Legislatura LV - Año II - Período Ordinario - Fecha 19921118 - Número de Diario 9
(L55A2P1oN009F19921118.xml)Núm. Diario: 9ENCABEZADO
LV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO de los DEBATES
DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de segunda clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
María de los Ángeles Moreno Uriegas
PALACIO LEGISLATIVO
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Héctor de Antuñano y Lora
AÑO II México, D.F., miércoles 18 de noviembre de 1992 No. 9
SUMARIO
ASISTENCIA
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
INVITACIÓN
Del Departamento del Distrito Federal, al acto cívico conmemorativo del LXX aniversario luctuoso de Ricardo Flores Magón. Se designa comisión para representar a la Cámara de Diputados.
SOLICITUD DE LICENCIA
Se da cuenta con la solicitud de licencia del diputado Mariano Carreón Girón. Se aprueba.
COMUNICACIÓN
Del Congreso del Estado de Durango. Se turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
INICIATIVA DE DIPUTADOS
LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS
Presentada por el diputado Jesús González Gortázar. Se turna a las comisiones unidas de Seguridad Social y de la Defensa Nacional.
MINUTA DE LA COLEGISLADORA
LEY MONETARIA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso b, del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos y se señalan las características de la moneda de veinte pesos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
LEY FORESTAL
De las comisiones unidas de Bosques y Selvas y de Ecología y Medio Ambiente, con proyecto de Ley Forestal.
CONDECORACIÓN
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Gustavo Petricioli, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Chile. Es de primera lectura.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
Se somete a la consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Jaime José Serra Puche, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Reino de Bélgica. Es de segunda lectura.
Para referirse a este dictamen, se concede el uso de la palabra a los diputados:
Héctor Morquecho Rivera, en contra
Blanca Ruth Esponda Espinosa, en pro.
Francisco Hernández Juárez, en contra.
Eloy Cantú Segovia, en pro.
Se aprueba en votación económica. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Cuatro, de la Comisión de Gobernación y Puntos constitucionales, con proyectos de decreto por lo que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Daniel Harry Dultzin Dubin, Benjamín Clarión Reyes, Luis Rafael López Morton y Luis Fernando Fietra Santa y Cabrera, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el Reino de Bélgica. Se aprueban y pasan al Senado para sus efectos constitucionales.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Jorge Pérez y Bouras, pueda aceptar y usar la que le confiere el Gobierno del Reino de España. Se aprueba y se turna al Senado para los efectos constitucionales.
ESTADO DE JALISCO
Punto de acuerdo presentado por el diputado Miguel Angel León Corrales, acuerdo respecto de los sucesos del pasado mes de abril en la ciudad de Guadalajara. Se turna a la Comisión de Justicia.
PROBLEMAS SINDICALES
Para referirse a la situación que prevalece en el Sindicato Nacional de Marineros, Fogoneros, Mayordomos, Cocineros, Camareros y similares de la República Mexicana, hace uso de la palabra el diputado Gonzálo Cedillo Valdés. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia, Trabajo y Previsión Social y de Información, Gestoría y Quejas.
INICIATIVAS DEL PODER EJECUTIVO
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Con proyecto de decreto de reforma los artículos tercero y trigésimo primero, fracción primera, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Educación.
MUERTE DEL PERIODISTA IGNACIO MENDOZA CASTILLO
Se concede el uso de la palabra a los diputados:
Joaquín Ernesto Hendricks Díaz presenta un punto de acuerdo. De enterado.
Gonzalo Altamirano Dimas presenta un punto de acuerdo.
Para referirse a este punto de acuerdo, se concede el uso de la palabra al diputado Francisco Hernández Juárez, para rectificar hechos y la Asamblea admite a discusión el punto de acuerdo.
Toman la palabra los diputados: Joaquín Hendricks Díaz, en contra. Jorge Modesto Moscoso Pedrero, en pro.
Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, para rectificar hechos.
Gonzalo Altamirano Dimas, para rectificar hechos.
Ambos puntos se turnen a la Comisión de Derechos Humanos.
Demetrio Hernández Pérez, para rectificar hechos.
José María Téllez Rincón, para rectificar hechos.
ESTADO DE TAMAULIPAS
Para referirse al proceso electoral en esta entidad, toman la palabra los diputados:
Elpidio Tovar de la Cruz
Benjamín López Aguirre, para rectificar hechos.
Adolfo Alfonso Kunz Bolaños, para rectificar hechos.
Juan Huesca Pérez
Juan Luebbert Gutiérrez
Carlos González Durán, para rectificar hechos,
Humberto Pedro Flores Cuéllar, para rectificar hechos.
Salvador Juárez García
Arturo Horacio Saavedra Sánchez
Elpidio Tovar de la Cruz, para rectificar hechos.
Esteban Zamora Camacho, para rectificar hechos.
SOLICITUD DE LICENCIA
Del diputado Alejandro Rébora González. Se aprueba.
ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA
Expresan sus opiniones sobre este hecho, los diputados:
Fidel Herrera Beltrán
Martha Maldonado Zepeda
Efraín Zúñiga Galeana
Demetrio Santiago Torres
Yolanda Elizondo Maltos
Juan Jacinto Cárdenas García
Benjamín Avila Guzmán
SOLICITUD DE JUICIO POLÍTICO
Presentada por el diputado Luis Humberto Correa Mena en contra de diecisiete diputados del Congreso del Estado de Yucatán.
Para rectificar hechos sobre este asunto, hacen uso de la palabra los diputados:
Ignacio Mendicuti Pavón
Rafael Fernández Tomás, para rectificar hechos.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO FELIPE BRAVO MENA
ASISTENCIA
El Presidente: - Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados.
El secretario Rubén Pabello Rojas: - Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 413 diputados. Por lo tanto, hay quórum.
APERTURA
El Presidente (a las 12.31 horas): - Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El secretario Rubén Pabello Rojas:
« Primer Período de Sesiones. - Segundo Año Ordinarias. - LV Legislatura.
Orden del día
18 de noviembre de 1992.
Lectura del acta de la sesión anterior
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del LXX aniversario luctuoso del licenciado Ricardo Flores Magón, tendrá lugar el 21 de noviembre en la Rotonda de los Hombres Ilustres del Panteón Civil de Dolores, Delegación Política Miguel Hidalgo a las 11.00 horas.
Comunicación del ciudadano diputado Mariano Carreón Girón.
Comunicación del Congreso del Estado de Durango.
Iniciativa del Ejecutivo
De decreto que reforma los artículos 3o. y 31 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Iniciativa
De reformas y adiciones a la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, que presenta el ciudadano diputado Jesús González Gortázar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Minuta
Con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso b) del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos y se señalan las características de la moneda de veinte pesos.
Dictámenes de primera lectura
De las Comisiones Unidas de Bosques y Selvas y de Ecología y Medio Ambiente con proyecto de Ley Forestal.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyectos de decreto que concede permiso al ciudadano Embajador Gustavo Petricioli, para aceptar y usar la condecoración del Libertador Bernardo O'Higgin en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la República de Chile.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Jaime José Serra Puche, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Leopoldo II, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Reino de Bélgica.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Daniel Harry Dultizin Dubin, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Corona, en grado de Comendador, que le confiere el Reino de Bélgica.
De la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Benjamín Clariond Reyes, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Leopoldo II, en grado de Comendador, que le confiere el Reino de Bélgica.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Luis Rafael López Morton, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Leopoldo II, en grado de Comendador, que le confiere el Reino de Bélgica.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Luis Fernando Fietra Santa y Cabrera, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Leopoldo II, en grado Oficial, que el confiere el Reino de Bélgica.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano ingeniero Jorge Pérez y Bouras, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel La Católica, en grado de Encomienda, que le confiere el Gobierno de España.
Intervención del ciudadano diputado Miguel Angel León Corrales del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un punto de acuerdo sobre los sucesos del 22 de abril de 1992, en Guadalajara, Jalisco.
Denuncia a cargo del ciudadano diputado Gonzalo Cedillo Váldez, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, sobre la situación que prevalece en el Sindicato Nacional de Marineros, Fogoneros, Mayordomos, Cocineros, Camareros y similares de la República Mexicana.
Denuncia a cargo del ciudadano diputado Joaquín Hendricks Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en torno a la muerte del periodista Ignacio Mendoza Castillo.
Denuncia a cargo del ciudadano diputado Gonzalo Altamirano Dimas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, acerca de la muerte del periodista Ignacio Mendoza Castillo.
Denuncia a cargo del ciudadano diputado Elpidio Tovar de la Cruz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en relación a la situación poselectoral en Tamaulipas.
Comentarios a cargo del ciudadano diputado Juan Huesca Pérez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en torno a la situación en Tamaulipas.
Comentarios en torno al LXXXII aniversario del la Revolución Mexicana.
Intervención del ciudadano diputado Francisco Dorantes Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para proponer que no se privatice el canal 13 de televisión.
Intervención del ciudadano diputado Luis Humberto Correa Mena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, relacionado con asuntos del Estado de Yucatán.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El Presidente: - En virtud de que se entregaron copias del acta de la sesión anterior a los grupos parlamentarios, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura.
El secretario Rubén Pabello Rojas: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura, señor Presidente.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el día diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y dos, correspondiente al Primer Período de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.
Presidencia de la diputada María de los Angeles Moreno Uriegas
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las once horas con treinta minutos del día diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y dos, con una asistencia de cuatrocientos cuarenta y siete diputados, la Presidenta declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y la Asamblea dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, misma que, sin discusión se aprueba en sus términos en votación económica.
Se da lectura a la solicitud de licencia del diputado Benigno Aladro Fernández y la asamblea, en votación económica, aprueba los puntos de vista respectivos.
Un oficio con el que se remite el informe correspondiente al movimiento diario que durante el tercer trimestre de mil novecientos noventa y dos, tuvieron el financiamiento interno del Banco de México y la cuenta general de la Tesorería de la Federación. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y se corre traslado a la Cámara de Senadores.
Dos oficios del Secretario de Hacienda y Crédito Público, con los que remite el informe sobre la situación económica y las finanzas públicas, correspondiente al tercer trimestre de mil novecientos noventa y dos y el informe de la deuda pública sobre el mismo período. Se turnan a las mismas comisiones que el anterior y se corre el mismo traslado.
Un oficio del Departamento del Distrito Federal con el que remite el informe trimestral de avance del programa presupuesto de esa dependencia, al treinta de septiembre de mil novecientos noventa y dos. Se turna a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y se corre traslado a la Cámara de Senadores.
Se da lectura a la minuta del Senado de la República, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Gustavo Petricioli, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República de Chile. Se turna a la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
La Secretaría da primera lectura a seis oficios de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyectos de decreto por los que se conceden los permisos constitucionales para que un número igual de ciudadanos mexicanos, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el Reino de Bélgica a los cinco primeros y el Reino de España, al último.
Para cumplir con el acuerdo parlamentario correspondiente, la Presidenta designa una Comisión que introduzca en el salón de sesiones al Secretario de Hacienda y Crédito Público, doctor Pedro Aspe Armella y, posteriormente, concede el uso de la palabra a los diputados Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista; Adolfo Kunz Bolaños, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Demetrio Hernández Pérez, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Rosalbina Garavito Elías, del Partido de la Revolución Democrática; Fauzi Hamdan Amad, del Partido Acción Nacional y Angel Aceves Saucedo, del Partido Revolucionario Institucional, quienes fundamentan la posición de sus partidos y hacen diversas preguntas al Secretario de Hacienda y Crédito Público.
Se concede el uso de la palabra al doctor Pedro Aspe Armella, secretario de Hacienda y Crédito Público, para comentar las opiniones de los diputados que hicieron uso de la palabra anteriormente.
A las quince horas con quince minutos, la Presidenta declara un
RECESO
A las diecisiete horas con once minutos, se reanuda la sesión y, en un primer turno, interrogan al Secretario de Hacienda y Crédito Público los diputados; Hildebrando Gaytán Márquez, del Partido Popular Socialista; Samuel Moreno Santillán, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Eberto Croda Rodríguez, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Francisco Saucedo Pérez, del Partido de la Revolución Democrática; Daniel de la Garza Gutiérrez del Partido Acción Nacional y Enrique Sada Fernández, del Partido Revolucionario Institucional.
En el segundo turno de preguntas, hacen uso de la palabra los diputados Juan Campos Vega, del Partido Popular Socialista; Gonzalo Cedillo Valdés, del Partido Autentico de la Revolución Mexicana; José Ramos González, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Eloy Vázquez, López, del Partido de la Revolución Democrática; Arturo Torres del Valle, del Partido Acción Nacional y Berta Onésima González Rubio, del Partido Revolucionario Institucional.
Todos ellos reciben cumplida respuesta del doctor Aspe Armella y la Presidenta, en cumplimento del acuerdo parlamentario y para expresar sus conclusiones respecto de la comparecencia constitucional del Secretario de Hacienda y Crédito Público, concede el uso de la palabra a los diputados Juan Campos Vega, del Partido Popular Socialista; Cecilia Soto González, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Odilón Cantú Domínguez, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática; Alfredo Lujambio Rafols, del Partido Acción Nacional y Juan José Rodríguez Prats, del Partido Revolucionario Institucional.
Terminada la comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, la Presidenta agradece su presencia y las informaciones proporcionadas en cumplimiento del ordenamiento constitucional y designa una Comisión que acompaña al Secretario hasta las puertas del recinto.
Por instrucciones de la Presidenta, la Secretaría da lectura a una minuta del Senado de la República, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, puede salir del territorio nacional, a fin de participar en la Sexta Reunión Cumbre del Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina y realizar una visita de Estado a la República de Paraguay. Se turna de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Relaciones Exteriores.
Agotados los asuntos en cartera y no habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y la Presidenta clausura la de hoy a las veintidos horas con cincuenta y seis minutos, citando para la que tendrá lugar mañana, miércoles dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y dos, a las once horas.»
El Presidente: - Ruego a la Secretaría poner a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior y si algún diputado desea hacer alguna observación a la misma, sírvase manifestarlo.
El secretario Rubén Pabello Rojas: - Está a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior.
¿Hay algún diputado que desee hacer observaciones a la misma?
Se consulta a la Asamblea en votación económica si se aprueba...
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada el acta, señor Presidente.
INVITACIÓN
El diputado Salomón Jara Cruz: - Se va a dar lectura a una invitación.
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Departamento del Distrito Federal.
Ciudadana diputada María de los Angeles Moreno Uriegas, Presidenta de la honorable Cámara de diputados. - Presente.
El Departamento del Distrito Federal, por conducto de esta Dirección General, ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del LXX aniversario luctuoso del licenciado Ricardo Flores Magón, que tendrá lugar el próximo sábado 21 del actual, a las 11.00 horas, en la Rotonda de los Hombres Ilustres del Panteón Civil de Dolores, Delegación Política Miguel Hidalgo.
Por tal motivo, de la manera más atenta me permito solicitarle tenga a bien girar sus respetables indicaciones, a efecto de que un representante de esa honorable Cámara de Diputados que usted preside, asista a la ceremonia de referencia.
Agradezco la atención que se sirva dar al presente y le reitero con mi reconocimiento, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Director de Acción Cívica, doctor Vicente de la Cruz Santiago.»
El Presidente: - Para asistir en representación de esta honorable Cámara, se designa al diputado Juan José Castillo Mota, en representación de la Cámara al evento.
SOLICITUD DE LICENCIA
El secretario Salomón Jara Cruz:
«Ciudadana diputada María de los Angeles Moreno Uriegas, Presidenta de la mesa directiva de la LV Legislatura. - Presente.
Me permito hacer del conocimiento de la mesa directiva de esta Legislatura, que el ciudadano gobernador del Estado de Michoacán, me ha propuesto colaborar como Secretario de Urbanismo de ese mismo Estado.
Por esa razón y con fundamento en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito expresar mi respetuosa solicitud, a efecto de que se consulte al pleno, y en su caso, se me conceda licencia previa para cesar en mis funciones representativas como diputado federal por el V distrito del Estado de Michoacán, mientras dure esta nueva responsabilidad.
Mucho agradeceré a la mesa directiva que usted preside, se sirva dar el trámite correspondiente a esta solicitud.
Atentamente.
Diputado Mariano Carreón Girón.»
El Presidente: - En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.
El secretario Salomón Jara Cruz: - Está a discusión los siguientes puntos de acuerdo:
"Primero. Se concede licencia previa al diputado Mariano Carreón Girón, para separarse de sus funciones como diputado federal, por el V distrito electoral del Estado de Michoacán, para estar en posibilidad de desempeñar un cargo dentro de la administración pública del Estado de Michoacán, a partir de esta fecha, durante el tiempo que dure el encargo.
Segundo. En su oportunidad llámese al suplente."
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueban.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Aprobados, señor Presidente.
COMUNICACIÓN
El secretario Salomón Jara Cruz:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Congreso del Estado Durango. - Honorable LIX Legislatura.
Ciudadana diputada María de los Angeles Moreno Uriegas, Presidente de la honorable Cámara de diputados, Congreso de la Unión. - México, D.F.
La honorable Quincuagésima Novena Legislatura del Estado Libre y Soberano de Durango, por nuestro conducto, se permite solicitar atentamente su intervención ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a efecto de que se practique una revisión a los contratos en que fue concesionado el servicio público de comunicación telefónica, a la compañía recientemente privatizada de Teléfonos de México
Solicitamos su intervención en virtud de que en esta entidad, constituye un reclamo generalizado de la población y un problema social de gran magnitud, debido a los cobros excesivos, injustificados e irregulares, que dicha compañía ha practicado en contra de la economía de los usuarios que en el Estado de Durango utilizan dichos servicios.
Recurrimos ante ese honorable Congreso de la Unión, por considerar que las representaciones estatales tanto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como de la compañía Teléfonos de México, no cuentan con facultades resolutorias que le den satisfacción al complicado problema que actualmente se presenta. En contra parte, el Poder Legislativo Federal, si cuenta con los elementos necesarios, a través de la Comisión de Gestoría y Quejas, para contribuir a dilucidar las condiciones de regularidad o irregularidad en que Teléfonos de México esta incurriendo.
Conocedoras del gran interés y atención de la honorable soberanía que usted representa, por coadyuvar en atención a los problemas que en el ámbito estatal y regional enfrentamos los mexicanos, así como de su gran disponibilidad por cooperar en los casos específicos, nos es grato reiterarle nuestra distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Victoria de Durango, Durango, a 27 de octubre de 1992. - Secretaria diputada Judith I. Murguía Corral y secretario diputado Jorge Enrique Núñez Ramírez.» Túrnese a la Comisión de Información, Gestora y Quejas.
INICIATIVA DE DIPUTADOS
LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Jesús González Gortázar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar una iniciativa de reformas y adiciones a la ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas.
El diputado J. Jesús González Gortázar: - "En mi carácter de diputado federal y en uso de mis facultades consagradas en el artículo 71, fracción II, de la Constitución General de la República y en los artículos 55 y 62 del Reglamento de la Ley Orgánica del Congreso General, vengo a presentar la siguiente iniciativa de ley para adicionar un artículo a la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, el cual de ser aprobado
quedaría como artículo 31 bis del ordenamiento legal citado.
ANTECEDENTES
Principiaba la década de los cuarentas, cuando Japón acosado por la política expansionista de Estados Unidos, se vio obligado a golpear primero y atacó Pearl Harbor. Se extendía así la Segunda Guerra Mundial al Océano Pacífico, teatro de sangrientas batallas marítimas y terrestres durante cuatro largos años.
Estados Unidos temía un ataque a su territorio por el poniente y además alentaba su eterna ambición de tener mayor superficie, así solicitó a México el establecimiento de bases militares en la Península de Baja California. El Presidente general Manuel Avila Camacho, de tan gratos recuerdos para los mexicanos bien nacidos, rechazó tal pretensión y envió tropas mexicanas para defender la Península, frustrando así esa peligrosa maniobra.
Paralelamente a ello, el "Presidente Caballero" decidió defender la democracia, preparar mejor a nuestras fuerzas armadas y salvaguardar el territorio nacional de cualquier apetito estadounidense y por ello ordenó el envío de una fuerza aérea expedicionaria al campo de batalla. Correspondió este honor al Escuadrón 201. Este cumplió su cometido con honra y espíritu militar, dejando muy en alto el pabellón mexicano.
Todavía en Manila, en las afueras de intramuros, se levanta un modesto monumento en honor de los pilotos que cayeron en combate. pero todos los integrantes del Escuadrón 201 cumplieron con su deber y por ello merecen el bien de la patria.
Pese a ésto, y en actitud que no se explica han sido víctimas de indiferencia y en ocasiones hasta de hostilidad. Sus pensiones son reducidas, si es que las tiene y muchas veces ni siquiera se les reconoce su rango de militares.
Por ello, ésta iniciativa pretende corregir situación tan injusta, que habla mal de todos nosotros, pues los hombres bien nacidos deben tener agradecimiento. Busco mejorarles sus haberes de retiro y que las pensiones queden a nivel de los ingresos de los miembros del Ejército y Fuerza Aérea en activo.
Por todo lo expuesto y fundado, propongo adicionar un artículo, el 31 bis, a la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, que quedaría como sigue:
Artículo 31 bis. Los haberes de retiro o pensiones asignadas a los miembros de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana o a sus deudos, quedarán permanentemente al nivel de los miembros del Ejército y la Fuerza Aérea en activo.
A quienes se les haya impuesto la condecoración "Servicio en el Lejano Oriente", tendrán un incremento del 100% en los haberes de retiro o pensiones a que tuviesen derecho.
México, D.F., a 7 de julio de 1992. - Diputado José M. Téllez Rincón.»
El diputado J. Jesús González Gortázar: - Señor diputado Presidente, compañeros diputados:
Hace exactamente medio siglo la guerra mundial que estaba ensangrentando el viejo continente europeo se extendió en las antípodas, incendiando el Océano Pacífico, de Alaska a Australia, de las costas frías de California a las selvas tropicales de Birmania.
Japón se lanzó con todo el ímpetu a tratar de conquistar lo que él llamaba "la nueva esfera de influencia asiática", y así sus tropas enfrentadas a los aliados escribieron páginas de la historia bélica de la humanidad, que ahí figuran con un relieve extraordinario.
Pearl Harbor, Midway, el Mar del Coral, Guadalcanal, la toma de Singapur, etcétera, son ya acontecimientos que para todos los seres humanos tienen singular trascendencia.
Nombres como Douglas Mc Arthur, como el Almirante Yamamoto, como el General Yamashita, que conquistase Singapur, considerada fortaleza inexpugnable, son ya leyenda que todos nosotros vemos con particular interés.
Dentro de este contexto, cuando se generalizaba el conflicto que recibió el nombre de Segunda Guerra Mundial, México mantenía una respetable neutralidad. Pero las cosas fueron avanzando al grado de que era menester tomar una determinación.
Por fortuna, nuestra patria estaba gobernada por un hombre patriota, nacionalista, llamado entonces y ahora por el pueblo "El Presidente Caballero", el general Manuel Avila Camacho. Llamó a su despacho, en Palacio Nacional, al Secretario de Relaciones Exteriores, Ezequiel Padilla; al jefe del Estado Mayor Presidencial, general Sánchez Hernández; al secretario de la Presidencia de la República, licenciado Jesús González Gallo, y les preguntó, como diplomático, como militar, como jurista: ¿cuál debería de ser la actitud del Gobierno de México ante esa gran conflagración planetaria?
Ezequiel Padilla, el Canciller repuso: "que México debería de mantener la neutralidad porque ni Alemania ni Japón ni Italia habían agredido en una forma directa a nuestro país".
El jefe del Estado Mayor Presidencial señaló: "que el Ejército mexicano, compuesto por hombres valientes, patriotas y cabales, aún no tenía ni las armas, ni la preparación, para una guerra moderna, donde ya las divisiones panzer de Hitler cambiaban todo un concepto de estrategia bélica".
El jalisciense González Gallo precisó que de acuerdo con el derecho internacional también deberíamos de mantener la neutralidad habida cuenta que si Alemania había hundido "El Faja de Oro" y otros barcos también importantes como "El Potrero de Llano", era porque habían señalado los beligerantes que el petróleo habría de considerarse como contrabando de guerra y que al haber vendido petróleo a los Estados Unidos estábamos violando el derecho internacional.
Don Manuel los escuchó, hizo comentarios de cada área cuestionada y dijo: h "Estoy de acuerdo con ustedes, señores, pero tenemos que luchar por la democracia y, en segundo lugar, aún más importante, por mantener la integridad del territorio nacional. Me acaba de mandar una nota el Gobierno estadounidense donde pide bases militares en la península de la Baja California, porque ahí considera puede ser el lugar para el desembarco de una invasión nipona."
Fue así como ante esta soberanía se presentó la solicitud para declarar la guerra a las potencias del eje y fue así como se estableció la región militar del pacífico, en cuyo comando quedó un gran mexicano, cuyo nombre está ahí en letras de oro, el general Lázaro Cárdenas del Río.
Pero no quedó todo ahí, sino que además se pidió permiso a los Estados Unidos, habida cuenta la dificultad de comunicaciones entre Sonora y nuestra península de Baja California, para pasar por territorio estadounidense tropas mexicanas que fueran a resguardar ese brazo del suelo patrio.
Y fue cosa digna de verse, compañeros diputados, a los soldados mexicanos, con uniforme nuevo, perfectamente aseados y marciales, entrar por territorios que fueron nuestros y que no supimos conservar a tambor batiente y bandera desplegada.
Como si lo anterior fuese poco, el general patriota Avila Camacho pensó también que hubiese una presencia fuerte de México en defensa de la democracia. Se mandaron así miles y miles de obreros y campesinos que quisieron ir voluntariamente a levantar las cosechas de Estados Unidos y a hacer trabajar las manufacturas de ese país vecino; por ello hubo producción y por ello se detuvieron a las huestes nazis en la ciudad soviética de Stalingrado.
Pero había que trabajar también en una forma directa y en forma simbólica se buscó el arma más moderna, el arma que estaba cobrando importancia singular en los acontecimientos mundiales, la fuerza aérea. Y así México envió al Escuadrón 201 que fuese a combatir al Lejano Oriente.
Lo que es la vida, estimados compañeros. Su teatro de acción fue el Archipiélago de Las Siete Mil Islas, Filipinas, única nación en el planeta hija de México, porque cierto es que ondeaba la bandera de León y Castilla, pero eran mexicanos los que hicieron la epopeya allá en "La Perla del mar de Oriente".
Manila no fue fundada, como se dice, por un español, son falsedades de la historia. Manila fue fundada por el gran conquistador Juan De Salcedo, nacido en Toluca, hijo de mexicanos y nieto de españoles 40 años ya avecindados en la Nueva España. Así llegaron a ese país fraterno que desgraciadamente tenemos tan descuidado y se lanzaron al combate, se cubrieron de gloria; varios regaron con su sangre el suelo de ese país fraterno.
Todavía en las afueras de la ciudad vieja de intramuros en Manila hay un pequeño monumento que lleva los nombres de los ocho pilotos mexicanos muertos en acción. Hoy hace 47 años regresaron a la patria con la satisfacción del deber cumplido, con honor porque supieron combatir como los buenos y combatir por una buena causa. En estos precisos momentos en Iztapalapa, en la Colonia 201, se celebra un emotivo homenaje a esos aguiluchos que supieron poner muy en alto el lábaro tricolor, ellos me gustaría que los viesen ustedes, pasan todos de los 70 años, la cabellera blanca pero aún marciales y erguidos; sin embargo nosotros nos hemos olvidado por completo de esos soldados mexicanos que se cubrieron de gloria, un pueblo malagradecido, malhaya sea, un pueblo que olvida a sus héroes está condenado a despersonalizarse, a perder el alma y la esencia nacionales.
Creo que es menester que esta soberanía se fije y recuerde aquellos buenos mexicanos que en su momento supieron cumplir con la patria recordando aquello que "un soldado en cada hijo te dio".
Por eso, para corregir esa omisión, para que tengan pensiones dignas y haberes respetables, su servidor y amigo trae esta Iniciativa de Ley que en su parte conducente dice lo siguiente:
"Se adiciona la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas con un artículo que, de aprobarlo ustedes, sería el 31 - bis, el cual quedaría así: Los haberes de retiro o pensiones asignadas a los miembros de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana o a sus deudos, quedarán permanentemente a nivel de los miembros del Ejército y la Fuerza Aérea, en activo." Y como entre ellos hubo quienes merecieron por sus actos heroicos una condecoración especial llamada "Servicio al Lejano Oriente", añado un párrafo segundo: "A quienes se les hayan impuesto la condecoración "Servicios en el Lejano Oriente" tendrán un incremento del 100% en sus haberes de retiro o pensiones a que tuviesen derecho".
Compañeros diputados, nunca es tarde para corregir una omisión, nunca es tarde para hacer justicia a aquellos que se jugaron la vida por la dignidad de México y en defensa de la democracia, espero que cuando llegue el dictamen, sin testigo de partidos porque esto no es un asunto ideológico, por unanimidad los representantes del pueblo de México aprobamos esta iniciativa y en esa forma digamos a nuestros soldados, que siempre respetamos al instituto armado, que estamos conscientes de la labor desempeñada en la Segunda Guerra Mundial, que el pueblo de México no es ni puede ser ingrato y menos aún permitirlo aquellos que, como nosotros, somos sus representantes aquí en la Cámara de Diputados. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Túrnese a las comisiones unidas de Seguridad Social y de la Defensa Nacional.
Continúe la Secretará con los asuntos del Orden del Día.
MINUTA DE LA COLEGISLADORA
LEY MONETARIA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
El secretario José Socorro Velázquez Hernández:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Cámara de Senadores. - México, D. F. Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados. - Presentes.
Para los efectos correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes, el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se reforma el inciso b, del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos y se señalan las características de la moneda de veinte pesos.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal a 17 de noviembre de 1992. - Senadores Antonio Manríquez Guluarte y Ramón Serrano Ahumado.»
«MINUTA PROYECTO DE, DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO b, DEL ARTÍCULO 2o. DE LA LEY MONETARIA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SE SEÑALAN LAS CARACTERÍSTICAS DE LA MONEDA DE VEINTE PESOS
Artículo primero. Se reforma el primer párrafo del inciso b, del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los términos siguientes:
Artículo 2o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b)Las monedas metálicas de veinte, diez, cinco, dos y un pesos, y de cincuenta, veinte, diez y cinco centavos, con los diámetros, composición metálica, cuños y demás características que señalen los decretos relativos.
c). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo segundo. Las características de la moneda de veinte pesos, a que se refiere el inciso b, del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos serán las siguientes:
MONEDA DE VEINTE PESOS
Valor facial: Veinte pesos; Forma: circular; Diámetro: 32.0 mm (treinta y dos milímetros); composición: la moneda será bimetálica y estará constituida por dos aleaciones, una para su parte central y otra para su anillo perimétrico, que serán como sigue:
1. Parte central de la moneda.
Plata: sterling; Ley: 0.925; Metal de liga: cobre; Peso: 8.406 g. ( ocho gramos, cuatrocientos seis milésimos); Contenido: 7.776 g. ( siete gramos,
setecientos setenta y seis milésimos), equivalente a 1/4 (un cuarto) de onza troy de plata pura; Tolerancia en Ley: 0.005 g. (cinco milésimos) en más o en menos; Tolerancia en peso por pieza 0.150 g. (ciento cincuenta miligramos) en más o en menos; Tolerancia en peso por conjunto del mil piezas: 2.63 g. (dos gramos, sesenta y tres centésimos) en más o en menos.
2. Anillo perimétrico de la moneda.
Este, conforme a lo previsto en el inciso b, del artículo 2o., de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, podrá estar constituido por cualquiera de las aleaciones siguientes:
a) Aleación de bronce - aluminio.
Esta aleación estará integrada como sigue: 92 (noventa y dos por ciento) de cobre; 6% (seis por ciento) de aluminio; y 2% (dos por ciento) de níquel; con una tolerancia, en más o en menos, de 1.5% (uno, cinco décimos por ciento), por elemento.
En esta composición el peso será de 8.590 g. (ocho gramos, quinientos noventa milésimos), y la tolerancia en peso por pieza será de 0.344 g. (trescientos cuarenta y cuatro miligramos), en más o en menos.
b) Aleación de acero recubierto de bronce.
Esta aleación estará compuesta por dos partes: un núcleo cuyo peso corresponderá entre 92% y 96% (noventa y dos y noventa y seis por ciento) y un recubrimiento cuyo peso corresponderá entre 8 y 4% (ocho y cuatro por ciento) del peso total de la pieza. La composición de cada una de esta partes será la siguiente:
b1) Núcleo de acero.
Esta aleación estará integrada como sigue: 0.08% (ocho centésimos de punto porcentual) de carbono, máximo;
Entre 0.25% y 0.40% (veinticinco y cuarenta centésimos de punto porcentual) de manganeso;
0.04% (cuatro centésimos de punto porcentual) de fósforo, máximo;
0.05% (cinco centésimos de punto porcentual) de azufre, máximo y lo restante de hierro.
b2) Recubrimiento de bronce.
Estará integrado como sigue:
Entre 86% y 90% (ochenta y seis y noventa por ciento) de cobre.
Entre 14% y 10% (catorce y diez por ciento) de estaño.
En esta composición el peso será de 8.483 g. (ocho gramos, cuatrocientos ochenta y tres milésimos), y la tolerancia en peso por pieza será de 0.339% g (trescientos treinta y nueve miligramos), en más o en menos.
c) Aleación de bronce - aluminio - hierro.
Este aleación estará integrada como sigue:
5% (cinco por ciento) de níquel, máximo;
5% (cinco por ciento) de aluminio, máximo;
1% (uno por ciento) de hierro, máximo;
0.6% (seis décimos de punto porcentual) de manganeso máximo; y lo restante de cobre.
En esta composición, el peso será de 8.579 g. (ocho gramos, quinientos setenta y nueve milésimos), y la tolerancia en peso por pieza será de 0.343 g. (trescientos cuarenta y tres miligramos), en más o en menos.
d) Aleación de alpaca dorada.
Esta aleación estará integrada como sigue:
70% (setenta por ciento) de cobre;
5.5% (cinco, cinco décimos por ciento) de níquel; y
24.5% (veinticuatro, cinco décimos por ciento) de zinc; con una tolerancia de más o en menos, de 1.5% (uno, cinco décimos por ciento), por elemento.
En esta composición el peso será de 9.331 g. (nueve gramos, trescientos treinta y un milésimos), y la tolerancia en peso por pieza será de 0.373 g (trescientos setenta y tres miligramos), en más o en menos.
3. Peso total. Será la suma de los pesos de la parte central y del anillo perimétrico de la misma, que corresponderá, para cada inciso del punto 2 anterior, como a continuación se indica.
a)16.996 g.(dieciséis gramos, novecientos noventa y seis milésimos), y las tolerancias en peso por pieza y por conjunto de mil piezas serán respectivamente 0.494 g (cuatrocientos noventa
y cuatro miligramos), y 9.25 g (nueve gramos, veinticinco centésimos), ambas en más o en menos.
b)16.889 g (dieciséis gramos, ochocientos ochenta y nueve milésimos), y las tolerancias en peso por pieza y por conjunto de mil piezas serán respectivamente 0.489 g (cuatrocientos ochenta y nueve miligramos) y 9.161 g. (nueve gramos, ciento sesenta y un milésimos), ambas en más o en menos.
c)16.985 g. (dieciséis gramos, novecientos ochenta y cinco milésimos), y las tolerancias en peso por pieza y por conjunto de mil piezas serán respectivamente 0.493 g (cuatrocientos noventa y tres miligramos) y 9.249 g. (nueve gramos, doscientos cuarenta y nueve milésimos), ambas en más o en menos.
d) 17.737 g (diecisiete gramos, setecientos treinta y siete milésimos), y las tolerancias en peso por pieza y por conjunto de mil piezas serán respectivamente 0.523 g (quinientos veintitrés miligramos) y 9.817 g. (nueve gramos, ochocientos diecisiete milésimos), ambas en más o en menos.
Cuños: Anverso. El Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos" formando el semicírculo superior.
Reverso: En la parte central aparece la efigie de "Don Miguel Hidalgo y Costilla", en el campo derecho al centro el símbolo de la Casa de Moneda de México "M" y abajo de éste el año de acuñación; en el exergo la palabra "Hidalgo", en el campo superior al centro aparece el símbolo "$" y el número 20 como valor facial; formando un semicírculo en la parte inferior, una guirnalda de laureles. El marco liso con gráfila escalonada.
Canto: Estriado discontinuo.
TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 1993.
Segundo. La moneda de veinte pesos a que se refiere el artículo segundo de este decreto, deberá contener en el reverso el símbolo "N$", en lugar del símbolo "$", hasta que el Banco de México, en términos de lo dispuesto por el artículo tercero transitorio del decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos y señala las características de las monedas de cinco, diez, veinte y cincuenta centavos y de uno, dos, cinco y diez pesos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio de 1992; retire de la circulación las monedas señaladas en el propio artículo.
Sala de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. - México, Distrito Federal, a 17 de noviembre de 1992. - Senadores: Presidenta Idolina Moguel Contreras; secretarios, Antonio Manríquez Guluarte y Ramón Serrano Ahumada.
Se remite a la honorable Cámara de Diputados, para los efectos constitucionales. - México, Distrito Federal, 17 de noviembre de 1992. - El Oficial Mayor, licenciado Morelos Canseco Gómez.»
Se recibe y se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
LEY FORESTAL
El Presidente: - El siguiente punto del orden del día es la primera lectura al dictamen relativo al proyecto de la Ley Forestal.
En atención a que este dictamen ha sido impreso y se está distribuyendo entre los diputados, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura del dictamen.
El secretario José Socorro Velázquez Hernández: - Por indicaciones de la Presidencia en votación económica se pregunta a la Asamblea si se disculpa la lectura del dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura, señor Presidente.
«Comisiones Unidas de Bosques y Selvas y de Ecología y Medio Ambiente
Honorable Asamblea: A las Comisiones Unidas de Bosques y Selvas y de Ecología y Medio Ambiente fue turnada, para su estudio y dictamen, la Iniciativa con Proyecto de Ley Forestal presentada por el Ejecutivo Federal, en uso de las facultades que le otorga el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Estas Comisiones, en apego a los artículos 56 y 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, se abocaron al análisis y estudio de la presente iniciativa, bajo los siguientes:
ANTECEDENTES
1. El día 30 de junio de 1992 fue presentada por el Ejecutivo Federal la iniciativa con Proyecto de Ley Forestal.
La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, conforme a Reglamento, ordeno lo siguiente: "Túrnese a las Comisiones Unidas de Bosques y Selvas y de Ecología y Medio Ambiente".
Las reformas al artículo 27 constitucional y la nueva Ley Agraria promovidas por el Ejecutivo Federal, vigentes actualmente, definen los distintos regímenes de propiedad en el agro y establecen las bases para lograr una mayor justicia y libertad en el campo mexicano. Para complementar dichas reformas es necesario modificar el marco legal que norma el aprovechamiento de los recursos forestales, con el fin de lograr su manejo sostenible, conservación, protección y restauración.
Por lo anterior, en su reunión del 13 de enero de 1992 el pleno de la Comisión de Bosques y Selvas determino realizar diversas giras de trabajo y foros de consulta en los estados de Veracruz, Nuevo León, Colima, Jalisco, Distrito Federal, Quintana Roo, Chiapas, Estado de México, Hidalgo, Oaxaca, Durango y Coahuila, que, en conjunto, son representativos de los ecosistemas forestales. Estas actividades se llevaron a cabo del 22 de enero al 17 de junio de 1992, durante las cuales la Comisión escucho las opiniones y propuestas de las partes involucradas en la actividad forestal maderable y no maderable del país.
Los recorridos efectuados incluyeron visitas a zonas de aprovechamiento, conservación, reforestación, reserva ecológica, aserraderos, plantas industriales y entrevistas en centros de investigación y educación superior vinculados con la actividad forestal.
En todas las ocasiones, la Comisión asistió con una representación plural de diputados pertenecientes a los diversos grupos parlamentarios que la integran, acompañados de servidores públicos representantes de la dependencia vinculada al sector forestal, para escuchar los planteamientos y demandas de quienes participan y viven en esta actividad las principales conclusiones de este ejercicio se pueden agrupar en los siguientes rubros:
Necesidad de simplificar y desregular la actividad forestal, principalmente en lo relativo al proceso de producción forestal: bosque, abasto, industria y comercialización;
Fomento y apoyo para la creación de asociaciones entre comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios, y a su vez de estos con inversionistas, que permitan capitalizar al sector;
Distinción entre bosque, selva y zona árida;
Investigación y planeación regional de la actividad forestal, con la participación de los sectores involucrados;
Financiamiento y apoyos para que el Estado y sociedad, corresponsablemente, contribuyan a la conservación y aprovechamiento de los recursos forestales;
Fomento a la educación y cultura forestal, y
Reorientación a la formación de técnicos especializados.
Este amplio proceso de consultas permitió a los miembros de la Comisión allegarse elementos sobre la problemática que viven los diversos grupos sociales cuya actividad primordial se relaciona directa o indirectamente con los recursos forestales. Asimismo se conoció de cerca la problemática que vive el sector forestal, que comprende desde la degradación de los recursos, hasta los procesos de transformación e industrialización de las materias primas forestales maderables.
La Comisión de Bosques y Selvas hizo entrega formalmente de las conclusiones a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, para valorar su inclusión en el nuevo ordenamiento forestal.
A su vez, la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, remitió a la de Bosques y Selvas el comunicado sobres bosques adoptado en la "Cumbre de la Tierra", celebrada en Río de Janeiro, consistente en un acuerdo de principios respecto a la ordenación, conservación y desarrollo sostenible de las masas forestales de todo tipo. Entre los conceptos vertidos en dicho comunicado destaca el reconocimiento de la función vital que cumplen los bosques de todo tipo, en el mantenimiento de los procesos y el equilibrio ecológico, a nivel local, nacional, regional y mundial.
El 2 de julio de 1992 se turno la iniciativa con Proyecto de Ley Forestal a las Comisiones de
Bosques y Selvas y de Ecología y Medio Ambiente y, en forma conjunta, se acordó la integración de una subcomisión plural y un calendario de actividades para avocarse al análisis, estudio y dictamen de la iniciativa.
Asimismo, el 3 de julio de 1992 la subcomisión celebró una conferencia con la Comisión respectiva de la Cámara de Senadores, para conjuntamente analizar la iniciativa e intercambiar opiniones.
Finalmente, con el objeto de poder realizar un mejor y detallado análisis de la iniciativa, la subcomisión determino presentar el dictamen en el Primer Período Ordinario del Segundo Año de Ejercicio de esta LV Legislatura. Mientras tanto, la subcomisión sostuvo pláticas con grupos de ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios, ecologistas, investigadores, industriales, y diversos grupos de especialistas en la materia, a fin de conocer sus puntos de vista sobre la iniciativa de referencia.
En el curso de las reuniones de trabajo celebradas por la subcomisión dictaminadora, los días 6 de agosto, 3 de septiembre, 5 y 15 de octubre de 1992, los diferentes grupos parlamentarios en ella integrados, presentaron propuestas verbales y escritas para enriquecer la iniciativa de Ley Forestal.
Paralelamente, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos sostuvo pláticas con las diversas fracciones parlamentarias sobre la iniciativa referida en ellas, dos diputados consultaron inquietudes, de manera directa, con personal de las áreas técnicas y jurídicas de la mencionada dependencia del Poder Ejecutivo.
En resumen, la iniciativa de nueva Ley Forestal ha sido sometida a un amplio estudio y debate, caracterizado por su apertura y pluralidad.
2. Nuestra Legislación Forestal ha cambiado a través del tiempo. Con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en uso de las facultades extraordinarias que le fueron concedidas, el Presidente Plutarco Elías Calles promulga la primera Ley forestal del Período Postrevolucionario, el 5 de abril de 1926. La segunda Ley Forestal data del 31 de diciembre de 1942 y fue promulgada por el Presidente Manuel Avila Camacho. La tercera Ley Forestal, del 30 de diciembre de 1947, fue promulgada por el Presidente Miguel Alemán. La cuarta, bajo el régimen del Presidente Adolfo López Materos, data el 9 de enero de 1960. La quinta Ley, vigente actualmente, se promulga el 23 de abril de 1986, durante la administración del Presidente Miguel de la Madrid Hurtado.
Cada una de estas leyes han constituido avances sobre las normas que les antecedieron y han buscado dar respuestas a las condiciones particulares del recurso y del sector forestal, así como a las condiciones socioeconómicas prevalecientes en su momento histórico y a las teorías que, basadas en experiencias previas, se han ido desarrollando en todo el mundo acerca de la mejor manera para regular el aprovechamiento de los recursos forestales y lograr su protección, conservación y restauración.
La Legislación vigente esta basada en la teoría de "Protección del Ambiente" y norma el aprovechamiento de los recursos forestales con un enfoque más proteccionista que de desarrollo. Consecuente con este enfoque, la actual Ley Forestal regula de manera exhaustiva tanto el aprovechamiento de los recursos forestales, como su transporte, la operación de patios de acopio y las plantas de transformación de la materia prima forestal. Esta reglamentación de todos los eslabones de la cadena productiva forestal resultó ser excesiva, convirtiéndose en un desincentivo a la inversión en el sector, lo que se ha reflejado en la descapitalización de la actividad.
Por otro lado, hasta antes de la reciente reforma al artículo 27 constitucional, la Legislación en vigor limitaba las posibilidades de asociación entre los propietarios y poseedores del recurso con terceros inversionistas, lo que también, se convirtió en una limitante a la rentabilidad, inversión, tecnificación y modernización del sector forestal. Este esquema propició la creación de sociedades inestables entre productores e industriales de la madera, con consecuencias negativas para unos y otros.
Asimismo, la actual Legislación hace del Estado el principal actor en las labores de conservación, protección y restauración de los recursos forestales; limita los espacios de otros niveles de Gobierno, como el estatal y municipal y de la sociedad en su conjunto y, finalmente, da lugar a una centralización que, en virtud de la dispersión y las variadas condiciones y características de los bosques y selvas nacionales, no dio los resultados deseados.
3. Los bosques y selvas de México constituyen una de las mayores riquezas naturales de la Nación, siendo fuente importante de ingresos y energía para sus dueños y pobladores; hábitat de una enorme variedad de flora y fauna silvestre;
eslabones ecológicos fundamentales para el clima y disponibilidad de recursos hidrológicos en el país y, finalmente, como proveedores de materias primas para actividades industriales ligadas con la producción de bienes básicos para la población.
El aprovechamiento de los recursos forestales que hacen los dueños de los bosques y selvas del país, tiene consecuencias importantes para la sociedad, en la medida que puede tener efectos ambientales negativos, de no aplicarse las medidas preventivas adecuadas
La reducción de las superficies boscosas registrada en los últimos años, ha provocado una disminución en la capital natural de la Nación, lo que se agrava en la medida en que se erosionan suelos o reduce su capacidad productiva; se han alterado los sistemas hidrológicos en todo el territorio nacional, disminuyendo la capacidad natural de absorción del líquido; se ha perdido una parte importante del hábitat de la flora y fauna silvestres nacionales, consideradas de las más ricas del mundo por su diversidad y ende mismo; y, finalmente, no se han desarrollado, a cambio, sistemas productivos capaces de generar bienestar en forma sostenible para los dueños del recurso.
En este contexto y considerando, por un lado, que los bosques y selvas de México están en su mayoría en manos de ejidos y comunidades, mismos que no han tenido a su alcance los elementos necesarios para obtener cabal provecho de los recursos que les pertenecen y, por otro lado, que la reducción de la cubierta forestal del país ya ha provocado graves daños ecológicos, es indispensable contar con un marco normativo para regular el aprovechamiento de los recursos forestales que contribuya, en primer lugar, al desarrollo socioeconómico de los ejidatarios, comuneros y demás propietarios o poseedores de dichos recursos con libertad y justicia y, en segundo término, a sentar las bases para su salvaguarda y aprovechamiento sostenible.
Nuestro país cuenta con una gran riqueza biológica en sus cerca de cincuenta millones de hectáreas cubiertas por bosques y selvas. Los científicos clasifican dicha riqueza como la cuarta a nivel mundial en importancia por su biodiversidad, esta riqueza es un patrimonio nacional que es menester conservar, proteger y restaurar, no sólo por su valor intrínseco, sino por los beneficios sociales y económicos que de ella se pueden derivar.
Sin embargo, el sector forestal mexicano enfrenta una difícil situación que se manifiesta en: la pérdida continua de superficies arboladas, tanto en selvas tropicales como en bosques templados; la degradación de la calidad del agua y en la erosión de suelos, lo cual implica la pérdida de la capacidad productiva de zonas extensas del territorio nacional; la baja producción y empleos generados por el sector, así como el incremento de las importaciones de productos forestales y, en consecuencia, en la pobreza de los pobladores de los bosques y las selvas.
Los bosques y selvas nacionales se deforestan a tasas muy elevadas. Se estima que de 1960 a la fecha han desaparecido cerca del 30 % de las superficies arboladas del país y que anualmente se pierden alrededor de 370 mil hectáreas de cubierta forestal. Esto ha conducido a una pérdida anual de entre 150 mil y 200 mil hectáreas de suelos de tierra arable, así como una disminución de la calidad y del suministro de agua en la principales cuencas hidrológicas.
La deforestación también ha provocado la pérdida de invaluables especies animales y vegetales, especialmente en las selvas tropicales, y también ha generado un problema económico y un ciclo vicioso, pues la conversión de terrenos forestales, en agrícolas y ganaderos muchas veces implica bajos rendimientos, disminución de la rentabilidad de la actividad agropecuaria y, generalmente, la pérdida del suelo al cabo de dos o tres años, lo que lleva al abandono del terreno y a continuar la deforestación en otras zonas. De esta manera, se extiende la frontera agropecuaria a costa de la forestal, sin reflejarse en este cambio de uso de suelo un beneficio social o económico duradero para los propietarios y poseedores del recurso, ni para el país.
Por otro lado, la producción forestal nacional ha disminuido sensiblemente. El producto bruto del sector forestal ha caído 23.6% en los últimos cinco años, lo que contrasta con el crecimiento del producto agropecuario y manufacturero de la Nación.
La industria de transformación de los productos forestales también enfrenta una difícil situación. Los costos de extracción de la materia prima y por lo consiguiente su precio, son altos. Esto, aunado a otros elementos, se ha traducido en una pérdida de competividad de la industria, dando como resultado el crecimiento de las importaciones de productos forestales. En 1991, estas registraron el mayor crecimiento entre las de productos manufacturados.
No obstante, en México existen amplias extensiones cubiertas por arbolado y una de las
mayores extensiones en el mundo, susceptible de reforestarse , por lo que los beneficios sociales, ecológicos y económicos que podrían obtenerse tanto de los recursos como del potencial forestal son muy importantes.
Por lo anterior, estas comisiones unidas se permiten presentar las siguientes:
CONSIDERACIONES
1. Ante la actual problemática forestal, cabe analizar el papel que han jugado y deben jugar el estado y la sociedad, con el fin compartido de conservar, proteger, restaurar y desarrollar los recursos y el potencial forestal con que cuenta nuestro país y la manera como dicha interacción se ha plasmado en las normas actuales.
La percepción de las relaciones del hombre con la naturaleza ha evolucionado de manera muy importante en este siglo. En los últimos años se ha difundido la nación de que los recursos naturales pueden y deben manejarse de manera sostenible, es decir, aprovechándolos al tiempo que se mantiene o incrementa su potencial productivo, esta fue la principal conclusión de la cumbre por la tierra realizada en Río de Janeiro. La iniciativa con proyecto de Ley Forestal contiene varios elementos que consideramos valiosos para alcanzar este objetivo, pues reconoce la necesidad de que los poseedores de los recursos forestales y la población rural se beneficien de su aprovechamiento, al tiempo que se mantiene o incrementa la cubierta forestal del país.
Con las recientes reformas al artículo 27 constitucional y la nueva Ley Agraria, se han eliminado los obstáculos más importantes para la capitalización y revitalización del sector al crearse la pequeña propiedad forestal y promoverse la libre asociación entre ejidatarios y comuneros, y entre estos con terceros, para aprovechar, mantener y renovar los recursos forestales del país. Lo anterior se complementa con la posibilidad que abre la iniciativa de desarrollar plantaciones comerciales en zonas deforestadas, lo que permitirá al país aprovechar cabalmente su potencial en la materia y disminuir la presión que actualmente se ejerce sobre las selvas y bosques nativos.
La situación crítica por que atraviesa el sector forestal y la insuficiencia del modelo proteccionista de los recursos forestales que comprende la legislación vigente, motivaron al ejecutivo Federal a proponer un nuevo ordenamiento en la materia que:
Eleva la eficiencia de las funciones normativas, así como la supervisión del aprovechamiento de los recursos forestales por los particulares, a efecto de que dichas actividades se lleven a cabo de manera que no se deteriore el potencial productivo del recurso:
Contribuye a proteger y conservar la biodiversidad y de los recursos forestales frágiles o en peligro de extinción, especialmente los selváticos;
Refuerza las labores de conservación y protección de parques nacionales y reservas y zonas forestales propiedad de la nación;
Crea mecanismos para alentar una mayor participación de estados y municipios, en reconocimiento a los inconvenientes de una administración centralizada en materia forestal;
Facilita el aprovechamiento directo de los recursos por parte de los ejidatarios, comuneros y demás propietarios y poseedores, y determina su responsabilidad en la conservación, mejoramiento y regeneración de los mismos;
Promueve una mayor coordinación entre dependencias del Ejecutivo para facilitar el aprovechamiento de los recursos forestales en beneficio de sus propietarios;
Fomenta la participación de la sociedad, de los propietarios y poseedores de predios forestales, así como de diversas organizaciones vinculadas con el sector, a través de un consejo técnico consultivo forestal, que apoyará a las autoridades en la emisión de normas de zonificación y manejo de los recursos forestales;
Simplifica la regulación, sin que el Estado pierda la capacidad de actuar con eficiencia en dichas esferas, en las etapas de transporte, almacenamiento, transformación y comercialización de productos forestales;
Establece las bases para que el estado y los particulares lleven a cabo labores de prevención control y combate de incendios y plagas;
Incentiva una nueva cultura, educación e investigación forestales, a la vez que promueve la formación y ejercicio profesional responsable de técnicos en la materia; y
Establece un marco de sanciones y delitos para desalentar la comisión de ilícitos, lo cual permitirá al Estado actuar con mayor eficacia en contra de los infractores
Como lo establece la exposición de motivos de la iniciativa, "con este nuevo enfoque, el objetivo principal es el de aprovechar la riqueza de los bosques y selvas en beneficio de sus pobladores, pero sin menoscabo de su potencial productivo, para poder entregar a las generaciones futuras los recursos forestales y los asociados con ellos, como los suelos y el agua, incrementados frente a los que recibió esta generación".
2. La Ley Forestal reglamenta el aprovechamiento de los recursos forestales del país, para asegurar su manejo sostenible y con ello mejorar las condiciones socioeconómicas de los propietarios y poseedores de los recursos, en su mayoría ejidatarios y comuneros.
La regulación se basa, principalmente, en la autorización que da la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos para realizar labores de aprovechamiento de recursos forestales maderables, forestación y reforestación, con fundamento en normas que distinguen las características de los recursos y de las zonas o ecosistemas en que se encuentren localizados.
Se hace una distinción entre la regulación de los productos maderables y los no maderables, estos últimos, por sus características y métodos de colecta, se regulan a través de normas oficiales mexicanas de aplicación general. Este esquema se aplica también a la recolección de leña para combustible, por presentar características semejantes.
La iniciativa establece que, en lo sucesivo, para la autorización del aprovechamiento de recursos forestales maderables, forestación o reforestación, debe presentarse una solicitud a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos que incluya título que acredite el derecho del solicitante a realizar dichas actividades, además de un programa de manejo que contenga las técnicas silvícolas a utilizarse, así como las medidas de prevención y mitigación de impactos ambientales.
Previo a la autorización, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos turna el programa de manejo a la de desarrollo social para que en un plazo determinado, fije las restricciones de protección ecológica aplicables, que deberán incorporarse a dicho programa, simplificando trámites y cumpliendo a la vez las normas ambientales.
Los programas de manejo, a diferencia de los actuales permisos de aprovechamiento que se renuevan anualmente, se amplían hasta por el plazo necesario para alcanzar su objetivo, lo que es congruente con los ciclos de regeneración de los recursos forestales y con el tiempo requerido para recuperar las inversiones.
En el caso de recursos forestales selváticos o de difícil regeneración, la autorización del aprovechamiento, reforestación está condicionada a una manifestación de impacto ambiental por parte de la Secretaría de Desarrollo Social.
Se asegura el cumplimiento cabal de los programas de manejo, incorporando la obligación de los responsables de presentar informes periódicos. Por su parte, las autoridades competentes facultadas para realizar supervisiones y auditorías. Por otro lado, se fijan los requisitos que se deben cubrir cuando se propagan cambios a la autorización, con el objeto de asegurar el cumplimiento de las salvaguardas ecológicas aplicables. De igual manera, se prevé la acción supletoria de la autoridad en caso de que los particulares no cumplan con las obligaciones previstas en los programas de manejo.
La Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos continuará emitiendo y supervisando las normas fitosanitarias relativas a especies forestales, así como coordinando, supervisando y ejecutando acciones para la prevención, combate y control de los incendios, plagas y enfermedades forestales.
En el caso de la declaración de vedas o creación de parques nacionales o zonas y reservas forestales, el Ejecutivo Federal aplicará medidas para apoyar a las comunidades afectadas.
La Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos puede realizar convenios con los estados para que estos administren los parques nacionales, reservas y zonas forestales propiedad de la nación, dentro de sus respectivas fronteras. Asimismo, puede convenir con ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios, organizaciones no gubernamentales y otras personas físicas o morales, para que bajo su supervisión, estos se encarguen de la administración y conservación de las áreas protegidas.
La iniciativa de Ley Forestal transfiere, en primera instancia, la prestación de los servicios técnicos a particulares debidamente capacitados, en tanto que la autoridad los prestará a los ejidatarios, comuneros y demás propietarios y poseedores que por razones económicas no puedan contratar los servicios privados.
Por otro lado, simplifica la regulación relacionada con el transporte, el almacenamiento e industrialización de materias primas forestales, sin que el Estado pierda capacidad de actuación en dichas esferas, para enfrentar hechos ilícitos.
Se crea un consejo técnico consultivo forestal nacional, integrado por representantes de las dependencias involucradas, así como de centros de investigación y enseñanza, agrupaciones de productores y empresarios, organizaciones no gubernamentales y otras relacionadas con el sector. El consejo funge como órgano de consulta de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en materia de normalización forestal y manejo de los recursos y se apoyará en consejos regionales en los que además participan representantes de gobiernos estatales, municipales, así como de ejidos y comunidades.
El Ejecutivo, a través de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos podrá celebrar acuerdos y convenios con los gobiernos de los estados y del Distrito Federal, para la elaboración y ejecución de programas de reforestación; rescate de zonas erosionadas; labores de inspección y vigilancia, así como de fomento a la educación y cultura forestales y demás funciones operativas previstas en la iniciativa.
La iniciativa contempla el fomento de las plantaciones forestales en zonas deforestadas, para abastecer a la industria y reducir la presión sobre los bosques naturales y las selvas. Los propietarios de terrenos erosionados y de escaso valor por sus bajos rendimientos agrícolas o ganaderos, podrán encontrar en ellas una alternativa con el cultivo forestal, que aumente su bienestar.
Mediante el apoyo a programas de difusión técnica, investigación y actualización educativa se promoverá el desarrollo de una cultura forestal.
Se establece un marco de sanciones para desalentar la comisión de ilícitos que permita al Estado actuar con eficacia en contra de los infractores y se tipifica como delito el transporte, el comercio o transformación de madera en rollo, que provenga de un aprovechamiento no autorizado.
Finalmente, los artículos transitorios prevén mecanismos para garantizar la transición entre los esquemas de la Ley vigente y los de la nueva normatividad, de tal forma que no se pongan en riesgo los recursos forestales, asimismo, se fijan plazos para la creación del registro forestal nacional y para la integración del consejo técnico consultivo nacional forestal.
Por lo anteriormente expuesto, consideramos que la nueva Ley forestal constituye un importante avance, que valora adecuadamente la necesidad de aumentar la superficie boscosa del país, desarrollar su potencial productivo mediante el manejo sostenible de los recursos forestales, al tiempo que posibilita el mejoramiento de los niveles de bienestar de los dueños y pobladores de los terrenos forestales.
Así estas comisiones unidas de bosques y selvas y de ecología y medio ambiente se permiten someter a la consideración de esta soberanía la siguiente
«INICIATIVA DE LEY FORESTAL
TITULO PRIMERO
Disposiciones generales
CAPÍTULO I
Del objeto de la ley
Artículo 1o. La presente Ley es reglamentaria del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia forestal, es de observancia general en todo el territorio nacional, sus disposiciones son de orden público y tienen por objeto regular el aprovechamiento de los recursos forestales del país y fomentar su conservación, producción, protección, y restauración.
Las normas a que se sujetará el aprovechamiento de los recursos forestales del país y las medidas de fomento que se adopten, tienen la finalidad de:
I. Conservar, proteger y restaurar los recursos forestales y la biodiversidad de sus ecosistemas;
II. Proteger las cuencas y cauces de los ríos y los sistemas de drenaje natural, así como prevenir y controlar la erosión de los suelos y procurar su restauración;
III. Lograr un manejo sostenible de los recursos forestales maderables y no maderables, que contribuya al desarrollo socioeconómico de los ejidatarios, comuneros y demás propietarios o poseedores de dichos recursos, sin reducir la capacidad de la naturaleza para regenerarse;
IV. Crear las condiciones para la capitalización y modernización de la actividad forestal y la generación de empleos en el sector;
V. Fomentar las labores de conservación, protección y restauración forestal, así como las plantaciones comerciales y de otra naturaleza.
VI. Impulsar el desarrollo de la infraestructura forestal, sin perjuicio de la conservación de los recursos naturales; y
VII. Promover la cultura forestal, a través de programas educativos, de capacitación, desarrollo tecnológico en materia forestal.
Artículo 2o. Se declara de utilidad pública la conservación, protección y restauración de los ecosistemas forestales.
Artículo 3o. Las disposiciones de esta Ley son aplicables en los terrenos forestales y en aquellos con aptitud preferentemente forestal, cualquiera que sea su régimen de propiedad.
Son terrenos forestales los que están cubiertos por bosques, selvas o vegetación, forestal de zonas áridas. Son terrenos de amplitud preferentemente forestal aquellos que no están cubiertos por dicha vegetación, por sus condiciones de clima, suelo y tipografía, puedan incorporarse al uso forestal, excluyendo aquellos que, sin sufrir degradación permanente, puedan ser utilizados en agricultura y ganadería. No se consideran como terrenos forestales o de amplitud preferentemente forestal los situados en áreas urbanas.
CAPÍTULO II
De la autoridad en materia forestal
Artículo 4o. La aplicación de esta Ley corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, a la cual en lo sucesivo se dominará la Secretaría.
Artículo 5o. Son atribuciones de la Secretaría en materia forestal:
I. Realizar y mantener actualizado el inventario forestal nacional;
II. Determinar, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social y escuchando la opinión del consejo técnico consultivo forestal, los criterios para caracterizar los distintos tipos de zonas forestales en que se dividirá el territorio nacional;
III. Elaborar y actualizar normas oficiales mexicanas forestales, en los términos de la Ley aplicable en materia de normalización, previa opinión del consejo técnico consultivo forestal, a excepción de aquellas que sean competencia de la Secretaría de Desarrollo social;
IV. Autorizar el aprovechamiento de los recursos forestales maderables, la forestación y reforestación en terrenos forestales y de aptitud preferentemente forestal, así como revisar y autorizar los programas de manejo forestal y supervisar su cumplimiento;
V. Organizar y manejar el Registro Forestal Nacional;
VI. Autorizar el cambio de uso de suelo en terrenos forestales;
VII. Ejercer la administración directa de las reservas y zonas forestales de propiedad nacional y de los parques nacionales, así como de los terrenos nacionales forestales cuya administración no corresponda a otra dependencia, y supervisar las labores de conservación , protección y vigilancia de dichas áreas cuando su administración recaiga, mediando acuerdo o convenio, en personas físicas o morales;
VIII. Supervisar y coordinar las acciones para la prevención y combate de incendio forestales;
IX. Supervisar y controlar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas fitosanitarias relativas a las especies forestales;
X. Elaborar estudios para, en su caso, recomendar el establecimiento o levantamiento de vedas forestales;
XI. Formular y organizar, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo social, un programa permanente de forestación y reforestación para el rescate de zonas erosionadas;
XII. Promover asociaciones entre ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios y otros productores forestales, así como entre éstos e inversionistas;
XIII. Supervisar que las obras de infraestructura vial a las disposiciones legales y administrativas aplicables;
XIV. Celebrar, conforme a lo previsto en la presente Ley, acuerdos y convenios en materia forestal, con los gobiernos de los estados y del Distrito Federal, así como con otras instituciones públicas y personas físicas o morales de los sectores social y privado;
XV. Realizar visitas de inspección y auditorías técnicas en terrenos forestales y de aptitud preferentemente forestal, así como en centros
de almacenamiento y transformación de materias primas forestales;
XVI. Vigilar que los aprovechamientos de los recursos forestales maderables se realicen con base en programas de manejo autorizados;
XVII. Sancionar las infracciones que se cometan en materia forestal y denunciar los delitos en dicha materia a las autoridades competentes; y
XVIII. Las demás que señale esta Ley.
Artículo 6o. La Secretaría constituirá un consejo técnico consultivo nacional forestal, que en lo sucesivo se denominará el consejo, y que estará integrado con representantes de la Secretaría, de la Secretaría de Desarrollo Social y de otras dependencias y de entidades de la administración pública federal, así como representantes de instituciones académicas y centros de investigación; agrupaciones de productores y empresarios; organizaciones no gubernamentales y de otras organizaciones de carácter social y privado, relacionadas con la materia forestal.
El consejo se apoyará en consejos regionales que constituirá la Secretaría, en los que también participarán representantes de los gobiernos de los estados y municipios, de ejidos y comunidades.
El consejo fungirá como órgano de consulta de la Secretaría, así como de la Secretaría de Desarrollo Social, en las materias que le señale esta Ley y en las que la Secretaría solicite su opinión.
CAPÍTULO III
De la coordinación y concentración en materia forestal
Artículo 7o. Los acuerdos y convenios que en materia forestal celebre la Secretaría con los gobiernos de los estados y del Distrito Federal podrán versar sobre los siguientes asuntos:
I. La formulación, articulación e instrumentación de programas forestales, especialmente de forestación y reforestación para el rescate de zonas erosionadas, así como de agroforestería y manejo y uso múltiple del ecosistema forestal;
II. El fomento de la educación, cultura, capacitación e investigación forestales.
III. Las medidas de fomento para la conservación, protección y restauración de los recursos forestales, para las plantaciones comerciales y de otra naturaleza, y para los aprovechamientos forestales que se realicen conforme a los términos de esta Ley;
IV. La inspección y vigilancia forestales;
V. La asunción, por parte de los gobiernos de los estados y del Distrito Federal, del ejercicio de las funciones operativas que en esta Ley se prevén en favor de la Secretaría.
Los instrumentos a que se refiere la última fracción de este artículo, deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación y en el periódico oficial o gaceta del Estado de que se trate o del Departamento del Distrito Federal.
La Secretaría dará seguimiento y evaluará los resultados que se obtengan por la ejecución de los acuerdos y convenios a que refiere este artículo.
Artículo 8o. Los acuerdos y convenios que en materia forestal celebre la Secretaría con personas físicas o morales del sector social o privado, podrán versar sobre la instrumentación de programas forestales, el fomento a la educación, cultura, capacitación e investigación forestales, así como respecto de las labores de vigilancia forestal y demás acciones forestales operativas previstas en esta Ley.
TITULO SEGUNDO
De la administración y manejo de los recursos forestales
CAPÍTULO I
Del inventario forestal nacional y de la zonificación forestal
Artículo 9o. El inventario forestal nacional deberá incluir, por lo menos, la información correspondiente a los siguientes elementos:
I. La superficie de terrenos forestales y de aptitud perfectamente forestal con que cuenta el país;
II. Los tipos de vegetación forestal y su localización;
III. La dinámica de cambio de vegetación forestal del país;
IV. La cuantificación de los recursos forestales; y
V. Los demás que señale el Reglamento de esta Ley.
La Secretaría deberá recabar la opinión del consejo para definir los criterios técnicos a utilizarse para recopilar y organizar el inventario forestal nacional.
Artículo 10. Con base en el inventario forestal nacional y el ordenamiento ecológico del territorio nacional, la Secretaría llevará a cabo la zonificación de los terrenos forestales y de aptitud preferentemente forestal, con el objeto de delimitar sus usos y destinos, considerando primordialmente los criterios de conservación producción y restauración. Dicha zonificación deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación.
CAPÍTULO II
Del aprovechamiento de recursos forestales y la forestación y reforestación
Artículo 11 Se requiere autorización de la Secretaría para el aprovechamiento de recursos forestales maderables y para la forestación y reforestación en terrenos forestales o de aptitud preferentemente forestal. Dicha autorización comprenderá la autorización del programa de manejo a que se refiere el artículo 12.
La forestación o reforestación en terrenos forestales o de aptitud perfectamente forestal, en superficies menores a 10 hectáreas, únicamente requerirá notificación por escrito del interesado a la Secretaría, la que dará aviso a la Secretaría de Desarrollo social. El Reglamento de esta Ley y las normas oficiales mexicanas que expiden conjuntamente dichas dependencias, determinarán los casos de excepción en que sea necesaria la autorización de la Secretaría para realizar dichas actividades.
El aprovechamiento, transporte y almacenamiento de recursos forestales no maderables y el aprovechamiento de leña para uso doméstico, se sujetarán a las normas oficiales mexicanas que expidan conjuntamente la Secretaría y la Secretaría de Desarrollo Social.
Artículo 12. Las solicitudes para obtener autorización de aprovechamiento de recursos forestales maderables, forestación y reforestación, deberán acompañarse de:
I. Título que acredite el derecho de propiedad o posesión respecto del terreno o terrenos objeto de la solicitud o, en su caso, el documento que acredite el derecho para realizar las actividades de aprovechamiento, forestación o reforestación.
II. Programa de manejo forestal que deberá contener:
a) Los objetivos del programa;
b) La ubicación del terreno o terrenos y las características físicas y biológicas del ecosistema forestal;
c) Los estudios dasométricos del área;
d) Las técnicas que se utilizarán en el aprovechamiento, forestación o reforestación;
e) En su caso, las medidas para conservar y proteger el hábitat de especies de fauna silvestre amenazadas o en peligro de extinción;
f) Las medidas para la prevención, control y combate de plagas e incendios;
g) Las medidas de prevención y mitigación de impactos ambientales, en las distintas etapas de la aplicación del programa de manejo;
h) Las obligaciones de forestación o reforestación que se contraigan;
i) La planeación, en su caso, de la infraestructura necesaria para transportar las materias primas forestales; y
j) Los demás requisitos que se establezcan en el Reglamento de la presente Ley y en las normas oficiales mexicanas que emitan conjuntamente la Secretaría y la Secretaría de Desarrollo Social.
III. En el caso de aprovechamiento forestales de selvas tropicales y de especies de difícil regeneración, así como de áreas naturales protegidas, autorización de la Secretaría de Desarrollo Social en materia de impacto ambiental, en los términos de la legislación aplicable.
Artículo 13. La Secretaría deberá resolver las solicitudes de autorización de aprovechamiento de recursos forestales maderables, forestación o reforestación, dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de presentación de la solicitud. En caso de que se hubiera presentado la información o documentación incompleta, dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha de presentación de la solicitud, la Secretaría requerirá a los solicitantes, para que la proporcionen. Una vez proporcionada ésta, comenzará a correr el plazo para que resuelva la Secretaría.
Tratándose de aprovechamiento forestales que no requieran de la autorización a que se refiere
la fracción III del artículo 12, la Secretaría enviará copia del programa de manejo a la Secretaría de Desarrollo Social, para que dentro de los diez días siguientes determine, en su caso, las restricciones de protección ecológica aplicables. Si transcurrido el plazo señalado, la Secretaría de Desarrollo Social no hubiere comunicado las restricciones aplicables, se entenderá que no existen restricciones adicionales a las previstas en el programa de manejo.
Artículo 14. En caso de que la Secretaría niegue la autorización solicitada, los particulares afectados podrán recurrir la decisión en un plazo no mayor de quince días hábiles contados a partir de que se les notifique. La Secretaría, dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha de interposición del recurso, deberá turnas el expediente al Consejo, mismo que deberá emitir su opinión en un plazo no mayor de quince días hábiles. Una vez recibida dicha opinión, la Secretaría deberá emitir su resolución definitiva dentro de los siguientes diez días hábiles.
Artículo 15. Los titulares de las autorizaciones de recursos forestales maderables, forestación o reforestación estarán obligados a presentar informes periódicos avalados por el responsable técnico de la ejecución sobre el desarrollo y cumplimiento del programa de manejo. La periodicidad de la presentación de dichos informes se establecerá en la autorización del programa de manejo forestal respectivo.
Artículo 16. Las autorizaciones de aprovechamiento de recursos forestales maderables, forestación reforestación, tendrán una vigencia que permitirá cumplir con los objetivos del programa de manejo y podrán ser suspendidas o revocadas en los casos previstos en los artículos 50 y 52 de esta ley.
Las modificaciones o cancelación de los programas de manejo deberán ser autorizadas por la Secretaría. Para autorizar las modificaciones se requerirá que la Secretaría de Desarrollo Social determine, en su caso, las restricciones aplicables, en los términos y dentro de los plazos establecidos en el artículo 13 de la presente ley.
Artículo 18. En caso de enajenación de propiedad o derechos reales de uso o usufructo sobre terrenos forestales o de amplitud preferentemente forestal, para los cuales se hubiere autorizado el aprovechamiento de recursos forestales maderables, el enajenante deberá informarlo, lo que se hará constar en el documento en que se formalice la enajenación.
Los notarios públicos ante quienes se celebren estos actos, deberán verificar en el Registro Forestal Nacional si existe programas de manejo. En caso de que éste exista, los notarios deberán dar aviso del acto que se celebre al Registro, en un plazo de treinta días hábiles contando a partir del otorgamiento de la escritura correspondiente.
Los adquirientes de la propiedad o de derechos de uso o usufructo sobre terrenos forestales o de aptitud preferentemente forestal, deberán cumplir con los términos de programa de manejo sin perjuicio de poder solicitar su modificación o cancelación en los términos del segundo párrafo del artículo 16 de la presente ley.
Artículo 19. La Secretaría sólo podrá autorizar, por excepción y con base en estudios técnicos justificativos, el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, atendiendo las normas oficiales mexicanas que en materia de protección ecológica emita la Secretaría de Desarrollo Social, siempre que el nuevo uso no comprometa la biodiversidad y contribuya a evitar la erosión de suelos, el deterioro de la calidad del agua y la disminución en su captación.
CAPÍTULO III
Del transporte y almacenamiento de materias primas forestales
Artículo 20. Las materias primas forestales maderables, para su transportación o almacenamiento, deberán estar amparadas con documentación en los términos que fije el reglamento de la presente ley y las normas oficiales mexicanas expedidas por la Secretaría. La madera en rollo únicamente requerirá estar marcada con un marcador autorizado por la Secretaría en los términos que fije el reglamento de la presente ley y las normas oficiales mexicanas expedidas por la Secretaría, mismos que precisarán las características, así como las bases y lineamientos para el uso y control de los marcadores.
La Secretaría estará facultada para realizar los actos tendientes a verificar el cumplimiento de esta disposición.
Artículo 21. Los responsables de los centros de almacenamiento y transformación de materias primas forestales, deberán solicitar la inscripción de los mismos en el Registro Forestal Nacional de acuerdo con lo establecido en el reglamento de la presente ley.
Artículo 22. Quienes transporten o realicen actos de comercio o transformación de materias primas
forestales maderables, deberán verificar, en los términos que fije el reglamento de esta ley y las normas oficiales mexicanas que expida la Secretaría que las mismas provengan de aprovechamientos para los cuales exista autorización.
CAPÍTULO IV
De los servicios técnicos forestales
Artículo 23. Los programas de manejo deberán ser elaborados y dirigidos en su ejecución técnica por personas físicas o morales con la capacidad necesaria. Quienes se encarguen de dirigir la ejecución técnica del programa de manejo, serán responsables, junto con los titulares de la autorización de aprovechamiento de recursos forestales maderables, forestación, o reforestación, de asegurar que dichos programas se cumplan y se ajusten a las normas oficiales mexicanas establecidas.
Las personas físicas o morales que de acuerdo con el reglamento de esta ley, cumplan con los requisitos necesarios para elaborar, dirigir la ejecución y evaluar los programas de manejo, deberán estar inscritas en el Registro Forestal Nacional.
Artículo 24. Los ejidatarios, comuneros y demás propietarios o poseedores de terrenos forestales o de aptitud preferentemente forestal, que por la carencia de recursos económicos o por el reducido tamaño de sus terrenos no estén en posibilidades de contratar los servicios técnicos privados, podrán recurrir a la Secretaría en los términos del reglamento de esta ley, para que les proporcione asesoría técnica en la elaboración de sus programas de manejo.
La ejecución de dichos programas de manejo será responsabilidad directa de los ejidatarios, comuneros o demás propietarios o poseedores de los terrenos de que se trate.
CAPÍTULO V
De la creación, organización y administración de reservas y zonas forestales y parques nacionales
Artículo 25. El Ejecutivo Federal, con base en los estudios que elaboren la Secretaría y la Secretaría de Desarrollo Social, previa opinión del Consejo, podrá establecer reservas y zonas forestales y parques nacionales, para asegurar la conservación y protección de los ecosistemas forestales.
Los decretos que establezcan las reservas y zonas forestales, así como los parques nacionales, precisarán los regímenes de manejo técnico de los recursos naturales a que se sujetarán dichos terrenos y, en su caso, los programas de desarrollo integral que adoptará el Ejecutivo Federal para apoyar a las comunidades afectadas. previamente, se escuchará la opinión de los propietarios y poseedores de los terrenos de que se trate, así como de los titulares de las autorizaciones de aprovechamiento de recursos forestales maderables, forestación o reforestación.
Artículo 26. Corresponde a la Secretaría administrar las reservas y zonas forestales de propiedad nacional y los parques nacionales, así como los terrenos nacionales forestales cuya administración no corresponda a otra dependencia, atendiendo las normas oficiales mexicanas que en materia de protección ecológica expida la Secretaría de Desarrollo Social.
La Secretaría podrá celebrar acuerdos o convenios con los gobiernos de los estados y del Distrito Federal, para que administren, total o parcialmente las reservas o zonas forestales de propiedad nacional y los parques nacionales, así como los terrenos nacionales forestales cuya administración no corresponda a otra dependencia, que estén ubicados dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales.
Asimismo, la Secretaría podrá acordar y convenir que la administración de las áreas naturales protegidas que se mencionan en este artículo se transfiera, en su totalidad o en parte, a personas físicas o morales que, bajo la supervisión, de ésta, asuman la responsabilidad de su conservación, protección, fomento y vigilancia, para dedicarlas a fines de investigación, turísticos, recreativos o de otra índole, acordes con la conservación del área natural protegida de que se trate.
Quien convenga con la Secretaría en los términos de este artículo, deberán atender las normas oficiales mexicanas que en materia de protección ecológica emita la Secretaría de Desarrollo Social.
CAPÍTULO VI
De la previsión, combate y control de incendios forestales
Artículo 27. La Secretaría, escuchando la opinión de Consejo, dictará las normas oficiales mexicanas que se deberán cumplir para prevenir, combatir y controlar los incendios, así como los métodos y formas en que se puede hacer uso del fuego.
Artículo 28. La Secretaría supervisará, coordinará y ejecutará acciones para la prevención, combate y control de incendios forestales, y promoverá la asistencia, para dichos efectos, de las demás dependencias de la administración pública federal y, en su caso, de los gobiernos de los estados, del Distrito Federal y de los municipios, en los términos de los acuerdos y convenios que se celebren.
La Secretaría procurará la participación de instituciones del sector social y privado y de la ciudadanía en general, para los efectos señaladas en el párrafo que antecede, y organizará campañas permanentes de difusión de las medidas para prevenir, combatir y controlar los incendios forestales.
Artículo 29. Los ejidatarios, comuneros y demás propietarios o poseedores de los terrenos forestales o de aptitud preferentemente forestal y los titulares de las autorizaciones de aprovechamiento de recursos forestales maderables, forestación o reforestación, estarán obligados a ejecutar trabajos para prevenir, combatir y controlar incendios forestales, en los términos de las normas oficiales mexicanas aplicables. Asimismo, al igual que las autoridades civiles y militares y las empresas de transporte, reportarán a la Secretaría la existencia de los incendios forestales que detecten.
CAPÍTULO VII
De la sanidad forestal
Artículo 30. La Secretaría, escuchando la opinión del Consejo, dictará las normas oficiales mexicanas para prevenir, controlar y combatir las plagas y las enfermedades forestales.
Los dependencias y entidades de la administración pública federal, y en su caso, las de los gobiernos de los estados, del Distrito Federal y de los municipios, en los términos de los acuerdos y convenios que se celebren, prestarán su colaboración para prevenir, controlar y combatir plagas y enfermedades forestales.
Artículo 31. Los ejidatarios, comuneros y demás propietarios o poseedores de terrenos forestales o de aptitud preferentemente forestal, así como los titulares de autorización de aprovechamiento de recursos forestales maderables, forestación o reforestación, a partir del momento en que sean notificados por la Secretaría, están obligados a ejecutar los trabajos de sanidad forestal, conforme a los lineamientos que se les den a conocer.
Si por cualquier circunstancia, los ejidatarios, comuneros y demás propietarios o poseedores de dichos terrenos o los titulares de autorizaciones de aprovechamiento de recursos forestales maderables, forestación o reforestación están imposibilitados para ejecutar los trabajos de sanidad forestal, la Secretaría los llevará a cabo, mediante el cobro de los derechos que conforme a la ley procedan. Las materias primas forestales que se obtengan por las operaciones señaladas, quedarán afectas al pago de dichos derechos.
CAPÍTULO VIII
De las vedas forestales
Artículo 32. El Ejecutivo Federal, con base en los estudios técnicos que elabore la Secretaría para justificar la medida, previa opinión del Consejo y respetando la garantía de audiencia de ejidatarios, comuneron y demás propietarios o poseedores de los terrenos afectados, así como de los titulares de autorizaciones de aprovechamiento de recursos forestales moderables, forestación o reforestación sobre dichos terrenos, podrá decretar vedas forestales. Se exceptuarán de las vedas a las plantaciones comerciales, en tanto no pongan en riesgo inminente de daño al medio ambiente. Los decretos precisarán las características, temporalidad, excepciones y límites de las superficies y recursos forestales vedados, así como, en su caso, las medidas que adoptará el Ejecutivo Federal para apoyar a la comunidades afectadas. Dichos decretos se publicarán en dos ocasiones en el Diario Oficial de la Federación y por una sola vez en los diarios de mayor circulación del lugar donde su ubiquen los terrenos y recursos forestales vedados.
Las dependencias y entidades de la administración pública federal y, en su caso, las de los gobiernos de los estados, del Distrito Federal y de los municipios, en los términos de los acuerdos y convenios que se celebren, prestarán su colaboración para que se cumpla con lo que señalen las vedas forestales.
TITULO TERCERO
Del fomento a la actividad forestal
CAPÍTULO I
De la conservación, protección y restauración forestales
Artículo 33. La Secretaría y las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Desarrollo Social elaborarán y aplicarán medidas para
fomentar la conservación, protección, restauración y uso múltiple de los recursos forestales.
Artículo 34. La Secretaría, escuchando la opinión del Consejo, y tomando en cuenta las necesidades de recuperación en zonas de suelos deteriorados, las condiciones socioeconómicas de los habitantes de las mismas y las necesidades de promover cierto tipo de plantaciones, determinará las áreas geográficas en que se deberán fomentar las labores de conservación, protección y restauración forestal, así como para plantaciones agroforestales, para leña, para protección de cuencas, comerciales y de otra naturaleza.
Artículo 35. El fomento a las labores a que se refiere el artículo anterior, comprenderá a las acciones voluntarias de conservación, protección y restauración forestal que lleven a cabo los particulares, mediante:
I. La celebración de convenios entre la Secretaría y los particulares, a efecto de constituir reservas forestales, previendo los aspectos relativos a su administración; y
II. Las medidas que a juicio de la Secretaría, previa opinión del Consejo, contribuyan de manera especial a la conservación, protección y restauración de la biodiversidad forestal.
Artículo 36. Para formular y organizar programas de forestación y reforestación en zonas degradadas, la Secretaría promoverá la cooperación de otras dependencias federales, de los Gobiernos de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, así como de empresas, organismos o personas, nacionales y extranjeras, interesados en el rescate ecológico. El objetivo de estos programas será:
I. Restaurar y aumentar los recursos forestales y la biodiversidad en el territorio nacional; Y
II. Realizar y apoyar las acciones que contribuyan a disminuir la erosión y aumentar la recarga de acuíferos.
Artículo 37. Tratándose de las plantaciones para restauración a que se refiere este capítulo, la Secretaría, en coordinación con la de Desarrollo Social, promoverá la creación de áreas y huertos semilleros, viveros forestales y su operación por los gobiernos de los estados, del Distrito Federal y de los municipios, así como por los propietarios y poseedores de predios forestales o los titulares de autorizaciones de aprovechamiento de recursos forestales maderables, forestación o reforestación.
Artículo 38. La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, promoverá la creación de sociedades reforestadoras para el establecimiento de las plantaciones a que se refiere este capítulo, para lo cual podrá coordinarse con otras dependencias de la administración pública Federal y con los gobiernos de los estados, del Distrito Federal y de los municipios, con el objeto de apoyar las labores del sector social y privado en esta materia.
CAPÍTULO II
De la infraestructura vial
Artículo 39. La Secretaría y las Secretarías de Desarrollo Social y de comunicaciones y Transportes, podrán celebrar acuerdos y convenios con los gobiernos de los estados y del Distrito Federal, así como con empresas del sector social o privado y con los titulares de autorizaciones de aprovechamiento de recursos forestales maderables, forestación o reforestación, con el objeto de desarrollar y conservar la infraestructura vial de las regiones forestales.
Artículo 40. Las autoridades competentes vigilarán que la construcción de los caminos en terrenos forestales cause el menor daño al medio natural.
CAPITULO III
De la cultura, educación, capacitación e investigación forestales
Artículo 41. La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y previa opinión del Consejo, proveerá en materia de cultura forestal a:
I. Promover, coordinar y realizar campañas permanentes de difusión y eventos especiales orientados al logro de la participación de la sociedad en programas inherentes al desarrollo sostenido de la actividad forestal;
II. Promover la actualización de los programas educativos en materia de conservación, protección, restauración y aprovechamiento forestales en el sistema educativo nacional, con el fin de que se fortalezca y fomente la cultura forestal.
Artículo 42. La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Educación pública y previa opinión del Consejo, proveerá en materia de educación y capacitación forestal a:
I. Promover programas de educación y capacitación para propietarios, poseedores y pobladores de terrenos forestales y de aptitud preferentemente forestal;
II. Recomendar a las escuelas públicas y privadas dedicadas a la formación de profesionistas forestales, sobre el contenido de los planes de estudio, con el fin de promover que la capacitación de los recursos humanos responda a las necesidades del sector forestal; y
III. Crear y coordinar un programa de becas para apoyar la formación y capacitación de recursos humanos en áreas relacionadas con el manejo y administración de los recursos forestales, a diferentes niveles de especialización, que incluya desde entrenamientos técnicos hasta postgrados.
Artículo 43. La Secretaría, previa opinión del Consejo, proveerá en materia de investigación forestal a:
I. Identificar las áreas prioritarias en materia forestal en las que sea necesario apoyar actividades de investigación y formación de recursos humanos;
II. Crear y coordinar un programa a través del cual se otorgarán financiamientos a universidades, centros de estudio e instituciones públicas y privadas que demuestren capacidad para llevar a cabo investigaciones en materia forestal;
III. Crear un programa con el objeto de que otras instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras, destinen recursos a actividades de investigación y formación de recursos humanos;
IV. Promover la transferencia de tecnología forestal requerida para conservar, proteger, restaurar y aprovechar en forma óptima los recursos y aprovechar en forma óptima los recursos forestales del país, así como promover el intercambio científico y tecnológico con otros países; y
V. Integrar y coordinar sus investigaciones con las de otras instituciones vinculadas con el estudio y la conservación y protección de los recursos naturales.
TITULO CUARTO
De las visitas de inspección ,auditorías técnicas, infracciones y delitos
CAPÍTULO I
De las visitas de inspección y auditorías técnicas
Artículo 44. El personal autorizado de la Secretaría realizará visitas de inspección o auditorías en terrenos forestales o de aptitud preferentemente forestal, cualquiera que sea su régimen de propiedad, con el objeto de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley, sin perjuicio de las facultades que correspondan a la Secretaría de Desarrollo Social, a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Asimismo, podrá inspeccionar los centros de almacenamiento y transformación de materias primas forestales para verificar que éstas procedan de terrenos para los cuales se haya autorizado el aprovechamiento de recursos forestales maderables.
Dicho personal, deberá contar con la identificación vigente y orden escrita de la autoridad competente, en la que se precisará el lugar de la diligencia, el objeto de la misma y las disposiciones legales que la fundamenten.
Los propietarios y poseedores de terrenos forestales o de aptitud preferentemente forestal y los titulares de autorizaciones de aprovechamiento de recursos forestales maderables, forestación o reforestación, deberán dar facilidades al personal autorizado de la Secretaría, para el desarrollo de sus funciones; en caso contrario se aplicarán las medidas de seguridad y sanciones conforme a la legislación aplicable.
CAPÍTULO II
De la infracciones y sanciones
Artículo 45. La Secretaría impondrá multa por el equivalente de cincuenta a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento en que se cometa la infracción;
I. A quien teniendo obligación de hacerlo, no prevenga o combata los incendios forestales o las plagas o enfermedades que afecten a la vegetación forestal, de acuerdo con las normas oficiales mexicanas que emita la Secretaría;
II. Al que en terrenos forestales establezca cultivos agrícolas, encerraderos de ganado o labores de pastoreo o de otra índole, sin apego a las disposiciones contenidas en el programa de manejo autorizado; y
III. Al que incumpla con la obligación de dar los avisos o solicitar las inscripciones registrales, previstos en la presente Ley.
Artículo 46. La Secretaría impondrá multa por el equivalente de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento en que se cometa la infracción:
I. A quien ejecute aprovechamientos forestales en contravención a las disposiciones contenidas en el programa de manejo autorizado;
II. Al que, viole las disposiciones contenidas en los decretos por los que se establezcan reservas y zonas forestales, parques nacionales y vedas;
III. Al que, en desacato de mandato legitimo de la secretaría, se rehuse a prevenir o combatir los incendios forestales o las plagas o enfermedades que afecten la vegetación forestal;
IV. Al que por imprudencia provoque incendios en terrenos forestales, así como al propietario o poseedor de terrenos afectados por un incendio o a los titulares de autorizaciones de aprovechamiento de recursos forestales maderables, forestación o reforestación sobre dichos terrenos, que no den el aviso a que se refiere artículo 29 de la ley;
V. Al que sin autorización extraiga suelo o realice cualquier acción que comprometa la regeneración y capacidad productiva de los terrenos forestales;
VI. Al que intencionalmente y sin observar las normas oficiales mexicanas que emita la Secretaría, provoque incendios en terrenos forestales;
VII. A quien falsifique la documentación o las marcas a las que hace referencia el artículo 20 de esta ley, para amparar el transporte y almacenaje de materias primas forestales maderables;
VIII. Al que sin autorización realice cambios de uso de suelo en terrenos forestales;
IX. Al que incumpla las disposiciones contenidas en los artículos 11, 20 y 22 de esta ley; y
X. Al que se apodere ilícitamente de la documentación o de los marcadores autorizados por la secretaría, para amparar el transporte y almacenamiento de materias primas de forestales maderables.
Artículo 47. Se aplicará el doble de las multas previstas en este capítulo, a los reincidentes de las infracciones señaladas en el mismo.
Artículo 48. Son responsables solidarios de las infracciones, quienes intervienen en su preparación o realización.
Artículo 49. La Secretaría, al imponer una sanción, la fundará y motivará, tomando en cuenta, para su calificación, las condiciones económicas del infractor y el tipo, localización y cantidad del recurso dañado.
La Secretaría de Desarrollo social coadyuvará con la Secretaría, en la detección y denuncia de las infracciones señaladas en este capítulo.
Artículo 50. Procede la suspensión total o parcial de la autorización de aprovechamiento de los recursos forestales maderables, forestación o reforestación, por el incumplimiento, imputable a su titular, de las obligaciones señaladas en el programa de manejo autorizado cuando se comprometa la biodiversidad de la zona así como la regeneración y capacidad productiva de los terrenos en cuestión.
Artículo 51 En caso de incumplimiento de las obligaciones señaladas en la autorización correspondiente, la Secretaria podrá, de existir causa justificada, conceder, a petición del interesado, un plazo para que las cumpla. Si transcurrido el plazo no se ha dado cumplimiento, la Secretaría podrá realizar los trabajos respectivos, con cargo al obligado. El costo de los trabajos tendrá el carácter de crédito fiscal.
Artículo 52. Procede la revocación de la autorización del aprovechamiento de recursos forestales maderables, forestación o reforestación por la persistencia de la causa que haya motivado su suspensión, en los términos que marca el artículo 50.
Artículo 53. La Secretaría hará la inscripción de suspensión o revocación correspondiente, en el Registro Forestal Nacional.
Artículo 54. A quienes se hubiere impuesto alguna multa o se les suspenda o revoque una autorización de aprovechamiento de recursos forestales maderables, forestación o reforestación, podrán interponer recurso de revocación. El recurso tiene por objeto revocar, modificar o confirmar la resolución reclamada y los fallos que se dicten contendrán la fijación del acto impugnado, los fundamentos legales en que se apoye y los puntos de resolución. El Reglamento de la presente Ley establecerá los términos y demás requisitos para la tramitación y substanciación del recurso.
La interposición del recurso se hará por escrito dirigido a la Secretaría, en el que se deberán expresar el nombre y domicilio del recurrente y los agravios, acompañándose los elementos de prueba que se consideren necesarios, así como las constancias que acrediten la personalidad del promovente.
Si se recurre la imposición de una multa, se suspenderá el cobro de ésta hasta que sea resuelto el recurso, siempre y cuando se garantice su pago en los términos previstos por las disposiciones fiscales.
Artículo 55. Las sanciones que se señalan en este capítulo se aplicarán sin prejuicio de la responsabilidad penal que resulte.
Artículo 56. La Secretaría estará facultada para clausurar los centros de almacenamiento y transformación de materias primas forestales cuando a pesar de que los responsables hayan sido sancionados a la fracción III del artículo 45 por no haber solicitado la inscripción de éstos en el Registro Forestal Nacional, transcurran quince días contados a partir de la fecha en que se haya aplicado la sanción sin que se haya solicitado dicha inscripción.
CAPÍTULO III
De los delitos
Artículo 57. La Secretaría y, en caso, la Secretaría de Desarrollo Social, en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán coadyuvar con el Ministerio Público, en el ejercicio de sus funciones en materia de delitos forestales.
Artículo 58. A quien transporte, comercie o transforme madera en rollo procedente de aprovechamientos para los cuales no se haya autorizado un programa de manejo, se impondrá pena de tres meses a cinco años de prisión y multa por el equivalente de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento en que se cometa el delito.
TRANSITORIOS
Primero. Esta Ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se abroga la Ley Federal Forestal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de mayo de 1986, así como todas las demás disposiciones que se opongan a lo previsto en la presente Ley.
Tercero. En tanto se expida el Reglamento de la Presente Ley, seguirá aplicándose, en lo que no la contravenga, el de la Ley abrogada, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de julio de 1988.
Cuarto. Los permisos de aprovechamiento otorgados bajo la vigencia de la Ley que se abroga, continuarán teniendo validez, sin perjuicio de que su titular solicite se ajusten a las prescripciones contenidas en la presente Ley.
Quinto. El Registro Forestal Nacional deberá entrar en funciones en un plazo que no exceda de ocho meses, contando a partir de que entre en vigor la presente ley.
Sexto. Las organizaciones y técnicos que presten servicios técnicos forestales, así como los responsables de centros de almacenamiento y transformación de materias primas forestales, deberán solicitar la inscripción de los mismos en el Registro Forestal Nacional, en un plazo de tres meses, contando a partir de que éste inicie sus funciones. En tanto inicia sus funciones el Registro, quien pretenda instalar un centro de almacenamiento o transformación deberá notificarlo a la Secretaría.
Séptimo. La Secretará deberá poner en operación el sistema de marqueo a que se refiere el artículo 20 de esta Ley, en un plazo no mayor a seis meses contado a partir de que entre en vigor la presente Ley.
En tanto se pone en operación dicho sistema de marqueo, se deberá continuar utilizando la documentación para el transporte de madera en rollo previsto en la Ley que se abroga.
Octavo. La Ley que se abroga deberá continuar aplicándose por los delitos ejecutados durante su vigencia, a menos que los acusados manifiesten su voluntad de acogerse a la presente Ley por considerarla más favorable.
Noveno. El consejo técnico consultivo nacional forestal, deberá constituirse en un plazo no mayor a cuatro meses, contando a partir de que entre en vigor la presente Ley.
Sala de comisiones de la honorable Cámara de Diputados, México, Distrito Federal, a 17 de noviembre de 1992.»
Es de primera lectura.
CONDECORACIÓN
El secretario José Socorro Velázquez Hernández:
« Comisión de Gobernación y Puntos constitucionales.
Honorable asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe
le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto, que procede permiso al ciudadano embajador Gustavo Petricioli, para que pueda aceptar y usar la Condecoración del Libertador Bernardo O'Higgins, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la República de Chile.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B, del artículo 37 constitucional se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente.
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano embajador Gustavo Petricioli, para que pueda aceptar y usar la Condecoración del Libertador Bernardo O'Higgins, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la República de Chile.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 18 de noviembre de 1992. - Diputados: César Augusto Santiago Ramírez, Presidente; Salvador Valencia Carmona, Juan de Dios Castro Lozano, secretarios; José Octaviano Alaniz Alaniz, José Alarcon Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, José Azanza Jiménez, Juan José Bañuelos Guardado, Agustin Basave Benítez, Luis A. Beauregard Rivas, Carlos E. Cantú Rosas, Eloy Cantú Segovia, Alberto Carrillo Armenta, Gustavo Carvajal Moreno, Juan José Castillo Mota, Javier Centeno Avila, José Alberto Córtez García, Eduardo Cristema González, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Alvina Garavito Elías, Laura Alicia Garza Galindo, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo J. González Díaz, José Antonio González Fernández, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hedricks Díaz, Fidel Herrera Beltran, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, José Benigno López Mateos, Cuauhtémoc López Sánchez Coello, Jorge Mendoza Alvarez, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Miguel Angel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Rigoberto Ochoa Zaragoza, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, Marco Antonio Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Fernando Ortiz Arana, Tomás Osorio Aviléz, Guillermo Pacheco Pulido, Ruben Pabello Rojas, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Irma A.l Piñeiro Arias, Froylán Ramírez Lara, Gilberto Rincón Gallardo, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Horacio Sánchez Unzueta, María Esther Scherman Leaño, Manuel Solares Mendiola, Edmundo Sosa López, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Oscar Ricardo Valero Recio, Jorge Zermeño Infante, Ildefonso Zorrilla Cuevas Nahum, Efrain Zuñiga Galeana y Alberto Alejandro Rébora González.»
Es de primera lectura.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
CONDECORACIÓN ( I )
El secretario Rubén Pabello Rojas:
« Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales
Honorable Asamblea : a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Jaime José Serra Puche, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Leopoldo II, en grado de Gran Cruz, que le confiere el reino de Bélgica.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente.
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Jaime José Serra Puche, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Leopoldo II, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Reino de Bélgica.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 13 de noviembre de 1992. - Diputados: César Augusto Santiago Ramírez, Presidente; Salvador Valencia Carmona, Juan de Dios Castro Lozano, secretarios; José Octaviano Alaniz Alaniz, José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo en contra, José
Azanza Jiménez, Juan José Bañuelos Guardado, Agustín Basave Benítez, Luis A. Beauregard Rivas, Carlos E. Cantú Rosas, Eloy Cantú Segovia, Alberto Carrillo Armenta, Gustavo Carvajal Moreno, Juan José Castillo Mota, Javier Centeno Avila, José Alberto Cortéz García, Eduardo Cristema González, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elías, Laura Alicia Garza Galindo, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo J. González Díaz, José Antonio González Fernández, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, José Benigno López Mateos, Cuauhtémoc López Sánchez Coello, Jorge Mendoza Alvarez, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Miguel Angel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Rigoberto Ochoa Zaragoza, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, Marco Antonio Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Fernando Ortiz Arana, Tomás Osorio Aviléz, Guillermo Pacheco Pulido, Rubén Pabello Rojas, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Irma A. Piñeiro Arias, Froylán Ramírez Lara, Gilberto Rincón Gallardo, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Horacio Sánchez Unzueta, María Esther Scherman Leaño, Manuel Solares Mendiola, Edmundo Sosa López, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Oscar Ricardo Valero Recio, Jorge Zermeño Infante, Ildefonso Zorrilla Cuevas Nahum, Efraín Zúñiga Galeana y Alberto Alejandro Rébora González.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto.
El Presidente: Se han registrado para hacer uso de la palabra el diputado Héctor Morquecho Rivera, del Partido Popular Socialista y la diputada Blanca Ruth Esponda, del Partido Revolucionario Institucional, para este asunto.
Tiene la palabra el diputado Héctor Morquecho Rivera, del Partido Popular Socialista.
El diputado Héctor Morquecho Rivera: - Con permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:
Quiero a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, hacer estas breves reflexiones para explicar las razones por las cuales habremos de votar en contra de este dictamen y plantear que en todo caso sea en otras condiciones en las cuales se pueda otorgar el permiso que se solicita, en virtud de los siguientes razonamientos:
Creo que en primer lugar el punto de vista que maneja mi partido, no es el relativo a los requisitos legales, si éstos se cumplen o no, para efecto de otorgar el permiso en favor del ciudadano Serra Puche y que se le otorgue la medalla en grado de Comendador, como se ha señalado.
No es tampoco el hecho de que no se explica, no se fundamenta en el dictamen, no se señala por qué razones y en base a qué se otorga ésta condecoración al ciudadano Serra Puche, hoy Secretario de Comercio.
Tampoco no hay ningún dato, ninguna afirmación relativa que precisamente nos dé claridad para saber si hay algún reconocimiento, si hay alguna cuestión que dé trámite o que explique por qué se da esta condecoración. Sin duda que el propio derecho internacional establece estas reglas y por ese lado no es el cuestionamiento que mi partido hace en este sentido.
Lo que estamos propiamente señalando, nuestra objeción para que el actual Secretario de Comercio, al ciudadano Serra Puche, le sea otorgada esta condecoración, es que desde el punto de vista político, desde el punto de vista de su actuación política en el quehacer de nuestro país, en el quehacer de nuestro país frente a gobiernos extranjeros, en los cuales tiene que haber intercambios comerciales, concretamente el Tratado de Libre Comercio, acciones que tienen que ver con la Ley de Inversiones Extranjeras de nuestra patria, todo este conjunto, en este conjunto, la actuación del ciudadano José Serra Puche es totalmente cuestionable, ha asumido una actitud política en contra de los principios de Revolución Mexicana; ha sido uno de los más preclaros militantes del neoliberalismo, de la política económica que ha abierto las puertas al capital extranjero de manera indiscriminada.
Si se revisa detenidamente, paso a paso los informes de los trabajos de la Secretaría de Comercio; si se revisa lo que la Prensa ha informado, los informes de trabajo que se han presentado por parte de esta Secretaría, no hay en lo absoluto ninguna actitud patriótica, firme, reflexiva, de conciencia, que permita establecer que el actual Secretario de Comercio puede tener un consenso favorable de las fuerzas democráticas, revolucionarias, progresistas de nuestro país.
Ha asumido de manera permanente el ciudadano Serra Puche, una actitud pronorteamericana, una actitud entreguista, una actitud qué deja mucho que desear. Por eso nosotros consideramos desde esta óptica en que lo estamos planteando, que en todo caso, siendo muy cuestionable la conducta de este personaje de la vida política de nuestro país, de este funcionario, pensamos que esta soberanía habría de tomar el resolutivo de dejar pendiente esta condecoración, para que una vez que las cosas tengan otro nivel, que haya al menos argumentos en contra de lo que pudiese aún más agregarse sobre el actual Secretario de Comercio, pensamos que sería los más conveniente en este sentido, dejar para otra ocasión el otorgar el permiso para que se le dé esta condecoración. Gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra la diputada Blanca Ruth Esponda, del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Blanca Ruth Esponda Espinosa: - Señor Presidente, con su permiso, honorable Asamblea:
El destinatario de esta orden de Leopoldo II en grado de Gran Cruz que le confiere el reino de Bélgica al Secretario de Comercio y Fomento Industrial, ha reunido todos los requisitos legales que establece la Ley para que pueda recibir y usar esta condecoración, y muy bien lo apunta aquí el señor diputado Morquecho cuando dice que con independencia de los requisitos legales, pero a nosotros sí nos parece atingente aclarar que todos estos requisitos legales y constitucionales han sido debidamente satisfechos por el destinatario de esta condecoración.
Pero lo importante es el carácter de la objeción. La objeción es política, y es una objeción que no tenemos por qué ventilarla con motivo de una distinción que responde al más preclaro espíritu de cooperación y de relaciones de amistad que el Gobierno de México sostiene con otras naciones del orbe. Es una gran distinción para nuestro país, para el Gobierno de México, que el Gobierno de otra nación quiera destacar a uno de sus funcionarios públicos, en reconocimiento por la labor que ha desempeñado, no solamente en el ámbito interno, que en definitiva no le corresponde opinar sobre ella a cualquier nación extranjera, sino por la forma como se han conducido los asuntos de las relaciones bilaterales con esa nación, por el desempeño que se ha tenido en el escenario internacional, en la defensa de un proyecto que le da viabilidad a nuestra nación, y que le permite generar expectativas hacia el futuro.
Nuestra relación con el Gobierno de Bélgica es una relación muy sólida, una relación que invariablemente se ha distinguido por el respeto que mutuamente nos dispensamos. Sería muy lamentable que esta honorable Asamblea, por atender a una consideración de carácter político, muy respetable por cierto, de una fracción parlamentaria de esta Cámara, no atendiera a su deber fundamental de dar una convalidación y una aprobación a una distinción que ha sido otorgada a un mexicano destacado.
Y aquí sí me quiero detener un poco, porque quiero subrayar que el Secretario de Comercio y Fomento Industrial, es un funcionario del gabinete del Presidente Carlos Salinas de Gortari, que ha puesto especial empeño y dedicación en generar nuevos instrumentos que le den perspectivas de desarrollo a nuestro país, que fortalezcan nuestras relaciones de intercambio comercial con el exterior, particularmente en una circunstancia internacional de globalización y de interdependencia en lo económico.
Creo que las expresiones patrióticas y de gran orgullo nacionalista que el propio Secretario, titular de esa dependencia, ha tenido frente a los señores diputados, las ha esgrimido con suficiente razón en otros foros en los cuales hemos podido analizar a profundidad los temas de su competencia.
Me parece a mi que su tenacidad, su dedicación, el alto grado de calificación personal que él tiene, pero también de su equipo, es lo que hizo posible llegar una fase final en la negociación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y el Canadá, pero sin descuidar, sin desatender nuestras relaciones comerciales y económicas con los otros grandes bloques que hoy se han integrado en Europa y en Asia, pero particularmente en el caso de Bélgica, en el fortalecimiento de la relación bilateral.
Me parece a mí que existen sobradas razones para que esta honorable Asamblea pueda aprobar con plena convicción, y apegado a la Constitución y a Derecho, el dictamen que hoy nos somete a nuestra consideración la Comisión de Gobernación y puntos Constitucionales, para que el ciudadano Jaime José Serra Puche, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Leopoldo II, en Grado de Cruz, que le confiere el Gobierno de Bélgica.
Señores diputados, yo los exhorto para que ustedes den su voto aprobatorio a este dictamen.
Por su atención muchas gracias.
El Presidente: - Para este mismo asunto se han registrado dos oradores más, el diputado Francisco Hernández Juárez, de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, y el diputado Eloy Cantú Segovia, del Partido Revolucionario Institucional.
Tiene la palabra el diputado Francisco Hernández Juárez, de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista.
El diputado Francisco Hernández Juárez: - Señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
La fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista no se opone a que se otorgue un reconocimiento a cualquier mexicano, como reconocimiento por su aportación a la ciencia, a la técnica, a las letras, en diversas manifestaciones de la cultura; al contrario, lo celebramos.
El Partido Popular Socialista tampoco se opone a que haya buenas relaciones con todos los países del mundo, y en este caso particular con Bélgica, lo deseamos; así como tampoco nos oponemos a que haya relaciones económicas, pero con todos los países del mundo, no con determinado país, porque eso nos ata, nos obliga, nos compromete a obedecer ciertas directrices que da el más poderoso, que en este caso no sería México.
Lo que nosotros cuestionamos es que, en este momento la política económica del gabinete de Salinas de Gortari, no es para nosotros la adecuada, la que saque a nuestro país, a la clase obrera, a los campesinos, a los amplios sectores populares de su pobreza, de su atraso. No es una política adecuada.
Y uno de los personajes más metidos en esa cuestión es precisamente el licenciado Jaime Serra Puche. Y él ha actuado, efectivamente, en estas conversaciones sobre el Tratado de Libre Comercio, pero tal parece que ha defendido más los intereses del imperialismo norteamericano que del pueblo mexicano; ésa es la esencia de nuestro cuestionamiento.
Toda esta política económica, en ningún sentido se ha manifestado a favor de nuestro pueblo; todo se ha manifestado a favor del imperialismo.
El déficit comercial que existe, la apertura que este Tratado ha establecido sobre inversión extranjera, es un medio más de saquear a nuestro país, es un medio más para lesionar, en el futuro, más gravemente la soberanía y la independencia nacional. Por eso nos oponemos.
Consideramos que esto, este reconocimiento que se le quiere otorgar al licenciado Jaime Serra Puche, no es conveniente otorgarlo en este momento. Por eso, nosotros consideramos que no están cuestionadas otras cosas, lo que nosotros cuestionamos es la calidad moral y política de este funcionario, porque no ha dado sus resultados positivos a favor de la nación. Por eso vamos a votar en contra.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Eloy Cantú Segovia, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Eloy Cantú Segovia: - Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Como ha quedado debidamente acreditado por quienes me han precedido en el uso de la palabra, el dictamen que hoy se discute es un dictamen por todos aceptado perfectamente apegado a la legalidad, y a la legalidad me refiero, particularmente a las normas constitucionales en esta materia; apegado a sus principios, a sus valores; es decir, a su espíritu y a su letra.
Y así como esta ocasión actúa y así actuamos en esta Cámara, así ha actuado la administración pública federal en todas y cada una de sus acciones, pero particularmente sensible al apego a la letra y al espíritu de la Constitución ha sido todo lo relacionado con nuestra política en materia de comercio exterior.
A todos nos consta, porque hemos en múltiples ocasiones estado en discusiones en donde la temática fundamental ha sido la política económica en lo general y en lo particular lo relacionado con los acuerdos en materia de comercio internacional, que lleva a cabo nuestro país, que en todos y cada uno de ellos el apego a la Constitución, a sus valores y a sus principios, ha sido el común denominador.
Ha quedado claro que, las negociaciones que se han hecho no han implicado ni implicarán reformas a la Constitución, que se han apegado a la misma.
Así pues, las objeciones de forma o de fondo, tanto de este dictamen como de la acción gubernamental en materia de comercio exterior, nosotros consideramos que no hay lugar para tales objeciones.
Ha quedado también acreditado que, efectivamente, en un marco de relaciones excelentes entre Bélgica y México, Bélgica ha promovido el
reconocimiento a distinguidos mexicanos, entre otros al Secretario de Comercio y Fomento Industrial, reconocimiento que se hace justamente entre otras razones por su desempeño al frente de una Secretaría que está buscando mejorar las relaciones económicas de México, por supuesto con los vecinos del norte y con Canadá, a través del Tratado de Libre Comercio, pero también con otras naciones y especialmente con naciones latinoamericanas, entre otras, tenemos el caso de Chile, con quien también hemos firmado un cuerdo en materia de libre comercio.
Así pues estamos en presencia del reconocimiento a un servidor público cuyo patriotismo, cuya entrega, cuya lealtad a las normas jurídicas de este País y en particular a los valores y principios de soberanía comprendidos en nuestra Constitución, dan lugar a un justo reconocimiento a un mexicano, que ha merecido, por su desempeño público, que un país extranjero, Bélgica, vea en él a un individuo a quien reconocer.
Por lo anterior, compañeras y compañeros, entendiendo que lo que aquí realmente de fondo se objeta, es una política económica que hemos discutido muchas veces pero que aquí hemos aprobado, hemos discutido, hemos enriquecido con nuestras aportaciones, y que no es el momento de entrar a una discusión en materia política económica. Yo quisiera pedirles a todos ustedes que aprobemos el dictamen de la Comisión, que se reconoce por este dictamen el estricto apego en forma y fondo de nuestra legalidad, un reconocimiento de un país extranjero a un distinguido servidor público del Gobierno Federal mexicano, que ha luchado y que ha trabajado incansablemente por mejorar las relaciones económicas de México con los demás países de nuestro planeta. Muchas gracias.
El Presidente: - Consulte la Secretaría si considera está suficientemente discutido el proyecto de decreto.
El Secretario Rubén Pabello Rojas: - Por instrucciones de la Presidencia se consulta en votación económica si se considera suficientemente discutido el proyecto de decreto.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda en votación económica consultar a la Asamblea si aprueba el proyecto de decreto.
El Secretario Rubén Pabello Rojas: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba el proyecto de decreto.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado el proyecto de decreto.
Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
CONDECORACIONES (II)
El Secretario Rubén Pabello Rojas:
« Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Daniel Harry Dultzin Dubin, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de la Corona, en grado de Comendador, que le confiere el Reino de Bélgica.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Daniel Harry Dultzin Dubin, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de la Corona, en grado de Comendador, que le confiere el Reino de Bélgica.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 13 de noviembre de 1992. - Diputados: César Augusto Santiago Ramírez, Presidente; Salvador Valencia Carmona, Juan de Dios Castro Lozano, secretarios; José Octaviano Alaniz Alaniz, José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, José Azanza Jiménez, Juan José Bañuelos Guardado, Agustín Basave Benítez, Luis A. Beauregard Rivas, Carlos E. Cantú Rosas, Eloy Cantú Segovia, Alberto Carrillo
Armenta, Gustavo Carvajal Moreno, Juan José Castillo Mota, Javier Centeno Avila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristema González, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elías, Laura Alicia Garza Galindo, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo J. González Díaz, José Antonio González Fernández, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, José Benigno López Mateos, Cuauhtémoc López Sánchez Coello, Jorge Mendoza Alvarez, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Miguel Angel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Rigoberto Ochoa Zaragoza, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, Marco Antonio Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Fernando Ortiz Arana, Tomás Osorio Avilés, Guillermo Pacheco Pulido, Ruben Pabello Rojas, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Irma A. Piñeiro Arias, Froylán Ramírez Lara, Gilberto Rincón Gallardo, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Horacio Sánchez Unzueta, María Esther Scherman Leaño, Manuel Solares Mendiola, Edmundo Sosa López, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Oscar Ricardo Valero Recio, Jorge Zermeño Infante, Ildefonso Zorrilla Cuevas Nahum, Efraín Zúñiga Galeana y Alberto Alejandro Rébora González.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado el proyecto de decreto.
Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El secretario Miguel Gómez Guerrero:
« Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario, para que el ciudadano Benjamín Clariond Reyes, pueda aceptar y usar la condecoración de la orden de Leopoldo II, en grado de Comendador, que le confiere el Reino de Bélgica.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Benjamín Clariond Reyes, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Leopoldo II, en grado de Comendador, que le confiere el Reino de Bélgica.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal a 13 de noviembre de 1992. - Diputados: César Augusto Santiago Ramírez, Presidente; Salvador Valencia Carmona, Juan de Dios Castro Lozano, secretarios: José Octaviano Alaniz Alaniz, José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, José Azanza Jiménez, Juan José Bañuelos Guardado, Agustín Basave Benítez, Luis A. Beauregard Rivas, Carlos E. Cantú Rosas, Eloy Cantú Segovia, Alberto Carrillo Armenta, Gustavo Carvajal Moreno, Juan José Castillo Mota, Javier Centeno Avila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elías, Laura Alicia Garza Galindo, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo J. González Díaz, José Antonio González Fernández, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, José Benigno López Mateos, Cuauhtémoc López Sánchez Coello, Jorge Mendoza Alvarez, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Miguel Angel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Rigoberto Ochoa Zaragoza, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, Marco Antonio Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Fernando Ortiz Arana,
Tomás Osorio Avilés, Guillermo Pacheco Pulido, Rubén Pabello Rojas, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Irma A. Piñeiro Arias, Froylán Ramírez Lara, Gilberto Rincón Gallardo, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Horacio Sánchez Unzueta, María Esther Scherman Leaño, Manuel Solares Mendiola, Edmundo Sosa López, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Oscar Ricardo Valero Recio, Jorge Zermeño Infante, Ildefonso Zorrilla Cuevas Nahum, Efraín Zúñiga Galeana y Alberto Alejandro Rébora González.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No Habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los que estén por al afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado el proyecto de decreto.
Pasa al senado para sus efectos constitucionales.
El mismo Secretario:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Luis Rafael López Morton, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Leopoldo II, en grado de Comendador, que le confiere el Reino de Bélgica.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Luis Rafael López Morton, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Leopoldo II en grado de Comendador, que le confiere el Reino de Bélgica.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal a 13 de noviembre de 1992. - Diputados: César Augusto Santiago Ramírez, Presidente; Salvador Valencia Carmona, Juan de Dios Castro Lozano, secretarios; José Octaviano Alaniz Alaniz, José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, José Azanza Jiménez, Juan José Bañuelos Guardado, Agustín Basave Benítez, Luis A. Beauregard Rivas, Carlos E. Cantú Rosas, Eloy Cantú Segovia, Alberto Carrillo Armenta, Gustavo Carvajal Moreno, Juan José Castillo Mota, Javier Centeno Avila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elías, Laura Alicia Garza Galindo, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo J. González Díaz, José Antonio González Fernández, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, José Benigno López Mateos, Cuauhtémoc López Sánchez Coello, Jorge Mendoza Alvarez, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Miguel Angel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Rigoberto Ochoa Zaragoza, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, Marco Antonio Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Fernando Ortiz Arana, Tomás Osorio Avilés, Guillermo Pacheco Pulido, Rubén Pabello Rojas, Raúl Pardo Villafaña Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Irma A. Piñeiro Arias, Froylán Ramírez Lara, Gilberto Rincón Gallardo, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Horacio Sánchez Unzueta, María Esther Scherman Leaño, Manuel Solares Mendiola, Edmundo Sosa López, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Oscar Ricardo Valero Recio, Jorge Zermeño Infante, Ildefonso Zorrilla Cuevas Nahum, Efraín Zúñiga Galeana y Alberto Alejandro Rébora González.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado el proyecto de decreto.
Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Secretario Salomón Jara Cruz:
« Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional para que el ciudadano Luis Fernando Fietra Santa y Cabrera, pueda aceptar y usar la condecoración de la orden de Leopoldo II, en grado de Oficial, que le confiere el Reino de Bélgica.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales y necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Articulo único. Se concede permiso al ciudadano Luis Fernando Fietra Santa y Cabrera, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Leopoldo II, en grado de Oficial, que le confiere el Reino de Bélgica.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 13 de noviembre de 1992. - Diputados César Augusto Santiago Ramírez, Presidente; Salvador Valencia Carmona, Juan de Dios Castro Lozano, secretarios; José Octaviano Alaniz Alaniz, José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, José Azanza Jiménez, Juan José Bañuelos Guardado, Agustín Basave Benitéz, Luis A. Beauregard Rivas, Carlos E. Cantú Rosas, Eloy Cantú Segovia, Alberto Carrillo Armenta, Gustavo Carvajal Moreno, Juan José Castillo Mota, Javier Centeno Avila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elías, Laura Alicia Garza Galindo, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo J. González Díaz, José Antonio González Fernández, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, José Benigno López Mateos, Cuauhtémoc López Sánchez Coello, Jorge Mendoza Alvarez, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Miguel Angel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Rigoberto Ochoa Zaragoza, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuellár, Marco Antonio Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Fernando Ortiz Arana, Tomás Osorio Avilés, Guillermo Pacheco Pulido, Rubén Pabello Rojas, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Irma A. Piñeiro Arias, Froylán Ramírez Lara, Gilberto Rincón Gallardo, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Horacio Sánchez Unzueta, María Esther Scherman Leaño, Manuel Solares Mendiola, Edmundo Sosa López, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Oscar Ricardo Valero Recio, Jorge Zermeño Infante, Ildefonso Zorrilla Cuevas Nahum, Efraín Zúñiga Galeana y Alberto Alejandro Rébora González.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado el proyecto de decreto.
Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El mismo Secretario:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano ingeniero Jorge Pérez y Bouras, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Encomienda, que le confiere el Gobierno de España.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B, del Artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano ingeniero Jorge Pérez y Bouras, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Encomienda, que le confiere el Gobierno de España.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 13 de noviembre de 1992. - Diputados: César Augusto Santiago Ramírez, Presidente: Salvador Valencia Carmona, Juan de Dios Castro Lozano, secretarios; José Octaviano Alaniz Alaniz, José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, José Azanza Jiménez, Juan José Bañuelos Guardado, Agustín Basave Benítez, Luis A. Beauregard Rivas, Carlos E. Cantú Rosas, Eloy Cantú Segovia, Alberto Carrillo Armenta, Gustavo Carvajal Moreno, Juan José Castillo Mota, Javier Centeno Avila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elías, Laura Alicia Garza Galindo, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo J. González Díaz, José Antonio González Fernández, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, José Benigno López Mateos, Cuauhtémoc López Sánchez Coello, Jorge Mendoza Alvarez, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Miguel Angel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Rigoberto Ochoa Zaragoza, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, Marco Antonio Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Fernando Ortiz Arana, Tomás Osorio Avilés, Guillermo Pacheco Pulido, Rubén Pabello Rojas, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Irma A. Piñeiro Arias, Froylán Ramírez Lara, Gilberto Rincón Gallardo, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Horacio Sánchez Unzueta, María Esther Scherman Leaño, Manuel Solares Mendiola, Edmundo Sosa López, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Oscar Ricardo Valero Recio, Jorge Zermeño Infante, Ildefonso Zorrilla Cuevas Nahum, Efraín Zúñiga Galeana y Alberto Alejandro Rébora González.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado el proyecto de decreto.
Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
ESTADO DE JALISCO
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Miguel Angel León Corrales, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un punto de acuerdo sobre los sucesos del 22 de abril de 1992, en Guadalajara, Jalisco.
El diputado Miguel Angel León Corrales: Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados:
Este próximo domingo se cumplirán ya siete meses desde que el pasado 22 de abril en la ciudad de Guadalajara la explosión de los ductos del drenaje originó una catástrofe de enorme magnitud cuyas secuelas hoy en día todavía están presentes de muchas maneras en la ciudad de Guadalajara.
En efecto, todavía es posible ver físicamente en las calles de Gante y en otras calles, las muestras claras de la magnitud de la explotación y también todavía es posible sentir que en la conciencia de los tapatios la pérdida de una enorme cantidad de vidas humanas sigue teniendo un peso muy claro y muy cotidiano.
Cada mes, y sin duda esto también va a suceder este domingo, los amigos y los parientes de las personas que perecieron ese día se reúnen en la Iglesia del Barrio de Analco a rendir tributo a sus muertos. Pero hay otra cosa que sigue pesando en la conciencia de los tapatíos y es la absoluta certeza de que los hechos del 22 de abril, la explosión, la catástrofe tienen causas
y tienen culpables y estos culpables tienen nombres y tienen apellido, y existe un clamor en la capital jalisciense que se nota en los medios, que se nota en las pláticas, en el sentido de que este próximo domingo no solamente se cumplen siete meses de que sucedió la catástrofe, sino que además se cumplen siete meses de que la Procuraduría de la República no cumple con el compromiso público y claro de entregar un segundo dictamen, aclarando las causas y los culpables de los hechos del 22 de abril.
Me parece que ese interés que existe en la sociedad jalisciense es un interés que se comparte por las todas las fracciones parlamentarias de esta Cámara en el sentido de que es tiempo ya de conocer el dictamen de la Procuraduría General de la República, o bien de que si ese dictamen aún no está listo, entonces es tiempo de conocer cuáles son las razones por las cuales la Procuraduría General de la República aún no lo ha preparado. No estamos aquí discutiendo posiciones, lo hemos hecho en muchas ocasiones en esta Cámara, y hay diferentes posiciones, lo único que estamos poniendo a consideración es la necesidad de que la Comisión de Justicia de esta Cámara se entreviste con el Procurador para conocer los avances en el dictamen que tiene que ver con los hechos del 22 de abril.
Es por esta razón que yo pongo a consideración de este Pleno el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
La Cámara de Diputados de la LV Legislatura del Congreso de la Unión, atenta a los problemas que afectan a la población mexicana y particularmente interesada en conocer los resultados de las investigaciones sobre las causas que provocaron la explosión acaecida el pasado 22 de abril en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, acuerdo encomendar a su Comisión de Justicia, que se entreviste con el Procurador General de la República, licenciado Ignacio Morales Lechuga, para conocer los avances en la formulación del dictamen oficial de dicha institución, en torno a esa explosión.
La Comisión dará cuenta al Pleno de esta Cámara, de los resultados de su gestión.
Firmamos por el Partido de la Revolución Democrática, diputados: Miguel Angel León Corrales, Rosa Albina Garavito Elías; por el Partido Acción Nacional, Gabriel Jiménez Remus; por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Cecilia Soto González; por el Partido Popular Socialista, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo; por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, Alberto Marcos Carrillo Armenta; por el Partido Revolucionario Institucional; Juan José Castillo Mota y Enrique Chavero Ocampo.
Entrego a la Secretaría este dictamen y pido al Pleno que lo apruebe. Gracias.
El Presidente: - Consulte la Secretaría si se admite a discusión este punto de acuerdo.
El secretario Miguel Gómez Guerrero: - Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta si se admite a discusión el punto de acuerdo presentado por el diputado León Corral.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado.
El Presidente: - En consecuencia voy a solicitar al diputado que ha presentado el punto de acuerdo, si quiere hacer uso de la palabra para reforzar la argumentación.
El diputado Miguel Angel León Corrales (desde su curul): - Declino.
El Presidente: - Entonces le damos turno a la Comisión de Justicia, el punto de acuerdo.
PROBLEMAS SINDICALES
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Gonzalo Cedillo Valdez, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para presentar una denuncia sobre la situación que prevalece en el Sindicato Nacional de Marineros, Fogoneros, Mayordomos, Cocineros, Camareros y Similares de la República Mexicana.
El diputado Gonzalo Cedillo Valdez: - Con su permiso señor Presidente, compañeros diputados:
Hago uso de la palabra en esta ocasión, a nombre del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para dar a conocer la denuncia que hicieron llegar a nuestra fracción parlamentaria, un grupo de marineros mercantes veracruzanos por conducto de su representante José Manuel Reyna Ocaña, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional de la Unión Nacional de Marineros,
Fogoneros, Mayordomos, Cocineros, Mayodormos, Camareros y Similares de la República Mexicana, donde demuestran su espíritu de lucha que han desplegado esos trabajadores del mar, en el rescate de sus conquistas y derechos laborales y quienes vienen combatiendo desde hace algunos años, la corrupción, el cacicazgo y la antidemocracia sindical que ha venido generando su dirigente sindical Buenaventura Martínez González, en perjuicio de los marineros mercantes mexicanos.
Para tales efectos, me voy a permitir hacer algunos señalamientos de esta denuncia que nos ocupa:
Esta agrupación nacional de marineros, cuya sede está ubicada en el Puerto de Veracruz, nace el año de 1915, denominándose entonces la Unión de Marineros, Fogoneros de México. Surgiendo como una instancia para la defensa de los derechos laborales y sociales de todos los marineros mercantes de la República Mexicana, cambiando su denominación 47 años más tarde, por acuerdo de Asamblea, como hoy la conocemos.
Esta unión gremial en los últimos 10 años ha venido padeciendo graves vicios y actos de corrupción por parte de su ex dirigente sindical, Buenaventura Martínez, contraponiéndose a los propósitos y objetivos fundamentales de la unión. Tales como perpetuarse como secretario general en forma ininterrumpida, violando con esto lo establecido en el artículo 16 de los estatutos que rigen la vida de esta agrupación, que rechaza la reelección. Y anteponiendo por delante sus intereses personales.
No obstante lo anterior, se ha venido haciendo mal uso de los recursos materiales y financieros de la unión, lo que provocó fraudes que ascienden a muchos miles de millones de pesos y la consecuente inconformidad de la base trabajadora.
Basta mencionar, como ejemplo, un fraude que a través de un fideicomiso denominado "Marineros", el que fue tramitado ante Multibanco Comermex, mediante el cual el ex dirigente Buenaventura Martínez pretendía llevar a cabo el desarrollo de un fraccionamiento habitacional sobre terrenos propiedad de los socios de la unión, en una superficie de 23 mil 500 metros cuadrados, localizados en Granjas Boticario número 41, carretera Tejar - Medellín de esa entidad veracruzana, como se hace constar en la escritura número 2319 de la Notaría Número 24 de esa misma entidad.
No omito mencionar que dicha operación fraudulenta se hizo del conocimiento del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda para los Trabajadores. Con base en este sistema financiero se maquinó el fraude en perjuicio de los socios, así como contra ciudadanos ajenos a la unión, los que con la ilusión de obtener un techo donde resolver su problema habitacional fueron defraudados.
Esta situación se vino a agravar, aún más, al ser violados sus derechos laborales contenidos en los contratos colectivos de trabajo que se celebraron entre la unión y las compañías navieras, dándose en muchos casos prácticas de corrupción entre Buenaventura, las empresas navieras, violándose por medio de éstas sus derechos laborales, ya que se les rescindían sus contratos o bien se les despedía arbitrariamente sin indemnizarlos o liquidarlos conforme a la Ley.
Haciendo la observación que las prestaciones laborales que se les evadía a los trabajadores en su mayoría, fueron cobradas por el citado Buenaventura González a las empresas navieras.
Acciones ilícitas que fueron denunciadas ante las instancias legales correspondientes, de las cuales hasta la fecha no ha habido respuesta alguna. Por lo que estos trabajadores, cansados, el 19 de octubre de los corrientes, en una asamblea general extraordinaria, celebrada en las oficinas sede de la unión, por acuerdo mayoritario fue destituido Buenaventura Martínez González como Secretario General de esa Unión Nacional de Marineros Mercantes, así como su mesa directiva. Eligiéndose en ese mismo acto a un nuevo Comité Ejecutivo Nacional, acordando también el pleno de la asamblea llevar a cabo una auditoría en el seno de esa agrupación, procediéndose en esa ocasión en presencia del Notario Público Número 36, licenciado Miguel Angel Campos Ortiz, con residencia en esa entidad veracruzana, y procediéndose a sellar todas las instalaciones hasta entonces se realizara dicha auditoría.
Como respuesta a la decisión renovadora de la base trabajadora, el día jueves 22 del año en curso, estando el Comité Ejecutivo Nacional en cumplimiento de sus funciones, aproximadamente a las 10.25 se introdujo un grupo de personas a las oficinas de la Unión, que en su mayoría eran ajenas y desconocidas a la organización de referencia, y las cuales eran dirigidas por el multicitado Buenaventura Martínez y por José Rodríguez Balderas, Secretario Particular del mismo, mismos que con lujo de violencia golpearon a los trabajadores que ahí se encontraban y
procediendo estas personas a la violación de sellos y archiveros con el propósito de destruir evidencias comprometedoras, así como sustraer documentos oficiales de la Unión. Acto seguido, ocuparon las instalaciones con personas conocidas en el Puerto de Veracruz por sus antecedentes delictivos.
Es importante señalar que estos hechos fueron denunciados ante la agencia del ministerio público correspondiente, quien, según los denunciantes, se negó a dar fe de los hechos y a proceder a actuar en contra de los agresores.
Es conveniente poner de manifestó que ante los innumerables actos ilícitos en que ha incurrido el susodicho Buenaventura Martínez González, se han promovido gran número de denuncias ante las indistintas autoridades, las que corren agregadas al cuerpo de esta denuncia, y al no existir respuesta alguna a estas demandas por parte de estas autoridades, acuden a esta soberanía para que sea escuchada esta denuncia. Por lo que atentamente solicito a esta mesa se turne copia para sus efectos procesales a las Comisiones de Justicia, de Trabajo y Previsión Social, así como a la Gestoría y Quejas, para los efectos de ministerio de Ley. Muchas gracias.
El Presidente: - Túrnese a las comisiones de Justicia, Trabajo y Previsión Social y de Información, Gestoría y Quejas.
INICIATIVAS DEL PODER EJECUTIVO CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
El Presidente: - Pido a la Secretaría dar cuenta del oficio de la Secretaría de Gobernación.
El Secretario Rubén Pabello Rojas:
« Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
Para los efectos constitucionales y por instrucciones del ciudadano Presidente de la República, con el presente envío a ustedes iniciativa de decreto que reforma los artículos 3o. y 31, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, documento que el propio Primer Magistrado de la Nación propone por el digno conducto de ustedes.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal a 18 de noviembre de 1992. - El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
El Presidente: - Túrnese a las comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Educación.
MUERTE DEL PERIODISTA IGNACIO MENDOZA CASTILLO
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Joaquín Hendricks Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una denuncia en torno a la muerte del periodista Ignacio Mendoza Castillo.
El diputado Joaquín Ernesto Hendricks Díaz: - Con su permiso señor Presidente, honorable Asamblea:
Presento a ustedes el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
El ejercicio irrestricto en pleno de la libertad de expresión constituye una de las bases primordiales de la conveniencia democrática en este país. En México se realizan de manera permanente esfuerzos para garantizar esta libertad y el respeto de quienes a través de diversas actividades como el periodismo, promueven su desarrollo.
Por ello, cualquier amenaza o agresión que coarte los legítimos derechos de quienes desarrollan su ámbito de actividades en el campo de la comunicación social constituye un atentado a los derechos humanos, y al estado de derecho que nos rige.
El pasado viernes 13 de noviembre fue asesinado el periodista Ignacio Mendoza Castillo en esta ciudad de México en circunstancias no aclaradas hasta el día de hoy. La trayectoria del periodista victimado es bien conocida en el sureste de México por su constante participación en defensa de la libertad de expresión, así como el destacado ejercicio en su profesión.
Es por ello que resulta indispensable el pronto esclarecimiento por parte de las autoridades competentes de las circunstancias en que fue
perpetrado el artero homicidio así como el castigo a los autores tanto materiales como intelectuales. Por lo anterior, los diputados representantes de las diversas fracciones parlamentarias integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la LV Legislatura del Congreso de la Unión suscriben el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Rechazamos cualquier intento por coartar la libertad de expresión en México. Exigimos de las autoridades competentes el pronto esclarecimiento de las circunstancias que tuvieron como desenlace la muerte del periodista Ignacio Mendoza Castillo; asimismo la aplicación de todo el rigor de la Ley para el autor o autores tanto material como intelectual, de tan lamentable suceso. Firman, por el Partido Revolucionario Institucional, el diputado Amador Rodríguez Lozano; por el Partido de la Revolución Democrática, el diputado Jorge Moscoso Pedrero; por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, diputado Francisco Laris Iturbide; por el Partido Acción Nacional, diputado Victor Orduña; por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, diputado Alberto carrillo; por el Partido Popular Socialista, diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.
Dejo en la Secretaria el punto de acuerdo al que he hecho referencia.
El Presidente: - De enterado.
Tiene la palabra el diputado Gonzalo Altamirano Dimas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para este mismo asunto.
El diputado Gonzalo Altamirano Dimas: -
Señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Realmente nos consterna el hecho que fue ya aquí tocado por el ciudadano diputado del Partido Revolucionario Institucional, respecto a la muerte del periodista Ignacio Mendoza.
Ya se menciona de alguna manera la condena a todo acto que intente vulnerar la libertad de expresión, pero es necesario que esta representación nacional conozca el entorno en que se ha dado este asesinato de un comunicador social.
Fue precisamente el pasado viernes por la noche cuando Ignacio Mendoza de 52 años, fue asesinado a tiros en la puerta de su domicilio.
Y vivía en el Distrito Federal, precisamente autoexiliado por las intimidaciones del gobernador de Quintana Roo, Jorge Martínez; y mantenía desde hace 14 meses, un plantón frente a Palacio Nacional, precisamente para denunciar esa serie de intimidaciones que había sufrido él.
Siendo director de un diario, tuvo que cerrar por las presiones del gobernador y por la violencia que se había desatado en contra de él y de sus reporteros.
La noche del homicidio regresaba precisamente de un plantón efectuado por periodistas del sureste, en club de corresponsales Extranjeros, donde horas antes el Presidente de la República estaba en un acto en el cual había declarado lo siguiente: "en México, se mantienen los esfuerzos para garantizar plenamente la libertad de expresión y el respeto a quienes ejercen el periodismo".
Unos minutos después de este acto, precisamente donde el Ejecutivo había mencionado lo anterior, Ignacio Mendoza fue asesinado en las puertas de su domicilio.
No hay hasta este momento evidencias, según los informes de la Procuraduría, que indiquen quién o quiénes fueron los asesinos. Los acompañantes de Ignacio Mendoza, describieron al agresor como un sujeto robusto que vestía chamarra banca con franjas negras y pantalón café, quien emprendió la huida.
Lo acompañaba en esa ocasión al periodista asesinado, su hijo y otra persona y precisamente su hijo señalo públicamente al gobernador de Quintana Roo como el responsable del asesinato de su padre Ignacio Mendoza.
Es necesario también que esta Cámara de Diputados conozca que Ignacio Mendoza ya había acudido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que había manifestado su preocupación por su integridad física y la de su familia, precisamente por las intimidaciones del gobernador de Quintana Roo, Jorge Martínez.
Es necesario, en esta ocasión, la autoridad agilice realmente sus investigaciones. ¿Cómo es posible que a varios días no se tenga un indicio cuando existe todo un marco de intimidación, un marco de amenazas y de represión que vienen precisamente desde Quintana Roo? Con qué agilidad la autoridad en actúa en Matamoros, Tamaulipas, para fabricar responsables a unas a unas horas de los acontecimientos, y con qué lenidad la Procuraduría, y según acabamos de escuchar hace un momento, a más de un año de distancia no sabe
quienes fueron los responsables de los hechos sucedidos en Guadalajara. Estos contrastes nos obligan a que esta representación nacional asuma su papel como vigilante de los derechos humanos, de las garantías consagradas en nuestra Constitución, como es la de la libertad de expresión. No es posible tolerar hechos de esta naturaleza.
Ya la semana pasada esta Cámara conoció de una marcha del sureste, de periodistas, muchos de ellos precisamente de Quintana Roo, que se quejaban de las intimidaciones y de la represión del Gobernador Jorge Martínez.
Y fue precisamente cuando esta Cámara conoció ese asunto y lo turnó a comisiones, y posteriormente viene la muerte de Ignacio Mendoza; un día antes ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos denuncia ese temor por su integridad física y unos minutos antes, frente al Ejecutivo, estaba ahí denunciando también las arbitrariedades del Gobernador de Quintana Roo.
No podemos señalar categóricamente la responsabilidad del Gobernador de Quintana Roo, pero definitivamente las evidencias apuntan hacia actos de esa administración, a los cuales esta Cámara de Diputados no puede ser ajena.
En este sentido y sin contrariar el punto de acuerdo anterior al que nos sumamos, hecho por el ciudadano diputado del Partido Revolucionario Institucional, de condenar estos hechos de violencia y de exigir garantías para el respeto a la libertad de expresión, queremos someter a esta representación nacional el siguiente punto de acuerdo, repito, que no contraría el anterior, simplemente lo complementa, y dice lo siguiente:
"Único. Que Esta Cámara de Diputados nombre una comisión pluripartidista para que se traslade al estado de Quintana Roo y recabe la información suficiente respecto a las denuncias presentadas por el periodista asesinado, Ignacio Mendoza Castillo y por otros comunicadores sociales de aquella entidad. Cumplido lo anterior, dicha comisión informará a este Pleno respecto a los resultados."
Y firman la propuesta los ciudadanos diputados Alejandro Encinas, del Partido de la Revolución democrática, Adolfo Kunz Bolaños, por el partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Cuauhtémoc Amezcua, por el partido Popular Socialista, y por el de la voz, a nombre de mis compañeros del Partido Acción Nacional.
Queremos dejar esta propuesta en manos de esta Secretaría y en manos también de la responsabilidad de esta representación nacional. No es posible, ciudadanos diputados, que nos concretemos a una simple condena generalizada, tenemos que actuar como órgano garante de los derechos humanos, como órgano que defiende la libertad de expresión en México, no solamente con discursos sino con hechos.
No estamos adelantando juicios sino únicamente pedimos que se nombre una comisión pluripartidista que recabe la información de las denuncias de Mendoza Castillo y de otros periodistas de Quintana Roo, e informe a esta representación nacional para que ella en su momento diga y actúe en consecuencia. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Francisco Hernández Juárez, del Partido Popular Socialista.
El diputado Francisco Hernández Juárez: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Vengo a expresar la indignación de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista por este hecho muy grave que se ha cometido en contra de un comunicador, en contra de un periodista.
Creemos que no es la forma democrática como deben resolverse las críticas, las autocríticas, los planteamientos que hacen los ciudadanos mexicanos. Creemos que este periodista fue un hombre leal que no calló nunca los hechos negativos que había y que hay en el Estado de Quintana Roo.
Por eso el Partido Popular Socialista considera que este hecho no debe quedar impune y exige que se haga una investigación a fondo para que se esclarezcan los hechos y caiga quien caiga, debe aplicarse la Ley en toda su magnitud. Muchas gracias.
El Presidente: - Pido a la Secretaría que consulte si se admite a discusión el punto de acuerdo sometido a esta Asamblea por el diputado Gonzalo Altamirano Dimas.
El secretario Miguel Gómez Guerrero: - Por instrucciones de la Presidencia se pide a la Asamblea si se somete a consideración el punto de acuerdo presentado por el diputado Gonzalo Altamirano, si se admite a discusión o no.
Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo... Aprobado, señor Presidente, se admite.
El Presidente: - Esta Presidencia informa que se ha registrado para hablar en contra el diputado Joaquín Hendricks Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Tiene la palabra el diputado Joaquín Hendricks Dras.
El diputado Joaquín Hendricks Díaz: - Con su permiso señor Presidente, honorable Asamblea:
En relación con el punto de acuerdo sometido a consideración de este honorable cuerpo colegiado, quiero recordar a ustedes que en días pasados, precisamente fue sometido al Pleno de la Cámara un acuerdo similar, por la fracción del partido de la Revolución Democrática.
En aquella ocasión, fue aceptada la propuesta y fue turnado el punto de acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos. Se estableció en aquella oportunidad , la constitución de la comisión pluripartidista para que se abocara a la investigación de los hechos.
Luego entonces la propuesta que ha sido presentada en esta oportunidad, es en el mismo sentido; ya fue decidida la integración de esa comisión pluripartidista y se abocará en forma inmediata a la investigación de los hechos y a rendir cuentas al Pleno de esta Cámara de Diputados. Por ese sentido votamos en contra de la propuesta hecha por el compañero del Partido Acción Nacional. Muchas gracias (Aplausos)
El Presidente: - Se ha registrado para hablar a favor de la propuesta, el diputado Jorge Moscoso, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Jorge Modesto Moscoso Pedrero: - Compañeras y compañeros diputados:
Como ya se señalo, y es de todos conocido, Ignacio Mendoza ex director del periódico La Voz del Caribe, fue acribillado por la espalda el pasado viernes 13 de noviembre a las 11.30 de la noche, en la puerta de su casa, cuando regresaba de una reunión a la que acudió, a la Asociación de Corresponsales Extranjeros y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Ahí acompaño a periodistas de Quintana Roo, Chiapas y Campeche, que solicitaron la investigación sobre violación a sus derechos.
Según relató Judith Calderón, de la Jornada, Ignacio Mendoza dijo sentirse muy desesperado por las agresiones del gobernador de Quintana Roo, Miguel Borge Martín; en la misma nota se dice que el hoy occiso relató que acudió a la Secretaría de Gobernación, con el subsecretario Arturo Núñez y Carlos Francisco Quintana, quien le dijo: "No hay nada que hacer, porque, pues, el señor gobernador la trae con ustedes".
El mismo día 15 de noviembre, la Unión de Periodistas Democráticos y la Coordinadora de Trabajadores de los Medios de Comunicación, publicaron un desplegado en donde informan que tres balas en la espalda cortaron su vida, en un intento criminal por silenciar la protesta que durante más de un año levantó para combatir la política agresiva e intimidatoria que aplica contra los periodistas el gobernador de Quintana Roo.
Algunos medios, como Proceso, Excélsior, El Universal, La Jornada, las revistas Viva y Época, han dado cuenta del permanente conflicto entre el gobernador y los periodistas del Estado, mismos que recién realizaron la llamada "Marcha del Sur al Centro, por la Libertad de Expresión".
En el documento entregado al doctor Jorge Carpizo, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, informan de diversos hechos y actos de represión contra periodistas, incluyendo el caso de Mendoza, y donde textualmente se dice: " En septiembre de 1991, Ignacio Mendoza Castillo, director de la Revista La Voz del Caribe, realizó una huelga de hambre en el Zócalo de la ciudad de México, en protesta por las agresiones sufridas a manos de allegados del gobernador". Mendoza aseguró que las agresiones se debieron a que en su revista denunció robos de tierras, fomento a la prostitución y otros actos contrarios a los intereses de la sociedad, cometidos por el gobierno de Borge Martín en Playa del Carmen.
Tres de sus hijos fueron agredidos con arma de fuego, y han sufrido acoso constante, según se señalo en el texto entregado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
El gobierno del Estado, según se ha publicado en diversos medios, se ha deslindado de cualquier responsabilidad con relación al asesinato.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos se ha comprometido a profundizar la investigación.
En un folleto titulado, " Todas las arbitrariedades del mal gobierno de Borge Martín ", y publicado bajo el seudónimo de Tiro - Gespalceiba", se da
cuenta de diversos casos de agresiones a periodistas, publicados en diversos medios nacionales y locales, en los que se señalan las agresiones al caricaturista Nicolás Lizama Cornelio, alias "Colinas", Alberto Velázquez López, Lorenzo Pacheco González e Ignacio Castillo Mendoza, entre otros. Sobre éste último, recogemos lo publicado en la revista Viva, número 107, de noviembre 21 de 1991, en donde se informa de agresiones constantes al periodista y su familia.
En la revista se dice: "Primero, lo amenazaron a través de anónimos que le decían: ahora vas a ver cómo son las autoridades; si sigues con tu denuncia te vamos a matar".
Después, con hostigamiento a sus familiares. A uno de sus hijos casi lo obligaron a cerrar un negocio que tenía, pues le empezaron a llegar inspectores de todas las dependencias en el funcionamiento del local.
Luego, continúa el reportaje, balacearon a tres de sus hijos desde un automóvil en marcha. Ignacio Mendoza logró detener al agresor, que fue un militar, no dijo quién lo había mandado, pero aceptó haber disparado contra los hijos del periodista.
Para sorpresa de todos, al día siguiente el detenido fue liberado por órdenes directas del Procurador de Justicia del Estado.
Vinieron después más intimidaciones, señala el reportaje.
El periodista tenía concesionado una sucursal de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares en la que trabajaban su esposa y otros de sus hijos.
Un día, pasadas las 9.00 de la noche del mes de agosto, la tienda apareció con sellos de clausura.
El 4 de septiembre, Lorenzo Pacheco, corresponsal de La Jornada en Cancún, publicó: "En aparente intimidación para que se desista de iniciar una huelga de hambre en la ciudad de México, en la que denunciaría el clima de represión gubernamental que priva en Quintana Roo, en especial contra el gremio periodístico independiente, Ignacio Mendoza delató que ayer fueron allanadas sus oficinas y que su secretaria, Abi Tapia, resultó con heridas de navaja que le infligieron dos desconocidos".
Ante tales circunstancias, no solamente realizó Mendoza un plantón en el Zócalo para exigir garantías para él y su familia, sino concurrió al Hotel Camino Real, el pasado 7 de junio, para ante el Ejecutivo levantar una manta denunciando la represión de que era objeto.
Envió diversas cartas a la Presidencia de la República , a la Secretaría de Gobernación, sin tener respuesta alguna. Incluso, antes había señalado que su caso estaba siendo atendido por Amnistía Internacional, no así por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Sobre la situación descrita de amenazas al periodista, en voz del diputado Raymundo Cárdenas, presentamos en sesión de la Comisión Permanente el problema, solicitando un punto de acuerdo para que las denuncias fueran turnadas a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, propuesta que en aquel entonces fue rechazada.
En diversos medios nacionales de Prensa, Ignacio Mendoza textualmente señalo: "Vine a la capital a decirle al Presidente Salinas de Gortari que si algo me pasa o le pasa a mi familia, hago directamente responsable al gobernador de Quintana Roo".
En otra entrevista, el pasado 8 de septiembre, insistió diciendo: "Miguel Borge Martín me mando matar; él y el presidente municipal de Cozumel, porque denuncié varios actos de corrupción y hechos que van en contra de la población. Balacearon a mis hijos, a mí me golpearon y detuvieron sin justificación alguna y toda mi familia está siendo acosada por policías".
Esto fue publicado el 8 de septiembre.
Lo expuesto, hace evidente que Ignacio Mendoza era acosado en forma permanente, mediante vigilancia policiaca, presión en sus negocios, amenazas, allanamiento a las oficinas de la revista, agresión con arma de fuego a sus hijos y agresión directa a él mismo.
Concurrió a presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades judiciales, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a Gobernación, a la Presidencia de la República y a esta misma Cámara, y nadie le hizo caso.
La justicia no pudo protegerlo de las agresiones que sufría y hoy tenemos que lamentar y condenar su asesinato, a pesar de que se trataba de una muerte por él mismo anunciada.
Ante tales hechos, debe a todos preocuparnos que este crimen quede impune, como ha sucedido con los casos del "Gato" Félix, en Baja California; del doctor Víctor Manuel Oropeza, en Chihuahua; de Gabriel Venegas, en el Estado de México, y otros casos de agresiones en que han quedado sin sanción los responsables.
Entre la hipótesis de la investigación, necesariamente se encuentre la posible responsabilidad del gobernador del Estado, quien debe ser llamado a comparecer ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y, en su caso, ante los órganos jurisdiccionales.
La formación de una fiscalía especial y la coordinación entre la Procuraduría General de la República y la Procuraduría del Distrito Federal, resultan indispensables y ha sido ya solicitada por el gremio periodístico del sureste.
Consideramos también que, medios de comunicación como Televisa deben pronunciarse contra este crimen y exigir sanción a los responsables, al igual que lo hicieron en el caso de la agresión a sus camarógrafos, durante los disturbios de Matamoros.
Las denuncias de agresiones a periodistas obligaron en el pasado a crear un grupo especial de trabajo en la Comisión Nacional de Derechos Humano. El reclamo presentado ante ella y el Secretario de Gobernación, por los comunicadores de Quintana Roo, Chiapas y Campeche, debe ser atendido. Castigar a los responsables de las agresiones y el asesinato de Ignacio Mendoza Castillo, es la única posibilidad de que la impunidad no prevalezca sobre la justicia y ello motive otros crímenes.
Por ello, la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática se suma a esta exigencia y rinde un sentido pésame a la esposa y a los hijos del periodista asesinado.
Hemos conocido de este caso, antes de la muerte de Ignacio Mendoza, que a solicitud del diputado Julio César García, antes de que muriera periodista, la Presidencia de la Cámara turnó para su investigación a la Comisión de Derechos Humanos. La propuesta que hace ahora el compañero Altamirano podría sumarse a esta proposición que una comisión pluripartidista de la Comisión de Derechos Humanos recoja el caso y de ser necesario se traslade al Estado de Quintana Roo. En esos términos, con el fin de recoger ya el acuerdo de la Cámara, el punto de acuerdo presentado con anterioridad, nos plantearíamos en ese sentido con respecto a la propuesta señalada. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra para rectificar hechos, el diputado Joaquín Hendricks Díaz, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Joaquín Hendricks Días: - Con su permiso señor Presidente, honorable Asamblea:
Por supuesto que condenamos este hecho, este terrible homicidio perpetrado en esta ciudad con todas las agravantes de hecho y de derecho y es una acción que no puede menos que provocar el abierto y enérgico repudio de quienes, desde la Cámara de Diputados cotidianamente pugnamos, aunque sea con diferentes enfoques, no solamente por la perseveración de los derechos de los mexicanos sino por su ampliación.
La vida humana es el bien más preciado del hombre, la sociedad y el Estado. Privar de la vida a un individuo produce un daño público que debe ser reprimido con la mayor energía de la que conforme a la Ley es capaz el Estado, por constituir el mal individual más trascendente además de resultar un hecho social dañoso.
En el presente caso concurre además una circunstancia que agrava de manera extrema este detestable hecho, hablamos desde luego del homicidio de un miembro del gremio periodístico.
Es entonces ocasión propicia para que siendo congruentes con la política del Gobierno de la República, manifestado con reiteración ante la opinión pública nacional, de velar porque en los hechos se respete en su plenitud tanto libertad de expresión como a quienes ejercen el periodismo, nos manifestemos con energía en franco y abierto repudio contra este alevoso homicidio como en su oportunidad lo han hecho pueblo y Gobierno de Quintana Roo.
Esto último a través de su titular el doctor Miguel Borge Martín ha negado enfáticamente los señalamientos hechos en su contra. Solicitó recientemente a la Procuraduría General de la República, a la Procuraduría del Distrito Federal así como a la Comisión de Derechos Humanos, se realice una amplia y exhaustiva investigación que aclare y deslinde responsabilidades.
Manifestó asimismo su disposición por apoyar todas las indagaciones dirigidas a establecer a plenitud el o los verdaderos móviles del homicidio, la identidad de los responsables, los intereses involucrados en el caso, así como el verdadero origen y sentido de las denuncias que vinculan a las autoridades del Estado de Quintana Roo en la comisión de este delito, a partir de presumibles actos de violación de los derechos civiles particularmente de la libertad de expresión por haber sido siempre su más firme consigna el dar libertad plena a todo tipo de manifestaciones periodísticas y de comunicación.
Hemos de entender el noble impulso de los miembros de este honorable cuerpo colegiado por rechazar cualquier agresión contra el periodismo, y en eso todos estamos de acuerdo. Pero también la libertad de expresión, la misma libertad que nosotros ejercemos en este cuerpo colegiado lleva implícita una responsabilidad, y esa responsabilidad también es el preservar los derechos de terceros.
Ciertamente es un hecho detestable, pero también los miembros de este honorable cuerpo colegiado debemos de ser prudentes, cuidadosos en cuanto al señalamiento directo, prejuzgando la comisión de actos cuando no tenemos los elementos suficientes para hacer un señalamiento de esta naturaleza.
He referido de manera muy concreta cuál es entonces la posición del Gobierno de Quintana Roo en torno a estos lamentables hechos, y quiero aprovechar la oportunidad para dejar a disposición de los ciudadanos miembros de este cuerpo colegiado, en la Secretaría, información en relación con los mismos hechos, con los antecedentes de los que aquí se ha hecho referencia para que consten y queden a disposición de todos y cada uno de los miembros de este cuerpo colegiado y a disposición de la Comisión de Derechos Humanos. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Gonzalo Altamirano Dimas, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional.
El diputado Gonzalo Altamirano Dimas: - Señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Las expresiones aquí vertidas por el ciudadano diputado Hendricks, de ninguna manera rechazan en el fondo la propuesta que hemos hecho diputados de diversas fracciones aquí representadas. En el fondo, la propuesta original que se hizo aquí de condenar los hechos y de exigir a las autoridades el esclarecimiento, de ninguna manera esa propuesta en sí misma rechaza a la otra.
Para no enfrascarnos en un trámite parlamentario que pudiera rechazar una propuesta que puede ser complementaria de la otra, quisiéramos pedirle a esta Presidencia que en uso de sus facultades, las que le consagra el Reglamento Interior del Congreso, turne la propuesta que hemos hecho los diversos diputados a la Comisión de Derechos Humanos, para que complemente esta propuesta con la que anteriormente se hizo, y especialmente en el entendido de que el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara ha manifestado, concretamente al suscrito, su voluntad de que se constituya o se integre esa comisión de manera pluripartidista, y que se está ventilando en la Comisión de Derechos Humanos, le suplicamos a esta Presidencia luego entonces le dé turno de acuerdo a sus facultades y esta propuesta se integre con la anteriormente.
Y, finalmente, para decirle al señor diputado Hendricks, que de ninguna manera se ha hecho aquí una imputación directa, toca a las autoridades, no tenemos ni somos autoridad judicial para decir que el que el gobernador de Quintana Roo es el responsable, eso le toca a las autoridades, y nos tocará a nosotros, en esta Cámara de Diputados, ayudar al esclarecimiento de esos hechos.
Simplemente hemos mencionado circunstancias que deben de tomarse en cuenta en su caso, por la autoridad encargada de decir quiénes son los verdaderos responsables de esta tragedia que embarga a una familia de periodistas. Muchas gracias.
El Presidente: - Con base en la solicitud presentada por el diputado Gonzalo Altamirano Dimas, esta presidencia en uso de sus facultades determina que se integre la propuesta del diputado Gonzalo Altamirano, a la anteriormente hecha por el diputado Joaquín Hendricks Díaz, y se turne a la Comisión de Derechos Humanos.
Tiene la palabra el diputado Demetrio Hernández, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado Demetrio Hernández Pérez: - Con su venia señor Presidente, Compañeras y Compañeros legisladores:
En el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, no podemos permanecer indiferentes ante las circunstancias y los hechos que se han planteado en esta tribuna. Y queremos manifestar que respaldamos el punto de acuerdo presentado en primer lugar. Pero además, solicitamos una amplia y profunda investigación de los hechos ocurridos en el Estado de Quintana Roo, por la muerte de Ignacio Mendoza Castillo.
Fundamentamos nuestra postura porque ante esta tribuna, el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, ha planteado de manera constante, que para tener elementos para poder juzgar, necesitamos conocer las circunstancias y los antecedentes de todos los hechos.
Con esta premisa, ratifico una vez más, la postura del Partido del Frente Cardenista: condenamos
los hechos sucedidos en Quintana Roo; apoyamos el Punto de Acuerdo y además, solicitamos una amplia y profunda investigación.
Esta es la postura del Partido del Frente Cardenista. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado José María Téllez Rincón.
El diputado José María Téllez Rincón: - Con su permiso, compañero Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Los diputados Nicolás olivos Cuéllar, Javier Centeno Avila y el que habla, apoyamos el Punto de Acuerdo, que se ha llevado en este momento.
No podíamos quedarnos mudos ante esta situación. Tal parece que el pueblo de México y los diputados, somos las voces que clamamos en el desierto, porque ya lo habíamos dicho en el acto para conmemorar a nuestro amigo periodista Manuel Buendía, de ahí nos trasladamos a la Secretaría de Gobernación, donde pedimos claramente que ya se pare de estar matando a nuestros compañeros periodistas; a los pumas honrados de este país y que nos está hartando esto ya permanentemente. No sabemos ya cómo actuar ante esta situación; hemos hecho estos pedimentos por las vías que creemos que son las que se nos marcan por las leyes de este país. Pero tal parece que estos que matan tienen una impunidad absoluta, la cual reprobamos nosotros en toda su extensión.
Declaramos aquí, que ya se busca a estos responsables y que se le aplique todo el rigor, porque están acabando con nuestro compañero que hablan la verdad y que no soplan a estos funcionarios que quieren hartarlos de dinero y que ellos no han permitido esta situación. Periodistas honrados que no han querido vender su pluma y tenemos nosotros que estarnos lamentando. Son 18 periodistas ya. !No sé hasta cuándo vamos a parar esto! Muchas gracias.
ESTADO DE TAMAULIPAS
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Elpidio Tovar de la Cruz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una denuncia en relación a la situación de Tamaulipas.
El diputado Elpidio Tovar de la Cruz: - Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
En Tamaulipas el fraude electoral no solo sigue su curso, sino que se ha desatado una campaña persecutoria, difamatoria y represiva, que nos recuerda los peores tiempos del régimen diazordacista. Todo ello con el claro propósito de castigar la disidencia política democrática y aplastar la lucha de la ciudadanía tamaulipeca por el respeto al sufragio, cínicamente burlado en los comicios locales del pasado 8 de noviembre.
Efectivamente, en tanto que no ha sido atendida prácticamente ninguna de las denuncias presentadas por los partidos integrantes de la Coalición Partido Acción Nacional - Partido de la Revolución Democrática, Tamaulipas padece los estragos de una feroz campaña de represión política, en la que la clara y ostentosa participación de la Procuraduría General de la República y la del Estado no pueden sino indicar la determinación del Poder Ejecutivo Federal y Estatal de consumar, al precio que sea, la burla a la voluntad ciudadana. Decenas de integrantes de la Coalición Partido Acción Nacional - Partido de la Revolución Democrática fueron aprehendidos sin orden judicial, sus casas y oficinas allanadas, lesionados en su integridad física y moral, incomunicados.
Y aunque algunos de ellos obtuvieron su libertad bajo fianza, se les mantiene sujetos a procesos absurdos, por supuestos delitos de asonada, motín, terrorismo, pandillerismo, etcétera; delitos todos éstos que evidencian la voluntad de ejercer la represión política en contra del pueblo tamaulipeco.
Asimismo se han elaborado y publicado en todos los medios de difusión, ¡ al viejo estilo " macartista"!, verdaderas listas negras que contienen los nombres de opositores políticos, que sin juicio previo ya son virtualmente declarados delincuentes y condenados a largas penas de prisión.
Un claro ejemplo del atropello maquinado, maquinado desde la capital del país a las garantías de la ciudadanía tamaulipeca, sin duda lo constituye el caso de nuestro compañero Juan Gutiérrez Vázquez, miembro del comité municipal del Partido de la Revolución democrática en Matamoros, violentamente aprehendido en la plaza principal de esa población, en donde sostenía una huelga de hambre en contra del fraude electoral. Ya en prisión, Gutiérrez Vázquez fue brutalmente golpeado y amenazado por un grupo de encapuchados que penetraron a su celda, acusándosele de haber intentado estar presente en los cómputos del pasado miércoles. No obstante ser el comisionado de nuestro partido ante el comité municipal electoral de esta ciudad fronteriza.
El clima de persecución política que vive Tamaulipas es tan evidente que ha obligado a las autoridades estadounidenses, esta mañana, a brindar asilo a Jorge Cárdenas Gutiérrez, uno de los principales perseguidos por el Gobierno mexicano.
En síntesis, se ha acusado a la oposición democrática, representada por la Coalición Partido Acción Nacional - Partido de la Revolución Democrática, de un terrorismo, cuyos reales protagonistas son el Gobierno y su partido. Ellos fueron, y tenemos pruebas de ello, los que instrumentaron la provocación el pasado miércoles en Matamoros. Y no conformes con ello, han impuesto una férrea censura a los medios de comunicación en el Estado, incluidos en primer lugar las estaciones concesionadas a Jorge Cárdenas González, candidato de la Coalición Partido Acción Nacional - Partido de la Revolución Democrática a la gubernatura, para impedir la difusión informativa, veraz, y que los partidos opositores fijen públicamente sus posiciones frente a los conflictos y frente a la represión.
Esta ilegal censura, tuvo como uno de sus propósitos impedir que la opinión pública, tanto la nacional como la tamaulipeca, conociera a los verdaderos protagonistas y móviles de los hechos de Matamoros. El análisis de videos y testimonios demuestran la provocación y permiten identificar a los verdaderos responsables, poniendo al descubierto que el principal móvil del incendio del comité municipal electoral fue destruir las evidencias del fraude.
Sin embargo, la censura no se ha limitado al bloqueo de la información, sino que ha tomado proporciones persecutorias en contra de dos locutores de la radio matamorense, cuyo único delito es haber tratado de cumplir su misión informativa.
Por otra parte, el Gobierno impidió que hoy se publicara en la Prensa de la capital tamaulipeca un desplegado de la Dirección Estatal del Partido de la Revolución Democrática, en el que se denuncian, entre otras graves muestras de la parcialidad con la que el partido del Estado manejó el proceso electoral pasado, el hecho de que la mayoría de los funcionarios de casillas son miembros incondicionales del partido oficial, lo que naturalmente otorga al Gobierno un control que invariablemente pone al servicio de sus propios candidatos.
Al respecto, baste señalar que casi un tercio de los ciudadanos que el pasado domingo fungieron como funcionarios de casilla, formaron parte del aparato que erigió las elecciones de 1989 y las de 1991.
Simultáneamente se ha recurrido a las amenazas y al chantaje en su integridad, en sus bienes y en sus familias, para obligar a candidatos opositores a firmar cartas públicas y a suspender su participación en la caravana por la democracia, que desde varios municipios marchan hacia Ciudad Victoria, en donde el próximo viernes 20 de noviembre se realizará una concentración a nivel estatal de repudio a las trapacerías electorales.
Mediante la amenaza del chantaje, y también se está obligando a quienes fueron postulados por la oposición a reconocer el supuesto triunfo de Manuel Cavazos Lerma, así como las estratosféricas cifras que en particular el Gobierno le adjudica al partido oficial en la elección de gobernador; más aún, pretendiendo castigar nuestra justificada inconformidad en todas estas irregularidades, hoy se nos amenaza con echar abajo los pocos triunfos reconocidos por el Gobierno y su partido; Ciudad Victoria y Ciudad Madero son claros ejemplos de ello. Es evidente que de concretarse esta amenaza se agravaría una situación ya de por ser crítica en la vida política del Estado.
Se equivocan rotundamente quienes creen que la coalición Partido Acción Nacional - Partido de la Revolución Democrática está liquidada y de rodillas. Por lo que al Partido de la Revolución Democrática respecta, queremos decirles que permanecemos firmes en nuestra decisión de no convalidar el fraude electoral y de defender con la ley en la mano todos y cada uno de los triunfos obtenidos, a pesar de las irregularidades que ensuciaron este proceso.
Contra lo que el Gobierno y su partido pretenden hacer creer con el terrorismo político en Tamaulipas, el proceso electoral legalmente no ha concluido. Por tanto, aún es posible superar mediante el diálogo políticamente serio y la resolución de todas las controversias con estricto apego a la ley, los conflictos postelectorales que hoy enrarecen el clima político de esta entidad.
Para ello, nuestro partido ha interpuesto en tiempo y forma 736 recursos de protesta, denunciando las violaciones que en su conjunto influyeron determinantemente en el resultado oficial y fundamentando nuestra demanda de nulidad en las elecciones de gobernador de Tamaulipas.
Se hace necesario también el cese de la represión, persecución política y terrorismo oficial en contra
de ciudadanos, candidatos y dirigentes. La libertad inmediata de todos los ciudadanos detenidos y procesados sin pruebas de su participación en los hechos y la decisión de entrar a examinar de manera seria y minuciosa todas las irregularidades denunciadas con respecto al proceso electoral.
Al Ejecutivo Federal y sus representantes en el Estado de Tamaulipas los llamamos a asimilar responsablemente la reciente experiencia tamaulipeca, hoy más que nunca es urgente la necesidad de una reforma electoral profundamente democrática que entre otras cosas de una vez por todas siente las bases de una competencia equitativa de los partidos contendientes, permita la alternancia en el poder y sobre todo garantice la transparencia y credibilidad de los comicios. De otra manera, el Gobierno y su partido serán los únicos responsables del creciente descrédito en los procesos electorales en nuestro país, de la inconformidad y desaliento de grandes sectores sociales y de la inestabilidad política que puede generarse en toda la República y afectar gravemente los próximos procesos electorales incluido el de las elecciones federales de 1994. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra, para rectificar hechos, el diputado Benjamín López Aguirre, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Benjamín López Aguirre: - Señor Presidente, compañeros diputados:
Esta tarde comparezco ante ustedes para platicar respecto a las acusaciones que hace el diputado Elpidio Tovar de la Cruz.
Nos preocupa que el partido que representa quien me antecedió en el uso de la palabra, acuda a convalidar ante esta honorable representación nacional, los sucesos generados por la cerrazón personal de Jorge Cárdenas González, el que creyó que por cuarta vez le iba a funcionar su estrategia, el que no gana, arrebata.
Mire usted, los matamorenses hemos vivido en carne propia la conducta reprobable, atentatorio contra mis conciudadanos, de esta familia que se ha caracterizado por su prepotencia y mala actuación en contra de la ciudadanía en general, utilizando siempre los medios radiofónicos para incitar a la población a la lucha fratricida que genera, sabemos, cicatrices que son imborrables. No es posible que los matamorenses sigamos soportando ni nosotros ni los tamaulipecos de otras latitudes también agredidos en este proceso electoral, por esta familia en su incesante búsqueda en triunfos políticos que no les corresponden, para seguir obteniendo prebendas personales y familiares a través de beneficios económicos que han obtenido a lo largo de 15 años de imposiciones.
Los partidos políticos como entidades de interés público, es decir con compromisos ineludibles con el pueblo de México, no deben permitir ser utilizados en la sustentación de cacicazgos al margen de la Ley, alimentando pugnas regionales que deben desaparecer supeditadas y al influjo del interés superior de la nación.
Cabe señalar, durante toda la mañana anterior a esos acontecimientos, la estación radiofónica "W", propiedad de Cárdenas González, retaba abiertamente a los priístas a que fueran a enfrentarse a ellos; instalaron equipos de sonido en varias camionetas y por la emisora de referencia transmitieron todos los insultos y la incitación a la violencia que los oradores hacían.
La incitación subió de tono, mas cuando trataron de trastocar los términos y señalaban que en lugar de ser ellos los iniciadores en la criminal violencia, se dijeron agredidos por la policía; vil mentira, porque la policía municipal de Matamoros, está al servicio de Jorge Cárdenas González y la familia de él, ya que era alcalde de Matamoros y solicitó licencia para contender por la gubernatura.
Ante el resultado negativo para Cárdenas González y Rolando Martínez Calderoni, candidato a la alcaldía de Acción Nacional, su socio en varios negocios y aspirante a la alcaldía de Matamoros, había anunciado desde el pasado martes a través del periódico El Norte de Monterrey, que habría de incendiar Tamaulipas y que Michoacán se quedaría corto para lo que él iba a hacer en Tamaulipas. Eso lo dijo Jorge Cárdenas González.
Estos políticos retrógradas con mentalidad enfermiza por su temor de perder el poder, son los que no dejan avanzar la democracia en México y tal vez los institutos políticos que en su momento los escogieron como sus candidatos, sean excelentes partidos pero en esta ocasión se equivocaron de individuos. Verdaderos pillos; verdaderos campeones de la deslealtad, porque saltan de un partido político a otro; lo que es peor, verdugos del pueblo al que castigan sin misericordia cuando éste no se somete a sus caprichos y a sus devaneos.
Es necesario que en Matamoros y en Tamaulipas, se ponga ahí coto a los desmanes de estos mesiánicos.
Por otra parte, yo no se si ustedes estén enterados a fondo de los sucesos de Matamoros. Se ha demostrado la participación de varios ciudadanos que a la fecha no han admitido ninguna militancia partidista, aunque son regidores, son regidores del Ayuntamiento actual presidido por Jorge Cárdenas González, quien por cierto se incorporó el pasado lunes a sus obligaciones de alcalde, los cuales fueron aprehendidos con orden judicial, por delitos del orden común.
No son perseguidos políticos, fueron flagrantemente sorprendidos en la Comisión de tales delitos y arrestados en consecuencia, porque en Tamaulipas vivimos regidos por el imperio de la Ley.
Para quienes vivimos cerca del proceso, en el caso que me ha tocado vivir en carne propia la violencia de los Cárdenas Gutiérrez y de los Cárdenas González, mismos que el pasado mes de mayo de emboscaron para golpearme físicamente a mansalva, y el pasado miércoles después de que quemaron el Comité Municipal Electoral, pasaron por una de mis radiodifusoras a destrozar lo que pudieron.
Es entendible que los policías se hayan retirado del lugar de los hechos violentos; los policías estaban desarmados, soló con su escudo antimotines y con un bote de gas lacrimógeno para defenderse; llega a la manifestación pacífica como ustedes la llaman, la que de pronto se convierte en turba violenta, empiezan a lanzar bombas molotov, pues es lógico que los guardias se retiren impotentes. Era salvaguardar el orden o salvar la vida.
El partido de quien me antecedió en el uso de la palabra, al igual que los restantes partidos participantes en el proceso electoral tamaulipeco, tuvieron una ejemplar y reconocida conducta política. Todos, todos participamos de manera tal que el 100% de las casillas tuvieron dos ó más representantes. Así, todos vigilamos el proceso y también lo convalidamos, porque todos nuestros representantes, los de ustedes y los de nosotros, firmaron las actas electorales y ninguno ni de ustedes ni de nosotros impugnamos acta alguna.
Ustedes reconocieron en sus declaraciones a la Prensa durante el día de las elecciones, que el proceso transcurrió sin anomalías; en la medida que fueron llegando las cifras y al ver que no les favorecían, pues lógicamente se les va conformando el fraude electoral.
Los tamaulipecos consideramos que esto no se vale, impugnan hoy ustedes la voluntad mayoritaria del pueblo tamaulipeco.
Amigos, no se vale, señores. En pocas palabras, se trata de una defensa grotesca y pueril de la impunidad. Gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Adolfo Kunz Bolaños, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El diputado Adolfo Alfonso Kunz Bolaños: - Con su venia, señor Presidente:
No nos atreveríamos a distraer esta alta tribuna para un proceso electoral, estamos hablando de algo bastante más grave y bastante más serio; sin embargo, no me puedo reprimir para hacerle una aclaración al señor diputado que me antecedió en el uso de la palabra.
Me sorprende que desconozca su Ley Electoral Estatal. En esta Ley se establece que para interponer el escrito de protesta que sirve de base al recurso de queja, se tiene el día de la elección o las 72 horas inmediatas siguientes, y cuando él viene aquí a decir que en ninguna casilla hubo impugnaciones, viene a decir falsedades, porque las impugnaciones no son en el momento de la votación necesariamente, si no como lo dice su Ley estatal, dentro de las 72 horas siguientes, y aquí tengo en mi poder el escrito en protesta, sellado por el Comité Municipal Electoral, donde se protestan 86 casillas de las 310 ó 318 que había en el Municipio de Matamoros.
Tampoco considero que sea grotesco el venir a plantear aquí una violación a los derechos más elementales de un ser humano y de un ciudadano. Ya lo señalé en mi intervención anterior, no hubo tal proceso ejemplar en Tamaulipas, el mismo problema de Matamoros lo demuestra, pero le daría un ejemplo adicional: el caso de Reynosa. En Reynosa se utilizaron fuerzas que por su uniforme podrían se militares, entrenadas en el uso de armas, desconozco el nombre, es una especie de garrote, y le abrieron la cabeza a 15 militantes del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
Esto demuestra que no estamos en casos de excepción. La excepción fue que en Matamoros hicieron un gran escándalo, porque había ahí otros intereses y medios interesados en difundir, con mucha razón en algún aspecto, en cuanto a la cobarde agresión al periodista, pero que de ninguna manera pueden señalar que esto sea imputable, al menos en mi partido.
Iba a hacer uso de la tribuna únicamente para fijar nuestra posición, pero no podemos venir
aquí a minimizar un problema tan grave como el que estamos viviendo.
Hemos estado recibiendo filmaciones, grabaciones, testimonios y documentos que nos van a permitir demostrar en los próximos días, que estamos ante una provocación manipulada en el caso de Matamoros. No voy a acusar a nadie en este momento, porque no tengo los elementos completos, pero en su momento lo haré y exigiremos responsabilidades para los culpables.
Estamos ante un caso evidente de manipulación de la agresión. En ninguna de las filmaciones se ve que haya provocaciones de nuestros militantes. Se ve, sí que empujan a la candidata a diputada Guadalupe Oropeza, y ella responde con un patada, y a esto la cobarde agresión del policía judicial que nadie ha mencionado ni nadie ha citado a declarar; a ese cobarde esbirro, nadie lo está citando, ¿ verdad ? Se ve nuestro candidato en Matamoros a presidente municipal, como estando parado se le arroja gas en la cara a menos de medio metro de distancia, eso sí se ve, pero él no se ve más que reaccionando a esta agresión.
Están perfectamente identificados por las filmaciones, las personas que arrojaron las bombas. Aquí se señalaba que existe duda si el incendio empezó antes y hay el antecedente de que cuando se había citado no llegaron ni el Presidente ni el comisionado del partido del Gobierno, y que posteriormente llegaron cuando no estaban los comisionados de los demás partidos, y hay testigos de que el incendio empezó antes dentro que fuera del local, o sea que existen muchos indicios de que estamos ante una agresión manipulada, y esto quedará claro, porque tenemos también muchas filmaciones de los responsables y los que participaron en ella. No vamos aquí a sacar conclusiones ni hacer acusaciones. Cuando tengamos toda la información, que ya está en poder de compañeros nuestros, pero que tiene que llegar a México para prepararla, vamos a hacer las acusaciones que correspondan.
Lo que sí queremos dejar bien claro, y para eso subí a esta tribuna, que bajo ninguna circunstancia, por ningún motivo, cueste lo que cueste, vamos a tolerar que nuestros compañeros sean convertidos en chivos expiatorios y sean consignados. No vamos a tolerar esta arbitrariedad, ni vamos a aceptar tener presos políticos. Lo dejamos bien claro. Tenemos la documentación suficiente para comprobarlo, y en los próximos días lo haremos llegar ante las autoridades competentes, para que se ordene de inmediato su libertad. Muchas gracias. ( Aplausos. )
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Juan Huesca Pérez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Juan Huesca Pérez: - Con la venia del señor Presidente, señoras y señores diputados:
Tengo en mi poder un informe del Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de los Derechos Civiles, asociación civil, que lo manifestó como boletín de prensa, y que nunca fue aceptado por ningún diario.
He recopilado algunos párrafos para no hacer muy prolongada esta intervención, y me voy a permitir hacerlo del conocimiento de esta honorable Cámara de Diputados.
Este centro de estudios dice lo siguiente: " Dado que la Ley Electoral por el Estado de Tamaulipas es de las más atrasadas en México, ya que las últimas reformas de 1989, no incorpora aspectos fundamentales contenidos ni en el Código Federal de Instituciones Políticas y Procesos Electorales ni en otras legislaciones estatales ".
" Es preciso hacerle cambios urgentes para dar credibilidad a los procesos electorales ". Esto lo afirmó, durante una conferencia de Prensa organizada por el Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de los Derechos Humanos, en Reynosa, Tamaulipas, los integrantes de esta asociación civil.
La observación efectuada en Nuevo Laredo, en Reynosa, en Matamoros, en Río Bravo, en ciudad Victoria, Ciudad Mante, Tampico y Madero, la llevaron a cabo 36 personas de este centro de estudios, la mayoría estudiantes universitarios e integrantes de grupos de derechos humanos.
Puntualizan que las elecciones de Tamaulipas ocurrieron con denuncias previas al proceso, sobre un intento de fraude generalizado que buscaría beneficiar a los candidatos del partido apéndice del Gobierno, ellos dicen el Partido Revolucionario Institucional.
El Centro de Estudios Fronterizos, que participó como observador antes de las elecciones, apercibió irregularidades fundamentales, como son las siguientes:
La Comisión Estatal Electoral da trato privilegiado a los organismos gubernamentales, mas no así a los partidos políticos de oposición y a la sociedad civil; tampoco contempla la
existencia de un tribunal electoral para abordar los problemas postelectorales.
Por otra parte, también se observó en los medios de comunicación, en particular en la Ciudad de Matamoros, una virulenta campaña sistemática de ataques a Jorge Cárdenas González, candidato de la coalición Partido Acción Nacional - Partido de la Revolución Democrática, por presuntas irregularidades durante su administración.
Del análisis realizado a la prensa, llegamos a la conclusión de que no hubo objetividad ni neutralidad en el trato a estos candidatos. Si bien en alguna etapa de la campaña, al candidato de la coalición Partido Acción Nacional - Partido de la Revolución Democrática se le dio gran publicidad en los medios informativos, pero fue infamante, debido a que un diputado del Congreso estatal lo acusó de algunos ilícitos durante su gestión como alcalde.
Con respecto a la destrucción de documentos electorales, habida en diversos municipios, como Xicoténcatl, Hidalgo, Matamoros y Yera, para quienes hemos sido observadores objetivos del proceso electoral, resulta sospechosa la manera en que ocurrieron los hechos, no intervinieron los cuerpos policiacos para resguardar la documentación, y en apariencia tampoco hubo vigilancia del ejército, sin embargo, sí estuvieron presentes los soldados, poco antes de que se hiciera el proceso en los comités municipales electorales.
En el caso de Matamoros, cita el centro de estudios, encontramos que presuntos militantes del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Partido de la Revolución Democrática y Partido Acción Nacional, se unieron para destruir el Comité Municipal Electoral y toda la documentación del proceso electoral del 8 de noviembre. Sin embargo, para quienes vivimos en Tamaulipas, resulta risible esa acusación, más aún conociendo las profundas diferencias que hay actualmente entre Jorge Cárdenas González y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
Cabe destacar que los participantes de la destrucción de ese comité no se encuentran detenidos, en cambio se acusa a destacados militantes de la oposición. No hubo aquí la misma presteza de los cuerpos policiacos en Ciudad Madero, cuando alguien disparó en contra del candidato de la coalición, Alfredo Pliego Aldana, como tampoco en Ocampo, cuando se sorprendió a un fulano, de nombre Camilo Márquez, con 80 boletas electorales a favor del Partido Revolucionario Institucional, pese a la denuncia de la oposición.
Durante el desarrollo de los comicios, en el Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de los Derechos Humanos, se llegó a las conclusiones siguientes:
Alrededor del 20% de las casillas en todo el Estado, se instalaron después del tiempo que señala la Ley; algunas casillas lo hicieron hasta una hora más tarde de lo estipulado.
Dos. Faltó la relación de los representantes de los partidos autorizados.
Tres. En el 5% de los casos el secretario omitió dar el número de boletas presentadas para la votación.
Cuatro. En el 2% de los casos habrá más boletas que las autorizadas por la lista nominal.
Cinco. En el 10% de las casillas se registró desorden a la hora de votar.
Seis. En el 10% de los casos se violó el secreto al voto, ya que podía observarse por quien se estaba sufragando.
Siete. En el 5% de los casos no se requirió identificación adicional a los electores.
Ocho. En el 8% de los casos las credenciales de elector no tenían firma ni huella.
Nueve. En el 15% de los casos el escrutinio no se llevó a cabo de la manera correcta, es decir, no se " cantó ", entre comillas, el voto a la hora de la contabilización.
Diez. En un importante número de casillas rurales y de las colonias populares, hubo traslado de votantes en vehículos con siglas partidistas. Este hecho, señala el centro de estudios fue realizado por el diputado federal Manuel Muñoz Rocha, en Río Bravo, quien dijo al coordinador de la observación en esa población, que hacen el texto de la frase, " nosotros ponemos vehículos para transportar a personas de áreas muy lejanas, para apoyarlos ".
En Matamoros, en las casillas 153 y 151 - B, se sorprendió a una persona votando por lo menos en esas dos casillas, además de que no se le perforó la credencial. Se transportaba en un vehículo, dice la marca, número de las placas, el color del vehículo, con vidrios polarizados.
Once. La queja más frecuente de los partidos de oposición fue que la tinta indeleble no era indeleble, ya que se quitaba fácilmente con agua y jabón.
Vuelven a hacer una denuncia en contra del diputado federal Manuel Muñoz Rocha, que trató de intimidar a los observadores, pues más tarde acudió a la oficina de nuestra coordinación en Río Bravo, pretendiendo conseguir información de los resultados que hasta esa hora tenían los observadores.
Once Bis. El Partido Revolucionario Institucional usó propaganda subliminal, ya que a través de un periódico de Reynosa el día 8, día de elecciones, publicaron una renuncia colectiva de militantes del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y se les invitaba a votar a favor del candidato del Partido Revolucionario Institucional.
Señala el Centro de Estudios la información de la observación.
La iniciativa del Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de los Derechos Humanos, asociación civil, marca un punto de partida para que la sociedad concurra con mayor fuerza a la actividad política y defienda desde sus organizaciones cívicas sus intereses.
Respecto al caso de Matamoros, este Centro de Estudios Fronterizos permite señalar que se están prefabricando delincuentes para intimidar a la población. Para lograr este objetivo, se inventan cargos contra los dirigentes de la oposición, como terrorismo, pandillerismo, lesiones, daños a propiedad ajena, incendios y daños a las vías generales de comunicación, y es ostentosa e intimidatoria la presencia de elementos policiacos y el e ejército, que no tiene que hacer nada, vigilar nada más ciudad.
Por otra parte, se realizan detenciones arbitrarias, sin orden de aprehensión, se catean domicilios rompiendo puertas para penetrar, haciendo ostentación de poderoso armamentos, como si fueran a enfrentarse a terroristas y no a simples ciudadanos, pertenecientes a la oposición.
Debemos ejemplificar por lo ocurrido este viernes, en la presentación ante el Ministerio Público de otro detenido con la ostentosa presencia de judiciales federales, estatales y de alrededor de 40 soldados reguardando el edificio.
Esto es grave, si tomamos en cuenta que cuando se presentó en el mismo juzgado al narcotraficante y convicto asesino Oliverio Sánchez Araujo y a su banda únicamente los acompañaron cuatro policías que iban en cuatro vehículos.
Por otra parte, en estos momentos existe una fuerte censura a los medios de comunicación del Estado, pero en particular en Matamoros, en donde se silenciaron los noticieros de las estaciones propiedad de Jorge Cárdenas González y hoy le llevan una orden de clausura.
Esta situación sigue siendo grave pues al no identificarse la fuente, limita la información, como por ejemplo que se detectó a experimentados karatecas durante la destrucción del Comité Electoral de Matamoros.
Este Centro de Estudios Fronterizos considera que la destrucción de este Comité Municipal Electoral y de la documentación del proceso fue un acto premeditado, preparado de antemano y que beneficia exclusivamente al Partido Revolucionario Institucional, pues así destruyen las pruebas del presunto fraude cometido contra la población.
Además sirvió de excusa para desatar una represión que afecta la libertad de expresión, vulnera las garantías individuales de los tamaulipecos y busca de esa forma inhibir las protestas que se espera ocurran durante la calificación de la elección de gobernador.
Por lo anterior, el Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de los Derechos Humanos, hace un llamado urgente a todos los organismos de derechos humanos de México y en el extranjero a que se pronuncien en contra de los hechos que ocurren en este momento en Tamaulipas.
Se exija el regreso de la normalidad y que se realicen indagaciones sobre las denuncias del fraude electoral.
Solicita también que se nombre a una delegación para que acuda a Matamoros para corroborar esta denuncia, tomando en cuenta los informes señalados con anterioridad.
Hasta aquí, señora y señores diputados, es una síntesis de lo que este Centro de Estudios me hizo llegar. Y nosotros en Acción Nacional nos solidarizamos con el requerimiento que hace el Centro de Estudios y de Promoción de Derechos Humanos, exigiendo que se libre inmediatamente a los ciudadanos privados de su libertad violando la Constitución de nuestro país. El único delito que tiene es el hecho de manifestarse valientemente en repudio al fraude perpetrado por gente del sistema, tanto simpatizantes como
autoridades de todos los niveles. Se le ha perseguido, se les encarceló y ahora les dictan auto de formal prisión.
Igualmente pedimos que cesen en el propósito de seguir aprehendiendo o más ciudadanos por este mismo delito, que con ese valor civil que demostraron protestaron por las irregularidades durante todo el proceso electoral. Y también que se permita retornar a la patria a las personas que acosadas tuvieron que huir al extranjero.
Tanta acción, fraudulenta, represiva, prepotente y antidemocrática obliga a que estas elecciones sean nulificadas.
Además quiero señalar que un distorsionador de la noticia televisiva ha magnificado su desinformación y tampoco reconoce que la agresión que sufrieron elementos de su equipo son manifestaciones del repudio a él y a su programa por su entreguismo, por su parcialidad reconocida tanto en nuestro país como en el extranjero.
Que quede bien claro que cuando perdemos en buena lid lo reconocemos, pero ante el robo nos rebelamos. Hace un año pocos días más o pocos días menor, mencioné que habíamos escuchado con mucha frecuencia dos palabras: democracia y nacionalismo.
Pero yo sigo insistiendo que la democracia no existe que es totalitarismo puro y que el nacionalismo tampoco, que es presidencialismo absoluto.
De los comentarios que hacía el diputado del Partido Revolucionario Institucional que antecedió al diputado Kunz dice que se incitó por un medio radiofónico de Matamoros, yo digo que la incitación a la violencia viene desde que se empieza a fraguar un fraude, porque es una burla para la ciudadanía; desde el momento en que se inician las maniobras fraudulentas se está incitando a la violencia, como aquél que pretende arrebatarle a alguien una pertenencia, como un reloj, etcétera, está incitando a la violencia para que responda con violencia.
En el caso del problema de Matamoros me parece también muy casual una coincidencia muy fortuita que un aficionado a la televisión o a proyectar en cámara de video haya estado apostado en un lugar estratégico, haya tomado vistas tan perfectas, que haya sabido o adivinado que algo importante de filmar iba a acontecer. Es muy extraño, al menor para mí, no soy malicioso pero hay veces que hay que pensar mal.
Estuvo efectivamente resguardado el comité municipal por un grupo de personal de antimotines, en seguida que llegaron ellos se presentó un grupo de porros que de acuerdo por información recibida son integrantes de la Confederación de Trabajadores de México, y si acaso no es del conocimiento de ustedes, ese día 11 a las 8.00 de la mañana debió haberse reunido a todos los integrantes de la Comisión Electoral para hacer sus estudios y llegar a conclusiones, y al no haber quórum el Presidente determinó que se posponía para las 3.00 de la tarde.
No obstante haberse citado a los elementos a las 3.00 de la tarde, a las 9.30 de la mañana el presidente del comité hizo presencia con el representante del Partido Revolucionario Institucional y de otros dos partidos, además del secretario y los vocales para poder constituir el quórum, habiendo quedado afuera los representantes de la coalición y los representantes del Partido de la Democrática y del Partido Acción Nacional.
Ante esa situación se dio a conocer, por los compañeros nuestros que estaban haciendo un plantón pacífico, porque somos enemigos de la violencia, reprobamos a quien la haga y más reprobamos a a quien la provoque, entonces se hicieron presentes y al tratar de llegar hacia el interior de ese local lo encontraron totalmente cerrado y al pretender abrir las puertas fueron reprimidos y gaseados por elementos de los antimotines.
En esas condiciones, señoras y señores diputados, yo vuelvo a insistir, ¿ quién propició la violencia, de dónde vino la violencia, por qué se manifestó en esa forma ?, además de que se golpeó a una mujer por un elemento de la judicial.
Esa situación que hemos vivido todos y cada uno de los que estamos en Tamaulipas y muchos otros compañeros diputados que hicieron presencia en algunas ciudades, me han también hecho saber el resultado de sus observaciones, y específicamente en Tampico me reporta el compañero que estuvo ahí que un grupo de porros trasladados en camionetas se dedicaron a amedrentar a los votantes, entonces el hecho de que algunos de nuestros representantes hayan firmado las actas no fue porque estuvieran conformes con que el proceso haya sido limpio, lo hicieron porque fueron reprendidos, porque fueron amenazados. Es más, se atrevieron a llevar a prisión a un notario público que estaba actuando en la casilla 161 en Tampico.
Definitivamente ante estas evidencias, insistimos, no vamos a ceder hasta que no se escuchen
nuestras peticiones, llegaremos hasta donde sea necesario porque no vamos a seguir permitiendo que esto se siga presentando. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Oscar Luebbert Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Oscar Luebbert Gutiérrez: - Compañeras y compañeros diputados:
Hemos escuchado con atención los planteamientos de los diputados Elpidio Tovar, el diputado Kunz Bolaños y el diputado Juan Huesca Pérez. Y no coincidimos con sus apreciaciones sobre la situación de Tamaulipas y su proceso electoral.
El 8 de noviembre en Tamaulipas, los tamaulipecos vivimos una jornada electoral en donde se instalaron y cerraron todas las casillas y sólo se presentó un incidente de robo de urna en Matamoros.
Se derrotó el abstencionismo y la participación ciudadana se hizo presente. La participación fue casi del 60% del padrón electoral.
Durante el transcurso, el candidato de la oposición, sintiéndose avasallado, empezó a descalificar el proceso sin aportar elementos. Se inicia por su parte, una serie de reacciones que tratan de empañar el proceso. El día 8 se quema el comité municipal de Hidalgo; días después el de Gómez Farías y realizan plantones en Xicoténcatl, Ocampo, Antiguo Morelos. Y culmina esta acción con los lamentables acontecimientos de Matamoros. Se hace aparecer ante la opinión pública nacional e internacional, que en el Estado hay un clima de intranquilidad e inconformidad. ¡Falso! Estos lamentables acontecimientos fueron la excepción y el punto malo, el punto negro de la jornada.
En el Estado de Tamaulipas, se vive un clima de tranquilidad; los constantes llamados para romper, han fracasado. Los resultados hablan por si solos: El partido Revolucionario Institucional obtuvo para gobernador, 410 mil 954 votos, el 65.8% de la votación total; la coalición Partido Acción Nacional - Partido de la Revolución Democrática, 163 mil 707, el 26.2%; el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, tercera fuerza en el Estado, 37 mil 702 votos, el 6.1% del total de la votación. La diferencia entre el Partido Revolucionario Institucional y la coalición, es de más de 245 mil votos.
Para ejemplificar y dar algunos elementos que aporten la realidad que se vive Tamaulipas, expondré brevemente algunos resultados de los principales municipios que comprenden más del 80% del padrón electoral:
En Nuevo Laredo, el Partido Revolucionario Institucional obtiene 40 mil 549 votos, contra 8 mil 981 del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; para gobernador en Nuevo Laredo, gana nuestro candidato con 42 mil 84 votos contra 5 mil 765 de la coalición.
En Reynosa, nuestro candidato obtiene 54 mil 305 votos contra 9 mil 499 de la coalición.
En Matamoros, 51 mil 791 contra 20 mil 984.
En Tampico, 51 mil 303 votos para el Partido Revolucionario Institucional y la coalición 23 mil 757.
En municipios que la oposición recibió constancia de mayoría para presidentes municipales, como en Río Bravo, en donde gana el Partido Acción Nacional 20 mil 814 votos contra 9 mil de nuestro candidato, el candidato a gobernador, Cavazos Lerma, gana 16 mil 232 votos contra 11 mil 553.
En Madero, que es el caso similar donde gana el Partido de la Revolución Democrática, y recibe constancia de mayoría, nuestro candidato recibe 23 mil votos contra 20 mil de la coalición.
En Victoria, donde el Partido Revolucionario Institucional también no fue favorecido y la constancia de mayoría la tiene el candidato del Partido Acción Nacional, el candidato a gobernador recibe el Partido Revolucionario Institucional, 34 mil 181 votos contra 19 mil 284 votos del Partido Acción Nacional.
Han sido reconocidos los triunfos.
El Presidente: - Me permite, señor diputado.
Si señor diputado Adolfo Kunz.
El diputado Adolfo Alfonso Kunz Bolaños (desde su curul): - Si acepta una interpelación.
El Presidente: - Señor diputado, ¿acepta usted una interpelación?
El diputado Oscar Luebbert Gutiérrez: - Si me permite terminar la intervención, y con mucho gusto al terminarla.
Hoy han sido reconocidos los triunfos del Partido Revolucionario Institucional públicamente y
han rechazado las actitudes violentas e intentos desestabilizadores los candidatos de González e Higuera, del Partido de la Revolución Democrática, y Ocampo y Xicoténcatl, del Partido Acción Nacional.
En Hidalgo la marcha que se inició se ha terminado. Sólo en Bustamante 100 personas continúan en este caso. Y ahí el Partido Revolucionario Institucional cuenta con pruebas documentales de recolección de credenciales por la oposición.
La descalificación sistemática, incapacidad orgánica y crisis de los partidos opositores, la falta de cuadros y candidatos propios, campañas basadas en el insulto y la calumnia, fue rechazado por los tamaulipecos. Las quejas, protestas e impugnaciones no han sido apoyadas con documentos contundentes de supuesto fraude generalizado o tramado por la oposición; sólo han quedado en declaraciones.
Todavía hay instancias para que a través de la legalidad se siga contribuyendo al proceso. En el colegio electoral se ha dictaminado.
Sigamos, pues, en el camino de la legalidad concertación, proponiendo las reformas que ayuden a perfeccionar nuestra democracia No lo hagamos destruyendo valores fundamentales de nuestro pueblo, la concordia nacional y la paz social. Muchas gracias.
El Presidente: - Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado González Durán. Ah, perdón. Discúlpame, diputado.
El diputado Adolfo Kunz Bolaños (desde su curul): - Señor diputado: Creo que hubiera sido más oportuna la interpelación cuando pedí la palabra.
Qué caso tiene, en primer lugar lo que está aquí a debate es la detención ilegal, injusta, que consideramos política, de varios de nuestros compañeros.
¿Qué caso tiene que venga usted a esta tribuna a darnos una letanía de cifras, cuando parte del debate se refiere precisamente a que nosotros le negamos veracidad a esas cifras?
Usted bien nos puede decir que su candidato sacó 3 millones contra 15 de la oposición y es exactamente lo mismo; porque ni es lo que está a debate en este momento ni consideramos que sean ciertas esas cifras, toda vez que están bastante manipuladas, aunque formalmente pudieran ser los resultados oficiales. Gracias.
El diputado Oscar Luebbert Gutiérrez: - Sobre el caso de Matamoros yo no me referí porque mí partido, a través de la intervención de la diputada Laura Alicia Garza y del diputado Manuel Muñoz, en días anteriores, fijó muy clara nuestra posición.
Queremos que las autoridades lleguen al fondo, se investigue. Qué bueno que hay más elementos que aporten a las autoridades competentes para poder dictaminar y, en su caso, actuar.
La posición del Partido Revolucionario Institucional ha sido clara: rechazamos la violencia y queremos que se aplique la Ley en el caso de Matamoros.
Sobre el qué caso tiene de lo que usted llama "letanía de números", para nosotros el caso es la voluntad popular de Tamaulipas. Gracias (Aplausos.)
El Presidente: - Para ratificar hechos, tiene la palabra el diputado Carlos González Durán.
El diputado Carlos González Durán: - Con su venia, señor Presidente, honorable Asamblea:
En toda cuestión jurídica hay que resolver tres preguntas. La primera es: ¿Cómo y cuándo se suceden los deberes? La segunda: ¿Cuáles son esos deberes? Y la tercera: ¿Por qué estos deberes y no otros?
Los verdaderos delincuentes no son las víctimas de la represión políticas, Los verdaderos delincuentes son los delincuentes electorales a quienes se ha venido concediendo impunidad.
Las normas jurídicas forman un orden jurídico y se integran por una relación de consecutividad. El deber principal, el más importante, el más reclamado y el que debe ser respetado hoy en nuestro país, es el sufragio. Este derecho se viene atropellando.
El poder político no se ejerce como poder patronal ni como poder paternal, sino que se ejerce sobre hombres libres.
El ejercicio de la autoridad requiere tres condiciones de justificación: Primero, que la autoridad llegue legítimamente y por buenos títulos al cargo. Segundo, que ejercite sus funciones con apego a los medios legales. Y tercero, que sus decisiones de Gobierno sean justas.
Lo que distingue un sistema democrático de un sistema autoritario es, entre otras cosas, el trato
que se concede a la oposición. Si la oposición tiene un espacio institucional, una convivencia reflexiva, parlamentaria, de entendimiento, hay democracia. Pero si la oposición es perseguida, es reprimida, aparece el negro rostro del fascismo.
Para nuestra patria no queremos totalitarismos de ningún tipo, queremos vivir en la democracia. Y por esas razones he subido a expresar mi apoyo a los diputados que han venido aquí, a esta tribuna, a condenar la represión política y a reclamar que los verdaderos delincuentes, que son los delincuentes electorales, sean castigados con la gravedad de su falta.
Ya en la Constitución de Apatzingan se señaló por Morelos que los delincuentes contra la soberanía popular son delincuentes en esa patria. ¡Si que lo son!, ¡son traidores a la patria! Y, por lo tanto, una de las reformas más urgentes que debemos establecer, es el correcto castigo de los delincuentes electorales. Que todo tipo de delincuentes electorales sea sancionado en estos términos, y con eso termino:
"Quien cometa tretas, mañas, falsedades y fraudes electorales, quede inhabilitado para ocupar cargos públicos de representación popular o empleo público de cualquier naturaleza."
¡Se necesita un cinismo derecho, no unas elecciones chuecas! Es todo. (Aplausos.)
El Presidente: - Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Cuéllar.
El diputado Humberto Pedro Flores Cuéllar: - Con su permiso señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Vuelvo a insistir que es muy lamentable subir aquí y venir a dar datos y cifras cuando así nos conviene a nuestros intereses, esto no es del colegio electoral, es cierto, y lo volvemos a repetir para ver si se lo van grabando, los compañeros del Partido Revolucionario Institucional. Aquí somos diputados y tenemos que ver que se cumplan las leyes, que la ejerzan, que ejerzan la Ley a quien tiene que ejercerla, no hay que inventar delincuentes como ahorita está sucediendo, nosotros tenemos que velar por el orden que debe existir en todo el país, Aquí viene un compañero que hace rato me antecedió en la palabra y viene a hablar yo creo que de otro Estado, no era de Tamaulipas porque esto es preocupante, hay retroceso, estamos viviendo en la cuestión electoral, íbamos pensando que teníamos ahorita que luchar ya como una ingeniera electoral, teníamos que ir limando las asperezas con el padrón electoral, con las credenciales que se quedan, que no se recogen o que no se entregan que aparecen el día de la elección, era nuestra lucha; pero ahora volver a empezar los años, ya hace mucho tiempo cuando se manejaba este tipo de elecciones, es muy triste retroceder. En nuestro partido nos lo han manejado y estamos de acuerdo y estamos conscientes que es el camino adecuado, el diálogo, la concertación y que se diga también por muchos medios y por muchos personajes de la política.
Aquí un señor hablaba que dijo don Jorge Cárdenas que iba a incendiar Matamoros, ya le dijo mi compañero Felipe Bravo, que está aquí atrás, le dijo donde se habló la palabra "lumbre" y se habló en Los Pinos precisamente por el Presidente de la República, "que si se arrimaban muy cerca, les iba a llegar la lumbre", fue cuando se habló de lumbre y casualmente como nunca intervino la Procuraduría General de la República en los comicios electorales, yo personalmente el viernes le hablo al subprocurador y le digo: Señor subprocurador hay una camioneta aquí de la Procuraduría General de la República, toca la puerta y le preguntan a uno, ¿señor usted es fulano de tal? Sí; órdenes de arriba que vote por el Partido Revolucionario Institucional, ya está usted enlistado señor eh, muchas gracias.
(Desorden.)
Qué raro que lo desconozcan, pues de qué partido son ustedes oigan, porque no es de ninguno de los que están aquí, por ejemplo cualquier diputado, de cualquier partido sabemos cómo se llevan a efecto las elecciones y ustedes como priístas saben perfectamente todas las mañas y las trampas. (Aplausos.)
Me están obligando también a hacer las acciones que antes hacía; hemos dado la cara y damosla pelea de frente, con el respeto que se merece cada persona, pero ante esto no sea que volvamos como ya en nuestro país no podemos hacer las denuncias con nuestras protestas pacíficas, no vaya a ser que se les presente el Ejecutivo Federal, en otro país con una pancarta donde diga que cuándo va a haber democracia en México, sería muy vergonzante, yo creo que en nuestro país tenemos que seguir luchando por la democracia, tenemos que seguir haciendo todos en conjunto lo posible porque esto se lleve con la cordura necesaria. Aquí se viene a exigir y a pedir que con la serenidad que se inventaron los delincuentes del incendio en Matamoros, lo mismo pedimos para lo que paso en Madero a la compañera Tatiana la hija de Clouthier, de
eso no supo nada, qué casualidad, ahora los inventaron y para mi compañero diputado que es de Matamoros que vino a defender con mucho ahínco a los compañeros del Programa Nacional de Solidaridad, porque el candidato de Matamoros Tomás Yerrington también salió de Programa Nacional de Solidaridad al igual que el ahora supuesto, posible Gobernador, es también del Programa Nacional de Solidaridad, de la familia que tiene todas las canonjías.
Si no saben quién quemó ni dónde empezó, usted conoce bien a las gentes de Matamoros compañero, pregunte por el Mike, muy conocido ahí en el Tecnológico, él trae a toda la gente trabajando y vea el video a ver quién aventó la primera bomba y ahí tiene usted la solución. Muchas gracias compañeros. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Salvador Juárez G. del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Salvador Juárez García: - Con su venia señor Presidente, compañeras y compañeros diputados.
Quiero decirles que no soy un diputado muy afecto a subir a la tribuna, y si no lo hago con frecuencia no es porque exista temor o miedo por llegar a este puesto tan importante, a este lugar tan importante en la ciudadanía mexicana, sólo que aveces se desanima tanto uno porque por más elementos, por más justificaciones, por más pruebas que se presentan ante los hechos que consecuentemente repite el partido del Gobierno en contra de los partidos de oposición, por más pruebas lo repito, el mayoriteo deja sin efecto toda esa intención de que podamos llegar a encontrar la democracia en México.
Hice unos apuntes porque soy tamaulipeco, y hemos vivido la situación política de esta contienda electoral pasada, en donde claro que tenemos que venir a hacer nuestro reclamo, ahora cuando menos para que siquiera quede constancia en las copias estenográficas de la inquietud y de nuestra responsabilidad que cuando menos, diputados tamaulipecos tengamos que venir a hacerles saber ustedes lo que sucede en aquella entidad federativa.
Por eso les diré que el proceso electoral en Tamaulipas, que recientemente vivimos, fue desvirtuado en su propósito constitucional y en su propósito social por el Gobierno de su partido. En vez de incrementarlo como una práctica política civilizada, como cumplimiento a un requerimiento de la sociedad, como una necesidad de renovación política y administrativa, el Gobierno y su organización política utilizaron las elecciones para reafirmar su carácter unipartidista, ferozmente antidemocrática y claramente represiva.
Los lamentables hechos que hoy vive el Estado, lo confirman. Más de 30 detenidos en la cárcel de Matamoros y otros tanto en otros municipios. La persecución que se ha desatado en contra de nuestros compañeros es implacable, sin embargo hay declaraciones y el licenciado Anibal Pérez Vargas, secretario general de Gobierno en el Estado, en donde manifiesta "en Tamaulipas existe tranquilidad y paz en todo su territorio".
Cómo puede decirse eso, si hoy más que nunca la ciudadanía de esta entidad se defiende de la agresividad abierta del Gobierno, y la única defensa que les queda a los militantes de nuestro partido, el Partido de la Revolución Democrática, es organizar sus marchas de protesta por la violación al voto ciudadano.
Por eso es que gente de los distintos partidos políticos de oposición de los municipios de Hidalgo, Yeras, Curvillas, Bustamente, Villagrán, San Fernando, Matamoros y Tampico, tal vez se sumen más municipios, estarán en una gran concentración en Ciudad Victoria el día 20, para protestar en contra de esta persecución hitleriana del Gobierno, en perjuicio de nuestros compañeros.
Es saludable que no quepa duda que el Partido de la Revolución Democrática está de acuerdo en las querellas e inconformidades sociopolíticas, que se ventilen dentro del marco de la legalidad, con estricto apego a derecho, y desde luego en las instancias correspondientes; pero qué hacer cuando esas instancias y las propias autoridades se convierten en los principales violadores de la Ley.
Los militantes del Partido de la Revolución Democrática no estamos de acuerdo con ninguna forma de violencia, la reprobamos en toda su expresión, pero díganme ustedes, ¿no es violencia rasurar el padrón electoral para eliminar a posibles opositores? ¿No es violencia recoger las credenciales de elector para votar, con mentiras e intimidaciones? ¿No es acaso violencia obligar a los trabajadores sindicalizados a votar por el Partido Revolucionario Institucional? ¿No es también una forma de violencia utilizar a los promotores del voto para presionar a los colonos a votar por el partido del Gobierno? ¿No es una violencia obligar a maestros y padres de familia a conseguir 10 nombres de ciudadanos dispuestos a votar por el partido oficial? ¿No
es violencia acaso que funcionarios públicos tuerzan la Ley para, de manera disimulada ayudar a los candidatos oficialistas en sus campañas? Y a esos funcionarios, ¿quién los castiga si ellos mismos son la Ley?
Una forma de violencia brutal y cínica, son los miles de millones de pesos salidos del erario público, de manera ilegal, para utilizarlos en las campañas de los candidatos del partido oficial, cuando que esos dineros bien pueden aplicarse en alumbrado público, tomas de agua domiciliarias, construcción de caminos vecinales o carreteras, para evitar la privatización que el día de ayer nos decía con tanta insistencia el señor Aspe, porque al paso que vamos los mexicanos que tengan un vehículo tendrán que ganar lo suficiente para poder pagar las cuotas de paso en esas famosas carreteras privatizadas.
En Tamaulipas el fraude electoral sigue su curso. Hasta ahora ninguno de los recursos interpuestos por la coalición Partido Acción Nacional Partido de la Revolución Democrática ante los órganos electorales, han sido tomados en consideración, sucede todo lo contrario, se intenta echar atrás los pocos triunfos reconocidos a la oposición. Tanto en Ciudad Madero como en Ciudad Victoria, los priístas ya han impugnado los resultados de los cómputos, en los que pese a las graves irregularidades, los candidatos del partido del Gobierno fueron derrotados por la ciudadanía democracia insurgente.
De manera simultánea, se ha echado a andar un operativo represivo, al ejecutar a presiones indiscriminadas particularmente en Yera y Matamoros, bajo falsos cargos de terrorismo, pandillerismo, motín, etcétera.
Quien ha destacado en las ejecuciones de este operativo ha sido la Procuraduría General de la República, cuya intervención se ha querido justificar con el pretexto de que en los disturbios ocurridos la semana pasada en Matamoros, se destruyeron muebles y enseres propiedad federal. Esa es la justificación que tiene la Procuraduría General de la República.
Asimismo, al notar la represión ejercida sobre los candidatos del Partido de la Revolución Democrática, para que reconozcan el supuesto triunfo de Manuel Cabazos Lerma, se han hecho circular cartas apócrifas y volantes, achacándoselas al candidato a la Presidencia, compañero Gerardo Treviño y al candidato a presidente municipal en Ciudad González, compañero Roberto Torres Venegas, donde ellos están reconociendo ese supuesto triunfo.
En Matamoros las autoridades se empeñan en mantener preso a nuestro compañero Juan Gutiérrez Vázquez, quien fue salvajemente golpeado y amenazado, estando en la prisión, por el único delito de haber participado como orador en el acto que se realizaba pacíficamente en ese momento, frente al comité municipal electoral en Matamoros; no obstante ser el comisionado del Partido de la Revolución Democrática ante ese organismo, lo siguen acosando y no le dan su libertad.
Por otro lado se ha abierto una ilegal censura en contra de las estaciones de radio y televisión concesionadas a Jorge Cárdenas González, impidiendo transmitir su programación noticiosa. Sin embargo, han pasado 10 días de los sucesos ocurridos en Matamoros, y todavía en Televisa se continúa arremetiendo en contra de los militantes de los partidos de oposición, responsabilizándolos totalmente de los actos vandálicos ocasionados el día 9 de noviembre en esa ciudad fronteriza.
Yo creo que aquí vale la pena hacer una reflexión. Hace un momento el compañero diputado Huesca no quiso mencionar la persona que da importantes noticias en la televisión. Yo no por valiente y mucho menos, pero yo sí quiero hacer mención de esta persona:
Por eso esa reflexión, y quiero decirlo: Jacobo Zabloudovsky, ese día en su programa de 24 horas, informa a la nación y a todos los lugares a donde llega la imagen de Televisa, que los integrantes de los partidos de Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, habían incendiado las oficinas del comité municipal electoral de Matamoros; que no conformes con los daños ocasionados, los militantes de los partidos de oposición se estaban golpeando entre sí, además se habían ensañado con los camarógrafos de Televisa por andar cumpliendo con su deber informativo.
Nosotros creemos que el licenciado Jacobo Zabloudovsky ha perdido la objetividad de la noticia, pues no dejarán mentir señoras y señores diputados, el primer día de esa información el licenciado referido estaba desencajado de su habitual presencia ante las cámaras, y por lo pronto dejó, ante todos los televidentes que le vieron y escucharon, una imagen adversa de los partidos políticos, el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, y nos preguntamos: ¿a él quién le llama la atención por estas irregularidades cometidas?
Claro está que con la postura que asume ante la televisión, todos nos damos cuenta que es un
recalcitrante miembro del Partido Revolucionario Institucional, pero no se vale aprovechar este medio informativo tan importante, para perjudicar, ante la opinión pública nacional la credibilidad de los partidos políticos.
Por eso compañeros yo he participado en la tribuna, para decir que el proceso electoral en Tamaulipas está lleno de irregularidades, y tanto el Partido de la Revolución Democrática, como escuché del Partido Acción Nacional, seguiremos hasta sus últimas consecuencias esta situación, e insistimos que dejen en libertad a nuestros compañeros detenidos, y que ya tenemos nosotros como norma que el partido mayoritario, en el caso del Partido de la Revolución Democrática, ellos son los que ponen las balas, y nosotros, los del Partido de la Revolución Democrática, ponemos los muertitos, compañeros. Gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Arturo Saavedra, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Arturo Horacio Saavedra Sánchez: - Con su permiso, señor Presidente, señoras y señores diputados. Los sucesos registrados en Matamoros, Tamaulipas, nos hace reflexionar y pensar que el camino que conduce a la violencia los aparta irremediablemente de la legalidad, del orden y de la democracia.
No podemos, como sociedad civilizada, avanzar en el orden, en la armonía y en la paz, a través de la violencia, pues el vandalismo trastorna el desarrollo cotidiano y atenta irremediablemente contra el estado de derecho.
El quehacer político es cosa seria; es camino propicio para exponer principios, para debatir ideas, para reafirmar aspiraciones sociales, dentro de un marco de tranquilidad y de apego al derecho , pero sobre todo es la máxima manifestación de absoluto respeto a la voluntad ciudadana.
Tratar de justificar el vandalismo como camino político para reclamar, para exigir o para demandar soluciones a planteamientos postelectorales y a supuestos fraudes, es buscar por medios ilegales el camino del reconocimiento de triunfos inexistentes.
Pedimos respeto a la voluntad popular de los tamaulipecos; pedimos respeto absoluto a la decisión mayoritaria de los ciudadanos de Tamaulipas, que el día 8 del presente depositaron su voto a favor de los candidatos del partido, de nuestro partido, del Partido Revolucionario Institucional.
Los tamaulipecos hemos demostrado ser una sociedad civil, madura, participativa y consciente de su responsabilidad ciudadana.
Por esta razón demandamos, exigimos absoluto respeto a nuestro sufragio y a la determinación de nuestro pueblo.
Los tamaulipecos han negado con su voto electoral apoyar a los candidatos de oposición a nuestro partido; han votado por nuestros candidatos. Y ése será el camino que los tamaulipecos habremos de recorrer en estas elecciones, pidiendo el respeto a ese voto mayoritario, repudiando aquí y en todos los foros de la nación la violencia con los que se trata de desvirtuar la realidad política de Tamaulipas.
La violencia, como la ocurrida en Villa Hidalgo, Matamoros, Yera, Gómez Farías, Xicoténcatl, sólo entorpecen el avance democrático de la nación, sólo sirven para atemorizar, para esconder derrotas y para justificar su poco respeto a quienes pretendieron un día gobernar.
Las elecciones, señores, no se ganan con desplante de barbarie ni con conducta de violencia, mucho menos con bombas molotov.
Las elecciones, señores diputados, se ganan convenciendo a los electores, buscando su participación ciudadana; en resumen, se ganan con votos.
Señor Presidente: Quiero solicitar a usted tenga a bien pedir a la Secretaría que dé lectura a tres publicaciones de candidatos de oposición que contendieron en los comicios locales de Tamaulipas.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a dar lectura al documento que pide el señor diputado.
El secretario Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas: - El perredista Treviño Esquivel De Llera, reconoció su derrota ante el priísta Emilio Castro y los triunfos de Isidro Ruiz Sandoval y Manuel Cavazos Lerma, a la diputación local y a la gubernatura del Estado.
"El también perredista Torres, que contendió por la alcaldía de González, acepta como válidos los resultados de la elección en este municipio, que favorecieron al priísta Manuel González Astorga, y como su compañero de partido De Llera, habla de unidad y en contra de Cárdenas González.
El panista Salas Acuña, ingeniero de profesión que disputó la presidencia municipal de Ocampo,
aseguró que el proceso se desarrolló con toda tranquilidad y que reconoce que en le cómputo oficial obtuvo la mayoría la fórmula del Partido Revolucionario Institucional".
El diputado Arturo Horacio Saavedra Sánchez: - Como ustedes podrán observar, señores diputados, quienes contendieron en las elecciones electorales de Tamaulipas han aceptado públicamente su derrota y los triunfos de mi partido.
El diputado Juan Huesca Pérez (desde su curul): - Señor Presidente, ¿quisiera el orador aceptar una interpelación?
El Presidente: - Me permite un segundo, señor diputado. El diputado Huesca solicita, si acepta usted una interpelación.
El diputado Arturo Horacio Señor Sánchez: - Con mucho gusto, al término de mi intervención.
El Presidente: - Al término.
El diputado Arturo Horacio Saavedra Sánchez: - Ya no es posible tolerar más actos de violencia; ya no es posible ceder al chantaje político de quienes pierden las elecciones.
Defenderemos el voto ciudadano, defenderemos los triunfos de nuestros candidatos, los defenderemos, sí, pero dentro de la legalidad, del respeto y del derecho.
Buscar presuntos infractores del orden y de la Ley, nunca pueden ser considerada como persecución política ni mucho menos como intimidación; sólo se trata, señores diputados, de aplicar la Ley y hacer valer el estado de derecho.
Lo que está sucediendo en Tamaulipas en estos momentos ha sido motivado por quienes fueron derrotados por el pueblo tamaulipeco.
Las investigaciones que se están realizando en torno a estos ilícitos, obedecen a un solo fin:
Buscar a los culpables materiales e intelectuales; en una palabra, encontrar la verdad sobre estos deplorables hechos de Matamoros.
Diálogo y concertación deben imperar sobre la violencia, pero entiéndase que diálogo y concertación no son sinónimo de debilidad, ni mucho menos de claudicación.
Nuestros triunfos en Tamaulipas son legítimos. Por ello, vamos a conservarlos, vamos a defenderlos.
Señoras y señores diputados:
Los tamaulipecos buscamos la armonía, los tamaulipecos queremos vivir en paz. Tamaulipas lo merece. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Diputado, está pendiente la interpelación del diputado Huesca. ¿No acepta ya la interpelación?
El diputado Arturo Horacio Saavedra Sánchez: - No lo acepto, señor Presidente.
Tiene la palabra el diputado Elpidio Tovar. Le recordamos que son cinco minutos para rectificar hechos.
El diputado Elpidio Tovar de la Cruz: - Con su permiso, Señor Presidente. En mi primera intervención señalaba que en Tamaulipas se está desarrollando un vasto operativo de Estado, para perseguir, chantajear y desacreditar a ciudadanos, a candidatos y a líderes políticos de la oposición, que se oponen al enorme fraude electoral cometido. Este vasto operativo de Estado incluye no solamente la represión pasando por encima de las garantías Constitucionales, las detenciones sin orden de aprehensión, los allanamientos de morada, las lesiones, los golpes, los ataques, la vasta campaña de propaganda por todos los medios si no también del chantaje a dos candidatos, las amenazas a las familias de éstos como ha sucedido en muchos casos para quebrar la voluntad de los ciudadanos de luchar por sus derechos. Así ha sucedido en los casos que han venido a ser publicitados aquí.
El candidato de González, Roberto Torres Venegas, denunciaba que había sido presionado, cortados los teléfonos de su domicilio y amenazado para que pudiera desistir de sus acciones. Lo mismo el candidato de Llera fue amenazado con hacerle efectivas órdenes de aprehensión, condenarlo por todos los delitos que se estaban acumulando, sin encontrar y sin alcanzar libertad bajo fianza. Se les obliga así a firmar cartas para publicarlas tratando de desarticular el importante movimiento de rechazo al fraude electoral y de lucha por la democracia.
Quiero señalar también que en este operativo ha habido presiones contra otros candidatos incluyendo el candidato a la gubernatura Jorge Cárdenas González, a quien se le pretende montar procesos penales para castigarlo con represión y con cárcel.
Quienes durante mucho tiempo estuvieron realizando campañas propagandistas desde radio
difusoras de propiedad, como es el diputado Benjamín de Matamoros en contra durante todo el proceso electoral para desacreditar, para desprestigiar y para lanzar una campaña en contra de los candidatos de la coalición del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática han sido personeros del Partido Revolucionario Institucional.
No, de ninguna manera aceptamos que con el supuesto argumento de impedir que los medios de difusión inciten a la violencia, se acalle y se censure empresas que actúan dentro de la legalidad y que están para servir a los ciudadanos. Muchas gracias.
El Presidente: - Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Zamora, le recuerdo que tiene cinco minutos.
El diputado Esteban Zamora Camacho: - Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados.
Como en el cuento mexicano ya clásico, después del desayuno de Los Pinos, en nuestro país el fraude tiene permiso. Y cuando parecía que nuestras instituciones se encauzaban por caminos de una cierta legalidad, el sistema temeroso por su propia existencia ha dado un giro radical y hemos visto en las últimas elecciones, aquí se ha hablado de Tamaulipas, pero lo mismo podemos decir de Puebla, de Sinaloa, como el sistema está retrogradando a los viejos y vergonzosos tiempos del Partido Nacional Revolucionario y del Partido Revolucionario Mexicano. Como se ha vuelto a las prácticas violentas para la falsificación de la voluntad ciudadana con el nuevo añadido solamente de un maratón de cinismo y de desvergüenza que desde esta tribuna ha venido a proclamar, imagínense ustedes, la concordia nacional y la paz social.
Ha sido claro, no voy a repetir los conceptos de violación a la voluntad popular, conceptos que por otra parte están probados y documentados y se van a hacer valer ante las instancias correspondientes. Lo que aquí hay que decir ante la representación nacional y ante la opinión pública que en los estados donde se cometió el fraude el pueblo está en la calle , que los ciudadanos no se han replegado a sus casas, que Culiacán que es de lo que yo puedo decir por que lo he vivido, está en actitud de protesta, que en Sinaloa entero se están repitiendo los sucesos heroicos de hace tres años en los que el pueblo libre escenificó episodios dignos de Numancia y de Sagunto.
Y esa decisión, ese valor, ese heroísmo de los sinaloenses no se ha acabado, hoy estamos dispuestos a repetir la resistencia de hace tres años, y si hace tres años el Gobierno de Labastida ¡se emperró!...
...¡se emperró!, lo digo literalmente porque nos lanzaron los perros contra el pueblo inerme, si el Gobierno de Labastida se emperró entonces en violar la voluntad popular, el pueblo de Sinaloa hizo suya la frase de Gandhi: "Ciertamente pueden llegar inclusive a matarme, pero si me matan sólo obtendrán mi cadáver, no mi sumisión". (Aplausos.)
Y ese espíritu de hace tres años ha vuelto a renacer en Sinaloa. Y el 20 de noviembre los militantes panistas, como lo hemos venido haciendo desde hace seis años capitaneados por Maquío, vamos a participar en el desfile con el que se conmemora la exigencia de Madero todavía no cumplida porque se respete el voto popular.
Quiero dejar claro que Acción Nacional mantiene su actitud no violenta, su actitud decidida, enérgica, pero dentro de los límites de la resistencia civil activa y pacífica. No podemos dejar solo al pueblo de Sinaloa en su lucha por la democracia, no podemos permitir que el atropello, el cinismo, la desvergüenza y el fraude sean la regla una vez más en las elecciones.
Por eso que quede claro, las bases militantes de Acción Nacional, los mandos intermedios y los diputados federales panistas estamos urgiendo a nuestros dirigentes nacionales por una definición más severa y drástica, porque no podemos tolerar que se no siga vejando y se nos siga atropellando. Y en esas condiciones, desde este momento, los diputados de Acción Nacional entraremos en un ejercito de reflexión, madura, seria, serena, enérgica para buscar los nuevos caminos que den cauce a la democracia en México. Muchas gracias. (Aplausos.)
El diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda (desde su curul): - Señor Presidente: Solicito a usted que se rectifique al quórum de la Asamblea.
El Presidente: - Pido la Secretaría pase lista...
Señor secretario, voy a pedirle que suspenda la lectura de la lista. Es e evidente que ya tenemos quórum y vamos a continuar con la sesión. (Aplausos.)
SOLICITUD DE LICENCIA
El Presidente: - Voy a dar lectura a una comunicación del diputado Alberto Alejandro Débora González, dirigido a la presidencia:
« Ciudadana diputada María de los Angeles Moreno Uriegas Presidenta de la Cámara de Diputados. - Presente.
Por medio de la presente, me permito solicitar a usted licencia al cargo de diputado que he venido desempeñando desde el 5 de diciembre del año pasado, para hacerme cargo de la subsecretaría general de gobierno para la zona norte del Estado de Chiapas.
Agradezco cumplidamente sus atenciones.
México, Distrito Federal, noviembre 18 de 1992. - Alberto Alejandro Rébora González.»
Esta Presidencia acuerda:
Primero: Se concede licencia al diputado Alberto Alejandro Rébora González, para separarse del cargo de diputado federal, que ha venido desempeñando.
Segundo: Llámese a la ciudadana, Marlen Catalina Herrera Díaz.
ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA
El Presidente: - Para hacer comentarios del LXXXII aniversario de la Revolución Mexicana se han registrado como oradores, los siguientes diputados: Fidel Herrera Beltran, del partido Revolucionario Institucional; Fernando Estrada Samano, del partido Acción nacional; Martha Maldonado Zepeda, del Partido de la Revolución Democrática; Efraín Zuñiga Galeana, del Partido Revolucionario Institucional; Demetrio Santiago Torres, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Yolanda Elizondo Maltos, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Juan Cárdenas García del Partido Popular socialista; Benjamín Avila Guzmán del Partido Revolucionario Institucional.
Tiene la palabra el diputado Fidel Herrera Beltran, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Fidel Herrera Beltrán: - Ciudadano Presidente de la Cámara, compañeras, y compañeros diputados:
Es la Revolución Mexicana, cuyo inicio en esta Cámara hoy conmemoramos, un movimiento que confirma la vitalidad de su ciclo incluso; es también la primera revolución social del siglo que termina, cuya fuerza y razón profunda, transformó la estructura social y política de la nación y se constituyó en el motor de nuestra historia contemporánea.
La Revolución Mexicana fundó y legitimó al Estado moderno; propició los cambios que la sociedad reclamaba y definió un nacionalismo pujante y combativo, justo cuando las hegemonías se repartían el mundo...
El diputado Rafael Hernández Tomás (desde su curul): Señor Presidente ruego haga una moción a la Asamblea, para que guardemos silencio y poder escuchar al orador.
El Presidente: - De acuerdo a la petición del señor diputado, pido a la Asamblea escuchemos con orden y atención al orador.
El diputado Fidel Herrera Beltrán: - Muchas gracias señor Presidente.
Decía que hoy en este parlamento, cuya composición y origen ratifica la plena vigencia de los ideales democráticos revolucionarios, recordamos el día en que el pueblo se levantó en armas, encabezado por Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Alvaro Obregón, Plutarco Elías Calles. En ellos y con Zapata, Villa y Lázaro Cárdenas, reconocemos a quienes fueron capaces de afrontar el desafío por la democracia, delinear la construcción de un orden político e impulsar las reformas sociales y la defensa firme de la soberanía, apoyada en un intenso despertar social y cultural, como el que liberó la Revolución Mexicana.
Para que la Revolución edificara materialmente a la nación, se requirió del acuerdo entre sus protagonistas, así como entre las diferentes y plurales fuerzas que encontraban en ellos la representación de sus demandas. Se trató entonces de llevar la idea política a la acción política y mejor aún, la idea revolucionaria a la acción revolucionaria.
En síntesis, éste fue el pacto que permitió la cimentación y concreción de los objetivos de una revolución social que a lo largo de más de ocho décadas ha sabido propiciar la dinámica de los cambios en México.
El Congreso Constituyente de 1916 - 1917 conjugó las aspiraciones de las corrientes nacionalista y
liberal, con los partidarios de la reforma social. Marcó así la ruta por la que habría de transitar democráticamente nuestra nación. Un poder Ejecutivo fuerte, capaz de sortear emergencias y garantizar el equilibrio y la asistencia de los otros poderes, libertades individuales, municipales y soberanía estatal y de manera sobresaliente convertir las demandas sociales en normas legales.
La Revolución Mexicana conjugó a su interior en un amplio espectro de ideas y proposiciones, de protagonistas y actores, que admiramos ante el juicio incontrastable de los hechos. Se impuso la fuerza de la nación ante el liderazgo personalista del caudillo, Se mantuvo y se fortaleció a partir de entonces la unidad de todas las fuerzas revolucionarias. Esta unidad es hoy compromiso político y patrimonio histórico de todos los mexicanos.
La Revolución Mexicana recogió, por otra parte, la lección histórica del liberalismo mexicano del siglo XIX. En primer lugar y de manera significativa asumió como propios la defensa de la soberanía y la dependencia nacional. Dos banderas de lucha que son parte de nuestra cultura política.
Con ello rindió tributo y dio continuidad a la lucha que 100 años antes habían iniciado en tal sentido Hidalgo y Morelos. Igualmente se nutrió de las ideas de quienes en forma visionaria se adelantaron a su época: los partidarios de la Reforma, encabezados por Benito Juárez.
Los revolucionarios mexicanos aceptamos que el éxito de nuestro movimiento está hoy en su reforma. Que la reforma de la Revolución garantiza su permanencia y su viabilidad histórica en el largo plazo. Que la unidad de todas nuestras fuerzas es también hoy la divisa más valiosa con la que cuenta el país, para hacer frente a sus nuevos desafíos; que involucran a todos los mexicanos, a quienes hoy se convoca a la reflexión serena sobre el futuro de la nación.
En la etapa más reciente de nuestro movimiento revolucionario, hemos apreciado una profunda transformación del país y una capacidad renovada del Estado para cumplir sus metas históricas y sus objetivos sociales. Sin una reforma sustancial como la que se ha dado en la última década, lo más seguro es que nuestra Revolución podría haberse agotado en un discurso sin mayores referencias sobre la realidad.
Compañeras y compañeros diputados: Los mexicanos recordamos en esta fecha el inicio de este gran movimiento transformador, uno de los más significativos y trascendentes de este siglo. La Revolución Mexicana signó el comienzo de los tiempos nuevos, construyó los equilibrios fundamentales que fueron ejemplo y referencia obligada para otros tantos movimientos sociales en el mundo.
Al inicio del siglo México se convirtió en vanguardia internacional, a fines del siglo México es nuevamente modelo a seguir para muchas naciones en el mundo.
Recordar el pasado bajo las circunstancias presentes significa ante todo escudriñar en los aciertos de nuestra historia para ganar el futuro, un futuro que las nuevas generaciones de revolucionarios fincan en el cambio concertado y en la reforma consensual. No debe entenderse, por el contrario, como una fuga nostálgica hacia algo que ya pasó; debe ser, sí, una realidad inmediata y cotidiana en la mente y en el hacer de todos los mexicanos.
La Revolución debe ser y debe entenderse como un hecho concreto, algo que se vierte en forma natural hacia toda la sociedad y asimismo la transforma y la beneficia.
A 82 años de vida, es la nuestra una Revolución de carne y hueso. Un movimiento que se perfecciona y se reforma, que se nutre de la tradición, pero también de la modernidad. Es resumen de la historia, ejercicio creativo del presente y aspiración legítima de un devenir mejor.
Sus grandes líneas de acción están plenamente vigentes e incluso hoy se aprecian fortalecidas, nos impulsan para modernizar el país, son programa y compromiso para abatir rezagos y liquidar desigualdades. No hay duda de ello en los revolucionarios de convicción, no existen ni existirán condiciones que afecten nuestra unidad, porque es en ella donde radica la fortaleza nacional, una fortaleza que parte de la convocatoria hacia la concordia y al pacto político de todas las fuerzas de la sociedad. No hay exclusión en el futuro de la revolución, no hay incertidumbre en el futuro de México.
Hace algún tiempo un revolucionario expresó en esta tribuna ideas que ahora quiero citar. Sí, tenemos por delante la gran tarea de consolidar la reforma de la Revolución, sólo así lograremos que la Revolución Mexicana perdure cuando en el mundo en que vivimos sucumbe en revoluciones que parecían eternas.
Por eso, nuestra propuesta ideológica es el liberalismo social, síntesis de la reforma y de
la revolución, de ahí la transformación de gran amplitud que nos proponemos consolidar: "Sólo cambiando permanecerá nuestra revolución. Sólo sirviendo auténticamente a la nación nuestra revolución será defendida por el pueblo". Termino la cita.
Compañeras; compañeros diputados: vivimos la reforma de la revolución. Este sexenio ha impulsado como el más sólido consenso popular, condición histórica y con resolución, la más profunda reforma constitucional y a partir de ésa el ciclo más amplio de transformación en las últimas décadas.
Carlos Salinas es el reformador social del fin de siglo mexicano, un reformador visionario, cuya tarea fundamental ha sido preparar a la nación con visión de futuro para que llegue cierta y segura al siglo XXI.
Las nuevas condiciones de México y del mundo exigirán cada vez, en mayor medida, un esfuerzo más sostenido del poder público para atender las grandes necesidades insatisfechas. Pero ahora, con la reforma del Estado tenemos mayores posibilidades de encarar con ética este desafío viejo y nuevo de la Revolución. Habrá más y mejor educación, más seguridad y más equidad en el campo, más empleo y mejor remunerado, renovadas y más eficaces reglas del juego electoral, más apropiada inserción de México en la escena mundial y concretamente en la competencia por los mercados internacionales.
Sí, así será, si es que perseveramos en el esfuerzo, sabemos reconocer y respetar nuestras deferencias, defendemos lo que nos es común y hacemos que siempre prevalezca el orden jurídico.
No importa que haya quienes no creen en la revolución o la declaren muerta, ¡ están en su derecho !, como también nosotros al proclamar su vitalidad y su carácter de punto central de referencia de lo que estamos haciendo y lo que nos proponemos hacer, es decir, de nuestro presente y nuestro porvenir.
Sin la Revolución de la que todos somos beneficiarios y corresponsables, hoy no tendríamos viabilidad histórica. Y sin la reforma de la Revolución, por el camino del liberalismo social, careceríamos de razón para la lucha histórica que libramos y de optimismo para la victoria que conquistaremos.
Los diputados de mayoría priísta, cuando rendimos un homenaje emocionado a la gesta heroica del pueblo de México, creemos con convicción que estamos en la senda correcta. Por eso, nos proponemos hacer el mejor esfuerzo para consolidar la democracia, para que en la rica pluralidad, que es signo del México contemporáneo, avancemos un nuevo tramo en las realizaciones de nuestra revolución vigente y vigorosa. Muchas gracias. ( Aplausos. )
Presidencia de la diputada Martha Patricia Ruiz Anchondo.
La Presidenta: - Tiene la palabra el diputado Fernando Estrada Samano, del Partido Acción Nacional... ¿ no se encuentra ?...
Tiene la palabra la diputada Martha Maldonado Zepeda, del partido de la Revolución Democrática.
La diputada Martha Maldonado Zepeda: - Ciudadana presidenta, compañeras diputadas, compañeros:
Conmemoramos un aniversario más de la revolución Social de 1910 y 1917, asumimos la responsabilidad de intervenir en esta sesión con el ánimo de ir más allá de las conmemoraciones rituales y de aprovechar la ocasión para hacer un reconocimiento a los héroes y a los mártires y a los miles y miles de anónimos mexicanos que hicieron posible con su sacrificio la derrota de la dictadura porfirista y el triunfo de la Revolución Mexicana; que cristalizó sus conquistas en la Constitución Política de 1917 y que marca el nacimiento del constitucionalismo social, aportación original de México al patrimonio de toda la comunidad internacional.
Desde que se expidió la Constitución Mexicana de 1917, encontró opositores dentro y fuera del país; hubo oposición al nacionalismo concretado en la facultad de la nación contenida en el artículo 27, para imponer a la propiedad las modalidades que dicta el interés público; hubo también al reparto agrario y a la eliminación de los latifundios; la hubo en contra de la educación pública, laica y gratuita y ha sido más que manifiesta esta oposición contra los derechos laborales consagrados en el artículo 123 constitucional.
Quienes tomaron la Constitución Política y económica de la nación en 1982, paulatinamente llevan al país a la negación de sus raíces históricas y trastocan el orden jurídico nacionalista y revolucionario, intentando sustituirlo por uno concentrador de la riqueza excluyente en lo social y antidemocrático en lo político. Primero, poco a poco y hoy aceleradamente, se da marcha atrás
en las conquistas de la Revolución. El estado deja de ser el rector del desarrollo nacional para convertirse en simple garante de los intereses particulares; los bienes nacionales se manejan como propiedad privada y los recursos naturales propiedad de la nación pasan a los concesionarios casi en calidad de bienes de dominio privado.
Se da fin al reparto agrario y se sienten las bases para la reconstitución del latifundio; a través de las sociedades mercantiles agrarias se pone dentro del mercado mundial a la propiedad ejidal y comunal definida esencialmente como propiedad social y hoy convertida, según la expresión presidencial, en propiedad privada social.
El derecho de huelga se ha nulificado, las potestades absolutistas del Secretario del Trabajo han hecho de las garantías sociales contenidas en el artículo 123, un objeto de negociación entre la autoridad y las organizaciones sindicales, en provecho del gran capital; la libertad sindical está en el practica anulada en nuestro país, las industrias estratégicas bajo la conducción directa del Estado van perdiendo su carácter público y se transforman en meras instancias de contratación de las grandes compañías o de plano en intermediarias de éstas. El petróleo y la energía eléctrica van dejando de estar bajo el control de la nación; la democracia expresada en el lema maderista del Sufragio Efectivo. No reelección, sigue siendo una inspiración del pueblo mexicano, que enfrenta no sólo a las leyes electorales pervertidas, sino también a un Partido de Estado que se vale de los recursos públicos y del monopolio de la creación del derecho para mantener el poder.
La división de poderes se encuentra anulada por el presidencialismo y el país carece de una garantía de legalidad, gracias a sistema de selección de los jueces que deja en las manos presidenciales una cuestión que debiera estar en manos de la ciudadanía. Gran similitud la de hoy con la que describían Francisco I. Madero y Venustiano Carranza. Decía Francisco I. Madero en su célebre plan de San Luis: "en México, como República Democrática, el poder público no puede tener otro origen ni otra base que la voluntad nacional y ésta no puede ser supeditada a fórmulas llevadas a cabo de un modo fraudulento".
Continua: "Por este motivo el pueblo mexicano ha protestado contra la ilegalidad de las últimas elecciones y queriendo emplear sucesivamente todos los recursos que ofrecen las leyes de la República en la debida forma, pidió la nulidad de las elecciones ante la cámara de diputados, a pesar de que no reconocía a dicho cuerpo un origen legítimo y de que sabían de antemano que no siendo sus miembros representantes del pueblo, sólo se acatarían la voluntad del general Díaz, a quien exclusivamente deben su investidura".
En tal estado de cosas, el pueblo, que es el único soberano también protestó de un modo enérgico contra las elecciones en imponentes manifestaciones llevadas a cabo en diversos puntos de toda la República y si éstas no se generalizaron en todo el territorio nacional, fue debido a la terrible presión ejercida por el gobierno, que siempre ahoga en sangre cualquier manifestación democrática, como pasó en Puebla, Veracruz, Tlaxcala, México y otras partes.
Pero esta situación violenta e ilegal, no puede subsistir más. El primer jefe del ejército constitucionalista, por su parte decía a los constituyentes de Querétaro en 1916: "tampoco ha tenido cumplimiento y por lo tanto valor positivo apreciable, el otro principio fundamental claramente establecido por la constitución de 1857, relativo a la división del ejercicio del poder público, pues tal división sólo ha estado por regla general, escrita en la Ley, en abierta oposición con la realidad y en la que de hecho todos los poderes han estado ejercidos por una sola persona, habiéndose llegado hasta el grado de manifestar por una serie de hechos constantemente repetidos, el desprecio a la Ley Suprema, dándose sin el menor obstáculo al jefe del poder Ejecutivo, la facultad de legislar sobre toda clase de asuntos, habiéndose reducido a esto la función del Poder Legislativo, el que de hecho quedó reducido a delegar facultades y a probar después lo ejecutado por virtud de ella, ya no que reprobase, sino al menos de que hiciese observación alguna.
Igualmente, ha sido hasta hoy una promesa vana el precepto que consagra la federación de los estados que forman la República Mexicana, estableciendo que ellos deben de ser libres y soberanos en cuanto a su régimen interior, ya que la historia del país demuestra que por regla general y salvo raras ocasiones, esa soberanía no ha sido más que nominal, porque ha sido el poder central el que siempre ha impuesto su voluntad, limitándose las autoridades de cada Estado a ser los instrumentos ejecutores emanadas de aquél.
Finalmente, ha sido también vana la promesa de la Constitución de 1857, relativa a asegurar a los estados la forma republicana, representativa
y popular, pues a la sombra de este principio que también es fundamental en el sistema de Gobierno Federal, adoptado para la nación entera, los poderes del centro se han injerido en la administración interior de un Estado, cuando sus gobernantes no han sido dóciles a las órdenes de aquéllos, o sólo se han dejado que en cada entidad federativa centralice un verdadero cacicazgo, que no otra cosa ha sido casi invariablemente la llamada administración de los gobernadores que han visto la nación desfilar en aquéllas.
Esta ominosa situación descrita ya en 1910 por Francisco I. Madero y en 1916 por Venustiano Carranza, la vivimos amplificada en estos años postreros del siglo para superarla.
Los mexicanos no tenemos otra alternativa que retomar las banderas de la revolución y reivindicar como único camino el del respeto al espíritu original de la Constitución de 1917, y el de la democracia como forma de convivencia y de Gobierno.
Como ciudadana bajacaliforniana, me siento en la obligación de finalizar mi intervención haciendo mención a otro hecho vinculado también con la Revolución Mexicana y con mi estado natal, Baja California.
Otro 20 de noviembre, el de 1922, en una prisión norteamericana de Texas, por órdenes de las compañías petroleras norteamericanas, murió asesinado el gran revolucionario mexicano, Ricardo Flores Magón.
Ricardo Flores Magón muere cautivo y calumniado, se le había acusado falsamente de haber intentado una expedición filibustera contra Baja California. Muere en la miseria y en las tinieblas de la ceguera, y sin embargo, nadie podría hoy negar que este hombre, aún preso y calumniado, en medio de la pobreza y la ceguera fue capaz de vislumbrar un país justo y libre, democrático y soberano, porque Ricardo Flores Magón nos heredó el sueño de un país que los ciudadanos mexicanos estaremos en condiciones de hacerlo realidad. Muchas gracias.
La Presidenta: - Tiene la palabra el diputado Efraín Zúñiga Galeana, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Efraín Zúñiga Galeana: - Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Aprovechamos el marco de esta sesión, para recordar el inicio del movimiento social de 1910.
Francisco I. Madero fue el gran inquieto, el iluminado que percibió la necesidad del cambio histórico. Eran muchos años de dictadura que habrían ocasionado el atraso general de la nación.
La injusticia era evidente: Falta de democracia, represión contra los obreros, persecución de las ideas políticas, las libertades ciudadanas estaban en el olvido; el grupo de los científicos vivían una sociedad oropelesca, mientras miles de mexicanos se consumían en la miseria.
Entre las grandes demandas de la Revolución, estaba la tierra como la exigencia de una clase explotada. El campo en 1910 volvería a ser la causa fundamental de este conflicto social; otra vez, el campo volvería a ser el escenario de la lucha principal del pueblo de México a lo largo de su historia: la lucha por la tierra.
Gracias a las compañías deslindadoras las tierras estaban en manos de los terratenientes, mientras los campesinos eran explotados en el surco o en la tienda de raya; los jóvenes heredaban deudas y huían de la leva; las mujeres eran mancilladas y vivían sin destino.
El ofrecimiento del Plan de San Luis, de restituir las tierras que les habían arrebatado a sus legítimos propietarios, fue lo que incendió el territorio nacional. La restitución de tierras fue lo que nutrió la insurgencia campesina, la guerra campesina que encabezaron Villa y Emiliano Zapata.
El movimiento social de 1910 fue una auténtica Revolución, la más importante del siglo XX; y fue una Revolución porque se propuso cambiar la sociedad y la cambió.
Hoy en la distancia de 82 años, podemos afirmar que el compromiso central de la Revolución Mexicana de restituir las tierras despojadas ha sido cumplido. El latifundio ya no es una estructura de dominación en el campo.
Nuestro proceso de reforma agraria, en el que ha estado presente la lucha de los campesinos, ha entregado 100 millones de hectáreas en 28 mil ejidos, a 4 millones de derechos.
La tenencia ha cambiado; la tierra está en manos de los campesinos y de esta forma se terminó la concentración que combatió originalmente la Revolución.
Gracias al reparto agrario, se fortaleció nuestra estabilidad social y pudimos iniciar una nueva etapa de desarrollo en donde se impulsó
el crecimiento de la industria y se aumentó la urbanización del país. Vivimos ahora un México urbano y moderno, distinto al México rural de 1910.
Nuestra Reforma Agraria ha influido mucho en el cambio de vida del campo. La escuela rural es una realidad; hay escuelas secundarias que hace años no teníamos en los ejidos; han aumentado las expectativas de vida; se incrementó la red de carreteras; muchos pueblos tienen electricidad; las nuevas generaciones del campo, hemos podido terminar profesiones en las universidades y en los institutos tecnológicos.
Hoy, es cierto los campesinos viven otros problemas y se movilizan por su solución. Hay caciquismo, acaparamiento de cosechas, agio. Hay una nueva clase de ricos que tienen el transporte, las bodegas, los costales; que prestan dinero a interés muy elevados y que aprovechan las tierras y el trabajo de los campesinos.
Reconocemos que hay miseria en el campo. Señalare a continuación algunas cuestiones que considero delicadas.
De los 16 millones de tierras que se siembran, solo un millón y medio reciben créditos del banco rural y la banca privada; este año no otorgó avíos. Sin crédito tenemos bajos rendimientos por hectáreas; tenemos que recordar que el campo se ha rezagado peligrosamente por falta de inversión de capital.
Existen 5 millones de trabajadores agrícolas, sin estabilidad en el empleo, sin seguridad social, a los que no se paga el salario mínimo, ni el séptimo día con jornadas laborales excesivas y sin derecho a una organización sindical auténtica.
Diez millones de indígenas sufren un rezago centenario; el 47% de ellos son analfabetas; el 70% de sus pueblos carecen de los servicios de luz, agua potable y drenaje. Por la violencia en las comunidades indígenas y por el narcotráfico, 6 mil indígenas están presos en las cárceles de todo el país.
Las tierras de los indígenas se han convertido en puntos de atracción del narcotráfico. Engañan a los indígenas por el desempleo y por el hambre. Demandamos que se agilicen procedimientos, que los juzgados tengan intérpretes y haya una justicia más humana para quienes ni siquiera saben hablar español.
Nos preocupa que el incidente de inejecución que se tramita en la honorable Suprema Corte de Justicia en relación con las tierras que se entregaron hace 16 años en el valle del Yaqui, estén despertando muchas inquietudes. Muchas familias ahí edificaron sus hogares, iniciaron ahí un nuevo destino. Hay gran inquietud entre los campesinos. Ojalá que con este motivo no se cometan injusticias, y ojalá que no se provoque violencia, que la paz del campo se mantenga.
Hace un año debatimos en esta Legislatura las reformas al artículo 27 constitucional para que el campo alcance mayor libertad y justicia. Se abrieron muchas espectativas; levantamos muchas esperanzas y a un año de esos debates; podríamos afirmar que el Gobierno, la iniciativa privada, los partidos políticos y en general todos los mexicanos debemos comprometernos a darle un mayor impulso a estas reformas.
Las reformas al artículo 27 las defendimos por que consideramos que debía acabarse con el cuadro de pobreza que vive el campo. Ahora podemos decir que los ejidos no se han vendido; que los campesinos defienden su tierra y la defenderán, pero que no han recibido los apoyos económicos que esperaban, no han llegado las inversiones de capital que esperábamos que fluyeran para aumentar la productividad de la tierra, para lograr una avanzada organización económica y para mejorar los niveles de vida de hombres y mujeres que confiaron en esas reformas.
Sería lamentable que no profundizáramos en estas reformas, porque estamos convencidos de que su realización, depende que logremos los objetivos que nos propusimos.
La nación reclama seguridad en la producción de alimentos y por esos estamos obligados a trabajar la tierra con mejores resultados, con eficiencia y con organización. Impulsar el desarrollo de las fuerzas productivas del campo, es un compromiso que tenemos todos los mexicanos para crear condiciones que superen el equilibrio económico y la desigualdad social; el desarrollo nacional no avanzará con un campo débil, con un campo en la miseria y con campesinos pobres; esta situación a nadie beneficia, a todos nos debe preocupar.
Tenemos tierra y cultura agrícola. Ha sido una larga cadena de desviaciones, de corrupciones, de ineficiencias, lo que ha ido consumiendo al campo en un grave rezago, donde se van acumulando rabias, odios, inconformidades sociales que un día pueden amenazar la estabilidad del país.
Los campesinos siempre han ofrecido su esfuerzo y su sangre para que se mantengan los grandes
objetivos históricos de los mexicanos; siempre han defendido el avance y la vigencia de la Revolución Mexicana; ahora simplemente reclaman de los mexicanos una mayor solidaridad. Reconocemos que los problemas existen no por la Revolución Mexicana, sino a pesar de la Revolución Mexicana.
Hoy nuestra lucha se enriquece con nuevos objetivos revolucionarios, como son el crédito, el agua, los insumos, la asistencia técnica, la comercialización, la sindicalización de los jornaleros y justicia para los indígenas. Demandamos que no se abandone la rectoría del proceso agropecuario.
Hacemos un llamado a la nación para que no se aplacen más las soluciones a los problemas del campo.
Tenemos fe en que la Revolución no será una anécdota del pasado, sino presencia viva, en el presente y futuro de México.
La Presidenta: - Tiene la palabra el diputado Demetrio Santiago Torres, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado Demetrio Santiago Torres: - Con su venia, señora presidenta:
Hace 82 años, un 20 de noviembre, dio inicio una de las más importantes revoluciones de nuestra historia patria. Su estallido se provocó, entre otras razones, por el incumplimiento reiterado del sufragio efectivo y por la inveterada práctica de la reelección expresión política de un sistema económico profundamente injusto. Hoy, ocho décadas después, los mexicanos conmemoramos esa gesta histórica insistiendo en el respeto al voto como única forma legítima de representación pública y para alcanzar la patria justa y soberana.
Para nosotros, la vigencia histórica de la Revolución Mexicana de 1910 no está en cuestionamiento. Tenemos claros sus avances, insuficiencias y, desde luego, las desviaciones incurridas en este proceso. Nos nutrimos de los más avanzado del nacionalismo revolucionario y nos forjamos en el combate contra las diversas formas de autoritarismo y de desarrollismos excluyentes de las mayorías populares. Somos una fuerza ideológica - política que tiene, entre sus pilares básicos, lo más excelso de la Revolución del 20 de noviembre: el cardenismo. Este es el eje fundamental para la reconstrucción democrática de la nación. Toda una filosofía política que vinculamos, en nuestro programa máximo, al logro cabal de un ideal socialista democrático.
El surgimiento de la Revolución, que hoy recordamos, tuvo que ver con varias causas. Las más importantes fueron: la ausencia de democracia política y el desarrollo de un perverso modelo económico - social que profundizó la dependencia y las desigualdades sociales. Tales contradicciones resultaron, a la postre, más poderosas que las supuestas bondades de la modernización porfiriana. Es sabido que la, estabilidad política, del viejo régimen, por cierto ahora multialabada por neoporfirianos de diversas coordenadas políticas, resultó, como en toda dictadura pretoriana, del prestigio de un caudillo militar, héroe nacional en las batallas contra la intervención francesa, que se convirtió en dictador y, posteriormente, en tirano.
Un aspecto hoy pretende ser revalorado, por los citados neoporfirianos, es el saneamiento de la administración pública. En tiempos de Limantour se consiguieron, por un lado, superávits fiscales; mientras que por otro lado se acumularon carencias y situaciones ominosas para el pueblo. Había una singular modernidad económica en diversos sectores de la actividad económica y se daba continuidad política. Pero los costos eran desastrosos para la soberanía nacional y popular: se sometía a la nación a los dictados imperiales y al pueblo se le buscaba convertir en dócil lacayo de la dictadura. Se decía, sin rubor, por los publicistas y por el dictador mismo, que México no estaba preparado para la democracia.
La relectura de nuestra historia enseña. Es pródiga hasta con quienes pretenden importar, extralógicamente, experiencias de otras latitudes, tiempos y circunstancias. El ejemplo histórico del porfirismo es ilustrativo. Esta corriente se declaró, a si misma, albacea del liberalismo de la reforma. Unificó políticamente, en la década de los setenta del siglo XIX, un amplio arcoiris de tendencias políticas: facciones juaristas, lerdistas. iglesistas, conservadores y liberales porfiristas. Consiguió una actitud moderada de la Iglesia católica romana frente a los poderes públicos. Con los Estados Unidos logró una relación más cercana. Todo parecía caminar bien pero apareció Madero: el apóstol de la democracia, y también surgieron los próceres de la revolución social: los Flores Magón, Zapata, Villa, Mújica y Cárdenas.
¿Por qué fracasó el porfiriato si logró una sui generis estabilidad política y económica? Esta pregunta nos parece relevante en estos tiempos. si, por ejemplo, revolucionó las fuerzas
productivas que, por cierto en no pocos aspectos, estaban aún en las condiciones del pasado colonial: ¡a qué se debió entonces la actitud de los revolucionarios de 1910 por derrocar a un sistema político que permitió una singular paz social?, por cierto una estabilidad no observada en los primeros 55 años del México independiente que hizo posible el crecimiento de la inversión nacional y extranjera. La respuesta para nosotros, es clara: no es suficiente la modernización y la estabilidad política si no se acompañan de democracia. Esta es la más importante lección del porfiriato.
Aunque algunos ideólogos e historiadores, como Jesús Reyes Heroles, se niegan a considerar al porfiriato como un "descendiente legítimo del liberalismo". Es claro que la propaganda de la dictadura proclamó a los cuatro vientos su pretendida cepa liberal. El autor veracruzano insiste en que la verdadera filosofía política de la élite porfirista fue un positivismo pragmatista, el de unir a los grupos del poder de antaño confrontados en aras de un progreso económico elitista. De ahí la importancia de un orden político autoritario como sustento de un progreso material excluyente
Hoy, de nueva cuenta se ha resucitado en la élite política al liberalismo social, convendría repasar las lecciones del porfiriato y de la Revolución de 1910.
Entendemos, desde luego valoramos, la alocución presidencial que puso de moda al liberalismo social. Este es un llamado de atención oportuno para aquellos grupos de clase política y de los poderíos económicos que se han ido de bruces con las espectativas del Tratado de Libre Comercio. Que no sólo son partidarios de una integración regulado con los vecinos del norte, sino que incluso cínicamente, apuestan a una cesión irrefrenable de nuestra soberanía nacional.
La mejor manera de defender la soberanía nacional es defendiendo la soberanía popular: Madero resulta, aquí, el paradigma más claro. antiimperialismo en la antidemocracia es un contrasentido histórico: es una justificación del autoritarismo y es una negación de la soberanía popular. Democracia sin soberanía nacional es integración total al vecino del norte: es la negación del ser nacional. Por ello no conviene al desarrollo independiente tolerar el atropello al sufragio, no es ético y da pábulo a los desvaríos de los miramones actuales y de los imperios interventores. Insistimos, respetando el voto se garantiza independencia nacional.
Liberalismo sin justicia social es una propuesta ajena al reclamo ancestral de nuestro pueblo. Es, para nuestro tiempo y circunstancia, una variante doméstica, por criolla y adocenada, del actual neoliberalismo. Es un culto fanático por el mercado y un abandono a los principios constitucionales que orientan el desarrollo nacional. Es procurar modelos de crecimiento económico que sólo favorecen a los grupos oligárquicos.
Las falsas dicotomías de crecer primero y después repartir, o la de que la administración pública debe tener superávit o un ligero déficit porque se crean serios problemas; ya fueron refutadas por la práxis porfirista y saldadas por la Revolución en la Constitución de Querétaro. El crecimiento económico se hace en la democracia o no es constitucional. Contrariar ese espíritu mengua legitimidad popular. Esto debe quedar claro. En las jornadas electorales venideras se verá.
La democracia es integral o es un remedo. Es democracia política pero también democracia económica y social. Es democracia representativa pero también debe tener cada vez más elementos innovadores de la democracia directa como el referendum y el plebiscito. La democracia, igualmente, debe comprender a la fábrica y a la gestión de la empresa.
La democracia debe ser políticamente representativa, es decir los poderes deben ser electos por los ciudadanos. Si esto no sucede y por circunstancias irregulares, que se convierten en reglas no escritas, los poderes se designan a sí mismos en componendas de clases políticas, se violenta la regla principal de la democracia: la de que el poder deba ser resultado del mandato popular.
82 años después de que Madero se levantó en armas para defender el voto, éste continúa siendo atropellado. Tal como antaño, varias autoridades locales de nuestros días son designadas con procedimientos similares a los del porfiriato, como si fueran los jefes políticos de finales del siglo pasado y principios del actual. Desde el centro y en las componendas de las clases políticas en el poder y de las oposiciones privilegiadas se atropellas a la soberanía popular. Los ejemplos demostrativos son: Michoacán, Guanajuato y San Luis Potosí.
Señoras y señores diputados: ocho décadas después convendría reflexionar sobre las continuidades y discontinuidades de México. Hoy somos un país, mayoritariamente urbano, y sus actividades principales son la industria, el
comercio y los servicios. Son innegables los adelantos en el ámbito de las fuerzas productivas. Sin embargo, subsisten poderosas lacras económico, sociales y políticas que nos provocan indignación: existen desigualdades sociales; mexicanos con hambre de pan, libertad y de justicia. Con la excepción del Gobierno revolucionario del Presidente Lázaro Cárdenas, único por cierto que por su gestión presidencial tiene grabado su nombre en lo alto de este recinto, no hemos tenido una administración pública coherente por su inclinación a las causas populares y el desarrollo soberano y productivo del país. No negamos los avances de otros gobiernos, incluyendo al actual, pero éstos han vacilado entre el apoyo decidido a las minorías plutocráticas y el pueblo. No pueden ser comparados con la obra cardenista.
Para concluir, permítanme citar al maestro Silva Herzog: "No somos pesimistas. Durante largos años el problema fundamental de México fue conocer sus problemas. Ahora creemos que por lo menos ya los conocemos y, por lo tanto, ya conocemos los medios para resolverlos. Para ello necesitamos ser laboriosos, capaces, honrados y amar a México con hondo interés desinteresado".
Ciudadanos diputados, hay quienes anhelan que el centenario de la Revolución Mexicana lo celebremos con derramamientos de sangre, que llenemos los surcos del campo con cadáveres de mexicanos.
Nosotros los legisladores, debemos de luchar por la concordia, por desterrar la violencia y destruir el enfrentamiento de hermanos contra hermanos, es la mejor contribución que tenemos que hacer a esta celebración. Muchas gracias.
La Presidenta: - Tiene la palabra la diputada Yolanda Elizondo Maltos, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
La diputada Yolanda Elizondo Maltos: - Con su permiso, diputada Presidenta:
Recordamos en esta tribuna en este día un aniversario más de la Revolución Mexicana, tiempos remotos, tiempos románticos, olorosos a pólvora, sueños revolucionarios de redención popular.
La Revolución está presente en los murales, en la reconstrucción de escuelas, el reparto agrario, en los frecuentes rumores de alzamiento y sobre todo en la retórica del grupo gobernante.
Cuando acabaron los cabecillas de matarse entre sí, cuando la mejor clase dominante se resignó de mala manera a la pérdida de sus haciendas, de su riqueza, la Revolución empezó a sentar cabeza y traducir en leyes e instituciones los sueños libertarios y democráticos de Madero.
Alfabetizar no era solamente necesidad de desarrollo, era la reforma en la que la Revolución ungía con su bálsamo igualitario a los menesterosos en cuyo nombre se había armado la guerra civil. Donde quiera estaban los entorchados generales, los ex soldados olorosos a pólvora, los aprovechados que fundaban dinastías financieras con el botín de las batallas; no había duda sobre quién era revolucionario y quién arrastraba los pies dolido por la pérdida de aquellos privilegios.
No estaba a discusión la ortodoxia del movimiento armado, sólo quiénes eran sus legatarios inmediatos.
Es bueno recordar, señores diputados, aquellos días dorados y broncos; ahora que en el aniversario de la Revolución nos sorprende fríos con los hombres y las batallas olvidadas por muchas generaciones que no quieren oír cosa alguna sobre un evento que consideran liquidado y que quieren olvidar. Ya no nos quedan sino algunos dignos representantes de aquella gesta armada, ahora ciudadanos de avanzada edad con medallas a su entrega y a su valor; nos quedan películas borrosas que describían batallas, tomas de ciudades y desfiles triunfadores.
Fue una gesta dolorosa pues, uno de cada 10 mexicanos dieron su vida por ella y la anarquía de la guerra costó la mitad de su patrimonio al país. En nombre de la Revolución se cometieron errores y abusos, se adulteró su mensaje y pervirtieron algunas de sus instituciones; la corrupción y el tráfico de influencias ha sido el sello que distingue a los últimos gobiernos.
En esta fecha que se celebrará próximamente, los reclamos del pueblo mexicano de aquel entonces tienen plena vigencia en este momento, en un país agobiado por la peor crisis económica; y por la demanda del sufragio efectivo.
Los eventos electorales de Puebla, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas y Tlaxcala, cierran el espacio democrático que quisimos y creímos abierto a la luz de los comicios chihuahuenses y de las equívocas negociaciones de Guanajuato y San Luis Potosí.
Hoy es claro, ante la posibilidad de avanzar en la democracia, que el Gobierno optó por el más cerrado autoritarismo, por la más burda corrupción, por los más denigrantes vicios del fraude electoral. Entre el modelo chihuahuense y el michoacano, el gobierno para desgracia de la nación optó por este último.
Tal parece que el Presidente de México quiere a lo sumo, una máscara democrática; nada que se parezca, ni siquiera remotamente, a un sistema civilizado que permita a todos sus miembros participar e influir en el destino comunitario y las personas y estilo de Gobierno.
Hace pocos días, el ex Presidente de México, licenciado José López Portillo habló de sí mismo en la revista proceso, de que él había sido el último presidente de la Revolución, entendida ésta, como aquél esquema estatista que busca la solución de los problemas de una economía mixta. Quiso decir con ello, que la administración del licenciado Miguel de la Madrid, abrió un parteaguas retórico, que dejó atrás los temas de la justicia social, la soberanía nacional, el nacionalismo y la Revolución y los estilos de Gobierno añejos, para sustituirlos con la nueva etapa de la modernización.
En efecto, como sabemos los regímenes postrevolucionarios, postergaron al infinito el ideal maderista del sufragio efectivo; cambiaron la reelección indefinida de las personas, por la perpetuación en el poder, de un grupo faccioso: la familia revolucionaria. Y pretendieron arroparse de legitimidad, concediendo dádivas de todo género, a cambio del sometimiento de la conciencia ciudadana. A éste último le llamaron la justicia social.
La Revolución se agotó desde el punto y momento en que sus ideales, democracia y justicia, fueron convertidos por la clase gobernante en abalorio y mercancía barata; utilizado como señuelo, a la manera de aquel carretonero que hacía andar al burro, poniéndole una zanahoria delante de los ojos.
López Portillo, no fue por tanto, el último presidente de la Revolución, sino que él cierra la postrevolución. De ello se desprende que De la Madrid, no fue el primer mandatario postrevolucionario, sino que él inauguró la etapa neoliberal, que equivale decir, el primer neoporfirista.
El proyecto inaugurado por Miguel de la Madrid y continuado por el Presidente Salinas de Gortari, restaura el viejo sueño sudoliberal de los científicos que comandaban Limantour, Pineda y Romero Rubio, que eran el darwinismo social, supervivencia del más apto, libertad económica irrestricta para los grandes sueños del capital; asfixia de la vida democrática, poca política y mucha administración.
Desde 1894 Francisco I. Madero había empezado su tesonera acción por el agua del río Nazas, que se robaban los ribereños del río arriba, protegidos todos por el yerno de don Porfirio, Tovar y de Teresa. Y 11 años más tarde, inició su lucha política contra la dictadura en el municipio de San Pedro de las Colonias, Estado de Coahuila.
A más de 80 años del inicio de la Revolución, la sociedad mexicana retorna al reclamo maderista; exige que el sufragio sea efectivo; exige que ni las personas ni los partidos, se perpetúen en el poder; exige también que los gobernantes ocupen los cargos para servir a la comunidad y no para medrar el poder.
Los gobiernos de la postrevolución, se ocuparon de cancelar las posibilidades de rejuvenecimiento de los grandes ideales de la Revolución.
Por eso, el actual régimen hipotecará más a este país, que fue marcadamente nacionalista al imperio norteamericano y de los inmensamente Ricos. Siempre y cuando, señores diputados, el pueblo mexicano lo permita.
El análisis retrospectivo de la Revolución Mexicana nos permite visualizar las contradicciones, el antagonismo al que hemos llegado en las postrimerías del siglo XX.
La causa revolucionaria no es más que la síntesis dialéctica de las disposiciones republicanas y democráticas inspiradas en los acontecimientos del siglo anterior, reflejada en la continuidad de las instancias derivadas de la voluntad popular, en la cual quedan inmersos la relación representación, partidista, elecciones, voto popular.
El alimento social del movimiento no fue más que el reflejo de la desigualdad social y la injusta distribución del ingreso, cuyas dimensiones comienzan a vislumbrarse de nueva cuenta, como consecuencia de una evolución seudorevolucionaria de creación media, que ha implicado el ensanchamiento entre los límites de pobreza y riquezas extremas.
Debemos entender que nos ubicamos en un momento crucial de cambios cuasirradicales en la
mayoría de los países del mundo. El nuestro, México, no ha sido la excepción. El modelo neoliberal empleado por más de 10 años han conducido al deterioro de los postulados revolucionarios que le dieron sentido a la vida nacional. Ha emprendido una batalla silenciosa a la que muchos mexicanos pretenden ignorar, pero que está causando gran deuda social que puede compararse a las condiciones de la prerevolución.
El poder monopólico considera que bajando la inflación y lograr la estabilidad de la economía, puede dar sentido a su permanencia en el poder cuasimonárquico. Pero lo que aún no observa o no quiere observar es el costo que ha generado al tratar de implementar estos mecanismos, reflejados en un grave desempleo, en la pérdida del poder de compra, debido a la gran disminución de la capacidad de adquisición del trabajador y que a la vez representa una bomba de tiempo social, cuyas consecuencias son insospechables.
Esta manera de reformar la Revolución, aunque a muchos no les inspire confianza, está encaminada a la pérdida de la seguridad pública y más aún de soberanía nacional. Es evidente entonces que la única manera de retomar el rumbo de la Revolución y cuya esencia no ha sido consumado y que es la que más pregona la sociedad civil, es precisamente la democracia.
Una democracia que dé expresión al respeto de la dignidad humana y a la responsabilidad individual, basada en la igualdad de derechos y deberes de los ciudadanos y aparejada con la justicia social y con la economía. Como una realidad que garantice los requisitos abiertos en las tomas de decisiones.
Democracia inspira a la vez la puntual aplicación del sufragio, libre, secreto y directo. Ejercerlo no solamente es emplear la facultad de la sociedad para escoger a sus gobernantes; implica también una forma de controlar a través de una decisión de continuidad o cambio en el poder, de un partido político o por el cambio de representantes y de programa político que a constancia inspire el más alto sentir del pueblo mexicano y permita cimentar los logros alcanzados por la revolución social.
La democracia se fomenta al respetar el voto popular, al defender el ejercicio libre y democrático del derecho del voto, ya que de esta manera estamos defendiendo el resto de los derechos humanos.
Es menester señalar que nuestro país se ha comprometido a nivel internacional a respetar los derechos políticos de la sociedad, por lo que se es contradictorio que el Estado mantenga sobre ellos un monopolio de su poder. Ante esto, debemos recordar que el derecho internacional es coadyuvante y es complementario para la protección legal de las sociedades.
De continuarse las prácticas legales, la presión extranjera se verá más envuelta en las decisiones que sólo competen a los nacionales, pero que a fin de cuentas, al tratarse de derechos humanos violentados y siendo incapaz la institucionalidad nacional de defenderlos, las instancias legales podrían traspasar las fronteras, ya sea por la vía directa o indirecta, pero que a final de cuentas implicará violación de soberanía nacional.
El Estado actual tiene como única alternativa darle por primera vez su lugar a la democracia y, por ende, al resto de los derechos humanos.
Estamos por conmemorar 82 años de la gesta popular que terminara con la dictadura de un sólo hombre, que cegado por el poder olvidó que el pueblo de México tenía un siglo de luchar por su libertad.
La historia es la gran maestra del hombre, de los pueblos y también de los estados. El problema es grave cuando estas enseñanzas se convierten en discurso, que al paso del tiempo, por su desgaste, los verdaderos ideales, la auténtica lucha, la misma cuota de sangre queda grabada con pálida tinta para cubrir renglones.
Al cambiar la dictadura individual por la dictadura institucional, se da el puente de convenciera amnesia para adoptar los logros de la lucha popular a los gobiernos mal llamados revolucionarios y que nos han gobernado por más de 60 años con los resultados de todos conocidos.
El apotegma de Emiliano Zapata de "tierra y libertad" está actualmente tan en entredicho que las reformas al artículo 27 para poder orquestarnos en el tono internacional, están ayudando para que intereses de los mismos representantes agrarios tengan acceso al juego de la compra - venta de muchas tierras, cuyos propietarios ostentan títulos de pertenencia y se las discuten como ejidos para poder distribuir, pero entre ellos.
La libertad es en México una lucha cotidiana, porque en México, a pesar de la capa espesa de apariencias, nunca ha existido un sexenio de
paz, pues el partido del Gobierno, a semejanza del Siglo XIX, cuando se registran los ensayos políticos, ha creado gobiernos revolucionarios que son auténticamente antirrevolucionarios, represores negociantes; al considerarse delfines herederos directos de nuestra revolución, automáticamente calificaron a los que no coinciden con su sistema de gobierno para llamarlos antirrevolucionarios. Aquí entraría una separación, no es lo mismo hablar de la Revolución Mexicana como época histórica de profunda trascendencia. Que del sistema político que se la apropió.
En momentos cruciales como los que hemos estado viviendo, no debemos hablar de una revolución inconclusa, porque cubrió su espacio de tiempo y palabra, acción, reacción y consecuencias. La Revolución Mexicana no es sostenida, porque no es historia de capítulos, pero sí ha sido alterada, ha sido deformada, acomodada a los diversos intereses sexenales. La ideología revolucionaria, la lucha popular es ahora realizada y adaptada por tecnócratas que meten a las computadoras los anhelos del pueblo, que se sigue manifestando con coraje ante uno de los máximos preceptos maderistas que es el Sufragio Efectivo.
Los lamentables acontecimientos ocurridos en Tamaulipas en que fuera agredido con lujo de arbitrariedad nuestro compañero, el diputado Servando Hernández Camacho, nos demuestra la falta de respeto y de garantías que existen en varios estados de la República, cuyos gobernadores definitivamente no han escuchado al Titular del Ejecutivo, lo que nos demuestra que las divisiones internas del partido en el poder se reflejan en los actos nacionales, alterando con provocaciones el ámbito de paz, de democracia y pluralismo que fue un logro del pago de un millón de mexicanos caídos en aquella guerra.
No justificamos la violencia, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana conoce y agota las vías de derecho, también legado de nuestra historia, pero si cuestionamos el castigo a quienes, cubiertos en las sombras del anonimato, provocan la violencia. Cuestionamos ¿de qué manera a un ciudadano honesto, padre de familia, compañero y diputado, como lo es Servando Hernández Camacho, se le resarcirá por los agravios de que fue objeto por parte de los cuerpos policiacos y los noticieros televisivos que dejaron en entredicho su buen nombre? ¿A quién se le va a responsabilizar, señores diputados?
En cada Estado se vive el fraude electoral y ya no engaña a nadie más que a los supuestos triunfadores que se proponen, se votan y se ganan. La enseñanza de la maestra del mundo, que es la Historia, para quien verdaderamente la conozca, nos educa para no cometer los mismos errores; sin embargo, en condiciones modificadas estamos provocando que surjan líderes como un Zapata, como un Villa, como un Carranza, como un Madero, para que el sufragio sea verdaderamente efectivo y no se sueñe siquiera jamás con una reelección; el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, como celador de los preceptos la lucha popular, exige respeto absoluto al sufragio y no permitirá atropellos a la voluntad popular. Muchas gracias. (Aplausos.)
La Presidenta: - Tiene la palabra el diputado Juan Cárdenas García, del Partido Popular Socialista.
El diputado Juan Jacinto Cárcenas García: - Con su venia señora Presidenta, señoras y señores diputados:
Pasado mañana, viernes 20 de noviembre se cumplirán 82 años de que se produjera en México un nuevo estallido de las masas populares históricamente reconocido como la Revolución Mexicana para destruir un sistema económico y social que oprimía al pueblo y lo mantenía en la ignorancia, la insalubridad y la miseria; que le negaba todo derecho democrático y que le impedía organizarse para defender sus derechos sociales.
Para el Partido Popular Socialista es incuestionable los objetivos que el pueblo perseguía en este movimiento revolucionario, eran y siguen siendo los mismos que el pueblo se forjó desde 1810 con Hidalgo y Morelos como guías, y que reiteró en 1857 con Benito Juárez a la cabeza.
El desarrollo independiente del país, la constante elevación del nivel en su vida material y cultural y la ampliación permanente de la vida democrática de la nación. En esta vez, acaudillados por Madero, Carranza, Villa y Zapata.
Objetivos que quedaron finalmente plasmados en la Constitución promulgada el 5 de febrero de 1917.
Ya en la etapa posterior, el pueblo ha alcanzado muchas de la metas que se propuso y al avanzar en el proceso, se ha propuesto nuevos objetivos revolucionarios, en las etapas en que han predominado en el escenario político nacional las fuerzas democráticas progresistas y patrióticas.
El maestro Vicente Lombardo Toledano, uno de los mexicanos que mejor entendieron el
sentido de la Revolución, le dio todo el impulso de que fue capaz, la conceptuó como la primera de carácter social que triunfó en el presente siglo, definiendo con exactitud sus rasgos característicos, la de ser una Revolución democrática antiimperialista y antifeudal.
En grandes trazos podemos resaltar las etapas principales del proceso de la Revolución Mexicana, una vez que se convirtió en programa, plasmado fundamentalmente en los artículos 3o., 24, 27, 126, y 130 de la Constitución.
Una primera etapa fue la que se caracterizó por la creación de las instituciones y normas que eran innecesarias para su marcha. La segunda, la constituyó el reparto intenso de los latifundios con la consecuente creación y fortalecimiento del mercado interior; la organización de los sindicatos que desembocó en la construcción de la segunda central obrera, la Confederación de trabajadores de México bajo la guía del maestro Vicente Lombardo Toledano.
Hecho que además, habría de ser el factor principal de la recuperación del petróleo para la nación; etapa en que también se creara el Instituto politécnico Nacional y otras instituciones revolucionarias. Una tercera etapa es la que proyectó el maestro Vicente Lombardo Toledano en 1944 con el extraordinario documento " Un nuevo programa para el sector revolucionario de México ".
Completado en la década de los sesenta, con su iniciativa de un nuevo capítulo para la Constitución presentado en la XLVI Legislatura del Congreso de la Unión; etapa ésta de industrialización que llevó a México a transformarse de un país agrícola industrial a uno industrial agrícola.
Etapa esta última que en el Gobierno de Miguel Alemán se sustentó básicamente en la inversión extranjera directa pero que con las medidas que se fueron adoptando con los siguientes gobiernos, volvió a encauzarse con nuevas nacionalizaciones y expropiaciones por la vía del fortalecimiento del sector estatal de la economía, tal como lo había señalado el proceso revolucionario del país.
Es evidente el cumplimiento del programa de la Revolución hasta 1982, incluida la nacionalización de la banca como su ultimo gran logro, fue favorable para los intereses de la nación y del pueblo; con los servicios educativos y de salud en expansión; con salarios que alcanzaron entonces su mayor poder de compra; con una política exterior de acuerdo con los principios tradicionales de autonomía a independencia, de no intervención y de libre autodeterminación de los pueblos.
Sin embargo, el cambio operado a partir de 1982, caracterizado por la aplicación de una política neoliberal impuesta por el imperialismo norteamericano, no solamente en México sino en toda América Latina, se tradujo en el desmantelamiento del sector estatal de la economía, privatizándose la mayor parte de las empresas que lo constituían:
En la desarticulación y debilitamiento del movimiento obrero; en la caída vertical y dramática del poder adquisitivo del salario; en el abandono de los servicios sociales; en el creciente desempleo y en la cada vez mayor dependencia económica respecto de un solo país: Estados Unidos.
Cabe ahora presentarse cuál es el panorama de México ante el 82 aniversario de la Revolución, después de 10 años de aplicación del neoliberalismo económico que, por cierto, se encuentra ya en plena retirada en los mismos países que lo iniciaron, aunque todavía causará estragos en los países de capitalismo dependiente como es el nuestro.
Lo que observamos en el panorama nacional es lo siguiente a grandes rasgos: Pobreza creciente de mas masas populares. Hoy se reconoce que 45 millones de mexicanos, es decir, más de la mitad de la población de nuestro país, se debate en la pobreza: 19 millones cercanos a la miseria o en la miseria misma; en cambio, y frente a este dramático hecho, presenciamos el enriquecimiento que llega hasta la insolencia, de una cada vez más breve minoría.
El analfabetismo repunta, alcanzando el 12 % de los mayores de 14 años, índice que se eleva a mas del 25 % si se considera a los analfabetos funcionales. El desempleo crece día a día; hoy seis millones de la población económicamente activa, se encuentran en la categoría de desempleo abierto, pero si se estima a los subocupados, se rebasa el 50 % de la población económicamente activa.
La seguridad social, lo mismo que la educación y otros servicios públicos, se reducen, al no poder ampliar su cobertura de acuerdo con el crecimiento poblacional.
Falta de respeto al voto popular, imposición de autoridades, predominio aún de la voluntad del poder ejecutivo. Una clase obrera sometida por
una política gubernamental cada vez más agresiva, que le impide ejercer sus derechos y disfrutar sus conquistas. las centrales y los dirigentes que no se pliegan, son desplazados por el gobierno o son obligados a mantenerse a la defensiva. Muchos dirigentes obreros se pliegan dócilmente a la política gubernamental e impiden la unificación en una sola central, por lo que no existe un movimiento obrero unificado e independiente.
Lo mismo ocurre con los trabajadores agrícolas y con las organizaciones campesinas. Esto es respeto de las condiciones de vida material y democrática del pueblo.
Por los que se refiere a los principales rasgos del programa revolucionario, a su línea de acción contenida en la Constitución, observamos el siguiente panorama:
La Reforma Agraria, que se convirtió en el principal factor del progreso de nuestro país, ha sido cancelada con la reforma al artículo 27 constitucional, a fin de abrirle paso a la inversión privada nacional y extranjera en el campo. Con ello, los campesinos se ven ahora ante el riesgo inminente de perder la tierra que conquistaron con pleno derecho y con mucho sacrificio, y en consecuencia, pasar a engrosar más las filas de los desocupados, en condiciones de extrema pobreza.
La política de nacionalizaciones ha sido igualmente abandonada totalmente, y no sólo eso, sino que el sector estatal de la economía, producto de esta política, ha sido desmantelado, vendiéndose las empresas que el pueblo forjó con muchos sacrificios durante los primeros 70 años del proceso revolucionario.
La intervención del Estado en la economía se reduce en aras del fortalecimiento de la llamada iniciativa privada, para que asuma el papel que antes desempeñaba en Estado como representante de la nación, es decir ahora se quiere que la iniciativa privada y la inversión extranjera, sean el eje del desarrollo nacional.
Además de estos hechos, que representan riesgos para la soberanía y la independencia nacionales, el tratado de Libre Comercio, quiérase o no, acéptese o no, refuerza de manera inevitable la mayor dependencia y la pérdida de la soberanía de nuestro país. por esos hechos y graves retrocesos, es necesario precisar si México ha de retomar el camino revolucionario, o continuar por el rumbo que el imperialismo le ha impuesto, y que conscientemente fueRa aceptado y aplicado por los últimos dos gobiernos.
Para el Partido Popular Socialista no hay duda de que la disyuntiva sólo puede resolverse con el primer planteamiento, el de retomar la vía que trazara la Revolución y que quedara plasmado en la Constitución de la República. Ninguna razón existe para persistir en una política que con muchas evidencias, como ya lo he señalado, ha fracasado en el mundo, particularmente en los países altamente desarrollados que lo impulsaron a ultranza, ya que tanto Inglaterra como los Estados Unidos, sin haber llegado a aplicar a plenitud la política neoliberal, ahora se disponen a reorganizar sus economías, para reforzar su carácter imperialista, adoptando otras políticas, dado que las consecuencias del neoliberalismo en esos dos países, saltan a la vista: mayor desempleo, mayor numero de miserables, los servicios sociales reducidos al mínimo, pero sobre todo un alto déficit fiscal que los tiene sumidos en procesos crecientemente recesivos.
En reiteradas ocasiones el Partido Popular Socialista advirtió que esta política neoliberal traía consigo esas consecuencias dramáticas para los países que la aplicaban, particularmente a los que tienen las mismas características que el nuestro. Hoy, los hechos nos dan la razón, sin embargo desde el poder Ejecutivo de la nación se plantea de manera retirada que se persistirá en su aplicación, sin importar los graves daños al pueblo y a la nación . Aun cuando estamos convencidos de ellos, los tercos hechos habrán de obligarnos a meditar y a rectificar el camino. Convencidos de que esta rectificación ha de producirse a través de la unidad de las fuerzas democráticas del país, el Partido Popular Socialista considera que ha llegado el momento de hacerle ver a los actuales gobernantes , y hacer comprender a las nuevas generaciones de trabajadores, que la Revolución no ha cumplido todavía su misión histórica, y que así como se fijó metas diversas y superiores a lo largo de su desarrollo, ahora, y cuando está a la vista ya el siglo XXI, preñado de adelantos científicos y tecnológicos, de imprevisibles repercusiones, la Revolución se debe fijar nuevas metas, muy superiores y distintas a las anteriores, a efecto de que este histórico movimiento no pierda su verdor y su frescura.
Si alguna meta ha de proponerse a la Revolución Mexicana hoy, para seguir vigente, como instrumento real del pueblo, para el logro de sus objetivos históricos, esa meta es precisamente, y no puede ser otra, que la incorporación de México a la Revolución científico - técnica, proceso que en su amplitud, profundidad y consecuencias económicas, sociales, políticas y
culturales, muestra ya tener una trascendencia histórica equiparable, o aún mayor, que el de la Revolución industrial de los siglos XIII y XIX. Lograr esta meta es responsabilidad de las generaciones actuales de los sectores progresistas y revolucionarios de nuestro país, siguiendo el ejemplo de las generaciones que nos precedieron, que siempre tuvieron firme decisión política, capacidad creativa y vínculos profundos con los anhelos populares, para proponer metas avanzadas, nuevas en su contenido, de tal manera que la Revolución Mexicana siempre se mantuvo fresca y su desarrollo fue siempre sinónimo de verdadera modernización en cada nueva etapa del mundo.
La meta que el Partido Popular Socialista propone como bandera de lucha de todas las fuerzas democráticas y patrióticas del país en la etapa actual y para el inicio del tercer milenio, resulta no sólo ser positivo para la nación y para el pueblo, sino necesaria e indispensable alcanzarla en el menor tiempo posible, puesto que a causa de sus extraordinarias conquistas en los países que han logrado crear las condiciones sociales, los mecanismos idóneos y las instituciones que estimulan el desarrollo impetuoso de la Revolución científico - técnica, el potencial económico de esos países crece día a día, ensanchándose la brecha respecto de los que están en vías de desarrollo como el nuestro, amenazando para estos últimos su soberanía e independencia económica.
La Revolución científico - técnica no se reduce al problema de la investigación científica o del desarrollo tecnológico. La ciencia y la técnica constituyen los elementos claves, determinantes del proceso, pero no se reduce a ello. En realidad, tal como lo fue la Revolución industrial, es todo un proceso social que toca diversos ámbitos de la vida económica y de la superestructura jurídica del país, en que logra germinar y desarrollar.
Es precisamente este carácter social del proceso de la Revolución científico - técnica el que se pretende poner de relieve cuando se habla de la cadena de interacción ciencia, técnica, producción, mercado, como la condición esencial para propiciar su despliegue y el reflejo de sus frutos en la economía del país y en el nivel de vida del pueblo.
Lo que propone el partido popular socialista, en términos de esta noción de cadena, es que nos tracemos como tarea hacer crecer en cantidad y calidad a nuestro sistema científico, impulsar vigorosamente el desarrollo tecnológico, incluyendo toda la infraestructura del país, modernizar la industria, que es verdaderamente nacional, sobre todo las industrias pequeñas y medianas, y crear un vigoroso mercado interno, de tal manera que el sistema científico sea el sustento del desarrollo tecnológico, que éste a su vez sea el instrumento para la adaptación o innovación de la técnica que se adquiría del exterior para elevar la productividad de las industrias, y que el mercado interno demande mayor producción y mayor calidad, generándose así la interacción creativa entre los distintos eslabones de la cadena mencionada.
Sin embargo, el carácter social de la Revolución científico - técnica, se hace más notorio cuando advertimos, analizando la experiencia de los países desarrollados, que solo tendremos un sistema científico, grande y creativo, si se estructura un sistema de educación básica para dar mayor importancia a la enseñanza de las ciencias y a la formación profesional del magisterio.
También lo percibimos cuando comprendemos que para crear laboratorios industriales, habrá necesidad de formar miles de ingenieros con sólida preparación científica y capacidad innovadora.
Lo mismo ocurre cuando se ve la necesidad de la concertación. pues no basta que los industriales comprendan que deben de crear laboratorios industriales, sino que se deben establecer programas para la actualización sistematizada de los trabajadores en la nuevas tecnologías o en los nuevos modos de organizar la actividad productiva, requiriéndose para ello necesariamente el consenso convenido de industria e instituciones educativas.
También el carácter social de la Revolución científico - técnica se deduce del hecho de que para fortalecer el mercado interno, no sólo se requiere elevar la capacidad adquisitiva de la mayoría de los mexicanos, sino que resulta evidente y necesario modernizar y ampliar las comunicaciones terrestres para comunicar centros de producción y de consumo, además de que, se comprende, lo conveniente que sería para el país la fijación de las zonas del territorio nacional para la actividad exportadora y planificándose su desarrollo no solo en infraestructura física, sino también científica, tecnológica y educativa.
Además, lo vemos también cuando nos percatamos que se debe impulsar la producción en el campo, no solamente para impulsar el desarrollo de la industria y aminorar la migración con condiciones de vida mejores para el
campesino, sino también para que la biotecnología encuentre el afluente de problemas científicos y tecnológicos, que hagan posible su amplio impulso.
En fin, lo vemos cuando se plantea como problema prioritario el mantenimiento del equilibrio del medio ambiente, a la vez que se incrementa la explotación de los recursos naturales y se amplia y moderniza la industria y los medios de transporte terrestre.
Y como base de sustentación de carácter social de esta propuesta programática del partido popular socialista, está la de abatir el desempleo, dando urgente preparación moderna a sus diferentes niveles, no solo a los jóvenes, sino a la inmensa masa de trabajadores de diferentes edades, que ahora se abaten en la incertidumbre, y a los que con esa capacitación urgente se les abrirán perspectivas de trabajo, para hacerlos partícipes y útiles en el nuevo desarrollo del país, en toda la República.
Una meta de esta trascendencia no la puede alcanzar una política neoliberal, pues al capital extranjero ni le interesa ni le conviene que México emprenda este camino; ni tampoco se puede alcanzar con un estado paralizado y debilitado frente a sus responsabilidades económicas, políticas y sociales; ni tampoco por el hecho de que la tarea es tan grande que la iniciativa privada nacional ni tiene capacidad, ni tal vez interés por semejante empresa.
Por ello esta tarea sólo pueden proponérsela y enarbolarla los sectores progresistas y patrióticos del país, con el apoyo del pueblo y teniendo como instrumento fundamental al estado y con una amplia y decidida participación de los empresarios verdaderamente nacionalistas de México.
Esa es, señoras y señores diputados, a grandes trazos, la propuesta que el Partido Popular Socialista hace para contribuir a que la Revolución Mexicana, que muchos pretenden calificar de liquidada, se fije nuevas metas, nuevos objetivos y nuevos programas, que la enriquezcan y la hagan conducir al pueblo, a dar pasos cada vez más grandes en el sentido de sus objetivos históricos, fijados desde 1810: la Independencia Nacional, la elevación, del nivel de vida del pueblo y la ampliación cada vez mayor, del régimen democrático en la nación. Muchas gracias. (aplausos.)
La Presidenta: - Tiene e uso de la palabra el diputado Benjamin Avila Guzmán, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Benjamin Avila Guzmán: - Con la venia de la presidencia, señoras diputadas, señores diputados, respetable audiencia:
Ni duda cabe que tenemos enfoques de los acontecimientos que conmemoramos; son diversos, pero es un hecho que la Revolución Mexicana sigue siendo punto de referencia, aunque su apreciación pueda ser diferente entre unos y otros, desde luego, entre vencedores y vencidos.
Por estas fechas, en el año de 1910, México se debatía en una agitación general, al punto de la guerra civil, que no pudo conjurarse.
Sucedió lo inevitable, a pesar de la paz porfiriana, que eterna parecía. A la distancia, en una perspectiva global no es posible considerar aquellos eventos sólo en su condición de históricos por más importante que lo sean. Conviene reflexionar más que en los hechos mismos y sus consecuencias inmediatas en las causas que fueron su origen y también su justificación.
Un régimen opresor cuyo método de convencimiento, si así se le puede llamar, tenía como único argumento la violencia y la represión. Implantó además un sistema de ondas, profundas y lacerantes desigualdades, la negación de lo justo en las relaciones de toda índole entre aquellos que hacía mucho tiempo habíase dicho eran iguales, era la divisa, era la regla.
Un peonaje rural, sometido a condiciones infrahumanas y apenas de supervivencia que válidamente sería llamarles de esclavitud. Grupos de trabajadores sujetos a una situación laboral inaceptable, trabajadores de un naciente desarrollo industrial a quienes en respuesta de sus justas demandas se contesta con el estampido de las armas de fuego. Tenemos presente pues que Cananea y Río Blanco con el símbolo, el anuncio de lo que habría de venir el 20 de Noviembre de 1910, éstas son las circunstancias previas a la insurgencia, a la rebelión, pero también habría de tomar en cuenta un elemento estrictamente político. Un hombre que habiendo luchado antes de alcanzar el más alto sitial en contra de la reelección olvidó pronto sus propias convicciones si es que alguna vez las tuvo.
Los hechos de armas, las batallas son de suyo divulgadas y conocidas. La concreción de los ideales, el fin que perseguían quienes se lanzaron a la lucha fratricida tuvo su expresión en la Constitución de 1917, en ella se plasma el proyecto de la Revolución, en sus normas se encuentran los principios de convivencia para una
sociedad plural, el deber de todos y cada uno de los mexicanos.
Cierto es, vale admitirlo, que existieron, existen y tal vez subsistan grupos o individuos a quienes el interés particular y mezquino mueve y justifica y otros que luchan porque los postulados de justicia y equidad tengan expresión concreta en el cotidiano vivir, en los hechos, para si, para su familia y para los de su clase.
La Revolución hecha Constitución creemos es el derrotero. El rumbo por donde tenemos que transitar, velar porque nadie pueda estar por encima de ella y contra ella es tarea y consigna de todos.
Si pensamos y actuamos con honestidad, habremos de coincidir que ha sido el cobijo válido de nuestros avances y progresos.
En el devenir revolucionario grandes esfuerzos y realizaciones son testigos de nuestra vocación hacia la democracia, la democracia que propone nuestra Carta Magna, la democracia integral.
Hoy son cada vez mas los niños y jóvenes a quienes se brinda el acceso a la educación. Se construyen grandes obras de irrigación, carreteras que acortan con mucho las distancias. Se impulsa a la industria y al comercio. Grandes puertos nos abren las perspectivas de progreso.
Hoy, ciertamente la economía nacional es reconocida entre las más importantes del mundo, somos la nación como el primer lugar de producción de plata, cuarto productor de petróleo en el mundo y ocupamos un sitio respetable en cuanto a manufacturas y materias primas. Son, sin duda, avances en el marco de la Revolución hecha ley.
La democracia política se amplía con oportunidades a la población para su participación individual y grupal. Si sólo esto se diera y además hubiera más equidad de la distribución del ingreso, podríamos predecir que pronto las promesas e ideales de la Revolución estarían por consumarse; pero qué sucede, ¿cuál es la otra realidad que no podemos ignorar, cómo está configurada la otra cara de la moneda?
Quienes tendemos como antecedente personal y no muy remoto la convivencia con los trabajadores y campesinos, sabemos que pese a los avances los rezagos y atrasos aún no notoriamente contrastes, lastimosos y a veces por qué no decirlo, hasta insultantes y vergonzosos.
La Revolución aún no tiene pendientes con el pueblo cuentas por saldar; a pesar de los innegables pasos, existen grandes capas de la población que no se encuentran entre los beneficiarios de esos postulados. Muchos mexicanos no tienen acceso a la salud, a la alimentación adecuada, a la educación, el desempleo es el gran fantasma que en presencia diaria adquiere formas diversas, a veces apreciables en la inmediatez y otras en términos difusos que pueden observarse en el abanico que va del subempleo a la delincuencia.
La concentración de la riqueza y por contrapartida la iniquidad en su distribución, empieza a presentar características de riesgo. No hay salario remunerador para todos los trabajadores que satisfaga las condiciones y finalidades del artículo 123 constitucional. Nuestros indígenas aún padecen el atraso, la miseria y a veces hasta el olvido de quienes se supone deben ser los promotores de su bienestar. Grandes grupos de campesinos aún no tienen acceso al crédito y al riesgo y solo viven de la esperanza puesta en la benevolencia de la naturaleza.
Niños jóvenes a quienes vemos, a quienes a veces vemos, pero no observamos; oímos, pero no escuchamos, reclaman en las calles con sus actos de malabarismo, de magia o de pirotecnia nuestra reflexión; no podemos aceptar que formen porte cotidiana del progreso.
Los trabajadores reclaman el derecho de que también sus hijos se eduquen en las universidades y demás instituciones de enseñanza superior, reclaman mejores salarios y prestaciones que les permitan vivir mas dignamente.
Si dejamos establecido que la Constitución y sus leyes son el camino. que no todos los propósitos e ideales de la Revolución se ha visto cabalmente cumplidos, que hay llagas dolorosas en las que se puede poner el dedo; que queremos seguir viviendo en paz y resolviendo nuestras diferencias sin la ruptura de los finos hilos que nos unen, tenemos que seguir luchando con los medios a nuestro alcance por esos propósitos inconclusos.
Nosotros, los militantes de mi partido. el Revolucionario Institucional, los diputados obreros priístas, nos sentimos obligados a tomar y continuar con la estafeta revolucionaria. Creemos que mientras en nuestro país haya niños de la calle, parias desheredados, desempleados, subempleados, mujeres marginadas, jóvenes con poca esperanza, trabajadores sin habitación digna, sin seguridad social integral, sin salarios justos y remuneradores y en fin, mientras haya pobreza
extrema, estará más que justificada nuestra presencia como organización política actuante en el marco de la Ley y dentro de la gran gama de corrientes ideológicas de esta sociedad cada vez más plural, reclamante y actuante.
Estamos comprometidos con su avance por la vía pacífica, lucharemos porque las carencias y desigualdades sólo tengan su explicación y tal vez su justificación, en el tamaño del esfuerzo individual, colectivo y en el trabajo.
Hemos recogido y aprovechado las convulsiones de nuestro pasado; somos, por lo menos así lo creemos los priístas de este país, amalga y producto de los hechos que pueden ser calificados como los estelares de nuestro desarrollo.
Acrisoladas las experiencias propias y ajenas, el producto es la libertad de unos y la libertad de todos; la liberación de las potencialidades que se encierran en el ser humano, entendido como ente político, es decir, sujeto activo y pasivo de relaciones jurídicas de la sociedad, conforman los elementos de los que configura nuestro liberalismo social.
Transitamos por el camino más difícil, hemos escogido como nación la opción que se ajusta más a nuestro modo de ser. La libertad y la justicia, lo venimos acreditando, no son incompatibles. Pero sí presentan muchas veces, elementos que tienden a disociarse; el que sigan unidos estos términos, que sigan siendo nuestro propósito colectivo, es el gran reto del futuro.
Continuar luchando por estos valores, sería el mejor tributo y homenaje a la gran Revolución Mexicana.
Nosotros, reconocemos la plena vigencia de nuestros derechos revolucionarios conquistados, entre ellos el derecho de huelga. Pero también entendemos que la unidad hoy es la divisa más importante para hacer frente a quienes han entendido la modernidad.
Organizados en sindicatos, en cooperativas, en uniones, en ejidos, en colonias populares, estaremos en posibilidad de alcanzar la consumación de los propósitos de la Revolución, que por cierto, no son los de los empresarios en términos generales.
Hemos hecho pues, un balance objetivo y sereno, hoy que adecuamos medios y procedimientos, afirmamos nuestro rechazo a las tendencias de liquidación de este proceso que como creación social, ha tenido grandes avances; también estancos y hasta desviaciones. El saldo, lo consideramos positivo a pesar de las circunstancias, pues es un proceso no acabado.
Defendemos por ello la Revolución con la Ley y la palabra; es nuestro proyecto y creemos debe ser el de todos los mexicanos. Muchas gracias. (aplausos.)
SOLICITUD DE JUICIO POLÍTICO
La Presidenta: - En virtud de que el pleno de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, ha abandonado esta sala, como un acto de protesta, no van a hacer uso de la palabra para tratar un asunto relacionado con el Estado de Yucatán. Ha llegado.
Tiene la palabra el diputado Luis Humberto Correa Mena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Luis Humberto Correa Mena: - Con la venia de la Presidencia:
Como miembro que soy de la fracción parlamentaria de Acción Nacional, que se ha retirado de este recinto para reflexionar seria y responsablemente a la luz de los acontecimientos políticos electorales, sólo acudo a esta tribuna a hacer del conocimiento de las señoras y señores diputados del documento que fue presentado hoy, al filo de las 2.37 horas, ante la Oficialía Mayor, como dicta la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos, para iniciar un juicio político en contra de 17 diputados locales de la LII Legislatura del Estado de Yucatán.
Ciudadano Oficial Mayor de la honorable Cámara de Diputados. - Presente.
Luis Humberto Correa Mena, Daniel José Avila Aranda, Luis Silverio Suárez Ancona y Luis Alberto Rejón Peraza, diputados federales a la LV Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional: por nuestro propio derecho y en ejercicio de nuestro deberes constitucionales, comparecemos para exponer lo siguiente:
Que de conformidad con lo establecido en los artículos 108, 109, 110 y 114 del título cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12 y demás relativos aplicables de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, venimos a presentar formal denuncia y por tanto solicitud de juicio político
en contra de los ciudadanos Roberto Pinzón Alvarez, Angel Prieto Méndez, Rodolfo Osorio Conde, Beatriz Peralta y Chacón, Enrique Pérez y Pérez, Maximino Yam Cocom, Ignacio Machain Sosa, Carlos Erosa Correa, Pedro Rodríguez Cruz, Blanca Genoveva Estrada Mora, Aracely Cab y Cumi, Luis Echeverría Navarro, Juan José Abraham Achach, Carlos Carrillo Maldonado, Juan Vallejos Vega, Manuel Cervera Capistrán y Jorge Pérez Muñoz, diputados locales de la LII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Yucatán, quienes incurrieron en violaciones graves y sistemáticas a la Constitución General de la República, que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho del Municipio Libre y Autónomo de Tixpéual, Estado de Yucatán.
A efecto de cumplir con los extremos requeridos por la Constitución General de la República y de la Ley Federal de Servidores Públicos manifestamos lo siguiente:
I. Antecedentes
A. De conformidad con el proceso electoral para la renovación de los ayuntamientos del Estado de Yucatán, celebrado en el año de 1990, fueron electos democráticamente como integrantes del honorable ayuntamiento de Tixpéual las siguientes personas: Señor Ramón Barrera Bastarrachea como presidente municipal y los ciudadanos Frayne Erick Canché Puc, Francisco Mex Canche, Petronilo Tzab Cupul, Victor Manuel Cen Naal, Mardón Aranda Novelo, Julio Chim Aké y Clemente Ciau Aké: los cuales, conforme a la Legislación, el día 1o. de enero de 1991 protestaron cumplir con el cargo conferido por la ciudadanía y tomaron posesión del encargo público a excepción del señor Clemente Ciau Aké, regidor electo por el principio de representación, quien se abstuvo de rendir su protesta y de cumplir con su función de regidor, llegando al extremo de nunca asistir a sesión del cabildo.
B. En vista de la ausencia reiterada del señor Clemente Ciau Aké, en múltiples ocasiones se le citó para que compareciera protestar el cargo que la ciudadanía le había conferido y cumplir con sus obligaciones en el cabildo, las cuales no atendió ni presentó documento alguno que acreditara o justificara su ausencia.
C. En virtud de la necesaria buena marcha del honorable ayuntamiento de Tixpéual, con fecha 10 de abril de 1992 en sesión de cabildo pública extraordinaria, con fundamento en el artículo 132 de la Ley Orgánica de los municipios del Estado de Yucatán se procedió a la sustitución del señor Ciau aké con el voto unánime de los siete regidores en funciones, procediendo a dar posesión como regidor en funciones al señor Leodegario Eb Pool, quien figuraba como suplente, tomando de inmediato la protesta de Ley.
D. De conformidad con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 132 de la ley orgánica de los municipios antes citada, se procedió a comunicar la sustitución a los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) dentro de las veinticuatro horas siguientes, con la copia certificada con las firmas de todos los integrantes del honorable ayuntamiento de Tixpéual del acta de cabildo, la cual fue recibida, sin que hasta la fecha exista constancia alguna por parte de esos poderes que infiera que el trámite seguido se haya apartado del marco jurídico que regula la actuación de los municipios del Estado de Yucatán.
E. Por escrito de fecha 25 de junio de 1992, dirigido al congreso del Estado de Yucatán, renuncian al cargo de regidor los señores Mardón Aranda Novelo, Petronilo Tzab Cupul, Victor Manuel Cen Naal y Francisco Mex Canché, personas que ciertamente fungían como regidores en el mencionado ayuntamiento de Tixpéual, pero además, en el mismo escrito, presenta su renuncia el señor Clemente Ciau Aké al cargo de regidor que jamás protestó ni desempeñó y del cual había sido sustituido, como se ha dicho, desde el 10 de abril de este año y que incluso les consta a los regidores que presentan su renuncia.
F. Con fecha 27 de junio de 1992, la renuncia que se hace mención fue ratificada ante la Oficialía Mayor del honorable Congreso del Estado de Yucatán, sin que exista constancia alguna que compruebe que los firmantes acreditarán a su carácter de regidores y sin que el Oficial Mayor se hubiere cerciorado de la identidad de los comparecientes.
G. El mismo día 27 de junio del año en curso, se realiza sesión extraordinaria del Congreso del Estado de Yucatán, en la que en menos de seis horas, sin otorgar derecho a los afectados como dispone el párrafo tercero de la fracción I del artículo 115 de la Constitución General de la República y violando flagrantemente la Constitución local, la Ley Orgánica de los Municipios de Estado de Yucatán y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, los ahora sujetos a juicio político, resuelven declarar la desaparición del honorable ayuntamiento constitucional de Tixpéual.
H. Siguiendo con una celeridad extraordinaria, con fecha 28 de junio de 1992, día inhábil puesto que fue domingo, la gobernadora interina del Estado publica en Diario Oficial del gobierno del Estado de Yucatán el siguiente decreto:
GOBIERNO DEL ESTADO
Decreto número 483
Ciudadana licenciada Dulce María Sauri Riancho, gobernadora del Estado Libre y Soberano de Yucatán, a sus habitantes del Estado Libre y Soberano de Yucatán Decreta:
Primero. Se declara que el honorable ayuntamiento constitucional del municipio de Tixpéual, ha desaparecido en virtud de su desintegración por la renuncia colectiva de los ciudadanos regidores propietarios siguientes: Francisco Mex Canché, Mardón Areanda Novelo, Víctor Manuel Cen Naal, Petronilo Tzab Cupul y Clemente Ciau Aké.
Segundo. Por la desaparición del honorable ayuntamiento de municipio de Tixpéual, Yucatán, es de designarse y se designa un consejo municipal, integrado por los ciudadanos: Ramiro Bastarrachea Gamboa, Alonso Esiquio Escobedo y Amado Puch Pech, vecinos del propio municipio, quienes se harán cargo del desempeño de las funciones del honorable ayuntamiento en cuestión, en forma definitiva, en sus caracteres de presidente, secretario y vocal, respectivamente.
Tercero. El consejo municipal estará investido de personalidad jurídica, para todos los efectos legales consiguientes y será la autoridad que regirá en el municipio de Tixpéual, Yucatán, con el mismo carácter de un ayuntamiento.
Cuarto. El consejo municipal designado entrará en funciones inmediatamente y concluirá el período constitucional hasta el día 31 de diciembre de 1993
TRANSITORIO
Único. Publíquese este decreto en el Diario Oficial del Gobierno del Estado.
Dado en la sede del recinto del Poder Legislativo, en la ciudad de Mérida, Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, a los veintisiete días del mes de junio de mil novecientos noventa y dos. - Diputado propietario Manuel Cervera Capistrán, diputado suplente Juan Vallejos Vega, diputado suplente Jorge Pérez Muñoz.
Y por tanto mando se imprima, publique y circule su conocimiento y debido cumplimiento.
Dado en la sede del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Mérida, Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, a los veintisiete días del mes de junio de mil novecientos noventa y dos.
Licenciada Dulce María Sauri Riancho.
El secretario general del Gobierno abogado Orlando A. Paredes Lara
1. Como es de verse, de la redacción del decreto que se ha transcrito, nunca se infiere que se haya otorgado derecho de audiencia a los integrantes del honorable ayuntamiento de Tixpéual e ilegalmente se da como regidor renunciante al señor Clemente Ciau Aké, que como ya se ha mencionado, jamas protestó ni desempeño y del cual había sido sustituido desde el día 10 de abril de 1992.
II. Conceptos de violación
Con la finalidad de precisar que las conductas atribuidas a los ahora denunciados, es violatoria del marco jurídico de seguridad y legalidad que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Yucatán, la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Yucatán y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, nos permitimos presentar las siguientes consideraciones:
I. Los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la calidad de Ley Suprema o fundamental que ésta se asigna a sí misma, entre otros de sus artículos el primer, de 39 al 43 inclusive, 49, 50, 103, 107, 116, 124, 133, 135 y 136 otorgan a todos los individuos, sin excepción, las garantías de audiencia, de legalidad, de seguridad jurídica, de fundamentación y de motivación, en cuanto que respectivamente ordenan, que nadie podrá ser privado de su libertad, de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; y que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.
Por lo tanto los denunciados, con sus actos violaron de manera directa y frontal las garantías individuales que otorgan los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
II. El artículo 115 de la Constitución General de la República establece que el municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa de los estados miembros de la federación. Fue dotado de estas características por el constituyente con la finalidad de lograr una autonomía interior en el orden político, administrativo y hacendario, por lo cual la elección de sus integrantes se realiza por elección popular directa.
Este principio de libertad, tiene su razón de ser al propugnar nuestra Carta Magna por la plena autonomía del municipio libre y en el caso de existir causas graves que pudieran desestabilizarlo, establece mecanismos muy precisos para el caso en que se pretenda declarar su desaparición, especificando para tal efecto en el párrafo tercero de la fracción I del artículo 115, lo siguiente:
".... Las Legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender ayuntamientos, declarar que estos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan..."
De lo transcrito, se infiere que el precepto constitucional federal opera sobre dos principios básicos: el primero se refiere a la normatividad para que la causa grave que propicie la desaparición de un ayuntamiento se prevenga en la legislación interna del estado miembro de la Federación y: la segunda se refiere al principio de legalidad y certeza jurídica que debe otorgarse a los afectados, en todo caso, para que cuenten con el derecho de audiencia para rendir pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan, regulándolo incluso la norma constitucional, como requisito de previo y especial pronunciamiento para que las legislaturas de los estados puedan proceder a la desaparición de un ayuntamiento en funciones:
Lo que no sucedió en el caso in comento; puesto que como se demostrará con los elementos de prueba respectivos, no existe constancia, alguna que a los miembros del cabildo del honorable ayuntamiento de Tixpéual, Yucatán, los ahora denunciados en juicio político, durante la sesión extraordinaria que realizaron al respecto, les otorgarán dicha garantía, incumpliendo y violando, por tanto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley fundamental de la República, que protestaron guardar y hacer cumplir, cuando tomaron posesión como diputados de la LII Legislatura del Estado de Yucatán.
II. Como una prueba más de las irregularidades cometidas en el proceso de la desaparición del honorable ayuntamiento de Tixpéual, los ahora denunciados violaron los dispuesto por las fracciones XL, XLIV del artículo 340 de la Constitución Política del Estado de Yucatán que a la letra establece:
"Articulo 30. Son facultades y atribuciones del Congreso del Estado:...
Fracción XL. Suspender ayuntamientos así como declarar, según el caso, que éstos han desaparecido o suspender o revocar el mandato de alguno de sus miembros por acuerdo de las dos terceras partes del número total de integrantes de la legislatura respectiva. Procediendo como disponga para estos casos la Ley Orgánica del poder Legislativo del Estado de Yucatán y la Ley Orgánica de los municipios del Estado:...
Fracción XLIV. Suspender o revocar, según el caso y, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, el mandato conferido al presidente municipal y/o a otro y otros regidores o miembros de los ayuntamientos en lo particular ajustándose a cualesquiera de las causas previstas en la ley de la materia, procediendo de inmediato a la designación del o de los sustitutos correspondientes; se establece como requisito previo e indispensable para el ejercicio de las atribuciones señaladas en esta fracción y en la fracción XL precedente, que él o los regidores afectados, ante la Comisión Permanente de Legislación, Puntos Constitucionales y Gobernación del propio Congreso, tengan oportunidad suficiente para rendir las pruebas y ofrecer los alegatos que a sus intereses convengan, cuando las circunstancias así lo permitan a juicio de la mencionada comisión permanente:..."
De las disposiciones antes transcritas, se establece como requisito previo e indispensable para que el congreso pueda decretar la desaparición de un ayuntamiento, entre otras hipótesis,
el que él o los regidores afectados ante la Comisión Permanente de Legislación puntos Constitucionales y Gobernación del propio Congreso, tengan oportunidad suficiente para rendir las pruebas y los alegatos que a sus intereses convengan, violando por tanto la garantía de audiencia que se establece y que es correlativa a la seguridad y de derecho de audiencia que establece que la Norma Constitucional Federal en su artículo 115.
III. De la misma forma se violan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Yucatán que a la letra se transcriben:
"Articulo 130. Las renuncias colectivas que desintegren el ayuntamiento deberán presentarse ante el Congreso del Estado, quien resolverá conforme al artículo fracciones XL, XLIV y XLV de la Constitución Política del Estado."
Respecto a lo que señala este artículo se demuestra una vez más que no se siguió el procedimiento ni se dio cumplimiento a la garantía de audiencia que señala la Constitución Política del Estado de Yucatán y arbitrariamente en una forma totalmente absurda en menos de seis horas, apartándose de la legalidad y de la seguridad jurídica establecida tanto en la Norma Constitucional Federal como en la estatal se decreta la declaración del ayuntamiento Tixpéual.
IV. Por si esto no fuera poco, los artículos 135 y 136 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Yucatán establecen la garantía de audiencia que es correlativa a la Norma Constitucional Federal en su Artículo 115, al mencionar textualmente lo siguiente:
Artículo 135. La legislatura por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrá suspender ayuntamientos y declarar que éstos han desaparecido, suspender o revocar el mandato de sus miembros otorgándoles previamente la oportunidad necesaria para rendir pruebas y formular los alegatos que a sus intereses convengan.
Artículo 136. El derecho a la garantía de audiencia de los ayuntamientos en los casos a que se refiere el artículo procedente, se otorgará conforme al procedimiento establecido en la Ley orgánica del Poder Legislativo del Estado de Yucatán.
V. De conformidad con lo antes transcrito, el Título Octavo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Yucatán establece el siguiente procedimiento:
TÍTULO OCTAVO
CAPÍTULO ÚNICO
De la substanciación del trámite para suspender ayuntamientos, declarar su desaparición, o suspender o revocar el mandato de alguno de sus miembros
Artículo 160. Para la instrucción y dictamen de los casos a que se refiere la fracción XL del artículo 30 de la Constitución Política local, se integrará la Comisión de Instrucción y Dictamen formando por cinco miembros: un diputado de la Gran Comisión, el presidente de la comisión de legislación, Puntos Constitucionales y Gobernación, el Presidente de la Comisión de Administración e Impartición de Justicia y dos diputados electos por el Congreso.
Artículo 161. La comisión de instrucción y de dictamen será presidida por el presidente de la Comisión de Legislación, Puntos Constitucionales y Gobernación y podrá sesionar siempre y cuando concurran más de la mitad de sus integrantes y sus decisiones se tomarán por mayoría de votos, teniendo el presidente voto de calidad, cuando éste no se produzca.
Artículo 162 Presentada ante la Legislatura, la propuesta para suspender ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido, y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, será turnada de inmediato a la comisión de Instrucción y Dictamen, correspondiente para la substanciación de los actos necesarios, conforme a las reglas siguientes:
I. Se procederá a integrar el expediente respectivo, y la Comisión de Instrucción y de Dictamen citará, para el día y hora determinada a los posibles afectados, para el efecto de que presenten las pruebas que estimen necesariamente y formulen los alegatos que a su juicio convengan, dentro del término de 10 días hábiles, pudiendo proponer a la legislatura, que se le reciba en audiencia en sesión privada de la Legislatura en pleno.
Dentro del mismo término a que se refiere el párrafo anterior, la Comisión de Instrucción y Dictamen proveerá lo necesario para el desahogo de las probanzas ofrecidas de conformidad con los preceptos aplicables de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán.
II. Durante la tramitación de este procedimiento los posibles afectados podrán acreditar el patrocinio de defensor cuando así lo estimen conveniente.
III. Concluido el término de ofrecimiento y desahogo de pruebas y, celebrada la audiencia de alegatos, dentro de los cinco días siguientes, la Comisión elaborará el dictamen respectivo que será remitido a la legislatura.
Articulo 163. La legislatura, por acuerdo de la mayoría de las dos terceras partes de sus integrantes, cuando menos, dictará la resolución correspondiente, siguiéndose en lo conducente, las disposiciones a la discusión de dictámenes.
De conformidad con lo antes transcrito el procedimiento legislativo a seguir para decretar la desaparición de un ayuntamiento debe de ser propuesta a la legislatura para que por decisión colegiada la turne a la Comisión de Dictamen, quien integrará el expediente y citará a los posibles afectados para el efecto de que presenten las pruebas que estimen necesarias y formulen los alegatos que a su juicio convengan dentro del término de diez días hábiles: asimismo señala con toda claridad que dentro de ese mismo término la Comisión proveerá lo necesario para el desahogo de las probanzas ofrecidas: explícita el derecho de los afectados de acreditar el patrocinio del defensor y fija como término para la elaboración del dictamen respectivo los cinco días posteriores y; expresando que el dictamen debe ser aprobado por mayoría de las dos terceras partes de sus integrantes cuando menos.
Este procedimiento que se precisa en tiempos y regula el derecho de audiencia no fue seguido por los ahora denunciados en juicio político, puesto como se demostrará con los elementos de prueba necesarios, no existe constancia alguna que la proposición de la desaparición del honorable ayuntamiento Tixpéual fuera solicitada expresamente por documento suscrito por algún integrante de la legislatura en sesión realizada con anterioridad hubiera acordado por resolución mayoritaria de sus integrantes que el caso se turnará a la Comisión de Instrucción y Dictamen que menciona el artículo 160 de la formación de dicha Comisión; tampoco consta evidencia alguna que presuma que la supuesta Comisión de Instrucción y Dictamen haya formalizado su integración y haya citado a los afectados aún miembros del honorable ayuntamiento de Tixpéual ni que haya valorado que uno de los supuestos renunciantes nunca formó parte del cabildo municipal puesto que como ya se ha mencionado nunca protestó ni tomó posesión del cargo de regidor; tampoco existe constancia alguna que demuestre que los afectados se les citó para que ofrecieran pruebas, pudieran contar con el patrocinio de abogado defensor ni que se les otorgará el derecho de alegar lo que a su derecho conviniera: ni existe constancia alguna de que la supuesta Comisión de Instrucción y Dictamen haya presentado a la aprobación del pleno de la Legislatura dictamen alguna, ya sea en sentido positivo o negativo, puesto que como ya se ha afirmado, nunca se realizó el procedimiento que marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el párrafo tercero de la fracción I del artículo 115 ni se dio cumplimiento a los que establece correlativamente la Constitución local, la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Yucatán ni la Ley Orgánica del Poder Legislativo; concretándose los ahora denunciados en juicio político a incumplir y violar las normas que se han mencionado y que al tomar posesión de sus cargos como diputados a la LII Legislatura del estado de Yucatán protestaron obedecer y hacer cumplir.
Asimismo los ahora denunciados violaron los artículos 100, 102 y 104 de la propia Ley Orgánica del Poder Legislativo al no haber respetado las normas mínimas que para el estudio de los asuntos en el congreso son conducentes, en cuanto al contenido del dictamen y conocimiento previo que del mismo deben tener los diputados, puesto que con una celeridad impresionante, en menos de seis horas, sin seguir en lo más mínimo el procedimiento jurídico que establecen la Legislación Federal y Estatal, determinan la desaparición del honorable ayuntamiento de Tixpéual, Yucatán.
III. Procedibilidad
Es procedente el juicio político que venimos a solicitar, en base a las consideraciones:
a. De conformidad con lo establecido en el TÍTULO cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son servidores públicos los que señala en su artículo 108 que a la letra se transcribe:
"Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular...
La Presidenta: - Ciudadano diputado, de acuerdo con el reglamento, tiene usted media hora
para hacer uso de la palabra, y ya tiene usted cinco minutos más del tiempo reglamentario. Le ruego por favor que concluya.
El diputado Luis Humberto Correa Mena: - Concluyo.
...Los gobernadores de los estados, los diputados a las legislaturas locales y los magistrados de los tribunales superiores de justicia locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales..."
Como es de verse, los ahora denunciados en juicio político son servidores públicos de conformidad con lo estipulado en el precepto transcrito y su calidad de diputados de la LII Legislatura del Estado de Yucatán se demostrará con los elementos de prueba que se aportan en el capítulo correspondiente.
b. Acreditada la calidad de servidores públicos de los ahora denunciados, es procedente la instauración del juicio político en su contra conforme a los establecido en el artículo 110 de la Constitución General de la República que establece lo siguiente:
"Articulo 110. Podrán ser sujetos de juicio político...
... Los gobernadores de los estados diputados locales y magistrados de los tribunales superiores de Justicia locales, solo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen
c. Por su parte, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, establece en su artículo 2o. la vinculación de los ahora denunciados con el procedimiento de juicio político al establecer lo siguiente:
Artículo 2o. Son sujetos de esta Ley, los servidores públicos mencionados en el párrafo tercero del artículo 108 constitucional y todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos económicos federales.
Como ya se ha mencionado, los ahora denunciados en juicio político son legisladores locales del Estado de Yucatán y por tanto sujetos a los procedimientos de responsabilidad, tal y como lo establece el párrafo tercero del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra señala:
Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título se refutarán como servidores públicos a los representantes de elección popular...
... Los gobernadores de los estados, los diputados a las legislaturas locales y los magistrados de los tribunales superiores de justicia locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales...
d. Es procedente el juicio político en contra de los ahora denunciados en virtud de que el artículo 5o. de la Ley Federal de Responsabilidades de los servidores Públicos establece claramente que los diputados de las legislaturas locales podrán ser sujetos a juicio político, tal y como lo señala el dispositivo que a la letra se transcribe:
"Artículo 5o. En los términos del primer párrafo del artículo 110 de la Constitución General de la República, son sujetos de juicio político los servidores públicos que en el se mencionan.
Los gobernadores de los estados, los diputados a las legislaturas locales y los magistrados de los tribunales superiores de Justicia..."
IV Pruebas
Para acreditar las afirmaciones contenidas en los capítulos procedentes, se acompañan al presente escrito las siguientes pruebas:
1. Documental pública, consiste en ejemplar original del diario oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, de fecha 27 de diciembre de 1990, en el que consta el decreto numero 352 del Colegio Electoral de los presuntos diputados de la LII Legislatura, en donde aparece la declaratoria de validez de las elecciones y la integración de dicha LII Legislatura.
2. Documental pública consistente en copia certificada del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán de fecha 31 de diciembre de 1990, en donde aparece el decreto número 353 del Congreso del Estado, publicando la integración de Tixpéual.
3. La documental pública consistente en el acta del cabildo del municipio de Tixpéual en donde consta la protesta que rinden quienes integran dicho ayuntamiento. Esta constancia obra en poder del Congreso local por la requisición que se hizo por parte de ese órgano de toda la documentación del funcionamiento del ayuntamiento
en el momento en que se decretó su desaparición, por lo que sea requerida a dicho órgano, en términos del artículo 9 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
4. Documental Pública consistente en acta de cabildo de fecha 10 de abril de 1992, en donde consta el acuerdo por unanimidad de cabildo de sustitución de regidor por ausencia y toma de protesta al señor Leodegario Eb Pool. Dicha documental consta en copia fotostática certificada.
5. La documental pública consistente en copia certificada de la comunicación enviada por el ayuntamiento de Tixpéual a los tres poderes del Estado, en donde se les informa de la sustitución del regidor en dicho ayuntamiento. en la documental de referencia obra de la recepción de los tres poderes del Estado.
6. La documental pública consistente en la comunicación que hacen el señor Petronilo Tzab Cupul, Mardón Aranda Novelo, Francisco Mex Canché, Víctor Manuel Cen Naal y Clemente Ciau Aké presentando su renuncia como regidores. Dicha documental está fechada el día 25 de junio de 1992 y en virtud de que obra en poder del Congreso del Estado en este acto solo se exhibe copia fotostática simple, solicitando se haga el requerimiento al Congreso para que remita la documental de referencia. En términos del artículo 9 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
7. La documental pública consistente en la ratificación personal de la renuncia presentada por las personas mencionadas en el punto que antecede ante el Congreso del Estado. En virtud de que dicha constancia obra en poder del mencionado Congreso, solicitamos el requerimiento del mismo. En términos del artículo 9 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
8. La documental pública consistente en copia certificada del acta de la sesión extraordinaria celebrada por el LII Congreso Constitucional de Yucatán, en la que se declaró disuelto el ayuntamiento de Tixpéual.
9. Documental pública consistente en Diario Oficial del Estado de Yucatán de fecha 28 de julio de 1992, en donde consta el decreto número 488 mediante el cual la gobernadora interina de Yucatán promulga el decreto del Congreso en el que se declaró la desaparición del ayuntamiento del municipio de Tixpéual.
10. Un ejemplar de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos edición 1992, que contiene en su título Cuarto los preceptos que fundamentan el procedimiento para fincar responsabilidad de los servidores públicos que abarcan los artículos del 108 al 114 de nuestra norma fundamental.
11. Un ejemplar de la Constitución Política del Estado de Yucatán, en donde consta el fundamento y la garantía que debe de cumplirse para el caso de la suspensión, revocación de mandato o declaración de desaparición de un ayuntamiento, que se expresan en las fracciones XV y XLIV del artículo 30 de la Constitución del Estado.
12. Un ejemplar de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Yucatán, en donde constan el fundamento, procedimiento y garantías de que gozan los ayuntamientos, específicamente en los artículos 128, 129, 130, 135, 136, y 134 de dicha Ley.
13. Un ejemplar de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, en donde consta cuál es el procedimiento, con plazos y términos que debe seguirse primero para la elaboración de un dictamen y que son concretamente los artículos 100, 101, 102, 103, 104, 105 y 106 y posteriormente del procedimiento expreso y específico, para declarar la desaparición de ayuntamientos, que se contiene en el Título Octavo, Capítulo Único, que va de los artículos 160 al 163 de la ley de referencia.
14. Un ejemplar de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado atentamente solicitamos:
Único. Se sirva tenernos por presentados en los términos de la presente solicitud para todos los efectos legales conducentes.
Palacio Legislativo, México, Distrito Federal, a 18 de Noviembre de 1992. - Diputados: Luis Alberto Rejón Peraza, Daniel José Avila Aranda, Luis Silverio Suárez Ancona y Luis Humberto Correa Mena.»
Esto es lo que presentamos hoy a las 2: 41 horas, a las 2: 37 horas de la tarde ante la Oficialía Mayor, y reviste una importancia singular, puesto que es el primer juicio político después de las reformas a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que se reformó a la luz de un razonamiento que debía rescatarse de la perversión, esa figura que sirve a la ciudadanía para
defenderse de autoridades que no cumplen la Ley. Muchas gracias por su atención.
La Presidenta: - Para este mismo asunto tiene la palabra el diputado Ignacio Mendicuti Pavón, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado José Ignacio Mendicuti Pavón: - Con su permiso señorita presidenta, compañeros diputados:
En el Estado de Yucatán siempre se ha comentado y se tiene la seguridad de que el Partido Acción Nacional, a nivel nacional, no manda en Yucatán. Nunca ha ejercido en ese Estado una influencia en sus estructuras.
Hoy, aquí, el diputado Luis Correa Mena viene a confirmar lo que en Yucatán se señala. En un acto de indisciplina viene a esta tribuna a cumplir con el mandato que el verdadero amo que tiene en Yucatán, que quien les manda y les dirige, tienen que cumplir.
En Yucatán se ha iniciado una campaña en la que se pretende desprestigiar, deslegitimar al Congreso del Estado. Acabamos o acaba el Congreso Estatal de hacer una convocatoria a todos los partidos políticos, a las asociaciones y colegios de profesionistas y a la sociedad civil en general, para modificar o en su caso hacer una nueva Ley Electoral del Estado
Esta consulta ha concluido. El Congreso del Estado está analizando para dar su veredicto, para hacer las modificaciones que correspondan.
Es natural, los intereses del propio Estado de Yucatán, los que manejan al Partido Acción Nacional, pretenden deslegitimar esta consulta, pretenden imponer una ley electoral caprichosa, la ley electoral que le convenga a quien manda al Partido Acción Nacional en Yucatán, y por eso vienen el día de hoy a presentar y a solicitar un juicio político contra el Congreso Local.
Ya en otras ocasiones venimos a esta tribuna a fundamentar las razones por las que fue nombrado un consejo municipal en el municipio de Tixpéual. Vienen a presentar una serie de argumentos jurídicos que a su juicio son los que corresponden, nada más que equivocan las cosas.
El ayuntamiento de Tixpéual no fue desconocido por el congreso del Estado, el ayuntamiento de Tixpéual se desintegró por la renuncia de cinco de sus ocho regidores, lo que hizo el Congreso local, es cumplir con lo que le establece la Constitución del Estado, con lo que le establece la Ley Orgánica de los municipios, y fue precisamente nombrar un consejo municipal.
Ya los recursos de carácter jurídico fueron presentados por el Partido Acción Nacional, por la autoridad, por el ex edil del municipio de Tixpéual, han interpuesto un juicio de amparo.
Yo creo, señores diputados, que no es válido venir a esta soberanía a pretender confundir a la opinión de los diputados.
En Yucatán se actúa apegados a la Ley, así lo hemos hecho, así ha actuado el Congreso estatal, así ha actuado el Poder Ejecutivo Estatal.
Yo creo que este conflicto está en manos de los tribunales está en litigio, y yo creo que la Ley le dará la razón a quien verdaderamente la tenga. Muchísimas gracias por su atención.
La Presidenta: - Tiene la palabra para rectificar hechos, el diputado Rafael Fernández Tomás.
El diputado Rafael Fernández Tomás: - Compañeros diputados.
Habrán notado ustedes con extrañeza que un diputado de esta Legislatura, el diputado Luis Correa, solicitó que entrase en el orden del día una serie de reclamaciones que hace su partido en el Estado de Yucatán, y con gran extrañeza nos damos cuenta de que cuando el diputado presenta algo, huye, es decir, algo que yo creo no haber visto en esta legislatura y en otras, en lugar, cuando uno viene a plantear algo, escucha las respuestas. Si no se tiene ese valor, pues se causa una lastimera figura que es la que el diputado, lástima que no esté aquí para decírselo de frente, pero es lo que le ha pasado al diputado Luis Correa.
Y como quiere tocar algunas cosas que están ligadas con la bancada de su partido, pero que tampoco está aquí, tampoco se lo puedo decir de frente a la bancada de su partido porque abandonaron, sin ninguna consideración a todos los demás, abandonaron hoy el recinto de sesiones. (Aplausos.)
Simplemente quisiera agregar a lo dicho por mi compañero, el diputado Ignacio Mendicuti, que le dio respuesta clara a los planteamientos que el Partido Acción Nacional ha hecho, a través de Luis Correa, el día de hoy aquí.
Y yo quisiera, simplemente tocar dos puntos: el primero es, que todos nos asombramos de que un diputado haya tenido que esperar en las
afueras de esta puerta, cuando toda su fracción ya se fue, porque a fuerza tenía que subirse, rompiendo la disciplina partidaria, a fuerza tenía que subirse a expresar algo.
¿Y saben por qué? porque es que los del partido Acción Nacional en Yucatán tienen un dueño, los diputados, es el Diario de Yucatán, las palabras expresadas aquí las traen por escrito y mañana son las ocho columnas del Diario del Yucatán, y es la cabeza, el puente de la lucha por el poder político en Mérida, en el cual los priístas no vamos a ceder ni un paso, se equivocan Acción Nacional, si creen que cederemos un solo paso. (Aplausos.)
Ahora, en segundo lugar, no solamente Correa se fue, intervino rompiendo la disciplina partidaria, cosa que ya nos llamaba la atención, sino que se fue antes de que pudiéramos decir algunas cosas aquí, que él no ha dicho.
Hoy en Mérida hay un plantón de siete humildes familias, que llevan desde el día 4 de noviembre, con modestísimos techos de cartón, aposentados en la plaza de Mérida, pidiendo que se les haga justicia; son siete, de 21 familias.
Y estas siete familias, que están en plantón, pese a las inclemencias del tiempo en todo el país, ahí también, que da pena ver los modestos techos de cartón con que se guarecen, están ahí, ¿saben por qué? Porque protestan contra un fraude que alguien ha querido perpetrar sobre sus terrenos, donde han vivido durante los últimos siete años; 21 familias vivieron durante siete años en terrenos ejidales, y para sorpresa en 1988 CUCEI, en lugar de escriturar a las 21 familias de humildes campesinos y obreros de Yucatán, la escritura, por 38 millones de pesos, cuando las tierras valen 2 mil 100 millones de pesos, escritura esas tierras a la señora Cecilia Chacur Gamboa de Correa, esposa del diputado que estaba aquí.
¿En razón de qué se despojó a esas 21 familias? Yo hablaría a nombre de esas familias si pudieran estar aquí, yo soy un representante federal y ellos no pueden estar en la tribuna. Yo estoy recogiendo las banderas de esas modestas familias, que están haciendo el plantón, que son los auténticos dueños de la riqueza, no los que quieren especular con terrenos.
Este asunto es tan delicado que está de por medio un negocio de 2 mil 100 millones de pesos. le escrituraron no a los campesinos, a pesar de ser tierras ejidales, CUCEI no escrituró a los campesinos, escrituró a la esposa del diputado que se acaba de subir aquí.
Y en noviembre pasado, la Unión de Crédito de Yucatán le dio 225 millones de pesos sobre esos terrenos, en garantía, para edificar residencias a la altura de las casas con que quiere vivir o quiere lucrar el diputado que me antecedió en la palabra, que lástima que no se quedó, para poder planteárselo.
La Presidenta: -Señor diputado, se ha excedido en el uso del tiempo.
El diputado Rafael Fernández Tomás: - Termino en un minuto; tiene toda la razón, compañera. Sí, si me permiten un minuto nada más los compañeros.
Quiero señalar, en este minuto, dos cosas: la primera, que cuando el Partido Acción Nacional se sube a esta tribuna a alegar de que hubo fraude en Sinaloa y en otras partes del país, no dice que no hubo fraude en Chihuahua porque ganó, porque aquí se miente cuando se sube a la tribuna y al pueblo Mexicano hay que decirle la verdad igual que nosotros tenemos críticas y errores hay que decírnoslas pero hay que decírselas a ellos también.
Y segundo lugar quiero decir aquí, en la Cámara de Diputados, que me extrañó muchísimo como a muchos diputados que en la última reunión interparlamentaria México - España, ante la sorpresa de diputados y senadores de México un muy destacado panista, diputado panista, dijo textualmente al hacer una consulta a los españoles en público en la reunión que el Partido Acción Nacional quiere cambiar la geografía económica de México. ¿Qué significa que el Partido Acción Nacional quiere cambiar la geografía económica de México? Eso será motivo de otro razonamiento.
Lo que Luis Correa tiene en este momento y las otras tierras ejidales por las cuales está peleando para desalojar campesinos y obreros de Yucatán, tenemos todas las pruebas y en su momento las daremos a conocer. Lamento que no haya estado él para decírselo de frente y los invito a lo siguiente compañeros.
¿Qué hay detrás del cambio de la geografía de México que plantea públicamente el Partido Acción Nacional? Cuando ya han dicho que en norte tienen Baja California Norte, Chihuahua, que iban por Matamoros, que iban por toda esa zona, y están entendiendo a Yucatán como la frontera sur. Por eso en un
estado normal, compañeros, ustedes ven que durante cinco veces...
La Presidenta: - Señor diputado, le ruego que concluya.
El diputado Rafael Fernández Tomás: - Durante cinco veces que han subido a esta tribuna los panistas a tratar de argumentar que hay graves conflictos sociales en Yucatán. ¿Por qué no se atreven a responder a estas cosas en lugar de venir a leernos lo que va a ser el editorial del Diario de Yucatán el día de mañana. Gracias.
La Presidenta: -Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DÍA
El secretario Rubén Pabello Rojas: - Ciudadana Presidenta se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Primer Período de Sesiones Ordinarias. - Segundo año. - LV legislatura.
Orden del día
24 de noviembre de 1992.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación del ciudadano diputado Salomón Jara Cruz.
Minutas
Con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Gilberto Calzada González y Nora Patricia Chanona Téllez, para que puedan prestar servicios como personal de limpieza y asistente comercial, respectivamente en la Embajada Real de Tailandia acreditada ante el Gobierno de México.
Con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Rosa María González Roa, para que pueda prestar servicios como recepcionista, secretaria en la Embajada de los Estados Unidos, en México.
Dictámenes a discusión
De las comisiones unidas de Bosques y Selvas y de Ecología y Medio Ambiente con proyecto de Ley Forestal.
De la Comisión de Gobernación y puntos Constitucionales con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano embajador Gustavo Petricioli, para aceptar y usar la condecoración del Libertador Bernardo O'Higgins, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de la República de Chile.
Y los demás asuntos con los que la secretaría dé cuenta. »
La Presidenta (a las 19.15 horas): -Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 24 de noviembre a las 11 horas.