Legislatura LV - Año II - Período Ordinario - Fecha 19921202 - Número de Diario 13
(L55A2P1oN013F19921202.xml)Núm. Diario: 13ENCABEZADO
LV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de segunda clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
PRESIDENTE DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
Guillermo Pacheco Pulido
PALACIO LEGISLATIVO
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Héctor de Antuñano y Lora
AÑO II México, D.F., miércoles 2 de diciembre de 1992 No. 13
SUMARIO
SUMARIO
ASISTENCIA
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
COMUNICACIONES
De la Cámara de Senadores, por la que informa de la comparecencia del secretario de Relaciones Exteriores, Fernando Solana Morales. Se designa comisión.
Del Congreso del Estado de Veracruz - Llave, por el que informa de la composición de su LVI Legislatura. De enterado.
OFICIO DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
Con el que remite los informes de labores de las secretarías de Agricultura y Recursos Hidráulicos, de Comunicaciones y Transportes y de Relaciones Exteriores. Se turnan a las comisiones correspondientes.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
Para continuar con el orden del día , la Asamblea dispensa la primera lectura a un dictamen de la Comisión del Distrito Federal, con proyecto de decreto por el que se revisa la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal, correspondiente al período 1991 - 1992.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, por los que se conceden los permisos constitucionales para que:
El ciudadano Esteban Enríquez García, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de Guatemala.
El ciudadano José Juan Miguel Gutiérrez Tinoco, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de Portugal.
El ciudadano Miguel Leal Murillo, para que pueda prestar sus servicios en la Embajada Británica en México.
Los ciudadanos María del Rocío Correa Sintora, José Luis Villa Barrera y Carlos Zertuche Santillán, para prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
La ciudadana María Guadalupe Morales Prieto, para prestar sus servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.
A la ciudadana Isaura Bautista de Schoorl, para prestar sus servicios en el Consulado de España en Rotterdam.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
De la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto relativo a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondiente al Ejercicio Fiscal de 1991.
Se concede el uso de la palabra al diputado Ricardo López Gómez, para fundamentar el dictamen.
Intervienen los diputados:
Héctor Ramírez Cuéllar
Demetrio Hernández Pérez
Liliana Flores Benavides
Alfredo Lujambio Rafols
Interrumpe la discusión el diputado René Bejarano Martínez, para denunciar las agresiones que recibió su esposa y solicitar su investigación.
El diputado Amador Rodríguez Lozano apoya la solicitud de investigación y se turna a las comisiones de Justicia y de Derechos Humanos.
Continúa el debate sobre la Cuenta de la Hacienda Pública Federal el diputado Isaías Rodríguez Vivas.
Para rectificar hechos en esta primera parte de debate, hacen uso de la palabra los diputados:
Jorge Calderón Salazar
Alfredo Lujambio Rafols
Eloy Cantú Segovia
Jorge Calderón Salazar
Héctor Ramírez Cuéllar
Demetrio Hernández Pérez
José Antonio González Curi
Liliana Flores Benavides, presenta voto particular.
Felipe Calderón Hinojosa
Abundio Ramírez Vázquez
Hildebrando Gaytán Márquez
Cecilia Soto González
Eberto Croda Rodríguez
Elpidio Tovar de la Cruz
Juan de Dios Castro Lozano, presenta punto de acuerdo.
Laura Alicia Garza Galindo, para rectificar hechos.
Juan de Dios Castro Lozano, para rectificar hechos.
Liliana Flores Benavides, para rectificar hechos.
Alfredo Lujambio Rafols
Juan Antonio Nemi Dib
Liliana Flores Benavides
Enrique Jacob Rocha
Héctor Ramírez Cuéllar
Samuel Moreno Santillán
Tomás Correa Ayala
José Camilo Valenzuela
Arturo Torres del Valle
Porfirio Camarena Castro
Enrique Rico Arzate, para rectificar hechos.
Se aprueba el dictamen y pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
CASO ALVAREZ MACHAIN
Punto de acuerdo, presentado por el diputado Carlos Alva calderón, a nombre de todos los grupos parlamentarios de la LV Legislatura. De enterado.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO SALVADOR ABASCAL CARRANZA
ASISTENCIA
El Presidente: - Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados.
El secretario Mauricio W. Clark y Ovadia: - Se informa a la Presidencia que existen registrados 377 diputados, por lo tanto hay quórum.
El Presidente (a las 12.04 horas): - Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El secretario Mauricio W. Clark y Ovadia: - Se dará lectura al orden del día.
«Primer Período de Sesiones Ordinarias. - Segundo Año. - LV Legislatura.
Orden del día
2 de diciembre de 1992.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación de la honorable Cámara de Senadores.
Comunicación del Congreso del Estado de Veracruz.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Con los que se remiten los informes de labores de las secretarías de: Agricultura y Recursos Hidráulicos, Comunicaciones y Transportes y de Relaciones Exteriores, correspondientes al período comprendido de 1991-1992.
Dictámenes de primera lectura.
De la Comisión del Distrito Federal, con proyecto de decreto por el que se revisa la cuenta pública del Departamento del Distrito Federal, correspondiente al ejercicio presupuestal de 1991.
De la Comisión de gobernación y puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano general brigadier diplomado de Estado Mayor, Esteban Enríquez García, para aceptar y usar las condecoraciones Cruz de Mérito Militar de la Primera Clase y Cruz de Servicios Distinguidos, que le confiere el Gobierno de Guatemala.
De la Comisión de gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano José Juan Miguel Gutiérrez Tinoco, para aceptar y usar la Condecoración de las Ordenes Honoríficas Portuguesas, grado de Gran Maestro, que la confiere el Gobierno de Portugal.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Miguel Leal Murillo, para prestar servicios como empleado de Vigilancia en la Embajada Británica en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos María del Rocío Correa Sintora, José Luis Villa Barrera y Carlos Zertuche Santillán, para prestar servicios como telefonista, empleado de mantenimiento y especialista de comercialización agropecuaria, respectivamente, en la Embajada de Estados Unidos de América en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana María Guadalupe Morales Prieto, para prestar servicios como empleada administrativa en el Consulado general de Estados Unidos de América, en Guadalajara, Jalisco.
De la Comisión de Gobernación y Puntos constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Isaura Bautista de Schoorl, para prestar servicios como auxiliar administrativo en el Consulado de España en Rotterdam.
Dictamen a discusión
De la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública con proyecto de decreto relativo a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondiente al Ejercicio Fiscal de 1991.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El Presidente: - Esta presidencia desea informar a la Asamblea que habiéndose constituido
el quórum con 377 diputados, como informó oportunamente la Secretaría, asimismo hay un enorme número de diputados en comisiones, por ejemplo en la Comisión de Fomento Cooperativo, en la Comisión de Marina, las comisiones unidas de Comercio, de Distribución y Manejo de Bienes de Consumo y Servicios, también las comisiones unidas de Educación, de Gobernación y Puntos Constitucionales, también hay sesión en este momento de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, y algunos otros diputados se encuentran en junta - conferencia en el Senado de la República.
En virtud de que se entregaron copias del acta de la sesión anterior a los grupos parlamentarios, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura.
El secretario Mauricio W. Clark y Ovadia: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el día primero de diciembre de mil novecientos noventa y dos, correspondiente al primer período de sesiones ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.
Presidencia del diputado Guillermo Pacheco Pulido
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las doce horas con doce minutos del día primero de diciembre de mil novecientos noventa y dos, con una asistencia de cuatrocientos diecisiete diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y la Asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, misma que, sin discusión se aprueba en sus términos en votación económica.
Se da cuenta con sendas comunicaciones de los diputados Marlene Catalina Herrera Díaz y Helí Herrera Hernández, quienes comunican la reincorporación a las labores legislativas y la solicitud de licencia por tiempo indefinido, respectivamente.
La Asamblea aprueba en votación económica el punto de acuerdo respecto de la solicitud de licencia y el Presidente designa una comisión que introduzca en el salón a la diputada Herrera Díaz, y la acompañe en el acto de rendir su protesta de ley. Terminado el acto protocolario, la diputada entra en funciones de inmediato.
El Presidente informa que a las puertas del salón se encuentra una comisión de la Asamblea de representantes del Distrito Federal y designa una comisión para que los introduzca en el salón de sesiones.
Se concede el uso de la palabra al representante Adolfo Flores Rodríguez, quien informa de la apertura de los trabajos de la Asamblea de Representantes, para su primer período de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio legal. El Presidente se da por enterado y les desea éxito en sus labores.
Una invitación Del Departamento del Distrito Federal, al acto cívico conmemorativo del decimonono aniversario luctuoso de don Adolfo Ruiz Cortinez. Se designa comisión para representar a la Comisión de Diputados del Congreso de la Unión.
Un oficio de la Cámara de Senadores, por el que informan de la elección de la mesa directiva para el mes de diciembre de mil novecientos noventa y dos. De enterado.
Hace uso de la palabra el diputado Miguel González Avelar, del Partido Revolucionario Institucional, quien presenta incitativa de reformas a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión del Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarais.
Para referirse a una nota publicada en la revista Proceso, hacen uso de la Palabra los diputados Gabriel Jiménez Remus, del partido Acción Nacional y Alfredo Villegas Arreola, del Partido Revolucionario Institucional.
El Presidente concede el uso de la palabra al diputado Agustín Basave Benítez, del Partido Revolucionario Institucional, quien presenta iniciativa a fin de que el nombre de José Servando Teresa de Mier y Guerra, sea inscrito en letras de oro en las columnas de la Cámara de Diputados.
Para apoyar la iniciativa, hace uso de la palabra el diputado Martín Tavira Urióstegui, del Partido Popular Socialista. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas parlamentarias.
Se da cuenta con un oficio de la Secretaría de Gobernación , con los que se remiten los informes de labores de las secretarías de la Contraloría General de la Federación, de la Defensa Nacional y de Marina . Se turna a las comisiones correspondientes.
La Secretaría da lectura a seis minutas de la Cámara de Senadores, con proyectos de decreto, por los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Esteban Enríquez García, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de Guatemala; José Juan Miguel Gutiérrez, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de Portugal; Miguel Leal Murillo, pueda prestar sus servicios en la Embajada Británica en México; María del Rocío Correa Sintora, José Luis Villa Barrera, Carlos Zertuche Santillán y María Guadalupe Morales Prieto, puedan prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en el Consulado General de ese país, en Guadalajara, Jalisco, e Isaura Bautista Schoorl, pueda prestar sus servicios en el Consulado de España en Rotterdam. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Se da primera lectura y la Asamblea dispensa la segunda, para ponerlo a discusión de inmediato a un dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto que reforma el inciso b, del artículo segundo de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos y señala las características de la moneda de veinte nuevos pesos. Para fundamentar el dictamen, hace uso de la palabra el diputado Alfredo Villegas Arreola, del Partido Revolucionario institucional y, para fijar la posición de su partido, el diputado Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática.
La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen y la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por trescientos sesenta y cuatro votos. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
De la misma manera se da primera lectura y se dispensa la segunda al dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto que reforma el que aprueba el Convenio Constitutivo de la Corporación Financiera Internacional. Hace uso de la palabra los diputados Jaime Ríos Velásco, del Partido Revolucionario Institucional, para fundamentar el dictamen y para fijar la posición de su partido, el diputado Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática.
Suficientemente discutido, la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por trescientos cincuenta y cuatro votos. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El Presidente concede el uso de la palabra al diputado Eduardo Aviña Batiz, del Partido Revolucionario Institucional, quién pone a consideración de la Asamblea un pronunciamiento político en relación con los acontecimientos en la República de Venezuela, firmado por todos los grupos parlamentarios que integran la actual legislatura. De enterado.
En virtud de que el dictamen de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto relativo a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondiente al ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y uno, ha sido impreso y distribuido entre los señores diputados, la Asamblea le dispensa la primera lectura.
Para continuar con el orden del día, la Secretaría somete a discusión cinco dictámenes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyectos de decreto por los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Hilario Rodríguez Malpica Flores, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Venezuela; Sonia Davison Petersen, pueda aceptar y desempeñar el puesto de Cónsul Honorario de El Salvador en el Estado de Morelos con sede en la ciudad de Cuernavaca; Gilberto Calzada González y Nora Patricia Chanona Pérez, puedan prestar sus servicios en la Embajada Real de Tailandia en México; Rosa María González Roa, pueda prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y Rafael Favela Cinta, pueda prestar sus servicios en la Embajada Británica en México. Se aprueba en sendas votaciones económicas y pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Presidencia del diputado Salvador Abascal Carranza
Se concede el uso de la palabra al diputado Sandalio Sáinz de la Maza, del Partido Revolucionario Institucional, quien presenta el informe sobre la normatividad que rige el deporte profesional en México. De enterado.
Se concede el uso de la palabra al diputado Vinicio Mejía Tobías, del Partido Revolucionario Institucional, quien a nombre de la Comisión de
Educación presenta el informe sobre los libros de Historia de México de cuarto, quinto y sexto grados de educación primaria y, para expresar sus opiniones al respecto, suben a la tribuna los diputados Hildebrando Gaytán Márquez, del Partido Popular Socialista; Eduardo Cristerna González, del Partido Revolucionario Institucional;
Presidencia del diputado Guillermo Pacheco Pulido
Odilón Cantú Domínguez, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; René Bejarano Martínez, del Partido de la Revolución Democrática; Francisco Gárate Chapa, del Partido Acción Nacional; Armando Treviño Abatte, del Partido Revolucionario Institucional y, para rectificar hechos, los diputados Hildebrando Gaytán Márquez, del Partido Popular Socialista y Jesús Martín del Campo, del Partido de la Revolución Democrática.
Para referirse a las investigaciones realizadas por la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, en relación con el asesinato del periodista Ignacio Mendoza Castillo, hacen uso de la palabra los diputados Joaquín Hendricks Díaz, del Partido Revolucionario Institucional; Gonzalo Altamirano Dimas, del Partido Acción Nacional, en dos ocasiones; Amador Rodríguez Lozano, del Partido Revolucionario Institucional y Jorge Moscoso Rivero, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos, al igual que el diputado Agustín Benítez, del Partido Revolucionario Institucional. La proposición hecha por el diputado Altamirano Dímas, se turna a las comisiones de Derechos Humanos y del Distrito Federal.
Para referirse al proceso electoral y la situación política en el estado de Tamaulipas, hacen uso de la palabra los diputados: Esteban Zamora Camacho, del Partido Acción Nacional, en tres ocasiones; Víctor Gandarilla Carrasco, del Partido Revolucionario Institucional y José Camilo Valenzuela, del Partido de la Revolución Democrática.
Para referirse a las elecciones en Tampico, Tamaulipas, hace uso de la palabra la diputada María del Carmen Bolado del Real, del Partido Acción Nacional y para expresar sus opiniones al respecto, los diputados Horacio Sánchez Unzueta, del Partido Revolucionario Institucional; Carmen Bolado del Real, del Partido Acción Nacional, para rectificar hechos; Luisa Alvarez Cervantes, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, quien responde a una interpelación del diputado Juan Calderón Hinojosa; Elpidio Tovar de la Cruz, del Partido de la Revolución Democrática, quien responde a una interpelación del diputado Muñoz Rocha; Adolfo Kunz Bolaños, del Partido Auténtico de la revolución Mexicana, para rectificar hechos y Lidia Madero García, del Partido Acción Nacional, en el mismo sentido.
Para denunciar la situación de los fruticultores en el estado de Chihuahua y presentar un punto de acuerdo al respecto, hace uso de la palabra el diputado Atalo Sandoval García, del Partido de la Revolución Democrática. Para rectificar hechos respecto del mismo tema, hacen uso de la palabra los diputados Patricia Terrazas Allen, del Partido Acción Nacional y Pablo Esparza Natividad, del Partido Revolucionario Institucional. El Presidente ordena que el documento presentado por el diputado Sandoval, se inserte en el Diario de los Debates y el punto de acuerdo, firmado por todos los grupos parlamentarios, se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura, para su implementación.
Suben a la tribuna para referirse al día mundial de la lucha contra el Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida, hacen uso de la palabra los diputados Guillermo Flores Velasco, del Partido de la Revolución Democrática, quien propone un punto de acuerdo; José Ramírez Román y Antonio García Sánchez, del partido Revolucionario Institucional. Se turna a la Comisión de Salud.
Para denunciar hechos en relación con una marcha de la Organización Pro - Defensa del Patrimonio Familiar en Chihuahua, hace uso de la palabra el diputado Atalo Sandoval García, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta una proposición que se turna a la Comisión de los Derechos Humanos y, posteriormente, para referirse al mismo asunto, los diputados: Alfredo Barba Hernández, del Partido Revolucionario Institucional; Atalo Sandoval García, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos, Fernando Gómez Mont, del Partido Acción Nacional; Jesús Martín del Campo, del Partido de la Revolución Democrática; Juan de Dios Castro Lozano, del Partido Acción Nacional y Alejandro Encinas Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática. El Presidente ratifica el turno y pide que se integre una subcomisión de la Comisión de Derechos Humanos para los efectos propuestos.
Agotados los asuntos en cartera y no habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las veintiún horas con veintinueve minutos, citando
para la que tendrá lugar el día de mañana, miércoles dos de diciembre de mil novecientos noventa y dos a las once horas.»
El Presidente: - Ruego a la Secretaría poner a consideración de la Asamblea, el acta de la sesión anterior y si algún diputado desea hacer alguna observación a la misma, sírvanse manifestarlo.
El Secretario Mauricio W. Clark y Ovadia: - Está a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior.
¿Hay algún diputado que desee hacer observaciones a la misma?
Se consulta a la Asamblea en votación económica si se aprueba.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada el acta.
COMUNICACIONES
El secretario Mauricio W. Clark y Ovadia:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Cámara de Senadores. - México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados. - Presentes.
Nos permitimos hacer de su conocimiento que en sesión celebrada el día de hoy, se acordó, con base en el artículo 93 de la Constitución General de la República y 53 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitar al ciudadano Presidente de la República, Licenciado Carlos Salinas de Gortari, la comparecencia del ciudadano licenciado Fernando Solana Morales, secretario de Relaciones Exteriores, a la sesión pública que se celebrará el martes 8 de diciembre del año en curso a las 10.00 horas, para ampliar la información que los ciudadanos senadores le requieran con relación a loa política exterior de México, así como las acciones más relevantes que en la materia se emprendieron durante el presente año de Gobierno.
Al mismo tiempo nos permitimos extenderles cordial invitación con el ruego de designar una comisión de diputados que asistan a dicha sesión.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
México, Distrito Federal, 1o. de diciembre de 1992. - Senadores secretarios Roberto Suárez Nieto y Ramón Serrano Ahumada.»
El Presidente: - Para asistir a la sesión de la honorable Cámara de Senadores en la que comparecerá el licenciado Fernando Solana Morales, secretario de Relaciones Exteriores, se designan en la Comisión a los siguientes diputados: Rodolfo Becerril Straffon, Gabriel Jiménez Remus, Javier Colorado Pulido, Manuel Terrazas Guerrero, Ricardo Valero Recio y Martín Tavira Urióstegui.
La secretaria María Guadalupe Salinas Águila:
«Ciudadano diputado Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
Para su conocimiento y fines procedentes, nos permitimos informar a usted (s) que la honorable Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Veracruz - Llave, que hoy inicia sus funciones, esta integrada por los siguientes diputados: María Fidelia García Rivera, Raymundo Flores Lomán, Inés Yáñez Castillo, Ramón González Ortiz, Manuel Muñoz Gánem, Alejandro Alberto Moreno Leal, Alfonso Luna Alfeirán, Germán Muñoz Reyes, Saúl Chacón Murrieta, Guillermo H. Zúñiga Martínez, Carlos Rodríguez Velasco, Bertha Hernández Rodríguez, Isidro Pulido Reyes, Enrique Hernández Olivares, Mauricio Alberto Rullán Domínguez, Marcelo Cervantes Huerta, Jorge Moreno Salinas, Carlos Sosa Lagunes, Francisco Loyo Ramos, Augusto Rafael Carrión Alvarez, David Ávila Domínguez, Juan Cristóbal Céspedes, Ignacio Hernández Berrueco, Rafael García Bringas, José Luis Melgarejo Vivanco, Emilio Gidi Villarreal, Mireya Toto Gutiérrez, Jorge Sierra Gallardo, Víctor Hugo Martínez Cuervo, Elías Adame Amaya, Víctor Molina Dorantes, Mariana Aguilar López, Jesús L. Arenzano Mendoza, Alfredo Mango Garcimarrero Ochoa, Pablo Martínez Rodríguez, Ricardo de Jesús García Figueroa, Manuel Fernández Flores, Leoncio Hernández Castro, Carlos Leonardo Pérez Carballo, Esteban Lemerias Olvera.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Xalapa, Veracruz, octubre 1o. de 1992.- Diputados: Presidente Ignacio Hernández Berrueco y secretario Alfonso Alfeirán. K.»
De enterado.
La misma Secretaria:
«Con fundamento en lo previsto por los artículos 11 y 13 del Reglamento para el Gobierno Interior de este Poder Legislativo, participamos a usted (s) que la honorable Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Veracruz - Llave, quedó legítimamente constituida el día 30 de septiembre último e instalada el día de hoy en su recinto oficial, iniciando sus actividades de acuerdo con lo que señala el artículo 51 de la Constitución Política Local, asimismo eligió la mesa directiva en la siguiente forma:
Diputados, Presidente Ignacio Hernández Berrueco; vicepresidente Esteban Lameiras Olvera y secretario Alfonso Luna Alfeirán.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Xalapa, Veracruz, octubre 1o. de 1992. - Honorable Legislatura del Estado. - Diputados: Presidente Ignacio Hernández Berrueco y secretario Alfonso Luna Alfeirán.»
De enterado.
La misma Secretaria:
«Por medio del presente hacemos de su conocimiento que el día de hoy fue designado por unanimidad de los señores diputados el ciudadano licenciado Eduardo Aburto Portilla, Oficial Mayor de la Honorable Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado, cuya firma aparece al calce.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Xalapa, Veracruz, octubre 1o. de 1992. - Honorable Legislatura del Estado . - Diputados: Presidente Ignacio Hernández Berrueco; secretario Alfonso Luna Alfeirán y el Oficial Mayor Eduardo Aburto Portilla.»
De enterado.
OFICIO DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
La secretaria María Guadalupe Salinas Águila:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito presentar por su digno conducto al honorable Congreso de la Unión, la Memoria de Labores realizada por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, correspondiente al período de 1991-1992.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 15 de noviembre de 1992. - El Secretario Fernando Gutiérrez Barrios.»
De enterado y Túrnese a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
La misma Secretaria:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración pública Federal, me permito presentar por su digno conducto al honorable Congreso de la Unión, la Memoria de Labores realizada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, correspondiente al período de 1991-1992.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 15 de noviembre de 1992. - El Secretario Fernando Gutiérrez Barrios.»
De enterado y túrnese a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
La misma Secretaria:
«Escudo Nacional. - Estado Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito presentar por su digno conducto al honorable Congreso de la Unión, la Memoria de Labores realizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, correspondiente al período de 1991-1992.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 15 de noviembre de 1992. - El Secretario Fernando Gutiérrez Barrios.»
De enterado y túrnese a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
CUENTA PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO
El Presidente: - El siguiente punto del orden del día es la primera lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto por el que se revisa la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal, correspondiente al ejercicio presupuestal de 1991.
En atención a que este dictamen ha sido impreso y se está distribuyendo entre los diputados, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
La secretaria Layda Sansores San Román: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
«Comisión del Distrito Federal.
Honorable Asamblea: de conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a la Cámara de Diputados el examen, revisión y discusión de la Cuenta Pública anual presentada por el Departamento del Distrito Federal.
A fin de cumplir con el precepto constitucional enunciado, la Comisión del Distrito Federal, ha elaborado el presente dictamen, mismo que somete a la consideración de la honorable Asamblea para los efectos ya señalados.
La acción de revisar y discutir el contenido de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal constituye la actividad de control externo más relevante del poder legislativo para efectos de evaluar el contenido y desempeño de la gestión financiera en dicha dependencia federal.
En el procedimiento de examen fue necesario acudir al informe previo de la Contaduría Mayor de Hacienda, órgano técnico que tiene a su cargo verificar, con mayor detalle, el comportamiento administrativo y financiero del Departamento del Distrito Federal a fin de determinar si las acciones realizadas se efectuaron con apego a la legislación, normatividad, procedimientos y lineamientos establecidos en materia de programación, presupuestación y ejercicio. También se estimó necesario intercambiar información con funcionarios del Departamento del Distrito Federal y de la propia Contaduría Mayor de Hacienda a fin de esclarecer algunos puntos de análisis. A su vez, se constituyó un grupo de trabajo pluripartidista integrado por siete diputados miembros de la Comisión, el cual estudió con detenimiento la información obtenida.
La premisa básica para el análisis de la información que se nos suministra es que se responda a los criterios y prioridades determinados para el ejercicio que se revisa; el mejoramiento en la calidad de vida de quienes habitan el Distrito Federal no puede darse de inmediato, por el contrario, conlleva una secuencia de acciones a distintos plazos encaminadas a responder a las demandas de la ciudadanía. Para ese efecto, han de analizarse integralmente las acciones y decisiones que fueron adoptados en el período que se revisa.
En el presupuesto autorizado para 1991, se destacan acciones dirigidas hacia los grandes problemas de la ciudad, mismos que pueden agruparse en los siguientes ámbitos: Ecológico, Transporte, Infraestructura Urbana, Bienestar Social Justicia y Seguridad Pública, Administrativo y de, Abasto y Comercialización.
El dictamen que se presenta a esta honorable Asamblea para su discusión y aprobación, considera la legalidad del ejercicio presupuestal, el conocimiento de la gestión financiera y el cumplimiento de los programas autorizados, así como la aplicación de los recursos en razón de los resultados obtenidos. De igual manera, se han tomado en cuenta las observaciones y recomendaciones que al respecto presentó la Asamblea de Representantes del Distrito Federal sobre los informes de avance físico - financiero para ese período en cumplimiento a lo establecido en el artículo 73, fracción VI, de nuestra Constitución.
El presente dictamen se encuentra estructurado a partir de las consideraciones de tipo general que formula la Contaduría Mayor de Hacienda sobre la actuación del Departamento del Distrito Federal desde el punto de vista del respeto a las disposiciones legales y de carácter presupuestal. El conocimiento de la gestión financiera refleja la evolución y saneamiento de las finanzas de la autoridad, el desglose de los ingresos y egresos así como los resultados de la deuda pública pueden dar una idea muy clara de los esfuerzos realizados para administrar mejor los recursos en provecho de la colectividad.
El análisis sobre el cumplimiento de los objetivos programados para el ejercicio presupuestal de 1991, permite evaluar y materializar los logros alcanzados en la solución de la problemática existente.
Por último, en este documento se recogen algunas de las recomendaciones, de carácter correctivo y/o preventivo, planteadas por la Contaduría Mayor de Hacienda y que son producto de la revisión primera y selectiva de cuatro programas determinados como prioritarios de entre los que integran la apertura programática del Departamento del Distrito Federal.
Apego a los preceptos legales
En términos generales, el Sector Departamento del Distrito Federal cumplió con los preceptos legales que integran su marco de actuación y que fueron objeto de la revisión.
No obstante, cabe señalar también que se detectaron algunas conductas y omisiones específicas que pueden redundar en prácticas administrativas deficientes para la actuación de las dependencias o entidades del sector y que, seguramente para la evaluación de futuros ejercicios deberán ser subsanadas.
Así, por ejemplo, en relación con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles y su Reglamento, dos entidades del sector no enviaron al Departamento del Distrito Federal sus programas y presupuestos de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios en esta materia y otras más no emitieron políticas, bases y lineamientos o no las remitieron a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación y Secretaría de Programación y Presupuesto.
En lo que a la Ley de Planeación se refiere, una entidad no proporcionó información sobre el envío de su programa operativo anual a su coordinadora de sector.
En lo relativo a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su Reglamento, los catálogos de cuentas de dos entidades no habían sido autorizados y otra entidad no acreditó dicha autorización; cinco entidades no implantaron procedimientos ni dictaron instrucciones específicas respecto del gasto público. Por otra parte, tres entidades no proporcionaron información sobre la observancia de los criterios aplicables a las previsiones de gasto por concepto de transferencias y una más omitió informar acerca de las garantías derivadas de actos y contratos.
También se observaron algunos incumplimientos a la Ley de Obras Públicas y su Reglamento en lo relativo a la obligación de informar a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación y a la extinta Secretaría de Programación y Presupuesto respecto a las modificaciones de contratos que excedan del 25% del monto o plazo pactado originalmente.
Observancia de los criterios presupuestales
Con base en el informe previo elaborado por la Contaduría Mayor de Hacienda, sobre la revisión de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal, y en nuestro propio análisis, se observó que el Departamento del Distrito Federal cumplió, en términos generales con los criterios presupuestales que rigen su actividad en esta materia.
Con relación al decreto del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal de 1991, se examinaron aspectos relativos al cumplimiento de los programas y el ejercicio de los recursos autorizados a los mismos, a través de sus unidades administrativas y entidades coordinadas; y si los excedentes de ingresos no se destinaron a fines específicos, salvo en los casos que determinan las leyes; la obligación de las unidades administrativas del Departamento del Distrito Federal y de sus entidades coordinadas de solicitar la autorización de los órganos de Gobierno o de la extinta
Secretaría de Programación y Presupuesto para crear nuevas plazas; si las remuneraciones a los trabajadores del Sector Departamento del Distrito Federal por concepto de sueldos, remuneraciones adicionales, a las erogaciones de ceremonial, orden social, comisiones al extranjero, asesorías, becas, donativos, publicidad, propaganda y publicaciones oficiales se sujetaron a los criterios de racionalidad y selectividad; la obligación de que la asignación y aplicación de transferencias se realice de acuerdo a las estrategias y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo; la observancia de los lineamientos fijados por la extinta Secretaría de Programación y Presupuesto y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia de disponibilidades financieras; la obligación de informar a la Secretaría de Programación y Presupuesto (extinta), y de Hacienda y Crédito Público en la forma y periodicidad que dispongan esas dependencias sobre los movimientos presupuestales que efectúen en divisas; la observancia de los montos máximos para la adjudicación de los contratos de obra pública en forma directa o mediante convocatoria, así como en las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios relacionados con bienes muebles.
Con fundamento en lo que establece el artículo 34 del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal de 1991, ésta presentó informes trimestrales sobre los avances y la consecución de sus metas de los programas contenidos en su presupuesto de egresos, correlacionados con los recursos aplicados en forma desagregada por subprogramas y su correspondiente desglose por sus proyectos de ejecución.
De conformidad con lo establecido en el artículo 11, respecto de la autorización por parte de la extinta Secretaría de Programación y Presupuesto de erogaciones hasta por el importe de los ingresos que excedan el monto del presupuesto aprobado para 1991, se autorizaron ampliaciones que se orientaron fundamentalmente a: la puesta en operación de la linea "A" del metro férreo, la conclusión de la rehabilitación del Auditorio Nacional, el inicio del programa Metropolitano de Residuos Sólidos, la continuación del Programa de Rescate de las zonas Lacustres de Xochimilco, Tláhuac y Mixquic y el apoyo a la operación de los organismos del transporte.
Respecto a la obligación establecida en el artículo 16 de obtener la autorización previa de los órganos de Gobierno correspondientes y de la extinta Secretaría de Programación y Presupuesto, para la creación o conversión de plazas, dicha obligación se cumplió, no obstante, se observaron diferencias en la información que sobre el particular proporcionaron la Secretaría de Hacienda y Crédito público, Secretaría de la Contraloría General de la Federación, y el sector Departamento del Distrito Federal.
Por lo que corresponde a las erogaciones realizadas por concepto de servicios personales y diversos tipos de gasto a que se refieren los artículos 17 y 19 del decreto de Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para 1991, Departamento y sus entidades coordinadas manifestaron haber cumplido con lo dispuesto en dichos preceptos, ajustándose a los tabuladores de sueldos, cuotas y tarifas, así como a las normas y lineamientos que al respecto expidieron la extinta Secretaría de Programación y Presupuesto y los órganos de Gobierno de las entidades.
Con relación a lo que establece el artículo 21 respecto de la obligación de que las erogaciones por concepto de transferencias se sujeten a las estrategias y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, se observó que, en general, se cumplió con lo que dispone dicho artículo en cuanto a los subsidios, donativos, aportaciones y obsequios.
En cuanto al artículo 27 que señala que las disponibilidades financieras del Sector Departamento del Distrito Federal se deben de sujetar a los lineamientos que establezcan la extinta Secretaría de Programación y Presupuesto y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se observó en cuanto a esta disposición, que se cumplió en general, con lo que se dispone de no invertir en mecanismos bursátiles, salvo el caso de valores emitidos por el Sector Público.
La obligación de informar a la extinta Secretaría de Programación y Presupuesto y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sobre los movimientos presupuestales efectuados en divisas, en la forma y periodicidad por ellas determinada, el Departamento del Distrito Federal a través del Sistema Integral de Información, proporcionó lo que respecta a esta obligación contenida en el artículo 31.
La mayor parte de las operaciones en moneda extranjera las efectuó la comisión de Vialidad y Transporte Urbano, con el objeto de adquirir los insumos necesarios para la construcción de la línea "A" del metro férreo Pantitlán - Los Reyes, la Paz.
En los artículos 32 y 33 se señalan los montos máximos de los contratos de obra pública y de
los contratos o pedidos de adquisiciones, arrendamientos o servicios relacionados con bienes muebles que podrían adjudicarse en forma directa o mediante convocatoria a cuando menos ocho contratistas y tres proveedores, según el caso.
De la información captada de desprende que en general el Departamento del Distrito Federal y sus entidades coordinadas se ajustaron a los límites fijados en estos preceptos.
Conocimiento de la Gestión Financiera
El Departamento del Distrito Federal registró un superávit presupuestal durante el ejercicio de 1991, como consecuencia del acatamiento de los lineamientos establecidos de aplicar con mayor eficacia los recursos financieros.
Este superávit se presentó debido a que los ingresos propios fueron 1.9% superiores a lo programado y a la disciplina presupuestal que observó el Departamento en el ejercicio del gasto.
Debido al endeudamiento contraído por el Departamento del Distrito Federal durante el año de 1991, el saldo final de la deuda ascendió a 613.9 miles de millones de pesos, lo que significa un crecimiento del 23% con respecto al ejercicio de 1990, fundamentalmente por la adquisición de insumos para la construcción del metro férreo Pantitlán - Los Reyes, La Paz.
De los ingresos del Departamento del Distrito Federal correspondientes al año de 1991, el 2.8% correspondió al subsidio del Gobierno Federal, del cual el 95.8% se destinó a organismos y empresas del sector. El subsidio del Gobierno Federal en comparación son el ejercicio anterior disminuyó de 627.5 miles de millones en 1990 a 312.5 en 1991.
Ingresos
Para el ejercicio fiscal de 1991, la Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal contemplaba una captación de 10,862.7 miles de millones de pesos; sin embargo, al concluir el año se registraron ingresos reales por 11,064.6 miles de millones de pesos, esto es, 1.9% mayor a lo estimado originalmente y 17.3% más del alcanzado en 1990. Los recursos adicionales se aplicaron al gasto programable.
Del total recaudado, el Sector Central obtuvo 9,562.7 miles de millones de pesos, es decir el 86.4% (5.7% superior a lo programado.)
Este monto se integró por 4,819.9 miles de millones de pesos de participaciones en impuestos federales, 4,676.0 miles de millones de pesos de ingresos propios, 53.6 miles de millones de pesos de financiamiento y 13.2 miles de millones de pesos de transferencias del Gobierno Federal.
Las participaciones en impuestos federales se ubicaron un 2.8% superior a lo programado, principalmente por las participaciones por fondos y el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos.
Los ingresos propios superaron en 20.2% a lo programado originalmente y 26.9% con respecto a los obtenidos en 1990, lo anterior, como resultado de una mayor recaudación de impuestos, cuyo monto real fue de 2.216.6 miles de millones de pesos en comparación a los 1,536.2 miles de millones de pesos estimados. Los rubros que incidieron fundamentalmente en dicho incremento, fueron el predial, sobre adquisiciones de inmuebles y del 2% sobre nóminas, producto de la puesta en operación del sistema de cartografía catastral, la simplificación en los trámites de escrituración y sustitución del certificado de adeudos por la declaración de cumplimiento en el pago de las contribuciones fiscales.
Otros renglones importantes de los ingresos propios lo constituyen los productos, que ascendieron a 1,375.4 miles de millones de pesos y los derechos que alcanzaron un monto de 778.1 miles de millones de pesos, cifra en la que destaca la recaudación por servicios de agua. En el caso de los productos es importante destacar que no fue necesaria la venta de disponibilidades que el Departamento del Distrito Federal había previsto por 300.0 miles de millones de pesos.
El financiamiento utilizado en el año, fue de sólo un 14.5% de lo estimado y se destinó a la conclusión y puesta en operación de la línea "A" del metro férreo de Pantitlán - Los Reyes, La Paz, el ejercicio correspondió al protocolo francés. La variación registrada en el financiamiento se explica por que no se utilizaron los recursos previstos para iniciar los trabajos de la línea 8 del Metro y por no haberse concentrado los créditos con organismos internacionales para la reforestación del valle de México y las sierras de Santa Catarina y Guadalupe.
Durante el ejercicio se recibieron apoyos fiscales por 13.2 miles de millones de pesos, los cuales se orientaron fundamentalmente a los programas de becas de capacitación para los trabajadores e hijos de trabajadores de la Secretaría General de Protección y Vialidad.
Los ingresos del Sector Paraestatal, sin incluir 1.134.1 miles de millones de pesos de, las aportaciones del Departamento del Distrito Federal, fueron de 1.502.0 miles de millones de pesos, que incluyen 299.3 miles de millones de pesos subsidios del Gobierno Federal.
Egresos
La política de gasto del Sector Departamento del Distrito Federal se orientó fundamentalmente a la asignación de recursos para: propiciar el equilibrio en el bienestar de los diversos sectores que conforman la sociedad capitalina, proporcionando servicios básicos e infraestructura urbana a las zonas con mayores carencias; redoblar esfuerzos en coordinación con los diferentes sectores de la sociedad para reducir los niveles de contaminación en el aire, agua y suelo; continuar el programa de acciones escritas de control del uso del suelo y del crecimiento de la ciudad; reorganizar y modernizar los medios de transporte público bajo un enfoque metropolitano; y hacer más eficientes las instituciones de seguridad pública y de impartición de justicia para garantizar los derechos y patrimonio de los ciudadanos.
El presupuesto original autorizado para 1991 fue de 10.862.7 miles de millones de pesos, de los cuales 8.367.7 miles de millones de pesos correspondieron al Sector Central y 2.495.0 miles de millones de pesos a los organismos y empresas coordinados, incluyendo aportaciones.
En el transcurso del ejercicio se tuvieron ampliaciones por 653.1 miles de millones de pesos, por lo anterior se contó con un presupuesto modificado de 11.515.8 miles de millones de pesos. Los recursos ejercidos fueron 10.990.3 miles de millones de pesos, de los cuales 8.387.5 miles de millones de pesos correspondieron al Sector Central y 2.602.8 miles de millones de pesos a los organismos y empresas coordinados.
La variación de 525.5 miles de millones de pesos de debió fundamentalmente a que no se formalizaron los créditos externos para reforestación, la no utilización del protocolo francés para la adquisición de insumos para la línea 8 del Metro, así como la reducción correspondiente al servicio de la deuda.
El gasto corriente ejercido representa el 61.2% del gasto total y fue de 6.658.8 miles de millones de pesos, integrándose fundamentalmente por servicios personales con un monto de 3.653.5 miles de millones de pesos (55%); materiales y suministros 957.9 miles de millones de pesos (14%) y servicios generales 1.889.2 miles de millones de pesos (28%).
El gasto de capital por su parte alcanzó el 38.8% del gasto total y ascendió a 4.251.8 miles de millones de pesos, integrado principalmente por 3.463.2 miles de millones de pesos para obras públicas y 720.0 miles de millones de pesos para bienes e inmuebles, 81% y 17% respectivamente.
Deuda Pública
Por concepto de deuda pública, se ejercieron 79.7 miles de millones de pesos, 47.4% de los 168.0 miles de millones de pesos programados, correspondiendo 78.7 miles de millones de pesos al Sector Central y 1.0 miles de millones de pesos a los organismos coordinados. Asimismo el pago de ADEFAS del Sector Central fue de 23.4 miles de millones de pesos 56% superior a lo estimado, debido a la devolución de impuestos.
Al término del ejercicio de 1991 el saldo de la deuda ascendió a 613.9 miles de millones de pesos, de los cuales 262.8 miles de millones de pesos (42.8%) son del Sector Central y corresponden al ejercicio de protocolos por la adquisición de insumos para la construcción del Metro, en 1991 fueron utilizados 62.9 miles de millones de pesos para la línea Pantitlán - Los Reyes, La Paz; en tanto que 351.1 miles de millones de pesos (57.2% del total), corresponden a los organismos coordinados.
El saldo de la deuda se redujo 3.6% en términos reales respecto a 1990, a causa de la disminución que registraron la capitalización de intereses (50.8%), el endeudamiento neto (50.2%) y la pérdida cambiaria (37.7%).
Cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas
El presupuesto autorizado para el Departamento del Distrito Federal, se orientó fundamentalmente a la seguridad pública y procuración de justicia, que son renglones básicos para la convivencia social y la salvaguarda de los intereses de la ciudadanía, la ecología en lo relativo a la reducción y prevención de la contaminación del aire, agua y suelo, mediante la concertación con las industrias y la corresponsabilidad de la ciudadanía para la disminución de los niveles que se generan; y la prestación de los servicios sociales, aspecto importante para el bienestar de los habitantes y en especial para aquellos de menores ingresos.
Ámbito de transporte
En lo referente a transporte la presente administración se propuso incrementar el servicio de transporte colectivo no contaminante y procurar una mayor integración de las dependencias y organismos que participan en la prestación del servicio, a fin de constituirlo en un medio eficaz y seguro para el traslado de los habitantes.
Para estos efectos la estrategia se fincó en el Programa Integral del Transporte, que consiste en coordinar los tres medios que prestan este servicio con un enfoque metropolitano, coadyuvando al mismo tiempo a reducir los niveles de contaminación en el entorno ecológico y contribuir a las tareas de ordenación urbana.
Para la atención de este ámbito, el Departamento del Distrito Federal erogó en 1991, un total de 2.620.4 miles de millones de pesos, 23.8% del total del gasto programable del Sector Departamento del Distrito Federal y 7.9% más al ejercicio del año anterior. Del ejercicio del ámbito, correspondió el 97.5% a los programas prioritarios "El Transporte Colectivo, Metro y Tren Ligero" y, FQ "Servicio de Transporte Urbano e Interurbano" y el 2.5% restante al 3K "Regulación y Organización de las Comunicaciones y los Transportes".
Ámbito de urbanización
Respecto a la infraestructura urbana se concluyeron diversas obras para mejorar la vialidad y contribuir a la reducción de la contaminación, entre las que destacan la ampliación de nueve carriles de la avenida Insurgentes en la salida a Pachuca y el avance en la construcción de seis carriles del Periférico en el tramo Arco - oriente, así como seis puentes vehiculares coincidentes con la calzada Ignacio Zaragoza.
Para le ejecución de los programas que integran este ámbito, el Departamento del Distrito Federal erogó 2.370.313 millones de pesos, cifra que representa el 21.5% del gasto total programable. De éstos, corresponden 917,602 millones a los programas prioritarios EC "Construcción y Adecuación para Agua Potable" y ED "Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras", que representan 38.7% del ámbito; y 1,452,711 millones de pesos a los no prioritarios: 5D "Urbanización", 3Y "Regulación de los Asentamientos Humanos ", 5K "Edificios Administrativos" y FH "Industrialización del Petróleo y sus Derivados", los cuales significan el 61.3% restante del mismo ámbito.
Ámbito de bienestar social
Respecto a la asistencia social, algunas formas de marginación tienen su origen en la proliferación de asentamientos humanos periféricos que dificultan cada vez más la prolongación de la red de servicios básicos como energía eléctrica, agua, drenaje y transporte. De las condiciones de insalubridad y deterioro de la calidad de la vida, derivaron elementos adicionales que se asocian a una insatisfacción de necesidades esenciales en términos de vivienda, educación y salud.
Con el propósito de hacer frente a esta problemática el Departamento del Distrito Federal se propuso atender las necesidades en materia de vivienda, salud, asistencia social, deporte, cultura, recreación y esparcimiento para mejorar el bienestar de los diversos sectores de la sociedad, otorgando una atención especial a los grupos con mayores carencias. La estrategia consistió en abatir los rezagos mediante el mejoramiento de los niveles asistenciales, prestaciones sociales, educativas y médicas.
En este sentido se amplió la cobertura de servicios médicos, preventivos y curativos, destacando por su importancia el "Programa de Vacunación Universal"; se concluyeron las obras correspondientes a los edificios "A" y "B" del Hospital General de Tláhuac, se llevaron a cabo acciones de rehabilitación y reforzamiento en el Hospital Legaria y las unidades hospitalarias de la Villa, Balbuena, Xoco, Iztapalapa y Gregorio Salas, entre otras.
Entre las acciones de construcción de vivienda terminada, destacan las efectuadas en los conjuntos habitacionales, "Cabeza de Juárez VIII y X" en Iztapalapa, la "Gitana" en Tláhuac y FIVIPORT en Venustiano Carranza. Respecto a vivienda en proceso de construcción, sobresalen los avances en el conjunto habitacional "Nextengo" en Azcapotzalco y el de "Calle Tres" en Iztacalco.
De igual forma fue importante la construcción de inmuebles para la protección social, en las que se presta atención a los adultos indigentes y menores desvalidos mediante la prestación de servicios de alimentación, alojamiento, médicos, psicólogos, de trabajo social y geriátricos en la Delegación de Tláhuac, Coyoacán e Iztapalapa. Así como la rehabilitación de casas de protección social en la delegación Cuauhtémoc, Iztapalapa, Iztacalco y Gustavo A. Madero, principalmente.
Como resultado de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se
realizaron diversas acciones de mantenimiento preventivo y correctivo en los Centros de Readaptación Social.
En coordinación con la Secretaría de Educación Pública se construyeron y reforzaron planteles de nivel básico escolar, se avanzó en la construcción de escaleras de emergencia y se llevaron a cabo acciones de conservación y mantenimiento.
En materia de instalaciones deportivas, cívicas y culturales destacan la terminación de las obras de rehabilitación y reapertura del Auditorio Nacional y la Biblioteca Azcapotzalco.
Asimismo se continuaron las obras del acueducto perimetral en el tramo Cerro del Judío - La Providencia y la sustitución de muebles sanitarios convencionales por los de bajo consumo en el sector público, comercial y de servicios, así como en unidades habitacionales.
Por otra parte, se continúan las acciones para resolver la situación jurídica de la tenencia de la tierra entre las que se pueden mencionar: apoyos otorgados por el Departamento del Distrito Federal a la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, para las tareas del Programa de Regularización de Propiedad Social en Distrito Federal, así como la instalación de cinco juzgados especiales para juicios de inmatriculación judicial, con el fin de lograr una escrituración definitiva.
El Departamento del Distrito Federal, llevó a cabo acciones orientadas a elevar el nivel de desarrollo social entre los habitantes de la ciudad de México, para lo cual erogó 1,834.7 miles de millones de pesos cantidad que representa el 16.8% del gasto total programable del Sector Departamento del Distrito Federal.
Ámbito de justicia y seguridad pública
El ámbito de justicia y seguridad pública ejerció un presupuesto de 1,669.9 miles de millones de pesos en el año que se revisa, 15.2% del total del gasto programable para el Departamento del Distrito Federal. Dentro de este ámbito participaron los programas CO "Seguridad Pública" con 1'201,668 millones de pesos, 10.9% del gasto total del Departamento del Distrito Federal y 71.9% del ámbito; CK "Promoción de la Justicia" con 444,898 millones, 4.0% del total del gasto del Departamento del Distrito Federal y 26.7% del ámbito; y CI "Impartición de Justicia y Vigilancia de la Legislación Laboral y Fiscal", con 23,331 millones, 0.2% del total del Departamento del Distrito Federal y 1.4% del ámbito.
Con el objeto de hacer frente a uno de los problemas más importantes en el Distrito Federal como lo es el de la seguridad pública, se establecieron campañas y dispositivos especiales para mejorar las condiciones de protección ciudadana.
Por lo que se refiere a la impartición de justicia, se han mejorado los sistemas de su aplicación para la cabal atención y solución a las controversias surgidas por ilícitos, como es el caso del sistema de barandillas.
Asimismo se continúan la reorganización y desconcentración de las facultades que tiene la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, mediante la creación de unidades móviles con carácter de Agencias del Ministerio Público y el establecimiento de agencias especializadas, de igual forma se puso en operación la de atención al turista.
Ámbito ecológico
Con relación al ámbito ecológico se continúo con la aplicación del Programa Integral contra la Contaminación Atmosférica, a través del fortalecimiento del Sistema de Verificación, mediante la homologación de la normatividad y procedimientos de operación en los centros de servicios. Asimismo se amplió el Programa "Hoy no Circula", al incorporarse el transporte concesionado. Por otra parte la mejora en la calidad de las gasolinas permitió disminuir los niveles de contaminación por plomo y monóxido de carbono, continuando el problema de la generación de ozono. Con la conclusión del proceso de renovación del parque vehicular de R - 100, al dotarle de equipo con tecnología avanzada para reducir de manera importante la emisión de contaminantes, así como la puesta en operación de la linea "A" del metro férreo Pantitlán - Los Reyes, La Paz, y convertir la calzada Ignacio Zaragoza en vía rápida, se coadyuvó en la disminución de los niveles de contaminación principalmente en la zona oriente de la ciudad.
Para continuar la preservación del equilibrio ecológico en el sur - oriente de la ciudad, así como contribuir a la recarga de los mantos acuíferos se llevaron a cabo obras de rehabilitación de los parques ecológicos del Ajusco y Xochimilco, el mejoramiento de la calidad del agua en los canales, el control y desalojo de aguas residuales, asimismo se concluyó la planta del bombeo de aguas negras de San Luis Tlaxialtemalco y se avanzó en el segundo módulo de la planta de tratamiento de aguas residuales en este lugar.
Mención especial merece la decisión presidencial respecto al cierre definitivo de la refinería "18 de Marzo" en Azcapotzalco y su futura transformación en área verde, como respuesta a la demanda ciudadana.
En lo que se refiere a recursos naturales, se avanzó en los trabajos de forestación y reforestación en la Sierra de Guadalupe, Ajusco Medio y Desierto de los Leones, consistentes en la plantación y producción de árboles.
Por lo que respecta a la contaminación del suelo, provocada por desechos sólidos, se reforzaron las acciones de recolección, transferencia y disposición final de los mismos, destacando los trabajos de rehabilitación de las estaciones de transferencia de Xochimilco, Central de Abastos, Cuauhtémoc, Milpa Alta, Venustiano Carranza y Magdalena Contreras, se concluyó la de Tlalpan; y se avanza en la tercera etapa del relleno sanitario Bordo Poniente.
Por otra parte, en coordinación con el Gobierno del Estado de México, se inició el "Programa Metropolitano de Residuos Sólidos", con especial atención en la problemática de los residuos industriales peligrosos y los hospitalarios.
Asimismo se continuaron las obras del drenaje profundo y semiprofundo y se iniciaron los estudios técnicos para las obras de entubamiento del Gran Canal y del Río de los Remedios.
No obstante los esfuerzos realizados por el Departamento del Distrito Federal, se deberá prever la instrumentación de un estricto control sobre los usos y destinos del suelo y sobre los asentamientos humanos, apoyándose en la concertación con la población de las comunidades, poblados y zonas especiales de desarrollo controlado, y garantizando la congruencia entre los intereses particulares de los grupos sociales y el propósito general de preservar y conservar los ecosistemas naturales.
En este ámbito el Gobierno capitalino ha dado continuidad a la instrumentación de medidas técnicas y disposiciones de orden legal tendientes a restablecer el equilibrio ecológico y coadyuvar en la prevención y control de la contaminación del aire, agua y suelo en la Zona Metropolitana de la ciudad de México.
Para tal efecto se erogaron 743,572 millones de pesos , cifra que representó el 6.8% del gasto total programable. A través de los programas prioritarios 3Z "Regulación y Preservación Ecológica" y FA "Producción Primaria" se ejerció el 98% de estos recursos.
Ámbito administrativo
Las acciones realizadas en este ámbito tuvieron como propósito coordinar y dirigir la función del Gobierno, conforme a los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo.
Para la consecución de este objetivo, el Departamento del Distrito Federal erogó 1'564,076 millones de pesos, en los 8 programas que conforman este ámbito, lo que representó el 14% del gasto total programado.
Por el monto de los recursos ejercidos destacan los programas AA "Administración y BB "Planeación de la Política Financiera".
Ámbito de abasto y comercialización
En lo que se refiere al abasto y comercialización, se continuó con el proceso de redimensionamiento de Industrial de Abastos, la construcción de nuevos almacenes de Solidaridad Compañía Nacional de Subsistencias Populares, la conservación y mantenimiento de mercados públicos, además de la construcción de lecherías populares.
No obstante los esfuerzos realizados, la prestación de estos servicios ha enfrentado crecientes dificultades operativas. Por un lado, se carece de perfiles que definan con precisión los sujetos de protección social por lo que los programas tienen una marcada tendencia a las medidas de tipo correctivo, como la dotación de alojamiento alimentación y apoyo médico y, en contraparte, muestran ausencia de acciones preventivas, como la formación y la capacitación para el trabajo que garanticen una rápida reintegración social de los beneficiarios. Por ello, el objetivo general en esta materia se refiere a prestar servicios de protección al mayor número posible de ciudadanos que lo requieran, brindando servicios oportunos, equitativos y humanitarios, con el concurso de la sociedad civil, instituciones de asistencia y protección social y el Gobierno capitalino.
El objetivo de los programas que integran este ámbito es el de regular el abasto de productos básicos así como conservar y mejorar la operación de la infraestructura comercial.
Para llevar a cabo estas acciones, se ejercieron 107.6 miles de millones de pesos, recursos que representaron el 1% del gasto total programable del Departamento del Distrito Federal, en los programas FG "Producción de Papel, Impresos y Publicaciones," FD "Producción y
transformación Agroindustrial," 5A "Construcción de Establecimientos de Acopio y Comercialización" y 3L "Fomento de y Regulación del Comercio Interior y Exterior".
Finalmente, la Comisión del Distrito Federal al realizar la evaluación de los resultados de los programas a cargo del Departamento del Distrito Federal y su trascendencia en el nivel de vida en la ciudad de México, cumple con su responsabilidad constitucional al participar en la procuración del mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de la Metrópoli.
Por lo que respecta a los resultados obtenidos en esta revisión del ejercicio fiscal 1991, en el ámbito administrativo del Departamento del Distrito Federal, se practicaron 26 auditorías de sistemas, en 15 unidades administrativas del Departamento del Distrito Federal y 5 de sus organismos y se generaron un total de 121 recomendaciones tendientes a promover medidas de carácter correctivo y/o preventivo según corresponda, entre las que destacan, por su relevancia, las siguientes:
Es necesario que el Departamento del Distrito Federal adopte las medidas procedentes a fin de que en sus documentos de corto plazo (presupuesto de egresos y programa operativo) se incorporen las metas de resultado que se establezcan para el año a que correspondan, ello permitirá a la Contaduría Mayor de Hacienda determinar el grado en que las acciones programadas contribuyen al logro del objetivo de ofrecer servicios públicos con la calidad adecuada y en cantidad suficiente para mejorar las condiciones de vida de la población de la ciudad de México.
Es necesario que el Departamento del Distrito Federal establezca las medidas que se requieran para que en la cuenta pública se presente información amplia y precisa sobre las causas de las variaciones registradas en el cumplimiento de cada una de las metas programadas y en la aplicación de los recursos presupuestales correspondientes, a fin de que sea posible evaluar adecuadamente sus resultados programático - presupuestales.
Es necesario que el Departamento del Distrito Federal, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, adopte las medidas pertinentes para que tanto en el presupuesto de egresos como en la cuenta pública se desagregue el gasto de aquellas metas que comprendan más de una acción, con objeto de que sea posible determinar la eficiencia con que se hayan aplicado los recursos asignados en la consecución de las metas programadas.
Es necesario que el Departamento del Distrito Federal informe en la cuenta pública sobre las causas por las cuales en el transcurso del año se incluyan metas que no hayan sido programadas en el presupuesto de egresos e indique el origen de los recursos ejercidos en su consecución, con el propósito de contar con mayores elementos para evaluar sus resultados anuales.
Es necesario que el Departamento del Distrito Federal indique en la cuenta pública la unidad responsable de cada una de las acciones que comprendan las metas que haya programado, a fin de disponer de suficientes elementos para evaluar sus resultados anuales.
Es necesario que, cuando se cancelen metas el Departamento del Distrito Federal informe en la cuenta pública sobre el destino de los recursos que se hayan asignado originalmente para su consecución.
Es necesario que el Departamento del Distrito Federal, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, adopte las medidas que procedan para que en el presupuesto de egresos y en la cuenta pública se utilice una unidad de medida adecuada para expresar la meta "integrar y dar seguimiento a la construcción de la quinta etapa del Metro", correspondiente al programa EI, con objeto de que sea posible determinar la eficacia que se obtenga en su cumplimiento y la eficiencia que se alcance en la aplicación de los recursos respectivos.
Es necesario que el Departamento del Distrito Federal precise en el presupuesto de egresos y en la cuenta pública las unidades de medida de las metas "realizar otras acciones de prevención de y control de la contaminación del aire" y "realizar otras acciones de preservación y restauración de ecosistemas", pertenecientes al programa 3Z, a fin de contar con suficientes elementos de juicio para evaluar los niveles de eficiencia y eficacia respectivos.
Es necesario que el Departamento del Distrito Federal informe en la cuenta pública sobre las metas programadas y alcanzadas en materia de depósito de basura por cada uno de los rellenos sanitarios a su cargo y sobre la capacidad individual de esos depósitos, a fin de que sea posible determinar la eficacia alcanzada en la meta "operar rellenos sanitarios", perteneciente al programa 3Z.
Es necesario que el Departamento del Distrito Federal indique en la cuenta pública los avances físicos que se alcancen en cada una de las estaciones de transferencia y los recursos ejercidos en las obras correspondientes, a fin de poder determinar los niveles de eficiencia que se obtengan en relación con la meta de construcción de estaciones de transferencia perteneciente al programa 3Z.
Es necesario que el Departamento del Distrito Federal verifique la corrección de los datos que se presenten en el presupuesto de egresos y en la cuenta pública (apartados "avance de programas" y "análisis programático"), con objeto de evitar incongruencias entre esos documentos y disponer de información confiable para evaluar sus resultados anuales.
Es necesario que el Departamento del Distrito Federal describa en el apartado "análisis programático" de la cuenta pública las actividades programadas y realizadas como parte de las metas "apoyar otras acciones del programa de construcción de viviendas" y "apoyar otras acciones para el mejoramiento de vivienda", pertenecientes al programa 5E, cuando no sean mensurables, a fin de estar en posibilidad de determinar la eficacia con que se hayan cumplido las metas y la eficiencia con que se hayan aplicado los recursos correspondientes.
Es necesario que los organismos de vivienda del Departamento del Distrito Federal indiquen en la cuenta pública las metas programadas y alcanzadas en materia de construcción y adquisición de viviendas por cada uno de los proyectos o frentes donde se realicen las acciones, y los recursos asignados y ejercidos a ese nivel, con el propósito de que sea posible determinar con mayor precisión los niveles de eficacia y eficiencia correspondientes.
Del análisis efectuado, esta comisión concluye que el Departamento del Distrito Federal logró en términos generales el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus programas lo que repercutió en el mejoramiento de diversos servicios que se proporcionan a los habitantes de la capital.
Con estas observaciones y con fundamento en los artículos 70 y 74, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 56 de la Ley Orgánica del Congreso; 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General; 11 y 13 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda y demás relativos aplicables, la Comisión del Distrito Federal somete a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente
DECRETO POR EL QUE SE REVISA LA CUENTA PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE 1991
Artículo 1o. Se revisó la Cuenta de la Hacienda Pública del Departamento del Distrito Federal y se conocieron los resultados de la gestión financiera correspondiente al ejercicio presupuestal de 1991. Igualmente se valoró la observancia de los criterios señalados en el presupuesto y se evaluó el grado de cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los programas.
Artículo 2o. Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda a fin de que instruya dicho órgano técnico para que practique los estudios, las auditorías y acciones legales que permitan esclarecer si hubo irregularidades en el ejercicio del presupuesto del Departamento del Distrito Federal durante 1991 y, en su caso, finque las responsabilidades correspondientes y proceda a solicitar la imposición de las sanciones administrativas, civiles o penales conforme a Derecho instruyéndola para que informe de sus acciones a la propia Comisión de Vigilancia, así como a la Comisión del Distrito Federal, ambas de la Cámara de Diputados.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión; México, Distrito Federal, a 1o. de diciembre de 1992.»
Es de primera lectura.
CONDECORACIONES
La secretaria Layda Elena Sansores San Román:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto, que concede permiso al ciudadano general brigadier diplomado de Estado Mayor Esteban Enríquez García, para que pueda aceptar y usar las condecoraciones Cruz de Mérito Militar de Primera Clase y Cruz de Servicios Distinguidos, que le confiere el Gobierno de Guatemala.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso
solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano general brigadier diplomado de Estado Mayor Esteban Enríquez García, para que pueda aceptar y usar las condecoraciones Cruz de Mérito Militar de Primera Clase y Cruz de Servicios Distinguidos, que le confiere el Gobierno de Guatemala.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 3 de diciembre de 1992. - Presidente César Augusto Santiago Ramírez; secretarios: Salvador Valencia Carmona, Juan de Dios Castro Lozano, José Octaviano Alaniz Alaniz, José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, José Azanza Jiménez, Juan José Bañuelos Guardado, Agustín Basave Benítez, Luis A. Beauregard Rivas, Carlos E. Cantú Rosas, Eloy Cantú Segovia, Alberto Carrillo Armenta, Gustavo Carvajal Moreno, Juan José Castillo Mota, Javier Centeno Avila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elías, Laura Alicia Garza Galindo, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo J. González Díaz, José Antonio González Fernández, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, José Benigno López Mateos, Cuauhtémoc López Sánchez Coello, Jorge Mendoza Alvarez, Pedro de León Sánchez, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores , Cesáreo Morales García, Miguel Angel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Rigoberto Ochoa Zaragoza, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, Marco Antonio Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Fernando Ortiz Arana, Tomás Osorio Avilés, Guillermo Pacheco Pulido, Rubén Pabello Rojas, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Irma A. Piñeiro Arias, Froylán Ramírez Lara, Gilberto Rincón Gallardo, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Horacio Sánchez Unzueta, María Esther Scherman Leaño, Manuel Solares Mendiola, Edmundo Sosa López, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Oscar Ricardo Valero Recio, Jorge Zermeño Infante, Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas y Efraín Zúñiga Galeana.»
Es de primera lectura.
La misma Secretaria:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto, que concede permiso al ciudadano José Juan Miguel Gutiérrez Tinoco, para que pueda aceptar y usar la Condecoración de las Ordenes Honoríficas Portuguesas, en grado de Gran Maestro, que le confiere el Gobierno de Portugal.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano José Juan Miguel Tinoco, para aceptar y usar la Condecoración de las Ordenes Honoríficas Portuguesas, en grado de Gran Maestro, que le confiere el Gobierno de Portugal.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 2 de diciembre de 1992. - Presidente César Augusto Santiago Ramírez; secretarios: Salvador Valencia Carmona, Juan de Dios Castro Lozano, José Octaviano Alaniz Alaniz, José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Jiménez, Juan José Bañuelos Guardado, Agustín Basave Benítez, Luis A. Beauregard Rivas, Carlos E. Cantú Rosas, Eloy Cantú Segovia, Alberto Carrillo Armenta, Gustavo Carvajal Moreno, Juan José Castillo Mota, Javier Centeno Avila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elías, Laura
Alicia Garza Galindo, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo J. González Díaz, José Antonio González Fernández, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, José Benigno López Mateos, Cuauhtémoc López Sánchez Coello, Jorge Mendoza Alvarez, Pedro de León Sánchez, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Miguel Angel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Rigoberto Ochoa Zaragoza, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar Marco Antonio Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Fernando Ortiz Arana, Tomás Osorio Avilés, Guillermo Pacheco Pulido, Rubén Pabello Rojas, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Irma A. Piñeiro Arias, Froylán Ramírez Lara, Gilberto Rincón Gallardo, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Horacio Sánchez Unzueta, María Esther Scherman Leaño, Manuel Solares Mendiola, Edmundo Sosa López, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Oscar Ricardo Valero Recio, Jorge Zermeño Infante, Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas y Efraín Zúñiga Galeana.»
Es de primera lectura.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El secretario Salvador Juárez García:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: En oficio fechado el 24 de noviembre del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto que concede permiso al ciudadano Miguel Leal Murillo, para prestar servicios como empleado de vigilancia en la Embajada Británica en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 1o. de diciembre, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento.
b) Que los servicios que el propio interesado prestará en la Embajada Británica, en México, será como empleado de vigilancia.
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Miguel Leal Murillo, para que pueda prestar sus servicios como empleado de vigilancia en la Embajada Británica en México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 3 de diciembre de 1992. - Presidente César Augusto Santiago Ramírez; secretarios: Salvador Valencia Carmona, Juan de Dios Castro Lozano, José Octaviano Alaniz Alaniz, José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, José Azanza Jiménez, Juan José Bañuelos Guardado, Agustín Basave Benítez, Luis A. Beauregard Rivas, Carlos E. Cantú Rosas, Eloy Cantú Segovia, Alberto Carrillo Armenta, Gustavo Carvajal Moreno, Juan José Castillo Mota, Javier Centeno Avila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elías, Laura Alicia Garza Galindo, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo J. González Díaz, José Antonio González Fernández, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, José Benigno López Mateos, Cuauhtémoc López Sánchez Coello, Jorge Mendoza Alvarez, Pedro de León Sánchez, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Miguel Angel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Rigoberto Ochoa Zaragoza, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, Marco Antonio Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Fernando Ortiz Arana, Tomás Osorio Avilés, Guillermo Pacheco Pulido, Rubén Pabello Rojas, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Irma A. Piñeiro Arias, Froylán Ramírez Lara, Gilberto Rincón Gallardo, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Horacio Sánchez Unzueta, María Esther Scherman Leño,
Manuel Solares Mendiola, Edmundo Sosa López, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Oscar Ricardo Valero Recio, Jorge Zermeño Infante, Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas y Efraín Zúñiga Galeana.»
Es de primera lectura.
El mismo Secretario:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: En oficio fechado el 26 de noviembre del año en curso, la honorable Cámara de Senadores remite el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto que concede permiso a los ciudadanos María del Rocío Correa Sintora José Luis Villa Barrera y Carlos Zertuche Santillán, para que puedan prestar servicios como telefonista, empleado de mantenimiento y especialista de comercialización agropecuaria en la embajada de Estados Unidos de América en México, respectivamente.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 1o. de diciembre, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento.
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada de Estados Unidos de América en México, serán como telefonista, empleado de mantenimiento y especialista de comercialización agropecuaria, respectivamente.
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II, del apartado B del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana María del Rocío Correa Sintora, para que pueda prestar sus servicios como telefonista en la Embajada de Estados Unidos de América en México.
Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano José Luis Villa Barrera para que pueda prestar sus servicios como empleado de mantenimiento en la Embajada de Estados Unidos de América en México.
Artículo tercero. Se concede permiso al ciudadano Carlos Zertuche Santillán, para que pueda prestar sus servicios como especialista de comercialización agropecuaria en la Embajada de Estados Unidos de América en México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 3 de diciembre de 1992. - Presidente César Augusto Santiago Ramírez; secretarios: Salvador Valencia Carmona, Juan de Dios Castro Lozano, José Octaviano Alaniz Alaniz, José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, José Azanza Jiménez, Juan José Bañuelos Guardado, Agustín Basave Benítez, Luis A. Beauregard Rivas, Carlos E. Cantú Rosas, Eloy Cantú Segovia, Alberto Carrillo Armenta, Gustavo Carvajal Moreno, Juan José Castillo Mota, Javier Centeno Avila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elías, Laura Alicia Garza Galindo, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo J. González Díaz, José Antonio González Fernández, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, José Benigno López Mateos, Cuauhtémoc López Sánchez Coello, Jorge Mendoza Alvarez, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Miguel Angel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Rigoberto Ochoa Zaragoza, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, Marco Antonio Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Fernando Ortiz Arana, Tomás Osorio Avilés, Guillermo Pacheco Pulido, Rubén Pabello Rojas, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Irma A. Piñeiro Arias, Froylán Ramírez Lara, Gilberto Rincón Gallardo, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Horacio Sánchez Unzueta, María Esther Scherman Leaño, Manuel Solares Mendiola, Edmundo Sosa López, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Oscar Ricardo Valero Recio, Jorge Zermeño Infante, Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas, Efraín Zúñiga Galeana y Pedro de León Sánchez.»
Es de primera lectura.
El mismo Secretario:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: En oficio fechado el 24 de noviembre del año en curso, la honorable Cámara de Senadores remite el expediente con la Minuta de Proyecto de Decreto que concede permiso a la ciudadana María Guadalupe Morales Prieto, para que pueda prestar servicios como empleada administrativa en el Consulado general de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 1o. de diciembre, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento.
b) Que los servicios que la propia interesada prestará al Consulado General de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco, serán como empleada administrativa.
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana María Guadalupe Morales Prieto, para que pueda prestar sus servicios como empleada administrativa en el Consulado general de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 3 de diciembre de 1992. - Presidente César Augusto Santiago Ramírez; secretarios: Salvador Valencia Carmona, Juan de Dios Castro Lozano, José Octaviano Alaniz Alaniz, José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, José Azanza Jiménez, Juan José Bañuelos Guardado, Agustín Basave Benítez, Luis A. Beauregard Rivas, Carlos E, Cantú Rosas, Eloy Cantú Segovia, Alberto Carrillo Armenta, Gustavo Carvajal Moreno, Juan José Castillo Mota, Javier Centeno Avila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elías, Laura Alicia Garza Galindo, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo J. González Díaz, José Antonio González Fernández, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños José Benigno López Mateos, Cuauhtémoc López Sánchez Coello, Jorge Mendoza Alvarez, Pedro de León Sánchez, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Miguel Angel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Rigoberto Ochoa Zaragoza, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, Marco Antonio Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Fernando Ortiz Arana, Tomás Osorio Avilés, Guillermo Pacheco Pulido, Rubén Pabello Rojas, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Irma A. Piñeiro Arias, Froylán Ramírez Lara, Gilberto Rincón Gallardo, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Horacio Sánchez Unzueta, María Esther Scherman Leaño, Manuel Solares Mendiola, Edmundo Sosa López, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Oscar Ricardo Valero Recio, Jorge Zermeño Infante, Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas y Efraín Zúñiga Galeana.»
Es de primera lectura.
El mismo Secretario:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: En oficio fechado el 24 de noviembre del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto que concede permiso a la ciudadana Isaura Bautista de Schoorl, para que pueda prestar servicios como auxiliar administrativo en el Consulado de España en Rotterdam.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 1o. de diciembre, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que la propia interesada prestará será como auxiliar administrativo en el Consulado de España en Rotterdam;
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Isaura Bautista de Schoorl, para que pueda prestar sus servicios como auxiliar administrativo en el Consulado de España en Rotterdam.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 3 de diciembre de 1992. - Presidente César Augusto Santiago Ramírez; secretarios: Salvador Valencia Carmona, Juan de Dios Castro Lozano, José Octaviano Alaniz Alaniz, José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, José Azanza Jiménez, Juan José Bañuelos Guardado, Agustín Basave Benítez, Luis A. Beauregard Rivas, Carlos E. Cantú Rosas, Eloy Cantú Segovia, Alberto Carrillo Armenta, Gustavo Carvajal Moreno, Juan José Castillo Mota, Javier Centeno Avila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elías, Laura Alicia Garza Galindo, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo J. González Díaz, José Antonio González Fernández, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, José Benigno López Mateos, Cuauhtémoc López Sánchez Coello, Jorge Mendoza Alvarez, Pedro de León Sánchez, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Miguel Angel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Rigoberto Ochoa Zaragoza, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, Marco Antonio Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Fernando Ortiz Arana, Tomás Osorio Avilés, Guillermo Pacheco Pulido, Rubén Pabello Rojas, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Irma A. Piñeiro Arias, Froylán Ramírez Lara, Gilberto Rincón Gallardo, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Horacio Sánchez Unzueta, María Esther Scherman Leaño, Manuel Solares Mendiola, Edmundo Sosa López, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Oscar Ricardo Valero Recio, Jorge Zermeño Infante, Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas y Efraín Zúñiga Galeana.»
Es de primera lectura.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
* CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL
El Presidente: - El siguiente punto del orden del día, es la segunda lectura al dictamen con proyecto de decreto relativo a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 1991.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los diputados, se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario Mauricio W. Clark y Ovadia: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Es de segunda lectura.
El Presidente: - En consecuencia, está a discusión el dictamen en lo general.
Ante esta Presidencia se ha solicitado, con fundamento en el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que el diputado Ricardo López Gómez fundamente el dictamen.
*Este documento fue publicado en el diario 12, de fecha 1o. de diciembre de 1992.
Tiene la palabra el diputado Ricardo López Gómez.
El diputado Ricardo López Gómez: - Ciudadano Presidente, compañeras y compañeros diputados, señoras y señores:
Hacemos uso de esta tribuna para fundamentar el dictamen referente a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al Ejercicio Fiscal de 1991, elaborado por la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados.
En los términos del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad exclusiva de esta Cámara revisar la Cuenta Pública del año anterior. En diversos párrafos, la misma fracción establece que la revisión de la Cuenta Pública tendrá por objeto conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. Agregando que si del examen que realice la Contaduría Mayor de Hacienda aparecieran discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas respectivas del presupuesto o no existiera exactitud o justificación en los casos hechos, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley.
La Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda de esta Cámara, faculta a este órgano técnico para llevar a cabo esa revisión, concediéndole una serie de atribuciones para el debido cumplimiento de sus funciones, bajo el control de la Comisión de Vigilancia de esta propia Cámara, en sus artículos 1o. y 3o.
El Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos faculta a esta Comisión a presentar el dictamen sobre la Cuenta Pública, según sus artículos 80 y 81.
Dentro de este marco jurídico, la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública se dio a la tarea de revisar, analizar y evaluar el estado financiero de la administración pública federal, respecto al ejercicio fiscal del año próximo pasado. Y con el afán de profundizar en dicha revisión, análisis y evaluación, implementó las siguientes acciones:
1a. Incorporó a las tareas de revisión y análisis respectivo a 14 comisiones distintas a la de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, cuyos trabajos están relacionados con algún sector o ramo específico de la cuenta pública.
2a. Integró al interior de la comisión siete grupos de trabajo pluripartidista para el análisis particular de las políticas de ingreso, gasto y deuda, así como de la orientación sectorial del gasto.
3a. Celebró conjuntamente con la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda una reunión con funcionarios de la propia Contaduría, en la que los diputados participantes de las diversas comisiones y fracciones parlamentarias solicitaron información adicional, manifestaron observaciones sobre su contenido, propusieron acciones específicas de fiscalización que, en su caso, la Contaduría Mayor atendió conforme a las facultades y atribuciones que su Ley Orgánica le confiere.
Cabe hacer notar que ésta fue la primera ocasión en que para la elaboración del informe previo, se consideró la participación de los diputados involucrados en la revisión y análisis de la Cuenta Pública. De toda suerte que de aproximadamente 100 observaciones y solicitudes de información presentadas por los diputados de las diversas comisiones y grupos parlamentarios, cerca de 90 fueron ya atendidas por el órgano técnico de la Cámara de Diputados e incorporadas al informe previo.
El resto, debido a su naturaleza, en algunos casos se incorporó al programa de auditorías y revisiones correspondientes al informe de resultados. Y en otros se llevarán a cabo análisis y estudios específicos.
4a. Realizó reuniones de análisis con funcionarios del Poder Ejecutivo. Y en este sentido, entre el 10 de septiembre y el 27 de octubre pasados, se llevaron a cabo 10 reuniones, en las que participaron más de 200 diputados de todas las fracciones parlamentarias, integrantes de las comisiones involucradas en el análisis.
Este trabajo llevó más de 44 horas efectivas. Se recibieron informaciones adicionales sobre los asuntos sustantivos que contiene la Cuenta Pública, por parte de 17 subsecretarios y ocho oficiales mayores de las distintas dependencias y entidades de la administración pública federal.
Estas reuniones permitieron el esclarecimiento de dudas relacionadas con la sección financiera, el ajuste a los criterios presupuestales y el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los principales programas gubernamentales.
5a. Conforme a lo previsto en el programa de trabajo aprobado y como resultado de las acciones convenidas con la Contaduría Mayor de
Hacienda, el pasado 10 de octubre se recibió el informe previo con un adelanto de 30 días con respecto a la fecha de entrega de ejercicios anteriores. Ello, debido a la preocupación constante que esta Cámara ha tenido para dotarla de los elementos materiales y recursos humanos a la altura de los adelantos técnicos - científicos que vivimos para el mejor desempeño de sus funciones.
Honorable Asamblea: de lo aquí expuesto se deduce que tanto el Ejecutivo como la Contaduría Mayor y la Comisión, han cumplido en tiempo y forma con las obligaciones impuestas en la carta fundamental y leyes secundarias para revisar la Cuenta Pública del año de 1991, contenida en la iniciativa que se somete a la elevada consideración de ustedes y en la que pueden observar, entre otros elementos importantes, una serie de recomendaciones tendientes a mejorar la aplicación del marco jurídico, principalmente en lo que toca al aspecto de tiempos y formas; recomendaciones para avanzar en la observancia de los principios básicos de la contabilidad gubernamental; recomendaciones con el fin de mejorar los procesos de programación - presupuestación de las dependencias y entidades federales, y recomendaciones para avanzar en el sistema de información empleando medios magnéticos.
Esperamos que el debate que se dé sea constructivo, animado del interés de poder ejercer constitucionalmente el control legislativo sobre el manejo que la administración pública Federal realiza sobre los ingresos y egresos presupuestados, pues bien, que en un régimen democrático el pueblo, la ciudadanía, a través de su representación popular, debe estar informado tanto de los ingresos como de la honrada y eficiente aplicación de los egresos a programas de desarrollo del país y a la prestación de los servicios públicos en bien de la comunidad nacional. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Esta Presidencia informa que en acuerdo de los integrantes de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, la discusión del proyecto de dictamen se realice en lo general y en lo particular por cada fracción parlamentaria, y la votación nominal en lo general y en lo particular se hará en un solo acto.
Por lo tanto, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea si es de aprobarse el acuerdo mencionado.
El secretario Mauricio W. Clark y Ovadia: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta si se aprueba el acuerdo de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado, señor Presidente.
El Presidente: - Esta Presidencia informa que se han registrado para fijar su posición los siguientes oradores:
Diputados: Héctor Ramírez Cuéllar, del Partido Popular Socialista; Demetrio Hernández, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Liliana Flores Benavides, del Partido de la Revolución Democrática; Alfredo Lujambio, del Partido Acción Nacional; Isaías Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional.
En consecuencia, tiene la palabra el señor diputado Héctor Ramírez Cuéllar, del Partido Popular Socialista.
El diputado Héctor Ramírez Cuéllar: - Señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Antes de iniciar nuestra intervención, deseamos expresar nuestro reconocimiento a la dirección de la Comisión de Programación y Presupuesto por el gran trabajo que desplegó en la revisión y evaluación de la Cuenta Pública de 1991 que hoy estamos examinando. Fue un trabajo acucioso, metódico en el que participaron casi todas las comisiones de la Cámara de Diputados; se efectuaron reuniones con funcionarios públicos y de esta manera se hizo un esfuerzo como pocas veces se ha hecho en esta Cámara, para revisar y evaluar el ejercicio del gasto público del año anterior; no sólo en lo que corresponde al manejo honesto de los recursos económicos, sino también en lo que corresponde al cumplimiento de las metas económicas que se acordaron para el año próximo. Vaya entonces este reconocimiento que hacemos para este trabajo importante que se hizo durante varios meses.
Sin embargo, el contenido del dictamen que resume el arduo trabajo de la Comisión nos plantea a los miembros del Partido Popular Socialista distintas críticas, objeciones y preocupaciones que van al fondo del dictamen y por eso vamos a reflexionar y eventualmente a votar en contra de este mismo dictamen.
En primer lugar el crecimiento económico nacional, que fue del 3% consideramos que no es
satisfactorio porque si bien es cierto que se incrementó por encima del crecimiento de la población, no podemos ignorar que este crecimiento se basó en factores que no son perdurables, que no son permanentes y que pueden cambiar año con año y de un momento al otro; el crecimiento se basó en el aumento de las exportaciones, en la inversión privada y en el consumo privado y prácticamente la inversión estatal fue minimizada, fue reducida, llegando a desempeñar un papel secundario en el crecimiento del producto interno bruto.
Nosotros consideramos que no es conveniente que el crecimiento de un país dependa fundamentalmente de estos factores, que siendo como son importantes, deben de incorporarse al crecimiento pero no deben constituir el eje central, el eje principal de la generación del producto interno bruto.
Pero, a mayor abundamiento, el crecimiento económico nacional fue heterogéneo, desigual y contradictorio, el sector que más creció fue el sector servicios y no consideramos que sea sano para una economía el crecimiento de este sector.
Para que una economía crezca en forma sana y racional, debe crecer en base fundamentalmente, del sector industrial y del sector agrícola, que son los sectores que reproducen el capital, que mejoran el nivel de vida de la población y que genera mayor riqueza.
No compartimos la idea de un crecimiento hipertrofiado, que descanse en el incremento del sector servicio en tanto el sector industrial crece muy lentamente y el sector agropecuario decrece en forma alarmante y preocupante, que son los sectores que el Partido Popular Socialista considera que deben ser los prioritarios en el desarrollo económico de cualquier país del mundo.
En el dictamen se afirma que la tasa de desempleo fue del 2.6%; se refiere al desempleo abierto, pero nosotros la contrastamos con datos que ha proporcionado el Congreso del Trabajo y la Confederación de Trabajadores de México, que afirman exactamente lo contrario, en el sentido de que en México el desempleo abierto es mucho mayor que el que señala el dictamen de la Cuenta Pública.
En un estudio reciente del Congreso del Trabajo, se afirma que hay 8 millones de desempleados y a ello debemos agregar un elemento que no contiene el dictamen, pero que es muy importante para dibujar la complejidad que tiene el desempleo, que es el subempleo.
No cabe duda que el subempleo en muchos casos oculta el desempleo abierto y aunque no hay magnitudes para valorar el subempleo, debiera también ser considerado para tener una idea más clara del ejercicio que tiene este fenómeno en nuestro país.
El dictamen reconoce que ha decrecido el poder de compra de los salarios mínimos y esto nos parece una actitud autocrítica, valiosa, pero no compartimos el señalamiento de que los salarios contractuales, han observado una recuperación en términos reales; por el contrario, de acuerdo con los datos del Congreso del Trabajo, que consideramos son los más fidedignos, observamos que también los salarios contractuales han bajado en forma considerable en términos reales.
Pero además, ningún ejercicio que nos permita valorar la capacidad de compra de los salarios, se puede hacer en un año. Y no se puede hacer porque México ha pasado por una etapa de hiperinflación en donde hay una inflación acumulada muy alta, que si bien se ha reducido, que si bien se ha controlado, el rezago acumulado en materia inflacionaria es muy elevado y aunque en un año se haya controlado el nivel inflacionario como aquí se afirma, no puede desdeñarse la hiperinflación del sexenio pasado, el deterioro de los salarios reales en el Gobierno anterior, y la acumulación en el poder de compra de los salarios y lo que nos permitiría saber si en verdad se han mejorado los ingresos de los trabajadores o no. Tenemos la convicción de que no se han mejorado los salarios reales.
En un reciente informe del Programa Nacional de Solidaridad, se afirma, entrando en contradicción con esta parte del dictamen, que el número de mexicanos que vivían bajo los niveles de la pobreza extrema, se ha incrementado en 3 millones y no se ha reducido como se esperaba. Esto quiere decir que a pesar de programas como el Programa Nacional de Solidaridad, el número de pobres está en crecimiento, lo que nos está reflejando un fracaso muy grande de la política del Gobierno en materia de distribución del ingreso nacional.
El Partido Popular Socialista no se opone al financiamiento del capital extranjero. Consideramos que más que todo en este momento, es necesario, es indispensable para el crecimiento de la economía nacional.
Países como la República Popular China, como Cuba, están reformando sus leyes para abrir sus economías al capital extranjero, y este fenómeno no debiera asustarnos a nadie.
Sin embargo, lo preocupante en la cuenta Pública que estamos analizando, es que este financiamiento representó un monto hasta del 4.6% del producto interno bruto, volumen que se nos presenta como muy elevado, como muy grande, al grado tal de que han ingresado a nuestro país más de 24 mil millones de dólares, que era la meta precisamente acordada para finalizar el sexenio.
Pero ¿en qué ramas de la economía y qué comportamiento está teniendo esta entrada de capitales que en forma masiva llega a nuestra economía? Aunque el dictamen no lo dice, hay que señalar el 65% del financiamiento externo se localiza en la bolsa de valores, en actividades no productivas, sino espera especular con algunas empresas, con algunas ramas de la economía. está esperando condiciones adecuadas, de tal manera que sólo el 30% de los ingresos de capital extranjero, están ya hoy fincados en proyectos productivos a mediano y a largo plazos.
Pero también debemos señalar que no es conveniente que el crecimiento de México dependa de la afluencia del capital extranjero, como pivote de este crecimiento y como palanca de este crecimiento.
En este año, cuando se presentaron las elecciones de los Estados Unidos y ante el temor fundado por cierto, de que el presidente Bush no fuera reelecto y el tratado de Libre Comercio no fuera firmado, se presentó una salida intempestiva de capitales extranjeros hacia otros países preocupados por la inestabilidad política en la Unión Americana y preocupados también porque el tratado de Libre Comercio estaba en un serio predicamento.
Esto nos confirma que el capital extranjero es muy volátil, es muy voluble y cambia su comportamiento de una manera errática, sin que los gobiernos, sin que los países puedan controlarlo y puedan obligarlo a que permanezca en nuestro país. De esta manera, el capital extranjero entra al país en forma masiva, y así como entra, con esa rapidez sale y se va a otros países en donde le ofrecen condiciones más adecuadas para su expansión y para su crecimiento.
Si el crecimiento de México depende de este factor volátil, entonces, al irse el capital extranjero, este crecimiento disminuye y viene una crisis en la economía nacional y consideramos que no es conveniente que el crecimiento de la riqueza nacional dependa de un factor que escapa por completo a nuestras decisiones soberanas y a nuestro control nacional.
Y aquí tenemos una situación verdaderamente paradójica. Por un lado tenemos un superávit global en la balanza de pagos, en la cuenta de capital, por 20 mil millones de dólares, pero ese superávit, debemos decirlo francamente, se debe a la afluencia masiva de capital extranjero, no es un superávit conseguido a base de un esfuerzo sostenido y fincado en realidades, sino es un superávit sostenido con alfileres, sujeto a los ritmos de crecimiento de la entrada de capital, y que hoy es un superávit pero mañana puede dejar de serlo, de tal manera que esta cifra, que esta consideración que se plantea en el dictamen, no parece que es un espejismo, nos parece que es una base endeble en la que no podemos confiar.
Y la realidad nos la está indicando la balanza comercial que tuvo un déficit por 11 mil millones de dólares. Esa es la realidad, dado que el gobierno finca el crecimiento en la política de exportaciones; es uno de los dos pilares del crecimiento de la economía nacional, el aumento de las exportaciones.
Pero la balanza comercial es deficitaria, de tal manera que mientras las exportaciones no petroleras crecieron en un 13%, las importaciones lo hicieron a una tasa del 22%, y si bien es cierto que la mayor parte de las importaciones fueron de bienes de capital y bienes intermedios lo cual no sería del todo grave el déficit de la balanza comercial, también debemos señalar que la presencia de los bienes de capital, de los bienes intermedios en la economía nacional, no genera resultados a corto plazo, sino generalmente son resultados a mediano y a largo plazos, en lo que se incorporan a los activos productivos de las empresas.
Pero tampoco debemos desdeñar que es muy preocupante la importación de productos de consumo, y dentro de ellos de consumo innecesario y de importaciones totalmente improductivas. Si ese fenómeno se dio el año pasado con la magnitud que ya hemos señalado, ahora, en este año se dará con mayor fuerza, y eso que México aún no firma el Tratado de Libre Comercio.
No cabe duda que el déficit de la balanza comercial, que ya lleva varios años, debiera ser objeto de preocupación por el Gobierno Federal, porque en una primera aproximación nos estaría indicando que la capacidad exportadora de México no es muy grande, como se pensaba, no es muy importante, como algunos estaban suponiendo, en nuestro país.
El gasto público del Gobierno, que ya de por sí fue muy bajo el año pasado y continúa la
tendencia a dejar el espacio libre a la inversión privada fue menor al autorizado por el congreso, y este fenómeno no cabe duda que repercutió en una baja en el crecimiento del producto interno bruto. El hecho de que el gasto público, ya de por sí disminuido, no se haya ejercido a cabalidad, sino haya disminuido, nos está conduciendo a la contracción, a la recesión o al estancamiento. Los grados de la recesión pueden ser muy variados, dependiendo del tamaño de la economía, pero no cabe duda que el hecho de que el Gobierno Federal no haya invertido ni siquiera lo que la Cámara le autorizó, fue un factor que motivó una baja notable en el crecimiento del producto nacional bruto.
Lo mismo podemos decir del comportamiento del gasto de las empresas estatales y organismos sujetos a control presupuestal, que cada vez son menos, desde luego.
Esto se debe a que se han eliminado prácticamente todos los subsidios en los bienes y servicios que proporcionaba el Gobierno a través de sus empresas y la implantación de tarifas a costos reales.
La política de tarifas a costos reales, y la eliminación de subsidios, ha mejorado las finanzas de las empresas estatales, pero ha causado un encarecimiento de la vida en grandes sectores de la población, llámese los servicios energéticos, los servicios de carreteras y transportes, el costo de los alimentos, porque una de las fallas de esta política es que si bien es cierto que había subsidios que no se justificaban, había otros que sí tenían una plena justificación de carácter social, y que sin embargo también se han ido eliminando como los subsidios a través de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares y de sus filiales.
Se olvida, esta política, de que la población está sujeta a diferentes ingresos salariales, que tenemos capas de la población que perciben hasta dos salarios mínimos o un salario mínimo, que son una minoría los que perciben más de tres salarios mínimos y de esta manera se hace tabla rasa de las diferencias salariales que hay en nuestro país.
En materia sectorial, observamos una situación lamentable, preocupante, en el ejercicio de la cuenta pública. Por fortuna en el dictamen lo reconoce, lo afirma, y ésa es una conducta sincera que debemos reconocer todos los diputados: no ignorar las realidades sectoriales es algo que dignifica a la Cámara de Diputados.
En primer lugar, los resultados generales del sector agropecuario fueron desalentadores porque disminuyó la producción de los 10 artículos, de los 10 alimentos básicos de nuestro país.
Se echó mano de las reservas de alimentos y se continúa una elevada cantidad de importaciones de alimentos, lo que nos está revelando que el sector agropecuario sufrió y sigue sufriendo un deterioro muy grande, una gran descapitalización y que los resultados son, en términos generales, negativos.
Lo mismo podemos decir en lo que se refiere a la producción pesquera, en lo se refiere a la producción forestal y también en el sector comercio, en donde las metas de producción de leche, de carne, de harina de maíz y de otros, fueron mucho menos a las esperadas por el Gobierno Federal y por la Cámara de Diputados.
En lo que corresponde al sector salud, también observamos que los resultados no son alentadores, puesto que se continúa enfatizando en la medicina curativa hacia la cual se destinaron el mayor volumen de recursos y no hacia la medicina preventiva.
Esto lo decimos porque debemos tomar en cuenta que las principales enfermedades de nuestro país son perfectamente previsibles, son las que se refieren a las enfermedades infecto - contagiosas, respiratorias y estomacales, que pueden ser controladas con programas de prevención. Pero el enfoque en el sector salud fue exactamente el contrario, enfatizando en la medicina curativa.
En lo que se refiere el sector educación, señalamos que también aquí la situación no es nada halagüeña, pues aunque el dictamen afirma que se otorgó la educación primaria a todos los niños, lo cierto es que en informes posteriores de Educación Pública, se habla de que un porcentaje de niños importante no pudo ingresar a la educación primaria por distintas razones y que cada 100 niños que ingresaron al primer grado, sólo 60 lo concluyeron, o sea que debemos ser francos, ser sinceros y afirmar que la cobertura de educación primaria es más teórica que real, por la alta deserción que registra este nivel educativo, y más aún si nos referimos al nivel de secundaria y a niveles superiores.
De cada 100 niños que ingresaron a la primaria, sólo cinco concluyeron una carrera profesional técnica o universitaria, lo que nos revela la alta deserción, la elevada ineficacia del sistema Educativo y la baja calidad de sus planes y programas de estudio.
Sobresale en el dictamen el Programa Nacional de Solidaridad, que fue el ramo presupuestario más protegido y más apoyado en el presupuesto federal; se ejercieron 5 billones 200 mil millones de pesos, y aquí si se presentó un incremento del 32% con respecto a las asignaciones del año anterior.
Este es el programa más sobresaliente de la cuenta Pública, no sólo por las magnitudes de recursos que manejó, si no por el crecimiento de esos recursos en términos relativos y en términos absolutos.
El Gobierno, al parecer, concentra su estrategia en la aplicación del Programa Nacional de Solidaridad.
Pero al ver nosotros el comportamiento del programa, advertimos que es un programa que está destinado en su mayor volumen a la creación de obras de infraestructura en comunidades, pueblos, ciudades y rancherías, extensión de redes de agua potable, alcantarillado, introducción de energía eléctrica, que son servicios públicos que no generan en forma directa e inmediata crecimiento alguno en la producción nacional.
En cambio, del total de los ingresos del Programa Nacional de Solidaridad, sólo el 20% fue para el ámbito productivo. Esto nos está revelando que el Gobierno en 1991 dejó de invertir en la producción para canalizar sus recursos a este programa que comentaremos en otra intervención.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Demetrio Hernández, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado Demetrio Hernández Pérez: - Con su venia señor Presidente, compañeras y compañeros legisladores:
Desde el primer párrafo del panorama económico contemplado en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal para 1991, uno no deja de sonreír complacido, todo va bien.
El producto crece del doble de la población.
La inflación se reduce en 11 puntos porcentuales.
La inversión y las exportaciones no petroleras son las palancas del crecimiento.
Crecen los fondos disponibles para la inversión.
Se acumulan reservas internacionales.
Las finanzas públicas son las mejores de la historia.
Los salarios manufactureros son mayores en más de un 4%.
Esto quiere decir, hay estabilidad y confianza en el futuro promisorio del país. Todo va bien. Todo va bien.
Los ingresos por exportaciones aumentan a pesar de la reducción de los precios internacionales del petróleo, lo que manifiesta la creciente competitividad de nuestros productos.
La inversión privada crece como pocas veces, al grado de encabezar el dinamismo económico.
La liberación comercial nos ha vuelto más eficientes y la desregulación ha abierto oportunidades para emprender nuevas aventuras productivas. Todo va bien.
Las finanzas públicas registran por primera vez en la historia un superávit financiero, aun sin considerar los ingresos por la desincorporación bancaria y la venta de empresas paraestatales. Aún con la reducción de los ingresos petroleros, los ingresos tributarios aumentan considerablemente.
La reforma fiscal ha ampliado los recursos presupuestales y junto a la reducción de los servicios de la deuda ha permitido una combinación saludable. Superávit fiscal y aumento en el gasto destinado a satisfacer demandas populares y la infraestructura nacional. Todo va bien.
Lo presupuestado es menor a lo ejercido cuando tenía que ser, y mayor cuando así era conveniente.
En las finanzas públicas el superávit lo dice todo: nos fue mejor de lo pensado. Todo va bien.
Las entradas de capital por concepto de regreso de capitales fugados o ingreso de capitales exteriores, financian el déficit de Cuenta Corriente y además propician acumulación de reservas, las mayores de cuando se tenga memoria. ¡Todo va bien!
El déficit comercial se debe al dinamismo de las inversiones privadas, es un déficit que genera su propio financiamiento, aún con excesos. Por primera vez el déficit no se asocia con el gasto público, sino con la inversión privada. Las importaciones son de insumos intermedios y bienes
de capital en más del 80%. Son las importaciones del crecimiento ¡Todo va bien!
Se ha reducido los intereses, reestructurado la deuda, liberado los recursos públicos, aumentando las reservas, crecido el ahorro interno, las líneas de crédito inversiones productivas, amortizado deuda interna, generado un fondo de contingencia, etcétera. Las finanzas del desarrollo están sanas. ¡Todo va bien!
Los sectores productivos crecen sostenida aunque desequilibradamente, aumentan las industrias de bienes de capital, la de electricidad y gas y los servicios y, principalmente, comunicaciones y transportes. ¡Todo va bien!
El empleo sigue su ritmo ascendente, los salarios son mayores, los precios se estabilizan, hay amplia disponibilidad de productos en el mercado, aumenta el Programa Nacional de Solidaridad, lo mismo en educación, salud y vivienda. Los indicadores sociales se recuperan. ¡Todo va bien!
Después de la crisis, acostumbrados a los crecimientos negativos, a las retracciones y demás noticias adversas, uno pensaría mordazmente que todo va demasiado bien para ser verdad; pero no, las estadísticas no mienten, los indicadores registran un crecimiento sano y sostenido y una confianza en el futuro del país.
Las nuevas leyes, por su parte, lo reafirman, se modificaron las disposiciones constitucionales relativas al campo, se ajustaron leyes fiscales y financieras, se firmaron acuerdos comerciales, se continúan la liberalización, la desregulación y la congruencia en materia de política económica. ¡Todo va bien!
Y sin embargo, en el segundo trimestre del año en curso, las declaraciones se matizaron, las expectativas se ensombrecieron y algunas voces desde el sector público, la academia y los medios de comunicación, lanzaron advertencias sobre el peligro del déficit en cuenta corriente. La fragilidad del ingreso de capitales, la sobrecolocación de títulos bursátiles, las tendencias de la economía internacional, la evolución de los salarios y del empleo, la persistencia de cuellos de botella en infraestructura y los rezagos en materia de salud y su impacto en la proliferación de enfermedades erradicadas, etcétera.
Todo iba bien y de repente cambió, si no definitivamente, al menos se tuvo más cuidado en presentar las condiciones del crecimiento sano y sostenido. sus límites y contradicciones, sus posibilidades y dificultades.
¿Por qué no se especifican las características del ahorro externo captado por la economía nacional? ¿Por qué no se señala el porcentaje del mercado, los títulos y las consecuencias del flujo de capitales hacia México? ¿es que no se sabía acaso que más del 70% del ingreso de capitales va hacia la bolsa de valores y el mercado secundario, lo que ha ocasionado que empresas consultoras internacionales sigan calificando la inversión en nuestro país como riesgosa y especulativa?
Nuestro partido ha venido señalando desde hace más de dos años estos problemas. Los hemos dicho en todos lados, en las discusiones sobre los informes trimestrales, el Informe Presidencial, las discusiones con los secretarios de Estado y las comparecencias respectivas.
¿Por qué seguir soslayando los peligros del déficit en cuenta corriente? Se dice una y otra vez que el déficit es distinto y tienen razón, es diferente en sus coincidencias y en la estrategia de financiamiento, es un déficit de la inversión privada; de esto no hay duda. El superávit fiscal así lo indica. pero no tienen razón en la composición de las importaciones. Históricamente siempre ha sido así.
El crecimiento económico trae aparejado un crecimiento mucho más que proporcional de las importaciones de bienes de capital e insumos intermedios. Esto es una característica de la estructura productiva del desarrollo. Lo que llaman la heterogeneidad productiva y la dependencia de la reproducción ampliada del capital.
Del mismo modo, se continúa ligado a la dependencia de divisas para sufragar el déficit. Antaño es cierto, era a través de deuda, déficit fiscal e inflación. ahora es por el ingreso de capitales externos.
No desdeñamos la importancia de los cambios, pero los redactores del panorama económico, soslayan las repercusiones de esto. Pareciera que el sólo hecho de señalar las diferencias en el financiamiento del déficit, lo estime de consecuencias indeseadas; entre ellas la vulnerabilidad, la fragilidad, la reducción del margen de maniobra, la pérdida de las soberanía económica y otros.
En un informe técnicamente muy solvente, lo menos que se podría esperar era honestidad intelectual y política, para señalar los problemas del financiamiento externo sobre todo cuando el mismo Gobierno ha reconocido los problemas del déficit comercial y ha explicado por esto, al menos en parte, la desaceleración productiva.
En lo que se refiere el comportamiento de las transacciones con el exterior, todavía distamos mucho de entrar al grupo de los países desarrollados. La estructura productiva y la balanza de pagos así lo indican por desgracia.
Quiero señalar tres cuestiones finales: la desaceleración productiva ha sido junto a la negociación del Tratado de Libre Comercio, la noticia económica del año. ¿Pero es que acaso los indicadores no registraban desde el año pasado esos síntomas? ¿Por qué en lugar de una presentación más rigurosa de los desequilibrios sectoriales en la producción, se optó por una interpretación que favorecía los crecimientos y desdeñaba los estancamientos o las retracciones? ¿Es que no se atreven a sacar conclusiones de sus propios datos, cuando empiezan a aparecer dificultades? ¿No somos nosotros, sino el mismo discurso gubernamental el que ahora lo reconoce? ¿Por que no incorporan nunca en los informes de la cuenta pública, apartados sobre las dificultades del crecimiento, las limitaciones o las paradojas del desarrollo?
Las estadísticas del empleo en nuestro país, no son muy confiables. Esto todos lo sabemos. Pero podríamos aceptar sin conceder, las cifras propuestas en el panorama. Sin embargo, así como aumentan las cifras de los incorporados al Instituto Mexicano del Seguro Social, la observación registran el crecimiento acelerado de la economía informal.
Las estrategias de la supervivencia no pasan por los circuitos económicos del registro, con lo que en la contabilidad oficial, nunca aparecen los datos de subempleo y desempleo disfrazados; no están registrados pero existen. Y las dificultades que crean son significativas, aunque no entren directamente en el rango y el margen de los problemas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El tipo de crecimiento económico, las modalidades de la inversión productiva y los sectores más dinámicos de la economía, no son en lo fundamental, grandes creadores de empleo, las tecnologías así lo indican.
Y uno quisiera saber cómo es posible una presentación tan autocomplaciente del empleo, cuando sabemos que éste depende, en lo fundamental, de los diferenciales entre el crecimiento de la productividad y la acumulación del capital.
Por otra parte, y como de costumbre, el nivel de vida de la población es el aspecto menos tratado del informe en lo general y del panorama, en lo particular.
¿Acaso es aceptable la evolución del salario manufacturero para captar la evolución de los ingresos medios? ¡Por favor! ¿Qué porcentaje de la población económicamente activa trabaja en el sector manufacturero?
México ya tiene una estructura ocupacional de país pos industrial. Los servicios son el sector que más empleo produce y no sabemos nada de los ingresos de los campesinos. ¿Es que acaso los redactores del informe desconocen incluso la afirmación presidencial de que la economía, las finanzas y el crecimiento no tiene sentido por sí mismos, sino en relación al bienestar de la población? ¿Por qué no hay índices de pobreza, o de bienestar, o de nivel de vida más que el ritmo de crecimiento del producto interno bruto, del ahorro, de las tasas de interés y las reservas internacionales? Estos índices deberían de ser el criterio de evaluación de las políticas públicas.
Después de todo, todavía el estado no es una gran empresa, a pesar de que después de leer el panorama económico de la cuenta de la Hacienda Pública para 1991, uno lo dude cada vez más.
Hasta aquí dejamos por el momento nuestros comentarios al respecto y nos reservamos el derecho en las siguientes intervenciones. Muchas gracias.
El Presidente: - Se concede el uso de la palabra a la diputada Liliana Flores, del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Liliana Flores Benavides: - Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros diputados:
De acuerdo a la Constitución General de la República, la revisión de la Cuenta Pública tiene por objeto conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto, y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.
Sobre este mecanismo de control que ejerce el Poder Legislativo respecto a la actividad del Poder Ejecutivo, el maestro Felipe Tena Ramírez ha señalado que en un régimen efectivamente democrático, la revisión de la Cuenta Pública debe significar el juicio crítico, imparcial y objetivo de la obra realizada por el ejecutor del
presupuesto, señalándole las deficiencias, si las hubiere, principalmente el desbordamiento de los gastos no autorizados. En ese juicio el enjuiciado es un Poder de la Federación. Nada menos que el Ejecutivo.
Efectivamente, coincidiendo con el constitucionalista Tena Ramírez, en un régimen democrático, la revisión de la Cuenta Pública es uno de los mecanismos más importantes de fiscalización y vigilancia que el Legislativo, en su carácter de representante de la nación, tiene para garantizar el apego a derecho y el cumplimiento estricto del ejercicio presupuestario
Para cumplir con este mandato constitucional se ha dotado al Órgano Legislativo de una serie de instrumentos y de facultades que le permitirían, si lo ejercitara adecuadamente, realizar una revisión exhaustiva de los resultados de la gestión financiera y del cumplimiento de los objetivos y de los criterios fijados por el propio legislativo en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Es verdad que desde el Partido de la Revolución Democrática y coincidiendo con diversas fuerzas de oposición y con destacados especialistas en la materia, hemos señalado que se requiere crear un órgano autónomo, cuyos integrantes sean nombrados por el Legislativo, donde se incorporen funciones que ahora corresponden a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación y se amplíen las facultades y los instrumentos de vigilancia del ejercicio del gasto público, a efecto de estar en posibilidad de cumplir adecuadamente con el mandato constitucional.
Reiteramos la necesidad, inaplazable, de realizar las reformas al marco jurídico que permitan el control adecuado de la nación sobre el ejercicio presupuestal.
Sin embargo, es evidente que a pesar de existir actualmente limitaciones para que el Órgano Legislativo realice de manera más adecuada esta función, de la lectura del dictamen de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, un dictamen solamente votado por el Partido Revolucionario Institucional que ahora se nos presenta, se aprecia la existencia de una autolimitación en la que de manera absurda incurre esta "Cámara.
En efecto, un poder que no hace uso de todos los instrumentos a su alcance para garantizar el apego a derecho del manejo de los recursos de la nación, abdica de una de sus principales funciones y rompe con el equilibrio y los contrapesos que deben existir en un régimen democrático.
A pesar de que la Contaduría Mayor de Hacienda, como órgano técnico de la Cámara de Diputados que tienen a su cargo la revisión de la Cuenta Pública y tiene facultades para revisar y verificar si las entidades realizaron sus operaciones con apego a los diferentes ordenamientos de la materia, si ejercieron correcta y estrictamente su presupuesto conforme a los programas y subprogramas aprobados, si se ajustaron y ejecutaron los programas de inversión en los montos términos aprobados de conformidad con sus partidas y si se aplicaron los recursos provenientes de financiamientos, con la periodicidad y forma establecida por la Ley, y para determinar de esto está facultada para ordenar visitas, inspecciones, practicar auditorías, solicitar informes, revisar libros, documentos, inspeccionar obras, así como promover ante las autoridades competentes el fincamiento de responsabilidades, en los hechos, y el dictamen que está a discusión lo demuestra, no se ha realizado en los términos de una Ley adecuada, una adecuada revisión de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal de 1991. ¡A pesar de todo esto!
¿De qué sirvieron tantas reuniones? ¿De qué sirvieron tantas discusiones? Evidentemente que ha sido un esfuerzo de todos los miembros integrantes de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública. Pero el debate plural y las divergencias y las diferencias obviamente que no se plasman en el dictamen de la Cuenta Pública.
¡Hubo diferencias! Y si realmente hay una voluntad de que las cosas sean diferentes, por ahí se hubiera empezado. Presentar un dictamen que señalara en qué puntos la oposición ha planteado que no está de acuerdo. ¿En qué puntos la oposición ha planteado dudas? ¿En qué puntos las respuestas de los funcionarios del ejecutivo fueron insuficientes y se requiere una ampliación de explicaciones?
¿De qué sirvió tanto, si en el cuerpo del dictamen y en el proyecto de decreto encontramos sólo un tibio remedo de revisión del ejercicio presupuestal y a lo sumo se presenta una serie de recomendaciones para que el ejecutivo se apegue al marco jurídico y a los objetivos y criterios que le fueron señalados por este órgano legislativo?
¿Este es el papel que la Constitución asigna al órgano legislativo en la revisión de la Cuenta
Pública ¿El papel de los legisladores integrantes de esta Cámara se reduce a pedir al Ejecutivo que cumpla con los ordenamientos legales y con los criterios que le fueron señalados? Si la respuesta fuera afirmativa, triste papel tendrían que cumplir los representantes de la nación.
En un régimen democrático, las graves deficiencias en la información que el Ejecutivo presenta, las incongruencias entre el gasto aprobado y el ejercido que aparecen en la Cuenta Pública, la carencia de suficientes elementos de juicio para evaluar los resultados en la relación con los planes y programas existentes, serían elementos suficientes para rechazar este informe anual y para exigir responsabilidades a los funcionarios Públicos que incumplieron con los ordenamientos legales y los criterios establecidos.
Sin embargo, en el proyecto de decreto que se nos presenta, sólo se recomienda, por ejemplo, intensificar las acciones de vigilancia en la aplicación de la normatividad vigente para evitar desviaciones en la ejecución de los programas y en el ejercicio de los presupuestos autorizados; o se le pide al ejecutivo que amplíe la información sectorial sobre las causas de incumplimiento en la aplicación de presupuestos aprobados, o sea, se le pide lo que tiene obligación de cumplir.
Por otra parte, en relación con las grandes deficiencias en la revisión realizada por la contaduría Mayor de Hacienda, se propone que dicho órgano cumpla con su obligaciones legales, se le pide que practique auditorías y realice acciones legales que le permitan esclarecer posibles irregularidades habidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación y que, en su caso, finque las responsabilidades correspondientes en los términos de la legislación aplicable.
Nosotros nos preguntamos: ¿como es posible que nuestro papel como legisladores se limite a pedirle al órgano que justamente está diseñado para cumplir con esas funciones, que las ejercite?
Nos encontramos entonces en este pleno ante el incumplimiento por parte del ejecutivo de un informe sobre el ejercicio presupuestal apegado a derecho y con carencias de información y de elementos suficientes para discutir adecuadamente el medio.
Por otra parte, nos encontramos con un incumplimiento por parte de la Contaduría Mayor de Hacienda de las obligaciones que se le señalan para la revisión de la Cuenta Pública, incumplimientos y deficiencias que el dictamen que se nos presenta pretende avalar y remediar con peticiones y recomendaciones que sólo pretenden ocultar las responsabilidades que deben de ser exigidas a quienes por acción u omisión impiden un control adecuado del ejercicio del gasto público.
En el cuerpo de la Cuenta Pública, en el análisis sectorial, nos encontramos que ha habido una serie de medidas unilaterales con relación al gasto en algunos sectores de la actividad económica. Nos hemos encontrado diferentes sorpresas. Nos encontramos que no se utilizaron la totalidad de los recursos autorizados en las siguientes dependencias del Gobierno Federal: Comunicaciones y Transportes, el 4% no se ejerció; Educación Pública, el 1.8%; Salud, el 4.1%; Desarrollo Urbano y Ecología no se ejerció el 10.9% del Presupuesto y para sorpresa de todos nosotros el rubro Solidaridad y Desarrollo Regional no se ejerció el presupuesto aprobado en un 20.9%. Además de esta situación, tenemos también que hubo casos de otros sectores donde hubo un ejercicio de más, nos encontramos que en los órganos electorales se ejerció un 49.5% encima del presupuesto aprobado; en el Poder Judicial, un 30.3%; en Gobernación un 32%; y ojo en las erogaciones no sectoriales hubo un incremento de 49.6%.
Consideramos que son demasiadas las desviaciones presupuestales, además de que las variaciones respecto al Presupuesto original son muy elevadas. A partir de esta situación queremos plantear un cuestionamiento de reflexión. ¿Qué sentido tiene que la Cámara de Diputados revise, establezca las condiciones y apruebe el Presupuesto de Egresos de la Federación si el Ejecutivo Federal finalmente lo ejerce con toda la libertad de hacer los cambios que a él le parecen convenientes sin respetar los criterios de aprobación de la Cámara de Diputados?
Esta política de recortes obviamente que recayó en que haya un superávit y aquí nos encontramos ante un problema pues bastante importante, por que el Gobierno ha hecho apología de que se ha alcanzado un superávit, es un récord en la historia, es un triunfo histórico, pero lo que pasa es que eso no estuvo autorizado por la Cámara de Diputados y el Congreso al aprobar el presupuesto y la Ley de Ingresos para 1991, más bien lo que aprobó fue un déficit fiscal moderado. Para alcanzar el superávit, los recortes al gasto fueron mayores que los autorizados y como hemos demostrado en algunos casos, presumiblemente de bastante significación social y económica.
Insistimos además en la tesis de que los superávit fiscales no están autorizados en la Constitución y menos si son decretados unilateralmente por el ejecutivo, la Constitución atribuye al Congreso facultades para el establecimiento de las contribuciones necesarias para financiar el gasto público, no el superávit público.
Nos encontramos en el análisis con cuestiones realmente muy preocupantes de las cuales mencionaré solamente algunas. En el caso del sector Desarrollo Rural nos encontramos que en 1991 el gasto ejercido fue menor en un 13.5% respecto de lo aprobado por esta Cámara de Diputados. Se aprovechó la desaparición de la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera para ahorrar más dinero, sin considerar las necesidades de apoyo financiero al campo. No se transfirieron esos fondos hacia otros renglones del desarrollo rural, de esta forma la producción de los 10 principales cultivos del país en 1991 fue de 24 mil 220 toneladas, lo que significa un decremento del 12.9% respecto a 1990. Aquí si nosotros revisamos cuáles fueron los objetivos manifiestos cuando se presupuestó el sector Desarrollo Rural, nos encontramos que el objetivo era propiciar la suficiencia alimentaria, reducir las importaciones y cubrir la demanda de insumos indispensables en otras actividades económicas.
¿Por qué unilateralmente se dejaron de ejercer 1 billón 63 mil 500 millones de pesos para desarrollo rural, que sí fueron aprobados por la Cámara de Diputados pero que no fueron gastados por el Ejecutivo.
Y ya vimos su contradicción entre el objetivo y el decremento en la producción agrícola de los 10 principales cultivos. ¿Que acaso no se puede establecer alguna relación entre la caída del producto agrícola y el incumplimiento de las metas de gastos para el desarrollo rural?
Nosotros pensamos que es muy posible que sí exista una relación, de lo cual se derivan graves responsabilidades para quienes decidieron o permitieron esa falta de ejercicio del gasto por omisiones en sus funciones públicas.
Otro rubro muy importante es el rubro de Solidaridad. Los recursos presupuestales destinados al Programa Nacional de Solidaridad, se han aprobado y se han ejercido sin respetar la formulación de programas, objetivos y metas como establece la normatividad vigente.
No conociéndose los programas ni los objetivos, tampoco pueden calcularse previamente los costos ni las unidades responsables y por supuesto eso entorpece la revisión y evaluación de las metas logradas y las no alcanzadas. Por lo tanto todo ha sido a partir de la discrecionalidad del Ejecutivo.
Como hemos señalado reiteradas ocasiones, el Programa Nacional de Solidaridad constituye uno de los instrumentos políticos más importantes de la actual administración por perseguir dos objetivos bien definidos: fortalecer por un lado la figura presidencial y recorporativizar a los sectores sociales en favor del proyecto del Gobierno actual.
En las elecciones federales de 1991, esto fue claro. Ni la nueva legislación ni el uso fraudulento del padrón, ni las añejas prácticas para alterar los votos, jugaron un papel tan preponderante como el Programa Nacional de Solidaridad.
La estrategia más visible, sonora y publicitada para recuperar el favor de los votantes al Gobierno y al Partido Revolucionario Institucional, antes y durante las elecciones, fue sin duda el Programa Nacional de Solidaridad y voy a poner un ejemplo.
Del 30 de junio al 10 de agosto de 1991, el Programa Nacional de Solidaridad gastó 682 millones de pesos por hora, por hora, para realizar obras públicas, sumando 671 mil 208 millones de pesos en solo 10 días, según análisis de las cifras del informe sobre la situación y las finanzas públicas.
Dentro de la actividad política desarrollada por Solidaridad, destaca el hecho de la labor inusitada del Ejecutivo en toda la República mexicana inaugurando lecherías, carreteras, entregando escrituras a escasos días para realizar las elecciones. Ante esto, el coordinador de Solidaridad, Carlos Rojas, al alabar la labor del presidente dijo, tan solo dos días después del 18 de agosto: "Nosotros, como Programa de Solidaridad, hemos cumplido una parte, y quiero insistir, el juicio de este Programa lo tendrá que hacer cada uno en la emisión del voto".
Qué pasa en el sector educación. El gasto ejercido en el sector educación durante 1991, fue de 27 billones, 067 mil 900 millones de pesos. Una cifra superior en 21.5% en términos reales respecto al gasto de 1990.
Sin embargo, a pesar de este incremento que parece considerable, el presupuesto de 1991 en términos reales, todavía estuvo por debajo de los montos asignados en 1981 y en 1982, con
variaciones negativas de menos .9% y menos 4.8%, respectivamente.
Sobre este mismo tema hay un punto interesante: se nos dice que en materia de infraestructura educativa, se construyeron espacios de nivel primaria y para nivel secundaria, pero se nos dice que esta infraestructura se edificó por medio del Programa Nacional de Solidaridad. Surge una duda: ¿La construcción de estos espacios educativos se realizó con recursos destinados al Sector Educación? Pensamos que es así, puesto que se nos presenta este informe en los resultados de ese sector.
Consideramos que no es válido etiquetar las obras de infraestructura que son obligación del Gobierno Federal, con un programa que es netamente propagandístico del partido en el poder.
Y así como esto, encontramos diferencias puntuales, las cuales nosotros hicimos conocer, debatimos, inquirimos a los funcionarios en cada una de las comparecencias, y las cuales compañeros nuestros van a desarrollar posteriormente.
Quisiera enfatizar lo siguiente: el alto grado de discrecionalidad con que el Ejecutivo Federal puede disponer de los recursos públicos, a pesar de lo que establecen las normas vigentes, se pueden reflejar en lo siguiente:
Para el ejercicio fiscal de 1991, la Cámara de Diputados le autorizó al Ejecutivo, con nuestro voto en contra, por supuesto, el ejercicio de 2 billones 500 mil millones de pesos para erogaciones no sectorizables. Ya en sí misma era una buena cantidad si consideramos que es un fondo de gasto discrecional del Ejecutivo. Pero en la Cuenta de la Hacienda Pública que hoy se analiza, se nos informa que el Ejecutivo realizó un sobregiro de 1 billón 241 millones de pesos en estos renglones, totalizando el gasto no sectorizable en un total de 3 billones 744 mil millones de pesos. Este sobregiro no ha podido ser satisfactoriamente justificado hasta el momento por el Ejecutivo Federal, y en nuestra opinión, es una investigación que debe de profundizarse.
Además es notable que el sobregiro a las erogaciones no sectorizables, por un lado, se realizan aparte recortes al presupuesto por otro, que también son definidos discrecionalmente.
Mi partido ha manifestado reiteradamente que está en contra de la discrecionalidad con la que el Ejecutivo también ejerce los recursos correspondientes al Programa Nacional de Solidaridad.
Hemos estado en contra de que en esta Cámara no se definan programas y subprogramas, ni metas ni objetivos, como debe de hacerse en el total del gasto público federal, de acuerdo con las leyes vigentes.
El caso es, en síntesis, que en 1991 el titular del Ejecutivo ejerció un gasto de 4 billones de pesos. Sumados los recursos de erogaciones no sectorizables y del Programa Nacional de Solidaridad, contamos con un fondo para gasto discrecional del titular del Ejecutivo, de casi 7 billones 800 mil pesos.
Nosotros nos preguntamos, ya para casi concluir: ¿qué importancia tiene que el titular del Ejecutivo haya venido aquí a ofrecer que se reglamente el financiamiento de las campañas de los partidos políticos, cuando él mismo puede utilizar discrecionalmente grandes sectores del presupuesto y que lo hace con fines electorales en no pocas ocasiones.
Por todo lo anteriormente descrito, compañeros, el voto particular del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática es en contra. Entrego a la Secretaría nuestro voto particular, para que se incorpore al Diario de los Debates. Gracias.
El Presidente: - Se concede el uso de la palabra al diputado Alfredo Lujambio Rafols, del Partido Acción Nacional.
El diputado Alfredo Lujambio Rafols: - Muchas gracias, señor Presidente compañeras y compañeros diputados.
A nombre del Partido Acción Nacional acudo a esta tribuna para expresar y fundamentar nuestro voto en contra, en lo general y en lo particular, al dictamen de la Cuenta Pública Federal, así como al proyecto de decreto que está a discusión.
El análisis tanto de la Cuenta Pública como del propio dictamen, nos ofrece el más claro perfil, la mejor fotografía del sistema de gobierno, de presidencialismo exacerbado que padecemos en este país.
Señor Presidente, antes de continuar mi exposición, y observando desde aquí cierto desorden en el seno de la Cámara, muchos diputados que tienen todo el derecho de no prestar atención, pues yo le rogaría hiciera una moción para poder continuar nuestra lectura, con el mínimo de atención que esperamos tengan todos los oradores en esta tribuna.
El Presidente: - Esta Presidencia suplica a los señores diputados, y sobre todo a sus asesores y los invitados que se encuentren en los pasillos, tomen los lugares que les corresponden para permitir el desahogo de las cuestiones que nos ocupan en esta discusión.
El diputado Alfredo Lujambio Rafols: - Muchas gracias.
El dictamen sobre la Cuenta Pública de 1991, viene a constituir casi una copia fiel del que se emitió para la cuenta de 1990, y lo estamos examinando, hoy 2 de diciembre, a casi un año de distancia del cierre del ejercicio, lo que sí mismo extraña ya una seria deficiencia de orden técnico y de orden administrativo. Su contenido es en buena parte una transcripción de otros documentos, ya dados a conocer con anterioridad por diversos funcionarios del Ejecutivo, o por el propio Presidente de la República.
El proyecto de decreto, en tres de sus cuatro artículos, es idéntico al que conocimos el año pasado, y en el otro artículo sólo se expresan una serie de recomendaciones muy similares a las que contiene el anterior.
Buena parte de su texto sólo invoca disposiciones que rigen la presentación de la Cuenta Pública y su revisión. Nada nuevo. Detalla las acciones realizadas por la Comisión de Programación y Presupuesto, según ello, para profundizar el proceso de revisión y análisis, revisión que por otra parte no le corresponde a la Comisión de Programación y Presupuesto sino en términos constitucionales, es una facultad de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Se hace un amplio elogio de logros alcanzados en materia económica y encontramos reiterativamente frases hechas, frases de cajón, prefabricadas, y quizá texto ya elaborados desde varios meses atrás; expresiones que dejan abierta la duda, como la de que en términos generales se alcanzaron tales y cuales metas.
En otro párrafo se vuelve: "En términos generales las entidades y dependencias cumplieron las leyes, reglamentos y normatividad aplicables". En otro párrafo, más adelante: "En términos generales la información se formuló correctamente". O bien, expresiones como la de que: "El sector de la educación fue congruente con las prioridades nacionales". Y en otro párrafo se dice: "Hubo congruencia con las políticas establecidas en el Plan nacional de Desarrollo". Palabrería, señores diputados.
Las técnicas de finanzas y de administración no son compatibles con este tipo de vaguedades, en finanzas públicas y no públicas, debe de haber claridad, debe de haber precisión. Al pueblo de México y a nosotros en Acción Nacional, nos interesa en esta materia de finanzas públicas términos claros, precisos, particularizados y concretos, que indiquen y demuestren sin lugar a dudas que el erario nacional fue manejado con pulcritud, probidad y eficacia.
Para Acción Nacional la rendición de cuentas del Ejecutivo es esencialmente una obligación legal pero también moral y política, para informar al pueblo a través de su presentación sobre el manejo de los impuestos que con tanto esfuerzo y sacrificio aporta al erario público.
Creemos que al presentar la Cuenta Pública, el Presidente debe realizar un acto de correspondencia y reciprocidad. A la confianza más o menos forzada, pero confianza que los contribuyentes le otorgan cuando pagan sus impuestos, rindiendo cuentas claras, veraces y oportunas, como se lo exige al contribuyente cuando paga sus impuestos.
Nosotros como Cámara de Diputados, tenemos la grave y suprema responsabilidad frente a la Constitución y frente al pueblo de México, de vigilar celosamente que los recursos del erario se manejen con absoluta claridad, con acrisolada honradez y con la eficacia que reclama un pueblo lleno de carencias y necesidades que nunca se atienden, que quedan siempre postergadas para mejor ocasión, porque sus impuestos se deben aplicar a pagar intereses de la deuda o a despilfarros de muchas naturalezas, de diferentes naturalezas, o cubrir las deficiencias múltiples de las paraestatales.
La Cuenta Pública del Gobierno Federal en su parte económica, así como el propio dictamen materia de este debate maneja un tono de complacencia y de satisfacción por supuestos a reales logros alcanzados, lenguaje que nos parece francamente inapropiado ante las realidades sociales que padece la mayor parte de la población mexicana.
Hemos reconocido en esta tribuna algunos avances en el control de la inflación o en la renegociación de la deuda, pero un Gobierno que se proclame democrático jamás puede ni debe estar satisfecho mientras sus acciones económicas y financieras no se traduzcan en igualdad de oportunidades para todos, en empleo decorosamente remunerando, en salud, educación y bienestar.
Examinamos algunos cuantos datos que reflejan los logros del Gobierno en materia económica. Hoy en día 25 millones de personas en este país pertenecen a familias con ingresos inferiores a 400 mil pesos mensuales. Otros 18 millones de personas tienen un ingreso familiar que se encuentra en niveles de uno a tres salarios mínimos, muchos millones de niños en estos grupos sociales jamás prueban la carne, no consumen leche ni alimentos nutritivos y pocos de ellos avanzan más allá del tercer grado de primaria; en cambio, en el estrato más alto de la población viven 216 mil personas que cuentan con ingresos familiares equivalentes a más de 450 veces el salario mínimo mensual.
El estrato que le sigue hacia abajo, otro pequeño grupo de 466 mil personas, cuyas familias tienen ingresos que van de 200 a 450 salarios mínimos, y en el siguiente escalón todavía hacia abajo, encontramos otro grupo un poco mayor al millón de personas con ingreso familiar entre 100 y 200 salarios mínimos.
Resultado. Mientras 43 millones de personas se debaten entre la pobreza extrema y la miseria, una élite muy pequeña formada por 1 millón 700 mil mexicanos disfrutan de opulencia, comodidades inimaginables e inadmisibles para una sociedad que se diga solidaria.
Frente a estas realidades, de qué se puede ufanar el Ejecutivo, ¿son estos los logros y los éxitos de la política económica del Gobierno que nos pregonan en el documento de Cuenta Pública?
La Cuenta Pública de 1991, como la de 1990, nos sigue demostrando que una gran parte del gasto programable se continúa aplicando a gasto corriente y sólo una tercera parte del mismo se canaliza a inversiones, de infraestructura u obra pública.
Seguimos observando que se canalizan muy fuertes transferencias a paraestatales, fuera de control presupuestal, que solventan solamente ineficiencia, dispendio y corrupción. Voy a darles algunos datos, señores diputados, como botón de muestra de cómo funcionan las paraestatales en este país, y cómo se aplica en la Secretaría de la Contraloría y la propia Contaduría Mayor de Hacienda al cuidado del erario público, a cumplir la obligación constitucional que tiene de fiscalizar al Ejecutivo Federal.
Se trata de una pequeña empresa, Productos Forestales Mexicanos, organismo público descentralizado creado por decreto presidencial el 28 de agosto de 1967, tuvo un presupuesto aprobado para 1991 de 538 millones de pesos, presupuesto de egresos para 1991 que aprobamos nosotros hace un año de 538 millones 200 mil pesos.
Esta entidad fue desincorporada del Gobierno Federal el 4 de mayo de 1989, el responsable de la liquidación de Productos Forestales Mexicanos es precisamente la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, según decreto del 10 de abril de 1991, y transfirieron inmuebles, plantas y equipo, a título oneroso, a la propia Secretaría.
Ahora bien, analicemos su situación y los resultados y quisiéramos saber qué tiene qué decir la Contaduría Mayor de Hacienda y la Secretaría de la Contraloría General de la Federación.
Solamente en el pasado ejercicio de 1991, y estoy omitiendo algunos datos por brevedad, el impuesto al valor agregado que tenía registrado pendiente de pago ascendía a la suma de 14 mil 814 millones de pesos; adeudaba al fisco impuestos retenidos a los clientes de la propia empresa, por 14 mil 814 millones en el impuesto al valor agregado. En impuesto retenido a sus trabajadores y empleados, tenía un adeudo de 2 mil 417 millones de pesos. El impuesto retenido a sus trabajadores del 1% sobre sueldos, otros 367 millones, y otros impuestos más por 90 millones de pesos.
Esta entidad liquida a todo su personal en 1989, noviembre de 1989, y en 1990 tuvo un gasto de administración de 8 mil 915 millones de pesos. ¿Que nos tiene qué decir el doctor Pedro Aspe, el señor Presidente de la República, la señora Secretaria de la Contraloría, de que exista una paraestatal pequeñita que con ingresos de 500 ó 600 millones, reporta gastos de administración de 8 mil 915 millones de pesos?, eso en 1990. Sigue la paraestatal operando en 1991 y registra ingresos, ahora suben de 323, suben a 605 millones de pesos. Pero los gastos de administración se mantienen en 6 mil 990 millones de pesos. ¿Cómo es posible que una entidad con ingresos de 300 ó de 500 millones de pesos, justifique gastos de administración en dos años consecutivos, de más de 15 mil millones de pesos? ¿Qué tiene qué decirnos señor Contador Mayor de Hacienda? ¿Qué revisiones practicó usted a esta paraestatal?
Y además, además, se pasa por alto el presupuesto, el presupuesto que habíamos acordado, que aprobamos aquí en esta Cámara para 1991, como lo habíamos mencionado, ascendía a 538 millones de pesos y se gastan 6 mil 990 millones de pesos.
No he encontrado un solo documento en los informes de la Contaduría Mayor de Hacienda, ni en las sesiones que hemos llevado a cabo en la Comisión de vigilancia, que dé cuenta de estas graves anomalías. Aquí hay una evidente evasión fiscal. ¿Dónde está la energía del secretario Aspe, para meter a la cárcel a los defraudadores fiscales por más de 14 mil millones de pesos? ¿Así opera la Contaduría Mayor de Hacienda? ¿Esa es la eficacia? ¿Esa es la revisión para ejercitar las funciones que tiene encomendadas?
Se mantiene una proporción al examinar la Cuenta Pública en algunos de sus datos más relevantes, una proporción que podría considerarse irrisoria. de no ser verdaderamente dramática, para entregar participaciones del ingreso nacional a estados y municipios, del orden de 26 billones de pesos, que viene a ser tan solo un 10% de los ingresos del Gobierno Federal, con lo que se profundiza y agrava el centralismo económico endémico y la discrecionalidad de la alta burocracia federal, se condena irremisiblemente, se sigue haciéndolo a los estados y municipios, a la insuficiencia permanente, al precarismo crónico y al abandono de obras de infraestructura y servicios urgentes, para el desarrollo y bienestar de tantas comunidades.
Allá en San Luis Potosí, señores diputados, en la capital del Estado de San Luis Potosí, a solamente dos kilómetro de la plaza principal, de la hermosa plaza principal de San Luis Potosí, corren a cielo abierto desde hace muchos años, las aguas negras de la ciudad de San Luis Potosí. Esas aguas negras están destinadas finalmente a irrigar y hortalizar plantíos de campesinos de la zona del municipio de Soledad de Graciano Sánchez. ¿Cómo es posible que los gobiernos revolucionarios en 60 años no hayan sido capaces ni siquiera de resolver esa mínima necesidad elemental de salud pública que es entubar las aguas negras de San Luis Potosí. Ahí siguen, y seguramente van a seguir por muchos años más infectando y enfermando a niños potosinos.
La Contaduría Mayor de Hacienda, por su parte, dispone en la actualidad de un presupuesto bastante inferior al que destina el Ejecutivo para sus propias tareas de auditoría interna, a través de la Secretaría de la Contraloría, la que tiene como aquella, categoría constitucional. Se ve obligada a remunerar a su personal con niveles salariales que producen una elevada y continua rotación de personal, con lo que se pierde especialización, profesionalismo y experiencia en las delicadas tareas que tiene encomendadas.
La Ley Orgánica que rige su funcionamiento, presenta deficiencias que impiden que se cumpla con eficacia la tarea fiscalizadora, como por ejemplo, la aberrante disposición de que el informe definitivo de resultados sobre la Cuenta Pública será presentado a la Cámara de Diputados dentro de 10 meses. Diez meses después de que ya se le elaboró y aprobó, como seguramente va a ocurrir por parte de la mayoría priísta irresponsable, el dictamen respectivo.
La Contaduría Mayor de Hacienda, señores diputados, por la estrechez de su presupuesto y las limitaciones de la leyes que la rigen, no pueden ni remotamente fiscalizar más que una proporción mínima del universo del sector público, y lo hace en buena medida, no como revisiones formales de auditoría, sino con el cotejo de comprobantes y documentos, examen de documentos fuente, sino mediante el simple expediente de enviar cuestionarios. Envía cuestionarios a los supuestamente auditados para que los llenen los interesados de conformidad a su discreción o a su conveniencia.
Esas son las auditorías que sirven para la elaboración del informe previo que da materia al dictamen que ustedes, la mayoría oficial, va a aprobar ahora; la respuesta de meros cuestionarios que los interesados son los que los llenan.
Por todo esto afirmamos que en términos de realismo administrativo, la Cámara de Diputados no cumple con su elevada responsabilidad de vigilar el buen manejo del erario público por parte del Ejecutivo Federal; deja abiertos grandes espacios a la irresponsabilidad, a la negligencia y a la corrupción.
En el trabajo de las comisiones, directamente involucradas, como son la de vigilancia y la de Programación y Presupuesto, se opera un ritual; se cubren apariencias, se cumplen formalidades y se organizan eventos lúcidos, en los que comparecen funcionarios del Ejecutivo que reciben los reflectores y la atención de las cámaras y de toda la Prensa ahí presente, para contestar preguntas para aparentar pluralidad y democracia; pero en realidad se trata del lucimiento personal de los funcionarios públicos.
Esas reuniones, señores diputados, de una vez vamos diciéndolo claramente, no aportan absolutamente nada a la responsabilidad que tenemos de vigilar y de fiscalizar al sector público son meros rituales. (Aplausos.)
Y hay que acabar con esos vicios y con esas simulaciones.
Quiero mencionarles, señores diputados, uno o dos ejemplos. El tiempo corre rápido y ya espero poder terminar pronto; sin embargo todavía dispongo de algunos minutos.
¿De qué sirve la presencia de los diputados de oposición en el seno de estas comisiones? No hablo de otras porque no participo en otras. Actualmente sólo estoy integrado a la de Programación y Presupuesto, con el nombramiento rimbombante de Secretario de la Comisión de Programación y Presupuesto, y pertenezco también a la Comisión de Vigilancia. Y voy a poner uno o dos ejemplos que ilustran la inoperancia total y absoluta de estas comisiones.
Propuse, el grupo parlamentario de Acción Nacional por mi conducto propuso al seno de la Comisión, a la Presidenta directamente de la Comisión de Programación y Presupuesto, que para darle a la Cuenta Pública de 1991 un carácter más democrático, más abierto y en el que se permita participar a la sociedad y a los organismos representativos de las actividades económicas del país, uniones de empresarios, uniones de trabajadores, uniones de campesinos, organizaciones profesionales de contadores, de economistas, todas aquellas entidades que tengan interés profesional en la actividad económica, pedíamos nosotros atentamente a la Comisión que hiciesen llegar un ejemplar de la Cuenta Pública, si no mal recuerdo allá por el mes de agosto pasado.
Se proponía con esta simple medida, que estos organismos representativos de la sociedad pudiesen tener conocimiento de la Cuenta Pública, pudiesen saber y opinar sobre la forma en que se manejan los fondos del erario público en este país, pudiesen aportarnos a nosotros diputados y servidores que somos o debemos ser de la nación, sus criterios, sus críticas, que permitieran perfeccionar los mecanismos de presentación de Cuenta Pública.
Y se nos contestó, lacónicamente: "Que esto no era posible, porque no estaba previsto en las leyes".
¿De qué se trata? ¡De que la Cuenta Pública sea un documento verdaderamente que responda el interés del pueblo de México o se trata de hacer una cuenta sigilosa, oculta, fuera del alcance de la opinión pública, como ocurre, sesiones de la Comisión de Vigilancia, cuidadosamente preparadas para que no asista la Prensa, para que se realice todo a puertas cerradas!
¡Esa es la forma como se maneja la cuenta llamada pública en este país; que no tiene nada de pública, es cuenta secreta, cuenta sigilosa! (Aplausos.)
Por todo ello, señores diputados, pedimos a la honorable Cámara que por elemental principio de responsabilidad, porque tenemos la certeza de que la Cuenta Pública no ha sido revisada con profundidad y amplitud que reclama el interés del pueblo de México, se vote en contra del dictamen.
También pedimos su voto en contra, porque la política económica del actual Gobierno no atina a resolver los más grandes problemas sociales del país, porque está apostando el futuro de esta nación a un programa económico sujeto a la firma y aplicación de un tratado de comercio que de no realizarse, y pronto, dejará muy comprometido a nuestro país.
Frente a los resultados electorales en Estados Unidos, hay fuertes indicios de que el nuevo Presidente retrasará la aprobación final del tratado y cambiará los términos acordados.
La deuda externa, por más que los voceros oficiales nos la quieren siempre referenciar al producto interno bruto, la realidad es que no reduce, se mantiene a los mismos niveles del inicio del sexenio. Su servicio sigue siendo, como ya lo hemos dicho en la tribuna y lo seguiremos repitiendo, un peso exorbitante sobre las espaldas del pueblo de México.
En días recientes, los medios de comunicación nos informan que se encuentra de visita en este país un personaje distinguido del mundo de la economía, experto en economía, el doctor Rudiger Dornsbusch, más o menos creo que así se pronuncia. Este señor, este economista, informa a la Prensa que fue por cierto profesor del actual Secretario de Hacienda, y ha cuestionado seriamente la actual política gubernamental.
El afirma que sería prudente mantener una inflación del orden del 15%, en lugar de la que tiene prevista el Gobierno en los criterios generales de política económica para 1993, del 7%. para dar a la recuperación de los salarios. Declara este personaje que no sería prudente mantener tan contraída la demanda interna, para no poner en peligro fuentes de trabajo actuales y la creación de nuevos puestos, ya que muchas empresas resienten serias disminuciones en sus ventas, provocadas por la importación, casi indiscriminada, de muchos productos.
Señala también Dornsbusch la conveniencia de acelerar el deslizamiento de la paridad, para
empezar a revertir el creciente flujo de importaciones y la peligrosa disminución de los procesos de exportación que provocan un creciente y peligroso desequilibrio en la balanza comercial.
Es muy probable, les aseguro señores diputados, que por tratarse de un economista extranjero, recibirán atención sus recomendaciones, que ya antes habían sido advertidas por distintos expertos mexicanos desde hace varios meses, entre otros, nuestro compañero Jorge Calderón, aquí presente.
Señores diputados: el Presupuesto de Egresos Federales, la Ley de ingresos que se somete cada año a esta Cámara, le dan al Ejecutivo discrecionalidad absoluta y total en su formulación y en las importantes decisiones que entraña. Aunado a ello, el proceso de presentación de la Cuenta Pública y su correspondiente revisión, adolecen, como lo hemos demostrado, de serias deficiencias que le dan al Presidente un poder prácticamente ilimitado para resolverlo todo y para decidirlo todo.
En México no hay más verdad que la que establece el Ejecutivo. Fuera de la esfera del alto poder, no hay mexicanos lúcidos, no hay mentes capaces, ni criterios divergentes que valgan, sólo cuenta la verdad del Presidente de la República.
En materia de cuenta y de finanzas públicas maneja él facultades que hacen recordar monarquías absolutas desaparecidas hace varios siglos....
Señor Presidente, se me informa que mi tiempo se ha terminado. Pido su autorización para terminar en dos o tres minutos más.
Presidencia del diputado
Salvador Abascal Carranza
El Presidente: - Concluya, señor diputado.
El diputado Alfredo Lujambio Rafols: - Muchas gracias.
...Y existen los profesionales de la lisonja, los que explotan el halago, la adulación al poderoso en turno; los que sostienen que la situación actual del país está muy bien; los que elaboran algunas encuestas, como ésta que tengo en la mano, señores diputados, que voy a leerles brevemente, porque es muy corta, que tiene tres cuadritos pequeños, es estudio de opinión:
El primer cuadro se refiere a la situación actual del país y dice: "El país va por buen camino". Contestación: el 69% de los encuestados dijeron que sí; "la situación personal mejorará", 68% dijeron que sí; "el país estará mejor o igual", un 65%; "la situación es muy buena o buena", un 60%; "el país está bien o muy bien", un optimista y alegre 50%, según la encuesta.
El siguiente cuadrito de la política económica pregunta: "¿Ha escuchado del tratado de libre comercio" y contestan los encuestados un 80% que sí; "¿son adecuadas las medidas económicas?, un 68% dicen que si; " a favor del Tratado de Libre Comercio", un 64% dicen que sí; "a favor de la apertura comercial", 62%; "a favor de la inversión extranjera", 62% "¿está de acuerdo con la privatización?", 55%; "¿estará en riesgo la soberanía?", sólo un 29%.
Y el último, imagen presidencial", lo interesante, "elecciones y Programa Nacional de Solidaridad". "¿El Gobierno de Carlos Salinas de Gortari ha tenido logros?", un 86% dicen que sí; ".está de acuerdo con la actuación de Carlos Salinas de Gortari?", un 85% dice que si; "¿el clima político es tranquilo o normal?", ayer lo vimos aquí en ésta Cámara muy tranquilo, el 67% dicen que si; "¿el Programa Nacional de Solidaridad atiende a los marginados?", el 59% lo admite; "¿las elecciones federales fueron limpias?", un 57% afirmativo; "¿el Programa Nacional de Solidaridad ayuda y no es para obtener votos?", un 56%.
¿Quiénes organizan estas encuestas, señores diputados?. Un Consejo Nacional de la Publicidad. ¿Quiénes están dirigiendo ese Consejo?.. Muy distinguidos personajes de las finanzas, aquéllos que tienen ingresos de 450 veces el salario mínimo, aquellos dueños de empresas como Teléfonos de México, como la Bacardí, por ejemplo, a esos son a los que debieron haber encuestado seguramente, nosotros pedimos que le pregunten mejor al pueblo de México. Muchas gracias. (Aplausos.)
El presidente: - Se concede el uso de la palabra, para rectificar hechos y por cinco minutos, al diputado René Juvenal Bejarano Martínez.
El diputado René Juvenal Bejarano Martínez: - Muchas gracias señor Presidente, señoras y señores diputados:
He solicitado el uso de la palabra para formular una denuncia que tiene que ver con un asunto personal pero que también está relacionado con un asunto de interés público. el día de ayer fue golpeada en la nuca con un tubo, agredida a puntapiés, a golpes de diversos tipos en dos ocasiones, mi esposa, la licenciada Dolores Padierna
Luna que es mi compañera desde hace más de 10 años. Las personas que hicieron este artero ataque pertenecen al Partido Revolucionario Institucional, estuvieron encabezados por los hijos de Alejandra Barrios Richard, conocida por sus actitudes violentas, por sus desplantes y por sus grandes negocios. La razón son amenazas cumplidas porque desde 1985 fundamos una Unión Popular Nueva Tenochtitla, A. C. que se ha caracterizado por defender a colonos y personas agredidas por esta lideresa, personas que son desalojadas violentamente de sus viviendas por los grupos de choque de estas personas, que acuden a nosotros luego de que esta señora les exige cantidades de dinero regulares en el tiempo para poder seguir vendiendo en las calles del Centro Histórico.
Durante los últimos días habíamos recibido amenazas anónimas por diversas vías, ahora cumplidas; cuando mi esposa transitaba por la calle de Argentina y Perú en el Centro Histórico, fue agredida por este grupo de aproximadamente 70 personas. la mayoría de ellos del sexo masculino. Estaba entre ellos el jefe de Vía Pública en Cuauhtémoc, Teodoro Cortés, y no sólo no actuó para interrumpir la agresión, sino que la azuzó. Tomamos fotografías y las tenemos de los presuntos responsables. Lo hicieron en dos ocasiones, una ahí y otra en camino a la Primera Agencia Investigadora del Ministerio Público, ubicada en la Plaza del Estudiante y Florida.
Al saber de la agresión, me comuniqué con el Secretario General de Gobierno, el cual no me contestó el teléfono; le solicité una entrevista de urgencia dada la importancia que para mí tiene este asunto y no lo hizo; ofreció una entrevista con el delegado en Cuauhtémoc, Guillermo Orozco Loreto, a las 5.00 de la tarde, a la que acudieron los agredidos y la Organización Popular. El delegado no se presentó y tuvieron que pasar dos horas después de que cientos de personas de esta organización que dirige mi esposa, tomaron las oficinas de la delegación, sólo así se presentó el delegado.
No quiso presentar al jefe de Vía Pública, el señor Teodoro Cortés, exigimos su presencia para que respondiera por los hechos, no lo hizo.
Ya entrada la noche, formulamos la denuncia de hechos ante la Primera Agencia Investigadora del Ministerio Público, toda vez que ésta se había negado a recibirla. El médico legista dictaminó que las lesiones recibidas por mi esposa y otras cinco compañeras, todas mujeres, son de las que tardan ,mas de 15 días en sanar dejan huella permanente y pone en peligro la vida.
Voy a ratificar la denuncia ante el Sector Central de la Procuraduría. No es por un asunto estrictamente personal, lo es también, porque me agrede y agrede la integridad de mi familia, pero es porque el grado de impunidad de que goza este grupo es enorme, porque son muchas ya las denuncias que recurrentemente se han presentado por actos de violencia y delictivos en contra de este grupo y nunca, nunca se ha actuado con apego a la Ley y a la justicia.
No puede ser que en el Centro Histórico de la ciudad de México, permee la ley de la selva y que grupos de interés con grandes negocios, con grandes intereses económicos, sean quienes determinen quién transita y de qué forma lo puede hacer ahí. La autoridad tiene que responder por esta situación.
En el Centro Histórico no sólo no se ha regularizado el comercio ambulante, sino que es creciente y los negocios son crecientes, y los perjudicados son muchos y muchos de los que son comerciantes ambulantes, lo hemos argumentado aquí, no son verdaderas personas interesadas.
La fortuna de la señora Barrios Richard es ya enorme por la cantidad de recursos que obtiene ilegalmente mediante todo este sistema de complicidad.
Me parece que el señor Secretario General de Gobierno y el señor Delegado en Cuauhtémoc, debieron o debieran atender este asunto, pero también el Regente de la ciudad.
El día 10, dado que se agrede a una organización, habrá una manifestación en la que concluirán diversas organizaciones del Movimiento Urbano Popular. Transitaremos por esas calles y llegaremos al Zócalo de la ciudad de México. No queremos enfrentamientos pero tampoco podemos permitir la impunidad.
Si el regente de la ciudad no actúa en sus funciones para evitar que ese tipo de situaciones se repitan, he tomado la determinación de que mientras no se destituya al jefe de vía pública y se actúe en contra de los responsables, acudiré a todos los actos públicos a los que concurra el regente, y los que yo pueda estar, para increparlo y demandarle que se haga justicia. Es su responsabilidad.
No tengo por qué estar haciendo antesalas a un asunto que es de interés público y que me afecta personalmente. Solicito de esta Cámara su compresión. He decidido hacerlo
personalmente, porque tengo el compromiso moral de defender a mi familia, creo que ustedes pueden entender esa situación, pero pido de esta Cámara que se turne el asunto a la Comisión de Justicia y a la de Derechos Humanos, para que actúe rápidamente y para evitar que este asunto se repita y que otras personas que no tengan la oportunidad como yo y mi familia, de expresar públicamente esto, sigan siendo agredidas; otras personas que no tengan la posibilidad de defenderse porque no tengan los medios o la representatividad para hacerlo y sean víctimas de estos grupos económicos de interés y francamente ilegales. Muchas gracias.
El Presidente: - Para rectificar hechos, tienen la palabra el diputado Amador Rodríguez Lozano.
El diputado Amador Rodríguez Lozano: - Gracias, señor Presidente.
Por supuesto que el diputado René Bejarano tiene nuestra comprensión y nuestra solidaridad. A nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, queremos decirle que rechazamos la violencia como método para resolver controversias o asuntos de carácter social; no importa de qué partido vengan o de qué grupo, la violencia no debe ser considerada como un método útil para la resolución de los problemas sociales.
Y hemos dicho aquí en reiteradas ocasiones, y nuevamente lo digo, que no permitiremos la impunidad y la combatiremos donde quiera que se encuentre.
Tiene usted toda la solidaridad del grupo priísta en esta Cámara de Diputados, no solamente porque se ha golpeado a una mujer o a un ciudadano, sino porque en este caso se reúne la característica de que es la esposa de un compañero diputado a quien respetamos profundamente, y pedimos que se investigue y que se castigue a los culpables de este atentado. Tiene usted, compañero, el apoyo y respaldo de la diputación priísta. Muchas gracias.
El presidente: - Tal como lo ha solicitado el diputado René Bejarano, túrnese esta denuncia a las comisiones de Justicia y de Derechos Humanos.
Se concede el uso de la palabra al diputado Isaías Rodríguez Vivas, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Isaías Rodríguez Vivas: - Con su permiso, señor Presidente; honorable Asamblea:
Hago uso de esta tribuna para exponer ante esta soberanía las razones por las que mi partido, el Revolucionario Institucional, votó en sentido aprobatorio el proyecto de dictamen de la Cuenta Pública de la Hacienda Pública Federal, correspondiente al ejercicio fiscal de 1991.
Cuatro aspectos considero fundamentales y que determinaron nuestro voto a favor del dictamen. Estos son, en primer lugar, el intenso trabajo legislativo que la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, desarrolló para la formulación del dictamen; segundo, los resultados importantes que se alcanzaron por el sector público en materia macroeconómica y sectorial, a través del ejercicio del gasto que esta Cámara aprobó para 1991; Tercero, el trabajo realizado por la Contaduría Mayor de Hacienda, para dar cumplimiento a las funciones que su ley Orgánica le confiere, y finalmente, el contenido mismo del proyecto de decreto que hoy discutimos.
Con el trabajo desarrollado por la Comisión de Programación, con la eficaz y cabal coordinación de su directiva, con la responsable participación de su cuerpo técnico, los diputados priístas reiteramos nuestro profundo convencimiento de que sólo a través del trabajo plural, respetando los puntos de divergencia y promoviendo los de coincidencia, podemos avanzar en el ejercicio de la democracia.
Por ello, en esta ocasión propusimos que en el proceso de revisión de la cuenta participaran, por primera vez, otras comisiones involucradas con algún ramo específico.
Promovimos también por primera ocasión, la celebración de reuniones de la celebración de reuniones con funcionarios de la Contaduría Mayor de Hacienda, cuya eficacia y competencia permitieron contar con un informe previo en el que los diputados participamos activamente, a través de recomendaciones para la revisión específica de aspectos programáticos o de ejercicio del gasto del sector público.
Fomentamos la realización de reuniones con funcionarios del Ejecutivo, con las que en un diálogo abierto que ocupó más de 40 horas efectivas, los diputados que en ellas participamos recibimos información adicional y respuesta a las dudas que formulamos.
Producto del análisis de la cuenta, promovimos también y logramos que, a diferencia de otros años, y con el propósito de contar con más tiempo para su análisis, el informe previo nos fuera entregado en 30 días antes de la fecha que la Ley establece, y finalmente propusimos,
lamentablemente sin éxito, que el proyecto de dictamen que sometimos al seno de la Comisión fuera formulado con la representación de todos los partidos en esta Cámara representados.
Aquí es importante hacer una reflexión en relación a los comentarios de un compañero que debemos felicitarlo por su temeridad y por su valor de formular juicios sin tener bases firmes para sustentarlos; un compañero que jamás asistió a las reuniones. No se puede tener esa irresponsabilidad de enjuiciar algo que no se conoció, que no se trabajó, y que echa por la borda todo el esfuerzo y todo el trabajo de una gran cantidad de compañeros diputados que trabajaron intensamente dentro del seno de la Comisión. Eso no se puede aceptar porque es una actitud irresponsable y mezquina.
Por lo anterior, no tengo duda al afirmar que en el proceso de revisión de la cuenta, el Poder Legislativo avanzó sustancialmente, tanto en los tiempos como en los procedimientos empleados para su revisión.
En otro orden de ideas, y resultado del análisis de la información contenida en la Cuenta Pública y de la evaluación realizada con la Contaduría Mayor de Hacienda, y de los diputados participantes, la fracción priísta concluyó que durante 1991 se lograron avances muy significativos en las líneas de la estrategia económica, particularmente la contenida en el Plan Nacional de Desarrollo, así como en los criterios generales de política económica correspondientes. Esto es, se avanzó en la consolidación del proceso de estabilización de precios, la recuperación productiva y la modernización económica del país; la inflación se situó en 18.8%, y fue interior a la tasa de 29.9% observada en el año previo, y representó la variación anual más baja desde 1979; el producto interno bruto creció en un 3.6%, porcentaje superior al estimado en los criterios generales; el empleo aumentó un 6.8%, y el desempleo urbano se situó en 2.6%, frente a un 2.8% que existía en 1990.
El ahorro financiero por su parte creció 7.9% real, y el financiamiento al sector privado aumentó 32.1%, lo que permitió financiar el crecimiento a la inversión productiva, la cual se apoyó con importantes entradas de capital externo.
En materia de modernización económica se continuó con la desincorporación de empresas públicas, no prioritarias ni estratégicas; se profundizó el proceso de transformación estructural del sector financiero, y se realizaron reformas al marco regulatorio de diversas actividades económicas del país; en lo externo, con objeto de incrementar la participación de México en el comercio internacional, se llevaron a cabo diversas acciones donde sobresalieron las firmas de los acuerdos de complementación económica con Chile y marco con la Comunidad Económica Europea, así como el ingreso de México a la Conferencia de Cooperación Económica del Pacífico; se avanzó también en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, con Estados Unidos de América y Canadá.
En su conjunto, las finanzas del sector público presupuestario, sin considerar los ingresos extraordinarios por la desincorporación de empresas y bancos, prácticamente alcanzaron el equilibrio aprobado por el honorable Congreso de la Unión. Como proporción del producto interno bruto, el balance fiscal fue inferior al .01%, contra un déficit programado de 0.8%.
El resultado anterior fue producto de un crecimiento de los ingresos presupuestales que superaron el 3.6% del monto estimado en la Ley de Ingresos de la Federación y como proporción del producto ascendieron a 18.7%, porcentaje igual al estimado originalmente. Y adicionalmente una reducción en el gasto neto presupuestal del 1% con respecto a lo aprobado.
Del análisis efectuado se concluye que se cumplieron los objetivos de la política de ingreso, ya que la mayor parte de estos ingresos fueron generados en la recaudación tributaria, debido al mayor crecimiento económico, a la introducción de cambios en las leyes impositivas, al mayor número de contribuyentes y un mayor grado de cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Los logros de la reforma fiscal durante 1991 se obtuvieron pese a que los ingresos petroleros fueron inferiores en 5.2% a los considerados en la Ley citada, principalmente debido a la reducción del precio internacional del crudo de exportación.
En relación a la política del gasto, el presupuesto ejercido al monto aprobado por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación en 1991, la reducción mencionada de 1% con respecto a lo originalmente programado, se debió a la reducción en el pago de servicio financiero de la deuda pública que compensó, más que proporcionalmente el aumento programable y en las participaciones a estados y municipios.
En materia de deuda pública los avances se expresaron en una reducción en el saldo histórico
de la deuda con el Banco de México, mediante la aplicación de recursos acumulados en el fondo de contingencia.
En lo que toca a la deuda externa se contrató un endeudamiento neto que se ajustó a los límites autorizados por esta soberanía y se llevaron acabo acciones para reducir tanto su saldo como las transferencias netas de recursos públicos al exterior.
El programa Nacional de Solidaridad que ha venido avanzando con el apoyo mayoritario del pueblo de México, cumplió en el terreno de los compromisos con las disposiciones presupuestales de gasto público autorizadas por esta soberanía, derivando de ello informes sobre su ejercicio que han sido rendidos por el órgano técnico de este cuerpo legislativo.
El presupuesto global permitió atender durante 1991, con un promedio del 71.8% el área de bienestar social, proyectos productivos con una cantidad de 19.9% y desarrollo regional con un monto de 18.3% del gasto autorizado para este sector y bajo los cuales se constituyen las vertientes fundamentalmente en que se desarrolla el Programa Nacional de Solidaridad.
Se argumenta sin razón del enfoque de la aplicación de sólo el 96.6% del presupuesto federal autorizado. No hay nada que ocultar en este asunto, ni ninguna dilación presupuestal, tal y como lo han venido argumentando algunos compañeros de partidos de oposición.
Su explicación reside en el hecho de que algunos programas presentados en destiempo por las comunidades, ya no pudieron ser incorporados a la calendarización del gasto establecido por el sector administrativo correspondiente.
No se pueden ocultar los beneficios enormes del Programa Nacional de Solidaridad que tiene tantas vertientes de tanta concurrencia en el bienestar social de nuestro país.
Compañeros diputados, el dictamen que ahora se somete a consideración, recoge el sentido de las demandas observadas en comisiones por diversas fracciones parlamentarias que sí asistieron a las reuniones y en donde se alentó un espíritu plural y constructivo que permitió avanzar en el perfeccionamiento de los contenidos, tiempos y formas con que analiza el informe que rinde el Titular del Ejecutivo Federal.
Ahora, a diferencia de ejercicios anteriores, el proyecto de decreto relativo a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Federal correspondiente a 1991, reconoce también imprecisiones en las metas las cuales fueron fijadas, esto es normal en sistemas de planeación realizados por humanos.
No existe todavía en el planeta un sistema de planeación exacto que permita no cometer errores. Ante estas circunstancias, el Partido Revolucionario Institucional realizó enérgicas recomendaciones para su corrección, hay que observar que aunque faltan muchas cosas por enfrentar, el documento revela también grandes logros, auténticos y reales; reconoce contrastes de resultados, demuestra que estos últimos son verídicos y están plasmados en este documento. Permiten también a futuro hacer más asequible el perfeccionamiento de los mecanismos y procedimientos para evaluar el ejercicio del gasto, pero sobre todo introduce disposiciones que permiten intensificar las acciones de vigilancia y supervisión en el ejercicio del presupuesto autorizado.
Esto, a través del fortalecimiento de las medidas de fiscalización efectuadas por el órgano técnico de este cuerpo legislativo y de las realizadas por las dependencias administrativas del Ejecutivo Federal, responsables en la materia.
Nuestro partido, el Revolucionario Institucional, no duda en que el presupuesto de gasto para 1991 observó el estricto cumplimiento de las disposiciones reglamentarias aplicables, ni tampoco de la observancia de los programas de calendarización para el ejercicio del gasto autorizado por esta soberanía. Racionalidad presupuestal y eficiencia programática fueron dos de los principales ejes en que se sustentó la política del gasto del Ejecutivo Federal, permitiendo garantizar el cumplimiento de los objetivos macroeconómicos y sociales establecidos para este año.
Por ello mismo y en función de la observancia presupuestal del gasto, nuestro partido solicita muy respetuosamente a las diferentes fracciones parlamentarias, su voto aprobatorio al proyecto de decreto que ahora se somete a su consideración. Muchas gracias. compañeros.
El presidente: - Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Jorge Calderón, por cinco minutos.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: - Con su venia, señor Presidente, estimados compañeras y compañeros legisladores:
Pedí la palabra para hechos y referirme de manera puntual a algunos de los puntos que trató
el diputado que me antecedió en el uso de la palabra.
El aspecto que nosotros hemos cuestionado de este proceso de revisión de la Cuenta Pública es, por un lado, en los hechos no se quiere reconocer las facultades que el Poder Legislativo Federal tiene en materia de fiscalización, control y supervisión del gasto público, y nos parece en congruencia con los principios constitucionales que se dé un ejercicio mucho más estricto, riguroso, porque ése es el interés de la nación en la aplicación del gasto.
Ha habido, dígase lo que se diga, una política de contracción del gasto público que no fue autorizada por la Cámara de Diputados, y hubo un superávit que se obtuvo en 1991 que no fue autorizado por la Cámara de Diputados. En diversos rubros y diversos sectores se gasto menos de lo que aprobó la Cámara de Diputados y esto tuvo un efecto, estimado compañeros legisladores, el efecto es una contracción económica inducida por una contracción del gasto público que empezó a mostrarse en el segundo semestre del año 1991, en que el crecimiento económico bajó a solamente 2.8%, esto es casual, no es obra ni del destino ni inducida por la recesión mundial, es una política de contracción del gasto público que no fue aprobada por la Cámara de Diputados y que incide en desaceleración económica al final de 1991, en 1992 y que el Gobierno prevé en 1993.
La obsesión superavitaria por mantener un excedente de recursos que no se invierten, ya estaba presente desde 1991 sin haber sido aprobada por la Cámara de Diputados. Y esto es una modificación del presupuesto, que hizo el Ejecutivo Federal y que nosotros evidentemente no estamos de acuerdo. Y no se respondió este elemento que aquí hemos nosotros comentado.
Tampoco se respondió las facultades discrecionales que utilizó la Presidencia de la República y particularmente el titular del Ejecutivo, para aumentar en ese nivel verdaderamente enorme, las erogaciones no sectorizables. Pareciera que a esta Cámara le parece de poca monta, 1 billón 240 mil millones de pesos, que fue el sobregiro que tuvo el rubro de erogaciones no sectorizables.
Y quizá les parezca de escaso interés, dejar de gastar un billón de pesos en el sector de desarrollo rural. Pero para los agricultores del país para campesinos y comuneros, para esos compañeros que están sufriendo escasez de créditos en sus regiones, 1991 fue un mal año agrícola, no por un problema de lluvia, sino por un problema fundamentalmente de que no se dieron recursos al campo para inversión, para crédito y para estímulo de las obras. Y eso es lo que estamos aquí cuestionando, la vida de millones de hombres y mujeres que fueron afectados por una contracción del gasto público.
Se dice también que el proceso de discusión de la Cuenta Pública fue normal y plural.
El Partido de la Revolución Democrática asistió a las 14 reuniones con los funcionarios, que se hicieron para discutir la Cuenta Pública. Presentamos 14 juegos de documentos en esas reuniones. Presentamos un dictamen de una extensión global de 300 páginas a doble espacio, sobre análisis sectorial y análisis macroeconómico y no fue tomado en cuenta nuestro documento, al momento de elaborar el dictamen, por la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública. Ninguno de los argumentos fundamentales, que sostuvimos, basados en estadísticas sólidamente estructuradas en los documentos gubernamentales, fue tomado en cuenta. No es pues un dictamen plural, es un problema de voluntad política, para asumir una actitud crítica hacia el propio Ejecutivo Federal. Y no estamos por tanto de acuerdo, con un dictamen que no está reflejando los consensos fundamentales de la nación.
Y tienen razón los compañeros diputados de otros partidos políticos de oposición, en externar críticas bajo la propia posición de cada partido, a este dictamen de Cuenta Pública, que no refleja los resultados fundamentales.
Por lo anteriormente expuesto, reiteramos la exigencia de un análisis riguroso, del respeto a la Constitución y el respeto a la dignidad del Poder Legislativo. Y reiteramos la necesidad absoluta de que se instruya a la Contaduría Mayor de Hacienda, que realice una investigación rigurosa del sobregiro de gasto presupuestal que realizó el Presidente de la República, particularmente en el rubro de erogaciones no sectorizables; que se investigue el ejercicio del gasto del Programa Nacional de Solidaridad con mucho mayor rigor técnico del que se hizo en el informe previo y que se examine también el gasto específico en que se incurrió en las áreas en donde no se gastó aquello que fue aprobado por esta Cámara de Diputados.
Por lo anteriormente expuesto, termino diciendo que el Partido de la Revolución Democrática reitera con fundamento y con la legitimidad que nos da haber participado punto por punto en
el debate de Cuenta Pública, reitera su crítica y su dictamen en contra de este presupuesto, de dictamen de Cuenta Pública que aquí estamos discutiendo. Gracias.
El diputado Alfredo Lujambio Rafols(desde su curul): - Pido la palabra para hechos.
El Presidente: - Para rectificar hechos tiene la palabra el diputado Alfredo Lujambio, por cinco minutos.
El diputado Alfredo Lujambio Rafols: - Gracias señor Presidente, señoras y señores diputados:
Con esta modalidad que se tiene en esta Legislatura de que ahora todo se concierta, todos son acuerdos parlamentarios, todo se somete a un patrón preestablecido, para que las cosas sean más llevaderas.
Tengo la preocupación, y la compartimos creo muchos diputados de Acción Nacional, de que los debates pierden vitalidad, pierden profundidad, pierden eficacia.
Yo vengo a la tribuna para usar estos cinco minutos, porque me pareció conveniente el reiterar que la Constitución de la República y la propia Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, son sumamente claras y explícitas para definir que la revisión de la Cuenta Pública le corresponde a la Contaduría Mayor de Hacienda. A nadie más. Y aquí se contradice, se me contesta cuando yo pido que se difunda la Cuenta Pública a la sociedad en su conjunto, a los organismos representativos de la sociedad y se me contesta que no, porque no está establecido en la Ley.
Tampoco entonces, yo les diría, en reciprocidad, está establecido en la Ley esas reuniones de trabajo de las Comisiones, tampoco está establecido el que se considere que esas reuniones: son para revisar la Cuenta Pública.
Así que seamos sinceros, hablemos con la verdad, señores diputados; examinemos las cosas con objetividad y sin apasionamiento. La Cuenta Pública, dice la constitución y la Ley Orgánica, le corresponde a la Contaduría Mayor de Hacienda. Todas las demás seudorrevisiones, seudocomparecencias, reuniones, etcétera que se tengan, son inocuas, son inútiles. Es la Contaduría Mayor de Hacienda la que tiene clara y precisamente esta responsabilidad. Nos corresponde a nosotros como Cámara, a través de la Comisión de Vigilancia a la que le ordena la Constitución, le ordena la Constitución a esa Comisión de Vigilancia, que tampoco funciona, le ordena que vigile el exacto, así dice la Constitución, el exacto desempeño de sus funciones. Lo que pasa es que aquí los ordenamientos constitucionales se manejan a contentillo; se simulan una serie de situaciones y de apariencias que no conducen a nada, pero reitero en este país no se fiscaliza al Ejecutivo. Esa es una verdad inobjetable. Gracias.
El presidente: - Para rectificar hechos, ha solicitado el uso de la palabra el diputado Eloy Cantú.
El diputado Eloy Cantú Segovia: - Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Aquí se ha planteado que en 1991 existió una política de gasto público contraccionista, es decir, que se gastó menos de lo aprobado por la Cámara de Diputados y que a raíz de eso se tuvo un crecimiento económico inferior al estimado.
Compañeras y compañeros diputados: ¡esto es estrictamente falso! En 1991, aún suponiendo que es a través del gasto público el motor de la economía, a través del cual se va a impulsar el crecimiento económico, suponiendo que así fuera, debemos de observar los siguientes puntos:
Primero. Efectivamente, se gastó el 1% menos de lo autorizado. ¿Cuál fue la razón? La razón es que bajaron los intereses en 1991 y por lo tanto se gastó menos.
Pero ¿qué permitió esa reducción en los intereses y en gastar en ese sentido menos en el pago de intereses? Permitió que el gasto programable subiera en un 6%, y es el gasto programable lo que genera el bienestar. Ahí están los programas de educación, de salud, los programas de beneficio social, donde se estimula también la generación de empleos. Así pues, no es atribuible a esta reducción del gasto la susodicha reducción del crecimiento.
Pero además la pregunta que nos debemos de formular es, ¿y efectivamente en 1991 se tuvo un crecimiento por debajo del estimado?
Bueno, pues ustedes, todos nosotros conocemos que en el mes de noviembre del año anterior al ejercicio presupuestal, el Ejecutivo Federal presenta los Criterios de Política Económica, donde da lo que estima será el crecimiento económico del siguiente año.
En los criterios económicos de política económica para 1991 se señala que se estimaba un
crecimiento del 2.5 al 3% ¿Cuál fue el crecimiento? El crecimiento fue del 3.6% Es decir, se creció por encima de lo estimado. Así pues no hubo esa reducción en el crecimiento que aquí se ha planteado.
Entonces la pregunta es: ¿Por qué crecimos? Pues crecimos porque esas finanzas públicas sanas que tuvimos en 1991 permitieron liberar recursos. ¿Para qué? Para que los particulares contaran con mayores posibilidades de usar el ahorro nacional para una inversión productiva y para una generación de empleos permanente.
De tal suerte que no es factible, aquí, defender una posición que en los hechos está refutada.
Por otra parte, se habla de que hay sobregiros. No hubo sobregiros. Y donde hubo un subejercicio en el proyecto de decreto de la Cuenta Pública que se ha sometido a nuestra consideración, está perfectamente claro que si instruye a la Contaduría Mayor de Hacienda a revisar en detalle y, en su caso, a corregir o a sancionar lo que proceda.
Por las razones previamente expuestas, compañeras y compañeros diputados, los diputados del Partido Revolucionario Institucional hemos dado nuestro respaldo al dictamen de la Cuenta Pública. Los hechos, la razón, nos asisten y por ello a ustedes, en honor a esa razón y a esos hechos les pedimos también su apoyo.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar (desde su curul): - ¡Para hechos!
El diputado Héctor Ramírez Cuéllar (desde su curul): - ¡Señor Presidente!
El Presidente: - Por cinco minutos, para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Jorge Calderón y en seguida el diputado Héctor Ramírez Cuéllar.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: - Con su venia señor presidente.
Estimados compañeros legisladores: pedí la palabra para hechos para referirme a alguno de los puntos expuestos por el diputado Eloy Cantú.
Pertenezco a una generación de mexicanos que vivió en los años cincuenta y sesenta, la experiencia, particularmente destacada de los años sesenta, de un crecimiento anual acumulativo de la economía del país que osciló entre el 6 y el 7%, con un bajo déficit en materia de gasto público y con una política tendencialmente equilibrada en algunos sectores productivos, aunque con ausencias graves en materias de democracia y de derechos humanos.
¿Por que hago esta referencia? Porque la economía mexicana creció al 4.4% en 1990 y esta economía, lo ha sostenido el Partido de la Revolución Democrática desde hace años, tiene la capacidad productiva y recursos nacionales para crecer como sucedió en los años sesenta, a una tasa anual acumulativa del 6 ó del 7% anual acumulativo.
Si el crecimiento económico de 1991 fue del 3.6%, cuando la base productiva del país y la base de ahorro del país permite un crecimiento por lo menos del 5% anual acumulativa, fue precisamente porque se aplicó en el segundo semestre de 1991 una política de contracción del gasto.
Efectivamente, el Ejecutivo pudo haber previsto, protegiéndose de situaciones distintas, un crecimiento del 2.5 al 3% que apenas significa un dígito arriba del crecimiento demográfico. Pero si yo sostuve, y lo ratifico el día de hoy que en el segundo semestre de 1991 el crecimiento económico del país fue un 2.8%, habiendo sido de 4.1% en el primer semestre de 1991, eso significa que hay una desaceleración económica que se inicia en el segundo semestre de 1991 y sostengo que tiene efectos de inducción por la contracción del gasto público.
Efectivamente, a través de vender empresas para pagar deudas pudo haberse reducido, cosa con la que discrepamos con el método y procedimiento, en un cierto segmento el servicio de la deuda interna. Discrepamos con el procedimiento por que se trata de bienes de la nación que están siendo rematados para pagar deudas, muchas de ellas ilegítimas, porque provienen de una década, que es la década de los ochenta, en que intermediarios financieros acumularon ganancias extraordinarias en materia de especulación en el sector de manipulación de deuda pública.
Pero hagamos a un lado ésto. Situémonos en el problema del gasto público. El problema es que sólo hubo una reducción del gasto público por efecto de la reducción de los intereses de la deuda, vía vender empresas para pagar deudas. Hubo reducción del gasto público directo programable en rubros como agricultura, ya lo dijimos, del orden de un billón de pesos, en rubros como comunicaciones y transportes, en rubros como educación y en otros sectores.
Y en eso no estamos de acuerdo, porque se trata de la educación, de las comunicaciones que el país requiere y de las necesidades de los campesinos y los agricultores.
Sí hubo, pues, reducción en segmentos que tiene qué ver con la base productiva de este país.
Y otro punto tiene que ver con las perspectivas que se apuntan ya desde 1991, en materia de déficit de la balanza comercial y en cuenta corriente.
Desde el año 1989, de manera casi insistente, el Gobierno no quiere reconocer la grave situación que tiene el país de depender de crédito externo a bolsa de valores, para estar financiando el déficit de la balanza en cuenta corriente. Y se nos repite, y se nos repite, y seguramente lo seguirán haciendo en el año 1993 los funcionarios, que no nos preocupemos.
Recordemos que allá por los años setenta y principios de los ochenta nos decían: "No nos preocupemos de la deuda externa, que es financiable", y pasó lo que pasó a partir de 1982, que fue un desastre financiero. Y ahora se nos dice: "No nos preocupemos del déficit, de la balanza en cuenta corriente, porque es financiable con inversión extranjera directa". Y toda la suerte de la economía del país se hace depender de un grupo de empresas monopólicas norteamericanas que invierten en la Bolsa Mexicana de Valores.
Y cualquier problema en la firma o ratificación del Tratado de Libre Comercio hace fluir capitales de nuestro país. Y este mismo argumento se nos presenta tanto en los documentos que fundamentan la Cuenta Pública como en el proyecto de dictamen de Cuenta Pública y evidentemente no podemos estar de acuerdo con esa argumentación.
Por lo expuesto, ratifico el argumento en el sentido de que esta economía tiene la facultad para crecer con una política económica correcta, al 5, 6 ó 7% anual acumulativo, y fue la contracción del gasto público programable, en algunos sectores productivos de importancia capital, lo que fue uno de los factores, no se diga que es el único, pero fue uno de los factores que indujo una política de contracción de nuestra planta productiva, de nuestro ingreso y de nuestro empleo. Muchas gracias. (Aplausos.)
El presidente: - Se concede el uso de la palabra al diputado Héctor Ramírez Cuéllar, para rectificar hechos, por cinco minutos.
El diputado Héctor Ramírez Cuéllar: - Señor Presidente, compañeros diputados:
Quisiera hacer algunas aclaraciones al señor diputado Eloy Cantú sobre parte de mi intervención, en la cual señalábamos que el descenso de la inversión pública ha sido un factor que generó el lento crecimiento, la recesión o el estancamiento, como se le quiera denominar.
De acuerdo con las tendencias actuales, en lo que va del actual sexenio, el rubro de comunicaciones y transportes descendió un 73%, el comercio y abasto un 13%, el turismo un 26%, el sector industrial un 7%, la administración pública un 95%, el gasto en desarrollo urbano ha descendido en un 3%, 3.2%.
En el año que estamos nosotros examinando se nota un descenso de la inversión pública en el sector industrial del 53%, un descenso en pesca del 14% y en comercio y abasto de un 35%.
O sea, que la tendencia general es a que el Estado se retire como agente productivo para dejar el lugar a la iniciativa privada y a los capitales extranjeros. Estas tendencias generales y la relativa del año pasado, no se presentaban en el pasado reciente.
En el pasado la inversión pública era la predominante y la inversión privada seguía el ritmo de la inversión pública, a mayor inversión pública a veces había mayor inversión privada, pero la inversión pública señalaba, en general, el camino de la inversión nacional y del crecimiento de la economía; era la palanca del crecimiento de la economía nacional.
Y ahora ocurre el fenómeno exactamente a la inversa. Ahora la palanca del crecimiento es la inversión privada y el capital extranjero, y quienes siguen el ritmo de esas inversiones son los que representan al capital estatal.
Visto esto en una dimensión más amplia, diremos que el Estado mexicano, que tenía en el año de 1982 una participación del 60% en la generación del producto interno bruto y el otro 40% se repartía entre el sector privado y el sector social, ha ido descendiendo. Y en la actualidad no llega más allá del 15%.
De seguir la tendencia actual, al finalizar este sexenio la presencia del Estado en la formación del producto interno bruto será mínima, según un estudio de un núcleo empresarial de Monterrey, llegará apenas al 10% por lo que el Estado mexicano prácticamente será un cascarón vacío y una mera ventanilla de trámites administrativos. Muchas gracias.(Aplausos).
El Presidente: - : Concluída esta primera ronda de oradores....¿Para rectificar hechos? Tiene la palabra el diputado Demetrio Hernández Pérez.
El diputado Demetrio Hernández Pérez: - Con su venia señor Presidente.
En la intervención anterior, con la representación del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional planteábamos una cuestión bastante seria que nosotros consideramos que no está contemplado dentro del proyecto de dictamen que se discute y queremos aquí ratificar nuestra postura, nuestro análisis y no con el ánimo de establecer una polémica agresiva porque no ha sido nuestra costumbre ni de hacer señalamientos ligeros como ha dicho aquí, y que de alguna manera ya se dio. Probablemente porque la esencia de las cosas no se puede tapar con argumentos técnicos y falaces y queremos ir profundamente a esa esencia, la esencia del gasto del Gobierno Federal, que redunda o que debe redundar precisamente en una mejor calidad de vida de los mexicanos y que fue uno de los aspectos en la que nuestra intervención puso énfasis.
Este aspecto fundamental, muy discutible y que podemos constatar día con día y aquellos compañeros legisladores que no solamente estén en la Cámara de Diputados y que atiendan sus distritos y estén en contacto con las bases, podrán constatar que hay muchísima gente sin empleo, podrán constatar que los servicios médicos en el Seguro Social y en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y en varias otras instituciones de salud es cada vez más precario, mas difícil y más insuficiente; podrán constatar también que en el campo mexicano cuando antes hubo recursos a través de créditos blandos ahora se encuentran en una difícil situación los agricultores y los pequeños propietarios del país; podrán darse cuenta también que en el aspecto educativo aún con el Programa de Solidaridad y de Escuela Digna hay muchas comunidades en el medio rural que se encuentra todavía sin escuelas, sin maestros y lo que es más grave, ni siquiera aparecen contemplados en los programas educativos del país. Esto lo digo de manera fehaciente y lo podemos constatar, pero además quise tomar la palabra para hechos, porque hemos tratado de ser claros y de ser consecuentes con nuestra postura en las intervenciones anteriores.
Nosotros hemos señalado claramente que la política económica y concretamente la cuenta de la Hacienda Pública Federal en 1991, tiene algunas deficiencias, sobre todo, que no contempla las consecuencias y los efectos de la aplicación de los recursos que le confiere el pueblo de México en este caso, al Ejecutivo y a la Hacienda de México en este caso, al Ejecutivo y a la Hacienda.
Es por esto que queremos dejar claro en esta tribuna que el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional tiene sus reservas con respecto a este dictamen y que estamos dispuestos a seguirlo discutiendo, aún sin conceder de antemano. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado José Antonio González Curi, para rectificar hechos.
El diputado José Antonio González Curi: - Con su permiso, ciudadano Presidente, compañeras y compañeros diputados.
Quisiera solamente precisar la posición de mi partido, estrictamente en torno al debate que en este momento se lleva acabo y que fundamentalmente consiste estrictamente en los resultados de la Cuenta Pública de 1991.
Se ha venido aquí a señalar por el diputado Lujambio, por el diputado Ramírez Cuéllar, resultados de la política económica en función del punto de vista muy particular de su partido, de determinados años y de periodos diferentes de los que hoy ocupa estrictamente el debate en esta alta tribuna.
Yo solamente quiero precisar al compañero Lujambio, algunos de los principales resultados que la política económica diseñada y aprobada en esta Asamblea para 1991 y que se dan producto estrictamente de la aplicación de las herramientas que tiene el Gobierno Federal, como son fundamentalmente la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación, que son fundamentalmente herramientas para inducir acontecimientos, para buscar resultados, para cumplir programas, para cumplir metas, tuvieron, para mi partido, resultados ampliamente satisfactorios.
Quiero reiterar que el país en 1991 creció a una tasa del 3.6%, la inflación descendió al 18.8%, la menor en 13 años y muy lejos de las tasas de 159% y 105% de los años de 1986 y 1987; que el déficit financiero ascendió al 1.5% del producto interno bruto y que es el más bajo en los últimos 25 años en el país; y que el pago de intereses que aquí tanto ha señalado el compañero Lujambio, tenemos que reconocer que ha tenido una tendencia francamente favorable para el país.
Lejos están los años de 1987, 1988, en que se pagaba prácticamente el 40% del total del presupuesto en intereses en el servicio de la deuda. En 1991 se confirmó una tendencia
decreciente en este sentido, al arrojar exclusivamente el pago de intereses el 22% del presupuesto total.
También, para terminar, quiero señalar el importante incremento de las reservas financieras internacionales del país, y esto, compañeros, son los principales indicadores de la política económica nacional y son indicadores a través de los cuales en años anteriores a 1991, venían los partidos de oposición a hacer una severa crítica de los resultados de la política económica y nacional.
Creo que tenemos que reconocer que a apartir de 1991, estos principales indicadores macroeconómicos adoptan una tendencia positiva y favorable y que ciertamente los problemas económicos del país no están resueltos, pero que los resultados en estos últimos años marcan resultados positivos y que fincan esperanzas para el pueblo de México. Muchas gracias.
El presidente: - Para rectificar hechos, tiene la palabra por cinco minutos.
La diputada Liliana Flores Benavides: - Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Para mí es evidente la actitud del partido mayoritario, se trata de desviar el debate del punto nodal, del punto central.
El debate aquí, compañeros, es la discusión de un dictamen de cuenta pública, en el cual el ejercicio del presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, no se ejerció en función ni de criterio ni de programas previamente acordados. Hasta hoy no hemos encontrado una respuesta a cuál es la razón por la cual haya incrementos sin explicación alguna, de un 49.6% en la erogación de gastos no sectorizables, por ejemplo; cuál es la explicación de que no haya una aplicación del presupuesto para el rubro de ecología, por ejemplo, en un 10.9%. Este es el meollo del debate, compañeros.
O sea, la respuesta del Partido Revolucionario Institucional fue una respuesta de querer insertarnos en una estructura ya preparada por ellos, de debate macroeconómico. Evidentemente que vamos a discutirlo y tenemos serias diferencias de concepción y de visión de la realidad, y lo vamos a discutir también en el presupuesto, pero no ha habido ninguna respuesta al problema central que nosotros aquí planteamos.
Nosotros hacemos un llamado a que centremos el debate en esto. Cuál es el papel del Poder Legislativo, cuáles son las repercusiones del no ejercicio del presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. Esto es lo central, compañeros. Gracias.
El Presidente: - Para rectificar hechos, tienen la palabra el diputado Felipe Calderón, por cinco minutos.
El diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa: - Gracias, señor Presidente, compañeros diputados.
Hace unos minutos, en una rectificación de hechos similar a ésta, un diputado del Partido Revolucionario Institucional recriminaba, señalaba al diputado Lujambio planteamientos que él hace en esta tribuna y utilizaba una referencia hacia ejercicios fiscales, hacia cuentas públicas pasadas, hacia porcentaje de intereses de la deuda pública importantes que ahora no se tienen.
Lo primero que nosotros rectificamos aquí es que no puede desvincularse el programa y no puede desvincularse el ejercicio que hace un Gobierno año con año, que no puede decirse: señores este Gobierno, este sexenio, este año es distinto a los demás, porque puede haber, si, modificación de políticas, pueden haber relevo de funcionarios, pero la responsabilidad política de ustedes, señores de la mayoría, la responsabilidad política como partido ante la nación, es que en sus argumentos están reflejando el fracaso de su propio partido en ejercicio gubernamentales anteriores, porque si eso es condenable o criticable; si el argumento es que ahora no pagamos tantos interés como pagábamos antes, que ahora podemos destinar el gasto para cosas que se requieren, que no podíamos hacer antes, es un señalamiento, una recriminación que hacen ustedes a su propio partido, a sus propios candidatos emanados del Partido Revolucionario Institucional en ejercicios anteriores.
Segundo, en consecuencia, si sus argumentos fueran válidos, ¿por qué entonces, cabría preguntar, se aprobaron las cuentas públicas respectivas en aquellos momentos, cuando se contraían empréstitos para el país, por ejemplo en los años de 1981, 1982, donde se llegó a contratar casi 20 mil millones de deuda externa en tan solo un año, en unos cuantos meses? . ¿Porqué los aprobaron, y por qué dieron por buena esa cuenta?
Hay algunas personas que fueron diputados, inclusive entonces. No podemos entonces desvincular o pretender defender posicionamientos de ahora, con una recriminación hacia los partidos
de oposición, que las criticamos entonces, y que ciertamente reconocemos cambios en determinados lineamientos de política, pero no por ello dejamos hacer planteamientos que consideramos importantes.
Lo tercero es que ciertamente se ha derivado esto a un debate macroeconómico, que tiene algunos rasgos de importancia, y que desde luego se presta a mucha discusión. El argumento es que el año pasado crecimos por arriba de lo previsto. Si se preveían los criterios de un crecimiento del dos y medio al tres, crecimos 3.6, y ¡qué bueno!, parece ser la solución, sin embargo en nuestro particular punto de vista, no necesariamente fue una medida saludable para el país el exceso en el crecimiento, y voy a decir por qué.
En el propio Plan Nacional de Desarrollo, se señala que dadas las condiciones del país, la carencia de infraestructura que avale un crecimiento acelerado, la carencia de capacitación técnica y la deficiencia educativa, la carencia de mecanismos eficientes de financiamiento, provocarían que un crecimiento mayor al previsto generaría cuellos de botella en el país, que a corto o mediano plazo provocarían que se vinieran abajo muchos de los logros tenidos, y así fue.
Ciertamente en 1991 se creció más de lo previsto. Es más, en el primer semestre ese crecimiento de cuatro y pico en el semestre de las elecciones por cierto, de las campañas electorales, generó un efecto tal, cuellos de botella tal, que bien pudieron haber influido en la crisis, en la recesión o en la desaceleración, como ustedes quieran llamarle que se vive este año, y que se vivió especialmente en el segundo trimestre de este año, con tasas de alrededor de un punto de crecimiento. Termino con esto señor presidente.
Pero tiene razón la compañera del partido de la Revolución Democrática en que, yo creo que sin excluir el debate macroeconómico, el debate de cuenta pública es un debate que tiene que ir al cumplimiento o incumplimiento de programas, montos, etcétera.
Yo creo que uno de los puntos donde puede avanzar el pluralismo de este país, uno de los puntos que demanda la sociedad, uno de los puntos que sería de enorme beneficio para la vida pública de México, sería no sólo la transparencia sino la posibilidad de garantizar, digámoslo así, esa transparencia de las finanzas públicas, es decir que no nos limitemos al sólo análisis de los datos, sino que esta Cámara, que sí, en el fondo del debate está el papel del Poder Legislativo frente a la Cuenta Pública o a las finanzas, tenga facultades más amplias de supervisión, concretamente, y lo dejo como referencia nada más, en muchos países democráticos la oposición no sólo tiene el derecho, que es elemental, es de perogrullo, de intervenir, es decir, de poder ir directamente a la contabilidad y poder tener mando, orden, ejecución, sobre finanzas y cuentas públicas, sobre documentación que convalide esas cuentas.
Creo que sería un avance que a través de la Contaduría Mayor de Hacienda, si se quiere, las fracciones parlamentarias, todas, del Partido Revolucionario Institucional y de la oposición, pudiésemos intervenir, vigilar, auditar la contabilidad de una dependencia determinada, cuando hubiera elementos justificados a ojos de los parlamentarios, que son los representantes del pueblo, para revisar esa contabilidad, y no circunscribirnos a realizar datos que ni siquiera podemos saber si son ciertos o no.
Lo segundo es que en otros sistemas democráticos la posibilidad de controlar el gasto y de supervisar el ejercicio del gasto, también está en manos de la oposición. Aquí podemos abordar linduras y debates buenos y malos sobre el comportamiento macroeconómico; podemos convalidar o no lo que dicen unas cifras que dicen que ocurrieron. Pero mientras no tengamos cada uno de los diputados o cada fracción la posibilidad real, práctica de verificar que lo que se nos dice es real, creo que estamos muy lejos de poder servir bien a la nación con una responsable vigilancia de las cuentas públicas.
El diputado Abundio Ramírez Vázquez (desde su curul): - Señor Presidente, pido la palabra para hechos.
El Presidente: - Tiene uso de la palabra el diputado Abundio Ramírez Vázquez.
El diputado Abundio Ramírez Vázquez: - Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
El Partido del Frente Cardenista, ha reiterado, ha señalado que la política económica del Gobierno Federal ha llegado a su límite; ha señalado que el programa del Gobierno no puede dar más, que ha tocado fondo; que la política económica, en cuanto al salario, en cuanto al empleo, en cuanto al gasto social, no es la que necesita el pueblo de México.
Este minidebate puede centrarse por lo tanto, así lo entendemos, en dos grandes puntos
generales: primero, atiende las dificultades y problemas de la vigilancia del Legislativo de la Cuenta Pública, el dictamen ciertamente repite muchas de las recomendaciones y propuestas hechas en años anteriores. No es una novedad, hay que recalcarlo, como lo afirman nuestros camaradas diputados del Partido Acción Nacional.
En este apartado también aparecen problemas de exposición e interpretación estadísticas.
Nosotros, los del Partido del Frente Cardenista, hemos propuesto que cualquier evaluación de los planes y programas gubernamentales, debe hacerse en relación al nivel de vida de la población. Si esto no se equipara, no se refleja, pensamos que la política ya debe de ser cambiada.
Estamos de acuerdo en que las metas en el terreno de lo macroeconómico sí han avanzado, por eso propusimos con anterioridad ya índices de pobreza, de bienestar, de costos, del costo social que el empleo está trayendo consigo por falta de éste.
Hemos planteado evaluar con mayor precisión, precisamente los avances en el bienestar social, en el otro punto que entendemos y valoramos la política económica del Gobierno Federal, es en cuanto a los límites y contradicciones de la política económica, que han determinado la desaceleración productiva, aquí hay que hacer énfasis y hay que tener cuidado.
También hemos precisado lo peligroso de la inversión especulativa. Sostenemos que éstos son de tres tipos: primero, el déficit comercial y su financiamiento, vuelvo a repetir, especulativo. Crecimiento desigual de los sectores productivos, concretamente, unos renglones de la economía crecen pero la gran mayoría de la economía y de la producción decrecen. El otro, volvemos a mencionar, los bajos salarios y por supuesto, por consecuencia, los bajos niveles de vida de la población.
Ya hemos discutido los avances macroeconómicos, no estamos negando avances en este sentido ni en el gasto social. La amortización de la deuda interna también se ha mencionado de parte de nuestra fracción.
Lo reconocimos pero no podemos ser autocomplacientes en una presentación de la política económica que niega las dificultades que se tuvieron en 1991 y que hoy ya por desgracia son una realidad, en nivel de vida de la población, de los mexicanos, decrece y se sigue financiando el déficit con una inversión especulativa.
Es clara nuestra propuesta y vamos a votar en ese sentido respecto del asunto que estamos tratando. Gracias.
**El Presidente: - Concluida esta primera parte del debate, se instruye a la secretaría para que se inscriba en el Diario de los Debates el voto particular emitido por la diputada Liliana Flores Benavides, del Partido de la Revolución Democrática.
Asimismo, esta presidencia informa a la Asamblea que se han previamente inscrito para la discusión en lo general y en lo particular los siguientes ciudadanos diputados: Hildebrando Gaytán Márquez, del Partido Popular Socialista; Cecilia Soto González, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Eberto Croda Rodríguez, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Elpidio Tovar de la cruz, del Partido de la Revolución Democrática; Juan de Dios Castro, del Partido Acción Nacional; Enrique Jacob Rocha, del Partido Revolucionario Institucional; Demetrio Hernández Pérez, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; José Camilo Valenzuela del Partido de la Revolución Democrática; Arturo Torres del Valle, del Partido Acción Nacional y Porfirio Camarena Castro, del Partido Revolucionario Institucional.
En consecuencia, se concede el uso de la palabra al diputado Hildebrando Gaytán Márquez, por 15 minutos.
El diputado Hildebrando Gaytán Márquez: - Señor presidente, señoras y señores diputados:
En la intervención del compañero ya se ha expuesto lo que piensa el Partido Popular Socialista sobre la cuenta de la Hacienda Pública, que cómo se ejerció el presupuesto y de las consecuencias que ha tenido el retiro del estado en la inversión productiva, ha señalado los juicios de autocrítica que aparecen en el propio dictamen, en relación a la vida de los mexicanos en cuanto a que no se ha promovido el empleo, en cuanto a que no ha exigido recuperación real para los salarios, puesto que el salario mínimo se dice en el dictamen no se ha podido recuperar en esos años, y otros aspectos.
Analizar el dictamen de la Cuenta de la Hacienda Pública en relación de cómo se ejerció el
**Se inserta el voto particular al final de este Diario.
presupuesto, es decir de ver hacia adentro de la administración pública, un presupuesto que ya fue delimitado en los marcos en cuanto a su monto , en cuanto a su destino en áreas diferentes de la actividad social y productiva, analizarlo una vez que ya fue ejercido tiene la limitación de que solamente se hace un análisis prácticamente actuarial para ver si éste cumplió los requisitos dentro de un marco previamente establecido, es decir, es un aspecto formal.
Es importante este aspecto formal y ya se han señalado las diferencias, inclusive en este renglón dentro de este marco ya preestablecido por la Ley de Ingresos y Egresos.
Para nosotros, para el Partido Popular Socialista, la importancia de analizar la Cuenta de la Hacienda Pública está en ver desde el punto de vista macroeconómico cuál es el efecto , en qué medida repercute, cuál es su trascendencia en torno del desarrollo nacional. Si ese presupuesto, si ese gasto ha promovido, promueve el desarrollo nacional, económico y mejora las condiciones de vida o no. Tenemos que analizarlo desde el punto de vista político y creo que eso es lo que interesa, de fondo, ahí estaría la importancia de fondo en ese análisis, en esta Cámara y de lo que espera el pueblo que analice la Cámara de Diputados en relación al desarrollo del país y del gasto público.
Pensamos que es el momento de que se haga una evaluación de lo que significa, de lo que ha significado ya en los hechos, la política que con el nombre que le quiera dar, de neoliberalismo o de liberalismo social, pero que a fin de cuentas está dentro de un retiro del Estado de la actividad económica, con un simple papel de vigilante y de regulador y de una apertura para dejar que libremente vengan los capitales a adueñarse o salir con las ganancias de utilidades.
Tenemos que ver si esta política es el camino que va a conducir a que el pueblo de México mejore sus condiciones de vida. Y desde 1982, que se ha aplicado esta política y más aún en estos últimos cuatro años, los resultados que están a la vista, es la descalificación de esta política. En esto consideramos que la Cámara de Diputados debe iniciar el debate e inclusive algunas de las recomendaciones que se dan al Poder Ejecutivo pueden ir incidiendo en aspectos importantes que hoy en este momento están dentro de la discusión y dentro de las medidas que tiende a ejercer en poco tiempo el gobierno de la República.
Porque aquí se han señalado en tono triunfalista que va más allá del propio tono utilizado en el dictamen que en algunos aspectos fue cauto puesto que señaló elementos de autocrítica; pero en las intervenciones de los diputados del partido Revolucionario Institucional, ha habido más bien un tono triunfalista para resaltar los indicadores fundamentales respecto de la inflación, respecto del crecimiento económico o del superávit financiero. Pero si todos estos aspectos, nosotros los comparamos en cómo ha sido la caída de las condiciones de vida del pueblo, de 1982 a la fecha, y ni aun de 1988 a la fecha podemos encontrar que haya una recuperación que pueda señalar que va a haber un crecimiento económico sustancial que beneficie al pueblo mexicano.
Y lo que ha faltado dentro de todos los indicadores de carácter nacional, que se han venido aquí a señalar, ha faltado el que el pueblo está esperando que se diga si acepta o no , cuál es el indicador que hay acerca de si se resuelve el problema de la pobreza o se agudiza.
Se señalaron aquí datos en que se ha expresado por parte del propio Poder Público, que aumenta el número de mexicanos en condiciones de pobreza y extrema pobreza. Es decir, el índice, el indicador de la miseria del pueblo, es más grave. ¿O cuál es, preguntaríamos nosotros a los diputados del Partido Revolucionario Institucional, cuál es en el orden de la miseria del pueblo y de sus condiciones de pobreza? ¿cuál es el indicador que pueden ustedes darnos aquí para poder apreciar si cuando se analiza en tono triunfalista un indicador económico, a ver si es justo que ese crecimiento económico, se obtenga a base de seguir acentuando las condiciones de pobreza de sectores importantes del pueblo mexicano?.
Pensamos que en el fondo del debate está ese: analizar la posición del Estado en la vida de México. ¿Va a continuarse por la vía del neoliberalismo, según las medidas que se anuncian?, pues es no ver las consecuencias desastrosas no solamente en el pueblo de México, sino en los pueblos de América Latina e inclusive de Europa.
Para el Partido Popular Socialista, vemos que el neoliberalismo, esta política que se está aplicando en el orden económico, con estas desastrosas consecuencias en la vida social, es en su esencia, antisocial y por lo mismo antinacional.
¿Cómo se considera lo que en el orden de los intereses nacionales, de una política de interés nacional, se veía antes el bienestar del pueblo
o inclusive el desarrollo de la industria nacional? preguntaría: ¿existe dentro de esta política de apertura una consideración, un juicio hacia lo que se ha considerado la industria nacional? evidentemente que no.
Ahora el porvenir de México se está centrando en las inversiones extranjeras. Y si en su momento las fuerzas democráticas criticamos el endeudamiento en que caía el Estado y asimismo las políticas que le imponía el Fondo Monetario Internacional y la obligación de pagar la deuda externa, que es lo sigue sangrando al país, pese a todo lo que se diga, sigue siendo una cadena, pues ahora, después de la deuda externa, se ha presentado para quienes tienen los destinos de México en la mano, como único camino, el de la inversión extranjera, y el de entregar la economía nacional que antes estaba en poder del Estado con empresas estratégicas muy importantes, entregarlas a una minoría como ha sido, por ejemplo la empresa Teléfonos de México y muchas otras.
El Partido Popular Socialista no ha señalado nunca para esta etapa de México, un estatismo absoluto; hemos aquí reiterado que en la iniciativa que se presentó en 1965, está la concepción del Partido Popular Socialista sobre qué áreas debe tener el Estado; áreas que algunas ya se tenían y que hoy se han abandonado.
Ahora, qué recomendaciones sustanciales pueden hacerse al analizarse la cuenta Pública, por que ahí están, pero para nuestro juicio están dentro de un mecanismo de muy poca trascendencia.
Quiero simplemente enunciar que a juicio del Partido Popular Socialista, en un análisis a fondo de esta Cámara de Diputados, de analizar lo que es la Política económica en su conjunto y sus consecuencias, lo conveniente será emitir opiniones que tuvieran efectos importantes en este momento. Y quiero mencionar un caso:
El Gobierno de la República, por medio de la Secretaría de Hacienda, como si se tratara de un asunto sin gran trascendencia, simplemente anuncia ya, entra a la venta en un paquete el Canal 7, 13 de televisión, el Periódico El Nacional y algunos otros elementos que ha tenido el Estado y que podríamos ubicar dentro de instrumentos bien orientados, que bien orientados podían incidir mucho dentro de la cultura nacional.
Pero ahora la cultura nacional, estos instrumentos que deberían ser fortalecidos y orientados de acuerdo con las precisiones que tiene la Ley de la Administración Pública para la Secretaría de Educación Pública en el orden de cuidar la cultura nacional, se deshace.
Entonces ¿cómo en el área de la educación? Cuando se nos informan simples datos acerca de cuánto se gastó y sin mencionarse la deserción escolar, sin mencionarse las condiciones reales que impiden que aumente la cultura del pueblo mexicano, y en cambio se toman medidas que van a dañar, que van en contra de la cultura del pueblo, como es en este caso retirar del área del Estado el canal 7 y 13 de televisión y otros instrumentos.
Pienso, y así lo formulo, que recomendaciones fundamentales que podrían quedar en el artículo 2 de este decreto, sería una como eso, en el área educativa, para fomentar la educación y la cultura del pueblo, que el sector público mantenga dentro del área estatal esto que hoy pretende poner en venta que seguramente no es más que un criterio muy pobre que tiene el Estado respecto de la cultura ya en el aspecto práctico. Por eso este dictamen y esta discusión nos conduce a una realidad árida muy lamentable para los intereses del pueblo. Gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra la diputada Cecilia Soto.
La diputada Cecilia Soto González: - Con su venia, señor Presidente, compañeras y compañeros del escasísimo pleno:
Toca por primera vez subir la Partido Auténtico a la tribuna para comentar el dictamen de la Cuenta Pública de 1991 y para...
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar (desde su curul): - ¡Quiero hacer una moción a la presidencia!
El presidente: - Adelante, compañero diputado.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar (desde su curul): - La Presidencia de esta Cámara tiene facultades para solicitar a los órganos técnicos de apoyo al funcionamiento de este pleno de la Cámara de Diputados, haga las acciones pertinentes que exhorten a aquellos compañeros diputados que se hayan ausentado del salón de sesiones, por los motivos que conocemos, a que se reintegren a sus funciones legislativas en el plazo más breve posible.
Y ruego a usted, por respeto a la oradora y a aquellos oradores que siguen en el uso de la
palabra, haga uso de esta facultad para realizar esta exhortación y podamos, por tanto incrementar sustancialmente la participación de legisladores en este importante debate. Gracias.
El Presidente: - Se le pide a la Oficialía Mayor que auxilie en la petición. Adelante, compañera diputada.
La diputada Cecilia Soto González: - Gracias, compañero Presidente.
Decía yo que venía a comentar el dictamen de la Cuenta Pública de 1991 y para fundamentar obviamente el voto en contra de la fracción del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, utilizó la palabra "obviamente" , porque sería imposible aprobar un dictamen de Cuenta Pública como éste, cuando en diciembre de 1990 nuestra fracción parlamentaria votó en contra del Presupuesto de Egresos para 1991. Habiendo votado en contra de este presupuesto, no importa qué tan bien lo hubiera ejercido, no podríamos aprobar que tan eficientemente han hecho daño a la nación.
El problema con esta administración es que no solamente no ejerció bien su gasto sino que se cometieron faltas muy importantes a resaltar en esta discusión. Pero antes quisiera brevemente desviarme a uno de los temas que recurrentemente saltaron en la primer ronda de intervenciones de los partidos. Y es por una parte la trascendencia de los avances que el dictamen enumera, que llevó a cabo la Comisión de Programación y Presupuesto, y el papel del Poder Legislativo en nuestro sistema político.
Creo que la pregunta pertinente sería: ¿Desde qué óptica, desde qué meta, debemos de juzgar la huella que esta LV Legislatura debe dejar en la vida nacional? Si estamos dedicando estos tres años de nuestra vida a ésto, obviamente para dejar una huella en el país.
El dictamen plantea y enumera algunas innovaciones importantes, se adelantó el informe de Cuenta Pública 30 días, se llevaron a cabo numerosas reuniones, se invitaron por primera vez a otras Comisiones.
Pero desde el punto de vista de lo que necesita el país, desde el punto de vista del saneamiento de una relación deforme que existe entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, es suficiente lo que hemos hecho. ¿Tenemos tiempo para ir gradualmente saneando y mejorando esa relación? Yo opino que tenemos muy poco tiempo.
Si nosotros examinamos los titulares de los periódicos de los últimos dos meses, veremos qué tan poco tiempo tenemos. No solamente los conflictos electorales se magnifican, sino problemas como el de Nuevo Laredo demuestran que hay una enorme irritación popular. No tenemos tiempo, entonces, para ir poco a poco recobrando la independencia del Poder Legislativo. Tenemos que ganar en unos cuantos meses, en esta LV Legislatura, el tiempo perdido.
Es en ese sentido que el dictamen nos parece tibio y nos parece que no saca las conclusiones adecuadas del tipo de cifras que se manejan.
Creo que una de las cuestiones más importantes o uno de los cambios de actitud más importantes que tendría que tener este Poder Legislativo, es sentir bajo nuestros hombros, en nuestros hombros el peso de la conducción económica del país.
Si nosotros nos sintiéramos plenamente responsables de la orientación económica del país, de los resultados de como se ejerce el gasto, seguramente si pensáramos que generaciones futuras nos van a juzgar desde ese punto de vista, como corresponsables, seguramente no tendríamos miedo a innovar de manera más profunda.
Quisiera resaltar ahora algunas áreas del dictamen de Cuenta Pública, que desde mi punto de vista ejemplifican por qué es necesario votar en contra.
Bueno, en la página cuatro el dictamen plantea los objetivos principales de la política económica de 1991 y los enumera, dice:
"Primero. Reducir la inflación a menos de la mitad de la estimada para 1990.
Segundo. Seguir impulsando la recuperación gradual de la actividad económica.
Tercero. Continuar con la modernización de la economía.
Cuatro. Fortalecer la política social".
Bueno, ninguno de estos cuatro objetivos se lograron. La inflación fue del 18% cuando se estimó en el 11%. Se nos diría que no debemos confundir la actividad económica con una actividad de astrología o de predicción. Pero sucede que sistemáticamente los funcionarios de la Secretaría de Hacienda no le atinan a predicción de la inflación y al déficit en cuenta corriente.
¡No es un erro, no es un año, sistemáticamente ha venido sucediendo!. Y si esto ha venido sucediendo así quiere decir que en su metodología, en su capacidad de ver la realidad nacional hay un error sistemático. Voy a retomar este punto más adelante.
Segundo. Seguir impulsando la recuperación gradual de la actividad económica. Ya han hecho notar otras fracciones parlamentarias que a partir del segundo semestre se marca una desaceleración de la economía, una tendencia recesiva que se marca de manera más clara todavía en 1992.
Tercero. Continuar con la modernización de la Economía. Bueno, aquí depende de qué se entiende por modernización. Si modernización es la reducción del sector público, etcétera, etcétera, esto podría decir, si se está de acuerdo con este concepto, que, en efecto, se llevó a cabo.
Si por modernización también se comprende aquella inversión y mejoramiento en infraestructura básica, que acabe con causas estructurales de la inflación, veremos que el presupuesto de 1991 y su ejercicio actúa en contra de esta modernización en muchas áreas y que fueron pocas las áreas que realmente se modernizaron.
Cuarto. Fortalecer la política social para contribuir al mejoramiento del nivel de vida de la población. Esto también se ha discutido ampliamente. El presupuesto para 1991 nos habla de un gasto para pago de deuda del 27.7% del producto interno bruto, mientras que en el caso de gastos sociales apenas del 22% y en el ejercicio de gasto social encontramos muchos problemas, no vemos entonces que se hayan cumplido estos objetivos.
Quisiera referirme un poco más ahora el caso del sector externo, también ha sido ya referido por otras fracciones parlamentarias que los avisos, las luces rojas que hemos estado prendiendo con respecto a este sector han sido sistemáticamente desconocidas por los funcionarios de esta cartera, pero si esto ha sido desconocido por los funcionarios de Hacienda no tendría por qué ser desconocido por la Comisión de Programación y Presupuesto, yo creo que la Comisión de Programación y Presupuesto en el Poder Legislativo no solamente debe juzgar la mecánica en cómo se ejerció el gasto, sino que debe de cumplir con una función de aviso a las autoridades de que se está incurriendo en un camino riesgoso y nos parece que en la Comisión de Programación y Presupuesto al evaluar su dictamen la mayoría parlamentaria en esta Comisión ha tomado ciertas cifras que convalidan un análisis alegre del sector oficial, como dicen los americanos, las ha tomado size value.
Vamos a ver solamente un aspecto en este sentido, la Comisión en su dictamen retoma la frase del Secretario de Hacienda cuando anuncia reservas de 17.5 billones de dólares, las reservas más altas de la historia, exactamente la misma frase que usa el Secretario de Hacienda, pero las reservas se pueden analizar de dos maneras; una, en términos de números absolutos y en efecto, en números absolutos son las reservas más altas de la historia; pero si nosotros juzgamos las reservas por su función de reservas y por aquella capacidad que da a la nación para resistir dificultades súbitas o dificultades graves, estas reservas, son reservas bastante medianas porque reservas de tres años, antes compraban 13 meses de importaciones y las reservas de 1991 apenas pueden cubrir cinco meses de importaciones, entonces desde el punto de vista de la función económica que juegan las reservas, estas reservas no son las más altas de la historia, y así debió haberse hecho notar.
En el problema de déficit de cuenta corriente, el acelerado crecimiento de nuestras importaciones, de nuevo debió haberse profundizado, el argumento del Gobierno es que se está construyendo una base exportadora con estas altas importaciones, pero yo pongo esa afirmación en signos de interrogación, la composición de las importaciones; desde antes de 1991 a la fecha, nos muestra que no se está construyendo una base exportadora, que una parte menor, menos de la cuarta parte son bienes de capital, y que una proporción muy importante son bienes intermedios que vienen solamente a entrar en el ciclo anual de producción, vienen a reponer solo elementos que se desgastan año con año, de nuevo y en este caso la Secretaría de Hacienda sabía que no hay ningún problema con el déficit externo porque al fin y al cabo es la iniciativa privada la que se está endeudando, como ésta es de Marte no tiene nada que ver con México, no representa ningún peligro para la nación; sin embargo y es más claro verlo aún desde 1992 en el que se viene agravando esta tendencia de crecimiento exagerado en las importaciones y una composición poco sana de ésta, nada impediría quiero que se oiga claramente esto, nada impediría que los importadores una vez que se agoten las fuentes de financiamiento externo a las que han estado recurriendo y se han estado agotando; se han estado agotando, es decir los bancos por ejemplo ya agotaron el mercado de aceptaciones, están entrando ahora en otro mercado.
Una vez que se agote o que se limite o se dificulte este mercado, van a recurrir a comprar dólares internamente, y podríamos estar quedando, como lo planteamos en nuestra evaluación de la comparecencia del doctor Aspe, un nuevo problema de deuda externa.
Decíamos pues, que no vemos razón por la cual la Comisión no tomó en cuenta las observaciones de varios miembros de otros partidos con respecto a eso.
Uno de los temas que más se ha hablado ahora, es también el problema de un superávit de 48 mil millones que no fue autorizado por esta soberanía.
El dictamen de la Comisión nos habla de dos causas; uno, mayores ingresos fiscales, y segundo, reducción en los intereses del pago de la deuda.
Nos parece que aquí también se evade una visión más crítica del asunto. Es cierto que varios sectores, es cierto que varios sectores o subsectores, no ejercieron, subejercieron.
Particularmente nuestra fracción parlamentaria participó en las reuniones de ecología, de salud, de agricultura y de pesca. En el caso de ecología, señalamos un subejercicio muy claro, específicamente de créditos otorgados para 1991 por el Banco Mundial de 150 millones de dólares que no se habían ejercido y que no se pudieron ejercer por una razón muy clara: Se forza a las secretarías a conseguir financiamiento externo pero se recorta su presupuesto, de tal manera que las secretarías o subsecretarías no pueden contratar el personal para llenar los requisitos que exigen los créditos externos.
Eso es exactamente lo que pasó en el caso de lo que era la subsecretaría de Ecología. La Subsecretaría de Ecología no ha podido recibir los créditos del Banco Mundial que están listos y aprobados desde 1991, porque no ha llenado los requisitos que exige el Banco Mundial en cuanto a estudio para recibir este crédito.
Eso nos dice en el dictamen y eso fue dicho en las diversas reuniones pluripartidistas.
Nos parece entonces que no se puede explicar por las dos causas mencionadas el problema de subejercicio.
Quisiera ahora pasar a dos casos, dos subsectores de nuevo, para seguir apuntalando, me están señalando tiempo, no me voy a tardar, nuestra negativa.
Yo creo que si incluso los compañeros del Partido Revolucionario Institucional hubieran leído bien el dictamen, hubieran encontrado algunas incongruencias. Voy a referirme a la página 13, subsector agropecuario. Dice el dictamen:
"...en general, los objetivos y las metas intermedias de asistencia técnica, agrícola y pecuaria de control de plagas y enfermedades, de incorporación y rehabilitación de áreas de riego, de producción de especies benéficas, de reforestación, de vigilancia a los recursos forestales y de capacitación de productores, fueron congruentes con las prioridades establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, pues se orientaron a elevar la producción y la productividad del campo..."
Dice en la página 14 exactamente lo contrario a lo que dice en el primer párrafo. Dice: "tampoco se cumplieron las metas de ampliación de superficies cultivables de riego, de asistencia técnica pecuaria, de reforestación, de protección de recursos forestales, debido a que se sobreestimaron las metas". En el primer párrafo dice que se cumplieron, en esta última parte que no se cumplieron.
Otra perla, dice en el segundo subpárrafo de la página 13:"...en contraste, las metas originales de conservación de agua y suelo, incorporación de áreas al temporal tecnificado, ejecución de las resoluciones presidenciales de dotación de tierra y expediciones de certificados de propiedad e inafectabilidad, fueron inferiores a las alcanzadas en un año antes".
Leo ahora: "...por otra parte, en cuanto a las metas intermedias, se superaron las relacionadas con la ampliación recuerden bien, el primer párrafo se dice que no se alcanzaron las metas, aquí se dice en cuanto a las metas intermedias, se superaron las relacionadas con la ampliación de superficies agrícolas al temporal tecnificado, la rehabilitación en infraestructura de riego, la entrega de certificados de propiedad e inafectabilidad y la capacidad productora.
Aquí hay una clara contradicción. Hubiera simplemente necesitado una lectura un poco más atenta.
Pero es más importante el contenido, el drama del sector agropecuario en nuestro país. Por una parte reconoce el dictamen la cifra oficial de que en los 10 cultivos básicos se obtuvieron rendimientos menores al año anterior. Al mismo tiempo se plantea que se importó menos, y argumenta que esto no tuvo ninguna otra repercusión
social porque había mayores reservas. Yo me atrevo a plantear que los mexicanos consumieron menos proteínas, menos calorías ese año, precisamente como una combinación de menos cosechas, menos importaciones agropecuarias en este sentido y un salario mucho más bajo.
Hubiera sido muy importante que los compañeros que redactaron el dictamen, se hubieran también preguntado por qué bajaron de manera dramática estos 10 cultivos, sobre todo a la luz que en 1992 y en el último informe trimestral...
El Presidente: - Compañera diputada, ¿sería tan amable de redondear la participación? Su tiempo ha concluido.
La diputada Cecilia Soto González: - Cómo no. Se reconoce que de nuevo el sector agropecuario es el único que presenta un crecimiento negativo. Nos parece sumamente grave, nos parece que no se reconocen las causas achacables totalmente a la política gubernamental de tasas de interés proporcionadas, de eliminación de subsidios, de elevación de más de 170% en las tarifas eléctricas para el campo, que no se reconozcan estos factores.
Para terminar, simplemente mencionar que en el caso de pesca, el dictamen también no es riguroso, no hubo modernización en el sector pesquero, no hubo aumento en la inversión, se construyó el edificio de Pesca pero eso no es verdaderamente inversión en el sector pesquero. Muchas gracias.
El Presidente: - Gracias, compañera Cecilia Soto. Tiene el uso de la palabra el diputado Eberto Croda Rodríguez, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado Eberto Croda Rodríguez: - Con el permiso de la presidencia; compañeras y compañeros diputados:
La Cuenta de la Hacienda Pública Federal es el documento mediante el cual el Ejecutivo Federal informa al Poder Legislativo la situación del ejercicio del Presupuesto de Ingresos y de Egresos de la Federación, así como el avance de la política económica conforme al gasto asignado a cada uno de los sectores de la economía.
En la presentación de la Cuenta Pública observamos que se ha avanzado en cuanto a explicar no sólo los avances alcanzados, sino también en cuanto a los resultados negativos que se presentaron. No obstante, aún se conservan algunos aspectos que no tienen o que evaden la explicación real de los resultados.
En el dictamen observamos que se han tomado en cuenta observaciones que nuestra fracción parlamentaria ha hecho a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, como es el caso de que las entidades y dependencias aporten mayores elementos de juicio para evaluar los resultados anuales que se reportan en la Cuenta Pública y la necesidad de ampliar la información sectorial sobre las causas del incumplimiento en la aplicación de los presupuestos aprobados.
No obstante, notamos que en la presentación del dictamen aunque moderadamente aún se hace un resumen de los resultados presentados por el Ejecutivo Federal. Si se hiciera como una información sería útil, pero se efectúa con el fin de justificar a la Cuenta Pública y la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, lo retoma como tal.
Es necesario, así lo Hemos opinado en la comisión mencionada, que el Poder Legislativo debe tener una opinión propia de los resultados que presenta el Ejecutivo Federal sobre la situación económica del país.
En materia de política de gasto, analizando las cifras que presenta el Ejecutivo Federal en la Cuenta de la Hacienda Pública para 1991, constatamos que se presentó una moderada recuperación real del gasto programable, una elevación que no corresponde a la disminución que se presenta en el gasto no programable. No obstante la proporción de la participación de cada uno de estos conceptos en el gasto, es favorable al programable, con lo cual se consolida la reversión del presupuesto iniciada en 1989, cuando el nivel del no programable significaba más de un 60% del gasto total.
Esta situación es favorable para las finanzas públicas, ya que ha implicado una reducción real de las transferencias de recursos al exterior.
Aun reconociendo que la política de gasto se ha reorientado en estos últimos tres años, aún nos quedan dudas: por ejemplo, se menciona que el aumento del gasto programable, junto con la selectividad en su orientación, permitieron avances de manera significativa en la consolidación del cambio en la estructura del presupuesto, privilegiando el destinado al sector social, y dentro de éste a la inversión.
Nuestra duda surge porque en lo que se refiere al gasto sectorial, se reconoce en el dictamen que se ha dado un crecimiento sectorial, se reconoce en el dictamen que se ha dado un crecimiento sectorial desigual.
Respecto al gasto del ramo 23, Erogaciones no Sectoriales, se dice que se tuvo un sobrejercicio
de un billón, 240 mil 500 millones de pesos, recursos que según el documento se destinaron para impulsar el programa para la modernización educativa del país. Nosotros, cuando se aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año de 1991, no sólo estuvimos de acuerdo con autorizarles los recursos y programas al sector educativo, sino que también sugerimos que fuera mayor el monto, lo que en la práctica así sucedió. Sin embargo, consideramos que los recursos destinados para el programa para la modernización educativa, fueron recursos que no se aprovecharon adecuadamente, y que implicaron un desperdicio de esos recursos, dados los resultados obtenidos por la aplicación del programa.
Todos sabemos que se experimentó y que se fracasó.
Ciertamente en 1991, hubo una reactivación del gasto social, y se puede decir que después de muchos años, los recursos que se destinaron fueron considerable. No obstante consideramos que el sector de desarrollo social es de los que mayores rezagos presenta.
La deuda social de nuestro país es muy elevada, y los avances en las principales variables macroeconómicas, no se han traducido en la superación de estos rezagos. Quizá se han atenuado algunos de estos rezagos, pero podemos observar que existen en el país zonas en donde los beneficios sociales no llegaron en 1991, aun con la aplicación del Programa Nacional de Solidaridad.
Insistimos que los recursos destinados al gasto social, no han sido suficientes. En este renglón podemos decir que desde la crisis de la década de los setenta, hace que el Gobierno Federal intente recuperar prestigio y legitimidad, en la cual echan a andar el Programa Nacional de Solidaridad, un programa emergente, que si no se hubiera echado a andar desde el año de 1988, el Gobierno Federal hubiera entrado en crisis que no hubiera podido sostener.
Las manifestaciones de carácter social se hubieran manifestado a tal grado que para estos momentos, a tres o cuatro años de distancia del Gobierno Federal, éste no hubiera resistido ya las manifestaciones sociales y el repudio al sistema de gobierno que tenemos actualmente.
Pero nuestra pregunta es: ¿Programa Nacional de Solidaridad, si; pero hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el Programa Nacional de Solidaridad?
Se han abatido efectivamente algunos aspectos de algunos problemas nacionales, como es destinar recursos con la venta de las paraestatales, a pagar la deuda interna y parte de la deuda externa, pero esto no ha sido suficiente hasta el momento, los rezagos sociales persisten.
Si los recursos obtenidos con la venta de las paraestatales se hubiera destinado a satisfacer las grandes necesidades y los problemas sociales en este México nuestro, tenemos por seguro de que esos recursos ya no existieran, ya estuvieran invertidos en obras de beneficio social.
Nos quedan algunas empresas paraestatales que rematar. Estamos en el camino de la desincorporación, nos lo han dicho hasta el cansancio. Efectivamente, no lo vemos mal, pero estás desincorporaciones han sido de manera indiscriminada y no se ha atendido el aspecto social de nuestro México, poniendo en riesgo la soberanía de nuestro país.
Por tales razones, la pregunta es: ¿Programa Nacional de Solidaridad, pero, hasta cuándo; después de la venta de lo poco que nos queda, de las paraestatales que restan?
Estos recursos que obtiene el Gobierno Federal, estoy seguro que lo van administrar hasta salir el sexenio, pero son recursos que seguramente no van a alcanzar si se destinaran eficientemente y hacia los sectores sociales que más lo necesitan, para abatir estos rezagos sociales, estoy seguro que si se invirtieran de esa manera, no abatirían el rezago social que tenemos en nuestro México.
En el sector de desarrollo rural detectamos algunos de estos casos que quisiéramos mencionar. Se nos habla el la Cuenta Pública que la producción de los 10 principales cultivos del país, resultó inferior al 12.9% a la obtenida en 1990, debido a que las condiciones climatológicas no fueron favorables.
Estamos ciertos que en el subsector agrícola las condiciones climatológicas juegan un papel muy importante, pero, conjuntamente con el área agrícola, en los programas de cultivo y la determinación de las zonas productoras de los cultivos básicos, no fueron alcanzados los resultados que se esperaban.
En cuanto a la actividad forestal en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal para el año de 1991, se señalan como factores que determinaron al potencial forestal los incendios y las plagas y enfermedades que atacan bosques y selvas, sin embargo, en ningún momento se considera la tala inmoderada de los bosques, principalmente aquélla que se realiza en forma clandestina.
Recientemente la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, a través de la Subsecretaría Forestal, informó que México ocupa el cuarto lugar en materia de deforestación, al registrar una pérdida de recursos forestales de 7 mil kilómetros cuadrados por año, y que la destrucción de bosques y selvas afectan en 23.8 millones de hectáreas, perturbadas y con diversos grados de erosión, en el 80% del territorio nacional.
Conforme a los indicadores básicos contemplados en el documento de resultados generales en el aspecto de fomento forestal, no se contemplaron metas para evitar la deforestación de los bosques y de la selvas.
En materia presupuestal observamos que la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, a nivel central, ejerció en 1991, 17.1% más que el presupuesto originalmente programado. No obstante a que el gasto fue superior, la mayoría de las metas reprogramadas no fueron cumplidas.
La Secretaría de la Reforma Agraria ejerció en 1991, conforme a las cifras que se nos presentan, un 22.5% más de lo programado, y en este caso tal parece que la mayoría de las metas fueron cumplidas e incluso ampliamente superadas.
Sin embargo, en las cifras que nos presenta nos llama la atención el número de resoluciones presidenciales publicadas y las ejecutadas. Es cierto que estas metas no fueron programadas y que finalmente el número de hectáreas y personas beneficiadas es alto. No obstante, se ha señalado que existen cerca de 30 mil expedientes de dictaminar y únicamente se publicaron 139 resoluciones presidenciales y 606 fueron ejecutadas.
En la Cuenta de la Hacienda Pública Federal para 1991, se sostiene que el nivel de vida de la población constituye el objetivo prioritario que alienta la política de gasto publico. No obstante a que el gasto social se ha incrementado desde 1989, el nivel que tiene aún no llega a ser un satisfactor de las necesidades sociales de la población.
En 1991 los avances alcanzados en materia económica no se tradujeron en solventar la elevada deuda Social que se tiene en nuestro país.
En la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1991, nuestro partido sustentó la necesidad de destinar mayores recursos para el sector social, primordialmente para lo que se refiere a educación y salud, cuyos niveles de gasto estuvieron muy por debajo de las recomendaciones de los organismos internacionales correspondientes.
Observamos que pese a que se ejerció un 5% más de lo que se programó originalmente, persistieron en 1991 grandes rezagos, fundamentalmente en el Sistema Educativo Nacional.
En el caso del sector comercio, abasto y fomento industrial, esta Cámara le autorizó un gasto por 214 mil 300 millones de pesos y al final del ejercicio registró erogaciones por 342 mil 500 millones de pesos, un 59.8% superior, únicamente considerando a oficinas centrales.
En cuanto al sector en su totalidad, el gasto ejercido fue menor en 20%, lo cual explican claramente en el documento de resultados generales, y esto se traduce en que el incumplimiento de las metas originales es producto de la reorientación de las funciones de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares.
Finalmente, quisiéramos considerar que en los sectores en que no se cumplió con las metas programadas originalmente y fueron autorizadas por esta Cámara de Diputados, coincidentemente se repite un argumento, que es el de las condiciones climatológicas adversas.
En otros años este argumento era característico del sector agropecuario y forestal, ahora parece que se extiende a otros sectores. Consideramos que las condiciones climatológicas sí afectan, pero que pueden ser contrarrestradas con un sistema de planeación adecuado.
En la Cuenta Pública no existe referencia alguna a la planeación económica y no se explican las fallas que se han tenido, las cuales no han permitido el cumplimiento de las metas en todos los sectores mencionados y en los que me faltaron por mencionar.
Por lo tanto, por su atención muchas gracias, compañeros diputados.
El Presidente: - Se concede el uso de la palabra al diputado Elpidio Tovar de la Cruz, del Partido de la Revolución Democrática, por 15 minutos.
El Diputado Elpidio Tovar de la Cruz: - Señor Presidente, compañeros y compañeras diputadas:
En el examen de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal para 1991, nuestro partido, el Partido de la Revolución Democrática, ha expresado
su voto en contra de ésta, explicando una serie de consideraciones, entre las cuales resalta fundamentalmente el hecho de que en el análisis realizado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, no se aplican de manera estricta la normatividad existente en materia presupuestal.
Quiero referirme solamente a algunos de los aspectos que en el análisis de la Cuenta de la Hacienda Pública resaltan, concretamente relativo al Programa Nacional de Solidaridad.
Este programa, que se ha convertido en un instrumento político electoral del Gobierno y de su partido, un programa que tiene básicamente el objetivo de fortalecer la imagen presidencial, que tiene también el propósito de crear un nuevo tipo de corporativismo social para pilar los extremos de miseria y de pobreza, es resultado de una política económica profundamente antipopular y reaccionaria.
Y decimos esto porque es del conocimiento público que los recursos asignados a este programa no se ejercen sobre la base de programas específicos previamente aprobados por esta Soberanía, en el momento en que se aprueba el Presupuesto de Egresos de la Federación, sino se convierten en una parte de los recursos nacionales que se quedan a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, para que de manera arbitraria sean manejados con los propósitos fundamentalmente ya referidos.
La prueba principal de esto, como fue señalado en alguna intervención anterior por los compañeros del Partido de la Revolución Democrática, el hecho de que en el año de 1991, el año electoral, es decir, de las elecciones federales para la renovación del Poder Legislativo, se invirtieron, en sólo 10 días, del 30 de junio al 10 de agosto de ese año, en los días claves de las campañas electorales del Gobierno, 671 mil 208 millones; es decir, alrededor, un poco más de 600 millones por hora en la República Mexicana. De tal manera que estos grandes recursos manejados de manera discrecional, fueron utilizados con el propósito de fortalecer las campañas electorales de los candidatos del Partido Revolucionario Institucional.
El Programa Nacional de Solidaridad como se sabe, ejecuta territorialmente, en el marco de una coordinación con los estados de la federación a través del Convenio Único de Desarrollo que el Presidente de la República firma anualmente con cada uno de los gobernadores de los estados para formalizar acuerdos y compromisos conjuntos de inversión.
En los convenios se define un aparato específico para Solidaridad, con objeto de que en los comités de planeación y desarrollo de los estados y de los municipios del país se reúnan las autoridades de los tres niveles de gobierno para definir, controlar y evaluar los proyectos productivos y sociales en que participan las comunidades.
Estos comités, según la definición del propio Gobierno, son las unidades básicas de la intervención social, son figuras de la organización comunitaria que a través de los convenios de concertación participan junto con las instituciones en la ejecución de las acciones de Solidaridad.
En relación a todo esto, en la Cuenta Pública no encontramos información acerca de si los gobernadores de los estados están obligados a firmar anualmente el Convenio Único de Desarrollo, si esto no viola la Constitución federal y las estatales, si los gobiernos estatales están obligados a destinar un monto de sus recursos para el programa de Solidaridad, si este monto se fija anualmente y es dado a conocer antes de ejercerse, si los congresos locales aprueban este presupuesto y si es de su conocimiento, ¿a qué proyectos específicos se dirigirán los recursos o lo aprueban a ciegas como ocurre en este propio Congreso federal?
Tenemos entonces un especial interés en que se nos informe en las cuentas públicas, que tenga que aprobar esta soberanía, en el marco del Convenio Único de Desarrollo correspondiente al año de análisis, ¿con qué monto participa el Gobierno Federal, con cuál los estatales y con cuál los municipales? Estos datos desglosados por entidad federativa.
Nos interesa también saber, ¿cómo se conforman los comités de Solidaridad?, ¿cuáles son los requisitos para crearlo?, ¿por qué no se han difundido estas condiciones, por lo menos, tanto como el programa?, ¿qué papel juegan los promotores?, ¿qué se requiere para ser promotor?, etcétera
Pero sobre todo, lo que nos interesa plantear, porque corresponde a una facultad de esta soberanía, es que el Programa Nacional de Solidaridad se ajuste estrictamente a la normatividad existente en materia presupuestal, que deje de ser una instancia con propósitos político - electorales a favor del Gobierno y de su partido, y que la utilización de los recursos asignados deje de ser manejada discretamente por el Ejecutivo.
En lo que respecta al sector educación. Se señala en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1991 que el gasto ejercido por el sector educación durante ese año fue de 27 billones 67 mil 900 millones de pesos, cifra superior en 21.5% en términos reales respecto al gasto de 1990. Sin embargo, habría que señalar, reiterarlo, a pesar de este incremento que parece considerable, el presupuesto de 1991 en términos reales, todavía estuvo por debajo de los montos asignados en 1981 - 1982, etapa en la que se inició esta crisis.
Además es necesario señalar que en este aspecto el país está todavía lejos de alcanzar la recomendación de la Organización Educacional, Científica y Cultural, de las Naciones Unidas de destinar el equivalente al 8% del producto al gasto de educación.
Con los datos anteriores, queda claro que aún cuando el gobierno federal proclama con gran énfasis su interés en el bienestar social, en los hechos, los niveles presupuestales asignados en este caso específico al sector educativo, todavía son bajos para elevar el nivel, la calidad y el acceso a los servicios educativos, aspectos muy deteriorados en la educación de nuestro país.
Asimismo, aún existen enormes rezagos en materia educativa y se siguen padeciendo problemas como la disminución de la matrícula escolar, la reducción en la producción de los libros de texto, el deterioro de los indicadores de la eficiencia educativa, metas de infraestructura planeadas y no alcanzadas en fuertes proporciones, todo ello derivado del análisis de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal este año.
Una de las características de la actual política educativa, ha sido la contracción en el crecimiento de las oportunidades de escolarización en todos los niveles del sistema, pues en los dos últimos ciclos escolares que han correspondido a la actual administración, la matrícula general registró en el ciclo 1989 - 1990, un decremento del orden de 237 mil alumnos respecto del ciclo anterior.
Y en el ciclo 1990 - 1991, se registró un descenso del orden de 118 mil alumnos respecto también del período anterior. Este fenómeno de descenso en la matrícula general no se había presentado por lo menos en ningún momento de la historia escolar posrevolucionaria. Así, este proceso representa la ruptura con uno de los rasgos del sistema escolar, que aun con sus deficiencias, cada año generaba oportunidades escolares, lo que incrementaba la matrícula.
En el renglón de la elaboración de los libros de texto, también se observa en el análisis de la cuenta, que en el ciclo escolar 1990 - 1991, la producción de textos fue inferior a todos los ciclos escolares desde el año de 1981.
Por otra parte, existen indicadores de eficiencia educativa, que nos muestran el deterioro de ésta en nuestro país. Uno de los datos más preocupantes de la distribución de la escolaridad, es la magnitud de los estratos que están por debajo del nivel obligatorio establecido en la Constitución de 1917. Un primer estrato formado por el 17.4% de los inscritos en 1o. de primaria, no llega al 4o. grado, y a él deben agregarse los niños en edad escolar, considerados como rezago y cuyo número ha estado aumentando hasta alcanzar un número estimado de 300 mil niños por año.
Un segundo estrato que representa el 15% de los inscritos, completa cuatro o cinco grados. En ambos casos la subescolarización consolida la condición marginal de millones de niños que provienen del campesinado, de su existencia, de las zonas rurales y de las capas de la población de escasos recursos de las ciudades, que al no contar con ninguna preparación, se suman a la masa de desempleados y de subempleados, por sus casi nulas posibilidades de incorporarlos a los procesos sociales productivos y remunerados.
Desde el punto de vista social y económico, este proceso implica cerrar las vías de movilización de las clases sociales que tanto peso ideológico han tenido en la sociedad mexicana. Esta tendencia es confirmada por las estimulaciones gubernamentales de acuerdo con las cuales entre 1980 y 1991, la eficiencia terminal se redujo en secundaria de 75% a 74%, en profesional medio, de 43% a 36%, en bachillerato, de 66% a 57% y en nivel superior a la atención a la demanda real entendida a la incorporación a un nivel escolar, de los egresados del nivel precedente, se redujo de 90% al 64%.
Consideramos entonces, que estos indicadores de deterioro de eficiencia educativa en nuestro país, plantean que no se está cumpliendo realmente con la obligación de impartir la educación como lo establece el artículo 3o. constitucional. Y esto tiene qué ver sin duda con la cantidad de recursos asignados a este ramo vital de la vida mexicana.
Por último, quiero referirme a un hecho que se ha venido presentando en las cuentas de la hacienda pública federal, que es el siguiente, para
terminar: existe una falta grave de información sobre los impuestos en México. El partido de la Revolución Democrática planteó en la sesión de análisis de la política de ingresos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, la necesidad de que se subsane una de las más importantes carencias que ha padecido la información del Ejecutivo a esta Cámara.
No se proporciona la información referida al número y tipo de causantes, por tipo de impuesto, nivel de ingresos, entidad en la que tributan, etcétera.
En la sesión de análisis de la política de ingresos, el Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aceptó una vez más esta carencia y ofreció en voz alta, que enviaría a esta cámara esa información indispensable. de este ofrecimiento puede dar testimonio la propia diputada María de los Ángeles Moreno, presidenta de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Todos podemos constatar hoy, que esta información indispensable prometida por el subsecretario de Ingresos, no ha sido entregada. No es posible, por tanto, certificar la captación de ingresos tributarios si no se conoce la estructura cualitativa y cuantitativa de los causantes; tampoco podemos aprobar la ley de Ingresos o cambios a la Ley del Impuesto Sobre la Renta correspondiente al año 1993.
La carencia de estos elementos impide que no solamente el análisis de la Cuenta Pública que hoy nos ocupa, sino la aprobación de leyes que tenemos que realizar en este Congreso, pueda hacerse con efectividad en el ejercicio completo de la facultad de este Congreso. Muchas gracias.
El presidente: - Se concede el uso de la palabra al diputado Juan de Dios Castro Lozano, del Partido Acción Nacional.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano: - Señor Presidente, señoras y señores diputados:
En esta tarde la Asamblea de diputados de la nación está ejerciendo la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados contenida en la fracción IV del artículo 74 de la Constitución General de la República.
Estamos realizando precisamente la revisión de la Cuenta Pública. La Cuenta Pública que tiene relación con el presupuesto ejercido por el Ejecutivo Federal el año anterior.
No siempre ha estado como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, la de revisar la Cuenta Pública. Así estaba en la reforma de 1874 cuando se implantó en el país de nuevo el bicamerismo, se estableció como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados precisamente revisar la cuenta Pública del Ejecutivo Federal. Mas no fue ése el pensamiento ni la idea del constituyente de 1917.
¿Por qué razones, señoras y señores diputados, en la Constitución del 1917 se estableció que fuera no la Cámara, sino el Congreso el que realizara esta función? Porque la revisión de la Cuenta Pública, señoras y señores diputados, lo que estamos realizando en estos momentos, es precisamente un juicio crítico sobre los actos de un Poder: el Poder Ejecutivo.
Y el Constituyente del 1917 estableció que para juzgar los actos de un Poder, como era el Poder Ejecutivo, lo realizara otro Poder, que es el Poder Legislativo, el Congreso, las dos Cámaras. Y esta disposición duró 60 años, desde 1917 hasta 1977.
En la reforma al 77, cuando analizamos la exposición de motivos, y permítanme citarla, señoras y señores diputados, porque está estrechamente vinculada con este debate, porque tiene estrecha relación a si la Cámara de Diputados efectivamente al ejercitar la facultad que le confiere la fracción IV, del artículo 77, realmente realiza un juicio crítico, de valor, objetivo, sobre la conducta del Poder Ejecutivo; o tenemos una Cámara de Diputados sumisa, vinculada, ya no digamos al Poder Ejecutivo, sino a una de sus dependencias principalmente.
En la reforma al 77, a que hice alusión, se establecen dos razones, dos razones que conviene considerar sobre por qué debiera ser, señoras y señores diputados, la Cámara de diputados y no el Congreso la encargada de revisar la Cuenta Pública.
La primera, la primera dice la exposición de motivos porque la Cámara de Diputados constituye la representación popular. Claro que también hay algo que está estrechamente vinculado con los intereses del pueblo de México, como es la aprobación de contribuciones, de impuestos; y corresponde al Congreso, no solamente a la Cámara de Diputados.
Y la segunda razón, dice la reforma al 77, y es la que en esta pequeña o breve exposición voy a relacionar, dice la reforma al 77, porque la Cámara de Diputados cuenta con un órgano
técnico, idóneo, adecuado, valioso, para poder ejercer la facultad: la Contaduría mayor de Hacienda. ¡un órgano de la Cámara de Diputados!
Al estudiar toda la legislación que tiene relación con la Cuenta Pública, a veces se nos ocurre que es una legislación que debe cambiar. Sí, quizá amerite cambios, quizá la legislación secundaria efectivamente requiera algún cambio para que podamos cumplir con la facultad que la constitución nos confiere; ¡la competencia que tenemos para poder revisar la Cuenta Pública!
¡Que no sea, señores diputados, un simple requisito formal la revisión de la Cuenta Pública! En un día, en un día debatimos los diputados. Debatimos ¿Sobre qué? Sobre el único elemento que nos ha proporcionado la contaduría mayor de Hacienda, que es el Informe Previo.
¿Basta con eso? ¿Basta con los planteamientos que mis compañeros de todos los partidos hicieron a los distintos funcionarios, en las no sé cuántas reuniones que dice el dictamen que se tuvieron con distintos funcionarios de la administración pública federal para hacerles requerimientos y observaciones? ¡Y que la contaduría Mayor de Hacienda no solamente, no solamente los analizó, sino que incorporó algunos de ellos! Y las respuestas que se dieron al informe Previo.
Dice la Constitución que la revisión tiene por objeto conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.
¿Y si no qué? ¿Y si no se ha ajustado a los presupuestos qué, señores diputados? No solamente tenemos acceso a la información sobre si el Gobierno Federal se ajustó o no al Presupuesto aprobado por la Cámara. Si no se ajustó, señores diputados, si hay discrepancias, pero también, en otra hipótesis, si no hay documentación comprobatoria de apoyo, dice que se deben fincar las responsabilidades correspondientes.
Yo no sé, yo no sé, señores diputados, si la Ley orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda nos dé el instrumento para cumplir esta función. Pero lo que yo sí se es que constituye, con uno de sus dispositivos, un valioso instrumento para que el Gobierno Federal eluda responder, ¡eluda responder!, porque el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, nos dice que tiene la Contaduría las siguientes atribuciones; y cito:
"Rendir a la Comisión de Presupuesto y Cuenta de la Cámara de Diputados el informe previo dentro de los 10 primeros días del mes de noviembre siguiente a la Presentación de la Cuenta Pública del Gobierno Federal, y ese informe contendrá enunciativamente comentarios generales", ¡enunciativamente comentarios generales!
Y luego, en septiembre del año que viene, señoras y señores diputados, sobre esta misma Cuenta Pública, ¡fíjense bien!, ¡hasta septiembre del año que viene!, nos va a rendir un informe sobre el resultado de la revisión de la Cuenta Pública del Gobierno Federal.
¡Informe previo ahora!, ¡informe de resultados el año que viene, en septiembre!, ¿y luego que?, y luego nada, señoras y señores diputados, porque la Cuenta se aprueba o se rechaza ¡hoy!, se revisa o no, ¡hoy precisamente!
Esta ley debe cambiar, y claro que debemos presentar una iniciativa de ley para que cambie. ¿Por qué debe cambiar, señoras y señores diputados? Porque no podemos ejercitar la facultad constitucional sin tener el informe de resultados. ¡No podemos revisar la Cuenta Pública, señoras y señores diputados, con un informe previo, enunciativo, sobre datos generales, como marca la Ley de la Contaduría!
¿Y qué es la Contaduría? La Contaduría, señoras y señores, es nuestro brazo técnico; como poder debiera ser el Poder Legislativo, ¡Cámara de Diputados!, ¡Cámara de Senadores!; la Cámara de Diputados sola no es poder.
Con este informe previo vamos a decirles a los señores diputados que han revisado la Cuenta Pública, con datos generales. Miren, yo me tomé la libertad de hacerle una preguntita al señor Contador Mayor de Hacienda de nuestra Cámara, hoy en la mañana, porque me extrañó que en el informe previo nos dijera la Contaduría Mayor de Hacienda que tenía dos elementos para poder evaluar, ¿saben cuáles son esos dos elementos, señoras y señores?: uno, los cuestionarios que mandó selectivamente a muchas o pocas dependencias y entidades del Gobierno Federal, infórmame de esto y las entidades son las que le rindieron el informe, ¿cómo?, como quisieron, con los datos que querían, esos son los datos que tenemos y por supuesto auditorías, auditorías ordenadas por la Contraloría de la Federación, que es Poder Ejecutivo.
Ah, pero yo me quedé con la duda, dije, bueno, caray, yo tengo aquí una auditoría de Paullada, S. C., un despacho importante por ejemplo, que
sacó un dato también interesante, un desfasamiento, un sobre giro en el presupuesto notable en una de las entidades. Dije: "bueno señor contador, pero dígame usted auditorías de la Contaduría Mayor de Hacienda, con personal de la Contaduría", y me dijo: "sí, señor diputado, hacemos 400 auditorías en promedio por año. "Qué bueno, caray, yo ya tenía la espada desenvainada para el debate", dije, la Contaduría no hace auditorías, no ejerce la facultad que les confiere la Ley y como que el señor contador momentáneamente me desarmó con su respuesta.
Le dije: "señor contador, pero los resultados están aquí en el informe previo", "ah no, diputado", me dijo, "mire, las auditorías que aparecen y que arrojan y que se reflejan en el Informe Previo, son sobre sistemas de control, mecanismos administrativos, si son buenos, si son malos, si son deficientes". Le dije: "¿y las de fondo, señor contador, las que arrojan resultados, disposiciones indebidas, malos manejos de recursos?" "Ah, sí, quisiera que hablara más bajito". Yo quisiera hablar más alto, para que me escuchara también el Poder Ejecutivo que no estamos, será capaz, una pequeñísima digresión, ¿será capaz el Poder Legislativo de negar la destitución del Contador Mayor de Hacienda si lo pide el Ejecutivo, que sería un planteamiento interesante?
Me dijo el contador: "Las otras auditorías, ésas, perdone, diputado, no se reflejan aquí, se reflejan en el informe de Resultados", el que vamos a recibir, sí, sí lo vamos a recibir el año que viene, en septiembre, señores, del año que entra, de acuerdo con la Ley. ¿Va a haber oportunidad de que la Cámara analice esos resultados? Ya no, señores, esta disposición, este artículo de la Ley es elusivo para que cumplamos nuestra función.
Señores, termino en dos minutos, señor Presidente, para leer una proposición que es muy clara. Miren señores, pero ya con los datos que nos proporcionó la Contaduría Mayor de Hacienda, lamento que el tiempo se haya agotado, porque podríamos bordar vastísimamente y lo podría hacer, espero que el diputado del Partido Revolucionario Institucional conteste a estos cuestionamientos, señalo nada más tres datos y hago una propuesta.
Organismo, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, presupuesto que aprobamos: 4 billones, ejerció: 7 billones. otro, está auditado por Horacio Ojeda Paullada y Asociados, S. C.; otro, Instituto Mexicano del Seguro Social, presupuesto 17 billones, ejercido: 21 billones, son poquitos, son cuatro, pero son billones de pesos, señoras y señores. ¿Estamos pintados aquí en la pared cuando aprobamos presupuestos? Otros, Ferrocarriles Nacionales de México: 4 billones, 33 mil 231 millones de pesos; ejercido: 4 billones 224 mil 852 millones, son poquitos, miles de millones.
Otro, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, presupuestado: 501 mil millones; ejercido: 1 billón, 402 mil 730 millones de pesos. Esto por el informe previo.
Bueno, señores, la propuesta es ésta y a ver si ya no estamos pintados y hacemos algo, dice después de las generales del que propone, dice: "que la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados, proceda a promover ante las autoridades competentes el financiamiento de responsabilidades en relación con quienes resulten responsables de las discrepancias que existen entre las cantidades gastadas y las partidas respectivas del presupuesto en las siguientes entidades: Instituto Mexicano del Seguro Social; Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; Aeropuertos y Servicios Auxiliares y Ferrocarriles Nacionales de México".
Lo que está aquí es la Constitución. Y señores, pruebas, ¿quieren pruebas?, el presupuesto es una documental pública y el informe previo de Contaduría, también es una documental pública. Están entrampados. O los ejecutan o violan la Constitución. Gracias.
El Presidente: - Se concede el uso de la palabra a la diputada Laura Alicia Garza Galindo, para rectificar hechos, por cinco minutos.
La diputada Laura Alicia Garza Galindo: - Con su permiso, señor presidente, honorable Asamblea:
Para los diputados federales de la LV Legislatura del Congreso de la Unión que integramos en la pluralidad la Comisión de vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, es compromiso ineludible trabajar para el pueblo de México cuidando sus intereses, cuidando la correcta aplicación de sus dineros.
Porque asumimos la importancia de este trabajo para el fortalecimiento de las Prácticas democráticas y del marco de derechos que hemos decidido los mexicanos para regir la vida nacional, es que lo realizamos diputados federales de diversos partidos políticos.
Existe la voluntad política para continuar profundizando y modernizando el control popular de la sección pública. Desde el Poder Legislativo, la voluntad política está presente en el ejercicio soberano de la facultad que otorga la Costitución General de la República en su artículo 74, a la Cámara de Diputados, de vigilar no sólo el correcto control contable del gasto, sino también su más adecuada orientación.
Entendemos el gasto como lo que es, un instrumento fundamental para el desarrollo nacional y vigilamos desde la Cámara que atienda las prioridades establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, en el Presupuesto de Ingresos y Egresos, en los programas sectoriales y en la política social del régimen, siempre en atención a la voluntad popular y fortaleciendo, vía la concertación con los estados, con los municipios, el pacto federal.
En la Cámara, a partir de un análisis eminentemente técnico, llegamos a conclusiones de carácter político que son, a nuestro juicio, trascendentales para el país.
Por ejemplo, los diputados de todos los partidos políticos coincidimos, pero además lo aprobamos en el marco de la Ley, en lo positivo del hecho, de que cada vez se destine una mayor cantidad de recursos al gasto social. El gasto se orienta mayoritariamente al bienestar de nuestra gente y no de las cosas.
Este es el camino que nos hemos trazado los mexicanos y en el que si bien es cierto hemos avanzado, también podemos ser lo suficientemente críticos para reconocer que aún quedan cosas, muchas cosas por hacer.
Este es el espíritu que anima a los diputados que pertenecemos a la LV Legislatura y en especial a los que integramos la Comisión de Vigilancia, Comisión que realiza tareas áridas, arduas y casi siempre complejas, verdaderamente casi siempre poco atractivas para la gran mayoría de políticos de esta Cámara.
Por ello quisiera hacer un gran reconocimiento a mis compañeros diputados de diversos partidos políticos aquí presentes, que con gran disciplina, con gran ahínco, y sobre todo desideologizando el debate, se han evocado a cumplir en lo sustancial con la objetividad que requiere el análisis técnico, dejando de lado posiciones partidistas y anteponiendo siempre el superior interés de la nación.
Sin duda , mis compañeros se han dedicado a este trabajo técnico, que reconocemos como muy importante para la vida nacional, porque representamos a una ciudadanía más exigente, más demandante y más consciente. Nuestra tarea como representantes populares es continuar por este camino, perfeccionarlo.
A lo largo de esta sesión, como en el trabajo de comisiones, diversos compañeros diputados federales representantes de partidos de oposición, han expresado sus preocupaciones respecto a diversas cuestiones, en principio, los tiempos de presentación de las diferentes fases de análisis de la Cuenta Pública Federal, así como de sus contenidos, y apreciamos algunas confusiones, por lo que consideramos necesario formular, para beneficio de la Asamblea, algunas precisiones:
Primero destacar que existen tres fechas determinantes que competen a la revisión de la Cuenta Pública: el 10 de junio, como lo marca la Constitución en el artículo 74, se presenta la Cuenta Pública a la Cámara de Diputados. La Cuenta Pública se basa en la revisión del ejercicio del gasto público federal realizado, insisto, con base en el Presupuesto de Ingresos y de Egresos, aprobado por esta soberanía y que concluye su ejercicio al 31 de diciembre del año de que se trate.
¿Por qué la Cuenta Pública se entrega hasta el 10 de junio a la Cámara de Diputados? Porque primero se debe consolidar el ejercicio, cerrarlo, incorporar estados financieros y las auditorías externas. Y aquí cabe señalar que los auditores externos son despachos contables de reconocido prestigio nacional e internacional.
Cabe destacar que por primera vez en nuestra historia legislativa, la Cuenta Pública fue distribuida para su conocimiento, análisis y observaciones, a todas las fracciones parlamentarias, además de 13 diskettes que contienen todos los anexos de la Cuenta Pública, es decir, que las fracciones parlamentarías pueden iniciar el estudio de la cuenta desde el mes de junio. La Cámara envía la Cuenta a la Contaduría Mayor de Hacienda para que formule el informe previo que debe entregarse a esta soberanía el día 10 de noviembre.
Por primera vez, también en nuestra historia legislativa, el informe previo se entregó a todas las fracciones parlamentarias con un mes de antelación. Previo a ello, concurrimos los diputados miembros de las Comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, en comisiones unidas, a una reunión con los
servidores públicos de la Contaduría Mayor de Hacienda, para externar los puntos de vista y observaciones de los partidos.
Se formularon 100 planteamientos, de los cuales se recogieron 90 procedentes en el informe previo.
Adelantar la presentación un mes, significó un gran esfuerzo que reconocemos para la Contaduría Mayor de Hacienda, nuestro órgano técnico de control.
Ya se ha dado cuenta en esta tribuna, del largo trabajo en comisiones que involucran a más de 200 diputados, para llegar a este debate, que tiene como fin aprobar, discutir el dictamen que recoge el trabajo de los diputados, dictamen que es lógico; no se modifican sus postulados generales de confrontar el ejercicio presupuestal en las diversas leyes y reglamentos que marca la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, ordenamiento también aprobado en su momento por el Congreso Nacional, pero sí en sus recomendaciones específicas, plasmados en el apartado de orientación sectorial del gasto.
Respetamos pero no coincidimos con algunos compañeros diputados que manifiestan que el dictamen es copia de los dictámenes de años anteriores. Consideramos que el dictamen de este año es mucho más crítico que el año anterior, y retroalimentará el trabajo a desarrollar, de acuerdo a las indicaciones establecidas en él a la Contaduría Mayor de Hacienda.
Con base en el dictamen aprobado, la Contaduría Mayor de Hacienda iniciará el trabajo de auditorías directas a las dependencias, de estudios de análisis económicos y de evaluación programática y de auditorías al sector paraestatal, que conformarán el informe de resultados que se entrega a esta Cámara el 10 de septiembre del año entrante. Es un año de trabajo.
Cabe destacar que la Contaduría Mayor de Hacienda ha realizado, durante los últimos cinco años, un total de 1 mil 939 auditorías para efecto de los informes de resultados, esto es un promedio anual de 388 auditorías.
Señor Presidente , la ruego que me permita unos minutos más para terminar mi intervención.
El Presidente: - Proceda usted.
La diputada Laura Alicia Garza Galindo: - Gracias.
Por otra parte, con el fin de hacer un breve análisis comparativo entre el tipo de trabajo que desarrolla la Contaduría Mayor de Hacienda con otros países, comentarles que, por ejemplo, la oficina del Contralor General de los Estados Unidos, realiza auditorías en torno a un número cercano a las 100; el tribunal de cuenta de la nación Argentina, realiza un promedio aproximado anual de 80 auditorías.
Todo lo anterior permite comparar favorablemente el trabajo de la Contaduría Mayor, cuya calidad es reconocida ampliamente a nivel internacional, y por supuesto nacional.
Existe de nuestra parte total apertura para escuchar los puntos de vista, para avanzar en el proceso de modernización de revisión de la Cuenta Pública. Estamos en espera de propuestas que modifiquen si es necesario el marco jurídico.
Pero le quiero comentar, señor diputado, que ya tuvimos una reunión en comisiones unidas, la de Programación y Presupuesto y la de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, en donde nos comprometimos todos los partidos políticos a hacer una revisión a fondo del marco jurídico e de los tiempos de la Cuenta Pública. Esta reunión fue aproximadamente hace tres meses y medio. A la fecha no hemos recibido propuesta de ningún partido político. Yo le quiero reiterar que estamos abiertos a las propuestas serias, como de usted las esperamos, para que nos permitan avanzar en este proceso de modernización de la Cuenta Pública nacional.
Quiero además destacar que en el punto cinco de la página 32 del dictamen, se establece: "Asimismo, con objeto de consolidar los logros obtenidos en la modernización de la Cuenta Pública, se deberán continuar las sesiones de reestructuración en la presentación, y que la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, continué con el estudio para mejorar en tiempo y forma el proceso relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal"
Es un compromiso de los diputados integrantes de la Comisión de Programación Presupuesto y Cuenta Pública, en busca avanzar en este proceso.
Esperamos para el mes de marzo tener conformado un análisis que nos permita en realidad avanzar al respecto.
También se manifestó en esta tribuna preocupación porque el presupuesto del órgano de
control del Ejecutivo es mayor que el órgano de control del Legislativo.
Aquí cabría señalar que los procesos son distintos: el del poder Ejecutivo transcurre durante el propio ejercicio del gasto, en virtud de que las actividades de control interno deben ser recurrentes. La Secretaría de la Contraloría General de la Federación requiere el doble de personal, además, la Secretaría de la Contraloría General de la Federación contrata y paga a los comisarios de las entidades paraestatales y a los delegados de las dependencias centrales.
La Contaduría Mayor de Hacienda, que realiza un control posterior al ejercicio, cuenta efectivamente con un cuerpo de 500 auditores, que son los que realizan el trabajo de auditoría anual al que hemos hecho referencia.
Quizá cabría recordar que el Presupuesto de la Contaduría Mayor de Hacienda lo determina el propio Poder Legislativo.
En torno a alguna consideración aquí expresada por el señor Juan de Dios Castro, relativo al entrampamiento porque se han movido partidas presupuestales. Yo le quiero recordar, señor diputado, que el Poder Ejecutivo tiene facultades para hacer movimientos en sus cuentas, precisamente parte del control interno es precisamente para verificar que esos movimientos presupuestales estén de acuerdo a los lineamientos programáticos que existen para tal efecto. Y precisamente el análisis de Cuenta Pública es para analizar que esos movimientos que se hayan presentado, hayan estado de acuerdo a esos lineamientos, leyes y ordenamientos que rigen al Presupuesto de Egresos de la Federación.
Finalmente no podríamos dejar de mencionar que nos apena el uso de tantos adjetivos, ofensas y agravios para con la mayoría de la Cámara por parte del diputado Lujambio.
Celebramos que no sea la tónica usual de debate del Partido Acción Nacional. Aquí todos tratamos de convivir, más allá de los disensos, en armonía. La pluralidad, diputado Lujambio, también incluye a mi partido, el Revolucionario Institucional. Y esperamos de usted, diputado, un trato de mayor madurez política para con mi fracción.
La Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda cumple su función. Solo en este año celebramos, los diversos señores diputados que integramos esa comisión, 19 reuniones de trabajos con la Contaduría Mayor de Hacienda y con otras comisiones. Entre ellas, se realizaron cuatro reuniones ordinarias, una cada trimestre, en las que se presenta por parte de la Contaduría el informe de trabajo, en donde se detallan los avances en los trabajos de integración de sus informes y auditorías, informe que además se presenta por escrito a cada, señor diputado, representado en dicha Comisión.
Habría que asistir a las reuniones o cuando menos leer los informes trimestrales.
Y les quiero decir que de esos cuatro informes trimestrales, en donde se detalla el trabajo de la Contaduría Mayor de Hacienda , se da cuenta de los avances, se conforma el informe de resultados, en donde están marcadas las observaciones, recomendaciones y, en su caso, los pliegos de responsabilidades, que nosotros no fincamos, porque no finca el Poder Legislativo responsabilidades hacia el Ejecutivo.
Nosotros los que hacemos es comunicar a los órganos competentes del Poder Ejecutivo, para que procedan en consecuencia.
El Presidente: - Si me permite, señora diputada, pero ya tiene usted un exceso de 15 minutos del tiempo marcado por el artículo 82.
La diputada Laura Alicia Garza Galindo: - Muy bien, señor. Le ruego una disculpa, doy por concluida mi intervención. Muchas gracias. (Aplausos.)
El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul): - Pido la palabra para contestar alusiones personales, señor Presidente.
El Presidente: - Para contestar alusiones personales se concede el uso de la palabra al señor diputado Castro Lozano, por cinco minutos.
El diputado Juan de dios Castro Lozano: - Señor Presidente; señoras y señores diputados:
La señorita diputada que me antecedió en el uso de la palabra habló de un debate ideológico, con posturas partidaristas.
Señores yo creo que en mi intervención hice un planteamiento ajustando los argumentos al texto expreso de la fracción IV del artículo 74 constitucional. Señalé, señalé que ciertamente la disposición contenida en la Ley de Contaduría era una forma de eludir el cumplimiento de la representación nacional en esta facultad que le confiere la fracción IV del artículo 74.
Sí, ciertamente, ciertamente es conveniente una reforma, venga del Partido Revolucionario Institucional o de la oposición; pero entraríamos en un debate a si debemos acatar la Constitución o la Ley secundaria.
¿Por qué no tener el informe definitivo, para poder revisar la Cuenta Pública? Porque lo obstaculiza el dispositivo de la legislación secundaria.
Y tenga la seguridad, señora diputada, que no tardará mucho en que presentaremos una iniciativa de reformas de ese dispositivo, que fue planteado y enviado por el Poder Ejecutivo y que fue aprobado , que fue aprobado, repito, por la Cámara de Diputados, la mayoría en pleno.
El planteamiento es muy claro. Dice la señora diputada, para tratar de dar respuesta, dice: ¡Ah!, es que el Poder Ejecutivo tiene la facultad de realizar transferencias. Si, hay un desfasamiento de lo ejercido sobre lo presupuestado, no lo negó. Lo dice el informe previo de la Contaduría Mayor de Hacienda con 500 auditores, y claro, nos lo entregó con un esfuerzo extraordinario un mes antes en lugar del 10 de noviembre, lo entregó el 10 de octubre.
Muy bien, señora diputada, si esto es así, si lo hizo un esfuerzo extraordinario para entregar el informe previo un mes antes, lo recibió la Cuenta Pública el 10 de junio y con el informe previo al 10 de octubre ya había detectado irregularidades en el ejercicio del presupuesto.
Y yo pregunto: ¿cuantas solicitudes ha realizado la Contaduría Mayor de Hacienda para que se finquen las responsabilidades como lo marca la fracción IV del artículo 74 y como lo marca la propia Ley de la Contaduría Mayor de Hacienda?
No, el pleno no vamos a ejercitarla, señora diputada. No vamos a presentar una querella los quinientos diputados de la representación nacional. Tenemos de acuerdo con la Ley alguien que puede hacerlo y que es nuestro órgano técnico, lo puede hacer la Contaduría Mayor de Hacienda. Y no solamente eso, señora diputada, la Comisión de Administración, si leemos la Ley de Contaduría hay dos facultades que parece que permiten a la Contaduría eludir su responsabilidad dice: "Facultades de la Comisión de Administración ordenar las auditorías". No señores, también la Contaduría motu propio tiene derecho a ordenarla y realizarla y tener acceso a la documentación.
Y yo digo, ¿por qué mi solicitud? Yo no necesitaba presentar mi propuesta, que la Contaduría Mayor de Hacienda ejercite, señores, ya está en la Ley, la Contaduría Mayor de Hacienda puede, está en la Ley, solicitar que se finquen las responsabilidades, pero no lo ha hecho.
No lo ha hecho a pesar de que tuvo la Cuenta Pública el 10 de junio y a pesar de que tenía el informe previo el 10 de octubre, ¿cuántas solicitudes ha hecho la Contaduría en ese sentido?
Pero si vamos a aceptar el argumento de la señora diputada, en el sentido de que el Poder Ejecutivo motu propio, ad Libitum, libremente a voluntad, puede realizar todas las transferencias que quiera en relación con el presupuesto. Dígame ¿para qué nos pasan a aprobación el presupuesto y las partidas? Díganos nada más, el ejercicio del presupuesto será de tantos cientos o miles de pesos en un solo renglón y no pongan partidas, que el ejecutivo ad Libitum las determine.
Pero aquí en la fracción IV es muy clara, no dice: "Revise la Cuenta Pública con la cantidad presupuestal global". Y dice: "Si las partidas se ajustaron..." Pero yo quiero pensar, que la señora diputada que no nos ha citado los casos en que ejerció el Ejecutivo esa facultad tiene razón, ustedes saben, ella habló de que es un trabajo muy técnico, muy difícil, un trabajo financiero, que deben realizar los técnicos, y dijo: no los políticos.
Yo no quiero pensar, que lejos de mi pensar que la señora diputada quiso pensar que todos los diputados que estamos aquí discutiendo la Cuenta Pública, estamos haciéndonos tontos porque no somos técnicos, somos políticos, no sabemos de lo que hablamos.
Señores, nos tomamos el trabajos de leer, entendemos los presupuestos y es una operación muy sencillita, si aprobé en el presupuesto 4 billones y te gastaste siete, desbancaste el presupuesto, te saliste de lo presupuestado, no acataste el presupuesto que aprobé. Y no se requiere ser un técnico con conocimientos, como ella dijo, tan complejos para poder llegar a esa conclusión.
Y la fracción IV señala, señores, dos hipótesis, la fracción IV del artículo 74, y no nos andemos por las ramas. Primera, la fracción IV dice: "Cuando se van a fincar responsabilidades", no dice "podrá fincar", no dice: "fincará la responsabilidad". Yo no digo de delitos, no nada más hay responsabilidad penal, también hay responsabilidad administrativa. Dice en dos casos. Si
no se ajustó lo ejercido a lo presupuestado, es uno, o si no tiene documentación comprobatoria de apoyo suficiente.
Y los cuatro, cinco casos que presenté en mi propuesta, podía haberle presentado 20 ó 30 ó 50, con pequeños porcentajes de 2%, de 5% que son porcentajes pequeñitos, pero que son miles de millones de pesos. Son la primera hipótesis.
La segunda, pedimos a la Contaduría Mayor de Hacienda a que nos diga de las auditorías de esos despachos tan autorizados, qué datos arrojan por cuanto al fondo, yo ya les cité lo que el Contador Mayor de Hacienda me manifestó.
Por cuanto a, señora diputada, y termino con ello, por la tarjetita de tiempo, de que los dictámenes son una calca de dictámenes anteriores, se lo voy a probar, se lo voy a probar, señora diputada.
Mire usted, todas las recomendaciones que están aquí, al final, como recomendaciones que como colofón nos piden aprobar el dictamen que tiene por revisada la Cuenta Pública, tengo aquí los decretos de las recomendaciones del año pasado sobre la cuenta Pública del año antepasado y los decretos contenidos las recomendaciones también de la revisión de la Cuenta Pública, aprobados el año antepasado, sobre la Cuenta Pública del año anterior al antepasado. Revisen los textos, el 80% son idénticos, las recomendaciones son idénticas.
(Desorden.)
Señores: se los leo con todo gusto. El artículo 1o. en relación con el dictamen, el texto es exactamente igual ahí no cambia. "La revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio de 1990 tiene por objeto conocer los resultados". En el dictamen, la recomendación lo único que cambia es el año. "La revisión de la Cuenta de Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio 1991 tiene por objeto conocer los resultados".
En el apartado dos del dictamen, inciso a): "Continuar por parte de las áreas de auditoría interna de las dependencias y entidades con la práctica de realizar auditorías legales", corresponde idénticamente al inciso e) del año pasado y del año antepasado. El inciso b) corresponde idénticamente al inciso h; el a, b, c, d, y e, del apartado tres corresponden con cambios pequeñísimos de palabras.
Señores: la revisión de la Cuenta Pública. No, no soy economista, no soy contador público, soy diputado de la nación y la nación me impuso como obligación con todos ustedes señores diputados, revisar la Cuenta Pública, y si hay discrepancia entre lo ejercido y lo presupuestado, dice la Constitución, fincar las responsabilidades.
No me puede reclamar la señora diputada por estar cumpliendo con mi obligación constitucional. Gracias.
El presidente: - En los términos del artículo 102, tiene el uso de la palabra la diputada Liliana Flores Benavides.
La diputada Liliana Flores Benavides: - Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Evidentemente que el diputado Juan de Dios Castro, retomó el meollo de la discusión y lo que habíamos venido planteando. Esto es lo central; tiene toda la razón; nosotros lo venimos a plantear en nuestra posición inicial y posteriormente para hechos.
Tenemos el gravísimo problema de que un órgano técnico de esta Cámara de Diputados, en los hechos, pretenda situarse encima de esta representación.
Yo soy miembro de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda y tengo evidencias y hechos del papel que realiza este órgano. La revisión de la Cuenta Pública, la fiscalización del ejercicio del presupuesto, no es un trabajo técnico, es una facultad soberana de nosotros, compañeros. Y es profundamente lamentable, que haya gente que lo considere como un trabajo técnico.
Yo quisiera plantear un solo ejemplo de cómo funciona este órgano que es un instrumento de este Poder Legislativo. En la pasada Legislatura, por parte de diferentes partidos de oposición, hubo un cuestionamiento al cargo 1148. En ese sentido, se decidió que la contaduría Mayor de Hacienda, debería de realizar auditorías al sector eléctrico, para saber cuál era la situación del mismo y si se justificaba o no, el cargo 1148, supuestamente un cargo para mantenimiento.
Según el informe que dio la Contaduría Mayor de Hacienda, el cual por cierto, batallamos profundamente , mucho, para conseguirlo, a grado tal que en el período de enero a abril en la Comisión Permanente , nuestros diputados urgieron que fuera entregada esa información, cuando debía haber sido entregada a finales del año anterior. Ahí nos damos cuenta que en el
Informe que da la Contaduría Mayor de Hacienda, y esto es un ejemplo bien claro de cómo se mueven las cosas ahí. Decía que gran parte de su actividad y de las horas - hombre, había sido utilizado para hacer las auditorías del sector eléctrico.
Al hacer un análisis de la información que nos daban y del diagnóstico, nosotros encontramos toda una serie de irregularidades, la necesidad de ampliar información en algunas cuestiones. Pero además también, una actitud tendenciosa, así podríamos llamarlo, en la metodología de análisis.
¿Qué fue lo que pasó?, se aprobó realizar toda una serie de reuniones, dizque para que los partidos políticos tuviéramos una mayor información que duró de ocho a nueve meses para concluir exactamente en lo mismo; no importó ninguna observación que haya hecho la oposición. Fue prácticamente una simulación porque se discutió para caer exactamente en lo mismo. Y ahora es profundamente patético que el destino de muchas familias de trabajadores de la Comisión de Luz y Fuerza del Centro, dependa del resultado de esas auditorías, tal como se nos planteó aquí.
Este es el papel que juega esa Contaduría Mayor de Hacienda.
Para la oposición, y el diputado Lujambio no me dejará mentir, ha sido una verdadera lucha permanente para poder tener acceso a la información que tiene la obligación de darnos. No nos la dan. Lo han estado planteando que tiene que ser por cierto y siempre que pase por la Presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, cuando nosotros como miembro de esa Comisión, tenemos todo el derecho de tener acceso a esa información.
Son parte de la obstrucción, para que nosotros podamos ejercer una facultad soberana que es la fiscalización. Esto es importante que se sepa, y éste es el meollo de la discusión.
En el presupuesto nos encontramos una gran cantidad de partidas ejercidas y no ejercidas; el problema es que hubo transferencias, pero fueron transferencias irregulares.
El diputado Juan de Dios Castro planteaba algunas gestiones de algunas partidas con duda. Yo quiero aquí señalarles lo siguiente:
Cómo es posible que se vaya a votar la aprobación a un dictamen, como lo mencioné en nuestra primera intervención, que no dice nada, absolutamente nada nuevo, de un presupuesto donde el Poder Judicial tiene una variación del 30.3% arriba del presupuesto acordado; donde los órganos electorales tienen una variación 49.5% sobre el presupuesto aprobado; donde Gobernación, la Secretaría de Gobernación tiene una variación del 32% arriba del presupuesto aprobado; donde Agricultura y Recursos Hidráulicos no se ejerció un 4% del presupuesto, que es algo mínimo, pero como decía el diputado, son miles de millones; Comunicaciones y Transportes, un presupuesto arriba en un 30.6%; Comercio y Fomento Industrial, un 30.9%; Educación Pública, no se ejerció, como si tuviera resuelto el problema de la educación, un 1.8%; Salud, no se ejerció un 4.1%; Pesca, hubo un sobregiro de 41.1%; Energía Minas e Industria Paraestatal, un 17.2%; Solidaridad y Desarrollo Regional, no se ejerció un 20.9%; y en el Ramo 23, erogaciones no sectorizables, punto central en la discusión, que es el manejo discrecional del presupuesto, por parte del Ejecutivo, la llamada antes "partida secreta", se sobre giro un 49.6%.
¿Como es posible querer, con qué autoridad moral, cómo es posible que quiera una mayoría imponerse una autocensura al tratar de probar un dictamen que avala esto? Gracias, compañeros.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Alfredo Lujambio.
El diputado Alfredo Lujambio Rafols: - Gracias, señor Presidente, señoras y señores diputados:
Creo que el debate está entrando a la parte más interesante, creo que estamos, por fin dilucidando si en este país efectivamente se cumple la función de fiscalización o el Ejecutivo manejado las finanzas de los mexicanos a capricho.
Nosotros no venimos a la tribuna como se ha dicho aquí a lazar injurias. Nosotros somos, bien lo decía Juan de Dios Castro, diputados de la nación. Aspiramos, legítimamente, a ser dignos representantes del pueblo de México. Aspiramos, luchando contra esta corriente de sumisión que prevalece en el seno de esta Cámara al Ejecutivo, a las dependencias del Ejecutivo, por hacer prevalecer el interés del pueblo de México.
Decía Liliana Flores Benavides, con toda razón, porque compartimos hasta cierto punto algunos sinsabores ahí en la Comisión de Vigilancia, por que ocasiones nos toca compartir puntos de
vista frente a una triste representación del partido llamado mayoritario, que simplemente pues está dedicada a bloquear absolutamente cualquier moción, por bien intencionada que sea, de los partidos de auténtica oposición.
Efectivamente estas auditorías del sector eléctrico que nacieron se originaron en la petición de Acción Nacional en la Legislatura LIV, a raíz del establecimiento de la tarifa 1148, que tanta indignación causó y tanto malestar por lo injusta y arbitraria, y que hasta la fecha se sigue aplicando en todos los recibos de luz en perjuicio, como siempre, del pueblo y de los sectores más desvalidos.
Esas auditorías, que como decía ella, duraron supuestamente nueve o diez meses, tuvimos que afrontar la triste respuesta que se nos dio en la Comisión de Vigilancia, precisamente por la Presidenta de la Comisión, de que "no era posible someter al Pleno de la Cámara, como lo pedíamos nosotros, el resultado de aquellas auditorías al sector eléctrico".
Simplemente los diputados de la llamada mayoría pretendieron ignorar nuestra propuesta. Si la Contaduría Mayor de Hacienda dedica nueve largos meses o diez largos meses, muchos miles de millones de pesos para ejercitar la auditoría al sector eléctrico, muchas horas de nosotros, diputados miembros de la Comisión de Vigilancia, escuchando interminables documentos que se nos daba lectura sobre el resultado de aquellas auditorías. Y finalmente se decide "que ni siquiera procedía ponerla a votación de la Comisión, la moción para que se hiciera del conocimiento del pleno de esta Cámara los resultados de aquella auditoría".
Aparentemente y gracias a la insistencia de nosotros, la oposición, no les quedó más remedio que someter a votación y como siempre el mayoriteo desecha la propuesta de que le informara al pleno el resultado de las auditorías al sector eléctrico.
Así se ventilan las cosas en la llamada Comisión de Vigilancia. Nosotros no insultamos, nosotros no aplicamos adjetivos calificativos, pero sí tenemos la obligación de venir a esta tribuna a denunciar las injusticias y a decir verdades que deben de decirse.
Nos hablan de otros países, de que si en Estados Unidos se trabaja en tal forma, en Argentina en otros países donde efectivamente existen sus propias oficinas, sus propias dependencias, de fiscalización. Pero se le olvida a la diputada de que en aquéllos países funciona la democracia.
En aquéllos países el Congreso cumple cabalmente su función de fiscalización y no como lo estamos viendo en estos momentos en que se pretenden bloquear las propuestas de los partidos de oposición.
Así es de que el punto central es, nos dicen...
Señor Presidente, en virtud de que soy miembro de la comisión, me permito invocar el artículo número 100 de Reglamento interior de la Cámara, para usar algunos minutos más.
Presidencia del diputado
Salvador Abascal Carranza
El Presidente: - Proceda señor diputado.
El diputado Alfredo Lujambio Rafols: - Gracias.
El hecho es de que se dice que se quiere avanzar. Se nos pide que hagamos propuestas y nosotros las hacemos, y las hacemos de buena fe, como la que les informé en la mañana en relación a la Comisión de Programación y presupuesto. Pero en definitiva, señores diputados, parece que se trata de mantener el sígilo, de mantener en secreto todo lo que se refiere a las finanzas y al erario público de este país.
Se trata de realizar desayunos llamados "de trabajo" en la Comisión de Vigilancia, donde se ofrece un muy buen servicio de desayuno, nos ofrecen a los miembros de la Comisión, pero no logramos ni remotamente entrar a los asuntos que verdaderamente permitan cumplir la obligación que tiene la Comisión. Cuál?, la de asegurarse al exacto cumplimiento de las funciones de la Contaduría Mayor de Hacienda, como ya se ha dicho anteriormente.
Así es de que eso es lo que está a la consideración. Yo planteo que esperamos ver una actitud verdaderamente abierta y dispuesta para hacer los cambios legislativos que se requieren.
Si el Poder Ejecutivo de este país aspira a tener finanzas transparentes y a limpiar la imagen de corrupción y de malos que está en el sentimiento y en el conocimiento del pueblo de México, hay que cambiar urgentemente esta legislación. La Comisión de Vigilancia tiene que abrirse a las propuestas de la oposición, inclusive a los medios de comunicación. ¿Por qué no se invita a los medios de comunicación a que observen cómo trabaja la Comisión de Vigilancia?
Así es de que ésta es la manera como se está trabajando. Siempre cuesta arriba , siempre con
una cerrazón en el seno de las comisiones, que verdaderamente obliga a preguntarnos si tiene algún sentido o algún propósito, formar parte y aportar algo en el seno de estas comisiones.
Así es de que, señores diputados, pues éste es el punto a consideración y queda en pie la propuesta de que acepten las modificaciones ya planteadas por el diputado Castro, en una fecha próxima para darle verdadera autenticidad a la rendición de cuentas y a la fiscalización por parte de la Contaduría Mayor de Hacienda. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Términos del artículo 100, hasta por 30 minutos, tiene la palabra el diputado Juan Antonio Nemi Dib.
El diputado Juan Antonio Nemi Dib: - con su permiso, señor Presidente:
Yo no puedo, aunque quisiera y lo confieso francamente, hacer aquí gala de conocimientos jurídicos o conocimientos contables tan profundos como los que durante esta jornada se han vertido en tribuna. Sin embargo, he sido protagonista de un debate continuado, profundo, enérgico, pero sensible y comprometido, honesto y respetuoso, que se ha dado en el seno de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de hacienda, y que esta tarde simple y llanamente se está repitiendo.
Me veo obligado, pues, como partícipe de aquel debate, a estar aquí con ustedes y exponerles muy respetuosamente los puntos de vista que son también los de la fracción parlamentaria a la que con mucho orgullo pertenezco.
Hay dos vertientes de argumentación. La primera se refiere al proceso seguido por la Comisión de Vigilancia durante las Auditorias realizadas al sector eléctrico; la segunda se refiere al procedimiento legislativo seguido para el proceso de aprobación de la Cuenta Pública que es lo que nos ocupa. Empezaré por el primero.
En 1991 el Pleno de la Cámara dio un mandato a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, a fin que mediante una auditoría se realizara un diagnóstico efectivo de la estructura financiera del sector eléctrico, la calidad de su control interno y externo sobre todo del cumplimiento de los objetivos institucionales del sector. Debo decir, que se realizaron 41 auditorías y un documento de consideraciones finales. Es a estas auditorías, a que han hecho referencia mis compañeros Lujambio y Flores Benavides.
Desde el 6 de febrero de 1992 todos los partidos políticos que forman parte de esta representación nacional tiene en su poder los textos de las 41 auditorías y el texto de conclusiones; desde hace exactamente 10 meses están en su poder, compañeros diputados.
La Comisión de Vigilancia realizó un total de 19 reuniones plenarias para analizar estos documentos, para analizar esta seria problemática que a nosotros también nos preocupaba. Debo decirles que esto correspondió en promedio a una reunión de la Comisión de Vigilancia cada 19 días durante el año que concluye. El método utilizado en estas reuniones fue discutido y votado por los miembros de la Comisión de Vigilancia y recuerdo bien que además está en minuta que el voto del diputado Lujambio para este método de trabajo fue afirmativo y aprobatorio, hoy dice que es un método que no se vale.
Me apena decir también que de las 19 reuniones celebradas, mi estimada compañera diputada Flores Benavides acudió solamente a tres y en ninguna de ellas permaneció el tiempo completo de la reunión. (Aplausos.)
Cada una de las auditorías mereció una amplia explicación por parte de la Contaduría Mayor de Hacienda y sus funcionarios y un correspondiente espacio de discusión y debate entre los miembros de la Comisión. Quiero decir que no solamente fuimos a escuchar, son cientos de páginas los que integraron los debates de los miembros de la Comisión de Vigilancia en la relación con estos documentos. En muchos casos y obra también en antecedente, hay solicitudes de ampliación de información que por supuesto fueron debidamente atendidas.
El mandato del pleno de esta soberanía así como las acciones que se consideraron fueron cumplidos en su totalidad. Para llevar esto a la práctica la Contaduría Mayor presentó una propuesta de plan de trabajo que consideraba efectuar 36 auditorías. A petición del Partido Acción Nacional se incluyeron tres investigaciones especiales adicionales y además con el apoyo de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista se incluyó una auditoría de legalidad sobre la actuación de la Comisión Federal de Electricidad y de manera más genérica sobre el sector eléctrico. dicho esquema también fue sometido a la consideración de la Comisión y fue votado en consecuencia. Adicionalmente el Pleno de la Comisión de Vigilancia aprobó un punto de acuerdo que instruyó al Contador Mayor de Hacienda para que en Función de los
resultados de las 41 auditorías llevadas a la práctica, se emitieran recomendaciones precisas a las entidades del sector. Dichas recomendaciones están fundamentadas en la fracción VII del artículo 7o. de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda y fueron entregadas al sector eléctrico el pasado 27 de octubre.
De acuerdo con el artículo 33 de la misma Ley, las entidades del sector tienen de plazo hasta el 7 de enero próximo de acuerdo con la normatividad para llevar a la práctica dichas recomendaciones y por su puesto informar a la Contaduría sobre los resultados de las mismas.
La Contaduría a su vez tiene obligación legal de remitir el informe a la Comisión de Vigilancia.
Estimados compañeros, éste es un proceso legislativo que apenas está desarrollándose, todavía no es momento de juzgarlo cuando ni siquiera hemos cumplido los tiempos que la Ley marca.
Por otro lado, en lo que se refiere a la argumentación en torno al procedimiento de aprobación de la Cuenta Pública, aquí hemos de ser muy sinceros, obra en los antecedentes de la Comisión de Vigilancia, una serie de argumentaciones de diversos miembros de mi partido que han reconocido que es menester agilizar y mejorar cuanto antes los trámites a que damos lugar para proceder a la aprobación o en su caso desaprobación de la Cuenta Pública; entendemos que un año es un plazo demasiado prolongado.
Lo único que queremos advertir para que quede bien claro, es que estamos cumpliendo de manera muy escrupulosa con la Ley. Actualmente la Ley prevé que será en septiembre del año siguiente, cuando se remite el resultado final de la administración y, eso estimados compañeros, lo estamos cumpliendo.
Que nadie nos reproche porque estamos siguiendo a pie juntillas, lo que la norma que nosotros dictamos, estamos cumpliendo.
Definitivamente, al cumplir con la legalidad, lo que procede en su caso es someter a estudio el procedimiento legislativo y el método en la presentación de la Cuenta Pública. Hay un compromiso formal de la Comisión de Presupuesto para que el primer trimestre del año próximo, se someta a una amplia discusión de los miembros de dicha Comisión un procedimiento que cambie radicalmente no solamente las fechas de entrega sino también los métodos. Quiero decirle señor, diputado Castro, que coincidimos con su preocupación.
Por lo demás, la Comisión de Vigilancia es un órgano técnico que cumple con sus atribuciones y más que eso, está siguiendo puntualmente el mandato que nosotros le hemos dado, pero si eso no fuera suficiente, yo quiero rogarle, señor presidente, tenga usted a bien autorizar al secretario de esta directiva para que dé lectura al artículo 3o. de la iniciativa de dictamen que estamos discutiendo, para que se vea que aún así está garantizada la probidad en la vigilancia y control de los recursos del pueblo de México.
El Presidente: - Proceda, señora secretaria.
La secretaria Layda Elena Sansores San Román:
Artículo 3o. La Contaduría Mayor de Hacienda deberá practicar las auditorías y realizar las acciones legales que permitan esclarecer las posibles irregularidades habidas en el ejercicio del presupuesto de Egresos de la Federación, y en el cumplimiento de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal de 1991 y, en su caso, fincar las responsabilidades correspondientes en los términos de la legislación aplicable y proceder a solicitar la imposición de las sanciones administrativas, civiles o penales conforme a derecho.
Asimismo informar de sus acciones a la Comisión de Vigilancia de esta Cámara de Diputados.
El diputado Juan Antonio Nemi Dib: - Gracias, ciudadana secretaria. Nosotros, estimados compañeros diputados, también somos diputados de la nación. Nosotros, estimados compañeros, tenemos el mismo interés que ustedes por proteger el patrimonio de la patria. Si la óptica es diferentes, esto no quiere decir que nos apartemos del principio legal; por el contrario, estoy seguro de que lo aceptamos con firmeza y con convicción.
Nosotros compañeros diputados, los priístas, sentimos igualmente que es deber moral de todos, cumplir como lo estamos haciendo, con la vigilancia y el control de los recursos del pueblo de México. Muchas gracias.
El Presidente: - Para contestar alusiones personales ha solicitado el uso de la palabra la diputada Flores Benavides.
La diputada Liliana Flores Benavides: - Compañeras y compañeros
Es evidente que el Partido Revolucionario Institucional lo que quiere es eludir el debate. Primeramente cuando planteamos la cuestión de
que lo prioritario era discutir haciendo uso de nuestra facultad soberana, la Cuenta Pública, los presupuestos, quisieron irse por el lado de la discusión de la política económica; ahorita, han querido dar un rodeo y desviar el debate a cuestiones de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Se me ha aludido y voy a ser muy breve en esa alusión. Yo no asistí a todas esas reuniones de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda donde se discutía, se reeditaban los documentos que se nos habían dado con respecto al sector eléctrico, porque yo no estoy dispuesta a convalidar la simulación. Así es, compañeros, así es, aunque lo digan.
El debate de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda y como funciona, la vamos a dar en su momento, y tenemos muchos elementos que tendremos en todo caso que poner aquí a discusión. Pero yo no estoy dispuesta, nosotros somos un grupo parlamentario pequeño que tenemos que hacer un gran esfuerzo para poder estar en la mayoría de las reuniones de las comisiones y nosotros tenemos que elaborar y crear propuestas. Yo no estoy dispuesta a convalidar, ésa es la razón.
Pero nosotros tenemos que regresar al debate y el debate aquí es, ¿qué pasa con un dictamen que la Comisión de Programación y Presupuesto plantea que se apruebe aquí y el ejercicio de nuestra facultad soberana? Este es el debate y hay que centrarnos aquí.
El Presidente: - Esta Presidencia informa que la propuesta presentada ente la Secretaría por el diputado Juan de Dios Castro Lozano, será sometida a votación al final de la discusión que nos ocupa todavía en este momento. En consecuencia, tiene el uso de la palabra el diputado Enrique Jacob Rocha, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Enrique Edgardo Jacob Rocha: - Con su permiso, señor Presidente, señoras y señores diputados:
Es normal que se aproveche este debate para que gire en torno a algunos aspectos relacionados con la política económica general, pero también es importante que recordemos que precisamente el motivo de esta discusión se refiere a la Cuenta Pública de la Hacienda Pública correspondiente a 1991, y es precisamente ahí donde debemos de medir el nivel de cumplimiento de programas y de metas de ese ejercicio presupuestal, y si de ahí resultan discrepancias, discutir en torno a lo siguiente.
Yo quisiera hacer un comentario en torno a lo que hace algunos minutos se comentó sobre un supuesto error sistemático en la previsión del comportamiento de algunas variables económicas.
Es importante recordar que cuando se supone qué es lo que va a acontecer con algunas variables claves, se toma en cuenta ciertos aspectos que están exógenos, que son difíciles de prever, como pudiera ser por ejemplo, el comportamiento de la actividad económica internacional, la evolución del precio de algunas materias primas, como por ejemplo el petróleo, que tan importante es para la economía mexicana, y algunos otros aspectos que pudieran derivar en una subestimación o sobreestimación de algunas variables.
Hay organismos importantes como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, que al prever el comportamiento de la economía mundial, también se equivocan en estas previsiones. Por ejemplo, para 1992 se estimaba un crecimiento de la actividad económica mundial muy por encima de lo que realmente se dio en este año que esta concluyendo.
Lo relevante son las tendencias, esto es, si en un momento dado se supone algún comportamiento para una variable como la inflación o el comportamiento de la actividad económica o algunas otras variables, lo importante es que la tendencia sea en esa dirección.
También en el transcurso de la discusión aquí se explicó por algunos diputados de mi partido, respecto a algunos diputados de mi partido, respecto a algunos argumentos que distintos estimables compañeros diputados de la oposición han venido comentando. Uno de ellos, por ejemplo, el que se refiere a que durante 1991 la economía mexicana presentó una desaceleración, y esto es importante, ya se dijo aquí, pero es importante subrayarlo, que el crecimiento que se estimaba en el documento de Criterios Generales de Política Económica, se situaba entre el 2.5% y 3% y el crecimiento que realmente se observó fue de 3.6%.
Y otro aspecto: si bien al analizar el comportamiento de la economía durante 1991, el primer semestre respecto al segundo semestre hay un mayor dinamismo del primero, también es cierto que la tasa de crecimiento promedio de ese segundo semestre y lo que va de 1992, se ha situado aproximadamente alrededor del 2.8%, por lo que si bien de desaceleró respecto al primer semestre
de 1991, también es cierto que el crecimiento ha venido sosteniéndose en un nivel menor al de otros años, pero bueno, nada más hubo una desaceleración de este crecimiento.
También aquí se ha afirmado que en 1991 se caracterizó por un sobreajuste, debido a que se llevó acabo un recorte unilateral del gasto en algunos sectores de la actividad económica. Ya se dijo aquí, insisto, lo vamos a subrayar, que si uno analiza por ejemplo al evolución del gasto neto del sector presupuestal, si bien éste fue inferior en 1% a lo presupuestado, también es cierto que la principal disminución se ubicó en la reducción del pago de intereses, más que en un recorte en otros renglones del gasto. De esta manera, si uno analiza algún componente del propio gasto, el gasto programable crece en más de 6% de lo programado, gasto que es importante considerar, puesto que es el que tiene mayor impacto, un impacto directo en la demanda, y esto es relevante para el comportamiento de la propia economía.
Además tener presente que este menor costo financiero de la deuda pública, permitió incrementar el gasto público en otros renglones de importancia social.
En ocasiones ilustra este sobreajuste con algunos datos que no son del todo precisos, por ejemplo se afirma que en Educación se dejo de ejercer el 1.8% del gasto, cuando la Cuenta Pública informa de un gasto superior en 4.8%, y explica con detalle las causas del mismo; aparecen ahí en la página 52 y en la 70 y en la 75.
Algunos otros sectores, por ejemplo el sector comunicaciones y transportes, que ejerció un gasto superior al original, poco más del 7%.
También ha sido una preocupación del algunos diputados que han utilizado esta tribuna, porque a su juicio no existe una explicación satisfactoria en el Ramo 23, que corresponde a las erogaciones no sectorizables. La diferencia del presupuesto ejercido respecto al presupuesto original, por 1 billón 200 mil millones de pesos, se debe fundamentalmente al Programa Nacional de Modernización Educativa, el cual no se presupuestó originalmente en 1991, y durante el ejercicio de ese año no se creo un fideicomiso en Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, para enfrentar posteriormente los gastos que se realizarían para llevar acabo dichos programas.
Otro aspecto que ha sido tocado en esta tribuna, es la afirmación de que el superávit fue producto de un sobreajuste en algunos sectores, y que es un resultado no autorizado por la Cámara. Recordemos que el presupuesto para 1991 se aprobó sin incluir los ingresos por desincorporaciones, y es precisamente de esa manera en que nosotros debemos de analizar el comportamiento de la Cuenta de la Hacienda Pública.
Si uno descuenta estos ingresos extraordinarios por desincorporaciones, puede observar que el resultado final es un presupuesto prácticamente tablas, ligeramente mejor que el que se había previsto de un déficit del orden del .8%. En su lugar, en lugar de este déficit moderado se obtuvo prácticamente unas cuentas públicas equilibradas.
Ahora bien, si se incluye en este resultado fiscal los ingresos extraordinarios por desincorporaciones, efectivamente se presenta un superávit importante, superávit que es importante tener presente, se aplicó para disminuir el saldo de la deuda interna. Y esto es muy importante considerarlo porque aquí la coincidencia de los diputados de los distintos partidos, ha sido en la necesidad de continuar avanzando en la disminución de los casos financieros de la deuda, y la disminución de estos costos está en función fundamentalmente de dos factores: Primero, la disminución de las tasas de interés; segundo, la disminución del saldo de la deuda interna.
Precisamente el avance sustancial que se obtuvo en 1991, en cuanto a la estabilidad de la economía, permitió disminuir sencillamente la inflación y con esto las tasas de interés, lo que fue un factor favorable en el comportamiento del costo financiero de la deuda.
De igual manera, los efectos de la renegociación de la deuda externa y la disminución del saldo de la deuda interna, han permitido ocasionar que cada vez el costo financiero de la deuda disminuya como proporción del tamaño de la economía.
Si nosotros hiciéramos un ejercicio, si nosotros supusiéramos que se mantuviera del mismo porcentaje del producto interno bruto que se pagó en 1988, por ejemplo, tendríamos que para 1991 debieran de haberse utilizado aproximadamente tres cuartas partes del presupuesto, exclusivamente en el pago de los intereses derivados de la deuda.
Yo quiero finalmente comentar también algún aspecto relacionado con la afirmación de que el éxito del combate a la inflación no se ha consolidado del todo, y que este proceso de disminución del crecimiento de los precios ha traído consigo un alto costo social.
En efecto todavía falta un tramo importante para consolidar la estabilización del proceso de disminución de los precios. Para esto se requiere continuar perseverando en este objetivo. Y como apunta el propio dictamen, en cuanto analiza aspectos relacionados con el comportamiento del poder adquisitivo, si bien el salario mínimo sufrió una pérdida en su poder adquisitivo, también es cierto que la menor inflación y la mayor productividad permitieron, y han permitido de 1988 a la fecha, una recuperación de los salarios contractuales, y así podemos observar que si bien estos salarios parten de niveles muy bajos han venido aumentando, y para 1991 lo hicieron en 6.7% en términos reales.
Y también al observar algunas variables que nos miden el comportamiento del empleo, podemos observar que para 1991 éste creció, si tomamos en cuenta, por ejemplo, el número de asegurados permanentes del Seguro Social, o bien si tomamos en consideración el dato de la tasa de desempleo abierto.
Por lo anterior, señores diputados, les solicitamos que en su oportunidad den su voto favorable para el dictamen. Muchas gracias.
El Presidente: - Se concede el uso de la palabra al diputado Héctor Ramírez Cuéllar, del Partido Popular Socialista.
El diputado Héctor Ramírez Cuéllar: - Señor Presidente, compañeros diputados:
Queremos hacer referencia a una serie de resultados de carácter sectorial que se encuentra en la Cuenta Pública, y que son objeto de preocupación por el Partido Popular Socialista.
En primer lugar, queremos señalar que lo conveniente para un país como México, que está entrando a la integración del mercado de los Estados Unidos, sería que tuviese un crecimiento del producto interno bruto de por lo menos el 5%.
Esto lo señalamos porque durante todo el sexenio anterior hubo un decrecimiento, hubo un franco retroceso, de tal manera que los aumentos generales no nos parecen satisfactorios, si tomamos en cuenta el antecedente de que en todo el sexenio anterior prácticamente la economía nacional no sólo no creció, sino que decreció en casi todos los rubros y actividades productivas de nuestro país.
Nadie puede afirmar, con base a esta experiencia, que el crecimiento del 3.6% sea satisfactorio, tan sólo porque superó el crecimiento de la población.
Pero también deseamos señalar que en algunos casos importantes para la vida del país, los resultados de la Cuenca Pública son francamente deplorables. Quiero señalar uno de ellos, muy importante, que es el sector industrial y más concretamente el sector energético, que en el sector industrial tiene una importante participación.
El sector industrial decrece entre 1990 y 1991 en un 53%. Esto es muy preocupante, se refleja en la Cuenta Pública con un crecimiento muy tímido de la producción de petróleo, de gas y de la comercialización de estos productos, indispensables para la industria nacional.
Apenas se cumplió con las expectativas planteadas para el año de 1991, en lo que se refiere a la producción de petrolíferos. No hubo un crecimiento importante, sino sólo se llegó exactamente a lo esperado o menos de lo esperado, para ser más exactos.
Esto confirma el proceso de descapitalización que sufre Petróleos Mexicanos, debido, entre otros factores, a la alta carga tributaria que paga al Gobierno Federal. Petróleos Mexicanos no tiene recursos suficientes para ampliar considerablemente sus actividades de exploración, perforación y refinación, porque está atada, está atada a la empresa a los compromisos fiscales que tiene con la nación, a través del Gobierno Federal.
Nosotros no estamos en contra de que Petróleos Mexicanos haga un aporte sustancial a los ingresos tributarios del Gobierno Federal. Pensamos que así debe ser, que es una forma de redistribuir la riqueza, que es el petróleo.
Pero contra lo que sí estamos es con la elevada carga tributaria, que tiene Petróleos Mexicanos y que le impide una capitalización mayor, que se refleja en la Cuenta Pública con resultados sumamente pobres.
Lo mismo podemos decir en lo que se refiere al sector eléctrico, en que prácticamente está creciendo en función de las demandas fijadas para ese año, pero no hay un crecimiento importante en el futuro del país, para cubrir las necesidades de energía eléctrica, en función del crecimiento de la población para los siguientes 10 ó 20 años.
En el dictamen que estamos analizando se argumenta que en parte se debe a la presencia
de la cogeneración de energía eléctrica por particulares, lo que ha retraído el crecimiento del sector eléctrico. Efectivamente ésa es una razón y por eso nos explicamos la insistencia del Gobierno Federal para legalizar la cogeneración de energía eléctrica y eventualmente crear sistemas eléctricos paralelos.
Próximamente esta Cámara habrá de aprobar las reformas a la Ley de la materia para facilitar el crecimiento de la generación particular de energía eléctrica en contravención a los artículos 27 y 28 de la Carta Magna.
Asimismo notamos que el Gobierno Federal ha reducido las transferencias al sector industrial, prácticamente ya no invierte en el sector industrial, ha dejado de apoyarlo con recursos frescos y lo ha dejado, digámoslo así, a su suerte, lo ha dejado al comportamiento de sus precios.
No cabe duda que si el Estado mexicano apoya al sector industrial, a lo poco que queda del sector industrial con recursos frescos, el sector industrial se va a ir minimizando hasta convertirse en un sector francamente pequeño en la economía nacional, porque el Gobierno ha dejado a las empresas prácticamente abandonadas, dado que las transferencias efectivas ya prácticamente han desaparecido o están desapareciendo.
Pero los efectos más negativos de la Cuenta Pública están en el sector rural y en el sector de abasto. Aquí se observa un abandono del campo y de la actividad agropecuaria en lo general, fenómeno que ya tiene muchos años, que no es privativo de 1991 y que se refleja en la incapacidad de la agricultura mexicana para producir los alimentos básicos que consume nuestro pueblo; ha habido una disminución en la producción de los 10 alimentos básicos.
Así tenemos que la producción de lácteos disminuyó en un 26%, la harina de maíz bajó un 21%, la adquisición de toneladas de productos agropecuarios bajó un 17% y la venta de productos básicos bajó un 20%. Esto demuestra que el Gobierno Federal está dejando la alimentación del pueblo de México al libre juego de las fuerzas del mercado.
Una de las consecuencias de esta retirada es que la Compañía Nacional de Subsistencias Populares ha dejado de cumplir la función regulatoria que en materia de alimentos básicos y subsistencias tenía, hasta ese momento, y Ahora el comportamiento, la venta, la producción de alimentos se deja en manos de la empresa privada que es la que decide los volúmenes de producción y sobre todo los precios.
Notamos un demérito de la producción de alimentos en nuestro país, un aumento de las importaciones, en un uso peligroso de las reservas que tiene nuestro país en materia alimenticia y esto consideramos que no es conveniente para ningún país.
Con seguridad, el Gobierno al retirarse del sector industrial, al abandonar el comercio interior, al ceder el espacio en el abasto, está pensando en que este lugar, ese espacio lo ocupe el sector privado y nosotros no compartimos ese criterio.
En lo que refiere concretamente a la agricultura, nos encontramos con que la frontera agrícola la de nuestro país prácticamente ha permanecido estancada, no ha aumentado la superficie cultivable, las áreas de riego siguen siendo más o menos las mismas y sigue siendo este sector tan importante de nuestra economía, sujeto a los factores aleatorios de las lluvias en el territorio nacional.
También en donde notamos un abandono muy grande en la Cuenta Pública, es en el sector forestal y en el sector pesquero. La producción de productos pesqueros prácticamente está muy por debajo de la demanda de la población...
El Presidente: - Señor diputado ¿Me permite un momento, por favor?, señores diputados:
Esta Presidencia les suplica poner atención al orador y tomar sus respectivos lugares para que los trabajos puedan desarrollarse como es debido. Prosiga señor diputado.
El diputado Héctor Ramírez Cuéllar: - Decíamos que la producción de productos marítimos para el consumo humano se mantiene estancada, si tomamos en cuenta el crecimiento de la población y la demanda de estos alimentos. Aún no rebasamos los mínimos de consumo de alimentos marítimos; por más inversiones que se realizan, por más programas que se anuncian, el consumo de proteínas sigue siendo sumamente bajo y no vemos ninguna medida concreta para aumentar estos consumos.
Lo mismo podemos afirmar de la producción forestal, que se ha desplomado últimamente y que obliga a nuestro país a importar cantidades crecientes de productos maderables.
En síntesis, señores diputados, en estos sectores de la economía nacional la Cuenta Pública nos ilustra muy claramente que las metas o no se cumplieron o eran metas muy modestas y sí se cumplieron y que son objetivos que en términos
generales no se alcanzaron debido a una forma muy curiosa de ejercer el gasto público que se presenta como superávit.
La Cuenta Pública nos informa de cantidades autorizadas por el Congreso que finalmente no se gastaron; pero no hay una explicación amplia de por qué no se gastaron, de tal manera que eso que se presenta como un superávit es más una ficción que una realidad.
No puede haber superávit en la producción industrial, en la producción de alimentos cuando la demanda nacional es muy grande en estos campos. Hablar de superávit en la inversión en estos sectores es más que todo en ejercicio retórico que se aleja mucho de la realidad concreta de nuestro país. Por eso vemos que en estos rubros los resultados son francamente lamentables y por eso votamos en contra de esta Cuenta Pública. Muchas gracias.
El Presidente: - Se concede el uso de la palabra al diputado Samuel Moreno Santillán, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El diputado Leonides Samuel Moreno Santillán: - Con su venia, señor Presidente, honorable Asamblea:
Con el reconocimiento al esfuerzo hecho por la Presidencia de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, para desarrollar una amplia gama de actividades tendientes a mejorar la visión de los diputados integrantes de la Comisión, respecto a la contabilidad gubernamental de período 1991, motivo de discusión, debemos destacar que estas actividades sientan por primera ocasión, precedente por su amplitud, con la posibilidad de consulta, aclaración, exposición y debate plural con los funcionarios asistentes, que sin duda manifiesta esto un avance en torno a nuestra responsabilidad.
Que si el programa de acción desarrollado no satisfizo nuestra exigencia por cuanto a los logros alcanzados, también es cierto como el no aprobar el dictamen correspondiente, que atribuimos la responsabilidad del Gobierno por no aceptar lo indefendible, que nos orilla a poder reconocer los aspectos positivos en el dictamen, exigiendo a nombre de mi partido en esta oportunidad, se mejoren los mecanismos tanto de reunión como de discusión, así como el cumplimiento de los funcionarios en los compromisos contraidos durante estas reuniones, y cabría recordar que los diferentes partidos hicimos diferentes observaciones y planteamientos que precisamos rescatar para poder estar en condiciones de avalar las conductas económicas del Gobierno de la República, como se pretende para el presente dictamen y que nos impide coincidir, por la inconsistencia a nuestra realidad, que como contraste señalaría los encabezados de los diarios de este día donde se dice que durante el sexenio ha habido más de 8 millones de despidos en el sector obrero, en su conjunto, lo que revela su consecuencia a nuestros señalamientos.
Sumando la falta de información que justifique el supuesto éxito alcanzado, sin considerar la discreción con la que el Ejecutivo dispone para el ejercicio de los recursos nacionales, con fundamento supuestamente a las prioridades que él mismo califica a través de sus representantes en las diferentes carteras.
En este sentido, a nombre de mi partido, me gustaría destacar algunos elementos relevantes en torno a la deuda contraida durante el año de análisis, tanto interna como externa.
Durante muchos años hemos expresado a través de la oposición, nuestra inconformidad en tono a este problema tan relevante para la economía nacional, por las repercusiones y consecuencias derivadas de la misma y por el impacto que tiene sobre algunos indicadores fundamentales y variables económicas.
En el proyecto de dictamen que se presenta, se señala que la deuda neta total del sector público, representó al cierre del año de análisis, el 35.5% del producto interno bruto, observando una reducción de más de 12 puntos porcentuales respecto al año anterior.
Respecto a su composición nos dice que la deuda pública externa ascendió a 79 mil 987 millones de dólares, cantidad a la que de descuentan el monto de los activos en el exterior, para dar un saldo neto de 68 mil millones de dólares.
Se señala también que en lo interno, se utilizaron 21 billones 600 mil millones de pesos de fondo de contingencia para la amortización de deuda interna y ocho billones para la adquisición de Bonos Ajustables del Gobierno Federal y Bonos Bancarios de Desarrollo.
Respecto al costo financiero, se dice que éste ascendió a 51 billones 600 mil millones, de los cuales el 90.6%, corresponden al sector público y el restante en 9.4% a los organismos y empresas de control directo, asegurado que el costo es inferior en 13.6% al presupuestado y 38.2% menor en términos reales, al de 1990.
De este proyecto de dictamen, en la evaluación del ingreso, gasto y deuda, remata en un último punto cuatro, que dice: "Finalmente, en materia de deuda pública, se redujo el saldo histórico de la deuda con el Banco de México, mediante la aplicación de recursos acumulados en el fondo de contingencia, reconfigurándose de este modo, las fuentes de financiamiento del sector público.
En cuanto a la deuda externa, se contrató endeudamiento neto dentro de los límites autorizados por esta soberanía y se continuaron las acciones para reducir tanto su saldo como las transferencias netas de recursos públicos al exterior en el marco de los términos de las renegociaciones de 1990. El manejo de la deuda apoyado en la reducción de las tasas de interés domésticas internacionales, significó un costo financiero considerable menor que el presupuestado, lo cual se tradujo, como ya se señaló , en la caída del gasto no programable. Esto es lo que nos dice el dictamen, el proyecto del dictamen.
Y por otra parte, se argumenta que el endeudamiento neto externo aprobado hasta por 2 mil 700 millones de dólares en la Ley de Ingresos para 1991, sólo se encontraron 2 mil 530 millones de dólares.
De lo anterior se deriva que efectivamente la contratación de deuda externa está dentro de los límites autorizados por esta soberanía, pero no explican los términos en que la misma fue contratada y mucho menos se precisa sobre su composición y destino de aplicación de los recursos.
Igualmente precisa en el número cuatro que se continuaron las acciones para reducir su saldo, como las transferencias netas de recursos públicos al exterior y precisa que todo esto se dio en el marco de los términos de renegociación de 1990.
Hasta aquí todo nos indica y da señal oficializada, de un entorno meramente oficialista de una realidad más equívoca de lo que se pretende mostrar en el dictamen.
¿Que nos dice dicho proyecto en cuanto a la deuda? Nos dice lo que siempre se nos ha dicho, pero se agregan triunfalismos que si bien son ciertos, en las estadísticas que se presentan y que son instrumentos manipulables, que nos dicen más que en términos generales que efectivamente entramos a un proceso de desendeudamiento producto de circunstancias tanto internas como externas, y esto fundamentalmente hace referencia a la disminución de las tasas de interés domésticas e internacionales que trajeron como consecuencia la reducción del costo - financiamiento de la deuda.
Se habla también sobre las acciones para reducir su saldo y las transferencias de recursos al exterior, precisándose esto en el marco de los términos de la renegociación de 1990.
Hasta aquí reiteramos, no se hace nada más que presentar un análisis superficial del problema de la deuda, omitiéndose hacer mención al menos de las consecuencias que se vienen arrastrando desde las negociaciones de 1990. Es decir, la tan presumida renegociación ha hecho suponer que efectivamente el país se desendeudó y que dicho desendeudamiento repercutió directamente en su impacto como proporción del producto interno bruto y que consecuentemente dejamos de pagar menos de dicha reducción, así como por la reducción de las tasas de interés internacionales.
De aquí el supuesto éxito que dicen de nuestros negociadores y a la justificación de los resultados generales de la política económica.
Indiscutiblemente esto tiene felices a muchos funcionarios, pero ¿cuál es la verdadera realidad? La realidad no es que nos desendeudamos con la famosa renegociación; la verdad es que nos endeudamos aún más y que pospusimos a futuro, compromisos de pago en calidad de herencia a futuras generaciones.
La realidad es que se están pagando aún más intereses de los que deberían de pagarse, como consecuencia de tácticas equivocadas y falsas negociaciones que impidieron la realización de pagos en función de la fluctuación de los mercados internacionales de intereses.
A manera de ejemplo, las negociaciones se realizaron sobre una base superior al 6% de la tasa Libor, sobre la que tradicionalmente se renegocian los préstamos internacionales en este momento.
Posteriormente a la renegociación y como producto de la política de tasas de interés del propio Gobierno norteamericano tendiente a atenuar su grave situación económica, comenzaron a disminuir considerablemente al grado que desde la negociación hasta la fecha, dichas tasas han fluctuado sin sobrepasar los 4.6 puntos porcentuales. ¿Qué nos dice esta situación? Nos dice que desde la negociación de 1990, nuestro país ha venido pagando a la banca
internacional casi el 50% de lo que debería pagar en caso de haberse renegociado un interés fluctuante en el tiempo y no un interés fijo con consecuencias poco satisfactorias para la economía nacional.
Sin embargo se comete el error de legitimar esta situación, llegándose incluso a aseverar y eso de acuerdo con la Contaduría Mayor de Hacienda, que se comprobó el apego a los preceptos legales en este sentido. Cosa que es falsa, porque cae en el error de legitimar lo ilegitimable.
Ante esto cabría preguntar en torno a la veracidad de la información presentada, la objetividad de un supuesto análisis que no aborda a profundidad consecuencias ni asume, en lo científico y profesional de la investigación, no la realidad oficial, sino la realidad objetiva.
Todo parecería indicar que nuestra posición en cuanto al tratamiento de la deuda, no de ahora sino de siempre, que con ello caemos en lugares comunes al insistir en las consecuencias y el impacto de la misma en la economía nacional.
De la misma manera insistimos en que la información dada al respecto y sobre todo los alardes oficiales en cuanto al supuesto éxito alcanzado en esta materia, dejan poco que desear en cuanto a su objetividad y a la veracidad de la misma, con respuestas inmediatas que postergan futuras explicaciones que de darse hoy podrían ayudar a allanarle el camino a las futuras generaciones.
En su más reciente comparecencia el titular de Hacienda contestaba a nuestra petición sobre este tema, que los documentos probatorios en este sentido significarían mucho esfuerzo y compondrían una tonelada de papel. Debe destacarse que muchos diputados afrontaríamos, creo, el reto de revisar esa tonelada de papel para demostrar que el endeudamiento se ha constituido en "una tajada de león" para la banca internacional y para algunos funcionarios encargados de su contratación y renegociación.
Ante esta negativa, de proporcionar información al respecto, sólo nos queda responder que le otorgamos por igual a Hacienda una tonelada de deudas, a los tan publicados éxitos en materia de deuda y sobre todo en lo particular a la deuda externa.
De lo anterior, por no redundar en otros tantos temas controvertidos en la Cuenta Pública, mi Partido, el Autentico de la Revolución Mexicana, expresa sus deudas en cuanto al proyecto de dictamen y votará en contra del mismo por no presentar ni reflejar la pluralidad de la representación de que está compuesta esta Asamblea. Gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Se concede el uso de la palabra al diputado Tomás Correa Ayala, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado Tomás Correa Ayala: - Con su permiso, señor Presidente, señoras y señores diputados:
Voy a presentar los comentarios finales que el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional tiene sobre la Cuenta Pública del período de 1991.
Antes de valorar la evolución de la deuda pública externa en 1991 y de la política de deuda que se aplicó, convendría considerar, aunque sea suscintamente, varias cuestiones.
En primer lugar, debe recordarse que desde el inicio de la actual administración se consideró al problema del débito externo como uno de los frenos para la política del desarrollo.
En segundo lugar, tener claro que durante casi el primer año y medio de Gobierno, la renegociación de la deuda resultó el problema clave de la política económica.
En 1991 resulta por lo tanto un año clave. Ahí se manifiestan los alcances in mediatos de la política Salinista de renegociación de la deuda externa. En el Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994 se señalo respecto al manejo del problema de la deuda externa lo siguiente:
"La deuda externa es traba que debemos superar para recuperar el crecimiento, pero es sólo una de ellas. Evitemos caer en el error de suponer que una vez solucionado este obstáculo habremos resuelto los problemas.
La negociación satisfactoria de la deuda es condición para volver a crecer. Pero para hacerlo de manera permanente y justa es preciso solucionar los problemas internos que condujeron con factores externos al endeudamiento". Problemas tuvimos antes de endeudarnos y seguiremos teniéndolos de no realizar los esfuerzos necesarios para corregirlos.
La interrelación entre los problemas del crecimiento económico y la transferencia neta de recursos al exterior quedó mostrada en el sexenio
de Miguel de la Madrid. El país se estancó para poder pagar un oneroso servicio del débito externo. Se deterioró como pocas veces en nuestra historia económica el bienestar social de la mayoría.
En 1990, pero más claramente en 1991, la caída de la transferencia neta de recursos al exterior permitió un crecimiento alentador del producto nacional, esto nos parece saludable. Se dan, por lo tanto, como derivación de la renegociación de la deuda, saldos positivos para el país avances que se expresan claramente en los indicadores macroeconómicos. Existen empero elementos preocupantes que nos interesa comentar.
En 1991 encontramos un sector externo con problemas. La cuenta de nuestra balanza comercial con el exterior acusó signos negativos que fueron paliados por el ingreso del capital externo en el mercado de dinero y en menor medida en financiamiento de la inversión productiva.
La renegociación de la deuda externa, aparte de los beneficios directos a la reducción de capital e intereses, tuvo efectos multiplicadores al estimular el retorno de capitales foráneos. Se propiciaron expectativas más saludables para el ahorro e inversiones extranjeras.
Se ha comentado en diversos análisis económicos que una parte significativa del capital extranjero que sostiene nuestro equilibrio externo es un capital especulativo; que es un recurso volátil y que puede emigrar fácilmente a mercados financieros e internacionales que proporcionen mayores tasas de beneficio. Esto nos preocupa, por ello conviene vincular el problema de la deuda a otros regazos estructurales, tal como se expresa en nuestra cita del Plan Nacional de Desarrollo.
Entendemos que el gran problema no resuelto es el de consolidar en sistema sólido interno que financie el desarrollo. Comprendemos que tal cuestión no podrá ser resuelta en poco tiempo y que incluso el ahorro externo será indispensable en el mejor de los escenarios posibles. Pero también sabemos, por experiencia histórica reciente, de las inconveniencias de la sobredependencia del ahorro externo y de modelos de inversión extranjera desnacionalizante.
Es conocida también la importancia de la deuda externa privada en la explosión de problemas de la deuda en los inicios de los ochenta. Aunque esta variable no guarda una relación directa con los presupuestos y Cuenta Pública, es un asunto que atañe a toda la nación. Todos recordamos los efectos perversos del sobreendeudamiento externo de los grandes grupos financieros en los últimos tiempos del Gobierno de José López Portillo.
Por eso, nos preocupa la omisión del dictamen de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, respecto a la regulación oficial del manejo del débito externo privado. ¿O es que acaso no existe regulación alguna?
Nuestra fracción parlamentaria hace cuatro años vinculó el problema de la deuda externa al sobreendeudamiento interno, señalo que la falta de ahorro externo que caracterizó al sexenio de Miguel de la Madrid para financiar el presupuesto estatal fue en gran medida resuelta mediante el ascenso rampante de la deuda privada. Entonces se nos dijo que el crecimiento de la deuda privada era un problema contable, sin relevancia mayor en el comportamiento de las finanzas públicas.
El tiempo nos dio la razón, un presupuesto fiscal, destinado a montos sustanciales para el pago de la deuda pública interna y desde luego de la externa, no podrá considerarse sano y con efectos multiplicadores en la economía y bienestar social. Desde luego que son importantes los resultados en materia de la deuda pública interna en 1991, un avance que continúa por cierto respecto a lo logrado un año antes, así, aparte de renegociar la deuda externa, se avanzó por el Gobierno en el manejo de la deuda con los acreedores internos.
Se ha dicho que los logros guardan vinculación con los ingresos extraordinarios obtenidos por la venta de empresas públicas; el llamado Fondo de Contingencia resultado de los ingresos mencionados, ha sido aprovechado para la reducción de la deuda interna; sus efectos indirectos en términos del gasto programable, saltan a la vista al disminuir los requerimientos presupuestales para el pago de la deuda pública.
El manejo fiscal parece atingente pero no suponer riesgos en tal política sería pecar de ingenuos; un manejo irresponsable de los recursos del Fondo de Contingencia para intentar apresuradamente la disminución de los saldos de la deuda interna, puede provocar efectos contrarios, se podrían revaluar los valores gubernamentales en manos de acreedores privados, las ventajas de los recursos adicionales del Estado se verían en entredicho; el manejo de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal en 1991 se apoyó en gran medida en una administración audaz de la deuda interna. Esta se vinculó con el uso del
Fondo de Contingencia, un capital que es patrimonio de la nación; al Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional le interesa que este fondo se aplique responsablemente, debe evitarse que se esfume en una acelerada política en pago anticipado de deuda interna.
En un principio este Fondo se creó con el propósito de encarar las eventualidades del petróleo, después se le dio uso en el manejo de la deuda interna, esta última aplicación podría enfrentarse a límites, reconocemos que los servicios del Fondo nos parecen hasta la fecha oportunos, sin embargo creemos que es conveniente su aplicación parcial y regulada en el combate a los regazos estructurales que frenen un crecimiento más armónico de la economía nacional. Ir al fondo de un análisis de las finanzas públicas, es fundamental y obligado en estos tiempos, sobre todo porque define una relación eje entre la sociedad y el Estado; la salud financiera es obviamente importante, pero no suficiente, se requiere que dicha salud se traslade a la estructura productiva y se convierta en una aplicación de bienestar social.
Nuestro país tiene serios regazos sociales y a pesar de esto se sigue sobrevalorando el papel de la reducción de los déficits, la ideología del superávit financiero no puede tapar los problemas lacerantes de la nación, el pueblo exige que los avances de las finanzas públicas se conviertan en logros en sus deterioradas condiciones de vida.
La Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1991 muestra finanzas públicas sanas, engrandece los avances macroeconómicos, oculta los límites y contradicciones de la política económica, subestima dificultades relevantes en el crecimiento, desdeñaba además los asuntos de la recuperación del bienestar social, por lo tanto, el balance a juicio del Partido Frente Cardenista, en negativo.
Por estas consideraciones y otras que ya mis compañeros diputados en sus diferentes intervenciones han manifestado en esta tribuna, nuestro voto en contra de este dictamen será en esa forma, negativo. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente: - Se concede el uso de la palabra al diputado Camilo Valenzuela, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado José Camilo Valenzuela: - Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros legisladores:
Originalmente habíamos planeado hacer una participación bastante amplia en torno al sector rural, energía, minas e industria paraestatal, pesca y abastos, pero dado el desarrollo prolongado del debate y lo limitado de las consecuencias que este debate arroja tradicionalmente en la Cámara, hemos considerado conveniente asentar en primer lugar, de manera muy resumida, los cambios que el Ejecutivo impuso en el ejercicio del Presupuesto de Egresos de 1991.
Resalta en primer lugar, el cambio, la disminución en 13.5% del ejercicio de desarrollo rural en relación a lo programado, a pesar del reconocimiento público de la subalimentación que padece más del 50% de nuestros compatriotas; destaca también la reducción de lo ejercido en Comunicaciones y Transportes por un monto de menos 4%; en Educación Pública por un monto de menos 1.8%; en Salud, de menos de 4.1%; en Desarrollo Urbano y Ecología, en menos 10.1%; y sorpresa, en Solidaridad y Desarrollo Regional, en menos 20.9%.
Por otro lado, en las secretarías y dependencias que se excedieron en el ejercicio de su presupuesto, tenemos órganos electorales en más de 49.5%; Poder Judicial, en más de 30.3%; Gobernación, en más de 32%; y erogaciones no sectorizables, en 49.6%.
Es evidente el castigo al sector social y al sector productivo para canalizar recursos al ejercicio político, que la coyuntura de 1991 imponía al Gobierno Federal, dado el rol tan importante que tiene el Gasto Público en los operativos para reproducir el control del poder público que parte del Partido Revolucionario Institucional.
Estos datos por sí solos hablan de cómo, el Ejecutivo altera, según sus prioridades políticas, según sus prioridades de sobrevivencia, la Ley de Egresos que año con año aprueba el Poder Legislativo.
Por ello no nos extraña que en esta discusión, todos los datos y argumentos son resbalados e ignorados y no hay forma de exigir al Ejecutivo cuentas por las alteraciones que impone al ejercicio de una Ley que debía de respetar.
Nos preocupa sobremanera que en estos tiempos en que la necesidad de la democratización del país se convierte en urgencia nacional para la conservación de la paz social y pública de nuestra patria, las relaciones entre los poderes continúen en una dinámica en donde el presidencialismo sujeta y subordinada al Poder Legislativo y al Poder Judicial.
Una expresión concreta de cómo el presidencialismo subordina y sujeta al Poder Legislativo es precisamente la impunidad con la que el Ejecutivo trasgrede de la Ley de Egresos y el Legislativo carece de capacidad para exigir le cuentas. Y esta incapacidad del Legislativo tiene qué ver, por un lado, con limitaciones constitucionales que de han establecido.
Es sintomático por ejemplo que el artículo 108 constitucional únicamente establezca que el Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común. Esto determina que el Ejecutivo Federal pueda hacer y deshacer, entre otras, con la Ley de Presupuesto de Egresos y el Legislativo carezca de capacidad para reclamar a quien es titular del Ejecutivo Federal, responsabilidad alguna.
Pero demás, la Ley del Presupuesto de la Federación contiene diversos artículos en los que también se deja manga ancha para que las dependencias puedan trasgredir igualmente el Presupuesto de Egresos.
Así el artículo 21 dice: Los titulares de las dependencias y los órganos de Gobierno de las entidades, serán responsables de reducir selectiva y eficientemente los gastos de administración, sin detrimento de la realización oportuna y eficiente de los programas a su cargo.
Luego, el artículo 23 establece: Las erogaciones por los conceptos que a continuación se indican, deberán reducirse al mínimo indispensable. Su uso se sujetará a los criterios de racionalidad y selectividad, que cada dependencia interpreta.
Luego, en el artículo 25 esta magna ancha para hacer y deshacer con el Presupuesto de Egresos, queda todavía más claramente expresado. Dice así: Las erogaciones por concepto de transferencias con cargos al Presupuesto de Egresos de la Federación, se sujetarán a las estrategias y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, de los programas de mediano plazo y de los demás programas formulados conforme a la ley de la materia.
Y en el artículo 26, La Secretaría de Programación y Presupuesto, dice, autorizará las transferencias con cargo al Presupuesto a las dependencias coordinadoras de sector, quienes procederán a la asignación de los recursos a las entidades paraestatales bajo su coordinación.
Todavía el artículo 28 de esta ley establece: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de Programación y Presupuesto y de la Contraloría General de la Federación, en el seno de la Comisión Intersecretarial Gasto - Financiamiento, así como la respectiva dependencia coordinadora de sector, celebrarán con las entidades paraestatales convenio para:
1. Establecimiento de métodos de déficit o en su caso superávit financiero mensual y trimestral, etcétera.
El artículo 30 profundiza todavía más: La dependencia y entidades proporcionarán a la Secretaría de Programación y Presupuesto, la información sobre las transferencias que hubieran otorgado durante el ejercicio presupuestal, a efecto de que dicha Secretaría las analice e integre al Registro Único de Transferencia, etcétera.
Como se ve, esta Ley del Presupuesto de la Federación, aprobada en la anterior Legislatura, con la oposición enérgica de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, respondió a una adecuación de la legislación, para permitirle al actual Ejecutivo ejercer el Presupuesto de Egresos de acuerdo a las contingencias políticas que imponía la nueva situación posterior a 1988.
Si realmente, compañeras y compañeros, queremos atender los reclamos de los que depende el recurso de la vida nacional, si realmente queremos acabar con la ya prolongada subordinación humillante del Poder Legislativo al Ejecutivo, no podemos continuar discutiendo la Cuenta Pública en los marcos de una legislación que constitucionalmente nos incapacita para exigirle al Ejecutivo Federal cuentas por la transgresión a la Ley de Egresos, que año con año discutimos y aprobamos en el Poder Legislativo.
Si realmente queremos transformar el prolongado debilitamiento y sojuzgamiento del Poder Legislativo para con el Ejecutivo, es necesario revisar también la Ley de Presupuesto de la Federación, por que en sí misma contiene las disposiciones para que las diversas Secretarías del Ejecutivo puedan modificar, puedan alternar esa Ley de Presupuesto de Egresos, y justificarse ante nosotros con la propia legalidad que aquí fue aprobada.
Nos parece que hoy, que tanto se insiste en la necesidad de delimitar el financiamiento público a los partidos, que hoy que tanto se insiste en la necesidad de limitar los costos de las campañas políticas, se hace indispensable que veamos el conjunto del control del ejercicio del presupuesto público, y que no sólo tratemos de ver la parte
relacionada con las campañas electorales y el financiamiento a los partidos políticos.
Nos parece que si realmente queremos salir de estas tediosas e intrascendentes discusiones en torno a la Cuenta Pública, requerimos abandonar o dejar de reducirnos sólo a los actuales procedimientos contables de auditorías y demás, y requerimos abrir canales políticos, para exigir responsabilidades al Ejecutivo Federal. Eso reclama que esta Legislatura deje de perderse en discusiones interminables, en las que además la mayoría que aquí domina, pretende continuar subordinada al Poder Ejecutivo, y evitar incluso que aspectos accesorios como los que aquí se han planteado, sean atendidos de la manera debida.
Pareciera que perdemos de vista, que detrás de la transgresión al Presupuesto de Egresos, está una política que va imponiendo a la sociedad consecuencias que cuestan vidas. Yo señalaría, entre lo más destacado, la manera como se han recortado los gastos de mantenimiento para Petróleos Mexicanos, y las tragedias que por este motivo se han venido padeciendo. No es sólo la de Guadalajara, que es la más dolorosa, es un conjunto de explosiones, de gaseoductos, oleoductos, refinerías, que en diversos momentos has costado vidas, han mutilado seres humanos, y nosotros nos hemos reducido a alguna denuncia a la Comisión de Derechos Humanos, a reclamar la indemnización, pero dejamos que el Ejecutivo aplique.
Una política económica que respondiendo a objetivos de deteriorar las empresas públicas intencionalmente para justificar su privatización, no repara en hacer que la sociedad pague con vidas humanas las consecuencias de esa política.
Aunque está fuera de la Cuenta Pública de 1991, en este año, en el mes de junio, hubo un recorte al presupuesto de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Ese recorte ha afectado el mantenimiento de las vías de conducción de alta potencia, y ha empezado a cobrar vidas de obreros electricistas, y ha empezado a mutilar a numerosos trabajadores, y empieza afectar incluso a civiles.
Por ello, compañeras y compañeros, esta Legislatura no debiera pasar de manera fría este debate, que ciertamente es cansado y pesado, sino debiéramos de abordar el problema de fondo: modificar la legislación respectiva para abrir canales más efectivos y más expeditos para hacer que se respete el Presupuesto de Egresos y evitar que el Ejecutivo lo altere de acuerdo a sus conveniencias, y esta Legislatura, entre otras cosas, por esas limitaciones legales, esté incapacitada para exigirle al Ejecutivo Federal la responsabilidad subsecuente.
Creo, compañeras y compañeros, que es indispensable que nos aboquemos a atacar este problema.
La fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, en su momento hará llegar la iniciativa correspondiente para tratar de modificar el marco legal en la cual abordamos una discusión tan trascendente y la convertimos en una discusión de mero trámite, que a todos nos aburre porque no llegamos a ninguna conclusión de importancia para nosotros y para el país. Gracias.
El Presidente: - Se concede el uso de la palabra al diputado Arturo Torres del Valle, del Partido Acción Nacional.
El diputado Arturo Torres del Valle: - Con su venia, señor Presidente; distinguidas compañeras y compañeros diputados:
¿Por qué no debe aprobarse la Cuenta Pública de 1991? En primer lugar, porque las transferencias a los organismos y empresas, dentro y fuera del presupuesto, ascendieron a 31.2 billones de pesos, equivalente al 13% del gasto neto del sector presupuestal, que totalizó 227 y medio billones de pesos.
Tan enorme cantidad de dinero transferida, no se utilizó en gobernar al país, sino en alimentar empresas que año con año consumen gran parte de lo que pagamos los mexicanos en impuestos, y a pesar de tanta inversión no vemos eficiencia en la administración de estos organismos, a tal grado que hay quien crea y defienda que una empresa paraestatal no debe tener utilidades.
Nacen muchas dudas respecto del monto de transferencias que le da el Gobierno a estos organismos y empresas. ¿Vale la pena el sacrificio del pueblo para conservar estos elefantes blancos? Porque son muy pocos los beneficios que le reditúan, comparados con su costo.
Mencionaré algunos casos sobresalientes, para ilustrar a esta soberanía sobre la gravedad del asunto. A saber, el primer ejemplo: Comisión Federal de Electricidad, a quien en lo sucesivo seguiré llamando Comisión. Presupuesto de Egresos aprobado para 1991, 14.7 billones de pesos; esto representa el 100%.
Egreso ejercido 15.5 billones, el 105%. Excedente: 704 mil millones, representa la modesta suma del 5%.
Comentarios generales. Los estados financieros se representan no consolidados, lo que impide conocer la situación real de la empresa, porque no se incluye la información financiera y contable de Mexican Laytan Power Corporation, la que a su vez es propietaria de Compañía de Luz y Fuerza del Centro, a quien en lo sucesivo se seguirá llamando Luz y Fuerza, otras subsidiarias; no obstante que el Presupuesto de Egresos para 1991 sí contempla una partida de erogaciones para Luz y Fuerza, de 2 billones 463 mil millones.
Segundo. Los ingresos por la venta de energía eléctrica de la comisión en 1991 son de casi 16 billones de pesos, de los cuales Luz y Fuerza adeuda tres billones. En total Luz y Fuerza le adeuda a la Comisión 16 billones de pesos acumulados.
Esto origina que le Gobierno Federal tenga que hacer transferencias a la empresa por un total de cuatro billones de pesos, que bien pudiera evitarse si Luz y Fuerza pagara regularmente.
Tercero. Los estados financieros de Luz y Fuerza auditados por Arturo Elizundia Charles, S.C., contratado por el propio Gobierno Federal, arrojan los siguientes datos: El pasivo total, que es 95% del mismo a favor de la Comisión, es mayor al activo total. Ello significa que no cuenta con capital propio y la subsistencia depende del apoyo que recibe de la Comisión.
Hay un proyecto para crear una entidad que preste el servicio público de energía eléctrica que proporciona actualmente Luz y Fuerza, proyecto fundamentado en el artículo cuarto transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, pero ha sido letra muerta hasta la fecha.
Dentro de sus activos se puede apreciar lo siguiente:
a) Las cuentas por cobrar aumentan de 1990 a 1991 el 32%. Esto no es normal en una empresa en liquidación.
b) Los prestamos a trabajadores aumentaron de 293 mil 14 millones de pesos en 1990 a 516 mil 80 millones de pesos en 1991. Es decir, crecen el 76%.
El pasivo de Luz y Fuerza presenta una situación sumamente grave por lo siguiente: Las deudas se incrementaron en un año el 20%; al 31 de diciembre de 1991 adeudaba la Comisión la cantidad de 16 billones 726 mil millones de pesos, por concepto de venta e energía eléctrica e intereses por servicio de la deuda.
Cuarto. Del Análisis de los estados de resultados de 1991, de la Comisión y de la propia Compañía de Luz y Fuerza, se deduce lo siguiente:
a) La Comisión vendió energía eléctrica por un total de 15 billones de pesos; de ellos Luz y Fuerza le compró energía por 2 billones 660 millones de pesos, pero el adeudo de Luz y Fuerza a la Comisión creció 3 billones de pesos.
Esto significa que la Compañía de Luz y Fuerza no cubre el importe de la energía eléctrica que adquiere; además, deja de pagar intereses a la Comisión por concepto de servicios de la deuda.
Quinto. El presupuesto de egresos aprobado para 1991 a la Compañía de Luz y Fuerza, fue de 2 billones 463 mil 50 millones de pesos, y según los informes ejerció un gasto de siete billones 303 mil 633 millones de pesos. Ello significa que excedió su gasto en cuatro billones 840 mil 583 millones de pesos, o sea, el 196.5% más de lo que esta Cámara aprobó.
Segundo ejemplo: Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Tres irregularidades se divierten: Primera. ¡De qué privilegios goza la empresa para estar exenta del impuesto sobre la renta? En la información que se nos proporciona, los auditores del despacho Del Valle y Asociados no aclaran los siguientes conceptos considerados como deudas: Acreedores Diversos, 77 mil 850 millones de pesos. Impuestos y cuotas por pagar: 15 mil 895 millones de pesos. Tesorería de la Federación: 36 mil, 581 millones de pesos. Esta situación es muy grave porque el acreedor es fisco y como ustedes recordaran si se tratase de una empresa particular, ya lo dijo el doctor Aspe, quien defraude al fisco se va a la cárcel.
Tercero. Como ya lo mencionó mi compañero Juan de Dios Castro, el Presupuesto de Egresos aprobado para 1991 establece únicamente 501 mil 245 millones de pesos, mientras que el presupuesto ejercido fue de un poco más de un billón de pesos, es decir, gastaron el doble de lo autorizado por esta soberanía.
Tercer ejemplo. Fertilizantes Mexicanos. Al analizar la información proporcionada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público nos encontramos lo siguiente:
1o. La empresa tiene pérdidas acumuladas al 31 de diciembre de 1991 por un billón 220 mil millones de pesos.
2o. Los gastos de distribución representan al 30% del costo de ventas, porcentaje excesivo comparado con empresas del sector privado.
3o. La empresa se mantiene gracias a las transferencias que hace el Gobierno Federal, por ejemplo, en 1990 éste transfirió 546 mil 427 millones de pesos y en 1991 la transferencia fue de 448 mil millones de pesos utilizados para pagar pasivos.
Podríamos comentar otros casos, por ejemplo, del Instituto Mexicano del Café, al que se le transfirieron 253 mil millones de pesos para solventar pasivos principalmente, este presupuesto fue similar al ejercido por el Estado de Tlaxcala.
Sin embargo, me parece mucho más importante analizar otros asuntos por los que no debe aprobarse la Cuenta Pública de 1991. Pondré a consideración de esta soberanía las siguientes razones: Dentro de esta Cuenta Pública hay tantas desviaciones y tan importantes que no encuentro otra justificación del destino de esos fondos que no sea para sostener al Partido Revolucionario Institucional y sus multimillonarias campañas, gastos que corresponde pagar a los miembros del mencionado partido y no a los 81 millones de mexicanos.
La campaña de Ramón Aguirre para gobernador de Guanajuato costó según los cálculos más conservadores 75 mil millones de pesos, según otros más de 100 mil millones. Esta no fue la única campaña en el país durante 1991, ahora se presume que el entonces Gobierno de Guanajuato cooperó indebidamente con 11 mil millones de pesos mediante el viejo truco de cheques girados a "nosotros mismos", pero ¿de dónde salió el resto?
El comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional en León Guanajuato , tiene al menos cuatro camiones Diesel Nacional de pasaje foráneo cuyo costo unitario sobrepasa los 600 millones de pesos. Este Comité pidió 30 millones de pesos mensuales a su partido, argumentando que no tiene las fuentes de ingreso tradicionales y que los necesitan para recuperar la ciudad de León.
El partido Revolucionario Institucional de León, como en casi toda la República, ocupaba gratuitamente edificios públicos, ahora lo hace de manera casi gratuita porque el ex gobernador Rafael Corrales Ayala, en cuanto supo que el próximo gobernador sería el ingeniero Carlos Medina Plascencia, firmó contratos de arrendamiento a plazos de 20 años con rentas mensuales por la ridícula cantidad de 500 mil pesos. Lo hizo para que el partido al que pertenece ocupara legalmente edificios públicos.
¿Es legítimo el gasto que hace el Gobierno para sostener su organismo descentralizado llamado Partido Revolucionario Institucional? El origen de los recursos de este instituto político es claro, pero no honesto. ¿cuánto le cuesta el Partido Revolucionario institucional al pueblo de México?
Es evidente, señores diputados, que gran parte de los recursos de empresas de organismos dencentralizados se destinan al sostenimiento del partido del Gobierno en todo el país, ello incide en la Cuenta pública de 1991 que algunos diputados intentan aprobar.
Tercero. por último darle otro argumento más para no aprobar la Cuenta Pública de 1991, son los dispendios escandalosos dilapidados por funcionarios públicos irresponsables, ejemplos hay muchos, basta recordar los dos casos más notables en 1991: Banco Nacional Pesquero y Portuario. Hasta la fecha no ha sido aclarada la quiebra técnica de casi tres billones de pesos donde no se han fincado responsabilidades para funcionario alguno. El pueblo de México no olvida que la mayoría de esta Cámara de Diputados obstaculizó la integración de una comisión investigadora, la que al final todavía no llega a resultados porque se ha visto neutralizada por el secreto bancario.
Banco Nacional de Crédito Rural, mejor conocido en el lenguaje popular como "bandidal". Para no cansarlos con más datos les recomiendo que lean el libro del agudo escritor mexicano Julio Scherer García, titulado "El poder", historias de familia, que jamás ha sido desmentido.
Todo lo anterior son apenas unos cuantos ejemplos por los cuales nadie que se precie de ser auténtico representante del pueblo puede autorizar una Cuenta Pública que tiene anomalías tan graves, como: transferencias no justificadas a organismos y empresas descentralizadas Dentro de esta Cuenta Pública hay fondos disimulados para sostener al Partido Revolucionario Institucional directa o indirectamente, y los dispendios y la irresponsabilidad tan cuantiosos y frecuentes. De hacerlo, señores diputados, ¿podrían ver de frente a los ciudadanos? (Aplausos.)
El Presidente: - Se concede el uso de la palabra al diputado Porfirio Camarena Castro, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Porfirio Camarena Castro: - Con su permiso ciudadano Presidente, compañeros diputados:
Mucho hemos debatido hoy sobre la cuenta de la Hacienda Pública Federal 1991. Hemos discutido sobre los resultados alcanzados en materia macroeconómica y sectorial, hemos debatido sobre la metodología empleada por los responsables de revisar la Cuenta, argumentando, a partir de nuestras respectivas posiciones ideológicas, los efectos de la política económica en la producción, el empleo, los salarios, los precios, los resultados con el exterior y otros tópicos que en obvio de tiempo no mencionaré.
No es fácil lograr el consenso de los partidos que integramos esta Cámara en temas como el que hoy tenemos tratado; no obstante, con el respeto que merecen todos los miembros de esta soberanía, yo quiero a nombre de mi partido el Revolucionario Institucional, hacer algunas reflexiones breves respecto al ejercicio del gasto del Gobierno Federal y al dictamen que sometemos a su consideración:
Primero: no tengo duda al afirmar que los resultados alcanzados en materia macroeconómica, evaluados éstos a la luz de las metas expresadas en el Plan Nacional de Desarrollo, y en los Criterios Generales que dieron pauta al ejercicio del gasto, desde nuestra óptica fueron satisfactorios en lo general, pues se avanzó en las principales metas perseguidas. Y en los renglones en los que no se alcanzó el objetivo, la meta, hemos manifestado las causas de ello.
En lo sectorial en segundo lugar, hemos puesto de manifiesto las metas que conforme al programa nacional de desarrollo se alcanzaron. Y no hemos omitido aquéllas en las que su cumplimiento no se obtuvo.
En este sentido, el decreto que sometemos a su consideración propone que instruyamos a la contaduría Mayor de la Hacienda, para que en ejercicio de sus atribuciones solicite la más amplia información que justifique las razones del incumplimiento de las metas y que el órgano técnico ejerza sus atribuciones legales.
Tercero la Cuenta Pública, tanto en su tomo general, como en los anexos correspondientes, claramente explica las modificaciones presupuestales de cada una de las dependencias y entidades del sector público federal. Estas variaciones presupuestales que no son exclusivas de nuestra economía, que se observan en cualquier país del mundo, no son, como se ha mencionado en esta tribuna, sobregiros, son en su caso, ampliaciones presupuestales.
El presupuesto de Egresos de la Federación, aprobado por esta soberanía, autoriza el Ejecutivo, en función de diversas condiciones económicas, nacionales e internacionales, que conforme transcurra el año se van presentando y que como es evidente, no es posible prever.
Asimismo, el derecho de presupuesto a que nos referimos, obliga al Ejecutivo a informar a esta Legislatura, de todas aquellas modificaciones presupuestales a que hubo lugar durante el año.
Por ello, la cuenta Pública se acompaña de 13 diskettes en los que se explican detalladamente los montos en que variaron los presupuestos originalmente aprobados a dependencias y entidades, las causas que originaron las modificaciones realizadas, así como en su caso, la repercusión que estas modificaciones ejercieron en las metas y en los programas.
Por ello resulta de gran interés el análisis exhaustivo de esas modificaciones. Análisis que la comisión realizó y del que derivó la solicitud a la Contaduría mayor para que se ampliara la información en aquellos casos en los que se consideró que ésta no era clara o suficiente.
Adicionalmente, el informe previo de la Contaduría Mayor, contiene una amplia gama de observaciones específicas sobre las que el Ejecutivo deberá informar, mismas que serán incorporadas al informe de resultados.
Independientemente a lo anterior, en ejercicio de sus atribuciones, la Contaduría Mayor, a partir de las observaciones emanadas de una soberanía y del análisis que como su nombre lo indica, se ha plasmado en el informe previo, ha programado como cada año, una serie de auditorías a desarrollarse en los principales programas en que se divide el gasto del Gobierno Federal.
Compañeros diputados: no tengo duda al reafirmar que el ejercicio de revisión de la cuenta de 1991, realizado por todos los partidos que integramos esta cámara, fue profundo; plural, acucioso y responsable.
Hemos avanzado en nuestra tarea legislativa al participar más estrechamente con nuestro
órgano técnico en la formulación de observaciones o acciones específicas que éste debe desarrollar.
Por ello, los avances logrados en materia macroeconómica y sectorial, porque no hemos soslayado las deficiencias e incumplimientos detectados, la fracción parlamentaria de mi partido, el Revolucionario Institucional, propone a esta soberanía que con toda su comprensión, su responsabilidad y su actitud honesta, vote en favor del dictamen que hoy hemos debatido. muchas gracias.
El presidente: - Se le concede el uso de la palabra, por cinco minutos, al diputado Rico Arzate.
El diputado Enrique Rico Arzate: - Con el permiso de la presidencia:
Quisiera hacer algunas reflexiones respecto del proyecto de dictamen que se discute, y en él podemos encontrar, en primer lugar, en el artículo 3o. del dictamen, donde dice que "La Contaduría Mayor de Hacienda deberá practicar las auditorías y realizar las acciones legales que permitan esclarecer las posibles irregularidades habidas en el ejercicio de Presupuesto de Egresos de la Federación"
La pregunta es: ¿A quien?
En el inciso c, dice:
"Fortalecer la capacitación y el seguimiento oportuno a las áreas responsables de la planeación y programación, en aquellas dependencias y entidades en que se observaron tales deficiencias".
La pregunta es: ¿En cuales entidades?
Y también quisiera agregar al respecto que en el ramo de la educación, en lo que se refiere ciencia y tecnología, lo destinado a este rubro, fue únicamente del 0.3%, muy por abajo de lo que se destina en los Estados Unidos y el Canadá.
En lo que se refiere a desarrollo urbano y ecología, en este concepto, es uno de los sectores que menores asignaciones recibió dentro del presupuesto del Gobierno Federal. Sin embargo sus funciones son básicas y vitales para la población mexicana, por lo cual debería considerarse como un sector prioritario, aunque en este sector existió el más malo de los secretarios de la actual administración y que ahora se le premio con una gubernatura en el Estado de Veracruz.
Así el gasto de este sector en 1991, comparado con el ejercicio de 1988, registró un descenso de 21.1% en términos reales.
Todo lo anterior provocó resultados desalentadores en la atención de rubros muy importantes para la población mexicana.
En lo que se refiere a la participación de las instituciones de vivienda en oferta habitacional en un análisis de los últimos 11 años, nos encontramos que en el Instituto Nacional del Fondo de la vivienda para los Trabajadores y el sistema Financiero de Vivienda, durante la primera mitad de la década anterior, fueron los organismos con mayor participación en la oferta institucional de vivienda.
Otro grave problema en los últimos años, ha sido el ecológico y el de la contaminación en general, en este país. Actualmente nuestro país se encuentra en una crisis ecológica, existiendo un desfasamiento abismal entre el desarrollo industrial y el equilibrio ecológico, es un desconocimiento vital de los elementos básicos de una cultura ecológica.
Las cuencas hidrológicas más importantes están contaminadas, los cuerpos lacustres más importantes se están desecando o contaminando o incluso algunos han desaparecido.
En lo que se refiere al trabajo y previsión social, el sector más castigado por esta administración de Salinas de Gortari, consideramos que Arsenio Farell Cubillas debe abandonar este puesto, que por 10 años lo ha ocupado. Esta claro que su papel ha sido combatir a los trabajadores al colocarse al lado de la patronal. Su renuncia es un acto de justicia para la clase trabajadora mexicana.
En comunicaciones y transportes, en este sector de comunicaciones y transportes tenemos que en los tres primeros años de este sexenio el gasto destinado al sector ha sido menor al de 1988. Y el de 1989 en un 20% en términos reales. El de 1990 en un 21% y el de 1991 el gasto fue menor al de 1988 en un 6% en términos reales.
Se señala en el documento de resultados generales de la Cuenta Pública de 1991, que sobresalen dos obras concesionadas al sector privado con participación de Caminos y Puentes Federales de ingresos y Servicios Conexos, conocido como CAPUFE.
Señalamos que no se ha hecho una adecuada evaluación acerca del significado y el costo para toda sociedad, para toda la sociedad y tendrá esta sustitución del sector público para unos cuantos, grandes empresarios financieros en la
construcción y explotación de carreteras y puentes.
Quisiera comentar lo que el diputado Jacob dijo respecto del Ramo 23, que se refiere a erogaciones no sectorizables. En este Ramo se ejerció un monto adicional de un billón 240.5 mil millones de pesos en relación a su asignación original.
En el tomo de resultados generales de la Cuenta Pública de la Hacienda Pública Federal, en la página 44, se asegura que esa colosal cantidad se destino a impulsar el programa para la modernización educativa del país, a comprar tierras en Veracruz para reubicar a campesinos asentados en terrenos pantanosos, ¡que siguen empantanados todavía los campesinos!, y a cubrir gastos de bienes muebles e inmuebles a la aseguradora mexicana.
Ante esto, queremos hacer las siguientes observaciones:
1. El presupuesto ejercido en educación pública fue menor en 1.8%. Es decir, 2907.7 mil millones de pesos respecto al presupuesto aprobado por esta Cámara. ¿por qué si no se ejerció todo el Presupuesto se destinaron recursos a este sector a través del ramo 23? ¿por qué si la sectorización del programa para la modenización educativa es obvia, éste no se presupuesto en el sector educativo?
2. La reubicación de los campesinos asentados en las zonas pantanosas, evidentemente no fue programada a última hora. Por ello, cabe preguntarse también: ¿por qué no fue incluida esta acción en el presupuesto de la reforma agraria?
3. Una cuestión más. Nos parece que la explicación de un billón 2405.5 mil millones de pesos se utilizaron en los tres asuntos antes señalados, carece de fundamento y a nosotros nos parece que fueron destinados en 1991 para las campañas electorales de los 300 distritos en el país y que fueron empleados por el Partido Revolucionario Institucional indiscriminadamente. Muchas gracias por su atención. (Aplausos.)
El presidente: - Se ha agotado el turno de oradores. En consecuencia solicito a la secretaria leer la propuesta del diputado Juan de Dios Castro y someterla, desde luego a consideración de la Asamblea si es de aprobarse, en votación económica.
La secretaria Layda Elena Sansores San Román: - "Que la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de diputados proceda a promover ante las autoridades competentes el fincamiento de responsabilidades en relación con quienes resulten responsables por las discrepancias que existen entre las cantidades gastadas y las partidas respectivas del presupuesto de las siguientes entidades: Instituto mexicano del Seguro social, Instituto de Seguridad Social al servicio de los Trabajadores del Estado, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Ferrocarriles Nacionales de México; debiendo rendir un informe al pleno en relación con esta gestión que se encomienda en un plazo de 15 días naturales.
México, Distrito Federal, 2 de diciembre de 1992. - Firma diputado Juan de Dios Castro Lozano".
El presidente: - Consulte la Secretaria en votación económica si es de aprobarse la propuesta del diputado Castro Lozano.
La secretaria Layda Elena Sansores San Román: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se acepta o se desecha la propuesta del diputado Juan de Dios Castro Lozano.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se desecha señor presidente. (Aplausos.)
El presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
El secretario Mauricio W. Clark y Ovadia: - En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general y en lo particular.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, Señor presidente.
El presidente: - Proceda la secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.
El secretario Mauricio W. Clark y Ovadia: - Se va a proceder a recoge la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.
Se solicita a la oficialía mayor haga los aviso a que se refiere el artículo 161 del Reglamento anterior.
(Votación.)
Señor presidente, se emitieron 285 votos en pro y 98 en contra.
El presidente - Aprobado en lo general y en lo particular por 285 votos el decreto relativo a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al Ejercicio fiscal de 1991.
El secretario Mauricio W. Clark y Ovadia: - Pasa al ejecutivo para los efectos constitucionales.
CASO ALVAREZ MACHÁIN
El presidente: - Se concede el uso de la palabra al señor diputado Carlos Alva Calderón, quien hará un pronunciamiento en relación al caso Alvarez Macháin, a nombre de los diferentes grupos parlamentarios representados en esta cámara.
Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Carlos Alva Calderón.
El diputado Juan Carlos Alva Calderón: - Con su permiso, señor presidente, ciudadanas diputadas y diputados:
Como es de su conocimiento en diversas ocasiones desde esta tribuna se han expresado diferentes pronunciamientos en torno al caso del doctor Humberto Alvarez Macháin, sujeto a proceso de los Estados Unidos de América.
Al respecto he solicitado el uso de la palabra para hacer un pronunciamiento ante esta Asamblea que avalan diversos diputados de las fracciones parlamentarias que integran esta Cámara y al cual daré lectura.
En relación al juicio al que se pretende sujetar al ciudadano mexicano Humberto Alvarez Macháin en los Estados Unidos de América, los diferentes grupos partidistas de la LV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, hacemos el siguiente pronunciamiento:
El mexicano Humberto Alvarez Macháin fue sustraído del territorio nacional, por lo tanto cualquier juicio a que se le sujete en el extranjero se considera ilegal. Se reitera el contenido de la Declaración política de esta Cámara del 16 de junio de 1992 por el que se rechaza contundentemente el fallo de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América. Apoyamos la reiterada y enérgica solicitud del Gobierno Mexicano para la devolución de nuestro connacional a territorio mexicano y coincidiremos con el criterio inflexible que mantenga en el futuro hasta obtener el cabal cumplimiento del reclamo. Hacemos un llamado a la Corte Internacional de Justicia de la Haya para que se pronuncie y defina su posición, respecto a la solicitud que efectuaron durante la pasada Segunda Cumbre Iberoamericana en Madrid, los países miembros, en torno a la ilegalidad de los extraterritoriales que pueda llevar a cada Estado.
Dado el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los dos días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y dos.
Por el partido Revolucionario Institucional, diputados José Antonio González Fernández, Rodolfo Becerril Straffon, Juan Carlos Alva Calderón; por el Partido Acción Nacional, Gabriel Jiménez Remus; por el Partido de la Revolución Democrática, Camilo Valenzuela, Ricardo Valero; Por el partido del Frente Cardenista de reconstrucción Nacional, Alberto Carrillo Armenta, Manuel Terrazas; por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Javier Colorado; por el Partido Popular Socialista, Martín Tavira. Muchas gracias.
El presidente: - De enterado.
Continúe la secretaría con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DÍA
El secretario Salvador Juárez García: - Se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Primer Período Ordinario de Sesiones. - Segundo Año LV Legislatura.
Orden del día
3 de diciembre de 1992
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación de la ciudadana diputada Silvia Pinal Hidalgo.
Comunicación del Congreso del Estado de Chiapas.
Iniciativa
Para que se inscriba con letras de oro, en los muros del Recinto de la Cámara de Diputados, el nombre de Ignacio Manuel Altamirano, ilustre
maestro, político y literato mexicano, que presentan los ciudadanos diputados Martín Tavira Urióstegui y Hugo Arce Norato a nombre de la diputación plural del Estado de Guerrero.
Dictámenes de primera lectura
De la comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercito fiscal de 1993.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la ley Federal de Derechos.
Dictámenes a discusión
De la comisión del Distrito Federal, con proyectos de decreto relativo a la revisión de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal, correspondiente al ejercicio presupuestal de 1991.
De la comisión de Gobernación y puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano general brigadier diplomado de Estado Mayor, Esteban Enríquez García, para aceptar y usar las condecoraciones Cruz de Mérito Militar de Primera clase de Servicios Distinguidos, que le confiere el Gobierno de Guatemala.
De la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano José Miguel Gutiérrez Tinoco, para aceptar y usar la condecoración de las Ordenes Honoríficas Portuguesas, en grado de Gran Maestro, que le confiere el gobierno de Portugal.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Miguel Leal Murillo, para prestar servicios como empleado de vigilancia en la embajada Británica en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos María del Rocío Correa Sintora, José Luis Villa Barrera y Carlos Zertuche Santillán, para prestar servicios como telefonista, empleado de mantenimiento y especialista de comercialización agropecuaria, respectivamente, en la embajada de los Estados Unidos de América en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana María Guadalupe Morales Prieto, para prestar servicios como empleada administrativa en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Isaura Bautista de Schoorl, para prestar servicios como auxiliar administrativo en el consolado de España en Rotterdam.
Intervención del ciudadano diputado Jesús Martínez del Campo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, acerca del caso del señor Pablo Molinet, residente del Estado de Guanajuato.
Y los demás con los que la Secretaría dé cuenta.»
El Presidente (a las 20.40 horas): - Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar mañana jueves 3 de diciembre a las 11.00 horas.
*VOTO PARTICULAR DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
Con fundamento en el artículo 88 del reglamento Interior para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presenta al pleno de la Cámara el siguiente.
VOTO PARTICULAR EN CONTRA
Del dictamen relativo a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 1991.
Por el grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
¡Democracia ya! ¡patria para todos!
1. Observaciones generales
La revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente a 1991 es la segunda de las tres revisiones que efectuarán los miembros de la LV Legislatura de la Cámara de Diputados.
Este año, la revisión se llevó a cabo de manera mejor organizada y preparada que la del año anterior. La revisión del año fiscal de 1991 se realizó en un espacio de tiempo muy breve que se mezcló con la instalación de la LV Legislatura el 1o. de noviembre, la presentación del III informe de Gobierno del Titular del Ejecutivo, y las tareas que impone la Constitución a la Cámara de Diputados en materia de discusión y aprobación del presupuesto y las leyes relacionadas con los ingresos tanto de la Federación, como los del Departamento del Distrito Federal, y además en el contexto de otro apretado conjunto de actividades legislativas, con la cual la revisión de la cuenta que se realizó, resultó muy insatisfactoria.
Sin embargo, aunque la revisión de la Cuenta Pública de 1991 resultó menos apresurada y mejor preparada que el año anterior es indiscutible que aún falta mucho por hacer, para que pueda considerarse que la responsabilidad está siendo satisfactoriamente cumplida por la Cámara de Diputados.
Haremos algunas consideraciones acerca de la forma y el fondo de la revisión de la cuenta de la Hacienda Pública Federal.
En primer lugar, señalaremos que en años anteriores el Poder Ejecutivo enviaba a los subsecretarios de las diferentes dependencias gubernamentales, como sus representantes, para discutir con los diputados acerca del manejo de los recursos públicos, la cual nos parecía adecuado, pues estos funcionarios están directamente ligados a la aplicación de la política económica y social del país.
Sin embargo, este año como muestra de la falta de respeto que el Poder Ejecutivo siempre ha manifestado al Poder Legislativo, los representantes que ahora envío el primero para las discusiones de la cuenta pública fueron en la mayoría de las ocasiones oficiales mayores de las secretarías del Estado cuya función dentro de las dependencias es la de manejar y organizar los recursos administrativos al interior de cada entidad Pública. Rechazamos y reprobamos esta situación y pedimos que en las próximas revisiones se envíe a los funcionarios adecuados para elevar el nivel de las reuniones que organiza la Comisión de Programación, presupuesto y Cuenta Pública.
Otro aspecto que en diversas ocasiones el Partido de la Revolución Democrática ha abordado es de los plazos para la revisión de la Cuenta Pública. Consideramos que el lapso que transcurre entre el cierre del año fiscal que se analiza, y el inicio de la revisión por la Cámara de Diputados es muy largo. Ello reduce las posibilidades reales de analizar seriamente y a fondo el ejercicio presupuestal que se revisa. Además, la situación se agrava en años en que como ocurrió en 1991, se da la transición entre dos legislaturas, en que ya no resulta sólo apresurado, sino prácticamente imposible, realizar una revisión mínimamente seria. Debemos evitar que esta situación continúe así, por ello, es nuestro propósito presentar iniciativas de reformas al marco legal que rige la revisión de la Cuenta Pública, con el objeto de modificar los tiempos y la forma en que ésta se realiza actualmente.
Otro punto que es necesario abordar, es la presentación de la Cuenta Pública. Este año hemos contado, por tercera ocasión, con un banco de información magnética que contiene gran parte de la documentación que anteriormente se presentaba en volúmenes escritos. Podría pensarse que esto hace más práctica y rápida la revisión de la Cuenta Pública. Sin embargo, la práctica nos ha demostrado que esto no ha representado una ventaja real, pues al desaparecer la mayor parte de los volúmenes impresos de la Cuenta Pública, se ha obligado alos grupos parlamentarios a invertir espacios de tiempo largos en la impresión del contenido de los bancos magnéticos. En el Partido de la Revolución Democrática pensamos que no se están aprovechando correctamente las ventajas que el uso de las
computadoras puede aportar para el análisis de la Cuenta Pública.
Consideramos que la presentación de la Cuenta Pública de 1990 fue mejor que la de este año, pues se envió el tomo de resultados generales que nos permite tener una visión global de lo que fue el año fiscal en consideración, y cuatro tomos sectoriales que contienen los diferentes sectores de la Cuenta Pública con sus metas y presupuestos originales y ejercidos, así como la explicación de las variaciones en los resultados obtenidos. Esta información debe enviarse impresa, son cinco volúmenes, la cual no es muy gravoso, y no se compara con los 23 volúmenes que anteriormente se enviaban.
Esta información es básica y fundamental para la revisión de la Cuenta Pública por lo que si no se envía impresa se nos obliga a largas horas de impresión sin prácticamente ninguna ventaja.
Es necesario, por supuesto, que la demás información financiera, contable de auditorías y en general cuantitativa, se nos envíe en los discos magnéticos, la cual nos evitará horas de captura innecesaria para realizar cálculos que nos permitan realizar un análisis de fondo sobre la información que nos envían.
Además consideramos útil y necesario que los discos magnéticos contengan series históricas acumuladas de los resultados anuales de las Cuentas Públicas.
Por ejemplo sería muy útil contar con un banco magnético de información que de inmediato nos permita conocer la evolución de las metas presupuestales en, digamos, el Ramo Presupuestal de Educación, desde 1980, contando con el presupuesto originalmente aprobado por la Cámara, el realmente ejercido, los montos de las desviaciones, los argumentos con los que se justificaron las desviaciones presupuestales cada año en cada programa y subprograma.
Desde luego que también sería conveniente. Para evaluar con precisión la eficiencia y la eficacia del ejercicio fiscal, una serie histórica de las metas establecidas en cada Presupuesto Federal Anual, no sólo las monetarias, si no las metas físicas e cada programa y de cada subprograma, desde por ejemplo 1980.
Además es necesario un esfuerzo de seguimiento de la continuidad de los programas y subprogramas, que en no pocas ocasiones cambian de nombre y de contenido en las ramas presupuestales. Es un verdadero problema conciliar la evolución de estos programas y subprogramas en el tiempo.
En el caso de series históricas de datos presupuestales expresados monetariamente, sería conveniente presentar esta información en términos reales (deflactada por ejemplo con el Índice de Precios Implícito del producto interno bruto), y no sólo en términos nominales.
Es necesario que esas bases de datos sean manejables por hojas electrónicas de cálculo; que se puedan imprimir y obtener fácilmente gráficas con ellas; que se puedan calcular tendencias estadísticas, relaciones porcentuales, variaciones anuales; que los datos de puedan cruzar entre unas partes de la información y otras, y en fin, todo lo que la fuerza de las computadoras y el desarrollo de la técnica contable hoy ya se permite. En síntesis, es necesario superar una forma y un método de revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal que pertenece en definitiva al pasado y se encuentra ya no muy lejos de la verdadera modenización.
Pero más allá de la forma, requerimos que la Cuenta de la Hacienda Pública Federal supere también su enfoque básicamente contable. Este, indudablemente es muy importante, pero es necesario además ingresar ya a la era de la macroeconomía.
La Cuenta Pública en general, no cuenta con un conjunto de ideas básicas comprobables con el mínimo rigor macroeconómico, más que por excepción, respecto a cómo el ejercicio fiscal afectó el comportamiento de la dinámica económica o de la inflación.
El lector de la Cuenta Pública debe suponer lo que los redactores han preestablecido como premisas básicas de su análisis, si es que han preestablecido algunas premisas básicas. Por ejemplo, no existen estimaciones en cuánto o cómo afectó el ejercicio fiscal al crecimiento económico. tanto en términos generales, como en términos sectoriales. O bien, sobre el impacto directo e indirecto que tuvo el ejercicio presupuestal global, o el tal o cual programa o subprograma, en la generación y/o la desaparición de empleos.
En suma, no se cuenta en lo general con elementos para conocer como el ejercicio fiscal ha afectado, en positivo o en negativo, al comportamiento global de la economía, a la situación de las empresas y los mercados, y, por supuesto, de los ciudadanos y las familias de distintos sectores y clases sociales.
Consideramos que es indispensable avanzar en la modernización del análisis de la Cuenta Pública. La teoría económica lo permite. Existen ya los medios técnicos para lograrlo, y la Cámara de Diputados no sólo tiene la madurez
Para analizar de esta nueva manera el ejercicio fiscal, sino requiere con urgencia de hacerlo, porque la sociedad demanda mucho mayor precisión en la evaluación cualitativa y cuantitativa de los programas de aplicación de los recursos Públicos.
Por todo ello, en primer lugar hemos querido realizar esta reflexión sobre la forma y el método, invitando a todos los diputados, para que en conjunto ideemos a la brevedad posible un conjunto de ideas y políticas que permitan la modenización de la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal que nos ordena la constitución.
II. Panorama económico
1991: Un año más de sobreajuste económico, con crecimiento desigual, inestable y subordinado al exterior, y con un alto costo social.
Desde hace ya una década el objetivo principal de la política económica ha sido recuperar el crecimiento económico sobre bases sanas y con estabilidad de precios. El plan Nacional de Desarrollo de 1982 - 1988 se planteó este objetivo y no lo consiguió. La Economía estuvo estancada o decreciendo desde 1982 1993. Los niveles de vida de la mayor parte de la población se deterioraron aceleradamente desde entonces. Así las mismas metas tuvieron que volver a establecerse con el Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994.
Para 1991 los objetivos explícitos de los Criterios Generales de Política Económica fueron alcanzar el crecimiento, la estabilidad en los precios y el mejoramiento productivo de las condiciones de vida de la población. En los criterios Generales de Política Económica se plantea que el "bienestar es el fin ultimo de la política económica". Y que: "El crecimiento de la producción y la estabilidad de precios son deseables en cuanto aseguran condiciones propicias para el mejoramiento productivo del nivel de vida de la mayoría" (1).
Todos afirmamos dicho principio y los objetivos planteados. El problema ha estado en los medios y la estrategia para alcanzarlos. Nosotros hemos sostenido que la política seguida por el Gobierno no conducía a alcanzar tales objetivos, sino a alejarnos, por lo cual el Partido de la Revolución Democrática se opuso a la estrategia económica del Gobierno, votando en contra del Dictamen del presupuesto de Egresos de la Federación 1991, aprobado por la mayoría priísta. La evolución de los hechos, creemos, nos ha dado la razón. No es esta la ocasión para reiterar la crítica al modelo de desarrollo implementado. El partido de la Revolución Democrática ha razonado y
1. Criterios Generales de política Económica, en 1991 página argumentando repetidas veces la crítica al modelo como tal. Ha propuesto lineamientos distintos para lograr el bienestar social de la mayoría en un desarrollo equilibrado generalizado en todos los sectores y regiones del país, estable sostenido y sustentable. Lo que ahora nos ocupa es evaluar los resultados económicos de 1991. Queremos centrarnos en ello.
¿Cómo evaluar en términos generales los resultados económicos del ejercicio presupuestal de 1991? Nosotros pensamos que este año ha sido uno más de sobreajuste de la economía mexicana. Que con el sobreajuste se ha logrado un crecimiento económico desigual, inestable y subordinado, que además ha reportado un altísimo costo social.
1. La desaceleración de la economía.
En cuanto el crecimiento económico en 1991, la economía, aunque efectivamente se expandió, verificó un proceso de desaceleración progresiva que hasta la fecha no se ha detenido. En efecto, en 1990 se había alcanzado un incremento del producto interno bruto de 4.4% anual, pero en 1991, se redujo el ritmo al 3.6% anual (2). Además, el comportamiento económico no fue sostenido a lo largo del año: en el primer semestre se había crecido a una tasa anualizada del 4.1%, y en la segunda mitad del año, a sólo 2.8%.
Uno de los motores normalmente más dinámicos de la economía, las manufacturas, crecieron en 1989 7.2%, en 1990 sólo 5.8% y en 1991 se desaceleran hasta 3.7% (3).
Ya sabemos hoy que la desaceleración ha continuado en 1992, que las metas de crecimiento para este año se han reducido oficialmente (del 4 al 3%), y que, al mes de mayo, según el informe de las finanzas públicas enviado por la Secretaría de Hacienda a la Cámara, la expansión de la producción de manufacturas sólo alcanzo un 0.9% anualizado (página 5).
Nos parece injustificado falto de objetividad entonces el planteamiento que se hace en la página cinco del tomo de Resultados Generales de la Cuenta Pública de 1991, en el sentido de que "persistió un clima general de confianza y certidumbre sobre las perspectivas económicas del país". Hoy es claro que tal perspectiva de certidumbre y confianza tenía limites desde el año pasado, y que desafortunadamente, no ha dejado
2. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cuenta de la Hacienda Pública Federal. 1991 Resultados Generales Página 6.
3. Secretaría de Programación y presupuesto. Cuadernos de Información Oportuna. Febrero 1992. Página 3.
de reducirse, hasta situarnos hoy en una posición que empieza a parecerse demasiado a la de un estancamiento.
2. Crecimiento desigual de la economía.
Otra característica notable de la situación económica del país, es la evolución notablemente desigual de los sectores, las ramas y aún de las empresas dentro de las mismas ramas de actividad económica. Hay actividades que muestran dinamismo, pero la minería se mantuvo estancada y el sector agropecuario silvícola y pesquero registró una nueva caída, del 1.4%. La minería no petrolera decrece 4.7% Dentro de la industria manufacturera, algunas ramas, como la de productos metálicos, maquinaria y equipo, crece espectacularmente, en un 15.1%, pero otras ramas crecen muy poco y otras incluso decrecen. La industria de alimentos, bebidas y tabaco sólo crece al nivel del incremento demográfico (2%). Textiles y prendas de vestir decrece en un 3.4%. También decrecen las industrias metálicas básicas en 2.6%, la del papel, imprenta y editoriales en 1.3% y la de la madera en 1.1%. La construcción es tradicionalmente altamente creadora de empleos, aumentó un 2.6%. La electricidad creció 4.1%. Los servicios aumentaron 4.30% (4).
Ya refiriéndonos a 1992 observamos que entre enero - junio de 1992 el comportamiento de las manufacturas continuó la preocupante tendencia a la desigualdad en su desempeño. Según el informe de la finanzas Públicas correspondiente al segundo trimestre, elaborado por la misma Secretaría de Hacienda, "al interior de las divisiones se observaron crecimientos elevados en aquellas que producen bienes de consumo durable y bienes de capital, mientas que las vinculadas con la producción de bienes de consumo final crecieron a tasas moderadas y las de bienes intermedios registraron una caída de 0.5%" (página 5). Este rasgo ya venia desde 1991.
3. El recorte unilateral del gasto a algunos sectores de la actividad económica
La secretaría de Hacienda le atribuye la caída del sector agrícola en el tomo de Resultados Generales de la Cuenta Pública, Cita textual (página 7): "al retraso de las lluvias y a la reducción de las superficies sembradas de algunos granos básicos".
4. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. IBID, página 6. Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo (PND), 1991, página 81. Banco de México, informe anual, 1991 página 104.
Sin embargo, en nada considera el sobreajuste del gasto del sector agrícola que puede ser constatado, por ejemplo, en la página 52, en la que se nos informa que unilateralmente se dejaron de ejercer 1 billón 63 mil 500 millones de pesos para desarrollo rural, que sí fueron aprobados por la Cámara de Diputados, pero que no fueron gastados por el Ejecutivo. Aquí tenemos una ilustración del simplismo analítico con que se redacta la Cuenta Pública, al que nos referimos al principio de este documento. Y preguntamos... ¿qué no se puede establecer alguna relación entre la caída del producto agrícola y el incumplimiento de las metas del gasto para el desarrollo rural? ¿Es que para el ejecutivo realmente no hay ninguna relación? Nosotros pensamos que es muy posible que si exista, de lo cual se derivan graves responsabilidades para quienes decidieron o permitieron esa falta de ejercicio del gasto, por omisiones en sus funciones Públicas. Este es precisamente uno de los sentidos de que la Cámara revise la Cuenta Pública, fiscalizar la eficiencia en la aplicación de los recursos Públicos. No se encuentra una explicación razonable de por qué se dejaron de ejercer más de un billón de pesos en el campo en un año en que éste se ubica en una situación de crisis. Situación que además no es la primera vez que se presenta durante este sexenio, pues ya antes hemos reclamado en la revisión de la Cuenta Pública casos similares.
El resultado de esta forma de análisis lleva frases hiladas tan sorprendentes como las que enseguida se citan:
Página 54 del tomo de Resultados Generales de la Cuenta Pública: "La estrategia general de desarrollo asigna carácter prioritario a la modernización integral del agro como medio para alcanzar el crecimiento sostenido y mejorar los niveles de vida de la población, particularmente la campesina... "Para dos páginas después (página 56) reconocer que "a pesar de la intensificación de las acciones antes señaladas. La producción de los 10 principales cultivos del país resultó inferior en 12.9% a la obtenida en 1990".
Pero el desarrollo rural no fue el único sector que resintió una política de recortes al gasto por abajo de lo autorizado por la Cámara de Diputados. En las páginas 43 y 52 del tomo de Resultados Generales se encuentra uno algunas otras sorpresas: No se utilizaron la totalidad de los recursos autorizados en las siguientes dependencias del Gobierno Federal: Comunicaciones y Transportes ( - 4.0%), Educación Pública ( - 1.8%), Salud ( - 4.1%), Desarrollo Urbano y Económico ( - 10.1%) y sorpresa... Solidaridad y Desarrollo Regional ( - 20.9%), transferencias a
entidades en presupuesto ( - 16.8%), transferencias a entidades fuera de presupuesto ( - 1.2%) Esto además de lo ya señalado para la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Por otro lado, el Poder Legislativo se quedó sin ejercer - 1.4% de su presupuesto aprobado.
Entre las secretarías y dependencias que se excedieron en el ejercicio de su presupuesto tenemos: Órganos electorales: 49.5%; el poder Judicial el 30.3%; Gobernación el 32.0%; Pesca 41.1%; La procuraduría General de la República el 27.9%; Hacienda y Crédito Público el 7.5%; y las Erogaciones no Sectorizables un 49.6%.
Consideramos que son demasiadas las desviaciones presupuestales, además de que las variaciones respecto al presupuesto original son muy elevadas. A partir de esta situación queremos planear un cuestionamiento de reflexión. ¿Qué sentido tiene que la Cámara de Diputados revise, establezca las condiciones y apruebe el Presupuesto de Egresos de la Federación, si el Ejecutivo Federal, finalmente lo ejerce con toda la libertad de hacer los cambios que a él le parecen convenientes sin respetar los criterios de aprobación de la Cámara de Diputados?
4. Intereses a la Deuda
A pesar de la reducción en los intereses pagados a la deuda pública, estos representaron una cifra de 51.6 billones de pesos, cifra menor que la de 1990 y que la presupuestada originalmente para 1991.
Sin embargo este monto es todavía el doble que el gasto total que se destinó a participaciones a estados municipios en el mismo año, y que fue de 26 billones de pesos.
Durante 1991 el país pagó un total de 8 mil 387.7 millones de dólares por concepto de los intereses de la deuda externa Pública y privada. Esta cantidad es superior a la factura total de nuestras exportaciones petroleras que durante el año ascendieron a 8 mil 166.4 millones de dólares, según datos del Informe Anual del Banco de México de 1991.
No podemos dejar de mencionar que es totalmente injustificable que México esté pagando en este momento tasas de intereses al 6.25% a los "bonos a la par" que fueron renegociados, cuando las tasas Libor del mercado están muy por abajo de esa cifra desde el segundo semestre de 1991.
Después de la renegociación de la deuda pública mexicana, los "bonos a la par", que se habían beneficiado de una reducción de la tasa de intereses para quedar en una tasa fija de 6.25, terminaron a finales de 1991 pagando una tasa bastante más alta que la del mercado, pues la Libor bajó a cerca de cuatro puntos porcentuales, e incluso menos. El Partido de la Revolución Democrática señalo desde la renegociación que el nivel y la extensión de la reducción de la tasa de interés era insuficiente, hoy lo podemos comprobar, porque la deuda pública renegociada con "bonos a la par" está saliendo más cara que la deuda que no fue renegociada y que paga tasas de mercado.
Es claro que fue un error grave de los negociadores mexicanos no haber previsto esta situación que se presentó en el corto plazo, y cuando menos se debió haber negociado una cláusula que estableciera que, en caso de reducirse las tasas del mercado a niveles tales que, incluida la sobretasa que se cobra a la deuda mexicana, al llegar la Libor a tasas menores que el 6.25% en el mercado, se reducirán también las tasas de los "bonos a la par". Al no ser así, en este aspecto, la renegociación le está costando dinero al país, y no le está aliviando la carga, y lo que es más irritante, es que le está resultando un excelente negocio a los bancos comerciales extranjeros, pues nos cobran, un mecanismo que se supone era de ayuda, tasas mayores que las que pueden captar en el mercado.
5. El superávit: un sobreajuste de algunos sectores, no autorizado por la Cámara
Se nos dice en la página 5 del tomo de Resultados Generales de la Cuenta Pública de 1991 que: "El balance financiero del sector Público presentó por primera vez en la historia una superávit, el cual fue resultando, principalmente, de la estricta disciplina presupuestal..."
Se presenta el hecho de que la economía alcanzó por primera vez en su historia un superávit, como un triunfo histórico. No era eso lo que había autorizado la Cámara de Diputados y el Congreso al aprobarse el Presupuesto y la Ley de ingresos para 1991. Más bien se aprobó un déficit fiscal moderado. Para alcanzar el superávit los recortes del gasto fueron mayores que los autorizados, y como hemos demostrado, en algunos casos, presumiblemente de bastante significación social y económica.
Insistimos además en la tesis de que los superávit fiscales no están autorizados por la Constitución, y menos si son decretados unilateralmente por el Ejecutivo: la Constitución atribuye al congreso facultades para el establecimiento de las contribuciones necesarias para financiar el gasto público, no el superávit público.
En síntesis, no es verdad como pregona el Ejecutivo en los Resultados
Generales de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1991, al que se hayan alcanzado los objetivos de fondo de un crecimiento sano. La tendencia no es un crecimiento estable, generalizado y sostenido.
Tampoco consideramos que las fuentes de financiamiento de este desarrollo sean sanas ya que se basan excesivamente en la inversión extranjera, pero sobre este punto volveremos más adelante.
6. Desinflación: sobreajuste corporativo con un alto costo social
La meta inflacionaria establecida para 1991, que era del 14% (5) no se cumplió, aunque ciertamente la inflación se ha desacelerado. Nuestra crítica al proceso desinflacionario consiste en que ha tenido un alto costo social, especialmente en lo que se refiere a los salarios de los trabajadores, los cuales en promedio se encuentran a un valor real menor a la mitad que el que tenían en 1981 - 1982, y aunque en algunas ramas e industrias se puede constatar una tímida recuperación, en la mayor parte de ellas persisten procesos de mayor deterioro, incluyendo el salario mínimo que todavía representa el ingreso máximo del 20% de la población ocupada. Importantes efectos está teniendo también la política antiinflacionaria sobre el empleo.
No podía ser de otra manera con el esquema de supuesta concertación que es el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico (PECE), que desde que se inició y primordialmente en 1991 ha sido en realidad sólo un mecanismo de imposición cupular y corporativo.
El éxito antiinflacionario no está consolidado. Los datos indican una irregular tendencia del índice de precios. Siguen siendo necesarias medidas de represión concertada de los precios ya que sí se dejan sueltos la inflación vuelve a acelerarse. No se han resulto lo que a nuestro juicio son causas más profundas de la inflación: desequilibrios en la estructura económica, lento crecimiento de la productividad, y en especial el desequilibrio de la cuenta corriente de la balanza de pagos.
7. Desequilibrio externo y financiamiento del desarrollo
El análisis de la balanza comercial muestra tres problemas graves:
a) Déficit creciente. En 1991 el déficit comercial incluyendo las ventas netas de las maquiladoras
5. Criterios Generales de la Política Económica, 1991. Cuadro 6
6. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, IBID, página 10 fue de 6 mil 930 mdd (6). Sin contar las maquiladoras fue de 11 mil 064 mdd, triplica el del 1990 fue de 4 mil 139.7 mdd (7) y para 1992 la iniciativa privada pronostica un déficit de entre 14 y 16.5 miles de millones de dólares (8).
b) Las importaciones muestran una desindustrialización creciente y no son como afirma el régimen afecto del crecimiento. Las importaciones globales crecieron 22% cuando la demanda global de la economía sólo creció 4.7% (9). Es verdad que sólo el 14% de las importaciones totales son bienes de consumo final, pero es necesario notar que las importaciones privadas crecieron 38.8% respecto a 1990, con la cual se hace evidente que se está sustituyendo la producción nacional. Por otra parte, el régimen afirma que la mayoría de las importaciones son de bienes de capital y que ello muestran que son afecto del crecimiento, pero el informe del Banco de México muestra claramente que el 64.04% de las importaciones totales son de bienes intermedios, se trata de materias primas que antes se producían en el país, ya que crecen 30% respecto al año pasado y ello es mucho más que el crecimiento de la economía. Las compras en el exterior de bienes de capital significan solamente el 20.6% del total, también crecen más que la economía y significan sustitución de producción nacional. Aún concediendo que ello este significando mejor calidad de materias primas y maquinaria se trata de una desindustrialización del país.
c) El sector exportador es muy reducido. Según el Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, las exportaciones del país descansan en un 66.4% en las ramas metalmecánica y química (10). Recordemos que también el crecimiento global del producto interno bruto en un 3.6% se debe en gran parte al crecimiento de 15.1% de la rama de productos metálicos, maquinaria y equipo. Además todavía tiene gran influencia el precio del petróleo en nuestro comercio exterior. Las exportaciones petroleras en 1991 decrecen en valor en un 19.2% respecto a 1990 y ello lleva a que los ingresos por exportaciones globales sólo aumenten en 0.66% a pesar de que las no petroleras crecen un 13.3% y las manufactureras aumentan 14.9% (11).
7. Banco de México. Tomado del Informe de Ejecución del PND. Página 129.
8. Bufete de Promoción Industrial y Centro de Análisis de Investigación Económica.
9. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. IBID, página 7
10. La jornada. 12 de Marzo de 1992.
11. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. IBID, Página 10.
d) Riesgoso financiamiento de este déficit. El régimen afirma que el déficit no es problema mientras sea financiable y considera que está amarrado de alguna manera a la inversión extranjera que en su mayor parte lo financia, pero no se ven las razones para demostrar que el crecimiento de nuestro déficit comercial tendrá necesariamente una correspondencia cuantitativamente igual con la entrada de inversión extranjera. Ni siquiera la permanencia de los capitales extranjeros en el país está garantizada. Incluso ya hay voces autorizadas en Estados Unidos de América que les preocupa este creciente déficit.
En 1991 el enorme déficit comercial con el exterior y el pago del servicio de la deuda externa, se financia con una enorme entrada de inversión extranjera de 9 mil 897 mdd (12), un endeudamiento neto nuevo con el exterior y una balanza positiva en el turismo. El Gobierno hace cuentas de que el balance final significa una transferencia neta de recursos positiva hacia nuestro país pero se está haciendo depender todo el balance macro de la economía a que se mantenga este flujo de inversión externa. El 64% de la inversión extranjera que entró en 1991 fue inversión extranjera que entró en 1991 fue inversión extranjera en cartera (13). Nuestra estabilidad monetaria y el equilibrio macro, que depende cada vez más de esa entrada de capitales, ésa prendida con alfileres. Esta forma de financiar el desarrollo del país cada vez más sujeto a condicionamientos del exterior. Se argumenta que la inversión en la bolsa no es volátil, pero los hechos hablan por sí mismos. Informes preliminares de la Bolsa Mexicana de Valores indican que entre junio y el 24 de julio de 1992 el capital extranjero invertido en la bolsa disminuyó en 6 mil 800 mdd en buena parte por la depreciación de las acciones, pero a la vez calcula que el 30% de esta disminución se debe a la salida de divisas por 2 mil mdd. En mayo de 1992 la inversión extranjera en bolsa era 26 mil 240 mdd, en junio de 20 mil 640 y el 24 de julio ya sólo de 19 mil 468 mdd. Hasta mayo de 1992 el flujo positivo de capitales había logrado financiar el déficit de la balanza de capitales y el de la cuenta corriente , pero ya en junio no es así. En junio la cuenta de capitales, inversión y deuda, fue deficitaria por 972 mdd. La cuenta corriente , comercio, maquila y turismo, también tuvo un déficit de 939 mdd. Este
12. Secretaría de Programación y Presupuesto. Informe de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo , 1991. Página 127.
13. Calculado con base en Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo , 1991. Página 127.
déficit tuvo que financiarse con disminución de las reservas del Banco de México. Posteriormente las reservas se recomponen con fondos del Fideicomiso de cobertura cambiaría que se finiquita.
8. El empobrecimiento persiste: El salario real
En la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1991 se repite la afirmación ya apuntada por el Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo de 1991: "El crecimiento económico y el abatimiento de la inflación permitieron alcanzar , por tercer año consecutivo, una mejoría en las percepciones reales de los trabajadores". Esta afirmación es falsa.
Los argumentos que ofrecen son engañosos. "Las remuneraciones reales por persona ocupada en la industria manufacturera aumentaron en promedio 4.6%". En el concepto remuneraciones por persona ocupada se incluyen prestaciones y bonos del personal de confianza e incluso de los altos mandos. "El salario medio de cotización del Instituto Mexicano del Seguro Social aumentó 3.1% en términos reales ". De nuevo la información se distorsiona al incluir personal de todo tipo. Además el salario mínimo cae por 15o año consecutivo en un 5.05% si usamos el Índice Nacional de Precios al Consumidor del Banco de México. La referencia del salario mínimo sigue siendo importante. En primer lugar porque la Constitución en su Artículo 123 ordena que debe ser remunerador y suficiente , y ya lo han destrozado. En segundo lugar , porque ,como se dijo antes ,según el Censo de Población de 1990, todavía existe un 20% de la población ocupada que percibe hasta un salario mínimo, por insuficiente que este sea.
El informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo presume y repite que los salarios contractuales de ramas de jurisdicción federal aumentan en promedio en términos reales. Afirma que aumentan nominalmente en un 19.4% en promedio y la inflación de 1991 sólo fue de 18.9%. Sin embargo, las revisiones salariales son en diversas fechas del año y los aumentos deben compararse cada uno con la inflación acumulada desde la última revisión y no con la inflación de enero a diciembre de 1991.
El Informe de 1991 del Plan Nacional de Desarrollo ofrece un tabla de los aumentos de diversas ramas sujetas a contrato Ley durante 1991, pero todo en términos nominales y pesos
corrientes. A un lector ingenuo le queda la impresión de que en varios casos aumentan más que la inflación; pero, repetimos, cada uno debe deflactarse según la inflación acumulada desde la última revisión contractual.
Nuestros propios cálculos, basados en 50 revisiones aparecidas en la prensa 14, revelan que sólo 21 logran aumento ligeramente superiores o iguales a la inflación acumulada desde la última revisión.
9. El Gasto Social
Los objetivos de la política económica hablan del mejoramiento productivo de los niveles de vida de la mayoría y ello lo entienden como generación de empleo y de los satisfactores sociales de bienestar, es por ello que más que la mejora en las percepciones salariales hablan del aumento del gasto social.
Es verdad que ha habido un aumento del gasto social y que en el proyecto de presupuesto para 1991 se dio un nuevo incremento :el gasto proyectado para salud incluso llega a superar como porcentaje del producto interno bruto al gastado en 1982 y el de educación se acerca al de dicho año.
Se puede podría pensar que el ciertamente alto gasto social de 1991:63 billones de pesos, 23.7% mayor en términos reales que en 1990, compensa la caída salarial. Ciertamente era peor la situación cuando a la caída más acelerada de los salarios del sexenio pasado se sumaba una disminución real del gasto social. Pero el gasto social es en gran parte, gasto corriente de las secretarías de Salud y Educación cuyo aumento no se traduce en mejor atención .
En el caso del sector educación uno de los aspectos que ha caracterizado a la actual política educativa ha sido la disminución en las oportunidades de escolarización en todos los niveles del sistema, pues en los dos últimos ciclos escolares, que han correspondido a la actual administración gubernamental, la matrícula general registró en el ciclo 1989-1990 un descenso del orden de 237 mil alumnos respecto al ciclo anterior, y en el ciclo 1990-1991(que es el que estamos analizando) se registró un descenso del orden de 118 mil alumnos respecto al período anterior 15. Este fenómeno de descenso en la
14. Seguimiento de Carlos Angel López Inédito. Cálculo del deterioro salarial de Alberto Arroyo.
15. Salinas de Gortari, Carlos. III Informe de Gobierno, Anexo Estadístico, 1991.
matrícula general, no se había presentado por lo menos en ningún momento de la historia escolar posrevolucionaria. Así, este proceso representa la ruptura con uno de los rasgos del sistema escolar que aún con sus deficiencias cada año generaba oportunidades escolares, lo que incrementaba la matrícula escolar.
En la construcción de espacios educativos se registró un aumento porcentual de sólo el 1.8% 16. El aumento del gasto en este renglón no favoreció pues a la población en general sino en buena parte fue el merecido aumento al sueldo del magisterio.
Salud es casi la mitad de dicho gasto social, 30.2 billones y así significó un aumento importante en instalaciones de 5.8% de personal médico en la 9.1% y de consultas externas en 6%. Sin embargo la cobertura del Instituto Mexicano del Seguro Social solo creció en 1% y la del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado en 2.5% aunque los trabajadores asegurados aumentaron en 5.3% y 2.2% respectivamente.
Un elemento importante es el aumento de la oferta de casas terminadas que creció en 28% pero en términos concretos significan 203 mil 973 que no son nada para la enorme demanda anual de casas - habitación.
En la cuenta pública de 1991 se presumen muchas acciones y gastos en asuntos ecológicos, pero la situación de emergencia vivida en los últimos meses hace innecesario criticar el optimismo gubernamental.
10. El empleo
La cuenta pública afirma que en 1991 aumentó el empleo. Nada más falso e increíble.
En el informe sobre la Evolución de la Economía y la Deuda Pública se reconoce que en 1990 el personal ocupado en la industria manufacturera no creció y en 1991 disminuyó en 1.4%. Ello significa un aumento enorme del desempleo ya que la industria manufacturera no sólo no fue capaz de asimilar a una parte de la población que cada año se suma a los que buscan empleo sino que en números absolutos ocupó menos gente que el año anterior.
16. Secretaría de Programación y Presupuesto. Informe de Ejecución del plan Nacional de Desarrollo, 1991, página 158.
La industria maquiladora de exportación, rama en la que el Gobierno pone grandes esperanzas como generadora de empleos, para octubre de 1991 ha logrado aumentar, pero sólo 50 mil 899 nuevos puestos de trabajo comparado con diciembre de 1990. Por lo demás, tampoco es significativa en el mercado global de trabajo ya que en octubre de 1991 ocupa sólo 497 mil 157 trabajadores que significan el 2% de la Población Económicamente Activa (PEA).
Otro sector tradicionalmente generador de muchos empleos es la industria de la construcción. En Noviembre de 1991 ocupó en su sector formal, 46 mil 706 trabajadores .
El XI Censo General de Población y Vivienda de 1990 ofrece un dato realmente alarmante. De los 24 millones de habitantes que integran la Población Económicamente Activa sólo el 25 % es decir 6 millones cuentan con empleo permanente y remunerado. Esto significa, que el 75 por restante, esto es 18 millones de mexicanos integrantes de la Población Económicamente Activa, o no tienen empleo o se dedican a actividades no permanentes informales y de baja remuneración, lo cual muestra que es urgente la creación de empleos productivos y remuneradores para la población mexicana.
En el futuro la situación tenderá a empeorar por los cambios constitucionales en la legislación laboral y agraria y por la eventual firma del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos de América y Canadá.
La experiencia de Canadá y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de América, lo mismo que la experiencia de integración de la Comunidad Europea ha sido la de un aumento en el desempleo. Oficialmente en dichos países no se niega dicha realidad, pero se dice que a mediano plazo estos tratados tienden a generar más empleos de los que se pierden al principio. Suponiendo que así sea, se generan en sectores diferentes a los que se habían perdido.
En un principio se despide a la gente menos capacitada, hay una gran pérdida de empleos. Después si hay más generación de empleos con la introducción de nuevas empresas y mejores tecnologías, se emplea a gente capacitada, no a los despedidos por baja calificación.
El Tratado de Libre Comercio afectará evidentemente la estructura de la población ocupada al exigir mano de obra más calificada. La nueva tecnología pide nuevas destrezas.
Sin embargo, tenemos un gran reto por delante, pues según el XI Censo de Población de 1990, sólo el 66 % de la Población Económicamente Activa terminó la primaria., y una primaria que no capacita para el trabajo y menos para las nuevas tecnologías.
En suma, en México hay un enorme desempleo y subempleo, y pocos de los ocupados tienen empleo permanente y bien remunerado.
El problema es complejo y difícil de enfrentar. Es necesario capacitar a la que población para encararse al reto de la competencia con el exterior para que lo ofrezcamos no sea sólo mano de obra barata, sino capacitada y competitiva.
Para ello, se debe partir desde la educación y capacitación, las cuales se deben vincular estrechamente a los esquemas de desarrollo industrial y en sentido amplio al desarrollo de la agricultura, a los servicios y en general a todos los sectores que integran a la economía mexicana.
Asimismo, es muy importante que de manera amplia y explícita se incorpore la generación de empleos en la formulación de la política económica a seguir, así como integrar la creación de empleos como objetivos centrales de la inversión privada y pública.
Si se continúa como hasta ahora al no considerar al empleo y los salarios como elementos centrales del desarrollo no será posible avanzar. Solamente si la economía es capaz de proporcionar empleos remuneradores para la población que los demanda, será posible el crecimiento económico y la estabilidad social.
III. Ingresos Públicos
1. Los ingresos producto de la venta de empresas y organismos
Se nos informa en la Cuenta Pública de 1991 en los Resultados Generales, en el capítulo "Política de Gasto", que durante 1991 concluyeron 95 procesos de desincorporación de 95 entidades del sector público, de las cuales 42 fueron vendidas a los sectores privado y social (página 34), además de 34 liquidaciones, 13 extinciones, tres transferencias a gobiernos estatales, y tres que dejaron de considerarse como tales, "de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal de Entidades Paraestatales".
Sin embargo, en el capítulo de "Política de Ingresos" es poco lo que se aclara respecto a las entidades desincorporadas. Incluso, de la
información presentada no se puede concluir cual fue el monto exacto obtenido por la ventas y desincorporaciones, ni se presenta su totalidad separada de otros ingresos del sector público.
Así, por ejemplo, en la página 21 se hacen algunas comparaciones de los ingresos del Gobierno Federal, una vez que se le excluyen los ingresos derivados de la venta de Teléfonos de México y de las instituciones bancarias (29.9 billones de pesos), pero a este subtotal no se le reducen los ingresos de las ventas restantes de organismos y empresas, que como en la misma Cuenta Pública se informa, sumaron 42.
A continuación se presentan algunos cuestionamientos que este tema hizo resurgir, así como algunas insuficiencias en la información presentada por la Cuenta Pública de 1991:
Cuáles son los ingresos del Gobierno Federal sin considerar ninguno de los productos de la venta de las 42 empresas y organismos vendidos. Entendemos que entre éstas 42 están , además de Teléfonos de México y las nueve instituciones bancarias, Altos Hornos de México y la Siderúrgica Lázaro Cárdenas.
Cómo se comportó esta cifra, en términos reales, respecto a la correspondiente de 1991.
Cuáles son los ingresos totales que estas ventas produjeron al sector público presupuestal.
Cuáles son cada una de las entidades vendidas, y cuanto se obtuvo por cada venta.
Se señala que las empresas fueron vendidas al sector privado y al sector social: no se especifica cuáles le fueron vendidas al sector social, y qué empresas u organismos conforman este sector social, y cuál fue la participación del capital extranjero en esta compras de empresas estatales.
Las cantidades precisas de esta ventas no se presentan detalladas, sino que en el cuadro de la página 24, en el renglón de aprovechamientos aparecen agregadas y confundidas con los montos regulares de aprovechamientos.
2. Ingresos tributarios petrolizados
Ciertamente se ha reducido el peso cuantitativo de los ingresos tributarios en los ingresos totales del sector público, pero Petróleos Mexicanos sigue siendo el principal contribuyente del país. Los ingresos fiscales del país siguen petrolizados, aunque en menos medida que antes.
De los ingresos totales del Gobierno Federal la aportación de Petróleos Mexicanos representó el 23.4%, según lo que se plantea en la página 21 de la Cuenta Pública. Si se excluyen los ingresos provenientes de las ventas de Teléfonos de México y de los bancos, la proporción aumenta al 30%. ¿A cuánto llega la proporción si se excluyen todos los ingresos por ventas de organismos y empresas?
3. Un sistema impositivo inequitativo
Se insiste en la Cuenta Pública de 1991 que las reformas fiscales de los últimos años han llevado a crear un sistema fiscal equitativo, que reparte las cargas y los costos del peso fiscal, entre las personas y los sectores productivos (página 20).
Tenemos la convicción de que el sistema fiscal mexicano es bastante regresivo: de hecho, se puede demostrar que grava en una mayor proporción a los sectores medios y bajos de la población, que a los sectores de más altos ingresos.
Así, la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática de 1989, da cuenta de que, los deciles de mayores ingresos de la población, concentraban el 55% del Ingreso Nacional. Mientras que los ocho deciles de menores niveles de ingresos sobrevivían con el 45% del Ingreso Nacional.
El Ingreso Nacional Disponible en 1989 fue aproximadamente el 86% del producto interno bruto. Si suponemos que esta proporción siguió constante para 1991, tendríamos un Ingreso Nacional Disponible en 1991 de aproximadamente:
4.x 0.85= 724.8655 billones de pesos
De este total , el 55%, o sea la cantidad de 398.676 billones de pesos, representa los ingresos totales de las familias de los deciles más altos en la escala de ingresos.
Si consideramos que el total recaudado del ISR llegó a 46 billones de pesos, y que esta cifra representa apenas el 5.4% del producto interno bruto, y que de esta cifra se descuenta lo pagado por los trabajadores y lo correspondiente a premios, entonces, según se informa en el Anexo Estadístico de la Cuenta Pública, página 7, queda un monto total de impuesto sobre la renta recaudado por 24.6 billones, es decir que las familias de los dos deciles más altos de la escala de ingresos del país sólo pagan impuestos sobre la renta por el 6.2% de sus ingresos.
Si consideramos que los dos deciles de familias de más bajos ingresos no pagan el ISR y de acuerdo con la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares este grupo concentra apenas el 4.39 del ingreso disponible total, tenemos que este sector de las familias tuvieron ingresos totales por:
5.x0.0439= 31.822 billones de pesos
Si consideramos entonces los ingresos disponibles totales de los seis deciles que van del 3o. al 8o., de menor a mayor ingreso, establecemos que del decil segundo al octavo tenemos los ingresos disponibles anuales por aproximadamente 294.3675 billones de pesos, y si recordamos que los trabajadores pagaron 18.4 billones de pesos del ISR (página 7 del Anexo Estadístico de la Cuenta Pública), tenemos que entre los deciles 2o. y 8o. se pagó una proporción del 6.25% de los ingresos , que es una proporción mayor que la de los deciles de mayores ingresos .
Se demuestra así la regresividad del ISR mexicano.
4. Información insuficiente
Los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público(SHCP) conocen desde la LIV Legislatura la solicitud del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de contar con la información agregada del número de causantes en el país, por tipo de impuesto, por entidad federativa, por niveles de ingresos y de aportaciones al fisco. Hemos sostenido que el Congreso no puede legislar sobre ingresos públicos sin esta información, y nos ha sorprendido la respuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de que al menos hasta diciembre pasado, carecen de esta información, por lo cual es muy difícil de entender como realizan las estrategias impositivas, y como hacen los cálculos que permiten llegar a las cifras que se plantean en las iniciativas de Ley de Ingresos de cada año. Esta información, por supuesto está ausente en la Cuenta Pública, pero será un renglón muy importante para analizarlo: como evolucionaron los causantes en el país en determinado año.
Si atendemos al impuesto sobre la renta, notamos que la evolución de los ingresos presupuestales totales ascendieron a 256.5 billones de pesos: 11.8% real mayor que 1990, y 17.3% respecto al estimado en la Ley de ingresos.
El Partido de la Revolución Democrática propuso en dos ocasiones en 1991 desgravar hasta dos salarios mínimos pero la propuesta del Partido de la Revolución Democrática fue rechazada por el Gobierno Federal. En cambio, se decidió crear el mecanismo al que llamaron subsidio fiscal, que no exenta 4totalmente del pago del ISR a los niveles de ingreso mayores a un mínimo y que además complica los cálculos de las cantidades a pagar, al revés de simplificarlo.
De hecho, al pagar el ISR, causantes con ingresos apenas superiores a un salario mínimo de hoy, y tener éste un tercio de capacidad adquisitiva real respecto a la de 1981-1982 están pagando impuestos causantes que hoy perciben ingresos reales menores al equivalente a un salario mínimo de 1981-1982. De hecho, al haberse reducido tanto el número de personas con un salario mínimo o menos, ha aumentado el número de causantes del ISR, por más que se les haya otorgado un subsidio fiscal.
IV. Deuda pública
El año de 1991 constituye un cambio en las economías de América Latina. Problemas con el estancamiento económico y el peso de la deuda externa por fin comienzan a presentar una luz en el camino. En 1991 el producto per capita crece, la inflación es contenida aunque no resuelta, y la transferencia de capitales comienza a ser positiva para nuestro país. Sin embargo, subsisten y se crean elementos que en el corto y en el mediano plazos ponen en peligro los avances que la política oficial ha alcanzado.
Nuestro objetivo es señalar una serie de indicadores económicos que evidencian una situación de desequilibrios profundos, aún cuando existan logros parciales a los que se les ha dado una ponderación mucho mayor que la que les corresponde. Buscamos llamar la atención en estos focos rojos que indican la necesidad de no continuar por el mismo camino.
Uno de estos focos lo constituye la política de deuda seguida y la permanencia del desequilibrio externo.
En primer lugar debemos considerar que el modelo económico seguido desde 1982 hasta la fecha es el mismo, si bien hoy se encuentra en una segunda etapa "la de despegue y recolección de los frutos".
1991 constituye quizá uno de los mejores años para los encargados de la política económica nacional. Ello se explica por la renegociación de la deuda externa pública, la cual dio como resultado el Paquete Financiero 1989-1992 y por el decremento en las tasas de interés tanto nacionales como internacionales.
Así, según el Informe sobre la Situación Económica y las Finanzas Públicas, correspondiente al cuarto trimestre de 1991, el pago de intereses por concepto de servicio de la deuda externa resultó inferior en 6.1% al correspondiente al mismo lapso de 1990 (página 16).
No obstante, que las tasas de interés internacionales descendieron, la Reserva Federal de Estados Unidos de América disminuyó su tasa de descuento en 3.5% en diciembre de 1991; la tasa preferencial se redujo un punto porcentual para cerrar el año en 7.0%; y las tasas Libor a tres y seis meses bajaron 0.98 y 1.18 puntos porcentuales respectivamente, para colocarse en 4.63 y 4.58% esta ventaja no fue aprovechada en su totalidad, en la medida de que previamente los negociadores mexicanos, con Salinas a la cabeza, fijaron en la "histórica renegociación" de 1990, una tasa de 6.25% para algunos acreedores.
Para afrontar los pagos del servicio de los pagos de la deuda externa, el FMI, en combinación con las autoridades financieras de los países deudores, diseñó un modelo de ajuste que implica una recesión provocada por recortes al gasto y a la inversión pública, restricción del crédito, alza en las tasas internas de interés y contención de los salarios reales, todo ello, con objeto de reducir la demanda global y las importaciones, al mismo tiempo que mediante devaluaciones sucesivas, se estimulan las exportaciones y se asegura la transferencia de divisas y recursos reales a los países acreedores. Como para pagar el servicio de la deuda pública externa, el Gobierno debe destinar parte de su presupuesto para adquirir divisas, no sólo tiene que reducir su gasto, comprimir sus actividades y hasta vender activos, sino además tiene que endeudarse en el mercado interno. En consecuencia los gobiernos han generado un segundo monstruo: el de la deuda interna. Como ésta tiene que colocarse entre el propio sector financiero, el empresarial y las gentes de mayores ingresos , se ha estimulado a las actividades especulativas en detrimento de las productivas y se ha acentuado la ya de por sí inequitativa distribución del ingreso.
Por ejemplo, América Latina, cuya deuda era inferior a los 300 mil millones de dólares en 1982, pagó 148 mil millones de dólares de servicio en los siguientes seis años y, no obstante su saldo era mayor en 1988, mientras los nuevos préstamos que recibió fueron insignificantes.
Las políticas de ajuste impuestas por el FMI a los países deudores pobres han sido recesivas, devaluatorias y consecuentemente inflacionarias.
Junto con los programas de ajuste se ha impuesto un programa de cambio estructural consistente en obligar a los países endeudados a eliminar cuotas y aranceles a la importación, es decir abrir las fronteras al comercio exterior, y fomentar ilimitadamente las exportaciones. Por ejemplo, en México esta política ha generado simultáneamente una invasión de productos extranjeros de dudosa calidad, que han significado el cierre de empresas industriales nacionales.
Sin embargo, en la práctica el ajuste ha resultado desbalanceado y sumamente inconveniente. Se basa en medidas monetarias, fiscales y de contención salarial que tiene por objeto deprimir la demanda, descuidando la oferta, es decir el sistema productivo que es donde radican los problemas de los países en desarrollo. Se necesita un nuevo enfoque a las condicionalidades, tanto del Fondo Monetario Internacional como del Banco Mundial, para que se pueda restablecer el equilibrio global del desarrollo y no sólo el de la balanza de pagos.
El servicio de la deuda requiere que los países deudores sean permanentemente superavitarios para poder efectuar la transferencia real de recursos que implica. Esto sencillamente no es posible bajo ningún escenario razonablemente previsible. Dada la corresponsabilidad que existe entre los actores del drama (gobiernos de los países deudores, banca internacional privada, gobiernos de países acreedores e instituciones financieras internacionales) se necesita idear un esquema de borrón y cuenta nueva.
La medida de arranque debe consistir en suspender el servicio de la deuda externa hasta que no se llegue a una negociación equitativa y realista que permita ajustar la carga del servicio de la deuda a la capacidad de pago del sector externo de los países deudores con objeto de recuperar su crecimiento y su calidad de sujetos de crédito de la banca internacional. El alivio de la carga de la deuda acumulada, es decir su ajuste a la capacidad de pago, requiere reconocer pérdidas que deben compartirse con los acreedores.
Para el caso de México, el problema del desequilibrio externo no se ha solucionado, al contrario éste persiste y tiende a agravarse. En 1991 el valor de nuestras exportaciones no alcanzó a cubrir ni el 70% de las importaciones, así, el déficit de la balanza comercial ascendió a 11 mil 181.7 millones de dólares, el más alto en toda América Latina, y casi el triple de lo obtenido un año antes.
De esta forma, la economía mexicana no cuenta con recursos propios para el pago del servicio de la deuda externa, el déficit en cuenta corriente llegó a 9 mil 857 millones de dólares en los primeros 10 meses de 1991 (Secretaría de Programación y Presupuesto Informe sobre la Situación Económica y las Finanzas Públicas. Acciones y Resultados del Cuarto Trimestre de 1991, página 22).
Este creciente desequilibrio manifiesto en el enorme déficit comercial, y el pago del servicio de la deuda externa se financió con la entrada de 9 mil 897 millones de dólares de inversión extranjera (Secretaría de Programación y Presupuesto. Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, 1991, página 127), con un endeudamiento externo neto de 2 mil 530.3 millones de dólares (Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Informe Sobre la Evolución de la Economía. La Deuda Pública, página 63) y una balanza positiva en turismo de 1 mil 950 mdd(Secretaría de Programación y Presupuesto Informe de Ejecución Plan Nacional de Desarrollo, página 134).El Gobierno sostiene que el balance final significa una transferencia neta de recursos positiva hacia nuestro país a noviembre de 1991 por 7 mil 434 mdd(Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Informe sobre...página 22) y que el déficit comercial no es problema porque éste es financiable. Esto significa, asegura el Gobierno, que aún con nuevos préstamos del exterior, nuestra deuda como proporción del producto interno bruto ha disminuido; que la mayor parte de las importaciones son para fortalecer la planta productiva del país; y que el déficit ésta amarrado de alguna manera(no logra explicar cómo) a la inversión extranjera que en su mayor parte lo financia.
Así, en el tomo de Resultados Generales de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1991, concluye "a tres años de iniciado uno de los procesos más exitosos de negociación de deuda externa la transferencia neta de recursos al exterior dejó de constituir un obstáculo para estabilizar la economía y estimular el crecimiento. Los esfuerzos en tal sentido se desarrollan hoy sobre bases más firmes propiciando que la economía sea más grande y la deuda más pequeña".
Frente a estos argumentos oficiales deseamos hacer las siguientes observaciones:
1) La deuda externa no es más pequeña como se asegura, en vista de que su monto se está comparando con un producto interno bruto medido en pesos sobrevaluados y que por lo tanto está también sobrecalentado. El deslizamiento del tipo de cambio del peso con el dólar, no ha reflejado desde hace ya muchos meses la diferencia de la tasa de inflación entre México y Estados Unidos de América.
2) En la composición de importaciones del sector privado, en 1991, el 64.6% correspondió a insumos y solamente el 22.3% fue de bienes de capital en sentido estricto.
3) En 1991 ingresó al país un monto de 9 mil 897 mdd de inversión extranjera (Secretaría de Programación y Presupuesto. Informe de Ejecución..., página 127). La composición de esta inversión fue la siguiente: la industria sólo atrajo el 9.74% de la nueva inversión, mientras que los servicios captaron el 30.6% y la bolsa de valores el 64%.
Varios funcionarios gubernamentales han insistido reiteradamente en que esos capitales colocados en bolsa de valores, más de 6 mil millones de dólares para 1991, están ahí fijos y no debemos preocuparnos. Sin embargo, es necesario recordar la enorme volatilidad que tienen estos recursos no solamente en México sino en el mercado internacional.
Es importante también, tener presente que cada dólar que ingresa a México busca una rentabilidad por lo menos igual o superior a la que tendría en Estados Unidos de América, Europa o Japón, por tanto esta transferencia de recursos irá necesariamente acompañada de una transferencia de utilidades al país de origen. Es así como no podemos concluir que se está transfiriendo ahorro del exterior a México. No solamente estamos transfiriendo 14 mil millones de dólares por concepto de servicio de la deuda externa sino que estamos transfiriendo varios miles de millones de dólares por concepto de utilidades de la inversión extranjera directa instalada en México.
La tendencia no está cambiando. Para marzo del presente año ingresaron al país 3 mil 039.3 mdd de inversión extranjera directa de los cuales mil 691.2, el 55.64%, lo hizo a través de la Bolsa Mexicana de Valores.
Es así como queda sin demostrar que el crecimiento de nuestro déficit comercial tendrá necesariamente una correspondencia cuantitativamente igual con la entrada de inversión extranjera. Ni siquiera la permanencia de los capitales extranjeros en el país está garantizada.
ANÁLISIS SECTORIAL
V. Sector desarrollo rural
1991 no es sólo el tercer año del actual sexenio, el que marca su mitad; es también el "año cero" del proyecto salinista de modernización del campo. Después está 1992, el año actual, que es el "año uno" de este proyecto que necesitaba para su arranque la reforma del artículo 27 de la Constitución y de toda la legislación agraria. Fueron tres años de tanteos, de elaboración y anunciación del proyecto modernizador que por fin se vio concretado a fines de 1991, para su arranque en el presente año.
El Partido de la Revolución Democrática ya había señalado, que el Gobierno Federal tenía la intención de una política deliberada de abandono al desarrollo rural, intención que siempre fue negada por los representantes del Ejecutivo ante esta soberanía. Contribuir a la ruina del ejido para luego flexibilizarlo por vía legislativa; debilitar todos los instrumentos públicos de fomento al sector agropecuario, para abrir campo a su privatización; dejar que avanzara la descapitalización del campo para justificar su entrega a la mano salvadora del gran capital mercantil y financiero nacional y extranjero, ha sido una política perseverante practicada desde el sexenio anterior. Con una diferencia respecto de la actual administración: durante el Gobierno de Miguel de la Madrid se explicaba la reducción del apoyo oficial al campo, como una necesidad debido a la crisis financiera, y el Gobierno actual convirtió esa necesidad en virtud, en un cambio estructural propicio para el proyecto de modernización que vendría.
En 1988 se había tocado fondo en lo referente a la crisis agrícola y a la reducción del apoyo oficial al campo. Pensamos que a partir de ese año, sobre todo con el pregonado saneamiento de las finanzas públicas habría una rectificación de la política de abandono al desarrollo rural, un ascenso de los apoyos, pero al comparar lo hecho en 1991 con el último año del sexenio del sacrificio (1988), nos percatamos que se dio otra vuelta de tuerca, que se profundizó en una línea de continuidad de la política anterior. Pero ahora ya, con la clara intención de abrir el paso a una modernización que vendría con la apertura comercial y con la libre entrada del gran capital privado a la propiedad y uso de la tierra agrícola, abandonando el proyecto campesinista de la Revolución. Hemos cuestionado esa intención del proyecto modernizador y hemos señalado también que de la intención al hecho puede haber un largo trecho en el cual se agudice la crisis económica del campo mexicano.
Ya en el análisis de la Cuenta de la Hacienda Pública de 1988 correspondiente al sector rural, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática después de precisar la disminución en términos reales y respecto al gasto total y programable del Gobierno del gasto destinado al desarrollo rural, que llegó en ese año al punto más bajo de la década señalaba la verdadera intención de esa política, en contraste con la justificación financiera que entonces expresaba el Ejecutivo. Decíamos "en realidad, la política de abandono al sector rural corresponde perfectamente a la política de cambio estructural practicada desde hace siete años y se llama de modernización. Esta política justifica el abandono e incluso la eliminación de aquellos sectores o ramas de actividad que no sean eficientes. La eficiencia se debe manifestar, según el criterio modernizador, en una productividad similar a nuestro principal referente externo que es la economía de Estados Unidos de América. Esto es, si los agricultores mexicanos no son capaces de producir al nivel de productividad y precios que Estados Unidos de América, entonces es preferible gastar en importar alimentos que en fomentar la producción agrícola nacional". .1.
Los objetivos manifiestos en el documento que presenta la situación del sector desarrollo rural en la Cuenta Pública de 1991 son: propiciar la suficiencia alimentaria, reducir las importaciones y cubrir la demanda de insumos indispensables en otras actividades económicas.
Consideramos importante recordar esta metas en la medida de que intentaremos demostrar que no se han cumplido y que no ha habido disposición de las autoridades encargadas de la política económica por realizarlas.
Esta incongruencia queda evidenciada al comparar los resultados obtenidos en este sector en 1991 con los de 1990. Como resultado de un buen año agrícola pero sobre todo por una política de impulso , en 1990 se experimentó una cierta mejoría en la producción de este sector. El crecimiento del producto interno bruto sectorial fue de 3.4%, una de las tasas más altas, cuando menos desde 1985. La producción de granos básicos se incrementó 18.3% respecto a 1989 .2. En materia de rendimiento destacó el desempeño en maíz, frijol, sorgo y soya, que en
1. Voto Particular del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática sobre la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente a 1988.
2. Salinas de Gortari, Carlos. III Informe de Gobierno, 1991, México.
conjunto registraron un aumento del 9.0% y el frijol alcanzó un aumento en el rendimiento de 35%, en ese mismo período. 3
Los precios de garantía del maíz y del frijol se incrementaron en 1990, en relación a 1989, 46% y 57.1%, respectivamente. En ambos casos el aumento fue superior a la inflación por lo que resulta un aumento real en los ingresos de los productores. .4
El crédito otorgado por la banca al sector agropecuario se incrementó en 21.6% en 1990 respecto a 1989. La banca comercial incrementó su participación en 29.6%, interviniendo con el 62% del crédito total. Por su parte, la banca de desarrollo incrementó su participación en 10.5%, interviniendo con el 38% del crédito total.
Estos elementos aunque decididamente insuficientes para garantizar un repunte sostenido de la agricultura, sin duda contribuyeron a la obtención de estos resultados positivos, confirmándose la necesidad de que el sector público dé apoyos al campo, contribuyendo a su recapitalización, dentro de un programa integral de rescate de este sector.
Sin embargo, el retorno a las estrictas políticas neoliberales provocaron que el producto interno bruto sectorial se desplomara en 1991 hasta 1.4% respecto al año anterior. Este decrecimiento se dio principalmente en el último trimestre ya que en octubre de 1991 el producto interno bruto agropecuario creció 2.2%.
Si el gasto en desarrollo rural en 1988 llegó a su punto más bajo respecto de 1980, cerrando así la década perdida, el de 1991 se redujo aún más. Es menor al de 1988 en un 11% en términos reales. Es menor también el gasto de 1991 respecto al de 1990 en un 12.3%, según la Cuenta Pública de 1991. La participación del gasto en desarrollo rural respecto del producto interno bruto desciende del 3.1% en 1980 al 1% en 1988 y en 1991 se ubica en sólo el 0.8% del producto interno bruto.
La participación del gasto en desarrollo rural en el total del gasto programable del sector público, representa en forma más precisa la política hacia el sector. Una vez que se ha determinado el volumen disponible de gasto, después de separar el pago del servicio de la deuda
3. IBID, página 213
4. IBID, página 124
pública y las transferencias a estados y municipios, se ha decidido destinar una parte cada vez menor del gasto al desarrollo rural. Esto refleja una línea política deliberada, unilateralmente decidida por el ejecutivo: la de considerar una menor importancia al gasto que se destina a este sector. Eso es lo que ha sucedido en nuestro país. En 1980 se destinaba el 12% del gasto programable al sector desarrollo rural; en 1988 se dedicó a este sector sólo el 5.4% y en 1991 se llega al punto más bajo: sólo el 4.7% del gasto programable se asigna al sector desarrollo rural. En 1991 el gasto ejercido fue menor en un 13.5% respecto de lo aprobado por esta Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos. Se aprovechó la desaparición de la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera (ANAGSA) para ahorrar más dinero, sin considerar las necesidades de apoyo financiero al campo. No se transfirieron esos fondos hacia otros renglones del desarrollo rural. Otro dato importante tiene que ver con la infraestructura agrícola tan deteriorada. Lo ejercido en 1991 para infraestructura correspondiente a nuevas áreas de riego, logró la incorporación de una superficie menor en un 42.7% a lo programado, y menor también a lo realizado en 1990, en un 35.4% que son porcentajes bastantes significativos.
Desde luego, con esta política no se puede superar la crisis agrícola. De acuerdo con cifras del anexo estadístico del III Informe de Gobierno se registró en 1991 una reducción de la producción de los nueve principales cultivos de 3 millones de toneladas, que equivale a una caída del 10.8%. La evolución general de la agricultura en los últimos 10 años se puede caracterizar como estancamiento productivo. Lo cual de por sí es una cuestión grave ante el crecimiento de la población y la acumulación de graves deficiencias alimentarias. Para evitar las alteraciones por años agrícolas muy buenos o muy malos por razones climáticas, observamos el volumen de producción promedio de los principales cultivos, en los periodos 1980-1985 y 1986-1991 (incluye las cosechas de maíz, sorgo, trigo, frijol, arroz, cártamo, soya, ajonjolí y cebada). En el primer período el volumen de producción promedio anual fue de 25.2 millones de toneladas , y en el período 1986-1991, de solo 24.3 millones de toneladas. En el trienio 1989-1991, que abarca la primera mitad del actual sexenio, el promedio anual es de 24.5 millones de toneladas, a pesar de que el año agrícola de 1990 fue excepcionalmente bueno por el temporal de lluvias.
De esta forma, la producción de los 10 principales cultivos del país en 1991 fue de 24 millones 220
mil toneladas, lo que significa un decremento del 12.9% respecto a 1990. Los productos que sufrieron mayor contracción fueron el cártamo con un decremento del 49.4%, el sorgo con 29.3% el arroz con 14%, el ajonjolí con 35% y el maíz con 14.7%. En tanto el frijol aumento 6.7% .5
La importación de los principales cultivos ascendió a 4 millones 144 mil 402 toneladas(sin datos para el arroz), experimentándose un decremento de 53.3% respecto a 1990. Destacan la disminución en la importación de frijol que fue de 93.5%, la del maíz de 74.2% y la de sorgo de 38.8%.
El hecho de que la producción de maíz y frijol haya sido tan baja en 1991, incluso negativa en el caso del maíz, y de que las importaciones de estos productos se hayan contraído sensiblemente, nos lleva a suponer que su consumo ha seguido siendo castigado.
En 1991, a diferencia de 1990, los precios nominales de garantía suben por debajo de la inflación por lo que decrecen en términos reales. El precio de garantía del maíz en 1990 fue de 636 mil pesos por tonelada y en 1991 pasó a 715 mil pesos por tonelada, experimentando un incremento de sólo 12.4%. El del frijol fue de un millón 850 mil pesos en 1990 y de dos millones 100 mil pesos en 1991, siendo el incremento del 13.5%. El contraste entre el incremento de 1989 a 1990 y de 1990 a 1991 salta a la vista .6
Como consecuencia, la superficie sembrada de maíz fue menor 4.7% en 1991 y la de frijol 4.3%. La superficie sembrada de los principales cultivos fue de 14.308 millones de hectáreas en 1991 y de 13.292 millones en 1991, es decir hubo un decremento del 7.1% .7
Una de las manifestaciones más graves de la crisis agrícola es la falta de progreso técnico en el campo, que se expresa en el estancamiento de los rendimientos por hectárea de los principales cultivos: de 1980 a 1991 no hubo aumentos significativos en los rendimientos por hectárea de prácticamente ninguno de los cultivos básicos. En este caso encontramos al maíz, cuyo rendimiento por hectárea fue de 1.8 toneladas en 1980 y de 1.9 en 1991; al frijol, cuyo rendimiento por hectárea fue de 600 kilos por hectárea y
5. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 1991.
6. Salinas de Gortari, IBID.
7. IBID, página 212.
de 625 en 1991; al cártamo que se redujo de 1.2 toneladas por hectárea en 1980 , a sólo 992 kilos en 1991. En los demás cultivos los rendimientos se mantuvieron sin mejoría. Estamos entonces ante una situación de estancamiento tecnológico en la agricultura.
A pesar de ello, el presupuesto ejercido en proyectos y acciones de desarrollo científico y tecnológico apoyados por el sector agropecuario y forestal fue de 494 mil 434.7 millones de pesos en 1991 y de 431 mil 009.1 en 1990 en pesos corrientes. Es decir, en 1991 se ejercieron 417 mil 596.88 millones en pesos de 1990, constituyendo una tasa anual real de decrecimiento del 3.11% .8
Según los datos presentados en el documento de estudio, en los servicios de asesoría , estudios e investigación otorgados por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en este año de análisis se ejerció un presupuesto de 28 mil 588.9 millones de pesos registrándose lo que llaman una "economía" de 10 mil 203.9 millones de pesos, respecto a la asignación de recursos definitiva que fue de 38 mil 792.8 millones de pesos. No coincidimos con la idea de "ahorrar" recursos que ya fueron asignados y mucho menos en áreas que, como vemos, juegan un papel fundamental en el desarrollo del sector rural.
Asimismo nos parece inaceptable que programas de la talla del "Programa Estratégico de Fomento a la Producción de Maíz" no aprovechen en su totalidad los recursos que le fueron asignados. Este programa contó con un presupuesto original de 2 mil 136 millones de pesos y sólo ejerció 1 mil 946 millones de pesos, registrándose una contracción del 9%, dejándose de lado las enormes necesidades de alimentación que padece el país .9
No obstante, aunque este incumplimiento de metas es ya de por sí rechazable, existen casos en los que además del incumplimiento de objetivos no queda claro qué sucedió con los recursos
8. IBID.
9. En un estudio reciente elaborado entre mayo y octubre de 1991 por el despacho API consultores, a petición del Consejo Consultivo del Programa Nacional de Solidaridad y cuyo nombre es Combate a la Pobreza - vertiente alimentaria, se asegura que el 60% de los mexicanos padece desnutrición , que 20% de niños que nacen, padecen desnutrición y que la tasa de mortalidad ascendió a 118.5 por cada 100 mil nacidos en la última década, siendo superior a las registradas en Panamá, Costa Rica y Cuba.
asignados para su cumplimiento. Tal es el caso del programa de "liberación de abejas reinas para el combate de la abeja africana" en donde la meta original era liberar 300 mil abejas habiéndose soltado únicamente mil, elevándose a 99.7% el incumplimiento de esta meta. Pero este caso no limita a este incumplimiento . El presupuesto original asignado al programa ascendió a 5 mil 370 millones de pesos, a pesar de no haberse cumplido prácticamente, se ejercieron 5 mil 706 millones de pesos. Lo mismo ocurre con la meta de "construcción de obras para incorporar superficies a la producción agrícola que ascendía a 13 mil 050 hectáreas en el proyecto original y que sólo alcanzó 3 mil 850, habiendo una variación de -70%. Sin embargo, este incumplimiento no fue obstáculo para ejercer 593 millones de pesos de los 594 mil que le fueron asignados originalmente. Así como estos dos ejemplos existen muchos más dentro del análisis estudiado.
Coincidimos en que debe haber flexibilidad en la realización de las metas pero este rango de acción no puede justificar que existan programas que no cumplan ni con el 50% de sus objetivos. El incumplimiento de éstos lleva a la conclusión de la existencia de serias anomalías como la falta de planeación tanto antes como después de la aprobación de cada presupuesto y evidentemente de desviación de recursos.
En México se ha experimentado un acelerado deterioro de los bosques. La irracional sobreexplotación de nuestra riqueza forestal realizada por grandes empresas privadas, lo mismo que la falta de asistencia técnica para comuneros y pequeños productores forestales, ha traído como consecuencia esa degradación de nuestros bosques y en algunos casos la destrucción de irrecuperables sistemas ecológicos. No obstante, en la Cuenta Pública de 1991 observamos que disminuye la asistencia técnica a productores forestales en un 69.1% respecto a 1990, y en 48.5% respecto a lo programado y aprobado por el Congreso de la Unión. También la cantidad de hectáreas reforestadas fue 8.0% menor a lo programado.
En cuanto a la asistencia técnica en áreas de temporal y riego, efectivamente hubo un incremento en la afectación de hectáreas de 63.2% en las zonas de temporal respecto a 1990, aunque no se cumplió la meta original en 7.3%. Por su lado, la asistencia a áreas de riego decreció en un 29% respecto a 1990 y aumentó 11.6% respecto a las metas originales.
La explicación de esto la encontramos en el hecho de que la apertura comercial llevada a cabo de manera unilateral por el régimen ha afectado severamente a los productos de exportación, los cuales se localizan principalmente en áreas de riego. Como consecuencia de esta apertura la producción de sorgo disminuyó en 1991, respecto a 1990,27%; el arroz 17.7%; el huevo 6%; y el durazno se estancó.
La política de reducción del apoyo económico del sector público al sector rural ha tenido en los últimos años, distintos modelos de explicación o justificación. El primero, ya obsoleto, es que el Gobierno disminuía su apoyo al campo por falta de recursos financieros, ante el enorme problema de la deuda pública. Cuando se observó que la disminución era incluso después del pregonado saneamiento de las finanzas públicas y disminución del peso de la deuda, se continuó con la misma política cayó por su propio peso ese argumento.
Un segundo argumento, mas sofisticado es que más importante que aumentar la transferencia de recursos del sector público al campo, es una reforma institucional que mejore la administración de esos fondos con una mayor y más efectiva participación de los propios productores organizados en la gestión de los recursos. Nosotros apoyamos una reforma institucional con esos objetivos pero consideramos que una cosa no suple a la otra. Una mejor y más democrática administración no suple la necesidad de mayores recursos públicos al campo, sólo los hará más eficientes. El tercer argumento nos da la verdadera razón de esta política. Se trata de que el Estado se retire para abrir cancha al gran capital privado. Ante la descapitalización del campo, que es la principal causa de su crisis, la capitalización no podrá venir más que del gran capital financiero y comercial, nacional y extranjero Así, la necesidad se vuelve virtud , genera las condiciones del proyecto de modernización. El diagnóstico en que se basa esta solución es sólo parcialmente cierto. Nadie niega que la descapitalización del campo es real, pero ¿a que se debe esa descapitalización?
El Gobierno no ha expuesto una respuesta correcta a esta pregunta. De ahí que su diagnóstico acerca de la crisis rural no sea certero. Su idea de descapitalización del campo es doblemente parcial:
En primer lugar no considera las causas que han determinado la caída de la acumulación interna que depende de las condiciones que determinan la rentabilidad de la propia actividad agrícola. En el campo, como en cualquier actividad económica, la fuente interna de acumulación de capital
es a la larga más importante y decisiva. La intención del Gobierno es resolver el problema de la descapitalización del campo mediante reformas a la legislación agraria que propicien la entrada de capital externo al sector, antes de enfrentar la problemática que ha provocado la caída de la rentabilidad propia.
En segundo lugar, el Gobierno no valora con objetividad las fuentes externas que pueden contribuir y han coadyuvado históricamente a la capitalización del sector agrícola en nuestro país. La inversión pública, la banca de desarrollo y otras instituciones culturales formadoras del capital humano, han sido, con mucho, factores externos de capitalización en el campo mexicano, más importantes que el capital privado financiero o comercial.
IV. Sector pesca
Nuevamente nos encontramos con que para ejercer la función constitucional de fiscalización del uso de los recursos ejercidos por la Secretaría de Pesca existen serias lagunas informativas que pretenden ser sustituidas por la retórica triunfalista e irresponsable que tienen los informes oficiales.
Sin embargo el Partido de la Revolución Democrática tiene profundas dudas acerca de que tal triunfalismo corresponda con la realidad.
La Cuenta de la Hacienda Pública Federal nos señala que durante 1991 el sector pesquero encaminó sus esfuerzos a satisfacer el mercado interno y a elevar la eficiencia en aprovechamiento y desarrollo de la infraestructura que permitiera impulsar el proceso de modernización nacional, insertando ventajosamente al país en el ámbito internacional, mediante la comercialización de diversas especies de alta densidad económica.
Comencemos por la responsabilidad que la Secretaría de Pesca, tiene en materia de fomento y regulación de la explotación pesquera.
La Secretaría de Pesca debe seguir regulando la explotación racional o aprovechamientos óptimos de la flora y la fauna acuáticas. Así la Cuenta Pública nos indica con su tradicional énfasis, que durante 1991 la producción pesquera tuvo un incremento de 1.5% respecto al año anterior, obedeciendo a un mayor dinamismo en la captura de camarón, atún y sardina, que representan el 65% de la producción nacional y casi el 80% de las exportaciones totales.
1. El camarón, especie reservada, existe en abundancia en lagunas costeras, alta mar y tiene una fuerte demanda en el mercado internacional, si bien ha constituido un fuente de alimento e ingreso, se ha convertido en botín de permisionarios, mediante la distribución y comercialización ilegal solapada por funcionarios del Gobierno y líderes de algunas cooperativas.
La complejidad de intereses en torno a esta generosa pesquera del camarón fueron regulados y parcialmente controlados por el Estado mediante la intervención de algunas empresas paraestatales : Ocean Garden Products INC., Exportadores Asociados, Sociedad Anónima, de C.V., Productores Pesqueros Mexicanos y Refrigeradora Tepepan, que promovieron la comercialización y consumo de estos productos nacionales en los mercados interno y externo elevando la competividad.
La situación de las diversas especies de camarón en la actualidad indican que la diversidad de ésta pequeña especie establecida en el Pacífico y el Golfo de México se encuentra en sus niveles de rendimiento máximo sostenible, por lo que sus perspectivas de incremento de la producción son muy limitadas y si no se actúa con cuidado y responsabilidad se puede poner en riesgo la conservación del recurso, otra opción es el desarrollo del cultivo del camarón, pero sin incidir en la captura de las existencias silvestres de postlarvas de camarón.
2. La producción de atún ha tenido un crecimiento sostenido pasando de 20,086 toneladas en 1973 a 145,060 toneladas en 1991. Esta ha sido la pesquería a donde mayor inversión se ha dirigido en los últimos años, especialmente del sector privado que por cierto, ve con gusto se termine con las especies reservadas. Pero le preocupa su posible desplazamiento por los inversionistas extranjeros. Aunque en la pesquería del atún a pesar de su desarrollo, el incremento de su flota, no representa un riesgo de sobreexplotación.
3. En cuanto a la producción de sardina, ésta también se encuentra en su mayoría en manos del sector privado. Actualmente se considera que la flota sardinera está sobredimensionada. De la producción total, aproximadamente el 73% se destina a la fabricación de harina de pescado y el 27% a consumo humano directo. La tendencia de la pesquería es a la estabilización de las capturas, aunque existen todavía márgenes limitados de crecimiento en las áreas tradicionales. Cabe mencionar que las importaciones crecieron en valor a niveles similares al del
volumen de nuestras exportaciones, provocando una oleada de productos sin control de calidad por parte de las autoridades correspondientes y con riesgo de deprimir nuestra propia producción, por ejemplo en las sardinas enlatadas.
4. Otras especies, además del ostión enfrentan problemas de contaminación y cambios de salinidad en las lagunas costeras del Golfo de México, igual que problemas de sanidad acuícola e infección de Cólera en Tampico. La producción nacional se sustenta en tres especies de crassostrea, siendo los principales productores: Veracruz, Tampico, Campeche y Tabasco. El 96% de la producción lo aporta el México y el 4% el Pacifico.
Por otra parte, la langosta presenta indicadores biológicos como desminución de tallas y menor proporción de adultos que, indican que hay sobreexplotación; en el abulón encontramos áreas que se encuentran en fase de descompensación crítica, en donde el recurso no tiene capacidad de recuperación por si mismo y menos bajo constante explotación. Otras especies como la Totoaba han sido casi agotadas haciéndose obligado regular su explotación, estableciendo vedas temporales o permanentes, haciendo restricciones a algunos métodos de pesca.
Un ejemplo claro de la "modernidad" contaminante es la construcción de la termoeléctrica de Petacalco Guerrero, en donde el agua está contaminada y la pesca ha disminuido considerablemente. Con la construcción del canal de desagüe de la termoeléctrica fueron cortados y desviados los afluentes naturales y ahora arrojan aguas residuales. Y la corriente ha disminuido y no tiene fuerza suficiente para llegar al mar, lo que impide el desove de los peces.
Los residuos que arrojan los ductos marinos de la nucleoeléctrica que tendrán altas temperaturas (66 metros cúbicos por segundo y una temperatura de 6.8 grados por arriba de lo normal) provocarán irremediablemente una situación que cambiará las condiciones de la bahía y afectará la pesca. Si la Comisión Federal de Electricidad sigue arrojando al mar toneladas de piedra para hacer escolleras, esto dificultará el arribo de lanchas y es un grave riesgo para las vidas de los pescadores que viven y atenúan su pobreza extrema, con las bondades naturales de la Costa Grande.
Ante está situación los ya precarios equipos de trabajo de los pescadores se deterioran aún más. Provocando que se tengan que reparar al menos una lancha al día.
En un estero de Boca Vieja donde la Comisión Federal de Electricidad deposito miles de toneladas de todo tipo de desperdicios, quedaron enterradas 100 hectáreas de aguas estuarias riquísimas en producción de las más variadas especies: robalo, pargo, lisa, cuatete, popoyote, camarón, jaiba y mojarra blanca.
Otras empresas que contribuyen a la depredación de la fauna marina son: Fertimex, Sicartsa, Imexa, Sersina y NKS, las cuales con sus desechos arrojados a las aguas han provocado la muerte de miles de peces en dos kilómetros de playas de Lázaro Cárdenas y el Río Balsas, además de la extinción de 19 de las 37 especies propias del lugar en 1991.
Entre las 19 especies desaparecidas se encuentran: boba, rayada, cocinero cherla, cornudo, ronco, mojarra del Pacífico, chancleta ojotón, dorado, robalo, bardilla, payaso, lora, yorbi, corbina, bacoco, lenguado y aguijón. De los moluscos, sólo queda el ostión, pues en los últimos dos años se han extinguido el callo de hacha, la almeja, el pulpo y la lapa.
También podemos mencionar que además de la SEPESCA el CONACYT ha señalado que la contaminación del Río Balsas es más grave en el puerto Lázaro Cárdenas, pues, explican, que allí son recibidas las aguas negras y desechos tóxicos de todo el complejo industrial de la zona.
5. La bandera con que se encabeza la propaganda oficialista en el sector es dirigida a los altos volúmenes de tuidos capturados (4.6% de incremento en 1991), y la reiteración de que hemos ejercido los derechos de soberanía nacional sobre la zona económica exclusiva, pero nuevamente una buena parte de los altos volúmenes de captura se han obtenido con altas tasas de mortalidad de delfines, y esta situación (ampliamente conocida entre los pescadores de Ensenada), se ha propiciado por la SEPESCA al permitir que técnicos pesqueros norteamericanos (circulados en listas negras de depredadores en los propios Estados Unidos) hayan sido contratados por los patrones mexicanos bajo el supuesto rubro de "importación de tecnología" traduciéndose en rebajas fiscales sustanciales que la Secretaría de Hacienda avala.
Esta forma sui generis de defensa de la soberanía nacional ha estado acompañada de una discriminación tácita a los técnicos pesqueros mexicanos, y a un abandono de parte de la SEPESCA de los programas de investigación y de control de la mortalidad incidental de delfines, pues al margen del discurso oficial, hasta hoy la gran
mayoría de los pocos observadores a bordo de los barcos atuneros mexicanos han sido pagados por la Comisión Norteamericana del Atún Tropical (CIAT), y la información es prácticamente propiedad de ellos.
Lo anterior explica la falta de soporte documental científico y técnico a las declaraciones oficiales de supuestos esfuerzos por disminuir los índices de mortalidad incidental de delfines, y a la frecuente indefención del país ante las abundantes protestas de grupos ecologistas extranjeros, ante las maniobras comerciales de las grandes transnacionales atuneras, y ante las unilaterales presiones jurídico - política y comerciales de gobiernos extranjeros.
El Gobierno mexicano ante la amenaza de un nuevo embargo atunero por parte de los Estados Unidos, anuncia un programa de diez puntos para evitar sanciones injustas. Desarrollar la pesquería conservando las especies marinas, desarrollar un amplio programa de observadores a bordo de todas las embarcaciones, de capacitación de pescadores, de investigación tecnológica, y del establecimiento de un centro especial de estudio de delfines.; Todo este programa cuenta con un fuerte apoyo financiero, cosa antes nunca vista, de magnitud similar al que tiene el instituto Nacional de la Pesca de México, para los 120 programas de investigación.
Sobre el embargo a las exportaciones atuneras mexicanas impuesto por los Estados Unidos se tiene un primer antecedente. En 1980 cuando México aún defendía la soberanía nacional haciendo efectivo el régimen de la zona económica exclusiva, detuvo 2 barcos atuneros norteamericanos que operaban en aguas mexicanas sin el permiso de la Secretaría de Pesca correspondiente. fundándose en la Ley Magnuson que facultaba al departamento del tesoro a decretar un embargo contra el país que detenga una embarcación estadounidense, los Estados Unidos establecieron la sanción contra México que simplemente ejercía su soberanía nacional, sin contravenir ninguna Ley internacional.
La actual decisión de embargar las importaciones mexicanas de atún, bajo violación e incumplimiento de la Ley de protección a los mamíferos marinos de los Estados Unidos, vuelve a plantear internacionalmente el problema de la procedencia o improcedencia jurídica de la acción de los Estados Unidos.
La realidad es que existen bastantes elementos que apuntan en dirección de que la sanción esconde el juego de poderosos intereses de compañías transnacionales del ramo alimenticio que pretende eliminar competidores tras barreras no arancelarias. Se busca con ello controlar aún más el amplio mercado de consumo de atún de los Estados Unidos, y si se puede frente a la perspectiva del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, otros mercados más.
6. Para concluir, mencionaremos que las políticas que viene realizando el Gobierno responden a un nuevo modelo de desarrollo que aunque se niegue, corresponden a la línea del modelo ortodoxo neoliberal. Este se ha caracterizado en nuestro país por el abandono del Estado como, promotor y rector de la economía, por querer dejar en manos del capital privado (nacional y extranjero) el desarrollo del país; por favorecer los intereses del capital extranjero al fomentar una política de apertura comercial que beneficia al inversionista y al consumidor foráneos a costa del mercado interno; por intentar acabar con la propiedad social, consagrada en la constitución; y por el brutal deterioro en los niveles de vida de la mayoría de la población al reducírselos salarios reales abruptamente, al incrementarse el desempleo y al haberse contraido sensiblemente la inversión pública y el gasto social, cargándose de manera desproporcionada la crisis a los trabajadores. y por si fuera poco la desmesurada perdida, de soberanía de la sociedad mexicana.
VII. Programa Nacional de Solidaridad
A partir de 1989 hemos asistido a la reasignación de partidas presupuestales para el llamado Programa Nacional de Solidaridad. El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ha afirmado constantemente, y los hechos lo confirman, que este programa más que una estrategia para revertir la pobreza extrema en el país, es uno de los medios de que se ha dotado el Gobierno, junto con su partido, para intentar revertir el desprestigio de que se han hecho acreedores. Lo que ocurre en realidad es que este programa se ha constituido en toda una estrategia partidista.
Se asegura que este Programa entraña una nueva relación entre Gobierno y sociedad en la que ésta última adquiere un papel más participativo y con ello la democracia avanza en el país en los discursos se nota desplazamiento desde el concepto de justicia social al de democracia. La democracia es entendida ahora ya no en referencia a cuestiones electorales, sino a cuestiones de participación.
Efectivamente, la sociedad cambió al igual que sus formas de participación pero ello no como resultado del apoyo del Gobierno. Si hoy la sociedad es más participativa no es porque el actual proyecto político y económico lo buscaran. Si Solidaridad nació fue por la combinación entre el descontento de la población con la política económica seguida a partir 1982 por la mayor madurez política de la ciudadanía; y por constituir un programa que no compromete al modelo neoliberal permitiéndole mitigar ciertos problemas políticos y económicos.
El acierto de Solidaridad seguramente radica en que ha sabido aprovechar el entusiasmo de la población marginada por aliviar su situación económica , o mejor dicho, ha sabido aprovechar la miseria de la población. Pero esto, por supuesto , no lo hace democrático en la medida de que su planeación, sus objetivos y su ejecución no dependen de la población.
Se afirma también que "Solidaridad es factor de unión y ejercicio de descentralización federalista" (1). Esto constituye también una falacia. No puede hablarse de lo anterior si las decisiones vienen del Ejecutivo, si los recursos de la nación se sigue concentrando en la capital, no puede decirse que hay en marcha un proceso de descentralización que fortalece al federalismo porque ahora se exige a las autoridades federativas y a los municipios que para hechar a andar una obra marca Pronasol.
Aún más "cabe dudar de la eficacia (y de la democratización, de un proyecto que lleva en la frente el sello de la temporalidad y de la discrecionalidad, pues el mayor flujo relativo de recursos que ahora llega a los municipios no queda integrado estructuralmente en sus esquemas regulares de planificación y gasto (...) (por ello no se fortalece al municipio). Para que así fuera tendría que desarrollarse una estrategia de descentralización de largo aliento, que incluyera una nueva reforma al artículo 115 constitucional, que acabara con la extrema concentración actual del manejo y uso de los recursos públicos" y darse un nuevo impulso al reforma política municipal(2).
Como lo señalamos en el análisis de la cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente a 1990 "los recursos presupuestales aprobados
1. González, Enrique, Seis tesis sobre el Programa Nacional de Solidaridad, en El Cotidiano, julio - agosto de 1992.
2. Moguel, Julio. Cinco críticas solidarias a un programa de Gobierno en El Cotidiano, julio - agosto de 1992.
por la Cámara de Diputados cada año para el Ramo XXVI, Solidaridad y Desarrollo Regional, han constituido una verdadera excepción a lo que ordena l a Ley de Presupuestos, Contabilidad y Gasto Público Federal vigente en el país" que en su artículo 13 ordena textualmente: el gasto público federal se basará en presupuestos que se formularán con apoyo en programas que señalen objetivos, metas y unidades responsables de ejecución. Los presupuestos se elaborarán para cada año calendario y se fundarán en costos".
"Lo cierto, es que los recursos presupuestales destinados a Pronasol se han aprobado y se han aprobado y se han ejercido sin respetar la formulación de programas, objetivos y metas, como establece la normatividad vigente. No conociéndose los programas ni los objetivos, tampoco pueden calcularse previamente los costos, ni las unidades responsables, y por supuesto esto entorpece la revisión y evaluación de las metas logradas y las no alcanzadas. (...) Es por tanto, la discrecionalidad del Ejecutivo, que incluye por ello mismo su correspondiente dosis de autoritarismo, la que decide" (3).
Como hemos señalado, Pronasol constituye uno de los instrumentos políticos más importantes de la actual administración por seguir dos objetivos bien definidos: fortalecer la figura presidencial y recorporativizar a los sectores sociales en favor del proyecto de Gobierno actual. En las elecciones federales de 1991 esto fue claro. Ni la nueva legislación, ni el uso fraudulento del padrón, ni las añejas prácticas para alterar el voto, jugaron un papel tan preponderante como el que tuvo el Programa Nacional de Solidaridad para tratar de legitimar a la actual administración. La estrategia más visible, sonora y publicitada para recuperar el favor de los votantes al Gobierno y al Partido Revolucionario institucional, antes y durante las elecciones, fue el uso de los recursos de este Programa. Por ejemplo, del 30 de junio al 10 de agosto de 1991, el pronasol gasto 682 millones de pesos por ahora para realizar obras públicas, sumando 671 mil 208 millones en solo 10 días, según análisis de las cifras del informe sobre la situación económica y las finanzas públicas. Dentro de la "actividad política" desarrollada por Solidaridad, destaca el hecho de la labor "inusitada" del
3. Voto particular del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática relativo al dictamen de la cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente a 1990 pág. 16-17.
Ejecutivo en toda la República Mexicana inaugurando lecherías, entregando carreteras y escrituras, de celebrarse las elecciones federales. Ante esto, el coordinador de Solidaridad, Carlos Rojas, al alabar la labor del Presidente dijo, tan sólo dos días antes del 18 de agosto: "nosotros, como programa de solidaridad, hemos cumplido una parte y, quiero insistir, el juicio de ese programa lo tendrá que hacer cada uno en la emisión del voto" (4).
Así los candidatos de Solidaridad no fueron solamente los que trabajaron directamente en la dependencia de la Secretaria de Programación y Presupuesto, sino los 320 diputados y 31 senadores priístas que actualmente ocupa un escaño en la LV Legislatura del Congreso de la Unión. Ahora el emblema podría ser "usted pone una parte de la curul y Solidaridad logra lo demás".
Por otro lado , funcionarios de Solidaridad asegura que " se requiere abrir espacios constitucionales propios que permitan, en una política de Estado, contraer compromisos sociales firmes y de largo aliento, como lo amerita el combate a la pobreza. Ello permitiría arribar a una política social con compromisos de bienestar legislados, con objetivos, estrategias, recursos e instituciones inspirados en esa movilización social justiciera y participativa que ha desplegado Solidaridad (...) Solidaridad es portador de un proyecto de nación, en el que con libertad y justicia quepan todos los mexicanos"(5).
Ahora resulta, según estas afirmaciones, que en la Constitución no existe el espíritu ni las bases para construir no sólo los instrumentos para otorgar equidad y justicia cuando se busque, sino un Estado democrático sobre la base de la justicia social que reconoce las desigualdades inherentes al capitalismo y busca acabarlas. Ahora resulta que la inspiración y la fuerza de esos objetivos se encuentran en el movimiento desplegado desde arriba por Solidaridad y no por el movimiento revolucionario de 1910.
Como se sabe, el Pronasol se ejecuta territorialmente en el marco de coordinación con los estados, a través del Convenio Único de Desarrollo (CUD), que el Presidente firma anualmente con cada uno de los gobernadores de los estados
4. Véase Elecciones de medio sexenio: Solidaridad con el PRI, en Informe Especial, No. 70, año 2, 13 de Septiembre de 199 1.
5. González, Enrique, op. cit.
para formalizar los acuerdos y compromisos conjuntos de inversión. En los convenios se define un apartado específico para Solidaridad, con el objeto de que en los Comités de Planeación del Desarrollo de los Estados y Municipios se reúnan las autoridades de los tres niveles de Gobierno para definir, controlar y evaluar los proyectos productivos y sociales en que participan las comunidades mediante los Comités de Solidaridad.
Estos Comités, según definición del propio Gobierno, son las unidades básicas de intervención social. Son figuras de organización comunitaria que, a través de convenios de concertación, participan junto con las instituciones en la ejecución de las acciones de Solidaridad.
En relación a lo anterior en la cuenta Pública no encontramos información acerca de si los gobernadores de los estados están obligados a firmar anualmente el Convenio Único de Desarrollo; si esto no viola la Constitución Federal y las estatales; si los gobiernos estatales están obligados a destinar un monto de sus recursos para Solidaridad; si este monto se fija anualmente y es dado a reconocer antes de ejercerse ; si cada Congreso local aprueba este presupuesto y si es de su conocimiento a qué proyectos específicos se dirigirán los recursos o lo aprueban a ciegas como ocurre en el Congreso Federal.
Tenemos especial interés en que se nos informe en las cuentas públicas de los siguientes años: ¿En el marco del Convenio Único de Desarrollo (CUD) correspondiente al año de análisis, con qué monto participa el Gobierno Federal, con qué los estatales y con qué los municipios? Estos datos desglosados por entidad federativa.
Nos interesa también saber cómo se conforman los Comités de Solidaridad, cuáles son los requisitos para crearlos por qué no se han difundido estas condiciones por lo menos tanto como al Programa; qué papel juegan los promotores y qué se requiere para ser promotor de un Comité de Solidaridad.
Según información oficial, a finales de 1991 se registró la existencia de 82 mil 160 comités de solidaridad reportados por los 31 Estados de la República. La mayoría (30 mil aproximadamente) operan en Solidaridad para una " Escuela Digna" casi 20 mil en los Fondos Municipales de Solidaridad" ylos restantes en los demás espacios del programa y Los estados donde se han formado un mayor número de Comités son: Jalisco (6 mil 500), Guerrero (5 mil 899), Estado de México (5 mil 550), Michoacán
(5 mil 384) y Puebla (5 mil 370). Cabe señalar que los estados con mayor cantidad de población en situación de pobreza extrema son Oaxaca, Chiapas, Guerrero e Hidalgo (6). Lo que revela que no es la magnitud de la pobreza lo que constituye el principal incentivo de formación de Comités de Solidaridad.
Según datos del Censo General de Población de 1990 en los estados donde hay un mayor número de Comités de Solidaridad efectivamente hay mayor población pero no en situación de pobreza extrema. En Chiapas, del total de la población ocupada, el 58.9% se encuentra en las categorías de "no recibe ingresos" y "recibe menos de un salario mínimo", lo que corresponde a 502 mil 992 personas. En Oaxaca se encuentra en estas categorías el 53% de dicha población, correspondiente a 400 mil 031 personas. Hidalgo tiene al 39.2% de la población ocupada en estas categorías, equivalente a 193 mil 659 personas. Y Guerrero el 37.9%, es decir, 231 mil 962 personas.
En cambio, veamos la situación en los estados en que se conformaron más Comités. En Jalisco, sólo el 19. 2% de su población ocupada no recibe ingresos o percibe menos de un salario mínimo. El caso de Guerrero resulta razonable. El Estado de México posee en estas dos categorías al 19. 9% de su población ocupada. En Michoacán el 28. 7% de la población se encuentra en estas categorías.
6 Véase consejo consultivo del Programa Nacional de Solidaridad, El combate la pobreza, México 1991.
Finalmente Puebla, aunque no es uno de los estados considerados más pobres en los informes analizados, se ubica en una situación similar a Oaxaca. En el libro El Combate a la Pobreza se afirma que " el grueso de los municipios con marginación muy alta se localizó en los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Hidalgo, Zacatecas, Puebla y Veracruz". Hubiéramos esperado, por consiguiente, un mayor alcance del Pronasol en estos estados, sin embargo esto no ocurre así y no existe ninguna explicación al respecto en los documentos del Programa.
Otro tanto ocurre con los estados donde se presentan los mayores índices de desnutrición: Campeche, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán, y Veracruz. Como se aprecia fácilmente sólo dos entidades federativas (Guerrero y Puebla) cuenta con un número importante de comités de solidaridad, no obstante que los niveles de desnutrición en el país son realmente alarmantes. Sólo por mencionar algunos de los inquietantes datos ofrecidos recientemente por el propio consejo Consultivo de Pronasol diremos que : 60% de los mexicanos padece desnutrición; la tasa de mortalidad infantil en México es superior a la de Panamá, Costa Rica y Cuba; en 1988 había 2.6 millones de niños menores de cinco años que padecía desnutrición en distintos grados, un millón 300 mil desnutrición aguda, un millón baja talla para su edad acuerdo a la talla normal y 104 mil niños desnutrición "crónica aguda"; y, para recordar el V Centenario del descubrimiento de América, el 80% de la población indígena presenta algún
CUADRO 1
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA POR ENTIDAD FEDERATIVA SEGÚN INGRESO MENSUAL, 1990
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grado de desnutrición, lo que equivale a más de siete millones de personas (7).
Salinas de Gortari aseguró en numerosas ocasiones durante los dos primeros años del sexenio que los fondos provenientes de las privatizaciones se destinarían al Programa de Nacional de Solidaridad. Esta información fue dada a conocer también a través del hermano de Carlos Salinas, Raúl Salinas de Gortari, Coordinador de Evaluación del Programa Nacional de solidaridad, que "una buena parte de los recursos provenientes de la reprivatización bancaria serán destinados al Programa Nacional de solidaridad por medio de un fondo de contingencia"(8).
Sin embargo, estas numerosas afirmaciones fueron contra dichas por Carlos Rojas, Coordinador del Programa Nacional de Solidaridad, quien aseguró"..esta Presupuesto. prácticamente se duplicó, y los recursos del programa de Solidaridad están inscritos en el presupuesto. Hay alguna confusión en algunas personas que piensan que el Programa de Solidaridad trabaja a partir de los recursos derivados de la venta de empresas públicas. Es en parte cierto, nada más que estos recursos de la venta de empresas paraestatales entran a la Tesorería de la Federación y al Presupuesto de Egresos Federales. De 1989 a 1990 el Presupuesto de Egresos de la Federación tuvo un crecimiento de términos reales cercano al 15%, mientras que el Programa de Solidaridad duplicó sus recursos y tuvo un crecimiento en términos reales de alrededor del 80%, cosa que demuestra la prioridad del Presidente de la República en su programa (9).
Ante estas declaraciones contradictorias es claro que alguien miente. ¿Quien lo hace?
Si nos atenemos a las declaraciones de Salinas de Gortari, observamos lo siguiente:
7 Consejo Consultivo del Programa Nacional de Solidaridad, API Consultores, Combate a la pobreza vertiente alimentaria, México 1991.
8 Uno más Uno, 12 de marzo de 1992.
9 El Nacional, 2 de agosto de 1990, (los subrayados son nuestros).
Los ingresos provenientes de la desincorporación de Teléfonos de México y de los bancos durante 1991 (las privatizaciones de mayor envergadura hasta el presente) se depositaron en el Fondo de Contingencia, con el siguiente desglose:
24.1 billones de pesos en moda nacional y extranjera.
5.8 billones de pesos en bonos de privatización bancaria, cancelación de la deuda de Teléfonos de México y operaciones virtuales.
29.9 Total de ingresos en concepto de venta de Teléfonos de México y de los bancos.
De los 24.1 billones de pesos en moneda nacional y extranjera, se utilizaron 21.6 billones (casi el 90%) para amortizar la deuda interna, y el saldo restante de 2.5 billones de pesos aproximadamente el 10%) al cierre del año quedó depositado en el Banco de México para futuras amortizaciones (10).
Esto significa que no fueron aplicados a programas sociales, a no ser que el pago de la deuda interna se considere "programa social". Como vemos, las afirmaciones de Salinas en este punto no resultan consistentes si tenemos en cuenta las políticas implementadas.
Si tomamos como ciertas las declaraciones del Coordinador del Programa Nacional de Solidaridad vemos, no obstante, que tampoco son del todo reales puesto que no nos dice cómo es la evolución de los recursos destinados al programa respecto a los obtenidos por concepto de privatizaciones, que aunque concediendo que se vinculan directamente, puede pensarse que debería haber alguna relación si, como él dice, "es en parte cierto".
Veamos. Los recursos del Programa Nacional de Solidaridad se duplicaron en 1990 respecto a 1989, pero suben muy levemente en 1991 respecto a 1990.
10 Presidencia de la República, informe de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, 1991.
CUADRO 2 PRESUPUESTO EJERCIDO POR PRONASOL, 1989-1991 (miles de millones de pesos)
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Si analizamos estas cifras en relación con el producto interno bruto, vemos que los recursos tienen un fuerte incremento en 1990, pero decrecen en 1991. Lo mismo ocurre si lo analizamos como porcentaje del gasto social.
CUADRO 3 PRESUPUESTO EJERCIDO POR PRONASOL COMO PORCENTAJE DEL PIB, DEL GASTO TOTAL Y DEL GASTO SOCIAL 1989-1991 (miles de millones de pesos)
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De todas maneras, vemos que el gasto en el Programa Nacional de Solidaridad es un porcentaje relativamente bajo del producto interno bruto (0.69%), también mínimo respecto al gasto público total (2.19% en su máximo en 1991) y poco significativo dentro del gasto social (8.32% en 1990).
Si además analizamos la evolución de los ingresos en concepto de privatizaciones, no nos resulta muy clara la afirmación de que es un programa prioritario para el Presidente. En 1989 se gastó en programa Nacional de Solidaridad el equivalente a 72.41% de lo que se obtuvo por las privatizaciones. En 1990 el gasto en Solidaridad representa el 45.49% de lo obtenido por dichas ventas.
Y en 1991, con los grandes ingresos obtenidos por la venta de Teléfonos de México y la reprivatización bancaria, el gasto programado para Solidaridad sólo representó el 16.23% de lo ingresado en concepto de venta de empresas públicas.
CUADRO 4 PRIVATIZACIONES Y PROGRAMA NACIONAL DE SOLIDARIDAD (miles de millones de pesos)
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En cambio, como ya vimos, de los ingresos obtenidos en moneda nacional y extranjera por la venta de Teléfonos de México y los bancos realizada en 1991, se destinó casi a la amortización de la deuda interna. Del total de lo obtenido en los tres años de Gobierno en materia de privatizaciones, el monto utilizado sólo en 1991 para la amortización de la deuda interna representa el 49.04%, contra un 26.23% destinado a Solidaridad en los tres años juntos.
Si comparamos el gasto anual en el Programa Nacional de Solidaridad con el gasto anual en el programa Nacional de Solidaridad es prioritario.
En 1989 se destinó el 45.3% del gasto público neto devengado al pago de intereses, comisiones y gastos de la deuda, contra un 0.8% del mismo destinado a solidaridad. Es verdad que en los acuerdos con los organismos multilaterales de crédito y los bancos comerciales hubo una disminución en el pago del servicio de la deuda en 1990. Es así como ese año se destinó el 40.6% del gasto público al servicio de la deuda. Sin embargo, aunque Solidaridad duplica sus recursos, no alcanza a absorber todo lo que se deja de pagar por este concepto. Solidaridad representó el 2.1% del gasto público en 1990. En 1991 se destina el 44.2% del gasto público al pago del servicio de la deuda, recuperando el nivel de 1989, y el 3.3% a Solidaridad.
CUADRO 5 GASTO EN PRONASOL Y PAGO DE LA DEUDA, 1989-1991 (miles de millones de pesos)
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Se evidencia así un gran contraste entre la importancia que tiene el Programa en los discursos y la magnitud de los recursos destinados para llevarlo a cabo.
En relación con esto queremos saber con exactitud asciende el monto de recursos utilizados en publicidad del Programa, el total y el desglose por cada medio de comunicación (radio, televisión, bardas, pintadas, carteles, discursos, etcétera.)
Según el gobierno, la estrategia de combate a la pobreza "debe estar en consonancia con la política económica nacional, concibiendo el crecimiento económico con justicia social como el elemento clave para propiciar un aumento en el ingreso de los grupos que menos tienen "(11).
No compartimos esta concepción: 1) porque esta situación de pobreza extrema que viven 17.3 millones de seres es producto principalmente del modelo de crecimiento y de las políticas de ajuste aplicadas desde 1982;2) porque tanto la política salarial como la antiinflacionaria son parte fundamental de este modelo; 3) porque éstas junto con la permanencia de un inequitativo Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico y la existencia de políticas fiscales y monetarias contra accionistas implican un crecimiento sofocado de la encomia; 4) porque la tasa de crecimiento de la economía, compatible con una tasa de inflación que se acerque a un dígito, es muy baja, sumamente insuficiente ante los urgentes requerimientos económicos del país (el crecimiento programado para 1992 en el Plan Nacional de Desarrollo era de más del 5%, sin embargo se calcula que alcanzará una tasa de sólo el 3% como consecuencia de estas políticas contra accionistas); 5) porque la consecuencia principal de este ritmo de crecimiento es el desempleo tan severo que hoy podemos (elemento que debe constituir el principio básico a combatir en cualquier programa que pretenda seriamente acabar con la pobreza) y; 6) porque programas como el cuestionado no constituyen una solución real a estos problemas.
11. Consejo Consultivo del Programa Nacional de Solidaridad API Consultores, op cit.
VIII. Sector educación
El gasto ejercido por el sector educación durante 1991 fue de 27 billones 67 mil 900 millones de pesos, cifra superior en 21.5% en términos reales respecto al gasto de 1990. Sin embargo, a pesar de este incremento que parece considerable, el presupuesto de 1991, en términos reales, todavía estuvo por debajo de los montos asignados en 1981 y 1982, con variaciones negativas de 0.9% y 4.8% respectivamente (Cuadros 1 y 2).
Así, aunque se pretende modificar la tendencia de la década pasada caracterizada por la disminución del gasto real con año, aún es insuficiente lo que se está realizando, pues aún no se alcanzan los niveles de asignación de recursos de 1981 y especialmente de 1982.
Respecto a la participación del sector educativo dentro del Producto interno bruto en 1982 era del 3.7%, y en 1991 fue del 3.1%, lo cual significa que en este aspecto aún se continuó por debajo de los niveles alcanzados a principios de la década anterior (cuadro 3).
Además, es necesario señalar que en este sentido, el país está todavía lejos de alcanzar la recomendación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura de destinar el equivalente al 8% del Producto al gasto en educación.
Con los datos anteriores queda claro que aún cuando el Gobierno Federal proclama con gran énfasis su interés en el bienestar social, en los hechos los niveles presupuestales asignados en este caso específico al sector educativo, todavía son bajos para elevar el nivel, la calidad y el acceso a los servicios educativos, aspectos muy deteriorados en la educación de nuestro país.
Asimismo, aún existen enormes regazos en materia educativa y se siguen padeciendo problemas como la disminución de la matrícula escolar; la reducción en la producción de libros de texto; deterioros en los indicadores de eficiencia educativa; metas de infraestructura planeadas no alcanzadas en fuertes proporciones; bajos niveles
en los programas y resultados deportivos; mínima atención a la investigación y a la tecnología; y casi nula motivación económica y social para los maestros.
1. Matrícula (acceso a la escuela). Una de las características de la actual política educativa ha sido la contracción en el crecimiento de las oportunidades de escolarización en todos los niveles del sistema, pues en los dos últimos ciclos escolares, que han correspondido a la actual administración, la matricula general registró en el ciclo 1989-1990 un decremento del orden de 237 mil alumnos respecto al ciclo anterior, y en el ciclo 1990-1991 se registró un descenso del orden de 118 mil alumnos respecto al período anterior. Este fenómeno de descenso en la matricula general, no se había presentado por lo menos en ningún momento de la historia escolar pos revolucionaría. Así este proceso representa la ruptura con uno de los rasgos del sistema escolar que aún con sus deficiencias cada año generaba oportunidades escolares, lo que incrementaba la matrícula escolar.
Se puede observar un agudo contraste entre el principio de la década pasada, y el principio de la actual en cuanto a las plazas escolares generadas, pues en un ciclo escolar 1980-1981 se incrementó la matrícula general escolar en un millón 300 mil plazas escolares, y en el ciclo 1990-1991 hubo un descenso de 118 mil plazas escolares, de manera que la población atendida en el ciclo escolar que estamos analizando (1990-1991) es de similar magnitud a la atendida en el ciclo 1985-1986 (Cuadrado 4).
En esta tendencia global, cada nivel escolar evolucionó con matices específicos, derivados de sus diferentes magnitudes y dinámicas. Así, en el ciclo 1990-1991 se registró en nivel primaria la matrícula de 10 millones 401 mil alumnos, la cifra más baja en los últimos 10 años (cuadro 5): en nivel secundaria se registró una matrícula de 4 millones 190 mil alumnos, la matrícula más baja en los últimos 5 años (Cuadro 6); y en nivel profesional medio (técnico) se registro una matrícula de 378 mil 900 alumnos, la matrícula más baja en los últimos 5 años (cuadros 7).
Entonces, con estos datos, puede observarse que no se cumplió con el objetivo de ampliar la cobertura de atención educativa.
2. En el renglón de elaboración de libros de texto gratuitos se observa que en el ciclo escolar 1990-1991, la producción de texto fue inferior a todos los ciclos escolares desde 1981, a pesar de la importancia que tienen el la educación básica estos libros, por ser los instrumentos de trabajo cotidiano para niños y maestros. Por lo tanto, en este aspecto tampoco se puede hablar de logros positivos (cuadro 8).
En este aspecto, sería conveniente hacer brevemente sólo algunas observaciones acerca de los dos nuevos libros de Historia de México de 4o., 5o. y 6o. grados de primaria. En realidad son mucho de aquello que ya se ha dicho:
Están redactados desde la perspectiva del gobierno y no de la sociedad, y confunden por ello la historia nacional con la acción de los gobernantes.
Reflejan una versión demasiado oficialista y parcial de la historia del país y de la realidad nacional.
Tienden a justificar a personajes calificados como traidores, cómplices del extranjero o sátrapas autoritarios como Iturbide, López de Santa Anna o Porfirio Díaz, minimizan a héroes como Morelos o Zapata.
Mistifican nuestra conflictiva relación con Estados Unidos, probablemente para justificar el por qué se ha aceptado cualesquier condición que los vecinos del norte imponen a nuestro país.
Hacen una propaganda triunfalista sobre el actual gobierno, cuando aún no ha terminado. Se dan por hecho los programas o acuerdos que se encuentran aún en sus primeras etapas de instrumentación, y que no es seguro que den resultado tal es el caso del "bloque económico de América del Norte", "El Programa Nacional de solidaridad", "El Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica", entre otros. Sin embargo, la gente que elaboró estos textos considera que estos libros deben contener la apología del actual sistema de Gobierno, y que ya tiene los méritos suficientes para incluirse en la historia.
Asimismo, puesto que se incluyen acontecimientos políticos y sociales recientes deberían entonces presentarse también explicaciones objetivas de lo que es la estructura del poder, las irregularidades electorales, la pluralidad política , la supeditación de la constitución y de los organismos electorales a las decisiones presidenciales, la naturaleza oficial del Partido Revolucionario Institucional, el corporativismo mexicano, y la disminución de los niveles de vida en los últimos años. Claro que es de esperarse la omisión de este tipo de temas en libros de texto oficiales elaborados por un gobierno que
demuestra poca sensibilidad y compromiso por la educación infantil.
Finalmente como si fuera poco, desde plano pedagógico son en extremo deficientes por repetitivos y por estar fundados en el memorismo, más que en la reflexión y el análisis.
Por lo tanto, consideramos que estos libros deben estar retirados de la circulación. No se debe permitir que sean usados en este ciclo escolar. Es necesario revisar estos textos. Consideramos que el País es capaz de lograr una educativa inteligente y formativa. Contamos con maestros competentes, profesionistas preparados, educadores con ideas y científicos dispuestos a colaborar. Proponemos que se forme una comisión plural que los revise y se modifiquen para lograr unos verdaderos libros de texto para la educación básica, los que se pondrían a disposición de alumnos y maestros para el siguiente ciclo escolar.
3. Por otra parte, existen indicadores de eficiencia educativa que nos muestran el deterioro de ésta en nuestro país. Es necesario trabajar para mejorar y salvar tendencias que no se han podido superar.
Consideramos los porcentajes de absorción en el ciclo 1990-1991. En secundaria fue del 82.3%, nivel inferior al ciclo 1981-1982 en un 3.5%; en profesión fue del 82.3%, nivel inferior al del ciclo 1982-1983 en un 5.4%; en bachillerato fue del 61%, nivel inferior al de ciclo 1981-1982 en un 8.6%, y en nivel profesional fue de 64.4%, nivel inferior al ciclo 1979-1980 en un 26%. Esta última cifra es muy alarmante, ya que cada vez una menor proporción de la población termina una carrera a nivel superior (cuadro 9).
En cuanto a la deserción y reprobación se registraron niveles altos en el ciclo 1990-1991. A nivel primaria fue del 5.3%, en secundaria del 9.5%, en profesional media (técnico) del 30.4% y en bachillerato del 16.4%
En lo referente a la reprobación, los registros de este indicador no han variado significativamente en los últimos 10 años. Se han mantenido niveles todavía elevados. A nivel primaria el índice de reprobación fue del 10.1%, en secundaria del 26.5%, en profesional medio (técnico) de 28.3% (cuadro 10).
Ahora, considerando otro indicador muy importante, el de la eficiencia terminal, a nivel primaria fue del 56.4%, es decir, aproximadamente sólo la mitad de la población que ingresa a la primaria concluye sus estudios en este nivel.
El dato más preocupante de la distribución de la escolaridad es la magnitud de los estratos que están por debajo del nivel obligatorio establecido en la constitución de 1917. Un primer estrato, formado por el 27.4% de los escritos 1o. de primaria no llega al 4o. grado y a él deben agregarse los niños en edad escolar considerados como "regazo" y cuyo número ha estado aumentando hasta alcanzar un número estimado de 300 mil niños por un año. Un segundo estrato, que representa al 15% de los escritos, completa cuatro o cinco grados. En ambos casos, la subescolarización consolida la condición marginal de millones de niños que provienen del campesinado de subsistencia, de las zonas rurales y de las capas de población de escasos recursos de las ciudades, y que al no contar con ninguna preparación se suman a la masa de desempleados y subempleos, por sus casi nulas posibilidades de incorporarse a procesos socialmente productivos y remuneradores (Cuadro 11).
En los tramos medio y superior de la enseñanza también esta firmemente establecida la tendencia a la disminución de las posibilidades de permanencia y avance escolar de la población.
Desde el punto de vista social y económico, este proceso implica cerrar las vías de movilización de las clases sociales, que tanto peso ideológico ha tenido en la sociedad mexicana. Esta tendencia es confirmada por las estimaciones gubernamentales de acuerdo con las cuales entre 1980 y 1991 la eficiencia terminal se redujo en secundaria de 75 a 36%, en bachillerato de 66 a 57; y en nivel superior la atención a la demanda real, entendida como la incorporación a nivel escolar de los egresados del nivel precedente, se redujo de 90 a 64% (Cuadro 11).
Consideramos que con estos indicadores de eficiencia educativa tan deteriorados no está cumpliendo realmente con la obligación como la establece el artículo 3o. constitucional?
4. Otro objetivo muy importante, es el de consolidar e incrementar la infraestructura física, que comprende principalmente la construcción y el equipamiento de escuelas. Nuevamente fue un fracaso este programa, pues la mayoría de los subprogramas tienen variaciones negativas, especialmente en los siguientes rubros: equipar aulas, así como construir y equipar laboratorios en educación Secundaria en un 76% y un 46 % respectivamente, construir y equipar talleres en media superior del Instituto Politécnico Nacional en un 81%; construir y equipar
anexos en educación media terminal en un 41%; construir y equipar laboratorios en educación superior en un 58%.
Estas variaciones citadas son sólo algunas de las metas no logradas, y como puede observarse son variaciones negativas muy altas, lo que implica que la mayoría de los proyectos de construcción y equipamiento de espacios educativos no se cumplieron, a pesar de que este programa es básico para contar con lugares donde se atienda a la población demandante. Si se planearon es porque sí se requerían. Por lo tanto, se debe poner mayor atención a este aspecto.
Además, el efecto más importante de esta situación es el deterioro progresivo de las condiciones físicas de trabajo y la escasez de los recursos para la enseñanza, lo cual se ha convertido en la realidad cotidiana de miles de escuelas. Esto ha provocado la generalización de cuotas elevadas para los padres de familia, para contribuir al mantenimiento de las escuelas, principalmente en preescolar, primaria y secundaria.
Por otra parte, existen una gran cantidad de escuelas incompletas. Sólo por citar el nivel básico de primaria, existe todavía una gran cantidad de escuelas que no ofrecen seis grados de primaria, pues en el ciclo escolar 1990-1991, una de cada cinco escuelas no contaba con seis grados de primaria, en tanto las atendidas por un solo maestro representaban el 21.9% del total (Cuadro 12).
Esta situación provoca el desaliento de la población que desea estudiar, por lo que se motiva el abandono escolar forzado.
Sobre este mismo tema, en el tomo de Resultados Generales en Gasto Sectorial en educación, se nos dice que en materia de infraestructura educativa se construyeron espacios desde nivel primaria hasta nivel superior. Pero se nos dice que esta infraestructura se edifico por medio del Programa Nacional de Solidaridad. Surge una duda. ¿La construcción de estos espacios educativos se realizó con recursos destinados al sector educación? Pensamos que es así, puesto que se nos presenta este informe en los resultados de este sector. Consideramos que no es válido etiquetar las obras de infraestructura, que son obligación del Gobierno Federal, con un programa que es netamente propagandístico del partido en el poder.
5. Otro renglón importante dentro del Sector Educación es el que contiene el Programa DM - 01: Desarrollo del deporte, el cual atendió a 44 mil deportistas. Se nos da el dato de que se otorgaron en 1991, 1,540 becas económicas a deportistas y académicos del deporte de alto rendimiento.
La Cuenta Pública nos da muy poca información acerca de este tema. consideramos que sería importante y útil incluir en este documento que el Poder Ejecutivo envía al Poder Legislativo, datos como los siguientes: cómo se entiende integralmente a los deportistas, en qué consistieron las becas mencionalmente, los criterios de otorgamiento, los montos individuales, y el monto general destinado a ellas.
Asimismo, seria útil que se incluyera una evaluación respecto a los resultados obtenidos por la inversión que se realizó en este particular aspecto, el de la inversión en el desarrollo del deporte.
6. Por otra parte, ahora que estamos cada vez más cerca de concluir la firma del TLC, la educación asumirá dentro de esta nueva relación trinacional un papel muy importante.
Por ahora, sólo nos referimos a un aspecto básico para cumplir con nuestros vecinos del norte, el sector ciencia y tecnología.
El año que México alcanzó su más alta relación de gasto en ciencia y tecnología como proporción del PIB fue en 1982, con un porcentaje del 10.54%. En ese mismo año los valores correspondientes para Estados Unidos y Canadá fueron de 2.4% y 1.3% respectivamente. Casi cinco y tres veces mayores a México sin contar los montos diferentes de PIB en cada país. Sin embargo, de 1982 en adelante las proporciones han cambiado, rezagándose México y creciendo los dos primeros.
Para 1991 el gasto asignado a ciencia y tecnología en México correspondió al 0.3% del PIB. Con datos del Anuario Estadístico de la UNESCO de 1990, el gasto de Estados Unidos y Canadá ascendió en 1987 a 2.8% y 1.5% respectivamente; las diferencias se han ampliado a nueve y cinco veces.
Asimismo, respecto a recursos humanos dedicados a la investigación científica y tecnológica, con datos de la UNESCO, se muestra que Estados Unidos tenía 787 mil personas ocupadas en esta actividad en 1986, Canadá 83 mil en 1986 y México 46 mil en 1984. En los tres casos, los datos se refieren a científicos propiamente dichos, ingenieros y técnicos empleados en actividades de investigación y desarrollo experimental. Los indicadores revelan diferencias de casi 70 veces y el doble con relación a México.
Otro indicador más relacionado con la producción, es el de ingenieros por cada 10 mil habitaciones. En 1984 según CONACYT, Estados Unidos tenía más de 100, mientras que la cifra correspondiente a México era de trece.
Por lo que vemos tenemos un reto muy grande por delante, por las grandes diferencias que nos separan de Estados Unidos y Canadá en este aspecto básico, que es la ciencia y la tecnología. Los resultados en este campo son desalentadores en lo presentado en la Cuenta Pública de 1991.
Tanto en el programa 3P - Desarrollo de Tecnología, como en el 3S - Desarrollo de la Investigación Científica, encontramos resultados negativos, es decir, no se cumplieron las metas originalmente proyectadas.
Así, se registraron variaciones negativas en el desarrollo de proyectos de tecnología manufacturera en un 40%; en el proyectos de investigación en el Instituto de Astrofísica, Óptica y Electrónica en un 20%; en la realización en ciencias de la Ingeniería en un 28%, en el IPN en un 29%, en el centro de enseñanza Técnica Industrial en un 38%; en La Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades en el Instituto de Investigaciones "Dr. Ma. Luis Mora" en un 67%.
Estos son sólo algunos de los resultados que se obtuvieron el año pasado en este ramo tan importante para México.
7. Por otra parte, un aspecto que es muy importante señalar es el deterioro de las condiciones laborales de los maestros, lo que ha provocado un clima de desmoralización y autodevaluación profesional.
El magisterio al ver disminuido el poder adquisitivo de su salario tiene que buscar opciones para completar el gasto familiar, ya sea teniendo doble plaza, vendiendo diversos productos, dedicándose a una actividad remunerada, etc. En el nivel superior pese al intento de proteger al sector académico más calificado mediante mecanismos como el Sistema Nacional de Investigadores, el sentido de la contratación de tiempo completo ha perdido vigencia y se ha generalizado el multiempleo.
Esto trae como consecuencia que el maestro no dedique tiempo completo a su profesión, esto es, no prepare bien sus clases, no se preocupe por investigar, ni por el desarrollo integral de los alumnos y mucho menos por la calidad de la educación.
Por ello, es necesario para elevar el nivel y calidad de los procesos de enseñanza y producción académica, partir de una formación integral de los docentes. Impartirles cursos de actualización, proporcionándoles condiciones adecuadas de trabajo, materiales didácticos y sobre todo, una remuneración adecuada por la labor tan importante que ellos desarrollan.
Finalmente, si verdaderamente se quieren realizar cambios en este sector, consideramos que es necesario tomar en cuenta las siguientes consideraciones:
Es necesario aumentar la participación del sector educativo en el PIB, si es posible hasta el 8% que recomienda la UNESCO, para elevar las condiciones materiales y humanas de trabajo en el sector.
La sociedad en general no sólo debe participar de manera constante en la reforma educativa. No deben tomarse las decisiones solamente desde el escritorio. Se debe crear una conciencia participativa de todos los integrantes de la sociedad en los problemas educativos, para ir eliminando los rezagos de la misma. Deben participar desde los alumnos, padres de familia, maestros, profesionistas e investigadores, en el proceso permanente de la educación.
Se debe dar una nueva valoración social y económica al trabajo de los maestros, tanto por los académicos y el magisterio como por la sociedad en general. Específicamente debe resolverse el problema de los bajos ingresos del personal que trabaja en el sector.
Se debe crear un sistema de estímulos no solo para los investigadores sino también para los docentes en el que se estimule al individuo por lo que hace y no porque pertenezca a un determinado grupo.
Crear un fondo financiero centralizado, con base en asignaciones gubernamentales, fundaciones y organizaciones privadas que permitan el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y amplíe las posibilidades e intercambio académico con universidades de diferentes países.
Es necesario hacer participar a la población en general en una campaña de alfabetización para reducir los niveles tan altos de analfabetismo que tiene nuestro país (12.7%). Nuestro nivel de analfabetismo es superior a países como Jamaica (1.6%), Guyana (3.6%), Uruguay (3.8%), por citar solo algunos ejemplos (Cuadro 13).
Finalmente es muy necesario hacer desaparecer las prácticas antidemocráticas en el sector. Así como también debe desarrollarse la voluntad política del gobierno para realizar una verdadera reforma educativa.
CUADRO 1
GASTO FEDERAL EN EDUCACIÓN,. 1980 - 1981 (Millones de pesos)
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CUADRO 2
GASTO EN EDUCACIÓN 1991 RESPECTO A 1980-1990 (Millones de pesos)
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CUADRO 3
PARTICIPACIÓN SECTOR EDUCACIÓN EN EL PIB (1980-1991) (MILLONES DE PESOS)
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CUADRO 4
POBLACIÓN INSCRITA EN TODOS LOS NIVELES DEL SISTEMA ESCOLAR (MILES DE ALUMNOS)
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CUADRO 5
MATRICULA EN EDUCACIÓN PRIMARIA (1980-1991) (MILES DE ALUMNOS)
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CUADRO 6
MATRICULA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA (1980-1991) (MILES DE ALUMNOS)
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CUADRO 7
MATRICULA EN PROFESIONAL MEDIO TÉCNICO (1980-1991) (MILES DE ALUMNOS)
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CUADRO 8
LIBROS DE TEXTO GRATUITO 1979-1991 (MILES DE LIBROS)
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CUADRO 9
PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LA DEMANDA Y GRADO PROMEDIO DE ESCOLARIDAD (1979-1991)
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CUADRO 10
DESERCIÓN Y REPROBACIÓN DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA SUPERIOR (1980-1991) (PORCENTAJE)
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CUADRO 11
EFICIENCIA TERMINAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA SUPERIOR (1980-1991) (PORCENTAJE)
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CUADRO 12
ESCUELAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA POR TIPO DE ORGANIZACIÓN (1980-1991) (ESCUELA)
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CUADRO 13
ANALFABETISMO EN ALGUNOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA (1970-1990) (PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD)
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IX. Sector salud
1. Uno de los principales retos que se ha propuesto vencer la actual administración se ubica en el terreno de la política social, dentro de la cual se localiza el sector Salud y Seguridad Social.
A pesar de que este sector ha tenido incrementos sustanciales de 1989 a 1991 en el presupuesto que año con año se le asigna, aún así su participación dentro del PIB alcanza en 1991 los niveles que tenía en 1982 cuando su participación era del 3.4%, todavía muy lejos de acercarnos a la proporción recomendada por organismos internacionales (Cuadro 2).
Si hacemos comparaciones con los niveles de otros países, resaltan de manera sorprendente grandes diferencias y enormes rezagos existentes en asignación de recursos, aún cuando se quiera convencer a la población del gobierno por atender el bienestar social.
Así, según datos del último Anuario Estadístico de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) de 1991, el gasto público de salud en México como porcentaje del PIB a precios corrientes durante 1987 fue del 0.3%, en Ecuador del 1.4% en Honduras del 2.2% en Trinidad y Tobago del 3.2% en Barbados del 4.2% y en Jamaica el 6.0%. Estas comparaciones son con países en condiciones similares a la nuestras, y aún así estamos muy por debajo de lo que ellos hacen por atender a su población en el Sector Salud (Cuadro 3).
Si bien es cierto que una solución pronta y satisfactoria para atender las necesidades en Salubridad de las mayorías no consiste sólo en incrementar el monto de los recursos, sino también en su asignación oportuna y eficiente, es innegable que una proporción elevada de gasto en Salud es requisito primordial para enfrentar la actual situación del Sector.
2. El gasto en el sector debería orientarse primordialmente a la infraestructura física como base para ampliar la cobertura de atención a la población, así como poner gran énfasis en la atención preventiva más que en la curativa , y fomentar y apoyar la investigación médica.
A. Respecto a la infraestructura se tenía proyectado tanto en el Sector Salud en general así como en Institutos de atención a la salud como el IMSS y el ISSSTE construir, ampliar o remodelar clínicas, hospitales, unidades de medicina general, entre otras obras.
Sin embargo, al revisar los resultados programáticos de estos proyectos nos encontramos con que
la mayoría de estas obras no fueron cumplidas y tuvieron variaciones negativas del 100%.
Creemos que es necesario cumplir con las metas proyectadas de infraestructura, no sólo por presentar resultados positivos en las cifras, sino por que no construir estas unidades de atención, implica no atender a un gran número de mexicanos que tienen el derecho de recibir atención médica.
Asimismo, en varios de estos programas las asignaciones presupuestales fueron modificadas sustancialmente, y en la explicación a las variaciones de estos programas no se encuentran razones para estas adecuaciones.
Así, por ejemplo el Programa 5I - Edificios para servicios de salud y seguridad social del IMSS en su subprograma 01 tuvo una reducción en el presupuesto original del 62%, el subprograma 03 una reducción del 39%. el 04 una reducción del 91%, sólo por citar algunos casos.
Aunado a lo anterior, se observa un desorden general en el sector en cuanto a disminuciones, aumentos , y traslados de recursos de unos programas a otros, lo cual resulta preocupante, pues esto provoca distorsiones presupuestales que hacen difícil evaluar los resultados de cada uno de los programas previstos. esto manifiesta deficiencias en cuanto a la planeación de programas y objetivos.
Por ello, en lo futuro deberá prestarse mayor atención a las tareas de programación y presupuestación.
B. En cuanto al modelo de servicio en nuestro país podría caracterizársele como curativo tardío y escasamente prevencional. Es un modelo de atención fundamentalmente de reparación, que actúa sobre las causas del daño, y no tiene incidencia directa sobre la salud de la población, sino sobre la enfermedad y muerte, a pesar de que la inversión para conservar la salud rinde más que el costo para curar la enfermedad.
Lo anterior puede constatarse al observar los porcentajes del gasto total que se asignaron en 1991 a la atención preventiva y a la curativa, que fueron del 10% y 42% respectivamente. A la ultima se le asignaron 4 veces más recursos que la primera.
Esta situación ha provocado resultados negativos en los indicadores de atención a la población mexicana en materia de salud, comparando con otros países.
Así, el índice de mortalidad de México es del 35.2% por cada mil niños nacidos vivos. En Argentina es del 28.8%, en Panamá del 20.8%, en Chile del 16.% y en Jamaica del 14%, por citar algunos ejemplos. (Cuadro 4).
Otro dato indicador de nuestro nivel en el rubro de la salud es el de niños nacidos con poco peso. Según el Banco Mundial, México registra un nivel anual del 15% de niños que nacen con un peso inferior a 2,500 gramos. La explicación que este organismo nos da sobre este indicador, es qué el poco peso al nacer suele estar relacionado con la mal nutrición de las madres y en general hace aumentar el riesgo de mortalidad de estos niños y afecta adversamente a su crecimiento en los primeros meses de vida y en la niñez, lo que eleva la incidencia de otros tipos de atraso en el desarrollo.
El mismo nivel que tiene México del 15%, lo registra también Mozambique, considerado el país más pobre del mundo, según el Banco Mundial (Cuadro 5 ).
C. En cuanto a las investigaciones médicas, se tenía planeado desarrollar 1,689 protocolos, de los cuales, sólo se lograron 690, según el programa 30, lo cual provocó una variación negativa del 59% en cuanto a resultados físicos. Sin embargo, en cuanto a asignación presupuestal, se incrementó el monto original de 59 mil 918 millones a 67 mil 100 millones de pesos, es decir, se dio una variación positiva del 12%.
Consideramos que es necesario poner mayor énfasis para alcanzar metas tan importantes como proyectos de investigación. Asimismo surgen dudas acerca del manejo de los recursos presupuestales, pues en este caso si en los resultados físicos se registró una reducción de más del 50%, por qué en el presupuesto ejercido se dio un incremento del 12%. No se presentan explicaciones en la Cuenta Pública respecto a estas situaciones comúnmente dadas.
3. Finalmente, el sector presenta ciertos defectos en la orientación de atención a la población, ya que se observa la aplicación de una política social selectiva que otorga una mayor atención a las instituciones que atienden a la población derecho habiente que a las instituciones que atienden a la población abierta, las cuales pueden penetrar más ampliamente en zonas marginadas con centros básicos.
Lo anterior no quiere decir que devén restarse recursos al IMSS o al ISSSTE, sino que deben buscarse los medios más rápidos para atender a los individuos o grupos más desprotegidos.
La mayor atención a la población derecho habiente la reafirman los siguientes datos: concentra el 70% de las consultas externas y el 65% de personal médico. Mientras que la población abierta concentra el 30% de las consultas externas y el 35 % del personal médico (Cuadros 7y 8).
También dentro del mismo ámbito de derechohabientes se observa una diferencia muy grande de atención a las zonas urbanas y rurales, pues en el caso de los asegurados del IMSS, en 1991 los asegurados permanentes en el sector urbano representaban al 85.4% del total, mientras que los asegurados del sector rural sólo representaban el 3.5% (Cuadro 9).
Consideramos que una política de orientar la política social hacia la población de escasos recursos, debe incluir el ampliar la infraestructura de atención a las diferentes zonas del país, esto es, convertir la prestación de los servicios públicos en una acción de carácter universal, es decir, con una cobertura institucional que abarque a los núcleos de la población más necesitada de estos servicios.
Asimismo, la calidad en los servicios debe ser homogénea, lo cual significa atender tanto, a los ciudadanos que ya cuentan con los servicios públicos de salud como a los que aún no los tienen, con el mismo grado de eficiencia, oportunidad y calidad humana.
Para conseguir lo anterior es necesaria la integración de un nuevo sistema nacional de salud, con objeto de que los beneficios de los actuales derechohabientes se extiendan a otros sectores de la población.
Por otra parte, la presencia de enfermedades tan severas como el cólera, atacan principalmente a la población de escasos recursos, por sus condiciones de vida. Sabemos que el registro de las cifras de casos y defunciones por cólera se ha incrementado, lo cual debió haber hecho que las autoridades reforzaran su atención a este problema. sin embargo la Cuenta Pública proporciona poca información acerca de este tipo de enfermedades, así como el SIDA o la anencefalia, a pesar de tratarse de problemas de salud pública.
CUADRO 1
GASTO SECTORIAL EN SALUD, 1982-1991 (MILLONES DE PESOS)
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CUADRO 2
PARTICIPACIÓN DEL SECTOR SALUD EN EL PIB, 1982-1991 (MILLONES DE PESOS)
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CUADRO 3
GASTO PUBLICO EN SALUD EN VARIOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA, 1980 - 1987 (PORCENTAJE DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS CORRIENTES)
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CUADRO 4
MORTALIDAD INFANTIL EN VARIOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA (TASAS ANUALES POR CADA MIL NACIDOS VIVOS)
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CUADRO 5
NUMERO DE HABITANTES POR MEDICO Y NIÑOS NACIDOS CON POCO PESO EN VARIOS PAÍSES
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CUADRO 6
CAMAS DE HOSPITAL EN VARIOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA, 1980-1987 (CAMAS DE HOSPITAL POR CADA MIL HABITANTES)
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CUADRO
CONSULTAS EXTERNAS POR INSTITUCIÓN, 1982-1991 (PORCENTAJES)
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CUADRO 8
PERSONAL MEDICO POR INSTITUCIÓN, 1980-1991 (I) (PORCENTAJES)
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CUADRO 9
ASEGURADOS DEL IMSS, 1980-1991 (PORCENTAJES)
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CUADRO 10 UNIDADES MEDICAS POR INSTITUCIÓN, 1980-1991 (I) (PORCENTAJES)
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X. Sector desarrollo urbano, vivienda y ecología
1. El Sector Desarrollo Urbano, Vivienda y Ecología puede ser considerado como uno de los sectores que menores asignaciones recibe dentro del presupuesto del Gobierno Federal. Sin embargo, sus funciones son básicas y vitales para la población mexicana, por lo cual debería considerársele como un sector prioritario.
Así en 1991, no sólo se le asignaron recursos reducidos e insuficientes sino que el gasto ejercido fue inferior en 1.6% respecto al presupuesto original, lo cual significó una reducción en el monto presupuestal de 37 mil 700 millones de pesos, a pesar de que este sector requiere una gran cantidad de recursos para cumplir con las metas y objetivos de sus múltiples programas.
Asimismo, el gasto de este sector en 1991 comparado con el ejercicio en 1988 registró un descenso de 21.1% en términos reales. Cabe mencionar que la participación de este sector dentro del PIB en 1988 era de 0.3% y de 1989 a 1991 este mismo indicador se ha mantenido en 0.2%, es decir, por debajo del ya de por si reducido nivel que se tenía hace cuatro años.
Con lo anterior, pueden observarse claramente las fuertes reducciones y la mínima atención que ha recibido este sector, el cual recibe asignaciones muy pequeñas en comparación con las grandes tareas a las que debe enfrentarse. Por otra parte, al revisar el ejercicio programático, es decir lo que se logró en términos de programas, subprogramas, proyectos y metas, nos encontramos con lo que año con año se repite de manera muy especial en este sector. Se registran una cantidad impresionante de irregularidades en las metas y en los presupuestos programados. Se localizan modificaciones en las metas físicas respecto a las originalmente planeadas, lo que representa en la mayoría de los casos, variaciones negativas que van del 50% al 100%. En el caso del presupuesto aprobado para cada programa y subprograma, sucede algo similar, o mejor dicho se registran más distorsiones. Así, se encuentran modificaciones a las asignaciones presupuestales que en ocasiones representan elevaciones de hasta el 90% de los montos originales, y en otros casos, la mayoría de ellos, no se ejerce el presupuesto en proporciones que van del 52% hasta el 100%. Es decir , en la mayoría de los casos, los resultados presupuestales presentan variaciones negativas muy altas. Esto se debe, en muchos casos, a que los recursos de unos programas se transfieren a otros.
Esta situación, en primer lugar, provoca una distorsión presupuestal que hace difícil evaluar los resultados de cada uno de los programas previstos; y en segundo lugar, eso manifiesta serias deficiencias en cuanto a la planeación de los
programas y objetivos con el fin de ejecutarse, aspectos de los cuales carece este sector, ya que año con año sucede lo mismo. Por ello, hacemos una llamada de atención, esperando una respuesta positiva para los siguientes ejercicios y resultados presupuestales, en los que esperamos que se trabaje y se cuide la elaboración de los planes, para que actúe de acuerdo a ellos y así se presenten mejores resultados que los obtenidos el año anterior.
2. Uno de los rubros importantes que atiende este sector es la vivienda. El esfuerzo realizado para cubrir esta necesidad de la población fue insuficiente para impedir que aumentara el número de mexicanos sin vivienda propia, y para que las viviendas sin drenaje o sin agua entubada en las viviendas aumentara también. Asimismo, no ha mejorado la proporción de la población que vive en condiciones muy deficientes.
En lo que se refiere a las viviendas no propias, aumentaron de 1980 a 1991 en un 53.5% y la tercera parte de nuestra población habita en esas viviendas. Por lo demás, en la actualidad existen 3.7 millones de viviendas sin agua entubada y 3.7 millones de viviendas con agua fuera de la vivienda. En total más de 7 millones y medio de viviendas en la actualidad no disponen de agua entubada en su interior.
En 1980 eran respectivamente 3.5 millones sin agua entubada, y 2.5 con agua fuera de la vivienda. Esto significa que más de 10 años estas deficiencias se han agravado.
En cuanto a la proporción de la población que habita viviendas de 1 a 2 cuartos es del 67%; en viviendas de 2 a 5 cuartos es del 27%; y en viviendas de más de 5% cuartos es del 6%. Estas proporciones se han mantenido constantes en aproximadamente los pasados 11 años. Por lo tanto, no se ha mejorado; la situación de vivienda de la mayoría de nuestra población, y en algunos casos se ha agravado.
Por otra parte, en cuanto a la participación de las instituciones de vivienda en la oferta habitacional, en un análisis de los últimos 11 años nos encontramos con que el INFONAVIT y el Sistema Financiero de Vivienda, durante la primera mitad de la década anterior, fueron los organismos con mayor participación en la oferta institucional de vivienda. Cada una de ellas cubrió en promedio alrededor de una tercera parte de las acciones de vivienda. No obstante a partir de la segunda mitad de los años ochenta, fue disminuyendo el peso relativo de ambas instituciones, y en especial del INFONAVIT pues en 1983 su participación en las acciones de vivienda fue de 37.5 del total y para 1991 esta proporción se redujo a sólo el 16.5%.
En el caso del FOVISSSTE desde 1983 hasta 1991 ha proporcionado en promedio el 7% de la oferta habitacional, lo cual demuestra las limitadas posibilidades de acceso a la vivienda para los trabajadores del Estado.
El FONHAPO por su parte, es el organismo encargado de atender las demandas de vivienda de la población no asalariada con ingresos menores a 2.5 veces el salario mínimo. La participación de este organismo en el otorgamiento de viviendas ha disminuido su participación en el total, en 1988 era del 23% y en 1991 fue de 16.6%.
Ahora, en cuanto a la distribución de los recursos destinados a vivienda en 1991, a estos organismos, INFONAVIT y FOVI - BANCA, les correspondió manejar el 75.4% de la inversión total. Por su parte, FONHAPO sólo absorbió el 3% del total. Esto significa que los pocos beneficiarios de las acciones de vivienda fueron los estratos de ingresos medios y altos, en detrimento de los populares.
Asimismo, las cifras anteriores son significativas, pues revelan que las acciones de vivienda en vez de aumentar se están reduciendo, lo cual afecta a miles de mexicanos, por lo que no se está cumpliendo con el artículo 4o. Constitucional, el cual establece que:
"Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios, a fin de alcanzar tal objetivo".
Para hacer frente al reto que presenta la oferta y demanda habitacional proponemos se tomen en cuenta las siguientes consideraciones:
Es necesario fomentar mayor participación popular en la gestión de proyectos habitacionales y procedimientos democráticos en la asignación de viviendas construidas en programas estatales.
Proporcionar más créditos para vivienda y más baratos.
Realizar y difundir estudios sobre reservas de suelo, así como expropiar predios baldíos para uso habitacional colectivo.
Evitar el encuadramiento de los programas de vivienda en una estructura corporativa que
favorece sólo a determinados sectores de trabajadores y a ciertas organizaciones sociales mediante el financiamiento habitacional con miras a lograr el control político y la fidelidad al régimen.
Efectiva coordinación de las acciones públicas en materia habitacional.
3. Otro fuerte problema que se ha agravado en los últimos años ha sido el ecológico y el de la contaminación en general.
Consideramos que es insuficiente y deficiente lo que se ha hecho en estos aspectos.
Así, entre los múltiples problemas ecológicos que sufre el país se encuentran:
La deforestación ha llegado a rebasar el millón de hectáreas anuales. Las regiones tropicales son las más afectadas en las últimas dos décadas, habiéndose perdido hasta el 90% de las selvas tropicales húmedas.
Las cuencas hidrológicas más importantes están contaminadas por las descargas sin tratamiento de aguas de uso industrial y urbano.
Los cuerpos lacustres más importantes se están desecando, o contaminando o incluso, algunos, han desaparecido.
El aire de las zonas urbanas está altamente contaminado. Amenazando la salud de grandes concentraciones de población.
A pesar de tener problemas tan graves como los mencionados, se continúan ejecutando obras que provocan daños en el ambiente, y los estudios que revelan el impacto de estas acciones se amañan o no se respetan, y los criterios ecológicos no se toman en cuenta y siguen formulándose planes y programas al margen de estos.
Así, los estudios de impacto ambiental, pese a ser un instrumento de gran importancia se enfrentan a distintos problemas: no se realizan en todas las ocasiones que debieran; cuando se hacen no siempre se realizan con vigor, o bien se realizan y no son tomados en cuenta.
Por otro lado, en el caso de las grandes urbes donde se concentran una gran cantidad de industrias y automóviles, se está dando mayor atención a las fuentes móviles que a las fijas. Entre ellas se puede mencionar la reducción obligatoria de la circulación diaria de la planta vehicular y su verificación. Se ha dado gran énfasis a la educación, conciencia y acciones del ciudadano para combatir este problema de la contaminación, y hemos visto su gran disponibilidad y respuesta inmediata para la lucha contra esta situación. Sin embargo, más importante aún es concientizar a los industriales, puesto que sus empresas también son fuentes directas de los altos niveles de contaminación a los que hemos llegado. Es necesario hacerles ver a través de diversos medios, la situación que la emisión de contaminantes de sus industrias está provocando en la población, especialmente en los niños y el medio ambiente en general. Además, es necesario tomar medidas drásticas y reales contra aquéllos que no contribuyan a combatir este fenómeno, pues las medidas y acciones hasta ahora llevadas a cabo, han resultado insuficientes como podemos constatarlo por el agravamiento de este crítico asunto. Consideramos que la respuesta del gobierno para atender estos problemas ha sido más lenta que la demanda de la ciudadanía y la generación de los problemas. Los resultados son por todos conocidos, y sufridos por millones de mexicanos. Como dato específico, la Ciudad de México, es la más contaminada del mundo y los daños a la salud aún no cuantificados sistemáticamente están incrementándose de manera alarmante.
Por otro lado, en el Tomo de Resultados Generales de la Cuenta Pública de 1991, se nos dice que a 4 años de haberse promulgado la Ley General de Equilibrio Ecológico y de Protección al Medio Ambiente, son ya 21 los Estados de la República que cuentan con su respectiva ley ecológica, lo cual constituye la base para definir el marco legal correspondiente y el aparato administrativo necesario. De esta forma, las decisiones y la atención a los problemas ambientales se realiza en los propios lugares donde se originan (pag.86).
Consideramos que, esta descentralización de facultades puede permitir que los Estados y Municipios se involucren de manera más directa en la problemática ambiental. Y de hacerse realmente efectivo en el ordenamiento local, posibilitará un uso más integral de la naturaleza y elevará la potencialidad de cada entidad. Puede ayudar además a que los problemas se atiendan, y la manera de hacerlo, estará más ligada a los problemas de las comunidades campesinas y urbanas, y los métodos usados estarán más acordes a una realidad social, cultural y ecológica y con mayor participación. Esto es lo que esperamos que suceda. Sin embargo, no tendrá viabilidad si no va acompañado de un importante esfuerzo por des centralizar también recursos económicos hacia los Estados y Municipios para atender estas tareas, además de brindar asistencia técnica.
En términos generales se puede decir que en 1991 en materia ecológica las expectativas rebasaron los hechos y no sólo los problemas no pudieron resolverse, sino que ni siquiera las tendencias del deterioro ambiental pudieron ser detenidos y mucho menos revertidas.
En cuanto a los logros se puede comentar que quedaron muy por debajo de las metas originales. Esto se tradujo en resultados muy limitados.
Entre las causas de estos resultados se pueden mencionar las siguientes:
La escasez de recursos económicos no permitió atender de raíz la complejidad y gravedad de los problemas ambientales. La asignación de pocos recursos por parte de la Federación, muestra que los problemas ambientales no son todavía una prioridad para el gobierno. Se reconoce su gravedad pero no se actúa en consecuencia.
Existe un gran rezago de las cuestiones ambientales a nivel nacional.
Escasez de cuadros dedicados a la investigación ambiental y falta de instituciones de educación para formarlos.
No se ha incorporado en la lógica de muchos gobernantes la necesidad de modificar las políticas, tanto de desarrollo social como económico, que provocan daños ambientales. Esto se presenta tanto a nivel federal, estatal como municipal.
Por lo tanto, existe mucho trabajo por hacer. Debemos apresurarnos. De por medio están los recursos naturales que nos permiten vivir, así como la salud de nuestra población.
Ecología
Sin duda alguna la humanidad a entrado en una crisis ambiental global, en una dimensión histórica nueva, que consiste en el peligro de la autodestrucción, como producto del aniquilamiento de las bases de sobrevivencia propias del hombre. Esta colonización de la naturaleza para fines humanos, sin respetar la dinámica propia de la misma, llega hoy en día a extremos alarmantes; así, la preocupación por el medio ambiente se ha vuelto una experiencia cotidiana en todo el mundo y principalmente en nuestro país.
Actualmente se articula la necesidad de buscar la paz con la naturaleza, de lograr una reconversión ecológica de nuestra sociedad industrial que se ha convertido en un sociedad de riesgos poco previsibles y controlables.
La secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, ahora Secretaría de Desarrollo Social, tiene como uno de sus objetivos fundamentales la preservación y cuidado del medio ambiente.
Actualmente el país se encuentra en una crisis ecológica, existiendo un desfasamiento abismal entre desarrollo industrial y equilibrio ecológico, en un desconocimiento vital de los elementos básicos de una cultura ecológica.
En este sentido es fundamental señalar las condiciones que en este ámbito se encuentra el país.
De esta manera es necesario hacer algunas observaciones a las medidas, líneas de acción, y ejecución del presupuesto destinado a la Secretaría para el año de 1991, en relación a la protección y preservación del medio ambiente.
En 1991, no sólo se le asignaron recursos reducidos e insuficientes, sino que el gasto ejercido fue inferior en 1.6% respecto al presupuesto original lo cual significó una reducción en el monto presupuestal de 37.700 millones de pesos. Por consiguiente el gasto de este sector en 1991 comparado con el ejercicio en 1988 registró un descenso de 21.1%, en términos reales.
En cuanto a sus líneas de acción la Secretaría señala que para la protección del Medio Ambiente toma como base la "Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente". Sin embargo, tal ley es promulgada en el año de 1988, y aunque en ella se señalan disposiciones para la preservación y cuidado del medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales, ésta ha sido aplicada sólo parcialmente, lo cual lo demuestran las condiciones actuales.
Tomando en cuenta tal Ley, la Secretaría señala sus objetivos, en los que habla de la necesidad de recuperar y controlar los ecosistemas, el deterioro y la contaminación del medio ambiente. Sin embargo, no se menciona algo tan fundamental como sería el orientar recursos para la investigación, estudio y desarrollo de tecnologías que permitirían prevenir y abatir desde sus orígenes estos problemas. Así, se preservarían los ecosistemas, en virtud de que ahora se habla de una regeneración, la cual nunca se ha logrado al 100%.
1. Mares y litorales
En la cuenta pública de 1991 se señala la instalación de 494 estaciones de monitoreo de la calidad del aire, del agua y de dos plantas de
tratamiento de aguas residuales. Sin embargo, la situación en la que se encuentran nuestros mares demuestran que tales acciones han sido insuficientes aunque se hable de que se realizaron 6.568 acciones de vigilancia en aguas marítimas y 1.193 operativos encaminados a controlar derrames de hidrocarburos en el mar.
Cabe destacar que uno de los programas de contingencia implementados con el apoyo de la Secretaría de Gobernación y Marina para combatir y controlar los derrames de hidrocarburos y otras sustancias nocivas al mar, hasta el momento no han contado con los resultados deseados.
Grandes extensiones de nuestros litorales del Pacífico sufren irremediablemente de las atrocidades y consecuencias del desarrollo humano, trayendo como consecuencia el desequilibrio ecológico.
El Golfo de México, al igual que los litorales del pacífico, constituyen un sistema ecológico dotado de rica diversidad de ambiente costero. Pocas zonas en el mundo pueden ofrecer la alta complejidad de los ambientes costeros, de las regiones templadas y tropicales del continente americano que aquí encuentran su confluencia. Islas de barreras, estuarios, marismas, manglares arrecifes de coral blanco, todo ello conforman una maravillosa combinación de hábitat, sin duda única en el continente. Este patrimonio biológico de la humanidad sufre hoy la amenaza de nuestro estilo de aprovechamiento de sus recursos, de nuestro descuido y mal manejo en la formulación e implementación de normas y medidas adecuadas para protección del medio ambiente.
A continuación se hace referencia a algunos de los problemas, desconocimiento y consecuencias de los impactos que provocan las extensas zonas petroleras. Tal es el caso de la degradación del Río Coatzacoalcos en donde la región se ha transformado en tierra muerta, por mencionar sólo uno.
En casos como el anterior la flora y fauna del área afectada por derrames petroleros (no intensa) sólo se recupera si no es sometida a nuevos derrames. El período de regeneración de las poblaciones depende de la naturaleza del sustrato y de las condiciones físicas y químicas prevalecientes.
Sin embargo, una zona como la del Golfo que es intensamente castigada por los constantes flujos de contaminantes, y las malas políticas aplicadas para ello, ve muy lejana su regeneración.
Existe gran desconocimiento acerca de los efectos de los hidrocarburos en la salud humana, en la condiciones que presentan los ambientes costeros y marinos tropicales.
La información existente sobre los efectos de derrames en colonias de arrecifes coralino, bajo condiciones controladas de laboratorios, ofrecen suficientes evidencias de efectos negativos. Se conoce que la germinación de las semillas y el crecimiento de las plántulas son extremadamente sensibles a esta clase de contaminación.
Las actividades industriales a partir de la extracción, procesamiento y el transporte de hidrocarburos amenaza este patrimonio biológico de la humanidad.
El desarrollo agropecuario, los procesos acelerados de urbanización, la explotación turística y la expansión de complejos portuarios comerciales son factores determinantes en la devastación del medio ambiente.
2. Bosques y selvas
En cuanto a las acciones llevadas a cabo para la protección del patrimonio natural, la Cuenta Pública de 1991, señala que la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de Desarrollo Urbano y Ecología en coordinación con los gobiernos de los Estados pusieron en marcha la campaña de prevención, control y combate de incendios forestales con el fin de proteger la representatividad de los ecosistemas del país. Asimismo, se señala la participación de las fuerzas armadas, en actividades de reforestación y control de incendios. Sin embargo, cabe destacar que no es sólo el problema de los incendios lo que ha causado la pérdida de grandes hectáreas de bosques.
Nuestro país cuenta aproximadamente con 28 millones de hectáreas de bosques y 11 millones de hectáreas de selvas que representan el 14% y 6% del territorio nacional respectivamente. Asimismo cuenta con una gran biodiversidad, considerada coma una de las mayores en el planeta. Pero si México destaca a nivel mundial, no es sólo por los recursos forestales de que dispone y por su riqueza genética, sino por la forma en que estos recursos han sido depredados y continúan siéndolo. Existen estimaciones que señalan perdidas anuales de bosques y selvas que van desde 370 mil hasta 470 mil hectáreas.
Se considera que tan sólo para 1991 los incendios causaron la deforestación de alrededor de 15 mil hectáreas; mientras que otras tantas fueron
destruidas por la tala ilegal. Las plagas y enfermedades causaron la deforestación de 11 mil hectáreas.
Pero los factores anteriores parecen poco significativos si se les compara con el principal factor de deforestación; los desmontes, los cuales tan sólo en 1991, afectaron 326 mil hectáreas, de acuerdo con datos de la propia SARH, que representan el 88% de las estimaciones de deforestación durante ese año. Estos desmontes se realizan con fines de cambio de uso del suelo.
Son precisamente grupos reducidos que tratan de acaparar las actividades económicas los que llevan a cabo tales acciones a través de quemas, pastoreo sin control, desmontes y descuido de áreas plagadas.
Sin embargo las principales causas de desmontes siguen siendo el cambio de uso del suelo para destinarlo a la ganadería extensiva.
En relación a todo ello la Secretaría no lleva a cabo o al menos no se señalan, acciones encaminadas a poner fin a este mal que está arrasando con los bosques y selvas existentes en nuestro país, y dejando sin hábitat a especies únicas en el mundo, como es la Mariposa Monarca.
3. El problema del Distrito Federal
Dentro de los resultados de acción se señala el funcionamiento de 22 sistemas de monitoreo para registrar la calidad del aire.
Los monitores funcionaron principalmente para el Distrito Federal, por ser la ciudad más contaminada del país.
El índice de contaminación registrado se proporciona a través de lo que conocemos como IMECAS, sin embargo tal indicador resulta poco seguro, ya que de los 25 monitores que procesan información cada hora, sólo cinco miden los tóxicos más significativos: monóxido de carbono (CO), óxido de nitrógeno (NO2), bióxido de azufre (SO2), Ozono (O3) y partículas suspendidas.
Cuando la calidad del aire supera los 300 IMECAS (muy peligroso), el ozono alcanza 60 partículas por millón, el monóxido de carbono 50, el bióxido de nitrógeno 2.00 y las partículas suspendidas superan los 100 microgramos por metro cúbico. Si SEDUE anuncia un nivel de IMECA de más de 300 puntos no especifica cuál de estos contaminantes, o que combinación de ellos, llegó a la barrera de muy peligroso, a pesar de que cada uno de los tóxicos tiene repercusiones diferentes en la salud.
Por otra parte, se señala en referencia a las acciones tomadas para la ciudad, la puesta en marcha del "programa hoy no circula" y el de verificación obligatoria de los vehículos automotores particulares, de transporte de pasajeros y de carga en circulación. Sin embargo, el programa "hoy no circula" es una medida que no ha resuelto los altos índices de contaminación que se registran en la ciudad de México y es una medida que trajo problemas de transfondo (aumento de la masa vehicular).
Pero, a pesar de todo ello el punto nodal de contaminación vehicular no está en el número de ellos. Nuestra densidad vehicular en la ciudad de México es menor al de otras metrópolis. La reducción en la circulación vehicular aporta muy poco en la disminución del índice de emisiones. El problema fundamental que enfrentamos en la capital es de la gasolina porque aunque PEMEX haya generado un nuevo tipo de gasolina baja en plomo y otra sin él, ésta sólo puede ser utilizada por vehículos que cuentan con convertidor catalítico, los cuales son automóviles de reciente modelo.
4. Desarrollo industrial y medio ambiente
En torno a este punto encontramos que existe un desfasamiento entre el desarrollo industrial y la preservación del medio ambiente, ya que como antes se mencionó el sector industrial es el que aporta mayor cantidad de contaminantes.
En la Cuenta Pública de 1991 se habla de industrias altamente contaminantes y para abatir ello se da mucha relevancia al cierre de la "Refinería 18 de Marzo", sin embargo Cementos Anáhuac, la fábrica de papel San Rafael (planta Tlamanalco) y la Compañía de Papeles Industriales eran hasta julio de 1991, las tres empresas que más contaminaban en el valle de México.
Por otro lado, de acuerdo a un documento elaborado por el propio Departamento del Distrito Federal, son 400 las empresas industriales que afectan en mayor medida el medio ambiente de la región, y sin embargo en el informe que se da de la Cuenta Pública sólo hay relevancia por el cierre de la "Refinería 18 de Marzo".
Es verdad que en 1991 SEDUE llevó a cabo una especie de cruzada contra las industrias contaminantes, y que hubo numerosas cláusulas pero
en la mayoría fueron parciales y temporales. Por otro lado se abocaron a la revisión de sólo las grandes industrias, no dando tanta importancia a las pequeñas industrias, que no dejan de ser contaminadoras. Toda la frontera norte ha sido amenazada desde hace mucho años por una gran cantidad de desechos tóxicos, que se generan, producto de la actividad industrial del conjunto de empresas maquiladoras y que son desaparecidos en tiraderos clandestinos.
5. Descentralización para tomar medidas en contra del deterioro ambiental
La SEDUE señala que se ha efectuado una descentralización administrativa para dar mayor eficiencia a la gestión ecológica, transfiriéndose a los estados y municipios funciones que inicialmente se habían reservado al ámbito federal. Sin embargo, planteamos que esto no ha funcionado, pues los problemas ecológicos en cada uno de los Estados han seguido avanzando y en muchos casos por la falta de recursos o limitaciones que el gobierno central destina a cada Estado.
Por otro lado en el Capítulo II del reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico, que lleva como título: Concurrencia entre la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios, en su artículo 4o. se mencionan las atribuciones que tienen los Estados y podemos constatar que a estos se les dan facultades en lo que se refiere al ambiente, pero no en aquellos problemas producidos por las empresas paraestatales. En este sentido se sabe que en México son precisamente éstas, las que mayores contaminantes producen al ambiente. Tal es el caso de PEMEX, FERTIMEX, ó CFE, por lo que no se está dando oportunidad a que las entidades federativas participen en la solución del problema, quitándole con ello autonomía propia.
Asimismo en el artículo 40 de la ley respectiva se dice que son asuntos federales los de alcance general de la nación o de interés de la Federación, sin embargo es necesario puntualizar que los asuntos de competencia federal son también asuntos de carácter estatal y municipal, inclusive, porque es ahí mismo en donde muchas veces se originan, y en donde se sufren las consecuencias.
6. México en el ámbito internacional
Finalmente, en el ámbito internacional se le da gran importancia a la adhesión de México a la Convención Internacional de Tratado de Especies Silvestres Amenazadas o en Peligro de Extinción (CITES). Es verdad que la firma a este tratado es importante, pero es necesario actuar más eficaz y tenazmente, ya que en realidad muchas especies no sólo están en peligro de extinción, sino que ya han desaparecido.
Uno de los mayores problemas es el tráfico ilegal de especies. Para dar una idea de tal problema hay que señalar que anualmente viajan de país en país 40 mil primates, un millón de orquídeas, 4 millones de aves vivas, 10 millones de pieles de reptiles, 15 millones de pieles de osos, más de 350 millones de peces tropicales y marfil extraído de por lo menos 90 mil elefantes africanos. Además hay que imaginar un mercado, que cálculos conservadores estiman por un valor de 5 billones de dólares al año.
En México, las leyes prohiben la exportación de la mayoría de las especies silvestres. Sin embargo se encuentra entre los 24 países exportadores más importantes, la mayoría de los cuales son países en vías de desarrollo.
7. Recursos financieros destinados a los programas
Por todo ello es importante que la Secretaría oriente acertadamente sus recursos para la preservación de los recursos naturales y cuidado del medio ambiente.
La misma Secretaría señaló que el Banco Mundial destinó recursos para la protección del medio ambiente, y éstos en el transcurso del año fueron modificados reduciéndose considerablemente.
El Banco Mundial destino 84.445 millones de pesos de los cuales sólo se ejercieron 17.450, ya que según la SEDUE "los recursos de crédito externo están siendo ejercidos progresivamente en tanto se consolidan las gestiones del Banco Mundial".
Sin embargo, si para un presupuesto original ya se consideraba tal cantidad, era porque ya la tenían en sus manos.
Por otro lado, de los 11 programas sustantivos de la Secretaría sólo tres fueron considerados para la preservación y cuidado del medio ambiente, de los cuales dos tienen una variación de, 81% y 54%, en el lugar de sus metas. Y un programa que como objetivo señala el equilibrio ecológico y uso adecuado de la tierra tiene un presupuesto ejercido de 100 en relación con su original.
En este mismo sentido los programas:
Fomento y regulación de la investigación científica y del desarrollo tecnológico.
Desarrollo de la investigación fundamental, aplicada y experimentación científica y tecnológica.
Son considerados como programas no sustantivos, cuando el primero señala en su objetivo el conducir y coordinar las actividades científicos y tecnológica y promover la industrialización y aprovechamiento para la solución de problemas urbanos y ecológicos.
El segundo señala en una de sus metas que su objetivo es el realizar estudios para adaptar y desarrollar técnicas, tecnologías y dispositivos para solucionar problemas ecológicos y ambientales.
El primer programa tiene una variación de 96% en relación a su original y el segundo en su meta respectiva una variación del 100%.
En este sentido cabe volver a enfatizar la poca importancia que se le dedica a la preservación de la contaminación y al deterioro de los recursos naturales. Mientras esta situación continúe y aunque se trate de abatir los efectos, el problema no tendrá solución, pues éste debe erradicarse desde sus orígenes y no sólo en los efectos. Hay que abatir el problema desde sus orígenes y mejor aún hay que saber prevenirlo.
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA Gráfica 1
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CUADRO No 2
PARTICIPACIÓN DEL DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA EN EL PIB 1982 - 1983, 1988 - 1991 (Millones de pesos)
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CUADRO No 3
CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS EXISTENTES EN EL PAÍS 1980 -1991 (Miles de viviendas)
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PARTICIPACIÓN DEL SECTOR EN EL PIB Gráfica 2
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VIVIENDAS EXISTENTES EN EL PAÍS, 1991 Gráfica 3
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NUMERO DE CUARTOS POR VIVIENDA, 1991 Gráfica 3 - A
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CUADRO No 4
DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS EN LAS VIVIENDAS EXISTENTES EN EL PAÍS (Miles de viviendas)
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DISPONIBILIDAD DE AGUA ENTUBADA, 1991 Gráfica 4
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DISPONIBILIDAD DE DRENAJE, 1991 Gráfica 4 - A
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CUADRO No. 5
ACCIONES DE VIVIENDA POR TIPO DE ORGANISMO (VIVIENDAS)
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CUADRO No. 6
INVERSIÓN TOTAL EJERCIDA EN VIVIENDA POR TIPO DE ORGANISMO (Miles de millones de pesos)
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ACCIONES DE VIVIENDA E INVERSIÓN TOTAL Comparación de la Gráfica 5 y 6
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CUADRO No. 7
INVERSIÓN TOTAL EJERCIDA RESPECTO AL PIB (Millones de pesos)
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INVERSIÓN EN VIVIENDA RESPECTO AL PIB Gráfica 7
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XI. Sector trabajo y previsión social
Los últimos dos sexenios han sido particularmente difíciles para los trabajadores mexicanos. Las políticas de ajuste estructural impuestas a nuestro país por el Fondo Monetario Internacional a lo largo de la década pasada, dejaron una cauda de despidos, y colocaron al salario real en el nivel más bajo de su historia. La reconversión industrial, medida adoptada por el Gobierno delamadridista para hacer frente a la crisis productiva por la que atravesaba nuestra industria inició, en el terreno laboral, una cadena de ataques a los trabajadores y a sus conquistas históricas con el propósito de dejar en la indefensión al obrero frente al capital.
Diez años han transcurrido desde que la crisis económica y las medidas adoptadas por el Partido Revolucionario Institucional - Gobierno han tenido como blancos de ataque: el nivel de vida de los trabajadores, sus organizaciones sindicales, el artículo 123 constitucional y su Ley Reglamentaria, así como los Contratos Colectivos de Trabajo. En esta labor de aniquilamiento sindical los patrones han encontrado un aliado invaluable: Arsenio Farell Cubillas, secretario de Trabajo y Previsión Social (STyPS).
Al amparo de la dependencia a su cargo, se ha violado la Constitución y la Ley Federal del Trabajo cuantas veces ha sido necesario para impedir que las demandas obreras sean atendidas. Los tribunales del trabajo, sometidos a las consignas políticas del Secretario en turno, no han reparado en emitir resoluciones contrarias a derecho y en beneficio de los empresarios.
El reciente fallo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCyA) que dio por terminadas las relaciones individuales y colectivas de trabajo en la Empresa Automotriz Volkswagen de México, afectando los derechos laborales de 14 mil trabajadores, no es más que otra acción criminal y anticonstitucional de la Secretaría encargada de aplicar la política salinista en la materia.
El conflicto en la Volkswagen y su falsa solución da muestras claras de que Arsenio Farell Cubillas no conoce límites cuando se trata de violentar la Ley para garantizar el interés del capital y los patrones.
Así ocurrió con la huelga del SUTIN en 1983, con los conflictos de Aeroméxico, Fundidora Monterrey, SICARTSA y la quiebra fraudulenta de Cananea años después , sólo por señalar algunos de los más importantes.
El expediente de afrentas a la clase trabajadora perpetradas por la STyPS es interminable: en 1989, al calor de la gran movilización de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social en defensa de su Contrato Colectivo de Trabajo y aumento salarial, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje resolvió negar el trámite de nulificación de las reformas lesivas al contrato pactadas a espaldas de los afiliados por el entonces Secretario General del Sindicato. Se buscaba con ello, modernizar al IMSS sin el concurso de la base trabajadora y afectando sus derechos.
A finales del mismo año, sin previo aviso, y en abierta contravención a las leyes que nos rigen es cerrada la Empresa Refrigeradora de Tepepan. De nada valió que el Contrato Colectivo de Trabajo pactado con el sindicato obligara a la empresa a abstenerse de llevar a cabo reajustes unilaterales: sin laudo previo de la JFCyA se impuso a los trabajadores una situación de fuerza, dejándolos en la calle.
El largo conflicto de la Ford Motor Company, planta Cuautitlán, es un ejemplo más de la complicidad de la STyPS con la empresa contra los trabajadores.
A una legítima demanda de los obreros de cambiar su dirigencia y exigir la devolución de los descuentos injustificados en el pago de utilidades y aguinaldo, se opuso una campaña de violencia perpetrada por los representantes sindicales espurios y un conjunto de maniobras ilegales a cargo de los tribunales del trabajo. Al cabo de varios meses el saldo para los trabajadores fue un muerto, decenas de despedidos, abusos y corruptelas.
Por otro lado, se dio la lucha que tuvieron que enfrentar los trabajadores de la Cervecería Modelo a lo largo de 1990, contra la intransigencia patronal y las decisiones aberrantes de los organismos laborales.
La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje declaró inexistente la huelga de los obreros de la Modelo, aduciendo que no había sido decidida por la mayoría. Al amparo interpuesto por los trabajadores, la Juez Tercera del Distrito en Materia Laboral, María Edith Cervantes, fijó una fianza exorbitante y arbitraria de 1 mil millones de pesos, suma que lograron reunir con la solidaridad del pueblo.
Después de ser reprimidos y habérseles negado el amparo, los obreros tuvieron que aceptar una negociación cuyo precio fue el despido del Comité Ejecutivo encabezado por Germán Reglín.
El motivo del conflicto en la Modelo fue simple y sencillamente la petición del Sindicato de mejorar el Contrato Colectivo de Trabajo, en especial el renglón de jubilaciones.
El negro historial de intromisión de la STyPS en asuntos sindicales y el impedir la libertad de los trabajadores a formar sus organismos de manera autónoma o elegir voluntariamente la central a la que desean pertenecer, es de todos conocido. Tal es el caso, por señalar otro agravio, de los trabajadores de la Compañía Hulera Tornel quienes demandaron, sin obtenerlo, el registro de un sindicato nacional de empresa e independiente.
Asimismo, una vez desechada la posibilidad de crear un sindicato autónomo, su demanda de incorporarse a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, que fue contestada por la JFCyA con una celeridad sin precedentes, se mandó archivar como asunto total y definitivamente concluido por una supuesta falta de legitimidad del sindicato hulero de la CROC al que se incorporarían los obreros de Tornel, para demandar la administración del Contrato Ley de esta empresa. El saldo para los trabajadores fue un despido masivo que alcanzó la cifra de 600 obreros.
Otra muestra del descaro con que se conduce la Secretaría del Trabajo frente a los sindicatos, es el desconocimiento de sus legítimos representantes y la negativa a concederles el registro cuando no conviene a sus intereses.
Asimismo, la dependencia a cargo de Farell Cubillas ha negado el registro a la oficialista Federación Sindical de Empresas de Bienes y Servicios (FESEBES) que integra trabajadores telefonistas, electricistas, tranviarios, sobrecargos y cinematográficos desde hace dos años. Al respecto, no ha mediado explicación legal alguna, todo hace suponer que la STyPS se guía en este asunto, como en otros, por criterios políticos ajenos a los intereses de los trabajadores involucrados.
Por si lo anterior no fuera suficiente, el Secretario del Trabajo extralimita sus funciones al impedir que patrones y trabajadores lleguen a convenios salariales que, a su juicio, sobrepasan los límites impuestos por la política salarial del Gobierno.
Es conocido el celo de Farell por vigilar que en los acuerdos pactados en revisiones salariales y contractuales, se respeten los topes impuestos año con año. Se han dado casos en que los funcionarios de la JFCyA se niegan a levantar y ratificar convenios en los que la empresa y sindicato han llegado a acuerdos con aumento salarial por arriba del tope.
Por las razones expuestas, consideramos que Arsenio Farell Cubillas debe abandonar el cargo que por diez años ha ocupado. Está claro que su papel ha sido combatir a los trabajadores al colocarse del lado de la patronal sin ningún rubor. El papel de garante de la ley laboral, que supuestamente debe jugar la STyPS está seriamente en entredicho. Su renuncia es un acto de justicia para la clase trabajadora mexicana. Asimismo, consideramos que es necesario que la STyPS cumpla sus funciones de manera honesta, sobre todo defendiendo los derechos de los trabajadores, los cuales generalmente son los más afectados cuando surgen conflictos obrero - patronales.
XII. Sector comunicaciones y transportes
1. En comunicaciones y transportes el país no se preparó para el Tratado de Libre Comercio. Debe haber una relación entre el mejoramiento de las vías de comunicación y transporte y el modelo de desarrollo económico que se impulsa. En los últimos años el modelo de desarrollo que se impulsa desde el Gobierno es uno de desarrollo hacia afuera, esto es, un modelo en el que el comercio exterior tiene un peso cada vez mayor en la economía nacional.
Esto exige una mayor capacidad de nuestros puertos, ferrocarriles y carreteras para transportar las mercancías que se exportan y las que provienen de fuera. Este cambio cualitativo en nuestro modelo de desarrollo exige por tanto un cambio también de calidad en nuestra infraestructura de transporte. De no ser así, tendremos en el transporte un cuello de botella que disminuirá la competitividad de nuestras mercancías en el exterior y aumentará el costo también de las que importamos y consumimos en el país.
Con el Tratado de Libre Comercio se van a agravar los problemas derivados de la infraestructura de comunicaciones y transportes. Por ejemplo, se va a incrementar notablemente la importación de granos básicos y forrajeros y semillas oleaginosas. Sólo con la liberación del maíz, estaremos importando muy pronto más de seis millones de toneladas de esta graminea. ¿Hay suficiente capacidad en nuestros puertos y sistema ferroviario para realizar en forma expedita el transporte al interior del país de esos volúmenes de importación? Tenemos experiencias recientes en el país que nos indican que no es
así. Cuando a principios de los ochenta las importaciones de maíz crecieron notablemente, quedaban estacionados por meses furgones de ferrocarril cargados con el grano, al no tener capacidad el sistema para transportarlos. El costo de este estacionamiento forzoso superó a los costos de producción del maíz. Esto se puede extender a otros productos en el contexto de un Tratado de Libre Comercio que aumentará notablemente el flujo de mercancías.
Por la revisión realizada de la Cuenta Pública de 1991, y de años anteriores, se puede observar que el Gobierno de la República no ha previsto esta problemática y por lo tanto no ha hecho lo necesario para tener un sector de comunicaciones y transportes adecuado a un modelo de desarrollo hacia afuera que con tanto ahínco impulsa.
2. Las afirmaciones anteriores se pueden fundamentar en el gasto público destinado al sector comunicaciones y transportes . En los tres primeros años de este sexenio el gasto destinado al sector ha sido menor al de 1988. El de 1989 en un 20% en términos reales; el de 1990 en un 21% y el del año que hoy revisamos en Cuenta Pública (1991) el gasto fue menor al de 1988 en un 6% en términos reales.
El gasto directo del Gobierno Federal, en el que no se cuenta el de organismos y empresas en presupuesto ni el de los subsidiados, y por lo tanto no se considera a Aeroméxico y Telmex que fueron privatizados, tampoco ha crecido de manera significativa respecto de 1988. El de 1989 fue menor en 18%, el de 1990 también menor al de 1988 en 17% y en 1991 se presenta un pequeño repunte del 7% respecto al de 1988. Pero este gasto ejercido en forma directa por el Gobierno Federal en 1991 es todavía menor en términos reales al ejercido en todos los años del sexenio anterior, excepto el de 1988.
3. En Ferrocarriles Nacionales la situación de estancamiento del gasto público dentro de una tendencia descendente de largo plazo, se observa también en la Cuenta Pública. En 1991 la erogación en FERRONALES es casi igual a la de 1988, después de que en 1989 se redujo en un 6%, lo mismo que en 1990, respecto de 1988.
Viéndolo en una tendencia de más largo plazo, tenemos que en los primeros tres años del sexenio anterior el gasto promedio anual en ferrocarriles fue 11.6% superior al de los tres primeros años del actual sexenio. En los tres primeros años de la década de los ochenta (1980-1982) el gasto promedio anual de FERRONALES fue 47% mayor que el de los tres primeros años del actual sexenio.
4. En el documento de la Cuenta Pública se señala la intención de complementar el gasto público con la inversión privada en el sector de comunicaciones y transportes. Pero hasta la fecha esta inversión está muy lejos de suplir satisfactoriamente el deterioro que ha sufrido el sector y la incapacidad de la infraestructura para responder a los desafíos que plantea la integración de nuestra economía a la de Estados Unidos, que es a lo que realmente se avanza mediante el TLC. Se señala en el documento de Resultados Generales de la Cuenta Pública de 1991 que "sobresalen 11 obras concesionadas al sector privado con participación de CAPUFE (Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos). Dichas obras se realizan en las carreteras Cuernavaca - Acapulco, Torreón - Durango, etcétera... a su culminación se contará con una extensión de 1,709 kilómetros". Observamos la insuficiencia de esa participación del sector privado. Señalamos también que no se ha hecho una correcta evaluación acerca del significado y el costo que para toda la sociedad tendrá esta sustitución del sector público por unos cuantos grandes empresarios financieros en la construcción y explotación de carreteras y puentes. Por lo pronto, los usuarios de esas vías administradas por empresas privadas ya sabemos que se paga hasta 100% más por kilómetro recorrido en las carreteras concesionadas respecto a las que administra CAPUFE. Por ello para concluir, presentaremos algunos cuestionamientos de reflexión: ¿Aumentar las ganancias de un pequeño grupo financiero es lo que más conviene a la economía nacional? ¿Eso nos hará más competitivos? ¿Concesionar carreteras, algunas ya construidas, es la mejor vía para estimular la inversión privada? Dudamos de todo ello.
XIII. Sector energía, minas e industria paraestatal
En la visión de Salinas la Reforma del Estado en su sentido restringido significa el paso de un Estado propietario a un Estado solidario. Así, el discurso enfatiza que el Estado vende sus propiedades con el objeto de cumplir su mandato constitucional de justicia, entendida como de dar más a los que menos tienen. Las políticas implicadas son: privatizaciones y solidaridad.
Siguiendo la política iniciada por Miguel de la Madrid, la gestión gubernamental de Salinas llevada a cabo en sus tres años de Gobierno ha consistido en un ambicioso programa de desincorporación de entidades paraestatales,
pasando de tener 414 entidades al inicio de la gestión en 1988 a 232 en febrero de 1992. Desde 1983 un numero considerable de empresas públicas han sido privatizadas, liquidadas, fusionadas o transferidas del Gobierno Federal a los gobiernos estatales o al sector privado. El numero de empresas desincorporadas fue grande durante el sexenio de De la Madrid, sin embargo, la mayoría de ellas eran relativamente pequeñas o de inversión minoritaria. Mientras que con Salinas la privatización de empresas ha incluido a varias de considerable magnitud, como las compañías de aviación, esto es, Mexicana de Aviación y Aeroméxico, la Compañía de Cobre CANANEA, la Compañía Telefónica Telmex, y finalmente la reprivatización de los bancos. La unidad de Desincorporación de Entidades Paraestatales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estima concluir en este año con el proceso de desincorporación de empresas públicas que no son estratégicas.
Se afirma que el criterio para determinar cuales son las entidades estratégicas es la "Constitución".
En el artículo 28 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se señala cuáles son las áreas estratégicas. Ahora bien, estas áreas están definidas de manera general y no específica, por ejemplo, a que se considera petroquímica básica, con lo que se da lugar a las reclasificaciones de actividades consideradas anteriormente dentro del área petroquímica básica y ahora como petroquímica secundaria.
Por otra parte, la Constitución no es un documento estático, sino que se reforma continuamente. En el caso de este artículo, fue reformado durante la presente gestión a partir de una iniciativa enviada por el Ejecutivo el 3 de mayo de 1990, en donde se suprime el párrafo que consideraba la prestación del servicio público de banca y crédito como función exclusiva del Estado.
Carlos Salinas de Gortari justifica sus acciones diciendo que la política de privatizaciones tiene consenso por dos razones: 1) por que los trabajadores participan en la compra de las empresas, y 2) por que los fondos provenientes de las privatizaciones se destinan a programas sociales, y más concretamente al Programa Nacional de Solidaridad.
1) En cuanto a la afirmación de que los trabajadores participan en la compra de las empresas, cabe consignar que participaron en la adquisición de 21 entidades paraestatales de las 195 vendidas por la presente administración hasta febrero de 1992, lo que representa alrededor del 11%. Pero si tomamos en cuenta el monto de venta de las empresas, del total de 49 billones 134 mil 631.4 millones de pesos, los trabajadores participaron con un 3%. Los trabajadores cuando han comprado empresas en su totalidad, han sido muy pequeñas, y cuando han participado en la compra de grandes empresas, ha sido con un porcentaje muy bajo. Además, debe tenerse en cuenta que de las 21 empresas en que participó el sector social, cinco de ellas fueron ingenios azucareros (el 24%), los que habían sido deficitarios en las últimas zafras y observaban un rendimiento menor al promedio federal. Los ingenios azucareros debieron ser vendidos a un precio menor que el valor técnico de referencia debido a las condiciones en que se encontraban, los problemas laborales, financieros, y la incertidumbre con respecto a la evolución de los precios de la caña y el azúcar. Esto indica que no se trataba de empresas atractivas para ser compradas por el sector privado.
2) En cuanto al destino de los fondos ingresados por concepto de venta de empresas públicas, en sentido estricto no puede decirse que se dirigieron al Programa Nacional de Solidaridad.
En el informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo correspondiente a 1991, se afirma lo siguiente:
Los ingresos provenientes: de la desincorporación de TELMEX y de los bancos durante 1991 (las privatizaciones de mayor envergadura hasta el presente) se depositaron al fondo de contingencia, con el siguiente desglose:
24.1 billones de pesos en moneda nacional y extranjera.
5.8 billones de pesos en bonos de privatización bancaria cancelación de la deuda de TELMEX y operaciones virtuales.
29.9 Total ingresos en concepto de venta de TELMEX y de los bancos.
De los 24.1 billones de pesos en moneda nacional y extranjera, se utilizaron 21.6 billones (casi el 90%) para amortizar la deuda interna, y el saldo restante de 2.5 billones de pesos (10%) al cierre del año quedó depositado en el Banco de México para futuras amortizaciones.
Esto significa que no fueron aplicados a programas sociales, a no ser que el pago de la deuda interna se considere "programa social".
Como se puede apreciar, las afirmaciones de Salinas en este punto no resultan consistentes si tomamos en cuenta las políticas implementadas.
Durante 1990 y 1991, Azúcar, S. A., importó 2.5 millones de toneladas de dulce lo que fue un duro golpe económico para la industria nacional.
Las medidas para remediar dicha situación van desde la participación del Estado al otorgar créditos a los ingenios, introducir ingeniería de punta, infraestructura de campo, pero sobre todo impedir las desmedidas importaciones de azúcar, rehabilitar el 5% de tierras destinadas a la siembra de caña y crear una estructura fiscal que evite el exagerado enriquecimiento de los intermediarios.
Por otra parte, desde hace algunos años la minería atraviesa por una crisis, producida por la caída de los precios internacionales, y si a esto aunamos el abandono del Estado como promotor, rector y regulador de la economía; tenemos como resultado la desactivación del sector minero vía financiamiento a micromineros provocando el desempleo de miles de trabajadores mineros que se ven en la necesidad de salir de los pueblos mineros en busca de mejores expectativas de vida, mientras que la SEMIP, otorga créditos y facilidades para explotación a industrias mineras privadas como: Peñoles e Industrial Minera México entre otras.
Es cierto lo que afirman algunos documentos oficiales al señalar que sí existen muchos apoyos a la minería, pero no son asignados a pequeños productores. Estos se enfrentan a problemas a la hora de solicitar créditos para la explotación de los minerales, las financiadoras siempre les exigen tener el doble al crédito solicitado, con lo cual se ve claramente la posición entreguista que hace el Estado de las industrias estratégicas al capital privado principalmente extranjero.
Volviendo a la crisis del sector, el Estado tiene y debe impedir la caída de los precios internacionales, aumentando los volúmenes de producción y exportación para mantener la masa de ganancia, vía cambio tecnológico que implique el ahorro de costos, mayor producción, mayor caída de los precios. Recordando que se trata de recursos no renovables, si no es negocio en un momento explotarlos valdría más la pena conservarlos. Como lo hacen los Estados Unidos con sus recursos no renovables. Estados Unidos tiene grandes reservas de petróleo y sin embargo importa mucho más de lo que consume para aumentar sus reservas. No extrae su petróleo, sino por el contrario, extrae y acumula el petróleo de otros países, situación que sucede de igual manera con la minería.
En lo relativo a la relación México - Estados Unidos, el Especialista John Saxe según documentos técnicos elaborados por sus similares en los Estados Unidos, señala las estrategias que siguen para la conservación de sus recursos minerales y que consisten en: a) incrementar las reservas propias, b) estimular la producción propia y c) asegurar un acceso continuo y seguro de fuentes extranjeras mediante empresas mineras estadounidenses.
Ejemplo que Salinas debería seguir en éste y en todos los demás sectores.
Por último la firma de un Tratado de Libre Comercio lejos de solucionar los problemas de la minería abandonada por el Estado, al aplicar su tecnología de punta en la exploración y explotación de minerales estratégicos, acabará con los pequeños productores vía el desplazamiento de la mano de obra.
Contaminación provocada por las empresas paraestatales
Por cualquier punto del país que se quiera empezar nos encontramos con una fuerte contaminación producida por: PEMEX, CFE, NKS y FERTIMEX entre otras.
Si iniciamos por el norte de la República, en la Paz, Baja California Sur, el oleoducto de la CFE, principal fuente de contaminación, a consecuencia; del ducto que tiene varios centenares de metros cúbicos de residuos del carburante afecta principalmente el litoral de la península.
En Topolobampo, Sinaloa, los criaderos naturales están gravemente afectados por la contaminación generada por la CFE.
Los contaminantes principales en Tuxpan, Veracruz son: PEMEX y CFE.
En este Estado Pemex posee una terminal de almacenamiento de gasolina que surte a casi el 60% de la demanda del Distrito Federal y Zona Metropolitana, ubicada en la desembocadura del Río Tuxpan al Golfo de México, específicamente en Barra del Norte.
CFE tiene una central termoeléctrica entre la costa del Golfo de México y la laguna de Tampamachoco, en la que instalaron una línea de conducción eléctrica con ventonita, material que
depreda los bancos ostrícolas. Asimismo, la operación de la termoeléctrica López Mateos es la que ocasiona mortandad en la fauna marina al descargar aguas al Golfo de México a una temperatura mayor a la ordinaria.
El hecho de que un 44% de las 1,260 industrias contaminantes existentes en el Estado de Veracruz que descargan sus desechos en los ríos, lagos y lagunas, hayan pagado su cuota correspondiente por el uso de un bien público para descargar sus residuos, no les da derecho a envenenar nuestras aguas y terminar con los recursos naturales.
Un caso grave se encuentra en Lázaro Cárdenas Michoacán, en donde los desechos del complejo industrial de la zona han provocado la destrucción del medio ambiente natural, debido a la cantidad de tóxicos emitidos por dichas empresas.
A continuación daremos una lista de la cantidad de tóxicos producidos por estas industrias:
SICARTSA: 75,000 ton/mes de desechos sólidos.
FERTIMEX: 140,000 ton/mes de polvos y altas concentraciones de fosfatos.
NKS: 1,841 ton/mes de polvos óxidos metálicos.
SICARTSA transporta por medio de un canal de 2 km. que desemboca en el mar 80,319,600 m3 de los siguientes contaminantes:
DB05 93.8 ton/año Sulfacianuro 107.2-737 ton/año Fenol 2,144.4-536 ton/año Cianuro 214.4-536 ton/año Amoniaco 25.568-12 047 ton/año Petróleo 201 ton/año (aprox.) ph 7-8
FERTIMEX: 68,500 ton/mes de fosfoyeso arrojado al mar, y una descarga total de 24,120,000 de ton/año con las siguientes características:
Sólidos suspensidos 822,000 ton/año Sales disueltas 317,730 ton/año Acido fosfórico 34,840 ton/año Fluoruro 23,450 ton/año Silicatos 10,720 ton/año DBO 8,120 ton/año Ph 7-8
A estas descargas deben considerarse las de empresas como PMT y PEMEX. Estas sustancias provocan diversos efectos que alteran al ecosistema. En especial la descarga de amoniaco de Sicartsa, que por los efectos del nitrógeno, origina la tchiperfertilización de las aguas lo cual propicia, a su vez, el envenenamiento de peces.
La operación de FERTIMEX genera el contaminante fosfoyeso (ácido) cuyo volumen equivale a una descarga de aguas residuales de una población de 13 millones de habitantes. También hiperfertiliza las aguas y propicia la asfixia.
Petróleos Mexicanos
La principal empresa pública del país, Petróleos Mexicanos (PEMEX), encara una difícil situación generada por la creciente y severa contracción de las inversiones que vienen registrándose desde 1982. El fenómeno altera los nuevos y ambiciosos planes de la paraestatal, mientras su producción declina y debe afrontar un debate sobre la dimensión de las reservas de hidrocarburos. Frente a ese panorama y la dificultad de obtener créditos externos, el capital privado, principalmente extranjero, va ganando terreno e impulsa planes para participar en diversos sectores de la industria petrolera, uno de los últimos bastiones del nacionalismo mexicano.
Dicho proceso es resultado del virtual abandono en que se dejó a Pemex a partir de 1982, cuando empezó una severa y creciente contracción de la inversión productiva en el sector y cuyos efectos no han logrado revertir los nuevos y ambiciosos planes gubernamentales.
Baste mencionar que entre 1981 y 1989 la inversión física de la paraestatal mexicana cayó en casi 80% en términos reales. Aún más, si bien a partir de 1990 Pemex empezó un ambicioso programa de inversiones, lo ejercido por la paraestatal en 1991 representó la tercera parte de lo ejercido en 1982, en términos reales.
Así, pareciera que Pemex no tiene el capital necesario para continuar desarrollando sus funciones cabalmente. Excerbada por el acelerado proceso de integración comercial con Canadá y Estados Unidos, esta urgente necesidad de recursos ha modificado substancialmente las estrategias de desarrollo en el sector, que parecen depender cada vez más de la inversión privada, extranjera en su mayor parte.
De este modo, empresas como Exxon, Chevron, Arco y Mobil Corporation, que forman el Strategic Ventures Group para invertir en México, entre otras, tienen proyectos para abrir
gasolineras cuando el Tratado de Libre Comercio entre en vigor.
El ente Nazionali Idrocarburi (ENI) de Italia, y el Instituto Francés del Petróleo están invirtiendo millones de dólares para construir en México plantas productores de éter metilterbutílico (MTBE), aditivo indispensable para las gasolinas con plomo; en tanto que Resistol, Alfa, Dow, Monsanto, Hoechst AG, ICI y Penwalt, entre otras, producen infinidad de petroquímicos en sociedad con alguna de las empresas recientemente adscritas a la Subdirección de Petroquímica y Gas Natural (SPGN).
Valero Energy, San Diego Natural Gas, Souther California Natural Gas, Nova e Intercon Gas, por su parte, tienden ya sus gasoductos en territorio nacional y venden miles de millones de dólares de gas natural a Pemex, que anunció hace poco su retiro del mercado del norte del país.
En tal virtud, la estructura misma de Petróleos Mexicanos ha sido objeto de profunda y callada reorganización durante los últimos cuatro años, en la que los capitales privados recobran paulatinamente el papel protagónico que perdieron en 1938 con la nacionalización de la industria petrolera.
Una década de virtual ausencia de inversiones productivas no sólo ha abierto "nichos" en la industria, que comienzan a cubrir las multinacionales del petróleo, sino que, a decir de analistas internacionales e importantes funcionarios mexicanos, han introducido a la empresa en un proceso que podría llevarla a su disolución en el mediano plazo.
Según la revista especializada Petroleum Economist, ya desde 1990 Pemex se encontraba en una acelerada "reorganización interna que podría anunciar la división de Petróleos Mexicanos en unidades operativas independientes", debido a lo que calificó de "necesidad de financiamiento masivo". De este modo, cada vez "más partes de Pemex podrían abrirse al inversionista privado, como se prevé en el Plan Nacional de Modernización Energética 1990-1994", concluye.
Las razones para esta reestructuración parecieran ser las difíciles condiciones por las que atravieza Pemex. Sin embargo, según la "Memoria de Labores de Pemex de 1990, La Zona Marina, que incluye la producción del Golfo de Campeche, registró fuertes incrementos de producción al concluir 1990. Esa región contribuyó con un promedio diario de un millón 793 mil 697.6 barriles, cifra que representa un aumento de casi 66% entre 1981 y 1990. De hecho, desde hace varios años la producción nacional depende virtualmente de la Zona Marina, responsable de más del 70% de la producción nacional de hidrocarburos.
De acuerdo con el boletín 21/9, publicado el 22 de enero de 1992 por Petróleos Mexicanos, en los primeros once meses de 1991 la producción de la Zona Marina logró un incremento adicional de 6.2% con lo que alcanzó la cifra histórica de 1.904 mil barriles diarios de petróleo crudo, poco más del 71% de la producción nacional de combustibles, que en el período referido ascendió a 2.676 millones de barriles al día, cerca de un 5% más que en 1990.
No obstante, fuera de los incrementos en la Zona Marina, los informes de Pemex revelan una continuidad en las tasas negativas de crecimiento en las restantes regiones petroleras.
Así, el Gobierno mexicano, usará las razones que le sean convenientes para permitir la intervención del capital privado y extranjero, en lo que por muchos años ha sido una empresa de los mexicanos, Petróleos Mexicanos (PEMEX).
XIV. Sector comercio y abasto
I. Resumen de los aspectos básicos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del sector en 1991.
Se ejerció un gasto total del sector comercio, abasto y fomento industrial de 7 billones 627.4 mil millones de pesos. Este fue 20.5% menor respecto a lo autorizado por la Cámara de Diputados para 1991. El total autorizado fue de 9 billones 597 mil millones de pesos.
Si se le aplica el impacto de la inflación (utilizando el deflactor implícito de precios del PIB) se registro una reducción real del gasto realizado en 1991 en el sector, respecto a 1990 en un porcentaje del 34%.
En síntesis: el gasto total del sector fue una quinta parte menor que lo autorizado por la Cámara de Diputados para el año fiscal de 1991; y, en términos reales, una tercera parte menor que el gasto ejercido para el sector en 1990.
II. Comportamiento de los principales componentes del Gasto Total del sector.
Los principales rubros que integran el Gasto Total del sector son:
a) Gobierno Federal
b) Organismos y Empresas en Presupuesto
c) Organismos, Empresas, Fondos y Fideicomisos Subsidiados.
Su participación porcentual en el gasto del sector desde 1989 hasta 1991 ha sido como sigue:
CUADRO 1
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Puede observarse que los distintos renglones que integran el gasto total del sector tuvieron dos comportamientos típicos cualitativamente diferentes: a) mientras que el presupuesto de la SECOFI se sobregiro respecto a lo presupuestado a pesar de que representa una proporción de apenas el 4.5% del total (ver cuadro 1), y creció en términos reales respecto a 1990, y lo mismo ocurrió con los presupuestos del INCO y de la PROFECO; b) el presupuesto de la Conasupo y de sus filiales se redujo, tanto respecto a lo presupuestado, como en términos reales respecto a 1990.
Los montos de los sobregiros y los faltantes del gasto de los distintos renglones se pueden observar en la página 97 del Tomo I de los Resultados Generales de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente a 1991.
III. Entre los aspectos que resaltan en los resultados del ejercicio presupuestal de 1991 destacan:
a) Los recortes presupuestales a la Conasupo y sus filiales.
b) La desincorporación de entidades ligadas a la Conasupo (filiales) que en alguna época fueron consideradas importantes.
c) Sobre los recortes presupuestales a Conasupo y sus filiales cabe señalar que éstos fueron realizados por sobre lo que determinó la Cámara
de Diputados. En algunos casos importantes se manifiesta falta de información precisa sobre las causas que determinaron el que no se ejerciera el presupuesto aprobado originalmente. Por ejemplo:
En el Análisis Sectorial Programático de SECOFI (Dcto. C1OG01 de la base de datos en medios magnéticos) se observa el incumplimiento de las metas programadas.
"Se produjeron 448 mil toneladas de harina de maíz, 79% de lo programado y 14% menos que el año anterior..."
"La distribución de productos básicos y de consumo generalizados representó en términos monetarios, 2 billones 846 mil 245 millones de pesos, 79% de lo programado..."
"La producción de leche fue de 1 mil 447 litros que significó el 73% de lo programado y 2% menos que el año anterior. En cuanto a su comercialización, este producto alcanzó un volumen de distribución de 1 millón 446 mil 756 litros, 73% de lo programado..." Otro tanto puede decirse sobre el incumplimiento de las metas en la venta de los siguientes productos básicos agropecuarios (por parte de Conasupo) a la población:
frijol (-39%)
leche en polvo (-35.8%)
maíz (32.6%)
(Página 100 del Tomo I de Resultados Generales de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 1991).
Es inconcebible que se deje de ejercer presupuesto autorizado mientras que existen entre la población grandes necesidades insatisfechas en materia de consumo de alimentos básicos y de su abasto a zonas de extrema necesidad.
b) Respecto a las desincorporaciones y la desregulación del abasto popular:
Se informa de la desincorporación futura de Maíz Industrializado Conasupo (Miconsa), mas no se exponen argumentos convincentes sobre sus causas, ni menos sobre las repercusiones que tendrá sobre el abasto de productos de maíz y sus precios al sector popular.
Textualmente se informa que: "Almacenes Nacionales de Depósito S. A. (Andsa) y Maíz Industrializado Conasupo S. A. (Miconsa), cuya desincorporación se realizará mediante la enajenación de activos y de los títulos representativos del capital social, respectivamente, por haberse considerado necesaria la integración y ordenación del proceso comercial y reforzar la participación de los particulares en el mismo..."
Asimismo se informa del cierre de 588 tiendas Diconsa, lo cual repercutirá en el consumo de los sectores populares.
Lo cierto es que según el Informe Anual del Banco de México, en 1991, como ocurrió en los años 1989 y 1990, los precios de la canasta básica crecieron más que el Índice Nacional de Precios al Consumidor, lo cual prueba que la política de desregulación no está dando resultados para proteger el consumo del sector popular.
c) Respecto al vínculo del gasto en ciertos renglones de Conasupo con el Programa Nacional de Solidaridad:
Se informa en el Documento ya citado (Dcto. C1OG01 de la base de datos en medios magnéticos) que se implantó el Sistema de Almacenes Conasupo de Solidaridad, y que la Compañía Nacional de Subsistencias Populares incorporó el Programa de Comercialización Ejidal (PACE).
En la Cuenta Pública no se dan las razones de por qué el presupuesto de Conasupo debió ser reclasificado hacia el Pronasol, el cual a su vez, dejó de ejercer cierta cantidad de recursos aprobados por la Cámara de Diputados.
Por todo lo anterior, y en tanto la Cuenta de la Hacienda Pública Federal sintetiza el ejercicio de la política de ingresos y gasto en el período considerado, síntesis que se expresa en precariedad de la política de estabilización, en condiciones más lesivas para el bienestar social, y en un impulso a la inversión privada nacional y extranjera que desprotege al sector social, además de que soslaya la obligación constitucional que el Estado tiene de ser garantía de un desarrollo nacional con reparto equitativo de la riqueza, nuestro Partido, el de la Revolución Democrática, manifiesta su voto en contra del Dictamen relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondiente a 1991.
México, Distrito Federal, a 2 de diciembre de 1992.- Diputados Rosa Albina Garavito, Gilberto Rincón Gallardo, Liliana Flores, Jorge Calderón y Enrique Rico.»