Legislatura LV - Año II - Período Ordinario - Fecha 19930714 - Número de Diario 36
(L55A2P1oN036F19930714.xml)Núm. Diario: 36ENCABEZADO
LV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO de los DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Correspondiente al Segundo Período del Segundo Año de Ejercicio
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz
PALACIO LEGISLATIVO
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Héctor de Antuñano y Lora
AÑO II México, D.F., miércoles 14 de julio de 1993 No. 36
SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO
SUMARIO
ASISTENCIA
APERTURA
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
COMISIONES DE CORTESÍA
OPINIONES PARTIDISTAS
Expresan las de sus respectivos grupos parlamentarios, los diputados:
Hildebrando Gaytán Márquez
Samuel Moreno Santillán
Luisa Alvarez Cervantes
Rosa Albina Garavito Elías
Ernesto Gil Elorduy
AGRADECIMIENTO
El Presidente expresa su opinión respecto de la colaboración de los diputados y del personal administrativo.
CLAUSURA
ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN
DEBATE
Presidencia del diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz
ASISTENCIA
El Presidente:
Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados.
El secretario Miguel Cuitláhuac Vázquez Hidalgo:
Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 369 diputado, por lo tanto hay quórum.
APERTURA
El Presidente:
(A las 13.30 horas) Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El secretario Miguel Cuitláhuac Vázquez Hidalgo:
«Segundo Período de Sesiones Ordinario.- Segundo Año.- LV Legislatura.
Orden del día
14 de julio de 1993.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comisiones de cortesía.
Intervenciones a nombre de las fracciones parlamentarias que integran la Cámara de Diputados.
Declaratoria de clausura de labores de la honorable Cámara de Diputados del segundo período ordinario de sesiones del segundo año de la LV Legislatura.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El Presidente:
En virtud de que se entregaron copias del acta de la sesión anterior a los grupos parlamentarios, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura.
El secretario Miguel Cuitláhuac Vázquez Hidalgo:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura.
«Acta de la Sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el día trece de julio de mil novecientos noventa y tres, correspondiente al segundo período de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.
Presidencia del diputado Romeo Flores Leal
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las doce horas con veintiocho minutos del día trece de julio de mil novecientos noventa y tres, con una asistencia de trescientos sesenta y seis diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
Desde su curul, la diputada Liliana Flores Benavides, solicita que se dé lectura al acta de la sesión anterior y el Presidente otorga el uso de la palabra al diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista, quien impugna el orden del día, aduciendo que no se puede dar lectura ni aprobarse ese documento, pues la sesión del día doce de julio de mil novecientos noventa y tres no ha terminado.
Para rectificar hechos, sube a la tribuna la diputada Liliana Flores Benavides, del Partido de la Revolución Democrática, quien retira su proposición de que se lea el acta de la sesión anterior y apoya la opinión del preopinante.
Para sumarse a lo dicho por el diputado Amezcua Dromundo, rectificar hechos o contestar alusiones personales, se concede el uso de la palabra a los diputados: Martín Tavira Urióstegui, del Partido Popular Socialista; Jorge Tovar Montañez, del mismo Partido y Javier Centeno Avila.
Desde su curul, el diputado Fidel Herrera Beltrán propone una moción de orden; el Presidente
hace aclaraciones respecto al acta de la sesión anterior; el diputado Amezcua Dromundo, también desde su curul, afirma que no hay acta de la sesión anterior, pues no se puede levantar un acta de una sesión que no ha terminado y el diputado José Alaniz Alaniz, solicita que se aplique el artículo treinta del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Para rectificar hechos sobre este mismo tema, suben a la tribuna los legisladores Patricia Ruiz Anchondo, del Partido de la Revolución Democrática; Manuel Terrazas Guerrero, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Guillermo Flores Velasco, del Partido de la Revolución Democrática, quien propone una reunión de coordinadores de los diversos grupos parlamentarios; Fidel Herrera Beltrán, del Partido Revolucionario Institucional; José Alaniz Alaniz, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista, quien contesta a una interpelación del diputado López Sánchez y Tomás Osorio Avilés, del Partido Revolucionario Institucional.
Se produce desorden en la sala por las solicitudes, aclaraciones y explicaciones de diversos diputados desde sus respectivas curules y el diputado Bejarano Martínez propone una moción de orden, sube a la tribuna para solicitar que se releve al Presidente en funciones y es interrumpido por una moción de orden del diputado Fernández Tomás, quien solicita que las proposiciones se sometan a votación.
Solicitan y se concede el uso de la palabra, para rectificar hechos, a los diputados: Eloy Vásquez López, del Partido de la Revolución Democrática; Miguel González Avelar, del Partido Revolucionario Institucional, quien contesta una interpelación del diputado Vásquez López; Rosa Alvina Garavito Elías, del Partido de la Revolución Democrática; Manuel Terrazas Guerrero, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Jesús Martín del Campo Castañeda, del Partido de la Revolución Democrática; Juan de Dios Castro Lozano, del Partido Acción Nacional, para fundamentar la posición de su grupo parlamentario; Patricia Ruiz Anchondo, del Partido de la Revolución Democrática.
El Presidente intenta continuar con la sesión y, desde sus curules proponen mociones de orden los diputados Garavito Elías, Martín del Campo, Vásquez López y Ruiz Anchondo, por lo que se concede el uso de la palabra a los diputados Carlos González Durán, del Partido de la Revolución Democrática; Eloy Vásquez López, del Partido de la Revolución Democrática y Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista, quien solicita que se haga el registro de oradores a fin de discutir la impugnación que él mismo hizo respecto del orden del día.
El Presidente hace diversas aclaraciones y desde su curul, el diputado Terrazas Guerrero propone una moción de orden y el diputado Amezcua Dromundo explica que su impugnación se refiere al orden del día que, según su dicho, no es legal por no haber concluido la sesión a la que se refiere.
El Presidente da lectura al registro de oradores y concede el uso de la palabra a los diputados Emilio Becerra González, del Partido de la Revolución Democrática, en pro de la impugnación; Fidel Herrera Beltrán, del Partido Revolucionario Institucional, quien contesta a una interpelación del diputado Vásquez López; Eloy Vásquez López, para contestar alusiones personales; Martín Tavira Urióstegui, del Partido Popular Socialista, en pro de la impugnación; Eberto Croda Rodríguez, quien declara que como Presidente en funciones durante la sesión del día doce, puede afirmar que todo lo que se realizó fue legal y apegado a los reglamentos y contesta a una interpelación de la diputada Ruiz Anchondo.
Para rectificar hechos, solicitan y se concede el uso de la palabra a los diputados Emilio Becerra González, Francisco Saucedo Pérez, del Partido de la Revolución Democrática y Enrique Rico Arzate, del Partido de la Revolución Democrática.
El Presidente hace diversas aclaraciones respecto a los trámites y el diputado Manuel Terrazas Guerrero, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, hace uso de la palabra para retirar algunas palabras de su compañero de grupo parlamentario, Eberto Croda Rodríguez y apoyar las decisiones del Presidente en funciones el día doce.
Se concede el uso de la palabra, para rectificar hechos, a los diputados Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática; Javier Centeno Avila; Manuel Terrazas Guerrero, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Juan Cárdenas García, del Partido Popular Socialista y Juan Rodríguez Prats, del Partido Revolucionario Institucional, en contra de la impugnación al orden del día, presentada por el diputado Amezcua Dromundo.
En votación económica, la Asamblea desecha la proposición y queda vigente el orden del día.
Para rectificar hechos al respecto, hacen uso de la palabra los diputados Jorge Calderón Salazar quien afirma que su solicitud de que la votación se hiciera nominal, fue hecha antes de que se iniciara la votación económica y acusa al Presidente de violar el Reglamento; Manuel Díaz Infante, del Partido Revolucionario Institucional; Elpidio Tovar de la Cruz, del Partido de la Revolución Democrática y Juan Campos Vega, del Partido Popular Socialista.
Desde su curul, el diputado Fernández Tomás, propone una moción de orden y suben a la tribuna, para rectificar hechos, los diputados Gustavo Carbajal Moreno, del Partido Revolucionario Institucional y Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, quien informa que ya ha sido entregada la solicitud de remoción del Presidente en funciones, por violaciones al Reglamento.
El Presidente solicita a la Secretaría que continúe con el orden del día y la Asamblea dispensa la lectura al acta de la sesión anterior.
Sube a la tribuna el diputado Jesús Martín del Campo Castañeda, quien impugna el acta a la que califica de no válida por estar en el mismo caso del orden del día ya aprobado por la Asamblea.
Desde su curul, el diputado Jorge Calderón Salazar, interrumpe al orador para recordar al Presidente que antes debe desahogarse la solicitud de remoción presentada por su Partido, conforme al artículo veintidós del Reglamento.
El Presidente hace diversas aclaraciones y la Secretaría da lectura al artículo reglamentario mencionado, así como del ciento nueve, a solicitud del diputado Osorio Avilés, quien es interrumpido por el diputado Calderón Salazar, quien informa de los nombres de los diputados que se inscriben para apoyar la solicitud de remoción.
El Presidente, otorga el uso de la palabra, para referirse a la solicitud de remoción de él mismo, presentada por el Partido de la Revolución Democrática, a los diputados Elpidio Tovar de la Cruz, del Partido de la Revolución Democrática, en pro; Cecilia Soto González, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en contra; Rosa Alvina Garavito Elías, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos; Jorge Calderón Salazar, del
Partido de la Revolución Democrática, en pro y Cecilia Soto González, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para rectificar hechos. A solicitud del diputado Jorge Calderón Salazar, la Secretaría recoge la votación nominal respecto a la remoción, misma que resulta contraria por veintiocho votos en favor y trescientos ocho en contra, de un total de trescientos cuarenta y cuatro diputados presentes.
El Presidente agradece a la Asamblea el voto de confianza y concede el uso de la palabra a la diputada Patricia Ruiz Anchondo, del Partido de la Revolución Democrática, quien impugna el acta de la sesión anterior y contesta interpelaciones de las diputadas Alvarez Cervantes y Cano Conde.
Suben a la tribuna, para referirse a la impugnación del acta de la sesión anterior, los diputados Agustín Basave Benítez, del Partido Revolucionario Institucional, en pro y Jesús Martín del Campo Castañeda, del Partido de la Revolución Democrática, en contra.
La Asamblea considera suficientemente discutida el acta y en votación económica se aprueba.
Se da cuenta con una invitación del Departamento del Distrito Federal, al acto cívico conmemorativo del décimo cuarto aniversario luctuoso del licenciado Gustavo Díaz Ordaz, ex Presidente de la República. Se designa Comisión para representar a la Cámara de Diputados.
Una comunicación del Congreso del Estado de Oaxaca, por la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
El Presidente informa que a las puertas del salón se encuentra el ciudadano Francisco Alberto Rabelo Cupido, electo diputado suplente en el primer distrito electoral del Estado de Tabasco y designa una comisión para introducirlo y acompañarlo en el acto de protestar como diputado federal. Terminado el acto protocolario, el diputado Rabelo Cupido entra en funciones de inmediato.
Se da cuenta con una proposición de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, con la que propone un punto de acuerdo en el que se le faculta para designar comisiones, delegaciones y representaciones, en el territorio nacional y en el extranjero, durante el segundo receso del segundo año de ejercicio de la quincuagésima Legislatura. En votación económica se aprueba.
Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista, quien se refiere a palabras pronunciadas por el diputado Miguel González Avelar durante una de sus intervenciones y solicita que se retiren algunas de ellas.
Para rectificar hechos, sube a la tribuna el diputado Miguel González Avelar, del Partido Revolucionario Institucional, quien explica su intervención y retira esas palabras.
Un oficio de la Cámara de Senadores, por el que se invita a la sesión solemne en la que se impondrá la medalla Belisario Domínguez. Se designa orador y comisión representante de la Cámara de Diputados.
Se concede el uso de la palabra al diputado Ricardo Valero Recio Becerra, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta iniciativa de adiciones a la fracción décima del artículo ochenta y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Se somete a discusión un dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Saniel Leyva y Santiago, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de Bélgica. En votación económica se aprueba y se turna al Senado de la República para los efectos constitucionales.
Presidencia del diputado Francisco Hernández Juárez
En virtud de que el dictamen de la Comisión de Comercio, con proyecto de Ley de Comercio Exterior, ha sido impreso y distribuido entre los señores diputados, la Asamblea le dispensa la segunda lectura y para la discusión en lo general y en lo particular, se concede el uso de la palabra a los diputados; Pedro Medina Pérez, del Partido Popular Socialista, en contra; Cecilia Soto González, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien informa que su Partido no votará este dictamen; Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; José Ramos González, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en contra; Adrián del Arenal Pérez, del Partido Acción Nacional, en pro; José Treviño Salinas, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, para solicitar que se incluya en el Diario de los Debates un documento y proponer reformas a los artículos cuatro, cinco, seis, cuarenta, cuarenta y cinco, cincuenta y siete y noventa y dos bis, y aceptar una interpelación de la diputada Soto González; José Ramos González, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, para informar que su grupo parlamentario cambia el sentido de su voto y votará en pro.
Presidencia del diputado Romeo Flores Leal
En sendas votaciones económicas se desechan las proposiciones hechas durante el debate y la Secretaría recoge la votación nominal, misma que resulta aprobatoria por trescientos cuarenta y nueve votos. Pasa al Poder Ejecutivo Federal, para los efectos constitucionales.
Por acuerdo de los coordinadores de los grupos parlamentarios, se concede el uso de la palabra a la diputada Silvia Pinal Hidalgo, quien se refiere a la Convención de Ginebra en materia de leyes de intérpretes.
Por las mismas razones que el anterior dictamen, la Asamblea dispensa la segunda lectura al dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga, diversas disposiciones de la Ley del Mercado de Valores.
Debaten al respecto, los diputados: Héctor Ramírez Cuéllar, del Partido Popular Socialista, en contra; Cecilia Soto González, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para fundamentar el voto de su grupo parlamentario; Tomás Correa Ayala, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en contra; Jesús Martín del Campo Castañeda, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Arturo Torres del Valle, del Partido Acción Nacional, en pro y hace una proposición de reforma al segundo párrafo del artículo once; Jorge Flores Solano, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Eloy Vásquez López, del Partido de la Revolución Democrática, para proponer diversas reformas a los artículos catorce, diecisiete, veintidós, treinta y uno, cincuenta, ciento cuatro, ciento cinco, ciento seis, ciento siete, ciento ocho, ciento nueve, ciento diez y ciento once; Jorge Calderón Salazar, del mismo Partido, en contra; Juan José Rodríguez Prats, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones, para apoyar el dictamen y Eloy Vásquez López, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos.
La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen y la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por trescientos diecisiete votos. Pasa al Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.
Para continuar con el orden del día, se realiza la elección de los diputados miembros de la Comisión Permanente y sus sustitutos. Después del escrutinio correspondiente, quedan electos, por doscientos setenta y siete votos, los diputados propietarios Rodolfo Becerril Straffon, Fernando Lerdo de Tejada, Pedro Ojeda Paullada, Mario Fernández del Valle, Javier Guerrero García, Laura Alicia Garza Galindo, Juan Moisés Calleja García, Javier Garduño Pérez, Alejandro Nieto Enríquez, María Esther Scherman Leaño, María Luisa Urrecha Beltrán, Juan de Dios Castro Lozano, Diego Fernández de Cevallos Ramos, Manuel Rivera del Campo, Cristóbal Arias Solís, Eloy Vásquez López, Alberto Carrillo Armenta, Cecilia Soto González y Juan Campos Vega.
Como sustitutos los diputados Francisco Arroyo Vieyra, Héctor Ortiz Ortiz, Joaquín Hendricks Díaz, Amado Treviño Abatte, Enrique Sada Fernández, Victoria Reyes Reyes, Alfonso Godínez López, José Treviño Salinas, Enrique Jacob Rocha, Trinidad Reyes Alcaraz, Francisco Gárate Chapa, José de Jesús González Reyes, Gilberto Zapata Frayre, Marco Antonio García Toro, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, Alejandro Luévano Pérez, Israel González Arreguín, Francisco Laris Iturbide y Juan Cárdenas García.
El Presidente hace la declaratoria correspondiente e informa que en curso de la sesión se recibió un oficio de la Segunda Asamblea de Representantes del Distrito Federal, con el que envían iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de los Tribunales de Justicia del Distrito Federal. Se turna a la Comisión de Justicia.
Para referirse a la situación de trabajadores petroleros, hacen uso de la palabra los diputados Luis González Pintor, del Partido Acción Nacional, quien solicita que se haga una excitativa a las comisiones a las que se turnó su denuncia del trece de mayo de mil novecientos noventa y tres; Jorge Tovar Montañez, del Partido Popular Socialista y Juan Moisés Calleja García, del Partido Revolucionario Institucional. El Presidente hace la excitativa y turna los documentos de esta sesión a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Para hacer una denuncia sobre compañías gaseras en Tijuana, Baja California, hace uso de la palabra el diputado Jorge Esparza Carlos. Se turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
Se concede el uso de la palabra al diputado Gonzálo Cedillo Valdés, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien declina y solicita que el texto de su intervención se incluya en el Diario de los Debates, lo que así ordena el Presidente.
Para referirse a la política exterior del presidente de los Estados Unidos de América, hace uso de la palabra el diputado Francisco Hernández Juárez, del Partido Popular Socialista.
Hace uso de la palabra el diputado Pablo Emilio Madero Belden, quien presenta un proyecto de Ley Electoral que se turna a la Comisión Plural para la Consolidación de la Democracia Electoral.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las tres horas con treinta y cinco minutos del día catorce de julio de mil novecientos noventa y tres, citando para la que tendrá lugar hoy mismo a las once horas.»
El Presidente:
Ruego a la Secretaría poner a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior. Si algún diputado desea hacer observaciones a la misma, sírvase manifestarlo.
El secretario Miguel Cuitláhuac Vázquez Hidalgo:
Está a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior. ¿Hay algún diputado que desee hacer observaciones a la misma?
Se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada el acta, señor Presidente.
COMISIONES DE CORTESÍA
El Presidente:
La mesa directiva, con fundamento en el artículo 11 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, designa las comisiones de cortesía para participar que la Cámara de Diputados cerró su segundo período ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la LV Legislatura.
Para participar al Presidente de la República, se designa a los siguientes diputados: María de los Ángeles Moreno Uriegas, Diego Fernández de Cevallos, Alberto Carrillo Armenta, Rodolfo Becerril Straffon, Luis Alvarez Cervantes, Angel Aguirre Rivero, Moisés Armenta Vega, Benjamín Avila Guzmán, Jesús Bazaldúa González, Israel Beltrán Montes, Juan Moisés Calleja García, Odilón Cantú Domínguez, Eberto Croda Rodríguez, Víctor Díaz Palacios, Blanca Ruth Esponda Espinosa, Marco Antonio Fajardo Martínez, Romeo Flores Leal, Manuel Garza González, César Jáuregui Robles, Francisco Laris Iturbide, Benjamín López Aguirre, Alfredo Lujambio Rafols, Julieta Mendívil Blanco, Manuel Medellín Milán, Gil Mendoza Pichardo, Melquiades Morales Flores, Jaime Olivares Pedro, Guillermo Pacheco Pulido, Irma Piñeiro Arias, Javier Rangel Hernández, Cuauhtémoc Rojas Guajardo, Roberto Ruiz Ángeles, Arturo Saavedra Sánchez, José Salinas Navarro, Manuel Terrazas Guerrero y Juan Ramiro Robledo Ruiz.
También a todos los integrantes de la Gran Comisión, a los presidentes de comisiones y comités que deseen asistir.
Para participar lo mismo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta Mesa Directiva designa a los siguientes diputados: Javier Colorado Pulido, Hugo Arce Norato, Jesús Berrospe Díaz, Juan Cárdenas García, Sara Cruz Olvera, Diego Fernández de Cevallos, Carlos González Durán, Cupertino Juárez Gutiérrez, Armando Leal Ríos, Jorge Vinicio Mejía Tobías, Gil Mendoza Pichardo, Juan Morales Salinas, Oscar Nieto Burciaga y Jesús Ramírez Guerrero.
OPINIONES PARTIDISTAS
El Presidente:
Para la intervención por parte de los partidos políticos, acostumbrada en la última sesión de un período de ejercicio de la Legislatura, han pedido el uso de la palabra los siguientes diputados: Hildebrando Gaytán Márquez, Samuel Moreno Santillán, Luisa Alvarez Cervantes, Rosa Albina Garavito Elías, José Ernesto Gil Elorduy.
En tal razón, se concede la palabra al diputado Hildebrando Gaytán Márquez.
El diputado Hildebrando Gaytán Márquez:
Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:
En el momento de concluir un período más de sesiones de esta LV Legislatura, es pertinente esta reflexión:
En nuestro papel como representantes de la nación, como se dijo aquí varias veces, como representantes del pueblo, ¿cuál ha sido el valor del trabajo que se ha desarrollado? ¿Hasta qué punto las leyes que se han votado van a beneficiar a este pueblo que representamos?
La propia palabra "Pueblo", hoy en día seguramente que tiene un gran significado, porque las iniciativas que se han dictaminado, que se han aprobado, enviadas casi en su totalidad por el Ejecutivo, se enmarcan dentro de esta concepción económica, filosófica, ideológica del neoliberalismo. Y qué paradógico porque no hay seguramente algo más antitético a la categoría de pueblo en toda la connotación histórica, filosófica y jurídica, elaborada en nuestro país, que precisamente el neoliberalismo.
El pueblo es ciertamente el conjunto de los ciudadanos, jurídicamente, pero el pueblo precisamente como conjunto de los ciudadanos constituye una categoría nueva, lo colectivo, lo totalizante en esta nación, por lo cual reclama también respuestas globales, respuestas colectivas, reclama proyectos nacionales, todo lo cual, dentro de esta teoría neoliberal aparece como algo ajeno.
Las iniciativas en materia económica, las iniciativas de carácter social como ésta reciente que trata sobre la vivienda, tan injusta como fue aprobada para el pueblo. La Ley sobre Puertos, para no mencionar sino algunas, todas en realidad enclavadas en esta óptica neoliberal y por lo cual ha llevado el voto negativo del PPS, pensamos que no van a beneficiar al pueblo en sus condiciones de vida, de progreso y de desarrollo nacional, pero este neoliberalismo, claro, aparecido teóricamente hace unas décadas y aplicado en forma drástica en los últimos años y presentado hace tres, cuatro años como la única estrategia y la única oportunidad que según esta tesis tiene la humanidad para poder avanzar, para poder vivir.
Se pusieron en su tarjeta de presentación como si fuese la teoría, la práctica política, la forma
de vida única y con el carácter de eterno que se le presenta a la humanidad, porque falsamente se dice: no hay ninguna otra alternativa; para exaltar al individuo como lo ha hecho y denostar al Estado al que ha culpado de todos los males que ha padecido la humanidad y precisamente en los tiempos actuales.
Y para presentar junto con esta concepción, reformas drásticas en lo económico, en el sistema jurídico, que sólo han llevado a condiciones más injustas en las metrópolis, en los países industrializados, capitalistas y para los países como el nuestro, en vías de desarrollo, no solamente a que pierda perfiles históricos de nación, sino a caer en una subordinación difícil de repuntar si esto continúa.
Pero ésas son las consecuencias que ya están a la vista, con este sistema político, económico que se da el lujo de querer presentarse como la única, inevitable opción para la humanidad.
¿Pero qué ha aportado el neoliberalismo ya en estos pocos años y más aún en nuestro país? Las estructuras económicas y sociales más inequitativas, injustas y excluyentes que las que han existido dentro del mismo capitalismo; desequilibrios externos y mayor dependencia que la que existía con el capitalismo como lo vivíamos antes de que se presentara esta alternativa. Financiamiento incierto especulativo que ha concentrado la riqueza, que ha detenido el crecimiento económico y llevado a niveles de mayor pobreza al pueblo mexicano. Eso es el neoliberalismo y toda doctrina político - económica se le conoce de inmediato por los frutos sociales que aporta, y que no nos digan los neoliberales que será dentro de algunos años cuando se consoliden estas estructuras, cuando se van a ver los frutos para el pueblo, porque ésa es la ilusión que siempre han presentado como engaño todas las teorías que vienen a explotar al pueblo y a impedirle su desarrollo pleno con acceso a los bienes materiales y culturales.
Por supuesto que no concluyen estas consecuencias negativas y perjudiciales del neoliberalismo en lo que se refiere a la vida social y económica. Establecen criterios en el orden ideológico y filosófico por más que en el primero de éstos pretendan carecer de ideología.
Para el Partido Popular Socialista el fondo de la batalla ideológica en el México contemporáneo, es precisamente ésta, a favor o en contra del neoliberalismo. A favor, cruzando los brazos cerrando los ojos y ser cómplices pasivos para que esta ideología predomine o bien levantar la voz, detener sus medidas, ofrecer soluciones diversas y diferentes al pueblo y a la nación, para que pueda caminar por una vía diferente. Este es el fondo de la batalla ideológica, porque el imperialismo ha utilizado ahora esta forma de neoliberalismo no solamente para entronizarse y ocupar el predominio en lo económico y en la vida política de México, sino con esa ideología para destrozar los aspectos que nos han identificado como nación. Aquellos otros rubros de contenido ideológico cultural que mantienen a los pueblos y que le dan vida porque aportan expectativas y esperanzas.
Para el neoliberalismo lo único válido es lo práctico y por lo tanto carecen de razón los contenidos ideológicos, doctrinarios, sean del contenido que sean y por supuesto que quedan los pueblos completamente en el papel más indefenso, cuando empiezan estas agresiones neoliberales en lo que es su historia, en lo que es su forma de ver el mundo y la vida que cada pueblo se ha forjado precisamente por las experiencias, por las luchas y por todos los contenidos que ha venido creando.
Por esta razón señores diputados, en esta Cámara también se llevaron a efecto dos tipos de trabajo que calan ya en esta fase superior de la agresión neoliberal. Me refiero al aspecto educativo y al aspecto político. En éste último, en el aspecto político, la Comisión Plural trabajó durante largas y muchas sesiones, sin haber llegado a una conclusión y naturalmente que este trabajo se pospone y continúa en los días inmediatos. En el aspecto educativo se vio y se discutió aquí la Ley General de Educación. Estos temas educativo y político son importantes porque a diferencia del aspecto económico en que se redistribuye de una manera injusta la riqueza y se concentra la propiedad de los medios de producción en una minoría, en donde mediante una correlación de fuerzas y lucha del pueblo, puede esto reconquistarse en forma positiva para el pueblo y la nación. Sin embargo, el lado político y educativo son más delicados porque conducen, el educativo a la formación de la conciencia que pretende esta doctrina neoliberal forjar en las nuevas generaciones para poder adecuarlas a este sistema de vida y por el lado político la posibilidad, pretensión del neoliberalismo, de que lo que ha avanzado en el terreno económico, pueda mantenerlo, consolidarlo y garantizarlo para los años siguientes, mediante una reforma política que le dé esta preminencia en el dominio y dirección de la nación, a la minoría enriquecida, claro, por medio de los partidos que sirven a esos intereses.
Afortunadamente es bueno considerar que por el lado educativo el contenido filosófico, social,
ideológico del artículo 3o. constitucional, se mantiene en los términos en que fue estructurado desde 1946, y que pese a las reformas que se le han hecho, este contenido subsiste y constituye un valladar para poder detener a las concepciones neoliberales y los demás aspectos del ámbito de la democracia o de la formación política, cultural, del pueblo mexicano. Y a pesar de que hubo retrocesos con relación a la Ley de Educación anterior, en esta nueva Ley General de Educación, es también significativo tomar en cuenta que fue motivo de reformas importantes, aquí en esta Cámara, y que esa reforma tuvo un peso importante, la movilización de los maestros y esto abre un hecho muy importante que hay que considerar. La movilización, la respuesta, la propuesta, la voz de los sectores a los que afecta una Ley, cuando a tiempo pueden movilizarse y puede la Cámara ser sensible a estas inquietudes y actuar en consonancia.
Claro que de todas maneras hubo retrocesos en esta Ley General de Educación, pero el tronco de los principios sociales establecidos en la Carta Magna por la lucha de la Revolución Mexicana, pese a los hachazos que ha recibido, todavía es fuerte para que podamos asirnos de él y detener esta embestida neoliberal.
Compañeros diputados:
La reforma política que está a discusión, puesto que no hay ninguna decisión tomada al respecto, como se previó desde el principio en cuanto a que pudieran los partidos llevar a un consenso, llegar a puntos de afinidad, está a discusión y lo que hay son, diversas propuestas, sí y propuesta es, así se ha dicho, susceptible de discusión y reformas, la misma que presentó el Partido Revolucionario Institucional.
Y claro está que esa propuesta del partido gobernante debe modificarse. ¿Qué significaría llevar al plano jurídico y a la vida práctica la propuesta exactamente en los términos en que fue presentada por el Partido Revolucionario Institucional? Significaría llevar al plano de lo político, un obstáculo enorme para la vida democrática y para la solución misma de los problemas del pueblo; porque sería entrar por la vía del bipartidismo, que en las condiciones de una sociedad desigual, de una sociedad dividida en clases sociales diferentes, la preeminencia de dos partidos en la vida política, de dos partidos con la misma orientación, significa ni más ni menos que el fin de las expectativas del pueblo para salir de sus problemas. Porque sería atender a los reclamos del partido de la derecha, de Acción Nacional, en ese bipartidismo, en esa preeminencia en los órganos del poder público, apoyado ahora en la fuerza económica que ha centrado una minoría en el poder también del clero y nos conduciría no a una democracia, sino a establecer una plutocracia en nuestro país.
El gobierno de los ricos, el gobierno al servicio de esas 14 ó 15 grandes corporaciones que hoy por hoy están creciendo y dominando en la economía nacional, gracias al apoyo que tienen de esta política tecnocrático neoliberal y del capital norteamericano.
Tiene que verse exactamente así cualquier reforma política. ¿A dónde va a conducir al pueblo y qué porvenir, qué rumbo le quedaría a nuestro pueblo y a nuestra nación?
Hay otros aspectos de la reforma política sumamente importantes. El que se refiere a la oportunidad que deben dar los medios de comunicación para el desarrollo de los partidos y de las campañas políticas.
¿Por qué es importante? Porque, como lo han dicho teóricos de la democracia de cualquier color, de cualquier ángulo político que han enfocado el desempeño democrático, han considerado como un requisito para la democracia el que exista en los ciudadanos una comprensión ilustrada, esos son los términos técnicos en que han identificado este requisito.
¿En qué consiste? En que para que el ciudadano pueda tomar una decisión política debe tener toda la oportunidad adecuada, suficiente y en términos igualitarios sobre lo que piensa y ofrece cada partido político para poder formularse un juicio personal y poder optar y decidir por cuál partido ofrece su voto.
Aquí se amarra, por lo tanto que exista por parte de los medios de comunicación la oportunidad de que todos los partidos, en términos equitativos, divulguen sus programas y plataformas para que el ciudadano pueda conocer todas las opciones que tiene y ejercer el voto.
Si no hay este espectro ante la opinión pública en ese carácter, se señala que la democracia no puede considerarse como una democracia efectiva, porque hoy en día los grandes poderes económicos y de comunicación cuando dan lugar a la presencia de uno o dos partidos o aquéllos que simplemente están con el suficiente apoyo económico para utilizar estos medios, la libertad de elegir se pierde y realmente no opera en los ciudadanos y la democracia queda en el aspecto
formal, en el aspecto de poder formularse una decisión para el voto, queda diluida, de hecho deja de existir y es una farsa entonces la democracia considerada evaluada en los términos en que sí debería existir.
Tenemos nosotros en la Constitución, por la lucha del pueblo mexicano, un concepto de la democracia, un concepto que el neoliberalismo no acepta, porque para el neoliberalismo la democracia debe limitarse al aspecto formal de la elección y no tener absolutamente ningún compromiso, ninguna liga con los aspectos económicos - sociales y aquéllos que exigen una redistribución de la riqueza.
En base a este concepto constitucional, el Partido Popular Socialista lucha, en base en este concepto de la democracia mexicana lucha y formula y seguirá formulando ante las entidades para la discusión de la reforma política, sus propuestas al respecto.
El Partido Popular Socialista, partido histórico por cuanto a que se afirma en la corriente histórica de las luchas revolucionarias de nuestro pueblo, por cuanto a que tiene un perfil y una ideología, un programa, claros respecto a la organización de la sociedad y de la nación, lucha en esta Cámara, seguirá luchando ante el pueblo, seguirá proponiendo propuestas y llamando a otras fuerzas democráticas para que le demos al Gobierno y al Estado mexicano exactamente los perfiles de una democracia nacional y no los que esta oleada neoliberal quiere imponer, que son los del pensamiento de una plutocracia y de una corriente histórica que no ve por el desarrollo, por el acceso a los bienes materiales y culturales para todo el pueblo de México.
Por este Gobierno de nueva democracia que sirva a la nación y al pueblo es por lo que el PPS en este período se ha opuesto a estas medidas neoliberales y seguirá enrumbando con otras fuerzas hacia ese porvenir democrático, justo, de progreso social, de soberanía plena por la que ha luchado el pueblo de México. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra el diputado Samuel Moreno Santillán.
El diputado Samuel Moreno Santillán:
Con su venia, señor Presidente; honorable Asamblea:
Concluye hoy el segundo período de sesiones, segundo tercio de la vida de esta LV Legislatura en el marco de una etapa vital para la vida política, social, económica y cultural de nuestro gran país, donde los esquemas y actores de nuestro devenir histórico no pueden quedarse estáticos ante los cambios incesantes y vertiginosos en la consecución de nuestro proyecto de nación que ha exigido abordar directa, frontal y responsablemente la intrincada problemática y expectativas que enmarcan la inserción de México en el concierto de las naciones.
Dentro de este marco de nuestras libertades, obligaciones y derechos y en la concepción democrática nacional, el PARM, atento a la representatividad que nos confirió el pueblo de México, ha defendido desde esta tribuna y en las definiciones, el juicio de aquellos que no han participado en la instrumentación de las políticas oficiales o que sufren las consecuencias de los actos de Gobierno y viven en forma anónima los aciertos y fracasos de la política gubernamental del régimen actual.
En tal sentido nos hemos propuesto reflejar como oposición, la pasión por lo diferente, por lo verdadero, por el progreso, por lo nuevo que satisfaga la esperanza de nuestro porvenir y de nuestra nación; por ello, al interior de nuestro partido, estamos pasando por la transición que obliga el aceptar este reto y ese compromiso.
Por tal razón, apoyaremos en el PARM la modernidad y el avance de principios y valores democráticos y éticos que inyecten vitalidad tanto a nuestro partido como a la República, a fin de converger dentro de un proceso mental nacional y fortalecer la razón consciente de una nueva creencia pública que, a pesar de nosotros, impone su realidad en el espacio vital de la sociedad y nos obliga a pasar de una fe pública ensimismada y confundida a más de simulada, a una fe viva como aclamación a un alimento que con urgencia necesita el espíritu nacional, credibilidad.
Muchas han sido las acciones que en materia parlamentaria ha realizado la bancada de mi partido, ya sea en las discusiones y debates de los proyectos de ley, iniciativas y decretos que se han presentado a esta soberanía, así como también sumarnos al prolijo trabajo en comisiones y a las innumerables realizaciones de gestorías ante las diversas instancias públicas y privadas que sustentan y consolidan nuestra labor
partidaria y camaral en bien de México y de los mexicanos que creen en nosotros.
Dentro de este esfuerzo con respeto y especial afecto, felicitamos a nuestra compañera diputada y líder de la Gran Comisión, licenciada María de los Ángeles Moreno Uriegas, por el empeño mostrado en la búsqueda de consensos y reafirmar sus cualidades confirmando a pesar de los descalabros, así su liderazgo.
Asunto de transcendental importancia durante este lapso ha sido el proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio en el cual mi partido ha solicitado se dé mayor información al pueblo de México, se amplíe el marco legislativo por una reforma constitucional adecuada que permita que este controvertido asunto de transcendencia nacional y permanente no sólo fuera puesto a consideración y discutido en la Cámara de Senadores, sino llevarlo al marco legislativo del honorable Congreso de la Unión en su conjunto, en donde los representantes de las diversas corrientes políticas tuvieron no solamente la oportunidad de los debates, sino la capacidad legislativa para intervenir directamente en la sanción, en la ampliación o en la reforma de aquellos acuerdos que no estén interpretando realmente los intereses genuinos de la nación.
Por ello hemos señalado en la tribuna, el peligro que representa que los negociadores mexicanos, sobre las conversaciones de los acuerdos paralelos, parezca que están ofreciendo al país al mejor postor, su patrimonio, su potencial natural y de consumidores, en una subasta abierta al mercado de inversionistas extranjeros como si se tratase de una venta de garage y que estamos dispuestos a rebajar aun más nuestros precios.
Bien sabemos que la conveniencia estratégica y económica para los Estados Unidos en cuanto al trabajo y la aceptación de los acuerdos complementarios al texto legal íntegro, responde a una respuesta interna de los Estados Unidos ante los cambios políticos mundiales y la ruptura de las barreras ideológicas que había servido para mantener su papel de rector hegemónico e intervencionista.
En este sentido vino nuestra propuesta de que se creara una Comisión Interparlamentaria entre México, Canadá y los Estados Unidos de América, a fin de que legisladores conocedores de los sistemas y diferencias de los procesos de ratificación y acuerdos adyacentes en las legislaciones de dichas naciones, coadyuvaran y vigilaran para evitar las dilaciones y declaraciones prejuiciosas y tendenciosas que lesionaran la soberanía nacional.
Uno de los aspectos totales considerados en materia del Tratado de Libre Comercio, fue el aspecto laboral por lo cual nuestro partido puso a la consideración de esta soberanía, la propuesta de un esquema general sobre una reforma integral al derecho del trabajo frente a la apertura del mercado.
La liberalización de las inversiones en sectores prioritarios de la economía nacional. La necesidad de definir la naturaleza de las relaciones obrero - patronales en la actual legislación en un marco de justicia social que garantizará a los trabajadores que la privatización de las industrias del sector prioritario no significa el atropello de sus conquistas y los derechos a los que legítimamente aspiran en materia de seguridad social, en materia de tasas proporcionales de pensiones y jubilación justamente retributivas en lo relativo a prestaciones de bienestar y el esparcimiento para los trabajadores y sus familias.
Consecuentemente en la legislación laboral será necesario contemplar nuevos mecanismos de producción y mercadeo de demanda y oferta de trabajo para que la seguridad en el trabajo, la previsión laboral y la productividad se ajusten a un proporcional y equitativo reparto de responsabilidades y funciones que permita a la clase laboral mejorar sus condiciones de trabajo con un correspondiente beneficio y mejoramiento de sus condiciones de vida, de conformidad con lo establecido por el artículo 123 constitucional, donde de la estabilidad social que supuestamente disfrutamos, dependerá si somos capaces de adecuar conscientemente las modificaciones legislativas a los cambios reales de la economía, de la sociedad y de la política, así como resistir con responsabilidad las tensiones entre libertad, democracia y seguridad social.
El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana considera que México debe aspirar a consolidar una sociedad democrática, en la cual la educación juegue un papel fundamental; requerimos una escuela que forme, que ofrezca a todos una educación de alta capacidad, que garantice que todos los individuos sean productivos y prósperos; que ofrezca currículas diferenciados que permitan a los alumnos superar las diferencias iniciales personales y sociales, que caracterizan a los alumnos provenientes de diferentes grupos sociales y culturales, para garantizar una educación eficiente para todos.
Por ello, bienvenida la reforma educativa que muchos deseaban para evitar en lo posible la existencia de dos Méxicos: el de los ignorantes con una educación deficiente y el de los
inteligentes graduados y postgraduados en el extranjero, donde este instrumento de reforma educativa eliminará el medio de que se sirven los opresores para someter a los oprimidos, encaminando su rectoría hacia la perfección humana integral.
Con beneplácito apoyamos la iniciativa de Ley de Seguridad Pública, la cual dará el justo poder y responsabilidad a quienes dentro de este marco ejercerán la seguridad pública, cambio que define la situación de aquél que tiene derecho a exigir que los demás se plieguen a sus directivas o disposiciones en una completa relación social.
Reconocemos también la conformación plural de este ordenamiento agrupando en su solo cuerpo normativo y bajo un esquema de planeación integral, la coordinación institucional, el respeto al ámbito de sus respectivas atribuciones, que aseguren así la respuesta oportuna y eficaz de las demandas del fenómeno delictivo de la gran urbe.
Condorcet en su ensayo sobre la declaración de derechos, decía que sólo la desigualdad institucional hiere el derecho de la igualdad, mientras que la desigualdad natural de lo que es una manifestación, la desigualdad de la riqueza no lo vulnera y cobra en ese sentido mayor fuerza la postura de la oposición en su conjunto, que con su contrapeso y participación en la nación entera a través de esta representación, pueda mostrar su opinión en todo y en todo momento y de esta manera no sentir la tentación de mostrar sus armas o violentar su aparente tranquilidad social.
Por ese detalle, compañeros diputados de la mayoría, les pediría para los trabajos futuros mayor sensibilidad, menos prepotencia de quienes conducen el debate y más reflexión en las definiciones que eviten fricciones, sentimientos opuestos y pasos regresivos, porque la verdad siempre es y será útil.
De particular importancia fue el proceso de aprobación de la Ley de Puertos, ya que después de varios proyectos en los cuales se intentó integrar en un sólo ordenamiento, las disposiciones que regulan tanto la administración y la operación portuaria, como el desarrollo y fomento de la marina mercante y los diversos aspectos técnicos - administrativos de la navegación marítima, pudo más la presión externa, derivada de los efectos colaterales del Tratado de Libre Comercio, que los reclamos nacionales que subyacen frente a una competencia desleal por parte de navieros extranjeros, quienes poseen todas las ventajas y ningún riesgo, al contar con respaldos diversos de sus países de origen y nulo compromiso en nuestro país, vía impuestos y compensaciones, de retribuir a nuestra nación los beneficios recibidos.
Sin embargo, contamos ya con una nueva legislación portuaria que puede establecer con su aplicación oportuna, garantizar a mediano plazo una operación portuaria eficiente, segura y a precios competitivos, que respondan a las necesidades del país, con lo cual se eviten la centralización, el exceso de la regulación, las barreras infranqueables a la competencia en la prestación de servicios y la existencia de subsidios cruzados que impidió, en el pasado, incrementar la productividad de los puertos financieramente rentables, por subsidiar y mantener en actividad enormes elefantes blancos, que sólo justifican las estadísticas del Gobierno Federal y las fortunas de quienes se dicen precursores de una inexistente modernidad portuaria.
Coincidimos en lo medular de la figura de una administración centralizada en cada puerto o grupo de puertos, dentro de una misma entidad, con autonomía de gestión operativa y financiera. Sin embargo, reiteramos llamar la atención sobre la necesidad de evitar la creación de monopolios nacionales o simulados con el extranjero, que impidan el desarrollo económico sano del lugar y de los agentes interactuantes en esta actividad tan prioritaria para la nación.
En materia de reforma política, los parmistas consideramos que los tiempos se ha venido dolorosamente consumiendo, sin que se reporten avances significativos reales y concretos. Tal parece que dicha reforma no va a pasar ni por el partido oficial, ni por la Secretaría de Gobernación ni por el Congreso de la Unión. La decisión oficial, para algunos analistas, es la de que se harán a estas instancias adecuaciones de procedimientos electorales, sin que signifiquen grandes concesiones para la oposición.
La clave de la legitimación de las elecciones presidenciales para agosto de 1994, no serán legales ni institucionales, sino formales. El Gobierno, afirman estos analistas, ya está negociando con agrupaciones civiles por la democracia, un mecanismo de calificación paralegal que anule la movilización postelectoral de la oposición y legitime el triunfo del candidato oficial.
Dichas agrupaciones tendrán, según se dice, todas las facilidades, recursos financieros, humanos y tecnológicos, para observar las elecciones presidenciales de 1994, por encuestas rápidas y vigilancia de casilla a fin de que califiquen
el proceso electoral como válido. De esta manera, el Gobierno se apoyará en la independencia de criterio de los que forman estas agrupaciones para desactivar las quejas de los partidos de oposición y se partirá del criterio de que las reformas de procedimiento eliminarán los puntos obscuros del proceso electoral, pues de otra manera, esta observación legitimadora paralegal, se le podría revertir al sistema.
Muestra de democracia parlamentaria fue la moción suspensiva que fue ejercida por esta soberanía en relación al dictamen de la Ley de Instituciones de Crédito, en particular a la inconstitucionalidad del artículo 108 de la citada Ley, el cual simplemente señala que ante el incumplimiento o la violación de dicho ordenamiento o las disposiciones colaterales, serán sancionados los infractores con multas que impondrá administrativamente la Comisión Nacional Bancaria, hasta del 5% del capital pagado con reservas de capital de la institución o sociedad de que se trate y hasta 100 mil veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, toda vez que no señala, como en otras iniciativas presentadas, un catálogo de infracciones, que es la parte medular que le da a la norma la calidad de perfecta, al darle una consecuencia por infracciones a la misma.
Situación delicada fue la discusión apresurada y apabullante de un conjunto de leyes que tienen que ver con cuestiones de carácter económico, financiero, aduanero, de comercio exterior, de instituciones de crédito y en todos los casos encontramos un común denominador: ni el Senado de la República, ni la Cámara de Diputados hizo una discusión precisa y exacta del contenido de dichas leyes, ejemplo irrefutable lo fue la "Ley Garduño".
Estamos pues a favor de una modificación radical de los mecanismos de discusión de leyes de vital importancia, de impedir una práctica parlamentaria donde de forma casi automática se aprueben leyes en esta soberanía, de manera inconexa y sin posibilidades de reflexión, análisis y opinión crítica de fondo.
Se requiere consecuentemente, congruencia con respecto a un proceso de reforma política y de apertura y ejercer a la vez, una práctica parlamentaria activa donde se evite aprobar las leyes de manera maratónica y se discuta y sustituya el debate interno dentro de un marco de respeto y armonía.
En la práctica las reformas sociales han sido empleadas como instrumentos de poder por cuanto que éstas no han resultado en la mayoría de los casos las demandas del pueblo y han constituido, por otro lado, según reconocemos, un eficacísmo dique contra toda clase de explosiones de inconformidad que tengan raíces sociales. En este sentido las actuales modificaciones legislativas llevadas a cabo, comprometen al Estado con los intereses de las clases populares, cuyo incumplimiento, de no satisfacer sus necesidades, provocará graves complicaciones, aun cuando releven del liderazgo a los dirigentes populares que traicionando a sus representantes les cobijen con cargos de función pública o enroquen a otros en el mismo sentido. Debiera, en todo caso, de existir vergüenza y, por lo menos a nivel mayor, que el mismo Ejecutivo Federal propiciara el juicio político correspondiente con todas sus consecuencias.
En otro sentido, las últimas propuestas de reforma política presentadas por el partido oficial, deben de ser calificadas con históricas, pues marcan una ruptura con viejas prácticas políticas del partido en el poder y es el reconocimiento explícito de la necesidad de dotar a la lucha política de nuevas reglas del juego y aceptadas por todos los contendientes. Es la consumación de una estrategia de modernización de las relaciones políticas en México y concluye largo ciclo de la reforma política iniciada en 1977, con la apertura del sistema a diversas organizaciones, que habían preferido el camino de la ilegalidad para alcanzar objetos revolucionarios.
Es un paso lógico en un proyecto político que gradualmente fue modificando el sistema de relaciones políticas, cerradas, que durante años prevaleció en la sociedad mexicana, hasta llegar hoy a la conformación de una sociedad abierta y moderna, asentada en leyes actuales quizá imperfectas y caracterizada por la corresponsabilidad de partidos, ciudadanos y Gobierno, en el funcionamiento adecuado de nuestras instituciones y en nuestro sistema político.
En otro contexto, a un año y dos meses de la contrarreforma del 27 constitucional, la nueva Ley Agraria, la creación de los tribunales agrarios y la Procuraduría Agraria, se han presentado modificaciones a dicho marco, evidenciando lo endeble del origen de las reformas de 1992, con lo que el empeño gubernamental por conformar una legislación agraria, a imagen y semejante de la integración del Tratado de Libre Comercio y, en concreto, de los intereses de la iniciativa privada del país, constituye un empeño gubernamental por afianzar una legislación agraria sin trabas legales a la privatización del campo y al irracional golpeteo contra el sector social.
Se busca entonces, con estos procedimientos, según creemos, una estructura legal que facilite demoler con facilidad y sin trabas al ejido y a la comunidad, afianzando a las sociedades mercantiles y lograr la mayor concentración de la tierra. En consecuencia se perjudicó a los campesinos y se privilegia al sector privado con tales reformas, superdotado a los tribunales agrarios para que sin obstáculos eliminen la propiedad social bajo el juicio de improductividad.
Por cuanto a la iniciativa de reformas en materia de arrendamiento, implicó una decisión difícil de tomar, pues podríamos presentarnos como defensores de los desposeídos, a sabiendas que estamos actuando realmente en su contra o afrontar nuestra responsabilidad política apoyando una propuesta compleja que honradamente consideramos positiva, tanto para los inquilinos y arrendadores como para el desarrollo de nuestra ciudad.
La reforma aprobada no sólo crea las condiciones para mejorar la oferta de vivienda en renta a corto plazo, sino que contribuye notablemente al funcionamiento del sistema judicial y a la dignificación del ejercicio de la profesión de abogado en el medio del arrendamiento inmobiliario.
Finalmente, la reforma de adición a la fracción III del artículo 82, consideramos en nuestro concepto, que la ausencia por 30 días no irrumpe la residencia para poder aspirar a la Presidencia de la República, por lo tanto, es adecuada ya que no riñe ni con los principios históricos ni tampoco con una reacción; no lo es porque el principio de residencia anual se mantiene y ése seguirá siendo un requisito para ser Presidente.
El cambio tiene sentido por innumerables razones: se limitan tiempos precisos y cortos de la ausencias, que sumados darían los 30 días; se justifica también en que funcionarios públicos, empresarios o cualquier ciudadano, pueda salir del país por razones de desempeño oficial o por simple gusto personal.
En síntesis, mi partido, el Auténtico de la Revolución Mexicana, continuará unido en lo fundamental con la República democrática, y, en lo nacional, con las grandes causas nacionales, que le den sustento y garantía de fe a nuestra acción pública y social, a través de un esfuerzo político renovado, que garantice al electorado nacional nuestra posibilidad de ser una auténtica política, en la evolución sociopolítica que estamos viviendo.
Por sus juicios y atención, muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra la diputada Luisa Alvarez Cervantes, del Partido Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
La diputada Luisa Alvarez Cervantes:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas; compañeros diputados:
El balance del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, consideramos nosotros, será un balance eminentemente político, en virtud de que nuestro período se inscribe en el marco de un reclamo nacional y popular de cambio; haremos un balance de la agenda legislativa y nos referimos a lo relacionado con las expectativas de las diferentes fuerzas, para el cambio demandado; el balance de la fracción parlamentaria del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. El cambio político en el discurso formal y en el discurso real.
Se ha dicho respecto a los cambios políticos, que éstos deben ser oportunos para que se hagan realidad. Con una pomposidad que esconde no pocas veces la fascinación y la seducción por las contradicciones del presente, se insiste en que la política es el arte de lo posible. Hay que decirlo de otro modo: la posibilidad en materia política es una derivación del juego de intereses, de capacidad de fuerzas y de la proyección interesada de escenarios o esperanzas para sus actores fundamentales. Se cambia porque se puede, se quiere, se impone, se acuerda y porque se busca algo.
En política la más de las veces encontramos intenciones veladas, expresadas en compromiso o pactos perversos, muy alejados de lo que sería una democracia transparente. De allí que el uso sesgado y el abuso en el discurso del cambio político sea también una manera para que las cosas permanezcan como están. En nuestro caso, en el del México actual, por supuesto, deben adicionarse circunstancias particulares para entender mejor el problema descrito. La eventualidad del cambio se ve sometida a la lógica de los tiempos del ciclo sexenal de Gobierno y a los temores por romper un añejo modelo de estabilidad, por corresponder a un esquema de partido casi único y, paradójicamente, ante el adelanto de las formas de participación social, por la conveniencia obligada de su reemplazo. La
añoranza política, verdadera nostalgia de los tiempos idos que nunca volverán, significa una respuesta política para mantener lo inconservable.
Otra actitud política es la propuesta de cambio beneficiaría de las plutocracias económicas y políticas; el bipartidismo como proyecto nacional que reemplace a la vieja maquinaria del partido oficial, una tentación que por desgracia tiende a prosperar en las filas de la élite del poder. Ante ambas actitudes resalta la propuesta democrática y constitucional interesada en la democracia participativa, pluralista, social y económica. Con ésta última se identifica el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
Todos o más bien casi todos pregonan el cambio político. Casi nadie defiende en el discurso formal el status quo, pero aquí, como en otros ámbitos de la vida desnudar la realidad de los discursos políticos es una tarea indispensable para quienes pretenden ser actores y no simples espectadores. De ahí la conveniencia de descubrir la lógica de los discursos políticos partidarios y desentrañar sus reales intenciones. Unos, por ejemplo, dicen buscar la pluralidad democrática y en la práctica sólo reclaman el privilegio de ser, en todos lados, la primera minoría y además ser, la única fuerza, alternante de Gobierno. Así, exigen un pluralismo convenenciero en el reparto de una curul senatorial adicional, hacen malabarismos, por cierto fallidos, para demostrar que sólo hasta ellos deben llegar los linderos de la pluralidad; descubren aparentes ofensas al federalismo, cuando las bondades de la extensión plural expresadas en el sufragio ciudadano lo sobrepasan.
Otros, muy recientemente, dicen aceptar la terminación de la cláusula de la gobernabilidad en la Cámara de Diputados, pero al tratar de descifrar el lenguaje en el que exponen su propuesta, uno se encuentra con una desagradable sorpresa, proponen eliminar la cláusula de gobernabilidad, pero a cambio de elevar la sobre representación del partido con más números de votos.
Ejemplos ilustrativos del carácter embozado de ciertos discursos políticos que reflejan sin lugar a dudas los resabios de una cultura política autoritaria y exhiben simulaciones desfasadas con nuevos tiempos de una economía y una sociedad más abierta, rémoras de un proteccionismo en desuso y penosa expresión de métodos políticos opuestos a la transparencia plural. Discursos por cierto que a pesar de sus acercamientos resultan difíciles en su conciliación.
En un lenguaje coloquial dialogarían así: "Te abro el Senado pero admíteme la sobre representación en la Cámara de Diputados y me autolimito hasta el 65% en el reparto de diputados". "Acepto la heterocalificación pero admite que refuerce mi poder en los órganos públicos electorales". "Tolero la supervisión financiera de los recursos partidarios pero consciente que pueda recurrir sin grandes dificultades al financiamiento privado". Expresiones fuertes, pero reales, de quienes pretenden en el discurso político real los horizontes bipartidistas.
Agenda legislativa de abril a julio.
Los trabajos parlamentarios del período de sesiones de abril a julio de 1993, transcurrieron en dos direcciones: en primer lugar, caminaron por circunstancias ordinarias vinculadas al dictamen de las iniciativas y decretos de leyes reglamentarias. En segundo lugar, estuvieron determinados por los asuntos vinculados a la reforma política.
Hoy concluimos el cuarto período ordinario de sesiones de la LV Legislatura, el trabajo legislativo desarrollado tanto en las comisiones de trabajo como en el Pleno de la Cámara, han sido intensos; hemos discutido 27 iniciativas de las cuales 20 han tenido como origen esta Cámara y siete han sido minutas del Senado de la República; de las 20 iniciativas, 11 consistieron en reformas, adiciones y derogaciones de leyes vigentes; ocho fueron nuevas leyes; seis que abrogaron leyes existentes y dos de nueva creación y una que fue desechada.
Se aprobaron también dos reformas constitucionales, la que dio autonomía al Banco de México y lo referente al plazo de residencia para poder ser candidato a la Presidencia de la República.
Las dictaminadas en el Senado consistieron básicamente en actualizar y ajustar a la nuevas condiciones de nuestro país, leyes en materia financiera y de comercio.
No hubo revolución en los métodos que regularon las actividades legislativas, prevalecieron las continuidades y rutinas respecto a la conveniencia de modificar estilos y ritmos para el mejor desempeño de nuestras obligaciones constitucionales.
En este período como en los anteriores, fue caracterizado por un proceso legislativo desigual. Ciertas leyes se examinaron con atingencia y conforme al reglamento: Educación, Seguridad
Pública del Distrito Federal; etcétera; en otras hubo demasiada prisa: Código Civil, Asentamientos Humanos y la legislación relativa a la vivienda en arrendamiento.
Tenemos que reconocer la necesidad de modificar métodos para la elaboración de dictámenes legislativos; requerimos de los medios y recursos apropiados para realizar nuestras funciones conforme lo que debería ser un parlamento más moderno y más eficiente; en nosotros debería expresarse también la reforma de Estado; se continuó en no pocos casos legislando al vapor.
De 20 iniciativas dictaminadas en esta Cámara, 14 provinieron del Ejecutivo Federal, tres de partidos políticos, dos de diputados de comisiones y una de la Asamblea de Representantes. En este último caso, lo podemos considerar relevante, debido a que por primera vez la Cámara de Diputados dictamina una iniciativa provenientes de este órgano representativo del D.F.
Hay iniciativas y propuestas legislativas pendientes. Dentro de estas iniciativas en suspenso de dictamen, se encuentran las de reforma política del D.F., las de reforma política federal y las modificaciones de los artículos 16, 20 y 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, iniciativas que probablemente se dictaminen en un próximo extraordinario; seguramente así será.
Sin embargo, quedarían 10 iniciativas sin dictaminar lo cual nos preocupa dado el elevado rezago legislativo que aún existe. Dentro de las iniciativas sin dictaminar, se encuentra nuestra propuesta de reforma política integral, que propone cambios constitucionales en materia política y un estatuto de Gobierno democrático, mediante voto universal libre, secreto y directo para los habitantes del D.F. Una propuesta que debe ser dictaminada conforme al Reglamento del Congreso cuando se discuta la reforma política, de no ser así, se estaría pasando por encima de nuestra Constitución Política.
El asunto principal del período ordinario: el cambio político pospuesto.
Todos sabemos que en el IV Informe Presidencial, Salinas de Gortari presentó algunos de los tópicos más relevantes de la agenda reforma política; ahí, el Ejecutivo Federal emplazó al conjunto de corrientes partidarias a enriquecer la agenda del cambio jurídico en materia político - electoral. La convocatoria presidencial siempre la hemos concebido con un sentido abierto, como trazo y clasificación de algunos de los temas políticos nacionales; una convocatoria que, de nueva cuenta recoge el añoso reclamo social de la pertinencia de cambios legales en materia política, que repasa los avances en estos contextos, que delimita los alcances de las posibles transformaciones, pero lo más relevante, que busca encarar uno de los grandes problemas no resueltos por la reforma del Estado: la confianza ciudadana en los procesos electorales.
Una indispensable modernización para acometer los desafíos y oportunidades de un mundo cambiante.
Sin avances en el terreno de la democracia política, lo hemos dicho desde el inicio de esta administración federal, los adelantos en la reforma económica se ven limitados a meras regulaciones macroeconómicas, importantes pero sin insuficientes y limitativas de las bondades de los cambios económicos. Se requiere de sólidas transformaciones políticas. El progreso político debe acompañarse además de una política que avance en esquemas de desarrollo que ayuden a resolver viejos desequilibrios estructurales y ofensivas desigualdades sociales. De ahí que nuestra fracción parlamentaria hubiera reiterado en el mismo día del IV Informe Presidencial, la urgencia inaplazable de una reforma política integral, como fórmula para encarar los grandes problemas nacionales. Una reforma dirigida a fortalecer la democracia representativa y desde luego a la democracia social.
En materia de cambio político, a esta Cámara deben reconocerle irrefutables aciertos. Destaca de todos ellos en nuestra opinión, la intención de asumir un papel importante en la transformación de las reglas políticas para el impulso democrático. Desde diciembre pasado, y no sin contradicciones, ha tratado de asumir este compromiso. Así creó una importante Comisión Plural Legislativa donde estamos representados todos los partidos políticos nacionales, un espacio en el que hemos debatido los más importantes temas relacionados con el cambio de las normas político - electorales, tanto en el nivel constitucional y en el nivel reglamentario. A diferencia de otros procesos reformadores en los que las propuestas de cambio provenían del Ejecutivo o de una fuerza política nacional, el actual, inició con un intento de generación plural de una propuesta de reforma política, un hecho trascendental que vale la pena cuidar.
Esa Cámara procedió adecuadamente cuando retomó los puntos señalados por el Ejecutivo Federal el pasado primero de noviembre,
también lo hizo al incorporar respecto a los temas políticos, las iniciativas de ley de miembros de los partidos representados en esta soberanía. Se diseñó por consenso un temario amplio para el debate parlamentario de la reforma política, pero los consensos en la agenda no se han traducido hasta la fecha en resultados prácticos, en una propuesta de ley conjunta.
Los discursos políticos formales de ciertos grupos parlamentarios, se han subordinado a viejas prácticas que frenan el cambio anhelado. Lo dijimos en su momento, cuán grande resultó nuestra sorpresa al recibir los proyectos de elevación de lo que se denominó incorrectamente la primera etapa de debate de la Comisión Plural de la Reforma para Consolidar la Democracia Electoral.
En su oportunidad externamos nuestra inconformidad en esos documentos de importancia en esos documentos de importancia capital en el proceso legislativo de la reforma político - electoral en marcha desde 1992, se buscaron sintetizar coincidencias y divergencias de los grupos parlamentarios; se pretendió realizar un balance de las aproximaciones consensuales; se intentó definir actividades inmediatas y establecer los procedimientos de trabajo que normarían el trabajo futuro, pero se hizo mal. Se hizo para buscar justificar una propuesta parcial y contradictoria, lo dijimos, con la transparencia, franqueza, respeto y énfasis debido, en la fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, no estábamos de acuerdo con el balance de los trabajos realizados en la Comisión Plural.
¿Por qué expresamos así nuestra opinión?, en primer lugar encontramos una notable contradicción entre los fines sugeridos en la rica y amplia discusión de los grandes problemas de la consolidación democrática, nuestra agenda de debate había sido muy profunda, abarcaba 12 partes y 22 puntos. Los tópicos de supuesto consenso se nos presentaban, eran sólo siete, curiosamente en su mayor parte los que habían presentado recientemente el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional: financiamiento de partidos políticos, topes en las campañas electorales, medios de comunicación, agregándose organismos electorales, padrón electoral, proceso electoral federal y justicia electoral. Los documentos de esta Comisión Plural, reflejaban mayores consensos en otros temas; deberíamos revisarlos con cuidado. No se nos hizo caso, pero el tiempo nos dio la razón. Señalamos que no podíamos, por razones de estricta salud metodológica legislativa, intentar saltar a una segunda etapa cuando no habíamos aún superado la primera. Tarde que temprano, si cometíamos tal desatino de brincar, nos veríamos precisados a retomar en el debate de los asuntos más relevantes de la agenda política, el cambio democrático. Faltó un verdadero balance de los debates y problemas de esta Comisión Plural, realizados desde su conformación.
A diferencia de otras corrientes que habían tratado de reemplazar este importante escenario para la reforma política, nuestra fracción parlamentaria consideró y lo sigue considerando ahora, que no existe otro órgano de representación ciudadana tan amplio y tan plural, como esta Cámara de Diputados.
Habíamos presenciado argumentos sustantivos de las fuerzas parlamentarias que no eran recogidos plenamente; mencionemos sólo algunos que vale la pena recordar ahora. Veamos:
Cinco grupos parlamentarios tenemos importantes coincidencias en materia de derechos políticos, engarzamos la consolidación de la democracia electoral con la ampliación de los derechos políticos, casi todos nos oponemos a las prácticas corporativas, las consideramos lesivas al individuo y a los ciudadanos; a prácticas inherentes al viejo modelo electoral del partido casi único. ¿Cómo podría cambiar dicho modelo de regulación estatal si permanecen intactas las estructuras corporativas? ¿No podría ceder uno de los grupos parlamentarios en este terreno frente a los demás?
Otras corrientes políticas, con representación parlamentaria, sostenemos la pertinencia de corresponder a los adelantos de una sociedad más participativa, con fórmulas constitucionales imaginativas que le correspondan: referendums, plebiscitos, iniciativa de ley ciudadana etcétera. ¿Por qué en la Constitución Política actualmente se permite la iniciativa ciudadana de ley para el Distrito Federal y no sucede lo mismo para la federal?
Cinco de seis grupos parlamentarios proponemos eliminar o atenuar la llamada cláusula de la gobernabilidad para la Cámara de Diputados. Ahora se ha agregado con una fórmula sui generis del PRI, que dice eliminarla, pero más bien pareciera reemplazarla. ¿Por qué no se recogió esta importante aproximación de la pluralidad parlamentaria?
En la integración del Senado de la República, caso todos coincidimos en la pertinencia de modificar los mecanismos de su integración. Sólo el PRI sostuvo la manera actual; recientemente
la ha cambiado, pero no para revalidar la posición propia, es decir, la propuesta pluralista de cambio de la reforma política constitucional de 1989, sino la iniciativa vigente del Partido Acción Nacional. Nos preguntamos: ¿Por qué ha retrocedido el PRI en este terreno? En esta comisión participan, por ejemplo, priístas que enfocan el Senado de la República con un federalismo actualizante; compañeros que no consideran el pluralismo como contradicción al federalismo. Preguntamos: ¿Por qué si todos los votos ciudadanos cuentan para integrar diputados, no sucede lo mismo con los senadores?, ¿Acaso el voto por llamada primera minoría no lesiona al federalismo y al sufragio por las otras que sí lo hacen?, ¿por qué nuestra opinión? Porque en nuestra opinión el pluralismo no riñe con el federalismo.
En la República Federal de Venezuela, por ejemplo, se eligen los senadores en un sistema mixto por mayoría relativa y en una lista de representación proporcional. Nos gustaría conocer una opinión seria de quienes se oponen a un senado federalista y a la vez plural.
En materia de calificación electoral tres corrientes parlamentarias propusimos modificaciones sustantivas al esquema de autocalificación; lo consideramos pernicioso. En el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en particular, siempre hemos sostenido que la autocalificación cierra el círculo perverso de la incertidumbre electoral, un proceso con el que se culmina el manejo del partido casi único del proceso electoral. Tal como se ha venido dando, la autocalificación acumula más duda, legaliza de un modo particular y pernicioso que solo provoca la deslegitimación de los poderes públicos. La expresión de la soberanía precisa de introducir de manera creciente fórmulas de calificación heterogénea. En los debates de la Comisión Plural no se nos hizo caso.
Siempre hemos considerado que la Cámara de Diputados, a través de la Comisión Plural, debe actuar con una mayor responsabilidad, con un esquema metodológico que le permita resumir de manera más rigurosa consensos y aproximaciones, desechando de antemano toda propuesta de cualquier grupo parlamentario para la puntualización de los consensos y las vecindades temáticas.
La reforma que hoy procesamos debe ser de todos. Para que así sea, todos debemos conceder y a todos se nos debe dar la oportunidad de participar. Las supuestas aproximaciones de consenso que se nos presentaron fueron desafortunadas; sólo le interesaron a una fracción parlamentaria: a la del Partido Revolucionario Institucional, quizá por sobrestimar sus aproximaciones con el PAN. Toda una lección para los entusiastas del bipartidismo.
Al restringir el debate de las normas electorales a las cuestiones definidas por el Ejecutivo en el IV Informe, expusimos nuestro desacuerdo, lo consideramos otro desatino, nos preocupó la mira restringida de la propuesta del partido mayoritario. En el propio ámbito reglamentario rechazábamos que en esa propuesta se expresasen las opiniones del Partido del Frente.
Los avances de la propuesta del PRI no correspondían a las expectativas de una verdadera reforma política, pero con optimismo siempre consideramos que era tiempo de corregir el rumbo de la misma. Insistir en ese camino sólo generaría serios problemas de desgobierno para los comicios federales de 1994. Con la reforma no se consolidaría la democracia, se desbrozaría el terreno al desahogo de la camorra divisionista por la que hoy muchos se preparan y a la intromisión.
Otro peligro, igualmente mayúsculo, sería el abrir los cauces al bipartidismo. Contra ambos riesgos deberíamos enfocar nuestros trabajos. Siempre nos preocupó que un grupo parlamentario no se hubiese salido nunca de su propuesta original: el Partido Revolucionario Institucional. Hoy por cierto ofrece otros signos, preocupantes y a la vez promisorios: abre la posibilidad de cambios constitucionales que implican avances en el reemplazo de la autocalificación por la heterocalificación del legislativo, signos preocupantes en la medida que propone un modelo bipartidista de integración senatorial y ajeno al espíritu pluralista de cambios constitucionales en marcha desde 1978.
La propuesta implica certidumbre en la definición de la cláusula de gobernabilidad. En un sentido benévolo puede implicar la supresión de la sobrerrepresentación; en otro podría significar su reemplazo por otro esquema igualmente pernicioso.
Existió un asunto de importancia clave para la consolidación democrática respecto al cual no se establecieron criterios claros: el problema de la soberanía popular en el Distrito Federal. Siempre consideramos a tal asunto como imposible de ser evadido, nunca fue correcto esgrimir que en otra parte, en la mesa de concertación del Distrito Federal se estaba encarando el asunto por las fuerzas políticas nacionales. Desde luego que debíamos respetar y por nuestra parte así
lo hicimos, los adelantos de ese foro igual, plural, pero debimos recordar que cualquier cambio en el Distrito Federal, sería ineludible, debatido en el Congreso de la Unión.
Debíamos de estar preparados para complementar esos propósitos, sobre todo porque prácticamente todas las corrientes políticas nacionales estamos convencidos del cambio en el Distrito Federal.
En el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, mediante la restitución completa de los derechos ciudadanos para la elección de las autoridades, en otras posiciones, abogando por fórmulas semiparlamentarias que riñen por cierto con los mecanismos de elección directa legados por el maderismo y la Constitución de 1917, aún en las propuestas restringidas al Cofipe del PRI externamos nuestra preocupación; nos referimos a los asuntos de financiamiento partidario, topes de gastos para campañas electorales y participación de los partidos en los medios de comunicación.
Señalamos que el anteproyecto de artículos que reformaría al Cofipe no servirían para impulsar el pluripartidismo y darle mayor transparencia y certidumbre a los procesos electorales. Las normas del anteproyecto del PRI en la Ley Reglamentaria van a contrapelo de una figura constitucional. Los partidos políticos nacionales violentarían la autonomía partidaria al introducir esquemas y figuras en una disposición reglamentaria, suprapartidarias de fiscalización, control y sanción; ya no sería la soberanía popular la que en el sufragio definiría la suerte de los partidos políticos nacionales, sino juntas de notables metaconstitucionales, integradas por individuos vinculados al estado corporativo y a los grupos de presión. Se escogerían falsos rumbos, ni se liquidaría el esquema vicioso del partido - gobierno y sí en cambio se abriría el camino al desarrollo de plutocracias y el bipartidismo político, porque el pluripartidismo requiere, como en cualquier país democrático, alejar a las élites del poder económico de los partidos políticos.
Hacer partidos más sociales no significa vender franquicia política y hacer negocios con la representación soberana de la voluntad popular. Siempre nos hemos pronunciado contra los consensos de apariencia, hacerlo resultaría erróneo, tarde que temprano lo pagaríamos todos, no sólo los partidos, sobre todos los ciudadanos cubrirían el desatino de la prisa que alcanzan acuerdos cupulares. No generarían las nuevas reglas electorales de lo que se pretende: consolidación de la democracia electoral.
Los trabajos de la Cámara de Diputados en materia de reforma política, precisan un balance responsable, requieren de reales transparencias en los discursos de las fuerzas participantes; esto implica de un trabajo paciente de las direcciones políticas y de todos los diputados; definiciones claras respecto si estamos dispuesto o no a eliminar los obstáculos que se oponen a la eficacia plena del sufragio en México; de hacer a un lado las prácticas, instituciones y normas que se oponen a la transición democrática; de construir una nueva cultura político - electoral de transparencia democrática.
Si estamos dispuestos, en fin, a ser la realidad inconclusa, a ser la realidad la inconclusa de la democracia política por la que comenzó en otras razones la Revolución de 1910, revolución que dio y forjó masas de hombres y mujeres libres de conciencia que pensaron primero en la patria antes que en su propia vida, que viven entre nosotros, que viven entre el pueblo y son ideas vivas que nos animan a continuar lo que hoy todavía consideramos inconcluso.
Señoras y señores legisladores:
Para la fracción parlamentaria del PFCRN, ha sido parcialmente correcta la propuesta de posponer para un Congreso extraordinario el dictamen legislativo sobre la reforma política, se completaría en un sentido positivo si se consumara en una reforma política integral pluralista y a la vez democrática, por lo que tenemos prisa para el cambio democrático, conviene una decisión verdaderamente plural para la definición de las nuevas reglas políticas del juego electoral. Muchas gracias por su atención.
El Presidente:
Gracias diputada.
Tiene la palabra la diputada Rosa Albina Garavito Elías.
La diputada Rosa Albina Garavito Elías:
Gracias, señor Presidente:
Le solicito, señor Presidente antes de iniciar mi intervención, tenga a bien Solicitar guardar orden en la sala.
El Presidente:
Suplicamos a la Asamblea atender un requerimiento que esta Presidencia hace propio, guardar
el mayor orden posible y atención para escuchar al orador.
La diputada Rosa Albina Garavito Elías:
Gracias señor Presidente, señoras y señores diputados:
No encontramos otra razón que nuestro trabajo parlamentario que buscar el bien del pueblo y de la nación a quien nos debemos, pero no vemos qué bien se le ha hecho al pueblo, qué beneficio a la nación con la reiterada práctica de negar el diálogo real entre las distintas fuerzas políticas aquí representadas... disculpe señor Presidente, pero yo sigo observando desorden en la sala.
El Presidente:
Aguarde un momento por favor diputada.
Suplicamos a todos los compañeros diputados asumir sus asientos y poner la atención debida a la diputada Garavito y a quienes no sean diputados también tomar el lugar que les corresponda.
La diputada Rosa Albina Garavito Elías:
Gracias, señor Presidente.
De las prisas por adecuar nuestro marco jurídico a un Tratado de Libre Comercio aún incierto, se convirtió en costumbre recibir iniciativas para las que se fabricaron dictámenes al vapor, muchas veces sin el quórum necesario en comisiones y, en su gran mayoría, sin ningún debate previo; de ahí que alguna iniciativa haya requerido regresarse a comisiones aunque aún así el procedimiento no se haya repuesto. Como el estilo autoritario de trabajo se ha impuesto, pareciera que éste fuera una fatalidad ineludible; para evidenciar que no es así, ahí está la experiencia de la Comisión de Asentamientos Humanos cuya Presidencia supo llevar los trabajos por los caminos del diálogo y la concertación hasta lograr el consenso.
De esa experiencia, se tiene mucho que aprender.
Lo que sucedió los días de ayer y antier en este recinto, debe llamar a una seria reflexión al grupo mayoritario; lo de ayer es un campanazo de alarma; se trata de una crisis de gobernabilidad, pongámosle remedio; pongámosle remedio a tiempo; la solución es muy sencilla, respétese la Constitución, la ley, el Reglamento que nos rige, en una palabra, obsérvese la legalidad. Las camisas de fuerza del mayoriteo no alcanzan para cubrir la crisis que estamos viviendo, no alcanzan a acallar las voces de quienes con razones y con la ley en la mano, disentimos.
La ciudadanía nos juzga, nos observa; podemos disentir sin que a nadie se atropelle; hagámonos cargo, los tiempos que el país vive son difíciles. Nuestra contribución como legisladores, debe ser allanar el camino para encontrar la solución y el camino se hace, señoras y señores legisladores, en la búsqueda de la verdad.
Triste espectáculo será la nación cuando la Procuraduría General de la República, continúa sin dar respuesta satisfactoria y fincar las responsabilidades debidas por la explosión del 22 de abril de 1992 en la ciudad de Guadalajara y cuando esta Cámara se hace cómplice al no exigir el esclarecimiento de los hechos. Y ahora, el mismo procedimiento trata de imponerse entorno al asesinato del Cardenal Posadas. La sociedad reclama claridad para otorgar confianza a sus gobernantes. El poder del narcotráfico es inmenso y a él sólo se le puede oponer la fuerza de un Gobierno que tenga el respaldo profundo de la sociedad. Para ello, los ciudadanos necesitan confianza en sus gobernantes, no leyes que acumulen más violaciones a los derechos humanos de las que ya padecemos. Gracias a la rápida y generalizada respuesta de las organizaciones sociales, defensoras de los derechos humanos y a la resistencia de legisladores, entre ellos algunos priístas, se ha dado marcha atrás, todavía de manera parcial, al proyecto de reformas constitucionales con dedicatoria especial para el combate al narcotráfico.
Otro triste espectáculo dio nuestra Cámara a la nación y al pueblo, cuando sin fundamento legal se negó el acceso a los miembros de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda a la información depositada por la Contraloría General de la Nación sobre las licitaciones del Seneam para la compra de equipos de radares y controles. Si no se teme a la verdad, porque, preguntamos, ¿por qué se oculta la información? Con independencia, con autonomía del Poder Ejecutivo, cumplamos con nuestra responsabilidad en la delicada tarea de recuperar la confianza de la sociedad. Si la verdad se oculta, poca esperanza le queda a la justicia; ni a encontrar la verdad ni a hacer justicia ha contribuido esta Cámara de Diputados y esto no se puede ocultar.
Se podrán poner trancas para impedir la entrada del pueblo a este Recinto, pero no por ello el pueblo dejará de juzgarnos y de observarnos. Ellos oyen hablar del esfuerzo de los dirigentes del PRI, para realizar la "operación cicatriz", porque la propuesta del CEN priísta sobre reforma electoral, abrió heridas entre muchos de sus militantes, pero aún no tienen noticias de la "operación cicatriz" diseñada para restañar las heridas que la falta de cumplimiento del compromiso contraido con los jubilados y pensionados por todos los grupos parlamentarios, han profundizado.
Tampoco entiende el pueblo que al Gobierno se le otorguen preseas por su protección al medio ambiente, cuando esta Cámara desoye los reclamos de pescadores y campesinos de Tabasco, cuya fuente de trabajo ha sido dañada por Pemex. Lo mismo le sucede a los lesionados y lisiados por las secuelas provocadas por la explosión de Anaversa en Córdoba, Veracruz.
Los pescadores de Lázaro Cárdenas, Michoacán, no salen de su estupor e indignación cuando se les persigue y se les encarcela, por el simple hecho de exigir protección para la materia de trabajo que da vida a ellos y a su familia; los trabajadores de PEMEX en plantón en el zócalo, sólo piden audiencia, se les ha negado, y frente a todos estos agravios a la justicia, la mayoría priísta se mantiene impávida e indiferente.
La crisis en esta Cámara es un reflejo de la crisis que el país vive. No es de ayer, tampoco de hace dos días, su origen se encuentra en la ausencia del estado de derecho que debe normar la relación entre Gobierno y ciudadanos, en la falta de respeto a las garantías individuales, en el desmantelamiento de sus derechos sociales y en la falta de cumplimiento de los mismos. Lo hemos dicho en otras ocasiones, hoy lo volvemos a plantear: la confianza que no logremos establecer entre nosotros los mexicanos para vivir en paz y armonía, para poder restablecer las condiciones de un crecimiento competitivo, estable, suficiente y justo, esa confianza no nos llegará de fuera. El fracaso de este Gobierno para recuperar esa confianza perdida, lo ha hecho dirigir la mirada hacia su vecino del norte. Ha tratado de hacer del TLC la panacea para nuestros problemas. Por eso cuando un juez dicta un fallo que pone en peligro la firma del Tratado en los tiempos que el Gobierno requiere, todo un proyecto político y económico se tambalea.
Nuestro país señoras y señores diputados, merece otro trato. En lugar de perseguir como una solución a todos nuestros males este Tratado, pongámoslo en sus justas dimensiones, el de ser un instrumento más para el desarrollo, siempre y cuando esté bien negociado, por supuesto y empleemos entonces nuestras mayores energías para lograr lo que no tenemos: un acuerdo entre los mexicanos, que nos permita transitar por los caminos de la legalidad y de la concordia. Muchos mexicanos pensamos que ese acuerdo tiene que surgir del respeto al voto en las urnas, de escuchar y respetar la opinión de los ciudadanos en torno al abanico de fuerzas políticas que concurrimos a los procesos electorales. Pensamos que tiene que emerger de elecciones legales, limpias y transparentes.
Las recientes elecciones de Nayarit en el Estado de México, evidencian que la fotocredencialización no es garantía suficiente de respeto al voto, como tampoco lo fue la reforma electoral en San Luis Potosí para que las elecciones extraordinarias fueran limpias. La mejor ley, lo hemos dicho, puede ser insuficiente si ella no se sustenta en la voluntad política del Gobierno para cumplirla. No obstante, en esta Cámara hemos insistido en la necesidad de una reforma electoral integral auténtica, que garantice el respeto al voto. La tarea también importantísima de arrancarle la voluntad política al Gobierno para acatar la ley, es tarea de todos, no solamente de un partido. A ese objetivo tiene que concurrir el esfuerzo de partidos y ciudadanos. Nuestro partido cumple con su responsabilidad, con la que le cabe en la sociedad y aquí en esta Cámara.
De ahí que pusiéramos nuestro mejor esfuerzo para la creación de la Comisión Plural de la Cámara de Diputados, por eso lamentamos que esa Comisión no cumpliera con el compromiso de que antes de que terminara este período, trajera a la plenaria un proyecto legislativo que llenara las aspiraciones democráticas de la sociedad.
Hemos acordado que se convoque a un período extraordinario para darnos una oportunidad más. Lo propusimos y por supuesto lo aprobamos. Con ello se define un nuevo compás de espera, pero ello no quita la frustración de más de seis meses derrochados. No podía ser de otra manera cuando a las propuestas puntuales de los partidos de oposición, recibimos siempre comentarios evasivos, nunca, una respuesta seria de los representantes del partido mayoritario.
Era obvio que el PRI llegaba a esa comisión sin una propuesta, era obvio que las prioridades por aprobar leyes al vapor no encuentran correspondencia con la falta de interés en la reforma electoral. A esta falta de interés se suman
los malos augurios que en vísperas de la discusión de la reforma electoral, se prefiguran por la persistencia de las prácticas de la aplanadora que hemos vivido una vez más en este período de sesiones.
El costo político que tendría para el PRI y para el Gobierno, la aprobación de una reforma sin el consenso necesario, no es menor al que le reportaría una reforma que con el apoyo de algunas fuerzas, continuara dejando en la indefensión a partidos y a ciudadanos.
Las disyuntivas que la dirigencia priísta se ha planteado entre una reforma impuesta o quedarnos con el Cofipe actual, o una reforma insuficiente, con el apoyo de algunas fuerzas, que pareciera ser el mensaje de la más reciente propuesta priísta, son todas ellas disyuntivas falsas. Ninguna responde a los reclamos del país: credibilidad en los resultados electorales.
La semana pasada el PRI hizo una propuesta de reforma electoral que incluye cambios constitucionales. Desde aquí reiteramos lo que ya hemos dicho: si la esencia de la reforma se contiene en esos ocho puntos del PRI, no aprobaremos esa reforma. No se trata de aprobar una reforma más; no se trata de lograr algunos avances, el reto que hoy tenemos es garantizar la legalidad del voto, el respeto a la voluntad popular. La apertura del Senado, la eliminación de la cláusula de gobernabilidad y la supresión de la autocalificación, no lo garantizan. Es imprescindible que los órganos electorales sean imparciales e independientes del Gobierno. Mientras el Gobierno siga teniendo en sus manos la organización de los procesos electorales, no habrá garantía a esa legalidad buscada.
Necesitamos un padrón confiable. EL PRD ha sido preciso en su planteamiento de cómo lograrlo: Necesitamos equidad en la competencia electoral, mediante un tope razonable a los gastos de campaña y mediante el financiamiento y la apertura de medios equitativos para todos los partidos. Hasta ahora la propuesta del PRI no sólo es insuficiente, es además regresiva en lo que toca a financiamiento, medios y sistema de partidos.
La moneda está en el aire. Cumplamos con nuestra responsabilidad frente a la nación, frente a la sociedad. Ningún poder, ningún poder que se detente en el fraude, es un poder legítimo; más se empeña el Gobierno y su partido, en que sea ésa su fuente de poder, más daño se hará al país.
La Cámara de Diputados puede todavía cumplir con su responsabilidad para evitar caer por los derroteros de la inestabilidad social y política. No estamos por aniquilar al PRI o a cualquier otra fuerza política; estamos porque los ciudadanos decidan el lugar que a cada quien le corresponda en el espectro político del país, estamos porque los gobernantes sean aquellos que la ciudadanía elija; estamos porque la legalidad se establezca como norma de observancia general e irrestricta. No entendemos de otra manera la necesaria modernidad, la necesaria democracia.
La preparación de los comicios de 1994, con reglas de juego plasmadas en reformas constitucionales y legales que garanticen la equidad en la competencia electoral y la legalidad del voto, constituye la oportunidad para la reconciliación nacional, para que todos podamos hacernos corresponsables de los resultados electorales, para que entre todos podamos reconstruir la confianza nacional perdida. Ese es el compromiso del Partido de la Revolución Democrática.
Nuestra posición es clara, franca, de cara a la nación: que nadie se llame a engaño; estamos abiertos al diálogo para mejorar cualquier propuesta de reforma electoral, pero sólo daremos nuestro voto aprobatorio para aquella reforma que garantice el respeto a la voluntad popular para elegir libremente a sus gobernantes. Abramos la esperanza a la verdad y a la justicia; cuando se ignora la fuerza de la razón, es la razón de la fuerza la que se impone, si ello sucede los costos serán muy grandes para el país, para todos. Gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Ernesto Gil Elorduy.
El diputado Ernesto Gil Elorduy:
Con su venia, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Es indudable que es una sana práctica parlamentaria el hacer un balance político sobre las tareas realizadas en los periodos ordinarios de sesiones de esta Cámara de Diputados.
La democracia mexicana nos permite representar a la nación como resultado del reconocimiento de una parte importante de la pluralidad del país, a través de los partidos políticos.
Esa pluralidad de la sociedad, con sus partidos y con sus diputados, ha planteado en esta sesión sus puntos de vista respetables sobre los trabajos de este período ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de esta Legislatura. Toca ahora a su servidor participar con la honrosa representación del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hacer algunas reflexiones en torno a nuestro quehacer legislativo en esta etapa.
Comenzaré por afirmar un hecho fundamental que orienta toda nuestra actividad y que no es otro que acatar los mandatos constitucionales para que los ciudadanos diputados ejerzamos a plenitud nuestras atribuciones y libertades y cumplir con cabalidad el mandato popular de que estamos investidos.
Otra virtud que demanda y exige el trabajo parlamentario, es el respeto de nuestra convivencia política. Sería imposible la existencia de un congreso libre y democrático si no basáramos nuestro quehacer cotidiano en el respeto al trabajo y a la opinión de los otros; reconocer que el otro existe es el primer deber de quienes luchan por el poder o lo ejercen, convicciones y concepciones distintas.
Mi partido ha demostrado y lo seguirá haciendo, que es respetuoso de las ideas de las diversas fuerzas políticas, pero también va a defender, porque es su compromiso, las que están en su proyecto histórico y le dan vida a su programa de reivindicaciones sociales. Sabemos escuchar y discurrir, sin embargo, esto no implica renunciar a nuestra voluntad de convencer a los demás en el debate y hacer prevalecer democráticamente nuestras convicciones. En el diálogo, que lo ha habido con intensidad, hemos demostrado voluntad para encontrar consensos y pactar acuerdos. Lo hemos hecho con civilidad e incluso, en muchos casos, con cordialidad. En esta deliberación cotidiana hemos aprendido que las posturas irreductibles que dogmatizan o fanatizan el análisis, degradan el debate de las ideas y no ayudan ni a la política ni a la democracia. Lo que la ciudadanía quiere y demanda, es la confrontación de ideas, abierta, limpia, honorable, entre los que tienen diversos proyectos y son capaces de defenderlos y sostenerlos.
Mi partido está consciente de su enorme responsabilidad, para demostrar a la nación y a la sociedad mexicana, cómo discutimos los asuntos que son de su vital interés.
La práctica parlamentaria debe seguir teniendo hoy y mañana una actitud más abierta, más civilizada, más respetuosa. No es mérito de unos o de otros, es irreversible conquista de todos y debemos preservarla.
Esta Cámara, compañeros diputados, es el espacio democrático en el que se debate el futuro de nuestra nación, a través del estudio, la discusión y la aprobación de leyes y decretos, que norman la conducta individual y colectiva de los mexicanos y de sus instituciones. Hemos analizado, discutido y aprobado 29 iniciativas provenientes del Ejecutivo, de los propios diputados y de los representantes a la Asamblea del Distrito Federal, las que cuando así se consideró necesario fueron modificadas para enriquecerlas y perfeccionarlas.
Resultaron de gran valía las aportaciones de todas las fracciones partidistas, la nuestra entre ellas, cada una defendiendo con vehemencia su verdad, actuando con energía y con mesura.
Sostuvimos comunicación con representantes del Senado, intercambiando ideas y posiciones respecto a las diferentes iniciativas, que permitieron mediante la búsqueda de coincidencias, con apego a las facultades y atribuciones de cada Cámara, incorporar a los dictámenes respectivos, la opinión de nuestros colegisladores.
Con estricto respeto a la división de poderes que la Constitución establece y con la finalidad de que los ciudadanos diputados tuvieran mayor información para el análisis de las diversas iniciativas, celebramos también múltiples reuniones con servidores de la administración pública federal y paraestatal.
En el período que hoy concluimos, en algunos casos hemos actualizado y en otros creado instrumentos jurídicos de muy diversa índole. Si bien todas de importancia, cabe mencionar las tendientes a consolidar la estrategia de modernización de los servicios educativos del país; a determinar provisiones, reservas, usos y destinos de áreas y predios de los centros de población; a responder al reclamo de mayor seguridad para los habitantes del Distrito Federal; a avanzar en la defensa de los derechos humanos en la capital de la República.
No puedo dejar de mencionar el lamentable deceso, en este año, de nuestros compañeros diputados José Guillermo Orendáin Guerrero, Eduardo Aviña Bátiz y Lorenzo Duarte. Su recuerdo permanece con nosotros en esta LV Legislatura.
Los tiempos que viven México y el mundo, obliga a nuestro Congreso a promover con decisión y
valentía los cambios que requiere el nuevo país que estamos constituyendo y esto lo debemos hacer buscando acuerdos y consensos en lo fundamental con más y mejor democracia.
Nuestro partido está comprometido con la democracia moderna y sabe que la realidad plural de la sociedad mexicana debe participar en los órganos de representación. Como partido moderno, en el PRI sabemos, que la vitalidad democrática de la sociedad, el Estado y el Gobierno, exige que la representación de diversas corrientes ideológicas, participen, como lo hacen en esta Cámara, para enriquecer y aportar ideas en la discusión de los asuntos de la vida pública que consolida a la Cámara como órgano político, pleno, integral, que legisla y participa en el debate nacional.
El trabajo parlamentario ha contribuido también a fortalecer la convivencia pacífica nacional a través de nuevas normas que aseguran mejores espacios democráticos para el pueblo y avances crecientes para su desarrollo.
No nos extraña ni debe extrañar a nadie que haya puntos de vista diferentes en algunos casos opuestos y de que a pesar del diálogo y la búsqueda de la concertación, nuestra misma diversidad nos impida la plena coincidencia; disentir es consustancial a un régimen democrático, coincidir también lo es.
A pesar de nuestras diferencias ideológicas entendibles y respetables, hemos logrado puntos de acuerdo, iniciativas aprobadas por amplia mayoría y por unanimidad que demuestran y valoran la seriedad de las deliberaciones y que la unidad de propósitos no implica arriar banderas, sino enarbolarlas cuando coincidimos en que se trata de asuntos de interés para todos.
El trabajo democrático en esta Cámara nos acerca a la posibilidad de ser cada vez más proposición razonada que oposición radicalizada. Es la búsqueda del consenso el espíritu que debe animar toda discusión parlamentaria y así lo intentamos todos en nuestra diaria responsabilidad.
Ha sido patente la voluntad política de los miembros de la Comisión Plural de Régimen Interno y Concertación Política para agilizar y ordenar el trabajo y buscar el perfeccionamiento en nuestras prácticas parlamentarias.
Estamos ciertos que los cambios profundos que se han producido en el mundo no nos han paralizado, por el contrario, hemos actuado con oportunidad, para conducir con eficacia y horizonte de largo plazo las transformaciones internas.
Hemos tenido capacidad de previsión y resolución para actuar. Hemos impulsado a tiempo y con ritmo apropiado reformas de gran proyección histórica.
Los diputados priístas hemos demostrado que en nuestro Partido hay espacio para el análisis, aliento para la reflexión conjunta, disciplina fundada en la libertad, ideas que se postulan y se sostienen así como voluntad y sólida unidad orgánica que nos permite asumir compromisos y cumplirlos cabalmente.
Somos un partido maduro y democrático, conformado por individuos y organizaciones que sostienen causas sociales. Cuando ya hemos decidido lo que conviene, avanzamos cuestionados, unidos, como lo hemos demostrado y lo seguiremos haciendo en nuestra responsabilidad como legisladores.
Nuestra fuerza está en la unidad razonada y en la lealtad comprometida; nuestro partido tiene, además, un compromiso con la democracia y con la legalidad. Ha cumplido, respondiendo a las inquietudes de la sociedad, con la que estamos en permanente contacto y a la que representamos mayoritariamente. Somos una mayoría que reconoce su capacidad y su fuerza y que por eso mismo sabe de la importancia y trascendencia de sus decisiones, lo que nos obliga a actuar con sensatez, prudencia política y alto sentido de responsabilidad para continuar por el camino de la justicia social y la democracia, que necesita y demanda la sociedad mexicana.
El reto democrático que es constante, requiere de propuestas viables y realistas que logren estabilidad y apertura representativa. Mi Partido hace tiempo que trabaja en esa dirección y en esta Cámara hay prueba plena del compromiso democrático que ha impulsado.
Hoy, nuevamente propone una reforma política, electoral integral que busca el consenso de las fuerzas políticas nacionales. Somos la vanguardia del cambio, porque hemos sabido escuchar y atender el reclamo de la sociedad y le hemos dado forma en leyes para avanzar sin facturas ni violencia, y consolidar nuestro proyecto como nación libre, soberana, justa, participativa y democrática.
A veces se nos critica por ser un partido en constante transformación y promotor de los cambios
políticos, económicos y sociales del país, pero esto naturalmente lo recibimos como un elogio y nos da ánimos para seguir avanzando.
En este período ordinario de sesiones, llevamos a cabo nuestros trabajos bajo la sólida y democrática dirección y liderazgo de nuestra compañera diputada María de los Ángeles Moreno, porque hemos sido testigos de su entrega al trabajo, de su sensibilidad política, de su honestidad, de su capacidad y respeto, le reconocemos su acertada participación en el quehacer de esta Cámara de Diputados.
No sería válido hacer un balance de los trabajos de este período si no reconociéramos la eficaz labor informativa que a través de los medios de comunicación hicieron los señores periodistas y reporteros, así como la dedicación y empeño de los trabajadores y empleados que colaboran en esta Cámara.
Compañeras y compañeros diputados:
Hoy concluye un trecho más de nuestra labor parlamentaria. Nos espera uno lleno de propuestas imaginativas y prometedoras en el panorama democrático de la nación, vayamos a su encuentro con visión abierta al futuro, ánimo democrático y plena convicción de que lo haremos unidos y leales con los principios, ideas y programas de un gran partido: el Revolucionario Institucional y pensando siempre en la grandeza de México. Muchas gracias.
AGRADECIMIENTO
El Presidente:
Honorable Asamblea: me corresponde decir brevemente a ustedes, compañeros diputados, nuestra opinión sobre el desarrollo de los trabajos legislativos que hoy concluyen y para ello hay que hacer una breve referencia a su tamaño y también una evaluación al contenido de las tareas que han constituido este período constitucional.
Ha habido, compañeros diputados, en este foro, que es de la atención nacional, un número muy grande de asuntos tratados y expuestos. Muchos nacieron de los más sensible de la realidad mexicana y devinieron en el discurso a través de las voces que el país se ha dado, que son las voces de sus diputados y vale decirlo porque la tribuna de esta Asamblea es verdaderamente el altavoz de la nación y sus deliberaciones y sus acuerdos y los convenios entre sus miembros son suma de muchas conciencias.
Pero mucha de esta labor que tuvo la Cámara en el lapso dedicado al conocimiento y la discusión de los asuntos, se convirtieron en normas para la vida de los mexicanos y la principal función de esta Cámara se llenó pues de labor y de trabajo con un sinnúmero de temas que se discutieron y se aprobaron. Así, además de todos esos acuerdos de naturaleza administrativa, cuya autorización exige la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y cuya cifra puedo reportar a ustedes en 85 casos, nos constituimos, como dijeron hacer rato algunos de nuestros compañeros diputados que hablaron a nombre de las fracciones partidistas, ocho veces en Cámara de revisión y 25 en Cámara de origen. En estas ocasiones analizamos dictámenes que se produjeron por iniciativas en donde se proponía la reforma o modificación a veces, de más de una ley en casa caso. Ese vasto trabajo de comisiones en el pleno, se deliberaron y se discurrieron con la palabra y con las ideas de las diferentes fracciones parlamentarias que se representaron en esta tribuna hasta el día de hoy, con 991 oradores.
El resultado de nuestra función se puede traducir en reformas legales y en expedición de nuevos ordenamientos legislativos. Conviene pues mencionarlo brevemente en cifras e informarlo de esta manera compañeros diputados: Dos reformas a artículos constitucionales: en la primera al 28, al 73 y al 123 dando una nueva conformación organizativa constitucional al Banco de México. En la segunda a la fracción III del artículo 82.
Hubo ocho nuevas leyes completas, dos de carácter general, cuatro de carácter federal y dos de aplicación para el Distrito Federal.
Se reformaron en diferentes partes seis leyes de cáracter financiero; seis leyes de carácter civil y procesal; tres de carácter administrativo y de justicia. Dos más, leyes de seguridad social.
Abrogamos seis leyes, cuatro con la expedición de las nuevas que lo sustituían y dos como parte de un nuevo contexto normativo.
Aprobamos en tres ocasiones decretos administrativos en materia mercantil y financiera. Hubo sin embargo, compañeros diputados, hay, varias iniciativas de reforma a la Constitución y desde luego la inminente necesidad de aprobar la de legislación secundaria que obligadamente vendría de ello. Creo que ésta es una razón importante y que todos compartimos, para que nuestros compañeros diputados a quienes elegimos ayer para formar parte de la Comisión Permanente, lleven el punto de vista, que creo es
unánime de todas las fracciones parlamentarias a esa Comisión, para que en la oportunidad que convoque a un período extraordinario que sirva exprofeso para conocer de estas importantes cuestiones que están en el seno de la Cámara y de las comisiones.
La naturaleza y la extensión del valor legal de todas estas normas que trasciende a todo el territorio nacional y a los más importantes y sensibles aspectos de la vida de los mexicanos, me parece que es innegable y espero que se comparta por toda la Asamblea.
Todo esto me provoca una opinión más que ruego a ustedes permitirla, y que pretende de alguna manera resumir parte de lo que los demás compañeros diputados en esta ocasión, en esta sesión han venido a decir aquí.
Me parece que podemos compartir que en México no hay una instancia más plural, en ninguna parte, que esta Cámara de Diputados, que aquí concurren como en ningún otro foro o entidad del país, las más variadas expresiones de ideas y de la participación política que conforman la personalidad social de los mexicanos; que con diferentes puntos de vista y diagnósticos, en una nación donde convergemos con todos nuestros antecedentes, con nuestra dilatada geografía y con nuestras diferencias culturales y económicas, podemos decir que en muy buena parte sintetizamos aquí en esta Asamblea legislativa, las mejores razones nacionales.
Que la participación de los oradores en esta sesión pudiera de sus palabras entresacarse un propósito común, dar al país mejores leyes para procurar mejores formas de vida, más bienestar y más participación democrática; que consensos y disensos confluyen y unos y otros se condicionan. Sin unos y sin otros, no puede haber democracia ni vía para mejorarla.
Que en esta Cámara, aun con el propósito de coincidir la mayor de las veces, aun cuando no siempre estemos de acuerdo, hay y ha habido avances ciertos y determinables; que uno de ellos, producto de las nuevas formas y normas que rigen ya la vida parlamentaria interna, es precisamente la forma en que se conducen, ahora, de manera plural, los debates y las deliberaciones de esta Cámara, compañeros diputados. Es pues, esta mesa directiva, como las otras, resultado de esos sanos y saludables, en lo político, acuerdos políticos entre las fracciones partidistas de esta Cámara.
También nos toca, como lo han hecho algunos de los demás oradores, hacer, pues, un reconocimiento a quienes ayudan a todos en el trabajo material y lo sostienen en esta Cámara: personal de apoyo, a quienes hacen trascendente y público los acuerdos y las tareas de la Legislatura, que son los medios de comunicación.
Desde luego, finalmente, centralmente, el agradecimiento en esta ocasión a ustedes, compañeros diputados, por el voto dado a esta mesa directiva, al que hemos tratado todos, sin excepción, de retribuir con la mayor responsabilidad y con la mayor dedicación.
CLAUSURA
El Presidente:
Señor Secretario, pida a todos los diputados y asistentes, ponerse de pie.
El secretario Luis Moreno Bustamante:
Se ruega a los presentes ponerse de pie.
El Presidente:
Hoy, 14 de julio de 1993, la Cámara de Diputados de la LV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, declara formalmente terminados los trabajos correspondientes al segundo período ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio.
ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN
El Presidente:
Sírvase la Secretaría dar lectura al acta de esta sesión.
El secretario Luis Moreno Bustamante:
Hay autorización de los grupos parlamentarios para que el acta de clausura, redactada y circulada entre ellos, se distribuyera para su revisión y para su aprobación.
El Presidente:
Solicite la Secretaría entonces si procede este trámite, de manera económica consúltelo y se autorice entonces que se dé por leída y trasladada la versión de esta sesión en el acta de clausura.
El secretario Luis Moreno Bustamante:
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la Asamblea en votación económica si se
autoriza que el acta de clausura se dé por leída y copia de la misma se distribuya en los grupos parlamentarios para su revisión y aprobación.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se da por leída, señor Presidente.
«Acta de la Sesión de Clausura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el día catorce de julio de mil novecientos noventa y tres, correspondiente al Segundo período de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la quincuagésima quinta legislatura.
Presidencia del diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las trece horas con veintiún minutos del día catorce de julio de mil novecientos noventa y tres, con una asistencia de trescientos sesenta y cuatro diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y la Asamblea dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, misma que, sin discusión, se aprueba en sus términos en votación económica.
El Presidente designa las comisiones de cortesía para informar, al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la clausura del segundo período ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.
Para expresar sus opiniones respecto de los trabajos de este período de sesiones, hacen uso de la palabra los diputados: Hildebrando Gaytán Márquez, del Partido Popular Socialista; Samuel Moreno Santillán, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Luisa Alvarez Cervantes, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Rosa Albina Garavito Elías, del Partido de la Revolución Democrática y Ernesto Gil Elorduy, del Partido Revolucionario Institucional.
El Presidente agradece a los diputados y al personal administrativo el apoyo brindado y, puestos todos de pie, declara:
"Hoy, catorce de julio de mil novecientos noventa y tres, la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso de la Unión, declara formalmente terminados los trabajos correspondientes al segundo período ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio.»
No habiendo nadie más que haga uso de la palabra y agotados los asuntos del orden del día, a las quince horas con cuarenta y seis minutos, se levanta la sesión.
El Presidente:
(A las 15.47 horas): Se levanta la sesión de Cámara de Diputados y se convoca para tener sesión de Congreso General el día de mañana, jueves 15 de julio, en punto de las 11.00 horas.
NOTAS
Siglas y abreviaturas incluidas en esta edición:
Anaversa Agricultura Nacional de Veracruz, Sociedad Anónima.
CEN Comité Ejecutivo Nacional
Cofipe Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
D. F. Distrito Federal
PAN Partido Acción Nacional
PARM Partido Auténtico de la Revolución Mexicana
Pemex Petróleos Mexicanos
PFCRN Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional
PPS Partido Popular Socialista
PRD Partido de la Revolución Democrática
PRI Partido Revolucionario Institucional
Seneam Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano
TLC Tratado de Libre Comercio