Legislatura LV - Año III - Período Comisión Permanente - Fecha 19940105 - Número de Diario 3
(L55A3PcpN003F19940105.xml)Núm. Diario: 3ENCABEZADO
LV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE
Diputada María de los Ángeles Moreno Uriegas
PALACIO LEGISLATIVO
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Héctor de Antuñano y Lora
AÑO III México D, F., miércoles 5 de enero de 1994 No. 3
SUMARIO
ASISTENCIA
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
ESTADO DE MÉXICO
Comunicación del diputado Miguel Ángel Terrón Mendoza,, informando haber optado por el cargo de presidente municipal de Ometepec. De enterado.
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
Oficio con el que informa de la clausura del segundo período de sesiones de 1993. De enterado.
ESTADO DE QUERÉTARO
Comunicación del Congreso de esa entidad, informando de actividades propias de su legislatura. De enterado.
REINO DE ESPAÑA
Oficio de la Secretaría de Gobernación, comunicando que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, nombró al ciudadano José Ignacio Diego Pichardo Pagaza, embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Gobierno de ese Estado. Se turna a la Segunda Comisión, con la solicitud de que presente dictamen durante esta misma sesión.
REPÚBLICA DE NICARAGUA
Oficio de la Secretaría de Gobernación, comunicando que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, nombró al ciudadano Edgardo Flores Rivas, embajador extraordinario, y plenipotenciario de México ante el Gobierno de esa nación. Se turna a la Segunda Comisión, con la solicitud de que presente dictamen en esta misma sesión.
EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN MÉXICO
Oficio de la Secretaría de Gobernación, informando que el ciudadano Germán Raphael Koby, dejó de prestar sus servicios en esa legación. Se turna a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y a la de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.
REPÚBLICA DE PORTUGAL
Oficio de la Secretaría de Gobernación, solicitando el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Ana María Portillo Espinosa, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere esa nación. Se turna a la Primera Comisión.
REPÚBLICA DE FRANCIA
Oficio de la Secretaría de Gobernación solicitando el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Miguel Arturo Necoechea y Gracia, puedan aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de esa nación. Se turna a la Primera Comisión.
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Oficio de la Secretaría de Gobernación, solicitando el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Alvaro Enrique Guzmán Milla, pueda prestar sus servicios en el Consulado General de ese país en Ciudad Juárez, Chihuahua. Se turna a la Primera Comisión.
ASCENSOS MILITARES
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite las hojas de servicios de los ciudadanos Fernando Hernández Miranda, Fernando Flores Gómez González, Manuel Eusebio Anguas Mendoza, José Gerardo Valcárcel Zamora, Conrado Aparicio Blanco, José María Ortegón Cisneros y José de Jesús Terrazas Olvera, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Segunda Comisión.
REINO DE SUECIA
Ocurso del ciudadano Norberto Cozar García, solicitando el permiso constitucional necesario para aceptar y usar la condecoración que le confiere el Rey de esa nación. Se turna a la Primera Comisión.
ESTADO DE CHIAPAS
Declaración de legisladores de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en torno a los acontecimientos en esa entidad.
Expresan sus opiniones los legisladores:
Alfredo Castañeda de Andrade
Jorge Tovar Montañez
Alfredo Castañeda Andrade
Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez
Juan Antonio Nemi Dib
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa
Alberto Marcos Carrillo Armenta
Víctor Manuel Tinoco Rubí
José de Jesús Martín del Campo Castañeda
Juan José Rodríguez Prats
Jorge Tovar Montañez, para rectificar hechos.
José de Jesús Martín del Campo Castañeda, para rectificar hechos.
Juan José Rodríguez Prats, para contestar alusiones personales.
REPÚBLICA DE NICARAGUA (II)
Dictamen de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo con el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Edgardo Flores Rivas, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Gobierno de esa nación. Se aprueba y se turna al Poder Ejecutivo Federal.
Comisión y protesta.
REINO DE ESPAÑA (II)
Dictamen de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo con el que se ratifica el nombramiento del ciudadano José Ignacio Pichardo Pagaza, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Gobierno de esa nación. Se aprueba y se turna al Poder Ejecutivo Federal.
Comisión y protesta.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
Presidencia de la diputada María de los Ángeles Moreno Uriegas
ASISTENCIA
La Presidenta:
Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.
El secretario diputado Efraín Zúñiga Galeana:
Se va a proceder a pasar lista de asistencia de los miembros de la Comisión Permanente.
Hay una asistencia de 32 representantes. Hay quórum, señora Presidenta.
APERTURA
La Presidenta (a las 12.35 horas):
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El secretario diputado Efraín Zúñiga Galeana:
Se va a dar lectura al orden del día.
«Comisión Permanente. Primer Receso. Tercer Año. LV Legislatura.
Orden del día
5 de enero de 1994.
Lectura al acta de la sesión anterior.
Comunicación de legisladores.
Comunicación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Comunicación del Congreso del Estado de Querétaro.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Por el que se comunica que el Presidente de la República, nombró al licenciado José Ignacio Diego Pichardo Pagaza, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México, ante el gobierno de España.
Por el que se comunica que el Presidente de la República, nombró al ciudadano Edgardo Flores Rivas, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México, ante el Gobierno de la República de Nicaragua.
Por el que se comunica que el ciudadano Germán Raphael Koby, ha dejado de prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Ana María Portillo Espinosa, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Infante Don Henrique, en grado de oficial, que le confiere el Gobierno de la República portuguesa.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Miguel Arturo Necoechea y Gracia, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Artes y las Letras, en grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de la República francesa.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Alvaro Enrique Guzmán Milla, pueda prestar servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en ciudad Juárez, Chihuahua.
Con el que se remiten las hojas de servicios de los ciudadanos Fernando Hernández Miranda, Fernando Flores Gómez González, Manuel Eusebio, Anguas Mendoza, José Gerardo Valcárcel Zamora, Conrado Aparicio Blanco, José María Ortegón Cisneros y José de Jesús Terrazas Olvera, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Solicitud de particular
Del ciudadano Norberto Cozar García, para que se le conceda el permiso constitucional necesario para aceptar y usar la condecoración Caballero de la "Estrella del Norte", primera clase, que le confiere el Rey de Suecia.
Declaración política sobre los acontecimientos en el Estado de Chiapas.
Intervención del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para fijar su posición sobre el inicio de los trabajadores de la Comisión Permanente.
Comentarios del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre la situación poselectoral en el Estado de México.
Comentarios del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, sobre el Tratado de Libre Comercio.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El secretario diputado Efraín Zúñiga Galeana:
Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de la Sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el día veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y tres, correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio de la LV Legislatura.
Presidencia de la diputada María de los Ángeles Moreno Uriegas
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las diecisiete horas con treinta y un minuto, con una asistencia de veinticinco legisladores, la Presidenta declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día, y posteriormente, al acta de la sesión de instalación, misma que sin discusión se aprueba en sus términos en votación económica.
También en votación económica se aprueba la proposición de la mesa directiva respecto a la integración de las comisiones de trabajo de la Comisión Permanente.
Dos invitaciones del Departamento del Distrito Federal, a los actos cívicos conmemorativos del septuagésimo aniversario luctuoso de Felipe Carrillo Puerto y septuagésimo nono de la Expedición de la Ley Agraria del seis de enero de mil novecientos quince. Se designan sendas comisiones para representar a la Comisión Permanente.
Se da cuenta con las siguientes comunicaciones:
Del diputado Enrique Jacob Rocha, con la que informa que opta por el cargo de presidente municipal de Naucalpan de Juárez, México; del diputado Alfredo Torres Martínez, con la que informa que opta por el cargo de presidente municipal de Ecatepec de Morelos, México;
Del diputado Luis Humberto Correa Mena, con la que informa que opta por el cargo de presidente municipal de Mérida, Yucatán. De enterado.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y la Presidenta clausura la de hoy a las dieciocho horas con un minuto, citando para la que tendrá lugar el próximo día cinco de enero de mil novecientos noventa y cuarto, a las once horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada el acta, señora Presidenta.
ESTADO DE MÉXICO
El secretario senador José Ramón González León:
Se va a dar lectura a un oficio.
«Ciudadana Presidenta de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presente.
Deseo manifestar ante esta honorable soberanía que el día 14 del mes en curso, la Cámara de Diputados del Estado de México, erigida en Colegio Electoral, y en uso de las facultades que le confiere la Constitución y las leyes electorales del Estado, declaró válidas y legítimas las elecciones celebradas en Metepec, el pasado 14 de noviembre. Por consiguiente su servidor fue declarado presidente municipal de Metepec, Estado de México para el período 1994 - 1996.
Por tal razón con fundamento en lo previsto por el artículo 125 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos manifiesto a ustedes que reuniéndose en mi persona la titularidad de dos cargos de elección popular, uno de carácter federal y otro de orden estatal, mediante este escrito he decidido optar por el cargo de presidente municipal.
Ruego a ustedes hacer del conocimiento de la Cámara este documento para los efectos constitucionales y legales a que hubiere lugar.
Reitero a ustedes las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Palacio Legislativo, diciembre 23 de 1993. Diputado Miguel Ángel Terrón Mendoza.» De enterado.
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
El secretario senador José Ramón González León:
Se va a dar lectura a una comunicación.
«Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Presidencia. México.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
Me permito comunicar a ustedes, rogándoles se sirvan hacerlo del conocimiento de esa honorable Cámara, que el día de hoy esta Suprema Corte de Justicia de la Nación clausuró el segundo período de sesiones correspondiente al año en curso.
Reitero a ustedes las seguridades de mi especial consideración.
México, Distrito Federal, a 15 de diciembre de 1993. El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Licenciado Ulises Schmill Ordóñez.»
De enterado.
ESTADO DE QUERÉTARO
El secretario senador José Ramón González León:
Se va dar lectura a una comunicación:
«Escudo del Estado de Querétaro. Honorable Congreso del Estado.
Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, Distrito Federal.
La Quincuagésima Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Querétaro Arteaga, hace de su conocimiento que con esta fecha se eligió la mesa directiva que presidirá los trabajos correspondientes al mes de diciembre, dentro del primer período ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio legal, quedando de la forma siguiente. Presidente, licenciado Enrique González González; vicepresidente, licenciada Jacarandá López Salas; secretario, Francisco Hernández Velasco; secretario, profesor Francisco Flores Espíritu; secretario suplente, profesor Sergio Vargas Cárdenas.
Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para reiterarle las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Querétaro, Querétaro, 26 de noviembre de 1993. Diputados secretarios, José Moreno Escobedo y Juan Vargas Ocampo.»
De enterado.
REINO DE ESPAÑA
El secretario senador José Ramón González León:
«Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación. Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a esta de Gobernación, con fecha de hoy, enviándoles además con el presente los anexos que en el mismo se mencionan:
"En uso de las facultades que le concede el artículo 89 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la República ha tenido a bien designar al ciudadano José Ignacio Diego Pichardo Pagaza, embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Gobierno de España. En consecuencia, he de agradecer a usted se sirva solicitar en los términos de la fracción VII del artículo 79 constitucional la ratificación de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión para este nombramiento. Con este fin le envío adjuntos los datos biográficos del interesado."
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 4 de enero de 1994. El secretario José Patrocinio González Blanco Garrido.»
La Presidenta:
Se turna a la Segunda Comisión, con el ruego de que en el transcurso de la sesión presenten el dictamen correspondiente.
REPÚBLICA DE NICARAGUA
El secretario diputado Efraín Zúñiga Galeana:
«Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación. Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
Con fecha 16 de diciembre próximo pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a ésta de Gobernación lo siguiente:
"En uso de las facultades que le concede el artículo 89 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la República ha tenido a bien nombrar al ciudadano Edgardo Flores Rivas, embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Gobierno de la República de Nicaragua. En consecuencia, he de agradecer a usted se sirva solicitar en los términos de la fracción II del artículo 76 constitucional la ratificación de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión al nombramiento del ciudadano Flores Rivas. Con este fin le envío adjuntos los datos biográficos del interesado."
Lo que transcribo a ustedes para los efectos del artículo 79 fracción VII de la propia Constitución, para su conocimiento y fines legales procedentes, enviándoles con el presente los anexos que en el mismo se mencionan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 3 de enero de 1994. El secretario José Patrocinio González Blanco Garrido.»
La Presidenta:
Se turna a la Segunda Comisión, con el ruego de que en el transcurso de la sesión presente el dictamen correspondiente.
EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN MÉXICO
El secretario diputado Efraín Zúñiga Galeana:
«Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación. Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 22 de noviembre último, enviándoles además con el presente el anexo que en el mismo se cita:
"Hago de su conocimiento para los efectos a que haya lugar, que la persona que se menciona a continuación se dirigió a esta Secretaría para informar que ha dejado de prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en esta ciudad. Anexo encontrará la carta del interesado. Nombre, puesto, lugar de trabajo; Germán Raphael Koby, auxiliar contable, Embajada de los Estados Unidos de América en esta ciudad.
La persona mencionada solicita la cancelación del permiso concedido en su oportunidad por el honorable Congreso de la Unión, para prestar sus servicios a ese Gobierno."
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 11 de diciembre de 1993. El secretario José Patrocinio González Blanco Garrido.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.
REPÚBLICA DE PORTUGAL
El secretario diputado Efraín Zúñiga Galeana:
«Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación. Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
A continuación transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 6 del actual:
"La ciudadana Ana María Portillo Espinosa, solicita se tramite ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado B, del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Infante don Henrique, en grado de oficial, que le confiere el Gobierno de la República portuguesa. Para tal efecto y a fin de que se integren a su expediente, remito a usted carta de la interesada dirigida al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, acta de nacimiento, curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la condecoración relativa."
Al comunicar a ustedes lo anterior, envío con el presente los anexos que en el mismo se citan. Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 21 de diciembre de 1993. El secretario José Patrocinio González Blanco Garrido.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
REPÚBLICA DE FRANCIA
El secretario diputado Efraín Zúñiga Galeana:
«Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación. Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
En oficio fechado el 6 del actual, la Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta de Gobernación, manifestando lo siguiente:
"El ciudadano Miguel Arturo Necoechea y Gracia, solicita se tramite ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado B, del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Artes y las Letras, en grado de Caballero, que en grado de Caballero, le confiere el Gobierno de la República francesa. Para tal efecto y a fin de que se integren en su expediente, remito a usted carta del intestado dirigida al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, acta de nacimiento, curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la condecoración relativa."
Al comunicar a ustedes lo anterior, envío con el presente los anexos que en el mismo se citan, para los fines legales procedentes.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 21 de diciembre de 1993. El secretario José Patrocinio González Blanco Garrido.»
Recibo y túrnese a la Primer Comisión.
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
El secretario diputado Efraín Zúñiga Galeana:
«Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación. Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
Con fecha 22 de noviembre último, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:
"Mucho agradeceré a usted tenga a bien solicitar al honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la persona que se menciona a continuación pueda prestar sus servicios dentro del territorio nacional, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua. Para tal efecto, se anexa el original del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona y el escrito en que solicita que se realice el trámite correspondiente. Nombre,
puesto, lugar de trabajo; Alvaro Enrique Guzmán Milla, empleado consular, Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Lo que hago del conocimiento de ustedes para los fines legales procedentes, enviándoles además con el presente los anexos que en el mismo se mencionan."
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 11 de diciembre de 1993. El secretario José Patrocinio González Blanco Garrido.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
ASCENSOS MILITARES
El secretario senador José Ramón González León:
«Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación. Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
En oficio fechado el 17 del actual, la Secretaría de Marina, manifiesta a ésta de Gobernación lo siguiente:
"Es grato dirigirme a usted con la finalidad de solicitarle que por su amable conducto se efectúe la ratificación de grados del personal que en relación anexa se menciona. Para efecto de lo anterior se adjuntan copias certificadas de los acuerdos presidenciales, donde se dispone el ascenso, así como antecedentes y datos complementarios de cada uno de ellos. Agradeciéndole que una vez efectuada la ratificación solicitada, se nos devuelva la documentación remitida para continuar con el trámite correspondiente."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y efectos del artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, acompañándoles con el presente los anexos que en el mismo se citan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 22 de diciembre de 1994. El secretario José Patrocinio González Blanco Garrido.»
Relación: De la documentación de almirantes y capitanes, la cual es turnada a la Secretaría de Gobernación para la ratificación del grado. Vicealmirante CG DEM. Fernando Hernández Miranda; vicealmirante JNLD. Fernando Flores Gómez González; contralmirante CG DEM., Manuel Eusebio Anguas Mendoza; contralmirante CG DEM., José Gerardo Valcárcel Zamora; capitán de navío CG DE. Conrado Aparicio Blanco; capitán de navío CG DEM., José María Ortegón Cisneros; capitán de navío ANPA DEM., José de Jesús Terrazas Olvera.
Diciembre 17 de 1993.
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
REINO DE SUECIA
El secretario senador José Ramón González León:
«Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, Distrito Federal.
Con toda atención, por este medio solicito a esa elevada representación, me sea otorgada la autorización para recibir la condecoración "Caballero de la Estrella del Norte" primera clase, que me confiere el Rey Gustavo Adolfo XVI Rey de Suecia.
Cabe aclarar que fui designado por el Rey Gustavo Adolfo el año de 1982, como cónsul honorario de Suecia en México, con jurisdicción en los estados de: Yucatán y Quintana Roo, con sede en Cancún, Quintana Roo; otorgándose el exequatur correspondiente al siguiente año y el permiso para ejercer el cargo por parte de ese Congreso, funciones que desempeñé hasta los primeros meses del presente año.
Agradezco de antemano la atención prestada a la presente solicitud, esperando la respuesta al domicilio del Consulado.
Atentamente.
Cancún Quintana Roo a, 15 de junio de 1993. Señor Norberto Cozar García.» Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
ESTADO DE CHIAPAS
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Alfredo Castañeda Andrade, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para fijar su posición sobre el inicio de los trabajos de la Comisión Permanente.
El diputado Alfredo Castañeda Andrade:
Con su permiso, señora Presidenta; señoras y señores diputados, señores senadores:
A nombre de la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana hago uso de esta tribuna para fijar nuestra posición y nuestra línea a seguir en los trabajos que habremos de desarrollar en este período de sesiones de la Comisión Permanente, que marca el inicio del último año de trabajos de esta LV Legislatura al Congreso de la Unión.
Toca a esta Comisión Permanente iniciar los trabajos legislativos en 1994, año difícil sin duda por muchas razones de sobra conocidas por todos nosotros, entre ellas las siguientes: la elección federal que habremos de vivir, que culminará con la votación de agosto próximo; la entrada en vigor del Tratado Trilateral de Libre Comercio, entre México, Estados Unidos y Canadá, la difícil problemática social que el país vive, agravado todo fundamentalmente por el lamentable conflicto que se vive en el Estado de Chiapas, y que esboza con toda claridad lo que podemos o se puede esperar en el proceso electoral federal.
En caso de que el veredicto ciudadano expresado en las urnas no sea respetado, podría traer como consecuencia la responsabilidad que pesa sobre todos nosotros.
En nuestro carácter de representantes populares es grave y demandan nuestro mayor esfuerzo, a fin de que ese pueblo con su voto nos entregó un escaño en esta legislatura, no se sienta en forma alguna defraudado. Debemos reconocer que por desgracia nuestro trabajo legislativo no ha logrado captar la confianza ciudadana. Hay mucha indiferencia del pueblo hacia nuestros esfuerzos y esto es atribuible, a juicio del Auténtico de la Revolución Mexicana, a dos razones fundamentales: que ese esfuerzo no ha sido suficiente, de manera tal que se refleje en un mayor bienestar social de la nación, y que falta mucha información hacia el pueblo de los avances que aquí hemos venido logrando.
Muchas veces se ha discutido en diversos foros si los legisladores debemos sujetarnos únicamente a proponer, analizar y a modificar leyes y olvidarnos de la gestoría de servicios sociales, o bien si debemos constituirnos en puente de unión entre pueblo y Gobierno, a fin de darle cabida a las justas demandas del pueblo. Las autoridades pueden darse cuenta de esos reclamos y atender a sus soluciones.
En el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana entendemos que como representantes populares nos atañen ambas actividades y a su cumplimiento hemos consagrado nuestros mayores afanes. Nos preocupa la defensa de la independencia y la soberanía de México como valores fundamentales de la nación.
Luchamos por la libertad individual y la defensa de los derechos humanos que son valores inclaudicables, y por justicia pronta y expedita, el bienestar social y la protección a la familia como célula fundamental de la sociedad.
A partir del nombre de nuestro instituto político, no hay lugar a dudas sobre la doctrina nacionalista que profesamos: el ideal de la Revolución Mexicana y el liberalismo social, no como una moda sexenal propuesta por el Gobierno, sino como propuesta al pueblo de México planteada por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana desde hace una década.
Creemos que el PARM tiene base, fundamento y razón de existir, en tanto que los postulados de justicia social del movimiento armado de 1910 a 1917, no han sido cumplidos.
Existe el fraude electoral, vivimos por desgracia en un Estado que en donde el respeto al voto y el impulso a la democracia no son la constante como demandaba Francisco I. Madero en 1910.
Existe injusticia y cacicazgo en el agro nacional, así como un considerable rezago en la resolución de los diversos conflictos que se han generado por la posesión de la tierra.
Los campesinos carecen de apoyo suficiente, a pesar de la puesta en marcha del Procampo; no hay orientación tecnológica para el campesino ni apoyo económico suficiente y oportuno para arrancar los frutos a la parcela; la tierra para quien la trabaja, como fuera el ideal de lucha de Emiliano Zapata, sigue siendo un sueño y observamos aún grandes latifundios ociosos, que
en manos de auténticos campesinos sería un vergel productor para satisfacer la demanda de alimentos del pueblo de México.
Hay analfabetismo, desempleo, corrupción, carestía y la brecha entre ricos y pobres es cada vez mayor.
En síntesis, la justicia social idealizada por Venustiano Carranza sólo es un texto irrealizado, incluido en el articulado de la Constitución Política de 1917, que hoy nos rige.
Nuestro compromiso, más que defensa a la ideología partidista, está ligado íntimamente a la defensa de las causas populares, tenemos que admitir que nos queda un largo trecho por recorrer, grandes acciones que intentar, muchas luchas populares que encabezar.
Estamos en los umbrales del Siglo XXI, y el retraso nacional es evidente. En muchas zonas de nuestra nación vivimos con retrasos más propios de la centuria anterior; se debe a políticas de Gobierno equivocadas o en muchos casos a la apatía de las autoridades, que se guardan más por cumplir un mandato enfocado hacia el exterior de nuestras fronteras, que hacia el interior de nuestro territorio, inspirado más en modas norteamericanas y europeas que en el análisis sereno y real de la problemática nacional y sus alternativas de solución.
Por eso decimos que varios mandatos gubernamentales equivocaron el camino que marcó el movimiento armado de 1917 y cuya Carta Fundamental debería ser el mejor libro de consulta y de inspiración para conducir al Gobierno por la senda del propio pueblo que ha marcado con gran visión.
No cabe duda, aun cuando esta legislatura se adentra ya hacia su última etapa, aún tenemos muchas responsabilidades que desempeñar y hacia su cumplimiento se encamina con decisión la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Gracias.
La Presidenta:
Proceda la Secretaría a dar lectura a la declaración de legisladores de esta Comisión Permanente, en torno de los acontecimientos en el Estado de Chiapas.
El secretario diputado Efraín Zúñiga Galeana:
Declaración de legisladores de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en torno de los acontecimientos en el Estado de Chiapas. En relación con los recientes hechos de violencia, suscitados en el Estado de Chiapas, los miembros de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el final firmantes, expresamos nuestra convicción unánime de que la solución a los problemas sociales y la erradicación de sus causas, sólo puede lograrse a través de vías pacíficas y en el marco del derecho respetado por todos.
Lamentamos profundamente los diversos acontecimientos que han quebrantado el orden jurídico en el Estado de Chiapas y que han causado la pérdida de numerosas vidas humanas.
Como órgano de representación nacional, manifestamos nuestra plena disposición para contribuir a encontrar una pronta solución al conflicto mediante la moderación, el diálogo y la negociación.
Sólo dentro del orden jurídico y de las instituciones democráticas, avanzaremos hacia metas concretas de bienestar social, que es nuestro objetivo compartido.
Todas las fuerzas políticas coincidimos en que la transformación y progreso de la sociedad deben impulsarse por cauces que sean auténtica expresión de la voluntad del pueblo mexicano y que desalienten las diferentes manifestaciones de violencia.
Los ancestrales rezagos económicos y la iniquidad social, particularmente aguda en la región del conflicto, deben ser objeto de una acción pública y privada, justa y vigorosa, dentro del más estricto respeto a los derechos y requerimientos de las comunidades. Las acciones institucionales deben multiplicarse y rendir frutos cabales en un entorno de libertad.
De igual manera, expresamos nuestra preocupación por el respeto a los derechos humanos de todos aquellos involucrados en los hechos y por la vigencia de la legalidad. Es indispensable garantizar las acciones de protección, auxilio y atención médica a la población.
Consideramos fundamental que la información sobre los delicados sucesos se presente en forma oportuna, completa y veraz.
El orden constitucional es requisito indispensable para continuar nuestro desarrollo con justicia y libertad, y para preservar y promover la cohesión, la independencia y la soberanía de la nación.
En virtud de lo anterior, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión propone:
1o. Convocar a quienes ahora protestan con las armas, a que propicien la cesación de hostilidades, acepten, formas de mediación y contribuyan, junto con las autoridades y la sociedad, a lograr las condiciones y el clima necesarios para el diálogo y la negociación.
2o. La difusión sistemática, veraz y oportuna de la información a la que tiene derecho la población.
3o. La formación de un grupo plural, integrado por legisladores miembros de las tres comisiones de trabajo, que recabe la información necesaria para sugerir, en el marco de sus atribuciones y responsabilidades, cursos de solución política, a la situación prevaleciente en el Estado de Chiapas.
Palacio Legislativo, salón de legisladores de la República, 5 de enero de 1994.
Presidenta: diputada María de los Ángeles Moreno Uriégas; vicepresidente, diputado Miguel González Avelar; diputado, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, diputado Felipe Calderón Hinojosa, diputado Juan Moisés Calleja García, diputado Gustavo Carvajal Moreno, diputado Juan de Dios Castro Lozano, diputado Rodolfo Echeverría Ruiz, diputado Alejandro Encinas Rodríguez, diputado Javier Garduño Pérez, diputada Laura Alicia Garza Galindo, diputado Gabriel Jiménez Remus, diputado Adolfo Kunz Bolaños, diputado Jesús Martín del Campo, diputado José Francisco Paoli Bolio, diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, diputado Juan José Rodríguez Prats, diputado Efraín Zúñiga Galeana. Senador Miguel Alemán Velasco, senador Roberto Anzar Martínez, senador Orlando Arvizu Lara, senador Raúl Enrique Carrillo Silva, senador Manuel Díaz Cisneros, senador José Ramón González, senador Gustavo Guerrero Ramos, senador Carlos Jiménez Macías, senadora Silvia Hernández Enríquez, senador Alger León Moreno, senador Humberto Lugo Gil, senador Ernesto Luque Feregrino, senador Porfirio Muñoz Ledo, senador Oscar Ramírez Mijares, senador Gustavo Salinas Iñiguez, senador Germán Sierra Sánchez, senador Héctor Terán Terán, senador Víctor Manuel Tinoco Rubí.
Servida, señora Presidenta.
La Presidenta:
Muchas gracias. Tiene la palabra, en relación con este asunto el diputado Jorge Tovar Montañez, del Partido Popular Socialista.
El diputado Jorge Tovar Montañez:
Compañeras y compañeros legisladores; estimados asistentes:
Es una elevada responsabilidad para cualquiera de nosotros hacer uso de esta tribuna para referirnos a una serie de acontecimientos, de hechos que ya forman parte de la historia de México.
Nosotros, de antemano, el Partido Popular Socialista, declara que con toda decisión y convencimiento ha signado la declaración conjunta de todas las fracciones parlamentarias en torno a estos acontecimientos, y que señalan fundamentalmente la apreciación del Poder Legislativo y las vías de solución que planteamos.
Sin embargo, no podemos dejar de hacer uso de la tribuna para examinar y externar los juicios del Partido Popular Socialista, sobre estos problemas, sobre este problema grave, con la clara intención de no redundar y de no enfatizar en ideas y en hechos obvios.
Parecería una cuestión de Perogrullo insistir en que existen, y debemos fijar nuestra atención fundamentalmente en la existencia de causas objetivas en el problema de Chiapas, y no caer en apreciaciones contrarias, subjetivas, en idealismos ajenos a esa realidad. Una realidad que, efectivamente, tiene sus antecedentes centenarios en la historia de México, en la vida del país; antecedentes también que nos permiten recordar que al parecer la Revolución mexicana no pasó por ese estado, por esa entidad, con la fuerza que sucedió en otros estados de la República, y que al parecer aquello que señaló Traven Toswald, Bruno Traven, en sus obras todavía muy leídas, sigue siendo parte de la vida actual de los chiapanecos, y eso duele a todos los mexicanos.
Existen causas objetivas: atraso, rezago, injusticias, explotación, latifundismo, pero quiero señalar fundamentalmente uno: el caciquismo. Nos hemos acostumbrado en México, por infortunio, a hablar del caciquismo como algo con lo que debemos convivir para siempre, soportarlo o esperar que el tiempo termine con este fenómeno. En opinión personal y de mi partido, es el momento de llamar la atención a todas las fuerzas políticas mexicanas sobre este grave, vergonzoso fenómeno del caciquismo.
El caciquismo tiene como fuente intereses económicos personales, individuales, ni siquiera sociales;
es decir, intereses económicos egoístas, profundamente egoístas y que obviamente revela un grave rezago que proviene de la etapa prerrevolucionaria. Es un rezago de origen prerrevolucionario el caciquismo en México y que, ¿qué efectos tiene?
Pues es un freno a la modernización de todo tipo: político, económico, social. Es un freno, el caciquismo, a la democracia, es un freno, el caciquismo, a la justicia social y, en mi concepto, si ustedes quieren, personal, me parece que ha sido una retranca para el mismo partido oficial, para el PRI, para un sector importante del Gobierno, de los gobiernos.
Porque yo quiero reconocer públicamente, en nombre de mi partido, que en el PRI existen fuerzas muy sanas, bien intencionadas, individual y colectivamente hablando, que tienen interés en que se democratice el país, que tienen interés en que haya procesos electorales limpios, pero yo creo que esa estructura caciquil contra la que tiene que enfrentarse el PRI y no ha podido el PRI acabar con ella en el país, es el principal obstáculo para que el Partido Revolucionario Institucional obtenga esos propósitos que comparten muchos importantes miembros de ese partido. Yo creo que esto es lo que ha sucedido por ejemplo recientemente en Yucatán.
Yo creo que hay de veras interés en el PRI en limpiar, en sanear, en alguna parte del PRI, sanear el ambiente político nacional, pero el caciquismo no lo ha permitido. Es decir, el mismo PRI se topa, se enfrenta y se tiene que detener frente a esa estructura caciquil.
Precisamente, ¿en dónde se da el caciquismo? Es muy sencillo repasar la geografía nacional. ¿Dónde tiene mayor fuerza y presencia? En los sitios donde hay mayores riquezas naturales del país: Veracruz, Chiapas, Tabasco, Oaxaca etcétera, sitios donde hay riquezas naturales que se siguen explotando de manera medieval, Chihuahua, no lo mencioné, pero a la vez donde hay una gran concentración de población indígena y esto origina un gran círculo vicioso.
El caciquismo crea el atraso y el atraso impide una lucha efectiva contra el caciquismo, y está ese problema indígena, no creemos que sea fundamentalmente el caciquismo contra la población indígena, pero sí predominantemente, y es momento de poner atención a este fenómeno y no soslayarlo y no hacer como que ya nos acostumbramos a convivir con él. Nosotros hacemos un llamamiento serio a todas las fuerzas políticas, al Gobierno de la República, a sus autoridades para que empecemos a encontrar los caminos para acabar con este fenómeno tan grave y tan vergonzoso para la vida nacional.
Pero también hay causas subjetivas en el problema de Chiapas. Durante mucho tiempo ha habido un gran número de grupos, denominaciones que se han querido presentar como los "redentores" del pueblo chiapaneco. Denominaciones religiosas, alguna, la más fuerte, que en un momento dado y quiero aclararlo y decirlo con toda responsabilidad, fue aliada de los caciques, esperemos que ya no esté sucediendo eso, pero sí, la denominación religiosa mayoritaria que en una época fue aliada de los caciques de manera indirecta, si se quiere apreciar así; pero nuevas denominaciones, todas, con esa idea de tratar de redimir a los chiapanecos, extranjeros y nacionales, fundamentalmente me refiero a agencias extranjeras y nacionales.
Y quiero hacer referencia a una en especial, el famoso Instituto Lingüístico de Verano, al que el Partido Popular Socialista, y los que saben de esto lo recordarán, los que nos han escuchado durante decenas de años denunciar a esta institución y siempre creyeron que el Partido Popular Socialista andaba viendo a gente de la CIA con tranchete; no es cierto, es una realidad y ahí está la prueba; hoy, lo estamos viendo.
Entonces hay factores subjetivos también, pero otro factor subjetivo muy importante es que ha habido una toma de conciencia de los chiapanecos, de los campesinos, de los indígenas, monolingües o no, en donde han tenido un papel importante los maestros, para hacer entender a los chiapanecos su papel, su carácter, su importancia, su honor, su dignidad; también son causas subjetivas.
Pero esto último, estas causas subjetivas no tendrían, con seguridad no tendrían eco, no podrían ni siquiera desestabilizar o confundir si no hubiera ese "caldo de cultivo" que son el conjunto de las condiciones objetivas negativas que ha habido en Chiapas.
Nosotros reconocemos que ha habido esfuerzos, sobre todo en los últimos tiempos. A mí me llama mucho la atención el que de 45 aserraderos explotados, muchos por extranjeros, que se han acabado la riqueza forestal de Chiapas, hoy quedan cinco, porque a 40 se les ha negado ya el permiso, tal vez se esté haciendo esto ya muy tarde, tal vez esta medida vino muy tarde, pero algo se está haciendo.
Sin embargo esos esfuerzos se quedan muy abajo, lejos del enorme esfuerzo que se tiene que hacer para acabar con ese rezago. Quiero pasar a otro punto, el de las interpretaciones políticas.
Hay una versión pública de los, vamos a decir, supuestos o reales jefes, dirigentes de este movimiento armado, que se nos presentan o se quieren presentar como luchadores por el socialismo, revolucionarios etcétera. Creo que aquí es donde nosotros debemos tener mucho cuidado porque es muy fácil caer en conclusiones de que es la izquierda mexicana la que está propiciando esta alteración del orden, es muy fácil, y, desde ese punto de vista nosotros queremos rechazar interpretaciones emanadas de la Secretaría de Gobernación, en el sentido de que pudieran ser elementos de la guerrilla de la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca, de la URNG. Esto no es de aceptarse, como lo quiere hacer aparecer el Gobierno de Guatemala. No es de izquierda este movimiento.
Por el contrario, es muy factible que intereses económicos norteamericanos, no pueden venir de otra parte, directa o a través de muchos mercenarios desempleados de los ejércitos que combatieron a la insurrección en Centroamérica, sean los que estén actuando. Es factible. Tenemos derecho a presumir eso. Tenemos derecho a presumir que los refugiados cubanos o los que salieron de Cuba y que han continuamente desarrollado acciones contra aquel gobierno, estén también inmiscuidos. Es, por el contrario, no es factible pensar que la izquierda mexicana en su conjunto, sea la autora, porque la izquierda mexicana no va a caer en la ingenuidad de pensar que con un grupo armado pequeño, mal armado en algunos de sus sectores, pudiera enfrentarse y derrotar a un ejército como el nacional, y pudiera modificar el sistema político, económico y social; sustituir el capitalismo por el socialismo. La izquierda mexicana no es ingenua. Es un movimiento de derecha.
¿Y qué pretende? ¿Cuáles son los objetivos? Pretende que con pretexto del Tratado de Libre Comercio, y notoriamente vista la oposición de algunos de nuestros partidos a ese tratado, con ese pretexto, pero fundamentalmente con la oportunidad que les da o que les puede dar un año electoral en México, pueda crear desestabilización en el país que permita en un momento dado, que se llegue a un proceso electoral sin validez, sin calificación válida o que cualquier fuerza oscura pudiera en un momento dado, imponerse en el país, ahí sí, mediante un golpe de Estado cruento.
Este movimiento, a nuestro juicio, no contribuye a la vida pública nacional.
Nosotros pensamos que hay manos ajenas metidas en esto; sin negar, sin rechazar, como dijimos antes, que existe un caldo de cultivo, porque donde no hay condiciones objetivas para que el pueblo, algunos sectores del pueblo o elementos del pueblo pudieran tomar las armas, donde no hay ese caldo de cultivo, no, nadie logra levantar al pueblo de esa manera; lo conduce de otras formas.
Entonces es obvio, resulta obvio que el Gobierno, la nación, el Poder Legislativo, tenemos el grave, el fuerte e ineludible compromiso de atender de inmediato las necesidades del pueblo chiapaneco, entre las cuales señalamos, el combate a fondo, contra el caciquismo.
Y otra medida que nosotros planteamos es, que se hace urgente atender, ahora sí en serio, por favor, en serio, el problema del indígena mexicano. Si no lo atendemos, seguiremos teniendo que enfrentar este tipo de situaciones, porque una población marginada es población que se convierte en pasto de los caciques, y ya estamos viendo a dónde conduce el caciquismo. Por eso estamos pidiendo atención a la vez, ojalá y esto esté llegando a las autoridades, junto con otros programas, atender a fondo el problema indígena.
Por todas estas razones y también con el ánimo de ceder el tiempo suficiente a otros compañeros legisladores, queremos dejar sentada la posición del Partido Popular Socialista.
Lamentamos profundamente estos hechos, pero a la vez estamos dispuestos a contribuir, dentro de nuestras funciones, como legisladores y esto resulta muy importante. Yo considero que el Poder Legislativo en México ha ido cobrando una presencia nacional, que no tenía hace unos cuantos años. Hoy el pueblo espera, busca la opinión del Poder Legislativo y espera que actúe, dentro de sus funciones.
Bien. Rubricamos esta intervención ratificando nuestra total adhesión a este documento que ustedes escucharon, que hemos escuchado, y la decisión de participar activamente en estas tareas. Gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Alfredo Castañeda Andrade, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para hablar sobre este mismo asunto.
El diputado Alfredo Castañeda Andrade:
Con su permiso, señora Presidenta; señoras y señores diputados; señores senadores:
A nombre del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, abordo esta tribuna a fin de fijar nuestra posición en relación a los lamentables hechos de sangre acontecidos en el Estado de Chiapas.
Todos sabemos que el problema o más bien todos sabemos que el progreso, el bienestar y el desarrollo se han negado a arribar al Estado chiapaneco. Ante su desesperación, en varias ocasiones los nativos han manifestado su deseo de convertirse en nación independiente, aprovechando la riqueza del área del Soconusco, el abandono en que se ha debatido desde tiempos inmemoriables y muy marcadamente en la era posrevolucionaria. Ha creado en los chiapanecos cierto sentimiento de que los gobiernos no consideran a Chiapas como parte integrante del Pacto Federal.
Por ello, parecen observar una mayor identificación con el vecino país de Guatemala, cuyas poblaciones limítrofes con México mantienen cierta identificación en la desgracia, en la pobreza, en la marginación y en el subdesarrollo.
Cuando el maestro Jesús Reyes Heroles se refería en sus discursos al "México bronco", sin duda hubo quien calificó tal expresión como exageraciones sin fundamento. Lamentablemente el tiempo le ha venido a dar la razón: el rencor social de un pueblo cansado de esperar justicia, un pueblo sojuzgado y sometido al capricho de autoridades y caciques, lacerado por la injusta pobreza, ha comenzado a expresar su rebeldía; con resultados tan lamentables como decenas de muertes.
Lo que ocurre en Chiapas es muy grave y preocupante por la trascendencia nacional e internacional que está teniendo ya. La base, todos la conocemos: origen económico, marginación, olvido, e injusticia social. Es un conflicto ancestral. ¡Lamentablemente no ha sido suficientemente la sangre que se derramara en el movimiento armado de 1910 a 1917! ¡Más de 2 millones de mexicanos que lucharon por democracia y respeto al voto, por un pedazo de tierra y por mayor justicia social! ¡No ha sido suficiente cuando ahora, en pleno final de siglo, esas tres demandas siguen vigentes! Se dice, y con razón, que en Chiapas la Revolución mexicana no triunfó; en Chiapas existe una clara discriminación al indio y el desprecio a su cultura. El paternalismo oficial se ha ejercido a través de los caciques que controlan poder, dinero y prebendas; las etnias chiapanecas, dueñas originales de una tierra rica, sólo han cosechado menosprecio y pobreza.
El PARM se opone al recurso de la violencia como medio para resolver los problemas nacionales; nos oponemos a que impere en México la ley de la selva, creándose con ello el caos y una situación de ingobernabilidad que a nadie beneficia. Las demandas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional son justas, pero lamentablemente equivocaron el camino, la violencia genera violencia y con ello pagan justos por pecadores, dado que la sociedad no beligerante ha sufrido también las consecuencias.
Los miembros integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional deben encauzar sus demandas, por la vía del respeto a la Ley, por la vía del respeto a la integridad de las personas, por la vía pacífica, deben rectificar el camino y retornar a la nación mexicana la tranquilidad. El Auténtico de la Revolución Mexicana considera que no existe mejor camino para resolver controversias y demandas que el diálogo; para que esto sea posible, también el Gobierno mexicano debe dejar a un lado cualquier actitud represiva; de otra manera quedaría descalificado para llamar a un diálogo civilizado a los inconformes.
A las demandas populares no puede respondérseles con la represión que acalla voces y enluta hogares humildes; debe también el Gobierno dejar de oír sólo el interés de los caciques; para poder actuar con limpia imparcialidad y enfrentar, ahora sí, la solución a la diversa problemática que se le está planteando.
La violencia en cuanto a demandas sociales siempre ha rendido el fruto contrario a lo que se buscaba, no debe olvidarse la experiencia de El Salvador, Nicaragua, Perú, Colombia y Guatemala, donde el uso de las armas no sólo no resolvió la problemática que se planteaba, sino que la empeoró a grado tal, que hoy las condiciones para los desposeídos son aun más difíciles. Creemos de urgente e inaplazable necesidad que las investigaciones que se emprenden del caso lleguen hasta el fondo, caiga quien caiga, que se descubran, se informe al pueblo de México y se castigue ejemplarmente a quienes estén financiando, preparando e instigando a un puñado de mexicanos a emprender una guerra fratricida
con el propósito de exhibir negativamente ante el mundo al Gobierno mexicano y de paso directamente a una institución tan querida como el Ejército mexicano.
Creemos que existen poderosos intereses atrás de la guerrilla en Chiapas, si consideramos la calidad de armas que portan algunos insurgentes, las tácticas desplegadas, los uniformes de que hacen gala la mayoría de ellos. Hay que impedir para bien de la nación que no se lucre y que nadie manipule sus hambres y sus miserias para conseguir fines muy distintos al alivio de esas penurias.
En el Auténtico de la Revolución Mexicana consideramos que nosotros los diputados federales tenemos una deuda moral con el pueblo y más aún si este manifiesta su descontento por las condiciones de pobreza, marginación en que históricamente ha vivido. Por ello coincidimos con todos los partidos en la siguiente propuesta: que se forme una comisión pluripartidista a fin de ofrecer nuestra intermediación entre el Gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, para coadyuvar a la resolución del grave conflicto generado en el Estado de Chiapas.
Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene el uso de la palabra el diputado Alejandro Encinas Rodríguez, sobre el mismo asunto.
El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez:
Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros legisladores:
Ignorado por mucho tiempo en su complejidad económica, política, social y cultural, el Estado de Chiapas es hoy punto de atención nacional e internacional por los dramáticos acontecimientos que en este Estado de la frontera sur se han venido desarrollando; sin embargo, el problema no es nuevo y responde a diversas causas estructurales, en la forma que se ha integrado el poder político y económico en esa entidad, en la explotación irracional de los grandes recursos naturales de las comunidades, el despojo y concentración de la tierra y de los medios productivos, la creciente marginalidad de la mayoría de la población tanto rural como urbana y la abierta o disimulada discriminación al indio, su cultura y sus formas de vida.
No es posible intentar entender los graves acontecimientos que hoy se suscitan en ese Estado fronterizo, sin reparar en la organización socioeconómica, política e ideológica que históricamente han sufrido los grupos étnicos en Chiapas y en otros estados del país, como la respuesta de los mismos a las presiones de distinta índole a que han sido sometidos.
El nivel y la calidad de vida en las comunidades está muy lejos de ser satisfactoria, pero más grave aún resulta la falta de perspectivas para muchos de estos grupos indígenas.
Desde mediados de la década pasada, los problemas agrarios en Chiapas tuvieron un violento repunte. Al comenzar 1990 se habían presentado más de 500 invasiones de tierra, 14 mil conflictos por parcelas, 350 conflictos entre ejidos y comunidades, 85 mil campesinos solicitaban tierra abiertamente y no menos de 100 mil la tenían sumamente pulverizada. La respuesta a esta realidad fue la violencia institucional.
La acción impune de caciques y guardias blancas, de autoridades que desde la esfera pública violentaron la vida de las comunidades; la práctica sistemática y reiterada del fraude electoral y por tanto la ilegitimidad de algunos de los peores gobiernos locales que se hayan registrado en la historia del país.
Chiapas atraviesa hoy por una situación económica y social de extrema gravedad que explica el surgimiento de un movimiento que reclama por la vía de la fuerza la solución a los ancestrales problemas que los aquejan; una respuesta a las condiciones de opresión, miseria, hambre y negación de derechos democráticos y humanos impuestos por años de aplicación de una política que, cobijada bajo un falso paternalismo ha tratado con desigualdad a la población india del resto de los mexicanos.
La responsabilidad del estallido social que se ha manifestado en acciones en varios municipios chiapanecos, debe encontrarse en éstas prácticas en las que priva la insensibilidad y negligencia por parte del Gobierno Federal, la corrupción y el despotismo de los funcionarios del Gobierno estatal y los gobiernos municipales, así como los oscuros métodos de control político que encaran los caciques y terratenientes de la región.
Hace apenas unos meses, la dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática, solicitó directamente al Secretario de Gobernación su urgente intervención para atender los
graves problemas de la entidad y su petición fue irresponsablemente desoída; hoy encontramos aquí algunas consecuencias de esa negligencia.
El conflicto que se vive en Chiapas, es sin lugar a dudas un problema político y debe por lo tanto recibir una atención y tener una solución de este carácter. La violencia institucional ha engendrado violencia. La violencia no es el camino para dirimir las diferencias, por eso es inadmisible que el Gobierno determinara esconder la cara y renunciar a su carácter de autoridad, dejando la solución del conflicto al Ejército mexicano.
A pesar de la declaración tardía del Ejecutivo Federal en el sentido de que se buscará siempre el imperio de la Ley, el diálogo pacífico y muy particularmente la defensa de los derechos humanos, la lógica que se está imponiendo es la de las armas y el exterminio masivo de las comunidades.
No se conoce hasta ahora, ningún intento serio para iniciar el diálogo y para tratar de dar respuesta a la grave problemática por la que atraviesa la entidad; por el contrario, se percibe una preocupante generalización de la violación a los derechos humanos de las comunidades indígenas y un Estado de excepción que abarca prácticamente a todo el Estado, sin que medie procedimiento alguno de suspensión de garantías.
En estos momentos y de acuerdo a los últimos reportes de la Prensa, lo que más debe temer el país es la masacre eminente de poblaciones en Chiapas, donde la única solución sea el exterminio del enemigo. Desgraciadamente, algunos indicios van en esa dirección.
Ayer en la tarde, don Samuel Ruiz, obispo de San Cristóbal de las Casas, denunció que durante la incursión de aviones que bombardearon las afueras de San Cristóbal, concretamente las comunidades tzotziles de Corralito, Binaveltán, San Antonio de los Baños, San Isidro del Ocotal, San Antonio del Porvenir y Peña Amarilla, hubo muertos entre la población civil y que incluso algunos fueron capturados y ejecutados.
En Oxchuc se presentan ya asesinatos de la población civil, ejecuciones y fusilamientos.
En Ocosingo los medios de comunicación informaron de la existencia de cuerpos de miembros del llamado Ejército Zapatista de Liberación Nacional, presumiblemente fusilados por miembros del Ejército mexicano. Ese tipo de acciones deben ser castigadas y evitar que se propaguen, o estaremos presenciando la centroamericanización, o en el extremo, la vietnamización del conflicto.
Debemos provocar con nuestras acciones una tregua inmediata, que dé origen al diálogo y la negociación y enfrente la solución real del conflicto. En esta situación tan delicada, los medios de comunicación deben informar evitando distorsionar la realidad; para ello, las autoridades deben facilitar el acceso a la información. La opinión pública reclama información clara y amplia sobre el conflicto chiapaneco, ajena a la mentira televisiva y a la propaganda revanchista.
Por otra parte, existen evidencias preocupantes de la existencia de una sicosis propiciada por las autoridades en diversas entidades de la República, en donde se piensan hacer acusaciones irracionales en contra de dirigentes sociales y políticos, donde se percibe una movilización policiaca que debe detenerse, pues puede generar graves consecuencias sociales, además de enturbiar el ya turbio panorama político nacional, de cara a las elecciones federales de 1994.
El día de ayer en San Luis Potosí se acusaba a dirigentes del PRD de estar ligados con la subversión.
Ya el día de ayer en el Estado de México se amenazaba con desalojar algunos palacios municipales donde existen conflictos poselectorales, donde posiblemente había algunos indicios de armamento que es falso que existiera en esos palacios municipales.
El día de hoy han sido detenidos los dirigentes del Comité Estatal de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, cuando se dirigían a la ciudad de Tuxtla a platicar con el Secretario de Desarrollo Social, a la famosa mesa de concertación. Esa no es la concertación que queremos, queremos no solamente la libertad de tránsito, sino queremos justamente que se establezcan las condiciones para que se establezca el diálogo y la solución al conflicto en Chiapas.
Hoy más que nunca se requiere de acciones claras y precisas para detener la violencia. El Gobierno Federal debe asumir su responsabilidad, propiciando las bases y los conductos para resolver políticamente el conflicto. Para ello debe dejar de lado la vía militar y dar pasos concretos para iniciar el diálogo y la concertación, demostrando su disposición real para dar una salida negociada a la problemática en esa entidad de la República.
Apoyamos la intervención de los obispos de Chiapas como intermediarios en el conflicto, así como el auxilio de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, con autoridad moral para el efecto. Sin embargo, afirmamos que poco podrán hacer si se sigue reforzando la lógica militar y la estrategia del exterminio, que desde el propio Gobierno se pretende imponer.
Ante esta situación nacional, todas las instituciones de la República debemos actuar con responsabilidad. En este sentido, el Poder Legislativo de la Unión debe jugar un papel activo. Como representante de la nación tiene la obligación de coadyuvar en la solución pacífica del conflicto, para lo cual es indispensable que de inmediato se conforme la comisión pluripartidista que hemos acordado, y que ésta se traslade de inmediato a aquella entidad, interponiendo sus buenos oficios para ampliar los canales y propiciar el diálogo.
Se requiere además que el Ejecutivo Federal informe a esta soberanía sobre el fundamento constitucional para la actuación del Ejército en aquella entidad, y a través de los titulares de las secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional, proporcione informes sobre la actuación de dichas dependencias en el conflicto, aspectos que se encuentran dentro de las atribuciones de este órgano legislativo y que son de fundamental importancia para la vida democrática del país.
El día de hoy, después de arduos debates y negociaciones, nuestra fracción parlamentaria decidió suscribir el texto que finalmente se ha acordado, con el objetivo de propiciar una acción plural y concertada en este órgano de representación nacional. Lo hicimos insistiendo en que la declaración carece de una caracterización precisa del problema, ya que no destaca lo que es obvio, la responsabilidad primordial del Gobierno en los orígenes y desarrollo del conflicto, su descuido culpable en la atención de los problemas y su complicidad con aquellos sectores y estructuras que violentan sistemáticamente los derechos humanos en el Estado de Chiapas.
También reiteramos nuestra demanda de plena legalidad en las acciones gubernamentales y la necesidad de que se propicie el cese de las hostilidades, se establezca una tregua y se encuentren los caminos de la negociación que suponen el carácter representativo de quienes ahora protestan por medio de las armas.
La solución última a este conflicto y de todos aquellos que están germinando en el país, a causa de la explotación y la injusticia, es la plena devolución a todos los mexicanos, de su derecho a la autodeterminación por el ejercicio de la soberanía popular en elecciones legales, transparentes, equitativas y confiables.
A nuestro juicio es indispensable ofrecer y garantizar a los ciudadanos de este país la posibilidad efectiva de revertir en las urnas una política de represión económica, de exclusión social y privación de derechos políticos que ha derogado muchos de los atributos soberanos de nuestra nación. Ese es el verdadero reto político de los partidos y la más alta responsabilidad del Gobierno, una paz social que respete todas las libertades y sirva de marco para el diálogo verdadero, no el de las armas, sino el del debate público y la alternancia del poder mediante el voto respetado de los mexicanos. Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Antonio Nemi Dib, del Partido Revolucionario Institucional, sobre este mismo asunto.
El diputado Juan Antonio Nemi Dib:
Con el permiso de la Presidencia; compañeros legisladores:
Podría afirmar, sin lugar a dudas, que ninguno de los integrantes de esta representación imaginó una sesión como ésta, en la que el tema central lo constituyeran hechos de violencia como los ocurridos en Chiapas.
Los miembros de mi fracción no podemos, sino hacer manifiesto nuestro profundo pesar por estos lamentables acontecimientos que lastiman la convivencia y agravan aún más los problemas, lejos de resolverlos. No creo que nadie en nuestro país, ni aun los protagonistas del conflicto, estén satisfechos con lo que viene ocurriendo.
No podemos, sino dolernos por la pérdida de vidas valiosas de compatriotas y aspirar a una solución expedita y en el marco del derecho de todos los problemas que han causado estos sucesos, y por lo demás dar satisfacción plena a las legítimas aspiraciones de justicia social que tienen los indígenas de esta región de los Altos de Chiapas, y por supuesto de todo el país.
Nadie puede, a estas alturas, negar la evidencia, pero tampoco es justo ni ético, distorsionar una realidad que por grave, no debe usarse en
provecho de nadie, en provecho de ningún interés.
Al reconocer la gravedad del rezago social habido en el Estado de Chiapas, y viendo que los enormes y multiplicados esfuerzos de la propia sociedad chiapaneca, de sus comunidades, de sus etnias y de las autoridades, por abatir este rezago, por enfrentarlo con éxito, no han logrado resolver ni satisfacer buena parte del mismo. Nosotros seguiremos propugnando por su ampliación y por la toma de medidas que contribuyan, en los hechos, no sólo a incrementar los niveles de bienestar, sino a lograr las transformaciones estructurales de que aquí han hablado otros compañeros que me antecedieron en el uso de la voz, transformaciones estructurales que ciertamente requieren esas comunidades de alto grado de marginalidad.
Tampoco podemos, compañeros, negar los hechos. Reconociendo la insuficiencia y la realidad toda del problema, tenemos que decir que la población de Chiapas se duplicó en poco menos de 19 años. El Gobierno Federal ha invertido poco más de 10 veces el monto absoluto total de los últimos 30 años en materia de infraestructura y servicios para los chiapanecos, y en 1993 pasó de 70 millones a 750 millones de nuevos pesos ya ejercidos.
El problema agrario chiapaneco es uno de los más graves del país, enfrenta un profundo rezago y es uno de los principales clamores de quienes hoy exigen justicia, y tienen razón. Pero tampoco es correcto decir que no se ha avanzado; tampoco es correcto decir que no se ha desplegado un enorme esfuerzo para luchar conjuntamente con las etnias y los campesinos chiapanecos en la búsqueda de soluciones.
Al inicio de esta administración había 2 mil 317 expedientes de tierras, 2 mil 317 expedientes agrarios, de los cuales se han resuelto a satisfacción de las partes y concluido 2 mil 78 expedientes; restan 239 litigios, compañeros legisladores.
Había 164 resoluciones presidenciales pendientes de ejecución, y hasta este momento, en apenas cinco años, se han ejecutado 114, lo que constituye para la historia del rezago de Chiapas, ciertamente un gran avance y un trabajo de mucha rapidez.
Quisiera referirme, simplemente como un detalle anecdótico, a que precisamente los principales problemas sociales de la entidad chiapaneca, se han registrado, entre otros, en el municipio de Las Margaritas, en donde actualmente hay 350 ejidos. Eso significa, compañeros, que el problema no se reduce, como algunos pretenden, al reparto de la tierra; eso significa que las condiciones generales de vida de esos compatriotas, a los que tenemos la obligación de responder en los hechos, no se reduce a expresiones demagógicas que pretenden suplir una realidad mucho más profunda y mucho más compleja.
Como integrantes del Legislativo, nos sumamos a la vocación manifiesta de los distintos partidos políticos nacionales, de contribuir al encuentro de soluciones expeditas mediante el diálogo y la cooperación de las partes. Ninguno, ninguno de nosotros apoya ni postula la violencia; venga de donde venga tenemos que rechazarla, y quizá el final de estos hechos será la solución a las demandas de nuestros compatriotas.
Por lo que a la actitud del Ejército se refiere, yo quisiera insistir en algo que hemos mencionado ya: el Ejército está defendiendo a la población y protegiendo la paz social, precisamente, y precisamente para garantizar a los ciudadanos chiapanecos sus derechos constitucionales, precisamente en defensa de las garantías individuales de los chiapanecos es que el Ejército está en Chiapas. Y una cosa importante, que a todos consta, porque así lo han transmitido los medios de comunicación, quiero resaltar aquí: las hostilidades, los ataques armados no fueron iniciados por el Ejército mexicano.
Pero en este momento nada importa más que suspender la violencia; en este momento nada nos interesa más que retornar a la legalidad y al diálogo constructivo. Eso, compañeros legisladores, es verdaderamente lo importante. Del mismo modo, insistimos ahora en la conveniencia de propiciar un clima de tranquilidad que favorezca las conversaciones fructuosas y de buena fe en las que estos añejos problemas, complejos, como aquí se ha dicho, por su origen multicausal y por su evolución histórica, se puedan enfrentar con un esfuerzo que realmente resuelva y propicie la unidad y la concordia de los chiapanecos todos.
Nadie puede eludir su responsabilidad en estos lamentables acontecimientos. Nosotros tenemos el deber indeclinable de aceptar la nuestra; pero hay que recordar que esta responsabilidad es también de todos los que operamos en el espectro político nacional, de todos los que no hemos podido crear el consenso suficiente para encauzar las demandas de los chiapanecos y lograr abatir sus enormes problemas sociales.
Reiteramos también nuestra vocación en favor del respeto irrestricto a los derechos humanos, ahora, durante y después de estos lamentables acontecimientos.
Nos pronunciamos por condiciones en las que la información en torno a los acontecimientos se presente con veracidad, oportunidad y con la mayor objetividad posible, en bien de la democracia y en favor de una conclusión pronta y pacífica del conflicto.
Deseamos igualmente hacernos solidarios con los familiares de todos los mexicanos que han fallecido, de los lesionados, de quienes han visto trastocadas sus actividades cotidianas y se enfrentan a situaciones de incertidumbre, y hacemos votos por el retorno a la normalidad de sus vidas.
No quisiera concluir sin hacer referencia a algunos comentarios en torno a la falta de esfuerzos efectivos para iniciar el diálogo con las partes.
Quisiera simplemente recordar que ayer funcionarios del gabinete legal y del gabinete ampliado de la Federación, tuvieron importantes encuentros durante todo el día, con numerosos grupos sociales, concretamente en San Cristóbal de las Casas.
Quisiera reiterar que está establecida una mesa en donde se disponen ya las medidas para atender de inmediato los graves problemas a los que se ha hecho referencia.
Estimados compañeros legisladores: es un momento difícil para el pueblo de Chiapas, que reclaman nuestra solidaridad y nuestra comprensión.
Nuestro trabajo unido y nosotros no podemos, bajo ninguna circunstancia, utilizar estos hechos instrumentalmente. Nadie quiere más derramamiento de sangre, todos queremos la unidad, la concordia y el bienestar del pueblo de Chiapas y de todos los indígenas de México. Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Felipe Calderón, del Partido Acción Nacional.
El diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa:
Gracias, señora Presidenta; señoras y señores legisladores:
La trágica situación actual que vive el Estado de Chiapas, los efectos de la misma en el presente y en el futuro del país, nos obligan al análisis y a la búsqueda de explicaciones realistas acerca de la naturaleza y las causas posibles de estos eventos, ya que ahora están segando vidas humanas y potencialidades humanas.
En descargo de nuestra responsabilidad política e histórica, como legisladores y como hombres, hay que preguntarnos de cara a la sociedad mexicana: ¿Cómo es posible que en esta última década del Siglo XX, el 56% de las viviendas de los chiapanecos carezcan de agua corriente y de drenaje? ¿Cómo es posible que el 74% de los habitantes de esta entidad federativa vivan en condiciones de hacinamiento?
¿Cómo es posible hoy la realidad sublevante de que prácticamente el 60% de la población económica activa en Chiapas, o se encuentra sin empleo o gana menos de un salario mínimo?
¿Cómo ha sido posible evolucionar hasta la situación inadmisible de que unos 7 millones de personas, esto es, el 80% de la población de los estados del Sureste mexicano, y en Chiapas destacadamente, vivan en condiciones de marginalidad extrema?
Preguntarnos: ¿cómo es posible que en Chiapas la población analfabeta mayor de 15 años de edad, es superior al 30%, y la población mayor a 15 años de edad sin primaria completa, sea el 62%?
¿Cómo es posible con estos datos haber sostenido y pretendido tranquilidad satisfecha o afirmar que en Chiapas no pasaba nada?
¿Cómo sería posible no detenerse a reflexionar responsablemente en el significado de la tragedia de Chiapas, para una realidad más amplia, con índices variados, repetidos y compartidos, de similar equidad y de desequilibrio insufrible de satisfacción de necesidades humanas?
No sería hoy responsable ni posible ocultar rasgos claros e insultantes, por otra parte, de discriminación en nuestra sociedad y en ese Estado. En particular la discriminación que se vive se refleja, como se ha señalado en estos días de dolor, en el hecho de que ser indígena es sinónimo, y no por mera casualidad, de pobreza extrema; ello aunado a procesos de destrucción casi sistemática de culturas y de etnias sometidas por siglos.
No sería posible tampoco ignorar la presencia de cacicazgos, de terratenientes de mentalidad
y conducta semifeudal, no pocos de los cuales son a la vez ejemplo y producto del poder y del partido político que domina el Estado y el país.
Y no es posible hoy olvidar con indignación que Chiapas se ha distinguido dramáticamente por el cúmulo escandaloso y casi sistemático de violaciones graves a derechos humanos fundamentales.
Los datos, realidades e índices precedentes no son, en Chiapas o en México, sino señales y características mínimas de lo que constituye y con propiedad ha sido identificado por voces e instancias diversas como una situación de violencia estructural.
Hoy en Chiapas y en México y hacia el futuro de la nación, o estamos dispuestos a ver y admitir esta realidad, o el peligro de reacción, justificada o injustificada, de violencia armada y fratricida estará siempre latente. En la violencia estructural encuentra precisamente una de sus causas.
El reto de urgente y seriedad extrema para sociedad y Gobierno mexicano, es la aceptación honrada de responsabilidades diferenciadas, pero compartidas; el respeto abierto a los datos de la realidad y la decisión inquebrantable de la superación y corrección pacífica y constructiva de las causas de graves conflictos.
Por eso, contra lo que se ha dicho aquí, sí es correcto decir "que no se ha desplegado el esfuerzo suficiente".
El tipo de violencia surgida en estos días, que se quisiese justa, destruye vidas humanas y futuros de sociedad y de bienestar, y parte, además, de supuestos que son inadmisibles e injustificables para Acción Nacional.
Se opta, en este caso, por la violencia fratricida entre compatriotas, alegándose que es solución última, como si todo lo humano, legal y éticamente posible, se hubiera hecho.
En el caso, y quizá particularmente en quienes dirigen, instigan o financian la violencia en Chiapas, nada más lejos de la verdad real. Lejos se está en Chiapas o en México de haber agotado los caminos obligatorios y pacíficos de la organización actuante de la sociedad civil o los caminos de la acción política eficazmente servicial.
En esas condiciones, es igualmente inadmisible la opción terrible y consciente de la eliminación física de quien, con frecuencia, como fruto de análisis equivocados y de preferencia subjetiva, se considera el contrario a vencer, o peor aun, el contrario aniquilado, fusilar sumariamente por insurrecto por el Ejército.
Para nosotros es claro o concluyente, que los caminos de la violencia no abren posibilidades mayores y mejores de cambio benéfico, menos aún para quienes más lo necesitan y a quienes se dice representar y defender.
Bastaría, y lo decimos a compatriotas, que en abuso de su condición han sido involucrados por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, les decimos con respeto de mexicanos, que volviéramos la vista de otros países para examinar con honradez la desproporción entre medios exigidos y fines declarados. Es Angola, es Somalia y es Bosnia, o son los pueblos hermanos de El Salvador o Nicaragua o Guatemala mismo, los que muestran las cicatrices brutas de vidas perdidas, de economías destrozadas, de cuerpos lisiados para siempre, de violencia que genera violencia y odios seculares y de desesperanza de la historia.
A la vez, Acción Nacional señala, que el levantamiento y la tragedia en Chiapas constituyen un serio llamado de atención a todos los mexicanos, para actuar ahora con sentido de cuidado urgente y responsable, para decidirnos ya a encontrar mecanismos viables de cambio social y político hacia la justicia.
La situación de Chiapas de hoy es ineludiblemente efecto de acciones y omisiones de una sucesión de gobiernos estatales y federales, como ayer ha señalado nuestro candidato presidencial, ni es de ahora ni de hace seis el problema ni es sólo de Chiapas ni de los gobiernos locales.
Después de todo las condiciones sociales de vida son producto de decisiones políticas. ¿De dónde y de quiénes se sacan los recursos? ¿Cómo se controlan y administran? ¿En dónde, en qué y para quiénes se invierten y se gastan los recursos y se orienta la acción del Gobierno?
Hace apenas unos meses el actual Secretario de Gobernación declaró que se hacía un daño al desarrollo del Estado de Chiapas al esparcir falsos rumores de entrenamiento y actividad guerrillera en el Estado que hasta hace poco gobernó.
Hemos de señalar que con la mejor intención que se hubiesen dicho estas palabras, probablemente mayor mal se haga al negar u ocultar evidencia conocida o que debiera conocerse.
Tan preocupante resultaría para el país que no se tuviera, procesara y diera de frente información
precisa y confiable sobre tales actividades, que públicamente han sido reportadas al menos desde mayo de 1993, como el tener de hecho esa evidencia y negarla ante la sociedad que, para ser democrática, tiene derecho a estar informada para actuar de consuno y hacia objetivos realmente compartidos entre Estado y nación.
En todo caso y ante la tragedia en curso, resulta obvio que estos eventos que a todos nos angustian, revelan al menos dos aspectos fundamentales:
Por una parte, hay en la insurrección: organización, mandos, movilidad, armamento y capacidad de naturaleza militar.
Y por otra, es pregunta fundamental para todos: ¿quién o quiénes financian y han estado financiando de tiempo atrás estas operaciones?
Hace cinco décadas y media el PAN hizo una opción consciente y grave de ser partido político pacifista, en un medio profundamente antidemocrático e injusto de la realidad nacional. Pacifista no en el sentido de indiferencia apática o inerte ante la injusticia. No en el sentido de aceptación desesperanzada e impotente de la violación a derechos humanos de personas y de grupos en la sociedad, y menos aún, en el sentido de desentenderse de la suerte de los demás y del país, para no hacer nada por pretender ciegamente que en Chiapas o en México, no pasa nada, sino muy al contrario, en el sentido de optar activamente por medios siempre pacíficos, por la organización eficaz y por la acción pacífica de una sociedad consciente y libre.
Hoy reafirmamos esta convicción y esta vocación de democracia pacífica, para la edificación de la justicia, para la vigencia de las libertades y para el ejercicio y respeto de los derechos humanos de los mexicanos, de todos y especialmente de los más pobres y marginados. Lo hacemos hoy y para el futuro en Chiapas y en México, porque creemos, como dijera Efraín González Morfín, que la violencia armada pudiera ser desenlace, pero no solución.
Por todo lo anterior, en el doloroso y delicado momento actual, hay implicaciones y exigencias esenciales.
Acción Nacional exige verdad, verdad en la relación entre Gobierno y pueblo; verdad en la asunción de responsabilidades, de culpas y en la aplicación de soluciones viables; verdad en la información sobre la violencia en Chiapas, que a todos nos atañe.
Exigimos búsqueda conjunta y encuentro de soluciones estructurales y de fondo, que van mucho más allá de intentos coyunturales y tardíos por medio del Pronasol u otros instrumentos, y por tanto, superar la creencia ingenua de que problemas seculares y complejos se arreglan con sólo aventarles dinero.
Acción Nacional exige desarrollo regional equilibrado; el atraso y marginación de este Estado no es fruto de la casualidad. Tiene, sí, raíces históricas, pero desde luego, origen político y de políticas públicas. Hay una responsabilidad ineludible de los gobiernos federales, estatales; administraciones presentes y pasadas.
Y ni es Chiapas, además, el único Estado marginado ni que presenta esta condición de riesgo. De hecho, la política de décadas ha privilegiado el centralismo y se ha hecho cómplice en muchos casos de la corrupción.
Los estados y los municipios de la Federación carecen de los recursos en la proporción que les permita hacer frente a las necesidades más ingentes de sus habitantes.
Se requiere, en consecuencia, un replanteamiento de la política y aun de las decisiones presupuestales ya tomadas para reorientar este esquema hacia el desarrollo regional equilibrado en Chiapas y en otros estados del país.
Acción Nacional exige democracia, porque el cambio político en México, el ritmo impuesto, es a todas luces insuficiente y este hecho revela que es incapaz de dar cauce a la inconformidad, al deseo de cambio, a la legítima aspiración de divergencia y de búsqueda de otras formas de Gobierno.
Ciertamente no es la violencia la manera de dárselas, pero tampoco es la subsistencia de sistemas de simulación, de antidemocrácia, de iniquidad electoral, que se sigue viviendo.
Dos datos, como se dijo hace un momento, también a manera de ejemplo: uno, es el tope a los gastos de campañas electorales de los partidos acordado por el consejo del IFE, que en una interpretación errónea de la Ley coloca en condiciones completamente inequitativas y hace inservible la figura de las limitaciones de gasto.
Y el otro, que es precisamente la escena donde se está desarrollando en este momento el conflicto armado. El distrito de Ocosingo, por ejemplo, en 1988 fue el segundo distrito en el país que más votos dio al Partido Revolucionario
Institucional, y fue el distrito donde más votación respecto del padrón electoral se registró. El tercer lugar lo ocupó un distrito contiguo: Palenque. El cuarto: Comitán, también en Chiapas.
¡Estos datos no deben ser ajenos a una realidad donde la situación política prevaleciente, en México y en Chiapas, es incapaz de dar curso a la inconformidad e incapaz, también, de dar opciones de preferencias distintas y de expresión de inconformidad política!
Es de exigirse y de exigirnos todos escuchar la voz de quienes no la han tenido y el reclamo de justicia y respeto a las personas como seres humanos.
Además, es de llamarse poderosamente la atención a la exigencia de democracia política y electoral, en comunicados de quienes han optado por la violencia armada.
¡Acción Nacional exige a ambas partes en el conflicto, el respeto escrupuloso a los derechos humanos de todos! ¡A ambas partes exigimos el respeto a la vida de ancianos, mujeres, menores, que se encuentran indefensos entre fuegos encontrados y castigo justo a quienes se atrevan a violarlos!
¡Creemos en la posibilidad de encuentro de una solución rápida, responsable más respetuosa, de todos!
¡Creemos en la absoluta necesidad y en las potencialidades fructíferas de la disposición al diálogo urgente para todos!
¡Exigimos verdad, desarrollo regional equilibrado, democracia!
¡Rectifiquemos y hagámoslo hoy por el bien de Chiapas y por servicio a México, que es de todos!
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Alberto Carrillo Armenta, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado Alberto Marcos Carrillo Armenta:
Señora Presidenta; señores legisladores:
Quisiera yo fijar la posición de mi partido, en el sentido de que nosotros no hemos coincidido con la declaración que aquí esta Comisión Permanente ha propuesto como Punto de Acuerdo, y por lo tanto hemos decidido no firmar ésta. Y quisiera dar, brevemente, las razones por las cuales hemos asumido esta posición.
En primer lugar, pensamos nosotros que esta declaración no recoge nuestras personales o partidarias preocupaciones y de alguna manera o de alguna manera las recoge de manera superficial, que diluye una posición que ante los hechos de Chiapas nuestro partido ha manifestado, desde el principio en que se originó el conflicto, que ha sido una posición que nosotros consideramos clara y firme en el discurso y a la cual evidentemente debe de seguir su correspondiente consecuencia en la acción.
No firmamos ni firmaremos ninguna declaración que pretenda condenar de manera directa o de manera velada o elegante, pero siempre superficial, a la insurgencia que se ha manifestado, la manera como se ha manifestado en el Estado de Chiapas, no nos sumaremos a ningún tipo de condena superficial y tampoco nos sumaremos a declaraciones o a recomendaciones que se queden simplemente en la declaración sin ir a lo fundamental de los hechos.
Yo quisiera referirme brevemente a cuál fue la posición inicial del Presidente de nuestro partido, Aguilar Talamantes, el mismo día que se inició el conflicto de Chiapas. En esa primera declaración que le ha dado consecuencia ante nuestro partido en su actitud posterior, nuestro partido exigió básicamente, o más bien fijó cuatro puntos como posición frente al conflicto de Chiapas.
1o. Exigir una solución política al conflicto que se está desarrollando en el Estado de Chiapas; es decir, que el abordaje de la necesaria tarea de restituir el orden constitucional vulnerado en el Estado de Chiapas se dé sobre la base de reconocer una necesaria salida política, que obviamente no se puede dar si no hay un reconocimiento y un origen político - social del conflicto y posteriormente me extenderé en este punto.
En 2o. lugar, las autoridades que van a, o están participando en las necesarias tareas de restablecer el orden constitucional en el Estado de Chiapas, que van desde las instancias municipales estatales y federales, el poder público y el Ejército mexicano, se apeguen estrictamente al respeto de los derechos humanos en Chiapas, no digamos simple y sencillamente de la población civil de los involucrados en el conflicto, incluso directamente de los alzados en armas.
El 3er. punto que propuso fue la oferta de nuestro Presidente, de si así lo aceptaban los beligerantes
del Ejército Zapatista, convertirse en un embajador civil de ellos frente a una posible negociación política del conflicto, y, finalmente, un llamado a la neutralidad y prudencia de nuestros militantes en la zona y en el Estado; en la zona están involucrados, según nuestros cálculos, al rededor de 15 mil militantes de nuestra organización partidaria, que no signifique de ninguna manera la pasividad frente a lo que está sucediendo en Chiapas ni mucho menos el abandono de sus reclamos y luchas, tareas organizativas y tareas políticas, frente a una contienda electoral que se avecina.
Yo quisiera enfatizar principalmente la consideración de la cual nosotros partimos, en nuestro análisis del conflicto de Chiapas; en primer lugar quisiera resaltar que desde nuestro punto de vista el conflicto de Chiapas es un conflicto político, es un conflicto político con un origen estrictamente político y social que se refiere al Estado de Chiapas.
Hay condiciones objetivas, hay situaciones en las que aquí anteriores oradores han abundado y que no lo haré yo, de pobreza extrema, de marginación, de opresión, de violencia institucionalizada, sobre extensas áreas de la superficie chiapaneca y población chiapaneca que motiva condiciones que han posibilitado el surgimiento del fenómeno que estamos ahora observando en Chiapas.
Por lo tanto, nosotros nos oponemos de manera categórica, a visiones que pretendan hacer análisis sobre la situación de Chiapas que no partan del reconocimiento de un conflicto político. Nosotros no pensamos por lo tanto que Chiapas esté viviendo un conflicto tipo externo en donde cual una guerrilla centroamericana, guatemalteca o salvadoreña o nicaragüense o de cualquier parte del Centro y Sudamérica, esté influyendo de manera determinante y sea el origen del conflicto; nosotros no aceptamos esa interpretación, nos parece una interpretación que si aceptara orientaría por otro lado la solución de este conflicto.
Tampoco estamos de acuerdo que haya un tipo de organización digámosle delictiva, que establezca un poder extraestatal fundado en un territorio, en el control de una población y que se expresa en un conflicto como podría ser el caso de la expresión de un fenómeno tipo narcotráfico y que por lo tanto sean grupos de narcotraficantes, mafias organizadas delictivamente y que establezcan un centro territorial para organizar sus actividades etcétera, no creemos tampoco en esa interpretación.
Obviamente no es una invasión extranjera ni tampoco es un intento de cesesión, como algún compañero orador aquí decía, donde un grupo de pobladores animados con una visión local o nacionalista, regionalista, reten al Estado nacional y pretendan desintegrarlo y por lo tanto estén provocando un conflicto que pretenda la cesesión o la independencia de Soconusco o de Chiapas.
Nos negamos a todo ese tipo de interpretaciones porque desde nuestro punto de vista distorsionan la comprensión y por lo tanto distorsionan la posibilidad de solución de un conflicto como el de Chiapas. Nosotros ubicaríamos en otro lado las razones.
Aquí se ha dicho que los canales de participación cívica y política en el Estado de Chiapas han sido cerrados por la autoridad, por los gobiernos locales, por los gobiernos de facto en el Estado, que son los cacicazgos brutales que establecen su hegemonía sobre extensas regiones de Chiapas; nosotros sabemos que no hay elecciones democráticas en Chiapas, nosotros fuimos víctimas de la represión, llegamos a sumar 700 presos recluidos en las diversas cárceles de Chiapas en la jornada electoral de 1991; sufrimos y padecimos la violencia, el robo de urnas, la agresión a nuestros candidatos etcétera, y sabemos que las razones del conflicto en Chiapas obedecen a situaciones de pobreza, aunadas con la incapacidad de establecerse canales de participación cívica o política electoral o de otra índole que posibiliten que la tensión acumulada por esa situación de pobreza tenga posibilidades de salidas institucionales, constitucionales etcétera.
Habría que matizar esto, habría que decir que no es todo absoluto, pero queremos enfatizar el aspecto negativo de lo que hemos padecido en Chiapas para poder nosotros convencer que efectivamente el conflicto que se está viviendo debe ser explicado a raíz de una explicación de tipo político.
Por lo tanto, nosotros proponemos que el conflicto de Chiapas sea precisamente solucionado por una vía política, y por eso nos preocupa gravemente que en las últimas acciones del Ejército mexicano, pareciera tenderse a una solución militar del conflicto y nosotros nos oponemos profundamente a una solución militar del conflicto, porque pensamos que no es solución a corto y a mediano plazo y que si fuera solución, sería a costa de terribles consecuencias sociales y políticas que afectarían a todo el país de manera evidente.
Nosotros pues estamos por una salida política y queremos proponer en este caso, que la Comisión Permanente se pronuncie por llamar al Ejército mexicano a un cese unilateral del fuego en la zona del conflicto, que se limite el Ejército nacional a labores de protección, para que funcione: primero, se protejan los derechos de la población, y segundo, para que se posibilite el funcionamiento de las instituciones republicanas en el Estado de Chiapas, desde los ayuntamientos constitucionales que gobiernan Chiapas y que se transite o se posibilite la transición hacia una solución no militar del conflicto.
Yo quisiera insistir mucho en que otra visión distinta a la política sobre las raíces del conflicto y por lo tanto la interpretación de las posibilidades de solución del conflicto de Chiapas, nos llevarían a una espiral de violencia que sería terrible; una visión militar del conflicto, porque se considerara ahí que hay un problema geoestratégico, consideramos falso, porque se piense que ahí hay un problema de centroamericanización del país que consideramos falso, porque se consideren razones ajenas a las razones que he enunciado como políticas, nosotros pensamos que nos llevaría a una solución militar que implicaría otra lógica.
Aquí nosotros debemos de considerar que o se aplica una lógica política para la solución del problema o se aplica una lógica militar, y son dos cosas distintas, no hay mezcla posible, la guerra, y en este caso la guerrilla, a la que parecen jugar muy bien los guerrilleros, tiene su propia lógica y genera su propia dinámica, y genera una dinámica que posteriormente es imparable y que acaba consumiendo los esfuerzos políticos que de manera no enfática o que por manera paralela pretendan establecerse.
Si van parejos el intento de una solución política y de una solución militar del conflicto, acaba ganando, imponiéndose la solución militar, porque frente al beligerante, el beligerante es el que establece las reglas del juego, y las reglas del juego que se pretenden establecer en Chiapas por parte de la guerrilla, para conducir al Ejército mexicano y embarcar en ese juego a toda la nación, es una táctica efectivamente militar; el conflicto, la lógica que está siguiendo la guerrilla, es la lógica establecida por todos los teóricos que hablan de ese tipo de guerra, están haciendo, toman cabeceras municipales como un efecto propagandístico. ¿Qué logran, señores, con esta acción? Logran que 12 mil efectivos se trasladen a Chiapas, un éxito político indiscutible. ¿Cuántos guerrilleros hay?, ¿300, 400, 4 mil? Tienen 12 mil efectivos ahí y cada efectivo del Ejercito que llega a Chiapas abona una derrota política de una solución política y se convierte en una victoria, digamos que política, del movimiento guerrillero, a reserva de que una vez involucrados los efectivos en Chiapas, se posibilite una victoria también militar de los guerrilleros sobre el Ejército mexicano.
Se van a replegar los guerrilleros a la sierra o al monte, o a la selva. ¿Cuántos efectivos del Ejército mexicano se requieren para perseguir un guerrillero en la selva? ¿Cuántos,? ¿uno?, ¿uno por uno?, ¿dos por dos?, ¿10 a 1?, ¿20 a 1?, ¿50 a 1? O sea, hagamos cuentas. ¿Cuántos efectivos del Ejército se requerirían para una solución militar del conflicto? Y estamos hablando de que la guerrilla, como es lógico, se repliegue a lo que se llama la táctica de la supervivencia: vámonos, ya establecimos claramente que tenemos capacidad de beligerancia, fuerza, capacidad de imponer nuestras reglas al Ejército; vámonos, llevémoslos, agredámoslos, jalémoslos, metámoslos en un conflicto de ver cuándo salen.
Esa no es solución, por no hablar de los guerrilleros que se confundan con la población civil. En el momento en que la guerrilla se convierte en una población civil, no se civiliza, al contrario, se guerrilleriza la población civil; el Ejército va a una comunidad viendo a todo mundo como guerrilleros, no viendo a todo mundo como ciudadanos pacíficos, de los cuales tiene que distinguir cuáles están alzados en armas. Se aplica la política lógica de si yo soy soldado y está en riesgo mi vida y tengo una obligación que cumplir, todos los que están de aquel lado son mis enemigos potenciales y quizá reales.
Esa no es solución al conflicto de Chiapas, por eso insistimos nosotros: cese unilateral, unilateral de fuerzas, del fuego.
¿Por qué no llamamos al cese total del fuego? Por favor, ¿nos va a hacer caso la guerrilla? Pero somos parte de un poder que tiene influencia en un Gobierno que todavía tiene, por supuesto que tiene capacidad de Gobierno político sobre el conjunto del país y sobre el particular del Estado de Chiapas, por eso nuestro llamamiento no es a la guerrilla, porque sería predicar en el desierto. Nuestro llamamiento es al Ejército mexicano, que tiene un mando constitucionalmente en el Presidente de la República, que unifica el mando civil y el mando militar de la República, y en este momento el Presidente, desde nuestro punto de vista, por recomendación de esta Comisión Permanente, debería de llamar al Ejército mexicano a que se limite, insisto, a tareas de protección, de resguardo a la población
civil, para que funcionen las instituciones republicanas.
Seguir bombardeando, ¿dónde están las posiciones del enemigo para bombardearlas, dónde? ¿Dónde está el enemigo al frente para ir a bombardearlos?
Aplicar una táctica de guerra de posiciones en este momento frente a una guerrilla inestable, que no se sabe en dónde existe, que no se ha cuantificado, que no se sabe en dónde está, a dónde va etcétera, es francamente atentar contra la población civil; bombardear población civil por pretexto de combatir a la guerrilla es una insensatez, conduce a una espiral de violencia de resultados incalculables. Andan buscando una aguja en un pajar y optan por incendiar el pajar, y al rato les vale si encontraron la aguja o no.
Compañeros, por esas razones nosotros estamos llamando a la Comisión Permanente a que opte por otro tipo de acuerdo. No basta en este caso, se queda corta la declaración de este órgano frente a la gravedad y la posibilidad de desarrollo de los acontecimientos en el Estado de Chiapas.
Finalmente, quisiera hacer algunas otras consideraciones que desde la argumentación que di son consecuencia. Primero, el respeto irrestricto a los derechos humanos. La guerra más cruenta tiene todavía leyes; no se puede permitir que la Cruz Roja Mexicana no pueda, por falta de garantías, atender a los heridos por este conflicto. Tampoco se puede permitir o posibilitar que la prensa nacional, por no decir la prensa en general, cubra y atienda e informe sobre el desarrollo de estos conflictos.
Tampoco se pueden violar los derechos humanos al grado de decir que no se conocen las bajas del enemigo porque todos están muertos, es decir no puede haber una lógica de que en un bando haya heridos y muertos y en otro lado haya nada más muertos. Entonces, deben de protegerse los derechos humanos y debe de permitirse, yo aquí iría más lejos, yo diría, debería de reconocerse, quizá ustedes me podrían decir que es exagerado, pero yo diría que debería de reconocerse como fuerza beligerante a este grupo y sentarse a negociar y dialogar con él.
Nosotros hemos visto las experiencias centroamericanas; cuando la guerrilla era chiquita nadie quiso dialogar con ellas y hay condiciones para que este fenómeno, si no se atiende, insisto, políticamente, se desarrolle en su propia dinámica y se convierta a Chiapas en un estado de excepción.
Finalmente otra consideración que quiero hacer, es la que se refiere a la actitud del presidente de mi partido, de ofrecerse como embajador de las fuerzas, de embajador civil para un posible diálogo con el Gobierno.
Primero, nosotros nos estamos ofreciendo no como mediadores del conflicto; nos estamos ofreciendo como embajadores; es decir, se establece una relación distinta cuando uno pretende representar intereses de una parte frente a la otra. ¿Por qué civil? Bueno, es obvio que nosotros no coincidimos con una táctica militar para llevar adelante reivindicaciones sociales.
Creo que la posición de mi partido está muy clara, nosotros no avalamos ningún tipo de violencia por parte de cualquier grupo que pretenda reivindicar problemas sociales o políticos.
Creo que hay cauces, creemos que hay cauces para hacerlo, y más adelante abundaré en este punto.
Tampoco estamos de acuerdo en la "mediación" que pretende hacer la Iglesia. Nosotros pensamos que así como nosotros combatimos la idea de que el Ejército mexicano vea con ojos de ejército sudamericano el conflicto en Chiapas, nosotros estamos en contra de que se quiera ver a la Iglesia en México con los ojos con que se ve a la Iglesia en Centroamérica o en Sudamérica.
Allá puede cumplir otro papel; aquí sería grave que al calor de un conflicto, frente al cual hay recursos políticos e instituciones y Gobierno para enfrentarlo, se pretenda mediar con una institución que históricamente siempre ha deseado participar en política con intereses propios, ajenos a los intereses estatales y a lo mejor algún tipo de intereses nacionales.
Nosotros nos oponemos a la mediación de la Iglesia, y nos parece inconveniente, nos parece incorrecto, creemos que lo más conveniente es que el Gobierno tiene la capacidad para por sí mismo enfrentar el problema.
Finalmente hemos llamado a nuestros militantes a la neutralidad en el caso de Chiapas; es decir, nosotros estamos solicitando que nuestros compañeros no se involucren en ningún tipo de apoyo a la guerrilla, ningún tipo de condena, ningún tipo de combate contra ellos, por razones obvias.
Sin embargo, nosotros no estamos llamando a la pasividad. Al contrario. Nosotros vamos a iniciar campaña presidencial el próximo día martes 11, en la plaza principal de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas.
Vamos a iniciar campaña llamando a una concentración de los 15 mil militantes que decimos tener en Chiapas, para que se concentren en San Cristóbal. Lo hacemos con toda responsabilidad, nosotros, consecuentes con la idea de que no estamos de acuerdo en militarizar Chiapas; sí estamos de acuerdo en politizar Chiapas.
Nuestro candidato va a empezar campaña en Chiapas e invitamos a otros candidatos a que hagan en su oportunidad campaña en Chiapas.
Estamos frente a una coyuntura electoral que no puede tener estados de excepción; estamos frente a una coyuntura local, el de tipo electoral, en donde se van a renovar el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, si no me equivoco, y los poderes municipales. Sería grave que nosotros dijéramos que en Chiapas no hacemos campaña porque nos puede tocar un balazo, porque hay condiciones de inestabilidad. Al contrario. Nosotros tenemos la obligación de empezar a hacer campaña en un Estado que merece ser el sujeto principal de una campaña. Si el problema de Chiapas es falta de vías, hay que dárselas; si el problema o la motivación de mucha gente que anda alzada y de muchos otros que no andan alzados es sustituir a sus gobiernos corruptos, ineficientes, ineficaces etcétera, no puede hacerse en otra manera: o por la vía armada o por la vía electoral.
Habrá quien lo quiera hacer por la vía armada, nosotros lo vamos a intentar por la vía electoral, y nos comprometemos a eso. Por eso empezamos campaña allá.
Quizá pudiera considerarse no un acto de audacia, sino más bien un acto de temeridad, el hecho de que nuestro candidato inicie su campaña allá. Bueno, nosotros corremos el riesgo; vamos en un acto de civilidad a iniciar nuestra campaña en el Estado de Chiapas.
Esa es la posición de mi partido, y por lo tanto reiteraría aquí mi insistencia: convoquemos al Ejército mexicano a un cese unilateral del fuego y vayamos todos a hacer política a Chiapas, para hacer ver que en Chiapas no se va a imponer una solución militar, sino una solución política al conflicto; que esa solución política es a corto plazo y que esa solución política se da en esta coyuntura por la vía electoral en muchos de sus aspectos, por la vía política en otros y por la vía de atención a las demandas sociales efectivas, en la práctica, por otras. Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra el senador Víctor Tinoco Rubí, del Partido Revolucionario Institucional.
El senador Víctor Manuel Tinoco Rubí:
Con su venia, señora Presidenta; compañeros legisladores:
Ante los cruentos acontecimientos que desde el día 1o. del año han venido azotando a los municipios comprendidos en la región de los altos del Estado de Chiapas, la postura de mi partido ha sido un firme rechazo a la violencia como medio para encontrar respuesta a los rezagos sociales.
Creo que existe un consenso básico entre todas las fuerzas políticas nacionales, en el sentido de que el uso de las armas, lejos de remediar las múltiples carencias de los núcleos indígenas asentados en la región, las ahonda y las torna más amargas.
No obstante, como todos sabemos a través de los medios de comunicación, los esfuerzos del Gobierno de la República, que en los últimos cinco años las inversiones sociales se han realizado a favor del pueblo de Chiapas. Es un incremento considerable realizado en hechos y detallados por el secretario de Desarrollo Social, Carlos Rojas Gutiérrez.
Se ha referido también mi compañero, el diputado Nemi, a asuntos también muy concretos de lo que ha significado para el Gobierno de la República el problema de rezago del Estado de Chiapas.
Es absurdo e irracional pretender mejorar los niveles de vida de estas comunidades suprimiendo vidas inútilmente, saqueando comercios, destruyendo infraestructura pública y social y amagando la convivencia pacífica de los ciudadanos.
No puede ser legítima la causa de un Ejército seudorrevolucionario, que manipulado por guerrilleros y fuerzas ajenas a nuestro territorio quebranta el orden público, interrumpe la prestación de servicios colectivos y lacera la paz municipal.
El Gobierno de la República ha abierto canales de diálogo y negociación para atender los reclamos de los grupos indígenas involucrados y acelerar la respuesta de las instituciones públicas a sus carencias. Sin embargo, los rebeldes armados se niegan a toda posibilidad o espacios para el diálogo.
El Ejército mexicano, en actitud ejemplar, ha actuado con prudencia y firmeza necesarias para evitar que el conflicto rebasara sus límites geográficos y causara mayores daños a la población civil. Con ello, el Ejército cumplió con la petición formulada por el Gobierno y el pueblo del Estado de Chiapas, en los términos establecidos tanto en la Constitución local como en el General de la República, y sólo con objeto de restituir la tranquilidad en favor del pueblo de Chiapas en esa región.
Los enfrentamientos no han cesado aún, pero han disminuido su intensidad y número.
El presidente Carlos Salinas de Gortari ha hecho un llamado a la unidad y a la concordia, a la vía del diálogo y el derecho, para terminar con este absurdo enfrentamiento.
Hoy más que nunca los partidos políticos nacionales y los poderes de la Unión, debemos constituir un frente sólido y unido para promover que se restablezca la normalidad y el estado de derecho en Chiapas, para que la comunidad pueda seguir trabajando en el incremento a sus niveles de bienestar. En suma, para que la paz vuelva a ser patrimonio de los chiapanecos.
Lo que sucede en Chiapas nos atañe y afecta a todos los mexicanos. Por ello, pienso que los miembros de esta Comisión Permanente estamos especialmente obligados a patentizar nuestra solidaridad y apoyo al pueblo de Chiapas, a esos indígenas desesperados que no han encontrado vías lícitas a la solución de sus problemas.
De ahí, que exhorte a mis compañeros legisladores a que nos definamos por la causa de la paz y el diálogo, y a que en estos momentos de angustia para las poblaciones de la entidad sureña motivemos el envío de alimentos, medicinas y sustento.
Creo que no es justo aprovechar la desgracia por la que atraviesan nuestros compatriotas de Chiapas, para buscar espacios políticos con intereses partidistas, exponiendo hechos fuera de toda realidad. No es con simples condenas o grandes discursos como podemos aportar realmente a los problemas tan terribles que viven en esta hora nuestros hermanos chiapanecos; es mediante acciones concretas como las contenidas en la declaración suscrita como podemos aportar y contribuir a la solución del problema de Chiapas.
Yo pienso, como dice el diputado Carrillo Armenta, y una preocupación muy justa, que la solución es política, y creo que en el punto primero de nuestro documento que acabamos de suscribir, está exactamente el contenido político de la medida que estamos tratando de implementar:
"Convocar a quienes ahora protestan con las armas, a que de inmediato depongan su actitud, acepten formas de mediación y contribuyan, junto con las autoridades y la sociedad, a lograr las condiciones y el clima necesario para el diálogo y la negociación."
Compañeros legisladores: son tiempos entonces para pugnar por la concordia, antes que fomentar las pugnas; tiempo para promover la civilidad, antes que el encono; tiempo para que prevalezca la fuerza de la razón, antes que la razón de la fuerza; tiempo para que los mexicanos todos sigamos trabajando día con día por más justicia y menos desigualdad.
Asumamos plenamente una responsabilidad colectiva a los hechos que demandan la reflexión y más allá de posturas partidistas o ideológicas razonar que los mexicanos estamos urgidos a mantener el esfuerzo para que progreso y bienestar sigan siendo nuestras más elevadas metas a cumplir.
Presidencia del diputado
Miguel González Avelar
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra el diputado Jesús Martín del Campo, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda:
En esta intervención voy a complementar los puntos de vista del Partido de la Revolución Democrática, que inicialmente comenzó a fundamentar mi compañero diputado Alejandro Encinas.
¿Qué es lo que está en el fondo de las preocupaciones del Partido de la Revolución Democrática frente al conflicto que se presenta ahora en Chiapas y que es en realidad el conflicto que hay en todo el país con diversas expresiones?
Quiero recordar que Carlos Salinas de Gortari obtuvo en el Estado de Chiapas la votación más alta de todas las entidades federativas como candidato del PRI en las elecciones presidenciales de 1988, sumando así sufragios decisivos independientemente de su origen dudoso que le
abrieron el camino para la aplicación de un proyecto que llevaría, según se decía, al país hacia la modernidad y a un desarrollo de primer nivel internacional que significaría, se decía, equidad económica, justicia social y democracia política.
Un lustro y meses después, un nutrido grupo de chiapanecos aglutinados en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, teniendo como caldo de cultivo la centenaria desesperanza y las ilusiones rotas y la ausencia de futuro, realizaron sorpresivas acciones insurgentes derrumbando de un soplo el castillo de naipes construido con dedicada obstinación digna de mejor causa por los arquitectos neoliberales, es decir, la ancestral injusticia, particularmente aguda en Chiapas es la causa profunda que explica que algunos mexicanos sean presos de la desesperación y crean que por la vía de las armas resolverán en lo inmediato sus enormes carencias y problemas.
Innumerables voces de casi todas las tendencias ideológicas y políticas alertaron a tiempo acerca del peligro que significaba la autocomplacencia en los logros macroeconómicos y sociales que se publicitaron, y de los evidentes retrocesos en materia de democracia política cuya existencia se negaba con soberbia.
Quiero recordar que hace 23 años Pedro Guillén, contestando a un informe presidencial, alertaba sobre la situación del Estado de Chiapas. Quiero recordar que también numerosos intelectuales, entre los que destaca Bonfil Batalla, hablaba de ese México profundo que no hay que dejar de tener en cuenta. Y quiero recordar también que apenas en abril de 1992, dos diputados del Partido de la Revolución Democrática, Jorge Moscoso y Camilo Valenzuela, dijeron explícitamente que había un caldo de cultivo para que surgieran brotes de rebelión armada en el Estado de Chiapas a lo que incluso muchos diputados lo vieron con ironía y con burla.
De muchos lados llegaron los ecos de descontento descomunales perfectamente localizados, precisamente como en el caso de Chiapas. No obstante sus autoridades gubernamentales principales, concretamente Patrocinio González Garrido cuando era gobernador, hacía gala de demagogia cuando declaraba textualmente lo siguiente:
"Chiapanecos: en 1988 vivíamos momentos difíciles, tan difíciles que parecía no haber salida, se había perdido la credibilidad y la confianza en las instituciones, la vigencia del orden jurídico había sido sustituida, así dijo, por la confrontación y la violencia y cada grupo de presión imponía lo que creía que era su sentido de razón y de derecho la vida, el patrimonio y la propiedad no tenían seguridad y para el infractor siempre había alternativas de impunidad, las cárceles estaban llenas de indígenas y campesinos y vacías de los auténticos infractores de la Ley, la pérdida de la autoridad moral hacía imposible el diálogo, la negociación y la concertación, no había respuesta a la demanda social y se agigantaba el pasivo del Estado. Chiapas era visto como problema sin solución, como tierra de divisiones y causa de permanentes conflictos, nos sentíamos y nos veíamos olvidados de la patria.
En 1988 todos estábamos conscientes de que teníamos que cambiar, que no era posible seguir así que perdíamos la posibilidad de decidir nuestro destino cuando aparecíamos ante la patria como un problema de seguridad nacional. Vamos a la mitad del camino, se ha rescatado la autoridad moral y a todos nos rige el imperio de la Ley, - dijo -, la seguridad, procuración y administración de justicia han llegado a su mas alto nivel y persistimos en hacerlo mejor. El diálogo y la negociación y la concertación, son los caminos que recorremos todos los días.
Se actúa con la Ley frente a quienes quieren persistir en la confrontación y la violencia, no hay fueros ni privilegios, se combate la impunidad y se actúa frente a la marginación y contra la injusticia, la demanda social tiene respuesta. Se realizan mas acciones de Gobierno, se ejecutan mas obras públicas que nunca antes y la respuesta estatal y federal ha rebasado ya, con mucho, los compromisos del sexenio. Hoy Chiapas es de verdad un estado libre y soberano, dijo también Patrocinio González Garrido. Somos garantía para la patria en el ejercicio de la soberanía de nuestra frontera sur. Hoy Chiapas ha vuelto a ser motivo, objeto de respeto en el concierto nacional."
El hombre que pronunció esta impresionante y ofensiva pieza de oratoria, es desde el 4 de enero de 1993, por obra y gracia del Ejecutivo, el Secretario de Gobernación de los Estados Unidos Mexicanos.
Este hombre gobernó el Estado de Chiapas a partir del 8 de diciembre de 1988 dejando tras de sí una economía devastada y una grave situación de injusticia social. Así la propiedad social tenía el 12.95% de los predios y el 54.21% de la tierra agrícola, mientras que la propiedad privada ocupaba el 76.66% de los predios y el 33.77% de la tierra agrícola, lo cual habla de una altísima concentración de los recursos productivos,
sobre todo si se considera que en nueve concesiones ganaderas de uso semiintensivo, ocupaban el 25.55% del total de la tierra productiva. Entre 1989 y 1991, los principales productos agrícolas, como: maíz, frijol, café, caña de azúcar, mango, aguacate, redujeron sus volúmenes y rendimientos productivos.
Las divisas por exportaciones se desplomaron entre 1990 y 1991, en 354.91%. El turismo se contrajo fuertemente y casi el 50% de la población económicamente activa, ocupada, ganaba menos del salario mínimo.
El 25.9% de la población entre los seis y los 14 años de edad, no sabía leer ni escribir. El 30.1% de 15 años y más, era analfabeta. De la población de cinco y más años, el 69% no asistía a la escuela; y el 30.82% no tenía la primaria. El 58.8% de las viviendas, eran de mala calidad y presentaban condiciones de hacinamiento; 55.69% carecían de drenaje y 35% de energía eléctrica.
Este es el contrapunto real a los discursos triunfalistas de que México se coloca ya en la antesala del primer mundo.
En Chiapas, 94 de 110 municipios corresponden a la definición de muy alta y alta marginalidad, según el Consejo Nacional de Población. En los municipios de Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas, donde ahora hay sublevación, habitan en conjunto, 225 mil personas, de las cuales 48% es analfabeta, mayor de 15 años; el 80% de las familias gana menos de 800 nuevos pesos al mes; entre el 66 y el 75% de las comunidades de esos municipios, no tienen energía eléctrica. Con más de 89 mil habitantes, San Cristóbal de las Casas presenta índices de pobreza mucho menores, pero significativos, comparados con la media nacional.
El 24.99% de la población mayor de 15 años, es analfabeta; 44.79% de ese grupo de edad, no terminó la educación básica; 21.72% de los pobladores, ocupa viviendas sin drenaje y ni excusado; 16.95% carece de energía eléctrica; 27.47% ocupa viviendas sin agua entubada y 60.06% viven en hacinamiento.
Patrocinio González Garrido, gobernó profundizando las prácticas caciquiles y autoritarias, reduciendo los derechos ciudadanos, con criterios draconianos que incorporaron a la Ley los delitos de sedición, asonada, motín y autoría intelectual; cercenó peligrosamente el ámbito de la libertad de expresión y la crítica en los medios de comunicación de la entidad, al tiempo que permitió la persecución de diversos periodistas.
En su bitácora se contabilizan los asesinatos de líderes sociales y representantes populares, entre los que destacan: Arturo Albores Velasco y Sebastián Núñez Pérez.
Durante su administración fueron cotidianos los desalojos, detenidos y presos; represión de las libertades constitucionales, sobre todo de familias e individuos pobres e indígenas, que son los que llenan las cárceles de casi todos los municipios del Estado de Chiapas, al grado de que fue objeto de permanente atención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de organismos internacionales, como amnistía internacional.
Pero, a decir verdad, el gobierno de Patrocinio González Garrido, fue sólo un eslabón en la cadena de autoridades que a través de los años han protegido a los latifundistas, ganaderos y talamontes, así como la concentración de la riqueza y el abuso de poder de caciques que no se han tentado el corazón para reprimir, discriminar, explotar, violar los derechos humanos y promover el más denigrante racismo en contra de la población indígena que es significativa, por todas las razones, en el Estado de Chiapas.
Impunidad e injusticia es el binomio que ha imperado en el Estado de Chiapas y contra el cual enfáticamente lo decimos, el Pronasol no ha tenido siquiera los efectos de un analgésico que mitigue temporalmente el dolor, toda vez que deja intactas las causas de la enfermedad: que son estructurales.
Nada se resolverá, realmente, si el Gobierno se hace eco de estrategias equivocadas que pretenden combinar la represión y una derrama económica orientadas a metas que no ponen en jaque la permanente omnipotencia de los caciques, latifundistas y ganaderos, y que no garanticen sin triquiñuelas las libertades políticas democráticas y electorales del pueblo chiapaneco y también de toda la ciudadanía de este país.
¡No queremos que se construyan carreteras o escuelas, como plan emergente ahorita que el señor Carlos Rojas va, a cambio de centenares o miles de muertos de la población indígena y pobre del Estado de Chiapas!
¡Ese es un altísimo costo que ya se pagó en el Estado de Guerrero, cuando hubo guerrillas encabezadas por los profesores Genaro Vázquez y Lucio Cabañas! ¡Sólo hasta después de un cerco militar, empleando miles de soldados, se construyeron caminos, escuelas; de los que ahora se habla con lujo de discursos como la transformación
y modernización del Estado, a un altísimo costo que deja secuelas imborrables en las relaciones sociales de aquella entidad!
Por otra parte, queremos consignar los siguientes hechos y fundamentaciones legales, a fin de que esta honorable Comisión Permanente, en forma serena, responsable y congruente con sus atribuciones, y con pleno ejercicio de su soberanía, asuma de inmediato determinaciones que lleven a la solución pacífica de los sucesos que nos ocupan:
1o. En las primeras horas del 1o. de enero de 1994 se hizo pública una declaración de guerra por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y como fuerza beligerante simultáneamente realizó, con grupos armados y uniformados, la toma de las cabeceras municipales de San Cristóbal de las Casas, Ocosingo, Las Margaritas y Altamirano, en el Estado de Chiapas.
A partir de entonces se libra una lucha permanente en diversas zonas de esa entidad, con participación de las fuerzas de seguridad del Estado y del Ejército Mexicano.
2o. Aunque el Ejército Zapatista de Liberación Nacional haya declarado la guerra al Ejército Nacional, esta condición de guerra no existe para el Gobierno mexicano en tanto que no se han cumplido las condiciones jurídicas que implican tal estado de excepción jurídica.
3o. El Gobierno no reconoce al Ejército Zapatista de Liberación Nacional como fuerza beligerante ni el Presidente de la República ha informado a la nación de la posición del Gobierno frente a estos acontecimientos. Y el Ejecutivo Federal no cuenta con la aprobación de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que hasta hoy analiza el asunto, para que en términos constitucionales se tomen medidas para hacer frente a la situación que prevalece en el Estado de Chiapas.
De esta manera, no se ha instaurado el Estado de emergencia ni se ha reconocido por el Gobierno nacional la citada declaración de guerra. Por lo tanto, legalmente, legalmente estamos en tiempos de paz.
4o. El artículo 129 constitucional dispone lo siguiente:
"En tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tenga exacta conexión con la disciplina militar."
Entonces, compañeras y compañeros diputados, y senadores, por la enorme responsabilidad que nos asiste, bajo la aceptación plena de que es hasta hoy 5 de enero de 1994 que nos reunimos para tratar este delicado asunto, de que por tanto los miembros del Congreso de la Unión a cinco días de iniciado el conflicto no hemos autorizado medida alguna para que intervengan los poderes federales en el conflicto, debemos todos responder con toda precisión, de acuerdo con los hechos y con base en el marco jurídico que nos rige y con absoluta integridad, las siguientes preguntas:
¿Por qué ha intervenido en estos acontecimientos el Ejército Nacional?
¿Por qué hay toque de queda y combates armados, prácticamente hablando, en diversos lugares del Estado de Chiapas donde participa el Ejército Nacional?
La Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos establece en la fracción II de su artículo 1o. que estas instituciones armadas permanentes tienen entre sus misiones generales, las siguientes, - textualmente - :
"Garantizar la seguridad interior..."
Pero en el artículo 2o. de la misma Ley se establece "que estas misiones, - textualmente - cito, podrán realizarlas el Ejército y la Fuerza Aérea por si o en forma conjunta con la Armada o con otras dependencias de los gobiernos federal, estatales o municipales, todo conforme lo ordene o lo apruebe el Presidente de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales". Por lo tanto preguntamos, compañeras y compañeros diputados y senadores, ¿quién dio la orden de que interviniera el Ejército? ¿Quién autorizó y con qué fundamento legal cuando esa facultad sólo compete al Presidente de la República bajo los procedimientos legales claramente establecidos en la Constitución de la República?
5o. Fue hasta el día de ayer, después de cuatro días de enfrentamientos armados, que el gobernador del Estado de Chiapas, en una inserción publicada en los diarios del país denominado "Mensaje del Gobernador del Estado de Chiapas Elmar Seltzer Marceille" y dirigido al pueblo de Chiapas, plantea en uno de sus párrafos: "El Ejecutivo a mi cargo, con las facultades que le confieren la Constitución de la República y la del Estado de Chiapas, en sus artículos 122 y 42 respectivamente, solicitó la protección de los poderes de la Unión y la intervención del Ejército mexicano para resolver esta situación de violencia,
de depredación y acoso que vivieron los municipios de la entidad y así restituir a la brevedad posible, la tranquilidad en favor del pueblo de Chiapas". Hasta ahí termina lo que dijo el gobernador.
Al hacer estas aseveraciones, el Gobernador olvida que este Congreso General como uno de los poderes de la Unión, no aprobó al Ejecutivo Federal realizar medida alguna, ni se han dado las condiciones jurídicas que la Constitución ordena.
6o. Hoy, con la intervención de 6 mil soldados del Ejército Nacional destacados en Chiapas y otros 6 mil más enviados a la región, más los 2 mil agentes judiciales que ya operan en estos lugares, las muertes en combate, los heridos y la intensificación de los enfrentamientos armados que se libran en diversos municipios de Chiapas, configuran claramente una situación de trastorno interior prevista por el artículo 122 constitucional, pero insistimos, esta Comisión, con la representación del Congreso en este lapso, la Comisión Permanente nunca lo aprobó y si el Ejecutivo Federal actuó lo hizo sin el consentimiento de la representación del Congreso en esta etapa.
Los miembros del PRD pensamos que cualquiera que sea el epílogo de este indeseado y lacerante episodio de nuestra historia, la nación deberá dar un giro decisivo hacia un futuro en donde no pueden seguir siendo ignorados los intereses de los pobres y miserables. La peor solución será, sin duda, aprovechar el error de los métodos de lucha de quienes por la desesperación y la insuficiencia de respuestas de las políticas públicas, para profundizar un proyecto excluyente y autoritario; de ahí que el grupo parlamentario del PRD proponga que de inmediato se forme la Comisión que se ha anunciado, plural y representativa de esta Comisión Permanente, para que cumpla los objetivos que se ha trazado para que fortalezca la posibilidad de una salida política al asunto, para que se detenga la avanzada del Ejército, porque será tarde si continúan los bombardeos de los que han dado cuenta varios medios de comunicación e indiscriminadamente disparan incluso en sectores donde hay gente que no está armada, de la población de varios municipios.
Que se suspenda el cerco informativo, como anuncia nuestro punto de acuerdo y queremos expresar nuestra protesta que seguramente se hará más extensa, con más nombre, porque al diputado Jorge Moscoso le fue informado por un diputado del PRD en el Estado de Chiapas, que fueron detenidos los señores José Antonio Vázquez Hernández y Antonio Hernández Cruz, este último Secretario General de la FIOAC, una organización social de campesinos en el Estado de Chiapas. Esta información nos fue brindada directamente el día de hoy por compañeros del PRD y asumimos que es verdadera, por lo que expresamos nuestra protesta aquí y reiteramos que no deseamos que éste sea la detención, la persecución indiscriminada, el camino para resolver el conflicto de Chiapas que no sólo es de Chiapas, sino de toda la nación. Muchas gracias
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Juan José Rodríguez Prats, del PRI.
El diputado Juan José Rodríguez Prats:
Con su permiso, señor Presidente; compañeros legisladores:
Sin lugar a dudas estamos ante un problema muy complejo, muy grave; yo quisiera iniciar haciendo algún recuento de la historia de este Estado, recordemos que en 1824 prácticamente ha sido la única entidad que se adhiere a la República Mexicana; después de un proceso electoral, hubo más de 90 mil votos a favor de la adhesión a la República Mexicana; más de 60 mil que votaron por adherirse a la República de Guatemala y cerca de 15 mil abstenciones.
Un proceso electoral que no fue objetado, que tal vez sea el primer proceso del que da cuenta la historia de México.
Lo primero para entender a Chiapas es que es una entidad sumamente compleja, son varias naciones, algún chiapaneco decía que Chiapas es plural; o sea, es un Estado en plural, son varias Chiapas, no es lo mismo el Soconusco, con su vitalidad, con su riqueza que está aportando inclusive divisas importantes a la economía nacional, o la zona turística de Palenque, Agua Azul, Bonampak o Yaxchila, o la zona indígena con sus etnias, en donde muchas veces va uno transitando en una carretera totalmente pavimentada y de repente, como si fuera un túnel del tiempo, uno se encuentra con comunidades prácticamente antes de la Colonia y hasta donde parece dar la impresión, como dijera Fernando Benítez, que de cualquier esquina surgiría un fray Bartolomé de las Casas defendiendo la condición humana del indígena.
El conflicto está localizado en cuatro ó cinco municipios, en donde desde luego subsiste ese contraste; contraste señalado, aquí se ha mencionado a algunos autores, por Antonio García de León en este hermoso libro De resistencias a utopías, en donde indicaba que así como en una propiedad se trabaja con tractor, en la propiedad contigua es posible que exista la tienda de raya en donde se está pagando el salario con aguardiente.
O recordar aquí también algo que suena hasta orientador, a esa extraordinaria chiapaneca que escribe Oficio de Tinieblas, Rosario Castellanos, y donde precisamente relata una rebelión tomando datos reales de lo que sucedió en 1864 en lo que era Jobel, hoy San Cristóbal de las Casas; o recordar también desde luego a Bruno Traven, cuando en El Ciclo de la Caoba nos habla de toda esa explotación derivada de la madera, de cómo se extrajo, de la madera preciosa de las selvas tropicales de Chiapas.
Y también desde luego, a ese magnífico chiapaneco, Eraclio Zepeda, que dice en uno de sus cuentos "como estábamos tan lejos y el atraso era nuestro distintivo, todo nos llegaba tarde, la violencia nos llegó en tiempos de paz".
Hablemos de caciques, aquí se ha eludido esa figura. No precisamente corresponde a un simple poderío económico, yo creo que la historia de los 110 municipios de Chiapas se podría escribir a través de la biografía de lo que han sido los caciques. El cacique fue primero el ladino, que según Ricardo Pozas es el que está latinizado, es el que se incorpora a la cultura occidental y que empieza a ser el eslabón, porque ésta es la figura del cacique, entre sociedades o culturas heterogéneas; es el eslabón que comunica, que trasmite.
Por eso al cacique le interesa mucho cuando llega la autoridad a su pueblo, exhibirse al frente del comité de recepción para hacerle sentir al que llega que él es la autoridad; o sentarse después en el presidium para hacerle sentir a la comunidad que tiene cercanía con los de arriba.
Figura muy compleja de la cual podríamos mencionar nombres y que en muchos casos fueron los únicos factores reales de poder en comunidades aisladas. Podríamos inclusive hablar de ese caciquismo ilustrado, del que muchas veces dio cuenta la historia de Chiapas en la figura de Emilio O. Rabasa. O hablar también de la explotación de la madera, y aquí se dice y se dice con facilidad, la protección de los recursos naturales, la protección de los recursos de la selva y yo siempre he insistido en que debemos definir con claridad esa política ecológica que nos lleve al equilibrio entre el hombre y la naturaleza o lo que ahora se ha dado en llamar el derecho sustentable, el derecho sostenible o derecho perdurable como hemos dado en traducir este término, porque muchas veces nos hemos preocupado porque no se tire el árbol de madera que algún ingreso significa para el campesino y no a la mujer lacandona que está ahí al pie de ese árbol, posiblemente dando a luz en condiciones totalmente insalubres.
Chiapas no ha estado ignorado, ha habido varias administraciones que han hecho un esfuerzo continuado por rescatar a Chiapas. Recordemos cómo inclusive los mismos intelectuales recientemente en La Jornada, hablaban de que inclusive hubo un movimiento allá en los 20, contrarrevolucionario; en Chiapas se organizaron los cristeros y los caciques para oponerse a la Revolución y a sus demandas sociales allá en los 20. El reparto agrario comenzó tarde.
Y hubo gobiernos, como el de Rafael Pascacio Gamboa, el de Samuel Lumbrindis, el del cardenal Grajales, el de Castillo Tielman, el esfuerzo que hizo el doctor Velasco Suárez por canalizar inversión y el esfuerzo que se ha hecho en este sexenio de Patrocinio González Garrido y del presidente Carlos Salinas de Gortari, para apoyar las demandas y para llevar los servicios y para definir y afinar una política social que efectivamente llegara y beneficiara a los más pobres. No es fácil.
Yo les invitaría a subir ahí a unos cuantos kilómetros de Motozintla, para penetrar a esos municipios de Ziltepec, de Jucal de Ocampo, la Grandeza, Bellavista, El Porvenir, estos últimos que ni siquiera le hacen honor a su nombre porque están totalmente marginados, ahí se introdujo una carretera en donde el kilómetro es el más caro del país, una carretera que va subiendo en la escarpada sierra, y quitando el municipio de Ziltepec, donde podríamos encontrar condiciones de cacicazgo, en los otros es tal la marginación y tal la pobreza que de hecho todos están en la miseria.
Y podríamos hablar de las comunidades indígenas, ahí está Oxchuc, que repelió ellos mismos, los habitantes, la agresión que habían recibido de este frente denominado Ejército de Liberación Nacional.
Hablemos de la concentración de la riqueza. En Chiapas se aplicó una política y muchas veces se aplicaron soluciones equivocadas, es cierto,
mi partido ha estado en el poder, ha ejercido el poder, ha instrumentado políticas y asimila los errores y modifica experiencias. En la historia de una nación pocas ideas son más peligrosas que las buenas soluciones a los problemas equivocados.
Aquí se mencionaron algunas cifras que no coinciden con las que yo he registrado. Chiapas tiene 75 mil kilómetros cuadrados que significan 7 y medio millones de hectáreas, de las cuales cuatro son ejidales o son tierras comunales.
En los municipios donde surgió el conflicto, en Las Margaritas, lo mencionó mi compañero de partido, Juan Antonio Nemi, cómo de hecho hay más de 300 ejidos, solamente subsisten tres propiedades: Veracruz, San Joaquín, la propiedad perteneciente del general Absalón Castellanos, de 280 hectáreas de dimensión, y de la que nunca quiso salir, ahí viviendo entre los tojolobales, porque fue un rancho heredado de sus antepasados.
En Ocosingo hay pequeñas propiedades alrededor del pueblo y lo mismo podemos hablar de San Cristóbal.
En Chiapas se hicieron los más grandes repartos reconociéndole a la comunidad lacandona 614 mil hectáreas. El reparto agrario llegó a constituir más de 2 mil ejidos y también se creó en otra resolución lo que se conoce como Los Chimalapas, de más de 500 mil hectáreas, ubicados entre Oaxaca y Chiapas y en donde están los zoques, que algunos sostienen que son los descendientes de los olmecas. De hecho no hay tierra qué repartir.
Se empezó a instrumentar el Programa de Rehabilitación Agraria, que compró muchísimos miles de hectáreas, para hacérselos llegar a los campesinos. Se pasó de esa explotación de la que nos habla Antonio García de León, de la época de la madera, del cacao, del café, de la ganadería, a entregarles la tierra y se creyó que con esto se resolvía el problema. Se tiraron cafetales que genera entre 80 y 120 jornales al año y se sembró maíz, que genera menos de 20 jornales al año, con productividades menores a una tonelada por hectárea.
Hablemos del cacao y del café. Estamos en el proceso tal vez más intenso de avance tecnológico y el cacao hoy prácticamente solamente le da aroma al chocolate. El café, que hay estudios inclusive en donde ahorita se está señalando que el café daña la salud y que inclusive se le prohibe a las mujeres en estado de embarazo ingerirlo porque puede dañar el futuro producto. El café lo producen las sociedades y los países más pobres del área porque están en la franja tropical y va a las mesas más ricas; los mayores consumidores de café están precisamente en la zona norte de Europa, en Noruega o en Suecia, consumen hasta 13 kilos por año.
El café, se producen 6 millones de sacos, 1 mil 800 van al mercado nacional y lo demás tiene que competir al mercado internacional. Cuando se rompió el convenio del café, todos los países, Brasil, Colombia, Guatemala, invadieron el mercado con su café y desplomaron el precio.
Hablemos de marginación. Se ha hecho un gran esfuerzo, la Comisión Federal de Electricidad ha electrificado el 100% de las zonas urbanas de Chiapas, y avanza hasta el 66% o más en las zonas rurales. ¿Qué sucede? No es posible meter el transformador a lomo de hombre, simplemente para que dure unos cuantos días porque Chiapas está en medio de la selva tropical donde se registran precipitaciones pluviales de más de seis metros y tormentas tropicales que en cualquier momento rompen con el sistema de transmisión de energía y tiene que dársele mantenimiento. No se puede introducir solamente al transformador o introducir la energía si no se le da mantenimiento y entonces solamente engañamos a los futuros usuarios, pero se ha hecho un gran esfuerzo, y ahí están las reubicaciones que se hicieron en La Angostura, en Chicoasén, en Peñitas, en Malpaso, o cómo se rescató para el turismo ese precioso paseo que hoy pueden dar los turistas de todo el mundo en lo que es El Sumidero, gracias a la Presa de Chicoasén.
Desde luego que hay inmensos rezagos. De ninguna manera se ha presumido que se haya abatido la grave marginación y el rezago y la deuda pendiente que la República tiene con Chiapas, pero se han hecho avances. Posiblemente viendo tanta riqueza, posiblemente viendo una naturaleza exuberante y esas ruinas que coinciden para impulsar tal vez lo que sería el ecoturismo, nos lleve a presumir que no hemos sabido diseñar una buena política de desarrollo; tal vez no sea subdesarrollo, tal vez sea un mal desarrollo, y en eso todos tenemos la responsabilidad de irlo afinando para poder concebir y para poder hacer una política social más eficaz.
Creo que el Gobierno de la República y el gobierno de los estados no ha escondido la cara. Es cierto, ha habido corrupción en el ejercicio del poder desde luego, ha habido cacicazgos desde luego, ha habido demagogia, desde luego. Estas son realidades que no se pueden negar como en Chiapas como en otras partes del país, y es cierto que están en su papel como partidos de oposición, de criticar al partido que ha ejercido
el poder. Mi partido entiende y busca siempre corregir y rectificar.
Pero hablemos de un discurso específico, no de un discurso de generalidades. Creo que las denominaciones políticas que corren en el mundo, corresponden muy imperfectamente a las realidades que se empeñan en substituir. La dolencia de la mente contemporánea está en el debilitamiento de las resistencias contra la falacia, las contradicciones lógicas, las ideas hechas, la imitación automática.
Hay sustento jurídico en la Constitución. A petición del Ejecutivo de Chiapas que lo ha hecho en tiempo y de acuerdo a lo que era el artículo 122, hoy 119 de nuestra Carta Magna, para solicitar en caso de un conflicto grave, en caso de delitos, como está sucediendo, el apoyo de la Federación, y tiene facultades el Presidente, de acuerdo a lo que señala la misma Constitución y la Ley Orgánica del Ejército, para hacer las movilizaciones correspondientes.
Hay acciones aparentemente revolucionarias que provocan los más graves retrocesos. Yo entiendo la desesperación de los indígenas y entiendo la desesperación que como ya han dicho algunos autores, a veces evocan a Bruno Traven o a Rosario Castellanos, y casi casi estamos hablando de un suicidio colectivo, pero de ninguna manera pueden justificarse cuando lo que van a provocar precisamente son retrocesos o la cancelación de las expectativas de políticas que van a beneficiar a toda la comunidad chiapaneca.
La política requiere de muchas habilidades y virtudes, pero hay algo con lo que es incompatible: el resentimiento, el rencor, la siembra del odio.
Creo que es oportuno terminar con una frase que los chiapanecos hoy deben registrar en su memoria, y que aparece en la página 175 de esa novela de Rosario Castellaños, Oficio de Tinieblas, que dice: "el Gobierno, -dice Rosario Castellanos, casi casi adivinando lo que iba a suceder en su entidad,- tiene la fuerza suficiente para usar de ella si es necesario, pero también tiene la razón y prefiere convencer, tanto a los egoístas que no quieren renunciar a ningún privilegio, como a los pusilánimes que no se atreve a reclamar ningún derecho; de que un país no es grande si no es justo; de que una sociedad no es próspera si no es equitativa; de que un bien no es un bien si no disfrutan de él todos los ciudadanos". Muchas gracias.
El diputado Jorge Tovar Montañez (desde su curul):
Pido la palabra para rectificar hechos.
Presidencia de la diputada
María de los Ángeles Moreno Uriegas
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Jorge Tovar Montañez, en términos del artículo 102 de nuestro Reglamento; para rectificar hechos.
El diputado Jorge Tovar Montañez:
Compañeras y compañeros legisladores:
Queremos aprovechar este tiempo para señalar algunas otras cuestiones que son de importancia.
No debemos soslayar que a las condiciones existentes en Chiapas, y ya señaladas aquí por todos nosotros, reconocidas por todos nosotros, hoy tenemos el deber de tomar en consideración las consecuencias de las modificaciones constitucionales, fundamentalmente en materia agraria, de consecuencias imprevisibles en un Estado, en una entidad, de las características y condiciones que aquí hemos reconocido todos. Si no lo hacemos de esta manera estaremos pensando en soluciones incompletas, por ello nos consideramos en el deber de poner a su consideración, de su juicio, esta nueva circunstancia nacional, que con lo ya señalado, pudiera agudizar y echar por tierra los esfuerzos que se tienen en mente o que se piensa realizar en el futuro inmediato.
Otro aspecto que nos interesa resaltar es la alusión de dos distinguidos miembros del Partido Revolucionario Institucional, dos legisladores, el senador Tinoco y el diputado Rodríguez Prats, a la instancia a que recurrió el gobernador de Chiapas, con base en la Constitución, para solicitar la intervención de la Federación e imponer la paz con esa finalidad.
Nos parece grave, nos parece peligroso y riesgoso que así se vea la intervención de la fuerza armada en Chiapas, porque con esta idea, no diré pretexto, puede darse efectivamente pábulo, camino, vía, para que se realicen acciones que pudiéramos reprobar, pudiéramos tener que condenar si no se establece con toda precisión el papel que el Ejército mexicano debe jugar en esa entidad.
El Partido Popular Socialista quiere enfatizar que se suma a las declaraciones y a las expresiones de preocupación de los demás legisladores que han intervenido en torno a la posibilidad de que las acciones del Ejército nacional pudieran
desembocar en una forma de represión no deseada, si no se precisa el papel del Ejército mexicano que, como hemos insistido, debe ser fundamentalmente de protección a la población civil cuando tenga relación y contacto con ésta y, por lo tanto, implícitamente estamos abogando, insistiendo en la necesidad de que se busque por todas las formas posibles mantener, cuidar el estado de derecho. Y esto significa que esa responsabilidad es no solamente de quienes tomaron las armas con los fines todavía indefinidos, pero al fin un hecho, no solamente por parte de ellos, sino por parte de todas las autoridades de todos los niveles, y fundamentalmente de quien en este momento tiene la tarea de enfrentar, también por una vía armada, a la manifestación inicial llamada "guerrillera".
Es una enorme responsabilidad la que tiene el Ejército mexicano. Es una institución a la que respetamos, a la que deseamos que se fortalezca, se dignifique, se engrandezca, frente a todos los mexicanos, frente a toda la ciudadanía y se borren los antecedentes que de alguna manera existen y han puesto en entredicho al Ejército nacional; queremos que se clarifique el pasado reciente de la acción del Ejército y que no vaya a haber nuevas acciones que ensombrezcan, enluten y manchen ese prestigio que todos queremos que se mantenga, no por un afán romántico, sino porque es una institución fundamental de la vida nacional, que debe seguir teniendo un claro propósito y una clara orientación política, fundamentalmente.
Si esta orientación política, que debe fundamentarse en nuestra historia, en nuestra Constitución, en nuestras leyes y en nuestras instituciones, no se lleva a cabo, no se produce, es muy peligroso y muy riesgoso para el futuro nacional, que el Ejército no tenga esa orientación.
Un Ejército cualquiera, de cualquier país, sin orientación política clara, definida, histórica, es un grave peligro, y es lo que pasó en la ex URSS. Por eso queremos enfatizar aquí ese gran papel y responsabilidad del Ejército nacional. Gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Jesús Martín del Campo, para rectificar hechos, en términos del artículo 102.
El diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda:
Una primera cuestión que quiero aclarar es que los datos que hemos manejado no sólo son, como decía el diputado Rodríguez Prats, por afán de crítico opositor a quien ha tenido el Gobierno en el Estado de Chiapas, sino los hemos obtenido de la Agenda Estadística de Chiapas 1992, y las referencias también a la gestión de gobernadores anteriores, incluso a los debates en la Comisión Permanente en distintas ocasiones.
Sobre los predios, lo que nosotros señalamos es que la propiedad privada ocupa el 76.66% de los predios y el 33.77% de la tierra, y que estando de acuerdo en las cifras globales que manejó el diputado Rodríguez Prats, nosotros hablamos de porcentajes pero coinciden con las cifras globales que están apoyadas en la Agenda Estadística.
También tomamos, para los municipios que mencioné, que son los municipios donde se ha desarrollado evidentemente el conflicto, los indicadores socioeconómicos e índice de marginación municipal de 1990, del Consejo Nacional de Población.
Y es muy importante recordar que, hay dos cuestiones a destacar ahora, como refuerzo de lo que dije en mi intervención anterior: que por alguna razón las cifras que da el Gobierno, las actividades que ahora mismo señaló el diputado Rodríguez Prats, han realizado los gobiernos en el Estado de Chiapas en las últimas décadas, por alguna razón esas cantidades, concediendo que se han invertido, no han dado el resultado esperado.
Desde nuestro punto de vista, el conjunto de las relaciones sociales y la estructura prevaleciente en estas relaciones sociales y económicas en el Estado de Chiapas, es lo que impide que tengan éxito estas inversiones. Es una especie de barril sin fondo o que sólo benefician o finalmente benefician sólo a un pequeño grupo de chiapanecos o de gente externa al Estado de Chiapas.
Por otra parte, ha habido aquí señalamientos en la Comisión Permanente, en 1988, que revelan que además de estas cifras y de estas estadísticas triunfalistas, hay errores muy severos que, insisto, no son por afán de opositor que uno los señala. Quiero leer aquí del Diario de los Debates de la Comisión Permanente de enero 27 de 1988, lo siguiente, respecto al Gobierno de Absalón Castellanos: "Las estadísticas son por demás elocuentes, hasta el 31 de diciembre de 1987 se han reportado en la gestión del general Absalón Castellanos Domínguez, 102 asesinatos, 327
desaparecidos, 590 detenciones, 427 personas secuestradas y torturadas, 261 heridos, 407 familias expulsadas de su comunidades, 54 desalojos de poblaciones, 27 amenazas de desalojo, 12 mujeres violadas, 548 amenazas de expulsión de familias, 18 casos de destrucción de viviendas, escuelas e iglesias, 29 ataques de las fuerzas públicas a mítines, dos ataques a marchas de protesta, cuatro allanamientos a oficinas de organizaciones sociales y políticas". Y también tenemos señalamientos en el mismo aspecto en esta Comisión Permanente señalados en el Diario de los Debates de enero 14 de 1993, a la gestión de Patrocinio González Garrido, que de manera general presenté.
Entonces hay antecedente que no es sólo oportunismo de ocasión o querer tomar bandera que nosotros consideramos son importantes tener en cuenta para cualquier juicio. Sería gratuito, sería un error político de dimensiones mayores el buscar culpables individualizados, como eso que han venido diciendo algunos rumores que vamos a tratar de derrotar con la búsqueda de información precisa, sistemática, objetiva, a la que toda la población tiene derecho, diciendo pues que son los curas, que porque hablaron de la pobreza en el pasado o son los partidos de oposición que han criticado. Porque desde un punto de vista exagerado y polarizando este tipo de pretendidas salidas al asunto, todos los de oposición que hemos criticado al Gobierno de este país por sus políticas que han dejado saldos de marginación, de pobreza, especialmente en estados como el de Chiapas, habríamos estado alentando por hacer las críticas y los señalamientos del alzamiento, o seríamos responsables del mismo.
Entonces creemos que esa salida sería errónea, el decir que son los curas, el decir que es la oposición, el decir que son extranjeros porque solos los indígenas no habrían desarrollado esta sublevación, esta rebelión, esta forma particular de protestar con las armas. Y nos oponemos, por lo mismo, al resultado que tendría este tipo de razonamiento y rápidamente lo digo, que sería "cacería de brujas", como ya se empieza a ver, con la denuncia que hice de la detención de un dirigente de la CIOAC y contra todo tipo de acusaciones fortuitas que quisieran enlazar a la oposición con este sentido, de excluir la responsabilidad que tienen los funcionarios de Gobierno, los gobernadores de aquel Estado y la política general de este Gobierno que ha dado por resultado esa marginación y pobreza, que es fermento y caldo de cultivo para los acontecimientos que hoy estamos comentando. Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado José Rodríguez Prats, para contestar alusiones personales.
El diputado Juan José Rodríguez Prats:
Intentaré ser muy puntual. En lo que se refiere al rezago agrario, nadie ha cancelado el rezago agrario en Chiapas, está buscándose la posibilidad de darle trámite a todo estos expedientes y de conseguir la tierra necesaria. Sabemos que las reformas al 27 no tienen efecto retroactivo, sino que están instrumentándose.
En segundo lugar, en lo que se refiere a la superficie del Estado, es de aproximadamente 7 millones 441 mil hectáreas; de la propiedad social es el 59.75%, o sea, estamos hablando de 4 millones 440 mil hectáreas, que agrupan 1 mil 675 ejidos y comunidades; la propiedad particular es 29.21%, o sea, dos millones, 173 mil hectáreas, con un número de predios de 43 mil predios; hay terrenos nacionales, que es el 7.2%, son 522 mil hectáreas y aproximadamente son 7 mil predios, y hay el 1.25% de colonias, que incluyen 93 mil hectáreas, aproximadamente 1 mil 374 predios. Y en otros se clasifica el 2.77%, que son 205 mil hectáreas, que es lo que hace la superficie total del Estado.
Nadie ha pronunciado, yo creo que fui bastante crítico de un discurso triunfalista, hablé de una sociedad muy compleja, hablé de lo que han hecho las administraciones, el Plan Chiapas en el sexenio pasado, del esfuerzo que han hecho Carlos Salinas de Gortari y Patrocinio González Garrido.
Reivindico la gestión de lo que ellos se han esforzado, por canalizar inversión, ahí están las cifras, no es necesario insistir en ellas. Y qué bueno que el orador que me antecedió en el uso de la palabra coincida en no individualizar los problemas ni tratar de encontrar culpables específicos para tratar de hacer de esto una "cacería de brujas".
No es ése el caso, qué bueno que coincidamos; el problema es complejo, busquemos las soluciones a lo complejo que esto demanda y esto requiere. Muchas gracias.
La Presidenta:
Se ha agotado la lista de oradores en este tema.
REPÚBLICA DE NICARAGUA (II)
La Presidenta:
La Segunda Comisión de la Permanente entregó a esta Presidencia el dictamen relativo al nombramiento del ciudadano Edgardo Flores Rivas, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante el Gobierno de la República de Nicaragua.
Se ruega a la Secretaría dar cuenta con él.
El secretario senador José Ramón González León:
«Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente el expediente integrado al nombramiento que el ciudadano Presidente de la República hace en favor del ciudadano Edgardo Flores Rivas, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante el Gobierno de la República de Nicaragua enviado a esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la fracción XVI del artículo 89 de la propia Carta Magna.
Después de haber analizado el nombramiento en cuestión y los documentos que integran el expediente respectivo, esta Comisión desea señalar que de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento presentada por el nombrado, consta que el ciudadano Edgardo Flores Rivas nació en la ciudad de Cananea, Estado de Sonora, el veintisiete de octubre de mil novecientos cuarenta y seis. En tal virtud, reúne los requisitos de nacionalidad por nacimiento y edad mínima que se requieren para desempeñar el cargo para el que ha sido designado. A su vez, se encuentra en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
Por otra parte, en su curriculum vitae se establece que realizó estudios de Sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana. Posteriormente, cursó un Diplomado en Derecho Internacional Público en la Universidad de Londres en Gran Bretaña; y realizó cursos de Administración en el Politécnico de Londres y en la Universidad de California en la Joya.
Los miembros de la Comisión que dictamina deseamos mencionar la experiencia que ha obtenido el ciudadano Flores Rivas a lo largo de su actividad profesional. En tal virtud, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, fue jefe del Departamento de Trabajadores Migratorios en 1975; Secretario Privado del Subsecretario de Relaciones Exteriores en 1976; Coordinador para Asuntos Internacionales del Medio Ambiente, de 1977 a 1978; Subdirector de Asuntos Laborales y Protección, de 1979 a 1980; Subdirector General de Protección, de 1980 a 1982, y Director General de Asuntos Consulares de 1986 a 1989. Además, en el período comprendido de 1978 a 1979 fungió como Coordinador de Investigaciones en el Departamento de Asuntos Internacionales del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Esta Comisión desea resaltar que el ciudadano Flores Rivas cuenta con una amplia experiencia en el Servicio Exterior Mexicano, por lo cual ha estado comisionado con diversos rangos en los consulados de nuestro país en Sidney, Australia y en Arizona, San Diego y Nueva York, Estados Unidos de América; y en nuestras embajadas en Belice, Holanda y Gran Bretaña. En el período comprendido de 1984 a 1986 fungió como Cónsul General de México en El Paso, Texas, E.U.A., y se desempeñó como Embajador de nuestro país ante el Gobierno de la República del Perú, de 1989 a 1993.
En lo que se refiere a su actividad docente, fue maestro de la materia "Protección a Nacionales en el Extranjero" en el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Además, es autor de diversas publicaciones relacionadas con cuestiones internacionales.
En acatamiento al acuerdo tomado por la honorable Cámara de Senadores el 22 de diciembre de 1982 y continuado por la Comisión Permanente para la elaboración de dictámenes referentes a ratificaciones de nombramientos diplomáticos, la Comisión que suscribe citó al ciudadano Flores Rivas a una reunión en donde se conversó sobre la política exterior de nuestro país, la circunstancia internacional en que se desenvuelve y, en forma especial, el estado que en la actualidad guarda la relación de México con el Gobierno de la República de Nicaragua.
Dicha reunión tuvo verificativo el día de hoy y en la misma los legisladores que integramos la Comisión que dictamina, dialogamos ampliamente sobre los citados temas con el Embajador nombrado, pudiendo comprobar por este medio el grado de experiencia y preparación que ha obtenido a lo largo de su carrera profesional. De igual forma quedó de manifiesto su vocación y voluntad de servicio a la República.
En la citada entrevista, el Embajador designado demostró su conocimiento sobre la realidad política, económica, social y cultural de Nicaragua, así como del momento actual y perspectivas de la relación bilateral mexicano - nicaragüense. A su vez, expuso con solvencia diversos puntos de vista y opiniones que reflejan tanto su nivel de información, como una firme convicción en los principios que rigen la política exterior de nuestra Patria.
Con base en el expediente mencionado y la entrevista referida, los legisladores miembros de la Comisión que suscribe hemos podido constatar que el ciudadano Flores Rivas posee los requisitos ordenados por el artículo 20 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano, para ser designado Embajador.
Por lo antes expuesto, los suscritos miembros de la Comisión consideramos que el ciudadano Edgardo Flores Rivas, reúne en su persona las cualidades y méritos suficientes para el buen ejercicio del cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante el Gobierno de la República de Nicaragua, por lo que nos permitimos someter a la consideración de esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. En uso de las facultades que le confiere la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió en favor del ciudadano Edgardo Flores Rivas, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante el Gobierno de la República de Nicaragua.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de a Unión. - México, D.F., 5 de enero de 1994. - Segunda Comisión: senador Humberto A. Lugo Gil, presidente; diputado Gabriel Jiménez Remus, secretario; diputados: Alberto Carrillo Armenta, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Laura Alicia Garza Galindo, Javier Garduño Pérez, Juan Moisés Calleja García; senadores: Víctor Manuel Tinoco Rubí, Porfirio Muñoz Ledo, Miguel Alemán Velasco, y Alger León Moreno.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
La Presidenta:
Se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano Edgardo Flores Rivas, cuyo nombramiento como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante el Gobierno de la República de Nicaragua acaba de ser aprobado por esta Asamblea.
Para que lo introduzcan a este salón y lo acompañen a rendir la protesta de Ley, se designa en comisión a los siguientes legisladores: senador Manuel Díaz Cisneros, diputada Laura Alicia Garza Galindo, diputado Francisco José Paoli Bolio, diputado Alfredo Castañeda Andrade y diputado Jorge Tovar Montañez.
Se ruega a la comisión designada cumpla con su cometido.
El secretario senador José Ramón González León:
Se ruega a los presentes ponerse de pie.
La Presidenta:
Ciudadano Edgardo Flores Rivas: ¿Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante el Gobierno de la República de Nicaragua que se os ha conferido, y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión?
El ciudadano Edgardo Flores Rivas:
¡Sí, protesto!
La Presidenta:
Si no lo hiciereis así, que la nación os lo demande.
Se ruega a la comisión designada acompañar al Embajador cuando desee retirarse.
REINO DE ESPAÑA (II)
La Presidenta:
La Segunda Comisión entregó a esta Presidencia, el dictamen relativo al nombramiento del licenciado
José Ignacio Diego Pichardo Pagaza, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante el Gobierno de España.
Se ruega a la Secretaría, dar cuenta con él.
El secretario diputado Efraín Zúñiga Galeana:
«Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe fue turnado para su estudio y elaboración el dictamen correspondiente el expediente integrado al nombramiento que el ciudadano Presidente de la República hace en favor del licenciado Ignacio Pichardo Pagaza, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante el Gobierno del Reino de España, enviado a esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación a la fracción XVI del artículo 89 de la propia Carta Magna.
Después de haber analizado el nombramiento en cuestión y los documentos que integran el expediente respectivo, esta Comisión desea señalar que de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento presentada por el nombrado, consta que el licenciado Ignacio Pichardo Pagaza, nació en la ciudad de Toluca, Estado de México, el trece de noviembre de mil novecientos treinta y cinco. En tal virtud, reúne los requisitos de nacionalidad por nacimiento y edad mínima que se requieren para desempeñar el cargo para el que ha sido designado. A su vez, se encuentra en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
En su curriculum vitae se establece que obtuvo el título de licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente cursó la Maestría en Administración y Finanzas Públicas en la Escuela de Economía de la Universidad de Londres. Además, realizó estudios de posgrado en Administración, con la beca FullBright en el Darmouth College de los Estados Unidos de América.
Los miembros de la comisión dictaminadora deseamos expresar que el licenciado Pichardo Pagaza cuenta con una amplia experiencia al servicio del Estado mexicano. En tal virtud, podemos citar los siguientes cargos: Director Editor de la Revista de Comercio Exterior del Bancomext, de 1965 a 1967; Secretario General de Gobierno en el Estado de México, de 1970 a 1975; Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de 1976 a 1977; Subsecretario de la Contraloría General de la Federación, de 1983 a 1987; Secretario de la Contraloría General de la Federación, de 1987 a 1988; Procurador Federal del Consumidor en 1989; y Gobernador del Estado de México, de 1989 a 1993.
Es importante señalar que el licenciado Pichardo Pagaza ha sido electo para desempeñar cargos de elección popular. En este sentido, fue diputado federal a las XLVII y LI legislaturas del Congreso de la Unión.
La comisión dictaminadora estima pertinente señalar que el Embajador nombrado tiene una vasta experiencia en lo relativo a las actividades académicas, en donde podemos mencionar las siguientes: Conferenciante invitado en la Fundación Ortega y Gasset de Madrid, España; en el Instituto Nacional de Administración Pública, en Alcala de Henares, España; y en el Seminario Internacional sobre Impuestos en la Universidad de Harvard, E.U.A.; Presidente del Instituto Nacional de Administración Pública en México; vicepresidente y Miembro del Comité Ejecutivo del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas, en Bruselas, Bélgica; Presidente del Comité Organizador de la Segunda Conferencia Internacional del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas, y Asesor Externo para el Diseño y Discusión del Programa de Administración Pública de las Naciones Unidas en la década de los noventa.
Además, es autor de diversas publicaciones, destacando entre ellas Diez Años de Planeación y Administración Pública en México, Política Fiscal de México, Ensayos e Introducción a la Administración Pública de México.
En acatamiento del acuerdo tomado por la honorable Cámara de Senadores el 22 de diciembre de 1982, y continuado por la Comisión Permanente para la elaboración de dictámenes referentes a ratificaciones de nombramientos diplomáticos, la Comisión que suscribe citó al licenciado Pichardo Pagaza a una reunión en donde se conversó sobre la política exterior de nuestro país, la circunstancia internacional en que se desenvuelve y, en forma especial, el estado que en la actualidad guarda la relación de México con el Gobierno del Reino de España.
Dicha reunión tuvo verificativo el día de hoy y en la misma los legisladores que integramos la Comisión que dictamina, dialogamos ampliamente sobre los citados temas con el Embajador nombrado, pudiendo comprobar por este medio
el grado de experiencia y preparación que posee. De igual forma quedó de manifiesto su vocación y voluntad de servicio a la República.
En la citada entrevista, el Embajador designado demostró su conocimiento sobre la realidad política, económica social y cultural del Reino de España, así como del momento actual y perspectivas de la relación bilateral mexicano- española. A su vez, expuso con solvencia diversos puntos de vista y opiniones que reflejan tanto su nivel de información, como una firme convicción en los principios que rigen la política exterior de nuestra Patria.
Con base en el expediente mencionado y la entrevista referida, los legisladores miembros de la Comisión que suscribe hemos podido constatar que el licenciado Pichardo Pagaza posee los requisitos ordenados por el artículo 20 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano, para ser designado Embajador.
Por lo antes expuesto, los suscritos miembros de la Comisión consideramos que el licenciado Pichardo Pagaza reúne en su persona las cualidades y méritos suficientes para el buen ejercicio del cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante el Gobierno del Reino de España, por lo que nos permitimos someter a la consideración de esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. En uso de las facultades que le confiere la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió en favor del licenciado Ignacio Pichardo Pagaza, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante el Gobierno del Reino de España.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, D.F., 5 de enero de 1994. Segunda Comisión: senador Humberto A. Lugo Gil, presidente; diputado Gabriel Jiménez Remus, secretario; diputados: Alberto Carrillo Armenta, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Laura Alicia Garza Galindo, Javier Garduño Pérez, Juan Moisés Calleja García; senadores: Víctor Manuel Tinoco Rubí, Porfirio Muñoz Ledo, Miguel Alemán Velasco, y Alger León Moreno.»
Está a discusión el punto de acuerdo, señores legisladores... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado, señora Presidenta. Comuníquese al Ejecutivo.
La Presidenta:
Se encuentra a las puertas de este recinto, el ciudadano licenciado José Ignacio Diego Pichardo Pagaza, cuyo nombramiento como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante el Gobierno de España acaba de ser aprobado por esta Asamblea. Para que lo introduzcan a este salón y lo acompañen a rendir la protesta de Ley, se designa en comisión a los siguientes legisladores: diputado Javier Garduño Pérez; senador Raúl Carrillo Silva; diputado Gabriel Jiménez Remus; diputado Alejandro Encinas Rodríguez; diputado Alberto Carrillo Armenta; diputado Alfredo Castañeda Andrade y diputado Jorge Tovar Montañez.
Se ruega a la comisión designada cumpla con su cometido.
El secretario diputado Efraín Zúñiga Galeana:
Se ruega a los presentes ponerse de pie.
La Presidenta:
Licenciado José Ignacio Diego Pichardo Pagaza: ¿Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante el Gobierno de España, que se os ha conferido, y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión?
El licenciado José Ignacio Diego Pichardo Pagaza:
¡Sí, protesto!
La Presidenta:
Si no lo hiciéreis así, que la nación os lo demande.
Se ruega a la Comisión designada acompañar al señor Embajador cuando desee retirarse.
ORDEN DEL DÍA
El secretario diputado Efraín Zúñiga Galeana:
Señora Presidenta, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Comisión Permanente. - Primer Receso - . Tercer Año. LV Legislatura.
Orden del día
12 de enero de 1994.
Lectura al acta de la sesión anterior.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Puebla y Tamaulipas.
Oficio de la Secretaría de Gobernación
Con el que se remiten las hojas de servicios de los ciudadanos Félix Jaime Pérez y Elías, Gregorio Núñez Ehuan, Gandhi Zilli Viveros, Agustín Ortega Martín del Campo, Lázaro Mendoza Sánchez, Mariano Francisco Saynez Mendoza, Raúl Arévalo Gallegos, Luis Fernando Zapata Espinoza, Alfredo Alexandres Santín, Luis Jorge Fuentes Chávez, Miguel Lizárraga Bolio, Moisés Gómez Cabrera, César Camilo Vallejo González, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dictámenes de primera lectura
De la Primera Comisión, relativo a la solicitud de permiso de la ciudadana Ana María Portillo Espinosa, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Infante don Henrique, en grado de Oficial, que le confiere el Gobierno de la República portuguesa.
De la Primera Comisión, relativo a la solicitud de permiso del ciudadano Miguel Arturo Necoechea y Gracia, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Artes y las Letras, en grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de la República francesa.
De la Primera Comisión, relativo a la solicitud de permiso del ciudadano Norberto Cozar García, para que pueda aceptar y usar la condecoración Caballero de la "Estrella del Norte", Primera Clase, que le confiere el Rey de Suecia.
De la Primera Comisión, relativo a la solicitud de permiso del ciudadano Alvaro Enrique Guzmán Milla, para que pueda prestar servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Sesión secreta.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
La Presidenta (a las 16.20 horas):
Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo miércoles 12 de enero, a las 11.00 horas.
NOTAS
Siglas y abreviaturas incluidas en esta edición:
ANPA DEM (Sin aclaración) Diplomado de Estado Mayor
CG DEM (Sin aclaración) Diplomado de Estado Mayor
CIA Agencia Central de Inteligencia, de los Estados Unidos de América (por las siglas en inglés)
CIOAC Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos
D. F. Distrito Federal
EUA Estados Unidos de América
IFE Instituto Federal Electoral
JNLD (Sin aclaración)
PAN Partido Acción Nacional
PARM Partido Auténtico de la Revolución Mexicana
PRD Partido de la Revolución Democrática
PRI Partido Revolucionario Institucional
Procampo Programa de Apoyos Directos al Producto
Pronasol Programa Nacional de Solidaridad
URSS Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas