza del proceso de votación. Y lo consiguieron. La elección se efectuó en un marco de tranquilidad y elevada civilidad. Fue buena. Lo reconocemos, la aportación del Partido Acción Nacional para que no se manchara la jornada electoral.
Además de que se puso a prueba una nueva Ley electoral que los representantes de todos los partidos aprobaron y calificaron como la más avanzada del país. Los resultados de la votación, con datos oficiales, expresan la tendencia irreversible, de la preferencia de los electores. Y ésta marca una diferencia de 20 mil votos a favor del candidato del Partido Revolucionario Institucional. ¿Sería mucho esperar que en Sinaloa se repitiera el ejemplo que en Chihuahua dio el Partido Revolucionario Institucional, donde a las pocas horas de concluida la votación, se reconoció el triunfo del Partido Acción Nacional y ahora Acción Nacional reconociera el claro triunfo del Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa?
Poner en duda los resultados y traer a esta tribuna un relato de supuestas irregularidades, pues tal vez se explique como táctica de partido; pero esta línea de conducta, no podemos dejar de mencionarlo, es una práctica irrespetuosa, que ofende a varios de miles de ciudadanos que con buena fe, muchos de ellos miembros del Partido Acción Nacional, se dedicaron con alto sentido de responsabilidad, a cumplir como funcionarios de casillas, a representar candidatos y partidos y son el más importante testimonio, además de los documentos que firmaron, de una jornada electoral en la que cientos de miles de ciudadanos participaron con su voto, muchos de ellos, más que con una actitud de rechazo a candidatos o partidos, con el ánimo de que con su voto contribuyen no sólo a construir un Sinaloa mejor en el futuro cercano, sino también, a presentar el rostro de una entidad que quiere dirimir sus controversias por los cauces legales practicando la democracia.
Los ciudadanos que participaron en la contienda política representando a todos los partidos merecen respeto y reconocimiento por la entrega que demostraron; la intensidad de sus campañas, buscando el triunfo sin discursos ofensivos; pero el proceso electoral tuvo su momento culminante ayer 8 de noviembre, y los ciudadanos dieron su veredicto en favor del Partido Revolucionario Institucional, y esta decisión de los sinaloenses tiene que respetarse. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra sobre el mismo asunto, el diputado Jorge Calderón, por favor.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: - Con su permiso, señor Presidente:
De manera concisa, estimados compañeros legisladores, presentaré algunas consideraciones sobre el proceso electoral de Sinaloa el día de ayer.
Cuando intervenimos sobre este punto, el pasado jueves, aludimos a un estudio sobre el padrón electoral. El hecho es que según este estudio, para ser exactos, 213 mil 689 ciudadanos no recibieron su credencial de elector; es decir, casi el 17%. Pero este porcentaje se hace particularmente sospechoso si observamos que el 93.4% de los ciudadanos que no recibieron su credencial de elector se sitúan en municipios de alto desarrollo urbano: Culiacán, Ahome, Guasave, Mazatlán, Salvador, Alvarado, Navolato. Y tres municipio serranos, con difíciles condiciones de acceso a las poblaciones, tuvieron un porcentaje de empadronamiento mayor al 100%.
Quienes somos sinaloenses, y particularmente un servidor de ustedes, que proviene de la región de Elota y Cosalá, sabemos que las zonas serranas de Elora y Cosalá son de muy difícil acceso. Y resulta sospechoso que regiones de muy difícil acceso, donde hay enormes conflictos de caciquismo y de otro tipo, ligados, incluso a fenómenos de delincuencia y otros más, tengan porcentajes en donde el número de empadronados es mayor a la población adulta en edad de votar. Este es el caso, repito, de Cosalá, Choix y Mocorito.
El caso más grave es el de Culiacán, donde casi el 40% de los ciudadanos del municipio de Culiacán en edad de votar, no recibieron su credencial de elector por muy diversas vías. Pero este 40% representa casi el total de la votación que el principal partido político de oposición de Culiacán recibió, en este caso el Partido Acción Nacional.
Guasave también tuvo un alto porcentaje de ciudadanos que no recibieron su credencial de elector cuando en Guasave, desde hace años, el Partido de la Revolución Democrática ha sido la fuerza más destacada de oposición en ese municipio.
Hago este comentario porque además de las irregularidades que ya han sido denunciadas aquí por el compañero diputado que intervino, del Partido Acción Nacional, quizá la más grave irregularidad fue la que se dio meses antes, en la manipulación del padrón electoral.
Cuando el Partido de la Revolución Democrática durante el Informe Presidencial enarboló una exigencia de padrón electoral confiable, no lo hicimos por un deseo de alterar solamente por tal o cual motivo el desarrollo de esto, sino
porque consideramos que en estados como Michoacán, Zacatecas, Veracruz y Oaxaca y en otros más: Guanajuato y San Luis Potosí, éste ha sido uno de los métodos fundamentales de alternación de la voluntad popular. Y Sinaloa no fue la excepción.
Este es un estudio que hizo, como dije, Cuauhtémoc Rivera, Coordinador del Centro de Estudio de la Sociedad Mexicana.
A esto se añade el testimonio que ayer pudimos recabar, de manera directa, en Elota y Mazatlán, de instalación tardía de casillas electorales, de ausencia de tinta indeleble y de ausencia de mecanismos para perforar las credenciales de elector. Todos sabemos que si un elector carece de la señal de que ya votó y carece de este procedimiento, que indica que con esa credencial ya votó, puede desplazarse a una casilla extraordinaria y votar por el gobernador o puede, de una u otra forma, alterar la voluntad ciudadana cuando no hay un procedimiento imparcial de verificación del padrón.
Pero hay un punto más que quisiera presentar y es el hecho de que un equipo de investigadores de la Universidad de Sinaloa junto con Cuauhtémoc Rivera detectó decenas de miles de irregularidades de padrón, lo cual significa que sobre la lista nominal había decenas de miles, particularmente en Culiacán de ciudadanos que no existían. Punto. No existían, eran ciudadanos que no coincidían con el domicilio o con identidad específica que pudiera ser constatada.
Si a esto añadimos otras irregularidades, nos enfrentamos a un escenario electoral particularmente plagado de situaciones que consideramos violatorias a la Ley.
De manera directa en diferentes puntos de Mazatlán observé, entre 11:00 y 12:00 del día, casillas que no habían sido instaladas, particularmente en la Colonia Sánchez Celis y otras colonias populares. Percibí acciones, digámoslo, para no llamarle "acarreo" de movilización de votantes, de traslado de votantes, para votar en distintas casillas electorales. Y en distintos casos, particularmente en la zona serrana del municipio de Elota, zonas de muy difícil acceso, con población extremadamente dispersa, donde la población aún requiere usar caballo o mula para trasladarse a la población principal, encontramos porcentaje de votación de hasta el 100% del padrón electoral; con el 100% de votantes a favor del Partido Revolucionario Institucional.
Este es el caso de poblados como Chirimole, Rincón de Ivonía, Paredón Colorado, Portezuelo y otros más, en el propio municipio de Elota.
Y en cambio encontramos que en la cabecera, urbanizada, el porcentaje de participación electoral, aunque alto, osciló alrededor de 60%. La mayoría de los votos de la propia cabecera electoral de Elota fueron para el Partido de la Revolución Democrática. Mientras que en los municipios serranos encontramos numerosas casillas de 100% de votos para el Partido Revolucionario Institucional y de casi la totalidad o la totalidad del padrón electoral inscrito en las listas votando de manera completa.
Entonces encontramos, pues, "casillas zapato". Y nuevamente, como en 1988, se dan casos en que la zona serrana de Chiapas recordaremos había votaciones del 100% de electores y el 100% por el Partido Revolucionario Institucional.
Entonces hay situaciones que permiten sostener, con esto termino, que la jornada electoral estuvo plagada de irregularidades.
Y en Guasave, hemos recibido información directa, particularmente de nuestro candidato a presidente municipal de Guasave, Juan Figueroa, de que el Partido de la Revolución Democrática, conjuntamente con otras fuerzas, está solicitando la anulación de todo el proceso electoral. Tenemos evidencias de que credenciales no entregadas, se usaron para votar por personas a quienes no correspondían esas credenciales. Evidencias de que en Guasave hubo expulsión de representantes del Partido de la Revolución Democrática de casillas electorales. Autorización de sufragios sin credenciales o con credenciales viejas.
Igual que en Mazatlán y otras partes, falta de tinta indeleble. Falta de perforación de credenciales e intimidación policiaca.
Miembros del Partido de la Revolución Democrática intentaron expresar su protesta frente al palacio municipal y fueron desalojados por 300 elementos policiacos y antimotines, en un clima ya de intimidación.
Por lo anteriormente expuesto y por muchas otras evidencias que no voy en este momento a detallar, consideramos que el proceso electoral no fue limpio, no fue transparente e impidió que se expresara la voluntad popular. Y estaremos en diálogo con las fuerzas democráticas del Estado de Sinaloa y con el pueblo de Sinaloa, para obrar, en consecuencia, en los próximos días,
en los mecanismo de impugnación de procesos electorales y en exigencia de elecciones limpias o de anulación de procesos electorales, que consideramos, en que se ha violado la voluntad del pueblo de Sinaloa. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Gracias, compañero diputado Calderón.
Tiene la palabra sobre el mismo asunto el diputado Esteban Zamora.
El diputado Esteban Zamora Camacho: - Señor Presidente, compañeras y compañeros:
Tiene razón Juan Millán, Sinaloa merece mejor suerte. (Aplausos.)
Sinaloa no merece el atraco de que acaba de ser víctima. Los ciudadanos sinaloenses no merecen el atropello de sus derechos. Los sinaloenses, y de eso venimos clamando desde hace mucho tiempo, merecen una vida mejor, un auténtico respeto a su libertad, un clima de tranquilidad, un ambiente de trabajo y no la falsificación, el desorden, la violencia en que hemos estado sumidos durante muchos años y a la que ahora se le agrega un elemento nuevo que viene a aumentar la angustia, el resentimiento y la desunión entre los sinaloenses, porque ¡el fraude electoral acaba con la concordia!, ¡el fraude electoral extermina la paz!, ¡el fraude electoral acaba con el ambiente de concertación y de trabajo que debería de existir en un Estado como Sinaloa, que en un tiempo le daba mucho a México y que ha perdido los primeros lugares que ostentó en producción, en productividad y en trabajo, y que ahora difícilmente trata de remontar los efectos de la crisis y de una política económica equivocada del Gobierno Federal y de los gobiernos locales¡
Ciertamente, Sinaloa merece mejor suerte, pero no va a mejorar su suerte con la falsificación y con el escamoteo de los elementos que hicieron falta para lograr unas elecciones limpias, que todos deseábamos y que Sinaloa necesitaba para reencauzarse en la normalidad tan esperada durante tanto tiempo.
Y hay un elemento clave que embona con el resto de los mecanismos de falsificación, y es el de la tinta supuestamente indeleble. La falta de tinta indeleble, la burla, el escarnio de llevar un líquido amarillento que desaparecía con sólo frotarlo con un papel, sin necesidad siquiera de lavarse las manos, era el eslabón que estaba en el centro del triángulo maligno de la complicidad que escenificaron, por una parte, el partido del Gobierno, el Consejo Estatal Electoral y el Registro Federal de Electores. La falta de tinta indeleble, y aquí lo señalo Jesús González, abría la posibilidad de que se pudiera votar con un puño de credenciales falsas repartidas por quienes son los dueños de la maquinita de imprimir credenciales cuantas veces quisieran, mientras hubiera rufianes dispuestos a prestarse a la maniobra con pobres miserables que para matar el hambre aceptaron los 50 mil o 75 mil pesos que se les pagaban por votar por el partido del Gobierno. (Aplausos)
Y que no se diga, que no se diga aquí porque no tiene razón, que hemos venido a hablar de supuestas irregularidades, la falta de tinta indeleble quedó plenamente documentada en las actas de las sesión del Consejo Electoral del viernes.
A riesgo de extenderse un poco para conocimiento de esta Asamblea, debo relatar que los representantes del Partido Revolucionario Institucional - Gobierno en el Consejo Electoral ya sabía lo que les esperaba en esa sesión, rompieron el quórum, se salieron acompañados de los representantes del cucurrum ese, que es el que les hace los trabajos sucios, pero tuvieron que volver a la sesión porque las elecciones estaban encima y tenían que hacerse algunos trámites de urgencia.
En esa sesión del Consejo, no tuvieron más remedio porque la evidencia se les echó encima, de admitir que la tinta indeleble no era tal y de acordar la sustitución de la tinta; eso fue el viernes, se tuvo toda la tarde del viernes, todo el día sábado para hacerse la sustitución, pero no se hizo, el domingo al abrirse las casillas, muchas de ellas extemporáneamente, estaba la misma tinta inservible en las mesas donde se recogía la votación, eso también se puede demostrar porque los representantes de los partidos independientes pidieron que se asentara en las actas de muchas de las casillas y solamente en la medida en que los ciudadanos presionaron, fue paulatinamente abasteciéndose de tinta de mejor calidad, las casillas electorales algunas veces a medio día, otras en la tarde, otras sin retirar la tinta que no servía para guardarla ahí para los usos a que diera lugar y ustedes saben cuáles son, y en otras ocasiones mezclando la buena tinta con la mala tinta.
Este fue un eslabón de unión de perversidad de voluntades dispuestas a asesinar a la democracia y a conspirar contra la mejor suerte que
merece Sinaloa. Y lo denunciamos aquí la semana pasada y ha lugar a repetirlo.
Se calcula, en base a promedios, que aproximadamente 100 mil credenciales falsas, y esto nos da una idea de la ventaja que dicen que el Partido Revolucionario Institucional sacó sobre Acción Nacional en las elecciones, circularon en Sinaloa el domingo. ¿Porque 100 mil¿ El número se deriva del promedio de los ciudadanos inflados en cada casilla y multiplicado por la totalidad de las secciones electorales; pero lo de las credenciales falsas es solamente otro factor del fraude hormiga que con un puño de votos falsos aquí y otro más allá, se multiplicó hasta desfigurar el verdadero perfil de los resultados electorales.
Hay otra información que no nos las pueden tachar de falsa; contamos con un documento notarial en el cual se certifica que las firmas, por favor pongan atención, las firmas que aparecen en los documentos que amparan el recibo de credenciales por parte de quienes se supone debieron haber sido sus titulares, no son iguales a las firmas que aparecen en el documento en el que se solicitó la inscripción de esas ciudadanos en el padrón electoral.
Es decir, unas personas fueron las que pidieron su inscripción y otras las que recibieron sus credenciales, tenemos pruebas; muestras si ustedes quieren, pero como decía mi compañero Jesús González, si existirá la voluntad de una investigación a fondo, que se debe hacer si se quiere realmente salvar el prestigio del sistema político, prestigio por otra parte tan averiado y tan entredicho, si se quiere rescatar y represtigiar el sistema político mexicano, debería de ahondarse en las pruebas que estamos ofreciendo.
Entonces pues, muchos ciudadanos no recibieron sus credenciales y les fueron entregadas a votantes fantasmas. Decía una señora de mi tierra que los fantasmas no existen, ah pero que asustan, asustan.
Los fantasmas electores desde luego, son personas que no existieron... los que están gritando allá que se suban a la tribuna. Ya sabía que la broza priísta se iba alborotar porque (Aplausos.)
Cuando se les refriegan las evidencias en las narices, lo único que saben es chiflar y gritar. Que vengan a razonar aquí y demostrarme que no tengo razón. (Aplausos.)
Entonces, pues, los fantasmas electorales son ciudadanos que no existen pero cómo hacen daño, cómo deforman la realidad, cómo atropellan los derechos de un pueblo, cómo vulneran la democracia, cómo conspiran contra esa mejor suerte que dice Juan Millán y yo lo afirmo, que Sinaloa merece vivir en un Estado democrático. (Aplausos.)
Hay muchos otros elementos, ya irán saliendo, los traía anotados pero en gracia a la brevedad, los dejo de momento, pero hay un elemento muy serio. El candidato del Partido Revolucionario Institucional, el que dicen ahora que ganó gracias a la voluntad electoral sinaloense que hemos demostrado y podemos demostrar, seguir aportando más pruebas, fue agredida en las elecciones, ese candidato al que tratan de imponer, no como gobernador electo por el pueblo, sino como virrey enviado por el Gobierno del centro, no tenía derecho ni siquiera a votar en las elecciones de Sinaloa. Vamos a ver por qué.
La Constitución del Estado concede la ciudadanía sinaloense a los nacidos en cualquier lugar de la República, que tengan dos años de vivir en Sinaloa, siempre y cuando no hayan manifestado su deseo de mantener su ciudadanía original. Es el caso del candidato del Partido Revolucionario Institucional, en principio no nació en Sinaloa, vivió más de dos años, no manifestó su deseo de conservar su ciudadanía guanajuatense, pero se pierde de más de dos años de residir fuera del Estado.
Es cierto, la Constitución misma establece una excepción, no es causa de pérdida de la ciudadanía sinaloense el haber salido del Estado para estudiar o para desempeñar un trabajo con la Federación en representación del Estado, de los municipios o de las entidades paraestatales, pero eso es para conservar el derecho a votar; para ser gobernador del Estado, la Constitución sinaloense es más específica, exige 10 años de residencia efectiva en el Estado, los cuales no se dieron.
Por otra parte, aunque quiera interpretarse en forma muy forzada la Constitución de Sinaloa y suplir la residencia efectiva con la ciudadanía adquirida por vecindad, el hecho es que con un documento expedido por el mismo Partido Revolucionario Institucional, un trípico que se repartió profusamente durante la costosísima y derrochadora campaña del candidato a gobernador, se asienta por aquí entre los datos personales del candidato, que este señor fue delegado general del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Jalisco durante los años de 1982 a 1985.
Entonces pues sí el argumento para mantener su ciudadanía, no la residencia efectiva, que evidentemente nunca la tuvo, la ciudadanía sinaloense, era que andaba de chambista desde que se recibió hasta el momento actual, y que trabajó siempre para la Federación, el municipio o la banca oficial, al menos, y esto ya sería un cinismo inaudito, que los priístas quieran admitir que su partido es un paraestatal, una empresa descentralizada del Gobierno Federal, obviamente este señor no fue burócrata y a pesar de que ha sido chambista toda su vida, en ese tiempo no sirvió ni a la Federación, ni al Estado, ni a ningún municipio de Sinaloa.
Esos tres años que fue representante delegado del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Jalisco, es obvio, tampoco tuvo residencia en el Estado de Sinaloa, vivió en una suite de Hotel Camino Real, como todos los otros delegados que mandaba el Partido Revolucionario Institucional al Estado de Jalisco, y cuyos gastos eran pagados por el Gobierno del Estado.
Entonces pues, la violación es evidente, la burla es monstruosa, el escarnio es inadmisible. El Estado de Sinaloa una vez más, como sabe hacerlo, se ha puesto de pie.
En ese momento, por lo menos en Culiacán, que es de donde estoy enterado, y quizá en otras ciudades del Estado, de están reuniendo los ciudadanos en levantada actitud de exigencia a que se les respete su derecho.
En este momento, frente al atrio de Catedral, luz de tradición y escenario de las luchas cívicas más gallardas que ha librado el pueblo sinaloense en los últimos años, se está levantando la voz de protesta, y como advirtió admonitoriamente Manuel Clouthier, esto ya nadie lo detiene. Sinaloa está de pie, Sinaloa junto con los otros estados, cuyos derechos fueron vulnerados el pasado domingo, Sinaloa con Puebla, con Tamaulipas, se levantará en una trilogía de voces libertarias, para exigir respeto a sus derechos. Muchas gracias. (Aplausos).
El Presidente: - Gracias compañero Zamora. Tiene la palabra el diputado Víctor Manuel Gandarilla.
El diputado Víctor Manuel Gandarilla Carrasco: - Señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Hemos escuchado con mucha atención y mucho respeto al diputado y paisano mío Jorge Calderón, del Partido de la Revolución Democrática, a Esteban Zamora Camacho, del Partido Acción Nacional. Han planteado ellos aquí en esta tribuna, la más alta tribuna del país, lo que desde su punto de vista ha sucedido en Sinaloa en este proceso electoral.
Si algún proceso electoral se ha preparado con mucho cuidado, con mucha vigilancia de parte de todos los partidos políticos, a partir de la aprobación de una nueva Ley electoral en Sinaloa, una Ley electoral que es ejemplar en todo el país; contamos con un padrón electoral diputado y revisado por los partidos políticos con mucha anticipación, con apoyo de la Comisión Estatal Electoral en Sinaloa. Tuvieron terminales de computadoras para revisar todo el padrón electoral, y prueba de ello que el día de las elecciones, el pasado domingo, los representantes de los partidos políticos, de muchas casillas representando a Acción Nacional, tenían copias del padrón electoral. ¡Que bueno! Esto no es malo que los partidos políticos tengan la información fiel de quiénes son los ciudadanos empadronados y quiénes son los que tienen derecho a emitir su sufragio.
Urnas transparentes, y representantes de todos los partidos políticos, pero en mayor cantidad de Acción Nacional. No solamente el Partido Acción Nacional acreditó dos representantes propietarios y suplentes, sino también auxiliaron en la tarea de vigilar el proceso los observadores electorales, que aquí mencionó el señor diputado Juan Sigfrido Millán, de Sinaloa.
Y qué bueno que participaron muchos sinaloenses en este proceso electoral para garantizar su limpieza, para garantizar su transparencia y evitar desviaciones que pudieran permitir fraudes electorales.
Yo creo, compañeros, que tenemos que ir asumiendo una nueva responsabilidad quienes tenemos la misión encomendada por los ciudadanos, de desarrollar la actividad política electoral en un partido.
En este proceso en Sinaloa, los partidos políticos tuvieron a la mano, y los tienen, copias de las actas de escrutinio, que es un instrumento político válido de pleno derecho, que debe evitar cualquier manipulación poselectoral.
Ahora con la nueva Ley nos va a permitir que en un plazo no mayor a 48 horas, plazo máximo, conocer el resultado electoral en Sinaloa; además
de que el día de hoy ya recibimos, como anoche tuvimos también información parcial del resultado, informando del cómputo de las casillas de acuerdo con la información proporcionada de los consejos distritales electorales de Sinaloa.
Tenemos boletas electorales que por primera vez llevan impreso el número de la sección a la que corresponde y la casilla, para aparentar mayor confiabilidad y seguridad en su manejo.
El procedimiento para integrar las mesas directivas de las casillas fue de doble sorteo de las listas nominales de electores; contamos con presidentes, secretarios y escrutadores selectos, conforme a una nueva Ley que tomó en cuenta aptitudes y conocimientos para ser funcionarios de casilla, y de los cuales muchos, muchos presidentes de casilla, muchos secretarios y muchos escrutadores, son miembros de Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática y de todos los partidos políticos que participaron en esta contienda electoral, y por supuesto también miembros del Partido Revolucionario Institucional, que fueron objeto de insaculación por el procedimiento que estableció el Consejo Estatal Electoral.
Aquí se ha hablado de una serie de señalamientos muy graves que merecen respuesta de nuestro partido. Se habla de que 100 mil, 100 mil sinaloenses quedaron fuera del padrón electoral; se habla de que hay fantasmas electorales. Los únicos fantasmas electorales que tuvo nuestro partido en el pasado proceso electora, y los fantasmas que tuvieron todos los partidos, fueron los sinaloenses, que fueron a votar por la preferencia de su partido político. Y, merecen respeto los sinaloenses, no son fantasmas electorales, son hombres de carne y hueso. (Aplausos.)
Yo creo que, aquí se han hecho afirmaciones muy temerarias, al afirmar que nuestro partido, el día de la elección, anduvo volanteando y movilizando electores para votar por nuestro partido.
Todo esto que se afirma hay que probarlo, y hay que probarlo ante las instancias electorales, que son los órganos competentes para conocer del resultado y de las irregularidades durante un proceso electoral.
Se ha señalado, también que ha habido, hubo en el proceso, expulsión de representantes de partidos políticos; de que hubo actos de violencia; de que el proceso no fue limpio ni transparente; de que fue enviado, utilizando calificativos no recomendables de un legislador respetuoso, virrey a Sinaloa.
Yo creo, compañeras y compañeros diputados, que participamos en un proceso electoral ejemplar, con una Ley que garantiza la limpieza de la elección.
Los resultados de la votación deben ser oficiales y dados a conocer por las autoridades electorales y no por los partidos.
Los resultados que hemos dado a conocer los partidos políticos, incluyendo a Acción Nacional, son parciales y deben ser confirmados por el Tribunal Estatal Electoral, ya que este Tribunal es la instancia para resolver impugnaciones que de ser procedentes restan votos.
El domingo 15 de noviembre se realiza el cómputo distrital o municipal de toda la elección.
Para el 15 de noviembre los candidatos a presidentes municipales y diputado local que obtengan más votos, logran constancia de mayoría. Estas constancias deben ser confirmadas o revocadas por el tribunal, al resolver las impugnaciones hechas valer por los partidos en contra de estas elecciones. El día 19 de noviembre, es el cómputo oficial de la elección de gobernador y diputado de representación proporcional, en sesión del Consejo Estatal Electoral.
Yo creo que, tenemos un calendario, fechas para actos y para resolver problemas de hechos impugnados que, desde el punto de vista de los partidos, sean irregularidades que deban ser conocimiento de los órganos competentes para resolver lo procedente, conforme a la Ley Electoral.
El fraude debe comprobarse con pruebas; no con expresiones verbales, no con protagonismos personales.
Estamos ante miles de funcionarios de casillas, que fueron muchos paisanos nuestros, ante muchos miles de representantes de los partidos políticos, que firmaron las actas de instalación,
luego el acta de escrutinio. Y señalaron ahí las irregularidades también, las que se pudieron haber presentado durante proceso electoral.
Nosotros, en nuestro partido, el Partido Revolucionario, como seguramente lo tienen los demás partidos, tenemos copias de las actas de escrutinio, cuando menos, del 83% en este momento, del total de las 3 mil 917 casillas que se
instalaron en Sinaloa. Y hasta ahora la información parcial que arrojan las actas, no estamos inventando cifras, estamos recogiendo documentos donde vienen las cifras firmadas por los funcionarios de casillas y por los representantes de los partidos.
Y ahí nos dice que en el 83% de las casillas, de lo cual tenemos documentos probatorios, el Partido Acción Nacional lleva 161 mil 817 votos, El Partido de la Revolución Democrática tiene hasta ahora 22 mil 794 votos y que nuestro partido, el Partido Revolucionario Institucional, tiene acreditados con actas, con documentos electorales, 285 mil 936 votos a favor de los candidatos a gobernador, a presidentes municipales y a diputados locales, y ésos no son fantasmas electorales. (Aplausos.)
Yo creo que la política, las campañas políticas despiertan pasiones, pasiones humanas, porque la contienda despierta entusiasmo y deseos de participación, de defender sus principios cada quien, sus posiciones ideológicas, de hacer la mejor oferta a la ciudadanía.
Yo reconozco que en esta ocasión, los partidos políticos, como Acción Nacional, han crecido en regiones donde antes tenían muy pocos votos. En esta elección muchos municipios que antes ni siquiera registraban candidatos presidentes municipales y diputados locales, ahora registraron en todo el estado y tuvieron votos, muchos votos también tuvieron, pero más tuvimos nosotros, por eso consideramos la tendencia favorable del triunfo que fue legítimo en el pasado 8 de noviembre.
Yo quiero decirles finalmente a ustedes, compañeras y compañeros diputados, que en Sinaloa los sinaloenses no queremos la violencia. Los sinaloenses hemos padecido la violencia de los problemas derivados del narcotráfico, a nuestro Estado le preocupa la violencia, nos preocupa a los sinaloenses, no solamente a los de mi partido, a todos los ciudadanos de todos los partidos, no queremos la violencia. Y no es cierto, como aquí se afirmó, que había violencia en este proceso electoral; un hecho lo registra a 500 metros de un acto político de otro, de Acción Nacional, miles de militantes de Acción Nacional y muchos más miles de nuestro partido estábamos cerca, a 500 metros de distancia y a la misma hora y el mismo día. ¿Y qué pasó?, no pasó nada, acudieron a sus mítines, los ciudadanos terminaron su acto y pacíficamente regresaron a sus casas, no hubo ningún enfrentamiento; hay que reconocer que ha habido madurez política en Sinaloa en esta campaña culminó con este proceso del 8 de noviembre. Ha habido respeto, creo que ha sido una campaña que tenemos que seguir los sinaloenses y los mexicanos, exponer nuestras ideas, discutir, enfrentarnos, exponer nuestras ideas, discutir, enfrentarnos dialécticamente, pero no iniciar nunca al enfrentamiento estéril a los ciudadanos y menos a una población tan delicada como es la sociedad sinaloense.
Yo quiero que reciban esta información, que es la información que me corresponde dar también a mí, a un diputado de la fracción mayoritaria a la que se le ha criticado durante el pasado proceso electoral de resultado de Sinaloa. Tenemos que afirmar lo que corresponda afirmar o negar lo que tenemos que hacerlo, porque tenemos ese derecho, como es el derecho de los de más que respetamos. Pero Renato Vega, el candidato de nuestro partido, hoy candidato con tendencia mayoritaria al triunfo, para ser gobernador de Sinaloa, no es ningún desconocido; Esteban Zamora, somos paisanos, él es de Argüey de Angostura, y yo soy de Culiacán.
Renato Vega Alvarado, efectivamente, por una razón del destino, las circunstancias, nació fuera de su Estado, pero ¿de quién es hijo?, de Renato Vega Amador, un militar acreditado que a los seis meses de nacido regresó a su tierra a Sinaloa y vivió en Villa Unión, una sindicatura del municipio de Mazatlán, vivió en Culiacán, en muchas partes donde su padre era jefe militar; un hombre con arraigo en Sinaloa, que estudió la primaria en la Escuela "Alvaro Obregón"; la secundaria; la preparatoria y los estudios universitarios en la Universidad de Sinaloa, casado con sinaloense; hijo de padres sinaloenses, de abuelos sinaloenses, de tatarabuelos sinaloenses, de una generación que es muy larga, de mucha trayectoria en Sinaloa, de una mujer sinaloense; todos sus hijos nacieron en Sinaloa, en los Mochis y en Culiacán.
¿Que es el arraigo?, el arraigo, puede mucha gente nacer en Sinaloa, hay muchos sinaloenses que han nacido en Sinaloa, pero solamente la conocen cuando van a comer sus productos regionales: el chilorio o el queso; no ha sufrido el calor, no conocen el Estado, no tienen vivencias, son sinaloenses a control remoto.
Renato Vega es un sinaloense orgulloso de su origen, habla como sinaloense y actúa como sinaloense; no tiene, que yo sepa, otra forma de expresarse que no sea la de un auténtico hombre del Estado. Y aquí se ha dicho que el partido inventa candidatos. Yo creo, con todo respeto, que tiene su trayectoria; los demás contendientes difícilmente reúnen la experiencia, la capacidad
y el largo servicio público, del cual yo no me siento avergonzado de haber apoyado en las urnas a Renato Vega. No sentimos vergüenza los sinaloenses, porque ha sido servidor público, ha desempeñado puestos muy importantes en la Federación, sirviendo a los sinaloenses y jamás, que yo sepa, porque si hubiera una duda, así de ese tamaño, muy pequeña, de la honorabilidad, de la honestidad de Renato Vega, ya hubiera sido informado a la opinión pública.
De lo que debe sentirse orgulloso Renato Vega, de los puestos que han desempeñado, es de su honestidad como servidor público y su lealtad por servir siempre a los sinaloenses.
Una campaña muy buena en Sinaloa, dieron todos los partidos. Buena oferta hizo cada quien y los sinaloenses se expresaron, se manifestaron y votaron y eligieron gobernador en Sinaloa para los próximos seis años, presidentes municipales y diputados locales. ¡Ni modo!, ¿qué quieren, pues?, ganamos porque tenemos la confianza de todos los sinaloenses.
El Presidente: - Para rectificar hechos, tiene la palabra el compañero Esteban Zamora.
El diputado Esteban Zamora Camacho: - Señor Presidente, compañeras y compañeros:
Hemos escuchado la larga disquisición, los prolongados rodeos del diputado que me antecedió en la tribuna.
Y se referirme a muchas cosas. Y de lo que hemos señalado como impugnación comprobable, al proceso que acaba de vivir nuestro Estado, eso no lo tocó. Se refirió en los que le pareció más vistoso, más lucidor, más demagógico. Pero las cuestiones de fondo no las tocó.
Aquí denunciamos que por una omisión deliberada de las autoridades electorales, no se usó tinta indeleble. Eso está documentado, se puede comprobar. Aquí se dijo que hay irregularidades comprobables en el padrón. Me referí a documentos notariales que demuestran que hubo credenciales que no fueron recibidas por las personas a las que pertenecían. Y todo esto no se contestó. Y no son señalamientos ni irresponsables ni temerarios, sino hechos comprobables documentalmente.
Quien quiso refutar los cargos que hemos presentado aquí, apela a las actas. Y tiene razón. Pero las actas no son los únicos documentos que hacen prueba en este proceso que todavía no termina. Y nos hablan de una Ley ejemplar, puede ser que la Ley en Sinaloa sea muy buena, pudiera ser... lo voy a decir en subjuntivo y quizá hasta en condicional. Pero la mejor Ley del mundo no sirve para maldita sea la cosa, y en este caso la voluntad de aplicarla, y en este caso la voluntad que se manifestó, fue de violentarla.
Y se nos quiere convertir en convalidadores forzados del proceso, diciendo que Acción Nacional tuvo representantes en mayor cantidad que los del Partido Revolucionario Institucional y es cierto que tuvo más vigilantes, que este proceso fue vigilado por más personas y es cierto, pues precisamente por eso tenemos los pelos en la mano, precisamente porque no descuidamos la vigilancia, precisamente porque solicitamos al Gobierno terminales de computadora. No nos proporcionó todas las que habíamos pedido, se tuvieron que conseguir más para poder hacer el trabajo necesario, porque estuvimos dentro del centro de cómputo a pesar de que estuvieron bloqueando todas nuestras solicitudes de información, porque nos metimos por el resquicio que nos fue posible, es la razón por la que tenemos argumentos y datos. Tiene razón el diputado que me antecedió. Vigilamos mejor que nadie; estuvimos presentes, revisamos y gracias a esa revisión, se presentó una denuncia de que sólo en el municipio de Culiacán había habido más de 20 mil irregularidades.
Y que no retuerza mis palabras, que no me acuse de llamar fantasmas a los sinaloenses de carne y hueso, que no me responsabilice de faltar al respeto a los ciudadanos que acudieron a votar. Ya lo sabe que no me refería a estos, sino a los ciudadanos inventados por la confabulación entre el Partido Revolucionario Institucional, las autoridades electorales y los funcionarios desleales del Registro Federal de Electores.
Se habló de muchas cosas...
El Presidente: - Perdón. Le pido, señor diputado, que redondee su idea; y le terminó su tiempo.
El diputado Esteban Zamora Camacho: - Sí, con mucho gusto, señor Presidente.
Para referirme solamente a que habló de lo que le gustó, de los que quiso, de lo que no venía al caso y de los que sí venía; pero dejó por fuera un asunto fundamental: la inelegibilidad del candidato del Partido Revolucionario Institucional. Y apeló a la historia familiar, nos enseño el árbol genealógico del candidato, nos dijo cómo hablaba el candidato, nos dijo qué comía el candidato, nos dijo dónde ha
vivido, pero no demostró que es elegible. Y es cierto, faltan instancias para redondear el proceso, pero la inelegibilidad no quita votos como se nos vino a decir aquí, sino que inhabilita. Eso no se contestó, como no se contestaron los otros cargos que fundamentalmente se han hecho desde esta tribuna.
(Voces): ¡Tiempo! Tiempo
Termino, pues. El proceso no ha terminado, y si se ha apelado al testimonio de gente que votó, de gente que fueron funcionarios de casilla, de ciudadanos que fueron representantes, quiero decirles que esas personas, precisamente esas personas, están reunidas en este momento frente al atrio de la Catedral de Culiacán, para hacer ante la historia y ante la conciencia de Sinaloa, el juicio a las autoridades desleales que están intentando torcer la voluntad del pueblo sinaloense. Muchas gracias. (Aplausos.)
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar (desde su curul): - ¡Señor Presidente¡ Pido la palabra para hechos.
El Presidente: - ¿Con qué objeto?, compañero Calderón...
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar (desde su curul): - Para hechos.
El Presidente: - Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Calderón, por cinco minutos.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: - Con su venia, señor Presidente, estimados compañeros legisladores:
No son afirmaciones irresponsables las nuestras, cuando sostuvimos que había un elevado porcentaje de ciudadanos sinaloenses excluidos del padrón electoral. Las cifras oficiales es que sin tomar en cuenta esta investigación que hizo el investigador Cuauhtémoc Rivera, 161 mil ciudadanos quedaron excluidos del padrón electoral; fue reconocido en los órganos electorales del Estado de Sinaloa. Pero con investigación posterior se precisó que el número de ciudadanos fue de 213 mil 689. ¡No es una afirmación que demos al azar!
Y le damos importancia a esto, porque ningún proceso electoral puede ser limpio cuando hay casos, repito, como el de Culiacán, en donde casi el 40% de los ciudadanos de ese municipio no pudieron votar porque no tuvieron su credencial de elector y no estaban inscritos en las listas nominales.
Y en el caso de Guasave, en donde nuestro candidato Juan Figueroa dio una batalla ejemplar a lo largo de varios meses por ganar el apoyo de la ciudadanía, alrededor del 18.9% de la población de Guasave no pudo votar. Y esto representa, evidentemente, una anulación de un derecho ciudadano elemental, por el que seguiremos luchando en cada contienda electoral, tanto estatal como federal. El que cada mexicano, hombre o mujer en edad de votar, tenga su credencial, esté inscrito en el padrón y pueda ejercer plenamente sus derechos constitucionales.
Lo decimos con fundamento y lo hemos documentado y lo llevaremos a los órganos electorales competentes, conjuntamente con otras fuerzas políticas del Estado de Sinaloa.
Otro punto tiene qué ver con el problema de la violencia. Compañeros nuestros en Guasave se manifestaron en protesta por lo que ellos consideran un gigantesco cúmulo de irregularidades electorales, y no fueron ellos quienes incitaron a la violencia; ellos fueron agredidos por la policía y por grupos antimotines. Ellos ejercían un derecho pacífico de manifestación y fueron atacados por la fuerza pública, violando los más elementales, repito, derechos constitucionales.
Otro punto tiene qué ver con las irregularidades en materia de instalación de casillas. No son afirmaciones irresponsables. Notarios Públicos de Mazatlán acompañaron, tenemos entendido, a representantes del Partido Acción Nacional y también a representantes de nuestro partido, para dar fe de numerosas irregularidades en lo relativo a lo que aquí se dijo. Tinta indeleble, que no era tal. Proceso de perforación de credenciales, que no resultó válido. Y lo que se refiere a que en numerosas casillas no se presentaron ni los titulares de funcionarios de casilla ni los suplentes y hubo que habilitar a personas, de tal manera que hasta las 11.00, 12.00 ó 1.00 de la tarde estaba iniciando sus actividades diferentes casillas.
Lo que sostuve de los pueblos serranos de Elota, está documentado y están presentándose en este momento los recursos de protesta correspondientes. Estamos siguiendo estrictamente todos los pasos legales y tengo entendido que otras fuerzas políticas sinaloenses también lo están haciendo.
Vamos a agotar, como lo hicimos en Michoacán, como lo hemos hecho en Oaxaca, en Veracruz, en Tabasco, en San Luis Potosí y en todos los demás estados, todas las instancias legales
pertinentes a fin de que se reconozcan nuestros votos.
Y al igual que la lucha ejemplar que dio Salvador Nava en San Luis Potosí, el problema no es aquí una batalla de números contra números en ciertas actas electorales. Un acta electoral de una casilla sólo no es válida cuando no hay irregularidades fundadas que permitan cuestionar esa casilla. Pero en estos casos numerosas casillas de Sinaloa tienen irregularidades electorales y serán los órganos electorales que ojalá actúen con imparcialidad los que puedan calificar estos procesos electorales.
Agotaremos, repito, todos los procesos legales.
Tenemos evidencia documentada también, en el caso de Guasave, de expulsión de nuestros representantes de casillas. Y tenemos evidencia de intimidación . Personalmente estuve en una casilla de Mazatlán, donde la representante del Partido de la Revolución Democrática, una joven de 19 años, era presionada sicológicamente en lo que se refería a su defensa de la normatividad y legislación electoral. No hacemos, pues, estas afirmaciones.
Terminaré diciendo que la lucha ciudadana sinaloense y de otros estados de la República apenas empieza. No es un problema de cifras y que por lo tanto sólo puede reflejarse el respeto al voto cuando además de una Ley electoral buena, cuando además de un padrón electoral confiable, hay voluntad política para hacer respetar la Ley y hacer respetar la Constitución. ¡Y en esta lucha seguiremos con el pueblo sinaloense! Gracias.
El Presidente: - Gracias, diputado Calderón.
Ruego a la Secretaría continúe con los asuntos pendientes.
El secretario José Socorro Velázquez Hernández: - Se han agotado los asuntos en cartera de la sesión pública, señor Presidente.
El diputado Víctor Manuel Gandarilla Carrasco: (desde su curul) Señor presidente, pido la palabra para hechos.
El Presidente - Están agotados los asuntos, señor diputado... Bien, no lo hizo de manera que se pudiera notar. Por favor, tiene usted la palabra, para rectificar hechos, por cinco minutos.
El diputado Víctor Manuel Gandarilla Carrasco: - Señor presidente: Creo que no voy a utilizar los cinco minutos, van a ser mucho menos. Lo único que quiero es hacer unas precisiones, rápido, porque aquí se dijo que quedaron sin contestar algunos cuestionamientos y simplemente los quiero hacer porque debe quedar claro que si no hablamos de la elegibilidad señalada aquí en esta tribuna del candidato de nuestro partido a gobernador de Sinaloa, fue porque esto ya fue resuelto en las instancias correspondientes, en la Comisión Estatal Electoral, el recurso promovido por Acción Nacional ante el Tribunal Estatal Electoral confirmó la resolución de este Consejo Estatal Electoral y que en gran medida tomó en cuenta lo establecido en la Constitución Política del Estado, fundamentalmente en ella, y, sobre todo, los elementos probatorios que demuestran del arraigo de nuestro candidato, de la residencia acreditada del candidato de nuestro partido.
Creo que con esto doy respuesta al señalamiento que hizo.
Y luego se refirió a la tinta indeleble. Efectivamente, Acción Nacional lo sabe y también el Partido de la Revolución Democrática, porque fue resuelto en sesiones de la Comisión Estatal Electoral. Hubo señalamiento de Acción Nacional, manifestó su inconformidad por la calidad de la tinta indeleble, llamada "tinta electoral", la cual originó en un acuerdo de la Comisión Estatal, consensada con todos los partidos, obligara a hacer compras de tinta indeleble que garantizara que permaneciera permanentemente en el dedo durante mucho tiempo, para evitar que pudiera presentarse el votar en otra casilla.
Esta tinta indeleble color violeta, que fue utilizada en la gran mayoría de las casillas de todo el Estado, pero también la tinta amarilla, las dos, que ya estaban en poder de los propios presidentes de casilla junto con el paquete electoral, es decir, no retiraron la tinta amarilla, la dejaron, lo que agregaron fue la otra tinta y que fue utilizada en todo el proceso electoral de Sinaloa.
Es cierto, muchas casillas no llegaron a tiempo, sobre todo las de Culiacán, por el problema de que no fue entregado por los proveedores la tinta, y Acción Nacional lo sabe perfectamente bien, porque a su tiempo fue informado quién era el proveedor, y que por el retraso en su distribución hubo problemas para que llegara a algunas casillas en el Estado.
Pero, lo más importante, con esta vigilancia electoral que hubo en Sinaloa, que aquí ha sido ratificado una vez más en su intervención, del
señor diputado Esteban Zamora, la vigilancia más estrecha que ha habido en los últimos años, funcionarios de casilla, representantes de partido que aquí lo ha dicho, que con holgura, con amplitud, hubo más número de representantes de su partido, qué bueno, y además los observadores del ejército de la democracia que incluía hasta niños para vigilar que los electores sufragaran y fueran contando uno por uno los ciudadanos que se presentaran a votar para que se pudiera evitar el llamado fraude electoral.
Creo, no tengo intención de debatir mucho menos insultar a nadie, no era mi propósito ni ha sido mi propósito, pero sí quiero dejar bien sentado, bien claro, lo siguiente. Creo que la tribuna tenemos que usarla argumentando las razones con firmeza, no deja uno de ser hombre por el hecho de ser caballeroso y ser respetuoso, pero yo creo con todo respeto lo digo, que la forma en que se ha conducido el diputado Esteban Zamora en esta tribuna, ha dejado mucho que desear, se lo digo sinceramente, no es el lenguaje de los tiempos nuevos, no es la expresión de su partido, un partido que ha sido respetuoso al hacer uso de esta tribuna. Yo lo invito compañero Esteban Zamora Camacho de que mantengamos el nivel de discusión, de que planteemos permanentemente nuestras propuestas con razones y que sean las razones, las argumentaciones y no las ofensas como las que recibieron mis compañeros en la sesión pasada y que hizo uso de la palabra a la cual no tuve la oportunidad de estar presente y en el que llamó con calificativos degradantes a la mayoría de la diputación priísta de esta Cámara, por eso espero que el nivel parlamentario de esta Cámara cada día se fortalezca para tenernos cada día el fortalecimiento de mayor respeto entre todos los mexicanos. (Aplausos.)
El Presidente: - Gracias compañero. Para rectificar hechos el compañero Zamora Camacho.
El diputado Esteban Zamora Camacho: - Compañeros diputados, yo no tengo ningún empacho en retirar lo que real o supuestamente les haya parecido ofensivo a diputados de piel demasiado sensible; sin embargo, insisto que lo que realmente es ofensivo es la mentira y la falsificación y en este tiempo breve para alusiones personales me voy a referir al capítulo de confesiones que ha venido a hacer aquí el diputado Gandarilla, espero que no le parezca ofensivo pero él vino a confesar en primer lugar que en las casillas se quedaron los dos frascos de tinta, la amarilla y la violeta y desde luego se utilizaron conforme convenía según el caso, una confesión; otra confesión y con esto termino, no lejos de rebatir el argumento de que el candidato del Partido Revolucionario Institucional no es elegible, él nos ha dicho de los años de servicio público y creo que esto es una confesión de parte.
Esos 10 años de servicio público no se interrumpen al menos que los priístas admitan y confiesen que su partido es una paraestatal. Muchas gracias.
El Presidente: - El diputado González Durán, para rectificar hechos, por favor.
El diputado Carlos González Durán: - Con su venia, señor Presidente, honorable Asamblea.
Una cosa es el parlamento y otra cosa es el teatro parlamentario. Una cosa son las elecciones verdaderas y otra cosa son las falsas elecciones. Hoy, la vida pública nacional reclama autenticidad en las dos direcciones: autenticidad del parlamento y autenticidad de las elecciones.
¿A qué me refiero?. Las funciones que corresponden por su ser al parlamento mexicano son las siguientes: En primer lugar en un foro de opinión pública, es el espacio en el que se presentan las demandas sociales, donde se puede dar curso a la deliberación y a la definición de la política nacional interior y exterior.
La segunda función es el control político y administrativo del Gobierno y de sus instancias; la siguiente son los cambios legislativos; la siguiente es la función de tribunal de juicio político; la siguiente es la expresión de voluntad nacional; la siguiente es el curso de los principios del proceso educativo nacional; la siguiente es la intermediación entre mayorías y minorías, no hay parlamento si hay una dictadura de mayorías a minorías o de minorías a mayorías.
Dictadura la hay cuando hay opresión, cuando hay cerrazón, cuando no se accede al debate y se aceptan razones, porque la esencial función de un parlamento es razonar conjuntamente, de buena fe, reconociendo evidencias y descartando falsedades y errores.
También tiene este parlamento la función de legitimación o deslegitimación de un régimen político; tiene un función de pacificación para que se haga posible la situación de gobernabilidad y también tiene la función de ser el órgano presupuestal y de vigilancia del gasto público.
Pues bien, en este conjunto de funciones hay muchas funciones que no son impedidas. Basta
ver que este salón no tiene aquellos brazos que acercaban al pueblo a los diputados. Allá afuera hay una verja alta que clausura la entrada del pueblo, la espaciosa estancia que tenemos de vestíbulo, no tiene un solo sitio para sentarse y que pudiera ser el lugar de espera para los diputados.
Hay un conjunto de condiciones propias del mismo edificio que son impropias para el acercamiento deliberativo y las funciones y el trabajo propio de comisiones y su libre comunicación con el pueblo.
Desde el punto de vista de esta inautenticidad, todavía seguimos aferrados a un tipo de informe que tiene todos estos vicios; es subordinante entre el trato entre poderes, debiendo existir un respeto recíproco y coordinación. Se sigue desarrollando con rigidez sacramental. ritual, porque hasta se nos pidió que guardáramos silencio.
Hay aquí una serie de intromisiones. Ya anteriormente el partido denunció la intromisión militar.
Es razonable que el Ejecutivo vaya acompañado de un personal de seguridad, pero no es razonable que a este recinto que es republicano y civil, se movilicen todas las fuerzas armadas.
Por otra parte...
El Presidente: -Diputado Durán, se le acabó el tiempo, le rogamos redondee lo que quiere usted plantear. Gracias.
El diputado Carlos González Durán: - Voy a terminar. La separación clerical que violenta la separación de iglesia y Estado; las preguntas hay que darle curso a esto, las preguntas o interpelaciones no deben ser con falta de respeto deben ser escritas y el número de ellas debe ser en función de los interrogantes; uno, varios diputados o todo un partido, deben tener amplitud de cuestionar.
Las deliberaciones deben darse, pero aquí no venimos a hacer un muro de lamentaciones, nada más a decir cada uno su queja. Aquí venimos a parlamentar quiere decir transitar en la racionalidad del logro social, y ese logro social supone todos estos requisitos; una iniciativa asociada y vigilante, un pensar por si mismo, un expresarse con sinceridad, un trato de benevolencia, un hablar sólo el tiempo necesario, una comunicación personalizada, un autoexamen de los problemas y una instancia que es la instancia de la conciencia nacional.
Nosotros requerimos autenticidad, autenticidad en las elecciones, porque ya conocemos todo ese catálogo del voto despojado, del voto intentado, del voto viciado, del voto embolado. Requerimos autenticidad republicana y democrática, las mismas voces sensatas del Partido Revolucionario Institucional así lo expresan. Acerquémonos al pueblo, ésa es la autenticidad republicana. Es todo.
El Presidente: - Gracias, compañero diputado González Durán.
Le ruego a la Secretaría continúe con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DÍA
El secretario José Socorro Velázquez Hernández: - Se han agotado los asuntos en cartera, señor Presidente. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión pública.
Primer Período de Sesiones Ordinarias.- Segundo Año.- LV Legislatura. Orden del día
10 de noviembre de 1992.
Lectura del Acta de la sesión anterior.
Dictamen de primera lectura.
De la Comisión de Asuntos Hidráulicos con proyecto de Ley de Aguas Nacionales.
Presentación por el ciudadano doctor Pedro Aspe Armella, Secretario de Hacienda y Crédito Público, de las leyes de Ingresos y Presupuestos de Egresos de la Federación y del Distrito Federal, para el Ejercicio Fiscal de 1993.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.
El Presidente (a las 20.40 horas): - Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar mañana martes 10 de noviembre a las 11.00 horas, en la que comparecerá el doctor Pedro Aspe Armella, Secretario de Hacienda y Crédito Público, para presentar las iniciativas fiscales. Para el efecto, compañeras y compañeros legisladores, se designan para recibir al Secretario de Hacienda y Crédito Público e introducirlo al recinto a los siguientes diputados: José Luis Canales de la Vega, Alfredo Lujambio Rafols, Demetrio Hernández Pérez, Cecilia Soto
González, Héctor Ramírez Cuéllar, Laura Pavón Jaramillo y Pablo Casas Jaime.
Para acompañarlo en el momento que desee retirarse, a los siguientes diputados Jorge René Flores Solano, Arturo Torres del Valle, Eberto Croda Rodríguez, Adolfo Kunz Bolaños, Héctor Morquecho Rivera, Layda Elena Sansores San Román y Samuel Fernández Ávila. Muchas gracias, compañeras y compañeros.