Legislatura LV - Año II - Período Ordinario - Fecha 19921208 - Número de Diario 15
(L55A2P1oN015F19921208.xml)Núm. Diario: 15ENCABEZADO
LV LEGISLATURA PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de segunda clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
PRESIDENTE DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
Guillermo Pacheco Pulido
PALACIO LEGISLATIVO
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Héctor de Antuñano y Lora
AÑO II México, D.F., martes 8 de diciembre de 1992 No. 15
SUMARIO
ASISTENCIA
ORDEN DEL DÍA ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
INVITACIÓN
Del Departamento del Distrito Federal, al XIV aniversario luctuoso del licenciado Emilio Portes Gil. Se designa comisión.
ECLIPSE LUNAR
En relación a este fenómeno natural hace uso de la palabra el diputado José Ruiz de la Herrán.
OFICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
CÓDIGO PENAL
Del Ejecutivo Federal, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal, en materia de fuero común y
para toda la República en materia de fuero federal, así como de la Ley que establece normas mínimas sobre readaptación social de los sentenciados. Se turna a la Comisión de Justicia.
Con el que remiten los informes anuales de las secretarías de Turismo y Reforma Agraria. Se turnan a las comisiones correspondientes.
Por el que comunica que la ciudadana María de las Mercedes Mundo Marín, ha dejado de prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y a la Cámara de Senadores, para su conocimiento.
MINUTAS DE LA COLEGISLADORA
Cinco, con proyectos de decreto por los que se conceden los siguientes permisos constitucionales:
Al ciudadano Ildefonso Carlos Consejo Loperena, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de Perú.
Al ciudadano Jorge Alberto Lozoya Legorreta, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de Gran Bretaña.
Al ciudadano Víctor Luis Urquidi Bingham, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de Gran Bretaña.
A los ciudadanos: Sergio Ramírez Torres, Héctor Manuel López Becerra, Wanda Sigrid Arzt Colunga y Julieta López Alvarez, para prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Se turnan a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN (I)
Para fundamentar el dictamen hace uso de la palabra el diputado José Socorro Velázquez Fernández.
Para su discusión en lo general y en lo particular intervienen los diputados:
Juan Campos Vega, en contra.
Fernando Rodríguez Cerna, en pro.
Servando Hernández Camacho, en contra.
Jorge Oceguera Galván, en pro.
Jorge Alfonso Calderón Salazar, en contra.
Enrique Edgar Jacob Rocha, en pro.
Jorge Alfonso Calderón Salazar, para rectificar hechos.
Enrique Edgar Jacob Rocha, para rectificar hechos.
Jorge Alfonso Calderón Salazar, para rectificar hechos.
Fauzi Hamdan Amad, presenta proposición.
Juan José Rodríguez Prats, en pro.
INICIATIVAS
LEY ADUANERA Y LEY DE COORDINACION FISCAL
Liliana Flores Benavides, presenta una iniciativa de ley, con proyecto de decreto que reforma y adiciona las leyes Aduanera y de Coordinación Fiscal.
Se turna la iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN (II)
Continúan el debate los diputados:
Ovidio Pereyra García, en pro.
Liliana Flores Benavides, para rectificar hechos.
José Antonio Gómez Urquiza de la Macorra, en contra.
Jorge Flores Solano, en pro.
Se rechaza la proposición del diputado Hamdan Amad.
Se aprueba y pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
LEY FEDERAL DE DERECHOS
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.
Sin discusión se aprueba y pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
PROCESO PENAL CONTRA PABLO MOLINET
Para referirse a diversos hechos relacionados con este proceso penal, hacen uso de la palabra los diputados:
Enrique Rico Arzate
Juan de Dios Castro Lozano
Jesús Martín del Campo Castañeda
Fernando Gómez Mont
Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO JOSÉ RAMOS GONZÁLEZ
ASISTENCIA
El Presidente: -Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia, el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados.
La secretaria María Guadalupe Salinas Aguila: -Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente, 414 diputados, por lo tanto hay quórum.
El Presidente (a las 12.10 horas): -Esta Presidencia informa también que algunos diputados se encuentran actualmente en trabajo en diversas comisiones en el recinto. Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
La secretaria María Guadalupe Salinas Aguila: -Se va a dar lectura al orden del día.
«Primer Período de Sesiones Ordinarias. -Segundo Año. -LV Legislatura.
Orden del día
8 de diciembre de 1992.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del XIV aniversario luctuoso del licenciado Emilio Portes Gil, ex Presidente de la República, tendrá lugar el 10 de diciembre a las 11.00 horas, en la tumba que guardan sus restos en el Panteón Francés de la Piedad, ubicado en avenida Cuauhtémoc 408, esquina viaducto.
Iniciativa del Ejecutivo
De decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal, en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, y de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Con los que remiten los informes de labores de las secretarías de: Reforma Agraria y Turismo, correspondientes al período comprendido de 1991-1992. Por el que se comunica que la ciudadana María de las Mercedes Mundo Marín, ha dejado de prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Minutas
Proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Idelfonso Carlos Loperena, vicealmirante del cuerpo general diplomado de Estado Mayor, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden Cruz Peruana al Mérito Naval, en grado de Gran Cruz - Distintivo Blanco, que la confiere el Gobierno del Perú.
Proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Jorge Alberto Lozoya Legorreta, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Encomienda de Número, que le confiere el Gobierno de España.
Proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Víctor Luis Urquidi Bingham, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden del Imperio Británico, en grado de Comandante Honorario, que le confiere el Gobierno de la Gran Bretaña.
Proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Sergio Ramírez Torres y Héctor Manuel López Becerra, para prestar servicios como ingeniero en radio y telefonista, respectivamente, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Proyecto de decreto que concede permiso a las ciudadanas Wanda Sigrid Arzt Colunga, y Julieta Yolanda López Alvarez, para prestar servicios como asistente político y secretaria recepcionista, respectivamente, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1993.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.
Intervención del ciudadano diputado Jesús Martín del Campo, del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática, acerca del caso del señor Pablo Molinet, residente del Estado de Guanajuato.
Sesión secreta.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El Presidente: -En virtud de que se entregaron copias del acta de la sesión anterior a los grupos parlamentarios, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura.
La secretaria María Guadalupe Salinas Aguila: -Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura.
Presidencia del diputado Elpidio Tovar de la Cruz
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las doce horas con siete minutos del día tres de diciembre de mil novecientos noventa y dos, con una asistencia de cuatrocientos doce diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y la Asamblea dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, misma que sin discusión se aprueba en sus términos, en votación económica.
Se concede el uso de la palabra al diputado Miguel León Corrales, del Partido de la Revolución Democrática, quien se refiere a la actuación de la Procuraduría General de la República en relación con el accidente del veintidós de abril en la ciudad de Guadalajara.
Para expresar su opinión sobre el mismo tema, suben a la tribuna los diputados Juan José Bañuelos Guardado, del Partido Revolucionario Institucional; Alejandro Encinas Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática, quien hace una proposición y Cecilia Soto González, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Se turna a la Comisión de Justicia.
Solicita y se concede el uso de la palabra, a la diputada Silvia Pinal Hidalgo, quien presenta un informe sobre las actividades de la Asociación Nacional de Intérpretes, con respecto a los derechos a los que sus asociados tienen derecho.
La Secretaría da cuenta con una comunicación del Congreso del Estado de Chiapas, por el que informa de actividades de su legislatura. De enterado.
Un oficio de la Secretaría de Gobernación, al que se anexan los informes de labores de las secretarías de Comercio y Fomento Industrial, Desarrollo Social, Educación Pública, Energía, Minas e Industria Paraestatal, Gobernación, Hacienda y Crédito Público, Pesca, Salud, y de Trabajo y Previsión Social. Se turnan a las comisiones correspondientes.
Se concede el uso de la palabra al diputado Martín Tavira Urióstegui, del Partido Popular Socialista, quien presenta iniciativa para que se inscriba en letras de oro, en el recinto de la Cámara de Diputados, el nombre de Ignacio Manuel Altamirano.
Para apoyar la iniciativa, se concede el uso de la palabra a los diputados Hugo Arce Norato, del Partido Revolucionario Institucional y Humberto Zazueta Aguilar, del Partido de la Revolución Democrática.
En virtud de que dos dictámenes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público y uno de la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y tres; con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Derechos y con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, han sido impresos y distribuidos entre los señores diputados, la Asamblea les dispensa la primera lectura.
Por las mismas razones que los anteriores, la Asamblea dispensa la segunda lectura a un dictamen de la Comisión del Distrito Federal, con proyecto de decreto relativo a la revisión de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal, correspondiente al ejercicio presupuestal de mil novecientos noventa y uno. Es de segunda lectura y se somete a discusión de inmediato.
Hacen uso de la palabra, los diputados: Salvador Abascal Carranza, del Partido Acción Nacional, quien presenta solicitud de moción suspensiva, misma que la Asamblea admite a discusión de inmediato y se concede el uso de la palabra, en contra, al diputado Amado Treviño Abatte, del Partido Revolucionario Institucional.
En votación económica, se desecha la moción suspensiva.
El Presidente pone a consideración de la Asamblea, el acuerdo de los grupos parlamentarios en el sentido de que la discusión de este dictamen se realice en lo general y en lo particular en un solo acto; se aprueba y se concede el uso de la palabra a los diputados Juan Cárdenas García, del Partido Popular Socialista; Adolfo Kunz Bolaños, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Jorge Oceguera Galván, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
Presidencia del diputado José Ramos González
Guillermo Flores Velasco, del Partido de la Revolución Democrática, quien hace una proposición respecto del artículo segundo del dictamen; Salvador Abascal Carranza, del Partido Acción Nacional y Alejandro Nieto Enríquez, del Partido Revolucionario Institucional, quien acepta una interpelación del diputado Guillermo Flores Velasco.
Para rectificar hechos hacen uso de la palabra los diputados Guillermo Flores Velasco, del Partido de la Revolución Democrática; Francisco Saucedo Pérez, del mismo partido; Paloma Villaseñor Vargas, del Partido Revolucionario Institucional y, nuevamente, Guillermo Flores Velasco.
En votación económica se desecha la proposición del diputado Flores Velasco y la Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen, por lo que la Secretaría recoge la votación nominal en lo general y en lo particular, misma que resulta aprobatoria por doscientos setenta y un votos. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Para continuar con el orden del día, la Secretaría da segunda lectura y se someten a discusión, los dictámenes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, por los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Esteban Enríquez García, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de Guatemala; Juan José Miguel Gutiérrez Tinoco pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de Portugal; Miguel Leal Murillo, pueda prestar sus servicios en la Embajada Británica en México; María del Rocío Corres Sintora, José Luis Villa Barrera y Carlos Zertuche Santillán, puedan prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México; María Guadalupe Morales Prieto, pueda prestar sus servicios en el Consulado General del mismo país en Guadalajara, Jalisco e Isaura Bautista Schoorl, pueda prestar sus servicios en el Consulado de España en Rotterdam. No habiendo quien haga uso de la palabra, se aprueban en sendas votaciones económicas y pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Agotados los asuntos en cartera y no habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las diecisiete horas con cuarenta y tres minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo martes ocho de diciembre de mil novecientos noventa y dos a las diez horas.»
El Presidente: -Ruego a la Secretaría poner a consideración de la asamblea, el acta de la sesión anterior, y si algún diputado desea hacer alguna observación a la misma, sírvase manifestarlo.
La secretaría María Guadalupe Salinas Aguila: -Está a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior. ¿Hay algún diputado que desee hacer observaciones a la misma?...
Se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada el acta.
INVITACIÓN
El secretario Salvador Juárez García:
Ciudadana diputada María de los Angeles Moreno.- Presidenta de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.- Presente.
El Departamento del Distrito Federal, por conducto de esta dirección general ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del XIV aniversario luctuoso del licenciado Emilio Portes Gil, ex presidente de la República, ante la tumba que guarda sus restos en el Panteón Francés de la Piedad, ubicado en avenida Cuauhtémoc 408, esquina Viaducto, el día jueves 10 de diciembre a las 11.00 horas.
Por tal motivo, de la manera más atenta me permito solicitarle tenga a bien girar sus respetables indicaciones, a efecto de que un representante de esa honorable Cámara de Diputados que usted preside asista a la ceremonia de referencia.
Agradezco cumplidamente las atenciones que se sirva prestar al presente y le reitero con mi reconocimiento, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Dirección de Acción Cívica, doctor Vicente de la Cruz Santiago.»
El Presidente: -Para asistir en representación de esta honorable Cámara de Diputados, se designa a los siguientes diputados: Manuel Muñoz Rocha, Manuel Monarres, Romeo Flores Leal, Carlos Cantú Rosas, Servando Hernández Camacho, Estanislao Pérez Hernández, Oscar Luebbert Gutiérrez y Benjamín López Aguirre.
ECLIPSE LUNAR
El Presidente: -Se concede el uso de la palabra al diputado José Ruiz de la Herrán.
El diputado José Antonio Ruiz de la Herrán y Villagómez: - Con su venia, señor Presidente, señoras y señores legisladores:
El día 9 de diciembre del presente, esto es mañana, al anochecer ocurrirá un interesante fenómeno natural, se trata de un eclipse total de Luna, con la particularidad de que la luna saldrá totalmente eclipsada del horizonte, de tal manera que estará prácticamente invisible en su salida.
Como se dijo en su oportunidad, un eclipse total de Sol sucede cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra. El día 9, esto es mañana, será la Tierra la que se interponga entre el Sol y nuestro satélite natural, de manera que la sombra de la Tierra oscurecerá casi completamente a nuestro satélite, la Luna. Y digo casi completamente, porque debido a la atmósfera terrestre, el brillo del Sol produce un tono rojizo alrededor de la Tierra vista desde la Luna y este tono, esta brillantez rojiza, le da ese mismo color, un color cobrizo muy oscuro a la Luna durante los eclipses totales de nuestro satélite.
El eclipse será visible en toda la República mexicana al oscurecer y resultará sorprendente constatar que prácticamente como ya dije antes, no se podrá ver la Luna debido a que al salir estará totalmente eclipsada. Esto ocurrirá a las 17 horas con 23 minutos, que es el momento de la Luna llena y que es prácticamente la misma hora en la que el Sol se pone el día de mañana.
Efectivamente, un elipse de Luna solamente puede ocurrir cuando el Sol, la Tierra y la Luna se hallan alineados en ese orden, condición que implica que desde la Tierra la Luna se vea completamente iluminada por el Sol, claro está cuando no ocurre un eclipse, y por lo tanto es el momento de la Luna llena.
Lo curioso del eclipse de mañana para nosotros en México, es que debido a la hora que éste ocurre, nos toca empezar a verlo justamente cuando la Luna está saliendo sobre el horizonte y resulta que estará totalmente oscurecida por la Tierra en esos momentos.
Los datos principales, las características y las circunstancias del eclipse son como siguen: para nosotros lo importante es la hora del comienzo del eclipse total de Luna, que ocurre a las 17 horas con 6 minutos y 8 segundos. El centro de la totalidad ocurrirá a las 17 horas 44 minutos con 6 segundos, que resulta ser tres minutos de diferencia con el instante en el que ocurre la Luna llena. La puesta del Sol para el día de mañana es a las 17 horas con 56 minutos, de tal manera que la Luna ya habrá salido eclipsada en el instante de la puesta del Sol.
Me parece que es una bella oportunidad para que expliquemos a nuestros amigos y familiares, especialmente a la juventud que siempre está ávida de observar los fenómenos naturales y en especial los astronómicos, las circunstancias de este eclipse, ya que como dije antes, será visible en toda la República mexicana y por lo tanto, señoras y señores diputados de provincia si se comunican oportunamente con sus familiares y amigos, podrán hacérselos saber y aprovechar esta oportunidad para que, como dije ya, nuestra juventud tenga la oportunidad de observar un bello fenómeno natural astronómico. Muchas gracias.
Dejo una copia de las características y circunstancias en la Secretaría, con objeto de que si es oportuno, se hagan copias múltiples y se
entreguen a los señores diputados que así lo deseen.
El Presidente: -Proceda el señor Secretario con el siguiente punto del orden del día.
OFICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
El secretario Salvador Juárez García:
Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Por instrucciones del ciudadano licenciado Carlos Salinas de Gortari, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y para los efectos constitucionales, con el presente envío a ustedes iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal; y de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 4 de diciembre de 1992.- El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
La armonía que debe prevalecer entre los individuos, en un estado de derecho, depende en gran medida del correcto uso que hagan de sus libertades y facultades, dentro del marco jurídico establecido, con base en los principios de justicia y equidad. Para ello, es necesario contar con un ambiente de seguridad y tranquilidad públicas que permita a la sociedad alcanzar mayores estadios de desarrollo cultural y económico.
El respeto y la preservación a los derechos humanos se sostienen como principios y medida de nuestros verdaderos valores, los que no admiten menoscabo. Un estado de derecho debe estar permanentemente comprometido con su necesaria salvaguarda y es por ello indispensable reforzar su protección.
Hay conductas antijurídicas graves como el plagio o secuestro y el robo en casa habitación que conmueven los profundos cimientos de toda sociedad organizada. Estos crímenes se perpetran en contra de la sociedad en general y son cometidos por personas sin escrúpulos. Desafortunadamente en México es elevado el índice de criminalidad; destacan por su frecuencia los asaltos y robos violentos, en particular en las grandes ciudades del país. Tan solo en la ciudad de México se estima que en el presente año se habrán registrado cerca de 140 mil robos.
El Gobierno Federal está consciente de que estos graves males no se resuelven únicamente con la imposición de penas elevadas o medidas de seguridad. Se requiere de un avance sustantivo y gradual en las labores formativas, educativas y de readaptación del individuo. Sin embargo, hay quienes rechazan los tratamientos correspondientes y rehusan incorporarse a una vida digna y socialmente productiva.
Por estas razones, el Ejecutivo Federal a mi cargo considera necesario imprimir una mayor solidez a los sistemas de combate al crimen a la delincuencia, para proteger sustancialmente, mediante la aplicación estricta de las leyes, a quienes se ven agredidos en sus derechos.
Los mexicanos estamos obligados a continuar preservando y protegiendo del delito y de sus graves secuelas; la amenaza del crimen debe ser frenada con dispositivos firmes y eficaces. El pueblo de México se opone reiteradamente a la organización delictiva y clama por justicia.
Por tradición, el sistema penal mexicano está basado en la readaptación social del delincuente y sus medidas son y seguirán siendo el trabajo, la capacitación para el mismo y la educación; nunca el aniquilamiento de las potencialidades del individuo, ni el menoscabo de una personalidad. Yace en el consenso de los mexicanos la esperanza firme de lograr día con día un conglomerado social cada vez más sano y saludable.
Nunca han sido propósitos de la sociedad mexicana la venganza o el oprobio. A nadie satisface ver a un ser humano en la cárcel, tras las rejas; sin embargo, la experiencia nos ha demostrado
que es necesario mantener en prisión a los que estando en libertad cometen graves delitos.
El Constituyente ha proscrito las penas crueles o de infamia y las inusitadas y trascendentales, como principio ético social. Así, el Código Penal establece la medida de las penas y sus formas sustitutivas. En las diversas reformas aprobadas por ese honorable Congreso de la Unión a dicho ordenamiento, se ha incrementado la pena aplicable a los delitos más graves después de una cuidadosa reflexión y disminuido o suprimido las penas a conductas que, o bien no revisten mayor gravedad o bien no merecen ser castigadas por el derecho penal, sino que su sanción en la vía administrativa es la indicada.
La presente iniciativa de decreto de reformas al Código Penal para el Distrito Federal en materia de Fuero Común, y para toda la República en materia de Fuero Federal, y a la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados que se somete a la consideración del honorable Congreso de la Unión, parte de un análisis profundo, metódico y realista de lo que queremos combatir y de cómo debemos hacerlo, así como del uso que necesitamos dar a los mecanismos de castigo y de prevención de la delincuencia.
En la actualidad, nuestro país vive una etapa decisiva de transición en la que el Estado se reforma y la sociedad civil se fortalece y renueva. Una etapa en la que se busca optimizar la eficacia del Estado y el potencial de la sociedad civil; es por ello que reviste especial importancia el combate a la delincuencia organizada, en todas sus manifestaciones, como en aquellos casos en que el delincuente, priva de la libertad a una persona exigiendo sumas de dinero a cambio de ésta o los que implican el quebrantamiento violento de la seguridad del domicilio, afectando a sus moradores, además del daño patrimonial.
La privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro, es una manifestación extrema contra el ser humano en lo individual y contra la integridad y estabilidad de la familia de la víctima. También es particularmente atentatorio contra los intereses de la sociedad el robo cometido en lugares destinados a habitación con violencia en las personas. Estos delitos atentan gravemente contra la seguridad pública.
La iniciativa, de aprobarse, reformaría el artículo 85 del Código Penal; pretende reforzar el efecto disuasorio de las sanciones que prevé la Ley, evitando la concesión de la libertad preparatoria al sentenciado por cualquiera de las conductas descritas. De esta manera las penas legítimamente impuestas por el órgano jurisdiccional cumplirían cabalmente su función readaptadora.
En el orden objetivo de la culpabilidad debemos distinguir a aquellos delincuentes que puedan recibir ciertos beneficios como son la remisión parcial de la pena, el tratamiento preliberacional anticipado o la libertad preparatoria, de aquéllos que no deben gozar de dichos beneficios.
La iniciativa que en esta ocasión me permito someter a su consideración, parte de un principio dinámico de actualización. Es necesario vigorizar la readaptación social para preservar, por sobre todo, los derechos humanos de las personas y la seguridad pública en general, manteniendo consistencia con los principios de justicia e igualdad.
En concordancia con la reforma al artículo 85 del Código Penal, se propone también reformar los artículos 8o. y 16 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, a fin de que se considere que a los culpables de la Comisión de los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro o por el delito de robo en casa habitación con violencia en las personas, no deben concedérseles los beneficios de preliberación y remisión parcial de la pena, en virtud del grave daño social e individual que originan con su actuar ilícito.
Las penas de prisión persiguen como finalidad la readaptación del delincuente, posibilitando su reingreso a la sociedad como miembro útil de la misma, por lo que en el caso de estos delitos resulta prudente prolongar el proceso de readaptación social, hasta el cumplimiento exacto de la pena impuesta por la autoridad judicial.
En suma, la presente iniciativa hace énfasis en que la sociedad mexicana debe verse fortalecida en sus derechos, manteniéndose a la vez la seguridad pública y el combate a la impunidad. El Ejecutivo a mi cargo reitera que la nación debe proteger con leyes justas el uso de las libertades individuales y colectivas, para consolidar la pacífica convivencia.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el digno conducto de ustedes, ciudadanos secretarios, me permito someter a la consideración de ese honorable Congreso de la Unión, la presente
INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL cOdigo PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE FUERO COMÚN, Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA DE FUERO FEDERAL; Y DE LA LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MÍNIMAS SOBRE READAPTACIÓN SOCIAL DE SENTENCIADOS.
Artículo primero. Se reforma el primer párrafo del artículo 85, del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común, y para toda la República en Materia de Fuero Federal, para quedar como sigue:
Artículo 85. La libertad preparatoria no se concederá a los sentenciados por alguno de los delitos contra la salud en materia de estupefacientes o psicotrópicos previstos en el artículo 197; por el delito de violación previsto por el primer y segundo párrafos del artículo 265; por el delito de plagio o secuestro previsto por el artículo 366, excepto cuando lo cometa un familiar del menor que no ejerza sobre él la patria potestad ni la tutela, o espontáneamente ponga en libertad a la persona antes de tres días y sin causarle ningún perjuicio; por el delito de robo en un inmueble habitado o destinado para habitación con violencia en las personas, conforme a lo previsto en los artículos 372 y 381 bis, de este código; ni a los habituales o a los que hubieren incurrido en segunda reincidencia.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Artículo segundo. Se adicionan un párrafo final al artículo 8o., y un párrafo final al artículo 16, de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social a Sentenciados, para quedar como sigue:
Artículo 8o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
No se concederán las medidas de tratamiento preliberacional establecidas en las fracciones III a V de este artículo, a los sentenciados por los delitos contra la salud en materia de estupefacientes o psicotrópicos previstos en las fracciones I a IV del artículo 197; por el delito de violación previsto por el primer y segundo párrafos del artículo 265; por el delito de plagio o secuestro previsto por el artículo 366; excepto cuando lo cometa un familiar del menor que no ejerza sobre él la patria potestad ni la tutela, o espontáneamente ponga en libertad a la persona antes de tres días y sin causarle ningún perjuicio; y por el delito de robo en un inmueble habitado o destinado para habitación con violencia en las personas, conforme a lo previsto en los artículos 372 y 381 bis, del Código Penal para el Distrito Federal en materia de Fuero Común, y para toda la República en materia de Fuero Federal.
Artículo 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
No se concederá la remisión parcial de la pena a los sentenciados por los delitos contra la salud en materia de estupefacientes o psicotrópicos previstos por las fracciones I al IV del artículo 197; por el delito de violación previsto por el primer y segundo párrafos del artículo 265; por el delito de plagio o secuestro previsto por el artículo 366, excepto cuando lo cometa un familiar del menor que no ejerza sobre él la patria potestad ni la tutela, o espontáneamente ponga en libertad a la persona antes de tres días y sin causarle ningún perjuicio; y por el delito de robo en un inmueble habitado o destinado para habitación con violencia en las personas, conforme a lo previsto en los artículos 372 y 381 bis, del Código Penal para el Distrito Federal en materia de Fuero Común, y para toda la República en materia de Fuero Federal.
TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. A aquellas personas que ya se les hubiere dictado sentencia al momento de entrar en vigor el presente decreto, no les será aplicable lo dispuesto en el mismo, sino que se estará a lo previsto en las disposiciones que se encontraban vigentes con anterioridad.
Reitero a ustedes, ciudadanos secretarios, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Palacio Nacional, a 4 de diciembre de 1992.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Presidente Constitucional de los Estado Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari.»
Recibo, y túrnese a la Comisión de Justicia.
INFORMES
El secretario Luis Pérez Díaz:
«Escudo Nacional.- Secretaría de Gobernación.-
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito presentar por su digno conducto al honorable Congreso de la Unión, la Memoria de Labores realizada por la Secretaría de la Reforma Agraria, correspondiente al período de 1991 - 1992.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 15 de noviembre de 1992.- El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
De enterado, y túrnese a la Comisión correspondiente para su conocimiento. El mismo Secretario:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito presentar por su digno conducto al honorable Congreso de la Unión, la Memoria de Labores realizada por la Secretaría de Turismo, correspondiente, al período 1991 - 1992.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 15 de noviembre de 1992.- El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
De enterado, y túrnese a la Comisión correspondiente para su conocimiento.
COMUNICACIÓN
El secretario Luis Pérez Díaz:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Con fecha 23 del presente, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a esta de Gobernación lo siguiente:
"Para su conocimiento y efectos a que haya lugar, la persona que se menciona a continuación se dirigió a esta Secretaría, para informar que ha dejado de prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. Anexo encontrará la carta del interesado.
María de las Mercedes Mundo Marín, asistente de nómina, Embajada de los Estados Unidos.
La persona mencionada solicita la cancelación del permiso concedido en su oportunidad por el honorable Congreso de la Unión, para prestar sus servicios a ese Gobierno."
Lo que hago del conocimiento de ustedes para los fines legales procedentes, enviándoles además con el presente el anexo que en el mismo se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 30 de noviembre de 1992.- El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Recibo, y túrnese a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.
MINUTAS DE LA COLEGISLADORA
La secretaria Layda Elena Sansores San Román:
Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados.- Presentes. Para los efectos legales correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente que
contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Ildefonso Carlos Consejo Loperena, vicealmirante del cuerpo general diplomado de Estado Mayor, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden Cruz Peruana al Mérito Naval, en grado de Gran Cruz - Distintivo Blanco, que le confiere el Gobierno del Perú.
Reiteramos a usted las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal, a 3 de diciembre de 1992.- Senador Antonio Manríquez Guluarte, secretario; senador Gustavo Salinas Iñiguez, secretario.»
«MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Ildefonso Carlos Consejo Loperena, vicealmirante del cuerpo general diplomado del Estado Mayor, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden Cruz Peruana al Mérito Naval, en grado de Gran Cruz - Distintivo Blanco, que le confiere el Gobierno del Perú.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México, Distrito Federal, 3 de diciembre de 1992.- Senador Carlos Sales Gutiérrez, Presidente; senador Antonio Manríquez Guluarte, secretario y senador Gustavo Salinas Iñiguez, secretario.
Se remite a la honorable Cámara de Diputados, para los efectos constitucionales.- México, Distrito Federal, a 3 de diciembre de 1992.- El Oficial Mayor, licenciado Morelos Canseco Gómez.»
Recibo, y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. El mismo Secretario:
«Escudo Nacional.- Cámara de Senadores.- México, D. F.
Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados.- Presentes.
Para los efectos constitucionales, nos permitimos remitir a usted el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Jorge Alberto Lozoya Legorreta, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Encomienda de Número, que le confiere el Gobierno de España.
Reiteramos a usted las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal, a 3 de diciembre de 1992.- Senador Antonio Manríquez Guluarte, secretario; senador Gustavo Salinas Iñiguez, secretario.»
«MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Jorge Lozoya Legorreta, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Encomienda de Número, que le confiere el Gobierno de España.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México, Distrito Federal, 3 de diciembre de 1992.- Senador Carlos Sales Gutiérrez, Presidente; senador Antonio Manríquez Guluarte, secretario y senador Gustavo Salinas Iñiguez, secretario.
Se remite a la honorable Cámara de Diputados, para los efectos constitucionales.- México, Distrito Federal, a 3 de diciembre de 1992.- El Oficial Mayor, licenciado Morelos Canseco Gómez.»
Recibo, y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
La secretaria María Guadalupe Salinas Aguila:
«Escudo Nacional.- Cámara de Senadores.- México, D. F.
Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados.- Presentes.
Para los efectos constitucionales, nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Víctor Luis Urquidi Bingham para aceptar y usar la Condecoración de la Orden del Imperio Británico, en grado de Comandante Honorario, que le confiere el Gobierno de la Gran Bretaña.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal, a 3 de diciembre de 1992.- Senador Antonio Manríquez Guluarte, secretario; senador Gustavo Salinas Iñiguez, secretario.»
«MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Víctor Luis Urquidi Bingham para aceptar y usar la Condecoración de la Orden del Imperio Británico, en grado de Comandante Honorario que le confiere el Gobierno de la Gran Bretaña.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México, Distrito Federal, 3 de diciembre de 1992.- Senador Carlos Sales Gutiérrez, Presidente; senador Antonio Manríquez Guluarte, secretario y senador Gustavo Salinas Iñiguez, secretario.
Se remite a la honorable Cámara de Diputados, para los efectos constitucionales.- México, Distrito Federal, a 3 de diciembre de 1992.- El Oficial Mayor, licenciado Morelos Canseco Gómez.»
Recibo, y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
La secretaria María Guadalupe Salinas Aguila:
«Escudo Nacional.- Cámara de Senadores.- México, D. F.
Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados.- Presentes.
Para sus efectos correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Sergio Ramírez Torres, para prestar sus servicios como ingeniero en radio y Héctor Manuel López Becerra como telefonista de la Embajada de los Estados Unidos de América en México, respectivamente.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal, a 3 de diciembre de 1992.- Senador Antonio Manríquez Guluarte, secretario; senador Gustavo Salinas Iñiguez, secretario.»
«MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano Sergio Ramírez Torres, para prestar sus servicios como ingeniero en radio, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano Héctor López Becerra, para prestar sus servicios como telefonista, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México, Distrito Federal, a 3 de diciembre de 1992.- Senador Carlos Sales Gutiérrez, Presidente; senador Antonio Manríquez Guluarte, secretario y senador Gustavo Salinas Iñiguez, secretario.
Se remite a la honorable Cámara de Diputados, para los efectos constitucionales.- México, Distrito Federal, a 3 de diciembre de 1992.- El Oficial Mayor, licenciado Morelos Canseco Gómez.»
Recibo, y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
El secretario Salvador Juárez García:
«Escudo Nacional.- Cámara de Senadores.- México, D. F.
Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados.- Presentes.
Para sus efectos correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso a las ciudadanas Wanda Sigrid Arzt Colunga, para prestar sus servicios como asistente político y Julieta Yolanda López Alvarez, para prestar sus servicios como secretaria/recepcionista en la Embajada de los Estados Unidos de América en México, respectivamente.
Reiteramos a usted las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal, a 3 de diciembre de 1992.- Senador Antonio Manríquez Guluarte, secretario; senador Gustavo Salinas Iñiguez, secretario.»
MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana Wanda Sigrid Arzt Colunga, para prestar sus servicios como asistente político en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana Julieta Yolanda López Alvarez, para
prestar sus servicios como secretaria recepcionista en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México, Distrito Federal, a 3 de diciembre de 1992.- Senador Carlos Sales Gutiérrez, Presidente; senador Antonio Manríquez Guluarte, secretario y senador Gustavo Salinas Iñiguez, secretario.
Se remite a la honorable Cámara de Diputados, para los efectos constitucionales.- México, Distrito Federal, a 3 de diciembre de 1992.- El Oficial Mayor, licenciado Morelos Canseco Gómez.»
Recibo, y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
*LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN (I)
El Presidente: -El siguiente punto del orden del día es la segunda lectura del dictamen relativo al proyecto de Ley de Ingresos de la Federación, para el ejercicio fiscal de 1993.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los diputados, se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
La secretaria Layda Elena Sansores San Román: -Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
Es de segunda lectura.
El Presidente: -Ante esta Presidencia se ha solicitado, con fundamento en el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que el diputado José Socorro Velázquez Hernández, fundamente el dictamen.
Tiene la palabra el compañero diputado.
El diputado José Socorro Velázquez Hernández: - Con el permiso de la Presidencia. Honorable Asamblea, señoras y señores:
La Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta honorable Cámara de Diputados, recibió para su estudio, discusión y dictamen la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1993, que fue presentada a esta soberanía por el titular del Poder Ejecutivo Federal el día 10 del pasado mes de noviembre, por conducto del Secretario de Hacienda y Crédito Público.
La Comisión inició de inmediato los trabajos correspondientes, realizando diversas reuniones que le permitieron un importante intercambio de puntos de vista entre sus miembros y al mismo tiempo reunir información complementaria sobre la iniciativa en cuestión, contando siempre con el apoyo de los funcionarios de la Dirección General de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, que fueron requeridos para el efecto.
Como en ocasiones anteriores, los trabajos de conferencia con miembros de la honorable colegisladora fueron propicios para enriquecer nuestras opiniones y complementar, en buena parte, el dictamen que fue aprobado por la Comisión el día 2 de diciembre del presente mes y que hoy se somete a su respetable consideración.
En base a lo anterior, como integrante de la Comisión de Hacienda de esta honorable Cámara y con fundamento en el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a ustedes algunas reflexiones que, a nuestro juicio, fundamentan el dictamen que será discutido en seguida.
La iniciativa presidencial y los motivos en que se apoya reflejan los importantes avances que en materia económica y tributaria ha logrado nuestro país en los últimos cuatro años, mismos que han permitido al Gobierno Federal contar con mayores recursos para financiar programas sociales de suma trascendencia para la nación.
La política económica instrumentada y practicada en lo que va de 1992, ha posibilitado el cumplimiento de los principales objetivos que fueron planteados para el presente ejercicio. La persistencia y la congruencia en su aplicación contribuyeron al restablecimiento de un clima de estabilidad, que habrá de favorecer la inversión y la productividad, así como el mejoramiento en los niveles de bienestar, elementos
Este Dictamen fue publicado en el Diario No. 14 el día 3 de noviembre de 1992.
necesarios para garantizar el crecimiento sostenido del producto interno bruto y una más justa distribución del mismo.
La evolución de las finanzas públicas en el período enero septiembre del presente año, ha sido altamente favorable, lo que permite suponer que a su término se habrán alcanzado las metas establecidas para 1992.
En este año se logrará un superávit financiero sin precedentes en la historia económica contemporánea, aun sin tomar en cuenta los ingresos extraordinarios provenientes de la desincorporación bancaria de la venta del segundo paquete accionario de Teléfonos de México y de la cancelación de una parte importante de nuestra deuda externa.
La estrategia económica sostenida por el Gobierno Federal se ha caracterizado por la prudencia y la coherencia entre sus diversas políticas. La reducción de la inflación, el crecimiento del producto y el superávit en las cuentas fiscales, son logros entre otros, que apoyan a una creciente estabilidad macroeconómica e indican la posibilidad real de un crecimiento futuro sobre bases de mayor solidez.
Sin duda, el balance global de los resultados obtenidos en materia económica durante 1992, es altamente positivo.
Como se afirma en el cuerpo del dictamen que nos ocupa, los objetivos de fortalecer los recursos públicos; reducir las tasas impositivas y promover la inversión productiva; propiciar una importante redistribución de la carga fiscal en favor de los estratos de menores ingresos; ampliar la base gravable y el número de contribuyentes; simplificar y mejorar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, y avanzar en un esquema más competitivo en el ámbito internacional, se han cumplido plenamente.
Los ingresos presupuestales habrán de registrar un crecimiento en términos reales, no obstante la disminución de la tasa del impuesto al valor agregado del 15 y 10, al 10%, el crecimiento de la actividad económica menor al proyectado y la desincorporación de diversas entidades del sector público. las mejoras que se han dado en la administración tributaria son sin duda notables y han hecho posible que con menores tasas impositivas haya aumentado la recaudación.
Al ampliarse la base gravable y existir un mayor número de contribuyentes la carga fiscal se distribuye más equitativamente y nos acercamos a un régimen fiscal mas justo.
Entre los avances más significativos para alcanzar los objetivos de política de ingresos que se han señalado, pueden mencionarse también la sustancial disminución de tasas en materia del impuesto sobre la renta, el establecimiento de un subsidio a las tarifas contempladas en la Ley del Impuesto sobre la Renta y la derogación de diversos impuestos especiales.
Además ampliar la cobertura del esquema fiscal implicó la puesta en práctica de medidas que afectaron a sectores que durante muchos años recibieron un tratamiento privilegiado. De igual forma estas medidas permitieron mejorar el control y el cumplimiento de las obligaciones fiscales, provocando con ello un aumento en la recaudación y mejorándose significativamente la eficiencia en los métodos de fiscalización.
Aunado a lo anterior, se facilitó el pago de impuestos mediante la simplificación de diversos trámites y la reducción de los gastos a realizar para el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Desde fines de 1991 y principios de 1992 la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta honorable Cámara se dio a la tarea de llevar a cabo una serie de reuniones en distintas ciudades de la República. con el propósito de explicar las disposiciones fiscales recién aprobadas y de recoger las inquietudes y planteamientos de los diversos sectores económicos y sociales. Una de las demandas más sentidas y que con mayor insistencia, fue invariablemente presentada en estas reuniones, fue la de dar permanencia a las disposiciones fiscales y dejar de presentar año con año esta soberanía la tan controvertida Miscelánea Fiscal.
Para fortuna de los causantes, en coincidencia con el Poder Legislativo, el Ejecutivo Federal también percibió la necesidad imperiosa de dar permanencia a las disposiciones fiscales. En consecuencia, por primera vez desde 1971 no se proponen modificaciones de fondo a la legislación tributaria, lo que permitirá a los contribuyentes un conocimiento más amplio de sus obligaciones y un mejor cumplimiento de las mismas y a las autoridades fiscales instrumentar una administración tributaria mucho más eficiente.
La política de ingresos para 1993 se encamina a dar también mayor permanencia a los logros de los últimos años a través de un ejercicio fiscal prudente, que cuente con un margen de maniobras suficiente para enfrentar posibles eventualidades tanto internas como externas, por lo que la disciplina fiscal deberá constituir el eje
central de los criterios que normen al resto de las medidas económicas. El segundo período ordinario del primer año de ejercicio constitucional de la presente Legislatura, se aprobó la nueva Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios, por lo que ha sido necesario revisar y adecuar el esquema fiscal a que ha estado sujeta la más importante de nuestras empresas públicas .
Se ha cuidado en esta revisión y adecuación, que tales acciones no impliquen aumentos en la carga fiscal cubierta por la actividad petrolera, no incidan en los precios finales de los productos derivados del petróleo y no se afecten las participaciones que por este concepto reciben las entidades federativas. Al efecto se ha propuesto un régimen fiscal de transición hacia una legislación impositiva más de acuerdo con las funciones derivadas de la mencionada nueva Ley Orgánica y que al mismo tiempo permita el uso más eficiente de los recursos que maneja Petróleos Mexicanos.
La anterior es una de las principales modificaciones que plantea la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1993. El mecanismo de transición incluye la posibilidad de acreditar contra la carga fiscal tradicional el monto de los nuevos gravámenes, cuya existencia se justifica para desarrollar un esquema futuro de tributación para Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, que guarde una estrecha relación con las actividades que le sean propias a cada una de estas entidades y dé por resultado una estructura más acorde con la eficiencia y modernidad que deben distinguir a la industria petrolera nacional.
Finalmente, se considera de importancia señalar que se incluyen en la iniciativa diversas disposiciones en materia de control sobre los ingresos que perciben las dependencias del Gobierno Federal y la supresión de regímenes preferenciales.
Así pues, la política de ingresos propuesta por el Ejecutivo Federal para el año próximo guarda congruencia con el objetivo de consolidar el cambio estructural de la economía apoyado en un sistema fiscal equitativo, eficiente y competitivo.
Compañeras y compañeros diputados:
En base a la Ley que ahora discutiremos, la Federación estima obtener en 1993 los ingresos necesarios para seguir cumpliendo en un marco de absoluto realismo los objetivos de las políticas económica y social que ha planteado a la nación el ciudadano Presidente de la República. Para 1993 las acciones propuestas fortalecerán las finanzas públicas, fomentarán el ahorro, ayudarán a consolidar la estabilidad en los precios y a recuperar niveles más elevados de crecimiento, promoverán una mejor distribución del ingreso, estabilizarán al sistema tributario, fortalecerán la recaudación sin modificaciones fiscales, y se asegurará la competitividad de nuestros sistemas productivo y fiscal.
En suma, mediante el fortalecimiento de los recursos públicos y la reducción de las tasas impositivas, se promoverán la inversión productiva, el empleo y un mayor bienestar para todos.
La política del Presidente Salinas no se circunscribe a la frialdad numérica de las estadísticas, tiene fundamentalmente un compromiso social: orientar hacia los que menos tienen los recursos disponibles cada vez en mayor proporción, no es un fin sino un medio para llevar más bienestar a los mexicanos.
Con toda objetividad, debemos reconocer los avances logrados, negarlos es negarle valor a los incuestionables méritos que los han impulsado, como el sacrifico excepcional que ha hecho la clase trabajadora, sobre todo en los momentos más difíciles de la lucha contra las adversidades económicas. Ya está siendo tiempo de que los beneficios de la política económica lleguen a toda la población, pues por desgracia, no se puede medir el bienestar nacional en función del bienestar de unos cuantos, ni tampoco en base a la simple mejoría de los indicadores económicos.
Estamos convencidos de que pronto habrán de notarse tales beneficios porque mientras no lleguen con mayor seguridad y de manera creciente a los bolsillos de los trabajadores y a las mesas de sus familias, no podremos convertir la incertidumbre en confianza, ni las angustias en optimismo de que vale la pena seguir por el camino que nos hemos trazado.
Es verdad que la modernización económica ha tenido un alto costo social y que las cargas más agobiantes han recaído en los hombros de los trabajadores; pero también es cierto que ese sacrificio social ha sido una inversión cuyos dividendos empiezan a producirse y pronto tendrán que repartirse. A estas alturas, forzar cambios en la estrategia o modificaciones en el rumbo, redundarían en un desorden más perjudicial que los peores años de la crisis. El camino está muy bien definido, ni neopopulismos que dilapiden irresponsable y demagógicamente los recursos,
ni tampoco neoliberalismos que pretendan hacernos olvidar, en aras del pragmatismo, los ideales y el compromiso social de la Revolución mexicana.
He pretendido en esta fundamentación expresar el sentir de la mayoría de los miembros de la Comisión de Hacienda, tal vez algunos de sus integrantes no coincidan con lo expresado, desde luego que respetamos su distinta forma de pensar y por supuesto que en esta misma tribuna dentro de unos momentos habrán de debatirse las diversas opiniones con el miramiento que ha caracterizado a esta LV Legislatura.
La política es conciliación de intereses y para conciliarlos es necesario no sólo esgrimir las razones propias, si no también escuchar y ponderar las ajenas y alcanzar equilibrios que sean fructíferos para la vida nacional.
Ninguna fuerza política puede considerarse poseedora de la verdad absoluta. Tanto la mayoría como las minorías, pueden tener aciertos y desaciertos; aprovechemos unos para mejorar y otros para aprender, no para incubar prepotencias ni tampoco para autodenigrar; sigamos siendo más tolerantes y menos intransigentes. La intransigencia dejémosla para defender principios, no para enfrentarnos a nosotros mismos. El futuro de la nación está por encima de partidos y partidarismos; todos las queremos mejor; no es una lucha entre mexicanos; es una lucha por México, ganémosla todos juntos.
Por todo lo anteriormente señalado, solicitamos respetuosamente de ustedes señoras y señores diputados, su voto aprobatorio para el dictamen de la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación, para el ejercicio fiscal de 1993.
El Presidente: - Por acuerdo de los grupos parlamentarios, la discusión en lo general y en lo particular y la votación nominal se hará en lo general y en lo particular, en un solo acto.
Esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general y en lo particular, los siguientes compañeros diputados oradores:
Juan Campos Vega, del Partido Popular Socialista, en contra; Fernando Rodríguez Cerna, del Partido Revolucionario Institucional, a favor; Cecilia Soto González, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en contra, Jorge Oceguera Galván, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, a favor; Jorge Calderón Salazar. del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Enrique Jacob Rocha, del Partido Revolucionario Institucional, a favor; Fauzi Hamdan Amad, del Partido Acción Nacional, para fijar posición; Ramiro Robledo Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional, a favor; Liliana Flores Benavides, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Ovidio Pereyra García, del Partido Revolucionario Institucional, a favor; José Antonio Gómez Urquiza, del Partido Acción Nacional, para fijar posición; Alejandro Encinas Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática, en contra y Jorge Flores Solano, del Partido Revolucionario Institucional.
Tiene la palabra el diputado Juan Campos Vega, del Partido Popular Socialista. El diputado Juan Gualberto Campos Vega:- Señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Vengo a nombre del grupo parlamentario del Partido Socialista, a expresar nuestros argumentos para votar en contra de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal del próximo año.
La Ley de Ingresos, compañeras y compañeros diputados, es parte integrante de los instrumentos de política económica con que cuenta el Gobierno Federal, y tienen, como se explica en la exposición de motivos y en el dictamen respectivo, las mismas orientaciones que la propia política económica del Gobierno Federal, que el Partido Popular Socialista no comparte por sus resultados y por los efectos que tiene entre el pueblo trabajador de nuestro país.
Desde el año pasado, cuando analizábamos este tema, señalábamos que los ingresos programados para 1992 eran totalmente insuficientes para que el Estado mexicano pudiera cumplir con objetivos esenciales, como serian el de promover el desarrollo de las empresas estratégicas con las que cuenta; de resolver los graves y numerosos problemas que afectan a la mayoría del pueblo, de nuestra nación.
Hoy al observar que el incremento de los ingresos programados para 1993 es aproximadamente superior en un 10% al del año pasado, no nos queda más que reafirmar estos comentarios que realizamos en aquella ocasión.
Pero lo que nos preocupa a nosotros es que esos recursos son insuficientes porque el Estado mexicano está abandonando una serie de actividades que hasta hace algunos años le eran características; ha dejado de participar en la actividad
productiva directa, en renglones importantes no solamente para el desarrollo nacional, sino también para la solución de los problemas de carácter popular.
El Estado mexicano ha estado abandonando un conjunto de actividades, como los referentes a comunicaciones y transportes que antes realizaba y que ahora ha dejado en manos de la iniciativa privada. Esto quiere decir, en términos generales, que el Estado mexicano está dejando áreas importantes de la economía nacional, áreas importantes de la Infraestructura económica del país, areás importantes de los servicios, en manos del capital privado nacional y extranjero, que ya no está, y todos lo sabemos...
El Presidente: -Diputado Campos Vega, discúlpeme, por favor. Esta Presidencia hace un exhorto a las personas que están en la sala, a que guarden silencio por respeto al orador, para que pueda continuar con sus disertaciones.
El diputado Juan Gualberto Campos Vega: -Gracias, señor Presidente. Ya no está siendo el Estado mexicano, el productor, el promotor de la economía nacional, sino que la está dejando en manos de los sectores privados. Y esto se refleja, compañeras y compañeros diputados, tanto en la exposición de motivos de la iniciativa, como en el dictamen que hoy debatimos. Hay algunos aspectos concretos que son novedosos en esa Ley de Ingresos y que queremos comentar:
En el artículo cuatro se plantea un régimen de carácter transitorio para aplicarle a Petróleos Mexicanos. Nosotros no estamos en contra de que se aplique ese régimen transitorio; nos parece que los mecanismos que se plantean, son adecuados, porque al final del ejercicio Petróleos Mexicanos pagará lo mismo en términos porcentuales, que lo que venía pagando o lo que pagó en este año de 1992. No afecta, entonces, el patrimonio de Petróleos Mexicanos.
Lo que nos preocupa es la actitud del Gobierno mexicano frente a Petróleos Mexicanos. Primero se nos envía una iniciativa, que se convirtió en Ley, para modificar la estructura en la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos a través de diversas subsidiarias, las cuales, de acuerdo con esta Ley de Ingresos, ahora cada una va a pagar sus impuestos en función de las pérdidas o las ganancias que haya obtenido en el ejercicio.
Pero además ayer, en la comparecencia del secretario Serra Puche, se planteaba también que las empresas del Estado que operen en áreas estratégicas, cuando no se dediquen de manera específica a esas áreas estratégicas que señala el párrafo cuarto del artículo 28 constitucional, tendrán que sujetarse a La Ley de Competencias y entrar, en ese sentido, en igualdad de condiciones con las empresas de capital privado nacional y extranjero.
Hay una clara orientación del Gobierno mexicano a reducir su presencia no solamente a las empresas de áreas estratégicas señaladas en ese párrafo cuarto del artículo 28 constitucional, sino inclusive constreñir la actividad de ésas a ciertas áreas muy limitadas, para que no sea la empresa pública el motor fundamental de la economía de nuestro país.
Y en este sentido nos preocupa la actitud que tenga el Gobierno Federal en torno a Petróleos Mexicanos, porque han sido insuficientes los recursos para mantener de manera eficiente el desarrollo de esa empresa pública tan importante para el país, los ingresos públicos que obtiene la Federación.
El artículo 16 de esta Ley de Ingresos tiene dos aspectos, que vale la pena mencionar. Uno, cuando señala que concluyen los estímulos a la industria de computación; lo cual nos parece correcto, ya que se ha cumplido un plazo razonable para el desarrollo de esa industria.
Pero hay otro aspecto que nos preocupa también, sobremanera, y eso lo vinculamos a la incapacidad de esos ingresos públicos para servir como base a la satisfacción de las necesidades sociales de nuestro pueblo.
También concluye, y se suprimen de éste artículo 16, los estímulos a la adquisición o concesión de vivienda nueva de interés social y de tipo medio para arrendamiento. Pero a esto, a esto debemos agregar el anuncio de que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, se retira de la construcción de vivienda y que en general la política del Gobierno, en esta materia, ha sido la de no producir la vivienda suficiente de interés social para los trabajadores mexicanos. De por sí este problema ha sido planteado de una manera inadecuada desde que se inició.
Nosotros sabemos que la vivienda de interés social, ya sea la que construya el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o el Fondo Nacional de Habitación Popular o cualquiera otra dependencia federal, siempre ha sido para los sectores que obtienen más de dos salarios mínimos, como mínimo, para poder tener acceso a este tipo de vivienda.
Esto significa que la mayoría del pueblo mexicano, la mayoría de los trabajadores mexicanos, que obtienen menos de dos salarios mínimos, han estado siempre al margen de la construcción de vivienda por parte del Estado y han tenido que resolver sus problemas de vivienda a través de la autoconstrucción o a través de la compra de terrenos o de vivienda de parte de los fraccionadores, que las encarecen todavía más.
Y esto representa un grave problema para nuestro país. El problema de la vivienda se agudiza cada día más, y cada vez más en las grandes ciudades este problema adquiere dimensiones particulares, que no se han podido resolver en gran medida por la actitud que el Gobierno ha tenido en los últimos años, de no contribuir a la solución de este problema, de no encontrar los mecanismos para poderle proporcionar vivienda a los sectores de menores ingresos del pueblo trabajador.
Otro aspecto de esta Ley de Ingresos, que nos parece por cierto positivo, es el que se señala en el artículo 17, donde se dice que desaparecen de las leyes federales las exenciones del pago del impuesto predial a los municipios de parte de organismos descentralizados.
Sabemos nosotros que uno de los graves problemas que enfrentan los municipios de nuestro país es la falta de recursos propios para resolver sus problemas. Y ha habido de manera permanente una negativa de Petróleos Mexicanos, de la Comisión Federal de Electricidad, del Instituto Mexicano del Seguro Social y otros organismos descentralizados, para pagar el impuesto predial a los municipios.
El hecho de que se incluya en esta ocasión, expresamente en el artículo 17, la desaparición de esas exenciones a organismos descentralizados federales, nos parece positivo, porque va a fortalecer aunque sea en una parte pequeña, los ingresos que tienen los municipios de nuestro país y eso les va a permitir cumplir de mejor manera con su responsabilidad.
Pero hay un tema, compañeras y compañeros diputados, que el Partido Popular Socialista ha reiterado una y otra vez que se discuten aquí, a finales de año las leyes vinculadas a los ingresos de la Federación. Y estamos convencidos de que se ha ido dando pasos para ir desgravando o, como se dice, gravando con tasa cero, a las personas físicas con ciertos ingresos y luego se va gravando poco a poco a aquéllos que obtienen hasta cierto número de ingresos.
Nosotros hemos planteado, y lo queremos reiterar en esta ocasión, que es justo en este momento, en el que estamos conscientes de que los ingresos de los trabajadores mexicanos son totalmente insuficientes para sus necesidades básicas, en este momento en que hemos dicho en esta tribuna que tres salarios mínimos de la actualidad son equivalentes a un salario mínimo que se devengaba en el año de 1976, es de justicia en este momento desgravar o gravar con tasa cero a todos los trabajadores que obtengan, cuando mucho, tres salarios mínimos; de tres salarios mínimos para abajo, deben estar exentos del pago del impuesto sobre la renta.
Creemos que esto puede contribuir a resolver, aunque sea en pequeña parte, el problema de los bajos ingresos de los trabajadores, de la gran pérdida del salario real que han tenido en los últimos años y a mitigar un poco la injusta distribución de la riqueza, que ha sido característica de la política económica de este Gobierno y del anterior.
Y nosotros también estamos conscientes que, como se señaló el año pasado, que es positivo que haya disminuido la tasa del impuesto al valor agregado al 10%. Pero queremos reiterar que nos parece que deben desaparecer los impuestos indirectos, particularmente ese impuesto, el impuesto al valor agregado, porque éste lesiona la economía del consumidor final, lesiona la economía de los trabajadores mexicanos, que son los que pagan este impuesto indirecto, que nos parece totalmente injusto. Y nos parece mucho más injusto que se haya incluido en el servicio del agua potable, para ser gravado como el impuesto al valor agregado, porque las repercusiones que esto está teniendo en todo el país son contrarias a los intereses de los trabajadores.
Por estas razones, compañeras y compañeros diputados, porque consideramos que este Presupuesto de Ingresos, esta Ley de Ingresos, es insuficiente para contribuir a un desarrollo económico sustentado en la fuerza económica del Estado, en la fuerza económica de la inversión privada nacional; porque consideramos que no es suficiente para resolver los más ingentes problemas de los trabajadores, ése que el voto del Partido Popular Socialista en esta ocasión será,
como en las anteriores, en contra de la Ley de Ingresos de la Federación. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Fernando Rodríguez, Cerna, del Partido Revolucionario Institucional, a favor.
El diputado Fernando Rodríguez Cerna: - Con su permiso compañero diputado Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Como hemos podido observar de la primera intervención que se dio en esta tribuna por parte de mi compañero el diputado del Partido Revolucionario Institucional, la Ley de Ingresos que hoy presenta el Ejecutivo o el dictamen de Ley de Ingresos que hoy presentamos a esta soberanía la Comisión de Hacienda, no presenta modificaciones ni adiciones a ninguna Ley Fiscal; esto desde luego debemos tomarlo todos los diputados de todos los partidos como un grave avance, un gran avance porque todas las fracciones parlamentarias hemos traído a esta tribuna siempre la preocupación de la permanencia de las leyes fiscales, un gran avance porque todos los grupos sociales también se han manifestado porque tengan mayor permanencia las leyes fiscales.
En relación a lo que el compañero Juan Campos Vega, del Partido Popular Socialista, nos decía en esta tribuna, refiriéndose principalmente, decía él: los gastos del orden social no son suficientes; sabemos todos los aquí presentes que una de las características del presupuesto de 1992 y el que viene para 1993 es precisamente un gran incremento en los recursos destinados al gasto social, ésta es una de las características.
Por otro lado, el propio compañero Juan Campos Vega nos decía que estaba de acuerdo con la Ley de Ingresos pero que no está de acuerdo con que no se desgrave aún más a los mexicanos de bajos ingresos y que además, por otro lado, su partido desearía que desapareciera el impuesto al valor agregado. Esto no es posible y contradice precisamente lo que él señalaba en la exposición de motivos por lo cual votará su partido en contra. ?Cómo es posible que por un lado desgravemos, que por un lado acabemos con un impuesto que ya para este año fue reducido sustancialmente como es el impuesto al valor agregado, que está a la altura de otros países y por otro lado busquemos tener mayores ingresos para los gastos del orden social? Esto pues no es posible, no podemos por un lado desgravar y por otro el otro obtener mayores ingresos. Nosotros creemos, los de mi fracción parlamentaria creemos, que la Ley de Ingresos que se somete a la consideración de esta soberanía es precisamente la adecuada para estos tiempos.
Por otro lado También el compañero Juan Campos Vega no está de acuerdo con el nuevo régimen fiscal que transitoriamente se le da a Petróleos Mexicanos; este régimen fiscal justamente responde a la nueva estructura de organización de Petróleos Mexicanos que era necesaria para hacer más eficiente a Petróleos Mexicanos y que fue precisamente discutida en el pleno de está Cámara y aprobada por esta soberanía.
Estamos ahorita buscando aprobar un régimen fiscal transitorio para dar respuesta a la nueva estructura de organización de Petróleos Mexicanos y para responder a las necesidades que la modernidad, de la modernidad que requiere Petróleos Mexicanos.
También por otro lado, otra de las cuestiones a que hacía referencia el compañero Campos Vega del Partido Popular Socialista, era su oposición a que desaparezcan los estímulos para la construcción de vivienda media.
Los estímulos para la construcción de vivienda media, nunca hasta ahora, mostraron que efectivamente estimularan la construcción de vivienda. Nosotros aquí en el pleno de la Cámara hicimos otras reformas que sí van a beneficiar directamente a quien adquiere una vivienda. Estas reformas fueron precisamente disminuir el impuesto sobre adquisiciones de inmuebles, del 10% al 20%, creemos que esto sí va a dar resultado un gran incremento o una mayor adquisición de viviendas .
Por otro lado también, se ha anunciado un programa sin precedentes en la construcción de vivienda; un programa tan ambicioso como hasta la fecha no ha existido. Hemos venido nosotros modificando otros ordenamientos fiscales, precisamente con el propósito de llevar a feliz término éste, la construcción de más viviendas.
Modificamos la Ley del Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para Trabajadores, y modificamos algunas otras disposiciones fiscales en el Primer Período de Sesiones Extraordinarias que tuvimos, y todo fue con ese propósito, y los programas que ahora se anuncian, son programas resultado de todas esas modificaciones que hemos venido haciendo en esta soberanía.
Por todo lo anterior, porque la Ley de Ingresos que ahora se presenta es una Ley de Ingresos que no trae una miscelánea fiscal consigo, porque
la Ley de Ingresos va a ser una Ley de Ingresos que da a las disposiciones fiscales mayor permanencia, que da mayor certidumbre a los contribuyentes, y sobre todo porque el Estado ha incrementado sus recursos ampliando en número de contribuyentes, principalmente empresas, principalmente através de la fiscalización de las empresas, es que pido a esta soberanía, pero a ustedes compañeros diputados, otorguen su voto afirmativo, su voto favorable a este dictamen. Muchas gracias.
El presidente: -Tiene el uso de la palabra el diputado Servando Hernández Camacho, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en contra.
El diputado Servando Antonio Hernández Camacho: - Con su venia, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
En nombre del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, vengo a esta tribuna a ratificar nuestra posición en relación con la política fiscal de nuestro Gobierno.
La estructura fiscal, a pesar de que han disminuido los impuestos, continúa siendo extremadamente compleja, complejidad que se acentúa con la ilegal práctica de la Secretaría de Hacienda, de hacer un segundo reglamento parcial, inestable, mediante resoluciones que constantemente publica y con las cuales se atribuye facultades que corresponden sobre todo a esta soberanía.
Igualmente, los impuestos que pagamos los mexicanos son exageradamente elevados, no sólo en forma individual, sino sumados unos con otros, resultan verdaderamente confiscatorios.
Si sumamos los impuestos directos como el impuesto sobre la renta, a los indirectos, como el impuesto al valor agregado y otros impuestos diversos, nos daríamos cuenta que destinamos un gran porcentaje de nuestros ingresos al pago de contribuciones. Existen impuestos que únicamente tienen fines recaudatorios y encarecen innecesariamente muchos productos, servicios, por ejemplo los automóviles.
En esta nueva forma de llevar a cabo la recaudación fiscal, hemos visto también que ha sido modificado el concepto del impuesto al valor agregado en aumento. Esperamos que este aumento del impuesto al valor agregado no venga a agravar aquellos productos que estaban fuera del gravamen.
Por todo lo anterior, no podemos votar a favor de una Ley que no permite ver con transparencia el monto de nuestras contribuciones y por lo tanto nuestro partido, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, votará en contra de la Ley de Ingresos de la Federación. Gracias.
El Presidente: -Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Oceguera Galván, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, a favor. El diputado Jorge Oceguera Galván: - Con su permiso y gracias, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Vengo a razonar el voto del partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, acerca de la Ley de Ingresos de la Federación.
En 1989 se inició una reforma fiscal de gran alcance. Los resultados están a la vista, no pueden ignorarse. En tres años se modifico sustancialmente el cuadro impositivo y el padrón fiscal de la federación; los ingresos tributarios y no tributarios aumentaron sustancialmente y desde 1991 apareció por primera vez en décadas un superávit fiscal.
Las líneas estratégicas de la reforma fiscal fueron tres:
1. La reducción de las tasas, entre otras las tasas máximas para personas físicas, la del impuesto al valor agregado, los impuestos especiales, la de adquisición de inmueble o también la derogación de impuestos como los dividendos, la ganancia por venta de casa habitación, etcétera.
2. La ampliación de la base gravable que tiene dos vertientes: a) La ampliación de las actividades imponibles; b) La ampliación de los sujetos fiscales.
3. La simplificación y vigilancia de las obligaciones fiscales.
Hoy, la reforma fiscal está prácticamente terminada en sus aspectos técnicos y jurídicos; falta su instrumentación y aplicación generalizada. También falta, como muchas de las reformas emprendidas por este Gobierno, que se convierta en práctica cotidiana, que se convierta en una cultura fiscal responsable y compartida.
Sin embargo, a pesar de la dureza de las autoridades o quizá por ella misma, la reforma fiscal ha encontrado graves problemas de legitimidad, y no sería difícil que conforme avance la instrumentación y los ciudadanos se enfrenten
cotidianamente a las autoridades fiscales, en un esquema interminable y eterno de reportes y castigos, los que hoy son problemas de legitimación mañana serán disturbios impositivos, rebeldías tributarias o huelgas de pago. Ç
En este sentido, en 1993 será un año de prueba y un año de transición. Ya desde este diciembre los ciudadanos agregaron a la lista de cédulas de identidad una particular sobre su identidad como sujetos fiscales, y las empresas de todos tipos empiezan a constituir sujetos políticos particulares, para negociar o negar algunos de los instrumentos fiscales.
El congreso Nacional de Contribuyentes es apenas el inicio de esas formas, que en el futuro se desarrollarán y tendrán más fuerza.
No hay duda de que la no presentación de la denominada Miscelánea fiscal, responde a estas condiciones, tanto a la virtual terminación de la reforma fiscal, como a los problemas de legitimidad. En pocas palabras, la reforma fiscal iniciada en 1989, ha terminado en su fase de diseño y legislación para transitar hacia una instrumentación y legitimidad cotidiana.
Es posible que en los próximos años las modificaciones fiscales sean de detalle o de aplicación, pero difícilmente de concepción técnica o política, a menos de que haya una revolución fiscal desde abajo, y esta revolución es una expectativa nada desdeñable debido a dos procesos irreversibles: la politización de la tributación que resulta de la ampliación de la base gravable y la supervigilancia fiscal y la politización del gasto público, que resulta también de la participación efectiva de todas las obligaciones fiscales, y en consecuencia de los derechos fiscales.
Es difícil negar algunos de los avances de la reforma fiscal. Nosotros valoramos la eficacia de algunos impuestos que impiden la evasión de las empresas, entre ellos principalmente el de los activos.
También valoramos la reducción de tasa impositivas, sobre todo las que afectan a las personas físicas, y a los impuestos indirectos, así como también los subsidios fiscales que todavía se instrumentan de manera generalizada.
Pero también sería equivocado no señalar nuestros desacuerdos, entre ellos la ineficiencia para gravar las actividades especulativas, sobrevigilar fiscalmente a los ciudadanos y desconocer la inequitativa distribución del ingreso
Quizá el problema mayor de la reforma fiscal sea precisamente este último: orientarse más ala eficacia de la captación fiscal, que en los instrumentos de la distribución del ingreso y nuestra preocupación de ésta.
Entendemos la política fiscal como argumento democratizador, igualador de condiciones de vida y no de oportunidades, como desgraciadamente aparece en los documentos oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La política fiscal ha sido manejada como instrumento de estabilización. Avanzó en la reforma estructural de la captación fiscal, pero no en la reforma estructural de la desigualdad del ingreso.
Es una parte de la estrategia antiinflacionaria, no de una política de ingresos de los ciudadanos. Por eso ya periclitó.
La paradoja actual de la reforma fiscal es que si bien tuvo éxito en la estrategia de la captación fiscal, sus avances pueden desaparecer si sigue entrampada en la estabilización y no avanza hacia el crecimiento sostenido y la distribución del ingreso.
Consideramos que para 1993 la Ley de Ingresos de la federación todavía se concibe como un instrumento antiinflacionario, justo cuando la inflación responde muy poco al superávit fiscal y mucho a factores institucionales, como infraestructura, márgenes de monopolio y cuellos de botella, o derivados de la estrategia económica, entre ellos las diferenciales en las tasas de interés, la revaluación del peso y las expectativas.
Incluso en 1992 la inflación bajó un poco respecto al año anterior, más por reducciones en las tasas del impuesto al valor agregado que por los resultados finales de las finanzas públicas.
Nosotros nos preguntamos si una reducción mayor de la tasa del impuesto al valor agregado, digamos, dos puntos, no podría tener mayor efecto en la formación de los precios, que un aumento del gasto en los sectores productivos de la economía.
En suma, en el Partido del Frente Cardenista, creemos que una política de ingresos públicos que siga entrampada en la estrategia de la estabilización, corre el riesgo enorme de revertir sus logros, pues la inflación de hoy es diferente
a la de hace unos años. Para consolidar sus avances debería de reorientar su rumbo y diseñar una política de ingresos, pero de los ciudadanos.
Por esto, la línea estratégica es la distribución del ingreso, a través del crecimiento económico y la ordenación del gasto.
En eso nos diferenciamos de la actual estrategia económica en general y la Ley de Ingresos de la Federación.
Por otra parte, quisiéramos ahondar en dos cuestiones finales: la primera se refiere al endeudamiento. Nosotros consideramos que la renegociación realizada en 1989 fue muy importante, pero no fue suficiente. Ahora empezamos a ver que se redujo el monto de la deuda pública externa, su relación con el producto interno bruto, su peso presupuestal y las transferencias netas al exterior. Sin embargo, una de las opciones del famoso menú demostró ser inconsciente con la realidad de los mercados financieros actuales, nos referimos a la que fijaba la tasa de interés en 6.25%; hoy las tasas prime y libor están por debajo del 6% y alrededor del 30% de la deuda renegociada está en esta situación.
Nosotros nos preguntamos si este solo hecho no justificaría renegociar la deuda externa pública si así reconocemos explícitamente cuando en la Ley de Ingresos para 1993 se solicita autorización para un endeudamiento neto de 11 millones 399 mil punto 5 millones de nuevos pesos, entre otras cosas para comprar deuda vieja.
Es cierto que la importancia de la deuda en el financiamiento del gasto público se ha reducido significativamente. Nosotros nos preguntamos si en lugar de mantener los niveles actuales de deuda no sería necesario renegociarla de nuevo a partir de las nuevas condiciones, tanto de la economía nacional como de los mercados financieros. De esa forma el ahorro que se tendría por concepto de intereses y de amortización sería permanente, profundizando la estructura presupuestal ganada los últimos años.
La segunda, se refiere a las facultades discrecionales otorgadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por la presente iniciativa. Es una práctica recurrente de regulación el quitar facultades al Congreso para otorgarlas, vía reglamentos , a las secretarías, parecería que en el nuevo esquema de regulación estatal de la economía, mientras se sustituye el control prohibitivo y la participación directa en las actividades productivas con las regulaciones operativas y administrativas, las funciones legislativas del Ejecutivo se incrementan.
En el artículo 16 del dictamen que hoy discutimos, se faculta expresamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para otorgar estímulos y subsidios con cargo a los impuestos federales en materia exterior, cuando es facultad expresa del Congreso, según el artículo 73 de la Constitución, el legislar en materia de impuestos al comercio exterior.
Una Ley de Ingresos no se comprende aislada de las que en su conjunto determinan la intervención estatal en los procesos económicos. Paralelo a la captación fiscal se encuentra el gasto público y sólo una votación parlamentaria puede dividir algo que la misma administración pública ha ligado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Pero, más aún la Ley de Ingresos como el Presupuesto de Egresos se diseñaron a partir de una voluntad gubernamental por alcanzar por tercer año consecutivo un superávit operacional como instrumento clave de la política antiinflacionaria; nosotros aquí nos deslindamos de la política económica gubernamental.
Ya se consiguieron avances significativos en desregualción, en liberación comercial, ya que se reformaron significativamente algunos de los elementos más importantes del desarrollo económico y social, pero se insiste en continuar en una política de estabilización que no corresponde ya con esta realidad.
El superávit fiscal ya dio lo que tenía que dar e la lucha contra la inflación, los precios reaccionan poco a mayores índices del superávit. Lo que se juega en estos tiempos es más bien el crecimiento sostenido y el nivel de vida de la población, y sobre esto la Ley de ingresos todavía no dice nada, sería necesario articularla en una política de ingresos, pero no de ingresos del Estado concebido como una empresa, sino de ingresos de los ciudadanos concretos, de estos ciudadanos acosados por el gran hermano fiscal que paradójicamente no actúa solidariamente con ellos a la hora de gastar estos impuestos.
Por su atención, muchas gracias.
El presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Calderón Salazar.
Esta Presidencia suplica atentamente a la Oficialía Mayor, que por favor el personal de confianza y asesores, puedan tratar de despejar la sala, para que guarde la discreción suficiente para escuchar con todo respeto al orador.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: - Con su venia señor Presidente; estimados compañeras y compañeros legisladores de esta LV Legislatura del Congreso de la Unión:
Agradezco al Presidente el llamado que hace a este respetable auditorio para participar en este diálogo nacional sobre la iniciativa de Ley de Ingresos del Ejecutivo Federal
Quizás no fueron adecuadamente seguidos algunos puntos del diputado que me antecedió en el uso de la palabra, no quiero prejuzgar, pero hay una idea que expuso el diputado Oceguera que quisiera retomar porque es precisamente el punto de partida de lo que aquí estamos analizando.
Por razones de estructura del debate parlamentario, estamos discutiendo por separado la Ley de Ingresos del Presupuesto de Egresos, y es algo que la historia parlamentaria consigna, se ha hecho así durante muchos años; pero una sana política económica, una evaluación de cómo va a impactar la acción gubernamental en la economía de un país, tendrían que tomar en cuenta la estructura del gasto, no sólo a nivel macroeconómico sino a nivel sectorial.
Y durante muchos años, precisamente la obra del Gobierno ha estado vinculada en esta doble vertiente, existe desde hace mucho tiempo la Comisión de Gasto - Financiamiento, y una de las razones por las que la mayoría de esta Cámara sostuvo que debía fusionarse la Secretaría de Hacienda con la Secretaría de Programación y Presupuesto, es precisamente una mayor congruencia entre la política de ingreso y la política de gasto.
Desde el período de Gobierno del general Lázaro Cárdenas, de manera congruente con la política nacionalista que impulsó este destacado estadista, la política de ingreso público estuvo vinculada al estímulo a la agricultura y a la industrialización, de tal manera que se inicia en los años treinta, el estímulo a la inversión nacional y el estímulo, repito, a nuestra agricultura y a nuestra industria por la doble vía que es: la expansión del gasto público en obra de infraestructura, la creación de una demanda agregada vía gasto público. Pero se creó un mecanismo de estímulos fiscales que tuvo importancia decisiva en la construcción de nuestro sistema industrial a lo largo de casi 40 años a partir del período de Gobierno del general Lázaro Cárdenas.
Por tanto, el sistema fiscal que permitió la constitución de industrias nuevas y necesarias y por otro lado, el sistema fiscal que favoreció al sector social, particularmente ejidos y comunidades, fue parte fundamental de una estrategia de industrialización y desarrollo rural, que repito caminaba sobre dos piernas: sobre la política de ingreso entendida no sólo como recaudación, sino estímulo a sectores que se estimaban prioritarios y la política de gasto entendida fundamentalmente como la doble responsabilidad del Ejecutivo Federal: la de construcción de obras de infraestructura y creación de lo que es la columna vertebral de la estructura productiva de la nación en energéticos y en otras áreas, y de otro lado, atender las necesidades sociales de la población.
Ese es el enfoque correcto que nosotros reivindicamos hoy en esta discusión, el de una visión integrada de la política de ingreso y de la política de gasto. Y es sólo esto, lo que permitiría una visión adecuada de cómo está impactando a la economía del país, el sistema impositivo y el sistema de gasto. Porque es ahí donde encontramos problemas que han sido analizados ya en el curso de esta LV Legislatura, por varias fracciones parlamentarías.
Por ejemplo, en lo que se refiere a municipios y estados de la Federación, hay un clamor que distintas fracciones parlamentarías han expuesto, relacionado con el bajo nivel de recaudación fiscal en términos reales que tienen los estados y municipios de la Federación.
Señor Presidente, rogaría a usted que hiciera de nuevo un llamado a nuestro estimado auditorio, para guardar silencio.
El Presidente: - Esta presidencia exige a la Oficialía Mayor, que a la brevedad posible les pida a los asesores y al personal que colabora en esta Cámara, dejen el recinto adecuado para que estos trabajos puedan desarrollarse y tenerle respeto al orador. Es una reiteración, por dos veces más lo hemos hecho y queremos que los trabajos se sigan desarrollando en paz.
A los compañeros diputados queremos exhortarlos a que por favor sean tan amables de tomar el asiento en sus respectivas curules.
Adelante, continúe usted diputado.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: -Muchas gracias Presidente.
De tal forma repito, que ha sido motivo de preocupación, de municipios y estados de la
Federación, el que sus niveles de recaudación fiscal son relativamente bajos y que tengan que depender de convenios de coordinación fiscal, para que una parte sustancial de aquéllo que es recaudado en esa entidad federativa, sea absorbido, por así decirlo, por estructuras federales de recaudación fiscal y se regrese a esa propia entidad federativa. Y ha habido ya enérgicas tomas de posición de algunos mandatarios, de algunos gobernadores, en el sentido de la tremenda dificultad para recibir aquéllo por la vía de gasto, que por la vía de ingreso ha sido recaudado en la propia entidad federativa.
Y otro aspecto que tiene que ver con esto, es que aunque formalmente el mecanismo de coordinación fiscal y de gasto público en los convenios de desarrollo, funciona de manera fluida, en la práctica hay forma de presión que la Federación ejerce sobre estados y municipios.
Por tanto, una primera observación que quisiéramos destacar desde esta tribuna, es que una visión integrada de ingreso - gasto, tendría que pensar en una reforma fiscal alternativa con otro perfil completamente distinto al simple continuismo que se nos presenta al decir: "señores, no hay miscelánea fiscal. Todo sigue igual y se hacen algunos cambios en Ley de derechos, se establece para petróleos Mexicanos un doble sistema de tributación fiscal, y se hacen algunos ajustes menores en algunas tarifas y en otros sectores". Pero se dice no hay cambio en la miscelánea fiscal y se presupone que esto es intrínsecamente positivo. Cuando, repito hay un debate en esta nación, de partidos políticos, de presidentes municipales, de gobernadores y de ciudadanos, sobre la inserción de municipios y estados de la Federación en el conjunto de la estructura de la política de ingreso y de gasto. pero hay más: en numerosas reuniones que hubo del Senado de la República para analizar el Tratado de Libre comercio, hubo un clamor generalizado de muchos sectores productivos, que hablan con voz propia, en el sentido que el sistema fiscal mexicano es un sistema altamente inequitativo para el estímulo de sectores y actividades productivas. Y también hubo numerosas precisiones en el sentido de que en muchos casos la base gravable mexicana es mayor que la base gravable de otros países, cosa que la Secretaría de Hacienda niega reiteradamente, pero que significa una inequidad fiscal.
Por tanto no son problemas solamente de tasas. Y una de las formas como otros estados, particularmente las economías industrializadas subsidian sectores estratégicos como el de alta tecnología, es precisamente a través de mecanismos fiscales, devolución de recursos que han sido recaudados por el Gobierno y otras formas.
Entonces estamos ante un escenario donde en México avanzamos a un mecanismo, casi diría yo, de igualación en muchos casos de la condición fiscal de muchos causantes; pero en otros países, los que quieren estimular actividades estratégicas de alta tecnología, tienen un mecanismo extremadamente sofisticados de subsidios fiscales, subsidios que estimo válidos y legítimos y que nuestro Gobierno debiera aplicar para estimular sectores estratégicos o que se consideran prioritarios para una seguridad económica. Y ese es hoy uno de los debates en los Estados Unidos, en Canadá y en la Comunidad Económica Europea, precisamente de cara a la nueva política industrial que se quiere instrumentar después de 12 años de políticas neoliberales y monetaristas que han afectado a la base productiva de distintos países. Ese es el debate que tendríamos que estar planteando aquí; en un diálogo nacional para un paquete de reformas fiscales y de reformas en política de gasto y de relación entre el Estado federal y los estados y municipios que permitieran una reactivación económica ordenada y estímulo a las funciones productivas.
Y ese debate no es nuevo. Desde la década de los cincuenta y sesenta Previch y la Comisión Económica para América Latina y muchos otros destacados especialistas, algunos de ellos, y recuerdo aquí estudios brillantes de la senadora Ifigenia Martínez, precisamente señalaban que la reforma fiscal y la política de gasto que este país requiere, es una que ataque las bases estructurales de la inflación, permita aumentar la oferta agregada de productos en bienes y servicios de consumo básico y eso facilita el combate a la inflación fortaleciendo el federalismo, pero con una visión que a veces en esta Cámara no se percibe, que es el de federalismo económico, el federalismo que fortalezca la economía de municipios y estados de la Federación; el federalismo que va más alla de lo estrictamente político y crea estructuras regionales productivas sólidas, repito, lo cual exige políticas fiscales y política de gasto público integradas que fortalezcan el crecimiento económico con justicia, con generación de empleos y con democracia.
Señalo lo anterior porque uno de los costos sociales más importantes que ha generado el actual programa de estabilización, instrumentado en los últimos años, radica en la pérdida del poder adquisitivo de buena parte de la población trabajadora.
Entre finales de 1987 y julio de 1992, el deterioro acumulado del salario mínimo asciende a 31%.
Por tanto, aún no regresamos a un esquema en el cual pueda hablar de una recuperación de los niveles de ingreso que tuvieron los trabajadores mexicanos a mediados de los años setenta; y el lento crecimiento económico que ha tenido nuestro país en los últimos años, no se ha reflejado en un fortalecimiento de los niveles globales de ingreso y de empleo.
La creación de empleos dentro del sector formal de la economía, productivos y bien remunerados, meta del Plan Nacional de Desarrollo, constituye uno de los objetivos más importantes en el presente período de nuestra historia. Sin embargo, en contraposición a lo expuesto por el Secretario de Hacienda, y tomando la misma fuente del Seguro Social que aquí fue utilizada, tenemos que el número de despedidos en el primer semestre del año, asciende a 181 mil trabajadores, producto de la desaceleración económica.
Estamos de acuerdo en que debe haber un esfuerzo nacional por incrementar la productividad; pero ese esfuerzo nacional tiene que ir acompañado de un esfuerzo en los mejoramientos de los niveles de vida y de los niveles de capacitación de amplios sectores de la población mexicana y sobre todo en un aumento substancial del ahorro interno destinado a la inversión productiva. Hemos expuesto en diferentes ocasiones que se está presentando una muy grave distorsión en la estructura de la inversión productiva que se considera casi como normal o natural.
Resulta que una parte fundamental de la inversión privada se destina en los últimos años, a adquirir activos del Gobierno Federal, bajo la forma de privatización de paraestatales, y esto se presenta como si fuera inversión, cuando en términos reales es sólo una transferencia de propiedad del sector público al sector privado, pero que no implica generación de empleos ni creación de nueva base industrial o agrícola que aumente la demanda agregada. Y el Gobierno, al utilizar los recursos presupuestales que se generan por la vía de la privatización en la reabsorción de deuda pública, está prácticamente congelando la posibilidad de que estos recursos se expresan en formación de nuevo capital adicional.
Por otra parte, consideramos globalmente, y es por ello que no coincidimos con las cuentas alegres que se hacen respecto a que por sí misma el que no haya miscelánea fiscal resulta positivo, consideramos que el sistema fiscal mexicano es altamente inequitativo y regresivo: grava en mayor proporción a los sectores medios y bajos de la población, que a los sectores altos.
Según la encuesta de ingresos y gastos de los hogares que hizo el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en 1989, ahí se nos informa que los dos deciles de mayores ingresos de la población concentraban el 55% del ingreso nacional. Mientras que los ocho deciles de menores niveles de ingreso sobrevivían con el 45% del ingreso nacional.
El ingreso nacional disponible en el año 1989, fue aproximadamente el 86% del producto interno bruto. Tendríamos entonces un ingreso nacional disponible de 724 billones de viejos pesos. De este total el 55% o sea 399 billones, representan los ingresos totales del 20% de más alto recurso de nuestro país.
En términos globales y analizamos en qué porcentaje esta población de altos ingresos participa en la recaudación fiscal, observamos que solamente paga impuesto sobre la renta por el 6.2% de sus ingresos. En cambio, la población de menores ingresos, aquélla que va del tercero al octavo nivel de escala de distribución del ingreso, la que percibe sólo 294 billones de pesos, paga una proporción mayor de su ingreso como aportación al impuesto sobre la renta.
En distintos diálogos relacionados con Cuenta Pública y en esta tribuna de la Cámara de Diputados, desde el año pasado, sostuvimos que cuando se enviara la Ley de Ingresos, y lo pedimos para 1993 que se envía a finales de 1992, la Secretaría de Hacienda debía informarnos a los legisladores la estructura general de causantes, con un agregado de su contribución fiscal desglosada por estados y municipios, en términos genéricos. Estos nos permitirían una evaluación de los impactos fiscales globales. Lamentablemente esto no se hizo.
Sólo sabemos que en el año 1991 los ingresos presupuestales totales ascendieron a 257 billones de viejos pesos...
El Presidente: -Diputado...¿diputado Calderón, me permite por favor un momento?
El diputado Jorge Calderón Salazar: -Si...
El Presidente: - Por tercera vez reiteramos que en la sala debe de prevalecer orden, por respeto al orador. Los pasillos se encuentran muy congestionados. Yo suplico muy respetuosa y atentamente a los colaboradores de los diputados
nos dejen proseguir los trabajos para que esto siga con la celeridad que debe hacerse y por respeto al orador también.
Es la tercera vez que lo estamos haciendo y debe de establecerse el orden.
Prosiga el compañero diputado.
El diputado Jorge calderón Salazar: -Gracias señor Presidente.
Pareciera que un numeroso grupo de nuestros legisladores el que crezca en un 17 % en un solo año el ingreso federal, arriba incluso de la inflación, pues no les parece de importancia.
Pero el hecho es que estamos ante un esquema en donde en 1991 la recaudación fiscal fue mucho más alta de lo que se había previsto originalmente dado que creció , como dije, el 12 % real y un 17 % arriba de lo estimado.
¿por qué señalo esto? Cosa que les puede parecer minucias técnicas a un gran sector, quizá, de los presentes aquí, legisladores asesores. Porque en varias ocasiones cuando el Partido de la Revolución Democrática ha sostenido que debe desgravarse el salario mínimo hasta el nivel de cinco salarios mínimos, se nos dice que esto desequilibra la estructura global de ingreso -gasto del Gobierno Federal. Pero resulta que en una visión integrada de conjunto, de ingresos por sectores productivos e ingresos por escalas de distintos grupos de trabajadores, tenemos que es perfectamente viable un mecanismo compensatorio donde aquéllo que se deja de recaudar por efecto de una modificación de la base gravable de salarios mínimos, se pueda aplicar a través de impuestos a segmentos que no generan actividades productivas específicas y que están más bien en el ámbito especulativo, y además porque tenemos un excedente de ingresos por encima de lo que estaba originalmente previsto.
Hay base, pues no voy a extenderme en este punto, otros diputados del Partido de la Revolución Democrática hablarán de este aspecto, pero hay base fundada en base a un análisis de la estructura de ingreso y de la estructura de gasto para sostener que es viable en este país, sin afectar los programas estratégicos de gasto federal y de gasto regional y municipal, una modificación de una estructura fiscal que consideramos altamente inequitativa.
Sólo quisiera adelantar un dato que nos parece importante. El hecho de que el salario mínimo actual sea, a grosso modo, la tercera parte del salario mínimo que teníamos los mexicanos a principios de los años ochenta, significan que por lo menos tendría que pensarse en un nivel de desgravación global de los mínimos de manera directa, del orden de tres mínimos totalmente desgravados, porque eso apenas estaría equivaliendo a los niveles del salario de principios de la década de los ochenta. Sostenemos, sin embargo, que la desgravación debe ser mayor y posteriormente presentaremos argumentación sobre ente punto.
Pero estamos hablando aquí de elementos que importan a millones de mexicanos. Millones de mexicanos son afectados de una u otra forma por la Miscelánea Fiscal que aquí estamos discutiendo. Y la simple continuidad, repetimos, de aquéllo que ya fue previamente aprobado en 1990 y 1991, particularmente del 1991 para 1992, no significa una modificación sustancial.
Por otra parte , conviene señalar que el partido de la Revolución Democrática, propuso durante el ejercito de la LIV Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados, la reducción de las tasas del impuesto al valor agregado, como una medida para lograr el alivio de la carga fiscal para la población de ingresos medios y bajos, medida que en su momento no fue considerada por el grupo parlamento mayoritario. Sin embargo, posteriormente, y casi daríamos de manera sorpresiva, el Ejecutivo Federal decidió disminuir el nivel de impuesto al valor agregado del 20 y 15% al 10% y posteriormente lo sometió a la aprobación del poder Legislativo, lo que origino un amplio debate parlamentario, en el sentido de que había consenso en grupos parlamentarios de la disminución del impuesto al valor agregado, que ya había sido propuesta previamente, lo dije por el partido de la Revolución Democrática, pero hubo desacuerdo en término a las formas, procedimientos y métodos que utilizó el Legislativo para esta decisión.
Y aquí hay otro punto que quisiera añadir y es el hecho de que expertos fiscales, ciudadanos y empresas, nos han pedido que transmitamos a esta Cámara su preocupación por las atribuciones que ya otros diputados han mencionado, asume la Secretaría de Hacienda en materia de reglamentación de aspectos impositivos que debieran ser propiamente facultad de la Cámara de Diputados, pero que en muchas ocasiones, bajo la forma de circulares, reglamentos o decisiones específicas, va tomando la Secretaría de Hacienda que detrimento de los intereses de amplios sectores de la población y de los causantes en particular; punto que también será analizado posteriormente, pero que significa que debe
respetarse la dignidad del Poder Legislativo, particularmente en lo que se refiere a aspectos fiscales, quitando a la Secretaría de Hacienda, repito, esos elementos que son propiamente facultades nuestras.
Otro punto tiene que ver la petrolización de los ingresos tributarios. Ciertamente se ha reducido el peso cuantitativo de los ingresos tributarios en los ingresos totales del sector público. Pero Petróleos Mexicanos sigue siendo el principal contribuyente del país.
Los ingresos del país, los ingresos fiscales, siguen petrolizados aunque en menor medida. De los ingresos totales del Gobierno Federal en el año de 1991, la aportación de Petróleos Mexicanos representó el 23.4%, pero si se excluyen los ingresos provenientes de las ventas de Teléfonos de México y de los bancos, la producción aumenta al 30%.
Por último hay un elemento que quisiéramos plantear como preocupación del Partido de la Revolución Democrática y que tiene que ver también con aspectos de la estructura fiscal.
Como todos sabemos, desde mediados de los años ochenta, con el ingreso de México al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, pero con mayor celeridad a partir de 1989, ha habido un proceso de disminución de los aranceles en numerosos productos y en algunos casos se ha llegado hasta prácticamente aranceles cero.
En la perspectiva de la firma del Tratado de Libre Comercio, se plantea un ritmo rápido de desgravación arancelaria, aun más acelerado para ciertos productos, aproximadamente un 40% frente a otro ritmo más acelerado que van a tener los productos de los Estados Unidos. Pero el hecho es que esta desgravación arancelaria ha impactado a la estructura de los ingresos públicos y la va a impactar todavía más.
Por un problema que tiene que ver con la estructura de debate en la Cámara de Diputados, se nos presentan leyes de Ingresos anuales que tienen, evidentemente, una razón legal, constitucional, de esta discusión. Pero sería muy conveniente que esta Cámara tuviera también un diálogo a la brevedad posible en los próximos meses, con autoridades hacendarías, para tener un horizonte de los impactos que a lo largo de varios años va a tener en la estructura de recaudación fiscal particularmente en materia de comercio exterior, la desregulación prevista por el tratado de Libre Comercio, en la hipótesis de que éste fuera aprobado por el Senado, particularmente en lo que se refiere a la estructura de ingresos por el comercio exterior. Porque hay una doble desregulación , la desregulación arancelaria en materia de comercio exterior tiene que ver, por un lado, con lo que son los impuestos a la importación y, por otro lado, con un nivel distinto de impuestos a aquéllos que son a la exportación.
Entonces, sí se requeriría un horizonte de los impactos, repito, multisectoriales que en materia de recaudación tenemos por efecto del Tratado de Libre Comercio.
Por lo anteriormente expuesto, el partido de la revolución Democrática ratifica aquellos elementos críticos que hemos argumentado, particularmente en relación a la miscelánea fiscal presentada a finales de 1991 y algunas modificaciones fiscales que fueron sostenidas o presentadas por el Ejecutivo Federal a mediados de 1992.
No se presenta ahora, por tanto, una propuesta de nueva miscelánea fiscal, se mantiene el modelo aprobado en 1991, se mantiene la iniquidad tributaria, se mantienen los beneficios que este modelo otorga a los grandes capitales y se mantiene un modelo macroeconómico en la política de ingreso y gasto que resulta regresiva y lesiva para los interese de las grandes mayorías de la nación.
Por lo anteriormente expuesto, el Partido de la Revolución Democrática vota en contra del dictamen relativo a la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1993. Muchas gracias (Aplausos.) El Presidente:- Tiene el uso de la palabra el diputado Enrique Jacob Rocha, del partido Revolucionario Institucional, a favor.
El diputado Enrique Edgardo Jacob Rocha:- Con su permiso, señor Presidente, señores diputados:
Precisamente cuando la Cámara de Diputados se dedica a discutir los principales planteamientos que habrán de especificarse a través de la política económica, se utilizan dos documentos fundamentales: la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación, y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, documentos ambos que tienen como marco de referencia general los Criterios Generales de la Política Económica para el año que corresponde al Proyecto de Presupuesto de Egresos y la iniciativa de Ley de Ingresos.
Este documento de Criterios precisamente se especifica en la Ley de Planeación y se inspira en los principales elementos del Plan Nacional de Desarrollo, que cada período de la administración pública debe de discutirse, elaborarse y aprobarse. Precisamente con estos documentos, los Criterios de Política, acudían en años anteriores los secretarios de Programación y Presupuesto y el Secretario de Hacienda, para abundar en la información del documento de Ingresos y el documento de Gasto.
En esta ocasión correspondió al Secretario de Hacienda su comparecencia para abundar en información relacionada con el aspecto de ingresos y con el aspecto presupuestal. Siempre insisto con la referencia del marco de los Criterios Generales de la Política Económica, precisamente esa coordinación que debe de existir en la conducción de la política económica en cuanto al aspecto del ingreso y en cuánto al aspecto del gasto, fue motivo de una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en el pasado período de sesiones en la cual se concretaron las actividades relacionadas con Programación y Presupuestación en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Recordemos también que en todos los parlamentos al momento de discutirse documentos similares de ingreso y gasto éstos se hacen en sesiones distintas siempre con un marco general de referencia de la conducción de la política económica y que engloba aspectos relacionados con supuestos de comportamiento de algunas variables económicas nacionales y que tienen que ver con estas mismas variables nacionales.
Las medidas que se han llevado a cabo en este proceso de modernización de la economía en sus dos grandes ámbitos de estabilización y de cambio estructural ha venido gradualmente teniendo efectos positivos en la economía, ya se ha dicho en otras ocasiones en esta tribuna y en reuniones de Comisión que los principales efectos se pueden percibir a través del comportamiento de la inflación, a través del comportamiento de la actividad económica por encima del crecimiento de la población y a través de una serie de comportamientos de variables económico financieras que están reflejando y sentado todo un proceso de estabilización que dan en el macro - económico para que las empresas lleven acabo a su vez un proceso de reforma digamos micro económica que se refleje en aspectos de productividad y eficiencia.
Todo este proceso de modernización económica, el Estado se ha venido esforzando en mejorar el perfil de la distribución del ingreso.
En efecto, faltan aún un buen tramo por pasar, sin embargo a todas luces se perciben una serie de acciones, una serie de aspectos que no podemos desestimar.
Por parte de la conducción de la política fiscal, hay algunas decisiones que han sido trascendentes en este mejoramiento del perfil de la distribución del ingreso; por ejemplo lo que el año anterior aquí aprobó esta soberanía respecto a la reducción del impuesto al valor agregado que presentó una cantidad importante en la recaudación tributaria del Gobierno Federal del orden del 1% del producto interno bruto.
También, medidas en los últimos cuatro años que han disminuido la tasa a las personas físicas del impuesto sobre la renta de niveles del 42 al 35% y algunas otras medidas fiscales que han tenido efectos favorables en distintos sectores de la economía, por ejemplo, la eliminación del impuesto a las aguas envasadas y los refrescos.
Es cierto que como aquí se ha apuntado, por ejemplo la evolución del salario mínimo ha acusado en los últimos cuatro años, una pérdida en su poder adquisitivo, pero también es cierto que este indicador salarial cada vez representa menos y cada vez menos mexicanos se encuentran sujetos a este régimen.
Si uno puede observar la evolución de algunas variables, por ejemplo el salario medio de cotización del Seguro Social, por ejemplo las remuneraciones reales de la industria manufacturera, uno observa en ese mismo período de cuatro años una recuperación gradual pero sostenida que si bien es cierto y es justo reconocerlo, no se da en todos los sectores y en todas la regiones.
Para 1993, en el Documento de Ingresos que como bien se ha apuntado por los oradores que me antecedieron en el uso de la palabra, no contempla modificaciones a lo que tradicionalmente se conoce como miscelánea fiscal, sino que su aumento está dirigido hacia aspectos relacionados con una mejor administración tributaria, con mayor fiscalización que impida la elusión y la evasión fiscal, y con varias medidas de simplificación administrativa que faciliten a los causantes el cumplimiento puntual de sus impuestos.
Aquí decía algún orador que me antecedió en el uso de la palabra, que por ejemplo cuando recordamos los aspectos relacionados a la renegociación de la deuda externa, en efecto una de las alternativas en el menú que en México presentó a los países acreedores, era el canjear bonos
viejos por bonos nuevos sujetos a una tasa de 6.25%, y el orador señalaba que actualmente la tasa de libor se encuentra en niveles menores a este 6.25%.
Sin embargo, esta tasa se refiere a las tasas de corto plazo; cuando uno observa el comportamiento de las tasas de largo plazo de la libor o de la tasa prang, uno observa que ésta se encuentra por encima del 6.25%. Lo que nos refleja la estructura temporal de las tasas de interés, que indica que el mercado está señalando que en el largo plazo las tasas tenderán a elevarse, y hay que recordar que el proceso de renegociación de la deuda se dio por lo tanto la tasa relevante en esa negociación que sigue siendo adecuada, es precisamente el comportamiento de las tasas de largo plazo.
Esas son las que afectarán en sus últimas consecuencias ese proceso de renegociación que se dio con gran éxito en los últimos años.
También mencionaba algún diputado que la estructura fiscal sigue siendo compleja y los impuestos exageradamente elevados, pero como decía hace unos instantes, en los últimos años la tasa del impuesto sobre la renta acusó una sensible reducción, se eliminó por ejemplo el impuesto sobre dividendos, la tasa máxima para personas físicas disminuyó al 35% y se derogó el impuesto sobre refrescos, como lo mencioné hace unos instantes, se redujo la tasa al impuesto sobre cigarros y se mantiene por ejemplo en la estructura del impuesto al valor agregado, la tasa del impuesto al valor agregado, a alimentos procesados y alimentos en cero.
Señores diputados, aquí se ha venido comentando por los últimos oradores algunos aspectos relacionados con la ley de Ingresos, algunos a favor, algunos otros en contra. Insisto por parte de la diputación priísta, se observan signos claros de estabilidad macroeconómica, se observan signos claros de que la política de modernización económica está dando resultado, éstos gradualmente se están cumpliendo, no pueden llevarse a cabo de un momento a otro, pero insisto, las distintas variables económicas así lo señalan.
Es por ello que solicito que en su momento otorguen su voto favorable a la Ley de Ingresos, como parte fundamental de este marco de política económica que está contenido en los Criterios Generales de Política y como parte fundamental de la discusión de presupuesto, que va encadenada con los aspectos relacionados a la iniciativa de Ley de Ingresos. Muchas Gracias.
El Presidente:- Tiene la palabra para rectificar hechos, por cinco minutos, el diputado Jorge Calderón Salazar.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar:- Con su venia, señor presidente, estimados legisladores: Solicité la palabra para hechos, para referirme puntualmente a algunos aspectos del panorama macroeconómico en el cual se inserta la discusión de esta Ley de Ingresos.
Uno de los puntos y que tocó el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, que nosotros hemos cuestionado a lo largo de casi un año, más de un año de funcionamiento de esta LV Legislatura, es precisamente el desequilibrio macroeconómico.
El formato de la reunión de ayer en que compareció el licenciado Serra Puche, secretario de Comercio, para discutir sobre dos leyes, la de competencia económica y de la posición Instituto Nacional del Consumidor - Procuraduría Federal del Consumidor, impidió que yo le preguntara al licenciado Serra Puche cuál es el límite del déficit de la balanza comercial y de cuenta corriente que el Gobierno cree que es posible absorber sin un proceso de desequilibrio global, porque si un déficit de la balanza comercial de 24 mil millones de dólares les parece manejable, entonces cuál es el límite, a cuánto vamos a llegar, ¿a 30 mil?, ¿a 35 mil?, ¿a 40 mil millones de dólares de déficit de la balanza comercial?, ¿cual es el marco de las importaciones? Este año hemos tenido ya importaciones del orden de 38 mil millones de dólares; ¿hasta dónde vamos a llegar en un proceso donde toda una historia de 40 años de sustitución de importaciones, hoy está siendo echada para atrás? Alguien me dirá: bueno, y ¿esto qué tiene qué ver con Ley de Ingresos? Tiene qué ver mucho, porque nos puede pasar lo que pasa allá en la provincia de Ontario y en algunas regiones del Canadá, que el gobierno, ante una desindustrialización y ante un desmantelamiento de la infraestructura agropecuaria, tiene disminuciones sustanciales en lo que es la recaudación fiscal de estructura productiva y tiene entonces que utilizar mecanismos fiscales para que a través del ingreso de los causantes en lo individual sobre sueldos y salarios y através de impuestos indirectos, recuperar lo que deja de obtener por la vía de una base productiva que está debilitándose por efecto de una apertura comercial indiscriminada.
Y si por otro lado estamos desregulando los mecanismos de recaudación fiscal a través del
comercio exterior, entonces eso significa que estamos ante una situación particularmente crítica.
Y yo vuelvo a hacer la pregunta, como diputado de la nación, ¡cuál es límite que este gobierno tiene para el proceso de déficit de la balanza comercial?, ¿porqué esa negativa sistemática a lo largo de más de 12 meses a reconocer que es un problema grave el de la balanza comercial?
Se nos dice que es un problema que tiene qué ver con infraestructura productiva futura, que estamos importando bienes de capital, pero solo el 23% son bienes de capital, el resto son bienes intermedios que son para fabricar bienes de consumo en un proceso de desindustrialización.
Otro punto en el que varias veces hemos insistido nosotros, es que la baja de los mínimos es preocupante, no solo en términos de los mínimos de la población que gana el salario mínimo, sino que en ramas de jurisdicción federal, según los anexos del informe , también hay una caída de los ingresos reales de los trabajadores a lo largo del presente sexenio. Entonces no coincidimos con esta visión.
Y por último, porque no quiero extenderme, el problema de la deuda externa y el problema del ingreso a bolsa de valores. Como tenemos un gigantesco déficit de la balanza comercial y de la balanza en cuenta corriente, este Gobierno ha creado un paraíso fiscal para los capitales extranjeros que vienen a invertir a bolsa de valores ¿por qué? Porque sabe que si establece mecanismos mucho más estrictos de recaudación fiscal a las utilidades bursátiles, eso puede generar problemas, dado el modelo que está instrumentado el Gobierno actual de un déficit comercial y de cuenta corriente financiado por la inversión extranjera en bolsa de valores.
Pero el problema es, ¿hasta dónde vamos a llegar? Anteriormente se nos decía allá en los años setenta y principios de los ochenta, no nos preocupemos por la deuda externa, va creciendo, pero tenemos recursos para pagarla. Hoy es exactamente lo mismo, es através de recursos externos, solamente que ingresados a bolsa de valores, como se está obteniendo el equilibrio macroeconómico.
¡Y qué acaso no nos preocupa el echo de que la especulación bursátil no tenga un régimen fiscal específico que permita fortalecer las finanzas públicas?
Por todo lo anteriormente expuesto, no coincidimos, como marco para la discusión de esta política de ingresos que estamos dando en esta sesión de la Cámara de Diputados, no coincidimos con la idea de que era una estabilidad macroeconómica y que los índices van hacia una consolidación de este modelo, al contrario, van hacia una precariedad, dado que se depende cada vez más del financiamiento externo para el equilibrio precisamente de las cuentas con el exterior. Muchas gracias.
El Presidente:- Para rectificar hechos, tiene la palabra el compañero diputado Jacob Rocha.
El Diputado Enrique Edgardo Jacob Rocha:- Con su permiso, señor Presidente.
En efecto, en las reuniones que se han tenido en comisiones de Programación y de Hacienda, uno de los puntos que han tocado algunos diputados, uno de ellos el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, se refiere precisamente a la evolución de las cuentas externas de la economía y el planteamiento de hasta dónde está el límite en cuanto a la evolución de este indicador.
Si uno observa el comportamiento reciente de las importaciones, puede darse cuenta que éstas, en los últimos dos, tres meses, empiezan a sufrir un ligero proceso de desaceleración, sobre todo medido através de las estadísticas que el Gobierno norteamericano tiene, de las compras que provienen de productos de mercancías de bienes y servicios, que provienen de México; esto atribuible a dos aspectos. Uno de ellos, a la disminución en el ritmo de crecimiento de la actividad económica, y otro de ellos, difícil de medir, pero otro de ellos se refiere precisamente a un proceso que empieza a darse y que tendrá que darse en mayor medida en los próximos meses y en los próximos años, de disminución en el crecimiento de las importaciones por aspectos estructurales de la economía, esto es que la economía empiece a producir ese tipo de productos que hoy se traen de otras partes del mundo.
Algunos analistas económicos de distintas consultorías serias, señalan que quizá el próximo año, quizá 1994 también, el déficit en cuenta corriente se mantenga en los términos actuales, como proporción del producto interno bruto, y después haya una tendencia a disminuir, derivada de dos aspectos: uno de ellos importante, muy importante, y que es de un crecimiento superior en las exportaciones diferentes a las provenientes del sector petrolero, a las exportaciones no petroleras, y que además se ha sostenido este crecimiento a
las exportaciones en términos importantes, a pesar de que el ritmo de crecimiento de las economías europeas se han mantenido sumamente bajas. A pesar de ello nosotros seguimos colocando productos en el exterior, y es de esperarse que en la medida en que la economía internacional avance a tasas firmes, también nuestras exportaciones penetren cada vez más en esos mercados.
Por otra parte, aquí se ha insistido mucho y nosotros lo hemos comentado también, este crecimiento de las importaciones no significa un endeudamiento adicional, porque estas importantes traen atado su financiamiento privado. Por lo tanto, obedecen a la existencia real, concreta de proyectos productivos rentables, que demandan productos del exterior y que, por lo tanto, tienen una tasa de retorno y que habrán, en su momento, de soportar el financiamiento y el pago posterior de estas importaciones. Muchas gracias.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar (desde su curul):- pido la palabra para hechos, señor Presidente.
El Presidente:- Tiene cinco minutos, para rectificar hechos, el diputado Jorge Calderón Salazar.
El Diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar:- Con su permiso, señor Presidente.
Seré muy concreto en algunos puntos. La razón por la cual hemos externado una seria preocupación del comportamiento económico y que reiteremos, es que miren ustedes, estimados compañeros diputados: en 1989 el déficit de la balanza comercial fue a 2 mil 595 millones de dólares; en 1990 fue 4 mil 139; en 1991 fue de 11 mil 181, y se estima que en 1992 va a ser de 23 mil 121 millones de dólares.
Está creciendo esto de manera exponencial. Y por tanto si ha habido una situación en la cual pasamos de un déficit de 2 mil y tantos millones de dólares a 23 mil y tantos millones de dólares, en únicamente cuatro años, hay un problema de fondo que no quiere ser reconocido por las autoridades gubernamentales y que tiene que ver con todo el equilibrio macroeconómico.
Cuando se vino la crisis del año 1982-1983, no solamente se afectó el ingreso y el gasto gubernamental, se afectó la totalidad del entorno macroeconómico, y hay dos formas a través de las cuales puede llegar el ahorro externo a México: por deuda, contratación de deuda pública y privada que sigue habiendo un elevado nivel de deuda externa, pública y privada, casi 114 mil, 115 millones de dólares de deuda externa pública y privada; pero también una forma de endeudamiento, solo que disfrazado de inversión extranjera en bolsa de valores, es ésa precisamente, las transferencias a nuestro mercado accionario.
Y las dos formas son formas precarias, que significa que en vez de apoyarse en el ahorro interno el financiamiento del desarrollo económico, nos estamos apoyando fundamentalmente en el ahorro externo. Y ahí está nuestra deuda precisamente, la deuda de que un desequilibrio macroeconómico global puede significar que toda la política nacional de ingreso y gasto se vea gravemente afectada por una situación en donde el conjunto de las finanzas públicas y las finanzas nacionales pueden entrar en una situación de crisis.
La solución son : un diálogo nacional para medidas enérgicas que permitan una estabilización económica con recuperación del ingreso y del empleo. Y un elemento más que el licenciado Serra Puche, el licenciado Aspe y diputados del Partido Revolucionario Institucional han insistido reiteradamente: No nos preocupemos por eso alta importación de maquinaria y otros productos, cada proyecto trae su financiamiento amarrado.
Eso podrá ser en tal o cual proyecto. El licenciado Aspe, con mucha frecuencia utiliza como ejemplo a la Volkswagen, o tal proyecto de la General Motors.
Pero para el conjunto de la economía lo que sucede es que las empresas y los particulares compran en el extranjero con dinero que ingresa a México a través de la bolsa de valores, sin que haya conexión entre una cosa y otra. Y estamos, entonces, ante una situación que ratificamos, es precaria y afecta el conjunto de la macroeconomía de ingreso y gasto. Muchas gracias. (Aplausos.) El Presidente:- Tiene uso de la palabra el diputado Fauzi Hamdan Amad, del Partido Acción Nacional, para fijar posición.
El Diputado Fauzi Hamdan Amad:- Con su venida señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
La ley de Ingresos es el instrumento de política fiscal más importante para lograr realmente una auténtica distribución y redistribución del ingreso, el instrumento que se utiliza es la captación
de recursos vía llamados impuestos, derechos, productos y aprovechamiento. Esta Ley de Ingresos que año con año se aprueba por esta Legislatura y por la colegisladora constituye el documento que condiciona la vigencia y aplicación de todas las leyes tributarias que estructuran en detalle al sujeto, la base, tarifa y demás derechos y obligaciones de los contribuyentes en general.
Este año pero con una diferencia de tres, cuatro meses, no hay miscelánea fiscal y el Ejecutivo Federal en efecto no presentó iniciativa que reformara, derogara o adicionaría diversas leyes tributarias.
Ha sido altamente y en forma vehemente significativa la postura del Gobierno del elogio que se da e que por primera vez hay permanencia en el régimen fiscal, sin embargo, el esquema tributario que hoy nos rige no llega a ser, ni mucho menos alcanza los principios fundamentales de un sistema tributario justo, de un sistema tributario simplificado, de un sistema tributario competitivo con los principales socios internacionales con los que quedará y ya de echo ya empezó a quedar vinculado México.
Aún más, adolece todavía a pesar de los logros que hay que reconocer que se han hecho en meteria de adecuaciones fiscales como las que mencionó en forma ejemplificativa el diputado Jacob hace un momento, todavía el esquema tributario adolece de injusticias claras de redistribución de la carga y consecuentemente de efecto de la capacidad contributiva y del poder adquisitivo de todos los niveles de contribuyentes.
Decía que el esquema fiscal de la Ley de Ingresos en forma general debiera contener cinco principios que desde el año pasado en esta tribuna hicimos énfasis y propusimos en concreto muchas adecuaciones y cambios, que algunas de ellas por fortuna en junio fueron recogidos por el Ejecutivo Federal.
El elemento fundamental del esquema tributario es que no tiene un esquema simplificado, el elemento para alcanzar las metas de eficiencia y eficacia en la recaudación requiere que el esquema sea realmente y éste es altamente complejo.
En esquemas adicionales o paralelos de simplificación que la Ley de Impuestos sobre la Renta por ejemplo establece, no es ni mucho menos un esquema simplificado, basa simplemente leer todas las resoluciones adicionales que las autoridades hacendarías intermedias expiden para controlar, regular y condicionar el cumplimiento de las obligaciones de esta categoría de contribuyentes que se les titula bajo un régimen aparentemente simplificado.
Es importante, en consecuencia, reducir la labor administrativa fiscal que recae íntegramente en los contribuyentes. Ahora los esquemas de apoyo Administrativo a pesar de que muchos ya conocen el esquema tributario que empezó en 1897, sigue siendo un costo muy importante en la operación de los contribuyentes, llámese como se llame el carácter de contribuyente en el esquema que el impuesto sobre la renta ha dividido para el pago de este tributo.
Tenemos inclusive cargas que verdaderamente como ejemplo resultan inusitadas. Recientemente las autoridades fiscales en zonas rurales apartadas de nuestro país, han empezado a fiscalizar e inspeccionar a pequeñitos comerciantes en que no llegan a una generación del ingreso anual arriba de 25 a 30 millones y que les obliga a pesar del régimen simplificado de expedición de comprobantes, de que aquellos que obtuvieren ingresos, ventas mayores de 15 mil pesos, tengan que expedir notas de remisión aun cuando no se las entreguen al comprador.
Estas notas de remisión, su impresión, su costo de impresión, representa para ellos el equivalente al 25% de su utilidad a su vez representan el total de los ingresos después de deducciones impuestos, entre 11% y 13%. ¿Esto es simplificación administrativa?.
Existen en el esquema tributario mexicano, sobre todo en el impuesto sobre la renta, un sistema de fórmulas y de factores de ajuste, independientemente de la complejidad y de lo rebuscado de su redacción, sumamente difíciles de llevarse a la práctica y con un altísimo porcentaje de equivocación de los contribuyentes, aún bajo esquemas de sistemas de cómputo. Y hay ocasiones, y no son casos de excepción, que vienen liquidaciones fiscales por error de cálculo que son provocadas por las mismas complejidades del esquema tributario para la determinación de las bases gravables, sobre todo, reitero, en el impuesto sobre la renta.
Se requeriría y así lo propusimos, eliminar controles verdaderamente infamante para el contribuyente como persona humana. No es lógico, sinceramente, que se tengan esquemas de deducción sujetas a poner para ser, por ejemplo, coche utilitario, los medios de identificación en los automóviles con signo externos vergonzantes como para justificar o explicar que pueda deducirse.
En primer lugar, a diferencia de lo que aquí se dijo por parte del señor Secretario de Hacienda, muy pocos contribuyentes han cumplido con esta disposición de tener una identificación externa en sus automóviles que cumpla con los parámetros de 40 x 40 para calificar como coche utilitario. Los que lo hacen en flotillas ya lo hacían antes de la disposición legal, no lo hacen porque finalmente agrede directamente al contribuyente, condicionándole su deducción a traer en forma exterior la identificación de que es un coche que cumple con finalidades relacionadas con la actividad necesaria y propia de la empresa.
El esquema de registradoras, de máquinas registradoras que fue rígido en un principio por la disposición fiscal, por las presiones de contribuyentes, se ha ido atenuando, ha habido amparos interpuestos, algunos de ellos ganados ya, porque es obligar a una carga que no corresponde propiamente a un tributo, a comprar una máquina registradora, a aquéllos que no tienen capacidad contributiva para ello. Ya ha habido normas de excepción; ya acaban de salir las recientes de hace un mes, en que se permite que las máquinas registradoras que tenga esos activos, pueda seguir teniendo los propios sin necesidad de adquirirlos, siempre y cuando demuestren ante la autoridad fiscal, tener el régimen de control, de simplificación, etcétera. Pero la disposición fiscal formal, emanada por esta Legislatura, ha sufrido excepciones a través de autoridad administrativa. Están derogándose disposiciones legales a través de actos del Poder Ejecutivo.
Esto demuestra dos cosas:
Primero, la falta de respeto, como ya lo había mencionado con antelación el diputado Jorge Calderón, a la investidura de la función legislativa.
Segundo, aceptar con adecuaciones particulares de excepción, un régimen que en un principio ya era injusto, rígido, insoportable e insostenible para cumplir.
Hay hasta ahora, más de 25 resoluciones que se han emitido en este año, que por falta de miscelánea fiscal legislativa, ahora ya se anuncian en los periódicos un esquema de cursos a los contribuyentes, por las instituciones que normalmente se dedican a dar esos cursos, ya que al no haber patrocinio de la Secretaría de Hacienda, con una propuesta del Ejecutivo Federal de modificaciones de miscelánea, ahora se van a conformar con hacer una síntesis, una sinopsis, de toda la miscelánea fiscal que ha emanado de las autoridades administrativas intermedias.
Carece el sistema tributario mexicano, de seguridad jurídica, el régimen impositivo es de aplicación estricta, al igual que en la materia penal. Son los dos únicos que la aplicación de la legalidad es estricta. No cabe la aplicación por analogía, ni la interpretación analógica, ni mucho menos la aplicación por mayorías de razón. Y sin embargo, se legisla a través de disposiciones generales, las leyes tributarias indebidamente y desde aquí hicimos énfasis en esta grave transgresión a los regímenes de división de poderes, que se les otorgan a la Secretaria de Hacienda en múltiples disposiciones legales tributarias, para que a través de reglas, fije condiciones, requisitos de cumplimiento de las obligaciones, quedando supeditado el contribuyente a la voluntad de la autoridad administrativa que aplica y ejecuta la Ley, y no la voluntad soberana de esta Legislatura.
Existe un sistema de garantías de los derechos de los contribuyentes, que cada vez se merma más, limitado de su ejercicio de defensa y de importación de justicia, hasta con estímulos es incostitucional y ahorita en la Corte hay un amparo en revisión, pendiente de resolverse por el pleno de la Corte, en que se condiciona prácticamente el ejercicio de la interposición de un recurso de renovación, dándole un estímulo para reducir la garantía, si agota el recurso ante de ir directamente al Tribunal Fiscal de la Federación, que es una opción de ejercicio de la impugnación de un crédito fiscal.
Se hace necesario y ya también aquí lo señalábamos en su oportunidad hace un año, la necesidad de procedimientos especiales con gran celebridad en todos los actos de materia tributaria y jueces en materia penal, calificados en esta disciplina.
Ya en el Instituto Nacional de Ciencias Penales de alguna manera hizo eco a está preparando a aquellos que aspiran a ser jueces en la materia penal, encargados de esta materia tributaria.
Lo más pernicioso de todo esto, es que el estímulo a los servidores públicos que realizan las auditorías en materia fiscal de cualquiera de las ramas, cualquiera de las especies de tributos, es la partición en las multas. Esto sí es pernicioso; de manera que si hay multas, ellos perciben bajo un fondo, un porcentaje del cobro de las multas. Esto no es justicia, en sentido estricto, porque hay una tendencia natural a tratar de imponer las multas, se causen o no se causen, o imponerlas y en todo caso que se defienda al contribuyente con tal de generar un
fondo que va a contribuir a un ingreso adicional a los servidores públicos. Esto no es justo para un régimen que trate de ser imparcial en la imposición de las normas tributarias.
Competitividad. El régimen fiscal no es competitivo en relación con los extranjeros con los que nos vamos a vincular. Aquí lo mencionamos cuando el señor Secretario de Hacienda estaba presente, y decíamos que hay estudios serios sobre este particular. Simplemente les voy a poner dos ejemplos del impuesto sobre la renta:
Tratándose de tasas nominales análogas al 35%, análogas, resulta que en el impuesto sobre la renta hay una deducción del equivalente del 80% en gastos de restaurante en actividades de negocios y aquí es ¡Cero!
2. Hay deducción integral en inversión de automóviles y aquí se pone el tope de 60 millones y siempre y cuando, como ya mencionaba con antelación, se cumplían ciertos requisitos para calificarlo como utilitario.
3. En personas físicas se permiten deducción integral de colegiaturas en actividades escolares; deducción de intereses en créditos hipotecarios; particulares, a los que están sujetos como es la mayoría de la población de un 70%, 80% a ser contribuyentes cautivos, de las deducciones se limitan, prácticamente a lo que se llama "gastos médicos". Y obviamente los gastos médicos, honorarios por gastos médicos, la mayoría de la población no acude a particulares, sino acude, lógicamente, al esquema institucional de la seguridad social.
Por último sigue vigente un impuesto que ya habíamos propuesto que se quedara derogado, el impuesto al activo. Si dice que el mismo impuesto, y aquí lo mencionó el señor Secretario de Hacienda, lo que pasa es que no hubo la posibilidad de la réplica inmediata, hay un esquema, un dispositivo de inversión en que se reduce este tributo.
No quiero entrar a disquisiciones de carácter técnico para explicarlo; pero lo que sí les quiero decir, es que una etapa en que hay una merma considerable en la capacidad de las empresas por el enfriamiento de la economía, en que hay pérdidas graves para todas las actividades, sobre todo para aquellos con menores ingresos, resulta que el mínimo a pagar es el equivalente de este impuesto del 2% al activo.
Nadie dice que los dos primeros años no está excento de este impuesto, más bien no se ha sujeto a este impuesto; pero ya en condiciones normales de operación, obviamente este impuesto es el pago a la pérdida, es el pago a una carga adicional de la que ya se tiene en el contexto de la competitividad económica. Y cuando se hizo, se expidió esta ley en la exposición de motivos, se dijo claramente: "Este impuesto se instituye porque el 70% de los contribuyentes declaran en cero el impuesto sobre la renta. Entonces será el mínimo a pagar.
Bueno, se empezaba el esquema de fiscalización intensa, lo cual es muy loable, de evitar la evasión y, en su caso, la elusión fiscal. Pero no, no se puede pagar el precio de pérdida de la carga a sujetos que penosamente llevan a cabo su actividad lucrativa y lícita, con un esquema que apenas va a generar en relación con el impuesto sobre la renta, según el estimado de la iniciativa de la Ley de Ingresos, el 10%. 4 mil millones de los nuevos pesos. 4 mil millones de los nuevos pesos, equivale precisamente a la tercera parte del excedente de superávit que presenta esta Ley de Ingresos: 18 mil millones de nuevos pesos.
El diputado Gómez Urquiza, que en la segunda fase del Partido Acción Nacional complementará la exposición sobre esta ley, ahondará en ejemplos concretos y específicos de todos estos principios que estoy mencionado.
Pero vienen las tres partes más importantes. Resulta que Petróleos Mexicanos desde hace muchísimos años tiene un régimen especial de tributación. Y habrá quienes estén pensando en que pues no es otra cosa que el régimen ¡único! de excepción a Petróleos Mexicanos, porque es el único que de manera exclusiva, por disposición constitucional genera, produce hidrocarburo. Bien, y que consecuentemente este régimen de excepción no viola el artículo 13 constitucional que prohibe que haya leyes privativas con dedicatoria y con destinatario específico. Y estoy anticipando, quizá el argumento con el que me van a rebatir sobre este punto.
Sin embargo, resulta que por jurisprudencia de la Corte, desde principios de este siglo, no es ley privativa cuando se establece un impuesto por razón del objeto, pero no con sujeto determinado, específico y concreto. Y así ya lo había estatuido la Suprema Corte, siendo entonces Presidente de la Suprema Corte don Ignacio L. Vallarta. Pero resulta que para Petróleos Mexicanos es un impuesto especial, un régimen de excepción. Cuando en el propio contexto del proyecto de la Ley de Ingresos, señores, y esto es muy importante, resulta que Petróleos Mexicanos junto con otros 13 organismos
descentralizados y una empresa de participación estatal mayoritaria que es la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, considera que los ingresos de esos organismos ¡se fusionan! íntegramente en los ingresos de la federación. ¡No hay diferencia en el Presupuesto, tanto del de ingresos como el de ingresos, de los que obtiene la Federación provenientes de estos organismos descentralizados! ¡Expresamente el artículo 13 dice que los ingresos de Petróleos Mexicanos, entre otros, son ingresos de la Federación! ¿Entonces, para qué establecer un régimen de tributo para Petróleos Mexicanos, si finalmente de todas maneras todos los ingresos de ese organismo descentralizado son ingresos de la Federación!
Finalmente a través de partida presupuestal, por que es único presupuesto, se puede asignar los gastos para su cuenta corriente, gastos corrientes, inversión física e inversión financiera; no es necesario fijar un tributo.
Dos. Adicionalmente se establece para Petróleos Mexicanos, en la Ley de Ingresos, que las utilidades de ese organismo descentralizado y de los demás, pero no voy a mencionar a los demás sus utilidades son ingresos de la Federación, bajo el rubro de productos.
Y por último, en el Capítulo VII, inciso 20, se dice que los excedentes de ingresos que perciba Petróleos Mexicanos y sus subsidiarias también son ingresos de la Federación.
De manera que tienen cuatro fuentes generadoras de ingreso, Petróleos Mexicanos, que convergen finalmente en una sola fuente que las divide en partidas innecesarias y que un régimen de tributación excepcional para 1993 va a provocar en Petróleos Mexicanos, primero, tal como está la iniciativa, con un altísimo grado de dificultad para su entendimiento; y yo aquí, desde esta tribuna, pido y exhorto y de alguna manera reto para beneficio de todos los que estamos presentes, que nos hagan una corrida de ingreso supuesto, específico para Petróleos Mexicanos - exploración, para petroquímica secundaria y para la comercializadora, para ver el efecto impositivo.
Sin embargo, nada más para puntualizarlo, de todas maneras el régimen fiscal para Petróleos Mexicanos dice que finalmente pagará el que ha tenido en anteriores años. Y de acuerdo con la explicación que autoridades hacendarías nos dieron en el seno de la Comisión de Hacienda y Crédito público, éste régimen fiscal alterno o dual, obedece para conocer y tener una historia de los ingresos en sus operaciones las cuatro subsidiarias, porque no hay historia, se están desmembrando, consecuentemente para conocer su historia, de sus ingresos, debemos tener una corrida de carácter contable, conocer sus gastos, sus operaciones, sus inversiones, su ámbito de deducciones y, consecuentemente aplicable, un régimen tributario especial justo.
De manera que el régimen alterno dual es simplemente ejemplificativo, de marco de referencia, pero que no se va a aplicar, porque se gane o no se gane bajo ese nuevo régimen fiscal dual, de todas maneras paga el que siempre ha existido.
¿De qué sirve un régimen fiscal dual si la carga administrativa para Petróleos Mexicanos, que ya es excesiva, le va a obligar a un régimen tributario sumamente complejo, cuando de todas maneras la organización centralizada del Ejecutivo conoce con precisión y detalle, no soló por la ahora Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sino por la Contraloría General de la Federación, el esquema de ingresos, de gastos, de deducciones y del efecto neto de sus utilidades en la distribución de su peso fiscal, a dónde ingresa y a dónde va?
Consecuentemente, resulta verdaderamente increíble que se establezca para Petróleos Mexicanos un régimen de excepción, dirigida a un sujeto, cuando ya tiene todos los ingresos de todas maneras en un presupuesto único, el de Ingresos y también el de Egresos, la Federación.
Por último, vinculado naturalmente el ingreso con el egreso y aunque es la otra cara que se va a ver en próximos días ante esta soberanía, es imposible dejar de resaltar y destacar que prácticamente en lo que va del siglo, y hubo un jurista muy destacado que ya falleció, que se lamentó cuando fue diputado, hace tres legislaturas, de no haber subido a esta tribuna a reclamarlo, que el Congreso de la Unión, y hablo de las dos Cámaras, no analicen por separado la iniciativa de Ley para mandar a pagar a deuda pública correspondiente al ejercicio entrante. No basta el Presupuesto de Egresos de la Federación para fijar partidas para pago de deuda pública que se amortizará durante el ejercicio de la vigencia del presupuesto. Es inconstitucional, tiene que participar las dos Cámaras por disposición expresa de la fracción VIII del artículo 73 constitucional. Nunca, desde el inicio de este siglo, se ha cumplido con ese precepto constitucional, resulta que lo maneja esta Asamblea, nada más porque es de su exclusiva incumbencia la aprobación de la partida para pago de deuda pública, cuando en realidad debe ser
un decreto formal de ambas cámaras, especificando los motivos, las razones, el monto, los plazos y la aprobación, además, de la Cuenta Pública anual del contenido específico de las amortizaciones a cubrir; de manera que no es suficiente la vinculación de una aprobación genérica de un tope, de endeudamiento neto durante 1993, como lo señala aquí sin vincularlo en un decreto aprobado por ambas cámaras, reitero, en que se apruebe el pago de la deuda pública específica y concreta del Presupuesto de Egresos, en la partida correspondiente es insuficiente y adolece de una clara y notoria inconstitucionalidad.
Finalmente se propone por el Partido Acción Nacional en los términos del 124 del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso General, la derogación del artículo 1o. inciso 1, párrafo dos correspondiente al impuesto al activo cuya propuesta es firmada por el diputado Gómez Urquiza y el de la voz, y que dejo aquí, a la Secretaría para que en su oportunidad se le dé lectura para dejar sin efectos el pago del impuesto al activo por el año de 1993 considerando: que ni siquiera se tendría que mover el Presupuesto de Egresos de la Federación por el superávit que todavía tenemos del equivalente a 18 mil millones de nuevos pesos y que este impuesto estimado para 1993, sólo equivale al 4 mil millones de nuevos pesos. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente:- Tiene el uso de la palabra el diputado Juan José Rodríguez Prats, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Juan José Rodríguez Prats:- Con su permiso, señor Presidente:
Cuando tuve el privilegio, el honor y el enorme nerviosismo de subir por primera vez a esta Tribuna, hacía yo mención de lo difícil que es llegar a acuerdos fundamentales en un Estado en transición.
Y casi el ejemplo más notable, es en lo que se refiere a la historia de la política fiscal; es una lucha permanente entre causante y fisco, entre partidos de oposición y partido en el Gobierno; entre todos los innumerables vericuetos y sistemas de control en el que sin duda alguna, con todo y que obviamente es una legislación perfectible, hemos tenido avances notables.
Recordemos cómo las entidades tenían que venir a defenderse ante la Comisión Nacional de Arbitrios, como en su tiempo existieron los impuestos a la producción agropecuaria y los sistemas de control a base de sistemas alcabalatorios, y como, repito, en la medida que se hicieron aquellas convenciones fiscales en los veinte y en los treinta, se ha ido modernizando un sistema, se ha ido afinando, se ha ido incrementando la tributación y con todo, que repito, siempre el sistema es perfectible, creo que se ha avanzado sustancialmente en hacer más trasparente, más simplificado y más accesible tanto la legislación, como la administración en el cobro y en la aplicación de los impuestos.
Recordemos la larga lista de impuestos que existían a nivel federal, a nivel estatal, apenas en la década de los setenta, hace unos cuantos años, estábamos hablando de más de 500 impuestos y cómo esto se ha reducido sustancialmente a 12 impuestos, y cómo a los contribuyentes en los recursos administrativos, en los tribunales administrativos creados tanto a nivel estatal como a nivel federal, en los recursos correspondientes para la defensa del causante ante los tribunales del país.
Recordemos cómo se fijaban a los causantes menores sus cuotas fijas a través de regateos y de convenios que se hacían con las autoridades, y como en el impuesto más importante, en el impuesto sobre la renta, se ha venido avanzando con todo y que como señalaban aquí, existen controles calificados de infames en donde repito, cada vez tendrá que prevalecer la buena fe y tendrá que presumirse el comportamiento conforme a la Ley entre causante y fisco.
Hemos visto este proceso de las máquinas registradoras, como la autoridad misma corrige, modifica las políticas en el afán de darle una mayor transparencia, una mayor legalidad e ir disminuyendo esa discrecionalidad que existe en todas las legislaciones fiscales del mundo y que por lo particular son sumamente complejas.
Yo sí insisto y sí creo que prevalece el principio de legalidad en el aspecto fiscal, no hay tributo sin ley, no hay pena sin ley; aquí se equiparó al derecho penal al derecho fiscal, y creo que ese principio se respeta en lo general y en un estado de derecho, con los vacíos, con los espacios, con las brechas que siempre existen, entre lo que la norma prescribe y lo que en la realidad acontece.
Hay específicamente algunas objeciones que aquí fueron manifestadas en lo que se refiere a esa Ley muy sui generis, la Ley de Ingresos que estamos discutiendo. Digo que es muy sui generis porque dentro de la legislación pública, no especifica propiamente obligaciones, sino que diseña el marco jurídico general para darle vigencia
a todas las leyes específicas de los diversos impuestos, desde el Código Fiscal hasta los impuestos especiales.
Se critica por ejemplo, la participación que se da al personal fiscal en las multas, ha habido una larga experiencia, muy molesta en lo que es el personal que maneja valores y que de alguna manera se ha buscado sujetarnos a controles en este fenómeno que existe en la administración pública y que es la corrupción.
Desde luego, se prestan a malos manejos como también cuando simplemente se dejaba a voluntad del personal algunas facultades discresionales, aquí la multa la califica la autoridad superior y hubo problemas graves de corrupción. Es cierto, es un problema serio, no es fácil, no es un personal fácil de seleccionar ni fácil de preparar, es el personal más delicado en área alguna de la administración pública.
Creo que con todo y las objeciones que se hacen, si hay una competitividad internacional que en algunos aspectos aislados pudieran haber algunas ventajas. En el escenario general, en el panorama general, yo siento que el marco fiscal, el marco jurídico en lo que se refiere a la relación fisco - Estado, es un marco competitivo y lo estamos haciendo cada vez más competitivo.
Sin ánimos de acudir a debates doctrinarios que siento que no es el caso al discutir la Ley de Ingresos, sí creo que el impuesto al activo, no tiene fines recaudatorios, es un fin de control y deducible del impuesto sobre la renta y lo que busca es simplemente buscar una equidad en el pago de impuestos. Es perfectible, es digno de análisis y de discusión, repito, más para efectos doctrinales que para la discusión y la aprobación de la Ley de Ingresos que específicamente nos abocamos el día de hoy.
En lo que se refiere al régimen de excepción que se señalan para Petróleos Mexicanos, yo me permitiría discrepar que es una ley primitiva sancionada por el artículo 13. Hay un principio que ya ha sido asentado por la doctrina y asentado por la jurisprudencia, que no puede haber contradicciones en los artículos que contiene la Constitución, y si estamos hablando del artículo 28, que señala como área estratégica, por la explotación del Estado de los hidrocarburos, creo que no puede haber una contradicción entre el artículo 13 y el artículo 28 y por lo tanto se justifica una legislación que sale un tanto del marco de lo que es la fijación de impuestos, para diseñar un régimen de transición, en donde son nuevas cuatro empresas y que al final de cuentas son empresas cuyos recursos están destinados a alimentar las finanzas del Estado.
Repito, yo discreparía de que es un régimen fiscal alterno, yo creo que es un régimen de transición en donde la administración pública está afinado un sistema a una empresa pública, y qué bueno que haya una preocupación por defender la empresa pública para hacerla redituable, para hacerla competitiva y para competitiva y para sujetar a un sistema que nos dará una mayor transferencia en cada una de las secciones en las que Petróleos Mexicanos se divide, para efecto de que se pague lo adecuado y contribuya al desarrollo nacional.
En el aspecto de la objeción que aquí se hace, que también me parece una objeción doctrinaria, si deben ser apropiados por ambas cámaras los pagos en deuda pública o si es suficiente en lo que se refiere a la legislación, a la Ley de Ingresos y al presupuesto correspondiente, que solamente lo decide la Cámara Baja y que solamente lo deciden los diputados, siento que desde luego es una objeción que tiene apoyo doctrinario, recordemos las correspondientes participaciones de Ignacio L. Vallarta, pero que no es el caso discutirlo en el marco de esta Ley de Ingresos, eso correspondería a una discusión más de fondo, porque implicaría, repito, como aquí se ha dicho, modificaciones a la legislación vigente.
Esos serían mis comentarios, muchísimas gracias, señor Presidente.
INICIATIVAS LEY ADUANERA Y LEY DE COORDINACION FISCAL
El Presidente:- Tiene el uso de la palabra la compañera diputada Liliana Flores Benavides, del Partido de la Revolución Democrática, en contra.
La Diputada Liliana Flores Benavides:- Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Aquí el centro de la discusión es el siguiente; el centro es que en este país prevalece un régimen fiscal altamente inequitativo, injusto, rebuscando, de difícil instrumentación, En los hechos, el que no se haya enviado una miscelánea fiscal es mantener este modelo, y esta situación, por el carácter mismo de este modelo, se ve agravada por actitudes discrecionales, muy graves de autoridades intermedias, y que en todo caso expresan una actitud por parte del Ejecutivo, de violación a la facultad soberana de esta Legislatura, en torno a la política económica, la política de ingresos y la política de egresos. Y voy a plantear un ejemplo claro de esta situación.
No sé si ustedes sepan, pero en Estados Unidos, según el censo de 1990, existen legalmente en
Estados Unidos, 13 millones y medio de mexicanos legalmente; no estamos contando a los indocumentados, 13 millones y medio de mexicanos, mexicanos que se fueron incapaces de instrumentar una política económica que les posibilitara el acceso a una vida digna, son refugiados económicos, esos son.
Pero aunado a este grandísimo problema se encuentra el problema de que son tratados como ciudadanos de excepción ¿Que significa esto? Significa que además se les está vulnerando de su derecho a votar, a elegir al Presidente de su país, y todo porque aquí no encontraron la forma de vivir dignamente con sus familias.
Pero aunado a este problema, las autoridades de Hacienda, en un decreto publicado en el Diario Oficial en abril de este año, les está cobrando la entrada a este país, a su país. Esto es totalmente inadmisible.
A esa gente que se fue a Estados Unidos, en su mayoría trabajadores agrícolas, se les está exigiendo para pasar a su país, que paguen una fianza de 10 dólares con una tarjeta de crédito internacional, sin contar a los indocumentados, que no tienen la más mínima posibilidad de este requerimiento, o en su caso que dejen una fianza en efectivo igual al valor de vehículo.
Esta es una situación totalmente inaceptable. Según informes de la Secretaria de Turismo de hace tres semanas, hubo un decremento de mexicanos que viven en Estados Unidos en cuanto a su entrada a México, de un 70% de mexicanos que no vinieron acá; todo por una política unilateral de las autoridades menores de Hacienda. Si digo que esto es muy grave, esto el Poder Legislativo no podemos permitirlo. Se está vulnerando a mucha gente que se fue de aquí no porque quiso, sino porque no tuvo otro remedio.
Pero además, ahora, esta situación se ve doblemente agravada por lo siguiente: en el Diario Oficial del día 30 se plantea que aquella franquicia a la que tenían derecho, se ha modificado de la siguiente manera: hasta 300 dólares de los Estado Unidos de América o su equivalente en otras divisas, en uno o varios artículos, cuando el arribo territorial nacional sea por la vía aérea o marítima y de 50 dólares cuando el arribo sea por la vía terrestre.
Independientemente de las implicaciones que esto tiene en la frontera, que ya las vimos, independientemente de las valoraciones que se hagan el problema está que, ¿Quién entra por tierra, compañeros? Entran los indocumentados. entran los mexicanos que se fueron a trabajar a Estados Unidos. ellos son los que entran; no solamente se les cobra una fianza igual al valor de su automóvil, sino que además no tienen este derecho.
¿Podemos o debemos nosotros permitir las instrumentación de este tipo de medidas, que afectan a millones de personas, por funcionarios? En un ejercicio totalmente discrecional esto es totalmente inaceptable.
Aquí algunos oradores que me antecedieron estuvieron planteando algunas cosas que realmente no tienen, no son argumentos fuertes.
Se planteaba: ¿cómo es posible que se baje el impuesto al valor agregado o que se desgraven los salarios, si no podemos enfrentar la contradicción de cómo desgravar y obtener mayores ingresos?
Nosotros el día de mañana, compañeros, vamos a hacer una propuesta al respecto. Nosotros estamos planteando la necesidad de que haya adiciones para que sean gravados los ingresos, por diferencial de precios en la compraventa de títulos y valores en los mercados bursátiles; se tiene que gravar la ganancia especulativa. Son los que más ganan; entonces no es posible gravar los salarios.
Nosotros hemos planteado que tres salarios mínimos no deben ser gravados. EL Congreso del Trabajo está planteado cinco. y yo no he oído aquí la voz de esos diputados priístas que en el discurso han planteado que se desgraven cinco y aquí solamente levantan la mano para aprobar políticas fiscales que van en contra del pueblo (Aplausos.)
Que el salario mínimo sí ha tenido una recuperación y que ha tenido una recuperación sostenida. El salario mínimo y dos salarios mínimos y tres salarios mínimos, que son aproximadamente como un millón 200 mil pesos, para una familia de cuatro personas, los padres y dos hijos, que no es el promedio de familia en este país, ¿cómo van a vivir con eso? ¿Cómo es posible que cada vez se les grave más?
Yo sí sé cómo vive esa gente. Esa gente vive de milagro, señores. Y aquí no se oyen voces de parte del partido del Gobierno en torno a esto, no hay ninguna respuesta clara, lo único es, que es una política que responde a una nueva estructura y debemos de adecuarnos a la modernidad, sin importar a qué costo. Eso es grave.
Nosotros vamos a hacer hoy dos propuestas que tienen como fundamento el artículo 124 del Reglamento Interior del Congreso, y mañana haremos una propuesta integral en torno a cómo es posible no gravar los salarios mínimos hasta tres salarios mínimos y cómo puede compensarse esto gravando la ganancia de los que más tienen, la ganancia de las 300 familias más ricas en este país.
Por lo pronto, hoy proponemos la siguiente iniciativa de derecho, que forman, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales.
A continuación, en lo referente a la fianza que se les cobra a los mexicanos por entrar a su país:
Articulo 1o. Se adiciona el artículo 28 - bis y los párrafos tercero, cuarto y quinto de la fracción I. del artículo 75 de la Ley Aduanera, para quedar como sigue:
"Articulo 28 - bis. Tratándose de mexicanos residentes en el extranjero, las importaciones y exportaciones que efectúen, cuyo valor no exceda de 300 dólares, además de no requerir los servicios de agente o apoderado aduanal, estarán libres de todo impuesto.
La Secretaria de Hacienda y Crédito Público podrá aumentar dicho valor mediante reglas de carácter general, más no disminuir."
En ningún caso, en el caso del artículo 75, proponemos la siguiente adición: "En ningún caso entre las disposiciones que se establezca la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, podrán ponerse a los mexicanos residentes en el extranjero que importen temporalmente uno de los vehículos a los que se refiere el párrafo anterior. El pago de una fianza que garantice el retorno del vehículo en cuestión al exterior una vez cumplido el plazo de su importación temporal. Para garantizar el retorno del automóvil al exterior bastará que las autoridades aduanales retengan la documentación original que acredite la propiedad del vehículo. La enajenación comercial en territorio nacional de vehículos que por ser propiedad de nacionales residentes en el exterior y que hayan sido temporalmente importados, se considerará un delito que será perseguido de oficio y sancionado penal y administrativamente de acuerdo con lo que establezcan las leyes".
Con respecto a la Coordinación Fiscal. Aquí ha sabido participaciones de nuestro grupo parlamentario y de otros grupos parlamentarios en torno a las partidas que se entregan a los municipios, a los estados. En este sentido nosotros queremos hacer una propuesta en el artículo 2o. proponemos que se reforme el párrafo primero del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar de la manera siguiente:
"Articulo 2o. El Fondo General de Participaciones se constituirá con el 20% de la recaudación federal participable que obtenga la Federación en un ejercicio.
" Gracias. Esperamos que pronto se dictamine conforme a la Ley.
«INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES FISCALES
Artículo primero. Se adiciona el Artículo 28 - bis; y los párrafos tercero, cuarto y quinto de la fracción I del artículo 75 de la Ley Aduanera, para quedar como sigue:
Artículo 28 - bis. Tratándose de mexicanos residentes en el extranjero las importaciones y exportaciones que efectúen cuyo valor no exceda de trescientos dólares, además de no requerir los servicios de agente o apoderado aduanal, estarán libres de todo impuesto.
La Secretaria de Hacienda y Crédito público, podrá aumentar dicho valor mediante reglas de carácter general.
Articulo 75. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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En ningún caso, entre las disposiciones que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá imponerse a los mexicanos residentes en el extranjero que importen temporalmente uno de los vehículos a los que se refiere el párrafo anterior, el pago de una fianza que garantice el retorno del vehículo en cuestión al exterior una vez cumplido el plazo de su importación temporal.
Para garantizar el retorno del automóvil al exterior, bastará que las autoridades aduanales retengan la documentación original que acredite la propiedad del vehículo.
La enajenación comercial en territorio nacional de vehículos que por ser propiedades de nacionales residentes en el exterior hayan sido temporalmente importados, se considera un delito que será perseguido de oficio y sancionado penal y administrativamente de acuerdo con lo que establezcan las Leyes.
II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo segundo. Se reforma el párrafo primero del artículo segundo de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar de la siguiente manera:
Artículo 2o. El Fondo General de participaciones se constituirá con el 20.00% de la recaudación federal participable que obtenga la federación en un Ejercicio.
Palacio Legislativo de San Lázaro el 8 de diciembre de 1992.» El Presidente: - Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN (II)
El Presidente: -Tiene el uso de la palabra el diputado Ovidio Pereyra García: - Con su permiso señor Presidente, compañeras diputadas, compañeros diputados:
El Ejecutivo Federal propone a está soberanía en la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1993 un presupuesto estimado de 293 mil 691 y medio millones de nuevos pesos que comparado con el presupuesto del ejercicio anterior nos dará un incremento de 26 mil 332 millones de nuevos pesos, es decir un 9.8% nominal.
La Iniciativa contiene una amplia explicación de las estrategias seguidas por el Gobierno mexicano en el área de la política económica, de la política financiera y crediticia y en forma muy explícita respecto de la política fiscal.
Para conseguir las metas de 1993, es elemento clave la disciplina fiscal y los objetivos en los que se ha sustentado la política de ingresos de la presente administración federal, son: el fortalecimiento de los ingresos públicos, la reducción de tasas y la promoción de la inversión, la redistribución de la carga fiscal, la ampliación de la base gravable y el número de contribuyentes, la simplificación de los procedimientos de pago y el cumplimiento de las obligaciones de información y declaraciones; tienen como objetivo también el propósito de ser competitivos a nivel internacional.
En la iniciativa se detallan las amplias y profundas reducciones impositivas y la eliminación de lagunas fiscales, redistribuyendo cargas fiscales que se han implementado principalmente en el último año. También se destacan las medidas del aliento a la inversión para impulsar el crecimiento económico y la generación de empleos.
Las reformas mejoraron el control y el cumplimiento de las obligaciones fiscales y hay ahora un gran aumento del número de contribuyentes. De 1998 que eran 13.1 millones a 17.2 en 1991.
En materia aduanera, hubo avances sustanciales en los procedimientos de revisión, valoración y pago, y en el pase de los visitantes o mexicanos, sin perder de vista la economía de las zonas fronterizas y de México en general.
El comercio ha aumentado y los procedimientos también se han modernizado para armonizarlos a los de otros países.
En cuanto a la política de precios y tarifas de los bienes y servicios que produce el sector público y sus objetivos, serían el lograr su eficiencia económica y el saneamiento financiero.
Destacan los criterios siguientes para fijarlos: referencia al precio internacional, su ajuste para el mediano y el largo plazo para lograr un precio internacional, entre otros.
Para 1993, la política de ingresos se basa en el fortalecimiento de la recaudación, la reducción
de la evasión y elusión fiscales, y modernizar los procedimientos de la administración tributaria.
Por el reclamo reiterado de los distintos grupos sociales y productivos, se pretende dar permanencia a las obligaciones fiscales.
Propone el estudio en la iniciativa, aún cuando no está contenido en la Ley como partida presupuestal, el establecimiento de un mecanismo de las características del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal para efecto de dar cumplimiento a la descentralización educativa en la forma automática, expedita y transparente a las entidades federativas, y así sea posible atender con prontitud y justicia los problemas preocupantes de la educación.
El Sistema de Coordinación Fiscal es federalista, no obligatorio, es práctico y realista, financiera y administrativamente conveniente a estados y municipios que a bajo costo político reciben ingresos que históricamente estaban muy bajos. Los estados y principalmente los municipios tienen mucho qué hacer con lo autorizado en el artículo 115 constitucional, y esto además les ayudará a elevar los factores de participación.
La modificación estructural de Petróleos Mexicanos obliga a mediar la eficiencia y productividad de cada uno de sus organismos. se crea una nueva forma legal de tributar, por lo tanto se tiene que actuar con prudencia y cuidado fiscal para que los recursos tributarios del Gobierno de la República aportados por Petróleos Mexicanos y que son fundamentales, no se vean menoscabados. El régimen transitorio garantiza lo estimado en la presente iniciativa.
Por lo que respecta a la contratación de empréstitos con el exterior, como límite para 1993, de 11 mil 399.5 millones de nuevos pesos, perseguirá apoyar las metas de orden macroeconómico, con especial énfasis en la reducción de recursos al exterior, el fortalecimiento de la inversión, la reducción de la deuda externa, cuando las conservas internacionales.
En cuanto a la deuda interna, se busca reducirla, avanzando firmemente para pagar menor servicio en intereses. Existe una gran necesidad de financiamiento de los sectores productivos, por lo que la emisión de valores será utilizada en ese sentido, persiguiendo lograr estabilidad en los mercados financieros, tanto en monto como en tazas.
Esto a la vez permitirá más desarrollo y estabilidad económica. Ademas del concepto anterior respecto de la iniciativa, es notable la intención de incentivar la producción agropecuaria forestal, al proponerse un estímulo equivalente al impuesto al activo del ejercicio. por aquellas inversiones que fortalezcan la producción.
México ha avanzado notoriamente en su economía y nunca estará de más, ningún esfuerzo adicional en la inversión, en el trabajo, en el ahorro, en actitud nacionalista, en educación, etcétera para mantener el ritmo de crecimiento y seguir controlando la inflación con estabilidad social.
Por lo anterior pido a esta honorable Asamblea, el voto favorable a favor del dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación para 1993. Gracias
El presidente: -Para rectificar hechos tiene cinco minutos la diputada Liliana Flores Benavides.
La diputada Liliana Flores Benavides: -Voy a ser muy breve.
Solamente para plantear que de acuerdo al artículo 87 del Reglamento, las comisiones deben de dictaminar las iniciativas en 5 días.
Hacemos una exortación al Presidente de la Comisión de Hacienda, para que así sea. Gracias.
El Presidente - Enterado, compañera diputada.
Tiene el uso de la palabra el diputado José Antonio Gçomez Urquiza, del Partido Acción Nacional, para fijar posiciones.
El diputado José Antonio Gómez Urquiza de la Macorra: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
De la lectura de la exposición de motivos de la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1993 y diversos documentos que la soportan, se pueden concluir varias cosas:
Primero, se autoelogia la política económica, fiscal y financiera, que ha llevado a cabo el Gobierno Federal durante los últimos cuatro años. Y lo que no se ha podido alcanzar, no es culpa de éste, si no de otros factores externos e internos.
Nuevamente el Gobierno culpa a los factores externos de las fallas en su política económica
y dice: "Desde el punto de vista externo, la lenta recuperación de la economía norteamericana y el debilitamiento de las economías europeas y japonesa, afectaron al dinamismo de nuestras exportaciones a esos mercados.
En cuanto a los factores internos, aclara: la política de cambio estructural llevada a cabo durante los últimos años se ha traducido en un intenso proceso de reconversión del sistema productivo que ha frenado transitoriamente el ritmo de expansión de la oferta agregada.
Segundo. Para nadie es un secreto que las finanzas gubernamentales han mejorado en estos cuatro años. Pero vale la pena recordar que la venta de empresas públicas, como Teléfonos de México y bancos, permite, hasta ahora al Gobierno, respirar tranquilamente.
Muy probablemente también lo logre para los dos años que le restan, debido a que aún falta por obtener ingresos por la venta del segundo paquete accionario de Teléfonos de México e ingresos extraordinarios provenientes de la desincorporación bancaria, así como alguna cancelación que se logre de la deuda externa.
Pero, ¿qué pasará después cuando el Gobierno ya no pueda, aunque quiera tener ingresos o ahorros por estos conceptos?
Tercero. Se dice en el documento que de este modo se amplía el horizonte de planeación de los inversionistas, y consecuentemente constituye un estímulo a la actividad productiva.
Al respecto consideramos que efectivamente durante el primer trimestre de 1992, la economía nacional registraba un crecimiento. Sin embargo, a partir del segundo trimestre, una desaceleración o léase recesión, de tal manera que en términos generales para 1992, la economía va en declive y se seguirán agregando factores tales como menor liquidez de la economía, menores ventas, menores utilidades, más desempleo, etcétera.
En otras palabras, para 1993 se avizora lo que se ha dado en cada sexenio: "el síndrome de fin de sexenio", es decir, una aguda y problemática recesión económica y un desajuste en las finanzas nacionales. Esto obligará al gobierno al control de la inflación a rajatabla, buscando no sólo sobrecalentar la economía, sino enfriarla, situación que algunos economistas piensan que es equivocada, porque se le quita el impulso que debe tener toda economía y através del control de la inflación ha llevado erróneamente a reprimir real y psicológicamente, un mayor desarrollo económico.
Cuarto. Desafortunadamente los ajustes económicos que se están llevando a cabo para el control de la inflación repercuten en la población de menores recursos. Y haciendo y análisis de los salarios en los últimos 10 años y comparándolos con el incremento de los precios, tenemos que el salario mínimo general, tomando como ejemplo el del Distrito Federal, en 1983, el promedio fue de 492 pesos, y en 1992 es de 13 mil 330 pesos diarios. Esto significa que el salario mínimo general aumentó, en 10 años, 2 mil 609%. Ahora bien, los precios crecieron en 8 mil 859% en ese mismo lapso, tomando en cuenta el índice de precios al consumidor de octubre 1982 a octubre de 1992.
Ahora, durante el sexenio, los primeros cuatro años, la situación se presenta de la siguiente forma:
El salario mínimo en 1988, 8 mil pesos diarios, se incrementó un 67% a 1992; contra un incremento en los precios de 110%. Mientras las políticas económicas del Gobierno no se traduzcan en mayor poder adquisitivo del salario, no vale la pena, porque de qué le sirve al trabajador que le Gobierno haga alarde de finanzas públicas sanas si éste no ve una mejoría en su situación económica.
Resulta obvio que los concertadores del pacto nunca han tomado en cuenta el artículo 123 fracción VI segundo párrafo de la Constitución, porque los incrementos salariales siempre han sido menores al incremento en los precios. Año con año, desde 1982, en los últimos 11 años, el incremento en los salarios ha sido inferior al aumento en los precios. En 1982 el incremento a los salarios: 63.8%; a los precios, 98.8%. Y si nos seguimos analizando año con año todos los años el incremento a los salarios ha sido inferior a los precios.
De acuerdo con los datos, el salario en 11 años ha perdido casi un 30% de su poder adquisitivo.
Quinto. El Poder Ejecutivo Federal de ufana de haber disminuido el impuesto en productos y servicios. En la iniciativa se dice que se derogó el impuesto al servicio telefónico. Se derogó también el impuesto especial sobre aguas envasadas y refrescos. El impuesto especial sobre seguros. Se redujo la tasa del impuesto especial sobre cigarros y tabacos. Se redujo la tasa del impuesto a las bebidas alcohólicas. Se disminuye
la tasa del impuesto especial a la cerveza a partir de 1993.
Estas medidas en muy poco benefician a la población más necesitada y a quien realmente beneficia es a los monopolio que acaparan éstos y otros productos del mercado nacional.
Por otros lado, siguen gravados con el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado productos de primera necesidad, como ropa, calzado, gran cantidad de alimentos, colegiaturas, artículos para el hogar, utensilios, etcétera.
Sexto. Otro logro que se apunta el Gobierno es el que se refiere a la deducción inmediata de inversiones para las empresas, cuando dice: "Para promover la inversión y la desconcentración industrial, se introdujo en el impuesto sobre la renta la deducción inmediata de las inversiones realizadas fuera de las tres grandes zonas conurbadas metropolitanas del país".
En su comparecencia ante el pleno de la Cámara de Diputados, el Secretario de Hacienda magnificó esta deducción, sin haberse referido a que la norma tiene sus limitaciones, porque del texto anterior se puede concluir que en muy pocas zonas del país puede aplicarse esta disposición, ya que existe restricción, para aplicarse en las zonas metropolitanas y de influencia del Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey.
Dejando que la Secretaría de Hacienda determine concretamente los lugares de estas zonas; ésta mediante reglas de carácter general establece que la zona metropolitana del Distrito Federal comprende a éste en su totalidad, más 99 de los 121 municipios del Estado de México y nuevo del Estado de Morelos. la zona de Guadalajara comprende 54 de los municipios más importantes de jalisco y en el caso de la zona de Monterrey, a 27 de los municipios de Nuevo León. Por otra parte conviene aclarar que esta disposición no se puede aplicar a mobiliario y equipo de oficina, automóviles, autobuses, camiones de carga, tractocamiones, remolques y aviones.
Como puede apreciarse en la exposición anterior se deduce que el Ejecutivo hace alarde de logros que no son todo lo benéfico que se quisiera.
Séptimo. Otro hecho que también se magnifica por parte de las autoridades hacendarías, es el relativo al subsidio que se aplica en el impuesto a los salarios que las empresas retienen a sus trabajadores.
Al respecto, deseamos aclarar que dada la mecánica establecida por la Ley Impuesto Sobre la Renta en sus artículos 80 y 80-A, que de por sí complacadísima y confusa, el famoso subsidio, del cual tanto presume Hacienda, sólo se da en aquéllos casos en que los trabajadores carecen de prestaciones de previsión social. porque la aplicación de las mencionadas disposiciones la hacen en la práctica nugatoria, razón por la cual hasta el mismo Congreso del Trabajo ha pedido que desaparezca el subsidio y que se permita a las empresas hacer deducibles los diversos gastos de previsión social.
En síntesis, consideramos que no basta el que haya más reformas fiscales, sino que se hace necesario, se hace indispensable, corregir en gran parte las disposiciones que ahora existen y que ahí están como resultado de tantas reformas habidas en años anteriores, tanto en leyes como en reglamentos y resoluciones misceláneas, y hasta en oficios que empleados de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico emiten.
Dado que las leyes fiscales son el soporte a la Ley de Ingresos de la Federación, nuestro grupo parlamentario votará en contra. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: -Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Flores Solano, del Partido Revolucionario Institucional, a favor.
El diputado Jorge Flores Solano: - Con su venia, señor Presidente, compañeros diputados:
Esta soberanía ha escuchado diferentes argumentos de todos los que constituimos esta Cámara, en relación a este instrumento de política económica, que es la Ley de Ingresos de la Federación para el año de 1993.
Han expresado sus puntos de vista de lo que este instrumento les motiva en relación a las diferentes facetas que contiene, porque indudablemente es en punto importante de la política económica, en él se sustenta el financiamiento sano del gasto público del programa del Gobierno Federal.
Si bien es cierto que ha habido, para dividir el análisis, y así lo establece la Constitución, una separación de aprobar el Presupuesto de Egresos discutiendo los ingresos para financiarlo, no se desconoce que es necesario tener una contemplación global de lo que ocurre en la política económica, como en todo, y solamente en materia de egresos y de ingresos, sino en la monetaria, en la de comercio exterior y, en general,
de las medidas de política económica. Así se nota en el documento que externa los criterios generales de política económica y en la misma exposición de motivos de Ley de Ingresos, en donde se precisa todo el ámbito financiero para señalar qué medidas el Gobierno establece, a fin de darle congruencia a esta política económica.
Hemos oído a lo largo de esta mañana y lo que va de la tarde, una serie de preocupaciones en relación a la insuficiencia de los ingresos, desde luego, en función de los diferentes planteamientos partidarios, de lo que desearíamos para nuestra economía, para nuestros conciudadanos, pero que indudablemente difieren de lo que está contenido en un Plan Nacional de Desarrollo que ha sido objeto de expresión en esta Cámara también y que en el año que estamos analizando corresponde solamente a la parte del ejercicio de 1993, del lado de presupuesto y del lado de los ingresos para cubrirlos.
Pero indudablemente, en todo el esquema de justificación que ha hecho el Gobierno en esta tribuna, a través de la comparecencia de los diferentes funcionarios, es indudablemente que ha habido logros de esa política económica y que si bien no son suficientes a los deseos de todos los mexicanos, marcan de una manera indudable el esfuerzo que hemos hecho todos los mexicanos para salir de esta enorme crisis económica en la que está inmersa no solamente nuestra nación, sino el mundo en general.
No es echarle las culpas a los problemas de carácter internacional, es reconocer que existen y es explicar parte de la política económica que en ese sentido se realiza. No es echarle las culpas a los problemas de un proceso transformador, intenso, que nos hemos echado a cuestas los mexicanos para modernizar a nuestro país, para contemporizar en un mundo competitivo y competido en una manera que nos ponga a los mexicanos también en un avance notable en nuestros medios de vida, dicen que el desarrollo, menciona la exposición de motivos, una parte muy importante de esto, es contribuir a reducir los problemas que tenemos indudablemente en la distribución del ingreso que son muy serios, nuestro país es uno de los países que tiene una población muy dispersa, desde gente que todavía están en la edad de piedra hasta gente que ha sido factible mandar a la luna o alrededor de nuestro planeta como el caso de nuestro astronauta.
Esta gran distorsión nos obliga a grandes esfuerzos para lograr reducir en el corto plazo estas distorsiones que laceran a los mexicanos. Considero pues que los éxitos que ha habido de la política económica y fundamentalmente uno y quiero referirme con énfasis, el de detener la inflación, a los niveles que lo estamos logrando y luchar y seguir luchando para contenerla, lleva en sí no un fin, sino el propósito de que este fenómeno económico que lacera fundamentalmente a los que menos tienen y en todas las economías ocurre así y esto es un determinismo de política económica o de la economía, se corrija, ¿para que? Para que logremos revertir esa tendencia de disminución de salario mínimo, en los años en que ha habido más inflación es donde más hemos tenido deterioro del nivel de vida de los mexicanos, por eso estamos luchando a través del presupuesto para que esta tendencia se revierta y busquemos y así está expresando en el presupuesto de egresos, una gran parte de los esfuerzos a través del gasto, sea a través de las regiones más marginadas del país y de los más necesitados, esto es también un hecho y está expresado como voluntad en nuestro Presupuesto de Egresos y que indudablemente, con el esfuerzo de todos los mexicanos vamos a lograr salir adelante.
Estas complicaciones entre los deseos y las posibilidades de acción lo notamos en algunas expresiones de los compañeros en la necesidad de incrementar los recursos del Estado por la vía de impuesto y por otro lado en forma general por la de eliminar las cargas fiscales, porque son pues eso, cargas fiscales sobre los ciudadanos que a mi juicio en la época actual estamos viviendo una serie de transformaciones a la política fiscal que se han venido gestando para darle a la misma, el instrumento que tenemos ahora perfectible, sí, pero que indudablemente significan grandes avances en materia de equidad tributaria, quiérase o no, nosotros hemos partido de un proceso complejo en materia impositiva desde principios de siglo, debido a los esfuerzos y a las necesidades de las entidades de la República y de la Federación para conseguir recursos. El transcurso de nuestra historia está en un sístole y un diástole, entre recursos a los estados y recursos a la federación, hubo ocasiones en el pasado que la falta de fortaleza del Estado Federal obligó a establecer contribuciones a los estados para el financiamiento de la Federación.
Estas recientemente, en este siglo, fueron derogadas esas disposiciones y hemos ido en un proceso de fortalecimiento de la actividad financiera del Estado, como lo contemplan las disposiciones exclusivas en materia impositiva que tiene nuestra Constitución que tuvieron ese objeto, fortalecer al Estado. Pero también hemos
ido en un proceso de simplificación fiscal que, quiérase o no, ha tenido importantes beneficios para la actividad económica, en el comercio y en la industria, al haber visto reducido de una manera importante la cantidad de tributos que existían tanto en los estados como en la federación; en 1980 hemos comentando que a raíz del impuesto al valor agregado se derogaron 500 y tantos impuestos de las entidades y 52 impuestos federales para constituir la reducción impositiva de alrededor de 11 impuestos importantes de la Federación y de esos, gracias a un esfuerzo administrativo y al importante incremento de recaudación ha sido factible que los estados, sin perder un centavo, hayan convenido con la Federación en suspender sus impuestos al comercio y la industria y desde que se inició este proceso de coordinación imperfectamente, solo en un impuesto el de ingresos mercantiles, del cual los porcentajes de participación se hicieron equivalentes al 50% para la Federación y 50% para el Estado, hasta convenir en las participaciones que en la Constitución tienen derecho por ser impuestos privativos de la Federación, las entidades que iban en participaciones desde el 10% hasta el 40% y como llena su conjunto, en cuanto significan estos impuestos de los ingresos federales participables y empezar con un nivel cercano al 11% hasta llegar al nivel del 18% que tenemos ahora en estos momentos.
O sea, ha habido un proceso de beneficio de esta coordinación en favor de los estados y la Federación, que si bien no ha sido espectacular, ha sido sustancial, y va en el proceso mismo de incremento de los recursos de la Federación.
En esta época, en estos cuatro últimos años, hemos tenido incrementos reales de la recaudación a pesar de haber reducido, como lo mencionaba nuestro amigo, el diputado del Partido Acción Nacional, una serie de impuestos que eran y que son en el mundo representativos de medios fiscales, legítimos e importantes de obtener recaudación; como el impuesto del alcohol y el tabaco que es un impuesto recaudatorio en otros países que no tienen las características de nuestra población.
Pero estos impuestos son absolutamente regresivos en países como el nuestro, en donde por desgracia una gran parte de nuestra población tiene el uso importante de estos productos nocivos para la salud y que por la vía de impuestos, una gran importante parte de su ingreso les era eliminado para fines de la Federación.
Ha habido en esto, en su cancelación o en su reducción, como en el caso de alcoholes, indudablemente un afecto redistributivo, No estoy hablando de si sería mejor o más sano consumir más tabacos o más alcoholes, pero esto por esta vía no altera ya la carga fiscal de nuestra población.
Lo mismo podríamos mencionar de algunos otros aspectos de los impuestos indirectos, que por ese carácter indirecto efectivamente inciden más sobre la población de más bajos recursos, ha sido atemperado de una manera muy importante el impuesto de valor agregado, con un alivio importante para la gente que tiene este consumo y sin descuidar las características de equidad, de darle progresividad a la imposición, al tener a tasa cero, productos básicos como los de alimentación y de medicinas.
Es indudable que en el esfuerzo que ha hecho nuestro país en materia del impuesto sobre la renta, sí se le estima indudablemente el hecho que haya habido una deducción inmediata en materia de bienes de capital, no en materia de cualquier gasto, sino en materia de inversión, de gastos relativos a inversión, e indudablemente se descrimina en favor del interior de la República y no de las zonas urbanas, Guadalajara, Monterrey y el Distrito Federal, e indudablemente se establece el mecanismo para los cuales este criterio se va a la industria para que buscando un crecimiento regional más equilibrado, nuestro país continúe con este proceso de capitalización en que nos encontramos inmersos.
Hay algunos puntos que indudablemente resultan conflictivos porque desearíamos que el beneficio que existe, por ejemplo vía subsidios al salario de los trabajadores, fuera mayor o como dicen algunos compañeros, no existiera carga fiscal.
Ahora ya no son dos salarios mínimos como en alguna ocasión propusieron, sino hasta cinco salarios mínimos. Sin embargo es una forma de graduar la contribución que tenemos todos los mexicanos al financiamiento de este gasto público.
Está exento como es del conocimiento de todos ustedes, el salario mínimo, y a partir del salario mínimo empieza a aplicarse el subsidio, pero vean ustedes lo que es difícil de las contradicciones, de los criterios generales que a veces tienen las disposiciones fiscales, ahora el subsidio se le critica porque se da condicionado. Se pretende elevar el subsidio o que de incorpore de una manera más simple y tarifariamente, pero aquí la simplificación que hubiera de reducir en 50% gradualmente como se hace hasta equis
salarios mínimos, este subsidio, va a provocar lo que teníamos antes del subsidio, inequidad fiscal.
¿Por qué? Por que una gran parte de nuestros asalariados no tienen el beneficio de estos gastos de previsión social que son deducibles para la empresa y que no forman parte del salario de los trabajadores en los términos de la ley laboral; pero esto nos deja que a gente con igualdad de circunstancias en cuanto a sueldo en términos monetarios, no lo son en igualdad de circunstancias frente a gente que tiene, por la lucha sindical, una mayor prestación social de las empresas, generando que gente que no tenga esta prestación, tiene el impacto directo de la carga fiscal que establece la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Para ello es el subsidio, y por eso se da en proporción inversa al beneficio que se reciba, que reciban los trabajadores de gastos de previsión social, quienes más gastos de previsión social necesitan menos subsidios, no tienes previsión social, el subsidio se te aplica a ti ciento por ciento en su explicación de operación completa de la tarifa.
Por esa equidad, que resulta complejo porque era más fácil antes aplicar la tarifa a los sueldos para las empresas, y que realmente en parte las empresas protestan porque ahora es complejo calcular qué le damos a cada quien, pues indudablemente que habrá que continuar en el camino de continuar adecuando la mecánica de aplicación de subsidio que yo relevo aquí que es importante para que haya una carga equitativa más justa.
No podemos criticar de inequitativo a nuestro sistema fiscal, si no analizamos en conjunto las posibilidades reales que tuviera el Estado para financiarse. Creemos que los pocos impuestos que quedan en nuestro país y que contribuyen al financiamiento, no solamente del gasto federal sino por la vía de participaciones a las entidades, que digamos si no son suficientes para la federación, tampoco lo son suficientes para el Estado, y que tenemos que seguir por una parte los estados buscando nuevas fuentes de tributación, como lo han hecho, tenemos el caso del Distrito Federal en lo que conocemos de iniciativa de ley para el mismo, tenemos el caso del Estado de México y algunas otras entidades que en materia impositiva y administrativa de recaudación son líderes, y que esto llevará al resto de las entidades a buscar salidas necesarias para continuar financiando su gasto público.
En materia federal se nos propone aquí un gravamen por la diferencia bursátil que puede haber en la venta de ciertas operaciones. Yo creo que ese gravamen existe, está en el impuesto sobre la renta y así se grava, solamente se exhiben en el caso de personas físicas cuando éstas están usando valores bursátiles que están en bolsa, no así cuando son valores extrabursátiles e los cuales tienen obligación de acumular o están sujetos a retención en el caso de personas físicas y de acumular sus ingresos las personas morales.
Pienso pues que en el esquema que se nos presenta en la actual Ley de Ingresos de la Federación, continuamos en el camino de buscar la eficiencia del aparato tributario a los fines del Estado . Ese es el caso particular de petróleos Mexicanos, se entra en un período dual de transición entre un atributo que ahora pretende reaccionar a las características de eficiencia, ya no de una sola institución, sino de un grupo de instituciones en las que hemos transformado la explotación del petróleo en nuestro país, para adecuar la carga fiscal a cada una de ellas y tenderla más a la generalidad de la aplicación de las leyes de la República.
Sería ilógico quedarnos con una tributación como la anterior, que fuertemente incide en la extracción de hidrocarburos y en exportación, que afectaría solamente a una de las empresas y no nos permitiría establecer márgenes de eficiencia y márgenes de equidad en su tratamiento. Por eso se va un año para analizar el impacto que tiene sobre la contabilidad de la institución o de las instituciones, de manera de que al fin de ella, pueda analizarse cómo funciona este esquema y poder adecuarlo en definitiva a los fines del Estado en materia recaudatoria y en materia de eficiencia de esta entidad.
Así pues hay muchas razones que podríamos analizar en detalle, yo diría, por ejemplo, lo que nos proponía nuestra compañera Liliana Flores. Realmente no es gravar a los mexicanos a su retorno al país, es simplemente evitar un desorden económico, como el que nos produjeron en el pasado la entrada ilimitada de vehículos a nuestro país. No hablamos de cualquier bracero sino aquel que tiene posibilidades de traerse un vehículo al país.
Y lo que está establecido es simplemente que si viene en su carácter de visitante, se garantice que regrese el vehículo y no se nos deje un problema, como ha ocurrido en el pasado con estas regularizaciones que se ha forzado a la autoridad para poder salir adelante, y creo que esto simplemente lo que hace es regular de una manera lo más sencilla, lo más lógica, mediante un baucher de una tarjeta de crédito o dejan una fianza,
de manera que garantice yo que haya esta salida del vehículo y no tengamos los problemas serios que nos ha generado la entrada ilegal del vehículo y su permanencia ilegal en nuestra República.
Es indudable que la restricción de frontera, de la franquicia, ha generado algunas reacciones, a mi juicio equivocadas, porque en el fondo lo que se está combatiendo con esto, es un grave problema de contrabando en la zona fronteriza, porque la franquicia de 50 dólares no es una de una vez y ya, sino por cada internación de nuestros conacionales a la frontera, con lo cual, realmente depende de su capacidad de compra en los viajes que realicen.
Pienso pues que estas medidas, controvertibles algunas en el caso de lo que han expresado aquí nuestros compañeros, nos dejan en esta Ley de Ingresos un esquema sano de financiamiento, que ha sido posible que registre incrementos reales como los que prevemos haya para 1993, y continuemos en el perfeccionamiento de nuestro aparato tributario.
Creo que una gran parte de esto, y es una verdad, lo han externado diferentes opiniones, nos permitir el hecho de que no haya miscelánea, asimilará aún más, y por eso ahora ya no hay cursos financieros anunciados en nuestro país, conocer más a profundidad la aplicación de nuestras leyes, y mejorar administrativamente la misma, para que como está ocurriendo en este momento, tengamos incrementos substanciales no obstante la reducción de cargas fiscales, que financien de manera sana el gasto público de nuestro país.
Por todo lo anterior, solicito a ustedes su voto aprobatorio para esta Ley de Ingresos de la Federación para el año de 1993. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: -En virtud de que se han agotado el número de oradores enlistados, ruego a la Secretaría dar lectura a la propuesta del diputado Fauzi Hamdan Amad y consulte a la Asamblea si admite la modificación propuesta.
El secretario Luis Pérez Díaz: - Por instrucciones de la Presidencia, se va a dar lectura a la propuesta hecha por los diputados Diego Fernández de Cevallos, José Antonio Urquiza y Fauzi Hamdan Amad.
Unico: Se deroga el artículo primero inciso 1, párrafo dos, correspondiente al impuesto al activo. México, Distrito Federal, a 8 de diciembre de 1992.
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta
Los que estén por la afirmativa, sírvase demostrarlo...
Los que estén por la negativa, sírvase manifestarlo... Se desecha, señor Presidente.
El Presidente: -Consulte la Secretaría a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La secretaria Layda Helena Sansores San Román: - En votación económica se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general y en lo particular.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido.
El presidente: -Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.
La secretaria Layda Helena Sansores San Román: -Se va a proceder a recoger la votación nominal, en lo general y en lo particular en un solo acto.
Se solicita a la Oficialía Mayor Haga los avisos a que de refiere el artículo 161 del Reglamento interior.
(Votación.)
El secretario Salvador Juárez García: - Señor Presidente, se emitieron 291 votos a favor y 93 En contra.
El Presidente: - Aprobado en lo general y en lo particular el Proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1993. Pasa al Senado para sus efectos correspondientes. (Aplausos.)
* LEY FEDERAL DE DERECHOS
El Presidente: -El siguiente punto del orden del día es la Ley Federal de Derechos.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los diputados, se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario Luis Pérez Díaz: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica
*Este documento fue publicado en el Diario No. 14 del día 3 de diciembre 1992.
se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, favor de manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
Es de Segunda Lectura.
El Presidente: -En consecuencia, está a discusión en lo general.
No habiendo quien hago uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en particular.
En virtud de que no se ha reservado ningún artículo para reservarlo en lo particular, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto en un solo acto.
El secretario Luis Pérez Díaz: -Se va proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, en un solo acto. Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento interior.
(Votación.)
Se emitieron 296 votos en pro y 27 en contra y 50 abstenciones.
El Presidente: -Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.
El secretario Luis Pérez Díaz: -Pasa el Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente: -Esta Presidencia ruega a los compañeros diputados que no se retiren porque vamos a tener reunión secreta después de la participación del próximo compañero que viene.
PROCESO PENAL CONTRA PABLO MOLINET
El Presidente: -Tiene la palabra el compañero diputado Enrique Rico Arzate, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para referirse al caso del señor Pablo Molinet, residente del Estado de Guanajuato.
El diputado Enrique Rico Arzate: -Con el permiso de la Presidencia; compañeras diputadas, compañeros diputados:
Nuestro partido, por voz de sus servidor, ha solicitado el uso de la palabra para pronunciarnos en contra de las arbitrariedades cometidas durante todo el procedimiento penal seguido en contra del joven Pablo María Jonathan Molinet Aguilar.
Actualmente, el joven Molinet Aguilar está recluido en el penal de Salamanca, Guanajuato, como presunto responsable del homicidio perpetrado contra la doméstica de la familia. Aunque todavía está por resolverse en definitiva su situación jurídica queremos puntualizar algunas consideraciones en torno a su enjuiciamiento.
La primera cuestión es la de la tortura. De principio manifestamos nuestro rechazo más enérgico a la tortura que practicaron elementos de la Policía Judicial del Estado de Guanajuato sobre la humanidad del joven Molinet para que se confesara culpable del homicidio . Ciertamente esa declaración no fue tomada en cuenta por el juez de la causa principal para dictarle el auto de formal prisión, pero es una muestra del proceder ilícito y violatorio de los derechos humanos con el que se siguen conduciendo los órganos policiacos del Estado de Guanajuato.
La tortura sufrida por el joven Molinet quedó demostrada con el testimonio de otros dos detenidos que vieron cuando varios agentes de la policía judicial sacaron de las oficinas de la procuraduría del Estado de Guanajuato al joven Molinet. Lo subieron a un automóvil y después de cinco horas lo regresaron con la cara roja y los ojos llorosos. También existe la fe de lesiones emitida por un perito de criminalística de la misma Procuraduría del Estado, después de que el joven Molinet lo habían sacado y regresado a ese mismo lugar, en la que se determina que presentaba excoriaciones y moretones en la cabeza y en los brazos.
Es lamentable que el Gobierno del Estado de Guanajuato específicamente el gobernador y el procurador no hayan hecho nada para investigar la violación a los derechos humanos en contra del joven Molinet Aguilar, para responsabilizar penalmente dado el caso, a los agentes agresores. Esta actitud contribuye a la impunidad de las fuerzas represoras.
El caso Molinet ha sido tratado con exageración, sensacionalismo, parcialidad y subjetivismo, no sólo por la Prensa local, sino lo que es más grave,
por las mismas autoridades que lo han vinculado con actos de satanismo, sí, de satanismo, por el tipo de literatura que el joven Molinet lee y por algunas frases que tenían pintadas en su habitación.
Aunque los hechos en sí están sujetos a juicio, es conveniente señalar que el juez de los autos tuvo por comprobada la presunta responsabilidad del inculpado con elementos irrisorios como las declaraciones rendidas por Molinet en las que éste se reconoce como una persona más inteligente que el común de la gente. También se apoya en un extraño dictamen psicológico que determina que al acusado se le observa impulsabilidad y sentimientos de inferioridad, lo que a juicio del perito implica una falta de control que puede derivar, mas no necesariamente deriva en conductas antisociales.
Juicio peligroso el que se emite en el dictamen psicológico, pues nos conduce a la práctica de configurar delincuentes por los rasgos de personalidad, en vez de investigar la verdad de los hechos.
¿Cuántos humanos no adolecen de impulsabilidad y sentimientos de inferioridad y sin embargo nunca han delinquido?
A juicio de abogados y especialistas que han estudiado el caso, esos supuestos elementos de prueba no se relacionan estrictamente con la ejecución del acto delictivo, son elementos aislados e independientes que sólo una voluntad maliciosa ha querido concatenar, no obstante que carecen científica y legalmente de relación alguna.
El auto de formal prisión en el caso Molinet, fue dictado con base en conjeturas, precisamente por las flojas consideraciones en que se apoyó el juez primero de lo penal de Salamanca, Guanajuato. El Juez segundo de Distrito del Estado de Guanajuato concedió al quejoso el amparo de protección de la justicia federal en contra de dicho auto.
Como es del conocimiento público, la autoridad responsable interpuso recurso de revisión en contra de esta sentencia, remitiéndose el expediente para su revisión al Segundo Tribunal Colegiado de Circuito, con sede en la Ciudad de Guanajuato.
En la revisión de amparo que fue revocado por el Colegiado, a juicio de la defensa de Molinet, resaltan las siguientes irregularidades:
1. El Tribunal revisor violó los postulados contenidos en el artículo número 84 de la Ley de Amparo, porque en ningún momento respetó los tiempos para sustanciar la revisión y emitir la revolución a que se refiere dicho artículo.
Es evidente la violación a esta disposición porque el día 9 de septiembre fue turnado el asunto al magisterio relator y no se dictó la sentencia dentro de los siguientes 15 días, si no que fue dictada hasta el día 10 de noviembre del presente año, es decir, 40 días hábiles después del turno.
Es menester decir que la violación a este artículo se encuentra contemplada en la hipótesis contenida en el artículo número 215 del Código Penal Federal que considera como delito de abuso de autoridad la conducta cometida por el que estando encargado de administrar la justicia bajo cualquier pretexto, aunque esa oscuridad o silencio de la ley se niegue injustificadamente a despachar un negocio pendiente ante él dentro de los términos establecidos por la ley.
Segundo, los magistrados entraron al estudio de agravios de hechos, expresados por la autoridad responsable en el juicio de amparo principal. Es decir, que los agravios no contenían conceptos de violaciones de derecho o violaciones legales, en las que el juez de distrito haya podido incurrir con motivo de haber dictado la sentencia. Esto lo hicieron no obstante que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sentado las siguientes tesis que señalan que en la revisión no son los agravios de hecho, sino los de derecho, los que puede examinar la Suprema Corte al fallar en la revisión. Es decir, sólo puede resolverse respecto de los agravios que sean la consecuencia de una violación de la ley, pues aunque en una sentencia se cause perjuicio, por muy grave que ésta sea, la Suprema Corte no podrá remediarlo, mientras no se demuestre ante ello, que la sentencia ha sido dictada con infracción de un precepto legal.
Además, otra ejecutoria dice que se entiende por agravio en la revisión, la lesión de un derecho cometido en una resolución judicial, por haberse aplicado indebidamente la ley o por haberse dejado de aplicar la que rige en el caso. Por consiguiente, al expresarse cada agravio, debe el recurrente precisar cúal es la parte de sentencia que lo causa, citar el precepto legal violado, y explicar el concepto por el cual fue infringido.
No siendo apto para ser tomado en consideración, en consecuencia el agravio que carezca de estos requisitos, de esta manera, los tres
magistrados que integran el Tribunal Colegiado citado, se colocan en la hipótesis prevista en el artículo número 225 del mismo Código Penal, que considera delito contra la administración de justicia, el que se dicte a sabiendas una resolución de fondo o una sentencia definitiva que sean ilícitas por violar un precepto terminante de la ley o ser contrarias a las actuaciones seguidas en juicio o al veredicto de un jurado u omitir dictar una resolución de trámite, de fondo o una sentencia definitiva, lícita dentro de los términos dispuestos en la ley. Y por retardar o entorpecer maliciosamente o por negligencia, la administración de justicia.
Los magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito de Guanajuato, según se desprende de las actuaciones, tomaron en consideración únicamente agravios de hecho. Modificaron por sí y ante sí, los fundamentos del auto de formal prisión, introduciendo elementos no contemplados, introduciendo elementos no contemplados ni en la consignación hecha por el Ministerio Público, ni por el juez que dictó el auto de formal prisión.
Sorprende que uno de esos elementos consista en la consideración de que se hallaron diversos libros de literatura, poesía y terror, una baraja de tarot y una libreta con dibujos desagradables y obscenos. Uno de esos dibujos representa a un personaje diabólico parado inmediatamente detrás de una mujer, a la que incrusta un cuchillo en la espalda. ¡Sensacionalismo! ¡Parcialidad! ¡Violación de garantías! Retraso en la impartición de justicia, impunidad de agentes torturadores, subjetivismo, difamación, especulaciones en torno de la personalidad del procesado mediante dictámenes psicológicos, seudocientíficos y ausencia de elementos que hagan prueba plena. Todo esto ocurre en el juicio en contra de Pablo Molinet Aguilar.
En el centro toda esta deplorable realidad, está el Gobierno del Estado, quien a través de la Procuraduría, actúa como juzgador de Pablo Molinet...
El diputado Diego Fernández de Ceballos Ramos (desde su curul): -señor Presidente, ¿quiere consultar al orador para saber si acepta una interpelación?
El Presidente: -Señor diputado, ¿acepta una interpelación?
El diputado Enrique Rico Arzate: -Al final de mi exposición, con todo gusto.
Compañeras diputadas y diputados: nuestra intervención en esta tribuna, busca abrir las condiciones para un juicio justo e imparcial y para una justicia pronta y expedita al caso del joven Molinet Aguilar.
Esperamos también generar el consenso para que se castigue a sus torturadores y que se juzgue a los magistrados que integran el Segundo Tribunal colegiado de Circuito, correspondiente a la ciudad de Guanajuato, por las violaciones cometidas en la sustanciación del procedimiento de revisión del amparo concedido por el juez segundo de distrito de la misma ciudad.
Nos pronunciamos, asimismo, por la imparcialidad de las autoridades judiciales que en diferentes instancias están conociendo del asunto, por el respeto estricto a los tiempos que la ley fija para las diferentes etapas de los procedimientos llevados en diferentes instancias; la objetividad en la cobertura que los medios de comunicación den en lo sucesivo al caso; el desahogo exhaustivo de todas las pruebas aportadas en la defensa.
Pedimos asimismo que se turne el presente como denuncia exclusivamente a la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara, a efecto de que se allegue la información pertinente y formule las consideraciones que el caso amerite. Muchas gracias.
El diputado Diego Fernández de Ceballos Ramos: (desde su curul) -Deseo que nos diga el señor diputado si hay algo de todo lo que ha dicho en esta tribuna, que le conste al propio señor diputado.
El diputado Enrique Rico Arzate: -En lo personal no, pero existen todas las publicaciones; como existen también otras situaciones en referencia al Procurador de Justicia del Estado de Guanajuato.
El Presidente: -Para el mismo asunto, tiene el uso de la palabra el diputado Juan de Dios Castro Lozano. (Aplausos.)
El diputado Juan de Dios Castro Lozano: -Señor Presidente; señoras y señores diputados:
Entendemos la preocupación que tiene el señor diputado Enrique Rico Arzate por el caso de Pablo Molinet.
Y yo comparto, yo comparto esa preocupación; pero yo quisiera, y créanme que es un sincero deseo, que esa preocupación se viera extendida
a decenas, a miles de procesados en el país en distintas entidades de la República, sujetos a procesos penales que no tienen la voz, repito, que no tienen la voz, que no tienen la defensa, que no tienen el apoyo, que no tienen la protección que tiene Pablo Molinet.
Yo quisiera escuchar también la voz, la voz de alguien que no tiene recursos, que no tiene quién hable por ellos; los familiares de la trabajadora doméstica asesinada, que quisiera tener editorialista, periodistas, prensa y diputados que hablaran en esta Cámara por la que fue brutalmente asesinada.
Yo no prejuzgo, yo no quiero decir que el señor Pablo Molinet es culpable. Sería un abuso de mí parte, ahora, en este momento, afirmar que el señor Molinet es culpable. El señor Pablo Molinet padece, quizá, el problema que padecen decenas, miles, de procesados en el país que es: la prisión preventiva.
Los penalistas discuten, ¡se discute en los foros de derecho en el área de derecho penal de las facultades de derecho!, ¡se discute en las barras de abogados !, y se discute también , señoras y señores, cuando en los congresos locales o en el congreso federal los diputados locales o diputados federales estudian un nuevo código penal o un nuevo código de procedimientos penales. ¡Procede o no la prisión preventiva, antes de tener la certeza, la certeza de que el que está sujeto a proceso es plenamente responsable del delito que se le imputa!
Pero, diputado Rico Arzate, yo quiero rectificar, yo quiero rectificar algunas de sus afirmaciones, que las entiendo "por su profunda preocupación del procesado"; pero que desde mi punto de vista son tremendamente injustas con el Procurador, injustas con el Gobierno del Estado de Guanajuato, injustas desde muchos ángulos de su exposición. Porque las consideró probadas , por que no aportó ningún elemento de prueba si consideró probadas, al hacer su afirmación.
¡Pudo haber dicho que hubo posibilidad, la posibilidad de arbitrariedades! ¡No, ofreció un solo elemento de prueba! ¡No le consta uno sólo de los hechos que aquí afirmó en la Cámara ¡No tiene ni siquiera convicción personal de las afirmaciones que hizo! Pero me las explico por el dolor que le causa en lo personal la privación de la libertad de un ser humano; preocupación que soy el primero en compartir. Tortura.
Señoras y señores diputados: yo no sé si los procesados del país hayan tenido las ventajas que tuvo Pablo Molinet como procesado, en la fase de averiguación previa. ¡Un procesado con sus relaciones! ¡Con sus vínculos con periodistas, por ejemplo! Que surgieron, paso a paso, la averiguación previa y sus declaraciones ante el Ministerio Público!
Pero hoy doy un dato que es determinante, señores. Le preocupa la tortura, le preocupa la arbitrariedad; a mí también me preocupa la tortura y la arbitrariedad, y estoy de acuerdo en que se sancione a quien intervino, si es que intervino. Pero estoy de acuerdo también, desde antemano se los digo, señoras y señores, estoy de acuerdo con que se turne a la Comisión de Derechos Humanos.
¡Como no vamos a estar de acuerdo! ¡Que se allegue toda la información! ¡Que se pidan todas las constancias relativas al caso! ¡Que viajen incluso a Guanajuato, diputados del partido que así lo desee, para que estrechamente con el trato directo con el procesado y con las autoridades puedan sacar conclusiones acerca de si las afirmaciones del señor diputado Rico Arzate están o no están fundadas.
Pero quiero decirle al señor diputado, que no es nada nuevo, señoras y señores diputados, que se turne una queja a Derechos Humanos. Quiero decirle que el 26 de marzo de 1992, ocho meses hace que la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió la queja. Y le doy datos. Y la Comisión de Derechos Humanos indagó y recibió declaraciones de entre las que destacan cuatro: dos, de los abogados que ayudaron al señor Moliet; dos, de periodistas que siguieron paso a paso la averiguación previa; entre muchas y en siete meses.
En siete meses, señoras y señores diputados, el Gobierno del Estado de Guanajuato, el Procurador del Estado de Guanajuato, las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, hasta este momento no han recibido una sola recomendación de la Comisión de Derechos Humanos; del proceso.
Es otro tema la prisión preventiva. ¡No hicimos nosotros el Código Penal del Estado de Guanajuato!. Los ahora funcionarios, emanados de Acción Nacional, del Poder Ejecutivo y que quisieran muchos estados de la República tener esta situación, tenemos, sí...(Aplausos.)
Tenemos un ...,permítame señores, no estoy haciendo elogio al Poder Ejecutivo no me dejan terminar, me refiero al Poder Judicial del Estado de Guanajuato, que no depende del Ejecutivo Estatal.
Se decretó la formal prisión y Molinet tenía dos medios de atacarla de inmediato: o la apelación o el amparo. Optó por la justicia federal y obtuvo en la primera instancia, con el juez de Distrito, sentencia favorable. Se interpuso la revisión y el Colegiado revocó la sentencia del juez de distrito; ¡tres magistrados, señoras y señores diputados!, ¡magistrados del Poder Judicial Federal.
Yo quiero aceptar la irregularidad que dijo el compañero diputado en cuanto al tiempo. De septiembre se turna y se resuelve a noviembre, imputable no al Gobierno del Estado de Guanajuato, sino al Poder Judicial Federal y tiene expedita la vía para el juicio de responsabilidad en los términos del Título IV de la Constitución.
Pero quiero recordarle algo además. En amparo hay una institución, 79 - bis de la Ley de Amparo. En materia penal, ¡en materia penal señoras y señores!, opera la suplencia de la queja, en todos los casos tratándose del inculpado, no tratándose del Ministerio Público, ¡no tratándose del Ministerio Público, señoras y señores diputados! Para el Ministerio Público no opera la suplencia de la queja, aun ante la ausencia de agravios.
Y tiene razón el señor diputado, no está plenamente probada la responsabilidad en Molinet, está probado el cuerpo del delito pero no está probada la plena responsabilidad, lo apoyo, pero el 16 constitucional no exige que esté probada la plena, dice la probable responsabilidad, la probable responsabilidad para decretar el auto de formal prisión. Yo no digo que es culpable, está plenamente probado que es culpable, no sé si lo sea, no sé si sea inocente, lo que digo es que hasta este momento hay dos conclusiones claras: la primera, la Comisión Nacional de Derechos Humanos no ha hecho recomendación alguna al Gobierno del Estado de Guanajuato; la segunda, el Poder Judicial Federal, por conducto del tribunal Colegiado de Circuito, afirma que la resolución del juez penal es legal, apegada a la Constitución y no viola garantías, si no nos gusta el otro tema, la prisión preventiva, señoras y señores.
Diputados, veamos la conveniencia de cambiar la ley para suprimirla y, tercera, señores, ojalá y estas voces que alzan en favor del movimiento, se alcen en todo el país para miles de procesados a los que no se les han decretado resoluciones legales sino resoluciones que violan sus derechos y que por falta de abogados y de defensores efectivos, padecen injustamente en prisión preventiva. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: -Tiene el uso de la palabra el diputado Jesús Martín del Campo, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Jesús Martín del Campo Castañeda: - Quiero comenzar mi intervención para referirme a este asunto de Pablo Jonathan Molinet, joven estudiante de bachillerato de una Preparatoria de Salamanca, Guanajuato, con una afirmación en el sentido en el que hablaba finalmente en su intervención el compañero Juan de Dios Castro, respetado diputado, en particular muchos del Partido de la Revolución Democrática admiramos su habilidad extraordinaria de polemista en esta Cámara.
Quiero afirmar, insisto, tomando las últimas palabras que el más conocido de los partidos por su permanente actividad de denuncia de violación de derechos humanos contra ciudadanos de todas las entidades del país, que es el Partido de la Revolución Democrática, es conocida nuestra frecuente denuncia, nuestra frecuente defensa sin ser abogados necesariamente, de campesinos, de amas de casa, de obreros, de empleados públicos, de ciudadanos a quienes se les han violado los derechos humanos y están saturados los estantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de expedientes que el Partido de la Revolución Democrática ha promovido, muchos de cuyos casos afortunadamente han tenido una respuesta que ha resultado en beneficio de los afectados en la violación de sus derechos humanos.
No es sólo un asunto publicitario, quisiera desvanecer esta cuestión que implícitamente estaría en la intervención del compañero Juan de Dios Castro y luego decir que coincidimos en la preocupación de que se aplique el estricto apego a la legalidad el procedimiento que llegue a conclusiones válidas en el caso de Pablo Molinet. No es asunto publicitario, no se trata sólo de que nos hagamos eco de periodistas, se trata de que creemos que es conveniente que la revisión del caso, se apegue en estricto sentido a la legalidad, que se finquen las responsabilidades correspondientes, porque sí tenemos elementos a partir de informaciones de la familia, a partir de informaciones de personas que habitan en la entidad y que han estado cercanas al caso , a partir de informaciones de la defensa, a partir de la lectura de los elementos que se han puesto en juego, creemos que sí hay responsabilidad de funcionarios y algunos servidores públicos y que ésta debe ser deslindada y efectivamente vamos a seguir el camino y creemos muy oportuno que de estos asuntos esté enterada
esta Cámara y que ejercite también su capacidad de intervención para que se aplique justicia.
Nos preocupa desde el principio eso sí, y es ajeno a nuestra voluntad el ambiente que se creó, un ambiente que podríamos llamar negativo, un ambiente persecutorio, un ambiente cargado de ideología conservadora cuando de habló del caso; no es responsabilidad quizá de las autoridades, pero sí del ambiente que se generó a partir de elementos que se introdujeron en el caso Molinet, por parte de los jueces, cuando dijeron que en apoyo de la idea de que es responsable Pablo Molinet del homicidio, se dijo que se hallaron diversos libros de literatura, de poesía y terror, una baraja de tarot y una libreta de dibujos desagradables obscenos, y se generó una campaña que tuvo ocho columnas en los periódicos locales, permanentemente hablando de un sujeto satánico que nos hizo pensar a muchos que cualquier adolescente que tiene discos de rock and roll de los grupos que ahora llaman de rock satánico precisamente, que pintan los muros de su recámara como lo hacen decenas de miles o quizá millones de adolescentes en este país y en otros y que cualquier adolecente que lea en literatura textos de Monsiváis, texto de Suskind, novelas de Paco Taibo II, el escritor que se interesó en el caso porque una de las novelas que encontraron era de su autoría, Días de Combate, que incluso él dice irónicamente para referirse a esta mención, que es una de sus novelas blandas, que es una de sus novelas que ni siquiera puede inducir a la comisión de ningún delito, como suelen ser sus novelas por cierto.
Entonces, este ambiente persecutorio, este ambiente de Ku Klux Klan en nuestro país, no nos pareció y nos preocupa que se genere esta idea, esta cuestión ideológica en torno a un joven que quizá pueda ser responsable, desde nuestro punto de vista y a la luz de los elementos con que nosotros contamos sí contamos con ellos, por la pregunta que hacia también Diego Fernández de Cevallos.
Algunos por las cuestiones políticas electorales hemos estado con frecuencia en el Estado de Guanajuato y es un tema que se comentó en el lugar, es un tema con el cual estamos en contacto y también estamos en contacto directo con la defensa, con la familia, con los trabajadores de la educación de aquella entidad, con periodistas, etcétera.
Entonces, ese ambiente nos preocupa y nos preocupa más que lo hayan utilizado autoridades judiciales para acompañar la documentación que fundamenta la acusación en contra de Pablo Molinet.
Además, nos consta que Pablo Molinet es hijo de universitarios, como muchos que aquí están y que es una persona que se cultiva y nos consta que el muchacho escribe poemas que pueden ser sancionados como satánicos o que pueden a muchos parecerles de una persona que es peligrosa o que padece de impulsabilidad, como dijeron las autoridades judiciales respecto al caso.
Tampoco nosotros estamos diciendo que está totalmente acabado el caso, y vamos a seguir insistiendo en que por las huellas que presentaba Pablo Molinet cuando se lo llevaron los judiciales, hay presunción de tortura. El afirma que hubo tortura en su caso y tiene que escucharse y tiene que agotarse la posibilidad de indagar si la hubo o no efectivamente para el deslinde de responsabilidades.
Por más que haya sido culpable, si es que así de ese caso se tratará, coincidirá el compañero Juan de Dios Castro conmigo, no se justifica en ningún caso la tortura, debemos erradicar la tortura de cualquier procedimiento judicial, independientemente de quien se trate, a quien están juzgando, en este caso de este joven llamado Juan Pablo Molinet, Johnattan Molinet, perdón.
Entonces este tipo de elementos son los que nos preocupan y a lo que estamos llamando los diputados del Partido de la Revolución Democrática que hemos dado seguimiento a este caso y que habíamos anunciado incluso hace varias sesiones que lo íbamos a tratar, pero que se pospuso por afán de agilizar las reuniones anteriores, es que se investigue en estricto apego a la legalidad.
Que haya el deslinde de responsabilidades de los servidores públicos que tengan alguna responsabilidad por procedimiento inadecuado y que no justifiquemos de ninguna manera la tortura.
Efectivamente, tomo como ejemplo e ilustración de nuestras preocupaciones coincidentes con el compañero Juan de Dios Castro, declaraciones que por la mañana hizo a la radio el compañero Gómez Mont, para referirse a una situación acerca de si los penales, de si las prisiones en este país, como institución han servido para corregir delitos, para que se corrijan los delincuentes, para que haya reformas en la persona y él enfáticamente, para hablar de una iniciativa presidencial que hay sobre cuestiones penales, dijo que ha fracasado el régimen carcelario que en nuestro país existe, y creo que conviene efectivamente discutir este tipo de temas.
Pero en torno al caso de Molinet no nos preocupa sólo como un hecho aislado. Nos preocupa también porque efectivamente es demostrativo de que muchos mexicanos ciertamente no tienen la posibilidad de que nadie hable por ellos. En el caso Molinet nosotros estamos queriendo también que se considere a todas las personas que han carecido de voz, que han carecido de diputados, que han carecido de periodistas. Ojalá nos preocupáramos por todos los mexicanos que han sido sujetos de arbitrariedades de las autoridades judiciales y que las erradiquemos de una vez y para siempre. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Fernando Gómez Mont, del Partido Acción Nacional.
El diputado Fernando Francisco Gómez Mont Urueta: -Señor Presidente, señores y señoras diputados:
Hoy se nos viene a presentar, de la forma más irresponsable, un planteamiento, ya que se hacen aseveraciones con total desconocimiento de los hechos.
Si se alega que existió tortura, cuestión que está desvirtuada por pruebas, testimoniales y todo, pero hay un hecho que no se puede ignorar: nunca se hizo valer la declaración que fuera cuestionada posteriormente, ni por la Procuraduría en el juicio; la única declaración que consta en autos y que fue valorada en el auto de formal prisión, es exculpatoria por parte del acusado y en la presencia de sus abogados, ninguna otra.
Y también se miente cuando se dice que como evidencias sólo existen valoraciones psicológicas o elementos tales como la lectura de los libros que se le imputa que tenía en su biblioteca el señor Molinet.
Miren, señores, primero: hay un acuerdo inobjetable se cometió un homicidio en casa de los señores Molinet, apareció la doméstica con dos cuchillos en la espalda. No creo que nadie seriamente me pueda plantear la hipótesis de un suicidio. Es decir, hay un homicidio, la privación de una vida por otro. Ahora basta saber si hay elementos serios para determinar quién responde por ese homicidio. y ahí es donde la Ley sólo nos pide una presunción.
No, no fue el ministerio público y vio el librero del cuarto del señor Molinet y dijo: no, estos libros están serios, seguro fue esto. No, no vio los dibujos y dijo: no, este hombre está muy enfermo, seguramente fue éste. No, se hizo una investigación y se hizo una investigación muy seria.
Nótese por ejemplo que el día de los hechos el señor Molinet se ausentó del lugar donde impartía estudios y fue a su casa con un espacio determinado de tiempo, circunstancia temporal que coincide con el tiempo de la muerte, hay un indicio ahí, no había nadie más en la casa, la única persona que se podía ubicar en ese tiempo con certeza y ubicado por él mismo era el señor Molinet. ¿Verdad que no es nada más una cuestión de Torquemada? No. Hay dictámenes psiquiátricos, testigos.
Por ejemplo, otro elemento que nos puede ayudar porque no es nada más una cuestión de lectura de Paco Ignacio de Taibo, se me hace muy cándido don Jesús de su parte, creer que es el único elemento de prueba. Esto es que por ejemplo había un colchón en donde el señor Molinet constantemente lo apuñalaba con el nombre del director de su institución para desahogarse.
Comparecen diversos testigos, que le conocen precedentes de violencia, actos de violencia, de desprecio por el otro. Hay dictamen psiquiátrico en donde se dice que el señor, por su estructura, pudiera haber cometido el hecho.
Yo me acuerdo, cuando revisé este caso, la defensa hizo un planteamiento muy habilidoso. Dijo: no hombre, hay como 17 indicios en contra del señor Molinet, pero si analizamos uno por uno, ninguno de ellos hace prueba. Son solo indicios.
Esos indicios se valoran en su conjunto señores, y la coexistencia de los mismos nos puede llegar a señalar una prueba en un determinado sentido, pero no le hagamos ya a pretender varias cosas en cuanto al ajusticiado. Queremos terminar con el valor de las confesiones porque se obtienen mediante tortura, pero por otra parte, los medios indicios nunca harán prueba.
Yo creo que es una de las investigaciones más serias y más modernas en el mejor sentido del respeto a los derechos humanos que hemos visto, y la vi, y me interesó desde el principio porque es un caso que asumió dimensiones más allá de lo estatal. Plantear este asunto aquí y ahora, como una cuestión estrictamente de prejuicios es, ni obrar en consecuencia con los actos, desconocer un hecho tan bárbaro como el que se conoció, y desconocer hasta dónde ha llegado ahorita la función del Estado de Guanajuato, que es acusar al señor Molinet como probable responsable. Pero si ustedes convierten esto en un caso de represión satánica o cultural, créanme, ni el Estado de Guanajuato, ni las gentes que están
tratando de buscar una reforma penal y una justicia penal más adecuada, tienen tiempo para esta parodia (Aplausos)
El presidente: -Se encuentra enlistado el diputado Diego Fernández de Cevallos.
El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos (desde su curul): -fue solamente para hacer una interpelación, sin embargo si hay algún otro orador, le ruego haga el favor de inscribirme.
El Presidente: -Se turna la denuncia del diputado Enrique Rico, a la Comisión de Derechos Humanos.
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DÍA
El secretario Salvador Juárez García: -Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Primer Período de Sesiones Ordinarias. - Segundo Año.- LV Legislatura.
Orden del día
9 de diciembre de 1992.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación de la Comisión de Fomento Cooperativo.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Guanajuato, Guerrero y Morelos.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión del Distrito Federal, con proyecto de la Ley de ingresos del Departamento del Distrito Federal, para el Ejercicio Fiscal de 1993.
De la Comisión del Distrito Federal, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Ildefonso Carlos Consejo Loperena, vicealmirante del cuerpo general diplomado del Estado Mayor, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden Cruz Peruana al Mérito Naval, en Grado de Gran Cruz- Distintivo Blanco, que le confiere el Gobierno del Perú.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Jorge Alberto Lozoya Legorreta, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en Grado de Encomienda de Número, que le confiere el Gobierno de España.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Víctor Luis Urquidi Bingham, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden del Imperio Británico, en Grado de Comandante Honorario, que le confiere el Gobierno de la Gran Bretaña.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Sergio Ramírez Torres y Héctor Manuel López Becerra, para prestar servicios como ingeniero en radio y telefonista, respectivamente, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a las ciudadanas Wanda Sigrid Arzt Colunga y Julieta Yolanda López Alavarez, para prestar servicios como asistente político y secretaria recepcionista, respectivamente, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Dictamen a discusión
De la Comisión de Régimen y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
El Presidente: -(A la 17:30 horas) Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar mañana miércoles 9 de diciembre a las 11.00 horas.
Se pasa a Sesión secreta.