Legislatura LV - Año II - Período Ordinario - Fecha 19930525 - Número de Diario 13
(L55A2P1oN013F19930525.xml)Núm. Diario: 13ENCABEZADO
LV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO de los DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Correspondiente al Segundo Período del Segundo Año de Ejercicio
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Diputado Jaime Ignacio Muñoz y Domínguez
PALACIO LEGISLATIVO
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Héctor de Antuñano y Lora
AÑO II México, DF, martes 25 de mayo de 1993 No. 13
SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO
SUMARIO
ASISTENCIA
APERTURA
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
TOMA DE PROTESTA
Del ciudadano Juan Acosta Cerón, electo como diputado suplente en el V distrito electoral federal del Estado de San Luis Potosí.
COMUNICACIÓN
Del Congreso del Estado de Hidalgo, por la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
OFICIO DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Aurora Garza Minjares, pueda prestar sus servicios en el Consulado General de los Estados
Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
DICTAMEN DE PRIMERA LECTURA (I)
LEY SOBRE RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL
De la Comisión del Distrito Federal, con proyecto de decreto que reforma y adiciona dicha ley.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
Dos, de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyectos de decreto por los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que las ciudadanas Verónica Enríquez Alcalá pueda prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México y las ciudadanas Rebeca Romero Pérez e Iliana Ivonne Sandoval Moya, puedan prestar sus servicios en la Embajada Británica en México.
Se turnan al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
TRATADOS INTERNACIONALES
De las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores, relativo a diversas iniciativas presentadas por diputados de los diferentes grupos parlamentarios, sobre tratados.
Intervienen los diputados:
Miguel González Avelar, para fundamentar el dictamen.
Martín Tavira Urióstegui, en contra.
Oscar Ricardo Valero Recio Becerra, en contra.
Guillermo Pacheco Pulido, en pro.
Martín Tavira Urióstegui, para contestar alusiones personales.
Fernando Estrada Sámano, en contra.
Miguel González Avelar, para contestar alusiones personales.
Héctor Ramírez Cuéllar, en contra.
Jorge Alfonso Calderón Salazar, en contra.
Manuel Terrazas Guerrero, en contra.
Blanca Ruth Esponda Espinosa, en pro.
Para contestar alusiones personales o rectificar hechos toman la palabra los diputados:
Francisco José Paoli Bolio
Carlos González Durán
Jorge Alfonso Calderón Salazar
Cuauhtémoc López Sánchez Coello
Francisco José Paoli Bolio
Héctor Ramírez Cuéllar
Oscar Ricardo Valero Recio Becerra, presenta proposición. Se aprueba.
Jorge Alfonso Calderón Salazar
Se aprueba el dictamen.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA (II)
INSTITUTO MEXICANO DEL CAFÉ
Toma la palabra el diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara
De las comisiones de Comercio y de Agricultura y Recursos Hidráulicos, con proyecto de decreto que abroga la Ley que crea dicho instituto.
ESTADO DE JALISCO
Respecto a los acontecimientos del aeropuerto de Guadalajara, toma la palabra el diputado Enrique Chavero Ocampo, para presentar un punto de acuerdo.
Para referirse al mismo asunto, hacen uso de la palabra los diputados:
Enrique Gabriel Jiménez Remus
Gilberto Rincón Gallardo y Meltis
Jorge Oceguera Galván
Pedro Medina Pérez
Carlos González Durán
José Camilo Valenzuela, para rectificar hechos.
Emilio Becerra González.
Francisco Dorantes Gutiérrez, para rectificar hechos.
En votación económica se aprueba el punto de acuerdo presentado por el diputado Chavero Ocampo.
TELÉFONOS DE MÉXICO
Para hacer comentarios respecto a los problemas de la compañía de Teléfonos de México, hacen uso de la palabra los diputados:
Luis Raúl Alvarez Garín
Enrique Sada Fernández
Alfredo Lujambio Rafols, quien propone la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público.
Enrique Sada Fernández, para rectificar hechos.
Juan Jacinto Cárdenas García
Eberto Croda Rodríguez
Fidel Herrera Beltrán
Juan Jacinto Cárdenas García, para rectificar hechos.
La proposición del diputado Luis Raúl Alvarez Garín, se turna a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda y a la de Comunicaciones y Transportes y la del diputado Alfredo Lujambio Rafols, se desecha.
REPÚBLICA DE GUATEMALA
Pronunciamiento del diputado Juan Bonifaz Trujillo, respecto de los acontecimientos en la República de Guatemala.
EFEMÉRIDES
Para referirse al aniversario del natalicio del general Lázaro Cárdenas del Río, suben a la tribuna los diputados:
Jorge Torres Castillo
Jorge Mendoza Alvarez
Rigoberto Arriaga Ruiz
Israel González Arreguín
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
Presidencia del diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda
ASISTENCIA
El Presidente:
Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados.
La secretaria Luisa Urrecha Beltrán:
Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 404 diputados, por lo tanto, hay quórum.
APERTURA
El Presidente:
(A las 12.10 horas) se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
La secretaria Luisa Urrecha Beltrán:
«Segundo Período se Sesiones Ordinarias.- Segundo Año.- LV Legislatura.
Orden del día
25 de mayo de 1993.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación del Congreso del Estado de Hidalgo.
Oficio de la Secretaría de Gobernación
Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Aurora Garza Minjares, pueda prestar servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión del Distrito Federal, con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley sobre el régimen de propiedad en Condominio de Inmuebles, para el Distrito Federal.
De las comisiones de Comercio y de Agricultura y Recursos Hidráulicos, con proyecto de decreto que abroga la Ley que crea el Instituto Mexicano del Café.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Verónica Enríquez Alcalá, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a las ciudadanas Rebeca Romero Pérez e Iliana Ivonne Sandoval Moya, para prestar servicios en la Embajada Británica, en México.
De las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores, con punto resolutivo relativo a las iniciativas presentadas por los diputados de los diferentes grupos políticos: Acción Nacional, el 19 de diciembre de 1975, 11 de diciembre de 1979; de la Revolución Democrática, el 12 de junio de 1991, 13 de julio de 1992 y Popular Socialista, 5 de agosto de 1992, sobre tratados.
Intervención de los diversos grupos parlamentarios que integran la LV Legislatura, para presentar un punto de acuerdo en relación con los acontecimientos en Guadalajara.
Intervención de los diversos grupos parlamentarios que integran la LV Legislatura, para hacer comentarios en torno a la situación de Teléfonos de México.
Intervención de los diversos grupos Parlamentarios que integran la LV Legislatura, para comentar la situación en Guatemala.
Intervención del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para comentar la actuación de la Procuraduría General de la República.
Intervención de los diversos grupos Parlamentarios que integran la LV Legislatura, para referirse al natalicio del general Lázaro Cárdenas del Río.
Intervención del grupo parlamentario del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, para referirse a la República Árabe Saharauí Democrática.
Intervención del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, para presentar un punto de acuerdo en relación a la situación laboral de los futbolistas profesionales.
Intervención del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para hacer comentarios sobre la red carretera nacional.
Intervención del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hacer comentarios sobre la instalación de retenes.
Intervención del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse al problema de transportistas, en Oaxaca.
Intervención del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una denuncia sobre la situación de ganadería y asuntos relacionados con vehículos extranjeros, en Guanajuato.
Intervención del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, para hacer comentarios sobre los pronunciamientos del Secretario de Gobernación.
Intervención del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, para comentar la situación en Venezuela.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El Presidente:
En virtud de que se entregaron copias del acta de la sesión anterior a los grupos parlamentarios, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le da dispensa a la lectura.
La Secretaria Luisa Urrecha Beltrán:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta.
Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...Se dispensa la lectura.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el día veinte de mayo de mil novecientos noventa y tres, correspondiente al segundo Período de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.
Presidencia del diputado
Gonzalo Altamirano Dimas
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las once horas con cincuenta y siete minutos del día veinte de mayo de mil novecientos noventa y tres, con una asistencia de cuatrocientos dos diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y la Asamblea dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, misma que, sin discusión, se aprueba en sus términos en votación económica.
Se da cuenta con una invitación del Gobernador del Estado de Puebla, al acto cívico conmemorativo del septuagésimo tercer aniversario del fallecimiento del ex presidente de México, Venustiano Carranza. Se designa comisión para representar a la Cámara de Diputados.
La Secretaría da lectura a una comunicación del diputado Héctor Morquecho Rivera, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones como diputado federal. La Asamblea aprueba los puntos de acuerdo respectivos y el Presidente informa que a las puertas del salón se encuentra el ciudadano Pedro Medina Pérez, electo como diputado suplente en la segunda circunscripción plurinominal y designa una comisión para que lo introduzca en el salón y lo acompañe en el acto de rendir su protesta de Ley como diputado federal. Terminado el acto protocolario, el diputado Medina Pérez entra en funciones de inmediato.
Se da cuenta con una minuta del Senado de la República, con proyecto de decreto que abroga la Ley que crea el Instituto Mexicano del Café. Se turna a las comisiones de Comercio y de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
Una iniciativa del Ejecutivo Federal, con proyecto de decreto que lo autoriza a emitir Certificados de la Tesorería de la Federación. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Se da cuenta con dos dictámenes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyectos de decreto por los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que la ciudadana Verónica Enríquez Alcalá, pueda prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y las ciudadanas Rebeca Romero Pérez e Iliana Ivonne Sandoval Moya, puedan prestar sus servicios en la Embajada Británica en México. Son de primera lectura.
En virtud de que el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de Ley de Nacionalidad, ha sido
impreso y distribuido entre los señores diputados, la asamblea le dispensa la segunda lectura y se somete a discusión de inmediato.
Para fundamentar este dictamen, hace uso de la palabra el diputado Rubén Pabello Rojas, del Partido Revolucionario Institucional y, para discutirlo en lo general y en lo particular, en un solo acto, se concede el uso de la palabra a los diputados: Martín Tavira Urióstegui, del Partido Popular Socialista, en pro; Jorge Oceguera Galván, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en pro; Ricardo Valero Recio Becerra, del Partido de la Revolución Democrática, en contra y hace propuestas de modificación a los artículos noveno y catorce; Fauzi Hamdan Amad, del Partido Acción Nacional, en pro y propone modificaciones a los artículos segundo y decimosegundo; Clara Mejía Guajardo, del Partido Popular Socialista, quien propone modificaciones a artículo quince; Javier Centeno Avila, para fundamentar su voto en contra; Cuauhtémoc López Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional, en pro y Carlos González Durán, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos.
Se someten a consideración de la Asamblea las propuestas presentadas durante el debate y en votación económica se aprueba la que corresponde al artículo doce, presentada por el Partido Acción Nacional.
La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen y la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por trescientos treinta y tres votos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Presidencia del diputado
Jesús Berrospe Díaz
Se someten a discusión y sin ella se aprueban en sendas votaciones económicas, cuatro dictámenes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyectos de decreto por los que se conceden los permisos constitucionales los necesarios para que el ciudadano Carlos Ramón Carrillo del Villar, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Guatemala; Edmundo Font López, pueda aceptar y usar la condecoración que le ofrece el Gobierno de la República de Colombia; Javier Antonio Renero Zamora, pueda prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y Patricia Ema Luisa del Hierro Hernández, pueda prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Se turnan al Senado de la República los dos primeros y al Ejecutivo Federal los dos segundos, para sus efectos constitucionales.
Para expresar sus opiniones en torno de la reforma política, se concede el uso de la palabra a los diputados Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista; Raymundo Cárdenas Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, quien acepta una interpelación del diputado Amezcua Dromundo; y Gabriel Jiménez Remus, del Partido Acción Nacional, para referirse directamente a las palabras del diputado Amezcua Dromundo.
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales suben a la tribuna los diputados: Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista, en cinco ocasiones; Gabriel Jiménez Remus, del Partido Acción Nacional; Diego Fernández de Cevallos, del Partido Acción Nacional, en dos ocasiones; Israel González Arreguín, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en tres ocasiones; Jorge Uscanga Escobar, del Partido Revolucionario Institucional; Raymundo Cárdenas Hernández, del Partido de la Revolución Democrática; Salvador Abascal Carranza, del Partido Acción Nacional, en tres ocasiones; Layda Sansores San Román, del Partido Revolucionario Institucional y Antonio Nemi Dib, del Partido Revolucionario Institucional.
Solicita y se concede el uso de la palabra a la diputada Patricia Ruiz Anchondo, del Partido de la Revolución Democrática, quien a nombre de todas las diputadas de la quincuagésima quinta legislatura, presenta un punto de acuerdo en relación con los Derechos Humanos de la Mujer, mismo que se aprueba en votación económica.
Para hacer comentarios respecto de la determinación de la subcomisión de examen previo, de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, en relación con el caso de Yucatán, hacen uso de la palabra los diputados Luis Rejón Peraza, del Partido Acción Nacional; Feliciano Moo y Can, del Partido Revolucionario Institucional; Francisco Paoli Bolio, del Partido Acción Nacional, en tres ocasiones; Jorge Uscanga Escobar, del Partido Revolucionario Institucional; Fernando Gómez Mont, del Partido Acción Nacional, en dos ocasiones; Martín Tavira Urióstegui, del Partido Popular Socialista, en dos ocasiones y Juan Robledo Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional.
Sube a la tribuna el diputado Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, quien expresa su opinión y la de su grupo parlamentario respecto del proceso de ratificación del Tratado de Libre Comercio.
Para comentar los hechos violentos ocurridos en la Escuela de Agricultura Hermanos Escobar, en Ciudad Juárez, Chihuahua, hacen uso de la palabra los diputados: José Canales de la Vega, del Partido Revolucionario Institucional, quien presenta una proposición; Raymundo Gómez Ramírez, del Partido Acción Nacional; Pedro Medina Pérez, del Partido Popular Socialista, quien presenta una propuesta; Javier Centeno Avila, quien también presenta una propuesta; Enrique Rico Arzate, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta una proposición; Andrés Barba Barba, del Partido Acción Nacional y Oscar Nieto Burciaga, del Partido Revolucionario Institucional.
Para rectificar hechos, contestar alusiones personales o en su turno de oradores, sobre el mismo tema, hacen uso de la palabra los diputados Javier Centeno Avila; Demetrio Santiago Torres, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Patricia Terrazas Allen, del Partido Acción Nacional; Carlos Morales Villalobos, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones; Juan Castro Lozano, del Partido Acción Nacional, en tres ocasiones; Luis Rentería Torres, del Partido Revolucionario Institucional; Hildebrando Gaytán Márquez, del Partido Popular Socialista; Israel González Arreguín, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en tres ocasiones; Diego Fernández de Cevallos, del Partido Acción Nacional, en dos ocasiones; Tomás González de Luna, del Partido Revolucionario Institucional y José Téllez Rincón.
Se someten a consideración de la Asamblea las proposiciones realizadas durante el debate y se acepta la presentada por el Partido Revolucionario Institucional.
Al ponerse a consideración de la Asamblea la presentada por el Partido Popular Socialista, desde su curul el diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo solicita que se le dé el trámite del artículo cincuenta y ocho del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Presidente concede el uso de la palabra al diputado Hildebrando Gaytán Márquez, del Partido Popular Socialista, en pro y al diputado Diego Fernández de Cevallos, del Partido Acción Nacional, para rectificar hechos.
En votación económica se desecha la proposición y la del Partido Revolucionario Institucional se turna a las comisiones de Derechos Humanos y de Información, Gestoría y Quejas.
Agotados los asuntos en cartera y no habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la Secretaría de lectura al orden del día de la próxima y el Presidente clausura la de hoy a las veintidós horas con siete minutos, citando para la que tendrá lugar el martes veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y tres a las diez horas.»
El Presidente:
Ruego a la Secretaría poner a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior y si algún diputado desea hacer alguna observación a la misma, sírvase manifestarlo.
La secretaria Luisa Urrecha Beltrán:
Está a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior. ¿Hay algún diputado que desee hacer observaciones a la misma?
Se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Aprobada el acta.
TOMA DE PROTESTA
El Presidente:
Se encuentra a las puerta de este recinto el ciudadano Juan Acosta Cerón, diputado suplente electo en el V distrito del Estado de San Luis Potosí.
Se designa en comisión para que lo acompañen, en el acto de rendir la protesta de Ley para entrar en funciones, a los siguientes diputados: Comisión de Cortesía: Juan Ramiro Robledo Ruiz, Jorge Vinicio Mejía Tobías, Jesús Mario del Valle Fernández, José Manuel Medellín Millán, Felipe Rodríguez Grimaldo y Manuel Rivera del Campo.
La secretaria Luisa Urrecha Beltrán:
Se pide a la comisión, cumplir con este encargo. Se ruega a los presentes ponerse de pie.
El Presidente:
Ciudadano Juan Acosta Cerón: ¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo os ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
El ciudadano Juan Acosta Cerón:
Si, protesto.
El Presidente:
Si así no lo hiciereis, la nación os lo demande.
El Presidente:
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
COMUNICACIÓN
El secretario Jesús Molina Lozano:
«Escudo.- Poder Legislativo.- Congreso del Estado de Hidalgo.- Secretaría Hidalgo.
Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, DF.
Con toda atención, nos permitimos el honor de comunicar a usted (es), que la Quincuagésima Quinta Legislatura del honorable Congreso Constitucional del Estado de Hidalgo, en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, eligiendo al presidente y vicepresidente de la mesa directiva de este propio honorable Congreso, que fungirán durante el mes de mayo del año en curso, habiendo resultado electos los ciudadanos diputados: Presidente, diputado Leopoldo Rodríguez Murillo; vicepresidente, diputado Alejandro Hernández Ballina.
Al hacer de su conocimiento lo anterior, nos es grato reiterarle (s) las seguridades de nuestras atenta consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Pachuca, Hgo., abril 29 de 1993.- Secretarios diputados, Fernando Quetzalcoatl Moctezuma Pereda y Jaime Costeira Cruz.»
De enterado.
OFICIO DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El secretario Jesús Molina Lozano:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Con fecha 7 del actual, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:
"Mucho agradeceré a usted tenga a bien solicitar al honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la persona que se menciona a continuación pueda prestar sus servicios dentro del territorio nacional, al Gobierno de los Estados Unidos de América. Para tal efecto, se anexa el original del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona y el escrito en que solicita que se realicen los trámites correspondientes. Nombre, puesto, lugar de trabajo; Aurora Garza Minjares, empleada consular, Consulado General en Ciudad Juárez, Chihuahua."
Lo que hago del conocimiento de ustedes para los fines legales procedentes, enviándoles además con el presente los anexos que en el mismo se mencionan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, DF., 17 de mayo de 1993.- El secretario, José Patrocinio González Blanco Garrido.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA (1)
LEY SOBRE EL RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL
El Presidente:
El siguiente punto del orden del día es la primera lectura al dictamen relativo al proyecto de
decreto que reforma y adiciona la Ley sobre el Régimen de Propiedad en Condominio de Inmuebles, para el Distrito Federal.
En atención a que este dictamen ha sido impreso y se está distribuyendo entre los diputados, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario Jesús Molina Lozano:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...Se dispensa la lectura al dictamen, señor Presidente.
«Comisión del Distrito Federal.
Honorable Asamblea: A la Comisión del Distrito Federal fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de Decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley sobre el Régimen de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal. Tal proyecto legislativo fue presentado ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados, el día 9 de junio de 1992, por la diputación del Distrito Federal perteneciente al Partido Revolucionario Institucional.
En términos del artículo 56 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión es competente para conocer de dicha iniciativa, por lo que en cumplimiento al mismo precepto y conforme a lo dispuesto por el artículo 64 de la referida ley y por los artículos 65, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, el presente dictamen.
ANTECEDENTES
El régimen de propiedad en Condominio de Inmuebles es una figura jurídica que se ha desarrollado fundamentalmente en las viviendas de carácter urbano. La legislación civil en nuestro país no ha permanecido extraña a esa evolución; los códigos de 1870, 1884 y 1928, imitando a su similar francés, contenían algunas disposiciones al respecto.
En la etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial, el desmesurado crecimiento de la ciudad de México fomentó la práctica de fraccionar los edificios por pisos, a más aún, por departamentos y surgió la necesidad de elaborar un cuerpo normativo específico.
Así, en el año de 1954 se promulgó la "Ley sobre el Régimen de Propiedad y Condominio de los edificios divididos en Pisos, Departamentos, Viviendas o Locales." Dicho ordenamiento permaneció vigente hasta el 31 de diciembre de 1972, fecha en que fue derogada por una nueva Ley sobre el Régimen de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, este último ordenamiento adecuaba la regulación de la figura a las nuevas exigencias y es el que actualmente permanece vigente.
Las condiciones de nuestra ciudad, su desarrollo acelerado y en gran medida, las políticas públicas sobre vivienda que privilegiaron el establecimiento de este tipo de régimen legal de propiedad dieron como consecuencia que al interior de los condominios se reprodujeran algunas de las conductas sociales que se aprecian en el entorno.
Actualmente, se estima que una quinta parte de la población total del Distrito Federal habita en inmuebles constituidos bajo ese régimen de propiedad. A esa importante cifra habría que agregar aquellos espacios que se destinan al comercio, a los servicios e incluso a la industria, por lo que no es ocioso destacar el significado y repercusiones que tendría cualquier reforma al marco normativo actual.
La iniciativa parte de la voluntad política de diversos legisladores por modernizar los preceptos aplicables al régimen de propiedad en condominio de inmuebles en nuestra ciudad capital, reconociendo sus carencias y subsanando sus deficiencias para así adecuarlo a las circunstancias y a la problemática que actualmente enfrenta.
La propuesta en estudio hace un diagnóstico muy serio de los principales problemas que se presentan en el trato cotidiano entre los residentes de los condominios.
El reclamo de los condóminos en cuanto al deterioro de sus espacios de uso común, respecto al atraso en el pago de las distintas cuotas, sobre la inseguridad que padecen, así como la poca claridad de ciertas disposiciones legales en cuanto a sus órganos de Gobierno y administración fueron planteados en esta Cámara de Diputados en ocasión de las Audiencias Públicas sobre el Problema de la Vivienda en el Distrito Federal, celebradas en 1992.
La Comisión dictaminadora ha realizado un cuidadoso análisis de la iniciativa; en su seno, se
acordó utilizar al proyecto como el documento base para llegar a una reforma que ante todo fuese útil a la ciudad. Durante quince sesiones de trabajo de la subcomisión de Desarrollo Urbano y Vivienda, tres reuniones del pleno así como en cinco audiencias especiales con las autoridades del Departamento del Distrito Federal y de los organismos públicos de vivienda, con inquilinos, comerciantes y especialistas en la materia, se recibieron opiniones y criterios diversos que enriquecieron el debate y permitieron a los legisladores formular propuestas de textos alternativos y llegar, en muchos casos, a importantes consensos.
Este intenso esfuerzo de todos los partidos políticos, motivo a la Comisión para sugerir al pleno de esta soberanía modificar el texto del documento original atendiendo a las siguientes
CONSIDERACIONES
Tanto en la exposición de motivos de la iniciativa como en el texto mismo de las propuestas de modificaciones o adiciones a la ley de la materia, sugeridas por los diputados miembros de la Comisión del Distrito Federal, se identifican con claridad los problemas a cuya solución se pretende contribuir mediante la reforma legal.
El primero de estos problemas lo constituye la falta de mantenimiento de las áreas de uso común de las grandes unidades habitacionales, las cuales presentan ya un serio deterioro que repercute en las condiciones de vida de los condóminos y pudieran llegar a constituir un riesgo para la salud o inclusive la vida de los mismos. Lo anterior, debe en gran medida a la escasa participación de los habitantes de dichas unidades en la conservación de las referidas áreas y a la dificultad para el cobro oportuno de las cuotas correspondientes.
Al respecto, la propuesta original contemplaba la posibilidad de que determinadas áreas fueran donadas al Departamento del Distrito Federal para que éste se hiciera cargo del mantenimiento de las mismas; al estudiar las implicaciones jurídicas y prácticas de dicha propuesta, esta Comisión dictaminadora estimó que la donación no era el mecanismo idóneo para atender a esa problemática.
Se optó, en cambio, por establecer las bases para la celebración de convenios entre los administradores del condominio y el Gobierno del Distrito Federal para que este último participe, a través de ciertos mecanismos, en el mantenimiento y vigilancia de áreas de uso común expresamente determinadas.
En relación al cobro de las cuotas se prevé una obligación adicional a cargo de los condóminos, la de garantizar por cualesquiera de las formas que establecen las leyes el pago de las cantidades correspondientes.
Otro aspecto importante que la iniciativa toma en consideración es lograr congruencia y claridad en cuanto al sistema que habrá de seguirse en las Asambleas de Condóminos para contabilizar los votos y determinar así las mayorías en la toma de decisiones; para lograr este fin, la iniciativa reconoce y clarifica el principio de mayoría de partes alícuotas que establece la ley vigente y básicamente consiste en que el porcentaje que represente el valor de la propiedad individual sobre el valor de todo el condominio se corresponda en los derechos y las correlativas obligaciones.
No obstante lo anterior, en las sesiones de trabajo efectuadas por este órgano de estudios, se hizo notar la posibilidad de que se presentaran situaciones poco equitativas en el caso de decisiones cuya naturaleza no es propiamente patrimonial y que debieran inspirarse preponderantemente en un principio democrático y de trato igualitario. Por esa razón se adopta un criterio mixto en virtud del cual para la elección o remoción del administrador, de los integrantes de las mesas directivas o del Comité de Vigilancia, cada condómino cuenta con un voto y el resto de las decisiones se adoptan por mayoría de partes alícuotas.
Igualmente, esta Comisión estimó que determinadas decisiones, dada su trascendencia, deben adoptarse mediante un sistema doble de votación; de esta manera, se estableció que para facultar al administrador del condominio a celebrar convenios con el Gobierno del Distrito Federal respecto del mantenimiento y vigilancia de las áreas de uso común, o para acordar la extinción voluntaria del régimen de propiedad en condominio, se requiere la aprobación tanto de la mayoría, de condóminos como de quienes representen el 75% del valor total del inmueble.
Del mismo modo, con el propósito de transparentar los procesos internos dentro de los condominios, la iniciativa proponía que un representante de la Delegación del D. D. F. correspondiente pudiese asistir a constatar ciertos actos, entre los cuales pudiera destacar la elección de las administraciones condominales. También se preveía un registro de carácter constitutivo en las delegaciones del Departamento del Distrito Federal para otro tipo de actos.
Sobre el particular se ha estimado que resultaría mejor que se admitiera la posibilidad de que pudiese estar presente un notario público y que los registros, de carácter potestativo, no tengan obligatoriedad ni los alcances inicialmente propuestos.
Con el propósito de propiciar la solución de controversias existentes entre los condóminos o entre estos y su administración, cuando se celebren convenios, en la vía conciliatoria ante el Departamento del Distrito Federal, atribuye a dichos instrumentos obligatoriedad de pleno derecho y por ende, carácter ejecutivo. Adicionalmente, se establece que para el caso de los convenios celebrados entre el administrador y los condóminos o entre estos últimos, bastará el reconocimiento de firmas para que los mismos adquieran naturaleza ejecutiva.
Otro de los problemas que enfrentan quienes habitan inmuebles sujetos al régimen de propiedad en condominio ha sido la constante comisión, en áreas destinadas al uso común, de conductas que alteran la tranquilidad y el orden en la vida comunitaria de los condóminos; por esta razón, se ha estimado conveniente prever la posibilidad de sancionar dichas conductas conforme a los dispuestos por la Ley sobre Justicia en Materia de Faltas de Policía y Buen Gobierno.
En relación al suministro de electricidad u otros bienes o servicios necesarios en las áreas de propiedad común, se prevé la obligación de la empresa proveedora de prorratear el importe del consumo en dichas áreas en proporción al indiviso de cada condómino y de incorporar esa cantidad al recibo individual correspondiente.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea Legislativa la aprobación del siguiente
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY SOBRE EL RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL
Artículo primero. Se reforman los artículos 7o., 13, fracciones I y III; 31, fracción V; 33, primer párrafo; 38, 44, primer y segundo párrafos, y 45, do la Ley sobre el Régimen de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, para quedar como sigue:
Artículo 7o. La extinción voluntaria del régimen de propiedad en condominio, requerirá el acuerdo de Asamblea tomando por un mínimo de votos de los condóminos que represente el 75% del valor del condominio y más de la mitad en el número total de los mismos, salvo que la escritura constitutiva prevea un porcentaje más alto. En todo caso, deberán cumplirse las disposiciones legales sobre planificación, desarrollo o regeneración urbana y otras que fueren aplicables, bajo la responsabilidad del Notario Público y, en su caso, del Registro Público de la Propiedad y el Comercio.
Artículo 13. Son objeto de propiedad común:
I. El terreno, sótanos, puertas de entrada, vestíbulos, galerías, corredores, escaleras, patios, jardines, senderos, calles interiores, instalaciones deportivas, de recreo, de recepción o reunión social, espacios que hayan señalado las licencias de construcción como suficientes para estacionamiento de vehículos, siempre que sean de uso general.
II.
III. Las obras, instalaciones, aparatos y demás objetos que sirvan de uso o disfrute común, tales como fosas, pozos, cisternas, tinacos, ascensores, motocargas, incineradores, estufas, hornos, bombas y motores; albañales, canales, conductos de distribución de agua, drenaje, calefacción, electricidad y gas; los locales y las obras de seguridad, de ornato y otras semejantes, con excepción de los que sirvan exclusivamente a cada departamento, vivienda, casa o local;
IV y V.
Artículo 31.
I a IV.
V. Realizar todos los actos de administración y conservación. La administración contratará el suministro de la energía eléctrica y otros bienes necesarios para los servicios, instalaciones y áreas comunes, debiendo la empresa correspondiente prorratear el importe del consumo entre los condóminos y conforme a la proporción que cada uno represente sobre el valor total del condominio, adicionando la cantidad resultante a la factura que individualmente se le expida por el bien o servicio consumido en su área privativa.
VI a XV.
Artículo 33. En relación con los bienes comunes del condominio, el administrador tendrá las facultades de representación de un apoderado
general de los condóminos, para administrar bienes y para pleitos y cobranzas, con facultad de absolver posiciones; pero otras facultades especiales y las que requieren cláusula especial, salvo los casos a que se refieren los artículos 7o. y 10 bis. de esta ley, necesitarán del acuerdo favorable de los condóminos que en la Asamblea representen por lo menos el 51% del valor total del inmueble.
Artículo 38. El condómino que reiteradamente no cumpla con sus obligaciones, además de ser responsable de los daños y perjuicios que cause a los demás, podrá ser demandado para que se obligue a vender sus derechos hasta en subasta pública, respetándose el de preferencia, en su caso, en los términos del reglamento del condominio. El ejercicio de esta acción será resuelta en asamblea de condóminos por acuerdo aprobatorio de quienes representen un mínimo del 75% del valor de inmueble.
Artículo 44. Si el condominio se destruyere en su totalidad o en una proporción que represente por lo menos las tres cuartas partes de su valor, según peritaje practicado por las autoridades competentes o institución financiera, una mayoría especial de condóminos que represente por lo menos, el 51% del valor total del condominio, podrá acordar la reconstrucción o la división del terreno y de los bienes comunes que queden, o en su caso la venta, con arreglo a las disposiciones legales sobre planificación, desarrollo o regeneración urbana y otras que fueren aplicables.
Si la destrucción no alcanza la gravedad que se indica, los acuerdos a que se refiere el párrafo anterior serán tomados por una mayoría especial de condóminos que represente por lo menos, el 75% del valor total del condominio.
Artículo 45. En caso de ruina o vetustez del condominio, una mayoría especial de condóminos que represente por lo menos, el 51% del valor total del condominio, podrá resolver, previo dictamen de las autoridades competentes, la reconstrucción o la demolición y división de los bienes comunes, o en su caso la venta; siguiéndose en adelante las prevenciones del artículo anterior.
Artículo segundo. Se reforman y adicionan los artículos 22, segundo y tercer párrafos, adicionando un cuarto párrafo; 26, fracción III, adicionando una fracción V; 27, fracción II, adicionando un segundo párrafo a las fracciones II y III, y un último párrafo al artículo; 29, adicionando una fracción VII Bis., y 41, primer párrafo, adicionando un segundo párrafo, de la Ley sobre el Régimen de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, para quedar como sigue:
Artículo 22.
En cuanto a los servicios y áreas comunes e instalaciones generales, deberán abstenerse de todo acto, aún en el interior de su propiedad, que impida o haga menos eficaz su operación, o estorbe o dificulte el uso común, ponga en riesgo la seguridad y tranquilidad de los condóminos, así como de las personas que transiten por los pasillos, andenes y escaleras, estando obligados a mantener en buen estado de conservación y funcionamiento sus propios servicios e instalaciones.
El infractor de estas disposiciones será responsable del pago de los gastos que se efectúen para reparar o restablecer los servicios e instalaciones de que se trate, así como de los daños y perjuicios que resultaren; independientemente de que podrá ser aplicado el artículo 38 de este ordenamiento en lo conducente.
Las faltas previstas en el Reglamento de la Ley sobre Justicia en Materia de Faltas de Policía y Buen Gobierno del Distrito Federal que se comentan en los lugares a que se refiere la fracción I del artículo 13 de esta Ley serán sancionadas en los términos de aquel ordenamiento.
Artículo 26.
I a II.
III. Para realizar obras que se traduzcan en mejor aspecto o mayor comodidad, aumenten o no el valor del condominio, se requerirá acuerdo aprobatorio de la Asamblea de una mayoría de condóminos equivalente al 75% del valor total del condominio.
IV.
V. Los gastos que se originen con motivo de la operación, reparación, conservación y mantenimiento de las instalaciones y servicios generales, así como de las áreas o bienes comunes, serán cubiertos por los condóminos en la proporción que cada uno represente sobre el valor total del condominio.
Artículo 27.
I.
II. Cada condómino gozará de un número de votos igual al porcentaje del valor que su departamento, vivienda, casa o local, represente en el total del condominio y que figure en el título de propiedad correspondiente;
En los casos de elección o remoción del administrador, de los integrantes de la mesa directiva o del comité de vigilancia, cada condómino contará con un solo voto.
III.
Para los casos de excepción previstos en la fracción anterior, el voto único corresponderá al adquirente si éste ha cubierto la mitad del precio, en caso contrario corresponderá al enajenante.
IV a IX.
Sin perjuicio de las disposiciones aplicables a las asambleas de condóminos, éstos podrán acordar mecanismos y formas para tomar de decisiones y acuerdos para la mejor administración de los condominios.
Artículo 29.
I a VII.
VII Bis. Fijar las modalidades con que se garantice el pago de las cuotas a cargo de cada condómino, conforme a la fracción X del artículo 4o.
VII a XII.
Artículo 41. Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación y aplicación de la presente Ley, del reglamento del condominio, de la escritura constitutiva y de la traslativa de dominio, así como de las demás disposiciones legales aplicables, serán sometidas al arbitraje si lo prevé el reglamento del condominio, a los tribunales competentes o ante el Departamento del Distrito Federal en la vía conciliatoria.
Los convenios suscritos ante el Departamento del Distrito Federal en la vía conciliatoria así como los celebrados por los condóminos entre sí o con su administración, que consten por escrito, previo reconocimiento de las firmas de los siguientes ante la autoridad competente, traen aparejada ejecución.
Artículo tercero. Se adicionan los artículos 4o., con una fracción X; un artículo 10 Bis., 28, con un tercer párrafo, pasando el actual tercer párrafo a ser cuarto párrafo, y 30, con un segundo párrafo, de la Ley sobre el Régimen de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, para quedar como sigue:
Artículo 4o.
I a IX.
X. La obligación de los condóminos de garantizar por cualesquiera de las formas que establecen las leyes, el pago de las cuotas correspondientes a los fondos de mantenimiento, de administración y de reserva, para el caso de que los mismos incumplan con dicho pago. Esta obligación se consignará también en el Reglamento del Condominio.
Artículo 10 Bis. En las unidades y conjuntos habitacionales constituidos bajo el régimen de propiedad en condominio, el Gobierno del Distrito Federal podrá, mediante convenios celebrados con los administradores, participar en el mantenimiento y realizar la vigilancia de áreas de uso común expresamente determinadas.
Solo podrán ser objeto de dichos convenios las plazas, patios, calles, estacionamientos, jardines, senderos, instalaciones deportivas o áreas de esparcimiento con que cuente el condominio, siempre y cuando no estén confinadas ni destinadas al uso exclusivo de los condóminos.
Para poder celebrar los convenios a que se refiere este artículo, los administradores del condominio requerirán de facultad especial otorgada por la Asamblea mediante una mayoría de votos que represente, por lo menos, el 75% del valor total del condominio y más de la mitad del número total de condóminos.
Artículo 28.
En caso de así solicitarlo el administrador o cuando menos el 25% de los condóminos, se podrá solicitar la presencia de un notario público o un representante de la delegación correspondiente del Departamento del Distrito Federal, para constatar el quórum y el resultado de la elección de los administradores y del consejo de vigilancia, y en su caso la entrega de la documentación administrativa y contable respectiva.
Artículo 30.
Los nombramientos de los administradores de los condominios deben ser registrados en el Departamento del Distrito Federal.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. Publíquese en la Gaceta Oficial del Departamento del Distrito Federal.
Sala de comisiones de la honorable Cámara de Diputados, a 20 de mayo de 1993. »
Es de primera lectura.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
La secretaria Graciela Larios Rivas:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea: En oficio fechado el 29 de abril del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Verónica Enríquez Alcalá, pueda prestar sus servicios como ayudante de visas, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el 18 de mayo, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento;
b) Que los servicios que la propia interesada prestará en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México serán como ayudante de visas.
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Verónica Enríquez Alcalá, para prestar servicios como ayudante de visas, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, DF., a 19 de mayo de 1993.- Gustavo Carvajal Moreno, Presidente, Cuauhtémoc López Sánchez, secretario; Juan de Dios Castro Lozano, secretario; José Octaviano Alaniz, José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Benjamín Avila Guzmán, José Azanza Jiménez, Juan José Bañuelos Guardado, Agustín Basave Benítez, Luis A. Beauregard Rivas, Carlos E. Cantú Rosas, Alberto Carrillo Armenta, Juan José Castillo Mota, Estela Cásares Esquivel, Javier Centeno Avila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Pedro de León Sánchez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elías, Laura Alicia Garza Galindo, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo J. González Díaz, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Marlene Catalina Herrera Díaz, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, José Benigno López Mateos, Jesús Martín del Campo, Jorge Mendoza Alvarez, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Jaime Muñoz y Domínguez, Miguel Angel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, Marco Antonio Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Tomás Osorio Avilés, Guillermo Pacheco Pulido, Rubén Pabello Rojas, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Irma A. Piñeiro Arias, Froylán Ramírez Lara, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Juan José Rodríguez Prats, María Esther Scherman Leaño, Jaime Serrano Cedillo, Manuel Solares Mendiola, Cecilia Guadalupe Soto González, Edmundo Sosa López, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Salvador Valencia Carmona, Oscar Ricardo Valero Recio, Mario Vargas Aguilar, Jorge Zermeño Infante, Ildefonso Zorrilla Cuevas
Nahum, Efraín Zúñiga Galeana, José Domingo Olvera Cervantes y Juan Alonso Romero.»
Es segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado el proyecto de decreto.
Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea: En oficio fechado el 28 de abril del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que las ciudadanas Rebeca Romero Pérez e Iliana Ivonne Sandoval Moya, puedan prestar sus servicios administrativos en la Embajada Británica en México.
En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el día 18 de mayo, se turnó a la Comisión que suscribe para su estudio y dictamen el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que las peticionarias acreditan su nacionalidad mexicana con las copias certificadas de su acta de nacimiento;
b) Que los servicios que las interesadas prestarán en la Embajada Británica en México, serán de carácter administrativo;
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO:
Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana Rebeca Romero Pérez, para prestar servicios como jefe de información y prensa, en la Embajada Británica en México.
Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana Iliana Ivonne Sandoval Moya, para prestar servicios como secretaria comercial y de registro, en la Embajada Británica en México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, DF., a 19 de mayo de 1993.- Gustavo Carvajal Moreno, Presidente, Cuauhtémoc López Sánchez, secretario; Juan de Dios Castro Lozano, secretario; José Octaviano Alaniz Alaniz, José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Benjamín Avila Guzmán, José Azanza Jiménez, Juan José Bañuelos Guardado, Agustín Basave Benítez, Luis A. Beauregard Rivas, Carlos E. Cantú Rosas Alberto Carrillo Armenta, Juan José Castillo Mota, Estela Casares Esquivel, Javier Centeno Avila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Pedro de León Sánchez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elías, Laura Alicia Garza Galindo, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomas González de Luna, Guillermo J. González Díaz, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Marlene Catalina Herrera Díaz, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, José Benigno López Mateos, Jesús Martín del Campo, Jorge Mendoza Alvarez, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Jaime Muñoz y Domínguez, Miguel Angel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, Marco Antonio Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Tomás Osorio Avilés, Guillermo Pacheco Pulido, Rubén Pabello Rojas, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Irma A. Piñeiro Arias, Froylán Ramírez Lara, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Juan José Rodríguez Pratts, María Esther Scherman Leaño, Jaime Serrano Cedillo, Manuel Solares Mendiola, Cecilia Guadalupe Soto González, Edmundo Sosa López, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Salvador Valencia Carmona, Oscar Ricardo Valero Recio, Mario Vargas Aguiar, Jorge Zermeño Infante, Ildefonso Zorrilla Cuevas Nahum, Efraín Zúñiga Galeana, José Domingo Olvera Cervantes y Juan Alonso Romero.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado el proyecto de decreto.
Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
TRATADOS INTERNACIONALES
El Presidente:
El siguiente punto del orden del día, es la discusión del dictamen con punto resolutivo, relativo a las iniciativas presentadas por los diputados de los diferentes grupos políticos: Acción Nacional el 19 de diciembre de 1975, 11 de diciembre de 1979; de la Revolución Democrática, 12 de junio de 1991 y 13 de julio de 1992, y Popular Socialista, 5 de agosto de 1992 sobre tratados.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los diputados, se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
La secretaria Graciela Larios Rivas:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
«Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores
Honorable Asamblea: A estas comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores se turnó para su dictamen la iniciativa de reformas a los artículos 73, 76, 89 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o. y 4o. de la Ley Sobre la Celebración de Tratados, promovida por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Por otra parte, se turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales a la iniciativa con proyecto de decreto de reformas a los artículos 73, 76 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos promovida por el grupo parlamentario del Partido Popular Socialista. Sin embargo parlamentario del Partido Popular Socialista. Sin embrago, en virtud de que el contenido de ambas iniciativas coincide en lo esencial, estas comisiones unidas dictaminarán conjuntamente las iniciativas antes referidas.
Tanto en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, como en la de Relaciones Exteriores, se formaron sendos grupos plurales, a efecto de discutir las iniciativas en cuestión y, presentar ante las comisiones unidas un proyecto de dictamen. Los grupos plurales referidos acordaron integrarse en uno sólo, que, en su oportunidad, presentó ante esta comisiones unidas un proyecto de dictamen para ser discutidos en el seno de las mismas.
El proyecto de decreto contenido en la iniciativa del Partido de la Revolución Democrática, propone lo que sigue:
Artículo 1o: Se adiciona el artículo 73 con las fracciones XXIX- I y XXIX - J y se reforma en el párrafo I del artículo 76, el primer párrafo de la fracción X del artículo 89, y el primer párrafo del artículo 133, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 73.
XXIX - H.
XXIX - I. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso.
XXIX - J. Aprobar los Tratados Internacionales que celebre el Ejecutivo Federal y conocer de todos los acuerdos interinstitucionales de orden internacional que celebren las distintas autoridades competentes del país con apego a los principios constitucionales que rigen las relaciones del Estado mexicano con el exterior. Cuando estos instrumentos internacionales sean de carácter económico o comercial, se buscará que favorezcan con su sentido democrático el desarrollo armónico de la federación, así como el de las entidades federativas y municipio.
Artículo 76.
I. Aprobar las convenciones de carácter diplomático que celebre el Ejecutivo de la Unión.
Artículo 89.
X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación del Congreso...
Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con la aprobación del Congreso en su caso, serán Ley Suprema de toda la Unión.
Artículo 2o. Se modifica el artículo 2o., fracción I, párrafo II y el artículo 4o., y se adiciona el primer párrafo de la fracción II del ya referido artículo 2o. de la Ley sobre la Celebración de tratados; para quedar como sigue:
Artículo 2o. Fracción I, párrafo II.
De conformidad con la fracción XXIX - J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados deberán ser aprobados por el Congreso y serán Ley suprema de toda la Unión...
Fracción II "Acuerdo interinstitucional" es el convenio regido por el derecho internacional público, celebrado por escrito entre cualquier dependencia u organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, estatal o municipal y uno o varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales, cualquiera que sea su denominación, sea que derive o no de un tratado previamente aprobado, con conocimiento del Congreso.
Artículo 4o. Los tratados que se someten al Congreso para los efectos de la fracción XXIX - J de la Constitución, se turnarán a comisión en los términos de la Ley Orgánica de los Estados Unidos Mexicanos (Sic.) para la formulación del dictamen que corresponda. En su oportunidad la resolución del Congreso se comunicará al Presidente de la República.
Por su parte, el proyecto de decreto de la iniciativa del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, establece lo siguiente:
Artículo 1o. La fracción I del artículo 76, pasa a ser la fracción I del artículo 73 de la Carta Magna. La fracción I de este artículo se convierte en fracción II del mismo, y así sucesivamente las demás fracciones cambian en su numeral.
Artículo. 2o. Al pasar la fracción I del artículo 76, obviamente queda suprimida en este dispositivo. La fracción II del mismo pasa a ser la I, y así sucesivamente con las demás fracciones.
Artículo 3o. La fracción X del artículo 89 se modifica para quedar en los siguientes términos:
Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes: Las fracciones de la I a la IX quedan iguales.
X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos al Congreso de la Unión para su aprobación o rechazo. (lo que sigue permanece en la misma forma)
TRANSITORIOS
Artículo 1o. Las reformas que sufra la Carta Magna, de acuerdo con la presente iniciativa, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
También debe decirse, que estas comisiones unidas tuvieron en consideración las iniciativas de reformas a la Constitución General de la República presentadas por el grupo parlamentario de Acción Nacional en 1975 ante la XLIX Legislatura y en 1979, ante la LI Legislatura, así como la diversa iniciativa del Partido de la Revolución Democrática formulada en la Legislatura pasada, que coinciden esencialmente con los proyectos que ahora se resuelven.
Analizadas con el debido cuidado las iniciativas que nos ocupan, y después de abiertas discusiones entre los miembros de estas comisiones unidas, se pone a la consideración del pleno, el siguiente
DICTAMEN
Las iniciativas que se dictaminan pretenden en esencia, que se reforme la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que la facultad hasta ahora exclusiva del Senado para aprobar los tratados y convenciones internacionales que celebre el Presidente de la República, pase a ser una atribución del Congreso de la Unión.
Por su parte, la iniciativa del Partido de la Revolución Democrática, propone, además, las modificaciones correlativas a la Ley sobre la Celebración de Tratados.
Entre los argumentos más importantes para sustentar la necesidad de las reformas contenidas en las iniciativas, se sostiene que el Senado ha dejado de representar a los Estados, motivo por el cual esta facultad de aprobar los tratados internacionales debe pasar el Congreso, funcionando en cámaras sucesivas y separadas.
Por otra parte, se alega también, que los tratados internacionales modernos afectan facultades legislativas del Congreso, y que, por lo tanto, la facultad de aprobarlos debe de ser del órgano que es titular de dichas facultades legislativas.
Se habla incluso, de conflictos con el artículo 131 constitucional, relativo a la facultad de la Federación para gravar mercancías que se importen o exporten, o que pasen de tránsito por el territorio nacional, así como reglamentar en todo tiempo y aún prohibir, por motivo de seguridad o de policía, la circulación en el interior de la República de toda clase de efectos, cualquiera que sea su procedencia. Así como con las facultades legislativas que otorgan al Congreso el artículo 73 de la Constitución General de la República.
De manera principal, a excepción de la iniciativa de Acción Nacional, se alude a que la importancia del Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos requiere un esquema diferente, toda vez que el sistema constitucional mexicano no tiene prevista la posibilidad de aprobar un tratado como el que nos ocupa.
Estos y otros argumentos han sido tomados en consideración por estas comisiones y debidamente ponderados a la luz de una interpretación armónica e integral de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Para lograr lo anterior, se hace necesario referirse, así sea brevemente, algunas consideraciones históricas sobre la evolución del sistema bicamaral en México; toda vez que las instituciones constitucionales se encuentran determinadas, por el devenir histórico y la realidad política y social dentro de la cual se desenvuelven. El derecho protege valores que la cultura política de un país considera que deben ser revestidos como tales por la autoridad del Estado. Por lo tanto, la legalidad vigente es consecuencia del consenso logrado por una reiterada experiencia histórica.
En este sentido, resulta importante recordar que en México, como afirma el tratadista José Barragán Barragán, el federalismo nace de un Pacto de Unión, contenido en el Acta Constitutiva de 31 de enero de 1924. Así, el Estado mexicano se forma como consecuencia de dicho pacto y el Gobierno Federal, no nace como un Gobierno del Estado mexicano, sino como el Gobierno de la Unión de Estados Mexicanos. Los poderes federales son la voluntad del cuerpo moral, que supone dicho pacto: son la voluntad de los estados.
Por eso se afirma, continua Barragán, con toda razón, que el Senado representa a los Estados, miembros del Pacto de Unión.
Es sabido, que en la Constitución Centralista de 1836 se abandonó el Senado Federalista, para crear un órgano bajo el mismo nombre, pero que nada tenía en común con el auténtico Senado de corte federal. Es precisamente ante el Senado aristocrático y reaccionario, frente al cual se pronuncia el Constituyente de 1856-1857 y establece, en consecuencia, un sistema unicamaral.
Poco tiempo después, se advirtió lo inapropiado de un sistema de Cámara única. El mismo León Guzmán, consciente de esto, confesaba lo incorrecto de este sistema y las principales razones que lo habían decidido a trabajar por una Cámara única: "el establecimiento de la Cámara unitaria ha sido una desviación de los buenos principios; pero autoriza por el alto interés nacional de llevar pronto al término deseando la reforma social del país. ... la estructura y modo de obrar que se le dio, no eran los más a propósito para garantizar una marcha reposada y tranquila; pero era el único modo de facilitar el pronto cambio de nuestro imperfecto estado social"; en cambio en 1870 el mismo Guzmán expresaba: "ya es tiempo de establecer dos cámaras. Sinceramente ése es mi deseo".
En 1874, se restablece el Senado, retomando sus orígenes como el elemento federal del órgano legislativo.
La idea de que el Senado es representante de los Estados se expresa de manera insistente en el prolongado proceso político que dio lugar a la aprobación de las reformas que nos ocupa.
Así, desde el 14 de agosto de 1867, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Gobernación, en la circular de la Ley de Convocatoria, afirmaba: "Es la opinión común, que en una República Federal sirvan las dos cámaras, para combinar el poder legislativo, el elemento popular y el elemento federativo. Una Cámara de Diputados, elegidos en números proporcional a la población,
representan el elemento popular, y un Senado compuesto de igual número de senadores por cada Estado, representa el elemento federativo".
Don Benito Juárez reafirmaba lo anterior en su conocida circular a los gobernadores apoyando la creación del Senado, en los siguientes términos: "Con el establecimiento del Senado, los estados tendrán una representación directa e igual en la formación de las leyes, cosa que no sucede ahora habiendo una sola Cámara, porque haciéndose la elección por distritos, hay estados que apenas tienen tres representantes, mientras otros cuentan con mayor números".
Fueron muchos los diputados que defendieron la idea de que el Senado representa el elemento federal, es decir, a los estados. Por ende, es evidente que el Constituyente Permanente que aprobó la restauración del Senado en 1874, consideró que tal Cámara representaba a los estados.
A manera de ejemplo bastar señalar los siguientes:
En la sesión del Congreso de 18 de abril de 1870, el diputado José María Aguirre de la Barrera, deteniendo la creación del Senado afirmó: "En la forma de Gobierno que hemos adoptado, de República federativa, hay dos grandes elementos políticos que, combinados, producen la armonía y la facilidad de la marcha administrativa. Estos son: el elemento nacional y el elemento federal; el primero que lo constituye el pueblo, colectivamente formado; y el segundo, que lo forma ese mismo pueblo en su calidad de entidades políticas."
En la misma sesión, el diputado Rafael Dondé miembro de la Comisión de Puntos Constitucionales, expresó que: "el Senado que proponemos nos representará las clases privilegiadas de 1852, sino a los Estados de la Federación Mexicana no estoy de acuerdo que ninguno de los dos elementos de que se compone nuestra Federación, el pueblo y los estados, preponderasen en el sistema; si sucediese esto con el primero, resultaría que los estados pequeños serían sacrificados, porque contando los populosos en la Cámara única con mayor número de representantes, ellos constituirían la mayoría y darían siempre la Ley..."
Queda claro , pues, que el Senado nace en nuestro país y se restaura en 1874 como una necesidad del sistema federal. Esto es, el bicamarismo mexicano es bicamarismo federal que surge como una realidad en la lucha política.
Debe recordarse que, históricamente, el Senado de corte federal nace como una garantía de defensa de los estados pequeños frente a los estado grandes.
Como lo explicaba el diputado Dondé: "de no existir una representación igualitaria en una de las cámaras respecto a todos los estados, unos cuantos estados densamente poblados, decidirían el sentido de la acción de Gobierno en menoscabo de la autonomía y de los derechos de los estados pequeños."
Por tal razón, el Senado, sin perjuicio de su representación nacional, tiene la representación de los estados miembros de la federación.
Nuestra Constitución sigue siendo producto de un pacto federal, y su bicamarismo es de corte federal como se ha demostrado. No es atendible que este concepto se encuentre en crisis. La doctrina más autorizada en el derecho constitucional comparado considera que el bicamarismo de corte federal, significa, precisamente, que una de las cámaras representa a los estados miembros de la federación. Por lo demás, esta idea sigue siendo defendida por gran parte de la doctrina nacional.
En efecto, la doctrina italiana ha afirmado que "el principio bicamaral es indispensable en los estados federales y en los estados que pretenden valorar las autonomías territoriales. En efecto, mientras una Cámara representa al pueblo en su totalidad y constituye elemento de garantía de la unidad estatal, la otra implica el reconocimiento de la garantía de las entidades territoriales menores y permiten su participación en la formación de las decisiones estatales."
El constitucionalista Loewenstein, dice que "en los Estados Federales las dos Cámaras son, evidentemente, imprescindibles porque los estados miembros tienen la posibilidad, a través de la segunda Cámara, de participar en la decisión política del Estado central y en la ejecución de esta decisión".
Por su parte, el profesor Hariou afirma que en el bicamarismo de tipo federal, existe "una cámara en la que el principio de igualdad de los estados recibe consagración formal".
En nuestra doctrina, el constitucionalista Mariano Coronado afirma que "al Senado correspondieron las (facultades) que cuadran con su carácter de cuerpo que representa las entidades federativas en el sistema que nos rige y a la unión en sus relaciones con las demás potencias del
globo. Por eso sus atribuciones privativas se refieren a la armonía y seguridad que deben reinar entre las partes de la federación y a sus convenios y compromisos con las otras nacionales. Esta facultad, en el sistema bicamarista, se reserva el Senado, en razón de que este representa al país como nación y Estado ante las potencias extranjeras. Los tratados y convenciones afectan a los intereses políticos de la nación, a su respetabilidad, acaso su independencia".
En el mismo sentido de la doctrina mayoritaria, el maestro Ignacio Burgoa dice que "es la opinión común que en una República Federal, sirven las dos cámaras, de Diputados y de Senadores, para combinar en el poder legislativo, el elemento popular y el elemento federativo, respectivamente. Y agrega: "En la actualidad, el Senado de la República tiene a su cargo aprobar los tratados internacionales y las convenciones diplomáticas que celebre el Presidente de la República; ello es congruente con la naturaleza orgánica que les es propia y que le confiere intervención en los asuntos que involucran al sistema federal en conjunto".
De tal suerte, el análisis histórico y jurídico constitucional de la institución del Senado arriba a la conclusión de que la Cámara de Senadores constituye un elemento que coadyuva a lograr un sistema federal operativo, y que combina de manera adecuada la representación del elemento población, con la representación del elemento federal.
En efecto, conforme a la esencia del sistema federal. la política internacional y, en concreto, la suscripción y aprobación de tratados y convenios internacionales es potestad exclusiva de la Federación; en consonancia con lo anterior, por ejemplo, el artículo 117 de nuestra Constitución de 1917 establece que los Estados que integran la Federación Mexicana no pueden, en ningún caso, "Celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado ni con las potencias extranjeras", o bien, prohibir o gravar la circulación en su territorio de mercancías extranjeras. Esta disposición es congruente con la forma de estado federal que, como decisión política fundamental, adoptamos desde la consolidación de nuestra soberanía en la segunda mitad del Siglo XIX.
Sin embargo, por ser el Estado mexicano un pacto de unión federal, tomando en cuenta la estructura bicamaral que, a partir de 1874, se restableció en nuestro sistema federal, se confiere a la Cámara de Senadores la aprobación de los tratados internacionales, en virtud de que, conforme con nuestra tradición y la naturaleza del federalismo, es precisamente esta Cámara la que representa en forma igualitaria a las entidades federativas.
Lo anterior se ve robustecido con las facultades exclusivas que la Constitución General de la República otorga al Senado.
La esencia del bicamarismo mexicano a partir de 1874, es el otorgamiento de facultades exclusivas a cada una de las cámaras, sin perjuicio de las facultades legislativas ejercidas por ambas cámaras en términos del artículo 73 de la Constitución General de la República.
En gran medida, las facultades exclusivas del Senado atienden a que este significa el elemento federal del órgano legislativo, a saber:
1) Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal, así como aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que se celebren (76 fracción 1).
2) Ratificación de los nombramientos que haga el Ejecutivo de ministros, agentes diplomáticos y cónsules generales (76 fracción II).
3) Autorización para permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites del país, el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la estación de escuadras de otras potencias por más de un mes en aguas mexicanas.(76 III).
4) Dar su consentimiento para que el Presidente de la República pueda disponer de la Guardia Nacional fuera de sus respectivos estados (76 fracción IV).
5) La facultad de nombrar gobernador provisional en el caso de declaración de desaparición de poderes constitucionales de un estado (76 fracción V).
6) Resolución de las cuestiones políticas que surjan entre los poderes de un estado (76 fracción VI).
Por su parte, la Cámara de Diputados tiene, de conformidad con el artículo 74, facultades exclusivas, de las cuales se desprenden algunas que tienden a la consideración del elemento población:
1) Vigilar las funciones de la Contaduría Mayor (fracción II) y nombrar a sus jefes y demás empleados (fracción III).
2) Examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación y del Departamento del Distrito Federal (fracción IV).
3) Discutir primero las contribuciones que deben decretarse para cubrir los presupuestos anteriores (fracción IV).
4) Revisar la cuenta, pública del año anterior (fracción IV).
De tal suerte, la distribución competencial entre las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados y del Senado, además de reafirmar el bicamarismo federal mexicano, deriva en un esquema equilibrado, merced al cual ciertos ámbitos de competencia corresponden a la Cámara de Diputados por considerar que atañe de manera directa a la población del Estado, y otros, corresponden exclusivamente al Senado porque se refieren bien sea a los estados como tales o al Estado mexicano frente a la Comunidad Internacional.
En virtud de lo anterior, resulta inconveniente excluir una facultad del Senado para atribuírsela al Congreso de la Unión, sin realizar un análisis profundo e integral de todo el sistema como tal. De modificarse una facultad del Senado sin el estudio completo del bicamarismo equilibrado mexicano, se crearía un desequilibrio en todo el sistema legislativo. Lo anterior haría perder la ratio legis de nuestro sistema bicamaral.
De lo precedente se sigue, que desde 1874 hasta la fecha nuestro constitucionalismo se desarrolla bajo la tradición del otorgamiento de facultades al Congreso funcionando en cámaras sucesivas y separadas, así como, de facultades exclusivas para cada una de las dos cámaras. La mayoría de tales facultades se otorgan de acuerdo al elemento federal o al elemento población, según se trate de la Cámara de Senadores o de Diputados.
Es así, que el equilibrio bicamaral constituye todo un sistema, motivo por el cual, como ya se indicó la afectación de las facultades que pertenecen a cualquiera de las cámaras sin un análisis sistemático del conjunto, generarían un inconveniente e indeseable desequilibrio.
En tal virtud, no se considera oportuno modificar el equilibrio funcional de las facultades exclusivas de las cámaras porque el sistema actual ha demostrado su operatividad y su funcionalidad al paso del tiempo. Las razones que se argumentan en las iniciativas no justifican un cambio en la relación competencial entre las cámaras integrantes de este honorable Congreso de la Unión, cuando, se insiste, el sistema ha funcionado adecuadamente.
De lo hasta ahora expuesto, estas comisiones desprenden que los tratados internacionales deben seguir siendo competencia, en cuanto a su aprobación, del senado de la República. Como es obvio, los compromisos internacionales que se asumen por el Estado mexicano en tales instrumentos, comprometen a la Unión Federal como tal, siendo lógico y pertinente que en el análisis de los mismos los estados se encuentren en igualdad de circunstancias teniendo un voto equilibrado en ello.
Sobre el particular es pertinente citar al constitucionalista mexicano don Antonio Martínez Báez, quien ha desempeñado tanto el cargo de senador como de diputado, cuando afirma: "Pienso también que es afinada la participación del Senado en la aprobación de los tratados con las potencias extranjeras, ya que dicha Cámara es más adecuada, por el reducido número de sus miembros y por otros datos de su integración, para discutir los asuntos exteriores, aunque se haya criticado que por convertirse los tratados en la Ley Suprema de toda la Unión no participe, en la aprobación de ellos, la Cámara popular."
Cabe destacar que el Congreso de la Unión operando en cámaras sucesivas y separadas, tiene importantes atribuciones que tienen repercusión en el campo internacional, a saber:
a) Revisión y discusión del informe presidencial.
b) Autorizar a los ciudadanos mexicanos a prestar voluntariamente servicios oficiales a un Gobierno extranjero.
c) Autorizar a los ciudadanos mexicanos para aceptar condecoraciones extranjeras.
d) Dar licencia para que los ciudadanos mexicanos admitan del Gobierno de otro país títulos o funciones.
e) Dar las bases sobre las cuales el Ejecutivo puede celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación.
f) Declarar la guerra en vista de los datos que la presente el Ejecutivo.
g) Expedir leyes relativas al derecho marítimo de paz y guerra.
h) Dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración.
i) Expedir las leyes de organización del cuerpo diplomático y del cuerpo consular mexicanos.
j) Otorgar permiso al Presidente de la República para ausentarse del territorio nacional.
k) Recibir los informes de los secretarios del despacho sobre el estado que guardan sus respectivos ramos, incluyendo los del Secretario de Relaciones Exteriores.
l) Facultad para citar a los secretarios de estado y a los jefes de departamentos administrativos para que informen cuando se discute una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades.
Sobre el particular, es un hecho, que esta Cámara de Diputados, a través de la comisión respectiva, se encuentra en contacto constante con el ciudadano Secretario de Relaciones Exteriores y los servidores públicos que integran la cancillería, a efecto de que esta honorable Cámara este debidamente informada de las políticas que en materia internacional tiene el Ejecutivo Federal.
Por el contrario dada la naturaleza de los tratados internacionales, su aprobación es encomendada al Senado de la República. En tales instrumentos se contienen los compromisos que asume el Estado mexicano en la comunidad internacional. Por ello su celebración y aprobación requieren una normatividad especial, que respete y proteja la naturaleza federal de nuestro país.
En efecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 89 fracción X, otorga la dirección de la política exterior de manera exclusiva al titular del Poder Ejecutivo Federal. Asimismo, lo faculta para que celebre tratados internacionales sometiéndolos a la aprobación del Senado.
En este sentido, debe destacarse, que el único órgano estatal que representa al Estado mexicano en el exterior es el Poder Ejecutivo; por lo tanto, es el único facultado constitucionalmente para comprometer al Estado mexicano como tal con la celebración de un tratado internacional.
De acuerdo con el artículo 2o., fracción I, de la Ley sobre la celebración de tratados, aprobada por esta legislatura, por tratado se entiende "el convenio regido por el derecho internacional público, celebrado por escrito entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de derecho internacional público, ya sea que para su aplicación requiera o no la celebración de acuerdos en materias específicas, cualquiera que sea su denominación, mediante el cual los Estado Unidos Mexicanos asumen compromisos".
Estos compromisos asumidos por México en la comunidad internacional, deben ser aprobados por el Senado de la República, al representar este, como se ha venido insistiendo, el elemento federal del Poder Legislativo.
La naturaleza distinta del tratado internacional en relación con las otras actividades que indirectamente afectan la política exterior mexicana, es una de las razones por las cuales esta materia queda encomendada de manera exclusiva al Senado de la República, puesto que se requiere una representación igualitaria de los estados de la federación.
En efecto, el Estado Federal Mexicano en sus relaciones hacia el exterior debe respetar ante todo el Pacto de Unión. Esto se logra con la posibilidad de que los representantes de los estados se encuentren en igualdad de circunstancias, a través de la aprobación de los tratados internacionales por parte del Senado.
Por otra parte, es obvio que no solamente el Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, como pretenden las iniciativas que se dictaminan, sino por lo general cualquier tratado, no es autoejecutable. Es decir, la mayoría de los tratados internacionales, requieren de una legislación, que los cumpla, como bien afirma el maestro Martínez Báez: "para proporcionar fondos y de una maquinaria administrativa que los aplique, lo que proporciona a la Cámara de Diputados una voz, aunque indirecta, lo mismo que en otros aspectos de la conducción de las relaciones exteriores".
Por su parte, el constitucionalista Felipe Tena Ramírez establece que: "El Congreso (ambas cámaras) tiene posibilidad de participar en la política extranjera mediante su facultad constitucional de declarar la guerra y por aquella otra facultad que hemos considerado impracticable de autorizar a los estados - miembros para hacer la guerra por si a alguna potencia extranjera. Su posibilidad de intervención en el orden práctico, así sea indirectamente, estriba en el manejo de los recursos financieros, ya por el Congreso en los impuestos, ya por la Cámara de Diputados en los gastos".
Asimismo, debe establecerse que esta facultad de celebrar tratados por parte del Presidente de la República, no se encuentra limitada en cuanto a la materia de los mismos, salvo lo preceptuado por el artículo 15 de la Constitución General de la República. Este precepto establece que: "no se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos, ni para la de aquellos delincuentes del orden común, que hayan tenido en el país donde cometieron el delito, la condición de esclavos; ni de convenios o tratados en virtud de los que se alteran las garantías y derechos establecidos por esta Constitución para el hombre y el ciudadano."
Es decir, el Presidente de la República esta facultado para celebrar tratados internacionales respecto de cualquier materia. Dichos tratados no se confunden con otras facultades del Ejecutivo ni con las atribuciones del Congreso de la Unión, puesto que aquellos son compromisos del Estado mexicano frente a otros sujetos de derecho internacional.
Si esto es así, es evidente que no se vulneran los artículos 73 y 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con la celebración de un Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, ni se pone en peligro la supremacía constitucional.
En este sentido, debe decirse, que lo establecido en el segundo párrafo del citado artículo 131 constitucional, no viene, en ningún caso a ser una limitante a la facultad amplia de celebrar tratados internacionales que otorga al Poder Ejecutivo, el diverso 89 fracción X de la norma fundamental.
Así es; el segundo párrafo del 131 se refiere exclusivamente a actos de Gobierno para efectos del territorio nacional, pero no a aquélla facultad del Ejecutivo para celebrar tratados internacionales, la cual, como se ha dicho, no se encuentra limitada en cuanto a la materia sobre la cual puede versar.
En efecto, el artículo 131 en cuestión, se ocupa de actos de imperium del Estado mexicano dentro de su territorio. En este sentido, el Ejecutivo puede ser facultado para realizar los actos administrativos a los que alude el párrafo segundo del citado precepto. Dichas autorizaciones no se confunden con la facultad de celebrar tratados internacionales del Ejecutivo Federal, para lo cual no requiere ser facultado por el Congreso, puesto que su atribución emana del artículo 89 fracción X constitucional. En este último caso, se está en presencia de actos del Estado mexicano frente a otros sujetos de la comunidad internacional. Son acuerdos o convenios de un Estado soberano en el campo del derecho internacional.
Por lo tanto, el Presidente de la República no requiere ser autorizado por el Congreso para celebrar un tratado internacional, a pesar de que éste se refiera a materias que pudieran considerarse referidas en el segundo párrafo del artículo 131 constitucional. Las facultades a que alude este precepto son actos de Gobierno unilaterales. Por el contrario los tratados son acuerdos entre estados soberanos.
Por las mismas razones, tampoco resulta sostenible afirmar que los tratados internacionales limitan las facultades del Poder Legislativo. El artículo 73 de la Constitución General de la República establece las facultades exclusivas del Congreso de la Unión. Estas atribuciones no riñen con la facultad para representar ante la comunidad internacional al Estado mexicano y, consecuentemente para celebrar tratados internacionales con la aprobación del Senado, que otorga la misma Constitución al titular del Ejecutivo Federal. Si esto es así, resulta que cada uno de los órganos de Gobierno (Legislativo y Ejecutivo) pueden ejercer sus facultades en el ámbito de su competencia. Entonces, un tratado no suprime facultades que otorga a un órgano de Gobierno un precepto constitucional.
Un orden jurídico se integra por normas de diferente naturaleza y jerarquía. No es extraño que incidan en campos aparentemente coincidentes. Sin embargo, eso no las identifica, ni provoca la eliminación de las facultades de un órgano productor de derecho, por el ejercicio de las atribuciones de otro órgano de Gobierno. Es sabido, que la ciencia jurídica aporta elementos suficientes para la solución de estos y otros problemas generados por la multiplicidad normativa de un sistema jurídico determinado.
Por ello, las facultades legislativas del Congreso no se confunden ni se suprimen por la atribución de celebrar tratados que tiene el Presidente de la República. Ambos ámbitos competenciales coexisten dentro de lo que conforma el sistema jurídico mexicano.
Desde luego, no hay argumento sólido que excluya de las consideraciones anteriores a un tratado como el de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, o cualquier otro.
Igualmente, debe tenerse presente que no cabe temer abuso alguno por el Senado en cuanto
al ejercicio de su facultad exclusiva para aprobar tratados internacionales, ya que sus miembros velarán en todo momento por el bienestar de la nación y, según la reforma de 1934 al artículo 133 constitucional, se subraya la "supremacía de la Constitución", en tanto que a diferencia del texto original de 1917 se precisa que sólo tienen validez los tratados que estén de acuerdo con las disposiciones de nuestra ley fundamental. Incluso, ante cualquier disposición del tratado que se llegara a considerar violatoria de la Constitución, de conformidad con nuestro sistema de control de la Constitucionalidad, correspondería a los tribunales federales conocer y resolver las demandas de amparo suscitadas con motivo de la promulgación del respectivo tratado o de algún acto concreto de su aplicación, si el quejoso considerara que el mismo o alguna de sus disposiciones vulnera o lesiona sus garantías individuales.
Consecuentemente, en ningún momento el Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, podría modificar o vulnerar los lineamientos constitucionales que definen nuestro proyecto histórico como nación.
Así las cosas, en opinión de estas comisiones el régimen constitucional previsto en la norma fundamental, es suficientemente funcional para garantizar que los tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo no afecten la soberanía nacional, ni las facultades otorgadas por la Constitución a los poderes de la unión, ni, mucho menos, las garantías constitucionales otorgadas a los gobernados por la norma fundamental.
A pesar de la trascendental importancia del Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, debe decirse que no es suficiente razón la firma de un tratado por importante que este sea, para modificar un sistema constitucional que ha demostrado su funcionalidad por más de 100 años. Además, debe reconocerse que a lo largo del tiempo, la política exterior mexicana se ha caracterizado por su indeclinable defensa de la Soberanía Nacional.
La política exterior de México se ha caracterizado por su continuidad, congruencia y defensa de nuestra estabilidad política y de la soberanía nacional. Todo ello supervisado y sancionado por el Senado de la República. Por ello es menester ratificar una práctica que ha resultado benéfica para el país.
Por tanto, resulta evidente que la firma del Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, no justifica la modificación de la distribución competencial que establece la norma fundamental.
Es falso que no este prevista en la Constitución la posibilidad de un tratado comercial de la importancia del que nos ocupa, bajo el argumento de que el Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, requerirá de modificaciones legales que lo hagan operativo. Como ya se indicó con anterioridad, los tratados internacionales rara vez son autoejecutables. Esto no le resultaba desconocido al Constituyente cuando plasmó la facultad de aprobar los tratados del Senado de la República.
De tal suerte que, si desde 1874 el sistema ha venido operando con efectividad, y durante su vigencia se han celebrado sin duda tratados internacionales de gran importancia para el país, no hay razón para que se pretenda ahora desconocer esta tradición y su aportación al régimen de derecho. No habiendo razón, en consecuencia, para que el sistema de bicamarismo equilibrado establecido en México se modifique.
Toda la argumentación anterior no pretende ceñirse al aspecto formal que podría revestir las cuestiones jurídicas. El derecho es un fenómeno social por antonomasia que define un país en sus cuestiones esenciales, así como diseña un deber ser al cual deben sujetarse gobernantes y gobernados.
Nuestro derecho es historia mexicana sintetizada y refleja una realidad y un proyecto de nación; por lo tanto, es sustancial a nuestro ser y modelo de país al que nuestro pueblo aspira.
Por lo expuesto, en opinión de estas comisiones, la facultad exclusiva del Senado para aprobar los tratados que sean celebrados por el Presidente de la República, encuentra su razón de ser en la naturaleza del Estado Federal, atendiendo a la estructura, representatividad e integración que caracterizan al propio Senado, así como a la distribución de competencias dentro de un sistema federal.
No resultan procedentes las iniciativas materia de este dictamen, toda vez que el sistema constitucional mexicano, a través de una larga tradición, ha demostrado su efectividad para proteger la soberanía nacional y el a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin que existan razones constitucionales, prácticas o políticas validas para modificar al bicamarismo federal y equilibrado establecido en la Constitución General de la República.
Por las anteriores consideraciones, las comisiones Unidas que suscriben, con la facultad que
les otorgan los artículos 56 y 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 88 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se permiten proponer el siguiente:
PUNTO RESOLUTIVO
Único. Se desechan las iniciativas presentadas por los diputados de los partidos políticos Acción Nacional (diciembre 19 de 1975 y diciembre 11 de 1979), de la Revolución Democrática (12 de junio de 1991 y 13 de julio de 1992), y Popular Socialista (5 de agosto de 1992).
Archívense como asuntos total y definitivamente concluidos.
Sala de Comisiones de la honorable Cámara de Diputados dieciocho de febrero de 1993.
El Presidente:
En consecuencia está a discusión el dictamen. Ante esta Presidencia se ha solicitado, con fundamento en el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que el diputado Miguel González Avelar fundamente el dictamen. Tiene la Palabra el diputado Miguel González Avelar.
El diputado Miguel González Avelar:
Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Tengo el honroso encargo de las comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores, de exponer al pleno de esta Cámara, las razones del dictamen que hoy discutimos y que fue aprobado por dichas comisiones Unidas el 18 de febrero del presente año.
El dictamen se refiere a las iniciativas, que como ha indicado ya el señor Presidente de la Cámara, fueron presentadas en diversos momentos por diputados del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Popular Socialista.
Todas estas iniciativas, no obstante que contienen naturalmente diferencias entre unas y otras, atendiendo tanto al enfoque de los partidos que las presentaron, como a las fechas diversas en que fueron conocidas por el pleno de la Cámara, coinciden en un punto fundamental; se refieren a un asunto principal o básico y éste es el de que se prive al Senado de la facultad exclusiva que hasta ahora tiene, en los términos de la fracción I del artículo 76 de la Constitución, para aprobar los tratados internacionales que celebre México con el resto de los estados u organismos internacionales y que, al ser privado el Senado de esa facultad exclusiva, sea el Congreso de la Unión, es decir las dos cámaras del Congreso, las que conozcan de esa materia.
Las iniciativas aportan, podríamos decir tratando de compactar o resumir los razonamientos que contienen, cuatro argumentos principales o cuatro tesis principales. La primera de ellas es la de que el Senado de la República ha dejado de representar a los estados, como se afirma en una de las iniciativas; la segunda que hay aparentemente al decir de estos proponentes, un conflicto entre lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 131 constitucional por una parte, y la facultad que tiene el Senado de la República para aprobar tratados internacionales. En tercer lugar, que los tratados implican, al decir de los proponentes, facultades legislativas que deben ser ejercitadas por el Congreso General.
Y finalmente, y este es un asunto importante que subrayo ante la ilustrada consideración de mis compañeros diputados, finalmente, que no hay en el sistema constitucional vigente, un mecanismo o una hipótesis que incluya la celebración de un tratado de la naturaleza y alcances del Tratado de Libre Comercio propalado entre México, los Estados Unidos de América y el Canadá.
En consecuencia, conviene hacer así sea muy sumariamente, una breve revisión de estos puntos de vista, puesto que como habrá advertido la Cámara, las comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores, rechazaron las iniciativas que comento en el dictamen, con el que concluye el documento que ahora conoce esta ilustrada Asamblea.
Al Senado de la República le ha ocurrido una circunstancia ciertamente extraordinario y en cierto modo curioso dentro de la evolución de nuestro sistema constitucional y esta circunstancia extraordinaria ha sido la que el Senado ha debido ganarse, por así decirlo, a pulso su existencia y el ejercicio pleno de sus facultades, tal y como las diferentes constituciones del país lo han ido recogiendo en sus textos.
Sin embargo, es esto doblemente curioso, porque si recordamos así sea brevemente la historia del país, veremos que el Estado mexicano, el moderno Estado mexicano, nace con una declaración federalista y por lo tanto con la creación plena del Senado de la República.
Ustedes recuerdan que en el inicio de nuestra vida independiente, contendieron entre las corrientes políticas de entonces, dos grandes posibilidades, dos grandes cursos de acción para la vida democrática de México, primero, claro, la opción entre realistas e independientes o insurgentes.
Resuelto ese conflicto surgió el siguiente, a propósito de si iríamos a ser una monarquía constitucional o iríamos a ser una República, como feliz y finalmente ocurrió.
Y cuando se resolvió este gran debate en el origen de nuestra vida política, cuando el imperio efímero de Iturbide fue aplastado por las fuerzas precisamente de las provincias y de los estados, en ese momento se resolvió que tendríamos una República pero que además esta República sería una República federal.
No es casual de ninguna manera que ya hacia enero de 1824 cuando se suscribe el acta constitutiva de la federación mexicana, que es el primer documento en rigor que funda la República federal.
Por lo tanto, un país que como se ha explorado en los últimos años a profundidad, un país que estaba en el riesgo grave de disolverse en una plétora de pequeños estados, como en su tiempo le ocurrió a Centroamérica, un país en el que algunas de las provincias, cuyo germen estaba ya en las diputaciones provinciales creadas durante el reinado de Carlos III, o de una manera más reciente, cuando la Constitución de Cádiz de 1812 había creado una entidad política nueva llamada La América Septentrional, como seis grandes regiones geográficas, económicas y demográficas, comenzaron, digo, a manifestarse en la vida pública de México con libertad, estas regiones, estos remotos territorios que comprendían entonces una superficie superior a los 4 millones de kilómetros cuadrados y que iban desde las montañas de Nevada hasta las selvas húmedas tropicales de Centroamérica, ese país no podía ser una República unitaria.
La cantidad inmensa de etnias, la inexistencia todavía de una nacionalidad perfectamente perfilada y homogénea, los intereses que se movían en los estados y que querían una representación en el nuevo estado de cosas, en una palabra, también el anhelo libertario de provincia que habían vivido bajo el dictado inapelable de un representante del rey de España en la cabeza del reino que era esta misma capital que hoy vivimos, todas esas fuerzas y todos esos sentimientos se impusieron finalmente y adoptaron la República federal.
Y cada uno de los estados, los grandes y los pequeños, pidieron tener una representación igualitaria en el Congreso General que ya se organizaba desde el acta constitutiva de enero de 1824 y en la Constitución que en ese mismo año, en octubre se dio en el país, en esa Constitución Federal, volviose a reclamar y a conquistar el carácter federal de la República y la representación igualitaria de los estados.
Y por eso actualmente Tlaxcala, con poco más de 5 mil kilómetros cuadrados o Chihuahua con más de 200 mil kilómetros cuadrados, tienen ambas entidades en la Cámara de la Federación, en la Cámara que representa el elemento federal, dos representantes, para que haya esa igualdad, que de otra manera se vería contradicha y amenazada por la existencia de grandes centros de población dispersos o localizados de una manera irregular no homogénea en el territorio de la nación.
Ese Senado que ha debido ganarse, como digo, en el curso de nuestra historia, su existencia plena, fue pervertido por las leyes constitucionales de 1836; no desapareció el Senado, el Senado siguió ahí, pero transformado en una Cámara aristocratizante, en una Cámara sensitaria que vino todavía a empeorar más cuando se expidieron, en su momento, las bases orgánicas de 1843.
Y es este Senado, este Senado pervertido por esas leyes centralistas, contra el cual reaccionan los constituyentes de 1957 y desaparecen en la Constitución de ese año. Pero muy pronto, señores diputados, a muy pocos años, los mismos que en su tiempo habían propuesto la desaparición del Senado, como lo fue nada menos que el Patricio León Guzmán que presidió la Comisión de Constitución en el Congreso Ilustre de 1856-1857, el mismo León Guzmán, clamaba ya en 1870, según se expresa en el dictamen, porque se estableciera en plenitud de facultades el Senado.
El propio Benito Juárez, no el gobierno de Benito Juárez como se dice por ahí en algunas de las exposiciones, tratando quizá de desdibujar la
responsabilidad y la acción personal y directa que tuvo Benito Juárez en la demanda para restaurar el Senado de la República.
Y en 1874 después de los avatares que no escapan a su ilustrada consideración y memoria, se restablece el Senado y desde entonces, hace más de 100 años, el Senado de la República ha venido cumpliendo con propiedad la función de representar el elemento federal en el Congreso de los Estado Unidos Mexicanos.
La Comisión ha analizado los argumentos que digamos, no en contra del Senado se han expuesto, porque no se han expuesto así, sería de mi parte pervertir ese contenido de las iniciativas. Pero sí la Comisión quiere decir que al privarse de la facultad exclusiva al Senado, se está ignorando un hecho de política práctica que tiene que ser muy importante para nosotros. No es un asunto banal o intrascendente, puesto que no estamos tratando de construir aquí un mecano constitucional, o hacer un mero ejercicio de geometría política; estamos tratando de descubrir en la fuente viva de la evolución de México, cuáles son las instituciones que efectivamente han servido al país y cuáles merecen y requieren alguna reforma. Pero respecto del Senado, en los más de 100 años que tiene de existencia, pocas veces, si acaso algunas, se ha escuchado un reproche o una crítica a la manera como ha ejercitado sus facultades constitucionales. Es más, lo que llamamos principios de la política exterior mexicana, hoy recogidos en la fracción X del artículo 89 de la Constitución, son principios a los cuales ha contribuido de manera importante a generar, a consolidar y a desarrollar el Senado de la República. Nunca he escuchado yo, no lo he escuchado, algún reproche a la forma en que el Senado ha ejercitado sus facultades en materia de tratados.
Desde 1977, cuando ciertas reformas constitucionales esclarecieron ya definitivamente cuáles eran las facultades del Senado, cuáles las exclusivas de esta Cámara y cuáles las del Congreso General, por algunas inconsistencias de redacción que la Constitución tenía, pues bien, desde ese 1977 hasta hoy, el Senado ha aprobado más de 80 tratados y convenciones internacionales. Jamás se ha expresado, como decía antes, ninguna crítica o ningún reproche. Y ¿por qué?, pues porque el Senado ha sabido estar a la altura de las circunstancias, porque el Senado ha sabido estar a la altura de su misión constitucional y de su misión patriótica. Y éste es un hecho que no podríamos pasar por alto y no lo ha pasado por alto la Comisión.
Adicionalmente las iniciativas que estamos comentando, piden o plantean mejor dicho, el retraerle a esa institución senatorial, la facultad exclusiva y nada más. Alguna de ellas si no recuerdo mal, es la del Partido de la Revolución Democrática, deja una facultad exclusiva para el Senado en esta materia, que es el de aprobar las convenciones diplomáticas, de acuerdo con la clasificación que se hace en la Ley de tratados, que aprobó esta misma Legislatura. Pero en realidad todas las demás, simple y llanamente plantean que esa facultad pase a ser una facultad del Congreso General y no solo ya, del Senado de la República. Cuando que, el sistema de competencias de toda la Constitución y en particular el sistema de competencias del Congreso de la Unión, es una urdimbre en la que todo está y debe estar perfectamente relacionado.
No es posible, a juicio de las comisiones que dictaminan, desequilibrar ciertas facultades de uno de los órganos del Congreso, sin que eso tenga correlativamente una consecuencia en el otro órgano.
No es posible, repito, que un asunto de esta importancia no considere de una manera integral, como sí han querido hacerlo las comisiones, todo el esquema de competencias.
Y como las iniciativas no lo hacen y como tampoco plantean las iniciativas modalidades, matices, alternativas, como para hacer un análisis completo de este importante asunto, las comisiones se han tenido que enfrentar a una mera dicotomía: o se acepta privar al Senado de la facultad exclusiva de aprobar los tratados o no se acepta esa privación. Y las comisiones han resuelto que no es de aceptarse esa privación de la facultad exclusiva del Senado, por las razones que he comentado.
Hay otras y esas otras se refieren a algunos otros de los argumentos mencionados en las iniciativas. Por ejemplo, se vulnera, se dice, o hay una contradicción entre el párrafo segundo del artículo 131 y la facultad de aprobar los tratados. O los tratados tienen connotaciones legislativas, se dice, tratando de despertar la curiosidad de esta Cámara, a propósito de esas pretendidas facultades legislativas.
Y no es así, no es así, rigurosamente hablando, porque las facultades que la Constitución confiere al Presidente de la República de conducir las negociaciones diplomáticas, no establecen limitación alguna respecto al contenido de esos tratados o acuerdos internacionales.
Sí hay una, desde luego, la que está establecida en el artículo 15. No se permite la celebración de tratados para la extradición de reos políticos o para aquellas personas que tuvieran en su país de origen la condición de esclavos o las que mengüen o disminuyan o restrinjan los derechos establecidos por la Constitución. Es cierto, pero ésta es la limitación, ésta es la expresada limitación en un sistema de facultades limitadas y expresas.
Por otra parte y también esta otra consideración me parece de importancia, el artículo reformado en 1934, el artículo 135 si no recuerdo mal, indica claramente que la Ley Suprema de la Unión será la Constitución, claro, las leyes que de ella emanen y los tratados internacionales celebrados y que se celebren y que estén de acuerdo con la misma. artículo 133, me corrijo.
Por lo tanto, la propia Constitución establece un mecanismo de tutela para todo el andamiaje constitucional en su interior, al volcarse en una negociación externa, el Presidente de la República y en su momento el Senado al aprobar dicho tratado tendrán que cotejar, tendrán que verificar, si las disposiciones de aquel tratado no contradicen, no contravienen, las disposiciones constitucionales.
Pero si aún eso pasara, que voy a conceder que pueda ocurrir, nuestro sistema constitucional tiene un mecanismo, establecido como consecuencia de su división de poderes, conforme al cual los tribunales de la federación estarían abiertos y expeditos para conocer de las reclamaciones que con motivo de la suscripción misma y la aprobación de ese tratado o de actos concretos de aplicación de ese tratado, vulneraran o restringieran las garantías consagradas por la propia Constitución.
Como ustedes ven, estimados compañeros diputados, hay, pues, todo un esquema, un mecanismo articulado internamente en la Constitución que pone a cubierto y a salvo de cualesquier vulneración constitucional, el sistema y el mecanismo para la aprobación de los tratados.
Y por último, para no agotarlos más, aunque estoy un poco extraviado en cuanto al tiempo transcurrido, dado que no veo la marcación del tiempo en el reloj, me disculpan si me he excedido sin querer, es decir, en humor de darles el mayor número de elementos de los que la Comisión se ocupó al emitir su dictamen. El último, digo, es uno verdaderamente curioso, asombroso para mí.
Se dice que el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá es de tal importancia, es de tal envergadura ese tratado comercial, que necesita ser conocido por la Cámara, que no hay disposición aplicable para un tratado de esa magnitud, que tenemos que reformar la Constitución para el Tratado de Libre Comercio.
Y yo me pregunto: durante tanto tiempo voces provenientes de los partidos minoritarios en esta Cámara han expresado, de todas las maneras posibles y con todas sus variantes, que el Gobierno de la República ha dado importancia excesiva al tratado de Libre Comercio, que ha puesto en él todas sus esperanzas de buen éxito, en una palabra que en vez de explorar otras alternativas o posibilidades, se ha centrado como atención prioritaria de Gobierno, en la conclusión de este tratado.
Y ahora resulta que paradójicamente, como consecuencia del tratado, se quiere reformar la Constitución al tratado, es decir, por una razón de oportunidad, por una razón oportunística se quiere que la Constitución se adecúe al tratado y no que el tratado se adecúe a la Constitución, tal y como la tenemos establecida. El asunto es por lo menos curioso.
Por todas estas consideraciones que las comisiones manifiestan y desarrollan en el dictamen que está puesto a la ilustrada consideración de los compañeros diputados, es por lo que en nombre de las comisiones, exhortamos al pleno para que se adhiere y apruebe el punto resolutivo del dictamen que dice sencillamente:
"Único. Se desechan las iniciativas presentadas por los diputados de los partidos políticos Acción Nacional, diciembre 11 de 1979; de la Revolución Democrática, 12 de junio de 1991 y 13 de junio de 1992 y Popular Socialista, 5 de agosto de 1992. Archívese como asuntos total y definitivamente concluidos." Muchas gracias.
El Presidente:
Esta Presidencia informa que se han inscrito para la discusión del dictamen los siguientes diputados: el diputado Martín Tavira Urióstegui, del Partido Popular Socialista, en contra; el diputado Ricardo Valero, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; el diputado Guillermo Pacheco Pulido, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; el diputado Fernando Estrada Sámano, del Partido Acción Nacional, para fijar posición; el diputado Juan Campos Vega, del Partido Popular Socialista, en contra; el diputado Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; la diputada Blanca Ruth Esponda Espinosa, del Partido
Revolucionario Institucional, en pro; y finalmente el diputado Manuel Terrazas Guerrero, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en contra.
En consecuencia, tiene la palabra el diputado Martín Tavira Urióstegui.
El diputado Martín Távira Urióstegui:
Señor Presidente; señoras y señores diputados:
Me felicito y la fracción parlamentaria del PPS se felicita también de pertenecer a un cuerpo colegiado que sabe debatir con altura, que sabe confrontar tesis, que sabe fijar posiciones de principios. Yo espero y mi fracción parlamentaria, que no decaiga el debate que hemos iniciado con motivo del dictamen que rechaza las iniciativas de reforma constitucional; que se mantenga el debate a la altura en que lo ha llevado el diputado Miguel González Avelar, debate de ideas, de tesis, de doctrinas.
Señoras y señores diputados, en el dictamen se hacen consideraciones, abundantes por cierto, en relación con el federalismo y con la importancia del Senado de la República. Es útil recordar estos aspectos históricos, porque nos dan luz de los cambios que han ocurrido en el interior del país y en el exterior también, nos dan luz para decidir si debemos mantener las instituciones tal cual surgieron o si debemos modificarlas de acuerdo con los cambios que ha sufrido la realidad internacional y la realidad concreta de México.
También se hacen consideraciones en relación con la importancia del Senado, ya decía González Avelar que no está a debate este punto pero el dictamen lo aborda con cierta extensión porque quiere responder a una iniciativa del PPS de 1986 en la que se propone la desaparición de la Cámara de Senadores y el establecimiento de una asamblea popular, de un parlamento unicamaral. Claro, el federalismo fue, pudiéramos afirmar, razón de nuestra historia e historia de nuestra razón; el federalismo fue una posición revolucionaria que no fue el reflejo de lo que pasaba en el exterior, concretamente en los Estados Unidos, sino una necesidad concreta de nuestro pueblo.
El federalismo en México no es una simple imitación extralógica del de Estados Unidos, por más que Lorenzo de Zavala afirme que los diputados al Congreso Constituyente 1923-1924 andaban con la Carta Política de Norteamérica debajo del brazo, el federalismo en México está estrechamente ligado a la posición de destruir la estructura económica de la Colonia, de destruir todo el pasado colonial, contra la posición centralista de los conservadores que querían mantener las viejas, instituciones coloniales y la vieja estructura económica y social del dominio extranjero.
Había factores económicos, territoriales, culturales, históricos, políticos, que hacía necesaria la federación. Un país, como lo recordó el diputado González Avelar, de más de 4 millones de kilómetros cuadrados, no podía pensar en una república centralizada.
Era la época, señoras y señores diputados, de las grandes luchas por las confederaciones y las federaciones. Estaba cerca la lucha del pueblo norteamericano por crear su federalismo, de sus 13 colonias separadas. No estaba lejos, estaba mucho más cerca el esfuerzo de Simón Bolívar para crear confederaciones y federaciones.
La confederación de América Latina que tuviera por dentro el Istmo de Panamá el sueño de Bolívar en la famosa Carta de Jamaica, o la república federal de Colombia, la gran Colombia, sueño prístino de Simón Bolívar, que quería precisamente fundar para que fuera ejemplo de solidaridad latinoamericana, de apoyo recíproco entre los pueblos que habían luchado muy de la mano en contra del dominio español, pero que ambiciones personales y ambiciones, ¿por qué no decirlo?, ilegítimas, dieron al traste con el sueño bolivariano de fundar grandes repúblicas federadas y de fundar la confederación latinoamericana que todavía está en el programa de los patriotas que aman la patria grande de América Latina.
En efecto, tiene razón González Avelar cuando afirma que el federalismo... que el Estado mexicano nació con el federalismo, o que el federalismo pudiéramos decir, fue asiento del Estado mexicano; fue base del Estado mexicano y no podía ser de otra manera.
Pero entiéndase bien, el federalismo en verdad, implicó la creación de dos cámaras, eso sí con gran influencia norteamericana. La Cámara de Senadores como el pacto entre los estados grandes y pequeños, como en Estados Unidos la posición de Nueva Jersey y de Virginia y la Cámara de Diputados como representante de todo el pueblo.
En México esta influencia fue importante, pero entiéndase bien, nítidamente, literalmente en la
carta de 1924, los senadores eran electos por las legislaturas de los estados, no eran electos de manera directa, se podía afirmar que entonces lo senadores representaban a sus entidades federativas.
Claro, como dicen los constitucionalistas, que había de introducir un factor de perturbación desde el acta de reformas de 1847, al darle al Distrito Federal el derecho de tener senadores, porque esto contradecía la esencia del Senado, ¿por qué el Distrito Federal se deba el derecho de tener senadores, si no era Estado de la Federación y por qué se le da hasta la fecha ese derecho, de tener senadores sin ser entidad federativa?
¡Ah!, porque desde aquel tiempo nuestros constitucionalistas y políticos entendieron que tal era la importancia del Distrito Federal, desde el punto de vista de su población, que era necesario que la Cámara de Senadores tuviera representantes aun sin ser una entidad federativa, pero entonces los senadores del Distrito Federal no representaban al Estado, a un estado, representan al pueblo todo, éste es un choque con el sistema federal puro.
Para qué hacer la larga historia del Senado aristócrata, pero como dicen los tratadistas, el Congreso Constituyente de 1856, 1857, consideró que no era indispensable el Senado para establecer la república federal y durante 17 años el país vivió sin Cámara de Senadores.
¿Vivió bien, o vivió mal?, habría que preguntarse.
Pero habría que preguntarse también, distinguidas diputadas, distinguidos diputados, si no habrá en el fondo, como lo advierten tratadistas, del reclamo del Senado, el propósito también de evitar un parlamentarismo fuerte, que podría hacer la guerra al Poder Ejecutivo, porque recordarán que en la Cámara de Diputados de aquel tiempo, había grandes debates y que Ignacio Manuel Altamirano, tribuno insigne, hacía críticas al Gobierno presidido precisamente por el Benemérito de las Américas.
Habría que pensar hasta qué punto tienen razón quienes afirman que el Senado fue el resultado también de una demanda para evitar el parlamentarismo fuerte, desembocado, pudiéramos decirlo así.
Compañeras y compañeros diputados: México, tan grande, tan extenso, tan poco integrado, tenía que poseer un espíritu profundamente provincianista. Ya recordaba el diputado González Avelar las reformas a la división territorial del Rey Carlos III, reformas políticas y administrativas, a pesar del espíritu centralista de aquel gobierno que se llama del despotismo ilustrado. El talentoso monarca, sin embargo, podía advertir que a un país tan grande como México, debía dársele una división territorial de acuerdo con su estructura territorial y de acuerdo con su población.
Sería bueno algún día recordar los debates en las cortes de Cádiz y oír la voz de Miguel Ramos Arizpe defendiendo el derecho de las Américas para tener sus provincias también.
Reconozcamos, claro, que las diputaciones provinciales creadas por la Carta de Cádiz, fueron factor importante, porque el país podía resquebrajarse en multitud de estados independientes. Esa visión de darle derecho a las provincias, de darle autonomía, fue una decisión sabia, acorde con la realidad, pero yo pregunto, ciudadanos senadores, ¿estas tesis irrebatibles pero aplicables para ciertas épocas del desarrollo histórico de México, pueden ser válidas para nuestro tiempo?
Esa es la gran pregunta, compañeras y compañeros diputados. ¿Realidades nuevas deben seguir siendo gobernadas por instituciones viejas? O al contrario, debemos reformar, cambiar las instituciones jurídicas a fin de que respondan a una realidad que se transforma sin cesar.
¿Qué es el México de nuestro tiempo? ¿Es el México de las seis provincias de que hablaba González Avelar? ¿Es el México de aquellas regiones aisladas, formadas algunas alrededor de los centros mineros? ¿Regiones de autoconsumo? ¿ Es el mismo país cuyas distancias eran tales que por lo menos se hacían dos meses para ir a los rincones de Texas o al Paralelo 44?
Es natural que hubiera ese ímpetu por conservar una independencia dentro del federalismo mexicano y, sí se admite, claro, que hubiera un órgano legislativo que representara esos estados o provincias.
La realidad ha cambiado. ¿Es posible seguir afirmando que los senadores representan a entidades soberanas en cuanto a su régimen interior? ¿Es posible seguir afirmando que los senadores son una especie de delegados que vienen a confirmar el Pacto Federal? ¿Es posible seguir considerando que la Cámara de Senadores debe ser la única que posea la facultad de discutir, revisar y aprobar los tratados?
La tesis de que el Pacto Federal radica en el Senado y los estados de la Federación, a través del Senado, dan su consentimiento para que el país tenga tales o cuales relaciones ¿es tesis válida para nuestro tiempo?, porque entonces pondríamos otra tesis.
¿En dónde radica la soberanía nacional? Pues como lo dice el artículo 39 de la Carta Magna, en el pueblo de México en su conjunto. ¿Quién es el soberano originario? El pueblo. ¿Qué representa a la Cámara de Diputados, aun aceptando la tesis tradicional de que el Senado representa a los estados o el Pacto Federal, qué representa la Cámara de Diputados? Representa al pueblo en su conjunto, porque durante largos años hemos repetido el error de decir que los diputados representan a los distritos, o ahora a las regiones los diputados de representación proporcional y los mismos diputados cometen un error cuando afirman: yo represento tal distrito. No, la división territorial del país en distritos o en regiones es puramente circunstancial para el efecto de las elecciones, pero electos los diputados no representan, si hemos de ser congruentes con la doctrina más pura de nuestro derecho constitucional, los diputados representan al pueblo mexicano en su conjunto, y en consecuencia, tenemos el enorme honor de ser los representantes de la soberanía nacional, y cualquier tratado, sea éste de libre comercio u otros de menor o igual importancia, ¿afectarán a los estados en lo particular o afectarán al pueblo en su conjunto?
Yo digo que no podemos desvincular una cosa de la otra; un tratado puede afectar a los estados y puede afectar al pueblo en su conjunto. Entonces, desprendemos una conclusión muy lógica, muy de lógica aristotélica si ustedes quieren pero buena lógica aristotélica. Si la soberanía nacional radica en el pueblo y la Cámara de Diputados es la representante del pueblo, tiene derecho de discutir los tratados y de aprobarlos.
Yo pregunto, señores diputados ¿la Cámara de Diputados tiene derecho o no a discutir los problemas internacionales? Todos los días los discutimos. ¿Tienen derecho la Cámara de Diputados de discutir los tratados internacional? Los discutimos siempre.
Ese derecho, aunque no esté escrito en la Carta Magna, es un derecho que se ha ganado la Cámara de Diputados precisamente porque la Cámara de Diputados tiene que estar interesada en cómo las relaciones internacionales de México y qué compromisos adquiere el Gobierno.
Nomás eso faltaba, distinguidos legisladores, que los diputados permanecieran ajenos a estos problemas de carácter internacional y que razonáramos de una manera tan simple como ésta: como sólo el Senado tiene facultades para discutir y aprobar los tratados, entonces nosotros permanezcamos totalmente ajenos a estos problemas, cerremos la boca, cerremos las puertas de la Cámara para que no entren por los muros de San Lázaro los aires exteriores ni los problemas internacionales.
Entonces, diputadas, diputados, nosotros estamos convencidos de que es un derecho incontestable de la Cámara de Diputados dar su aval o no a los tratados internacionales.
Si hoy se rechazan nuestras iniciativas de reforma, principalmente a los artículos 73, 76 y 89, llegarán nuevos tiempos y los nuevos tiempos van a dar la razón a estos tiempos y van a dar la razón a esta Cámara.
Nosotros pensamos que el dictamen en contra no recoge la realidad de nuestro tiempo, no recoge los ideales del pueblo mexicano representados en su Cámara de Diputados y, permítanme que repita las frases de Lombardo Toledano, el ideólogo permanente del PPS, cuando se rechazó la iniciativa de reforma constitucional para crear un nuevo capítulo sobre la economía nacional: "Si se mandan al archivo nuestras iniciativas, vendrán generaciones nuevas que las van a desarchivar, y vale el término. "No se puede archivar el pasado, menos el porvenir", dijo Lombardo.
Y nosotros seguros de que el porvenir va a entender la realidad y va a legislar para los tiempos de hoy. Las doctrinas del pasado son valiosas pero tienen que responder a los cambios y a las doctrinas del pasado no son útiles al progreso del pueblo, debemos verlas como doctrinas que pasaron a la historia simplemente.
Pero no podemos seguir manteniendo las doctrinas tradicionales del Siglo XIX para un México que se ha transformado profundamente y cuyo pueblo, ahora, reclama espacios para manifestarse de los problemas internacionales.
No queremos legislar y menos desde el punto de vista constitucional sólo para el Tratado de Libre Comercio, claro que no. Si mencionamos en nuestra exposición de motivos el Tratado de Libre Comercio, es que ese instrumento tiene tal importancia que la independencia económica y política de la nación mucho depende de que logremos las fuerzas progresistas del país
rescatar a la nación de ese tratado y, de ese tratado que la exigencia de un bloque económico, del bloque de Norteamérica y de la hegemonía de los Estados Unidos. Es un instrumento de gran trascendencia nacional e internacional, pregúntale al pueblo canadiense, qué le ha pasado con su tratado con los Estados Unidos, pregúntenle a muchos sectores de la nación lo que han sufrido aun sin tratado, cuando se han abierto las puertas al comercio internacional de manera indiscriminada, cuando el capital extranjero se ha vaciado a raudales desplazando a la pequeña y mediana industrias.
Nosotros invocamos el Tratado de Libre Comercio no porque empeñemos toda nuestra suerte a ese tratado, sino porque ese tratado va a modificar la correlación de fuerzas entre nuestro país y otros países de América del Norte y del mundo, en contra precisamente de los intereses de nuestro pueblo.
Esperemos, diputados, que haya voces que continúen con este debate no sólo hoy, mañana, porque al fin y al cabo, compañeros, por muy importante que sea la etapa actual, más importante será la que vivan nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Ricardo Valero, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Oscar Ricardo Valero Recio Becerra:
Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Quisiera, en primer lugar, no contradecir sino precisar una información que fue proporcionada en el momento de la presentación del dictamen, pero con el propósito de que sobre todo esta sesión plenaria tener los distintos elementos de juicio, los datos, acerca del procedimiento que se siguió en las sesiones , en las reuniones, en los trabajos de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores que dictaminaron estos proyectos, estas iniciativas.
Efectivamente, las comisiones respectivas en sesión de comisiones unidas aprobaron el dictamen; este dictamen y a eso atiende la precisión, convenido por cierto, fue preparado exclusivamente, conociéndose, identificándose y conviniéndose en que existían diferencias probablemente insalvables, exclusivamente por diputados compañeros representantes que pertenecen a un grupo parlamentario. La responsabilidad de su elaboración, de su factura, de su orientación y de sus conclusiones, es de ese grupo de diputados, todos pertenecientes al grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
En segundo lugar, fue aprobado, efectivamente, en sesión conjunta de ambas comisiones, en donde se manifestó el mismo voto que con toda seguridad se reproducirá un poco más tarde, este voto y habría que verificarlo en las actas correspondientes, contó con la aprobación de los diputados ahí presentes, también del Partido Revolucionario Institucional y de acuerdo con un registro que bien podría ser objeto de una revisión para tener el panorama completo, con el voto en contra de todas las fracciones parlamentarias, de todos los diputados de las distintas fracciones parlamentarias que participaron en esa sesión.
Yo convengo y lo señalé desde aquél entonces, que hubo un esfuerzo, sobre todo por parte de quien coordinó la elaboración del dictamen y que lo presentó hace un momento, el compañero Miguel González Avelar, para que a diferencia de tantos otros casos, situaciones y hechos, si éstos se presentan con una gran frecuencia, en esta ocasión hubo un esfuerzo, esfuerzo que está recogido en un documento amplio, de más o de aproximadamente 30 cuartillas, para fundamentar el dictamen. Esto no quiere decir sin embargo, que el dictamen haya sido preparado y esté elaborado en esos términos, con el propósito de tomar en consideración los fundamentos, las razones, las consideraciones que se hicieron previamente, porque efectivamente se ha recordado, no se trata de una iniciativa, se trata de cinco iniciativas que coincidían, coinciden en algunos puntos. Pero son iniciativas, dos presentadas por el Partido Acción Nacional, en distintos momentos; dos presentadas por el Partido de la Revolución Democrática, también en sucesivos momentos y una por el Partido Popular Socialista.
También conviene aclarar que si bien en algunos puntos estas iniciativas convergen y coinciden, justamente en el señalado, el destacado ya en esta tribuna y en el propio dictamen, esto es el tema de la ratificación de los tratados, las facultades de la Cámara de Diputados, inexistentes ahora en esa materia. Pero también abarcan, otros dos temas que figuran muy de pasada en el dictamen, pero que forman parte de las
iniciativas y no son menos importantes que el primero.
Uno se refiere, ya ha sido mencionado, al análisis o examen de la política que está acompañando las facultades que ahora son exclusivas, privativas, no compartidas, del Senado de la República. Junto con la ratificación de los tratados, figura este segundo tema y un tercero, se refiere a la Ley sobre tratados, que expedida por esta Cámara de Diputados y por el Congreso posteriormente, apenas, ya durante esta Legislatura, durante su primer período de sesiones. Entonces son tres los temas.
El dictamen tiene ciertamente fundamentos, pero no es un dictamen en ninguno de sus elementos, que tienda siquiera a reconocer la posibilidad de que en las iniciativas subyace, existe, algún elemento siquiera digno de tomarse en consideración. Ninguno. En realidad, el dictamen está elaborado como un gran cuerpo, un escrito que acumula argumentos en una sola dirección y parece que los objetos de la propia iniciativa fueran inexistentes o al menos no fueran dignos de tomarse en consideración. Y a partir de ellos, hace esa conclusión que no podía ser más categórica pero también sintomática, emblemática y representativa del tipo de dictamen.
Concluye, de manera no poco contundente, que este tema, estos asuntos deben darse por resueltos de manera definitiva y ser remitidos al archivo. " Considérese un asunto concluido y archívese".
No será así, coincidimos por supuesto con el diputado Martín Tavira. De lo que no estoy muy seguro es de que debamos esperar tan largo plazo, en virtud de los tiempos que vive el país, próximas legislaturas para volver a tratar este tema, independientemente del propio dictamen.
Además de esta falta en la realidad de consideración, por los argumentos en cada una de las iniciativas, el dictamen está montando y sería el tema a propósito del cual deberíamos hacer una reflexión más profunda. No en esta sesión, pero sí en todos nuestros trabajos y con posterioridad, por los temas de que se trata, lo implican, lo que involucran las repercusiones de ellos.
En el dictamen aparecen simplemente como verdades incontestables, como verdaderos dogmas no sujetos a ninguna consideración, a ningún análisis.
El régimen constitucional vigente en el país desde hace más de 10 años, ha probado, se dice en el dictamen, que es suficientemente funcional. Ninguna duda, el sistema constitucional desde que fue diseñado en aquél entonces, quiero suponer que la fecha de referencia es la restauración del Senado de la República, en 1874, funcionaba admirablemente. No es objeto de ninguna duda.
El Senado ha cumplido sus funciones de manera inobjetables. Se le agregaron en la exposición hace un momento otros calificativos, otras apreciaciones, pero el Senado ahí está. El Senado funciona no solo razonablemente, sino de manera ejemplar. Es la segunda afirmación.
No hay nada qué decir ni del funcionamiento de la federación ni del funcionamiento del Senado.
¿Y la política exterior? De igual manera, la política exterior se ha caracterizado, sin ninguna duda, es algo que tenemos que aceptar todos, así ha sido en el tiempo. Se ha comportado esa política exterior como una defensa indeclinable de la soberanía del país.
Entonces lo que es precisamente materia, temas, de nuestro análisis del intercambio de puntos de vista. ¿Cuál es la realidad de la Federación? ¿ Existe la Federación? ¿Su funcionamiento es el más apropiado? ¿Es satisfactorio? ¿No tiene nada qué ver todo esto con las situaciones que estamos viviendo? ¿No queremos, como lo hemos dicho, más allá del discurso, más allá de la fórmula vacía, superar el verdadero centralismo que es el eje del sistema político mexicano, no registrado en los libros o en la teoría política, sino incluso de conocimiento amplio, compartido y común?
¿Y del propio Senado? ¿Es verdad que ha podido cumplir de esta manera satisfactoria su responsabilidad, sus funciones? Lo cual por cierto estaría en contradicción con otra afirmación que escuchamos en la presentación. ¿Es posible, aunque no sea el único factor por tomarse en cuenta, que la construcción del Senado y las facultades que se le han venido atribuyendo o consignado sean producto de una penosa y larga tradición, a diferencia de otros senados?
¿Cómo es posible entonces afirmar por una parte que ha cumplido satisfactoriamente y, por la otra, reconocer que ha tenido dificultades excepcionales que ir remontando.
Los argumentos principales en el dictamen, no los únicos, son o pretenden ser de carácter histórico. Pero si algo no aparece justamente en
el propio dictamen son los argumentos que podrían permitirnos justamente introducir estos elementos de tipo histórico en nuestro razonamiento y en nuestras conclusiones.
Yo creo que no es, por supuesto, el único factor, pero sí uno que pesó en su momento de manera muy destacada, el que recordaba hace un momento el compañero diputado Martín Tavira, cuando algo que está registrado, incluso prácticamente en los libros de texto, en 1974, para la formación o restauración del Senado de la República, se tomó en consideración necesidades que probablemente hayan tenido su explicación en esa época, pero una muy importante fue precisamente permitir el funcionamiento del Poder Ejecutivo frente a un Congreso que mantenía márgenes y a una autonomía que nunca se han podido reproducir, repetir, en la historia del país.
Recogiendo la tradición del Constituyente del 1857 ha sido probablemente, quizá junto con el Constituyente de 1917, el momento más elevado, el momento más ilustrado de lo que es una aspiración, por supuesto, actual de separación, de complementación y de colaboración efectiva, que no subordinación, entre los poderes de la Unión.
Y, efectivamente, había un problema de este orden también en 1974 y no nada más una tradición. Este es el primer elemento.
Pero si a la historia nos estamos remitiendo, vamos completando el cuadro. Por qué, por ejemplo, no pensamos que el Tratado de Libre Comercio, que es uno de los temas sin ninguna duda capitales en estas reflexiones, fue con sus variantes de época, pero también una aspiración que fue rechazada en toda oportunidad y momento, una aspiración y una propuesta que presentó el primer embajador acreditado en México de los Estados Unidos, el embajador Poinsett como un tratado de comercio, del comercio de la época y quiero decir con esto que algunas cuestiones de la historia, aquellas que nos ayudan en nuestra argumentación, son invocadas, son incluidas en el razonamiento, pero el proceso en su conjunto, con elementos de esa naturaleza, como los que mencionamos por ejemplo, no son siquiera sugeridos, insinuados.
Y la historia misma, la historia misma que puede ser vista de muchas maneras, puede ser vista efectivamente como una incorporación de facultades para el Senado de la República, pero también en un sentido estricto como una historia de despojos para la Cámara de Diputados.
Hace unos días, cuando examinábamos la Ley de Nacionalidad, por ejemplo, vimos, pudimos quienes participamos en ese dictamen o dimos una opinión, cómo alrededor de esa Ley fue precisamente a partir de la cual se excluyó a la Cámara de Diputados la facultad de participar en todo lo referente a los tratados de carácter internacional. El origen de la última modificación del artículo 133 está ahí, o sea, que no ha sido desde 1974, como parece sugerirse en el dictamen y en una constante, la misma relación entre las cámaras y este elemento de la participación conjunta, compartida, de ambas cámaras, por ejemplo, en un tema de carácter internacional. El argumento principal que aparece en el dictamen se refiere a la diferenciación, entre, no solamente el origen sino las facultades y el campo de competencia de una y otra Cámara, lo que en el dictamen se refiere como el elemento popular, en el caso de la Cámara o nacional, en el caso de la Cámara de Diputados y como el elemento federativo en el caso de la Cámara de Senadores. Aquí se dice o se insinúa que el sistema constitucional previsto, sobre todo se hace una referencia al Constituyente de 1917, contempla, pudo haber previsto leyes complejas tan amplias como por ejemplo, o iniciativas o cuestiones como las que involucran el Tratado de Libre Comercio.
Nosotros, ciertamente, tenemos un gran respeto, así lo hemos manifestado y un reconocimiento por la obra del Constituyente de 1917, pero tampoco creemos que se hiciera necesario forzar la lógica y atribuirles características, capacidades, aptitudes que no tuvieron, en todo caso podríamos ser congruentes porque de manera discriminativa, porque de manera selectiva en algunos casos se requieren hacer modificaciones a lo que estaba previsto por el Constituyente de 1917 y en otros por el contrario, hay de manera hermética, cerrada, una incapacidad para, o más bien no una incapacidad sino en atribuirles facultades, capacidades que harían pensar que no se requiere hacer ninguna modificación, pero justamente es el meollo del problema y lo que tendríamos que analizar y que discutir, cuántos de los elementos por ejemplo que un tratado como el del Libre Comercio que ahora se negocia, parecería estar en su fase terminal, en su fase de ratificación en todo caso, cuántos no corresponden y afectan precisamente este elemento popular que existe en la distinción. ¿Por qué?, nada más se piensa que en lo que es un elemento importante pero en todo caso de carácter secundario, esto es, si afecta o no a la Federación cuando afecta las cuestiones de fondo y centrales en la vida del país
y que son por cierto aquellas que tienen que atender la Cámara de Diputados.
El Tratado de Libre Comercio y los tratados en general que ahora por motivo de la interrelación, por las características de la vida internacional en suma, no son los mismos tratados en los que se pensaba, tratados internacionales en los que se pensaba, o se contemplaba, los que se tenía en mente cuando en el Siglo XIX hicieron estos planteamientos. Pero la conclusión sobre todo, sin hacer ninguna mención específica a esta cuestión, simplemente en el dictamen se dice: "El Tratado de Libre Comercio está como todo tratado internacional, comprendido, incluso dentro de los supuestos que marca la Constitución y de las facultades que corresponden al Senado de la República, es un tratado entre otros, ninguna mención al contenido, a la esencia, a lo que significa el propio Tratado de Libre Comercio que es precisamente lo que nos interesa, son materias y las más recientes las que forman parte de los llamados acuerdos complementarios o suplementarios, paralelos en materia laboral, en materia ecológica, a más no habría sino que repasar el índice de lo que el Tratado de Libre Comercio considera, incluye, para ver si no corresponden más bien en la misma clasificación a los elementos de carácter popular que a los que afectan la Federación como se dice en el dictamen.
Pero aquí se plantea un falso dilema en el propio dictamen y en las palabras iniciales, no se está pidiendo en ninguna de las iniciativas, no en todo caso, de esas nos hacemos responsables directamente nosotros, en las del Partido de la Revolución Democrática, que se eliminen las facultades de la República, lo que se pide es que se regrese al esquema constitucional que fue el del Siglo XIX, que fue el que apareció en el Constituyente de 1917 también, para que sean facultades y competencias compartidas de ambas cámaras.
No que se les despoje ni que se retire al Senado de la República, ni que se le retiren estas facultades, sino que en uso de las que tiene la Cámara de Diputados, sean consideradas como facultades compartidas, correlativas en las que ambas cámaras tienen competencia y responsabilidades precisas.
Incluso está mencionado el dictamen y fue mencionado expresamente en la inicial, ese es el espíritu de las consideraciones que hizo León Guzmán en su momento, cuando se congratuló ciertamente de la formación de la Cámara de Senadores, pero con el propósito de que pudiera tener y pudiera ser considerada como una actividad unitaria, compartida y de la que pudieran ser corresponsabilizadas ambas cámaras, no para que el Senado tuviera en detrimento de la Cámara de Diputados, facultades de este género.
Pero llama la atención y con esto concluyo las consideraciones que pienso proponer y poner a consideración de la Asamblea, una cuestión de carácter internacional; tenemos que ver este asunto también en ese plan.
Llama la atención tantas invocaciones que se hacen con tanta frecuencia, todas las reformas constitucionales, las más profundas, las más delicadas, incluso las más graves, han tenido como fundamento en los últimos tiempos, la necesidad se dice, de adecuar las características, la realidad del país a una situación internacional, cambiante, una situación internacional compleja, a los tiempos que en la actualidad corren en el mundo.
Pero aquí, estando presentes en las distintas iniciativas que fueron o que están siendo dictaminadas, no aparece ninguna referencia a esta cuestión que es central.
La tendencia internacional contemporánea, consiste precisamente en una mayor participación, en primer lugar, de los congresos en relación con el Poder Ejecutivo, pero además de las cámaras, o las correspondientes cámaras de Diputados en relación con la Cámara de Senadores.
Hace tres semanas tuvimos oportunidad algunos diputados, de formar parte de una delegación, de participar en una reunión interparlamentaria en donde el punto de partida era ni más ni menos la consideración a propósito de la obsolescencia que representan los sistemas presidencialistas a ultranza y del que el sistema mexicano es arquitípico como algo superado con la historia, algo que ya no tiene razón de ser si la tuvo, en algún momento en la época actual.
Y esto, todos los diputados, todos los participantes de esa delegación, estuvimos de acuerdo, sin embargo regresamos y como si esos temas no existieran. La tendencia va más allá. La semana pasada a propósito de temas como los que ahora nos preocupan y que está en el origen de muchas de estas iniciativas, hubo un referendum en Dinamarca; el año pasado hubo referendum por consideraciones similares o por cuestiones muy parecidas, en Uruguay, en Dinamarca, en Francia, en Canadá, en todas partes, esto es lo que actualmente está ocurriendo en el mundo.
Aquí, ya no digamos si la semana pasada, cuando discutíamos algo en relación con los derechos
humanos me parece, se hablaba de aberraciones constantemente. Bueno, me pregunto ciertamente si no en presencia de una aberración con respecto a esto que llamamos el espíritu del tiempo.
No estamos en el punto en que se encuentran todos esos países y seguramente faltan de mencionar muchos más, en que las decisiones fundamentales sean puestas a consideración de una ratificación popular; aquí, y es verdaderamente ridículo, estamos regateando que la Cámara de Diputados participe en la ratificación de tratados, que participe no por la puerta fácil, en el dictamen se dice: hay una comunicación permanente con la Secretaría de Relaciones Exteriores y sus funcionarios; sí, se trata de algo por supuesto de interés, de algo que es valioso desde el punto de vista de la información, pero no de las facultades de la Cámara, no se trata de buena disposición de carácter personal que se puede o no tener, creo que es un avance que haya esa comunicación, que no es por cierto constante, es esporádica y en los términos básicamente establecidos por la propia Cancillería; preguntémonos por qué, que son las mismas razones que ahora se adujeron, por qué se detuvo el proyecto de Ley Orgánica del Congreso de la Unión.
Aquí parecería que tenemos mucho más interés en defender y en hacer nuestros los puntos de vista, por lo menos en el dictamen, del Senado, que hacer la defensa que nos corresponde, la obligación que tenemos con respecto a nuestras funciones y a nuestras responsabilidades.
Estamos entonces lejos, muy lejos de tener una situación como la que se está reproduciendo en estos países, en muchos países en el mundo, y en cambio somos incapaces siquiera de convenir y estoy seguro que lo podríamos hacer con buena disposición, que no está presente en el dictamen ni en su elaboración, que pudiera incluir un diálogo a profundidad con el Senado de la República, para algo que parece elemental menos para quienes elaboraron este dictamen y que se refiere ni más ni menos que a las facultades, a las obligaciones en estas materias por parte de la Cámara de Diputados. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Guillermo Pacheco Pulido, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Guillermo Pacheco Pulido:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Desde luego que sin que esto se tome como un halago personal o una cortesía personal, sí quisiera hacer un respetuoso reconocimiento tanto a la brillante exposición del diputado González Avelar, como a la de los compañeros, el maestro Tavira y Ricardo Valero.
Yo creo que por lo que hace a la participación de ellos, a sus iniciativas que presentó el maestro diputado y licenciado Martín Tavira, tiene un sustento indiscutible, yo diría no objetable pero sí en el campo de las convicciones hay una especie de disidencia nuestra.
Las referidas iniciativas a las que se refiere el dictamen, son el resultado acucioso respecto de la reforma constitucional que se propone. Es la idea de que efectivamente las dos cámaras que integran el Congreso de la Unión y no sólo el Senado sean las que aprueben en su caso los tratados internacionales que celebre el Ejecutivo Federal.
Decíamos que es indiscutible que en estas iniciativas hay una convergencia o coincidencia de opiniones, pero también substanciales diferencias. Son en las propias convergencias en donde también se dan los fundamentos que apoyan la existencia de la razón federalista del Senado.
Estamos de acuerdo con el maestro Tavira, cuando señala que la superestructura jurídico- política de la nación, debe responder siempre a los cambios que se dan en la realidad socioeconómica, que las normas jurídicas del país, fundamentalmente las de carácter constitucional, han sido el resultado de las grandes transformaciones de México.
Dice el maestro Tavira que la organización de los poderes del Estado mexicano ha experimentado la influencia de doctrinas y normas del exterior, pero también se ha tenido que responder al desarrollo económico y social de México y que la propia teoría de la división del poder ha tenido que ajustarse a las características propias de nuestro ser nacional y de los cambios.
Nosotros señalamos que el mundo jurídico, económico y como consecuencia político y en eso tiene razón el maestro Tavira y Ricardo Valero, viven épocas de cambio profundo en todos los órdenes y que todos esos cambios están correspondiendo a ellos, necesariamente también cambios substanciales o nuevas formas de orden
constitucional. Muestra de ello, como aquí ya se señalaba por Valero, es que estamos asistiendo y éste era un comentario que había en un libro del maestro Miguel Acosta Romero, a un renacimiento pujante del derecho constitucional en todo el mundo. Muchos países tendrán nuevas constituciones en lo que resta del presente Siglo XX. Es en este posible contexto que se den reformas a la constitución francesa para adaptarla al Tratado de Maastricht. La propia Comunidad Económica Europea está creando una constitución; Argentina está en el proceso de revisar su constitución; Rusia, Perú, Venezuela, Paraguay, Canadá, éste que vive un proceso profundo e interesante también de reformas constitucionales; Brasil y otros países que demuestran la importancia que alcanzan las transformaciones sociales plasmadas en sus constituciones, en donde cada pueblo, de acuerdo con el ejercicio de su soberanía y su autodeterminación, ha decidido o decidirá los caminos de su reforma.
Nuestro país, indiscutiblemente que es un país avanzado en sus reformas constitucionales, porque así va requiriendo la propia realidad social y así lo va marcando la voluntad de los mexicanos. Sin embargo, esas transformaciones sociales y esos cambios constitucionales, no se han dado para modificar lo que constituyen las decisiones fundamentales del pueblo de México.
Estimo que si se han dado reformas constitucionales en nuestro país, es para fortalecer precisamente esas decisiones fundamentales que son esencia y raíz de lo que somos y a lo que aspiramos. Y aquí el diputado Valero se preguntaba, creo yo, ¿por qué en todos los dictámenes que se ha habla de reformas constitucionales, se señalaba que era con fundamento en las transformaciones sociales que estaba sufriendo el país, y por qué ese mismo argumento no se señalaba en este dictamen se está discutiendo? Yo le respondería con todo respeto, que no se señalaba en este dictamen y sí en las otras reformas constitucionales, porque en ningún momento en las otras reformas constitucionales se han tocado las decisiones fundamentales de nuestro país y en ésta, a mi criterio, se toca la decisión fundamental del país que es el federalismo.
Yo quisiera al mismo tiempo señalar, que dentro de estas decisiones fundamentales se encuentra exactamente esa, la plasmada en el artículo 40 de nuestra Constitución, en donde se establece la voluntad del pueblo mexicano de constituirse en una república representativa, democrática y federal. Ahí encontramos nosotros el por qué existe la discusión, el debate, en cuanto a que creemos que es el federalismo la base sustancial de nuestro país.
De ahí entonces que la decisión del pueblo mexicano en cuanto al federalismo es la de ser un estado federal. Sabemos muy bien que el federalismo se basa, se establece o se funda en un régimen de competencias; que el federalismo en su expresión más simple, es el conjunto de los estados de la República; y de que precisamente es el Senado de la República el que representa o es la expresión del federalismo, sin que esto quiera decir que el Senado sea el federalismo, es sólo expresión del federalismo.
Y en esa larga y compleja historia de que nos habla el maestro Tavira en su iniciativa, se ha reconocido que la Cámara de Senadores representa a los cuerpos políticos considerados como iguales, es decir, a los estados, frente a la Cámara de Diputados que representa a la población y expresa el principio democrático con toda energía, según lo concebía Mariano Otero.
Por tanto, yo no creo que la teoría constitucional que sostiene que los Senadores son representantes de los estados y los diputados del pueblo en su conjunto, esté en crisis. Es cierto que las circunstancias económicas han cambiado, que el desarrollo del país ha destruido los aislamientos y hoy podemos hablar de mercado nacional y de mercado mundial. Pero las razones que estructuraron el pacto federal, siguen siendo válidas en cuanto a constituir el fundamento de nuestra integración nacional.
Afirmamos que con base en el pacto federal que existe un régimen de competencias y de ahí que el Senado tenga la facultad de aprobar los tratados que celebre el Presidente de la República en términos del artículo 133 de la propia Constitución Federal.
Por ello diferimos de la reforma constitucional que se analiza a través de este dictamen, porque somos un régimen de derecho, de facultades expresas para la autoridad, como consecuencia del principio de legalidad. Las facultades expresas tienen su razón, una razón sociológica, realista, no arbitraria ni unilateral, la primera razón de la división del poder público, es que existe un régimen de colaboración, que cada poder tiene sus propias estructuras y sus propias facultades.
El Poder Legislativo tiene facultades expresas funcionando como Congreso o funcionando como Cámara de Diputados, como Cámara de Senadores. Como facultades propias tiene la Comisión Permanente y el propio Constituyente Permanente.
Los tratados internacionales tienen que ver directamente o atañen sustancialmente con la estructura del estado federal. Por ello, es el Senado al que se le otorgó constitucionalmente esta facultad, no es la Cámara de Diputados, porque no atañe a su estructura, esencia y naturaleza constitucional.
Ese criterio lo comentó el diputado Avelar, cuando él mismo señala que fue Benito Juárez el que propuso la instauración del Senado y ahí se volvieron a explicar los argumentos de que en una república federal sirven las dos cámaras para combinar el Poder Legislativo, el elemento popular y el elemento federativo, todo ello en un proceso histórico que no puede cambiarse instantáneamente.
El propio Ignacio Burgoa dijo al respecto, al comentar las reformas a la fracción I del artículo 76 constitucional: "Son asuntos que involucran al sistema federal en su conjunto, tanto aprobar tratados y convenciones internacionales, como el análisis de la política exterior que complementa esta facultad".
Como los tratados involucran al sistema federal en su conjunto y siendo el Senado el representante de los estados, esa constituye la razón fundamental por la que sólo el Senado debe conocer de las aprobaciones de los tratados.
Por eso decíamos que desde el punto de vista de la integración histórica y jurídica, el Senado de la República, representa la soberanía de cada uno de los estados miembros de la federación y en el caso de la de Diputados, representa a los ciudadanos del país. Tan es así que a los estados les está vedado celebrar convenios, como lo señala el propio artículo 117 de la Constitución.
Los estados revisan la política exterior a través de los senadores, por ello el Senado tiene su responsabilidad frente a la nación y no frente a la entidad federativa que cada senador representa; no se puede desvirtuar el alcance de su responsabilidad, obsoleto sería limitar sus responsabilidades.
Por eso estamos de acuerdo que los tratados son ciertamente problemas de soberanía, pero la soberanía que expresa nuestra Constitución, la soberanía que se expresa en nuestra Ley Fundamental, a través de cada autoridad, soberanía como mandato del pueblo a través del pacto federal y como expresión del régimen de competencias.
Recalcamos que el federalismo es una decisión fundamental del pueblo de México, es fundamento de su integración histórica, política y jurídica. Que el Senado de la República representa la soberanía de cada uno de los estados miembros de la federación; que los tratados impactan jurídicamente al estado federal; que no se puede retirar la facultad exclusiva al Senado para aprobar tratados porque sería tanto como desechar el origen histórico y jurídico de la federación, de la propia división de poderes y dejar sin representación a los estados ante el Congreso de la Unión.
Es cierto, como decía el diputado Valero, que no se trata también de quitar esa facultad al Senado. El nos explicaba que debía de ser una especie de facultades compartidas o concurrentes. Yo creo que la facultad como colegisladora la podemos entender, pero no podemos entender que tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores puedan convertirse en colegisladoras o tener facultades concurrentes que de origen no son de su competencia. Es decir, nosotros creemos que en el régimen federal es consustancial al bicamaralismo; de tener facultades iguales en general, estaríamos regresando al sistema unicamaral contrario al federalismo.
Por eso decía que no se puede entenderse con facultades o concurrentes, sino exclusivamente a las que expresamente señala la Constitución, porque para ello el federalismo es un régimen de competencias.
En este caso, en la propia Constitución se dice cuáles son las facultades que corresponde al Congreso, cuáles son las facultades que corresponde a cada Cámara y de ahí que como señalamos, la expresión federalista se reduzca, para explicarme, a un régimen exclusivo de competencias.
No negamos los impactos que pueda tener en la ciudadanía un tratado económico, pero son otras las áreas en donde se vigilará jurídicamente que esos impactos no lesionen a la población.
El tratado comercial no lo minimizamos en sus efectos económicos, pero lo debemos ver como un fenómeno económico como lo es, que no es la panacea de nuestros problemas, ni es la base sustancial de nuestro desarrollo; pero por ello tampoco aceptamos que por un tratado se cambien las decisiones fundamentales del pueblo de México. El tratado va a ser una herramienta para nuestro país. Pero es el resultado de una interdependencia económica que se da en el mundo. Es el resultado como aquí se ha señalado, de
la globalización económica y no constituye ese tratado, una razón válida alguna para modificar nuestra estructura constitucional.
Ya hemos señalado entonces, que bajo estos conceptos no es que nos cerremos a escuchar las opiniones o las transformaciones que se dan para cambiar nuestras leyes. Pero no creemos que un tratado sea sustento válido para modificar una decisión fundamental del pueblo.
Yo creo que el tratado que se comenta aquí, es una circunstancia ocasional y no es válido sentar una propuesta que no tiene la categoría constitucional necesaria para promover otra reforma, contrariando el principio de nuestras decisiones fundamentales.
Es cierto que se han cambiado las situaciones políticas; es cierto que se han cambiado las relaciones económicas en nuestro país y en el mundo; es cierto que la economía se ha globalizado. Pero lo que nos da a nosotros sustento, respetabilidad en nuestras instituciones, fortaleza en nuestras instituciones, es precisamente la defensa y el respeto a nuestras decisiones fundamentales.
Que quede claro que no se trata de minimizar las funciones de la Cámara de Diputados. La Cámara tiene la plena facultad de debatir, en ningún momento se ha puesto ninguna restricción en ningún sentido, para evitar los debates, participaciones, conferencias sobre todos los temas. En la tribuna y en todos lados los diputados han hablado, analizado, criticado el Tratado Trilateral de Libre Comercio y seguramente se seguirá haciendo.
Tampoco debemos olvidar y esto es importante, que la Cámara de Diputados tiene, en relación al desarrollo y desenvolvimiento de los tratados, especialmente comerciales, facultades legislativas que no se le quitan ni se le restringen. Esto en el análisis de los artículos 73 y 31 de la Constitución. Ahí están las facultades que se tienen para, junto con el Senado, estudiar las contribuciones sobre el comercio exterior y es la Cámara de Diputados, la que interviene en la regulación de los tratados, a través de diversas legislaciones: la Ley Aduanera, la Ley Comercio Exterior o reglamentaria del 131 constitucional, la Ley Sobre Atribuciones del Ejecutivo Federal en Materia Económica, la Ley de Inversiones Extranjeras, Importaciones y Exportaciones, leyes sobre derechos, normas sobre el gas, leyes fitosanitarias, de equilibrio ecológico, de salud. Y a través de esas leyes y de otras más, en donde la Cámara discute, participa, debate, vigila el desarrollo de los tratados comerciales.
Estamos de acuerdo en lo que aquí se ha dicho y es una cita que también hace el tratadista Mario de la Cueva, de que los tratados deben respetar todos los principios constitucionales; que no pueden contravenir el principio de la soberanía del pueblo o la idea de los derechos del hombre; que los tratados deben respetar las normas que rigen la forma de estado y la estructura y actividad de los poderes. El propio tratadista dice que un tratado no puede contravenir los principios del federalismo contenidos en nuestra Carta Magna, situación repito, con la que manifestamos nuestra plena conformidad.
También si analizamos el contenido del propio artículo 131 constitucional, cuando nos habla de aranceles, ahí encontramos también las facultades de la Cámara para revisar, discutir y analizar en especial los tratados económicos.
Es en consecuencia el Congreso, a través de ese conjunto de leyes, el que estudia, analiza y ve la trascendencia jurídica de los tratados. De ahí que no creamos que se pueda afirmar que se ha violado la Constitución ni la Ley en los términos que a veces se ha señalado.
Estamos conscientes que los fenómenos económicos, internos o externos, nos afectan. Pero estamos conscientes que el diálogo se da en todos los lugares sobre los fenómenos económicos y los fenómenos jurídicos. Nosotros mismos somos parte de ese diálogo. Nos afecta o influye en cualquiera de sus formas los tratados de Maastricht, la caída del muro de Berlín, los sistemas monetarios en el mundo e indiscutiblemente que frente a eso, nos va canalizando la fortaleza de las instituciones que tenemos en México.
Yo creo que no podemos negar la complejidad de los fenómenos económicos. No son simples. Pero debemos entender en este campo que debemos ser más competitivos y eficientes y entre más lo seamos, más defenderemos nuestra soberanía.
No podemos negar que el Tratado Trilateral de Libre Comercio, es una herramienta más para nuestro país. Pero debemos reconocer que no va a ser la fórmula mágica que vaya a resolver nuestros problemas o que nos vaya a traer beneficios de inmediato o a corto plazo.
Si en este país hemos avanzado, ha sido aún sin el tratado y aún sin él seguiremos avanzando;
pero con el esfuerzo y la pasión de los mexicanos. Es cierto que el tratado nos permitirá, muy a futuro, crecer con mayor rapidez, tener más y mejores empleos y nos tendrá que hacer más competitivos.
No podemos por otro lado, por la dinámica o el sentido interdependiente de la economía globalizadora en que vivimos, hacernos a un lado de ese tipo de economías, so pena de liquidar nuestro desarrollo económico. Tenemos que caminar dentro de esa interdependencia económica, pero no sujetos a un tratado, sino sujetos a nuestras decisiones fundamentales.
Por todo ello estimamos que no hay razón válida para cambiar los principios básicos que contiene nuestro federalismo. De ahí que nuestro voto razonado, expresado en el dictamen en cuanto a declarar la improcedencia de las iniciativas propuestas.
Hay un compromiso político del Gobierno de la República de enfrentar, con el concurso de todos, los retos de cambio que hoy vive la nación en lo interior y en lo exterior. Pero que quede claro que en ningún momento el Tratado Trilateral de Comercio va a suplir a nuestras instituciones, a nuestro esfuerzo y a nuestra responsabilidad común.
Que el destino de este país no está sujeto a tratados. Que está sujeto a que los mexicanos trabajemos más y mejor. Que mejoremos nuestra democracia. Que fortalezcamos nuestra producción. Que nos hagamos más competitivos. Que reafirmemos nuestras libertades. Los tratados son circunstanciales, lo importante es lo que hagamos por nosotros mismos.
Por eso afirmamos que sería insensato proclamar o que se tuviera por proclamado en un dictamen, como puede pasar en política, que somos poseedores definitivos de la verdad absoluta. No es eso. No estamos cerrados ni a los cambios ni a entender la evolución y las transformaciones que vive México.
Cualquier decisión que tiene nuestro país indiscutiblemente que es revisable, somos un presente en el mundo abierto. Pero dado que en este caso, repetíamos, es una decisión fundamental, damos nuestro voto para que se deseche la iniciativa.
Pero, repito, no es un voto cerrado, un voto que no quiera oír, un voto que no quiera enfrentarse al debate. Por ahora simplemente no coincidimos en que haya necesidad de hacer un cambio a una decisión fundamental, a una expresión constitucional que es el pilar que vigoriza nuestra soberanía. Nuestro voto es a favor del federalismo y no por la reforma propuesta.
Y también queremos decir que a pesar de la diversidad de opiniones invitamos a los partidos políticos a estar unidos en la defensa de nuestra soberanía. Sabemos lo que son los intereses económicos, sabemos y entendemos las guerras económicas. Pierden los que se lanzan a la aventura, a la improvisación y desunidos.
Compañeros diputados: Caminemos unidos en lo esencial porque tenemos la obligación de hacer una sociedad más justa y soberana. Muchas gracias.
El Presidente:
Diputado Guillermo Pacheco ¿acepta usted una interpelación del diputado Juan de Dios Castro?
El diputado Guillermo Pacheco Pulido:
Sí, como no.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano:
(Desde su curul) Señor diputado Pacheco: En su intervención me llamó poderosamente la atención la parte central de su argumentación: la defensa del federalismo en lo que usted llama la expresión del federalismo, traducida en la facultad exclusiva del Senado para aprobar tratados.
El diputado Guillermo Pacheco Pulido:
Creo que no fue así licenciado.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano: (Desde su curul) Si no fue así, me lo precisará al dar respuesta a mis preguntas.
Mire usted, en la Constitución de 1824 se estableció como forma de Gobierno la República Federal y como facultad para aprobar tratados era el Congreso. En la Constitución de 1857, señor diputado, no había Senado, nada más había una Cámara y teníamos República Federal y,
luego la parte final, señor diputado, me llamó mucho la atención que recalcara en una frase, primero habla de los principios fundamentales del federalismo y luego dice: "Por ahora nos oponemos a la iniciativa por atentar contra esos principios fundamentales del federalismo".
¿Quiere decir que más adelante no, señor diputado? ¿Y podrá haber un cambio de criterio en la mayoría parlamentaria que usted representa? ¿Y cómo relaciona esto con la Constitución de 1824 y la Constitución de 1857? Gracias, señor diputado.
El diputado Guillermo Pacheco Pulido:
Lo que señalamos nosotros, decíamos que el Senado es una expresión del federalismo, no lo constituye el federalismo. Nosotros no dijimos nunca que el Senado es el federalismo, es una expresión.
La entidad federal corresponde desde su origen a cada uno de los estados y a través precisamente de ese pacto y se podría hablar de federalismo distinto en su origen al de Estados Unidos, al federalismo distinto a nuestro país, pero al fin y al cabo es la entrega que hace cada uno de los estados para que a través de la Constitución se integre un organismo a través del bicamaralismo.
Usted tiene razón en lo del proceso histórico, pero yo le diría que cuando se habla del Congreso y existía solamente la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados representaba al Congreso; eso dicen los autores, es problema de nomenclatura y yo creo que si nos vamos a los problemas de nomenclatura, pues muchos entenderíamos el federalismo de una forma y otros de otra forma.
Yo quisiera decirle en cuanto a su segunda pregunta, que las decisiones fundamentales de México sí son revisables. Y le podía dar un tema que a la mejor se ha dicho aquí y lo quiero decir a riesgo propio, no a nombre de la representación parlamentaria. Se ha hablado en la prensa de la revisión del artículo 82, yo le diría: ¡ese artículo es revisable!, ¡en este país nadie niega que sea revisable! ¿Qué es revisable mañana el federalismo?, ¡es revisable!, ¡mal haríamos nosotros en estarnos cerrando!
Yo lo que decía el día de hoy que no es suficiente un tratado para revisar una decisión fundamental como es el federalismo, eso es lo que nosotros tratábamos de explicar, si usted me dice que es revisable el federalismo sí puede ser mañana, que puede ser revisable otra decisión fundamental, puede ser revisable, es más no nos asustaría que mañana llegáramos a un parlamentarismo, es decir ya estamos en un momento en este país y en el mundo en que todo es revisable, yo le diría como respuesta última, el artículo 82 es revisable, eso sí en mi carácter responsable y como diputado en la revisión del artículo 82 yo daré mi voto en contra. Muchas gracias.
El Presidente:
Para contestar alusiones personales, tiene la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Martín Tavira Urióstegui.
El diputado Martín Tavira Urióstegui:
Señor Presidente; distinguidos legisladores:
En primer lugar, quiero agradecer las generosas expresiones de nuestro querido amigo, el diputado Guillermo Pacheco Pulido. Creo que los argumentos fundamentales han sido expuestos, pero para que el debate tenga realmente importancia y frutos, sería bueno que precisáramos nuestras posiciones respecto de algunas tesis que se han debatido. No hemos dicho que sólo porque tenemos el Tratado de Libre Comercio enfrente proponemos la reforma, el TLC; lo hemos puesto como un ejemplo importante, pero nada más. En segundo lugar, creo que seguir hablando de equilibrios y de no romper esos equilibrios es rememorar las viejas tesis que corresponden a la etapa en que florecía la física clásica y cuando las leyes de la física clásica era la moda del positivismo, se traían a los problemas de la sociedad, creo que hablar de esos equilibrios ya no es razón de ser, que esos equilibrios seguirán per secula seculorum, no tiene sentido, hay que buscar la forma entonces de que esos equilibrios entren a una nueva etapa.
Por otra parte, se dice que el régimen federal es un régimen de competencias, correcto, pero no ha sido contestada la pregunta, si nosotros aceptamos que la soberanía del pueblo se expresa a través de diversas competencias, entonces tenemos que llegar a esta conclusión: el Senado representa un aspecto de la soberanía nacional, entonces, el Pacto de los estados y, la Cámara de Diputados, representa la soberanía del pueblo. Es otra forma, aquella Cámara, aceptemos que así es, representa la soberanía de los estados, pero, por decirlo así, las diversas soberanías forman la soberanía, el pacto de la Federación que
está representado en el Senado y la Cámara de Diputados representa la soberanía del pueblo en su conjunto sin compartimientos, diríamos así si se permite, pero entonces pues si la soberanía del pueblo está distribuida de esta manera, ¿por qué ha de ser el Senado el que conserve la facultad de discutir los tratados internacionales? y ¿por qué la otra Cámara que representa también la soberanía desde otro punto de vista, ha de quedar ajena a este debate?
Por no romper el equilibrio, bueno. Esta pregunta no ha sido contestada. Finalmente hay un tema subsidiario, por decirlo así, que no se ha querido tocar, porque rompe con la tesis sacrosanta de que el Senado representa el pacto federal, me refiero a los senadores del Distrito Federal. Es la excepción.
El Distrito Federal no es Estado, ¿por qué entonces tiene senadores?, ¿qué representan esos senadores? Si es una excepción a la regla, que se diga por qué es excepción y si es conveniente que siga esa excepción, o si el pacto federal obliga a que el Distrito Federal sea convertido en un nuevo Estado para que ahora sí estemos con la lógica histórica, con la lógica dialéctica y con la lógica formal, es decir, que un nuevo Estado tiene ahora sus senadores como todos los estados de la Federación.
Se han puesto, por decirlo así, las cartas sobre la mesa, entonces tenemos que barajarlas y centrar el debate. Muchas gracias, señor Presidente; muchas gracias compañeros diputados.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Fernando Estrada Sámano, del Partido Acción Nacional.
El diputado Fernando Estrada Sámano:
No, señor Presidente; no, señoras y señores diputados; no señor diputado González Avelar.
He escuchado con respetuosa atención los argumentos esgrimidos en esta tribuna, he estudiado el dictamen puesto a consideración, debate y decisión de esta Cámara y, no señoras y señores, no me han convencido.
Vengo por tanto, más que a fijar posición como fuera anunciado, señor Presidente, a presentar a consideración crítica de ustedes; argumentos y razones para pedir el voto en contra del dictamen y por ende a sostener la posición, ahí sí, del partido al cual me honro en pertenecer, Acción Nacional y, de las dos iniciativas que presentáramos en la XLIX y LI Legislatura.
En primer lugar, el señor diputado González Avelar, quizá también incluidas distinguidas razones biográficas y de participación en procesos políticos, fue cuidadoso al señalar que él no encuentra cuestionamientos de fondo sobre la ratio legis y el equilibrio y el funcionamiento centenario del Senado en materia de aprobación de tratados, desde 1977 para acá.
Yo haría, don Miguel, respetuosamente, dos señalamientos simplemente ejemplificadores. Por una parte si el texto del dictamen en su página 31 señala que por más de 100 años ha sido funcional el ejercicio de las facultades constitucionales en esta materia por parte del Senado, podrían, creo yo, destacarse ejemplos e instancias históricas que pondrían en cuestionamiento la afirmación que simplemente se hace, como señaló el diputado Valero, ese texto del dictamen.
Un ejemplo sería el recordar el Tratado de Aguas y el eco de las voces distinguidas de estudiosos tratadistas mexicanos, que se pronunciaron en contra de la aprobación del Senado de ese tratado. Si mal no recuerdo las discusiones, en las que participaron entre otros Toribio Esquivel Obregón, Olea y Leyva y otros, sería en 1944, se pronunciaron, repito, en el sentido de la inconveniencia de que el Senado aprobara ese tratado, que preveía el uso de las aguas del río Colorado y su desembocadura y su utilización del lado mexicano y bien saben, particularmente los bajacalifornianos y tenemos que lamentar a muchos años de distancia, los graves daños sufridos en el área del Valle de Mexicali y sus alrededores, por los efectos de ese tratado que el Senado, en contra de voces opuestas, optó por aprobar.
Pero un segundo ejemplo, y éste posterior a 1977, sería muy reciente, en la pasada LIV Legislatura y a propósito de algunas de las disposiciones previstas en un posible Tratado de Libre Comercio, se registro un fuerte, un hondo, un serio debate sobre la conveniencia de que esta Cámara de Diputados intervenga en el proceso de análisis, debate, discusión y decisión aprobatoria de tratados internacionales.
De modo que el funcionamiento, supuestamente no cuestionado de estas facultades senatoriales durante un siglo, ha sido muy recientemente cuestionado y hoy se vuelve a hacer en esta Cámara. En ese sentido, la intervención del señor diputado Pacheco, más bien diría, en comparación
o en contraste con la del diputado González Avelar, que las razones del diputado Pacheco podrían contestarse como lo decían los lógicos latinos prome laboras, señor diputado. Precisamente por lo que usted dice, razón de más para que la intervención de la Cámara de Diputados sea decisoria en materia de tratados internacionales.
Quizá otros diputados estarían inclinados a traducir el latinajo con don Miguel, en un sentido mucho más mexicanizado: "No me defiendas, compadre"; porque precisamente porque la Cámara de Diputados tiene intervención a través de una serie de canales, de leyes y de mecanismos, en toda una serie de derivaciones que se siguen de los tratados internacionales, lo que estamos proponiendo es que la Cámara de Diputados, de manera formalizada, intervenga en esa variedad de mecanismos y de materias que se derivan de tratados internacionales.
Y a lo que se invita a la mayoría, de manera respetuosa, es que si como el diputado Pacheco afirma, están dispuestos revisar prácticamente lo que sea en esta materia, revisen ahora que es el momento y es el tiempo.
Por otra parte, hay veces en la oratoria parlamentaria y en el debate público político, el riesgo muy claro, constante, de la contradicción y me parece que el señor diputado Pacheco, en contestación a la interpelación del diputado Juan de Dios Castro, cayó en contradicción grave, porque dice que están dispuestos a revisar y al mismo tiempo afirma que hay elementos fundamentales del constitucionalismo y del federalismo mexicano y, de repente sucede que lo fundamental, lo esencial, lo permanente, ya no es fundamental.
Preguntaría al señor diputado Pacheco, si por ejemplo, como acaba de suceder en Brasil, estaría dispuesto a que en términos del 40 constitucional al que él hizo alusión, estaría él y la mayoría, dispuestos a que ese artículo se cambiara de forma tal que se pusiera a discusión una organización constitucional de tipo monárquico. Esto por una parte.
Por la otra, me parece que en contraste con la intervención del señor diputado González Avelar, se trata mucho más que de sólo connotaciones legislativas y, ciertamente no estamos hablando de pretendidas facultades, como él afirmó, si lo estoy citando con corrección.
El artículo 73 constitucional señala no pretendidas facultades, sino facultades expresas, muy claras, algunas de ellas citadas y mencionadas por el señor diputado Pacheco y, por otra parte, el señor diputado González Avelar, afirma que las iniciativas, después de todo, cinco de tres partidos distintos, en momentos históricos diferentes, simplemente responden a un deseo de adaptar o adecuar la Constitución al TLC, al Tratado de Libre Comercio y no al contrario y que esto es una actitud oportunística.
Yo creo que se trata de un problema mucho más amplio, más complejo y más de fondo, que hay áreas y zonas naturalmente opinables y discutibles y que lo de oportunístico, para usar el término utilizado por el señor diputado, es un saco que Acción Nacional no se pone, como de hecho, con honradez lo señala el texto del dictamen en su página seis, porque las iniciativas de Acción Nacional son anteriores a que se hablara incluso de algún tratado de libre comercio; corresponden a 1975, cuando tuve el alto honor de ser partícipe de la XLIX Legislatura, y en 1979, de modo que vamos mucho más allá que un solo tratado o un tratado en materia comercial.
Por lo menos la intención del Partido Acción Nacional en la presentación de esas iniciativas, no estaba dictada por una oportunidad política coyuntural, lo cual de ninguna manera quiere decir que admitamos que otros partidos han procedido inspirados por una orientación oportunística o que limiten su propuesta por lo menos como la percibo y la entiendo, sólo a un tipo de tratado.
Y habiendo dicho lo cual, afirmo a la vez y en el mismo sentido, que Acción Nacional no se delimita o no se margina de la necesidad de que esta Cámara de Diputados intervenga también y de manera actual y urgente, en el proceso de decisión del Tratado de Libre Comercio, como debe de hacerlo en otros en materia internacional.
En tercer lugar, naturalmente señoras y señores diputados, no es por un prurito que vengo a sostener y a reafirmar las posiciones de Acción Nacional en esta materia, expresadas en esta iniciativa, con las cuales he de señalar coinciden ahora otros partidos políticos.
Como ha señalado el doctor Paoli, el Senado no es único responsable del sostenimiento, la garantía y la defensa del Pacto Federal. Nosotros, ellos y nosotros, ambas cámaras, somos responsables del mantenimiento del orden constitucional, de la aplicación de la Constitución,
de la cual de manera esencial e inescapable, según por ejemplo el artículo 40, forma parte el Pacto Federal. Ambas cámaras tenemos esa responsabilidad política e histórica.
Desde otro ángulo, cada vez es mayor, como han acentuado otros oradores que me han precedido, es mayor la repercusión, el efecto, el producto que se registra en la vida concreta del pueblo, en la vida de personas humanas de carne y hueso, históricas, con necesidades, con demandas, con expectativas y con esperanzas, de tratados en materia internacional a cuyo cumplimiento se compromete el Gobierno de México y que llegan a formar parte de nuestras disposiciones legales.
Y es precisamente a esto, a mi ver, que en las páginas 20 y 25 los maestros Tena y Martínez Báez se refieren por lo menos a estar abiertos a analizar el tema. Cada vez es mayor el impacto en lo social, en lo económico, en lo comercial, en lo cultural y todas éstas y otras materias están previstas como facultades y como funciones en las cuales la Cámara de Diputados ha de intervenir.
Y es natural, porque la dicotomía entre la dimensión federal y la dimensión popular a que se hace alusión en el texto del dictamen y en la intervención de don Miguel, no pueden ser realidades fácilmente separables más allá de lo analítico.
Somos representantes de la nación y como parte del interés nacional, señoras y señores diputados, estamos obligados a tratar de prever y de medir el efecto en la vida de la gente, en la vida social, en la vida cultural, en la vida educativa, en la vida comercial, en la vida de vivienda, en la vida de bienestar general y del bienestar y del bien común del país. Son facultades claramente pertinentes y pertenecientes a esta Cámara de Diputados.
No es posible, dada esta mayor repercusión en la vida del pueblo, no es posible que en un mundo de integración creciente y rápida, siga habiendo referencias, criterios y marcos que son probablemente obsoletos, anacrónicos o por lo menos desfasados con la urgencia de los tiempos.
En el fondo entre una sociedad más informada, más autónoma y más democrática, también en materia de tratados internacionales y de sus efectos, me inclino naturalmente no por la exclusividad sino por la extensión de la información y de la presencia de la sociedad en los procesos de decisión.
Me inclino en ésta y en otras materias, a una participación cada vez más diversificada, más ampliada, más ágil, más flexible, más eficaz, del pueblo, que es el titular del Poder, en los procesos de decisiones que afectan su vida.
En este sentido, respetuosamente, don Miguel, no se trata de privar al Senado de facultades, sino de extender esas facultades más allá de la exclusividad y hacia la participación, hacia la presencia de la sociedad y hacia la representatividad política.
Me inclino en ésta y en otras materias, al pluralismo social y político representado de viva manera en esta Cámara. Me inclino, como se señalaría en la página 12 del dictamen, por lo menos en mi interpretación, a una combinación de la representación popular y de la representación, llamémosla así, federal. Que es posible en muchas otras materias ¿por qué, señoras y señores diputados, no también en ésta?
Me inclino por la representatividad democrática. Para mí, como para muchos mexicanos, creo yo afortunadamente, garantiza mucho más, da mucho más confianza la presencia informada, consciente, responsable, del pueblo y de sus representantes rurales, variados, encontrados, ricos, en los procesos de decisiones, que la reserva en exclusividad de esas decisiones que van a afectar la vida toda de México.
En este sentido también, finalmente, señoras y señores diputados, señor Presidente, para mi partido, Acción Nacional, el valor central de la soberanía, la garantía de este valor vital, la construcción, la defensa eficaz, la definición, el avance legítimo del interés auténticamente nacional, se defiende y se afirma y se adelanta mejor en un sistema democrático, esto es, en un sistema, entre otras cosas, en que el pueblo, a través entre otros canales de nosotros, de sus representantes, participe en las decisiones, en todas y cada vez más en más decisiones.
Con vistas a 1994. Un día después de que el doctor Aspe estuvo aquí y de que en los días por venir nos ocuparán otros asuntos de relevancia para el interés nacional y comprometidos, señor Presidente, como creo con honradez poder afirmar, lo estoy con ese interés de la nación, hay evidentemente diferencias de fondo, que tienen qué ver con una concepción y un proyecto de país y de futuro.
Sé perfectamente que la decisión que hemos de tomar en unos minutos no superará esas diferencias de fondo. Sí sugiero que en las semanas y meses que vienen y en el México de 1994, hemos de debatir con respeto, con verdad y con altura estas diferencias de enfoque, de fondo y lo que constituya el interés nacional para entre todos, señor presidente, señoras y señores diputados, construirlo, avanzado y defenderlo.
Estas señoras y señores, son las razones por las que me atrevo el día de hoy, a solicitar el voto en contra del dictamen puesto a consideración nuestra, y por las cuales el grupo parlamentario de Acción Nacional sostiene la validez todavía hoy y hacia el futuro, de lo que ha propuesto en el pasado en esta materia. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra, para contestar alusiones personales, el diputado Miguel González Avelar.
El diputado Miguel González Avelar:
Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Con brevedad para referirme a lo que el estimable amigo Estrada Sámano, ha comentado a propósito de mi intervención, que no es mía realmente, sino que es la interpretación tal vez no muy feliz, pero interpretación al fin, del dictamen que construyeron las dos comisiones unidas a las que se ha hecho ya aquí amplia referencia.
Dice él, que sí se ha cuestionado el Senado; que en 1944 a propósito de la Ley de Aguas o del tratado de aguas con los Estados Unidos, hubo una intervención objetándola, por parte de dos ilustres juristas cuya afiliación política no tiene por supuesto ningún sentido para el caso, don Toribio Esquivel y Obregón y el maestro Olea y Leyva y que luego ha habido también alguna objeción al Senado, en razón de que no debería tener las facultades exclusivas para aprobar los tratados, como ocurrió en la anterior Legislatura y como está ocurriendo en la cual. Pero aquí sí ya habló él de algunas figuras lógicas y ésta es típicamente una que "se muerde la cola", tal vez una tautología, un sorites, algunas de estas formas de la lógica clásica o formal porque bueno, si el debate es a propósito de que no debería participar en la aprobación exclusiva de los tratados, no es que se descalifique al Senado como tal, sino que se quiere ampliar esta función y esta función ampliarse a la Cámara de Diputados.
Yo creo, lo digo respetuosamente, que la clave de todo este problema por lo menos desde mi punto de vista, está en una lectura correcta del artículo 41 de la Constitución.
El artículo 41 dice, como saben todos: "El pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión en el caso de competencia de éstos y por los de los Estados en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos establecidos respectivamente por esta Constitución y por las particulares de los estados".
De modo pues, que la soberanía es una atribución o facultad del pueblo, que se ejerce a través de un sistema constitucional. No es que haya poderes más soberanos que otros, u órganos del Gobierno que tengan una carga de soberanía mayor que la que tienen otros poderes también establecidos por la Constitución e integrados legítimamente.
Desde ese punto de vista, el Senado es tan soberano como lo es esta Cámara o el Presidente, el Ejecutivo, es tan soberano como lo es la Suprema Corte y ésta a su vez como lo son los gobiernos de los estados. No es un problema de cuantum, no es un problema de qué proporción de la totalidad de la soberanía le corresponde a cada uno de los poderes, sino sencilla y simplemente que hay un sistema de distribución de competencias que en este momento es así. No es que al darle o al jalarle competencias un poder a otro se estén disputando fracciones o pedazos de soberanía.
Creo que esa lectura, según la cual la soberanía, siendo un atributo esencial del pueblo, se ejerce mediante un sistema que en este momento creemos nosotros, los del partido mayoritario en esta Cámara, que no es conveniente, no procede, no es una iniciativa feliz ahora por la sencilla razón, entre todas las que se han expuesto, de que el Senado ha estado funcionando bien en su tarea y segundo, de que no hay una revisión completa del sistema de competencias, es una mejor manera de ver el problema.
Y desde luego para aludir alguna expresión también de alguno de mis estimables compañeros del Partido de la Revolución Democrática, Ricardo Valero, aunque no me mencionó directamente, diré que sí vemos con mucha consideración, con mucho respeto, las iniciativas. Yo reconozco en ellas un propósito de progreso. Entiendo que eso es lo que mueve y no una perversidad a los que han hecho estas propuestas. Naturalmente que no, eso por descontado.
Lo que estimo es que la valoración que hemos hecho del problema nos ha llevado a la conclusión de que así como están planteadas, de que ahora que se plantean o desde 1979, para acá que se plantearon no convencen; ahora sí, don Fernando, no convencen tampoco a la mayoría. Gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Héctor Ramírez Cuéllar, del Partido Popular Socialista.
El diputado Héctor Ramírez Cuéllar:
Señor Presidente; compañeros diputados:
El señor diputado Guillermo Pacheco Pulido hizo una intervención en la que apoyó la propuesta presentada por distintos partidos, pero al final llegó a una conclusión distinta.
Si nosotros recordamos la propuesta del señor diputado, vemos que va señalando todas las atribuciones que en materia económica tiene la Cámara de Diputados y que están muy relacionadas con la aprobación de tratados comerciales, principalmente. Pero llega al punto, en forma contradictoria, a mí juicio, de no inclinarse porque la Cámara de Diputados intervenga en esta materia.
En efecto así es. La Cámara de Diputados, dentro de la distribución de competencias de ambas cámaras, tiene tal conjunto de atribuciones y facultades que interviene en todas las áreas conexas, cercanas o inmediatas, a los tratados internacionales de carácter comercial, por ejemplo, ya que puede legislar en materia de inversiones extranjeras, de comercio exterior, de aranceles, puede fijar los impuestos, puede aprobar el presupuesto y, en general, las materias en las que están relacionados los tratados internacionales.
Pero él llega a una conclusión distinta, después de habernos dado la razón con su argumentación.
Efectivamente, en este momento se plantea que los que proponemos que la Cámara de Diputados pueda también participar en la aprobación de los tratados internacionales, estamos tratando de vulnerar el orden jurídico federal y nada más lejos de nuestra intención.
Coincido en este punto con lo planteado por el diputado González Avelar de la integridad o integralidad que tienen las facultades de ambas cámaras, de que no se trata de quitarle a una para darle a otra, sino se trata de discutir cuál es el mecanismo constitucional más conveniente para aprobar tratados internacionales. Yo diría, primero tratados comerciales y luego tratados en general, ¿cuál es en el marco de este conjunto de competencias, el camino que se considera más adecuado para la aprobación de estos tratados?
En este momento nosotros no estamos planteando, por ejemplo, la desaparición del Senado, que pudiera provocar otra discusión. Estamos planteando un reacomodo, una reubicación de las facultades que tiene el Congreso de la Unión en materia de tratados internacionales.
Quiero señalar a ustedes que en América Latina existe un proceso de fortalecimiento de la Cámara de Diputados, de la Cámara popular en detrimento del Senado, que puede ser por nombramiento, por designación; hay senados vitalicios o que puede ser un órgano formado por métodos de elección directa. Independientemente de la forma como se integra el Senado en América Latina, por ejemplo en Venezuela, el Presidente de la República es después nombrado senador vitalicio; independientemente de la forma de integración, la tendencia general es a fortalecer las cámaras de diputados, las cámaras de representantes, que son las que atienden los problemas fundamentales del país.
Hemos presenciado un verdadero resurgimiento del Poder Legislativo en América Latina con los enjuiciamientos de los presidentes de Brasil, de Venezuela, con otros acontecimientos similares en la República Dominicana, en Colombia, en Argentina, en donde incluso diputados que pertenecían al mismo partido del Jefe de Estado, han asumido una posición independiente, una posición constructiva, de verdadero equilibrio y digna frente al Jefe de Estado y lo han llevado al grado de sentarlo en el banquillo de los acusados.
Esta tendencia de fortalecer a las cámaras de diputados en América Latina, no puede ser ignorada como una realidad de nuestro tiempo por esta Cámara de Diputados.
Pero más aún, en Europa. En Europa los congresos están debatiendo el Tratado de Maastricht y cuando han considerado que éste no es el procedimiento limitado, han recurrido al plebiscito como una forma de consulta popular mayor que supere posibles limitaciones que llegaren a tener los
órganos representativos de los países del viejo continente. Y se ha llegado ya a la formación de un Congreso de Diputados europeos al que concurren representantes de muy distintas corrientes que hay en esos países.
Esto quiere decir que un país no puede cerrarse porque la norma legislativa así lo indique, a explorar nuevos procedimientos, nuevos caminos para la aprobación de tratados.
Y hay de tratados a tratados, particularmente en la era moderna, nos interesan los tratados comerciales porque al parecer son los tratados que van a dirigir al mundo en los próximos años, el Tratado de Maastricht será determinante para el destino de Europa, para el futuro por varias décadas, ahí estará señalado el destino del Viejo Continente y se podrá imponer a Europa un camino en la integración económica y podrá estar dirigido a los destinos de millones de seres humanos del Viejo Continente. No cabe duda que hay de tratados a tratados, nadie puede ignorar la enorme trascendencia del Tratado de Maastricht, nadie puede ignorar la enorme importancia que tendrá para México el Tratado de Libre Comercio y nadie puede separar este tratado con un eventual tratado continental de Libre Comercio que se firme en el contexto de la iniciativa de las Américas propuestas por el Gobierno norteamericano.
¿Qué acaso no estamos observando convenios internacionales en Cono Sur, entre Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay para explotar conjuntamente recursos naturales? ¿Qué acaso no hay un proceso de integración en los países del Pacto Andino que conllevan la firma de tratados internacionales? ¿Qué acaso podemos ignorar que cerca de nosotros hay un proceso de integración muy avanzado en Centroamérica y que todo esto puede concluir en un Tratado de Libre Comercio a nivel continental bajo la égida de los Estados Unidos? Pienso que es esto lo que nos debe preocupar porque tenemos que confrontar esas realidades, esas expectativas con el funcionamiento de nuestro sistema bicamaral.
En el Senado de la República sólo hay dos senadores de la oposición y de ellos sólo uno ha expuesto críticas al Tratado de Libre Comercio, indudablemente que dada la composición política del Senado de la República, dado el desequilibrio tan notable, el examen de los tratados en esas condiciones, tiene que ser un examen limitado, forzado, dado que no hay una representación de la aposición del pueblo en la Cámara de Senadores como sí la hay en la Cámara de Diputados.
Yo estoy convencido que si el Tratado de Libre Comercio se hubiese examinado en la Cámara de Diputados con la composición que esta tiene, sería un tratado discutido, capítulo por capítulo, enriquecido por distinguidos señores diputados que han hablado de este tratado porque hay condiciones de una mayor representación de las fuerzas políticas y sociales en la Cámara de Diputados que en la Cámara de Senadores. Esto puede explicar en parte por qué cuando esta Legislatura envió la Ley Orgánica de la Cámara, del congreso de la Unión, fuera rechazado por la Cámara de Senadores, porque aunque no compartimos el fondo del rechazo de esta Ley Orgánica, sí entendemos que la composición del Senado es muy diferente a la composición de la Cámara de Diputados y se refleja en esta actitud que ya he comentado.
Pensamos nosotros, que no se afecta el sistema federal haciendo compatible una facultad que tiene la Cámara de Senadores, con la Cámara de Diputados. No podría ser así porque múltiples facultades son compartidas por las dos cámaras y eso nunca ha implicado opinar que se vulnera el sistema federal porque la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores comparten el ejercicio de facultades.
Hoy en día, la única facultad importante que tiene la Cámara de Senadores es el control de la política exterior, porque la Cámara de Diputados tiene las atribuciones más importantes para la vida del país, señaladamente, las atribuciones de orden económico y hacendario que ya no comparte como antes lo hacía, con la Cámara de Senadores.
Fue sabia, fue correcta la reforma política del presidente López Portillo, cuando le otorgó a esta Cámara la mayor parte de las facultades de orden económico que hoy tiene y se las retiró a la Cámara de Senadores y esto no implica, no implicó una vulneración del régimen federal, al contrario, diríamos, al contrario, luchamos por la plena vigencia del régimen federal.
No deseo entrar yo a polemizar aquí, porque el compañero Martín Tavira ya lo señalo, cuál es la representación que tienen los senadores y cuál es la que tienen los diputados, pero es evidente que los tratados comerciales, básicamente los del orden comercial, tienen repercusiones primero de orden económico cuyas materias ni siquiera examina la Cámara de Senadores, porque son competencia de la Cámara de Diputados.
No cabe duda que estos tratados tienen mucho que ver con nuestras facultades para fijar
impuestos, para aprobar la Ley de Ingresos, para aprobar la Ley de Egresos y para aprobar la política económica implícita en la Ley de Egresos; hay una conexión estrecha, profunda, entre estas leyes que aprobamos aquí y los tratados de orden comercial como el Tratado de Libre Comercio.
Yo hago esta pregunta: ¿por qué si la Cámara de Diputados puede hacer todo esto, puede incluso fijar las normas del comercio exterior, puede determinar aranceles y estar en el campo de los tratados comerciales internacionales? Puede hacer lo más, ¿por qué esta Cámara no puede hacer lo menos que es la aprobación de los tratados que representan el corolario, el resultado de estas leyes a las que ya he señalado?
¿Por qué la Cámara de Diputados se detiene al punto de fijar aranceles y no puede aprobar un tratado de orden comercial, porque así fue determinado históricamente porque así se consideró que era lo más conveniente? Pero eso fue en la historia del país.
En la vida de México, difícilmente encontramos un tratado de la trascendencia que tendrá el Tratado de Libre Comercio, porque será una trascendencia que rebasará a esta Cámara de Diputados, a este Gobierno y puede marcar el futuro del país para las próximas décadas.
Ha habido tratados cruciales en la vida de México, cierto; tratados en donde estaba en peligro su soberanía, donde había de por medio una agresión militar, pero este tratado involucra la vida de México por muchos años y la involucra para todos los mexicanos, independientemente de filiaciones políticas y de clases sociales.
Este no es un tratado más como tantos que ha suscrito la Cámara de Senadores, es el Tratado de los tratados, porque involucra las partes fundamentales de la economía nacional y, por lo tanto de la sociedad mexicana, para el futuro, para las próximas décadas, cuando ya el actual Gobierno haya dejado de tener funciones.
Cuando nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande por adecuar la legislación nacional al Tratado, viendo de esta forma la trascendencia de este tratado, la Cámara no tiene atribuciones, solamente se limita a opinar, a escuchar, mientras que el Senado de la República realiza el trámite de orden constitucional.
Hay en este momento en América Latina, también un proceso de integración legislativa a nivel internacional, porque el primer paso se dará con el Tratado de Libre Comercio y sus implicaciones legales para México, pero los procesos de integración entre Argentina, Brasil, Paraguay, están tratando de establecer convenios de orden internacional que después se liguen a un tratado de orden general, que involucra las soberanías de todos los países de América Latina por un largo tiempo.
La propuesta del Gobierno norteamericano de crear una zona de libre comercio, de libre movimiento de capitales, es el primer paso México, pero se está dando en el cono sur, se está dando en Centroamérica, hasta generar las condiciones, primero económicas y luego políticas, para un tratado general de libertad de capitales y de libertad de mercancías.
Esta eventualidad legislativa tiene que ser prevista por la Cámara de Diputados, porque el propósito de esta estrategia global, es la uniformización legislativa de todos los países de América Latina. Todos los países que firmen este tratado general del continente, tendrán que adecuar su legislación al Tratado de Libre Comercio que impondrán los norteamericanos para el futuro de nuestro Continente y ese tratado de orden general, tendrá implicaciones sociales muy grandes, en donde con seguridad se van a involucrar los parlamentos de cada país.
Mientras la Cámara de Diputados y la de Senadores tengan la composición desigual que tienen, la alternativa más adecuada, vista esta perspectiva, sería la de otorgarle la aprobación del tratado a la Cámara de Diputados y no a la Cámara de Senadores, a menos que hubiese una forma política que le diera credibilidad, representatividad política y social a la Cámara de Senadores, a menos que en el marco de la actual reforma electoral, se encontrara un mecanismo que permitiera una representación social, no una representación formal de los estados, sino social y política en la Cámara de Senadores.
De no ser así, de continuar esta disparidad en la composición de ambas cámaras, preferiríamos nosotros que las atribuciones económicas fundamentales, las tuviese la Cámara de Diputados y no la Cámara de Senadores. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución democrática.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar:
Con su venia, señor Presidente; estimamos compañeros legisladores:
Azares del destino a los que ustedes y un servidor somos ajenos, hacen que intervenga ante esta honorable Cámara de Diputados, en momentos en que la mayoría de nuestros estimados e ilustres representantes de la nación están resolviendo sus problemas alimentarios. Nuevamente se pregunta uno la pertinencia de que no se estén aplicando algunos acuerdos de práctica reglamentaria, relativos a un receso que permita un adecuado desarrollo de nuestras sesiones, sin la natural interferencia o el vacío que numerosos espacios de nuestra Cámara presentan en este momento por las razones aludidas.
¿Por qué empiezo por una reflexión tan irrelevante, dirán ustedes, cuando estamos debatiendo algo que compete al futuro de México y de las generaciones que nos seguirán? Precisamente por ello, porque esta discusión sobre atribuciones de la Cámara de Diputados en materia de tratados internacionales, debiera estar en el centro de un gran debate nacional. Más aún, no solamente lo dijimos hace apenas unos días, no solamente debiéramos debatir sobre las atribuciones de la Cámara de Diputados en materia de tratados internacionales, sino sobre otro aspecto que, nuestro partido ha presentado una iniciativa de reformas constitucionales y es la participación del conjunto de los ciudadanos mexicanos en una decisión de esta trascendencia, me refiero a lo relativo a una votación popular, por la vía de un referendum, donde el pueblo mexicano expresara su opinión al respecto.
Pero bien, hechas estas digresiones, entremos en materia.
Ya se ha dicho aquí, por otros destacados diputados que me han antecedido en el uso de la palabra, que el Congreso de 1824, al igual que el de 1857, que aludía a un contexto unicamaral, pero también al de 1917, daba facultades al Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en materia de ratificación de tratados, particularmente el artículo 133 de la Constitución de 1917, decía de manera precisa lo siguiente: "Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados hechos y que se hicieren por el Presidente de la República, con la aprobación del Congreso, serán la ley suprema de toda la Unión".
Y por si hubiera alguna duda, el artículo 89 del Constituyente de 1917, establecía también de manera precisa, que las facultades y obligaciones del Presidente, decía: son las siguientes y en la fracción X sostenía dirigir las negociaciones diplomáticas y celebrar tratados con las potencias extranjeras sometiéndolos a la ratificación del Congreso federal.
Y distinguidos tratadistas, distinguidos analistas de estos problemas han comentado que las facultades genéricas que se otorgaban de manera exclusiva al Senado en el propio Constituyente de 1917 se referían a convenciones diplomáticas y tratados que se reducían en lo fundamental a este tipo de elementos de corte diplomático.
Por ello es que la iniciativa del Partido de la Revolución Democrática distingue lo que son propiamente convenciones diplomáticas que se mantendrían en nuestra propuesta como facultad exclusiva del Senado y lo que se refiere a los tratados propiamente dichos, en donde esto sería facultad del Congreso General; es decir, sería una facultad bicamaral.
Pero hay más, estimados legisladores: después de la erudita y profunda exposición que han hecho aquí estimados diputados, como nuestro compañero Ricardo Valero, Martín Tavira, el estimado diputado del Partido Acción Nacional, que nos antecedió en el uso de la palabra, quisiera referirme a otras vertientes en esta discusión sobre facultades constitucionales de la Cámara de Diputados en materia de aprobación de tratados.
Resulta, estimados legisladores, que por una expresa facultad que establece el artículo 73 constitucional, ambas cámaras tienen una precisa atribución en materia de fijación de contribuciones sobre el comercio exterior, pero también, tienen atribuciones, según la fracción XXIX, para el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales, así como sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros y sobre legislación en materia de contribuciones sobre energía eléctrica y otros puntos. Además, la propia Constitución vigente establece facultades al Congreso General para expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico y social, para expedir leyes sobre programación, promoción, concertación y ejecución de acciones de orden económico, para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana, regulación de la inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional y otros elementos.
El fondo del asunto que yo quisiera exponer ante ustedes, ante esta concurrencia que
heroicamente resiste los embates de sus necesidades alimentarias, es lo siguiente: estimados legisladores, el Tratado de libre Comercio, como lo hemos expuesto a lo largo de discusiones que hemos tenido en esta LV Legislatura, contiene un conjunto de disposiciones que afectan el centro de lo que podríamos llamar el derecho económico mexicano, aspectos esenciales sobre energía, seguros, inversión, regulación del mercado de valores, competencia, monopolios, empresas estatales, aranceles, contribución del comercio exterior y en general el conjunto de la vida económica de México van a ser afectados por las disposiciones del Tratado de Libre Comercio.
Mas para quien tenga alguna duda de lo que esto significa, el artículo 302 del Tratado de Libre Comercio, dice de manera tajante, casi diríamos lapidaria, dice así el artículo 302 en la fracción I: "Salvo que se disponga otra cosa en este tratado, ninguna de las partes podrá incrementar ningún arancel aduanero vigente ni adoptar ningún arancel nuevo sobre los bienes originarios" y añade: "Salvo que se disponga otra cosa en este tratado, cada una de las partes eliminará progresivamente sus aranceles aduaneros sobre bienes originarios, en concordancia con sus listas de desgravación incluidas en el anexo 302.2, o como se disponga en el anexo 320. Y resulta, estimados legisladores, que cuando examinamos estos importantísimos anexos, nos encontramos que en el anexo 302.2 establecen en su primera fracción que hay cinco categorías de desgravación arancelaria, el punto "A" define los productos de los tres países que serán totalmente desgravados el 1o. de enero del año 1994; el segundo, define aquellos que serán totalmente desgravados el 1o. de enero de 1998; el tercero define los que serán desgravados a partir del 1o. de enero del año 2003 y, finalmente, aquellos que serán desgravados el 1o. de enero del año 2008.
¿Por qué a estos aspectos que pudieran parecer elementos secundarios les damos tanta importancia?, porque, estimados legisladores, si este Tratado de Libre Comercio es aprobado por el Senado de la República Mexicana y si fuera aprobado por los órganos legislativos de los Estados Unidos y Canadá, prácticamente se estará abrogando la facultad constitucional que tienen ambas cámaras de los Estados Unidos Mexicanos para establecer y regular contribuciones sobre comercio exterior; en otras palabras, se está estableciendo en este Tratado de Libre Comercio un compromiso de desgravación arancelaria que tiene qué ver con los próximos 15 años a partir de 1994 de la vida nacional y en consecuencia, una facultad fundamental que la Constitución define en materia de regulación de contribuciones del comercio exterior es lisa y llanamente abrogada.
Esta es una facultad bicamaral, precisamente definida en la Constitución, en la Constitución vigente y un grupo de senadores, sin consulta con la Cámara de Diputados, que es colegisladora en materia de definición de impuestos y aranceles al comercio exterior, va a ser obligada, casi diría, amordazada, en los próximos 15 años a partir del año 1994, si este Tratado de Libre Comercio lo ratifica el Senado, a no tener facultades precisas, explícitas, definidas, en materia de regulación de los impuestos al comercio exterior.
Pero como si esto no fuera suficiente, la cancelación y anulación de facultades soberanas que como colegisladora tiene la Cámara de Diputados en materia de fijación de aranceles al comercio exterior, resulta también que la Constitución vigente define nuestras propias facultades en materia de regulación y control de la inversión extranjera y en materia de regulación y control de la inversión nacional.
¿Y qué nos dice un Tratado de Libre Comercio que presumiblemente puede ser aprobado por los 61 senadores del grupo mayoritario?, que se da trato nacional a la inversión extranjera y nos define que en materia de energía hay una facultad precisa para que empresarios extranjeros de los dos países signatarios del tratado puedan invertir en el sector de termoeléctricas e hidroeléctricas.
Y define también un plazo preciso, nítido, a través del cual podrán intervenir corporaciones financieras de Estados Unidos y Canadá en nuestro mercado financiero, en bancos, en compañías de seguros y en bolsa de valores, hasta nos da tiempos y porcentajes en que los extranjeros podrán establecer estos controles; leyes sobre bancos, sobre seguros y sobre bolsa de valores de los cuales nuestra Cámara de Diputados es colegisladora.
Entonces, de aprobarse este Tratado de Libre Comercio, la Cámara de Senadores está legislando a futuro sobre aspectos que competen a las dos cámaras y está quitando a nuestra condición de diputados federales la posibilidad de establecer regulaciones específicas en materia de lo que es propiamente los aspectos del tratado.
Si quisiéramos en el futuro establecer una normatividad específica para promover por ejemplo la industria textil o una normatividad particular para áreas como el sector automotriz, nos
encontraríamos con una sorprendente constatación: que nuestras leyes, aun en caso de que una diferente composición de la Cámara de Diputados quisiera expedirlas para promover nuestra industria automotriz o textil, se enfrentaría a un muro y el muro es este documento del Tratado de Libre Comercio.
¿Por qué?, porque de manera precisa, nítida, detallada, está definido lo que sucederá en nuestra industria textil y automotriz los próximos 15 años, pero con el rango de Tratado Internacional, bajo la materia de lo que es convenciones diplomáticas regidas por la Convención de Viena y en donde además se quiere dar a este documento, que pretenden aprobar 61 senadores, el rango de ley suprema de la unión.
En estas condiciones, cuando facultades fundamentales en materia de rectoría económica del Estado, de promoción del desarrollo económico, de regulación de la inversión extranjera, de establecimiento e imposición de aranceles y de muchos aspectos más que son facultades bicamerales, precisamente definidas en la Constitución como facultades bicamerales. Se quiere imponer una camisa de fuerza a la Cámara de Diputados, para que sobre esto abrogue su facultad autónoma de legislar y se pretende entonces que una Cámara, en este caso la de Senadores, de escasa representatividad política, aunque formalmente estén ahí quienes integran el Pacto Federal como sectores representativos. Pero se quiere que esta Cámara apruebe disposiciones que en la práctica anulan un conjunto de facultades bicamarales del 71 constitucional, evidentemente nuestro grupo parlamentario al igual que otros grupos parlamentarios, no puede estar de acuerdo.
Más aún cuando sostenemos que en ésta y en otras materias hay violaciones constitucionales. Durante meses hemos encontrado oídos sordos del Gobierno y del partido mayoritario, ante la denuncia de violaciones constitucionales que hemos hecho, que contiene el Tratado de Libre Comercio y nos parece inaudito, cuando en este país llevamos años discutiendo el Tratado de Libre Comercio, cuando en este país en la campaña electoral de 1991, fue uno de los centros de debate, cuando las diferentes fuerzas políticas han expuesto de manera clara y contundente en todos los rincones de la nación, sus posiciones frente al Tratado de Libre Comercio que el señor Serra Puche, secretario de Comercio de nuestro país, en una entrevista a la revista Cambio 16, publicada el 24 de mayo del presente año, a pregunta explícita que el periodista le formula, sobre las críticas al Tratado de Libre Comercio y a su proceso de ratificación, ¡oh sorpresa!, Serra Puche dice: "En México no hay críticas al Tratado de Libre Comercio".
¿Qué acaso nunca ha escuchado lo que hemos discutido en esta Cámara, desde hace años? ¿Qué acaso no ha escuchado lo que se ha expuesto en calles, caminos y en todos los sectores de este país? ¿En expresión pública de ideas? ¿Qué acaso no ha escuchado las intervenciones del senador Porfirio Muñoz Ledo, del senador Robles Garnica, e intervenciones que ha hecho bajo diferente y propio punto de vista el senador por Baja California Norte? ¿Qué acaso no ha escuchado las opiniones claras, contundentes, que desde 1990 ha hecho quien fuera presidente nacional de nuestro partido, Cuauhtémoc Cárdenas? ¿Qué no ha escuchado la opinión que el distinguido político del Partido Acción Nacional, José Angel Conchello, ha expuesto al respecto? ¿Qué nunca se enteró que existe en México la red mexicana de acción frente al Tratado de Libre Comercio? ¿Las opiniones que el Partido Popular Socialista, que el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y que otros sectores han expuesto?
Eso significa un actitud de cerrazón política que no puede ser aceptada en nuestra República. Decir de manera tajante, lapidaria, que en México no hay críticas al Tratado de Libre Comercio, es desconocer una realidad política esencial y eso está publicado, revista Cambio 16, editada en Madrid, fecha 24 de mayo de 1993.
Peor aún, pareciera que además de las razones formales que aquí se han expuesto para impugnar la participación de la Cámara de Diputados, en la discusión del Tratado de Libre Comercio, hay una razón que no se dice en voz, es el problema del debate público, del diálogo nacional, de la confrontación de ideas y el enriquecimiento de propuestas.
Ya aludía a esto el diputado Ramírez Cuéllar. Pero es evidente, axiomático, diríamos nosotros, que la representación política de fuerzas plurales en está Cámara de Diputados, cualitativa y cuantitativamente mayor de la que encontramos en el Seno de la República. Evidentemente, como lo mostró el debate del 27 constitucional y muchos otros importantes debates que hemos tenido en esta LV Legislatura, que algunos han calificado de histórica, muestra que aquellas propuestas que consideramos que van en contra del interés nacional, exigen un análisis profundo, serio y detallado. No son las mismas condiciones en las que tendrán que debatir el Tratado de
Libre Comercio dos senadores del Partido de la Revolución Democrática y un senador del Partido Acción Nacional, a las condiciones en las cuales nuestra Cámara de Diputados podrá hacer esta discusión.
Pero me adelanto aquí a un argumento que está expuesto en el dictamen y que ha sido expuesto en tribuna por los legisladores del PRI. ¡No señores!, no estamos solamente pidiendo facultades bicamarales en lo referente al Tratado de Libre Comercio, ¡no! Tal como se expuso previamente, México está inmerso en un proceso de negociaciones económicas internacionales extremadamente diverso y complejo que afecta a todos los rincones de la patria y a todos los sectores productivos.
En algún momento de los próximos meses será culminada, esperamos, la negociación de la Ronda Uruguay del GATT, punto que casi no ha recibido atención de la opinión pública, pero que la igual que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, puede afectar el conjunto de la estructura productiva del país. Y este tratado no estamos de acuerdo desde ahora en que pudiera ser únicamente discutido y, en su caso, aprobado por el Senado de la República.
Con nuestra identidad ciudadana, en nuestra condición de investigador universitario, en los años ochenta impugnados con identidad ciudadana, las facultades exclusivas que el Senado se dio en materia de la discusión del ingreso de México al Acuerdo General de Aranceles y Comercio. Seguimos impugnando esas atribuciones exclusivas. Pero también están en puerta negociaciones de capital, importancia que pueden terminar en un Tratado de Libre Comercio con Colombia y con Venezuela. Ese tratado debemos discutirlo los diputados mexicanos y debe ser sometido a consulta nacional.
También puede avanzarse en próximos meses o años hacia un acuerdo específico, con rango de tratado internacional con los países del Mercosur. Y decimos que esta Cámara de Diputados y el pueblo deben ser consultados y tener facultades de decisión.
Y en este momento está vigente un acuerdo marco de complementación económica con la Comunidad Económica Europea. Pero ya ha expuesto el Secretario de Relaciones Exteriores y altos funcionarios de las comunidades europeas su voluntad de avanzar hacia la conversión del acuerdo marco de complementación económica con la comunidad europea en un tratado internacional.
¿Quién va a aprobar ese tratado? ¿sesenta y un senadores, precipitadamente reunidos para aprobarlo? ¿O el consenso nacional y el diálogo que se puede lograr en la Cámara de Diputados en consulta a la nación?
Nosotros decimos: ¡esto debe ser materia, tal como lo es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y otros tratados de discusión y debate en esta Cámara de Diputados, con el pluralismo y las facultades que le competen!
Pero hay, más. Se está hablando también de un marco de negociaciones con los países de la Cuenca del Pacífico y una vez más este tratado de importancia decisiva, por ejemplo para aquellos estados de la República Mexicana que están precisamente en las costas del Océano Pacífico, serán decididas solamente por los senadores.
Y un punto al que acoto de inmediato a lo expuesto anteriormente. El Partido de la Revolución Democrática es un partido federalista. Pero entendemos el federalismo político, económico y social. No es una expresión vacía de representaciones políticas sin contenido fundamental y la Cámara de Diputados es tan federalista como es la Cámara de Senadores, porque es expresión de la diversidad regional, de la diversidad étnica y de la diversidad cultural de nuestro país.
Y desde el momento en que el Constituyente reconoció facultades a la Cámara de Diputados en materia de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación y de la Ley de Ingresos y que posteriormente se reconocieron facultades exclusivas en presupuestos de egresos, hay ahí un componente fundamental de federalismo en materia económica.
¿Qué más federal puede haber que aquello que será precisamente la columna vertebral de la política económica de un Gobierno, que es su política fiscal y su política de gasto público?
Evidentemente esta Cámara de Diputados es expresión de un federalismo renovado en el marco bicamaral que consolida nuestras instituciones republicanas.
Por ello es que consideramos que la precipitación y la forma que consideramos irreflexiva con el que el grupo mayoritario elaboró este dictamen, que por cierto fue hecho ante una excitativa que formulamos en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en un plazo récord de 20 horas se tuvo el proyecto de dictamen y 20 horas después se estaba aprobando.
Repetimos, esta decisión irreflexiva de elaborar y aprobar un dictamen que hoy se somete a nuestra consideración, afecta a las bases mismas constitutivas de nuestra base republicana y base federalista. Porque no puede ser congruente que por un lado se venga a esta tribuna a cantar loas al federalismo, a cantar loas al Senado y, se esté prácticamente dejando la puerta abierta para que un pequeño grupo de representantes de distintos estados de la Federación, pero que no expresa la pluralidad que tiene nuestra Cámara de Diputados, apruebe un Tratado como el de Libre Comercio o en el futuro apruebe otros más, que atentan contra las bases constitutivas del federalismo económico y social de la República Mexicana.
El Gobierno de la República, aunque no quiere escucharnos en este momento, tendrá la responsabilidad histórica de haber apoyado e impulsado un tratado que ademas de contener violaciones constitucionales, está afectando sectores productivos enteros.
¡Qué no nos engañen con que habrá protección para maíz y frijol! Será una protección descendente y sólo será la muerte lenta de millones de productores maiceros y frijoleros. Pero muchos otros productores agrícolas de la República van a ser afectados desde el 1o. de enero del año 1994, si es que el tratado es ratificado por los tres países, por medidas que prácticamente significa la desaparición o exclusión de ramas productivas completas.
Y esa decisión aberrante de otorgar trato nacional a empresas extranjeras, que se complementan con ese anticonstitucional artículo 9o. de la Ley de Nacionalidad, en donde genéricamente cualquier transnacional que se domicilie en México puede recibir el "status" de persona moral mexicana, va a tener consecuencias nefastas para nuestra independencia económica y nuestra independencia social.
El otorgar genéricamente la facultad de controlar a entidades extranjeras, bancos, seguros y casas de bolsa, como se pretende en el tratado y las nuevas leyes que discutiremos, también va a tener consecuencias extremadamente negativas.
Y que no se esconda la actitud gubernamental de un ropaje de defensa de la soberanía. ¿Cuál defensa de soberanía?, decidimos nosotros, cuando se aceptó un panel de solución de controversias comerciales que está en este tratado ya firmado por los titulares del Ejecutivo, que prácticamente significa establecer un poder trinacional en materia comercial, donde una decisión de ese panelista de tres países será obligatoria para cada una de las partes signatarias, donde prácticamente se establece por encima de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una condición supranacional a estos panelistas para decidir cuestiones que afectan nuestra soberanía.
¡Claro!, asustado de la magnitud de esa decisión ya tomada en materia de panel de solución de controversias, tiene preocupación el Gobierno que algo semejante se quiera aplicar en materia ecológica y en materia laboral y se den facultades de intervención a una Comisión Trinacional Ecológica que pueda imponernos sanciones comerciales si uno de los signatarios de este tratado considera que estamos violando x ó z normatividad.
Pero ya fue aceptada una violación de soberanía en el marco del panel trinacional para resolver disputas de carácter comercial. Hay afectación de soberanía cuando se anula la posibilidad de establecer nuestros propios niveles arancelarios, donde la regulación de la inversión extranjera escapa de nuestras propias facultades y posibilidades.
Por eso lo decimos aquí en voz alta, ¡que escuche el Gobierno de la República y que escuche el licenciado Serra Puche!: ¡sí habemos mexicanos, plurales y diversos, cada uno con su propio enfoque y posición, que cuestionemos el Tratado de Libre Comercio! ¡Que no nos acusen de autárquicos o de aislacionistas! ¡Sí queremos buenas relaciones económicas con Estados Unidos y con Canadá y con el resto del mundo y sí estamos de acuerdo en tratados, pero con respecto a nuestra soberanía, a nuestra independencia y con defensa del interés nacional!
Pero que no asuma el Gobierno la actitud arrogante de no reconocer las impugnaciones fundadas que estamos haciendo a este tratado y que no puede ser compatible con la voluntad de reforma política, que al menos de manera declarativa está exponiendo el Gobierno y el partido mayoritario, en negar a la Cámara de Diputados facultades en materia de aprobación de tratados.
Un último punto. Se nos dice casi como premio de consolación: ¡Ah, pero tendrán las leyes secundarias, para que ustedes las discutan y aprueben! Como si esto fuera una especie de concesión. No es una concesión, es facultad constitucional que tenemos. Pero lo que no se dice es que a lo largo de estos 18 meses de la LV Legislatura
ha habido un conjunto de leyes que aunque no se ha reconocido explícitamente que son reglamentarias de capítulos y de artículos del Tratado de Libre Comercio, en los hechos lo son; lo demostramos en la discusión de Ley de Competencia Económica, lo demostramos en la discusión de Ley de Energía Eléctrica, lo demostramos en la discusión que hubo sobre bosques y selvas y en las discusiones que ha habido tan recientes como la de Ley de Nacionalidad.
Hay un conjunto de leyes en materia de bancos, en materia de casas de bolsa, en materia de seguros y de muchos puntos más, que son, técnicamente hablando y para eso están los diarios de debates donde lo sostuvimos, reglamentarios de artículos o de fracciones de artículos del Tratado de Libre Comercio, sin que, por el contrario, se nos reconozcan facultades para discutir el conjunto del tratado con el fundamento y la solidez de plenas atribuciones en materia constitucional.
Por ello, por la defensa del interés nacional, por la defensa de un proyecto diferente de nación y por las facultades que de manera soberana en materia de federalismo social, económico y político pensamos que debe tener la Cámara de Diputados, es que nuestra fracción parlamentaria, junto con otras fracciones representadas en esta Cámara, votará en contra de este dictamen que cercena derechos fundamentales del pueblo mexicano. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Manuel Terrazas Guerrero, del Partido Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado Manuel Terrazas Guerrero:
Compañero Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Al verse en la Comisión que discutió los proyectos de iniciativa del PAN y del PPS, veíamos la imposibilidad en aquel marco, de lograr la aprobación de esas iniciativas o cuando menos evitar el rechazo a las mismas y comentábamos que quizá lo más importante era no la votación en la Comisión, sino el debate en el pleno de la Cámara de Diputados y que ese debate seguramente iba a ser uno de los más importantes desarrollados en esta LV Legislatura. Hay que decir, sin ambages, que podemos felicitarnos de un debate que honra a los diputados, que de una u otra parte ha esgrimido argumentos, razonamientos, ideas sobre la materia, sobre el fondo de esa importante cuestión, que no se trata simplemente de una modificación de las atribuciones del Senado de la República, sino que se tratan en efecto de una de las cuestiones más importantes y con todo respeto dicho, con razones suficientes para que una votación contraria al dictamen, pudiera ser de aquellas que la justifican porque tiene qué ver con lo más profundo, afecta profundamente al pueblo de México y a los estados de la Federación.
No es válido el argumento de que es de esas cuestiones que no afectan, éste afecta profundamente, creo que hay que felicitarnos de que este debate está a la altura de una Cámara de Diputados que seguramente podrá ser calificada de histórica y por eso mismo habría que decir con todo respeto que la verdad es que las razones del dictamen no fundamentan su conclusión, no convencen, precisamente aquí está el problema fundamental, esto es lo que va a quedar pendiente, puede aprobarse el dictamen pero va a ser un dictamen razonado, con brillantes intervenciones, sin ninguna duda, pero que no han tocado lo fundamental y que la oposición ha enriquecido al dictamen, con las aportaciones de esta Cámara al debate de los grandes problemas nacionales y éste es uno de los grandes problemas nacionales. Creo que hay que decirlo sin menoscabo de una apreciación justa, del valor que tienen las intervenciones de compañeros que honran a la Cámara como González Avelar, o como Guillermo Pacheco, pero hay que considerar también que el debate está aportando razones de más peso, más profundas, en cuanto a rechazo del dictamen, en cuanto a la petición de que se modifiquen los términos del dictamen.
Yo quisiera después de esto, al tratar de fijar la posición del grupo parlamentario del PFCRN, decir que no se está discutiendo el Senado de la República, ni estamos votando en contra del Senado de la República, ni se está discutiendo el federalismo, ni vamos a votar en contra del federalismo, venimos aquí a tratar de enriquecer, de modificar, de cambiar para hacerlo mejor, el Senado de la República y venimos también a discutir y a tratar de defender y hacerlo mejor, al federalismo.
Y nosotros queremos decir, el fondo del problema está aquí, en que también el Senado de la República y las atribuciones que ahora debe reclamar la Cámara de Diputados y no tenerla al margen de esos derechos que ahora corresponden exclusivamente al Senado de la República, como un reflejo de los profundos cambios que está teniendo el país que ya no permiten
que el Senado de la República tenga la exclusividad en la cuestión de tratados y que están determinando que sea ahora la Cámara de Diputados la que tenga qué ver también, que discuta ese problema de los tratados.
Ya no se pueden mantener al margen no sólo por la composición actual del Senado, sino por la composición o la representación, lo que expresa esta Cámara de Diputados, de las reformas políticas que ha venido aprobando la propia Cámara, el Congreso de la Unión.
Porque no es igual esta Cámara de Diputados a la Cámara anterior, a la reforma política, esta Cámara tiene otra representatividad, tienen otras calidades, tiene otras expresiones muy importantes, de pluralidad política con todas las limitaciones que está discutiendo ahora la Comisión plural.
Eso ya no es posible mantenerlo. Ya se han dado razones muy profundas. La última intervención hay que saludarla porque también va en función lo dicho por el diputado Calderón, de un problema de la necesidad de que esta Cámara de Diputados discuta qué favorece al país en cuanto al Tratado de Libre Comercio; cuáles son los aspectos que lo hacen posible y cuáles son los riesgos, las amenazas o las cuestiones que hay que modificar o hay que cuestionar.
Y eso es sin duda alguna un argumento fundamental, no puede la Cámara de Diputados quedar al margen de acuerdo con sus contribuciones constitucionales, de la discusión del Tratado de Libre Comercio.
Nosotros no votamos en favor de las iniciativas del Partido Popular Socialista y del Partido de Acción Nacional y estamos en contra que el dictamen resuelva convencidamente, no por el Tratado de Libre Comercio, pero si fuera posible solamente por el Tratado de Libre Comercio modificar la constitución, habría que modificar la Constitución para que la Cámara de Diputados pueda discutir los términos más amplios y profundos del Tratado de Libre Comercio.
Nosotros queremos decir también, hemos hecho reformas fundamentales a la Constitución, hemos asumido la responsabilidad de hacerlo. Todos conocen como gozamos unos y otros, pero cuando esta Cámara ha hecho profundas reformas, expresión de la transformación de los cambios de la modificación en el Estado, es posible mantener al Senado de la República sin cambios.
Qué nos deja la argumentación de la Comisión, nos deja simplemente una cosa y ése es un aspecto político de la cuestión que es importante, nos deja que el Senado no puede ser tocado, no puede ser motivo de los cambios estructurales que requiere el país, que los cambios políticos que México está reclamando, no van con el Senado de la República, pero, ¿qué acaso no puede ser cambiada la Constitución?
Cuando hemos cambiado la Constitución en aspectos más importantes que afectan profundamente a las vías de la nación, como es el artículo 27 constitucional o como es el artículo 130, ¿por qué el Senado va a ser una excepción? Cambiamos la Cámara de Diputados, la estamos cambiando con nuestro trabajo, con nuestras aportaciones, modestas unas, brillantes otras y, ¿por qué no vamos a cambiar el Senado de la República? ¿Está fuera de los cambios que requiere el país el Senado, de las profundas reformas constitucionales?
Creo que hemos discutido otras cuestiones más, pero también nosotros queremos decir una cosa: ese problema se inscribe dentro del tema general de la reforma del Estado, de su democratización y se inscribe dentro de ese problema que adquiere cada vez más fuerza, más importancia y más significación que es el de la soberanía popular.
No es posible considerar cambios fundamentales, reforma del Estado, sin atender el problema de la soberanía popular y las atribuciones que ahora tiene el Senado, o mejor dicho, no las atribuciones del Senado, sino las atribuciones que debe compartir la Cámara de Diputados, son parte de la democratización del país y del papel que debe tener la soberanía popular.
No se trata de que sea, cuantitativamente hablando, más soberano ese órgano que el otro y que la soberanía popular esté representada, no, no se trata de eso, sino que la carga de soberanía sea motivo fundamental para que la Cámara de Diputados discuta cuestiones como las relativas a los tratados internacionales, en una época en que los tratados tienen más importancia para toda la vida de la nación.
Nosotros consideramos que la determinación del presidente Salinas de Gortari de realizar un amplio diálogo con vista a la negociación y eventual firma del Tratado Trilateral de Libre Comercio entre México, los Estados Unidos y Canadá, es de importancia fundamental.
Lo queremos decir de una manera muy clara: con tal iniciativa el Gobierno de México reconoce que la apertura de los mercados y el
comercio bilateral, constituyen uno de los más importantes medios de fortalecer la economía nacional y si nosotros lo consideramos así, es porque estamos viendo también que el fortalecimiento de la economía nacional, nos permite contemplar el reto fundamental que enfrenta nuestro país, que es el de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores con soberanía y con democracia.
Por eso tenemos esa apreciación y puede ser que discrepemos de otras fuerzas en cuanto a la estimación y a la valoración. Esto es normal, esto es legítimo, pero partimos de principios también, partimos de un compromiso, de una consideración.
Ciertamente el camino que ha seguido esta negociación, o mejor dicho, antes de eso decir: en esta expectativa México ha dado pasos esenciales en la búsqueda en función de nuestro punto de vista, no del punto de vista de la gran burguesía sino el punto de vista también de aquello que puede mejorar la soberanía y mejorar a los trabajadores, en la búsqueda de una inserción en el nuevo orden económico internacional, a sabiendas también que cuestionamos el papel de aquellos que quieren imponer una nueva hegemonía.
Ciertamente el camino que ha seguido esta negociación y la posibilidad de una mejor inserción en el comercio mundial, no ha tomado en cuenta las necesidades ingentes de la mayoría de la población.
El proceso de reestructuración productiva y la violenta apertura comercial, aplaza la realización de un pacto social efectivo, donde necesidades y potencial productivo de todos los miembros de nuestra sociedad, queden comprometidos, queden atendidos debidamente.
De manera conceptual, un tratado internacional implica un acuerdo entre miembros o partes de la comunidad internacional; generalmente el vocablo "tratado" se utiliza para denominar a los acuerdos internacionales celebrados de conformidad con el procedimiento especial que cada estado arbitra o decide en su ordenamiento interno.
Desde el punto de vista del derecho internacional, el tratado, como sabemos todos, cubre una diversidad de estipulaciones internacionales, como convenios, convenciones, acuerdos, actas, protocolos, etcétera. Para concretar un tratado internacional, como se sabe y como sabemos todos, se atraviesa por tres etapas: la negociación, la firma y la ratificación. En cualquiera de estas etapas, el orden interno de cada país puede requerir un procedimiento más complicado que regularmente implica la autorización del Poder Legislativo, del Poder Legislativo concebido como tal, no concebido solamente como una parte del Poder Legislativo, sino en su conjunto, como lo establece precisamente el régimen constitucional mexicano.
En el caso de México, implica antes de firmar el tratado, que éste debe ser aprobado por el Senado de la República, ciertamente conforme al artículo 76 fracción I. La conceptualización jurídica conforme al derecho internacional, abarca cada uno de los aspectos de lo que se entiende por tratado, desde nuestro punto de vista.
La primera etapa de hechos está en marcha y los representantes designados por el Ejecutivo Federal ya han intercambiado puntos de vista, algunos de los cuales han sido publicados, pero otros no. El desconocimiento de la situación actual de las negociaciones, deja grandes lagunas y se reduce a enterarnos de una manera poco precisa o a no enterarnos.
En esta etapa de negociaciones en la que se le dará contenido al tratado y en la cual se establecerán los derechos y obligaciones de cada uno de los países, observamos trabas fundamentales, como el hecho de que cada uno de los países tienen diferente desarrollo en su legislación interna e internacional.
Creemos que la discusión debe ser madura, transparente y abierta, pero sobre todo se debe socializar, no sólo la información, sino también la discusión de todo lo que se está negociando.
Para el grupo parlamentario del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, es de importancia fundamental que ciudadanos y partidos, opinen sobre los temas más relevantes de la inserción de nuestra economía en el ámbito internacional, sobre todo cuando nuestra realidad económica, política y social, cambia a ritmos vertiginosos; lo que aparentemente no cambia, lo que no quiere cambiar, lo que se resiste al cambio, es el Senado de la República.
En ese sentido, la filosofía que debe sustentar nuestro trabajo legislativo, es en un contexto de profundas transformaciones en nuestro país, debe regirse por los principios constitucionales de soberanía e independencia, misma que nos lleva a alcanzar una sociedad verdaderamente igualitaria. Para arribar a ello y darle sustento en la práctica política nacional, es necesario que
el Congreso de la Unión, Senado de la República y Cámara de Diputados, abran a su interior y al exterior la discusión legislativa.
Yo aquí quiero preguntar ¿que acaso va a haber representación proporcional en el Senado? ¿Qué acaso va a haber senadores que no pasen de dos o tres y no se va a reformar el Senado? ¿No tiene qué haber también una apertura hacia el exterior en ese sentido, hacia el interior, con todo respeto ya tenemos una muestra, el reglamento aprobado por la Cámara de Diputados en pleno, ahí quedó y va a ser difícil que pueda salir, o cuando menos ésta es una amenaza seria de no cambiar la conceptualización de ese problema en cuanto la apertura del Senado al interior y hacia el exterior, de tal manera que ésta llegue a la sociedad en su conjunto, para que de manera pública, plural y participativa, se debatan los temas que determinan la actual dinámica económica y política de nuestro país.
En este sentido uno de los temas centrales no sólo para hoy sino para nuestro futuro próximo, es la discusión y la definición de los textos que integrarán el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.
Su discusión al interior del Congreso es de fundamental importancia para el país, tanto en su dinámica participativa al interior del Congreso, como en la riqueza a lo largo de la discusión temática. La discusión y dictamen del Tratado de Libre Comercio por parte del Senado de la República, de acuerdo a lo señalado en el artículo 76 fracción I de nuestra Constitución, garantiza sólo la existencia y el pleno funcionamiento del Pacto Federal, pero no el Pacto Federal renovado, no el pacto general fortalecido, sino el Pacto Federal en otras condiciones viejas que ya no funcionan debidamente.
Es necesario que se reforme la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que la facultad hasta ahora exclusiva del Senado para aprobar los tratados y convenciones internacionales que celebre el Presidente de la República, pase a ser una atribución también de la Cámara de Diputados.
Es cierto en una república federal deben combinarse el elemento federativo y el popular, pero éstos deben interactuar y fortalecerse mutuamente, ambos con la participación activa de la población, deben decidir sobre el presente y el futuro de nuestro país.
El Senado, hoy, conjuntamente con la Cámara de Diputados, debe actuar como órgano legislativo pleno. Ya pasaron los tiempos en los que los órganos legislativos representan sólo a las clases privilegiadas. Estamos marchando a una situación y queremos el cambio también en este sentido.
La figura del bicamaralismo debe fortalecerse en las áreas de tratados internacionales, sobre todo ahora que se debate la conformación y el ingreso de nuestro país a una zona de libre comercio con países mucho más desarrollados que el nuestro.
Recordemos que la Cámara de Diputados representa al pueblo en su totalidad y constituye el elemento de garantía de la unidad estatal, por lo que su participación en la toma de decisiones estatales, es de fundamental importancia. Aquellos que rebaten con argumentos profundos o brillantes pero que no atiendan esta cuestión, parten de una base que desconoce esta cuestión esencial.
Las dos cámaras deben participar en la decisión política del Estado y en la ejecución de esta decisión. Ambas deben participar con el fin de combinar el elemento federativo con el popular, esto es esencial en la toma de decisiones del Estado. El artículo 39 de nuestra Constitución tan manejado, tan constantemente utilizado como un recurso, sin duda alguna, de mucha fuerza, hay que decir, no admite confusiones. La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo, todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su Gobierno.
Compañeras y compañeros diputados, ya es tiempo de que el Senado de la República y la Cámara de Diputados, participen conjuntamente en la ratificación de tratados y convenios internacionales. Muchas gracias por su atención y la consideración de estos puntos de vista.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra la diputada Blanca Ruth Esponda Espinosa del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Blanca Ruth Esponda Espinosa:
Con su permiso, señor Presidente; distinguidos compañeros diputados:
Quiero iniciar comentando que pocos debates han resultado tan interesante por la
profundidad del análisis constitucional que se ha hecho, como el que hoy nos ocupa.
También comentar que nos ha dado mucho gusto escuchar las posiciones de los distintos partidos políticos que se han expresado en el transcurso de esta sesión, porque ciertamente refleja el interés y la importancia que todas las fracciones parlamentarias concedemos a este debate, a esta discusión.
Y, por lo tanto, también parecería pertinente aclarar que no puede considerarse ni irreflexivo, mucho menos precipitado, el dictamen que hoy nos ocupa y que yo vengo a argumentar en pro.
Tanto en su formulación como en la discusión y aprobación del mismo, hubo en proceso de diálogo permanente con todos los partidos que forman parte de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y de la Comisión de Relaciones Exteriores y, por supuesto con quienes son suscriptores de las iniciativas que nos ocupan.
Me parece a mí que este clima de diálogo que mantuvimos en el seno de las comisiones, refleja a cabalidad esa transformación que ha vivido en los últimos años la Cámara de Diputados. Es un pluralismo reflexivo, respetuoso y un pluralismo también combativo en las ideas, alejado de todo intento anárquico que hubiera caracterizado en alguna otra legislatura, aquí lo que podemos advertir es que hay una gran madurez política en la ponderación y el análisis de los temas que estamos debatiendo.
Otra aclaración pertinente, me parece a mí que es aquélla en la cual debemos de descalificar cualquier mención referida a que en la suscripción de cualquier tratado internacional para el cual el Ejecutivo de la Unión está plenamente facultado por la propia Constitución, existe remotamente la idea de cesión de soberanía, nada más alejado de la realidad, toda vez que quienes representan al pueblo a través de la rama ejecutiva, tienen un mandato expreso y directo del pueblo y, por lo tanto, están comprometidos con este mandato popular.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar:
(Desde su curul) Señor Presidente: ¿Quisiera preguntarle a la diputada Esponda si acepta una interpelación?
La diputada Blanca Ruth Esponda Espinosa:
Yo quisiera rogarle su comprensión para que pudiera hacer toda la exposición que me corresponde y si a usted le parece bien, quizá al término de la misma, pudiéramos hacer algún comentario.
La facultad del Ejecutivo para suscribir convenios internacionales es una facultad amplísima, pero también una facultad muy antigua. El pueblo y el Gobierno de México, invariablemente han considerado que nuestra nación no puede vivir en el aislacionismo; por el contrario, siempre hemos sido partidarios del establecimiento de relaciones de amistad, de cordialidad y de cooperación con los diversos pueblos del orbe. No es por lo tanto un fenómeno novedoso el que el Gobierno de México, esté en este último año y en los años precedentes, celebrando un convenio que no solamente es trilateral, sino que en algunos asuntos también refiere de manera precisa algunos compromisos contrariados en el ámbito de las relaciones multilaterales, como son las referencias que contiene el propio Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá ARIGATT o a otros tratados que son pertinentes para su aplicación oportuna.
Quisiera también subrayar aquí un comentario hecho por mi distinguido amigo el diputado del Partido Popular Socialista, Martín Tavira.
En efecto, yo creo que existe esa tendencia universal a fortalecer los congresos o los parlamentos donde existe. Esa tendencia universal pues se ajusta a las condiciones y a las tradiciones de cada nación. Pero yo siempre he argumentado en esta tribuna, que creo que la fuerza del Congreso Mexicano, depende y reside esencialmente en la calidad de sus miembros, en su capacidad de argumentación, en la presencia vigorosa de sus fuerzas y sus corrientes políticas, en su capacidad de concertación y en su capacidad de análisis de la realidad nacional, así como en su capacidad de convenir en aquello que es útil a la nación.
Y en ese sentido también ratifico aquí una convicción íntima que tengo, es de que en los últimos tres o cuatro legislaturas, hay un avance sustancial en los procedimientos y en la manera de operar de esta Cámara y del Congreso de la Unión en su conjunto, cuando nos referimos a ambas.
Y precisamente porque hay una división de responsabilidades, de atribuciones, de facultades, porque hay una distribución de las cargas legislativas y de los asuntos y los temas que interesan a la nación, es que es posible que en
esa división y corresponsabilidad de facultades que tienen ambos cuerpos legislativos, el Poder Legislativo en su conjunto, tenga la enorme capacidad de poder examinar a fondo los asuntos que son de su estricta competencia, dividiéndolos por cámaras.
A nosotros es cierto, el Constituyente nos ha dado una serie de atribuciones y facultades que nos ocupan mayormente en nuestras sesiones. Pero en adición a ello, estamos atentos al pulso de la nación. Basta con ver el orden del día de esta sesión, lo que todavía nos espera como jornada de trabajo; basta ver la intensidad con que aquí podemos plantear los temas que interesan a veces al más alejado municipio o a un Estado de la Federación. Sin embargo, somos respetuosos de lo que es la competencia de los estados de la Unión, porque somos respetuosos del pacto federal y porque sabemos que en el Pacto Federal hay una división de competencia y que por lo tanto hay concurrencia de autoridades federales y locales en los estados. Y sabemos también que el hecho de que en el Senado de la República, no exista una representación tan amplia y plural como la que tenemos en la Cámara de Diputados, no es responsabilidad del Senado , es precisamente, la oportunidad y el gran reto político que tienen frente a sí los propios partidos. Habrán de conquistar por el voto directo y secreto su presencia en la Cámara de Senadores.
Hoy, hay tres de las seis fuerzas políticas importantes de la nación, en el Senado de la República; sabemos que todo eso puede mejorar y seguramente el avance democrático de México lo irá reflejando en la composición de las cámaras. Pero la pregunta que yo quisiera plantear aquí, es si el sistema bicamaral, si la división de competencias, si la Constitución Política que actualmente es vigente, nos está dando las bases y es nuestra ancla fundamental para avanzar en nuestro proceso democrático y en nuestro proceso federal ¿Por qué entonces plantear en este momento, cuál es el sentido de la oportunidad de plantear ahora un cambio de la estructura misma del Estado mexicano, de cómo tiene divididos sus poderes y cómo están atribuidas sus competencias.
Yo considero que el Constituyente permanente se nombra por demandas muy claras, muy transparentes, que algunos de los órganos que son responsables de presentar iniciativas, las hace suyas, les da forma y nos la somete a la consideración.
Pero que hay iniciativas que tienen cierta jerarquía unas sobre otras. Y la jerarquía estaría dada por la demanda social y por la demanda nacional.
También valdría la pena subrayar que nuestro sistema político no es excluyente y que por lo tanto nosotros como Cámara colegisladora del Senado no somos ajenos a nada de lo que ocurra en la nación. Existe una jerarquía de leyes y en esa jerarquía de leyes al Senado le corresponde atender lo relativo a los tratados, también en función de su competencia internacional; competencia que solamente es para vigilar el desarrollo de la política exterior, jamás para suscribirla, porque esta es una facultad expresa que tiene precisamente el Ejecutivo de la Unión.
Pero si profundizamos en esta facultad que tiene el Senado, bien podríamos arribar a una conclusión. Los tratados, como aquí muy bien lo han dicho quienes me han precedido en el orden de las intervenciones y en esta tribuna, forman parte del derecho positivo mexicano, siempre y cuando estén ajustados a lo que la propia Constitución dispone. Y los tratados, que es una facultad exclusiva de suscribirlos por el Ejecutivo Federal, tienen que ser ratificados por un órgano del Congreso, que es el Senado de la República.
Veamos ahora concretamente en el caso del Tratado Trilateral de Libre Comercio. ¿Podría alguien aquí, en pleno uso de razón, afirmar que esta Cámara de Diputados ha sido ajena al debate del Tratado Trilateral de Libre Comercio?
Yo creo que no. Y digo que no, porque desde el momento en que el Senado de la República solicitó al titular del Ejecutivo de la Unión que iniciara negociaciones. Y antes de ello, el propio Senado solicitó a la opinión pública su sentir respecto de las relaciones comerciales de México con el mundo, en primer lugar y después de México con Estados Unidos y con el Canadá, el Senado fue un centro de acopio de opiniones nacionales. Pero en todo ese ejercicio, el Senado tomó en consideración a la Cámara de Diputados, le invitó a formar una comisión que estuviera dando un seguimiento permanente a todo este ejercicio político, que era muy preliminar al proceso negociador.
Entonces la Cámara de Diputados ha debatido en esta tribuna un sinnúmero de veces todo el proceso como se ha ido dando. Desde su inicio hasta la fase de culminación de la negociación.
Ha habido aquí y habrá que reconocerlo, voces disidentes que no estuvieron de acuerdo con lo que escuchaban de una gran parte de la ciudadanía. Hay voces disidentes acá que pensaban
que quizá era mejor que rompiéramos relaciones con los Estados Unidos, incluso hubo alguna circunstancia específica en todo ese proceso en que así lo recomendaron.
El Senado, que se caracteriza por su sabiduría, su serenidad, pero además porque su cuerpo mismo de integración le permite ir a fondo en algunos asuntos y en éste particularmente, que era de interés nacional, que lo sigue siendo, el Senado convino en que era necesario continuar el proceso. Que era relevante instruir al Ejecutivo para que avanzara en su negociación. Y que por lo tanto el Ejecutivo en reciprocidad y en colaboración con el Senado de la República, nos fue informando sistemáticamente y ordenadamente de cada paso que se estaba dando. Toda la operación relacionada con ese proceso, fue una operación de frente a la cuidadanía, de cara al Congreso, con la participación de la Cámara de Diputados y con la presencia innegable del Senado de la República.
Pero esto ¿qué denota? Que la Cámara de Diputados, diría yo, tiene dos momentos en donde juega un papel fundamental en el caso de la aprobación de los tratados y vamos a decir los tratados, en términos generales.
El primer momento que es cuando conoce, discute, analiza cualquier asunto de relevancia nacional y se escucha aquí la voz de la nación. No es facultad ratificar el tratado, pero cuando el Ejecutivo lo está celebrando, la Cámara de Diputados está atenta, está escuchando y está debatiendo el asunto.
Una vez ratificado, la Cámara de Diputados tiene la enorme facultad de determinar la aprobación y la discusión, en su caso, de ciertas leyes en función de ese tratado. Y aquí, por ejemplo, vale la pena recordar la infinidad de tratados internacionales que hemos suscrito , las llamadas convenciones diplomáticas, que si las sumamos todas, verían ustedes que tiene un impacto social, económico y político quizá más relevante que el Tratado de Libre Comercio; es un ejercicio que no hemos hecho nosotros acá, pero ciertamente el diputado Valero debe recordar que el conjunto de convenciones internacionales en materia de trabajo, imponen al Estado mexicano y al Gobierno en particular, una serie de obligaciones que en muchas nos conducen a modificar la legislación vigente para estar en consonancia con la interpretación del tratado.
México, si algo le caracteriza en Naciones Unidas, es su cumplimiento de la legislación internacional. Y es cierto, no es que aquí sea el paradigma legislativo mundial, pero sí ha existido consistentemente la voluntad política del Congreso de la Unión, de ajustarse a lo dispuesto por los tratados, al tiempo que cuando ratifica un tratado, asegurarse que éste esté en consonancia con las normas que establece la Constitución General de la República.
Creo que aquí es una cuestión en la que también nosotros tenemos que desarrollar nuestra capacidad de confiar en los demás órganos que forman el Poder Federal.
Si el Constituyente de 1917 hubiera decidido que sólo la Cámara de Diputados es competente, está calificada y tiene la pluralidad de componentes nacionales suficientes, pues entonces seríamos un sistema unicamaral compañeros. Aquí podríamos resolver todo. Es más, voy más lejos, en algunos regímenes parlamentarios y lo saben muy bien algunos maestros nuestros que están aquí sentados en este recinto, ¡bueno!, pues los congresos toman decisiones de gobierno , pero en el sistema político mexicano no es así. En el sistema político mexicano, tenemos un sistema de división de competencias, tenemos un sistema en donde el equilibrio de ambas cámaras, nos permite cierta salud legislativa, nos permite agilizar las cargas del trabajo, pero al mismo tiempo nos permite ser eficaces estar atentos a la responsabilidad que nos compete.
Pero más aún, como decía aquí el compañero diputado González Avelar, don Miguel apuntaba muy bien, la soberanía está dividida en tres poderes, en los poderes de la Federación y esos tres poderes buscan un equilibrio entre sí, por lo tanto, también tendremos que confiar en la facultad que tiene la Corte y los tribunales supremos para vigilar la constitucionalidad; por eso los ciudadanos pueden acudir a la Corte cuando se sienten agraviados, cuando sienten que hay violación de sus garantías.
Yo creo que en el sistema mexicano, porque tenemos una carga histórica tan grande, pero que es una carga que a la vez es nuestra gran fuente de inspiración, no podemos darnos el lujo de desprendernos de esa tradición histórica y de pronto decir: bueno a nosotros nos gustaría mejor que las atribuciones del Senado se ampliara a esta Cámara, porque la misma razón habría entonces para que el Senado nos dijese, pues señores diputados, por qué entonces no nos permiten a nosotros atribuirnos la facultad de discutir el Presupuesto de Egresos y en ese caso, si tuviéramos las mismas competencias, pues para qué habría dos cámaras, con una bastaría y en ese caso al rato alguien diría, ¿para
qué queremos Congreso?, me entienden, existe pues detrás de toda esta argumentación, la estructura misma del Estado Mexicano, la estructura misma de cómo los mexicanos hemos interpretado la soberanía popular y la soberanía nacional y cómo hemos ido desligando en el decurso de los años, las facultades que una y otra Cámara puedan atender con mayor responsabilidad y como facultades exclusivas.
Es cierto que estamos en una época de grandes cambio globales y es cierto cómo han apuntado aquí los compañeros, que en esa época de grandes cambios globales: el comercio, las finanzas, la tecnología constituyen ahora elementos motores de la transformación. Enfrentemos todo eso y México tiene instituciones sólidas que le dan fuerza y vigor en la defensa de sus principios, de nuestros principios, podemos enfrentar sin lugar a dudas todo ese cambio mundial, pero con asideros muy firmes, esos asideros que están marcados en la Constitución, en la estructura misma del Estado mexicano. Debemos por lo tanto confiar en que en el Senado jamás habrá abuso de facultades y el Senado velará celosamente por el respeto a la soberanía nacional, el Senado velará celosamente porque los programas y el interés del desarrollo nacional sean salvaguardados.
El Senado si bien ahora es un Senado también popular porque se accede al Senado a través de voto directo y secreto, como ustedes saben, se autocalifica a diferencia del pasado, como lo apuntaba aquí el maestro Tavira, que no son los Congresos locales los que representan, sí sigue garantizando la igualdad entre los estados. El hecho de que cada estado, pequeño o grande, rico o pobre, dotado de muchos recursos naturales o no, dotado de mucha tecnología o no, tengan igual derecho a tener sólo dos representantes garantizan la equidad, la igualdad en el interés de la República. Sí creemos que el Senado es una institución sólida, vigente y es una institución que se preserva en las democracias más modernas, en las democracias contemporáneas; no la minimicemos, no la subestimemos y vayamos a la conquista de mayores espacios, ahí está en la Constitución, ella lo preserva, el voto directo y secreto lo garantiza, se puede lograr pero eso depende ya del avance político de cada uno de los partidos que integran esta representación.
Quizá algunos de mis amigos y compañeros diputados doctrinarios, me diga que no he venido aquí a esgrimar las grandes doctrinas del Estado mexicano, sinceramente les digo que quienes han pasado entes a esta tribuna, lo hicieron con maestría y que en efecto ésta es la doctrina que comulgamos todos los mexicanos y que precisamente el artículo 40 constitucional que siempre vale la pena leer y releer porque es el sustento que nos da forma como nación, es el artículo en el cual nosotros encontramos la fuente sobre la cual, sobre la cual podemos dirimir todas nuestras diferencias de interpretación.
Aquí lo dice muy claro: "Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática y federal" y luego el 41 que dice: "El pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, en los casos de competencia de éstos y por los de los estados en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto federal".
Decía yo que conviene leerlo y releerlo porque luego se nos olvida que hay facultades y atribuciones, como por ejemplo una muy concreta. Dice el artículo 131 constitucional que "es facultad privativa de la Federación, gravar las mercancías que se importen o exporten".
Y aquí se mostraba insatisfacción porque nosotros no las gravamos, porque la grava el Ejecutivo, pero el propio artículo establece al final del mismo: "El propio Ejecutivo, al enviar al Congreso el presupuesto fiscal de cada año , someterá a su aprobación el uso que hubiese hecho de la facultad concedida", por lo tanto, si en el texto del tratado que está sometido a la ratificación del Senado, hubiese una disposición específica sobre esta materia, una vez ratificado y luego viene la etapa de entrada en vigor, cuando éste hubiera entrado en vigor, el Ejecutivo de la Unión estará obligado a presentar en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, todo lo relativo a gravámenes, todo lo relativo a erogaciones que la suscripción de dicho tratado pudiera imponerle a la Federación, jamás el Congreso de la Unión estará ausente de la aplicación y cabal vigencia del Tratado Trilateral de Libre Comercio y enhorabuena que así sea, porque somos la gran representación de la soberanía popular. Muchas gracias.
El Presidente:
Diputada Blanca Esponda, ¿acepta usted una interpelación? Ya no se puede.
Tiene la palabra para rectificar hechos, primero el diputado Francisco Paoli y después el diputado
Carlos González Durán, también se anota Jorge Calderón.
El diputado Francisco José Paoli Bolio:
Con su venia, señor Presidente; señores diputados:
Es muy satisfactorio intervenir en un doble debate de la profundidad y la trascendencia que éste tiene para ubicar, haciéndolo a través del procedimiento de rectificación de hechos, cuál es el punto central que discutimos. Trataré de dividirlo tan brevemente como la autorización de tiempo me lo permite, en dos líneas de argumentación, una jurídica y otra política.
Las dos están imbricadas en realidad, sobre todo tratándose de estas materias de derecho público, hay una interacción de ambas esferas, pero es importante aclarar que históricamente, en nuestras constituciones no siempre hubo dos cámaras y que como ya señalaba en una pregunta mi compañero Juan de Dios Castro, cuando en 1824, en la Constitución fundacional se establecen dos cámaras, es el Congreso, todo el Congreso, ambas cámaras, el responsable de analizar la política internacional y de autorizar o probar los tratados internacionales.
Y esto tal vez tenga una significación histórica importante puesto que al surgir México como independiente, como país que se organiza en un Estado independiente, requería tener una vigilancia especial en materia internacional
En la siguiente Constitución Federal, se inicia con una sola Cámara, la cual tiene facultades para analizar la política internacional y autorizar los tratados internacionales.
Así pues, esta línea de argumentación es simplemente para establecer que no hay una facultad que por su naturaleza sea exclusiva de una de las cámaras, sino que se trata cuando más de una división de trabajo, de una división de tareas, que en este caso fue confiada al Senado, sobre todo a partir de su reinstalación, en la última parte del siglo pasado y en la Constitución de 1917.
Si se trata nada más de una división del trabajo, ésta podría, como ya se aceptó por representantes y voceros de la mayoría priísta, podría revisarse, en función de qué, en función de un marco que ha cambiado sustancialmente. Como nunca son importantes las relaciones internacionales, estamos en un proceso de intensa planetización, dicen algunos teóricos, de globalización, de integración, cada vez tiene más impacto lo que ocurre en el escenario internacional sobre nuestros destinos.
Por cierto aprovecho para aclarar al diputado Pacheco Pulido, que sostuvo que no está nuestro destino dependiendo de los tratados internacionales. Yo diría depende de qué tratados, pero hay muchos en los que nuestro destino quedó prendido como nación; nada menos que uno como el Tratado de Guadalupe, en donde 2 millones de kilómetros cuadrados dejaron de ser de este país para pasar a ser de otro. Dígame usted si no hay tratados internacionales que inciden en forma definitiva en nuestro destino, piense usted en otros tratados, piense en Maastricht recientemente, si hay o no preocupación por el destino de estos países.
Así pues, metidos en este mundo, hay razones profundas de tipo político, cultural, social, económico, que nos deben llevar a revisar esta facultad que es exclusiva y que podría pasar a ser concurrente. Hay razones de tipo político.
Diría finalmente para responder a una pregunta que se planteó la diputada Blanca Esponda, dice que no hay oportunidad en este momento para cambiar y que para qué tendríamos dos cámaras, si ambas concurren. Le recuerdo brevísimamente porque el verdugo del tiempo no me permite otra cosa, diputada Blanca Esponda, con todo respeto, que la razón fundamental para la existencia de un sistema bicamaral, es el que las acciones de una sean revisadas por la otra, es la facultad revisora, para que el pueblo tenga toda la garantía de que las peticiones fundamentales que se convierten en norma de aplicación general en un país como éste, tan importante, deban ser revisadas con todo cuidado, pasadas por el cedazo de ambas cámaras, para equilibrar dentro del Poder Legislativo, las decisiones, para que no haya apresuramientos.
Esa es la razón y ahí está el fundamento de pedir que una materia que hoy ha crecido en importancia mucho, sea materia de aprobación de ambas cámaras.
Habría muchos argumentos en lo político y en lo jurídico qué esgrimir, pero creo que éstos son los fundamentales para sostener esta iniciativa que tarde o temprano deberá aprobarse, porque no podemos estar pensando que la política internacional y los tratados que la concretan, no repercuten en una infinidad de materias de las cuales tenemos responsabilidades muy fuertes en esta misma Cámara como legisladores.
Por tanto, si hoy la mayoría no lo considera oportuno, creemos que está en un error la mayoría, porque sí hemos cambiado, diputada Blanca Esponda, es esta legislatura, algunas de las bases fundamentales del Estado mexicano. Esta no sería una de ellas, no se cambia la estructura del Estado mexicano con concurrir en una facultad como la aprobación de tratados internacionales.
Sí hemos cambiado algunas otras que pueden ser consideradas como bases del Estado mexicano, que se tiene que reorganizar ahora en función de los cambios que en este Constituyente permanente del que formamos parte, se han hecho. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra para rectificar hechos del diputado Carlos González Durán, hasta por cinco minutos.
El diputado Carlos González Durán:
Con su venia, estimado compañero Presidente; honorable Asamblea:
¿ Con qué cara vienen a invocar el federalismo los personeros del régimen que quiere administrar el país como si fuera provincia presidencial?
Si de federalismo y de democracia hablamos, recordemos que ya los griegos en Atenas, en la polis griega sometían a la Asamblea la suerte de su ciudad- estado, para que en la Asamblea se ventilaran y resolvieran los problemas de la política interna y externa y con base en esa antigua tradición, el Congreso de la Unión tiene la tarea de escuchar el informe del Presidente en materia de política interna y en materia de política externa y son tanto la Cámara de Diputados, las que entran a examinar y a debatir esa política.
¿Cómo podemos entender que si la Constitución, es la norma suprema del país y forman parte de esa norma suprema los tratados internacionales, sea un asunto de la norma suprema, la Constitución, más tratados internacionales, sea un asunto que no deba corresponder al debate y al examen de esta honorable Asamblea, que es la voz de la nación y que es la voz del pueblo mexicano?
Entendemos que democracia significa cuatro cosas: protección de derechos humanos plenamente respetados; significa desarrollo de las capacidades humanas; significa equilibrio del poder y significa también participación, participación de la sociedad civil y aquí hemos visto cómo los compañeros jubilados y su movimiento de reivindicación no es escuchado. Hemos visto cómo diversos partidos de oposición presentan razonadamente una propuesta de reforma legislativa y ésta es rechazada con torpeza, porque se dice que se entiende como definitivamente archivada, cuando que la misma Constitución indica que si se rechaza una propuesta no podrá discutirse en ese mismo año, pero en otro tiempo sí se puede discutir.
Quiere decir que aquí las razones han sido abundantes. Se ha hablado de una razón social del tiempo histórico, se ha hecho ver cómo la globalidad exige que los organismos de gobierno se abran a la sociedad civil con el plebiscito, con el referendum y pregunten los tratados que afectan su vida económica y no sólo su vida económica, sino que afectan su soberanía como Estado y afectan su identidad como cultura y nación. Se ha hablado también de que se requiere un control de nuestro porvenir como nación, una defensa de nuestros recursos, una protección de nuestra fuerza de trabajo y un rescate de la justicia y del bienestar del pueblo mexicano.
¿Y cómo vamos a defender estos elevados valores si no aceptamos que este tipo de tratado, que no son simplemente diplomáticos, sino que afectan la estructura misma de la vida económica, financiera, política y cultural del país, que deben ser ventilados ante la más esclarecida conciencia y la más genuina voz del pueblo mexicano, que se representa en esta honorable Cámara?
Por lo tanto, las razones que los compañeros de la oposición han expresado, son razones que responden al presente y la erudición que se invoca en el dictamen forma una conclusión sin convicción de justicia y sin convicción de defender los genuinos intereses del pueblo mexicano.
Aquí se hace un parteaguas, no siempre se pueden decidir las cuestiones políticas con mayorías mecánicas, esta cuestión de si México va a seguir siendo un Estado soberano y de si la nación va a seguir conservando su identidad y sus instituciones y el ejercicio pleno de sus funciones, esa cuestión no se va ha derrotar con una mayoría mecánica.
Esa cuestión entrará al debate nacional. Esa cuestión entrará en la opinión pública nacional, esa cuestión el pueblo mexicano sabrá defenderla
extraparlamentariamente, en todo el territorio nacional sabrá defender su Constitución, para que sea soberana sobre pactos que se negocian a espaldas y a escondidas del pueblo.
Porque no es cierto que haya habido participación plena, clara, transparente, de los textos y de los términos en que se ha venido urdiendo esta traición a la patria.
Por lo tanto, los partidos de oposición, todos los que aquí en esta tribuna se han hecho presentes, son los que representan el interés nacional, el interés popular y el interés del Estado mexicano.
Si ese pacto está bien hecho, si tiene razón, fundamento, uniformidad de trato, equivalencia, correspondencia y reciprocidad, aquí tiene que ser examinado. Si ese pacto es recíproco aquí tiene que ser examinado, de otra suerte será un pacto escondido que rechazará el pueblo mexicano, porque la vigencia del derecho no depende de actos traicioneros, turbios y escondidos, sino que la vigencia del derecho va en la conciencia de los ciudadanos y en la conciencia del pueblo. Es todo.
El Presidente:
Para rectificar hechos el diputado Jorge Calderón.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Zalazar:
Con su venia, señor Presidente; estimados compañeros legisladores:
Subo a esta tribuna para completar la exposición jurídica, brillante, estimamos los legisladores del Partido de la Revolución Democrática, que ha hecho nuestro estimado compañero el diputado Carlos González Durán. Quisiera referirme a algunos asuntos estrictamente económicos de la argumentación de la diputada Blanca Ruth Esponda.
Los diputados del Partido de la Revolución Democrática sostenemos que en el texto ya negociado y firmado del Tratado de Libre Comercio, sí hay graves violaciones y afectación de la soberanía; existen, porque se aceptó un panel trinacional en materia de solución de controversias que está por encima de la Suprema Corte de Justicia y de los poderes de la Unión. Hay ahí una violación, particularmente de lo dispuesto en el 39 y en el 40 constitucional.
Sostenemos también que las facultades que tiene el Ejecutivo en materia de negociación de tratados no son facultades omnímodas. El Presidente de la República no es un virrey, delegado por soberano extranjero, está sujeto y debe estar sujeto a la soberanía popular y a la soberanía de los poderes de la Unión.
En consecuencia, debe este tratado ser sometido y lo seguiremos sosteniendo aunque aquí se vote en próximos minutos en contra de lo que estamos defendiendo varios partidos, seguiremos sosteniendo que esos tratados que negocia el Ejecutivo, deben ser sometidos a debate en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados y en el conjunto del pueblo a través de un referendum.
Otro punto. No es correcto afirmar aquí que es responsabilidad de los partidos políticos de oposición democrática, el que no estemos representados en el Senado. ¡Falso! Quien revise las actas de las discusiones que durante muchos días tuvimos en esos momentos históricos de octubre de 1991, podrá revisar como desde muy diversas variantes y con la personalidad política de cada partido de oposición, cuestionamos el conjunto del proceso electoral de agosto de 1991 y precisamente por aquello que algunos de nosotros consideramos, como representantes de partidos políticos nacionales, que fue el operativo de fraude de agosto de 1991, es que cuestionamos la legitimidad de un conjunto de constancias de mayoría de que se dieron a ciertos legisladores que considerábamos que no estaban apoyadas en votos libres y soberanos y tampoco eran elecciones limpias, sino eran producto del fraude electoral en numerosos estados de la República y en numerosas áreas de nuestro país.
Otro punto que consideramos importante sostener en esta tribuna es que no ha habido negociaciones de cara a la nación, ha habido algunas reuniones... y lo dijimos en otra ocasión en la Cámara, en donde algunos funcionarios llegan y explican cosas, algunos foros del Senado donde se escuchan voces y obviamente en ejercicio de las atribulaciones que en materia de libertad de expresión tenemos los ciudadanos y los diputados, aquí hemos debatido efectivamente lo del Tratado de Libre Comercio; pero hay una gigantesca incongruencia entre por un lado reconocer, como lo hace la diputada Blanca Ruth Esponda, que aquí hemos debatido durante meses y durante años el Tratado de Libre Comercio y por otro lado se nos niega el derecho a a decidir cuestiones fundamentales de la vida nacional.
Efectivamente que debatimos, porque hacemos uso de la libertad de expresión; efectivamente
que aquí ha habido un análisis mucho más profundo del Tratado de Libre Comercio y lo seguirá habiendo, aunque voten en próximos minutos en contra de nuestro propios derechos y de los propios derechos de los diputados de la mayoría.
Es una especie de suicidio que están cometiendo, de abdicación de derechos políticos que los diputados de la minoría y de la mayoría deberían ejercer; pero a pesar de eso seguiremos discutiendo. Pero hay una incongruencia entre reconocer que aquí ha habido un debate profundo y serio, que se han publicado libros sobre el tema por está Cámara de Diputados; que hemos tenido discusiones profundas sobre el tema y se nos nieguen facultades específicas en materia de discusión y de ratificación de tratados. Por ello es que no aceptamos tampoco este argumento.
Y, finalmente, no confiamos en la capacidad de este Senado en las condiciones que existen hoy en México y sin las atribulaciones que correspondan a los diputados para debatir este Tratado de Libre Comercio y buscar una renegociación patriótica de los términos en que fue ya firmado.
Pensamos que es preciso reabrir el conjunto del debate nacional sobre tratado ya firmado, sobre los acuerdos paralelos en vías de negociación y en un debate en donde pase por la prueba de la Cámara de Diputados y de las urnas, como sucedió en Dinamarca y como sucedió en Francia, entonces sí establecer los ejes del futuro proyecto nacional. Pero afectar la vida de generaciones enteras de mexicanos, aprobar cosas tan monstruosas como el trato nacional a empresas extranjeras, aprobar cosas tan monstruosas como afectación de soberanía en materia de servicios, de transportes, de bancos, y de mil cosas más, sin un debate, sin un diálogo y sin decisión soberana, ¡no, señores!, podrán tomarse aquí acuerdos. Pero si carecen de legitimidad histórica, si carecen de legitimidad política, serán acuerdos efímeros en el devenir de la historia de México. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra para rectificar hechos, el diputado Cuauhtémoc López Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Cuauhtémoc López Sánchez Coello:
Con su venia, señor Presidente; compañeros legisladores:
Pocas ocasiones hemos tenido de escuchar y en su momento de participar en un debate como el que hoy se ha llevado cabo. Sin duda esto se explica por la trascendencia, la importancia del tema que hoy comentamos.
Yo quisiera regresar un poco al dictamen motivo y materia de esta discusión. El dictamen señala en uno de sus párrafos, casi al final de él:"...por lo expuesto en opinión de estas comisiones, la de Gobernación y de Relaciones Exteriores, la facultad exclusiva del Senado para aprobar los tratados que se han celebrado por el Presidente de la República, encuentra su razón de ser en la naturaleza del Estado federal, atendiendo a la estructura, representativa e integración que caracterizan al propio Senado, así como a la distribución de competencias".
Yo creo, yo considero, que en este párrafo se sintetiza el meollo, el quid del debate que hemos tenido.
La afirmación anterior se sustenta en sus 34 páginas, a través del análisis histórico y jurídico de nuestro sistema bicamaral que ha cumplido con las tareas que la Constitución le confiere. Ya el señor diputado González Avelar, al hacer la presentación del dictamen, repasó, retomó, muchos de los argumentos contenidos en el debate y en algunos casos los precisó. Con un amplio conocimiento del tema, se refirió al dictamen que en su oportunidad fue aprobado por las comisiones correspondientes.
La competencia exclusiva del Senado es acorde con el sistema federal, siendo esa Cámara la que representa en forma equitativa a las autoridades federativas. El pretender modificar las atribuciones del Senado como se propone, implica también atentar contra la fortaleza y vialidad de nuestro sistema federal. Lo que no podemos permitir.
Por otra parte, es procedente sustentar nuestro puntos de vista como ya se ha dicho, en el principio de división del trabajo o de especialización. Ya no el viejo concepto de la división de poderes, sino en su acepción, en su conformación contemporánea, como colaboración y equilibrio de poderes, conforme al cual el Ejecutivo tiene la competencia que la Constitución le confiere, acorde con el principio se organizan tanto los poderes del Estado mexicano, los tres poderes, como hacia el interior del propio Poder Legislativo. El Poder Legislativo, el Congreso de la Unión, subdivide sus funciones de acuerdo con el dispositivo
constitucional, estableciendo facultades exclusivas a cargo del Senado de la Cámara de Diputados, en cuyo caso, el primero, el Senado, está la aprobación entre otros, de los tratados internacionales.
Es conveniente recordar que las relaciones internacionales están sujetas a una intensa dinámica, a conciliar intereses en conflicto, a intereses excluyentes, matizado todo ello por la interdependencia de todos los países hacia el ámbito internacional. Es cada vez la relación más estrecha. En síntesis, es una competencia que se confiere al Senado por su especialización; especialización que se da desde su aprobación, después en su seguimiento, en su modificación y aun en su extinción.
Ahora bien, no es exacto que esta Cámara no tenga competencia en la materia relativa a la aprobación del Senado. Esta se da, como ya se dijo, con la formulación de las leyes reglamentarias, con su aprobación o con las modificaciones. Ejerciendo con ello, la Cámara de Diputados, su carácter representativo de la soberanía popular, en los términos de los artículos 41 y 39.
Pero es importante reiterar que la representación popular no es exclusiva de la Cámara de Diputados. Si bien el artículo 51 de nuestra Carta Magna se refiere a la integración y funcionamiento de la Cámara de Diputados y precisa que será con representantes de la nación, esto no quiere decir que los senadores no sean también representantes de la nación. Para ello ya se dio lectura a los artículos 39 y 41, en que se precisa muy claro que son los tres poderes los que representan a la nación mexicana.
Para efectos de la atención de los asuntos internacionales el Constituyente previó un sistema de pesas y contrapesas. El Ejecutivo prepara, determina en qué momento se realiza o se lleva a cabo un tratado internacional. El Senado ratifica y la Cámara de Diputados participa en la instrumentación jurídica, en la instrumentación legislativa de esos tratados.
No podemos, por razones que sin duda han sido analizadas y merecen atención, particularmente como se ha dicho, las implicaciones del Tratado de Libre Comercio, no podemos con base en ello modificar un sistema o trastocarlo que ha venido funcionando correctamente desde que fue establecido.
La razones, los argumentos...
El Presidente:
Concluya su intervención, señor diputado. Se ha terminado el tiempo.
El diputado Cuauhtémoc López Sánchez Coello:
Le ruego unos segundos más, por favor, señor Presidente.
Las razones profundas que justifiquen ese cambio deberían de ser analizadas no partiendo de un argumento negativo, sino partiendo de un argumento positivo. Precisar las mejoras condiciones para que el federalismo se fortalezca, para que el sistema bicamaral se fortalezca.
Nosotros creemos que con la estructura actual está cumpliendo cabalmente, adecuadamente con sus funciones.
Por otra parte, ¿no fue acaso el federalismo la forma de organización política nacional que nos permitió consolidarnos como Estado? ¿No fue a través del federalismo como se previó el poder frenar y desvirtuar y combatir las acciones expansionistas, colonialistas, en alguna época en nuestra historia?
Es decir, el federalismo con su sistema bicamaral ha comprobado sus bondades, históricamente hablando.
Entonces debemos de buscar los mecanismos para fortalecerlo. Debemos de buscar que el sistema bicamaral funcione mejor, si esto es posible.
¿No son acaso las instituciones que sustentan nuestro presente las que hemos generado en nuestra historia? ¿No son acaso esas instituciones las que nos han fortalecido y dado una proyección más allá de las vicisitudes del tiempo?
Tampoco es argumento válido considerar que otros países han adoptado determinados mecanismos o mecanismos- procedimientos. Tampoco es válido invocar que en otras situaciones hemos accedido a llevar cambios profundos a nuestro sistema constitucional.
Estamos en este caso frente a un acto de cambio que trastoca seriamente la estructura de nuestro sistema legislativo.
Entonces creo que por estas razones y recordándole también al diputado Calderón, con todo respeto, que no es la primera vez que en un
tratado internacional o en un convenio internacional se establecen jurisdicciones para la solución de controversia. Tenemos las diversas cortes internacionales, tenemos los juicios arbitrales y tenemos la Corte Internacional de La Haya. Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene primero la palabra el diputado Francisco Paoli y después el diputado Héctor Ramírez Cuéllar.
EL diputado Francisco José Paoli Bolio:
Con su venia, señor Presidente; señores diputados:
Para hacer algunas rectificaciones de hechos y aclaraciones.
En primer lugar quisiera dejar patentizado que las intervenciones que ha hecho el grupo parlamentario de Acción Nacional, no tienen como propósito el Tratado de Libre Comercio, sino la facultad para aprobar los tratados, que debe ser compartida por esta Cámara.
Segundo. En ningún momento se ha planteado que se quieran modificar las facultades del Senado. El Senado seguirá teniendo facultades para analizar la política exterior y aprobar los tratados. Lo único que se cambia es la facultad exclusiva, porque como decía el diputado que me antecedió en la palabra, estamos buscando, en efecto, maneras para perfeccionar, para mejorar, para matizar, para hacer un análisis más profundo que vea diversos aspectos que no se ven hoy por hoy en el Senado. Y es que se está ocultando constantemente la argumentación política fundamental.
Uno de los argumentos políticos fundamentales que se han usado en esta tribuna y dejaré de personalizarlos, es que el Senado ha funcionado y ha funcionado bien y ésta es en el fondo la gran interrogante: ¿Para quién ha funcionado bien? ¿Para quiénes ha funcionado bien? ¡Para la mayoría, por supuesto!, y ésa es la razón fundamental que está detrás del voto que emitirán en un rato, pero no para el país en su conjunto. El Senado ha sido una tumba, no hay discusiones importantes, sobre todo a partir de la Legislatura anterior para atrás.
Entonces cuando una materia tan fundamental como ésta, las relaciones internacionales, se quiere mantener como facultad exclusiva y todavía se subraya diciendo que se va a encargar en forma exclusiva, se dijo, de especialización al Senado, ¿con base en qué?, ¿qué requisito se le pide al Senado para que sea un órgano especializado en el análisis de la política internacional? Ninguno.
Pero fundamentalmente hay una razón que vale la pena explorar un poco más y es la siguiente: Toda la línea de argumentación que se ha hecho desde el principio, sostenida por el diputado González Avelar, primero y después por los otros representantes de la mayoría, es que tratándose de la Cámara de Senadores como una Cámara, representantes del pacto federal, representante de las entidades y del pacto federal, lo cual no ha sido probado, entonces le corresponde el análisis de la política internacional y la aprobación de los tratados.
Lo que yo diría es que no se sigue una cosa de la otra. El hecho de que haya equidad en términos de entidades federativas que queden representadas iguales en un órgano como el Senado, que de paso aclaro, no se divide la soberanía, diputada Blanca Esponda, el artículo 41 lo que dice: es que se ejerce la soberanía a través de los poderes, pero la soberanía es algo integral, algo orgánico y algo que sólo corresponde a la ciudadanía, al pueblo de México, no se divide, se ejerce por distintos órganos, en distintas materias y en distintos momentos que están expresamente autorizados.
Pero yo quisiera decir que no se sigue, señores diputados, de la argumentación de que la Cámara de Senadores es la Cámara Federal, que ella tenga esta facultad exclusiva. No hay una conclusión lógica en este silogismo. Por tanto, lo que queremos es que el pueblo de México en todas sus formas de representación y ésta es una forma de representación fundamental, analice desde distintos ángulos, con las distintas razones, con los distintos intereses, incluso que se mueven en los distintos órganos, las facultades que tiene el Presidente para firmar un convenio internacional, un tratado internacional pero sobre todo para aprobarlo.
Quisiera decir que el Senado de la República es tan responsable del Pacto Federal como lo somos nosotros, no es una Cámara que tenga la facultad exclusiva de sostener el Pacto Federal, las dos cámaras tenemos la misma obligación y muchas leyes, muchas leyes que son el desenvolvimiento, el desarrollo del Pacto Federal, sí son facultad exclusiva de esta Cámara, por tanto necesitamos una premisa mayor de análisis de
La realidad internacional, necesitamos entrar al análisis sistemático de esta política, no a hurtadillas, no robándonos tiempo en la tribuna, sino por autorización de nuestra Constitución y ésta es la razón que están argumentando las iniciativas que ahora en el dictamen se desecha. Eso es todo.
El Presidente:
Para rectificación de hechos, tiene el uso de la palabra el diputado Héctor Ramírez Cuéllar.
El diputado Héctor Ramírez Cuéllar:
Señor Presidente, compañeros diputados:
He pedido el uso de la palabra para hechos a efecto de que quede muy claro en esta Asamblea y en la opinión pública que el PPS no plantea de ninguna manera la vulneración del orden jurídico federal en lo que concierne a esta discusión, nada más lejos de nuestra política, nada más opuesto a nuestra pretensión; por el contrario, si algo nos ha caracterizado como partido político es la de hacer efectivo el régimen federal, el sistema de distribución de competencias del Congreso de la Unión y de los demás órganos de la República Mexicana.
El hecho de que hayamos propuesto que una facultad exclusiva del Senado pudiera ser compartida con la Cámara de Diputados, en nada demerita el equilibrio de las dos cámaras, ni mucho menos vulnera el orden jurídico federal, prueba de ello, es que esta Cámara tiene muchas otras facultades que comparte con la Cámara de Senadores y que no por eso se puede concluir que se está vulnerando, que se está atacando la división de las cámaras en dos porque el reparto de atribuciones de las cámaras, se hizo obedeciendo a razones históricas. Todavía hace 12 años compartíamos con el Senado la facultad de aprobar el Presupuesto de Egresos, pero hubo una reforma política que nos dio a esta Cámara la facultad exclusiva de esta Ley, de tal manera que la distribución de funciones de la Cámara obedece a circunstancias históricas y políticas y, por lo tanto no conviene aferrarse a principios jurídicos al margen de la historia y al margen de la realidad cambiante de nuestro tiempo. El día de mañana los mismos diputados que están defendiendo la exclusividad del Senado en materia de tratados, vendrán a defender la posición que es la de compartir esa facultad con la Cámara de Senadores, porque así es cambiante la realidad.
Nosotros no estamos poniendo a debate en este momento la existencia del Senado y ésa es la otra aclaración que deseamos hacer, es bien conocida nuestra posición con respecto a esa Cámara, pero por hoy éste no es el debate, no estamos debatiendo la procedencia del Senado en el sistema constitucional mexicano, pero como aquí se ha dicho, habrá otros foros, habrá otros escenarios para dirimir este asunto que consideramos no ha sido resuelto.
Los oradores del PRI no han esgrimido argumentos actuales para convencernos de que el Senado no puede compartir esas facultades. Aquí mismo el diputado Calderón lo ha demostrado, cuando ha afirmado que algunas partes del tratado son anticonstitucionales y en otras sesiones de esta Cámara, hemos debatido el asunto del Tratado de Libre Comercio con mayor profundidad, con mayor tiempo y con más enfoques que en la Cámara de Senadores.
Por lo tanto nos da la idea esta sola sesión, de que la riqueza de opiniones de esta Cámara, la variedad de puntos de vista, es mucho mayor que la Cámara de Senadores y eso debiera mover a reflexionar a los señores miembros de la mayoría. Muchas gracias.
El Presidente:
También para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Ricardo Valero.
El diputado Ricardo Valero Recio Becerra:
Señor Presidente; señoras y señores diputados:
Son desde luego muchos los temas acerca de los cuales sería indispensable hacer las precisiones correspondiente. No me propongo de ninguna manera tratarlos todos, es mi propósito fundamental hacer una presentación de una propuesta de varios partidos políticos, o más bien de diputados pertenecientes a varias fracciones parlamentarias.
Antes de ello, sí quisiera simplemente que quedara una constancia de que no es verdad, como se ha afirmado aquí, que este proyecto de dictamen haya sido resultado, haya sido producto de un diálogo intenso, de acercamiento de puntos de vista, nada más alejado de la realidad, y no con ello, como ya señalamos esta mañana, es nuestra pretensión impugnarlo por lo menos en esos términos.
El dictamen fue convenido que fuese elaborado exclusivamente al identificarse por diputados que forman parte de la fracción parlamentaria del PRI y que fue, ya en comisiones también, votado en contra por todas las fracciones distintas a la de ese partido.
No es verdad entonces que sea resultado del acercamiento de puntos de vista, menos aún del diálogo intenso, del intercambio y aportaciones de muchos puntos de vista.
Yo estoy de acuerdo en que el debate que hoy tiene lugar, probablemente a punto de concluir, es un debate mucho más profundo que efectivamente lo enunciemos esta mañana, en el dictamen hay una serie de elementos, hay una serie de afirmaciones que aparecen simplemente manifestadas como dogmas, como verdades inobjetables, indiscutibles, a propósito del sistema político mexicano.
El Senado funciona, la Federación funciona, todo marcha de acuerdo con lo previsto en la Constitución.
La discusión es efectivamente de fondo. La discusión y las preguntas que nos hacemos como varios diputados, el diputado Paoli hace un momento, tiene que ver con el plano político. Efectivamente, es un Senado que se ha caracterizado por su independencia, por el cumplimiento efectivo incluso de estas mismas facultades.
En materia internacional creo que es de todos conocido que sólo muy recientemente participa formulando sus puntos de vista, a propósito de algunas acciones de carácter internacional, en su mayoría todas son actividades formales, desde la ratificación, sin mayores elementos de juicio, de los acuerdos, los nombramientos del Ejecutivo, por ejemplo para la designación de representantes diplomáticos y consulados.
Entonces el tema efectivamente es el funcionamiento de un sistema en donde no existe la división de poderes, un sistema presidencialista al que el Senado y de alguna manera también esta Cámara de Diputados, prestan y rinden una clara subordinación. Ese es el asunto de fondo y lo que explica la negativa de alguna modificación, incluso en esta materia.
Nadie ha señalado que un tratado internacional no pueda ser objeto de una cesión de soberanía, prácticamente está en el mismo tratado internacional implícita esa posibilidad; pero también aquí la discusión es otra, la discusión radica en quién determina cuándo se cede soberanía en un caso y en otro y por qué no, un examen colectivo, porque por ahora ésta parece ser una facultad, de las facultades no escritas, también del Poder Ejecutivo. El decide si se cede o no soberanía, él decide si los demás incurren en violaciones de ella y decide además quiénes afectan precisamente esa soberanía con sus actos, distinto desde luego de su propia actuación.
Entonces son todos éstos los temas que seguramente están presentes en un debate no abierto, que se retomarán en su momento y por ahora quiero dar a conocer, como anuncié hace un momento, un proyecto de propuesta de proposición de varios diputados que forman parte de esta Cámara.
"Los abajo suscritos, dice el comunicado y la propuesta, diputados federales, con base en el artículo 72 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, que restringe a un año la prohibición para presentar nuevamente una iniciativa y considerando que por lo tanto es constitucionalmente absurda la pretensión de comprometer de manera absoluta la soberanía de futuras legislaturas, ponen a la consideración de este pleno la siguiente
PROPOSICIÓN
Unico. Se elimina la última oración del punto resolutivo del dictamen de las comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores, sobre las iniciativas que buscan restablecer la bicamaralidad de la aprobación de tratados internacionales y que reza como sigue: "Archívese como asunto total y definitivamente concluidos."
Dado en la sala de sesiones de esta Cámara el día de hoy, y firman por los grupos parlamentarios el diputado Martín Tavira, del Partido Popular Socialista, el diputado Manuel Terrazas, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, la diputada Cecilia Soto, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; del Partido Acción Nacional, los diputados Gabriel Jiménez Remus, Juan de Dios Castro y por el Partido de la Revolución Democrática, la diputada Rosa Albina Garavito y un servidor."
Lo dejo a disposición de la Secretaría y a consideración de esta Asamblea, esperando desde luego que entre todos los temas que hoy se mencionaron, por lo menos éste pueda, si no resarcir, al menos modificar algunos de los aspectos de un dictamen, que como se ha demostrado, no solamente es inconsistente en muchos y los principales aspectos y fundamentos, sino que incurre en aberraciones tan notables como la que acabamos de mencionar. Muchas gracias.
El Presidente:
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se admite la modificación propuesta por el diputado Ricardo de Valero en nombre de otro grupo de diputados.
El secretario Jesús Molina Lozano:
En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor Presidente.
El Presidente:
Para rectificar hechos, el diputado Jorge Calderón tiene la palabra hasta por cinco minutos.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar:
Con su venia, señor Presidente:
Seré breve, sólo hablaré unos segundos. Soy receptivo a esas muestras irregulares de descontento que se expresan con sonidos diversos.
Solamente para decir ¡qué bueno que hubo aceptación de seis partidos de que constituía una violación constitucional el haber tomado esa lapidaria frase de archívese por los siglos de los siglos...!, casi así decía, pero en nada modifica el cuestionamiento esencial y fundado que durante todas estas horas de debate, nuestro partido y nuestro grupo parlamentario ha hecho del contenido y, por tanto votaremos en contra de este dictamen. Gracias.
El Presidente:
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen.
La secretaria Graciela Larios Rivas:
En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente:
Proceda la Secretaría a recoger la votación económica.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar:
(Desde su curul) Señor Presidente, solicitamos que sea votación nominal.
El Presidente:
La solicitud que hace el diputado Jorge Calderón debe ser apoyada por cinco diputados cuando menos, por escrito, para que proceda.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar:
(Desde su curul) Señor Presidente, lo que estamos pidiendo es que la votación del dictamen sea una votación nominal. Eso es lo que estamos exigiendo.
El Presidente:
De conformidad con el Reglamento, proceda la Secretaría a tomar la votación nominal, como es solicitada por un grupo de diputados encabezados por el diputado Jorge Calderón.
La secretaria Graciela Larios Rivas:
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos correspondientes. Se va a proceder a recoger la votación nominal.
(Votación)
La secretaria Luisa Urrecha Beltrán:
Señor Presidente, se emitieron 293 votos en pro y 127 en contra.
El Presidente:
Aprobado el dictamen por 293 votos.
La secretaria Luisa Urrecha Beltrán:
Aprobado el dictamen. Archívense los expedientes.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA (II)
LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DEL CAFÉ
El Presidente:
El siguiente puntos del orden del día es la primera lectura al dictamen relativo al proyecto de
decreto que abroga la Ley que crea el Instituto Mexicano del Café.
En atención a que este dictamen ha sido impreso y se está distribuyendo entre los diputados, consulte la Secretaría...
Perdón, el diputado Manuel Huerta, ¿con qué objeto?
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:
(Desde su curul) Sobre la dispensa de la lectura al dictamen.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Manuel Huerta.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:
Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:
Subo a esta tribuna con la intención no de adelantar el debate de fondo que seguramente daremos el jueves sobre el tema del punto siguiente del orden del día, sino con la firme intención de que reflexionemos sobre los mecanismos de trabajo de esta Cámara y porqué estamos diciendo esto.
Porque de no cambiar su actitud que una vez más mostró la mayoría priísta al seno de comisiones unidas de Agricultura y de Comercio de esta Soberanía el día de hoy al media día, cada vez más hunden al probable rescate de nuestra dignidad como un Poder Legislativo que entiende la división de poderes y rompe su esquema de sumisión al Poder Ejecutivo. Hoy es una oportunidad.
De no lograr este fin, cuando menos para la historia quedará claro y para nosotros esta denuncia sobre los mecanismos de trabajo de esta Cámara.
Decía yo que no queremos discutir hoy el debate de fondo, que cuál es, pues con esta iniciativa el señor Salinas nos pide que esta honorable Cámara de Diputados, apruebe e instruya al Ejecutivo para que éste ejecute lo que él ya ejecutó. ¿Y acaso esto no lo sabíamos ya desde el 24 de febrero de este año, cuando el diputado, Flores Velasco en la Comisión Permanente, alertaba sobre este hecho, ante la presencia de un grupo de trabajadores de este Instituto que alegaban violaciones a la Ley y a la Constitución de nuestro país y que ellos ya habían iniciado un movimiento para defender sus derechos y nos pedían que interviniéramos como es nuestro deber y como así se acordó después de un intenso debate y por manifestaciones expresa de representantes de todos los partidos políticos, excepción obvia evidentemente del partido mayoritario de esta Cámara?
Y aquí se acordó según la versión estenográfica y doy lectura: "El ciudadano Presidente: Señoras y señores legisladores, esta Presidencia con fundamento en lo previsto en la fracción III del artículo 79 constitucional y artículo 61 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General acuerda: Turnar la solicitud que han presentado los trabajadores del Inmecafé a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados y a esta misma Comisión, la Declaración Política suscrita por varios partidos y presentada en esta tribuna".
No bastó ese resolutivo, se puede consultar el debate final de la última sesión de la Comisión Permanente y después de otro intenso debate, se vuelve a acordar que esta soberanía a través de la misma Comisión intervenga. Hasta la fecha no tenemos un resultado sobre esta gestión que vaya más allá de oficios girados y recibidos. Y decía yo que este debate lo tendremos más adelante.
Lo que a nosotros hoy nos interesa subrayar, es como se presenta el dictamen sobre este Decreto que hoy nos presenta aquí en primera lectura.
El día 20 de abril el Senado de la República recibe la iniciativa del Ejecutivo de un decreto que abroga la Ley que crea el Instituto Mexicano del Café. El día 3 de mayo, en base a los acuerdos de trabajo que el Congreso de la Unión tiene, se reúne la colegisladora de senadores y de diputados con el señor Ernesto Rubio Enríquez, subsecretario de la SARH y el señor Funes, hasta hoy director del todavía, no desaparecido Inmecafé y a su vez presidente del recién creado Consejo Mexicano del Café, doble trabajo, doble sueldo, expliquen qué está pasando.
Y bueno, lo que nos interesa destacar de esa reunión es que todavía en este momento probamos la importancia del diálogo de iguales entre el Poder Ejecutivo y Legislativo. ¿Por qué
decimos esto?, pues porque con la información verbal que ahí intercambiamos, logramos aclarar algunas dudas, sin embargo, aún en ese momento se consideró insuficiente la información como consta en la versión estenográfica de esa reunión, a petición de información de distintos diputados y específicamente por el diputado Flores Velasco.
Y en respuesta a la voz del señor subsecretario en dicha versión estenográfica, dice: "3. Nosotros obviamente estamos en la mejor disposición, además es nuestra obligación constitucional de proporcionar a ustedes la información sé que se les ha dado ya parte de la información financiera, yo le daría instrucciones al director antes, de que tengan toda la información".
Cabe decir que hasta la fecha seguimos esperando la información prometida. Después, el 18 de mayo, el Senado, en un claro proceso de fast track es decir una vía ultrarápida, en un solo día de entrada en primera, segunda, debate y apruebe el decreto. Así los señores senadores condenan a 3 millones de mexicanos que sufrirán directamente las terribles consecuencias de este decreto y al resto de los ciudadanos del país, incluidos nosotros los diputados, lo que hemos cuestionado sobre el manejo financiero y sobre la política del café en nuestro país y que este Instituto ha tenido y ha contado con presupuesto federal que se hace con nuestro dinero, nos faltan al respeto y, ni siquiera darnos los señores funcionarios del Ejecutivo la información.
Esta prisa del Senado, da por resultado una minuta que nos envía a esta Cámara, hecho sobre las rodillas y que amplía nuestras dudas y cuestionamientos y evidentemente nuestra necesidad sobre el tema.
Yo voy a abreviar, hay un diferendo muy grande en la minuta que nos envía el Senado, donde habla de una cantidad extra de 3 mil 450 millones de pesos de los viejos, luego nos informan que ya lo corrigieron con un oficio, que no eran 3 mil 400 millones de nuevos pesos, sino que eran nada más de viejos pesos. Es decir, una minuta hecha al vapor.
Y luego de haber cuestionado un diputado del PAN, el diputado Del Arenal sobre esta cantidad mencionada, entre otras cosas, se decide ahí, como en ese momento era la intención, formar una subcomisión de esa reunión de comisiones unidas, a la cual fue presentada esta minuta para iniciar la discusión y se elaboraría un proyecto de dictamen a discutir ya en el pleno de comisiones unidas.
Eso, compañeros, se forma con alrededor de 12 diputados de diferentes partidos, entre ellos un servidor. Nos citamos ahí mismo para el día lunes 24 del mismo mes y a la misma hora. En esa reunión, cabe aclarar, cinco diputados presentes de la subcomisión, dos del PRI, dos del PRD, y uno del PAN, nos muestran el avance, el trabajo que elaboró la secretaría técnica de ambas comisiones, que consiste ya en lo que yo hablaba...
El Presidente:
Concluya su intervención diputado para que continúe el trámite.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:
Pedimos, porque es de mucha importancia para nosotros alertar sobre esto.
Nosotros pensamos que de todas maneras esto es muy grave, además de presentarnos un anteproyecto en la idea de discutirlo en la subcomisión, para desgracia, el diputado Garduño se ausenta en la reunión y queda el diputado Prats para nuestra fortuna y luego aclararé por qué. Junto con él, el diputado Del Arenal de la fracción panista, el diputado Flores Velasco y un servidor, ahí en esa reunión.
La conclusión, a lo que nos interesa llegar, después de dar lectura al anteproyecto, es que sigue faltando la información requerida para analizarla con tiempo suficiente y poder avanzar en nuestra tarea legislativa.
Queremos reconocer el empeño del diputado Prats, ha tenido a bien demostrarlo en las distintas reuniones con este fin y él mismo opinó y acordó lo que ya dijimos. Uno, que se dé la información requerida, que se estudie con tiempo suficiente y hasta entonces volverse a reunir como subcomisión para preparar nuestra propuesta de dictamen a presentar.
Ya sabemos por qué chiflan compañeros, porque el día de hoy así, en otro fast track sin aviso, sin trabajo de la subcomisión, hoy citan a comisiones unidas y nos presentan una propuesta de dictamen que queremos dejar claro, no elaboró la Comisión, no se elaboró a escondidas compañeros ya sabemos que se elaboró en la claridad y no de esta Cámara, sino en las oficinas del Ejecutivo, de la SARH y del Inmecafé. Y es por eso que nosotros, hoy entre otros muchos
argumentos que tenemos hoy, para inconformarnos y para exigir que cuando menos el día de hoy se le dé lectura al dictamen, porque inclusive los señores diputados de la mayoría, hoy al seno de las comisiones, votaron una iniciativa que ni siquiera se leyó el día de hoy al seno de comisiones unidas.
Estoy seguro que pocos diputados conocen el contenido y ésta es la denuncia que el día de hoy venimos a presentar aquí. Muchas gracias.
El Presidente:
No es el ánimo de esta Presidencia coartar la palabra de los diputados por lo que se le concedió el uso de la palabra para rectificar hechos al diputado. Manuel Huerta, pero debe concluir el trámite iniciado.
En atención a que este dictamen ha sido impreso y se está distribuyendo entre los diputados, consulte la Secretaría a la Asamblea, si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario Rufino Rodríguez Cabrera:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
«Comisiones unidas de Comercio y de Agricultura.
Honorable Asamblea: A las comisiones unidas de Comercio y de Agricultura, fue turnada para su estudio y dictamen la minuta que contiene proyecto de decreto que abroga la Ley que crea el Instituto Mexicano del Café, enviada a esta Cámara de Diputados en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 72 inciso a de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el Senado de la República.
Dichas comisiones, con la facultad que otorgan los artículos 56 y 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, procedieron a su análisis y dictamen al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
El 20 de abril de 1993, con base en la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para los efectos del artículo 72 de la propia Carta Magna, fue enviada a la Cámara de Senadores por el titular del Poder Ejecutivo Federal, la Iniciativa de Decreto que abroga la Ley que crea el Instituto Mexicano del Café, toda vez que como lo previene la fracción XXIX- E del artículo 73 de nuestra norma fundamental, su contenido resulta de la competencia exclusiva del Congreso de la Unión.
Ejerciendo funciones de Cámara de origen, el Senado de la República se avocó al estudio de la iniciativa, canalizándola a las comisiones de Comercio y Fomento Industrial, mismas que, después de un análisis preliminar y al amparo del acuerdo suscrito con esta Cámara de Diputados, el 28 de abril de 1993 procedieron a reunirse con representantes de esta última a fin de establecer la mecánica para llevar a cabo, conjuntamente, trabajos en conferencia a los que se invitaría a servidores de la Administración Pública Federal con responsabilidad en materia de agricultura y de fomento al cultivo del café.
Derivado de ello, el día 3 de mayo de este año, fueron efectuados los trabajos de conferencia en los que se estableció un amplio diálogo en torno a los problemas que afectan a la cafeticultura nacional e internacional, la situación organizativa de los productores del aromático y las consideraciones vertidas en la exposición de motivos de la iniciativa. Con esos antecedentes fue elaborado el dictamen correspondiente, mismo que se presentó al pleno de la Cámara de Senadores el 17 del actual, aprobándose en todos sus términos, para ser turnada a esta Cámara de Diputados al día siguiente.
Con respecto al Instituto Mexicano del Café (Inmecafé), éste fue creado con la finalidad de defender y mejorar el cultivo, beneficio y comercio de dicho producto, mediante Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1958, para lo cual fue investido de personalidad jurídica y patrimonio propio con el carácter de organismo público descentralizado. El antecedente directo y precedente legal que fundamenta su aparición es la Comisión Nacional del Café, la que se destinó a fomentar exclusivamente la producción del aromático, pero en cuyo decreto de creación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de octubre de 1949, se previó que si ésta obtenía resultados exitosos, se estudiaría la
conveniencia de crear un organismo al que se le confiaría lo relativo a la organización, dirección, fomento, desarrollo y defensa de la industria cafetalera en todos sus aspectos.
Para precisar y redondear sus funciones, el 13 de junio de 1959, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en Reglamento Interno del Instituto Mexicano del Café, en el cuál se establece que su papel sería regular el mercado nacional del café, fungiendo como conciliador entre oferentes y demandantes para buscar el equilibrio en los precios y mejorar los mecanismos de abastecimiento, constituyéndose en un organismo de consulta del Gobierno Federal y de los gobiernos de los estados, en todo lo relacionado con dicho producto.
Con las atribuciones señaladas, el Instituto Mexicano del Café inició y desarrollo sus actividades cumpliendo aproximadamente durante tres décadas una importante función en beneficio tanto de los productores como de los consumidores, al grado que, en su mejor momento, llego a adquirir más de la mitad de la cosecha nacional, en especial de los pequeños productores, y a operar una gran parte de las beneficiadoras de dicho grano. Su destacada función se reflejó también en el terreno de la comercialización, habida cuenta que regulaba las exportaciones y determinaba la forma y términos de la concurrencia al mercado internacional.
En virtud de que, por un lado, la estrategia de modernización del campo planteada por la presente administración pública federal en materia de política agrícola, se sustenta en una creciente participación de los sectores social y privado, permitiendo que las fuerzas del mercado interactúen libremente y que los eslabones de la cadena productiva se enlacen con mayor eficiencia, con la ayuda de los apoyos requeridos; y que, por el otro, los productores del grano demanden firmemente un mayor control de su propio proceso productivo y una más amplia participación en la toma de decisiones vinculada en la transformación y la comercialización del aromático, el 30 de agosto de 1989 el titular del Poder Ejecutivo Federal dictó acuerdo mediante el que aprueba la reestructuración del sector cafetalero mexicano, con la finalidad de crear espacios para propiciar el desarrollo autogestivo de los productores y una mayor retención del excedente generado.
A ello se agrega que, en 1989, al cancelarse las cláusulas económicas del Convenio Internacional del Café y desaparecer, por consecuencia, las cuotas de exportación a las que se encontraban sujetos los países del grano, la función reguladora de las exportaciones que venía desempeñando el Instituto Mexicano del Café, perdió su razón de ser. Ante este escenario mundial, los productores cafetaleros incrementaron su demanda de apropiarse del control de todos los eslabones de la cadena productiva.
Con ese antecedente y en base a lo dispuesto en los artículos 31, 32, 32- bis, 34, 35, 40, 41 y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 5o., 6o., 25, 38, 40, y 41 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; 28 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1989 y 9o., del Reglamento Interno del Instituto Mexicano del Café, en el mes de enero de 1990, se suscribió el Convenio de Saneamiento Financiero de dicho organismo descentralizado, a través del cual se redefinieron sus políticas, estrategias, programas, metas y estructura interna a efecto de propiciar el uso más racional y eficiente de los recursos presupuestales asignados.
El referido Convenio trajo como consecuencia inmediata para el Inmecafé la desincorporación de sus empresas filiales Cafemex y Dicamex, así como de su infraestructura de acopio, almacenamiento y desarrollo agroindustrial por la vía de su transferencia a los productores. Con ese motivo, el 13 de diciembre de 1990, el órgano de Gobierno del Instituto Mexicano del Café acordó su retiro total de la vertiente comercial, presentando en el mes de julio de 1991, un informe de avances del cumplimiento del Convenio a la Comisión Intersecretarial Gasto- Financiamiento, misma que en su sesión ordinaria del 30 de octubre de 1991, autorizó al Instituto a realizar únicamente las funciones de: investigación, asistencia técnica, capacitación, representación comercial y de información de mercados.
Con las anteriores medidas, el Instituto Mexicano del Café canceló la posibilidad de obtener ingresos propios, por lo que su situación financiera se tornó cada mes más difícil, viéndose en la necesidad de reducir en forma creciente sus gastos de operación y administración y, por ende, de disminuir significativamente su plantilla de personal.
Frente a los avances de las organizaciones de productores cafetaleros que han venido asumiendo paulatinamente el control de la producción, beneficio y comercialización del aromático y, en congruencia con la política de fortalecimiento de la rectoría económica del Estado y las medidas de restricción del gasto público instrumentada por el Ejecutivo Federal, la Secretaría de
Agricultura y Recursos Hidráulicos expuso a la Comisión Intersecretarial Gasto- Financiamiento la conveniencia de extinguir y liquidar al Instituto Mexicano del Café, en la inteligencia de que la actividad estatal se enfocaría, en este renglón, al estímulo de la productividad y la modernización tecnológica; a la ubicación adecuada del grano en el mercado internacional y, a la representación de los intereses del país en los foros del exterior.
Como resultado de la gestión incoada, la Comisión Gasto- Financiamiento, con fecha 21 de octubre de 1992, validó la opinión de la Dependencia cabeza de sector, en el sentido de que consideraba benéfico solicitar la desaparición y liquidación del Instituto Mexicano del Café, instruyendo a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, para que procediese a tomar las medidas conducentes encaminadas a su concreción, acuerdo que fue aprobado por el órgano de Gobierno de dicho Instituto el 21 de enero del presente año.
De este modo, se dio inicio al procedimiento que marca el artículo 16 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, cuya letra dispone que: "cuando algún organismo descentralizado creado por el Ejecutivo deje de cumplir sus fines u objeto, o su funcionamiento no resulte ya conveniente desde el punto de vista de la economía nacional o del interés público, la Secretaría de Programación y Presupuesto (hoy Secretaría de Hacienda y Crédito Público), atendiendo a la opinión de su dependencia coordinadora del sector que corresponda, propondrá al Ejecutivo Federal la disolución, liquidación o extinción de aquél organismo. Asimismo, podrá proponer su fusión cuando su actividad combinada redunde en un incremento de eficiencia y productividad".
Por lo anteriormente expuesto y habiendo analizado minuciosamente las implicaciones que traería consigo la aprobación de la iniciativa en dictamen, las comisiones unidas de Comercio y de Agricultura se permiten someter al pleno de esta honorable Asamblea, los siguientes
CONSIDERANDOS
El Instituto Mexicano del Café fue creado con el objeto de defender y fomentar el desarrollo de la cafeticultura nacional en condiciones que hacían necesaria la existencia de un organismo que estimule y protegiese directamente la producción, transformación y comercialización de este grano. A ello se añadía, dadas las reglas del mercado internacional, la importancia de contar con un mecanismo regulador de las exportaciones. Con ese objeto, fue revestido de amplias facultades que le permitieron durante casi 30 años desempeñar eficazmente la función que le dio origen.
Empero, aunque su administración era exitosa, la mecánica operativa del Instituto Mexicano del Café adoptó prácticas paternalistas que inhibieron y suplantaron las iniciativas de los productores provocando el atrofiamiento de sus capacidades autogestivas. De esta suerte, llegó a adquirir grandes volúmenes de la producción nacional del grano y a manejar un elevado número de las instalaciones de beneficio, sin contar otras esferas de la cadena productiva en las que su participación era notoria. Aún así, con el paso del tiempo, los productores fueron incursionando en actividades económicas cada vez más complejas, surgiendo organizaciones campesinas capaces de realizar por si mismas, procesos que les permitieron ir reteniendo y apropiándose del excedente generado.
Al consolidarse diversas organizaciones económicas cafetaleras y adquirir experiencia en las fases de beneficio y comercialización del aromático, los productores empezaron a demandar al Estado la desincorporación de funciones del Instituto Mexicano del Café, así como la transferencia de activos a los propios productores. Este planteamiento fue formulado reiteradamente al actual titular del Poder Ejecutivo Federal durante su campaña para ocupar la Presidencia de la República y retomado posteriormente para nutrir su programa de Gobierno.
En esa tesitura, el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 establece entre sus objetivos primordiales el fortalecimiento de la soberanía del país y el mejoramiento de los niveles de bienestar de los productores del campo y de sus familias, mediante el impulso a la modernización del sector rural, a través del incremento de los índices de la producción y de la productividad agropecuaria. Para ello, resalta la necesidad de vigorizar el papel del Estado en materia de rectoría económica, en base al replanteamiento de su relación con los sectores involucrados en el desenvolvimiento del campo y a la gradual reducción de su participación en el ámbito de las actividades productivas, haciendo de la iniciativa de los productores, de la liberación de la energía social de las comunidades y de la responsabilidad compartida entre el Estado y los campesinos, la plataforma para instrumentar las acciones que permitan en la práctica convertir a los productores en los protagonistas centrales de su propio desarrollo.
Para ello, a fin robustecer e imprimir mayor efectividad a las funciones de rectoría económica del Estado, fundamentalmente en materia de planeación, así como para democratizar el quehacer cotidiano de los productores rurales, se parte de reconocer su mayoría de edad y su capacidad autogestiva para con el apoyo de los instrumentos oficiales de fomento, auspiciar el fortalecimiento de su autonomía técnica, comercial y financiera. En ese sentido, el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, contempla entre sus principales líneas de acción la promoción permanente de "procesos de organización productiva y capacitación técnica de manera tal que los productores asuman su responsabilidad en la programación de los trabajos, la selección de los cultivos y las decisiones vinculadas a la producción del campo".
Para concretar lo anterior, el Programa Nacional de Modernización del Campo 1990-1994, acoge entre sus objetivos particulares el "desincorporar las actividades que el Estado realiza en materia de procesamiento y comercialización de productos e integrar, dentro de las instancias de beneficio y transformación, a los productores primarios, con el fin de incrementar la generación y retención del excedente económico". De ahí que, en el corto plazo, dicho programa se propone impulsar el proceso de modernización rural mediante el desarrollo estratégico de nuevos esquemas de producción y comercialización que permitan al país aprovechar en forma óptima el potencial del sector agropecuario y forestal.
A más de tres décadas de su creación, frente a un entorno económico internacional en el que imperan nuevas reglas de juegos y en el que la liberación de las cuotas de exportación y la caída de los precios del café en el mercado mundial son hechos consumados; así como, en el contexto del nuevo marco jurídico agrario cristalizado con las recientes reformas al artículo 27 de la Constitución en las que se reconoce a los productores rurales una mayor libertad y, por ende, un mayor margen de maniobrabilidad a sus organizaciones, lo cual les permita asumir el control de la producción, la industrialización y la comercialización, la existencia del Instituto Mexicano del Café, tal como se considera en la iniciativa del titular del Ejecutivo Federal y en el dictamen del Senado de la República, ha dejado de ser necesaria.
Por consiguiente, al calor de las señaladas líneas de política, de las nuevas condiciones del mercado internacional y de las reformas constitucionales en materia agraria, el Instituto Mexicano del Café procedió a transformarse y adecuarse a las nuevas circunstancias, comenzando un proceso de transferencia de sus plantas industriales, de almacenamiento y de comercialización que culmino con la entrega total de sus instalaciones a los productores cafetaleros organizados, especialmente del sector social, limitándose a desarrollar actividades de capacitación, investigación, organización, asistencia técnica e información que lo hicieron incosteable, conduciéndolo a una crisis financiera y a la imperiosa necesidad de reducir drásticamente sus gastos de operación y su plantilla de personal.
No obstante, el proceso de transferencia de activos se orientó al apoyo del sector social, en busca no de la negociación ventajosa, sino de la satisfacción del bien común, por lo que del total de instalaciones y equipo desincorporado del Instituto Mexicano del Café, el 100% quedó en manos de los productores de bajos ingresos, quienes lo adquieren con el apoyo del Gobierno Federal, mismo que aportó el 10% del valor de los activos a través del Fondo de Empresas en Solidaridad. Con ello, las organizaciones de productores cafetaleros del sector social cuentan, en la actualidad, con cerca del 60% de la capacidad instalada total de beneficiado del país y exportan directamente el aromático a los mercados de Estados Unidos y de Europa.
En lo concerniente al manejo financiero del organismo, conviene resaltar que su transparencia y limpieza fue corroborada recientemente por las siguientes autoridades y en las señaladas fechas: Por la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, el 18 de febrero de 1992; por la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados, el 17 de septiembre de 1992; por la Contraloría Interna de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en 21 de noviembre de 1992 y, por la Comisión de Gestoría y Quejas de Cámara de Diputados, el 12 de mayo de 1993. Al respecto, hay que recordar que el presupuesto anual asignado al Instituto Mexicano del Café vino decreciendo en forma constante y por demás significativa, de 897 mil millones de pesos en 1988, a 10 mil millones de pesos en 1993.
Cabe apuntar que, en cuanto a la relación laboral del Instituto con sus trabajadores, el órgano de Gobierno del Inmecafé, orillado por la política de redefinición orgánica y funcional, se vio impelido a terminar la relación laboral con sus trabajadores el 31 de enero de 1993 apegándose a lo estipulado en el artículo 123, apartado B, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cumpliendo
debidamente con sus obligaciones patronales y cubriendo satisfactoriamente las indemnizaciones correspondientes.
De lo considerado hasta este párrafo, se colige que la decisión tomada por el Ejecutivo Federal de solicitar la liquidación y extinción del Instituto Mexicano del Café, misma que fue dictaminada favorablemente el 17 de mayo del año en curso por la Cámara de Senadores, se encuentra cabalmente motivada y razonada, siendo de suyo evidentes que ésta contemporiza con los propósitos fundamentales establecidos en el artículo 25 de la Constitución que tienden a fortalecer la rectoría del Estado en la conducción del desarrollo nacional y facilitar la expansión de las actividades económicas del sector social.
En ese sentido, en aras de la protección del interés público, el Gobierno de la República tiene la ineludible obligación de modernizarse permanentemente a efecto de satisfacer las necesidades que le exigen las circunstancias económicas, políticas y sociales en un momento determinado. Identificar y reconocer tales imperativos sociales y la oportunidad de su transformación, permite al Estado eficientar su papel en la conducción de la nación y orientar la energía y vitalidad de la sociedad hacia un desarrollo sustentado en el uso soberano y racional de nuestros recursos naturales, fortaleciendo al mismo tiempo la participación competitiva del país en la economía mundial.
La cafeticultura del país, en función del cúmulo de factores que inciden en la misma, exige aquí y ahora la modernización de las instituciones públicas para favorecer el despliegue de las fuerzas de la sociedad. La necesidad de desocupar espacios en los que se desenvuelva la energía productiva de las organizaciones económicas campesinas es un reclamo de los cafetaleros de antaño manifiesto. La nueva legislación agraria ha reconocido en el plano jurídico la capacidad de los productores para asociarse de acuerdo a como más convenga a sus intereses, en un marco que procura mayor libertad y justicia a los hombres del campo. Es de ahí, tarea complementaría, el eliminar las instancias burocráticas que pudieran configurar una posible traba para la liberación de su potencial productivo y la consolidación de su autonomía técnica, comercial y financiera.
De ello resulta que el Estado debe establecer una nueva relación con los campesinos a través de la desaparición del Instituto Mexicano del Café, la modernización funcional de las dependencias del sector agropecuario y la instrumentación de foros de concretación que correspondan al quehacer democrático de los productores. Esto no significa que se abandone a estos últimos a su suerte, sino que se deben fijar nuevos ámbitos de acción, garantizando previamente la aplicación de medidas que atenúen su impacto entre los cafetaleros y asegurando que las funciones que el Instituto Mexicano del Café deja de desempeñar sigan siendo realizadas tanto por los productores como por las instituciones de los sectores públicos federal y estatal.
Por las razones expuestas y en acatamiento a lo ordenado por el artículo 15 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, en el sentido de que todo organismo de esta naturaleza debe sujetarse para su extinción a las mismas formalidades establecidas para su creación, en cuya Ley o decreto respectivo se fijará la forma y términos en que ésta debe llevarse a cabo, el titular del Poder Ejecutivo Federal tomó la decisión de solicitar al Congreso de la Unión, aprobase la extinción del Instituto Mexicano del Café.
Así, observando debidamente lo consignado en el artículo 16 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y en el primer párrafo del artículo 5o. de su Reglamento, que dispone que la Secretaría de Programación y Presupuesto (hoy Secretaría de Hacienda y Crédito Público), a propuesto o previa opinión de la dependencia coordinadora de sector y con el dictamen favorable de la Comisión Intersecretarial Gasto- Financiamiento, someterá a la consideración del Ejecutivo Federal la constitución o la desincorporación de las entidades paraestatales, el titular del Ejecutivo Federal, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción I del artículo 71 constitucional, envió al Senado de la República el día 15 de abril del año en curso, la iniciativa de decreto que abroga la Ley que crea el Instituto Mexicano del Café.
Por tanto, habiendo verificado escrupulosamente el debido cumplimiento de las formalidades que para el caso se encuentran establecidas en la Ley, así como analizado el posible impacto que del proyecto en beneficio de los intereses de los productores cafetaleros del país, las comisiones Unidas de Comercio y de Agricultura, se permiten someter a la consideración de esta soberanía el siguiente
PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA LA LEY QUE CREA EL INSTITUTO MEXICANO DEL CAFÉ
Artículo único: Se abroga la Ley que Crea el Instituto Mexicano del Café, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1958.
TRANSITORIOS
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en su carácter de coordinadora del sector correspondiente, promoverá y proveerá lo conducente a la liquidación y extinción del Instituto Mexicano del Café y cuidará que éstas se lleven a cabo de manera oportuna, eficiente y con apego a las disposiciones legales que lo rigen.
Tercero. Los derechos de los trabajadores serán respetados conforme a la Ley.
Cuarto. La Secretaría de la Contraloría General de la Federación, conforme a sus atribuciones, vigilará que el proceso de liquidación y extinción a que se refiere este Decreto, se lleve a cabo de conformidad con las disposiciones legales aplicables.
Quinto. Salvo que exista impedimento legal para ello, el proceso de liquidación y extinción no excederá de un plazo de seis meses, contando a partir de la entrada en vigor de este Decreto.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 25 de mayo de 1993.
Es de primera lectura.
ESTADO DE JALISCO
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Enrique Chavero Ocampo, del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un punto de acuerdo en relación con los acontecimientos de Guadalajara.
El diputado Enrique Chavero Ocampo:
Con su permiso, señor Presidente, compañeros diputados:
Ya hace un poco más de 25 horas, que en la cuidad de Guadalajara se suscito un acto bochornoso, indignante, que llena de vergüenza no solamente a los jaliscienses, sino a todos los mexicanos. Siete vidas fueron segadas impunemente, cazados por una jauría de animales que sin respeto alguno a quienes en esos momentos se encontraban en los espacios del aeropuerto, iniciaron una balacera que terminó con siete valiosas vidas. Siete ciudadanos mexicanos fueron arteramente acribillados, con lo que se viene demostrando en nuestro país que nos estamos haciendo eco de las formas en que se vienen dirimiendo cuestiones de narcotráfico en otros países.
Creemos que debe tomarse una acción determinante y fuerte para que estos atentados a las vidas humanas puedan cesar, deben cesar.
No hace mucho en Puerto Vallarta, en una discoteca, dos grupos de narcotraficantes dirimieron sus problemas, dejando un reguero de sangre y varios muertos. Fueron detenidos algunos de los protagonistas de esta lance. Los detenidos aceptaron la responsabilidad de los hechos que habían cometido y, cosa curiosa, esos detenidos que habían aceptado la responsabilidad de las muertes que habían ocasionado, se encuentran en libertad.
¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? ¿Quién está fallando? ¿Son las autoridades judiciales las que hacen caso omiso de la aplicación de la Ley? ¿Quiénes son quienes en estos momentos pueden y deben responder a esos atentados no solamente contra la vida de los seres humanos, sino contra la justicia misma?
¡Ayer un hombre bondadoso, ayer un hombre entregado al desarrollo de su fe, un hombre que se había ganado la confianza, el respeto y el amor no solamente de su feligresía, sino de todos los ciudadanos jaliscienses, fue arteramente acribillado!
¡No podemos entender cómo se hayan roto los valores humanos! ¡No podemos entender cómo una jauría de lobos disfrazados de hombres, puedan arteramente asesinar, retirarse, sin que nadie, absolutamente nadie, pueda detenerlos!
¡Ni nadie pueda decir cuál es la responsabilidad y de quién es la de estos siete asesinatos que ayer se cometieron en Guadalajara!
La muerte del arzobispo de aquella ciudad de Guadalajara, el Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y seis mexicanos más, son motivo de tristeza y dolor en el pueblo de México, no solamente en el pueblo de Jalisco. Más cuando se trata de la muerte de un hombre bueno, que
siempre buscó y predicó la paz, la armonía y la justicia.
¡La violencia debe ser perseguida y castigados quienes la ocasionan, conforme a derecho! ¡No podemos cruzarnos de brazos! ¡No podemos dejar pasar a la justicia cerca de nosotros, sin que ésta se aplique! ¿Debemos exigir que la justicia se aplique y que caiga quien caiga los responsables paguen este artero crimen de siete ciudadanos mexicanos!
Por todo esto y junto a la consternación, expresamos nuestra preocupación por este tipo de acontecimientos; es necesario reforzar el combate al crimen que atenta directamente contra la convivencia pacífica en el país.
¿Es indispensable que las investigaciones sobre este caso se realicen a fondo y que se sancione a los responsables de estos hechos tan lamentables, caiga quien caiga, sea quien sea!
Igualmente es imprescindible que se tomen las medidas necesarias para evitar que vuelvan a ocurrir nuevamente este tipo de acciones que redundan en perjuicio de la paz y la seguridad de nuestro país.
Por tal motivo, nos dirigimos a esta Cámara los diputados de las diferentes fracciones que forman este Congreso, para presentar este punto de acuerdo:
«Ante los lamentables acontecimientos ocurridos el día de ayer en el aeropuerto Miguel Hidalgo de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en los que fallecieron el Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y seis personas más, los abajo firmantes, diputados de la LV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, presentamos el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
Condenamos y repudiamos enérgicamente los lamentables hechos ocurridos en día de ayer, mismo que atenta contra la paz y la seguridad de la población. No podemos aceptar que ocurran hechos violentos que provoquen un clima de inseguridad en nuestro país.
Solicitamos a las autoridades competentes realicen las investigaciones pertinentes hasta sus últimas consecuencias, a fin de que a la brevedad sean esclarecidos los hechos, se apliquen las sanciones legales correspondientes y se castigue a los culpables.
Expresamos nuestra solidaridad y más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas.
Solicitamos se integre una comisión pluripartidista que se entreviste con el Procurador General de la República y que esté al tanto de las investigaciones para informar a este pleno lo conduncente.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 25 días del mes de mayo de 1993.- Firman por el PRD, el diputado Gilberto Rincón Gallardo; por el PARM, el diputado Francisco Laris Iturbide; por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, el diputado Jorge Oceguera; por el Partido Popular Socialista, diputado Pedro Medina; por el PRI, diputado Enrique Chavero Ocampo.»
Dejo esto en manos de la Secretaría con la finalidad de que se le dé el curso correspondiente. Muchas gracias, compañeros.
El Presidente:
A usted, señor diputado.
Tiene la palabra el diputado Gabriel Jiménez Remus, del Partido Acción Nacional, para referirse al mismo tema.
El diputado Enrique Gabriel Jiménez Remus:
Señoras y señores diputados:
Otra vez la noble y leal ciudad de Guadalajara es flagelada. Los hechos ocurridos ayer 24 de mayo en el aeropuerto internacional de Guadalajara, en la que perdieron la vida siete jaliscienses, entre ellas el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, Arzobispo de la Iglesia católica de Guadalajara, son una estampa que avergüenza e indigna a cualquiera.
Tal parece que una crisis de valores inunda concretamente a Jalisco y también a México. Empezando por el desprecio por la vida humana, se pretende arreglar un orden social descoyuntado del deseo verdadero emanado por la libre voluntad de los jaliscienses, que queremos y hemos decidido vivir civilizadamente.
Tal parece que la dinámica del delito en ocasiones parece que rebasa la dinámica de la prevención del mismo. Tal parece que ambas acciones no tendrán fin. Y yo creo que ahí está el origen de este enloquecido, disparatado,
preocupante estado de cosas en México y yo creo, compañeras y compañeros diputados, que ha llegado el momento de denunciar enérgicamente; angustiosamente, esta situación no puede ni debe prolongarse sin riesgo de rebasar las fronteras de la ruina, de la ruina total; pero además, los jaliscienses no nos merecemos el conjunto de dislates del Gobierno en materia de seguridad pública y concretamente en este que hacer delictivo, porque hemos aportado los jaliscienses un esfuerzo importante el acervo común de la patria, del Estado y de la ciudad.
Y no se nos devuelve en el servicio público de seguridad ciudadana con adecuadas estructuras que modernicen los cuerpos de seguridad pública. Los jaliscienses no sentimos la dulzura entera del hogar patrio cuando se producen acontecimientos como éste, como los de otros días similares a éste, no pensamos en la patria ordenada y generosa, sino que nos sentimos como en un potro de tortura; hemos llorado muchas veces, otras hemos padecido y siempre encontramos en estas crisis y en este dolor la perpetua amargura del desdén.
Con la muerte de estos siete jaliscienses volvemos a rumiar la amargura de nuestra condición y los tapatíos hablamos y no encontramos la respuesta generosa del bien común. Que no sustituya y que quede claro, el deseo a la razón, tenemos que aterrizar porque sabemos que lo que impone la realidad, el aquí y el ahora, es destacar, que hay que definir un nuevo clima y una nueva forma de hacer las cosas en la lucha contra el narcotráfico.
México no puede soportar un Gobierno débil siempre sometido a las matanzas del crimen organizado, en donde quiera que éste se encuentre, dentro o fuera del país, dentro o fuera del Gobierno. Hemos apoyado, Acción Nacional, muchas acciones de Estado, pura y simplemente desde la perspectiva del interés general, nosotros hemos apoyado y apoyaremos al Gobierno a cambio de nada, por los mexicanos inocentes, por las generaciones futuras de mexicanos e incluso por los hijos de los narcotraficantes.
Y en este orden de ideas, señoras y señores diputados, en esta coincidencia en la lucha contra el narcotráfico, no patearemos el crédito del Gobierno, maniobrando, calumniando o conspirando; hemos asumido y asumiremos nuestra responsabilidad de partido político desde una vertiente testimonial, desde una vertiente de eficacia, desde una vértice en que la acción política de nuestro partido, la que se realice sobre este desesperante tema, se traduzca en algo visible que toda la sociedad mexicana lo nota positivamente; más claro, los mexicanos queremos corresponsabilizarnos de buena fe en una acción de Gobierno permanente, sin tregua, sin improvisaciones, con un sentido de proyecto que no pretende descabalgar a nadie, sino buscar nuevas definiciones y nuevas decisiones.
Acción Nacional, por mi conducto y robusteciendo esta última idea, lo decimos de cara a la nación, ante este cáncer lacerante del mundo, de México, pero sobre todo de Guadalajara; queremos incitar a un auténtico diálogo y debate nacional sobre temas que cambien el clima y la perspectiva del tratamiento de este problema, que se toquen temas de cuidado y caricia al campo mexicano.
Queremos que se toquen temas de elevar integralmente al campesino mexicano; queremos que, relacionado con este tema, se trate el salario remunerador del obrero de México; queremos la irrestricta aplicación de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos; queremos que no haya islas de impunidad dentro del Gobierno para los funcionarios responsables en este tema; queremos que con imaginación, entremos a una dinámica competitiva para acabar con esta lacra y con este cáncer social.
Por ejemplo, aprovechando la nueva iniciativa de reformas al Código de Procedimientos Penales, y al Código Penal y las correspondientes a la Constitución, tenemos precisamente para alcanzar esta carrera injusta y ventajosa del crimen organizado, hacer lo que ya hace tiempo hicieron otros países, Francia , España, Inglaterra, Alemania, si no, nuestro discurso quedará chato, plano, intranscendente, de quejumbre.
Tenemos, como Cámara de Diputados, que renovar las estructuras legales para hacer dinámica la prevención y la persecución del delito.
No somos foros no muros de lamentaciones, ahí tiene que reflejarse nuestro trabajo, pero sí exigimos algo para entrar en este debate y en esta exhortación a las autoridades que hace la fracción parlamentaria de Acción Nacional, queremos veracidad de la información, oportunidad de la información, para que el Gobierno, que es el responsable en la dirección de la sociedad, nos dé elementos objetivos.
Aquí se dijo por mi compañero y amigo Enrique Chavero Ocampo, que es producto de dirimir conflictos entre dos mafias o entre dos grupos los lamentables hechos del aeropuerto. Lo creo
porque lo dijo don Enrique, pero hasta la fecha, a 25 horas como lo dijo Chavero Ocampo, la autoridad no ha dicho quiénes fueron, de qué se trató, porqué se elude la responsabilidad eventual de la participación de una corporación policiaca.
No quiero no creo que ningún mexicano a priori, pretenda enjuiciar la acción policiaca de dicha corporación, pero sí queremos saber, queremos saber, yo incluso dudo hasta del número de muertos, porque hay cosas que trascienden a la sociedad misma y el Gobierno en una acción demencial, trata de desvirtuar los hechos en los cuales eventualmente no tuvo culpa alguna.
Si fue la persecución de un delito, que se nos diga. Esto es lo que incomoda a la sociedad jalisciense, la desinformación, ocultamiento de datos, para hacernos un panorama. Este es el nuevo proyecto y el nuevo clima que proponemos nosotros, que se nos diga hasta dónde está el narcotráfico en México, que se nos diga cuáles estructuras ha corroído, que se nos diga cuál es la posición del Gobierno en esta lucha y que se nos exija, como nosotros lo estamos ofreciendo, la corresponsabilidad en la lucha de todos los mexicanos.
No podemos seguir en esta enloquecedora carrera de perseguir y matar, de encontrar y encarcelar; hay causas, hay orígenes, pero sobre todo deseos de los mexicanos de correponsabilizarnos, repito, con el Gobierno, en esta lucha frontal contra el narcotráfico. Muchas gracias.
El Presidente:
Para referirse al mismo tema, tiene la palabra el diputado Gilberto Rincón Gallardo.
El diputado Gilberto Rincón Gallardo y Meltis:
Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El diputado Chavero aquí leyó un punto de acuerdo firmado por cinco partidos, en el que todos coincidimos; es decir, la necesidad de encontrar vías de información veraz, la condena y la indignación, que sin duda la comparten todos en esta Cámara.
Sin embargo, ya en la interpretación de los hechos, sin duda hay matices y hay diferencias, algunas discrepancias de fondo que ya las expuso aquí el diputado Jiménez Remus, con quien en la mayoría de su intervención yo coincidó plenamente.
Después de un hecho tan grave como el sucedido el día de ayer en Guadalajara, se ha publicado un mar de confusiones, un mar de confusiones principalmente, porque no hay nadie y no hay autoridad que diga aproximadamente de quién se trató cuando hablamos de este crimen y se trata de un crimen monstruoso y me voy a referir más adelante, a que no aislado, tampoco.
Un tiroteo entre grupos, entre mafias, ¿quién nos ha dicho eso?, ¿qué autoridad se ha hecho cargo de eso?, habría que probarlo, porque hay la sospecha de que sea entre mafias y judiciales, lo que sería gravísimo.
Y todavía en la información confusa se quiere sugerir de que se trataron de balas perdidas. Treinta y tantos impactos de bala tenía el carro del cardenal, él en su cuerpo tenía 13. No hay nadie que crea que se trata de balas perdidas, dispararon directamente al auto donde iba el cardenal Posadas Ocampo.
¿De qué se trata?, todos nos preguntamos y vamos a como dé lugar tras la verdad. De qué se trata, ¿de un aviso de las mafias de narcotraficantes de que seguirán procediendo así si son combatidas? Y entonces ¿de qué Gobierno se trata? ¿Se trata de un exceso de brutalidad policiaca?
El hecho es de que ya se habla en nuestro país, cada vez con más frecuencia, de la inseguridad a que estamos sometidos los mexicanos.
No es un problemas de Jalisco, ni de Sinaloa, ni de Sonora; es un problema del país. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde que en condiciones similares fue asesinado el ex procurador de Justicia del Estado de Sinaloa, el licenciado Alvarez Barber? No han transcurrido dos meses. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde que en condiciones similares fue asesinado el magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal? Alrededor de 10 días.
No podemos hablar de hechos aislados, porque yo aquí he referido solamente a los últimos días.
Que no exageremos, porque no nos convenga a los mexicanos, pues encontremos el camino de la seguridad, porque el Gobierno no ha proporcionado información y porque ya hemos visto que denuncias como las que se hicieron hace
tiempo de los llamados narcoperiodistas, empiezan a sofocarse, a ocultarse, después de las protestas de padres de familia, de asociaciones civiles y de que se traslucieron algunas de las pruebas de este tipo de fenómeno que se presentó, con lo que se le llamó el narcoperiodismo.
¿Cómo vamos a quedar satisfechos con la información que dio el Gobernador de Jalisco? Lo vimos por televisión y realmente era un cuadro muy pobre. Cuando parecía que iba a dar nombres, se acerca una persona, le habla al oído y no dijo nada absolutamente. Y ahí lo vimos, cómo en la conferencia de prensa, donde todo mundo esperaba oír algo que le diera alguna pista de lo que estaba pasando, tuvieron que tapar los micrófonos y decir: señores, aquí terminamos.
No es un asunto del Gobierno contra los narcos y no debe ser tratado aquí con todos los asuntos políticos que se ventilan en nuestro país, donde es una pequeña camarilla la que decide todo, la que dosifica la información. Vivimos tiempos nuevos, con una sociedad que exige participación, exige informados y sobre todo exige la verdad de lo que pasa.
No es un asunto que competa, y así lo quiere resolver, al Gobierno y a los narcos; es un problema de mafias contra la sociedad y los límites de estas mafias no están claros, no está claro el sistema de complicidades, no está claro.
La actividad de las mafias afecta y descompone a la sociedad. El Gobierno tiene que señalar claramente a dónde están los culpables y hasta dónde llegan los límites de los culpables que los deslindan de distintas autoridades.
Este asunto se ventilaría muy de otra manera si aquí las relaciones entre Estado y sociedad fueran las relaciones de una sociedad civil libre, participativa y políticamente democrática y estable, pero lamentablemente no es así y por eso aflora la ineficacia en momentos de un drama de tal magnitud y en momentos en que toda la sociedad exige con toda claridad la verdad. Por eso el P R D firmó y también propuso el punto de acuerdo, porque queremos que esta Cámara persiga la información, haga algo por la verdad, haga algo porque este país recupere su seguridad, su estabilidad.
Hay que decir que el doctor Carpizo es un hombre honesto, tiene que hablar claro. Desde aquí empezamos a perseguir la verdad, está obligado a hablar con toda claridad y precisión para no entrar en este círculo de complicidades. Ya es hora de hablar claro sobre los asesinatos que precedieron a esto.
¿Qué no nos hemos dado cuenta con ejemplos latinoamericanos a dónde llega el país que se mete en la vertiginosidad del delito y de la violencia? Nosotros sabemos que con antidemocracia es muy difícil evitarla, pero estamos luchando por abrir todos esos espacios ocultos que hay en la sociedad y que cobija el Estado, por eso necesitamos ver cómo participamos. Participar todos en la búsqueda del esclarecimiento, lo que ha sucedido realmente tiene conmovido a todo el pueblo de México.
Un ilustre mexicano, el cardenal Posadas Ocampo y seis mexicanos más, murieron de la manera en que no debe morir uno más en nuestro país. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Jorge Oceguera Galván, para referirse al mismo tema.
El diputado Jorge Oceguera Galván:
Compañeras y compañeros diputados:
Subo a esta tribuna para referirme a los comentarios sobre los sucesos trágicos ocurridos en la ciudad de Guadalajara. Nuestra fracción parlamentaria condena y repudia decidida y enérgicamente los hechos sangrientos ocurridos el día de ayer en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de Guadalajara.
Un primer enfoque, queremos presentar, que no descarta de ninguna manera una opinión desde otro punto de vista, una vez más se asoma la Ley de la selva, que pretende imperar e imponerse, hay que cerrarle el paso resueltamente. Una amenaza de ola de criminalidad alcanza niveles muy elevados y excesivos.
Esta vez con esos hechos sangrientos, las autoridades judiciales relevan impotencia para poner un freno a esas acciones delictivas, los acontecimientos trágicos del día de ayer en la ciudad de Guadalajara, es una muestra más que la delincuencia no tiene límites y lejos están las autoridades de ponerle freno. Aparentemente se trata de enfrentamientos entre narcotraficantes, los cuales realizan en cualquier lugar, independientemente que existan concurrencia de personas o no.
Los ajusticiamientos o enfrentamientos entre los narcotraficantes ciertamente han sido continuos y las investigaciones tal pareciera que son frenadas por algunas autoridades, porque la mayoría de estas acciones quedan impunes.
El día de ayer perdieron la vida siete personas que no tenían nada que ver en la disputa entre bandas, si eso fuera el caso de los enfrentamientos citados. En estos hechos perdió lamentablemente la vida el cardenal Posadas Ocampo, por lo que expresamos nuestros verdaderos sentimientos y nuestras condolencias más profundas a los católicos mexicanos por este artero asesinato, por lo más cobarde, en la que perdieran la vida también seis compatriotas mexicanos.
Nos solidarizamos con la pena que embarga, por estas injustas e irreparables pérdidas de vidas humanas.
Lo ocurrido en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara no es un caso aislado, forma parte de toda una ola de violencia que se ha desatado en los últimos meses, incluso los métodos que se han efectuado en algunas ciudades del país, son similares a las realizadas por el narcotráfico en algunos países de Sudamérica.
Sin dejar de aceptar que este es un problema que se ha dado por siempre entre las bandas de narcotraficantes, hoy en día no sólo entre ellas, sino también ha afectado directamente a personas inocentes y en algunos casos a funcionarios del Gobierno Federal.
De todos es conocido y así ha dado a conocer, que muchas bandas de narcotraficantes operan bajo el amparo de las propias autoridades judiciales. Recientemente el mismo Procurador de la República, el doctor Carpizo, manifestó una conexión entre funcionarios de la Procuraduría y algunos medios de comunicación con la red de narcotraficantes. El problema se agudiza, debido a que los narcotraficantes cuando son aprehendidos o caen en enfrentamientos, generalmente poseen credenciales de policías judiciales federales, con las que actúan impunemente y no sólo quedan ahí, sino que también poseen protección de los mismos policías para actuar sin ser molestados.
La cadena de corrupción existente ha sido intocable hasta la fecha. Asimismo, el doctor Carpizo no ha comprobado al no darse a conocer los nombres, pero no sólo debe hablarse de narcoperiodistas o narcopolicías, también es necesario investigar a fondo a posibles narcofuncionarios.
Estamos convencidos que aún con las aprehensiones de narcos y los decomisos de droga, las cabezas que integran la red del narcotráfico no han sido aún tocadas. Es más, creemos que han sido protegidas desde las mismas esferas del poder público.
Es necesario que la Procuraduría General de la República investigue en todos los ámbitos desde los cuales el narcotráfico se esconde y se ampara. Es necesario también que se dé una información amplia de las acciones que esta dependencia ha llevado a cabo.
Pensar que el mencionar nombres alentaría a los involucrados en el tráfico de drogas es infantil, porque estos ya han sido alertados desde el momento en que las redes del narcotráfico actúan. Los narcotraficantes no sólo poseen armamentos de alto poder, sino que tienen una red de telecomunicaciones con las cuales son capaces de comunicarse a cualquier rincón del mundo, por lo que se encuentran bien informados de todas las acciones que realizan las autoridades judiciales, amen de los contactos que tienen en las corporaciones policiacas.
Insistimos: que las detecciones finalmente son de traficantes menores y que los que realmente pesan y deciden los distintos incluso de las vidas humanas, siguen actuando impunemente. Lo vemos y sentimos con los acontecimientos de ayer en Guadalajara.
La violencia del narcotráfico en los últimos meses, es una advertencia a lo que como el doctor Carpizo se ha atrevido a denunciar y a pretender combatir esta actividad ilícita. Antes fue la explosión de un carro bomba en Culiacán, Sinaloa; después un ajusticiamiento entre narcotraficantes en una discotheque de Puerto Vallarta, en el que policías judiciales federales tuvieron que ver mucho; posteriormente se asesina en la ciudad de México al exprocurador de justicia del Estado de Sinaloa, acción en la que también tiene que ver mucho policías judiciales y que fue precedida por un enfrentamiento entre policías y narcotraficantes y donde dos personas que nada tenían que ver, perdieron también la vida; ayer se da un enfrentamiento donde pierden la vida siete compatriotas, entre ellos repito, el cardenal Posadas Ocampo.
Estos han sido los hechos delictivos más relevantes, que ya empiezan a constituir no un problema del Gobierno, sino un problema de Gobierno. Las autoridades no han sido capaces de frenar la violencia y el ajuste de cuentas sigue siendo el orden del día y algunas ciudades como
la de Guadalajara, la cual desde hace más de una década ha sido seleccionada por la red de narcotráfico como su centro de operaciones. Como dijimos al inicio de nuestra intervención, en esta ciudad como sucedió en el pasado, a Culiacán, Sinaloa, asoma la Ley de la selva.
No obstante no descartamos la otra opinión en el sentido que pueda tratarse de una provocación política tendiente a crear factores de desestabilización de carácter nacional, lo cual es muy preocupante. No se puede descartar que sea una campaña de acciones encaminadas a paralizar la campaña en contra del narcotráfico y en contra de la corrupción que tanto facilita éste. Gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Pedro Medina Pérez, para hablar sobre el mismo tema.
El diputado Pedro Medina Pérez:
Señor Presidente; señoras y señores diputados:
Sin duda lo más preciado en la naturaleza es el ser humano y de éste su salud.
Ya se ha hecho mención por los oradores que me han antecedido en el uso de la palabra, de las acciones que en los últimos meses se han dejado sentir en diferentes estados de la República Mexicana y sobresalen en los actos de violencia cometidos ante un magistrado y un procurador de justicia. Pero también sobresalen los actos realizados en contra de decenas de mexicanos que han sido víctimas de la violencia y de la delincuencia en diferentes entidades del país.
Si recordáramos los hechos que se han suscitado en los últimos años en la franja fronteriza del territorio nacional, vemos como el narcotráfico ha logrado penetrar dentro, no únicamente de la juventud, sino también de la niñez mexicana. Pero también podemos observar cual es la actitud del Gobierno de los Estados Unidos de América ante el pueblo norteamericano. Asume una actitud complaciente.
Y si ustedes van a los Estados Unidos, si ustedes tienen familiares en los diferentes estados, si ustedes han tenido la oportunidad de que les platiquen la forma, la cantidad y la calidad de la droga que se consume en los centros sociales de Estados Unidos, vemos que el problema no es el pueblo o el Gobierno o la niñez mexicana, este problema existe de hecho dentro del pueblo norteamericano y la actitud de su Gobierno es de seguir promoviendo el uso de las drogas.
Pero, claro, ¿cuál es la actitud del Gobierno norteamericano frente al Gobierno, de nuestro país y frente al pueblo?
Sí, vienen y tratan de implementar campañas de combate al narcotráfico, cuando ellos saben con claridad cuántos millones de norteamericanos consumen la droga. Y por lo menos, por lo menos son 30 millones.
Claro, hay dos vertientes, dentro de las cuales podemos analizar el problema de la delincuencia en nuestro país.
Uno, el primero, que lo conforma el crimen organizado a gran escala, con equipo moderno y que opera no a nivel nacional sino a nivel internacional.
Otra vertiente, una segunda vertiente, es la que lo conforman los asaltantes que hasta en ocasiones nos llegan a tocar encontrar o ser encontrados en la vía pública. Que son sus fines, sus objetivos, sus metas, de esto a segunda vertiente es otra, a otro nivel, a otra escala, con otros objetivos y por otras causas muy diferentes.
Dentro de este breve panorama podemos saber también cual es el parámetro del desarrollo social y si este desarrollo es progresivo o regresivo. Y con esto podemos saber cual ha sido la repercusión de este Gobierno neoliberal que todavía no ha logrado y ya es bastante tarde para que logre crear las condiciones que el pueblo necesita para que se desarrolle y se encamine a un estadio superior de la vida social.
Y, claro, dentro del pueblo mexicano hay una serie de problemas que se viven los 365 días del año. Y hay problemas de desempleo, hay problemas de bajos salarios, hay problemas en el campo de México, hay problemas en el sector agropecuario, hay problemas dentro de los trabajadores de las diferentes secretarías de Estado y hay problemas con los trabajadores que prestan sus servicios en las empresas privadas y que están sujetos a seguir viviendo y a seguir dando a sus familias un salario que es completamente anticonstitucional.
Pero eso, sí nos llama la atención los hechos que sucedieron el día de ayer, que por trabajo partidario nos encontrábamos en la capital del Estado de Jalisco y que unos minutos después de este hecho, nos dimos cuenta, y claro, por
principio repudiamos, por principio denunciamos y es aquí donde nuestro partido llama a ustedes, señores y señoras diputados, para sumarnos a la condena de los hechos que se dieron el día de ayer en Guadalajara y solicitar a las autoridades correspondientes corran las investigaciones necesarias para que se aplique la Ley y se den las sanciones correspondientes. Pero también llamamos a todos ustedes para posteriormente, como también se ha llamado desde esta tribuna, a hacer el análisis sobre las condiciones en que vive el pueblo de México y también ir a las causas de estos graves problemas que están golpeando día con día a la clase trabajadora, a las mujeres mexicanas, a la juventud mexicana y a lo más preciado de esta sociedad, que es nuestra niñez. Muchas gracias.
El Presidente:
También para hablar sobre el mismo tema, tiene el uso de la palabra el diputado Carlos González Durán.
El diputado Carlos González Durán:
Con su venia, señor Presidente; honorable Asamblea:
De los hechos se han dado tres versiones: que son un enfrentamiento entre bandas de narcotraficantes; que son un enfrentamiento entre una banda de narcotraficantes y fuerzas de la policía; y la tercera versión es que se trata de un homicidio. Y me parece que esta tercera versión es la que se acomoda a la evidencia de los hechos y por estas razones:
El estimado cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo estaba en el aeropuerto para recibir al Nuncio apostólico. Cuando descendía de su coche y abrió la portezuela fue acribillado a boca de jarro con 14 impactos, que relata el dictamen de autopsia. El chofer presenta, según una versión que escuché en una estación de radio de allá de Guadalajara, 11 impactos. El vehículo presentó 37 impactos de bala, quiere decir que con este número de disparos evidentemente se va a hacer manifiesto en el dictamen de autopsia, que tenga hasta quemadura por incrustaciones de pólvora y se tiene cuidado de examinar las manos de los dos victimados próximos al vehículo del prelado en donde aparecieron una credencial de la Procuraduría General de la República, una credencial de la zona militar de Sonora, una chaqueta del uniforme de las fuerzas armadas aéreas, una excesiva cantidad de armas, estamos en presencia de una operación para militar pero sí de un homicidio, de un homicidio premeditado con alevosía , con ventaja y con ensañamiento, estamos en presencia de un delito de inaudita insolencia y temibilidad. Si el riesgo es tan grande, debe manifestarse en su evidencia, no ocultarse información, no llevar el ejército para que ahuyente del escenario de la tragedia a los periodistas, a los camarógrafos, sino dejar que los hechos se manifiesten tal cual son.
Parece ser que después de victimar al prelado, fueron victimados los victimarios por lo menos dos de ellos que estaban en el vehículo siguiente y que los que victimaron a los victimarios se metieron a la sala de espera y en la sala de espera mataron a una señora y a su hijo para crear la apariencia de un enfrentamiento múltiple de balacera generalizada, de desorden caótico y dar elementos a la versión del enfrentamiento de bandas.
Todo esto pone de manifiesto el nivel de inseguridad pública que priva en Guadalajara; por una parte la falta de protección y de las garantías; por otra parte, el desasosiego y la intranquilidad pública; por otra parte, la falta de estabilidad, firmeza y garantía y protección de la convivencia en el capítulo de la seguridad pública. Entonces este acontecimiento hay que insertarlo en el contexto general que se refiere a otros aspectos e irracionalidad ecológica porque todavía en días pasados se hizo un desalojo de vecinos próximos a la gasolinera de La Bandera por fuga de gasolina, en zona aledaña a Analco.
También se hizo una investigación de una empresa concesionada a través de un concurso, mexicana, que no tenía los aparatos suficientes para extraer el diesel que se encuentra en el subsuelo de la colonia Moderna o sea, hago hincapié en que la inseguridad ecológica subsiste todavía en Guadalajara y no solamente la inseguridad pública y también hago hincapié en que las instituciones estatales, locales, gubernamentales, no ejercen con exclusividad la competencia que les incumbe y se subordinan para maquilar los hechos conforme a consignas centrales porque nos hacen pensar, como aquí han dicho algunos otros compañeros diputados, en complicidades de otro tipo.
Quiere decir que este acontecimiento que ha provocado la indignación, está presentando este central problema: el problema de la impunidad. Dado el delito, debe ser la pena. Si realizado el delito no se corrige al delincuente, entonces el delito aumenta con la irracionalidad de la impunidad y eso quebranta las bases mismas de la convivencia.
Una impunidad tan grave no debe ser permitida, principalmente porque la única forma de prevenir los delitos es aplicando las sanciones, no aumentando las sanciones sino aplicando las sanciones y para eso se necesita un Poder Judicial independiente, unos servicios de policía íntegros, pero no los tendremos en el país mientras estos organismos de procuración y administración de justicia no sean independientes del poder público.
Deben ser funcionarios designados por la Cámara de Diputados, los procuradores y los funcionarios jueces y magistrados que ya de acuerdo con la Constitución de Jalisco y ya de acuerdo con la Constitución General de la República tenían carrera judicial, al entrar el Gobierno de Guillermo Cossío Vidaurri, violando las normas constitucionales, desintegró al Poder Judicial.
Yo trabajé en el Poder Judicial 34 años, colaboré en cuatro sexenios de magistrado y 10 años de juez desde el Gobierno de Agustín Yáñez. Nunca en Jalisco habíamos tenido estos niveles de intranquilidad e inseguridad pública y de delincuencia.
Los gobiernos anteriores de Jalisco, eran gobiernos que cumplían su responsabilidad de seguridad pública, son los últimos gobiernos, principalmente el de Guillermo Cossío Vidaurri, el que acabó con la independencia, instauró las pandillas en el poder público, asoció la delincuencia con la administración burocrática y es la causante principal de este desorden que estamos padeciendo en Jalisco.
Entonces, veo que el señor Presidente de la República ha obrado con celeridad como los acontecimientos lo requerían; reconozco que ha obrado con una cortesía completa frente a los dignatarios de la iglesia, pero hay dos deficiencias en su actuación: el pueblo de Guadalajara, agolpado en la catedral gritaba justicia, y el señor Presidente no encaró al pueblo, no le dijo la promesa solemne de hacer justicia.
Eso me parece que fue una omisión, y también otra omisión es que no hay que confundir la cortesía con la sumisión.
El diputado Adalberto Gómez Rodríguez:
(Desde su curul) Señor Presidente, ¿permite el orador una interpelación?
El Presidente:
¿Permite usted una interpelación?
El diputado Carlos González Durán:
Sí compañero, con todo gusto.
El diputado Adalberto Gómez Rodríguez:
(Desde su curul) Señor diputado, el señor Presidente de la República llegó al aeropuerto de la base aérea militar en Zapopan y expresó una declaración muy clara muy enfática.
Usted hace referencia a que ante algunos reclamos que surgieron, por cierto en el interior de la catedral, el señor Presidente no encaró y no dio una respuesta. Mi pregunta o mi interpelación consiste en lo siguiente: ¿estima usted que ahí en el interior de la catedral el señor Presidente debió haber hecho un pronunciamiento en ese lugar, en esas circunstancias, en esas condiciones, cuando que ya la presencia y las declaraciones del señor Presidente, primero en el aeropuerto de Zapopan y después antes de retirarse de Guadalajara, reiteraron su compromiso en la búsqueda de la justicia en este caso?
El diputado Carlos González Durán:
Compañero diputado, lo que me parece incorrecto es que en el recinto de la catedral se aplauda al Presidente, en un momento en que se encuentra el féretro del monseñor, que merecía respeto el victimado, por su alta jerarquía, por su gran personalidad como sacerdote y también merecía respeto el templo porque los templos no son para hacer política, y ese es el otro problema al que me quería referir, pero sí reconozco, esta omisión no se refiere desde luego a que hubiera habido en el recinto de la catedral algún intercambio de expresiones, no, yo me refiero a que en la calle, al salir el señor Presidente a la calle 16 de septiembre, ahí el pueblo agolpado le exigía y le clamaba justicia, y que precipitadamente y protegido salió del lugar. Creo que como él fue de buena fe, y así lo entiendo, con toda prontitud, con toda cortesía, a expresar sus condolencias, también le merecía atención el pueblo, también el reclamo del pueblo necesitaba una respuesta, porque el pueblo de Guadalajara es un pueblo católico por tradición y hay que respetar las costumbres, la sensibilidad de
la ciudad y de los tapatíos, y yo como tapatío, como diputado y exfuncionario en otras mejores épocas del Poder Judicial, donde sí había integridad en los funcionarios, me duele este acontecimiento y me avergüenza.
Pero creo que no basta sólo que nos hagamos lamentaciones, debemos exigir lo que ahí han dicho los diputados, que se respete la veracidad, no se oculten las evidencias y los procedimientos judiciales de administración de justicia, sean rectos e inflexibles, porque donde fue el delito, debe ser la pena. Es todo.
El Presidente:
Para rectificación de hechos tiene la palabra el diputado Camilo Valenzuela.
El diputado José Camilo Valenzuela:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Los acontecimientos trágicos del aeropuerto de Guadalajara, deben de movernos a una reflexión lo más profunda posible, porque se ha venido desenvolviendo en nuestro país una dinámica de una creciente violencia, la promesa de incrementar la persecución y la escalada sigue ascendiendo.
No sólo se trata de la violencia ligada al narcotráfico, hay una violencia social que está también creciendo en el país, e incluso hay una violencia política que está también creciendo en nuestra patria.
Nuestro partido tiene ya de 1988 a la fecha, varios muertos que han pagado con su vida la lucha por la democracia y la justicia social.
La reacción de gobernantes ante los recientes acontecimientos en el Aeropuerto de Guadalajara, ha empezado mal. Empezaron descartando la idea de un posible móvil de asesinato del señor Cardenal y lo adjudicaron a fuego cruzado. Esto es algo a lo que se nos ha empezado a habituar. La autoridades empiezan descartando hipótesis antes de proceder a la investigación. El señor gobernador incluso, tuvo la osadía de plantear que no la Policía Judicial del Estado no la Judicial Federal, tenían nada qué ver con el asunto y esto es algo que se empieza a volver reiterativo. Hay como una especie de curarse en salud, en lugar de proceder a abrir la investigación y los acontecimientos trágicos de Guadalajara no deben de mover no solo rechazar esta hipótesis que pretenden reducir el abanico de la investigación, que además no se ve confirmada por los hechos, sino al adentrarnos en un análisis del significado de estos acontecimiento que están creciendo en escala, no sólo por la jerarquía de las víctimas, sino por la cantidad de las víctimas.
¿Vivimos en México una colombianización? ¿vivimos un proceso de descomposición de fin de sexenio? o ¿es un proceso que acompaña un rumbo económico social que concentra la riqueza y empobrece a la mayoría de los mexicanos, al mismo tiempo que se usa al Estado para tratar de garantizar el continuismo de un régimen político que apuntara esa política de empobrecimiento masivo y de concentración insultante de la riqueza?
Creo, compañeras y compañeros, que ya no es posible tratar de seguir respondiendo al desarrollo de narcotráfico con más persecución y represión. Hace 18 años se hizo entrar en acción al ejército para combatir el narcotráfico; la famosa Operación Cóndor que abarcó los estados del noroeste del país, iniciado a mediados de los setentas y en 18 años en que el ejército fue inmiscuido en la lucha contra el narcotráfico, el narcotráfico se ha generalizado a todo el país, y ha elevado su presencia y su influencia en la vida nacional.
Esto habla de manera contundente, del fracaso de la política del combate al narcotráfico y la necesidad de una nueva política para encarar este fenómeno, una política que tiene que empezar por hablar con la verdad a la sociedad, por abordar junto con la sociedad la manera como se va a encarar este fenómeno que no está al margen del entorno social y cultural al que se está conduciendo a nuestra patria.
Habría que preguntarnos qué mueve a un creciente número de ciudadanos, una buena parte de ellos con recursos económicos a sentir la necesidad de drogarse, qué condiciones sociales y culturales está generando este fenómeno y someter a crítica a fondo a esta sociedad, a esta política, a esta situación. Habría que hablar abiertamente del factor de la alta rentabilidad que le otorga al narcotráfico en México el gigantesco mercado de la droga en Estados Unidos y si es posible, durante el tiempo que persiste esa rentabilidad, que Gobierno alguno, independientemente del signo político, pueda combatir realmente a fondo este fenómeno.
Hay que preguntarnos eso de cara a la realidad, porque miren, en estados como Sinaloa, los
últimos cuatro gobernadores han llegado planteando como su prioridad el combate al narcotráfico y a la violencia y lo que se demuestra cada vez que un nuevo aspirante a la gubernatura llega y plantea esta como su prioridad, es que los otros que vienen atrás han fracasado. Ya no podemos seguir actuando con condenas morales y reiterando medidas que han fracasado rotundamente.
Se necesita también abordar este problema de las drogas en el marco, en la escala adecuada junto a otros problemas. ¿Qué nivel de importancia tiene la droga y el narcotráfico junto al hambre, al desempleo, a la pobreza extrema a la que se está conduciendo a una gran parte de nuestro sociedad?
Incluso habría que hablar de que la inseguridad social no es sólo ni principalmente las manifestaciones de violencia armada que se dan. La principal expresión de inseguridad social es el desempleo, es la marginación, es la falta de las condiciones básicas para subsistir de parte de la mayoría de los mexicanos. ¿Cómo combatir la drogadicción? ¿Cómo combatir el narcotráfico? ¿Cómo combatir las manifestaciones violentas mientras persiste un rumbo que condena a la inseguridad más extrema a una parte creciente y ya muy numerosa de nuestros compatriotas?
El Presidente:
Concluya su intervención, diputado. Se terminó el tiempo.
El diputado José Camilo Valenzuela:
Concluyo. Pienso compañeras y compañeros, que ha llegado la hora en que ya no nos reduzcamos a pedir más persecución, más medidas de tipo policíaco y militar. Una porque ya no hay otros cuerpos por meter a este combate, ya se metieron todos: los policías municipales, las estatales, la Judicial Federal, el Ejército y hasta a la D E A de Estados Unidos le hemos permitido la intervención. Ya no hay cuerpos extras por meter. El problema entonces hay que encararlo desde otro ángulo y en este período en que estamos adentrándonos a un nuevo proceso electoral federal es un buen momento por evaluar este fenómeno, estas manifestaciones que están ocupando cada vez un espacio creciente en el acontecer nacional.
Es ocasión, el asesinato de un cardenal y de otros seis ciudadanos mexicanos, para abrir una reflexión más allá de la petición o de las promesas de que se va a proceder a hacer justicia y se va a obrar a fondo. Esas son promesas que se han venido haciendo y el problema no se detiene, cunde y está profundizando en México. Gracias.
El Presidente:
Para referirse al mismo tema, tiene la palabra el diputado Emilio Becerra González.
El diputado Emilio Becerra González:
Con su venia señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
En términos generales el punto de acuerdo propuesto por el diputado Chavero, es desde todo punto de vista aceptable. Sin embargo, como decía el maestro González Durán, esta Cámara de Diputados no puede seguir siendo un muro de lamentaciones, ¿por qué manifiesto esto?
Cada vez que hay un asesinato o un acto similar a los que hoy estamos lamentando, reiterada y repetitivamente el punto de acuerdo es el mismo, yo siento que ya existe hasta algún machote en la Oficialía Mayor o aquí en la Presidencia en donde la Cámara de Diputados condena, pide que se investigue, exige castigo, etcétera, es siempre lo mismo. ¿Y cuáles son las consecuencias? Pues las mismas, es decir, absolutamente nada.
Pasa el tiempo, se decide que se está investigando, que después se va a continuar investigando, que va a haber una subcomisión, etcétera y finalmente la dinámica de los acontecimientos obliga a la Cámara de Diputados a que se queden estos asuntos sin seguimiento y sin una solución satisfactoria para el pueblo de México y para sus representantes que nos encontramos en esta Cámara.
Yo al respecto de lo que aquí sucede, sí quisiera de alguna manera hacer algunas reflexiones respecto a la criminalidad que aquí ya se han de alguna manera apuntado.
La criminalidad no se da en el vacío, ni se da en un contexto sin orígenes y sin secuelas. La criminalidad tiene causas generadoras y también tiene remedios. Afortunadamente tanto el maestro González Durán como el diputado Camilo Valenzuela, aún cuando la refirió únicamente al narcotráfico, pero debemos tomarlo en el contexto general de la criminalidad.
Es cierto que hay dos modos de combatir la criminalidad, uno: previniéndola y otro, castigándola. Una política criminal integral del Estado debe buscar la optimización de ambos medios, los preventivos y los punitivos y evidentemente dentro del contexto genérico de toda la criminalidad, de unos años a la fecha, es motivo de enorme preocupación la criminalidad relacionada especialmente con el narcotráfico.
Ustedes recordarán que hace algún tiempo se hablaba de que el entonces procurador Morales Lechuga, tenía en mente un diseño específico para el combate al narcotráfico, porque la práctica y la experiencia habían demostrado que el respeto absoluto de las garantías individuales que consagra nuestra Constitución en sus términos actuales, no son los adecuados no lo suficientes para el combate al narcotráfico.
Sin embargo, como muchas cosas, se ha quedado en buenos deseos y yo sí quisiera que cuando se presente, si es que llega a presentarse, ese nuevo Código Penal y de Procedimientos Penales, pues tomemos en cuenta todo este tipo de situaciones para poder llevar a cabo la legislación más adecuada.
Es cierto que lo ideal en materia de convivencia social es ir a los medios preventivos del delito, porque cuando una sociedad descansa fundamentalmente en los medios o en los instrumentos punitivos del delito, está reconociendo que ha fracasado sea en lo general, si es muy común o muy generalizada la criminalidad, o en los sujetos específicos que se han salido por algún motivo de la convivencia social.
Y ya aquí nuestro amigo Camilo, anota pues, cuáles son los medios principales para el combate a la prevención de la criminalidad. Evidentemente es la educación, la cultura, el empleo y pues como decía el representante del P P S, el empleo debidamente remunerado con sus garantías, etcétera, etcétera y un buen Gobierno en todos sus órganos del poder. Eso es lo ideal.
El derecho que regula la convivencia de la sociedad cuando tiene que recurrir al más indeseable de los derechos, es el derecho penal, es el reconocimiento del fracaso. Pero hasta ahora el hombre no ha descubierto otro remedio de dejar satisfecha a la sociedad, a los ofendidos y como decía Rousseau de alguna manera, es el único modo de mantener vivo el contrato social. Cuando alguien no quiere respetar las normas de los demás, si a ese alguien los medios preventivos no le bastan, entonces hay que acudir a los medios punitivos.
Y en esencia nuestra legislación contempla dos tipos de métodos punitivos que son: la pena de prisión y la pena de muerte que está establecida en la Constitución como posibilidad , pero que ningún código penal vigente en la República contempla como de posible aplicación. Y aquí es donde yo una vez más ante la gravedad de los acontecimientos que ahora estamos lamentando, tengo que insistir en algo a lo que yo hacía referencia cuando discutíamos el Código de Justicia Militar. Hay que ver si ahora que establezca el nuevo Código Penal, como un instrumento más de defensa de la sociedad, es conveniente el establecimiento de la pena de muerte, porque se dice: "Bueno, es que no es quitando la vida, como vamos a proteger la vida". Pero si ello fuera cierto, pues tampoco es quitando la libertad como vamos a proteger la libertad y hasta ahora a nadie se le ha ocurrido dar por terminadas las cárceles y olvidarnos de la pena de prisión.
Tanto una pena, es decir, un castigo tanto la prisión como la pena de muerte, son castigos indeseados. Pero que a veces y ante circunstancias en que no queda otro remedio, hay necesidad de aplicarlas. Por eso insisto una vez más, de alguna manera yo soy partidario de la pena de muerte no aplicada al mayoreo y en todos los casos, sino como un instrumento de aplicación excepcional para casos en los que la sociedad está convencida que los demás medios de defensa y de prevención no han sido eficaces. Si esos otros medios o remedios, no han sido eficaces, ¿por qué cerrar las puertas a ese otro remedio al que me he referido?
Se dice también que la pena de muerte ni es disuasiva, ni disminuye la criminalidad; la pena de prisión tampoco. Todo lo que se pueda decir en contra de una, necesariamente tenemos que aceptarlo respecto de la otra. Y quizá sí, el cuestionamiento sería éste: si ni una pena ni la otra, históricamente y prácticamente han servido para disuadir del delito no para disminuirlo, pues es el momento en que en los albores, en los umbrales del Siglo XXI, consideremos algún otro castigo o algún otro remedio que hasta la fecha no han sido eficaces.
Y concretamente en el caso de Guadalajara, hay que considerar lo siguiente: ¿se trata de un caso de violencia ciega o de un caso de violencia premeditada? sea la violencia ciega de aquél que ataca a quien sea o sea, la violencia premeditada, para causar un daño específico con objetivos específicos, éste es uno de esos casos excepcionales que podrían considerarse como justificatorio del establecimiento de la penalidad última en el código penal.
Y concluir hay que analizar algunas cosas que en este momento han quedado fuera del análisis de la explicación, cuando menos que hasta ahora se ha dado. Se habla de que algunos de los muertos traían credenciales de la policía judicial federal, pero también se dice que esas credenciales son falsas y aquí habría que preguntar si existe algún registro público o algún registro de credenciales de la policía, para saber cuáles son falsas y cuáles son auténticas, porque yo recuerdo que Caro Quintero y todas las demás gentes que intervinieron en el asesinato de Camarena, pues todos traían credenciales tanto de la Secretaría de Gobernación como de la policía judicial federal y se dijo en su momento que eran falsas. Pero que antes de que se cometiera el delito pues les servían para ostentarse como comandantes en donde quiera que se presentaran.
Y hay algo que a mí me parece aquí muy grave, que por algún motivo no se ha analizado hasta ahora: el empleo constante y la disponibilidad increíble de armas de uso exclusivo del Ejército. Los narcotraficantes o todo este tipo de gentes, siempre en estas ocasiones, portan armas de uso exclusivo del Ejército.
Y aquí nada más hay dos posibilidades: si son armas de uso exclusivo del Ejército, de alguna manera las obtuvieron de los cuarteles del Ejército o las obtuvieron de contrabando. Pero sea de una manera o sea de la otra, esas armas tienen su matrícula y tienen su registro. Esa matrícula y ese registro solamente pueden estar: en la Secretaría de la Defensa Nacional o en las oficinas correspondientes que venden armas en Estados Unidos.
Y hasta ahora cada vez que se investiga este tipo de delitos, pues nada más se dice que se les acusa de traer este tipo de armas. Pero yo todavía no conozco una investigación a fondo en donde se vaya a ver las matrículas de esas armas, de dónde salieron, cómo se obtuvieron y la cadena de posesión de esas armas, como han ido pasando de una mano a otra, hasta llegar a donde finalmente llegaron.
Yo considero que la Comisión o la Subcomisión de la Cámara que vaya a entrevistarse con el procurador, tiene que hacer este señalamiento al respecto.
Y por último, quiero referirme a algo que también es preocupante y que ahora, que como decía en la mañana el diputado Pacheco, con mucha certeza, que ningún artículo ni ninguna disposición puede decirse que están resueltas para siempre y que son intocables en la Constitución.
Ya que estamos en este proceso de revisión constitucional, seguramente tenemos que revisar ese artículo constitucional que dice "que el Ejército en tiempo de paz se circunscribirá a la actividad castrense y no intervendrá en la vida de la sociedad civil".
Porque si hace 18 años que el Ejército se encuentra en la Operación Cóndor y demás operaciones, que seguramente son competencia exclusiva de la sociedad civil.
¡Si el Ejército intervino en la detención de "La Quinta"! ¡Si el Ejército ayer acordonó el aeropuerto de Guadalajara! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Va a suceder lo mismo que pasaba con la disposición constitucional que prohibía los actos públicos del clero y que tuvo que reformarse porque finalmente era una legislación que no se aplicaba?
Habremos de considerar también nosotros, como una posible reforma constitucional, o una de dos: o que el Ejército tenga una mayor injerencia en la vida civil del país y que se establezca con absoluta precisión cuál es la injerencia del Ejército o también si no vamos a pedir que se aplique la Ley y el Ejército se dedique única y exclusivamente a los fines para los que fue concebido por el Constituyente.
Por último y además de ese punto de acuerdo, yo propondría que ya que el propio Reglamento nuestro, establece la posibilidad de que la Cámara de Diputados conforme comisiones investigadoras, no estaría por demás que se conformara una comisión investigadora al respecto de estos hechos, porque no podemos quedarnos únicamente con la información que nos quieran dar los medios de comunicación.
¡Somos autoridad! ¡Somos representantes del pueblo de México! ¡Y como tales estamos obligados a cumplir con el pueblo de México! Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Francisco Dorantes.
El diputado Francisco Dorantes Gutiérrez:
Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Lo que se ha dicho me parece congruente por la expectación, por lo grave de lo sucedido.
Es de lamentarse este suceso pues se privó de la vida a un religioso que quizá iba desarmado, seguramente.
¿Verdad que sí? Bueno, seguramente que lo más grave del asunto, compañeros diputados, es que estamos frente a una anarquía. Esto vamos viendo cada día como aumenta la delincuencia y que creamos leyes pero no para prevenir el delito, sino para castigarlo. No debemos hacer leyes tan sólo para castigar, debemos hacer leyes para prevenir. Lo que está fallando, compañeros diputados, es la prevención del delito; las instituciones, de acuerdo con la misma Constitución, están fallando. ¿Qué está fallando?, pues desde luego la policía preventiva.
El año pasado aprobamos la credencial nacional de identidad y ¿qué ha sucedido?, no hemos sabido si Gobernación ya implementó o creó el Centro Nacional de Identidad. Necesitamos más control de la sociedad, desde la escuela, para que el individuo esté controlado y que la Dirección Nacional de Seguridad sepa desde antes de cómo ha sido la conducta del individuo para irse conduciendo durante la vida y que no estemos tapando el pozo después del niño ahogado.
¿Qué necesitamos? Hemos propuesto en esta credencial de identidad que el individuo tenga no solamente la huella de él, sino de los padres, para identificación; que tenga el tipo de sangre para prevenir alguna enfermedad o en alguna cuestión de un accidente traumático.
Entonces, hacer leyes para castigar es como pararse a la mitad de una vía y querer detener un tren en movimiento. Lo que tenemos que hacer es ir a impedir el movimiento de ese vehículo que está amenazando a nuestra sociedad.
Creemos que con las medidas coercitivas vamos a impedir el crecimiento de la criminalidad. ¡No! La criminalidad tenemos que detenerla donde se está gestando, donde está la pandilla premeditando un asalto y ustedes no están de acuerdo conmigo y van a estar de acuerdo conmigo en esto. ¿Cuántas veces vemos a la policía preventiva, o sea, a la patrulla, pasar frente a un grupo de delincuentes habituales, porque no son otra cosa, de vagos o malvivientes que están en un lugar planeando, conspirando?
¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a prevenir, a fortalecer la prevención del delito para posteriormente aplicar medidas coercitivas a aquellos delincuentes que no lograron controlarse. Pero insisto, es necesario que se cree pronto el Centro de Identificación Nacional para que el individuo, los pandilleros ya estén controlados desde el momento que se van manifestando como malvivientes juveniles; ahí está el principio de la seguridad. Muchas gracias.
El Presidente:
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.
El secretario Jesús Molina Lozano:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Aprobado el punto de acuerdo, señor Presidente.
El Presidente:
Previa consulta con los coordinadores de los grupos parlamentarios, la comisión pluripartidista propuesta en el punto de acuerdo aprobado por esta Asamblea, quedaría integrada por los siguientes diputados: Enrique Chavero Ocampo, Juan José Castillo Mota, Gabriel Jiménez Remus, Fernando Gómez Mont, Miguel Angel León Corrales, Jesús Berrospe Díaz, Félix Bautista Matías, Francisco Larios Iturbide y Juan Cárdenas García.
TELÉFONOS DE MÉXICO
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Raúl Alvarez Garín, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para hacer comentarios en torno a la situación de Teléfonos de México.
El diputado Luis Raúl Alvarez Garín:
Compañeras y compañeros diputados:
Teléfonos de México es una empresa en expansión, con varios proyectos importantes de modernización que se están desarrollando en estos momentos. Esta empresa ocupa el segundo lugar, por el volumen anual de sus ventas, que rebasa la cifra de 20 billones de viejos pesos.
Teléfonos de México ha sido considerada como la operación de privatización más espectacular e importante en el mundo y se estima que para fines de siglo podría valer más de 20 mil millones de dólares.
Estas observaciones son pertinentes para ubicar la magnitud de las denuncias y observaciones que venimos a plantear y de igual manera considerar la responsabilidad que nos incumbe respecto al funcionamiento legal y operativo de acuerdo a las condiciones establecidas en la concesión que el Gobierno Federal le ha otorgado a la empresa.
En los años de 1989 y 1990 los medios de difusión y especialmente la televisión y la radio, desarrollaron una muy intensa campaña de difusión de las reclamaciones de los usuarios en contra del mal servicio de Teléfonos. Se trataba de una campaña de ablandamiento y persuasión de la opinión pública para que aceptara como inevitable la propuesta de privatización de la empresa. Después en los primeros años de vida de la nueva empresa privatizada se han propagandizado en exceso sus planes de expansión y sus éxitos financieros y bursátiles, pero ahora en cambio casi no ha habido espacio para difundir de igual manera las múltiples quejas de los usuarios que después de 30 meses de gestión acumulan un conjunto de reclamaciones y denuncias que deben ser investigadas.
La Procuraduría Federal del Consumidor ha informado que la empresa Teléfonos de México ocupa el primer lugar de las quejas de los usuarios con un total de más de 120 mil reclamaciones durante el año pasado de 1992 y a mediados de febrero del presente año, las reclamaciones ya ascendían a más de 15 mil. Durante el año de 1992 se le impusieron a Telmex multas por más de 4 mil 500 millones de viejos pesos. El examen detallado de estas miles de reclamaciones presentadas en la Procuraduría además de su propio valor intrínseco, será de gran utilidad para esclarecer algunos de las anomalías que más adelante describiremos.
Desde finales del año pasado y en los primeros meses del presente, en varias ciudades del país se han presentado movimientos de usuarios organizados, descontentos y desesperados por el mal servicio telefónico y por la imposibilidad práctica de hacer valer cualquier tipo de reclamación presentada ante la empresa; cobros excesivos por llamadas locales, servicio medido, llamadas de larga distancia inexistentes, cobros adicionales a teléfonos domiciliarios por llamadas de celulares e incluso cobros aberrantes, como llamadas de celulares con duración mayor al doble de la vida útil de la vida del aparato, etcétera, son generalizados y afectan a la mayoría de los usuarios.
En otro género de reclamaciones se ubican las descomposturas no atendidas, las líneas con fallas permanentes que por ejemplo no comunican con ciertas zonas, las líneas suspendidas por espacio de varios meses, las líneas nuevas contratadas y pagadas que no se instalan, etcétera.
En la ciudad de Durango el tema fue tratado en la Cámara de Diputados local en octubre del año pasado y se tomó el acuerdo de solicitar la intervención de esta Cámara de Diputados para examinar el asunto.
En Monterrey, Nuevo León el cúmulo de protestas que se presentaron en febrero de este año motivó la presencia del Director de Telmex, Antonio Pérez Simón, en esta ciudad a y una reunión especial con dirigentes de organismos empresariales en donde brindó diversas explicaciones.
Otros movimientos de usuarios se han presentado en puebla, Morelia, Coahuila, diversas colonias o zonas de la Ciudad de México y sus municipios conurbados y en Guadalajara, en donde se han fincado denuncias por fraude y abuso de confianza en contra de Telmex y grupos de usuarios organizados y asesorados se niegan a pagar los rubros de servicio medido y de larga distancia internacional mientras no se les desglosen y comprueben los supuestos cargos.
A principios de año el periódico El Occidental, de Guadalajara, realizó una encuesta directa entre los usuarios que esperaban en las colas de las sucursales de la compañía telefónica para hacer sus trámites; los resultados de este sondeo de opinión son alarmantes.
Cerca del 70% de los encuestados se quejaba de cobros excesivos en diversos rubros; las estimaciones promedio del monto de las sobre facturaciones ilegales, se ubicaban entre 5 y 10 mil viejos pesos de promedio mensual, lo que significaba que si estas cifras son representativas de lo que sucede a nivel nacional, el monto de los sobre cobros no justificados y seguramente ilegales que Telmex le carga a los usuarios puede ascender a la cifra de 500 mil millones de viejos pesos anuales; es decir, entre el 5 y el 8% de los ingresos totales de la compañía.
Además, la encuesta reportaba que la casi totalidad de los usuarios aceptaba con resignación
esta situación a todas luces ilegal e injusta, por un sentimiento generalizado de indefensión y de duda ante la posible eficacia de las denuncias presentadas ante organismos correspondientes.
La magnitud de las quejas de los usuarios y las implicaciones que hemos señalado son más que suficientes para abrir una investigación a fondo de estas irregularidades. Tal investigación le corresponde en primera instancia a la Secretaría de Comunicaciones, que podría verse auxiliada por la Procuraduría Federal del Consumidor y por otros organismos públicos en caso necesario.
El contraste entre la visión optimista y existosa que presenta la empresa y el malestar en el servicio y además se quejan de cobros crecientes por incrementos en las tarifas y por cargos no justificados, nos ha llevado a estudiar el documento en donde se establecen las condiciones más detalladas para la operación de la empresa.
Este documento es el título de concesión publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 1990. El título de concesión es un documento complejo en el que se establece un conjunto muy amplio de condiciones de diverso género, técnicas, de extensión de cobertura y nuevos tipos de servicio, de tarifas, de índice de calidad, de términos de competencia, de plazos de modernización y en general, de una serie de regulaciones precisas, muchas con plazos predeterminados que debe satisfacer la empresa telefónica y también está previsto que si no lo hace, puede ser sujeto de diversas inspecciones y sanciones hasta el límite.
En caso de graves y reiteradas fallas, de cancelación de la concesión o de reformulaciones de los términos de la misma.
El título de concesión recoge en términos generales los propósitos de expansión y modernización de la empresa, establece términos y límites a los parámetros de calidad del servicio que deben satisfacerse; dedica un capítulo completo a los procedimientos de fijación de tarifas mediante un conjunto de definiciones y conceptos específicos; establece límites y áreas reservadas de actividad y otras abiertas a la competencia inmediata o futura de otras empresas concurrentes al proceso del servicio de telecomunicaciones.
Señala áreas de inspección y control que debe supervisar la Secretaría de Comunicaciones, para asegurar la rectoría del Estado y la regulación del servicio y prevé las sanciones correspondientes en caso de incumplimientos de diversa gravedad.
Una primera demanda inmediata es que la Comisión de Comunicaciones de esta Cámara de Diputados, a la luz de las numerosas quejas de los usuarios, investigue si la operación de la empresa se está realizando conforme a las condiciones establecidas en el título de concesión.
Debo adelantar que numerosos compromisos y plazas establecidas en el título para entregar estudios de costos diferenciales por servicio para la autorización de modificaciones a las tarifas, para la instalación de equipos de medición confiables, transparentes y de fácil verificación, ya se ha cumplido y en consecuencia la Secretaría de Comunicaciones debe tener en sus manos estos documentos, por lo que debe ser posible iniciar su examen de inmediato.
Pero además y de manera más significativa, debe de explicarse la razón y el sentido de ciertos términos del título de concesión que son más que cuestionables y en general apuntan hacia una situación de permitibilidad excesiva de empresa, lo que le permite modificar tarifas en un marco de beneficios garantizados, operar con bajos índices de calidad, capitalizar en su exclusivo beneficio los avances posibles en materia de productividad durante un período de ocho años y ser beneficiosa de un esquema fiscal que le bonifica hasta el 75% del impuesto al servicio telefónico.
Este conjunto de facilidades excesivas, es la prueba más contundente de que los éxitos financieros y bursátiles de la empresa, no se han debido a las excepcionales cualidades administrativas de los nuevos dueños de Telmex, sino precisamente a estas condiciones pactadas y preestablecidas a espaldas del pueblo mexicano y son las que han garantizado los índices espectaculares de desempeño económico de la empresa.
Quisiera llamar la atención de ustedes respecto a ciertos detalles que ilustran y certifican lo que he señalado.
Índice de calidad. Entre las condiciones de calidad del servicio establecidas en el título de concesión, quisiera comentar ciertas diferencias significativas: en general y ya de manera integrada aparecen dos índices de calidad, uno que mide la continuidad del servicio y otro que mide la calidad del servicio básico.
La continuidad del servicio está medida por tres conceptos: líneas con falla, reparación de líneas el mismo día y reparación de líneas antes de tres días.
La calidad del servicio básico se mide por la obtención del tono de marcar antes de cuatro segundos, por el porcentaje de llamadas locales y de Lada que pasan al primer intento, por la contestación de los teléfonos de operadoras de los servicios 02, 04, 05, 07 y 09 antes de 10 segundos y por el porcentaje de casetas públicas en servicio.
Lo primero que salta a la vista es que los índices de calidad de la continuidad del servicio permitidas, son mucho menores que los de calidad del servicio básico. En este último índice, las cifras de exigencia siempre son altas, por encima del 90% y en algunos casos alcanzan hasta el 98%; pero en cambio, en el índice de continuidad del servicio, el porcentaje de líneas con fallas es excesivamente alto, empieza con un 10% en 1990 y disminuye a sólo el 5% en 1995, y el índice combinado contando todos los factores, varía del 80% en el primer año hasta cerca del 88% en 1994.
Estas cifras significan que se admite un muy alto porcentaje de fallas en la continuidad, del orden de uno de cada cinco y hasta uno de cada 15 ó 16 líneas.
En el caso de reparación de líneas el mismo día, simplemente se admite sin modificación en todos los años el 50%, lo que quiere decir que ahí no cabe esperar ninguna mejoría.
Debe señalarse que para el caso de equipo electrónico, en donde el índice de fallas es verdaderamente pequeño, las cifras que se están manejando como tolerables para el caso de Telmex son muy altas y deben darse explicaciones más que convincentes para que puedan ser admitidas.
De lo dicho surgen varias interrogantes que deben dilucidarse y que relacionan la calidad con el equipo, pues aparentemente la alta incidencia de fallas está determinada por este factor y la relación de la calidad del servicio, con la carga de trabajo de los empleados y de la interacción de ambos factores.
El sistema de regulación tarifario, establecido en el título de concesión, es complejo y en apariencia toma en cuenta el beneficio de los usuarios, los factores de productividad y también establece límites por medio de un concepto de precios tope; sin embargo visto más de cerca, todas las aparentes ventajas del sistema se inhabilitan durante un largo período de ocho, en el que por el contrario todas las ventajas son exclusivamente para la empresa.
Por ejemplo, en la condición 6.2 de criterios tarifarios se establece que Telmex podrá modificar periódicamente las tarifas de servicio de telefonía básica, con objeto de reducir los subsidios cruzados, de acuerdo a un sistema de precios tope, donde considerando los volúmenes de consumo del período anterior, la proyección del gasto de los usuarios por la Canasta de Servicios Básicos para el período siguiente, se mantendrá constante en términos reales. Durante 1991 los periodos de ajuste serán mensuales fueron mensuales y en 1992- 1996, los ajustes se harán en forma trimestral.
De esta cita conviene comentar que mantener constante en términos reales el gasto de los usuarios, es una manera elegante de decir que en los ingresos totales de Telmex, o la gran mayoría de sus ingresos, porque también tiene otras fuentes diferentes al cobro de servicio, quedarán inyectados seis años con la inflación.
Esta es una ventaja y facilidad extrema para garantizar ingresos reales a la compañía y parte de la certidumbre de que los ingresos obtenidos en el origen del proceso de privatización, ya eran suficientes para asegurar una alta rentabilidad de la empresa, y si éste es el caso, lo que establece la condición 6.1 transcrita, es que esta situación ventajosa se mantenga a lo largo de seis años.
Dentro de esta condición general de ingresos indexados por la inflación, se permite la modificación de las tarifas relativas de cada uno de los cargos de la canasta de servicios básicos, porque a mediano plazo buscan que el peso de los servicios domésticos se incremente y que disminuyan las tarifas del servicio de larga distancia internacional, que es una de la áreas en donde existen mayores presiones para abrirla a la competencia y han establecido el compromiso de hacerlo a fines de 1996, pero asegurando que el ingreso total queda garantizado en su monto y en términos reales.
Pero además, de la manera como está establecida la condición de gasto constante de los usuarios en términos reales, se salvaguarda la posibilidad de que los ingresos totales del período sean mayores que los del período precedente, debido a incrementos en volumen por nuevas líneas en servicio y a los efectos de elasticidad
de precio- ingreso; es decir, al incremento del uso del servicio por el supuesto efecto de las tarifas reducidas, por lo que el gasto constante en realidad se transforma en un gasto creciente.
Adicionalmente a estos ajustes trimestrales a las tarifas regidas por el concepto de ingresos topes de la canasta de servicios básicos, está abierta la posibilidad de aumentos tarifarios por el concepto de costos increméntales promedio por servicio, que es el estudio detallado de las inversiones requeridas para proporcionar los servicios por incremento en la capacidad resultante de la inversión y los criterios de estos estudios técnico- económicos fijarán, en su momento, los nuevos niveles iniciales de la canasta de servicios básicos y el factor de ajuste de productividad.
Hay una fórmula ahí en la que según esto, con un factor controlador, restringen los aumentos posibles, solamente que es en esa fórmula, tres páginas adelante del título de concesión dicen, como quien pasa la cosa, que el factor de productividad X lo hacen igual a cero los primeros seis años y lo hacen igual a 0.7 los siguientes dos años, de manera que todos los beneficios de productividad son exclusivamente para el ingreso y no tiene ningún efecto sobre disminución de tarifas ni sobre beneficios para el público.
No podemos dejar de comentar el hecho de que a la empresa Teléfonos de México se le autorice ajustar sus ingresos trimestralmente, primero fue mensualmente en el año de 1991 y ahora y hasta 1996 es trimestralmente, por efectos de la inflación, mientras a los trabajadores del país se les somete a un régimen de control salarial riguroso, con incrementos anuales siempre por debajo de los índices inflacionarios, y además que los beneficios previsibles por efectos de mayor productividad y sistema, también se destinen íntegramente, a asegurar la rentabilidad de la empresa y no tengan ningún beneficio durante ocho años para los usuarios.
Los impuestos. En un cable de prensa de la agencia Notimex, fechado el 11 de febrero de este año en Monterrey, Nuevo León, se da cuenta de una reunión del Director del Telmex, Antonio Pérez Simón, con presidentes y directores de las Cámaras de Comercio, industria, Centro Patronal de Nuevo León y Confederación Nacional de Consejos Cívicos de Instituciones, en la que el señor Pérez Simón reconoció que las altas utilidades que percibe no son por el incremento tarifario, sólo son nominales, dijo en una entrevista a la Revista Expansión en mayo de 1991. En Monterrey dijo que las utilidades registradas por Telmex en los últimos dos años, son producto de los impuestos que el Gobierno les reembolsa conforme a los términos de la concesión.
Debe señalarse que en el título de concesión no existe ninguna condición de reembolso de obligaciones fiscales a la empresa. Sin embargo, en otro documento del Consejo de Administración de Telmex, en el que se presenta el estado de resultados de la empresa y de las empresas subsidiarias consolidadas, se hace la siguiente mención: "A partir del primero de enero de 1990, el impuesto por la prestación de servicio telefónico es a cargo de la compañía, causándose a la tasa del 29% sobre la totalidad de los ingresos provenientes de la prestación del servicio telefónico y tendrá derecho de acreditar una parte de ese impuesto contra las inversiones que se realicen durante el año.
Al 31 de diciembre de 1991 el impuesto causado a 3 billones 874 mil 332 millones de pesos viejos y el impuesto acreditable a 2 billones 200 mil 510 millones de viejos pesos, que correspondieron al 65% permitiendo de acreditación por inversiones, de manera que sólo se enteraron a Hacienda 1 billón 353 mil millones en 1991.
Las cifras correspondientes al año de 1990 fueron: un impuesto causado de 2 billones 665 mil millones de viejos pesos y sólo se enteraron 1 billón 439 mil millones de viejos pesos.
Considerando las cifras de impuesto telefónico esperadas según las leyes de ingreso de 1992 y 1993, según mis cálculos personales los ingresos causados serían de 3 billones 943 mil millones para 1992 y 5 billones 100 mil millones para 1993. Los acreditables serían: 2 billones 563 mil millones 3 billones 310 mil millones para el año correspondiente y los ingresos tributarios efectivamente ingresados a la nación de 1 billón 380 mil millones y 1 billón 780 mil millones para estos años respectivos.
Esto quiere decir que a la fecha Teléfonos de México ya ha sido beneficiada con más de 6 billones 200 mil millones de viejos pesos, esto quiere decir más de 2 mil millones de dólares que se le han bonificado, que han acreditado en este concepto de bonificación. Esto quiere decir que una parte muy importante de las inversiones de Telmex, del orden del 30% que se había dicho que serían por cuenta de los nuevos inversionistas y que esta razón se esgrimía como una de las principales determinantes del proceso de privatización dado que el estado no tenía
recursos era necesaria la participación de empresarios, en realidad han sido recursos cuyo origen son los usuarios, ya sea por la vía de mayores tarifas o principalmente, como lo dice Pérez Simón por bonificación de impuestos.
Esta situación también es notablemente contrastante con el tratamiento fiscal que se le da, por ejemplo, a Petróleos Mexicanos, en donde el régimen que se le aplica ha sido calificado de confiscatorio, pues se le extrae por esa vía prácticamente toda la rentabilidad de la empresa.
Las cifras de bonificación fiscal acumuladas por Teléfonos de México en los años 1990- 1992 que alcanzan la suma de más de 6 billones 200 mil millones de viejos pesos, se compara con el superávit fiscal anunciado por la Secretaría de Hacienda recientemente. Y debe señalarse que la bonificación anual, esto es, 6 billones 120 mil millones es el total de los tres años, pero el promedio por año es del orden de 2 billones 200 mil millones, rebasa con mucho las necesidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, 1 billón 860 mil millones necesarios para incrementar al 100% el sueldo de sus académicos y trabajadores.
Esta cifra de bonificación anual de impuestos a Telmex permitiría aumentar las pensiones de todos los jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social en cerca de un 40% de sus percepciones actuales.
Hemos señalado en esta intervención no sólo las innumerables quejas y reclamaciones de los usuarios por el mal servicio y los cobros excesivos de la empresa telefónica que incluso pueden configurar una situación de fraude mayúsculo, sino principalmente un conjunto de problemas contenidos en el mismo título de concesión que hasta donde sabemos no tienen precedente y no se justifican como prácticas mercantiles usuales en otras ramas de la actividad económica.
Este conjunto de características de alta permisibilidad de fallas en lo que se refiere a continuidad de servicio, de asegurar los ingresos totales indexados por la inflación y con ajustes tarifarios trimestrales, de otorgar en exclusiva a las empresas los posibles beneficios por incremento de productividad en los próximos ocho años, de asegurar en el futuro nuevas tarifas en función de costos increméntales promedio de largo plazo y de la política de bonificación de impuestos de hasta el 65% de los mismos y que acreditan como inversiones, establece un conjunto de facilidades tan extraordinarias que la primera pregunta que debemos hacernos es: ¿porqué se privatizó Telmex en esas condiciones cuando además era una empresa rentable en el momento en que se inició el proceso de desincorporación?
Es evidente que cualquier administración pública con esas facilidades podría haber obtenido resultados financieros semejantes y lo que se concluye de estas consideraciones no es la ventaja administrativa conceptual y financiera de los empresarios privados y financiera de los empresarios privados, sino las ventajosas condiciones que establecieron para administrar la empresa.
Reclamamos una explicación minuciosa de todos estos conceptos de parte de los funcionarios públicos que participaron en la formulación del título de concesión de Telmex y que se hagan públicos también los estudios previos en que se fundaron para tomar estas determinaciones.
Señor Presidente: con fundamento en el artículo 34, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito atentamente a la Presidencia de esta Cámara que, a la luz de la información que he presentado, respecto a las características del título de concesión y de la operación de la empresa Teléfonos de México, turne mi denuncia y petición a la Comisión de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, para que en el ámbito de su competencia se aboquen al conocimiento de la misma y, en su caso, practiquen las investigaciones pertinentes.
Dado el interés de todos los diputados en los grandes problemas nacionales y la trascendencia del tema, contamos de antemano con la seguridad de que nuestra petición será atendida. Muchas gracias.
El Presidente:
Para hablar sobre el mismo tema, tiene la palabra el diputado Enrique Sada Fernández.
El diputado Enrique Sada Fernández:
Con su permiso, señor Presidente: El mundo actual vive un proceso de revisión de las formas en que el Estado interviene en la economía. Los gobiernos transfieren la propiedad de sus empresas al sector privado y sustituyen el control directo de aquellas que consideran estratégicas, por otras formas que promuevan el logro de los objetivos nacionales.
En el caso de México, el proceso de venta de las empresas paraestatales, intensificado durante la administración del Presidente Carlos Salinas, se enmarca dentro de una política económica en la que se busca que el sector privado sea el motor de la economía.
La rectoría del Estado se mantiene entonces, no a través de la propiedad de la empresa, sino mediante la instrumentación de marcos reguladores adecuados.
Durante el período de 1920 a 1960, el Gobierno de México realizó inversiones importantes en infraestructura y se crearon la mayoría de las grandes empresas paraestatales: Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad y Ferrocarriles Nacionales de México. Dichas empresas fueron creadas con el propósito de guiar y fomentar el desarrollo económico de México.
De 1960 a 1980, sin embargo, la creación de empresas paraestatales obedeció al propósito de preservar empleos y de salir al rescate de empresas privadas que se encontraban en bancarrota. Esta política puedo continuar mientras el Gobierno no tuvo los recursos para sostener su papel de empresario.
Sin embargo, a principios de los años ochenta, el país sufrió las consecuencias de unas finanzas públicas desordenadas. Desde entonces el Gobierno de México ha seguido, para el saneamiento de sus finanzas, una política económica en donde la venta de paraestatales constituye un instrumento crucial.
Antecedentes.
Teléfonos de México era la única empresa concesionada para construir, operar y explotar una red de servicios telefónicos públicos a nivel nacional. Actualmente la empresa provee de telefonía básica a más de 8 mil poblaciones; cuenta con casi seis millones de líneas instaladas; tiene más de 64 mil empleados y posee activos con un valor en libros superiores, a los 8 mil millones de dólares.
Más aún, la acción de Telmex es la de mayor rentabilidad en la bolsa mexicana de valores y representa aproximadamente el 20% de la capitalización total del mercado.
El Gobierno se convirtió en el accionista mayoritario de la empresa en 1972. A partir de 1982, debido a una estructura en la que se vio sumergido nuestro país, el Gobierno empezó a carecer de los recursos necesarios para la inversión y el mantenimiento de un buen servicio telefónico. Para ello, el 18 de septiembre de 1989, se anunció la decisión del Gobierno federal de enajenar su participación accionaria en Telmex.
Los objetivos planteados fueron los siguientes: mejorar radicalmente el servicio; expander en forma sostenida el sistema actual; fortalecer la investigación y el desarrollo tecnológico; garantizar los derechos de los trabajadores y darles participación en la empresa y garantizar el control mayoritario de los mexicanos.
Los tres aspectos fundamentales de la desincorporación fueron: primero, la urgencia del crecimiento y modernización de la empresa. Permítaseme dar una cifra: México era el país número 87 en la relación número de teléfono por habitante y en cuanto a producto interno bruto, el número 15. El rezago era evidente.
En cuanto a rentabilidad que es un tema central en este debate, se dice que Telmex era una empresa muy rentable, ya que tenía utilidades por aproximadamente un millón de dólares anuales. Sin embargo, si se contabilizara el monto que por erogaciones tendría que realizar la empresa en el mediano plazo, por aproximadamente 10 mil millones de dólares, la situación financiera de la empresa no sería tan halagüeña.
Segundo, fue necesario analizar y modificar el entorno legal de Teléfonos de México especialmente en lo concerniente al título de concesión de la empresa y a la elaboración de un reglamento en materia de telecomunicaciones.
Tercero, dada la complejidad de la operación fue indispensable diseñar e instrumentar mecanismos de ingeniería financiera que optimizaran los ingresos de la venta y facilitaran la transacción para lograr ingresos por más de seis mil millones de dólares, liberar recursos equivalentes a 10 mil millones de dólares en el transcurso de los cinco años siguientes. Aquí es importante explicar la situación mundial que existía y existe todavía en el mercado de las telecomunicaciones y compararla con lo que sucedía en este campo en México.
Esta es una actividad de gran competencia y dinamismo a nivel mundial, el mercado más interesante para las grandes compañías es el de la larga distancia, principalmente porque el servicio local es caro, ya que hay que perforar zanjas por las ciudades y los cambios tecnólogicos recientes: fibra óptica y teléfono celular, todavía no permiten abaratar costos.
Un solo dato basta ilustrar lo anterior: La Ciudad de México tiene 14 mil kilómetros de ductos, en cambio, en lo que se refiere a la larga distancia, ésta se maneja vía satélite y por torres, que es en resumen, la inversión total.
Otro dato. Sólo Inglaterra tiene dos compañías que proporcionan el servicio en la misma ciudad y una de ellas está quebrada. En las principales ciudades del mundo, el servicio local es proporcionado por una sola compañía.
Un panorama diferente es el servicio de larga distancia, tanto la nacional como la internacional. en donde la competencia es total.
En términos generales la situación que guardaba teléfonos de México, en ese momento, era la de que la larga distancia nacional e internacional, subsidiaba a la local, que se había afectado aún más por los sismos de 1985.
La tarifa de llamada local era barata comparada con estándares internacionales y la larga distancia cara. Por esta razón se buscó un rebalanceo en cuanto a tarifas y en cuanto a tiempos y días, que es norma internacional y de justicia.
No es lo mismo por hablar 30 ó 300 veces diarias ó tres horas, que el cobro a gente que utiliza 1 ó 2 veces el servicio telefónico y sólo para llamadas breves e importantes.
Otra consideración importante es la de que por las características ya mencionadas del mercado mundial de telecomunicaciones, en una venta abierta todas las compañías se hubieran ido por la larga distancia; y la local para ser efectiva tendría, como fue, que haberse vendido a una sola empresa. Ambas operaciones habrían abatido el valor de Telmex en valor de revaluarlo, como posteriormente ocurrió.
En enero de 1990, se eliminaron los impuestos diferenciales sobre los distintos tipos de servicios y se estableció un impuesto del 29% sobre todos los ingresos de telefonía básica. Con el fin de promover la inversión, Telmex puede acreditar hasta un 65% de este impuesto, contra su inversión en capital.
Con el propósito de apoyar la estrategia de crecimiento de la empresa se celebró un Convenio de Productividad y Capacitación con el Sindicato de Telefonistas. Como resultado del convenio, se logró una mayor flexibilidad en la asignación de los empleados a distintas labores, garantizando siempre los derechos de los trabajadores.
Entorno legal
Meses antes de que se decidiera la desincorporación, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes venía ya trabajando con un grupo intersecretarial en la modificación del marco regulador de las telecomunicaciones. Esta revisión tenía por objeto lograr un sistema regulador, moderno, dinámico y flexible, lo que condujo, a antes, de la privatización, a una revisión del título de concesión.
En septiembre de 1989, con el anuncio de la privatización, el Banco Internacional y Teléfonos de México se unieron al grupo de trabajo y se aceleraron las labores en materia reglamentaria. Así, el 10 de agosto de 1990, se firmaron las modificaciones al título de concesión. Asimismo elaboró por primera vez un Reglamento de Telecomunicaciones que fue publicado en el Diario Oficial.
La evaluación, ya en el proceso de desincorporación, que es el proceso medular de la venta, fue llevada a cabo a través del Banco Internacional como banco agente del Gobierno federal y de la Compañía Mackenzie, con presencia internacional en 60 países, en el avalúo, operativo administrativo de la empresa y de la compañía Bush Allen en cuanto a activos.
El título de concesión de Telmex es de los más avanzados a nivel mundial. Incorpora adelantos recientes de la teoría económica en materia de reglamentación, se adapta fácilmente a los continuos cambios e innovaciones de la industria y asegura el logro de las metas de crecimiento y calidad del servicio, sin entorpecer el funcionamiento de la empresa. El título de concesión de Telmex contempla los aspectos de telefonía básica y aquellos relacionados con una empresa de telecomunicaciones contemporáneas, tales como: fabricación de equipo, telefonía móvil, transmisión de datos, facsímiles e imágenes, etcétera.
Metas de crecimiento
De 1991 a 1995, Telmex deberá expandir su número de líneas telefónicas en operación a una tasa promedio mínima de 12% anual. Este crecimiento requiere de una inversión aproximada de los 10 mil millones de dólares en este período.
Asimismo, al término de este plazo Telmex deberá ofrecer servicio telefónico básico con conmutación automática a todas las poblaciones del
país con más de 5 mil habitantes. En aquellas con más de 500 deberá lograr que sus habitantes tengan acceso al servicio telefónico, al menos mediante una caseta pública o agencia de larga distancia.
Metas de calidad en el servicio
El título de concesión establece medidas de calidad del servicio a través de la construcción de un índice que incorpora aspectos como: el porcentaje de líneas con falla, la rapidez de reparación de la líneas, el tiempo de espera para obtener comunicación y el plazo máximo para la instalación y reparación de líneas y circuitos privados.
Con base en este indicador, el título de concesión compromete a la empresa a ir mejorando progresivamente la calidad del servicio hasta llegar en 1995 a nivel internacional. Todos estos objetivos han sido cumplidos a la fecha y en muchos de los casos han sido superados los estándares básicos de compromiso.
La regulación tarifaría
Los sistemas que tradicionalmente se han empleado para regular empresas de telecomunicaciones dominantes en su mercado, en general traen consigo distorsiones indeseables.
El nuevo sistema de regulación tarifaría de Telmex, que establece la concesión, busca propiciar una expansión eficiente de la red y proveer las bases para una competencia sana en la industria de las telecomunicaciones.
El anterior sistema de regulación de tarifas era denominado de negociación múltiple y diaria, dependía de la situación nacional, de las negociaciones entre el director general de Telmex y de los Secretarios de Comunicaciones, de Hacienda y Programación y Presupuesto.
Para fijar el actual sistema que aparece en el título de concesión se analizaron varias modalidades de diferentes países y se optó por uno denominado "precio tope a una canasta básica", que incluye los siguientes servicios y que es muy parecido al sistema inglés:
1. Cargos por instalación y conexión a la red.
2. Renta básica mensual después de 150 llamadas ó 150 minutos.
3. Servicio local medido por tiempo, distancia, hora y día de la semana.
4. Tarifa por larga distancia nacional e internacional, que consideran: distancia, duración día y hora de la semana.
De este resultado se lleva a cabo una ponderación y se indexa al índice de precios.
El título de concesión contempla un período de seis años para alinear las tarifas de acuerdo con los costos. Esta alineación es indispensable también para que Telmex enfrente la competencia en los servicios de larga distancia que el título de concesión prevé abrir en 1997.
Es un esquema tarifario que permite a la empresa asignar libremente los precios de los servicios, siempre que se respete un valor máximo para el precio ponderado de la canasta de los servicios, telefónicos incluidos en la regulación. Este precio máximo se ajustará, en términos nominales, cada tres meses de acuerdo al movimiento del índice de precios al consumidor. Este esquema impide que los ingresos de Telmex se deterioren en términos reales.
En resumen, el nuevo sistema de regulación de Telmex tiene las siguientes ventajas:
1. Garantiza una asignación eficiente de los recursos a la prestación de los distintos servicios.
2. Promueve un nivel de inversión socialmente óptimo.
3. Incentiva incrementos de la productividad y la empresa.
4. Permite transferir parte de los incrementos de la productividad en beneficio de los consumidores; y
5. Los usuarios del servicio pueden prever el comportamiento del nivel de tarifas.
El 18 de septiembre de 1989, fecha en la que el Gobierno federal anunció su decisión de enajenar su participación en el capital social de Teléfonos de México, el valor de mercado de la empresa era superior a los 3 mil 300 millones de dólares. Este valor aumentó sustancialmente, llegando a superar los 7 mil millones de dólares hacia agosto de 1990, mes en el que se publicó la convocatoria para la subasta de las acciones "A A".
El Gobierno Federal poseía el 56% del capital accionario de Telmex, mientras que el resto se encontraba distribuido entre inversionistas mexicanos y extranjeros.
Puede afirmarse que difícilmente concurrirían a una subasta pública por el 51% de la empresa, grupos mexicanos e inclusive extranjeros, con éstas o mayores cantidades de recursos.
Por esta razón y con el objeto de maximizar el valor presente de la posición accionaria del Gobierno federal, se plantearon dos aspectos fundamentales.
1. La necesidad de reducir el capital social con derecho a voto completo en la administración de la empresa, y
2. Realizar colocaciones simultáneas y sucesivas de títulos de valor en los mercados financieros internacionales.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco Internacional diseñaron una estructura de capital para Telmex que garantiza el control de la empresa por parte de mexicanos; se estableció un esquema accionario que permite dicho control con el 20.4% del capital social y que es susceptible de incorporar inversión extranjera de acuerdo con el Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera.
La estructura de capital de Telmex se encontraba integrada por dos tipos de acciones, "A A" y "A" que tenían los mismos derechos y diferían sólo en su tipo de suscripción, las acciones de las series "A A" representaban el 56% de capital social y sólo podían ser suscritas por el Gobierno federal. Las acciones de la serie "A" representaban el 44% restante y eran de libre suscripción.
El 15 de junio de 1990, se celebró una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas donde fueron aprobados los cambios a la estructura de capital de la empresa. Dichos cambios consistieron en permitir que las acciones "A A" pudieran ser suscritas y adquiridas no únicamente por el Gobierno federal, sino también por personas físicas y morales mexicanas.
Por otra parte, se aprobó el pago de un individuo de 1.5 acciones "L" de voto limitado por cada acción "A" y "A A" en circulación. Con estos cambios la estructura del capital social de Telmex quedó integrada de la siguiente manera: 20.4% de acciones "A A" que representan el 51% de las acciones comunes; 19.6 de acciones "A" que corresponden al 49% de las acciones comunes y 60% de acciones "L" de voto limitado. Los accionistas titulares de la serie "A" tendrán opción de convertir a la par, cada una de sus acciones en una acción "L".
Por otra parte se estableció un esquema para que los trabajadores adquirieran parte del capital social de Telmex. De esta manera los trabajadores adquirieron el 4.4% del capital social de la empresa.
Subasta de las acciones "A A"
El 30 de julio de 1990 se publicó el calendario de la desincorporación de Teléfonos de México, en los diarios nacionales de mayor circulación y del 13 al 17 de agosto, la convocatoria y las bases de la subasta de las acciones "A A". Un proceso competitivo de subasta, garantizar contar con una mejor oferta económica y con un grupo mejor estructurado y preparado. El poner a diversos grupos a competir, los obliga a procurar la mejor integración entre los diferentes socios mexicanos y extranjeros y a diseñar estrategias de crecimiento y modernización más agresivas.
Grupos calificados
Las empresas que calificaron en el proceso de venta de las acciones "A A" fueron las siguientes:
1. Casa de Bolsa Inverlat, en representación de inversionistas.
2. Acciones y Valores de México, Casa de Bolsa.
3. Grupo Gentur.
4. Grupo Carso.
5. Industrial Alfa.
6. Southwestern Bell Corporation.
7. NYMEX Internacional.
8. ETE Telephone Corp.
9. Bell Canadá.
10. Telefónica de España.
11. France Cables et Radio.
12. STET.
13. Nippon Telephone & Telegraph.
14. Cable & Wureless.
15. Singapore Telecom.
16. United Telecomunications US Sprint, y
17. Citty Bank.
De acuerdo con el calendario establecido el 15 de noviembre de 1990, siete empresas integradas en tres grupos presentaron al Banco Internacional sus posturas para la subasta por las acciones "A A" ante la presencia de funcionarios de la S H C P y de la Secogef. Estos grupos se hallaban integrados de la siguiente manera: el primero formado por Acciones y valores de México, junto con GTE y Telefónica de España; el segundo integrado por Grupo Carso, Southwestern Bell y France Cables y el tercero el Grupo Gentur que presentó postura por el 10.4% del capital social.
En las posturas se especificaron los montos ofrecidos y las condiciones de las operación de compraventa, así como las propuestas para los programas de modernización, avance tecnológico, expansión y capacitación de personal para Telmex.
De inmediato, se procedió a evaluar y homologar las ofertas, en sus aspectos financieros y técnicos.
Las tres posturas fueron satisfactorias y cada una de ellas garantizaba el control mayoritario mexicano de la empresa; todas se ajustaron a los requerimientos establecidos en el esquema y las bases para la subasta de Teléfonos de México.
Asimismo, todos los postores se comprometieron con el crecimiento de la empresa, por lo que incluyeron en sus posturas la compra de una opción por el 5.1% del capital social de Telmex en acciones "L", ofrecida por el Gobierno federal. Los aspectos técnicos de las posturas fueron analizados por los expertos de Teléfonos de México, los cuales concluyeron que no contenían diferencias significativas que permitieran advertir claramente ventajas de una propuesta sobre otra. En consecuencia, el monto ofrecido fue la variable determinante para la decisión.
La postura del Grupo Carso, Southwestern Bell y France Cables et Radio, fue la ganadora, pues el pago superaba en 208.6 miles de millones de pesos (70.4 millones de dólares) a la segunda oferta.
El pago de 1 mil 757.6 millones de dólares, ofrecido por el grupo ganador, por el paquete accionario subastado, significa que por una quinta parte del capital social de la empresa, se obtuvo un valor superior en 53.1% a lo que valía toda la empresa en el mercado en diciembre de 1988, que era de 1 mil 147.8 millones de dólares.
El viernes 7 de diciembre de 1990, una vez cerrados los mercados bursátiles, el grupo ganador fue notificado de la decisión. El resultado de la subasta se anunció al público el 10 de diciembre.
Formalización de la venta.
El 13 de diciembre de 1990, 15 meses después de que el Gobierno federal anunció la decisión de vender su participación en Teléfonos de México, se firmó el contrato de compraventa con el grupo ganador.
El 20 de diciembre se firmó el contrato de fideicomiso para las acciones "A A" y se recibió un pago equivalente a 767.72 millones de dólares. El 28 de diciembre se recibieron otros 206 millones de dólares.
El saldo de 759 millones de dólares, más los intereses correspondientes, fueron depositados el 20 de junio de 1991. Posteriormente, se recibieron 23.6 millones de dólares, como parte del pago que realizara el grupo ganador, en valor presente a mayo de 1991, provenientes de los dividendos que pague Telmex a los accionistas de la serie "A A".
Entrega de la empresa
El grupo ganador tomó posesión de la administración de la empresa el 20 de diciembre de 1990, fecha en la que nombró al nuevo director general. El 9 de enero de 1991, se realizaron las asambleas de accionistas de Telmex, en las que se nombraron nuevos consejeros.
Destino de los recursos captados
Es muy importante informar que las acciones otorgadas a este grupo ganador, se depositaron en un fideicomiso en el que, por un plazo mínimo de cinco años, por disposición del Gobierno federal y cinco más por disposición de las propias partes, no son transferibles, no están en el mercado de valores y, por tanto, está prohibida su venta.
Oferta pública secundaria de acciones "L", 14 de mayo de 1991.
El 14 de mayo de 1991 se llevó a cabo la oferta pública nacional e internacional de las acciones "L" de Teléfonos de México, propiedad del Gobierno federal, con esta operación se abrieron las puertas para que la empresa participe en los mercados internacionales de capital.
El Gobierno federal recibió como producto de esta venta, neto de comisiones, dos pagos provenientes de la venta de acciones "L" de Telmex. Uno de ellos, producto de la colocación de 138
millones de acciones de la Bolsa Mexicana de Valores y la venta de 150 millones de acciones para el fondo de los empleados no sindicalizados de Telmex, por un total de.....$1'126,006,803,740 M. N. (un billón ciento veintiséis mil seis millones ochocientos tres mil setecientos cuarenta pesos moneda nacional) y otro por $1'791,567,500 (mil setecientos noventa y un millones quinientos sesenta y siete mil quinientos dólares), resultantes de la colaboración de 1 mil 515 millones de acciones "L" efectuada en los Estados Unidos, Europa, Canadá, Japón y el resto del mundo.
La suma de ambas cantidades, arroja un total de 6,504,319,456,740 (seis billones quinientos cuatro mil trescientos diecinueve millones cuatrocientos cincuenta y seis mil setecientos cuarenta pesos), cuyo equivalente es de 2,166,662,004 (dos mil ciento sesenta y seis millones seiscientos sesenta y dos mil cuatro) dólares.
Con la oferta pública de acciones "L", por primera vez en la historia, una empresa mexicana vende acciones simultáneamente en los mercados de más de 20 países y éstas se cotizan en los mercados de valores de mayor prestigio en el mundo: el New York Stock Exchange y el Sistema de Cotizaciones Automatizadas de Europa (SEAQ).
Por su monto, ésta es la séptima colocación de acciones más grande que se ha realizado en el mundo y es, sin duda, la más importante en la historia de México y Latinoamérica. Además, nunca antes en el mundo, se había realizado una operación de esta magnitud, colocando un porcentaje tan elevado de las acciones de una empresa, fuera de su país de origen.
La oferta pública secundaria de acciones "L" de Teléfonos de México, se inició el 13 de mayo simultáneamente en México, Estados Unidos, Canadá, Europa y Japón. Cabe resaltar que la colocación se completó a unas cuantas horas de haberse iniciado. La distribución se hizo de la siguiente manera:
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Así, se colocaron 138 millones de acciones en México y 1 mil 377 millones en la oferta internacional (68.85 millones de ads). Cabe señalar que, con la venta al fondo accionario de los empleados, la participación de los trabajadores y empleados pasó a constituir casi 6% capital social de la empresa.
La colocación de las acciones "L" en el mercado, se efectuó tomando como referencia los valores fundamentales de Telmex; los precios de las operaciones que se realizaron en el mercado de acciones "A" en los días anteriores a la colocación, las perspectivas a futuro de la empresa y el hecho de que cada acción "A" antigua, corresponde a 2.5 acciones "L" nuevas. Así, sí se tomará como referencia el precio de las acciones "A", el precio establecido sería de $3 mil 406.25 dólares o $10 mil 225 pesos por acción. Por ello, el precio de los ads (que incluyen 20 acciones "L" y que son los que cotizan en el mercado internacional), se fijó en $27.25 dólares, la acción "L" se cotizó en $4 mil 90 pesos en el mercado mexicano.
La estrategia para la colocación de las acciones "L" en los mercado internacionales de capital, fue diseñada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, junto con el Banco Internacional - Isefi y Goldman Sachs & Co. y consistió en los siguiente:
En primer lugar, se estableció un programa de ads patrocinado por Telmex para las acciones "L" en el New York Stock Exchange.
En segundo lugar, se efectuó un proceso para seleccionar a los bancos de inversión y casas de bolsa que colocarían las acciones de Telmex en el mercado, para lo cual se requería que tuvieran un conocimiento profundo de México y de la industria de telecomunicaciones y que tuvieran gran capacidad de colocación u experiencia en ofertas públicas de acciones.
El Banco Internacional actuó como agente global para la colocación mundial y contrató Goldman Sachs como coordinador global y colíder en las sindicaciones internacionales fuera de México y Estados Unidos.
La selección de los colocadores se hizo por concurso. En México acciones y valores de México, S.A. de C. V., fue la administradora de la colocación y operadora de bolsa, inversora bursátil y G B M coadministradoras. Asimismo, las casas de bolsa mexicanas que demostraron capacidad para colocar acciones en los mercados internacionales, fueron invitadas a participar en la colocación fuera de México.
Para la colocación en el resto del mundo, se seleccionaron los siguientes bancos de inversión o casas de bolsa: en Estados Unidos se escogió como líder a Goldman Sachs y como colíderes a Bear Stearns y Merrill Linch; en Europa los líderes fueron: en el Reino Unido, S. G. Warburg Securities; en Francia, Paribas Capital Markets Group; en Suiza, Credit Suisse First Boston; en Alemania, Deutsche Banlk; en Canadá, Wood Gundy y en Japón, Nomura Securities.
Por otra parte, y dado que era indispensable promover la venta de las acciones de Telmex, y dar a conocer la información acerca de los planes de expansión, modernización y mejoras en la calidad del servicio, así como el nuevo marco tarifario y regulatorio de Telmex, se realizaron entre el 26 de abril y el 10 de mayo pasados, presentaciones ante inversionistas en 25 ciudades de México, Japón, Europa, Estados Unidos y Canadá.
En las presentaciones participaron funcionarios del Gobierno federal, miembros del grupo de accionistas administradores y directores de Telmex y funcionarios del Banco Internacional. Asimismo, se distribuyeron más de 60 mil prospectos preliminares de Telmex en español, inglés, japonés en más de 20 países.
Para maximizar la liquidez de la acción, fue necesario efectuar una serie de procedimientos legales para que fueran aceptados en todo el mundo los títulos ofrecidos, cumpliéndose con la regulación de los mercados de valores de todo el mundo. Asimismo, se hicieron las adecuaciones pertinentes para que la contabilidad de Telmex, fuera compatible con las prácticas contables norteamericanas (U. S. G A A P).
Así, en México se registraron las acciones "L" en la Bolsa Mexicana de Valores. En Estados Unidos, las acciones se listaron en el New York Stock Exhange y la oferta pública se registró ante la Securities and Exchange Commission; en Europa se promovió la cotización de los ads en el sistema Seaq International y la colocación se realizó de manera privada; en Japón se realizó una oferta pública sin listar, con la aprobación del Ministerio de Finanzas de este país y en Canadá se realizó una colocación privada.
Como parte del programa de estabilización y de acuerdo con las prácticas internacionales en este tipo de colocaciones, se otorgó al sindicato colocador una opción de "sobrecolocación" de hasta el 15% de la oferta pública. El sindicato colocador ejerció el 6 de junio de 1991, parte
de esta opción 80 mil millones de acciones ó (4.8% de la colocación), aportando al Gobierno federal, recursos adicionales por U S $ 104 mil 120 dólares, así, el total en dólares de esta colocación representó $1 billones 895 mil 687 millones 500 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, para 16.6% del capital social de Telmex.
Consideraciones finales
La desincorporación de Teléfonos de México, cumple con la estrategia del Gobierno federal para concentrar esfuerzos en las áreas prioritarias como: educación, salud, vivienda e infraestructura, liberando para ello, recursos de sectores que pueden ser eficientemente atendidos por particulares.
La rectoría del Estado se mantiene no a través de la propiedad de la empresa, sino a través de la instrumentación de marcos reguladores apropiados para asegurar dicha conducción y para permitir el desarrollo sectorial. Prueba de ello, es también que la Comunidad Europea ha liberado recientemente este sector.
De esta manera, México podrá contar más rápidamente con un sistema de telecomunicaciones, acorde con nuestras expectativas de desarrollo económico.
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EL Presidente:
Para hablar sobre el mismo tema, tiene la palabra el diputado Alfredo Lujambio Rafols.
El diputado Alfredo Lujambio Rafols:
Muchas gracias, señor Presidente, señoras y señores diputados:
Me ha dejado muy impresionado el diputado Sada, que ha dado una información verdaderamente impresionante sobre Teléfonos de México, una cantidad de datos que no se explica uno de dónde los pudo haber obtenido, a menos que sea accionista de Teléfonos de México.
El antecedente a esta intervención mía, que hago por encargo de mi partido. Acción Nacional señores diputados, se remonta al pasado mes de noviembre, período en el cual me tocó intervenir para hacer la glosa del informe en materia económica del presidente Salinas de Gortari.
En aquella ocasión les manifestábamos a ustedes algunas serias preocupaciones de nuestro partido, en relación a algunos elementos de información que ya en aquel entonces, estamos hablando de noviembre de 1992, ahora ya tenemos mucha más información que les quiero dar a conocer a ustedes, pero en aquel entonces teníamos una información un poco basada principalmente en notas periodísticas que nos daban la reseña de las utilidades que en el corto tiempo de que la empresa Teléfonos de México había sido privatizada, las utilidades que reportaba a sus nuevos y antiguos accionistas.
En aquel entonces, en noviembre de 1992, también mencionábamos que quienes adquirieron las acciones "A A", de las que nos dio cuenta el diputado Sada, acciones que tienen la característica, esas acciones "A A", de ser las que tienen el poder de administración de la empresa, sin ser necesariamente el paquete mayoritario ni con mucho, simplemente son unas acciones de una calidad superior que le permite a sus tenedores, a sus propietarios, tomar las decisiones para la administración de Teléfonos de México.
Mencionábamos que el Grupo Carso, junto con Seguros de México, que fueron los postores que obtuvieron la asignación, que hicieron la mejor postura por el paquete de control de las acciones de Teléfonos de México, grupo financiero éste, que todos sabemos, es del dominio público, está dirigido, está administrado por el señor Carlos Slim, había entrado a formar parte de la privilegiada lista de los hombres más ricos del mundo, el señor Carlos Slim. En ese entonces no sabíamos todavía que el señor Slim vendría a participar pocos meses después en la cena de los 25 millones de dólares con el presidente Salinas de Gortari, cuando la famosa e histórica pasada de la charola, lo cual nos revela que efectivamente el señor Slim pues tenía muchas cosas que agradecerle al Presidente, principal representante y cabeza natural del PRI, que en aquel entonces requería a los hombres más ricos de México para que aportaran algunos de sus recursos a los esfuerzos económicos del partido oficial.
Ese fue el primer antecedente, esa mención que hicimos en tribuna en noviembre de 1992 y posteriormente con el afán de que pues estas manifestaciones no quedaran como simples expresiones sin un seguimiento posterior, fuimos invitados a un desayuno en el que algunos de ustedes estuvieron presentes en la Secretaría de la Contraloría, desayuno en el que fue amablemente nuestra anfitriona la secretaria Vázquez Nava y en aquella ocasión le manifestábamos esta misma inquietud a la Secretaría de la Contraloría.
Veíamos cómo Teléfonos de México nos parecía que había sido vendida en condiciones que dejaban muchas dudas y que permitían hacer planteamientos y cuestionamientos verdaderamente serios y creo yo que hasta graves.
Le preguntábamos, estaba la señora Vázquez Nava acompañada en aquel desayuno por algunos de sus principales colaboradores, que cuál había sido el precio final, el precio total que habían pagado los accionistas que compraron este paquete accionario de Teléfonos de México y ahí mismo se nos contestó verbalmente, que la cifra total que el Gobierno había recuperado por la venta de estas acciones era del orden de cinco mil quinientos millones de dólares.
Posteriormente nos hizo favor de entregarnos la secretaria Vázquez Nava un documento con una información un poco más detallada de cómo fue la desincorporación por ventas, documento que tengo aquí a la vista y que voy a comentar con ustedes algunos de los datos que contiene, porque este documento en su caso deberá de ser ampliado, deja algunas lagunas, algunas informaciones pendientes de clarificar.
Pero la realidad es que lo que el Gobierno, según el documento de la Contraloría recibió del importe conjunto de las operaciones mencionadas, ascendió, dice aquí, a 5 mil 876 millones de dólares.
Estas operaciones, señores diputados, fueron realizadas en cuatro pasos diferentes, como nos decía el diputado Sada, pero del análisis de esta información ya empiezan a surgir algunas dudas que nos permiten afirmar que lo menos que puede decirse es que la Compañía de Teléfonos de México, de la que ya se dio un informe detallado por otros compañeros sobre el mal servicio que presta, que rebasa con mucho las tarifas de otros países ricos, altamente industrializados, es un servicio verdaderamente caro el de Teléfonos de México, más caro inclusive que el de Estados Unidos, un servicio por lo demás pésimo en donde se cometen abusos todos los días, que cuando los usuarios se presentan a hacer sus reclamaciones, probablemente más de alguno de ustedes ha tenido que hacer alguna reclamación a Teléfonos de México, llegan a responder algunos empleados de la empresa en una forma verdaderamente altanera, intolerable, "que si no le parece al usuario, pues que deje el contrato, que cancele el contrato y que deje el servicio". Ese es el grado de prepotencia que se está observando ahorita en los funcionarios de Teléfonos de México, en muchos de ellos, si no en todos.
Pero les decía que efectivamente hubo cuatro operaciones, según esta información que nos manda la Secretaría de la Contraloría. Estos 5 mil 870 y tantos millones de dólares que fue el total de las cuatro operaciones, tenemos que referenciarlos a algún elemento que nos permita determinar la justeza del pago, si realmente esta cantidad representaba el valor que tenían las acciones de Teléfonos de México, si no hubo alguna operación que deja estas dudas muy grandes, en base a las cifras que les voy a dar a conocer a ustedes.
Cuando buscamos nosotros información, por eso decía que el diputado Sada me asombra enormemente la gran cantidad de información de que dispone, vimos por ejemplo que la Contaduría Mayor de Hacienda no dispone de los estados financieros de Teléfonos de México, la información que se tiene en la Contaduría Mayor de Hacienda sobre Teléfonos de México es una información muy vaga, muy ambigua, muy general, que impide realmente hacer un análisis de los
estados financieros que permitirían, a su vez determinar el valor real de las acciones que fueron vendidas por el Gobierno federal.
Pero tenemos otras informaciones provenientes de la Bolsa de Valores. Miren ustedes, señores diputados. Como ya se nos dijo, la transacción, vamos a llamarle así, en la que el Grupo Carso y Seguros de México ya establecen la formalidad de la compra del paquete accionario "A A". Mucho cuidado, son las acciones "A A" precisamente las únicas que permiten tomar las decisiones, el control de la administración, como nos lo dice el propio documento de la Contraloría, nos señala que éstas son las acciones que tienen el control de la administración de la empresa.
Y efectivamente, el dato que nos da el diputado Sada es correcto, ofrecen pagar y cubren 1 mil 757 millones de dólares, Grupo Carso, una cifra superior en 34.6%, ahí no coincidimos los datos que manifestó el diputado Sada a los que me entregó a mí la Contraloría, que el valor mínimo de referencia para efectos de la postura que había puesto la empresa era de 1 mil 305 millones de dólares, o sea, se negoció más o menos 400 millones de dólares arriba; sin embargo, nadie dice hasta este momento cómo se establece el valor mínimo de referencia que menciona este documento de la Secretaría de la Contraloría.
¿En qué se basaron para establecer que esas acciones valían 1 mil 305.6 millones de dólares?, y que al final de cuentas se convierten en 1 mil 757. Pero el señor Slim, hábil hombre de negocios, negocia y no paga los 1 mil 757 millones de dólares de contado, sino que en forma hábil logra un buen financiamiento. Paga 250 millones de dólares solamente y queda un saldo de mil 207 millones para pagarlos en junio de 1991. Fíjense ustedes que transacciones tan inteligentes y tan bien hechas. Logra entonces este financiamiento con una taza, aquí sí tasas internacionales; aquí sí logra una tasa Libor más tres puntos.
Cuando nuestro Gobierno permite que la banca privada cobre tasas de interés verdaderamente leoninas, abusivas, como ésta ocurriendo, que éste es otro boleto y es otro debate, que lo tendremos que discutir en otro momento, estas facilidades que le está dando el Gobierno a la banca privada, le establece una tasa amistosa, una tasa Libor más el 3% al Grupo Carso, para pagar esos mil 250 millones de dólares que quedaron en el saldo a cubrir.
Y resulta lo siguiente, miren ustedes señores diputados, recordamos que la cifra total es muy difícil en forma verbal y sería aquí bueno, tener algún pizarrón o alguna manera de ilustrarles para una mejor explicación. Pero recordemos ahorita yo les ruego, dos cifras fundamentales hasta este momento que les he dado. La cifra final, es decir el total de lo que el Gobierno recupera por la venta de Teléfonos de México, que es 5 mil 700 y pico millones de dólares, 5 mil 876, perdón y esa primera cifra que forma parte de este total, es 1 mil 757. Esta venta de este paquete de control accionario que representa el 20.4% del total de las acciones, ya una vez, fíjense bien, porque luego hubo una emisión de acciones de la serie "L", acciones de poder limitado, por eso se llaman acciones de la serie "L", acciones cuyos accionistas no tienen todos los derechos que tienen los titulares de las acciones "A A" y "A". Entonces efectivamente es el 20.4 estas acciones "A A" y son vendidas aquí no voy a darles el precio por acción, les voy a dar solamente el precio del 1% del capital de la sociedad Teléfonos de México, del 1%, independientemente del número de acciones que representen. Entonces, estas acciones, esta transacción del Grupo Carso, permite que se haga de este paquete de control de acciones, que son 1 mil 103 millones de acciones, muchísimas, a un precio de 86 mil 160 dólares, el 1% ¡fíjense bien!, el 1%.
Pocos meses después, porque aquí fue una secuencia de operaciones y que hace falta realmente clarificarla señores diputados. Pocos meses después viene la siguiente transacción: la siguiente transacción se hace el 14 de mayo de 1991, cuando se emiten estas acciones de la serie "L" señores diputados, estas acciones de la serie "L", mucho ojo, no representan una aportación de capital fresco, de capital nuevo a la sociedad Teléfonos de México, simplemente mediante un truco licito probablemente, un truco contable financiero, capitalizan utilidades acumuladas de ejercicios anteriores, por varios miles de millones de dólares, y esa capitalización les permite hacer esta emisión de acciones, que mencionaba el diputado Sada, una y media acción, ése fue el acuerdo del Consejo una y media acción de la serie "L" por cada acción de la serie "A A" y "A".
Pero esta segunda transacción, que forma parte del paquete total de los 5 mil 876, ya es una oferta pública nacional e internacional. Es decir, ya no es una venta aquí exclusivamente. Para ese entonces, mucho ojo, ya tenía el control de la empresa el Grupo Carso. Fíjense bien, aquí el aspecto calendario es muy importante. Ya estamos hablando de mayo de 1991, cuando el Grupo Carso firma los contratos como nos lo dice
el diputado Sada el 20 de diciembre. Épocas navideñas.
Parecería una insinuación sobre la generosidad que Santa Claus le da a alguna gente, con que trata a algunos de sus preferidos, de sus consentidos.
El 20 de diciembre firma el Grupo Carso la compra de estas acciones con ese enganche de 200 millones de dólares. Y el 14 de mayo, ya con el control en sus manos, se emiten estas nuevas acciones sin aportación de capital fresco y se coloca el 16.45% de las acciones de la empresa, fíjense bien, 16.45% contra 20.4% que había comprado Grupo Carso. Un 4% menos del total del capital y lo coloca en esta operación de oferta pública, lo coloca el Gobierno en 2 mil 286.6 millones de dólares. Estas son acciones que eran propiedad del Gobierno federal 2 mil 286.6 millones de dólares.
La pregunta, señores diputados, ¿cómo se explica, yo quisiera que viniera a explicárnoslo el señor Secretario de Hacienda, el señor Rogozinsky, cómo nos podrían explicar que unas acciones de un poder de decisión muy inferior, como son las acciones de la serie "L", que se venden con cinco ó seis meses de diferencia y en un porcentaje mucho menos de capital, obtienen 2 mil 286 millones de dólares. Cuando el Grupo Carso había pagado por el paquete de control accionario solamente 1 mil 700 y pico de millones de dólares?
Yo quisiera que nos lo viniera a explicar el diputado Sada, porque esto es necesario que quede clarificado.
Sigue habiendo otras transacciones y en septiembre y octubre del 1991 los tenedores de acciones "A A" ejercen, o sea el Grupo Carso, volvemos al Grupo Carso, ejercen una opción de compras cuatro ó cinco meses después, por la que adquieren el 5.1% del capital social ahora en acciones "L". O sea, los accionistas controladores de las acciones "A A" ahora entran y compran un pequeño paquete del 5.1% del capital de acciones limitadas. Pero ahora lo compran a 93.20, cuando en la colocación internacional se había vendido a 139 este paquete porcentual del que estoy hablando.
Así surgen, señores diputados, realmente dudas que nos dejan muy inquietos, que nos permiten sostener que Teléfonos de México fue una ganga. ¡Que fue un verdadero regalo la venta de estas acciones controladoras!
Información que publica una revista que se considera seria y bien documentada, la revista, Expansión, algunos de ustedes la conocerán, nos señala que en 1990, año en el cual se realiza la transacción, la operación, con Grupo Carso, la privatización, pero recuerden que es hasta diciembre, cuando ya había acumulado las utilidades de todo el ejercicio de 1990.
En 1990 había en circulación en total 4 mil 241 millones de acciones, tenían un valor con la cotización mínima en la Bolsa de Valores, en ese momento al 31 de diciembre de 1990, recién terminada la transacción con Grupo Carso, un valor por acción de 1 dólar con 47 centavos, vamos hablando de dólares, lo que le daba un valor teórico comercial a la empresa de 6 mil 234 millones de dólares, valor bursátil, a como se cotizaban las acciones fines de diciembre, 6 mil 234 millones de dólares.
Pero fíjense ustedes, señores diputados, qué es lo que pasa en 1991. Se emiten estas nuevas acciones, aproximadamente 6 mil millones de acciones, para llegar al total de 10 mil 603 millones de acciones y ese feliz año de 1991 el valor mínimo que tenían las acciones de Teléfonos de México ya valía en Bolsa la cifra de 35 mil 308 millones de dólares, señores diputados. Brinca de 6 mil 234 en 1990, estoy hablando, citando datos de una revista que se considera bien informada por lo general y que habría que verificar a ver si estos datos son correctos; pero el valor en la Bolsa de la empresa es de 35 mil 308 millones de dólares al fin del año de 1991, tomando como base un precio mínimo de las acciones, no estamos ni siquiera hablando de los precios máximos con que está fluctuando, sino simplemente el precio mínimo que había registrado la acción durante ese año y entonces ahora la empresa vale 35 mil 308 millones de dólares, señores diputados.
Esto considérenlo ustedes, reflexiónenlo, ¿qué significa?, inclusive estudien, como lo he tratado de hacer, los posibles márgenes de error que pudiera haber en mi análisis, en mi estudio, en los datos de que me he podido hacer hasta el momento, pero una de dos: o la compañía fue muy mal valuada al momento de venderse estas acciones, o aquí, según los datos alegres del diputado Sada, se nos presenta un escenario casi paradisiaco.
Teléfonos de México es una empresa que funciona maravillosamente bien, en pocas palabras
fue lo que nos vino a decir. La privatización o esta desincorporación por venta de las acciones fue hecha con mucha claridad y transparencia y la verdad es que nosotros creemos que no ocurrió así, señores diputados.
Nosotros creemos que Teléfonos de México, monopolio apropioso casi, se puede decir en este momento, por el mal servicio que está dando, por esa forma descomedida, arbitraria, con que trata al usuario cuando va a presentar alguna queja, por esta forma en que nos llegan los recibos de Teléfonos de México, todos somos usuarios de Teléfonos de México, muchos millones de mexicanos son usuarios de Teléfonos de México; todos oímos frecuentemente quejas sobre de que los recibos nos llegan con llamadas muy por encima de las que verdaderamente se realizaron y no tenemos, estamos en un estado de indefensión absoluta los usuarios de la empresa telefónica, no tenemos a quién recurrir.
Ya nos mencionaba aquí, al principio de su intervención el diputado Alvarez Garín, que Teléfonos de México es la empresa que actualmente recibe un mayor número de quejas en la Profeco, efectivamente.
Entonces, yo tengo mucha información, señores diputados, que podría seguir abundando. Ojalá y podamos ampliar el debate para poder seguir externando algunos otros elementos.
El tiempo se agota, todo lo que tengo yo de información hasta este momento, nos permite, nos deja muy graves inquietudes de la forma que me parece a mí poco aseada, poco transparente, casi casi clandestina, como también nos lo decía Alvarez Garín, este contrato o esta concesión, que se publica en el Diario Oficial, ¿quién la lee, quién la ve?, yo gracias a que él me hizo favor de decirme la fecha en que se publicó me hice del ejemplar, gracias diputado Alvarez y sí efectivamente leer ese documento, felicito a Alvarez Garín, de que tuvo la paciencia porque verdaderamente son 40 páginas de una letrita así muy pequeña, de estar leyendo en el Diario Oficial todo esta concesión o cómo se llame, convenio de concesión, que establece condiciones verdaderamente privilegiadas para el Grupo Carso, para los accionistas de Teléfonos de México.
Señores diputados, como el tiempo se termina y hay mucho más material por aquí lo reservamos por si hay necesidad de volver a subir a la tribuna, yo quiero, a nombre de mi partido, y para que por el interés del pueblo de México que era el dueño de la empresa telefónica hasta hace años, cuánto va a hacer, en el 1990, no, ya un poco más de dos años, por despejar todas estas dudas que los números nos indican, inclusive datos oficiales que nos proporcionan dependencias gubernamentales, yo quiero proponer un punto de acuerdo a esta honorable Asamblea, que me voy a permitir dar lectura para que tengan ustedes la bondad de considerarlo y en su caso votarlo en forma aprobatoria.
"Alfredo Lujambio Rafols, diputado federal de esta LV Legislatura al Congreso de la Unión, miembro del grupo parlamentario de Acción Nacional, vengo a proponer lo siguiente: Que el Pleno de la Cámara de Diputados acuerde la comparecencia del ciudadano Secretario de Hacienda y Crédito Público, doctor Pedro Aspe Armella, con objeto de que venga a informar pormenorizadamente todo el proceso de privatización de Teléfonos de México. Atentamente. Alfredo Lujambio, por el grupo parlamentario de Acción Nacional."
Es todo de momento, señores diputados, muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Enrique Sada.
El diputado Enrique Sada Fernández:
Con su permiso señor Presidente:
Si quisiera puntualizar algunos datos y estadísticas que se han dado sobre mi pasada intención.
Sí efectivamente, como lo comentaba el diputado Lujambio, los activos totales de Teléfonos de México han crecido a precios constantes.
En 1972, la empresa valía 4 mil 671 millones de pesos; en 1976, por dar otra cifra, la empresa valía 8 mil 739 millones de pesos; en 1985, estoy hablando a precios constantes, valía 9 mil 129 millones de pesos; en 1990, la empresa valía 17 mil 449 millones de pesos, pero hay otros datos importantes que hay que conocer para determinar el valor de esta compañía.
La densidad telefónica se incrementó de 1972 a 1990, de 2.10 a 5.80; la tasa de crecimiento en líneas de servicio, se incrementó de 1972 a 1980, 14% en 1972, 11% en 1978, 8.11% en 1979, en 1989, 10.77% y en 1990, 10.36%. Así
la productividad, así las utilidades netas. Las utilidades netas pasaron, voy a dar aquí las cifras: en 1986 eran de 356 mil 433 millones de pesos; en 1988 fueron de 1 billón 428 mil 48 millones de pesos; en 1989 fueron de 924 mil 837 millones de pesos; en 1990 fueron de 2 billones 60 mil 905 millones de pesos. Estos datos están efectivamente contenidos en la revista Expansión.
Con respecto a su inquietud, diputado, de que la acción fue creciendo a través del proceso..., que se fue llevando a cabo en el proceso de desincorporación, es cierto y de eso se trataba, de que la acción en el momento que fuera puesta a la venta, en el momento que se enunciara la privatización de la empresa, subiera de precio. La empresa antes de la privatización estaba considerada como valor total aproximadamente en 1 mil 500 millones de dólares, en el momento que la empresa sale a la privatización, se anuncia la privatización, la acción sube efectivamente y la empresa se empieza a cotizar por ahí de los 3 mil millones de dólares. En el momento que se hace la operación de venta, que tiene varios momentos, la empresa llega a costar y llega a venderse hasta aproximadamente 6 mil millones de dólares.
Yo no quisiera meterme ya en demasiados, porque no tengo además ni tiempo y lo di durante mi exposición, demasiados números, podría yo aquí ahorita narrarle cómo y en qué tiempo fueron vendidas las acciones y efectivamente en esta emisión subió la acción.
Hay una consideración que sí quiero mencionar, ¿cuál es la diferencia entre las acciones "A A" y "L"? En las acciones "A A" se tiene voz y voto, en las acciones "L" nada más se tiene voz.
Pero precisamente para aclarar todas estas dudas que pueden estar dentro de todos nuestros compañeros, porque la operación fue una operación compleja y difícil, la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados está citando precisamente para el día de mañana a comparecer a todos los diputados que estén interesados en saber el detalle y la forma como se llevó a cabo esta operación, en donde comparecerá el doctor Jaques Rosozinski por un lado, para explicar el proceso de desincorporación.
Pero nos estamos yendo más allá. Para la siguiente semana, de acuerdo a un calendario que nos están turnando, se presentará la gente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para explicarnos el funcionamiento de la empresa y la revisión del título de concesión de Telmex, si ha sido cumplido o no ha sido cumplido.
Estas son las consideraciones que yo le podría hacer al respecto. Muchas gracias.
El Presidente:
Para hablar sobre el mismo tema, tiene la palabra el diputado Juan Cárdenas García.
El diputado Juan Jacinto Cárdenas García:
Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:
Mi partido dio una batalla intensa, profunda, contra la privatización de Teléfonos de México. Creo que está en la memoria de todos ustedes.
Independientemente de que por cuestión de principios, hemos defendido las empresas nacionalizadas a partir de que como política impulsamos la recuperación de esas empresas, para su explotación en beneficio de las grandes mayorías de la nación y para salvaguardar la soberanía y la independencia de la nación.
Esgrimimos razones de orden político, de orden económico y de orden social; planteábamos desde entonces que esta empresa, Teléfonos de México en poco tiempo se convertirá en la principal empresa de México y el desarrollo científico - tecnológico está demostrando esta razón, es decir, la importancia de las telecomunicaciones para toda la actividad económica del mundo, empujan a las empresas como Teléfonos de México a convertirse en las empresas determinantes, en las empresas principales, por eso decíamos entonces que Teléfonos de México no debía salir del ámbito del sector estatal de la economía.
Pero agregábamos que desde el punto de vista meramente económico y de acuerdo con todas las cifras que aquí se han vuelto a esgrimir, a recordar, confirman las razones del Partido Popular Socialista, para haberse opuesto y para seguir planteando la necesidad de que esta empresa vuelva al sector estatal.
¿Se cumplieron los ofrecimientos de una modernización acelerada de la empresa para satisfacer las necesidades de comunicación del pueblo? Bueno, ya se ha dicho aquí, el compañero Alvarez Garín, el diputado del PAN también, han expresado que no se han cumplido las metas ofrecidas. ¿Por qué razón? Porque en manos de particulares como empresa privada, no es el objetivo el de la comunicación del pueblo, no es el objeto el de servir al desarrollo del país
y están muy lejos de interesarse los empresarios particulares en los riesgo de soberanía e independencia que trae consigo el manejo de una empresa de esta magnitud.
Pero está visto ya que también teníamos razón cuando decíamos contra la privatización, que obedecía al solo interés de fortalecer a la iniciativa privada para convertirlo en el eje del desarrollo nacional, traicionando así desde Palacio Nacional, el programa de la Revolución Mexicana que contempla que las empresas del sector estatal, debían servir precisamente para acelerar el desarrollo de las fuerzas productivas de la nación, en beneficio de las masas populares y en beneficio del desarrollo independiente de la nación.
Estaba visto que obedecía a la necesidad de profundizar la política neoliberal, es decir, no importaba realmente al Gobierno nacional si se sustraía del sector estatal una empresa que redituaba económicamente a la nación, porque el propósito era alejar al Gobierno de las funciones que la Constitución le encarga al Estado mexicano.
Sin embargo, contra los argumentos nuestros, se dieron las razones que ahora se han repetido aquí por parte del diputado del Partido Revolucionario Institucional, muchas cifras para tratar de demostrar que en manos de particulares puede tener altas utilidades sin modernizar.
Y efectivamente puede tener muchas utilidades, pueden modernizarse y deben modernizarse, pero el problema es el destino de las utilidades. ¿Hacia dónde se quieren llevar? ¡A quién se quiere beneficiar con las altas utilidades que esta empresa produce?
Y decíamos entonces que la empresa efectivamente se había ido rezagando, pero no por la empresa misma, por la dirección de la empresa misma, sino por una política gubernamental, que escogió el camino neoliberal desde 1982 para enfrentar la crisis económica, desechando otros caminos posibles, otros caminos más patrióticos. Y claro, para enfrentar la crisis, tenía que sustraer capital de donde fuera y de su empresa Petróleos de México y de Teléfonos de México.
Por eso, las utilidades que generaba Teléfonos de México se utilizaron en otros renglones y no para modernizar a la empresa, por eso se fue rezagando. Se fue rezagando por esa política equivocada del Gobierno.
Por eso, las nuevas condiciones que se han generado y que se ha demostrado que es una empresa que no está funcionando para comunicar al pueblo, para beneficiar al pueblo, sino con tal de hacer sus operaciones que aquí sí se han resaltado, de cómo se han enriquecido los que ahora tienen las acciones en sus manos en contra del interés del pueblo.
Es necesario repetir aquí el mal servicio que se está dando en todos los aspectos creo que no, no es necesario. Pero sí creo necesario repetir una vez más que es una empresa de vital importancia para el desarrollo nacional.
Por eso el Partido Popular Socialista insiste en que esta empresa debe volver a manos del Estado. Y los que dicen que se vendió porque empezaba a tener muchos problemas, bueno, le respondemos: que hay incapaces también en el Gobierno, hay gente sin patriotismo alguno y por eso fracasan en la dirección de las empresas, pero ése es un problema que se puede resolver con una correlación de fuerzas distintas, en el ámbito político nacional.
Las fuerzas democráticas del país de dentro del Gobierno, de fuera del Gobierno deben meditar profundamente, en que el futuro de México cada vez va a depender más de las telecomunicaciones, deben meditarlo para iniciar acciones tendientes a regresar al control del Estado estas empresas y otras que tienen la misma jerarquía.
Señoras y señores diputados:
Vendrán los funcionarios, mañana empieza una serie de reuniones con funcionarios de la Secretaría de Hacienda, vendrá Pedro Aspe; darán muchas explicaciones, repetirán sus argumentos dados en el pasado para justificar la venta; pero quedará un hecho, Teléfonos de México en estos momentos no está sirviendo a la nación y no está sirviendo al pueblo. Eso lo entienden bien, pero quieren ocultar que lo entienden. Y en aras de proseguir una política neoliberal que ha fracasado en el mundo siguen desbaratando al sector estatal de la economía.
El Partido Popular Socialista pregunta: ¿hasta dónde se va a llegar? ¿Se va a deshacer todo el sector estatal de la economía para convertirnos en una nueva colonia, para que México entre a una nueva etapa porfirista?
Esas son las cuestiones fundamentales de política, no sólo económico, sino fundamentalmente de posiciones políticas y el Partido Popular Socialista, con todos los datos que aquí se han dado, vuelve a insistir en su posición de principios, Teléfonos de México debe regresar al sector estatal de la economía.
El Presidente :
Tiene la palabra para hablar sobre el mismo tema el diputado Eberto Croda Rodríguez.
El diputado Eberto Croda Rodríguez:
Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Vengo a nombre de la fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, para hacer algunos comentarios en torno a la situación de Teléfonos de México, punto que en estos momentos está en discusión.
En el momento en que se decidió la desincorporación y la venta de la parte accionaria del Gobierno Federal, se nos argumentó que los servicios que presta la empresa, eran deficientes y que uno de los objetivos principales de la decisión de vender la parte accionaria del Gobierno Federal, era que los servicios iban a mejorar ostensiblemente en base a la modernización de la empresa, la cual instalaría un sistema altamente digitalizado y óptico.
Así también, se mencionó en forma repetitiva que las tarifas que cobraba la empresa por los servicios que otorga al público no iban a aumentar inmediatamente.
Nos encontramos desafortunadamente con que estos compromisos no se cumplieron por parte del Gobierno Federal y de la misma empresa. Podemos reconocer que se ha ampliado el servicio con mayor número de líneas y de apartados teléfonos. Sin embargo, también tenemos que señalar que los servicios que la empresa otorga a la ciudadanía, no han mejorado en calidad, mostrando las mismas deficiencias que se mostraban antes de su venta y de que fueron un argumento poderoso para la desincorporación de la empresa del sector público.
En contrapunto, desde su desincorporación, han habido dos aumentos a las tarifas, una de forma inmediata que el mismo Gobierno justificó como parte de la modernización de la empresa, lo cual mina la economía de los usuarios.
No se puede argumentar que el que quiere servicio que lo pague; porque el servicio telefónico se ha convertido en una necesidad para la comunicación entre personas, entre poblaciones y entre países. No se justifican los aumentos, cuando el mejoramiento del servicio no se ha dado. Existen miles de líneas mal instaladas que se cruzan o interfieren por otras. Hay también miles de líneas que constantemente sufren desperfectos. Los servicios para corregir estas descomposturas son lentos y poco eficientes, tárdense a veces meses para corregir las fallas. Esto se presenta pese a que en diversas ocasiones el Gobierno, la misma empresa y el propio sindicato de telefonistas, han anunciado medidas para corregir las fallas que se presentan.
En los últimos meses ha salido a relucir en la opinión pública que las condiciones de desincorporación de la empresa no han sido las adecuadas y que finalmente los argumentos dados en pro de la venta de la empresa, han caído por su propio peso. Pero además, que la adquisición de la empresa no se dio por un gran número de inversionistas, sino que el control es por un reducido grupo, lidereado por el señor Slim.
Al respecto, consideramos que es conveniente la intervención de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, en cuanto a darle seguimiento al proceso de venta de la empresa y en cuanto a la prestación de los servicios. No es posible que se siga tolerando que los servicios que otorga la empresa sean deficientes y que por esa deficiencia, sean cada vez más elevadas.
Por estas razones, coincidimos con algunos compañeros que me han antecedido en el uso de la palabra, en el sentido de que el servicio de Teléfonos de México es deficitario, que tiene enormes deficiencias y que por lo mismo es importante que se le dé seguimiento a su funcionamiento y que se observe exactamente cuál es el desarrollo que ha venido teniendo esta empresa ahora en manos de la iniciativa privada. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Fidel Herrera Beltrán, para hablar sobre el mismo tema.
El diputado Fidel Herrera Beltrán:
Señor Presidente; señores diputados:
En efecto, la fracción mayoritaria del PRI desde que este asunto fue motivo de análisis en el Senado de la República, dio los pasos necesarios para, en uso de las obligaciones de la
representación popular, estudiar cuidadosamente, con seriedad, todo lo relacionado con la licitación pública internacional que culminó con la venta de Teléfonos de México.
En un ejercicio que se pretende sea la norma de conducta de quienes tenemos la responsabilidad de defender los intereses populares, la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, ha hecho todos los esfuerzos posibles para poner al alcance de los que la constituyen y de todos los diputados de esta Cámara, la mayor información posible acerca del largo proceso, que dura más de un año y de todo el enorme cúmulo de información, que arranca desde la publicación de las convocatorias y los diferentes pasos de carácter procesal, técnico, financiero, administrativo, que abarcan el análisis de la empresa, los aspectos de la valuación y la participación de muchas agencias de diferentes tipo y entre otras, básicamente el agente financiero de esa venta, que fue el Banco Internacional.
Y de esta suerte, no requiere ningún diputado de esta Cámara realmente ser accionista de la empresa. Que por cierto cualquier ciudadano mexicano podría serlo, en el esfuerzo que se ha hecho de poner a disposición del pueblo, de los que tengan los recursos, las acciones de la empresa. Sino más bien en un ejercicio responsable, de una información que ha estado y que será ampliada, para poder expresar con claridad y con mucha responsabilidad juicios fundados en consideraciones muy puntuales, en datos y en cuentas muy precisas.
Nosotros tenemos la más amplia convicción de que esta licitación no sólo ha sido limpia, no sólo ha sido escrupulosa, sino que se realizó con un enorme talento, vigilando y cuidando los intereses de todos los mexicanos y llegando a un objetivo que satisface plenamente los intereses de la nación en la adjudicación de esta empresa pública.
Por eso no estamos de acuerdo con el punto puesto a la consideración de esta soberanía para que el ciudadano...
El diputado Alfredo Lujambio Rafols:
(Desde su curul) Deseo hacer una interpelación.
El Presidente:
Diputado: ¿Acepta una interpelación del diputado Lujambio?
El diputado Fidel Herrera Beltrán:
Con mucho gusto, diputado Lujambio.
El Presidente:
Proceda.
El diputado Alfredo Lujambio Rafols:
(Desde su curul) Diputado Fidel Herrera: en una expresión que acaba usted de hacer un momento, dice "que ustedes los diputados del PRI tienen la más absoluta certeza o seguridad de que todo este proceso de licitación y de venta se realizó con todo escrúpulo, con toda limpieza".
Yo nomás le haría una pregunta: ¿En qué se funda usted para hacer tal afirmación?
El diputado Fidel Herrera Beltrán:
En la enorme cantidad de documentación que está a nuestra disposición, en la investigación más amplia que nuestra fracción ha hecho de los documentos que obran en nuestro poder, en las reuniones de trabajo con los responsables en la parte del Ejecutivo y del agente financiero de todo el proceso y en la apertura más completa de todos los aspectos que hemos necesitado y que hemos obtenido. Y que hacia allá me dirigía, diputado, a exhortarle a que mañana, en su carácter de miembro muy distinguido por cierto y participativo de la Comisión de Vigilancia, pueda usted concurrir con nosotros a la reunión de trabajo ya programada, con quien fue el responsable directo por parte del Ejecutivo para todo el proceso de Teléfonos de México. ¡Ahí lo esperamos!
Por eso no compartimos el punto de vista suspicaz, ni tampoco la declaración política de que la Revolución mexicana pueda haber sido traicionada desde Palacio Nacional. Al contrario, nosotros estamos convencidos de que en un mundo diferente, distinto, de relaciones de producción, distintas ahora, la modernización era un reclamo para hacer justicia social.
El análisis de las cuestiones que han ocurrido en el mundo, nos lleva a observar cómo aún en
los antiguos países socialistas han tenido que ocurrir procesos de participación del sector privado para impulsar un modelo económico distinto. Podemos tener desacuerdos de carácter ideológico, pero en lo que todos podemos estar de acuerdo, estoy seguro, es que la Revolución en esta fecha, en 1993, significa el bienestar de los pueblos y quienes procuren el bienestar, la tranquilidad y la justicia social, tienen que inscribirse en una consideración revolucionaria.
El Estado mexicano tenía entonces que hacerse más fuerte eliminando lo que le sobraba; plantarse en el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, pero también frente a las necesidades de una población mayor y más demandante por elevar su nivel de vida: educación, vivienda, salud, agua potable comunicaciones, seguridad, que hoy hemos debatido aquí.
Por eso, en un ejercicio que respeta la raíz y el origen del estado revolucionario mexicano, respetando las empresas estratégicas y las actividades estratégicas que el artículo 28 y las leyes del Congreso le señalen al Estado, defendiendo el petróleo, la energía nuclear, los ferrocarriles, la comunicación por satélite, se hace un esfuerzo por activar y reactivar al sector privado y social de la economía para liberar esos agentes de bienestar y de empleo permanente.
Porque en la venta que hoy discutimos, hay un elemento que no se ha tocado en la tribuna y es que es cierto, hay ahora propietarios privados de Teléfonos de México, pero también los trabajadores del Sindicato de Trabajadores Telefonistas y los empleados de confianza, trabajadores finalmente, han tenido la oportunidad de adquirir y son propietarios de esta empresa, en este concepto moderno de democracia industrial, que sirve ahora como instrumento para defender fuentes de empleo y para buscar condiciones de bienestar mayor.
Nadie ha dicho aquí que la empresa esté dando un servicio que satisfaga a la ciudadanía. Hay irritación en la población y hay malestar. Pero lo que aquí se ha discutido con tanta amplitud en el documento del Instituto de Investigaciones de la Revolución, del PRD, como en su anterior instituto, que representaron sin necesidad de ser accionistas en el Senado de la República, nos revela que en el título de concesión existe un clausurado de penas y castigos e incluso la posibilidad de que sea revocada esa concesión por no cumplir con la calidad obligatoria en la prestación del servicio telefónico.
Por eso estamos totalmente de acuerdo en el punto propuesto por el diputado Alvarez Garín. Claro que estamos de acuerdo en que la Comisión de Comunicaciones y Transportes, coordinadamente con la de Vigilancia de la Contaduría, que va a desarrollar todo el trabajo de ampliación de la información, dé un puntual seguimiento al cumplimiento de cada una de las condiciones establecidas por el Gobierno Federal, en el título de concesión a los nuevos propietarios de Teléfonos de México, incluyendo ahora también a los propios trabajadores de la empresa.
Creo que este debate ha sido sumamente interesante, puede reflejar el grado de interés que hay por parte de la nación en el proceso, este amplio, de redimensionamiento del Estado mexicano. Pero creo que revela lo que también es una convicción de mi fracción y espero que sea compartida por otros, que los recursos de los mexicanos tenemos que cuidarlos todos los días y apuntar a que su uso sirva para resolver las necesidades de ésta y de las nuevas generaciones de mexicanos.
Con esta propuesta, señor Presidente, señoras diputadas y diputados, yo pediría a la Presidencia que se votara el acuerdo de nuestra fracción con la propuesta del Partido de la Revolución Democrática y que nos permitiera respetuosamente el señor diputado Lujambio y su fracción, no apoyar su proposición. Gracias.
El Presidente:
Para rectificar tiene la palabra el diputado Juan Cárdenas.
El diputado Juan Jacinto Cárdenas García:
Señoras y señores diputados:
El PPS nunca hace planteamientos irresponsables, todos nuestro planteamientos los hacemos con toda responsabilidad, son meditados profundamente y se ha expresado que desde Palacio Nacional se ha traicionado a la Revolución Mexicana desde 1982, lo afirmo con toda responsabilidad y es que no puede llamarse de otro modo, cuando el espíritu, los objetivos de la Revolución Mexicana, fueron la de recuperar de manos de las compañías extranjeras, las principales empresas para explotarlas en beneficio del desarrollo de la nación y en beneficio del bienestar del pueblo. Si el camino seguido de las nacionalizaciones logró llegar hasta la
nacionalización de la banca y constituirse un sector estatal económico muy fuerte y que en su marcha ese sector estatal elevó las condiciones de vida del pueblo mexicano, creo que todos ustedes tienen los datos que hasta 1982 sí habían mejorado las condiciones de vida material e intelectual del pueblo y sí se habían desarrollado las fuerzas productivas de la nación.
El camino seguido después a partir de 1982, fue un camino totalmente distinto, al que llevó a industrializarse a México al grado que tenemos ahora. Entonces no se puede llamar otra cosa más que traición a un camino abierto por la Revolución Mexicana armada, triunfante y hablar de que en 1992 la Revolución está dando bienestar, yo no sé si se refiera el diputado Fidel Herrera a una revolución neoliberal, porque la Revolución Mexicana no caminó desde 1982 y el resultado de que se haya abandonado y se haya traicionado desde Palacio Nacional ese programa, está a la vista ¿o son falsos los datos que sitúan en el orden de 17 millones de mexicanos que están en extrema pobreza? ¡Son falsos los datos de que 60 millones de mexicanos son pobres? Esos son los resultados de la política neoliberal, un fracaso total para las mayorías y claro, el éxito, la bonanza para una minoría; que los recursos de los mexicanos hay que cuidarlos todos los días, bueno si cuidar significa entregar de nuevo compañías extranjeras las empresas principales, si cuidar el patrimonio nacional es desbaratarlo para beneficio de unos cuantos, en perjuicios de la gran mayoría, creo que no hay verdad en esa afirmación de que hay que cuidar los recursos de México, que son recursos de todos los mexicanos para su beneficio.
En fin, habrá tiempo suficiente para seguir debatiendo el camino que debe seguir nuestro país que a nuestro juicio no hay otro más que retomar el camino perdido en 1982. Muchas gracias.
El Presidente:
Túrnese la denuncia del diputado Raúl Alvarez Garín a las comisiones de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda y de Comunicaciones y Transportes.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se admite o no a discusión la proposición del diputado Alfredo Lujambio Rafols.
El secretario Jesús Molina Lozano:
Por instrucciones del señor Presidente, en votación económica se pregunta si se admite a discusión la proposición.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
REPÚBLICA DE GUATEMALA
El Presidente:
Para representar un punto de acuerdo de los diversos grupos parlamentarios en torno a la situación en Guatemala, tiene el uso de la palabra el diputado Juan Carlos Bonifaz Trujillo.
El diputado Juan Carlos Bonifaz Trujillo:
Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados:
Todos hemos sido enterados por los medios de comunicación nacionales, de los acontecimientos políticos que se están sucediendo en la hermana República de Guatemala.
México ha sido siempre respetuoso de la soberanía y de la autodeterminación de los pueblos del mundo y por ello aplica estrictamente su Doctrina Estrada. No obstante ello, los diputados mexicanos vemos con preocupación los sucesos que se están dando en nuestra vecina Guatemala.
Tenemos por sabido que a las 5.00 de la mañana del día de hoy, se decretó arresto domiciliario a los señores José Cobo, Juan Roddel y Ramiro de León, presidente del Congreso, presidente de la Suprema Corte y defensor de los derechos humanos, respectivamente.
Escuchamos atentos el mensaje del señor presidente Jorge Serrano Elías en el que se decide la derogación de la Constitución guatemalteca de 1985. Se suspenden las garantías y se establece un estado de emergencia convocándose a una asamblea constituyente en 60 días.
Como latinoamericanos, como vecinos y amigos cercanos, nos preocupa la situación que está viviendo el pueblo de Guatemala. En tal virtud, diputados miembros de las seis fracciones parlamentarias representadas en la Cámara de la Unión de la LV Legislatura, manifestamos nuestra preocupación en torno a los sucesos acaecidos en Guatemala y hacemos el siguiente
«PRONUNCIAMIENTO
Primero. Reiteramos nuestro respeto al principio de política exterior consistente en la libre autodeterminación de los pueblos, así como nuestro compromiso con los sistemas constitucionales, con la democracia como forma de vida.
Segundo. Condenamos cualquier tipo de violencia, sobre todo si atenta contra las instituciones democráticas, como lo es el Congreso Guatemalteco.
Tercero. Repudiamos el arresto domiciliario perpetrado en contra del Presidente del Congreso, del Presidente de la Suprema Corte de Justicia y del defensor de los derechos humanos de Guatemala.
Cuarto. Hacemos votos porque el Gobierno y el pueblo guatemalteco recobren el estado de derecho, que se restablezcan las garantías que otorga la Constitución y reinicien las negociaciones de paz que fueron suspendidas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro de la honorable Cámara de Diputados, a los 25 días del mes de mayo de 1993.
Por el Partido Revolucionario Institucional, el diputado Rodolfo Becerril Straffon y este servidor, Juan Carlos Bonifaz Trujillo; Por el Partido Acción Nacional, el diputado Gabriel Jiménez Remus; por el Partido de la Revolución Democrática, el diputado Ricardo Valero; por el Partido Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, el diputado Manuel Terrazas Guerrero; por el Partido Popular Socialista, el diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo y por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el diputado Javier Colorado Pulido.»
Señor Presidente, dejo este pronunciamiento a la Secretaría, para los efectos correspondientes. Muchas gracias.
EFEMÉRIDES
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Jorge Torres Castillo, del Partido de la Revolución Democrática, para referirse al natalicio del general Lázaro Cárdenas del Río.
El diputado Jorge Torres Castillo:
Señor Presidente; señoras y señores legisladores:
La necesidad política y el deber cívico de la conmemoración que poseen los pueblos con cultura histórica como México, nos motiva a recordar en esta tribuna la obra y el pensamiento del gran mexicano Lázaro Cárdenas del Río, en ocasión del XCVIII aniversario de su nacimiento.
Resulta difícil hacer la semblanza de un hombre cuya esencia fundamental fue la congruencia, el saber conjuntar en una misma dirección pensamiento y conducta, ese raro equilibrio que sólo alcanzan los hombres grandes.
Difícil tarea porque su obra y sus ideas trascienden al tiempo, porque permanecen en la conciencia del pueblo y porque en el presente, reivindican los principios y los valores del México social, que ha librado desde siempre batallas contra sus enemigos de dentro y de fuera, contra la invasión extranjera, la esclavitud, el colonialismo, la explotación, la pérdida de soberanía, de independencia económica, tecnológica y política y de una ausencia total de respeto al voto popular y a la democracia.
La de Lázaro Cárdenas, es la vida de un hombre consagrado a su patria. Su lucha incansable por la libertad, la justicia y la legalidad, es parte de su integridad moral y política.
Dueño de una extraordinaria intuición y sensibilidad, asume las demandas de los campesinos y trabajadores del país y prodiga toda su fortaleza para la liberación social, cultural, económica y política de la nación.
Como Presidente de la República, fue intransigente en la reconquista del patrimonio nacional, en la defensa de los derechos de los trabajadores, en el reconocimiento de la capacidad cívica de la mujer y en la emancipación de los indígenas y de los campesinos.
Lázaro Cárdenas fue un estadista visionario y leal a los principios de la Revolución. Reconocemos en él a un gobernante firme y de grandes decisiones.
Con la expropiación del petróleo, recupera toda una riqueza de la nación y afirma la soberanía del pueblo mexicano.
Con el reparto masivo de la tierra, desintegra los núcleos latifundistas y sienta las bases de una reforma agraria profunda.
Con la creación de escuelas normales rurales, el Instituto Politécnico Nacional y escuelas de educación media y superior, impulsa el desarrollo del país y amplía las oportunidades de educación a los sectores marginados de la cultura.
En lo político, rompe el maximato de Plutarco Elías Calles; promulga la amnistía para los mexicanos expatriados, brinda asilo a los perseguidos políticos, condena la invasión de países soberanos y en el nombre de México lucha por la solución pacífica de los conflictos internacionales.
Recordar a los mejores hombres de nuestra historia, nos conduce a un ejercicio que consiste en reanalizar su pensamiento, su palabra, sus actos y sus fines, no solamente dentro de su tiempo - espacio, sino dentro del contexto del México del, presente y del porvenir, porque en ello radica la trascendencia de la historia y la virtud post mortem de los hombres que como Lázaro Cárdenas, continúan iluminando a nuestro pueblo en sus momentos oscuros de involución y regresión histórica. Mientras mayores son los errores y desaciertos de la política nacional del presente, mayor esplendor alcanzan las tesis políticas de Cárdenas, porque fueron inspiradas en su acendrado patriotismo, nacido en el amor a lo propio, a lo nacional y a sus instituciones, desde la familia hasta la escuela del pueblo mexicano, porque fueron forjadas en las necesidades y sabiduría de las comunidades indígenas, campesinas y obreras, como una fórmula clave de la democracia que vibra en el corazón del pueblo y en su firme convicción de que la vida y el bienestar de México dependen, fundamentalmente, del trabajo de los mexicanos, que la técnica ha de sustentarse en el pueblo, para que sean las propias manos de México las que operen su libertad e independencia, porque estuvo consciente de que en nuestro país, ningún gobernante ha de prescindir de la mística ética y emoción polivalente del pueblo mexicano, sin perderse el privilegio y el honor histórico de gobernarlo.
La política nacionalista de Lázaro Cárdenas, nacida desde 1895 y que permanece en el pueblo hasta nuestros días, se sustenta esencialmente en la democracia, democracia del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, pero siempre debe ser con el pueblo, porque no es posible la existencia de gobiernos democráticos sin el pueblo.
Frente a los tiempos que corren, la reflexión nos conduce a concluir que hoy más que nunca viven la obra y el pensamiento de Cárdenas. Cierto es que ha sido brutal la ofensiva del grupo tecnocrático en el poder, particularmente para sostener una política económica que privilegia a los poderosos y somete al sacrificio a la inmensa mayoría de los mexicanos.
Cierto es que son reformadas la Constitución y las leyes para encuadrar sus contenidos a un proyecto de nación inconsulto y a un tratado llamado de Libre Comercio, en el que sacrifica soberanía y se pretende integrar nuestra economía a la del vecino país del norte.
Cierto es que el grupo en el poder, en los últimos años, ha privatizado la casi totalidad de las empresas paraestatales, promueve la concentración de la tierra en unas cuantas manos y bombardea el ingreso, el empleo y el bienestar de millones de mexicanos.
El pretendido maximato financiero y económico que subyace en la iniciativa presidencial que da autonomía al Banco de México, es un acto más del grupo en el poder, que transgrede los mínimos de un proceso democrático en aras de un proyecto trans - sexenal comprometido con oligarquías económicas nacionales y supranacionales.
Sin embargo, la experiencia histórica del pueblo de México es rica en ejemplos y lecciones. Para los que perdieron la memoria, habrá que recordarles el escenario del movimiento de Independencia, el escenario de la Reforma, de la Revolución de 1910, el reparto masivo de la tierra, la expropiación petrolera; habrá que recordarles las acciones y las ideas de Lázaro Cárdenas. De su testamento político que preparó para el 20 de Noviembre de 1970, ninguna de sus líneas tiene desperdicio y su contenido es un verdadero legado para las generaciones de hoy y mañana. Su mensaje conserva la frescura y la vigencia en el tiempo y en el México de siempre, por ello, he querido citar unas líneas de este importantísimo documento.
El hombre de Jiquilpan afirma: "México sin duda tiene grandes reservas morales para defender sus recursos humanos y naturales y es tiempo ya de emplearlas para cuidar en verdad que el país se desenvuelva con su propio esfuerzo. Fieles intérpretes de esas reservas son la letra y el espíritu del artículo 27 constitucional, promulgado en 1917 y el sano y auténtico nacionalismo con que los mexicanos respaldan su dinámico contenido. Que faculta a la nación a regular el aprovechamiento de la riqueza, del árbol su conservación, procurar su distribución justa y renovar y transformar pacíficamente las estructuras en desuso".
Enseguida Lázaro Cárdenas nos recuerda: "En efecto, en su esencia y definición como fuerza integrante de la nacionalidad, la revolución y sus leyes primigenias, promovieron un profundo e imprescindible cambio, implantando la redistribución de la propiedad territorial, haciendo a los mexicanos más dueños de su propio suelo y con el dominio directo de la nación sobre sus recursos. Esta afirmó su autonomía proyectándolo hacia el futuro, al ir sumando a su patrimonio y manejo las industrias básicas necesarias para el desarrollo independiente del país".
Advierte y recomienda Lázaro Cárdenas: "Por lo tanto bastaría cumplir empeñosamente los preceptos de la Constitución para proteger el patrimonio del país y establecer una política de franca cooperación externa diversificada y en el respeto y provecho recíprocos. Más vigilando que los financiamientos y las inversiones foráneas encuentren causas y taxativas adecuadas, para que su proporción y su campo de acción sean determinados legalmente, para que así actúen en forma efectivamente complementaria en la economía mexicana. Y que las aportaciones técnicas, científicas y culturales obren en provecho del país". Hasta aquí la cita.
Finalmente, estoy cierto, de que mi partido, el Partido de la Revolución Democrática, piensa que Lázaro Cárdenas vivirá por siempre en el corazón del pueblo mexicano, porque Cárdenas encarna la raíz, la entraña, la sangre y el espíritu del México social, porque su herencia nutre nuestras luchas reivindicatorias, porque la tierra, por la tierra, por la justicia, por la libertad, por la soberanía nacional y por una auténtica democracia. Muchas gracias.
El Presidente:
Para hablar del mismo tema tiene la palabra el diputado Jorge Mendoza Alvarez del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Jorge Mendoza Alvarez:
Con su permiso señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Creemos convencidos que el natalicio de Lázaro Cárdenas del Río marcó para México la posibilidad de un gran cambio. Y hacemos la siguiente reflexión.
¡Qué grande es la mujer o el hombre que con su existencia y su conducta pueden mejorar su convivencia colectiva y escribir páginas brillantes de la historia de su patria!
Lázaro Cárdenas del Río llenó una época de México con sus virtudes revolucionarias y dejó para todas las generaciones reglas claras de comportamiento privado y público.
Cárdenas logró para nuestro país un profundo y gran cambio social.
Muchos mexicanos lo conocimos personalmente, lo vimos llegar a nuestra pequeñas comunidades en un dinámico peregrinar, conviviendo con los humildes, hablando con la verdad y sumando su orientación y esfuerzo para resolver necesidades de interés general. El, con su recia personalidad, nos hizo respetarlo y nuestros padres perfilaron en el campo fértil de los niños y de los jóvenes de entonces, la imagen augusta del hombre justo, valiente y bondadoso, que conservamos y conservaremos siempre afectuosamente.
La obra histórica de Lázaro Cárdenas podemos destacarla desde su ingreso al movimiento revolucionario con las fuerzas del general Guillermo García Aragón, en 1913, para incorporarse al movimiento revolucionario con el grado de Capitán II y después de ser ilustre gobernador de Michoacán, en 1933 toma posesión de la Secretaría de Guerra y Marina, donde permanece hasta ser candidato a la Presidencia de la República por el Partido Nacional Revolucionario.
Su obra histórica se consolida en su paso por la Presidencia de la República, fortaleciendo la soberanía nacional, fortaleciendo el desarrollo económico y el nivel de vida de los campesinos y trabajadores de ese entonces.
Cabe precisar que en este contexto se da la expropiación de la industria petrolera, la nacionalización de los ferrocarriles y se sientan las bases para la expropiación de la industria eléctrica.
En el ámbito social, promovió la reforma agraria, otorgándole un apoyo sin precedente al ejido y a las organizaciones campesinas, que más tarde constituyen la Confederación Nacional Campesina.
Disolvió el PNR y en su lugar formó el Partido de la Revolución Mexicana integrando en él a los sectores obrero, campesino, popular y militar.
En materia legislativa, se expidieron leyes protectoras de gran proyección social. Recordemos
la Ley del Indulto, la Ley de Crédito Agrícola, la Ley de Nacionalización de Bienes, la Ley de Expropiación, la Ley Federal del Trabajo, la Ley General de Población, la Ley de la Industria Eléctrica, el nuevo Código Agrario, la Ley de Vías Generales de Comunicación y otras más de gran importancia.
Lázaro Cárdenas del Río fue siempre hombre conciliador y respetuoso de las formas de ser y de pensar de los demás. En todo momento fue institucional, partidario de la justicia. Fue apasionado defensor de los derechos que pertenecen a todo ser humano, no importando su sencillez o su humildad. Fue inflexible protector de la naturaleza e identificado directamente con sus vitales elementos.
En el rescate de los recursos naturales de manos extranjeras, Lázaro Cárdenas del Río, se colocó en la cima con la expropiación petrolera.
En el impulso a la educación popular sin discriminaciones, fue el motor permanente.
En la realización profunda de la justicia agraria, fue su natural apóstol y guía.
En el auxilio de los necesitados nacionales o extranjeros, fue la mano amiga oportuna y vigorosa.
En la creación de instituciones políticas, culturales y sociales, fue un efectivo realizador.
En el impulso a las acciones de organización y de acción de grupos, fue un verdadero maestro.
Desde esta alta tribuna de la nación, rendimos sincero homenaje al hombre de Jiquilpan y vemos su obra maravillosa como ideales a seguir y metas a alcanzar como un macizo de lecciones vigentes y fecundas, que respetan y siguen nuestros gobiernos revolucionarios.
Compañeras y compañeros diputados: Cárdenas no es sólo orgullo de los michoacanos y gloria de México, él con sus manos, con su pensamiento y con su tarea diaria, se convirtió en un hombre que pertenece a todos, se transformó en un hombre universal. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Rigoberto Arriaga Ruiz, del Partido Popular Socialista, para hablar sobre el mismo tema.
El diputado Rigoberto Arriaga Ruiz:
Con su permiso, señor Presidente:
Vengo a esta tribuna a hablar en nombre de la fracción parlamentaria de mi partido, el Partido Popular Socialista, para hacer algunas reflexiones en torno a la figura del general don Lázaro Cárdenas, con motivo de un aniversario más de su natalicio.
Hablar de Lázaro Cárdenas es hablar necesariamente de la reforma agraria; del impulso vigoroso que dio este genial mexicano a la entrega de la tierra a los campesinos.
Al hablar de Lázaro Cárdenas, señoras y señores diputados, forzosamente tendremos que referirnos a la expropiación petrolera.
Hablar de Lázaro Cárdenas, es hablar también del impulso que le dio a la educación popular. En fin, hablar de este mexicano patriota y revolucionario, es hablar de nuestra Independencia nacional, del progreso y bienestar de las grandes masas populares que son la base de la pirámide social mexicana.
Los campesinos de México tienen profundamente grabada en su memoria la política agrarista del presidente Lázaro Cárdenas del Río. Cárdenas destruyó las haciendas y entregó las tierras a los campesinos, un acto de elemental justicia a los hombres que dieron su vida en la Revolución de 1910. Pero también al entregar la tierra a los campesinos, Cárdenas era consciente que en esta forma estaba incrementando, estaba fortaleciendo nuestro mercado interno y estaba conduciendo a México hacia etapas superiores de su desarrollo.
Fue en ese gobierno cuando los hombres del campo sintieron que estaba al frente del mismo un gran mexicano, que amó profundamente a su pueblo y a su país. En fin, Lázaro Cárdenas hace justicia a los campesinos y proyecta a México hacia etapas superiores de su desarrollo.
¡Y qué decir de la Expropiación Petrolera, señoras y señores diputados! Con esta acción eminentemente revolucionaria y nacionalista, Cárdenas fue consecuente con el camino trazado por la Revolución Mexicana. Recupera para el pueblo y la nación mexicana una riqueza que la naturaleza le dio a este país.
Cárdenas supo aprovechar las condiciones internacionales del momento, como consecuencia del preludio de la Segunda Guerra Mundial, lo que le permitió sortear con éxito las amenazas y presiones de las compañías petroleras que
explotaban esa riqueza; amenazas y presiones fundamentalmente del Gobierno de Estados Unidos, que vieron en la Expropiación Petrolera una provocación del Gobierno y del pueblo mexicano al afectar los poderosos intereses de las compañías petroleras.
La historia registra, señoras y señores diputados, el fuerte apoyo que dio el pueblo de México aquel glorioso día, cuando Cárdenas desde el balcón de Palacio Nacional anunció a los mexicanos y al mundo entero la Expropiación Petrolera.
Los campesinos y fundamentalmente los obreros, atendiendo al llamado de su dirigente para rodear a Cárdenas con su fuerza y decisión, un gran mexicano al frente de las masas obreras se movilizó por todo el país para que el pueblo de México estuviera atento a lo que pudiera acontecer después de la Expropiación. Me refiero, claro está, al maestro Vicente Lombardo Toledano.
Debemos reconocer, señoras y señores diputados, que la Expropiación Petrolera era una demanda de los obreros. Vicente Lombardo Toledano expresó en un discurso pronunciado el 18 de septiembre de 1932, ante la Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal, textualmente:
"Tenemos que pugnar, dijo en ese discurso, porque se controle al capital extranjero, por incrementar la producción nacional y poner ésta al servicio del pueblo y no del capital nacional y extranjero. Queremos que el petróleo, los transportes, las comunicaciones, la energía eléctrica, pertenezcan a la nación mexicana y no a una empresa extranjera". Hasta aquí cito parte del discurso del maestro Lombardo.
La participación que tuvo este mexicano fue fundamental al crear un movimiento obrero para que el general Cárdenas expropiara el petróleo.
El programa mínimo de acción de la CROM depurada, formulado por Lázaro Cárdenas, demanda para la transformación economía de la nación prohibición para el capital extranjero de adueñarse de las tierras, del petróleo, del carbón, de piedra, de las minas de hierro, de la energía eléctrica, de los ferrocarriles, de los teléfonos y de los medios en general de comunicación o de controlar, por medio de monopolios o concesiones privilegiadas, esos instrumentos fundamentales de la economía.
Sólo los ignorantes de la historia podrán negar la participación que tuvo el movimiento obrero con Vicente Lombardo a la cabeza, en la acción de Cárdenas para reivindicar una riqueza que al pueblo le pertenece.
Los trabajadores de hoy, de mañana y siempre, con profunda admiración admiramos la figura del general Lázaro Cárdenas y de Vicente Lombardo Toledano.
El general Cárdenas impulsa vigorosamente la educación popular, crea las escuelas rurales, las escuela para hijos del ejército, internados para los hijos de trabajadores y qué decir, señores diputados, del Instituto Politécnico Nacional. "Considero que el Instituto Politécnico Nacional no ha defraudado los propósitos que guiaron al régimen de la revolución al establecerlo", afirmó el general Lázaro Cárdenas el 10 de febrero de 1970, al valorar ante representantes de la comunidad politécnica la obra hasta entonces realizada por esa querida institución de estudios superiores.
Hoy, a 57 años de que se integrara el Instituto Politécnico Nacional, las palabras de su fundador son más válidas que nunca. Plenamente justificadas con una fructífera labor, siempre llena de obstáculos y sin embargo siempre realizada con brío, a pesar de los muchos enemigos de siempre que ha tenido esta institución, que es una de las obras más trascendentales de la Revolución de 1910 y que constituye la culminación de la obra educativa iniciada con la reforma juarista.
Creado el Politécnico con el explícito objetivo de democratizar la educación superior y realizar investigación para dotar a la revolución de los recursos humanos y de las armas tecnológicas necesarias para la modernización auténtica del país, hace como una verdadera institución nacional, con 17 escuelas prevocacionales ubicadas en distintas ciudades del país, con cuatro escuelas vocacionales y con 17 escuelas superiores. El impacto de la creación del Instituto Politécnico Nacional en el pasado fue tal que gracias a sus egresados se consolidó la expropiación y la nacionalización del petróleo, así como la Comisión Federal de Electricidad.
Sería largo, señoras y señores diputados, enumerar la obra creadora de este gran mexicano. Los obreros de ayer, los campesinos de ayer, los de ahora, los de mañana y siempre, recordaremos la figura del hombre de Jiquilpan, del michoacano que supo ligarse a su pueblo, que supo guiar a la nación mexicana hacia estados superiores de su desarrollo.
Con admiración y respeto nos acordamos de Lázaro Cárdenas y es necesario expresar en este momento que los trabajadores de ahora, de mañana y siempre habremos de recordar también a Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari, el contrarrevolucionario, Carlos Salinas de Gortari, el hombre que conduce al país hacia el capitalismo clásico.
Señoras y señores: la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista rinde en esta ocasión un fervoroso homenaje a Lázaro Cárdenas del Río, el gran presidente de México. Muchas gracias.
El Presidente:
Para hablar del mismo tema, tiene la palabra el diputado Israel González Arreguín, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado Israel González Arreguín:
Con el permiso de la Presidencia; compañeras diputadas, compañeros diputados:
El pasado 21 de mayo se cumplieron 98 años del nacimiento del sembrador de Jiquilpan, del hombre que se forjó en la adversidad para darle a este país la configuración de nación responsable ante los retos del futuro; el hombre que cuando la invasión a la Bahía de Cochinos retomó la fuerza de la defensa de la soberanía de los pueblos de América y se lanzó a respaldar a un pueblo que estaba peleando por su libertad y por su soberanía.
Sabemos que a 98 años de distancia de su nacimiento, el cardenismo histórico ha forjado en generaciones y generaciones de mexicanos la fortaleza de la defensa de la base más pura de la esencia del pueblo de México. El General fue uno de los hombres que forjaron con sus ideas, planes y estrategias político militares un futuro mejor para los mexicanos, su tierra, Jiquilpan, fue el escenario de la lucha de la restitución de las tierras de las comunidades de Totolán y Los Remedios, que les habían sido arrebatadas por los Guardias Blancas, éste fue el primer motivo de preocupación del General.
El 2 de junio de 1913 se incorpora al movimiento revolucionario con las fuerzas del general García Aragón. Cárdenas aprendió recorriendo el país que el problema agrario y del despojo de tierras a los campesinos más pobres tenía que ser resuelto de inmediato. Con esto se le da un profundo sentido social a la lucha armada de la Revolución, reconoció a fondo el territorio de la nación y los problemas que aquejaban al pueblo, al campesino, al obrero y principalmente al indígena.
Sobre su conocimiento directo del pueblo y del territorio nacional agrega al estudio perseverante y constante, construye cuerpos analíticos de proyectos en base a realidades concretas, Cárdenas manifestó desde su juventud ser un hombre decidido, carismático y triunfador.
Cuando llega a la Presidencia realiza infinidad de proyectos que logran cimentar las plataformas ideológicas políticas e institucionales del México nuevo.
Como Presidente fue promotor de grandes realizaciones nacionales en busca de la justicia y la igualdad de los mexicanos; realizó la Expropiación Petrolera, el 18 de marzo de 1938. En su Gobierno dio nacimiento a la nacionalización de los Ferrocarriles el 13 de junio de 1937. Creó el Banco Nacional de Crédito Ejidal el 2 de diciembre de 1935 y los Almacenes Nacionales de Depósito en 1936.
Luchó denodadamente por el buen reparto agrario en La Laguna, en Yucatán, en el Valle del Yaqui y Guanajuato. En los años de su sexenio podemos rescatar las innumerables contribuciones en materia jurídico - política, en 1935 fomentó la creación de la Ley de Amparo, de la Ley de Indulto, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley de Crédito Agrícola, de la Ley de Procedimientos Civiles y Penales, de la Ley Orgánica de los artículos 102, 103 y 104 constitucionales, de la Ley Orgánica de la Fracción I del artículo 267 constitucional, de la reforma a los artículos 43 y 45 constitucionales y de la Ley de Nacionalización de Bienes.
En el 1936, fomentó la Ley de Expropiación, las reformas al artículo 78 de la Ley Federal del Trabajo para obligar al pago del salario correspondiente al 7o. día a los patrones; asimismo crea la Ley General de Población. En 1937 se dieron el acuerdo de expropiación de los Ferrocarriles Nacionales de México; el decreto que cambió el nombre de la Secretaría de Guerra y Marina por el de la Secretaría de la Defensa Nacional y reformas al Código Civil.
En 1938, se dan el acuerdo de la expropiación de los bienes de las compañías petroleras; el acuerdo que crea la Administración Nacional
Obrera de los Ferrocarriles; la Ley sobre Industria Eléctrica; la Ley Federal de Estadística y el estatuto jurídico de los empleados al servicio de los poderes de la Unión.
En 1938 precisamente, debemos recordar que nuestro país, ahí en las oficinas del Banco de Londres y México es creado el Partido Acción Nacional por un conocido intelectual de la burguesía para oponerse a la política agrarista y revolucionaria del presidente Lázaro Cárdenas.
Ahora, nos quieren escamotear su origen y presentarse como redentores de los pobres, de los trabajadores, de los campesinos e incluso han arrastrado absurdamente al hijo del general pretendiendo engañar al pueblo de México con la falsa idea que sólo existe una tendencia al bipartidismo, haciendo el paralelo con la falsa democracia de Estados Unidos, que privando a los derechos de la representación a los socialistas, a los crocquistas, a las minorías étnicas aparece ante los ojos del mundo como el gendarme de la democracia, cuando en su territorio se violan los derechos civiles más elementales.
Aquí se pretende hacernos creer que sólo existen dos polos dignos de tomarse en cuenta políticamente en el país: el PRI por un lado y la coalición antihistórica PAN - PRD por otro.
En 1939, el general crea la orden Maestro Altamirano y la Ley de Retiros y Pensiones del Ejército y Armada Nacionales. En 1940 se dieron la Ley de Vías Generales de Comunicación, la Ley de Responsabilidades de Funcionarios y Empleados de la Federación, la Ley Reglamentaria del artículo 3o. constitucional, la Ley del Servicio Militar, la Ley General de Instituciones de Fianzas, la Ley de Caza y el nuevo Código Agrario. Muchas de estas leyes se encuentran vigentes hasta el día de hoy.
En el diario político de Cárdenas el grande, se mantuvo desde antes de su período presidencial y se consagró en el mismo. Cuando terminó su período, siguió colaborando profundamente con la nación.
Estuvo atento a los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. Fue comandante de la Legión Militar del Pacífico, hasta el 27 de agosto de 1945. Posteriormente con Miguel Alemán presentó un proyecto que se aprobó el 17 de julio de 1947, para el desarrollo integral de la cuenca del río Tepalcatepec. Con Ruíz Cortines siguió colaborando en el proyecto de la cuenca del río.
Adolfo López Mateos lo designa vocal ejecutivo de la Comisión de la Cuenca del Río Balsas. Gustavo Díaz Ordaz lo nombra presidente del Consejo de Administración de la siderúrgica "Las Truchas", la que, al morir, tomó su nombre.
Cárdenas el grande fue un hombre, decíamos, profundamente consecuente entre lo que decía y lo que hacía. El jamás hubiese ido a tocar los escritorios del extranjero para que reconocieran nuestra nación, como desgraciadamente quien pretende sustituirlo lo ha hecho en forma plástica y en forma diaria.
Cuando terminó su período, con sus antecedentes históricos y la proyección de sus ideales, México creció; creció y se incrustó en la civilización universal que se gesta sólo con las grandes decisiones en las convulsiones sociales.
Lázaro Cárdenas del Río abrió a la humanidad horizontes que se expresan en la fraterna decisión de los pueblos para detener las guerras de conquista y exterminio, de terminar con la angustia del hambre, la ignorancia y las enfermedades; de conjurar el uso deshumanizado de los logros científicos y tecnológicos y de cambiar la sociedad que ha legitimado la desigualdad y la injusticia.
A 98 años de distancia de su natalicio y a 55 años del apogeo de su obra política, sus ideas siguen cabalgando en los montes y las sierras de nuestra patria, fomentados en la búsqueda de un México más justo y productivo. Su nombre aún resuena en esos montes, en los ríos y montañas, regiones, pueblos, calles, colonias, ciudades e incluso aquí en la Cámara de Diputados.
Por eso nosotros pensamos que seguir el ideario cardenista, es contribuir a conformar una nación más fuerte y más humana.
Su ejemplo y su ideario político es fuente de inspiración en la lucha por reivindicar el nivel de vida de los trabajadores del campo y de la ciudad, de político de alta jerarquía y de instituciones de interés público nacional.
Trasciende el espacio y el tiempo en su presencia física y sabemos que el cardenismo histórico será en el futuro para todos los mexicanos patriotas, aliento, inspiración y arma de lucha contra los embates del imperialismo.
¡Viva Lázaro Cárdenas!
El Presidente:
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DÍA
La secretaria Luisa Urrecha Beltrán:
Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Segundo Período de Sesiones Ordinarias.- Segundo Año.- LV Legislatura.
Orden del día
27 de mayo de 1993.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del CXXXII aniversario luctuoso del licenciado Melchor Ocampo, tendrá lugar el 3 de junio, en la Rotonda de los Hombres Ilustres, Panteón Civil de Dolores, delegación política Miguel Hidalgo, a las 11.00 horas.
Comunicación del Congreso del Estado de Querétaro.
Minutas
Proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Laura Estela López Morales, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Palmas Académicas, en grado de Caballero, que le confiere el gobierno de la República francesa.
Proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Alejandro Morales Islas, para que pueda prestar servicios como ayudante de beneficios federales en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Dictamen de primera lectura.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Aurora Garza Minjares, para prestar servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Dictamen a discusión.
De las comisiones de Comercio y de Agricultura y Recursos Hidráulicos, con proyecto de decreto que abroga la Ley que Crea el Instituto Mexicano del Café.
Intervención del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para comentar la actuación de la Procuraduría General de la República.
Intervención del grupo parlamentario del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, para referirse a la República Árabe Saharauí Democrática.
Intervención del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, para presentar un punto de acuerdo en relación a la situación laboral de los futbolistas profesionales.
Intervención del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para hacer comentarios sobre la red carretera nacional.
Intervención del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hacer comentarios sobre la instalación de retenes.
Intervención del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse al problema de transportistas en Oaxaca.
Intervención del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una denuncia sobre la situación de Ganadería y Asuntos relacionados con Vehículos Extranjeros, en Guanajuato.
Intervención del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, para hacer comentarios sobre los pronunciamientos del Secretario de Gobernación.
Intervención del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, para comentar la situación en Venezuela.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
El Presidente:
(A las 22.50 horas) Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el próximo jueves 27 de mayo a las 10.00 horas.
Siglas y abreviaturas incluidas en esta edición:
ADS American Depositary Shares
ARIGATT (Sin aclaración)
CROM Central Revolucionaria de Obreros Mexicanos
DEA Drugs Enforcement Agency, por las siglas en inglés, del Agencia Federal
Contra el Narcotráfico, de los Estados Unidos de América
GATT Acuerdo General de Aranceles y Comercio
Inmecafé Instituto Mexicano del Café
Mercosur Mercado Común del Sur
Notimex Agencia de Noticias Mexicana
PAN Partido Acción Nacional
PARM Partido Auténtico de la Revolución Mexicana
PFCRN Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional
PNR Partido Nacional Revolucionario
PPS Partido Popular Socialista
PRD Partido de la Revolución Democrática
PRI Partido Revolucionario Institucional
Profeco Procuraduría Federal del Consumidor
SARH Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos
Secogef Secretaría de la Contraloría General de la Federación
SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Telmex Teléfonos de México
TLC Tratado de Libre Comercio