Legislatura LV - Año II - Período Ordinario - Fecha 19930615 - Número de Diario 19
(L55A2P1oN019F19930615.xml)Núm. Diario: 19ENCABEZADO
LV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO de los DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Correspondiente al Segundo Período del Segundo Año de Ejercicio
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
PALACIO LEGISLATIVO
Diputado Juan Ramiro Robledo Ruíz
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Héctor de Antuñano y Lora
AÑO II México, D.F., martes 15 de junio de 1993 No. 19
SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO
SUMARIO
ASISTENCIA
APERTURA
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
PROTESTA
Del ciudadano Rogelio Javier Audiffred Narváez, como diputado federal.
CÁMARA DE SENADORES
Oficio por el que informa de la integración de la mesa directiva para el tercer mes del presente período de sesiones ordinarias. De enterado.
ESTADO DE QUERÉTARO
Comunicación del Congreso de ese Estado, por la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
INICIATIVAS DEL EJECUTIVO
Oficio de la secretaría de Gobernación con el que envía iniciativa de Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública.
OFICIO DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Alfonso Herrera Franyutti, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Cuba. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se autoriza el Ejecutivo Federal para emitir Certificados de la Tesorería de la Federación.
Dos dictámenes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, por los que se le solicitan los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Francisco Rojas García, Felipe Becerril Torres, Celinda de la Luz Pintos Hernández y María del Rosario Ramírez Gómez, puedan prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
COLEGIO DE MÉXICO
Toma la palabra el diputado Armando Romero Rosales, quien da lectura a un dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, respecto a la celebración de una sesión solemne para celebrar el L aniversario de la fundación de ésa institución.
La Asamblea le dispensa la segunda lectura y en votación económica se aprueba.
PETRÓLEOS MEXICANOS
Para referirse a los trabajadores de dicha institución, hacen uso de la palabra los diputados:
Jorge Tovar Montañez
Miguel Cuitláhuac Vázquez Hidalgo
Jesús Suárez Mata
ESTADO DE MÉXICO
Sobre el proceso electoral en el Estado, intervienen los diputados:
Julio César García Hernández
Enrique Edgardo Jacob Rocha
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, en el mismo asunto, hacen uso de la palabra los diputados:
Concepción Trinidad Rosas de la Luz
Enrique Rico Arzate
Fernando Roberto Ordorica Pérez
Julio César García Hernández, presenta proposición.
Enrique Edgardo Jacob Rocha
José María Téllez Rincón
Amador Monroy Estrada
Julio César García Hernández
José María Téllez Rincón
Rodrigo Alejandro Nieto Enríquez
Cristóbal Arias Solís
Francisco Dorantes Gutiérrez
Enrique Edgardo Jacob Soriano
Se desecha la proposición del diputado Julio César García Hernández
ESTADO DE QUINTANA ROO
Para referirse a problemas ecológicos en el Estado, hace uso de la palabra la diputada Luisa Alvarez Cervantes, quien presenta una proposición. Se turna a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente.
TRATADO DE LIBRE COMERCIO
Sobre los acuerdos paralelos, hacen uso de la palabra los diputados:
Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara
Guillermo Jorge González Díaz
Enrique Rico Arzate
Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara
Luis Alberto Beauregard Rivas
Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara
José de Jesús Martín del Campo Castañeda
Gil Mendoza Pichardo
REPÚBLICA DE SOMALIA
Francisco Hernández Juárez, presenta un punto de acuerdo firmado por todos los grupos parlamentarios de la LV Legislatura, respecto a la situación de Somalia.
Toma la palabra el diputado Jorge Zermeño Infante, para rectificar hechos.
Se aprueba el punto de acuerdo.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
Presidencia del diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz
ASISTENCIA
El Presidente:
Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia, el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados.
La secretaria Alicia Montaño Villalobos:
Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 325 diputados, por lo tanto. Hay quórum.
APERTURA
El Presidente:
(A las 11.58 horas) Se abre la sesión. Dé lectura la Secretaría al orden del día.
ORDEN DEL DÍA
La secretaria Alicia Montaño Villalobos:
«Segundo Período Ordinario de Sesiones.- Segundo Año.- LV Legislatura.
Orden del día
15 de junio de 1993.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Oficio de la honorable Cámara de Senadores, por el que se comunica la integración de la mesa directiva para el tercer mes, correspondiente al segundo período ordinario del segundo año de ejercicio.
Comunicación del Congreso del Estado de Querétaro.
Iniciativa del Ejecutivo
De Ley General de Educación
Oficio de la Secretaría de Gobernación
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano doctor Alfonso Herrera Franyutti, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Solidaridad, que le confiere el Gobierno de la República de Cuba.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se autoriza al Ejecutivo Federal para emitir Certificados de la Tesorería de la Federación.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Francisco Rojas García y Felipe Becerril Torres, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a las ciudadanas Celinda de la Luz Pintos Hernández y María del Rosario Ramírez Gómez, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Intervención del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, para hacer comentarios sobre trabajadores de Petróleos Mexicanos.
Intervención del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre la situación preelectoral en el Estado de México.
Intervención del grupo parlamentario del Partido del Frente Cardenista de la Reconstrucción Nacional, para hacer comentarios sobre un problema ecológico en el Estado de Quintana Roo.
Intervención del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hacer comentarios sobre los acuerdos paralelos al Tratado de Libre Comercio.
Intervención del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para referirse a la situación de los trabajadores de Inmecafé.
Intervención a nombre de los grupos parlamentarios que integra la LV Legislatura para presentar un punto de acuerdo sobre los recientes acontecimientos en Somalia.
Intervención del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para hacer comentarios sobre la situación en Sinaloa.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
El Presidente:
En virtud de que se entregaron copias del acta de la sesión anterior a los grupos parlamentarios,
consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura.
La secretaria Alicia Montaño Villalobos:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.. Se dispensa la lectura, señor Presidente.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el día diez de junio de mil novecientos noventa y tres, correspondiente al Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.
Presidencia del diputado Jaime Ignacio Muñoz y Domínguez
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las doce horas del día diez de junio de mil novecientos noventa y tres, con una asistencia de trescientos noventa y un diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y la Asamblea dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, misma que sin discusión se aprueba en sus términos en votación económica.
Una comunicación del Congreso del Estado de Hidalgo, por la que informa de diversas actividades propias de su legislatura. De enterado.
Se da lectura y sin discusión se aprueba, una proposición de la Gran Comisión, relativa a la conformación de las comisiones dictaminadoras de la Cámara de Diputados. De enterado.
Dos oficios de la Secretaría de Gobernación por los que se solicitan los permisos constitucionales necesarios para que las ciudadanas Celinda de la Luz Pintos Hernández y María del Rosario Ramírez Gómez, puedan prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. Se turnan a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
En atención a que el dictamen de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos veintiocho, setenta y tres y ciento veintitrés, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sido impreso y distribuido entre los señores diputados, la Asamblea le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión de inmediato.
Hace uso de la palabra el diputado Ovidio Pereyra García, del Partido Revolucionario Institucional, quien a nombre de las comisiones dictaminadoras, fundamenta el dictamen.
Para expresar sus opiniones en lo general, hacen uso de la palabra los diputados Hildebrando Gaytán Márquez, del Partido Popular Socialista, en contra; Cecilia Soto González, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en pro; Manuel Laborde Cruz, del mismo Partido, para rectificar los hechos, quien es interrumpido por una moción de orden de la diputada Soto González; José Ramos González, del Partido del Frente Cardenista de la Reconstrucción Nacional, en pro; Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, en contra, acepta una interpelación del diputado Estrada Sámano; Francisco Dorantes Segovia, del Partido Auténtico de la Revolución Democrática, para rectificar hechos; Felipe Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional, quien propone modificaciones a los artículos sexto y vigésimo octavo y acepta una interpelación del diputado Herrera Beltrán;
Presidencia de la diputada María Clara Mejía Guajardo
Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos; Juan Ramiro Robledo Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional, en pro y acepta una interpelación del diputado Vázquez López y Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos.
Presidencia del diputado Jaime Ignacio Muñoz y Domínguez
La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen en lo general y para la discusión en lo particular, se concede el uso de la palabra a los diputados Juan Campos Vega, del Partido Popular Socialista, quien acepta una interpelación del diputado Calderón Hinojosa; Eloy Vásquez López, del Partido de la Revolución
Democrática, quien propone reformas a los artículos veintiocho y ciento veintitrés; Jorge Flores Solano, del Partido Revolucionario Institucional, en pro del dictamen; Emilio Becerra González del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Juan Bustillos Montalvo, del Partido Revolucionario Institucional, quien propone una modificación al artículo veintiocho.
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, respecto del mismo tema, hacen uso de la palabra los diputados Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista, Cuauhtémoc López Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional; Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista, quien informa de la decisión de su Partido de retirarse de la sesión; Cuauhtémoc López Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional; Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, quien acepta una interpelación del diputado Calderón Hinojosa; Emilio Becerra González, del Partido de la Revolución Democrática; Felipe Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional y Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, quien acepta una interpelación del diputado Calderón Hinojosa.
No habiendo nadie más que haga uso de la palabra, se someten a consideración de la Asamblea las proposiciones firmadas por representantes de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Auténtico de la Revolución Mexicana y del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, respecto de los artículos sexto y vigésimo octavo.
La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen en lo general y en lo particular y la Secretaría recoge la votación nominal, misma que resulta aprobatoria por trescientos ochenta y cinco votos. Se turna al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
La Secretaría da lectura a un dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Pedro Juan María Tardán y Saint Guily, para aceptar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Francia.
Sin discusión se aprueba y pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Para proseguir con el orden del día, la Secretaría recoge la votación por cédula correspondiente a la elección de la mesa directiva del tercer mes del segundo período de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la quincuagésima quinta legislatura, misma que después de hecho el escrutinio correspondiente, da cuenta de la elección de los diputados: Juan Ramiro Robledo Ruiz, presidente; César Jáuregui Robles, Liliana Flores Benavides, Francisco Hernández Juárez, Eberto Croda Rodríguez y Romeo Flores Leal, vicepresidentes; Luis Moreno Bustamante, Diego Velázquez Duarte, Cuitláhuac Vázquez Hidalgo y Alicia Montaño Villalobos, secretarios; Marco Antonio Hadad Yunes, Odilón Cantú Domínguez, Pedro Medina Pérez y Gonzalo Cedillo Valdez, prosecretarios.
El Presidente informa que en el transcurso de la sesión se recibieron los siguientes oficios:
Uno de la Secretaría de Gobernación con iniciativa que reforma, adiciona y deroga la Ley Aduanera y otras disposiciones relacionadas. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público;
uno de la Cámara de Senadores con minuta proyecto de decreto por el que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Mercado de Valores. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público;
Otro de la colegisladora con el que remite la minuta proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Para comentar la situación postelectoral en el Estado de Puebla, hacen uso de la palabra los diputados Francisco Saucedo Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, Melquiades Morales Flores, del Partido Revolucionario Institucional y Francisco Saucedo Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos.
Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da cuenta con una comunicación del diputado Cesáreo Morales García, por el que se solicita licencia para separarse de su cargo como diputado federal.
En contra del punto de acuerdo, hace uso de la palabra en dos ocasiones el diputado Juan de Dios Castro Lozano, y la Asamblea, en votación económica, lo aprueba.
Para comentar el informe de la Comisión de Derechos Humanos, se concede el uso de la palabra
a los diputados Jorge Moscoso Pedrero, del Partido de la Revolución Democrática, quien propone un punto de acuerdo; Francisco Arroyo Vieyra, del Partido Revolucionario Institucional, para apoyar la proposición que en votación económica la Asamblea aprueba.
Expresan sus opiniones respecto al llamado draft de futbolistas profesionales, los diputados Domingo Martínez Reséndiz, del Partido de la Revolución Democrática, quien propone un punto de acuerdo firmado por representantes de todos los grupos parlamentarios partidistas que integran la legislatura; Sandalio Sanz de la Maza, del Partido Revolucionario Institucional; Juan de Dios Castro Lozano, del Partido Acción Nacional y Javier Centeno Avila. En votación económica se aprueba.
El Presidente pronuncia palabras de agradecimiento a quienes colaboraron con el durante su gestión.
Agotados los asuntos en cartera y no habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las veinte horas con veinte minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo martes quince de junio de mil novecientos noventa y tres a las diez horas.»
El Presidente:
Gracias señora secretaria. Le ruego también poner a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior y si algún diputado desea hacer alguna observación a la misma, que sirva manifestarlo.
La secretaria Alicia Montaño Villalobos:
Está a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior. ¿hay algún diputado que desee hacer observaciones de la misma? Se consulta a la Asamblea en votación económica si se aprueba.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada el acta.
PROTESTA
El Presidente:
Gracias, señora secretaria.
Se ha informado a esta Presidencia que a las puertas del Recinto de esta Cámara, se encuentra el diputado suplente Rogelio Javier Audifredd Narváez, electo en la V circunscripción plurinominal del país, por lo tanto en uso de las atribuciones de esta Presidencia, se designa a una comisión de diputados para que lo acompañen a entrar al Recinto y se proceda a tomarle su protesta de Ley para que pueda entrar en funciones.
De esta manera se designa a los compañeros diputados Javier Rangel Hernández, Francisco Arroyo Vieyra, Francisco Hernández Juárez, Leonel Reyes Castro, David Palacios García, José Antonio Valdivia y José Olvera Acevedo para que acompañen al ciudadano Rogelio Javier Audifredd Narváez a entrar a este Recinto.
Se suplica a la comisión cumplir con este encargo.
El secretario, Diego Velázquez Duarte:
Se ruega a los compañeros diputados ponerse de pie.
El Presidente:
Ciudadano Rogelio Javier Audifredd Narváez, ¿protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo os ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
El ciudadano Rogelio Javier Audifredd Narváez:
Sí, protesto.
El Presidente:
Si así no lo hiciereis, la nación os lo demande.
Se ruega a la Secretaría que continúe dando cuenta a la Asamblea con los asuntos que hay listados en cartera.
CÁMARA DE SENADORES
MESA DIRECTIVA
El secretario Diego Velázquez Duarte:
Escudo Nacional.- Cámara de Senadores.- Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Nos permitimos hacer de su conocimiento que esta Cámara en Sesión celebrada el día de hoy, eligió la siguiente Mesa Directiva que funcionará durante el tercer mes, correspondiente al segundo período ordinario del segundo año de su ejercicio.
Presidente: senador Mauricio Valdés Rodríguez; Vicepresidentes: senadores María Elena Chapa Hernández y Ernesto García Sarmiento.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal a 10 de junio de 1993.- Senador Gustavo Salinas Iñiguez, Secretario; senador Manuel Díaz Cisneros, secretario.»
De enterado.
ESTADO DE QUERÉTARO
«Escudo del Estado de Querétaro.- Honorable Congreso del Estado.
Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal.
La Quincuagésima Quinta Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Querétaro Arteaga, hace de su conocimiento que con esta fecha se eligió la Mesa Directiva que presidirá los trabajos correspondientes al mes de junio, dentro del Segundo Período Ordinario de sesiones del Segundo Año del Ejercicio legal, quedando de la forma siguiente:
Presidente: María Antonia Pérez Sosa; vicepresidente: Enrique González González; Secretario: J. Merced Aguilar Trejo; secretario: Domingo Gómez Landaverde; secretario suplente: Atilano Inzunza Inzunza.
Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para reiterarle las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Querétaro, Querétaro, 28 de mayo de 1993.- Diputado secretario, J. Merced Aguilar Trejo; diputado secretario, Domingo Gómez Landaverde.»
De enterado.
INICIATIVA DEL EJECUTIVO
LEY GENERAL DE EDUCACIÓN
El Presidente:
Continúe la Secretaría dando cuenta con los siguientes puntos de la orden del día.
El secretario Miguel Cuitláhuac Vázquez Hidalgo:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para los efectos constitucionales y por instrucciones del ciudadano Presidente de la República, con el presente envío a ustedes Iniciativa de Ley General de Educación, documento que el propio Primer magistrado de la Nación propone por el digno conducto de ustedes.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 14 de junio de 1993.- El secretario, José Patrocinio González Blanco garrido.»
«Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Desde los albores de México independiente, la educación fue vista como un medio de primera importancia para el advenimiento de una nación bien integrada, con una población suficientemente preparada para defender sus derechos y labrar la prosperidad general.
Para los hombres de la Reforma, una nación con su independencia reafirmada, su soberanía triunfante después de una grave prueba, y su sociedad edificada sobre valores republicanos y democráticos, debía sustentarse en niveles de educación siempre más amplios y elevados. Esta convicción de los liberales se plasmaría en la Ley Orgánica de la Instrucción Pública, expedida por el Presidente Benito Juárez, en 1867.
Al cabo de la restauración de la República, y como secuela de la gran auge del liberalismo
mexicano, se indicó el proceso de creación de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, bajo la convicción de que el aliento a la educación entrañaba el germen de la identidad nacional y el progreso material.
En la educación, como en tantas otras esferas, el programa de la Revolución Mexicana se inspiró en los ideales del liberalismo imprimiéndole un vigoroso sello social. En el marco de un gran movimiento por la justicia, la democracia y la libertad, los mexicanos de este siglo se fijaron la misión de hacer de la tarea educativa, la plataforma que proyectase al México del futuro. José Vasconcelos enarboló la bandera de una cruzada nacional por el alfabetismo, la educación y la entidad cultural. El legado de Vasconcelos y del magisterio nacional, que ha entregado su vocación y su talento a la formación de niños y jóvenes, ha permeado la obra educativa del México moderno.
Durante los años treinta, el fomento a la educación se vinculó a las ideas sociales de ese tiempo. El Gobierno hizo de ella una forma de movilización de sociedad para animar sus reivindicaciones materiales. Más tarde, tocó a otro gran educador mexicano, don Jaime Torres Bodet, precisar el sentido educativo de los propósitos nacionales a la luz del espíritu del artículo tercero constitucional y de nuestra honda tradición humanista y democrática. En ese período, en el decenio de los años cuarenta, la figura del maestro mexicano fue consolidándose como protagonista de la obra educativa.
En el curso de este siglo, la educación ha sido soporte fundamental de las grandes transformaciones nacionales. A través de ella, cada avance de importancia ha penetrado en el tejido social diseminado sus beneficios e iluminando las perspectivas del mejoramiento individual y colectivo. Con razón hablamos de una auténtica hazaña educativa que ha logrado ensanchar el ingreso a la primaria, reducir el analfabetismo y sus efectos nocivos, extender la educación secundaria, ampliar la tecnología y multiplicar la superior. En esa hazaña también se ha procurado el fortalecimiento de la cultura, el estímulo a la creatividad y el desarrollo de la investigación científica.
Hoy, nuestra generación tiene la responsabilidad histórica de cimentar las bases educativas para el México del siglo venidero. Ello ha reclamado impulsos vigorosos y cambios profundos que permitan a la educación continuar siendo palanca decisiva en la integración nacional, sustento importante del desarrollo económico y andamiaje común de bienestar, democracia y justicia social.
La exigencia de una educación de cobertura suficiente y calidad adecuada es una firme demanda social, pero igualmente es un imperativo que está imponiendo el perfil del mundo contemporáneo a todas las naciones, ricas y pobres, desarrolladas o en desenvolvimiento. Sin distinguidos de formas de Gobierno, orientaciones ideológicas y riquezas de recursos, la educación es aquilatada por igual en el norte y en el sur, en occidente y en oriente, como un componente fundamental del desarrollo.
En efecto, una educación con suficiente amplitud social y una calidad apropiada a nuestro tiempo, es decisiva para impulsar, sostener y extender un desarrollo integral. Justamente esa convicción animó al Ejecutivo Federal a enviar a la consideración del Constituyente Permanente, en el anterior período de sesiones, una iniciativa de reformas a los artículos tercero y treinta y uno de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. Dicha iniciativa propuso precisar la garantía implícita del derecho a la educación; recoger la obligación del Estado de impartir la preescolar, la primaria y la secundaria; así como prever la responsabilidad de los padres de procurar las dos últimas. Asimismo, se propuso ampliar la escolaridad obligatoria para que comprenda la secundaria; incorporar el precepto que faculta a la autoridad educativa nacional a determinar los planes y programas de la educación primaria, secundaria y normal que deberán ser observados en toda la República; uniformar al régimen general el aplicable a la educación destinada a obreros y campesinos; y dar fin al estado de indefensión jurídica que afectaba a los particulares que imparten educación.
La iniciativa aludida fue enriquecida por el Constituyente Permanente, dando como resultado una reforma que allana el camino para fincar condiciones que permiten elevar la escolaridad, promover la calidad educativa de acuerdo a las necesidades de desarrollo del país, y ensanchar las oportunidades de mejoramiento social.
Antes, el Constituyente Permanente había reformado los artículos 5o., 24, 27, y 130 de la Constitución Política, en lo referente a las relaciones entre el Estado y las iglesias, en el marco de la libertad de creencias. En esa oportunidad también se modificaron las fracciones I a IV del artículo tercero para precisar que la educación que imparta el Estado, Federación, estados, municipios, será laica, evitando que privilegie a alguna religión o promueva profesar un credo y, asimismo, para prever la posibilidad de que la educación impartida por los planteles
particulares no sea por completo ajena a doctrina religiosa, sin perjuicio de la observancia estricta de los planes y programas oficiales.
Las recientes reformas al artículo tercero constitucional configuran nuevas necesidades que deben atender el sistema educativo nacional. A ellas se añaden importantes rezagos que deben ser resueltos. Así, los retos educativos de nuestro tiempo exigen contar con los instrumentos jurídicos que permitan afinar la dirección y enmarcar la labor que llevan a cabo sociedad y Gobierno.
El horizonte de las tareas que hemos emprendido y los desafíos educativos que nos aguardar imponen la necesidad de una ley consecuente con el artículo tercero constitucional según ha sido reformado, así como con los objetivos nacionales en materia de educación.
Por ello, la presente iniciativa propone una Ley General de Educación que atienda a las condiciones y necesidades actuales de los servicios educativos y que conserve y amplíe los principios sociales, educativos y democráticos de la Ley vigente. La Ley propuesta es general puesto que contiene disposiciones que serían aplicables a los tres niveles de Gobierno y, en el marco del federalismo, induciría a las legislaturas de los estados a expedir sus propias leyes en congruencia con la propia Ley General. Esta precisión técnica respalda el sentido federalista que hoy caracteriza al esfuerzo educativo gracias a la concurrencia de los gobiernos de la Federación, de los estados y de los municipios del país. Además, conserva su carácter de ley reglamentaria del artículo tercero y su aplicación a todo el sistema educativo nacional.
La iniciativa de Ley General de Educación que se propone, guarda plena fidelidad con la letra y el espíritu de los postulados educativos del artículo tercero constitucional. En efecto, todo el capitulado de la iniciativa se sustenta en los principios de que la educación tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. Además, conforme a la garantía de libertad de creencias, la educación que imparta el Estado será laica y, por tanto, ajena a cualquier doctrina religiosa. El criterio que la orientará se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los perjuicios, con las demás características que el propio artículo tercero señala. La Ley propuesta ratificaría que toda la educación que el Estado imparta será gratuita.
El Capítulo I, relativo a las disposiciones generales, enuncia el alcance nacional de la Ley propuesta, el derecho a la educación, y la obligación del Estado de proporcionar servicios educativos para que toda la población pueda cursar la primaria y la secundaria, y los niños desde la educación preescolar. Igualmente enuncia que todos los habitantes del país deben cursar la primaria y la secundaria. La Ley propuesta ratificaría la obligación que, conforme al artículo tercero constitucional, tiene el Estado de atender todos los niveles educativos, incluyendo la educación superior. En este sentido, la iniciativa refleja el compromiso inquebrantable del Estado mexicano con la universidad pública, así como su deber de impulsar la educación superior, el desarrollo de la investigación humanística y científica y el fortalecimiento y la difusión de nuestra cultura.
En dicho capítulo también se discierne que la educación que impartan el Estado y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, se sujetará a los principios establecidos en el segundo párrafo del artículo tercero de nuestra Constitución Política, contribuyendo al desarrollo integral del individuo; cultivando sus facultades para adquirir conocimientos, y fortaleciendo la conciencia de la soberanía, la nacionalidad, y el aprecio por la historia. Asimismo, este capítulo guarda correspondencia, por una parte, con lo dispuesto por el artículo cuarto constitucional en el sentido de respetar y proteger las lenguas autóctonas y, por la otra, de promover el uso del español en su calidad de lengua nacional. De hecho, la Ley propuesta establecería que la educación básica tendrá las adaptaciones requeridas para responder a las características lingüísticas y culturales de los diversos grupos indígenas del país, a la vez que reconocería por primera vez al español como idioma común de los mexicanos.
Además, el Capítulo I dispondría estimular el conocimiento y la práctica de la democracia como forma de Gobierno y convivencia social; alentar la creación artística, la práctica del deporte y las actitudes que estimulen la investigación científica y la innovación tecnológica; inculcar actitudes responsables hacia la preservación de la salud, el respeto a los derechos humanos, la protección de los recursos naturales y el medio ambiente, así como fomentar el trabajo productivo, el ahorro y la organización solidaria.
En su Capítulo II, la Ley propuesta contiene una primera sección relativa a la distribución de la función social educativa. En ella se fijan las atribuciones que, de manera exclusiva,
corresponden al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Educación Pública, y cuya finalidad es garantizar el carácter nacional de la educación. Entre éstas, destacan las de determinar para toda la República los planes y programas de estudio para la educación primaria, secundaria y normal; establecer el calendario escolar mínimo por cada ciclo lectivo en dichos niveles; y elaborar y mantener actualizados los libros de textos gratuitos, mediante procedimientos que permitan la participación de los diversos sectores sociales.
Otras atribuciones exclusivas del Ejecutivo Federal serían el formular las disposiciones con apego a las cuales se prestarán los servicios de actualización docente; la regulación del sistema nacional de créditos, revalidación, equivalencias y certificación de conocimientos; el llevar un registro nacional de instituciones educativas; evaluar el sistema educativo nacional y fijar los lineamientos para la evaluación que el Gobierno de cada entidad federativa deba realizar.
En suma, este conjunto de disposiciones garantizarían e carácter nacional de la educación y la aplicación de las disposiciones generales en todas las instituciones de educación primaria, secundaria y normal, de la República.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo tercero constitucional y con objeto de dar mayor precisión al federalismo educativo, el propio Capítulo II de la iniciativa determina las atribuciones que, en sus respectivas competencias, corresponderían de manera exclusiva a las autoridades educativas locales. Destacan la prestación, organización y supervisión de los servicios de educación inicial, básica, incluyendo la indígena, especial, así como la de formación de maestros. Asimismo, son importantes las facultades de proponer a la Secretaría de Educación Pública del Ejecutivo Federal, los contenidos regionales a ser incluidos en los programas de educación primaria, secundaria y normal, y prestar los servicios de actualización permanente para los maestros de educación básica y normal.
Además, este capítulo define atribuciones concurrentes de la Federación y los estados, entre las que destaca la prestación de servicios diversos de los de educación básica y de formación de maestros.
En congruencia con el objetivo de acercar a las autoridades locales a la escuela, que es esencial del federalismo educativo, esta iniciativa propone que el Gobierno del Distrito Federal se responsabilice de la operación de los servicios de educación básica en su jurisdicción. La correspondiente transferencia comenzaría al inicio del ciclo lectivo 1994-1995.
El federalismo educativo permite la creación de un Consejo Nacional de Autoridades Educativas que reunirá a los responsables de aplicar las políticas educativas de cada entidad en el marco de los objetivos nacionales y las disposiciones legales. Ello entraña una garantía adicional para el aseguramiento del carácter nacional que continuará teniendo la educación.
Al construirse un sistema educativo en el que concurren la autoridad local y la autoridad nacional con responsabilidades claramente delimitadas, se conjugan democracia local y rectoría de la autoridad federal, participación comunitaria y unidad nacional, fortaleza de las expresiones regionales y el sentimiento de pertenencia a una gran nación.
Una segunda sección del Capítulo II, está destinada a precisar las responsabilidades, funciones y atribuciones, así como la coordinación necesaria que habrá con la Secretaría de Educación Pública, de aquellas instituciones educativas que establezca el Ejecutivo Federal por conducto de otra Secretaría. Asimismo, sobresale la responsabilidad que tendrían las autoridades educativas locales de realizar una distribución oportuna, completa y eficiente de los libros de texto gratuitos, así como de todos aquellos materiales educativos complementarios que sean proporcionados por la Secretaría de Educación Pública. Ello asegura que se observe el carácter nacional de la educación en los contenidos de la enseñanza.
La Ley que se propone confirma el papel central que desempeña el maestro en la educación. Por ello se reconoce al educador como promotor, coordinador y agente directo del proceso educativo. En consecuencia, se reiteraría que el Estado otorgará remuneración justa para que los educadores de los planteles del propio Estado alcancen un nivel de vida decoroso para su familia y dispongan del tiempo necesario para la preparación de las clases que impartan y para su perfeccionamiento profesional.Además se dispondría que las autoridades educativas otorguen reconocimientos y distinciones a los educadores que se destaquen en el ejercicio de si profesión y, en general, realicen actividades que propicien mayor aprecio social por la labor desempeñada por el magisterio Por otra parte, la importancia de la educación normal y demás para la formación de maestros para la educación básica, lleva a proponer los principios y finalidades que deban regirlas.
De igual modo, se dedica una tercera sección al financiamiento de la educación que en forma concurrente deben realizar el Gobierno Federal y los gobiernos de cada entidad federativa. De hecho, la iniciativa señala que se procurará destinar recursos presupuestarios crecientes para la educación pública. Es oportuno destacar que estas disposiciones se fundan en el artículo tercero constitucional, así como en el carácter prioritario que tiene la educación pública para los fines del desarrollo nacional. Una última sección que se incorporaría, por primera vez en una ley reglamentaria de educación, proporciona los lineamientos para la responsabilidad de efectuar una evaluación sistemática del sistema educativo nacional.
Uno de los atributos más importantes de la ley propuesta consiste en que precisa la responsabilidad que tiene el Estado de realizar una función compensatoria social y educativa. En efecto, a fin de propiciar la equidad de acceso y la permanencia en los servicios educativos, el Capítulo III señala que las autoridades educativas tomarían medidas, en sus respectivos ámbitos de competencia, para lograr la efectiva igualdad de acceso y permanencia en los servicios educativos y para el pleno ejercicio del derecho a la educación. Así, se consignan actividades para impulsar la educación en regiones con bajos índices educacionales y en grupos con condiciones sociales y económicas de desventaja, tales como el otorgamiento de mayores presupuestos relativos a aquellas poblaciones y regiones que más lo necesiten, la colaboración de los gobiernos estatal y municipal para ampliar la cobertura educativa y ofrecer apoyos asistenciales y pedagógicos a los individuos y grupos con más alto riesgo de deserción escolar. De igual modo, se prevé la aplicación de programas de asistencia alimentaria, becas, educación sanitaria, orientación de padres de familia. También se contempla la creación de centros de desarrollo infantil, de integración social, internados, albergues y servicios de extensión educativa, entre otras medidas más.
Este conjunto de disposiciones se basa en la noción de que sólo podemos enfrentar con éxito los retos educativos atendiendo también a factores inherentes al desarrollo general del país que influyen fuertemente en el desempeño de la educación, como el crecimiento y distribución del ingreso nacional, el acceso a servicios básicos como salud, nutrición, vivienda, energía eléctrica y comunicaciones. En este capítulo de la Ley que se propone confirma la responsabilidad que tiene el Gobierno Federal de cumplir con la función compensatoria; y aprovecha el nuevo federalismo educativo para que cada Gobierno estatal tome una parte más activa en la educación de sus respectivas comunidades.
El Capítulo IV de la Ley propuesta se refiere al proceso educativo y en su primera sección se definen los tipos y modalidades educativos que integran el sistema educativo nacional. Conviene mencionar que este capítulo comprende, además de la educación básica, media superior y superior, la educación inicial, la especial y aquella destinada para los adultos.
En congruencia con el respecto a los derechos humanos, la iniciativa hace explícito que en la impartición de educación para menores de edad se tomarán las medidas que aseguren a los educandos la protección y cuidados especiales para su bienestar, que eviten el abuso físico y mental, así como los malos tratos, y que garanticen que la disciplina escolar sea compatible con la dignidad de los niños.
Una segunda sección regularía las facultades y atribuciones de la autoridad educativa nacional, de determinar los planes y programas de estudio de educación primaria, secundaria y para formación de maestros, aplicables y obligatorios en toda la República. La importancia de ello estriba en que se asegura que los mexicanos de todas las regiones geográficas, de todas las procedencias sociales, y de todas las condiciones económicas compartirán una misma educación básica, sin mengua de la inclusión de los acentos locales y regionales que, a propuesta de los gobiernos de los estados, aprobará la propia autoridad educativa nacional. La sección comprende algunas características que debe tener el proceso de evaluación de los educandos.
La tercera sección del Capítulo IV precisa las características que deberá tener el calendario escolar en primaria, secundaria y normal. Una significativa aportación de la Ley propuesta consiste en que se establece la responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública de determinar el calendario escolar mínimo aplicable en toda la República, con el criterio de ir aumentando los días efectivos de clases.
En su Capítulo V, la Ley propuesta reglamenta la educación que imparten los particulares, precisando las condiciones y los requisitos que deben reunirse para obtener la autorización o el reconocimiento de validez oficial de estudios, así como las causas de su revocación. Las disposiciones propuestas se corresponden con los términos de la reciente reforma a la fracción VI del artículo tercero constitucional. El régimen
propuesto daría mayor seguridad jurídica al contemplar en ley aspectos que en las normas vigentes quedan a discreción de las autoridades.
El Capítulo VI ratifica que los estudios impartidos conforme a la ley tendrán validez oficial en toda la República y establece las condiciones para obtener la revalidación y equivalencia de estudios, así como los principios para certificar los conocimientos.
Otro de los capítulos de mayor relevancia que introduce la Ley propuesta es el relativo a la participación social en la educación. En efecto, una primera sección del Capítulo VII se refiere a los derechos y obligaciones de los padres de familia y de quienes ejercen la patria potestad o la tutela de los educandos. De igual modo, se consignan los fines, tareas y limitaciones que tendrán las asociaciones de padres de familia.
Una segunda sección del propio Capítulo VII alude a los Consejos de Participación Social. Se propone que la ley prevea la existencia de un Consejo Escolar en cada escuela pública de educación básica, de un Consejo Municipal en cada municipio, y de un Consejo Estatal en cada entidad federativa. La composición y las funciones de estos consejos aseguran una vinculación activa entre escuela y comunidad y propician la colaboración de padres de familia, maestros y autoridades educativas en las labores cotidianas del plantel escolar y, en general, en acciones que lo benefician.
Los Consejos de Participación Social reconocerán al maestro como el principal actor de los procesos educativos y, en coordinación con él, coadyuvarán a elevar la calidad de la educación y a ampliar la cobertura de los servicios educativos. Estos organismos constituirán la estructura en la que estén representados los padres de familia, sus asociaciones, los sectores de la comunidad, los maestros, su organización sindical y la autoridad. Hasta hoy, la colaboración e, incluso, la comunicación entre maestros y padres de familia habían sido muy débiles pues se interponían el centralismo y la burocracia. Gracias al federalismo educativo, la Ley conferiría al maestro, a los padres de familia y a la comunidad, un ámbito adecuado en cada escuela para compartir las tareas de educar a niños y jóvenes.
Esta sección de la Ley propuesta prevería que los Consejos de Participación propicien una comunicación directa y fluida entre alumno, maestro, escuela y comunidad que redundará en la detección y solución conjunta de problemas sociales que suelen afectar el desempeño escolar.
Una más amplia participación condensará en la vida cotidiana del niño y del joven las experiencias educativas de la escuela y la influencia permanente de la comunidad, sus valores sociales y tradiciones. Esto es, se tenderá una red social de interés y participación propositiva en torno a la educación de los hijos. Ello habrá de traducirse en un mejor aprovechamiento escolar de los alumnos, fortaleciendo el carácter integral de la educación. Así también, se prevería la constitución y operación de un Consejo Nacional de Educación, como órgano nacional de consulta, colaboración, apoyo e información en materia educativa en el que estén representados los sectores sociales especialmente interesados en la educación.
Un artículo específico de la Ley propuesta señalaría que los medios de comunicación masiva, en el desarrollo de sus actividades, contribuirán a los propósitos del sistema educativo nacional.
El Capítulo VIII de la Ley contiene las infracciones, sanciones y procedimientos administrativos que deberán observarse en caso de incumplimiento a las disposiciones de la propia Ley. La Ley que se propone confiere certidumbre jurídica a los particulares que imparten educación, al introducir un recurso administrativo que puede ser interpuesto para solicitar la revisión de las resoluciones de las autoridades educativas.
Ello se corresponde con los términos de la reciente reforma al artículo tercero constitucional, y otorga una nueva claridad y precisión a la normatividad que rige los servicios educativos.
La iniciativa de Ley General de Educación que se propone a esa Soberanía, de aprobarse, significaría un avance de especial importancia en la consolidación de un nuevo sistema educativo nacional fundado en el federalismo, la participación social y la renovada vocación de todos los sectores por coadyuvar a la educación de los mexicanos. La Ley General de Educación reglamentaria el artículo tercero constitucional guardando plena fidelidad a la letra y al espíritu de sus principios, mandatos y disposiciones. La Ley propuesta contribuirá a consolidar la estrategia de modernización de los servicios educativos que requiere el desarrollo de México. De aprobarse, los mexicanos dispondremos de un instrumento jurídico que facilitará el cumplimiento de nuestros propósitos de asegurar una educación de alta calidad, con carácter nacional y capacidad institucional para ofrecer niveles educativos suficientes y adecuados a toda la población. En la educación tenemos uno de los medios más formidables para un desarrollo que fortalezca nuestra identidad nacional en el marco de la prosperidad, la democracia y la justicia.
En razón de lo expuesto, por el digno conducto de ustedes, me permito someter a la consideración del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente iniciativa de
LEY GENERAL DE EDUCACIÓN
CAPITULO I
Disposiciones generales
Artículo 1o. Esta Ley regula la educación que imparten el Estado, Federación, entidades federativas y municipios, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios. Es de observancia general en toda la República y las disposiciones que contiene son de orden público e interés social.
La función social educativas de las universidades y demás instituciones de educación superior a que se refiere la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se regulará por las leyes que rigen a dichas instituciones.
Artículo 2o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación y, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables.
Artículo 3o. El Estado está obligado a proporcionar servicios educativos para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria y la secundaria. Estos servicios se prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la función social educativa establecida en la presente Ley.
Artículo 4o. Todos los habitantes del país deben cursar la educación primaria y la secundaria.
Es obligación de los mexicanos hacer que sus hijos o pupilos menores de edad cursen la educación primaria y la secundaria.
Artículo 5o. La educación que el Estado imparta será laica y , por lo tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa.
Artículo 6o. La educación que le Estado imparta será gratuita. Las donaciones destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo.
Artículo 7o. La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:
I. Contribuir al desarrollo integral del individuo;
II. Favorecer el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos;
III. Fortalecer la conciencia de la nacionalidad y de la soberanía, el aprecio por la historia, los símbolos patrios y las instituciones nacionales, así como la valoración de las tradiciones y particularidades culturales de las diversas regiones del país;
IV. Promover, mediante la enseñanza de la lengua nacional, el español, un idioma común para todos los mexicanos, sin menoscabo de proteger y promover el desarrollo de las lenguas indígenas;
V. Estimular el conocimiento y la práctica de la democracia, considerando a ésta no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo;
VI. Infundir el valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, así como inculcar el respeto a los derechos humanos;
VII. Fomentar actitudes que estimulen la investigación y la innovación científicas y tecnológicas;
VIII. Alentar la creación artística y propiciar la adquisición, el enriquecimiento y la difusión de los bienes y valores culturales, en especial de aquéllos que constituyen el patrimonio cultural de la nación;
IX. Estimular la disciplina del ejercicio físico y la práctica del deporte;
X. Desarrollar actitudes responsables hacia la preservación de la salud, propiciar el rechazo a los vicios, así como hacer conciencia sobre la necesidad de la planeación familiar, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana;
XI. Hacer conciencia de la necesidad de un aprovechamiento racional de los recursos naturales y de la protección del ambiente, y
XII. Fomentar actitudes positivas hacia el trabajo productivo, el ahorro y el bienestar general.
Artículo 8o. El criterio que orientará a la educación que el Estado y sus organismos descentralizados impartan, así como toda la educación primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica que los particulares impartan, se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los perjuicios. Además:
I. Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo;
II. Será nacional, en cuanto, sin hostilidades ni exclusivismos, atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura, y
III. Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos.
Artículo 9o. Además de impartir la educación preescolar, la primaria y la secundaria, el Estado promoverá y atenderá, directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyos financieros, o bien, por cualquier otro medio todos los tipos y modalidades educativos, incluida la educación superior, necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y la difusión de nuestra cultura.
Artículo 10. La educación que impartan las instituciones establecidas por el Estado, por sus organismos descentralizados y por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, es un servicio público.
Las instituciones citadas, así como las instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, constituyen el sistema educativo nacional.
Artículo 11. La aplicación y la vigilancia del cumplimiento de esta Ley corresponden a las autoridades educativas de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, en los términos que la propia Ley establece. Para efectos de la presente Ley, se entenderá por:
I. Autoridad educativa federal, o Secretaría, a la Secretaría de Educación Pública de la Administración Pública Federal;
II. Autoridad educativa local al ejecutivo de cada uno de los estados de la Federación, así como a las entidades que, en su caso, establezcan para el ejercicio de la función social educativa, y
III. Autoridad educativa municipal al ayuntamiento de cada municipio.
CAPITULO II
Del federalismo educativo.
SECCIÓN PRIMERA
De la distribución de la función social educativa.
Artículo 12. Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes:
I. Determinar para toda la República los planes y programas de estudio para la educación primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica;
II. Establecer el calendario escolar mínimo para cada ciclo lectivo de la educación primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica;
III. Elaborar y mantener actualizados los libros de textos gratuitos, mediante procedimientos que permitan la participación de los diversos sectores sociales involucrados en la educación;
IV. Autorizar el uso de libros de texto para la educación primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica;
V. Fijar lineamientos generales para el uso de material educativo para la educación primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica;
VI. Determinar las disposiciones generales conforme a las cuales deberán presentarse los servicios de actualización permanente de maestros de educación básica;
VII. Fijar los requisitos pedagógicos elementales de los planes y programas de estudio de educación inicial y preescolar que, en su caso, formulen los particulares;
VIII. Regular un sistema nacional de créditos, de revalidación y de equivalencias, que faciliten el tránsito de educandos de un tipo o modalidad educativo a otro;
IX. Llevar un registro nacional de instituciones pertenecientes al sistema educativo nacional;
X. Fijar los lineamientos generales de cáracter nacional a los que deben ajustarse la constitución y el funcionamiento de los consejos de participación social a que se refiere el Capítulo VII de esta Ley,sin perjuicio de las demás disposiciones que emitan otras autoridades educativas en atención a requerimientos particulares;
XI. Realizar la planeación y la programación globales del sistema educativo nacional, evaluar a éste y fijar los lineamientos generales de la evaluación de las autoridades educativas locales deban realizar;
XII. Fomentar, en coordinación con las demás autoridades competentes del Ejecutivo Federal, las relaciones de orden cultural con otros países, e intervenir en la formulación de programas de cooperación internacional en materia educativa, científica, tecnológica, artística, cultural y deportiva, y
XIII. Las necesarias para garantizar el cáracter nacional de la educación básica, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica,así como las demás que con tal carácter establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables.
Artículo 13. Corresponden de manera exclusiva a las autoridades educativas locales, en sus respectivas competencias, las atribuciones siguientes:
I. Prestar los servicios de educación inicial, básica, incluyendo la indígena, especial, así como la normal y demás para la formación de maestros;
II. Proponer a la Secretaría los contenidos regionales que hayan de incluirse en los planes y programas de estudio para la educación primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica;
III. Establecer el calendario escolar para cada ciclo lectivo de la educación primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, con absoluto respeto a los requisitos señalados en el calendario mínimo fijado por la Secretaría;
IV. Prestar los servicios de actualización permanente de los maestros de educación básica, de conformidad con las disposiciones generales que la Secretaría determine;
V. Revalidar y otorgar equivalencias de estudios de la educación primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, de acuerdo con los lineamientos generales que la Secretaría expida;
VI. Otorgar, negar y revocar autorización a los particulares para impartir la educación primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica;
VII. Las demás que con tal carácter establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables.
Artículo 14. Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a que se refieren los artículos 12 y
13, corresponden a las autoridades educativas federal y locales, de manera concurrente, las atribuciones siguientes:
I. Promover y prestar servicios educativos, distintos de los previstos en las fracciones I y IV del artículo 13, de acuerdo con las necesidades nacionales, regionales y estatales;
II. Determinar planes y programas de estudio, distintos de los previstos en la fracción I del artículo 12;
III.Revalidar y otorgar equivalencias de estudios, distintos de los mencionados en la fracción V del artículo 13, de acuerdo con los lineamientos generales que la Secretaría expida;
IV. Otorgar, negar y retirar el reconocimiento de validez oficial de estudios distintos de los de primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica que impartan los particulares;
V.Editar libros y producir otros materiales didácticos, distintos de los señalados en la fracción III del artículo 12;
VI. Promover permanentemente la investigación que permita la innovación educativa;
VII. Impulsar el desarrollo de la enseñanza tecnológica y de la investigación científica y tecnológica;
VIII. Fomentar y difundir las actividades artísticas, culturales y deportivas, en todas sus manifestaciones, y
IX. Las demás que con tal carácter establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables.
El Ejecutivo Federal y el Gobierno de cada entidad federativa podrán celebrar convenios para coordinar o unificar las actividades educativas enumeradas en este artículo.
Artículo 15. El ayuntamiento de cada municipio podrá, sin perjuicio de la concurrencia de las autoridades educativas federal y locales, promover y prestar servicios educativos de cualquier tipo o modalidad. También podrá realizar actividades de las enumeradas en las fracciones V a VIII del artículo
El Gobierno de cada entidad federativa promoverá la participación directa del ayuntamiento para dar mantenimiento y proveer de equipo básico a las escuelas públicas estatales y municipales.
El Gobierno de cada entidad federativa y los ayuntamientos podrán celebrar convenios para coordinar o unificar sus actividades educativas y cumplir de mejor manera las responsabilidades a su cargo.
Artículo 16.Las atribuciones relativas a la educación inicial, básica, incluyendo la indígena, y especial que los artículos 11, 13, 14 y demás señalan para las autoridades educativas locales en sus respectivas competencias corresponderán, en el Distrito Federal, al Gobierno de dicho distrito y a las entidades que, en su caso, establezca. En el ejercicio de estas atribuciones no será aplicable el artículo 18.
Los servicios de educación normal y demás para la formación de maestros de educación básica serán prestados, en el Distrito Federal, por la Secretaría.
El Gobierno del Distrito Federal concurrirá al financiamiento de los servicios educativos en el propio distrito, en términos de los artículos 25 y 27.
Artículo 17. El Consejo Nacional de Autoridades Educativas estará integrado por el Secretario de Educación Pública del Ejecutivo Federal, quien lo presidirá, y por las autoridades educativas locales.
El Consejo se encargará de analizar e intercambiar opiniones sobre el desarrollo del sistema educativo nacional; proponer políticas que hayan de ser aplicadas en dicho sistema; contribuir a coordinar la función social educativa de las autoridades federal y locales; formular recomendaciones y asesorar a dichas autoridades; orientar la celebración de convenios entre éstas; así como de las demás funciones que señale el reglamento orgánico que el propio consejo expida.
SECCIÓN SEGUNDA
De los servicios educativos.
Artículo 18. El establecimiento de instituciones educativas que realice el Poder Ejecutivo Federal por conducto de otras dependencias de la administración pública Federal, así como la formulación de planes y programas de estudio para dichas instituciones, se harán en coordinación con la Secretaría. Dichas dependencias expedirán constancias, certificados, diplomas y títulos que tendrán la validez correspondiente a los estudios realizados.
Artículo 19. Será responsabilidad de las autoridades educativas locales realizar una distribución oportuna, completa, amplia y eficiente, de los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos complementarios que la Secretaría les proporcione.
Artículo 20.Los servicios de formación de maestros a cargo de las autoridades educativas locales tendrán las finalidades siguientes:
I. La formación, con el nivel de licenciatura, de maestros de educación inicial, básica, incluyendo la de aquéllos para la atención de la educación indígena, especial y de educación física;
II. La actualización de conocimientos y superación docente de los maestros en servicio, citados en la fracción anterior;
III. La realización de programas de especialización, maestría y doctorado, adecuados a las necesidades y recursos educativos de la entidad, y IV. El desarrollo de la investigación pedagógica y la difusión de la cultura educativa.
Las autoridades educativas locales podrán coordinarse para llevar a cabo actividades relativas a las finalidades previstas en este artículo, cuando la calidad de los servicios o la naturaleza de las necesidades hagan recomendables proyectos regionales.
Artículo 21. El educador es promotor, coordinador y agente directo del proceso educativo. Deben proporcionarsele los medios que le permitan realizar eficazmente su labor y que contribuyan a su constante perfeccionamiento.
Para ejercer la docencia en instituciones establecidas por el Estado,por sus organismos descentralizados y por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, los maestros deberán satisfacer los requisitos que,en su caso,señalen las autoridades competentes.
El Estado otorgará remuneración justa para que los educadores de los planteles del propio Estado alcancen un nivel de vida decoroso para su familia y dispongan del tiempo necesario para la preparación de las clases que impartan y para su perfeccionamiento profesional.
Las autoridades educativas otorgarán reconocimientos y distinciones a los educadores que se destaquen en el ejercicio de su profesión y, en general, realizarán actividades que propicien mayor aprecio social por la labor desempeñada por el magisterio.
Artículo 22. Las autoridades educativas, en sus respectivas competencias, revisarán permanentemente las disposiciones, los trámites y procedimientos, con objeto de simplificarlos, de alcanzar más horas efectivas de clase y, en general, de lograr la prestación del servicio educativo con mayor pertinencia y de manera más eficiente.
En las actividades de supervisión de las autoridades educativas darán preferencia, respecto de los aspectos administrativos, a los apoyos técnicos, didácticos y demás para el adecuado desempeño de la función docente.
Artículo 23. Las negociaciones o empresas a que se refiere la fracción XII del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos están obligadas a establecer y sostener escuelas cuando el número de educandos que las requiera sea mayor de veinte. Estos planteles quedarán bajo la dirección administrativa de la autoridad educativa local.
Las escuelas que se establezcan en cumplimiento de la obligación prevista en el párrafo anterior, contarán con edificio, instalaciones y demás elementos necesarios para realizar su función, en los términos que señalen las disposiciones aplicables.
El sostenimiento de dichas escuelas comprende la obligación patronal de proporcionar las aportaciones para la remuneración del personal y las prestaciones que dispongan las leyes y reglamentos, que no serán inferiores a las que otorgue la autoridad educativa local en igualdad de circunstancias.
La autoridad educativa local podrá celebrar con los patrones convenios para el cumplimiento de las obligaciones que señala el presente artículo.
Artículo 24. Los beneficiados directamente por los servicios educativos deberán prestar servicio social, en los casos y términos que señalen las disposiciones reglamentarias correspondientes. En éstas se preverá la prestación del servicio social como requisito previo para obtener título o grado académico.
SECCIÓN TERCERA
Del financiamiento a la educación.
Artículo 25. El Ejecutivo Federal y el Gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las correspondientes disposiciones de ingresos y gasto público que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de los servicios educativos.
Los recursos federales recibidos para ese fin por cada entidad federativa no serán transferibles y deberán aplicarse exclusivamente en la prestación de servicios y demás actividades educativas en la propia entidad.
El Gobierno local prestará todas las facilidades y colaboración para que, en su caso, el Ejecutivo Federal verifique la correcta aplicación de dichos recursos.
En el evento de que tales recursos se utilicen para fines distintos, se estará a lo previsto en la legislación aplicable sobre las responsabilidades administrativas, civiles y penales que procedan.
Artículo 26. El Gobierno de cada entidad federativa, de conformidad con las disposiciones aplicables, proveerá lo conducente para que cada ayuntamiento reciba recursos para el cumplimiento
de las responsabilidades que en términos del artículo 15 estén a cargo de la autoridad municipal.
Artículo 27. En el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos anteriores de esta sección, el Ejecutivo Federal y el Gobierno de cada entidad federativa tomarán en cuenta el carácter prioritario de la educación pública para los fines del desarrollo nacional.
En todo tiempo procurarán fortalecer las fuentes de financiamiento a la tarea educativa y destinar recursos presupuestarios crecientes para la educación pública.
SECCIÓN CUARTA
De la evaluación del sistema educativo nacional.
Artículo 28. Corresponde a la Secretaría la evaluación del sistema educativo nacional, sin perjuicio de la que las autoridades educativas locales realicen en sus respectivas competencias.
Dicha evaluación, y la de las autoridades educativas locales,serán sistemáticas y permanentes.
Artículo 29. Las instituciones educativas establecidas por el Estado, por sus organismos descentralizados y por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, otorgarán a las autoridades educativas todas las facilidades y colaboración para la evaluación a que esta sección se refiere.
Para ello, proporcionarán oportunamente toda la información que se les requiera; tomarán las medidas que permitan la colaboración efectiva de alumnos, maestros, directivos y demás participantes en los procesos educativos; facilitarán que las autoridades educativas, incluida la Secretaría, realicen exámenes para fines estadísticos y de diagnóstico y recaben directamente en las escuelas la información necesaria.
Artículo 30. Las autoridades educativas darán a conocer a los maestros, alumnos, padres de familia y a la sociedad en general, los resultados de las evaluaciones que realicen, así como la demás información que permita medir el desarrollo y los avances de la educación en cada entidad federativa.
CAPITULO III
De la equidad en la educación.
Artículo 31. Las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos.
Dichas medidas estarán dirigidas, de manera preferente, a los grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrenten condiciones económicas y sociales de desventaja.
Artículo 32. Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias y conforme a sus posibilidades presupuestarias, llevarán a cabo las actividades siguientes:
I. Atenderán de manera especial las escuelas en que, por estar en localidades aisladas o zonas urbanas marginadas, sea considerablemente mayor la posibilidad de atrasos o deserciones, mediante la asignación de elementos de mejor calidad para enfrentar los problemas educativos de dichas localidades;
II. Promoverán centros de desarrollo infantil, centros de integración social, internados, albergues escolares e infantiles y demás planteles que apoyen en forma continua y estable el aprendizaje y el aprovechamiento de los alumnos;
III. Prestarán servicios educativos para atender a quienes abandonaron el sistema regular, que les faciliten la terminación de la primaria y la secundaria;
IV. Otorgarán apoyos pedagógicos a grupos con requerimientos educativos específicos, tales como programas encaminados a recuperar retrasos en el aprovechamiento escolar de los alumnos;
V. Establecerán sistemas de educación a distancia;
VI. Realizarán campañas educativas que tiendan a elevar los niveles culturales, sociales y de bienestar de la población, tales como programas de alfabetización y de educación comunitaria;
VII. Desarrollarán programas para otorgar becas y demás apoyos económicos a educandos;
VIII. Efectuarán programas dirigidos a los padres de familia, que les permitan dar mejor atención a sus hijos;
IX. Otorgarán estímulos a las asociaciones civiles y a las cooperativas de maestros que se dediquen a la enseñanza;
X. Promoverán mayor participación de la sociedad en la educación, así como el apoyo de los particulares al financiamiento y a las actividades a que se refiere este capítulo;
XI. Concederán reconocimientos y distinciones a quienes contribuyan a la consecución de los propósitos mencionados en el artículo anterior, y
XII. Realizarán las demás actividades que permitan ampliar la calidad y la cobertura de los servicios educativos, y alcanzar los propósitos mencionados en el artículo anterior.
El Estado también llevará a cabo, conforme a sus posibilidades presupuestarias, programas asistenciales, ayudas alimenticias, campañas de salubridad y demás medidas tendientes a contrarrestar las condiciones sociales que inciden en la efectiva igualdad de oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos.
Artículo 33. Además de las actividades enumeradas en el artículo anterior, el Ejecutivo Federal llevará a cabo programas compensatorios por virtud de los cuales apoye con recursos específicos a los gobiernos de aquellas entidades federativas con mayores rezagos educativos, previa celebración de convenios en los que se concierten las proposiciones de financiamiento y las acciones específicas que las autoridades educativas locales deban realizar para reducir y superar dichos rezagos.
Artículo 34. El Ejecutivo Federal, el Gobierno de cada entidad federativa y los ayuntamientos, podrán celebrar convenios para coordinar las actividades a que el presente capítulo se refiere.
CAPITULO IV
Del proceso educativo.
SECCIÓN PRIMERA
De los tipos y modalidades de educación.
Artículo 35. La educación de tipo básico está compuesta por el nivel preescolar, el de primaria y el de secundaria. La educación preescolar no constituye requisito previo a la primaria.
El tipo medio - superior comprende el nivel de bachillerato, los demás niveles equivalentes a éste, así como la educación profesional que no requiere bachillerato o sus equivalentes.
El tipo superior es el que se imparte después del bachillerato o de sus equivalentes. Está compuesto por la licenciatura, la especialidad, la maestría y el doctorado, así como por opciones terminales previas a la conclusión de la licenciatura. Comprende la educación normal en todos sus niveles y especialidades.
Artículo 36. La educación básica, en sus tres niveles, tendrá las adaptaciones requeridas para responder a las características lingüísticas y culturales de cada uno de los diversos grupos indígenas del país, así como de la población rural dispersa.
Artículo 37. En el sistema educativo nacional también se impartirá educación inicial, educación especial y educación para adultos.
De acuerdo con las necesidades educativas específicas de la población, también podrá impartirse educación con programas o contenidos particulares para atender dichas necesidades.
Artículo 38. La educación inicial tiene como propósito favorecer el desarrollo físico, cognoscitivo, afectivo y social de los menores de cuatro años de edad. Incluye orientación a padres de familia o tutores para la educación de sus hijos o pupilos.
Artículo 39. La educación especial está destinada a menores de edad con discapacidades transitorias o definitivas, así como a aquéllos con facultades sobresalientes. Procurará atender a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social, y propiciará su integración a los planteles de educación básica regular.
Para quienes no logren esa integración, esta educación procurará la satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje para la autónoma convivencia social y productiva.
Esta educación incluye orientación a los padres o tutores, así como también a los maestros y personal de escuelas de educación básica regular que integren a alumnos con necesidades especiales de educación.
Artículo 40. En la impartición de educación para menores de edad se tomarán medidas que aseguren al educando la protección y cuidado adecuados para su bienestar; que eviten cualquier perjuicio, abuso físico o mental, así como los malos tratos, y para que la disciplina escolar sea compatible con la edad y la dignidad del educando.
Artículo 41. La educación para adultos está destinada a mayores de quince años que no hayan
cursado o concluido la educación básica y comprende, entre otras, la alfabetización, la educación primaria y la secundaria, así como la formación para el trabajo, con las particularidades adecuadas a dicha población. Esta educación se apoyará en la solidaridad social.
Artículo 42. Sólo tratándose de la educación para adultos la autoridad educativa federal podrá prestar servicios que conforme a la presente Ley corresponda prestar de manera exclusiva a las autoridades educativas locales.
Los beneficiarios de esta educación podrán acreditar los conocimientos adquiridos, mediante exámenes parciales o globales, conforme a los procedimientos que aluden los artículos 43 y 61. Cuando al presentar un examen no acrediten los conocimientos respectivos, recibirán un informe que indique las unidades de estudio en las que deban profundizar y tendrán derecho a presentar nuevos exámenes hasta lograr la acreditación de dichos conocimientos.
El Estado y sus entidades organizarán servicios permanentes de promoción y asesoría de educación para adultos y darán las facilidades necesarias a sus trabajadores y familiares para estudiar y acreditar la educación primaria y la secundaria.
Quienes participen voluntariamente brindando asesoría en tareas relativas a esta educación tendrán derecho, en su caso, a que se les acredite como servicio social.
Artículo 43. La formación para el trabajo procurará la adquisición de conocimientos, habilidades o destrezas, que permitan a quien la recibe desarrollar una actividad productiva demandada en el mercado, mediante alguna ocupación o algún oficio calificado.
La Secretaría, conjuntamente con las demás autoridades federales competentes, establecerá un régimen de certificación, aplicable en toda la República referido a la formación para el trabajo, conforme al cual sea posible ir acreditando conocimientos, habilidades o destrezas, intermedios o terminales, de manera parcial y acumulativa, independientemente de la forma en que hayan sido adquiridos.
La Secretaría, conjuntamente con las demás autoridades federales competentes, determinarán los lineamientos generales aplicables en toda la República para la definición de aquellos conocimientos, habilidades o destrezas susceptibles de certificación, así como de los procedimientos de evaluación correspondientes, sin perjuicio de las demás disposiciones que emitan las autoridades locales en atención a requerimientos particulares. los certificados, constancias o diplomas serán otorgados por las instituciones públicas y los particulares que señalen los lineamientos citados.
En la determinación de los lineamientos generales antes citados, así como en la decisión sobre los servicios de formación para el trabajo a ser ofrecidos, las autoridades competentes establecerán procedimientos que permitan considerar las necesidades, propuestas y opiniones de los diversos sectores productivos, a nivel nacional, local e incluso municipal.
Podrán celebrarse convenios para que la formación para el trabajo se imparta por las autoridades locales, los ayuntamientos, las instituciones privadas, las organizaciones sindicales, los patrones y demás particulares.
La formación para el trabajo que se imparta en términos del presente artículo será adicional y complementaria a la capacitación prevista en la fracción XIII del apartado A, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 44. La educación a que se refiere la presente sección tendrá las modalidades de escolar, no escolarizada y mixta.
SECCIÓN SEGUNDA
De los planes y programas de estudio.
Artículo 45. Los contenidos de la educación serán definidos en planes y programas de estudio.
En los planes de estudio deberán establecerse:
I. Los propósitos de formación general y, en su caso, de adquisición de las habilidades y las destrezas que correspondan a cada nivel educativo;
II. Los contenidos fundamentales de estudio, organizados en asignaturas u otras unidades de aprendizaje que, como mínimo, el educando deba acreditar para cumplir los propósitos de cada nivel educativo;
III. Las secuencias indispensables que deben respetarse entre las asignaturas o unidades de aprendizaje que constituyen un nivel educativo, y
IV. Los criterios y procedimientos de evaluación y acreditación para verificar que el educando cumple los propósitos de cada nivel educativo.
En los programas de estudio deberán establecerse los propósitos específicos de aprendizaje de las asignaturas u otras unidades de aprendizaje dentro de un plan de estudios, así como los criterios y procedimientos para evaluar y acreditar su cumplimiento. Podrán incluir sugerencias sobre métodos y actividades para alcanzar dichos propósitos.
Artículo 46. La Secretaría determinará los planes y programas de estudio, aplicables y obligatorios en toda la República, de la educación primaria, la secundaria, la educación normal y demás para la formación de maestros de educación básica.
Para tales efectos la Secretaría considerará las opiniones de las autoridades educativas locales, expresadas a través del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, expresadas a través del Consejo Nacional de la Educación.
Independientemente de la opinión a que se refiere el párrafo anterior, las autoridades educativas locales propondrán para la consideración y, en su caso, la autorización de la Secretaría, contenidos regionales que, sin mengua del carácter nacional de los planes y programas citados, permitan que los educandos adquieran un mejor conocimiento de la historia, la geografía, las costumbres, las tradiciones y demás aspectos propios de la entidad y municipio respectivos.
La Secretaría realizará revisiones y evaluaciones sistemáticas y continuas de los planes y programas a que se refiere el presente artículo, para mantenerlos permanentemente actualizados.
Los planes y programas que la Secretaría determine en cumplimiento del presente artículo así como sus modificaciones, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano informativo oficial de cada entidad federativa.
Artículo 47. La evaluación de los educandos comprenderá la medición en lo individual de los conocimientos, habilidades, las destrezas y, en general, del logro de los propósitos establecidos en los planes y programas de estudio.
Las instituciones deberán informar periódicamente a los educandos y, en su caso, a los padres de familia o tutores, los resultados y calificaciones de los exámenes parciales y finales, así como, de haberlas, aquellas observaciones sobre el desempeño académico de los propios educandos que permitan lograr mejores aprovechamientos.
SECCIÓN TERCERA
Del calendario escolar.
Artículo 48. La autoridad educativa federal determinará el calendario escolar mínimo aplicable en toda la República, para cada ciclo lectivo de la educación primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica. En cumplimiento de esta disposición, la Secretaría obrará conforme al criterio de que más días y horas de clase durante el ciclo lectivo son convenientes para el proceso educativo.
La autoridad educativa local podrá ampliar y ajustar el calendario escolar respecto al mínimo establecido por la Secretaría, cuando ello resulte necesario en atención a requerimientos específicos de la propia entidad federativa.
Artículo 49. En días escolares, las horas de labor escolar se dedicarán a la práctica docente y a las actividades educativas con los educandos, conforme a lo previsto en los planes y programas de estudio aplicables.
Las actividades no previstas en los planes y programas de estudio, o bien la suspensión de clases, solo podrán ser autorizadas por la autoridad que haya establecido el correspondiente calendario escolar. Estas autorizaciones únicamente podrán concederse en casos extraordinarios y si no implican incumplimiento de los planes y programas ni, en su caso, del calendario mínimo señalado por la Secretaría.
De presentarse interrupciones por caso extraordinario o fuerza mayor, la autoridad educativa tomará las medidas para recuperar los días y horas perdidos.
Artículo 50. El calendario mínimo para cada ciclo lectivo de educación primaria, de secundaria, de normal y demás para la formación de maestros de educación básica, se publicará en el Diario Oficial de la Federación.
El calendario de cada entidad federativa deberá publicarse en el órgano informativo oficial de la propia entidad.
CAPITULO V
De la educación que impartan los particulares.
Artículo 51. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades.
Por lo que concierne a la educación primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, deberán obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del Estado. Tratándose de estudios distintos de los antes mencionados, podrán obtener el reconocimiento de validez oficial de estudios.
La autorización y el reconocimiento serán específicos para cada plan de estudios. Para impartir nuevos estudios se requerirá, según el caso, la autorización o el reconocimiento respectivos.
La autorización y el reconocimiento incorporan a las instituciones que los obtengan, respecto de los estudios a que la propia autorización o dicho reconocimiento se refieren, al sistema educativo nacional.
Artículo 52. Las autorizaciones y los reconocimientos de validez oficial de estudios se otorgarán cuando los solicitantes cuenten:
I. Con personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación y, en su caso, satisfagan los demás requisitos a que se refiere el artículo 21;
II. Con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas que la autoridad otorgante determine. Para establecer un nuevo plantel se requerirá, según el caso, una nueva autorización o un nuevo reconocimiento, y
III. Con planes y programas de estudio que la autoridad otorgante considere procedentes, en el caso de educación distinta de la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica.
Artículo 53. Las autoridades educativas publicarán, en el órgano informativo oficial correspondiente, una relación de las instituciones a las que hayan concedido autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios. Asimismo publicarán oportunamente y en cada caso, la inclusión o la supresión en dicha lista de las instituciones a las que otorguen, revoquen o retiren las autorizaciones o reconocimientos respectivos.
Los particulares que impartan estudios con autorización o con reconocimiento deberán mencionar en la documentación que expidan y en la publicidad que hagan, una leyenda que indique su calidad de incorporados, el número y fecha del acuerdo respectivo, así como la autoridad que lo otorgó.
Artículo 54. Los particulares que imparten educación con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios deberán:
I. Cumplir con lo dispuesto en el artículo 3o.
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la presente Ley;
II. Cumplir con los planes y programas de estudio que las autoridades educativas competentes hayan determinado o considerado procedentes;
III. Proporcionar becas en los términos de los lineamientos generales que la autoridad que otorgue las autorizaciones o reconocimientos haya determinado;
IV. Cumplir los requisitos previstos en el artículo 52, y
V. Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección y vigilancia que las autoridades competentes realicen u ordenen.
Artículo 55. Las autoridades que otorguen autorizaciones y reconocimientos de validez oficial de estudios serán directamente responsables de la inspección y vigilancia de los servicios educativos respecto de los cuales concedieron dichas autorizaciones o reconocimientos.
Para realizar una visita de inspección deberá mostrarse la orden correspondiente expedida por la autoridad competente. La visita se realizará en el lugar, fecha y sobre los asuntos específicos señalados en dicha orden. El encargado de la visita deberá identificarse adecuadamente y exhibir el oficio respectivo.
Desahogada la visita, se suscribirá el acta correspondiente por quienes hayan intervenido y por dos testigos. En su caso, se hará constar en dicha acta la negativa del visitado de suscribirla sin que esa negativa afecte sus validez. Un ejemplar del acta se pondrá a disposición del visitado.
Los Particulares podrán presentar a las autoridades educativas documentación relacionada con la visita dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de la inspección.
Artículo 56. Los particulares que presten servicios por los que se impartan estudios sin reconocimiento de validez oficial, deberán mencionarlo en su correspondiente documentación y publicidad.
En el caso de educación inicial y de preescolar deberán, además, contar con personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación; contar con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas que la autoridad educativa determine; cumplir los requisitos elementales a que alude la fracción VII del artículo 12; tomar las medidas a que se refiere el artículo 40; así como facilitar la inspección y vigilancia de las autoridades competentes.
CAPITULO VI
De la Validez Oficial de Estudios y de la Certificación de Conocimientos.
Artículo 57. Los estudios realizados dentro del sistema educativo nacional tendrán validez en toda la República.
Las instituciones del sistema educativo nacional expedirán certificados y otorgarán constancias, diplomas, títulos o grados académicos a las personas que hayan concluido estudios de conformidad con los requisitos establecidos en los planes y programas de estudio correspondientes. Dichos certificados, constancias, diplomas, títulos y grados tendrán validez en toda la República.
La Secretaría promoverá que los estudios con validez oficial en la República sean reconocidos en el extranjero.
Artículo 58. Los estudios realizados fuera del sistema educativo nacional podrán adquirir validez oficial, mediante su revalidación, siempre y cuando sean equiparables con estudios realizados dentro de dicho sistema.
La revalidación podrá otorgarse por niveles educativos, por grados escolares, o por asignaturas u otras unidades de aprendizaje, según lo establezca la regulación respectiva.
Artículo 59. Los estudios realizados dentro del sistema educativo nacional podrán declararse equivalentes entre sí, cuando así lo sean, por niveles educativos, grados escolares, asignaturas u otras unidades de aprendizaje, según lo establezca la regulación respectiva.
Artículo 60. La Secretaría determinará las normas y criterios generales, aplicables en toda la República, a que se ajustarán la revalidación, así como la declaración de estudios equivalentes.
La Secretaría podrá revalidar y otorgar equivalencias de estudios distintos a los mencionados en la fracción V del artículo 13.
Las autoridades educativas locales otorgarán revalidaciones y equivalencias únicamente cuando estén referidas a planes y programas de estudios que se impartan en sus respectivas competencias.
Las revalidaciones y equivalencias otorgadas en términos del presente artículo tendrán validez en toda la República.
Artículo 61. La Secretaría, por acuerdo de su titular, podrá establecer procedimientos por medio de los cuales expidan certificados, constancias, diplomas o títulos a quienes acrediten conocimientos terminales que correspondan a cierto nivel educativo o grado escolar, adquiridos en forma autodidacta o a través de la experiencia laboral.
El acuerdo secretarial respectivo señalará los requisitos específicos que deban cumplirse para la acreditación de los conocimientos adquiridos.
CAPITULO VII
De la Participación Social en la Educación.
SECCIÓN PRIMERA
De los padres de familia.
Artículo 62. Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:
I. Obtener inscripción en escuelas públicas para que sus hijos o pupilos menores de edad, que satisfagan los requisitos aplicables, reciban la educación preescolar, la primaria y la secundaria;
II. Participar a las autoridades de la escuela en la estén inscritos sus hijos o pupilos, cualquier problema relacionado con la educación de éstos, a fin de que aquéllas se aboquen a su solución;
III. Colaborar con las autoridades escolares para la superación de los educandos y en el mejoramiento de los establecimientos educativos, y
IV. Formar parte de las asociaciones de padres de familia y de los con
sejos de participación social a que se refiere este capítulo.
Artículo 63. Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:
I. Hacer que sus hijos o pupilos, menores de edad, reciban la educación primaria y la secundaria;
II. Apoyar el proceso educativo de sus hijos o pupilos, y
III. Colaborar con las instituciones educativas en las que estén inscritos sus hijos o pupilos, en las actividades que dichas instituciones realicen.
Artículo 64. Las asociaciones de padres de familia tendrán por objeto:
I. Representar ante las autoridades escolares los intereses que en materia educativa sean comunes a los asociados;
II. Colaborar para una mejor integración de la comunidad escolar, así como en el mejoramiento de los planteles;
III. Participar en la aplicación de cooperaciones en numerario, bienes y servicios que las propias asociaciones deseen hacer al establecimiento escolar;
IV. Proponer las medidas que estimen conducentes para alcanzar los objetivos señalados en las fracciones anteriores, e
V. Informar a las autoridades educativas y escolares sobre cualquier irregularidad de que sean objeto los educandos.
Las asociaciones de padres de familia se abstendrán de intervenir en los aspectos pedagógicos y laborales de los establecimientos educativos.
La organización y el funcionamiento de las asociaciones de padres de familia, en lo concerniente a sus relaciones con las autoridades de los establecimientos escolares, se sujetarán a las disposiciones que las autoridades educativas locales señalen.
SECCIÓN SEGUNDA
De los consejos de participación social.
Artículo 65. Las autoridades educativas promoverán la participación de la sociedad en actividades que tengan por objeto fortalecer y elevar la calidad de la educación pública, así como ampliar la cobertura de los servicios educativos.
Artículo 66. Será responsabilidad de la autoridad de cada escuela pública de educación básica vincular a ésta activa y constantemente con la comunidad. El ayuntamiento y la autoridad educativa local darán toda su colaboración para tales efectos.
Entre otras medidas, la autoridad escolar hará lo conducente para que en cada escuela pública de educación básica opere un consejo escolar de participación social, integrado con padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros y representantes de sus organización sindical, directivos de la escuela, exalumnos, así como con los demás miembros de la comunidad interesados en el desarrollo de la propia escuela.
Este consejo conocerá las metas educativas y el avance en las actividades escolares; tomará nota de los resultados de las evaluaciones que realicen las autoridades educativas; propiciará la colaboración de maestros y padres de familia; podrá proponer estímulos y reconocimientos de carácter social a alumnos, maestros, directivos y empleados de la escuela; estará facultado para realizar convocatorias para trabajos específicos de mejoramiento de las instalaciones escolares; respaldará las labores cotidianas de la escuela y, en general, podrá realizar cualquier otra actividad en beneficio de la propia escuela.
Artículo 67. En cada municipio operará un consejo municipal de participación social en la educación integrado por las autoridades municipales, padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros distinguidos y directivos de escuelas, representantes de la organización sindical de los maestros, así como representantes de organizaciones sociales y demás interesados en el mejoramiento de la educación.
Este consejo gestionará ante el ayuntamiento y ante la autoridad educativa local el mejoramiento de los servicios educativos, la construcción, ampliación o cambio de escuelas públicas y demás proyectos de desarrollo educativo en el municipio; conocerá de los resultados de las evaluaciones que realicen las autoridades educativas; llevará a cabo labores de seguimiento de las actividades de las escuelas públicas de educación básica del propio municipio; podrá proponer estímulos y reconocimientos de crácter social a alumnos, maestros, directivos y empleados escolares; procurará la obtención de recursos complementarios para el mantenimiento físico y para proveer de equipo básico a cada escuela pública y, en general, podrá realizar las demás actividades para apoyar y fortalecer la educación en el municipio.
Será responsabilidad del presidente municipal que en el consejo se alcance una efectiva participación social que contribuya a elevar la calidad y la cobertura de la educación.
En el Distrito Federal los consejos se constituirán por cada delegación política.
Articulo 68. En cada entidad federativa funcionará un consejo estatal de participación social en la educación como órgano de consulta, orientación y apoyo. Un órgano análogo se establecerá en el Distrito Federal. En dicho consejo se asegurará la participación de padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros y representantes de su organización sindical, instituciones formadoras de maestros, autoridades educativas y estatales y municipales, así como de sectores sociales del estado especialmente interesados en la educación. Tendrá como propósito conocer los resultados de las evaluaciones que efectúen las autoridades educativas y colaborar con ellas en actividades que influyan en el mejoramiento de la calidad y la cobertura de la educación.
Articulo 69. La Secretaría promoverá el establecimiento y funcionamiento del Consejo Nacional de la Educación como instancia nacional de consulta, colaboración apoyo e información en la que se encuentran representados padres de familia y sus asociaciones, maestros y su organización sindical, autoridades educativas, así como los sectores sociales especialmente interesados en la educación. Tomará nota de los resultados de las evaluaciones que realicen las autoridades educativas, conocerá el desarrollo y la evolución del sistema educativo nacional, y propondrá políticas para elevar la calidad y la cobertura de la educación.
Artículo 70. Los consejos de participación social a que se refiere esta sección se abstendrán de intervenir en los aspectos pedagógicos y laborales de los establecimientos educativos.
SECCIÓN TERCERA
De los medios de comunicación.
Artículo 71. Los medios de comunicación masiva, en el desarrollo de sus actividades, contribuirán al logro de las finalidades previstas en el artículo 7o.
CAPITULO VIII
De las infracciones las Sanciones y el Recurso Administrativo
SECCIÓN PRIMERA
De las infracciones y las sanciones.
Artículo 72. Son infracciones de quienes prestan servicios educativos:
I. Incumplir cualesquiera de las obligaciones previstas en el artículo 54;
II. Suspender el servicio educativo sin que medie motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor;
III. Suspender clases en días y horas no autorizados por el calendario escolar aplicable, salvo caso fortuito o fuerza mayor;
IV. Utilizar libros de texto no autorizados para la educación primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica;
V. Incumplir los lineamientos generales para el uso de material educativo para la educación primaria la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica;
VI. Dar a conocer antes de su aplicación, los exámenes o cualesquiera otros instrumentos de admisión, acreditación o evaluación, a quienes habrán de presentarlos;
VII. Expedir certificados, constancias, diplomas o títulos a quienes no cumplan los requisitos aplicables;
VIII. Realizar o permitir se realice la publicidad dentro del plantel escolar que fomento de consumo así como realizar o permitir la comercialización de bienes o servicios distintos de alimentos, notoriamente ajenos al proceso educativo;
IX. Efectuar actividades que pongan en riesgo la salud o seguridad de los alumnos;
X. Ocultar a los padres o tutores las conductas de los alumnos que notoriamente deban ser de su conocimiento;
XI. Oponerse a las actividades de evaluación, inspección y vigilancia, así como no proporcionar información veraz y oportuna, e
XII. Incumplir cualesquiera de los demás preceptos de esta Ley, así como las disposiciones expedidas con fundamento en ella.
Artículo 73. Las infracciones enumeradas en el artículo anterior se sancionarán con:
I. Multa hasta por el equivalente a cinco mil veces el salario mínimo general diario vigente en el área geográfica y en la fecha en que se cometa la infracción.
Las multas impuestas podrán duplicarse en caso de reincidencia, o
II. Revocación de la autorización o retiro del reconocimiento de validez oficial de estudios correspondiente.
La imposición de la sanción establecida en la fracción II no excluye la posibilidad de que sea impuesta alguna multa.
Artículo 74. Además de las previstas en el artículo 72, también son infracciones a esta ley:
I. Ostentarse como plantel incorporado sin estarlo;
II. Incumplir con lo dispuesto en el artículo 56, e
III. Impartir la educación primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, sin contar con la autorización correspondiente.
En los supuestos previstos en este artículo, además de la aplicación de las sanciones señaladas en la fracción I del artículo 73, podrá procederse a la clausura del plantel respectivo.
Artículo 75. Cuando la autoridad educativa responsable de la prestación de servicio, o que haya otorgado la autorización o el reconocimiento de validez oficial de estudios, considere que existen causas justificadas que ameriten la imposición de sanciones lo hará del conocimiento del presunto infractor para que, dentro de quince días naturales, manifieste lo que a su derecho convenga y proporcione los datos y documentos que le sean requeridos.
La autoridad dictará resolución con base en los datos aportados por el presunto infractor y las demás constancias que abren en el expediente.
Para determinar la sanción se considerarán las circunstancias en que se cometió la infracción, los daños y perjuicios que se hayan producido o puedan producirse a los educandos, la gravedad; de la infracción, las condiciones socio - económicas del infractor, el carácter internacional o no de la infracción y si se trata de reincidencia.
Artículo 76. La negativa o revocación de la autorización otorgada a particulares produce efectos de clausura del servicio educativo de que se trate.
El retiro del conocimiento de validez oficial se referirá a los estudios que se impartan a partir de la fecha en que se dicte la resolución. Los realizados mientras que la institución contaba con el reconocimiento, mantendrán su validez oficial.
La autoridad que dicte la resolución adoptará las medidas que sean necesarias para evitar perjuicios a los educandos.
En el caso de autorizaciones; cuando la revocación se dicte durante un ejercicio lectivo; la institución podrá seguir funcionando, a juicio y bajo la vigilancia de la autoridad, hasta que aquél concluya.
SECCIÓN SEGUNDA
Del recurso administrativo
Artículo 77. En contra de las resoluciones de las autoridades educativas dictadas con fundamento en las disposiciones de esta ley y demás derivadas de ésta, podrá interponerse recurso de revisión dentro de quince días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.
Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior sin que el interesado interponga el recurso; la resolución tendrá el carácter de definitiva.
Asimismo podrá interponerse dicho recurso cuando la autoridad no dé respuesta en un plazo de sesenta días hábiles siguientes a la presentación de las solicitudes de autorización o de reconocimiento de validez oficial de estudios.
Artículo 78. El recurso se interpondrá, por escrito, ante la autoridad inmediata superior a la que emitió el acto recurrido u omitió responder la solicitud correspondiente.
La autoridad receptora del recurso deberá sellarlo o firmarlo de recibido y anotará la fecha y hora en que se presente y el número de anexos que se acompañe. En el mismo acto devolverá copia debidamente sellada o firmada al interesado.
Artículo 79. En el recurso deberán expresarse el nombre y el domicilio del recurrente y los agravios; acompañándose los elementos de prueba que se consideren necesarios, así como las constancias que acrediten la personalidad del promovente.
En caso de incumplimiento de los requisitos antes señalados, la autoridad educativa podrá declarar improcedente el recurso.
Artículo 80. Al interponerse el recurso podrá ofrecerse toda clase de pruebas, excepto la confesional,
y acompañarse con los documentos relativos Si se ofrecen pruebas que requieran desahogo, se abrirá un plazo de no menor de cinco ni mayor de treinta días hábiles para tales efectos.
La autoridad educativa que esté conociendo del recurso podrá allegarse los elementos de convicción adicionales que considere necesarios.
Artículo 81. La autoridad educativa dictará resolución dentro de los treinta días hábiles siguientes, a partir de la fecha:
I. Del acuerdo de admisión del recurso, cuando no se hubiesen ofrecido pruebas o las ofrecidas no requieran plazo especial de desahogo, y
II. De la conclusión del desahogo de las pruebas o, en su caso, cuando haya transcurrido el plazo concedido para ello y no se hubieran desahogado.
Las resoluciones del recurso se notificarán a los interesados, o a sus representantes legales, personalmente o por correo certificado con acuse de recibo.
Artículo 82.La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución impugnada en cuanto al pago de multas.
Respecto de cualquier otra clase de resoluciones administrativas y de sanciones no pecuniarias, la suspensión sólo se otorgará si concurren los requisitos siguientes:
I. Que lo solicite el recurrente;
II. Que el recurso haya sido admitido;
III. Que de otorgarse no implique la continuación o consumación de actos u omisiones que ocasionen infracciones a esta Ley, y
IV. Que no ocasionen daños o perjuicios a los educandos o terceros en términos de esta ley.
TRANSITORIOS
Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se abrogan la Ley Federal de Educación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 1973; la Ley del Ahorro Escolar, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de septiembre de 1945; la Ley que Establece la Educación Normal para Profesores de Centros de Capacitación para el trabajo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 1963, y la Ley Nacional de Educación para Adultos, publicada en el diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1975.
Se derogan las demás disposiciones que se opongan a la presente Ley.
Tercero. Las disposiciones normativas derivadas de las leyes mencionadas en el artículo segundo anterior se seguirán aplicando, en lo que no se opongan a la presente Ley, hasta en tanto las autoridades educativas competentes expidan la normatividad a que se refiere esta ley.
Cuarto. El proceso para que el Gobierno del Distrito Federal se encargue de la prestación de los servicios de educación inicial, básica -incluyendo la indígena- y especial en el propio Distrito, comenzará a partir en el inicio del ciclo lectivo 1994-1995. A partir en la entrada en vigor de la presente Ley y hasta la conclusión del proceso antes citado, las atribuciones relativas a la educación inicial básica - incluyendo la indígena - y especial que los artículos 11,13,14 y demás señalan para las autoridades educativas locales en sus respectivas competencias corresponderá en el Distrito Federal, a la Secretaría.
A la conclusión del proceso citado entrará en vigor el primer párrafo del artículo 16 de la presente Ley.
Quinto. Los servicios para la formación de maestros a cargo de las autoridades educativas locales tendrán, a demás de las finalidades previstas en el artículo 20 de la presente Ley, de regularizar, con nivel de licenciatura, maestros en servicio que por cualquier circunstancia tenga nivel de estudios distinto de dicho nivel.
Ruego a ustedes ciudadanos secretarios se sirvan dar cuenta a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la presente iniciativa para los efectos correspondientes.
Reitero a ustedes las seguridades de mi más alta y distinguida consideración. Palacio Nacional, a 14 de junio de 1993.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas De Gortari,»
Recibo y túrnese a la Comisión de Educación Pública.
OFICIO DE LA SECRETARIA
DE GOBERNACIÓN
CONDECORACIÓN
El secretario Miguel Cuitláhuac Vázquez Hidalgo:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos .- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
A continuación transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a esta de Gobernación con Fecha 7 del presente:
"El ciudadano doctor Alfonso Herrera Franyutti, solicita se tramite ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III Apartado; B del artículo 37 de nuestra constitución Política, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la solidaridad que le confiere el Gobierno de la República de Cuba. Para tal efecto y a fin de que se integren en su expediente, remito a usted carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, acta de nacimiento, curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la condecoración relativa".
Al comunicar a ustedes lo anterior, les acompaño con el presente los anexos que en el mismo se mencionan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad; las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 9 de junio de 1993.- El Secretario, José Patrocinio González Blanco Garrido.»
Recibo y Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA
DE LA FEDERACIÓN
El Presidente:
El siguiente punto del orden del día es la lectura que en primer orden se hace al dictamen con relación al proyecto de decreto por el que se autoriza al Ejecutivo Federal para emitir certificados de la Tesorería de la Federación.
En atención a que este dictamen ha sido impreso y se está distribuyendo entre los diputados; consulte la Secretaría de la Asamblea si se le dispensa la lectura del Dictamen.
El secretario Miguel Cuitláhuac Vázquez Hidalgo:
Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se le pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen...
Los diputados que estén en la afirmativa; sírvanse manifestarlo Se dispensa la lectura al dictamen. Es de primera lectura.
«Comisión de Hacienda y Crédito Publico Honorable Asamblea: Fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su estudio y dictamen, la iniciativa de Decreto por el que se autoriza al Ejecutivo Federal para emitir Certificados de la Tesorería de la Federación
(CETES); propuesta por el propio Ejecutivo Federal en el ejercicio de la facultad que le confiere la fracción I del artículo 71 constitucional.
De acuerdo con el estudio efectuado en la citada iniciativa y fundamentos en los artículos 54 y 56 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; la Comisión que suscribe somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
DICTAMEN
La iniciativa en estudio tiene como propósito la expedición de un nuevo ordenamiento que regule la emisión y circulación de CETES, manteniendo las características conforme a las cuales operan dichos instrumentos de inversión, con excepción de su plazo, que podrá ser mayor a un año; y de la posibilidad de que devenguen intereses; los cuales podrán ser pagados mediante cupones.
Como se desprende de los antecedentes analizados; con fecha 3 de noviembre de 1977 esta honorable soberanía expidió el decreto que prevé los lineamientos vigentes relativos a la emisión y circulación de CETES. Asimismo mediante el decreto de referencia se efectuaron modificaciones a diversos ordenamientos, los cuales ya han sido abogados o reformados. En este contexto, el honorable Poder Legislativo expidió
con fecha 21 de diciembre de 1984, la actual Ley Orgánica del Banco de México, con fecha 28 de diciembre de 1982 la nueva Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal y mediante decretos de fechas 20 de diciembre de 1984 y 28 de diciembre de 1989 reformó, entre otros, los artículos 24 y 31 fracción VIII, inciso f de la Ley del Mercado de Valores.
De acuerdo con lo anterior, el decreto mencionado sólo se encuentra vigente en lo relativo a las características conforme a las cuales se realiza la emisión y circulación de CETES, mismas que, según se apunta en la incitativa, resulta conveniente ampliar a fin de impulsar la bursatilidad de dichos instrumentos, por lo cual se propone la abrogación de tal ordenamiento, emitiéndose un nuevo decreto que regula en forma específica lo concerniente a los CETES.
La Comisión que dictamina considera adecuada la apreciación del Ejecutivo Federal, en el sentido de que la emisión y operación de CETES ha permitido el desarrollo del mercado de valores gubernamentales, fomentando el ahorro nacional. Asimismo, esta Comisión coincide con el planteamiento referente a que las operaciones con estos valores implican ventajas sustanciales para el público inversionista, por lo que se han constituido como los instrumentos gubernamentales de mayor circulación en el mercado, debido a su alta bursatilidad, rendimientos atractivos y amplia seguridad, al tratarse de títulos de crédito con la garantía del Gobierno Federal.
Sin embargo, actualmente las alternativas de operación con CETES se encuentran limitadas por los términos del decreto cuya abrogación se pretende, toda vez que su plazo no puede ser superior a aun año y no devengan intereses, por lo que únicamente pueden colocarse a descuento o bajo par. Por ello, esta Comisión dictaminadora estima adecuadas las modificaciones a las características de los citados instrumentos, propuestas en la iniciativa en estudio, las cuales se refieren a la posibilidad de que su plazo sea mayor de un año y que generen intereses, lo cual permitirá un desarrollo más amplio del mercado de estos valores.
Cabe señalar que en la propia iniciativa se ratifica que la emisión de CETES, con las nuevas características que se proponen, continuaría sujeta a lo dispuesto por la Ley General de Deuda Pública y a lo que dicte esta honorable soberanía al aprobar anualmente la Ley de Ingresos de la Federación, con lo cual se da plena vigencia al principio constitucional que atribuye a este honorable Congreso de la Unión la responsabilidad de aprobar las bases y señalar los límites que comprometen el crédito de la nación.
Al igual que lo considerado en la iniciativa, la Comisión que suscribe estima que la propuesta en análisis actualizaría el ejercicio de la facultad concedida al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público contrate las operaciones de financiamiento del sector público y determine las medidas administrativas relativas al pago, colocación y demás elementos correspondientes a las emisiones de títulos.
Con base en el análisis practicado, la Comisión que dictamina considera atendible la propuesta del Ejecutivo de abrogar el decreto de referencia mediante la expedición de un nuevo ordenamiento que regule la emisión de CETES, manteniendo sus características vigentes con excepción del plazo, el cual podrá ser mayor a un año, y contemplando la posibilidad de que devenguen intereses pagaderos mediante cupones.
En razón de lo antes expuesto y fundado, esta Comisión propone a esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente:
Decreto por el que se autoriza al Ejecutivo Federal para emitir Certificados de la Tesorería de la Federación.
Artículo único. Se autoriza al Ejecutivo Federal para emitir, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Certificados de la Tesorería de la Federación, cuyas características y circulación se ajustarán a lo siguiente:
I. Serán títulos de crédito al portador, a cargo del Gobierno Federal.
II. El valor nominal de cada título será de cinco nuevos pesos o múltiplos de esta cantidad.
III. Serán pagaderos en la ciudad de México, Distrito Federal, en las oficinas del Banco de México, por su valor nominal.
IV. Podrán devengar intereses, quedando facultada la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para colocarlos a descuento o bajo par. En el caso de que devenguen intereses, podrán llevar cupones para su pago, los cuales serán títulos de crédito y se regirán conforme a lo establecido en el acta de emisión respectiva.
V. El Banco de México actuará como agente exclusivo del Gobierno Federal para la colocación, redención, compra, venta y, en su caso,
pago de intereses, de los Certificados de la Tesorería de la Federación.
Los títulos se mantendrán en todo tiempo en deposito centralizado en administración en el Banco de México por cuenta de los tenedores.
Dicho Banco efectuará las transferencias de los certificados mediante traspasos en las cuentas de depósito que lleve a los respectivos depositantes, quedando facultado para transferir en esta forma la titularidad de uno o más de estos certificados.
VI. Los aumentos netos en la circulación de Certificados de la Tesorería de la Federación se computarán dentro de los montos del endeudamiento directo neto del Gobierno Federal que el Congreso de la Unión fije para el ejercicio fiscal correspondiente en los términos de los artículos 9o. y 10 de la Ley General de Deuda Pública.
VII. Los montos, rendimientos, plazos y condiciones de colocación, así como las demás características específicas de las diversas emisiones, serán determinadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo previamente la opinión del Banco de México.
En la determinación de las emisiones y de las respectivas características, deberán considerarse las condiciones de los mercados crediticios, las necesidades de financiamiento de proyectos de desarrollo, así como el objetivo de propiciar un sano desarrollo del mercado de valores.
TRANSITORIOS
Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. Se abroga el "decreto por el que se autoriza al Ejecutivo Federal para emitir Certificados de Tesorería; se reforma el artículo 24, fracción X, inciso d, de la Ley Orgánica del Banco de México; se adiciona la fracción III Bis al artículo 322 de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal; se adiciona el artículo 24 y el inciso fracción VIII del artículo 31 de la Ley del Mercado de Valores", publicado en el Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre de 1977.
Artículo tercero. Los Certificados de la Tesorería de la Federación emitidos con anterioridad a la vigencia del presente decreto, continuarán sujetos a los plazos y condiciones conforme a los cuales fueron emitidos.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 15 de junio de 1993.»
El Presidente:
Continúe la Secretaría dando cuenta con los asuntos del orden del día.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El Secretario Luis Moreno Bustamante:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales
Honorable Asamblea: En oficio fechado el 20 de mayo del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Francisco Rojas García y Felipe Becerril Torres, puedan prestar sus servicios como gerente general de Administración de Micro - computación y Bibliotecario, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 8 de junio, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada de sus actas de nacimiento, y
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México, serán de carácter administrativo.
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano Francisco Rojas García, para prestar servicios como gerente general de Administración de Micro - computación, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Articulo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Felipe Becerril Torres, para prestar servicios como bibliotecario, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 9 de junio de 1993.- Gustavo Carvajal Moreno, presidente; Cuauhtémoc López Sánchez, secretario; Juan de Dios Castro Lozano, secretario, José Octavio Alaniz Alaniz, José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Benjamín Avila Guzmán, José Azanza Jiménez, Juan José Bañuelos Guardado, Agustín Basave Benítez, Luis A. Beauregard Rivas, Carlos E. Cantú Rosas, Alberto Carrillo Armenta, Juan José Castillo Mota, Estela Cásarez Esquivel, Javier Centeno Avila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Pedro de León Sánchez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elías, Laura Alicia Garza Galindo, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo J. González Díaz, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Marlene Catalina Herrera Díaz, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, José Benigno López Mateos, Jesús Martín del Campo, Jorge Mendoza Alvarez, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Jaime Muñoz y Domínguez, Miguel Angel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, Marco Antonio Olvero Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Tomás Osorio Avilés, Guillermo Pacheco Pulido, Rubén Pabello Rojas, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Irma A. Piñeiro Arias, Froylán Ramírez Lara, Juan Ramiro Robles Ruiz, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Juan José Rodríguez Prats, María Esther Scherman Leaño, Jaime Serrano Cedillo, Manuel Solares Mendiola, Cecilia Guadalupe Soto González, Edmundo Sosa López, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Salvador Valencia Carmona, Oscar Ricardo Valero Recio, Mario Vargas Aguilar, Jorge Zermeño Infante, Ildefonso Zorrilla Cuevas Nahum, Efraín Zúñiga Galeana, José Domingo Olvera Cervantes, Juan Alonso Romero.» Es de Primera Lectura.
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: En oficio fechado el 27 de mayo del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que las ciudadanas Celinda de la Luz Pintos Hernández y María del Rosario Ramírez Gómez, puedan prestar sus servicios administrativos, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el día 18 de mayo, se turnó a la Comisión que suscribe para su estudio y dictamen el expediente relativo.
CONSIDERANDO a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con las copias certificadas de sus actas de nacimiento;
b) Que los servicios que las propias interesadas prestarán en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México, serán de carácter administrativo, y
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente.
PROYECTO DE DECRETO
Artículo Primero. Se concede permiso a la ciudadana Celinda de la Luz Pintos Hernández, para prestar servicios como secretaria de Asuntos Consulares, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Artículo Segundo. Se concede permiso a la ciudadana María del Rosario Ramírez Gómez, para prestar servicios como técnico - laboratorista, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México. Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 11 de junio de 1993.- Gustavo Carvajal Moreno, presidente; Cuauhtémoc López Sánchez, secretario; Juan de Dios Castro Lozano, secretario, José Octaviano Alaniz Alaniz, José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Benjamín Avila Guzmán, José Azanza Jiménez, Juan José Bañuelos Guardado, Agustín Basave Benítez, Luis A. Beauregard Rivas, Carlos E. Cantú Rosas, Alberto Carrillo Armenta, Juan
José Castillo Mota, Estela Cásarez Esquivel, Javier Centeno Avila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Pedro de León Sánchez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garavito Elías, Laura Alicia Garza Galindo, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo J. González Díaz, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Marlene Catalina Herrera Díaz, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, José Benigno López Mateos, Jesús Martín del Campo, Jorge Mendoza Alvarez, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Jaime Muñoz y Domínguez, Miguel Angel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, Marco Antonio Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Tomás Osorio Avilés, Guillermo Pacheco Pulido, Rubén Pabello Rojas, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Irma A. Piñeiro Arias, Froylán Ramírez Lara, Juan Ramiro Robles Ruiz, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Juan José Rodríguez Prats, María Esther Scherman Leaño, Jaime Serrano Cedillo, Manuel Solares Mendiola, Cecilia Guadalupe Soto González, Edmundo Sosa López, Manuel Terrazas Guerrero, Jorge Uscanga Escobar, Salvador Valencia Carmona, Oscar Ricardo Valero Recio, Mario Vargas Aguilar, Jorge Zermeño Infante, Ildefonso Zorrilla Cuevas Nahum, Efraín Zúñiga Galeana, José Domingo Olvera Cervantes, Juan Alonso Romero, María de los Angeles Moreno Uriegas, Roberto Madrazo Pintado, Juan Moisés Calleja García, Enrique Chavero Ocampo, Mario del Valle Fernández, Fernando Lerdo de Tejada, Ricardo López Gómez, José Ramón Navarro Quintero.»
Es de primera lectura.
Servido, señor Presidente.
COLEGIO DE MÉXICO
El Presidente:
Muchas gracias, señor Secretario.
A esta Presidencia ha sido solicitado el uso de la palabra el diputado Armando Romero, para dar cuenta y leer un proyecto de dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias. Se concede la palabra al diputado Romero.
El diputado Armando Romero Rosales:
«Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias.
Dictamen del punto de acuerdo relativo a realizar una sesión solemne para conmemorar el L Aniversario de la creación del Colegio Nacional.
Honorable Asamblea: Un grupo de ciudadanos diputados miembros de diversos partidos políticos e integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara, presentaron una proposición, en los términos del artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para que ese órgano legislativo conmemore en una sesión solemne el L aniversario de la creación de El Colegio Nacional.
En efecto, el 13 de mayo de 1943 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual el Presidente de la República, general Manuel Avila Camacho, creaba una: comunidad de cultura al servicio de la sociedad, dotada de personalidad jurídica, en cuyo seno estarán representadas sin limitaciones, las corrientes de pensamiento y las tendencias filosóficas, científicas y artísticas, pero con estricta exclusión de todo interés ligado a política militante". La nueva Institución adoptó como lema el de "Libertad por el Saber" conjuntando así la meta y el camino en los que había de preservar el organismo social que se creaba.
El Colegio Nacional fue concebido a la manera de otras instituciones que en diversos países reúnen a los más destacados representantes de la cultura nacional, con el propósito de que se vinculen activamente con la sociedad a través de cursos y conferencias libres abiertas al interés de todos. De tal manera que si la pertenencia al claustro de El Colegio Nacional es indudablemente una de las mayores distinciones que se otorga en la República, dicha membresía implica también el compromiso de entregarse a la difusión de las más altas manifestaciones del saber en el medio social. Así lo ha hecho el Colegio Nacional de estos cincuenta años de su existencia, a través de innumerables y provechosos cursos y series de conferencias impartidos no sólo en la sede que ocupa en el Centro Histórico de la Ciudad de México, sino en numerosas instituciones educativas de los estados de la Federación.
Detrás de estos empeños perseverantes subyace la noble intención de extender los beneficios del saber y la cultura entre las más amplias capas de la población y precisamente a cargo de sus mejores exponentes; bajo la consideración de que el desarrollo cultural es una de las dimensiones más importantes para el progreso integral del país. Un desarrollo que, además de los adelantos en materia económica y social, comprenda el perfeccionamiento cívico, moral y cultural de la nación mexicana.
Es indudable que la aportación que han hecho a la cultura patria cada uno de los miembros de El Colegio Nacional es notable, como lo acredita la mera lectura de quienes fueron sus fundadores y quienes luego se han incorporado a él. Y desde luego, la institución misma, como tal, ha acreditado durante este su primer medio siglo, las buenas razones que movieron al Gobierno de la República para crearla.
A este respecto, la Comisión que dictamina y seguramente la propia representación nacional, verían con la mayor satisfacción que El Colegio Nacional profundizara el ejercicio de sus atribuciones en toda la amplitud de la sociedad, a través de los medios que él mismo considerara más eficaces, entre ellos, una amplia utilización de los medios electrónicos de comunicación.
En razón de las anteriores consideraciones y en mérito de la proposición que se examina, con fundamento en los artículos 58 de la Ley Orgánica del Congreso General y 27, 60 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, sometemos a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. La Cámara de Diputados de la LV legislatura del Congreso de la Unión acuerda la celebración de una sesión solemne el próximo 29 de junio, en el recinto pleno, para conmemorar el L aniversario del establecimiento de El Colegio Nacional.
México, Distrito Federal, a 15 de junio de 1993.- Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias.- Diputados: Miguel González Avelar, Presidente; Alejandro Ontiveros Gómez, secretario; Raymundo Cárdenas Hernández, secretario; Juan Gualberto Campos Vega, secretario; César Jáuregui Robles, secretario; José Alarcón Hernández, Raúl Burton Trejo, Alberto Carrillo Armenta, Hiram Luis de León Rodríguez, Blanca Ruth Esponda Espinosa, Carlos González Durán, Armando Sergio González Santacruz, Julieta Guevara Bautista, Francisco Felipe Laris Iturbide, Armando Lazcano Montoya, Armando Leal Ríos, Ricardo López Gómez, Mariano López Mercado, Gloria Mendiola Ochoa, Jesús Madrazo Martínez de Escobar, José Antonio Olvera Acevedo, Héctor Israel Ortiz Ortiz, Tomás Osorio Avilés, Salomón Pérez Carrillo, Héctor Pérez Plazola, Alfonso Rivera Domínguez, Armando Romero Rosales, Alvaro Salazar Lozano, Jaime Serrano Cedillo, Abraham Talavera López, Roderico Tapia Ruiz, Manuel Terrazas Guerrero, Salvador Valencia Carmona, José Socorro Velázquez Hernández.»
El Presidente:
Gracias, señor diputado.
En atención a la lectura de que nos acaba de dar cuenta el diputado Romero y a la petición que hace para que se dispense una segunda lectura y se proceda a consultar si es de aprobarse este proyecto de dictamen en razón encontrada en el mismo texto de la propia lectura por la proximidad de la fecha para la sesión solemne que se propone y de que no consiste esa propuesta en una iniciativa que tenga materia de Ley, consulte la Secretaría, es el turno que hace la Presidencia, a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la segunda lectura de este proyecto de dictamen.
El secretario Luis Moreno Bustamante:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
El Presidente:
En consecuencia, se puede discutir y en su caso votar en esta misma sesión, la propuesta que leyó el diputado Armando Romero.
En virtud de que no hay registro de oradores en contra y sólo se encuentra la fundamentación de la misma, es procedente que la Secretaría consulte nuevamente a la Asamblea si debe aprobarse el proyecto de dictamen de que se trata.
El secretario Luis Moreno Bustamente:
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la Asamblea si se aprueba el dictamen presentado
por el diputado Romero. En votación económica, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado, señor Presidente.
PETRÓLEOS MEXICANOS
El Presidente:
Gracias, señor Secretario.
A esta Presidencia ha solicitado que se le permita el uso de la palabra el diputado Jorge Tovar Montañez, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, para hacer comentarios sobre la situación de los trabajadores de Petróleos Mexicanos. Tiene la palabra el Diputado Tovar Montañez. El diputado Jorge Tovar Montañez:
Con el permiso de la Presidencia; señoras y señores diputados:
Es del conocimiento público que se encuentran en plantón permanente frente al Palacio Nacional un número creciente de trabajadores cesados de PEMEX, de un total aproximado de 1 mil 200, provenientes del Estado de Veracruz, entidad en donde el número de despedidos de Pemex alcanza una cifra cercana a 10 mil, al lado de los despedidos de otros estados del sureste de la República.
Es conveniente recordar los hechos que son públicos y del conocimiento de las diversas fracciones parlamentarias, por que los trabajadores se han dirigido a todas ellas. Trabajadores transitorios de Pemex con antigüedades desde 10 hasta 30 años, despedidos, han presentado cuatro demandas laborales desde hace un año ante la Junta Especial número siete Federal Conciliación y Arbitraje, en contra del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, en sus secciones correspondientes a aquel Estado, demandando tres cosas: devolución de las cuotas sindicales, entrega del seguro de desempleo por el cual pagaron las cuotas correspondientes y pago de las compensaciones por trabajo extraordinario en favor del sindicato, cuyos fondos también fueron proporcionados por Pemex.
Después de un año, sólo han sido revisados aproximadamente la tercera parte del total de los casos. Su desesperación los ha obligado a caminar hasta la capital, con el legítimo propósito de denunciar su situación y reclamar respuesta.
El día 8 de mes, ante la medición de la Secretaría de Gobernación, escucharon de la diligencia sindical la respuesta de que si bien se reconoce la responsabilidad del sindicato, no hay dinero para satisfacer la demanda de los trabajadores transitorios de Pemex despedidos.
Es conveniente recordar también, que dichos trabajadores, los cuales en un principio no tenían, no gozaban de compensaciones extras por trabajar en favor del sindicato y sus dirigentes y poder así disfrutar de un nuevo contrato de 28 días, lograron esas compensaciones otorgadas por Pemex por intermediación del sindicato, pero compensaciones que nunca disfrutaron.
También recordemos que el seguro que ellos reclaman les sea devuelto, fue también una medida saludable del sindicato para el caso de retiro de los mismos trabajadores transitorios. La situación es que no se les han entregado estos recursos provenientes del seguro, lo que acusa graves irregularidades e irresponsabilidades por parte de la Dirección de Pemex y del propio sindicato.
Se ignora por igual el destino de estos montos correspondientes a los seguros de vida.
Recordemos también que el sindicato les fijó el pago de cuotas sindicales extraordinarias, con el mismo fin de defenderlos y buscar basificación, lo que nunca se logró y, al contrario, fueron despedidos.
Por supuesto, esos trabajadores necesitan la ayuda solidaria del Gobierno, del propio Sindicato, del pueblo y de los diputados. En su plantón carecen de servicios sanitarios, de alimentos y el grupo ésta engrosando por nuevos elementos que arriban cada día más, procedentes de aquella entidad.
El problema merece reflexiones de nuestra parte. ¿Qué consecuencias y qué causas originan esta clase de problemas? De entrada debemos enfatizar en las graves consecuencias sociales que están originando los despidos de miles de trabajadores en las zonas industriales petroleras del sur, del centro y del sureste del país, que repercutirán en lo político y en la seguridad pública y en todo lo que significa que las familias no tengan ingreso regular, así como las consecuencias del desempleo forzoso, sin garantía, para los que ya no podrán trabajar debido a su edad.
Lo más importante es reflexionar en el papel que en ocasiones juegan algunos sindicatos, sus dirigenciasen la actualidad, de México. Bien que los dirigentes consignan trabajo aunque sea temporal
para los trabajadores, que bien que los sindicatos instrumenten seguros para el desempleo, bien que los sindicatos consigan compensaciones extras para el trabajo en favor del propio sindicato; bien que exijan esfuerzos extraordinarios en favor del mismo sindicato.
Lo que es del todo criticable, es que los sindicatos exijan trabajos humillantes a los trabajadores en favor de algunos dirigentes y que las compensaciones conseguidas nunca lleguen a manos del trabajador.
Mal que los ingresos para despensas, conseguidas en el beneficio del trabajador, lleguen a medias a manos del mismo y sus familias y se ignore en dónde queda el resto; mal que para exigir la lealtad al sindicato se obligue a apoyos políticos partidistas y más aún si son para renovar el contrato de 28 días como transitorios; mal que se descuente la cuota para el seguro de vida para el caso de desempleo y estos montos no aparezcan y se ignore el destino de estos mismos; mal que se descuenten cuotas sindicales extraordinarias para la supuesta defensa de la permanencia en el trabajo, sin efectos reales.
¿Qué hay en el fondo de los problemas? Son las viejas negativas prácticas de un sindicalismo reformista, consistente en creer los dirigentes que el conseguir el trabajo en las condiciones difíciles de los transitorios, obliga al trabajador a convertirse en un ente servil de diligencia, sin voluntad y más conciencia que la que impongan los mismos dirigentes.
Refleja esta práctica sindical un concepto autoritario de la diligencia que considera al trabajador un adocenado, un niño que le debe todo a la diligencia sindical y por lo cual debe aceptar todo, hasta la pérdida de su dignidad.
Calando en la esencia de este problema, se encuentra también la mentalidad de algunas dirigenciassindicales que han caído en la misma argumentación de los gobiernos neoliberales y de las clases patronales que consideran el desempleo una medida irremediable, innecesaria y hasta saludable como escuchamos muy recientemente de algunos dirigentes de este sindicato de Pemex.
Sin medir las consecuencias de todo carácter que desencadena en nuestros países de economía dependiente; queriendo aplicar modelos ajenos a nuestra realidad y que ni siquiera en los grandes países líderes del capitalismo están teniendo éxito, al contrario, están provocando serios sacudimientos sociales y políticos, signo de la enorme injusticia en el reparto de la riqueza.
Pero otro aspecto esencial en torno a este problema, es el que las dirigencias sindicales posean un falsa concepción del hombre y del trabajador. El sindicato debe de ser el instrumento, no el fin, para que la clase trabajadora, todos y cada uno de los agremiados, logre la elevación constante de su existencia en lo físico, en lo laboral, en lo profesional, en lo cultural, en lo moral.
Este es el concepto que pregonamos, que defendemos los socialistas, los miembros del Partido Popular Socialista. Para nosotros todos los hombres tenemos el mismo derecho de disponer de los medios para desarrollar plenamente nuestra personalidad.
No compartimos ni por asomo la valoración que del hombre hacen los oligarcas, la idea de que siempre habrá pobres y ricos, de que el trabajador es un individuo con menores cualidades humanas que en todo lo tiene. Tampoco compartimos el falso concepto de los mafiosos que en lo individual aspiran al "derecho" de ser acaudalados.
En el concepto del hombre para nosotros es el de brindarle igualdad de oportunidades para que satisfaga los requerimientos de su desarrollo fisiológico, intelectual, moral. Solamente así se eliminarán las diferencias reales entre los seres humanos.
Para nosotros el sindicalismo mexicano debe asumir toda su responsabilidad, como ya lo están haciendo algunos gremios, entre ellos el gremio magisterial y abandonar por el contrario las prácticas sindicales que convierten a algunos dirigentes de los trabajadores en lobos de los mismos trabajadores.
Desde esta tribuna, compañeros diputados, hacemos una excitativa a los compañeros de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, de una manera, por supuesto, totalmente informal, para que interpongan sus recursos, como integrantes de esta Comisión y como diputados, para encauzar este problema. Sabemos que nosotros, por lo menos el Partido Popular Socialista, no es partidario de intervenir, de interferir en la vida de los sindicatos, pero se trata de mexicanos y se trata de trabajadores y se trata del rumbo que ésta tomando o que toma, en ocasiones, el sindicalismo, el cual es un movimiento social que requiere ponerse a la altura de las graves amenazas que pesan contra nuestra patria y contra los trabajadores.
Pedimos, pues, de esta manera, el intermedio de los compañeros diputados de esta Comisión
a la que aludí para encauzar el problema de estos compañeros petroleros y de otros trabajadores, que con frecuencia, permanentemente están manifestando la grave situación en que les está asumiendo el modelo económico al cual se opone el Partido Socialista, instrumentado por el Gobierno. Muchas gracias.
El Diputado Miguel Cuitláhuac Vázquez Hidalgo (Desde su curul):
Pido la palabra, señor Presidente, para rectificar hechos.
El presidente:
Tiene la palabra el diputado Cuitláhuac Vázquez para rectificar hechos, por cinco minutos.
El diputado Miguel Cuitláhuac Vázquez Hidalgo:
Con su permiso, señor Presidente.
Apoyamos la propuesta mencionada por el compañero diputado Montañez, pero quiero decirles que no nada más únicamente se encuentran plantados en el Zócalo esos ex petroleros desempleados también tenemos trabajadores, 200 trabajadores azufreros de la Compañía Exploradora del Istmo, a los que tampoco se les ha liquidado conforme a la Ley; ellos son de Tejistepec, Veracruz.
Igualmente, quiero decirles que hace más de 50 días se encuentran plantados, de la misma manera en el Zócalo capitalino campesinos y pescadores que han sufrido daños irreversibles en ecología en el Estado de Tabasco.
Quiero decirles que este plantón se está llevando a cabo ahí, frente al Zócalo, es debido a la falta de capacidad y a la insensibilidad del gobernante que tenemos, tanto en Tabasco como en otros estados de la República. Quiero decirles que, este asunto es un asunto muy importante para la zona de Tabasco. ¿Por qué? Por que se encuentran dañadas las tierras, se encuentran dañadas las lagunas, ríos, el mar; están contaminados por Petróleos Mexicanos.
Aquí tengo un documento en donde con fecha 27 de noviembre de 1990, los campesinos de la zona costera del Estado de Tabasco, que comprende los municipios de Huimanguillo, Cárdenas Comalcalco, Paraíso, Jalpa de Méndez, Cunduacán, Nacajuca y Centla, solicitaron la intervención de la Comisión de Derechos Humanos, por supuestas violaciones a sus garantías individuales, motivadas por las obras de exploración y de explotación petrolera en esa región.
Con esa fecha los campesinos enviaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos esta denuncia.
Y con fecha 21 de mayo de 1992 la Comisión Nacional de Derechos Humanos dirigió a la Secretaría de Desarrollo Social, Salud y Pesca, así como a Petróleos Mexicanos y al Gobierno del Estado de Tabasco, la recomendación 100-92, para que el Gobierno Federal coordine con el Gobierno del Estado de Tabasco, para que se dicten las medidas pertinentes y se formalicen las acciones necesarias para evitar daños que se generen por las obras de exploración y explotación petrolera en esa región.
Desde esa fecha la Comisión Nacional de Humanos emitió esta recomendación.
El día 3 de enero, de este año, se firma un convenio, un convenio que es un anexo de ejecución derivado del Convenio de Desarrollo Social Federación - Estado de Tabasco, y dice así:
"La parte que suprime en este Anexo de Ejecución ha aceptado atender la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de referencia, a efecto de dar solución a la problemática existente en la zona costera del Estado de Tabasco, que comprende los municipios que señalan el antecedente segundo de este instrumento.
En el presente anexo de Ejecución tiene por objeto establecer la base para la coordinación y concertación de acciones e inversiones que llevarán a cabo las partes, a efecto de atender la recomendación 100-92 expedida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con relación a la zona costera del Estado de Tabasco, que comprende los municipios de Huimanguillo, Cárdenas, Comalcalco, Paraíso, Jalapa de Méndez, Cunduacán, Nacajuca y Centla. Dicha documentación se anexa a este instrumento, formando parte del mismo para todos los efectos legales conducentes."
Es así que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emite la recomendación que únicamente en Tabasco el gobernador Manuel Gurrí, que es el coordinador, nada mas quiere darle,
atender a tres municipios que son: Cárdenas, Comalcalco y Paraíso, dejando a cinco municipios sin atender a esa recomendación.
Entonces debido a eso es que están aquí los campesinos de Tabasco protestando en el Zócalo capitalino, en donde no se le quiere dar cumplimiento a una recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Jesús Suárez Mata, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hacer comentarios sobre este mismo tema de exposición.
El diputado Jesús Suárez Mata:
Señor Presidente, con su permiso; compañeras y compañeros diputados:
En relación a la apreciación personal que acaba de hacer hace unos momentos el diputado Tovar Montañez, queremos mencionar que el Sindicato Petrolero ha estado muy al pendiente de las inquietudes y de las demandas de los compañeros que han sido liquidados o despedidos de Petróleos Mexicanos.
El Sindicato ha apoyado para que esas demandas sean las autoridades competentes las que decidan en relación a este asunto y también el Sindicato Petrolero tiene abiertas todas sus puertas a todos esos compañeros, para que cualquier inquietud que tengan sea atendida conforme al contrato colectivo y conforme a la Ley Federal del Trabajo.
Queremos remarcar esa situación, que el Sindicato Petrolero ha estado respetando a los legítimos derechos de los trabajadores. Muchas gracias.
ESTADO DE MÉXICO
El Presidente:
Ha pedido el uso de la palabra el diputado Julio César García Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse a la situación preelectoral en el Estado de México.
El diputado Julio César García Hernández:
Señor Presidente; Compañeras y compañeros diputados:
En el estado de México se vive una campaña electoral que por sus características demuestra que en el actual debate por una reforma política a nivel nacional no hay ni la voluntad ni cambio significativo alguno para avanzar a una transición democrática.
El Partido Revolucionario Institucional, el Partido del Gobierno hoy demuestra ser más partido de Estado que nunca. El candidato a la gubernatura del Estado de México por parte del partido oficial, Chuayffet Chemor, anterior presidente del Instituto Federal Electoral, con su postulación demostró que no existe autonomía ni independencia alguna de los órganos electorales respecto al partido oficial y mucho menos del Gobierno.
Su campaña electoral, a pesar de que planteaba un respeto a la oposición se ha significado por una agresión constante hacia las actividades de difusión, de propaganda, de los partidos de la oposición. Es más, se ha usado inclusive hasta la calumnia para hacer aparecer supuestas renuncias por ejemplo de mi partido, de gente que se pasa al PRI. Se ha argumentado inclusive que algunos encuentros en donde se les protesta, como el caso de Atizapán de Zaragoza, del municipio no muy lejano de esta capital, de que gente cuando fue a protestar por el secuestro de varias unidades en su visita, cuando iban a hacer una protesta frente a palacio municipal, resultó que fueron detenidos porque en ese momento pasaba por ahí el candidato a gobernador a alguna gente interceptaron, le protestaron y al día siguiente aparecía nota donde decía que un encuentro nuevamente, el tercer encuentro amistoso del candidato del PRI con dirigentes del PRD.
Este tipo de campaña, sin embargo, no es la más grave. En el Estado de México en este momento, cuando se habla a nivel nacional de restricción de los gastos en propaganda, de un control de los recursos oficiales o cuando menos la suspensión, más bien de recursos oficiales hacia el partido del Estado, en este momento en el Estado de México se vive el esplendor, un gasto exorbitante que el mismo PRI reconoce, según ellos, anda por los 60 mil millones de viejos pesos.
Hoy, sin embargo, esta cantidad resulta mínima si se compara con lo que existe en anuncios publicitarios en radio, prensa y televisión, en las principales revistas nacionales, en los periódicos,
en mamparas y anuncios luminosos y en una presencia inusitada en cada una de las avenidas de la entidad.
Cualquiera que visite el Estado de México se dará cuenta de este gasto ostentoso. Sin embargo, hay otros elementos que dejan ver el carácter de partido de Estado. Hace unos días la CTM realizó una concentración que anunciaban ellos y la prensa lo dejaba ver, que era una demostración para ocupar posiciones al interior del PRI en futuras contiendas municipales y para renovar el Congreso local.
Sin embargo, esta campaña se ha ido basando en el viejo control corporativo, en el viejo control de partido de Estado, violando las garantías individuales y los derechos de los trabajadores.
Tengo aquí un documento firmado por dirigentes de la Federación de Trabajadores y Campesinos, Sindicalismo CTC Nuevo, Federación Obrera Mexiquense. Este documento dice lo siguiente:
"A todos los trabajadores sindicalizados de Protexa, presentes.
Con motivo de la participación de esta organización sindical en la campaña del candidato a gobernador del Partido Revolucionario Institucional, del Licenciado Emilio Chuayfett Chemor, se convoca a la asamblea, política obligatoria, el próximo domingo 23 de mayo a las 9:00 de la mañana, en el domicilio de Sor Juana Inés de la Cruz, exactamente donde se encuentra ubicada Ford Zapata, solicitando se presenten con los uniformes del 1o. de mayo.
Advertidos de que los que no asistan serán sancionados con:
a) Hasta seis días de castigo a los trabajadores de planta;
b) No renovación de contrato a los trabajadores eventuales, teniendo facultades los comités ejecutivos locales para incrementar la sanción, debiendo pasar lista de asistencia con su secretario general local y su asesor. Atentamente.
Atizapán de Zaragoza, México, 20 de mayo de 1993.- Por el Comité Ejecutivo, secretario general licenciado Martín Vélez Valdés. También firman el señor Pedro Soria Avilés, asesor local; el secretario Herminio Fausto Valdivia, secretario general local."
Así es como se están manejando hoy estas grandes concentraciones masivas de apoyo de los trabajadores, del supuesto apoyo de los trabajadores al candidato oficial.
Si ustedes quieren ver señores diputados, yo pediría que este documento, copia de este documento se repartiera entre ustedes para que evalúen si hoy en este tiempo en donde se habla de transición democrática y eufemísticamente en esta Comisión se dice que existe democracia en México y sólo falta remozarla, para que ustedes vean cómo en el Estado de México, se siguen manejando los viejos estilos, el viejo corporativismo en contra de los derechos laborales de los trabajadores. Señor Presidente, ¿es posible que algunas de las edecanes repartan estos documentos?
El Presidente:
Fuera del Trámite legislativo económicamente podemos contar con el apoyo del personal de auxilio.
Puede continuar el orador.
El diputado Julio César García Hernández:
Pero además, la semana pasada se dio otro elemento que demuestra cómo el Gobierno apoya y desde las altas esferas, la campaña de sus candidatos.
Se usan los instrumentos no solamente económicos del poder del Gobierno para apoyar a sus candidatos. Se usa además su influencia y su poder político, su posición en la administración pública. Así, el secretario de Comercio y Fomento Industrial, Jaime Serra Puche, la semana pasada participó en un evento con industriales de la entidad, con la presencia del candidato oficial y ahí manifestó su apoyo a este candidato.
Pero lo que más preocupa de todas estas prácticas, es que en la entidad el padrón electoral, el instrumento fundamental que el PRI y el partido oficial usa para deformar los resultados electorales, está siendo manipulado.
En una revisión del padrón domicilio por domicilio nuestro partido en 202 secciones electorales encontró 1 mil 993 anomalías. Este padrón lo que muestra es que es un padrón manipulado y no con supuestas inconsistencias técnicas.
Además esto podríamos demostrarlo en breve, con un estudio más sistematizado de nuestro partido, de esta serie de investigaciones que se están haciendo sobre el padrón.
Por otro lado, este padrón en el Estado de México, está, creemos nosotros, inflado en más de 300 mil registrados, porque las proyecciones de población que se plantean en el censo, así como también las inferencias que hace el IFE para el año de 1993, muestran que existen mayores de 18 años, 5 millones 722 mil; sin embargo, empadronados en esta entidad hay, 5 millones 989 mil. Se supone que en el Estado de México los mayores de 18 años superaron en cerca de 300 mil, su vocación cívica.
Pero de estos análisis, existen varios de ellos que no existen en los domicilios señalados. Pero lo más grave es que las anomalías registradas, coinciden muchas de las veces, con destacados dirigentes priístas locales.
Así por ejemplo, el líder de la juventud revolucionaria del PRI de Acambay, vive en la sección uno y se llama Flores González Mario. Pero también está registrado en la sección dos y existe gente que está registrada dos, tres, cuatro veces, a veces en la misma sección.
De este mismo municipio de Acambay, por ejemplo, la señora Hermelinda Ruíz Alcántara, tiene tres domicilios, con distintas edades.
Pero además existe el caso de dobles credenciales, pero de distintas entidades. Está el caso de Miguel Angel Palacios Arroyo, que vive, según su credencial, en Cerrito número 9 colonia Santiago Ahuizotla, Azcapotzalco, Distrito Federal.
Esta misma persona, Miguel Angel Palacios Arroyo, vive en calzada Ahuizotla colonia Ahuizotla, Naucalpan de Juárez. Se le ha entregado credencial con fotografía y lo más curioso de estas anomalías es que existen muertos que se han tomado su fotografía. Por ejemplo, Pedro Ruíz Carapia, murió en 1985 y según el registro del instituto Federal Electoral, este señor se tomó su fotografía.
Vive su hijo que curiosamente se llama igual, sin embargo el señor existe y él tiene 30 años de edad y el señor que se tomó su fotografía, inclusive según veo aquí, dos veces; una con 60 años y una con 62 años.
Pero lo que ofende a los partidos políticos es la destrucción también de su propaganda. Recientemente estos consejos llamados de colaboración ciudadana que no son más que instrumentos de control ciudadano y en algunos casos instrumentos y consejos de corrupción ciudadana, se han dedicado a destruir propaganda de los partidos en distintas comunidades, así fue el caso donde se quemó la propaganda, las mantas que había en la colonia Miguel Hidalgo, del municipio de Tlalnepantla.
Y aquí tengo fotografías de cómo el Partido Acción Nacional, en el municipio de Atizapán, funcionarios municipales, con empleados de este municipio, destruyen y quitan la propaganda de este partido.
Creemos que este tipo de anomalías son graves, sobre todo cuando se pasa a la agresión, como en el municipio de Tecámac. Ahí las autoridades han hecho uso de la violencia en contra de la población civil, lo mismo que en el municipio de Tlanepantla.
Hay casos también preocupantes, como en los municipios de Tecámac, que en la colonia Ojo de Agua, ahí se obligo a los alumnos a presentarse, a todos los alumnos de las secundarias a presentarse al mitin de Chuayffet Chemor.
Si no lo hacían así, se les castigaba con un punto menos y si asistían se les daba un punto más.
Pero hay casos también en varias escuelas de la entidad, en donde a los maestros se les está obligando a asistir a los mítines y a juntar firmas, con nombre y número de credencial, de apoyo a su candidato, en este caso Chuayffet Chemor.
Creemos que este tipo de anomalías son graves no tanto por lo que implican, si no porque hacen huecas las palabras de que estamos en un proceso de reforma política, en un proceso de reforma electoral, de tránsito a la democracia.
Creemos que el Estado de México, como una entidad importante en la nación en la parte central del país, se puede volver el ejemplo de lo que será la contienda de 1994, en donde estas palabras de independencia del partido oficial de los recursos del Estado, en donde la transparencia en el manejo de recursos y el despilfarro no se ven menguados, sino al contrario acrecentados y subrayados.
Por eso presentamos esta denuncia y creemos que existe, debe existir, algo más que las propuestas que se han presentado el día de ayer, para que realmente en este país exista democracia. Muchas gracias.
El Presidente:
Ha pedido a esta Presidencia el uso de la palabra para referirse a este mismo asunto, Enrique Jacob Rocha.
El diputado Enrique Edgardo Jacob Rocha:
Con su permiso, señor presidente, Señores diputados:
El diputado que me antecedió en el uso de la palabra ha venido aquí a esta tribuna a presentar un panorama que definitivamente no corresponde a la realidad que en estos momentos vive el Estado de México.
En el momento actual nueve partidos políticos están haciendo su mayor esfuerzo para llegar a la ciudadanía, convencerlos de su oferta política, de la actitud de candidatos y de esa manera orientar el voto hacia su partido.
Esta ha sido una campaña de altura. Primero, por la calidad de los candidatos, todos, que están precisamente en busca del voto.
Referirme a lo que el candidato del PRI ha estado haciendo es importante, porque él en todo momento ha estado motivando a la ciudadanía, incentivándola, a que el próximo 4 de julio acuda a emitir su voto hacia el partido que más le convenza. Esta es una actitud precisamente que busca combatir el principal enemigo que es: el fenómeno del abstencionismo.
La campaña del PRI ha sido una campaña extensa e intensa, Prácticamente se han visitado los 121 municipios de la entidad. Más de 200 comunidades, que representan un pesos electoral significativo, han sido ya visitadas por nuestro candidato. Ha tenido contacto con los más diversos sectores de la sociedad mexiquense y a todos ellos les ha estado motivando para el próximo 4 de julio acudan puntualmente a su cita con la democracia y emitan su voto hacia el partido que más les convenga.
El señor diputado, que me merece el mayor respeto, ha querido presentar como un testimonio contundente de un supuesto control corporativista, una carta que hace unos instantes personal de la Oficialía Mayor nos distribuyó a todos los aquí reunidos.
En definitiva, esta actitud no corresponde a la línea que el Comité Directivo Estatal del PRI y que el propio candidato ha marcado hacia sectores y agrupaciones que conforman el partido.
Y nosotros pensamos que no podemos cuestionar el esfuerzo de un partido buscando penetrar ante la ciudadanía, en cuanto a su convocatoria, por un documento de esta naturaleza, como tampoco los priístas podemos calificar al perredismo del Estado de México, por las actitudes no de uno sino de varios miembros de su partido, que en distintas partes del Estado se han dedicado a pintar bardas ofensivas hacia nuestro candidato y que el propio Alejandro Encinas, su candidato, la semana pasada en una reunión con estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México, descalificó de actitudes que no corresponden a la realidad y a la línea de tolerancia que él como candidato del PRD sostiene. Y comentó que instruyó a sus militantes a que procedieran a hacer la borra de pintas.
En todo momento en el Estado de México, por parte de los órganos electorales, por parte de los distintos partidos políticos, ha habido un escrupuloso cuidado a las formalidades del proceso.
Decía el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, que tiene una serie de observaciones, que aquí escuchamos nosotros, sobre el padrón electoral y se dedicó puntualmente a señalarlas.
Yo quiero comentarle a esta Asamblea que precisamente en el Estado de México, en la Comisión Local de Vigilancia, en todas y cada una de las comisiones de vigilancia distritales del registro de electores, de las 40 que existen en el Estado de México, han tenido representación los distintos partidos políticos. Y en uso de su derecho han presentado las denuncias y observaciones correspondientes.
De hecho y de acuerdo a lo que marca la Ley Electoral de la entidad, se exhibieron las listas nominales durante un período, de tiempo y los partidos políticos tuvieron oportunidad de presentar sus observaciones. Si mal no recuerdo, el PRD presentó poco más de 1 mil 800 observaciones, que están siendo cuidadosamente analizadas muchas de ellas, no recuerdo exactamente el número, cerca de los 1 mil 300, 1 mil 400 no estaban fundadas, no procedían y en aquéllas donde sí procedían el Registro Estatal de Electores está tomando precisamente correcciones al respecto.
Es necesario tener presente que en el Estado de México, junto con Nayarit, va a ser el primer Estado que en la historia de nuestro país tenga una credencial para votar con fotografía. Y esto indudablemente va a constituir a la ciudadanía del Estado de México, una garantía de que el 4 de julio habrá de llevarse a cabo un proceso electoral cuidadosamente preparado, legal, confiable.
Para esto, el Registro de Electores ha tenido que hacer un esfuerzo sin precedentes, sin precedentes para poder fotocredencializar al mayor número de ciudadanos. En un programa que estaba contemplado para varios meses, se ha tenido
que llevar a cabo en muchos menores meses de los que originalmente estaba previsto. Para esto existe una infraestructura enorme, más de 1 mil módulos fijos, semifijos, se encuentran distribuidos en todo el Estado; casi 5 mil personas que trabajan para el Registro de Electores están precisamente trabajando los siete días de la semana y haciendo todo lo que se encuentra a su alcance para fotocredencializar al mayor número de ciudadanos.
Se ha cumplido con creces el acuerdo que en el seno de la Comisión Estatal Electoral establecía, de alcanzar un mínimo de fotoidentificados para poder utilizar la credencial con fotografía y en este momento en el Estado de México, casi 5 millones 200 mil ciudadanos cuentan con este instrumento que habrá de servirles para emitir su voto el 4 de julio próximo.
El Presidente:
Permítame un momento el orador.
En todos los pasillos de este recinto hay personas de pie, diputados y quienes no lo son también, esta Presidencia hace un llamado al orden y guarden el mayor silencio posible para escuchar con la atención que se merece el orador. El diputado Enrique Edgardo Jacob Rocha:
Gracias señor Presidente.
El Presidente:
Continúe por favor.
El diputado Enrique Edgardo Jacob Rocha.
Para concluir con el tema del padrón electoral, yo tan solo diría que están los mecanismos, están los órganos a los cuales habrá que acudir, porque nosotros en esta Asamblea, difícilmente pudiéramos tener algún elemento adicional para juzgar lo que aquí nos ha presentado el señor diputado García.
También él se refería hacia ciertas actitudes de mi partido, hacia la propaganda electoral de su partido y de otros partidos políticos. Aquí yo le comento a esta Asamblea que precisamente ha sido esto una preocupación de la Comisión Estatal Electoral y ahí de todos los partidos políticos representados, que fue por ello que se creó una oficina específica que conocería de denuncias en esta materia de propaganda electoral.
Los datos que tenemos al respecto señalan que ...
El Presidente:
Permítame el orador. ¿Con qué motivo solicita la palabra?
El diputado Concepción Trinidad Rosas de la Luz (Desde su curul):
Solicito una interpelación.
El Presidente:
La interpelación al orador puede ser por esa causa, pero requiere dos consentimientos; si el orador está de acuerdo podríamos autorizarla.
El diputado Enrique Edgardo Jacob Rocha:
No Señor Presidente, no se la doy.
El Presidente:
Adelante señor orador.
El diputado Enrique Edgardo Jacob Rocha:
Bien, les decía, existe esa oficina para conocer de denuncias en materia de propaganda electoral, prácticamente el 100% de las denuncias que ha presentado el PRD, han sido atendidas y estás atenciones han ido desde el exhorto al partido al cual se hizo responsable de devolver la barda como se encontraba o de retribuir el material que fue destruido, es decir en todo momento ha habido un consenso de los distintos partidos políticos, en que ciertas actitudes sean corregidas y esto no manche el proceso electoral.
Yo finalmente quisiera concluir comentando que en el Estado de México un proceso electoral que a permitido penetrar en la conciencia de los ciudadanos del Estado de México, ellos todos han podido conocer de una u otra manera los distintos partidos políticos que buscan su voto para el próximo 4 de julio.
Por nuestra parte se ha hecho el mayor esfuerzo para cubrir la totalidad de la entidad y las comunidades por el mayor peso electoral, tomando en cuenta la restricción de tiempo que existe.
Finalmente quien tendrá la última palabra el próximo 4 de julio será la cuidadanía; indudablemente
que los órganos electorales y los acercamientos que ha habido entre los distintos partidos políticos en el Estado de México, proyectan una situación muy favorable para que la ciudadanía acuda puntualmente a su cita con la democracia.
Ha prevalecido en todo momento un clima de contacto entre los distintos partidos políticos, de consensos en los órganos electorales de la Comisión Estatal, de las comisiones distritales, de los órganos de vigilancia del Registro de Electores, que pues donde ha habido señalamientos de la oposición, muchos acuerdos no se han tomado por unanimidad, pero sin embargo ha prevalecido en todo momento el diálogo, la comunicación, la concordia entre los representantes de los distintos partidos políticos y como decía finalmente, quien tiene la ultima palabra es la ciudadanía el próximo 4 de julio, Gracias por su atención.
El diputado Concepción Trinidad Rosas de la Luz (Desde su curul):
Pido la palabra, señor Presidente.
El Presidente:
¿Con qué objeto señor diputado?
El diputado Concepción Trinidad Rosas de la Luz (Desde su curul):
Para rectificar hechos.
El Presidente:
¿Para rectificar hechos? Adelante, diputado.
El diputado Concepción Trinidad Rosas de la Luz:
Con su venia, señor Presidente:
Sólo quiero aquí, compañeros diputados, hacer algunas aclaraciones que me han quedado en duda con respecto a la intervención del señor diputado Jacob Soriano.
Es del Dominio público en el Estado de México, del control férreo que los sindicatos como la CTC, la CTM, la COCEM y otros, están ejerciendo sobre sus agremiados para que estos asistan a los actos del candidato oficial y, aquí pues está la prueba que no pudo contestar o por lo menos no lo entendí muy claro lo que decía el señor Jacob Soriano, que son actos para él un tanto raros lo que está sucediendo en esto.
Aquí está una circular de la CTC, donde esta obligando prácticamente a los obreros de esta central, a que los trabajadores de planta se lleven una semana de suspensión si no asistieron y además a los provisionales o a los eventuales, de no volverles a contratar y eso, señores, se hacia hace muchos años y se sigue haciendo por parte del partido oficial en todas partes y ahorita concretamente en el Estado de México.
El control de los líderes de los comerciantes y también el control de los líderes del transporte colectivo público en el Estado de México, todos ellos ejerciendo control y ejerciendo presiones descaradas para que los agremiados de alguna manera colaboren a fuerza, porque no es por voluntad, en esta campaña del candidato oficial en el Estado de México.
Por otra parte, quiero señalar también que al partido oficial, la Ley Electoral del Estado de México le vale un bledo; ha pintado en lugares prohibidos, ahí están las pruebas, tenemos fotografías presentadas ya a la Comisión Estatal Electoral, que han hecho caso omiso de todas las quejas que los partidos de oposición hemos hecho con respecto a esta campaña sucia que el partido oficial está llevando en el Estado de México, por más que el señor diputado que me antecedió en la palabra quiera venir aquí a lavar la imagen de su candidato y su partido.
Señoras y señores, esto desgraciadamente es denigrante para la política, esto es denigrante para la democracia que queremos los mexicanos, si esto sigue así, las elecciones del Estado de México van a ser igual a las que se celebraron en Tamaulipas, a las que se celebraron en otros muchos estados muy recientemente.
Yo les pido, señores diputados, que se cercioren en el Estado de México y vean que la campaña que está llevando el candidato oficial es verdareramente denigrante. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, diputado Rosas, Ha pedido la palabra también, el diputado Enrique Rico, de la fracción del Partido de la Revolución Democrática. Tiene cinco minutos, señor diputado.
El diputado Enrique Rico Arzate:
Con el permiso de la Presidencia...
El Presidente:
Espere un momento; señor diputado,, vamos a esperar que la Asamblea guarde silencio. Adelante, señor diputado.
El diputado Enrique Rico Arzate:
Muchas gracias; compañeras y compañeros diputados.
Subo a esta tribuna para rectificar hechos en lo que se refiere al asunto del problema preelectoral del Estado de México. Yo quisiera decirle a mi estimado compañero Enrique Jacob, que la realidad aún es más grave de lo que él cree e incluso él aquí lo ha manifestado con datos, con tantas anomalías que se han presentado en las comisiones electorales.
Pero quisiera decirle que en un recorrido que hice el miércoles 9, rumbo al municipio de Ayapango, nos dimos cuenta de la cantidad exorbitante de la propaganda que existe, a lo largo de kilómetros y kilómetros y kilómetros de la carretera y en una forma lacerante han destrozado los árboles, porque están clavadas las cartulinas del señor, bueno que incluso para pronunciarlo cuesta dificultad, de él en cada árbol se encuentra colocada la propaganda y si llueve y se destruye, a la hora lo vuelven a colocar, por eso no hay problema.
Y a mí me llamó la atención, iba con algunos compañeros diputados de aquí de esta legislatura y les comentaba que esta campaña que realiza el señor Emilio Chuayffet, es más dispensiosa con respecto a la que realizó Ramón Aguirre en el Estado de Guanajuato. Aquel señor era pobre al lado del señor éste Emilio Chuayffet.
Y, llegando al municipio de Ayapango, nos recibió el presidente municipal y fue sorprendente la situación que encontramos en la presidencia municipal, mantas gigantescas de apoyo al señor Emilio Chuayffet elaboradas por el municipio, propaganda de apoyo al señor Emilio Chuayffet y ¿esto no se llama partido del Estado, compañeros, o qué denominación le dan los compañeros del Revolucionario Institucional?
Pero el presidente municipal fuimos por una situación de contaminación y nos encontramos que los tres ríos que confluyen en el municipio de Ayapango, se encuentran altamente contaminados, por las aguas arriba de los municipios de Amecameca y otros que se encuentran alrededor.
En ese momento le comenté al señor presidente municipal que cómo era posible tal dispendio en la campaña electoral por parte de un candidato y no se encuentre solución a los problemas de la contaminación ambiental en el municipio de Ayapango.
Pero también quisiera decirle al compañero Enrique Jacob, que es sorprendente la situación como lleva el candidato la campaña. En el municipio de Tecámac, después del último acto del señor Chuayffet, el diputado local y el regidor del ayuntamiento, golpearon a compañeros de la organización de UPRES, los cuales se encontraban haciendo una gestión social en el ayuntamiento y únicamente porque no estaban de acuerdo con la política del Revolucionario Institucional.
En estos momentos se encuentran en una marcha que va rumbo a Toluca, para pedir que se investigue la situación y se castigue a los culpables.
Y también quisiera decirle al compañero Jacob, que el domingo fuimos testigos que en la avenida Pantitlán se repartían arbolitos, los estaban repartiendo Chuayffet, así estaba el letrero, de Solidaridad y decía el slogan: "Recibe un árbol como regalo del candidato Chuayffet". Esto es partido del Estado, compañeros. A disposición del candidato todos los recursos del erario federal y estatal.
Y en el municipio de Los Reyes, también para que tome nota el compañero Jacob, para que lo investigue, porque dice que están investigando todo, las brigadas de las pintas de nuestro partido han sido balaceados, por grupos golpeadores del Revolucionario Institucional del municipio.
Y si enumeramos aquí una tras otra de las anomalías que se han dado en el proceso preelectoral del Estado de México, sería interminable y nosotros llamamos a los compañeros del Partido Revolucionario Institucional, que sean más congruentes con su postura.
Yo sí quisiera hacerle una última pregunta al compañero Jacob, si vuelve a subir a la tribuna: cuánto se ha gastado en la campaña del señor Emilio Chuayffet; si lo tiene a la mano, para poder darnos cuenta de cómo se están ejerciendo estos dineros en el Estado de México. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, señor diputado.
Ha pedido la palabra el diputado Fernando Ordorica, para referirse a los hechos y tiene cinco minutos.
El diputado Fernando Ordorica Pérez:
Con su permiso, señor Presidente.
Estamos seguros, señores diputados, como se ha manifestado aquí de manera puntual y con información de parte del diputado Jacob, de la forma como se han venido desarrollando los procesos electorales en el Estado de México.
Estamos seguros, porque se ha hecho una campaña intensa, como aquí se ha dicho; se han visitado ya casi la totalidad de todos los municipios en el Estado, así como un número muy importante de 200 comunidades.
Es cierto que el visitar más de 200 comunidades, el haber hecho presencia en la casi totalidad de todos los municipios, demanda una gran presencia de parte del candidato de nuestro partido, como también es cierto que el candidato Emilio Chuayffet, por cierto es muy conocido en todo el Estado, por los hechos y por el trabajo que ha desarrollado en el mismo. Por eso nosotros quisiéramos comentar a ustedes que inclusive como todos ustedes saben, dentro del Colegio Estatal Electoral y por acuerdo de todos los partidos, de los nuevos partidos que participan dentro de estos comicios electorales en el Estado de México, se acordó la publicación de una revista, de una revista que lleva el nombre concertación y en donde en ella se señalan cada uno de los acuerdos que se toman dentro de la Comisión Estatal Electoral y en esta revista precisamente se hace mención a los aspectos aquí mencionados por los otros señores diputados y en donde se da respuesta cabal y puntual a cada uno de los puntos aquí señalados.
También hay que recordar que dentro de la misma revista, cada uno de los partidos tiene el acceso a presentar diferentes documentos, diferentes observaciones y diferentes opiniones políticas en cuanto al pensamiento político de cada uno de ellos.
Estamos ciertos de que en el Estado de México se ha hecho un llamado y así lo están haciendo todos los partidos políticos, a que sea un debate de ideas, a que sea una presentación de plataforma política y sobre todo para que entre todos los partidos políticos podamos tener una campaña electoral de acuerdo a la que demandan todos los integrantes de los distintos partidos políticos. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Julio César García, para rectificar hechos, por el tiempo de cinco minutos.
El diputado Julio César García Hernández: Muchas Gracias.
Creo que es cierto, toda fuerza política democrática aspira a que una contienda electoral sea un debate de propuestas, en debate de ideas y sea una disputa en donde la ciudadanía escoja las propuestas que considera más viables.
Pero precisamente ese es el debate de hoy, de que el PRI no está haciendo uso de estos recursos de que dispone, para que en ese terreno la ciudadanía del Estado de México opte.
Aquí se señala que este caso de la CTC, en donde les informa a los trabajadores su obligatoriedad de participación, es un caso aislado, fortuito.
Sin embargo, la semana pasada, el dirigente de la CTM, Fidel Velázquez, él mismo señaló lo siguiente, según una nota de El Financiero, donde dice lo siguiente: "Ante un auditorio integrado por dirigentes obreros del Estado (se entiende de México), confió que la factura ya ha comenzado a cobrarse (se refiere al apoyo a Chuayffet Chemor), pues por instrucciones del gobernador, Ignacio Pichardo y en señal de respeto a la CTM, la solicitud de 177 sindicatos por integrarse en Federación han sido detenidos".
Esto muestra cómo se maneja el sindicalismo en el Estado de México, cómo a los trabajadores se les manipula no sólo en la voluntad de integrarse a un sindicato distinto, sino además en su obligatoriedad de participar en estos mítines y es una práctica común en esta campaña en todos los sindicatos de obligarlos a participar en ellos y no es un hecho aislado. Si hoy hay una evidencia con un documento que es solamente por un descuido de ellos, pero hay más.
Y de ninguna manera nos parece correcto que esta campaña donde se prometía que iba a ser un debate de ideas haya bagado de nivel y menos aún que un órgano, como es el encargado en el Estado de México de llevar adelante este proceso electoral, cómo la Comisión Estatal Electoral,
haya autorizado nombramientos de los funcionarios que iban a operar en los distritos por fuera de la Ley. Por ejemplo, los funcionarios del II distrito, III, V, VI, VII, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXVI, y XXVII y en fin, casi todos, varios de ellos ni siquiera su credencial de elector; el domicilio que ellos tienen en la credencial de elector, coincide con el documento que presentaron para su registro como funcionarios distritales electorales, con su constancia de domicilio.
Es decir, que ellos mintieron, o bien cuando tramitaron su credencial de elector, o bien cuando tramitaron su constancia de vecindad para ser representantes distritales.
También hay gente que ni siquiera acredita su ciudadanía dentro de estos distritales y también son bastantes numerosos; también hay gente que ni siquiera pudo demostrar con una constancia de domicilio su pertenencia, su vecindad para ser funcionario distrital.
Por eso creemos que este debate de ideas se debe de dar, pero aquí es donde el propio Chuayffet ni siquiera ha contribuido ante esto.
Ante compromisos de la prensa local, de participar en algunos debates, el candidato del partido oficial no ha asistido.
Y si bien, aquí se dice, es conocido, tal vez sea porque él firma todas las credenciales con las que van a votar los ciudadanos del Estado de México. Pero lo que nos preocupa es que se dice que estas anomalías en el padrón se van o se hicieron, dicen, ya algunas correcciones.
Creo que eso no es lo grave, lo grave es que estas anomalías demuestran, no inconsistencias, demuestran una voluntad de torcer un proceso electoral y por eso quiero plantear ante ustedes todo...
El Presidente:
Señor diputado, ha concluido su tiempo, le ruego terminar.
El diputado Julio César García Hernández:
Muchas gracias. Quisiera nada más leer una propuesta de punto de acuerdo.
El Presidente:
Hágala usted.
El diputado Julio César García Hernández:
Propongo antes ustedes el siguiente punto de acuerdo:
Los abajo suscritos, diputados federales, considerando que es de imperativa necesidad democrática el esclarecimiento de cualquier duda que surja en torno al proceso electoral y la preparación de éste y coadyuvar a la transparencia y la confiabilidad de estos procesos, es precisamente uno de los objetivos de la representación que esta Cámara tiene en el Instituto Federal Electoral, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a la consideración de este pleno el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión recomienda a sus representantes ante el Instituto Federal Electoral examinar y analizar la denuncia anexa de anomalías en el padrón electoral del Estado de México, para sus efectos conducentes.
Dado a los 15 días del mes de junio de 1993.- Cámara de diputados del Honorable Congreso de la Unión.- Palacio Legislativo, México, Distrito Federal.- Firman Concepción Trinidad Rosas, del Partido Acción Nacional y su servidor, Julio César García, del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias.
El Presidente:
A juicio de esta Presidencia ésta es una propuesta a la que corresponde el trámite del artículo 58. Luego entonces, se abre el uso de la palabra a quien desee referirse al punto.
A esta Presidencia solicita el usos de la palabra, el diputado Enrique Jacob.
El diputado Enrique Edgardo Jacob Rocha:
Señor Presidente; con su permiso; señores diputados:
Aquí se han estado tocando temas que corresponden a la competencia de la Comisión Estatal
Electoral y en la cual participa un representante de cada uno de los partidos políticos contendientes en este proceso electoral.
El diputado García, hacía referencia a la inconformidad de su partido en cuanto a la designación de algunos integrantes de las comisiones distritales. Recordar que según acuerdo de la Comisión Estatal Electoral, los distintos partidos políticos tuvieron a su alcance, durante un plazo razonable, los expedientes de las gentes que estaban propuestas para integrar las comisiones distritales.
Pero, además, cuando se suscribió el acuerdo de integrantes de las comisiones distritales, precisamente y a petición de los partidos políticos, se incorporó un punto donde se señala que en cualquier tiempo la Comisión Estatal Electoral podría revocar, a petición motivada y fundada de alguno de sus integrantes, las designaciones a las que se refería ese acuerdo.
El sentido de este punto era precisamente darle el tiempo suficiente a los partidos políticos, para que pudieran inconformarse con las designaciones que ya se estaban haciendo en ese momento a través de este acuerdo y en su momento y si esta petición estaba fundada y motivada, resolver en consecuencia.
Hoy a las 18.00 horas, la Comisión Estatal Electoral habrá de sesionar y habrá de darle respuesta en esa sesión de la Comisión, a los cuestionamientos que hizo su partido, diputado García.
Seguramente que en aquellos casos en donde proceda, precisamente por haber sido motivada y fundada, el sentido del acuerdo de la Comisión Estatal será en remover a algún integrante de la Comisión Distrital y en los casos en que no proceda, pues no será el caso.
Y por otra parte, insistir en que en el Estado de México existen los órganos electorales encargados de la vigilancia del proceso de la integración del padrón electoral, en el cual y en cada una de estas instancias todos los partidos políticos tienen acceso.
Todos los partidos políticos se han comportado con una gran responsabilidad hacia la ciudadanía mexiquense. En todo momento, eso ha sido en la Comisión Estatal, en las comisiones distritales, en la Comisión Local de Vigilancia y en los comités distritales de vigilancia. En todo momento han sido unas sesiones en las cuales se han conducido con una gran altura para la sociedad del Estado de México.
Existen pues, los órganos en los cuales los partidos pueden inconformarse.
Existe todo ese andamiaje jurídico para ser utilizado, claro, siempre bien fundada y siempre bien motivada a la denuncia correspondientes.
Es por lo tanto que mi partido considera que el punto de acuerdo propuesto por el diputado García debe de ser votado en contra. Así votaremos nosotros.
Gracias.
El Presidente:
Gracias diputado Jacob. Ha pedido el uso de la palabra para el mismo tema y con la misma naturaleza y por cinco minutos el diputado Téllez Rincón.
El diputado José María Téllez Rincón:
Con su permiso compañero Presidente; compañeras y compañeros diputados: Yo esperaba que al subir a esta tribuna los compañeros del Partido Revolucionario Institucional, iban a hacer un llamado en contra de esta central que deja muy mal parado al Partido Revolucionario. Esto de tomar a los trabajadores como instrumentos y valerse de la necesidad que se tiene del trabajo, no dignifica a ese partido y menos cuando su dirigente nacional en todos sus discursos él ha hablado de que no habrá estas cosas. Y flaco favor les hacen estos serviles al partido, porque lo que está haciendo el presidente del PRI es dignificar esa institución y eso es echarla para abajo. Eso no se debe de valer compañeros.
Yo esperaba que se llamara la atención a estas gentes y que no se les permita por parte de su partido hacer que de la necesidad que tienen los obreros del trabajo, se les haga llevar a una conducta para que voten por tal o para cual. Esto no debe de ser.
Yo les pido encarecidamente a los dirigentes que están aquí del partido, que les llamen la atención y que no hagan este tipo de actos, porque esto lo único que está haciendo que nosotros nos tengamos que venir a levantar en la tribuna de protesta, de esto y a nombre de los obreros están en contra de estas situaciones.
Pedimos pues, que se pare alguien del partido y les llame la atención a estos serviles, que no
sirven para nada y nos meten en problemas aquí en la Cámara permanentemente, porque nadie los ha obligado a hacer esto.
De motu están actuando, creyendo que se hace un gran favor, no es así. Compañeros del PRI, yo les pido encarecidamente que oigamos en esta tribuna un llamamiento a estas gentes y que no hagan ese tipo de acciones ningún partido. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Amador Monroy para referirse a los hechos antes expresados.
El diputado Amador Monroy Estrada:
Con su permiso señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Por lo que toca a lo expresado aquí por el diputado Julio Cesar García, respecto a mi organización de la CTC, quisiera primero que quedara muy claro lo siguiente:
Hablan de un oficio que se giró a una empresa para invitar o para citar a los trabajadores y que participaran en un mitin. Primero quiero que sepan que mi organización tiene en el Estado de México, entre 14 y 20 oficinas y que nuestra papelería está sujeta a que se falsifique o a que se extraiga de nuestras oficinas en su momento.
Supongo que estoy frente a gente decente y educada.
También quiero que quede algo muy claro.
¿Cómo llegó, quisiera yo saber, a las manos del diputado Julio Cesar García ese documento? El diputado Julio Cesar García Hernández (desde su curul):
Señor Presidente...
El Presidente:
El diputado Julio Cesar está pidiendo la palabra desde su curul. ¿Con qué objeto? El diputado Julio Cesar García Hernández:
Señor Presidente: ¿Acepta el señor diputado una interpelación? El diputado Amador Monroy Estrada:
No la acepto.
El Presidente:
Adelante, señor diputado.
El diputado Amador Monroy Estrada:
¿Cómo llegó a las manos de usted, señor diputado, esa documentación de uso exclusivo de nuestra organización? ¿Qué persona "decente" la extrajo o se la robó de las oficinas de la empresa donde se pegó?
Y, segundo, para que quede muy claro y por favor atención señores diputados. La CTC, la Confederación de Trabajadores y Campesinos es una central, una federación que agrupa federaciones y esas federaciones agrupan sindicatos, cada sindicato agrupa grupos de empresas y nosotros somos respetuosos del manejo interno de cada uno de esos grupos y de esas organizaciones. Nosotros somos respetuosos de la forma que adopten la convocatoria o para convocar a los grupos o a los compañeros en su participación a la política del Estado o del país.
Y que quede claro: si hubiera una falla, la crítica no tiene que ser forzosamente una organización ni a un dirigente ni a un líder, tendría que ser en todo caso al grupo al que pertenecen los trabajadores que hubieran sido para el caso convocados de esa manera. Ni siquiera nosotros, como diputados federales, tenemos la autoridad ni moral ni legal para intervenir en la vida interna de las organizaciones e invitarles o indicarles la forma en que deben hacer participar a los trabajadores en la política.
Ahora bien, si todos ustedes los compañeros que me antecedieron en la palabra, para criticar esta acción piensan que es una mala acción que estamos adoptando los priístas, pues déjenos que fallemos, a la mejor así vamos a perder y ustedes van a ganar un terreno. ¿Por qué no ven lo que ustedes están haciendo mal para que puedan avanzar? No necesitamos de su ayuda, su crítica apoya bastante, pero no la necesitamos en este momento, cuando la requiramos les avisamos. Y recuerden que hay algunos candidatos de ustedes y me voy a referir directamente a uno: al compañero que me antecedió el compañero
Téllez Rincón. Que yo recuerdo cuando todavía era trabajador al servicio de una empresa, que fui convocado para ir a aplaudirle a él en un mitin cuando fue candidato a diputado por la CTM en el Estado de México y que ahí sí el señor nos dijo que era feliz de ver a tantos trabajadores reunidos en torno a su campaña y a su candidatura, que era amigo de mi líder Leonel Domínguez Rivero, que le agradecía la atención y en ese momento no se puso a investigar si íbamos por nuestra voluntad o habíamos sido convocados por medio de un oficio de este tipo. Gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Julio Cesar García para referirse a alusiones a su persona y posteriormente para el mismo motivo el diputado Téllez Rincón.
El diputado Julio Cesar García Hernández:
Señor Presidente; compañeros diputados:
Nada más quiero hacer uso de la palabra para defender al trabajador que efectivamente consiguió este documento. Creo que llamarle indecencia a la actitud de este trabajador por parte del diputado del PRI es incorrecto, porque es más indecente hacer estas prácticas; es indecencia amenazar a un trabajador con el despido, a cambio de una obligación de participación para apoyar a un candidato que ellos no eligieron.
Creo que este tipo de prácticas el que se presenten precisamente cuando discutimos en esta Cámara la democracia en nuestro país, deben de desaparecer y deben ser los diputados del PRI los primeros que deberían de criticar esto. Pero eso no es, no es la principal preocupación de nosotros. Si el PRI cambia o no cambia, es problema de ellos eso es cierto. Pero lo que nos preocupa es que si cambian o no cambian está afectando los derechos y la democracia de ese país. Un proceso que hoy se da y que ustedes no tienen se ve, la misma sensibilidad para hacer el menor cambio y entender que cuando menos la Constitución de la República debe de respetarse.
Por eso no recurro y dijo aquí y no lo hago, no recurro a los argumentos de la misma CTM que critica a la Federación de Trabajadores y Campesinos, pero que también en este terreno coinciden con ellos. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra por el mismo motivo por cinco minutos, el diputado Téllez Rincón.
El diputado José María Téllez Rincón:
Con su permiso compañero Presidente; compañeras y compañeros diputados: Quiero, comunicarle en primer lugar que pertenezco a la CTM, pertenezco al Sindicato Mexicano de Electricistas, un sindicato democrático plenamente, donde no se permiten esas tácticas.
Segundo, que estuve en la dirección nacional del PRI, para que lo sepa; estuve como secretario de opción obrera del Comité Ejecutivo Nacional, con mi maestro Sansores Pérez y jamás el partido empleó estas tácticas. El no se permitió jamás que se metiera a los obreros a este tipo de cosas y lo vi pelearse con los gobernadores de los estados donde querían hacer los mítines de acarreados y nos decía él que para nada servía eso al partido y esto que viene hacer aquí el compañero, de venir todavía a decirnos que quién les robó la documentación, ¡no tienen vergüenza!, ya está bien, es necesario que pongamos orden ya aquí en esta tribuna, ya se puede venir a decir aquí lo que se quiera. ¡Qué grave es esto!, deberían de reconocer y llamar a sus líderes que no hagan esto. Y lo dije porque aquí mismo en la Cámara el líder que tienen ahora el respeto irrestricto que tuvo para todos y cada uno de nosotros y por eso lo vine a decir aquí.
Dijeron que me salió el priísmo, siempre apoyé yo al partido, 37 años en el partido. Cómo no voy a apoyarlo si yo fui un forjador de ese partido. Pero de eso a soportar lo que después quisieron hacer con el partido, eso fue lo que me hizo separarme a mí de él. Y es lo que no he permitido nunca. No podemos seguirles permitiendo señores ex dirigentes de los obreros, que se valgan de esto para venir a ocupar puestos políticos en la nación. Es necesario que ya pongamos orden en esto y ya que le paren al descaro por favor, porque no nos lleva a ninguna situación benéfica, nos lleva a las situaciones que hemos tenido aquí ya difíciles en que estamos por llegar a las manos por este tipo de acciones serviles, lo vuelvo a repetir. Gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra para rectificar hechos, el diputado Alejandro Nieto, del Partido Revolucionario
Institucional. Cinco minutos señor diputado.
El diputado Alejandro Rodrigo Enríquez Nieto:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Yo quisiera aquí hacer una propuesta para centrar nuevamente el debate, el que nos ha ocupado un tiempo valioso en esta Cámara, en relación al proceso electoral que vivimos en el Estado de México.
Se inició ese debate atendiendo fundamentalmente a las características que ha tenido la campaña que con toda responsabilidad han venido desarrollando los nueve partidos políticos que contienden para la elección del 4 de julio.
Aquí se ha dicho de la amplia participación de todos esos partidos políticos; todos buscando el alto propósito de buscar el poder público por la vía democrática.
Se ha dicho también que hay una instancia estatal, la instancia, yo diría, que conduce al proceso y dirime las controversias si es que las hubiera.
Si hay infracciones a la Ley Electoral de nuestro Estado, que se presentan esas infracciones a las instancias correspondientes. Esa es la vía. No rehuimos el debate, pero estamos equivocando la instancia. La instancia es la Comisión Estatal Electoral y ahí tenemos que presentar, si los hay, los argumentos y los problemas para que con la actitud que la Comisión Estatal Electoral ha asumido y nadie podría debatirlo en contra, de apertura, pudieran dirimirse estas controversias en relación a nuestro proceso electoral.
La razón, finalmente la tendrán los partidos políticos y los candidatos del 4 de julio. Ahí se demostrará, compañeros diputados, si hubo convencimiento de su oferta política, si fueron atractivos sus planteamientos, si penetraron en la conciencia del electorado y si los candidatos llenan las expectativas del pueblo, del electorado.
Pido pues, señor Presidente, que se centre el debate y se vote el punto de acuerdo.
El Presidente:
La exposición sobre este punto derivó en una...
El diputado Cristóbal Arias Solís (desde su curul):
Pido la palabra para hechos, señor Presidente.
El Presidente:
Se le concede la palabra para ratificar hechos, por cinco minutos, al diputado Arias.
El diputado Cristóbal Arias Solís:
Gracias señor Presidente:
He estado escuchando con mucha atención las intervenciones que se han derivado con motivo de la denuncia que nuestro compañero diputado Julio Cesar, del Partido de la Revolución Democrática ha venido a hacer a esta tribuna.
Sin embargo las respuestas que hemos escuchado, han evadido el punto central que él ha tocado. Ahora nos encontramos en el umbral de una nueva reforma política que ha causado gran expectación, no únicamente entre los partidos, si no que la ciudadanía de nuestro país espera, de los representantes de la nación, una profunda avanzada y moderna reforma política que dé paso a un instrumento legal que garantice los procesos democráticos.
De cara a esa reforma que esperamos y que espera el pueblo con ansiedad y que ojalá y no se frustre, por los anuncios que ya aparecen el día de hoy, de lo que parece ser una simulación. Se viene aquí a denunciar las características de una campaña para Gobernador de uno de los estados más importantes de la República y básicamente se han tocado tres puntos que se han evadido: Uno, que se relaciona con el gasto de la campaña. Se ha señalado enfáticamente y que salta a la vista de cualquier ciudadano que transite por los caminos del Estado de México, el dispendio con que se está manejando la campaña del candidato del Partido Revolucionario Institucional de los gigantescos recursos económicos que se están aplicando única y exclusivamente en publicidad y aquí no se ha negado esa afirmación. Si tiene veracidad o no, si es de comprobarse o no lo que ha denunciado nuestro compañero diputado.
Ha denunciado, en segundo término, graves irregularidades en el padrón electoral y es necesario recordar que ese padrón electoral se originó, precisamente, por quien es hoy el candidato a Gobernador del Partido Revolucionario Institucional
en el Estado de México. Y hubo en aquel entonces, cerca de 1991, denuncias de todos los partidos políticos, excepto el Partido Revolucionario Institucional, de esas graves irregularidades que se originaron desde el propio levantamiento del censo para la elaboración del padrón electoral, que se vienen arrastrando hasta el día de hoy.
Se ha denunciado con sentido del humor por parte de nuestro compañero, de que como en los buenos tiempos de antes "los muertos se levantan de sus tumbas, gozosamente a tomarse su fotografía en distintos módulos".
Y aquí no se ha refutado absolutamente sobre ese punto de las irregularidades del padrón electoral, de quien fuera el director del Instituto Federal Electoral y que como premio a su actuación, que le permitió fuera ése el instrumento que utilizara el Estado para agenciarse la mayoría de los puestos de elección popular, está hoy alegremente contando con todo el respaldo como candidato a Gobernador del Estado de México.
Y el tercer punto que ha suscitado una reacción emotiva y hasta visceral, un tanto primitiva políticamente, es la denuncia que se ha hecho de un caso debidamente documentado que seguramente se ha extendido a muchas organizaciones de la forma coercitiva con que se busca manipular...
El Presidente:
Le ruego que concluya su intervención.
El diputado Cristóbal Arias Sólis:
En un segundo, si me autoriza señor Presidente.
...de como se está coercitivamente, de manera corporativa, buscando el voto de los trabajadores a favor de un candidato de un partido.
No ha habido entonces, no ha habido aquí ningún debate. Porque se ha evadido tocar estos puntos que ensucian un proceso electoral. Aquí han venido representantes, no del Partido Revolucionario Institucional, si no representantes del candidato oficial, que seguramente forman parte de su campaña, sin argumentos y hasta con desgano a hacer una defensa de su campaña, más no a refutar las graves denuncias que aquí se han venido a presentar a esta tribuna.
Ojalá y subiera a esta tribuna un diputado del Partido Revolucionario Institucional a asumir con responsabilidad este tema, a no evadir el debate. Y ojalá, si vuelven a la tribuna, los representantes del candidato del PRI en el Estado de México nos den a conocer cuáles son las propuestas, las ideas y el programa con que dicen que se habrá de convencer a la ciudadanía de votar. Porque tampoco han dado a conocer ninguna de sus propuestas, ninguna del programa de trabajo que ofrece a la ciudadanía para que vote el próximo mes de julio.
No ha habido entonces y concluyo con esto señor Presidente, un verdadero debate en el que se centre la atención sobre los puntos principales de las graves irregularidades que viven en un proceso, cuando, repito, estamos supuestamente ante una nueva reforma política para la vida de este país que busca transitar en otras condiciones a la democracia. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra para rectificar hechos y por igual tiempo de cinco minutos, el diputado Francisco Dorantes Gutiérrez.
El diputado Francisco Dorantes Gutiérrez:
Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Nadie le niega al Partido Revolucionario Institucional su forma de organizar su campaña, porque para eso tiene libertad y tiene derecho. Lo que quiero, aprovechando la oportunidad y que es congruente con lo que estamos viviendo en el Estado de México y de lo que se esta tratando en este momento aquí en la sesión, quiero decir que si bien es cierto que el Partido Revolucionario Institucional tiene suficientes derechos para ejercer su campaña como quiera, lo que sí no deja de llamar la atención es el alarde y el desperdicio de recursos económicos que está gastando el partido en el Estado de México.
Sabemos y lo vemos claramente, que los partidos de oposición casi no se han manifestado, excepto en una forma muy mínima uno o dos partidos, quedando de relieve que se está desperdiciando dinero del pueblo, el dinero del contribuyente.
Yo no se por qué gastar tanto dinero en tanto plástico y como dijo un compañero, se quita uno y ponen otros tres o cuatro. ¿Quién paga ese dinero de las campañas políticas que innecesariamente se gasta? Evidentemente que tiene que salir del contribuyente.
Yo les sugiero a todos ustedes, compañeros diputados, que hagamos conciencia de que si el país está en una situación económica difícil no gastar tanto en campañas, si al fin y al cabo a la hora de que se está haciendo el recuento por arte de magia va a ganar el Partido Revolucionario Institucional con sus variantes y en donde haya protestas. ¿Qué objeto tiene gastar tanto dinero si el pueblo lo necesita? ¿Por qué no mejor poner un hospital o una panadería paramunicipal o una lechería paramunicipal para controlar el exceso de precio en los comestibles?
Seamos sensatos compañeros y no gastar tanto dinero, aunque sea para el Partido Revolucionario Institucional, que tiene todos los recursos y el apoyo de las presidencias municipales: Camiones de la basura a apoyar al candidato; la policía, disfrazada de civiles, apoyando al candidato; los sindicatos controlados, apoyando al candidato; los peseros de las "combis", apoyando al candidato; peseras que traen un letrero que dice CTM, que no es de la CTM sino es la Central de Transporte Mexiquense, quitando la propaganda, en la noche, de los partidos de oposición.
¿Qué hace Gobernación? Debiera Gobernación cuidar que los partidos mayoritarios o los fuertes no quiten la propaganda de los partidos minoritarios, porque hasta eso tenemos, si logramos con muchos trabajos pegar tres programas y luego van y nos quita la CTM o con vehículos de la CTM, no de la Central de Trabajadores reitero, si no de la Central de Transporte Mexiquense.
Entonces, yo les ruego compañeros, que seamos sensatos, que tratemos de cuidar el dinero del pueblo; se necesita para otras cosas no para derrochar y menos cuando el partido tiene todas las de ganar, me refiero al PRI. Muchas gracias.
El presidente:
Tiene la palabra el diputado Enrique Jacob, para rectificar hechos. Tiene cinco minutos.
El diputado Enrique Edgardo Jacob Soriano:
Con su permiso, señor Presidente; señores diputados:
Efectivamente se ha estado utilizando ya mucho tiempo para tratar la situación preelectoral de la entidad y yo quisiera insistir en la existencia de los órganos electorales en el Estado de México para que pudieran proceder las denuncias bien fundamentadas en materia de proceso electoral o en materia de registro de electores.
No estamos rehuyendo el debate, de hecho en las intervenciones que han hecho los compañeros de mi partido, que me han antecedido en el uso de la palabra, han dado respuesta a los cuestionamientos que aquí se han hecho.
En la Comisión Estatal Electoral precisamente un acuerdo trató el tema del financiamiento, todos los partidos políticos lo abundaron y ahí se determinó lo relativo a prerrogativas y se incorporó un punto en el cual se señala que después de concluidas las campañas, después de haber concluido el proceso electoral habrá un plazo que tendrán todos los partidos políticos ante la Comisión Estatal para dar a conocer el origen y el destino de sus recursos. Antes, no deja de ser especulación el que aquí se esté versando alrededor de este tema.
Recordemos que el Estado de México es la entidad más poblada de la República, casi 11 millones de habitantes; 5 millones 200 mil electores; 121 municipios con diversos grados de complejidad, los urbanos y los rurales y aun así con un operativo muy bien estructurado, muy bien revisado y vigilado por los distintos partidos políticos, se logró llegar a las metas que los partidos políticos habían fijado como regla para aceptar el uso de la fotocredencial el próximo 4 de julio. Se había determinado que tendría que llegar al 85% del padrón 1992, en realidad se superó el ciento y tanto por ciento y está cerca del 90% respecto del padrón de 1993. Habrá un instrumento con fotografía que podrá ser utilizado por los ciudadanos del Estado de México para ir y emitir su voto.
Todo este proceso complejo, difícil, enorme, puede tener precisamente algunos errores y lo decía yo en alguna otra intervención, los partidos políticos conocieron las listas nominales y pudieron hacer sus observaciones, Si en alguno de los casos procedían las observaciones, se han estado tomando los acuerdos correspondientes, pero consideramos que no debemos de hacer afirmaciones sin fundamento porque puede presentarse una situación que no corresponde a la realidad del Estado de México. Estas inconsistencias que presentó su partido no llegan siquiera al .5% de un padrón de 5 millones 200 mil ciudadanos, además se acordó que en los próximos días una empresa privada lleve a cabo una verificación mostrada del padrón, precisamente para medir inconsistencias. Ante esta propuesta, su partido en el seno de la Comisión Estatal Electoral no ha estado de acuerdo yo
creo que es un buen instrumento para poder medir la confiabilidad del padrón.
Y, finalmente señores diputados, esperar a que las instancias electorales conozcan debidamente motivadas y fundadas las distintas observaciones que hagan los partidos políticos y de acuerdo a la Ley Electoral del Estado que resuelvan esos órganos en consecuencia.
Yo le pido al señor Presidente que a través de la Secretaría consulte a la Asamblea para que se vote este punto de acuerdo. Gracias.
El Presidente:
La exposición original sobre este tema del diputado Julio Cesar García derivó de una proposición concreta de él a la que se ha corrido ya el trámite reglamentario que corresponde, se leyó la propuesta y se ha discutido con suficiencia, por lo tanto sí procede instruir a la Secretaría para que consulte a la Asamblea de la Cámara y en manera de votación económica, si es de admitirse dicha proposición.
El secretario Luis Moreno Bustamante:
Por indicaciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se admite a discusión la proposición.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén porque se deseche la proposición, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
ESTADO DE QUINTANA ROO
EL Presidente:
Gracias, señor Secretario. Para referirse y hacer comentarios a un problema ecológico en el Estado de Quintana Roo, ha pedido la palabra la diputada Luisa Alvarez Cervantes.
La diputada Luisa Alvarez Cervantes:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas, compañeros diputados:
El partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, ha tomado la determinación de, a partir de ésta, la más alta tribuna de la nación, presentar la siguiente denuncia acerca de los daños que causa a la ecología la gasolinería de Isla Mujeres, Quintana Roo y el riesgo potencial que representa para la integridad y seguridad de sus habitantes.
Antes de abordar la denuncia y la propuesta, quisiéramos hacer algunas consideraciones al respecto.
Nosotros sabemos señoras diputados y señores diputados que, recientemente el Presidente de la República, la semana pasada para ser precisos, realizó una gira por la nación denominada la gira de la ecología.
Entre los estados que visitó el señor Presidente, visitó el Estado de Quintana Roo. Nosotros consideramos que tanto la ecología como los derechos humanos, son una cultura incipiente que se está desarrollando en el país, pero para que ésta sea cultura y enraíce en el pueblo, se requiere de que para conservar la ecología, que es el medio ambiente donde se puede desarrollar la vida y para que se respeten los derechos humanos, que es la integridad de la vida, esta lucha debe de estar por encima de intereses políticos, por encima de intereses económicos.
Y en ese sentido es en la que nos basamos para presentar a esta representación popular, lo siguiente.
En Quintana Roo, que es el paraíso mexicano según reza la publicidad, nos encontramos que la tierra ha sido vendida centímetro a centímetro, especulando religiosamente con las bienes de la nación; si uno se pregunta por los dueños que venden esa riqueza, nos encontramos a los de ahora, a aristócratas que llegaron del siglo pasado y que se apoderaron de las tierras indígenas amparados por las tropas federales que combatían a los mayas insurgentes. Se posesionaron de enclaves estratégicos: Cozumel, Isla Mujeres, Chetumal, etcétera, arrojando al corazón de la selva a los pobladores originales o sometiéndolos a ser sirvientes; éstos son algunos de los propietarios.
Los otros, son funcionarios de los últimos sexenios, que a veces confrontaron con los aristócratas y a veces compiten con ellos, se apoderan de las tierras que entienden pudieron ser susceptibles de explotación o especulación; funcionarios aduanales de los gobiernos municipales y estatales, de la delegación de Pesca y, sobre todo, funcionarios de alto rango.
Americanos, franceses, alemanes y españoles, han comprado tierra en estas latitudes, con todo
y zonas arqueológicas que están de moda, pues está de moda el turismo ecoarqueológico, sus sirvientes, por supuesto, son los nativos del lugar, los de los apellidos Cham, Dzul etcétera. Hay una gran diferencia entre los que sirven y los dueños. Mientras los dueños de la riqueza viven en condiciones altamente agradables, los trabajadores, los originarios de Quintana Roo, los originarios de los mayas, viven en condiciones francamente insalubres, en casas de palos y lodo, entre pantanos y sin seguridad social. Consideramos nosotros que a ciencia y paciencia de los nacionales, que deberían velar por el progreso de la nación y de sus connacionales, han permitido apoderarse de estos territorios que pertenecen y corresponden a la nación y a los hijos de los quintanarroenses.
El caso más patético es el de Isla Mujeres, uno de los municipios del país con mayor tradición, un punto donde convergen las diversas culturas de nuestra historia. En este lugar desembarcaron Hernández de Córdoba, Grijalva y Hernán Cortés. Aquí se desarrollan infinidad y la mayor parte de actividades piscícolas y turísticas en el actual Estado de Quintana Roo. Este territorio es la puerta de entrada a numerosos visitantes extranjeros en nuestro país. Las riquezas marítimas circundantes constituyen un ecosistema de una belleza única natural en el mundo. Sin embargo, desde siempre ha sido vista como un botín a merced de piratas y bucaneros; individuos llegados de todo el orbe se han posesionado de ese territorio, deteriorando el medio ambiente y explotando a los trabajadores, sin importarles el futuro y la conservación de la naturaleza.
Las famosas castas divinas del sur, no son exclusivas de Yucatán, es un problema de toda la zona geopolítica. Estas castas han hecho sus imperios de poder y de impunidad por encima tanto de las normas jurídicas, como de los procesos naturales de conservación del ecosistema.
Actualmente el arrecife de coral se encuentra en serio peligro de destrucción; las salinas que produjeron en su momento sal fina excelente calidad, se encuentran contaminadas de manera irreversible; el basurero municipal es un foco de contaminación permanente, originando que se haya tenido que declarar una veda en explotación de caracol, de la langosta y el camarón, que en otros tiempos fueron extraordinariamente abundantes.
Actualmente la situación se ha agravado hasta tornarse mucho más que peligrosa: la isla es una mesa de coral y arena, de roca calcárea porosa; su núcleo, poblacional principal, se encuentra localizado al norte de la isla, en un puerto de abrigo natural donde se encuentra un muelle fiscal de concreto y diversos muelles particulares de madera. En medio de ellos sobre la costa, sobre la zona federal, a la orilla del mar, sobre la playa caribeña, se localiza la única gasolinera de la isla. Esta gasolinera tiene sus depósitos al ras de la tierra, donde los elementos muestran sus efectos, manchas producto de las filtraciones se ven a simple vista; la arena circundante se encuentra contaminada de gasolina.
El propietario dispuso de un sistema de desagüe de las instalaciones que conduce directamente al mar; en el lugar de descarga la arena tiene una apariencia grisácea semejante al cemento; en su límite al norte se encuentra una toma de agua proveniente de la red municipal, tubería que tiene filtraciones perforada diríamos nosotros, que es utilizada para lavar la arena que se encuentra manchada constantemente por los derivados del petróleo; junto a esta toma se encuentra de manera artificialmente descuidada, una planta de lámina de desecho, que además de contaminar con sus óxidos la playa, ocultan los rastros de las filtraciones de los tanques colindantes.
Para resolver este problema, en varias ocasiones los habitantes de la isla han recurrido a las autoridades locales. La respuesta ha sido la misma: el dueño es un acaudalado hombre de negocios de las castas del sur; llegó a sentarse al lugar e hizo su fortuna a la sombra de algunos encumbrados políticos. Actualmente se ufana de ser intocable, pues sus relaciones lo protegen.
El peligro que representa la gasolinera sin embargo, es superior, consideramos nosotros, a sus influencias conocidas por su poderío económico. Las filtraciones de la gasolinera se presume se deslizan a la red de drenaje de la isla que no tiene salida, sino que confluyen en un solo punto. Por otro lado, la roca caliza se encuentra embebida del combustible que cada día aumenta su concentración. Este lugar se encuentra a escasos 100 metros del muelle fiscal, punto de desembarque de todos los habitantes y pobladores. El riesgo de una conflagración es evidente y de consecuencias trágicas.
En el verano llegan los turistas y al calor se relajan las costumbres por la complacencia y la promoción de la principal fuente de ingresos de la zona norte del Estado. Si ocurriera una catástrofe, inmediatamente tendría repercusiones incalculables y trascendencia entre otros países y con el grave deterioro de la imagen nacional.
Es por ellos, señores diputados, que mi Partido presenta esta denuncia, solicitando, en base al Reglamento, sea turnada a la Comisión de Ecología y se dé atención inmediata a este peligro, que no sólo sobre este pequeño municipio se cierne, sino sobre los intereses de la nación. No es posible que la arrogancia pueda ocasionar un daño de incalculables consecuencias. Muchas gracias.
Dejo aquí a la Secretaría las propuestas.
El Presidente:
Como pide la diputada, se dispone el turno de esta propuesta a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente.
TRATADO DE LIBRE COMERCIO
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hacer comentarios sobre los acuerdos paralelos al Tratado de Libre Comercio.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:
Con el permiso de la Presidencia; compañeras diputadas; compañeros diputados: Consta en esta tribuna y en esta Cámara la preocupación que el Partido de la Revolución Democrática ha tenido por uno de los temas que considera trascendentales para la vida de este país y que justamente ha sido el Tratado de Libre Comercio.
Consta en esta Cámara inclusive, porque nuestro partido ha presentado inclusive propuestas de reforma constitucional para lograr que la ciudadanía tenga una opinión y una incidencia directa sobre este paso que el Ejecutivo ha venido instrumentando desde la toma del poder en este país y, sin embargo, han sido rechazadas permanentemente nuestras iniciativas de esta discusión por la diputación mayoritaria en esta Cámara.
Y hoy, bueno, pues, venimos también con un espíritu de lo que ha estado ocurriendo en los últimos días, hay todo un lenguaje, ha habido toda una campaña de una semana, de las famosas giras presidenciales, se ha pintado de verde todo el país; sin embargo, nosotros consideramos que ante el problema de la ecología, de los problemas trascendentales para los próximos años, en las negociaciones que se están teniendo en este momento, el Ejecutivo no ha actuado en consecuencia con este discurso oficialista que nosotros hemos denunciado en esta misma semana, que el día de hoy ha sido reiterado como una muestra más de lo que es el maquillaje verde que pretende el Ejecutivo de este país.
De tal manera que nosotros abordaremos el asunto de los acuerdos paralelos sobre medio ambiente con una idea que encontramos en este momento que dichos acuerdos se encuentran en un callejón sin salida.
El pasado 8 de junio se inició en Washington la tercera ronda de negociaciones de los acuerdos paralelos sobre los temas laboral y medio ambiente, que concluyó sin avances sustanciales, ubicado así en situación difícil los ritmos, los tiempos y posiblemente la vialidad misma del Tratado de Libre Comercio.
Como ya es costumbre, pues, la sociedad mexicana no sabe a ciencia cierta las posiciones específicas de la administración mexicana, representada por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, Secofi. Inclusive, me atrevería a decir y hoy lo vamos a ver en esta discusión en esta tribuna, haber sí es cierto que inclusive esta propia Cámara conoce sobre cómo se encuentran en este momento dichas negociaciones, porque presumimos que esta soberanía no está informada al respecto. No obstante, a través de las informaciones de los medios y de las que se filtran por canales informales, es posible reconstruir con más o menos exactitud el punto en que se encuentran las negociaciones y las dificultades que enfrentan para avanzar y concretar.
Como se sabe, la administración de los Estados Unidos propone la necesidad de incluir un capítulo de sanciones para quienes violaran las disposiciones del Tratado de Libre Comercio en materia laboral y de medio ambiente, así como la constitución de un organismo supranacional que supervise el cumplimiento de los respectivos estatutos jurídicos de cada país. La posición de sus socios, Canadá y México, ha sido de oposición a ambas propuestas, sin que a la fecha se conozcan con precisión sus planteamientos alternativos. Insistimos, ojalá en este debate el partido de la mayoría en esta Cámara nos pudiera ilustrar al respecto.
Estos hechos se traducen en un callejón sin salida para el Gobierno de México, como consecuencia
de una limitada y contradictoria perspectiva política que consistió en poner todos los huevos en la canasta del Tratado de Libre Comercio y en la administración Bush, en haber propiciado una sólida defensa de la soberanía nacional durante todo el proceso y en excluir de la toma de decisiones a importantes sectores de la sociedad mexicana por la vía del autoritarismo presidencial.
Todos estos elementos están presentes en la estrategia diseñada por el Gobierno de Estados Unidos para arrinconar a la administración mexicana, que se encuentra en la recta final de su Gobierno, sensiblemente urgida de la firma y puesta en práctica del Tratado de Libre Comercio, toda vez que corre el riesgo de que las variables macroeconómicas y tras de ellas las políticas, sufran alteraciones que dificulten su control y muy probablemente impliquen una recaída profunda en una crisis que todavía no se ha remontado, lo cual quizá a su vez signifique un aletargamiento mayor en el esperado advenimiento de la democracia en México, hipótesis que hoy pudimos comprobar al conocer por la prensa la propuesta que la mayoría priísta hizo a esta Cámara en materia de reforma electoral y que, como ha quedado inclusive en el debate de la situación preelectoral en el Estado de México, queda muy al margen de contener los resultados que los ciudadanos están esperando de este cuerpo legislativo en materia de avance, de transición a la democracia y de ruptura del régimen de partido de Estado que hoy todavía estamos sufriendo en este país.
Todos sabemos que estamos inmersos en una recesión que todavía no toca fondo y que amenaza con revertir algunos logros, incluida la lucha contra la inflación, pues la sobrevaluación de la moneda que se sostiene a costa del crecimiento del país, no puede soportar muchas más presiones.
En verdad no estamos inventando nada ni nunca hemos usado esta tribuna con afán meramente oposicionista en sí mismo. Los hechos son inobjetables al respecto.
Así, por ejemplo, en la víspera de la tercera ronda de negociaciones el senador demócrata estadounidense y vicepresidente del Consejo Internacional de Acción Mundial Parlamentaria, Mike Copensky, declaró a la prensa nacional, después de una entrevista con el legislador mexicano y presidente del Senado, Emilio M. González, que la aprobación del Tratado de Libre Comercio en su país tardará, porque en el Capitolio hay democracia, hay opiniones diferentes y no se trata de un acto dictatorial, cito, publicado en El Financiero, el 8 de este mes, en la página uno. En clara alusión a la arcaica forma política que ha imperado en nuestro país, para el debate y aprobación del TLC.
Naturalmente, le declaración del senador Copensky contiene implícitamente la conciencia de que los tiempos se agotan y sus opiniones tienen el propósito de impactar a la opinión pública, al evidenciar las dificultades y las debilidades nacionales.
El mismo día, pero en Washington, voceros oficiales de la Casa Blanca comentaron que Mike Kantor, representante comercial de la administración Clinton, se había comunicado con sus pares de México y Canadá, para sugerirles una posición más flexible en torno de las diferencias. A su vez, el vocero canadiense Richard Lecob, afirmó que su país estaría de acuerdo con mecanismos fuertes y eficaces para el cumplimiento de las leyes en cuestión, siempre y cuando no sean sanciones comerciales, sino monetarias.
Hasta ese momento la posición mexicana se desconocía, pero los enterados afirmaron que sería similar a la de Canadá y que de manera conjunta propondrían, además, que se creara un secretariado para la Comisión Norteamericana sobre Medio Ambiente, pero que consistiera en capítulos nacionales y operara bajo las instrucciones de cada Gobierno.
Debe decirse que en la tercera ronda de negociaciones también se abordó la discusión en torno al Capítulo VIII del documento final del TLC, firmado ya por los respectivos gobiernos y que trata sobre las medidas de urgencia o salvaguardas.
Debemos recordar que la administración mexicana condicionó la discusión en los acuerdos paralelos a que permanecieran intactos los contenidos del Tratado de Libre Comercio, ya acordados y firmados. Sin embargo, la discusión de las salvaguardas implica la reapertura de la negociación de los mismos, lo cual se traduce en una posición de fuerza de los Estados Unidos, en detrimiento de las posiciones y la soberanía de nuestro país. Por ello, es natural que los negociadores de Washington no entienden por qué ni admiten que la discusión de los acuerdos paralelos la administración salinista insista en la defensa de la soberanía nacional, cuando en todo el proceso previo, que era más profundo e importante, el Gobierno de México no tuvo mayores reparos al respecto.
El hecho es que el lobo siempre estuvo vestido de cordero, pero los negociadores mexicanos prefirieron jugar el cándido rol de "Caperucita Roja" y ahora no saben cómo salir del vientre del monstruo.
De acuerdo con algunos analistas, la negociación de Washington significó un importante retroceso en relación a la de Ottawa, realizada entre el 19 y 21 de mayo pasado, ya no sólo por la imposibilidad de avanzar en los acuerdos laboral y ambiental, sino por la traducción del tema de salvaguardas, que suscitó sensibles inquietudes en la delegación mexicana.
Según Herminio Blanco la propuesta de Estados Unidos no implica renegociar el Capítulo VIII del TLC sino que se orienta simplemente a la constitución de un mecanismo de consulta, en caso de que se tengan que aplicar salvaguardas.
Nosotros, como casi todos los mexicanos, nos interrogamos y será así y cuál es el significado de ese mecanismo. La respuesta más contundente y de mayor peso preñada ya de un aviso transparente a las cuestiones mexicanas y canadienses la ofreció el mismísimo William Clinton, presidente de los Estados Unidos, cuando el 9 de junio declaró que los acuerdos paralelos se encontraban literalmente en un callejón sin salida y advirtió que sin mecanismos para el cumplimiento de las leyes laborales y ambientales el convenio no sería ratificado en la Cámara de Representantes, ese capitolio democrático a que hizo referencia el senador Kopensky y que en estos momentos tienen la mayoría contraria al Tratado de Libre Comercio.
Al parecer ni los cabildeos del señor Córdoba Montoya ni la apresurada gira de Salinas a diversas ciudades estadounidenses, han podido modificar la correlación de fuerzas que favorecen unos acuerdos paralelos injustos y desequilibrados. Las interrogantes principales resultan obvias.
¿Habrá en Estados Unidos la voluntad y la posibilidad política de flexibilizar su posición dejando pasar la oportunidad de aprovechar condiciones tan favorables al menos por cuanto respecta a México? ¿La administración salinista persistirá en su posición corriendo el riesgo de que el TLC no se firme a menos durante el poco tiempo que le resta al Gobierno? Muy pronto la incógnita será revelada toda vez que se habla de una probable reunión a fines de junio, la cual quizá tendría un carácter ministerial con el objetivo de resolver, para bien o para mal, las controversias y diferencias que ahora se antojan insalvables.
Es por eso importante recordar que no hay mal que dure 100 años ni empresarios, ni sucesión presidencial que los aguanten.
Existen elementos como para afirmar que la posible flexibilidad de la administración Clinton es remota incluido el hecho de que atraviesa por enormes dificultades propias.
Dudamos también que acciones como la gira ecológica de Ejecutivo en días pasados y el verde escenario montado y desplegado con motivo del Día Mundial de la Tierra impriman un vuelco inusitado y sorpresivo al proceso, sobre todo cuando al Zócalo de nuestra capital lo encontramos lleno, desde hace más de 60 días, de pescadores y campesinos del Estado de Tabasco, que siguen reclamando a la principal empresa de este país que repare el daño y el deterioro ecológico con el cual fueron afectados al mismo tiempo cuando se conoce a través de la opinión pública nacional problemas como el de Anaversa y en el cual queda muy claro cómo las leyes ecológicas en este país no se cumplen y las administraciones no tienen ningún empacho al respecto.
De tal manera resulta importante que por enésima vez insistamos desde esta tribuna en la necesidad de impulsar un auténtico dialogo nacional si es verdad que, como dijo Salinas de Gortari en el Foro de Libertad y Justicia, nuestro nacionalismo no sólo es excluyente sino que además propicia su fortaleza a través de alcanzar consensos democráticos con un amplia participación plural y sobre todo popular que, insisto, lo que vemos en un discurso pero no vemos en los hechos de este señor.
Resulta pues importante entonces dilucidar el carácter de la soberanía de que hablamos y se supone compartimos los mexicanos. Ello es imperativo para establecer hasta dónde pueden o no llegar los negociadores mexicanos.
Así la soberanía es para nosotros un concepto que afirma la identidad, la educación y la cultura de nuestro pueblo a través del control y preservación de su territorio y sus recursos, formas de vida y capacidad de autodeterminación, permitiendo la generación de leyes, instituciones que respondan al fortalecimiento de la democracia, incluyendo una participación social, amplia y plural en la toma de decisiones de la vida nacional y el funcionamiento de contrapesos reales al poder del Estado.
La soberanía es un requisito esencial para garantizar seguridad interna, rectoría económica, arbitraje
social e independencia en la política exterior y eso hemos estado insistiendo permanentemente en esta tribuna para poder lograr debatir este tema.
Aquí, pues, hemos insistido con propuestas que se han desdeñado, esfuerzos desdeñados que en algunos casos han diseñado propuestas que coadyuvan a ese consenso a través del cual una nación puede abrirse al mundo sin que ello signifique exclusión de su soberanía, tal como la de la red mexicana de acción frente al Tratado de Libre Comercio, que opina que en caso de existir una Comisión Ambiental de América del Norte, debe tener al menos algunos de los siguientes rasgos:
Que la Comisión Ambiental de América del Norte se coordine con el Tratado de Libre Comercio, para tejer un esquema de relaciones entre gobiernos y ciudadanos, con ágiles vasos comunicantes de información y difusión que propicie el estudio y la investigación para lograr los objetivos propuestos y pueda así canalizar los problemas, emitir recomendaciones y tener opinión en la solución de eventuales controversias.
Que como contrapeso a la Comisión de América del Norte se cree una Comisión Ambiental Mexicana de carácter autónomo y con ascendencia sobre organismos públicos, privados y sociales que evalúe impactos, investigue alternativas, canalice problemas, emita recomendaciones y sugiera sanciones o cambios jurídicos.
Sobre los recursos necesarios para financiar una práctica comercial sustentable, se sugiere la creación de un fondo de América del Norte para el medio ambiente y el desarrollo, que sea administrado tripartitamente con apoyo de la Comisión de carácter nacional, de tal manera que se alcance el propósito de invertir el .7% del producto interno nacional para resolver los problemas ambientales y de desarrollo. Dicho fondo debe ser ajeno al Fondo Monetario Internacional y al Banco de México, pues como sabemos ahí se toman decisiones unilaterales que se traducen en camisas de fuerza para los pueblos de los países que se obligan a realizar sus políticas.
He aquí pues un serie de propuestas de la sociedad mexicana que desde esta tribuna estamos elevando a las autoridades que están negociando y que creemos que son límites mínimos necesarios para mantener y para poder lograr el rescate de nuestra soberanía nacional.
No es sin embargo pues la vía de consensos amplios y plurales la que ha elegido, a nuestro juicio, la administración mexicana y eso se refleja en al menos dos hechos para nosotros de especial significancia; uno es el de el acceso a la información, toda vez que resulta particularmente sintomático que la posición mexicana sobre los acuerdos paralelos sea íntegramente publicada por un periódico extranjero como el Unión State American Trade y que en nuestro país dicha información continúe siendo secreta por considerarse confidencial.
En efecto, ha sido confidencialidad el argumento utilizado por el Gobierno del Partido Revolucionario Institucional en este tribuna para justificar la ausencia informativa puntual. No obstante esta confidencialidad, no es válida en el exterior. Se deduce entonces que el Gobierno de México no tiene reparos en que las sociedades de nuestros países socios conozcan a detalle sus posiciones, pero consideran a la sociedad mexicana inmadura, incapaz e indigna de tales confianzas.
Insisto, ojalá algún diputado de la mayoría suba a esta tribuna a decirnos cómo va la posición mexicana, en qué momento nos encontramos y cuál es la posición política del Revolucionario Institucional sobre dicha propuesta que esté negociando nuestro Gobierno.
Nosotros creemos que ni aquí los señores legisladores están enterados de los que está ocurriendo en esta negociación sobre el futuro de nuestro país.
El otro hecho es igualmente significativo y se refiere a que a diferencia de la posición norteamericana, la propuesta mexicana en torno al artículo 6o. del Acuerdo Paralelo sobre el Medio Ambiente, limita al máximo la participación ciudadana en la denuncia y solución de los problemas ambientales derivados del TLC.
Así los Estados Unidos proponen que cada miembro del TLC y se cita: "Se asegurará que las personas con un interés legal justificable en el asunto particular, tengan acceso apropiado a los procedimientos judiciales o administrativos para lograr el cumplimiento de las leyes ambientales de la parte".
Mientras la posición mexicana tiene un perfil más bajo, ya que propone que cada parte y cito textualmente: "Se asegurará de que cualquier persona con una posición legal bajo las leyes ambientales domésticas, tenga recurso a los procedimientos para el cumplimiento de las leyes ambientales".
Se conjura así la posibilidad de que la ciudadanía demande el cumplimiento de las leyes ambientales mexicanas por una vía judicial o por lo menos administrativa, propiciándose así el desaliento en la participación ciudadana cuando se sabe que el infractor no está propenso a recibir la sanción nacional procedente. Además ambos países proponen que los procedimientos para el cumplimiento de las leyes deben ser justos, se cita," sin ser necesariamente complicados o costosos y sin que impliquen límites poco razonables o tardanzas innecesarias."
No obstante Estados Unidos va más allá en cuanto a la transparencia y la imparcialidad, cuando incluye la necesidad de tener por escrito las decisiones finales sobre los procedimientos judiciales y administrativos de ejecución y el permitir que las partes involucradas en el procedimiento pueden obtener compensación mandatoria, sanciones u otros remedios apropiados. Tal como lo propone la red mexicana de acción frente al libre comercio, se haga a través de la Comisión Ambiental Mexicana.
Cuando se habla de procedimientos apropiados, los Estados Unidos se refieren también a que se incluyan garantías para que los tribunales judiciales y administrativos sean imparciales y no estén sujetos a influencias políticas y de que en casos justificados pueda llevarse a cabo la revisión oportuna de las acciones administrativas por parte de los tribunales por separado, quienes deberán ser, se vuelve a citar, "imparciales e independientes de la oficina o autoridad encargada de la ejecución".
Ese es pues, no otro, es el carácter que propone la red mexicana de acción frente al libre comercio, que tenga la convicción ambiental mexicana que nosotros hemos estado insistiendo en diferentes foros, inclusive en esta propia tribuna, de cómo en nuestro país el Estado y particularmente en materia de ecología es juez y parte en la problemática, cuando hay un problema de deterioro ecológico o cualquier problema ecológico.
No es pues entonces de extrañar, que México no incluya estas propuestas, pues a todas luces atentan contra la esencia centralizada de la acción política promovida por el Ejecutivo, cuya característica principal es la exclusión ciudadana en la toma de decisiones, piedra de toque a su vez, de la ausencia de consensos que fortalezcan la soberanía nacional.
Ha sido un esfuerzo del Partido de la Revolución Democrática, como hemos dicho desde un principio, seguir la información, conseguir por maneras informales y no como comprendemos, debería de ocurrir aquí, que el Ejecutivo viniera a este legislativo a informarnos de qué está haciendo en esta negociación tan importante para los ciudadanos y esperamos que los diputados de la mayoría priísta en esta Cámara, se suban, pues, ellos deben de tener seguramente mayor información, que se suban a documentarnos, a informarnos y a iniciar un debate al respecto. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, diputado. Para hablar sobre este mismo tema, se han registrado los siguientes diputados:
Guillermo González Díaz, del Partido Revolucionario Institucional; Jesús Martín del Campo, del Partido de la Revolución Democrática y Gil Mendoza Pichardo, del Partido Revolucionario Institucional.
Tiene la palabra, en consecuencia, el diputado Guillermo González Díaz.
El diputado Guillermo González Díaz:
Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados:
Sacar a debate el tema del Tratado de Libre Comercio, siempre es un punto de referencia es que nos permite a nosotros puntualizar y precisar una serie de conceptos que en forma reiterada, categórica, se han venido repitiendo a todo lo largo y ancho de nuestro territorio y sobre todo dando cabal respuesta a las distintas inquietudes que desde el primer día se plantearon en la conciencia de todos los mexicanos. Un tratado que sin lugar a dudas nos abre expectativas horizontes, esperanzas de mejores posibilidades y mejores oportunidades de empleo y de bienestar social.
Como todo tratado, impone derechos, obligaciones, reciprocidades, compromisos que México admite, acepta en el marco de su referencia constitucional, pero sobre todas las cosas, sin renunciar a los principios básicos que norman en nuestra Constitución la vida de libertad, de independencia y de soberanía que quiso el constituyente mexicano.
Decía al iniciar mi intervención, que esto también nos da un punto de referencia espléndida, para poder reiterar desde esta tribuna, inquietudes que en otras ocasiones, en otras voces se han planteado.
Hemos dicho que una mala traducción, en ocasiones suele reflejar una sucesión de equivocaciones y de imprecisiones.
Se comentó en algunos diarios nacionales de que, efectivamente el presidente Clinton se había referido a que el tratado se encontraba "en un callejón sin salida".
Si nos referimos con toda exactitud a la versión estenográfica de la Casa Blanca, nos encontramos que en ningún momento el Presidente de los Estados Unidos de América se refirió a que el tratado se encontrará "en un callejón sin salida". El se refirió textualmente a que el tratado estaba en un impasse.
Queremos reiterar una vez más y los hechos lo habrán de reflejar en su oportunidad, que las negociaciones están próximas a concluir; queremos reiterar de igual forma que la posición de México ha sido congruente con sus postulados constitucionales y que en las negociaciones del Acuerdo Paralelo sobre el Medio Ambiente, México entró a la negociación sustentando tesis que se basan en:
I. Respecto a la soberanía de los estados en la aplicación de sus leyes ecologías;
II. Respecto a la soberanía sobre los estados en el aprovechamiento de sus recursos naturales;
III. No reapertura del texto ya firmado del TLC;
IV. No se transferirá la soberanía nacional a ninguna entidad supranacional, llámese como se llame.
Hasta este momento los tres países están de acuerdo en los puntos anteriores. La posición mexicana es consistente en señalar que el acuerdo paralelo debe de ser un acuerdo de cooperación para los asuntos del medio ambiente, que sean comunes a los tres países.
En materia de normas ambientales México está proponiendo la armonización de las mismas y no su homologación, toda vez que los costos económicos son diferentes en los tres países, las circunstancias ambientales son totalmente plurales y diversas. Esto lo hemos sostenido reiteradamente.
En materia de aplicación de la Ley, México está abierto a cualquier intercambio de información, pero ha señalado con firmeza que la aplicación de la Ley corresponde única y exclusivamente a las autoridades competentes de cada país.
Toda la cooperación tecnológica y de cooperación y de investigación es bienvenida, que las acciones del orden ambiental no se constituyan en barreras comerciales.
Estos son los puntos fundamentales que México ha sostenido en los acuerdos paralelos .
Por lo antes expuesto reiteramos que las negociaciones sobre los acuerdos paralelos avanzan satisfactoriamente y actualmente se trabaja en forma conjunta en la elaboración de un convenio de cooperación ambiental, congruente con los principios que México ha sustentado en forma reiterada en todos los foros internacionales. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la Palabra el diputado Enrique Rico, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar, hechos, por cinco minutos.
El diputado Enrique Rico Arzate:
Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:
Ante este tema de los acuerdos paralelos del Tratado del Libre Comercio quisiera hacer una breve reflexión al respecto.
Durante los días 10, 11 y 12 de mayo el licenciado Salinas realizó una gira denominada "ecológica". Recorrió parte del país y estuvo en estados del norte y sur inaugurando algunas obras y, sobre todo, conociendo el desastre ecológico del país, que incluso él mismo reconoció el día 11 de mayo y que apareció al siguiente día publicado en todos los diarios de circulación nacional, el desastre que ha ocurrido en bosques, en selvas y en otras partes del territorio mexicano.
Es sorprendente que hasta ahora Salinas de Gortari se dé cuenta de cómo se han depredado los recursos naturales de México y en su gira comentó que es necesario cambiar hábitos y políticas de explotación. Ante esto cabe preguntar; si el Ejecutivo ha encontrado el rumbo en lo que se refiere a la política ambiental o cambió de posición para ir ganando espacios y tener una buena apariencia ante el Tratado de Libre Comercio, ante estas últimas negociaciones y para que los cabilderos mexicanos, pagados por el pueblo de México tengan argumentos ante lo que se avecina en la discusión en el Congreso de las Estados Unidos de América.
El periódico La Jornada del día 14 de junio, el día de ayer, publica lo que se conoce como lo que nos han heredado las maquiladoras: el "paraíso de las maquiladoras". Y aunado a esto, compañeros diputados, está la situación de los diversos sectores de la economía nacional, que se han denunciado en esta tribuna; productores de leche, productores de carne, de granos, es decir, en la situación en que se encuentra en este momento el campo mexicano.
El campo mexicano, compañeros diputados, ha tocado fondo y no sabemos cual es su futuro, porque no se encuentra una política clara al respecto y el TLC, compañeros, ha demostrado y demostrará que el campo mexicano no va a ser competitivo en los Estados Unidos, si acaso va a ser complementario del mercado de los Estados Unidos de América.
Por eso compañeros y lo manifestaba el diputado Manuel Huerta, es necesario que el pueblo de México conozca del Tratado de Libre Comercio, qué beneficios y perjuicios traerá el Tratado de Libre Comercio, porque si ustedes recorren el campo mexicano, las poblaciones de México, las ciudades, saben que existe el Tratado de Libre Comercio, pero no conocen el contenido ni de qué se trata ni sobre qué vamos a comerciar. Y esto lo conocen a través de los medios de comunicación, de que se aprobará en el Congreso de los Estados Unidos.
Los campesinos y los productores de México saben que se encuentran en una situación inimaginable, nunca vivida por el campo mexicano. Y saben que tocaron fondo, pero no saben cómo solucionar el problema. Por ello preguntamos: ¿Cuál es la propuesta del Gobierno Mexicano ante el Tratado de Libre Comercio, ante lo que se avecina con el país vecino? Y aquí cabe la pregunta, compañeros legisladores: ¿por qué no se discute o por qué no se les informa por lo menos en cada ejido y en cada comunidad de nuestro país de qué se trata este asunto del TLC y de los acuerdos paralelos? ¿Por qué no se discute o por qué no se le informa a las diferentes organizaciones sociales al respecto? ¿Por qué se tienen que hacer acciones de sacar documentos clandestinos de estas discusiones entre los tres países para conocerlo en México? ¿Por qué este silencio del Gobierno mexicano de los acuerdos paralelos ante el pueblo de México?
Eso es lo que el compañero Manuel Huerta preguntó a los compañeros de la mayoría, si es que tienen la información, ¿o también a ellos se las esconden? Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la Palabra el diputado Huerta Ladrón de Guevara para rectificar hechos.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:
Con el permiso e la Presidencia:
Muy brevemente para rectificar algunos hechos y sobre todo ante la ausencia de respuestas en la respuesta que tanto estuvimos esperando del partido mayoritario a esta Cámara y nosotros consideramos ausente de nuevo del debate al PRI en esta ocasión. Eso plantea que hay problemas en mala traducción, de un callejón sin salida y que lo que se había dicho realmente era un impasse, en un principio este reclamo se lo tendrán que hacer a los traductores de los medios de comunicación nacionales que así se publicó a lo largo y ancho del país y segundo, bueno este impacto no sabemos si no hubo ningún planteamiento aquí si es total, si tiene una salida al ladito o más adelante etcétera, nos dicen nada más que próximamente se van a concluir las negociaciones y en efecto, nosotros aquí dijimos que probablemente en junio, a finales tengan que llamar a una reunión ministerial para poder concluir lo que hasta hoy no han podido concluir y dijimos justamente que era necesario que esta información se diera, se procesara con la población para que pudiera llevar el respaldo del pueblo y entonces nuestros negociadores llevaran y cuando menos, que si no del pueblo, algunos lineamientos de las principales fuerzas políticas y sociales de este país.
Porque justamente lo que nosotros hemos preguntado aquí es en qué condiciones se van a concluir las negociaciones y hemos argumentado que en este momento la presión para México es fuerte en la medida en que se ha apostado todo el proyecto económico en esta ruta y que fue de manera visiblemente excluida la población y que el Gobierno con esta situación ha aumentado la debilidad con el cual inició estas negociaciones del Tratado de Libre Comercio, porque en la tesis final que plantea el partido oficial de que finalmente México concluirá las negociaciones y no habrá menoscabo sobre la soberanía nacional, pensamos que si los negociadores van con el nivel de argumentación con que se subió el diputado del Institucional a referirse al tema en esta tribuna, pues seguramente esto no va a cumplirse, no hay idea de lo que se está planteando y nosotros pensamos que
el debate central está en este momento en dos términos, insistimos, habrá en Estados Unidos la voluntad y posibilidad política de flexibilizar su posición dejando pasar la oportunidad de aprovechar condiciones tan favorables al menos por cuando a México respecta y la segunda, la administración salinista persistirá en su posición corriendo el riesgo de que el TLC no se firme, al menos durante el poco tiempo que le resta a este Gobierno, es lo que queremos con argumentos que suban a esta tribuna a decirnos.
El Presidente:
El diputado Luis Beauregard, para rectificar hechos, tiene cinco minutos.
El diputado Luis Alberto Beauregard Rivas:
Con su permiso señor Presidente:
El jueves pasado en esta misma tribuna tuvimos argumentos y posiciones no coincidentes respecto de la situación ecológica y ambiental de México. Hoy, de nueva cuenta, surge el tema en tribuna, un tema que a todos nos preocupa, insisto, que a todos nos interesa y nos debe de interesar en tanto que es un problema complejo y un problema que involucra a la sociedad en su conjunto y no solamente al Gobierno de la República, pero solicitar de manera concluyente, imperativa una solución fácil a problemas complejos, en este momento aquí ahora "porque yo lo exijo", me parece que no es encontrar ningún punto del debate.
Nosotros, como partido mayoritario, reconocemos que hay problemas ecológicos en el país, reconocemos que es un problema del desarrollo, de la concepción del desarrollo cualquiera que ésta sea porque se da lo mismo en muchas partes del planeta, no importando el sistema político en el que se viva, ni la forma de Gobierno bajo la cual se organice una sociedad. Hay problemas ecológicos en lo que fueron los países de la "Cortina de Hierro", hay problemas ecológicos en los países desarrollados del primer mundo y hay desde luego problemas ecológicos en América Latina, en África, en los mares etcétera.
Hubo una conferencia mundial, una cumbre en Río de Janeiro, hace algunos meses, México participó con mucho interés y ha estado cumpliendo sus compromisos en esta materia, pero también es necesario reconocer que hay una política gubernamental, seria y consistente, consistente y congruente, en materia ecológica. No podemos entonces negar los avances.
Hace un momento oí al diputado que me antecedió en la palabra, reconocer que había algunos logros en el manejo gubernamental de la cuestión ecológica y yo creo que los hay y están a la vista; hay informes de la Secretaría de Desarrollo Social que tiene a su cargo la parte ecológica donde se reconoce una política en materia de control del medio ambiente contra la contaminación a la que se le ha dedicado tiempo, inteligencia, recursos y hay logros.
En proporción, gastamos mucho más que otros países en los cuales tenemos igualdad de circunstancias en cuanto al producto interno bruto y al producto nacional bruto, perdón.
Así pues, los tratados paralelos como se le ha dado en llamar a estas negociaciones que están realizando entre México y el vecino país de Estados Unidos, no tienen qué ver con el fondo de la política mexicana en materia ecológica.
Ya se ha dicho aquí, por mi compañero de partido que me antecedió en la palabra, que esos tratados están negociando con apego estricto a los principios irrenunciables que nos gobiernan en México, que es la soberanía, la justicia y la libertad, así que...
El Presidente:
Diputado Beauregard...
El diputado Luis Alberto Beauregard Rivas:
No, no acepto ninguna interpelación.
...Así pues, yo quiero dejar en la tribuna y decirle a los compañeros tan interesados en los temas ecológicos que me han antecedido en la palabra, que no podemos dar respuestas sencillas, fáciles a problemas realmente complejos.
Que hay un esfuerzo consistente, que reconocemos que es una tarea en la cual no hemos encontrado todas las soluciones, porque no son problemas que se resuelvan con discursos en tribuna o con discursos incendiarios de quien no quiere ver las realidades en los avances, en la lucha contra la contaminación y hayan cuidado del medio ambiente.
Sí hay problemas, están a la vista de todos, es un problema de civilización, es un problema de forma de desarrollo, la técnica y la tecnología; un avión produce contaminación, produce contaminación la energía eléctrica, produce contaminación
las sentinas que van a los cauces de los ríos, en fin; es un problema tan complejo, que hubo una cumbre mundial para discutirlo y para dar perspectivas respecto de la solución de este grave problema.
Yo quisiera que me dijeran qué país tiene resuelto su problema ecológico al 100%; quisiera que me mostraran cuál es la ideología política, cuál es el pensamiento social que ya resolvió y que ya trascendió los problemas ecológicos.
Vamos a insistir como sociedad, vamos a insistir como partidos, vamos a insistir como forma de organización social, como seres humanos, en que es necesario perseverar en la lucha contra la contaminación y en el cuidado del medio ambiente.
En eso está empeñado mi partido y lo va a exigir al Gobierno y lo va a exigir a las autoridades correspondientes, pero estamos también conscientes de que hay avances, avances importantes que están a la vista de todo el pueblo de México. Muchas Gracias.
El Presidente:
Diputado Huerta Ladrón de Guevara, para rectificar hechos por cinco minutos.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:
Con el permiso de la Presidencia; compañeras diputadas, compañeros diputados:
Si el que me antecedió en el uso de la palabra no hubiera puesto en mi voz cosas que seguramente jamás hubiese dicho yo, como que en este país yo estoy de acuerdo en que hay un avance en materia ecológica, no me hubiera subido a esta tribuna. Y también lo digo en mi calidad de secretario de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, porque en esta tribuna también siempre ha sido clara nuestra posición crítica y propositiva a la política ambiental que se sigue en este país permanentemente.
En reformas trascendentales para esta materia, como fue la propia transformación de la SEDUE a la SEDESOL, hicimos la crítica, siento más fuerte, de cómo se iba a conducir la política ambiental y no me quiero meter al tema.
No, yo hable de que habría un reconocimiento al avance en materia económica y relativamente voy a leer la parte, en términos de que es probable que en este momento si no se firma el Tratado de Libre Comercio, toque a fondo este avance las variables macroeconómicas que se están logrando hasta este momento, a costa y también lo dije, del conjunto de la sociedad de este país y sobre todo los trabajadores.
También queremos decir aquí que estos planteamientos no son incendiarios jamás. Tal vez el hecho de que aquí uno presente propuestas, que digo, son de la sociedad, representada en este caso por la red mexicana de libre comercio, pues a lo mejor a algunos compañeros aquí les parece incendiario presentar algunas ideas y algunas propuestas, es solamente eso, son ideas, son propuestas de la sociedad y no se cómo puedan incendiar de esta manera.
Y cuando dicen que aquí estamos exigiendo respuestas imperativas, concluyentes y que aquí alguien se pare a decirnos, aclaro dos cosas: ni ha sido en este momento ni aquí ni ahora, ha sido un debate permanente, inclusive he dicho al extremo y el diputado lo debe de saber, que nuestro partido ha exigido una reforma constitucional en materia de que se introduzca la figura del referendum para que la sociedad opine ante este tema, no es de aquí de ahora, inclusive ha llevado procesos legislativos que ustedes son los que han desechado esa participación de la sociedad que dicen que se sostiene, que hemos denunciado que está, que está en el Zócalo de la ciudad de México y en otros lados del país, exigiendo respuestas a las problemáticas ecológicas.
Insisto, a nuestro juicio no exigimos respuestas, cuando menos exigimos información y queríamos comprobar que esta información existiera el conjunto de diputados; por lo que vemos, parece ser que a los diputados de la mayoría priísta tampoco les han informado sobre los contenidos que se están discutiendo en los acuerdos paralelos, porque no hemos encontrado las respuestas a nuestras interrogantes. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la Palabra el diputado Jesús Martín del Campo Castañeda, del partido de la Revolución Democrática, para referirse al mismo tema El Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda:
Con su venia Señor Presidente:
El otro gran tema de los acuerdos paralelos, como sabemos todos los diputados, es el asunto laboral.
A casi tres meses de haberse iniciado las negociaciones trilaterales de lo que se ha dado en llamar los acuerdos complementarios al Tratado de Libre Comercio en Materia Laboral y Ambiental, han aparecido barruntos de conflicto que colocan a la posición mexicana, según nuestro punto de vista, en desventaja, al estar urgido nuestro Gobierno de una negociación pronta que continúe alentando en la población mexicana, expectativas de un porvenir menos agobiante y casi dichoso .
El Tratado de Libre Comercio, se nos repite una y otra vez a través de los voceros oficiales del Gobierno mexicano, es uno de los instrumentos que este gobierno tiene para crear mejores condiciones de vida para los mexicanos, ya que generará un mayor número de empleos permanentes y bien remunerados.
El Tratado, continúa el discurso gubernamental, es parte de la política económica y de la política social del titular del Poder Ejecutivo, que busca alcanzar un crecimiento económico sostenible, que asegure también un medio ambiente sano. Lo que en verdad sucede sin embargo, es que no hay correspondencia entre lo que las versiones oficiales difunden y lo que se sostiene en la mesa de negociaciones por la parte mexicana. Para el grupo parlamentario del PRD, los términos en que se ha fijado el Tratado de Libre Comercio y su contenido, no hacen sino ceder soberanía a los Estados Unidos de América, ceden a las presiones del Gobierno de Estados Unidos y desoyen los cuestionamientos y las observaciones que sectores de la sociedad mexicana y de la oposición política hacemos.
Tampoco la aparente preocupación por el bienestar de la clase trabajadora se refleja en la propuesta mexicana, en la última, denominada Acuerdo de Cooperación de Materia Laboral en América del Norte, que el equipo negociador mexicano hiciera llegar en días pasados a sus contrapartes estadounidense y canadiense.
Según lo ha reportado la prensa nacional, a través de diversas emisiones, la dispuesta en torno a los acuerdos suplementarios gira alrededor de la intensión de Estados Unidos de que haya un mecanismo para que se impongan sanciones económicas a los países miembros del Tratado que violen las normas consignadas en ellos.
Herminio Blanco, subsecretario de Comercio y Fomento Industrial, lo expresaba de otra manera en su más reciente comparecencia ante el Senado, al explicar que las tres naciones habían acordado la creación de una comisión laboral para América del Norte y reconociera la existencia de un notorio desacuerdo en la naturaleza, estructura y competencia de dicha comisión, así como en los mecanismos de consulta y de solución de controversias. Si ello es así, las circunstancias de la negociación y las necesidades mismas de millones de trabajadores mexicanos del campo y de la ciudad, obligaban a nuestros negociadores, a presentar una propuesta de acuerdo en el ámbito laboral, sumamente completa y que no dejara lugar a dudas de que no hay una hipoteca tácita de la mano de obra mexicana, que se ha utilizado en la propaganda oficial desde el principio como la ventaja comparativa que tiene México.
También convendría que hubiera quedado claro, que no hay la intención de mantener el costo de la mano de obra mexicana a la baja, como un atractivo para la inversión extranjera, con la presión de una abundante oferta provocada por el desempleo que en nuestro país no ha disminuido en los últimos años y también por el crecimiento de la población que no tiene expectativas de empleo pleno en esta nación, dado el modelo seguido por el Gobierno mexicano.
Se trataba entonces de presentar una verdadera carta social, que incluyera el compromiso explícito de elevar paulatinamente los salarios de este lado de la frontera, instrumentos para atenuar los costos del desempleo en aquellas ramas no competitivas y propiciar un sistema de seguridad social de cobertura universal. Se requería llevar la negociación al terreno del respeto irrestricto de los derechos colectivos como la libertad de asociación, contratación y huelga; se necesitaba establecer la responsabilidad de los países más poderosos económicamente, de transferir recursos compensatorios para atender los requerimientos educativos de nuestra población, en la perspectiva de una capacitación profesional de largo plazo, orientada a elevar los índices de productividad global de los mexicanos.
Un acuerdo de estas características, demandaba incluir el libre tránsito de la mano de obra y el respeto de los derechos laborales de nuestros conciudadanos que decidan trabajar o se encuentren laborando en los países vecinos del norte y que suman varios millones.
En cambio, la propuesta mexicana es pobre, en relación al salario y al empleo, problemas torales en el México de hoy; sólo se acierta a formular en el preámbulo que los gobiernos de los tres
países, comparten el interés de garantizar a sus respectivas poblaciones mejores condiciones de trabajo, de vida y mayores y mejores oportunidades de empleo, pero siempre en la vaguedad, sin un compromiso concreto.
El artículo 1o. titulado Compromisos Generales, es a tal punto confuso que, después de establecer que las partes promoverán los derechos laborales, remite el preámbulo en donde se eleva a rango de derecho el incrementar la competitividad regional a partir de mayores niveles de productividad, calidad e innovación.
En el mismo artículo se ratifica el compromiso de las partes de hacer que se respeten los derechos laborales conforme a sus propias leyes y reglamentos, pero no se proponen mecanismos internos, convincentes para conseguirlo.
En nuestro país el asunto es particularmente grave ya que, como hemos documentado muchas veces en esta tribuna, la violación a la legislación laboral se ha convertido en una norma que se ha intensificado como norma de violación en este sexenio y su cumplimiento en uno de los requisitos para conseguir que los trabajadores, con o sin Tratado de Libre Comercio, ejerzan plenamente sus derechos frente a los cambios productivos que trae consigo la integración económica.
Por ahora hemos visto que el Gobierno cede y las autoridades laborales plenamente a las presiones de las compañías transnacionales, cuando se trata de despidos, cuando se trata de sacrificar a líderes sindicales que reclaman los mismos derechos, como es el caso de la Ford Cuautitlán, que recientemente hemos denunciado.
Por otro lado, en el apartado que detalla la Comisión para Asuntos Laborales de América del Norte, el citado documento plantea un criterio excluyente, al dejar fuera de sus instancias, que son comité ejecutivo, secretariado y consejos consultivos, a organismos profesionales, sociales y sindicales que no están encuadrados dentro del aparato corporativo del Estado mexicano, ni mantienen compromisos con el actual Gobierno, tal es el caso de las asociaciones de abogados laboralistas, la Red Mexicana de Acción frente al Acuerdo de Libre Comercio y de numerosos sindicatos de instituciones educativas y también en muchas empresas que no están organizados corporativamente en las centrales existentes.
En ese mismo orden de ideas, mueve a la duda, en el entendido de que avanzada la propuesta mexicana, saber como se validará la representatividad sindical, si con los padrones de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social o con las nóminas sindicales, habida cuenta de que el titular de esta dependencia ha puesto en tela de juicio en el pasado la membresía de una importante central obrera.
Un asunto de especial interés es el relativo a la solución de controversias, en la medida en que de ésta dependerá la reparación de violaciones a la normatividad laboral.
Lo primero que resulta inconsistente en la propuesta mexicana, es la condición de iniciar una consulta entre las partes, sólo a causa de que una parte deje de cumplir de manera persistente, sistemática e injustificada con sus leyes y reglamentos en materia de seguridad e higiene en el trabajo, lo que equivale, desde nuestro punto de vista, compañeros diputados, a condenar a la parte afectada a no poder demostrar nunca ese incumplimiento, a la manera en que ocurre en México con el derecho de huelga de los servidores públicos que estamos incorporados en el Apartado B, del artículo 123 constitucional, para ejercerlo porque se debe demostrar que se violan los derechos en forma general y sistemática y además los otros derechos que la ley les otorga.
De manera que por analogía, como aquí nunca se puede comprobar eso, sólo de hecho se puede ejercer el derecho de huelga y entonces pensemos en las grandes dificultades que habrá para solucionar controversias en el ejemplo que estoy mencionando.
El segundo aspecto es precisamente la indicación de dejar de cumplir las leyes y reglamentos en materia de seguridad e higiene, lo que es en los hechos limitado, sin hacer extensivas las controversias al incumplimiento de derechos como el de asociación, contratación colectiva, huelga y a todos aquéllos contemplados en las leyes respectivas, no se puede hablar de garantías en el ejercicio de los derechos.
Además mencionamos esto porque en Estados Unidos si se nos quiere aplicar la misma norma que allá existe, no se reconoce a los sindicatos, no está una ley laboral precisa, no se reconoce el derecho de huelga; al contrario, se reconoce la posibilidad de que haya rompehuelgas en todos los casos.
En tercer lugar, el procedimiento de consultas busca llegar a un acuerdo mutuamente satisfactorio pero en caso de desacuerdo únicamente se menciona la obligación del comité ejecutivo de la Comisión para Asuntos Laborales de América del Norte, de publicar un informe.
Sabemos que en materia de derechos humanos se publican los informes de cuántos muertos hay en este país y eso no significa que hay ninguna solución o esclarecimiento del caso. No se trata, entonces, sólo de publicar el informe, de que en los tres países se pueda violar sistemáticamente o no sistemáticamente los derechos de los trabajadores, sino de que haya mecanismos que regulen adecuadamente, sin atentar contra la soberanía, estos problemas y estas controversias.
Aquí el problema es vital: en caso de incumplimiento comprobado, ¿cuál será el costo para la parte que ha incumplido? O bien, si hay desacuerdo, ¿cómo será resuelta satisfactoriamente la consulta iniciada por la parte demandante?
Si subsiste la negativa de los negociadores mexicanos y de sus asesores, a incluir sanciones a los incumplimientos, tendrán que ofrecer alternativas confiables, para evitar que el procedimiento de consultas se convierta en un acto de simulación.
El largo expediente de violaciones a nuestra legislación laboral, permitida por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y tolerada por algunos representantes sindicales, es motivo suficiente para sospechar que detrás de la postura mexicana existe otro interés.
Por último, la ratificación de los derechos y obligaciones vigentes, en relación a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), contenida en la propuesta mexicana, es relevante.
Sin embargo, para ser coherente y demostrar que no será sólo un compromiso más, el Gobierno y las autoridades laborales deberían empezar por respetar el acuerdo 87 de la propia OIT, que establece la libertad sindical irrestricta. También deberían hacer explícita su decisión de signar el acuerdo 98 del organismo internacional, sobre contratación colectiva e invitar a Estados Unidos y Canadá, para que la secunden.
Ambos compromisos llevarían a eliminar los impedimentos legales que todavía subsisten en nuestro país, para ejercer a plenitud los derechos laborales que la Constitución mexicana consagra, como el sistema de apartados y el registro forzoso de las directivas sindicales.
Las negociaciones sobre los acuerdos paralelos continúan y todo indica que el Gobierno mexicano no está dispuesto a cambiar su dinámica.
Para nuestro Partido, el grupo negociador mexicano está atrapado en la lógica que él mismo aceptó, en el cuerpo de todo el tratado.
Por tal motivo, sin la reforma a los actuales términos del Tratado de Libre Comercio, no es posible esperar acuerdos laborales complementarios que recojan, de verdad, las demandas de los trabajadores mexicanos.
Sin incluir una carta social, que comprometa a los tres países a garantizar el bienestar de sus habitantes, poco se puede esperar de ello. Sin mecanismos de vigilancia real en el cumplimiento de las legislaciones respectivas, no son dignos de confianza.
La integración regional no tiene por qué sacrificar a los trabajadores y ése parece ser el propósito del equipo negociador de nuestro Gobierno. Muchas Gracias.
El Presidente:
Gracias, diputado Martín del Campo. Tiene el uso de la palabra el diputado Gil Mendoza Pichardo, del Partido Revolucionario Institucional, para referirse al mismo tema.
El diputado Gil Mendoza Pichardo:
Con su permiso Señor Presidente, compañeras y compañeros Diputados:
Mis compañeros de partido, que me han antecedido en el uso de la palabra, han hecho ya sus comentarios respecto a cómo vemos el Tratado de Libre Comercio, los acuerdos paralelos y sus avances. Me referiré exclusivamente al aspecto laboral como uno de los grandes temas en los acuerdos paralelos.
El Gobierno mexicano ha mantenido su postura respectos a estos temas, uno de ellos la no apertura del texto del Tratado, otro que los acuerdos paralelos no provoquen un proteccionismo, uno más, que no se violen la soberanía de los países involucrados.
Dentro de la propuesta del tema laboral, principalmente hecha por los Estados Unidos de América, ellos proponían entre sus temas un respeto a los derechos de los trabajadores. Sobre este tema ya hemos hablado en otras sesiones y hemos manifestado nuestro punto de vista que en esta ocasión voy a ratificar.
Existen en nuestro país el respeto a los derechos de los trabajadores. El respeto a lo que establece la Constitución General de la República donde se le otorga a los trabajadores el derecho de asociación, el derecho a redactar libremente sus estatutos, el derecho de solicitar ante la autoridad administrativa laboral su toma de nota ante el Registro de Asociaciones. El derecho que tiene también para solicitar una firma de un contrato colectivo de trabajo, el derecho también a formar sindicatos y coaliciones y un derecho que para nosotros es fundamental, que es el ejercicio del derecho de huelga.
Puede que haya y podemos considerar el hecho de que existan algunas cuestiones, que se de alguna anomalía. Pero definitivamente no podemos aceptar que se generalice.
Y prueba de ello, es que cada año en todo el país, se llevan a cabo ante las autoridades federales o locales, las autoridades de revisión salarial o contractual en su caso, donde las organizaciones sindicales discuten con sus empresas, con sus patrones, las condiciones económico - administrativas que van a regir en cada centro de trabajo. Y hay algunas que se resuelven por medio de la negociación y también hay algunas donde se ejercita el derecho de huelga.
Actualmente para ejemplificar que se respeta en nuestro país el ejercicio del derecho de huelga, podemos señalar el caso que actualmente nos ocupa que tiene más de 20 días suspendidas las actividades en una empresa de la industria hulera por violación a los derechos colectivos de los trabajadores.
Señalaba también en otra ocasión que la propuesta norteamericana era sobre protección a los menores y las mujeres. Mencionaba también que se encuentran contenidas en la legislación laboral, igual que la seguridad e higiene en los centros de trabajo...
El diputado Enrique Rico Arzate (desde su curul):
Señor Presidente.
El Presidente:
Dígame Diputado Rico.
El diputado Enrique Rico Arzate (desde su curul):
Señor Presidente: ¿Me permite el señor diputado una interpelación?
El Presidente:
¿Aceptaría usted la interpelación que le pretende formular el diputado Rico?
El diputado Gil Mendoza Pichardo:
Con todo gusto.
El diputado Enrique Rico Arzate (desde su curul):
Diputado Gil. Acaba usted de comentar algunos aspectos interesantes, por ejemplo me podría decir ¿en qué artículo de la Ley Federal del Trabajo está establecido el derecho, entre comillas "de toma de nota de las direcciones sindicales"?
Y por ejemplo usted acaba de ejemplificar el asunto del derecho a huelga. ¿Sabía usted que a los sindicatos universitarios se les acaba de rechazar este derecho de emplazamiento a huelga por aumento salarial?
El diputado Gil Mendoza Pichardo:
Diputado Rico: No le puedo comentar ahorita con exactitud el número del artículo que está previsto en la Ley Federal del Trabajo, pero sí le puedo asegurar que existe dentro de la normatividad laboral el derecho que tienen los trabajadores, cumpliendo los requisitos que la misma ley señala, para que acudan ante la autoridad laboral, en este caso es la autoridad administrativa, para que les otorgue su toma de nota y su registro con el que podrán ejercitar todas las acciones legales y en ese momento tienen reconocida por la autoridad laboral, su personalidad jurídica. Eso sí se lo puedo asegurar que está, y si me permite, al terminar mi intervención con todo gusto yo le hago llegar el texto de ese artículo.
Y discúlpenme, pero no tengo conocimiento del segundo punto que usted me señala.
Y volviendo, compañeros si ustedes me permiten, a los temas de las propuestas norteamericanas, existe la seguridad e higiene en los centros de
trabajo, con dificultades, con problemas propios donde existe una relación laboral, donde existe maquinaria que a veces ya se encuentra obsoleta o cuando existen nuevos sistemas de producción más modernos que se están implantando, donde los trabajadores van adquiriendo los conocimientos para poder utilizar y operar esta maquinaria o las condiciones de trabajo existentes, las mismas comisiones mixtas de higiene y seguridad son formadas por representantes de los empresarios y de los trabajadores que se registran ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y ellos tienen un programa anual que están vigilando que se le dé cumplimiento.
Ellos mismos tienen reuniones semanales y hacen las sugerencias para que se cumpla. Y el otro tema que se ha tratado mucho y que no voy a abundar en él, es la diferencia de los salarios. Entonces, con esto quiero profundizar que nuestra legislación laboral, nuestras leyes laborales de nuestro país, la Constitución de la República, como ordenamiento máximo que nos rige, ya lo contempla. Y que existen también el respeto a los derechos de los trabajadores.
Como decíamos, los temas de los acuerdos paralelos y el tema laboral no se encuentran concluidos, continúan las negociaciones, se han llevado a cabo reuniones entre las comisiones negociadoras de los tres países, la última reunión se verificó el 9 de junio pasado en Washington y a la fecha no existe un texto definitivo.
De estas reuniones, como aquí se ha dicho, se han logrado avances significativos y se buscan mecanismos de cooperación que sean aceptados por los tres países, pero sin desviarse de los principios que anteriormente he señalado como es lo que se refiere a un organismo supranacional que vigile la aplicación de la ley e imponga sanciones. Nosotros seguimos manteniendo nuestra posición de que no es aceptable que un organismo supranacional con estas facultades que entonces sí, consideramos nosotros que violaría nuestra soberanía y violaría los derechos de los trabajadores y lo que es más, nosotros tenemos y así lo han expresado los conocedores de estos temas de los demás países, de que tenemos más bien, una legislación avanzada y que supera en mucho a la legislación de los otros dos países.
Y por lo tanto y para concluir mi intervención, nosotros consideramos que ahora no es el momento de que se conozca, de seguir haciendo alguna especulación, si no tenemos, en cuanto al tema laboral me refiero, el texto definitivo una vez teniendo el texto definitivo que habrán de elaborar los negociadores de los tres países, podemos con todo gusto por parte de mi partido, expresar los comentarios que consideremos convenientes.
REPÚBLICA DE SOMALIA
El Presidente:
Pasando a otro tema se le concede el uso de la palabra al diputado Francisco Hernández Juárez, a nombre de los grupos parlamentarios que integran la LV Legislatura, para presentar un punto de acuerdo sobre los recientes acontecimientos en Somalia.
El diputado Francisco Hernández Juárez:
Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
He solicitado hacer uso de la palabra para comentar los graves acontecimientos que están ocurriendo en Somalia y al mismo tiempo para presentar un punto de acuerdo firmado por las diversas fracciones parlamentarias representadas en esta Cámara.
La Organización de Naciones Unidas nació con el noble propósito de contribuir al arreglo pacífico de los conflictos entre estados y de naciones, de propiciar el respeto de los principios del derecho internacional, como el derecho de no intervención y autodeterminación de los pueblos. El respeto a la independencia y a la soberanía de los estados.
La ONU, y su consejo de seguridad compañeros diputados, no han cumplido con este noble propósito. Hoy, la lucha por la paz, la lucha en contra del armamentismo ha tomado otro camino, el camino de la destrucción y no de la paz ni del desarme.
El Consejo de Seguridad a partir del hecho de que Estados Unidos de América se convirtió en la primera potencia militar del mundo, la mayoría de estados representados en ese organismo aprueban los actos de intervención que selectivamente propone el Gobierno norteamericano .Ahí están los casos más recientes de Yugoslavia, de Kuwait y ahora mismo, de Somalia, para no mencionar otros.
En 1990, se vitoreaba el fin de la guerra fría, pero poco duraron esos vítores, ahora existe guerra caliente en todas partes.
Con la desintegración de la URSS, desapareció El Tratado de Varsovia, pero no ocurrió así con la OTAN, que ahora mismo los Estados Unidos mantiene y sostiene como permanente amenaza en toda Europa y en cualquier parte de esa región y contra cualquier Estado que no se someta a sus designios.
Los Estados Unidos siguen su proyecto de dominio del espacio y hace enormes gastos militares; los negociantes de la muerte siguen hinchándose sus bolsillos vendiendo armas a todo el mundo. Para ello es que crean focos de guerra. Así lo hicieron en el Golfo Pérsico, en Pakistán; en Líbano, en Afganistán, Angola. Están metidos profundamente en el caso de Israel, que por más de 20 años han sostenido, a pesar de la resoluciones de esta organización.
El propio Gobierno norteamericano, a través de su ejército de elementos de la CIA, promueve problemas interétnicos para dividir naciones y enfrentar a pueblos, siempre busca la división de países y de naciones, es su táctica de dominación, porque saben muy bien, mientras más divididos estén los pueblos y las naciones, más se les facilita su dominio.
En el fondo de la política del imperialismo, esta el predominio en el mundo, que está dirigido no sólo contra países en vías de desarrollo, como México, sino también contra otros del sistema capitalista, desarrollados.
La lucha ahora está muchas veces contra esos "amigos" de ellos, países desarrollados, la lucha está en el comercio, el predominio de los mercados y que puede conducir en un momento dado a una guerra también.
Hoy Somalia está sufriendo la embestida brutal del imperialismo, pero tal parece autorizado por la ONU. Cosas raras que pasan en este mundo, con el predominio norteamericano.
Han destruido carreteras, ciudades, han matado niños, mujeres, han causado más víctimas que los que hubieran salvado si se hiciera, si se repartieran alimentos para salvar a muchos del hambre que les había dejado otro imperialismo, otras fuerzas también de explotación.
Por eso ante esta situación vengo a plantear a ustedes, compañeros, porque así ha sido la tradición democrática, progresiva en el campo del derecho internacional de México, un punto de acuerdo suscrito por las diversas fracciones parlamentarias que más adelante mencionaré.
El punto de acuerdo dice lo siguiente:
"La Cámara de Diputados de la LV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, manifiesta su profunda preocupación por los repetidos bombardeos indiscriminadamente llevados a cabo sobre la ciudad de Mogadishu, Somalia, en la que han perdido la vida mujeres y niños inocentes. Los ataques militares de las fuerzas de la ONU y que han afectado a la población civil, desvirtúan el propósito del acuerdo tomado por el Consejo de Seguridad de ir a ese país a proporcionar asistencia humanitaria y propiciar el arreglo pacífico del conflicto interno.
La Cámara de Diputados de México, exhorta a la ONU y a su Consejo de Seguridad, para que cesen de inmediato los ataques militares y se aboquen a propiciar el diálogo entre las partes involucradas para encontrar una solución negociada que dé fin al conflicto interno de Somalia y se retire lo más pronto posible de esa nación todo contingente militar extranjero.
Dado en la sala de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión a los 15 días del mes de junio de 1993."
Firman este punto de acuerdo: Por el PRI, diputado Rodolfo Becerril Straffon y Marco Antonio Haddad Yunes; por el PAN, Jorge Zermeño Infante; por el PRD, Ricardo Valero y Gilberto Rincón Gallardo; por el PFCRN, Manuel Terrazas Guerrero; por el PARM, Javier Colorado Pulido; por el PPS, Francisco Hernández Juárez, el que habla y, también firma el diputado José María Téllez. Muchas gracias, compañeros.
El Presidente:
Gracias Señor diputado.
Tiene la Palabra el diputado Jorge Zermeño, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, para rectificar hechos.
El diputado Jorge Zermeño Infante:
Gracias, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados: Firmamos este punto de acuerdo, por lo valioso que en sí tiene el hacer un llamado a la pacificación y a terminar con este baño de sangre inútil que se da, sobre todo en esta parte del mundo.
Sin embargo, quiero dejar perfectamente aclarado que no suscribimos el discurso, la exposición de motivos, con la cual se llegó a este punto de acuerdo. Hay una visión muy parcial en lo que aquí se ha venido a señalar y quiero dejar perfectamente establecido que nosotros suscribimos este punto de acuerdo porque nos interesa la autodeterminación de los pueblos, el respeto a su soberanía, el respeto a sus decisiones.
Nos interesa también que los pueblos encuentren a través del diálogo, a través de la justicia, un camino de paz y un camino de respeto.
Pero no suscribimos de ninguna manera lo que aquí se ha dicho como exposición de motivos de este punto de acuerdo. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, señor diputado.
No habiendo más oradores registrados y nadie quien pida el uso de la palabra, procedo a instruir a la Secretaria para que consulte, de manera económica, a la Asamblea de la Cámara, si es de aceptarse el punto de acuerdo propuesto hace un momento.
El Secretario Miguel Cuitláhuac Vázquez Hidalgo:
En votación económica, se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado el acuerdo, señor Presidente.
El Presidente:
Gracias señor secretario.
Continúe el señor secretario dando cuenta a la Asamblea sobre los asuntos que hay en cartera.
El secretario Luis Moreno Bustamante:
Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.
El Presidente:
Proceda a darle lectura al orden del día de la próxima sesión.
ORDEN DEL DÍA
El secretario Luis Moreno Bustamante:
«Segundo Período Ordinario de Sesiones.- Segundo año.- de la LV Legislatura.
Orden del día 17 de junio de 1993.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del CXXXII aniversario luctuoso del general Leandro Valle Martínez, tendrá lugar el 23 de junio en la rotonda de los Hombres Ilustres, Panteón Civil de Dolores, delegación Política Miguel Hidalgo, a las 11:00 horas.
Comunicación del Congreso del Estado de Jalisco.
Dictamen de primera lectura
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano doctor Alfonso Herrera Franyutti, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Solidaridad, que le confiere el Gobierno de la República de Cuba.
Dictámenes a discusión De la Cámara de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se autoriza al Ejecutivo Federal para emitir certificados de la Tesorería de la Federación.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Francisco Rojas García y Felipe Becerril Torres, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Celinda de la Luz Pintos Hernández y María del Rosario Ramírez Gómez, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México. Intervención del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para hacer
comentarios sobre el problema de los minusválidos en el Distrito Federal y en el Estado de México.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
El Presidente:
Se levanta la sesión (a las 16.05 horas) y se cita para la próxima que tendrá lugar el próximo jueves, 17 de junio, a las 10.00 horas.
NOTAS
Siglas y abreviaturas incluidas en esta edición:
Anaversa Agricultura Nacional de Veracruz, Sociedad Anónima
CIA Agencia Central de Inteligencia
COCEM Confederación de Obreros y Campesinos del Estado de México
CTC Confederación de Trabajadores Campesinos
CTM Confederación de Trabajadores de México
IFE Instituto Federal Electoral Inmecafé Instituto Mexicano del Café
OIT (Sin aclaración)
ONU Organización de las Naciones Unidas
OTAN Organización del Tratado del Atlántico Norte
PAN Partido Acción Nacional
PARM Partido Auténtico de la Revolución Mexicana Pemex Petróleos Mexicanos
PFCRN Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional
PPS Partido Popular Socialista
PRD Partido de la Revolución Democrática
PRI Partido Revolucionario Institucional Sedesol Secretaría de Desarrollo Social Sedue Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología
TLC Tratado de Libre Comercio
UPRES (Sin aclaración)
URSS Unión de la República Socialistas Soviéticas