Legislatura LV - Año II - Período Ordinario - Fecha 19930511 - Número de Diario 9
(L55A2P1oN009F19930511.xml)Núm. Diario: 9ENCABEZADO
LV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO de los DEBATES
DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Correspondiente al Segundo Período del Segundo Año de Ejercicio
PRESIDENTA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
Diputada Laura Alicia Garza Galindo
PALACIO LEGISLATIVO
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Héctor de Antuñano y Lora
AÑO II México, DF, martes 11 de mayo de 1993 No. 9
SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO
SUMARIO
ASISTENCIA
APERTURA
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
INVITACIÓN
Del Departamento del Distrito Federal, para asistir al acto cívico conmemorativo del X Aniversario luctuoso del ex Presidente de la República, Miguel Alemán Valdés. Se designa comisión.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR
De las comisiones unidas de Justicia y de Defensa Nacional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de dicho Código.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el diverso por el que se establecen las características de las Monedas Conmemorativas del D Aniversario del Encuentro de Dos Culturas y al que la Asamblea le dispensó la segunda lectura.
Hacen uso de la palabra los diputados:
Jorge Alfonso Calderón Salazar, en contra.
Antonio Esper Bujaidar, en pro.
Se aprueba y pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Dos, de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyectos de decreto por los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos:
Ricardo Colín y Núñez, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno del Reino de España.
Héctor Alberto Benavides Páramo, pueda prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Se turnan al Poder Ejecutivo Federal, para sus efectos constitucionales.
INICIATIVAS DE DIPUTADOS
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Presentada por el diputado José de Jesús Berrospe Díaz, relativa a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia electoral.
Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con copia a la Comisión Plural de la Reforma para consolidar la democracia electoral.
EFEMÉRIDES
Toma la palabra el diputado Martín Tavira Urióstegui, quien se refiere al CCXL Aniversario del natalicio de Miguel Hidalgo y Costilla.
JUBILADOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Para expresar sus opiniones respecto al problema económico de los jubilados de dicho instituto, hacen uso de la palabra los diputados:
Luis Raúl Alvarez Garín, quien solicita una excitativa a diversas comisiones.
José Antonio Gómez Urquiza de la Macorra, quien hace una proposición.
Carlos Enrique Cantú Rosas
Francisco Hernández Juárez, para rectificar hechos.
Miguel Angel Sáenz Garza
COLEGIATURAS DE ESCUELAS PARTICULARES
Expresan sus puntos de vista, los diputados:
Alfredo Castañeda Andrade
Luis Alberto Beauregard Rivas
Francisco Dorantes Gutiérrez, para rectificar hechos.
ESTADO DE VERACRUZ
Ocurso de particulares de Tenenexpan, presentado por el diputado Gonzalo Cedillo Valdez.
Para rectificar hechos respecto al mismo asunto, participan los diputados:
Rufino Saucedo Márquez
Manuel Laborde Cruz
Se turna a las comisiones de Reforma Agraria y de Información, Gestoría y Quejas.
HUELGA DE HAMBRE
Toma la palabra el diputado Gonzalo Altamirano Dimas, quien presenta una proposición respecto a la huelga de hambre que sostienen internos en el Reclusorio Norte del Distrito Federal.
Para expresar sus opiniones sobre el mismo asunto, se concede el uso de la palabra a los diputados:
Juan José Castillo Mota
Carlos Enrique Cantú Rosas, para rectificar hechos.
Se turna a la Comisión del Distrito Federal.
OCURSOS DE PARTICULARES
Uno del Estado de Veracruz y otro de vecinos del Estado de México; presentados por el diputado Gonzalo Cedillo Valdez.
Se turnan a las comisiones de Información, Gestoría y Quejas y a la de Asentamientos Humanos y Obras Públicas.
ESTADO DE COAHUILA
Para referirse a escapes de gases en diversas instalaciones de la ciudad de Saltillo, hacen uso de la palabra los diputados:
Humberto Pedro Flores Cuéllar
Oscar Pimentel González
Humberto Pedro Flores Cuéllar
Liliana Flores Benavides
Oscar Pimentel González, para rectificar hechos.
Humberto Pedro Flores Cuéllar, para rectificar hechos.
Abundio Ramírez Vázquez, para rectificar hechos.
Juan de Dios Castro Lozano, para contestar alusiones personales.
Oscar Pimentel González, para contestar alusiones personales.
Juan de Dios Castro Lozano, para contestar alusiones personales.
Abundio Ramírez Vázquez
La proposición del diputado Humberto Pedro Flores Cuéllar, se turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
ESTADO DE PUEBLA
Para referirse a un incidente ocurrido en Izúcar de Matamoros, hacen uso de la palabra los diputados:
José de Jesús Martín del Campo Castañeda
Alberto Jiménez Arroyo
José de Jesús Martín del Campo Castañeda, para rectificar hechos.
ACUERDO DE MODERNIZACIÓN
Expresan sus opiniones al respecto, los diputados:
Hildebrando Gaytán Márquez, quien hace una proposición.
José de Jesús Martín del Campo Castañeda
Roberto García Acevedo
José Manuel Correa Ceseña
La proposición del diputado Hildebrando Gaytán Márquez, se turna a la Comisión de Educación.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA (II)
De la Comisión de Ganadería, con proyecto de Ley de Sanidad Animal.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
Presidencia de la diputada Laura Alicia Garza Galindo
ASISTENCIA
La Presidenta:
Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados.
La secretaria Lydia Madero García:
Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 389 diputados, por tanto hay quórum.
APERTURA
La Presidenta:
(A las 12.16 horas) Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
La secretaria Lydia Madero García:
Se dará lectura al orden del día.
«Segundo Período de Sesiones Ordinarias. - Segundo Año. - LV Legislatura.
Orden del día
11 de mayo de 1993.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del X Aniversario Luctuoso de Miguel Alemán Valdés, ex presidente de la República, tendrá lugar el 14 de mayo, en el Panteón Español, ubicado en avenida México Tacuba número 107, Delegación Miguel Hidalgo, a las 11.00 horas.
Dictámenes de Primera lectura
De las comisiones unidas de Justicia y de Defensa Nacional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Justicia Militar.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Ricardo Colín y Núñez, para aceptar y usar la Encomienda de la Orden de Isabel la Católica, que le otorga el Reino de España.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Héctor Alberto Benavides Páramo, para prestar servicios como auxiliar de contabilidad en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto, que reforma el diverso por el que se establecen las características de las monedas conmemorativas del D Aniversario del Encuentro de Dos Culturas.
Intervención del grupo parlamentario del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, para presentar una iniciativa de reformas a varios artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia Política Electoral.
Intervención del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, para referirse al CCXL Aniversario del Natalicio de don Miguel Hidalgo y Costilla.
Intervención del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hacer comentarios sobre el asunto de los jubilados.
Intervención del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para referirse al problema de las colegiaturas en escuelas particulares.
Intervención del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para referirse al problema agrario en Tenenexpan, Veracruz.
Intervención del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a la huelga de hambre en el Reclusorio Norte.
Intervención del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para referirse al problema de asentamientos irregulares y de la vivienda en el Estado de Veracruz.
Intervención del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a problemas de las gaseras, en Saltillo, Coahuila.
Intervención del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para comentar las modificaciones laborales como resultantes del Tratado de Libre Comercio.
Intervención del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para referirse a la reciente reunión del doctor Pedro Aspe y doctor José Córdoba Montoya, en Estados Unidos y su relación con el Tratado de Libre Comercio.
Intervención del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar al Gobierno de Oaxaca, para que cumpla El Convenio de Santa Catarina.
Intervención del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hacer comentarios acerca del incidente ocurrido en Izúcar de Matamoros, Puebla.
Intervención del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, para referirse al Acuerdo de Modernización Educativa.
Sesión Secreta.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
La Presidenta:
En virtud de que se entregaron copias del acta de la sesión anterior a los grupos parlamentarios, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura.
La secretaria Lydia Madero García:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura.
«Acta de la Sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el día seis de mayo de mil novecientos noventa y tres, correspondiente al Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.
Presidencia del diputado Roberto García Acevedo
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las once horas con cuarenta y cinco minutos del día seis de mayo de mil novecientos noventa y tres, con una asistencia de trescientos noventa y tres diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y la Asamblea dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, misma que, sin discusión, se aprueba en sus términos en votación económica.
Se da cuenta con una Comunicación del Congreso del Estado de Aguascalientes, por el que informa de actividades propias de su Legislatura. De enterado.
En virtud de que el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto, por el que se reforma el diverso por el que se establecen las características de las monedas conmemorativas del quingentésimo aniversario del Encuentro de Dos Culturas, ha sido impreso y distribuido entre los señores diputados, la Asamblea le dispensa la primera lectura. Es de primera lectura.
También se da primera lectura a dos dictámenes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyectos de decreto por los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Ricardo Colín y Núñez y Héctor Alberto Benavides Páramo, puedan: aceptar y usar la medalla que les confiere el Gobierno del Reino de España y prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, respectivamente.
Para hacer comentarios respecto del uso de edificios y monumentos históricos en la ciudad de Oaxaca, se concede el uso de la palabra a los diputados Eloy Vásquez López, del Partido de la Revolución Democrática; Ildefonso Zorrilla Cuevas, del Partido Revolucionario Institucional, para rectificar hechos y en el mismo sentido, Joaquín Martínez Gallardo, del Partido Acción Nacional.
Sube a la tribuna el diputado Alfredo Castañeda Andrade, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien se refiere al peligro de los incendios forestales.
Para expresar la opinión de su partido respecto del Tratado de Libre Comercio, hace uso de la palabra el diputado Carlos Cantú Rosas, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado Gonzalo Cedillo Valdés, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien da
lectura a un comunicado de particulares en el que se refiere a lo que califican de deficiencias en los servicios públicos en ciudad Netzahualcóyotl, México.
Para expresar su opinión sobre el mismo asunto, hace uso de la palabra el diputado Benigno López Mateos, del Partido Revolucionario Institucional e inmediatamente después, para rectificar hechos, los diputados Juan Hernández Mercado, del Partido de la Revolución Mexicana; Gonzalo Cedillo Valdés, del mismo partido, en dos ocasiones y Jaime Serrano Cedillo, del Partido Revolucionario Institucional.
Sube a la tribuna el diputado Manuel Laborde Cruz, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien da cuenta con lo que llamó opinión de su partido respecto de la repartición de utilidades en las empresas.
Para referirse a lo que calificó como violación de los derechos humanos en el Estado de Morelos, sube a la tribuna el diputado Francisco Saucedo Pérez, del Partido de la Revolución Democrática y para expresar sus opiniones en el mismo tema, los diputados: Julio Gómez Herrera, del Partido Revolucionario Institucional; Humberto Zazueta Aguilar, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un punto de acuerdo, firmado por los partidos Acción Nacional, Auténtico de la Revolución Mexicana, del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, Popular Socialista y de la Revolución Democrática; y Tomás Osorio Avilés, del Partido Revolucionario Institucional, para rectificar hechos.
Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.
Sube a la tribuna, para rectificar hechos sobre el mismo asunto, el diputado Francisco Saucedo Pérez, del Partido de la Revolución Democrática.
Para reiterar sus denuncias respecto del Instituto Mexicano del Café, se concede el uso de la palabra al diputado Estanislao Pérez Hernández, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El Presidente concede el uso de la palabra al diputado Luis Correa Mena, del Partido Acción Nacional, quien se refiere a los problemas políticos en el Estado de Yucatán y lo mismo hace el diputado Gustavo Carvajal Moreno, del Partido Revolucionario Institucional.
Agotados los asuntos en cartera, el Presidente pide a la Secretaría que de lectura al orden del día de la próxima sesión y es interrumpido por el diputado Juan Hernández Mercado, quien, desde su curul solicita el uso de la palabra para referirse a la huelga de hambre que sostiene el señor Aquiles Magaña.
El Presidente decide consultar a la Asamblea y, también desde su curul, el diputado Manuel Díaz Infante apoya la solicitud del diputado Hernández Mercado, por lo que la Asamblea aprueba que se le conceda el uso de la palabra.
En uso de la palabra, el diputado Hernández Mercado, reitera el peligro de muerte en que se encuentra el señor Magaña. El Presidente solicita que se turne a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
No habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las catorce horas con catorce minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo día once de mayo de mil novecientos noventa y tres, a las diez horas.»
La Presidenta:
Ruego a la Secretaría poner a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior y si algún diputado desea hacer alguna observación a la misma, sírvanse manifestarlo.
La secretaria Lydia Madero García:
Está a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior.
¿Hay algún diputado que desee hacer observaciones a la misma?
Se consulta a la Asamblea, en votación económica , si se aprueba.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada el acta.
INVITACIÓN
La secretaria Lydia Madero García:
Se dará lectura a una invitación.
«Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - Presente.
El Departamento del Distrito Federal, por conducto de esta Dirección General, ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del X aniversario luctuoso de Miguel Alemán Valdés, ex presidente de la República, que tendrá lugar en el Panteón Español, ubicado en Avenida México Tacuba número 106, delegación Miguel Hidalgo, el día viernes 14 de mayo a las 11.00 horas.
Por tal motivo, de la manera más atenta me permito solicitarle tenga a bien girar sus respetables indicaciones, a efecto de que un representante de esa honorable Cámara que usted preside, asista a la ceremonia de referencia.
Agradezco cumplidamente las atenciones que se sirva prestar al presente y le reitero con mi reconocimiento las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Director de Acción Cívica doctor Vicente de la Cruz Santiago.»
La Presidenta:
Para asistir en representación de esta Cámara, se designa a los siguientes diputados: Juan José Castillo Mota, Alberto Monterde Reyes, Manuel Laborde Cruz y Jorge Oceguera Galván.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR
La Presidenta:
El siguiente punto del orden del día es la primera lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Justicia Militar.
En atención a que este dictamen ha sido impreso y se está distribuyendo entre los diputados, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario Domingo Alberto Martínez Reséndiz:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen. Es de primera lectura.
«Comisiones de Justicia y Defensa Nacional
Honorable Asamblea: A las comisiones unidas de Justicia y de Defensa fue turnada para su estudio y análisis la iniciativa de decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones del Código de Justicia Militar, presentada por el Ejecutivo Federal el día 14 de abril de 1993.
Ambas comisiones, con las facultades que les otorgan los artículos 56 y 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, se avocaron al estudio de la iniciativa que se propone de acuerdo con el artículo único de dicha iniciativa que al tenor dice: que reforman los artículos 193, 201 segundo párrafo, 202, 873, 874, 875, 878, 879, 880 y 881 y la denominación del Capítulo III, del Título Sexto, del Libro Tercero; se adicionan un tercer y cuarto párrafos al 201 y las fracciones IV y V al 874, del Código de Justicia Militar, de acuerdo con los siguientes
ANTECEDENTES
En los años de 1984 y 1989 fueron aprobadas iniciativas presidenciales por el honorable Congreso de la Unión, que tuvieron por objeto modificar los códigos penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal, Federal de Procedimientos Penales y de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, mediante las cuales se denominó con mejor técnica, el hasta entonces llamado "indulto necesario", el cual, a partir de entonces se llama "reconocimiento de inocencia", que opera cuando por algún medio se demuestra la inocencia del sentenciado, la reforma previo otros supuestos en los que el Presidente de la República puede conceder el beneficio del indulto.
En la iniciativa también se considera que es oportuno y de justicia que la legislación penal militar tanto sustantiva como adjetiva sea reformada en esta materia; la legislación militar siempre ha contemplado las figuras del indulto necesario y del indulto por gracia, de tal manera que la iniciativa tiene como objetivo ajustar dicha legislación a la realidad social y hacer posible también para los sentenciados por delitos del orden militar, la concesión del indulto en circunstancias específicas.
En consecuencia, la iniciativa propone que acorde con las reformas que sufrieron el Código Penal y los códigos de Procedimientos Penales Federal y para el Distrito Federal, se modifique el Código de Justicia Militar para incorporar la figura del "reconocimiento de la inocencia", la que sustituiría al "indulto necesario", en virtud
de que aquel término refleja con mayor precisión, tanto su razón de ser, como sus efectos. Así mismo, para actualizar su texto se propone la reforma a diversos preceptos de dicho código.
De esta manera, se reformaría el segundo párrafo del artículo 201, con objeto de establecer que cuando la conducta observada por el sentenciado refleje un alto grado de readaptación social y su liberación no represente un peligro para la tranquilidad o seguridad públicas, conforme al dictamen del órgano ejecutor de la sanción, no se trate de condenados por delitos que revistan particular gravedad, se podrá conceder el indulto por el Ejecutivo Federal, en uso de facultades discrecionales, expresando sus razones y fundamentos en los casos en que el sentenciado haya prestado servicios importantes a la nación o existan circunstancias especiales en su favor.
Los delitos en que por su extrema gravedad no procedería el beneficio del indulto serían los de traición a la patria, espionaje, delitos contra el derecho de gente, rebelión, insubordinación causando la muerte al superior, asonada, abandono de puesto a que se refieren las fracciones II y III del artículo 312, abandono de buque o convoy en los casos de las fracciones VI del artículo 318, I del 319 y artículo 321, extra limitación y usurpación de mando o comisión a que se refiere la fracción III del artículo 323, infracción de deberes militares correspondientes a cada militar según su Comisión o empleo a que se refiere el artículo 385, ni de reincidente por delito intencional.
La facultad que al Ejecutivo Federal confiere la fracción V del artículo 176 del propio código, para conceder la conmutación de la pena capital por prisión extraordinaria, continuaría vigente en sus términos.
En el mismo artículo 201 de la propuesta se establece que el indulto no extingue la reparación del daño en ningún caso.
En torno al reconocimiento de inocencia resultan involucrados los artículos 193, 202 y 873 del código, así como también se hace necesario modificar la denominación del Capítulo III, del título sexto, del libro tercero, del mismo código, para agregar después de la palabra "indulto", la expresión "reconocimiento de inocencia".
Aumentar las posibilidades del reconocimiento de inocencia del sentenciado, las cuales actualmente se contraen a tres hipótesis previstas en el artículo 874, significa ampliar los supuestos de un acto de justicia, los cuales además ya están previstos en los códigos procesales Federal y para el Distrito Federal. Las hipótesis en cuestión se refieren a aquellos casos en que la sentencia se funde exclusivamente en pruebas que posteriormente se declaren falsas y, cuando después de la sentencia aparecieren documentos públicos que invaliden la prueba en que se haya fundado dicha sentencia.
En materia de prueba la iniciativa considera que, aun cuando en el momento procesal debido, las pruebas se hayan estimado válidas, es de elemental justicia que, al conocerse la falsedad o invalidez de las mismas, no obstante ya haberse dictado sentencia, pueda la persona ser reivindicada mediante el reconocimiento de su inocencia.
En cuanto al procedimiento se propone reformar el contenido del artículo 875, para establecer que el sentenciado que se crea con derecho a obtener el reconocimiento de inocencia, deberá recurrir por escrito al Supremo Tribunal Militar, acompañando las pruebas respectivas o protestando exhibirlas oportunamente. Expresamente se prevé que en estos casos sólo se admitirá la prueba documental.
En cuanto a las instancias del reconocimiento de la inocencia, la reforma que se propone al artículo 878, además de introducir la figura de reconocimiento de inocencia, tiene como finalidad precisar la facultad del Ejecutivo Federal para reconocer la inocencia del sentenciado una vez que ésta se haya demostrado ante el Supremo Tribunal Militar.
En materia de indulto por gracia, se propone reformar el artículo 879, para disponer que el sentenciado que pretenda obtener indulto, ocurra por escrito a la Secretaría de la Defensa Nacional, acompañando los documentos que justifiquen la prestación de los servicios importantes a la nación o la existencia de las circunstancias especiales que concurran en su favor, además del dictamen en que se haga constar que el solicitante refleja un alto grado de readaptación social y que su liberación no representa un peligro para la tranquilidad o seguridad públicas; condiciones exigidas en el segundo párrafo del artículo 201 de la iniciativa para que el titular del Poder Ejecutivo Federal esté en posibilidad de conceder el beneficio de indulto.
El artículo 880 se reformaría para señalar que el Ejecutivo Federal, en vista de los comprobantes, o si así conviniera a la tranquilidad o seguridad públicas, concederá el indulto sin condición alguna o con las que estime convenientes.
En cuanto a la publicitación de las instituciones reguladas, también se propone reformar el artículo 881 para establecer que todas las resoluciones en que se conceda indulto o reconocimiento de inocencia, se deberán publicar en el Orden General de la Plaza de todas y cada una de las zonas militares. Asimismo, se dispone que dichas resoluciones se deberán comunicar a la autoridad judicial que hubiere dictado la sentencia para que haga la anotación que corresponda en el expediente respectivo.
Finalmente, el artículo dos transitorio del proyecto propone la abrogación de la Ley de Indulto para los reos de los fueros militares, federal y del orden común del Distrito y Territorios Federales, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de octubre de 1946, ya que dicha Ley prevé reglas sustantivas y procesales que no van de acuerdo con los criterios de la reforma, y porque la regulación propuesta cubre la regulación del indulto y del reconocimiento de inocencia en los ámbitos señalados.
MODIFICACIONES PROPUESTAS
De los debates surgidos y sostenidos por las comisiones unidas de Justicia y de Defensa, con motivo del análisis de la propuesta surgieron las siguientes consideraciones.
En torno a la prueba:
Al tenor de un comparativo entre el texto vigente del Código de Justicia Militar, la propuesta y los códigos de procedimientos penales Federal y Local, no existe una diferencia sustancial en materia de causales de procedencia del reconocimiento de inocencia del sentenciado, por lo mismo respecto de todas ellas cabe refutar la regla del artículo 875 de la propuesta que establece: "Sólo se admitirán en estos casos la prueba documental", regla que coincide con la establecida en los artículos 561 del Código Federal de Procedimientos y la establecida en el artículo 615 del Código de Procedimientos para el Distrito Federal. Las reglas de los códigos introducen una excepción al supuesto contenido en la fracción III de ambos artículo y la cual equivaldría a la fracción I del vigente artículo 874, que la propuesta no modifica. Al margen de que la propuesta no considere la excepción de los códigos Federal y Local, la cual es pertinente con la naturaleza de la causal, se ha considerado que debido a la naturaleza del reconocimiento de inocencia, es importante permitir el ofrecimiento y desahogo de todas aquellas pruebas que tengan por objeto demostrar la inocencia del sentenciado, las cuales resultarían limitadas de admitírseles solo mediante la vía del documento, porque entonces no sería posible una apreciación directa del tribunal que va a tomar la decisión. Si bien es cierto que la institución de la cosa juzgada es fundamental para dar cumplimiento a la certeza y a la seguridad jurídica, también es cierto que la verdad histórica y, el reconocimiento de la inocencia supone que la verdad histórica es otra que la declarada en la sentencia, es más importante en materia penal, porque se decide sobre derechos fundamentales de la persona.
Estos razonamientos llevaron a las comisiones unidas a considerar que es procedente suprimir la última parte del texto del artículo 875 de la propuesta que a la letra dice: "Sólo se admitirá en estos casos, la prueba documental"; de tal manera que quede en el ámbito del arbitrio jurisdiccional decidir el tipo de prueba que proceda en cada caso, atendiendo a la naturaleza de la causal, a que no se trata de un procedimiento jurisdiccional en sentido formal y a los principios de economía y brevedad que rigen todo procedimiento de jurisdicción aunque esta sea material.
En consecuencia, el artículo 875 quedaría como sigue:
"Artículo 875. El sentenciado que se crea con derecho a obtener el reconocimiento de su inocencia, ocurrirá por escrito al Supremo Tribunal Militar, alegando la causa o causas de las enumeradas en el artículo anterior en que funde su petición, acompañando las pruebas respectivas o protestando exhibirlas oportunamente."
En relación al artículo 878 de la propuesta, se consideró que para fortalecer el derecho a la defensa de quien se crea con derecho al reconocimiento de la inocencia y las otras partes que intervengan, es pertinente agregar el siguiente texto: previa vista a las partes, de tal manera que la propuesta quedaría modificada en los siguientes términos:
"Artículo 878. Dentro de los cinco días siguientes al en que se hubiere efectuado la audiencia, previa vista a las partes, el tribunal declarará si en su concepto es o no fundada la solicitud del sentenciado. En el primer caso, remitirá con informe las diligencias originales a la Secretaría de la Defensa Nacional, la que a su vez las hará llegar al Ejecutivo Federal para que sin más trámite reconozca la inocencia del sentenciado; en el segundo, mandará archivar las diligencias."
Por lo anteriormente expuesto, las comisiones unidas de Justicia y Defensa se permiten
presentar a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR
Artículo único. Se reforman los artículos 193,201 segundo párrafo, 202, 873, 874, 875, 878, 879, 808 y 881 y la denominación del Capítulo III, del Título sexto, del Libro Tercero; se adicionan un tercer y cuarto párrafos al 201 y las fracciones IV y V al 874, del Código de Justicia Militar, para quedar como sigue:
CAPITULO II
Extensión de la Pena
Artículo 193. La pena se extingue por muerte del sentenciado, prescripción, amnistía, indulto o reconocimiento de inocencia. Estas causas deben hacerse valer de oficio.
Artículo 201..................................................................................................................
Cuando la conducta observada por el sentenciado refleje un alto grado de readaptación social y su liberación no represente un peligro para la tranquilidad o seguridad públicas, conforme al dictamen del órgano ejecutor de la sanción y no se trate de sentenciado por traición a la Patria, espionaje, delitos contra el Derecho de Gentes, rebelión, insubordinación causando la muerte al superior, asonada, abandono de puesto a que se refieren las fracciones II y III del artículo 312, abandono de buque o convoy en los casos de las fracciones VI del artículo 318, I del 319 y artículo 321, extralimitación y usurpación de mando o Comisión en el caso de la fracción III del artículo 323, infracción de deberes militares correspondientes a cada militar según su comisión o empleo a que se refiere el artículo 385, ni reincidente por delito intencional, se le podrá conceder indulto por el Ejecutivo Federal, en uso de facultades discrecionales, expresando sus razones y fundamentos en los casos siguientes:
I. Cuando haya prestado servicios importantes a la nación, o
II. Cuando existan circunstancias especiales en su favor.
No se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior, al indulto a que se refiere la fracción V del artículo 176 de este código.
El indulto en ningún caso extinguirá la obligación de reparar el daño causado. El reconocimiento de la inocencia del sentenciado extingue la obligación de reparar el daño causado.
Artículo 202. Cuando se conceda indulto de la pena de muerte, ésta se conmutará por la de prisión extraordinaria. En el caso de reconocimiento de inocencia, se relevará de toda pena al sentenciado.
CAPITULO III
De la Conmutación, Reducción, Indulto, Reconocimiento de Inocencia y Rehabilitación.
Artículo 873. El reconocimiento de inocencia sólo podrá concederse respecto de penas impuestas en sentencia irrevocable.
Artículo 874.
El reconocimiento de inocencia del sentenciado se podrá basar en alguno de los motivos siguientes:
I. a III.................................................................................................................................
IV. Cuando la sentencia se funde exclusivamente en pruebas que posteriormente se declaren falsas; y
V. Cuando después de la sentencia aparecieren documentos públicos que invaliden la prueba en que se haya fundado aquella.
Artículo 875. El sentenciado que se crea con derecho a obtener el reconocimiento de su inocencia, ocurrirá por escrito al Supremo Tribunal Militar, alegando la causa o causas de las enumeradas en el artículo anterior en que funde su petición, acompañando las pruebas respectivas o protestando exhibirlas oportunamente.
Artículo 878. Dentro de los cinco días siguientes al en que se hubiere efectuado la audiencia, previa vista a las partes, el Tribunal declarará si en su concepto es o no fundada la solicitud del sentenciado. En el primer caso, remitirá con informe las diligencias originales a la Secretaría de la Defensa Nacional, la que a su vez las hará llegar al Ejecutivo Federal, para que sin mas trámite reconozca la inocencia del sentenciado; en el segundo, mandará archivar las diligencias.
Artículo 879. El sentenciado que pretenda obtener indulto, ocurrirá por escrito a la Secretaría de la Defensa Nacional, acompañando testimonio de la sentencia, un certificado expedido
por el jefe de la prisión en que se encuentre, con el que compruebe el tiempo que haya sufrido la pena impuesta, un dictamen en el cual se haga constar que el solicitante refleja un alto grado de readaptación social y que su liberación no representa un peligro para la tranquilidad o seguridad públicas, así como la justificación de la prestación de los servicios importantes a la nación o de la existencia de las circunstancias especiales que concurran en su favor.
Artículo 880. El Ejecutivo Federal en vista de los comprobantes, o si así conviniera a la tranquilidad o seguridad públicas, concederá el indulto sin condición alguna o con las que estime convenientes.
Artículo 881. Todas las resoluciones en que se conceda indulto o reconocimiento de inocencia, se publicarán en la Orden General de la Plaza de todas y cada una de las zonas militares y se comunicarán al Tribunal que hubiere dictado la sentencia para que haga la anotación respectiva en el expediente del caso.
TRANSITORIOS
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se abroga la Ley de Indulto para reos de los fueros militar, federal y del orden común del Distrito y Territorios Federales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de octubre de 1946.
Sala de comisiones de la honorable Cámara de Diputados. - México, Distrito Federal 6 de mayo de 1993. - Diputados: Fernando Gómez Mont U., presidente de la Comisión de Justicia, Ramón Mota Sánchez, presidente de la Comisión de Defensa.
Integrantes de las comisiones unidas de Defensa y Justicia: diputados: Juan José Castillo Mota, Jaime Muñoz Domínguez, José Antonio Valdivia, Joaquín E. Hendricks Díaz.»
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
MONEDAS CONMEMORATIVAS
La Presidenta:
El siguiente punto del orden del día es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma el diverso por el que se establecen las características de las monedas conmemorativas del D Aniversario del Encuentro de Dos Culturas.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los diputados, se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se dispensa la lectura al dictamen.
El secretario Domingo Alberto Martínez Reséndiz:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...Se dispensa la lectura al dictamen.
«Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Honorable Asamblea: Fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su estudio y dictamen la iniciativa de Decreto que reforma el diverso por el que se establecen las características de las monedas conmemorativas del 500 Aniversario del Encuentro de Dos Culturas, propuesta por el Ejecutivo Federal en ejercicio de la Facultad que le confiere la fracción I del artículo 71 constitucional.
De acuerdo a la revisión practicada a la citada iniciativa y con fundamento en los artículos 54 y 56 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión somete a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente
DICTAMEN
La iniciativa en estudio tiene como propósito que las piezas numismáticas acuñadas con motivo del 500 Aniversario del Encuentro de Dos Culturas se designen en nuevos pesos, modificando sus valores nominales.
De acuerdo con los antecedentes analizados, con fecha 13 de diciembre de 1991 este honorable Congreso de la Unión aprobó el Decreto por el que se establecen las características de las monedas conmemorativas del 500 Aniversario del Encuentro de Dos Culturas.
Las referidas monedas se están acuñando en oro y plata en diversas series con diferentes tipos en cada serie, y con los valores nominales señalados a continuación: 1) para las de plata: tres monedas con un valor nominal de diez mil pesos
($10000),doce monedas con un valor nominal de cien pesos ($100),tres monedas con un valor nominal de cincuenta pesos ($50), y tres monedas con un valor nominal de veinticinco pesos($25); y 2) para las de oro: tres monedas con un valor nominal de mil pesos ($1000) tres monedas con un valor nominal de quinientos pesos ($500) y tres monedas con un valor nominal de doscientos cincuenta pesos ($250).
La Comisión que suscribe coincide con el planteamiento del Ejecutivo, en el sentido de que estas monedas representan un elemento para dar a conocer parte del legado que los antiguos pobladores del México Precolombino aportaron a la cultura universal, ya que sus diseños llevan grabadas diversas piezas arqueológicas de diferentes culturas mesoamericanas.
Asimismo, esta Comisión considera adecuada la apreciación de que con dichas piezas conmemorativas se pone de relieve una vez más el tradicional prestigio del que goza la moneda mexicana en el mercado numismático internacional.
Resulta conveniente tomar en cuenta lo dispuesto por el artículo Cuarto Transitorio del Decreto aprobado por esta honorable soberanía el 11 de junio de 1992, mediante el cual se crea una nueva unidad del Sistema Monetario de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que las denominaciones de monedas de curso legal acuñadas en metales finos podrán continuar expresándose en pesos, quedando por ende exceptuadas de expresar su valor nominal en nuevos pesos.
No obstante lo anterior, la Comisión que dictamina estima atendible la propuesta del ejecutivo de modificar las denominaciones originales de estas piezas para designarlas en nuevos pesos con las finalidades, por una parte, de ser congruentes con la actual política monetaria y por la otra, de no causar confusiones entre el público.
Por otra parte, considerando que de aplicarse la disposición prevista en el artículo 1o. del Decreto antes mencionado, los valores nominales de algunas de las monedas corresponderían a fracciones de la nueva unidad monetaria, lo que les restaría atractivo para los mercados numismáticos y el de inversionistas, es por ello que se hace necesaria la reforma que se propone.
Lo anterior permitiría conservar la competitividad de las monedas de que se trata en los mercados referidos y seguir obteniendo así beneficios para las finanzas nacionales. De igual forma es de señalarse que con dicha modificación no se crearían monedas distintas a las que originalmente autorizó el honorable Congreso de la Unión, en virtud de que únicamente se estaría variando una de sus características, conservándose todas las demás.
Por las razones expresadas, esta Comisión juzga adecuada la propuesta de que se modifiquen los valores que originalmente se les habían asignado a las citadas monedas para que ostenten el nuevo valor nominal y la leyenda "N$", manteniéndose los mismos tipos correspondientes a cada serie, quedando de la siguiente forma: 1) para las de plata; valores nominales de diez nuevos pesos (N$10), cinco nuevos pesos (N$5), dos nuevos pesos (N$2) y un nuevo peso (N$1); y 2) para las de oro: valores nominales de cien nuevos pesos (N$100), cincuenta nuevos pesos (N$50) y veinticinco nuevos pesos (N$25), respectivamente.
En razón de lo antes expuesto y fundado, esta Comisión propone a esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL DIVERSO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS MONEDAS CONMEMORATIVAS DEL 500 ANIVERSARIO DEL ENCUENTRO DE DOS CULTURAS.
Unico. Se reforman los artículos primero al séptimo del decreto por el que se establecen las características de las monedas conmemorativas del 500 Aniversario del encuentro de dos Culturas, publicado en el Diario Oficial de la Federación al 31 de diciembre de 1991, en lo relativo al valor nominal de dichas monedas y a la leyenda que aparece al reverso en el exergo, para quedar en los términos siguientes:
I. Las monedas indicadas en el Artículo Primero tendrán un valor nominal de diez nuevos pesos y al reverso, en el exergo, la leyenda "N$10".
II. Las monedas indicadas en el Artículo Segundo tendrán un valor nominal de cinco nuevos pesos y al reverso, en el exergo, la leyenda "N$5".
III. Las monedas indicadas en el Artículo Tercero tendrán un valor nominal de dos nuevos pesos y al reverso, en el exergo, la leyenda "N$2".
IV. Las monedas indicadas en el Artículo Cuarto tendrán un valor nominal de un nuevo peso y al reverso, en el exergo, la leyenda "N$1".
V. Las monedas indicadas en el Artículo Quinto tendrán un valor nominal de cien nuevos pesos y al reverso, en el exergo, la leyenda "N$100".
VI. Las monedas indicadas en el Artículo Sexto tendrán un valor nominal de cincuenta nuevos pesos y al reverso, en el exergo, la leyenda "N$50".
VII. Las monedas indicadas en el Artículo Séptimo tendrán un valor nominal de veinticinco nuevos pesos y al reverso, en el exergo, la leyenda "N$25".
TRANSITORIOS
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Las monedas conmemorativas del 500 Aniversario del Encuentro de Dos Culturas que con base en el Decreto del 13 de diciembre de 1991, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1991, se hayan acuñado con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, continuarán en circulación de conformidad con las disposiciones aplicables.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 4 de mayo de 1993.»
Es de segunda lectura.
La Presidenta:
En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.
Están inscritos para participar el diputado Jorge Calderón Salazar, por el PRD y el diputado Antonio Esper Bujaidar.
Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, en contra.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar:
Con la venia de la Presidencia; estimados compañeros legisladores:
El grupo parlamentario del PRD, ha estimado pertinente, relevante, presentar su punto de vista en torno al decreto que reforma el diverso en que se establecen las características de las monedas conmemorativas del D Aniversario del Encuentro de Dos Mundos. Hemos pensado que esto que se podría suponer un asunto de mero trámite, aquello que a veces recibe escasa atención en nuestros debates parlamentarios, debía ser motivo de una reflexión de varios temas importantes, uno de ellos el significado que para nuestra patria tiene lo que se ha denominado el Encuentro de Dos Mundos; otro relativo a la reforma monetaria y las características de las nuevas monedas y uno más respecto a la marcha de la economía en su relación con esta reforma monetaria.
En lo referente al primer punto, lo que se refiere a eso que genéricamente se ha denominado Encuentro de Dos Mundos, consideramos y aquí ratificamos lo expuesto, en diciembre de 1991, cuando se discutió este decreto en la anterior acepción genérica de pesos, consideramos que esto que genéricamente se ha denominado El Encuentro de Dos Mundos, debió de ser objeto de una reflexión profunda, respecto a cuál ha sido la suerte de nuestro subcontinente y particularmente de México en estos 500 años, hoy cerca de 501 años transcurridos desde que Cristóbal Colón pisara las tierras de América y particularmente una reflexión de la situación en la que se encuentran los grupos étnicos y las diversas naciones y las culturas prehispánicas en el México contemporáneo. Resulta incongruente que por un lado celebremos el Encuentro de Dos Mundos, una celebración que consideramos tiene una visión eurocentrista y de otro lado hoy miles de indígenas mexicanos, miles de mexicanos que pertenecen a diferentes grupos étnicos, están en la cárcel bajo distintas formas de acusación, pero todos con un denominador común: pobreza, miseria, atraso e ignorancia, bajo muy diversas modalidades continúan existiendo graves problemas en nuestros grupos étnicos y los procesos de integración cultural y las formas de construcción de nuestra nacionalidad, son aún procesos inconclusos y las heridas abiertas por la colonización española, son en diferentes regiones de nuestra patria, problemas candentes, vigentes, que hacen que nuestro partido estime que sea más conveniente una reflexión nacional sobre nuestros destinos como nación que una celebración de algo que repito, desde la vertiente de los diferentes grupos étnicos es visto desde una visión crítica.
Otro punto que queremos destacar ante ustedes, es que se refiere a las características de las monedas que aquí se proponen. Por lo que se presenta en el decreto, se trata aparentemente de una mera cuestión formal, monedas que anteriormente estaban nominadas en pesos antiguos, hoy se propone que tengan denominaciones en nuevos pesos. Hasta ahí pareciera una mera modificación, pero el problema es que estas
monedas presumiblemente circularán en el curso de este año y quizá de los próximos años y por tanto hay que hablar y referir a lo extemporáneo que es continuar la acuñación de estas monedas que fueron pensadas para una fecha específica que es lo que se denominó la Conmemoración de 1492, conmemoración de la que nosotros tenemos una visión propia y de crítica, pero como si esto no fuera suficiente, la crítica, la visión eurocentrista en la concepción del Encuentro de Dos Mundos, la crítica, lo extemporáneo que es continuar acuñando estas monedas, cuando ha pasado ya propiamente este acontecimiento, los 500 años del inicio de la colonización española en América.
Hay otro problema que queremos tocar en esta tribuna y que merece la más importante atención.
Es lo que se refiere a los efectos que ha tenido en la economía y en la economía de las clases populares mexicanas, la reforma monetaria y particularmente la emisión de las nuevas monedas; no nos referimos a las monedas genéricamente denominadas de los 500 años, sino nos referimos a las monedas que han sido emitidas a partir de la reforma monetaria.
Cuando se discutió en 1992 lo relativo a esta reforma monetaria, sostuvimos que era prematuro, que aún no esta consolidada la estabilidad macroeconómica, que el control de la inflación en gran medida descansaba en equilibrios externos logrados con inversión extranjera y que ésta aún no estaba sólidamente consolidada. Pensamos que los problemas macroeconómicos no solo subsisten, sino se han acentuado.
La perspectiva de tener este año un déficit de la balanza comercial de 24 mil millones de dólares, la perspectiva del incierto comportamiento de la inversión extranjera en nuestro país como medio para cubrir ese déficit, hace que esa reforma monetaria, si bien está aparentemente estabilizada, tenga elementos de desequilibrio.
Pero hay un punto más. Para nuestro pueblo, la emisión de las nuevas monedas, especialmente la de cinco centavos, la de 10 centavos, la de 20 y la de 50 centavos, han presentado un elemento que no favorece la confianza en nuestra moneda.
Lo dijimos en la Comisión Permanente en varias ocasiones, lo hemos sostenido en reuniones de comisiones, lo hemos dicho en intervenciones diversas ante los medios de comunicación y no hemos escuchado interés ni en el Gobierno, ni en los medios diversos a los que nos hemos dirigido, sobre este grave problema; en cambio, si hablamos con las amas de casa, con los trabajadores, con los jóvenes, escuchamos contínuas críticas a las que el Gobierno se niega a escuchar ante estas nuevas monedas que, repito, en nada se fortalece la confianza de los mexicanos en el peso que es la unidad legal en nuestro país.
Más aún, cuando discutimos esto con algunos técnicos de la Secretaría de Hacienda, nos hablaban de que con la emisión de la nuevas monedas, el Gobierno va a ahorrar, decían ellos, de 20 a 30 mil millones de viejos pesos, pero olvidaban que en un país que tiene un producto interno bruto de la magnitud del mexicano, ese ahorro que se pretende realizar a través de nuevas monedas que más parecen de juguete que monedas reales que den confianza, va acompañado de una ausencia de confianza del pueblo mexicano en la moneda de curso legal.
Y peor aún. Muchas personas al tener en sus manos esas minúsculas e insustanciales trozos de metal que se denominan monedas de curso legal, inmediatamente tratan de deshacerse de ellas. Como si esto fuera poco, se ha presentado de una manera disimulada, el fenómeno de redondeo en los precios. El Gobierno en este momento está cantando victoria, porque afirma que la inflación en el primer trimestre de 1993, fue ligeramente superior al 3%, pero hay una inflación que es vivida por millones de mexicanos, que es la que se presenta al momento de hacer millones de pequeñas transacciones mercantiles en miles y miles de centros comerciales, en donde al no existir disponible moneda fraccionaria, se produce hacia el alza, un redondeo real en los precios, convirtiéndose la denominación en nuevos pesos, en la mínima denominación de numerosos productos comerciales.
En otras palabras, si alguien quiere adquirir un producto que vale equis cantidad de nuevos pesos más una fracción, el comercio con mucha frecuencia aduce no tener moneda fraccionaria y finalmente termina el ama adquiriendo ese producto a un precio real mucho mayor.
Obviamente los informes del Banco de México o los estudios del INEGI, sobre el comportamiento de precios, no van a reflejar ese redondeo hacia el alza de los precios que sufre el ama de casa, pero en términos reales, cuando se obliga a pagar a alguien, más de lo que es el precio oficial del producto, aduciendo que no existe moneda fraccionaria, eso es inflación y eso es una forma de afectar la economía popular
y no se quiere reconocer en el Gobierno, porque hemos escuchado durante meses la misma respuesta, que hay una ausencia de confianza en el pueblo mexicano hacia la moneda, precisamente por las características de esas monedas de 5 centavos, 10 centavos, 20 y 50 centavos. Incluso los nuevos pesos no son tampoco del agrado de millones de mexicanos.
No hubo además preocupación en nuestras autoridades monetarias para estampar en las nuevas monedas, la figura de los héroes que nos dieron patria: Hidalgo, Morelos y otros grandes mexicanos que honran esta Cámara de Diputados, con sus letras inscritas en este recinto, no forman parte de las características oficiales de un gran número de nuestras nuevas monedas y no quiere el Gobierno escuchar estos argumentos.
Nosotros una vez más, pese a los oídos sordos y la falta de interés en muchas ocasiones, cuando se abordan estos temas en la tribuna, seguiremos diciendo: es preciso modificaciones en la política de emisión de la moneda mexicana; es preciso que se gaste un poco más, así sean algunos miles de millones de viejos pesos, para crear monedas que den confianza y orgullo al pueblo mexicano. Pero además es preciso, en lo referente al conjunto de la emisión monetaria de nuestro país, seguir una política cuidadosa que cree confianza, que evite redondeo de precios, que evite inflaciones ocultas y que permita que el pueblo en vez de buscar deshacerse de esas monedas, sea un medio de orgullo, un medio de atesoramiento y una forma de fortalecer nuestra economía.
Por último, en lo relativo a la situación de la economía del país, vemos también una tendencia en la cual lo hay modificaciones al comportamiento macroeconómico, subsiste una visión optimista, una visión triunfalista y no se percibe que esta reforma monetaria, al igual que la marcha del conjunto de la economía, está dependiendo de factores tan riesgosos como la ratificación del Tratado de Libre Comercio, el comportamiento de la bolsa de valores y la cantidad de inversión extranjera que llegue a nuestro país.
No queremos ser quienes anuncien tal o cual desastre económico, no deseamos ningún desequilibrio macroeconómico, deseamos cambios en la política económica gubernamental, que permitan estabilidad, justicia, empleo e ingreso para millones de mexicanos, pero esto exige no solamente medidas correctas de estímulo a la inversión, al empleo, exige que los mexicanos tengan confianza en su peso mexicano, que tengan monedas que les dé orgullo portar y usar, que tengan objetos que permitan y faciliten la circulación mercantil y la circulación monetaria; que los héroes que nos hicieron patria, estén presentes en nuestras monedas y que no se erija un monumento a esa visión eurocéntrica, respecto al Encuentro de Dos Mundos.
Por ello es, por lo anteriormente expuesto, que aunque se trata de una mera adecuación en el cuño de estas monedas, de viejos pesos y nuevos pesos, por las razones expuestas, repito, consideramos y sostenemos que nuestro partido votará en contra de este proyecto y pide al Gobierno mexicano que abandone una política de subestimación de los sentimientos de la nación en materia monetaria; abandone ese desdén hacia el rechazo que los mexicanos tienen a numerosas de estas nuevas monedas y cree o haga una propuesta al Congreso de la Unión, de acuñación de moneda, especialmente las de 5, 10, 20 y 50 centavos de nuevos pesos; que permita acrecentar la confianza de nuestra población en el peso mexicano. Creemos que ello será por el bien de la patria. Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias, diputado Calderón.
Para hablar en pro del dictamen se concede el uso de la palabra al diputado Antonio Esper Bujaidar, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Antonio Esper Bujaidar:
Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Mi intervención se va a referir exclusivamente al dictamen objeto de este debate. Como es de su conocimiento, con fecha 13 de diciembre de 1991, el honorable Congreso de la Unión aprobó el decreto por el que se precisaron las características de las monedas conmemorativas del D Aniversario del Encuentro de Dos Culturas.
Estas monedas se acuñan en palta y oro, correspondiendo 21 monedas al primero de los metales señalados y nueve monedas de oro; en realidad se trata de cuatro series de monedas de plata y tres de oro.
Las monedas de plata, son de cinco onzas troy y tres diferentes tipos, de una onza en 12 diferentes tipos, de media onza en tres diferentes tipos y de un cuarto de onza en tres diferentes tipos.
Las monedas de oro son de una onza en tres tipos diversos, de media onza en tres tipos diversos y de un cuarto de onza en tres tipos diversos.
Es importante señalar que dichas monedas están dirigidas específicamente a los mercados de inversión y numismático, es decir, aun cuando muestran valores nominales, se comercializan, tomando en consideración el precio en los mercados internacionales de oro y la plata que contiene cada una de las monedas.
Como se indica en la iniciativa del Ejecutivo, uno de los propósitos principales para la acuñación de estas piezas, es el de divulgar parte del legado que los antiguos pobladores de nuestro país aportaron a la cultura universal.
Por otra parte, dicha acuñación ha permitido generar divisas para México a través de la colocación de estas monedas en el mercado mundial.
Por lo que respecta a su valor nominal, estas monedas fueron originalmente diseñadas con apego al sistema monetario vigente hasta el 31 de diciembre de 1992.
La razón de solicitar hoy el cambio del valor nominal de las monedas conmemorativas del D Aniversario del Encuentro de Dos Culturas, es evitar que se genere con ellas una imagen de obsolescencia como muy probablemente ocurriría si continúan mostrando valores nominales, correspondientes al anterior sistema monetario; ello debido a que el público inversionista, al que precisamente están dirigidas estas piezas, al observar en las mismas, valores nominales de un sistema monetario que ya no está en vigor, podría pensar que la moneda también ha perdido su vigencia.
Por otra parte, la razón por la cual los valores nominales que se proponen en la iniciativa no corresponden al valor nominal originado, dividido por 1 mil y que aparentemente sería la más práctico, obedece a que de así hacerlo, la mayoría de las monedas tendrían valores nominales expresados en centavos e incluso una de ellas, la de plata de 25 pesos al dividirla por mil, resultaría en una cantidad fraccionada de dos y medio centavos, lo que sería, totalmente inadecuado para una moneda.
Adicionalmente había que mencionar que la costumbre generalizada en los mercados internacionales, es la de no asignar valores nominales fraccionados, es decir centavos, a las monedas acuñadas en metales preciosos, por lo que al hacerlos nosotros la moneda correría graves riesgos de desprestigiarse, con lo cual perdería participación en el mercado, en detrimento del ingreso de divisas que le produce al país la comercialización de estas monedas en el extranjero.
Es por esto que se decidió asignarles valores nominales en nuevos pesos, independientemente de los que tenían originalmente.
Para efectuar lo anterior, se le asignó el valor nominal más abajo posible no fraccionario de un peso a la moneda de plata más pequeña y de ahí se partió para las monedas que siguen en orden ascendente.
Por lo que respecta a las monedas de oro, a la más pequeña de ellas se le asignó el valor nominal de 25 nuevos pesos y de ahí, se partió para asignarle los otros valores al resto de este tipo de piezas.
Cabe señalar, que los valores nominales que las monedas en cuestión portan, son meramente simbólicos, dado que su comercialización se realiza en función del valor intrínseco de la moneda; es decir, de acuerdo al valor del metal precioso que contienen y el valor nominal sirve únicamente para poner de manifiesto que son piezas de curso legal.
De esta manera se logra despertar el interés en nuestras monedas, no tan sólo del inversionista en metal precioso, sino también del seleccionista numismático.
Es importante aclarar que una moneda conmemorativa, acuñada en metal precioso, que esté destinada al mercado de inversión, no resulta recomendable otorgarle un valor nominal alto, dado que su función es servir como instrumento de inversión y por lo mismo se debe cotizar en función del precio internacional del metal en que esté elaborada.
En el supuesto de que portara un valor nominal alto, podría generar confusión entre el público. Por lo contrario, asignarle un valor nominal bajo, aclara el hecho de que es puramente simbólico, evitándose así el problema que se ha hecho referencia.
Por todo ello, compañeras y compañeros diputados, solicitamos su aprobación al dictamen que se discute. Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias, diputado Esper.
Consulte la Secretaría si se encuentra suficientemente discutido el artículo único del proyecto de decreto.
El secretario Arturo Nájera Fuentes:
En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el proyecto de decreto.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido.
Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
La secretaria Lydia Madero García:
Se emitieron 370 votos en pro, 32 en contra y tres abstenciones.
La Presidenta:
Aprobado en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto por 370 votos.
Aprobado el proyecto de decreto que reforma el diverso por el que se establecen las características de las Monedas Conmemorativas del D Aniversario del Encuentro de Dos Culturas.
La secretaria Lydia Madero García:
Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
CONDECORACIÓN
El secretario Domingo Alberto Martínez Reséndiz:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Ricardo Colín y Núñez, para que pueda aceptar y usar la Encomienda de la Orden de Isabel la Católica, que le otorga el Reino de España.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Ricardo Colín y Núñez, para que pueda aceptar y usar la Encomienda de la Orden de Isabel la Católica que le otorga el Reino de España.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. - México D. F., a 5 de mayo de 1993. - Diputados: Gustavo Carvajal Moreno, presidente; Cuauhtémoc López Sánchez, secretario; Juan de Dios Castro Lozano, secretario; José Octaviano Alanis Alanis, José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Benjamin Avila Guzmán, José Azanza Jiménez, Juan José Bañuelos Guardado, Agustín Basave Benítez, Luis A. Beauregard Rivas, Carlos E. Cantú Rosas, Alberto Carrillo Armenta, Juan José Castillo Mota, Estela Cásares Esquivel, Javier Centeno Avila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Pedro de León Sánchez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Alvina Garavito Elías, Laura Alicia Garza Galindo, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo J. González Díaz, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Marlene Catalina Herrera Díaz, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, José Benigno López Mateos, Jesús Martín del Campo, Jorge Mendoza Alvarez, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Jaime Muñoz y Domínguez, Miguel Angel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, Marco Antonio Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Tomás Osorio Avilés, Guillermo Pacheco Pulido, Rubén Pabello Rojas, Raúl Pardo Villafaña , Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Irma A. Piñeiro Arias, Froylán Ramírez Lara, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Leonel Reyes Castro,
Gilberto Rincón Gallardo, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Juan José Rodríguez Prats, María Esther Scherman Leaño, Jaime Serrano Cedillo, Manuel Solares Mendiola, Cecilia Guadalupe Soto González, Edmundo Sosa López, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Salvador Valencia Carmona, Oscar Ricardo Valero Recio, Mario Vargas Aguiar, Jorge Zermeño Infante, Ildefonso Zorrilla Cuevas Nahum, Efraín Zúñiga Galeana y José Domingo Olvera Cervantes.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto...No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Aprobado el proyecto de decreto. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El secretario Arturo Nájera Fuentes:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: En oficio fechado el 29 de abril del año en curso, la Cámara de Senadores remite expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Héctor Alberto Benavides Páramo, para prestar servicios como auxiliar de contabilidad en la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos de América, en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 4 de mayo, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el propio interesado prestará serán como auxiliar de contabilidad en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso para que el ciudadano Héctor Alberto Benavides Páramo, pueda prestar sus servicios como auxiliar de contabilidad en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México D. F., a 5 de mayo de 1993. - Diputados: Gustavo Carvajal Moreno, presidente; Cuauhtémoc López Sánchez, secretario; Juan de Dios Castro Lozano, secretario; José Octaviano Alanis Alanis, José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Benjamín Avila Guzmán, José Azanza Jiménez, Juan José Bañuelos Guardado, Agustín Basave Benítez, Luis A. Beauregard Rivas, Carlos E. Cantú Rosas, Alberto Carrillo Armenta, Juan José Castillo Mota, Estela Cásares Esquivel, Javier Centeno Avila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Pedro de León Sánchez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elías, Laura Alicia Garza Galindo, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo J. González Díaz, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Marlene Catalina Herrera Díaz, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, José Benigno López Mateos, Jesús Martín del Campo, Jorge Mendoza Alvarez, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Jaime Muñoz y Domínguez, Miguel Angel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, Marco Antonio Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Tomás Osorio Avilés, Guillermo Pacheco Pulido, Rubén Pabello Rojas, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Irma A. Piñeiro Arias, Froylán Ramírez Lara, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Juan José Rodríguez Prats, María Esther Scherman Leaño, Jaime Serrano Cedillo, Manuel Solares Mendiola, Cecilia
Guadalupe Soto González, Edmundo Sosa López, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Salvador Valencia Carmona, Oscar Ricardo Valero Recio, Mario Vargas Aguiar, Jorge Zermeño Infante, Ildefonso Zorrilla Cuevas Nahum, Efraín Zúñiga Galeana y José Domingo Olvera Cervantes.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado el proyecto de decreto. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Servida, señora Presidenta.
INICIATIVAS DE DIPUTADOS
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
La Presidenta:
Gracias, señor Secretario.
Tiene el uso de la palabra el diputado José de Jesús Berrospe Díaz, del grupo parlamentario del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, para presentar una iniciativa de reformas a varios artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político - electoral.
El diputado José de Jesús Berrospe Díaz:
Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Iniciativa de Reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Los que suscriben, diputados a la LV Legislatura al Congreso de la Unión e integrantes de la fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN), con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con base en el artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, y acorde con las exigencias de transformación política y electoral que la nación demanda, presentan a la consideración de la honorable Cámara de Diputados, las siguientes propuestas de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustentada en la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I. El primero de noviembre de 1992, en su IV Informe Presidencial, Carlos Salinas de Gortari manifestó la necesidad de una nueva reforma política. Un asunto que, no obstante los procesos políticos reformistas operados en los últimos tres lustros, sigue obstaculizando el desarrollo democrático de la nación.
El Ejecutivo Federal invitó a las corrientes partidarias a enriquecer la agenda del cambio jurídico en materia político electoral. Ahí propuso: "hacer transparente el origen del financiamiento de los partidos; poner topes a los costos de las campañas electorales y trabajar en torno a los medio de comunicación y a los procedimientos que garanticen la imparcialidad de los procesos electorales". De esta forma, el Presidente reconoció públicamente la necesidad de una nueva transformación electoral.
A un mes de la convocatoria presidencial, el 21 de diciembre de 1992, las fuerzas parlamentarias acordamos crear una Comisión Plural, con el fin de avanzar hacia una Reforma para la Consolidación de la Democracia Electoral. A diferencia de otros procesos reformadores, en los que las propuestas de cambio provenían del Ejecutivo o de una fuerza política nacional, el actual inició como un intento de generación plural. Este es un hecho muy importante.
Este acuerdo retomó los puntos señalados por el Ejecutivo Federal el pasado 1o de noviembre. De igual forma, sugirió incorporar, respecto a los temas políticos, las iniciativas de Ley de los partidos representados en esta soberanía. Así, a los temas del Ejecutivo, se adicionaron las propuestas partidarias. Se bosquejó un temario amplio para el debate parlamentario de la reforma política.
En esa oportunidad, y poco antes del mensaje Presidencial, el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional remarcó su proyecto de Reforma Política Integral. Toda una estrategia de reconstrucción democrática de la nación.
Después del proceso electoral más cuestionado de la historia reciente, en 1989 se modificó la
Constitución y en 1990 se promulgó el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe). Una nueva reglamentación que, con un alto grado de consenso entre las fuerzas partidarias, parecía ser el marco ideal de una transición democrática sana. No fue así: los problemas continúan y hoy se demanda una nueva reforma política. ¿Qué impide la estabilidad política y la confianza electoral en México?
Nosotros creemos que, en el fondo, la inestabilidad del proceso electoral mexicano es resultado de las características particulares del sistema político y que, en consecuencia, la confiabilidad de las elecciones depende de una transformación importante del funcionamiento de las relaciones políticas en el país.
Después del Cofipe, los conflictos electorales se agudizaron y surgieron nuevas formas de negociación, y el fraude y la desconfianza electoral aparecieron. Hoy se presentan en el abstencionismo, la debilidad de los partidos políticos, los antagonismos del proceso electoral y el bipartidismo.
Nuestra propuesta político - electoral busca enfrentar uno de los grandes obstáculos no solucionados por la Reforma del Estado : el de crear una cultura democrática que eleve la confianza ciudadana en el proceso electoral. Reto difícil de cumplir, pero tarea prioritaria para llevar a cabo un verdadero cambio en la vía de la democracia electoral para México.
El PFCRN, consecuente con la necesidad de una transformación integral de la vida político - electoral en México, propone cambios en materia constitucional.
El eje estratégico de la nueva reforma política es el sufragio efectivo. La extensión, profundización, garantía y certidumbre de que a través del sufragio se ejerce y manifiesta la soberanía popular.
II. La lucha por el sufragio efectivo es uno de los antecedentes históricos del Estado y de la sociedad mexicana contemporánea. Paradójicamente, en este problema ubicamos uno de los obstáculos que traban la transición democrática del país.
En la regulación electoral de este siglo, encontramos tres etapas históricas. La primera transcurre desde la Ley Electoral Maderista de 1911 hasta la Ley de 1946. La segunda va de la Ley Electoral Federal de 1946 hasta la Ley Federal Electoral de 1973 - 1976. La tercera abarca el período de 1977 hasta la fecha.
En la primera etapa conviven en el sistema político - electoral, herencias decimonónicas con las transformaciones del maderismo, constitucionalismo, caudillismo y de la conformación de las instituciones del Estado mexicano contemporáneo. Las elecciones reflejan esta mixtura de procesos. Se avanza políticamente respecto al porfiriato, pero perviven tradiciones políticas antidemocráticas. El Estado no centraliza ni integra el proceso electoral.
En la segunda etapa se desarrollan los derechos ciudadanos (para la mujer y los jóvenes), pero lo más relevante es que se conforma un modelo estatal de regulación electoral. Desde el centro político se organizan, supervisan y califican los comicios. Se crean instituciones político - electorales de carácter federal. Todo se controla desde el poder central.
En la tercera etapa se lleva a cabo un proceso de reformas político - electorales ininterrumpidas. Se modifican, como nunca antes, artículos constitucionales de naturaleza política y leyes electorales. El sentido esencial de los cambios es para incorporar minorías a la representación legislativa y a los ayuntamientos. Se toca, incipientemente, al Distrito Federal. Se da una apertura parcial a los medios de comunicación. En un contexto de elecciones más competitivas, la corriente mayoritaria establece sus salvaguardas de gobernabilidad. Pero todas estas transformaciones importantes dejan incólume el corporativismo y el sistema del partido de Gobierno dominante. La transición hacia la democracia topará con la falta de transparencia de los procesos electorales. Siguen las grandes reservas ciudadanas sobre el sufragio efectivo.
En 1988 se llegó al punto más bajo en la confianza popular hacia los procedimientos y los resultados electorales. El grado de incertidumbre de las votaciones de entonces fue tal, que hoy todavía se generan polémicas sobre la posibilidad o no de conocer los verdaderos resultados.
Los problemas de legitimación electoral ocuparon uno de los ejes estratégicos del nuevo Gobierno. En 1989 y 1990 se diseño una nueva reforma política que implicó cambios constitucionales y una nueva Ley en la materia. A pesar de que éstas no gozaron del mismo grado de aceptación como otras más recientes (fueron aprobadas por la mancuerna PRI - PAN), se pensó que la nueva reforma política era coherente con el esquema de la reforma del Estado y garantizaría una transición a la democracia concertada y participativa. Sin embargo, esto no ha sido así.
Después de 1988, a pesar de la reforma política electoral de 1989 - 1990, los problemas de legitimación no han desaparecido y han traído consigo formas de resolución de controversias alejadas de los procedimientos jurídicos y desconfianza e incertidumbre electoral.
La paradoja es evidente: la reforma política que debía conducirnos a una verdadera democracia nos llevó a formas perversas de disputa, calificación y resolución de controversias electorales. Un círculo vicioso donde a cada nueva elección, correspondían nuevos conflictos electorales y desprecio hacia la Ley, mediante la negociación entre cúpulas y élites políticas. Una especie de democracia de minorías, de grupos que negocian con la soberanía y la voluntad popular.
El bipartidismo, la incertidumbre y la desconfianza hacia las elecciones han sido los fenómenos que han crecido al amparo de las reformas políticas recientes. Por eso, nuestra fracción parlamentaria ha señalado que hemos llegado a un límite en los procesos de reforma política. No se puede proseguir la transición a la democracia si continúa los círculos viciosos electorales; si persiste el desprecio al sufragio y si mediante el bi o el tripartidismo se siguen repartiendo las decisiones de la acción pública.
III. Como en 1910, el sufragio efectivo es la consigna política de este fin de siglo en México. Pero el sufragio efectivo entendido como ejercicio de la soberanía popular, expresión de la libertad ciudadana y mecanismo de formación de los poderes públicos. No el sufragio efectivo como voto depositado de manera libre y secreta. No el sufragio procedimental, sino el sufragio político, característico de los regímenes democráticos.
Los problemas de estabilidad político - electoral que observamos en México en los últimos años se deben a un conflicto entre dos procesos contradictorios: por un lado, tenemos un proceso electoral concebido como problema de Gobierno, de control interior de la sociedad; un modelo de regulación adecuado al Gobierno, a las elecciones, a las instituciones electorales integradas mayoritariamente por el Ejecutivo y su partido y, por otra parte, aparece el fracaso de las reformas políticas parciales, el desencanto de la población con el procedimiento democrático, la abstención, la violencia y la desconfianza electoral.
La historia de las reformas electorales nos enseña que este modelo de regulación se ha mantenido en lo sustancial desde 1946, y que las modificaciones en los organismos electorales, o en la integración de los colegios electorales, resultan de la necesidad de incorporar a fuerzas políticas minoritarias, que poco han podido hacer en la confiabilidad electoral y si, en cambio, contribuyen a volver objeto de negociación al proceso y los resultados de los comicios.
Volver efectivo al sufragio no es sólo hacer transparente el proceso electoral, sino ampliar los derechos para que más ámbitos de la política estén sujetos a la decisión colectiva, con el fin de incorporar a más mexicanos a la toma de decisiones, para aumentar el régimen de libertades y los medios de la convivencia ciudadana.
La reforma política no debe verse sólo como una reforma institucional y normativa, sino, sobre todo, como una gran reforma de la cultura y las prácticas democráticas del país; como una reforma de las relaciones sociales y políticas en México. Por eso, es necesario incorporar en la reforma política, las modalidades más profundas de derechos y garantías individuales, así como características más transparentes de procedimientos electorales.
La inestabilidad política derivada de las elecciones o ante los procesos electorales, es un riego para la reconstrucción nacional.
Hoy, más que nunca, debemos avanzar en una estrategia integral de reforma política que garantice, sobre todo, la estabilidad a largo plazo del régimen político. A nadie conviene una exacerbación de las contradicciones y los conflictos políticos y electorales.
Antes que hacer una nueva reforma parcial que no pase la prueba de las urnas en 1994 y nos arroje a una nueva escalada de inestabilidad e ingobernabilidad, es necesario ser audaces y proponer una reforma política integral que encare los retos del tránsito de un régimen político de partido casi único, y un procedimiento electoral convertido en mecanismo de reproducción del poder, a un régimen político propio de una sociedad compleja y abierta a las transformaciones contemporáneas.
Nos encontramos en uno de esos puntos de inflexión histórica donde o enlazamos los avances en un círculo virtuoso de consolidación democrática, o perdemos la oportunidad y sumimos al país en la turbulencia de la inestabilidad política y social. O es una reforma política de largo alcance, o será otra más de ésas que envejecen rápidamente. O es una reforma para la estabilización y la reconstrucción, o una reforma para la ingobernabilidad.
La Reforma Política Integral que proponemos en el PFCRN es una reforma electoral que
permite la ampliación de las libertades individuales, en un marco de consolidación y profundización democrática.
IV. El PFCRN, considerando la historia de los procesos electorales en México y acorde con las necesidades de apertura democrática que la sociedad reclama, ha elaborado propuestas de índole constitucional. Nuestra propuesta trata de resolver el problema de la soberanía popular. Esta no se ha logrado, aunque es una demanda hecha desde 1911. Es importante que no le demos más vueltas al asunto. Para acabar con el reformismo cíclico e inoperante, es apremiante adecuar las reformas de participación ciudadana desde el origen del problema. La regulación estatal - partidaria que se constituye desde 1946, como el modo imperante de ordenamiento electoral hasta la fecha, ya no responde a las exigencias de una sociedad cada vez más diversificada política, económica, social y culturalmente. Se necesita un nuevo modelo de regulación electoral, un modelo que corresponda a una sociedad emergente y plural.
Las reformas que el PFCRN propone a la honorable Cámara de Diputados y al pueblo de México, son:
1. Fortalecer las garantías individuales. Para ello, la libertad ciudadana para participar o no en los partidos políticos debe de cumplirse cabalmente.
2. La generación de mecanismo que transformen nuestro sistema desequilibrado de poderes.
3. El desarrollo de una verdadera democracia, que no sólo se circunscriba al ámbito electoral, sino que comprenda lo económico, lo social y lo político.
4. La democratización, profesionalismo y transparencia de las actividades de los organismos electorales.
5. Avanzar en la democratización del Distrito Federal, mediante la elección directa de los poderes públicos locales.
Existe un impasse en los trabajos para la reforma política de 1993. Este lo constituye la aceptación plena de que la reforma debe de concretizarse mediante el acuerdo partidario. Únicamente por la vía de la concertación política y el convenio entre los partidos políticos aquí representados, se llegará a consolidar la pluralidad institucionalmente y, por tanto, su sentido social.
Por lo expuesto, se pone a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero: Se reforman, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes artículos:
Artículo 6o. Adición.
Artículo 9o. Modificar los párrafos primero, segundo y creación de uno nuevo.
Artículo 34. Modificación de texto.
Artículo 41. Modificación a los párrafos primero, segundo y creación de un nuevo parágrafo quinto.
Artículo 54. Modificación del texto.
Artículo 55. Modificación a las fracciones III, IV y V.
Artículo 56. Modificación al texto.
Artículo 60. Modificar el texto.
Artículo 71. Creación de una fracción IV.
Artículo 72. Adición al inciso i.
Artículo 73. Reformar la fracción VI y adicionar una nueva.
Artículo 82. Modificación a las fracciones III y V.
Artículo 84. Modificación al primer párrafo.
Artículo 89. Modificación a la fracción II.
Artículo 108. Modificación al párrafo segundo.
Artículo 110. Modificar los párrafos primero, cuarto y quinto.
Artículo 111. Modificación al primer párrafo.
Artículo 114. Adicionar un nuevo párrafo.
Articulo 135. Adicionar un segundo párrafo.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TITULO PRIMERO
CAPITULO I
De las garantías individuales
Artículo 6o. Adición.
La manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa; el derecho a la información será garantizado por el Estado y asumido por los diversos medios de comunicación.
Artículo 9o. Modificaciones al párrafo segundo y creación de uno nuevo.
No se considerará ilegal y no podrá ser disuelta una asamblea, reunión o manifestación que tenga por objeto hacer una petición, expresar una opinión o presentar una protesta por algún acto de alguna autoridad, siempre y cuando no se haga uso de la violencia.
Ningún individuo será obligado a participar en organización social, partido político o asociación alguna, si ésta contraviene sus creaciones, sean estas políticas, religiosas o de cualquier índole. Bajo ninguna circunstancia, el individuo será objeto de represalias por negarse a participar en cualquier acto público en el que esté presente la organización social, partido o asociación política al que este afiliado. La contravención de este derecho de disensión es violatorio de las garantías individuales que consagra esta Constitución, y será considerado delito del orden común, de acuerdo a como lo establezcan las leyes en la materia. Está proscrita la afiliación forzada de los individuos a cualquier grupo político u organización social y de las organizaciones sociales a los partidos y asociaciones políticas.
CAPITULO IV
De los ciudadanos mexicanos
Artículo 34. Modificación de texto.
Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, hayan cumplido 16 años.
TITULO SEGUNDO
CAPITULO I
De la soberanía nacional y de la forma de gobierno
Artículo 41. Modificación a los párrafos primero segundo y creación de un nuevo párrafo quinto.
El pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los estados en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. El pueblo del Distrito Federal ejercerá su soberanía apoyado en los mismos principios. El Congreso de la Unión, considerando las circunstancias particulares de que el Distrito Federal es la sede de los poderes de la Unión, determinará un estatuto particular que garantice la forma de Gobierno democrática y representativa en esta entidad de la federación.
Los partidos políticos son asociaciones libres y voluntarias de individuos, y entidades de interés público; la ley determinará las formas específicas de su intervención en el proceso electoral. Los partidos políticos son agrupaciones autónomas del poder público.
.................................................................................................................................
Queda terminantemente prohibido a los poderes federales y de las entidades federativas intervenir en la vida interna de las organizaciones políticas nacionales, regionales, estatales o municipales, con el fin de imponer una forma de pensamiento o de acción definidas. Estos organismos tienen en todo momento, el inalienable derecho a revocar a sus representantes, cuando consideren que se está faltando los principios que dieron origen a dichas organizaciones. Queda prohibido a los organismos políticos hacer uso de los recursos de la nación, salvo los que la leyes autoricen. También les será impedido forzar la participación de la ciudadanía en actividades de carácter partidario. Los gobiernos federal y estatales no podrán conceder trato preferencial, de cualquier índole, a los organismos políticos.
En los procesos.............................................................................................................
TITULO TERCERO
CAPITULO II
Del Poder Legislativo
SECCIÓN PRIMERA
De la Elección e Instalación del Congreso
Artículo 54. Modificación del texto.
La elección de los 200 diputados, según el principio de representación proporcional y el sistema de listas regionales, se sujetará a las siguientes bases y reglas y a lo que disponga la ley:
I. Para obtener el registro de sus listas regionales, el partido político nacional que lo solicite deberá acreditar que participa con, por lo menos, la mitad más uno de candidatos en la elección por mayoría relativa;
II. Tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados, según el principio de representación proporcional, todo aquel partido político nacional que alcance, por lo menos, el 1.5% del total de la votación emitida para las listas regionales de las cinco circunscripciones y no se encuentre comprendido en los siguientes supuestos:
A) Haber obtenido el 51% o más de la votación nacional efectiva y que su número de constancias de mayoría relativa represente un porcentaje del total de la Cámara, superior o igual a su porcentaje de votos.
B) Haber obtenido menos del 51% de la votación nacional efectiva, y que su número de constancias de mayoría relativa sea igual o mayor a la mitad más uno de los miembros de la Cámara.
III. Al partido que cumpla con lo dispuesto con las fracciones I y II de este artículo, le serán asignados, por el principio de representación proporcional, el número de diputados de su lista regional que corresponda al porcentaje de votos obtenidos en cada circunscripción plurinominal.
La ley determinará las normas para la aplicación de la fórmula que se observará en la asignación, en todo caso, en la fijación se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las listas correspondientes.
IV. En los términos de la fracción anterior, las normas para la asignación de curules, son las siguientes:
A) Si algún partido obtiene el 51% o más de la votación nacional efectiva y el número de constancias de mayoría relativa representan un porcentaje del total de la Cámara, inferior a su referido porcentaje de votos, tendrá derecho a participar en la distribución de diputados electos, según el principio de representación proporcional, hasta que la suma de diputados obtenidos por ambos principios represente el mismo porcentaje de votos.
B) Ningún partido tendrá derecho a que le sean reconocidos más de 350 diputados, que representan el 70% de la integración total de la Cámara, aun cuando hubiere obtenido un porcentaje de votos superior.
Artículo 55. Se modifican las fracciones III, IV y V.
Para ser diputado.............................................................................................................
I y II.................................................................................................................................
III. Ser originario del Estado en que se haga la elección o vecino de él con residencia efectiva de tres años anteriores a la fecha de ella;
......................................................................................................................................
IV. No estar en servicio activo en el Ejército Federal, ni tener mando en la policía o gendarmería rural en el distrito donde se realice la elección, cuando menos tres meses antes de ella;
V. No ser secretario o subsecretario de Estado, ni magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a menos que se separe definitivamente de sus funciones seis meses antes de la elección.
..........................................................................................................................................
Los secretarios de Gobierno de los estados, los magistrados y jueces federales o del Estado no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones si no se separan definitivamente de sus cargos seis meses antes de la elección.
VI y VII...............................................................................................................................
Artículo 56. Modificación al texto.
La Cámara de Senadores se integrará por 128 miembros. Por el principio de mayoría relativa se compondrá de 64 integrantes, dos senadores por cada Estado de la República y dos por el Distrito Federal. Por el principio de representación proporcional habrá 64 senadores.
Tendrán derecho a que le sean atribuidos senadores electos por el principio de representación proporcional, todo aquel partido político que alcance por lo menos el 1.5% del total de la votación emitida en una sola circunscripción nacional.
Si algún partido obtiene el 51% o más de la votación nacional efectiva y el número de constancias de mayoría relativa representan un porcentaje del total de la Cámara, inferior a su referido porcentaje de votos, tendrá derecho a participar en la distribución de senadores electos, según el principio de representación proporcional, hasta que la suma de senadores obtenidos
por ambos principios represente el mismo porcentaje de votos.
No obtendrá senadores por representación proporcional, el partido que hubiese obtenido el 51% o más de la votación nacional efectiva y que su número de constancias de mayoría relativa represente un porcentaje del total de la Cámara, superior o igual a su porcentaje de votos. Tampoco obtendrá senadores, por esta vía, si hubiese alcanzado menos del 51% de la votación nacional efectiva y que su número de constancias de mayoría relativa sea igual o mayor a la mitad más uno de los miembros de la Cámara.
Ningún partido tendrá derecho a que le sean reconocidos más de 90 senadores que representan el 70% de la integración total de la Cámara, aun cuando hubiere obtenido un porcentaje de votos superior.
Artículo 60. Modificación al texto.
La calificación de las elecciones tanto para diputado como para senador de la República se hará por medio del Tribunal Federal Electoral. En las entidades federativas la calificación de las elecciones se hará por los tribunales estatales electorales. Las resoluciones del tribunal admitirán el recurso de revisión. Las resoluciones que no sean recurridas en el plazo previsto por la ley y los recursos que sean resueltos por el tribunal adquirirán el carácter de definitivos.
El Tribunal Electoral tendrá a su cargo la vigilancia y calificación de los procesos electorales bajo las modalidades que marquen las leyes. Su preparación y desarrollo compete a los ciudadanos, partidos y Gobierno, mediante los organismos y procesos que marque la ley. Esta, también determinará las responsabilidades de los ciudadanos, partidos y Gobierno así como sus funciones en el proceso electoral y en los organismos correspondientes; además, establecerá los medios de impugnación para garantizar que los actos de los organismos electorales se ajusten a lo dispuesto por esta Constitución y las leyes que de ella emanen.
SECCIÓN SEGUNDA
De la Iniciativa y Formación de Leyes
Artículo 71. Creación de una fracción IV.
El derecho de presentar iniciativas de ley o decretos compete:
I al III.........................................................................................................................
IV. A los ciudadanos.
Artículo 72. Adición al inciso i.
..........................................................................................................................................
a) al h)................................................................................................................................
i) Las iniciativas de leyes o decretos se discutirán preferentemente en la Cámara en que se presenten, a menos que transcurra un mes desde que se pasen a la Comisión Dictaminadora, sin que esta rinda dictamen, pues en tal caso, el mismo proyecto de ley o decreto puede presentarse y discutirse en la otra Cámara. En ningún caso el dictamen de la iniciativa se alargará por más de un período ordinario.
j)...........................................................................................................................................
SECCIÓN TERCERA
De las facultades del congreso
Artículo 73. Reformar fracción VI y adicionar una nueva fracción.
El Congreso tiene facultad:
I a la VI..............................................................................................................................
Para determinar la situación representativa y democrática de los poderes públicos en el Distrito Federal, sometiéndose a las bases siguientes:
1a. La elección del jefe del Gobierno del Distrito Federal se hará conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de esta Constitución; mediante sufragio universal, libre, secreto y directo. Se aplicará el modo de Gobierno y el esquema de elección directa dispuesto en el artículo 116 referido a la elección de los gobiernos locales. Sólo podrá ser Jefe del Gobierno de esta entidad los ciudadanos mexicanos por nacimiento y nativos de ella, o con residencia efectiva no menor de cinco años inmediatamente anteriores a la elección. El jefe del Gobierno no podrá durar en su encargo más de seis años. En ningún caso se permitirá la reelección del jefe de Gobierno del Distrito Federal, ni aún de los interinos, provisionales o sustitutos.
2a. Establecerá, junto con la Asamblea de Representantes, la ley orgánica de la entidad estableciendo los medios para la descentralización y desconcentración de la administración para mejorar la calidad de vida de los habitantes del Distrito Federal, incrementando el nivel de bienestar social, ordenando la convivencia
comunitaria y el espacio urbano y propiciando el desarrollo económico, social y cultural de la entidad.
3a. Como un órgano de representación ciudadana, con facultades legislativas en el Distrito Federal, se establece una Asamblea integrada por 40 representantes electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y por 26 representantes electos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una circunscripción plurinominal. La demarcación de los distritos se establecerá como determine la ley.
4a. En el caso de falta absoluta del jefe del Gobierno del Distrito Federal ocurrida en los dos primeros años del período respectivo, si la Asamblea de Representantes estuviere en sesiones, se constituirá en Colegio Electoral, y concurriendo cuando menos las dos terceras partes de sus miembros, nombrará en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos, un Jefe de Gobierno Interino; la misma Asamblea de Representantes, en acuerdo con el Congreso de la Unión, convocará en los días siguientes a la elección del jefe para concluir el periodo; debido mediar entre la fecha de la convocatoria y la que señale para la realización de las elecciones, un plazo no menor de un año ni mayor de 14.
En caso de que el Pleno de la Asamblea de Representantes no estuviere en sesiones su órgano permanente nombrará un jefe de Gobierno Provisional y convocará elecciones extraordinarias a la Asamblea para que ésta, a su vez, designe al jefe interino y expida la convocatoria conforme a los términos del párrafo anterior.
Cuando la falta del Jefe del Gobierno del Distrito Federal ocurriese en los últimos cuatro años del período respectivo, si la Asamblea de Representantes se encontrase en sesiones, designará al Jefe sustituto que deberá concluir el período si la Asamblea no estuviere reunida, el órgano Permanente de la Asamblea nombrará un jefe de Gobierno provisional y convocará, en acuerdo con el Congreso de la Unión, a sesiones extraordinarias para que se erija en Colegio Electoral haga la elección del Jefe de Gobierno sustituto.
5a. La base de la división político - territorial será la delegación. Sus órganos de Gobierno son: los jefes de Gobierno delegacionales y los consejos ciudadanos delegacionales. Los primeros realizarán funciones ejecutivas, los segundos tendrán facultades en la aprobación de los asuntos que determine la ley. Estos poderes delegacionales serán electos, por un encargo de tres años, en elección directa, universal y secreta. En la elección de los consejos ciudadanos se aplicará el principio único de la representación proporcional. Estos representantes no podrán ser reelectos para el período inmediato.
Los Representantes a la Asamblea del Distrito Federal serán electos cada tres años y por cada propietario se elegirá un suplente; las vacantes de los representantes serán cubiertas en los términos de la fracción IV del artículo 77 de esta Constitución.
La elección de los veintiséis representantes según el principio de representación proporcional y el sistema de listas en una solo circunscripción plurinominal, se sujetará a las siguientes bases y a lo particular disponga la ley:
a) Un partido político, para obtener el registro de su lista de candidatos a representantes a la Asamblea del Distrito Federal, deberá acreditar que participa con candidatos por mayoría relativa en todos los distritos uninominales del Distrito Federal;
b)Todo partido político que alcance por lo menos el 15% del total de la votación emitida por la lista de circunscripción plurinominal, tendrá derecho a que le sean atribuidos representantes según el principio de representación proporcional;
c) Al partido político que cumpla con lo dispuesto por los dos incisos anteriores, le serán asignados representantes por el principio de representación proporcional. La asignación de éstos, además, permitirá que el número de representantes, por ambos principios, corresponda al porcentaje de votos obtenidos en la entidad. La ley establecerá la fórmula para la asignación tomando en cuenta las reglas establecidas en el artículo 54 para la Cámara de Diputados. Además, en la asignación se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en la lista correspondiente.
En todo caso, para el otorgamiento de las constancias de asignación se observará que ningún partido político cuente con más de 43 representantes electos mediante ambos principios.
Para la organización, contencioso y calificación electorales de la elección de los representantes a la Asamblea del Distrito Federal se estará a lo dispuesto por el artículo 41 de esta Constitución.
Los Representantes a la Asamblea del Distrito Federal deberán reunir los mismos requisitos que
el artículo 55 establece para los diputados federales y les será aplicable lo dispuesto por los artículos 59, 61, 62 y 64 de esta Constitución.
Son facultades de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal las siguientes:
A) Legislar en los ámbitos determinados por el Congreso de la Unión.
B) Dictar bandos, ordenanzas y reglamentos de policía y buen Gobierno que, sin contravenir lo dispuesto por las leyes y decretos expedidos por el Congreso de la Unión para el Distrito Federal, tengan por objeto atender las necesidades que se manifiesten entre los habitantes del propio Distrito Federal, en materia de : educación, salud y asistencia social; abasto y distribución de alimentos, mercados y rastros; establecimientos mercantiles; comercio en la vía pública; recreación, espectáculos públicos y deporte; seguridad pública; protección civil; servicios auxiliares a la administración de Justicia; prevención y readaptación social; uso del suelo; regularización de la tenencia de la tierra, establecimiento de reservas territoriales y vivienda; preservación del medio ambiente y protección ecológica, explotación de minas de arena y materiales pétreos; construcciones y edificaciones; agua y drenaje; recolección, disposición y tratamiento de basura; tratamiento de aguas; racionalización y seguridad en el uso de energéticos; vialidad y tránsito; transporte urbano y estacionamientos; alumbrado público; parques y jardines; agencias funerarias, cementerios y servicios conexos; fomento económico y protección al empleo; desarrollo agropecuario; turismo y servicios de alojamiento; trabajo no asalariado y previsión social; y acción cultural.
C) Proponer al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y al Presidente de la República la atención de problemas prioritarios, a efecto de que tomando en cuenta la previsión de ingresos y el gasto público, los considere en el proyecto presupuesto de egresos del Distrito Federal.
D) Examinar, discutir y, en su caso, aprobar la ley de ingresos y el decreto de presupuesto de egresos, así como la Cuenta Pública del Distrito Federal y recibir los informes trimestrales que deberá presentar el Gobierno del Distrito Federal, sobre la ejecución y cumplimiento de los presupuestos y programas aprobados, y elaborar un informe anual para analizar la congruencia entre el gasto autorizado, y el realizado, por partidas y programas;
E) Citar a los servidores públicos que se determinen en la ley correspondiente, para que informen a la Asamblea sobre el desarrollo de los servicios y la ejecución de las obras encomendadas al Gobierno del Distrito Federal;
F) Convocar a consulta pública sobre cualquiera de los temas mencionados en la presente base, y determinar el contenido de la convocatoria respectiva;
G) Formular las peticiones que acuerde el pleno de la Asamblea, a las autoridades administrativas competentes, para la solución de los problemas que planteen sus miembros, como resultado de su acción de gestoría ciudadana;
H) Analizar los informes semestrales que deberán presentar los representantes que la integren, para que el pleno de la Asamblea tome las medidas que correspondan dentro del ámbito de sus facultades de consulta, promoción, gestoría y supervisión;
I) Aprobar los nombramientos de magistrados del Tribunal Superior de Justicia, que haga el Jefe de Gobierno del Distrito Federal;
J) Expedir, sin intervención de ningún otro órgano, el Reglamento para su Gobierno Interior; y
k) Modificar, leyes o decretos en materias relativas al Distrito Federal, siempre y cuando no afecten las disposiciones de estatuto de Gobierno especial determinadas por el Congreso de la Unión.
Las iniciativas legislativas y de decreto de la Asamblea de Representantes se examinarán y dictaminarán de acuerdo a lo establecido por su Reglamento y sin contravenir a lo dispuesto en la Constitución.
Las leyes, decretos, bandos, ordenanzas y reglamentos que expida la Asamblea del Distrito Federal en ejercicio de la facultad a que se refiere el inciso a) de la presente base, se remitirán al órgano que señale la ley para su publicación inmediata.
La Asamblea de Representantes se reunirá a partir del 15 de noviembre de cada año, para celebrar un primer período de sesiones ordinarias, que podrá prolongarse hasta el 15 de enero del año siguiente, y a partir del 16 de abril de cada año, para celebrar un segundo período de sesiones ordinarias, que podrá prolongarse hasta el 15 de julio del mismo año. Durante sus recesos, la Asamblea celebrará sesiones extraordinarias para atender los asuntos urgentes para
los cuales sea convocada, a petición de la mayoría de sus integrantes o del jefe de Gobierno del Distrito Federal.
A la apertura del segundo período de sesiones ordinarias de la Asamblea, asistirá el jefe de Gobierno del Distrito Federal, quien presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado que guarde la administración del Distrito Federal.
Los Representantes a la Asamblea son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y el presidente de la Asamblea deberá velar por el respeto al fuero constitucional de sus miembros y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar. En materia de responsabilidades, se aplicará lo dispuesto por el Título Cuarto de esta Constitución y su ley reglamentaria.
4a. La facultad de iniciativa para el ejercicio de las facultades de la Asamblea a que se refiere el inciso a) de la base 3a., corresponde a los miembros de la propia Asamblea y a los representantes de los vecinos organizados en los términos que señale la ley correspondiente.
Para la mayor participación ciudadana en el Gobierno del Distrito Federal, además, se establece el derecho de iniciativa popular respecto de las materias que son competencia de la Asamblea, la cual tendrá la obligación de turnar a comisiones y dictaminar, dentro del respectivo período de sesiones o en el inmediato siguiente, toda iniciativa que le sea formalmente presentada por un mínimo de 10 mil ciudadanos debidamente identificados, en los términos que señale el Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea.
La ley establecerá los medios y mecanismos de participación ciudadana que permitan la oportuna gestión y continua supervisión comunitarias de la acción del Gobierno del Distrito Federal, dirigida a satisfacer sus derechos e intereses legítimos y a mejorar la utilización y aplicación de los recursos disponibles.
5a. La función judicial se ejercerá por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el cual se integrará por el número de magistrados que señale la ley orgánica correspondiente, así como por los jueces de primera instancia y demás órganos que la propia ley determine.
La independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar garantizada por la ley orgánica respectiva, la cual establecerá las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los tribunales de justicia del Distrito Federal.
Los magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia deberán reunir los requisitos señalados por el artículo 95 de esta Constitución.
Los nombramientos de los magistrados y jueces serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica.
Los nombramientos de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia serán hechos por el jefe de Gobierno del Distrito Federal, en los términos previstos por la ley orgánica, misma que determinará el procedimiento para su designación y las responsabilidades en que incurren quienes tomen posesión del cargo o llegaren a ejercerlo, sin contar con la aprobación correspondiente; la propia ley orgánica determinará la manera de suplir las faltas temporales de los magistrados. Estos nombramientos serán sometidos a la aprobación de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Para su aprobación se requiere una mayoría calificada de dos terceras partes de los integrantes de la Asamblea. Cada magistrado del Tribunal Superior de Justicia, al entrar a ejercer su encargo, rendirá protesta de guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, ante el Pleno de la Asamblea del Distrito Federal.
Los magistrados durarán seis años en el ejercicio de su encargo, podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.
Los jueces de primera instancia serán nombrados por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Los magistrados y los jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo, y estarán sujetos a lo dispuesto por el artículo 101 de esta Constitución.
6a. El Ministerio Público en el Distrito Federal estará a cargo de un Procurador General de Justicia, que dependerá directamente del jefe de Gobierno del Distrito Federal, quien lo nombrará y removerá libremente;
VII a la XXX................................................................................................................
XXXI. Autorizar el nombramiento de los Secretarios de Despacho.
CAPITULO III.
Del Poder Ejecutivo
Artículo 82. Se modifican las fracciones III y V.
Para ser presidente se requiere:
I y II....................................................................................................................................
III. Haber residido en el país durante los seis años anteriores al día de la elección, así como haber sido candidato a un puesto de elección popular;
IV.....................................................................................................................................
V. No estar en servicio activo, en caso de pertenecer al Ejército, un año antes del día de la elección;
VI y VII................................................................................................................................
Artículo 84. Modificación al primer párrafo.
En caso de falta absoluta del Presidente de la República ocurrida en el primer año del período respectivo, si el Congreso estuviese en sesiones, se constituirá inmediatamente en Colegio Electoral; y concurriendo cuando menos las dos terceras partes del número total de sus miembros, nombrará en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos, un presidente interino; el mismo Congreso expedirá, dentro de los seis meses siguientes al de la designación del presidente interino, la convocatoria para la elección del presidente que deba concluir el período respectivo; debiendo mediar entre la fecha de la convocatoria y la que se señale para la verificación de las elecciones, un plazo no menor de 14 meses, ni mayor de 18.
..........................................................................................................................................
Artículo 89. Modificar fracción II.
Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes:
I........................................................................................................................................
II. Nombrar y remover libremente al Procurador General de la República, remover los agentes diplomáticos y empleados superiores de Hacienda y nombrar y remover libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo nombra - miento y remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes; proponer al Congreso de la Unión el nombramiento de los secretarios de despacho.
I a la XVI.........................................................................................................................
XVII. Derogar.
XVIII a la XX.....................................................................................................................
TITULO CUARTO
De las responsabilidades de los servidores públicos
Artículo 108. Modificación al párrafo segundo.
Para los efectos......................................................................................................................
El Presidente de la República durante el tiempo de su encargo podrá ser acusado bajo los siguientes supuestos: traición a la Patria; por violación flagrante de las garantías individuales y de la autonomía de los otros poderes de la Unión; usurpación de funciones y delitos graves del orden común.
Artículo 110. Se modifican párrafos primero, cuarto y quinto.
Podrán ser sujetos de juicio político el Presidente de la República, los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los secretarios de despacho, los jefes de Departamento Administrativo, el Procurador General de la República, los magistrados de Circuito, y jueces de Distrito, los directores generales o sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.
..........................................................................................................................................
Para la aplicación de las sanciones que se refiere este precepto, la Cámara de Diputados procederá a la realización del juicio previa declaración de las dos terceras partes de los miembros presentes en sesión, después de haber substanciado el procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado.
Realizado el juicio, la Cámara de Diputados, erigida en jurado de sentencia aplicará la sanción correspondiente mediante resolución de las dos terceras partes de los miembros presentes en
sesión, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del acusado.
Artículo 111. Modifica el primer párrafo.
Para proceder penalmente contra el Presidente de la República, los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los secretarios de despacho, los jefes de Departamento Administrativo, el Procurador General de la República, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.
Artículo 114. Se adiciona nuevo párrafo.
El procedimiento de juicio político.
El juicio político a quienes han desempeñado las funciones de Presidente de la República y secretarios de despacho podrá efectuarse hasta ocho años posteriores al ejercicio de su cargo. La conclusión de procedimiento de juicio político se resolverá en Reunión Especial de Congreso.
TITULO OCTAVO
De las reformas de la Constitución
Artículo 135. Adición de un segundo párrafo.
La presente Constitución puede ser adicionada o reformada.
A solicitud expresa de una tercera parte de los integrantes de las cámaras se podrá recurrir al referendum para reformar esta Constitución. La aceptación de las reformas deberá estar validada por la mayoría de los votantes. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos emitidos por la ciudadanía y la declaración de haber sido aprobadas o rechazadas las reformas.
Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. - Diputados: José Octaviano Alaniz Alaniz, Luisa Alvarez Cervantes, Rodolfo Barbosa Rodríguez, Félix Bautista Matías, José de Jesús Berrospe Díaz, Odilón Cantú Domínguez, Alberto Marcos Carrillo Armenta, Tomás Correa Ayala, Eberto Croda Rodríguez, Israel González Arreguín, Demetrio Hernández Pérez, Juan Manuel Huezo Pelayo, Teódulo Martínez Vergara, Jorge Oceguera Galván, Abundio Ramírez Vázquez, José Ramos González, Demetrio Santiago Torres y Manuel Terrazas Guerreo.»
La Presidenta:
Gracias señor diputado Berrospe.
Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y envíese copia de la iniciativa a la Comisión Plural para la Consolidación de la Democracia Electoral.
EFEMÉRIDES
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra el diputado Martín Taviera Urióstegui, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, para referirse al CCXL aniversario del natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla.
El diputado Martín Tavira Urióstegui:
Distinguida Presidenta de la Cámara; distinguidos diputados: este 8 de mayo la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y todo el pueblo de México celebraron con júbilo el CCXL aniversario del nacimiento del "Padre de la Patria", Miguel Hidalgo y Costilla.
Es de alta significación recordar esta fecha anta la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, porque Hidalgo fue el que puso los cimientos del México independiente, nuevo, revolucionario y el que proyectó hacia el porvenir al pueblo mexicano.
Y hablo especialmente de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo porque esa casa de estudios tiene en el Padre de la Patria a su alumno más destacado, a su maestro más extraordinario y a su rector perenne. Hidalgo se formó espiritualmente en el Colegio de San Nicolás, institución de origen renacentista, fundada por el humanista Vasco de Quiroga en el siglo XVI, el cuál ha sido y es el corazón, el alma mater de la Universidad Michoacana.
En esta fecha de gloria para México y para la humanidad, por haber visto la luz primera uno de los gigantes de la historia, yo vengo a proclamar el nicolaismo, es decir, la filosofía del progreso social, la filosofía del cambio en favor
de las mayorías, la filosofía de la emancipación nacional, la filosofía de la autodeterminación económica, política y cultural de nuestro pueblo.
Ser Nicolaíta, ciudadanos diputados, es abrevar en las mejores esencias del pensamiento universal, en lo más limpio y profundo del ideario de nuestros grandes conductores e identificarse con los ideales del pueblo mexicano en sus tres revoluciones históricas: la Insurgencia, la Reforma y la Revolución Mexicana.
Ser Nicolaíta, es profesar principios firmes y hacerlo valer en la lucha, al lado siempre de las masas populares. Ser Nicolaíta es preservar y enriquecer el legado de Hidalgo.
Hidalgo, fue un hombre de excepción, como excepcional fue la época que le tocó vivir y como excepcional el movimiento que alentó y dirigió. Presenció el desplome del mundo carcomido por los privilegios, por la opresión a los siervos, por el aplastamiento a los derechos del hombre, por las formas tiránicas del poder, por la esclavitud del pensamiento.
Vio surgir el mundo de la libre competencia y los ideales de una época más avanzada, que exaltaba las libertades en todos los ámbitos de la actividad humana; que rendía culto a la razón en la búsqueda del saber; que proclamaba la soberanía del pueblo, la división del poder y la República, como forma superior de Gobierno. Es decir, Miguel Hidalgo y Costilla, tuvo ante sus ojos el resplandor del nuevo humanismo, el de la ilustración. El fue el beneficiario de la penetración a nuestro país de la filosofía y de la ciencia moderna. Por eso fue un ilustrado; un enciclopedista; un rebelde contra el dogmatismo; que leía libros prohibidos; que tenía biblioteca de sabio; que traducía las tragedias de Racine y las comedias de Moliere, para difundirlas en aquel medio lleno de molicie y de temor; que forjó una conciencia nueva en el pueblo ajena al conformismo.
El deán de la Catedral de Valladolid hoy Morelia, el ilustrado José Pérez Calama, al felicitarlo por su triunfo en aquel certamen sobre el verdadero método para estudiar la teología escolástica, previó que Hidalgo sería luz puesta en candelero o cuidad colocada sobre un monte. Y así fue Hidalgo en efecto, cumbre de la ilustración mexicana, porque llevó a la práctica sus ideas renovadoras en favor del pueblo y de la nación.
Hidalgo, no se encerró con sus ideas en su gabinete de estudio; estuvo presto a encabezar las rebeldías del pueblo. Cuando se dio cuenta de que las amplias masas populares que lo seguían reclamaban transformaciones profundas en el campo económico y social, el Padre de la Patria entendió que las ideas abstractas no podían ser las armas para llevar al pueblo hacia adelante; tenía que encontrar el camino para que las ideas universales se fundieran con la realidad, con la dramática realidad del pueblo oprimido por un colonialismo que saqueaba nuestros recursos; que concentraba la tierra en unas cuantas manos y mantenía en la servidumbre y en la esclavitud a los indios y a las castas. Pero fue él, Miguel Hidalgo y Costilla, con su gran sensibilidad política y humanística, quien comprendió todo el alcance de la lucha que no se quedaría en puras formas políticas de Gobierno, sino que iría al centro del problema nacional: la expulsión del colonialismo y la destrucción de las estructuras que el mismo habrá implantado en el suelo patrio.
La presión de las masas convirtió al movimiento de independencia en una verdadera revolución popular. El pueblo indicó el camino que quería seguir e Hidalgo se convirtió en su guía, en su cerebro, en su voz, en su brazo. Hidalgo mostró el horizonte y trazó con precisión los objetivos que era necesario alcanzar.
Para quienes la lucha de Hidalgo fue sólo anarquía y desolación, hay que mostrarle los documentos que divulgó durante los escasos 10 meses en que fue el comandante supremo de los ejércitos insurgentes y el líder indiscutible de la gesta revolucionaria. Sus proclamas y decretos contienen demandas que le dieron a nuestro país el camino para marchar hacia adelante. Los primeros planteamientos de carácter agrario los dio Hidalgo: devolución de las tierras a las comunidades indígenas. No redujo sus existencias a la abolición de la esclavitud, sino que combatió todas las formas de discriminación racial con la abolición del tributo y otras exacciones.
Su famoso Manifiesto de Valladolid, en el que daba puntual respuesta a la inquisición y al alto clero, que los calumniaron de hereje, contiene el programa de la Revolución de Independencia, que hoy mismo, podíamos suscribir todas las fuerzas democráticas y patrióticas, Congreso representativo del pueblo que dicte leyes para beneficio del ejido; un régimen que liquide todas formas tiránicas del poder, un Gobierno que evite la devastación de nuestros recursos naturales y que los explote de manera racional, un Gobierno que impida el saqueo de nuestro dinero y de las riquezas del país, un sistema que impulse el desarrollo de la industria, que fomente las artes, que destierre la pobreza y que ponga la riqueza del suelo para uso y disfrute exclusivo de los mexicanos.
En suma, dependencia económica y política de la nación, elevación de las condiciones materiales y culturales del pueblo y régimen democrático, esto es, los tres grandes apartados del programa permanente de todo el proceso revolucionario de México.
Causa admiración, señoras y señores diputados, que Miguel Hidalgo y Costilla se adelantara 150 años a la resolución 1 mil 514 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el sentido de que: " La falta de preparación en el orden político, económico, social o educativo, no deberá servir nunca de pretexto para retrasar la independencia".
Con gran talento, el padre de la patria en un manifiesto lleno de elocuencia, habla de que todos los pueblos reclaman su derecho a gobernarse por sí mismo, aún los más atrasados.
Me lleno de admiración y de asombro, dice, al considerar que sólo a los americanos se niega esta prerrogativa. Con irrebatible lógica dice a los españoles:
"¿No sois vosotros los que hacéis alarde de haber derramado la sangre por no admitir la dominación francesa? ¿Pues por qué culpáis en nosotros lo que alabáis en nuestros paisanos? ¿Os ha concedido Dios algún derecho sobre nosotros? El mismo que los franceses tienen sobre vosotros, es el que habéis tenido sobre nosotros, esto es, el de la fuerza".
Este 8 de mayo, se cumplieron 50 años de que la ilustre Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo le otorgó el título de doctor honoris causa a Vicente Lombardo Toledano. Al recibir este galardón, en el recinto del Colegio de San Nicolás, durante la ceremonia de homenaje al más grande nicolaíta, el líder obrero expresó:
"Miguel Hidalgo y Costilla es el primer intelectual pleno de México y de América. En él se dan estas dos condiciones excepcionales: Teoría, doctrina lúcita, bien adquirida, bien definida , bien promulgada, bien expresada y realización del pensamiento, la vida entera entregada a una causa suprema que siempre es causa impersonal e histórica. El es el primer intelectual de la patria, porque es el primer revolucionario de verdad en México, es el primer intelectual de verdad en nuestro país".
Esa es la gloria, ese es el galardón de la universidad de San Nicolás de Hidalgo, haber tenido al rector más ilustre de América, haber tenido al intelectual más preclaro de México. Nace la patria mexicana bajo la inspiración de un intelectual preclaro, de un hombre superior, de un mexicano que había sentido en su corazón las miserias del pueblo, de un cristiano que quería acabar con la injusticia y el odio entre los hombres.
El propio Lombardo Toledano, al cumplirse el bicentenario del natalicio del "Padre de la Patria" en 1953, al hablar una vez más sobre la vida y la obra de tan preclaro mexicano, remato su disertación con estas palabras:
"Así fue Hidalgo, así sigue siendo Hidalgo, así seguirá Hidalgo, por los siglos de los siglos".
Muchas gracias.
JUBILADOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
La Presidenta:
Gracias, diputado Tavira.
Para formular comentarios sobre el asunto de los jubilados, se han inscrito los ciudadanos diputados:
Raúl Alvarez Garín, por el Partido de la Revolución Democrática y Miguel Angel Sáenz Garza, por el Partido Revolucionario Institucional.
Tiene la palabra el diputado Alvarez Garín.
El diputado Luis Raúl Alvarez Garín:
Compañeros diputados:
El próximo jueves, 13 de mayo, se darán cita en el Zócalo de la ciudad de México miles de jubilados y pensionados provenientes de todo el país. Vienen en busca de una respuesta positiva a sus demandas; respuesta que está en manos de esta Cámara de Diputados: reclaman pensiones suficientes para vivir con dignidad y el convencimiento de que con sus acciones defienden los principios y las instituciones de seguridad social para preservarlas como instituciones públicas al servicio de pueblo, les infunden ánimos renovados.
Esta manifestación nacional será la tercera que se realice en tiempos de esta LV Legislatura y sus demandas son exactamente las mismas que se han venido levantando desde hace 11 años
en que se organizó el Movimiento Nacional Unificador de Pensionados y Jubilados.
En esencia se reclama que todas las pensiones sean dignas y suficientes. Que las asignaciones familiares y las ayudas asistenciales se paguen por aparte, como estaba considerado originalmente en la Ley. Que se busquen formas de financiamiento estable y permanente para asegurar fondos suficientes para el Instituto Mexicano del Seguro Social, de manera que se den soluciones durables. Que se extiendan y mejoren los servicios del instituto a mayores sectores de la población.
Un breve balance de la lucha de los jubilados en estos últimos años tendría que considerar, en primer lugar, todos los avances logrados en el mejoramiento de las pensiones, que de por sí siempre fueron por demás escasas y que además se habían quedado notablemente rezagadas, al grado de volverse casi simbólicas.
Además del mejoramiento constante de las pensiones, quizá lo más importante haya sido que gracias a estas luchas, ha crecido la conciencia del pueblo de México, respecto al significado de las instituciones de seguridad social y la necesidad de conservarlas y fortalecerlas como instituciones públicas, oponiéndose firmemente a cualquier intento de privatizarlas para convertirlas en empresas lucrativas.
Más todavía. Ha sido gracias a la lucha tenaz de los jubilados que han estado reclamando que se les haga justicia, que se puede plantear y eso está socialmente legitimado, que los servicios de seguridad social sean universales, que se extiendan como derechos establecidos para todos los mexicanos.
En esta lucha y con estos planteamientos, hemos coincidido todos los partidos políticos en diversas ocasiones. Hemos establecido varias veces compromisos específicos para encontrar soluciones apremiantes en plazos preestablecidos. Algunos compromisos se cumplieron aunque con delimitaciones, pero otros por desgracia no han sido atendidos.
En esta ocasión nos encontramos ante una situación de incumplimiento de las autoridades del Seguro Social, que se comprometieron en junio del año pasado a entregar a esta legislatura, en diciembre pasado, toda la información económica, contable, financiera, demográfica y actuarial, necesaria para estudiar una solución a fondo de los problemas de financiamiento de la institución.
En diciembre del año pasado, cumplió el plazo, nos entrevistamos con el licenciado Gamboa Patrón, entonces director del Instituto Mexicano del Seguro Social y nos manifestó que todavía no terminaban los estudios, pero que seguramente para los primeros meses de este año los tendrían terminados.
Con la esperanza de que estuvieran trabajando con vistas a la conmemoración del L aniversario de la fundación del Instituto, el 19 de enero pasado, esperamos que en esa ocasión se hicieran anuncios importantes. Sin embargo, esto no sucedió.
La Cámara de Diputados, por su parte, tampoco atendió, ni siquiera con un mínimo de cortesía, un plantón de jubilados que se instaló en el Zócalo, en diciembre pasado, en espera de los ofrecimientos prometidos seis meses atrás.
Debemos recordar que los aumentos a las pensiones autorizadas en junio del año pasado, se hicieron a costa de las reservas financieras del Instituto, con lo cual se comprometió otro acuerdo de esta Cámara de hace cuatro años, según el cual, en ese mismo plazo debía estar constituida plenamente una reserva de 800 mil millones de viejos pesos y que al actualizarse la disposición de parte de ellos, quedaban comprometidos.
Por esta razón, parecía evidente que en verdad las autoridades del Seguro Social, estaban obligadas a revisar a fondo sus mecanismos de financiamiento.
En esta ocasión, ante esta tercera oleada de movilizaciones, de nueva cuenta han sido informadas detalladamente las nuevas autoridades del instituto y los responsables políticos de esta Cámara de Diputados de la situación que guarda el conflicto y de las medidas que pueden y deben tomarse para agilizar su solución.
En estos momentos nos encontramos a 48 horas de que se cumpla el plazo comprometido con los pensionados y todavía no recibimos ni siquiera una información preliminar de las propuestas y soluciones que se están trabajando. Eso esperamos en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
En cualquier caso las soluciones a las demandas de los jubilados deben pasar por modificaciones a la Ley y lo escaso del plazo que aún nos queda; nos obliga a pensar que a menos que se hagan promesas y compromisos muy explícitos para los próximos días, nos podríamos encontrar ante una
situación de incumplimiento de nuestra parte, es decir, de esta Cámara, con sus comisiones unidas de Trabajo, Previsión Social, Derechos Humanos y Gestoría, que en una reunión celebrada con la dirección del Movimiento de Jubilados el 20 de abril pasado, aceptamos ofrecer soluciones este próximo 13 de mayo.
En este contexto, a nombre de la fracción del Partido de la Revolución Democrática, hacemos una excitativa para que:
Primero. De inmediato se cite a las comisiones encargadas para que se conozca la situación en que se encuentra el proceso de solución de este problema y que se demanden de inmediato compromisos concretos de las autoridades del Seguro Social, respecto de información, reuniones de trabajo y propuestas posibles.
Segundo. Que las comisiones unidas de Trabajo, Previsión Social, Derechos Humanos y Gestoría, demanden a las autoridades del Instituto la información prometida desde diciembre del año pasado y se reprogramen plazos y reuniones para estudiar a fondo el problema de las finanzas del Instituto. En particular, que se demande información completa de los recursos captados en el Sistema de Ahorro para el Retiro y el manejo que se ha dado de ellos.
Está pendiente la resolución del manejo administrativo de las sociedades de inversión y las dificultades que se han presentado en los bancos para individualización de las cuentas.
Tercero. Que la Comisión Pluripartidista de diputados que ha estado siguiendo el problema, informe debidamente a los pensionados el 13 de mayo próximo, de la situación en que se encuentra el procesamiento de sus demandas. Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias diputado Alvarez Garín.
Con fundamento en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se convoca a las comisiones de Información, Gestoría y Quejas, Trabajo y Previsión Social y Derechos Humanos, a que se reúnan y acuerden sobre el tema.
Se concede el uso de la palabra al diputado José Antonio Gómez Urquiza, del Partido Acción Nacional.
El diputado José Antonio Gómez Urquiza de la Macorra:
Muchas gracias, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Nuevamente en esta tribuna nos referimos al tema de los pensionados y jubilados, principalmente los del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Este real y auténtico problema que aqueja a más de 1 millón 200 mil mexicanos que habiendo dedicado su vida laboral activa con la esperanza de que al llegar a la edad de jubilación pudieran contar con una pensión digna y decorosa, se encuentran con la cruda realidad de su raquítico cheque mensual y el "vía crucis" para cobrarlo.
Si hacemos una reflexión sobre el problema de los actuales jubilados, podemos concluir que aquellos que lo hubieran hecho en los últimos dos o tres años, se encuentran parcialmente cubiertos por la revaluación que ya la Ley del Seguro Social contempla. Si embrago, todos aquéllos que se hubiesen jubilado en la década pasada o antes, tan sólo han visto como su pensión, sin importar el monto original, se ha reducido a tal grado que ya todos ellos reciben la pensión mínima.
La demanda que el Movimiento de Pensionados y Jubilados ha hecho repetidamente a lo que el Instituto Mexicano del Seguro Social ha respondido tibiamente, es en el sentido de incrementar la pensión mínima.
Sugerimos se haga un estudio para considerar aumentos diferenciados, en donde se restituya más a quien más se ha golpeado y a los pensionados se les considere, en los incrementos a sus pensiones, alguna fórmula que tome en cuenta su antigüedad como pensionados.
Por otro lado, si estudiamos y prevemos lo que pudiera suceder en el futuro, podemos decir que aquellos que inician hoy su vida laboral tendrá como complemento a su pensión el fondo que sus patrones y en forma voluntaria ellos mismos podrán ir constituyendo a través del Sistema de Ahorro para el Retiro, el SAR, lo que incluso podría incrementarse en el futuro, estamos hablando de los que se jubilarán en el año 2 mil 30 en adelante.
Pero a todo esto hay un punto ciego que a nuestro grupo parlamentario ha preocupado y en forma
insistente hemos comentado en esta tribuna y en otros foros y son las finanzas del Instituto. Nos preocupa que aquellos fondos que debieran haberse convertido en reservas para garantizarle a los actuales pensionados no sólo su pensión, sino su justa y merecida revaluación, se hayan dedicado irresponsablemente a otros fines y el día de hoy cuando urgentemente se necesitan, ya se han esfumado. Ojalá conociéramos la situación real de sus finanzas, las del Instituto y, lo que es más importante, sus obligaciones tanto con los actuales pensionados como con aquellos que pronto lo serán y en términos generales con todos los trabajadores derechohabientes.
En repetidas ocasiones hemos solicitado tanto desde esta tribuna como a través de la Comisión de seguridad Social de esta Cámara así como en forma directa ante el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, nos sea proporcionado el balance actuarial, mismo que la misma Ley del Seguro Social obliga al director del Instituto a presentar al Consejo Técnico, por lo menos cada tres años. Hasta la fecha ha sido infructuoso nuestro peregrinar.
Hago un llamado desde esta soberanía al Presidente de la Comisión de Seguridad Social y al director del instituto, a que nos proporcione la información que repetidamente han negado, es imposible legislar en forma responsable en esta área técnica si no se cuenta con información. Ya ahora resulta sospechosa y preocupante la situación del instituto y su negativa a proporcionar información. Solicito a la Presidencia de esta Cámara a que envíe una excitativa a la Comisión de Seguridad Social para que insista ante la dirección del IMSS para que proporcione la información que reiteradamente hemos solicitado. Muchas gracias.
La Presidenta:
Muchas gracias diputado Gómez Urquiza.
Con fundamento en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se convoca a la Comisión de Seguridad Social a que solicite la información requerida por el diputado Gómez Urquiza.
Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, del PARM.
El diputado Carlos Cantú Rosas:
Señora Presidenta; señores diputados:
El tema que en estos momentos traemos a esta tribuna, ha sido motivo de múltiples intervenciones que a través de los años, solamente en esta Legislatura, representantes de diversos grupos parlamentarios por encima de intereses partidistas, vanidades o soberbias, conjugaron afanes, esfuerzos y sacrificios tratando de encontrar solución a un problema que sin duda lacera lo más profundo del sentimiento nacional, el problema de las carencias, de las necesidades, de las angustias, de las miserias que ejércitos de miseria con soldados de desocupación reflejan en los cuatro puntos cardinales del país en donde numerosos grupos de jubilados y pensionados pululan sus angustias, sus necesidades y sus carencias, tocan las puertas de todas las instituciones sociales y lamentablemente no encuentran ni tan siquiera como respuesta el diario sustento que les permita solucionar los ingentes problemas familiares que en compañía de sus dependientes y colaterales muchos de ellos viven a raíz de la desocupación que padecen.
Desde mediados de las décadas de los ochenta, México ha vivido un letárgico proceso de rescisión y descapacitación que ha producido un severo control de precios y un estático anquilosamiento de los salarios. Ello no sólo ha golpeado severamente la capacidad adquisitiva de los trabajadores y quienes están empleados actualmente, sino también a ejercido una severa lesión a la parte de la población más desprotegida que ya ha dejado su esfuerzo y energías por décadas, utilidad y sociedad, nos referimos naturalmente a los pensionados y jubilados.
Los jubilados en México, forman parte del ejército de desempleados que una vez fueron productivos e integrados a la planta de trabajo del país. Jubilados son aquél segmento de la población que supera los 60 años y que por edad avanzada, cesantía o retiro voluntario dejan de ser productivos y perciben, no como limosna o compensación, algo de lo que fueron trabajando y generando por mucho tiempo en acumulación de semanas de cotizaciones, aportaciones, cuotas y demás pagos para forjarse un patrimonio para el final de sus vidas.
En consecuencia, lo que reciben ya ha sido pagado en más de mil horas de trabajo; lo que perciben ya está desquitado.
Jubilados existen por parte del sector público, los que reciben su jubilación o pensión por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social; los pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, según los datos proporcionados por las
respectivas direcciones de dichas instituciones se dan los siguientes datos vigentes en 1992:
Los que tienen más de 500 semanas cotizadas, perciben 320 pesos mensuales; los que tienen más de 350 semanas cotizadas, perciben 260 pesos mensuales; los que tienen menos de 350 pero más de 250 semanas, perciben 150 pesos mensuales.
El total de jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado son 8 mil 527 jubilados en todo el país.
El criterio de los pensionados puede ser pensionados directos , trabajadores y jubilados e indirectos familiares de trabajadores en funciones y pensionistas y sus familiares.
También en este rubro el ISSSTE paga su prestación líquida en: total de pensionados que reciben su pago mensualmente por parte del Instituto, por edad avanzada, cesantía o retiro voluntario, en función de semanas cotizadas de trabajos prestados.
La cantidad mínima, que paga el Instituto a sus jubilados es de 265 pesos mensuales y la cantidad máxima de prestación líquida que paga es de 325 pesos mensuales.
Si se observan los conceptos que tanto la Ley del Seguro Social como la Ley del ISSSTE son los mismos, y las tablas actuariales donde calculan la base líquida de las prestaciones, está muy por debajo de los indicadores del salario y precios al consumidor vigente, según informes del Banco de México en su último informe trimestral de 1992.
Si el nivel de inflación, en este 1993 ha sido del 7.7% mensual aproximadamente y el aumento porcentual del salario fluctúa en el cierre fiscal anterior entre 6.5 y el 7% en comparación con el incremento porcentual de las cuotas de seguridad social durante 1992, apenas registró, un magro incremento del .64% para cada jubilado, con lo que en términos reales esto se traduce que los jubilados perciben una cantidad risible, por no decir miserable y ridícula para subsistir.
Quisiéramos preguntar a los integrantes de esta honorable Asamblea, si se ha puesto en los zapatos de las personas jubiladas que tienen que sobrevivir el mes completo con semejante cantidad de dinero. Con ello sentimos que se ha desvirtuado el principio general del derecho que establece la subsidiaridad resultante, ya no digamos vulnerado sino enormemente superado.
El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, como en ocasiones anteriores en esta tribuna, ha promovido reformas sustantivas a la legislación en materia de seguridad social, para elevar el monto de las prestaciones que compone este significativo sector de la población, que llega aproximadamente a unos 4 millones y medio de jubilados en todo el territorio nacional.
Desde 1987, en los trabajos de la LIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, por conducto de un servidor, presentó, preocupados por la precaria situación económica en que sobreviven miles de jubilados, pensionados y viudas de trabajadores, se adicionara con un último párrafo el artículo 4o. constitucional y se reformara el artículo 123 fracción XXIX, apartado "A", y la fracción XI del apartado "B" de nuestra Ley fundamental para quedar como sigue:
"Artículo 40. El Estado mexicano garantizará el bienestar de los ciudadanos durante la vejez, mediante un sistema de servicios sociales que atenderá sus problemas específicos de salud y vivienda, cultura, deporte y ocio".
"Artículo 123, fracción A), fracción XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social y ella comprender seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria de trabajo, enfermedades y accidentes, de servicio de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.
En el caso de vejez, no podrá ser menor que el salario mínimo vigente, el que deberá ser actualizado permanentemente, de conformidad con los aumentos salariales que se otorguen a los trabajadores en activo."
"Apartado "B", fracción XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas:
a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales y las no profesionales, la maternidad y muerte, la jubilación, la invalidez y la vejez y en este último caso, se cubrirá con prestaciones económicas que no podrán ser inferiores al salario mínimo vigente, el que deberá ser actualizado permanentemente de conformidad, con los aumentos salariales que otorguen a los trabajadores en activos."
Esta fue la propuesta de reforma presentada por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana el 1o. de octubre de 1987, que mereció en este propio recinto, el apoyo de todas las fracciones parlamentarias y el aplauso de centenares de jubilados presentes en aquella ocasión, como puede observarse en el Diario de los Debates de esta fecha, pero luego congelada por la insensibilidad de representantes gubernamentales.
Expresamos en aquella ocasión, que los jubilados y pensionados, los hombres y las mujeres que han arribado a la tercera edad, no son ajenos a los fenómenos de crisis e inflación y por lo mismo, con un raquítico tercio del salario mínimo vigente en aquella fecha y la sexta parte del mismo que era otorgado a las viudas se estaba condenando a cerca de 1 millón de trabajadores pensionados a morir de inanición, cuando tan sólo se arguye falta de presupuesto, sin tener siquiera la atención por el más elemental sentido de humanismo, de efectuar un estudio al respecto dejar de construir obras verdaderamente amenazasteis como Laguna Verde, o bien aplicar a este noble y justo objetivo los altos costos de las campañas publicitarias del partido oficial.
Previamente, ya el 10 de septiembre de 1887, habíamos sido conducto en esta tribuna para entregar a todas las fracciones parlamentarias y al Presidente de esta Gran Comisión de la Cámara de Diputados, un documento que relataba sus angustias y exponía sus razonadas y legítimas aspiraciones.
Ya en la LIV Legislatura, el 6 de diciembre de 1990, la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, volvió a abordar el tema en defensa de los jubilados y pensionados, encontrando también entonces la misma cerrazón gubernamental.
En esta Legislatura hemos intervenido nuevamente en diversas ocasiones: el 10 de diciembre de 1991, el 18 de febrero, el 23 de abril y el 9 de junio de 1992, insistiendo en que se les hiciera justicia a los mexicanos que habiendo aportado su esfuerzo vital en la producción y por ende en el desarrollo del país, merecían y merecen una pensión digna y decorosa.
Hoy, nuevamente se ha traído a discusión este tema y una vez más el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana se constituye en portavoz, uniéndose a la lucha de esos dignos mexicanos que han expuesto sistemáticamente sus necesidades y legítimos reclamos en forma casi desesperada, a las diversas instancias del sector público, relacionados con la materia y no han sido atendidos o siquiera escuchados. Su lucha por más de 15 años ha resultado hasta ahora estéril.
No olvidemos que por peculiaridades de la sociedad mexicana, los jubilados y pensionados siguen siendo jefes de familia y no sólo en el sentido de la autoridad moral sino en el sentido muy concreto de tener que solventar las necesidades de sus hijos, aun siendo ellos mayores de edad y hasta de sus propios nietos.
Esta es, en términos generales, estimados compañeros aquí presentes, la participación una vez más, en forma reiterada, continua e inclaudicable, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, trayendo a esta tribuna el problema vital de estos millones de mexicanos que integran un gigantesco ejército - miseria, con soldados de desocupación, que cansados y desesperados de tocar todas las puertas de los organismos públicos gubernamentales, han llegado una vez más ante esta tribuna de la Cámara de Diputados y ocurren directamente ante cada una de las fracciones parlamentarias, para que hagamos escuchar su voz en esta tribuna, con la pretención sensible, sencilla y determinantes, de que una vez más se escuche el clamor de aquellos que están a punto de morir por inanición, en razón de que las exiguas pensiones que actualmente perciben, no les permiten bajo ninguna circunstancia tan siquiera el mínimo de los sustentos en compañía de sus dependientes, Muchas gracias señores diputados.
La Presidenta:
Gracias diputado Cantú Rosas.
Se concede el uso de la palabra, para rectificar hechos, al diputado Francisco Hernández Juárez, del Partido Popular Socialista.
El diputado Francisco Hernández Juárez:
Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:
He pedido hacer uso de la palabra para expresar la opinión del Partido Popular Socialista con respecto al problema de los jubilados y pensionados.
Desde la LIII Legislatura del Congreso de la Unión, han desfilado muchos diputados en esta tribuna, haciendo suyo el problema de los jubilados, haciendo suyo el problema tan difícil
que atraviesan miles y miles de trabajadores ya jubilados y pensionados. Todos expresamos que tenían razón, que es justa su demanda, y que sí va ha haber modificaciones, reformas a la Constitución, a la Ley Federal del Trabajo y a la propia Ley del Seguro Social.
Cuando a estas alturas los jubilados marchan por las calles de México, se aglutinan frente a esta Cámara de Diputados, tratando de hacer escuchar su voz, nos preguntamos ¿qué es lo que ha fallado, qué es lo que no ha caminado? Por falta del conocimiento del problema, todos lo sabemos, desde el Presidente de la República hasta los gobernadores de los estados y con mucha más amplitud los legisladores. Algo está fallando.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social se ha reunido, la Comisión de Derechos Humanos, otras comisiones relacionadas con esta materia también se han reunido, pero no se ha ido al fondo del problema.
El Seguro Social responde a las demandas nuestras, a las demandas de los jubilados y pensionados, diciendo que no hay dinero. Bueno, pero todos sabemos que las empresas, los patrones, están hinchados de ganancias, mientras que los trabajadores aún en servicio, disfrutan de un raquítico salario, pero los jubilados están peor.
Si alguien quiere justicia en este país, son precisamente los trabajadores jubilados y pensionados, ellos han sido la parte esencial de lo que es nuestra patria, de las riquezas, de las carreteras, de la enseñanza, de todo lo que existe en este país, son partícipes, han colaborado para hacer grande a la patria mexicana.
Entonces no hay ninguna justificación que sus condiciones de vida sean miserables, sean de pobreza y que aún estén pidiendo.
Si nosotros, que nos llamamos representantes populares seguimos indiferentes, compañeros, yo creo que nos va ha remorder la conciencia después de terminar nuestro período y no haber levantado nuestra voz.
Por eso vengo a expresar nuestra preocupación y pido la reunión de estas comisiones, me adhiero a la primera proposición que se hizo sobre esta materia, en esta tribuna, para encontrar esa solución y así hacer sentir a las autoridades correspondientes del Seguro Social, de que deben hacer algo para tener más dineros y no queda otro camino más que fijar una mayor cuota a los patrones para incrementar el presupuesto, que sean dedicados a resolver los problemas de los jubilados y pensionados. Muchas gracias, compañeros.
La Presidenta:
Gracias diputado Hernández Juárez. Se concede el uso de la palabra al diputado Miguel Angel Sáenz Garza, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Miguel Angel Sáenz Garza:
Compañera Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Efectivamente el problema de los jubilados y pensionados ha sido un tema que se ha tratado en esta tribuna, en esta legislatura y en anteriores legislaturas.
Creo que tratando de establecer primeramente que nuestro partido, el Partido Revolucionario Institucional, al igual que los demás partidos aquí representados en esta Cámara tienen interés en que se resuelva este problema, deberíamos empezar por señalar que efectivamente hemos intentado, junto con las demás fracciones parlamentarias, encontrar una solución que de alguna manera resuelva en forma definitiva este problema.
Yo creo que esté es un problema fundamentalmente de sensibilidad porque para nadie, para nadie puede escapar el hecho de que efectivamente nos preocupan este grupo tan importante de mexicanos que tienen pensiones que son efectivamente reducidas. Pero hablar de que no han tenido una respuesta, creo que también sería exagerar, porque efectivamente, en el transcurso de las últimas tres o cuatro legislaturas, ha habido modificaciones de Ley que han llevado la cuantía mínima de las pensiones de un 50% del salario mínimo a lo que actualmente reciben, que es el 90% del salario mínimo.
Igualmente, se ha incrementado el aguinaldo que reciben lo jubilados, que anteriormente era igual que lo que señala la Ley Federal del Trabajo para los trabajadores del salario mínimo, de 15 días de sueldo; era 15 días de pensión, se ha incrementado en los jubilados a un mes de la pensión.
Esto, de alguna manera, sin ser la solución del problema, sin representar de ninguna manera
la solución del problema económico de los jubilados y pensionados, sí representan el deseo de atender estas justas peticiones de este grupo tan importante de mexicanos.
Es indiscutible que todos nosotros queremos pensiones dignas y pensiones suficientes para los jubilados y los pensionados. Pero hay que recordar que la Ley del Seguro Social que se promulgó hace 50 años, un poco más de 50 años, establecía desde un principio un mecanismo a través del cual se iban a otorgar las pensiones, relacionadas fundamentalmente con las aportaciones de trabajadores, patrones y Estado, y con la antigüedad en el trabajo.
Esto es lo que de alguna manera ha venido cambiando la circunstancia particular de los jubilados y pensionados, porque efectivamente en el transcurso del tiempo se ha visto que las pensiones que en aquel entonces, cuando se inicia la Ley del Seguro Social, que no había más que escasos jubilados y pensionados, resolvían aparentemente el problema, ante dificultades de carácter económico y ante dificultades de estancamiento de las pensiones, fueron quedándose atrás, de tal manera que efectivamente hace 10 ó 15 años dieron lugar a que se iniciara una serie de modificaciones a la Ley del Seguro Social, para poder incrementar las pensiones y de esta manera llevar , a esta fecha, a aproximadamente un 90% ó 92% del total de los pensionados y jubilados, a las pensiones mínimas.
Esto como consecuencia de que, de acuerdo con lo que señalaba la Ley y de acuerdo con la antigüedad y la antigüedad de las cotizaciones, no se tenía derecho a un porcentaje alto de la pensión, pero que se ha ido incrementado conforme van haciéndose estas modificaciones a la Ley, para llevarlas a lo que en este momento, como señalaba hace un rato, tiene el 90% del salario mínimo vigente en el Distrito Federal.
Y señalo lo de vigente en el Distrito Federal, porque de alguna manera esto implica que aquellos jubilados y pensionados que viven en la Zona "C", de las tres en la que está señalada la diferenciación del salario mínimo y que representan el 42% del total de los jubilados, ellos reciben el 120% del salario mínimo vigente en su zona económica, porque es inferior al del Distrito Federal.
Además de esto, también podemos señalar que las pensiones de viudez, como ya se señalo aquí, estaban en el 50% del total de la que correspondería al trabajador en activo o al jubilado y pensionado y de alguna manera en este momento se han llevado al 90% de esta pensión.
Todo esto lo señalamos, fundamentalmente, como una demostración de que hay preocupación, aunque no se ha tocado el problema de fondo de esta situación. Porque aquí el problema no se encontrar en este momento los fondos para ahorita incrementar al 100% la pensión o llevarla más allá del 100%; el problema tiene que tener una solución definitiva, que tiene que partir necesariamente de encontrar un nuevo esquema de financiamiento del Instituto Mexicano del Seguro Social, que permita, incrementando las cuotas de los patrones, incrementado la cuota del Estado, poder satisfacer, en primer término, las necesidades de la población activa, las necesidades de la población trabajadora, que tiene que recibir las prestaciones que señala la Ley del Seguro Social y, al mismo tiempo, también resolver el problema de los jubilados y pensionados.
Porque aquí, y hay que señalarlo, no se trata única y exclusivamente de resolver el problema de los jubilados, porque en este momento van a estar aquí pasado mañana, no se trata de resolver el problema de los jubilados, que es un problema ingente y del cual todos estamos conscientes y queremos resolverlo. Es también el problema de revitalizar las finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social; es el problema de poder señalar que en el Instituto Mexicano del Seguro Social los trabajadores en activo, sus familiares, los jubilados y los familiares de los jubilados puedan recibir una atención de calidad y con calidez. Este es el problema real, el problema de fondo.
Y si hemos de buscarle una solución tendremos que encontrarla necesariamente por la vía de revitalizar la seguridad social, de revitalizar al Instituto Mexicano del Seguro Social y revisar totalmente su esquema de financiamiento, por que esto es en realidad lo que tenemos que hacer en función de la actividad legislativa, en la que todos estamos inmersos.
Yo quisiera nada más señalar que de alguna manera las excitativas que la Presidencia de la Comisión ha hecho habremos de atenderlas para poder tener la mayor información posible, porque coincidimos en que no se puede legislar sin tener esta información, hay que tener la información correspondiente para que de alguna manera sí podamos establecer cuál es el mecanismo más factible y cuál es el mecanismo que asegure la viabilidad de la seguridad social. Porque y aquí, yo insistiría nuevamente, no se trata de resolver el problema de jubilados poniendo en riesgo la viabilidad de la seguridad social, hay que garantizarla porque éste es un instrumento de justicia social para el pueblo mexicano.
Y si de alguna manera sabemos que existen problemas en lo que se refiere a la atención a los derechohabientes, sean activos o sean jubilados, que provienen fundamentalmente de que no se cuenta con el personal suficiente para poder atender adecuadamente con calidad y con calidez los requerimientos de los derechohabientes, porque sabemos que en algunas ocasiones hace falta también material y equipo para poder dar esta atención de calidad y calidez, no podemos desviar nuestra atención para ver solamente una pequeña parte de este problema.
Yo creo que, repito, atendiendo la excitativa de la Presidencia de esta Cámara, habremos de tratar de cumplir con ella, fundamentalmente en lo que se refiere a recibir toda la información que se requiera para poder establecer los mecanismos que nos lleven a revisar el esquema financiero del instituto. Muchas Gracias.
COLEGIATURAS DE ESCUELAS PARTICULARES
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Para abordar el problema de las colegiaturas en escuelas particulares, se han inscrito el diputado Alfredo Castañeda Andrade, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y el diputado Luis Beauregard Rivas, del Partido Revolucionario Institucional.
Tiene el uso de la palabra el diputado Castañeda Andrade.
El diputado Alfredo Castañeda Andrade:
Señora Presidenta muchas gracias: señoras, y señores diputados:
Las recientes reformas constitucionales al artículo 3o. constitucional, han trastocado enormemente el panorama de la legislación educativa nacional. La legislación contempla que la educación concesionada a particulares habrá de cubrir determinados requisitos de carácter académico y de prospectiva social para que ajusten el contenido de sus planes y programas educativos a los lineamientos de la Constitución.
Al margen de estas disposiciones, por mucho tiempo hasta antes de 1992, la educación que legalmente estaba vedada para las corporaciones religiosas denominadas iglesias, siempre siguió un curso subterráneo de complicidad entre el Gobierno y los miembros de las iglesias, una complicidad ilegal y soslayada por un juego de valores entendidos en los que oficialmente se cumpla la Ley sutilmente se transigía en tolerar planteles particulares, dirigidos por religiosos pero registrados con prestanombres para cubrir las formalidades.
En su perspectiva económica la educación particular es uno de los negocios más redituables y prósperos en la economía nacional, aun cuando se trate de servicios de carácter terciarios. Ello se deriva de la holgura con que los dueños de las escuelas particulares tienen para fijar el costo de los servicios que ofrecen, no obstante que la Ley Federal de Protección al Consumidor, fija límites para el costo y condiciones de los servicios que las escuelas particulares fijan a sus clientes, tales condiciones son pasadas por alto.
Desde 1970 se creó la Asociación Nacional de Escuelas y Colegios Particulares de la República Mexicana, A. C. Con esta asociación se creó un organismo con el que se hace frente común para todos sus agremiados a fin de defender sus mutuos intereses económicos y poder unificar el criterio para elevar el precio de sus colegiaturas.
A manera de contrapeso se creó casi simultáneamente la Asociación Nacional de Padres de Familia de la República Mexicana como un organismo homólogo al de colegios particulares, pero que representa a las asociaciones de padres de familia de los colegios existentes en el país.
Podría pensarse que como organismo representativo de elementos aparentemente opuestos, ejercerían sus funciones como antagonistas. Pero por el contrario ambas instituciones representan intereses comunes.
De manera curiosa la Procuraduría Federal del Consumidor, a través de su subprocuraduría de lo contencioso y su unidad de denuncias y quejas, no reportan elevados números de denuncias y casos de inconformidad en el servicio educativo, protestas por alzas injustificadas y estadísticamente se traduce que son colegios particulares de mediano tamaño, dirigidos a captar alumnos de clases media, alta y regular, donde se llegan a presentar quejas y denuncias.
No obstante lo anterior, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, considera que el alza de colegiaturas en escuelas e instituciones educativas particulares de nuestro país, es un asunto de urgente resolución, dado que afecta
fuertemente el presupuesto de numerosas familias, por los abusos de que son víctimas por parte de prestadores de este servicio.
La ausencia de mayor número de denuncias de padres de familia contra propietarios de establecimientos educativos privados, se debe a que temen que sus hijos pierdan el año escolar.
La fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, se hace portavoz del clamor de miles de padres de familia que son actualmente víctimas de la voracidad económica de propietarios de dichos planteles, que por desgracia han caído en los tres errores siguientes: Primero, la creencia de que la educación particular es superior a la educación otorgada por el Estado. Segundo, que la educación particular asegura o garantiza el éxito profesional como una forma de ascenso social y mejoramiento económico. Tercero, que asistiendo a planteles de educación privada, se establecen mejores relaciones sociales con miras a un ascenso político y social asegurado, lo que se traduce en mayor provecho y ventajas económicas.
Es pertinente mencionar que en sus inicios la educación en México fue por muchos siglos patrimonio y monopolio exclusivo de la iglesia en nuestro país, hasta el Siglo XIX, en que cambió la situación durante el proceso político e ideológico del laicismo de la vida pública del país.
Si hablamos de educación y planteles educativos, parecería que existen dos sistemas antagónicos por fuerza y que el sistema educativo privado es para elites y clases gobernantes; y el sistema público es para los sectores desprotegidos y marginados de la sociedad mexicana.
Valga la pequeña introducción anterior para entrar de lleno al tema que me propongo desarrollar y que se refiere al caos que existe en las colegiaturas que cobran planteles privados en México.
Por principio de cuentas hasta ahora nadie ha explicado suficientemente por qué el 10 de marzo de 1992, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo mediante el cual se establece que a partir de esa fecha, las escuelas particulares en todo el país, quedan fuera del entonces llamado Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico (PECE), por lo que a partir del último ciclo escolar, el incremento en las colegiaturas se acuerda supuestamente con los padres de familia.
En el acuerdo se determinó que los dueños de los colegios particulares no podrán aumentar las cuotas durante el año escolar, ni exigir la compra de útiles, artículos o vestuario que puedan ser adquiridos en el comercio en general. Tampoco demandar el uso de uniforme, pues éste ya no será obligatorio y deberá estar vigente cuando menos durante cinco años.
Finalmente, que toda propuesta sería presentada a la consideración de los padres de familia, al menos 60 días antes del período de inscripción, más aún, tratándose del alza en el precio de las colegiaturas.
No obstante lo anterior, los dueños de las escuelas particulares, incrementan arbitraria y libremente las cuotas en un promedio del 30%, con el pretexto de que se trata de un proceso de recuperación gradual.
Lo anterior ha determinado que miles de padres de familia protesten y acudan ante la Procuraduría Federal del Consumidor a presentar la queja correspondiente; actualmente hay 20 mil, por los constantes abusos en el aumento del pago de cuotas.
Concretamente el mayor número de quejas se centran en algunos de los siguientes motivos: exigencia de uso obligatorio de uniforme sin la aprobación de los padres de familia; aumento arbitrario en el pago de colegiaturas, y negativa a devolver el importe de la reinscripción realizada por los padres de familia; establecimiento de cuotas adicionales y materias complementarias no obligatorias, pero que sí representan un costo adicional para los padres de familia; negativa de reinscripción a los hijos cuyos padres presentaron quejas ante la Profeco.
Este último punto es delicado, dado que ante el temor a la represión en contra de sus hijos, muchos padres de familia optan por callar las arbitrariedades y prefieren hacer el injusto sacrificio de satisfacer los caprichos de los propietarios de los planteles privados, so pena de que sus hijos pierdan el año escolar.
Ante esta circunstancia, se ha creado una gran impunidad de los prestadores de servicio educativo privado, quienes a su antojo han aumentado las colegiaturas entre 30 y 50%, según ellos, para resarcirse un poquito del rezago que traían las colegiaturas durante los tres años que estuvieron reguladas por la Profeco y el Pece.
Lo grave del asunto es que el alza en las colegiaturas se ha venido dando sin justificación alguna, dado que tales incrementos de ninguna manera han propiciado que la calidad de la enseñanza en los planteles se eleve y por lo tanto el encarecimiento de las colegiaturas no tiene
otro propósito que el de propiciar el enriquecimiento exagerado de los dueños de los planteles, porque inclusive la planta de maestros percibe salarios de hambre.
Nuestra calidad de representantes de los intereses del pueblo de México, nos obliga a intervenir en este caso, llamando a cuentas a las autoridades que han hecho oídos sordos a las quejas de los consumidores, en este caso, los padres de familia. Es urgente que la Procuraduría Federal del Consumidor, informe a esta soberanía, cuál ha sido el resultado de las investigaciones que desde el pasado mes de marzo inició y que a la fecha nadie sabe si se detectaron anomalías en las 600 escuelas particulares que a nivel nacional serían analizadas para determinar en qué medida se está incurriendo en daño a la economía de los consumidores.
Asimismo resulta importante girar una excitativa a las dependencias y sectores integrantes del PECE, especialmente a su coordinadora, la señora Norma Samaniego, para que explique a esta soberanía las razones por las cuales los precios de las colegiaturas fueron liberados, causando grave daño a la economía de los padres de familia. Por su atención, muchas gracias.
Presidencia del diputado Hildebrando Gaytán Márquez
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Beauregard Rivas.
El diputado Luis Alberto Beauregard Rivas:
Con su permiso señor Presidente; compañeros diputados:
Vengo a esta tribuna para hacer algunos comentarios y matizar la opinión del diputado que me antecedió en la palabra, sobre la situación que guardan las escuelas particulares en el contexto la educación nacional.
Quisiera adelantar, en primer lugar, que en el pasado mes de marzo, en el seno de la Comisión Permanente de esta Soberanía, mi partido, el Revolucionario Institucional, preocupado también por esta situación en las escuelas particulares, produjo un punto de acuerdo en el cual manifiesta su preocupación y que dice lo siguiente:
PRONUNCIAMIENTO
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se pronuncia porque las entidades competentes del Ejecutivo Federal, dentro del marco de concertación y respeto a las asociaciones de padres de familia, vigile la aplicación estricta del acuerdo por el que se establecen las bases mínimas de información para que la comercialización de los servicios educativos que prestan los particulares, buscando que las colegiaturas sean fijadas acorde con la situación económica y en forma proporcional a la calidad y naturaleza de los servicios que presta.
Salón de sesiones a los tres días del mes de marzo de 1993.
Partido Revolucionario Institucional.
Así pues, ésta es una preocupación que compartimos con la fracción del diputado que nos antecedió en la palabra. Queremos decirle que el Gobierno Federal, a través de la Procuraduría Federal del Consumidor, ha estado vigilante de que se respeten las normas establecidas y convenidas en el acuerdo del 10 de marzo.
La prestación de los servicios privados o particulares de educación en sus diversas modalidades, no es algo nuevo, es algo que viene sucediendo desde hace muchos años y que a últimas fechas por el mismo crecimiento, la demanda del crecimiento en cuestión de educación nacional ha habido un mayor número de instituciones privadas debidamente autorizadas, debidamente sancionadas, por las autoridades competentes, que para el efecto es la Secretaría de Educación Pública.
Ahora bien, el servicio público que se presta a través de la educación, es un servicio entre particulares, en cierta forma es un acto de derecho privado. Aquí hay la elección de los padres de familia para escoger la escuela que más le acomode a sus intereses y desde luego que hay una preocupación oficial porque estos servicios se presten con la calidad educativa, con la oportunidad y con las instalaciones adecuadas.
Esta es una preocupación que mi partido ha expresado y seguirá expresando ante las autoridades educativas. Que esos servicios, educativos privados se hagan conforme a los requerimientos académicos, a los requerimientos pedagógicos, que merece toda persona que quiere y demanda educarse.
Por eso hay mecanismos institucionales para atender las quejas de los particulares, como es el caso de Profeco.
Yo quiero decirles que a lo largo de estos últimos meses Profeco ha obrado con energía para sancionar, investigar primero todas las quejas que los padres de familia le presentan, para que revise el cumplimiento del acuerdo.
En los últimos meses ha habido más de 300 investigaciones. Ha habido colegios particulares importantes que han sido sancionados; en algunos casos con la clausura, en otros casos con el llamado arresto administrativo, que está previsto en la misma Ley de la Procuraduría Federal del Consumidor y que han impuesto sanciones y que han logrado en la mayor parte de los casos, un avenimiento cordial entre los padres de familia y los prestadores de servicios.
También quiero comentarles que hay diversas instituciones de carácter privado que representan por una parte a los usuarios de estos servicios, que son los padres de familia; existe la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, que tiene más de 50 años de existencia; existen asociaciones diversas de escuelas particulares, sociedades de padres de familia, que están vigilantes que están colaborando con las autoridades para hacerles saber aquéllas violaciones que ellos sienten agreden sus derechos o faltan al marco del acuerdo del 10 de marzo de año pasado.
Por su parte, la Secretaría de Educación Pública vigila, que estas instituciones particulares cumplan con lo dispuesto por la Ley Federal de Educación en su artículo 5o. Están pendientes también de efectuar las revisiones pedagógicas, de efectuar las revisiones académicas que les facultan sus mismas disposiciones y que son las que le permiten otorgar las anuencias para que tengan o no el reconocimiento oficial.
Como ustedes saben, hay escuelas que solamente tienen una inscripción por parte de SEP y que tienen la obligación de señalar que no son estudios que requieren reconocimiento de validez oficial.
No hay duda que es un universo grande, que es un universo conflictivo que hay que atender. Yo no dudo que haya escuelas que hacen cobros indebidos, no dudo que hay escuelas que no se comportan de acuerdo a las normas que se han fijado, que faltan incluso la ética profesional de quien quiera que se dedique al magisterio, pero creo que en todo caso son las menos.
Si requerimos y aquí mi partido también coincide, requerimos una mayor vigilancia por PROFECO, una mayor divulgación informativa del acuerdo del 10 de marzo del año pasado.
Requerimos avenirnos por una parte la sociedad civil, por otra parte las instituciones educativas encargadas de la normatividad de estas escuelas, la misma Procuraduría, los padres de familia como entidades, que son los primeros corresponsables de la educación de sus hijos, tener una participación madura, sensata, inteligente de frente a las escuelas, de frente a los propietarios de estas instituciones de educación privada, para que en el marco del artículo 3o., que en el marco de las grandes disposiciones de lo que debe ser la educación nacional, lleguen a un acuerdo porque, todos lo sabemos, todos ustedes lo saben, la comunidad escolar no solamente son los maestros, son también los alumnos y son también los padres de familia, quienes tienen que ver porque las escuelas otorguen la calidad que ellos esperan recibir por ese servicio y, desde luego, a cambio de una remuneración a sus maestros y en cuotas que sean cuotas acordes con la realidad económica del país.
Por eso mismo, a nombre de mi partido yo también solicitaría que la Procuraduría Federal del Consumidor informe a esta soberanía cuál es el avance que se ha obtenido en este asunto y también en el marco de la Comisión de Educación, tener los acuerdos para entablar las charlas y conversaciones con la Secretaría de Educación Pública, para que nos hagan un diagnóstico de esta situación que a todos nos preocupa. Muchísimas gracias.
El diputado Francisco Dorantes Gutiérrez:
(Desde su curul) Pido la palabra para hechos.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Francisco Dorantes.
El diputado Francisco Dorantes Gutiérrez:
Señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Tal parece que lo dicho por el señor diputado que me antecedió en el uso de la palabra, ya está dicho todo. El menciona una fecha de un acuerdo del 10 de marzo, sin embargo al 27 de abril de este año la PROFECO informa que tiene ya sancionadas 116 instituciones particulares y que también emitió un ultimatum para que 100 escuelas de ese mismo orden justifiquen el incremento a las colegiaturas. Mucho es decir, pero
tal parece que la realidad es otra, no tal parece, sino en realidad frecuentemente vemos en los periódicos las quejas de los padres de familia, que dicho sea de paso una cosa es la unión de padres de familia que es la unión de los padres de familia, de las escuelas particulares y otra cosa es la Asociación de las escuelas particulares o sea las escuelas proletarias, llamándole así para distinguirlas de las escuelas burguesas y convencionales.
El asunto es que no solamente en lo que ha apuntado el señor diputado anterior ni en el anterior de mi partido se ha mencionado la gravedad en este renglón de la educación, pues es necesario que legislemos y que reformemos la Ley Orgánica de la Educación, para que los aumentos de los servicios escolares en las escuelas particulares sean de acuerdo con la aceptación de la asamblea de los padres de familia, que se dé a conocer a los padres de familia el precio de los servicios antes de la inscripción, que se prohiban las cuotas; extraordinarias, que se acate en estas mismas instituciones el calendario oficial escolar, pues se suspenden las clases el día que no son señalados oficialmente, con pretexto de celebraciones de fiestas religiosas, por eso pido en este renglón que se respete la ley.
También es necesario que se depositen en la Dirección inherente, los documentos que acrediten los estudios de los maestros, del personal docente pues sucede que frecuentemente hay maestros empíricos dando clases en esas escuelas caras que una Universidad cobra 1,400 pesos mensuales y solamente le paga a los maestros quinientos pesos mensuales con un solo alumno basta para pagar un maestro.
Por último, para finalizar, compañeras y compañeros diputados, pido, sumándome aunque ya lo tenía considerado, sumándome a quien me antecedió, que se pida al Titular de la Procuraduría Federal del Consumidor que nos informe aquí detalladamente de su gestión respecto de lo ordenado y también pido respetuosamente al diputado Presidente de la Comisión de Educación, para que la convoque y en ésta misma tratemos los asuntos que son tan importantes, actuales e inaplazables, como es precisamente el asunto de que ya salieron aprobados tres libros de texto gratuitos y que no se nos ha informado a la Comisión de Educación de su contenido.
Tenemos que estar vigilantes de que estos libros de texto, antes de que se pongan en vigor, antes de que los entreguen a los niños, sean revisados por esta Comisión, que no está de más, es una Comisión tan importante como las otras y que debemos ver y analizar exactamente el libro de texto gratuito. Gracias.
ESTADO DE VERACRUZ
La Presidenta:
En el siguiente punto del orden del día, para referirse al problema agrario en Tenenexpan, Veracruz, tiene la palabra el diputado Gonzalo Cedillo Valdez, del grupo parlamentario del PARM.
El diputado Gonzalo Cedillo Valdez:
Con su permiso, señor Presidente, compañeros diputados:
En nombre del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quiero dar a conocer una inquietud de algunos campesinos del Estado de Veracruz. Si ustedes me permiten, dice el siguiente comunicado:
"Manlio Pluvio Altamirano, Veracruz, 3 de mayo de 1993. Diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, Palacio Legislativo de San Lázaro, presente.
Los campesinos del poblado de Tenenexpan, pertenecientes al municipio de Manlio Pluvio Altamirano, del Estado de Veracruz, se dirigen a usted respetuosamente señor diputado, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para que sea nuestro conducto para que las autoridades agrarias le den solución definitiva a nuestro problema agrario que venimos padeciendo desde hace más de 30 años, el mismo que nos ha tenido en inactividad productiva y en una pobreza extrema debido al incumplimiento de las autoridades agrarias de la resolución presidencial que dictó el entonces Presidente Constitucional, licenciado Gustavo Díaz Ordaz, donde se nos concede la segunda ampliación del ejido de Tenenexpan.
Hacemos de su conocimiento, señor diputado Cantú Rosas, que el poblado de Tenenexpan, el año de 1925 fue dotado con 786 hectáreas mediante una resolución presidencial donde fueron afectados los poblados de Palo Seco y Lomas de Tierra, pertenecientes a la Hacienda de Matacazuelas, propiedad de Rafael Vela, la Gringa.
Años después nuestro ejido solicitó una ampliación, la que nos fue concedida mediante resolución presidencial el año de 1941.
Posteriormente, ante la urgente necesidad de proveer de tierras a nuestra numerosa comunidad, solicitamos en el año de 1954, una segunda ampliación de tierras al Gobernador del Estado, emitiendo su dictamen la Comisión Agraria Mixta el año de 1959, misma que realizó los trabajos técnicos de localización de terrenos afectables.
Cabe señalar que extrañamente se negó en primera instancia por el Gobierno del Estado, pero después de 10 años de lucha y de trámites en la ciudad de Jalapa y en la Ciudad de México, se nos concedió la segunda ampliación dotándonos de 203 hectáreas por acuerdo de la resolución presidencial dictada por el entonces Presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, de fecha 23 de octubre de 1970, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre de 1970, siendo Jefe del entonces Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, el ingeniero Norberto Aguirre Palancares.
En dicha resolución presidencial, se nos concede a los campesinos del poblado de Tenenexpan la segunda ampliación definitiva en una superficie de 203 hectáreas de agostadero que se tomaron de terrenos propiedad de la nación, que son excedentes del predio Palo Seco y Loma de Piedra, que se destinaría para usos colectivos de 90 campesinos capacitados.
El mandato presidencial señala que dicha superficie deberá ser localizada de acuerdo con el plan aprobado por el Departamento de Asuntos Agrarios y pasaría a poder de nuestro poblado, beneficiado con todas las secciones, usos, costumbres y servidumbres donde resultaron beneficiados 90 campesinos de nuestra comunidad.
Creemos importante informarle, señor diputado, que el mandato presidencial referido fue ejecutado en forma parcial, ya que de las 203 hectáreas nada más se nos entregaron 44. Las hectáreas restantes hasta la fecha no se nos han entregado, a pesar de múltiples acciones que hemos emprendido con las actuales autoridades agrarias, tanto de la entidad como de la Ciudad de México.
Señor diputado, queremos manifestarle que ya con anterioridad habíamos acudido con diferentes agrupaciones campesinas sin lograr respuesta alguna y acudimos con el diputado Gonzalo Cedillo en su oficina de esta Cámara de Diputados con los antecedentes que teníamos de otras comunidades veracruzanas, como los compañeros de El Zapote y la Victoria de San Andrés Tuxtla, a quienes los está ayudando el señor Cedillo, quien inmediatamente se dirigió a la Secretaría de la Reforma Agraria mediante un escrito, el mismo que turnaron a la Dirección de Derechos Agrarios, los que nos informaron que dicha resolución presidencial se iba a reconsiderar e iban a mandar a realizar nuevos trabajos técnicos.
Ante esta situación, nuestra comunidad está desesperada por tantas trabas que se le presentan a nuestros campesinos. Por tal motivo señor diputado, es que solicitamos su valiosa intervención para que nos apoye para que se resuelva nuestro problema agrario y se nos hable con la verdad y que se cumpla con lo señalado por el señor Presidente, de darle a los campesinos para que salgamos del estancamiento y la pobreza en que vive nuestra comunidad.
Por último, señor diputado, estamos confiados en que su intervención nos ayude y pueda terminar con esta incertidumbre y los constantes viajes que hemos realizado a la Ciudad de México y de Jalapa, en detrimento de la ya de por sí raquítica economía.
Además, se cumplan las promesas que continuamente nos hacen a los campesinos del país.
Sin otro particular, los campesinos de Tenenexpan se despiden de usted confiados en que habrá de atender nuestro llamado. Muchas gracias, señor diputado."
Lo firma el presidente del Comisariado, Carlos Baradas Vallejo, Carlos Almazán Rodríguez, secretario, y José Luis Montiel Rodríguez, tesorero.
Solicito a esta Presidencia se le dé curso a la Comisión de Reforma Agraria y a Gestoría y Quejas, para que apoyemos a estos campesinos en demanda de nuestro apoyo. Muchas gracias.
La Presidenta:
Se concede el uso de la palabra para rectificar hechos, al diputado Rufino Saucedo.
El diputado Rufino Saucedo Márquez:
Con su permiso, señora Presidente; compañeras diputadas, compañeros diputados:
Como diputado veracruzano creo conveniente hacer uso de la palabra para hacer algunas
aclaraciones con respecto a la intervención que tuviera el compañero diputado Gonzalo Cedillo, del PARM. El habla del problema agrario del poblado Tenenexpan, municipio de Manlio Fabio Altamirano. El se refiere a Manlio Fabio Altamirano. Yo espero que sea el mismo municipio.
Por resolución presidencial de fecha 23 de marzo de 1925, por la vía de dotación se entregan efectivamente 786 hectáreas al poblado referido, beneficiándose a 131 campesinos.
Por la vía de ampliación, el 6 de marzo de 1941 se entregan 672 hectáreas a 83 beneficiados más del mismo poblado.
Ante la necesidad de más tierras, el Gobierno de la República otorga en segunda ampliación, el 23 de octubre de 1970, 203 hectáreas para 90 beneficiados.
Cabe aclarar que de la resolución presidencial de esta segunda ampliación, sólo se entregaron 43, no 44 hectáreas, no pudiéndose entregar las restantes por imposibilidad material, es decir, las tierras faltantes ya habían sido entregadas a otros núcleos campesinos.
Los solicitantes de tierras estuvieron de acuerdo con la ejecución de la resolución presidencial, no interponiéndose recurso alguno en su favor. Sin embargo, los diputados veracruzanos de mi partido, el Partido Revolucionario Institucional, estamos conscientes que éste es un problema agrario y es un problema que debería tratarse dentro de lo que es el rezago agrario, un programa que está llevando actualmente el Gobierno de la República, a través de la Secretaría de la Reforma Agraria.
Como no se ha hecho, quiero proponer a nombre de mi partido que este problema se turne a la Comisión de la Reforma Agraria, para que junto con la diputación veracruzana se estudie y se emita el dictamen correspondiente. Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias al diputado Saucedo.
Para rectificar hechos, el diputado Laborde, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, por cinco minutos.
El diputado Manuel Laborde Cruz:
Con su permiso, señora Presidenta, compañeras y compañeros diputados:
Decía el diputado que nos antecedió en el uso de la voz, que como diputado veracruzano ese problema lo contestaba de alguna forma que consideró pertinente, pero resulta que éste no es un problema de estricto apego al derecho agrario, es un problema de justicia social.
Estamos de acuerdo que se turne a las comisiones, pero también estaremos mucho más de acuerdo que éstas le den el cauce legal pertinente, para que la gente de Manlio Fabio Altamirano, antes Purga, los que conocemos Veracruz como se da en este municipio, no sé quién le pondría Fabio Vista Altamirano, Fabio Vista Altamirano fue un político que muchos de los priístas conocen y líder camaral de la LIV Legislatura Veracruzana a la cual pertenecí.
Solicito a esta soberanía se le dé cauce a través de la Secretaría, para que se llegue y se lleve la justicia social a quienes han sido desposeídos por la burocracia oficial. Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias diputado Laborde. Túrnese a las comisiones de la Reforma Agraria y de Información, Gestoría y Quejas.
HUELGA DE HAMBRE
La Presidenta:
Para hacer uso de la palabra sobre el tema huelga de hambre en el Reclusorio Norte, se han inscrito el diputado Gonzalo Altamirano Dimas, del Partido Acción Nacional y el diputado Juan José Castillo Mota, del Partido Revolucionario Institucional.
Tiene el uso de la palabra el diputado Gonzalo Altamirano Dimas.
El diputado Gonzalo Altamirano Dimas:
Ciudadana Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
En algunos reclusorios de esta capital, principalmente en el Reclusorio Norte, algunos internos llevan ya casi 50 días de ayuno, demandando mayor atención por parte de las autoridades y respeto a los derechos humanos y a las disposiciones legales que les conciernen.
Tenemos conocimiento que ya la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha intercedido de
alguna manera y algunos de ellos ya aceptaron tomar agua dentro de este ayuno que llevan. Es importante que ya se haya dado este paso, para evitar que esta huelga continúe sin que se dé una respuesta efectiva por parte de las autoridades.
No venimos a prejuiciar, porque tenemos informaciones, tanto de los propios internos como algunas informaciones parciales, sobre todo la que se ha ventilado en la prensa por parte de las autoridades. De cualquier manera, es necesario que la opinión pública y esta representación nacional, tengan la información fidedigna para saber el alcance de las demandas de los internos, ver cuáles son aquellas que deben ser atendidas y cuáles pudieran estar en un contexto distinto al que están demandando, por eso es importante que con responsabilidad enfoquemos este problema.
Hay que recordar que el año pasado, precisamente el día 31 de octubre, se celebró un convenio entre la Secretaría de Gobernación, la Dirección General de Reclusorios, la propia Cámara de Diputados y los internos, a través de representantes, un convenio mediante el cual se pretendía dar respuesta a las demandas de los propios internos.
Voy a mencionar las principales de las demandas y de los puntos del convenio. El primer punto del convenio señala que la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección de Ejecución de Sentencias, se compromete a interceder para la solución de los puntos del pliego petitorio, consignados en la jornada nacional por la libertad de todos los presos indígenas y por motivos sociales y políticos que no sean de su competencia ante la autoridad correspondiente.
El segundo punto del convenio establece que la Secretaría de Gobernación se compromete a promover fianzas de interés social con el Instituto Nacional Indigenista y otras instituciones que beneficien a la brevedad posible y en primer lugar a los internos en huelga de hambre que responden a los nombres de: Miguel Angel Bonda, José Luis Mendoza, Tomás Gómez, Florencio Apolonio de la Cruz, Felipe Hernández Romero y Miguel Antonio Hernández, que eran los que entonces estaban en huelga de hambre.
También en el tercer punto, la propia Secretaría de Gobernación se comprometía a interceder ante el Presidente Superior de Justicia del Distrito Federal y el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con objeto de que se recomiende a los jueces y magistrados que revisen los expedientes de los internos en huelga de hambre y de la población en general, en donde se presuman irregularidades y se actúe en estricto apego a derecho.
También el quinto punto del convenio señala la obligación de la Secretaría de Gobernación para interceder a través de la Dirección de Ejecución de Sentencias y comprometerse a establecer una coordinación estrecha para solicitar la revisión de los expedientes de los detenidos, concretamente en cárceles del Estado de México.
El séptimo punto, el compromiso para hacer las recomendaciones a las instancias correspondientes para que los defensores de oficio atiendan a los procesos de los internos en huelga de hambre y de la población en general, elaborando los agravios y amparos correspondientes.
Finalmente, el último punto, donde la Secretaría de Gobernación recoge la petición de los Comités de Derechos Humanos Internos para que se sustituya de su función al jefe de la Unidad Departamental de Seguridad y Custodia del Reclusorio Preventivo Varonil Norte del Distrito Federal, comandante Josefino Santiago Santiago, comprometiéndose a llevar la petición a la autoridad correspondiente.
Y firmaron, repito, el convenio, representantes de la Cámara de Diputados, del Departamento del Distrito del Distrito Federal, del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, el propio director, en representación de familiares y organismo no gubernamentales de derechos humanos, el representante del Comité Nacional Independiente Pro Defensa de Perseguidos, Detenidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos en México, el representante de la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, el representante del Comité de Apoyo de la Coordinadora Nacional de Presos Políticos, representante del Comité de Familiares en las Cárceles del Estado de México y el Comité de Derechos Humanos Ricardo López Juárez, de esta capital.
Como ustedes entenderán de la mención de estos puntos de acuerdo, se podría suponer que no se han dado fiel cumplimiento a todos y cada uno de los puntos, porque ya a casi 50 días de ayuno, internos, principalmente del Reclusorio Norte, están demandando que se cumplan las disposiciones de este convenio.
Yo insisto en que no podremos o no debemos prejuzgar respecto a los alcances de esta situación, sino que debemos solicitar la información inmediata de parte de las autoridades,
de entrevistarnos con los propios internos y de hacer una evaluación, un seguimiento de los acuerdos, para haber en dónde se ha cumplido y dónde no.
Y esta representación nacional merece una explicación a fondo de toda esta situación, para saber hasta dónde realmente hay incumplimiento por parte de las autoridades o hasta dónde estas demandas pudieran estar ocupando parcialmente intereses políticos.
Es necesario que se esclarezcan debidamente estas situaciones y esta representación nacional asuma su responsabilidad.
Por lo mismo, queremos a nombre de la diputación del Partido Acción Nacional, presentar el siguiente
«PUNTO DE ACUERDO
Único. Que una Comisión de diputados se entreviste con los presos que están en huelga de hambre en diversos reclusorios de esta capital, principalmente en el Reclusorio Norte, así como que entreviste a las autoridades del Departamento del Distrito Federal y de la Secretaría de Gobernación, con objeto de recabar informes respecto al cumplimiento de los convenios firmados entre ello, así como para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de derechos humanos y de beneficios para los internos.
Solicitamos que esta propuesta se turne a la Comisión del Distrito Federal.
Y por la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, firman los diputados Fernando Gómez Mont, Víctor Orduña Muñoz y Gonzalo Altamirano Dimas. Muchas gracias.»
La Presidenta:
Tiene el uso de la palabra el diputado Juan José Castillo Mota, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Juan José Castillo Mota:
Con su permiso, señora Presidenta.
En principio estamos conformes con la propuesta del compañero diputado Gonzalo Altamirano, de que se turne a la Comisión del Distrito Federal el punto de acuerdo, para que sea la Comisión del Distrito Federal la que designe a un grupo de diputados para que realice una visita al Reclusorio Norte y verifique de manera directa, mediante cambio de impresiones con los propios internos, sus puntos de vista.
Por otra parte, queremos puntualizar que consideramos que el convenio que ha leído en su parte primordial el compañero Gonzalo Altamirano, es un convenio que consideramos no se está violando, porque varios de los reclusos que se encuentran en huelga de hambre, reclamando la aplicación de la Ley de Normas Mínimas, no pueden en estos momentos tener derecho a ella, porque no han sido sentenciados, están todavía sujetos a proceso, unos; otros han interpuesto recursos de apelación o se han ido en vía de amparo.
Ya eso impide, en un momento dado, mientras no se resuelvan esos procedimientos, tanto la apelación como el recurso de amparo interpuesto, el poder determinar si tienen o no derecho a la Ley de Normas Mínimas.
Sin embargo, nosotros no quisiéramos ahondar en estos momentos en el estudio de los expedientes de ellos, porque necesitamos tenerlos a la vista, necesitamos conocerlos y llegar con base en ese conocimiento a poder determinar si no se está cumpliendo el convenio, o si algunos de los compañeros que están reclamando el derecho a la libertad provisional, tienen ese derecho. Nosotros no nos podemos cerrar, no podemos violentar los derechos humanos de esta gente, pero necesitamos conocerlos, necesitamos conocer los expedientes, ahondar en estos expedientes y de ahí poder determinar.
Ese grupo de diputados que designe la Comisión del Distrito Federal debe solicitar a las autoridades correspondientes la intervención respectiva para que se aplique la ley de inmediato. Quien llegue a tener derecho a la libertad provisional o a la libertad de acuerdo con la Ley de Normas Mínimas, adelante; quien no tenga derecho a ella, pues señores, van a tener que cumplir con las sentencias que se les haya dictado.
Los compañeros, de una simple revisión de las informaciones que hemos recibido, pues a veces se nos erizan un poco los pelos cuando se dice que Francisco Manuel Anita, ingresó el 25 de septiembre de 1992 por los delitos de violación, abuso sexual y corrupción de menores. No queremos llegar al fondo de esto. Que Angel Herrera Montes ingresó el 1o. de septiembre
de 1991 por los delitos de violación, tentativa de violación, abuso sexual y corrupción de menores.
Que Teófilo de la Luz de la Cruz ingresó el 3 de octubre de 1989 por el delito de violación calificada; que Raúl Pedraza Rodríguez ingresó el 24 de noviembre de 1982 por violación y corrupción de menores, consignado en la averiguación tal.
Y así podemos ir viendo toda la información que tenemos a la vista, pero sí queremos y creemos que es fundamental ahondar, ver hasta dónde, quiénes sí tienen derecho a la Ley de Normas Mínimas y quienes no. Quienes realmente no tengan derecho tendremos que ser sinceros con ellos para informárselos y quienes tengan derecho tendremos que reclamar de inmediato que se aplique ésta y que se les dé derecho a la libertad de inmediato, como ya ha ocurrido en algunos casos.
Nosotros debemos velar porque los derechos humanos, así sea de quienes hayan delinquido no se violenten y por ello nosotros estamos conformes en la propuesta que ha hecho el compañero Gonzalo Altamirano de que sea la Comisión del Distrito Federal la que integre un grupo de diputados para que se aboque de inmediato a verificar estos hechos, que hoy en esta alta tribuna de la patria se vienen a denunciar. Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias, diputado Castillo Mota.
Para rectificar hechos, tiene el uso de la palabra el diputado Cantú Rosas y después el diputado Víctor Orduña, del PAN.
El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas:
Señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Los hechos que aquí se relatan, bajo ninguna circunstancia son inusitados, privativos o prohibitivos del Reclusorio Norte de esta capital de la República.
La reiterada violación a los derechos constitucionales, la multiplicada actividad en contra de los derechos humanos, la ausencia del desahogo oportuno de los procesos penales, la instauración de artificiosos procesos electorales elaborados al corte de la consigna gubernamental, trae en consecuencia que miles de nuestros conciudadanos se encuentren indebidamente privados de la libertad en muchas de las mazmorras que en el país existen y que harían palidecer en sus tormentos, aquéllas de San Juan de Ulúa.
Hace unos momentos se relató en esta tribuna la huelga de hambre que un grupo de reclusos, de quienes no venimos a calificar su punidad o impunidad en los hechos de referencia, están realizando en el Reclusorio Norte de esta capital de la República. El hecho, sin embargo, refleja un fenómeno por demás reiterativo y repetitivo en los cuatro puntos cardinales del país, en donde conciudadanos nuestros privados de su libertad, tienen que soportar en ocasiones las corruptelas, las consignas, las presiones, los tormentos y la no atención oportuna del desarrollo de un proceso penal que a muchos de ellos los mantiene privados de su libertad en tiempos muy superiores a la sentencia que podría corresponder al ilícito del que se les acusa.
Han propuesto los compañeros de Acción Nacional, un punto de acuerdo en el cual el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quiere suscribir formal y respetuosamente en forma íntegra, dentro de esta tribuna de la Cámara de Diputados, consciente que un grupo de representantes de esta entidad legislativa atiendan de inmediato la multiplicidad de quejas que estos sedicentes procesados, están realizando en huelga de hambre en el Reclusorio Norte de esta capital de la República.
No quisiéramos, no nos corresponde, bajo ninguna circunstancia, en nuestra función, calificar a priori la legitimidad o no legitimidad, la punidad o no punidad o la culpabilidad o no culpabilidad o responsabilidad o no responsabilidad de estos quejosos, que al no escuchar atención de las autoridades correspondientes, se han dado a la tarea mediante el recurso de la huelga de hambre, de atraer la atención de esta soberanía, para que siquiera una comisión correspondiente, autónoma e independiente, por encima de intereses gubernamentales, por encima de las pasiones que en ocasiones dividen a las entidades políticas y jurídicas, se presente en este reclusorio, atienda directamente las peticiones correspondientes y tras un estudio y análisis de los hechos de referencia, haga las gestiones ante las autoridades correspondientes.
De ahí, que el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, suscribe respetuosamente esta formal petición y obviamente también en su momento conforme al acuerdo que esta Asamblea
determine, quisiéramos formar parte de esta comisión, para tratar de llevar justicia a un ámbito en donde habitualmente a la diosa Themis se le cayó la venda y atiende más a los recursos económicos, a las presiones y a las consignas, que al derecho de dar a cada quien lo que le corresponde. Muchas gracias, señores diputados.
La Presidenta:
Gracias, diputado Cantú Rosas.
Declinó el diputado Orduña.
Se turna a la Comisión del Distrito Federal.
OCURSO DE PARTICULARES
La Presidenta:
Para referirse al problema de asentamientos irregulares y de la vivienda en el Estado de Veracruz, tiene el uso de la palabra el diputado Gonzalo Cedillo Valdez, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El Diputado Gonzalo Cedillo Valdez:
Con su permiso, señora Presidenta; compañeros diputados:
Quiero hacer de nuevo uso de la tribuna, para señalar algunas inquietudes de algunos colonos del Estado de Veracruz, en un oficio que se dirigió a la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que dice lo siguiente:
"Ciudadano Carlos Cantú Rosas, Coordinador de la fracción parlamentaria de la LV Legislatura de la Cámara de Diputados, Presente.
La Unión de Colonos de Las Bajadas, y la Unión de Colonos de Tarimoya, A.C., con el debido respeto, por medio del presente nos dirigimos a usted anteponiendo nuestro afectuoso saludo y exponemos:
Representamos un conglomerado de más o menos 6 mil familias que habitamos irregularmente los predios denominados: La Loma, La Laguna y la Pochota, del ejido Las Bajadas, Veracruz, quienes hemos sido objeto de agresiones tanto personales como en nuestras pertenencias, por parte de un grupo de individuos que se hacen llamar "Lombardistas", los que han especulado con los terrenos de los predios mencionados, sin tener autorización para negociar con ellos, puesto que no son los derechohabientes del citado ejido.
Por este conducto le solicitamos a usted, en su calidad de Coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, haga llegar nuestra queja y más enérgica protesta a la Comisión de Derechos Humanos o a quien corresponda, por la omisión que han tenido las autoridades judiciales y policiacas, tanto del Estado como municipales, en cuanto que se han negado sistemáticamente a proporcionarnos apoyo, vigilancia y protección todas las veces que hemos solicitado.
Anteriormente está fundamentado por los escritos que hemos dirigido tanto a la Subprocuraduría de Veracruz, como a la Inspección General de Policía, en solicitud de dicha vigilancia y protección, sin que hasta la fecha nos hayan hecho caso alguno, ya que en los asentamientos que habitamos estamos a merced de la gavilla de fascinerosos encabezados por los individuos: Juan González, Vania Soriano, Pascual Lugo, Yolanda Facundo, Ricardo Sánchez, Luciano Román Chávez, Alejandrina Anzures Cruz, Juan Martínez Puga, Rafael Vázquez, Yolanda Guadalupe Hernández y otros. Como ya citamos, se hacen llamar "Lombardistas", seguidores de un líder llamado Oscar de León, quienes constantemente nos agreden física y verbalmente.
Es de mencionar que varios de esos lombardistas están bajo procesos penales sin que ninguna autoridad los meta en orden. Por tal motivo hacen alarde de impunidad y manifiestan a grito abierto que ellos son "lombardistas", tienen compradas a las autoridades municipales y por esta razón, la policía municipal nunca les va a hacer nada.
Como última agresión, el día 28 del pasado abril, en que convocamos a una reunión de colonos en este asentamiento, los mencionados "lombardistas" que en un número de 40 o 50 de ellos, nos agredieron a pedradas y golpes con palos y que gracias a que había alrededor de 5 mil colonos, los pudimos repeler.
Es importante mencionarle que a pesar de haber solicitado la protección policiaca, ni un solo policía se apareció en el momento de las agresiones, apareciéndose la policía posteriormente una hora después de los hechos, acordonando el lugar ya que habían huido los agresores.
Con la seguridad de que harán llegar esta queja y enérgica protesta a la honorable Comisión de
Derechos Humanos o a quien corresponda, con el propósito de que se hagan las recomendaciones pertinentes para que se imponga el orden y respeto a la Ley y a los ciudadanos del buen vivir en el asentamiento que habitamos, le anticipamos nuestro respeto y agradecimiento, quedando de usted como seguros servidores.
Gilberto Escobar Acevedo, Tomás Domínguez Uzcanga, presidente, y Elena García Jerezano."
Quiero aprovechar la oportunidad para leerles otro comunicado que le dirigen al diputado Carlos Enrique Cantú Rosas y dice:
"Por medio de este conducto ponemos a su estimable consideración formalmente la petición que le hicieron a usted el pasado 8 de los corrientes, los suscritos, Gilberto Valle Torres, María Guadalupe García y Estela Herrera, representantes de las comunidades denominadas Xochitenco, Talabarteros y Tlaltenco, de la zona conurbada del municipio de Chimalhuacán, Estado de México y exponemos a usted lo siguiente:
1o. Desde 1980, fecha en que por efectos de operación de compra venta de terrenos no hemos recibido por parte de autoridad alguna el apoyo a la legalización de nuestros terrenos, mismos que son patrimonio de nuestras familias, por lo que solicitamos a usted su valiosa intervención ante la autoridad competente para que se nos regularice nuestra tenencia de la tierra y se nos otorgue la escrituración conforme a derecho.
2o. Derivado de lo anterior...
El diputado Guillermo González Díaz:
(Desde su curul) Deseo hacer una interpelación al orador.
La Presidenta:
Señor diputado, señor diputado, si me permite.
Desea hacerle una interpelación el diputado Guillermo González Díaz. ¿La acepta usted?
El diputado Gonzalo Cedillo Valdez:
Como no.
La Presidenta:
Adelante, señor diputado.
El diputado Guillermo Jorge González Díaz:
(Desde su curul) Señor diputado Cedillo:
Yo quisiera preguntarle si a la denuncia que viene a formular a esta tribuna, referente a un escrito que le han enviado un número de personas del municipio de Veracruz, correspondiente a las colonias Las Bajadas y Vergara Talimoya, ¿si se trata de colonos o de ejidatarios? ¿Me podría usted contestar, por favor?
El diputado Gonzalo Cedillo Valdez:
Como no, señor diputado.
Los que están ahorita posesionados de los terrenos son colonos que carecen de una vivienda digna y están ahorita esperando que las autoridades resuelvan para que los ejidatarios, en coordinación con ellos, les resuelvan el problema de la regularización de sus predios.
El diputado Guillermo Jorge González Díaz:
(Desde su curul) Es decir, que para los efectos prácticos se trata en este momento de asentamientos irregulares; son invasores.
El diputado Gonzalo Cedillo Váldez:
Pues como millones de personas que requieren de una vivienda digna, así es, señor.
El diputado Guillermo González Díaz:
(Desde su curul) Entonces dentro de esa hipótesis podríamos hablar de que se trata de invasores. Muchas gracias.
El diputado Gonzalo Cedillo Valdez:
2o. Derivado de lo anterior, carecemos hasta este momento de los servicios públicos y deseables y básicos que permitan la seguridad pública y de salud, por lo que también igualmente solicitamos su intervención ante quien corresponda para
que se nos termine la introducción de la red de drenaje ubicada en la avenida del Peñón, así como la introducción de la red de drenaje general, agua potable y gestión de una campaña de sanidad, a fin de evitar la epidemia de cólera que ya se ha presentado en estas comunidades y con el período de lluvias de no resolverse este problema se agudizará con alcances impredecibles.
Por lo anterior, rogamos a usted oír y dar trámite a nuestras gestiones y nos ponemos a sus estimables órdenes en avenida del Peñón lote 3 manzana 18 y avenida del Peñón calle 4, municipio de Chimalhuacán, Estado de México.
Atentamente,
Gilberto Valles Torres, María Guadalupe García y Estela Herrera. Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias, diputado.
Túrnese a las comisiones de Información, Gestoría y Quejas, y de Asentamientos Humanos y Obras Públicas.
ESTADO DE COAHUILA
La Presidenta:
Para tratar los problemas relacionados a las gaseras en Saltillo, Coahuila, se han inscrito los siguientes señores diputados:
Humberto Flores Cuéllar, del Partido Acción Nacional; Oscar Pimentel González, del Partido Revolucionario Institucional; José Antonio Alba Galván, del Partido Acción Nacional y Javier Guerrero García, del Partido Revolucionario Institucional.
Tiene el uso de la palabra el diputado Flores Cuéllar, de Acción Nacional.
El diputado Humberto Pedro Flores Cuéllar:
Con su permiso, señora Presidenta; compañeras, compañeros diputados:
Vengo a poner del conocimiento de todos los compañeros diputados de esta LV Legislatura de este Congreso de la Unión, de los riesgos que corren los ciudadanos de Saltillo, Coahuila.
Hace unos días se cumplió un año del problema trágico de Guadalajara, me refiero a las explosiones que por negligencia sucedieron tales hechos, hechos que son del conocimiento de todos ustedes y que el pueblo de México, todavía lamenta la pérdida de cientos de vidas de los jaliscienses. Como más o menos ahorita hace poco más de ocho años que también sucedieron algunas explosiones de gas en San Juan Ixhuatepec, del Estado de México, donde también hubo muchas vidas que lamentar.
Caso similar sucede en la ciudad de Saltillo, Coahuila, que hace cuatro años, compañeros diputados y esto no es más que una relatoría que les voy a hacer, del cual su servidor vivió por fuga de gas natural de una de las tuberías de la compañía de gas que provee en esa ciudad. El gas buscando salida fue a dar al establecimiento que está en el sótano de un hotel de la localidad, donde uno de los empleados al prender el switch del foco hizo una explosión tan tremenda que se cimbró todo el edificio y lamentablemente, una puerta se desprende con esa fuerza que lleva una explosión y mata a un niño que estaba por subirse al vehículo de su padre, que ya se retiraban del hotel.
En aquel entonces, se hicieron las investigaciones y casualmente en otros locales comerciales les llamaba en gracia que alguien prendía un cerillo en la pared y se veía como hornillas. Algún remedio hicieron, quizá momentáneo, la compañía de gas. Pero desgraciadamente después de lo de Guadalajara, atinadamente el señor gobernador del Estado, Mendoza Berrueto, alertó a la ciudadanía sobre los riesgos de una catástrofe similar a la de Guadalajara y ordenó la revisión de la red distribuidora.
Se hizo conocimiento de la compañía distribuidora de gas de Saltillo, que no contaba con ningún profesional responsable en el mantenimiento de la red distribuidora. Al hacerse pública la falla la compañía distribuidora de gas de Saltillo, nombró responsable del mantenimiento al señor Nava, hijo de la persona que se ostenta como propietaria de la empresa y quien demostró muy pronto su ignorancia absoluta sobre el estado de la red de gas.
Se solicitaron los servicios de la empresa, Pipe Line Imperative Magnament, la cual hizo declaraciones en el sentido de que la red estaba en mal estado. Cuando un empleado dijo, un tal señor Varela dijo que las instalaciones estaban en perfecto estado, fue despedido de inmediato por la misma compañía.
En el mes de diciembre pasado, cuando ya se habían realizado las reparaciones más urgentes a la línea, voló una alcantarilla en el crucero de la calle de Aldama e Hidalgo. Petróleos Mexicanos informo de manera oficial que la empresa distribuidora de gas de Saltillo le adeuda una cantidad superior a los 18 millones de nuevos pesos y que ha impuesto un juicio ejecutivo mercantil contra la misma. El mismo vocero oficial de la Pipe Line Imperative Magnament declaró que el caso de haberse presentado una situación similar a la que estamos viviendo en Saltillo, el Gobierno inglés había exigido puesta en marcha de un programa de emergencia para resolver la red de gas que debería de trabajarse de manera ininterrumpida las 24 horas, cosa que no se ha hecho.
El Programa de Inspección, Reparación y Mantenimiento de Gas que se ordenó a la ciudad de Saltillo no se llevó al término y dicha empresa se mostró incapaz del cumplimiento. Hasta la fecha existe gas en las alcantarillas de Saltillo, como lo demuestran los constantes monitoreos que se realizan en forma conjunta por Secofi, Sapac y el ayuntamiento mismo. La distribuidora legal de Saltillo, los periódicos de la localidad y un líder de un partido político de ahí mismo han hecho una campaña de desinformación por medio de desplegados y boletines, volantes, etcétera. Las autoridades competentes en todo lo relativo a la distribución y venta de gas natural son Secofi, Pemex y nada más. Con base en el diagnóstico realizado por la compañía que antes mencioné, los tres niveles de gobierno: Federación , Estado y municipio acordaron la clausura definitiva de la actual red de gas en el primer cuadro de la ciudad. Este acuerdo se materializó con fundamento en el artículo 88 del Reglamento de la Distribución de Gas vigente, según comunicado 0670 de la Dirección General de Normas de la Secretaría de Fomento Industrial, fechada el 15 de marzo de 1993 y que en su parte conducente dice lo siguiente:
"Por lo que esta Secretaría ordena:
Único. La clausura definitiva de la red de gas natural que se localiza en el sector centro de la ciudad comprendido entre las calles de Emilio Carranza, Ramos Arizpe, Allende, De la Peña, Arteaga y Francisco Coss de esta ciudad de Saltillo, a partir del 1o. de mayo del año en curso."
Este es un resumen rápido que le hago de los hechos, porque eso es hasta el día 23 de abril, en el cual ese día, señores diputados, vino a México el Secretario de Gobierno, licenciado Felipe González y habló con no sé quien, pero él hizo público en los medios de difusión de la capital de Coahuila, diciendo que había estado en Gobernación, Secofi y Pemex, juntos todos habían platicado y que se iba a posponer la clausura hasta el día 15 de mayo, pero inmediatamente la respuesta no se hizo esperar muy atinada que decidieron los directores de los periódicos de Saltillo, Coahuila, que dicen lo siguiente y va dirigida, señores diputados, a cada uno de los directores de los periódicos que informaron la nota del Secretario de Gobierno, Felipe González.
Dice: "Señor Director, con motivo de la nota periodística que el día 24 de abril del presente aparece en algunos diarios de la localidad relativa a las declaraciones que hizo el licenciado Felipe González Rodríguez, Secretario General de Gobierno del Estado de Coahuila, con respecto de la clausura de la red de gas natural, sector centro, me permito hacer las siguientes precisiones: con objeto de orientar a la opinión pública y por lo cual le agradeceré sean publicadas, el pasado 23 de abril se presentó en esta dirección general de protección civil, el licenciado Felipe González Rodríguez, con la finalidad de informar que el Gobierno del Estado de Coahuila, había tomado la decisión de prorrogar la fecha de clausura de la red de gas natural, sector centro que estaba programada para el día 1o. de mayo del año en curso.
En este encuentro no participaron representantes de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial ni de Pemex, como se afirma por parte del Secretario de Gobierno. Con el respeto de la soberanía de los estado, nos merece esta dirección general a mi cargo, como nota de la decisión unilateral acordada por las autoridades gubernamentales de aquella entidad, sin embargo, creo importante mencionar que las condiciones de riesgo que dieron origen al acuerdo de fecha 15 de marzo tomado por los gobiernos municipal, estatal y federal en el sentido de clausurar la red de gas natural por el tiempo necesario y mientras no existan condiciones de seguridad para la población siguen vigentes.
Por lo anterior y en virtud de que no podemos ir más allá de lo que nuestras facultades funcionales nos permiten, a partir del 1o. de mayo la responsabilidad de clausurar las redes de gas natural en la ciudad de Saltillo, es de la autoridad estatal. "Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección, ingeniero Raúl García Leal.
Compañeros diputados, yo creo que esto es incumbencia de todos nosotros para evitar que esto vaya a agarrar tintes políticos o económicos.
Desconocemos quién sea el dueño de la empresa gasera, aparece una persona que no creo, no da las condiciones para que sea la propietaria.
Sabemos que esa compra de esa compañía se hizo en el Estado de México cuando el señor Carlos Ayala estaba en comercialización de Pemex y estaba de director en Pemex, Mario Ramón Beteta.
No sabemos quién sea el dueño y no nos interesa, no queremos, no lleva fines políticos y tintes económicos como lo ha querido hacer el Gobierno del Estado, ya que el Gobierno de Saltillo es un Gobierno panista que lucha por la seguridad de los ciudadanos coahuilenses.
Desgraciadamente desconocemos y no queremos prejuzgar, pero el Gobernador del Estado no sé por qué ha dado estos cambios cuando él fue el que le hartó el riesgo que existía con los olores de gas. Quizá los que me vayan a seguir en la palabra dirán que no huele a gas, huele a otra cosa, bueno, pues ellos sabrán.
Pero sí queremos, que quede asentado aquí en esta tribuna, la preocupación del cabildo de Saltillo, Coahuila, porque esto señores, la única respuesta que hemos recibido es únicamente la represión hacia nuestro partido y específicamente contra uno de nuestros dirigentes el viernes pasado, por el Gobierno del Estado que dirige Eliseo Mendoza Berrueto.
Por lo tanto señora Presidenta, por mi conducto, Humberto Flores Cuéllar, diputado federal, atentamente comparezco y digo que con base en los hechos denunciados, solicito se integre una subcomisión que trasladándose a la ciudad de Saltillo, Coahuila, recaben toda la información y realice las entrevistas que sean necesarias, debiendo formular un informe por escrito de su objeción.
Esto es en concreto nuestra petición señora Presidenta y hago entrega de algunas copias y documentos que avalan lo que anteriormente dije, así como recortes de periódico para que usted diga lo conducente.
Compañeros, les agradezco su atención y ojalá y que vean esto con la preocupación que lo vemos los coahuilenses. Yo no quisiera que por ser este un año político, toque tintes políticos o económicos, tengo la seguridad que los caprichos de un gobernante o las presiones que recibe ese gobernante por intereses económicos de no sé quién, volvemos a repetir, la comisión se encargará tal vez de investigar lo siguiente.
Por su atención a todos, muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias diputado Flores Cuéllar. Tiene el uso de la palabra el diputado Oscar Pimentel González.
El diputado Oscar Pimentel González:
Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Acudo a esta tribuna para explicar las razones que justifican la prórroga de 15 días que dispuso el Gobierno de Coahuila al cierre de la red de distribución de gas natural en la zona centro de Saltillo y que afectaría a 3 mil usuarios en esa zona. Trataré de hacerlo con objetividad y seriedad.
Estamos de acuerdo en que no debemos de permitir que un asunto que exige tanta responsabilidad, como lo es el garantizar que el servicio público de suministro de gas, se ofrezca en las mejores condiciones de seguridad posibles para los usuarios y en general para la población; y menos podemos permitir que se utilice con fines políticos específicos; tampoco que sea un medio para dirimir antagonismos personales o de grupos, ajenos por completo al bienestar de los saltillenses.
Saltillo cuenta desde hace más de 30 años con este servicio de distribución de gas natural, mediante una red subterránea que permite abastecer con tomas domiciliarias a los usuarios de este sistema, que actualmente suman más de 8 mil.
El ánimo y el interés de prevenir accidentes en ese tipo de instalaciones, que se justificaron sobradamente...
La Presidenta:
Permítame, señor diputado, si es tan amable. Dígame, señor diputado.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano:
(Desde su curul) Quisiera ver si el señor diputado acepta una interpelación.
La Presidenta:
Permítame. Señor diputado Pimentel, ¿Acepta usted una interpelación?
El diputado Oscar Pimentel González:
Al final de mi intervención.
El ánimo y el interés de prevenir accidentes en este tipo de instalaciones, que se justificaron sobradamente por los hechos lamentables ocurridos en Guadalajara el año pasado, hicieron que el Gobierno del Estado tomara la iniciativa y convocara a la compañía de gas que presta el servicio, a las autoridades federales competentes y a las propias autoridades municipales, a que se hiciera una exhaustiva revisión de las condiciones de la red de gas y de sus posibles riesgos. De inmediato, en aquellas calles donde se localizó un mayor número de fugas, se procedió a cancelar el servicio y a reparar las tuberías. Se solicitó asimismo a la compañía prestadora de este servicio que realizara un estudio técnico a fondo, con especialistas avalados por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, para conocer la situación de la totalidad de la red y del grado de riesgo que pudiesen implicar posibles fugas en el sistema.
Como aquí se ha explicado, se contrató a una compañía inglesa, PLIM, Pipe Line Imperative Magnament, para realizar el estudio, previa autorización correspondiente de la propia Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.
En diciembre del año pasado, se entregó el estudio con las siguientes conclusiones:
En la fase 1, reparar todas las fugas de gas para garantizar la seguridad del sistema.
Fase 2. Reparar áreas débiles, donde la corrosión tiene mayores posibilidades de continuar. Esto envolvería la reparación de recubrimiento y la instalación de un efectivo sistema de protección catódica.
Fase 3. El reemplazo de la tubería de acero más corroída, por tubería plástica, como un objetivo a largo plazo.
Un programa de trabajo debe ser iniciado, concluyó el estudio de esta compañía.
Como resultado de este informe, la Secofi dictó una serie de medidas obligatorias que debería de cumplir la compañía prestadora del servicio, tales como la adquisición de equipo móvil de detección de fugas; contar en todo momento con técnicos capacitados; iniciar un programa emergente de sustitución de tuberías, en las zonas más afectadas por fugas en la zona urbana y resolver las acumulaciones principales, en un plazo no mayor de 30 días.
No obstante que ni en el estudio de la empresa consultora ni en los puntos obligatorios dictados por la Secofi, se recomendaba en ese momento clausurar parcial o totalmente la red de gas, en una reunión de representantes de los tres órdenes de Gobierno, efectivamente se acordó en un afán de mayor prevención, clausurar a partir del 1o. de mayo la red de distribución de gas en el sector, localizado en una parte del centro de la ciudad, cuya tubería se encontraba en peores condiciones.
Como resultado de esta decisión, los usuarios deberían proceder a la conversión del sistema de abastecimiento de gas natural por gas LP con tanques y cilindros, esto naturalmente provocó una reacción de los propios usuarios del sistema de gas, quienes solicitaron en principio al Gobierno del Estado una prórroga en la proyectada clausura para que se pudiesen buscar otras alternativas de solución al problema de la distribución de gas; que se formara un comité con personas técnicamente capaces y con calidad moral suficiente, en el cual participaran los propios usuarios y que con base en los estudios realizados o con base en nuevas inspecciones, se determinara lo conducente y que se reparara de inmediato la red de distribución actual en los puntos prioritarios.
Asimismo los propios usuarios solicitaron la intervención del Congreso del Estado para que se escuchara su petición de que la clausura de la red de gas se pospusiera y se buscaran otras opciones de solución.
El Congreso del Estado turnó esta petición de los usuarios a la Comisión de Ecología y el propio pleno del Congreso del Estado autorizó a la comisión a que realizara audiencias públicas para escuchar a los usuarios, para escuchar a la compañía y para escuchar a las dependencias involucradas.
Esta solicitud de los usuarios mereció el apoyo del Congreso local, incluidos también los compañeros diputados locales del Partido Acción Nacional.
Ese mismo día la comisión solicitó al Ejecutivo una prórroga de 30 días para llevar a efecto dichas audiencias y poder así emitir una opinión
al respecto; en respuesta, el gobernador acordó solamente una prórroga de 15 días, que vence este próximo 15 de mayo.
De los trabajos de la Comisión de Ecología, destacan, por ejemplo, las conclusiones que aporta el ingeniero Mario Santos Villarreal, perito categoría A de la Secofi, quien hizo las siguientes recomendaciones: reparar con urgencia las tuberías de gas natural en varios frentes a la vez, en las siguientes calles: Allende, Acuña, Moctezuma, Colón, Xicoténcatl, Obregón, Múzquiz y Bravo, sin tener que suspender el servicio a toda el área; que se pueden efectuar los trabajos sin peligro, debido a la baja presión de la línea de distribución de gas natural; efectuar reparaciones periódicas a la tubería de gas natural, alcantarillado, cajas de válvulas, registros de teléfonos, para tener la información de fugas de gas y repararlas a la mayor brevedad posible; reparar la protección mecánica de la tubería de acero, para evitar la corrosión y aplicar la protección catódica necesaria; en los lugares que no se ha cambiado la tubería por nueva y se tenga en las calles registros de válvulas o de teléfonos, se deberán vigilar dichos registros en forma permanente.
Tomando en cuenta los estudios realizados por la consultora externa, los hechos que conoció en las diferentes audiencias públicas la Comisión de Ecología del Congreso del Estado y considerando que la información que aportan los usuarios y los trabajos que ha llevado la propia compañía de gas para reparar cerca del 70% de las fugas que se han localizado, se deduce que efectivamente es necesario que se lleve a cabo un programa emergente de reparación de la red de distribución de gas, bajo normas técnicas de estricta seguridad, propias en este tipo de trabajo.
De esta manera es como se justifica la decisión que adoptó el Gobierno del Estado, a raíz de una propuesta y una solicitud que le hizo el pleno del Congreso del Estado, a través de la Comisión de Ecología.
De tal manera que pudiese existir tiempo para determinar las alternativas más razonables, para dar tiempo, en su caso, a que clausurándose la red de distribución de gas, se pudiese hacer la conversión a tanques estacionarios y cilindros de gas.
Por todo esto, pensamos que efectivamente el tema no debiera politizarse y por eso expresamos respetuosamente nuestro desacuerdo con la posición que asumió el presidente municipal de Saltillo, en la conferencia de prensa del Comité Ejecutivo Nacional de su partido, Acción Nacional, cuando denunció que por las anomalías que existen en la red de gas de la ciudad, se han venido presentando explosiones en diversos sectores, sin que hasta el momento ninguna autoridad haya tomado medidas al respecto.
No es cierto que haya habido explosiones. Aquí el compañero diputado Flores Cuéllar, comentó de una explosión en un hotel de la localidad, debido básicamente a fallas en las instalaciones eléctricas que efectivamente se combinaron con una fuga adentro del hotel, una fuga, efectivamente, en la red de distribución de gas.
Y, por otra parte, es falso que ninguna autoridad haya tomado medidas al respecto y para mostrar esta incongruencia, debemos de señalar lo siguiente: En primer lugar, que quede claro que fue el propio Ejecutivo del Estado el que convocó a que se revisara el problema y se pudiesen ofrecer soluciones; en segundo lugar, que el cabildo municipal, a pesar del interés del propio presidente, nunca ha tenido conocimiento de iniciativa alguna para proponer soluciones al problema.
En segundo lugar, los propios diputados locales de Acción Nacional no han tratado este tema en el propio Congreso del Estado; no han propuesto iniciativa alguna tendiente a resolver el problema. Aunque sí, efectivamente, estos diputados apoyaron en el pleno del Congreso del Estado la propuesta que se hizo para solicitar al Gobierno del Estado la prórroga por 30 días.
El presidente municipal, por otra parte y lo lamentamos, no ha aceptado nunca reunirse con los usuarios para analizar el problema, para explicarles cuál es la dimensión real del riesgo que existe y proceder a concertar, en su caso, un programa de reconversión en lo que es el sistema de distribución de gas.
También, en contradicción abierta con el interés manifestado por la presidencia municipal, ésta ha impedido y obstaculizado las reparaciones a la red de distribución de gas, como lo señala el oficio número 0435, que dirige la Delegación Federal de la Secofi al propio presidente municipal.
También y cosa que lamentamos, el alcalde no asistió a las audiencias públicas convocadas por el Congreso del Estado. ¿En dónde queda, pues, la preocupación y el interés de contribuir a resolver este problema?
Queda claro que la actitud del presidente municipal ha sido más bien una posición personal,
no avalada por el cabildo, no avalada por los representantes de su partido en el Congreso y que no debía de haberse ventilado en una conferencia de prensa a nivel nacional de su partido, porque precisamente eso es lo que le daba tintes políticos a este problema que debe tratarse, primero localmente y en segundo buscando la concertación de voluntades de todos los involucrados.
Queremos pues convocar tanto a las autoridades municipales como a los compañeros diputados federales de Coahuila, particularmente del Partido Acción Nacional, a que analicemos las mejores alternativas al problema, a que respetemos la soberanía del Congreso del Estado y esperemos el dictamen que emitirá mañana el pleno, a propuesta de la propia Comisión de Ecología, a que con madurez y serenidad haciendo a un lado, como aquí se ha señalado, intereses personales o partidistas, se dialogue con los usuarios y las autoridades correspondientes.
Nosotros estamos seguros de que si procedemos de esta manera de buena fe por el bienestar de los saltillenses, todos podremos salir ganando. Así que dejamos, compañeras y compañeros diputados nuestra propuesta para que se apoye, o seamos respetuosos de las decisiones que deba adoptar el Congreso del Estado de Coahuila y permitamos que localmente se propongan las alternativas más razonables que garanticen mayor seguridad para todos, pero también que garanticen un proyecto, un programa razonable para los usuarios.
Quisiera, señora Presidenta, si me permite, escuchar la interpelación que solicitaba hace un momento el señor diputado y después solicitar a usted la lectura de un documento que en su momento señalaré.
La Presidenta:
Adelante, señor diputado Juan de Dios Castro.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano:
(Desde su curul) Señor diputado, creo que la intervención del diputado Humberto Flores Cuéllar manifestó su deseo de evitar que a estas intervenciones se les diera tintes partidistas o políticos, de cualquier manera yo quisiera hacerle tres preguntas en relación con su intervención.
Mire usted, tengo aquí el oficio número 100 de la Dirección General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación que dice en uno de sus párrafos lo siguiente:
"Sin embargo, creo importante mencionar que las condiciones de riesgo que dieron origen al acuerdo de fecha 15 de marzo, tomado por los gobiernos municipal, estatal y federal, en el sentido de clausurar la red de gas natural y por el tiempo necesario y mientras no existan condiciones de seguridad para la población, siguen vigentes."
La primera pregunta, señor diputado, es, quienes a nombre del Gobierno estatal y del Gobierno Federal, junto con el municipal, dado que usted hizo imputaciones al presidente municipal, ¿también esos representantes de los gobiernos Federal y estatal al tomar esta decisión tenían tintes políticos?
Segunda pregunta, señor diputado. Dado que la Dirección General de Protección Civil dice que las condiciones de riesgo siguen vigentes, si ocurre una explosión similar a la de Guadalajara, en opinión suya, ¿quién sería el responsable? ¿Quién sería el responsable, señor diputado, el técnico con cuya opinión manifiesta la necesidad de hacer reparaciones periódicas, como usted lo citó, sería el responsable?
Tercera pregunta, señor diputado, ¿cree usted que si este deseo del presidente municipal, por los medios que sea necesario o de los señores diputados que han intervenido, se hubieran realizado antes de las explosiones de Guadalajara y se hubieran tomado las medidas inmediatas, no hubiéramos dejado de lamentar tanta muerte señor diputado?
El diputado Oscar Pimentel González:
Efectivamente diputado, yo señalé en mi intervención, que el acuerdo para clausurar la red el 30, el 1o. de mayo, fue una decisión de los tres niveles de Gobierno y señalé que había sido una decisión que se había tomado en un afán de mayor protección, no obstante que los propios estudios técnicos que realizó la compañía contratada, en ningún momento recomendaron la clausura. Si, señalaron las fugas; sí señalaron que había corrosión en algunas tuberías e hicieron las propuestas técnicas para resolver el problema y que esas reparaciones podían hacerse sin necesidad de la clausura.
Yo pienso que el Gobierno del Estado atendió lo que fue un reclamo o una petición del propio
Congreso, para que pudiesen existir opciones claras de lo que iba a suceder con el conjunto del sistema de la red de distribución. Y creo que está en la facultad el propio Congreso del Estado y del gobernador, el poder conceder esta prórroga. En un afán repito, no de querer minimizar de ninguna manera el riesgo. Está muy claro como lo señalan los técnicos y acabo de dar lectura al dictamen del perito "a" de la Secofi, donde señala que la baja presión que existe en las tuberías hace posible la reparación sin la necesidad de la clausura. Así que hay elementos que justifican plenamente esa prórroga de dos semanas que otorgó el Gobierno del Estado.
Cuando yo hablaba de los tintes políticos, me refería a incongruencias que son muy evidentes: ¿por qué en su momento no se ventiló esta discusión en el Congreso del Estado, en el cabildo?, ¿por qué se impidió o se obstaculizó la reparación en varias calles, de la red de distribución? ¿Realmente había la preocupación por la seguridad? Entonces, ¿por qué se detiene y se obstaculiza la reparación?
Yo creo que debemos de superar lo que son diferencias, repito, personales, con quienes pudiesen ser, que no se sabe a plenitud tampoco, quiénes son los dueños de esta compañía de gas y buscar más bien, lo que aquí hemos tratado de plantear: que escuchemos el dictamen de la propia Comisión de Ecología del Gobierno del Estado y que conforme a eso, busquemos concertar las soluciones más viables con los propios usuarios, con la propia compañía y siempre buscando que se garanticen condiciones de máxima seguridad. Ese es nuestro planteamiento. Pero tampoco puede haber decisiones unilaterales. Con todo y todo debe tomarse en cuenta a los propios usuarios de la red de distribución de gas.
Quisiera, señora Presidenta, se diera instrucciones de que se leyera esta carta que dirige la Unión de Usuarios de Gas Natural de Saltillo, al director de un prestigiado periódico de esta ciudad, que creo que también podrá aportar algunos elementos para que estemos claros que el Gobierno de Coahuila, de ninguna manera está relativizando el problema de las fugas en la red, pero que se está buscando una solución integral, concertada, en donde todos tengamos participación y donde se respeten los ámbitos de decisión de cada instancia participante. Muchas gracias.
La Presidenta:
Se ruega a la Secretaría dar lectura al documento que solicita el diputado Pimentel.
El secretario Arturo Nájera Fuentes:
"Unión de Usuarios de Gas Natural de Saltillo. - Licenciado Juan Francisco Eoly Ortiz.
Le suplicamos muy atentamente publicar en este diario dignamente dirigido por usted, la postura de los Usuarios de Gas Natural de Saltillo, en relación a la clausura de la red distribuidora ordenada por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, para el pasado día 1o. de mayo y que fuera prorrogada para el 15 del mismo mes, a petición de la unión de usuarios, organismo que se formó a raíz de que este problema y sin ninguna otra filiación partidista o política y que solicitó la mencionada prórroga para estudiar otras posibles soluciones. Dicha postura se refleja en la carta dirigida al coordinador de la Comisión de Desarrollo Urbano y Equilibrio Ecológico del Congreso de la Unión, la cual anexamos.
Aprovechamos la ocasión para reprobar enérgicamente las declaraciones del presidente municipal de nuestra ciudad, ingeniero Rosendo Villarreal Dávila, vertidas al respecto, en la conferencia de prensa del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, el pasado jueves 6 del presente.
Atentamente: por el Comité de Representantes de la Unión de Usuarios de Gas Natural de Saltillo." Vienen tres firmas, una de ellas es de Esperanza Dávila Sota, Irene Dávila de Well y Marisol Valdez.
"Unión de Usuarios de Gas Natural de Saltillo, diputado Roberto de los Santos Martínez, coordinador de la Comisión de Desarrollo Urbano de Equilibrio Ecológico, Obras Públicas, Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado, Presente.
En primer término queremos hacer patente nuestro agradecimiento al honorable Congreso del Estado, por el apoyo brindado a nuestras peticiones y especialmente a esa Comisión, por su decidida participación en la búsqueda de otras alternativas en la solución, a la determinación de las autoridades de clausurar la red de distribución de gas natural que opera en Saltillo desde hace más de 30 años.
Una vez concluidas las reuniones y las investigaciones de campo a las que convocó la comisión y que servirán de base a la recomendación que al respecto emita el honorable Congreso del Gobierno del Estado, la Unión de Usuarios de Gas Natural de Saltillo, hace las conclusiones siguientes:
a) Que la consideración por parte de Secofi, de que la red distribuidora constituya un grave peligro para los habitantes de la ciudad no tiene fundamento alguno, porque la situación de riesgo y peligro inminente, no existe, como pudieron comprobar los peritos en la materia, en la investigación realizada.
b) Que la lentitud por parte de la compañía distribuidora en el cumplimiento del programa de actividades que le estableció la Secofi siguiendo las recomendaciones de la compañía inglesa PLIM y que se inició el pasado 16 de diciembre, es imputable en gran medida, a la Dirección de Obras Públicas Municipales, quien opuso toda clase de obstáculos a las maniobras de reparación de la red a pesar de lo cual la distribuidora afirma haberlo cumplido en un 70%.
c) Que la responsabilidad de la rehabilitación total de las líneas de distribución es de la Compañía Distribuidora de Gas de Saltillo, Sociedad Anónima y que por lo tanto debe ser costeada por la misma.
d) Que el servicio de gas natural es un componente importante en la infraestructura urbana e industrial de Saltillo y por lo tanto no debe desaparecer.
e) El almacenamiento, manejo y uso del gas natural en forma adecuada resulta menos peligroso que el gas LP.
f) Es un privilegio para los saltillenses el encontrarse entre un reducido 5% de los habitantes de la República Mexicana que reciben el servicio de gas natural.
g) Que por todo lo anterior el servicio de gas natural debe quedar al margen de intereses particulares que intentan su clausura e impiden la ampliación de la misma red a la población.
Visto lo anteriormente expuesto proponemos:
1o. Que se anule la determinación de la clausura definitiva de la red de distribución de gas natural.
2o. Que se proceda de inmediato al cumplimiento total del programa establecido con anterioridad para la reparación y protección del sistema de distribución en la forma en que se ha venido realizando por pequeños sectores, a fin de brindar la seguridad necesaria y sin afectar a los usuarios.
3o. Que la Compañía Distribuidora de Gas de Saltillo, S. A., garantice de alguna manera su solvencia económica para continuar el programa de reparación, mantenimiento de las líneas y suministro futuro del combustible.
4o. Que de inmediato se reanude el servicio en las líneas ya reparadas de las calles de Aldama, Padre Flores, Victoria, que han permanecido cerradas por espacio de un año.
5o. Que con el apoyo de Pemex se estudie seriamente la posibilidad de la ampliación del servicio a los restantes sectores de la población.
6o. Con el deber al derecho de compartir el esfuerzo común que exija la decisión final, pedimos al Gobierno del Estado en quien recae la responsabilidad directa de esta decisión, que la realice con serena justicia y prudente urgencia.
Atentamente.
Comité de Representantes de la Unión de Usuarios de Gas Natural de Saltillo"
Y vienen 14 firmas.
Servida, señora Presidenta.
La Presidenta:
Gracias, señor Secretario.
Se concede la palabra para rectificar hechos, al diputado Flores Cuéllar, por cinco minutos.
El diputado Humberto Pedro Flores Cuéllar:
Con su permiso, señora Presidenta; compañeros diputados:
Los tintes políticos afloran a la vista. Las innumerables menciones de nuestro presidente municipal que hizo el compañero Pimentel, que muy en su derecho "también tiene su corazoncito" y también aspira a la presidencia municipal.
Pero compañeros, es muy fácil, señores diputados, querer cubrirse de una futura responsabilidad, alegando que los usuarios del gas de la ciudad de Saltillo se oponen a las medidas tendientes a la seguridad.
Yo le pregunto al compañero Pimentel, hace rato mencionó que el municipio había obstaculizado la reparación de dichas líneas: ¿Que hizo el Gobierno del Estado para que se ejerciera la reparación de las líneas?
Pero, bueno, han quedado deslindado los campos, compañero Pimentel. No contestó a la pregunta toral formulada por mi compañero Juan de Dios Castro, cuando le dijo que, ¿quién sería el responsable de una tragedia y muerte que pueda cubrir, en caso de un accidente, los habitantes de Saltillo?
Nosotros desde ahora, compañero Pimentel, fincamos la responsabilidad en el Gobierno del Estado de Coahuila. Tanto en la responsabilidad jurídica como la moral y en esta tribuna, compañeros, ustedes son los mejores testigos. Muchas gracias.
La diputada Liliana Flores Benavides:
(Desde su curul) Pido la palabra para hechos.
El diputado Oscar Pimentel González:
(Desde su curul) Pido la palabra para hechos, señora Presidenta.
La Presidenta:
Tiene el uso de la palabra para rectificar hechos, la diputada Liliana Flores Benavides y después el diputado Oscar Pimentel.
La diputada Liliana Flores Benavides:
Con su permiso, señora Presidenta; estimados compañeros:
Discúlpenme que les pida su atención después de esta sesión, bastante aburrida por cierto, para este tema.
Es muy preocupante el problema que aquí se ha venido a tratar. Es preocupante porque esto solamente expresa una parte de los problemas que existen en este país. En este país existen 481 industrias de alto riesgo asentadas en zonas densamente pobladas, que no cuentan con planes de contingencia ni de impacto ambiental y el caso de la gasera de Saltillo es una de esas empresas.
Aquí, han planteado que no es un problema de política. Sí señores, es un problema de la política irracional e irresponsable que este régimen ha instrumentado, donde no existen programas de desarrollo urbano racionales y que en un momento dado industrias de alto riesgo que manejan explosivos, gases, corrosivos, tóxicos, se encuentran en medio de zonas densamente pobladas.
Yo me sumo a la preocupación externada aquí por el diputado Flores Cuéllar. Es urgente, urgente la participación y la intervención de la Procuraduría del Ambiente y de la Protección Civil, ¡es urgente! Por más requerimientos que un grupo de usuarios haya hecho, se tienen que medir los riesgos de la vida. En este sentido nada justifica que se haya prorrogado.
El único responsable, si existe aquí una tragedia, es el Gobierno del Estado, eso es real. Yo creo que urge que nos sensibilicemos de este tipo de problemas, compañeros. En serio que yo conozco el problema de Saltillo y es un problema grave.
Pido a través de esta tribuna, que la Procuraduría del Ambiente intervenga y la Secofi también. ¡Es urgente, compañeros! Gracias.
La Presidenta:
Gracias, diputada Flores Benavides.
Tiene el uso de la palabra para rectificar hechos, por cinco minutos, el diputado Pimentel.
El diputado Oscar Pimentel González:
Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Si mencionamos aquí la actitud del presidente municipal fue porque ha sido uno de los protagonistas más importantes en el problema del gas en Saltillo. Efectivamente, ha impedido la reparación en varios puntos de la ciudad de la red de distribución. Esto automáticamente lo haría también responsable de cualquier accidente en esos lugares.
Y si lo mencioné, fue porque también se habló aquí que el Ejecutivo del Estado pretendía, por un capricho, conceder una prórroga. Yo creo que es una decisión muy difícil que una autoridad, como lo es un gobernador, sabiendo que efectivamente hay fugas en la red de gas, pero también teniendo elementos para saber que no son riesgos inminentes de una explosión, con todo y que se deba de proceder, como se dice por los mismos usuarios, con urgencia para reparar
la red, yo creo que no es una decisión difícil, porque también hay una... responsabilidad y creo que esto es lo que demuestra que se está buscando hacer las cosas con seriedad y con responsabilidad, el Congreso del Estado ha tomado cartas en el asunto y que debemos de esperar ese dictamen, mañana lo tendremos, para entonces sí establecer las bases de esa concertación y de una política integral para el manejo de este importante energético en la ciudad de Saltillo y que es el llamado a que venimos a reiterar a esta tribuna.
Yo pienso que no es conveniente manejar una situación de alarma artificial tampoco porque si algo necesitamos es de la serenidad, de la objetividad para que siga haciendo a un lado intereses personales y políticos, se establezcan soluciones racionales a estos problemas. Yo estoy de acuerdo en que deben de intervenir, como aquí se señala, la Dirección de Protección Civil y la propia Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y la Procuraduría del Ambiente, que deben de coadyuvar a que en ese tipo de ciudades podamos establecer planes para el propio desarrollo de la infraestructura para el desarrollo de los servicios municipales.
Dejamos pues aquí para las autoridades municipales, a los diputados y a todas las partes involucradas, nuestra convocatoria a que analicemos con detalle las posibles soluciones y sobre todo a que pongamos lo mejor de nuestra voluntad para que logremos garantizar seguridad y bienestar a los habitantes de Saltillo. Muchas gracias.
La Presidenta:
Para rectificar hechos, tiene el uso de la palabra el diputado Flores Cuéllar y después el diputado Abundio Ramírez Vázquez.
El diputado Humberto Pedro Flores Cuéllar:
Con su permiso, señora Presidenta; compañeros diputados:
Rechazo enfáticamente la imputación que se ha hecho al presidente municipal Rosendo Villarreal y para terminar pronto y claro, hacemos nuestro el último párrafo del oficio girado por la Dirección General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación que dice lo siguiente: "Por todo lo anterior y en virtud de que no podemos ir más allá de lo que las facultades constitucionales nos permiten, a partir del 1o. de mayo la responsabilidad de clausura de la red de gas natural en la ciudad de Saltillo es de la autoridad estatal". Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias diputado Flores Cuéllar.
Tiene el uso de la palabra, para rectificar hechos, el diputado Abundio Ramírez Vázquez, del PFCRN.
El diputado Abundio Ramírez Vázquez:
Compañeros diputados, cuando algo no se puede defender y hay argumentos y hay razón, pues no se puede defender.
El presidente municipal de Saltillo, Rosendo Villarreal Dávila, ni es palomita blanca y ni es buen presidente municipal. Es gente que como oposición pide respeto, pero como gobierno, es un gobierno represivo. Al Partido del Frente Cardenista nos ha agredido, a nuestro regidor lo ha agredido, lo ha golpeado, lo ha encarcelado, los policías al mando del presidente municipal.
No podemos pedir que ahora, porque los aviones se caen y hay bombas, pues que se acaben los aviones y vamos a viajar en tren y vamos a viajar en caballo. No podemos plantear eso. Tan no podemos plantear eso, que hay un estudio serio de una empresa inglesa que se dedica a este tipo de cuestiones, la empresa PLIM y que textualmente su dictamen final reza lo siguiente: Fase uno: Reparar todas las fugas de gas para garantizar la seguridad del sistema.
Fase dos: Reparar áreas débiles donde la corrosión tiene mayor posibilidad de continuar.
Esto, envolvería la reparación de recubrimientos y la instalación de un efectivo sistema de protección catódica.
Fase tres: ER1 reemplazo de la tubería de acero más corroída, por tubería plástica como un objetivo de largo plazo; un programa de trabajo debe de ser iniciado.
Esto reza el dictamen final de esta empresa. Si queremos que las cosas se resuelvan propositivamente, pues debemos de colaborar y no impedir como en diciembre, el alcalde panista, el alcalde Rosendo Villarreal, paró los trabajos en unas de las calles del centro porque un grupo de comerciantes, panistas también por cierto, le pidieron que suspendiera, ya que sus ventas se veían mermadas.
No podemos decir aquí, ni los compañeros del PAN, ni los PRI, ni los de ningún partido, que no hacemos política, sería mentirnos; yo creo que todos hacemos política y buscamos los pretextos para hacerla y el Partido Acción Nacional en Saltillo, en Coahuila, pues está agarrando un buen pretexto: quiere que los ciudadanos de Coahuila le agradezcamos que gracias a que se suspende y se cancela la red de gas entubado, nos salvan la vida y evitan un colapso.
El Partido del Frente Cardenista en Coahuila ha sido un actor principal en este asunto. Hemos actuado, hemos organizado a cientos de usuarios y hemos andado con sus peticiones y ahora que fue el presidente Salinas, le pedimos que tomara cartas en el asunto y que pusiera remedio.
Si queremos resolver las cosas debemos de participar y desde nuestro punto de vista la mejor manera es que se tomen medidas de inmediato y que si esta empresa, si este dictamen no lo compartimos, que se propongan como cuando se va a hacer un remate, que se propongan alternativas para que se dé la magnitud y el tamaño al problema, pero no podemos venir aquí también a defender a un presidente municipal que se ha peleado hasta con sus mismos regidores panistas y que ha golpeado a la gente de la CROC y a gente de la CTM y a gente de todas las organizaciones.
No es cierto que el fondo del asunto es que los ciudadanos se vean beneficiados, lo cierto que quiere ser candidato del Partido Acción Nacional en Saltillo y quiere desde ahora ir haciendo su trabajo. ¡Qué bueno que lo quiera hacer! pero qué malo que quiera utilizar a los coahuilenses para hacerlo. Proponemos que se tomen medidas técnicas, no políticas, para resolver el problema. Gracias.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano:
(Desde su curul) Para alusiones personales, por favor.
La Presidenta:
Para contestar alusiones personales, se concede el uso de la palabra al diputado Juan de Dios Castro, por cinco minutos.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Señora Presidenta; señoras y señores diputados:
Cuando estaba escuchando la intervención del diputado Pimentel y al estar escuchando la última intervención del diputado Abundio, yo me hice una reflexión: ¿cuántos muertos, señoras y señores diputados, hubo en Guadalajara? Y díganme, señoras y señores diputados, los diputados de Jalisco y los diputados de la nación, incluyendo a los diputados de Coahuila, ¿no hubiéramos querido, señores diputados, que el presidente municipal de Guadalajara hubiera realizado no todas las gestiones que realiza el presidente municipal de Saltillo, Coahuila, que hubiera realizado cuando menos algunas de las gestiones, bastante numerosas por cierto, que ha realizado un presidente municipal, preocupado por la seguridad de la población de Coahuila y de ese sector de la población de Coahuila, que es Saltillo?
La última intervención del diputado Abundio Ramírez no fue respuesta al diputado Flores Cuéllar, diputado Ramírez, usted con su intervención le contestó al diputado Pimentel.
Analicen, señoras y señores, las tres fases del dictamen técnico de la empresa inglesa que ha citado el diputado Abundio Ramírez.
Fase 1. Reparar las fugas de gas. Hay fugas de gas en Saltillo, señor diputado. ¿Qué cantidad de gas desea que se escape y se fugue para tomar medidas inmediatas?
Niego la imputación de Pimentel, falta a la verdad deliberadamente o no tiene información. El presidente municipal de Saltillo no ha impedido la reparación de la red de distribución de gas en la ciudad de Saltillo.
Yo tuve una entrevista con él, analizamos el problema. Sencillamente señoras y señores, la red de gas no ha tenido mantenimiento. Por eso la información de la empresa, diputado Ramírez, la corrosión de que han sido objeto los tubos de la red distribuidora de gas en la ciudad de Saltillo. ¿Sería eso posible con un mantenimiento normal de esa red de distribución? Usted mismo lo ha dicho, hay fugas de gas. Yo no tengo, no me baso para esta información en lo que dice Rosendo Villarreal Dávila, me baso en lo que dice una oficina que no está haciendo campaña política en Coahuila, diputado: Dirección General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación. Es ella la que dice.
Y, ¿a quién le imputa la responsabilidad?, ¿quién es el responsable? Pimentel dice que el presidente municipal. Una red de distribución que le han hecho cirugía cardiaca, by fast en toda
la red, donde las válvulas para cerrar no funcionan, donde se requiere un trabajo de emergencia con trabajo constante de 24 horas por varios días. Eso dice la Secretaría de Gobernación. Las condiciones de riesgo existen.
Sí, sí, lo entiendo, que usted quiera darle tintes políticos de desvío cuando el dirigente que organiza a los usuarios y usted lo dijo, es Navarro Montenegro, el líder de su partido.
Pero yo como autoridad, la autoridad, señor diputado, debe atender a los dictámenes técnicos, no a la opinión de los usuarios. En caso de desastre, si usted atiende a la opinión de los afectados, no tomaría las medidas emergentes.
No desviemos, señoras y señores, el debate hacia los problemas de un partido o de otro, dirigentes de un partido o de otro. Se trata de la seguridad de los saltillenses.
Se ha hecho una advertencia y llamado de atención para evitar, para bien de México, que se repita en Saltillo lo que pasó en Guadalajara. Gracias.
El diputado Oscar Pimentel González:
(Desde su curul) Señora Presidenta, pido la palabra para alusiones personales.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Para contestar alusiones personales, tiene el uso de la palabra el diputado Oscar Pimentel González.
El diputado Oscar Pimentel González: Gracias, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Acudo a la tribuna por alusiones personales. En ningún momento, en las referencias que hicimos faltamos a la verdad, como aquí lo ha venido a decir el diputado Juan de Dios Castro. Nuestra referencia de que el presidente municipal había obstaculizado las reparaciones, está aquí documentada diputado, es un oficio que dirige la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial al presidente municipal...
El diputado Juan de Dios Castro Lozano:
(Desde su curul) Señora Presidenta. ¿Le pregunta al señor diputado si acepta una interpelación?
La Presidenta:
Diputado Pimentel, ¿desea usted una interpelación..?
El diputado Oscar Pimentel González:
Al final de mi intervención, señora Presidenta. Quisiera pedirle...
El diputado Juan de Dios Castro Lozano:
(Desde su curul) Fundamente la afirmación, señor, si no es prueba.
El diputado Oscar Pimentel González:
Quisiera pedirle en un momento, señora Presidenta, se dé lectura al párrafo del oficio donde se señala esta imputación que hago aquí y que no se diga que vengo a la tribuna a faltar a la verdad.
Pero yo quisiera también aclarar que no estamos en las mismas condiciones de Guadalajara, diputado Juan de Dios Castro, y no hagamos, no hagamos de la alarma una industria política. La única manera en que podemos resolver efectivamente los problemas, con determinaciones técnicas y soluciones razonables, es precisamente poniendo, repito, nuestra buena fe por delante, pero también en una actitud de serenidad.
Yo creo que tenemos que sentarnos a platicar y que si no se ha acudido a dialogar con los usuarios que se haga; y que si no se ha acudido a dialogar con la Comisión de Ecología del Congreso que se haga y que se determinen los acuerdos entre las tres instancias de Gobierno.
Vuelvo a repetir nuestra convocatoria de que busquemos una solución, con la idea de que tenemos que echar a andar, de manera inmediata, un programa emergente que resuelva los problemas del deterioro de la red de distribución de gas en Saltillo.
Señora Presidenta, quisiera pedirle, si fuera tan amable, en dar instrucciones de que se leyera este párrafo que dirige el delegado de la Secofi al presidente municipal de Saltillo, con fecha 29 de marzo de 1993.
La Presidenta:
Le rogamos a la Secretaría dar lectura a los párrafos que señala el diputado Pimentel.
El secretario Arturo Nájera Fuentes:
"Sin embargo, según oficio número 48, la subdirección de Planificación, Urbanismo y Obras Públicas Municipales, a cargo del arquitecto Domitilo Barragán Alvarez, no autorizó a la empresa gasera, el programa de actividades de reparación sobre la red de distribución de gas, en la calle de Luis Gutiérrez, acera sur, entre las calles de Obregón y Moctezuma, aduciendo que, en la reunión convocada por la Secofi y la Secretaría de Gobernación y los tres niveles de Gobierno, el 12 del presente mes se consideró necesaria la conversión de las instalaciones de gas natural a gas LP. Me refiero a la zona 2, sector 30.
Este proyecto fue presentado a dicha autoridad municipal desde el 15 de marzo, que se cita y la respuesta se expidió hasta el 29 del mismo mes.
Cierto es que, dentro del área que por acuerdo tripartita se decidió clausurar a partir del 1o. de mayo de 1993, se incluye el sector 30; no obstante, la sección a cancelarse en esta subárea está conformada por las calles de Victoria, al norte; Xicoténcatl, al oriente; Arizpe, al sur y Pursel, al poniente, de tal forma que el programa de operación exhibido por la empresa gasera, contempla una parte de dicho sector, que se encuentra fuera de los límites del área a afectarse, ya que, como se muestra en el croquis anexo, está a tres cuadras al sur de los linderos de afectación, que parte de la calle de Arizpe.
En razón de lo expuesto, he de agradecer a usted girar sus apreciables instrucciones al titular de la citada subdirección, a fin de que se otorgue la autorización respectiva, con el propósito de no obstruir las actividades de reparación y se permita a la Distribuidora de Gas de Saltillo, proseguir con estas operaciones, puesto que de conformidad con el articulado 61 del Reglamento de Distribución de Gas en vigor, el proveedor de gas tiene estricta obligación de vigilar el buen estado y las condiciones de seguridad de los recipientes que provea al usuario."
El diputado Oscar Pimentel González:
Muchas gracias, señora Presidenta.
Como se puede ver, el impedimento por parte de la presidencia municipal, de que se reparara la red de distribución de gas, hubiera sido válido en aquella zona que estaba contemplada en el programa de reconversión y aquí se obstaculizó en zonas que no estaban involucradas en esa zona.
Así que, creo que está muy claro, diputado Juan de Dios Castro.
Señora Presidenta, si usted lo autoriza, escucharía la interpelación del diputado Juan de Dios Castro, con mucho gusto.
La Presidenta:
Muy bien.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano:
(Desde su curul) Pido la palabra, para contestar alusiones personales, señora
Presidenta.
La Presidenta:
No desean hacerle la interpelación.
El diputado Oscar Pimentel González:
Muchas gracias.
La Presidenta:
Para contestar alusiones personales tiene el uso de la palabra el diputado Juan de Dios Castro, por cinco minutos.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Señora Presidenta; señoras y señores diputados:
Afirmé y rechacé rotundamente la imputación que hizo el diputado Pimentel al presidente municipal de Saltillo y vuelvo a rechazar, diputado, la imputación.
Señoras y señores, a lo que se refiere el señor diputado Pimentel, donde tiene la información de la dependencia, donde no tiene el acta circunstanciada que la apoye, el acta administrativa, pero ésa es la información que tiene él. Yo tengo otra.
Sí, sí es cierto que en esa área específica intervino el presidente municipal y yo creo que usted hubiera hecho lo mismo si fuera el presidente municipal de Saltillo, dadas las circunstancias.
¿Qué dice el dictamen de cuyo contenido se ha dado cuenta a la Cámara de Diputados? Hay fugas de gas. Si se realizan medidas precautorias, señoras y señores diputados, cuando hay una fuga de gas domiciliaria, ¿qué se espera cuando existan fugas de gas localizadas en sectores grandes o pequeños de una población que tenga red distribuidora de gas?
Acabo de recibir el informe. Por supuesto, señoras y señores diputados, que me preocupaba la imputación del diputado Pimentel. Que el presidente municipal se niegue a que se hagan las reparaciones en la red distribuidora de gas en Saltillo, me parecería no solamente una conducta ilógica, sino irracional. ¡Irracional!, en un presidente municipal.
¿Qué fue lo que realmente ocurrió en el incidente que alude el señor diputado? No impidió las reparaciones el presidente municipal, dijo: "Háganse, sí, pero alértese al sector de población involucrado". ¿No haría usted lo mismo, diputado? ¿No haría cualquier persona responsable, no solamente en una casa - habitación, en un sector de una ciudad determinada, alertar a la población que habite el área circundante de que se van a realizar reparaciones que conllevan riesgo de explosión porque hay fugas de gas?
Eso no solamente justifica la conducta del presidente municipal, lo convierte en un presidente municipal responsable. El tema aquí es de seguridad. No basta con que nos diga faltan cuatro o cinco días para que se cumplan los 15 días. Es importante que la autoridad tome experiencia de lo que ya ocurrió. No se trata de una intervención de catastrofismo, se trata de que estamos observando en la autoridad municipal lo que las autoridades exigieron de las autoridades de Guadalajara en un caso similar.
Entonces, ¿aclarado señor diputado? No rectifico mi imputación a usted, porque usted se ubicó en una de las hipótesis. Dije: o miente deliberadamente, por la imputación que hizo, o carece de la información debida. Le concedo que puede estar en la segunda hipótesis. Gracias.
La Presidenta:
Diputado Abundio Ramírez Vázquez, han declinado el diputado José Antonio Alba Galván y el diputado Javier Guerrero García, tiene usted el uso de la palabra.
El diputado Abundio Ramírez Vázquez:
Con el permiso de la Presidencia. Yo creo que sí es menester dejar bien clara la posición de mi partido, el Partido del Frente Cardenista.
En ningún momento, compañeros diputados, ni hemos venido aquí a apoyar la negligencia ni apoyamos el que haya una posible tragedia de la cual cualquier dirigente político o cualquier ciudadano nos sintamos responsables.
Iniciamos leyendo tres conclusiones de la empresa que hizo los estudios y en ese sentido pues mantenemos la propuesta concretamente apoyada por el compañero Juan de Dios Castro, en el sentido de que el usuario es un actor importante y de que lo estamos defendiendo; sin embargo, le agregaríamos algo más, los usuarios saltillenses, que son miles, tienen derecho a decir su propia voz, tienen derecho a pedir que se les tome en cuenta tanto por el ayuntamiento como por el Congreso del Estado y del Gobierno del Estado.
Apoyamos pues el que se tomen medidas de inmediato, el día 15 concluye el plazo y seguramente se tomarán medidas y las cuales se hagan con democracia y donde se tomen en cuenta los puntos de vista de la autoridad municipal, de los usuarios, de las organizaciones de usuarios.
Por otra parte también me es obligado aclarar que tenemos todo el derecho, como lo tiene el presidente municipal, de organizar comités de ciudadanos, de organizar a los ciudadanos, pero también tenemos la obligación y debemos de ser responsables para que la orientación sea con base en la Ley, con base en el derecho y con base en la justicia. Gracias.
La Presidenta:
Gracias, diputado.
Túrnese a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, la propuesta del diputado Flores Cuéllar.
La Presidenta:
Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para comentar las modificaciones laborales como resultantes del Tratado de Libre Comercio.
El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas:
(Desde su curul) Señora Presidenta:
Hace unos momentos en un amplio debate que a juicio del de la voz llevó más tiempo que el esperado, pudimos enterarnos de cosas muy importantes que acontecen en el Estado de Coahuila.
Entre algunas otras, en forma muy trascendente ya nos anticiparon a los escuchas quiénes podrían ser en su momento los abanderados candidatos a presidentes municipales, de cada uno de los institutos políticos, en los sucesos electorales que en esa entidad se avecinan. Esto resulta mucho muy trascendente, pues el pueblo de México entero está atento a lo que acontece nacionalmente y es observador de los sucesos de la elección presidencial nacional de 1994.
A través de las intervenciones de los compañeros del Partido Revolucionario Institucional obviamente de los compañeros de Acción Nacional y alguna intervención también interesante de los compañeros del Frente Cardenista, pudimos percibir las fugas de energético que en forma inflamable podrían ocasionar catástrofes de tan graves consecuencias o superiores a las que se vivieron en el Estado de Jalisco, concretamente en su capital Guadalajara.
Concluimos que en Coahuila ¡huele a gas! y consecuentemente en razón del tiempo que se han llevado estos debates, atendiendo el momento y el transcurso de las horas, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana por mi conducto, difiere sus intervenciones, dos próximas, en los temas que usted ha señalado así como en el que a continuación habría de referirse. Muchas gracias por su atención.
La Presidenta:
Gracias, diputado.
ESTADO DE PUEBLA
La Presidenta:
Para referirse al incidente ocurrido en Izúcar de Matamoros, Puebla, se han inscrito los señores diputados Jesús Martín del Campo Castañeda, del Partido de la Revolución Democrática y el diputado Alberto Jiménez Arroyo, del Partido Revolucionario Institucional.
Tiene el uso de la palabra el diputado Martín del Campo Castañeda.
El diputado Jesús Martín del Campo Castañeda:
Los miembros del Partido de la Revolución Democrática, por mi conducto, hemos decidido comentar incidentes graves que sucedieron el día de ayer en la población de Izúcar de Matamoros, del Estado de Puebla.
En primer lugar queremos dejar claro que la causal fundamental de incidentes como el que ayer se presentó por la mañana y continuó durante todo el día y hasta el día de hoy, en Izúcar de Matamoros, Puebla, es el clima de intolerancia y de autoritarismo con el que se ha venido caracterizando el Gobierno de Manuel Bartlett Díaz, en el Estado de Puebla.
Queremos también decir que la reunión de más de mil ciudadanos de la población de Izúcar de Matamoros, Puebla, para pedir audiencia y entregarle un documento al gobernador, no suceden solamente porque si y por el deseo de algunos ciudadanos de llamar la atención; sino porque hay una situación tensa que no ha logrado ser resuelta, porque ha habido cerrazón del Gobierno del Estado de Puebla.
En ocasiones anteriores han habido incluso entrevistas de miembros del Comité Ejecutivo Nacional de mi partido junto con miembros del Comité Ejecutivo Estatal y representantes del Frente Cívico Matamorense, para plantear alternativas de solución al conflicto poselectoral en el municipio de Izúcar de Matamoros.
Por lo tanto, rechazamos categóricamente en esta tribuna la campaña que se ha desatado a partir de ayer en el Estado de Puebla y que intenta trascender nacionalmente, tratando de responsabilizar al Partido de la Revolución Democrática y al Frente Cívico Matamorense, de la situación violenta que se presentó el día de ayer en aquella población.
Tras los hechos ocurridos en Izúcar de Matamoros, Puebla, donde hubo un enfrentamiento entre miembros del Frente Cívico Matamorense y policías, se ha desatado en este municipio, una verdadera cacería de brujas y allanamiento de morada de los dirigentes del movimiento local, que reclama respeto al voto y la restitución del derecho en ese municipio.
De acuerdo a la información que nos han remitido los compañeros del Frente Cívico Matamorense y del PRD en el Estado de Puebla, el día de ayer, alrededor de las 7.30 horas, arribó el gobernador de Puebla, Manuel Bartlett Díaz, a Izúcar, con el fin de evaluar la gestión del edil Rafael Cruz Dehesa, que es rechazado por la mayoría de ciudadanos de aquella población, puesto que la mayoría de votos los obtuvo el candidato del Frente Cívico Matamorense, aun cuando por una interpretación errónea de la Ley Estatal Electoral, se le ha dado la posición a Dehesa.
Todo el centro de la ciudad estuvo acordonado por un gran despliegue de fuerzas de seguridad, entre policías antimotines y armados con metralletas, así como granaderos y el comando canino, que impidieron el acceso al lugar en donde se encontraba el gobernador.
La misma información que se conoce de este dispositivo exagerado, da lugar a pensar en que se ha montado una provocación en Izúcar de Matamoros, contra la ciudadanía que quería entregar una petición y quería dialogar con el gobernador Manuel Bartlett Díaz. Tal excesiva demostración de fuerza pública , en una pequeña población, a menudo ni siquiera el Presidente de la República la lleva y en este caso se ha exagerado la nota y puede colegirse de esto que hay un intento de provocación a la población que ha culminado con una situación grave.
A un kilómetro del centro, en el atrio de la iglesia de Santo Domingo, de la población de Izúcar de Matamoros, se encontraban reunidos alrededor de 1 mil 200 miembros del Frente Cívico Matamorense, quienes a través de una comisión de 10 mujeres, fueron a solicitar este diálogo con el gobernador, que han estado reclamando desde la imposición del actual edil de la población. Sin embargo los cuerpos de seguridad obstruyeron el paso a las comisionadas. Ante esa negativa, los miembros del Frente Cívico Matamorense decidieron encaminarse hacia el helicóptero del gobernador que se encontraba en un helipuerto improvisado en las afueras de la ciudad, para entregar su pliego de peticiones que fundamentalmente pide el respeto al voto emitido el pasado 8 de noviembre y la restitución del derecho en dicho municipio.
Entre los marchistas se encontraban personas de todas las edades, e incluso estaban con ellos aproximadamente 40 miembros del Partido Revolucionario Institucional de esa población, que también asumen la posición del Frente Cívico Matamorense.
Al arribar el contingente de casi 1 mil 500 personas a donde estaba el helicóptero, se encontraban en el lugar alrededor de 70 judiciales armados con palos y metralletas, los cuales intentaron agredirlos. Al acercarse los del Frente Cívico aún más al helicóptero, uno de los dirigentes de los policías dio la orden de despegue a los pilotos, por lo que varios miembros del frente pidieron no se adelantara el vuelo, ya que podían ser lesionados algunos de los que se encontraban próximos al aparato.
El aparato dio un giro de 90 grados y efectivamente azotó a cinco de las personas ahí reunidas. En el segundo intento de vuelo los pilotos levantaron cuatro metros aproximadamente el aparato y en clara agresión para dispersar el contingente se dirigieron hacia donde se encontraba concentrada la mayor parte de personas. En esa maniobra el piloto se descontroló y la hélice trasera o alguno de los mecanismos para elevar el aparato se pegó contra una barda y el helicóptero cayó al suelo.
En esos momentos arribaron alrededor de 400 policías, armados con palos y comenzaron a golpear indiscriminadamente a los miembros del Frente Cívico que estaban ahí reunidos, lanzándoles también gases lacrimógenos. Se escucharon incluso dos disparos al aire.
Los del Frente Cívico comenzaron a defenderse y también lanzaron piedras, golpes de puño, pues nadie estaba armado de las personas que se encontraban ahí reunidas, pertenecientes al Frente Cívico Matamorense.
El enfrentamiento duró alrededor de una hora y dejó 30 heridos; uno de gravedad. Once perredistas fueron detenidos; algunos durante la reyerta y otros en los allanamientos de morada que sucedieron a esta situación.
Se han identificado perfectamente nueve de las personas detenidas, vinculadas al Frente Cívico Matamorense y al PRD y son las siguientes personas:
Juan Dolores Bermejo, el doctor Julio Jesús Hernández González, la señora Elba Peregrina de
Hernández, el señor Antonio Gaona, el señor Ignacio Rodríguez, el señor Heliodoro Martínez García, la señora Josefina Rosete, el señor Vicente Tapia y el señor Roberto Martínez Mondragón.
Después de estos hechos se ha desatado, como decía al principio, "una cacería de brujas" en Izúcar. La policía se ha seguido metiendo en las siguientes 24 horas en los hogares de más de 700 personas y siguen presentes ahí varios centenares de elementos de los cuerpos de seguridad que continúan desplegados amagando a la población.
Recientemente, en la última hora, recibimos un fax de los compañeros que dicen que se sigue el cateo en las casas, que el número de detenidos ha aumentado a 15, que hay grupos de civiles paramilitares amagando a la población para que no se concentre y reúna para exigir información y que en este lapso de la tarde se está desarrollando una manifestación de protesta en Izúcar por esta actitud de extralimitación de la autoridad, en la que tiene responsabilidad directa el Ejecutivo del Estado.
De manera extraoficial algunos periodistas han dicho que el procurador les declaró que ya estaban consignando a las personas y que ninguno de los que están consignados, sin haber dado la lista, tiene derecho a fianza y que hace insistentes señalamientos en el sentido de que es el Partido de la Revolución Democrática en la localidad el que ha provocado los acontecimientos.
Reiteramos que se trata de un hecho grave. Que no es la primera vez que en conflictos poselectorales, ante la incapacidad de dar una salida apegada a la legalidad y en respuesta a los reclamos de la ciudadanía, se montan escenarios de provocación para tratar de desacreditar las protestas legítimas de la ciudadanía.
Nosotros exigimos que se haga una investigación acuciosa, que se puedan reconstruir los hechos, que se pueda efectivamente señalar cuáles son las causantes de la inquietud de la ciudadanía en la entidad y en particular en Izúcar de Matamoros, Puebla y que no se actúe con estos excesos violentos de la autoridad, que revelan incapacidad para gobernar un estado tan conflictivo, tan en condiciones desastrosas desde el punto de vista económico y social, como es Puebla y que ya este gobernador que lleva pocos meses, muestra una franca incapacidad para resolver los problemas y los conflictos que la ciudadanía le plantea.
Y, reitero, el rechazo categórico del grupo parlamentario del PRD, que también asume el Comité Ejecutivo Nacional y el Comité Estatal de Puebla, en el sentido de que tengamos responsabilidad en los hechos violentos que se sucedieron y de lo contrario reclamamos que sean liberados los militantes del Frente Cívico Matamorense, pertenezcan o no al PRD, porque su demanda de ser escuchados por el gobernador está apoyada en la constitución y es un derecho que no se les puede negar, mucho menos con un despliegue tan inusitado de fuerza, con un despliegue tan inusitado de policías. Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene el uso de la palabra el diputado Alberto Jiménez Arroyo.
El diputado Alberto Jiménez Arroyo:
Con su permiso, señora Presidenta; señoras y señores diputados:
Hace un momento el diputado Martín del Campo, señaló que en Puebla hay un clima de autoritarismo y de intolerancia y que habían solicitado audiencia con el señor gobernador y que como no se las concedió propiamente fue lo que motivó los problemas que ayer vivió Izúcar de Matamoros.
Tenemos información de que el gobernador, Manuel Bartlett, se reunió tres veces con el Comité Ejecutivo Nacional del PRD y con los dirigentes de Puebla para analizar este problema y que en muchas ocasiones más, el secretario de Gobernación, el licenciado Carlos Palafox, ha tenido reuniones con los dirigentes del PRD, por lo cual no creo que haya ni cerrazón, ni intolerancia.
Creo que en este día que los medios de comunicación del Estado y los medios nacionales han hecho mención de los hechos de Izúcar de Matamoros, hechos que por su magnitud son reprobables, por ello la imperiosa necesidad de esclarecer el origen y la motivación de tan bochornosa actitud y de quien ha sido señalado como autor de los mismos, al perredista Narciso Domínguez.
Estos son los hechos tal como sucedieron: al llegar a este municipio de Izúcar de Matamoros, 20 minutos antes de lo previsto, 8.30 horas, el gobernador recorrió la plaza pública y parte del
mercado municipal, donde dialogó con los vecinos, donde muchos de ellos se inconformaron por las continuas molestias que ocasionaban las manifestaciones del PRD y el Frente Cívico Matamorense.
A las 8.45 horas arribó al auditorio municipal, donde se llevó a cabo una reunión con los sectores sociales y presidentes municipales de ese distrito local. En tanto esto sucede, en las inmediaciones del auditorio, en el atrio de Santo Domingo se empezaron a reunir simpatizantes de este partido para convocar a la gente, hicieron tocar las campanas de diferentes templos de la localidad incitando a los miembros de su partido a la agresión. Estos simpatizantes ya reunidos por el tañir de las campanas, se encontraban visiblemente armados con piedras, con palos y armas de fuego, situación que de ninguna manera es justificable.
El grupo de perredistas protegidos bajo el nombre de Frente Cívico Matamorense, a eso de las 9.30 horas intentaron obstaculizar la gira de trabajo del gobernador del Estado. Al ver frustrado su propósito este grupo de personas, aproximadamente en un número de 150, se trasladaron al lugar, en donde se encontraba en helicóptero en el que continuaría su gira de trabajo el Ejecutivo del Estado.
Con piedras, con palos, machetes y armas de fuego, trataron de agredir a los pilotos y éstos, al verse amenazados en su integridad física, abordaron la aeronave y despegaron aproximadamente 20 metros. Pero al ser apedreados, el aparato se precipitó a la tierra por desprendimiento del rotor trasero provocado por los proyectiles lanzados, para impedir que éste se elevara poniendo en peligro la vida de los tres ocupantes del helicóptero; no conformes con este hecho el grupo de enardecidos atacó de nueva cuenta a los asustados tripulantes obligándolos a retirarse del lugar.
Al enterarse de este incidente, los elementos de la policía estatal y municipal acudieron al lugar de los hechos a restablecer el orden y evitar, evitar que los inconformes consumaran la agresión contra los tripulantes, en contra de estos dos pilotos y de un colaborador del gobernador.
Compañeros legisladores, la estabilidad social y el orden constitucional en Puebla no son susceptibles de presiones de ningún grupo político, por eso desde ésta la más alta tribuna de la nación los diputados priístas reprobamos lo sucedido en Izúcar de Matamoros y solicitamos a quienes incitaron a la agresión, tomen el camino de la concertación y el diálogo para dirimir sus diferencias y dejar en manos de las autoridades del gobierno del Estado el esclarecimiento de los hechos. La elección en Izúcar de Matamoros la ganó el PRI, fue el partido que obtuvo más votos, así lo demuestra cada una de las actas donde se encuentran asentados los resultados electorales; así lo han reconocido miembros del PRD quienes han solicitado se haga a un lado la Constitución para sumar los votos de diferentes partidos, sobre el particular que es necesario hacer mención que el artículo 48 fracción II de la Loppe establece lo siguiente: "Que para presentar una coalición entre dos o más partidos deben registrarse candidaturas comunes, en el caso que nos ocupa, la pretendida coalición PRD - PPS no cumplió con los términos de legalidad exigidos ya que la integración de las planillas sólo coincidieron con el nombre de candidato a primer regidor y en los demás nombres de los candidatos a regidores fueron distintos.
Por eso no existió fundamento legal para otorgar validez a esta coalición, luego entonces no se puede entregar al poder a quien no lo ha ganado legítimamente en las urnas; en cambio, el gobernador Manuel Bartlett, ha dialogado directamente con los miembros del Comité Ejecutivo Nacional y del Comité Directivo Estatal para este asunto; mientras que el PRD, se ha dedicado a intimidar a la población, en una provocación permanente, hecho que reprueban todos y que se demostró en las elecciones de las juntas auxiliares celebradas el domingo 28 de marzo pasado en esa misma población de Izúcar de Matamoros, donde en las elecciones de las juntas auxiliares ganó el PRI, todas las juntas auxiliares, demostrando una vez más que tiene el respaldo popular. Creo que todos los partidos debemos hacer proselitismo dentro de los marcos legales, sin caer en el terrorismo y la nota roja, sin querer hacer actos de delincuencia y disfrazarlos de asuntos políticos, el asunto está en que el PRD registró el 1% de la votación del Estado y está dividido, fragmentado en tres grupos. Yo creo que ahí se deben de canalizar todas las energías de un partido y no intimidar a una población.
Considero que el Comité Ejecutivo Nacional del PRD, no debe permitir que un grupo altere la tranquilidad de un pueblo que quiere trabajar para superar su situación actual. Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias diputado. Se concede el uso de la palabra para rectificar hechos, al diputado Jesús Martín del Campo Castañeda, por cinco minutos.
El diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda:
La intervención del compañero diputado del PRI, Jiménez, me parece al mismo tiempo ilustrativa y desafortunada.
Ilustrativa, porque contribuye como pie de página a demostrar lo que yo planteé. Hay una campaña que independientemente de la investigación de hechos conflictivos como el que ayer sucedió en Izúcar de Matamoros, ya hay una consigna que hay que repetir mecánicamente, como ahora lo hizo el compañero diputado Jiménez, en el sentido de que el PRD es violento, es una partida de delincuentes, no sabe canalizar sus energías y por lo tanto, hay que aplicarles el rigor de la violencia, como con el comando canino que ayer llevó para hacer proselitismo el gobernador de Puebla, Manuel Bartlett Díaz, a dialogar pacíficamente con el comando canino, un cuerpo de 700 judiciales y también unos cuantos centenares de granaderos, todos para este clima de concertación que está promoviendo el partido al que pertenece el diputado Jiménez.
Y es ilustrativa decía, como pie de página de lo que yo decía, porque eso es lo que han inducido a la prensa del Estado, a través de comunicación social del Estado, en el sentido de que ahí lo que hay que crear, es ese terrorismo y esa nota roja que vino a ilustrar muy bien el diputado Jiménez y que el PRI es el que está llevando a cabo.
La nota roja la pone él, porque dice que ahí hay que castigar a los violentos del PRD, incluso ya sin ningún procedimiento legal, sin ningún escrúpulo para plantear siquiera que haya investigación, ya dice que hay que apresar ahí, castigar a un miembro del PRD que ha sido capaz de, con el 1% de los votos en el Estado, desestabilizar al gobernador que tiene el consenso y que es partidario de la concertación.
Me parece un poco absurdo el uso de los ejemplos y me parece exagerado y de nota roja e ilustrativo, del clima que se quiere crear en el Estado de Puebla. No debería crearse ese ambiente, si el PRD es del 1% y está dividido. Yo aquí no vine a decir si el PRI está dividido o no, si unos no eran partidarios de Bartlett, eran partidarios de Aceves y otros precandidatos que aquí se rumoró que existían del Partido Revolucionario Institucional y se andaban autopromoviendo en la propia Cámara.
Yo eso no lo toqué. Ese no es el caso ahora, ni tampoco he tocado si están divididos para 1994 y que unos son de Colosio y otros, de Camacho y otros, de otro de los precandidatos; yo no he tocado eso. El asunto concreto es que dije que los parlamentarios de esta LV Legislatura, debemos ser partidarios de una investigación seria, escrupulosa, apegada a derecho, aunque dije claramente: "Sobre la base de la información de compañeros del PRD", así lo dije y del Frente Cívico Matamorense, es que hay este planteamiento sobre los hechos y que me parece inadecuado que se aprehenda a decenas de personas y que se estén cateando las casas por el incidente presentado.
Hay una versión de los hechos que dijo el diputado y la diferencia con la versión de los hechos que di, es que no afirmé categóricamente nada, sino planteé que aquí debemos ser partidarios de una investigación.
Yo no hice llamados al PRI a que se una en una sola fracción, ni hice el recuento de los porcentajes que en sí mismos hemos venido planteando los de la oposición, son generalmente fraudulentamente calculados y que ése es el asunto que provoca inestabilidad en muchos lugares del país.
La causa fundamental no es un compañero del PRD, del que aquí se dio el nombre, la causa fundamental no es que 10 mujeres querían hablar con Manuel Bartlett Díaz ayer; la causa fundamental de la inquietud en esa población y eso no lo dijo de manera tramposa el diputado Jiménez, es que el candidato común del PPS y el PRD en Matamoros, a la presidencia municipal, ganó más votos claramente que el candidato del PRI y efectivamente hay un problema de interpretación que se discutió en el Colegio Electoral de Puebla y hubo cerrazón para eso, del gobernador Manuel Bartlett, para discutir que habría una interpretación distinta a ese artículo del Código de Procedimientos Electorales del Estado de Puebla.
Y dije claramente, para que no se usara eso como contrapeso a mis afirmaciones, que sí, que había sido recibida una comisión del Comité Ejecutivo Nacional del PRD con miembros del Comité Estatal, eso lo dije yo para que no se guardara como una arma que tratara de desacreditar nuestra queja.
Y reitero que rechazamos categóricamente que seamos responsables de la inquietud de los ciudadanos del Frente Cívico Matamorense, que no es ninguna máscara, que eso no es ningún
encubrimiento del PRD para hacer violencia, me parece irresponsable la afirmación que hizo el diputado Jiménez y exijo que se retire o que se atenga el compañero diputado del PRI a las investigaciones que es lo que yo estoy exigiendo debe hacerse en el Estado de Puebla, en particular en Izúcar de Matamoros. Gracias.
ACUERDO DE MODERNIZACIÓN
La Presidenta:
Para referirse al Acuerdo para la Modernización Educativa, se han inscrito los señores diputados Hildebrando Gaytán Márquez, del Partido Popular Socialista y el diputado José Manuel Correa Ceseña, del Partido Revolucionario Institucional.
Tiene el uso de la palabra el diputado Hildebrando Gaytán Márquez.
El diputuado Hildebrando Gaytán Márquez:
Con su permiso, señora Presidenta; señoras y señores diputados:
En unos cuantos días se va a cumplir un año de haberse firmado un documento que constituye a estas alturas uno de los más importantes en la política educativa de este gobierno.
Independientemente de las valoraciones que se han dado a otras medidas de política educativa por parte de mi partido, en donde hemos estado en contra de la reforma del artículo 3o., este Acuerdo para la Modernización de la Educación Básica, constituye en la práctica la forma como se han venido realizando diversas acciones.
En su momento el Partido Popular Socialista, hizo una diferencia entre lo que se presentó en este documento como una descentralización administrativa y lo que se había sustentado por funcionarios del propio gobierno como una descentralización educativa.
Se salvó la educación en su carácter nacional, al haberse establecido tres que consideramos nosotros son sus bases fundamentales. Una, la facultad a la Secretaría de Educación Pública para vigilar el exacto cumplimiento del artículo 3o. constitucional; una segunda, el respeto íntegro a los derechos y conquistas de los trabajadores de la educación, fuera en el caso laboral, profesional, de seguridad social o bien de organización sindical y un tercer aspecto también importante, es el compromiso que se establece en este documento para que el Gobierno Federal y los gobiernos de los estados, puedan entregar mayores recursos económicos al ramo educativo.
De acuerdo con estos trazos generales, para mi partido ha sido una tarea, una preocupación, el estar pendientes de cómo se lleva adelante la aplicación de ese acuerdo.
Existen algunos aspectos que evidentemente se han realizado y que estarán sujetos a revisión, según lo vaya dictando la experiencia. La primera de las medidas que se han instrumentando al través de este acuerdo para la modernización de la educación básica, es la transferencia de los planteles educativos a los gobiernos de los estados; es la descentralización administrativa a que hacía referencia.
Otro de los procedimientos en el cumplimiento de este acuerdo, es la extensión del documento rector de la carrera magisterial. Pero además de estos dos que son de las medidas más importantes que se prevén en este documento, existen otras de las que aún no tenemos ninguna información.
El documento para la modernización de la educación básica, establece que habrán de reformularse los planes y programas de preescolar, primaria y secundaria y expedirse los libros de texto de acuerdo con estos nuevos planes y programas. Sobre esta matera, ha sido un tanto no uniforme el camino que se ha seguido. Se editó el libro de historia de México, previsto en este acuerdo para la modernización, pero dicho libro, como ya fue discutido en esta Cámara, se ha remitido para una corrección en sus contenidos. Creo que es un asunto finiquitado a estas alturas, para no entrar en él.
El acuerdo que se tomó en la Cámara de Diputados lo firmamos y precisamente va en ese sentido.
Pero con los libros de texto para todas las demás asignaturas de la primaria y de la secundaria y los planes y programas, nosotros queremos saber de qué manera se va a dar cumplimiento a este acuerdo, porque los libros de texto señoras y señores diputados, estaremos de acuerdo todos en que corresponden siempre a lo que señala en los planes y programas y a estas alturas no conocemos, no se han dado a conocer los planes y programas.
Sin embargo, se ha emitido una convocatoria para tener unos nuevos libros de texto. Se han dado
guiones, trazos generales sobre el contenido de estos libros de texto y queremos saber si esos trazos generales constituyen los planes y programas, o si a diferencia de como se está trabajando con los actuales libros de texto por convocatoria, vendrán unos planes y programas que preverán materias diferentes o aspectos diferentes.
Pero más todavía que eso, queremos saber exactamente sobre qué líneas rectoras se está trabajando alrededor de los planes y programas, porque evidentemente que ahí se encuentra la esencia de lo que debe ser la educación del futuro, en correspondencia exacta con el artículo 3o. constitucional.
Todos aquí en esta tribuna hemos dicho, por los diferentes grupos parlamentarios, que estamos ante fenómenos extraordinarios, como es el avance de la ciencia y de la técnica y que ningún pueblo que busque ese progreso, puede desdeñar esta base de una educación científica.
Queremos saber qué es lo que se prevé para estos planes y programas, esto en el ramo educativo. También el acuerdo al que estoy haciendo referencia, habla sobre un importante programa de actualización y superación del magisterio. Sobre esta materia en el documento rector sobre carrera magisterial, se hace alusión a la actualización y superación del maestro. Esto es cierto. Pero queremos saber más sobre este mismo tema.
¿Cuáles de las instituciones con que cuenta el Gobierno de la República van a participar en esta importantísima tarea, en qué aspecto cada una de ella, sobre qué líneas, etcétera...?
Y por el lado de la revaloración social del maestro, que exalta en este documento y que sin duda alguna fue, así como los demás, motivo por el que fue aceptado por el magisterio nacional, y en todo caso sujeto a su cumplimiento. Sobre esta revaloración social del maestro, se prevé en este documento la necesidad de hacerle justicia por el lado de sus ingresos y también por el lado de sus condiciones de vida y de su rol en la sociedad, de reconocer la importancia que ha tenido el maestro en nuestro país.
Y al respecto se señalan dos compromisos importantísimos: uno, que los gobiernos de los estados y el Gobierno de la República, incrementen de manera importante los recursos económicos destinados a la educación para poder elevar los ingresos de los maestros de México; y el otro aspecto, es el de desarrollar un programa nacional de vivienda para el magisterio, a efecto de resolver en su fondo este grave problema social.
No conocemos hasta el momento lo que se ha resuelto alrededor de este importante, que así debe ser, programa nacional de vivienda, pero es un ofrecimiento, es un compromiso político que está establecido en este acuerdo, que dentro de unos cuantos días cumplirá un año.
¿Qué es, cuál es, sobre este tema, la inicial preocupación del Partido Popular Socialista y que es lo que nos justifica en esta tribuna?
Pensamos nosotros que ante este problema de dimensión nacional, importantísimo, como han sido y como son importantes los demás problemas de carácter local que se han tratado en esta tribuna el día de hoy, este problema de dimensión nacional y de trascendencia para el futuro de México, debe abordarlo la Cámara de Diputados por medio de su competencia directa que es la Comisión de Educación.
Pensamos nosotros que es conveniente que la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aborde este asunto, conjuntamente con las autoridades del ramo, con la información suficiente que debe otorgar la autoridad, la Secretaría de Educación Pública, para hacer el balance sobre la aplicación que ha tenido este acuerdo, para poder conocer qué se piensa sobre los aspectos que no han aun abordado y que son de primordial importancia.
Compañeras y compañeros diputados:
Mi partido me hizo también el encargo, al subir a esta tribuna, de que visto que también en unos cuantos días será el Día del Maestro, formule un reconocimiento a la importante labor que ha desarrollado el maestro de México en la construcción de nuestro país.
Pensamos que ese decreto presidencial, firmado exactamente cuando concluía el movimiento armado, en que se le reconocía al maestro un papel importante en la vida de México, al determinar el 15 de mayo como su día, pensamos que los maestros han cumplido.
No es posible pensar que la reforma agraria se hubiera realizado si no hubiese estado en la conciencia de los maestros dar su vida cuando así fue necesario, dar su tiempo y dar todo su interés, para orientar, organizar y guiar a los campesinos, tras la conquista de las tierras por las que lucharon en la Revolución Mexicana.
La Ley Reglamentaria del Artículo 3o., en su momento estableció como una misión del maestro, llevar adelante la defensa de la reforma
agraria y pienso yo que el maestro, en esa etapa en que se dio esta lucha de manera profunda, cumplió con el pueblo y con la nación mexicana.
Más adelante se le estableció, o bien desde estos años, su lado para poder llevar adelante una educación de impulso popular, una educación que solamente así se justifica, cuando trata de abrir horizontes de progreso y expectativas de superación al pueblo, mediante un desarrollo autónomo de la nación mexicana.
Ese ha sido el calor, la filosofía social que ha cimbrado en las conciencias de los maestros, pero que ha sido también reconocida por el legislador, porque esos son los lineamientos que aún hoy en día se establecen en el artículo 3o. constitucional.
Estos principios, estos criterios rectores, no se han modificado en el artículo 3o., no obstante las reformas que en dos ocasiones se le han hecho por esta propia Legislatura. Y esos principios son los que siguen animando al magisterio de México y son por los que está dispuesto a seguir entregando su vida, entregando su tiempo, sus energías, porque sabe que es una educación que debe alentar hacia la justicia y el progreso social. En vísperas, pues, del 15 de mayo, en vísperas del 18 de mayo, en que se ha establecido con este Acuerdo para la Modernización de la Educación Básica, un nuevo horizonte en la organización educativa y una serie de estrategias, algunas cumplidas, otras incumplidas hasta este momento, pero por supuesto que si no se han cumplido no quiere decir que deban olvidarse, sino al contrario, que a la brevedad se puedan instrumentar como este programa de vivienda o bien estos planes y programas que respondan al artículo 3o.
Es por lo que el Partido Popular Socialista presenta a la consideración de ustedes, la propuesta de que la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados demande de la Secretaría de Educación Pública, información suficiente sobre la aplicación que ha tenido el Acuerdo de Modernización de la Educación Básica del 18 de marzo de 1992 en los diversos aspectos de este documento, así como la entrega de mayores recursos económicos al ramo educativo a lo que se comprometieron tanto el Gobierno Federal como los gobernadores de los estados, para elevar los ingresos de los trabajadores de la educación y revalorar la función social del maestro como se indica en dicho documento.
Esta es la propuesta que traigo a esta Cámara de Diputados y la dejo en la Secretaría para que se le dé el turno que se considere conveniente. Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias diputado. Se concede el uso de la palabra al diputado Jesús Martín del Campo Castañeda, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda:
Hago uso de la tribuna en esta ocasión para respaldar el planteamiento de los compañeros del Partido Popular Socialista, transmitido aquí en la voz del diputado Hildebrando Gaytán, creo además pertinente de manera muy ágil hacer un balance del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica a casi un año de que fue signado por las autoridades educativas, el Ejecutivo, los gobernadores de los estados y la mayoría del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE.
Quiero recordar que los miembros del PRD, planteamos nuestras discrepancias y señalamos nuestras dudas en una larga comparencia del Secretario de Educación ante la Comisión de Educación de esta LV Legislatura, en relación a este acuerdo.
Quiero recordar también que se planteó como un acuerdo histórico, como un acuerdo que vendría a dar un giro muy importante en política educativa, en aspectos centrales como el de la descentralización denominado en el documento "Federalización"; también habría un giro muy importante en la revaloración social de la profesión docente y que también se haría eco la autoridad educativa de un planteamiento que durante 20 años no escucharon, se decía, por parte del Secretario, de los maestros de base en el sentido de que había que cambiar planes y programas de estudio, lo mismo que los libros de texto que se usan en la educación básica en primaria en particular, en nuestro país.
Y se hablaba también, de que este giro y este cambio no implicaría afectar los derechos laborales de los trabajadores de la educación y a su organización sindical el SNTE.
Sobre el primer tema, el de la descentralización y me parece a mí un asunto primordial, quiero decirles que el Partido de la Revolución Democrática es partidario de la descentralización de la actividad pública, de la política general
en este país, pero una descentralización bien planeada y lo que ahora hemos visto a un año de distancia del acuerdo nacional es, con el nombre de federalización, una descentralización incompleta e inadecuada que no logra y creemos no logrará abatir las asimetrías e inequidades existentes en nuestro país en materia educativa y en otros aspectos socioeconómicos.
No abatirá las asimetrías e inequidades que tienen los estados con mayor rezago educativo, como Guerrero, como Hidalgo, como Chiapas, como Oaxaca, porque los recursos no se han incrementado significativamente en el último año.
En lo que se ha puesto más el acento, es en transferir el manejo administrativo de plazas y recursos para el pago de los maestros durante el último año. Pero no ha logrado esto abatir insisto, asimetrías e inequidades, aunque se presentó con bombos y platillos el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. Incluso se llegó a comentar que algunos gobernadores consideraron que con esto de la transferencia de los recursos se habían sacado "el tigre en la rifa", porque lo que estaban haciendo era trasladarle los conflictos que obviamente puede plantear el magisterio, en vista de los escasos salarios que tiene y en vista de que no hay estímulos suficientes para profesionalizar a los trabajadores de la educación básica en este país.
Creemos en perspectiva, que una buena descentralización en estricto sentido, una descentralización de la vida pública, sí debe contemplar que se trasladen tanto la administración como los recursos y también una reforma fiscal que permita que los estados con menores recursos, tengan posibilidades de tener ingresos.
Se habló en el acuerdo por ejemplo, de que se homologaría a la alza a los trabajadores de la educación federalizados. Es decir, que si en algún estado tienen prestaciones mejores los trabajadores de la educación al servicio de los gobiernos de los estados, los maestros estatales, como se dice, los federalizados deberían ganar también al alza y viceversa, donde la situación fuera a la inversa, deberían ganar los estatales las prestaciones a la alza.
Hay estados donde los trabajadores estatales de la educación tienen más de 40 días de aguinaldo que es lo que se viene dando a los federales ahora federalizados, y los gobernadores han planteado incapacidad de recursos para homologar en el plazo fijado en el acuerdo que era de seis meses, a los trabajadores federalizados. Algunos han dicho que en la perspectiva de sus gastos, cuando menos en dos o hasta en cinco años, podrían lograr esta homologación que promete el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica.
De manera que nos encontramos entonces ante dos insuficiencias: una descentralización disfrazada con el nombre de federalización, que es insuficiente en la perspectiva general de transformación de la vida pública del país, porque sólo es un macroexperimento en la SEP, pero que no abarca a la totalidad de la actividad pública y que deberá pensarse con una planeación adecuada y segundo, una insuficiencia de recursos para que los gobiernos de los estados, no tengan solo el traslado de problemas, el traslado de las quejas de los maestros por los insuficientes salarios, sino tengan condiciones reales de arraigar a los profesores en cada entidad con recursos suficientes.
Sólo quiero recordar que es una demanda de la organización sindical del magisterio, que ganen cuando menos cuatro salarios mínimos por turno o por plaza los maestros de educación básica, situación de la que ahora se encuentra distante el magisterio del país. Por lo tanto hablamos de un cumplimiento insuficiente.
Sobre la revaloración social del magisterio, se reitera en cada sexenio y en cada festividad del Día del Maestro, que el Gobierno reconoce la necesidad de esto. Sin embargo, hay también otra insuficiencia: se planteó como una medida para estimular el arraigo y la profesionalización del magisterio, un escalafón horizontal que se llama carrera magisterial y que debe estimular el desempeño de los trabajadores de la educación.
Desde el principio los miembros del PRD, dijimos que los recursos asignados a este programa de carrera magisterial, eran insuficientes. Y también dijimos que un organismo internacional la CEPAL - UNESCO, a través de un documento que se llama "La Educación como eje de la Transformación Productiva con Equidad", señala que este tipo de estímulos como la carrera magisterial en México, deben ser otorgados al equipo docente, no sólo a una cantidad pequeña que está calculada ahora en el 30% de los maestros de educación básica en ejercicio, sino a la mayoría de los maestros que cumplan con los mínimos requisitos de preparación, de años de servicio y una combinación de estos factores. Y ahora se ha estado utilizando como un filtro por la insuficiencia de recursos, un examen de conocimientos mal elaborado, del cual ya hay quejas
crecientes de los maestros de que no mide el desempeño profesional de los trabajadores de la educación y que sólo está sirviendo como un pretexto para que no accedan a la carrera magisterial que es un estímulo económico a los maestros, la mayoría, sino sólo un porcentaje que no rebasará el 30%. Estamos hablando entonces de una revaloración social, en términos de la carrera magisterial, restringida a un techo financiero como dicen las autoridades y que esto no podrá significar una revaloración social del conjunto de los trabajadores, por lo menos en una medida de estímulos que la SEP ha acordado.
Respecto a planes y programas, la queja ha venido siendo de los trabajadores de la educación en servicio que no se considera su experiencia, que no se incorpora su punto de vista y nuevamente ha sucedido eso con los recientes planes y programas emergentes.
Esperamos que con los concursos de los libros de texto que se hicieron y de los cuales ya hay los primeros resultados, comience a revertirse esta situación de no incorporar, pero tenemos la suspicacia de que esto sólo será una medida fragmentaria y parcial que no contribuirá a cambiar radicalmente la política de no considerar la experiencia de los maestros, sino sólo los pequeños equipos cercanos al titular de educación en cada caso.
Sobre los libros de texto, la crítica que hicimos ya pública a los miembros del PRD, en particular al de historia, es que hubo crítica al que se dio a conocer el año pasado, porque había una franca propaganda, antes aun de que concluya el actual sexenio, a una serie de programas que incluso tienen valoraciones críticas o han recibido críticas de la sociedad como el PRONASOL y que eso no podía ser considerado conocimiento histórico para los niños de las escuelas primarias de este país. Pero con la medicina que aplican ahora, quieren matar al enfermo, porque lo que se criticó fue el tratamiento que se daba en esos libros al último período de la historia contemporánea de México y lo que ahora hacen, es cortar la historia de México para los niños de primaria en el año 1964. No quieren que aparezcan en los libros de historia, las valoraciones históricas que puede haber sobre el período más contemporáneo y entonces se quiere decir que es por la crítica que se recibió; la crítica era a cómo se trataba el período contemporáneo, no a que se trate el período contemporáneo en los libros de historia para los niños de primaria de este país. Es inadecuado, es premoderno que no se trata el período más reciente de la historia de México en los libros de texto para los niños de primaria, aportando los elementos de contrapunto que existen sobre este período conflictivo de la historia de nuestro país.
Finalmente, el mismo documento de la CEPAL, al que hice referencia, la educación como eje de la transformación productiva con equidad, señala que la rotación frecuente de funcionarios en el ramo educativo, es una constante en América Latina y revela poco deseo de cambio, porque en realidad con la rotación frecuente de funcionarios en el ramo educativo, nadie se hace responsable de lo que deja el anterior y siempre comienza nuevos planes, como en algunas telenovelas donde el capítulo de este día, la mitad es la repetición del capítulo de ayer y la otra mitad, es lo que va a pasar mañana al principio y entonces nunca se termina de saber qué es lo que propone un funcionario cuál es su plan; si tiene trascendencia o sólo es una medida emergente de prisa política.
En resumen, nuestra valoración sobre el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, es que contenía más expectativas y más promesa de lo que realmente se ha hecho. Nosotros hicimos señalamientos críticos desde que se anunció directamente al titular en esta Cámara y creemos que debe hacerse un mayor esfuerzo en materia económica para que ganen los trabajadores de educación básica, cuando menos cuatro salarios mínimos y que no sólo reciban este 15 de mayo un discurso de que se les reconoce su labor titánica para educar a 25 millones de educandos que están en el Sistema de Educación Pública en este país, sino que se exprese eso en medidas concretas que todavía no se ven tan precisas, tan claras como se anunció el 18 de mayo del año pasado. Que en la carrera magisterial se incremente el presupuesto, que se trate el período de historia contemporánea en los libros de historia para primaria y que en lo laboral no se afecten los intereses de los trabajadores de la educación organizados en un sindicato nacional.
Y respaldamos, insisto, lo que propuso el Partido Popular Socialista. Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene el uso de la palabra el diputado Roberto García Acevedo, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El diputado Roberto García Acevedo:
Con su permiso, señora Presidenta:
El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana solicita una vez más intervención en esta alta tribuna, con objeto de hacer un comentario reflexivo relativo al acuerdo de modernización educativa.
Tan sólo hace una horas, en esta misma tribuna, nuestra fracción parlamentaria en voz del diputado ingeniero Raúl Castañeda Andrade, abordó el tema educativo en su perspectiva de la concesión a particulares.
Ahora intervenimos en nombre del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para manifestar lo que a nuestro parecer eran las expectativas del acuerdo para la modernización educativa, promovido por el entonces titular de Educación Pública, licenciado Manuel Bartlett Díaz.
A mediados de 1990, con la finalidad de responder a las necesidades de modernización del sistema educativo nacional, nosotros pensamos que en aquella ocasión, cuando se entregó ese programa, era probablemente válido para el momento. Sin embargo, es el tiempo que aún no vemos resultados concretos al respecto de la modernización del sistema nacional de educación.
Naturalmente garantiza y preconiza el artículo 3o. constitucional y la Ley Federal de Educación que actualmente rige, los resultados que hasta este momento han sido para nosotros, para nuestra forma de pensar, muy decepcionantes.
En 1992, cuando el licenciado Ernesto Zedillo Ponce de León, asumió la titularidad de la Secretaría de Educación Pública, se comprometió ante el país entero y ante esta honorable Cámara de Diputados a modernizar la educación en el país.
Recordemos que gran parte de la crisis y los conflictos que han entorpecido gravemente a la calidad de la educación pública, lo es la ineficacia de los programas, la ineptitud y caótica politización de algunos miembros del magisterio nacional.
Desde 1990, cuando se acabó con el monopolio del poder y corrupción, que por décadas había dominado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, al parecer se creyó que en aquel momento se podrían instigar los graves estancamientos de la calidad de la educación y para elevar el nivel de dignificación salarial de los maestros del sistema de escuelas públicas, en todos los niveles, pero el resultado fue peor, como vulgarmente decimos: "Es peor el remedio que el trapito".
A fines de 1991 quedó desconcentrado el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y se regionalizó en cada una de las entidades del país. Parecía que el principio maquiavélico de dividir para vencer en este sentido, para atacar el mal, era una solución más adecuada. De tal modo que en junio de 1992, el Gobierno de la República, los secretarios estatales de Educación y la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, llegaron a firmar un acuerdo para modernizar a la educación que constaba de cuatro puntos:
1. Desconcentrar la reforma educativa, los programas y planes de estudio de la educación elemental, media básica y superior.
2. Elevar la percepción salarial del magisterio nacional, acabando con los chambistas, los aviadores y cubriendo los rezagos en la más leve de las situaciones. Y sin embargo, llega a tres meses de que no se les paga en estos momentos, a los maestros su cheque.
3. Renovar el contenido temático de los libros de texto gratuito.
4. Crear un programa permanente de capacitación y superación docente del magisterio, tanto de los egresados de la Normal Superior de Maestros como de la Universidad Pedagógica Nacional.
Al parecer el acuerdo en su esencia, parecía que no solo era viable, sino que también los indicios y el entusiasmo del momento, parecía indicar que iba a ser un éxito del todo.
En septiembre de 1992, de manera unilateral, el titular de la Secretaría de Educación Pública designó a connotados escritores editorialistas del país, la relación de los textos de historia nacional, historia universal, español, civismo y ciencias sociales, para el nivel de primaria, para imprimirlos como libros de texto gratuitos y el resultado fue un escándalo de proporciones inusitadas, en el ámbito de la cultura, docente, científico y de diversas asociaciones de colegios y asociaciones de padres de familia, así como los del sindicato magisterial, por la ola de protestas que provocaron los mencionados textos.
Por lo tanto, en febrero del presente año, la Secretaría de Educación Pública, volvió a lanzar una convocatoria pública abierta a todos los sectores interesados para concursar, presentando modelos de libros de texto para historia, geografía, matemáticas y ciencia social para la educación primaria. Lo anterior significó un duro revés
para el tercer objetivo prioritario de dicho acuerdo de modernización, que demostró que las designaciones unilaterales no siempre son buenas, cuando lo que se intenta es democratizar la educación del país.
En febrero de este año, también se creó la carrera profesional del magisterio, con el fin de dignificar y mejorar la calidad de educación en el país. Lo propio hubiera sido que el Consejo Técnico de Educación hubiese elaborado el Plan de Profesionalización del Magisterio o que, en su defecto, se hubiese encargado del proyecto a la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra máxima casa de estudios, pero creemos que en ambos casos, dada la crisis existente en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la propia Universidad Nacional Autónoma de México, harían o hacen de ambas instituciones las menos indicadas para darle la receta al magisterio para mejorar o profesionalizar sus actividades.
Por ello, creemos que ahora el régimen se ha echado en brazos a la Asociación Nacional de las Universidades e Institutos de Educación Superior, para que a través de un plan de modernización profesional y de la educación superior, toda vez que el Plan de Modernización de la Educación Nacional Básica se encuentra aún peor, ésta crea una confusión que la tiene rezagada, ya que aún no encuentra una solución concreta que ataque el problema frontal, la ineficiencia del sistema educativo y que la educación ya no es suficientemente redituable para solucionar al egresado sus aspiraciones de bienestar y progreso personal social.
El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, considera que los planes de modernización sólo serán plausibles, cuando existan condiciones de cambio real, de valentía para encarar de frente los defectos solapados y los obstáculos engrandecidos por la inercia de la mediocridad, de la corrupción sindical, del centralismo político, las decisiones que afectan al sistema educativo nacional.
Por lo anterior, diremos que el examen y el comentario que el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana marca, deducimos y concluye, que el Acuerdo Nacional de Modernización Educativa ha fallado en sus cuatro objetivos generales, pero aún es tiempo de que los maestros justamente inconformes, marchistas, huelguistas y que protestan por desesperación, porque aún no les han pagado, siguen con la esperanza de ver mejorada su situación económica, premisa fundamental para que puedan tener voluntad y energía para combatir las deficiencias del sistema educativo y contribuir y mejorarlo para beneficio de la nación entera.
Desde esta tribuna hacemos un llamado a las autoridades de educación, con objeto de que a la brevedad posible analicemos este asunto tan importante para que el bien de México a nivel de educación, tanto primaria como estudios superiores, se canalice en el mejor camino y de esta manera México vuelva a ser orgullosamente, como lo fue en su momento, uno de los países más importantes por su educación. Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene el uso de la palabra el diputado José Manuel Correa Ceseña, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado José Manuel Correa Ceseña:
Con su permiso señora Presidenta; señoras y señores diputados:
Venimos con el ánimo de expresar que suscribimos puntualmente las consideraciones que en esta tribuna expuso y propuso el señor diputado maestro Hildebrando Gaytán. Bueno, realmente en todo lo que se ha dicho aquí acerca de la educación y de los maestros, pues tenemos absoluta coincidencia, ¿quién en esta Asamblea o en el país entero pondrá en tela de duda el papel central que juega la educación en el desarrollo de la sociedad y, sobre todo, el papel vertebral del maestro como constructor de este país?
No hace mucho y permítaseme decirlo, un equipo multidisciplinario de sociólogos y de economistas, se planteaban la siguiente pregunta y luego hacían una consideración del caso, ¿cuál es la característica cardinal del subdesarrollo? ¿Qué es lo que singulariza a los países subdesarrollados y consecuentemente en la misma forma a los países desarrollados? ¿Será la falta de capital?, pero entonces, ahí están países que sin tener un exceso de capital, son países desarrollados, ¿que será la característica esencial, la falta de materia prima, la falta de recursos naturales?, pero ahí están países como Israel, o como Japón que han logrado despegar en un desarrollo permanente y sin embargo países como Kuwait o como los Emiratos Arabes, con exceso de capital, pero sin embargo, caracterizados como subdesarrollados. ¿Cuál era pues o cuál es pues la particularidad de los países subdesarrollados?
La ignorancia, la falta de educación, hay una constante que se presenta en todos los países subdesarrollados, la carencia de educación adecuada, la falta de una positiva estructura educativa, no hay ningún país desarrollado, ni uno solo, ni de los viejos como los europeos o de los nuevos como las potencias del Pacífico que hayan logrado resolver sus problemas de desarrollo, sin antes haber resuelto los problemas de su educación básica, básica, ni siquiera es postrado, sin lograr resolver su problema de educación básica. Todos los países desarrollados, viejos y nuevos tienen resuelta su primaria y su secundaria.
El maestro, el maestro es la parte central de todo esfuerzo social, no nos cabe la menor duda, por eso todo lo que se canalice en recursos a la educación, no es realmente un gasto, es una mera inversión, esa es nuestra convicción, por eso suscribimos lo que aquí se expuso en relación con lo que a educación se refiere.
Quisiera simplemente, eso sí, acotar algunas informaciones y algunos comentarios con referencia a los procesos educativos actuales.
En efecto, el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica es un parteaguas, no sólo en el proceso educativo del país, sino en general impacta, procesos sociales y procesos económicos y desde luego también, procesos políticos.
La federalización de la educación no es un anhelo reciente, lo encontramos inscrito en el original artículo 3o. No se pudo llevar a cabo por carencia de recursos y por eso en 1921, bajo la inspiración de José Vasconcelos se funda la Secretaría de Educación Pública, con el propósito de centralizar primero a través de una estructura educativa, para luego federalizar. Ese fue el planteamiento original en la creación de la Secretaría de Educación Pública.
¿Qué se está transfiriendo a los estados?, aquí se dijo y se dijo bien, que no se transfieran nada más cargos y responsabilidades, que no se transfieran nada más problemas, sino que se transfieran también recursos para hacer frente a esos cargos y a esos problemas.
Yo agregaría incluso, yo estoy de acuerdo con esa afirmación desde luego, es un viejo anhelo de las entidades federativas poder definir y determinar sobre su proceso educativo, por eso yo agregaría que no solamente se transfieran recursos, sino que también se transfieran totalmente, como se está haciendo en este momento, facultades jurídicas y políticas para que de verdad sea una transferencia completa y creo que estamos en el buen camino, con franqueza, creo que en el curso de unos meses, en este renglón, se ha avanzado considerablemente, por una razón; por una razón, porque si bien con anterioridad se habían hecho intentos en este sentido, en este momento sentimos que hay algo fundamental para materializar este proyecto, hay voluntad política.
Sentimos que la federalización educativa se está llevando a efecto. Por cierto, si bien aquí no se tocó, yo quisiera por lo menos dejar en la mente de ustedes algo. Que esta reorganización del sistema educativo que es el punto como se denomina en el acuerdo a la federalización, que aquí también en esta reorganización se incluya, no hay que olvidarlo, una participación social más amplia, una participación de la sociedad más amplia.
Y aquí tendríamos que hablar de los consejos estatales de Educación y de los consejos municipales, lo dejaremos para otra ocasión, pero que quede claro que aquí se tiene que recordar que dentro de esta reorganización del sistema educativo, se tiene que hablar también de una mayor participación de la sociedad.
En cuanto a la reformulación de contenidos. Como ustedes saben, esto fundamentalmente se centra en la edición de textos para la educación primaria, 13; 13 en total.
Aparece en la prensa de hoy que ya están listos tres textos. ¿Qué vamos a hacer con los planes y programas?, ¿cómo vamos a abordar el asunto de los planes y programas? Creo que en este punto como en otros y haremos una petición formal en este sentido, coincido con los oradores que me antecedieron, en el sentido de que las autoridades de educación tienen que responder a este efecto. Por ello es conveniente que en esta área la Comisión que representa a esta soberanía, la Comisión de Educación, se dirija formalmente a las autoridades educativas con este propósito.
La revaloración del maestro. Esto tiene dos vertientes: primero condiciones de vida para el profesor, luego condiciones de trabajo, no se pueden separar.
Condiciones de vida. Se deben canalizar efectivamente mayores recursos a mejorar salarialmente al maestro.
Voy a hablar un poco por encima de lo que la carrera magisterial puede significar en este
sentido y lo puedo decir en dos palabras, es una promoción horizontal. Ya el profesor no necesita esperar a ser subdirector o ser director para mejorar desde esa perspectiva, es un mejoramiento horizontal en función de un sistema de puntaje, se parte del salario básico y a partir de ahí, mediante una serie de elementos, el maestro va mejorando su categoría y consecuentemente su salario. Aquí tiene que ver su mejoramiento profesional, tiene que ver la calidad de su trabajo, su regularidad, su participación en la comunidad, etcétera; es decir, son una serie de criterios que componen un sistema de puntos que le dan al maestro la posibilidad de mejorar en su categoría docente y en su salario.
Pero hay algo más que eso en lo que se refiere a la existencia del maestro, algo que los griegos llamaban pathos, que quiere decir la emoción, el sentimiento para enseñar, el estar consciente del enorme destino que significa tener en las manos la posibilidad de educar, el pathos, o sea, el sentimiento del profesor y para que eso se vuelva a dar en nuestra sociedad como ya se dio, se requiere que el maestro no solamente sea revalorado económicamente, sino que sea revalorado socialmente, que su trabajo sea apreciado por la sociedad, que sea apreciado por todos nosotros, que no sea una subprofesión, sino que tenga una enorme calidad y reconocimiento social.
Las condiciones de trabajo. Se habla de cursos de mejoramiento, se habla de formación y de actualización. Eso creemos nosotros que se está haciendo.
Queremos también a través de la Comisión de Educación sugerir, por nuestra experiencia en este campo, que todos los cursos, seminarios, diplomados, etcétera, que se le presenten al maestro, se lleven a cabo en su zona de trabajo, se lleven a cabo en el sitio al que el maestro pueda tener acceso.
Este párrafo conforma lo que nosotros conocemos como la revaloración de la función magisterial. ¿Se está dando lo de la carrera magisterial? Naturalmente que se está dando. ¿Se está dando la posibilidad de actualización y mejoramiento del maestro? Naturalmente. Hay programas en ese sentido. Hay un programa en este momento de actualización del magisterio. ¿Se está haciendo un esfuerzo en este sentido? Naturalmente que se está haciendo.
Para acercarme a la conclusión de mis comentarios, dos o tres acotaciones finales: primera. Es indudable que hay canalización relevante de recursos a la educación en el país. Unos datos en este tenor: a la carrera magisterial 700 millones de nuevos pesos; en el presupuesto transferido de 1992, 16 millones de viejos pesos; en el presupuesto autorizado para 1993, 19 mil millones de nuevos pesos; para la homologación, más de 500 millones de nuevos pesos.
Y algo que aquí mencionaba el maestro Gaytán con toda razón y que se me pasaba, uno de los puntos esenciales del Acuerdo para la Modernización fue la vivienda para los maestros.
Quiero decirle a él, con todo respeto, al señor diputado Gaytán y decirle a esta Asamblea, que en pocos días se implementará un magno programa de vivienda para los profesores, instrumentado por la Secretaría de Educación Pública, por SEDESOL, en coordinación con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
A todos los que hemos estado cerca de los maestros y evaluado su enorme trabajo, nos da muchísimo gusto este esfuerzo del Gobierno Federal para darle una vivienda digna a los maestros de México.
Estamos pues, y ya para concluir, de acuerdo con lo que aquí se propuso. Sugerimos, proponemos que sea la comisión del área de esta soberanía, la Comisión de Educación, quien presente nuestras propuestas a las autoridades educativas, que por cierto, siempre han sido receptivas a nuestras proposiciones y sugerencias y sobre todo tener en mente, ahora que se acerca el 15 de mayo y que no es ocioso expresarle nuestra solidaridad a los maestros, tener presentes, ser conscientes de lo que se juega con la educación, se juega nada menos que el destino de la patria. Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias diputado Correa Ceseña.
Se turna a la Comisión de Educación la propuesta presentada por el diputado Gaytán Márquez.
DICTAMEN DE PRIMERA LECTURA
LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL
La Presidenta:
En el transcurso de la sesión, la Comisión de Ganadería entregó a esta Presidencia, el dictamen relativo al proyecto de Ley Federal de Sanidad Animal. En atención a que este dictamen
ha sido impreso y ha sido distribuido entre los ciudadanos diputados, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario Domingo Alberto Martínez Reséndiz:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Se dispensa la lectura al dictamen.
«Comisión de Ganadería.
Honorable Asamblea. A la Comisión de Ganadería fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de Ley Federal de Sanidad Animal, presentada ante esta soberanía por el Ejecutivo Federal, en ejercicio de la Facultad que le confiere la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Conforme a la revisión y análisis de la citada iniciativa de ley y con fundamento en los artículos 56 y 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 87 y 88 del Reglamento para su Gobierno Interior sometemos a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente
DICTAMEN
I. Antecedentes.
En cumplimiento del acuerdo parlamentario suscrito por los diversos partidos políticos representados en el Congreso de la Unión, para realizar trabajos de conferencia, la Comisión de Ganadería se reunió con sus colegisladores de la Cámara de Senadores para trabajar conjuntamente en el análisis de la iniciativa de la Ley Federal de Sanidad Animal enviada por el Ejecutivo Federal.
Es necesario señalar que este proyecto de ley tiene tras de sí el trabajo de análisis y discusión realizado por los representantes de la nación en las dos cámaras, así como de todos los partidos políticos que tienen representación nacional y que se expresan en esta honorable Cámara de Diputados.
Además de lo anterior, hemos de mencionar la realización de los foros en donde los productores de las diversas ramas, las organizaciones de médicos veterinarios, investigadores, académicos, industriales y dirigentes de las diversas organizaciones ganaderas, expresaron sus inquietudes respecto de lo que debería contener la ley y fueron precisamente éstos, quienes aportaron sus ideas para que los legisladores las plasmaran en el documento presente.
Esta importante participación jurídico - política se ha visto manifiesta en los cambios de forma que se han incorporado a la iniciativa, para hacer de la Ley Federal de Sanidad Animal un invaluable documento de normatividad clara y precisa que hoy por hoy venga a resolver una serie de demandas de todos los grupos vinculados al sector pecuario.
Cabe señalar, que el recoger las inquietudes y opiniones más variadas en la materia, dio a esta iniciativa un sustento doctrinario real para la modernización del sector, pues los organismos involucrados en la aplicación del ordenamiento tenderán a una mayor participación, presencia y corresponsabilidad.
II. Consideraciones generales.
El responsable de la prevención, control y erradicación de las enfermedades y plagas de los animales es el Gobierno Federal, el que sustentado en el marco jurídico correspondiente, coordina y controla toda la gama de servicios a nivel oficial, social y particular.
Actualmente se reconoce que el exceso de intervención del Gobierno Federal ha inhibido, junto con otros factores la fuerza social de los productores, industriales y comercializadores, así como de sus organizaciones, lo que aunado a la distorsión de los esquemas de simplificación y desregulación administrativa, ha contribuido a las ineficiencias en los sistemas de producción, comercialización, y salud animal en la ganadería nacional.
Es así, que el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, consideró que en el marco de la actual Ley de Sanidad Fitopecuaria de los Estados Unidos Mexicanos, no era posible enfrentar las situaciones ante mencionadas para fijar la vía conductora, que estableciera las disciplinas y las facilidades de manera simultánea para atender las nuevas condiciones de desarrollo de subsector pecuario en el país.
La iniciativa que hoy sometemos a su atenta consideración contiene un nuevo planteamiento, que
supera al anterior instrumento jurídico, más acorde a las necesidades y políticas de la comercialización a nivel nacional e internacional, lo que trae como derivación natural formular una nueva Ley de Sanidad, deslindando en un inicio los productos, procesos y servicios sujetos a regulación sanitaria y ganadera, en donde de manera evidente hay diferencias sustanciales, ya que los agentes causales de enfermedades y plagas, medios y estructuras, requieren ser tratados de manera separada. Aquí se contemplan medidas tendientes a proteger la vida y salud animal y su repercusión en la salud del hombre.
Así la primera consideración es de abordar al subsector pecuario de manera particular, pero no aislado de disposiciones que aplican otras dependencias de la Administración Pública Federal y mucho menos, de las políticas y estrategias de la modernización sectorial, que se considera de manera integral.
Precisar los límites del quehacer en la Sanidad Animal e integrar en una sola estructura los servicios públicos y privados, ha sido el eje central para el diseño de la nueva propuesta de Ley Federal de Sanidad Animal, en donde de manera intencional, se busca hacer valer la condición científica y tecnológica de la epizootiología para la prevención, control y erradicación de las enfermedades infecto - contagiosas y las plagas que afectan a las especies animales, considerándose ésta como una de las vías indispensables para el crecimiento sostenido de la actividad pecuaria.
Ahora bien, para enfrentar los retos de la integración económica y de mercado a nivel nacional e internacional, se requirió resolver los aspectos de la simplificación administrativa por la vía de la armonización y ajuste de leyes y procesos, en este caso particular acogiéndose a las disposiciones de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y la Ley General de Salud.
En este proyecto de ley se ha tenido mucho cuidado en precisar la corresponsabilidad de los productores, de las personas físicas y morales involucradas en la sanidad animal, de los importadores y exportadores, y si bien se han eliminado trámites como registros, autorizados y guías sanitarias para la movilización, se ha establecido el marco jurídico para el establecimiento de normas oficiales mexicanas, que son disposiciones de carácter obligatorio para todos los mexicanos y extranjeros en el territorio nacional; cabe mencionar que para la elaboración de dichas normas se considera la participación de todos los sectores involucrados en el Comité Consultivo Nacional de Normalización en Protección Zoosanitaria, por lo que una vez logrados los acuerdos, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos expedirá las normas oficiales mexicanas que para cada caso se requieran.
Es necesario aclarar, en lo relativo a las guías sanitarias, que este instrumento para el control de movilización, ha dado un salto cualitativo ya que ahora su perspectiva es más amplia y precisa, al considerar que la movilización de animales, sus productos y subproductos, así como de productos químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios para uso en animales o consumo de éstos, requerirán de un certificado zoosanitario en los casos en que así se determine en las normas oficiales mexicanas en materia de sanidad animal. El certificado zoosanitario es un documento que expide la Secretaría por sí misma o a través de las personas físicas o morales que apruebe para que compruebe el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas expedidas para tal efecto.
Otro de los aspectos importantes a mencionar, es que las diferentes personas físicas y morales que participan en las actividades de sanidad animal, de acuerdo a lo establecido en la nueva ley, deberán ser aprobadas y coordinadas por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y adicionalmente, si es que éstas pretendan diversificar sus actividades en las áreas de certificación o de verificación del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, podrán proceder a la obtención de estos reconocimientos para la actuación, de acuerdo a lo establecido en la ley.
Hay que destacar, que el eje sobre el cual gira el proyecto de la ley es la protección a la sanidad animal, la cual debe observarse estructural y funcionalmente como un todo integrado y lógico, esto es, la infraestructura y los servicios de asistencia técnica zoosanitarias oficial y privada, que van desde la realización de estudios epizootiológicos, el diagnóstico de laboratorio, el control de la movilización, los mecanismos de expedición de normas oficiales mexicanas, la certificación y la verificación de las mismas, así como la elaboración de pruebas de laboratorio. Adicionalmente, toda esta estructura se constituye en el mecanismo idóneo para la información, vigilancia y notificación epizootiológica; asimismo este esquema es el medio necesario para que en caso de emergencia la Secretaría opere el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal, ante la presencia de una enfermedad o plaga exótica de los animales.
En lo particular, se define un número amplio de conceptos para entender con precisión los
alcances de la ley como son: campañas, cuarentenas, incidencia, prevalencia, zonas de escasa prevalencia, etcétera.
Asimismo, se faculta a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos para la aplicación de esta ley y se establecen una serie de condiciones de nueva creación que moderniza la aplicación y la institucionalidad de este campo de atención zoosanitaria, permitiendo una mayor eficiencia y garantía para el cumplimiento de los fines propuestos. Tal es el caso del Dispositivo Nacional de Emergencia, el Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal y desconcentración regional y estatal. El Comité de evaluación para la aprobación de médicos veterinarios zootecnistas, unidades de verificación y laboratorios de pruebas, la denuncia ciudadana, la promoción de la educación zoosanitaria, el trato y sacrificio humanitario de los animales, la expedición de certificados zoosanitarios, el otorgamiento del Premio Nacional de Sanidad Animal y la actualización de las sanciones y recursos de revisión.
La Comisión de Ganadería estima que la presente iniciativa reúne los requisitos necesarios que le permiten ser un instrumento normativo moderno que propicie un mejor desarrollo del sector pecuario, a través de disposiciones claras y adecuadas que dan mayor seguridad jurídica a los destinatarios.
Por lo anteriormente expuesto y considerando que la iniciativa en cuestión responde a la necesidad incuestionable de mantener actualizadas las normas legales, con el objeto que correspondan a los requerimientos de los diversos sectores de la sociedad, la Comisión que suscribe se permite proponer a esta soberanía, la aprobación del siguiente:
PROYECTO DE LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL
TÍTULO PRIMERO
Disposiciones generales
CAPÍTULO I
Del objeto de la ley
Artículo 1o. La presente ley es de observancia general en todo el territorio nacional y tiene por objeto fijar las bases para el diagnóstico, la prevención, control y erradicación de las enfermedades y plagas de los animales, con excepción de los que tengan como hábitat el medio acuático.
Sus disposiciones son de orden público e interés social.
CAPÍTULO II
Conceptos
Artículo 2o. Para los efectos de esta ley, se entiende por:
Acreditamiento: El acto mediante el cual la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial reconoce organismos nacionales de normalización, organismos de certificación, laboratorios de pruebas y unidades de verificación para que lleven a cabo actividades de acuerdo a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización;
Análisis de riesgo: La evaluación de la probabilidad de entrada, radicación y propagación de enfermedades o plagas de los animales en el territorio nacional o una zona del país, de conformidad con las medidas zoosanitarias que pudieran aplicarse, así como las posibles consecuencias biológicas, económicas y ambientales. Incluye asimismo la evaluación de los posibles efectos perjudiciales para la salud humana y animal provenientes de aditivos, substanciales contaminantes, toxinas u organismos patógenos en alimentos de origen animal, bebidas y forrajes;
Aprobación: El acto mediante el cual la Secretaría reconoce a médicos veterinarios, organismos nacionales de normalización , organismos de certificación, unidades de verificación y laboratorios de pruebas para llevar a cabo actividades en materia zoosanitaria a que se refiere esta ley;
Campaña: conjunto de medidas zoosanitarias para la prevención, control o erradicación de enfermedades o plagas de los animales en una área geográfica determinada;
Casetas de vigilancia: Instalaciones ubicadas en las vías terrestres de comunicación donde se lleva a cabo la contratación de expedición del certificado zoosanitario y la verificación física de animales, sus productos y subproductos, así como de los productos biológicos, químicos, farmacéuticos y alimenticios para uso en animales o consumo por éstos, para el control de su movilización de una zona a otra, de acuerdo a lo establecido por esta ley;
Certificado zoosanitario: documento oficial expedido por la Secretaría o por quiénes estén aprobados o acreditados para constatar el cumplimento de las normas oficiales. Tratándose de animales, será signado por un médico veterinario de la Secretaría o aprobado o acreditado.
Control: conjunto de medidas zoosanitarias que tienen por objeto disminuir la incidencia o prevalencia de una enfermedad o plaga de los animales en una área geográfica determinada;
Cordón zoosanitario: conjunto de acciones que se implementan para delimitar una área geográfica, con el fin de protegerla o aislarle para el control de enfermedades o plagas.
Cuarentena de los animales: medida zoosanitaria basada en el aislamiento, observación y restricción de la movilización de animales, por la sospecha o existencia de una enfermedad o plaga de los mismos, sujeta a control.
Cuarentena de productos: medida zoosanitaria consistente en la observación y restricción de la movilización de un producto o subproducto de origen animal o de un producto biológico, químico, farmacéutico o alimenticio, para uso en animales o consumo por éstos durante un período determinado, con el objeto de comprobar que no cause daño a la salud de los animales;
Diagnóstico: estudio que se basa en el análisis que se haga del conjunto de signos clínicos observados en los animales que permite descartar o confirmar la sospecha, en este último caso, mediante pruebas de laboratorio, de la presencia de una enfermedad o plaga en los mismos;
Enfermedad: ruptura del equilibrio en la interacción entre un animal, agente biológico y medio ambiente, que provoca alteraciones en las manifestaciones vitales del primero;
Enfermedad o plaga exótica: La que es extraña en el territorio nacional o en una región del mismo;
Epizootia: enfermedad que se presenta en una población animal durante un intervalo dado, con una frecuencia mayor a la espera;
Erradicación: eliminación total de una enfermedad o plaga de animales en una área geográfica determinada;
Estación cuarentenaria: conjunto de instalaciones especializadas para el aislamiento de animales, donde se practican medidas zoosanitarias para prevenir y controlar la diseminación de enfermedades y plagas de los animales;
Incidencia: número de nuevos casos de una enfermedad que aparece en una población animal determinada, durante un período específico, en una área geográfica definida;
Laboratorio de pruebas: persona física o moral aprobado por la Secretaría para prestar servicios relacionados con la normalización y de acuerdo a lo establecido por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
Médico Veterinario: Profesional con cédula profesional de la Secretaría de Educación Pública de médico veterinario o médico veterinario zootecnistas;
Nivel de protección zoosanitaria: el nivel de protección considerado como adecuado, mediante el establecimiento de medidas sanitarias, para proteger la salud animal en el territorio nacional o una zona del país;
Normas mexicanas: las normas de referencia, de observancia voluntaria, que emiten los organismos nacionales de normalización, en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización;
Normas oficiales: las normas oficiales mexicanas que expida la Secretaría en materia de sanidad animal, de carácter obligatorio, elaboradas en los Comités Consultivos Nacionales de Normalización de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
Organismo de certificación: las personas morales que tengan por objeto realizar funciones de certificación de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
Particulares: personas físicas o morales que participen en actividades en materia de sanidad animal de acuerdo a lo establecido en esta ley;
Plaga: presencia de un agente biológico en una área determinada, que causa enfermedad o alteración en la salud de la población;
Planta de sacrificio: establecimiento dedicado al sacrificio de animales y comercialización al mayoreo de sus productos;
Prevalecía: la frecuencia de una enfermedad o plaga, en un período preciso, referida a una población animal determinada;
Prevención: conjunto de medidas zoosanitarias basadas en estudios epizootiológicos, que tienen por objeto evitar la presencia de una enfermedad o plaga de los animales;
Productos biológicos: los reactivos biológicos, sueros, vacunas, que puedan utilizarse para diagnosticar, tratar y prevenir enfermedades de los
animales, así como hormonas y material genético de origen animal que sirva para fines reproductivos.
Punto de verificación: sitio aprobado por la Secretaría para constatar el cumplimiento de las normas oficiales de acuerdo a lo establecido por esta ley;
Rastro: establecimiento donde se da el servicio para sacrificio de animales para la alimentación y comercialización al mayoreo de sus productos. Servicio público municipal, en su caso;
Riesgo zoosanitario: la probabilidad de introducción, establecimiento o diseminación de una enfermedad o plaga en la población animal;
Sanidad animal: la que tiene por objeto preservar la salud y prevenir las enfermedades y plagas de los animales, con excepción de los que tengan como habitat el medio acuático;
Secretaría: la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos;
Subproducto animal: el que se deriva de un producto pecuario cuyo proceso de transformación no asegura su desinfestación o desinfección.
Trato humanitario: las medidas para evitar dolor innecesario a los animales durante su captura, traslado, exhibición, cuarentena, comercialización, aprovechamiento, entrenamiento y sacrificio.
Unidad de verificación: Las personas físicas o morales que hayan sido aprobadas para realizar actos de verificación por la Secretaría, en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
Verificación: constatación ocular o comprobación mediante muestreo y análisis de laboratorio aprobado o acreditado, del cumplimiento de las normas oficiales, de acuerdo a lo establecido por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
Zona de escasa prevalencia: área geográfica determinada en donde se presenta una frecuencia mínima de casos recientes de una enfermedad o plaga de animales, en un período y especie animal específicos.
Zona en control: área geográfica determinada en la que se operan medidas zoosanitarias tendientes a disminuir la incidencia o prevalencia de una enfermedad o plaga de los animales, en un período y especie animal específicos;
Zona de erradicación: área geográfica determinada, en la que se operan medidas zoosanitarias tendientes a la eliminación total de una enfermedad o plaga de animales, o se realizan estudios epizootiológicos con el objeto de comprobar la ausencia de dicha enfermedad o plaga en un período de tiempo y especie animal específicos, de acuerdo a lo establecido por la Oficina Internacional de Epizootias; y
Zona libre: área geográfica determinada en la cual se ha eliminado o no se han presentado casos positivos de una enfermedad o plaga de animales específica, durante un período preciso, de acuerdo a lo establecido por la Oficina Internacional de Epizootias.
CAPÍTULO III
De la autoridad competente
Artículo 3o. La aplicación de esta ley corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría.
Artículo 4o. Son atribuciones de la Secretaría en materia de sanidad animal:
I. Promover, fomentar, organizar, vigilar, coordinar y ejecutar en su caso, las actividades en materia de sanidad animal, en las que participen las diversas dependencias y entidades de la administración pública federal, gobiernos estatales y municipales, así como particulares;
II. Instrumentar y coordinar el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal y organizar el Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal, así como los Comités Consultivos Nacionales de Normalización en materia de Sanidad Animal;
III. Expedir normas oficiales, así como verificar y certificar su cumplimiento y mantener actualizados y en operación los Comités Consultivos Nacionales de Normalización en Salud Animal;
IV. Declarar zonas libres de plagas y enfermedades de animales;
V. Aprobar médicos veterinarios, organismos nacionales y normalización, organismos de certificación, unidades de verificación y laboratorios de prueba en materia zoosanitaria;
VI. Otorgar el Premio Nacional de Sanidad Animal;
VII. Atender las denuncias populares que se presenten, imponer sanciones y resolver recursos de revisión, en los términos de esta ley;
VIII. Difundir permanentemente, información en materia de sanidad animal, utilizando métodos de fácil comprensión ;
IX. Establecer, fomentar, coordinar y vigilar la operación de la infraestructura zoosanitaria;
X. Celebrar acuerdos interinstitucionales así como bases de coordinación, convenios y acuerdos con dependencias y entidades de la administración pública federal, gobiernos estatales y municipales y particulares, en materia de sanidad animal; los acuerdos y convenios que suscriba con los gobiernos estatales y el Departamento del Distrito Federal podrán comprender la asunción por parte de éstos, del ejercicio de las funciones, ejecución y operación de obras y prestación de servicios públicos de la competencia de la Secretaría. Los instrumentos que se suscriban con otras autoridades deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación;
XI. Regular los productos biológicos, químicos, farmacéuticos y alimenticios para uso en animales o consumo por éstos que constituyan un riesgo zoosanitario; y
XII. Las demás que señalen las leyes y los tratados internacionales de que México sea parte.
Artículo 5o. Las dependencias y entidades de la administración pública federal, deberán coordinar sus actividades con la Secretaría cuando tengan relación con la materia zoosanitaria.
Artículo 6o. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público colaborará con la Secretaría en la vigilancia de las restricciones zoosanitarias en materia de importación.
Artículo 7o. A petición de la Secretaría, la Secretaría de Relaciones Exteriores por conducto de sus representantes diplomáticos y consulares, le informará sobre la existencia de las enfermedades y plagas de los animales en el extranjero, así como sobre las regiones afectadas, productos biológicos, químicos, farmacéuticos, equipos y medidas zoosanitarias aplicadas para combatirlas y los resultados que se hayan obtenido.
Artículo 8o. En los casos de enfermedades o plagas de los animales transmisibles a los humanos, la Secretaría se coordinará con la Secretaría de Salud para el establecimiento y ejecución de las medidas sanitarias correspondientes.
En los casos de enfermedades o plagas de los humanos transmisibles a los animales, la Secretaría de Salud tomará en cuenta las propuestas de la Secretaría.
Artículo 9o. El Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal se integrará con representantes de la propia Secretaría y de las dependencias y entidades de la administración pública federal relacionadas con la materia de sanidad animal y contaminación, en los términos del Reglamento de esta ley.
Asimismo, la Secretaría invitará a formar parte de dicho consejo, a representantes de instituciones académicas y de investigación , así como de organizaciones ganaderas y otras personas del sector social o privado relacionadas con la materia de sanidad animal.
El Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal se apoyará en consejos regionales o estatales que se constituirán de la misma manera que el nacional, invitándose también a representantes de los gobiernos de los estados y municipios.
Estos consejos nacionales, regionales y estatales, fungirán como órganos de consulta de la Secretaría en materia de sanidad animal, en los términos del Reglamento de esta ley.
Artículo 10. Los servidores públicos de la Secretaría que presten servicios de los señalados en el artículo 37, fracción I de esta ley, o expidan certificados zoosanitarios, deberán estar permanentemente actualizados y aprobar, en los plazos que determine el Reglamento de esta ley, exámenes de conocimientos ante la Secretaría. La evaluación de dicho examen, se realizará a través de mecanismos que eviten una apreciación subjetiva.
TÍTULO SEGUNDO
De las medidas zoosanitarias
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 11. Las medidas zoosanitarias, tienen por objeto, prevenir, controlar y erradicar enfermedades y plagas de los animales, con la finalidad de proteger su salud y la del hombre.
Artículo 12. Las normas oficiales podrán comprender las siguientes medidas zoosanitarias:
I. La educación en materia zoosanitaria;
II. El establecimiento, operación y verificación de los servicios de asistencia zoosanitaria;
III. El control de la movilización de animales, sus productos o subproductos y productos químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios, para uso en animales o consumo por éstos;
IV. El establecimiento de cordones zoosanitarios;
V. La retención y disposición de animales, sus productos y subproductos, así como de productos biológicos, químicos, farmacéuticos y alimenticios, para uso en animales o consumo por éstos, que puedan ocasionar enfermedades o plagas en los mismos;
VI. La inmunización para proteger y evitar la diseminación de las enfermedades de los animales;
VII. La cuarentena y el aislamiento;
VIII. El diagnóstico e identificación de enfermedades y plagas de los animales;
IX. Las prácticas de saneamiento, desinfección, desinfestación, esterilización, uso de germicidas y plaguicidas en animales, locales y transportes, para evitar la transmisión o infestación de enfermedades o plagas de animales;
X. La aplicación de quimioterapia utilizada en los animales;
XI. El sacrificio de los animales enfermos o expuestos al agente causal;
XII. La cremación o inhumación de cadáveres de animales;
XIII. La vigilancia e investigación epizootiológica;
XIV. El trato humanitario; y
XV. Las demás que se regulan en esta ley, así como las que, conforme a la tecnología y a los adelantos científicos, sean eficientes para cada caso.
Artículo 13. Las normas oficiales, además de fundarse y motivarse, deberán:
I. Sustentarse en principios científicos, tomando en cuenta, cuando corresponda, las diferentes condiciones geográficas y otros factores pertinentes;
II. Estar basadas en una evaluación de costo - beneficio, que incluya un análisis de riesgo;
III. Tomar en cuenta las normas, directrices o recomendaciones internacionales pertinentes; y
IV. No ser mantenidas cuando ya no exista una base científica que las sustente
Artículo 14. Para la aplicación de medidas zoosanitarias, la Secretaría considerará si las zonas correspondientes son libres o de escasa prevalencia de enfermedades o plagas de animales.
Para tal efecto, la Secretaría declarará zonas libres o de escasa prevalencia de enfermedades o plagas de animales, tomando en cuenta, entre otros factores:
I. La prevalencia de plagas o enfermedades en la zona;
II. Las condiciones geográficas y de los ecosistemas; y
III. La eficacia de las medidas zoosanitarias que se hayan aplicado, en su caso.
Artículo 15. Las medidas zoosanitarias que la Secretaría establezca, serán las necesarias para asegurar el nivel de protección adecuado, para lo cual, deberá tomar en consideración el análisis de riesgo, las características de la zona en donde se origine el problema y las de la zona a las que se destinen los animales, productos o subproductos, así como los productos químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios, para uso en animales o consumo por éstos.
CAPÍTULO II
De los productos y subproductos animales y de los productos biológicos, químicos, farmacéuticos y alimenticios, para uso en los animales o consumo por éstos
Artículo 16. La Secretaría expedirá normas oficiales que establezcan las características y especificaciones zoosanitarias que deberán reunir:
I. Los productos y subproductos animales, así como los productos químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios, para uso en animales o consumo por éstos y su proceso, que constituyan un riesgo zoosanitario; y
II. Los envases, embalajes y la información zoosanitaria que deberán contener las etiquetas e instructivos de los productos químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios, para uso en animales o consumo por éstos, que impliquen un riesgo zoosanitario.
Las normas oficiales fijarán tanto los límites máximo permitidos de residuos de antibióticos,
compuestos hormonales, químicos y otros en productos y subproductos, así como el tiempo de eliminación de los mismos en animales vivos.
CAPÍTULO III
Del trato humanitario, cuidado zoosanitario y técnicas de sacrificio de animales
Artículo 17. La Secretaría expedirá las normas oficiales que establezcan las características y especificaciones zoosanitarias para:
I. El trato humanitario;
II. El cuidado zoosanitario para que todo poseedor de animales los inmunice contra las enfermedades transmisibles de la especie prevaleciente en la zona, así como le proporcione la alimentación, higiene, movilización y albergue ventilado necesario, a fin de asegurar su salud; y
III. Las técnicas de sacrificio de animales.
CAPÍTULO IV
De los establecimientos
Artículo 18. La Secretaría expedirá normas oficiales que establezcan las características y especificaciones zoosanitarias que deberán reunir y conforme a las cuales deberán operar los siguientes establecimientos:
I. Aquellos en donde se concentren animales, con motivo de ferias, exposiciones o eventos similares;
II. Los destinados al sacrificio de animales;
III. Los que industrialicen, procesen, empaquen, refrigeren o expendan productos o subproductos animales para consumo humano, coordinándose con la Secretaría de Salud para la elaboración de las normas sanitarias correspondientes.
IV. Los que fabriquen o expendan alimentos procesados para consumo de animales que representen un riesgo zoosanitario.
V. Los que fabriquen o expendan productos químicos, farmacéuticos o biológicos para uso en animales; y
VI. Los hospitales, clínicas veterinarias, laboratorios de pruebas o diagnóstico y demás que presten servicios zoosanitarios.
Artículo 19. Los propietarios de los establecimientos a que hace referencia el artículo anterior, deberán dar aviso de inicio de funcionamiento a la Secretaría, proporcionando su nombre y el domicilio del establecimiento correspondiente, así como la referencia de lo que maneje o elabore, dentro de los 15 días naturales siguientes a la apertura del mismo.
Dichos propietarios, así como, en su caso, el administrador único o los encargados de la administración, serán responsables del cumplimiento de las normas oficiales aplicables en los establecimientos correspondientes y estarán obligados a proporcionar las facilidades necesarias al personal de la Secretaría para verificar el cumplimiento de dichas normas.
Artículo 20. Las plantas de sacrificio de animales deberán tener a su servicio durante las horas laborales, cuando menos un médico veterinario aprobado. En los casos que así se requiera, deberán contar con un médico veterinario de la Secretaría.
Dichos establecimientos así como las industrializadoras, empacadoras y frigoríficos utilizarán la denominación "Tipo Inspección Federal" como símbolo de calidad de sus productos y subproductos, cuando sus instalaciones y proceso productivo se ajuste a las normas oficiales y su calidad zoosanitaria esté certificada por un organismo de certificación aprobado.
Los rastros deberán tener a su servicio cuando menos un médico veterinario aprobado, cuando así lo determinen las normas oficiales.
CAPÍTULO V
De la movilización, importación y exportación
Artículo 21. Podrá realizarse libremente en el territorio nacional toda movilización de animales, sus productos y subproductos y de productos biológicos, químicos, farmacéuticos o alimenticios, para uso en animales o consumo por éstos, salvo cuando la Secretaría expida normas oficiales en las que establezca los casos en que la movilización e importación de animales, sus productos y subproductos, así como de productos biológicos, químicos, farmacéuticos y alimenticios, para uso en animales o consumo por éstos, requieran de certificado zoosanitario en razón del riesgo zoosanitario que impliquen. En tratándose de importación, dichas normas serán expedidas en coordinación con la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.
Cuando los animales, sus productos o subproductos y los productos biológicos, químicos, farmacéuticos o alimenticios, para uso en animales o consumo por éstos, sean portadores de plagas o enfermedades o estén contaminados, únicamente se expedirán certificados zoosanitarios, para fines de tratamiento, investigación, sacrificio o destrucción.
Artículo 22. La Secretaría expedirá normas oficiales que establezcan las características y especificaciones zoosanitarias, que deberán reunir:
I. El traslado de animales por acarreo o en cualquier tipo de vehículo, cuando impliquen un riesgo zoosanitario; y
II. Los vehículos en que se transporten animales, sus productos y subproductos, así como productos químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios, para uso en animales o consumo por éstos, cuando impliquen un riesgo zoosanitario.
Artículo 23. La expedición de los certificados zoosanitarios estará sujeta al cumplimiento de los requisitos que se fijen en las normas oficiales correspondientes, considerando los diferentes niveles de riesgo que implique la movilización, de acuerdo a la zona.
Artículo 24. Los certificados zoosanitarios deberán contener, cuando menos, los siguientes datos:
I. Nombre y domicilio del propietario, poseedor o importador;
II. Lugar de origen y destino específico de los animales, sus productos y subproductos, o de los productos biológicos, químicos, farmacéuticos y alimenticios, para uso en animales o consumo por éstos, que vayan a movilizarse o importarse, así como la identificación de los mismos;
III. Mención de la norma que se cumple;
IV. Fecha de expedición del certificado; y
V: Vigencia del certificado.
Artículo 25. Los certificados zoosanitarios podrán ser expedidos por la Secretaría y, en su caso, por organismos de certificación o unidades de verificación aprobados o acreditados.
La Secretaría reconocerá o aprobará, mediante acuerdos que deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación, a los órganos reguladores y organismos de certificación extranjeros cuyas certificaciones del cumplimiento de normas oficiales serán aceptadas para efectos de importación.
Artículo 26. Los agentes aduanales, así como quiénes importen o movilicen, por cualquier concepto, animales, sus productos o subproductos y productos biológicos, químicos, farmacéuticos, y alimenticios, para uso en animales o consumo por éstos, serán responsables de comprobar que exista, en su caso, el certificado zoosanitario correspondiente.
Artículo 27. En los productos y subproductos de origen animal; así como en los productos biológicos, químicos, farmacéuticos y alimenticios para uso en animales o consumo por éstos que no requieran de certificado zoosanitario, deberán mencionarse ostensiblemente durante su comercialización, las especificaciones zoosanitarias con que cumplen, sean éstas normas mexicanas, las del fabricante o del productor, las del país de origen o, en su defecto, las internacionales.
Artículo 28. La importación de animales, sus productos y subproductos, así como de productos biológicos, químicos, farmacéuticos y alimenticios, para uso en animales o consumo por éstos, que impliquen un riesgo zoosanitario, se realizarán por las aduanas que se determinen en los acuerdos que para tal efecto expidan conjuntamente los secretarios de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura y Recursos Hidráulicos, los que deberán tomar en cuenta la infraestructura y condiciones de cada aduana y ser publicados en el Diario Oficial de la Federación, considerando que la inspección de los mismos será de manera total.
Las importaciones de animales, sus productos y subproductos y de productos biológicos, químicos, farmacéuticos y alimenticios para uso en animales o consumo por éstos, cuando provengan de países donde existan enfermedades y plagas sin presencia en el territorio nacional o de países que tienen comercio pecuario con países donde existan ese tipo de enfermedades y plagas, se sujetarán al cumplimiento de las normas oficiales que expida la Secretaría.
Las importaciones se sujetarán además a lo dispuesto en el artículo 16 de esta ley.
Artículo 29. Cuando se compruebe que los productos a que se refiere este capítulo, no cumplen con la norma oficial respectiva, la Secretaría podrá solicitar su acondicionamiento o tratamiento; de no ser esto posible, la Secretaría
ordenará, en su caso, su reexportación o, en su defecto, su destrucción a costa del propietario o importador.
Artículo 30. La Secretaría expedirá, a petición de parte interesada, de ser procedente, certificados zoosanitarios para la exportación de animales, sus productos y subproductos, así como de productos biológicos, químicos, farmacéuticos y alimenticios, para uso en animales o consumo por éstos.
CAPÍTULO VI
De las campañas y cuarentenas
Artículo 31. La Secretaría expedirá normas oficiales que establezcan las campañas y cuarentenas de animales necesarias.
Artículo 32. Las normas oficiales que establezcan campañas, deberán fijar, cuando menos, su área de aplicación; la enfermedad o plaga a prevenir, controlar o erradicar; las especies animales afectadas; su obligatoriedad; su duración; las medidas zoosanitarias aplicables; los requisitos y prohibiciones aplicables; los mecanismos de verificación y métodos de muestreo; los procedimientos de diagnóstico; en su caso, la delimitación de las zonas de control o de erradicación; así como la forma de levantar la campaña.
Artículo 33. Las normas oficiales que establezcan cuarentenas, además de fijar las medidas zoosanitarias a aplicarse, deberán determinarse las siguientes zonas:
I. Focal, que será el área dentro de la cual los animales infestados o infectados estarán sujetos a observación y aislamiento. Dichos animales, así como los insumos, materiales y equipo que hayan estado en contacto con ellos, no podrán ser movilizados sin autorización expresa de la Secretaría, y
II. Perifocal, que será el área dentro de la cual se vigilará que no se presente la enfermedad o plaga, así como el cumplimiento de los requisitos que deberán observarse para la movilización de animales, sus productos y subproductos.
Artículo 34. Para la aplicación de cuarentenas de productos, subproductos animales, productos biológicos, químicos, farmacéuticos y alimenticios para uso en animales, la Secretaría tomará las muestras correspondientes, sujetándose, en lo conducente, a lo establecido por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
El lote de productos de donde se haya tomado la muestra, deberá quedar bajo la guarda, custodia y responsabilidad de su propietario en el lugar que designe, o en su defecto, en el que determine la Secretaría, quedando prohibida su comercialización, hasta en tanto se compruebe la inocuidad del producto.
Para efectos del párrafo anterior, la movilización de estos productos, deberá realizarse conforme a lo dispuesto por la norma oficial respectiva.
De comprobarse que el producto es nocivo para la salud de los animales, la Secretaría procederá en los términos del artículo 29 de esta ley.
CAPÍTULO VII
Del dispositivo nacional de emergencia de sanidad animal
Artículo 35. La Secretaría en los términos del reglamento de esta ley integrará y operará el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal y expedirá las normas oficiales que establezcan las medidas de seguridad que deberán aplicarse al caso particular en el que se diagnostique la presencia de una enfermedad o plaga exótica de los animales.
Cuando por el número de casos que se presenten, la Secretaría pueda inferir, en base al análisis de riesgo que realice, la posible aparición de un epizootia, activará y coordinará el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal en todo el territorio nacional o en una región específica.
Dicho dispositivo consistirá en la aplicación urgente y coordinada de las medidas correspondientes, por parte de la Secretaría y con el apoyo de los servidores públicos de los gobiernos de los estados o del Departamento del Distrito Federal y de los particulares que operen puntos de verificación, los médicos veterinarios, organismos nacionales de normalización, organismos de certificación, unidades de verificación y laboratorios de pruebas en materia zoosanitaria, los propietarios y administradores de establecimiento "Tipo Inspección Federal", los integrantes de los Comités Consultivos Nacionales que constituya la Secretaría, así como los integrantes del Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal y de los consejos estatales y regionales, de acuerdo con la norma oficial de emergencia que se expida. La Secretaría deberá justificar plenamente la expedición de dicha norma.
Artículo 36. La Secretaría, para el mejor cumplimiento de su responsabilidad, podrá acordar y convenir con los gobiernos de los estados y el Departamento del Distrito Federal, así como con particulares, la creación de uno o varios fondos de contingencia, en los términos que señalen las partes, para hacer frente con agilidad, a las emergencias zoosanitarias producidas por la presencia de enfermedades y plagas exóticas o desconocidas, que pongan en peligro el patrimonio pecuario del país.
TITULO TERCERO
De la aprobación y verificación
CAPITULO I
De la aprobación
Artículo 37. Corresponde a la Secretaría aprobar por materias específicas para las que se otorgue cada aprobación.
I. A médicos veterinarios, para brindar servicios como coadyuvantes de la Secretaría en las funciones de asistencia técnica y capacitación zoosanitaria a los productores; para tal efecto, deberán sujetarse a las normas oficiales que la Secretaría expida sobre el particular;
II. A organismos nacionales de normalización, para elaborar normas mexicanas de carácter zoosanitario;
III. A organismos de certificación, para expedir certificados zoosanitarios;
IV. A unidades de verificación, para verificar, a petición de parte, el cumplimiento de las normas oficiales que expida la Secretaría y expedir certificados zoosanitarios; y
V. A laboratorios de pruebas en materia zoosanitaria, para elaborar diagnósticos y pruebas de laboratorio.
Para la aprobación a que se refiere este artículo, la Secretaría formará comités de evaluación integrados por técnicos calificados y con experiencia en los campos de las ramas específicas.
Una misma persona podrá obtener una o varias de las aprobaciones a que se hace referencia en el presente artículo.
Se requerirá el acreditamiento de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial cuando se realicen actividades relacionadas con el ámbito competencial de dos o más dependencias.
En ningún caso, las personas aprobadas podrán certificar o verificar el cumplimiento de normas oficiales a si mismos.
Artículo 38. Para obtener la aprobación a que se refiere la fracción I del artículo anterior, se deberá contar con cédula profesional, presentar solicitud por escrito y aprobar el examen de conocimientos que fije la Secretaría, previa convocatoria que realice para tal efecto, en los plazos que determine el Reglamento de esta ley, especificando las materias sobre las que versarán los exámenes, mismas que corresponderán a aquellas para las que se solicite específicamente la aprobación.
Tendrán derecho a presentar dichos exámenes todos los aspirantes que cumplan con los requisitos establecidos en el párrafo anterior; su evaluación se realizará a través de mecanismos que eviten una apreciación subjetiva y obtendrán la aprobación de la Secretaría los sustentantes que obtengan la calificación requerida.
Una vez aprobados, presentarán exámenes de actualización en los plazos que determine el Reglamento de esta ley.
Artículo 39. Para obtener la aprobación como organismo nacional de normalización, se deberán reunir los requisitos establecidos por el artículo 65 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
Artículo 40. Para obtener la aprobación como organismo de certificación, se deberán reunir los requisitos establecidos por el artículo 79 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
Artículo 41. Para obtener la aprobación como unidad de verificación, en el caso de personas físicas, se deberá contar con cédula profesional en la rama en que desee ser aprobado, presentar solicitud por escrito y aprobar el examen de conocimientos correspondientes que se ajustará a lo establecido en el artículo 38 de esta ley.
Tratándose de personas morales, deberán contar, cuando menos, con un profesional que haya aprobado el examen a que se refiere el párrafo anterior.
Una vez aprobados, presentarán exámenes periódicos, en los plazos que determine el Reglamento de esta ley.
Artículo 42. Para obtener la aprobación como laboratorio de pruebas, se deberá presentar solicitud por escrito y demostrar que se cuenta con la capacidad técnica, material y humana necesarias para la prestación de los servicios
correspondientes, en los términos de las normas oficiales que para tal efecto expida la Secretaría.
Artículo 43. Es responsabilidad de los médicos veterinarios, organismos, unidades y laboratorios a que se refiere el artículo 37 de esta ley:
I. Desarrollar las actividades para las que se les faculte, conforme a las normas oficiales que se expidan sobre el particular.
II. Avisar a la Secretaría, cuando tenga conocimiento de la presencia de una enfermedad o plaga de animales, que sea de notificación obligatoria, de acuerdo con las normas oficiales que expida dicha dependencia sobre el particular;
III. Proporcionar a la Secretaría relaciones de los certificados que expida, en la forma y plazos que determine el Reglamento de esta ley;
IV. Proporcionar a la Secretaría, la información sobre los servicios zoosanitarios que preste;
V. Asistir a la Secretaría en casos de emergencia zoosanitaria; y
VI. Cumplir con las demás obligaciones previstas en la ley de la materia, a cargo de dichos organismos, unidades y laboratorios.
Los propietarios y administradores serán asimismo responsables de lo señalado en las fracciones II y V.
CAPITULO II
De la verificación
Artículo 44. La Secretaría podrá verificar, en cualquier tiempo y lugar el cumplimiento de las normas oficiales que se señalan en esta ley.
Asimismo, la Secretaría podrá, aleatoriamente, verificar los animales, sus productos y subproductos, así como los productos biológicos, químicos, farmacéuticos y alimenticios, para uso en animales o consumo por éstos, que cuenten con certificado zoosanitario, con objeto de comprobar el cumplimiento de las normas oficiales en materia de sanidad animal.
Las unidades de verificación aprobadas sólo podrán realizar actos de verificación a petición de parte, y los dictámenes que formulen sobre el particular serán reconocidos por la Secretaría.
La Secretaría expedirá una norma oficial en la que se indique la duración normal de los procedimientos de verificación o comunicará a quien lo solicite, la duración prevista.
Serán aplicables a este capítulo, en lo conducente, las disposiciones del Título Quinto de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización.
Artículo 45. Cuando el contenido de un acta o dictamen de verificación se desprenda la comisión de un delito, deberá formularse la denuncia correspondiente ante la autoridad competente.
Artículo 46. La Secretaría contará con los puntos de verificación necesarios para asegurar el nivel de protección zoosanitario apropiado en base al análisis de riesgo.
En ningún caso, los puntos de verificación podrán constituir barreras interestatales al comercio.
Artículo 47. Son puntos de verificación zoosanitaria, los siguientes:
I. Las aduanas;
II. Las estaciones cuarentenarias;
III. Las casetas de vigilancia; y
IV. Aquellos que se ubiquen en territorio extranjero, de conformidad con los tratados y acuerdos interinstitucionales que se suscriban.
La Secretaría podrá operar directamente las estaciones cuarentenarias y casetas de vigilancia, o acordar o autorizar su instalación y operación administrativa a gobiernos de los estados y al Departamento del Distrito Federal o a particulares que así lo soliciten.
Las instalaciones y operación de los puntos de verificación se sujetará a lo establecido en las normas oficiales correspondientes, e invariablemente la verificación se llevará a cabo por personal de la Secretaría.
Artículo 48. La Secretaría podrá autorizar la realización de verificaciones sobre el cumplimiento de las normas oficiales, en los términos de los tratados y acuerdos interinstitucionales que se suscriban.
TITULO CUARTO
De los incentivos, denuncia ciudadana, infracciones, sanciones y recurso de revisión
CAPITULO I
De los incentivos
Artículo 49. El Premio Nacional de Sanidad Animal, tiene por objeto, reconocer y premiar
anualmente el esfuerzo de quiénes se destaquen en la prevención, control y erradicación de las enfermedades y plagas de los animales.
Artículo 50. El procedimiento para la selección de los acreedores al premio mencionado y las demás prevenciones que sean necesarias, se establecerán en el reglamento de esta ley.
CAPITULO II
De la denuncia ciudadana
Artículo 51. Todo ciudadano podrá denunciar ante la Secretaría directamente o a través de las delegaciones estatales, los hechos, actos y omisiones que atenten contra la sanidad animal.
Artículo 52. La denuncia ciudadana podrá presentarse por cualquier ciudadano, bastando para darle curso, que se señalen los datos necesarios que permitan localizar la fuente, así como el nombre y domicilio del denunciante.
Una vez recibida la denuncia, la Secretaría la hará saber a la persona o personas a quiénes se imputen los hechos denunciados y efectuará, en su caso, las diligencias necesarias para la comprobación de los hechos denunciados, así como para la evaluación correspondiente.
La Secretaría, a mas tardar dentro de los 15 días hábiles siguientes a la presentación de una denuncia, deberá hacer del conocimiento del denunciante el trámite que se haya dado a aquélla y, en su caso, dentro de los 30 días hábiles siguientes, el resultado de la verificación de los hechos y medidas zoosanitarias adoptadas.
CAPITULO III
De las infracciones y sanciones
Artículo 53. Las infracciones a lo dispuesto en esta ley, serán sancionadas administrativamente por la Secretaría en los términos del Reglamento.
Artículo 54. Son infracciones administrativas:
I. Incumplir lo establecido en las normas oficiales previstas en la presente ley; en cuyo caso se impondrá multa de 100 a 15 mil salarios;
II. No dar aviso de inicio de funcionamiento a que se refiere el artículo 19 de esta ley; en cuyo caso se impondrá multa de 100 a 5 mil salarios;
III. No tener a su servicio, en el caso de plantas de sacrificio de animales y rastros cuando así lo hayan determinado las normas oficiales durante las horas laborales, cuando menos a un médico veterinario aprobado; en cuyo caso se impondrá multa de mil a 15 mil salarios.
IV. Utilizar la denominación "Tipo Inspección Federal", sin contar con la calidad zoosanitaria certificada, en los términos del párrafo segundo del artículo 20 de esta ley; en cuyo caso se impondrá multa de mil a 20 mil salarios.
V. No comprobar la existencia del certificado zoosanitario correspondiente, en su caso, por parte de agentes aduanales, así como por quiénes importen o movilicen animales, sus productos y subproductos y productos biológicos, químicos, farmacéuticos y alimenticios, para uso en animales o consumo por éstos; en cuyo caso se impondrá multa de 500 a 10 mil salarios.
VI. Comercializar productos y subproductos de origen animal, así como los productos biológicos, químicos, farmacéuticos y alimenticios, para uso en animales o consumo por éstos, que no requieran de certificado zoosanitario, sin mencionar ostensiblemente las especificaciones zoosanitarias con que cumplen; en cuyo caso se impondrán multa de mil a 20 mil salarios.
VII. Incumplir lo establecido con el segundo párrafo del artículo 34 de esta Ley; en cuyo caso se impondrá multa de cinco mil a 20 mil salarios; y
VIII. Contravenir lo dispuesto en las fracciones II a VI del artículo 43 de la presente Ley por parte de los médicos veterinarios y titulares de los organismos, unidades y laboratorios y a quienes contravengan lo dispuesto en el último párrafo de dicho artículo; en cuyo caso se impondrá multa de mil a 20 mil salarios.
IX. Falsificar o alterar certificados zoosanitarios, actas de verificación y demás documentos oficiales zoosanitarios; en cuyo caso se impondrá multa de cinco a 20 mil salarios; y
X. Las demás violaciones a lo establecido en la presente Ley; en cuyo caso se impondrá multa de 100 a mil salarios.
Para los efectos del presente artículo, por salario se entiende el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse la infracción.
Artículo 55. La Secretaría podrá clausurar los establecimientos hasta por 15 días, sin perjuicio de la imposición de las multas establecidas en el artículo anterior cuando:
I. Se contravenga lo dispuesto en las normas oficiales previstas en el artículo 18 de esta Ley; y
II. Se infrinja lo establecido en los artículos 19 y 20 de la presente Ley.
Artículo 56. La Secretaría podrá sancionar con la suspensión temporal o revocación:
I. A quiénes incumplan con lo establecido en las normas oficiales previstas en los artículos 21, 23 y 42 de esta Ley; y
II. A quiénes contravengan lo dispuesto en el artículo 43 de esta Ley.
Artículo 57. En caso de reincidencia se podrá aplicar multa hasta por el doble de las cantidades señaladas en el artículo 54 de esta Ley y, en el caso de las infracciones a que se refiere el artículo 55 de esta Ley, proceder a la clausura temporal o permanente del establecimiento.
Artículo 58. Para la imposición de las sanciones, la Secretaría tomará en cuenta la gravedad de la infracción, los daños y perjuicios causados, al igual que los antecedentes, circunstancias personales y situación socioeconómica del infractor, debiendo conceder previamente audiencia al interesado en los términos que establezca el reglamento.
Artículo 59. Las sanciones que se señalan en éste capítulo, se aplicarán sin perjuicio de la responsabilidad penal que resulte.
CAPITULO IV
Del recurso de revisión
Artículo 60. Contra las resoluciones dictadas por la Secretaría, con fundamento en esta ley, se podrá interponer el recurso de revisión dentro del término de 15 días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.
El recursos tiene por objeto revocar, modificar o confirmar la resolución reclamada y los fallos que se dicten contendrán la fijación del acto impugnado, los fundamentos legales en que se apoye y los puntos resolutivos. El reglamento de la presente ley establecerá los términos y demás requisitos para la tramitación y sustanciación del recurso.
La interposición del recurso se hará por escrito dirigido a la Secretaría, en el que se deberán expresar el nombre y domicilio del recurrente y los agravios, acompañándose los elementos de prueba que se consideren necesarios, así como las constancias que acrediten la personalidad del promovente.
Con el escrito en el que conste el recurso, deberán ofrecerse las pruebas y esgrimirse las defensas que el interesado considere necesarias para basar su dicho, siempre que tengan relación con los hechos en los que el recurrente funde su reclamación. En vista de tales pruebas y defensas y desahogadas que sean, o a su falta de presentación en su caso, la Secretaría dentro de los 30 días naturales siguientes a la presentación del recurso, dictará la resolución respectiva. De no hacerlo en dicho plazo se dará por aceptada la impugnación.
La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución impugnada, por cuanto hace al pago de multas.
TRANSITORIOS
Primero. La presente ley entrará en vigor a los 30 días naturales de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se deroga el Título Tercero y demás disposiciones en materia de sanidad animal, de la Ley de Sanidad Fitopecuaria de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 1974.
Tercero. Se abroga el Decreto que Declara de Interés Público la Instalación y Funcionamiento de Plantas Empacadoras, Enlatadoras y Refrigeradoras o Almacenes Frigoríficos "Tipo Inspección Federal" publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 17 de enero de 1950. Las plantas "Tipo Inspección Federal" que estén operando conforme al decreto que se abroga, podrán seguir utilizando dicha denominación hasta por el término de un año, contando a partir de la entrada en vigor de esta Ley, en tanto entran en vigor las normas oficiales correspondientes.
Cuarto. Seguirá aplicándose el Reglamento para Campañas de Sanidad Animal, el Reglamento para el Control de Productos Químicos - Farmacéuticos, Biológicos, Alimenticios, Equipo y Servicios para Animales, el Reglamento de la Ley de Sanidad Fitopecuaria de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Movilización de Animales y sus Productos y el Reglamento para la Industrialización Sanitaria de la Carne, en lo que
no contravengan la presente Ley, hasta la expedición de su Reglamento.
Quinto. El Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal, así como los Consejos Regionales o Estatales, se deberán constituir en un plazo no mayor de 180 días contados a partir de la vigencia de esta Ley.
Sexto. Los Comités de Evaluación a que se refiere el artículo 37 de esta Ley deberán de formarse en un término máximo de 30 días a partir de la vigencia de esta Ley.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 7 de mayo de 1993.»
Es de primera lectura.
ORDEN DEL DÍA
La secretaria Lydia Madero García:
Señora Presidenta, se han agotado los asuntos en cartera de la sesión pública. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Segundo Período de Sesiones Ordinarias.- Segundo Año.- LV Legislatura. Orden del día
13 de mayo de 1993.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Dictamen de primera lectura
De la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de Ley de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Dictámenes a discusión
De las comisiones unidas de Justicia y de Defensa Nacional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Justicia Militar.
De la Comisión de Ganadería con proyecto de Ley Federal de Sanidad Animal. Intervención del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para comentar las modificaciones laborales como resultantes del Tratado de Libre Comercio.
Intervención del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para referirse a la reciente reunión del doctor Pedro Aspe y doctor José Córdoba Montoya, en Estados Unidos y su relación con el Tratado de Libre Comercio.
Elección de la mesa directiva.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
La Presidenta:
(A las 19.20 horas) Se levanta la sesión y se cita para la próxima
que tendrá lugar el día jueves 13 de mayo a las 10.00 horas.
Siglas y abreviaturas incluidas en esta edición:
AC Asociación Civil
CEPAL Comisión Económica Para América Latina
CROC Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos
CTM Confederación de Trabajadores de México
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social
ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
INEGI Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
LOPPE Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales
LP (Sin aclaración)
PLIM Pipe Line Imperative Management (por las siglas en inglés)
PAN Partido Acción Nacional
PARM Partido Auténtico de la Revolución Mexicana
PECE Pacto de Estabilidad, Competitividad y Empleo
Pemex Petróleos Mexicanos
PFCRN Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional
PPS Partido Popular Socialista
PRD Partido de la Revolución Democrática
PRI Partido Revolucionario Institucional
Profeco Procuraduría Federal del Consumidor
Pronasol Programa Nacional de Solidaridad
SA Sociedad Anónima
SAPAC (Sin aclaración)
Secofi Secretaría de Comercio y Fomento Industrial
Sedesol Secretaría de Desarrollo Social
SEP Secretaría de Educación Pública
SNTE Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
UNESCO Organización Educacional, Científica y Cultural, de las Naciones Unidas