Legislatura LV - Año II - Período Ordinario - Fecha 19930527 - Número de Diario 14
(L55A2P1oN014F19930527.xml)Núm. Diario: 14ENCABEZADO
LV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO de los DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Correspondiente al Segundo Período del Segundo Año de Ejercicio
PRESIDENTE DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
Diputado Jaime Ignacio Muñoz y Domínguez
PALACIO LEGISLATIVO
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Héctor de Antuñano y Lora
AÑO II México, D. F, jueves 27 de mayo de 1993 No. 14
SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO
SUMARIO
ASISTENCIA
APERTURA
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
PROTESTA
Del ciudadano Jorge Luis López del Castillo.
INVITACIÓN
Del Departamento del Distrito Federal, al acto cívico conmemorativo del CXXXII aniversario luctuoso del licenciado Melchor Ocampo. Se designa comisión.
COMUNICACIÓN
Del Congreso del Estado de Querétaro, por la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
CAMARA DE SENADORES
Dos, de la colegisladora, con proyectos de decretos por los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos:
Laura Estela López Morales, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República Francesa; y
Alejandro Morales Islas, pueda prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Se turnan a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
DICTAMEN DE PRIMERA LECTURA
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Aurora Garza Minjares, pueda prestar sus servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
DICTAMEN A DISCUSIÓN
INSTITUTO MEXICANO DEL CAFÉ
De las comisiones de Comercio y de Agricultura y Recursos Hidráulicos, con proyecto de decreto que abroga la Ley que crea el Instituto Mexicano del Café. Se le dispensa la segunda lectura y se somete a discusión de inmediato.
Toma la palabra el diputado Juan José Rodríguez Prats, fundamentar el dictamen.
Para expresar sus opiniones respecto de este dictamen, rectificar hechos o contestar alusiones personales, toman la palabra los diputados:
Héctor Ramírez Cuéllar
Juan José Rodríguez Prats
Héctor Ramírez Cuéllar
Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara
Jesús González Gortázar
Héctor Ramírez Cuéllar
Enrique Rico Arzate
Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara
Israel González Arreguín
Eberto Croda Rodríguez
Lucas Adrián del Arenal Pérez, quien propone una adición a la parte expositiva del dictamen.
Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara
Domingo Alberto Martínez Reséndiz
Silvestre Fernández Barajas
Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara
Enrique Rico Arzate
Crescencio Pérez Garduño
Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara
Se someten a votación las propuestas presentadas.
Se aprueba el dictamen y se turna al Poder Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
REPÚBLICA SAHARAUI DEMOCRÁTICA
Para referirse a la lucha del pueblo árabe de dicho país, hacen uso de la palabra los diputados:
Demetrio Hernández Pérez
Francisco Hernández Juárez
SITUACIÓN LABORAL DE FUTBOLISTAS
Expresan sus comentarios sobre el tema los diputados:
Domingo Alberto Martínez Reséndiz, quien presenta un punto de acuerdo.
Javier Centeno Avila, para rectificar hechos.
Demetrio Santiago Torres, para rectificar hechos.
Francisco Dorantes Gutiérrez, para rectificar hechos.
Sandalio Alfonso Sainz de la Maza, para rectificar hechos.
Josafat Arquímides García Castro, para rectificar hechos.
La proposición del diputado Martínez Reséndiz, se turna a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y a la del Deporte.
COMUNICACIÓN
Del diputado Gonzalo Cedillo Valdez. De enterado.
REPÚBLICA DE GUATEMALA
Para comentar la situación política que priva en ese país, hace uso de la palabra el diputado Francisco Hernández Juárez.
RETENES EN CARRETERAS NACIONALES
Se concede el uso de la palabra al diputado Josafat Arquímides García Castro, quien propone la comparecencia del Procurador General de la República, a fin de que explique la instalación de retenes en las carreteras nacionales.
En votación económica se desecha la proposición.
ESTADO DE OAXACA
Sobre un problema de transportistas en dicha Entidad, hacen uso de la palabra los diputados:
Alfredo Castillo Colmenares
Armando David Palacios García para rectificar hechos.
Rufino Rodríguez Cabrera para rectificar hechos.
Armando David Palacios García para rectificar hechos.
Rafael Sergio Vera Cervantes para rectificar hechos.
Alfredo Castillo Colmenares para contestar alusiones personales
Rufino Rodríguez Cabrera para rectificar hechos.
ESTADO DE GUANAJUATO
Suben a la tribuna para comentar la situación de la ganadería y los transportes los diputados:
Napoleón Gallardo Ledezma
Enrique Rico Arzate para rectificar hechos.
Napoleón Gallardo Ledezma para rectificar hechos.
Enrique Rico Arzate para rectificar hechos.
DECLARACIONES DEL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN
Toma la palabra el diputado Hildebrando Gaytán Márquez, quien comenta algunas declaraciones atribuidas al Secretario de Gobernación.
DENUNCIA
Presentada por el diputado Hugo Sergio Palacios Laguna, quien denuncia el robo de módulos de expedición de credenciales de elector en el Estado de Chiapas. Se turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
Presidencia del diputado
José de Jesús Berrospe Díaz
ASISTENCIA
El Presidente:
Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia, el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados.
El Secretaria Jesús Molina Lozano:
Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 383 diputados, por lo tanto hay quórum.
APERTURA
El Presidente:
(A las 12.00 horas) Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El secretario Jesús Molina Lozano:
«Segundo Período de Sesiones Ordinarias.-Segundo Año.- LV Legislatura.
Orden del día
27 de mayo de 1993.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del CXXXII aniversario luctuoso del licenciado Melchor Ocampo, tendrá lugar el 3 de junio, en la Rotonda de los Hombres Ilustres, Panteón Civil de Dolores, Delegación Política Miguel Hidalgo, a las 11.00 horas.
Comunicación del Congreso del Estado de Querétaro.
Minutas
Proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Laura Estela López Morales, para que pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de las Palmas Académicas, en Grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de la República Francesa.
Proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Alejandro Morales Islas, para que pueda prestar servicios como ayudante de beneficios federales en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Aurora Garza Minjares, para prestar servicios en el consulado general de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Dictamen a discusión
De las comisiones de Comercio y de Agricultura y Recursos Hidráulicos con proyecto de decreto que abroga la Ley que crea el Instituto Mexicano del Café. Intervención del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para comentar la actuación de la Procuraduría General de la República.
Intervención del grupo parlamentario del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, para referirse a la República Arabe Saharauí Democrática.
Intervención del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, para comentar la situación en Guatemala.
Intervención del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para hacer comentarios sobre la red carretera nacional.
Intervención del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hacer comentario sobre la instalación de retenes.
Intervención del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse al problema de transportistas, en Oaxaca.
Intervención del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, para comentar la situación en Venezuela.
Intervención del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una denuncia sobre la situación de ganadería y asuntos relacionados en vehículos extranjeros, en Guanajuato.
Intervención del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, para hacer comentarios
sobre los pronunciamientos del secretario de Gobernación.
Intervención del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para comentar un asunto de Chiapas.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El Presidente:
En virtud de que se entregaron copias del acta de la sesión anterior a los grupos parlamentarios, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura.
El secretario Jesús Molina Lozano:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Se dispensa la lectura, señor Presidente.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el día veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y tres, correspondiente al Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.
Presidencia del diputado
Jesús Martín del Campo Castañeda
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las doce horas con dos minutos del día veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y tres, con una asistencia de cuatrocientos cuatro diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y posteriormente la Asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, misma que, sin discusión se aprueba en sus términos en votación económica.
El Presidente informa que a las puertas del salón se encuentra al ciudadano Juan Acosta Cerón, electo como diputado suplente en el quinto distrito electoral federal de los Estados de San Luis Potosí y designa una Comisión para que lo introduzca y lo acompañe en el acto de realizar su protesta como diputado federal. Terminado el acto protocolario, el diputado Acosta Cerón entra en funciones de inmediato.
Una comunicación del Congreso del Estado de Hidalgo, por la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Se da cuenta con un oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Aurora Garza Minjares, pueda prestar sus servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua, se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
En virtud de que el dictamen de la Comisión del Distrito Federal, con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Sobre el Régimen de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, ha sido impreso y distribuido entre los señores diputados, la Asamblea le dispensa la primera lectura.
Se da segunda lectura, se someten a discusión y sin ella se aprueban en sendas votaciones económicas, dos dictámenes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyectos de decreto por los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que las ciudadanas Verónica Enríquez Alcalá pueda prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y las ciudadanas Rebeca Romero Pérez e Iliana Ivonne Sandoval Moya, pueda prestar sus servicios en la Embajada Británica en México. Se turnan al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
En virtud de que el dictamen de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores, relativo a diversas iniciativas presentadas por diputados de los diferentes grupos parlamentarios, sobre tratados, ha sido impreso y distribuido entre los señores diputados, la Asamblea le dispensa la segunda lectura, se pone a discusión y se concede el uso de la palabra al diputado Miguel González Avelar, del Partido Revolucionario Institucional, quien a nombre de las comisiones, lo fundamenta.
Para expresar sus opiniones hacen uso de la palabra los diputados Martín Tavira Urióstegui, del Partido Popular Socialista, en contra; Ricardo Valero Recio Becerra, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Guillermo
Pacheco Pulido, del Partido Revolucionario Institucional, en pro y contesta a una interpelación del diputado Castro Lozano; Martín Tavira Urióstegui, del Partido Popular Socialista, para contestar alusiones personales; Fernando Estrada Sámano, del Partido Acción Nacional, en contra; Miguel González Avelar, del Partido Revolucionario Institucional, para contestar alusiones personales; Héctor Ramírez Cuéllar, del Partido Popular Socialista, en contra; Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Manuel Terrazas Guerrero, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en contra y Blanca Esponda Espinosa, del Partido Revolucionario Institucional, en pro.
Para contestar alusiones personales o rectificar hechos sobre el mismo dictamen, se concede el uso de la palabra a los diputados: Francisco Paoli Bolio, del Partido Acción Nacional; Carlos González Durán, del Partido de la Revolución Democrática; Jorge Calderón Salazar, del mismo Partido; Cuauhtémoc López Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional; Francisco Paoli Bolio, del Partido Acción Nacional; Héctor Ramírez Cuéllar , del Partido Popular Socialista; Ricardo Valero Recio Becerra, del Partido de la Revolución Democrática, quien propone que se elimine la última línea del dictamen, apoyado con las firmas de representantes de todos los grupos parlamentarios, excepto el del Revolucionario Institucional.
En votación económica se admite la proposición del diputado Valero Recio Becerra.
Para rectificar hechos solicita y se concede el uso de la palabra al diputado Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática y la Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen, por lo que la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por doscientos noventa y tres votos. Archívense los expedientes.
En virtud de que el dictamen de las comisiones de Comercio y de Agricultura y Recursos Hidráulicos con proyecto de decreto que abroga la Ley que crea el Instituto Mexicano del Café, ha sido impreso y se distribuye entre los señores diputados, el Presidente solicita a la Asamblea que le dispense la primera lectura.
Interrumpe el procedimiento el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, a quien se concede el uso de la palabra para referirse a la solicitud del Presidente.
En votación económica, la Asamblea dispensa la primera lectura.
Sube a la tribuna el diputado Enrique Chavero Ocampo, del Partido Revolucionario Institucional, quien presenta a la consideración de la Asamblea, un punto de acuerdo respecto a los lamentables acontecimientos del aeropuerto de Guadalajara, Jalisco, en los que perdieron la vida siete ciudadanos mexicanos, firmado por representantes de todos los grupos parlamentarios excepto el de Acción Nacional.
Para referirse al mismo asunto, hacen uso de la palabra los diputados Gabriel Jiménez Remus, del Partido Acción Nacional; Gilberto Rincón Gallardo, del Partido de la Revolución Democrática; Jorge Oceguera Galván, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Pedro Medina Pérez, del Partido Popular Socialista, quien contesta a una interpelación del diputado Gómez Rodríguez; Carlos González Durán, del Partido de la Revolución Democrática; José Camilo Valenzuela, del mismo partido, para rectificar hechos; Emilio Becerra González, del mismo partido y Francisco Dorantes Gutiérrez, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para rectificar hechos.
En votación económica se aprueba el punto de acuerdo presentado por el diputado Chavero Ocampo y el Presidente designa a los integrantes de la Comisión pluripartidista a que se refiere el acuerdo.
Para hacer comentarios respecto a los problemas de la compañía de Teléfonos de México hacen uso de la palabra los diputados Raúl Alvarez Garín, del Partido de la Revolución Democrática; Enrique Sada Fernández, del Partido Revolucionario Institucional; Alfredo Lujambio Rafols, del Partido Acción Nacional, quien propone la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público; Enrique Sada Fernández, para rectificar hechos; Juan Cárdenas García, del Partido Popular Socialista; Eberto Croda Rodríguez, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Fidel Herrera Beltrán, del Partido Revolucionario Institucional, quien acepta una interpelación del diputado Lujambio Rafols y Juan Cárdenas García, del Partido Popular Socialista, para rectificar hechos.
La proposición del diputado Alvarez Garín, se turna a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda y a la de Comunicaciones y Transportes y la del diputado Lujambio Rafols, se desecha en votación económica.
Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado Juan Bonifaz Trujillo, del Partido Revolucionario Institucional, quien a nombre de los seis grupos parlamentarios que integran la legislatura, da lectura a un pronunciamiento respecto de los acontecimientos en la República de Guatemala.
Para referirse al aniversario del natalicio del general Lázaro Cárdenas del Río, suben a la tribuna los diputados Jorge Torres Castillo, del Partido de la Revolución Democrática; Jorge Mendoza Alvarez, del Partido Revolucionario Institucional; Rigoberto Arriaga Ruiz, del Partido Popular Socialista e Israel González Arreguín, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las veintidós horas con cincuenta y nueve minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo jueves veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y tres a las diez horas. »
El Presidente:
Ruego a la Secretaría poner a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior y si algún diputado desea hacer alguna observación a la misma, sírvase manifestarlo.
El secretario Jesús Molina Lozano:
Está a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior. ¿ Hay algún diputado que desee hacer observaciones a la misma ?
Se consulta a la Asamblea en votación económica si se aprueba.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada el acta, señor Presidente.
PROTESTA
El Presidente:
Se encuentra a las puertas de este Recinto, el ciudadano Jorge Luis López del Castillo, diputado suplente electo en el IV distrito del Estado de Hidalgo. Se designa en comisión para que lo acompañen en el acto de rendir la protesta de Ley para entrar en funciones, a los siguientes señores diputados: Julio Méndez Alemán, José Antonio Torres Martínez, Fernando Estrada Sámano, Pedro Medina Pérez, Víctor Díaz Palacios y Julieta Guevara Bautista.
El secretario Jesús Molina Lozano:
Se pide a la comisión cumplir con este encargo.
Se ruega a las señoras y señores diputados y a las personas presentes en esta sala, ponerse de pie.
El Presidente:
Ciudadano Jorge Luis López del Castillo, ¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo os ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
El ciudadano Jorge Luis López del Castillo:
Sí, protesto.
El Presidente:
Si así no lo hiciereis, la nación os lo demande.
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
INVITACIÓN
La secretaria Graciela Larios Rivas:
«Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presente.
El Departamento del Distrito Federal, por conducto de esta dirección general, ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del CXXXII aniversario luctuoso del licenciado Melchor Ocampo, que tendrá lugar en la Rotonda de los Hombres Ilustres, Panteón Civil de Dolores, Delegación Política Miguel Hidalgo, el día 3 de junio a las 11.00 horas.
Por tal motivo, de la manera más atenta me permito solicitarle tenga a bien girar sus respetables indicaciones, a efecto de que un representante de esta honorable Cámara de Diputados que usted preside, asista a la ceremonia de referencia.
Agradezco cumplidamente las atenciones que se sirva prestar al presente y le reitero con mi
reconocimiento las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Director de Acción Cívica, licenciado Gerardo González Camarena.»
El Presidente:
Para asistir en representación de esta honorable Cámara de Diputados, se designa a los siguientes diputados: Everardo Gámiz Fernández, Alberto Monterde Reyes, Alberto Nava Salgado y Carlos González Durán.
COMUNICACIÓN
La secretaria Graciela Larios Rivas:
«Escudo del Estado de Querétaro.-Honorable Congreso del Estado.
Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-México D.F.
La Quincuagésima Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Querétaro Arteaga, hace de su conocimiento que con fecha del día 30 de abril, clausuró los trabajos de la diputación Permanente del Primer Receso e inaugura con esta fecha el Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Legal, eligiendo la directiva que presidirá sus trabajos durante el mes de mayo quedando de la forma siguiente:
Presidente, licenciado Juan Vargas Ocampo; vicepresidente, licenciada Jacaranda López Salas; secretario, ciudadano Juan Landeros Perrusquia; secretario , ciudadano Esteban Darío Martínez Luna; secretario suplente, ingeniero Atilano Inzunza Inzunza.
Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para reiterarle las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Querétaro, Qro. 1o. de mayo de 1993.- Diputados secretarios: Juan Landeros Perrusquia y Esteban Darío Martínez Luna.»
De enterado.
CAMARA DE SENADORES
CONDECORACIÓN
La secretaria Luisa Urrecha Beltrán:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Senadores.- México D.F.
Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados.- Presentes.
Para sus efectos correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes, el expediente que contiene la minuta proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Laura Estela López Morales, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Palmas Académicas, en Grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de la República Francesa.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México D.F., a 25 de mayo de 1993.- Secretarios senadores: Gustavo Salinas Iñiguez y Ramón Serrano Ahumada.»
«MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Laura Estela López Morales, para que pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de las Palmas Académicas, en Grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de la República Francesa.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México, D.F. a 25 de mayo de 1993.- Senadores: Salvador Vázquez Sánchez Presidente; Gustavo Salinas Iñiguez, secretario y Ramón Serrano Ahumada, secretario.
Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.- México, D.F., a 25 de mayo de 1993.- El oficial mayor, licenciado Morelos Canseco Gómez.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
PRESTACIONES DE SERVICIOS
La secretaria Luisa Urrecha Beltrán:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Senadores.- México D.F.
Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados.- Presentes.
Para sus efectos correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes, el expediente que contiene la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Alejandro Morales Islas, para que pueda prestar sus servicios como ayudante de beneficios federales en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México D.F., a 25 de mayo de 1993.- Secretarios senadores: Gustavo Salinas Iñiguez y Ramón Serrano Ahumada.»
«MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Alejandro Morales Islas, para que pueda prestar sus servicios como ayudante de beneficios federales en la Embajada de los Estado Unidos de América en México.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México, D.F. a 25 de mayo de 1993.- Senadores: Salvador Vázquez Sánchez Presidente; Gustavo Salinas Iñiguez, secretario y Ramón Serrano Ahumada, secretario.
Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales .- México, D.F., a 25 de mayo de 1993.- El oficial mayor, licenciado Morelos Canseco Gómez.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
DICTAMEN DE PRIMERA LECTURA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El secretario Jesús Molina Lozano:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: En oficio fechado el 7 de mayo del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Aurora Garza Minjares, pueda prestar servicios como empleada consultar en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el día 24 de mayo, se turnó a la Comisión que suscribe para su estudio y dictamen el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.
b) Que los servicios que la interesada prestará en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua, serán como empleada consular;
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Aurora Garza Minjares, para prestar servicios como empleada consular, en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México D.F., a 25 de mayo de 1993.- Diputados: Gustavo Carvajal Moreno, Presidente; Cuauhtémoc López Sánchez, secretario; Juan de Dios Castro Lozano, secretario; José Octaviano Alaniz Alaniz, José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Benjamín Avila Guzmán, José Azanza Jiménez, Juan José Bañuelos Guardado, Agustín Basave Benitez, Luis A. Beauregard Rivas, Carlos E. Cantú Rosas, Alberto Carrillo Armenta, Juan José Castillo Mota, Estela Cazares Esquivel, Javier Centeno Avila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Pedro de León Sánchez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elías, Laura Alicia Garza Galindo, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo J. González Díaz, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Marlene Catalina Herrera Díaz Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, José Benigno López Mateos, Jesús Martín del Campo, Jorge Mendoza Alvarez, José Merino Castrejón,
Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Jaime Muñoz y Domínguez, Miguel Angel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, Marco Antonio Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Tómas Osorio Avilés, Guillermo Pacheco Pulido, Rubén Pabello Rojas, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Irma A. Piñeiro Arias, Froylán Ramírez Lara, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Juan José Rodríguez Prats, María Esther Scherman Leaño, Jaime Serrano Cedillo, Manuel Solares Mendiola, Cecilia Guadalupe Soto González, Edmundo Sosa López, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Salvador Valencia Carmona, Oscar Ricardo Valero Recio Becerra, Mario Vargas Aguilar, Jorge Zermeño Infante, Ildefonso Zorilla Cuevas Nahum, Efraín Zúñiga Galeana y José Domingo Olvera Cervantes.»
Es de primera lectura.
DICTAMEN A DISCUSIÓN
INSTITUTO MEXICANO DEL CAFÉ.
El Presidente:
El siguiente punto del orden del día, es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que abroga la Ley que crea el Instituto Mexicano del Café.
En atención a que este dictamen ha sido impreso y distribuido entre los diputados, se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura a dicho dictamen.
La secretaria Graciela Larios Rivas:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen. Es de segunda lectura.
«Comisiones Unidas de Comercio y de Agricultura.
Honorable Asamblea: A las comisiones unidas de Comercio y de Agricultura, fue turnada para su estudio y dictamen la minuta que contiene proyecto de decreto que abroga la Ley que crea el Instituto Mexicano del Café, enviada a esta Cámara de Diputados en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 72 inciso a, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el Senado de la República.
Dichas comisiones, con la facultad que otorgan los artículos 56 y 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, procedieron a su análisis y dictamen al tenor de los siguientes
ANTECEDENTES
El 20 de abril de 1993, con base en la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para los efectos del artículo 72 de la propia Carta Magna, fue enviada a la Cámara de Senadores por el titular del Poder Ejecutivo Federal, la Iniciativa de Decreto que abroga la Ley que crea el Instituto Mexicano del Café, toda vez que como lo previene la fracción XXIX-E del artículo 73 de nuestra norma fundamental, su contenido resulta de la competencia exclusiva el Congreso de la Unión.
Ejerciendo funciones de Cámara de origen, el Senado de la República se avocó al estudio de la iniciativa, canalizándola a las comisiones de Comercio y Fomento Industrial, mismas que, después de un análisis preliminar y al amparo del acuerdo suscrito con esta Cámara de Diputados, el 28 de abril de 1993 procedieron a reunirse con representantes de está ultima a fin de establecer la mecánica para llevar a cabo, conjuntamente, trabajos en conferencia a los que se invitaría a servidores de la Administración Pública Federal con responsabilidad en materia de agricultura y de fomento al cultivo del café.
Derivado de ello, el día 3 de mayo de este año, fueron efectuados los trabajos de conferencia en los que se estableció un amplio diálogo en torno a los problemas que afectan a la cafeticultura nacional e internacional, la situación organizativa de los productores del aromático y las consideraciones vertidas en la exposición de motivos de la iniciativa. Con esos antecedentes fue elaborado el dictamen correspondiente, mismo que se presentó al pleno de Cámara de Senadores el 17 del actual aprobándose en todos sus términos, para ser turnada a esta Cámara de Diputados al día siguiente.
Con respecto al Instituto Mexicano del Café (Inmecafé), éste fue creado con la finalidad de
defender y mejorar el cultivo, beneficio y comercio de dicho producto, mediante decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1958, para lo cual fue investido de personalidad jurídica y patrimonio propio con el carácter de organismos público descentralizado. El antecedente directo y precedente legal que fundamenta su aparición es la Comisión Nacional del Café, la que se destino a fomentar exclusivamente la producción del aromático, pero en cuyo decreto de creación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de octubre de 1949, se previó que si ésta obtenía resultados exitosos, se estudiaría la conveniencia de crear un organismo al que se le confiaría lo relativo a la organización, dirección, fomento, desarrollo y defensa de la industria cafetalera en todos sus aspectos.
Para precisar y redondear sus funciones, el 13 de junio de 1959, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento Interno del Instituto Mexicano del Café, en el cual se establece que su papel sería regular el mercado nacional del café, fungiendo como conciliador entre oferentes y demandantes para buscar el equilibrio en los precios y mejorar los mecanismos de abastecimiento, constituyéndose en un organismo de consulta del Gobierno Federal y de los gobiernos de los estados, en todo lo relacionado con dicho producto.
Con las atribuciones señaladas, el Instituto Mexicano del Café inició y desarrolló sus actividades cumpliendo aproximadamente durante tres décadas una importante función en beneficio tanto de los productores como de los consumidores, al grado que, en su mejor momento, llegó a adquirir más de la mitad de la cosecha nacional, en especial de los pequeños productores, y a operar una gran parte de las beneficiadoras de dicho grano. Su destacada función se reflejó también en el terreno de la comercialización, habida cuenta que regulaba las exportaciones y determinaba la forma y términos de la concurrencia al mercado internacional.
En virtud de que por un lado, la estrategia de modernización del campo planteada por la presente administración pública federal en materia de política agrícola, se sustenta en una creciente participación de los sectores social y privado, permitiendo que las fuerzas del mercado interactúen libremente y que los eslabones de la cadena productiva se enlacen con mayor eficiencia, con la ayuda de los apoyos requeridos; y que por el otro, los productores del grano demanden firmemente un mayor control de su propio proceso productivo y una más amplia participación en la toma de decisiones vinculada con la transformación y la comercialización del aromático, el 30 de agosto de 1989 el titular del Poder Ejecutivo Federal dictó acuerdo mediante el que aprueba la reestructuración del sector cafetalero mexicano, con la finalidad de crear espacios para propiciar el desarrollo autogestivo de los productores y una mayor retención del excedente generado.
A ello se agrega que, en 1989, al cancelarse las cláusulas económicas del Convenio Internacional del Café y desaparecer, por consecuencia, las cuotas de exportación a las que se encontraban sujetos los países productores del grano, la función reguladora de las exportaciones que venía desempeñando el Instituto Mexicano del Café, perdió su razón de ser. Ante este escenario mundial, los productores cafetaleros incrementaron su demanda de apropiarse del control de todos los eslabones de la cadena productiva.
Con ese antecedente y en base a lo dispuesto en los artículos 31, 32, 32 - bis, 34, 35, 40, 41 y 45 de Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 5o., 6o., 25, 38, 40 y 41 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; 28 del decreto de presupuesto de Egresos de la Federación para 1989 y 9o., del Reglamento Interno del Instituto Mexicano del Café, en el mes de enero de 1990, se suscribió el Convenio de Saneamiento Financiero de dicho organismo descentralizado, a través del cual se redefinieron sus políticas, estrategias, programas, metas y estructura interna a efecto de propiciar el uso más racional y eficiente de los recursos presupuestales asignados.
El referido convenio trajo como consecuencia inmediata para el Inmecafé la desincorporación de sus empresas filiales Cafemex y Dicamex, así como de su infraestructura de acopio, almacenamiento y desarrollo agroindustrial por la vía de su transferencia a los productores. Con ese motivo, el 13 de diciembre de 1990, el órgano de Gobierno del Instituto Mexicano del Café acordó su retiro total de la vertiente comercial, presentado en el mes de julio de 1991 un informe de avances del cumplimiento del Convenio Intersecretarial Gasto- Financiamiento, misma que en su sesión ordinaria del 30 de octubre de 1991, autorizó al Instituto a realizar únicamente las funciones de: investigación, asistencia técnica, capacitación, representación comercial y de información de mercados.
Con las anteriores medidas, el Instituto Mexicano del Café canceló la posibilidad de obtener
ingresos propios, por lo que su situación financiera se tornó cada vez más difícil, viéndose en la necesidad de reducir en forma creciente sus gastos de operación y administración y, por ende, de disminuir significativamente su plantilla de personal.
Frente a los avances de las organizaciones de productores cafetaleros que han venido asumiendo paulatinamente el control de la producción, beneficio y comercialización del aromático y, en congruencia con las políticas de fortalecimiento de la rectoría económica del Estado y las medidas de restricción del gasto público instrumentada por el Ejecutivo Federal, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos expuesto a la Comisión Intersecretarial Gasto - Financiamiento la conveniencia de extinguir y liquidar al Instituto Mexicano del Café, en la inteligencia de que la actividad estatal se enfocaría, en este renglón, al estímulo de la productividad y la modernización tecnológica; a la ubicación adecuada del grano en el mercado internacional; y, a la representación de los intereses del país en los foros del exterior.
Como resultado de la gestión incoada, la Comisión Gasto Financiamiento, con fecha 21 de octubre de 1992, validó la opinión de la dependencia cabeza de sector, en el sentido de que consideraba benéfico solicitar la desaparición y liquidación del Instituto Mexicano del Café, instruyendo a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos para que procediese a tomar las medidas conducentes encaminadas a su concreción, acuerdo que fue aprobado por el órgano de Gobierno de dicho Instituto el 21 de enero del presente año.
De este modo, se dio inicio al procedimiento que marca el artículo 16 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, cuya letra dispone que: "cuando algún organismo descentralizado creado por el Ejecutivo deje de cumplir sus fines y objeto, o su funcionamiento no resulte ya conveniente desde el punto de vista de la economía nacional o del interés público, la Secretaría de Programación y Presupuesto (hoy Secretaría de Hacienda y Crédito Público), atendiendo a la opinión de su dependencia coordinadora del sector que corresponda, propondrá al Ejecutivo Federal la disolución, liquidación o extinción de aquél organismo. Asimismo, podrá proponer su función cuando su actividad combinada redunde en un incremento de eficiencia y productividad.
Por lo anteriormente expuesto y habiendo analizado minuciosamente las implicaciones que traería consigo la aprobación de la iniciativa en dictamen, las comisiones unidas de Comercio y de Agricultura se permiten someter al pleno de esta honorable Asamblea, los siguientes
CONSIDERANDOS
El Instituto Mexicano del Café fue creado con el objeto de defender y fomentar el desarrollo de la cafeticultura nacional en condiciones que hacían necesaria la existencia de un organismo que estimulase y protegiese directamente la producción, transformación y comercialización de este grano. A ello se añadía, dadas las reglas del mercado internacional, la importancia de contar con un mecanismo regulador de las exportaciones. Con ese objeto, fue revestido de amplias facultades que le permitieron durante casi treinta años desempeñar eficazmente la función que le dio origen.
Empero, aunque su administración era exitosa, la mecánica operativa del Instituto Mexicano del Café adoptó prácticas paternalistas que inhibieron y suplantaron las iniciativas de los productores provocando el atrofiamiento de sus capacidades autogestivas. De esta suerte, llegó a adquirir grandes volúmenes de la producción nacional del grano y a manejar un elevado número de las instalaciones de beneficio, sin contar otras esferas de la cadena productiva en las que su participación era notoria. Aún así, con el paso del tiempo, los productores fueron incursionando en actividades económicas cada vez más complejas, surgiendo organizaciones campesinas capaces de realizar, por sí mismas, proceso que les permitieron ir reteniendo y apropiándose del excedente generado.
Al consolidarse diversas organizaciones económicas cafeteleras y adquirir experiencia en las fases de beneficiado y comercialización del aromático, los productores empezaron a demandar al Estado la desincorporación de funciones del Instituto Mexicano del Café, así como la transferencia de activos a los propios productores. Este planteamiento fue formulado reiteradamente, el actual titular del Poder Ejecutivo Federal durante su campaña para ocupar la Presidencia de la República y retomado posteriormente para nutrir su programa de Gobierno.
En esa tesitura, el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 establece entre sus objetivos primordiales el fortalecimiento de la soberanía del país y el mejoramiento de los niveles de bienestar de los productores del campo y de sus familias mediante el impulso a la modernización del sector rural, a través del incremento de los índices de la producción y de la productividad
agropecuaria. Para ello, resalta la necesidad de vigorizar el papel del Estado en materia de rectoría económica, en base al replanteamiento de su relación con los sectores involucrados en el desenvolvimiento del campo y a la gradual reducción de su participación en el ámbito de las actividades productivas, haciendo de la iniciativa de los productores, de la liberación de la energía social de las comunidades y de la responsabilidad compartida entre el Estado y los campesinos, la plataforma para instrumentar las acciones que permitan en la práctica convertir a los productores en los protagonistas centrales de su propio desarrollo.
Para ello, a fin de robustecer e imprimir mayor efectividad a las funciones de rectoría económica del Estado, fundamentalmente en materia de planeación, así como para democratizar el quehacer cotidiano de los productores rurales, se parte de reconocer su mayoría de edad y su capacidad autogestiva para, con el apoyo de los instrumentos oficiales de fomento, auspiciar el fortalecimiento de su autonomía técnica, comercial y financiera. En ese sentido, el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, contempla entre sus principales líneas de acción la promoción permanente de "procesos de organización productiva y capacitación técnica de manera tal que los productores asuman su responsabilidad en la programación de los trabajos, la selección de los cultivos y las decisiones vinculadas a la producción del campo".
Para concretar lo anterior, el Programa Nacional de Modernización del Campo 1990-1994, acoge entre sus objetivos particulares el "desincorporar las actividades que el Estado realiza en materia de procesamiento y comercialización de productos e integrar, dentro de las instancias de beneficio y transformación, a los productores primarios, con el fin de incrementar la generación y retención del excedente económico". De ahí que, en el corto plazo, dicho programa se propone impulsar el proceso de modernización rural mediante el desarrollo estratégico de nuevos esquemas de producción y comercialización que permitan al país aprovechar en forma óptima el potencial del sector agropecuario y forestal.
A más de tres décadas de su creación, frente a un entorno económico internacional en la que imperan nuevas reglas del juego y en el que la liberación de las cuotas de exportación y la caída de los precios del café en el mercado mundial son hechos consumados; así como, en el contexto del nuevo marco jurídico cristalizado con las recientes reformas al artículo 27 de la Constitución, en las que se reconoce a los productores rurales una mayor libertad y, por ende, un mayor margen de maniobrabilidad a sus organizaciones, lo cual les permita asumir el control de la producción, la industrialización y la comercialización, la existencia del Instituto Mexicano de Café, tal como se considera en la iniciativa del titular del Ejecutivo Federal y en el dictamen del Senado de la República, ha dejado de ser necesaria.
Por consiguiente, al calor de las señaladas líneas de política, de las nuevas condiciones del mercado internacional y de las reformas constitucionales en materia agraria el Instituto Mexicano del Café procedió a transformarse y adecuarse a las nuevas circunstancias, comenzando un proceso de trasferencia de sus plantas industriales de almacenamiento y de comercialización que culminó con la entrega total de sus instalaciones a los productores cafetaleros organizados, especialmente del sector social, limitándose a desarrollar actividades de capacitación, investigación, organización, asistencia técnica e información que lo hicieron incosteable, conduciéndolo a una crisis financiera y a la imperiosa necesidad de reducir drásticamente sus gastos de operación y su plantilla de personal.
No obstante, el proceso de transferencia de activos se orientó al apoyo del sector social, en busca no de la negociación ventajosa, sino de la satisfacción del bien común, por lo que del total de instalaciones y equipo desincorporado del Instituto Mexicano del Café, el 100% quedó en manos de los productores de bajos ingresos, quienes lo adquirieron con el apoyo del Gobierno Federal, mismo que aportó el 10% del valor de los activos a través del Fondo de Empresas en Solidaridad. Con ello, las organizaciones de productores cafetaleros del sector social cuentan, en la actualidad, con cerca del 60% de la capacidad instalada total de beneficiado del país y exportan directamente el aromático a los mercados de Estados Unidos y Europa.
En lo concerniente al manejo financiero del organismo, conviene resaltar que su transparencia y limpieza fue corroborada recientemente por las siguientes autoridades y en las señaladas fechas: Por la Secretaría de la Contaduría General de la Federación, el 18 de febrero de 1992; por la Contraloría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados, el 17 de septiembre de 1992; por la Contraloría Interna de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, el 21 de noviembre de 1992 y, por la Comisión de Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados, el 12 de mayo de 1993. Al respeto, hay que recordar que el presupuesto anual asignado al Instituto
Mexicano del Café vino decreciendo en forma constante y por demás significativa, de 897 mil millones de pesos en 1988, a 10 mil millones de pesos de 1993.
Cabe apuntar que, en cuanto a la relación laboral del Instituto con sus trabajadores, el órgano del Gobierno del Inmecafé, orillado por la política de redifinición orgánica y funcional, se vio impelido a terminar la relación laboral con sus trabajadores el 31 de enero de 1993 apegándose a lo estipulado en el artículo 123, apartado B, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cumpliendo debidamente con sus obligaciones patronales y cubriendo satisfactoriamente las indemnizaciones correspondientes.
De lo considerado hasta este párrafo, se colige que la decisión tomada por el Ejecutivo Federal de solicitar la liquidación y extinción del Instituto Mexicano del Café, misma que fue dictaminada favorablemente el 17 de mayo del año en curso por la Cámara de Senadores, se encuentra cabalmente motivada y razonada, siendo de suyo evidente que ésta contemporiza con los propósitos fundamentales establecidos en el artículo 26 de la Constitución que tienden a fortalecer la rectoría del Estado en la conducción del desarrollo nacional y a facilitar la expansión de las actividades económicas del sector social.
En ese sentido, en aras de la protección del interés público, el Gobierno de la República tiene la ineludible obligación de modernizarse permanentemente a efecto de satisfacer las necesidades que le exigen las circunstancias económicas, políticas y sociales en un momento determinado. Identificar y reconocer tales imperativos sociales y la oportunidad de su transformación, permite al Estado eficientar su papel en la conducción de la nación y orientar la energía y vitalidad de la sociedad hacia un desarrollo sustentado en el uso soberano y racional de nuestros recursos naturales, fortaleciendo al mismo tiempo la participación competitiva del país en la economía mundial.
La cafeticultura del país, en función del cúmulo de factores que inciden en la misma, exige aquí y ahora la modernización de las instituciones públicas para favorecer el despliegue de las fuerzas de la sociedad. La necesidad de desocupar espacios en los que se desenvuelva la energía productiva de las organizaciones económicas campesinas es un reclamo de los cafetaleros de antaño manifiesto. La nueva legislación agraria ha reconocido en el plano jurídico la capacidad de los productores para asociarse de acuerdo a como más convenga a sus intereses, en un marco que procura mayor libertad y justicia a los hombres del campo. Es de ahí, tarea complementaria, el eliminar las instancias burocráticas que pudieran configurar una posible traba para la liberación de su potencial productivo y la consolidación de su autonomía técnica, comercial y financiera.
De ello resulta que el Estado debe establecer una nueva relación con los campesinos a través de la desaparición del Instituto Mexicano del Café, la modernización funcional de las dependencias del sector agropecuario y la instrumentación de foros de concertación que correspondan al quehacer democrático de los productores. Esto no significa que se abandone a estos últimos a su suerte, sino que se deben fijar nuevos ámbitos de acción, garantizado previamente la aplicación de medidas que atenúen su impacto, entre los cafetaleros y asegurando que las funciones que el Instituto Mexicano del Café deja de desempeñar sigan siendo realizadas tanto por los productores como por las instituciones de los sectores públicos federal y estatal.
Por las razones expuestas y en acatamiento a lo ordenado por el artículo 15 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, en el sentido de que todo organismo de esta naturaleza debe sujetarse para su extinción a las mismas formalidades establecidas para su creación, en cuya Ley o decreto respectivo se fijará la forma y términos en que ésta de llevarse a cabo, el titular del Poder Ejecutivo Federal tomó la decisión de solicitar al Congreso de la Unión, aprobase la extinción del Instituto Mexicano del Café.
Así observando debidamente lo consignado en el artículo 16 de Ley Federal de las Entidades Paraestatales y en el primer párrafo del artículo 5o. de su Reglamento, que disponen que la Secretaría de Programación y Presupuesto (hoy Secretaría de Hacienda y Crédito Público), a propuesta o previa opinión de la dependencia coordinadora de sector y con el dictamen favorable de la Comisión Intersecretarial Gasto - Financiamiento, someterá a la consideración del Ejecutivo Federal la constitución o la desincorporación de las entidades paraestatales, el titular del Ejecutivo Federal en el ejercicio de la facultad que le confiere la fracción I del artículo 71 constitucional, envió al Senado de la República el día 15 de abril del año en curso, la iniciativa de decreto que abroga la Ley que crea el Instituto Mexicano del Café.
Por tanto, habiendo verificado escrupulosamente el debido cumplimiento de las formalidades que para el caso se encuentran establecidas en la Ley, así como analizando el posible impacto que del proyecto en beneficio de los intereses de los productores cafetaleros del país, las comisiones unidas de Comercio y Agricultura, se permiten someter a la consideración de esta soberanía el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
QUE ABROGA LA LEY QUE CREA
EL INSTITUTO MEXICANO DEL CAFÉ
Artículo único. Se abroga la Ley que crea el Instituto Mexicano del Café, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1958.
TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en su carácter de coordinadora del sector correspondiente, promoverá y proveerá lo conducente a la liquidación y extinción del Instituto Mexicano del Café y cuidará que éstas se lleven a cabo de manera oportuna, eficiente y con apego a las disposiciones legales que lo rigen.
Tercero. Los derechos de los trabajadores serán respetados conforme a la Ley.
Cuarto. La Secretaría de la Contraloría General de la Federación, conforme a sus atribuciones, vigilará que el proceso de liquidación y extinción a que se refiere este decreto, se lleva a cabo de conformidad con las disposiciones legales aplicables.
Quinto. Salvo que exista impedimento legal para ello, el proceso de liquidación y extinción no excederá de un plazo de seis meses, contando a partir de la entrada en vigor de este decreto.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 25 de mayo de 1993.»
El Presidente:
En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.
Para fundamentar el dictamen, ha pedido la palabra del diputado Juan José Rodríguez Prats.
El diputado Juan José Rodríguez Prats:
Con su permiso, señor Presidente:
Desde luego, el Estado mexicano ha confeccionado una nueva política agropecuaria, conforme a nuevos paradigmas y como corresponde a la filosofía del liberalismo social. Una política que contempla en forma integral todos los aspectos de la agricultura y de la ganadería, lo mismo los aspectos tecnológicos que deben ir acompañados por una política ecológica; lo mismo una política social que no ésta reñida con una política de productividad; lo mismo la eficacia de un mercado en la distribución de recursos y en que genere el espíritu empresarial y competitivo del campo mexicano, con un Estado responsable, preocupado por amortiguar los efectos negativos de ese mercado.
La modernidad contempla diversos aspectos: acceso de mercados; políticas macroeconómicas y sectoriales favorables; adopción de tecnologías apropiadas; organización de productores y manejo empresarial.
Pero, sin duda alguna, el principal paradigma que caracteriza la política agropecuaria de este sexenio y que corresponde al liberalismo social, es que el Estado ha dejado de ser el gran protagonista en la productividad, en la competitividad, en la rentabilidad del campo, para darle su lugar al productor, para darle su lugar al hombre del campo.
El Estado se encarga de lo que se ha denominado ya, en la nueva corriente liberal que prevalece en el mundo, "los bienes públicos", o sea, en primer término la información. Así como ha habido una globalidad en lo económico, también se tiene que dar una globalidad en la información. Este en un bien público.
Toda una nueva política ha surgido también en relación a los subsidios. Los subsidios, en una u otra forma, los pagan los consumidores; los subsidios tienen que ser dirigidos con un criterio de justicia, con un criterio de productividad y con un criterio de rentabilidad, pero sobre todo que tiendan a una modificación en los estructuras y que no sólo sean "mejórales", cuyos efectos sean pasajeros; y con un criterio, como decía yo, de justicia, para que llegue directamente a quien más lo requiera, a los sectores depauperados del campo mexicano.
Y en el aspecto internacional, dentro del Tratado de Libre Comercio, dentro de la Ronda de Uruguay, pugnar también porque efectivamente compitan, los productores y no sea la competencia entre las tesorerías de las naciones.
Aquí ha habido ya toda una teoría que ha sido modificada por largas experiencias del Estado mexicano, para que el subsidio esté superfocalizado y pueda ser y llegue directamente al productor.
El Estado mexicano entiende también que las verdaderas ventajas comparativas en el futuro no van a derivar de los recursos naturales, van a derivar de la tecnología que se tenga, del conocimiento que se asimile y de que esta tecnología llegue realmente al productor. Y este, tal vez sea el mayor reto en el campo mexicano.
Como se dice en el mundo cafetalero, la tecnología tiene que verse en el canasto, o sea, por la calidad del grano que se produce. Tecnología que no se aplica, es teoría vacua.
Son muchos estos principios que caracterizan a la nueva política agropecuaria del Gobierno.
No puede condenarse a un sector simplemente al autoconsumo, con criterios proteccionistas que están superados hoy en día en toda la filosofía política que caracteriza la política agropecuaria de todos los países del mundo.
Y desde luego un aspecto sustancial es brindar un marco jurídico que dé confiabilidad, que invite a la inversión, que dé certeza y que permita transitar a la modernidad a todo el campo mexicano en esta bimodal que la ha caracterizado en su historia, de ser agricultura de autoconsumo y otra comercial, y una de exportación y otra que se destina exclusivamente al mercado nacional.
Un bien público, también, es la protección fitosanitaria, el combate a las plagas, el combate a las enfermedades.
En este marco de principios se ubica precisamente el decreto que hoy hemos recibido, aprobado por la Cámara de Senadores y que procedemos a su discusión.
Antes de referirme directamente al Instituto Mexicano del Café y a su historia; permítaseme leer un párrafo de un libro que encargó el Instituto Mexicano del Café que describe con gran claridad cual es el mundo del café. Dice el libro: "Café y Sociedad en México: sembrar café en México significa varias cosas, para los indios de las sierras de Puebla, Hidalgo y Oaxaca, es un cultivo extra que les permite entradas adicionales de dinero en efectivo para comprar lo que ellos no producen, directamente para satisfacción de sus necesidades básicas: artículos de metal, telas, hilos y colorantes, alcohol, cohetes y otros artículos para el gasto social, cerveza, combustibles, medicinas de tipo occidental, refrescos embotellados, algunos alimentos, nada más."
En cambio para los finqueros de Chiapas es una agroempresa que incluye producir café, beneficiarlos para la exportación, colocarlo directamente en los mercados de Nueva York y Londres y hasta el embarque del grano.
Y entre estos dos extremos hay una gran variedad de tipos de cultivadores tradicionales de Guerrero, Nayarit, esta amplia diversidad de productores que es también reflejo de la diversidad de México entero, hace más difícil el estudio y el análisis de la cafeticultura nacional, además de que restringe las posibilidades de políticas generales de producción y de comercialización.
Lo que es adecuado para los empresarios del café en Chiapas, no servirá para los cultividadores tradicionales de Guerrero y lo que es pertinente para la cafeticultura de los indios serranos, no lo será de la misma manera para los medianos productores de Veracruz.
La variedad se da en la cultura, en la lengua, además de español, los cafeticultores pueden también hablar náhuatl, otomí, zotzil, cholo, huasteco o alemán, por ejemplo. En la organización social de las regiones de refugio tradicionales, se pasa al sistema nacional de municipios y estados, en el desarrollo de las fuerzas productivas y en las relaciones de producción, se va el sistema mercantil simple al capitalismo financiero.
Pero todo imbricado de tal forma que la reproducción y la acumulación capitalista se ven asegurados y reforzados con la concatenación funcional de estos diversos sistemas productivos o etapas de un mismo modo de producción.
En fin, la diversidad se manifiesta de diferentes formas y aunque está siempre presente en las regiones cafeticultoras mexicanas, dentro de esta diversidad hay algo que les brinda homogeneidad, el cultivo del café mismo.
Esto fue el mundo que el Gobierno mexicano se encontró en 1948, cuando surgió lo que fue
el antecedente del Instituto Mexicano del Café, la Comisión Nacional de Café que derivó de un gran mexicano Roberto Amorós, que fue el que diseño un intento de política hacia la cafeticultura del Estado en aquel año del 1948.
Posteriormente, duró diez años esta Comisión, ahí quiero reconocer la labor de Juan Rebolledo Clement o de Miguel Angel Cordera, que hicieron gran esfuerzo para no tan sólo generar la tecnología, el material vegetativo, incorporar nuevas tecnologías de lo que tenían nuestros hermanos países latinoamericanos y los que también intervinieron con gran éxito, en lo que fue el primer convenio en la comercialización de materias primas en 1962, en el seno de la Organización Internacional del Café.
En ese año surgió un convenio entre 55 países productores y 22 países consumidores para tratar de poner orden en el mercado, tratar de fijar un sistema de cuotas y asignarle a los estados que suscriban el convenio, las correspondientes cuotas con un sistema que se llamó de "Estampillas" y que se basaba en los cuentos y los recuentos.
México estuvo muy bien representado, se lograron cuotas muy justas para nuestro país en virtud de su producción que en los últimos años, salvo problemas que hubo de la helada en 1989 y los problemas recientes del precio, llegó a casi 6 millones de sacos, destinándose un millón 800 mil al consumo y 4 millones 200 mil que se colocaban en una muy buena parte, se llegó a alcanzar cuotas arriba del 50% en ese mercado de cuotas, repito, que se movía a base de una franja de precios.
Posteriormente, también a través de técnicos mexicanos surgieron experimentos que nos llevaron a generar una semilla, una planta, la garnica, que es resistente a distintas enfermedades y alcanza productividades hasta de siete kilos por arbusto.
Hubo también en el Instituto toda una política social que llevó al Instituto a desempeñar tareas de otorgamiento de crédito, financieras e incursionó, porque así lo señalaba la filosofía que animaba al Estado en ese momento, en la comercialización del grano; se consideró que entrando a la comercialización, el Estado iba a beneficiar a los productores y el Instituto Mexicano del Café, llegó a comercializar casi hasta el 50% del grano en todo el país. Llegó a operar 700 centros de acopio y llegó a manejar más de 70 beneficios húmedos y secos dando precios de garantía, formando las famosas UEPC, eran unidades económicas de producción y comercialización y llevando un esquema de organización al campo.
Este esquema funcionó en un principio, rompió esquemas oligopólicos, combatió al coyotaje, ayudó a los productores más marginados, pero también al paso de los años, propició una serie de efectos que fueron perjudicando en su conjunto al sector cafetalero.
Surgieron prácticas de corrupción, surgieron problemas de ocultamiento, los torrefactores y los industriales dejaron de participar en la comercialización porque al fin había un organismo del Estado que lo hacía, este organismo del Estado muchas veces compró café por arriba del precio internacional y tuvo pérdidas anuales cuantiosas. Hubo años en que en la agricultura como en la política, a veces los daños ajenos nos benefician, hubo años, como cuando se vino la helada cafetalera en 1975, en el que alcanzó el precio de 200 dólares a 100 libras el quintal del café, aproximadamente. Para que ustedes se den una idea, hoy el precio no llega a los 50 dólares ese mismo quintal, o sea, 25% de este precio que alcanzó en el 1975.
El Instituto evolucionó, adquirió una experiencia y a partir de este sexenio, vino lo que fue en 1989 el rompimiento del Convenio Internacional del Café; se acabaron las cuotas, por prácticamente falta de acuerdo, tanto entre productores entre sí como con los consumidores y los grandes productores Brasil y Colombia sacaron de su mercado, recordemos que el café, posiblemente esto sea lo endeble de la economía del productor, es un producto no perecedero, o sea que se puede almacenar y los países productores tenían grandes existencias que de inmediato lo mandaron al mercado, entre ellos México mismo. México aprovechó su cercanía con Estados Unidos y liberó sus existencias.
Al venirse las cuotas abajo, el Instituto dejó de desempeñar tareas importantes en la comercialización y en el financiamiento, que a fin de cuentas le hicieron conducir su tarea, en virtud de un convenio de saneamiento financiero, a lo que eran los bienes públicos: generar tecnología, acercarse a los productores, ayudarlos en la organización y es lo que actualmente está haciendo a través de distintas dependencias para coadyuvar a enfrentar la crisis más grave del café en toda su historia.
Todo esto condujo al Estado a dirigir en forma más eficiente su inversión. Actualmente se revisan las carteras vencidas, se dan subsidios
directos a los productores que son la mayor franja de 200 mil y que son los que están debajo de las cinco hectáreas en posesiones, para hacerles llegar agroquímicos, para toda una política que nos lleva a incrementar la productividad, en virtud de que México tiene la productividad más baja, apenas 10 quintales en promedio por hectárea, cuando nada más por mencionar en caso, el más relevantes tal vez, Costa Rica, produzca 35 quintales por hectárea.
La nueva política contempla todos los aspectos: la investigación tecnológica a través de INIFAP, el llegar esa tecnología los productores a través de las delegaciones de la SARH, la política crediticia que es parte fundamental y por eso los cafeticultores han manifestado su apoyo, su adhesión a todo este nuevo diseño para repito, tratar de salir adelante en un tema que es sumamente difícil.
Hubo un tiempo en que del mismo sector cafetalero, pedían que a través de distintas políticas retornáramos a políticas proteccionistas o sea, a tratar de impulsar el consumo en el mercado nacional, para no tener que enviar el grano al mercado exterior y fijar un precio de garantía en el mercado nacional.
Sin embargo, las grandes experiencias recientes nos reflejan que los mercados cautivos ya son cosa del pasado; que la internacionalización de los precios en materias agropecuarias ya es un hecho y por lo tanto no podríamos impulsar la protección a través de un mercado cautivo y con todo y que la Ley de torrefacción se modificó para tratar de que los productos de café lleven un mayor ingrediente del grano, el consumo fundamentalmente no se ha incrementado; y no se ha incrementado porque el café, entre otras cosas, tiene una demanda bastante detenida, bastante encajonada, es un producto que es difícil promoverlo, porque no hay una virtud nutritiva en el café, que nos ayude a hacer una buena promoción de consumo en el mercado nacional.
El Instituto cumplió una etapa; el Instituto fue el órgano de transición que mejoró, superó, las políticas de comercialización y hoy en día los productores, como lo dice la iniciativa en esta nueva política de filosofía liberal, han asumido la comercialización y han asumido la promoción del café y lo han hecho, y debo decirlo debo reconocerlo, en algunos casos con mayor eficiencia que la que el Instituto Logró en la colocación del grano de mercado exterior. Han promovido el café orgánico o sea aquél que se produce sin la necesidad de agroquímicos; se han organizado y han respondido a una calidad del grano, prestigiándolo en el mercado exterior.
Las organizaciones manejan hoy los beneficios, porque así se les transfirió de acuerdo al Convenio de Saneamiento Financiero que por muchos años construyó el Instituto. No se les transfirió en forma gratuita; hay un contrato de arrendamiento y las empresas en solidaridad, han aportado los recursos para que los productores manejen los beneficios húmedo y seco, permitan transferir el café en cereza, convertido hasta el café en exportación, para que se incorporen estos beneficios y logren mejores precios.
Por ello, precisamente son los cafeticultores, los que más han apoyado la nueva política presidencial y los que no se han opuesto a la extinción del Instituto.
Este proceso en la extinción del Instituto fue lento; no fue una medida súbita ni fue una medida precipitada, sino que desde el sexenio pasado comenzó a reducir sus funciones en financiamiento y en comercialización y en el actual sexenio en 1990, se retira de la comercialización y lo hace de manera tal que los productores no sean afectados. Se diseña un esquema con los gobiernos locales, con Solidaridad, con el Instituto Nacional Indigenista, se otorgan créditos directos para amortiguar estos vacíos que deja el Instituto y la transición se hace dentro de la crisis del grano por los aspectos internacionales, sin dañar al sector.
Por lo tanto, por todo lo anterior, por esta historia que hemos venido relatando en la que los cafeticultores tienen que enfrentar en los próximos años graves problemas, entre otros por la reconversión productiva que implica no tan sólo acercar al productor al mercado, sino también tratar de buscar otros productos como lo está haciendo Costa Rica, Brasil y Colombia, que pueden ser una opción en la tierra cafetalera.
Desafortunadamente la tierra cafetalera no es una tierra cuya vocación pueda ser versátil; es una tierra en la mayoría de los casos en la sierra abrupta, en donde posiblemente la única opción sea el maderable, y esto, como todos sabemos, es a largo plazo y se tiene que restringir en el corto plazo el ingreso que percibe el cafeticultor.
Por lo tanto sí es una política sumamente compleja; tiene que irse a lo casuístico y por eso se crea el Consejo Mexicano del Café, en donde están representados productores, gobernadores, las distintas instituciones de crédito, las distintas instituciones de comercialización y la misma Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, para analizar en cada caso, la evolución de este producto en donde en números gruesos
dependen cerca de 600 mil familias; si tomamos en cuenta a productores, jornaleros y los que se encargan de la comercialización y de los procesos industriales de beneficio húmedo y seco, en todo lo que implica colocar el café en el marcado exterior y en el mercado nacional.
Se cuidó una política laboral, se firmó un convenio sumamente justo y equitativo con un sindicato, un sindicato que se caracterizó por su agresividad y que logró para sus agremiados, beneficios en la indemnización, no tan solo conforme a la Ley, sino también reconociéndose cantidades por los años de trabajo y por los años de antigüedad y de eficiencia en que se le otorgó a la Institución. Asimismo se cuidaron los aspectos jurídicos para que, repito, en toda esta evolución, en la medida en que el Instituto se fue adelgazando, se cuidaran los aspectos que nos permitieran llegar a una extinción, en donde con el liquidador final se verá también el aspecto en cómo quedan sus bienes, cómo fueron liquidadas sus sucursales Dicamex y Cafemex; cómo se fueron ubicando toda la maquinaria y todos los bienes y cómo estos recursos o bien retornan al Estado o bien se les transfieren a los productores para que puedan ser aprovechados en los años que vienen.
Por todo lo anterior, porque es la política adecuada, esta política de liberalismo social que contempla una situación diferente y que ve en el productor, repito, el protagonista central y por todos los problemas que habremos de superar de tecnología...
El diputado Fernando Estrada Sámano:
(Desde su curul) Señor Presidente, consulte al orador si acepta una interpelación.
El Presidente:
Señor diputado Rodríguez...
El diputado Juan José Rodríguez Prats:
Al final de mi intervención, con mucho gusto.
El Presidente:
Al final de su intervención, diputado.
El diputado Juan José Rodríguez Prats:
Por todo esto, repito, pido un voto por este decreto que estamos discutiendo, pido un voto aprobatorio en beneficio de la administración pública que extinga un organismo que ha dejado de tener razón de ser y que se impulse una nueva política hacia la cafeticultura que beneficie al productor y que beneficie a este sector de la economía que está siendo tan golpeado por razones que ya he mencionado.
Con mucho gusto, señor diputado.
El diputado Fernando Estrada Sámano:
(Desde su curul) Muchas gracias, señor diputado, muchas gracias, señor Presidente.
Señor diputado Rodríguez Prats: Con deseo de entender mejor su planteamiento y de aprender aún más de lo que ya he escuchado con atención, quisiera manifestar una inquietud:
Percibo, quizá equivocadamente, un rompimiento, una especie de salto lógico entre las partes diversas de su intervención. En la primera de ellas manifestaba usted, aunque después lo cualificó llamando al Inmecafé un organismo de transición; sin embargo lo analizó usted como un organismo más que plenamente justificado y adornado de casi todas las cualidades institucionales imaginables y posibles. Si eso fue así, ¿cómo se explica su supresión o su suspensión ahora?
Entiendo, creo, la complejidad del problema. Los factores internacionales y de internacionalización por cuanto tocan a éste y a otros productos. Pero si la institución era tan virtuosa en el sentido sociológico de la palabra como usted lo señala, ¿cómo fue posible que esa misma Institución derivara en los defectos que usted mismo señala en la segunda parte de su intervención? Y en este sentido me refiero a uno de los aspectos y efectos que usted mismo mencionó: ¡la corrupción!
Señor diputado: querría agradecer de usted su explicación de esto que yo percibo como salto lógico. Y segundo, ¿tiene usted datos, evidencia concreta de la corrupción en ese instituto público? ¿Y si los tiene, puede proporcionarlos a esta Cámara y qué es lo que se ha hecho y lo que se va a hacer para combatir y castigar esa corrupción? Gracias.
El diputado Juan José Rodríguez Prats:
Con mucho gusto, señor diputado.
Creo que anota usted algo que es totalmente cierto. Sí hay un brinco, hay una dualidad en mí intervención. Me referí a la Comisión del Café, de 1948 a 1958. Al Instituto, de 1958 hasta mediados de los sesenta, en donde estaba abocado a organizar a los productores, a hacerles llegar tecnología, hacerles llegar la semilla adecuada, el material vegetativo.
Y posteriormente el Instituto tiene un giro, un giro que deriva también de la situación internacional. En 1962 se firma el convenio, directores del Instituto presidieron la Organización Internacional del Café, se fijan las cuotas y el Instituto mismo, se incorpora en la comercialización. Llegó a comercializar hasta dos millones de sacos, casi el 50% de la cosecha.
En este sistema, se beneficiaron, se ponían los centros de acopio en las zonas más aisladas, de Oaxaca, de Guerrero, de Nayarit. Se intervenía normalizando el mercado pero, es cierto, surgieron fenómenos de corrupción desde el mismo acopiador en cada municipio, que muchas veces entró en contubernio con el "coyote".
El café, el café tiene un período de cosecha de septiembre a marzo. Y el mal café, o sea un café vano, un café que tiene poco rendimiento de lo que es el quintal en cereza al quintal a exportación, que debe ser más o menos en una proporción de 240 a 246 kilos, que son más o menos las 100 libras. El café en las puntas y en las colas, o sea al principio de la cosecha y al final de la cosecha, es un café muy malo. Entonces los "coyotes" se retiraban de la comercialización y ese café lo compraba el Instituto.
Este fue un fenómeno de corrupción muy difícil de probar. Se veían las gráficas y el Instituto, a principios de septiembre - octubre y al final en febrero - marzo, compraba las mayores cantidades y obviamente los intermediarios compraban el café de diciembre y enero, que es el mejor café que está en el mercado.
Hubo pérdidas porque se compra el café en lo que es café cereza y viene beneficio húmedo y seco y tiene que haber un rendimiento, pero en el pasaje muchas veces se pesa el café mojado o con palos o con algún material vegetativo ajeno al café y esto hace que el productor perciba mayores utilidades.
Y hubo casos que degeneró en tal forma, que muchas veces los productores ejercieron presión para subir los precios. Por ejemplo en el caso de Atoyac, los mismos productores tomaban las oficinas, tomaban y secuestraban en muchos, por días a los funcionarios de Inmecafé para que dieran mayores precios.
No es precisamente un fenómeno de corrupción, pero llegó a sentirse que el Instituto podía fijar los precios, o que el Estado, mejor dicho, podía fijar los precios casi a su capricho.
Hubo muchos procesos penales, licenciado. Hubo muchos casos en el que se procedió también en la comercialización interna. Y hubo muchos casos en el que inclusive se sigue investigando. Eran problemas muchas veces de pérdida de cientos de quintales, en otros casos miles de quintales y en otros casos, casi como una política en el que el Instituto cada año tenía que evaluar la cantidad de quintales que perdía.
Y hubo otros casos en el que el mercado se desplomaba, porque el mercado del café fluctúa en el transcurso del día en forma por demás vertiginosa, y muchas veces el Instituto compraba a un precio y tenía que vender a un precio inferior.
Hay muchísimos casos, el último en 1989, fue el caso del café helado, en el que por una instrucción del Gobierno mexicano, que me parece acertada porque era un tipo de política social, se adquirió el café helado en la zona de Puebla de Xicotepec para beneficiar a los productores y ese café helado se vendió a un precio mucho menor.
En estos casos se beneficiaba al productor grande, al productor pequeño, al productor ejidatario o de tierra comunal. Esa es una de las experiencias que ha adquirido el Estado mexicano: De que se focalice el subsidio para que beneficie verdaderamente a los más depauperados.
Y, por otra parte, también dejar la comercialización en manos de los productores, ¿por qué?, porque el productor asume la responsabilidad del grano, ya se rompió todo un sistema oligopólico que caracterizó a la comercialización y ellos se encargan de promover su grano y de acreditar su calidad. Debo decir también que la calidad del café mexicano se deterioró, México tiene café de gran calidad, como el Pluma Hidalgo, el café Coatepec, el café de Córdoba, pero se deterioró por las mezclas, porque también como había un organismo de Estado que compraba el café, se sembró debajo de la cota de los 600 metros y perdió la característica de acidez, sabor, cuerpo y aroma que debe caracterizar al grano en el mercado exterior y esto hizo que
el café mexicano también se deteriorara y muchas veces, por ejemplo, se da en el Soconusco, que los productores prefieren "contrabandear", dicho un término entrecomillado, para meterlo a Guatemala que tiene un sobreprecio en el mercado internacional. O sea, la presencia del Estado en la comercialización sí produjo resultados negativos que el Estado asimila y por eso precisamente el Estado se retira de la comercialización y del financiamiento, porque además genera otro tipo de efectos, que no es el caso relatar, pero inclusive impide que el mismo productor, por ejemplo, le incorpore el beneficio húmedo y seco, que son tecnologías muy rudimentarias, porque había un organismo público que compraba el café en cereza, o sea, cortado de la planta y así se lo vendía al Instituto.
No sé si está contestada su pregunta, su inquietud, sí hay una experiencia que deja saldos positivos y negativos que el Estado asimila y por eso se retira de la comercialización y del financiamiento.
El Presidente:
Diputado Rodríguez Prats, el diputado Manuel Huerta desea hacerle una interpelación , ¿la acepta?
El diputado Juan José Rodríguez Prats:
Con mucho gusto.
El Presidente:
Adelante diputado.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:
(Desde su curul) Muchas gracias diputado Prats.
En su discurso entendemos y en parte de la discusión que tenemos hoy hay una argumentación central para que el Ejecutivo esté mandando esta iniciativa que usted asume en su discurso, en el sentido de que hoy los productos son protagonistas en el nuevo proyecto con que el Gobierno pretende enfrentar el problema del café.
Mi pregunta es en el sentido de si usted sabe que la mayoría de los productores de café que tienen crédito, cuentan con el problema de las carteras vencidas y que por lo tanto, sobre todo los productores sociales, como se le llama, que no son 203 mil, como por ahí se dice, sino hay cálculos de que son alrededor de 180 mil y que hay un abultamiento por parte de listas fantasmas para que estos productores sociales reciban los financiamientos de Solidaridad, que se dan en un programa que hace poco se dio a conocer por el Ejecutivo, por lo tanto si usted sabe que estos productores sociales no son sujetos de crédito, por lo tanto, si usted sabe que cómo se está planteando este programa a estos productores, no se les acerca la asistencia técnica necesaria ni la capacitación para el buen manejo en todo el proceso productivo del café?
En ese sentido, evidentemente conocemos también que se les entregó parte del equipo, de los beneficios, la infraestructura, etcétera, pero no se les entregó el conocimiento para manejar el conjunto del proceso productivo. En ese sentido nosotros hemos considerado que este elemento de decir que los productores son protagonistas, pues para nosotros es nada más que un protagonismo de discurso, cuando en la realidad se les está excluyendo. Nosotros queríamos saber si usted conocía esto y si no, ¿cuál es su opinión? Muchas gracias por su respuesta.
El diputado Juan José Rodríguez Prats:
Definitivamente insisto en mi afirmación, en que los productores son los auténticos protagonistas.
Discrepo con usted en relación a que no tienen el conocimiento. La tecnología del beneficio húmedo, de meter el grano cortado en cereza de la planta a convertirlo en café pergamino, es una tecnología muy rudimentaria. El Instituto Nacional Indigenista obsequió, entregó a los grupos indígenas muchísimas maquinitas muy simples, muy sencillas, muchas veces es nada más el caso de orear o el caso de asolear el café y con esto ya se convertía al café en cereza, que es tremendamente vulnerable, porque a las 24 horas empieza a fermentar y el café a diferencia del cacao, cuando se fermenta se baja en su precio, entonces ya el productor puede convertirlo en café, en pergamino y poder almacenarlo. No es una tecnología de que el mundo cafetalero sea ajena, ni que se requieran cursos intensivos, ni que se requiera capacitación de meses para que el cafeticultor las pueda manejar, esto es algo que se hace en todos los estados cafeticultores y los beneficios grandes que se transfirieron en Veracruz, se transfirieron con un lento proceso en el que se les dio toda la capacitación
y el mantenimiento para que los beneficios, se entregaran en óptimas situaciones.
Si deja al Estado actitudes proteccionistas que degeneraron. Yo siento que no es proteger a una gente que está a nivel de subsistencia, que está a nivel de miseria el simplemente aislarlo, yo creo que es un proceso de transición difícil, complejo, traté de describir el mundo tan complejo de cultura que hay en el café en donde a veces hay hasta problemas de entendimiento del lenguaje y traté también de hacer ver lo difícil que era para el Instituto crear los extensionistas agrarios que yo creo que aquí está uno de los puntos débiles del Estado mexicano para que efectivamente se acerquen al productor y le sirvan como líderes y le transfieran la tecnología.
En relación a las hectáreas o a los productores, quiero decirles que no es que estén falsas las listas, ni que Solidaridad las modifique, ni que el Instituto las trastorne; en primer lugar quiero decirle que ni siquiera hay un criterio para señalar cuál es la hectárea cafetalera; la hectárea cafetalera inclusive fue señalada por algunos grupos ecológicos como una hectárea ejemplar porque prácticamente es el policultivo.
En la hectárea cafetalera hay cinco pisos, arriba está el maderable, en segundo lugar está el cítrico, después está el plátano, después está el café y abajo está la cabra o el chivo pastante o el puerco, entonces tiene cinco pisos y muchas veces no llega a los 2 mil 400 arbustos que es lo que la tecnología internacional ha señalado como para poder considerarla como hectárea cafetalera, tienen 500, tienen 600 árboles, tienen 900 arbustos muchas veces de café arábiga, otras veces del café garnica que fue el Instituto el que creó gracias a técnicos como Cecilio Villarreal o Andrés Villaseñor, y aprovecho para rendirles homenaje, y tienen 900, tienen 800 arbustos que muchas veces inclusive es para el autoconsumo, entonces es una "hectárea", que repito, está entre comillas que pueda ser considerada como hectárea cafetalera; hay zonas en Jicotepec por ejemplo, en Puebla que es hectárea sin sombra y que logran meter hasta 7 mil arbustos por hectárea y que es la tecnología costarricense y alcanzan productividades hasta de 80 quintales y está la zona de esta hectárea que le describo, esta hectárea indigenista que es en el otro extremo que repito, es difícil considerarla como hectárea cafetalera.
Por eso esta tremenda discrepancia, el café está ligado con el indigenismo, está ligado con Solidaridad, se han canalizado créditos a la palabra, se han amortiguado el apoyo, se ha buscado el apoyo para que se amortigüen en este período de transición, las dificultades que presentan los cafetaleros en toda su inmensa gama.
No sé si está contestada su pregunta, señor diputado, muchísimas gracias.
El Presidente:
Esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general y en lo particular del artículo único del proyecto de decreto, los siguientes señores diputados:
El diputado Héctor Ramírez Cuéllar, del PPS, en contra; el diputado Israel González Arreguín, del PFCRN, en contra; el diputado Eberto Croda Rodríguez, del PFCRN, en contra; el diputado Adrián del Arenal Pérez, del PAN, para fijar posición; el diputado Domingo Alberto Martínez Reséndiz, del PRD, en contra; el diputado Crescencio Pérez Garduño, del PRI, en pro; el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del PRD, en contra y el diputado Silvestre Hernández Barajas, del PRI, en pro.
En consecuencia tiene la palabra el diputado Héctor Ramírez Cuéllar del PPS.
El diputado Héctor Ramírez Cuéllar:
Señor Presidente, compañeros diputados:
Convendría preguntarnos para iniciar nuestra intervención, si con la desaparición del Instituto Mexicano del Café y con la abrogación de la Ley que lo creó en el año de 1958, se van a resolver los múltiples problemas que aquejan a la cafeticultura nacional.
Convendría preguntarnos si eliminando a este organismo puede México contribuir con una mayor presencia en el mercado internacional para restaurar la organización de productores, porque muy bien, desaparece este organismo, pero debiera crearse una institución que supliera sus deficiencias, que superara sus fallas y que hiciera un papel más importante que el que hizo el Instituto desde el año de 1958.
Lo que nos parece inaceptable, es que al desaparecer el Instituto con todas las fallas aquí señaladas y otras que veremos más adelante, se crea el mercado libre del café, que quiere decir la posibilidad de que sean cuatro grandes monopolios extranjeros los que comiencen a acaparar la producción mediante la compra de
tierras, la asociación con agricultores, con productores, la renta de parcelas y también el peligro de que México esté jugando un papel de traición, de esquirolaje a nivel internacional en el marco de los esfuerzos que se hacen por restablecer los convenios internacionales y la organización internacional. Esos son los mayores peligros que se presentan en este momento.
De hecho estamos ante la consumación de una política de paulatino debilitamiento del Instituto, dado que lo que hoy se va a aprobar es el fin de esta política de irlo minando, de irlo debilitando y de irle frenando en su actividad, que en términos generales, hasta el año de 1989, fue positiva.
Es cierto que hubo actos de corrupción, pero no puede negarse que el Instituto logró mantener estables los sistemas de producción y de comercialización de este grano y que logró participar con cierto éxito en el mercado internacional, que logró capacitar a muchos productores, que logró darles asesoría y apoyo crediticio y que si bien los problemas de la cafeticultura no se resolvieron, sí hubo un esfuerzo importante en la solución de estos problemas.
México produce más de 4 millones de sacos, pero el 80% se dedica a la exportación, dado que el consumo de café en México es de apenas un kilogramo por año y no crece, no crece el consumo nacional, por lo que el grueso de la producción va al mercado internacional.
Una de las necesidades que hoy debemos abordar, es precisamente la de incrementar el consumo nacional, con base en la variedad de productos que se hacen con el café o con base al café; política que no le interesa a los grandes monopolios, porque los grandes monopolios sólo prefieren, como es lógico pensarlo, el café soluble.
El Gobierno dice que deja a los productores, a la energía social de los productores este problema, pero ¿será verdad que así es, o se ocultarán otros elementos y otros factores?
El 50% de la producción está generada por minifundistas. De las plantas beneficiadoras que se entregaron a los productores, sólo el 12% son para el área del sector social y más del 60% son para el sector privado. En materia de almacenes, sólo se entregó al 18% del sector social los almacenes y el 70% se entregó al sector privado.
Si antes con el Instituto de por medio, el coyotaje y el intermediarismo actuaba en el mercado, ahora actúa con mayor posibilidad de acción, porque prácticamente ya no tiene freno alguno.
En el mundo hay cuatro grandes empresas que compran el 52% de la producción global: La Kraft, la Bud Jacobs, la Nestlé y la Procter & Gamble. Está monopolizado en gran medida el mercado en lo que se refiere a los compradores, por parte de las grandes compañías transnacionales que ya he mencionado y que prefieren, como es lógico, el café soluble en sus diferentes variedades, porque es el que les permite una mayor tasa de ganancia.
Pero en México operan dos filiales importantes de esos cuatro monopolios, como compradores en gran parte de la producción nacional, por un lado opera la Nestlé, filial de la Nestlé internacional; una filial de la General Foods y operar una empresa alemana Rod Foods y una empresa inglesa Farman. O sea que aquí se echa por tierra la afirmación de que el mercado del café se va a dejar al libre movimiento de los productores; más bien diríamos, se va a dejar a la posibilidad de la compra de estos intermediarios internacionales y nacionales. No hay tal mercado libre del café, el mercado será controlado en gran parte por estos monopolios internacionales y por sus filiales en México.
En este momento, en los estados cafeticultores, Chiapas sobre todo, Veracruz, Puebla, agentes de la General Foods y de Nestlé están firmando convenios de asociación con productores de café, para la compra anticipada de sus cosechas; les están otorgando créditos por adelantado, en el marco de la legislación agraria aprobada por la Cámara de Diputados, para poder retener, poder tener a tiempo la producción de estos cafeticultores tan importantes.
¿ Y qué está sucediendo con los auténticos productores, con los que realmente trabajan con su esfuerzo personal? En primer lugar tienen carteras vencidas. El BANRURAL tiene 65 mil millones de pesos de carteras vencidas; hay un desplome en la actividad económica en las zonas cafetaleras, hay una recesión, porque el rendimiento de los auténticos pequeños productores es muy bajo. Sólo una minoría de productores tiene una producción por hectárea, difícil de precisar el concepto de hectárea en materia cafetalera, de más de 30 quintales.
El promedio en México, desgraciadamente, oscila entre cinco y ocho quintales por hectárea, por lo que se trata de un muy bajo rendimiento de este aromático. Está imperando la recesión, está imperando el monocultivo y el Gobierno
federal, una vez desmantelado el INMECAFÉ, está recurriendo al programa emergente de solidaridad que otorgará créditos por 75 mil millones de pesos, para lograr sacar a la industria cafeticultora de la profunda crisis en la que se encuentra. La definiría con dos palabras: Una profunda descapitalización y una profunda dependencia con el exterior, debido al bajo consumo nacional.
¿Por qué el Gobierno federal, en lugar de mantener una institución permanente, depurada, reformada, actualizada, prefiere un programa de Solidaridad que puede cambiar en cualquier momento? Aquí está, compañeros diputados, el Tratado de Libre Comercio.
El Gobierno de México ha traicionado, repito la palabra, ha traicionado a Brasil, a Colombia, a Costa Rica, en el esfuerzo, primero, por establecer un convenio internacional que fracasó en Londres y que llevó a la libertad de los productores, para generar la producción que quisieran más conveniente.
Es cierto, el primer país que violó el tratado, fue Brasil, que puso en el mercado una gran cantidad de sus reservas y deprimió los precios, como ocurrió con el petróleo hace algunos años. Pero en los últimos meses ha habido esfuerzos de los países latinoamericanos por organizar la Organización Latinoamericana de Productores y ha habido una importante reunión en Colombia , en la ciudad de Pereyra para ser precisos, otra en México, en donde se ha invitado al Gobierno de México para que vuelva a la Organización Internacional, el Gobierno se han negado sistemáticamente, alegando que rompió el acuerdo Brasil hace tiempo.
Si ese esquema se pasara a la estructura de la OPEP, hace tiempo que la OPEP habría dejado de funcionar. Si porque Arabia Saudita, pongo como ejemplo, en algún momento dado saturó el mercado de petróleo, rompió los compromisos de la OPEP, otro país miembro la denunciara y rompiera con la OPEP, estaría haciendo un daño peor que el que hizo Arabia Saudita cuando saturó el mercado y hasta ahora todos los países de la OPEP están demandando la disciplina en el acatamiento de los acuerdos y no la ruptura de los organismos internacionales.
Pero en la última reunión latinoamericana, hubo acuerdos que México no ha avalado porque está comprometido con el Tratado de Libre Comercio, como lo voy a señalar en seguida:
1. Hubo un acuerdo de mantener el 15% de la producción de la cosecha de 1993, sin enviarla al mercado internacional, que ciertamente está saturado.
2. Colombia se compromete a fijar precios mínimos y los países de Centroamérica, especialmente Costa Rica, apoya a Colombia en esta decisión.
3. Brasil se compromete a que no va a mover sus reservas que provoquen una mayor saturación del mercado internacional.
4. Se acuerda la creación de un grupo de trabajo que funcione en forma coordinada, y
5. Se convoca a la formación de una organización latinoamericana de productores de café.
Se invitó al Gobierno de México, a varias entidades mexicanas y la respuesta fue el silencio cómplice, porque ahora hay un interés muy grande por reagrupar a los productores internacionales y hay un repunte del precio internacional.
Si bien la tendencia ha sido descendente del precio del quintal, en 1992 fue de 82 dólares, bajó a 69, bajó a 63, 56 a 53 dólares, hay ahora en el mercado internacional del café un ligero repunte de unos cuantos dólares que nos puede indicar que el mercado internacional se puede reanimar a favor de los productores y no de los consumidores.
Pero la posibilidad de ese repunte, sólo se puede dar con la cohesión de los países productores, en donde México ocupa un lugar destacado, puesto que es el cuarto país productor mundial.
¿Por qué a México ya no le interesa la defensa común de esta materia prima? Porque en el Tratado de Libre Comercio se establece un arancel para las exportaciones norteamericanas a México del 20%. Ese arancel es para la compra de materias primas y tiende a disminuir en un plazo de 10 años; a cambio, México puede tener un volumen de exportación de 240 millones de sacos.
En este momento, en el marco del Tratado de Libre Comercio, tiene más posibilidades de exportar los Estados Unidos a México café soluble, que es el que adquiere el mejor precio en el mercado, que México exportar café a los Estados Unidos, al cual surte hasta ahora en un 90%, porque tiene que pagar el arancel ya señalado.
Y en este momento los productores mexicanos se preguntan si las expectativas de exportar estos
240 millones de sacos se van a poder cumplir con el desplome de la producción de la cafeticultura mexicana o no se van a poder cumplir.
Otro peligro que se presenta con el Tratado de Libre Comercio es el siguiente: De que gran parte de los cafés solubles que nos exporten los Estados Unidos, sean reexportaciones de la materia prima que México les ha vendido en otra etapa del proceso, en que solamente aparezcan las marcas en inglés, pero que en el fondo sea una reexportación de productos que ha enviado México en otra etapa del intercambio comercial.
Por eso México prefiere el tratamiento bilateral, en el marco del Tratado, que el tratamiento multilateral.
¿En dónde está la actitud solidaria de México en la defensa de las materias primas del tercer mundo? ¿Qué, eso es populismo también? ¿En dónde está la actitud de México para defender las materias primas en el intercambio desigual con los países capitalistas, desarrollados, si México es un esquirol de los esfuerzos internacionales en materia de café? ¿Qué eso también ya es populismo?
¿Qué, eso también debemos abandonarlo ya y resignar a México a depender siempre de los precios desiguales, del intercambio comercial que imponen las grandes potencias?
Pero el problema de fondo está sin solución. Si se va el organismo ya mencionado del escenario de la producción, las inversiones que haya en la cafeticultura sólo pueden ser de dos fuentes: El capital extranjero, que ya está actuando en los estados cafeticultores y el gran capital nacional, porque, como yo afirmaba, la mayoría de los productores son minifundistas.
Ahora tendrá que venir la reanimación de la cafeticultura del capital extranjero, para generar el café soluble, fundamentalmente y la inversión de los cafeticultores nacionales.
El otro problema es: ¿cómo sacar de la miseria a millones de campesinos, a millones de indígenas que tienen un verdadero monocultivo, que tienen cuatro o cinco hectáreas y que no tienen la posibilidad de tener capital ni tierra para incrementar su producción?
¿Cuál será el destino de esos productores pequeños, en este mar de competencia económica internacional y nacional? ¿Tendrán que vender su producción a los monopolios extranjeros y a los empresarios nacionales? ¿Eso será lo moderno en México? ¿Ese será el camino que debemos seguir?
Pero lo que más nos preocupaba es la tesis central: El Estado mexicano se retira de las fases de apoyo a las cosechas, de apoyo a la producción y de una cadena muy importante, la comercialización. Prácticamente el Gobierno se está retirando, en todas las actividades agropecuarias, de la fase de comercialización, que es la fase que en el proceso productivo genera las mayores ganancias y las mayores utilidades.
Ese es el problema de fondo: Que el Estado mexicano, con base en errores reales o supuestos, está dejando la comercialización del café, del cacao, de todos los productos agropecuarios, a la especulación de una minoría.
Por eso, cuando se nos dice aquí que será un mercado libre y cuando vemos nosotros la voracidad del mercado internacional, pensamos que será un mercado altamente monopolizado, sólo para una minoría de compradores internacionales y nacionales.
Es por estas razones que la fracción parlamentaria del PPS votará en contra y exigirá que todos los trabajadores que fueron despedidos y que acumularon una gran experiencia en esta materia, sean indemnizados conforme lo marcan las leyes laborales. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra para rectificar hechos, hasta por cinco minutos, el diputado Rodríguez Prats.
El diputado Juan José Rodríguez Prats:
Muy puntual en sus respuestas, señor diputado, efectivamente se discutió y se analizó mucho y para proteger al sector cafeticultor de México se promovía el consumo de café en el mercado nacional. El problema es que no hay ninguna cualidad en el café que nos permita en realidad promover su consumo, no es un nutritivo y así caeríamos en una contradicción, sabemos del problema en México de nutrición, de pobreza y como con todo respeto, nos señaló alguna persona en uno de los debates para definir la política del café, sería realmente lamentable que además de hambrientos estuvieran excitados.
Este es precisamente el problema del consumo del café cuya demanda, les había yo dicho, que está estancada.
Segundo, efectivamente podríamos referirnos a todas las empresas monopolizadoras, no tan sólo en café, sino en cacao, en maíz, éste es un fenómeno mundial que no podemos evitar ni está a nuestro alcance evitar, sino que tenemos que entender.
Tercero, efectivamente hay serios problemas en la agricultura en prácticamente todos los productos, pero yo creo que lo primero que tenemos que seres realista, no se pueden ofrecer paraísos, ha surgido la biotecnología, han surgido los sucedáneos, muchas veces de productos industriales, se han desplomado productos en materias primas. Hay una larguísima experiencia de azúcar en República Dominicana y en Cuba, del Banano en Ecuador o en Centroamérica, del café en Colombia y en Brasil y desde luego inclusive está surgiendo la posibilidad de utilizar la radiactividad en los productos en frutas y legumbres que permiten prolongar su maduración, lo cual incrementaría en casi forma automática un 20% de la producción y de la cosecha en detrimento de los países productores.
O sea que la agricultura se enfrenta a retos tremendos, en donde creo que la obligación fundamental será ser muy realistas y olvidarnos ya de paraísos que no son fáciles de alcanzar.
Cuarto, en materia de organización de productores, México ha sido pionero, ha hecho esfuerzos, aquí México recientemente fue inclusive sede de los países productores para diseñar políticas. Usted mismo señala que los países latinoamericanos muchas veces rompieron los convenios y efectivamente en el marco del Tratado de Libre Comercio, sí hay un marco muy favorable para México porque Canadá y Estados Unidos no son productores y si garantizamos, con excepción de una pequeña producción en Hawai y si garantizamos, repito, un mercado que nos puede beneficiar.
Creo que la primera responsabilidad del Gobierno mexicano está con sus productores y creo que en esto está siguiendo una política muy congruente. Y por último, nadie dice que el Estado se retira, está con el productor a su lado dándole información, pero una de las cosas muy importantes en señalar fue que cuando el Estado se retiró de la comercialización curiosamente el precio del café mejoró, o sea, que estaba el mercado a un precio superior al que el Instituto estuviera ofreciendo si hubiera participado en la cosecha de 1990.
¿Qué nos indicaba? Que interviniendo el Estado en la comercialización no empujaba los precios hacia el alza sino, que los bajaba, porque los coyotes, los intermediarios, simplemente se conformaban con ofrecer un poco más de lo que ofrecía el Instituto, y, al momento de retirarse comenzó una competencia para surtir el mercado interno, en el que las organizaciones de productores lograron precios mejores.
No se retira, está al lado del productor en las tareas que son bienes públicos y en lo que el mismo productor le demande. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra para rectificar hechos, el diputado Héctor Ramírez Cuéllar, que nos la había pedido inicialmente hasta por cinco minutos y en seguida el diputado Manuel Huerta.
El diputado Héctor Ramírez Cuéllar:
Señor Presidente.
El consumo per capita de café en México es de menos de un kilogramo. Uno de los problemas de la industria es que no se ha encontrado una gama amplia de la aplicación del café. Ciertamente no es un alimento es un aromático, como le llaman los especialistas, pero no le quita al café el uso de distintas aplicaciones incluso para la fabricación de fármacos.
El problema ha sido, por un lado, el monocultivo y, por otro lado, el uso sólo para el consumo tradicional del café; pero dado el escaso desarrollo de la cafeticultura no se han podido explorar otras variedades para el uso del café, de este producto, se puede usar en dulces, en algunos alimentos, en la fabricación de medicamentos, de tal manera que la biotecnología le abre a México la posibilidad de usar el café en distintas aplicaciones para que aumente el mercado, el consumo nacional, fundamentalmente.
Sí es verdad, México fue pionero de la Organización de Productores, pero no puede México en este momento dejar de concurrir con su esfuerzo a este intento de reagrupación de los productores sólo porque Brasil rompió los acuerdos hace dos o tres años. Sería una actitud negativa que por ese hecho y por estar México en la firma del TLC, no hubiera la posibilidad de la formación de la Organización Latinoamericana de Productores.
Hubo una reunión en México de los principales productores, una en Colombia y hubo otra en México; hubo acuerdos muy importantes que revelan que los países productores de América Latina quieren reagruparse, quieren volver a formar una importante organización; pero cuando hablaron con el dirigente de la CNC, en donde se agrupan importantes grupos productores y le comunicaron los acuerdos positivos a los que habían llegado y que ya hice alusión, la respuesta fue el silencio, esto quiere decir que el Gobierno de México hoy no tiene voluntad política para reincorporarse a la organización internacional porque piensa que su problema de exportación está resuelto con el Tratado de Libre Comercio, como aquí lo ha venido a decir el diputado Rodríguez Prats.
México le vende el 90% de sus exportaciones evidentemente a los Estados Unidos, que es el principal comprador de café en el mundo. ¿Para qué buscar otros mercados, para qué ver otras alternativas?, si tenemos aquí al consumidor más grande, si tenemos al Tratado de Libre Comercio ya firmado. Aquí está el problema de la monodependencia también. Nunca ha sido conveniente que un país dependa a tan alto grado de las exportaciones con un solo país y eso es válido en este caso también para el café.
No es un signo que nos pueda alentar que tenemos el mercado asegurado con el principal consumidor, porque el principal consumidor pueda mantener manipulado el mercado cuantas veces lo considere conveniente y si México no busca otros mercados para el café y para otros productos, corre el riesgo de la monoexportación, de la monodependencia en una serie de productos determinados que puedan hacer cambiar, siempre a favor de los consumidores, el mercado.
Por eso creo yo que en lugar de que nos aliente esa posibilidad que abre el Tratado de Libre Comercio, debiera ser objeto de una mayor preocupación por nosotros. Gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos, y hasta por cinco minutos, tiene la palabra el diputado Manuel Huerta.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:
Con el permiso de la Presidencia; compañeras diputadas, compañeros diputados:
Hemos reconocido aquí la preocupación que en todo este debate ha tenido el diputado Prats y entendemos, en su calidad de ex director del Instituto Mexicano del Café y, para nosotros es el mejor ejemplo de lo que han sido los directores del Instituto Mexicano del Café. Directores que no han sabido sobre la cafeticultura, que no han aprendido porque nunca les ha interesado la cafeticultura de nuestro país.
Aquí se requiere una visión crítica del papel del Estado mexicano en la cafeticultura, porque tuvo un control inclusive superior al de los países autoproclamados socialistas y en el momento en que deja de ser rentable, la abandona sin ninguna consulta a los reales actores, que son los productores, beneficiadores, industrializadores, exportadores y lo más dramático ni a nosotros, los mismos legisladores que apenas estamos discutiendo esto el día de hoy.
En esa argumentación decía de los beneficios del Tratado de Libre Comercio y el café. El café no forma parte de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, en virtud de que el Convenio Internacional del café, es un acuerdo multilateral que está por encima de cualquier acuerdo regional y baste poner el ejemplo de los países miembros de la Comunidad Económica Europea, que forman parte del Convenio Internacional del Café y se rigen individualmente. Esto demuestra que es falsa la idea de que el Tratado de Libre Comercio obligará automáticamente a que los Estados Unidos adquieran nuestro café. Inclusive el propio Herminio Blanco en marzo, en el puerto de Veracruz en la EXPOVER, a pregunta directa sobre el café y el Tratado de Libre Comercio, respondió que este producto no está en la negociación. Pero inclusive, no se necesita Tratado de Libre Comercio como aquí se ha dicho, para que en efecto la producción en su país vaya mayoritariamente a los Estados Unidos y no se necesita y aunque así fuera, esto nada más va a servir para beneficiar a las transnacionales.
El productor recibe 600 viejos pesos por kilo de café cereza y el industrializador, la transnacional, lo está vendiendo entre 12 mil a 18 mil pesos. Son muy grandes sus beneficios.
En la argumentación del diputado Prats, asume que en este momento el Ejecutivo tiene una propuesta de política cafetalera y nosotros decimos en esta tribuna, que no existe una política cafetalera que defina los objetivos, las políticas y metas de la cafeticultura nacional.
Es por eso que nos subimos a esta tribuna a convocar a este cuerpo legislativo a que
convoquemos a esta discusión. Todavía estamos en momento.
En su afán de eliminar controles y regulaciones, la burocracia agropecuaria eliminó hasta el control de calidad, ya que no hay quien verifique la calidad del café exportado. La autorización de las importaciones ha permitido por ejemplo que la Compañía Nestlé efectúa compras de grandes volúmenes de café industrializado de Ecuador y lo compran aquí. El café soluble que adquirimos nosotros pues, el que compramos en la tienda, en el supermercado, es un café ecuatoriano y no hemos vuelto los ojos al mercado nacional, donde nosotros creemos que hay una gran alternativa para entrar a resolver el problema de la cafeticultura.
El Consejo Mexicano del Café, está condenado a desaparecer ya que el mismo fue concebido como un organismo coordinador pero que coordinará el dinero de otros, de otras instituciones, de otras personas morales, ya que este Consejo como aquí se ha dicho no cuenta con recursos propios.
Por lo tanto, hemos considerado oportuno subir a rectificar hechos, pues por el propio discurso que el diputado Prats ha dicho aquí, de que el Estado no abandona a los cafeticultores, sí los abandona en el peor momento de la crisis del café, sin ofrecer ninguna alternativa. Muchas gracias.
El Presidente:
Si, para rectificar hechos y hasta por cinco minutos, tiene la palabra el señor diputado Jesús González Gortázar y en seguida damos también la palabra al diputado Enrique Rico Arzate.
El diputado Jesús González Gortázar:
Señor diputado Presidente; compañeros diputados:
Este debate tiene una gran trascendencia y una importancia singular, porque el sector cafeticultor de la patria está pasando por momentos muy pero muy difíciles.
Es indiscutible que la baja del precio en el mercado internacional ha golpeado a un sector que constituido fundamentalmente por minifundistas, se encuentra en estos momentos pasando verdaderos apuros de todo tipo.
También hay que dividir la discusión de lo referente a Inmecafé. Inmecafé es ya obsoleto, no tiene razón de ser en el marco actual; por eso consideramos nosotros que esta iniciativa debe de merecer la aprobación por parte de la soberanía.
Pero vamos yendo al fondo del problema; el fondo del problema es la situación tan angustiosa en que se encuentran alrededor de 200 mil hombres del campo, ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios que pasan por momentos de apuro y de desesperación. Y al mismo tiempo puntualizar algunas afirmaciones que se han hecho aquí ligeramente y que no tienen ninguna base sustancial.
En primer lugar, mentira que México haya adoptado una postura de esquirol. Nuestra patria ha cumplido con sus responsabilidades internacionales y en días anteriores estuvimos en Londres, en la discusión de un nuevo convenio internacional del café, el cual no pudo materializarse, no por culpa de México ni de ningún otro país productor; sino simple y llanamente porque los consumidores están aprovechando la situación para llevar agua a su molino. Y ellos dejan al libre juego de las fuerzas del mercado, cómo van a fijarse los precios que hoy por hoy benefician y grandemente, a los países consumidores.
México, en la reunión de Londres, tuvo una postura vertical, una postura inclaudicable y solidaria con nuestros hermanos de Iberoamérica.
Quizá el diputado Ramírez Cuéllar se confundió porque hubo un pequeño punto de debate entre México y Colombia, ya que Colombia quería una calificación especial de calidad para su café, que fuese llamado, como es lógico, "café colombiano" y que por ese sólo hecho tendría un sobreprecio en el mercado internacional.
México de ninguna manera se opuso al país hermano, simplemente exigió un tratamiento igual y se había ya aprobado este tratamiento cuando, repito, no se concretó el acuerdo por la oposición de los países consumidores, que son los países altamente desarrollados.
En segundo lugar, esta organización de productores de América Latina, nunca invitó a nuestra Confederación Nacional de Propietarios Rurales, cuyos afiliados aportar el 60% de la producción nacional. Yo le digo al diputado Ramírez Cuéllar que si tiene algún interés, que nos ponga en contacto y con mucho gusto nosotros platicaremos la manera de formar parte de este grupo de los países hermanos.
En cuanto a lo del Tratado de Libre Comercio, es indiscutibles que uno de los rubros que van a salir mejor beneficiados, va a ser el productor de café, porque aunque no se negoció en una forma específica habida cuenta que la convención de Londres es multilateral y por ende está por arriba del TLC, sí se tomaron algunos acuerdos fundamentales para garantizar nuestra exportación a los Estados Unidos y para que el café soluble que se elabore en ese país y en Canadá, tengan por lo menos un 40% de café mexicano, lo cual va a reactivar el precio en el mercado local. Esto será de una gran trascendencia, porque además de que Estados Unidos es nuestro mercado, lógico allá les gusta un café aguado, un café poco agradable para el gusto de los buenos cafeteros, ya que los cafés mexicanos son conocidos en el argot internacional como "Otros Suaves". El buen café, es el café Robusta, el de Brasil y República Dominicana, el de Colombia y de España.
En cambio aquí el café nuestro, ¡basta y sobra salir aquí al vestíbulo de la Cámara, es un café infame, que es una agua teñida, que no tiene mayor sabor para el que sabe degustar este aromático tan bueno!
Por eso tenemos que ver con un sentido lógico que nuestro mercado real va a ser el de Norteamérica y que dentro del Tratado de Libre Comercio la cafeticultura sí se va a beneficiar y grandemente. Creo que es de los puntos que mejor negociamos en este acuerdo trilateral.
Por último, el Gobierno no se retira de su obligación solidaria con el productor de café. A través del Consejo Mexicano de Café, donde estamos representados la CNC, la CNPR, la Confederación Mexicana de Productores de Café y las organizaciones independientes, simpatizadoras tanto del PRD como del PPS. Ahí, en una forma democrática vamos a estar marcando las normas, los caminos, a seguir para fin de resolver este problema que, repito, es sumamente grave para el productor nacional.
Que quede pues aquí lo siguiente:
1o. El problema existe y no podemos "tapar el sol con un dedo". Y nosotros los diputados del PRI, debemos ser los primeros en señalarlo y de pedir que se remedie desde su raíz.
2o. El Tratado de Libre Comercio beneficia, y mucho, al productor nacional del grano aromático.
3o. México jamás ha actuado como esquirol.
4o. La CNPR está abierta a una organización de productores con los países hermanos de Iberoamérica.
5o. El Gobierno no se retira, no puede retirarse del apoyo al cafeticultor. A través del Consejo Mexicano del Café y a través sobre todo de Fidecafé, donde hemos estado financiamientos blandos, ágiles y adecuados al sector, el Gobierno mexicano sigue respondiendo a su deber y el Gobierno mexicano sigue apoyando al productor del aromático.
Hechas estas cinco consideraciones en lo que respecta al asunto intrínsecamente legal, sí consideramos los diputados de la CNPR, que el Instituto Mexicano del Café ya cumplió con su función. No tiene nada qué hacer en el nuevo esquema económico y por ello su desaparición legal es una consecuencia lógica de los cambios que está viviendo no solamente nuestra patria, sino todo el mundo, toda la relación económica cada vez más interdependiente.
Que quede clara, pues, nuestra postura. Y agradecemos, señor Presidente, estos cinco minutos. Muchas gracias.
El Presidente:
Para contestar alusiones personales, tiene la palabra el diputado Héctor Ramírez Cuéllar.
El diputado Héctor Ramírez Cuéllar:
Señor Presidente: Sólo voy a tratar de contestar un punto de lo aquí planteado, dado que sólo son cinco minutos.
Se refiere al diputado González Cortázar a la actitud de México en la nueva reestructuración del organismo internacional y dice que México está dispuesto a incorporarse a este nuevo esfuerzo.
Le quiero señalar, señalar al pleno de la Asamblea, que el día 23 de mayo, hace unos días, hubo una importante reunión de países productores en la ciudad de Pereyra, Colombia, en donde estuvieron Colombia, Brasil, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras.
El comité organizador de esta reunión declaró que México había sido invitado, pero que había declinado la invitación. Pero esto no es lo importante; lo importante es cómo lograr que el mercado, que hoy controlan los consumidores, se revierta a favor de los productores.
Si el problema es una saturación del mercado, que baja los precios por lo tanto, en la reunión de Pereyra, Colombia, se llegaron a acuerdos que considero positivos y que en esa dirección debería moverse México, aunque no haya sido invitado o sí haya sido invitado. En primer lugar, se acordó que el 15% de la producción de la cosecha 1993-1994 no se enviara al mercado; esto ya es un signo alentador que está revelando cómo puede revertirse la tendencia hoy dominante.
En segundo término, Brasil, acordó ya no aumentar sus reservas de café, lo que también va a tener un efecto, pienso yo, en el mercado. Es muy importante, dado que entre Brasil y Colombia se constituye el 70% de la producción mundial y, Colombia, además, tomó otra decisión importante: Fijar precios mínimos, no menos de 69 dólares por libra. Este acuerdo de Colombia fue apoyado de inmediato por los países de Centroamérica, destacadamente por Costa Rica.
Esto quiere decir que México, si de verdad desea mantener una posición constructiva, de fraternidad y de solidaridad, debiera mantener una posición muy similar a los acuerdos que ya he mencionado. México debiera mantener límites a la exportación de café, fijar precios mínimos a su exportación, en el interés de que unido a los demás países pudieran ir cambiando la estructura del mercado que hoy favorece a los consumidores. Se trata básicamente de que el esfuerzo sea conjunto, de que no sea solamente de un país y México es muy importante, porque México es el principal exportador del principal mercado, que son los Estados Unidos.
Por eso se explica uno la insistencia de estos países, porque México se incorpore a estos esfuerzos.
Pero México debiera irse en esa dirección para contribuir a cambiar la correlación de fuerzas a favor de la oferta de este aromático y no a favor de la demanda, como ocurre en este momento. Si eso hace el Gobierno de México, si esto hacen los productores, entonces yo retiraría mis palabras. Si se mueven en esa dirección, realmente constructiva, que tienda a revertir el mercado, yo estaría equivocado. Pero si solamente son palabras, si solamente son discursos, mientras todo se apuesta al Tratado de Libre Comercio, mantenemos nuestra crítica al respecto. Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificación de hechos y hasta por cinco minutos, tiene la palabra el diputado Enrique Rico.
El diputado Enrique Rico Arzate:
Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:
Voy a hacer alusión a tres elementos que se vertieron en esta tribuna por parte del diputado Rodríguez Prats y del diputado González Gortázar.
El primero de ellos, el diputado Rodríguez Prats, dice que no podemos ofrecer paraísos en el campo. El segundo es que al país le están faltando los extensionistas que necesita para resolver la crisis en el campo.
Y el último, que vertió el diputado González Gortázar, dice que el Inmecafé es obsoleto.
Voy a empezar por el tercero, compañeros diputados, pues gran parte de las instituciones que rigen este país son obsoletas y yo creo que las debemos desaparecer bajo este criterio del diputado González Gortázar y en el aspecto de que no podemos ofrecer paraísos en el campo, compañeros diputados, yo quisiera decirles a ustedes que el diputado Rodríguez Prats en 1991, desde esa fecha que le dio la poda a la Constitución, han venido sucediéndose cosas muy interesantes en el campo y todo en contra del campesino y desde ese entonces los compañeros que aprobaron la reforma 27 constitucional le ofrecieron paraísos al campesino y para muestra fue el ejido de Vaquerías, en Nuevo León y resulta que ahora el lunes pasado aparece en siete columnas en toda la prensa nacional que resultó un engaño el ejido de Vaquerías del Estado de Nuevo León, paro más sorprendente aún el fracaso fue debido a los campesinos, a los campesinos se les culpa de haber fracasado el ejido de Vaquerías en el Estado de Nuevo León. Esto es sorprendente, lo digo porque está ocurriendo lo mismo con el asunto en lo que se refiere al café del campo mexicano.
Y la segunda idea que vertió aquí el compañero Rodríguez Prats dice, al país le están faltando los extensionistas que necesita. Yo no entiendo la situación, compañero; por un lado dice que se necesitan extensionistas y por otro lado gran parte de los compañeros aquí presentes apoya el cierre de las escuelas agropecuarias del país, pues entonces la situación es, no estamos hablando en el mismo idioma en esta Cámara de Diputados; es decir, yo pediría a los compañeros diputados de la mayoría que quisiera recordarles que en esta Cámara de Diputados aprobamos
leyes al vapor, leyes que dentro de un año las volvemos a reformar, o a parchar y a lo mejor va a ocurrir lo mismo que con el Instituto Mexicano del Café.
Es por eso que es necesario reflexionar, es necesario discutir a fondo propuestas que aunque vengan del Senado, compañeros, si tienen rectificación debemos hacerla en esta Cámara de Diputados. Muchas Gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos y hasta por cinco minutos el diputado Manuel Huerta, tiene la palabra.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:
Con el permiso de la Presidencia:
De acuerdo con el diputado Gortázar de que este debate es muy importante para la nación y en ese sentido subimos a rectificar hechos; en el inicio de la argumentación para esta Ley, diputado Prats, a lo mejor es un problema de, él debe de saber esto, no se rompe el convenio de la Organización Internacional del Café. no está roto, esto va a suceder hasta el 30 de septiembre de 1993. Lo que ocurre es que está suspendido el sistema de cuotas; una vez hecha esta rectificación, nosotros queremos decirle al diputado Gortázar que si quiere resolver el problema del café allá, de la Oficialía Mayor, del que sirven en la sala, que sí es la Oficialía Mayor, no va a resolverlo haciendo una recomendación a la Oficialía Mayor, hay que entrar a reformar la Ley de Torrefacción que hasta ahorita está permitiendo que se mezcle café común con otros productos llamados sucedáneos con el garbanzo, el trigo, el maíz, el azúcar, etcétera, en cada kilo de café tenemos café real en un 20% y el 80% es de esos sucedáneos que hablábamos, ¿quién gana aquí?, pues nosotros pensamos que los industriales y además hace unos meses, en febrero, la Secofi en una política totalmente contradictoria en términos de que si están baja - dos los precios del café, entendemos que en el mercado debería de bajarse el precio; sin embargo en el mes de febrero la Secofi, autoriza un aumento al café soluble en un 10%, otra vez más, un beneficio a los industriales.
Y en efecto, en nuestro partido consideramos que México no fue esquirol en materia de café en la Organización Internacional de Café. ¿Qué sucede?, en el mes de marzo de 1992 en Costa Rica, en una reunión de la OIC, el señor Guillermo Funes, el actual Director de Inmecafé, otro de los que consideramos que no saben de la cafeticultura en el país porque no les interesa y no han aprendido, en nombre de México dijo que México no apoyaba las negociaciones de las cuotas, ya que su política económica se orientaba de acuerdo al libre juego de la oferta y la demanda.
Y con eso que dijo el señor Funes, rompe con 100 años de diplomacia cafetalera de la que México siempre fue vanguardia en Latinoamérica.
Es hasta meses posteriores del mismo año pasado, cuando Salinas va a Costa Rica y requiere por el mal asesoramiento que tuvo por el Director de Inmecafé, que el Presidente de Costa Rica le explique la problemática del café a nivel internacional y venga aquí a México a replantear las instrucciones que había dado y gira instrucciones para que entonces sí, se apoyen las negociaciones para la renovación del convenio de la Organización Internacional del Café, en torno al sistema de cuotas.
Entonces nosotros consideramos importante subir a rectificar estos hechos y si no, pues convocar a los diputados a que nos rectifiquen a nosotros. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Israel González Arreguín, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, para hablar en contra del dictamen.
El diputado Israel González Arreguín:
Con el permiso de la Presidencia; compañeras diputadas, compañeros diputados:
Hace tres meses con tres días, en el Salón Adolfo López Mateos de la residencia oficial de Los Pinos, el Presidente de los Mexicanos dijo, debemos recordar que más del 27% de la población de México vive del campo y genera alrededor del 8% del producto nacional.
Esto explica por qué quienes menos ingreso reciben están precisamente en el medio rural, por eso estamos decididos a reforzar la atención especial al sector agropecuario, es un esfuerzo que también hacemos para responder a los desequilibrios del mercado internacional y a la presencia de subsidios en la gran mayoría de los países exportadores de productos agrícolas.
Repito, esta fue una manifestación del Ejecutivo Federal hace tres meses con tres días en Los Pinos. No sabemos si se haya convertido el diputado Rodríguez Prats en el vocero de la Presidencia para venir a decirnos ahora que es mentira lo que dijo el Presidente de la República hace tres meses con tres días.
Para nuestra fracción parlamentaria la desincorporación de entidades paraestatales se da en el marco de un proceso de regulación que parte de la reforma del Estado. En este contexto, hemos estado a favor de la desincorporación algunas mediante la venta y otras a través de la liquidación y extinción de entidades paraestatales.
Hemos asumido en todos los casos la decisión de aprobar estas medidas bajo los criterios de prioritario o estratégico, conforme lo dicta el mandato constitucional en sus artículo 26 y 28. Sin embargo, en el caso del Inmecafé, que recientemente el Senado de la República aprobó abrogar la Ley que lo creó en 1958, se dan tres situaciones especiales que quisiéramos razonar para emitir nuestro voto.
Primero, como es conocido, el Instituto Mexicano del Café, Inmecafé, es un organismo descentralizado de la administración pública federal, creado por Ley en el año de 1958, por el Congreso de la Unión, siendo la Cámara de Diputados la dictaminadora y la Cámara de Senadores la revisora. Las funciones asignadas por la Ley al Instituto fueron: Acopio, beneficio, comercialización, financiamiento e investigación del café.
Con base en estas funciones, el Inmecafé operó durante 30 años como el organismo regulador de la actividad cafetalera. Para el acopio del grano el Instituto creó en todas las zonas cafetaleras, centros de acopio que permitían captar el café directamente de los productores.
Para el beneficio del café, el Instituto contaba con 48 beneficios secos y húmedos, los cuales estaban ubicados en las zonas productoras y algunos de ellos fuera de estas zonas.
La comercialización se realizaba en dos vertientes: Una al mercado interno, con la cual se llevaba a cabo directamente y otra al mercado exterior, que lo hacía mediante una representación internacional que dependía directamente del Inmecafé.
Las funciones de financiamiento las efectuaba a través de las unidades económicas productoras de café, integradas por los productores bajo la coordinación del Instituto.
El sistema de operación era los anticipos de cosechas, los cuales consistían en otorgar el 10% del estimado de cosecha, lo cual servía como capital de trabajo para los productores. Posteriormente y al recibo de la cosecha, se daba el pago total y después a los productores se les otorgaba su alcance que generalmente representaba el 10% más sobre el valor total de la producción entregada al Instituto.
Sin embargo, con la decisión de la Organización de Importadores de Café (OIP), de dejar la asignación de las cuotas de exportación por las presiones de los países consumidores del producto, se provocó una baja en el precio internacional. Derivada de esta baja en el precio y a que tuvo que captar la producción total del café a precios elevados, el Instituto resintió problemas financieros provocando altos déficits de operación. Esto trajo consigo que en enero de 1990, el Inmecafé suscribiera con el Gobierno Federal un convenio de saneamiento financiero, en el que se comprometió a retirarse paulatinamente de las funciones de acopio, beneficio, comercialización y financiamiento, compromiso que cumplió en el ciclo 1980 - 1991.
El Inmecafé, en el ciclo 1990 - 1991, en apoyo a los productores, cedió en arrendamiento 30 beneficios a 456 organizaciones de productores, que englobaban a más de 50 mil productores. Decidió desmantelar 12 beneficios y preparó 110 paquetes de maquinaria para transferirlas a igual número de organizaciones; tres beneficios los operó en maquila participativa, manteniendo esfuerzos conjuntos con los productores y tres beneficios no operaron por diversos problemas.
Después de un año de operación, en el cual se tuvieron resultados favorables, se decidió la venta de los beneficios a las organizaciones de productores, con un precio con sentido social, es decir, por debajo del avalúo de estas unidades.
Hasta la fecha se han transferido 26 paquetes de maquinaria, de 115 que se formaron; se han vendido 31 de los 37 beneficios puestos en venta. El Instituto también cedió a sus trabajadores a bajos precios 94 casas - habitación en la ciudad de Jalapa.
En noviembre de 1992, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos solicitó a la Comisión Intersecretarial Gasto- Financiamiento, (CIGF), la desincorporación del Inmecafé, lo cual fue dictaminado favorablemente con la
condición de que el Gobierno Federal creara un organismo mixto que regulara la actividad cafetalera.
El 21 de enero de 1993, se formó el Consejo Mexicano del Café, con la participación del Gobierno Federal, la banca de desarrollo, los productores, los beneficiadores y los industrializadores.
De 1989 a 1992, el Instituto Mexicano del Café, por políticas de racionalidad y disciplina presupuestal dictadas en el decreto de Presupuesto de la Federación, y a petición de la entonces Secretaría de Programación y Presupuesto, optó por adelgazar su estructura ocupacional, liquidando alrededor de seis mil trabajadores de diversas categorías. Esta liquidación se hizo conforme a los derechos laborales que los trabajadores habían generado, hasta quedar autorizadas 1 mil 419 plazas, de las que estaban ocupadas al inicio de este año 1 mil 342.
En enero de este año y motivado por el acuerdo de la Comisión Intersecretarial Gasto - Financiamiento, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, con la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, procedió a la liquidación de estas 1 mil 342 plazas, lográndose liquidar a cerca del 80% del personal. Sin embargo, la liquidación se decide hacer conforme a la Ley y no conforme a las condiciones generales de trabajo, bajo el argumento de que éstas no estaban autorizadas.
Cabe mencionar que las condiciones generales de trabajo contenían prestaciones muy por encima de las señaladas por la Ley, como eran la ayuda de renta, bolsa de café, compensación por estudios, prima por antigüedad, compensación por productividad. La liquidación se da con base en tres meses de sueldo, 20 días por año y 12 por prima de antigüedad. Como puede observarse, dista mucho que la liquidación se haya hecho respetando los derechos laborales conquistados por los trabajadores; que las condiciones generales de trabajo hayan sido autorizadas o no, es responsabilidad de quienes lo dirigían y no responsabilidad de los trabajadores.
En esto, el diputado que subió aquí a defender originariamente la liquidación, fue el Director del Instituto.
Esto, ha generado un movimiento de los trabajadores del Instituto, el cual ha sido reprimido y no se ha dado solución a sus demandas. Se puede argumentar que es una minoría de trabajadores, pero finalmente y como veremos más adelante, la desincorporación del Instituto ha tenido serias y graves anomalías.
Como mencionamos en el punto anterior, el Instituto fue creado por la Ley del Congreso de la Unión en 1958 y se le asignaron funciones concretas de acopio, beneficio, financiamiento y comercialización del café. En 1989 y 1990, el Gobierno Federal, con la finalidad de reestructurar el sector cafetalero, condicionó al Instituto de funciones que le había otorgado la Ley. En este sentido la Ley se violenta porque debió haberse propuesto la modificación de la misma, para que el Congreso de la Unión aprobara el retiro del Instituto de estas funciones. En este momento a que nos referimos, el Ejecutivo Federal, en una violación a la Ley, se ubica por encima del Poder Legislativo.
En este contexto, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, así como la de Hacienda y Crédito Público, no debieron de proceder a la liquidación de personal, toda vez que la Ley no había sido modificada y que por ende las funciones seguían vigentes.
El motivo que llevó para liquidar al personal, aún no había sido liquidado y que es la abrogación de la Ley que recientemente dictaminó el Senado de la República; con esta acción se volvió a violentar la Ley, volviéndose a situarse el Ejecutivo por encima del Poder Legislativo.
En enero de este año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de su titular, el doctor Aspe Armella, envió a esta Cámara, en concreto a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, un informe previo sobre la desincorporación del Instituto. La Cámara de Diputados solicitó, mediante la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, al director general del Inmecafé, un informe más detallado; es claro que la iniciativa debería ser enviada a la Cámara de Diputados, en congruencia a que ésta había sido la Cámara dictaminadora en 1958 y que fue en ésta en donde el Ejecutivo Federal inició los trámites.
En forma sorpresiva, incluso obviando la primera lectura, en cuestiones de horas entró al Senado y fue aprobado por éste. Esta es una irregularidad. ¿Por qué la iniciativa no fue enviada a la Cámara de Diputados para su dictamen? Quizá, o seguramente, porque era más fácil que el Senado, con su abrupta mayoría priísta, sacara sin mayor resistencia la iniciativa.
Como se puede observar, el proceso de desincorporación del Inmecafé estuvo fuertemente
viciado; se violentó la Ley aprobada en 1958 por el Congreso de la Unión.
Nuestra fracción no está en desacuerdo con la desincorporación de entidades paraestatales, cuando se determina que las mismas han dejado de ser prioritarias para la economía nacional, aunque es muy discutible, dadas las experiencias con Telmex y con los ingenios azucareros.
Pero, compañeras y compañeros diputados, no estamos de acuerdo en que en aras de la desincorporación se violenten las leyes que norman la existencia de las entidades paraestatales en nuestro país.
Si el Inmecafé, repetimos, ya cumplió su papel, ante esta soberanía debió determinarse su desincorporación primero y realizarse la liquidación posteriormente de los trabajadores conforme a la Ley.
Ningún legislador, ningún legislador verdaderamente hacedor de leyes, responsable, que se precie de serlo, en ningún lugar del mundo podrá respaldar que se violente la Ley o que se legisle con hechos consumados. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Eberto Croda Rodríguez, del Partido del Frente Cardenista de la Reconstrucción, para hablar también en contra del dictamen.
El diputado Eberto Croda Rodríguez:
Compañero Presidente; honorable Asamblea:
Vengo a esta tribuna a intervenir acerca del punto del orden del día que en este momento nos ocupa, acerca del dictamen en discusión.
No creemos justo que en aras de una política de desincorporación precipitada, se atropellen lo intereses de los trabajadores, en un afán de encaminar al país por la vía del capitalismo, tirando por la borda conquistas laborales, nacionalismo y estructuras económicas que permitían el manejo de las circunstancias adversas que golpean a la población y su conversión de estos desequilibrios, en situaciones menos injustas para los mexicanos que menos tienen.
Víctimas de esta política es el Instituto Mexicano del Café y sus trabajadores, por abrir las puertas del país a la era de los monopolios nacionales y extranjeros.
En nuestra primera intervención, por el compañero González Arreguín en esta tribuna, se ha dejado asentada la posición de mi partido con respecto a la abrogación de la Ley que creó el Instituto Mexicano del Café, en el año de 1958.
Insistimos que el procedimiento que se ha seguido en la desincorporación del Instituto Mexicano del Café, violó flagrantemente la Ley, en cuanto a las funciones que se venía desempeñando el Instituto y en cuanto a liquidar al personal, cuando la figura jurídica no se había liquidado. Es decir, legalmente la fuente de trabajo seguía existiendo.
El del Instituto Mexicano del Café, no es el único caso de las desincorporaciones en que el Ejecutivo Federal ha violentado la Ley y se ha situado por encima del Poder Legislativo.
Podemos mencionar por lo menos otros tres casos, que son: El del patrimonio indígena del Valle del Mezquital, cuyo decreto fue aprobado después que el proceso de liquidación y extinción había concluido; es decir, se había transferido la totalidad de los activos y funciones, tanto al Estado de Hidalgo como a la Secretaría de Salud.
La extinción del fondo forestal, ni siquiera fue discutido por la Cámara de Diputados, ya que de hecho la nueva Ley Forestal obvió su existencia; y en el caso del PRONASE, cuya existencia la fundamentan la Ley de Certificación de Semillas, aún sin modificar sus funciones se está procediendo a la venta de las plantas industriales.
El Ejecutivo Federal nunca ha informado a la Cámara de esta situación ventajosa que ha creado.
Nuevamente con el Inmecafé se ha hecho lo mismo, afectando primordialmente a los trabajadores del Instituto, aun violentando la Ley con la tercera etapa de liquidación, que consistió en separar del Instituto a los trabajadores que realizaban las funciones de acopio, beneficio, financiamiento y comercialización.
El Instituto Mexicano del Café, estuvo realizando funciones de asistencia técnica, investigación, sanidad vegetal y otras, por lo que laboraban más de 1 mil 300 personas. Este personal, por decisión de la SARH y con el apoyo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fue liquidado en el mes de enero, a excepción de 84 trabajadores que iniciaron una lucha incesante por defender su fuente de empleo.
Creemos que toda persona tiene el derecho de luchar por sus intereses laborales e incluso por la Ley, la Ley los protege. Sin embargo, en este caso no ha sucedido así.
Los trabajadores del Instituto optaron por emprender el movimiento de resistencia actual, por el respeto a sus derechos laborales y la legalidad constitucional, efectuando movilizaciones, marchas, huelgas de hambre y plantones en la Plaza Lerdo en Jalapa, Veracruz y no sólo no los han querido escuchar para establecer un diálogo que permita la solución del conflicto laboral, sino que han sido duramente reprimidos al ser desalojados violentamente por alrededor de 19 ocasiones en esa misma plaza. De lo cual como resultado de esta represión han habido lesiones y detenidos.
El Gobierno estatal en algunas ocasiones, se ha comprometido a establecer un diálogo con los trabajadores inconformes por su liquidación, sin embargo, este compromiso hasta la fecha no se ha cumplido y, por lo tanto, el diálogo nunca se ha dado.
Creemos que el acuerdo al pliego petitorio que los trabajadores del Instituto Mexicano del Café, nos han hecho llegar a esta nueva fracción parlamentaria, existe posibilidad de llegar a un acuerdo, primero, porque legalmente tiene la razón y segundo, porque el Gobierno Federal puede resolver el conflicto; basta la voluntad de este último para evitar este tipo de problemas.
Los trabajadores del Instituto Mexicano del Café, en primera instancia, reclaman que la liquidación es de hasta el día que legalmente deje de existir el Instituto por la abrogación de la Ley y no con fecha de enero 31 de 1993, como lo realizó la SARH.
Esto es lógico que los trabajadores lo soliciten, porque al seguir existiendo legalmente el Instituto Mexicano del Café, la fuente de trabajo sigue permaneciendo y, por lo tanto, se les debe de liquidar, en cuanto el Congreso de la Unión apruebe esta iniciativa de decreto.
Estamos de acuerdo con los trabajadores que se les tienen que pagar los salarios caídos y la indemnización tiene que incluir todos los conceptos que contemplan sus condiciones generales de trabajo. En segundo lugar, solicitan que al ser absorbidas las funciones de investigación, asistencia técnica, sanidad vegetal y otras por diversas dependencias del Gobierno Federal, se les reubiquen en estas para continuar apoyando a la cafeticultura nacional.
La semana pasada los cafeticultores del país, extremaban su preocupación al no haber claridad sobre quién prestara los servicios mencionados.
En la minuta del Senado se dice que esas funciones serán absorbidas por otras dependencias, pero no se menciona qué dependencias lo harán, lo cual constituye una laguna jurídica de la iniciativa aprobada por el Senado. En la minuta se argumenta también que la reubicación no es posible porque el sector agropecuario no cuenta con las plazas para reubicar a los trabajadores, sin embargo, tenemos conocimiento que como resultado del Programa de Retiro Voluntario, existen plazas para hacerlo.
Además consideramos que para apoyar a la cafeticultura nacional, es necesario contar con personal calificado y con la experiencia en el cultivo.
Estas dos demandas son las que no han podido darle solución, ni las autoridades federales ni las estatales y se ha optado por un camino más fácil que es el de la represión.
Recordemos que en la mayoría de los procesos de desincorporación al personal, sea liquidado conforme a la Ley y además se ha procurado su recontratación, ejemplos sobran y en el sector agropecuario ha sido un común denominador.
Nuestra pregunta es: ¿por qué en el caso del Instituto Mexicano del Café, se cierran todos los caminos? Quisiéramos que el pleno de la Asamblea meditara y analizara las peticiones de los trabajadores y solicitar a la Cámara de Senadores la incorporación de tres transitorios que serían los siguientes:
Primero. La investigación básica y aplicada será transferida al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias.
La asistencia técnica y los apoyos directos a los productores serán promovidos por las secretarías de Agricultura y de Desarrollo Social. El combate de control de plagas y de enfermedades del cafeto, así como la capacitación a los productores, será responsabilidad de la Secretaría de Agricultura y de Recursos Hidráulicos.
Segundo. Para apoyar a la cafeticultura nacional, los trabajadores que en el Instituto cumplían las funciones de investigación aplicada, asistencia técnica y apoyo a los productores, sanidad vegetal y capacitación, de acuerdo a la disponibilidad de plazas, serán recontratados por las dependencias que en lo sucesivo realizarán las funciones de referencia, y
Tercero. Los derechos de los trabajadores serán respetados conforme a la Ley. La liquidación se hará al día que sea abrogada la Ley que crea el Instituto Mexicano del Café.
No estamos de acuerdo en la liquidación y extinción del Instituto Mexicano del Café, sin que los trabajadores y la cafeticultura nacional tengan otras alternativas de solución. No estamos de acuerdo tampoco en los procedimientos ilegales utilizados por el Gobierno para la desaparición de esta noble institución que aportó al país divisas por muchos años y, además por su función de carácter social. No podemos estar de acuerdo en que exista con ello una flagrante violación a los derechos de los trabajadores del Instituto Mexicano del Café y del país.
Por lo anterior, reiteramos en esta tribuna el sentido de nuestro voto al dictamen antes referido por nuestra fracción parlamentaria, en voz del compañero diputado González Arreguín.
Dejo a la Secretaría para los efectos correspondientes, esta propuesta de inclusión al dictamen. Muchas gracias.
El Presidente:
Para fijar posición, tiene la palabra el diputado Adrián del Arenal Pérez, del Partido Acción Nacional.
El diputado Lucas Adrián del Arenal Pérez:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Quiero iniciar mi exposición con una premisa muy importante que nos da luz para realmente considerar y aceptar por qué de la necesidad, por un lado, de la liquidación del Instituto Mexicano del Café y cuáles son sus repercusiones económicas de este movimiento en todo el mundo.
Señores diputados: El control del café, así como el de muchos otros productos en la economía mundial, como es el petróleo, el azúcar y otros más, en estos momentos están controlados por los consumidores. ¿Por qué? La mayoría de los países consumidores y no es que todos, por eso digo la mayoría, previeron su futuro, cosa que la mayoría de los países productores no lo hicieron.
Los países consumidores empezaron a almacenar distintos productos, porque sabían que en un futuro lejano, en algunos casos ha sido corto, tendrían la oportunidad sin tener los sembradíos, las plantas, los pozos, en fin, de poder fijar ellos los precios y lo están haciendo. En el caso del café, hace algunos años alcanzaba hasta los 200 dólares el quintal, en estos días está escasamente a 50 dólares.
¿Que pasa con los países productores, como es en el caso de nosotros?, que aun cuando hay un gran, pero gran número de campesinos dedicados a está actividad agrícola y económica en nuestro país, son alrededor de 200, 250 mil jefes de familia dedicados a esta actividad, ellos no tuvieron el apoyo suficiente en tecnología, en planeación sobre todo, para poder prever el futuro y poder crear las condiciones necesarias para que en los momentos críticos como es el actual, tuvieran la capacidad negociadora con los consumidores. Es una de las principales razones por las cuales esta actividad, que no el Instituto Mexicano del Café nada más, esta actividad está en una situación crítica, que se dan los casos graves por cierto, en algunos ejidos y comunidades en nuestro país, en el cual se están retirando las plantaciones cafetaleras para ser sustituidas por otras. En algunos casos van a causar graves problemas de erosión de la tierra, porque no encuentran, por el tipo de terreno a donde se siembra el café, no encuentran el tipo de producto que trabajar en esas tierras. De esto sí debe tomar muy en cuenta este hecho la Secretaría de Agricultura, porque va a traer un segundo problema para los propios productores.
Partiendo de esa premisa de que es manejado por los consumidores en este momento el café, es difícil que en un país como el nuestro a donde ha fallado definitivamente la planeación económica, agropecuaria y otras más, que podamos hacer frente a este problema. ¿Que tenemos que hacer?, sí, es cierto, la política económica de nuestro país en este momento es en cierto modo los proyectos, las propuestas que por muchos años vino haciendo el Partido Acción Nacional a donde decía: "Gobierno, dedícate a gobernar nada más. Deja la actividad económica, cultural, en fin, en manos de los particulares, ellos, porque tienen que realizar un esfuerzo, porque tienen que hacer rentable su tierra, son los que sabrán cómo hacerlo". Claro, el Gobierno tiene que dar las directrices sobre la planeación nacional, pero el que va a arriesgar es el propio productor, el que va a trabajarlo efectivamente es el propio productor, el tenedor de la tierra, y esto definitivamente no lo encontramos en muchos tiempos y cosa que lo estuvo haciendo el Partido Acción Nacional.
¿Qué vino haciendo el Gobierno durante muchos años con el mismo Instituto Mexicano del Café?, vino dando subsidios a los productores de café. Subsidios y en otras ramas de la economía dando subsidios, por eso alcanzamos esa tan altísima inflación hace cinco años, hace 10 años, ¿por qué? Porque el Gobierno quería "calentar", la economía, como nos lo dijo aquí en su comparecencia el secretario de Hacienda, Pedro Aspe. Es fácil "calentar" la economía, mandar hacer más dinero. Afortunadamente ha llegado una iniciativa para controlar esta situación al Gobierno Federal.
Regresando al tema del Inmecafé, ha sido propuesta del Partido Acción Nacional desde su fundación, de que exista el menor aparato burocrático. Hay instituciones necesarísimas, de las cuales nosotros hemos apoyado y es más, hemos presentado las iniciativas para que sean creados distintos organismos. Pero en estos campos de la economía debe de dejarse en manos de aquel que lleva a cabo, aquel que sabe cómo se maneja, aquel que vive de esa actividad.
Entonces, yo quiero fijar la posición de mi partido en este sentido, de que lo que es la liquidación por estas razones que he expuesto del Instituto Mexicano del Café, definitivamente nosotros estamos de acuerdo con que se haga. Pero hay otras dos condicionantes que quiero tocar en esta tribuna: Una de ellas es el hecho de que el proceso legislativo que se está dando para que sea liquidado el Instituto Mexicano del Café, deja mucho que desear, no tiene la pulcritud necesaria para que se haga como se está haciendo. Por una parte, las reuniones que hemos tenido, conferencia en el Senado y en las comisiones conjuntas tanto de Agricultura como de Comercio, hemos estado solicitando una serie de informaciones para poder emitir nuestro punto de vista en distintos aspectos del Instituto Mexicano del Café y para saber cómo ha sido manejado en las épocas recientes este Instituto.
Sabemos que ha tenido malos manejos, aquí lo ha confirmado nuestro compañero Rodríguez Prats; nos lo ha dicho y lo sabemos, es del dominio público; que han sido corregidos, pero no hemos tenido la información oportuna y suficiente, porque el día martes me entregaron, a la una de la tarde, me entregaron un legado de no sé cuantas 500 ó 1 mil hojas, para que lo pudiera yo revisar y siendo que tenía yo en ese momento, quizá dos minutos que me dieron los compañeros y querían que ya diera mi punto de vista. Ha sido trabajado muy aceleradamente esto y me inquieta, compañeros diputados, me inquieta que vayamos a tapar un foco de corrupción, no un foco de corrupción, sino hechos de corrupción que vayan a quedar cubiertos con la aprobación de este dictamen.
La vez que estuvimos en conferencia en el Senado, yo estuve del lado izquierdo del director de Inmecafé, el ingeniero Funes y créanme que me preocupó mucho su actitud, sus modos que tuvo él, su inquietud, su nerviosismo que él guardó durante toda la conferencia; lo he comentado en la Comisión y es más, lo digo aquí en la tribuna porque me lo dijo personalmente y me lo dijo ahí el Secretario de Agricultura. Me dijo: "Si ha habido malos manejos entre el director y el sindicato, usted le responde al sindicato". El dijo ahí en la conferencia del Senado, que el responsable de negociar cuestiones económicas, era el Presidente del Consejo de Administración del Inmecafé, que es precisamente el subsecretario de Agricultura, el ingeniero Enríquez y que si había hecho alguna negociación extra el director, pues definitivamente él tenía que responder.
Se hicieron algunos convenios, algunos tratos que hizo el director con el sindicato; no se llegaron a su término porque se fueron mucho pero mucho más allá de lo que realmente ya había sido acordado y entonces ellos querían sacar algo más. Sabían que si el Instituto iba a desaparecer, que entonces podría haber algo más. Yo nada más quiero decir en este caso, sí tiene responsabilidad y sí tiene autoridad el director del Inmecafé, para llegar a tener convenios con el sindicato y sí se tiene que responder en ese caso.
Entonces le falta la pulcritud legislativa viene en ese sentido precisamente en la página 12 del dictamen y minuta que nos envía el Senado, que recibimos aquí en la Comisión de Comercio, en su página 12 nos dice que:
"Por otro lado y a través del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del Café, se estableció una partida de 3 mil 450 millones de nuevos pesos, para ser asignada a los trabajadores sindicalizados con base a su antigüedad en el Instituto; 3 mil 450 millones de nuevos pesos, señores diputados, para alrededor de mil trabajadores, les toca de tres millones de nuevos pesos por cada trabajador, 3 mil millones de antiguos pesos, para que suene más redundante.
Esta observación la hice en una de las sesiones de las comisiones conjuntas; hubo alguien que sin haberlo leído dijeron: "No es posible. Eso no es cierto ". Les dije: Aquí está y es textual.
Entonces lo que nosotros estamos pidiendo para que exista realmente respeto entre ambas cámaras, porque nosotros, compañeros diputados, somos Cámara revisora en este caso y estamos revisando el sentido, el contenido que tiene el dictamen y la minuta que nos está enviando el Senado. En lo que corresponde al dictamen del Senado, trae este error, es un error; posiblemente que se acostumbra en estos tiempos que hemos cambiado de pesos a nuevos pesos; pero está expresamente indicado en el dictamen.
Por tal razón, compañeros diputados, debemos devolver al Senado, debemos devolver este dictamen para que sea corregido en su parte en donde viene el error y nos lo devuelvan y seguir el proceso legislativo el orden.
Por tal motivo presento esta solicitud que dice:
«Señor Presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.- Presente.- Adrián del Arenal Pérez, diputado federal del Partido Acción Nacional, comparezco y expongo:
Que por estimar que dentro de la exposición de motivos de la minuta de dictamen a la iniciativa de decreto que abroga la Ley que crea el Instituto Mexicano del Café, existe un párrafo donde la cifra que para ser asignada a los trabajadores sindicalizados del Inmecafé que textualmente dice:
Se estableció una partida de 3 mil 450 millones de nuevos pesos, siendo un hecho que para el rededor de mil trabajadores a repartir corresponde un promedio a cada uno, la cantidad de 3 millones 450 mil nuevos pesos por trabajador. Esta última cifra constituye por sí, una cantidad notoriamente equivocada.
Por ello solicito que la minuta a discusión se devuelva al Senado, con estas observaciones, para que esa Cámara de origen haga, en su caso, la rectificación procedente.
La presente solicitud se hace con fundamento en el artículo 72 constitucional, inciso e, y artículo 136 y 140 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos."
Pido por favor a la Presidencia que instruya a la Secretaría que lea el artículo 72 constitucional y los artículos 136 y 140 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General.
El Presidente:
Proceda la Secretaría a dar lectura a lo que solicita el diputado.
El secretario Jesús Molina Lozano:
"Artículo 72. Todo proyecto de Ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose el Reglamento de debates sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones:
a) Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a la otra. Si ésta lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente.
b) Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de su origen, dentro de 10 días útiles; a no ser que corriendo este término, hubiera el Congreso cerrado o suspendido sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse el primer día útil en que el Congreso esté reunido.
c) El Proyecto de Ley o decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo, será devuelto, con sus observaciones, a la Cámara de su origen. Deberá ser discutido de nuevo por ésta y si fuese confirmado por las dos terceras partes del número total de votos, pasará otra vez a la Cámara revisora. Si por ésta fuese sancionado por la misma mayoría, el proyecto será Ley o decreto y volverá al Ejecutivo para su promulgación.
Las votaciones de Ley o decreto serán nominales.
d) Si algún proyecto de Ley o decreto fuese desechado en su totalidad por la Cámara de revisión, volverá a la de su origen con las observaciones que aquélla le hubiese hecho. Si examinado de nuevo, fuese aprobado por la mayoría absoluta de los miembros presentes, volverá a la Cámara que lo desechó, la cual lo tomará otra vez en consideración y si lo aprobare por la misma mayoría, pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción a); pero si lo reprobase, no podrá volver a presentarse en el mismo período de sesiones.
e) Si un proyecto de Ley o decreto fuese desechado en parte, o modificado, o adicionado por la Cámara revisora, la nueva discusión de la Cámara de su origen versará únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados. Si las adiciones o reformas hechas
por la Cámara revisora fuesen aprobadas por la mayoría absoluta de los votos presentes en la Cámara de su origen, se pasará todo el proyecto al Ejecutivo para los efectos de la fracción a). Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara revisora fueren reprobadas por la mayoría de votos en la Cámara de origen, volverán a aquélla para que tome en consideración las razones de ésta y si por mayoría absoluta de votos presentes se desecharen en esta segunda revisión dichas adiciones o reformas, el proyecto, en lo que haya sido aprobado por ambas cámaras, se pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción a). Si la Cámara revisora insistiere, por la mayoría absoluta de votos presentes, en dichas adiciones o reformas, todo el proyecto no volverá a presentarse sino hasta el siguiente período de sesiones, a no ser que ambas cámaras acuerden, por la mayoría absoluta de sus miembros presentes, que se expida la Ley o decreto sólo con los artículos aprobados y que se reserven los adicionados o reformados para su examen y votación en las sesiones siguientes.
Artículo 136 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos:
Artículo 136. Las observaciones o modificaciones hechas a un Proyecto de Ley por la Cámara revisora o por el Ejecutivo, al volver a la de su origen, pasará a la Comisión que dictaminó y el nuevo dictamen de ésta sufrirá todos los trámites que prescribe este Reglamento.
Artículo 140. Esta minuta deberá contener exactamente lo que hubieren aprobado las cámaras, sin poder hacer otras variaciones a la Ley, que se contraigan que las correcciones que demandan el buen uso del lenguaje y la claridad de las leyes.»
El diputado Lucas Adrián del Arenal Pérez:
Compañeros diputados, está claro que un error, para eso estamos como Cámara revisora en este caso, para corregirlo. El procedimiento es muy rápido, nosotros regresamos el dictamen y la minuta a la Cámara de Senadores, ellos tratarán expresamente del error que nosotros hemos detectado, porque efectivamente es un error y entonces regresará y seguirá el trámite legislativo, que no se lleva más allá de dos días.
Entonces, compañeros diputados, ese es le segundo punto que quiero dejar planteado.
El tercero. Estamos hablando de manejos extraños, manejos quizá irregulares dentro del Instituto Mexicano del Café y la liquidación, porque esa cantidad que tiene un error de los 350 mil millones, es una cantidad que iba a ser asignada a los trabajadores, que se le entregó al Sindicato para que el Sindicato lo distribuyese dentro de la planta de los trabajadores. Yo siento que ahí hay una irregularidad de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, porque los derechos son personales y no que se le entregue al Sindicato y que él reparta. Debe de entregarle el dinero para su liquidación el propio patrón.
Me entregaron carátulas de dictámenes de la Contaduría Mayor de Hacienda y de la Contraloría General de la Federación y encontré, de tres que me entregaron y de uno que leí a fondo, encontré irregularidades. Una de ellas, creo que es de resaltarse, es: De la oficina del contador Mayor de Hacienda que le envía al dictador del Instituto Mexicano del Café, se le hacen observaciones, que es el término contable o legal que se utiliza cuando se hace una auditoría y le dan un plazo de 45 días hábiles para que sean corregidas esas observaciones. Nada más que da el caso que esas observaciones son contestadas hasta los 65 días hábiles.
Me hizo la aclaración el compañero Garduño que decía: "45 días hábiles a partir de la fecha en que se reciba el oficio". El oficio fue emitido el 17 de septiembre de 1992. Me entregan una copia fotostática de donde se supone está el reloj matasellos a con el que dice la fecha en que se recibió. Está hecho a mano, yo ya se lo hice saber, no es un matasellos y dice que se recibió aquí mismo, en la ciudad de México, 31 días después este oficio.
Yo estoy de acuerdo que el correo pueda tener tardanzas, que la paquetería privada la pueda tener, ¿pero aquí en la misma ciudad de México, 31 días para recibir este oficio?, es una irregularidad que aunque no fuese contra el Inmecafé, debemos de prever en la Contaduría Mayor de Hacienda.
Ya dentro del contenido, de lo que son las observaciones hechas, pues hay cinco observaciones, de 11 que vienen aquí hechas, cinco que no han sido resarcidas ni aclaradas.
Una de ellas dice que tiene el Inmecafé, el director tiene facultades para hacer compras directas sin poner a concurso, por decir algo, 3 millones y medio de viejos pesos y le detectan una compra por 3 millones 800 y, contesta diciendo: ¡No me pasé de mi límite de 3 mil 500, porque
es por 3 millones 400, porque estamos descontando el IVA! El IVA no se debe de considerar en el monto del cual podemos disponer. Señores ¡por favor!, estamos hablando de cuánto tiene facultad el director para poder comprar directamente.
Y es precio final, es dinero desembolsado por el Instituto.
Y así como esa, hay otras aquí que yo siento que hay irregularidades, porque son evidentes y hay evidencias aquí para poder dar ese punto de vista. Por lo tanto nosotros estamos presentando un agregado al dictamen, en el sentido de que sean revisados definitivamente a fondo, el patrimonio del Instituto. Y dice así:
"Por lo anteriormente manifestado, los diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, nos permitimos someter a la consideración de esta Asamblea, la inclusión al Proyecto de Decreto que hoy se discute y en su parte expositiva, un párrafo que anteceda al antepenúltimo del dictamen para quedar en los términos siguientes. asimismo se precisa que todo lo referente al patrimonio del Instituto Mexicano del Café, deberá de quedar bajo el resguardo y responsabilidad de la Comisión de Desincorporación del sector público de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hasta su total liquidación de activos.
Presento esta solicitud a los 27 días del mes de mayo de 1993 y firman la solicitud el diputado Raúl Hernández Avila y su servidor, Adrián del Arenal."
Eso es todo. Muchas gracias.
El Presidente:
La propuesta expresada por el diputado Adrián del Arenal, se reserva para su votación en conjunto al final de la discusión, juntamente con las demás hechas en este respecto.
Tiene la palabra para rectificación de hechos, hasta por cinco minutos, el señor diputado Manuel Huerta.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:
Con el permiso de la Presidencia; compañeras diputadas, compañeros diputados:
Como estuvimos en todo el proceso desde la colegisladora al parejo del diputado Del Arenal, subimos a la tribuna a reafirmar toda la queja que hizo él sobre cómo se ha violentado el proceso legislativo desde el Senado, que fue público y notorio, que en un solo día entró a primera, segunda, se debatió, se aprobó y si los dejamos un ratito más a la mejor hasta nos lo decretan y nos lo meten aquí y como evidentemente también esta situación se repite en el propio proceso en esta Cámara y como yo traté de hacer la denuncia de lo que estaba ocurriendo desde la pasada sesión del día martes y queríamos también rectificar un hecho de lo dicho por el diputado Del Arenal en el sentido y nosotros sostenemos aquí, que nunca hubo subsidios a los productores en materia de cafeticultura, del Inmecafé; que el Inmecafé compraba a los productores del café, los recibía, más que compraba, los recibía y el Inmecafé cumplía la función de comercializar; de esta comercialización el Inmecafé descontaba, a través de la Tabla de Gastos de la Comercialización, que inclusive contenía por esa mala política de planeación en materia de cafeticultura, al Estado mexicano, los salarios por ejemplo de 7 mil 500 trabajadores, eso no nos preocupa, que hubiera 7 mil 500 trabajadores, pero había aberraciones, por ejemplo donde había más secretarias que agrónomos, cuando entendemos que la cafeticultura necesita más agrónomos que secretarias.
En 1982 explotó esta situación, los productores toman las instalaciones del Inmecafé a nivel nacional y su principal consigna es: El Inmecafé se ha convertido ya en el coyote que compra, comercializa y se quedaba con la utilidad que debería de llegar a los productores. En el mismo sentido también se ha argumentado aquí mucho de la bondad del régimen, al entregarle las instalaciones, beneficios etcétera, a los productores, que aquí hay que señalar que esas instalaciones que se entregan al día de hoy a los productores, son por luchas que los propios productores han dado y que son parte de sus propios recursos que ellos habían, a través de muchos esfuerzos, generado como un patrimonio del Instituto Mexicano del Café.
Habría que aclarar también que no se les han dado todos los beneficios, se les han dado los de tecnologías más obsoletas etcétera y los productores al día de hoy con grandes esfuerzos están logrando avanzar en la recuperación de sus beneficios, porque también habían otras instalaciones, como las de Cafémex, Indicamex, que no fueron a parar a los productores, que fueron a parar en manos de la iniciativa privada, como ocurre hoy en otra industria, como es la industria azucarera.
Y ¿por qué decimos todo esto? Porque nosotros hemos dicho aquí que hasta este momento
nosotros no hemos oído todavía ni sentimos que el Ejecutivo esté intentando con esta iniciativa generar una política cafetalera que defina, insistimos, los objetivos, las políticas y las metas de la cafeticultura nacional y es por eso que volvemos a convocar en esta tribuna a la mayoría de esta Cámara, a que convoquemos a una discusión real, con los afectados, para poder tener una orientación a la problemática del café en el país. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Domingo Alberto Martínez Reséndiz, del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en contra del dictamen.
El diputado Domingo Alberto Martínez Reséndiz:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
La iniciativa del Poder Ejecutivo Federal para abrogar la Ley que crea el Instituto Mexicano del Café, turnada a esta Cámara por el Senado de la República, obligada al Partido de la Revolución Democrática a cuestionar su pertinencia y oportunidad y a revisar con detenimiento las razones que han llevado a tomar esta decisión.
Para nuestro grupo parlamentario, en la determinación de liquidar el Instituto Mexicano del Café, volvemos a encontrar esa labor que con particular eficiencia ha desempeñado el Gobierno salinista. Nos referimos al desmantelamiento del Estado social para sustituirlo por un Estado neoliberal, cuya reflexión teórica y acción práctica descansan en la centralidad de las fuerzas del mercado.
Con esta óptica, los últimos dos sexenios han llevado adelante el proceso de desincorporación de entidades paraestatales, retirando objetivamente al Estado de la rectoría en renglones prioritarios de la economía de nuestro país, así no sorprende que la unidad de desincorporación de entidades paraestatales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reporte en febrero de 1992, que en la actualidad se cuenta sólo con 232 entidades paraestatales, cuando en 1982 existían más de 1 mil 100.
Así, durante los primeros tres años del actual sexenio, se autorizaron 166 procesos de venta, destacándose la Compañía Mexicana de Aviación, las empresas pesqueras, los ingenios azucareros, la hoy tan controvertida venta de Teléfonos de México, las empresas siderúrgicas y la banca.
Este redimensionamiento del sector público para favorecer en forma inocultable al sector privado, ha tenido un enorme impacto social que aún no termina de expresarse.
En el caso de la cafeticultura, de avanzar con esta lógica de concebir la administración pública, sus contornos pueden trascender el ámbito de la cadena productiva para ubicarse en el terreno de las preocupaciones sociales y políticas de decenas de miles de productores, industrializadores y comercializadores de café.
Por ello, no convence a nuestro partido la aseveración contenida en la exposición de motivos de la iniciativa del titular del Ejecutivo, en el sentido de que el Instituto Mexicano del Café, al haber cumplido sus fines debe desincorporarse, a fin de que el Estado se reserve únicamente el papel normativo de la actividad cafetalera nacional.
Para muchos cafeticultores y para nosotros mismos, es una certeza que el Estado se retira en el peor momento, cuando la cafeticultura mexicana se encuentra sumida en la más profunda crisis de su historia.
Esta situación es justamente la que no se reconoce al elaborar un discurso en donde en un entorno adverso se necesita replantear la acción del Estado y diluir la responsabilidad para afrontar esa crisis.
De hecho, esta visión es ratificada por las comisiones que dictaminaron la iniciativa en la Cámara de Senadores, ya que en su exposición de motivos aseguran que el Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994, dio pauta a revisar la participación del Gobierno Federal, a través de un organismo público descentralizado, en las actividades relacionadas con el cultivo, beneficio y comercialización del café, toda vez que no se trata de un área estratégica de la economía nacional y que su contribución en favor de una mayor competitividad del café mexicano en los mercados internacionales, o para aumentarle valor agregado, enfrenta limitaciones objetivas en las circunstancias actuales de la economía.
El dictamen que las comisiones unidas de Comercios y Agricultura de la Cámara de Diputados, han presentado para su discusión al pleno, confirma el repliegue del Estado ante el embate de
las fuerzas del mercado, al aceptar que a más de tres décadas de creación del Instituto Mexicano del Café, en un entorno económico internacional en el que imperan nuevas reglas del juego y en el que la liberalización de las cuotas de exportación y la caída de los precios del café en el mercado mundial, son hechos consumados, entre otros aspectos, hace inútil su existencia. Sin embargo los agentes productivos y actores sociales del drama en el campo, lo viven de otra forma.
La situación la refiere con nitidez un dirigente cafeticultor de Coatepec, Veracruz, al señalar que el Gobierno mexicano decide cambiar su política económica y, sin prevenirnos, abandona la cafeticultura, elimina los apoyos financieros que se deban a través del Inmecafé y bajo el argumento de que la libre oferta y demanda se encargarían de depurar el sector cafetalero, elimina todos los controles para favorecer abiertamente a los industriales y a los varones del café, quienes desde siempre se han enriquecido a costa de los productores del sector social.
En 1796 se introdujo por primera vez el cultivo del café en México. Don Antonio Gómez trajo de La Habana, Cuba, las primeras plantas a la zona de Córdoba, Veracruz. La primera exportación de que se tiene noticia se efectuó en 1802.
No obstante, el primer esfuerzo por darle un impulso nacional e internacional a la producción del café, se llevó a cabo en 1949, al crearse la Comisión Nacional del Café, organismo con personalidad jurídica propia. Su finalidad era el mejoramiento de las plantaciones, aplicando los sistemas más modernos y adecuados al cultivo del cafeto y beneficio del grano, que permitieran aumentar el rendimiento y reducir el costo de producción, manteniendo la buena calidad mediante una elaboración eficiente. Diario Oficial, 21 de octubre de 1949.)
Asimismo, la Comisión Nacional del Café estaba facultada para organizar servicios de investigación científica en laboratorios y estaciones experimentales, de enseñanza y demostración práctica; también para brindar servicios de provisión agrícola, fomento y divulgación.
Se buscaba con esta medida favorecer el desarrollo de la agroindustria, incrementando los volúmenes de exportación, en busca de ingresar con mayor número de divisas al territorio nacional y generan empleos.
La segunda acción trascendental para la cafeticultura mexicana se llevó a cabo en diciembre de 1958, a pesar de que el decreto que crea la Comisión Nacional del Café, preveía un lapso más corto: Nos referimos a la creación del Instituto Mexicano del Café.
En la exposición de motivos de la iniciativa presidencial enviada a la Cámara de Diputados el 26 de diciembre de aquel año se lee: "Teniendo presente que la
industria del café constituye el segundo renglón de exportaciones en México y que no puede permanecer ajena a la influencia internacional que determinará la producción, consumo y precio de dicho grano, se hace indispensable la creación de un organismo que no sólo preste ayuda técnica en la producción del café y represente el interés cafetalero nacional, sino que cuente con la capacidad y personalidad suficiente en la adopción de decisiones de acuerdo con la exigencia que impone la defensa de la economía nacional en lo que se relaciona a dicho producto".
El Instituto Mexicano del Café es concebido así como la entidad indispensable para regular una actividad estratégica y prioritaria de nuestra economía. Por esa razón se le concede personalidad jurídica y patrimonio propio orientando sus fines a la defensa y mejoramiento del cultivo y beneficio del café mexicano tanto en el país como en el extranjero.
Fue precisamente esta acción del Estado en la cafeticultura y un panorama internacional favorable lo que permitió a la industria nacional del café vivir momentos de auge con precios elevados que en el ciclo 1976 - 1977 alcanzaron los 206.23 dólares por 100 libras de café hasta sostenerse en el ciclo 1988 - 1989 en 107.33 dólares por 100 libras, fecha en que nuestras exportaciones empiezan a declinar junto al precio del aromático.
En la actualidad de acuerdo a los datos del propio Inmecafé se producen en México alrededor de 5 millones de sacos de café en una superficie cosechable de 582 mil hectáreas. De esta producción 1 millón 187 mil sacos de 60 kilogramos constituyen el volumen exportable, calculado de manera preliminar para la cosecha 1992 - 1993 a un precio de 56.29 dólares por saco.
En 1988 - 1989 nuestro país exportó 3 millones 735 mil sacos de una producción total de 5 millones 428 mil sacos de café a un precio de 107.33 dólares por saco de 60 kilogramos es decir, que en 1993 exportaremos apenas un tercio del volumen de 1988, a un precio por saco cercano al 50% de su valor en ese año.
La crudeza de las cifras aquí expuestas configuran lo que se ha dado en llamar la más profunda crisis de nuestra cafeticultura; caída de los precios internacionales reducción de las exportaciones y un volumen de producción en declive.
Para nuestro grupo parlamentario, la crisis del café no es circunstancial ni momentánea, sino de carácter estructural y requerirá el diseño de políticas internas de distinta índole, en tanto el contexto internacional se equilibra. Quizá el regreso al sistema de cuotas no dependa exclusivamente de la acción diplomática de nuestro país, pero sí está en manos del Estado la responsabilidad de modelar la actividad productiva para alentar una mayor producción y de mejor calidad, ofreciendo garantías para superar las dificultades tecnológicas que hoy lo impiden.
Producir café en las actuales condiciones no es una actividad rentable, porque los productores ni siquiera obtienen con su venta el monto de su inversión. ¿Qué agente de la cadena productiva se ve mayormente afectado con la postración de la cafeticultura? Es una pregunta que invitamos a resolver a nuestros legisladores.
No son a nuestro juicio los finqueros, medianos y grandes productores, que tienen el control de todos los eslabones del proceso productivo, cuyos rendimientos son altos y sus costos de producción bajo, quienes tienen acceso ilimitado a créditos y han renegociado exitosamente sus carteras vencidas, sabido que el sector comercializa el café producido en sus fincas y en su mayor parte se dedica al acaparamiento del grano de los productores minifundistas.
Muchos de los finqueros hábilmente canalizaron los créditos obtenidos para café hacia otras actividades más rentables, en espera de que se recupere el mercado de dicho producto. Por tales motivos, es de entenderse que el impacto de la crisis entre los finqueros ha sido menor.
Tampoco son los beneficiadores del café los más perjudicados, quienes en su mayoría son propietarios de instalaciones para el tratamiento del aromático, y obtienen el producto a través de una red de coyotaje, especialmente en las zonas indígenas. En este grupo participa de manera importante el capital transnacional, representado por empresas como Tecnología Industrial Agropecuaria, miembro del Grupo Omnicafe; Farr Men de Xalapa y Chiapas, asociadas al grupo ED and F Man; Cafés Tulipán , propiedad de la compañía estadounidense Mercon Coffe, así como empresas mexicanas integradas al capital transnacional de las industrias Volkafé y Tardival Intl.
Aunque la crisis constituyó las ganancias de ese sector, con una política de compras en función del mercado internacional, han logrado atenuar sus efectos y trasladar al productor su impacto.
Ni que decir de los industrializadores, quienes han sido los beneficiarios de la crisis mundial cafetalera; sus ingresos, muy por el contrario, han aumentado en las últimas décadas. Sólo basta ver los precios al consumidor para constatarlo, y por si esto fuera poco, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial acaba de autorizar un incremento al precio del café soluble en un 10%.
Amparados en una Ley que les permite mezclar el café con otros granos como garbanzo y trigo, se han dedicado a comprar café no exportable, ofreciéndole al consumidor final como café de la más alta calidad.
Un ejemplo relevante lo constituye la compañía Nestlé, Sociedad Anónima, que opera en México desde hace mucho tiempo, misma que ha sido cuestionada fuertemente en todo el mundo, incluso en Suiza, su país de origen, por las pláticas poco éticas que ha utilizado para la comercialización de sus productos destinados a la alimentación infantil.
No, señores diputados, no son ellos los afectados por la crisis, es el sector social, que se encuentra conformado por más de 200 mil productores, quienes poseen en promedio dos hectáreas de café. Lo integran ejidatarios, comuneros, indígenas y pequeños propietarios; se trata de campesinos pobres que no tienen personalidad jurídica ni son sujetos de créditos y aquellos que sí lo han obtenido se encuentran con carteras vencidas; sus conocimientos sobre la producción agrícola son elementales, pues la asistencia técnica no se les proporcionó sistemáticamente; sus costos de producción son elevados y sus rendimientos muy bajos. Muchos de ellos, en efecto, han sido favorecidos por la transferencia de las instalaciones agroindustriales que tenía el Inmecafé, sin embargo, la crisis de los precios del café y la caída de la producción, no han posibilitado su manejo eficiente.
Debido a sus limitaciones técnicas, el control de calidad en infinidad de casos sigue siendo un problema no resuelto; sus posibilidades de adquirir información acerca de los precios en la bolsa del café, azúcar y cacao en Nueva York, son reducidas, lo que le resta oportunidades para decidir adecuadamente cuánto, a quién y a qué precio vender su café.
No hay duda de que este segmento ha sido el más dañado por la crisis hasta tal punto que muchas familias se han visto en la necesidad de emigrar hacia los centros urbanos en busca de ingreso.
De no tener solución satisfactoria a los problemas acuciantes que la crisis del café les plantea no sería extraño presenciar una explosión social en los campos cafetaleros.
En materia jurídica el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Contraloría y el propio Instituto Mexicano del Café violó las disposiciones vigentes en cuanto a la desincorporación de las empresas paraestatales como en su momento se ha demostrado.
Renglón aparte lo constituyen las relaciones laborales del Instituto Mexicano del Café.
El proceso de liquidación y extinción del Inmecafé sólo dará principio con una aprobación favorable de esta Cámara de Diputados y una vez que sea aplicado el decreto correspondiente tal y como ocurre con otras iniciativas de Ley.
Sin embargo después de conocer la resolución de la Comisión Intersecretarial Gasto - Financiamiento, que sólo tiene facultad para proponer a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o a la dependencia en que se encuentre sectorizado el organismo involucrado la promoción de la iniciativa de Ley respectiva ante el Congreso de la Unión el Consejo Directivo del Inmecafé decidió liquidar administrativamente dicho instituto.
Esa es la razón y la justificación que aducen los funcionamientos para dar por terminadas las relaciones laborales a partir del 31 de enero de 1993; sin esperar el decreto que la Ley señala, y dando por hecho que le Inmecafé estaba extinguido, procedieron en consecuencia. Así lo demuestran una serie de documentos, cuyas copias obran en nuestro poder, con el oficio dirigido a la licenciada Irma Griselda Peimber Gloria, Secretaria General del Sindicato Nacional de Trabajadores de Inmecafé, por el licenciado Gustavo Gómez Bustos, Director de Administración y Finanzas del Instituto, en el que le comunica una serie de disposiciones relativas al pago de los trabajadores, de conformidad con los acuerdos tomados por la Comisión Intersecretarial Gasto Financiamiento, de liquidar y extinguir el Instituto Mexicano del Café, terminando la relación laboral, oficio fechado el 29 de enero de 1993.
Como lo hemos reiterado en otro momento, para asuntos que competen a los trabajadores, la Constitución consagra en su artículo 123 dos principios básicos, perfectamente aplicables al tema que hoy nos ocupa: El principio de estabilidad en el empleo y el principio de irrenunciabilidad a los derechos.
De una parte, al subsistir la materia de trabajo, es decir, al existir legalmente el Inmecafé, se mantenía la causa que dio origen a la contratación o al nombramiento. Al desaparecer aquél por decreto de Ley podría entonces, y sólo entonces, alegarse que había desaparecido la materia de trabajo.
Previo a dar este paso, tal y como lo contemplan las Condiciones Generales de Trabajo, en su artículo 37, pudo haberse suprimido o modificado el programa de actividad y de común acuerdo entre el titular de la dependencia y el sindicato buscar la solución que más favoreciera al trabajador, como su reubicación.
La Ley también prevé un procedimiento para hacer frente a las contingencias, como la falta de recursos económicos, expediente que se ha puesto de moda entre los empresarios para deshacerse de los trabajadores y de contratos colectivos de trabajo.
La falta de recursos es un elemento de peso para considerar el cierre de una empresa o dependencia; pero no le basta al empleado lo que digo, tiene que demostrarlo ante los tribunales del trabajo.
Por esa causa es que la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en apoyo a la Constitución, establece en su artículo 46 que ningún trabajador podrá ser cesado sino por causa justa y, en consecuencia, el movimiento o designación de los trabajadores sólo dejará de surtir efecto sin responsabilidad para los titulares de las dependencias, por las causas que ella misma establece.
Podrá esgrimirse como último recurso que la representación sindical aceptó la liquidación de los trabajadores del Inmecafé, pero ante ese argumento oponemos nuevamente nuestra Carta Magna, que dispone en la fracción 28 del artículo 123, "que serán condiciones nulas y no obligarán a los contratantes, aunque se expresen en contratos, las estipulaciones que impliquen renuncia de algún derecho".
En esas circunstancias el trabajador tiene derecho a llevar a juicio su despido y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje es el único
facultado para emitir fallo. Así lo establecen las Condiciones Generales de Trabajo del Inmecafé, que consagran que en su artículo 37 fracción 17, como un derecho del trabajador, exigir el procedimiento fijado por la Ley, para los casos de suspensión o terminación de los efectos de nombramiento.
Por otra parte, conviene preguntar: ¿a dónde irán los técnicos y científicos formados en el Inmecafé, a lo largo de su existencia?
Si de verdad hubiese interesado a los directivos y a los gobiernos estatal y Federal evitar la pérdida de estos recursos humanos de alta calidad se les hubiera propuesto un programa de reubicación en dependencias públicas y centros de investigación, cuestión que es absolutamente viable. Pero se intenta desperdiciar esta capacidad humana arrojándola al mercado de trabajo donde prevalece un alto desempleo.
Para el Partido de la Revolución Democrática la Dirección General del Inmecafé violó la legislación laboral vigente al echar a la calle a 1 mil 265 trabajadores, 1 mil 173 de base, antes de que esta soberanía resolviera la extinción del Instituto o de que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje emitiera su fallo.
Pero lo que resulta absolutamente inadmisible es que se pretenda castigar políticamente a los trabajadores, que sin aceptar ser liquidados decidieron ejercer sus derechos y esperar el veredicto final del Congreso de la Unión y demandar al Inmecafé.
La eventual desaparición del Inmecafé y su sustitución por un organismo sin responsabilidad jurídica en la rectoría económica de la cafeticultura mexicana, no resolverá la crisis que hoy afecta hondamente.
La instalación del Consejo Mexicano del Café como un organismo mixto de concertación cuyo principal objetivo será diseñar y proponer políticas de fomento, de productividad, modernización y modernización tecnológica; la colocación del café en el mercado internacional y representar los intereses del país en los distintos foros, está condenado al fracaso mientras no se rediseñe un verdadero plan cafetalero que recoja todas las expresiones de la cafeticultura mexicana, en una lógica de desarrollo nacional en donde la planeación sea un instrumento privilegiado y la participación estatal sea despojada de sus elementos corporativos.
El Consejo Mexicano del Café no es más que un organismo coordinador que no tiene recursos humanos, materiales y financieros que le permitan atender las necesidades del sector cafetalero.
El abandono del Estado en esta actividad es tan ostensible con el cierre del Inmecafé, que actualmente no hay dónde obtener los registro de exportación, dónde registrar las ventas y dónde obtener los certificados de origen.
En este mismo orden de ideas, no quedó definido qué va a pasar con los campos experimentales, los laboratorios y el Centro de Información Cafetalera.
Para el Partido de la Revolución Democrática, lo reiteramos, la cafeticultura exige urgentemente un plan nacional cafetalero. Nos atrevemos a formular lo anterior porque no se puede seguir improvisando ni dejar la toma de decisiones en manos de personas que no saben de café, como la presente administración del Instituto.
Estamos convencidos de que la crisis estructural que abate a la cafeticultura demanda un programa para su recuperación, en el que se involucre la experiencia y el conocimiento generado durante 200 años que lleva esta actividad productiva en el mundo, sin que el Estado pierda su rectoría es necesario crear un organismo nacional conformado por los productores del sector social, finqueros, industrializadores y exportadores, que cuente con el apoyo de todas las dependencias gubernamentales, la banca privada y de desarrollo, las instituciones de seguros, centros de investigación de universidades, que se encarguen de poner en práctica el programa nacional cafetalero.
La gravedad de las cosas no permite ninguna oportunidad para la improvisación ni de medidas que lo único que hacen es generar incertidumbres y reproducir los vicios. Si el sistema de planeación estratégico no es asumido a la brevedad posible, se corre el enorme riesgo de convertir la crisis económica de los productores del café en un conflicto político de proporciones hoy impredecibles.
Para nuestro grupo parlamentario eso es lo que está en el centro del debate y es precisamente lo que no se resuelve con la extinción del Inmecafé. Por todo ello votaremos en contra. Gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Silvestre Fernández Barajas, del Partido Revolucionario Institucional, para hablar en pro del dictamen.
El diputado Silvestre Fernández Barajas:
Con su permiso señor Presidente; compañeras diputadas, compañeros diputados.
En atención a todos ustedes, voy a intentar ser muy breve ya que me parece que es un asunto que se ha estado desafortunadamente desviando de su objetivo original que es el de determinar ante este pleno la abrogación de una Ley. Y bueno pues para ello se ha estado involucrando otros ternas que quizá serían de otra competencia sin embargo no puedo sustraerme al hecho y a la tentación de hacer algunos comentarios sobre algunas consideraciones que aquí se han vertido en esta tribuna.
Se ha insistido mucho, en esta tribuna y ha sido un tema muy recurrente el que todo lo que aquí se ventila pareciera estar dirigido y preparado para el Tratado de Libre Comercio.
Yo creo que ha quedado muy claro que ni el Tratado de Libre Comercio es la panacea que ni el Tratado de Libre Comercio nos va a garantizar una exportación copiosa a los Estados Unidos de Norteamérica que el Tratado de Libre Comercio lo que es únicamente un conjunto de normas y de reglas para que nuestro comercio se realice en condiciones más ventajosas que lo que hemos estado haciendo hasta ahora.
La corriente de comercio internacional, se ha realizado con o sin Tratado de Libre Comercio. Hemos exportado normalmente a Estados Unidos de Norteamérica durante décadas, es nuestro principal socio comercial nuestro principal cliente y ahora lo único que estamos haciendo es negociar las normas y las reglas bajo las cuales se lleven a cabo estas negociaciones.
De tal manera, que este asunto del café se vea afectado por una situación económica internacional en que como decía Adrián del Arenal, ahora cae en un mercado eminentemente dominado por consumidores; y, bueno, pues esta es una Ley que ningún Congreso puede abrogar ni derogar que es la Ley de la oferta y la demanda.
Por otra parte se ha tocado el tema de que se está llevando a cabo esta revisión y este debate acerca de la abrogación de una Ley en un proceso legislativo no claro.
Yo creo que en toda oportunidad supimos y conocimos de esta iniciativa, de la formulación de este dictamen que, reitero, solamente se refiere a la abrogación de la Ley que creó el Instituto Mexicano del Café y, bueno, lo que yo he sentido es que en el trabajo anterior a someterlo al pleno, pues lo que se ha querido es tener información sobre la historia del Inmecafé, sobre la conducta de los funcionarios del Inmecafé, sobre los manejos administrativos y, bueno, incipientemente de lo que aquí ocurra a la hora de la votación, esto no queda cerrado, se dará definitivamente sobre la mesa, para que en las instancias correspondientes se pueda seguir revisando. A mi me parece que se han seguido los tiempos y las instancias para llegar a someter al pleno la aprobación de este dictamen.
Con esto mismo, bueno, pues intento contestar y puntualizar el hecho de la preocupación que existe de que se pudieran tapar actos de corrupción, no es cierto, aquí mismo se han ventilado en esta tribuna y sigue abierto y seguirán las instancias para así hacerlo.
Y si bien es cierto, que hubo un error en la consideración de una cifra porque todavía estamos aprendiendo a manejar el nuevo esquema de tratamiento monetario respecto de pesos viejos y pesos nuevos, pues esto creo que, y me parece que ya es una rudeza innecesaria mencionarlo por enésima vez, ya que en su oportunidad fue debidamente aclarado y, además, se conoció oportunamente por quien aquí lo ha expuesto, de que existía el oficio enviado por el Senado en donde se enunciaba la fe de erratas, pero, bueno, si se quiere insistir en ello y se quiere hacer notar.
Somos seres humanos y que podemos equivocarnos, pues qué le vamos a hacer, que se siga insistiendo en este error, aunque ya se haya aclarado también por enésima vez y se haya corregido. Solamente es un error gramatical, que ni afecta el cuerpo de la minuta ni el fondo, ni el cuerpo normativo de lo que aquí estamos discutiendo.
Sobre el tema que más nos llama la atención y que es el de los derechos de los trabajadores, yo sí quisiera hacer un poco más explícito en ello, si ustedes me lo permiten y mencionarles que desde el día 25 de enero, el director general en uso de sus facultades que le señalan el artículo 9 del Reglamento de la Ley que creó precisamente este Instituto, comunicó a la dirigencia nacional del sindicato, que la relación laboral se daba por concluida al día 31 de enero del año en curso y que se indemnizaría a los trabajadores conforme a derecho.
Ahora bien, en cuanto a la terminación de esa relación laboral, de 1 mil 173 trabajadores de
base, ya han cobrado su liquidación 1 mil 88; han recurrido a otra instancia, con todo el uso de sus derechos, 67 trabajadores, que demandaron al Inmecafé ante la junta respectiva de Conciliación y Arbitraje. Sólo 18 no han cobrado su liquidación por no haber conciliado aún sus resguardos materiales.
Del personal de confianza administrativo que suman 92, 89 ya cobraron su liquidación y tres han demandado al Inmecafé. De 73 mandos medios y servidores públicos superiores, se han iniciado su liquidación conforme a derecho.
Por lo tanto, del total de trabajadores de base y confianza administrativa, que ascienden a 1 mil 265, ya cobraron 1 mil 177; han demandado 70 y faltan por cobrar solamente 18 horas.
¿Qué ha ocurrido con estos 70 que ya demandaron? bueno, pues ya hubo una resolución de la Junta de Conciliación y Arbitraje, de que se les liquide con forme a la Ley, no se está violentado nada.
Aquí también se ha mencionado que no es correcto que se les liquide conforme a la Ley. Bueno, pero y ¿entonces si apelamos a la ley y en qué momento no? yo creo que es cuestión de a veces entre las empresas y sus trabajadores, de negociaciones. Pero no de que nosotros recomendemos que se violente la Ley o criticar que los actos se hagan conforme a la Ley.
De tal manera estimados compañeros diputados, que en virtud de que esto que estamos discutiendo sólo constituye un acto jurídico formal, en el procedimiento de extinción o liquidación del Inmecafé, y que de ninguna manera se le puede ubicar como un acto final que impida la realización de acciones de revisión de estados financieros, del manejo administrativo o de soluciones de carácter laboral, toda vez que la abrogación que aquí se somete a su consideración, de esta Ley que creó a dicho Instituto, no releva de la obligación de observar las disposiciones legales que en su caso resulten aplicables y que el propio proyecto de decreto abrogatorio prevé en sus artículos transitorios, que el proceso de liquidación y extinción del Inmecafé, se lleve a cabo bajo la responsabilidad de la SARH, en forma eficiente y oportuna, con respeto a los derechos de los trabajadores conforme a la Ley y con la vigilancia que corresponde conforme a sus atribuciones de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación.
Por estas consideraciones compañeros diputados, es que me permito rogarles emitan su voto a favor de este dictamen que se está sometiendo hoy a su consideración. Muchas gracias por su atención.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Manuel Huerta, del PRD, para hablar en contra del dictamen.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Con el permiso de la Presidencia:
¡Qué pena que el diputado que me antecedió en la palabra, considere que no es parte del debate este día, los argumentos que hemos dado los diputados de la oposición! Y que diga él que estamos desviando el debate. Y no; no, se está desviando el debate, lo que pensamos es que él minimiza una de las actividades productivas más importantes del país, de una discusión que él quiere llevar a la simple abrogación de una Ley. Pero no toma en cuenta que una decisión tomada a la ligera como la que se pretende tomar el día de hoy, puede ser un detonador de un grave conflicto social en 12 estados de la República. Sabemos que aquí hay diputados que conocen por estar inmersos en esta actividad o en sus distritos y conocen de lo que aquí estamos hablando.
Sentimos pues, que el que nos antecedió en la palabra, es pues una idea rebajar el debate. Nosotros volveremos a intentar a subir el tono del debate y pues, tomamos su reto y pasaremos a debatir el contenido del decreto. La iniciativa de decreto que analizamos, propone en un artículo único, la abrogación de la Ley que crea al Instituto México del Café, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1958.
Simple y llanamente, en cinco artículos transitorios señala que, transitorio segundo:
"Será la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, coordinadora del sector, quien promoverá y proveerá lo conducente a la liquidación y extinción del Inmecafé; cuidará que éstas se lleven a cabo de manera oportuna, eficiente y con apego a las disposiciones legales que lo rigen." Con esta iniciativa, lo hemos dicho aquí y lo reiteramos hoy, nos pide el Ejecutivo Federal
que esta honorable Cámara de Diputados, apruebe e instruya al Ejecutivo para que ejecute lo que éste ya ejecutó. Este y no otro es el propósito de lo que aquí discutimos.
Por los informes oficiales, sabemos que no se trata de que la liquidación y extinción del Inmecafé sea oportuna y eficiente, sino que por ser tan eficiente, ya se adelantó; someten a nuestra consideración y aprobación la formalidad de una determinación que el Ejecutivo Federal, una determinación del Ejecutivo Federal que ya fue ejecutada al margen de la Ley.
En el proceso material, que no legal, de desincorporación de esta entidad paraestatal, se han seguido los siguientes pasos:
Primero. En diciembre de 1989, se recibió la orden del Presidente que Inmecafé firmó con el Gobierno federal un convenio de saneamiento financiero, mediante el cual "se comprometió a abandonar gradualmente las funciones de financiamiento, acopio, beneficio y comercialización de café, en un plazo que no excediera de tres ciclos cafetaleros".
Segundo. Inmecafé aceleró el cumplimiento de los compromisos, retirándose de sus funciones sustantivas en 1991. Llevó a cabo tres reestructuraciones sucesivas que redujeron su personal en más del 70%, limitando su operación a la asistencia técnica, investigación, representación internacional, capacitación y apoyos a la comercialización.
Tercero. Estas medidas de política del llamado cambio estructura, dice el consejo directivo del Inmecafé, propiciaron, cito, un sector cafetalero más autónomo en el campo productivo y comercial, pero dependiente en el aspecto financiero; una paulatina descapitalización del campo, una mayor demanda de financiamiento de largo plazo y una exigencia para recibir políticas de apoyo para el mantenimiento e incremento de la producción y los niveles de productividad. Sic.
Cuarto. Para justificar la desincorporación de Inmecafé, el consejo directivo señala que ante la magnitud de la crisis, los cafeticultores fueron abandonando las prácticas culturales agronómicas, centrando su interés en resolver sus problemas financieros. La crisis a que hace referencia la directiva del Inmecafé, se documenta para hacer ver que en los tres últimos ciclos se redujo el volumen de producción y calidad, se abandonó del 30% de la superficie cultivada, se registró una caída de los precios al 50% y se redujo en una tercera parte del volumen que se explotaba en 1988.
Quinto. Entonces Inmecafé, según informes del director, ingeniero Guillermo Funes Rodríguez, limitó nuevamente su capacidad de respuesta a: Mantener en operación la superficie cultivada y, cito, experimentó un serio desajuste presupuestal que a su vez limitó su capacidad para cumplir con sus actividades sustantivas. Y fue perdiendo paulatinamente presencia en el campo.
Sexto. A continuación la Comisión Intersecretarial Gasto Financiamiento, hace las siguientes consideraciones:
Que hoy en día los cafeticultores han alcanzado un grado de madurez suficiente para asumir las actividades que le son propias.
Que es necesario que los campesinos puedan decidir y conducir su propia superación.
Que el Inmecafé ha cumplido con los objetivos para los cuales fue creado.
Que se han establecido nuevos esquemas de apoyo directo a los campesinos cafetaleros a través del Instituto Nacional Indigenista y el Pronasol, para que se encarguen de operar los centros de acopio, los beneficios húmedos y secos, y realizar las tareas de explotación del café que ya se han transferido, la infraestructura cafetalera de los productores y que se han roto las cláusulas económicas del Convenio Internacional de Café.
Y acuerda la liquidación y extinción del Inmecafé, recomendando a su vez la creación de un organismo mixto de concertación que responda a las necesidades que hoy plantea el sector cafetalero. Organismo que, por cierto, se instala el propio 21 de enero de 1993, en el mismo momento que se da a conocer el dictamen, y se llama Consejo Mexicano del Café, que dirige el mismo director general del Inmecafé.
Séptimo. El consejo directivo del Inmecafé, de inmediato y con toda eficiencia declara terminadas las relaciones laborales de todos los trabajadores e inicia su liquidación. Contrata personal, por honorarios, para llevar a cabo la total liquidación ¿y se gasta todo el presupuesto de 1993, pero además se sobregira en un 310% sólo en el primer trimestre! ¡Este es, ha consumido 40 millones 900 mil nuevos pesos, cuando sólo se le había autorizado a ejercer un presupuesto de 10 millones de nuevos pesos, por nosotros mismos, en este Congreso!
Consumados los actos y consumido el presupuesto, el Ejecutivo busca la legalización y
legitimación de una desincorporación realizada ya en los hechos. Hasta el 20 de abril del año en curso, nos envía la iniciativa de decreto para la liquidación y extinción de Inmecafé.
Señores diputados: Nos encontramos entonces ante la pretensión del Presidente de la República, de que demos nuestro aval a un acto consumado por él, carente de legalidad, pues se realizó sin nuestra autorización, al margen de lo dispuesto por la Constitución de la República y por la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento.
Entonces más bien el artículo único del decreto debió ser el siguiente:
"Se aprueban todos los actos realizados por el Ejecutivo Federal para extinguir y liquidar el Instituto Mexicano del Café y por lo tanto queda abrogada la Ley que crea el Instituto Mexicano del Café, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1958, así como todas las disposiciones que pudieran obrar en contra de los actos consumados para la desincorporación de este organismo descentralizado."
Hace cuatro años en forma puntual el Ejecutivo de la unión, instrumentó y ordenó poner en práctica las medidas que trajeron como consecuencia el cierre de Inmecafé. El Ejecutivo pues es causa y razón de la liquidación. Y no esperaba a que lo decidiéramos el día de hoy; él desde hace cuatro años ya lo había decidido.
Sobre el transitorio tercero, que es en la iniciativa que analizamos, el que refiere a que los derechos de los trabajadores serán respetados conforme a Ley, júzguese si no el Ejecutivo Federal está respetando los derechos de los trabajadores de acuerdo a la Ley, en este proceso ilegal de origen.
Con una semana de anticipación, al 31 de enero de 1993, se notifica a los trabajadores, verbalmente, que se cierra el Instituto y que termina la relación laboral. Al no existir formalmente el proceso de liquidación y extinción de Inmecafé se prefirió dar por terminada las relaciones laborales, al margen de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de su supletoria la Ley Federal del Trabajo.
Sin causa justificada, como las enumerase en el artículo 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y sin fundamento para dar por terminadas las relaciones invocando la liquidación, la dirección de Inmecafé despidió ilegalmente a los trabajadores, quienes han tenido que recurrir al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. En vez de enfrentar las demandas de los trabajadores, la dirección de Inmecafé se ha valido de un subterfugio legal para imponer su voluntad de despido.
Sus apoderados legales se han presentado ante el Tribunal manifestando que Inmecafé, cito: "No se someten al arbitraje del Tribunal", por lo que en consecuencia éste ha resuelto en varios casos lo siguiente, y nótese la lectura de un documento:
"Por las razones que expone Inmecafé, con fundamento en lo que dispone el artículo 947 en relación con el 50, fracción II de la Ley Federal de Trabajo, de aplicación supletoria, se da por terminada la relación de trabajo que ligaba a las partes comparecientes en este expediente."
"Se condena a la parte patronal a indemnizar al trabajador con el importe de: nótese esto, tres días de salario por cada uno de los años de prestación de servicios y además 12 días por concepto de antigüedad, también por cada año de servicios prestados." Textual y tenemos las pruebas.
Una vez más aquí el Poder Ejecutivo dicta una consigna y las autoridades resuelven sobre las rodillas e igual que se hacía la denuncia hace un rato de lo que ocurrió en el Senado y que aquí dicen que esas son cuestiones intranscendentes.
Sabemos de juicios que tardan tiempo, mucho tiempo en resolverse y aquí por las prisas para dar una respuesta por una consigna del Ejecutivo, de las autoridades laborales, no se fijan ni tan siquiera en este elemento que estamos marcando, a ver si esto es legal, que las propias autoridades laborales estén dictaminando con estos datos.
Ante esto, larga tenaz y ejemplar para todos los que estamos aquí y los que sabemos qué estamos discutiendo, ha sido la lucha de los trabajadores del Inmecafé por la defensa de su fuente y materia de trabajo. Aquí narraremos algunos hechos.
El 1o. de febrero de 1993, amanece tomada la oficina matriz del Inmecafé por más de 250 elementos policiacos de seguridad pública del Estado de Veracruz, que impiden arbitrariamente la entrada de los trabajadores a sus labores.
Bajo fuertes presiones a los trabajadores se "negocia" con el Sindicato la indemnización que
les corresponde por Ley, que asciende a 33 millones 750 mil nuevos pesos, más un adicional que suma en total 3 millones 450 mil nuevos pesos, que ni esta honorable Cámara de Diputados, ni los trabajadores hasta este momento sabemos cómo fueron distribuidos.
Tercero. Ante el desconcierto y la explicable inconformidad por el despojo de su trabajo, las agresiones de que son objeto, la discrecionalidad y la ilegalidad del proceso de desincorporación, los trabajadores inician en la Plaza Lerdo de Jalapa, Veracruz, un plantón en defensa de sus derechos y de su fuente de trabajo, en forma pacífica y con huelgas de hambre que traen el fatal deceso de una compañera el 27 de marzo de este año.
Y cabe aclarar, porque también ayer un funcionario de Inmecafé me decía: "Es que esta compañera no murió por el ayuno que hizo de 12 horas". ¡Claro que no!, la compañera Marisela Vera, en años recientes, en 1991 realizó una huelga de hambre de 37 días, en ese momento la más larga en la historia del Estado de Veracruz y que ¿por qué hizo esa huelga de hambre?, por inconformarse ante arbitrariedades que estaba haciendo el Inmecafé a su persona, a sus derechos laborales y de un conjunto de compañeros.
Es evidente que a los 37 días, que todavía por suerte y por presión de la sociedad la compañera levanta su huelga de hambre y tienen que ser reinstalados los trabajadores que en ese momento querían ser despedidos, logramos un triunfo, pero con fuertes secuelas en la salud de la compañera, y que ante el ayuno de 12 horas y ante los golpes que han recibido por parte del Gobierno de Veracruz, por sus autoridades policiales, evidentemente que tiene un problema de complicación de su salud y muere. Así también lo entendieron los funcionarios de Inmecafé, que ayer verbalmente nos decían: "No murió por el ayuno de ese día, su muerte fue provocada por las secuelas de la huelga de hambre". Juzguen ustedes si hay responsabilidad o no.
El 27 de marzo de este año es cuando decesa la compañera Marisela Vera Alarcón y desde esta tribuna también rendimos un homenaje a su memoria.
En esta movilización, del 3 de febrero a la fecha, los trabajadores son desalojados una y otra vez, alrededor de 19 veces, con lujo de violencia, robos y agresiones físicas por parte de las autoridades del Estado de Veracruz.
Para enfrentar la ilegalidad y arbitrariedad de que han sido víctimas los trabajadores, han acudido de finales de enero a la fecha a las siguientes instancias: Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Comisión Estatal y Nacional de Derechos Humanos, Ministerio Público del Fuero Común, Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en dos ocasiones, Comisión de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, director general de Inmecafé en diversas ocasiones, inclusive durante la Reunión del Grupo de Países Productores Miembros de la Organización Internacional del Café, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, al Presidente de la República, al gobernador del Estado de Veracruz, a su Secretario de Gobierno, al director de Gobernación del Estado de Veracruz, ya nada más falta que vaya a ver al Papa o que baje Jesucristo a ayudarlos, porque aquí no hay autoridad todavía que pueda resolver un conflicto que inclusive el día de hoy cumple siete días en la explanada de este honorable Congreso.
Estas instancias y autoridades en todos los casos, los trabajadores no han recibido respuesta y peor aún, en el caso de algunas autoridades, la respuesta ha sido en respaldo a la injusticia e ilegalidad al ratificar el proceso.
Pasaremos a analizar el transitorio cuarto. Finalmente la iniciativa que discutimos propone que la Secretaría de la Controlaría General de la Federación vigile el proceso de liquidación y extinción. Nos preguntamos, ¿habrá algo qué vigilar de un proceso de desincorporación que se adelantó a la aprobación del Congreso de la Unión? Pero veamos que dice la Constitución General de la República, La Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento para que el proceso de desincorporación que nos ocupa sea legal. El proceso legal de desincorporación de Inmecafé debió apegarse a lo siguiente, lo repetimos, la Constitución en el artículo 72 inciso f, establece que, en la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se observarán los mismos trámites establecidos para su formación.
Como ustedes saben, Inmecafé fue creada por Ley del Congreso de la Unión con la finalidad de defender y mejorar el cultivo, beneficio y comercio del café mexicano tanto en el país como en el extranjero, actividades que se consideran dentro de las áreas prioritarias a que se refieren los artículos 25, 26 y 28 de la Constitución de la República.
La Ley Federal de las Entidades Paraestatales en concordancia con la Constitución dispone en su artículo 15, que en la extinción de los organismos descentralizados deberán observarse las mismas formalidades establecidas para su creación, debiendo la Ley o decreto respectivo, fijar la forma y término en su extinción y liquidación. Por su parte el Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales en el artículo 5o. también establece que para la desincorporación de entidades creadas por Ley del Congreso de la Unión, se deberán observar las mismas formalidades seguidas para su creación.
Por los tanto la liquidación y extinción de este organismo requiere previamente la aprobación del decreto que autorice y ordene al Ejecutivo Federal poner en práctica tales procedimientos. Sólo entonces será posible que de acuerdo con el artículo 7o. del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o la SARH Coordinadora Sectorial, establezca las bases para el desarrollo del proceso y designe un liquidador para que realice los siguientes procedimientos:
Primero. Levantar el inventario de los bienes pertenecientes al organismo.
Segundo. Someter al dictamen del auditor designado por la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, los estados financieros, inicial y final de liquidación.
Tercero. Informar mensualmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Contraloría General de la Federación así como a la Coordinadora Sectorial sobre el avance y estado que guarde el proceso.
Cuarto. Levantar el Acta de entrega, de recepción de los bienes y recursos del organismo y los demás inherentes a su función.
Es indudable, señoras y señores diputados, que se ha violentado la legalidad en materia de desincorporación de entidades paraestatales y se han atropellado los derechos laborales de los trabajadores por parte del Presidente de la República, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Secretaría de la Contraloría General de la Federación, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y del propio Instituto Mexicano del Café.
Todas esas autoridades actuaron ilegalmente al margen del Congreso y ahora nos piden a nosotros los diputados, hacernos cómplices de sus ilícitos. Los diputados estamos obligados, con toda dignidad, con las facultades que nos confiere la Constitución de la República, a señalarle al Ejecutivo Federal, que la Constitución no le autoriza a realizar actos que dejen sin efectos las leyes del Congreso, su deber es, de acuerdo con el artículo 89 fracción I, ejecutarlas.
Este Congreso debe emitir su resolución con toda responsabilidad, suficientemente fundado y motivado y hacer todas las consultas y consideraciones necesarias en cuanto a las causas, procedimientos y medidas para proceder o no a la desincorporación del Inmecafé.
El Ejecutivo de la Unión debe esperar el dictamen sobre su propuesta, recibir la orden del Congreso y actuar en consecuencia. Como desafortunadamente el Senado de la República ha olvidado todo esto, proponemos se rechace el dictamen y se proceda en consecuencia en los términos del inciso d, del primer párrafo del artículo 72 constitucional.
Y queremos dejar en la Secretaría también, dos propuestas de modificación a los transitorios que son las siguientes:
Con fundamento en el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos modificar el artículo 3o. transitorio del proyectado decreto que abroga la Ley que crea el Instituto Mexicano del Café para quedar como sigue:
"Artículo 3o. Los trabajadores del Instituto Mexicano del Café serán respetados en sus derechos laborales y podrán optar entre su reubicación en alguna de las entidades de la administración pública federal o su liquidación. Quienes opten por su liquidación, recibirán su indemnización en los términos de Ley y los trabajadores que hubiesen sido separados después del 31 de enero de 1993 y hasta antes de la expedición de este decreto, recibirán también el pago íntegro de sus salarios caídos.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, proveerá lo conducente a la reubicación de los trabajadores que opten por este beneficio.
Por el grupo parlamentario del PRD, un servidor."
Dejamos en la Secretaría. Y esta propuesta también sirve para argumentar que es facultad del director general del Inmecafé, conducir las
relaciones laborales, pero nada lo faculta para cerrar las fuentes de trabajo, la materia de trabajo subsiste hasta que esta soberanía decida otra cosa y por lo tanto la causa que dio origen a la contratación.
Preguntamos al señor director del Inmecafé ¿por qué se quiere castigar a los trabajadores que en uso de sus derechos demandaron al Instituto? Nosotros entendemos que ya es un castigo de carácter político.
También queremos dejar una propuesta con fundamento en el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos adicionar el artículo 4o. transitorio del proyecto de decreto que abroga la Ley que crea el Instituto Mexicano del Café, para quedar como sigue:
Artículo 4o. La Contaduría Mayor de Hacienda, en el marco de sus atribuciones, verificará en detalle el procedimiento de definición y liquidación del Inmecafé y específicamente realizará las auditorías e investigaciones sobre:
a) La operación del Instituto Mexicano del Café desde diciembre de 1989, fecha en que se firmó el convenio de saneamiento financiero, ordenado por el Ejecutivo Federal;
b) Las razones y justificaciones para darse por terminadas las relaciones laborales a partir del 31 de enero de 1993; y,
c) La aplicación de los recursos presupuestados para el ejercicio fiscal de 1993; y
Por el grupo parlamentario del PRD, un servidor."
Dejamos en la Secretaría la propuesta.
Compañeros diputados, compañeras legisladoras, hacemos un último llamado a la mayoría, para que no permitamos que el Ejecutivo nos obligue a hacernos cómplices de la violación a la Constitución y a las leyes de nuestro país y digamos no a esta iniciativa. Muchas gracias.
El Presidente:
Las propuestas expresadas por el diputado, se reservan para su votación en conjunto, al final de esta discusión.
Tiene la palabra para rectificar hechos, el señor diputado Enrique Rico.
El diputado Enrique Rico Arzate: Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:
A nombre de un grupo de diputados firmantes, voy a hacer la propuesta de un punto de acuerdo a esta soberanía:
«Los diputados firmantes, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Que se integre una subcomisión pluripartidista de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, para que investigue:
1. La operación del Instituto Mexicano del Café, desde diciembre de 1989, fecha en que se firmó el Convenio de Saneamiento Financiero ordenado por el Ejecutivo Federal.
2. Las razones y justificaciones para dar por terminadas las relaciones laborales, a partir del 31 de enero de 1993.
3. La aplicación de los recursos presupuestales para el ejercicio fiscal de 1993.
Para la realización de sus investigaciones la subcomisión que se forme debe contar con el auxilio de la Contaduría Mayor de Hacienda y con atribuciones para tener acceso a todos los archivos y documentos del Instituto Mexicano del Café.
Por los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, la diputada Rosa Albina Garavito Elías; del Partido de la Revolución Democrática, Gilberto Rincón Gallardo; del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, diputado Alberto Carrillo Armenta; del Partido Popular Socialista, el diputado Martín Tavira; del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, diputada Yolanda Elizondo y un servidor.»
Dejo en la Secretaría para su procedimiento. Muchas gracias.
El Presidente:
Este punto de acuerdo pasará al final para su votación.
Damos la palabra al diputado Crescencio Pérez Garduño, del Partido Revolucionario Institucional, para hablar en pro del dictamen.
El diputado Crescencio Pérez Garduño:
Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:
El Instituto Mexicano del Café fue creado por decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de diciembre de 1958, con objeto de desarrollar las funciones sustantivas de defensa y mejoramiento del cultivo, beneficio y comercialización del café mexicano, tanto en el país como en el extranjero.
Con fecha 20 de abril de 1993, el Senado de la República recibió por parte del titular del Poder Ejecutivo, iniciativa de decreto que abroga la Ley que crea dicho Instituto, mismo que con base en los acuerdos tomados con los representantes de esta honorable Cámara de Diputados el día 28 de abril, procedió a realizar trabajos en conferencia, el 3 de mayo del presente, a los que se invitó a los servidores de la administración pública federal relacionados con las actividades del sector, con objeto de que ampliaran la información respecto al contenido de la iniciativa.
Dichos funcionarios pusieron a disposición de los legisladores la documentación de su aporte, la cual obra en las secretarías técnicas de las comisiones de Agricultura y Comercio de esta Cámara de Diputados.
Con ese antecedente, el dictamen correspondiente fue presentado al Pleno de la Cámara de Senadores el 17 del actual, mismo que fue aprobado en todos sus términos habiendo sido turnado a esta Cámara el día siguiente y canalizado a las comisiones de Agricultura y Comercio, en las cuales se llevó a cabo un minucioso análisis de su contenido y alcance.
A juicio de nuestro partido, el Revolucionario Institucional, el Instituto Mexicano del Café ha cumplido cabalmente con el objetivo para el cual fue creado.
Por otra parte y dadas las condiciones económicas, políticas y sociales que privan en la actualidad respecto a este producto, tanto en el entorno nacional como en el internacional, se hace necesario propiciar nuevos esquemas de desarrollo integral que permitan al avance de los productores hacia la autosugestión, disminuyendo la participación directa que el Gobierno Federal venía ejerciendo a través del Instituto.
En efecto, desde la aparición del señalado Instituto a la fecha, los productores se han venido organizando y aumentando su participación en el control de los diversos eslabones de la cadena productiva del aromático, alcanzando niveles de organización que les han permitido retener una mayor parte del excedente generado y acceder directamente a los mercados nacional e internacional de este producto.
Por ello, ante la exigencia de los diversos sectores de la cafeticultura nacional, para darle un nuevo enfoque a las políticas cafetaleras, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos propuso a la Comisión Intersecretarial Gasto - Financiamiento, la necesidad de extinguir al Instituto, con la finalidad de facilitar una más coordinada acción gubernamental en el sector.
No se trata de abandonar a los productores a su suerte y dejarlos indefensos ante las fuerzas del mercado. El Estado los sigue apoyando a través de sus instituciones y ha garantizado que la desaparición del Instituto no repercuta negativamente entre los productores, mediante la difusión de acciones que tienden a fortalecer su capacidad técnica, comercial y financiera. Para ello se inició con el programa de transferencia de la planta agroindustrial, beneficiando a los productores del sector social. De igual manera el titular del Ejecutivo Federal anunció en días pasados la instrumentación de un programa de apoyo a la cafeticultura para el ciclo 1993-1994, cuyo monto asciende a 825 millones de nuevos pesos, que será canalizado por conducto del Programa Nacional de Solidaridad, diversos fideicomisos constituidos en relación a la agricultura, y a la banca comercial, el cual beneficiará a más de 200 mil productores, localizados en una superficie superior a las 345 mil hectáreas.
Asimismo, las actividades de capacitación, investigación, información y asistencia técnica, serán ejercidas por las dependencias y entidades competentes, con la participación de los productores y de los gobiernos de los estados.
Como resultado de lo anterior, el órgano de Gobierno de la entidad, con fundamento en los artículos 58 y 59 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, y noveno, inciso f, del Reglamento de la Ley que crea al Instituto Mexicano del Café y conociendo el dictamen de la Comisión Intersecretarial Gasto - Financiamiento, determinó iniciar el proceso de indemnizaciones a
los trabajadores a partir del 31 de enero de 1993, para lo cual se suscribió un convenio con la representación sindical correspondiente.
En consecuencia, se dio inicio al proceso de extinción del organismo, en términos de los dispuesto en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y 5o., 6o., y 7o., de su Reglamento, cumpliendo con todas las formalidades señaladas en la misma.
Mi partido estima que la decisión tomada por el titular del Poder Ejecutivo Federal, de solicitar al Congreso de la Unión la extinción del Instituto Mexicano del Café, se encuentra debidamente motivada y fundamentada, toda vez que la dinámica adquirida por el desarrollo de las actividades cafetaleras, exige la generación de mayores espacios que den impulso a la iniciativa propia de los productores, en la búsqueda de una mayor eficiencia y autonomía en el terreno productivo y comercial.
Ahora bien, todos somos sabedores de la importancia que representa el respeto y salvaguarda de los derechos de los trabajadores, situación que en el caso se preserva, puesto que de una plantilla de más de mil trabajadores, todos han sido debidamente indemnizados conforme a la Ley, con excepción de alrededor de 70 casos que se encuentran pendientes en virtud de haber demandado al Instituto ante los tribunales competentes, los cuales están legalmente protegidos, puesto que en cada uno de los expedientes instaurados, obran billetes de depósito por cantidades correspondientes a los derechos generados por cada uno de los trabajadores.
Independientemente, el artículo 3o. del decreto, que tanto se ha comentado y debatido el día de hoy, establece con toda claridad que los derechos de los trabajadores serán respetados conforme a la Ley.
Por otra parte, esta honorable Cámara, con todas las fuerzas políticas nacionales que en ella participan, ha estado trabajando intensamente en la conciliación y resolución del problema del mencionado grupo de trabajadores; sin embargo, que quede bien claro, que el resultado de la gestión de la misma dependerá fundamentalmente de la actitud y de la voluntad de los propios trabajadores.
En razón de lo anterior, y en vista de que este debate ha sido muy ampliamente discutido, solicito atentamente de esta Presidencia, ponga a consideración de esta Asamblea y se declare que este asunto ha sido suficientemente discutido. Muchas gracias, señor Presidente.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:
(Desde su curul) Señor Presidente, pido la palabra para hechos.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Manuel Huerta, para rectificar hechos. El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:
Tres cuestiones antes de terminar este debate.
Nos parece muy preocupante que un diputado de la mayoría se suba aquí a decirnos que el resultado al cual se comprometen las fuerzas de esta Cámara, de la negociación de los trabajadores que están en el plantón, dependa de su voluntad y de su actitud.
Aquí debió de haber dicho ese diputado que deberá depender del respeto a la Ley, que es lo que estamos exigiendo.
Segundo. En su propio discurso, y habrá que revisar la versión estenográfica, el reconoce, como hemos dicho en nuestro voto particular en contra y como obra un documento en nuestro poder, las autoridades del Inmecafé, inmediatamente de que la Comisión Gasto - Financiamiento determina la propuesta de liquidar y extinguir el Instituto Mexicano del Café, dan por terminada la relación laboral, insistimos en eso, sin tomar en cuenta esta soberanía.
Finalmente, si el Inmecafé cumplió con los objetivos para los cuales fue creado, ¿por qué lo cierran? ¡Explíquenoslo por favor en esta tribuna!
Para ser congruente con su discurso, el partido de las mayorías en esta Cámara, debería sostener y demostrar que no cumplió y por eso hay que cerrarlo y en ese sentido nos parece más consecuente la acción y la actitud que tomó el Partido Acción Nacional.
¿Por qué el partido de las mayorías omite el derecho del trabajador a ser reubicado? Eso
significaría respetar sus derechos. ¿A dónde irán los recursos de alto nivel, formados en el Inmecafé? Son interrogantes que aquí todavía no se vienen a explicar. Muchas gracias.
El Presidente:
Proceda la Secretaría a someter a la consideración de la Asamblea, las propuesta presentadas por los diputados.
La secretaria Graciela Larios Rivas:
Propuesta del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional:
"Primero. La investigación básica y aplicada será transferida al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias; la asistencia técnica y los apoyos directos a los productores, serán promovidos por las secretarías de Agricultura y Desarrollo Social; el combate y el control de plagas y enfermedades del cafeto, así como la capacitación a los productores, será responsabilidad de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
Segundo. Para apoyar a la cafeticultura nacional, los trabajadores que en el Instituto cumplían las funciones de investigación aplicada, asistencia técnica y apoyo a los productores, sanidad vegetal y capacitación, de acuerdo a la disponibilidad de plazas serán recontratados por las dependencias que en lo sucesivo realizarán las funciones de referencia.
Tercero. Los derechos de los trabajadores serán respetados conforme a la Ley. La liquidación se hará al día que sea abrogada la Ley que crea el Instituto Mexicano del Café."
La presenta el diputado Eberto Croda Rodríguez, del partido mencionado.
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
Propuesta del diputado Lucas Adrián del Arenal Pérez, del Partido Acción Nacional.
"Solicito que la minuta a discusión se devuelva al Senado, con estas observaciones, para que esa Cámara de origen haga, en su caso, la rectificación procedente.
La presente solicitud se hace con fundamento en el artículo 72 constitucional, inciso E, y artículos 136 y 140, del Reglamento Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos."
Atentamente, diputado Lucas Adrián del Arenal Pérez.
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
Propuesta hecha por el diputado Del Arenal Pérez, del Partido Acción Nacional, sobre la inclusión al proyecto de decreto que hoy se discute y en su parte expositiva, un párrafo que anteceda al antepenúltimo del dictamen, para quedar en los términos siguientes.
"Asimismo, se precisa que todo lo referente al patrimonio del Instituto Mexicano del Café deberá quedar bajo el resguardo y responsabilidad de la Comisión de Desincorporación del Sector Público de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hasta su liquidación de activos."
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Se desecha.
Propuesta del diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en que se propone "modificar el artículo tercero transitorio del proyectado decreto que abroga la Ley que crea al Instituto Mexicano del Café, para quedar como sigue:
"Tercero. Los trabajadores del Instituto Mexicano del Café serán respetados en sus derechos laborales y podrán optar entre su reubicación en alguna de las entidades de la administración pública federal o su liquidación.
Quienes opten por su liquidación, recibirán su indemnización en los términos de Ley y los trabajadores que hubiesen sido separados después
del 31 de enero de 1993 y hasta antes de la expedición de este decreto, recibirán también el pago íntegro de sus salarios caídos.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público proveerá lo conducente a la reubicación de los trabajadores que opten por, éste beneficio."
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El secretario Jesús Molina Lozano:
Proposición presentada por el diputado Enrique Rico Arzate, del Partido de la Revolución Democrática:
"Unico. Que se integre una subcomisión pluripartidista de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda para que investigue:
1o. La operación del Instituto Mexicano del Café desde diciembre de 1989, fecha en que se firmó el Convenio de Saneamiento Financiero ordenado por el Ejecutivo Federal.
2. Las razones y justificaciones para dar por terminadas las relaciones laborales a partir del 31 de enero de 1993.
3. La aplicación de los recursos presupuestados para el ejercicio fiscal de 1993."
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada.
Propuesta del diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Partido de la Revolución Democrática.
"4. La Contaduría Mayor de Hacienda, en el marco de sus atribuciones, verificará en detalle el procedimiento de extinción y liquidación del Inmecafé; específicamente realizará las auditorías e investigaciones sobre:
a) La operación del Instituto Mexicano del Café de diciembre de 1989 y fecha en que se firmó el Convenio de Saneamiento Financiero ordenado por el Ejecutivo Federal;
b) Las razones y justificaciones para dar por terminadas las relaciones laborales a partir del 31 de enero de 1993;
c) Aplicación de los recursos presupuestados para el ejercicio fiscal de 1993."
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El Presidente:
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto. La secretaria Graciela Larios Rivas:
En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular el proyecto de decreto.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
Suficientemente discutido.
Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
La secretaria Luisa Urrecha Beltrán:
Señor Presidente: Se emitieron 294 votos en pro y 100 votos en contra.
Aprobado, señor Presidente.
El Presidente:
Aprobado en lo general y en lo particular el decreto que abroga la Ley que crea el Instituto Mexicano del Café.
La secretaria Luisa Urrecha Beltrán:
Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
REPÚBLICA SAHARAUI DEMOCRÁTICA
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Estanislao Pérez Fernández, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana para comentar la actuación de la Procuraduría General de la República.
En virtud de que no se encuentra el señor diputado, damos la palabra al diputado Demetrio Hernández Pérez, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional para referirse a la República Saharauí Democrática. El diputado Demetrio Hernández Pérez:
Con su venia, señor Presidente; señoras y señores diputados:
Después de este acalorado debate, es menester hacer también un acto de reflexión sobre un tema ya abordado en esta tribuna; y quiero en este momento hacer algunas consideraciones de mi fracción parlamentaria del Frente Cardenista, sobre la situación de la República Saharauí Democrática.
La fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, manifiesta su beneplácito por las conmemoraciones en este mes de mayo de dos sucesos importantes para la República Arabe Saharauí Democrática: el primero se relaciona con el 10 de mayo de 1973. En esta fecha surgió el Frente Polisario, Frente Popular para la Liberación de Saya, el Hamra y Río de Oro.
El segundo que se conmemora el 20 de mayo, tiene qué ver con el inicio de la lucha armada contra el colonialismo español en ese año de 1973.
La historia registra el rápido avance de las fuerzas independentistas saharauíes. Un progreso inusitado que se expresó en el control territorial, casi total, de la región saharahuí. Muy pocas zonas quedaban fuera del control del Frente Polisario.
Hacia finales de 1975 un informe de las Naciones Unidas, constató el deseo soberano de los habitantes de esa región para constituirse en una nación y en un Estado soberano; pero cuando todo parecía avanzar hacia una solución justa para este pueblo árabe, Marruecos y Mauritania desarrollaron una policía expansionista y agresiva hacia la nación Saharahuí.
En ese tiempo tropas marroquíes violentaron la soberanía territorial de la mencionada República, en acuerdo con Mauritania.
El expansionismo marroquí trató de liquidar a la República Saharauí, proclamada el 27 de febrero de 1976 en el fragor de la defensa nacional ante los invasores.
Hoy, la República Arabe Saharauí es una realidad, forma parte del concierto internacional de las naciones, mantiene relaciones diplomáticas con más de 74 países de todos los continentes. Pero parte de su territorio continúa ocupado por tropas de Marruecos. Las Naciones Unidas y la Organización de la Unidad Africana, realizaron importantes gestiones para que se hiciera valer el derecho de autodeterminación del pueblo saharauí.
En 1991, como derivación de un plan de paz concertado y supervisado por Naciones Unidas, entró en vigor un cese al fuego entre los contingentes militares de la República Saharauí y los de Marruecos. La idea era llevar a cabo un referendum de autodeterminación para finales de enero de 1992. Pero no marcharon las cosas conforme a los planes de paz. Según declaraciones de Butros Gali, secretario general de Naciones Unidas, en un informe que daba cuenta de la situación de mayo a agosto de 1992, Marruecos violó el cese al fuego, 175 veces y el Frente Polisario, cinco.
Han sido muchos los obstáculos para que se garantice la autodeterminación de los habitantes de esa región. Marruecos ha venido trasladando, contraviniendo los planes de paz, a miles de sus ciudadanos, para convertirlos en electores del referendum señalado. Ha utilizado múltiples trapacerías para sesgar el padrón electoral. Porque como mexicanos fuimos una nación sometida al yugo colonial, es que justipreciamos la gesta insurgente de ese hermano pueblo del norte de África.
También por experiencia histórica, conocemos de las dificultades que significa consolidar un país verdaderamente independiente. Las presiones de las que hemos sido objeto desde la tercera década del siglo pasado, de parte de diversos imperios lo constatan. Por eso, lo entendemos y no escatimamos nuestro apoyo.
Hagamos un poco de memoria histórica, nos sería de gran utilidad para entender esta importante
efemérides. Las fuerzas progresistas de la nación desde la década de los setenta, nos solidarizamos con la gesta insurgente de los habitantes del llamado en aquél entonces, Sahara Occidental.
Prácticamente la mayoría de las corrientes políticas del país, le dimos nuestro apoyo; muy pocos no lo hicieron. La política exterior de México, fue pionera en este sentido. Primero, valorando la gesta insurgente del Frente Polisario y después estableciendo declaraciones diplomáticas con la República Arabe Saharauí Democrática, el 24 de octubre de 1979.
En enero de 1992, todos los partidos políticos nacionales representados en la Comisión del Congreso de la Unión, manifestamos nuestra preocupación sobre la situación del pueblo del Sahara Occidental.
Primero. Nos congratulamos de los avances en el proceso de pacificación, después de 16 años de guerra en la región del noreste africano.
Segundo. Reconocimos las gestiones de las Naciones Unidas en este proceso de pacificación.
Tercero. Pedimos que se hicieran esfuerzos adicionales de la comunidad internacional, en particular de las Naciones Unidas, para que se superasen los obstáculos al proceso de autodeterminación del pueblo de esa parte de África. Por último, solicitamos de manera respetuosa y sin pretensión alguna de intromisión, la buena disposición de las partes, en aras de que de manera pacífica se resolviesen los diferendos.
Señoras y señores diputados:
Subsisten serios problemas en esta región de nuestro planeta; sería inconveniente cerrar los ojos frente a lo que está pasando ahí; no sería correcto sostener una postura pasiva. Esto reñiría frente a los principios de política exterior, principios que son patrimonio de todos los mexicanos. En esa y en cualquier otra parte del mundo, debe de hacerse valer el principio de autodeterminación.
Ratifiquemos, pues, en esta Cámara de Diputados, el espíritu que nos animó al firmar el pronunciamiento de enero de 1992, que el Sahara Occidental se decida libre y soberanamente por el pueblo, su destino nacional, porque vaticinamos que la victoria está cerca para la República Arabe Saharauí Democrática.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para el mismo tema, tiene la palabra el diputado Francisco Hernández Juárez, del Partido Popular Socialista.
El diputado Francisco Hernández Juárez:
Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
He solicitado el uso de la palabra para comentar la lucha del pueblo de la República Arabe Saharauí Democrática, para restablecer sus derechos inalienables de libertad e independencia, así como el pleno ejercicio de su soberanía sobre el territorio que legítimamente le corresponde, hoy mancillado todavía por la oligarquía y monarquía que encabeza el Rey Hassan, de Marruecos.
El pueblo saharahuí, como nuestro pueblo, sufrió el coloniaje español, después de larga lucha se reconoció su independencia. Más tarde otras fuerzas extranjeras y particularmente la República de Marruecos, trataron de sustituir el coloniaje; por la vecindad, Marruecos invadió y se apoderó gran parte del territorio Arabe Saharauí Democrático.
Por eso el 20 de mayo de 1973 se desencadenó la lucha armada contra la ocupación marroquí. El Frente Polisario, brazo derecho del pueblo Arabe Saharauí, ha sostenido una larga lucha histórica en el desierto en contra de la ocupación marroquí que ya lleva más de 17 años.
Con la intervención de la Organización de las Naciones Unidas, se llegó a un acuerdo de un plan de pacificación de este conflicto suscrito por el Gobierno marroquí y el Gobierno de la República Arabe Saharauí Democrática. Ese plan abarcó la suspensión de las hostilidades y la realización de un referendum para que el propio pueblo Arabe Saharauí se autodeterminara, se anexara a Marruecos u optara por su plena independencia como República Arabe Saharauí Democrática.
Se combino que el padrón que serviría de base para el referendum, fuera el que existía desde la última época de la ocupación española y además mantenerse los ejércitos en los territorios que ocupaban, hasta el momento de suspensión de las hostilidades, en tanto se realizara el referendum acordado.
Desde hace más de dos años el Gobierno marroquí, permanentemente viola los acuerdos firmados ante la ONU. Realiza ataques para traspasar los límites acordados a respetar. Traslada marroquíes a los territorios ocupados por ellos para aumentar su votación en el referendum. Y ahora exigen que se revoque el acuerdo sobre el padrón, pidiendo la elaboración de otro que les favorezca con los ya acarreados.
Este hermano país ha sido reconocido por decenas y decenas de países y por la propia Organización de las Naciones Unidas. En México tienen representación diplomática y nosotros en varias ocasiones hemos ratificado nuestra solidaridad, porque ese país recobre su plena independencia.
Históricamente el pueblo mexicano ha sido anticolonialista y consecuentemente antiimperialista. Luchamos contra la dominación española. Después contra el imperialismo yanqui. Y más tarde contra la invasión francesa. El Cerro de las Campanas representa la actitud de México frente a los hechos hegemónicos de dominación extranjera.
Por eso ha formulado también tesis fundamentales de autodeterminación de los pueblos, de respeto de la independencia y el ejercicio pleno de las soberanías nacionales, y todos los organismos internacionales y regionales siempre han luchado por la paz, por el arreglo pacífico y por el respeto pleno de los principios del derecho internacional.
En todas las etapas de nuestra historia, México ha manifestado su repudio contra el coloniaje y contra el hegemonismo, bloqueos e invasiones. No hemos arrebatado a nadie un metro cuadrado; todo lo contrario, nosotros hemos sido víctimas del imperialismo yanqui, quien nos arrebató más de la mitad de nuestro territorio.
Por eso los compañeros del Partido Popular Socialista y todas las fuerzas democráticas, revolucionarias y antiimperialistas, saludamos con simpatía el XX aniversario de la iniciación de la lucha armada del pueblo de la República Saharauí Democrática para recuperar su territorio ocupado y así restablecer la paz y disfrutar de plena independencia y de ejercicio pleno de la soberanía sobre su territorio. Muchas gracias, compañeros.
SITUACIÓN DEL FÚTBOL PROFESIONAL
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Domingo Martínez Reséndiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un punto de acuerdo en relación a la situación laboral de los futbolistas profesionales.
El diputado Domingo Alberto Martínez Reséndiz:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El pasado lunes 17 del presente mes la Asamblea de presidentes del fútbol profesional de la primera división, ratificó la celebración del denominado draft, el cual se realizará del 11 al 13 de junio en la ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero.
La decisión de efectuar el también llamado "Tianguis de Piernas", fue tomada por unanimidad. Hay un acuerdo colectivo de los directivos del fútbol mexicano, de violar una vez más la Constitución de la República y la Ley Federal del Trabajo, al promover la compra - venta de los futbolistas profesionales, sin importar su condición de trabajadores.
Confiados en su fuerza, dirigida a hacer valer la impunidad y las arbitrariedades, los directivos de la primera división, ignoran los reclamos que los propios futbolistas, un sector de periodistas y comentaristas, así como analistas han hecho, exigiendo el fin de esta práctica anticonstitucional y violatoria a los derechos humanos.
El propio pleno de esta LV Legislatura ha condenado ya el draft. La misma Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados, ha sido enfática respecto de este tema y en el Foro Nacional de Análisis sobre la Normatividad del Deporte Profesional, que ha realizado esta Comisión, se ha escuchado con insistencia las voces que demandan para terminar con esta arbitrariedad.
La propia Asociación de Futbolistas Profesionales advirtió en un tiempo, con mucho tiempo de anticipación, sobre este problema. El señor Javier Aguirre, presidente de esta Asociación señaló: "No podemos dejar que estas prácticas sigan estando por encima de la organización de los jugadores profesionales, ya que en ocasiones se nos obliga a dejar de jugar para recuperar nuestra libertad. Es indispensable cambiar radicalmente esta situación, ello no sólo se traducirá en beneficio de los jugadores, sino también de un mejor fútbol".
En el foro nacional de octubre de 1992, los futbolistas profesionales recurrieron a esta Legislatura para demandar respeto a sus derechos como trabajadores; ése fue un reclamo a todos los grupos parlamentarios.
Independientemente de que deberíamos reanudar las reuniones con los directivos del fútbol profesional y con los propios futbolistas para lograr la desaparición del draft que en su momento auspició la Comisión del Deporte de esta LV Legislatura, estamos convencidos de que este pleno debe manifestarse nuevamente en contra del mal llamado "Tianguis de Piernas".
Por lo anterior es que consideramos someter a su consideración el siguiente punto de acuerdo.
«Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de los integrantes de la LV Legislatura, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. El pleno de la Cámara de Diputados se pronuncia porque en la próxima reunión de los directivos de la primera división del fútbol profesional en nuestro país, a celebrarse en Acapulco, Guerrero los días 11 al 13 de junio del presente año, la contratación de los futbolistas profesionales, se efectúe de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal del Trabajo, dando fin a la práctica ilegal y violatoria de los derechos humanos.
Demandamos de los directivos del fútbol profesional mexicano, el respeto irrestricto a las leyes nacionales, así como el otorgamiento de un trato digno y justo a los futbolistas profesionales y el reconocimiento de sus derechos como trabajadores.
Firman el diputado Sandalio Sainz de la Maza, por el PRI; el diputado José de Jesús González Reyes, por el PAN; el diputado Jorge Tovar Montañez, por el PPS; el diputado Javier Colorado, por el PARM; el diputado Demetrio Santiago Torres, por el Frente Cardenista: el diputado Javier Centeno Avila, por el Grupo Independiente; y su servidor, Domingo Alberto Martínez, por el PRD.»
Gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra para rectificar hechos, el diputado Javier Centeno Avila.
El diputado Javier Centeno Avila:
Con su permiso señor Presidente; compañeros diputados:
Desde hace tres años se ha diseñado el Sistema de Transferencias denominado draft, en el cual la Federación Mexicana de Fútbol y los clubes han diseñado una serie de reglas, donde determinan el valor de las cartas, las transferencias, las primas y los sueldos; este sistema de draft ha sido elaborado generalmente al inicio de cada temporada, este instrumento diseñado e instrumentado por los dueños de los clubes y la Federación Mexicana de Fútbol y siempre se ha llevado a cabo sin la injerencia de los futbolistas que en este caso, son el elemento principal del espectáculo que conocemos como fútbol profesional.
Nosotros consideramos que el draft, es atentatorio contra la personalidad humana ya que atenta contra su dignidad al ser tratados los futbolistas profesionales como objetos; basta recordar uno de los artículos del sistema de transferencia del año pasado en el cual se denominaba el título de opción de compra, que al caso decía: "En caso de que el club cedente otorgue la opción de compra sobre el jugador cedido, deberá anotar en el mismo el documento de la fecha de vencimiento para la opción y el valor", o sea, estamos ante términos más bien usuales en derecho civil, el derecho sobre las cosas y no en la opción jurídica del trato digno de trabajadores por lo cual se requiere la aplicación de la Ley Federal del Trabajo.
Por otra parte, un futbolista profesional para poder ser declarado libre y contratarse de acuerdo a su voluntad, tenía que dejar de jugar dos temporadas, por lo cual se atentaba contra la libertad de trabajo que es, uno de los derechos fundamentales de nuestra Carta Magna.
Por último, quiero decir que a base de represalias, de presiones, los dueños de los clubes han impedido que los trabajadores del deporte, en este caso los futbolistas, tengan un organismo representativo, asociación o sindicato y que ante esto todo sea impuesto unilateralmente, de acuerdo a la voluntad de los dueños de los clubes.
Que es necesario que se respete la Constitución General de la República que es necesario que el sistema del draft, desaparezca y que los futbolistas profesionales tengan un organismo representativo a sus intereses, asociación o
sindicato y que se terminen estas prácticas atentatorias contra la dignidad humana. Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Demetrio Santiago del PFCRN. Enseguida daremos la palabra al señor diputado Francisco Dorantes.
El diputado Demetrio Santiago Torres:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Consideramos que el trato de mercancía que reciben los futbolistas profesionales por parte de los propietarios y directivos de los equipos de fútbol, es una situación que se debe evitar con una legislación precisa al respecto.
La copia burda que han hecho los directivos mexicanos del draft que se lleva a cabo en los Estados Unidos con los beisbolistas, jugadores de fútbol americano y los basquetbolistas, es una forma anticonstitucional que agrede a los jugadores profesionales del fútbol. Prácticamente se les ubica en un mercado de compra - venta, como se hacía en los tiempos antiguos con los esclavos en el imperio romano y posteriormente en los tiempos del esclavismo en los Estados Unidos.
Se les exhibe en un gran escenario y son vendidos al mejor postor, sin que haya siquiera una aprobación del propio jugador. El famoso draft es un atentado contra la dignidad de los futbolistas, se compran y se venden como si fueran esclavos y se utilizan también como tales; se impide también que los futbolistas muestren su descontento en cuanto a cualquier desacuerdo que tengan contra las acciones impunes de los directivos; son amenazados y castigados y hasta les puede costar la carrera deportiva, así bajo condiciones de opresión además se les exige buenos resultados y hasta calificar para las competencias mundiales.
Sometidos a contrataciones como se hacía con los esclavos en la antigüedad. Cuando el futbolista está en los últimos años de su carrera, el trato se vuelve más infame y cuando se presenta su retiro, es abandonado a su suerte, sin un seguro que lo proteja.
El draft que realizan los directivos del fútbol con bombo y platillo, es un insulto como lo dijimos anteriormente a la dignidad humana. Consideramos que hace falta para evitar que los directivos no solamente de fútbol, sino de cualquier deporte, sigan actuando impunemente, una legislación que proteja a los deportistas y en este caso en particular, a los futbolistas. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Francisco Dorantes, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para rectificar hechos.
El diputado Francisco Dorantes Gutiérrez:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Vengo a esta tribuna por una razón, porque tal parece que se les olvidó o se les olvidaron las reservas. Las reservas, tanto como los titulares de los equipos, son semiesclavos. En un régimen, en un orden jurídico extralegal y yo pienso que ya es tiempo que la Cámara de Diputados o mejor dicho, la Comisión del Deporte, intervenga en esto, para que se acabe esta semiesclavitud en que los clubes con todo su poder económico, someten al capricho de sus intereses económicos, a la gente que tiene el deseo o el arte de jugar el fútbol, pero que no tienen la suerte de llegar a ser estrellas.
¿Cuánto tiempo tienen por ejemplo, a un reserva?, tres años y ahí lo tienen, no le pagan nada, no le dan ni un servicio médico, no le dan nada y también tienen su carta, que también van a vender o a comprar, pero la negocia el club.
Vine a esta tribuna compañeros, porque yo tengo conocimiento de que inclusive alguien de la misma Comisión del Deporte, se ha dado a la tarea de defender a los dueños de los clubes y si no que lo diga el compañero Centeno, que en alguna ocasión se quejó conmigo, de que un individuo que debiera defender a los deportistas pobres, a los deportistas que no han tenido la suerte de ser una estrella, va a defender a los dueños de los clubes que todavía, ya que tienen poder económico y todavía va a defenderlos en contra de los débiles deportistas que debieran de ser dignos de otro trato y de la justicia social que pregonamos.
¿Por qué?..., parece que voy a diferir un poco pero no, estoy centrado en esto compañeros, por qué se desfila el 20 de noviembre con un... o
mejor dicho por qué se conmemora el 20 de noviembre con un desfile deportivo, pues precisamente porque antes de la Revolución los pobres no tenían derecho a jugar un deporte, nada más los ricos.
Entonces que las cosas no se queden solamente en un ideal o en cosas puramente decorativas y figurativas, que se haga justicia realmente y que se someta al poder económico de los dueños de los clubes, al derecho.
La misma Comisión debe de presentar un proyecto de Ley, para que esta gente abusiva, explotadoras de los pobres deportistas, paguen ya un salario y que se les dé a todos los deportistas sean reservas o no, un sueldo y un seguro social. Muchas gracias, compañeros.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene la palabra el compañero diputado del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Sandalio Alfonso Sainz de la Maza:
Señor Presidente; distinguidos amigos diputados:
Efectivamente los seis partidos políticos aquí representados en la Cámara, hemos firmado este punto de acuerdo que leyó el compañero Martínez Reséndiz, quien es además secretario de la Comisión del Deporte de esta honorable Cámara de Diputados, porque todos coincidimos, repito, en que definitivamente se deben respetar los marcos jurídicos que rigen a nuestro país y en el caso concreto en el aspecto de orden laboral, respetar la Ley Federal del Trabajo, referente al caso de los deportistas profesionales.
Como entre varios artículos, el artículo 295 de la actual Ley Federal del Trabajo, en el Capítulo X que habla sobre actividades especiales, habla claramente que ningún deportista podrá ser transferido sin su consentimiento, es decir, ya está previsto en la Ley, lo hemos estado investigando en múltiples reuniones todos los diputados de las comisiones unidas del Deporte y del Trabajo y Previsión Social, encabezadas por el maestro Juan Moisés Calleja, que hemos tenido reuniones múltiples con la dirigencia anterior de la Federación de Fútbol, con la dirigencia anterior de la Asociación de Futbolistas Profesionales que encabezaba Javier Aguirre que se ha retirado y se llevaba un mecanismo de participación muy importante y a raíz de los cambios que hubo en estas dos organizaciones, se quedó ya un poco separado del proyecto que se había plasmado por las dos comisiones que he referido con anterioridad.
El 2 de julio pasado hubo un acuerdo similar en la Cámara. A raíz de esto, se han llevado a cabo una serie de audiencias públicas regionales, en diferentes entidades del país, un foro en la capital de la República, reuniones múltiples con todas las organizaciones y agrupaciones que están inmersas en la actividad deportiva, con objeto de mejorar el marco jurídico que aquí citara un diputado, mejorar el marco jurídico de la actual Ley de Fomento y Estímulo al Deporte, que en su artículo 5o. soslaya totalmente al deporte profesional.
Precisamente todas estas discusiones y reuniones que he mencionado, que ustedes han sido testigos, están por culminar con presentar ya en este mismo período si es posible, o en este año definitivamente, el presentar un proyecto de la nueva Ley Federal del Deporte, donde también se contempla parte de la agrupación profesional, como los discapacitados que están al margen de esta actividad, como los deportes de origen prehispánico, buscando incentivos fiscales para estimular la actividad deportiva en todo el territorio nacional; en fin, una gama de aspectos que no se toman actualmente en esta Ley, que es única y exclusivamente amateur.
Y como en todo el mundo el aspecto profesional ya se ha desbordado a todas las competencias que tradicionalmente eran olímpicas o amateurs y ahora ya todos son profesionales, porque se busca la excelencia independientemente de si es profesional o es amateur.
Recientemente llevamos a cabo también un Congreso Nacional de Derecho del Deporte, con realmente gente super capacitada, de un gran prestigio en el campo jurídico, donde nos comentaron la relación del deporte y la Constitución en sus diferentes facetas y creo que fueron muy importantes sus puntos ahí vertidos, para a su vez nosotros plasmarlos en ese proyecto de Ley Federal del Deporte.
Por todo esto, compañeros, ratificamos aquí a nombre del Partido Revolucionario Institucional, que nos interesa desde luego el estímulo de la práctica deportiva, pero nos interesa también el trato digno, justo y decoroso, honorable, a todas aquellas personas que practican cualquier actividad deportiva, porque estamos convencidos que el deporte es una actividad fundamental para fortalecer la solidaridad, la
concordia de los mexicanos; estamos convencidos que es un programa de salud pública y un proyecto de bienestar social fundamental para todos los seres humanos. Por eso queremos que el deporte tenga la categoría, la jerarquía que en muchos países ya lo tiene y que seguramente en México, con la aportación de los compañeros diputados que tienen gran sensibilidad y emoción por los quehaceres humanos, van a apoyar fuertemente, primero para que este documento se analice en las comisiones de Trabajo y Previsión Social y del Deporte y posteriormente al concluir en corto plazo, la elaboración de un nuevo marco jurídico para el deporte de este país. Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene la palabra el señor diputado Arquímides García, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Josafat Arquímides García Castro:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El 14 de septiembre de 1814, el generalísimo Morelos, en el documento titulado Sentimientos de la Nación, dispuso: "Que la esclavitud se proscriba para siempre y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales y sólo distinguirá a un americano de otro el vicio y la virtud".
Inspirados en este precepto y entre otros, nuestra Carta Magna mantiene la prohibición de la esclavitud, aunque carece hoy de significado práctico, toda vez que tan inhumana acción no existe, o mejor dicho, formalmente la esclavitud no se practica en nuestro país, pero sí tiene importancia y validez el artículo 2o. constitucional, porque puede interpretarse de que el contenido social de este precepto se opone a la esclavitud política, que es la dictadura y a la esclavitud económica que es la explotación del hombre por el hombre, que da como resultado la miseria del pueblo trabajador.
Es reprobable que en pleno Siglo XX, se sigan practicando acciones feudalistas y esclavistas, al considerar al hombre una mera mercancía. Es lamentable que la arbitrariedad, la prepotencia, sigan dominando el escenario del fútbol mexicano profesional. Siendo el deporte que concentra más la atención, del pueblo mexicano, que parece recuperar un lugar importante dentro del panorama internacional, otorgando una gran satisfacción a millones de compatriotas, que han hecho suya la calificación de la selección nacional al próximo mundial de Estados Unidos, los directivos del fútbol profesional siguen promoviendo prácticas feudales, denigrantes de la condición humana y por supuesto, violatorias de la Constitución General de la República y de la Ley Federal del Trabajo.
Como ya se ha mencionado, la Asamblea de Directivos de la Primera División del Fútbol Profesional, aprobó por unanimidad el pasado lunes 17, la celebración del llamado draft. Este sistema de transferencia de jugadores profesionales, fue impuesto por la Federación Mexicana de Fútbol de manera unilateral, ignorando que la propia Ley del Trabajo incluye disposiciones específicas, muy limitadas por cierto, para los deportistas profesionales.
Los mismos futbolistas tienen una posición muy clara al respecto. En el Foro Nacional de Análisis sobre la Normatividad del Deporte Profesional, que ya hablaba el diputado Sandalio, organizada precisamente por las comisiones unidas del Deporte y de Trabajo y Previsión Social de esta Legislatura, el presidente de la Asociación de Futbolistas Profesionales, Javier Aguirre, al comentar sobre las limitaciones de la Ley Laboral y el despego de los directivos con respecto a ella, señaló lo siguiente: "Lo más grave sin embargo, es que los derechos como trabajadores que reconoce nuestra Ley, aún limitados, son tradicionalmente violados en forma sistemática por quienes dirigen el fútbol profesional. Muestra de ello, es la prohibición establecida en los reglamentos de la Federación Internacional de Fútbol Asociación y de la Federación Mexicana de Fútbol, A. C., de acudir a las autoridades de nuestro país, para resolver los conflictos, laborales". Hasta aquí la cita.
Como vemos, el feudalismo de los directivos sólo se ajusta a una instancia que convierte en el supranacional, la cual sólo administra el fútbol como un negocio y en el caso de nuestro país, establece vínculos mercantiles muy estrechos con quienes dominan a la Federación Mexicana de Fútbol.
Es más, al recuperar la empresa Televisa el control del fútbol profesional mexicano, se han agudizado las prácticas ilegales y anticonstitucionales de este deporte.
Queremos hacer y llamar a la reflexión a todos ustedes, compañeros diputados, para que esta Cámara de Diputados no esté ajena a este hecho que hoy se está discutiendo.
Como parte de la revisión y actualización de la Ley del Deporte, La Comisión de este ramo de la LV Legislatura, sostuvo una serie de reuniones con directivos y futbolistas para conocer en detalle la forma en que se conducen las relaciones laborales y en su momento proponer modificaciones a la Ley.
En estas reuniones pudimos conocer la opinión de los anteriores dirigentes de la federación, quienes demostraron disposición para estudiar cambios en la contratación de los futbolistas, sin embargo, con la llegada de los representantes a Televisa, a los mandatos futbolísticos, terminaron las consultas y como se ve, se reinicia la prepotencia y la arbitrariedad.
Queremos insistir, para el grupo parlamentario del PRD es indispensable que la Comisión del Deporte de esta Cámara vuelva a reunirse con los representantes de los jugadores de fútbol e invite a los nuevos directivos a la mesa de la discusión, con el objeto de contribuir en la dignificación de los futbolistas, haciendo valer la Constitución y la Ley Laboral.
Y aquí queremos citar una vez más las palabras de Javier Aguirre, quien al estimar que se debe de modificar en forma sustancial las disposiciones relativas de la Ley Laboral, a fin de que queden correctamente establecidas las condiciones especiales de los deportistas profesionales; consideraba que ésta es una tarea que no puede llevar más tiempo.
Así pues, consideramos necesario proponer, no sólo aprobar un punto de acuerdo, también es indispensable que la Comisión de Deportes de esta Cámara reanude su mediación para hacer valer la legalidad y hacer valer los derechos laborales de los futbolistas profesionales en México. Muchas gracias.
El Presidente:
Túrnese a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y del Deporte, el punto de acuerdo presentado por el diputado Domingo Martínez Reséndiz.
COMUNICACIÓN
El secretario Jesús Molina Lozano:
La Secretaría se da por enterada.
La diputada Cecilia Soto González:
(Desde su curul) Señor Presidente, solicito tenga a bien dar lectura a la comunicación del diputado Cedillo Valdez.
El Presidente:
Solicitamos al secretario dé lectura a la comunicación.
El secretario Jesús Molina Lozano:
«Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados. Presente.
Por mi propio derecho ante usted, con todo respeto, expongo:
He estado preocupado siguiendo el desarrollo de los acontecimientos recientemente ocurridos en mi partido, el Auténtico de la Revolución Mexicana. Personalmente tengo respeto y admiración al señor diputado Carlos Cantú Rosas, con el que me liga amistad y solidaridad partidaria. Sin embargo, debo manifestarle que soy político de convicción y que por encima de todo me interesa el destino de mi partido.
Soy candidato a gobernador por el Estado de México, por el PARM y por el mismo me interesa que mi convocatoria se fortalezca con un partido unido sin problemas a su interior.
Por tanto, deseo manifestarle que voluntariamente me sumo al grupo de diputados mayoritarios del PARM en la Cámara de Diputados, para fomentar la unidad de toda la fracción, les expreso que no tengo interés en participar en ningún asunto que pueda seguir dividiendo a mi partido.
Atentamente.
Diputado Gonzalo Cedillo Valdez.»
REPÚBLICA DE GUATEMALA
El Presidente: Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Hernández Juárez, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, para comentar la situación de Guatemala.
El diputado Francisco Hernández Juárez:
Compañeras y compañeros diputados:
He solicitado el uso de la palabra para comentar la situación sumamente grave que vive el pueblo de Guatemala.
El día 25 de mayo, a temprana hora, tuvimos conocimiento del autogolpe de Estado que dio el Presidente de Guatemala, Jorge Serrano Elías. Por decreto disolvió el Congreso, destituyó a los miembros de la Corte Suprema y a los procuradores de los Derechos Humanos y el Ministerio Público.
Claro, la vigencia de la Constitución de este país fue suspendida, porque eso es lo que hace todo dictador.
El autogolpe es evidente, es un hecho que tiene como propósito detener la caída del presidente Serrano, por la protesta de la mayoría del pueblo contra su política antidemocrática, represiva y contraria a los intereses de los trabajadores del campo y la ciudad.
Ese hecho ha impactado enormemente al pueblo mexicano, no sólo porque Guatemala es nuestro vecino, sino porque entre nuestros pueblos, existe una gran hermandad y amistad histórica. Ellos han sufrido igual que nosotros, los mismos embates de fuerzas externas e internas, que les han impedido mejorar sus condiciones de vida.
Guatemala, en casi toda su historia, no ha gozado de libertad, no ha gozado de independencia cabal ni mucho menos de democracia.
Por eso, en 1944 se sublevó en contra de la dictadura de Jorge Ubico, y surgieron gobiernos de corte democrático y popular, como de Juan José Arévalo y de Jacobo Arbenz, quienes interpretando las demandas del pueblo hicieron una política nacionalista y democrática, que en gran medida afectó a los latifundistas guatemaltecos y extranjeros, como la United Fruit Company, que resultaron afectados por la Reforma Agraria que se empezó a aplicar en ese país.
Ellos prepararon el golpe de Estado con mercenarios y con la tradición de Castillo Armas, quien obedeció los planes trazados desde la Casa Blanca. Así fue como se retornó a otra etapa oprobiosa para los guatemaltecos.
Es sabido que el presidente Jorge Serrano Elías, no actúa por su propia cuenta; el poder real lo ostenta la oligarquía guatemalteca y el ejército, que es parte de esa oligarquía.
Jorge Serrano Elías es sólo instrumento de esas fuerzas reaccionarias y del imperialismo yanqui. Esos sectores son los que desde 1954, con la derrota del presidente Jacobo Arbenz, han sumido al pueblo guatemalteco a una permanente represión, violando flagrantemente los derechos humanos, asesinando, desapareciendo y encarcelando a miles y miles de guatemaltecos, hombres, mujeres y niños.
Paralelamente a esta política antidemocrática, represiva y antipopular, también los regímenes oligárquicos han aplicado una política económica capitalista y neoliberal, que ha hecho que el 90% de los guatemaltecos se encuentre en la pobreza.
En 1980 la tercera parte de la población se encontraba en la pobreza extrema. Para 1989, alrededor de las tres cuartas partes de la población se hallaba en esta situación miserable.
El analfabetismo en Guatemala alcanza ahora el 45% y aproximadamente en el área rural alcanza el 80%; sólo el 34% de la población tiene acceso a los servicios de salud. Guatemala es el país más pobre de Centroamérica. Esa situación agobiante es lo que ha provocado el descontento del pueblo que ante la represión ha tomado el camino de la guerrilla y de la protesta popular en múltiples formas desde hace más de 30 años.
México, consecuente con nuestra política internacional y solidaria, ha otorgado ayuda a miles y miles de refugiados guatemaltecos que huyen de su patria para no perder la vida y estar alejado de las represiones y otras acciones brutales que comete el Gobierno.
La opinión mundial no ha quedado al margen ante esta lacerante situación que vive este país vecino, por eso han levantado su protesta en todos los organismos internacionales y ante el propio Gobierno guatemalteco, presionando a éste para sostener conversaciones con los representantes de la guerrilla para encontrar una solución negociada al conflicto yendo hasta las raíces que provoca esta situación antidemocrática que se vive en ese hermano país.
En efecto, las conversaciones se han llevado a cabo en diversas partes del mundo, pero no han avanzado los acuerdos. Las conversaciones realizadas en México se han suspendido hace una semana, porque las partes no ceden en sus posiciones originales, sobre todo, sobre los problemas de los derechos humanos, sobre la reforma agraria, sobre la política social y económica.
Pero esta suspensión mas bien se debe a las presiones que la oligarquía y el ejército han
ejercido sobre el Gobierno, porque se dan cuenta que si hay un acuerdo, este país entrará en una nueva etapa de democratización, de libertad y de justicia social. Es la razón por la cual han urdido esta estrategia de dar este autogolpe de Estado, para así recobrar todos los poderes económicos, político y social, de ese país.
En las últimas semanas ante el aumento de la represión, ante el agravamiento de la situación económica de los obreros, de los empleados públicos y de otros sectores populares, así como el alza de las tarifas de transporte, se han realizado grandes manifestaciones de protesta y de repudio a la política neoliberal del Gobierno guatemalteco, a tal grado que el 70% de la población se ha manifestado durante todos los días de la semana pasada, entre los cuales se encuentran los estudiantes.
Lo mismo ha ocurrido en la provincia, en el campo. Los campesinos pertenecientes a diferentes etnias de ese país, también están protestando en múltiples formas porque han sido los más perseguidos, los más combatidos, los que más muertos han tenido por el Gobierno.
La política neoliberal del Gobierno guatemalteco no ha permitido aplicar una política de reforma agraria y de protección a los indígenas guatemaltecos, por eso se han sumado a la protesta general. Estos hechos han sido ampliamente denunciados por Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz 1992.
Mi partido, el Partido Popular Socialista, protesta enérgicamente por ese autogolpe de Estado dado por el presidente Jorge Serrano Elías, porque el autogolpe viola los derechos constitucionales de este país, porque establece las condiciones para aumentar la represión y causar más víctimas entre el pueblo, porque cierra las posibilidades de diálogo entre las partes involucradas para encontrar una solución negociada que lleve la paz, la estabilidad y el progreso del pueblo hermano.
Por eso, el Partido Popular Socialista condena energéticamente, como he dicho, este autogolpe. Muchas gracias compañeros.
RETENES EN CARRETERAS NACIONALES
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Arquímides García Castro, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hacer comentarios sobre la instalación de retenes.
El diputado Josafat Arquímides García Castro:
Señoras y señores diputados:
La Procuraduría General de la República implementó un operativo de seguridad en las carreteras federales, en coordinación con la Secretaría de Gobernación federal. Este programa de retenes, tiene, al decir del titular de la dependencia, el propósito de combatir el crimen organizado: secuestros narcotráfico y portación de armas.
Según el doctor Carpizo, con dicho programa se tratará de incrementar la seguridad pública. Lo primero que salta a la vista es la anticonstitucionalidad de las medidas que se pretenden llevar a cabo. Con los retenes se produce un acto de molestia no reglamentado por la Ley y se practican cateos sin los requisitos constitucionales además de la perturbación que se causa a la libertad de tránsito.
El expresidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, reconoce que con la puesta en práctica del programa habrá incomodidades; sin embargo solicitó a la población valore el costo de éstas.
Es realmente sorprendente que quien estuvo encargado de velar por el respeto de los derechos humanos en nuestro país ahora nos quiera hacer pasar por simples incomodidades lo que es una violación a la garantía de la legalidad establecida en el artículo 16 constitucional en el artículo 11 y otros más que menciona nuestra Carta Magna.
Por ejemplo el artículo 16 establece:
"Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento.
No podrá librarse ninguna orden de aprehensión o detención sino por la autoridad judicial sin que proceda denuncia acusación o querella de un hecho que la Ley castigue con pena corporal y sin que estén apoyadas aquéllas por declaración, bajo protesta, de persona digna de fe o por otros datos que hagan probable la responsabilidad del inculpado."
Y en el último párrafo establece ese mismo artículo:
"En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir y que será escrita, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que haya de aprehenderse y los objetos que se buscan, a los que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluir un acta circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado, o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia."
El artículo 21 constitucional, establece la atribución del Ministerio Público de perseguir delitos. Esa atribución se refiere a dos momentos procedimentales: la averiguación previa, tendiente a decidir sobre el ejercicio u abstención de la acción penal y el ejercicio mismo de esta acción."
La función investigadora se inicia desde el momento en que el Ministerio Público tiene conocimiento de un hecho, posiblemente delictivo, a través de una denuncia, acusación o querella. O ¿qué acaso le está encomendada a la Procuraduría General de la República, la función de vigilar o garantizar la seguridad pública? ¿Acaso no corresponde esta función a la policía preventiva? ¿O qué fundamento legal existe para que intervenga también en este operativo la Secretaría de Gobernación?
La Procuraduría General de la República, también dio a conocer que en los operativos estará presente una persona de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para verificar que los actos que se realicen en los retenes, se conduzcan conforme a derecho. Nosotros preguntamos ¿a qué derecho se estarán refiriendo? ¿Acaso es función de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, legitimar actos contrarios a la Constitución?
Como es de todos sabido aunque no siempre respetado, para que se inicie una averiguación previa, es preciso que se cumplan determinadas condiciones legales que establece el artículo 16 constitucional. La iniciación de oficio de la indagación de cualquier hecho presuntamente delictivo, es violatoria del artículo 16 constitucional, toda vez que el procedimiento de preparación de acción penal, solamente puede ser iniciado previa denuncia, acusación o querella y excepcionalmente en el caso de flagrancia.
Con toda sinceridad decimos que celebramos la intención del señor procurador Jorge Carpizo, para combatir el crimen organizado, pero estimamos que en el ejercicio de esta función, no se deben atropellar las garantías individuales.
Considerando lo anterior, creemos conveniente que el Procurador General de la República explique su programa de retenes a esta soberanía. Por lo que con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos sometemos a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la propuesta del Partido de la Revolución Democrática.
«PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se acuerda la comparecencia del Procurador General de la República para que explique los fundamentos constitucionales y legales de su determinación de establecer retenes en las carreteras de la República.
Atentamente.
Diputado Josafat Arquímides García Castro, diputado Emilio Becerra.»
Hago entrega a la Secretaría señor Presidente.
El Presidente:
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se acepta este punto de acuerdo.
El secretario Jesús Molina Lozano:
En votación económica se consulta a la Asamblea si es de aprobarse este punto de acuerdo.
Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Desechado señor Presidente.
ESTADO DE OAXACA
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Alfredo Castillo Colmenares, del Partido Acción Nacional para referirse al problema del transporte en Oaxaca.
El diputado Alfredo Castillo Colmenares:
Honorable Cámara de Diputados:
Hace dos semanas la Federación de Taxistas del Estado de Oaxaca, bloqueó las calles aledañas
al centro de la ciudad en protesta por las 1 mil 200 concesiones de taxi que indiscriminadamente y abusando de su facultad discrecional otorgó a personas ajenas a los trabajadores del volante, el entonces gobernador del Estado, Eladio Ramírez López, en complicidad con su secretario general de Gobierno, ingeniero Lino Celaya Luria, quien hizo un jugoso negocio con estas concesiones. Este problema le ha sido endosado a la actual administración.
Hace tres días fue bloqueada la carretera trasísmica, por grupos que exigen solución a problemas que no han sido resueltos por la vía del diálogo y el viernes pasado, la ciudadanía oaxaqueña nuevamente vio lesionados sus intereses y trastocado el estado de derecho, por un irresponsable bloqueo a los principales accesos a la ciudad de Oaxaca, por parte de concesionarios del transporte urbano y taxistas inconformes por la invasión de rutas por parte de otra línea de microbuses. Este ilegal bloqueo paralizó la actividad industrial y comercial de la ciudad, provocó pérdidas incalculables al comercio, ausentismo laboral y escolar, suspensión de vuelos, daños a la imagen turística del Estado de Oaxaca y varios lesionados.
En respuesta a este bloqueo, una organización de locatarios afiliada al Partido Revolucionario Institucional, muy respetuosa del estado de derecho y según argumentan en legítima defensa de sus intereses, dañaron 12 camiones de servicio público, quemaron otros tres camiones, ocasionando pérdidas por 350 millones de viejos pesos.
La violencia desatada y el bloqueo de las arterias de la ciudad, ha indignado e irritado a la ciudadanía oaxaqueña que reprocha a las autoridades, que la ilegalidad esté sentando sus bases en el Estado.
No quisiera exagerar afirmando que existe un estado de ingobernabilidad en Oaxaca; pero sí afirmar que falta previsión y hay apatía para resolver un conflicto que desde hace tiempo se ha denunciado; infinidad de concesiones otorgadas a gente ajena a los taxistas y el hecho de que existan siete concesiones para autobuses en la ruta en conflicto y estén prestando el servicio 20 autobuses, ha creado un conflicto de intereses entre los grupos de transportistas en Oaxaca.
A consecuencia de estos incidentes, fue detenido el asesor jurídico de los transportistas, licenciado Eduardo Aragón Calvo, actual regidor del ayuntamiento citadino y miembro del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, a quien se acusa de ser el principal instigador de estas actitudes radicales.
El Partido Acción Nacional condena la apatía, la falta de atención oportuna al problema de las concesiones de los taxistas, la impunidad de que siguen gozando los funcionarios de la administración estatal anterior, involucrados en este problema.
Condena igualmente la actitud de los transportistas que provocaron un terrible caos en nuestra ciudad, molestias a miles de personas de poblaciones circunvecinas y pérdidas por cientos de millones de pesos.
Es igualmente reprochable la actitud de los locatarios priístas que en respuesta a estas acciones, destrozan y queman unidades del servicio público, lo que puede ser el inicio de un proceso de inestabilidad generalizada.
Por ser el problema del transporte lo que más preocupa a la ciudadanía, por el momento, no se puede soslayar la dolorosa crisis económica por la que pasa el pueblo oaxaqueño, la inseguridad en las carreteras, el problema del agua, el desempleo y la falta de vivienda.
En otro orden de ideas, la detención del licenciado Eduardo Aragón Calvo, miembro prominente del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y actual regidor del ayuntamiento de Oaxaca, nos parece un claro indicio de falta de sensibilidad política, únicamente por el momento en que se hace la detención, como si con esto fuera suficiente para desactivar un problema social que tiene raíces enclavadas en vicios profundos de la administración pública. Quiero dejar en claro que el hecho de ostentar un cargo público no es patente de corzo para cometer actos delictuosos.
Estamos conscientes, en Acción Nacional, que el licenciado Aragón Calvo tiene integradas varias averiguaciones previas por delitos de orden común, como lesiones y amenazas y que existen órdenes de aprehensión en su contra, pero la ejecución de las mismas se pudo dar antes de que el ahora preso tomara la asesoría o el liderazgo de los transportistas de la línea Teotzapotlán y de su consiguiente protesta pública. Máxime que una de las órdenes de aprehensión data de 1991.
La Procuraduría del Estado de Oaxaca, sabía de estas órdenes de aprehensión y nada dijo cuando el hoy regidor se postula como candidato del
Partido Auténtico de la Revolución Mexicana a la presidencia municipal y obtiene una regiduría, a la que no tenía derecho, a costa del Partido Acción Nacional, quien en esa época exigió su inelegibilidad por los procesos antes mencionados.
Y ahora, porque ahora sí conviene a los intereses del Gobierno, utiliza estas órdenes de aprehensión para exhibirlo como el chivo expiatorio del desorden social.
Por otra parte, hacemos notar que la aplicación de la Ley es selectiva para todos aquellos que no se someten a las consignas del régimen o combaten la injusticia social. Pues no de otro modo se explica la impunidad de que gozan individuos como Marcos Villanueva y su grupo de locatarios, que se han convertido en la fuerza de choque del Gobierno del Estado, pues lo mismo golpean policías, queman patrullas y camiones, atropellan locatarios y secuestran automóviles. Personas contra quienes también existen órdenes de aprehensión y hasta la fecha no se han ejecutado.
Expresadas las anteriores razones, el Partido Acción Nacional declara:
1o. Que el problema del transporte requiere de la transparencia legal para dar a cada quien lo que en derecho le corresponde, anteponiendo los intereses del pueblo a los de los transportistas, a efecto de que se haga realidad la justicia social.
2o. Necesitamos fortalecer en Oaxaca un clima de paz social y como lo decía en sesión anterior nuestro compañero Jiménez Remus, queremos que no haya islas de impunidad. No reclamamos impunidad para nadie, pero sí condenamos la represión de los liderazgos políticos, para que el Estado no simule dentro de la Ley y pretenda con ello culpar a los demás de los problemas sociales, cuando es la administración gubernamental pasada, la culpable de muchos de ellos por incapacidad y por corrupción.
Reclamamos la igualdad ante la Ley para todos, pues aplicarla en forma selectiva como lo hace el Gobierno es ahondar la injusticia social y apartarse de las vías democráticas.
Finalmente, exhortamos al Gobierno del Estado de Oaxaca para que imponga el orden, restaure el estado de derecho y resuelva los problemas de Oaxaca de manera razonada, pacífica y civilizada. Gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra, para rectificar hechos, el diputado David Palacios, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Armando David Palacios García:
Con su permiso señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Es importante puntualizar en esta tribuna y en base a los comentarios del señor licenciado Alfredo Castillo Colmenares, Presidente del Partido Acción Nacional en el Estado de Oaxaca, tres puntos que creemos que son importantes.
Primero. Los problemas políticos que se presentaron en el Estado de Oaxaca la semana pasada, el señor diputado Castillo Colmenares los involucra políticamente con relación a los tres partidos políticos que mencionó su partido, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y nuestro partido, el Revolucionario Institucional.
Pensamos que no es así el asunto. Pensamos que el bloque que en efecto se realizó la semana pasada, fue un bloque que organizó el señor licenciado Aragón Calvo en su carácter de asesor jurídico y que no tuvo absolutamente nada que ver con ningún partido político. Tan es así que su partido, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, por voz de su líder estatal hizo los comentarios referentes en su responsabilidad particular, personal, como abogado, el señor licenciado Aragón Calvo.
Mezcla el licenciado Castillo Colmenares el asunto de la administración pasada e involucra a la administración actual sobre las concesiones de taxis.
En el bloqueo de la semana pasada participaron los taxistas foráneos y habla de las diversas concesiones que fueron otorgadas de una manera, según él, ilícitas a los señores taxistas. Vale la pena, para ilustrar y para comentar aquí ante los compañeros diputados, que, en efecto, se otorgaron al término del sexenio pasado, un número de concesiones que en virtud de tener algunos problemas los señores líderes del transporte de los taxistas, fueron inclusive desconocidos por su gente, por sus dirigentes, por su base y eso trae como consecuencia que el actual Gobierno haya instalado la Comisión de Transporte Federal, en donde participa el sector
federal, donde participa el Gobierno del Estado, los concesionarios respectivos, las autoridades municipales y se está haciendo una revisión minuciosa de estas concesiones. En breve fecha van a emitir cuáles concesiones son las que quedarán listas y cuáles son las que serán revocadas.
Por eso, hacemos este comentario en tribuna para que quede perfectamente claro de que el Gobierno actual del licenciado Diódoro Carrasco, a través del diálogo, a través de la concertación, a través de la participación de todos los sectores y clases sociales, estamos buscando la manera de resolver estos conflictos. Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Rufino Rodríguez.
El diputado Rufino Rodríguez Cabrera:
Forzado un poco por la intervención del compañero diputado David Palacios, quise tomar la palabra para precisar que Eduardo Aragón Calvo no es un delincuente, es un luchador social. Independientemente de que en la actualidad milite en un partido político diferente al mío y que en el pasado ha militado en mi partido político, no significa que se trate de un delincuente.
Lo que me hubiera gustado que precisara el ingeniero David Palacios es por qué es el licenciado Aragón Calvo de quien se dice es el instigador, el único detenido, cuando fueron plenamente identificados los autores materiales de los actos vandálicos que se cometieron. Se trata, todo mundo lo sabe en Oaxaca, se trata de una banda, no se le puede llamar de otra manera a ésta, supuestamente una agrupación de locatarios, conocida con el nombre de "Las Pájaras", así les llaman y están comandados por Marcos Villanueva Serrano. Y habría que preguntarnos, ¿a qué partido político pertenece el señor Marcos?
Es decir, efectivamente se trata de un problema de transporte, por concesiones mal organizadas y que es un problema del Estado de Oaxaca y yo no creo equivocarme al afirmar que es un problema de muchas ciudades de nuestro país y que no se pueden adjudicar a una administración. Lo que sí tenemos que decir, es que la Administración de la ciudad de Oaxaca no ha hecho mucho por resolver el problema de transporte y no está lejano el que pensemos que el licenciado Aragón Calvo, que está en la cárcel porque los permisionarios del transporte urbano en la ciudad de Oaxaca piensan incrementar el precio del pasaje, sí, esto ocurre de vez en cuando, aumentan el pasaje, los estudiantes y la ciudadanía se movilizan, finalmente negocian un aumento que era la pretencial inicial de los transportistas. Aquí el asunto es, por un lado, que tiene que tocarse a fondo el problema del transporte. Si bien el problema actual no se refiere a un problema urbano de la ciudad de Oaxaca exclusivamente, sí tiene mucho qué ver, desde su punto de vista tiene que resolverse el problema del transporte por un lado y por otro lado se tiene que aceptar que fue un desacierto político del Procurador de Justicia del Estado, ejecutar la orden de aprehensión en contra del licenciado Eduardo Aragón Calvo, de quien tiene efectivamente muchas horas de aprehensión, no es raro que los luchadores sociales tengamos órdenes de aprehensión, en el caso del licenciado Aragón Calvo, tiene averiguaciones integradas por ataques a las vías generales de comunicación, resistencia de particulares, motín, asonada, apología del delito, rebelión, tentativa de daños y los que le resulten, así está en la averiguación.
A pesar de que podía alcanzar fianza, el juez le negó el derecho de salir en libertad bajo fianza; entonces yo quisiera decir que me uno al llamado que hace el compañero diputado Colmenares, para que sea reconsiderada la posición en este caso de la Procuraduría y que el licenciado Eduardo Aragón Calvo sea puesto en libertad inmediatamente. Gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene la palabra hasta por cinco minutos, el diputado David Palacios, del PRI.
El diputado Armando David Palacios García:
Trataré de ser breve y en base al comentario del señor diputado Rufino Rodríguez.
Yo no mencioné que el señor licenciado Calvo fuera un delincuente porque lógicamente no soy juez para juzgarlo, el señor licenciado Aragón Calvo, que en efecto fue miembro del PRD y que ahora es miembro del PARM, dije claramente que en su carácter de abogado, en su carácter de litigante, asesor jurídico de una línea, fue donde inició, incitó a este bloqueo al cual nos referimos y debo dejar claro también, que independientemente de que el señor esté ahorita
preso, existe una serie de averiguaciones, entre ellas, tal como lo denunció nuestro Procurador del Estado, contra el grupo que mencionó el señor licenciado Rufino Rodríguez.
En ese momento el juez, la autoridad, son los que van a definir qué cosa es lo que va a pasar con los señores que han participado en estos incidentes. Esos son los comentarios.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Sergio Vera.
El diputado Rafael Sergio Vera Cervantes:
Con su venia, señor Presidente:
He tenido respeto para este Congreso y cuando llegamos a esta tribuna lo menos que debemos tener y así debemos exigirlo, a cualquiera que aquí llegue, es respeto para todos los compañeros diputados.
Aquí se ha hablado y se han abordado algunos temas con muchas inexactitud y que es bueno aclarar:
Primero. El Estado de Oaxaca no vive en estado de ingobernabilidad. En Oaxaca se trabaja y no desconocemos que hay enormes problemas, muchísimos problemas. Problemas de pobreza, problemas de migración, problemas de analfabetismo, problemas de una gran marginación, como que es uno de los estados más pobres de este país. Por eso a veces hay efervescencia.
Pero los oaxaqueños no nos asustamos de eso, los oaxaqueños sabemos que de esa efervescencia, a veces de ese enfrentamiento pasional en ocasiones de ideas, y de acciones, hemos superado muchos de esos problemas y hemos encontrado vías saludables de solución.
Hoy Gobierna mi Estado, un joven gobernante, que lo hace con gran empeño. En el pasado gobernó un político de una gran carrera profesional en este quehacer tan difícil y antes como hoy, ha habido problemas y han seguido su cauce y ha habido, antes y hoy, acciones plurales, se ha abierto en Oaxaca la posibilidad para que todos participen, actúen, expongan y luchen.
Lamentablemente algunos apóstoles de las acciones, apóstoles de la democracia, han abusado de esa libertad y se les ocurre acciones de gran protagonismo, cerrar carreteras, tomar por asalto oficinas, quemar camiones; bien, ante eso la sociedad oaxaqueña, efectivamente está a disgusto, porque así no puede construirse un Estado con soluciones verdaderas a sus problemas.
Ese es Oaxaca, un mosaico de problemas. Oaxaca tiene dentro muchas naciones, Oaxaca son 16 etnias, con sus raíces propias, sus lenguas, sus tradiciones, Oaxaca es un encuentro de problemas en ebullición, pero que tiene una solución.
Yo vengo a refutar el hecho de que haya ingobernabilidad, porque no existe, pero además vengo a decir que los problemas han sido eternos, no son de una administración, efectivamente la administración pasada, en seis años se dieron 1 mil 200 concesiones, ¿porqué? En Oaxaca como en muchos estados de la República, hay un monopolio de los taxis, de los micros.
Trató de distribuirse para que quien maneja un coche, quien maneja un micro, sea el dueño de la concesión. Por eso se distribuyeron.
Pero aquí se viene a sorprender a los compañeros diputados y a cometer actos no de ignorancia, sino de mentira.
Habla el compañero Castillo de la impunidad que gozan los funcionarios de la administración anterior. Yo creo que ahora que regrese a su casa el van a dar buena sacudida. Su esposa fue precisamente subsecretaria general de Gobierno de la administración anterior. Yo creo que va a tener muchos problemas en casa el compañero diputado.
El Presidente:
Para contestar alusiones personales, tiene la palabra el diputado Alfredo Castillo Colmenares, del Partido Acción Nacional.
El diputado Alfredo Castillo Colmenares:
Dos cosas. Primero: si se revisa lo que dije anteriormente, yo no dije que hubiera ingobernabilidad en Oaxaca, dije que sería exagerado afirmar que hay ingobernabilidad en Oaxaca; dije que había apatía y falta de previsión de las autoridades para resolver un problema, que incluso, con 48 horas de anticipación, anuncian los transportistas que va a haber bloqueo en los principales accesos de la capital. Una aclaración.
Segunda aclaración: efectivamente, mi esposa tiene un gran defecto, es priísta, y como muchos de ustedes, es institucional. Colaboró efectivamente como subsecretaria "B" del Gobierno del licenciado Heladio Ramírez López; tuvo su cargo los centros de readaptación social, el Registro Público de la Propiedad y el Registro Civil.
Yo no generalicé. También el licenciado y compañero diputado Ildefonso Zorrilla Cuevas, colaboró con el licenciado Heladio Ramírez López y su honorabilidad está fuera de toda duda; sin embargo, digo y reafirmo: hay impunidad para los funcionarios del régimen de Heladio Ramírez López.
Heladio Ramírez López llevó a Oaxaca lo que se llamó la legión extranjera, personas que no siendo oaxaqueñas, están descalificados nacionalmente. Ejemplos, Fausto Cantú Peña, Ríos Camarena, Jorge Preizer, gente que como ustedes saben, estuvo en prisión, yo no sé por qué razones.
Heladio Ramírez López corrompió a la prensa oaxaqueña. Hizo de la Cámara de Diputados local, fuente de escándalo por la frivolidad de sus diputados. El licenciado Raúl Ramírez, expresidente de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados, al que Acción Nacional exigió juicio político que fue desoído por la administración de Diódoro Carrasco, saqueó materialmente la Cámara de Diputados, camionetas, hasta los libros de consulta se llevó.
La Contraloría del Gobierno del Estado de Oaxaca no funcionó en la administración anterior; sin embargo, a su titular lo convirtieron en diputado.
Yo, claro, entiendo el agradecimiento del diputado Sergio Vera. Heladio Ramírez López lo hizo líder de la CNC, diputado local y después diputado federal. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra para rectificar hechos, el diputado Rufino Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Rufino Rodríguez Cabrera:
Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados:
Les suplico un poco de paciencia en estos cinco minutos, nada más.
Tengo que precisarle al profesor Sergio Vera Cervantes, que no se puede explicar la realidad de Oaxaca a partir de que los luchadores sociales encabezan cierres de carreteras o tomas de edificios. Mejor, si se dice que efectivamente la oposición no tiene ningún derecho a cerrar carreteras, no tiene ningún derecho a secuestrar funcionarios y a todo lo demás, también tenemos que decir que el Gobierno, los gobiernos de los estados, no tienen ningún derecho a cegar vidas humanas, no tienen ningún derecho a no resolver los problemas que plantea la clase trabajadora y el pueblo oaxaqueño.
Ha habido una serie de gobernadores que desacertadamente han pensado resolver los problemas de Oaxaca con la horca y el cuchillo y creo que tengo la obligación de recordar aquí al ex gobernador de triste memoria, Zárate Aquino, que cuando le decían que por los 22 muertos que había habido en San Juan Lalana lo iban a destituir, el señor contestaba: me da lo mismo perder 22 a cero que 50 a cero. Esos eran los gobernadores que tuvimos, que hemos padecido en Oaxaca.
Ahí está la explicación de que las organizaciones sociales y los luchadores sociales, hayan acudido a formas de presión para forzar a que los gobiernos de los estados suavizaran su trato y resolvieran las demandas.
No es una graciosa concesión, profesor Sergio Vera Cervantes, no es una graciosa concesión de los gobiernos de los estados haber aceptado y me parece que no me equivoco al decir que Oaxaca fue uno de los primeros estados en donde se aceptó la representación proporcional en la composición de los ayuntamientos, no fue una concesión que la hayan aceptado; fue producto de la lucha de diferentes organizaciones sociales que en Oaxaca han estado batallando en favor de la democracia. Eso ha estado ocurriendo.
Sin embargo, así tenemos o hemos tenido gobernadores que han cometido desaciertos, evidentemente también tenemos diputados que desacertadamente vienen a hacer uso de la tribuna y a decir, con todo respeto para todos ustedes, barbaridades, tal vez por eso, profesor Sergio Vera Cervantes, ya no es coordinador de la diputación oaxaqueña y ahora es otro diputado el que es coordinador de esa diputación. Muchas gracias.
ESTADO DE GUANAJUATO
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Napoleón Gallardo Ledezma, del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional, para presentar una denuncia sobre la situación de la ganadería y asuntos relacionados con vehículos extranjeros, en el Estado de Guanajuato.
El diputado Napoleón Gallardo Ledezma:
Son su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Es sabido ya casi de todas las personas en nuestro Estado de Guanajuato, lo que está aconteciendo, unos dicen que son consecuencia del Gobierno, otros decimos que es consecuencia de lo que se empieza a manejar desde el centro.
En la ganadería, en nuestro Estado de Guanajuato, para no abundar mucho, tenemos con tristeza que soportar gobiernos que tal parece que no son mexicanos.
Tienen ya meses movilizaciones de ganaderos, que han llegado a protestar inclusive yendo a tirar la leche a oficinas, es decir, hacer el pago en especie, dado a que no son escuchados, por más y más que hablan. Y aquí en la Cámara de Diputados parece que a veces pasamos por alto lo que acontece en nuestros estados y queremos siempre culpar a alguien porque parece que a eso nos dedicamos, buscar siempre responsables sin buscar soluciones.
En Guanajuato hay algo más grave que nunca se ha tocado en esta Cámara y es lo que acontece con la ganadería, con la porcicultura. Ahí los porcicultores, donde en Guanajuato era una de las actividades primordiales, ahora nos encontramos los porcicultores ya en quiebra total, con carteras vencidas y sin ningún apoyo. Pero todo eso podría pasar si no llegáramos a tocar el por qué.
¿Por qué hay exceso de leche que se tira? ¿Por qué la porcicultura ya no es costeable y ya casi se terminó? La razón la conocemos todos, donde, ¿cómo es posible que el Gobierno mexicano traiga leche para acabar con los productores de leche mexicanos? ¿Cómo es posible que el Gobierno siga permitiendo que entren ferrocarriles enteros de carne de cerdo y de res, para acabar con nosotros los porcicultores? Esa es la realidad: el Gobierno va acabando con los propios mexicanos. No necesitamos llegar al Tratado de Libre Comercio, con el Gobierno que tenemos parece que basta.
Y yo creo que lo que deberíamos hacer aquí, que la voz de la Cámara, haciendo a un lado partidos, pusiéramos de veras en claro cuál es nuestra postura con el pueblo de México y solicitar a la autoridad competente para que pare eso.
Hoy podemos volver a vivir aquellos tiempos en que bastaba con cuatro o cinco marranitas, como le decíamos ahí, de pie de cría, se mantenían. Pero aquello terminó ¿Y nosotros qué hemos hecho?
Por otro lado, que ya no traigan quesos, que ya no traigan leche en polvo para que las cosas en México se compongan. De otra manera habrá que llegar a celebrar un requiem para la agricultura y para la ganadería mexicana.
Por otro lado, Guanajuato es un Estado al que se le ha dicho un Estado gobernado por el PAN, pero, ¿cuál es la realidad? Donde tenemos dos fuerzas en el poder, a uno tal vez, con sus hechos, le interesa el Estado; al otro, le interesa recuperar el poder. Y el pueblo de Guanajuato sufriendo, porque uno quiere el bien y el otro quiere el mal.
Hemos llegado a tener que soportar que en la capital del Estado, donde solamente la componen dos o tres calles, sean invadidas cuando se les antoje y hasta anuncian el día y la hora, por camionetas extranjeras, por camionetas que quieren ser legalizadas, pero que son manejadas para enriquecer gente por un movimiento que se ha dado en llamar U.C.D.
Y esto, esto no es justo para los guanajuatenses; sus derechos también han sido violados. Y no es posible que por el hecho de tomar como bandera que quieren liberar a dos individuos, supuestos delincuentes, tengan que tomarse acciones que perjudiquen al pueblo y que después empiecen a manejarlo los políticos diciendo que el gobernador es el culpable, cuando el secretario de Gobierno es quien está manejando eso. Eso no se vale.
Y si somos honestos nosotros, debemos de serlo parejo.
¿Por qué no se han detenido las camionetas ilegales? ¿Por qué se sigue permitiendo que estafen a los campesinos? Porque las calcomanías no son gratis, porque tienen que ir ahí "a donde digan que se paren". ¿Pero don Pedro Aspe por qué ha permitido esto, si ya no se va a legalizar ni una sola? Movimientos políticos que afectan la vida de un Estado.
Yo quisiera que hiciéramos conciencia de lo que realmente acontece. Si van a querer por medio
de la presión liberar a personas que han violado la Ley, lo vamos a seguir en toda la República, porque bastará con decir que "arreglamos camionetas", y vamos a juntar gente. ¿Pero acaso eso es lo que queremos de un México? Amigos diputados; compañeros: las cosas se hacen grandes cuando lo permite la autoridad y en el caso de Guanajuato, en concreto, y por las camionetas, vehículos extranjeros de la U.C.D., yo pediría al secretario de Hacienda que dé la orden de legalizar o de terminar, pero no sea esto motivo para seguir queriendo ensuciar a un gobernador que quiere hacer las cosas bien. Gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra, para rectificar hechos, hasta por cinco minutos, el diputado Enrique Rico Arzate , del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Enrique Rico Arzate:
Con el permiso de la Presidencia. Voy a empezar, queridos compañeras, compañeros diputados de esta Cámara, por hacer una aclaración. Quisiera decirle al compañero Napoleón, que los compañeros de la U.C.D. no son delincuentes y que abanderaron un movimiento de legalización, no de legalización de camionetas, porque supuestamente ya estaban legalizadas.
En 1990, a través de aquel decreto de la Secretaría de Hacienda, supuestamente se legalizaron las camionetas y hubo compañeros que hasta pagaron dos veces por la legalización; se les entregaron las placas y se les entregó el recibo de Hacienda debidamente foliado.
Pero resulta, resulta que ahora, este año, cuando van los compañeros a la renovación de su calcomanía, no están legalizados, no se encuentran en el Registro Federal de Automóviles. Ese es el verdadero movimiento en este momento de la U.C.D.
Pero, además, quisiera decirle también al compañero, que los acusa y se molestan porque se les cierran las calles de la capital del Estado de Guanajuato. ¿Por qué no hizo lo mismo el gobernador, el secretario de Gobierno, cuando semanas, una semana antes, se llevó a cabo una manifestación de los comités de Solidaridad y ahí sí cerraron las calles de Guanajuato, compañero? Fueron más de 15 mil personas las que se pararon en la capital del Estado y no se les reprimió, no se les dijo nada, ¿acaso porque eran del PRI? ¿O acaso porque los manejaba el subdelegado de la Sedesol en el Estado de Guanajuato?
Pero más aún el día de la represión en la capital del Estado, después de que con garrote en mano, el gobernador mandó sacar de las calles a los compañeros de la U.C.D., a las cinco de la tarde se lleva a cabo una procesión de cientos de personas y provocaron un congestionamiento más drástico aún, que el de la mañana y no se les aplicó ningún garrote en mano.
Yo creo que debemos de ser claros en las posiciones, ¿no? O somos parejos con todos o no les aplicamos la ley y el salario. Porque el compañero viene aquí a decir que el señor gobernador está trabajando por el bien del Estado, a la mejor sí, no lo dudamos en algunas cuestiones. Pero yo me pregunto, por ejemplo, ¿por qué no se le reprimió por la tarde a los compañeros de la procesión que iban hacia una iglesia? ¿Será acaso porque el gobernador teme que se le vaya abajo su programa de Gobierno que en este momento está apoyando la construcción de capillas en los municipios del norte del Estado? Yo no digo que sea malo, está trabajando, pero yo creo que esos no son los programas que se deben de apoyar sobre todo en el Gobierno del Estado de Guanajuato.
Yo quisiera decirle al compañero que el gobernador en estos momentos debe de manifestarse públicamente, sobre todo por la represión que se llevó a cabo en la capital del Estado. Una manifestación pública donde se le reconozca el derecho a todas las organizaciones sociales y a los luchadores sociales, porque de esta forma no vamos a poder arreglar los problemas.
Si el día de mañana en el Estado de Guanajuato a otra organización, vamos a imaginarnos a los ganaderos, a los ganaderos del estado que en este momento se están manifestando en diferentes parte del Estado de Guanajuato, por la crisis efectivamente que aquí mencionó el compañero, una crisis aguda en el campo. Si mañana se llegaran a manifestar en la capital del Estado y por ciertas circunstancias se bloquean las calles, ¿sería justificable su represión con garrote en mano, por parte del Gobierno del Estado? Yo creo que no compañero.
Hay que escucharlos. Hay que escuchar a la gente para encontrar la solución a la problemática. En este caso de las camionetas que supuestamente son ilegales no es culpable el gobernador del Estado, y no nos estábamos manifestando
en contra del gobernador del Estado, estaba plantada la gente frente a la Delegación de la Procuraduría General de la República.
Porque en realidad ahí el culpable es la Secretaría de Hacienda, son los que hicieron la transacción, son los que corrompieron a los líderes, que están enredados los líderes de la CNC del Estado de Guanajuato. Ellos fueron los que cobraron las cuotas.
Y, bueno, aquí podríamos empezar a sacar nombres, y, bueno, saldrían algunas personas de las que están aquí en este recinto. Yo aquí lo dejaría y si llamaría al compañero Napoleón a la concordia que no nos mide con la misma vara a todos los del movimiento social.
Yo si invitaría al gobernador que públicamente llame a las partes, llame a las organizaciones para encontrar la solución a los problemas. Los problemas se resuelven bajo la concertación no bajo el garrote compañero. Muchas gracias.
El diputado Napoleón Gallardo Ledezma:
(Desde su curul) Pido la palabra.
El Presidente:
¿Con qué objeto?
El diputado Napoleón Gallardo Ledezma:
(Desde su curul) Para rectificar hechos.
El Presidente:
Para rectificar hechos, por cinco minutos, tiene la palabra el diputado Napoleón Gallardo Ledezma.
El diputado Napoleón Gallardo Ledezma:
Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados:
Hay ocasiones en que de veras si queremos arreglar las cosas las vamos a arreglar, vamos a intentarlo. Pero el hecho de decir que son personas que ya habían legalizado sus vehículos, pues yo pienso que se generaliza porque son unos cuantos. Nada más voy a poner por ejemplo, en San Luis de La Paz, yo quisiera saber cuántos son los que están ya pagados y las placas que les dieron eran realmente con documentos válidos, no falsos, no copias.
Estuve aquí en México en Hacienda viendo este problema. Pero tal vez éste se quiera generalizar, hay vehículos que acaban de entrar y ya quieren también que se les legalice, eso todos lo sabemos.
Por otra parte, la marcha esa de Solidaridad pues ése no es movimiento más que del partido oficial, es un movimiento que ellos lo hicieron.
Que dicen una cosa y que dicen otra. Yo lo que pido es que se investigue y que realmente resuelva Hacienda, yo no pedí que resuelva el movimiento U.C.D., Hacienda es la responsable y que ella resuelva. Y yo estoy a sus órdenes, yo quiero en verdad que se resuelva. Yo no vine aquí en un plan tampoco de ataque ni mucho menos, no me interesa eso, a mi me interesa lo que le interesa al señor diputado, que se resuelvan las cosas.
Ahora que hubo agresión con garrote, porque así se dice, a tal grado que llegaron también a decir que faltaba una mujer de todas las que andaban por ahí, no fue cierto, son cosas que manejan tal vez los medios, pero que en verdad no hay nada de eso. Sí agredieron a un policía de las fuerzas de seguridad con un botellazo en la cara, por parte de los manifestantes, de ahí se suscitó alguna discusión, que no terminó en mucho, porque la judicial del Estado llevaba órdenes de calmar las cosas, no de intervenir para golpear.
Además, yo creo que si es en verdad el gobernador, quien debe de resolver sobre la situación, no de los vehículos, sino de los presos, pues también debemos de verlo.
Así es de que compañero diputado, a sus órdenes. Estoy dispuesto con todo gusto, me gustaría ayudar a encontrar la solución de campesinos que se están manejando y se están manejando mal. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra para rectificar hechos, el diputado Enrique Rico Arzate, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Enrique Rico Arzate:
Con el permiso de la Presidencia, compañeros diputados:
Quisiera comentarles, con lo aquí expresado por el compañero diputado Napoleón, que lo ocurrido el jueves 20, por parte de las fuerzas de represión del Estado, en contra de los compañeros de la U.C.D. nos desconcierta, esto porque se contradice con lo platicado por parte nuestra con el secretario de Gobierno que es el encargado de la política social en el Estado.
En primer lugar, creemos que se debió escuchar la problemática del movimiento y no actuar sin sentido con el garrote y la fuerza, y tenemos las notas periodísticas compañeros, donde fueron 10 los heridos de parte de los compañeros campesinos y centenares de golpeados. Pero más aún, nos sorprende a nosotros como partido, al día siguiente el tono en que el gobernador contesta en los medios de comunicación. Lo voy a citar textualmente: "Y si vuelven a la capital del Estado, los volveré a reprimir". ¿Esa es la forma como se pueden dirimir los problemas? ¿Esa es la forma en que se nos llama a platicar y a tratar de encontrar la solución a lo planteado? Yo creo que es una falta de sensibilidad política y falta de cumplimiento a su palabra que se nos hizo llegar a través del secretario de Gobierno.
Nos dijo que estaban las puertas abiertas para el diálogo, que están las puertas abiertas para la concertación y encontrar la solución a los problemas.
Y se nos recibe con el garrote en la mano. Yo creo que no es la solución compañeros. Pero más aún compañeros legisladores, la aplicación de la ley en el Estado de Guanajuato es selectiva, como yo les había comentado. El compañero comenta que los manifestantes de Solidaridad son del PRI. Pero eran personas y estaban obstruyendo las calles, ¿o la ley no se les aplica a los del PRI en el Estado de Guanajuato?
Y yo quisiera nuevamente expresar por último, que estoy de acuerdo en algunas manifestaciones del compañero Napoleón, pertenecemos incluso a la Comisión de Agricultura. Y hemos manifestado la situación en que se encuentra el campo mexicano y fundamentalmente el campo en el Bajío. Y estos compañeros eran parte, compañero diputado Napoleón, son compañeros campesinos que de alguna manera, no los justifico, han tratado de encontrar algún medio, algún medio repito, a través de las camionetas, para poder trabajar en sus campos.
Y por otro lado, quisiera decirle que comparto la idea y ojalá podamos encontrar la solución al problema que ha venido ocasionando los movimientos sociales en el Estado de Guanajuato. Muchas gracias.
DECLARACIONES DEL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Hildebrando Gaytán, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, para hacer comentarios sobre los pronunciamientos del Secretario de Gobernación.
El diputado Hildebrando Gaytán Márquez:
Señor Presidente; señoras y señores diputados:
En días pasados en una reunión con la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras, el señor secretario de Gobernación, licenciado Patrocinio González Garrido, hizo declaraciones diversas entre las cuales aludió a los partidos políticos y a los políticos de nuestro país.
Concretamente entre sus aseveraciones estuvo la de que en México no hay presos políticos. Pero, dijo: "Pero políticos presos deben haber muchos y ojalá hubiera más, del PRI y de todos los partidos".
También expuso esto: "Militantes de partidos políticos o políticos de diversos partidos pueden y muchos deben, y muchos más deberían estar en la cárcel, de todos los partidos políticos".
¿Qué significan estas palabras por parte de la persona que es presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral?, de la persona que está encargada de tener el trato con los partidos políticos y de que en cumplimiento de su encargo, debe velar por fortalecer el régimen de partidos políticos? Estas expresiones como puede verse, puesto que no se refiere a qué tipo de políticos, diríamos que ambigua, vaga, generales, caen dentro de ese tipo de declaraciones que conocemos que se han dado en diversos lugares, en diversos tiempos, con una tendencia antidemocrática. Son las clásicas expresiones que a veces preludian una racha de macartismo. Por eso, el Partido Popular Socialista ha determinado subir a esta Tribuna a expresar ciertas preocupaciones.
¿Qué se pretende con esto? ¿Se va a modificar la política de diálogo y concertación que se ha establecido entre Gobierno y pueblo para la solución de problemas?
Con esto, evidentemente que no ayuda a la democracia, con estas expresiones. Estamos en esta
Cámara analizando cómo ampliar, preservar, fortalecer la vida democrática de México; estamos empeñados en dar todo nuestro esfuerzo porque la democracia en el ámbito de su connotación política se perfeccione. Y digo en el ámbito de su connotación política, porque de acuerdo con nuestra misma Ley fundamental, la democracia tiene qué ver con los derechos sociales de las amplias masas trabajadoras del pueblo.
Es cierto que en los últimos años se han agravado muchos problemas del pueblo y seguramente se seguirán agravando. Nosotros hemos señalado sus causas: la política económica inspirada en el neoliberalismo.
Pero también nuestra Constitución establece los mecanismos, los medios para que las amplias masas del pueblo defiendan esos intereses y no solamente que tengan la posibilidad de defenderlos, sino de que las autoridades del ramo pongan su esfuerzo en apoyo de los trabajadores y de los amplios sectores de la población.
Para la prevención de esta justicia social, el PPS quiere recordar que el Gobierno no puede ni debe estar neutral. Todavía nuestras leyes señalan que el Gobierno, que el Estado debe inclinar su participación por el lado de los desposeídos, por el lado de quienes económicamente son los más afectados y en general por el lado de los trabajadores.
Y cuando esto no sucede, los problemas sociales se agrandan; pero aún en estos casos, el PPS demanda justicia y no actitudes de mano dura.
Nuestro partido tiene un origen eminentemente popular y revolucionario. Surgió inspirado en las causas del pueblo, en nuestra historia, en los principios y objetivos de la Revolución Mexicana. Ha dado su esfuerzo por contribuir al desarrollo de México, a la vida democrática y al mejor nivel de vida del pueblo.
Luchamos, efectivamente, porque los problemas puedan solucionarse por las vías que el pueblo abrió y la vía fundamental es la de la Constitución.
Y la mejor vía para que esta vía constitucional dé solución a los problemas del pueblo y dé respeto a las garantías individuales y sociales, y dé ejercicio pleno de estas garantías se pueda dar en nuestro país, es por la ampliación de la vida democrática. Tanto en el respeto de los derechos individuales y sociales, como en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población.
Sí, la democracia tiene esos dos pilares inseparables en nuestro régimen constitucional.
Cuando se dice pues "que hay políticos de todos los partidos que deberían estar en la cárcel", el PPS rechaza airadamente estas declaraciones de este secretario de Gobernación.
Por lo que a nosotros se refiere, lo hemos dicho cual es nuestro origen y cual es nuestra lucha indoblegable, que ha mantenido el PPS en todas las esferas de la vida económica, social o política.
Con completa claridad hemos dicho que la Revolución Mexicana en esta etapa debía de haber cumplido una serie de objetivos, que nos pudieran conducir a estadios superiores de vida. Que hoy existen una serie de problemas, de todas maneras no puede de ninguna manera arriarse la lucha del pueblo por mejores condiciones de vida. Eso es imposible. Y con el nombre que sea el pueblo accederá a mejores condiciones de vida. Y para que acceda a este mejor nivel de vida, nosotros reclamamos en este momento en México que se amplíe la vida democrática.
En este sentido tenemos que rechazar estas expresiones del secretario de Gobernación.
Si estamos interesados y si así prevemos que la democracia tiene como instancias, como uno de sus instrumentos a los partidos políticos, pues es contradictorio que se den expresiones que vienen a denigrar a los propios partidos políticos.
Ni por casos aislados que puedan suceder, no se tiene el derecho de hacer este tipo de expresiones que enturbian la vida democrática.
Se ha analizado en esta Cámara, cómo en otros países se ha llegado al autoritarismo, al abolir las instituciones, como ha sucedido meses atrás en Perú y recientemente en Guatemala.
El Partido Popular Socialista quiere dejar sentado aquí su rechazo a estas expresiones y la exigencia de que se profundice y se amplíe la vida democrática de México, como fue el compromiso contraído para llevar adelante la reforma política. Muchas gracias.
DENUNCIA
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Hugo Sergio Palacios Laguna, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para comentar un asunto de Chiapas.
El diputado Hugo Sergio Palacios Laguna:
Con su permiso, señor Presidente, señoras y señores diputados:
El motivo que me trae a esta tribuna es denunciar ante esta soberanía hechos ocurridos en el Estado de Chiapas que ponen en duda la validez de la campaña de fotocredencialización que lleva el Gobierno de la República en todo el territorio nacional.
Con fecha 15 de diciembre de 1992 se comete un robo en el módulo 080 de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en la que se sustraen una Cámara, credenciales de elector y algunos otros objetos.
Posteriormente, el 19 de enero de 1993, nuevamente se comete otro robo, ésta vez en el módulo 086, en la misma ciudad de San Cristóbal de las Casas, ésta vez se roban credenciales. Este hecho tanto como el anterior se hace del conocimiento de las autoridades mediante las averiguaciones previas 41/92 y 2/93 respectivamente, ante la agencia del ministerio público federal.
Han transcurrido cinco meses y no se tiene ningún resultado sobre la investigación de dichos robos. ¿Se trata de proteger a los culpables de dicho ilícito?, ¿se trata de experimentar para posteriormente poner en práctica en otros estados tales delitos?, ¿para poder llevar a cabo con credenciales falsas procesos electorales fraudulentos, ya que tienen los elementos necesarios para producirlas y así consumar el fraude en las elecciones de 1994?
Recordemos que en Chiapas durante el Gobierno del licenciado Patrocinio González Garrido, fue el primer Estado en que se dio la iniciativa para la despenalización del aborto y que debido al rechazo de la ciudadanía en general, esta iniciativa quedó congelada.
Recordemos también que en Chiapas se hicieron los cambios a la Constitución del Estado, para que el Congreso del mismo, nombrara gobernador interino por un año, para adecuar los tiempos de la sucesión presidencial, hechos que posteriormente pusieron en marcha en el Estado de Yucatán, pero que afortunadamente dieron marcha atrás, gracias a la valentía del pueblo yucateco.
Esos cambios dados a la Constitución del Estado es y sigue siendo una violación a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 116 y 40.
La diputación panista en el Estado ha intervenido para que al igual que en Yucatán el pueblo chiapaneco sea quien elija al ciudadano que gobernará del 8 de diciembre de 1994 al 15 de diciembre de 1995 y que sean ellos y no el Congreso Estatal quien designe al gobernador, porque de ser esto último, será una violación a la Constitución que rige por igual a todos los mexicanos.
Estos cambios dados a la Constitución del Estado es y sigue siendo una violación a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 116 y 40.
Por todo esto, nos preocupa el robo ocurrido en las oficinas de fotocredencialización, hechos que hasta la fecha no se han investigado, situación que empaña los procesos electorales, por lo que pedimos que esto se investigue a efecto de que estos hechos no se repitan en ningún otro Estado de la República.
Por tal razón, solicito señor Presidente, que se turne el presente a la Comisión de Gestoría y Quejas de esta Cámara de Diputados y se informe del resultado de las investigaciones sobre hechos que lesionan la credibilidad de los procesos electorales.
Hago pues entrega de la petición y también de los documentos y de las copias de las actas levantadas por los hechos aquí narrados, a la Secretaría. Muchas gracias.
El Presidente:
Túrnese a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de esta honorable Cámara de Diputados.
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DÍA
La secretaria Graciela Larios Rivas:
Se han agotado los asuntos en cartera.
Se va a dar lectura a la siguiente orden del día de la próxima sesión.
«Segundo Período de Sesiones Ordinarias.- Segundo Año.- LV Legislatura.
Orden del día
1o. de junio de 1993.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Laura Estela López Morales, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Palmas Académicas, en grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de la República Francesa.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Alejandro Morales Islas, para que pueda prestar servicios como ayudante de beneficios federales en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Dictámenes a discusión
De la Comisión del Distrito Federal, con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley sobre el Régimen de Propiedad en Condominio de Inmuebles, para el Distrito Federal.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Aurora Garza Minjares, para prestar servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
El Presidente:
(A las 19.00 horas) Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el próximo martes 1o. de junio a las 10.00 horas.
NOTAS
Siglas y abreviaturas incluidas en esta edición:
AC Asociación Civil
Banrural Banco Nacional de Crédito Rural
Cafemex Café Mexicano
CIGF Comisión Intersecretarial Gasto - Financiamiento
CNC Confederación Nacional Campesina
CNPR Confederación Nacional de Propietarios Rurales
CTM Confederación de Trabajadores de México
Dicamez Distribuidora de Café Mexicano
Expover Exposición en Veracruz
Fidecafé Fideicomiso del Café
Fonhapo Fondo Nacional de Habitación Popular
Fovissste Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Idecafe (Sin aclaración)
Infonavit Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
INIFAP Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias
Inmecafé Instituto Mexicano del Café
Iva Impuesto al valor agregado
OIC Organización Internacional del Café
OIP Organización de Importadores de Café
ONU Organización de las Naciones Unidas
OPEP Organización de Países Productores y Exportadores de Petróleo
PAN Partido Acción Nacional
PARM Partido Auténtico de la Revolución Mexicana
PFCRN Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional
PPS Partido Popular Socialista
PRD Partido de la Revolución Democrática
PRI Partido Revolucionario Institucional
Pronase Productora Nacional de Semillas
Pronasol Programa Nacional de Solidaridad
SARH Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos
Secofi Secretaría de Comercio y Fomento Industrial
Sedesol Secretaría de Desarrollo Social
TLC Tratado de Libre Comercio