Legislatura LV - Año II - Período Ordinario - Fecha 19930520 - Número de Diario 12
(L55A2P1oN012F19930520.xml)Núm. Diario: 12ENCABEZADO
LV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO de los DEBATES
DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Correspondiente al Segundo Período del Segundo Año de Ejercicio
PRESIDENTE DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
Diputado Jaime Ignacio Muñoz y Domínguez
PALACIO LEGISLATIVO
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Héctor de Antuñano y Lora
AÑO II México, DF, jueves 20 de mayo de 1993 No. 12
SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO
SUMARIO
ASISTENCIA
APERTURA
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
INVITACIÓN
Del Gobernador del Estado de Puebla, al acto cívico conmemorativo del LXXIII aniversario del fallecimiento del ex presidente de México, Venustiano Carranza. Se designa comisión
COMUNICACIÓN
Del diputado Héctor Morquecho Rivera, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones como diputado federal. Se aprueba y toma protesta el suplente.
MINUTA DE LA COLEGISLADORA
Con proyecto de decreto que abroga la Ley que crea el Instituto Mexicano del Café. Se turna a las comisiones de Comercio y de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
INICIATIVA DEL EJECUTIVO
CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA
Con proyecto de decreto que lo autoriza a emitir dichos certificados. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
Dos dictámenes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyectos de decreto por los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que la ciudadana Verónica Enríquez Alcalá, pueda prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y las ciudadanas Rebeca Romero Pérez e Iliana Ivonne Sandoval Moya, puedan prestar sus servicios en la Embajada Británica en México.
DICTAMEN A DISCUSIÓN
LEY DE NACIONALIDAD
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Para su discusión en lo general y en lo particular intervienen los diputados:
Rubén Pabello Rojas, para fundamentar el dictamen.
Martín Tavira Urióstegui, en pro.
Jorge Oceguera Galván, en pro. Ricardo Valero Recio Becerra, en contra y hace propuestas de modificación a los artículos 9o. y 14.
Fauzi Hamdan Amad, en pro y propone modificaciones a los artículos 2o. y 12.
María Clara Mejía Guajardo, propone modificaciones al artículo 15
Javier Centeno Avila, para fundamentar su voto en contra;
Cuauhtémoc López Sánchez Coello, en pro
Carlos González Durán, para rectificar hechos.
Se someten a votación las propuestas presentadas durante el debate.
La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen y la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por 333 votos.
Se aprueba y pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Cuatro, de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyectos de decreto por los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos:
Carlos Ramón Carrillo del Villar, puede aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Guatemala;
Edmundo Font López, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Colombia;
Javier Antonio Renero Zamora, pueda prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y
Patricia Emma Luisa del Hierro Hernández, pueda prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Se turnan al Senado de la República los dos primeros y al Ejecutivo Federal los dos segundos, para sus efectos constitucionales.
REFORMA POLÍTICA
Para expresar sus opiniones se concede el uso de la palabra a los diputados:
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo
Raymundo Cárdenas Hernández
Enrique Gabriel Jiménez Remus
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, toman la palabra los diputados:
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo
Enrique Gabriel Jiménez Remus
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo
Diego Fernández de Cevallos Ramos
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo
Diego Fernández de Cevallos Ramos
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo
Israel González Arreguín
Jorge Uscanga Escobar
Raymundo Cárdenas Hernández
Salvador Abascal Carranza
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo
Israel González Arreguín
Salvador Abascal Carranza
Layda Elena Sansores San Román
Raymundo Cárdenas Hernández
Israel González Arreguín
Salvador Abascal Carranza
Juan Antonio Nemi Dib
DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER
Punto de acuerdo presentado por la diputada Martha Patricia Ruiz Anchondo, a nombre de todas las diputadas de la LV Legislatura. Se aprueba
ESTADO DE YUCATÁN
Para hacer comentarios respecto a la determinación de la subcomisión de examen previo, de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, en relación con el caso de Yucatán, hacen uso de la palabra los diputados:
Luis Alberto Rejón Peraza
José Feliciano Moo y Can
Francisco José Paoli Bolio
Jorge Uscanga Escobar
Francisco Gómez Mont Urueta
Martín Tavira Urisóstegui
Fernando Francisco Gómez Mont Urueta
Juan Ramiro Robledo Ruiz
Francisco José Paoli Bolio
Martín Tavira Urióstegui
Francisco José Paoli Bolio
TRATADO DE LIBRE COMERCIO
Toma la palabra el diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar, quien expresa su opinión y la de su grupo parlamentario respecto del proceso de ratificación del Tratado de Libre Comercio
ESTADO DE CHIHUAHUA
Para comentar los hechos violentos ocurridos en la Escuela de Agricultura Hermanos Escobar, en Ciudad Juárez, hacen uso de la palabra los diputados
José Luis Canales de la Vega, quien presenta una proposición.
Rubén Raymundo Gómez Ramírez
Pedro Medina Pérez, quien presenta una propuesta.
Javier Centeno Avila, quien presenta una propuesta.
Enrique Rico Arzate, quien presenta una proposición.
Andrés Barba Barba
Oscar René Nieto Burciaga
Javier Centeno Avila, para rectificar hechos.
Demetrio Santiago Torres
Patricia Terrazas Allen
Carlos Morales Villalobos, para rectificar hechos.
Juan de Dios Castro Lozano, para contestar alusiones personales.
Carlos Morales Villalobos
Juan de Dios Castro Lozano
Luis Carlos Rentería Torres
Juan de Dios Castro Lozano, para contestar alusiones personales.
Hildebrando Gaytán Márquez, para rectificar hechos.
Israel González Arreguín
Diego Fernández de Cevallos Ramos
Israel González Arreguín, para contestar alusiones personales.
Diego Fernández de Cevallos Ramos, para contestar alusiones personales
Israel González Arreguín
Tomás González de Luna, para rectificar hechos.
José María Téllez Rincón
Se someten a consideración de la Asamblea las proposiciones realizadas durante el debate.
Hildebrando Gaytán Márquez, en pro.
Diego Fernández de Cevallos Ramos
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
Presidencia del diputado
Gonzalo Altamirano Dimas
ASISTENCIA
El Presidente:
Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados.
La secretaria Graciela Larios Rivas:
Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 402 diputados. Por lo tanto, hay quórum.
APERTURA
El Presidente:
(A las 12.00 horas) Se abre la sesión. Esta Presidencia informa que diversas comisiones de encuentran reunidas en los salones del Palacio Legislativo, por lo que los diputados que asisten a dichas reuniones se incorporarán a la sesión al término de las mismas.
Adelante, señora secretaria.
ORDEN DEL DÍA
La secretaria Graciela Larios Rivas:
«Segundo Período Ordinario de Sesiones. -Segundo Año. -LV Legislativa. Orden del día
20 de mayo de 1993.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Invitación del gobernador constitucional del Estado de Puebla, al acto cívico que con motivo del LXXIII aniversario del fallecimiento de don Venustiano Carranza, tendrá lugar en Tlaxcalantongo, Puebla, el 21 de mayo.
Comunicación de ciudadano diputado.
Minuta
Proyecto de decreto que abroga la Ley que crea el Instituto Mexicano del Café.
Iniciativa del Ejecutivo
De decreto por el que se autoriza al Ejecutivo Federal para emitir certificados de la Tesorería de la Federación.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Verónica Enríquez Alcalá, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México. De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a las ciudadanas Rebeca Romero Pérez e Iliana Ivonne Sandoval Moya, para prestar servicios en la Embajada Británica, en México.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de Ley de Nacionalidad.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano teniente coronel de artillería diplomado de Estado Mayor Carlos Ramón Carrillo del Villar, para aceptar y usar la Condecoración "Monja Blanca de I Clase", que le confiere el Gobierno de la República de Guatemala.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Edmundo Font López, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de San Carlos, en Grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la República de Colombia.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Javier Antonio Renero Zamora, para que pueda prestar servicios como mensajero en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Patricia Emma Luisa del Hierro Hernández, para que pueda prestar servicios como operadora de procesador de palabras recepcionista en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Intervención del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, en torno a la Reforma Política.
Intervención del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para hacer comentarios sobre la reunión de la subcomisión de examen previo de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, en relación al caso de Yucatán.
Intervención del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en relación al Tratado de Libre Comercio.
Intervención del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse a los hechos ocurridos en la escuela de agricultura "Hermanos Escobar", en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Intervención de los diversos grupos parlamentarios que integran la LV Legislatura, para hacer comentarios en torno a la situación de Teléfonos de México.
Intervención del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para comentar la actuación de la Procuraduría General de la República.
Intervención del grupo parlamentario del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, para referirse a la República Arabe Saharaui Democrática.
Declaración del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre los derechos humanos de la mujer.
Intervención del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse al natalicio del general Lázaro Cárdenas del Río.»
Es todo, señor Presidente.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El Presidente:
En virtud de que se entregaron copias del acta de la sesión anterior a los grupos parlamentarios, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura.
La secretaria Graciela Larios Rivas:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura.
«Acta de la Sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el día dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y tres, correspondiente al Segundo Período de Sesiones Ordinarias de la Quincuagésima Quinta Legislatura.
Presidencia del diputado Jaime Muñoz y Domínguez
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las doce horas con cuatro minutos del día dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y tres, con una asistencia de cuatrocientos siete diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y la Asamblea dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, misma que, sin discusión, se aprueba en sus términos en votación económica.
Se da cuenta con la opción que hace el ciudadano Horacio Sánchez Unzueta, por el cargo de gobernador del Estado de San Luis Potosí. De enterado.
Una comunicación del diputado Antonio Esper Bujaidar, por la que solicita licencia. Se da cuenta con los puntos de acuerdo respectivos, mismos que se aprueban en votación económica.
El Presidente informa que a las puertas del salón se encuentra el ciudadano José Mendoza Padilla designa una comisión que lo introduzca y lo acompañe en el acto de rendir su protesta de Ley como diputado federal. Terminado el acto protocolario, el diputado Mendoza Padilla toma posesión de su encargo de inmediato.
Se da lectura a dos invitaciones del Departamento del Distrito Federal, a los actos cívicos conmemorativos del nonagésimo octavo aniversario del natalicio del general Lázaro Cárdenas del Río y al septuagésimo tercer aniversario luctuoso de don Venustiano Carranza Garza. Se designa comisiones para representar a la Cámara de Diputados.
La Secretaría da lectura a diversas comunicaciones de los congresos de los estados de
Coahuila, Hidalgo, Quintana Roo y San Luis Potosí por los que informan de diversas actividades propias de sus legislaturas. De enterado.
Un oficio de la Cámara de Senadores por el que informa la integración de su mesa directiva para el segundo mes del segundo período de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la quincuagésima quinta legislatura. De enterado.
Un oficio del director del Banco de México, con el que da cumplimiento al artículo décimo de la Ley Orgánica de dicha institución. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, y se corre traslado a la Cámara de Senadores.
Se da lectura a un oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el que remite los informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, correspondientes al primer trimestre del ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y tres. Se turna a las mismas comisiones que el anterior.
Un oficio del Departamento del Distrito Federal con el que remite el informe trimestral del Avance del Programa Presupuesto de esa dependencia al treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y tres. Se turna a las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y a la del Distrito Federal y se corre traslado a la Cámara de Senadores.
La Secretaría da cuenta con una iniciativa del Ejecutivo Federal, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos veintiocho, setenta y tres y ciento veintitrés de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público.
Un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que informa que la ciudadana Maribel Guerrero de Rivera ha dejado de prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y a la de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores.
Dos oficios de la misma Secretaría, por los que se solicitan los permisos constitucionales necesarios para que las ciudadanas Verónica Enríquez Alcalá, Rebeca Romero Pérez e Iliana Sandoval Moya, puedan prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México, la primera y en la Embajada Británica en México las segundas. Se turnan a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Se da primera lectura y la Asamblea dispensa la segunda a un dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, pueda ausentarse del territorio nacional los días veintiuno y veintidós de mayo para realizar visitas de trabajo en las repúblicas de Guatemala y Honduras y los días veintisiete y veintiocho del mismo mes, para realizar visita de trabajo a los Estados Unidos de América. Es de segunda lectura.
Para expresar sus opiniones respecto de este dictamen, hacen uso de la palabra los diputados Martín Tavira Urióstegui, del Partido Popular Socialista, en contra; Paloma Villaseñor Vargas, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Ricardo Valero Recio Becerra, del Partido de la Revolución Democrática, en contra y Rogelio Villarreal Garza, del Partido Revolucionario Institucional, en pro.
La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen y la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por doscientos setenta votos. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
En virtud de que el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de Ley de Nacionalidad, ha sido impreso y distribuido entre los señores diputados, la Asamblea le dispensa la primera lectura.
Se da primera lectura a cuatro dictámenes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyectos de decreto por los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos: Carlos Ramón Carrillo del Villar, pueda aceptar y usar la condecoración que el confiere el Gobierno de la República de Guatemala; Edmundo Font López, pueda aceptar y usar la Condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Colombia; y Javier Antonio Renero Zamora, pueda prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y Patricia Emma Luisa del Hierro Hernández, pueda prestar sus servicios en la Embajada de la anterior. Son de primera lectura.
En virtud de que el dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de Ley de Derechos Humanos del Distrito Federal, ha sido
impreso y distribuido entre los señores diputados, la Asamblea le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión de inmediato.
Para expresar sus opiniones en lo general, hacen uso de la palabra los diputados Gloria Brasdefer Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, en pro y contesta a una interpelación del diputado Estrada Sámano; Victor Orduña Muñoz, del Partido Acción Nacional, en pro; René Bejarano Martínez, del Partido de la Revolución Democrática, en pro;
Presidencia del diputado José de Jesús Berrospe Díaz
Felix Bautista Matías, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en pro y Héctor Ramírez Cuéllar, del Partido Popular Socialista, en pro.
La Asamblea considera suficientemente discutido en lo general el dictamen y la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por unanimidad de trescientos tres votos.
Para expresar sus opiniones en lo particular y proponer diversas modificaciones a los artículos del proyecto de Ley, hacen uso de la palabra los diputados Héctor Ramírez Cuéllar, del Partido Popular Socialista, al artículo setenta y uno; Luisa Alvarez Cervantes, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, a los artículos noveno y quince; Josafat Arquimedes García, del Partido de la Revolución Democrática, a los artículos nono, decimoprimero, decimosegundo, dieciséis, dieciocho, diecinueve, veintisiete, treinta y cinco, cincuenta y cinco y setenta; Alberto Monterde Reyes, del Partido Revolucionario Institucional, al decimosegundo; Rufino Saucedo Márquez, en pro de los artículos diecisiete, dieciocho y diecinueve; Guillermo González Díaz, del Partido Revolucionario Institucional, al artículo dieciocho; Napoleón Gallardo Ledezma, del Partido Acción Nacional, al artículo veinticuatro; Julio Méndez Alemán, del Partido Revolucionario Institucional, al artículo veinticinco;
Presidencia del diputado Gonzalo Altamirano Dimas
Salvador Abascal Carranza, del Partido Acción Nacional, a los artículos cincuenta y siete y cincuenta y ocho.
Presidencia del diputado Jaime Muñoz y Domínguez
Para rectificar hechos y contestar alusiones personales, hacen uso de la palabra los diputados Víctor Orduña Muñoz, del Partido Acción Nacional; Juan Moisés Calleja García, del Partido Revolucionario Institucional, en tres ocasiones; Juan de Dios Castro Lozano, del Partido Acción Nacional, en tres ocasiones; Raymundo Cárdenas Hernández, del Partido de la Revolución Democrática; Diego Fernández de Cevallos, del Partido Acción Nacional, en dos ocasiones; Martín Tavira Urióstegui, del Partido Popular Socialista; Gonzalo Altamirano Dimas, del Partido Acción Nacional; Evangelina Corona Cadena, del Partido de la Revolución Democrática Luisa Alvarez Cervantes, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Raúl Alvarez Garín, del Partido de la Revolución Democrática; José María Téllez Rincón, Salvador Valencia Carmona, del Partido Revolucionario Institucional y Pedro Ojeda Paullada, del mismo partido, quien contesta a una interpelación del diputado Castro Lozano.
En sendas votaciones económicas, se aceptan las proposiciones del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, a los artículos nono y decimoquinto; del Partido Popular Socialista, al artículo setenta y uno; del Partido de la Revolución Democrática, a los artículos veintisiete; treinta y cinco y cincuenta y ocho; del Partido Acción Nacional, a los artículos veinticuatro, cincuenta y siete y cincuenta y ocho y del Partido Revolucionario Institucional, a los artículos dieciséis, dieciocho y veinticinco.
La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen en lo particular y la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por trescientos un votos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Para referirse a una reunión entre los doctores Pedro Aspe Armella y José Córdoba Montoya, en los Estados Unidos de América, hace uso de la palabra el diputado Francisco Dorantes Gutiérrez, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
Solicita y se concede el uso de la palabra a la diputada Cecilia Soto González, del mismo partido, quien presenta diversos documentos en los que, según su dicho, se afirma que han cambiado de coordinador legislativo.
De enterado y se instruye a la Secretaría para que turne la documentación a la Oficialía Mayor para los efectos conducentes.
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales al respecto, hacen uso de la palabra los diputados Manuel Laborde Cruz, Adolfo Kunz Bolaños y Carlos Cantú Rosas. El Presidente ratifica el trámite que dio a la documentación de la diputada Cecilia Soto González y concede el uso de la palabra al diputado Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, quien solicita que el tema del Tratado de Libre Comercio se incluya en el orden del día de la próxima sesión.
Para referirse a lo que calificó de violación de los derechos humanos en el Estado de Coahuila, hace uso de la palabra el diputado José Alba Galván, del Partido Acción Nacional.
Para rectificar hechos, hablan los diputados Fidel Hernández Puente, del Partido Revolucionario Institucional y José Alba Galván, del Partido Acción Nacional.
Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado Israel González Arreguín, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, quien se refiere a la problemática del campo a la que deben enfrentarse los productores agropecuarios del Estado de Guanajuato.
Para comentar la pena de muerte, hacen uso de la palabra los diputados Raúl Castañeda Andrade y Francisco Dorantes Gutiérrez, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
Agotados los asuntos en cartera y no habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las veintiuna horas con cincuenta y ocho minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo jueves veinte de mayo de mil novecientos noventa y tres a las diez horas.»
El Presidente:
Ruego a la Secretaría poner a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior y si algún diputado desea hacer alguna observación a la misma, sírvanse manifestarlo.
La secretaria Graciela Larios Rivas:
Está a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior. ¿Hay algún diputado que desee hacer observaciones a la misma?
Se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Aprobada el acta.
INVITACIÓN
La secretaria Graciela Larios Rivas:
Se va a dar lectura a una invitación.
«Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. -México D.F.
Distinguida diputada: El próximo día 21 de mayo del actual, se celebra el LXXIII aniversario del fallecimiento de don Venustiano Carranza en Tlaxcalantongo, Puebla, en esta memorable fecha y como cada año contamos con la designación de una representación de diputados al honorable Congreso de la Unión para acompañarnos a tan digno acto en nuestro Estado.
Esperando contar con tan distinguida representación, aprovecho la oportunidad para enviarle un respetuoso saludo.
Atentamente.
H. Puebla de Zaragoza, 20 de mayo de 1993. -Lic. Manuel Bartlett Díaz, Gobernador Constitucional del Estado.»
El Presidente:
Para asistir en representación de esta honorable Cámara de Diputados, se designa a los siguientes diputados: Alberto Jiménez Arroyo, Víctor Emmanuel Díaz Palacios, Rodolfo Toxtle Tlamani y Jaime Olivares Pedro.
COMUNICACIÓN
El secretario Jesús Molina Lozano:
«Diputada María de los Angeles Moreno Uriegas, Presidenta de la Comisión de Concertación y Régimen Interno de la honorable Cámara de Diputados. -Presente.
Habiendo recibido de mi partido, el Partido Popular Socialista, el alto honor de mi postulación como aspirante a la gubernatura de mi Estado natal, Coahuila, tarea a la que he de dedicar
mi actividad en el futuro inmediato, con fundamento en el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por este conducto solicito se me conceda licencia por tiempo indefinido, para separarme de mis funciones como diputado federal a la LV Legislatura del Congreso de la Unión, a partir de esta fecha.
Atentamente.
México, DF., a 18 de mayo de 1993.- Diputado Héctor Morquecho Rivera.»
El Presidente:
En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.
El secretario Jesús Molina Lozano:
Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo:
Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Héctor Morquecho Rivera, para separarse de sus funciones como diputado federal por la segunda circunscripción, a partir de esta fecha.
Segundo. En su oportunidad, llámese al suplente.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueban.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado, señor Presidente.
El Presidente:
Se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano Pedro Medina Pérez, diputado suplente electo en la segunda circunscripción.
Se designa en Comisión, para que lo acompañen en el acto de rendir la protesta de Ley, para entrar en funciones, a los siguientes diputados: María de los Angeles Moreno, Cuauhtémoc Amezcua, Alberto Carrillo, Raymundo Cárdenas y Diego Zavala Pérez.
El secretario Jesús Molina Lozano:
Se ruega a la Comisión cumplir con este encargo.
Se ruega a los presentes ponerse de pie.
El Presidente:
Ciudadano Pedro Medina Pérez: ¿Protestáis: guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo os ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
El ciudadano Pedro Medina Pérez:
Sí protesto.
El Presidente:
Si así no lo hiciereis, la Nación os lo demande.
Continué la Secretaría con los asuntos en cartera.
MINUTA DE LA COLEGISLADORA
LEY QUE CREA EL INSTITUTO MEXICANO DEL CAFÉ
El secretario Jesús Molina Lozano:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Senadores.- México D. F.
Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados.- Presentes.
para los efectos correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que abroga la Ley que crea el Instituto Mexicano del Café.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, DF., a 18 de mayo de 1993.- Senadores secretarios: Gustavo Salinas Iñiguez y Ramón Serrano Ahumada.»
MINUTA PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA LA LEY QUE CREA EL INSTITUTO MEXICANO DEL CAFÉ
Artículo único. Se abroga la Ley que crea el Instituto Mexicano del Café, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1958.
TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en su carácter de coordinadora del sector correspondiente, promoverá y proveerá lo conducente a la liquidación y extinción del Instituto Mexicano del Café y cuidará que éstas se lleven a cabo de manera oportuna, eficiente y con apego a las disposiciones legales que lo rigen.
Tercero. Los derechos de los trabajadores serán respetados conforme a la Ley. Cuarto. La Secretaría de la Contraloría General de la Federación, conforme a sus atribuciones, vigilará que el proceso de liquidación y extinción a que se refiere este decreto, se lleve a cabo de conformidad con las disposiciones legales aplicables.
Quinto. Salvo que exista impedimento legal para ello, el proceso de liquidación y extinción no excederá de un plazo de seis meses, contando a partir de la entrada en vigor de este decreto.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México, DF., a 18 de mayo de 1993.- Senadores: Salvador Sánchez Vázquez, secretario; Gustavo Salinas Iñiguez, secretario; Ramón Serrano Ahumada, secretario.
Se remite a la honorable Cámara de Diputados, para los efectos constitucionales.- México, DF., 18 de mayo de 1993.- El oficial mayor, licenciado Morelos Canseco Gómez.»
Recibo y túrnese a las comisiones de Comercio y de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
INICIATIVA DEL EJECUTIVO
CERTIFICADOS DE LA FEDERACIÓN
El secretario Jesús Molina Lozano:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Por instrucciones del ciudadano licenciado Carlos Salinas de Gortari, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y para los efectos constitucionales, con el presente envío a ustedes iniciativa de decreto por el que se autoriza el Ejecutivo Federal para emitir certificados de la Tesorería de la Federación.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, DF., a 19 de mayo de 1993.- El secretario, José Patrocinio González Blanco Garrido.»
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
Conforme avanza el proceso de crecimiento económico, se impone la necesidad de contar con un sistema financiero más eficiente, que continúe ofreciendo alternativas y formas de acceso a planes de inversión, diversificando las operaciones a través de las cuales se administren los recursos correspondientes.
La transformación del sistema financiero permitirá la captación de mayores volúmenes de ahorro y el fomento a la inversión productiva del país, por lo que resulta conveniente alentar la obtención de recursos a largo plazo, a fin de atender la demanda de créditos para proyectos de largo desarrollo y maduración.
Por otra parte, con el objeto de mejorar las condiciones financieras del endeudamiento interno del Gobierno Federal, el 3 de noviembre de 1977 esa honorable representación nacional expidió el decreto por el que se autoriza al Ejecutivo Federal para emitir certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes).
La emisión de instrumentos como lo que nos ocupan, ha permitido desarrollar el mercado de valores gubernamentales, fomentando el ahorro en moneda nacional al circular en el mercado títulos de crédito con la garantía del Gobierno Federal.
Asimismo, las operaciones con CETES han reportado ventajas sustanciales para el público inversionista, constituyéndose como el instrumento gubernamental de mayor circulación en el mercado por sus características de alta bursatilidad, rendimientos atractivos y mayor seguridad. Sin embargo, conforme al decreto invocado, su plazo no puede ser superior a un año, con lo cual se
elimina una importante alternativa de inversión frente a los requerimientos de planeación financiera a largo plazo. A esta desventaja se añade la limitante de que tales títulos no devengan intereses, por lo que únicamente pueden colocarse a descuento o bajo par.
El decreto citado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 1977, prevé, además de los lineamientos relativos a los CETES, diversas modificaciones a ordenamientos que a su vez han sido abrogados o reformados. Fue así que ese honorable Congreso de la Unión expidió con fecha 21 de diciembre de 1984, la nueva Ley Orgánica del Banco de México, con fecha 28 de diciembre de 1982 la actual Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal y con fechas 20 de diciembre de 1984 y 28 de diciembre de 1989 reformó, entre otros, los artículos 24 y 31 fracción VIII, inciso f, de la Ley del Mercado de Valores. Es decir, el decreto mencionado sólo se encuentra vigente en lo relativo a la emisión y circulación de los CETES.
En consecuencia, la iniciativa que se somete a su consideración, propone la abrogación del referido decreto, mediante la expedición de un nuevo ordenamiento que regule la emisión de CETES, manteniendo las características previstas en la norma vigente, salvo por lo que hace a su plazo que podrá ser mayor a un año, así como la posibilidad de que devenguen intereses y que éstos puedan ser pagados mediante cupones.
La emisión de CETES con las nuevas características que se proponen, continuaría sujeta a lo señalado por la Ley General de Deuda Pública y a lo que dicte al honorable Congreso de la Unión al aprobar anualmente la Ley de Ingresos de la Federación, con la finalidad de dar plena vigencia al principio constitucional que atribuye al honorable Congreso de la Unión la responsabilidad de aprobar las bases y señalar los límites que comprometen el crédito de la Nación.
La iniciativa propuesta a ese honorable Poder Legislativo, actualizaría el ejercicio de la facultad concedida al Ejecutivo Federal para que, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, contrate las operaciones de financiamiento del sector público y adopte las medidas administrativas inherentes al pago, colocación y demás elementos de las correspondientes emisiones de títulos.
La propuesta planteada coadyuvará a satisfacer las necesidades de financiamiento adecuado del Gobierno Federal, en apego al Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, y fortalecerá los nuevos esquemas requeridos por el sistema financiero, otorgando mayor competitividad a dichos instrumentos. Consecuentemente se respalda el sano desarrollo del mercado de valores, a fin de que se consolide como uno de los canales más viables para fomentar el ahorro interno a mediano y largo plazo, y los recursos así obtenidos se asignen a los requerimientos de los distintos sectores productivos.
Por las razones expuestas, el Ejecutivo Federal a mi cargo, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 7o., fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del honorable Congreso de la Unión, por el digno conducto de ustedes ciudadanos secretarios, la presente
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA EMITIR CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN
Artículo único. Se autoriza al Ejecutivo Federal para emitir, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Certificados de la Tesorería de la Federación, cuyas características y circulación se ajustarán a lo siguiente:
I. Serán títulos de crédito al portador, a cargo del Gobierno Federal.
II. El valor nominal de cada título será de cinco nuevos pesos o múltiplos de esta cantidad.
III. Serán pagaderos en la Ciudad de México, Distrito Federal, en las oficinas del Banco de México, por su valor nominal.
IV. Podrán devengar intereses, quedando facultada la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para colocarlos a descuento o bajo par. En el caso de que devenguen intereses, podrán llevar cupones para su pago, los cuales serán títulos de crédito y se regirán conforme a lo establecido en el acta de emisión respectiva.
V. El Banco de México actuará como agente exclusivo del Gobierno Federal para la colocación, redención, compra, venta y, en su caso, pago de intereses, de los Certificados de la Tesorería de la Federación.
Los títulos se mantendrán en todo tiempo en depósito centralizado en administración en el
Banco de México por cuenta de los tenedores. Dicho Banco efectuará las transferencias de los certificados mediante traspasos en las cuentas de depósito que lleve a los respectivos depositantes, quedando facultado para transferir en esta forma la titularidad de uno o más de estos certificados.
VI. Los aumentos netos en la circulación de Certificados de la Tesorería de la Federación se computarán dentro de los montos del endeudamiento directo neto del Gobierno Federal que el Congreso de la Unión fije para el ejercicio fiscal correspondiente en los términos de los artículos 9o, y 10 de la Ley General de Deuda Pública.
VII. Los montos, rendimientos, plazos y condiciones de colocación, así como las demás características específicas de las diversas emisiones, serán determinadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo previamente la opinión del Banco de México.
En la determinación de las emisiones y de las respectivas características, deberán considerarse las condiciones de los mercados crediticios, las necesidades de financiamiento de proyectos de desarrollo, así como el objetivo de propiciar un sano desarrollo del mercado de valores.
TRANSITORIOS
Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. Se abroga el decreto por el que se autoriza al Ejecutivo Federal para emitir Certificados de Tesorería; se reforma el artículo 24, fracción X, inciso d) de la Ley Orgánica del Banco de México; se adiciona la fracción III Bis al artículo 322 de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal; se adiciona el artículo 24 y el inciso f) fracción VIII del artículo 31 de la Ley del Mercado de Valores, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre de 1977.
Artículo tercero. Los Certificados de la Tesorería de la Federación emitidos con anterioridad a la vigencia del presente decreto, continuarán sujetos a los plazos y condiciones conforme a los cuales fueron emitidos.
Reitero a ustedes, ciudadanos secretarios las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Palacio Nacional, D.F., 18 de mayo de 1993.- El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Primera lectura.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
La secretaria Graciela Larios Rivas:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: En oficio fechado el 29 de abril del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Verónica Enríquez Alcalá, pueda prestar sus servicios como ayudante de visas, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el 18 de mayo, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su Acta de Nacimiento;
b) Que los servicios que la propia interesada prestará en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México serán como ayudante de visas.
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del Apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Verónica Enríquez Alcalá, para prestar servicios como ayudante en visas, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, DF., a 19 de mayo de 1993.- Diputados: Gustavo Carvajal Moreno, Presidente; Cuauhtémoc López Sánchez, secretario; Juan de Dios Castro Lozano, secretario; José Octaviano Alanis Alanis, José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Benjamín Avila Guzmán, José Azanza Jiménez, Juan José Bañuelos Guardado, Agustín Basave Benítez, Luis A. Beauregard Rivas, Carlos E. Cantú Rosas, Alberto Carrillo Armenta, Juan José Castillo Mota, Estela Cásares Esquivel, Javier Centeno Avila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Pedro de León Sánchez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elías, Laura Alicia Garza Galindo, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo J. González Díaz, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Marlene Catalina Herrera Díaz, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, José Benigno López Mateos, Jesús Martín del Campo, Jorge Mendoza Alvarez, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Jaime Muñoz y Domínguez, Miguel Angel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, Marco Antonio Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Tomás Osorio Avilés, Guillermo Pacheco Pulido, Rubén Pabello Rojas, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Irma A. Piñeiro Arias, Froylán Ramírez Lara, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Juan José Rodríguez Prats, María Esther Scherman Leaño, Jaime Serrano Cedillo, Manuel Solares Mendiola, Cecilia Guadalupe Soto González, Edmundo Sosa López, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Salvador Valencia Carmona, Oscar Ricardo Valero Recio, Mario Vargas Aguiar, Jorge Zermeño Infante, Ildefonso Zorrilla Cuevas Nahum, Efrain Zúñiga Galeana, José Domingo Olvera Cervantes y Juan Alonso Romero.»
Primera lectura.
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: En oficio fechado el 28 de abril del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Rebeca Romero Pérez e Iliana Ivonne Sandoval Moya, puedan prestar sus servicios administrativos en la Embajada Británica en México.
En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el día 18 de mayo, se turnó a la Comisión que suscribe para su estudio y dictamen el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que las peticionarias acreditan su nacionalidad mexicana con la copias certificadas de las actas de nacimiento;
b) Que los servicios que las interesadas prestarán en la Embajada Británica en México, serán de carácter administrativo;
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana Rebeca Romero Pérez, para prestar servicios como jefe de Información y Prensa, en la Embajada Británica en México.
Artículo Segundo. Se concede permiso a la ciudadana Iliana Ivonne Sandoval Moya, para prestar servicios como secretaria comercial y de registro, en la Embajada Británica en México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, DF., a 19 de mayo de 1993.- Diputados: Gustavo Carvajal Moreno, Presidente; Cuauhtémoc López Sánchez, secretario; Juan de Dios Castro Lozano, secretario; José Octaviano Alanis Alanis, José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Benjamín Avila Guzmán, José Azanza Jiménez, Juan José Bañuelos Guardado, Agustín Basave Benítez, Luis A. Beauregard Rivas, Carlos E. Cantú Rosas, Alberto Carrillo Armenta, Juan José Castillo Mota, Estela Cásares Esquivel, Javier Centeno Avila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Pedro de León Sánchez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto
Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elías, Laura Alicia Garza Galindo, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo J. González Díaz, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Marlene Catalina Herrera Díaz, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, José Benigno López Mateos, Jesús Martín del Campo, Jorge Mendoza Alvarez, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Jaime Muñoz y Domínguez, Miguel Angel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, Marco Antonio Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Tomás Osorio Aviles, Guillermo Pacheco Pulido, Rubén Pabello Rojas, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Irma A. Piñeiro Arias, Froylán Ramírez Lara, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Juan José Rodríguez Prats, María Esther Scherman Leaño, Jaime Serrano Cedillo, Manuel Solares Mendiola, Cecilia Guadalupe Soto González, Edmundo Sosa López, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Salvador Valencia Carmona, Oscar Ricardo Valero Recio, Mario Vargas Aguiar, Jorge Zermeño Infante, Ildefonso Zorrilla Cuevas Nahum, Efrain Zúñiga Galeana, José Domingo Olvera Cervantes y Juan Alonso Romero.»
Primera lectura.
DICTAMEN A DISCUSIÓN
LEY DE NACIONALIDAD
El Presidente:
El siguiente punto del orden del día es la segunda lectura al dictamen relativo al Proyecto de Ley de Nacionalidad.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los diputados, se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
La secretaria Graciela Larios Rivas:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales fue turnada para su estudio y análisis la iniciativa con proyecto de Ley de Nacionalidad, enviada por el titular del Poder Ejecutivo Federal, licenciado Carlos Salinas de Gortari.
Esta Comisión con la facultad que le otorgan los artículos 56, 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se avocó al estudio del proyecto de Ley correspondiente y formular el presente dictamen, bajo los siguientes
ANTECEDENTES
La iniciativa con proyecto de Ley de Nacionalidad fue remitida a la Cámara de Diputados por el ciudadano Presidente de la República, en uso de las facultades que le otorga el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Presidente de la Mesa Directiva, conforme a Reglamento, ordenó el siguiente turno: "Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales".
En reunión de trabajo celebrada por la Comisión el día 27 de abril de 1993, se dio cuenta al pleno de la iniciativa, aprobándose los siguientes acuerdos. Integración de un grupo plural que se encargue de estudiar, analizar y elaborar el proyecto de dictamen de la iniciativa en estudio.
La celebración de reuniones de conferencias entre la subcomisión plural, con la Comisión respectiva de la Cámara de Senadores, con el propósito de avanzar conjuntamente en el análisis de la iniciativa e intercambiar opiniones. Estas se llevaron a cabo los días 28 de abril y 11 de mayo de 1993, en esta última, comparecieron funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el objetivo de intercambiar opiniones referentes a la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal.
De la misma manera, los integrantes de la subcomisión se reunieron en varias ocasiones para
continuar discutiendo las propuestas de modificación y los puntos de coincidencia respecto de la iniciativa.
CONSIDERANDOS
En el tránsito de México al Siglo XXI, la fortaleza de la soberanía, las libertades más amplias, la justicia social y una mejor democracia reclaman, de acuerdo al espíritu del artículo 30 y 37 de nuestra Constitución.
Es por ello que, para lograr dichos objetivos, la legislación secundaria, en este caso la Ley de Nacionalidad y Naturalización, debe adecuarse al nuevo contexto tanto nacional como internacional.
La iniciativa con proyecto de Ley de Nacionalidad enviada por el ciudadano licenciado Carlos Salinas de Gortari, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, tiene este propósito.
La nacionalidad es el vínculo que une al individuo con un país determinado. Cada nación, en ejercicio de su soberanía, puede legislar sobre la materia, sin otras limitaciones que las reconocidas por el derecho internacional y de acuerdo con el principio fundamental del respeto a la libre determinación del individuo, al que no puede imponérsele una nacionalidad contra su voluntad ni obligársele a conservarla cuando prefiera otra.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como norma suprema y en ejercicio de su soberanía es la que reconoce y atribuye la nacionalidad. La nacionalidad mexicana, en la Constitución de 1917, se reconoció conforme a dos sistemas tradicionales; el relativo al derecho de sangre jus sanguinis y el referente al derecho de territorio jus soli, sistemas que no se excluyen entre sí.
la nación mexicana es el resultado de una evolución histórica que comprende, tanto las raíces prehispánicas, como las diversas influencias culturales del mundo. Nuestra identidad es la que ha mantenido al país libre de xenofobias o exclusivismos, sin merma de su cohesión nacional. Por ello, el espíritu de esta iniciativa, que conserva la convicción de considerar la nacionalidad mexicana como un privilegio, pero reconoce el derecho extranjero que se identifique con nuestra cultura para adquirirla.
Es en este contexto que la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal que hoy se dictamina, precisa los derechos de los nacionales y simplifica los procedimientos de naturalización, manteniendo el Estado mexicano la discrecionalidad para el otorgamiento de la nacionalidad mexicana, que sobre la materia nuestro país se ha dado.
Legislar sobre este ámbito no implica exclusivamente derogar o abrogar determinadas normas, por el contrario, conlleva a plantear modificaciones a la Ley con base en una vasta experiencia, para adecuar a nuestra realidad respecto de situaciones que hoy en día se dan y que por determinadas circunstancias los ordenamientos vigentes se ven rebasados.
LA NUEVA LEY DE NACIONALIDAD
La Ley de Nacionalidad que se somete a la consideración de este honorable pleno, esta integrada por seis capítulos. Los correspondientes a "Disposiciones Generales" y "De la Nacionalidad", buscan dentro de sus objetivos enmarcar de una manera clara y precisa el orden público y el ámbito de aplicación de la Ley, así como la competencia que se le otorga a la Secretaría de Relaciones Exteriores en esta materia. Como Ley reglamentaria de los artículos 30 y 37 de nuestra Constitución, transcribe lo señalado por los preceptos invocados respecto de la adquisición y pérdida de la nacionalidad mexicana, que es y deberá ser única, defendiendo quienes son mexicanos por nacimiento y quienes lo son por naturalización; así como la correspondiente a las personas morales de nacionalidad mexicana y los casos en que la misma puede perderse.
El capítulo denominado "De la naturalización", simplifica los trámites para que aquel extranjero que desee nacionalizarse mexicano, obtenga, sin la necesidad de acudir ante la instancia judicial federal, de una forma más expedita y por la vía administrativa, ante la propia Secretaría de Relaciones Exteriores la nacionalidad mexicana, reservándose dicha Secretaría el derecho a expedir la carta de naturalización correspondiente.
Lo anterior implica la derogación de la naturalización ordinaria y privilegiada, pero se conserva en el espíritu de la nueva Ley, derechos para aquellos extranjeros que, en el caso de que se ubiquen en determinados supuestos, como tener hijos mexicanos, hayan prestado servicios al país en el campo científico, empresarial, deportivo, técnico, o en su caso ser iberoamericano o español, puedan obtener la carta de naturalización, ya que dichos supuestos implican una convivencia con nuestra cultura y conocimiento de nuestra identidad nacional.
Respecto a los mexicanos que otro Estado les otorgue nacionalidad, éstos podrán optar, al cumplir la mayoría de edad, por la nacionalidad mexicana presentando ante la Secretaría las renuncias y protesta que fije el reglamento de la presente Ley.
El capítulo relativo "De la pérdida de la nacionalidad", señala las causales a través de las cuales mexicanos por naturalización, se les declara la pérdida de la nacionalidad. De la misma manera, la Ley en estudio señala los casos en que personas mexicanas a las que otros Estados les otorgue la calidad de nacional, podrán renunciar a la nacionalidad mexicana, presentando la solicitud, misma que deberá cubrir los requisitos que señale el reglamento, ello, sin lugar a dudas, evita la multiplicidad de la nacionalidad, propósito que resguarda nuestro texto constitucional.
La Ley de Nacionalidad que se propone, conserva intacta, con objeto de proteger a nuestros connacionales que laboran en el extranjero, el no considerar como adquisición voluntaria, la naturalización que hubiere operado como condición indispensable para adquirir trabajo o conservar el mismo.
Como una innovación de la Ley se protege a los mexicanos por nacimiento, que por alguna causa pierdan la nacionalidad, que su patrimonio adquirido no sufra menoscabo por dicho hecho. Conservándose también la norma referente a que la pérdida de la nacionalidad sólo afecta a la persona que la ha perdido. Dentro del procedimiento de pérdida de la nacionalidad, mismo que se sustanciará ante la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, la Ley establece que debe respetarse a la persona involucrada los derechos de audiencia y legalidad.
Así mismo, por lo que hace al capítulo denominado "De la Recuperación de la Nacionalidad", se simplifica el procedimiento relativo a la recuperación de la nacionalidad mexicana, mismo que se efectuará por la vía administrativa y conforme a los procedimientos que señale el reglamento.
En cuanto al capítulo "De las infracciones administrativas", la nueva Ley prevé sanciones de carácter económico fijadas en días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse la infracción, que se ampliarán por medio de la propia Secretaría, respetando los derechos de audiencias y legalidad a las personas involucradas, cuando se den diversos supuestos como: contraer matrimonio en el extranjero con el sólo objeto de obtener la nacional mexicana, obtener la nacionalidad con documentos falsos y otros medios, para concluirse, que la naturalización obtenida con violación a la presente Ley no producirá efectos jurídicos, sin perjuicio de las sanciones penales y de la nulidad de los actos en contravención a la Ley.
Es conveniente señalar, que con respecto a aquellos artículos que forman parte de la Ley de Nacionalidad y Naturalización y que no se incluyen en el nuevo texto de la Ley que se dictamina, por técnica legislativa y acorde con la iniciativa presidencial, hubo consenso en su derogación, en virtud de que dichas normas ya se encuentran ubicadas en los ordenamientos legales correspondientes, tales como la Ley del Servicio Militar, la Ley del Impuesto Sobre la Renta, Ley General de Población, entre otras, por lo que se buscó exclusivamente encuadrar en esta nueva Ley de Nacionalidad lo referente a esta materia.
DE LAS MODIFICACIONES A LA INICIATIVA
La Comisión que suscribe, se permite señalar, que los diputados de los diversos partidos políticos representados en esta honorable Cámara, así como los senadores miembros de la Colegisladora, una vez analizado y discutido los alcances de la iniciativa en estudio, realizaron diversas propuestas con el objeto de enriquecer su contenido.
Una de las propuestas de modificación, que se aceptó unánimemente, fue la relativa a que se ajustaran los términos que maneja la iniciativa, a los que señala expresamente la Constitución Federal en la materia, como son los casos de los artículos 6o., 7o., 9o. y 16.
De la misma manera, el artículo 10 se clarificó en su redacción, con el objeto de precisar los documentos que son aprobatorios de la calidad de nacional mexicano. Consecuentemente, el artículo 11 faculta a la Secretaría a verificar la documentación, así como exigir las pruebas que estime conveniente, para acreditar la nacionalidad mexicana.
Por lo que hace el artículo 12 de la Ley de Nacionalidad, respecto a los mexicanos por nacimiento, que otro Estado pueda atribuirles su nacionalidad, con objeto de facilitar los trámites se mantiene la facultad de que dichas personas al llegar a la mayoría de edad presenten ante la Secretaría o ante un representante diplomático o consular mexicanos, las renuncias y protestas correspondientes.
Con el objeto de mantener una política interna y de corresponsabilidad con aquellas personas que por diversos motivos acrediten una residencia en nuestro país y deseen nacionalizarse mexicanos, la Ley conserva y amplía determinados supuestos para lograr más ágilmente la obtención de nuestra nacionalidad, incluyéndose dentro de los mismos el referente a ser originario de un país latinoamericano o de la Península Ibérica, lo cual conlleva a determinar la profunda relación cultural y de vecindad que se da con las naciones del área.
El artículo 17 de la Ley de Nacionalidad, por los intercambios de opiniones, se modificó con el objeto de contemplar a los descendientes directos hasta el segundo grado, sujetos a la patria potestad de extranjero naturalizado mexicano, para que a petición de parte, se les otorgue carta de naturalización, sin perjuicio del derecho de optar por su nacionalidad de origen a partir de su mayoría de edad.
Por lo expuesto, y con fundamento en las disposiciones anteriormente señaladas, esta Comisión se permite someter a la consideración de este pleno el siguiente
PROYECTO DE LEY DE NACIONALIDAD
CAPITULO I
Disposiciones generales.
Artículo 1o. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en toda la República. Su aplicación corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
En los casos de naturalización, pérdida de la nacionalidad y recuperación de la misma, la Secretaría de Relaciones Exteriores recabará previamente la opinión de la Secretaría de Gobernación.
Artículo 2o. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
I. Secretaría: la Secretaría de Relaciones Exteriores;
II. Certificado de nacionalidad: el instrumento jurídico por el cúal se reconoce la nacionalidad mexicana por nacimiento;
III. Carta de naturalización: el instrumento jurídico por el cual se acredita el otorgamiento de la nacionalidad mexicana a los extranjeros;
IV. Extranjero: aquél que no tiene calidad de mexicano, y
V. Domicilio conyugal: el establecido legalmente por los cónyuges en territorio nacional, en el cual vivan de consumo por más de dos años.
Artículo 3o. La autoridades federales, estatales y municipales están obligadas a proporcionar a la Secretaría, los informes y las certificaciones necesarias que les requiera para el cumplimiento de sus funciones materia de esta Ley.
Artículo 4o. Esta Ley y las disposiciones de los códigos, Civil para el Distrito Federal en materia común, y para toda la República en materia Federal así como el Federal de Procedimientos Civiles, serán obligatorios en todo el país en materia de nacionalidad.
Artículo 5o. Para todo lo no previsto en esta Ley y su Reglamento se aplicarán supletoriamente los códigos citados en el artículo anterior.
CAPITULO II
De la nacionalidad
Artículo 6o. La nacionalidad mexicana deberá ser única.
Son mexicanos por nacimiento:
I. Los nacidos en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres;
II. Los nacidos en el extranjero de padres mexicanos; de padre mexicano o madre mexicana, y
III. Los nacidos a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes.
Artículo 7o. Son mexicanos por naturalización:
I. Los extranjeros a quienes de acuerdo con la presente Ley, la Secretaría otorgue carta de naturalización, y
II. La mujer o varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o mujer mexicanos y tengan o establezcan su domicilio conyugal dentro del territorio nacional.
Artículo 8o. Se presume, salvo prueba en contrario, que el niño expósito hallado en territorio nacional ha nacido en éste.
Artículo 9o. Son personas morales de nacionalidad mexicana las que se constituyan conforme a las leyes de la República y tengan en ella su domicilio legal.
Las personas físicas y morales extranjeras deberán cumplir con lo señalado por el artículo 27 constitucional.
Artículo 10. Son documentos probatorios de la nacionalidad mexicana.
I. El acta de nacimiento expedida observando lo previsto en la legislación civil;
II. El certificado de nacionalidad que la Secretaría expedirá a petición de parte;
III. La carta de naturalización;
IV. El pasaporte vigente;
V. La cédula de identidad ciudadana, y
VI. Las demás que señale el reglamento de esta Ley.
Artículo 11. Para verificar la autenticidad de la documentación que acredite la nacionalidad mexicana la Secretaría podrá exigir, en los casos que señale el reglamento de esta Ley, las pruebas que estime convenientes.
Artículo 12. Los mexicanos por nacimiento a quienes otro Estado pueda atribuirles su nacionalidad, podrán seguir conservándola u optar por la nacionalidad extranjera, a partir de su mayoría de edad.
Las personas a que se refiere el párrafo anterior que quieran conservar la nacionalidad mexicana deberán presentar ante la Secretaría, o por conducto de un representante diplomático o consular mexicano, solicitud por escrito y formular las renuncias y protesta a que se refiere el reglamento.
Artículo 13. Sólo con poder especial que contenga las renuncias y protesta que debe hacer el interesado personalmente, podrá ser representado en los procedimientos a que se refiere esta Ley.
CAPITULO III
De la naturalización.
Artículo 14. El extranjero que pretenda naturalizarse mexicano deberá presentar a la Secretaría, solicitud en la que formule las renuncias y protesta y acompañar la documentación que fije el Reglamento, manifestado su voluntad de adquirir la nacionalidad mexicana.
Para tal efecto, será aplicable lo dispuesto en el artículo anterior.
El extranjero deberá acreditar que sabe hablar español, que está integrado a la cultura nacional, que tiene su domicilio dentro de territorio nacional y salvo lo dispuesto por los artículos 15 y 16 de esta Ley, deberá además, probar su residencia legal en el país de por lo menos cinco años inmediatamente anteriores a la solicitud de naturalización, así como que no ha interrumpido esa residencia.
Artículo 15. Por lo que hace el requisito de residencia, bastará que el extranjero que desee naturalizarse acredite una residencia en el país mayor de dos años inmediatamente anteriores a su solicitud, cuando:
I. Tenga hijos mexicanos por nacimiento;
II. Sea originario de un país latinoamericano o de la Península Ibérica; o
III. Haya prestado servicios o realizado obras destacadas en materia cultural, científica, técnica, artística, deportiva o empresarial, que beneficien a la Nación.
Artículo 16. La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o mujer mexicanos y tengan o establezcan su domicilio conyugal dentro de territorio nacional podrán naturalizarse mexicanos.
Salvo nulidad del matrimonio, el extranjero que adquiera la nacionalidad mexicana con base en el párrafo anterior, conservará ésta aún después de disuelto el vínculo matrimonial.
Artículo 17. A los adoptados y descendientes hasta la segunda generación sujetos a la patria potestad de extranjero que se naturalice mexicano, así como a los menores extranjeros adoptados por mexicano que tengan su residencia en territorio nacional, se les otorgará carta de naturalización previa solicitud de quienes ejerzan la patria potestad, sin perjuicio del derecho de optar por su nacionalidad de origen a partir de su mayoría de edad.
Artículo 18. No se expedirá carta de naturalización en los casos siguientes:
I. Por no cumplir con los requisitos que establecen la Ley o su Reglamento;
II. Porque pudiera lesionarse el interés nacional o alterarse el orden público;
III. Por haber infringido esta Ley o su Reglamento;
IV. Por haber sido sentenciados con pena de prisión por tribunales mexicanos o extranjeros en el caso de delito intencional, siempre que en este último caso, la Ley mexicana lo considere como tal, y
V. Cuando no sea conveniente a juicio de la Secretaría, la cual deberá fundar y motivar su decisión.
Artículo 19. Para acreditar el requisito de residencia exigido en este capítulo, el extranjero deberá demostrar su legal estancia en el país durante los plazos previstos en la presente Ley y que su principal objeto no sea el recreo o el estudio.
Artículo 20. La ausencia del país no interrumpe la residencia, siempre que no exceda de seis meses en total durante el período de dos años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de naturalización.
Artículo 21. El procedimiento de naturalización se suspenderá en los casos que el interesado quede sujeto a proceso penal o extraditorio por delito intencional que merezca pena de prisión. La suspensión se prolongará hasta el término del proceso.
CAPITULO IV
De la pérdida de la nacionalidad.
Artículo 22. La nacionalidad mexicana se pierde por:
I. Adquirir voluntariamente una nacionalidad extranjera, entendiéndose por tal la obtención de un documento oficial expedido por un Estado extranjero que lo acredite como su nacional.
No se considerará adquisición voluntaria la naturalización que hubiere operado por virtud de la Ley, simple residencia o ser condición indispensable para adquirir trabajo o conservar el adquirirlo.
II. Aceptar o usar títulos nobiliarios que impliquen sumisión a un estado extranjero;
III. Residir, siendo mexicano por naturalización, durante cinco años continuos en el país de origen, y
IV. Hacerse pasar en cualquier instrumento público, siendo mexicano por naturalización, como extranjero, o por obtener y usar un pasaporte extranjero.
Artículo 23. El mexicano que al mismo tiempo tenga derecho a una nacionalidad extranjera podrá renunciar a la mexicana ante la Secretaría, siempre y cuando lo haga por escrito y llene los requisitos que señale el Reglamento.
Artículo 24. La pérdida de la nacionalidad mexicana sólo afecta a la persona que la ha perdido.
El patrimonio en territorio nacional de los mexicanos por nacimiento que pierdan la nacionalidad mexicana, no deberá sufrir menoscabo por este hecho.
Artículo 25. El procedimiento de pérdida de nacionalidad mexicana se substanciará ante la Secretaría en los términos del Reglamento, debiéndose en todo caso, respetar las garantías de audiencia y legalidad.
Artículo 26. El varón y la mujer mexicanos que casen con mujer o con varón extranjeros, no pierden su nacionalidad por el hecho del matrimonio.
Artículo 27. La adopción no entraña ni para el adoptado ni para el adoptante la pérdida o el cambio de nacionalidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17.
CAPITULO V
De la recuperación de la nacionalidad
Artículo 28. Los mexicanos por nacimiento que hayan perdido su nacionalidad, podrán recuperarla con el mismo carácter, siempre que manifiesten ante la Secretaría su voluntad de readquirirla, comprueben su origen, formulen las renuncias y protestas y satisfagan los requisitos que señala el Reglamento.
Artículo 29. Los mexicanos por naturalización que hubieren perdido su nacionalidad mexicana por residir en su país de origen durante cinco años continuos, podrán recuperarla con el mismo carácter, siempre que cumplan con los requisitos que señalan el artículo 15 de esta Ley y el Reglamento.
CAPITULO VI
De las infracciones administrativas.
Artículo 30. Son infracciones administrativas:
I. Hacer el extranjero, las renuncias y protesta a que se refiere el Reglamento en forma fraudulenta o sin la verdadera intención definitiva y permanente de quedar obligado por ellas; en cuyo caso se impondrá multa de cien a doscientos salarios;
II. Obtener o intentar obtener cualesquiera de las pruebas de nacionalidad mexicana que corresponde expedir a la Secretaría sin tener derecho a ella, con violación de las prevenciones de esta Ley o presentando ante ésta, información, testigos o certificados falsos; en cuyo caso se impondrá multa de cien a doscientos salarios.
Si llegare a expedirse la prueba de nacionalidad, se duplicará la sanción;
III. Hacer uso de un prueba de nacionalidad falsificada o alterada; en cuyo caso se impondrá multa de cien a doscientos salarios, y
IV. Contraer matrimonio el extranjero con el sólo objeto de obtener la nacionalidad mexicana; en cuyo caso se impondrá multa de quinientos a dos mil salarios. Igual sanción se impondrá al cónyuge mexicano que, a sabiendas de dicho propósito, celebre el contrato matrimonial.
Para los efectos del presente artículo por salario se entiende el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse la infracción.
Las multas previstas en el presente artículo se aplicarán sin perjuicio de que la Secretaría, previa audiencia al interesado, deje sin efectos, el documento que se hubiere expedido, así como de las sanciones penales que en su caso procedan.
Artículo 31. Para la imposición de las naciones, la Secretaría deberá previamente conceder audiencia al interesado, en los términos que fije el Reglamento, y tomar en cuenta la gravedad de la infracción, los daños y perjuicios causados, al igual que los antecedentes, circunstancias personales y situación socio económica del infractor.
Artículo 32. La naturalización obtenida con violación de la presente Ley no producirá efectos jurídicos.
TRANSITORIOS
Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se abroga la Ley de Nacionalidad y Naturalización publicada en el Diario Oficial del 20 de enero de 1934, así como sus reformas las disposiciones que se opongan a la presente Ley.
Tercero. Las cartas y declaratorias de naturalización, así como los certificados de nacionalidad mexicana por nacimiento y de recuperación de nacionalidad, expedidas por la Secretaría con anterioridad a la presente Ley, seguirán surtiendo sus efectos jurídicos.
Cuarto. A petición del interesado, a los asuntos de naturalización en trámite, podrá aplicarse la presente Ley.
Sala de comisiones de la honorable Cámara de Diputados.- México D.F., a 18 de mayo de 1993.»
Es de segunda lectura.
El Presidente:
En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular.
A esta Presidencia ha sido remitida la inscripción de los siguientes oradores: Para fundamentar el dictamen, el diputado Rubén Pabello Rojas.
Los diputados: Clara Mejía Guajardo, Jorge Oceguera Galván, Ricardo Valero, Fauzi Hamdan, Martín Tavira y Cuauhtémoc López.
En consecuencia, para fundamentar el dictamen, en términos del artículo 108 del Reglamento, tiene el uso de la palabra el diputado Rubén Pabello.
El diputado Rubén Pabello Rojas:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales fue turnada para su estudio y análisis la iniciativa con proyecto de Ley de Nacionalidad enviada por el titular del Poder Ejecutivo Federal, licenciado Carlos Salinas de Gortari.
Esta Comisión, con la facultad que le otorgan los artículos 56 y 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio del proyecto de Ley correspondiente y a formular el presente dictamen bajo los siguientes antecedentes:
La iniciativa con proyecto de Ley de Nacionalidad, fue remitida a la Cámara de Diputados por el Presidente de la República en uso de las facultades que le otorga el artículo 71, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Presidente de la mesa directiva, conforme al Reglamento, ordenó el siguiente turno: túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
En reunión de trabajo, celebrada por la comisión el día 27 de abril de 1993, se dio cuenta al pleno de la iniciativa aprobándose los siguientes acuerdos: Integración de un grupo plural que se encargue de estudiar, analizar y elaborar el proyecto de dictamen de la iniciativa en estudio; la celebración del reuniones, de conferencias entre la subcomisión plural con la comisión respectiva de la Cámara de Senadores, con el propósito de avanzar conjuntamente en el análisis de la iniciativa e intercambiar opiniones.
Estas, se llevaron a cabo los días 28 de abril y 11 de mayo de 1993; en ésta última, comparecieron funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el objetivo de intercambiar opiniones referentes a la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal. De esta manera, los integrantes de la subcomisión, se reunieron en varias ocasiones para continuar discutiendo las propuestas de modificación y los puntos de coincidencia respecto de la iniciativa.
CONSIDERANDOS
En el tránsito de México al siglo XXI la fortaleza de la soberanía, las libertades más amplias, la justicia social y una mejor democracia reclaman, de acuerdo al espíritu del artículo 30 y 37 de nuestra Constitución. Es por ello, para lograr dichos objetivos la legislación secundaria, en este caso la Ley de Nacionalidad y Naturalización, debe adecuarse al nuevo contexto tanto nacional como internacional.
La iniciativa con proyecto de Ley de Nacionalidad, enviada por el licenciado Carlos Salinas de Gortari, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos tiene ese propósito.
La nacionalidad es vínculo que une al individuo con un país determinado. Cada nación, en ejercicio de su soberanía puede legislar sobre la materia, sin otras limitaciones que las reconocidas por el derecho internacional y de acuerdo con el principio fundamental de respeto a la libre determinación del individuo, al que no puede imponérsele una nacionalidad contra su voluntad ni obligársele a conservarla cuando prefiera otra.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como norma suprema y en ejercicio de su soberanía, es la que reconoce y atribuye la nacionalidad. La nacionalidad mexicana en la Constitución de 1917, se reconoció conforma a dos sistemas tradicionales: El relativo al derecho de sangre, jus sanguinis y el referente al derecho de territorio, jus soli sistemas que no se excluyen entre sí.
La nación mexicana es el resultado de una evolución histórica que comprende, tanto las raíces prehispánicas como las diversas influencias culturales del mundo.
Nuestra identidad, es la que ha mantenido al país de xenofobias o exclusivismos; sin merma de su cohesión nacional.
Por ello, el espíritu de esta iniciativa que conserva la convicción de considerar la nacionalidad mexicana como un privilegio, pero reconoce el derecho de los extranjeros que se identifiquen con nuestra cultura, para adquirirla.
En este contexto, la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal que hoy se dictamina precisa los derechos de los nacionales y simplifica los procedimientos de naturalización, manteniendo el Estado mexicano la discrecionalidad para el otorgamiento de la nacionalidad mexicana que sobre la materia nuestro país se ha dado.
Legislar sobre este ámbito, no implica exclusivamente derogar o abrogar determinadas normas, por el contrario, conlleva a plantear modificaciones a la Ley con base en una vasta experiencia para adecuar a nuestra realidad respecto de situaciones que hoy en día se dan y que por determinadas circunstancias los ordenamientos vigentes se han visto rebasados.
La Ley de nacionalidad que se somete a la consideración de este honorable pleno, está integrada por seis capítulos, los correspondientes a disposiciones generales y de la nacionalidad, buscan dentro de sus objetivos, enmarcar de una manera clara y precisa, el orden público y el ámbito de aplicación de la Ley, así como la
competencia que se otorga a La Secretaría de Relaciones Exteriores en esta materia.
Como Ley reglamentaria de los artículos 30 y 37 de nuestra Constitución, transcribe lo señalado por los preceptos invocados, respecto a la adquisición y pérdida de la nacionalidad mexicana, que es y deberá ser única, definiendo quiénes son mexicanos por nacimiento y quiénes lo son por naturalización; así como la correspondiente a las personas morales de nacionalidad mexicana y los casos en que la misma pueda perderse.
El Capítulo denominado de la naturalización, simplifica los trámites para que aquel extranjero que desee nacionalizarse mexicano, obtenga sin la necesidad de acudir ante la instancia de la justicia federal, de una forma más expedita y por la vía administrativa, ante la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, la nacionalidad mexicana, reservándose dicha Secretaría el derecho a expedir la carta de naturalización correspondiente.
Lo anterior, implica la derogación de la naturalización ordinaria y privilegiada. Pero se conserva en el espíritu de la nueva Ley, derechos para que aquéllos extranjeros que en el caso de ser, ubiquen en determinados supuestos como tener hijos mexicanos que hayan prestado servicios al país en el campo científico, empresarial, deportivo, técnico o en su caso ser iberoamericano o español, puedan obtener la carta de naturalización, ya que dichos supuestos implican una convivencia con nuestra cultura y conocimiento de nuestra identidad nacional.
Respecto a los mexicanos que otro Estado les otorgue nacionalidad, éstos podrán optar, al cumplir la mayoría de edad, por la nacionalidad mexicana, presentando ante la Secretaría las renuncias y protestas que fije el Reglamento de la presente Ley.
El Capítulo relativo de la pérdida de la nacionalidad, señala las causales a través de las cuales, mexicanos por naturalización, se les declara la pérdida de la nacionalidad. De la misma manera, la Ley en estudio señala los casos en que personas mexicanas a las que otros Estados les otorgue la calidad de nacional, podrán renunciar a la nacionalidad mexicana, presentando una solicitud, misma que deberá cubrir los requisitos que señale el Reglamento. Ello sin lugar a dudas evita la multiplicidad de la nacionalidad, propósito que resguarda nuestro Texto Constitucional.
La Ley de Nacionalidad que se propone, conserva intacta, con objeto de proteger a nuestros connacionales que laboran en el extranjero, el no considerar como adquisición voluntaria la naturalización que hubiere operado como condición indispensable para adquirir trabajo o conservar el mismo.
Como una innovación de la Ley, se protege a los mexicanos por nacimiento que por alguna causa pierdan la nacionalidad, que su patrimonio adquirido no sufra menoscabo por dicho hecho, Conservándose también la norma referente a que la pérdida de la nacionalidad sólo afecta a la persona que la haya perdido.
Dentro del procedimiento de pérdida de nacionalidad, mismo que se sustanciará ante la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, la Ley establece que debe respetarse a la persona involucrada, los derechos de audiencia y de legalidad. Asimismo, por lo que hace al Capítulo denominado: De la Recuperación de la Nacionalidad, se simplifica el procedimiento relativo a la recuperación de la nacionalidad mexicana, mismo que se efectuará por la vía administrativa y conforme a los procedimientos que señale el Reglamento.
En cuanto al Capítulo de: Las Infracciones Administrativas, la nueva Ley prevé sanciones de carácter económico, fijadas en días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse la infracción, que se aplicará por medio de la propia Secretaría, respetando los derechos de audiencia y legalidad de las personas involucradas, cuando se den diversos supuestos como: Contraer matrimonio el extranjero, con el solo objeto de obtener la nacionalidad mexicana; obtener la nacionalidad con documentos falsos u otros medios, para concluirse que la naturalización obtenida con violación a la presente Ley, no podrá producir efectos jurídicos, sin perjuicio de las sanciones penales y de la nulidad de los actos en contravención a la Ley.
Es conveniente señalar que con respecto a aquellos artículos que forman parte de la Ley de Nacionalidad y Naturalización y que no se incluyen en el nuevo texto de la Ley que se dictamina, por técnica legislativa y acorde con la iniciativa presidencial, hubo consenso en su derogación, en virtud de que dichas normas ya se encuentran ubicadas en los ordenamientos legales correspondientes, tales como la: Ley del Servicio Militar, la Ley de Impuesto Sobre la Renta, Ley General de Población, entre otras, por lo que
se buscó exclusivamente encuadrar en esta nueva Ley de Nacionalidad, lo referente a esta materia.
La Comisión que suscribe, se permite señalar que los diputados de los diversos partidos políticos representados en esta honorable Cámara, así como los senadores miembros de la colegisladora, una vez analizados y discutidos los alcances de la iniciativa en estudio, realizaron diversas propuestas con el objeto de enriquecer su contenido. Una de las propuestas de modificación que se aceptó unánimemente, fue la relativa a que se ajustaran los términos que maneja la iniciativa a los que señala expresamente la Constitución Federal en la materia, como son los casos de los artículos 6o., 7o., 9o., y 16.
De la misma manera el artículo 10 se clarificó en su redacción con el objeto de precisar los documentos que son probatorios de la calidad de nacional mexicano.
Consecuentemente el artículo 11, faculta a la Secretaría a verificar la documentación, así como exigir las pruebas que estime conveniente para acreditar la nacionalidad mexicana.
Por lo que hace al artículo 12 de la Ley de Nacionalidad, respecto a los mexicanos por nacimiento que otro Estado pueda atribuirle su nacionalidad, con objeto de facilitar los trámites, se mantiene la facultad de que dichas personas al llegar a la mayoría de edad, presenten ante la Secretaría o ante un representante diplomático o consular mexicano, las renuncias y protestas correspondientes.
Con el objeto de mantener una política interna y de corresponsabilidad con aquellas personas que por diversos motivos acrediten una residencia en nuestro país y deseen nacionalizarse mexicanos, la Ley conserva y amplía determinados supuestos para lograr más ágilmente la obtención de nuestra nacionalidad, incluyéndose dentro de los mismos, al referente a ser originario de un país latinoamericano o de la península ibérica, lo cual conlleva a determinar la profunda relación cultural y de vecindad que se da con las naciones del área.
El artículo 17 de la Ley de Nacionalidad, por los intercambios de opiniones, se modificó con el objeto de contemplar a los descendientes directos hasta el segundo grado, sujetos a la patria potestad de extranjero naturalizado mexicano, para que a petición de parte se les otorgue carta de naturalización, sin perjuicio del derecho de optar por su nacionalidad de origen a partir de su mayoría de edad.
Con esto queda fundamentada esta iniciativa. Muchas gracias.
El Presidente:
Para fijar la posición del Partido Popular Socialista, tiene la palabra el diputado Martín Tavira Urióstegui.
El diputado Martín Tavira Urióstegui:
Señor Presidente; señoras y señores diputados: Deseo ponderar, porque es justo, los trabajos realizados en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales en relación con el dictamen que hoy abordamos.
Verbalmente y por escrito dimos nuestras opiniones oportunas sobre los cambios que debía sufrir la iniciativa. Intercambiamos puntos de vista con funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con los senadores. Y con entera satisfacción debo decir que nuestras propuestas fueron atendidas; aquellas que consideramos nosotros fundamentales.
Leyendo, estudiando con cuidado la Ley de Nacionalidad que ahora discutimos, debemos reconocer las mejoras que tiene respecto de la de 1934. Abrevia los procedimientos, facilita la naturalización para aquellas personas que tienen ligas estrechas con nuestro país, protege a nuestros nacionales en el extranjero y conserva el espíritu nacionalista de la ley anterior.
Debo destacar la preocupación que tenía la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista en relación con las personas morales. El artículo 9o. decía: "Son personas morales de nacionalidad mexicana las que se constituyan conforme a las leyes de la República y tengan en ella su domicilio legal".
Por una parte era positiva esta redacción, porque sujetaba esas sociedades, esas personas morales, a la legislación nacional. Pero teníamos el temor de que los extranjeros, so pretexto de que su sociedad se constituyó conforme a las leyes del país y tiene su domicilio legal en el territorio nacional, pudieran invocar este mandato, esa disposición, para adquirir propiedades en la zona prohibida o bien para tener privilegios especiales.
Nos preocupaba que la Ley no tuviera una cláusula, valga la redundancia, valga la repetición, que recogiera la Cláusula Calvo. Esta
preocupación fue atendida por la Comisión y aparece justamente un agregado que nos satisface plenamente: "Las personas físicas y morales extranjeras deberán cumplir con lo señalado por el artículo 27 constitucional".
Entonces, aquí está implícita la Cláusula Calvo y aquí está implícita la prohibición para que los extranjeros adquieran propiedades en la zona prohibida.
Otra proposición que quiero destacar, es la relativa a cómo facilitar la naturalización a aquellas personas que tuvieran un origen cercano a nosotros, por la lengua, por la historia, por la cultura.
Afortunadamente también estos puntos de vista fueron recogidos y hubo un cambio en la redacción de la fracción II del artículo 15. Ahora habla de que para adquirir la nacionalidad mexicana, lo que antes llamábamos nacionalidad mexicana, procedimiento privilegiado, naturalización privilegiada, una de estas cualidades debe ser la que sea el solicitante latinoamericano u originario de la Península Ibérica. Decía: "...sea iberoamericano o español". De manera que la redacción se mejoró fundamentalmente.
Finalmente, señoras y señores diputados, quisiera destacar también algo positivo que viene en la nueva ley, es lo relativo a proteger a nuestros nacionales en el extranjero. Ustedes saben que los trabajadores mexicanos que van a los Estados Unidos tienen muchas trabas porque son extranjeros; le exigen la nacionalidad norteamericana. Entonces, está bien ahora, es muy positivo, que la nueva ley recoja esta demanda muy vieja, inclusive nos hicieron muchos mexicanos que trabajan allá cuando fuimos, la Comisión de Derechos Humanos, al Estado de California. Entonces, ahora no se perderá la nacionalidad mexicana cuando nuestros connacionales soliciten la nacionalidad extranjera por razones de trabajo o para no perder el trabajo que tienen.
Así pues, señoras y señores diputados, la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista quería destacar lo positivo de esta nueva ley, las atenciones que tuvo la Comisión con nuestras proposiciones, el trabajo que privó en la Comisión y la dirección acertada del presidente, el compañero diputado Gustavo Carvajal. Muchas gracias.
El Presidente:
Antes de continuar con el turno de oradores, rogamos a los señores visitantes tengan la bondad de despejar los pasillos para que los diputados puedan desarrollar eficazmente sus labores.
Para fundamentar la posición del grupo parlamentario del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, tiene la palabra el diputado Jorge Oceguera Galván.
El diputado Jorge Oceguerra Galván:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Subo a esta tribuna para mencionar la posición del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en torno a la Ley de Nacionalidad. Nuestro pueblo se ha caracterizado en toda su historia por la cordialidad y el calor humano que prodiga a los extranjeros que visitan a nuestro país; así también de manera incondicional ha aceptado que los extranjeros que así lo decidan permanezcan y establezcan su residencia en el país. México ha tenido la virtud incluso de acoger a personas que por diversos motivos han tenido que salir de sus países y en la práctica se les ha aceptado en centros de trabajo, escuelas, etcétera, algunos de ellos también han decidido permanecer en el país y se han integrado a una forma de vida, a las tradiciones y a la cultura nacional.
Estos extranjeros generalmente de habla hispana, identificados con nuestro país tuvieron en el pasado dificultades para que desde el punto de vista legal adquirieran su naturalización y posteriormente la nacionalidad mexicana. La forma en que el Estado sujeta a estas personas de nacionalidad extranjera, es la Ley de Nacionalidad y Naturalización, que data de 1934, una ley que pese a sus reformas que originaron graves avances en la materia, guarda aún grandes inflexibilidades que hacían tortuoso el trámite para la obtención de la naturalización.
La intervención judicial que en algún tiempo fue necesaria, a nuestro parecer ha cumplido su objetivo; a través de nuestra historia hemos tenido experiencias, algunas desafortunadas, otras no, pero que llevaron al Gobierno mexicano a establecer condiciones que difieran la nacionalidad mexicana y las condiciones en que un extranjero podría naturalizarse como mexicano.
Sin duda alguna los tiempos han cambiado, las relaciones con el extranjero fundamentalmente con los países de habla hispana, también se han modificado, ciertamente hemos obtenido
grandes experiencias y hemos aprendido a relacionarnos en el contexto internacional, pero también hemos hecho de la nacionalidad mexicana una forma de entidad nacional y un factor que ha permitido la unidad de nuestro pueblo en los momentos difíciles.
Cuando sufrimos diversas invasiones extranjeras, supimos aquilatar nuestra nacionalidad y en muchas batallas salimos adelante, nos parece importante que en la iniciativa, la cual se retoma del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, se precisan los derechos nacionales mexicanos y que simplifican los procedimientos de naturalización. La Ley de Nacionalidad que propone el Ejecutivo Federal gana en precisión y la hace más flexible en aspectos fundamentales como es la nacionalidad.
La pérdida de ésta y los requisitos necesarios para que un extranjero se incorpore, por decisión propia a nuestra cultura nacional, la Ley propuesta no obstante a que reduce el tiempo para lograrlo y elimina la intervención judicial, establece los requisitos con precisión siendo fundamental, a nuestro parecer, que la persona extranjera hable el idioma español, el hecho que exige que el extranjero mantenga un domicilio permanente en el territorio nacional y que no se ausente del país por períodos demasiado prolongados.
Es una garantía que la naturalización o la obtención de la nacionalidad no será utilizada para fines propios.
Para nosotros es fundamental que la Ley prohiba la doble nacionalidad, lo que da opción a los mexicanos por nacimiento, a adoptar o no la nacionalidad mexicana o renunciar a ella para obtener otra nacionalidad.
Es importante que se plantee que el ciudadano que haya perdido la nacionalidad mexicana, por el hecho de adquirir la naturalización en otro país para obtener trabajo o poder conservarlo, pueda recuperarla; consideramos que la Ley propuesta de esta manera protege a millones de ciudadanos mexicanos establecidos en los Estados Unidos de América y que no por optar por la naturalización norteamericana, se les tengan que cerrar las puertas o se les tenga que exigir requisitos para que regresen al país en su calidad de ciudadanos mexicanos.
Pero también opta por regular en forma estricta las sanciones que derivan por la simulación de matrimonios para esta adquisición de la nacionalidad mexicana.
La propuesta tiene la virtud de emitir los requisitos para obtener la nacionalidad a través de contraer nupcias con personas extranjeras con nacionalidad. Actualmente no existe en la Ley vigente una sanción para estos casos en forma recurrente e incluso como una transición de tipo comercial que simulan matrimonios connacionales y extranjeros.
Consideramos que en sí, la ley propuesta actualiza la normatividad en la materia y se ajusta a los cambios suscitados en el contexto internacional. Es una Ley que flexibiliza requisitos, pero también regula estrictamente aspectos que no están contemplados en la Ley vigente.
Las modificaciones realizadas a la iniciativa de la Ley de Nacionalidad en la Comisión de Relaciones Exteriores, la hacen más precisa. Se consideran aspectos que no se tomaron en cuenta originalmente. En la iniciativa lo implica un esfuerzo en los miembros de la Comisión, para contar con una Ley que se adecue al contexto internacional en materia de nacionalidad.
Por estas consideraciones, nuestra fracción parlamentaria de nuestro Partido del Frente Cardenista, emitirá su voto a favor de esta Ley de Nacionalidad propuesta por el Ejecutivo Federal. Muchas gracias.
El Presidente:
Para fijar la posición del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Valero. Igualmente esta intervención servirá para hacer propuestas a los artículos 9o. y 14.
El diputado Oscar Ricardo Valero Recio Becerra:
Señor Presidente; señoras y señores, compañeros diputados.
Queremos también y en primer término, dejar una constancia de nuestro reconocimiento por los términos en que se desenvolvió el trabajo de la comisión que tuvo por encargo, la elaboración de este proyecto de dictamen, por la apertura para la recepción de puntos de vista de criterios y por la búsqueda, en muchos momentos, de coincidencias, de articulación, de propuestas, que en los primeros momentos parecían muy distantes e incluso irreconciliables.
Quiero también señalar que nuestro grupo parlamentario y cada uno de los diputados que lo
integran, en consultas que hemos hecho entre nosotros, subrayamos que son varios los aspecto e inclusive los objetivos de carácter general que se persiguen con esta iniciativa y que están registrados en el dictamen y que nos parecen importantes. Coincidimos con ellos, lo subrayamos.
Estamos de acuerdo, por ejemplo, en que uno de estos propósitos es la simplificación de los procedimientos.
Es verdad que en la iniciativa se señala como punto de referencia para la actualización de esta ley la ley vigente, que data de 1934, pero hicimos ver en las reuniones de la comisión y en las reuniones de conferencia que sostuvimos, que en realidad tenemos que tener presente por supuesto que no se trata de la ley original, la de 1934" sino que ésta ha tenido, en el curso del tiempo, diversas modificaciones y a ellas tendríamos que referirnos, las más importantes, precisamente las que se introdujeron en 1974.
Esta simplificación de procedimientos sin embargo y ésa es una preocupación que queremos subrayar, debe fundarse siempre en los principios de legalidad, para no demeritar la confiabilidad que debe proporcionar la ley; no en aras de la simplificación y con un criterio pragmático, podemos dar entrada; y así lo hicimos ver, a todos los criterios y a todos los aspectos que contiene la iniciativa.
También estuvimos de acuerdo en el propósito de que se eliminaran en estas nuevas disposiciones sobre la nacionalidad, obstáculos de carácter administrativo, sobre todo innecesarios, y para que se disminuyera la excesiva discrecionalidad con que se ha venido actuando, en muchas ocasiones ha actuado la autoridad administrativa en este capítulo, en esta materia, tanto de naturalización como inclusive con respecto a la propia nacionalidad.
Hicimos llegar por escrito en distintos momentos nuestros puntos de vista, observaciones. Queremos también dejar testimonio de nuestro reconocimiento, porque algunos de ellos, coincidentes con los de otros distinguidos legisladores, pudieron ser incluidos en la iniciativa, fueron tomados en cuenta.
Hicimos ver, por ejemplo, que el concepto inicial que aparecía en la iniciativa y que se refería a una sociedad o a una comunidad iberoamericana, no es compatible con la práctica internacional reciente, que data de un par de años atrás y a la fecha, de celebrar conferencias iberoamericanas, que incluye no solamente a los países que tienen este origen de nuestra región, sino también a los de la península ibérica.
Esas conferencias son realizadas por los países latinoamericanos y los de la península ibérica, que incluyen por cierto también a Portugal.
Fueron entonces incluidas estas observaciones y lo fue también una en la que pusimos el énfasis indispensable para que tuvieran y tengan en esta ley y en todas las demás sería nuestra misma postura y objetivo, el mismo trato, verdaderamente igualitario, las mujeres y los varones.
Queremos decir, como algunos compañeros legisladores lo han mencionado aquí, que reconocemos y subrayamos algunos de los avances que contendría la nueva ley, de acuerdo con el dictamen, uno de ellos referente a las facilidades para la recuperación de la nacionalidad, aplicable por supuesto a los mexicanos residentes en el extranjero que hubieran tenido que optar por otra nacionalidad por motivos de trabajo y también con un criterio más preciso que en la nueva ley estaría destinado a impedir la celebración de matrimonios con mexicana o con mexicano, simplemente para la adquisición de la nacionalidad, aunque debemos insistir y lo mencionamos plenamente, que los elementos probatorios de estas prácticas no siempre son difíciles de obtener.
En la Comisión propusimos introducir en el artículo, 9o, referente a las personas morales y éstas son las consideraciones primordiales que hemos hecho y que ahora en la plenaria las ponemos a su consideración, criterios indispensables para tipificar la nacionalidad de los socios o asociados de dichas instituciones.
En nuestra opinión debe quedar claro que el control de los órganos directivos de esas entidades, de esas personas morales, deben estar en manos de los mexicanos, como requisitos para otorgar a las personas jurídicas colectivas la nacionalidad mexicana. Si no se especifican los criterios antes apuntados, se corre el riesgo nada remoto de otorgar la nacionalidad mexicana a toda agrupación de intereses extranjeros para que haga uso de ella a su conveniencia, encubierta por aparentes sociedades nacionales sólo de membrete.
No es coherente, por ejemplo, que para otorgar nacionalidad o bandera mexicana a un buque, la Ley de Navegación y Comercio Marítimo se funde en principios nacionalistas y para las
personas morales sólo se exijan requisitos formales, como que se domicilien en territorio nacional y se constituyan conforme a las leyes mexicanas.
No podemos ignorar que la apertura comercial en México, ha obligado a establecer en esta materia igualdad de trato a nacionales y extranjeros. No tiene sentido entonces mantener definiciones legales que han servido de testaferro para presentar como nacionales a quienes haciendo uso de prestanombres, mantienen el origen extranjero del capital, el control de la empresa y fomenten la salida de divisas del país.
Hubo en algunos de los momentos de los trabajos de la Comisión, una iniciativa para que en términos muy precisos fueran referidos los términos que contiene la cláusula Calvo en esta ley que ahora comentamos. Al final...
El Presidente:
Un momento, señor diputado.
Suplicamos guardar orden para que el diputado pueda continuar con su intervención, especialmente a los señores visitantes.
El diputado Oscar Ricardo Valero Recio Becerra:
Muchas gracias señor Presidente.
Esta precisión en la redacción, que en un momento determinado se propuso fue finalmente, y lo acabamos de escuchar, sustituido por una fórmula que dice simplemente que las personas físicas y morales, extranjeras, deberán cumplir con lo señalado en el artículo 27 constitucional.
Y en estricta interpretación jurídica, tal prescripción no obligaría a los extranjeros a convenir la Cláusula Calvo como condición, lo subrayamos y espero que podamos todos convenir en esta cuestión que resulta fundamental en la Ley, que esta Cláusula Calvo como condición para obtener concesiones o celebrar contratos con los gobiernos municipal, local y federal, dado que la fracción I del párrafo noveno del artículo 27 constitucional, o sea, el que quedaría referido en la Ley que propone el dictamen, sólo impone, con esa mera referencia, el deber para concederles la capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la nación. Es una diferencia fundamental con respecto a lo que en la actualidad, la propia Ley de Nacionalidad y Naturalización ya contiene.
Es por esta razón que estimamos que debe reproducirse, con sus adecuaciones pertinentes en todo caso, lo contenido en el actual artículo 33 de la Ley de Nacionalidad y Naturalización, aunque insistimos en que su lugar no es el artículo 9o, sino debería crearse un numeral o inclusive un capítulo propio.
Es preciso señalar en el texto legislativo la pena que se impondrá a quienes infrinjan tal disposición, que puede consistir en la revocación de la concesión o en la rescisión del contrato, según el caso, además de una considerable multa; no debe quedar incierta la sanción ni a discreción de la Secretaría, pues se corre el riesgo de romper con el principio de que no hay pena sin Ley.
El artículo 11 de la iniciativa contiene dos elementos que por su subjetividad pueden dar origen a actos arbitrarios.
Se dice que para verificar la autenticidad de la documentación que acredite la nacionalidad mexicana, la Secretaría podrá exigir, en los casos que señala el Reglamento de la Ley, las pruebas que estime convenientes.
En primer lugar, cabe preguntarse: ¿Con base en qué criterios se determinará si dichos documentos son auténticos o no? ¿Que casos puede establecer el Reglamento y qué razón hay para que quede a discreción de la Secretaría el tipo de pruebas que pueda exigir?
En nuestra opinión, en la Ley, debe definirse los casos, establecerse los criterios para determinar la autenticidad de los documentos y señalarse las pruebas que deben exigirse. Sólo así habrá certidumbre jurídica en las obligaciones de los particulares y en las facultades de la autoridad.
Tampoco estimamos conveniente que en aras de una simplificación, la Ley deje de establecer las renuncias y protestas de manera expresa y explícita que debe formular un extranjero que pretenda naturalizarse mexicano.
No sería conveniente dejar a la discreción y voluntad del Poder Ejecutivo un asunto de vital importancia, como las exigencias para naturalizarse mexicano. En el proyecto de decreto, tampoco se incorporó nuestra propuesta de excluir expresamente la residencia y el domicilio en territorio nacional, como requisitos para readquirir la nacionalidad mexicana.
Estimamos aceptable el criterio que inspira el artículo 28 de la iniciativa, pero es necesario dejar claro que el Ejecutivo, por medio del Reglamento, no podrá imponer los requisitos de residencia y domicilio en el territorio nacional para la recuperación de la nacionalidad mexicana por nacimiento.
En el dictamen de la Iniciativa de Ley de Nacionalidad, no aparecen varias de las disposiciones que contiene el capítulo IV de la Ley de Nacionalidad y Naturalización, la vigente, referido a los derechos y obligaciones de los extranjeros. Injustificadamente no se encuentran en el texto de la iniciativa estas disposiciones y quizá con una redacción como la que propusimos y no necesariamente conservando la actual, podrían y deberían conservarse en la Ley, tal como debería quedar, una vez discutida en esta plenaria.
Es importante que por lo menos queden incorporadas las obligaciones que se refieren a pagar las contribuciones ordinarias y extraordinarias los extranjeros y a satisfacer cualquiera otra prestación pecuniaria.
Y, por otro lado, también queden obligados a obedecer y respetar las instituciones, leyes y autoridades del país, sujetándose en todos sus términos a los fallos y sentencias de los tribunales.
Este es el sentido y estos son los elementos que proponemos deban conservarse de la actual legislación, que, por lo demás, son más importantes, toda vez que no hay ninguna otra disposición ni Ley, en la actualidad, que contemple estos elementos y a los cuales, inclusive con la disposición de no incluirlos en todos sus términos, tendríamos por necesidad que referirlos.
Como dijimos en la comisión y ahora lo reiteramos, si estas precisiones que formulamos de alguna manera, pero desde luego, aceptablemente pudieran quedar incorporadas e incluidas en el texto de la iniciativa, nuestro grupo parlamentario votaría a favor de ella.
Concretamente, estamos proponiendo las siguientes redacciones. En lo que hace al actual artículo 14, proponemos que se diga "que el extranjero que pretenda naturalizarse mexicano, deberá presentar a la Secretaría una solicitud acompañada de la documentación que fije el Reglamento, manifestando su voluntad de adquirir la nacionalidad mexicana, renunciando expresamente a su nacionalidad de origen, así como a toda sumisión, obediencia y fidelidad a cualquier Gobierno extranjero, especialmente a aquel de quien el solicitante haya sido súbdito y a toda protección extraña a las leyes y autoridades de México y a todo derecho que los tratados o la Ley internacional conceden a los extranjeros. Protestando, además, adhesión, obediencia y sumisión a las leyes y autoridades de la República". Esto por lo que hace el artículo 14.
Por lo que hace al artículo 9o. y con los mismos fundamentos, de acuerdo con el Reglamento Interior de Gobierno del Congreso, proponemos la siguiente redacción:
"Artículo 9o. Son personas morales, de nacionalidad mexicana las que reúnan los siguientes requisitos.
Uno. Que se constituyan conforme a las leyes de la República;
Dos. Que tengan su domicilio en territorio nacional;
Tres. Que por lo menos la mitad más uno de los asociados sea de nacionalidad mexicana, o que el 51% de su capital pertenezca a mexicanos, y,
Cuatro. Que el control y dirección de la persona jurídica colectiva lo ejerzan los nacionales.
Por último, proponemos que haya un capítulo especial referido a las obligaciones de los extranjeros y este capítulo debería decir lo siguiente, en su primera parte: "Son obligaciones de los extranjeros, personas físicas y morales:
Uno. Pagar las contribuciones ordinarias y extraordinarias y satisfacer cualquier otra prestación pecuniaria, siempre que sean ordenadas por las autoridades y alcancen a la generalidad de la población donde residen; y,
Dos. Obedecer y respetar las instituciones, leyes y autoridades del país, sujetándose a los fallos y sentencias de los tribunales sin poder intentar otros recursos que los que las leyes conceden a los mexicanos. Sólo podrán apelar a la vía diplomática en los casos de denegación de justicia o retardo voluntario y notoriamente malicioso en su administración".
Y en un segundo artículo, dentro de este mismo capítulo, se diría: "Que las personas físicas y morales y extranjeras, deberán cumplir con lo señalado en el artículo 27 Constitucional, para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la nación. Obtener concesiones y contratos con los gobiernos municipales, local y federal. Igual obligación tendrán las sociedades mexicanas que tengan o puedan tener usos extranjeros".
Dejo esta propuesta al señor Presidente, a la consideración de la Asamblea en la Secretaría y agradezco la atención por estas observaciones y comentarios. Muchas gracias.
El Presidente:
Para fijar la posición del grupo parlamentario de Acción Nacional tiene la palabra el diputado Fauzi Hamdan Amad.
El diputado Fauzi Hamdan Amad:
Con su permiso señor Presidente; Honorable Asamblea:
El tema de la nacionalidad que desde luego constituye ese lazo político y jurídico que une a un individuo con el Estado, naturalmente la nacionalidad tradicionalmente ha sido considerada no únicamente bajo la perspectiva jurídica como una relación de derecho, sino también se le ha enfocado en una manifestación sociológica, como un lazo de orden espiritual que surge espontáneamente dentro del seno de la colectividad en que se desarrollo y se desenvuelve la relación comunitaria.
Certeramente se ha definido la nacionalidad como el sello especial de la raza, la lengua, el suelo, las tendencias naturales, la convivencia y la conciencia histórica, conllevan a tener una identidad independientemente del origen primario de aquellos que conviven en un lugar y un espacio y tiempo determinados.
Desde luego que pueden variar en un solo Estado la cohesión espiritual típica de la nación, la raza, idiomas, pasado histórico, pero habrá una sola nacionalidad jurídica para personas físicas, aunque se puedan reconocer varias nacionalidades sociológicas en un mismo país.
Prueba de ello son recientemente las etnias separadas por convulsiones de orden eminentemente político de lo que era antes la unidad de la Unión Soviética, desintegrada en 15 Repúblicas con un origen étnico fundamental.
Y también se reconoce, cuando no se logra una desintegración política, etnia en la propia comunidad estatal. Nuestro propio país tiene muchas etnias que sociológicamente conservan su propia lengua, su propia religión, sus propias costumbres y se reconoce a nivel constitucional a estas etnias, a estas comunidades indígenas, pero jurídicamente se les atribuye por el Estado indiscutiblemente la nacionalidad mexicana.
La inclusión en consecuencia del vínculo jurídico a definir la nacionalidad, no es otra que una reminiscencia de la confusión del concepto sociológico en el concepto jurídico de nacionalidad, por lo que puede concluirse que la nacionalidad es el atributo que se otorga a los individuos integrantes de un Estado de manera soberana a los individuos, pero no a los entes jurídicos o entes creados por ley.
En la época moderna el término "nacionalidad" ha sufrido una transformación; lo que antes se confundía con la persona del monarca, la nacionalidad que estaba basada en los lazos de fidelidad y lealtad al soberano, a partir del siglo XIX se consideró como un contrato sinalagmático entre el Estado y sus súbditos y, no obstante ello a finales del siglo pasado el Estado, como ente soberano, atribuye unilateralmente la nacionalidad a sus propios súbditos.
Fue precisamente a finales del siglo pasado, en 1895, en el Instituto de Derecho Internacional, precedente de la Convención de Nacionalidad de 1931, que sentó las bases que recomendaba se sujetaran todos los estados miembros para que no hubiera una doble nacionalidad, fuera preponderante un sola nacionalidad la que tuviera un sujeto, no quedara en condición apátrida ningún ser humano, como un derecho humano y, finalmente, hubiera una homologación de reenvío a las normas internacionales, para que no se atribuyeran dos o más nacionalidades a un mismo sujeto.
Y bajo este esquema, la Ley de Nacionalidad y Naturalización que todavía está vigente y que bajo el dictamen de la nueva Ley de Nacionalidad se pretende abrogar íntegramente, no ha modificado su esquema desde principios de siglo y hasta nuestra fecha, constituyendo una paradoja, compañeros diputados, que estemos viviendo una integración económica regional, preponderantemente en países como en Europa, que con el Tratado de Maastricht no se limita a ese ámbito económico, sino inclusive social, cultural y que en esa Europa se haga aclamación y vehemencia de un nacionalismo.
Nosotros mismos, dentro del proceso de integración económica, parcial todavía, hacemos vehemencia y enfatizamos nuestra condición de nacionalidad para no perder nuestra propia identidad. Es una paradoja porque inevitablemente hay una tendencia de universalización en los esquemas de supragobiernos nacionales. Europa es el grupo de países que han tomado la vanguardia en este mundo, se empiezan a hacer las recomposiciones de la geografía en ese lado del
mundo y están convulsionando en sangre infinidad de etnias, con la desintegración de países, de estados, que subsistían bajo regímenes homogéneos que predominaban en el lado de la Europa Oriental; ahí esta el caso de la ex - Yugoslavia.
Sin embargo, seguimos con un esquema de aferrarnos a un nacionalismo y es aceptado y es aceptable bajo dos premisas: el llamado jus soli, el derecho del suelo donde se nace, independientemente del origen de los padres de ese sujeto y, aunque transitoriamente viva en el país donde nació y se desarrolle y crezca en otro país. Pero, con la idea de que no haya esa doble nacionalidad por la segunda etapa que es el llamado jus sanguinis o sea la vinculación de sangre de los padres o de alguno de ellos, se establece en todos los países a través de esta Convención de Nacionalidad y en sus leyes, que esos sujetos llegados a la mayoría de edad opten por una de las nacionalidades y renuncien a alguna de ella, sea la de origen o la que va adoptar
Esos dos conceptos, el jus soli y el jus sanguinis predominan en el dictamen de la Ley actual y subsistía en la Ley que se está pretendiendo actualmente abrogar. Sin embargo, también se permite la nacionalidad a través de una vinculación con el pueblo del Estado que acoge un sujeto, de que se integre y opte por esa nacionalidad a través de la llamada naturalización.
La diferencia está en los esquemas de naturalización de los que hubieren tenido el origen de nacionalidad por nacimiento y los padres también de origen de nacimiento, es que no tienen la misma condición de igualdad en el régimen, por ejemplo de ejercicio de derechos políticos pasivos, en el esquema de nuestra Constitución, a diferencia de otros países. Todavía se mantiene, por ejemplo, la no elegibilidad de un sujeto mexicano por nacimiento, aun cuando sus padres fueron extranjeros o que fueren mexicanos por naturalización. Esta limitante sigue dándole una diferencial de categoría, rompiendo los esquemas mínimos de los derechos humanos que consagran en la Convención de Viena y que todavía no alcanzamos a superar.
Pero es simplemente de paso que lo menciono, porque no estamos en el análisis de la reforma constitucional, pero sí evidentemente se establece un dispar de categoría de sujetos, a pesar de su vinculación y su determinación como nacionales, para todos los efectos de los derechos civiles y políticos, y éstos últimos limitados a una parte de la elegibilidad en los procesos, por ejemplo el Ejecutivo Federal, que todavía se limita a ese ámbito.
El derecho también de obtener la nacionalidad por el jus llamado domicili o el domicilio permanente, con el ánimo de permanecer en un país vinculado ya con el idioma, con las costumbres y en alguna suerte quizá religión o con la idiosincrasia, es fundamental con una discrecionalidad absoluta del Estado de otorgarla o no. Ahí sí es un atributo de soberanía plena otorgarla o no a quien lo solicite y creemos que desde luego es válido que se conserve en el actual dictamen de la Ley de nacionalidad, la facultad discrecional de otorgarla o no a quien lo solicite, al extranjero domiciliado en territorio nacional.
Sin embargo y he de reconocer, que como lo señalaron los diputados Ricardo Valero y Martín Tavira, que en el seno de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, se hicieron arduos esfuerzos para enriquecer la iniciativa del Ejecutivo Federal y de hecho, se hicieron cambios sustanciales a tal iniciativa, algunos de ellos que eliminaron las inconstitucionalidades que traían sus preceptos. En otros casos, claridad en la expresión y en algunos más, prever supuestos que la iniciativa no contemplaba. Este enriquecimiento evidentemente avala el trabajo de la comisión, del grupo plural y de la colaboración que tuvo la comisión de funcionarios eficaces de la Secretaria de Relaciones Exteriores.
No obstante ese esfuerzo, todavía subyacen en el dictamen de la Ley que se discute ante esta honorable Asamblea, dos aspectos en mi opinión, que adolecen del vicio de constitucionalidad. El primero es que la Constitución en el artículo 30 prevé una naturalización privilegiada a aquel varón o mujer extranjero que contraiga matrimonio con varón o mujer mexicano y que establezca su domicilio en el territorio nacional. Así dice la Constitución, por ese simple hecho, "...y establecer su domicilio en territorio nacional", tendrá derecho sin que la autoridad administrativa pueda discrecionalmente negarlo, a que se le confiera la nacionalidad mexicana a ese extranjero.
Sin embargo el dictamen de la Ley de Nacionalidad exige adicionalmente a lo que señala la Constitución, un requisito adicional, que ese domicilio conyugal de entre extranjero y nacional, tenga dos años de residencia en el país y que con este requisito de dos años entonces podrá solicitarse la naturalización, que aunque la Ley ya no le llame privilegiada, la Constitución le sigue atribuyendo ese carácter.
Este requisito adicional de dos años, va más allá de la Constitución, porque la Ley secundaria no
puede exigir un requisito adicional que el que la Constitución establece y por lo tanto adolece de inconstitucionalidad.
El argumento esgrimido por las autoridades administrativas para meter este candado de dos años de residencia de un matrimonio entre un extranjero y nacional, obedece a evitar la simulación de matrimonio, con el ánimo de obtener la nacionalidad. Pero resulta que con este corchete lo que va a favorecer es la simulación y el artificio integral para lograr esos propósitos, porque se vería muy extraño, rarísimo, que un extranjero se casara con una nacional, por ejemplo y al mes de casados y establecido su domicilio aquí, solicitara la nacionalidad mexicana ese extranjero. Es muy sospechosa la conducta de que alguien de una manera frágil, inclusive podríamos decir traicionera, se desvinculara de su nacionalidad de origen al mes que se casara con la nacional y optara por la de su cónyugue, porque eso sí presumiría, habría indicios claros del propósito de utilizar el matrimonio como un acto de medio fraudulento para obtener la nacionalidad para equis propósitos que obviamente no serían más que para tener el derecho político a la actividad, porque a eso se limita, porque los derechos civiles se consagran y se conservan y salvo algunas limitantes del 32 constitucional de optar para trabajos en igualdad de condiciones con los nacionales.
Por lo tanto, es mejor eliminar los dos años de requisito de residencia de matrimonio entre extranjero y nacional, primero, para respeto de la Constitución y segundo, porque eliminando este requisito de los dos años, es más fácil detectar la posibilidad de una simulación de matrimonio con tendencias obscuras o con propósitos o maniobras no declaradas, que teniendo la residencia de los dos años, porque el que quiere defraudar a la Ley y tiene el propósito de usar un matrimonio simulado para obtener la nacionalidad mexicana, dos años no son nada; simplemente simulan el matrimonio, conviven dos años de común acuerdo en un domicilio de territorio nacional y optan por la nacionalidad. O sea, el diferimiento del tiempo no es condición preponderante para que se logre eliminar o reducir los matrimonios simulados que según informes de la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, tienen 600 casos de esa índole.
Y la segunda hipótesis de que no se logró convencer en el seno de la Comisión y esperando lograrlo en esta honorable Asamblea, es que con ese ánimo de simplificación de la Ley, se manda al Reglamento la renuncia y protesta que debe hacer un nacional cuando llegue a la mayoría de edad para optar por la mexicana, cuando tuviera atribuida una nacionalidad extranjera por su origen de padres extranjeros.
Es necesario mantener a nivel de Ley, como lo está actualmente lo de la Nacionalidad y Naturalización, que esa renuncia y protesta esté prevista en Ley y no en Reglamento y esas renuncias son muy simples; la obediencia y sumisión al país de quien se solicita la nacionalidad única; la no protección al país de origen, de quien se renuncia la nacionalidad y tercero, la renuncia a cualquier título nobiliario.
Esos tres requisitos los prevé la Constitución. Consecuentemente es elemental que su ley reglamentaria lo prevea a nivel de Ley y no lo mande al Reglamento.
Consecuentemente, se solicita que el artículo 2o. fracción V, de la iniciativa del dictamen de la Ley de Nacionalidad, que define lo que se entiende por domicilio conyugal para obtener la naturalización privilegiada y el artículo 12 que la renuncia y protesta, se modifiquen en cuanto a como se encuentran redactados en el dictamen conforme a la propuesta que hace el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por mi conducto y que doy cuenta, si me lo autoriza la Presidencia, por economía procesal legislativa, dejarla aquí para que en su oportunidad la Secretaría dé lectura a estas dos propuestas, en el momento en que se discuta en lo particular. Muchas gracias.
El Presidente:
En atención a lo solicitado por el diputado Fauzi Hamdan, esta Secretaría reserva para su votación en el momento oportuno las propuestas dejadas en la misma.
Para hacer propuestas al Capítulo III del dictamen que nos ocupa, tiene el uso de la palabra la diputada Clara Mejía Guajardo, del Partido Popular Socialista.
La diputada María Clara Mejía Guajardo:
Señor Presidente; señoras y señores diputados:
Con fundamento en los artículos 124, 125, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en nombre de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, me permito proponer una modificación a la fracción III del artículo 15 de
la Ley de Nacionalidad, cuyo dictamen hoy abordamos.
Esta proposición se fundamentó en un razonamiento breve. El capítulo III se refiere a la naturalización, establece los plazos de residencia y otros requisitos para los extranjeros que quieran naturalizarse mexicanos.
El artículo 15 acorta el plazo de residencia a 2 años, cuando tenga hijos mexicanos por nacimiento, o sea latinoamericano u originario de la península ibérica. Además, que haya prestado servicios o haya realizado trabajos destacados en materia cultural, científica, técnica, artística, deportiva o empresarial, que beneficien a la nación.
A nuestro juicio no es necesario que se hable de servicio empresarial, basta con los aspectos que se mencionan. Un empresario que ha contribuido al desarrollo de las fuerzas productivas, indudablemente que ha prestado servicios técnicos.
Por tanto, propongo que se suprima la palabra "empresarial" del texto de la fracción III del mencionado artículo, artículo 15.
Por la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, diputada María Clara Mejía Guajardo.
El Presidente:
Al igual que las anteriores propuestas, resérvense para su votación en el momento oportuno.
Para fijar posición tiene la palabra el diputado Javier Centeno
El Diputado Javier Centeno Avila:
Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados:
La nacionalidad es el signo distintivo de la población de nuestro país. Consideramos que era una necesidad urgente la modificación de la Ley de Nacionalidad y Naturalización y que ésta se abocara exclusivamente a esta materia.
Consideramos correcto el equilibrio que prevalece en la iniciativa entre el jus soli y el jus sanguini para adquirir la nacionalidad mexicana.
También consideramos importante el agilizar los procedimientos para obtener la naturalización.
La nueva Ley agiliza los procedimientos para adquisición, pérdida y recuperación de la nacionalidad, por lo que el proceso administrativo será evidentemente más expedito.
Otro aspecto relevante, es la protección de los trabajadores migratorios mexicanos al no reconocer como adquisición voluntaria la naturalización que hubiere operado como condición indispensable para adquirir un trabajo o conservar el mismo, lo que vuelvo a insistir, protege a nuestros trabajadores migratorios.
Sin embargo, consideramos un tanto ambiguo el artículo 9, respecto a la aceptación de las personas morales al aceptar la Cláusula Calvo, no obstante que existe un candado jurídico de que las personas morales se ajustarán al artículo 27 constitucional.
Por este motivo, para ser explícitos, nos adherimos a la propuesta presentada por conducto del diputado Ricardo Valero, del Partido de la Revolución Democrática, en modificar la redacción de los artículos 9, 14 y la necesidad del Título nuevo que se argumentó aquí. Muchas gracias.
El Presidente:
Para fijar la posición del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc López Sánchez.
El diputado Cuauhtémoc López Sánchez Coello:
Con su venia, señor Presidente: compañeros diputados y diputadas:
Hoy nos ocupamos del análisis y discusión del dictamen de la Ley de Nacionalidad, ley que viene a sustituir a la anterior Ley de Nacionalidad y Naturalización.
Este es un primer aspecto que es muy importante considerar en el debate. Estamos hablando, en el texto de la Ley, de quiénes son nacionales, acorde con el mandato constitucional. No tenemos, por lo tanto, por qué incluir temas como definir quiénes no son nacionales; no tenemos por qué, en el texto de esta Ley, ocuparnos de los derechos u obligaciones de quienes no son nacionales reconocidos por la Constitución. Esto se plantea en el dictamen expresándose que las disposiciones que regulan a los no nacionales, es decir, a los extranjeros, se contiene en
diversas leyes administrativas, tales como la de Población, la Ley de Inversiones o la Ley de Sociedades, en su caso. Entonces, la primera premisa es que la ley que discutimos se ocupa exclusivamente de los nacionales.
En el seno de la Comisión de Trabajo de la Comisión de Gobernación, que se ocupó de preparar este dictamen a través de las conferencias con senadores, con los propios funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, analizamos todas las propuestas y todos los argumentos que el día de hoy se han reiterado ante esta Asamblea, aterrizando, concretando lo que ya se plasmó en el dictamen.
Efectivamente hubo diversos puntos, diversas sugerencias por parte de los señores diputados, en cuanto a ciertos temas de la propia iniciativa que no fueron tomados en cuenta porque no alcanzaron el consenso de los miembros de la Comisión.
Por otra parte es muy importante señalar y reiterar que esta Ley de Nacionalidad es una ley especializada que es aplicada fundamentalmente y a partir de ahora lo será por la Secretaría de Relaciones Exteriores y solamente en una hipótesis consultará a la Gobernación. Pero han sido los funcionarios de esa dependencia quiénes han adquirido la experiencia ya desde la vigencia de la Ley anterior, quienes han sopesado la bondad de esta ley, su factibilidad, en cuanto a su aplicación, los efectos que produce, las experiencias de otros países para poder analizar y proponer en su caso la iniciativa que nos ocupa y que como ya se dijo, fue enriquecida ampliamente.
En cuanto uno de los temas que hoy se han reiterado, yo quisiera dejar muy claro que la iniciativa y el decreto que se somete a la aprobación de esta Asamblea, recoge ya en lo posible las observaciones en cuanto al artículo 9o y que sin duda el hacer la remisión expresa como se hace al 27 Constitucional va más allá del espíritu de la Cláusula Calvo, recoge particularmente las fracciones I y IV del 27 que son limitaciones más amplias a la participación de los extranjeros y la denuncia correspondiente a invocar la protección de su Gobierno.
Por lo que se refiere al señor diputado y amigo Valero a recoger en el mismo artículo 9o. las características o requisitos de las sociedades extranjeras, las condiciones que tienen que satisfacer esto, es materia de la Ley de Sociedades, así se ha establecido en otras disposiciones de carácter administrativo, en establecer domicilios, en establecer porcentajes de participación, etcétera etcétera, esto debe ser materia de las diversas leyes que regulen a las sociedades. Se cita el caso de la Ley de Navegación, yo creo que es un ejemplo muy claro de cómo en esa ley se precisan esas modalidades.
Yo reitero que ha nombre de mi fracción partidista, el artículo 27 es más completo que lo que se proponía en la redacción del compañero del PRD y por lo tanto nosotros sostendremos ese punto de vista.
Se cuestionaba también con base en qué criterio se va a determinar por parte de las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores cuándo se trata de un documento auténtico o no. Bueno sabemos muy bien que ya hay toda una técnica y toda una serie de criterios para objetar un documento desde la falsificación ostensible de éste, la incongruencia de éste, las características de éste, el artículo que trata de los medios de verificación y de la facultad que tendrán las autoridades de Relaciones Exteriores para verificar la autenticidad de los documentos, está muy relacionado con el artículo anterior que señala cuáles son los documentos; por lo tanto, nosotros consideramos que sí es conveniente que quede a nivel de reglamento los procedimientos que se sigan para esa verificación, una vez previsto que tiene la facultad de verificar.
Por lo que se refiere al artículo 14, nosotros consideramos que esta propuesta que también ha sido formulada por el PAN, no tengo a mano los términos de la redacción exacta, pero el espíritu de ellas si es correcta, si es de aceptarse en tanto cuanto que el extranjero que opte por la nacionalidad, presente su renuncia a la nacionalidad anterior con que contaba y que el texto de esta renuncia se incorpore a la Ley. En este sentido estamos de acuerdo en que así se lleve a cabo.
Perdón, no es el artículo 14, es la propuesta del diputado Hamdan del artículo 12. Perdón es el artículo 12 el que sí aceptamos.
Por lo que se refiere al artículo 14 del PRD, perdón, consideramos que lo que está proponiendo en el texto, ya está implícito en la redacción; ya está implícito y a mayor abundamiento al aceptarse la redacción del artículo 12.
Hay otras propuestas que se plantean también en cuanto a retirar el texto de disposiciones que ya están en la Constitución, volverlas a incorporar o repetir los más bien, en el texto de
la Ley. Se ha considerado que no en todos los casos se justifica diciendo que conocemos que lo que se reitera o no sale a veces sobrando para efectos de claridad, pero los casos que se proponen creemos que no lo ameritan.
En relación al problema del domicilio de la pareja que por consuno habiten en el territorio nacional, en cuanto al término de los dos años, nosotros consideramos que éste es un problema de interpretación y que no podemos anticipadamente y considerar que pueda o no ser violatorio a la Constitución.
En otros textos legislativos, en otras leyes secundarias, se le adicionan y se le dan diversas modalidades al concepto de domicilio legal. Así lo encontramos en el Código Civil, en el Código Fiscal, en la Legislación Electoral, en la Legislación Laboral, que tomándose el principio constitucional de domicilio se le dan diversas modalidades para los efectos específicos que regula la ley de que se trate.
Entonces, creemos que esto por otra parte es sano, porque no solamente es una norma jurídica que pretende sancionar una conducta en un momento dado sino también proveerla, desalentarla. Entonces el señalar los dos años como requisito para el domicilio, creemos que es saludable en razón de encontrar una solución viable al problema que presenta la simulación de matrimonios.
No estoy de acuerdo con mi amigo el diputado Hamdan, de que esto facilite en la simulación o el fraude al ser dos años, yo creo que tiene un efecto preventivo que desalentará que se den este tipo de matrimonios.
Hay otras propuestas, compañeros diputados, que se han recibido en la Comisión pero que han sido criterio de la propia Comisión en su acuerdo, que no son materia de la ley, que deben considerarse o contemplarse dentro del reglamento que para tal efecto formule quien tiene la competencia de esta ley.
Respecto a la supresión del término empresarial, en el artículo 15 fracción III, creemos que no hay una base sólida para sostenerlo; creemos que debe conservarse el texto de la redacción como está, que regula diversas hipótesis para la naturalización privilegiada, que ya no se llama así en la ley en comento, pero de hecho se mantiene por el contenido de diversas disposiciones.
Creo que lo propuesto por el compañero Centeno, está en alguna forma contestado en cuanto a las primeras propuestas del PRD.
En conclusión, compañeros diputados, yo les reitero que en esta Comisión, como lo han apuntado diversos oradores, se trabajó con una gran apertura, contamos con un gran apoyo y una gran participación de los señores diputados de otras fracciones parlamentarias, de todos los miembros de la Comisión de Gobernación y esto permite que sean muy pocos los temas en los cuales hay divergencia de opinión, pero creo y así lo estimamos, que se ha trabajado con seriedad, con formalidad y que presentamos a consideración de este Pleno un excelente documento, un excelente dictamen y el decreto es un decreto analizado, meditado, que tiene claridad, que tiene sencillez, que facilitará su aplicación y que seguramente habrá de lograr sus objetivos.
Por tal motivo, yo me permito respetuosamente solicitarles a todos y cada uno de ustedes, su voto aprobatorio para el dictamen de la Ley de Nacionalidad. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra para rectificar hechos, con fundamento en el artículo 102 del Reglamento, el diputado Carlos González.
El Diputado Carlos González Durán:
Con su venia, señor Presidente; honorable Asamblea:
Las leyes de nacionalidad han sostenido dos criterios: el derecho de la sangre o jus sanguinis; el derecho del suelo, jus soli, pero pareciera que ahora asistimos a un nuevo derecho que se refiere a jus peculi.
Es importante la propuesta del Partido de la Revolución Democrática, para que se cuide que esto no suceda. Que no sea por razón del poder económico, que desregularicemos las condiciones morales y sociales que identifican la nacionalidad mexicana.
Por eso mi preocupación se refiere en un primer término a la pregunta de la nacionalidad de la ciudadana. Entiendo que el central ideal democrático, abarca un perfil de hombre, que atañe tanto a la nacionalidad como a la ciudadanía.
¿Quién es nacional?, ¿quién tiene ciudadanía? Pienso que se requieren cinco requisitos o cualidades. La primera, de que se trate de un hombre libre, un hombre libre porque participa de la
ética de la autodeterminación; se trata de que la convivencia y la vida personal para el hombre libre son una autorrealización.
La segunda característica sería: ¿es mexicano y es ciudadano el que está dispuesto a convivir con la justicia social? No sólo con la justicia distributiva y la conmutativa, sino también con esa categoría que descubrió Santo Tomás y que se llama la integración de la persona en la colectividad o justicia social.
La tercera característica de la ciudadanía y de la nacionalidad, sería la independencia. El mexicano y el ciudadano en nuestro ideal histórico, postulan la vida en la identidad de la independencia.
La cuarta característica sería la de la fraternidad. Si vamos a reconocer nacionalidad, vamos a reconocer fraternidad, vamos a reconocer que pertenecemos a una misma identidad moral, social y cultural; vamos a reconocer que esa identidad nos crea deberes de fraternidad que requieren correspondencia y una vida de un mismo compromiso de identidad soberana como Estado y como nación.
La quinta característica sería el amor a la patria. El nacional debe profesar amor a la patria, ser fiel a su patria, a su propia identidad personal y nacional, porque integra su vocación y su destino en la que comparte colectivamente por su raíz y su origen y su pertenencia social histórica.
Ciudadano es el nacional mayor de edad o ser maduro, que ama a su patria. El amor a la patria no puede ser chauvinista ni malinchista. No debemos ser encerrados ni entreguistas. Dar la cara a la globalidad y a la intensificación de relaciones internacionales, no quiere decir la pérdida de identidad cultural, social y política. Estamos acompañados y somos acompañantes. Vivamos esas relaciones con decoro y honor, decoro y honor que entrañan la fidelidad histórica, el amor a la patria y a la nacionalidad que compartimos en América Latina.
El ciudadano es, en síntesis, el hombre que defiende su libertad y la libertad de todos; ciudadano es el hombre libre que no está sujeto a la voluntad de otros ni sujeta a otros a su voluntad.
Cuando hablamos de la Ley de Nacionalidad, no hablamos sólo de una relación política y jurídica; hablamos de una relación moral y con base en estos principios quiero hacer las siguientes preguntas:
Primera. Los ciudadanos mexicanos y nacionales que trabajan en el extranjero, deben ser dignos de protección diplomática para el debido respeto de sus derechos humanos y de sus derechos laborales y sociales. Me pareciera que en esta ley debería existir un precepto que consagre esa protección diplomática para los trabajadores mexicanos en el extranjero.
Hago esa pregunta a los autores de este proyecto.
Segunda pregunta. Esta protección de los ciudadanos que deben ser fieles, me parece que los ciudadanos que nos son fieles, son en primer término los tejones y los mapaches electorales y cuando se discuta el COFIPE, y sólo lo digo como un anticipo, valdría la pena pensar en que se les inhabilite de manera temporal o tal vez definitiva por los reincidentes a su ciudadanía, a sus derechos políticos.
Pero yo pregunto: ¿y cuándo los jefes de Estado son los que hacen la orquestación de la burla y el atropello de los derechos ciudadanos y de las instituciones republicanas, deben seguir siendo mexicanos? O ¿para seguir siendo mexicano debemos tener fidelidad y amor a la patria? Hay ahí otra cuestión que cuestiono o pregunto.
Por otra parte, me parece de la mayor importancia que se reconozca en la Ley de Nacionalidad que estamos discutiendo, el derecho de los ciudadanos y nacionales mexicanos en el extranjero a votar en todas las elecciones federales.
¿Por qué se despoja a miles de ciudadanos mexicanos del derecho de votar en el extranjero? Yo creo que esto también es algo que vale la pena ser cuestionado.
El Presidente:
Señor diputado, ¿quisiera usted concretar su intervención, si es tan amable?
El diputado Carlos González Durán:
Sí, señor Presidente.
Solamente término con la pregunta de que si por el afán de desregularizar y flexibilizar los trámites de nacionalidad, encaminamos esto a la discrecionalidad administrativa y le quitamos la seriedad, el respeto, la solemnidad, que corresponde a la función jurisdiccional, o sea, en mi criterio debiéramos conservar la vía jurisdiccional para decidir estas cuestiones de
otorgamiento, de nacionalidad por naturalización. Es todo y por haberme permitido expresar mi criterio, les agradezco profundamente.
El Presidente:
Proceda la Secretaría a someter a consideración de la Asamblea, las propuestas presentadas por los diputados.
La secretaria Graciela Larios Rivas:
Propuesta presentada por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, al artículo 2o., fracción V:
"Para los efectos de esta Ley se entiende por: fracción V. Domicilio conyugal. El establecido legalmente de los cónyuges de consuno dentro del territorio nacional."
La firma del diputado Fauzi Hamdan Amad, diputado Juan de Dios Castro y diputado Diego Fernández de Cevallos.
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta por la fracción parlamentaria de Acción Nacional.
Los que estén por que se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El artículo 9o, que propone el grupo parlamentario del PRD.
"Son personas morales de nacionalidad mexicana las que reúnan los siguientes requisitos:
Fracción I. Que se constituya conforme a las leyes de la República.
Fracción II. Que tengan su domicilio en territorio nacional.
Fracción III. Que por lo menos la mitad más uno de los asociados sea de nacionalidad mexicana o que el 51% de su capital pertenezca a mexicanos.
Fracción IV. Que el control y dirección de la persona jurídica colectiva lo ejerzan los nacionales."
Lo firma el diputado Ricardo Valero.
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Se desecha, señor Presidente.
Al artículo 12, la propuesta que hacen los diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, dice: "Los mexicanos por nacimiento a quienes otro Estado atribuya su nacionalidad, podrán optar por la nacionalidad mexicana o extranjera, a partir de su mayoría de edad.
Las personas a que se refiere el párrafo anterior, que quieran optar por la nacionalidad mexicana, deberán presentar a la Secretaría solicitud por escrito y formular renuncia expresa a la nacionalidad que le es atribuida por otro Estado, así como a toda sumisión, obediencia y fidelidad a cualquier Gobierno extranjero, especialmente de quien el solicitante ha recibido el atributo de nacionalidad, así como a toda protección extraña a las leyes y autoridades mexicanas y a todo derecho que los tratados o convenciones internacionales concedan a los extranjeros, protestando adhesión, obediencia, y sumisión a las leyes y autoridades mexicanas.
Asimismo, deberán renunciar al derecho de poseer, aceptar o usar títulos nobiliarios que impliquen sumisión a un Estado extranjero."
Lo firma el diputado Fauzi Hamdan Amad.
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor Presidente.
La secretaria Luisa Urrecha Beltrán:
Propuesta del diputado Ricardo Valero, del PRD, con relación a adecuaciones al primer párrafo del artículo 14.
"Artículo 14. El extranjero que pretenda naturalizarse mexicano, deberá presentar a la Secretaría una solicitud, acompañada de la documentación que fije el Reglamento, manifestando su voluntad de adquirir la nacionalidad mexicana, renunciando expresamente a su nacionalidad de origen, así como a toda sumisión, obediencia y fidelidad a cualquier Gobierno extranjero, especial a aquél de quien el solicitante haya sido
súbdito y toda protección extraña a las leyes y autoridades de México y a todo derecho que los tratados o las leyes internacionales concedan a los extranjeros. Protestando, además, adhesión, obediencia y sumisión a las leyes y autoridades de la República."
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
Propuesta hecha por la diputada María Clara Mejía Guajardo, de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, con relación a una modificación a la fracción III del artículo 15 de la Ley de Nacionalidad.
Se propone que se suprima la palabra "empresarial", del texto de la fracción III del mencionado artículo.
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El secretario Jesús Molina Lozano:
Propuesta del diputado Ricardo Valero, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, al Capítulo VI: "De las obligaciones de los extranjeros."
"Artículo 30. Son obligaciones de los extranjeros, personas físicas y morales, primero, pagar las contribuciones ordinarias y extraordinarias y satisfacer cualquier otra prestación pecuniaria, siempre que sean ordenadas por las autoridades y alcancen a la generalidad de la población donde residen y, segundo, obedecer y respetar las instituciones, leyes y autoridades del país sujetándose a los fallos y sentencias de los tribunales, sin poder intentar otros recursos que los que las leyes concedan a los mexicanos.
Sólo podrán apelar a la vía diplomática en los casos de denegación de justicia o retardo voluntario y notoriamente malicioso en su administración.
Artículo 31. Las personas físicas y morales extranjeras deberán cumplir con lo señalado en el artículo 27 constitucional para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la nación, obtener concesiones y contratos con los gobiernos municipales, local y federal.
Igual obligación tendrán las sociedades mexicanas que tengan o puedan tener usos extranjeros."
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El Presidente:
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular el proyecto de Ley.
La secretaria Graciela Larios Rivas:
En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular el proyecto de Ley.
Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido en lo general y en lo particular el proyecto de Ley.
El Presidente:
Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Ley en un sólo acto.
La secretaria Graciela Larios Rivas:
Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.
Se solicita a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Señor Presidente, se emitieron en lo general y en lo particular 333 votos a favor y 19 en contra;
en contra de la fracción V, del artículo 2o., 57 votos; en contra del artículo 15, fracción III, ocho votos.
El Presidente:
Aprobada en lo general y en lo particular en los términos expresados por la Secretaría.
Aprobada en lo general y en lo particular el Proyecto de Ley de Nacionalidad. La secretaria Graciela Larios Rivas:
Pasa al senado para sus efectos constitucionales.
CONDECORACIONES
La secretaria Luisa Urrecha Beltrán:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano teniente coronel de artillería diplomado de Estado Mayor Carlos Ramón Carrillo del Villar, pueda aceptar y usar la Condecoración Monja Blanca de Primera Clase, que le confiere el Gobierno de la República de Guatemala.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano teniente coronel de artillería diplomado de Estado Mayor Carlos Ramón Carrillo del Villar, para aceptar y usar la Condecoración Monja Blanca de Primera Clase, que le confiere el Gobierno de la República de Guatemala.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 14 de mayo de 1993.- Gustavo Carvajal Moreno, Presidente; Cuauhtémoc López Sánchez, Juan de Dios Castro Lozano, secretarios; José Octaviano Alaniz Alaniz, José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Benjamin Avila Guzmán, José Azanza Jiménez, Juan José Buñuelos Guardado, Agustín Basave Benítez, Luisa A. Beauregard Rivas. Carlos E. Cantú Rosas, Alberto Carrillo Armenta, Juan José Castillo Mota, Estela Cásares Esquivel, Javier Centeno Avila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Pedro de León Sánchez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elías, Laura Alicia Garza Galindo, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo J. González Díaz, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Marlene Catalina Herrera Díaz, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, José Benigno López Mateos, Jesús Martín del Campo, Jorge Mendoza Alvarez, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Jaime Muñoz y Domínguez, Miguel Angel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, Marco Antonio Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Tomás Osorio Avilés, Guillermo Pacheco Pulido, Ruben Pabello Rojas, Raúl Pardo Villafaña, Cresencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Irma A. Piñeiro Arias, Froylán Ramírez Lara, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Juan José Rodríguez Prats, María Esther Scherman Leaño, Jaime Serrano Cedillo, Manuel Solares Mendiola, Cecilia Guadalupe Soto González, Edmundo Sosa López, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Salvador Valencia Carmona, Oscar Ricardo Valerio Recio, Mario Vargas Aguiar, Jorge Zermeño Infante, Ildefonso Zorrilla Cuevas Nahum, Efraín Zuñiga Galeana y José Domingo Olvera Cervantes.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado el Proyecto de Decreto.
Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Edmundo Font López, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de San Carlos, en Grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la República de Colombia.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Edmundo Font López, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de San Carlos, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la República de Colombia.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, DF., a 14 de mayo de 1993.- Gustavo Carvajal Moreno, Presidente; Cuauhtémoc López Sánchez, Juan de Dios Castro Lozano, secretarios; José Octaviano Alaniz, José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Benjamín Avila Guzmán, José Azanza Jiménez, Juan José Bañuelos Guardado, Agustín Basave Benítez, Luisa A. Beauregard Rivas. Carlos E. Cantú Rosas, Alberto Carrillo Armenta, Juan José Castillo Mota, Estela Cásares Esquivel, Javier Centeno Avila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Pedro de León Sánchez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elías, Laura Alicia Garza Galindo, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo J. González Díaz, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Marlene Catalina Herrera Díaz, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, José Benigno López Mateos, Jesús Martín del Campo, Jorge Mendoza Alvarez, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Jaime Muñoz y Domínguez, Miguel Angel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, Marco Antonio Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Tomás Osorio Avilés, Guillermo Pacheco Pulido, Rubén Pabello Rojas, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Irma A. Piñeiro Arias, Froylán Ramírez Lara, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Juan José Rodríguez Prats, María Esther Scherman Leaño, Jaime Serrano Cedillo, Manuel Solares Mendiola, Cecilia Guadalupe Soto González, Edmundo Sosa López, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Salvador Valencia Carmona, Oscar Ricardo Valerio Recio, Mario Vargas Aguiar, Jorge Zermeño Infante, Ildefonso Zorrilla Cuevas Nahum, Efraín Zúñiga Galeana y José Domingo Olvera Cervantes.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado el proyecto de decreto.
Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
La secretaria Luisa Urrecha Beltrán:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 11 de mayo del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Javier Antonio Renero Zamora, para que pueda prestar servicios como mensajero en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 13 de mayo, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento.
b) Que los servicios que el propio interesado prestará en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México, serán como mensajero.
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someterá a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Javier Antonio Renero Zamora, para que pueda prestar sus servicios como mensajero en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D. F., a 14 de mayo de 1993.- Gustavo Carvajal Moreno, Presidente; Cuauhtémoc López Sánchez, Juan de Dios Castro Lozano, secretarios; José Octaviano Alaniz Alaniz, José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Benjamín Avila Guzmán, José Azanza Jiménez, Juan José Bañuelos Guardado, Agustín Basave Benítez, Luisa A. Beauregard Rivas. Carlos E. Cantú Rosas, Alberto Carrillo Armenta, Juan José Castillo Mota, Estela Cásares Esquivel, Javier Centeno Avila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Pedro de León Sánchez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elías, Laura Alicia Garza Galindo, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo J. González Díaz, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Marlene Catalina Herrera Díaz, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, José Benigno López Mateos, Jesús Martín del Campo, Jorge Mendoza Alvarez, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Jaime Muñoz y Domínguez, Miguel Angel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, Marco Antonio Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Tomás Osorio Avilés, Guillermo Pacheco Pulido, Rubén Pabello Rojas, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Irma A. Piñeiro Arias, Froylán Ramírez Lara, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Juan José Rodríguez Prats, María Esther Scherman Leaño, Jaime Serrano Cedillo, Manuel Solares Mendiola, Cecilia Guadalupe Soto González, Edmundo Sosa López, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Salvador Valencia Carmona, Oscar Ricardo Valerio Recio, Mario Vargas Aguiar, Jorge Zermeño Infante, Idelfonso Zorrilla Cuevas Nahum, Efraín Zúñiga Galeana y José Domingo Olvera Cervantes.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado el proyecto de decreto.
Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El secretario Oscar René Nieto Burciaga:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: en oficio fechado del 11 de mayo del año en curso, la Cámara de Senadores remite expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Patricia Emma Luisa del Hierro Hernández, para que pueda prestar sus servicios como operadora de procesador de palabras / recepcionista, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 13 de mayo, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.
b) Que los servicios que la propia interesada prestará en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México, serán como operadora de procesador de palabras / recepcionista.
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Patricia Emma Luisa del Hierro Hernández, para que pueda prestar sus servicios como operadora de procesador de palabras/recepcionista en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Sala de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión .- México, DF., a 14 de mayo de 1993.- Gustavo Carvajal Moreno, Presidente; Cuauhtémoc López Sánchez, Juan de Dios Castro Lozano, secretarios; José Octaviano Alaniz Alaniz, José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Benjamín Avila Guzmán, José Azanza Jiménez, Juan José Bañuelos Guardado, Agustín Basave Benítez, Luisa A. Beauregard Rivas. Carlos E. Cantú Rosas, Alberto Carrillo Armenta, Juan José Castillo Mota, Estela Cásares Esquivel, Javier Centeno Avila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Pedro de León Sánchez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elías, Laura Alicia Garza Galindo, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo J. González Díaz, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Marlene Catalina Herrera Díaz, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, José Benigno López Mateos, Jesús Martín del Campo, Jorge Mendoza Alvarez, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Jaime Muñoz y Domínguez, Miguel Angel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, Marco Antonio Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Tomás Osorio Avilés, Guillermo Pacheco Pulido, Rubén Pabello Rojas, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Irma A. Piñeiro Arias, Froylán Ramírez Lara, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Juan José Rodríguez Prats, María Esther Scherman Leaño, Jaime Serrano Cedillo, Manuel Solares Mendiola, Cecilia Guadalupe Soto González, Edmundo Sosa López, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Salvador Valencia Carmona, Oscar Ricardo Valerio Recio, Mario Vargas Aguiar, Jorge Zermeño Infante, Ildefonso Zorrilla Cuevas Nahum, Efraín Zúñiga Galeana y José Domingo Olvera Cervantes.»
Es de segunda lectura.
Esta a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado el proyecto de decreto.
Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
REFORMA POLÍTICA
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra el diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, para referirse al tema de la Reforma Política.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo:
Con su autorización, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: La Comisión Plural creada por acuerdo del pleno de esta Cámara de Diputados el 21 de diciembre pasado, ha concluido prácticamente una primera fase de sus trabajos. Ha examinado uno a uno todo el amplio, el extenso conjunto de temas que convenimos las distintas fracciones parlamentarias integrarían la materia de nuestra discusión, de nuestro examen colectivo.
Hemos acordado en el seno de la Comisión Plural, que después de esta primera revisión, primer examen de las propuestas, de las concepciones, de las opiniones de cada uno de los partidos políticos, con relación a los diversos temas que también cada uno de los partidos políticos consideró debieran ser parte del conjunto de nuestras reflexiones colectivas, hemos convenido que entraríamos a una segunda ronda, a una segunda fase de nuestros trabajos. Una
segunda fase que tendría ya más el acento en el aspecto de buscar acercamientos, de buscar consensos.
Desde el inicio fijamos nuestra posición con relación a esta Comisión Plural y al tema general, al gran tema que le da materia y sustento. Señalamos por parte del Partido Popular Socialista, que veíamos con optimismo, con razonable optimismo, la conformación de esta Comisión y sus posibles frutos.
El trabajo realizado hasta hoy, da motivo para reiterar ese juicio que inicialmente externamos.
La composición de la Comisión es tal, que permite un trabajo ágil, democrático, en un ambiente de respeto para cada una de las opiniones y para cada uno de los seis interlocutores que conformamos esta Comisión Plural.
Hoy mismo se está celebrando aquí en el Salón de Protocolo, una reunión de comisiones unidas, en la que estamos recibiendo las opiniones y los juicios de los tres partidos políticos que obtuvieron su registro como tales recientemente y que por lo mismo no forman parte todavía de esta Cámara de Diputados.
Los planteamientos que se han hecho hasta hoy, como era de esperarse, han sido diversos; hay coincidencias ya registradas, entre dos, entre varios partidos políticos y también hay discrepancias. Es natural que haya discrepancias, que haya múltiples discrepancias, cuando el tema a discusión es el de la democracia como tal, no es, no puede ser un concepto unívoco, sino que responde a intereses concretos de clase social, de sector social de la población.
Vamos a ver ahora, cuando se entre a la segunda fase de nuestros trabajos, a la segunda ronda, a la de los acercamientos, a la búsqueda de los consensos, vamos a ver cuáles son los frutos que se producen; cuáles acercamientos se dan entre dos, entre tres, entre cuatro, entre cinco partidos políticos; cuáles consensos pudieran darse entre las seis fracciones parlamentarias que integran esta LV Legislatura.
No es tarea fácil la de que haya consensos; pero debemos de hacer el esfuerzo todos, por buscarlos.
Nosotros pensamos que puedan darse consensos entre las seis fracciones parlamentarias, sobre todo en las cuestiones de procedimiento. En el otro campo, en el de las cuestiones de fondo, es difícil que puedan darse consensos entre las seis fracciones parlamentarias. Lo que podrá darse y esperamos se dé de una manera correcta, adecuada, será la coincidencia entre varias fuerzas, pero difícilmente entre todas. Esto, puesto que ya en los planteamientos hechos en el seno de la propia Comisión Plural, de las dos subcomisiones de trabajo se han presentado, como era también lógico que ocurriera, planteamientos no sólo discrepantes, sino antagónicos y excluyentes en varios de los temas de fondo y de importancia.
Por ejemplo, hay discrepancia, hay planteamientos excluyentes y es lógico también que así ocurra, entre algunas propuestas del Partido Acción Nacional y algunas de mi partido. Salta a la vista el caso del artículo 82 de la Constitución. El Partido Acción Nacional, me parece que es el único de entre los seis, yo diría de entre los nueve, incluidos los tres que tienen ya registro definitivo pero que no forman parte de la Cámara de Diputados, es el único que está planteando la propuesta de que se reforme el artículo 82.
Nosotros nos hemos opuesto, en el seno de la subcomisión donde se trató el tema, nos opondremos en la Comisión Plural, nos opondremos en el plenario de la Cámara de Diputados, en todos los foros y en todos los escenarios, a que se modifique el artículo 82 de la Constitución.
Nos parece que el mandato que establece el requisito de elegibilidad para aspirar a la Presidencia de la República, de ser ciudadano mexicano por nacimiento, hijo de padres mexicanos, también por nacimiento, es un mandato que tiene plena vigencia y que tiene raíces históricas profundas. Nos parece que es un mandato que refleja gran parte de lo que constituye la personalidad, el perfil histórico del pueblo mexicano.
Hay que recordar simplemente un hecho que refleja nuestra historia. El nuestro es un pueblo que jamás ha emprendido una guerra de agresión ni ha participado en una guerra de agresión contra otro pueblo alguno y ha sido, en cambio, víctima en numerosas ocasiones, de invasiones, de intervenciones armadas, de agresiones de carácter económico, diplomático y de otras formas.
Por eso, nuestro pueblo es profundamente nacionalista, con ese nacionalismo que muy bien se define en otro mandato constitucional fundamental: el artículo 3o. Con un nacionalismo que no es exclusivista ni excluyente, que no es agresivo, que es un nacionalismo que tiende a proteger la soberanía y la independencia de nuestra nación.
Y esa característica importante de nuestro pueblo se reflejan en varios mandatos constitucionales. En el 33, entre otros. En el artículo 3o, que mencionaba yo y, también en el 82.
Y en estos tiempos recientes, en estos tiempos actuales, en los que el propio desarrollo de las fuerzas productivas obliga a una interrelación creciente entre distintos países, entre distintas naciones, a un intercambio cada vez más activo en todos los órdenes, sobre todo en el orden económico, es cuando más vigencia cobra, cuando más actualidad cobra, cuando más se requiere el ejercicio y la defensa de la soberanía y la independencia nacional a plenitud; porque se abren muchas más puertas y posibilidades para la intromisión de fuerzas ajenas a las de nuestra nación. Por eso defendemos el artículo 82, porque hoy es más vigente que nunca.
Otro tema importante en el que ha habido discrepancia muy marcada, es el del Senado de la República. Mi partido, el Partido Popular Socialista, ha reiterado su opinión de que el Senado ha pasado, cada vez más, a ser un foro obsoleto, un foro que no tiene perspectiva por lo menos no de largo plazo, no de largo aliento, en la vida política nacional.
La situación económica de hoy es distinta a la que existía en el país, cuando el Senado se requería y podía entenderse tal vez como expresión, se dice todavía hoy en la teoría del Pacto Federal.
Sin embargo, también hemos planteado una posición flexible en lo transitorio. Somos coincidentes con otras fuerzas políticas que estiman que por hoy podría abrirse el Senado, podría convertirse en un foro plural, en un foro en el que estuvieran presentes las distintas fuerzas políticas reales de nuestro país.
Sin embargo, planteamientos que han hecho algunas fuerzas, también en esto quiero subrayar que el que hace el Partido Acción Nacional es uno que no podemos compartir en modo alguno.
El Partido Acción Nacional hace la propuesta de que el Senado de la República se conforme de tal manera que pueda estar integrado por el partido mayoritario y por la primera minoría en cada una de las entidades del país. Este es un planteamiento que en las condiciones actuales reduciría, desde el punto de vista político, la composición del Senado que tiene en este momento. No sería un foro plural. No estarían presentes en él todas las fuerzas políticas reales de México. Consecuentemente se seguirían dando, como se dan hoy, debates muy restringidos. No significaría ningún avance, ni siquiera de carácter menor.
La única forma en que el Senado pudiera tener alguna vigencia, alguna resonancia, desde el punto de vista político, económico y social en México, y esto sería, repito, sólo para un período, tendría un carácter transitorio, sería establecer una modalidad tal que el Senado pudiera tener la misma composición, desde el punto de vista de las fuerzas políticas que tiene esta Cámara de Diputados, establecer las condiciones de tal manera que todo partido político que rebasa el 1.5% de la votación estuviera presente en el Senado de la República, para que ahí pudieran darse los debates de todas las corrientes políticas, la confrontación de ideas entre todas las corrientes que existen en nuestro país.
Y el Partido Acción Nacional, consecuente con esta concepción restrictiva de la vida política nacional, que se refleja en su propuesta del Senado, también ha planteado modificación en los porcentajes electorales. Las propuestas de este partido en cuanto a porcentaje son: que para efectos de registro de los partidos políticos nacionales deje de contar el 1.5% y se eleve al 2%; que para efectos de participación en la Cámara de Diputados deje de contar el 1.5% y se eleve al 3%; y que para efectos de financiamiento también se modifique el 1.5% y se eleve a alguna otra cifra mayor.
Son criterios de carácter restrictivo, son criterios que sustenta el Partido Acción Nacional en una tesis que planteada así, de manera inmediata y vista sólo en su aspecto superficial, pudiera parecer razonable.
Dice el Partido Acción Nacional que los partidos políticos que no rebasen tales porcentajes, los que propone, no serían fuerzas reales, fuerzas políticas reales, que serían fuerzas simuladas o sin sustento suficiente. Sin embargo, no se trata de un planteamiento que pueda sostenerse, si se examina con mayor profundidad.
Nosotros hemos señalado que en esta etapa en la que la comunicación ya no se da en la práctica, a través de octavillas, de volantes, de mensajes plasmados en las bardas de la vía pública, de perifoneo a través de vehículos sonorizados, por que al irrumpir los medios masivos modernos de comunicación, todas estas formas que eran eficaces hace décadas, hace varias décadas, lo van siendo cada vez menos; el mantener una serie de restricciones reales para que las fuerzas políticas, todas, podamos comunicarnos con los
ciudadanos, con los electores, con las masas del pueblo, es la forma más eficaz de manipular no sólo los procesos electorales, sino la expresión misma del pueblo mexicano, de las clases sociales que conforman a la población, de las capas de la población y de los individuos incluso, de los ciudadanos vistos como individuos.
¿Cómo es posible que un ciudadano cualquiera pueda permitir un voto, elegir a un representante suyo para la Cámara de Diputados o para el Senado de la República o para ejercer el Ejecutivo de la nación o a otros niveles, al nivel estatal o municipal, cómo es posible que pueda emitir un voto razonado, consciente, valorativo, si no ha tenido la oportunidad de conocer los juicios, las opiniones, los análisis, las propuestas programáticas de cada una de las fuerzas políticas reales, si los medios masivos de comunicación sólo difunden el mensaje ni siquiera el mensaje, imágenes, siglas, aspectos puramente superficiales, mercantilizados, de una o dos fuerzas políticas, si no se lleva a cabo algo que de alguna manera está ya señalado en el artículo 41 de la Constitución, el llevar un mensaje programático, analítico, que eleve la conciencia de los ciudadanos y que no sea unilateral o bilateral, sino que sea el mensaje de todas las distintas corrientes reales?
En tanto subsista ese fenómeno que por hoy existe y ha existido, no es posible que se pueda hablar de voto consciente y razonado, del voto libre de los ciudadanos; se trata de un voto mediatizado y de un voto manipulado, de un voto inducido.
En tanto no se establezcan las condiciones para que el mensaje de todos los partidos políticos pueda llegar a todos los ciudadanos, en tanto algunas fuerzas estén condicionadas, estén cerradas para ellas las vías y las posibilidades reales, como es el caso del PPS, para que su mensaje no tenga eco ni resonancia, para que sólo pueda llegar a un número extremadamente reducido de ciudadanos, ¿cómo puede pedirse o cómo puede hablarse de competencia real o de competencia equitativa, en tanto no se pueda modificar esa serie de limitaciones jurídicas financieras, prácticas?
La única garantía, la única protección para que fuerzas políticas reales actúen y se expresen, es la que se señala en esos porcentajes del 1.5% que pudieran parecer reducidos, si no se valora la situación social, económica y política en que nos desenvolvemos.
Si se abrieran los medios y las condiciones para que el mensaje llegara en igualdad de circunstancias, entonces el PPS no requeriría en lo absoluto, no haría un planteamiento de porcentajes del 1 1/2 o de cualquiera otro que fuera. Nosotros estamos seguros de que nuestro mensaje si se difundiera con igual magnitud e intensidad que el mensaje de cualquier otro partido político, le ganaríamos la votación mayoritaria a cualquier otro partido político.
Pero mientras eso no ocurra, la única forma de proteger a fuerzas políticas reales es mantener esos porcentajes relativamente reducidos, que no resuelven el fondo del problema; pero sin atacar el fondo del problema venir a plantear elévense los porcentajes, equivale a plantear entrémosle a una modalidad de la política totalmente ajena a la vida democrática, entrémosle a una modalidad de la política totalmente mercantilizada, entrémosle a una modalidad de la política semejante a la democracia y lo pongo entre comillas "norteamericana", porque si algún régimen político electoral nada tiene que ver con la democracia, es precisamente el que impera en los Estados Unidos.
Implica plantear que la vida política en México se reduzca a dos partidos y que estos dos partidos sean los que tienen la capacidad económica para acceder a los medios de difusión y que estos dos partidos sean representantes de una misma clase social en lo esencial y por lo tanto su mensaje no represente alternativas ni diferencias, no haya opciones sino apenas de matiz, como ocurre en los Estados Unidos y eso significaría un gravísimo retroceso para la vida política de México, eso significaría enterrar décadas de lucha de nuestro pueblo por ampliar nuestro régimen democrático.
Nosotros hemos propuesto lo contrario. Nosotros planteamos que es necesario, por múltiples vías, fortalecer el sistema plural de partidos políticos, entendiendo a los partidos políticos sobre todo como representantes de las distintas clases sociales, de los distintos sectores sociales que conforman a la población; creando condiciones de equidad para el desenvolvimiento de la vida política de los distintos partidos.
Y esto, sobre todo, debe reflejarse en modificaciones profundas, en el gran tema del financiamiento y en el gran tema de los medios de difusión. Quiero declarar, porque es el momento oportuno para hacerlo, que reiteramos el optimismo que inicialmente tuvimos por parte de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, con
respecto a los trabajos de la Comisión Plural y sus perspectivas.
Al iniciar ya dentro de unos días la segunda fase de su trabajo, pensamos, reiteramos el juicio que tuvimos de que pueden surgir frutos positivos del trabajo de esta Comisión Plural.
En 1989, se dio una reforma que el Partido Popular Socialista consideró francamente regresiva y antidemocrática y hay la circunstancia de que por primera vez, por primera vez en mucho tiempo por lo menos, en un mismo sexenio se aborda este tema en dos momentos.
Y quiero declarar que nuestro partido considera que 1993 no es 1989; que hay cambios importantes en el escenario político que afectan lo relativo a la correlación de fueros.
En 1989 funcionó la fórmula que hoy trata de poner en práctica de nueva cuenta el Partido Acción Nacional. La fórmula del acuerdo entre dos fuerzas políticas nada más: el Partido Acción Nacional y la derecha del Gobierno y su partido.
En 1989 hay que recordar que así se dio la reforma, un acuerdo cupular entre PRI y PAN, de espaldas al pueblo, de espaldas a todas las demás fuerzas políticas, que consumó un verdadero atraco al modificar varios artículos constitucionales con un sentido profundamente negativo.
Y hoy, el Partido Acción Nacional trata de repetir la jugada de 1989. Hace unos días todos nos enteramos del llamado que este partido ha formulado a establecer un diálogo con el Gobierno y su partido y por hoy, de manera formal, también ha convocado al Partido de la Revolución Democrática.
Es exactamente la misma jugada, diría algún entrenador deportivo, que el Partido Acción Nacional emprendió en 1989. El siguiente paso después de la formalidad de plantear "deseo hablar con ustedes dos", es hablar desde el punto de vista real sólo con uno de los dos y con ése ponerse de acuerdo.
En 1989 no hubo reales conversaciones trilaterales, sino sólo bilaterales y eso quedó muy a la vista con los frutos, con los resultados de la reforma constitucional.
¿Qué es entonces lo que pretende hoy Acción Nacional?, ¿repetir la jugada de 1989, que fue también la jugada de 1988? ¿Llegar a acuerdos con el Gobierno, con las fuerzas de derecha del Gobierno y su partido, que convengan a los intereses del Partido Acción Nacional?
Y no sólo por lo que se refiere a la reforma a las leyes, según lo ha reconocido públicamente el Partido Acción Nacional, sino también a otro tipo de acuerdos políticos, seguramente como aquellos que se materializaron en la compartición de posiciones, con ningún sustento electoral, como en el caso de Guanajuato, verdaderos repartos del botín político, de un botín político de origen sumamente oscuro.
Yo quiero declarar, a nombre del Partido Popular Socialista, que esa perspectiva que por hoy el Partido Acción Nacional estima que pudiera darse de nuevo, presentarse nuevamente, no creemos en lo absoluto que ocurra. Es difícil, sumamente difícil que la historia se repita, yo diría imposible que la historia se repita. Estamos ante condiciones distintas, ante un escenario distinto. Yo declararía que son falsas ilusiones las del Partido Acción Nacional, cuando espera un diálogo convocado entre tres, para que en la práctica se dé entre dos y llegar a acuerdos que convengan a uno. Creo que eso no está en el escenario político real de este momento.
Yo creo que no está en la perspectiva inmediata la concesión de nuevas posiciones graciosas al Partido Acción Nacional, como lo que ocurrió en Guanajuato. Yo creo que por lo que hace a la reforma político - electoral, no va a salir de este escenario de la Cámara de Diputados el debate real, que aquí es donde se va a dar, como se ha venido dando hasta hoy, a pesar de que ha habido fuerzas interesadas por sacarlo de aquí y llevarlo a otros escenarios.
Yo quiero declarar que me parece que se abrigan falsas ilusiones cuando se piensa que se puedan ajustar las cosas entre dos, que uno de ellos califica convenencieramente como las fuerzas importantes de este país. Yo creo que la reforma política va a tener frutos, que va a ser resultado del trabajo de las seis fracciones parlamentarias y más bien creo que en varios aspectos en los que será imposible el consenso, como los que yo he citado, el artículo 82 por ejemplo, las coincidencias esta vez no van a favorecer a las fuerzas de la derecha; ha habido cambios, reacomodos de fuerzas, con motivo de la coyuntura de la sucesión presidencial entre otros; se ha producido ya el desplome del neoliberalismo en el mundo; no estamos en el escenario de 1989 y menos en el de 1988.
Así pues, la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista reitera su plena disposición para seguir impulsando el trabajo de la Comisión Plural para la Reforma Política y está seguro de que de ahí saldrán pasos hacia adelante, hacia
el fortalecimiento del régimen plural de partidos políticos en México, hacia la ampliación de la vida democrática real; se corregirán, se repondrán varios de los problemas de carácter negativo que se dieron en 1989. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra para referirse al mismo tema de la reforma política, el diputado Raymundo Cárdenas Hernández, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Raymundo Cárdenas Hernández:
Gracias señor Presidente; compañeras y compañeros:
El trabajo de la Comisión Plural de esta Cámara de Diputados que prepara la reforma política, se desarrolla en un contexto muy contradictorio; por un lado tenemos a una sociedad exigente de democracia, a una sociedad que elección tras elección se moviliza para disputar pacíficamente el poder y que también se moviliza para protestar ante los fraudes que le arrebatan triunfos, que nulifican su voto. Es una sociedad nueva, distinta la sociedad mexicana de hoy, es una sociedad impactada por los cambios en el mundo, por la información que le llega, tal vez con otras intenciones, pero que le informan de que en otros países, los pueblos pueden cambiar de sistema de Gobierno y no sólo de gobernantes.
El pueblo mexicano ha visto por televisión y yo diría que hasta en exceso, la cobertura de los medios en Estados Unidos a la campaña presidencial, a sus campañas electorales, ha visto los debates entre los candidatos a presidente de aquel país y observa que lo que pasa en el mundo, que si la democracia la pudieron conquistar los chilenos, que si pudo haber un acuerdo político para transitar a la democracia en aquel país y que observa que los compañeros, los hermanos haitianos, también están en la lucha por hacer respetar su voluntad expresada en las urnas, si observa cómo en los distintos continentes hay ejemplos de pueblos que imponen su voluntad por la vía electoral, se pregunta el pueblo de México ¿por qué aquí en México no se puede hacer eso?
Este movimiento democrático se expresa en todo el territorio mexicano, se expresa desde el municipio más pequeño, hasta la gran urbe que es esta ciudad de México.
Pero ante esa movilización de millones de mexicanos, se enfrenta la actitud de la pequeña minoría apoderada del poder del Estado Mexicano, que intenta detener el empuje, disminuirlo para evitar el cambio del régimen político implantado en este país y que ha permitido que un solo grupo gobierne esta nación por muchas décadas, utilizando al Estado como si fuera patrimonio propio.
Hoy tenemos ya una situación distinta a la del pasado, por varias razones. Ya me referí a la situación de movilización, al estado de movilización que la sociedad guarda; a las exigencias que ésta produce a través de distintos voceros. Hemos escuchado a dirigentes empresariales, a dirigentes sindicales, a representantes de las iglesias, a los representantes de las comunidades, a todo mundo lo hemos escuchado exigiendo democracia política plena de México.
Pero también en el bando que se opone a esta demanda, también hay cambios. El propio Presidente de la República, se vio obligado a aceptar públicamente que en México hay un partido del Gobierno. No se trata de un lapsus, no se trata de que hubiera querido decir que hay un partido en el Gobierno y hubiera dicho hay un partido del Gobierno. El contexto de ese discurso, las frases preliminares y las que siguieron a ese señalamiento, no dejan lugar a dudas.
El Presidente de este país, jefe nato del Partido Revolucionario Institucional, reconoció que había un partido del Gobierno y que era necesario cambiarlo. Es algo que todo el pueblo mexicano sabe, por lo demás, pero nunca antes lo habían aceptado públicamente y mucho menos el líder de ese partido político y al mismo tiempo jefe del Estado, el Presidente de la República. Creemos que eso es lo que ahora podría permitir que tuviéramos no una reforma política más, como las que hemos tenido en el pasado, que sólo cambian las condiciones en la superficie, pero que no modifican la esencia del régimen político que vivimos.
Creemos que si en el lado del Gobierno hubiera consecuencia con lo señalado por el líder de su partido, por el jefe nato de su partido, podríamos estar ya en las vísperas de dar a conocer al pueblo mexicano y a las demás naciones que nos observan, que México inicia el tránsito a la democracia.
Desafortunadamente distintos voceros del partido gubernamental, del partido del Gobierno,
han dicho que en México ya hay democracia, que sólo se trata de perfeccionaría y esta opinión se expresa en el nombre de la propia Comisión Plural que se instaló para procesar la reforma política.
Ese es un problema central, porque las fuerzas políticas que existimos en esta Cámara, tenemos una posición distinta en relación con ese gran tema, partimos de premisas distintas. Unas fuerzas partimos de la idea de que en este país es necesario abrir un proceso de transición a la democracia; esa premisa no la acepta el partido mayoritario. Ellos plantean simplemente cambios que no modifiquen la esencia del régimen político.
Y uno se podría preguntar: ¿Si los compañeros del PRI, si el Gobierno Federal y su jefe no cambian de posición, qué tipo de reforma política va a surgir de todos estos trabajos?
¿Otra reforma política que permita que las elecciones del 1994 transcurran en la plena seguridad de que la Presidencia de la República no estará en disputa, aunque ello genere conflictos mil?
¿Una reforma política que tenga que ser revisada otra vez por la siguiente Legislatura, por la que surja de esa elección de 1994, para preparar la siguiente elección del 1997?
Yo creo, señoras y señores, que tenemos que coincidir en que es necesario empujar fuerte para que esta reforma política en preparación sea la definitiva, la que permita que en este país las elecciones se desarrollen en un clima de condiciones igualitarias equitativas, en un clima de respeto a todas las fuerzas, en un clima que permita, por primera vez, que el voto de los ciudadanos decida quién gobierna y en condiciones que hagan posible la alternancia en el poder.
Nosotros aspiramos a que este tipo de reforma política surja de los trabajos que se están desarrollando. Nuestro problema es cómo hacer para arrancar del Gobierno una reforma política como ésta; cómo hacer que el Gobierno tenga la voluntad política para sentarse con seriedad y decir, pactar, más bien y negociar las etapas y los términos de la transición democrática de nuestra patria.
Nosotros creemos que ese es un tema que compete a todos los mexicanos, a todas las fuerzas políticas y sociales, a las personalidades democráticas de este país.
Entendemos que convencer al Gobierno u obligarlo a que pacte esta transición democrática, es un asunto que es responsabilidad de todas las fuerzas políticas, incluyendo, obviamente, a la fuerza que está en el Gobierno, pero a las fuerzas que están en el Gobierno, a las que confluyen en el PRI, pero especialmente a todas las organizaciones que hoy estamos en la oposición, a las personalidades que claman por la democracia.
Por esa razón es que el PRD está haciendo un trabajo muy amplio en todo el país, no solamente los diputados de la fracción parlamentaria federal, todos nuestros diputados locales, las dirigencias estatales de nuestro partido, están difundiendo nuestras propuestas, pero especialmente estamos llamando a que la nación hable, a que la sociedad se haga escuchar, a que la demanda de reforma política trascendental, se escuche con la mayor fuerza en estos momentos, en estos meses; porque es ahora cuando es oportuno que se eleve el tono de la exigencia de que hay una transición democrática en serio.
Y por eso también estamos haciendo un esfuerzo por asistir a cuanto espacio bilateral, multilateral se abre, para el diálogo y la búsqueda de acuerdos y concertaciones.
Estamos impulsando reuniones bilaterales con todas las fuerzas políticas con registro y sin registro. Aceptamos con mucho gusto la invitación que hizo el Partido Acción Nacional para intercambiar opiniones y para conocer sus propuestas.
Lo hicimos porque de ese modo somos consecuentes con los reiterados llamados que ha hecho nuestro partido en los últimos cuatro o cinco años, llamando a acuerdos nacionales por la democracia, llamando a la formación de verdaderos bloques políticos que impongan la reforma tal y como la desea y la necesita la nación mexicana.
Estamos convencidos de que ninguna fuerza política puede decir que es la que encabeza y dirige la lucha por la democracia. Sostenemos que es una exigencia de vastos sectores de la sociedad mexicana, pero creemos que el Partido Acción Nacional, así como el PRD tienen una responsabilidad especial, ¿por qué razón? Por que estamos convencidos de que el Gobierno aspira a tener la anuencia de una de estas dos fuerzas para hacer pasar cambios cosméticos en lugar de cambios definitivos. A eso aspira el Gobierno a que una de estas dos fuerzas le den el aval.
Por esa razón tienen esas dos fuerzas una responsabilidad especial, no por otra cosa. Creemos
que las fuerzas políticas todas son respetables, tienen un papel muy importante que jugar, pero es el Gobierno el que con su conducta del pasado y de hoy, el que les da una especial relevancia.
Quiero...
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo:
(Desde su curul) Señor Presidente, quisiera preguntar al compañero orador si acepta una interpelación?
El Presidente:
Señor diputado, le pregunta el diputado Dromundo si acepta usted una interpelación.
El diputado Raymundo Cárdenas Hernández:
Sí como no.
El Presidente:
Si la acepta señor diputado.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo:
(Desde su curul) Muchas gracias. Ha hecho usted un señalamiento que nos parece sumamente importante, con un gran contenido político. Ha declarado usted que a juicio suyo, compañero diputado Raymundo Cárdenas, el Gobierno espera el aval de una, de dos fuerzas políticas que usted menciona al PAN y a su propio partido.
Yo le preguntaría para un poco mayor de especificidad, ¿en verdad el Gobierno podrá esperar el aval del PRD o sólo de uno de los dos que usted menciona? Le agradecería su definición más específica. Muchas gracias.
El diputado Raymundo Cárdenas Hernández:
Yo creo que hay fuerzas en el Gobierno y en la sociedad que esperarían que el PRD se corresponsabilizara de la reforma política. Creo que el propio Gobierno por imagen internacional, por las condiciones nacionales y del mundo, esperaría eso y quisiera eso y nosotros lo decimos con franqueza, nosotros no apostamos a que las elecciones de 1994 se den en un marco de conflictos crecientes y produzcan mayores conflictos. No aspiramos al desastre.
Nosotros decimos con claridad, quisiéramos corresponsabilizarnos de la reforma política y se lo decimos al Gobierno y de cara a la nación: estamos dispuestos a corresponsabilizarnos de la reforma política. A condición de que , no sea una reforma cosmética, a que sea de tal magnitud que corresponda con todas sus consecuencias a lo señalado por el Presidente de que el Partido Revolucionario Institucional es un partido del Gobierno.
Queremos consecuencia democrática. Queremos que el aparente deseo de rectificación contenido en las palabras presidenciales, se demuestre en los hechos. ¿Eso qué significa? Significa establecer reglas claras, mecanismos tangibles comprobables para evitar que el Gobierno se siga disfrazando de partido y compita en igualdad de condiciones, de una vez por todas con todos los partidos.
Aspiramos a que en 1994, por primera vez el PRI compita como un verdadero partido, a eso aspiramos. ¿Cómo hacerle? ¿Compañeros: de qué reforma estamos hablando? Podemos discutirlo, lo estamos haciendo sobre el financiamiento. Estoy seguro que podremos llegar a acuerdos sobre cuánto deben recibir los partidos por financiamiento público o vía privada, podemos llegar a acuerdos sobre cuánto debe ser el tope de una campaña de diputado o de senador o de Presidente de la República.
¿Pero, cómo resolvemos el hecho de que hoy en mi Estado, igual creo en todos los estados de la República, los promotores de desarrollo rural, todos los encargados de todos los programas de Pronasol, son al mismo tiempo los responsables de la gestoría del Partido Revolucionario Institucional? ¿Cómo le vamos a hacer para evitar que el Gobierno comprometa los votos a través de la obra pública y de la acción gubernamental en su conjunto?
¿Cómo le vamos a hacer para que el concesionario de una estación de radio y pongo un nombre, el señor Torres de la XEYQ de Fresnillo no me vuelva a decir a mi, diputado federal: no le permito hablar en mi estación porque lo que usted va a decir contra el Tratado de Libre Comercio lastima a México y a mí el Gobierno me puede quitar la concesión si lo dejo hablar?
¿Cómo le vamos a hacer para eso, si el Gobierno - PRI sigue teniendo en sus manos el poder de negar o de aceptar las solicitudes de concesión de medios de comunicación? Tiene el monopolio para dar las placas de taxis, de combis y de todas las miles de formas de corporativismo que existen en este país.
Vamos a hablar de todo eso. Hemos presentado propuestas claras, hemos dicho para que los funcionarios en serio no pasen dinero de contrabando al PRI, que la Contaduría Mayor de Hacienda esté en manos de la primera fuerza opositora o de la segunda fuerza en la Cámara de Diputados y que la presidencia de la Comisión de Vigilancia, esté en manos de la tercera fuerza, igual en los estados de la República. ¿Cómo vamos a evitar que los presidentes municipales pongan vehículos, personal, todo a la disposición de los candidatos del PRI si finalmente las cuentas públicas la revisan la misma gente del PRI en los congresos de los estados?
Ahí está el problema central, eliminemos la condición de partido del Gobierno del PRI y ése será el gozne que divida a una época de otra, de nuestra nación. Porque terminando con esa condición de partido de Estado del PRI, podríamos atacar el otro gran soporte del régimen político que hoy vivimos que es el presidencialismo.
Creemos que, ciudadanos diputados, es vergonzoso, que a estas alturas del desarrollo de la democracia en el mundo que en México el Presidente de la República tenga tantos poderes; que sea desde Los Pinos donde se quiten y pongan gobernadores, 12 gobernadores de México lo atestiguan.
Creemos que ya es inaceptable y debiera de serlo para los propios priístas, que sea el Presidente de la República, el que ponga al presidente de su partido en su posición, el que decida quién es el líder de la mayoría parlamentaria. Es inaceptable; es vergonzoso para México en la comunidad de naciones, que desde las oficinas del gobernador del Estado, surjan también los nombramientos de quiénes son los dirigentes en los estados del PRI; y que de ahí surjan también obviamente, los recursos públicos para mantener ese aparato.
Llamamos pues a todas las fuerzas políticas de este país, para que exijamos con la mayor responsabilidad que el Gobierno ponga por delante la voluntad política para que haya en este país una verdadera transición.
Y creo que el pueblo de México está atento al comportamiento de las fuerzas; seguramente que no va a ser aceptable una reforma como la del 1989-1990. Yo sostengo que la fuerza que aceptara una reforma cosmética a cambio de simples prebendas, como en algunos casos se da o a cambio de la promesa de aperturas graduales que finalmente se pueden revertir rápidamente, si alguna fuerza incurre en ese error, además de que será un error histórico, yo estoy seguro que el pueblo de México se los cobrará muy caro. ¡Muy caro!, porque ya hay la conciencia pública suficiente para que el pueblo entienda que otra reforma política más, será muy costosa para la nación. Lo que el pueblo de México quiere es la reforma política, con mayúsculas, la definitiva. A esa reforma política es a la que aspira el PRD.
Y reiteramos nuestro planteamiento: iremos a cuanto foro bilateral, multilateral se abra, al nivel que sea necesario, para discutir esto. Que no se diga después, que el PRD se aisló, que el PRD se negó a buscar formas de lucha política pacífica, que le den a este país, al pueblo de México, orgullo.
Sostenemos que nuestro pueblo merece un nuevo régimen; sostenemos que el pueblo mexicano va a conquistar ese nuevo régimen que le permita ejercer su soberanía. Gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el señor diputado Gabriel Jiménez Remus, del Partido Acción Nacional, para referirse al mismo tema.
El diputado Enrique Gabriel Jiménez Remus:
Señor Presidente; señoras y señores diputados:
He solicitado el uso de la palabra para referirme concretamente a la intervención del señor diputado don Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.
Cuando se inicia el tema por el diputado Amezcua, en relación con la reforma política, me extrañé, puesto que él mismo acepta que los trabajos de la comisión pluripartidista que está tratando este tema, ha ido avanzando parcialmente. Pero conforme avanzó el discurso de don Cuauhtémoc y como terminó, bueno, pues no me cabe la menor duda que fue un magnífico pretexto para agredir al Partido Acción Nacional.
Evidentemente, señor Amezcua, habrá temas irreconocibles en esta reforma política,
entre el Partido Acción Nacional y el Partido Popular Socialista.
Y usted ha tocado algunos, entre ellos, la reforma al artículo 82 constitucional, entre otros, los porcentajes que nosotros estamos proponiendo para el registro definitivo de los partidos y la participación en la Cámara de Diputados, también entre otros. Pero éste no será el tema, porque creo que estaríamos adelantando el debate y podríamos interferir en eventuales posibilidades de llegar a acuerdos consensuales.
Pero usted dice que nosotros tenemos una visión democrática selectiva, puesto que hemos convocado al Gobierno, al Partido Revolucionario Institucional y al Partido de la Revolución Democrática, para seguir hablando de una reforma integral, no solamente desde el punto de vista formal, sino más importante, la convivencia de todos los mexicanos en un régimen democrático.
No pretendemos, como usted afirma, don Cuauhtémoc, sacar el debate de la Cámara de Diputados; pero bueno, cualquier persona con buena fe y rectitud de intención entiende que el ejercicio de la política en un partido político, es fundamentalmente el diálogo con todas las fuerzas políticas de México. Es decir, tan hemos aceptado que sea la Cámara de Diputados el recinto y el espacio natural para el debate sobre la reforma política, que estamos formando parte de esta Comisión Pluripartidista y estamos los seis partidos políticos y estamos conviviendo incluso con el Partido Popular Socialista en esta mesa de deliberaciones.
Yo no sé si es reclamo el que hace don Cuauhtémoc Amezcua, porque no los invitamos a ellos, o es un sentimiento precisamente, porque fuimos omisos en invitarlos; pero ¿quién le entiende, don Cuauhtémoc?, si el discurso tradicional del Partido Popular Socialista siempre ha sido en contra de Acción Nacional; es un empecinamiento en agredirnos desde la fundación de su partido y ahora quieren que convivamos en estas deliberaciones. ¡Yo no lo entiendo, sinceramente..! Si tanto nos odian, si tanto nos aborrecen, ahora ¿por qué se sienten ofendidos porque no están convocados por Acción Nacional en este debate público que queremos hacer, como dice Raymundo Cárdenas, de frente a la nación?
No buscamos arreglos electorales inmediatos en las próximas elecciones ni mucho menos; no somos tan tontos, don Cuauhtémoc. Por otra parte, para llegar a arreglos secretos con el Gobierno, teniendo de testigos al PRD ¡Por favor! Haríamos arreglos secretos solos, ¿para qué queremos testigos de la calidad del PRD, por ejemplo?
¡No! ¡No! Yo creo que aquí la visión deformada y deformante que usted vino a plantear a la tribuna, con todo respeto, Cuauhtémoc, es en el sentido de que aprovechó también para hacer una serie de pronósticos de la derrota de Acción Nacional, porque no es el mismo escenario político de 1988 y otras cosas. Bueno, yo simplemente me atengo a los resultados en votos, don Cuauhtémoc, de uno de otro partido político en 1988 y también en 1994.
Yo creo que por rectitud de intención y con buena fe, Acción Nacional está haciendo el esfuerzo serio para hablar. Pues si no somos de otra galaxia, don Cuauhtémoc; tenemos que hablar forzosamente como partido político, con el Gobierno; tenemos que hablar con las principales fuerzas políticas de México. El hecho de que su partido no se sienta llamado por Acción Nacional, sinceramente, con todo respeto y con mucho afecto, Cuauhtémoc, no le da a usted derecho de venir a agredir a Acción Nacional. Somos un partido que hemos actuado con toda limpieza y hemos defendido la democracia como cualquier otro mexicano, para que usted venga impunemente y yo me siento también, como miembro del Partido Acción Nacional, ofendido; nosotros no somos transeros. Queremos convocar a las fuerzas reales de México, para hablar de la democracia en serio, para que de una vez y para siempre, tengamos una reforma política democrática. Pero de eso a que usted llegue a conclusiones oscuras que estamos en la trastienda arreglándonos con el Gobierno, ¡perdóneme! ¡está usted equivocado don Cuauhtémoc!
Con permiso; muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Amezcua Dromundo.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo:
Quiero decirle al señor diputado Gabriel Jiménez Remus, que no se trata de odios ni de rencores, no es un problema de animosidades de carácter personal, ni grupal. Es un problema de análisis político. Es un problema de lucha política. No tiene otro carácter.
Tampoco está en la realidad de la posición de mí partido, ni mía en lo personal en modo alguno,
ninguna actitud de resentimiento porque su partido no haya considerado conveniente invitarnos a discutir sobre estos temas de la reforma política y demás conexos a los mismos.
No, no, en lo absoluto. Nosotros entendemos perfectamente que es el derecho de cada quien el de escoger a sus amigos, el de decidir con quiénes desea compartir el café o la mesa y de ninguna manera nos molesta el que no estemos en esa selecta lista. No, no, en lo absoluto.
Es un problema de análisis político y creo que lo expresé con bastante claridad.
Sin embargo, yo esta vez me apoyaría en una expresión justa del diputado Jiménez Remus, expresada también hace unos momentos aquí en esta misma tribuna. Dijo el señor diputado que los problemas políticos, que los problemas de la reforma política no es textual la cita, es de contenido, no se pueden ventilar si no es en diálogo con todas las fuerzas políticas. Eso yo lo suscribiría. Esa es tesis nuestra también; esa la compartiría totalmente. Pero ahí es exactamente donde vemos la contradicción que amerita el análisis y la valoración política.
Si está el escenario para el debate, si costó tanto trabajo llegar a ese escenario, el correcto, el justo, que es el de la Cámara de Diputados. Si por la primera vez creamos un escenario y unas condiciones tales para que no viniera una iniciativa del Ejecutivo y pudiéramos aquí las fuerzas políticas reales discutir y buscar acercamientos y consensos y llegar a acuerdos y, si aquí se está dando el debate, el diálogo, entre todas las fuerzas políticas reales, ¿cómo entender políticamente que en este mismo momento se encime a este proceso que aquí se está dando, una propuesta como ésa, de reunirse por separado, sólo con tales y cuales interlocutores, ya no con todas las fuerzas políticas reales? ¿Al mismo tiempo y por separado, cómo entenderlo?
¿Se quiere negociar aparte y buscar aparte, amarrar compromisos aparte para que después se reflejen aquí simplemente? ¿Es eso? Si es eso, está exactamente en el contexto de la evaluación, de la valoración que yo expresé en esta tribuna y es exactamente lo que yo denuncio, porque me parece extremadamente incorrecto.
¿Se trata de qué? Yo he leído, yo he seguido esto con mucha atención, he leído declaraciones del presidente de su partido, Carlos Castillo Peraza, alguna vez fue compañero nuestro también aquí en la Cámara de Diputados, compartimos con él este escenario, he leído declaraciones de él, donde él señala que en aquel otro diálogo con esos otros interlocutores selectos no sólo se trataría el problema jurídico, el problema de la reforma a las leyes, sino se tratarían otros temas políticos, de la transición.
¿Cómo entender esto? Yo hacía una comparación en paralelo al diálogo que se dio en 1988 y al diálogo que se dio en 1989 y cuyos frutos de ninguna manera en los hechos reflejan que haya habido transparencia o que haya habido rectitud y buena fe.
¿Es ese problema, el de la valoración política, el que nos trajo a esta tribuna? Nos parece que es un momento muy oportuno, hoy cuando estamos terminando una ronda, una fase del trabajo de la Comisión Plural, hacer este tipo de valoraciones y trazar nuestra perspectiva y, reitero, nosotros la valoramos como positiva. Muchas gracias.
El diputado Enrique Gabriel Jiménez Remus:
(Desde su curul) Señor Presidente, pido la palabra para alusiones personales.
El Presidente:
Para contestar alusiones personales, tiene usted la palabra hasta por cinco minutos.
El diputado Enrique Gabriel Jiménez Remus:
Señor Presidente; señoras y señores diputados:
Dice el señor diputado Cuauhtémoc Amezcua que suscribiría mi afirmación anterior en el sentido del diálogo del Partido Acción Nacional con todas las fuerzas políticas. Me parece que es excepcional esta afirmación por su parte Cuauhtémoc, porque del discurso tradicional de su partido, hasta la fecha, cuando ustedes convocan a lo que les llaman las fuerzas democráticas, revolucionarias, de avanzada, siempre hacen la excepción: ¡menos Acción Nacional!; siempre ponen especial énfasis y acentúan el hecho de excluir al Partido Acción Nacional en lo que ustedes llaman las fuerzas democráticas de México.
Entonces, no entiendo cómo por primera ocasión dice usted que está de acuerdo en participar con todas las fuerzas políticas, lo que yo intuyo también incluye a Acción Nacional.
¡Ustedes nunca han querido diálogo con Acción Nacional!, incluso aceptando nuestras profundas diferencias de concepto, de nación y de sociedad. En temas de democracia, de reforma política, siempre tienen la prevención de excluir a Acción Nacional. ¿Qué quiere decir entonces?, ¿qué solamente el diálogo que ustedes tuvieran con el Gobierno o que solamente ustedes, autores de una reforma, sería la buena para México? ¿Son ustedes privativos del bien común de México?; ¿solamente lo que ustedes hacen con las fuerzas democráticas y revolucionarias de México, es lo único que sirve para la democracia en México?; ¿no son ustedes precisamente los que han excluido anteriormente a mi partido? Eso también se llama maniqueísmo Cuauhtémoc.
¡Nosotros nos han puesto ustedes los peores calificativos del mundo!, ¿y todavía quieren diálogo con nosotros?, no lo entiendo, ¡sigo sin entender! Y tiene usted razón en una cosa que acaba de decir, que nosotros nos dirigimos a las fuerzas reales más importantes de México. Pues sinceramente no creo por qué tenga que sentirse. ¡También nosotros tenemos el derecho, como partido político, para que con nuestro propio criterio, saber o decidir cuáles son las fuerzas políticas más importantes de México y con todo respeto, en este momento, creemos que el Partido Popular no es fuerza importante en México; ¡hablando claro!.
Si la exhortación del Partido Popular y concretamente de usted Cuauhtémoc, fuera en otro tono, con una exhortación más positiva para poder entre todos lograr el cambio, que seguramente habrá coincidencias con ustedes, ¡caray!, esto cambiaría el panorama.
Pero que conste que el maniqueísmo empezó por usted, por su partido y no por nosotros e insisto, no queremos sacar el debate de la Cámara de Diputados, pero sí nos obliga como mexicanos y como políticos el diálogo dentro y fuera de la Cámara de Diputados, para hablar del tema electoral y de otros temas también pero de cara a la nación, no tenemos por qué ocultarnos, porque nos obliga el diálogo permanente diría yo, dentro y fuera de la Cámara y claro, no crea que yo tomé el agravio como dice usted, como una afrenta entre amigos, no, hay disparidad de criterios, pero sí me molesta Cuauhtémoc que aproveche usted el tema de la reforma electoral para que monda y lirondamente nos enjarete unas etiquetas que sinceramente no merecemos. Muchas gracias.
El Presidente:
Para contestar alusiones personales tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Amezcua.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo:
El compañero diputado Jiménez Remus se duele de las agresiones de las que dice ha sido permanentemente objeto su partido por parte del mío; yo creo que ahí entramos a un terreno poco difícil de evaluar, de qué lado, para cuál han sido mayores o primero, iniciales o más fuertes las agresiones y yo pondría como testigo de calidad, como actor muy importante en esto, al coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, al diputado Diego Fernández de Cevallos, quien se ha distinguido por un rico manejo de los adjetivos tendientes a descalificar y a agredir al PPS, eso sería entrar a un terreno bastante complicado para evaluar esto de las agresiones.
Interesa puntualizar como una cuestión más de fondo y más de contenido, el problema de las inclusiones y de las exclusiones de interlocutores; tiene razón el diputado Jiménez Remus cuando trae a la memoria el hecho de que cada vez que el PPS convoca a las fuerzas patrióticas, democráticas, progresistas y antiimperialistas, preciso los adjetivos, todos con los que definimos a las fuerzas que convocamos, nunca incluimos al PAN. Es que en efecto, valorando los juicios programáticos, los pronunciamientos, los discursos, los planteamientos del PAN, no creemos que encaje en esta definición de fuerzas políticas.
Cuando hablamos de la necesidad de crear un frente común con una serie de fuerzas con las que compartimos concepciones, tesis programáticas, nunca incluimos al PAN, porque consideramos que no es una de las fuerzas con las que tengamos ese tipo de coincidencias o de convergencias, pero es cuando hablamos de crear un frente común, de buscar a nuestros afines, a aquellos que tienen ciertos aspectos importantes sobre los cuales se puede fincar un trabajo común de carácter político y programático.
Caso distinto cuando hablamos de debatir para legislar, en ese caso somos todas las fuerzas las que tenemos que hacerlo, no sólo aquellas que tienen coincidencia con nosotros, no se trata de establecer una alianza para avanzar en ciertos aspectos comunes, con un denominador común, sino se trata justamente de eso, de debatir, de que cada quien exponga sus puntos de vista, sus posiciones, las concepciones de la clase social que representa, sus juicios y de confrontar y de
buscar los consensos y de establecer los disensos y es el caso del debate para la reforma político - electoral que estamos discutiendo; por eso en modo alguno hemos ni siquiera intentado impugnar la presencia de Acción Nacional, sería un absurdo; qué bueno que ahí estamos las seis fuerzas políticas discutiéndolo y no sólo en ese caso aquí en esta tribuna, en las comisiones de trabajo de la Cámara, en esta LV Legislatura y en las anteriores, siempre hemos estado juntos discutiendo.
Diría nuestro pueblo "juntos pero no revueltos", juntos con muchas discrepancias y muchos jaloneos y muchos enfrentamientos, que es lógico que ocurran, puesto que nuestras discrepancias filosóficas son tan profundas y puesto que los intereses de clase que representamos también lo son. Pero para eso son estos foros de carácter plural; ahí es donde no vemos por qué una elección de ese carácter, a menos que ustedes estuvieran suponiendo de acuerdo con el símil que usted hacía de los llamados que nosotros hacemos a las fuerzas democráticas, patrióticas, antiimperialistas, progresistas, para hacer alianza, que usted estuviera considerando que hay afinidad entre Acción Nacional, el Gobierno, el PRI y el PRD.
Ese sería un símil, válido pero como creo que no es eso lo que está en su concepción ni en su discurso, entonces no veo la validez de su expresión anterior Muchas gracias.
El Presidente:
Para contestar alusiones personales, tiene la palabra el diputado Diego Fernández de Cevallos.
El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos:
Señor Presidente; señores legisladores.
Todos aquí conocemos y reconocemos la caballerosidad que suele distinguir en su trabajo político al señor diputado Amezcua y eso facilita hacer un esfuerzo para poner un punto final a este debate que no va a conducir por lo visto a nada trascendente.
Son posicionamientos y actitudes de mucho tiempo atrás y por más que nosotros hemos tratado de superarlas, no vemos ningún esfuerzo concreto del Partido Popular para buscar en serio un acercamiento de diálogo con Acción Nacional.
¡Qué bueno que me aludió! Porque me la oportunidad de hacer algunas precisiones. Yo recuerdo que en esa impugnada reforma política del pasado, algunos miembros de Acción Nacional hicimos en la entonces Comisión Federal Electoral y después en el IFE, esfuerzos muy importantes por buscar un diálogo de partido a partido con el Popular Socialista.
Después de mucha insistencia, logramos un gran éxito que esta Cámara debe de saber. Aceptó el Partido Popular, recibir a un grupo de panistas en sus oficinas centrales que se ubican en la Avenida Alvaro Obregón. Se señaló señor diputado, día y hora; era por cierto una noche y éste que habla en la tribuna, acudió a la cita puntual con el grupo de compañeros de mi partido.
Sólo nos encontramos un edificio a obscuras y con un conserje que interrogaba a los presentes, el motivo de nuestra comparecencia. Nadie estuvo de su partido ahí para dialogar con sus invitados.
Esto podrá ser sólo un incidente, pero refleja el fondo de siempre, de su partido, si así le podemos llamar.
Lo cierto, es que no se trata de calificativos o de adjetivos injuriosos los que solemos contra su institución o su grupo, lo que sucede es que como se suele decir, ya estaban impuestos en otras legislaturas, en el pasado político reciente, a decirnos aquí y donde fuera, lo que les venía en gana.
Y la política de nuestro partido era, entonces, porque así había de decidirlo quien lo tenía que decidir, de no responderles, y se habían acostumbrado. Lo que ha pasado es que ahora, será porque les hemos cogido cariño, pero solemos estar atentos a sus enunciados, a sus reclamos, a sus acusaciones y "donde las dan las toman y donde nos buscan nos encuentran".
Quiero decirle que ese es el fondo del asunto, ya se habían acostumbrado a tomar a Acción Nacional para descalificarlo en todo y por todo, como lo ha dicho aquí el diputado jalisciense y ahora que les respondemos, se quejan y se incomodan; pero históricamente no ha sido Acción Nacional el que ha golpeado al PPS y prueba de ello que en múltiples debates que confrontamos con quien ustedes dicen que tenemos alianzas y arreglos y acomodos y componendas, pero la Cámara conoce que siempre que tenemos
un debate fuerte con el PRI, increíblemente aparece el Partido Popular Socialista a combatir a Acción Nacional.
Yo quiero decirle que de acuerdo con su dicho, nosotros somos los de la componenda y los de las alianzas, pero a la hora del debate político, los que tratan de sacar las castañas del fuego, son ustedes, cuando tenemos un debate con el Revolucionario Institucional.
Y lo que ha dicho aquí mi compañero Jiménez Remus es de todos conocido. Si usted acaba de afirmar en esta tribuna que el problema es de análisis y de conceptualización política, yo le pregunto, señor diputado, ¿por qué sólo ustedes tienen derecho a analizar, a evaluar una invitación o un llamamiento y nosotros como partido no podemos hacer lo propio?
Yo voy más allá y no lo tome como injuria, no creo que Acción Nacional, después de haber aceptado como partido político y como fracción parlamentaria, participar con ustedes, también en los foros institucionales que se han abierto en esta Cámara, no sé por qué no pueda invitar a otros interlocutores, como cuando ustedes invitan a esas fuerzas que les llaman recontrapatrióticas y nosotros nunca nos hemos malpuesto con ustedes porque no nos hayan invitado y siempre en política y en todos los ámbitos de la vida, cada quien tiene derecho a invitar a quien le venga en gana. Mal haríamos nosotros como partido político, que por prejuicios o antagonismos, válidos o no, contra ustedes, nos negáramos a platicar o a discutir aquí o en los foros que la propia Cámara ha acordado y ahí hemos asistido y hemos discutido de igual a igual y no les quitamos ni presencia ni autoridad a su dicho; lo único que sucede es que si somos claros, no nos exijan que después de discutir aquí, tengamos que discutir con ustedes en todas partes.
¿Por qué? ¿A título de qué se nos exige? Tenemos todo el derecho del mundo, después de haber cumplido aquí, del afuera hablar con quien nos venga en gana, como ustedes lo hacen cuando así quieren. ¿Qué lo revolucionario y lo democrático y lo patriótico y lo antiimperialista, se da en función del propio calificativo? ¿Ustedes son revolucionarios y patrióticos porque así se califican? ¿Nosotros no somos patrióticos ni auténticos mexicanos porque ustedes no nos quieren dar ese carácter?
Pues miren, si a esas nos vamos, ustedes no salen muy bien, porque desde su nombre empiezan sus mentiras, se llaman Partido Popular. Históricamente las elecciones, las ánforas, los votos, demuestran que pueden tener muchas virtudes, menos ser un partido popular. Gracias.
El Presidente:
¿Con qué objeto, señor diputado? Para contestar alusiones personales tiene la palabra.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo:
Resulta un ejercicio difícil el de en pocos minutos, los que el reglamento nos permite en términos del artículo 102, abordar tantos y tan diversos temas como los que tocó el diputado Diego Fernández de Cevallos y por eso seguramente incurrió, no podría ser de otra manera, pellizcar apenas de manera ligera, cinco, seis o siete temas.
Algunos ya han sido reiterativos, sin embargo insistió en ellos el diputado Fernández de Cevallos. Yo también le reiteraría, de una manera muy breve y rápida, no estamos molestos porque no nos inviten a dialogar; no esperamos que se reúnan con nosotros fuera del recinto parlamentario, no está en nuestra expectativa ni en nuestro interés que eso ocurra. Les reconocemos el derecho de invitar y de reunirse con quien ustedes quieran y les reconocemos el derecho de evaluar políticamente esas reuniones como ustedes lo consideren adecuado, como nosotros estamos evaluando esas reuniones a las que ustedes convocan, examinando cuál sea su carga política, cuál sea su contenido político, cuáles puedan ser sus intereses o sus repercusiones. Todo esto se lo reconocemos, no regateamos en absoluto ninguno de esos derechos.
El carácter popular de una fuerza política, mal podría medirse por los resultados en las urnas, cuando aquí mismo hemos expresado de la enorme iniquidad que hay para que el mensaje, para que la imagen para que la oferta política de unas y otras fuerzas se difunda. Es como si quisiéramos medir la capacidad de un corredor por los kilómetros que ha avanzado cuando le hemos atado los pies con grilletes.
El carácter popular de una fuerza se determina por los intereses que representa, por la lealtad con que los defiende y nosotros defendemos intereses de las capas populares de la población. No tenemos un solo empresario, no solo magnate, un solo explotador del trabajo ajeno entre los miembros del partido ni en las filas de nuestra organización. Eso nos da el legítimo derecho de llamarnos un partido popular y un partido de la clase obrera.
Tampoco nos molesta esta clase de frases pretendidamente descalificadoras, porque en lo absoluto nos queda a la medida la prenda que intenta preparar.
Yo quisiera mas bien abordar con especial interés otro de los aspectos de su discurso señor diputado Fernández de Cevallos. Usted ha señalado que en algún tiempo tuvieron ustedes por táctica el no contestar a nuestros discursos y que hoy tienen por táctica distinta la de sí hacerlo. ¡Qué bueno! Eso también lo valoramos. Ahí tenemos otro punto de coincidencia. Cuesta trabajo encontrarlos.
Nosotros valoramos en mucho el diálogo con todas las fuerzas políticas, con todas, y sobre todo con nuestros adversarios. Yo hace rato hacía la distinción del llamado que hacemos a las fuerzas, no recontrapatrióticas, tampoco hay que ironizar en exceso a las fuerzas democráticas, a las fuerzas con las que tenemos coincidencias y distinguir a que llamamos a ésas justamente para buscar acercamientos y alianzas, pero no es a las únicas con las que tenemos interés de dialogar o de debatir. Nos interesa mucho el debate con los adversarios. Nos interesa mucho sobre todo el debate de ideas, el debate de contenido, el debate de análisis, el debate de propuestas, el debate de conceptos. Entendemos que no hay otra forma de construir el futuro de México y ¿qué nos ganaríamos con debatir ideas con nuestros compañeros y correligionarios si coincidiríamos con ellos en todo? Al revés, es del choque dialéctico, es de la confrontación de ideas contra ideas opuestas de donde estimamos que sale la luz que ha de alumbrar el futuro de México.
Nos gusta mucho que ustedes hayan cambiado de táctica y que decidan debatir; no nos gusta y lo rechazamos cada vez que nos vamos por la vía fácil de la ironía excesiva o del adjetivo excluyente, porque no se trata de descalificarnos. Ustedes a veces tratan de vernos con desdén, en función de la votación que se nos atribuye en las condiciones extremadamente inequitativas y adversas en que nos movemos y, bueno, eso es un poco tomar cierto papel, como aquel dicho de que alguien veía pequeñitos y orejones a los ratones, no sé si la barba ahora recortada pretenda usted que lo asemeje ni más ni menos al Creador, ya no a Maximiliano, como en otros tiempos. Le agradezco mucho su atención.
El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos:
(Desde su curul) Señor Presidente, pido la palabra para alusiones personales.
El Presidente:
Para contestar alusiones personales, tiene la palabra el diputado Diego Fernández de Cevallos.
El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos:
Señor Presidente; señores legisladores:
En mi intervención anterior dije con toda sinceridad, porque así lo creo, que derivado del trato constante con los señores del PPS, aquí en esta Cámara, como se dice comúnmente, les hemos cogido cariño, lo que ya no me parece es que como punto de referencia, se permita el señor diputado del Partido Popular Socialista, se permita hablar de pellizcos, si es necesario retiro lo dicho.
Pero cuando yo he comparado el aspecto de votaciones como un punto de referencia para saber si son o no un partido popular, obviamente no tendría yo el atrevimiento de suponer que en esa comparación habría de partir de los votos que acumula, a la buena o a la mala, el partido mayoritario. No me he referido al voto oficialista, yo me refiero a los votos de los demás partidos de oposición y éste sí es un parámetro que puede servir de algo aunque no lo sea todo. Pero por otro lado a mi no me preocuparía que usted dijera que los magnates no se afilian a su partido, porque los magnates de este país, como de todo el mundo, pueden ser buenos o malos, una veces, la mayoría, y con justa razón, se les acusa de perversos y de bribones pero no de tontos, no podrían pues afiliarse a una institución que está anclada en un pasado que ya de tanto polvo no se puede percibir.
Pero por otro lado, lo que a ustedes como Partido Popular, sí les debería de preocupar, es que tampoco se afilien trabajadores. Eso es lo alarmante. Usted no nos venga a decir a esta tribuna que nos afilian a su partido los reaccionarios, los adinerados, los magnates.
Yo creo que después de tantos años y con el foro político que de todas maneras la realidad les ha brindado a ustedes como a nosotros, ya era tiempo de que las multitudes de pobres que
tanto se protegen con sus tesis y con sus pronunciamientos y con sus defensas, llevaran las plazas, que muy frecuentemente llena Acción Nacional.
Lo que sucede, sin ironía excesiva, es que ustedes más que un partido político son un buró político y esto no exceso de ironía, es fría realidad.
Por último, es la primera ocasión que en esta tribuna se hace referencia a mi barba.
Le quiero decir, con todo comedimiento, que la barba, como usted debe de saber, es sólo uno de los caracteres sexuales del hombre. ¡No se preocupe!
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo:
(Desde su curul) Señor Presidente, pido la palabra para alusiones personales.
El Presidente:
Para contestar alusiones personales tiene la palabra el diputado Amezcua y posteriormente para rectificar hechos el diputado Israel González Arreguín.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo:
El tema inicial quizá valiera la pena recordarlo, era la reforma política.
Ahora hemos ido moviendo mucho el escenario.
Yo quisiera decirle al señor diputado Diego Fernández de Cevallos, que el hecho de que no milite ningún empresario en el partido, es un hecho real, no lo dije con ningún ánimo peyorativo ni de molestarlo a él ni a su partido.
El mío es un partido integrado sólo por trabajadores, todos los que integramos el partido, todos sus miembros, de base, de dirigentes, somos gente que se gana la vida con su propio esfuerzo personal, que así lo hemos hecho todos. Es una característica.
No es parte del debate, ni lo plantee aquí para molestar al Partido Acción Nacional.
Son cientos de miles de compañeros que merecen respeto; no son, de ninguna manera, un buró político, expresado así como lo hace con tanto desdén.
Y tampoco somos, no se puede decir eso, ni sustentar en ningún argumento, un partido anclado en el pasado ni empolvado.
¿Qué puede ser más moderno: Plantear tesis que ya planteaba José Ives Limantour o Porfirio Díaz y decir que esas son las concepciones modernas, renovadoras o modernizadoras en México?
¿Plantear tesis, hablando del escenario del mundo, de economía de mercado, poniendo los ojos en Adam Smith?
Yo creo que muy difícilmente se puede buscar alguno de los aspectos ideológicos o programáticos del Partido Popular Socialista, alguno siquiera, así fuera la casualidad y sustentar con algún serio, la afirmación de que sea algo que mire al pasado. No, no es por esa razón por la que no haya empresarios en el seno del Partido Popular Socialista, es por razones de carácter ideológico y programático; es por razones de intereses de clase, de concepciones filosóficas, de concepciones ideológicas.
Sí, tiene usted razón en la afirmación de que los empresarios serán bribones pero no son tontos y no pueden estar en las filas de un partido que defiende los intereses de los trabajadores. Esa es la razón, no es otra, no es problema de antigüedades o de modernidades.
Y, por último, la alusión a su barba como un símbolo de su sexualidad, bueno, pues son cuestiones de carácter puramente personal. Ojalá no tuviera usted que andar recurriendo a ellas de manera pública, pero son terrenos en los que yo no me meto.
El Presidente:
Para rectificar hechos tiene la palabra el diputado Israel González Arreguín.
El diputado Israel González Arreguín:
Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:
Nosotros consideramos que este debate se ha desviado. No se discute el derecho que asiste a un partido, cualquiera que éste sea, a convocar o reunirse con el partido o con las fuerzas de su preferencia; se discute un hecho muy concreto frente a una discusión particular, frente a una realidad que mientras aquí al interior se pretendía descalificar a fuerzas políticas, ahí en
el Salón de Protocolo, se estaba escuchando a fuerzas que han conseguido su registro por primera, segunda o tercera ocasión, estaban dando sus puntos de vista sobre la reforma electoral.
Todos los partidos políticos hemos pactado para discutir este tema en un escenario y con unos actores. Hemos creado una Comisión Plural en esta Cámara y hemos establecido la participación de los partidos como interlocutores, pero esta concertación inicial se violenta o distorsiona cuando se dan los siguientes hechos:
Primero. El Partido Acción Nacional abandona la Comisión Plural utilizando un pretexto magnífico por el hecho de que le interesó abandonar este foro.
Eso no significa que el PAN no discute, sino que lo hizo para llevarse la discusión a otra mesa, a otro lado, para poder estar en condiciones de convocar sólo al PRI y al PRD y al mismo tiempo hace una campaña para debilitar moralmente y luego políticamente a los partidos, porque los considera minoritarios.
Yo quisiera decirles, ésta es consecuencia de una elección, la que está en puerta en 1994, que fue la de 1988 y, en 1988, nosotros, estas fuerzas, fuimos la segunda fuerza política nacional y el PAN es tercero, si se tratara de descalificar, podríamos empezar por otro lado.
El PAN busca convertirse en el único interlocutor por excelencia de la reforma política frente al Gobierno y al PRI, eso es válido como estrategia política. Lo que denunciamos nosotros es que lo hacen desde posiciones antidemocráticas que no sirven a la nación y a eso nos oponemos. Sus propuestas son antidemocráticas al plantear el bipartidismo o el tripartidismo como única y exclusiva alternativa. Muchas gracias.
El diputado Jorge Uscanga Escobar:
(Desde su curul) Pido la palabra, señor Presidente.
El Presidente:
¿Con qué objeto, señor diputado?
El diputado Jorge Uscanga Escobar:
(Desde su curul) Para rectificar hechos.
El Presidente:
Para rectificar hechos. Adelante.
El diputado Jorge Uscanga Escobar:
Con su permiso señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Somos una sociedad y nosotros como diputados y como partidos políticos que nos encontramos en la Cámara somos una sociedad con rasgos distintivos de consenso y disenso.
Este debate en donde de una manera directa participan todas las corrientes políticas nacionales a través de sus partidos, nos da una muestra clara de lo que es el sentido de la democracia: escuchar, participar, no coincidir a veces en puntos de vista, pero eso es lo que le da esencia de lo que es una democracia.
Nosotros pensamos que en nuestro país sí hay democracia, que la ha habido, que todas las fuerzas políticas buscamos la posibilidad de perfeccionarla, eso es cierto, eso es valedero y qué bueno que sea así, tan es así que en el seno de esta Cámara se integró la Comisión Plural de Consolidación de la Democracia, de Consolidación, es decir, que todos los partidos aceptamos que vivimos en una democracia que deseamos perfeccionarla todos.
Sentimos que en virtud de esta democracia, está la presencia de gobernadores, de partidos de oposición, cubriendo casi el 10% de toda la población nacional, de alcaldes, de muchos alcaldes, de todos los partidos, de diputados locales, de diputados federales, de senadores que han participado y con su esfuerzo y con el voto ciudadano, han ganado su lugar dentro de nuestro sistema democrático.
Nosotros queremos fijar nuestra posición en ese sentido. Aquí esta Comisión Plural no obstante que no tienen presencia los partidos políticos apenas reconocidos, se les ha escuchado, se les ha atendido, se les ha señalado en cuanto a sus apreciaciones.
Aquí en este lugar, el Presidente de la República nos hizo una exhortación a todos los partidos políticos, fijando temas y señalándonos que no eran temas limitativos, ni el financiamiento público y privado, ni los manejos en medios de comunicación, ni en cuanto a la cuantía de las campañas eran temas limitativos. Y yo felicito
porque esta Comisión Plural en el seno de la Cámara, ha tenido una extraordinaria participación.
Pensamos nosotros que la democracia no es patrimonio de nadie, es patrimonio de todos, porque todos hemos participado para formarla y porque todos estamos participando porque lo deseamos para perfeccionarla. De nada hubiera servido venir a debatir, venir a integrar una comisión si no estamos plenamente convencidos que necesitamos todos, porque es responsabilidad de todos, seguir luchando para que la democracia se vaya perfeccionando.
Por ello, el exhorto para que sigamos debatiendo, con respeto, con altura, un debate que nos haga dignos a todos los diputados; un debate que aporte lo mejor de nosotros, pero sobre todo, un debate de buena fe, de buena fe, para que podamos entender y nos pongamos de acuerdo aunque tengamos puntos de vista diferentes, que a todos los mexicanos nos interesa que nuestro país, que México, como lo ha señalado el Presidente, siga siendo y se siga buscando mayor democracia para beneficio de todos nosotros.
El Presidente:
Para rectificar hechos tiene la palabra el diputado Raymundo Cárdenas, del
Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Raymundo Cárdenas Hernández:
Gracias, señor Presidente.
Para aclarar dos cuestiones he pedido la palabra. Una, la que se refiere al nombre de la Comisión Plural, "Para el perfeccionamiento de la democracia". El compañero que acaba de hacer uso de la palabra señala que ese nombre significa que todos los partidos que ahí estamos finalmente hemos aceptado que de eso se trata, simplemente de perfeccionar la democracia.
Quiero señalar que en las minutas de las reuniones ha quedado perfectamente puntualizado, a través de una intervención del diputado Ricardo Valero, que nosotros no estamos de acuerdo con ese nombre, precisamente porque creemos que desde ahí se reproduce la ficción en que vivimos, como ficción es pensar que en este Congreso Mexicano, en sus dos cámaras, hay un debate libre entre diputados libres que reflexionan y pueden llegar a acuerdos. Desafortunadamente vivimos en régimen presidencialista que impide a la mayoría de los legisladores, me refiero a los de la mayoría parlamentaria, ejercer esa facultad. En los asuntos de mayor importancia, lo hemos visto aquí, artículo 27, Ley Agraria, 130, no se impone el diálogo y el debate entre diputados, sino se impone la línea que viene de Palacio Nacional. Esa realidad es lo que queremos que se asuma y por eso nos preocupa que voceros de la mayoría vengan aquí a insistir en esa ficción, a insistir en que se trata sólo de perfeccionar. Nos preocupa porque así no vamos a llegar a la reforma política que a nuestro juicio reclama la nación.
De ese modo, evadiendo la realidad, evadiendo el dicho, insisto mucho en este asunto, de su propio líder nato, el dicho del propio Carlos Salinas, de que el PRI era un partido del Gobierno, evadiendo eso, no vamos a poder entrar en el fondo del asunto.
Nosotros, quiero terminar aclarando también, que hemos asistido a la Comisión Plural, propusimos que se formara, porque estamos interesados en que haya muchos foros para debatir y que hubiera uno aquí, para que de aquí surja la propuesta legislativa. Pero no nos engañamos, sabemos la característica de esta Asamblea; sabemos dónde está quien toma las decisiones definitivas y por eso hemos asistido y lo seguiremos haciendo, a cuento foro se abra para debatir en serio; para llegar a acuerdos en los asuntos legislativos y también en un conjunto de asuntos, de conductas políticas que son necesarias para permitir el verdadero tránsito a la democracia.
Creo que la salud de la República requiere un cambio de actitud de la mayoría; la salud de la República requiere que se asuma la necesidad de transitar de un régimen político a otro y que entre todos veamos de qué tipo de régimen político se trata.
Nosotros creemos que aquí requerimos un acuerdo del tipo del que se dio en España, el de la Monclova, o del tipo del que llegaron las fuerzas en Chile. Si Pinochet pudo llegar a un acuerdo con todas las fuerzas nacionales, yo me pregunto por qué quien detenta el poder público aquí en México, no puede llegar a una decisión de abrirle paso a un verdadero diálogo que termine con la situación en que estamos y que genera conflicto tras conflicto.
En este sexenio no ha pasado ningún proceso electoral, sin que genere problemas. Pensamos que es responsabilidad ante la nación, la que se requiere para tomar las medidas que eviten
un conflicto mayúsculo en 1994. Si no se da ese paso, ¿qué tendremos que hacer? ¿Combatir fuertemente, seguir combatiendo el régimen político en que vivimos? ¿Seguirlo denunciando en todos los niveles?, seguramente que convocaremos... voy a terminar, ciudadano diputado, también...
El Presidente:
Señor diputado, un momento, por favor.
Le suplicamos a quienes estén haciendo exclamaciones, se abstengan de realizarlas, la Presidencia dictará oportunamente las medidas cuando el orador haya terminado o le señalará el tiempo.
Adelante, señor diputado.
El diputado Raymundo Cárdenas Hernández:
Sí. Decía que nosotros en caso de que no haya esta reforma política trascendente, por las razones que sean o con las responsabilidades de las fuerzas que sean, seguramente tendremos que valorar qué hacemos. Una medida podría ser la de concertadamente con todas las fuerzas de oposición, valorar si participamos en las elecciones de 1994 con las reglas antidemocráticas que una fuerza les impone a las demás; tendríamos que valorar eso. No será una decisión que tomemos solos, pero creo que las fuerzas democráticas de este país tienen que decir claramente que ya no vamos a ir a todos los juegos con las reglas que impone solo una fuerza; las reglas del juego tienen que ser de consenso entre todas y éstas, en las que hemos jugado, no son aceptables.
Y termino diciendo que podría haber otro escenario; si no es la reforma política trascendente que permita que se confronten los proyectos, que permita como decían los compañeros del PPS que todas las plataformas se expresen en los medios, que permita que el PRI sea un verdadero partido compitiendo y no el Estado mismo. Si no se da eso, creo que tampoco sería descartable una gran alianza de todas las fuerzas democráticas alrededor de un candidato que unifique, que asegure la mayor convergencia de todas las fuerzas democráticas para derrotar el continuismo, la cerrazón política; establecer un gobierno plural y a partir de ese gobierno plural, abrir verdaderamente las compuertas de la democracia. Ese es otro escenario que tiene que contemplarse si queremos ser responsables ante la nación. Gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Salvador Abascal.
El diputado Salvador Abascal Carranza:
Con su autorización, señor Presidente; señoras y señores diputados: Vengo a esta tribuna a hacer solamente algunas precisiones muy puntuales, respecto a lo que aquí se ha dicho, tanto por el PPS como por el Frente Cardenista.
Primero. El PPS en boca del diputado Amezcua, decía y hablaba de trabajadores de base, su partido. Los únicos trabajadores de base que nosotros conocemos son los que están sentados ahí en las curules, que ocupan este trienio, los que han ocupado otros en esta rotación que todos tenemos perfectamente conocida y quizá, si no pierden el registro, los que ocupen el próximo trienio. Esos son sus trabajadores de base.
Segundo. Se aludió a que no es tesis moderna la de la economía de mercado. El diputado Amezcua pude y debe cuestionar como nosotros lo hacemos también, dicha economía. Pero no pude quitar la condición de moderna, como tesis de nuestro tiempo, a esta economía cuando hasta en la legendaria China se le está ya reclamando como balsa de salvación para su deteriorada situación económica.
Les pedimos a nuestros detractores que conozcan mejor nuestras tesis económicas; parece ser que su discurso rayado y desgastado ha llegado al punto del slogan, sin la curiosidad que deben tener profesionalmente para ver cuáles son realmente nuestras tesis, porque nosotros no consideramos a la economía sólo bajo el aspecto de la competencia y de la lucha de clases, mucho menos, sino como una actividad eminentemente humana al servicio de la sociedad.
Cuatro. Nosotros no debilitamos moralmente a nuestros adversarios. Es evidente, señoras y señores diputados, que los que se debilitan moralmente, son ellos mismos y no nos necesitan a nosotros.
Señoras y señores diputados: ¿Cómo podemos tomar en serio a un partido político que anuncia, en boca de su presidente, acercamientos y
contactos personales para llegar a un "arreglin" con Juan Gabriel para postularlo a la Presidencia de la República?
Señoras y señores: ¡El que no se toma en serio a sí mismo, no puede ser tomado en serio por nadie; mucho menos en esta Cámara! Muchas gracias.
El Presidente:
Para contestar alusiones personales, tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Amezcua.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo:
Muy brevemente, sólo dos de los planteamientos enumerados por el diputado Abascal comentaría en esta tribuna.
En primer lugar, el asunto de la legendaria China. Legendaria o no, China es una economía que vale la pena estudiar en serio. Tiene un promedio de crecimiento, su producto interno bruto, del 12.1% en los tres últimos años. Nada tiene qué ver esto con, por ejemplo, la economía de Japón, que ha sido un ejemplo de economía de libre mercado, que anda por el orden del 1%. 1% frente a 12.1 de China.
Con el de Alemania, que ha sido otro ejemplo de economía, llamada de libre mercado, que anda por el 0.5% frente a 12.1. Ni la de Estados Unidos ni la de México, tienen nada qué ver en cuanto a crecimiento económico.
Vale la pena examinar en serio la economía China. 92% de la economía China es de propiedad social. Sólo un 8% está en manos privadas. Y como se ha levantado todo un mito en contra de la estatización, en contra de la intervención del Estado en la economía. ¡Qué bueno que el diputado Abascal da la oportunidad de recordar el ejemplo de China! ¡90% de la economía está en manos del Estado, ni más ni menos; creciendo al 12.1%! Es muy importante. Vale la pena estudiarlo a fondo y no hablar de oídas sobre la legendaria China.
Refleja falta estudio esa aseveración. Y la que refleja bastante mayor limitación es la de reducir su conocimiento con relación a los trabajadores a los que se sientan en las curules de esta Cámara. Aparte de esos, hay muchos, muchos trabajadores más en este país. Muchas gracias.
El Presidente:
Está inscrita en el orden para hacer uso de la palabra, rectificar hechos, la diputada Layda Sansores San Román.
El diputado Israel González Arreguín:
(Desde sus curul) ¡Para alusiones personales!
El Presidente:
Señor diputado: Esta Presidencia califica y determina el turno de oradores.
El diputado Israel González Arreguín:
(Desde sus curul) ¡Es para alusiones personales!
El Presidente:
Permítame, diputada. Un momento por favor, ¿sí?
Para contestar alusiones personales tiene la palabra el señor diputado González Arreguín.
El diputado Israel González Arreguín:
Con la venia de la Presidencia; compañeras diputadas; compañeros diputados:
En la proposición del PAN de diálogo para la reforma en la que excluye a la mayoría de partidos políticos con registro, revela ni más ni menos su verdadera naturaleza de partido intolerante y antidemocrático. Sin miramiento exhiben que la verdadera naturaleza del prometido cambio de Acción Nacional, del PAN, ni a tortilla dura llega.
Nuestra propuesta significa invitar a cualquier mexicano que aporte a la vida cultural, económica, social o artística e incluso musical, a que participe políticamente, porque entendemos que al participar políticamente, estas personalidades contribuyen a combatir el abstencionismo.
Quienes pretenden hablar frívolamente de estas personalidades son los que descalifican y no precisamente los mexicanos, porque si a cualquier mexicano se le plantea por quién va a participar en una actividad de esta naturaleza, les
aseguro que participarían más por Juan Gabriel que por Ah - basca'l (Abascal).
El Presidente:
Tiene la palabra hasta por cinco minutos, para contestar alusiones personales, el diputado Salvador Abascal.
El diputado Salvador Abascal Carranza:
Con su venia, señor Presidente; señoras y señores diputados:
Yo creo que no solamente es interesante estudiar el caso de China. Tal parece que el señor diputado Amezcua ha estudiado quizá el fenómeno chino de cinco años para atrás. Pero todo el mundo sabe lo que está sucediendo en este momento en China con su economía y la transformación, como con ellos, sotto voce, tranquilamente, sin gran escándalo, no como se hizo en la Unión Soviética, hacia una economía de mercado.
Pero también vale la pena estudiar, por ejemplo, el caso de Vietnam; también el legendario Vietnam y el caso de Camboya, que el próximo fin de semana registrará las primeras elecciones democráticas de su historia, después del nefasto episodio del Kemerrush, para tratar de implantar en ese país ese tipo comunismo que tanto aplauden los diputados del PPS.
También podemos decir de China que precisamente ha sido esa hambre, esa hambre de millones y millones de chinos, la que ha obligado a hacer un cambio y un giro en la economía china y esos millones y millones de chinos pobres y con hambre, están ahora siendo comparados en un 12.8% de crecimiento de la economía, con los japoneses, que tienen apenas 1 y pico por ciento de crecimiento.
Me pregunto si este 80% de la economía japonesa está o no en manos del Estado, como dice que está la economía china. Pero ése es otro asunto que efectivamente, señor diputado Amezcua, vale la pena investigar un poco más.
A propósito, los trabajadores de base, de los que hablaba tanto, nos pueden decir cifras muy alegres, lo que pasa es que esos trabajadores no se ven, no se sienten en la sociedad mexicana, quizá los tienen muy ocultos y salen unos cuantos a votar para apenas mantener este registro del 1.5% como equilibrio que puede romperse en cualquier momento.
Y respecto a lo que decía el diputado González Arreguín, nadie le niega a un cantante su popularidad, lo que discutimos es que este señor pueda tener la capacidad, la calidad para conducir los destinos de México; si ellos piensan que Juan Gabriel, o Gloria Trevi, como dijeron también que la iban a llamar, tienen la capacidad para conducir los destinos de México, qué pobre partido, perdónenme ustedes, qué programa pueden tener sino el de una carpa de circo o el de un palenque. Muchas gracias.
El Presidente:
Para contestar alusiones personales, tiene la palabra la diputada Layda Sansores.
La diputada Layda Elena Sansores San Román:
Dicen en sicología que lo más difícil de manejar es el doble mensaje y en política es el doble discurso, aquí los señores del PRD por un lado firman un acuerdo; y por el otro, lo desconocen y niegan que hay avances en nuestra reforma para consolidar la democracia electoral. Tienen mala memoria porque esto apenas se firmó en diciembre del año pasado, aquí está la firma de quien representa a su fracción, aquí está el acuerdo, se titula: Reforma para la Consolidación de la Democracia Electoral y en el acuerdo dice que uno de los objetivos es fortalecer nuestra democracia y dice también que es necesario consolidar nuestras instituciones.
Entonces ustedes no implícitamente, explícitamente están aceptando que si hay que fortalecer algo es porque existe y en nuestro país existe la democracia, con todos sus bemoles, con todas las aspiraciones que nuestro pueblo tiene para que ésta se perfeccione, no hay un país del mundo que pueda presumir que tiene una democracia perfecta. Nuestro México tiene el sistema que conviene a sus propias peculiaridades, creo también que es doloroso y es una falta de respeto a nuestras instituciones, el hacer comparaciones como las que se hicieron en esta tribuna.
Cuidado con comparar nuestro régimen con el de España o como el de Chile, en tiempo de Pinochet, hay una diferencia enorme y creo que quien viene a hacerlo aquí es porque desconoce o nuestra Historia o desconoce nuestro sistema político; creo que tenemos que ser muy serios, sobre todo cuando se está tratando un tema tan importante como es el de la reforma electoral.
Quienes asistimos a esas juntas, somos gentes que creemos que es posible madurar un proceso
democrático en país joven como el nuestro; creo que es tiempo de empezar a trabajar con una mayor seriedad, con la misma apertura con la que nuestro partido se ha sentado en la mesa de las discusiones.
México avanza en la democracia, en México se perfecciona y todos los que estamos aquí presentes que somos diputados, quienes tenemos una representación, estamos enfocados porque deseamos ver un México cada vez más democrático, un México que aspire a responder a lo que nuestro pueblo espera. Gracias.
El Presidente:
Como declina el diputado Hernández Juárez, tiene la palabra el señor diputado Raymundo Cárdenas, para rectificar hechos.
El diputado Raymundo Cárdenas Hernández:
Gracias, señor Presidente.
Solamente para precisar que no se trata de ningún doble discurso, yo llamaría a que la compañera lea las minutas de las reuniones y encontrará que el primer disenso que registró nuestro partido, repito, en voz de nuestro compañero Ricardo Valero, fue el que se refiere al nombre de la Comisión.
Sostenemos, compañeros, que es necesario reconocer el régimen en que vivimos. Yo creo que nosotros estamos expresando la opinión que sostienen no solamente los miembros de nuestro partido, sino muchos intelectuales, otras fuerzas políticas, la idea de que México hay un régimen presidencialista, centralista, cerrado, que existe un estado que es tomado como propiedad de los miembros de un solo partido.
Esa idea, compañeros, no es un insulto a los aquí presentes, a los priístas; tratamos de caracterizar el régimen político en que vivimos. Hemos dicho que las decisiones fundamentales de la nación y a veces las no tan fundamentales, las toma una sola persona y hemos dicho con todas sus letras, que le tomamos la palabra al Presidente cuando dijo que el PRI era un partido del Gobierno y que era necesario cambiarlo.
Creo que si no se toman en serio estas palabras, no vamos a avanzar mayor cosa en la reforma política y nos preocupa. Creo que se pueden hacer muchos discursos en esta tribuna o en otra, acerca de la excelente democracia en que vivimos en este país, pero creo que eso, pocos mexicanos se lo creen y creo que en la medida que pase más tiempo, mucho menos se lo van a creer. Gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos, se había inscrito el diputado González Arreguín y posteriormente el diputado Amezcua.
El diputado Israel González Arreguín:
Con el permiso de la Presidencia.
Antes de iniciar nuestra disertación, señor Presidente, solicito a usted pida al señor Secretario, lea los requisitos del artículo 82 de nuestra Constitución, para ser Presidente de la República.
El Presidente:
Adelante, señor Secretario, dé lectura al citado artículo 82.
El secretario Jesús Molina Lozano:
Artículo 82. Para ser Presidente se requiere:
1o. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos e hijo de padres mexicanos por nacimiento.
2o. Tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección.
3o. Haber residido en el país, durante todo el año anterior al día de la elección.
4o. No pertenecer al Estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto.
5o. No estar en servicio activo en caso de pertenecer al ejército, seis meses antes el día de la elección.
6o. No ser secretario u subsecretario de Estado, jefe o secretario general del Departamento Administrativo, Procurador General de la República ni gobernador de algún Estado, a menos de que se separe de su puesto seis meses antes del día de la elección;
7o. No estar comprendido en alguna de las causas de incapacidad establecidas en artículo 83.
El diputado Israel González Arreguín:
Gracias, señor Secretario.
Como se ve, compañeras diputadas, compañeros diputados, el artículo 82 establece una normatividad para ser presidente. Seguramente Acción Nacional pretende establecer otras, pero todavía no está en el gobierno para hacerlo.
Por otro lado, no vamos a caer en la provocación en cuanto a contestar los adjetivos hacia nuestro partido, que lo único que demuestra son las intolerancias de quien los emite, porque hoy y varias ocasiones hemos visto en esta tribuna de que ahora resulta que el único partido honesto, limpio, puro, democrático, es el PAN y, como tal, pretende erigirse en el único interlocutor de los aspectos del régimen general político de nuestro país.
Eso es falso, el PAN no tiene autoridad moral para calificarnos, porque ha sido profundamente antidemocrático donde ha gobernado. Su conducta y sus propuestas en esta tribuna lo demuestran. El PAN puede y debe ser interlocutor de la reforma política, pero con la participación de todas las fuerzas. A la vista del PAN está nuestra propuesta de reforma constitucional.
Demuestre usted, diputado Abascal, si es positiva o no, porque de lo contrario, el cartero será usted.
El Presidente:
Para contestar alusiones personales, tiene la palabra el diputado Salvador Abascal y posteriormente hará uso de la palabra para rectificar hechos el diputado Antonio Nemi.
El diputado Salvador Abascal Carranza:
Señor Presidente; señoras y señores diputados:
Sí se ha alargado demasiado ya este debate y se ha salido totalmente del tema, pero no podemos dejar pasar algunos conceptos que a nuestro parecer simplemente demeritan el trabajo político de nuestro país y demeritan el trabajo político de esta Cámara también.
En cuanto a las calificaciones, nosotros no necesitamos calificar al Partido del Frente Cardenista, ellos se califican sólitos.
Y por otro lado, la pretensión de llevar a la Presidencia de la República personajes del mundo artístico y hay que decirlo con toda claridad, refleja solamente el propósito de explotar la popularidad de aquellos que no han tenido realmente una vocación política, ni han tenido trabajo político en ningún partido y pretenden a costa de eso convertir a México en un cabaret.
También a propósito de la lectura del artículo 82, les pediríamos a los diputados del Partido del Frente Cardenista que revisen bien su propuesta porque según mis cálculos, la señora Gloria Trevi no alcanza todavía los 35 años. Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos tiene la palabra el diputado Antonio Nemi.
El diputado Juan Antonio Nemi Dib:
Con el permiso de la Presidencia; compañeros diputados:
Vengo a decir aquí, a nombre de mi partido, que el esfuerzo de la Comisión Plural es un esfuerzo en serio, es una oportunidad valiosísima, de oro la llamaría yo, para avanzar en lo que todos hemos dicho aquí que verdaderamente queremos: el proceso de democratización cada vez mayor de nuestro país.
Vengo a pedirles a todos los compañeros diputados y a todos los partidos, que no desperdiciemos. Las calificaciones y las caracterizaciones no llevan a nada estimados compañeros.
Por nuestra parte, hemos insistido una y otra vez, que estamos en un proceso y que indiscutiblemente un proceso habla de movimiento y de gradualidad. Ojalá y esta posición nuestra se sepa entender.
Hemos de mejorar las instituciones, hemos de llegar al máximo posible en el proceso de garantizar la plena y absoluta libertad de todos los ciudadanos de nuestro país para ejercer sus derechos políticos, cosa que ninguna nación del mundo en ningún momento de su historia ha alcanzado todavía.
Es pues, el de la Comisión Plural, un momento valioso en la historia política de México. Aprovechémoslo compañeros. Tenemos diferentes puntos de vista, tenemos posiciones encontradas,
pero es evidente que habremos de llegar a puntos de consenso.
Las reuniones de la subcomisión de Proceso Electoral Federal, en las que personalmente he participado, son reuniones de convicción, de entusiasmo y de entrega, donde los diputados representantes de los seis partidos políticos, han mostrado no solamente interés de su parte, sino auténtica convicción en que de este proceso de perfeccionamiento puedan darse resultados.
Nada ganamos, estimados compañeros, ni con agredirnos ni con calificarnos; ganamos mucho en cada paso que damos para lo que todos decimos que queremos: avanzar a la democracia. Ojalá y esta voz, por el bien de la nación, se escuche. Muchas gracias.
DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER
El Presidente:
Para hacer una declaración a nombre de las ciudadanas diputadas de los diversos grupos parlamentarios sobre los derechos humanos de la mujer, tiene el uso de la palabra la diputada Patricia Ruiz Anchondo.
La diputada Martha Patricia Ruiz Anchondo:
Con el permiso de la Presidencia; honorable Asamblea:
En esta ocasión me place tener el honor de presentar un punto de acuerdo signado por las legisladoras de todas las fracciones parlamentarias, representadas en la Cámara de diputados, que tiene que ver con el avance en el cumplimiento de los derechos humanos de la mujer.
Punto de acuerdo presentado por las diputadas de la LV Legislatura, para crear programas para la protección, defensa y respeto de los derechos humanos de la mujer y de una visitaduría general responsable de dicho programa.
Como consecuencia de las reformas constitucionales y otras acciones legislativas en materia de derechos humanos, la Ley determina como objeto esencial de la actuación del poder público: la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos que caen dentro de este concepto.
Los derechos humanos básicos se refieren a la preservación de la vida, la integridad física y mental y la dignidad de la persona.
La protección y defensa de los derechos humanos, la no discriminación por motivo de sexo, la igualdad ante la Ley, la educación igualitaria, el derecho a decidir libremente sobre su reproducción, son garantías que fueron incorporadas al texto constitucional, precisamente con la idea de corregir la existencia de estos fenómenos en todos los niveles de nuestra convivencia social.
Sin embargo, organizaciones de mujeres y corrientes de opinión a nivel nacional y internacional, consideran que tanto el derecho humano básico a la igualdad como los que se derivan de este principio, no están suficientemente protegidos por la Ley y ni se respetan en la práctica, todo lo cual afecta su dignidad e integridad.
La información nacional e internacional da cuenta cotidianamente de actos descriminatorios que involucran específicamente a las mujeres.
Así pues los postulados de la Ley, con referencia a su participación igualitaria en la sociedad, requieren ser reforzados con instrumentos legales, estudios e instancias que fortalezcan la acción positiva reflejada en la Ley fundamental, y permitan que el incumplimiento pueda ser materia de reclamación ante las autoridades.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha probado ser un vehículo efectivo para dar cause a la participación de la sociedad en la identificación y denuncia de los actos y omisiones de las autoridades que entrañen violación de estos derechos y en consecuencia presenciamos un avance sustantivo en materia de concreción y ampliación de la protección de los particulares, frente a los actos de la administración.
En consecuencia, es indispensable establecer los mecanismos y órganos responsables que coadyuven a la defensa y promoción de los derechos humanos de las mujeres, atendiendo a las particularidades que se presentan en estos casos, por razones de su propia naturaleza y por factores socioculturales que se traducen frecuentemente en conductas discriminatorias por razones de sexo.
De ahí nuestra propuesta para crear un programa para la defensa, protección y respeto a los derechos de la mujer, tanto a nivel de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como de los órganos de defensa respectivos en las entidades federativas y en el distrito federal.
El artículo 5o. de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, señala que esta Comisión se integrará hasta con cinco visitadurías
generales. En la actualidad dicha Comisión cuenta sólo con tres visitadurías generales.
La propia Ley, al dejar abierta la posibilidad de contar hasta con cinco visitadurías generales, permite la creación de una nueva visitaduría general que se encargue del programa antes mencionado, sin necesidad de proponer reforma alguna a la legislación vigente, ya que ésta sería materia de Reglamento Interno, cuya expedición es competencia del Consejo de la Comisión Nacional.
Para el caso específico de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, sería aplicable el mismo procedimiento, ya que la Ley respectiva, establece que la Comisión contará con los visitadores que el Reglamento Interno determine.
«Por lo anterior, las diputadas que integramos la LV Legislatura, proponemos el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se promueva ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con base en las facultades que le otorga la Ley, establezca en su Reglamento Interno una visitaduría general más que se encargue del Programa Nacional de Defensa, Protección, Promoción y Respeto de los Derechos Humanos de la Mujer.
Asimismo, se promueva ante los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en los estados y en el Distrito Federal para que, con base a las disposiciones normativas correspondientes se creen programas estatales y visitadurías con este objeto.
Por el Partido Revolucionario Institucional: diputadas María de los Angeles Moreno, Gloria Brasdefer, Irma Piñeiro, Noemí Guzmán, Layda Sansores, Gloria Mendiola, María Esther Scherman, Elisa Meza, Blanca Ruth Esponda, Gabriela Avelar, Yolanda Robinson, Julieta Guevara, Victoria Reyes Reyes, Sara Cruz Olvera, Marlene Herrera, Silvia Pinal, Laura Alicia Garza, Laura Pavón Jaramillo, Alicia Montaño, Ignacia García y Julieta Mendívil Blanco.
Por el Partido Acción Nacional, diputadas María Guadalupe Salinas, Ana Teresa Aranda de Orea, Patricia Terrazas Allen, Carmen Bolado de Real, Lydia Madero García, Cristina Hermosillo de Villalobos, Luisa Urrecha Beltrán.
Por el Partido de la Revolución Democrática, diputadas Rosa Albina Garavito Elías, Liliana Flores Benavides, Evangelina Corona Cadena, Martha Maldonado Zepeda.
Por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, diputada Luisa Alvarez Cervantes.
Por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, diputadas Cecilia Soto González y Yolanda Elizondo Maltos.
Por el Partido Popular Socialista, diputadas Gabriela Guerrero y Clara Mejía Guajardo.
Por el Partido de la Revolución Democrática también lo firma, obviamente, su servidora.» Muchas gracias.
El Presidente:
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.
La secretaria Luisa Urrecha Beltrán:
En votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado el punto de acuerdo.
ESTADO DE YUCATÁN
El Presidente:
Para hacer comentarios sobre la reunión de la subcomisión de examen previo de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales en relación al caso Yucatán, han pedido hacer uso de la palabra los siguientes diputados:
Luis Rejón Peraza, por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Feliciano Moo y Can, del Partido Revolucionario Institucional; diputado José Francisco Paoli Bolio, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y diputado Jorge Uscanga Escobar, del Partido Revolucionario Institucional.
En consecuencia, tiene uso de la palabra en primer término el diputado Luis Rejón Peraza.
El diputado Luis Alberto Peraza:
Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El pueblo de Yucatán sufre los embates centralistas.
El pasado martes 18, diputados priístas de mi Estado aprobaron una iniciativa enviada por la gobernadora interina, en la cual se da marcha atrás, en parte, al contenido del decreto 570, que reformó la Constitución Política de nuestro Estado, decreto que impedía a todo un pueblo ejercer el legítimo derecho de elegir a sus autoridades; aprobado días antes, en sesiones ilegales, obedeciendo consignas centralistas, mismas que confirman con el rechazo de someter a juicio político a los diputados señalados en la denuncia, ya que de ninguna manera iban a dejar desprotegidos a sus acatadores de órdenes.
Pero el decreto no contiene únicamente lo que la contrarreforma pretende evitar, también incluye la reducción de los periodos para los cargos de elección popular en el Estado.
Para nosotros, los yucatecos, la rectificación parcial, si bien restituye el orden constitucional, no restaña la herida causada por la burla consumada ni por la afrenta social, económica y política que representa la modificación de los períodos electorales.
Conscientes de que la voluntad manifestada por la gobernadora interina no era satisfactoria, el Partido Acción Nacional a través de su diputación local, presentó el pasado 16 una iniciativa que derogaba íntegramente el decreto 570 para restablecer el espíritu de nuestra Constitución.
Consideramos que la iniciativa presentada por nuestros diputados recoge exactamente el sentir del pueblo yucateco. Si señalamos esto es porque nos dimos a la tarea de crear espacios de expresión de la voluntad ciudadana en vez, de reunirnos secretamente en hangares y ésta fue en el mismo sentido de nuestra iniciativa.
Antes de esto invitamos formalmente al debate público al Partido Revolucionario Institucional y la respuesta fue la negativa a debatir dicha reforma. Invitamos también al diálogo a la señora gobernadora interina de nuestro Estado, negándose al debate y sí en cambio ordenó en forma apresurada a los diputados levantadedos locales priístas a aprobar su iniciativa al vapor tal y como lo hicieron con su iniciativa anterior.
Si en nuestro Estado la actitud es de cerrazón, aquí la subcomisión de examen previo, también ha hecho de lo suyo. El pasado viernes se aprobó el proyecto de dictamen que desechaba la demanda de juicio político presentada por seis diputados del Partido Acción Nacional.
Los argumentos jurídicos de los compañeros diputados panistas: Gómez Mont y Correa Mena, nada valieron para un grupo de diputados que anteponiendo intereses particulares votaron mayoritariamente en favor del dictamen, dejando sin sanción la violación constitucional consumada.
Señores diputados, tanto agrede a las instituciones democráticas de este país quien viola la Constitución, como quien cubre al violador y propicia la impunidad, quien así actúa subestima tan alta responsabilidad que conlleva nuestra investidura. Ocasión tendrán al revisarse la demanda de juicio político que rectificar.
En todo caso, compañeros diputados, el testimonio político que cada uno de nosotros debe para la historia, será herencia de honor o deshonra para quienes llevan nuestro nombre. Gracias.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra el diputado Feliciano Moo y Can.
El diputado José Feliciano Moo y Can:
Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Reiteradamente los diputados de Acción Nacional de Yucatán han venido aquí a esta tribuna a manifestar hechos y acontecimientos que están lejos de la realidad en la vida de los yucatecos.
La pretensión por parte de los diputados panistas de iniciar un juicio político a los diputados del Congreso yucateco y a la propia gobernadora no tiene más interés que el de incrementar el capital político del Partido Acción Nacional en mi entidad de origen.
Sacar del Estado de Yucatán y traer al centro un problema que es perfectamente manejable por los mismos yucatecos, es sólo una congruencia del panismo con respecto a su estrategia de ganar terreno mediante la presión en base a negociaciones que en la entidad no podría adquirir más que con el apoyo popular, del que por cierto carecen, para lograr un fin para ellos encarecido: el Poder Ejecutivo Estatal.
Precisamente por esta carencia acuden a sus tácticas recurrentes de descalificar toda acción de gobierno y en especial aquellas que se encaminen a beneficiar y desarrollar al Estado. Sabiendo que en tanto eso suceda, la sociedad yucateca seguirá apoyando y sustentando a los gobiernos revolucionarios, éste es el caso, una antigua demanda del pueblo yucateco que bien se inscribe en la profunda reforma social y económica en la cual está inmerso el Estado.
Los diputados de Acción Nacional de Yucatán lo han manoseado y manipulado con el objetivo, repito, de llevar "agua a su molino", a su partido, o en otros términos, al partido que sirve de instrumento a la ultraderecha yucateca, siendo del dominio, pues la ostentación propagandística, la hemos vivido, de ninguna manera es gratuita, mi apreciación en los días precedentes. Los grupúsculos que mantienen la reacción yucateca, así como el propio ayuntamiento panista de Mérida, se dieron a la tarea de organizar toda suerte de eventos, legales e ilegales, eso no les viene a su código muy particular y ¿qué fue de todo? sencillamente que aquéllos donde no les fue posible manipular su real convocatoria y por tanto consenso popular, éste le fue escandalosamente nulo; en contraparte, la sociedad yucateca, aquélla compuesta por los trabajadores, profesionales, verdaderos empresarios, amas de casa, organizaciones y ciudadanos en general pronunciaron su respaldo a la modificación del calendario electoral, confiando en que tal ajuste atraerá en corto plazo mejores condiciones para seguir trabajando en pro del desarrollo social de Yucatán.
El verdadero Yucatán se encuentra trabajando con tranquilidad y paz y para comprobarlo no hace falta más que estar un poco de tiempo en mi tierra, todo esto es importante subrayarlo, porque después de toda la petición de juicio político a los poseedores de los poderes Legislativo y Ejecutivo, tiene exactamente el mismo objetivo que los seudomovimientos populares promovidos por la ultraderecha yucateca, para proyectar hasta aquí en el centro del país la imagen de una entidad convulsionada, polarizada socialmente y, por lo tanto, necesitada de un poder autoritario para ejercer el Gobierno, por eso han llegado a decir que se acude a modificar la Ley para violentar los derechos ciudadanos de elegir a sus gobernantes.
Está claro, es parte de su estrategia para forzar la procedencia del pretendido juicio político en cuestión. Nada más absurdo que ello y para que no le quede duda a esos grupos minoritarios, el Gobierno de Yucatán envió una iniciativa de Ley al Congreso Local para que inclusive el próximo gobierno acordado por elección indirecta, se elija directamente, demostrando con esto que el Gobierno gobierna para todos, incluyendo a las minorías.
A la luz de todos los movimientos políticos partidistas que el panismo yucateco ha efectuado con el pretexto de la modificación electoral con fines claros de proselitismo partidista, la petición de juicio político al Congreso yucateco y al Ejecutivo Estatal, se inscriben en el mismo carácter. Valga decir que sus promotores allá en Yucatán, han recibido lo que corresponde al oportunismo y aventurismo político: la indiferencia de una parte de la sociedad y el rechazo de la gran mayoría.
Compañeros diputados: creo ya necesario que los yucatecos, los compañeros diputados, el compañero diputado que me antecedió en la palabra, que es importante que nos sumemos a lo que todos los yucatecos ahí en Yucatán, deseamos. Vamos pues a unirnos, vamos pues a acudir a la convocatoria de diálogo que ha propuesto la gobernadora, para hacer del proceso electoral una elección transparente, una elección en donde permita fortalecer la unidad de los yucatecos, que se está construyendo cotidianamente ahí en Yucatán. Vamos pues, compañeros diputados, para que no el día de mañana, nuevamente se tenga que recurrir aquí en el centro de la nación, de que hubo fraude; de que no se hicieron procesos electorales transparentes.
Está aquí y me atrevo a comentar esto porque el diputado que me antecedió en la palabra comentó que por invitación de los dirigentes del Partido Acción Nacional al diálogo, la gobernadora rehuyó a ello. Quiero permitirme aquí, señores diputados, leer la carta que la gobernadora enviara a los dirigentes del Partido Acción Nacional en el Estado:
"Mérida, Yucatán, mayo 18 de 1993. C. Benito Rosell Isaac, presidente del comité directivo estatal del PAN; ciudadano diputado Claudio Cuello Herrera, secretario general.
Recibí su atenta comunicación del día de hoy, donde manifiesta el interés de su partido de establecer un diálogo sobre los dos proyectos de Ley presentados al Congreso para modificar el decreto 570.
Como ustedes conocen, una vez presentadas las iniciativas de Ley, el desahogo del trámite legislativo corresponde íntegramente al honorable
Congreso del Estado, quien establece las formas y procedimientos para efectuarlo. Sin embargo, la organización del próximo proceso electoral del 28 de noviembre, demanda de todos los participantes, ciudadanos, partidos políticos y Gobierno, ampliar los canales de comunicación y diálogo para poder garantizar el clima de paz y tranquilidad para la libre expresión de la voluntad popular.
Por tanto, reitero la voluntad y disposición al diálogo con el Partido Acción Nacional, para que encontrando los puntos de coincidencia, logremos el objetivo deseado.
Un Yucatán próspero y amable con todos sus hijos. Atentamente. Dulce María Sauri."
Compañeros diputados de Yucatán, seamos congruentes con la nueva realidad política. Acojámonos en esa nueva cultura política del panismo del norte, del panismo del centro y hagamos en la práctica en Yucatán esa vida democrática que queremos todos. Convivir en la tolerancia y en la pluralidad.
Les invitamos a este llamado a sumarnos por el bien de Yucatán. Vamos a buscar esta unidad que los yucatecos cada día, estamos construyendo. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra el diputado José Francisco Paoli Bolio.
El diputado José Paoli Bolio:
Con su venia señor Presidente; ciudadanos diputados de la nación:
El propósito fundamental de mi intervención es el de ubicar en sus justas dimensiones políticas, el problema de Yucatán, que varias veces en este recinto se ha tocado.
Quiero dejar claro desde el principio de mi intervención, que no tengo el propósito más mínimo de hacer calificativos o de herir personas; tengo demasiadas querencias en ese Estado que me vio nacer, para reducir este problema y este conflicto a problemas personales y a responsabilidades individuales, por más que las pudiera haber.
Quiero en cambio establecer los elementos que nos permitan hacer un juicio político de los acontecimientos que aquí se han comentado.
Empezaré por aceptar, no aceptar sin conceder, como dicen algunos es argumentadores jurídicos, que el propósito fundamental del cambio constitucional en Yucatán, hubiera sido el de modificar el calendario. Aceptemos que este fue uno de los razonamientos principales. Pero, señores diputados, si este hubiera sido el propósito, en primer lugar hubo un procesamiento que políticamente deja mucho que desear, un procesamiento desaseado, imprudente e inadecuado. Y si el cambio de calendario se hubiera debatido en los términos correctos que pudo haberse debatido, no fue asentado aquí en la argumentación de la exposición de motivos que fue enviada por la diputación priísta al Congreso del Estado de Yucatán.
Como no quisiera inventar esta argumentación de la diputación del PRI en el Estado de Yucatán, la traigo "citada". Veamos cuáles son los fundamentos que la diputación del PRI envió al Congreso del Estado de Yucatán para modificar el calendario. Dice así y los leeré para ser fiel a su expresión:
El gobernador tomaba posesión 10 meses antes de que concluyera su gestión el Presidente de la República. Es decir, que al nacer el Gobierno del Estado queda inserto en una administración federal que prepara su final.
Y después, en este mismo tono de argumentación, dice la fundamentación: "la exposición de motivos que es la que nos da el alcance en este caso político constitucional de la Constitución de Yucatán en el cambio pretendido:
Y que lejos de poder aprovechar los beneficios e impulsos que se requieren para el inicio de un Gobierno, se resienten y sufren las limitaciones de planes y programas sectoriales y regionales en su fase final y concluyente."
Señoras y señores diputados: esta es la primera argumentación. Entra un gobernador cuando está en su ocaso la administración central y ya no puede verse beneficiado por los planes y programas regionales, porque se encuentra el Gobierno Federal en su fase final y concluyente. ¡Qué hermoso argumento para el federalismo, señores diputados! ¡Qué buena fundamentación!
Entonces habríamos que cambiar todos los calendarios de todos los estados que se encuentren en la misma hipótesis que se encuentra mi querido Estado de Yucatán. Ahora mismo están corriendo las elecciones del Estado de México, del Estado de Nayarit y habría otras antes de
que se realicen las elecciones federales. Todos ellos se van a ver imposibilitados, según esta argumentación, para aprovecharse de los beneficios de los programas nacionales. Es una magnífica fundamentación que responde al espíritu federal. Pero no es así como podemos interpretarla los que hemos estudiado los principios fundamentales del federalismo mexicano, ¡de aquellos que fueron defendidos con especial fervor, con especial fundamentación y racionalidad por juristas yucatecos como don Crescencio Carrillo!
¡Como don Crescencio Rejón! Creo que no es posible aceptar esta argumentación y éste es el punto a tratar: para poder aprovechar los beneficios que los planes nacionales otorgan hay que modificar el calendario.
El segundo argumento. Sostuvieron que el proceso electoral de Yucatán en la fecha que estaba establecido, antes de las modificaciones y cito otra vez textualmente: "Favorece y aumenta las posibilidades de que en lugar de ser el proceso en que los yucatecos eligen a sus gobernantes, se convierta en el terreno político propicio a las presiones e injerencias de quienes buscan a toda costa ampliar su espacio político a la vista del proceso nacional".
Este argumento sí ya está en la ignominia, señores diputados. Este argumento es absolutamente inaceptable desde el punto de vista político constitucional.
¿Cómo es posible que se diga que hay fuerzas que se quieren aprovechar del proceso electoral para ganar espacios políticos? ¿Cuál es la lógica entonces que debe aprovecharse? ¡No pueden haber escogido peores argumentos! Sólo he mencionando dos. Y no los voy a cansar, señores diputados.
El primero es violatorio del Pacto Federal. ¿Cómo puede argumentarse "que un gobernador se inserta en el final del gobierno nacional y que entonces pierden los beneficios, recursos, apoyos, aportaciones, estrategias y oportunidades los gobiernos de los estados". Y yo diría: los pueblos de esos estados.
Esto está argumentado literalmente; lo estoy citando. Es la aceptación del centralismo más brutal y avasallador. Si ese argumento fuera válido, habría que modificar de plano la Constitución y establecer una República central para ser plenamente congruentes con lo que ocurre. En la que no hay elecciones de gobernadores, sino que éstos son designados por el Presidente. Así lo acompañarán durante todo su período.
¡Pero ese argumento es especialmente agraviante para Yucatán! ¡Entidad fundamental en la gestión del federalismo mexicano! Yucatán fue, junto con Jalisco, la entidad que promovió más el federalismo; fue la entidad que dio nacimiento y cultura política a juristas esenciales como el que ya mencionaba, en la promoción de un auténtico sistema federal.
Es más, señores diputados, les recuerdo con toda brevedad que cuando Yucatán se suma a la nación mexicana, con gran orgullo, con gran expectativa, lo hace a condición y existe documento oficial del Congreso yucateco que así lo establece y que se había declarado como Congreso soberano, porque no dependía de la Nueva España, cuando se suma a la República Mexicana, lo hace a condición de que se respete la forma federal de Gobierno.
¡Pocas entidades tienen en su haber la lucha por el federalismo, la fundamentación, la racionalidad que este acto entraña!
El segundo argumento, es una declaración de guerra, no de contienda política, compañero y amigo Feliciano Moo y Can. ¡Esta es una declaración de guerra! Es la vuelta a considerar enemigo y no adversario al que está enfrente en posiciones políticas. ¿Cómo puede argumentarse que quienes buscan ampliar el espacio político en tiempo de elecciones realizan algo indebido? ¿Cómo quieren los priístas que apoyaron estos cambios?, estoy cierto no son todos los priístas, ni siquiera algunos de los que aparecieron desafortunadamente como protagonistas de este penoso evento, ¿cómo quieren evitar que se gane terreno o cómo quieren que se logre la ganancia de terreno político?, ¿con la violencia?, ¿con la subversión?, ¿con los actos desestabilizadores?; ¡por ningún motivo!
¿No es mediante el proceso electoral, me pregunto, que deben procesarse civilizadamente las diferencias con respecto al adversario? Esta decisión plantea un regreso, un retroceso del régimen político nacional que retoma y refuerza por el camino de la violación al pacto federal, a su sentido y a su significado más pleno y lo toma desde una perspectiva autoritaria. Las reformas a la Constitución de Yucatán no sólo violan el artículo 116 constitucional de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también, sobre todo en espíritu, violan el artículo 40 de la Constitución, porque con esta decisión política se violentan los principios fundamentales de la República representativa, democrática y federal.
Se trata de una violación flagrante, es cierto, al artículo 116 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Esta ha sido modificada, pero permanece la violación al espíritu de la Constitución que establece el pacto federal. La violación flagrante de la Constitución Política queda reparada, lo cual no elimina la violación.
En la metáfora de derecho penal que desde el primer día de estos debates hizo el diputado Juan de Dios Castro, señalaba que queda reparado, en términos metafóricos comparativos del derecho penal hacia el constitucional, el daño, quedaba reparada la violación y eliminada esta flagrante contratación de la Constitución Federal.
Pero eso, señores diputados, tendrá sus efectos políticos. El hecho de que el juicio político no hubiera procedido, a pesar de la violación flagrante al artículo 116, que quedó consumada en cuanto fue aprobada la reforma, deja la violación intacta, aunque se repare el daño.
Pero señores, habría que tener claro que no es posible, no debiera serlo para los diputados que protestamos defender la Constitución, el que se votara contra ella. Y los diputados de la mayoría han votado contra la Constitución, porque habiendo sido violada no se estableció ningún juicio que lo confirmara. Esa responsabilidad tendrá que exigirse, no ya en el terreno formal de un juicio político, tendrá que exigirse al juez de la última instancia en estos asuntos, al resultado electoral, al resultado de la contienda que, en primer término, habrá, gracias a esta pelea que se dio este mismo año, este noviembre de 1993. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Jorge Uscanga Escobar.
El diputado Jorge Uscanga Escobar:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Hemos escuchado al compañero diputado que me precedió en el uso de la palabra, nosotros pensamos que en primer término se refirió más que al dictamen a lo que es propiamente la iniciativa del dictamen. Sobre este particular le queremos señalar que ha sido aspiración del pueblo yucateco, porque se ha presentado en muchos años, la posibilidad de adecuar directamente su calendario electoral y estamos de acuerdo con usted que la lucha política que se deba dar entre los partidos y en eso coincidimos plenamente, debe de ser totalmente civilizada, una lucha que nos permita respetarnos, una lucha que nos haga contendientes políticos, sin llegar a la enemistad política; ésa es la lucha civilizada que durante todo su tiempo nuestro partido ha sostenido desde su fundación de 1929, ésa es la lucha a que ha aspirado y que ha realizado nuestro partido en todas las contiendas políticas; en eso coincidimos con usted.
Desde que se estableció la denuncia el 29 de abril ante la Oficialía Mayor de la Cámara de diputados que fue ratificada y señalada con el procedimiento respectivo, la subcomisión de examen previo comenzó el análisis sobre este particular, se hicieron como lo señala el artículo 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se determinó una serie de cinco acciones:
1o. Si las personas denunciadas encuadraban en lo establecido por el artículo 2o. de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos;
2o. Si los elementos de pruebas aportados por los denunciantes constituían una conducta atribuida a las que señala el artículo 7o.;
3o. Si había los elementos necesarios para poder considerar la presunta responsabilidad de los inculpados y si se daba la infracción en este caso; después de un análisis, de un debate, de una discusión amplia en donde la subcomisión de examen previo escuchó a uno de los denunciantes sobre el particular y en donde por cierto no estableció mucha materia jurídica, después de una discusión se consideró que se desechaba la denuncia de juicio político por ser improcedente; se sometió a votación en la subcomisión de examen previo. Nosotros consideramos que el resultado, la resolución que desechó el juicio político en contra de los inculpados se dio conforme a derecho, porque consideramos también que en este caso el artículo 116 no establece ninguna regulación jurídica sobre el calendario electoral de los estados.
Consideramos también que con base en los artículos 40 de la Constitución General de la República y 41, las entidades federativas tienen facultades para poder decidir su organización política; se consideró también que esta materia era de carácter electoral y que entraba en la competencia de las entidades federativas.
A juicio de la subcomisión de examen previo, se manejó que no había lugar a incoar el procedimiento de juicio político. Nosotros pensamos que jurídicamente tenemos la razón, se debatió, se debatió de manera muy amplia, porque se consideró que la Constitución General no prevé las situaciones de la realidad de manera concreta en cada una de las entidades federativas.
Se consideró que la reforma a la Constitución generaba un vacío que podía ser cubierto con cualquier de las figuras de gobernador que señala el artículo 116. Todo esto se manejó.
Sin embargo, ustedes mismos bajo su propia hipótesis, como lo han señalado, como lo han manejado, han expresado que el orden constitucional se ha restablecido; a nuestro juicio nunca fue violado el orden constitucional y el dictamen lo maneja de manera directa, de manera expresa.
Si a juicio de ustedes y bajo su propia hipótesis el orden constitucional se ha restablecido, ¿qué caso tiene que sigamos discutiendo un dictamen que durante muchas horas se discutió desde el punto de vista jurídico?
Yo creo, compañeros diputados, que es un tema ampliamente discutido, que es un tema que ustedes mismos han señalado que debe ser analizado y discutido en el Estado de Yucatán; que es un tema que bajo su propia hipótesis ustedes han señalado también que el orden se ha restablecido.
Si todo esto ha pasado, ¿qué caso tiene que sigamos discutiendo algo que ha sido totalmente discutido?, además, se puede discutir en el pleno, pero en otro momento y con otras características.
Creo que como lo hemos señalado, es un asunto discutido, es un punto de vista que no sostiene tan solamente el Partido Revolucionario Institucional, sino los integrantes, salvo uno, de la subcomisión de examen previo, en donde están representados todos los partidos políticos.
Por eso consideramos que en tratándose de esto es una discusión que a nada nos va a conducir. Hay un dictamen sostenido por mayoría de votos de los integrantes de la subcomisión de examen previo en donde se señala de manera clara que no ha lugar a incoar el procedimiento de juicio político contra ninguna de las personas denunciadas.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Fernando Gómez Mont.
El diputado Fernando Francisco Gómez Mont Urueta:
Con su venia, señoras y señores diputados:
Se han hecho afirmaciones aquí, que por elemental respeto a la verdad, no pueden ser asentadas.
En primer lugar, no le acepto al diputado del PRI que vino a decir que la demanda de juicio político se instauró como mera táctica de cuestionamiento.
Hace, apenas la sesión pasada, cuando el Partido Acción Nacional advirtió que aquello que estaba planteado en la tribuna estaba afectado de inconstitucionalidad, expresamente se retiró del debate.
Tal vez para algunos la defensa de la Constitución sea argucia; para nosotros es elemental principio de acción política.
Tampoco le puedo aceptar yo al diputado Uscanga, que venga a decir aquí que en la subcomisión de examen previo, hubo poca materia jurídica qué discutir, nos cansamos y nos volvimos a cansar de argumentar jurídica y políticamente el caso de Yucatán.
Ya que el diputado Paoli ha quedado claro de la estulticia de ciertos motivos de legislador al reformar la Constitución, decírmelo no se puede, pero venir a alegar aquí que el debate no fue dado en los terrenos de la defensa a la Constitución, que fue poca la materia, que es opinión de cada cual y de cada quien, eso no se lo podemos aceptar, ni podemos aceptar que la razón del número esté por encima de la defensa de la Constitución.
No es la primera vez que se ha discutido en este Congreso, la responsabilidad política de los legisladores yucatecos; no es ésta la primera prueba de desprecio que tienen por el régimen federal y por la Constitución, que asienta las bases de organización del poder en México. Tan es así que al final, en ejercicio de ironía, yo tuve que sostener que tal vez la demanda fuera excesiva, cuando se decía que los diputados yucatecos habían votado sabedores que violaban la Constitución y dije que era mucho concederles a los señores diputados el que conocieran la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mucho menos que votaran sabiendo que la violan.
La defensa a la Constitución, señores diputados, es punto de partida de la actividad política. Asumimos nosotros la lucha constante de cambiar a México, de atacar a sus problemas más graves por las vías de la Constitución. Es terriblemente preocupante que no la defendamos con toda la energía y que se venga a decir que sólo es cuestión de opiniones.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Martín Tavira.
El diputado Martín Tavira Urióstegui:
Señor Presidente; señoras y señores diputados:
En realidad en este debate no se han tocado a fondo las cuestiones jurídicas.
Supuestamente lo que estamos debatiendo es el dictamen de la subcomisión de examen Previo y nadie se ha referido a ese documento. Se ha tocado como de soslayo la constitucionalidad o anticonstitucionalidad de las reformas yucatecas, pero no se ha ido al fondo.
Yo estoy muy lejos de sustentar las tesis kelsenianas del derecho puro al margen de la realidad. Toda norma jurídica tiene siempre una causa, se deriva de circunstancias económicas, sociales o políticas. Por eso decía Heller que la norma jurídica, o para decirlo con su expresión, la normatividad jurídica era un reflejo de la normalidad social, o sea, el derecho refleja la realidad social. Siempre hay factores que impulsan a dictar leyes.
Yo no quisiera discutir a fondo este problema político de Yucatán, que serían las circunstancias en que fueron dictadas las formas, porque no está a debate eso.
Los señores diputados del Partido Acción Nacional que intervinieron en este asunto, han dicho que el PRI se aprovechó de estas reformas, que se benefició, que eso no es legítimo. Quiere decir que entonces los diputados de Acción Nacional reclaman porque fueron perjudicados; es decir, ¿es un problema de beneficios o perjuicios desde el punto de vista político?
Ahora bien, la pregunta clave es si los legisladores yucatecos, sujetos a la denuncia, a la demanda de juicio político de Acción Nacional, violaron la Constitución, violaron concretamente el artículo 116. Ese es el punto central del problema, el punto central de carácter jurídico.
Yo no juzgo, porque soy un ser humano sencillo que puede cometer muchos errores, yo no juzgo si los diputados yucatecos desconocen la Constitución. A priori el diputado Gómez Mont los calificó de ignorantes, de que desconocen la Constitución. Yo no podría hacer esa afirmación. Los legisladores locales de cualquier partido político, en general merecen mi respeto y creo que la primera obligación de un diputado nacional o local, es el de conocer la Carta Fundamental de su país, pero no prejuzgo si fue la ignorancia la que obligó a estos diputados a dictar una serie de reformas anticonstitucionales.
Mi punto de vista, de carácter constitucional, ya lo conocen los diputados que formaron parte de la subcomisión de examen previo. El artículo 116 de la Constitución establece un sistema de elección de los gobernadores de los estados, como se establece un sistema para la elección del Presidente de la República, de los diputados y de senadores.
Los miembros del Poder Ejecutivo de los estados y el Presidente de la República, deben ser electos de manera directa; los diputados y senadores de la República deben ser electos de manera directa. Ese es el sistema.
Recordamos que la Constitución de 1824 no establecía a la elección directa para el titular del Poder Ejecutivo Federal, eran las legislaturas locales las que designaban al titular del Poder Ejecutivo. Hubo elecciones indirectas durante el Siglo XIX; ahora el sistema es la elección directa.
Generalmente en los sistemas parlamentarios, el titular del Ejecutivo se elige de manera indirecta, generalmente; es decir, es el parlamento el que designa al Presidente, pero en México, constitucionalmente nos rige un sistema presidencial, digo, sistema presidencial, que no es lo mismo que sistema presidencialista; sistema presidencial es el sistema establecido por la Carta Magna, sistema presidencialista es el vicio, como diría Aristóteles, es una degeneración del sistema presidencial.
Ese es el sistema la elección directa. La gran pregunta es entonces: ¿la reforma que hicieron los diputados de Yucatán, acusados por los diputados de Acción Nacional, rompieron este sistema de elección directa del gobernador del Estado? ¿Sí o no? ¿El sistema?
Se ha invocado el federalismo. ¿Tienen o no los estados el derecho de dictarse algunas leyes para regir sólo en el territorio respectivo? ¿Tienen derecho los legisladores a hacer reformas a la
Carta Fundamental del Estado, sí o no? ¿Tienen derecho los diputados del Estado de Yucatán a modificar los calendarios? Y para modificar los calendarios, ¿puede el Congreso del Estado establecer que por esa única vez se elegirá un gobernador interino, como decía Gómez Mont, un tipo nuevo de gobernador interino?
La pregunta es: ¿tiene derecho el Congreso del Estado de Yucatán a reformar la Carta Política para establecer una modalidad de gobernador interino para cubrir un año y medio de gobierno? Esa es la pregunta.
Y yo digo, haciendo una interpretación lógica, sistemática, política, inclusive, progresiva si se quiere, del artículo 116 de la Carta de Querétaro, no hubo violación al sistema de elección directa de gobernador del Estado. Haciendo uso que la facultad que la propia Carta de Yucatán le concede al Congreso local, dictó reformas para cambiar los calendarios y dentro de ese cambio de calendario para elegir con una modalidad al gobernador del Estado por unanimidad. ¡Que con eso se benefició el PRI! ¡Tal vez, no lo sé, es posible! ¡Que con eso se perjudicó el PAN! ¡Tal vez, no lo sé, a lo mejor!
¿Entonces es conflicto de intereses o es un problema de respeto al federalismo? ¿Es conflicto de intereses entre dos partidos o es un problema de defensa del Pacto Federal, de la pureza del sistema federal? Está la gran pregunta, porque en todo caso, la reforma o no reforma, depende de factores políticos de un conflicto entre dos partidos contendientes.
Entonces, con todo respeto, distinguidos legisladores, yo sostengo que desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de la autonomía, o si se quiere de la soberanía interna de los estados, en este caso concreto no se violó la Constitución Federal y los diputados del Congreso de Yucatán, que iniciaron la reforma o la aprobaron, obraron conforme a derecho y conforme a la soberanía del Estado y conforme a las facultades que la Constitución concede a los legisladores.
Ese es mi argumento, señoras y señores diputados. Si vamos a discutir aquí otros problemas de carácter político, discutámoslos, pero que se entienda bien, son problemas de política local del Estado de Yucatán, el conflicto de intereses de partidos entonces.
Llevemos a otra dimensión el debate. Pero queremos referirnos al dictamen de la subcomisión de examen previo, entonces atengámonos a la argumentación jurídica y debatamos en este plano. Muchas gracias.
El Presidente:
Antes de dar el uso de la palabra al diputado Fernando Gómez Mont, esta Presidencia aclara que el ciudadano Martín Tavira se había inscrito originalmente en el turno de oradores, pero por un problema no previsto, no hizo uso de la palabra en su oportunidad y tal pareciera, que hubiera hecho uso de la palabra para rectificar hechos, pero fue en el mismo sentido que lo hicieron los oradores iniciales.
Tiene la palabra el diputado Fernando Gómez Mont, para rectificar hechos.
El diputado Fernando Francisco Gómez Mont Urueta:
Con su venia, señor Presidente:
En el mismo tenor de mi intervención anterior, es necesario aclararle al diputado Tavira que esto no es un problema del PRI o del PAN, es un problema de respeto elemental a los ciudadanos yucatecos.
La nuestra es una lógica completamente distinta de la que anuncia el señor diputado. No es un problema de negociaciones o de presiones, es de elementales principios de la convivencia política - democrática de este país.
Se queja de la falta de argumentos jurídicos. Les dimos muchos y ahora se los repetimos.
El federalismo, es decir, la coexistencia en un mismo territorio de poderes federales y estatales, no es para que en ciertas materias los estados hagan lo que les venga en gana; deben estar sujetos a principios sobre los cuales se constituye la legitimidad y la autoridad de esos propios poderes.
Se nos decía, entonces, que por qué decíamos que se violentaba el federalismo y la democracia, que había instituciones, había prensa, había marchas. Y yo les dije que bajo esa lógica se defiende hasta la dictadura; allá también hay instituciones, hay prensa y hay marchas, hay que ver qué tipo de instituciones, de prensa y de marchas.
No. El sustento de esas autoridades ha de ser el voto popular.
Y decía yo, tiene razón el diputado Tavira, que yo alegaba que en Yucatán se había creado un nuevo tipo de gobernador, pero otra vez lo decía en sorna, ya me voy a volver terriblemente solemne.
Decía que la Constitución hablaba de gobernadores interinos, sustitutos, provisionales, pero que en Yucatán habían inventado un nuevo tipo de gobernador: El interino por esta sola vez.
Y decía y me extrañaba, por qué si partían, según ellos, de un planteamiento constitucional, la admisión temerosa de que sólo por esta vez, sólo por esta vez se violará el artículo 116 de la Constitución; sólo por esta vez se designará a la autoridad, habiendo la posibilidad concreta de una elección por el propio Congreso, que aprobaba la reforma.
Y sostenía que la inconstitucionalidad de volvía procaz, cuando el propio Congreso daba lugar a una excepción. El decía: "No se verifica la elección".
Y a partir de esa excepción que él mismo genera, se abroga la facultad de determinar al titular de la administración pública, después de haber dado lugar a esa excepción y que eso es grave.
Y decía, claro que se beneficia el propio Congreso, porque sin pasar por la decisión popular la expropia, señor diputado, la expropia en beneficio de su propia decisión de nombrar al gobernador interino por esta sola vez.
Eso ya no sólo es inconstitucional, es grave y por torpe, hasta procaz.
No, señor diputado Tavira, yo no digo ni tengo por qué decir que los legisladores yucatecos no conocían la Constitución a priori, lamentablemente fue a posteriori.
No sólo esta vez, sino otra, en la forma más brutal, desconocieron un ayuntamiento de oposición y se alegó entonces que la Constitución no protegía a los ayuntamientos de oposición contra ese tipo de rapiña. Y claro, entonces, dimos el debate más enconado, por decir que sí los protegía la Constitución y que quien no los protegía era el voto que desconocía a esos principios básicos que sostenía el 115.
Y hoy decimos igual, no es que la Constitución no proteja al pueblo yucateco, son aquellos que obligados a defender la Constitución, por momentos se olvidan.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Ramiro Robledo, para rectificar hechos.
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz:
Muchas gracias, señor Presidente; compañeros diputados de México:
Indudablemente que en muchas cosas estamos de acuerdo con los diputados de Acción Nacional, en otras no, me parece que este problema bien puede ser de método o de óptica para advertir la verdadera cuestión del debate.
Dice bien nuestro compañero diputado Gómez Mont, no en ésta sino en la anterior intervención, de que el número no califica ni al argumento ni a la resolución; yo creo que eso es verdad, pero sí la cualifica, si no le da calidad de verdad, sí le da calidad de resolución y con esto no quiero decir que los argumentos y las razones que tuvo el dictamen de la subcomisión de examen previo para desechar la demanda de juicio político están alejadas de la razón y de la verdad jurídica. Es un problema de interpretaciones, compañeros diputados.
Yo creo que en este caso sucede y me parece que debe ser una posición honesta para los diputados de Acción Nacional consigo mismos, que los hechos legales, políticos, sucedidos en Yucatán, les parece con franqueza a ellos una violación al artículo 116. Franca o no franca, con el matiz de las palabras parece que les sigue pareciendo así.
Lo que sucede es que a los diputados de los otros partidos no nos parece igual, no tenemos la misma interpretación, sucede como en cualquier litigio: quien demanda arguye sus razones; quien resuelve da las suyas. En esta caso hay no por el número pero sí por los argumentos y las razones dadas entre los diputados que forman la subcomisión de examen previo, una verdad legal que se volvió resolución legal.
Yo creo que es y así me parecía al principio que los comentarios anunciados al dictamen en cuestión, eran para traer una especie figurada de segunda instancia al debate, pero no fue sino hasta entrada las intervenciones en que se empezaron a tocar cuestiones de fondo y me parece que es innecesario repetir los argumentos, por más que se hayan venido a decir, a volver a decir aquí los argumentos de la denuncia. Las respuestas fueron dadas, están en el dictamen y en la versión grabada de la reunión de la subcomisión de examen previo.
Sólo una cosa quiero puntualizar, ni a los priístas de esta Cámara, ni a los representantes del Partido Popular Socialista, ni a los del Frente Cardenista en la subcomisión de examen previo, ni los priístas de Yucatán han asumido o admiten que se violara con cualquier matiz la Constitución federal con esas reformas ya tan mencionadas y cuestionadas aquí.
Y el hecho de que se haya enviado una nueva modificación a esa primera reforma no admite lo primero. Muchas veces un acto apegado a la Ley, una resolución perfectamente fundada, puede ocasionar inquietudes y problemas de otra naturaleza y, con un poco de imaginación, no quiero ejemplificarlo, encontraríamos buenos casos que ilustraran lo que estoy diciendo.
Yo creo que la titular del Ejecutivo de Yucatán, por razones que van mucho más allá del cuestionamiento jurídico que se le hizo por haber promulgado, respecto de ella, aquella primera reforma a la Constitución de Yucatán, no atendió precisamente a una enmienda en la posición de los priístas de aquel Estado, sino fundamentalmente a preservar algo que es sumamente valioso, tan valioso como preservar la vigencia en la norma constitucional, que es la tranquilidad, la estabilidad y la paz social de aquel Estado. Creo que ésos son los motivos de la segunda reforma.
Y también dijo bien el diputado Gómez Mont, al final de todo yo creo que el único sustento legítimo que debe haber para las autoridades es el voto y en eso estamos, creo que el próximo noviembre en Yucatán los ciudadanos yucatecos harán el más cabal y consciente ejercicio de su derecho constitucional, votarán por quien les parezca la mejor opción y, para nosotros, ante estas circunstancias, todo lo que se diga después son cifras o palabras de un debate ya concluido. Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Paoli.
El diputado José Francisco Paoli Bolio:
Con su venia, señor Presidente; ciudadanos diputados:
He subido nuevamente a la tribuna para rectificar dos cuestiones, una planteada por el diputado Martín Tavira y otra planteada por el diputado Robledo Santiago.
En primer lugar, quisiera decir que no es un sistema el que se protege en la constitución, sino un conjunto de principios. El artículo 40 de la Constitución establece que los estados de la República están unidos en una federación establecida, según principios fundamentales de esta Ley. Esto es lo que dice el artículo 40. Esos principios son los que todos tenemos que respetar, no son principios sujetos a votación, a menos de que lo hiciera el Constituyente Permanente para modificarlos, son principios fundamentales, ésta es una República representativa, democrática y federal.
Esos principios se violaron porque para organizar la República democrática y federal, se establece en el artículo 116, diputado Martín Tavira, diputado Ramiro Robledo Robledo, una serie de limitaciones. Ya decía el diputado Gómez Mont y hace falta pronunciarlo un poco más claramente.
Dice el artículo 116 en su segundo párrafo: "Los poderes de los estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas", "con sujeción a las siguientes normas", no haciendo ni siquiera por una vez lo que les dé la gana y la primera de esas normas, de esos principios, de los que habla el artículo 40, compañero Tavira, diputado Robledo Santiago, son los siguientes:
"Los gobernadores de los estados no podrán en su cargo durar más de seis años" y en seguida: "La elección de los gobernadores de los estados y de las legislaturas locales será directa y en los términos que dispongan las leyes electorales", pero será directa.
De tal manera que haber interrumpido por una sola vez, que no lo fuera, porque se establecía un gobernador que se llamó interino y que ni por la raíz de la palabra puede llamarse así, porque un interino es el que cubre un interregno, ad - interin, entre uno y otro. Aquí estaba llegando al final de su tiempo un período constitucional de Gobierno y por tanto el siguiente, de acuerdo con esta primera norma del artículo 116, tenía que hacerse conforme a elección directa.
Por eso creemos que se ha reparado el daño por más que subsista la violación a la Constitución, cuando ella se hizo y no se puede mayoritear a la Constitución, señores diputados. No es una cuestión de ofrecer razones y después un juez impoluto dicta sentencia; es cuestión de que hay que atenernos todos a esta Constitución mientras no sea cambiada y como no hubo cambio de ella, se violentó por una sola vez. Pero ¿quién nos asegura que mañana no nos vuelvan
a decir en otro Estado según ciertas conveniencias, momentos, calendarios, que se va a volver, por otra sola vez. Esto es lo que nos preocupa, nos preocupa jurídicamente, porque es cierto que éste es un asunto político en el fondo. No acepto la versión del diputado Tavira, de que el derecho es reflejo de la realidad social, son de las tesis más superadas, que se cayeron hace mucho, antes que el Muro de Berlín. No es un reflejo, el derecho es una construcción racional para la conquista del bien general, del bien común. No es un simple pacto de tolerancia. Yo tampoco acepto la tesis que él señala, positivista. Pero sí le diría que aquí hay un principio violado, el principio del Gobierno Federal, por el cual estamos unidos los distintos estados, que tiene que sujetarse a ese pacto que hemos tenido y que esta disposición violó ese pacto y en consecuencia, uno de los principios a los que alude el artículo 40 constitucional. Muchas gracias.
El Presidente:
Para contestar alusiones personales, el diputado Martín Tavira, tiene el uso de la palabra.
El diputado Martín Tavira Urióstegui:
Señor Presidente; distinguidos diputados:
Es muy penoso tener que aclarar algunas cosas. Lo digo con todo respeto al diputado Paoli, porque es un distinguido intelectual, ex rector de una universidad, historiador destacado, autoridad en el conocimiento de su Estado.
Digo, por eso es penoso tener que aclarar ciertas cosas.
Dice el diputado Paoli, que no debe hablarse de un sistema, sino de principios. Bueno, diputado Paoli, ¿qué es un sistema? Un sistema es un conjunto de principios también, claro que sí, señor. No solamente es esto, naturalmente. Un sistema también es un conjunto ordenado de cosas, es una estructura también. Pero también en un conjunto de principios. Por eso hablamos de sistema de Gobierno; por eso hablamos de sistema de normas, etcétera.
¿Qué cosa con principios? ¿Qué cosa es un principio?, pues sencillamente es el comienzo de todo, como diría Perogrullo; es decir, el cimiento de un edificio es el principio del edificio, por eso dije era penoso decir estas cosas ante un intelectual como usted, diputado Paoli. Un principio desde el punto de vista de las ideas, es la idea fundamental; los principios son las ideas directrices en materia jurídica, en materia política, en materia filosófica, las ideas centrales diríamos. Las ideas fundamentales de un sistema, de un cuerpo doctrinario, ésos son los principios, los que dan vida, los que orientan y, un sistema es un conjunto de principios. Entonces, no me reproche usted que...no me corrija usted el lenguaje, podemos entender muchas cosas diversas.
Yo estoy en lo correcto cuando digo que es un sistema la elección directa de los gobernantes. Entonces ¿se rompió o no se rompió ese sistema? Ahí está la pregunta: ¿se rompió o no se rompió ese conjunto de principios que amparan el sistema federal y la autonomía de los estados? Esa es la gran pregunta.
Por una reforma constitucional que les daba a los ciudadanos el derecho de elegir, después de un interregno como dice usted, que le daba el derecho a los diputados locales a elegir un gobernador interino en ese interregno, rompía el sistema ¿sí o no?, de elección directa de los gobernadores. Ese es el problema central. Si la reforma yucateca rompía el sistema de elección directa de gobernador, entonces estoy de acuerdo con usted en que había una violación al artículo 116. Si no rompía el sistema, no había violación al artículo 116. Ese es el hecho concreto. Atengámonos a ese principio, como usted dice.
Claro, no creo que un Estado se atreviera a tanto, que una Legislatura local se atreviera a tanto. Pero si por ejemplo un Congreso local estableciera el sistema de elección directa de su gobernador, evidentemente que estaba rompiendo con un sistema establecido por la Constitución General de la República, con un conjunto de principios, justamente.
Pero no me diga usted, licenciado Paoli, doctor Paoli, que yo soy positivista. Manejamos los términos en su justo significado.
Yo cité a Herman Heller, que usted conoce, yo cité al eminente jurisconsulto y filósofo que rebatió las tesis de Kelsen, fundamentalmente en su obra: La Soberanía, justamente La Soberanía.
Dice usted que es una tesis totalmente muerta o pasada de moda, licenciado Paoli, doctor Paoli, pero es que el derecho ¿de dónde viene? ¿De la nada? Como dijo Kesell ¿vino del cielo? ¿Viene de los demonios, de los dioses? ¿De dónde viene el derecho? ¡Viene de la realidad! Un derecho que apunta al porvenir, pero que depende de las fuerzas sociales que quieren el porvenir, o de un derecho que apunta al pasado, como
quieren muchos; un derecho que refleja intereses poderosos o un derecho que refleja intereses de los que luchan por sus intereses de clase trabajadora, exprimida por la burguesía voraz. Ese es el asunto, doctor Paoli.
En todo caso, una costumbre debiera ser en el Congreso, en la Cámara de Diputados, la de contestar puntualmente lo que se dice, no rehuir el debate; justamente lo que se dice.
Si usted, doctor Paoli, con toda la sabiduría que posee rebate usted la argumentación que le he hecho, cumpliremos con un interesante debate; si no, mejor dejamos las cosas como están. Gracias.
El Presidente:
Para contestar alusiones personales, tiene la palabra el diputado Paoli Bolio.
El diputado Francisco José Paoli Bolio:
Con su venia, señor Presidente; ciudadanos diputados, ciudadano diputado Martín Tavira:
Aprecio sus referencias a mis condiciones personales; pero estoy aquí de nuevo porque como usted señaló que no deberíamos rehuir el debate, vengo a tratar de puntualizar algunas de las afirmaciones que usted hizo, otras que yo hice, para tratar de darles un fundamento mucho más amplio en los pocos minutos que tenemos para estas intervenciones.
Y quisiera decirle que como usted se refirió a la Constitución General, hablando de un sistema, usted hablando de un sistema; la Constitución no habla de un sistema. Usted es libre de hablar de sistema. Yo no creo, pero en fin no voy a discutir solamente la semántica ni la concepción de sistema que usted pueda tener.
Lo que si estoy seguro es que un sistema no es un conjunto de principios, al menos no es solamente un conjunto de principios. Un sistema es una forma de procesamiento de la realidad, puede ser la realidad en sus diversos aspectos. Es un sistema que procesa con entradas, tratamiento y salidas de algún tipo, según la concepción más generalizada de sistema que hay.
El sistema puede ser más o menos funcional si procesa bien, adecuadamente, para quienes lo juzgan una realidad. Pero es un concepto no jurídico.
Aquí estoy hablando de principios porque la Constitución en su artículo 40 establece que todos los estados de la República, que todos los ciudadanos por supuesto, pero refiriéndome específicamente a los estados de la República, dice que: "Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una Federación establecida según los principios de esta Ley fundamental".
Y uno de esos principios, diputado Tavira, señores diputados, es precisamente el de democrática y el de federal y, esos dos principios quedaron violados al no acatarse la forma específica de organización de la Federación que en materia de constitución de los gobiernos de los estados establece límites. No se pueden hacer en un Estado regímenes monárquicos, que sería absurdo; pero tampoco se puede evitar cumplir con el principio democrático de la elección directa.
Uno de los principios, y es un principio fundamental, diputado Tavira, no es un asunto trivial, es que tiene que ser una elección democrática y directa. Porque antes hubo elecciones que se llamaban democráticas, hasta Madero, pero eran indirectas.
Y esta Constitución de 1917 estableció por primera vez que se hicieran elecciones directas.
Entonces no estamos en presencia de un principio trivial, no estamos en presencia de algo opinable. Estamos en presencia de un principio fundamental que es que ¡el pueblo tiene que elegir a sus gobernantes cuando un período de representación ha concluido!
Y si se había tomado facultades los diputados de Yucatán, arrogándose disponer sobre otro poder, para un período que ni siquiera era el que ellos tenían vigor como representantes, estaban violando también entonces la representación. No sólo la democracia , no sólo la elección directa, sino también el principio de representación.
Esta es una fundamentación jurídica de fondo, no es una argumentación solamente política.
Yo acepto que la política es la lucha para dirimir de acuerdo con la correlación de fuerzas ciertos problemas políticos, la elección de gobernantes, entre ellos. Pero ella, si ha de darse civilizadamente, ha de hacerse en el marco de la Ley;
una Ley que no puede ser mayoriteada, ni por un Congreso local ni por una Comisión o subcomisión de esta respetable Cámara. Muchas gracias.
TRATADO DE LIBRE COMERCIO
El Presidente:
Para referirse al proceso de ratificación del Tratado de Libre Comercio, tiene la palabra el diputado Jorge Calderón Salazar.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar:
Con su venia, señor Presidente; estimados compañeras y compañeros legisladores:
En estos momentos, posiblemente a esta misma hora, en algún lugar de una ciudad canadiense, en Ottawa, hay tres grupos de negociadores de México, Estados Unidos y Canadá, discutiendo los acuerdos paralelos del Tratado de Libre Comercio.
Posiblemente la suerte de millones de trabajadores de México, Estados Unidos y Canadá, está en juego precisamente en estos diálogos a puerta cerrada y fuera de la mirada de la opinión pública y de los medios de comunicación. Posiblemente también mucho de la suerte de nuestros bosques, de nuestras aguas, la suerte de nuestro medio ambiente, en México, Estados Unidos y Canadá, esté también en la mesa de discusión.
Y más aún, las decisiones que ahí se tomen junto con aquellas que ya fueron discutidas en el marco del Tratado de Libre Comercio, pueden afectar la suerte entera de generaciones de mexicanos, al igual que de ciudadanos de Estados Unidos y Canadá.
Asombra a veces la magnitud de las decisiones que están siendo tomadas por pequeños grupos de tecnócratas en el marco de las negociaciones del TLC y de los acuerdos paralelos y el escaso diálogo democrático, la falta de interés y el ocultamiento de cuestiones fundamentales para la integridad de nuestra República, que ha sido utilizada como razón de Estado, a lo largo de más de dos años de negociación del Tratado de Libre Comercio y de negociación de los acuerdos paralelos.
Me adelanto de antemano a un argumento que va a ser expuesto posiblemente en esta tribuna de la Cámara de Diputados: En tal o cual ocasión, ha venido el doctor Serra Puche a informar de tales o cuales aspectos de lo negociado. En tal momento, equis grupo de ciudadanos o de diputados o de senadores se ha reunido con Herminio Blanco o con tal o cual funcionario. ¡No es eso lo que nosotros estamos exigiendo!, ¡no son reuniones circunstanciales donde como alumnos de una escuela primaria venga el gran maestro a ilustrarnos de su gran sapiencia y sabiduría!
¡El diálogo republicano, la solidez de las instituciones democráticas de México, exige algo más que una comparecencia donde venga alguien como procónsul a informarnos de sus grandes conocimientos; exige concertación, exige consensos fundamentales con las fuerzas políticas y con la sociedad civil; exige tomar en cuenta la opinión de millones de mexicanos y crear consensos básicos de aquello que afectará la suerte de miles y miles de medianas y pequeñas empresas, de millones de productores del campo y de la ciudad, de billones de trabajadores y de amas de casa y la suerte en general de las instituciones republicanas!
En este momento en México, al igual que ha habido un gran debate en países como Dinamarca, recientemente, en países como Francia y en otros más, los medios de comunicación: la televisión, la radio y la prensa tendrán que estar informando de manera precisa y veraz sobre qué significa el Tratado de Libre Comercio ya negociado y que es lo que está siendo discutido en los acuerdos paralelos, porque la suerte de la República está en juego y, debiera esta Cámara de Diputados tener facultades, como reiteradamente lo hemos exigido varias fuerzas políticas nacionales y como seguramente lo discutiremos la semana próxima en un debate específico sobre este punto, debiera cada Comisión de la Cámara de Diputados, estar discutiendo capítulo y áreas que involucran problemas específicos del conjunto del trabajo legislativo que aquí tenemos.
La de comunicaciones debiera estar discutiendo las facultades que se van a dar en materia de circulación en territorio mexicano de ferrocarriles extranjeros, con posibilidad de tener instalaciones en México.
La Comisión de Energéticos, debería de estar discutiendo la constitucionalidad de que extranjeros tengan termoeléctricas e hidroeléctricas en nuestro territorio. Las comisiones que tienen que ver con Ciencia y Tecnología, tendrían que estar discutiendo lo relativo a patentes y propiedad intelectual y muchas más.
La de Hacienda, todo el paquete de regulación financiera que autoriza topes extremadamente elevados para que corporaciones extranjeras controlen segmentos importantes de la banca, los seguros, las casas de bolsa y el crédito.
Cada Comisión, cada sector de la economía mexicana, cada sector de la vida nacional es afectado por ello, se habla mucho y ha sido reiterado cientos de veces, en discursos gubernamentales que hay defensa y preservación de soberanía. Preguntamos nosotros: ¿hay acaso preservación de soberanía cuando se acepta ya en el tratado negociado, un panel de solución de controversias que permite que un grupo de expertos, tome decisiones comerciales que afectan a nuestras instituciones republicanas?, ¿eso es preservar soberanía cuando un poder supranacional decide cuestiones comerciales que afectan a nuestra integridad como nación?, ¿eso es? y ¿ése es el modelo que los Estados Unidos pretenden hoy en Ottawa, a estas horas, imponer en materia de sanciones comerciales, si no se cumplen ciertas disposiciones ambientales y laborales donde ellos pretenden establecer sus propias reglas de juego? y ¿eso se llama neo - proteccionismo? ¿Eso se llama mayores presiones que se quieren ejercer sobre México, para obtener un acuerdo aún más desventajoso del acuerdo que ya fue negociado y se dice, no se quiere reabrir la negociación del Tratado de Libre Comercio.
Y qué otra cosa es la pretensión norteamericana de negociar salvaguardas, esa extraña palabra que ha escapado a la opinión pública que parece lenguaje tríptico de tecnócratas y expertos, pero significa que cada país signatario del tratado, se reserva la posibilidad de establecer barreras arancelarias ante aumentos súbitos de exportaciones y como si esto no fuera suficiente, para proteger los intereses de los Estados Unidos, hay grupos neo - proteccionistas en Estados Unidos que hoy pretenden sistemas de protección de su economía. aún más fuertes que los que ya han negociado, porque no son dos, estimados compañeras y compañeros legisladores, son tres los acuerdos paralelos que están siendo negociados y uno de ellos se llama salvaguardas que quiere decir mayores facultades proteccionistas que buscan los Estados Unidos, con posibilidad como lo han hecho con el atún, de utilizar argumentos ecológicos y argumentos laborales, en favor de intereses de protección de industrias declinantes, afectando los intereses fundamentales de nuestra nación y de nuestros productores, esto es lo que está en juego y asombra, repito, que cuando están discutiéndose problemas fundamentales de nuestra soberanía y de nuestra independencia, haya una cerrazón en el Gobierno y un bloqueo en el debate, en medios de comunicación, de estos problemas fundamentales. Programas de cobertura nacional en televisión, debieran ser dedicados para que los diferentes sectores de la sociedad civil y de los partidos políticos, debatiéramos como se hizo en Dinamarca, como se hizo en Francia y como se está haciendo hoy en toda Europa, respecto al Tratado de Maastricht, así deberíamos estar en México, debatiendo sobre el Tratado de Libre Comercio y debiera haber páginas enteras en los medios de comunicación abiertas a este debate, franco y abierto, de manera clara, sobre cuáles son los términos de la negociación y cuáles son los términos del debate.
En fecha próxima se anuncia en algunos medios de comunicación: el doctor Herminio Blanco irá al Senado, dirá algunas cosas sobre los acuerdos negociados; pero eso no es un diálogo republicano, es apenas una información que debiera ser diaria y cotidiana de lo que ahí se está viendo. Nosotros, pese a la cerrazón, pese a la negativa a abrir los medios de comunicación a un debate democrático en el Tratado de Libre Comercio, seguiremos junto con un conjunto de fuerzas sociales y políticas de esta República, insistiendo que ese Tratado de Libre Comercio no puede ser aprobado en las condiciones que fue negociado, a menos que se rompan consensos fundamentales y el grupo que lo negoció no tiene de ninguna manera la legitimidad para alegar a futuras generaciones una hipoteca en materia de soberanía nacional que nosotros desde hoy cuestionamos y reafirmamos algo que pareciera que no quieren escuchar un cunjunto de funcionarios y de tecnócratas, el Gobierno mexicano que se establezca en 1994, después de la elección presidencial de agosto y el Congreso de la Unión que surja de esas elecciones, tiene la facultad inalienable, dígase lo que se diga, de revisar el contenido del Tratado de Libre Comercio negociado, de revisar los acuerdos paralelos y todo aquello que eventualmente pudiera ser ratificado o firmado, porque con la soberanía de la nación no se negocia y las pretensiones de continuismo en materia económica que hoy adquieren nueva fuerza con un continuismo en materia financiera, queriendo dotar al Banco de México de poderes supragubernamentales, no pueden ser aceptadas.
La soberanía de la República no se negocia y no podemos estar de acuerdo con afirmaciones hechas por funcionarios gubernamentales, de que con el Tratado de Libre Comercio se asegura la irreversibilidad de los cambios en materia económica, realizados a lo largo de 10 años de políticas de ajuste estructural y de austeridad en contra de los intereses de la nación.
No hay en historia, en soberanía de los pueblos irreversibilidades. La soberanía es indeclinable e irrenunciable y por ello, pese a quienes intentan poner candado a las transformaciones democráticas y al cambio que en materia económica nuestra nación en su momento deberá discutir, reafirmamos que con tratado o sin tratado, con autonomía del Banco de México o sin autonomía, habrá necesidad en 1994, de un debate nacional sobre las prioridades de su desarrollo, sobre qué es a lo que aspira esta nación para un desarrollo con justicia, con soberanía y con generación de empleo y de ingresos.
Y el Tratado de Libre Comercio, en la forma que ha sido negociado, pese a la reiterada afirmación casi ritual diríamos, de lo que aquí se diga, contiene cláusulas y principios que afectan soberanía y que nosotros decimos de manera enfática que deben ser renegociados de manera fundamental porque no tiene el consenso de nuestro pueblo y de nuestra soberanía popular.
Se reitera que la Cámara de Senadores tiene la facultad y la representatividad para discutirlo, nosotros decimos, no estamos de acuerdo con ello. La soberanía está en el pueblo y si hubiera verdadera voluntad política del Gobierno, no sólo debieran abrirse los medios de comunicación, no sólo debiéramos estar en cada Comisión de la Cámara de Diputados, discutiendo algo que afecta a millones de compatriotas de nuestro país, debiéramos también tener el valor, la audacia, la voluntad política de someter a un referendum nacional el Tratado de Libre Comercio. De decir a cada mexicano que está de acuerdo con este tratado, previo diálogo democrático o está en contra del Tratado y bajo qué condiciones.
Evidentemente si hubiera esa voluntad política, tendría cada mexicano en edad de votar, el derecho a tener la credencial que lo habilita para externar su voto y la garantía al igual que lo pedimos en materia de reforma política, la garantía de que el voto será respetado, que los votos contarán y se contarán y que el ganador será el ganador y el perdedor lo será, pero esto exige ante todo, un deseo de grandes sectores de la población de que su voz cuente, que la opinión de los mexicanos se escuche y que no se apruebe de manera silenciosa en algún día de agosto, septiembre o qué sé yo de julio, por 61 senadores, un Tratado de Libre Comercio que no goza de los consensos fundamentales.
En próximos días y en próximas semanas, en las condiciones difíciles que se nos impone en la Cámara de Diputados porque no se nos reconocen facultades, pero repito, en próximos días y semanas traeremos a esta tribuna, los legisladores del Partido de la Revolución Democrática y espero también que de otras fuerzas políticas, debates sustanciales sobre capítulos básicos del Tratado de Libre Comercio.
Se nos reconozca o no facultades, aquí discutiremos aspectos fundamentales y los mismos días que el Senado esté discutiéndolos, estaremos aquí insistiendo en esas cuestiones básicas. Discutiremos el contenido de los acuerdos paralelos, punto por punto, créanme que hay una voluntad política en fuerzas democráticas y en nuestro partido, de hacerlo.
Discutiremos el contenido de los aspectos básicos del Tratado de Libre Comercio porque es así el interés nacional y buscaremos como lo han hecho ya otras fuerzas democráticas, avanzar en las condiciones básicas que nos permitirían bajo otras formas, una correcta relación con la economía de los Estados Unidos.
Y que no se diga que al cuestionar el Tratado de Libre Comercio, nos estamos poniendo en contra de México y a favor de los intereses extranjeros, de ninguna manera. Como mexicanos orgullosos de haber nacido en esta tierra, defendemos que este tratado debe ser profundamente modificado y claro está, cuestionamos a esos neoproteccionistas de Estados Unidos, que quieren condiciones aún más lesivas de negociación del Tratado de Libre Comercio. Estamos en contra de las presiones que ejercen sectores conservadores norteamericanos, para obtener concesiones a costa de nuestra soberanía y creemos que es inaceptable.
Si además de que no existen condiciones para un diálogo democrático sobre el tratado, que se continúe con una práctica que hemos cuestionado desde noviembre de 1991, de aprobar legislaciones acordes o complementarias al Tratado de Libre Comercio, sin decirlo esto de manera abierta y clara.
El día de hoy conocimos un boletín de prensa, a ese nivel llegamos los legisladores; que aspectos sustanciales de las iniciativas legislativas los conocemos por boletines de prensa, pero repito, el día de hoy conocimos un boletín de prensa donde se nos informa de seis iniciativas que el Ejecutivo Federal envía al Congreso, cinco al Senado y una a la Cámara de Diputados, pero al analizar este boletín de prensa que encontramos, que una disposición básica del Tratado de Libre Comercio. ¡oh!, sorpresa, aparece en los contenidos que se anuncian de las leyes,
explícitamente se dice que habrá facultad para negociar en México valores, títulos y documentos emitidos en el extranjero; se anuncia una desregulación global del mercado de valores y peor aún, se dice, en un sistema financiero que ya es altamente abierto, que se buscará que sea un mercado más abierto a la competencia de intermediarios del exterior.
Esto es casi punto por punto, anunciar reformas acordes con el capítulo de inversión y del sector financiero del Tratado de Libre Comercio.
Nos preguntamos nosotros: ¿cómo es posible que se insista en una política de a cuentagotas, sin haberse aprobado el Tratado de Libre Comercio, ni en México ni en Canadá ni en Estados Unidos, en proponer iniciativas de Ley que prácticamente son regulatorias y complementarias al Tratado de Libre Comercio, cuando esto no goza del consenso en nuestra sociedad y es fuertemente cuestionado? Hay aquí una incongruencia fundamental y una afectación de principios básicos de convivencia política.
Y con la energía con la que en esta tribuna nuestro partido ha expuesto hoy mismo, la exigencia de una profunda reforma política democrática y una voluntad política de cambio, también decimos en materia de política económica y de debate sobre el Tratado de Libre Comercio, que tiene que haber una apertura, un debate, un diálogo y un esfuerzo de crear consensos básicos que nos permitan transitar hacia el Siglo XXI, en condiciones de un proyecto nacional de desarrollo independiente y soberano.
No queremos la cerrazón de México con el exterior, queremos buenas relaciones económicas con Estados Unidos y Canadá, como las queremos con América Latina, Europa, la Cuenca del Pacífico y el resto del mundo, pero tener buenas relaciones con el exterior, exige una intransigente defensa del interés nacional y de nuestra soberanía, negociar con patriotismo y con firmeza, con el apoyo del pueblo y con la energía que se requiere para defender el interés nacional.
Emplazamos pues a que este diálogo nacional, que no se ha dado en los medios de comunicación, se produzca en fecha próxima, a que haya voluntad política para hacer las reformas legales y constitucionales que se requieran para abrir la posibilidad de la participación ciudadana y de la Cámara de Diputados en la ratificación de tratados internacionales y que se abstenga el Ejecutivo de continuar con presiones en materia de aprobación, prácticamente por la vía rápida, de leyes complementarias al TLC, sin que existan los consensos fundamentales en nuestra sociedad.
Y reafirmamos que en próximos días y semanas, buscaremos todas las posibilidades para un debate sereno, sólido, claro, de las grandes prioridades del desarrollo y para el análisis del Tratado de Libre Comercio.
Creemos que en esto está el interés y la defensa de nuestro país y la integridad de la República. Muchas gracias.
ESTADO DE CHIHUAHUA
El Presidente:
Para referirse a los hechos ocurridos en la Escuela de Agricultura "Hermanos Escobar", en Ciudad Juárez, Chihuahua, se han inscrito los diputados José Luis Canales de la Vega y Raymundo Gómez.
Tiene la palabra el diputado José Luis Canales de la Vega.
El diputado José Luis Canales de la Vega:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Comparezco ante esta soberanía a nombre de los diputados priístas del Estado de Chihuahua, para denunciar los hechos de violencia que se dieron en Ciudad Juárez, Chihuahua, en la Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar, el día jueves 13 de mayo de los corrientes.
Fundamentamos nuestra comparecencia en el artículo 58 fracciones I, II, III y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Los habitantes del Estado de Chihuahua y especialmente los juarenses, nos encontramos consternados y sorprendidos por los violentos sucesos del pasado jueves 13 de mayo en la Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar. Grupos y ciudadanos perfectamente identificables, instituciones gubernamentales bajo la responsabilidad de funcionarios públicos, estatales y municipales, todos ellos, participaron con sus acciones y omisiones en lo que todos los medios de comunicación y la ciudadanía en
general, calificaron como dos horas sin ley en el campus de la Escuela Superior de Agronomía.
La sociedad juarense tiene todo el derecho de sentirse ofendida e indignada ante la circunstancia de que la autoridad estatal y municipal no hayan tenido la determinación ni la sensatez para evitar el enfrentamiento entre los grupos en pugna de la Escuela de Agronomía.
Ante estos acontecimientos, la sociedad juarense reclama una explicación de las acciones y omisiones de las autoridades respectivas y solicita la investigación de los hechos, porque todo hace suponer que no fueron actos espontáneos y mucho menos imprevisibles, con el agravante de que tanto el Gobierno municipal como el estatal, optaron por no encarar la situación, soslayando así la magnitud de las consecuencias.
Hechos: Primero. El jueves 13 de mayo de los corrientes, dos grupos de estudiantes se enfrentaron a golpes dentro de las instalaciones de la Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar, utilizando garrotes, varillas, piedras, bombas molotov y armas de fuego, causándose cuantiosos daños materiales a muebles e inmuebles, afectándose intereses de terceros, saliendo a relucir las armas descritas con las que se lesionó a los que se encontraban en el interior de la escuela, como también a los que iniciaron el enfrentamiento, estudiantes llamados disidentes. Todo esto ante la presencia de la policía preventiva y judicial del Estado y de sus superiores, quienes permanecieron impasibles observando cómo se lesionaba a los estudiantes que ahí se encontraban, presenciando igualmente cómo se quemaban automóviles y el edificio mismo, causando cuantiosos e incalculables daños, dejando además un saldo considerable de heridos de gravedad, varios de ellos con proyectil de arma de fuego y muchos lesionados.
Segundo. Los hechos, según las declaraciones del ingeniero Marcos López, director de Derecho de la Escuela de Agricultura, menciona que a las dos de la tarde del día de los acontecimientos recibió una llamada telefónica que le informó de los preparativos que la policía municipal, la judicial del Estado y un grupo de estudiantes disidentes, hacían para tomar por la tarde las instalaciones de la escuela. Declara que de inmediato trató de comunicarse con el presidente municipal y con el Jefe de la Policía Municipal y que jamás logró comunicarse con ellos. Declara que a las tres de la tarde la policía municipal, equipada como antimotines y la judicial del Estado con garrotes y vestidos de civil, se instalaron frente a la cerca que rodea la escuela, que las autoridades académicas se entrevistaron con el comandante Betancourt, el que les informó que su presencia era en calidad de observadores y que evitarían cualquier enfrentamiento.
Declara que ante la negativa de las autoridades municipales de contestar a los llamados del director de la Escuela de Agricultura, éste convocó a los canales de televisión locales, a los diarios y a los otros medios de comunicación que circulan en la frontera y ellos filmaron, fotografiaron, reportaron los acontecimientos. Estos son tercos y ahí están para mostrar los hechos y los actores, determinar culpables y fincar responsabilidades.
Tercero. En un desplegado de prensa, el alcalde de Ciudad Juárez, manifiesta que desde muy temprano tuvo conocimiento de la movilización de estudiantes, que siempre tuvo reportes continuos de la situación y que a partir de las 4.35 de la tarde, siguió los acontecimientos minuto a minuto, tratando de que la policía permaneciera al margen del conflicto interno y dice también que cuando la violencia fue incontenible y comenzaron los disparos, ordenó a la policía municipal que tomara las instalaciones coordinadamente con la policía judicial del Estado, la cual tenía las mismas instrucciones del gobernador Francisco Barrio. La versión de los testigos de esta batalla campal anunciada, es totalmente diferente.
Cuarto. Evitar los hechos de violencia era fácil; se conocía de la posibilidad del enfrentamiento. Prueba irrefutable de ello fue la presencia anticipada de los medios de comunicación masiva que captaron al detalle el enfrentamiento y la nada oportuna intervención de la policía municipal y estatal, que aun estando en terrenos de la propia escuela y habiendo bloqueado las arterias de acceso, permitió el choque violento entre los grupos en disputa.
Lo más graves es que, después de estar observando por casi dos horas este enfrentamiento y ver cómo se dañaban los estudiantes con disparos, piedras, garrotes y más, la policía no se dignó a participar; las autoridades municipales y estatales tuvieron conocimiento con mucha antelación de los preparativos para este enfrentamiento. Prepararon a los cuerpos policiacos, pero jamás dieron la orden de intervenir para salvaguardar la integridad física de los maestros, estudiantes, trabajadores y de los juarenses que por ahí transitaban, ni tampoco para proteger las instalaciones escolares y; cuando tardíamente intervienen lo hacen y los medios de comunicación los captan y se observa que la policía
y agresores se desprenden del mismo lugar y en el mismo sentido y que algunos de los elementos de la policía judicial iban armados con garrotes iguales a los que portaban los agresores.
Lo que los juarenses vieron por televisión, lo que la prensa reportó y fotografió, lo que analizan los editorialistas, muestran una sorprendente unanimidad; ésta coincide con las opiniones de todos los sectores sociales, organizaciones empresariales, partidos políticos, autoridades educativas, ciudadanos representativos, todos en general manifiestan que la policía y con ella las autoridades, permitieron que se diera un enfrentamiento entre dos grupos de ciudadanos que dejaron como saldo 13 heridos con proyectil de arma de fuego, algunos de ellos de gravedad, decenas de lesionados, 142 personas arrestadas y detenidas en el Centro de Readaptación Social, la Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar, incendiada y semidestruida, 18 vehículos quemados y por lo tanto cuantiosos daños patrimoniales a bienes propiedad de la nación y de particulares.
Cuando por fin interviene la policía, no detiene a uno solo de los agresores, por el contrario, los protege; irrumpe en la escuela, gasea a todos los que en ella se encuentran y detiene a las autoridades educativas, a maestros y alumnos y los traslada a prisión.
Sólo hasta que días después, cuando la prensa así lo señalo y la ciudadanía juarense lo condenó, el Ministerio Público solicitó se giraran órdenes de aprehensión que, por supuesto, no se han ejecutado, contra algunos de los estudiantes llamados "disidentes".
Cabe mencionar que los elementos de la policía reprimieron igualmente a reporteros y periodistas, por el hecho de estar informando en "vivo", a la ciudadanía y por estar próximos al director de Servicios Públicos Municipales, al tratar de acercarse a cumplir con su trabajo.
De todo esto fueron testigos y víctimas, pues también ellos fueron agredidos, reporteros y camarógrafos de prensa y televisión.
De los hechos aquí denunciados existen innumerables pruebas, como filmaciones, fotografías, testimonios, documentos con los que se pueden fincar responsabilidades e imputar culpabilidades.
Por ello, solicitamos a esta honorable Cámara de Diputados se turne la presente denuncia a las comisiones de Derechos Humanos y Gestoría y Quejas, para que le den seguimiento y rindan el informe correspondiente.
Dejo en la secretaría la denuncia de hechos. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Raymundo Gómez, del Partido Acción Nacional.
El diputado Rubén Raymundo Gómez Ramírez:
Con su venia, señor Presidente; honorable Asamblea:
Los lamentables sucesos violentos ocurridos en Ciudad Juárez, la tarde del jueves 13 de mayo, aunados a una inagotable cauda de atropellos a la Ley y al orden, constituyeron para que el Gobierno del Estado urgiera y asumiera una postura definitiva y enérgica, ante el problema protagonizado por grupos en pugna en la Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar, que llevaron a un terreno muy peligroso para la comunidad juarense, los efectos de posiciones irreconciliables.
Durante más de una década nuestra sociedad vivió los efectos de la relación de dicha escuela, con objetivos opuestos al quehacer académico. El bien logrado prestigio de esta institución en el entorno estatal y nacional, paulatinamente vino a menos con el respectivo deterioro académico.
La Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar, antes poseedora de un gran prestigio que trascendió las fronteras de nuestro país, ha sido desde aproximadamente 11 años, fuente de graves problemas que afectaban la tranquilidad de la comunidad juarense.
Las acciones violentas, daño a edificio y secuestro de personas, se han identificado con tal institución durante los últimos años. Como centro educativo no ha respondido a las expectativas que la sociedad demanda. Cabe señalar como dos datos significativos, que solamente un 2% de la población estudiantil son chihuahuenses.
Por otra parte, el gasto enorme que significa su funcionamiento: 12 millones de nuevos pesos en 1992, para una población de 1 mil 100 estudiantes, implica casi 10 millones de pesos viejos por alumno al año; viene a ser un costo muy
superior a los centros universitarios de nuestra entidad y los de muchos de otros en la República.
Sin embargo, a pesar de este gran presupuesto los dirigentes del plantel han sumido a la escuela en el desprestigio académico en que se halla postrada, pues la Universidad Autónoma de Chapingo, que durante algunos años ofreció su apoyo y reconocimiento de sus planes de estudio, se vio obligada a cancelarlo debido al bajo aprovechamiento y pésimo nivel académico.
La escuela ha venido funcionando de manera totalmente irregular, no tiene Ley orgánica que regule su funcionamiento ni autoridades legalmente constituidas, además no tienen sustento jurídico en cuanto a las actividades académicas y ha predominado un ambiente de serias irregularidades tanto escolares como administrativas.
Debido a los hechos vandálicos que protagonizaron los dos grupos en pugna desde noviembre de 1992, el Gobierno del Estado participó como gestor ante la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos de quien depende la operación de la escuela, con la finalidad de encontrar soluciones de fondo a los problemas que venían afectando a la comunidad.
Con ese motivo se planearon varias acciones encaminadas hacia la regularización de la escuela, para lo cual se establecieron compromisos de las partes involucradas. Algunas de las medidas de regularización debieron cumplirse a principios de mayo, pero al registrarse una actitud de incumplimiento por parte de los funcionarios de la escuela, comenzó a generarse un ambiente tenso que culminó con los hechos violentos que ahora lamentamos.
Como resultado de tales acontecimientos que lesionan la paz y la tranquilidad de todos, en virtud de que los sectores sociales expresaron su sentir por diversos medios al Gobierno del Estado, pidió éste a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, de manera comedida y respetuosa, se suspendiera el subsidio que la citada escuela venía recibiendo. Esta petición conlleva el firme deseo de garantizar plenamente los derechos laborales del personal académico y administrativo, así como la seguridad de reubicar a los estudiantes de nivel profesional en instituciones de prestigio, para lo cual serán otorgadas las becas que les permitan culminar sus propósitos académicos.
Con independencia de apreciaciones cargadas de prejuicios que atenten contra objetivos comunitarios y con estricto apego a los criterios de un intento de análisis apegado a la realidad, a continuación se expresan diversas razones de peso que constituyen las irregularidades que caracterizaron a la Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar, durante los últimos años:
Habrá un exceso de maestros y empleados que por lo demás muchos de ellos no apegaban su conducta al cumplimiento de sus responsabilidades. En la selección del personal académico se aplicaban criterios de favoritismo. Los programas de investigación eran deficientes y desligados de la problemática social.
Era escasa y mediocre la difusión cultural.
Los programas de extensión y de divulgación eran pobres, había un progresivo deterioro académico y escasa preparación profesional.
Los programas de estudio del plantel carecían del reconocimiento oficial, por lo que la escuela constituía en buena medida un fraude educativo.
En el plantel la lucha política de las fracciones partidistas están identificadas con el PRI y con el PRD.
En la escuela se daba la intromisión de tareas político - electorales al margen de la Ley.
Las actividades políticas estaban encaminadas a favorecer la llamada delincuencia electoral. Se daba el uso personal de bienes de la escuela en beneficio de directivos. El presupuesto asignado por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos era utilizado al arbitrio de los funcionarios escolares sin rendir cuentas a las autoridades o a la comunidad. El gasto presupuestal carecía de supervisión y de auditorías periódicas que garantizaran el buen uso de los recursos.
Como resultado de todas las irregularidades antes mencionadas y en atención al llamado del ciudadano gobernador de la entidad, el Oficial Mayor de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Alfredo Rojas, dio a conocer a la comunidad juarense la respuesta de esa dependencia del Gobierno Federal a la petición que hizo el gobernador Francisco Barrio, a fin de que fuera suprimido de manera definitiva el subsidio a la Escuela Superior de Agricultura "Hermanos Escobar" y concluir las actividades con el cierre de ésta.
Después de reconocer la tradición que mantenía la escuela "Hermanos Escobar" y estar consciente
de que grandes hombres del campo salieron de sus aulas, además del impacto que tuvo en el desarrollo del campo, lamentó profundamente el desarrollo que a últimas fechas había tenido dicha escuela, lo que desembocó en los hechos sangrientos, penosos y dolorosos que se vivieron en las últimas fechas.
Asimismo, el alto funcionario de la Secretaría señala que se han valorado profundamente las razones, los fundamentos que se presentan para tal acción y se concluyó que la decisión correcta es la suspensión de dicho subsidio. Más adelante, el Oficial Mayor de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos expresó que esa dependencia trabajará coordinada y estrechamente con el Gobierno del Estado para asegurar que se protejan los intereses legítimos de todos los grupos que están involucrados. Asimismo, agregó que se buscará liquidar conforme a la Ley a los trabajadores tanto académicos como administrativos.
Respecto a los graves acontecimientos que culminaron en la cancelación del subsidio escolar y el cierre del plantel Hermanos Escobar, el gobernador Francisco Barrio Terrazas, proporcionó información sobre los sucesos del pasado jueves. Dijo que se había tomado la decisión de asegurar el edificio de la Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar y se había puesto a disposición del Juez IV de lo Penal. Además, se levantó un acta notarial a fin de hacer el inventario detallado del equipo y de los bienes que se encuentran dentro de las instalaciones; el acta se hizo llegar al juez para su conocimiento y fines.
El gobernador Barrio afirmó que la trascendente decisión del Gobierno Federal en respuesta a la petición del Gobierno del Estado, viene a significar el principio de una solución esperada por la comunidad juarense desde hace ya muchos años. Para concluir expresó que la decisión final tiene que ver directamente con la protección de los objetivos socialmente importantes.
Algunos sectores, dijo, se empeñan en analizar el problema como reflejo de posiciones políticas en pugna, esas opiniones dejan de lado el análisis sesudo en torno a una situación que durante los últimos 10 años provocó hondo malestar en la sociedad juarense.
Señores diputados: Para finalizar, quiero puntualizar sobre mi intervención en todos los acontecimientos ocurridos en torno al problema de la escuela Hermanos Escobar. Esta intervención se limitó a ser mediador y gestor de soluciones en el conflicto, a solicitud del gobernador del Estado y a quien representé, guardando siempre una posición neutral y respetuosa de los derechos ciudadanos. Todas las decisiones tomadas a lo largo de seis meses de conflicto fueron acordadas en estrecha coordinación y comunicación con la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. En todo momento mantuve entera disposición para oír a las partes en conflicto, manteniendo siempre la imparcialidad y la firme voluntad para llegar a un resolución favorable a los intereses de la institución educativa, de la sociedad y de nuestro Estado. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra el diputado Pedro Medina Pérez y posteriormente el diputado Javier Centeno.
El diputado Pedro Medina Pérez:
Señor Presidente; señoras y señores diputados: Para el partido Popular Socialista, la preocupación sobre esta solución que se le quiere dar al problema de la Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar, de Ciudad Juárez, le es de suma importancia, no únicamente para el desarrollo agropecuario en el Estado, sino que esta institución educativa de nivel superior, tiene una presencia que no fácilmente se puede borrar de un plumazo, del escenario nacional en relación al aspecto agrícola y educativo.
En los últimos meses se han formado dos grupos: Uno, que ha trabajado para impulsar el desarrollo de esta institución educativa y, un segundo grupo que corresponde a los que se han interpuesto para que el desarrollo progresivo de esta institución, sea desviado.
Los que hemos estado cerca del sector agropecuario en el Estado de Chihuahua, los que trabajamos hombro con hombro, con los agrónomos egresados de esta institución superior, sabemos lo que representa para el campo chihuahuense. Sabemos lo que representa esta institución para la región del Valle de Juárez, una región que tiene un gran historial en la producción de algodón.
Sin embargo, se hizo uso de la violencia, no tanto entre los grupos en el conflicto, sino que se llevó la violencia oficial con la presencia de grupos policiacos del Gobierno municipal y del Gobierno del Estado. No únicamente afectando los
bienes materiales de la institución, sino que también golpeando a maestros y alumnos de esa institución. Claro que el objeto fue de tener un pretexto para poder justificar la intervención del Gobierno del Estado con un exceso de fuerza pública en contra de alumnos y maestros.
El PPS condena el uso de la fuerza pública, como un medio para solucionar los problemas de las instituciones de la cultura. El PPS no acepta que el Gobierno que preside Francisco Javier Barrio Terrazas, se abrogue facultades que no le corresponden y declare el cierre de esta institución.
Nosotros sabemos cómo presionó a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, sabemos cuáles fueron las acciones que se realizaron en ese ámbito, para no solicitar cómo públicamente se dio en los medios de la prensa, sino que sabemos cuál fue el lenguaje y cuáles fueron las medidas que se utilizaron.
Sobre esto, hay pruebas: los trabajadores del sector agropecuario en Chihuahua, tenemos conciencia y conocimiento del desarrollo de este problema.
El Partido Popular Socialista demanda la intervención de la Cámara de Diputados, para que contribuya a establecer la tranquilidad y los derechos de los estudiantes y de los maestros. Exigimos la libertad inmediata de estudiantes y maestros que se encuentran privados de su libertad.
Es absurdo que en estos momentos en que urge, en que se necesita impulsar la producción de alimentos agropecuarios, se proceda a golpear y a destruir las instituciones que pueden darnos los técnicos y que éstos pueden contribuir a satisfacer una de las demandas más sentidas del pueblo.
«Por todo lo anterior, el Partido Popular Socialista, de conformidad con el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, presenta la siguiente
PROPOSICIÓN
Única. Que las comisiones de Educación y Agricultura y Recursos Hidráulicos de esta Cámara, intervengan en el problema que vive la Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar, de Ciudad Juárez, Chihuahua, con el objeto de que se restituya la tranquilidad y se reanuden normalmente las funciones de esta institución.
Por la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, el diputado Pedro Medina Pérez; firma también el diputado Enrique Rico, del Partido de la Revolución Democrática.»
Muchas gracias y dejo una copia de esta proposición.
El Presidente:
Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra el diputado Javier Centeno Ávila.
El diputado Javier Centeno Ávila:
Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados:
Los acontecimientos sucedidos en la Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar, hoy son de trascendencia nacional, por eso es motivo de que esta máxima tribuna del país lo analice y lo discuta.
Nosotros, a diferencia del compañero Raymundo Gómez, tenemos una visión distinta de lo que constituye la Escuela Superior de Agricultura.
Mi intervención la haré en dos partes. Primero haremos una breve reseña histórica de lo que es esta escuela, esta institución, para conocimiento de toda la Cámara y; en segundo lugar, haremos la propuesta de un punto de acuerdo.
En la primera parte, esas demandas que vamos a señalar al final, están suscritas por la Coordinadora Universitaria de Sindicatos, que agrupa a 25 organismos sindicales de nuestro país.
En 1906 se constituye la Escuela Particular de Agricultura Hermanos Escobar, bajo la conducción de la familia del mismo apellido. El Gobierno Federal donó los terrenos en que originalmente se instaló dicha escuela, la que desde su inició se abocó a la formación de profesionistas en agronomía.
De esos tiempos hasta mediados de los años setenta, la escuela tenía reconocimiento del Gobierno del Estado para expedir títulos profesionales.
Hacia el año de 1974, con motivo de una fuerte crisis financiera, se constituye una asociación civil cuyo propósito fundamental era el de allegar recursos financieros a la institución. En el fondo de esta crisis subyacen los altos costos de las
colegiaturas y el consecuente abatimiento de la matrícula estudiantil.
Para estas fechas la carrera de agrónomo se transforma en la de Ingeniero Agrónomo, con sus diferentes especialidades: Suelos e Irrigación, Economía, y Desarrollo Rural, Zootecnia, Fitotecnia y Entomología.
Esta carrera y sus especialidades contaron con el reconocimiento de la Universidad Nacional Autónoma de Chihuahua hasta el año de 1982, fecha en que se origina un movimiento estudiantil y de trabajadores de la institución. Los estudiantes exigían la reducción de las cuotas que pagaban por sus educación y los trabajadores demandaban el pago regular de sus salario y el reconocimiento legal de su organización sindical.
Al final del conflicto el Gobierno Federal asume la responsabilidad de otorgar los recursos económicos necesarios para el financiamiento de la institución y los trabajadores obtuvieron el registro legal del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar.
Otro de los aspectos importantes fue la disolución de la asociación civil, mediante el convenio suscrito en la ciudad de Chihuahua por el ingeniero Jaime Arteaga, presidente de la misma.
Aunque la problemática parecía resuelta, un grupo de maestros que formaron parte de la asociación civil y algunos estudiantes constituyeron una escuela de agronomía, utilizando el reconocimiento oficial que se había otorgado a la escuela Hermanos Escobar. Dicho proyecto, conocido como "La Escuelita", duró muy poco tiempo, debido a que continuó la política de altos costos de las colegiaturas y en consecuencia el bajo número de alumnos inscritos.
Por su parte la ESAHE, ubicada en el kilómetro 12.5 de la carretera panamericana, siguió funcionando con el subsidio que le otorgaba la SARH, pero sin el reconocimiento de estudios desde el año de 1983 hasta el mes de abril de 1984, fecha en que se firmó el convenio académico con la Universidad Autónoma de Chapingo, para el reconocimiento oficial de sus estudios.
También durante este período se formó una comisión tripartita, con representantes del Gobierno Federal, estatal y de la institución, para elaborar un proyecto de Ley Orgánica que normara la vida interna de esta entidad educativa. Sin embargo, esta comisión no pudo cumplir el mandato que le fue conferido.
Al momento de que la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos otorga recursos a la ESAHE, instituye una codirección, conformada por un representante designado por cada una de las partes. Asimismo la SARH designó un pagador habilitado para el control y vigilancia del manejo presupuestal de la institución.
Para octubre de 1989 y debido a presiones por parte de la SARH, por un supuesto nivel académico bajo, la Universidad Autónoma de Chapingo retira de hecho el reconocimiento oficial a los estudios de la ESAHE. Sin embargo, la cancelación formal del reconocimiento no se da sino hasta diciembre de 1992, fecha en la que se firma el finiquito correspondiente.
Debido a que en el año de 1989 se enfrentó el desconocimiento de hechos de los estudios, la institución elaboró y presentó al Secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Jorge de la Vega Domínguez, un proyecto de Ley orgánica para la misma.
Subsecuentemente en el año de 1992 se presentó de nueva cuenta un proyecto a Carlos Hank González, titular de la misma Secretaría.
El 19 de noviembre de 1992 se inició un movimiento estudiantil cuya reivindicación consistía en la destitución de cuatro funcionarios administrativos de la ESAHE. Con este pretexto, el día 28 de noviembre la institución fue agredida por la parte inconforme de los estudiantes, hoy conocida como los desidentes.
Esta acción se repitió el 13 de mayo del presente año, dando como resultado la destrucción del edificio universitario, la quema de vehículos y el saldo de varias personas lesionadas, algunas de ellas heridas de bala, así como 142 miembros de la comunidad universitaria detenidos.
Al terminar el enfrentamiento la policía municipal y la policía judicial del Estado ocuparon las instalaciones de la Universidad, las cuales hasta la fecha mantienen en su poder.
El día 15 de mayo el Oficial Mayor de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Alfredo Rojas, anuncia el retiro del subsidio a la ESAEH. En la misma fecha el gobernador del Estado de Chihuahua, Francisco Barrio Terrazas, comunica a los medios de información su decisión de cerrar esta institución.
De los hechos suscitados en la Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar, se desprende lo siguiente:
Es sumamente grave que se pretenda desaparecer un proyecto educativo que tiende a la formación de profesionistas en áreas estratégicas para el desarrollo del país, como son las actividades agropecuarias.
En virtud de que existen evidencias de que el conflicto fue creado artificialmente con objeto de servir de pretexto para este pretendido cierre, hacemos responsables de los hechos ocurridos, de los daños causados a las personas y a las instalaciones, del destino de los proyectos de investigación y de todo aquello que haya causado perjuicio a la institución, a los individuos y funcionarios que perpetraron y ordenaron esta violenta agresión, así como la ocupación de la escuela.
Por otra parte, negamos la capacidad del gobierno estatal para declarar el cierre de la misma.
Por todo lo anterior, exigimos:
Uno. La salida inmediata de la fuerza pública de las instalaciones de la ESAHE.
Dos. Investigación y castigo a los responsables de los hechos violentos ocurridos el día 13 de mayo del año en curso.
Tres. Libertad inmediata a las personas injustamente detenidas.
Cuatro. Reparación de los daños causados a los bienes de la escuela y de los miembros de la comunidad universitaria.
Cinco. Indemnización a los miembros de la comunidad que fueron lesionados.
Seis. Respeto irrestricto a los derechos laborales de los trabajadores de la institución.
Siete. Garantías para el reinicio de clases dentro del plantel educativo.
Ocho. El restablecimiento inmediato del subsidio para la Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar.
Nueve. La conformación de una comisión bipartita, integrada por representantes del Gobierno Federal y de la ESAHE, cuyas tareas estarían encaminadas a la aprobación de una Ley orgánica para la institución, así como a realizar las gestiones tendientes a obtener el reconocimiento oficial de los estudios de la ESAHE.
Firman la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios de la Educación Superior.
Por otra parte, nosotros creemos que la labor de gestoría del compañero Raymundo Gómez deja mucho que desear, dado que hay un conflicto violento. Hoy la comunidad universitaria de esta institución está totalmente dividida y evidentemente que también la sociedad de Ciudad Juárez. Esto implica que la gestión o la promoción del compañero diputado Raymundo Gómez fue un fracaso, evidentemente.
Nosotros sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente
«PUNTO DE ACUERDO
Uno. Que las actividades académicas de la ESAHE se reinicien de inmediato, para lo cual es necesario que la fuerzas públicas que ocupan el campus universitario lo desalojen inmediatamente.
Dos. Que se investiguen los hechos sucedidos y se apliquen los pliegos de responsabilidad a quien corresponda.
Tres. Que se forme una comisión plural de esta Cámara de Diputados, que dé seguimiento y profundice en el conocimiento de los hechos violentos en esta comunidad e informe puntualmente a esta soberanía.
Atentamente, diputados: José María Téllez Rincón, Nicolas Olivos Cuéllar y su servidor, Javier Centeno Ávila.
Dejo este punto de acuerdo para su consideración. Muchas gracias.
El Presidente:
Se someterá en su momento a consideración de la Asamblea esta y las anteriores propuestas.
Tiene la palabra para el mismo tema, el diputado Enrique Rico Arzate y posteriormente el diputado Andrés Barba.
El diputado Enrique Rico Arzate:
Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:
Lo que en estos momentos discutimos es lamentable para todos los que todavía creemos en la educación en este país, en la educación pública y ante tal hecho, el martes pasado en la Reunión
de Ecología en esta Cámara, hubo una persona también convencida de la educación pública en este país, doctor Rivero Serrano. Convencido de que debe existir la educación pública en este país, soy también copartícipe de esa opinión y ante lo aquí expuesto por el compañero Raymundo Gómez, nos extraña que nos involucre a nosotros en lo que no pudo resolver el PRI ni el PAN, nos involucran en sus problemas, con problemas añejos que no han podido resolverlos y yo quisiera decirles compañeros antes de exponer algunas reflexiones, decirles que para resolver el problema de esta escuela, no se definió un tratamiento dirigido a combatir las causas del problema y por lo ocurrido se intentó aliviar sus síntomas y claro pues ahí están los resultados; se rebasaron las posibilidades de respuesta del sistema político gobernante, el cual fue aprovechado por los líderes nefastos que tenemos en todo el sistema educativo en este país y que no solamente son nefastos para la educación superior, son nefastos para Ciudad Juárez y Chihuahua y quisiera decirles también que yo considero que es un error garrafal la decisión del Gobernador y ¿por qué la decisión es garrafal? sin competencia anuncia el cierre de la escuela, cuando aún la Secretaría de Agricultura no lo hace.
Esto es una incomprensión inaudita; por una parte de lo que significa una institución de educación superior; Francisco Barrios menospreció toda posibilidad de encontrar una salida civilizada y sobrevaloró la situación; con esto, reitera la incapacidad de resolver los problemas en la entidad y compañeros yo quisiera decirles que para aceptar ese tipo de situaciones de parte de los que no son autoridades y aquí está presente la gente que trabaja en esa institución y que han perdido su centro de trabajo, ante ello ¿que hacer? esa es la pregunta y qué hacer ante cientos de estudiantes que quedaron en la incertidumbre con respecto a sus estudios, aquí el compañero Gómez dice que se les van a dar "becas", pero eso está entre comillas y está por verse, si no pudieron resolver el problema con la institución abierta pues menos con la institución cerrada y quisiera comentarles algunas reflexiones de parte del PRD.
La toma y cierre de la Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar, por los destacamentos policiacos del Estado de Chihuahua, es un duro golpe a la cultura y a la educación de nuestro país. Para nuestro grupo parlamentario es inadmisible que el Gobierno de la entidad intente por la fuerza decidir el destino de una institución que sólo compete determinar a su comunidad Universitaria.
La manera en que se desarrolló el conflicto cuyo origen fue el cuestionamiento de un grupo de estudiantes a un sector de funcionarios de la escuela y su desenlace violento hacen pensar que fue una acción premeditada para cerrarla. La educación superior es un pilar para el desarrollo independiente y soberano de nuestra nación. Asimismo es la única que garantiza la generación de nuevos conocimientos que nos permitirán una real independencia tecnológica y científica con respecto al extranjero. Sabido es que México necesita recursos humanos en muchas actividades económicas y productivas prioritarias que con sus conocimientos contribuyen a su crecimiento sostenido.
Se ha dicho en esta tribuna también que la educación, especialmente la de nivel superior, propicia la movilidad social y es indispensable para conseguir un reparto más equitativo de los ingresos; sin embargo nadie desconoce que el sistema de educación superior mexicano, enfrenta problemas agudos como la concentración de la matrícula en ciertas carreras tradicionales o la caída de la población estudiantil en algunas licenciaturas.
Las carreras agropecuarias se encuentran lamentablemente en medio de esta última dificultad. La Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar, no es una institución nueva, hunde sus raíces en la escuela particular de agricultura con el mismo nombre, creada en 1906.
El Gobierno federal donó terrenos que originalmente instaló la escuela, cuyo objetivo primordial era la formación de profesionistas en agronomía.
Desde su fundación contó con el reconocimiento del Gobierno del Estado para expedir títulos correspondientes. Con los años y una importante experiencia acumulada, la escuela diversifica su oferta educativa, al impartir las especialidades de suelos e irrigación, economía y desarrollo rural y otras, todas ellas con reconocimiento de la Universidad Autónoma de Chihuahua.
No obstante, como es de comprenderse también, tuvo que encarar problemas financieros derivados de la insuficiencia de sus propios recursos y de la imposibilidad de estudiantes de origen humilde, de pagar colegiaturas.
Ello ocasionó una crisis que por fin pudo ser superada con el compromiso del Gobierno federal de otorgar el subsidio necesario para que la institución continuara con sus actividades de docencia, investigación y extensión académica.
A partir de entonces, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, forma parte del cuerpo directivo de la casa de estudios y controla el manejo presupuestal de la misma. Para el ejercicio de 1993, esta escuela, como también se le conoce, contaba con un subsidio de 12 millones de nuevos pesos.
Por las características de la escuela y debido a las situaciones de índole interno, el proyecto de Ley Orgánica fue presentado al titular de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos en 1989. A pesar de haber un compromiso de entrega de varios años atrás, se pretendía que con la Ley Orgánica se podría normar su vida académica.
Vale la pena mencionar que el retiro del reconocimiento de estudios por parte de la Universidad Autónoma de Chapingo en 1989, reconocimiento en vigor desde 1984, fue producto de un fuerte cuestionamiento sobre la calidad académica de esta escuela y mantuvo latente el conflicto al no darle certidumbre a sus egresados de que los estudios que cursaban serían válidos.
Esta situación, abonó en favor de los acontecimientos del día 13 de mayo pasado, registrados por la prensa nacional.
Sin duda que, por lo manifestado en esta alta tribuna, la Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar, afronta enormes complicaciones académicas y políticas, pero ninguna de ellas son, a juicio del Partido de la Revolución Democrática, de tal manera irresolubles para que la institución sea cerrada.
De otra parte no es claro para nosotros que con su cancelación por acuerdo entre el gobernador del Estado de Chihuahua y la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, se apunte a la solución de una crisis que afecta las carreras agronómicas de muchas casas de estudio de la que pocas entidades escapan, pero aún este acto puede inducir la profundización de esa crisis.
Aunque se habla de reubicar a los estudiantes de preparatoria, licenciatura y posgrado en otras escuelas, el daño académico será irreparable compañeros. Por si esto fuera poco, se pretende lanzar a la calle a 300 trabajadores académicos y administrativos, dejando sin sustento económico a sus familias.
Por todas las razones expuestas y recogiendo las demandas de la comunidad universitaria de la escuela, y de agrupaciones académicas, padres de familia y sindicatos universitarios de otros estados, nuestro grupo parlamentario considera necesario plantear la apertura inmediata de la escuela el restablecimiento del subsidio y la salida de la fuerza pública de sus instalaciones; investigación y castigo a los responsables de los hechos violentos suscitados el 13 de mayo pasado: libertad a los detenidos sin causa alguna; reparación de los daños ocasionados a la escuela y los integrantes de su comunidad académica, estudiantil y de trabajadores; indemnización de la Ley a quienes fueron lesionados; respeto a los derechos contractuales y laborales de los profesores y trabajadores administrativos; integración de una comisión bipartita, compuesta por representantes de la Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar y del Gobierno federal, que culmine el proceso de dotarla de su Ley orgánica y reserva el problema de acreditación de estudios.
Vale la pena comentar en este caso del conflicto de la escuela Hermanos Escobar, ¿no será que el conflicto terminó en esto por empezar la rebatinga por los terrenos de la escuela? En este momento, compañeros diputados, lo hace ya el dirigente de la Coparmex, compadre del gobernador del Estado.
Y quisiera comentarles, compañeros, que no estamos de acuerdo en que se resuelvan de esta manera estos sucesos. Recuerden que en esta tribuna y ante esta soberanía, también se ha expuesto el caso de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, hechos violentos no menores a los sucedidos en Ciudad Juárez, y por ello, ¿ustedes piensan que sería recomendable que el Gobierno federal cerrara la institución del Instituto Politécnico Nacional? ¿Creen que esa es la solución al problema?
«Por lo anteriormente expuesto, proponemos el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados suscritos solicitamos que la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de esta Cámara de Diputados, de instrucciones al Contador Mayor para que se practiquen las auditorías e inventarios que permitan determinar si es legal la cancelación del subsidio federal a la Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar.
Firman los diputados Javier Centeno, Fracción Independiente; un servidor Jorge Tovar, del PPS;
Demetrio Santiago del Partido del Frente Cardenista y Miguel León Corrales, del PRD».
Muchas gracias.
El Presidente:
Resérvese para su consideración en su oportunidad. Tiene la palabra el diputado Andrés Barba Barba, del Partido Acción Nacional.
El diputado Andrés Barba Barba:
Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:
No se puede hablar del asunto de la escuela Hermanos Escobar, de los sucesos del 13 de mayo, como un hecho aislado. Se dice que un texto sin contexto es un pretexto. En este caso creo que se han mencionado estos hechos como un pretexto para atacar al Gobierno del Estado y creo que justo es hacer una remembranza y lo voy a hacer rápidamente, una remembranza cronológica de lo que ha sido esta llamada escuela Hermanos Escobar:
En 1967 propiciaron un movimiento estudiantil. El resultado, que se creó la Facultad de Agronomía en la Universidad de Chihuahua, para acomodar a los disidentes. La Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar pierde casi toda la matrícula y de un total de 640 alumnos, 540 deciden emigrar a la capital, donde reciben becas y alojamiento.
En 1977, el Sindicato Único de la Escuela de Agricultura, personal docente y administrativo, inicia una huelga. Los alumnos rompen la huelga y se nombra un nuevo director que despide a los líderes sindicales. El Gobierno estatal paga las indemnizaciones.
En 1982, un año después de que el IMSS embarga maquinaria agrícola de la escuela que se declara en quiebra financiera y que se realiza una auditoría que arroja irregularidades administrativas, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos suspende temporalmente los subsidios; se realiza un movimiento general que demanda la transformación en Universidad Agraria. El director de la escuela y 200 estudiantes se trasladan a otras instalaciones; junto con ellos, un grupo de estudiantes que habían fracasado en imponer su propaganda política. La mayoría del personal docente permanece en las nuevas instalaciones.
En 1983, dentro del grupo de los disidentes, se da una lucha por el liderazgo. Son tomadas las instalaciones de la delegación de Agricultura y Recursos, Hidráulicos interviene la fuerza pública, hay golpeados y detenidos. La escuela, sin personalidad jurídica propia, mantiene el reconocimiento de la Universidad Autónoma de Chapingo y logra los subsidios de Agricultura y Recursos Hidráulicos, pero en 1989 la Universidad de Chapingo cancela el convenio con esta escuela, por la carencia de un status legal jurídico, así como por el pésimo desempeño académico y administrativo.
Surge entonces otro grupo opositor que aglutina a cuatro maestros y 200 alumnos. Exigen la renuncia de los hermanos Reyes Castro, la realización de una evaluación académica y de una auditoría administrativa.
En 1993 el Gobierno del Estado, después de agotado el camino de la negociación y con motivo del bajo nivel académico y la polarización interna ya añeja, solicitó la desaparición de la Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar.
Recalco el hecho de que solicitó el gobernador Barrios Terrazas la desaparición de esa escuela, porqué el no tiene facultad de desaparecerla, como aquí se ha mencionado en varias ocasiones, sino que la solicitud la hizo a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
Todo este contexto nos habla de que no fue un hecho aislado sino que trae todo un historial negro la Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar.
Y redundando en algunos datos que ya se dieron aquí anteriormente, nos hablan, como antecedentes, de que más de 10 años de huelgas, conflictos y agresiones, de que 12 millones de nuevos pesos han sido ejercidos como presupuesto en los últimos años, y anteriormente no se habían aceptado auditorías. Creemos que este gasto excesivo es un gasto del pueblo que no se justifica de ninguna manera. Creemos que esta intranquilidad para la sociedad es uno de los motivos que tuvo el gobernador Francisco Barrios para solicitar la desaparición de esta escuela.
Creemos que además esa escuela, más que un centro de saber como aquí se ha mencionado, ha sido un coto de poder político y económico. Hubo además mucha intransigencia de parte de los dirigentes de esa escuela en las negociaciones, en las que se trató de conciliar los intereses y que no se llegó a ningún acuerdo.
Quiero referirme a algunas afirmaciones que aquí se hicieron. Primeramente se dijo que la policía no había intervenido en los hechos. Señores, hubo 142 detenidos y creo que ellos no se subieron solos a las patrullas, sino que efectivamente la policía los detuvo. La policía actuó desarmada, no tiró un solo tiro; actuó únicamente ocho minutos y de los detenidos sabemos que únicamente para el día de hoy quedan únicamente tres detenidos de los 142 que inicialmente fueron detenidos.
Se ha mencionado también aquí que la escuela es un polo de desarrollo agropecuario. Tomando en cuenta todas las huelgas y el nivel académico más bajo de todo el país, creemos que no es una fuente de saber para quienes quieren adiestrarse en las materias agropecuarias.
Sabemos muy bien que el problema de los campesinos es más que actualmente se les dote de técnicos, sabemos que la solución está en la aportación de créditos oportunos y justos, así como de insumos bajos, de maquinaria asimismo.
Se habla mucho aquí de que se hizo uso de la violencia. Habría que preguntar ¿de dónde vino la violencia? Ciertamente que aquí en este caso se han pisado callos, se ha intervenido en el feudo del poder político y económico de un grupo, entonces la respuesta de dónde vino la violencia creo que es fácil encontrarla.
Se habla aquí de que los agresores fueron un grupo de estudiantes disidentes, y los pobrecitos de las autoridades educativas fueron golpeados. Creo que es muy parcial esta forma de decir las cosas.
Se habla de que se le de libertad inmediata a los que quedan detenidos. Probablemente no tenga información el diputado que dijo esto, tomando en cuenta que tal vez a estas horas ya no quede ningún detenido.
Se dijo también que únicamente se habían detenido a las autoridades escolares. Ciertamente la policía actuó en forma imparcial, no detuvo únicamente a los integrantes de un bando y la prueba es de que los últimos detenidos, según los informes que tengo, eran de los disidentes y no de las autoridades.
Se habla de que hay un daño económico muy grande y quiero decir, tomando en cuenta los antecedentes, no hay ningún daño académico, en este caso.
Se dijo también, se acusó de que miembros del PRD eran instigadores y habían estado ahí. Yo quiero decir que las investigaciones darán luz sobre quien estuvo ahí, si hubo miembros del PRD, las investigaciones lo van a decir. Lo que se ha dicho hasta el momento ha sido por testimonios de alumnos.
¿Qué se va a hacer con estudiantes? Se ha ofrecido acomodarlos en escuelas de bachillerato y en las escuelas que correspondan y sí conviene recordar el dato de que únicamente el 2% de los alumnos son chihuahuenses, todos los demás alumnos son de otras partes, de otras entidades del país.
¿Qué se va a hacer con los trabajadores? Los trabajadores van a ser indemnizados de acuerdo a la Ley y quiero también hacer un comentario sobre algo que se dijo dolosamente sobre qué va a pasar con los terrenos. Ante este comentario, sobre la codicia que ha despertado la enorme superficie que ocupan las instalaciones y campos experimentales de la Escuela Hermanos Escobar, ubicada en el kilómetro 12 de lo que hoy es el amplio Bulevar Tecnológico, carecen de veracidad, ya que para cualquiera que conozca de administración pública, no es desconocido que todos esos bienes inmuebles son patrimonio de la Federación y por lo tanto su salvaguarda corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social.
Por eso resulta ocioso que, como se menciona hoy, estos terrenos sean codiciados por fraccionadores, por compadres, pues no existe una sola razón válida para ello. Se sabe que dichos inmuebles fueron cedidos en comodato a la antigua asociación civil de la Escuela Hermanos Escobar para fines docentes y sólo la Federación puede decidir cuándo revocar esa figura y darles el destino que más convenga a la nación.
Por tanto, señores rumorólogos y quien afirma algo al respecto, tengan más ingenio si les falta toda seriedad.
Pareciera ser que con esta cortina de humo se quieren ocultar los verdaderos intereses económicos, basados en el cuantioso subsidio federal que se ejerce en esa escuela particular, sin registros ni control, para beneficio exclusivo de sus dirigentes, ya que su alumnado ni a título profesional puede aspirar.
Conviene recordar que los alumnos de la Escuela Hermanos Escobar, en los últimos años difícilmente encuentran empleo, precisamente porque provienen de la escuela que tienen muy bajo nivel.
Es falso, también quiero aseverar, que las instalaciones de la escuela estén a disposición del
Ejecutivo estatal, están a disposición del juez de la causa; la salida de la fuerza pública y todo lo demás, señores, pídanselo al juez competente.
Quiero, para terminar, decir que el hecho de que se haya tolerado la ineficiencia y la corrupción durante tantos años en nuestro país en general, ha provocado que haya pobreza no extrema, sino exacerbante en muchas partes del país, ha provocado frustración en muchos mexicanos que no encuentran el conjunto de circunstancias para desarrollar su personalidad, para desarrollarse como personas humanas, han provocado que muchos jóvenes, que nuestra fuerza de trabajo del mexicano se vayan a enriquecer al país del norte.
En Chihuahua no se quiere tolerar, no se tolerará la ineficiencia ni la corrupción. Ojalá así sea en todo el país.
Gracias por su atención.
El diputado Oscar René Nieto Burciaga:
(Desde su curul) Pido la palabra, señor Presidente, para rectificar hechos.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Oscar Nieto Burciaga, hasta por cinco minutos.
El diputado Oscar René Nieto Burciaga:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas, compañeros diputados:
Yo creo que nosotros fuimos muy claros y dijimos que nosotros veníamos a denunciar las flagrantes violaciones a las garantías individuales y derechos humanos que se cometieron el día 13 de este mes, enfrentando a dos grupos de estudiantes en Ciudad Juárez.
No estamos de acuerdo en que las autoridades del Gobierno del Estado de Chihuahua y las del municipio de Juárez, traten de resolver problemas internos de una institución de educación superior, con la intervención intimidatoria y represiva de las policías.
Aquí se ha venido a decir que el 2% de los estudiantes de esta institución son chihuahuenses. Yo me pregunto: ¿Qué no son mexicanos con derecho a la educación? ¿Cómo se atreve a dar como razón Francisco Barrio, cómo trata de justificar sus acciones con estos argumentos, cuando él nació en Satevó, Chihuahua, estudió en Chihuahua, Chihuahua, y gobernó Juárez?
Aquí señaló el mediador designado por el titular del Ejecutivo del Estado de Chihuahua, que la actuación de las autoridades locales obedeció a que existían posiciones irreconciliables. ¿No será que no se llegó a un acuerdo, porque las intenciones del gobernador del Estado y del Presidente municipal de Juárez, eran las de enfrentar a estudiantes y así poder justificar el cierre de la Escuela Superior de Agricultura y que en un afán de revanchismo contra un grupo de estudiantes, apoya con más de 100 millones de viejos pesos al grupo que agredió a aquellos que se encontraban en el interior de esta institución?
Asimismo, y aquí consta, se le da protección a este grupo por parte de la policía municipal y con la policía judicial del Estado.
Fue muy claro el diputado Canales en su exposición de hechos y saldo de lesionados y daños que arrojó este enfrentamiento provocado por las autoridades estatales y municipales.
Por esto, insistimos en solicitar que las comisiones de Derechos Humanos y de Gestoría y Quejas den seguimiento a los hechos y se informe a esta Soberanía.
Existen puntos muy claros sobre los que centramos nuestra posición. La policía demostró su incapacidad de prevenir el enfrentamiento entre estudiantes, actuando como simples espectadores; la parcialidad visible de las autoridades estatal y municipal en el conflicto. No sé cómo puedan justificar la actitud que mostraron durante el conflicto.
Hay declaraciones por parte del grupo disidente, donde dice, cito textualmente: "Sentimos que durante este tiempo Barrio nos estuvo jugando el dedo en la boca", indicó Pablo Hernández uno de los líderes del movimiento estudiantil.
Por estas razones, compañeros, pedimos que se turne a estas comisiones, se de seguimiento y se informe a esta Soberanía. Gracias.
El Presidente:
Esta Presidencia informa que están inscritos en este turno de oradores los diputados: Demetrio Santiago Torres del Partido del Frente
Cardenista de Reconstrucción Nacional; la diputada Patricia Terrazas del Partido Acción Nacional; y el diputado José María Téllez Rincón.
El Diputado Javier Centeno Ávila:
(Desde su curul) Pido la palabra para rectificar hechos.
El Presidente:
Adelante diputado Centeno hasta por cinco minutos.
El diputado Javier Centeno Ávila:
Para empezar, yo considero que los compañeros del Partido Acción Nacional deben aprobar la comisión plural de diputados que hemos propuesto para el esclarecimiento de los hechos, porque tenemos versiones distintas de los mismos. Resulta que la policía intervino a tiempo y hay un saldo de heridos de bala, ¿cómo fue posible eso? Resulta que la policía estuvo atenta a los acontecimientos y sin embargo hay cientos de detenidos. El conflicto se da de todas maneras. ¿Cuáles serían las causas?, preguntamos.
¿Serían las causas de la negligencia? ¿de la facilidad? ¿de la parcialidad de los cuerpos policíacos? Creo que merece, amerita una investigación este asunto y que es de la máxima importancia.
Por otra parte, consideramos que es penoso que se hable de una institución superior como un coto de poder político y económico. ¿Qué se dirá de la UNAM que la burocracia universitaria recibe millones de pesos?, un presupuesto muy superior a varios estados de la República, un presupuesto superior a varios países de Centroamérica, ¿que se dirá al respecto?
Por otra parte, se dice: ¿de dónde vino la violencia? Se ha argumentado que hay videos, se ha argumentado que hay pruebas documentales.
Señores diputados del Partido Acción Nacional nombremos a la comisión plural que esclarezca los hechos e informe puntualmente a esta soberanía. Por último, es ridículo que una institución de educación superior, esté sujeta a problemas de comisaría, esté sujeta a un juez penal y que por primera vez se sienta el precedente de que un conflicto universitario, lejos de resolverse por la vía del diálogo, de la concertación y en las instancias universitarias, se resuelva penalmente y en la comisaría. Este es un negro precedente para nuestro país. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra el diputado Demetrio Santiago Torres.
El diputado Demetrio Santiago Torres:
Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados. Hago uso de la palabra en la más alta tribuna de la nación, con la finalidad de fijar la posición del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
Nuestra fracción parlamentaria lamenta y repudia los hechos de violencia ocurridos en la Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar, en Ciudad Juárez. Es sin duda una muestra de primitivismo en donde la primera opción para resolver los conflictos fue el derramamiento de sangre. Como resultado de los hechos violentos hubieron dos heridos graves y 23 heridos leves que fueron atendidos en diversas instituciones de salud de la ciudad fronteriza.
Dentro de los heridos se encuentran cuatro policías municipales y tres de los heridos fueron remitidos al Cereso. Hay 140 detenidos por los sucesos.
El conflicto suscitado en esa institución educativa pudo haberse evitado y no llegar al derramamiento de sangre, ya que las autoridades municipales y estatales estaban enteradas de éste. No se actuó a tiempo y por el contrario las autoridades optaron por no encarar la situación, mostrando cierta parcialidad en la disputa de los grupos en conflicto.
Este problema no fue espontáneo y pudo ser previsible y resuelto con la concertación, ya que los antecedentes vienen desde el 20 de noviembre de 1992. Simple y sencillamente no se actuó a fin de conciliar intereses y evitar el problema con resultados trágicos.
Grave y sospechoso resulta que incluso durante el enfrentamiento de los dos grupos, no haya habido la intervención inmediata de las fuerzas
policiacas, pero cerca de las dos horas se suscitó un tiroteo, enfrentamiento a golpes, incendio de automóviles y otras acciones violentas, sin que la intervención policiaca se suscitara.
Se dejó avanzar el enfrentamiento como que así se deseara y fuera una actitud premeditada de las autoridades y sólo cuando los excesos de violencia amenazaban con ampliarse a otros sectores, fue cuando intervino la policía. Pero cosa curiosa, la policía interviene en el conflicto tomando partido por uno de los bandos, ya que mientras las fuerzas policiacas atacaban y sometían a los ocupantes del edificio que abrigaba la escuela superior, el grupo disidente que se encontraba en el exterior vitoreaba a las fuerzas policiacas sin que fueran siquiera apercibidos por su participación en los hechos violentos.
Ante estos hechos, de los que tenían conocimiento el gobernador de la entidad y las autoridades municipales, las fuerzas policiacas debieron haber intervenido inmediatamente y no esperar a que el enfrentamiento cobrara una elevada cuota de sangre. Debió haber dispersado a los dos bandos y detener a los responsables de los hechos y esto no se hizo.
Como lo expresamos, se dejó que avanzara el enfrentamiento como si se tuviera interés en ello. Nuestra fracción parlamentaria exige que se realice una investigación profunda de los hechos violentos y que también se investigue a las autoridades estatales y municipales por su deliberada indolencia ante este conflicto. Estos son hechos primitivos que afectan a nuestro país y como tales deben ser repudiados y sancionados, independientemente de quien sea el responsable. No es posible que se sigan teniendo gobiernos indolentes o interesados en provocar hechos de violencia para lograr sus pretensiones, como es el caso de la desaparición de la Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar. Muchas gracias por su atención.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra la diputada Patricia Terrazas, del Partido Acción Nacional.
La diputada Patricia Terrazas Allen:
Con su venia, señor Presidente; estimadas compañeras diputadas; estimados compañeros diputados:
El Gobierno del Estado de Chihuahua no promueve el cierre de instituciones educativas y culturales, pero sí las distingue de los centros de delito; por ello, el Gobierno del Estado gestiona que los recursos de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos que se venían entregando a esa escuela, sean entregados a otras instituciones públicas relacionadas con el campo mexicano, a fin de que esos recursos sí se aprovechen verdaderamente en beneficio de los campesinos del pueblo de México.
Se reconocen los antecedentes valiosísimos de esa escuela, lo que no podemos aceptar ni aceptamos de ninguna manera, es que durante los últimos años haya tenido el carácter o condición de escuela de cultura superior, cuando el atropello a la Ley y la pobreza cultural eran sus divisas. El uso de la fuerza pública se dio para evitar que se siguieran cometiendo delitos graves.
Que la libertad de los detenidos la decida un juez si encuentra inocencia de los inculpados. Pero de lo contrario que se sancione en términos de la propia Ley, a los delincuentes que han agredido el orden.
Estamos de acuerdo en que las comisiones de esta honorable Cámara de Diputados, lleven a cabo las investigaciones de los hechos para los efectos legales respectivos.
Por otro lado, si al diputado Nieto del PRI le consta que el gobernador provocó el enfrentamiento, que lo diga claro y lo pruebe bien, de lo contrario, no es más que una afirmación irresponsable y temeraria; que los acusadores del Gobierno estatal se pongan de acuerdo, puesto que al mismo tiempo los acusan de indolentes y agresores. Por lo tanto señores, en bien del campo mexicano que necesita verdaderamente profesionales, profesionistas, éticos y morales, para sacar de la crisis al campesinado de México.
Por eso señores les pedimos a aquellos acusadores sean serios y tengan conciencia cívica a favor del campo de México. Gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra de acuerdo con el 102 hasta por cinco minutos, señor diputado Carlos Morales Villalobos.
El diputado Carlos Morales Villalobos:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
No es posible que suban a esta tribuna Raymundo Gómez, la diputada Patricia Terrazas y el diputado Barba, a defender lo indefendible.
Aquí, aquí, compañeros constan todos los hechos que fueron ocasionados por la intervención de una manera ilógica podríamos llamarle, por parte de las autoridades estatales y municipales, del Estado de Chihuahua.
No es posible que vengamos a justificar la violencia que el mismo Gobierno propició auspiciando y apoyando a un grupo de disidentes, estudiantes entre comillas, para apoderarse de las instalaciones educativas de la Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar. Si a esto le llaman ustedes justificar que no había un nivel educativo para justificar, perdonando la redundancia, su creación o su misma permanencia dentro de la vida educativa del país, creemos que estamos equivocados. Vamos encontrando formas verdaderas de conciliar los intereses; vamos a apoyar que no haya violencia en el Estado de Chihuahua.
Yo recuerdo que por ahí el gobernador al tomar la protesta había dicho que pretendía gobernar en la concordia y en la justicia y la paz social para el Estado de Chihuahua. No lo veo. Hay que hacer referencia, compañeros, para esto. En 1983, como hace unos momentos mencionaba un compañero de otro partido en su historia, diciendo que había anomalías en la escuela. Efectivamente, sí las hubo.
Pero se le olvidó decir que en 1983, el presidente municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, es el mismo que está protagonizando los hechos de violencia en el Estado de Chihuahua y que es Francisco Barrio, acompañado de su comparsa, de amigos y de un supuesto diputado que viene desgraciadamente a lesionar, a lesionar compañeros, la vida política, social y económica de un municipio, como es Juárez, Chihuahua.
Como vemos, pues, aquí se ha pretendido ventilar los asuntos por otro lado. Vamos concretándonos a la violación a los derechos humanos y a las garantías individuales. Por eso solicitamos, de una manera enérgica, que se turne a la Comisión respectiva, para su análisis, esta petición o esta denuncia que ha hecho el grupo de Chihuahua de diputados, pertenecientes al Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Juan de Dios Castro, para rectificar hechos.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Señor Presidente; señoras y señores diputados:
Parece ser que se inicia en este debate un medio muy original de debatir. Un diputado de la mayoría presenta una carpeta, de lejos, y con ella manifiesta a esta Cámara de Diputados, que ahí está contenida toda la historia y toda la verdad de los hechos ocurridos y que motivan este debate.
Se han dado varios argumentos y voy a tocar dos de ellos muy especialmente:
La conducta del gobernador del Estado de Chihuahua, es un ataque a la educación de la entidad. Primero se habló de un abuso de autoridad en el encuentro de los estudiantes.
Dos oradores, dos oradores de la mayoría parlamentaria de esta Cámara, han sido ligeros en sus dos intervenciones. Ya no hablan del encuentro entre estudiantes y no hablan de la leonidad de las autoridades municipales y estatales para tratar de resolver el conflicto, como lo dijo el primer orador. Fueron más ligeros.
Ya hablaron de la promoción directa, participación directa del gobernador del Estado en este conflicto estudiantil.
Señores: Seamos objetivos con los datos. Díganme cuál era el reconocimiento de estudios de esta Escuela Superior de Agricultura y por parte de qué entidad en el año de 1984.
La Universidad de Chapingo, señoras y señores; la Universidad de Chapingo, hizo el reconocimiento de los estudios de la Escuela Superior de Agricultura a que nos referimos, reconocimiento que duró cinco años: de 1984 a 1989.
Señores diputados que hablan del ataque a la educación en el Estado de Chihuahua y el ataque a la educación en el país. Yo acepto el argumento; no debe remarcarse el hecho de que solamente el 2% de la población estudiantil fuera del Estado de Chihuahua; puede ser valedero el hecho. Si es una institución educativa eficiente, si forma técnicos para el avance del campo mexicano, qué importa; que importa que de cada 100, sean dos de Chihuahua y 98 del resto del país.
Pero , señores , siempre y cuando exista nivel académico, siempre y cuando existan verdaderos profesionistas egresados de ese plantel.
¿Por qué Chapingo? señores diputados de Chihuahua, díganlo aquí. ¿Por qué Chapingo retiró el reconocimiento en 1989? ¡Díganlo! ¡Y díganme quien avalaba, quien avalaba los estudios del plantel de 1989 a 1993!
¡Y cuando no hay reconocimiento, señoras y señores, cuando no hay reconocimiento de validez oficial a los estudios, cuando no hay supervisión académica, díganme qué garantía hay para los egresados! ¡Para los buenos estudiantes, para los buenos estudiantes! ¡Y qué protección hay para los malos!
Y contéstenme, y termino con el tiempo. ¡Le duele al señor diputado!
Termino con estos dos datos, ya que está urgido por el tiempo. ¡12 millones de nuevos pesos por año! ¡12 mil millones de viejos pesos por año! ¿Quién auditaba? ¿Quién revisaba?
Y, señoras y señores, cuando suban contesten puntualmente estos argumentos: ¡seis meses de diálogo y de negociación! ¡gobiernos estatales que eludieron el problema! ¡Gobierno que interviene: ocho minutos de intervención, para evitar mayores lesiones y mayores daños entre estudiantes que estaban armados!
Termino apoyando, señores diputados, apoyando que se turne a las comisiones. Y cuando se investiguen, que se den a las Comisiones, señoras y señores, los informes. ¿Cuáles fueron los resultados de las pruebas de la parafina que se realizaron?
Actualmente la autoridad competente es el juez. El juez tiene a su disposición los bienes. Si hay reversión de las propiedades, a cargo del Gobierno Federal.
Y señores diputados de la mayoría: la Secretaría de Agricultura y Ganadería, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos es también dependencia federal, dependiente del Ejecutivo Federal. Gracias, señores.
El diputado Carlos Morales Villalobos:
(Desde su curul) ¡Para hechos!
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado José María Téllez Rincón.
El diputado Carlos Morales Villalobos:
(Desde su curul) ¡Para hechos!
El Presidente:
Perdón, diputado. Un momento, por favor. Adelante, tiene la palabra de acuerdo con el 102.
El diputado Carlos Morales Villalobos:
Con su permiso, señor Presidente.
Queremos mencionar lo siguiente, igualmente. No nos salgamos del tema. No seamos también ligeros en nuestras aseveraciones. Vamos a ser concretos, señor licenciado.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano:
(Desde su curul) ¡Señor Presidente!
El diputado Carlos Morales Villalobos:
Hemos mencionado...
El diputado Juan de Dios Castro Lozano:
(Desde su curul) ¡Quisiera hacer una interpelación!
El Presidente:
Señor orador, un momento por favor.
El diputado Carlos Morales Villalobos:
Si me lo permite, señor Presidente, al final.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano:
(Desde su curul) No la acepta. Gracias.
El diputado Carlos Morales Villalobos:
Queremos manifestarle a usted y a todas la compañeras y compañeros diputados que el tema es claro y concreto: una marcada violación a las garantías individuales y a los derechos humanos. Intervino la policía para reprimir a los que se encontraban en el interior del instituto político, no a los que estaban agrediendo y se encontraban en el exterior.
Así como se hablaba de niveles educativos, que nosotros no queremos tratarlos porque eso es parte de la estrategia que quieren a nosotros hacernos llegar, queremos decirle lo siguiente:
Que existieron 142 detenidos. Cientos de heridos, 18 de ellos de gravedad porque fueron lesionados con proyectil de arma de fuego. 20 automóviles y camiones quemados. Daños cuantiosos por cientos de millones de pesos nuevos a la institución y a los bienes de particulares, como ya reiteradamente lo hemos dicho.
Esto no se puede valorar igualmente con el daño social, político y económico, moral, causado a la ciudadanía del Estado de Chihuahua y de Ciudad Juárez. ¡No somos ligeros en nuestras aseveraciones!
Al mencionar nosotros la serie de hechos y al presentar una carpeta donde constan las versiones vertidas por todos los medios de comunicación del Estado y de Chihuahua, en su momento oportuno lo haremos llegar a las comisiones respectivas.
Asimismo, de ser necesario al aprobarse, si ustedes lo consideran conveniente que se turne a la Comisión de Derechos Humanos, igualmente se presentarán las personas que de una u otra manera han participado en estos hechos.
Es lamentable que defendamos nuevamente lo indefendible. Muchas gracias.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano:
(Desde su curul) Señor Presidente, pido la palabra para alusiones personales.
El Presidente:
Para contestar alusiones personales tiene la palabra el diputado Juan de Dios Castro.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Señor Presidente; señoras y señores diputados:
El señor diputado dice que el tema es la violación de garantía. Me imagino que el señor diputado se refiere a las garantías contenidas en el artículo 16 de la Constitución General de la República y el señor diputado, que quizá se imagina mal, olvida que el artículo 16 prevé el caso de flagrante delito.
Pero quiero expresar, señoras y señores diputados, que nosotros estamos de acuerdo con el turno que ha propuesto la mayoría priísta. Que se turne a la Comisión de Derechos Humanos, que se realicen las investigaciones del caso.
Y cuando se refería al tema, señoras y señores, quiero decirles que los que han intervenido para acusar al gobernador del Estado de Chihuahua de abuso de autoridad, lo hicieron hablando de los antecedentes del problema. Y pedí yo al señor diputado, cuando subiera que aquí, porque se hablaba de un ataque a la educación del país, se hablaba de un retroceso a la educación del país por el cierre de un plantel educativo, les pedí que contestaran puntualmente dos, tres cuestiones y podía dar 10 más estrechamente vinculadas con el tema.
Y traicionó el subconsciente al señor diputado, traicionó al subconsciente cuando habló de que los agredidos, cito: "forman parte - y las palabras exactas que utilizó - de nuestro instituto político".
¿A qué instituto político se refiere el señor diputado?, ¿se refería a los que estaban adentro del plantel o a los que estaban afuera?, ¿a los que estaban fabricando bombas molotov?, ¿a los que tenían armas dentro del plantel?, ¿a los que dispararon?, ¿cuáles eran los miembros de su instituto político?, ¿debemos identificar miembros del Partido Revolucionario Institucional o a qué instituto político se refería?
Y cuando y le planteaba que contestara dos, tres cuestiones que eludió, que eludió dentro del contexto, dentro de los antecedentes, quién auditaba los 12 mil millones de viejos pesos que se gastaban por año en la escuela; porque no se gastaban por año en la escuela; porque no es extraño, señoras y señores, en 1976 75 maestros atendían 950 alumnos; en 1993 300 maestros atendían 1 mil 100 alumnos. Y díganme señores, ¿quién supervisaba los estudios del plantel?, ¿dónde está su Ley orgánica?, ¿cómo se constituían sus autoridades? ¡No. no son ajenas al tema!, ¡son parte del contexto!, ¡parte del problema global por años!
El gobernador solicitó a la Secretaría de Agricultura, señor diputado del PRI, a la Secretaría
de Agricultura, la decisión la tomaron, la toma en cuanto a la suspensión del subsidio, de la ayuda, del apoyo, de los miles de millones de pesos la Secretaría de Agricultura, ocho minutos fue la intervención de la policía, si intervienen antes, abuso de autoridad, si intervienen después, lenidad y si intervienen en el momento, violación de garantías ¿qué quieren señores Diputados, muertos para que intervenga la policía? Gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra para rectificar hechos, el señor diputado Luis Carlos Rentería, de acuerdo con el 102.
El diputado Luis Carlos Rentería Torres:
Con su venia señor Presidente. Respetable diputado Juan de Dios Castro.
Evidentemente la habilidad para desviar el tema central de lo planteado por nuestro partido, es incuestionable; sin embargo, reiterando lo planteado, hay una violación a los derechos humanos, a las garantías.
Tengo aquí un video que ilustra quiénes fueron los responsables en este acto; hay, constado por la Prensa, el hecho de que sólo se detiene a una parte de los estudiantes en conflicto, pero hay además en esto, la espera a que se dé el enfrentamiento, porque también consta, estaba ahí la autoridad desde la llegada del grupo disidente. En esto el tema sigue siendo derechos humanos...Al final porque se me acaba el tiempo por favor.
El Presidente:
Ciudadano diputado Juan de Dios Castro, las interpelaciones se hacen a través de la Presidencia. Adelante.
El diputado Luis Carlos Rentería Torres:
Finalmente, nuestro partido lo plantea de manera muy clara, hay efectivamente una violación a los derechos y debe turnarse a la Comisión de Derechos Humanos y también a la de Gestoría y Quejas, es nuestra opinión y nuestra solicitud a esta soberanía. Muchas gracias. Dejo el video para constancia a la Secretaría.
El Presidente:
Para contestar alusiones personales tiene la palabra el diputado Juan de Dios Castro.
El diputado Juan de Dios Castro:
Señor Presidente, señoras y señores diputados. No me llevará más de dos minutos para recalcar dos situaciones: Primero una carpeta, luego un video pero señor diputado, siguen sin contestar las preguntas, pero además recalco algo en su intervención que revela una abierta contradicción, con toda la argumentación de usted y de los miembros de su partido que han intervenido.
¿Qué alegan? Alegan fundamentalmente violación de garantías, eso alegan, intervención de las autoridades policiacas y ¿qué nos dice el señor diputado? Nos dice señores, es que la policía intervino hasta que se dio el enfrentamiento, ¿qué quería señor diputado, que interviniera antes para fortalecer su dicho de violación de garantías?. Gracias señores.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Hildebrando Gaytán para rectificar hechos y posteriormente el diputado González Arreguín.
El diputado Hildebrando Gaytán Márquez:
Señor Presidente; señoras y señores diputados.
Las últimas intervenciones de diputados del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional, tal parece que están girando ya sin sentido. ¿Por qué razón?, porque la diputación del PRI ha solicitado que su denuncia sea turnada a las comisiones que solicita para una investigación, la información a la Cámara.
Y el diputado del Partido Acción Nacional ha aceptado, no sé si me equivoque, que sea turnada esa solicitud.
Pero sigue la discusión, pero yo digo que con esta discusión se está echando tierra a un aspecto fundamental, señores diputados, que está en el fondo de este problema. Es indiscutible que se va a investigar sobre la situación de si se violaron o no los derechos humanos.
Eso ya está prácticamente aceptado, pero señores diputados y señores de la Prensa, porque
también es importante que esto salga de esta Cámara, en el fondo está si esta institución va a continuar funcionando una vez que se restablezca su situación jurídica, que se restablezcan todos los aspectos que tengan que determinarse, en los que haya alguna irregularidad o bien se va a consumar la muerte de esta escuela, porque hasta este momento se ha dicho que el 2% de los chihuahuenses son los que estudian ahí y el resto son de otras entidades.
¡Ese argumento es peligroso! Quiere decir que si se hace un análisis demográfico del origen de los que estudian en la Universidad Nacional Autónoma de México, que funciona aquí en el Distrito Federal y se ve que una gran cantidad son de las entidades, hay que proceder a clausurarla, a cerrarla, o del Politécnico, o de cualquier otra escuela.
Pero con ese 2% que se ha argumentado, se está vulnerando el sentido de lo nacional en relación con lo local y por otra parte, se ha dicho que esto se ha tomado para que en otros estados, se puedan utilizar estos subsidios de una mejor manera, aquí se dijo.
Y entonces ¿qué quiere decir?, ¿que hay incapacidad para poder darle cauce a subsidios federales en bien de la educación en una entidad, como se está haciendo en el caso de Chihuahua?
El aspecto que hay que debatir es si la Cámara de Diputados va a tener intervención en este problema. No solamente para el caso de que se investigue acerca de la violación a derechos humanos, sino para ir al fondo del problema respecto de si esta institución va a continuar o no.
La propuesta que han hecho el Partido Popular Socialista y el Partido de la Revolución Democrática coincide en que se investigue para restablecer la tranquilidad en el sentido de que se vea cómo está la situación jurídica de los que fueron detenidos, de los golpeados, en qué condiciones está su libertad y que todos sean liberados de inmediato.
Eso por una parte, pero por otra y también para la misma tranquilidad de Chihuahua, que las comisiones de competencia en esta Cámara se aboquen con las autoridades del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado, en donde éste tenga competencia, para poder restablecer correctamente la vida de la institución Escuela Superior de Agricultura "Hermanos Escobar".
Creo que algunos diputados del PRI al haber hablado aquí, han también lamentado que ese sea el destino que pueda tener esta institución. La discusión está en torno a eso, señores diputados, ¿va a seguir abierta o no esta escuela para la juventud de México?
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado González Arreguín, en los mismos términos del
El diputado Israel González Arreguín:
Con el permiso de la Presidencia; compañeras diputadas, compañeros diputados:
Qué bueno que el 2 de octubre de 1968, a pesar de los pesares, estuviera gobernando este país el Partido Revolucionario Institucional, porque de lo contrario, seguramente la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, estuvieran desaparecidos con la profunda justicia del Partido Acción Nacional.
Porque aquí, compañeras y compañeros, la intervención de la diputada Patricia Terrazas es una justificación y confesión de los hechos violentos suscitados en la escuela "Hermanos Escobar". A declaración de parte, relevo de pruebas. No se puede hacer una justificación de estos hechos, argumentando que la escuela era un nido de delincuentes. Esto rememorando los años sesenta, a todos los que disentíamos del Gobierno nos llamaban delincuentes y ese hubiera sido el destino que nos hubiesen dado: la desaparición y por eso aplaudan y griten.
El hecho es que el gobernador estaba enterado y no hizo nada para evitar los hechos. Es más, de acuerdo a los testigos, las fuerzas policiacas dotaron de elementos de agresión a uno de los bandos en conflicto. Es extraño que mientras no se evitan los conflictos, éstos se utilicen para proponer a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, la desaparición de la escuela "Hermanos Escobar".
Todo lo que se ha dicho en esta tribuna, reclama la necesidad de que esta soberanía realice una profunda investigación de los hechos. El que nada debe, nada teme. Si hay una situación de que no se quieran tapar situaciones negativas, no creo que ninguna fuerza política representada aquí se oponga a que se realice esa investigación y posteriormente, aquí mismo nos enteramos de los resultados. Muchas gracias.
El Presidente:
Para contestar alusiones personales, tiene el uso de la palabra el diputado Fernández, en los términos del 102. Posteriormente el diputado Carlos Rentería.
El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos:
Señores legisladores:
Sería deseable que cuando los representantes de esas pequeñas expresiones políticas que reclaman siempre rango de igualdad por su seriedad y talento, sería deseable repito, que cuando se acercan al control mayoritario para pedir apoyo y línea, recibieran del mayoritario, mejores argumentos, porque francamente así no adelantamos mucho, ni nos entendemos bien.
Yo iniciaré diciendo que me pareció substancialmente razonable el discurso del diputado Hildebrando Gaytán, pero quiero hacer algunas precisiones, porque el señor diputado cuestionó un aspecto de fondo e interés: ¿Va a seguir o no esa escuela y en su caso, entiendo, de seguir, en qué condiciones y para qué efectos? Y ésta es una parte de la tarea que todo tipo de autoridades responsables y por supuesto las comisiones de esta Cámara que en su caso intervengan, deben analizar con seriedad. Esos son temas de interés, esos son temas que entrañan talento y responsabilidad política, pero señores, otras expresiones son penosas.
Tampoco creo que haya acertado totalmente el diputado Hildebrando Gaytán, cuando cuestionó la capacidad del Gobierno del Estado de Chihuahua, para manejar recurso, porque él entendió que el Gobierno de la entidad pedía que esos recursos se canalizaran a otras entidades de la República. Le preciso respetuosamente a don Hildebrando, que lo que pide el Gobierno local, es que esos recursos de la SARH se lleven, se entreguen a otras instituciones públicas de la entidad y que estén relacionadas con el campo y con la cultura en esta materia, que son dos puntos fundamentales.
Pero resulta penoso que el diputado Arreguín festeje, se refocile, se felicite que después de una matanza como la del 2 de octubre, se pueda rememorar que estaba un grupo político en el poder.
Yo quiero decir, con toda franqueza, que eso demuestra incuestionablemente en voz de ese orador y en representación de ese partido, una cuestión de origen del propio partido que esos argumentos utiliza. Es en el fondo señores, el fierro de la casa, porque no podemos olvidar, para terminar pronto y hablar claro, que curiosamente ninguno de los impugnadores de esta tribuna, ha hablado fuerte, ha dicho claro que una participación decidida en relación con ese problema académico universitario, ha estado a cargo de la SARH y ni el 2 de octubre de aquél trágico año, ni hoy, la SARH está manejada por el Partido Acción Nacional.
El argumento, señor diputado Arreguín, no vale. No quiere decir con esto que Acción Nacional cuestione que la SARH, haya retirado los recursos, por el contrario, creemos que obró bien, con prudencia y con razón, pero que quede claro, si en el fondo, aunque parezca raro, hay un consenso general, seamos congruentes, mandemos carpetas azules por cierto y videos para que formen parte del expediente de las susodichas comisiones, pero olvidarse de la violencia, de la anarquía, del atraco reiterado y contumaz, de bribones de la peor ralea, de mapaches electorales perfectamente conocidos e identificados, no desviemos la atención, la cultura en México merece otro respeto y otro rango.
El Presidente:
Tiene la palabra para contestar alusiones personales, el diputado Israel González Arreguín.
El diputado Israel González Arreguín:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El proceso político que nos vive, ha estado completamente viciado en esta Cámara, desde siempre por la actitud del mesianismo de Fernández de Cevallos, que siempre que se viene a dirigir a la tribuna, en su afán de iluminado, pretende descalificar de entrada a cualquier opositor o a cualquier partido político que no esté de acuerdo con sus tesis. Todos hemos sido testigos de eso, en toda esta legislatura.
Hace un momento analizábamos los puntos de vista vertidos en atención a esta tribuna por las diferentes fuerzas políticas, pero además en Guanajuato sufrimos la actitud represiva del Partido Acción Nacional que tiene ahí su primer gobernador de dedazo y no por su partido, sino por lo que aquí presuntamente combaten.
El fierro de la reacción es el fierro de la casa. Muchas gracias.
El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos:
(Desde su curul) Señor Presidente, pido la palabra para contestar alusiones personales.
El Presidente:
Para contestar alusiones personales, tiene la palabra el diputado Diego Fernández de Cevallos.
El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos:
Hay momentos que francamente por respeto a la bondad y paciencia de la gran mayoría de los asistente a este recinto, vale la pena hacer un intento por concluir, porque no tiene significado mayor tomar en cuenta determinadas expresiones y pronunciamientos.
Realmente me puede acusar el señor diputado de lo que quiera, de lo que venga en gana, porque no voy a ser distinto de lo que soy porque él me considere como se le antoje, pero francamente decirme iluminado y mesiánico, por lo menos refleja tener muy poca memoria, porque antier, señor diputado, desde esta tribuna, Juan de Dios Castro y yo, reconocimos un error en nuestro pronunciamiento jurídico y rectificamos abiertamente en una materia de fondo, espero que usted y otros, cuando la ocasión se presente, tengan la misma condición y calidad.
Pero hoy, por si para usted antier está muy lejos, minutos antes de que subiera a esta tribuna, había yo reconocido cualidades en el discurso y en pronunciamiento de un diputado del PPS.
Pero por lo demás, por lo que toca al fierro de la casa, los hechos son los que hablan. Traer aquí otros problemas electorales por el conocido camino de desviar el debate, de distraer la atención, de tocar temas que no están en el cuestionamiento y en la litis, no es una forma seria de debatir y muchas veces hemos dicho y hoy tenemos que repetir, esto es en términos de campo y de cazadores un disparo que no pague el cartucho.
El Presidente:
Para contestar alusiones, tiene el uso de la palabra el diputado Israel González Arreguín.
El diputado Israel González Arreguín:
Con la venia de la Presidencia; compañeras diputadas; compañeros diputados:
Cuando se terminan los argumentos se pide que el debate termine. Nosotros lo que queremos es que precisamente no se desvíe la atención de la discusión que aquí originó este punto, simple y llanamente. Muchas gracias.
El Presidente:
Para...
El diputado José María Téllez Rincón:
(Desde su curul) Pido la palabra, para rectificar hechos, señor Presidente.
El Presidente:
Un momento, señor diputado. Para rectificación de hechos tiene la palabra el diputado Tomás González. Posteriormente el diputado José María Téllez Rincón.
El diputado Tomás González de Luna:
Con su permiso, señor Presidente. En atención a este prolongado debate, yo solamente quisiera hacer referencia a lo siguiente: estimo, de acuerdo con lo que se ha afirmado, que la responsabilidad de esta Cámara ante los problemas de la cultura del país debe quedar de manifiesto.
Y por supuesto que no es la represión el instrumento más adecuado para resolver los problemas de la educación del país.
No podemos reducir este problema importante, como es la permanencia o no de una institución de educación superior en el país, tan importante como es en este ramo de la agricultura, a un problema policiaco.
Yo estimo que las intervenciones, independientemente de las referencias y las desviaciones del tema, el problema central está en la Constitución o en la integración de una Comisión, que
investigue a fondo, para que esta soberanía tenga una idea clara del problema y se resuelva en función de los intereses del país.
En atención a ese hecho, considero que el asunto sea suficientemente discutido y así pido que la Presidencia lo ponga a la consideración de esta soberanía y que tomemos una decisión al respecto. Muchas gracias.
El Presidente:
Esta Presidencia considera...
El diputado José María Téllez Rincón:
(Desde su curul) Señor Presidente, yo pedí la palabra para rectificar hechos.
El Presidente:
Un momento, diputado; no ha escuchado todavía lo que esta Presidencia considera. No quisiera vulnerar derechos de los diputados.
En atención a la petición del diputado Tomás González, quisiéramos hacer esa consulta una vez que termine el diputado José María Téllez Rincón, pero sí quisiéramos exhortarlo, diputado, sin menoscabo del derecho que usted tiene de hacer uso de la tribuna, que trate de hacer una intervención concreta. Muchas gracias.
El diputado José María Téllez Rincón:
Con su permiso, compañero Presidente; compañeras y compañeros diputados: Este es un hecho delicado y lamentable; se trata de cerrar una escuela superior de agricultura en el país.
Cuando se viene a decir aquí que el gobernador es el responsable, a mí me enseñaron que el que tiene la más alta jerarquía, tiene la más alta responsabilidad. El señor gobernador tenía conocimiento de los hechos.
Aquí tenemos que hacer una serie de aclaraciones porque han dejado muchos puntos sin aclarar, ¿de quién dispone que la autoridad participe o no? Y tenemos que entender, compañeros, que en respeto a la soberanía de la autoridad la policía no podía intervenir y en eso estamos de acuerdo. Pero en lo que no puedo estar de acuerdo es que la policía estaba formada frente a la escuela y los vándalos rompiendo y deshaciendo, aventando bombas molotov, toda la escuela y aquéllos parados como dementes, nada más viéndolos; eso no se puede aceptar.
Estaban autoridades estatales y municipales en el lugar, ¿qué no podían ellos dar la orden, hasta que no recibieran una orden superior? ¿Cómo es posible esto ante un delito que se estaba cometiendo de apedrear una escuela? Esto no se puede esperar, la autoridad a ver si recibe o no una orden; se tiene que actuar de motu, es infraganti esa situación y no se puede permitir a ciencia y paciencia que se esté destruyendo una instalación y la policía nada más ahí parada, de expectante, viendo toda esta situación.
Este conflicto tiene ya antecedentes. Este conflicto se inició desde el 19 de noviembre de 1992 cuando este grupo de estudiantes disidentes tomaron el plantel por la madrugada y exigen la renuncia de Cuauhtémoc Reyes Castro y de tres funcionarios.
Poco más tarde el gobernador, Francisco Barrio, interviene en el conflicto y se compromete a dar una resolución en el menor tiempo posible.
El día 28 de noviembre hubo un choque entre estudiantes disidentes y los profesores, trabajadores que se encontraban dentro de la institución. El saldo fue de dos estudiantes fracturados y algunos intoxicados y vehículos quemados.
Más tarde, el 24 de marzo, los disidentes tomaron las oficinas del Distrito de Riego 04, de nuevo ahí hay una confrontación y ocasionan otra vez daños materiales. Esto a ciencia y paciencia de las autoridades.
El 30 de marzo abandonan los disidentes las oficinas del Distrito de Riego 04 y se posesionan de la Comisión Nacional de Aguas y exigen la destitución de los directivos. Es una forma que ellos habrán que hacer ahí en su posición.
Pero después nos encontramos que el gobernador del Estado cobra a la SARH 100 millones de pesos para el sostenimiento económico de los disidentes. Y esto por favor en la investigación se presentarán documentos, para que no estemos hablando aquí de más o de menos y me hago responsable de mis palabras, porque queda en la versión estenográfica.
De tal manera que el martes 11 de mayo los disidentes bloquean la carretera panamericana a la altura de La Pradera Dorada, por más de dos horas y media.
El Presidente municipal
estuvo ahí con ellos en apoyo con la policía.
El miércoles 12 de mayo se impidió en el puente internacional, paso del norte de la Avenida Juárez, impidiendo que automovilistas y peatones paguen la cuota de pasaje estando las autoridades presentes.
El 13 de mayo el grupo de estudiantes se dio al asalto de la escuela con piedras, palos y armas de alto poder, atacaron la institución donde se encontraban estudiantes, trabajadores y directivos.
El gobernador Barrio, con una declaración y otra más del señor Alfredo Rojas, entierran el proyecto educativo agropecuario con más de 86 años de existencia. Esta salida fácil sustituye la falta de capacidad para resolver un conflicto que hace más de seis meses y aquí nos oponemos a que gobernador o funcionario de la índole que sea pueda, por una simple declaración, cerrar un centro educativo como es el de la tradición académica de esta escuela.
Cualquier acto de Gobierno debe estar fundado y motivado legalmente y atender los intereses de la comunidad y la comunidad aprueba esta escuela.
La autoridad permitió crecer el conflicto y fue incapaz de solucionarlo, ahora la comunidad chihuahuense se queda sin una escuela, esperamos que esto no sea permanente, esperamos que los diputados de esta cámara intervengamos para que esta escuela no se cierre.
En lugar de fortalecer y apoyar los centros de educación superior en Chihuahua, se quiere cerrar éste y al parecer no hay preocupación por la educación.
Nosotros tenemos que hacer una serie de aclaraciones de todo lo que se ha vertido aquí. Se dice que hay 300 maestros, no hay 300 maestros en esa escuela, hay 80 maestros y lo demás es personal administrativo que se sostiene ahí en la escuela. No es verdad que se haya retirado el apoyo de Chapingo, pues todavía en 1992 los certificados permanentes están reconocidos por esta escuela.
¿Quién auditoriaba en ese momento este plantel?, era el contador que estaba por parte de la SARH y aquí la respuesta del pueblo, que es lo que más me interesa a mí. Quieren que se cierre la escuela no están en carpas tomando clases y yo espero que se reciba el apoyo de toda esta Cámara para que nosotros instalemos esa escuela; que debe de haber orden, creo que todos estamos de acuerdo; que debe de hacerse la investigación, creo que ya todos estamos de acuerdo, que eso es magnífico, aquí no se ha oído que no se lleve al final de la investigación.
Y es conveniente que nosotros demos todo nuestro respaldo para que no se cierre esa escuela, que se supere su nivel académico, si es necesario, pero que no permitamos que estas instituciones por medio de estas situaciones políticas se lleguen a cerrar.
En el Politécnico de la Ciudad de México está pasando algo parecido, no lo permitamos, no permitamos que nuestra educación se degenere, ya somos muchos los que tenemos falta de educación, no lo permitamos, compañeros diputados; tenemos que velar por esa institución que está aquí cerquita y que debemos de investigar también qué está pasando ahí y, todo lo que vemos, es siempre que se busca alguna negociación por parte de algún funcionario para poderse enriquecer a costa de esto. No lo permitamos.
Yo les pido encarecidamente todo su apoyo para el punto de acuerdo que presentamos, de que se haga una investigación por parte de los diputados de esta Cámara y se llegue al feliz término de sostener la educación en nuestro país. Muchas gracias.
El Presidente:
Someta la Secretaría a consideración de la Asamblea las distintas propuestas hechas por los diputados y que obran en poder de esa Secretaría.
El secretario Jesús Molina Lozano:
De la fracción parlamentaria del PRI, solicitan que su denuncia sea turnada a las comisiones de Derechos Humanos y de Información, Gestoría y Quejas, para que le den seguimiento y rindan el informe correspondiente.
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la propuesta.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada señor Presidente.
De la fracción independiente un punto de acuerdo, primero: Que las actividades académicas de la ESAHE, se reinicien de inmediato, para lo cual es necesario que las fuerzas públicas que ocupan el campus universitario, lo desalojen inmediatamente.
Segundo: Que se investiguen los hechos sucedidos y se apliquen los pliegos de responsabilidad a quienes corresponda.
Tercero: Que se forme una Comisión plural de diputados que dé seguimiento y profundice el conocimiento de los hechos violentos en esta comunidad e informe puntualmente a esta soberanía.
En votación económica se pregunta a los diputados si se admite o se desecha la anterior propuesta.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Desechada señor Presidente.
De la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, un punto de acuerdo. Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados suscritos solicitamos que la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, de esta Cámara de Diputados, dé instrucciones al Contador Mayor, para que se practiquen las auditorías e inventarios que permitan determinar si es legal la cancelación del subsidio federal a la Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar.
En votación Económica se pregunta a los diputados si se admite o se desecha la propuesta anterior.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Desechada señor Presidente.
El Partido Popular socialista de conformidad con el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, presenta la siguiente propuesta:
Única: Que las Comisiones de Educación, Agricultura y Recursos Hidráulicos de esta honorable Cámara, intervengan en el problema que vive la Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar, de Ciudad Juárez, Chihuahua, con el objeto de que se restituya la tranquilidad y se reanuden normalmente las funciones de esta institución.
En votación económica se pregunta...
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo:
(Desde la curul) En términos del artículo 58 solicito el trámite para orador en pro y orador en contra.
El Presidente:
En obsequio a la petición del diputado, en base al artículo 58, se abre a discusión la propuesta que está siendo sometida por la Secretaría. Hildebrando Gaytán ¿a favor?
Adelante Hildebrando Gaytán.
El diputado Hildebrando Gaytán Márquez:
Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados; diputados todos, merecedores de todo mi respeto.
Vale esta aclaración porque todos estamos aquí, de acuerdo con la Constitución, como representantes del pueblo y creo que todos tenemos derecho a que se nos respete esa categoría.
En el caso de la discusión que nos ocupa, son dos los problemas que están en el tema. Unos son los hechos concretos del enfrentamiento de dos grupos de la Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar y la participación que tuvo la fuerza pública en estos hechos, en donde se ha acentuado que fue excesiva. Ese es uno de los puntos a discusión.
Y el otro, señoras y señores diputados, es: ¿qué suerte va a seguir la Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar?
Respecto del primer asunto, ha sido resuelto y el PPS, aquí manifestó también que exigía una investigación y que condenaba este uso de la fuerza pública en contra de los maestros y los estudiantes, ese punto, digo, ha sido resuelto al aprobarse que se investiguen estos hechos. Pero no está resuelto el otro asunto y a los diputados que quisieran inclinar su voto en contra de la
proposición del PPS, de que la Comisión de Educación y la de Agricultura y Recursos Hidráulicos intervengan en este asunto, no solamente ya con el objeto de restituir la tranquilidad, sino de ver que reanude las labores esta institución y como señalaba en mi intervención anterior, restableciendo todos su material, sus instalaciones e inclusive viendo cómo va a ser la solución definitiva al status jurídico y académico. Bien, todo eso incluye la propuesta del PPS, que por ahí también incluye su voto la Cámara de Diputados.
Señoras y señores diputados:
Hay un hecho. Hubo un enfrentamiento entre estudiantes y maestros y por otro lado la fuerza pública. Yo les pregunto a mis compañeros diputados de todas las fracciones y en especial de la entidad de Chihuahua que han venido a esta Tribuna, en representación del Partido Revolucionario Institucional, ¿qué defendían los maestros y estudiantes que fueron golpeados y encarcelados?
Yo creo que tenían una causa por la que estaban arriesgando su salud y hasta su vida. Y a fin de cuentas, en lo profundo, esa causa era: mantener viva a su escuela.
Por que aquí han venido a señalar diputados del Partido Revolucionario Institucional que posiblemente y yo haría mía esta tesis, esta intervención del Gobierno del Estado en los términos en que se dio, en la forma en como dejó correr el problema no fue sino para tener un pretexto para y dijo un compañero del PRI justificar el cierre.
Si por lo tanto el móvil que estaba al final de todas estas acciones, ha sido dejar abierta o cerrar la escuela, ese es el tema que ahora debemos nosotros determinar; la posición de esta Cámara de Diputados.
Que caso tiene, dirán los maestros y estudiantes golpeados que vienen después de que paso ésto, a tratar de restituir si tenían o no razón, si hubo o no este lujo de fuerza pública del Gobierno del Estado. Si al final, si al final se concede al grupo llamado disidente, esa minoría, que estaba en contra del ejercicio normal de esta escuela y por lo tanto se procede a clausurarla. Entonces nuestra defensa queda a mitad del camino.
Aquí es donde tenemos que ser consecuentes. Y si estamos pidiendo que se investigue y se respeten los derechos humanos. Es consecuente también en lo que está implícito, en lo que estaban defendiendo ellos, con estas acciones y que se vieron involucrados en estos hechos.
Tenemos nosotros que defender una institución superior como es ésta que está en el tema. Son precedentes funestos. Tanto la forma como el hecho de que va siendo ya, parece ser, un denominador en gobernadores del Partido Acción Nacional.
Se disolvió la Filarmónica del Bajío, una institución de cultura. En Baja California se regatea el subsidio a la Sinfónica. En el Estado de Chihuahua si en lugar de buscar las formas para regularizar el status, la vida de esa institución, se solicita el cierre. Esa es la posición que ha señalado aquí el Partido Acción Nacional. ¡Se solicitó el cierre! Y hasta lo aclararon. Creo que para tratar de diferenciar de que no la había cerrado por sí, sino que había solicitado el cierre. Pero es la posición política del Partido Acción Nacional: el cierre de esa institución.
Pero de hecho, el voto determinante está en los diputados del Partido Revolucionario Institucional. Si van a estar a favor de la propuesta nuestra, en que se intervenga para analizar esta situación jurídica y académica y poder restablecer la vida a esta escuela.
Señores diputados del PRI: ¿En qué términos van a interpretar ustedes el artículo 3o. constitucional? Es una pregunta para la directiva de esta Cámara, por parte del sector mayoritario.
Porque hablamos de que con la reforma reciente al artículo 3o., existía y se mantenía el compromiso del Estado con las instituciones de educación superior, que la fracción V garantizaba la presencia, el apoyo, la participación del Estado en las escuelas superiores.
Quiero recordar lo que dice la fracción V, del artículo 3o. "El Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativas, incluyendo la educación superior, necesarios para el desarrollo de México.
En el caso de la Escuela Superior de Agricultura, el PPS piensa que es la oportunidad de que se aplique esta fracción, esta obligación del Estado de promover y atender, ¿La va a promover con los subsidios, la va a atender para restablecerle su situación jurídica, su planta de maestros, o bien esta fracción V, es como lo señalamos nosotros, una simple letra muerta para decir el Estado si quiero voy y si no, nada me compromete, nada me obliga?
Y por lo tanto en una situación en la que el Partido Acción Nacional ha sentado su tesis de cerrar la Escuela Superior de Agricultura, aquí el Partido Revolucionario Institucional marca a la retaguardia de esa posición y también está de acuerdo en que esa Escuela Superior de Agricultura, se clausure y sea cerrada.
Miren señores diputados, la propuesta del PPS atiende a eso, a que haya competencia para atender este aspecto del problema, este acceso, el status jurídico, la vida académica y la posibilidad de que reanude sus labores.
Esta escuela que aquí se ha dicho, es una escuela gloriosa en su materia. Que en los últimos años demeritó su nivel académico, eso perfectamente se puede resolver. Si por atrás de esto está toda una política del Estado, de dejar al garete la educación pública superior, la educación en que debe intervenir el Estado, para los técnicos en este caso, de la agricultura. Pues entonces sí estará abonando una tesis que nosotros tampoco aceptamos, en cuanto a denostar algunas instituciones públicas y prácticamente decía que quienes salen de estas instituciones no encuentran empleo.
No puede promoverse este tipo de denigración a las instituciones, pensamos nosotros que nadie los debe utilizar.
Estoy señalando aquí que la mejor manera es precisamente atender a sus problemas, necesidades y resolverlos.
Creo que este debate será consecuente y habrá concordancia con todo lo que se señalo aquí, por quienes demandaron la investigación, diputados del Partido Revolucionario Institucional, inicialmente y después de todas las demás fracciones y también por las expresiones de los propios diputados del PRI, señalando que éste sería un pretexto para el cierre de esta institución, digo que sería congruente el final de este debate, si se aprueba la propuesta del Partido Popular Socialista. Hay inclusive este fuerte peso constitucional en donde el Estado debe promover y atender las instituciones, por lo menos désele la competencia a las comisiones que nosotros estamos solicitando para que también en este aspecto puedan abocarse en lo que se refiere al problema que hoy hemos discutido. Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos tiene la palabra el diputado Fernández de Cevallos.
El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos:
Señores legisladores, hace unos minutos dejamos pasar por mera consideración humana algunas imputaciones contra el gobernador de Chihuahua, que hizo aquí en esta tribuna el diputado Téllez precisamente en su carácter de disidente, pero hoy se hace necesario puntualizar alguna afirmación de don Hildebrando Gaytán. El aseveró aquí que los diputados de Acción Nacional hemos obtenido que el Gobierno del Estado de Chihuahua, en vez de buscar una solución atinada, seria, responsable de un problema académico y universitario, optó por el cómodo camino de solicitar el cierre y, eso no es exacto, no es la verdad total y sí distorsiona una realidad histórica que tiene mil evidencias a su alcance y seguramente las investigaciones que se hagan las van a poner en relieve.
Nosotros sabemos y todo Chihuahua conoce el esfuerzo serio que hizo el Gobierno de Chihuahua durante seis meses tratando de conciliar un problema grave que día a día aumentaba y que finalmente concluyó en una violencia que puso en riesgo vidas humanas y que alteró la paz de la entidad. Luego no es exacto que el Gobierno de Chihuahua haya faltado al deber elemental de buscar una conciliación y una solución inteligente y pacífica a un conflicto universitario. En última instancia, señores legisladores, he de insistir en esta tribuna que si ya se ha acordado y aprobado que haya en su momento el trabajo responsable de las comisiones respectivas, por lo que a nosotros toca como bancada panista no podemos hoy juzgar o decidir la conveniencia, la razón o la justicia de que esa entidad educativa pueda o no abrir nuevamente sus aulas a la cultura.
Pero en todo caso anunciamos que con toda seguridad el tiempo, las investigaciones y la razón, deberán prevalecer y que nosotros advertimos que la única posibilidad al respecto, de no ser el penoso cierre de un aula, de una Universidad y un centro educativo, es que se le vuelva a fundar por los antecedentes criminales de sus últimos tiempos.
Hemos dicho con toda franqueza y claridad, que nadie le niega el pasado glorioso a esta Universidad; lo que tampoco podemos negar y soslayar en esta tribuna, la cauda de delitos y de atropellos a la Ley que se vinieron cometiendo mucho antes de que Barrios fuera gobernador. Gracias.
El Presidente:
Pregunte la Secretaría a la Asamblea si es de admitirse o no a discusión la propuesta que está siendo sometida a discusión en estos momentos.
El secretario Jesús Molina Lozano:
Se pregunta a la Asamblea en votación económica, si es de admitirse la discusión que se ha propuesto.
Los señores diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los señores diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El Presidente:
Pregunto a la Secretaría si están otras propuestas pendientes de desahogo.
El secretario Jesús Molina Lozano:
Ninguna, señor Presidente.
El Presidente:
Un momento por favor.
La propuesta aprobada en primer término se le da el turno a las comisiones de Derechos Humanos y de Información, Gestoría y Quejas, para su desahogo.
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DÍA
La secretaria Luisa Urrecha Beltrán:
Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Segundo Período de Sesiones Ordinarias.- Segundo Año.- LV Legislatura.
Orden del día
25 de mayo de 1993.
Lectura del acta de las sesión anterior.
Comunicación del Congreso del Estado de Hidalgo.
Oficio de la Secretaría de Gobernación
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Aurora Garza Minjares, pueda prestar sus servicios en el Consulado General de los Estado Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Verónica Enríquez Alcalá, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
De la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a las ciudadanas Rebeca Romero Pérez e Iliana Ivonne Sandoval Moya, para prestar servicios en la Embajada Británica, en México.
Intervención de los diversos grupos parlamentarios que integran la LV Legislatura, para hacer comentarios en torno a la situación de Teléfonos de México.
Intervención del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para comentar la actuación de la Procuraduría General de la República.
Intervención del grupo parlamentario del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, para referirse a la República Árabe Saharauí Democrática.
Intervención de los diversos grupos parlamentarios que integran la LV Legislatura, para referirse al natalicio del general Lázaro Cárdenas del Río.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.>
El Presidente:
(A las 22.05 horas) Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el martes 25 de mayo, a las 10:00 horas.
NOTAS
Siglas y abreviaturas incluidas en esta edición:
Cereso Centro de Readaptación Social.
Cofipe Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Coparmex Confederación Patronal de la República Mexicana.
ESAHE Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar.
IFE Instituto Federal Electoral.
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social.
PAN Partido Acción Nacional.
PPS Partido Popular Socialista.
PRD Partido de la Revolución Democrática.
PRI Partido Revolucionario Institucional.
Pronasol Programa Nacional de Solidaridad.
SARH Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
TLC Tratado de Libre Comercio.
UNAM Universidad Nacional Autónoma de México.