Legislatura LV - Año III - Período Comisión Permanente - Fecha 19940112 - Número de Diario 4
(L55A3PcpN004F19940112.xml)Núm. Diario: 4ENCABEZADO
LV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE
Diputada María de los Ángeles Moreno Uriegas
PALACIO LEGISLATIVO
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Héctor de Antuñano y Lora
AÑO III México D, F., miércoles 12 de enero de 1994 No. 4
SUMARIO
ASISTENCIA
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
ESTADO DE PUEBLA
Comunicación del Congreso de esa entidad, informando de actividades propias de su legislatura. De enterado.
ESTADO DE TAMAULIPAS
Comunicación del Congreso de esa entidad, informando de actividades propias de su legislatura. De enterado.
RATIFICACIÓN DE GRADOS MILITARES
Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite las hojas de servicios de los ciudadanos Felix Jaime Pérez y Elías, Gregorio Núñez Ehuan, Gandhi Zilli Viveros, Agustín Ortega Martín del Campo, Lázaro Mendoza Sánchez, Mariano Francisco Saynez Mendoza, Raúl Arévalos Gallegos, Luis Fernando Zapata Espinosa, Alfredo Alexandres Santín, Luis Jorge Fuentes Chávez, Miguel Lizárraga Bolio, Moisés
Gómez Cabrera y César Camilo Vallejo González, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Segunda Comisión.
REPÚBLICA DE FILIPINAS
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Vicente Luis Coca Alvarez, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de ese país. Se turna a la Primera Comisión.
REPÚBLICA DE PORTUGAL
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Ana María Portillo Espinosa, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere ese país. Es de primera lectura.
REPÚBLICA DE FRANCIA
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Miguel Arturo Necoechea y Gracia, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere ese país. Es de primera lectura.
REY DE SUECIA
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Norberto Cozar García, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere ese soberano. Es de primera lectura.
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Alvaro Enrique Guzmán Milla, pueda prestar sus servicios en el Consulado General de ese país en Ciudad Juárez, Chihuahua. Es de primera lectura.
ESTADO DE JALISCO
Comentan los acontecimientos del 22 de abril de 1992, en la Ciudad de Guadalajara, hacen uso de la palabra los legisladores:
Gabriel Jiménez Remus
Emilio Becerra González
Ricardo Monreal Ávila
ESTADO DE CHIAPAS
Comentan el desarrollo de los acontecimientos en diversos municipios de ese Estado, los legisladores:
Porfirio Muñoz Ledo
Carlos Jiménez Macías
Israel González Arreguín
Emilio Becerra González
Gustavo Carvajal Moreno
Porfirio Muñoz Ledo, para contestar alusiones personales.
Miguel González Avelar
Juan de Dios Castro Lozano, para rectificar hechos.
Emilio Becerra González, para rectificar hechos.
Juan José Rodríguez Prats
Emilio Becerra González, para rectificar hechos.
Rodolfo Echeverría Ruiz
ESTADO DE VERACRUZ
Solicitud de licencia del diputado Fidel Herrera Beltrán. Se aprueban los puntos de acuerdo. Comuníquese a la Cámara de Diputados.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
Presidencia de la diputada María de los Ángeles Moreno Uriegas
ASISTENCIA
La Presidenta:
Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.
El secretario senador Gustavo Salinas Iñiguez:
Se va a proceder a pasar lista de asistencia de los miembros de la Comisión Permanente.
Hay una asistencia de 29 representantes. Hay quórum, señora Presidenta.
APERTURA
La Presidenta (a las 11.45 horas):
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El secretario senador Gustavo Salinas Iñiguez:
Se va a dar lectura al orden del día.
«Comisión Permanente. - Primer Receso. - Tercer Año. LV Legislatura.
Orden del día
12 de enero de 1994.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Puebla y Tamaulipas.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Con el que se remiten las hojas de servicios de los ciudadanos Félix Jaime Pérez y Elías, Gregorio Núñez Ehuan, Gandhi Zilli Viveros, Agustín Ortega Martín del Campo, Lázaro Mendoza Sánchez, Mariano Francisco Saynes Mendoza, Raúl Arévalo Gallegos, Luis Fernando Zapata Espinoza, Alfredo Alexandres Santín, Luis Jorge Fuentes Chávez, Miguel Lizárraga Bolio, Moisés Gómez Cabrera y César Camilo Vallejo González, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Vicente Luis Coca Alvarez, pueda aceptar y usar la condecoración Caballero Comandante de Rizal, en tercer grado, que le confiere el Gobierno de la República de Filipinas.
Dictámenes de primera lectura
De la Primera Comisión con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Ana María Portillo Espinosa, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Infante Don Enrique, en grado de Oficial, que le confiere el Gobierno de la República portuguesa.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Miguel Arturo Necoechea y Gracia, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Artes y las Letras, en grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de la República francesa.
De la Primera Comisión con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Norberto Cozar García, para aceptar y usar la condecoración Caballero de la Estrella del Norte, primera clase, que le confiere el Rey de Suecia.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Alvaro Enrique Guzmán Milla, para prestar servicios en el consulado general de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Sesión secreta.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El secretario senador Gustavo Salinas Iñiguez:
Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el día cinco de enero de mil novecientos noventa y cuatro, correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.
Presidencia de la diputada María de los Ángeles Moreno Uriegas
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las doce horas con treinta y seis minutos
del día cinco de enero de mil novecientos noventa y cuatro, con una asistencia de treinta y dos legisladores, la Presidenta declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, misma que, sin discusión, se aprueba en sus términos en votación económica.
Se da cuenta con la opción del diputado Miguel Ángel Terrón Mendoza, respecto a su elección como Presidente Municipal en Ometepec, México. De enterado.
Un oficio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informando de la clausura del segundo período de sesiones correspondiente a mil novecientos noventa y tres. De enterado.
Se da lectura a una comunicación del Congreso del Estado de Querétaro de Arteaga informando de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que comunica que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, nombró al ciudadano José Ignacio Diego Pichardo Pagaza, embajador extraordinario y plenipotenciario de México, ante el Gobierno de España. Se turna a la Segunda Comisión, con la solicitud de que en el curso de la sesión entregue el dictamen correspondiente.
Otro oficio de la misma Secretaría, con el que informa que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, nombró al ciudadano Edgardo Flores Rivas, embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el gobierno de la República de Nicaragua. Se turna a la Segunda Comisión, con la misma solicitud del anterior.
La Secretaría de Gobernación informa, por medio de un oficio, que el ciudadano Germán Raphael Koby, ha dejado de prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. Se turna, para su conocimiento, a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y a la de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores.
Dos oficios de la misma Secretaría, con los que se solicitan los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Ana María Portillo Espinosa y Miguel Arturo Necoechea y Gracia, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos de las repúblicas portuguesa y francesa, respectivamente. Se turnan a la Primera Comisión.
Otro oficio de la misma Secretaría, solicitando el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Enrique Guzmán Milla, pueda prestar sus servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua. Se turna a la Primera Comisión.
La misma Secretaría, envía un oficio con el que remite las hojas de servicios de los ciudadanos Fernando Hernández Miranda, Fernando Flores Gómez González, Manuel Eusebio Anguas Mendoza, José Gerardo Varcarcel Zamora, Conrado Aparicio Blanco, José María Ortegón Cisneros y José de Jesús Terrazas Olvera, para los efectos de la fracción séptima del artículo setenta y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Segunda Comisión.
Un ocurso del ciudadano Norberto Cozar García, solicitando el permiso constitucional necesario para aceptar y usar la condecoración que le confiere el Rey de Suecia. Se turna a la Primera Comisión.
Se concede el uso de la palabra al diputado Alfredo Castañeda Andrade, quien fija la posición de su grupo parlamentario respecto de los trabajos que ha de desarrollar la Comisión Permanente.
Por instrucciones de la Presidencia, la Secreta ría da lectura a una declaración de legisladores de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en torno a los acontecimientos del Estado de Chiapas, firmada por diputados y senadores de todos los grupos parlamentarios que integran la Comisión Permanente, excepto el del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y, para expresar sus opiniones al respecto, suben a la tribuna los legisladores: Jorge Tovar Montañez, del Partido Popular Socialista; Alfredo Castañeda Andrade, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Alejandro Encinas Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática; Juan Antonio Nemi Dib, del Partido Revolucionario Institucional; Felipe Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional; Alberto Carrillo Armenta, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Víctor Tinoco Rubí, del Partido Revolucionario Institucional;
Presidencia del diputado Miguel González Avelar
Jesús Martín del Campo Castañeda, del Partido de la Revolución Democrática;
Presidencia de la diputada María de los Angeles Moreno Uriegas
Juan José Rodríguez Prats, del Partido Revolucionario Institucional.
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, se concede el uso de la palabra a los diputados Jorge Tovar Montañez, del Partido Popular Socialista; Jesús Martín del Campo Castañeda, del Partido de la Revolución Democrática y Juan José Rodríguez Prats, del Partido Revolucionario Institucional.
La Presidenta informa que en el curso del debate, la Segunda Comisión presentó el dictamen ratificando el nombramiento que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, hizo del ciudadano Edgardo Flores Rivas, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Gobierno de la República de Nicaragua.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se aprueba. Se turna al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.
La Presidencia informa que a las puertas del salón se encuentra el ciudadano Edgardo Flores Rivas y designa una comisión para que lo introduzca y lo acompañe en el acto de rendir su protesta de ley, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Gobierno de la República de Nicaragua. Terminado el acto protocolario, la misma comisión acompaña al embajador de México hasta las puertas del salón.
De la misma manera se da cuenta con el dictamen de la Segunda Comisión, ratificando el nombramiento del ciudadano José Ignacio Diego Pichardo Pagaza, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Gobierno del Reino de España. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se aprueba y se turna al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.
Se informa que a las puertas del salón se encuentra el ciudadano José Ignacio Diego Pichardo Pagaza, y la Presidenta designa una comisión que lo introduzca y lo acompañe en el acto de rendir su protesta de ley, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Gobierno del Reino de España. Terminado el acto protocolario, la misma comisión acompaña al embajador de México, hasta las puertas del salón.
Agotados los asuntos en cartera y no habiendo quien haga uso de la palabra, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y la Presidenta clausura la de hoy a las dieciséis horas con dieciocho minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo miércoles doce de enero de mil novecientos noventa y cuatro, a las once horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, poniéndose de pie... Aprobada, señora Presidenta.
ESTADO DE PUEBLA
El secretario diputado Francisco José Paoli Bolio:
Se va a dar lectura a dos comunicaciones. La primera, del Congreso del Estado de Puebla.
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - honorable Congreso del Estado de Puebla.
Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, Distrito Federal.
Para dar cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 239 de la Ley Orgánica y Reglamentaria del Poder Legislativo, nos permitimos comunicar a usted la clausura del Tercer Período de Sesiones Ordinarias , correspondiente al Primer año de Ejercicio legal de esta Quincuagésima Segunda Legislatura.
Asimismo hacemos de su conocimiento que la Comisión Permanente, que actuará del 16 de diciembre de 1993 al 14 de enero de 1994 estará integrada de la siguiente manera:
Presidente, diputado Mario Alberto Tedy Recio; miembros: diputados Ramón Meza Baez, Daniel Limón Vázquez y Felipe Vázquez Sánchez y secretario, diputado Felipe Minor Hernández.
Lo que hacemos de su conocimiento por disposición de esta honorable legislatura para los efectos correspondientes.
"Sufragio Efectivo. No Reelección."
Heroica Puebla de Zaragoza, diciembre 15 de 1993. Antonio Medina Ramírez, diputado secretario
y Francisco Salas Hernández, diputado secretario.
De enterado.
ESTADO DE TAMAULIPAS
El secretario diputado Francisco José Paoli Bolio:
En seguida la comunicación del Congreso del Estado de Tamaulipas.
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Gobierno de Tamaulipas. - Poder Legislativo.
Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, Distrito Federal.
Con fundamento en las disposiciones normativas del Reglamento Interno que rige las actividades legislativas de este Poder, nos permitimos informar, que en sesión pública ordinaria celebrada este día, la LV Legislatura del Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, clausuró su Segundo Período de Sesiones Ordinarias , correspondiente al Primer Año de Ejercicio legal, procediéndose a la elección de la diputación permanente, quedando de la siguiente manera:
Diputados: presidenta, María Concepción Carrera Perea; secretarios, Martín Coronado Alvarado y Felipe Garza Narváez; suplente, Manuel Garza Covarrubias.
Sin otro particular, nos es grato reiterar a ustedes, nuestra atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 15 de diciembre de 1993.
Diputado secretario, profesor Bruno Alvarez Valdez y diputada secretaria, profesora María Magdalena Peraza Guerra.»
De enterado.
RATIFICACIÓN DE GRADOS MILITARES
El secretario diputado Francisco José Paoli Bolio:
A continuación un oficio de la Secretaría de Gobernación.
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
Con fecha 27 de diciembre último, la Secretaría de Marina, manifiesta a esta Secretaría lo siguiente:
"Es grato dirigirme a usted, para solicitarle que por su amable conducto se tramite la ratificación del grado que ostentan los almirantes que en relación anexa se mencionan. Para efectos de lo anterior me permito remitirle las hojas de tiempo de servicio, copias certificadas de los acuerdos presidenciales donde se dispone el ascenso, así como datos complementarios y antecedentes de cada uno de ellos. Asimismo agradeceré a usted que una vez efectuada la ratificación solicitada, se nos devuelva la documentación enviada, para continuar con el trámite correspondiente."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y efectos del artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acompañándoles con el presente los anexos que en el mismo se citan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 3 de enero de 1994. El secretario, José Patrocinio González Blanco Garrido.»
Oficinas del Almirante Secretario. Secretaría Particular.
Relación de almirantes cuya documentación se turna a la Secretaría de Gobernación para la ratificación de grado:
Almirante CG. DEM., Félix Jaime Pérez y Elías; Almirante I.M.N., Gregorio Núñez Ehuan; Almirante CG. DEM., Gandhi Zilli Viveros; Vicealmirante CG. DEM., Agustín Ortega Martín del Campo; Vicealmirante CG. DEM., Lázaro Mendoza Sánchez; Vicealmirante CG. DEM., Mariano Francisco Saynes Mendoza; Vicealmirante CG. DEM., Raúl Arévalo Gallegos; Vicealmirante CG. DEM., Luis Fernando Zapata Espinoza; Vicealmirante CG. DEM., Alfredo Alexandres Santin; Vicealmirante IMN., Luis Jorge Fuentes Chávez; Vicealmirante I.M.N., Miguel
Lizárraga Bolio; Contralmirante CG. DEM., Moisés Gómez Cabrera; Contralmirante A.N. P.A., César Camilo Vallejo González.
México, Distrito Federal, 27 de diciembre de 1993.
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
REPÚBLICA DE FILIPINAS
El secretario diputado Francisco José Paoli Bolio:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. Secretaria de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
A continuación transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 3 del actual:
"El ciudadano embajador Vicente Luis Coca Alvarez, solicita se tramite ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado B, del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para aceptar y usar la condecoración Caballero Comandante de Rizal en Tercer Grado, que le confiere el Gobierno de la República de Filipinas. Para tal efecto y a fin de que se integren en su expediente, remito a usted carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, acta de nacimiento, curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la condecoración relativa."
Al comunicar a ustedes lo anterior, envío con el presente los anexos que en el mismo se citan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 7 de enero de 1994. El secretario, José Patrocinio González Blanco Garrido.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
REPÚBLICA DE PORTUGAL
El secretario senador Gustavo Salinas Iñiguez:
«Primera Comisión.
Honorable Asamblea: a la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fue turnado el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Ana María Portillo Espinosa, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Infante Don Enrique, en grado de oficial, que le confiere el Gobierno de la República portuguesa.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Ana María Portillo Espinosa, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Infante Don Enrique, en grado de oficial, que le confiere el Gobierno de la República portuguesa.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, Distrito Federal, a 7 de enero de 1994. diputados: Gustavo Carvajal Moreno, presidente; Jesús Martín del Campo, secretario; Juan de Dios Castro Lozano, Adolfo Kunz Bolaños, Juan Ramiro Robledo Ruiz; senadores: Ernesto Luque Feregrino, Carlos Jiménez Macías, Silvia Hernández Enríquez, Oscar Ramírez Mijares y Roberto Anzar Martínez.»
Es de primera lectura.
REPÚBLICA DE FRANCIA
El secretario diputado Francisco José Paoli Bolio:
«Primera Comisión.
Honorable Asamblea: a la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fue turnado el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Miguel Arturo Necoechea y Gracia, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Artes y las Letras, en grado
de Caballero, que le confiere el Gobierno de la República Francesa.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Miguel Arturo Necoechea y Gracia, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Artes y las Letras, en grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de la República Francesa.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, Distrito Federal, a 7 de enero de 1994. diputados: Gustavo Carvajal Moreno, presidente; Jesús Martín del Campo, secretario; diputados: Juan de Dios Castro Lozano, Adolfo Kunz Bolaños, Juan Ramiro Robledo Ruiz; senadores: Ernesto Luque Feregrino, Carlos Jiménez Macías, Silvia Hernández Enríquez, Oscar Ramírez Mijares y Roberto Anzar Martínez.»
Es de primera lectura.
REY DE SUECIA
El secretario diputado Francisco José Paoli Bolio:
«Primera Comisión.
Honorable Asamblea: a la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, efectuó el estudio sobre el permiso que solicita el ciudadano Norberto Cozar García, para que pueda aceptar y usar la condecoración Caballero de la Estrella del Norte, primera clase, que le confiere el Rey de Suecia, Gustavo Adolfo XVI.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Norberto Cozar García, para aceptar y usar la condecoración Caballero de la Estrella del Norte, primera clase, que le confiere el Rey de Suecia, Gustavo Adolfo XVI.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, Distrito Federal, a 7 de enero de 1994. diputados: Gustavo Carvajal Moreno, presidente; Jesús Martín del Campo, secretario; diputados: Juan de Dios Castro Lozano, Adolfo Kunz Bolaños, Juan Ramiro Robledo Ruiz; senadores: Ernesto Luque Feregrino, Carlos Jiménez Macías, Silvia Hernández Enríquez, Oscar Ramírez Mijares y Roberto Anzar Martínez.»
Es de primera lectura.
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
El secretario diputado Francisco José Paoli Bolio:
«Primera Comisión.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el día 22 de noviembre de 1993, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario, para que el ciudadano Alvaro Enrique Guzmán Milla, pueda prestar sus servicios como empleado consular, en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
En sesión celebrada en esta fecha por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el día 5 de enero del año en curso, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el interesado prestará en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua, serán de carácter administrativo.
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del Apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Alvaro Enrique Guzmán Milla, para prestar servicios como empleado consular, en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, Distrito Federal, a 6 de enero de 1994. diputados: Gustavo Carvajal Moreno, presidente; Jesús Martín del Campo, secretario; diputados: Juan de Dios Castro Lozano, Adolfo Kunz Bolaños, Juan Ramiro Robledo Ruiz; senadores: Ernesto Luque Feregrino, Carlos Jiménez Macías, Silvia Hernández Enríquez, Oscar Ramírez Mijares y Roberto Anzar Martínez.»
Es de primera lectura.
ESTADO DE JALISCO
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Gabriel Jiménez Remus, del Partido Acción Nacional, para hacer comentarios sobre hechos ocurridos en Guadalajara, Jalisco el 22 de abril de 1992.
El diputado Enrique Gabriel Jiménez Remus:
Gracias, señora Presidenta; compañeros legisladores:
Tengo la convicción de que esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión debe tomar oportuno conocimiento de consecuencias jurídicas y políticas de los lamentables acontecimientos que sufrieron los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara el 22 de abril de 1992. Apenas hace cinco o seis días, el agente del ministerio público adscrito al juzgado Sexto del Distrito en Materia Penal, presentó conclusiones no acusatorias evidentemente en favor de los nueve detenidos, de los nueve procesados por motivo de aquellos hechos a los que me estoy refiriendo. Esto quiere decir que si el Procurador General de la República ratifica dichas conclusiones no acusatorias, este proceso queda extinguido en favor de estas personas detenidas, y por lo tanto queda en estado de averiguación previa en espera de mejores datos.
Con motivo de los hechos del 22 de abril, fue del conocimiento público, de la opinión pública nacional e internacional, la solicitud de licencia del entonces gobernador constitucional del Estado de Jalisco, Guillermo Cosío Vidaurri, el nombramiento por parte del Congreso del Estado de Jalisco de un gobernador interino en favor de Carlos Rivera Aceves, la renuncia del alcalde y los regidores con sus respectivos suplentes del cabildo de Guadalajara, la detención por ocho meses de estos funcionarios públicos a los que me estoy refiriendo, y esta averiguación todo hace suponer que el único fin que pretende es encubrir la responsabilidad penal y civil de Petróleos Mexicanos.
Por esta nueva situación jurídica presentada por la Procuraduría General de la República, queda perfectamente claro entonces de acuerdo con mi criterio, que la solución más que jurídica fue política en el tema que nos ocupa de Guadalajara. Y esto no debe ser, porque se hizo tanto escándalo y tantos movimientos de tipo político y jurídico, judicial mejor dicho, que en este momento entonces no existe fincada ninguna responsabilidad civil en contra de Petróleos Mexicanos, no existe un sólo funcionario o empleado público o servidor público de Petróleos Mexicanos, no existe un sólo servidor público del ayuntamiento de Guadalajara o del Gobierno del Estado de Jalisco, que responda por omisiones o por acciones de la responsabilidad que tuvo en los hechos del 22 de abril y esto sinceramente creo que puede complicar la situación en la zona conurbada de Guadalajara porque lo único que quiere el pueblo de Jalisco, es que se haga justicia en relación con esta catástrofe que cimbró a toda la opinión pública nacional e incluso la internacional.
Yo lo único que pido, para terminar, es la rectificación del Gobierno Federal y del Gobierno estatal con el objeto de que se haga justicia a secas en el tema del 22 de abril de Guadalajara. Muchas gracias.
La Presidenta:
Había pedido la palabra primero el diputado Becerra y después le damos la palabra al senador Montero.
El diputado Emilio Becerra González:
Con su venia, señora Presidenta; compañeros legisladores:
Este asunto de Guadalajara, ha sido motivo de reiteradas discusiones y de un análisis inconcluso y por lo que se ve, se pretende que pase al olvido
y que los verdaderos culpables o quienes tienen mucho que mostrar o que decir a la opinión pública, se mantengan al margen de la realidad.
Aquí, en este asunto no nos podemos olvidar y es bueno reiterar algunas cosas que se tomen en cuenta, sobre todo porque parte de la responsabilidad recae en el actual candidato del PRI a la Presidencia de la República.
Nosotros recordamos que cuando se dieron estos hechos, en la Cámara de Diputados se planteó solicitar la comparecencia del Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología en aquél tiempo, posteriormente el Secretario de Desarrollo Social; se pidió también la comparecencia del Director General de Petróleos Mexicanos y la comparecencia del señor Procurador de la República.
Como ya es costumbre en estos casos, se acordó que esa situación no procedía y se nombraron subcomisiones para que se entrevistaran con los distintos funcionarios de la administración, excepción hecha del Secretario de Desarrollo Social, y así fue que se dieron algunas reuniones con el Procurador de la República que primero fue el licenciado Morales Lechuga y posteriormente el actual Secretario de Gobernación. También hubo una reunión en el edificio de Pemex con el Director General de Petróleos Mexicanos y en esa reunión que era precisamente para que se informara al pueblo de México a través de sus representantes que eran los diputados, qué había sucedido y se contestaran las preguntas puntuales respecto de las que había duda, en esa reunión la gente de Petróleos Mexicanos montó una cortina de humo con sus diapositivas, con sus documentos, con una serie de gráficas y después de tres horas de estar ahí diciendo, según ellos, qué pasó, cómo funciona Pemex etcétera, nunca hubo respuestas a las interrogantes fundamentales de la gente de Guadalajara y de los legisladores que comparecieron en aquella ocasión.
Y para nadie es extraño y nadie se olvida que tenía más o menos una semana o 15 días de haber tomado posesión del cargo el Secretario de Desarrollo Social, actual candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia de la República y declaró sin más ni más que ese problema lo había causado una aceitera cuyo nombre en este momento no recuerdo, y que Petróleos Mexicanos no tenía absolutamente nada que declarar, ni ninguna responsabilidad.
A partir de esa declaración del licenciado Colosio, en cada problema ecológico que hubo, ya lo que se le recomendó me imagino yo, era mejor que no declarara porque sus intervenciones además de no arrojar ninguna luz al respecto, creaban una serie de problemas más de lo que lo que se resolvían y así está el caso del barco ése de Tula que se hundió en Lázaro Cárdenas y que según traía no sé cuántas toneladas de productos químicos tóxicos, que los iban a rescatar, que rescataron unos, que se perdieron, no sabemos qué pasaría; y así ha sido como ha estado marchando la actual administración sexenal y en todas y cada una de sus actividades ha estado fracasando constantemente.
Ha fracasado en la política del empleo, ha fracasado en la política agrícola, ha fracasado en la política económica, ha fracasado en la política salarial, ha fracasado en la política y finalmente está fracasando en la política de la paz social que es el logro del que tanto se ha ufanado el partido en el poder.
En esas condiciones no es creíble ni aceptable que ahora el ministerio público, sin haber hecho las intervenciones que siempre se le pidieron, formule conclusiones no acusatorias, cuando no hubo una investigación a Petróleos Mexicanos; cuando no se supo qué cantidad de los distintos carburantes estaba saliendo de la refinería de Salamanca, y qué cantidad estaba llegando a los centros de almacenamiento de Guadalajara.
Nosotros pedimos en la Comisión de Justicia, en la subcomisión que fue a Guadalajara, que se investigara eso, y nunca hubo acceso a la documentación de Petróleos Mexicanos.
Es más, en este momento recuerdo que yo personalmente propuse que se nombrara un fiscal especial para que investigara el caso de Guadalajara, y como siempre pasa en estos casos, como ya no se creía en la imparcialidad de la Procuraduría y realmente la sociedad civil y la sociedad de Guadalajara estaba muy molesta con las conclusiones provisionales que nos habían presentado en algo así como 80 mil cuartillas, porque en esa ocasión vino el subprocurador de Justicia, el licenciado Romero Apis con algo así como siete u ocho cajas llenas de documentos sin foliar, sin orden, nadie sabía qué era lo que decía ahí, pues era como tratar de buscar una aguja en un pajar, cuando nadie creyó en la certeza o en la buena fe de esos documentos y se propone el nombramiento de ese fiscal especial, se acordó que se pasara a la Comisión de Justicia para que ahí en la Comisión de Justicia, se dictaminara si procedía o no procedía el nombramiento de ese fiscal especial.
Hace un año y fracción de eso y todavía estamos esperando la decisión de la Comisión de Justicia de si procede o no procede el nombramiento de ese fiscal especial.
Por lo que aquí sucede, es todavía más evidente la necesidad de un fiscal especial, porque desafortunadamente parece que los tapatíos tienen la mala suerte de que cuando suceden cosas graves en su capital, esas cosas graves no se solucionan nunca.
Y así como está esa cortina de humo en el asunto de Pemex, yo no dudo que cualquier día también salgan con una cortina similar en el caso del cardenal de Guadalajara.
Y son asuntos que no pueden quedar ni para el próximo Gobierno ni para las calendas griegas; estos asuntos se tienen que resolver cuanto antes y se tienen que resolver con transparencia, porque aun cuando todo mundo está de acuerdo en que el principal culpable es Petróleos Mexicanos, definitivamente no es el único culpable, porque hasta parece una situación de perogrullada.
Si lo que explotó en el drenaje de Guadalajara fue gasolina y una serie de combustibles en cantidades altísimas, el único capaz de mantener, de almacenar esas cantidades altísimas en sus tanques de almacenamiento, era Petróleos Mexicanos; y si Petróleos Mexicanos no distribuyó o no tenía un correcto almacenamiento de eso, por ahí debe de empezar la investigación; pero definitivamente ahí no concluye la investigación, porque las autoridades civiles también tienen la obligación de cuidar por la seguridad de la gente para la cual gobiernan, y los delitos se cometen por acción y por omisión, y si aquí, según todas las evidencias que, hay hubo omisión de distintas autoridades civiles de Guadalajara, esa omisión debe castigarse, pero sobre todo y fundamentalmente debe investigarse a fondo todo esto, debe investigarse la participación de la Secretaría de Desarrollo Social, la encargada de proteger el entorno ecológico de todos los mexicanos y de velar porque se cumplan las leyes ecológicas; ¿cuál fue la participación ahí del licenciado Chirinos y del licenciado Colosio? o ¿qué, hay que esperar que sucedan este tipo de cosas para que después pase lo que en Chiapas, que primeramente los elevan a puestos de la mayor importancia y después dicen: hay que reconocer que esto no funcionó?
Aquí, en Guadalajara, es evidente que las autoridades encargadas del cuidado y de la aplicación de las leyes ecológicas no funcionaron, y si no funcionaron se requiere una acusación respecto a las autoridades que no funcionaron, y esto hace todavía más necesario que haya ese nombramiento de ese fiscal especial, porque como siempre lo hemos sostenido en los distintos debates que se han dado respecto a las modificaciones a las leyes, ninguna modificación legal va a funcionar en México mientras el ministerio público siga siendo una agencia que pertenece directamente a la administración pública y dependen del Poder Ejecutivo y está sujeto a los vaivenes de la política y a la necesidad de ese Poder Ejecutivo, por lo tanto, se requiere y se insiste en que una vez más es urgente que el Procurador de la República y los ministerios públicos evidentemente que dependen de él, todo el ministerio público federal, sea una agencia autónoma, así como actualmente ya lo es el Banco de México, pero mientras eso sucede, porque no nos vamos a esperar a que haya la buena intención de aceptar esas recomendaciones de nosotros, exigimos que se determine un fiscal especial para el caso de Guadalajara, para que esa averiguación previa no pase al archivo eterno y el pueblo de México conozca de una vez los responsables, sean los titulares de ecología en aquel tiempo, sea el actual titular de Petróleos Mexicanos o sea quien haya intervenido.
Cientos de muertos, miles de personas que quedaron sin casa en Guadalajara reclaman justicia y esa justicia no se les puede dar archivando los expedientes; la justicia se hace y se practica señalando a los culpables, castigando a los culpables y demostrándole a la sociedad que la impunidad se terminó en México. Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra el senador Ricardo Monreal.
El senador Ricardo Monreal Ávila:
Gracias, señora Presidenta; señores legisladores, integrantes de esta Comisión Permanente:
Antes que nada, es conveniente precisar que los actos de autoridad de otros poderes, ya sean estos estatales o federales, no son materia de esta Comisión Permanente.
Nuestra responsabilidad constitucional no entraña ni implica prejuzgar o juzgar sus conductas en el ejercicio de las funciones públicas. Sin embargo, expresamos categóricamente nuestra preocupación sobre estos acontecimientos que aquí se han comentado, tanto por el diputado
del Partido Acción Nacional como del Partido de la Revolución Democrática.
Y deseamos que las indagatorias y las investigaciones del ministerio público se profundicen para el propósito de que se deslinden responsabilidades, y con el único objetivo de que no quede duda respecto de la responsabilidad penal, técnica o civil que pudiera existir en tales acontecimientos, que lo recordamos y que en su momento expresamos nuestra posición y solidaridad con el pueblo de Jalisco.
En todo caso, de existir elementos de prueba o presunciones legales que pudieran aportarse, me parece propio hacerlo por conducto del ministerio público que actúa como representante social en este asunto, y que sin negar, pero tampoco sin afirmar, conocer las conclusiones acusatorias o no acusatorias del ministerio público al juez respectivo, me parece conveniente y oportuno expresar también a nombre de la mayoría priísta de la Comisión Permanente esta posición de preocupación y de que se lleven a efecto la profundización de estas investigaciones, repito, con el propósito de deslindar responsabilidades, y con el propósito de exigir las mismas a quien del proceso resulte técnica, penal o civilmente responsable.
Debemos recordar que aun cuando se hayan presentado las conclusiones, acusatorias o no acusatorias, que es una facultad del ministerio público en el proceso, existen elementos, mecanismos y etapas del proceso que la Ley y la Constitución observan para poder recurrirlas o para poder las partes, interponer los recursos procedentes conforme a la Ley.
El diputado Enrique Gabriel Jiménez Remus (desde su curul):
Señora Presidenta, ¿puede preguntarle al señor orador si me acepta una interpelación?
La Presidenta:
¿Acepta una interpelación del señor diputado?
El senador Ricardo Monreal Ávila:
Con todo gusto.
La Presidenta:
Adelante, diputado.
El diputado Enrique Gabriel Jiménez Remus (desde su curul):
Señor senador, con todo respeto; usted está manifestando que las partes tienen posibilidades de recurrir las resoluciones del ministerio público.
Yo le pregunto concretamente: ¿Existe algún recurso o procede el juicio de amparo contra actos del ministerio público?
El senador Ricardo Monreal Ávila:
No, no procede, diputado. Esa es la contestación a su pregunta. Lo que le digo es que hay recursos, una vez cuando se sentencie, cuando el juez dicte la resolución, aun cuando dictara una resolución absolutoria o condenatoria, claro que se puede recurrir, y se puede interponer el recurso de apelación por parte de quien se sienta ofendido con la resolución que dicte el juez. Esa es la respuesta, señor diputado.
Y aun cuando constituye una práctica parlamentaria el uso de temas distintos a nuestra estricta naturaleza, que siempre los he considerado propios porque son políticos y ésta es una tribuna política, me parece una posición respetable respecto de los acontecimientos y la preocupación del diputado de Jalisco y del diputado del PRD.
Lo que me parece desafortunado e impropio es pretender atar este debate o estos acontecimientos con personalidades políticas y públicas que, por nuestra parte, merecen respeto por todos y que están más allá del análisis de estos acontecimientos y que pudieran caracterizarlas como frívolas y como impropias e incorrectas.
No podemos permitir que se pretenda vulnerar la imagen de quien ahora es nuestro candidato, porque incluso en ese momento, cuando suceden los acontecimientos, su responsabilidad fue manifiesta y fue clara, en tanto que en ese momento deslindamos, exigimos todos juntos, incluso en esta Comisión Permanente, que esas investigaciones se ahondaran y se llegara a su conclusión definitiva, por el bien del Estado de Jalisco y por el bien de la ciudadanía, porque la ciudadanía exigía eso.
Y nosotros no hemos variado, seguimos en la misma posición.
Lo del nombramiento del fiscal especial, habría que analizarlo. Yo no lo descalifico de entrada; simple y sencillamente creemos que tenemos que observar el principio de legalidad y tenemos que observar el estado de derecho.
Pero, de entrada, no estoy en contra; habría que buscar los mecanismos pertinentes de acuerdo a la Ley, repito, con el único propósito que nos preocupa también a nosotros, de deslindar las responsabilidades y de exigirlas, vía el ministerio público o vía los órganos judiciales competentes, de quien tenga esa responsabilidad, llámense quien se llame y sea quien sea.
Esa es nuestra posición, repito, no ha variado, sigue sostenible y habremos de estar pendientes en la definición del proceso; aún no concluye, es materia de otro poder, pero habremos de estar atentos en la conclusión definitiva. Por su atención muchas gracias.
La Presidenta:
Muchas gracias.
ESTADO DE CHIAPAS
La Presidenta:
Para hacer comentarios sobre la situación prevaleciente en el Estado de Chiapas, tiene el uso de la palabra el senador Porfirio Muñoz Ledo, del Partido de la Revolución Democrática.
El senador Porfirio Muñoz Ledo:
Con su venia, señora Presidenta:
Apenas hace una semana nos empeñábamos, los legisladores miembros de esta Comisión Permanente, por encontrar el texto final de un documento que pudiese reflejar las profundas preocupaciones de la nación en torno a los acontecimientos de Chiapas.
Insistíamos en la necesidad de una vía negociada del conflicto, en la suspensión de hostilidades y en la creación de una Comisión Plural de esta Comisión Permanente, capaz de coadyuvar a la solución del conflicto.
Logramos cierto avance; suscribimos el texto casi todos los partidos políticos. Desde luego, se decidió crear dicha Comisión, aunque no alcanzamos, como era obvio, a condenar con suficiencia los errores y arbitrariedades cometidos por los agentes del Gobierno, ni tampoco logramos la claridad necesaria sobre el camino a seguir.
Ojalá que la lección que nos dejan estos días pasados, cuando después de que cambia o parece cambiar la política del Ejecutivo, hay mas vigor en la reacción legislativa, nos sirva para que en el futuro afirmemos en los hechos la plena independencia del Poder Legislativo de la Unión.
Con ese espíritu debiéramos impulsar la participación de la Comisión Plural que creamos. Todo parece indicar que habrá el espacio político para que actúe en plenitud y suficiencia la representación del Congreso de la Unión.
Debemos cuidar con celo y con esmero a que esa Comisión Plural esté en verdad en el centro de los acontecimientos políticos.
Los hechos recientes parecen indicar el comienzo de un cambio de actitud del Gobierno. Movimientos a los altos niveles del ejecutivo liberal, cambios que eran indispensables, que se realizan de modo precipitado y tardío pero que comienzan a dar testimonio de un cambio de dirección.
Se ha anunciado ya la búsqueda abierta del diálogo y de la mediación. Se ha anunciado por todos los medios de información la decisión gubernamental de cesar unilateralmente las hostilidades y ordenar el repliegue del ejército en tanto no haya nuevas agresiones.
Se comienza a proceder de acuerdo con aquello que las organizaciones no gubernamentales, personalidades independientes, prensa crítica y oposición consecuente pidió desde el primer minuto: "operación de paz que no acción de guerra".
Se trata, parece ser, de una rectificación. Es necesario que ésta sea clara, completa y consecuente. Insistimos desde un principio en que no había como ha habido siempre en conflictos semejantes dos líneas de acción efectiva: la de la exterminación del contrario, dudosa, peligrosa, prolongada y frecuentemente criminal por lo que hace a la población civil, decisión que se toma cuando el poder constituido ha valorado que se trata de un enemigo, de un enemigo territorial, geográfico, técnico o estratégico y está puesto a arrostrar los riesgos y los costos de un conflicto prolongado.
Hay desde un principio la otra opción, de la que hay numerosos ejemplos e incluso catálogos
operativos de las fuerzas de paz de las Naciones Unidas, formas muchas veces experimentadas con éxito de contención, mediación y solución de los conflictos, que desde el primer momento se pueden adoptar.
No estaríamos por ello de acuerdo en las expresiones contenidas en el documento expedido esta mañana por la Presidencia de la República, que en apariencia pretenden rendir homenaje al ejército y éste no es el camino, tratando de todos modos de justificar lo ocurrido, diciendo que hay cambio de estrategia por que ya se tranquiliza, se garantiza la tranquilidad de los habitantes. Y porque ha habido avance en los objetivos militares, y dice en una frase por demás ambigua, por no decir equívoca o autoculpatoria: "Ahora, estamos todos a favor de la paz". ¿Quién, pregunto yo al Jefe del Ejecutivo, no estaba antes a favor de la paz?, ¿los que se fueron o todavía queda alguno?. Y ¿por qué se consintió y se toleró una línea de política tan dañina para el país?
Es también de subrayar que a partir de la salida de ciertos funcionarios, las bombas dejaron de estallar; se fueron las bombas terroristas con los funcionarios. Ello evidencia que no había conexión lógica entre la sublevación de Chiapas y el estallamiento de tales artefactos. Y hace, por decir lo menos, sospechosa la coincidencia.
Ahora tendremos que remontar el camino con paciencia, con voluntad política, con perseverancia y de ser posible, con unidad nacional. Será necesario que la aptitud y actitud para el diálogo, sean verdaderas; que se oriente debidamente o se reoriente a la opinión pública a la que durante semanas se le engañó y se le ocultó la información, para que entienda ahora, la profundidad de los acontecimientos y las causas que la generaron, y esté preparada para coadyuvar y apoyar a la toma de decisiones, en la dimensión y con los alcances que la situación del país requiere.
Será indispensable ofrecer la amnistía plena; liberar a los presos políticos y proporcionar la atención médica y humanitaria a quienes hayan resultado heridos; será necesario ejercitar el diálogo en verdad; dar razones y reconocer razones; atender la agenda de quienes protestaron por las armas; que no es por cierto una agenda banal; que contiene demandas de fondo, sobre la levantación de la política económica, social y electoral del país; mostrarle al pueblo de México, que si la vía del cambio no es la violenta, en la que todos coincidimos" hay otra cierta, verdadera y efectiva, para modificar el rumbo de la nación, que no puede ser otra que la del sufragio efectivo y la alternancia del poder.
Ahora sabemos todos, para emplear una fórmula paralela a la del mensaje presidencial, que la declaración de la barbarie, no era inteligente, no era moral y no era racional; que en nada se avanzó; que se afectó la integridad de numerosas vidas; que se comprometió nuevamente a las fuerzas armadas en acciones de guerra, sin que mediara la suspensión constitucional de garantías, que se adoptó una opción equivocada que dejó graves daños en la conciencia nacional y en la conciencia internacional.
Es necesario resolver algunos problemas políticos que quedan pendientes. Desde luego, no podríamos eludir en un sistema republicano de Gobierno, que se fincaran responsabilidades. ¿Subsiste un gobernador constitucional? ¿Deberá subsistir un gobernador interino que a todas luces sólo era el intendente del anterior? ¿O procede al nombramiento de un Gobierno sustituto, de amplia participación política y social, sea por el procedimiento congresional o por el previsto en la fracción V del artículo 76 de la Constitución General de la República y en la Ley Reglamentaria de 1978? Esto es, la desaparición, el reconocimiento de la desaparición de poderes. Hay causales de sobra, desde luego, las cuatro a las que se refiere la Ley respectiva.
En dado caso, la vuelta lo más pronto posible a la normalidad constitucional en el Estado de Chiapas, es parte de la reconstrucción de las acciones gubernamentales con un sentido republicano.
Es necesario además, saber de dónde partió esta estrategia, cómo se pergeño, se combinó con otras acciones políticas. Me refiero en particular a quien figura todavía como jefe, entiendo, del gabinete de seguridad del Gobierno Federal y que está ahora un poco escondido pero todavía ahí en Palacio Nacional y en Los Pinos. Me refiero a aquél a quien la opinión pública hace principal responsable de los daños ocurridos al país durante los próximos años, el señor José María Córdoba Montoya. No sabemos si es ciudadano extranjero o ciudadano mexicano. Pedimos de modo formal y por causas de sobra conocidas, que se responda al clamor de la opinión pública y que cese en sus funciones el señor Córdoba Montoya, que sea investigado y que en su caso se le enderece juicio político.
Vamos además, a pensar con seriedad, en el replanteamiento de las cuestiones que están en el trasfondo del conflicto. No es suficiente, ni siquiera razonable, que se pretenda encubrir los fracasos del Pronasol, que tanto le preocupan a mi amigo el senador Monreal, con más acciones
del Pronasol. Si algo ha quedado en descrédito, es ese programa electorero, cosmético e ilegal en muchos sentidos. Hay que atacar a fondo los problemas económicos, sociales que subyacen de modo ancestral en la profunda crisis del Estado de Chiapas.
Y es indispensable, sobre todo, dar un mensaje claro a la nación, en el sentido de que hay una vía, de que hay un camino para reorientar el curso de la política nacional. Y que si esa vía no es la violenta, sino la legal, debe darse la cabal garantía de que se respetará el voto popular, y que el Gobierno tiene la decisión trascendental de entregar el poder, si fuera el caso, a un partido y a un candidato distintos de los oficiales. ¡Esto es lo que está hoy demandando la nación!
Entre los cambios ocurridos está el del Secretario de Gobernación, que es a su vez el Presidente del Consejo del IFE. No puedo dejar de subrayar que se trata de un jurista que no es miembro de ningún partido político.
¡Tendremos que avanzar en el mismo sentido, por lo que hace a todas las autoridades federales electorales federales, de las que el Secretario de Gobernación es cabeza, de acuerdo con las leyes que se adoptaron!
¡Insistiremos en la revisión de la autoridad electoral a todos los niveles, a efecto de que ésta se comporte con imparcialidad, honestidad y eficiencia!
¡Insistiremos en la garantía del no uso ilegal de recursos públicos para los candidatos y los partidos del agrado del Gobierno!
¡Replantearemos la necesaria equidad e imparcialidad de los medios de información, que ahora demanda insistentemente el país; después de haber sido abrumado durante estas semanas por la mentira propagandística de los medios electrónicos, o cuando menos de algunos de los más influyentes!
¡Insistiremos en la reglamentación de los programas electoreros y clientelares, como Pronasol o Procampo, de modo que no se quiera comprar con donativos la conciencia de quienes han rechazado una política injusta, desequilibrada y excluyente!
¡Volveremos a insistir en la necesidad de la plena participación de los partidos y los ciudadanos en la elaboración y control de un padrón veraz y confiable! ¡Es indispensable para ello reabrir el debate sobre el futuro de la nación!
¡Chiapas se ha convertido, por un azar de la historia, muy probablemente en el eje o disparador de la transición democrática del país durante tanto tiempo esperada!
¡Tenemos todavía el espacio para debatir, acordar y resolver! ¡Lo tiene, desde luego, el partido de la mayoría; que ya dispone, cuando menos, de dos precandidatos! ¡Lo tenemos todos: los ciudadanos, el país, los partidos políticos, los órganos de representación popular! ¡No desaprovechemos esta ocasión!
¡El Partido de la Revolución Democrática ha planteado la conveniencia y aun la necesidad de convocar a un período extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión, que pudiera servir como el marco republicano para que ahí tomemos decisiones trascendentales para el país!
¡Reubiquemos el proceso político ahí, donde la Constitución lo manda, e iniciemos a pie firme el camino de la modernidad!
¡Esperamos que el contacto que hemos iniciado con las distintas fracciones parlamentarias nos conduzcan, en breve, a la celebración de este período extraordinario!
¡Ese será el foro republicano, por excelencia, para analizar lo ocurrido, para obtener conclusiones, para elaborar y aprobar reformas y para enderezar al país hacia la transición democrática en la justicia y en la paz! Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra, sobre el mismo tema, el senador Carlos Jiménez Macías, del Partido Revolucionario Institucional.
El senador Carlos Jiménez Macías:
Con su permiso, señora Presidenta; señoras y señores senadores y diputados:
He solicitado el uso de la palabra ante los planteamientos que ha formulado el senador Porfirio Muñoz Ledo, porque considero que mi partido, y su fracción parlamentaria en esta Cámara y en esta Comisión Permanente en especial, también debe clarificar y puntualizar su visión de estos acontecimientos y, sobre todo, tratar de ubicar en su dimensión lo que hoy nos pasa.
A mí me parece, de entrada, muy positivo que el senador Muñoz Ledo haya partido de expresar
un reconocimiento a la voluntad política que ha existido por encontrar caminos de solución, formas, sobre todo, de enfrentar este problema.
Me parece muy positivo también que él reconozca que esta Cámara, que el Poder Legislativo de la nación ha asumido con gran conciencia y madurez su responsabilidad histórica ante estos hechos; que reconozca, si bien lo señaló, que no en la magnitud que ellos lo deseaban, nosotros creemos que sí, que se llegó a un acuerdo parlamentario, yo diría casi sin precedente, y a la integración de una Comisión Plural que ha tomado un papel activo, protagónico y determinante en este conflicto. No estaría entonces de acuerdo con la expresión que hace de que esta Comisión hasta ahora, recién a algunos cambios de la posición del Gobierno mexicano respecto a esto, ha actuado con mayor vigor, señalaba él.
No puede desconocer de ninguna manera el senador Muñoz Ledo, todos los esfuerzos que el Legislativo está realizando. Hoy mismo, y desde ayer, esta Comisión se encuentra trabajando. Si no estoy equivocado el día de mañana mismo estarán en el lugar de los hechos y hay la voluntad de todos los legisladores de todos los partidos que la integran, de participar de manera determinante en la solución de este conflicto.
Claro que es cierto, decía el senador Muñoz Ledo, que reconocer las causas es fundamental. Aquí mi partido lo expresó la primera vez que se abordó este tema en la Comisión Permanente, partió de reconocer que es evidente que existen causas de inconformidad por los rezagos que esta región del país vive, pero también subrayó el esfuerzo de la política económica del presidente Salinas por atender la marginación social. No se puede hoy venir a descalificar sólo por los acontecimientos muy lamentables, que no estoy tratando de minimizar, toda una política social que ha tenido efectos importantes y trascendentes.
Es evidente que este tema y este acontecimiento ha sido en muchos sentidos exageradamente politizado. Yo no quiero de ninguna manera negar que ésta es una tribuna para el debate político y, sobre todo, para el debate político de acontecimientos como éste; pero tampoco es válido, entonces, que algunas fuerzas políticas aprovechando esto, pretendan dibujar a un país en una guerra civil, en una crisis política y de ahí quieran sacar agua para su molino, por supuesto que es válido y es legítimo, hay muchas formas de conseguir votos, pero a mí me parece que tenemos la obligación moral todos los mexicanos y fundamentalmente los que tenemos un nivel de opinión, por modesto que sea, de ser en este tiempo razonables, prudentes y serenos, porque el solo destacar la violencia, el solo señalar este acontecimiento tan lamentable para trasmitir un estado a veces de pánico y de angustia, no me parece desde el punto de vista político, una actitud ética. No quiero, de ninguna manera, reitero, minimizar estos acontecimientos dolorosos que a todos nos preocupa, pero sí me parece fundamental que subrayemos la gran voluntad política del Gobierno mexicano por resolver lo más pronto posible este gran conflicto; no hay duda, las respuestas están a la vista, las decisiones políticas lo prueban, es evidente que el mensaje de esta mañana del presidente Salinas demuestra con gran claridad esa profunda convicción de que la paz y la estabilidad retornen a esta región del Estado de Chiapas.
Haber, en su condición de jefe supremo de las fuerzas armadas, tomado la decisión de pedir, de ordenar al Ejército suspender los ataques, es un principio fundamental que nadie puede hoy, en esta tribuna, venir a desconocer para la búsqueda pronta de la solución de este conflicto. No se puede ahora decir que esta política que se siguió para que el Ejército masacrara, ha sido de ninguna manera la voluntad del Gobierno, porque no podemos admitir tampoco que se diga aquí, que el Ejército fue a masacrar a los chiapanecos que viven en esa región. El Ejército actuó con bases constitucionales y ése es un debate superado en nuestra sesión pasada y ha tomado su papel de defender los intereses y la vida de los mexicanos en esa región del país. No podemos, no sería honesto y no sería de ninguna manera ético, afirmar que ha seguido una política diferente, es evidente que esto a todos nos duele y que se han perdido vidas.
El senador Muñoz Ledo aprovechando el que vino a hablar de Chiapas, pues también ha hecho una serie de comentarios, de propuestas, ha planteado demandas; yo pienso con todo respeto, porque el senador Muñoz Ledo lo sabe, tengo respeto por él, pero me parece definitivamente que ha utilizado la tribuna para descalificar los programas de Gobierno, para hablar de juicios políticos o plantear la necesidad de que se lleven a cabo, ha planteado el que se lleve a cabo un período extraordinario y también ha planteado una reforma política a partir del análisis de este problema.
Es lógico, lo he percibido, tengo ahí los documentos, que el senador Muñoz Ledo, me parece muy válido, pues ha venido a plantear muchas de las
tesis de su partido, ahora en campaña también y sobre todo muchos de los pronunciamientos que ha formulado su candidato a la Presidencia de la República respecto a estos acontecimientos. En ocasiones nos parece que hay un doble discurso cuando se afirma categóricamente que la paz es el hecho fundamental por el que hay que luchar; pero por otro lado, parecería que se desliza con un gran cuidado la idea de que hay que seguir fomentando esta gran preocupación por esto que puede generalizarse en el país y esta idea un poco, porqué no decirlo, de abordar este hecho lamentable y grave, lo subrayo, de manera muy catastrófica; lo digo con todo respeto y esto es una opinión personal.
Yo quisiera concluir simplemente señalando que se ha reiterado esta voluntad política para resolver este problema. Quisiera subrayar que queda claro que las fuerzas políticas del país tuvieron en su oportunidad la mejor de las decisiones, condenar estos hechos violentos y creo que ha habido en el Legislativo, una gran respuesta en ese sentido y que esta Comisión Plural y que este documento sin duda alguna sin precedente, habla del papel que el legislativo ha tomado en este gran conflicto.
Yo estoy convencido de que México saldrá adelante de esta difícil situación. Nosotros miramos en esta dificultad, también en este momento, la oportunidad de una reflexión profunda para enfrentar los grandes retos que la nación todavía tiene y sobre todo para enfrentar este gran reto de la lucha contra la desigualdad y contra la injusticia. Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Israel González Arreguín, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado Israel González Arreguín:
Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores, público que nos acompaña:
Como diputados de la nación, nosotros no le apostamos a quedarnos en el centro medular de México a lanzar amenazas de futuros levantamientos; tampoco quisimos esperar que pudiésemos llevar la protección de un mandato secular para indagar las situaciones que Chiapas ha venido viviendo como Estado tránsfuga de Centroamérica.
Fuimos responsablemente a conocer la problemática de la última etapa y hemos visto que en Chiapas la guerra existe y el primer compromiso de la política y de los políticos responsables de México es conseguir la paz. En Chiapas ayer mismo, los militantes del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional recuperamos para la política, un espacio que tenía captado la guerra: La Plaza de Armas de San Cristóbal de las Casas.
Creo compañeras y compañeros legisladores que hoy, lo que resta a todos los diputados es contribuir para alcanzar una paz en la democracia y en la libertad, pero fundamentalmente una paz en la justicia. Desde hace dos años, nosotros hicimos un señalamiento en el Congreso del país de la problemática que los chiapanecos tenían; dijimos muchas veces desde la tribuna, desde la más alta tribuna de la nación, que era necesario que se atendieran sus reclamos, pero fundamentalmente que se reencauzara la vida democrática en Chiapas.
En aquél entonces, como ahora, hubo quienes quisieron distraer la atención manejando que no éramos una fuerza representativa, y hubo hasta quienes dijeron: no puede venir a hablar aquí de un conflicto nacional quien escasamente tiene una representación.
Nosotros les demostramos que en Chiapas en 1991 fuimos la segunda fuerza política estatal; y con la responsabilidad de ser la segunda fuerza política en el Estado de Chiapas, desde hace dos años hemos estado tratando de cambiar las cosas.
Con esa misma responsabilidad decimos hoy que para nosotros el primer gran cambio en la estructura política nacional que se dio y que se da la oportunidad designando al doctor Jorge Carpizo como nuevo Secretario de Gobernación, es una importantísima contribución para empezar a destrabar la problemática chiapaneca.
El decreto por medio del cual se remueve del cargo a Patrocinio González Garrido, y por otro lado, la trascendente designación del licenciado Manuel Camacho Solís como secretario de Relaciones Exteriores hacia la Comisión de la Paz en el Estado de Chiapas, es un signo inequívoco de un cambio de actitud ante el conflicto armado en Chiapas.
En la anterior sesión nosotros nos negamos a firmar un acuerdo simple y llano de una manifestación de esta Comisión Permanente. Creo que los acontecimientos nos han dado la razón de que era necesario ir más al fondo del asunto.
Hoy, y lo decimos con toda responsabilidad, al mismo tiempo la designación de la Comisión Plural por parte de la Comisión Permanente del Congreso General de la República, también ha contribuido y contribuye indiscutiblemente a posibilitar el logro de acuerdos que permitan alcanzar el fin de las hostilidades, tanto del Ejército mexicano como del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, como partes en conflicto.
En la anterior sesión todavía había quienes querían negar la existencia de éste último. Quien fue designado para mediar en el conflicto empezó bien, empezó por reconocer la existencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Estas medidas marcan un cambio fundamental en el ambiente político nacional; rompe con un aletargamiento en la toma de decisiones, para dar una respuesta política rápida ante este grave y delicado conflicto; rompe con el silencio, con los lugares comunes de interpretación y con la falta de alternativas de solución real y viable al conflicto, por parte de la mayoría de los actores políticos de nuestro país.
Nuestro partido, el del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, ha tomado una actitud diferente; hemos hecho propuestas concretas desde el inicio del conflicto; nos colocamos en el centro del debate. Como fuerza política hemos elegido Chiapas para iniciar la campaña de nuestro candidato a la Presidencia de la República, porque lo consideramos un lugar apropiado para el inicio del recorrido nacional, con el fin de corregir el destino nacional; para que el crecimiento económico se oriente en beneficio del pueblo; para que haya modernidad para todos los mexicanos; para que se respete el voto y los poderes públicos deriven de la voluntad ciudadana en las urnas; para que se acabe con el fraude y componendas entre los grandes partidos políticos de los poderosos del PRI y del PAN.
Hoy hemos dejado claro que los que ayer se han excluido por todos, nos han dado una profunda lección y nos recuerdan crudamente que 40 millones de mexicanos viven en la pobreza; la mitad de la población está harta de que se le siga engañando y de que se le posponga el derecho a tener la vida digna que establece nuestra Constitución Política.
Nos interesa contribuir a la reconstrucción de la paz regional y de la paz nacional sobre la base de una verdadera justicia social.
Hemos estado, compañeras y compañeros legisladores, en Chiapas; hemos visto como en muchas regiones el pueblo chiapaneco le teme más a la llegada de algunos elementos del Ejército Nacional que a la llegada del Ejército Zapatista, y eso es preocupante, es preocupante porque la imagen del Ejército nacional en el país es la imagen de respeto, es una imagen de apoyo, es una imagen de solidaridad.
Creo que una medida importante que el Presidente de los mexicanos y nosotros debemos de buscar y debemos de conseguir, es que algunas personas que se encuentran integrando el Ejército de Chiapas sean removidos de la región, porque tienen problemas serios de confrontación con los lugareños.
Creo que es necesario ir al fondo del asunto, y entender que no nada más con los que arriba traban el conflicto deben de ser removidos. Hay gente que al interior del Estado de Chiapas le han echado más lumbre al problema; hay gente que se ha hecho necia, ha tenido los oídos sordos y no ha contribuido a resolver el rezago agrario. Creo que es necesario empezar por dar a Chiapas una profunda reforma agraria que en muchas partes del país ha florecido y que sin embargo ahí no ha llegado; hay muchas cosas por hacer en Chiapas, pero siento compañeras y compañeros legisladores, que el primer aporte que Chiapas reclama de nosotros es una profunda responsabilidad como legisladores de la nación, es que no tratemos, desde las instancias que contribuyamos o que participemos, a querer manejar situaciones de una región a todo el territorio nacional, porque más que contribuir, estamos torpedeando las soluciones plenas.
Creo que responsablemente todos nosotros, como legisladores mexicanos, debemos de levantar nuestra voz para llamar a la unidad a los mexicanos en lugar de pretender adelantarnos a "lanzar" llamamientos de insurrección si tal o cual objetivo que pretendemos no se consigue. Eso no se vale, como no se vale tampoco el querer venir a esta tribuna a cobrarse adeudos de otra naturaleza, de otra época y de otro tiempo, metiendo, en medio de un conflicto que a todos nos duele. Eso tampoco se vale.
Un partido serio, un partido nacional, debe empezar por respetarse a sí mismo.
Compañeras y compañeros diputados: nosotros planteamos, por todas las consideraciones que hemos hecho, que para enfrentar las causas profundas que han originado la miseria de los pueblos indígenas de Chiapas y de otras partes
de México, debemos enfrentar los problemas con una estrategia de desarrollo radicalmente distinta.
Los indígenas no quieren más represión, pero no quieren más represión militar, tampoco represión ideológica; quieren una respuesta radicalmente distinta; ellos no están esperando lamentaciones ni mucho menos actitudes como las que observamos aquí de neopopulismo que sólo benefician a quienes emboscados los siguen explotando.
No quieren limosnas; tampoco las políticas neoliberales que provoquen mayor desigualdad en el campo. Los indígenas reclaman una respuesta global a sus problemas añejos, de ahí que proponemos se desarrolle en beneficio de los chiapanecos un programa que incluso puede ser aplicable para todo el país en beneficio de las etnias.
Proponemos algunos puntos programáticos para encarar la cuestión indígena nacional, así como un plan de paz para Chiapas.
Primero. Una reforma agraria integral en los pueblos indígenas; restitución de tierras a las comunidades indígenas y ampliación de los ejidos, crédito y asistencia técnica del Estado.
Segundo. Respeto a las garantías individuales y sociales, garantizadas por nuestra Carta Magna; libertades a las formas de asociación, respeto a la pluralidad étnica; respeto a la pluralidad religiosa.
Tercero. Derecho a la alimentación, garantía de que en toda su vida tendrán derecho a una alimentación suficiente.
Los chiapanecos, los indígenas chiapanecos están reclamando su incorporación a la educación. Debemos de contribuir todos por garantizar, en serio, la educación que les pueda permitir con su preparación incorporarse a la vida nacional; proveerlos de centros educativos, de instituciones, que correspondan a la elevación de su cultura.
Es importante para evitar que quienes los han venido manipulando no tengan éxito, se requiere desatar una intensiva campaña de alfabetización.
Creo que si a los indígenas chiapanecos se les garantiza el trabajo, no tendrán por que aceptar como alternativa un trabajo serio y seguro, empuñar el arma para dividirse entre hermanos; por eso es importante que a los indígenas se les lleve un programa que les pueda permitir un trabajo asegurado; es importante que las chozas se transformen en viviendas; urge que ese programa, que otros desprecian desde su perspectiva, de reconstrucción de vivienda les llegue en serio, pero les llegue directo, no como si fuera un crédito a la palabra con intermediarios, sino que les llegue directo a ellos, allá, a las comunidades indígenas, que no se quede en las manos de los mestizos o de los que siempre las han utilizado para engañarlos o para manipularlos.
Y en esto todos nosotros podemos contribuir a que les lleguen en serio estos apoyos.
Creo que el pueblo de Chiapas reclama que se acabe con la servidumbre agraria. No pueden seguir dependiendo de los créditos amañados, que antes de tener la cosecha ya se debe, de que antes de tener hasta la semilla para sembrar ya los que los han venido explotando tienen en sus manos todas las pertenencias de los indígenas.
Si queremos que las cosas cambien, si queremos dar una respuesta a la medida del reclamo de los indígenas, tenemos que obrar en consecuencia.
Por eso, creo que todos podemos contribuir a que desaparezca algo que hace muchos años dejó de existir en México, en el resto de México: que se siga utilizando la represión como respuesta a sus reclamos. Creo que es importante que se acaben los gobernantes que piensan que hasta las hojas de los árboles se mueven si ellos lo permiten.
Chiapas reclama no un gobernante déspota, reclama un gobernante sensible, un gobernante sencillo, un gobernante que tenga la capacidad de escuchar a los indígenas y que tenga la capacidad de tolerar su enojo de milenios.
No podemos enviar a Chiapas, a los que piensen que van "alumbrados", y que son la última palabra, a resolver los problemas de los chiapanecos; eso los insultaría; eso en lugar de contribuir a resolver los problemas de los chiapanecos, endurecería la posición de quienes están reclamando justamente.
Creo que debemos y podemos contribuir a la creación de una Comisión Nacional de Derechos Indígenas, dirigida, regulada y supervisada por los propios grupos étnicos.
Y sobre todo, compañeras y compañeros legisladores, hacer todo nuestro esfuerzo por respetar
su sistema democrático de representatividad entre los pueblos indígenas, respetando el sufragio, no imponiéndoles autoridades que en lugar de contribuir a ayudarles tienden a desarrollar su atraso.
Estas son algunas propuestas que consideramos importante hacer; muchas gracias, compañeras y compañeros.
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Emilio Becerra González, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Emilio Becerra González:
Con su venia, señora Presidenta; compañeros legisladores:
El incendio del 5 de mayo de 1989 en el sótano de este Palacio Legislativo, mediante el cual se pretendió quemar todos los votos de la elección de 1988, finalmente, y después de cuatro años, llegó a los altos de Chiapas. En esos altos de Chiapas, donde según los números oficiales, el candidato del partido oficial sacó en todos los distritos el 110% de los votos, ya que la Ley Electoral, en aquel tiempo, autorizaba un 10% extra de votos, en todos los distritos de Chiapas sacó el 110% de los votos y el resto de los partidos cero votos.
Ese incendio que ahora causa sorpresa, evidentemente tiene multitud de justificaciones, tiene multitud de causas. El procedimiento, es cierto, no es el más indicado, pero habría que preguntarnos si quemar un Palacio Legislativo para desaparecer las huellas del más grande fraude electoral en la historia de México es un procedimiento justificado y posteriormente por un acuerdo impuesto quemar la totalidad de esa paquetería electoral y que nadie sepa cuál fue el resultado matemático auténtico, aunque todo mundo tiene la idea de cual fue el resultado verdadero y la definición política en 1988.
Ese problema de 1988 sigue vigente; sigue vigente la gran antidemocarica en todo el territorio nacional y por eso que de manera muy certera el senador Muñoz Ledo urgía a la convocatoria de un período extraordinario de sesiones para revisar la legislación electoral que en los términos en que está concebida definitivamente no presagia unas elecciones como todos quisiéramos en este año.
Y el asunto de Chiapas tiene muchos ángulos; tiene el ángulo político, tiene el ángulo jurídico y un puente entre ambos es la perspectiva democrática a la que estamos obligados.
Aun cuando aquí se dice que la intervención del Ejército es una intervención que está más allá de toda duda, yo voy a permitir exponer la legalidad aplicable al caso, para que nosotros como funcionarios que al acceder al cargo protestamos cumplir y hacer cumplir la Constitución, veamos qué tanto la hemos cumplido y qué tanto la hemos hecho cumplir.
El asunto de Chiapas legalmente tiene su primer presupuesto en el artículo 122 de la Constitución de la República, que dice así: "Los poderes de la Unión tienen el deber de proteger a los estados contra toda invasión o violencia exterior. En cada caso de sublevación o trastorno interior, les prestarán igual protección, siempre que sean excitados por la legislatura del Estado o por su Ejecutivo si aquélla no estuviere reunida". ¿Qué quiere decir esto? ¿El asunto de Chiapas es un asunto exterior o interior?
Si es un asunto de agresión exterior, que todos estamos de acuerdo que no lo es, no se necesita excitativa a los poderes de la Unión y además, entre paréntesis, no se nos olvide que los poderes de la Unión son tres: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. No un sólo poder, aun cuando la tradición y la práctica hayan subsumido o tratado de subsumir en un sólo poder el resto de los poderes.
Y aquí tratándose de un caso de trastorno interior, que es como el senador Jiménez Macías nos lo quiso hacer ver, pues entonces para que los poderes de la Unión intervengan, se requiere excitativa de la legislatura del Estado de Chiapas, a menos que no esté en funciones; y la Legislatura del Estado de Chiapas todos sabemos que está funcionando, tan es así que acaba prácticamente de manera clandestina, aprobar una reforma constitucional al estilo Yucatán, de cambiar los interinatos y los periodos de la gubernatura y lo que habían acordado de una manera, después quedó de otra manera y no hay una información suficiente al respecto; pero es evidente que la legislatura está en funciones.
En esas condiciones, el gobernador de Chiapas, o, como dijera acertadamente el senador de mi partido, el intendente en Chiapas, pues no es la persona indicada para solicitar la protección de los poderes de la Unión, pero además, y esto es lo más grave, según nos dimos cuenta, solicitó la intervención del Ejército, y el Ejército no se
manda solo; el Ejército tiene sus propias funciones y su propias reglamentaciones, y el Ejército por la larga y penosa experiencia del siglo pasado, está impedido de intervenir en asuntos de la vida civil de los mexicanos. Y tan es así, que el artículo 129 de la Constitución dice expresamente: "En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar".
Ahora bien, decía el senador Jiménez Macías, que aquí nosotros hemos venido a plantear una situación de catástrofe, como si el país se encontrara en guerra civil, y entonces yo me pregunto: ¿Nos encontramos en guerra o nos encontramos en paz?, porque si nos encontramos en paz, el Ejército no tiene absolutamente nada que hacer en los problemas de Chiapas; para eso existe una institución que se denomina la guardia nacional; y que la guardia nacional no opere u opere en muy pocos estados, en el mío, en Guanajuato es uno de los pocos en los que opera la guardia nacional, eso no es ninguna justificación para que el Ejército venga a sustituir a la guardia nacional, a menos que nos encontráramos en la situación de guerra civil, que el senador Jiménez no quiere aceptar.
Por otro lado, el Ejército solamente puede participar en asuntos de grave perturbación interior; en asuntos que afecten la seguridad pública, pero bajo la orden expresa y directa del Presidente de la República; y al respecto, el artículo 89 fracción VI, dice así: "Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes: "Disponer de la totalidad de la fuerza armada permanente. O sea, del Ejército terrestre, de la marina de guerra y de la fuerza aérea, para la seguridad interior y defensa exterior".
Y todavía en todos los comunicados que nosotros hemos conocido, tanto televisivos, como a través de la Prensa, en ninguno de ellos se ha dicho que el Presidente ordenó la intervención del Ejército. Lo único que conocimos, fue que el gobernador de Chiapas, pidió la intervención del Ejército, pero él no es nadie para andar solicitando la intervención del Ejército. Ahí debe de solicitarse el auxilio de los poderes de la Unión. Y ese auxilio ha sido, por lo que toca a nosotros, tengo entendido que no ha sido solicitado. Pero independientemente de ello, la Comisión Plural aquí formada, ha estado actuando tardíamente, porque si esa Comisión se acordó hace ocho días y aquí nos vienen a decir que apenas ayer empezó a trabajar, pues eso es una grave irresponsabilidad. Quiere decir que no le estamos dando el reconocimiento al problema de Chiapas, de la gravedad que tiene y que cada día se le está aceptando tanto en el interior como en el exterior.
Es evidente, pues, que la legalidad en Chiapas, ha sido vulnerada, que además existe una suspensión, de facto, de las garantías individuales; y esa suspensión de garantías individuales, solamente procede en términos del artículo 29 constitucional, que dice así:
"En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, y éste podría ser el caso, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los titulares de las secretarías de Estado, los departamentos administrativos y la Procuraduría General de la República y con la aprobación del Congreso de la Unión, y en los recesos de éste, de la Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país o en lugar determinado, que es el caso, las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales, y sin que la suspensión se contraiga a determinado individuo..."
Por lo que nosotros hemos visto y sabido, es evidente que la garantía individual del derecho a la información, está suspendida en Chiapas, cuando menos, en la zona del conflicto. La garantía de libre tránsito, está suspendida.
Yo todavía anoche antes de dormirme, vi ahí en la televisión, que están ahí los militares. Y luego dice: "Alto. Reten militar". Yo creí que estábamos en Bosnia o en Somalia o en algún lugar de esos, pero no; cuando puse atención, resulta que era aquí en México. ¡Eso no es posible!
Cuando el actual Secretario de Gobernación accedió a la Procuraduría General de la República, sostuvo y decía que la ilegalidad no se puede combatir con ilegalidad. Y ya sé que por ahí se me puede decir, que a poco los del Ejército zapatista están muy apegados a la legalidad. ¡No! tampoco yo estoy diciendo que ellos estén respetando la legalidad; pero ellos voluntariamente, por decisión propia y por los motivos que todos reconocen como justificados, se salieron de la legalidad.
Sin embargo, nosotros todavía tenemos una legalidad aceptada y vigente, y esa legalidad tenemos obligación de respetarla, porque no puede ser que las heridas que aquí todos queremos que se cierren, se cierren nada más con buena
voluntad o con buenos deseos o con exhortaciones. Si se abren otras heridas, no es posible después cerrarlas fácilmente.
Hemos sabido también que se ha detenido a mucha gente. La Prensa dio cuenta de un supuesto guatemalteco que lo detuvieron y que luego se lo trajeron.
Primero estuvo en el campo militar, allá en el sureste; luego se lo trajeron acá. Resultó ser guatemalteco y confesó no sé cuántas cosas y lo detuvieron porque iba en un camión y traía muchos rasguños, y además llevaba la ropa sucia. ¡Caray! pues eso simplemente es resultado del altísimo grado de pobreza reconocido por todos.
Acabamos nosotros de reformar hace menos de un mes el Código Penal Federal. Y ahí se estableció que no se puede detener a nadie, excepción hecha de orden de aprehensión o en flagrante delito.
Este señor iba en un camión; no llevaba armas, nada más iba rasguñado y sucio. ¿Dónde está el flagrante delito o el cuasi flagrante delito de este señor?
Y evidentemente yo preguntaría en estos casos: ¿quiénes son los defensores de estos señores, que están confiese y confiese? Pues claro, les ponen defensores de oficio y a través de una simulación jurídica esos defensores, que ni están ahí, voluntariamente confiesan una serie de circunstancias que la propia legalidad, dada por nosotros, prohibe.
En esas condiciones, está muy claro que para combatir la insurrección del Ejército zapatista se está violando la legalidad. Independientemente de un documento que me acaban de presentar de organizaciones de derechos humanos, que afirman fehacientemente de que ha habido ejecuciones. ¡Y eso no puede ser! De que ha habido abandonos, abandono de combatientes o de beligerantes que los dejan morirse ahí, sin prestarles el menor auxilio. ¡Eso no puede ser!
Hay delitos, hay legislación que considera que el no prestar atención a la gente en esas circunstancias es un delito. ¡Todo eso amerita una reflexión para las conclusiones que de aquí tengamos que sacar!
Y pues, hay algunas cosas que decía el senador Carlos Jiménez, que evidentemente no podemos aceptar de ninguna manera; porque, entre otras cosas, si él dice y afirma "que nosotros estamos magnificando esta situación". Pues yo creo que no somos nosotros. ¿Por qué hay 20 mil o 30 mil soldados en la zona de combate? Si cuando el Secretario de la Defensa o el Ejecutivo, no sabemos, manda 20 mil o 30 mil soldados, un número importante de aviones y toda esa parafernalia de ataque pesado. Bueno, es que no somos nosotros los que estamos magnificando, es que seguramente no se nos está dando, ni a la opinión pública, la información adecuada de la gravedad de este problema.
¡Porque si no fuera tan grave, pues entonces ésta es una exageración y es actuar de manera irresponsable y con un pánico que yo creo que no es el momento de actuar así; sobre todo, de las más altas autoridades de la nación!
Y además se nos dice "que nosotros queremos sacar ventaja de una situación que está tiñendo de sangre una parte del territorio mexicano". También negamos terminantemente eso, porque, no es la primera vez que lo decimos, pero es muy cierto que en este sexenio y está plenamente documentado, existen aproximadamente 300 perredistas muertos durante los procesos electorales o en los conflictos poselectorales. Y nuestras dirigencias, de manera responsable, han exigido el castigo a los homicidas; castigo que hasta la fecha no se ha dado, pero sobre todo han expresado, hacia adentro y hacia afuera del partido, que nosotros queremos la legalidad, que queremos el cambio por la vía del sufragio y por la vía pacífica.
¡A pesar de esos agravios reales que tenemos contra el sistema, nunca hemos invitado a la transgresión de la Ley, nunca hemos pedido los excesos! Sin embargo hay gente, como la gente de Chiapas, que ante esa grave violación a sus derechos políticos, a sus derechos humanos, a sus derechos al empleo, esa gente se ha visto en la necesidad de levantarse.
Porque no es solamente con programas sociales con los que se arreglan los problemas, porque esos programas sociales simplemente constituyen un paliativo de esa política neoliberal que ha fracasado y aquí está muy claro el fracaso de la política: después de cinco años de la aplicación de esas medidas, ya la gente llegó en muchos casos al extremo.
Nosotros no podemos seguir aceptando y acercándonos al abismo. La gente no soluciona sus problemas solamente con que le pongan agua potable, una calle o alumbrado público, la gente requiere empleos, requiere trabajo, requiere salario remunerativo, requiere autoridades comprometidas con la justicia social, con la soberanía
del país, con el nacionalismo; requiere casas, requiere la posibilidad de tener un techo, de tener una vida digna, de tener, sobre todo, una vida democrática, de decidir su destino por sí mismos; no basta simplemente ir e inaugurarles un hospital, hay que reconocerles su propia dignidad y el derecho a hacer su propio gobierno; ese derecho les ha sido negado y por eso reitero que es urgente un período extraordinario para adecuar la Ley Electoral, ¡con esta Ley Electoral tramposa no podemos ir a ningún lado!
Allá en Guanajuato hubo pensadores y todavía hay quienes dicen que quedan muchos granaditas por quemar; y en México ya hay mucha gente que dice que hay muchos altos de Chiapas por estallar. ¡El mensaje no lo podemos pasar desapercibido, ese mensaje tenemos que tomarlo en cuenta y en el fondo de ese mensaje está más que obras de Pronasol, más que obras de Procampo, más que declaraciones insinceras, está el compromiso real con lo que desde hace mucho tiempo está pidiendo el pueblo de México! ¡Y así como la gente de los altos de Chiapas, todo México tiene hambre y sed de justicia, hambre y sed de democracia, de democracia ya y de patria para todos! Gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Gustavo Carvajal Moreno, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Gustavo Carvajal Moreno:
Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros integrantes de la Comisión Permanente:
Nos da mucho gusto volver a oír a nuestro compañero diputado y brillante abogado Becerra, sobre todo porque si no iba a las sesiones de la Cámara de Diputados pues tampoco vino a la Permanente y se le olvida que muchas cosas que está planteando ya se trataron en la pasada sesión.
Pero valdría la pena, de entrada, simplemente aclararle a nuestro amigo, primero, que los legisladores no somos funcionarios; segundo, que la solicitud de intervención en causa de problemas graves no está en el artículo 122, está en el 119, pero señaló, lo digo porque seguramente no fue a la Cámara de Diputados en su momento, pero de todas maneras hubo ya un cambio legislativo para puntualizarlo.
Ahora bien, es indiscutible que en la pasada sesión de la Permanente quedó aclarada la intervención, la solicitud que se hizo para poder so licitar que se enviara un refuerzo a buscar la pacificación de las zonas que fueron violentadamente tomadas por un grupo de hombres armados y también vale la pena recordar que uno de los principales o primeros puntos de ataque fueron la zona militar y los cuarteles militares; entonces, yo creo que sí hubo esta solicitud, se ha planteado y el Ejército mexicano ha actuado buscando restablecer la paz en la zona y buscando seguir dando las garantías para que pueda vivir en paz esta zona de los altos de Chiapas.
Baste ver los periódicos, baste conocer la información que ustedes conocen, de la ayuda que el ejército está entregando en despensas, está entregando en comida, en mantas, etcétera, a la población civil, baste también ver simplemente como la población civil ha recurrido al Ejército pidiéndole la población su apoyo y su protección, pero indiscutiblemente es un tema que ya está resuelto en la pasada discusión, en la pasada sesión y sí me gustaría aquí puntualizar algunas otras aseveraciones en primer lugar, que se han hecho.
No podemos permitir que se señale que es ilegítima la actuación del Ejército mexicano, que no tiene bases jurídicas, sí las tiene; nos preocupa que un hombre y un amigo de la inteligencia de Muñoz Ledo señale que son justas las propuestas, pueden ser justas, la vía está equivocada, tiene razón, creo que de este tipo de propuestas que puede haber en este país porque es un país en donde todavía hay muchas zonas con injusticia, la vía no es la armada, indiscutiblemente, hay canales de petición, hay formas de buscar la solución de los problemas y Chiapas está buscando en este momento una solución integral a los problemas del Estado. Ninguno de los mexicanos esperábamos lo que sucedió el día 1o. de Enero, indiscutiblemente fue una acción que tomó por sorpresa al pueblo de México.
Se debe y se ha dicho aquí, a rezagos, a injusticias que serán corregidas y muchas que se han corregido ya, baste recordar el aumento, baste ver el aumento de la inversión pública, entonces basta ver la inversión pública que se ha dado en el Estado y en la zona, en el país, para que se vea que sí ha habido una idea de avance y de terminar con los rezagos múltiples que no se han podido indiscutiblemente terminar.
Nos preocupa, también una falta de definición, por un lado nos señalan que no sirve Pronasol, y por otro lado nos alaban, que hay agua, que
hay luz, que hay drenaje, valdría la pena un acuerdo para poder tener una contestación, acuérdense ustedes que Pronasol no es un órgano del Estado que apoya algún partido político, es la sociedad civil que se organiza y una vez organizada hace un Comité para buscar una obra, se trabaja y se realiza esta obra.
El trabajo del Programa de Solidaridad está reconocido y sobre todo, no hay duda, se han mejorado las condiciones de vida de los mexicanos y de los que menos han tenido.
También se nos dijo que se requiere un gobernador sustituto y la desaparición de poderes, pero ¿por qué?, ¿por un pequeño problema, por un problema en una zona ese Estado no justifica que el Estado esté incendiado como tampoco no aceptemos que el país está en llamas, no es cierto; es un problema grave sí, sí lo es; es un problema doloroso que ha costado la vida de muchos compañeros mexicanos, sí, sí lo es; es una llamada de atención a las instituciones del país, públicas, privadas, sí lo es; es un llamado a las iglesias, es un llamado a la sociedad en su conjunto para que se vengan a resolver muchos rezagos, muchos rezagos no nada más de esta zona sino también rezagos en otras zonas indígenas del país.
Es muy interesante la mente de novela de nuestro compañero Becerra porque plantea todo una historia de la quema del Palacio Legislativo para poder quemar los paquetes. Es una ofensa, si esto fuera cierto, a la inteligencia, pues se hubieran quemado los puros paquetes ¿para qué quemamos las zonas donde no había paquetes, ¿verdad? Entonces, definitivamente eso es falso; eso es falso, hubo un accidente que sucede en este Palacio Legislativo, no puede estar en ningún momento planteado como un acto de mala fe, encaminado a una quema de documentación que posteriormente y dado los años que se pase y la otra legislatura, se acordó en esta actual legislatura proceder a su destrucción.
Por eso, sí queremos nosotros plantearles que no consideramos este argumento válido como tampoco consideramos el argumento del 100% de los votos en Chiapas. Qué pobre se vería a algunos partidos si aceptan que no tuvieron un solo voto, pero señalar que hubo el 110% de votos para un solo partido, yo creo que es una aseveración que va más allá de la aventura. Eso es falso.
También consideramos nosotros que cuando nos señalan que tenemos dos precandidatos en nuestro partido, no entendemos a qué se refieren, quizá a que ellos todavía no han definido el suyo o que quieren también sumarse al nuestro; no entiendo, el nuestro es uno y es Luis Donaldo Colosio; no hay otro; por eso, sí quisiéramos aclarar que dentro del PRI hay un solo candidato a la Presidencia de la República y no dos.
También nos gustaría replantear con mucha claridad que en ningún momento se ha señalado que si la mayoría del electorado y la voluntad popular está con un partido de oposición, se va a entregar el poder; eso es indiscutible y lo hemos visto, lo hemos visto en otras entidades federales, cuando partidos de oposición han ganado la mayoría, se les reconoce, en lo municipal y en lo estatal, por eso no consideramos, ni comentarlo siquiera, sería un atentado a la inteligencia de nuestro amigo Muñoz Ledo que podría pensar que va en serio, pero nosotros consideramos que el poder se gana en las urnas, en las campañas políticas y en los votos.
Es indiscutible que hemos tenido muchos avances democráticos, muchos avances en las leyes electorales en este período de Gobierno. No es lo que quisiéramos todos, eso es cierto, no hemos llegado a una perfección que a todos los mexicanos les gustaría, pero el negar que ha habido avances importantes en este Gobierno, en la reforma política, es considerar que estamos ciegos y plantear en un momento determinado que se requieren para dos o tres opciones que están buscando en este momento un período extraordinario de sesiones, pues no se da, tenemos todavía un período ordinario que se puede plantear en su momento en las sesiones.
El problema de Chiapas es indiscutible que es un problema difícil, es un problema duro que nos viene, como les decía a ustedes, a dar un punto de partida, un alerta a muchas deficiencias y a muchos rezagos de nuestro país, pero también estamos de acuerdo en que estamos a tiempo y hay la voluntad de terminar con estos rezagos.
El Presidente de la República ha nombrado un Comisionado para la Paz, ha planteado cambios en su equipo de trabajo que vayan acordes en este sentido y consideramos nosotros que está buscando el Estado, pero no el Estado sólo, está buscan do el Estado, el Gobierno mexicano en su conjunto los partidos políticos, las iglesias, la sociedad en su conjunto, el camino hacia la paz. Nadie debe estar pensando que el camino de México debe ser la fuerza armada o la guerra, no, es la paz, y hay una convocatoria a todos los mexicanos a buscar el apoyo de la paz.
Esta Comisión Permanente, este Poder Legislativo nombró, preocupado por los sucesos, la Comisión que está trabajando ya en el conocimiento de los sucesos de Chiapas y está también trabajando en las audiencias y recopilando la información para darle a esta alta tribuna un informe pormenorizado de lo que ha estado pasando. La integración de esta Comisión es de lo más plural y también el día de mañana van a salir directamente a Chiapas a tener comunicación y relación, a ver directamente los problemas que se han afectado.
Vamos el día de hoy encaminándonos, con una indicación, una orden que el Presidente de la República da a las fuerzas armadas de replegar y no atacar sólo si son atacados, hacia el marco de la paz y la concordia; vamos caminando hacia el conocimiento de las demandas y solución de estas demandas; vamos caminando hacia la terminación de los rezagos sociales y políticos en las zonas y además es una llamada de atención no sólo en Chiapas, es una llamada de atención para que hagamos una reflexión sobre lo que está pasando en el mundo y en México y logremos nosotros continuar por la vía democrática y electoral, caminando una transición política hacia el futuro.
Es indiscutible que México ha avanzado y que tenemos problemas, pero también siempre hemos actuado dentro de los márgenes de la Ley.
Por ello, consideramos nosotros que el actuar de los partidos políticos que integramos los grupos parlamentarios del Congreso, están actuando con una gran responsabilidad. La forma de trabajar, de dialogar y de llegar a acuerdos de todas las fracciones parlamentarias, es una muestra del ejemplo de lo que la voluntad de la clase política de este país ha querido hacer para llegar a la paz. Todos los partidos políticos estamos preocupados por lograrla.
Ahora en esta nueva Comisión se encuentran también incorporados los compañeros de una de las fracciones que no se habían incorporado inicialmente y que estarán viajando también a la zona del conflicto.
Por ello, los esfuerzos del Congreso de la Unión, los esfuerzos de la Comisión Permanente, los esfuerzos de los partidos políticos del país, los esfuerzos de la sociedad civil, están encauzados a sumarse al esfuerzo de México hacia la concordia, hacia la solución de los problemas, hacia la paz y sobre todo a que exista la armonía en las zonas deprimidas de nuestro país. Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra el senador Muñoz Ledo para contestar alusiones personales.
El senador Porfirio Muñoz Ledo:
Con su venia, señora Presidenta:
No sin cierta sorpresa he escuchado algunas afirmaciones del diputado Gustavo Carvajal Moreno, que al no aceptar interpelaciones me obliga a responder por la vía de alusiones personales.
Debo decir en primer término, que mucho me hubiera gustado haberlo visto la semana anterior subir a esta tribuna a decir lo que ahora dijo, a hablar de conciliación y de paz, ha hablar de cesación de hostilidad y de una vía negociada para la solución de los conflictos. Tal vez no lo hizo en aquella ocasión para no ser confundido con un diputado del PRD.
No entiendo por qué le extraña que nosotros nos refiramos, como lo hacen numerosos articulistas y organizaciones cívicas y sociales, así como una parte importante y responsable de la Prensa internacional, a las razones y a las causas de los sublevados, ni por qué pretende colegir que de ello pudiera desprenderse alguna aceptación de la vía armada.
Es claro que la violencia no la acepta ningún partido; es claro que hay una opinión mayoritaria en el sentido de que las causas de ese movimiento son sin embargo fundadas.
En cuanto al tema jurídico y constitucional, hubo ya un prolongado debate en el Consejo General del IFE. Quedó claro que independientemente de la contradicción aparente de la Constitución entre las prohibiciones del 129 que contraen el uso del Ejército en tiempos de paz a cuestiones de disciplina interna, de las facultades en materia de movilización del Ejército, que tiene el Ejecutivo de la Unión en virtud de 1989, el 119 dice con claridad: "Los poderes de la Unión, en plural, protegerán a los estados de la Unión en casos de sublevación, invasión, etcétera" Los poderes, cada uno en la esfera de su competencia.
La pregunta que se ha formulado y la respuesta que se ha dado es muy clara: ¿Hubo o no suspensión de garantías de facto con la movilización del Ejército? Puede enlistarse las garantías que fueron suspendidas de facto. Correspondía al
Congreso de la Unión y a la Comisión Permanente en su caso, haberlas suspendido. La acción del Ejército es una acción de guerra que rebasa las competencias del Poder Ejecutivo en tiempos de paz. Deja de ser una cuestión de orden público para volverse una cuestión de beligerancia. Ese asunto creo que fue largamente discutido y creo que no hubo siquiera posibilidad de réplica en otro foro.
En cuanto a que sea mentalidad novelesca la de mi compañero y amigo el diputado Emilio Becerra, sabemos todos que su imaginación es fértil, pero también el rigor de su disciplina jurídica. Habló Nerón en un incendio de imaginación novelesca, habló el Fuhrer en otro incendio de imaginación novelesca. Este es un asunto históricamente explorado. El hecho histórico es que contra la demanda firme y clara de la oposición en el sentido de que esa documentación electoral que no quiso abrirse, pasara al Archivo de la Nación, la respuesta fue su destrucción.
En cuanto a la cuestión electoral de Chiapas, también en el Consejo General del IFE hay no uno, hay varios debates sobre fotocredencialización y resultados electorales en Chiapas; algunos de ellos en presencia del gobernador constitucional con licencia, entonces presidente de este consejo.
Queda claro que las cifras electorales son en extremo abultadas; en esos municipios de Chiapas votaciones favorables al partido oficial en un promedio superior al 90%, más activa ha sido la sublevación, mayor había sido la defraudación electoral.
Varios partidos políticos hemos denunciado en el consejo del IFE la abultada e inverosímil fotocredencialización en las selvas de Chiapas, cuando en las zonas urbanas del centro de la República acusaban un 56% ó 48% de fotocredencialización, ya los sitios más apartados del país en el sureste estaban arriba del 90%. Esto no requiere mayores comentarios.
Lo que me preocupa, señor diputado, es que no saquemos las lecciones de lo que ha ocurrido, y que algunos piensen todavía que esto se va a ajustar con algún diálogo, con mucha propaganda y con algunas aspirinas.
Entre otras cosas, lo que están pidiendo las fuerzas que declararon esta hostilidad, y ahora grandes sectores de la opinión nacional, es que se atienda la agenda democrática del país.
Yo no veo cómo se pueda resolver a fondo la cuestión suscitada si no procedemos a una reforma electoral en serio.
Decir que tenemos leyes y prácticas electorales avanzadas, y lo digo con estimación y respeto, es una falta supina a la verdad. Lo que este país necesita es una transición democrática. Este es el único país sobre la Tierra en donde un sólo partido ha gobernado más de 60 años consecutivos, con todo lo que eso implica, de complicidades, de confusión de poderes, de contubernios y de violación a la legalidad constitucional.
Por lo tanto, y lo digo con la mayor seriedad y serenidad, se van o se pueden complicar las cosas si no se entiende que de aquí tenemos que pasar a la reforma electoral.
Creo que todavía no lo han entendido, y me preocupa. No se dan cuenta que lo que naufragó en Chiapas para siempre es el sistema de partido de Estado y que no podemos volver a lo mismo.
Unánime la opinión mundial, unánime la opinión nacional de condenar la vía de la violencia, pero exigir la vía de una reforma electoral y de, por primera vez en la historia contemporánea, elecciones libres, auténticas y creíbles. Esa es la solución del país. Nadie va a poder evitarla. Que no vengan tentaciones golpistas. Tendremos que entrar a una reforma electoral de fondo. Es la única manera de llevar a feliz término la negociación; es la única manera de restablecer la paz, y es el único camino para la reconciliación de este país y para la reforma y transformación en las que todos, creo, de buena fe, debemos estar comprometidos. Muchas gracias, señora Presidenta.
El diputado Miguel González Avelar: (desde su curul)
Para referirme al mismo asunto, me permite la palabra, ciudadana Presidenta.
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Miguel González Avelar, para referirse al mismo asunto.
El diputado Miguel González Avelar:
Gracias, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
He subido a esta tribuna con motivo de la inmediata anterior intervención del distinguido legislador del Partido de la Revolución y de la reiteración que ha hecho en esta sala, ahora, de ese criterio según el cual el Gobierno de la República, y más especialmente sus fuerzas armadas no actuaron ni están actuando en consecuencia conforme a las prescripciones constitucionales que rigen la participación del Ejército nacional, en los casos de perturbaciones graves de la paz pública, como manifiestamente es el caso.
No se trata, es evidente, de ningún ejercicio de carácter académico constitucional. La pretensión de descalificar jurídicamente la intervención del Ejército nacional en aquella región del Estado de Chiapas, puede tener, quiero suponerlo, la intención de poner en el mismo plano de ilegalidad, o de conducta antijurídica, a los grupos armados que a partir del día 1o. de este año tomaron la decisión de resolver por las armas los problemas que les aquejan y la decisión del Gobierno de la República de reaccionar frente a esos acontecimientos con los instrumentos que el orden jurídico nacional pone en sus manos.
Esta es la razón de la preocupación que personalmente tenemos, para no dejar pasar, como si fuese, repito, un mero ejercicio de academia constitucional, algo que es en el fondo muy importante, como no escapará a la ilustrada consideración de todos los legisladores aquí presentes.
Es indudable que el mecanismo aplicable, la disposición constitucional aplicable en el caso que nos ocupa es, como se ha dicho aquí reiteradamente, el artículo 119 de la Constitución.
Este artículo, cuya procedencia se puede fechar en la Constitución Federal de 1857, contiene lo que los tratadistas llaman "la garantía federal".
Originalmente este artículo contenía dos materias: una, la solución de los conflictos entre poderes en los estados, conflictos entre el Ejecutivo o el Legislativo local o el Judicial, y a esto que era una facultad que en ese entonces bajo el amparo de la Constitución de 1857 se resolvía también ordinariamente a través de este mismo precepto, que entonces, por cierto, era el artículo 116. Esas facultades, reitero, fueron sustraídas del artículo 116 de la Constitución de 1857, como consecuencia de las reformas que restablecieron el Senado en 1874, promovidas primero por Benito Juárez y más tarde proseguidas por Sebastián Lerdo de Tejada.
A partir de 1874 se dio al Senado la facultad de resolver los conflictos políticos entre las autoridades de un mismo Estado y a la Suprema Corte de Justicia la facultad de resolver los conflictos jurídicos entre las autoridades de un mismo Estado.
Pero todo lo que se refiere a la otra parte del precepto, lo que es llamado por los tratadistas "la garantía federal ejecutiva", eso quedó intacto ahí, en el artículo, hoy, 119.
¿Y qué dice ese artículo? Ese artículo dice lo que han leído aquí ya varias veces, "que en los casos de sublevación o trastorno interior, corresponde a los poderes de la Federación acudir a prestarle protección a esa entidad".
No es una gracia lo que hace el Gobierno Federal, no es una concesión lo que hace el Gobierno Federal, es un derecho de las entidades federativas recibir esa protección y esa tutela de parte del Gobierno nacional, puesto que estas entidades federativas están privadas, también por disposición constitucional, de tener tropas permanentes o buques de guerra.
Analizando este problema en un caso si no igual, con alguna semejanza, Vallarta decía o escribió que: "por sublevación o trastorno interior, entiendo yo aquel conjunto de hechos más o menos graves, que importan la rebelión contra la Ley, contra las autoridades constituidas, el desobedecimiento de éstas, la usurpación del poder público, la interrupción del orden constitucional, todos aquellos hechos que perturban la paz pública, y la perturban tan hondamente que la autoridad del Estado no puede con sus recursos, con sus fuerzas restablecerlas.
"Cuando tal trastorno existe en un Estado, cuando a juicio de la legislatura o de su gobernador, si ella no estuviera reunida, y no puede el desorden público reprimirse sólo con elementos locales, el artículo constitucional, refiriéndose al que comentamos, tiene su más cabal aplicación.
"La protección federal, concluye Vallarta, es necesaria e inexcusable". Y esta garantía se corresponde muy bien con las prohibiciones que por su parte tiene la Constitución en los artículos 117 y 118, según las cuales, como ya he mencionado, no está prohibido que posea tropas permanentes o que posea buques de guerra o cualesquier otros elementos de esa naturaleza.
La apelación a la guardia nacional aquí no tiene manera alguna ni siquiera de considerarse, porque tal guardia nacional ni existe, una Ley Orgánica de la guardia nacional que haya expedido el Congreso de la Unión, ni existe la guardia nacional en los estados de la República.
En una palabra, este mecanismo del artículo 119, repito, no es, ya no digamos, una imposición de la Federación, es sobre todo un derecho de las entidades federativas que no tiene otra manera de resolver sus problemas de gravedad tan subrayado.
Otro tratadista, don Eduardo Ruiz, de reconocida competencia en la materia, al analizar, repito, este problema, en lo que se refiere a la Constitución de 1857 lo incluía precisa y exactamente en el marco de los deberes de la Federación para con los estados, entre las obligaciones que el Gobierno Federal tiene respecto de las entidades federales.
Dice: "Cuando se trata de una sublevación o trastorno interior de algún Estado, si la sublevación es contra las instituciones o autoridades federales, tal estado de cosas influiría en el régimen federativo seria como en caso de un ataque a la seguridad interior de la República entera". Por lo tanto, la situación que allí se enfrentó a partir del 1o. de enero, no es una situación que esté aludida en la Constitución o que pueda inferirse de una interpretación concatenada y articulada de diversos artículos. Digo, que la situación está expresamente prevista en la Constitución y como tal no hay pues que extraviar.
La razón pues, histórica, del artículo 119 nada tiene que ver con las previsiones del artículo 29 de la Constitución que se refieren a los casos de suspensión de garantías efectivamente y si tiene que ver, claro, con el artículo 129 de la Constitución que ordena que en tiempo de paz las fuerzas armadas no tendrán otras atribuciones que les confieren las leyes para los efectos de la disciplina militar; pero es confundir completamente el asunto, el tratar de deducir de que en tiempo en paz el Ejército no tiene ninguna facultad mas que las relacionadas con la disciplina militar el hecho de tener que intervenir, con base en el 119 ante el caso de una sublevación o trastorno grave de la paz pública.
Porque si lo que se quiere es aplicar el artículo 29 ó 129 mejor dicho, de la Constitución o los dos o cualquiera de los dos, resultaría de acuerdo, pues con el artículo 129 que fue aquí también invocado, que como no hay un estado de guerra para que el Ejército pudiera actuar en Chiapas frente a esos acontecimientos, sería necesario que México les declarara la guerra a aquellos grupos armados como se le declara a una potencia extranjera.
Y las consecuencias, por cierto, serían bastante graves y bastante preocupantes desde dos puntos de vista: por una parte, porque declarado el estado de guerra, entonces sí el Ejército tendría facultades que ahorita no tiene ni puede tener, dada la limitación constitucional sobre su acción.
Por ejemplo, de acuerdo con la parte final del artículo 16 de la Constitución, tendría derecho a pedir alimentos, alojarse en casas de particulares, imponer prestaciones de diversa naturaleza a la población, que estoy seguro que nadie quiera aquí que semejante cosa ocurra y menos en un pueblo que como es obvio está bastante y suficientemente empobrecido.
No se trata pues de aumentar las cargas que el ejército pueda imponer sobre la población civil, sino al contrario, restringir la actividad de la institución armada, de la institución nacional a las condiciones a las que supone y que están previstas en el artículo 119 de la Constitución.
Por supuesto, por supuesto no es ésa la pretensión de quienes opinan de esa manera, se trata en el fondo, así me lo parece al menos, se trata de una disyuntiva que no puede dejar de manifestarse: la disyuntiva es, si se trata a estos grupos en el marco del derecho internacional o si se tratan a estos grupos en el marco del derecho interno.
Yo tengo, para mí, que la legislación, el orden jurídico nacional, tiene suficientes herramientas, instrumentos, como para hacerle frente a este problema desde el punto de vista estrictamente interno, sin necesidad de desquiciar el problema en el ámbito o en el terreno internacional. Hacerlo de esta manera, equivaldría, repito, a declararse vencidos ante una circunstancia que al menos y sobre todo en los últimos días, está mostrando visos de que puede encontrar una solución de carácter político y una solución de carácter negociado.
No falta quien haya dicho también, que lo que debe hacerse en aquella entidad o al menos en parte de aquella entidad, es suspender las garantías individuales. Dado que sí se está violando, como ellos sostienen, de manera copiosa en la entidad, lo mejor que podría hacerse, entonces era echar a andar el mecanismo de la suspensión de garantías, para que esos atropellos que ahora se lamentan, tuvieran el fundamento jurídico; pero entonces, quienes esto solicitan, estarían nada menos que prefiriendo un mal bastante mayor, que aquel que están lamentando. Porque de acuerdo con el artículo 29 de la Constitución, la suspensión de garantías incluiría las ilegalidades que sufren algunos ahora como tales, serían sufridos, por todos, pero ahora en una condición perfectamente ilegalizada.
Y ciertamente, no es eso lo que necesita ahora Chiapas, ni una parte de su territorio, ni mucho menos el país. Lo que requiere ciertamente, no es profundizar las acciones que van por ese camino, sino por el camino de la negociación.
Dar tiempo, como hemos aquí convenido todos, dar tiempo al grupo plural formado por la Comisión Permanente; dar tiempo al negociador recién constituido; dar tiempo a la Comisión que forman los ciudadanos Robledo, Zepeda y Fábregas; dar tiempo en una palabra, a todas aquellas personas y grupos interesados en revertir la violencia y no en coagularla, así sea con la apepsia legal de una suspensión de garantías. Con una suspensión de garantías, el Gobierno no haría, creo yo, es mi opinión, sino equivocarse gravemente; pues el asunto de la suspensión de garantías tampoco, repito, tampoco procedería ahí, si tenemos en consideración la posibilidad, como he tratado de comentar con ustedes, la posibilidad de enfrentar la crisis, de enfrentar el problema, ciertamente agudo y grave, que ahí existe. Pero con los instrumentos jurídicos internos de la República.
Suspensión de garantías hubo en la invasión francesa; suspensión de garantías hubo en la Guerra de Tres Años; suspensión de garantías hubo en marzo de 1911, dos meses antes de que Porfirio Díaz abandonase la República, vencido por la Revolución maderista...
La Presidenta:
¿Admite el orador una interpelación?
El diputado Miguel González Avelar:
Con mucho gusto, señora diputada.
La Presidenta:
Adelante, señor diputado.
El diputado Emilio Becerra González (desde su curul):
Señor diputado, por ahí en la Constitución hay un artículo que establece la garantía de libre tránsito. Esa garantía ¿está vigente o está suspendida en el Estado de Chiapas, en la zona del conflicto?, y si está vigente, ¿cómo justifica usted los retenes militares? Gracias.
El diputado Miguel González Avelar:
La garantía de libertad de tránsito, como todas las demás garantías de la Constitución, están vigentes en el Estado de Chiapas. Si en éste o en aquel lugar en tal o cual ocasión existe una reserva o restricción por parte de las autoridades civiles o de cualquier naturaleza en la entidad, esta restricción de las garantías individuales, por parte de autoridades, ésta, desde luego, no es legal, está fuera de la Ley.
Y por lo tanto debemos contraer el problema a la zona del conflicto exactamente, que es una zona determinada en donde se está operando el mecanismo del artículo 119, una zona en la que se está restableciendo el orden público vulnerado, el orden constitucional quebrantado y es en esa zona donde el Ejército llamado, invocando como digo la garantía federal, está actuando. Que en las operaciones militares tengan en ocasiones que establecerse algunas limitaciones de este carácter, es una cosa naturalmente explicable, que comprende, me temo, incluso el caso de algunos señores comunicadores. No se puede reseñar una pelea desde adentro del ring. Lo que hay es una limitación para proteger en primer término la integridad de las personas que pretenden ingresar a la zona del conflicto armado, y para proteger también a las comunidades que habían sido previamente ocupadas por estos grupos armados.
Pero, reitero, no es legal y no queremos que lo sea. La petición de suspensión de garantías o la alusión a la necesidad de solicitarla, no es en el fondo, sino una decisión incorrecta, equivocada, puesto que consagraría, puesto que les daría plena juridicidad a todas las... con todo y las limitaciones que el artículo 29 señala, que son un determinado sector, que son un determinado tiempo, que son unas determinados garantías.
En cualquier circunstancia más perderíamos, más personas habría sometidas a la restricción de las garantías, que tratando de recuperar, como creo que lo estamos haciendo todas las instituciones y todos los grupos sociales del país, recuperando, repito, la legalidad quebrantada. Esta es la convicción que me permito aquí expresar y reiterar lo que en el seno del Instituto Federal Electoral, al efecto me permití comentar como representante de la mayoría de la Cámara de Diputados.
Las responsabilidades en la zona están o deben estar a cargo de todos. La defensa, pero sobre
todo el respeto a los derechos humanos en la zona, deben estar a cargo de todos, de todas las partes involucradas. No es posible que solamente se le soliciten o se le pidan a las instituciones, a las fuerzas armadas, concretamente, que con carácter institucional hacen su trabajo, y se excuse o deje de pedirlas para el resto de las fuerzas que ahí están.
Lo que deseamos profunda, sinceramente, es que las circunstancias del diálogo, que esta Comisión Permanente ha iniciado tempranamente, ha promovido tempranamente a través de su Comisión Plural, se profundicen y se llegue a una solución negociada, a una solución política, y desde luego, reconozco y acepto también como aquí se ha mencionado, que la solución de largo plazo para la entidad chiapaneca, no será sólo ni una solución de tregua, ni siquiera una solución de paz negociada, ni siquiera una vuelta a la perfección del funcionamiento de la autoridad civil.
La única perspectiva que tenemos en el futuro, para de una vez por siempre garantizar la recuperación y la igualación, así sea en términos de la pobreza de nuestro país, de esa entidad federativa, es la de profundas reformas sociales, profundas reformas políticas y profundas reformas económicas, que alteren una sociedad que, tenemos que reconocerlo, es en muchos aspectos arcaica, una sociedad tradicional, a la cual no han penetrado en muchos sitios y en muchos lugares del Estado las formas de relación que privan en el resto del país. Hay formas de explotación literalmente coloniales, hay formas de relación entre las personas que corresponden a patrones culturales propios de la colonia y de la época virreinal.
Todo eso es una responsabilidad que corresponde obviamente, no solo al Gobierno, no solo a las autoridades, sino también, de manera muy importante, a la sociedad chiapaneca, a quienes ahí ejercen alguna forma de autoridad, sea esta económica, sea moral, sea de cualquier otra naturaleza, todos, insisto, están obligados y por supuesto las instituciones de la República, como la Comisión Permanente del Congreso en primer lugar, a contribuir para que esa sociedad tradicional y arcaica se acompase a las necesidades del México actual.
La Presidenta:
Ha pedido la palabra, para rectificar hechos, el diputado Juan de Dios Castro.
Tiene la palabra el diputado Juan de Dios Castro.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Señora Presidenta:
Un señalamiento previo a alguna de las intervenciones en uno de los temas anteriores, cuando se hablaba de que esta Comisión Permanente solamente podía ocuparse de los temas para los cuales está facultada expresamente.
Se habló en un tema anterior, y yo pensaba para mis adentros: "Chiapas no puede tocarse en la Comisión Permanente".
Es evidente que este tipo de problemas interesa, interesa a todo el pueblo de México, ¡y por qué no va a interesar a los legisladores mexicanos en el período de receso del Congreso!
Intervengo muy brevemente para hacer dos o tres precisiones a lo aquí argumentado. Sobre todo me llama la atención la última argumentación del diputado Miguel González Avelar.
¡Ciertamente no comparto la opinión en el sentido de que, de acuerdo con el 122, necesariamente tendrían que intervenir los tres poderes de la Unión. Aunque ya se hizo un matiz, dentro del ámbito de sus facultades!
Ha sido muy debatida en el derecho constitucional, no de ahora, no en el año 1994, sino después de los sucesos del 2 de octubre de 1968, la decisión del entonces Presidente de la República de hacer uso de las fuerzas armadas.
Fue comentada en el Congreso: ¿Puede el Presidente de la República hacer uso del Ejército, de la fuerza armada? ¡Y el Presidente contestó, en su tiempo, de acuerdo con los precedentes del uso de la facultad que confiere al Ejecutivo Federal la fracción VI del artículo 89, en caso, en caso de que se aténte contra la seguridad interior es facultad del Presidente de la República!
Y contesta don Miguel, cuando se le señala por parte de algunos diputados del PRD, de que se requería la autorización del Congreso.
Bueno, señores, sí se requiere la autorización de la Comisión Permanente o del Congreso, exclusivamente para la suspensión de garantías. ¡Lo dice expresamente el artículo 29 de la Constitución! Y además, señoras y señores, es muy importante la intervención del Congreso por una razón: porque la suspensión de garantías tiene
que tener límites, límites en el tiempo y además prevenciones generales que debe determinar la Comisión Permanente o el Congreso, que debe ser convocado para ese efecto si se está en el período de receso.
Y no intervendría si don Miguel no hubiera dado un argumento. Dice: es que cuando se pide la intervención del Congreso se está pidiendo un mal mayor, se está pidiendo que se declare legal la suspensión de garantías y no es deseable, y no coincido con él, no es deseable para el pueblo de México una suspensión de garantías, ni siquiera para un caso determinado, repito, si las circunstancias no lo ameritan, ¡repito!, ¡si las circunstancias no lo ameritan!
¡Pero tal parece que la disyuntiva es ésa, o la suspensión de garantías autorizada por la Permanente o decretada por el Congreso, haciendo legal las restricciones en materia de garantías individuales o bien el uso, la disposición de la fuerza armada, del Ejército Nacional en la forma como lo hizo el Presidente de la República! Y yo siento que así no se planteó el debate, señoras y señores legisladores.
¡A mí me dolería mucho la suspensión de garantías! ¡Es terrible la suspensión de las garantías de seguridad jurídica, de libertad, de libertad de tránsito, de libertad personal! ¡No es deseable y no me agradaría una suspensión de garantías! Pero si el conflicto fuera grave, si el trastorno a la paz interior fuese grave, que no existiese otra salida que ésa, el Congreso tendría que considerarla. Pero de la intervención de don Miguel deduzco que ni el Ejecutivo Federal, el Ejecutivo Federal con toda la información disponible no consideró conveniente solicitar la suspensión de garantías en un ámbito espacial determinado, como sería el Estado de Chiapas o una parte del Estado de Chiapas circunscrita a la zona de conflicto.
Y si esto es así, señoras y señores, si esto es así, la Constitución permanece vigente. Y yo discrepo de don Miguel, yo digo que sí hubo suspensión de garantías de facto. No me atrevería a afirmar que todas, no tengo los elementos de prueba para pensar, por ejemplo, que en materia de seguridad jurídica hubo suspensión de garantías, pero cuando menos la garantía de libertad de tránsito, cuando menos ésa yo creo que es un hecho notorio y el hecho notorio no requiere prueba, ¡no requiere prueba!; ésa sí fue suspendida don Miguel.
¡Yo no voy a discutir la conveniencia o no! Podía haberse pedido a la Permanente la suspensión única de la garantía de la libertad de tránsito y hubiéramos considerado la procedencia o conveniencia de la suspensión, pero es un hecho notorio de que sí se suspendió, de hecho; no voy a hablar de lo que se dice, porque no tengo elementos, cateos, la violación del domicilio por ejemplo, el domicilio señoras y señores es inviolable; no voy a hablar de la conveniencia, quizá, de lo que en otros lugares, en situaciones similares, se realiza, de desalojar a la población civil para poder hacer fácil la intervención de las fuerzas militares por muy conveniente que ello parezca, si no hay suspensión de garantías es indebido, pero a la mejor eso no se hizo; pero hay garantías que su suspensión fue evidente y dice don Miguel: "es que las reseñas de la pelea no se hacen desde el ring", y yo le digo que sí don Miguel, yo le digo que sí, si estuviéramos en otra época, en la Primera Guerra Mundial, veríamos los corresponsales de guerra desde las trincheras mismas, pero en 1994 basta ver los corresponsales en Bosnia, Sarajevo, haciendo la reseña desde el ring, don Miguel.
Nosotros pedimos el respeto a las garantías individuales por parte de las fuerzas militares; pedimos el respeto a los derechos humanos, comen tamos como positiva, positiva y aunque estemos en oposición, no podemos estar en contra de ella, la decisión del Ejecutivo Federal de ordenar como Jefe de las Fuerzas Armadas el alto al fuego, que fue un primer paso, primer paso, y dado en el momento adecuado en que la Comisión Conciliadora iba a iniciar su labor como muestra del Gobierno de una vía no represiva, de arreglo al conflicto. Yo no tengo ningún inconveniente en calificar como positiva la decisión del Ejecutivo Federal, en ese sentido; pero además, además señoras y señores legisladores, que ese primer paso debe ser seguido de otros miles de pasos, los que no se han dado de la situación del pueblo de Chiapas desde la época colonial, dijo don Miguel, para atacar a la medida de las disponibilidades y digo disponibilidades extremas, de la capacidad económica del Estado mexicano, para remediar situaciones de injusticia social, no solamente en Chiapas sino en el resto de las entidades donde la injusta distribución de la riqueza produce núcleos de extrema marginalidad social.
Actuamos todos, todos, en favor de la paz y la reconciliación haciendo eco del llamado del Ejecutivo Federal, pero recordemos y nunca es tarde recordar señores legisladores, que la paz, la paz, no es solamente la ausencia de guerra, la paz es fruto de la justicia. Gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra para rectificar hechos, el diputado Emilio Becerra.
El diputado Emilio Becerra González:
Con su venia, señora Presidenta; compañeras y compañeros legisladores:
Tengo que empezar porque creo yo que eso es algo que está subyacente en este problema, con el reconocimiento final o el reconocimiento que hizo en la parte final de su intervención don Miguel González Avelar. Nos planteó la situación del Estado de Chiapas como semejante a la época virreinal: atrasada, con carencias, con incomunicaciones, con un sinfín de problemas; y a nosotros no se nos olvida, que aunque don Gustavo Carvajal lo negó, en Chiapas, en 1988, el partido oficial sacó en todos los distritos el 110% de la votación.
Precisamente cuando se cayó el sistema en esos dos días que pasaron, quizá por esa incomunicación y esa situación virreinal de Chiapas, tardaron dos días en rellenar las urnas con el 110% de los votos y así es como se hacía antes.
A mí me tocó observar que las elecciones tradicionales cuando el PRI era partido único, allá por los 50, antes de que se celebrara el proceso electoral, en la casa del encargado de la casilla, llegaban los amigos y los compadres, cruzaban todos los votos a favor del PRI, palomeaban todos los nombres que estaban en la lista electoral y como la Ley decía que la votación se terminaba a las seis de la tarde y que cuando ya hubieran votado todos se podían presentar los votos, se podía cerrar las casillas antes, pues todo mundo a las 12 del día llegaba a las presidencias municipales pero tenían la precaución de que nada más votara el 100%. Eso sí, votaban todos, de los 50, en adelante.
En Chiapas, siguieron, según el reconocimiento de don Miguel González Avelar, pues con esas costumbres, nada más que ahí les dijeron ya hay una Ley nueva, ahora se puede votar el 110% y fue como en 1988, pues también votaron no solamente con las listas nominales del 100%, sino también agregaron ahí otras listas con una serie de nombres y ya le agregaron el 10% más.
Esa situación reconocida por todos en Chiapas y además aceptada por don Gustavo Carvajal que qué bueno, desafortunadamente, como dice el senador Muñoz Ledo, viene a hacer los reconocimientos totalmente extemporáneos; él dice que él no cree y que le parece totalmente absurdo, de cuento y falto de seriedad, que un partido saque el ciento y tantos por ciento y los demás partidos no saquen nada. Bueno, pues eso fue lo que nosotros dijimos en el proceso electoral de 1988, que era absurdo.
Pero nada más que en ese tiempo, no sé donde estaba don Gustavo Carvajal, para haber dicho, pues, que eso le parecía absurdo y que eso no podrá ser, pero eso subsiste y ese reclamo que subsiste es el que está en el fondo del problema nacional. Nosotros no podemos descontextualizar a Chiapas y decir ¡ah!, éste es un asunto allá de un rincón, y bueno, pues si volteamos para otro lado, para otro lado no hay problemas. No, quizá no hay problemas tan graves, pero los problemas subsisten.
Ahora bien, aquí, muy brevemente sí quiero hacer algunas aclaraciones de situaciones que se manejaron especialmente por don Miguel González Avelar. Yo nunca dije que había que equiparar al Ejército a los beligerantes o a los insurrectos o a los transgresores o al Ejército Zapatista o a, como le quieran llamar; yo dije que el Ejército y el uso del Ejército en este conflicto estaba violando la legalidad y fundamentalmente la constitucionalidad y obviamente no todos violan la legalidad; ¿por qué?, porque el Ejército es una institución, es una persona moral. No, fulano o sutano, que es cabo o que es sargento o que es coronel o que es general, pues esos son los que violan la legalidad.
Ahora, habría que ver si la violan de motu proprio o por instrucciones, porque es cierto, y yo ratifico lo expuesto por el licenciado Juan de Dios Castro, nadie quiere la suspensión de garantías, pues es una situación muy grave, pero qué pasa, para no verse ante una situación tan grave que además tiene como antecedente o como precedente reconocer que hay un problema muy grave, que es una grave perturbación que al principio decían que no, pero ahora ya lo están reconociendo que sí, entonces para no reconocer eso, bueno, obviamente sería grave desde el punto de vista político o de la institucionalidad, decir que hay que suspender las garantías individuales; yo tampoco soy partidario de la suspensión de garantías individuales, pero no puedo aceptar la tesis del mal menor que maneja don Miguel González Avenar, de que como es muy grave suspender las garantías individuales, mejor vamos a suspenderlas de facto y así no diciendo que están suspendidas pero suspendiéndolas, pues entonces ya la situación no es tan grave; no, tan grave es una cosa como la otra.
Y simplemente me voy a permitir muy brevemente mencionar qué garantías están suspendidas con la actuación del Ejército en las zonas del conflicto: sobre todo la libertad de tránsito, la libertad personal, porque el Ejército está actuando como policía judicial y como ministerio público, deteniendo a cuanta gentes él considera que son transgresores o agresores o como se les llame.
Entonces ya ahí está también transgrediendo la garantía de libertad personal. Luego, en vez de detenerlos y como dice la Ley, inmediatamente ponerlos a disposición de la autoridad civil o de la autoridad del ministerio público, se los llevan y los internan en el campo militar, así sean dos horas, tres horas, cinco horas, ese internamiento también es una violación de la garantía individual.
Se está impidiendo la garantía individual del derecho a la información, se está impidiendo el derecho de libre tránsito y además se está sustituyendo a la autoridad civil porque en las zonas de conflicto, el Ejército está actuando como autoridad de policía y tránsito.
Entonces yo de ninguna manera, ni mi partido, estamos en contra del Ejército, no estamos en contra de la institucionalizada, pero el Ejército y quien sea, tiene leyes y tiene que someterse a las leyes y tiene que cumplir esas leyes, porque en México nadie está exento del cumplimiento de la Ley. Precisamente la impunidad tradicional con la que se ha vivido, es la que ha causado este tipo de situaciones en que nos encontramos. Cuando hay gente o instituciones que se consideran por encima de la Ley, en ese momento es cuando empieza la descomposición de la convivencia, es donde se empiezan a generar todos los problemas.
Y es cierto, decía el senador Muñoz Ledo, aunque aquí se dijo que no había dos candidatos del partido oficial, bueno, pues en primer lugar la vox populi dice que ya tiene dos candidatos el partido oficial, además iniciaron su campaña el mismo día; y por otro lado, don Fidel Velázquez está tratando de exorcizar o los fantasmas o los demonios cuando dice que de ninguna manera ellos van a aceptar otro candidato. Qué está diciendo con eso. Cuando un dirigente de ese peso en el partido oficial dice que no aceptan otro candidato, es que sabe que hay alguien que está queriendo promover otro candidato. Eso no lo podemos olvidar.
Y finalmente, yo coincido con lo que aquí se ha dicho de que se necesita la paz y la reconciliación, pero la paz y la reconciliación no se pueden dar simplemente firmando documento o haciendo declaraciones; la paz y la reconciliación para que sean auténticas, sean genuinas, sean verdaderas, requieren de soportes auténticos, firmes y verdaderos y el principal soporte de la paz y la reconciliación es una auténtica reforma política, es la aplicación de la legalidad por todos y a todos, es la vigencia de la democracia y es la justicia social reclamada permanentemente por el pueblo mexicano. Gracias.
La Presidenta
Tiene la palabra, para el mismo tema, el diputado Juan José Rodríguez Prats, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Juan José Rodríguez Prats:
Con su permiso, señora Presidenta.
Confieso, como lo hice hace una semana, que el tema de Chiapas me ha inquietado en extremo, lo he estudiado, lo he analizado, que las intervenciones que aquí se han dado y que celebro mucho que haya subido el jurista Juan de Dios Castro y mi compañero de partido Miguel González Avelar, me aclaran muchos conceptos, que también me ha confundido un poco el diputado Becerra, porque estamos en el terreno del derecho constitucional en donde coincide lo político y lo jurídico, es el terreno propio de la concertación, es el terreno propio de que se superen los conflictos y los problemas que una sociedad plantea.
Aquí suscribimos un punto de acuerdo la semana pasada, que estaba muy claro que debíamos agotar, y en donde se hacía un llamado a las autoridades, para que se buscara la solución en la conciliación, en abrir las puertas al diálogo, en conceder las treguas necesarias que nos permitieran superar el conflicto, y encuentro de nuevo ese discurso contradictorio en el que se nos llama a la política y por otra parte se nos exige una aplicación de la legalidad a raja tabla, cuando está claro que en la Constitución hay una serie de disposiciones que permiten al Presidente de la República, como lo dijo el licenciado González Avelar, las facultades a petición de un Gobierno del Estado de garantizar el federalismo y de que no puede haber contradicción entre los principios constitucionales, ésa ya es jurisprudencia asentada, no puede haber principios que choquen dentro de un mismo texto jurídico, y sobre todo, en el caso de la Carta
Magna, pero si nos vamos un poco más allá, a lo que es el problema jurídico en sí, a lo que es la interpretación de artículos, ¿a qué nos llevaría una suspensión de garantías? Obviamente a suspender la posibilidad de la solución política del conflicto.
Es ahí donde no entiendo ese discurso contradictorio, que con frecuencia alude al pasado, que con frecuencia alude a las palabras dichas y que yo sí lo celebro, que el senador Muñoz Ledo aluda siempre a lo que se ha dicho, porque desde siempre he seguido sus lecturas, lo he leído señor senador, lo he leído en ese libro que con humildad usted titula La sociedad frente al poder, en donde usted encarna a la sociedad con todas sus aristas, y desde luego, leí lo que creo que es su mejor aportación ideológica a la nación, que son sus discursos, y me encontré con un discurso que yo sí quiero aquí repetir algunos de sus párrafos, un discurso pronunciado el 13 de junio de 1976 precisamente en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Se clausuraba la campaña, se terminaba la campaña del licenciado Jorge de la Vega y el licenciado Muñoz Ledo expresó: "Ha traído la Revolución a Chiapas, que durante muchos años se mantuvo al margen de los esfuerzos nacionales, una nueva fe y un nuevo vigor; ha traído hasta aquí, no s ó lo los bienes de la infraestructura, la educación y la comunicación, sino también el testimonio de una decisión histórica del Gobierno Federal: la cabal integración de Chiapas a la fisonomía de la República".
Yo creo que el problema de Chiapas es complejo y siempre he sostenido que debemos hacer un esfuerzo y aquí suscribo un párrafo muy bien escrito, como muchas de sus aportaciones ideológicas del senador Muñoz Ledo, en donde usted dice: "Mucho ha sido el esfuerzo realizado para incorporar en la infraestructura y en la atención de sus problemas al Estado de Chiapas con el resto de la República, pero sólo por una cabal integración económica que parte de un inmenso esfuerzo productivo, Chiapas terminará siendo contemporánea en toda la nación". Esfuerzo productivo, proyectos de productividad, creo que esto es lo fundamental que debemos recalcar para sacar el rezago de Chiapas.
Producción no significa crecimiento económico injusto, agregaba el licenciado Muñoz Ledo. En efecto, producción es revolución, lo es cuando se eligen los medios y los fines de la producción, cuando la producción no se basa en la explotación del hombre por el trabajo sino en la salud, en el bienestar, en el trabajo por bien remunerado, en la educación y en la técnica de la capacitación y en la justa distribución de los frutos del esfuerzo común, cuando se eligen también los fines de la producción, ya que no basta acrecentar los bienes que el país genere, es menester decidir también qué se produce, en dónde se produce y para quiénes se produce.
Hay un párrafo del licenciado Muñoz Ledo, en el sexenio que después él colaboró, en donde formula, usted formula las promesas, y dice: "...habrá de proseguirse esa libre empresa que partió de nuestra independencia, la de educar, informar, politizar, igualar, producir, repartir, compartir e integrar Chiapas a la nación. Habrá también de cubrirse esa deuda histórica que tiene la nación con Chiapas, deuda por su lealtad, deuda por las esencias que ha aportado a la confirmación de la identidad nacional; deuda por la tarea durante largos años cumplidos por sus hijos; deuda por los recursos naturales con que ha contribuido al progreso de la nación mexicana".
El discurso que en realidad habla inclusive de algo que hoy pudiera sonar hasta palabras de pronóstico o de anuncio, cuando dice: "...sólo se han evadido de esta gran coincidencia, habla de la gran coincidencia de acuerdos nacionales, de la cuota de responsabilidad que corresponde a cada mexicano, pequeñas minorías que aquí han sido ya calificadas, las minorías de la soberbia o las minorías de la impaciencia, aquellos que confunden su interés particular con el interés de la nación o aquellos que confunden el subjetivismo con la realidad de la historia".
Creo que habría que aludir esas palabras, habría que repetirlas para reiterar ese compromiso que todos tenemos desde luego y de los que todos somos responsables de la agenda de los inconformes.
Se critica aquí una política social, económica, equivocada, pero yo creo que el problema de la política social es que todos proponen ideales suspendidos en el aire, pero casi nadie nos explica cómo realizarlos.
El Gobierno del licenciado Carlos Salinas de Gortari, ha conformado dos programas: El Programa de Solidaridad que, como lo explicó mi compañero Gustavo Carvajal, utiliza la estructura de los municipios, de los estados, y canaliza recursos en forma directa con participación activa de la comunidad, es un programa que ha demostrado su eficacia, que ha incorporado los servicios públicos a muchísimos mexicanos, que puede ser perfeccionado, desde luego.
Desafortunadamente en nuestro mundo, muchas veces pululan los personajes que gritan hasta perder el aliento mal, pero no tienen ninguna idea de cómo llegar a algo mejor.
¿Cuál es la política social que nos está proponiendo el Partido de la Revolución Democrática para beneficiar a los sectores marginados de esta República? Retornar al reparto agrario.
En Chiapas tenemos 7 millones 500 mil hectáreas, había un rezago de 250 mil solicitudes y obviamente de los 75 mil kilómetros cuadrados, solamente había un poco más de 2 millones de hectáreas, los demás eran terrenos nacionales y colonias, como lo expliqué la semana pasada y obviamente no era factible, no es factible el camino del reparto.
Esto es no tan sólo una quimera, es una mentira, es una falacia. Esto corresponde al populismo salvaje, porque de antemano se sabe que no se puede cumplir, que no se puede ser congruente con la promesa ni con la palabra ni con el compromiso.
Y otra cuestión propone el Partido de la Revolución Democrática como política social. Decir que hay un capítulo de emigración en el Tratado de Libre Comercio, para que puedan circular nuestros trabajadores hacia las fuentes de empleo que se generan con nuestros socios en el Tratado de Libre Comercio.
Yo siento que precisamente lo que busca el Tratado de Libre Comercio, y así fue el principio desde que se concibió, es que las fuentes de empleo se generen en nuestro territorio. Yo no quiero continuar viendo a mexicanos, que por eso se llaman braseros, porque tienen los mejores brazos, que vayan a otro país en búsqueda de empleo que les dé de comer, quiero que la nación los genere. Esa es la política social.
O bien, cuando proponen que se señalen cláusulas especiales, a efecto de que se proteja a los que no pueden competir, o sea, a los que están en la agricultura de auto consumo, a los que producen maíz, a los que producen frijol, que son las tesis fundamentales del Partido de la Revolución Democrática.
Yo me pregunto: ¿De qué se les quiere proteger si viven en la miseria? Si está claro que están en la marginación. Por el contrario, debemos buscar la manera de ser competitivos, debemos buscar la manera de que se integren, de que participen en la economía de mercado, de que aporten su esfuerzo y de que alcancen mejores niveles de bienestar.
Por eso, me agradó ese párrafo del discurso, cuando el licenciado Muñoz Ledo señala "cuando tenía el privilegio, y eso lo señala usted en su discurso, por, que así lo insistió, de presidir mi partido, así lo dijo en diversas ocasiones, cuando tenía el privilegio de presidir mi partido", de proyectos productivos, que es precisamente lo que tenemos que concebir y lo que tenemos que ejecutar en el Estado de Chiapas.
La crítica negativa niega y basta, y yo creo que en el escenario nacional hoy tenemos que buscar una crítica constructiva, que parta del análisis de lo real, pero sobre todo, que ofrezca alternativas, que responda a las siguientes preguntas: ¿Con qué se sustituye lo que supuestamente no funciona? ¿Tenemos algo a modo de reemplazo? ¿Será mejor que lo reemplazado?
La política social que ha concebido el Gobierno y la política en materia agropecuaria, en un momento el que prácticamente se sufre en todos los precios de materias primas en el mundo, porque se está reflejando la sobreproducción, como consecuencia de la política de los 60 y los 70, cuando se insistió en que los recursos eran limitados, los recursos de la tierra eran limitados, recordemos aquel libro famoso Los límites del crecimiento, y cuando los estados inyectaron subsidios y se avanzó mucho en lo tecnológico y estamos hoy en los precios más bajos, históricamente hablando, de los productos agropecuarios.
La crisis es profunda y por primera vez, en una solución inédita, se diseña un apoyo directo precisamente a los que no participaban del beneficio de los precios de garantía, porque no producían para el mercado, sino producían para auto consumo; por primera vez hay un subsidio directo del Procampo y se señala a Procampo y se critica a Procampo, pero no se propone nada a cambio.
De que los programas sociales y sabemos por las estructurales que existen en nuestra sociedad, muchas veces depende de tradicionales corporativismos, muchas veces depende de estructuras políticas que son viciadas, es cierto, tenemos que irlas corrigiendo, y tenemos que ir buscando que prevalezca lo que es un principio de la política social, el principio de diferenciación, para que vaya a los más pobres, a lo que más lo requieren.
Entonces, perfeccionemos esa política social; pero criticarla simplemente de electorera, es porque sí está dando resultados, porque al final de cuentas los ciudadanos son los que van a sancionar, en ese mínimo acto, cuando se convierten en autoridad, cuando son ciudadanos, al depositar su voto.
No es posible una política en donde simplemente se habla de incrementar el gasto público, pero no habla de cómo incrementar el gasto público.
Y yo sostengo que una política social no se puede diseñar en la escasez, no se puede diseñar cuando hay falta de recursos, ni mucho menos con la emisión de monedas, ni mucho menos con los déficits presupuestales. Ese camino ya lo hemos recorrido con resultados negativos, y el Estado Mexicano tiene que asimilar sus experiencias, es un deber elemental.
Por eso, ahorita hay una economía sana que permite una política social agresiva, y ustedes critican esta política social, pero simplemente hablan de un incremento al gasto público, ¿por dónde?
Critican un Tratado de Libre Comercio, pero ahorita ni el nacionalismo más rancio puede suponer que puede prevalecer un nacionalismo de suma cero, que lo que nos beneficia a nosotros tenga que perjudicar a las demás nacionales. Tenemos que hablar de una política de integración y de interdependencia.
Y qué bueno, senador Muñoz Ledo, que haya discursos suyos, como presidente del partido, cuando participó en distintas organizaciones, que hablaba ya, desde 1976, de la globalización y la interdependencia. ¡Qué bueno que todos hagamos un ejercicio de congruencia!
Y en la lectura, porque sin lugar a duda su personalidad permite admirarlo, de repente sí me desconcierta, cuando llega a afirmaciones tan frívolas, por ejemplo, como de culpar a Córdoba Montoya, que su trabajo es de asesoría, y pretendiendo señalarle responsabilidades en lo que hoy aquí discutimos.
O cuando simplemente critica a los avances que se han hecho, en el marco jurídico, para llegar a un régimen consolidado en la democracia.
En toda la discusión que tuvimos en el seno de la Cámara de Diputados y del Congreso, se incorporaron muchísimas propuestas hechas por el Partido de la Revolución Democrática, inclusive, ideas externadas por usted mismo se incorporaron a la legislación.
Hoy hay un reconocimiento a Jorge Carpizo, porque manifiesta, como Secretario de Gobernación y que está al frente de todo el proceso electoral, por las facultades que tiene como Presidente del Instituto Federal Electoral, su calidad de imparcial.
El proceso, en su artículo 118 lo señala muy bien el Código Federal Electoral, está en manos de la ciudadanía. Las casillas están en manos de la ciudadanía, sus integrantes y la mesa directiva corresponden a procesos de insaculación y de entrenamiento para que lleven a cabo el proceso electoral. Ahí es en donde debemos dar todos los partidos la gran contienda, en la medida en que las actas o los resultados de las casillas se modifiquen por instancia superior, en esa medida le estamos imprimiendo al proceso electoral razones de desconfianza.
Yo creo que los partidos nos debemos de esforzar, todos, por tener los representantes acreditados en la casilla, y de que ahí emanen documentos que sean inobjetables y que no tienen porqué ponernos a dudar de una papelería que se entrega, de una papelería que se usa y que debe coincidir lo que está dentro de la urna con las boletas que fueron anuladas porque los ciudadanos no se hayan presentado a votar. Ahí es donde tenemos que dar la pelea y luchar.
Yo creo que en la democracia está surgiendo una cierta contradicción en la teoría de la democracia, como que se ha desdoblado, como que por un lado está la teoría normativa y por otro lado está la teoría empírica, yo creo que tenemos que buscar una teoría completa, que sea prescriptiva y descriptiva, centrada en la interacción entre el deber ser y el ser, yo creo que ahí es en donde está el gran esfuerzo, subir la realidad y jalar la norma para que entonces se pueda realizar plenamente la democracia.
En esta frivolidad yo no sé si también lo traicionó algo en el subconsciente de lo que pueda acontecer dentro de su partido para hablar de dos precandidatos, que en su caso creo que estaría muy bien, el que piensa y el va por delante, posiblemente tal vez ahí brincó alguna señal.
Yo estoy de acuerdo con usted, diputado Becerra, todos tenemos el deber de instrumentar una transición, pero no se puede instrumentar una transición cuando se sigue acariciando utopías difuntas, cuando se sigue teniendo la mirada hacia el pasado, cuando se sigue aferrándose a dogmas y cuando uno se aferra a dogmas pierda uno la capacidad de pensar.
La transición requiere de pactos, requiere de paz y de reconciliación; yo sostengo que el partido, que México, que el país está en una transición y sostengo que las transiciones atraviesan por puntos muy difíciles, son los puntos cruciales, los vimos en la transición española cuando hubo el intento de los militares de tomar el parlamento,
lo vimos en la transición de la Unión Soviética con el mismo secuestro de su líder.
Creo que hoy, México está en esos puntos, en donde tal parecería que prevalece la incertidumbre, no sabemos si avanzamos o retrocedemos. En ese sentido tenemos que hacer todos un gran esfuerzo, un gran ejercicio para superar nuestros ancestrales rencores, para dejar de estar viendo incendios donde no los hubo o para seguir aferrado en hurgar heridas; yo he insistido mucho en un nuevo discurso político, que no se recodé en la frivolidad, que no busque la metáfora feliz, sino que nos lleve, y sobre todo en este tipo de conflictos que son tan serios, que son tan arraigados en viejas tradiciones como lo describió mi compañero, diputado González Avelar, de lo que sucede y de lo que existe en Chiapas.
La realidad chiapaneca es tan compleja, que a mí me tocó y perdón que hable en primera persona, pero recorrer representando a mi partido muchísimas de sus comunidades: Xenaló Panteló, Sinacatante, Nejapa, uno da la impresión, en San Juan Chamula estuve presidiendo una Asamblea, uno de la impresión que está uno regresando, lo dije en la ocasión anterior, a un poco antes de la Colonia y que en cualquier momento vamos a presenciar aquel famoso debate de Guinés de Sepúlveda y de Bartolomé de las Casas sobre la condición humana del indígena.
Y cuando aquí se han mencionado cifras de marginación, yo me preguntaría y es una reflexión que hago en voz alta, es algo que los antropólogos, desde Bonfil Batalla o Aguirre Beltrán, aún no nos ofrecen una solución feliz, ¿en realidad querrán ser integrados? ¿en realidad les atrae nuestra cultura occidental? ¿No vimos ese 12 de octubre de 1992 cómo tiraron la estatua de Diego de Mazariego? ¿No vemos en toda esa literatura, que es muy prolífica en Chiapas y que ahí están los artículos de los principales ideólogos que han salido a la palestra para analizar este problema de como hay rezagos y que se vienen transmitiendo odios y se vienen transmitiendo rencores de hace muchos siglos?
Entonces, dejo esa simple reflexión para que veamos la dimensión del problema que tenemos enfrente. Es una combinación de factores, no hay causas excluyentes, se suman las causas, es un problema que tenemos que enfrentar con la mayor madurez y con el mayor rigor.
Creo que la política que ha seguido el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari, creo que la política que se instrumentó de la política social, creo que las inversiones que se han realizado en Chiapas, los grandes esfuerzos que se han hecho en todos los órdenes, porque ahí mismo está el caso de Guadalupe Tepeyac, en donde estuvo efectivamente el Secretario de Desarrollo Social, hace unos meses, y estuvo el señor Presidente e inauguró un hospital con una inversión de 3 mil millones de pesos, y que se instrumentaron muchísimos proyectos de desarrollo agrario en soluciones en donde no es el simple reparto ni el darle la tierra; muchas veces el conflicto es entre los mismos indígenas, es entre el mismo ejido, porque no se puso la certidumbre adecuada en quién posee cada parcela.
Y no es fácil hablar de caciquismo porque muchas veces los caciques están disfrazados de luchadores sociales, o a veces de líderes de oposición. Eso lo vemos con frecuencia; se disfrazan con mucha facilidad. Recordemos y veamos también este problema. No es simplemente señalar una realidad o señalar a un Gobierno responsabilidades, ignorando repito, que en esto todos hemos tenido responsabilidad, y todos hemos tenido de alguna forma y tenemos que esforzarnos en ello, la necesidad de buscar caminos en donde el derecho nos señale el compromiso ético de la política; y en donde a fin de cuentas, en la vigorización de ese estado de derecho, como lo está haciendo el Gobierno, porque sus medidas nadie las puede refutar de que sean equivocadas, cuando está señalando un alto comisionado, cuando está levantando unilateralmente la violencia; en donde está ya señalando que no va a responder ni está respondiendo a las agresiones, porque así ha sido desde el 1o. de enero, una respuesta a la agresión; y en donde repito, están haciendo un gran esfuerzo todas las estructuras políticas, porque se conserve la paz y toda la estructura política y económica del Gobierno, para responder a estos graves rezagos que sin lugar a dudas existen ahí y en muchas partes del territorio nacional. Muchas gracias.
La Presidenta
Para rectificar hechos, en términos del artículo 102, tiene la palabra el señor diputado Emilio Becerra.
El diputado Emilio Becerra González:
Con su venia, señora Presidenta; compañeros legisladores:
Acabamos de escuchar dos panegíricos: uno un poco largo sobre el sistema, que no comparto
de ninguna manera; y otro panegírico al senador Muñoz Ledo, que en su ausencia, lo agradezco.
Aquí se ha hablado fundamentalmente de cosas ajenas al conflicto de Chiapas, pero que de alguna manera tienen incidencia por parte del diputado Rodríguez Prats.
Y menciona algunas situaciones que quiero yo nada más puntualizar: reconoce y ratifica el atraso de Chiapas; y yo me permitiría preguntar: ¿durante los últimos 60 años, cuál es el partido que ha tenido el monopolio del poder en Chiapas?, independientemente de todos los problemas que haya habido en la época precolombiana; independientemente de los problemas en la época virreinal, etcétera, yo creo que en 60 años de gobernar, algo se pudo haber hecho. Y si no se hizo, es el reconocimiento de que los gobiernos emanados de ese partido, no funcionan y no son los más indicados para solucionar los problemas de México.
Y eso de alguna manera le contesta su pregunta cuando dice que, cuando nosotros criticamos lo que el Gobierno hace, ¿con qué se sustituye lo que no funciona? Y eso ya se lo contestó el señor Presidente de la República.
Ayer cuando dijo: "Hay que cambiar lo que no funcionó", quitó al Secretario de Gobernación y algunos otros, pues así es como nosotros proponemos que esto se solucione.
Los gobiernos emanados del PRI ya no funcionan; sus programas ya no funcionan. Entonces se requiere el cambio de hombres y el cambio de programas, y ese cambio y ese programa es el del Partido de la Revolución Democrática y el candidato del Partido de la Revolución Democrática y nosotros no tenemos ya ni siquiera precandidatos, tenemos un candidato.
Y en nuestro partido sí se avisa cuándo va a ser la elección. Se hacen convocatorias desde antes de haber candidato. No como en su partido, en donde primero tienen candidato y después hacen la convocatoria; en donde primero tienen candidato y después señalan los requisitos. Y cuando después de tener candidato ante una situación que los agarró desprevenidos, ahora ya tienen el sustituto o el candidato de sombra, como se dice en los parlamentos europeos.
Y también en su panegírico del senador Muñoz Ledo, lo único que reconoció y que a mí me interesa puntualizar, es que Porfirio Muñoz Ledo es muy certero en sus diagnósticos, y que siempre tiene propuestas de solución. Y él les dio el diagnóstico y la solución para Chiapas; pero no la implementaron, no la llevaron a cabo y sus diagnósticos y sus propuestas que ahora en mucho han incidido en el Partido de la Revolución Democrática, seguramente en el proceso electoral de este año, se verán reflejadas en los votos.
Y aquí hay algo. Cuando el diputado Rodríguez Prats hace un panegírico del estatus quo, hay que volver a mencionar lo que decía el senador Muñoz Ledo. Pareciera ser que en la gente del partido oficial ni ha pasado la historia ni ha pasado lo que acaba de pasar en Chiapas. Siguen con el mismo discurso, con las mismas ideas y hasta pareciera que ante todo lo que se dijo, que se ha hecho esto, que se ha hecho lo demás, que, en fin, todo lo que ha pregonado el partido de Estado, y no se explican cómo es que se dan este tipo de rebeliones. Pues ahí está la explicación de que una cosa es lo que se diga, una cosa es la propaganda, y otra cosa es la realidad. La realidad es que contra todo lo que se dice, no han funcionado sus programas y no han funcionado; los pocos que han funcionado en la manera que se pretende o en la manera que se pregona, porque después de todo lo que dijo, lo único que faltó fue una condena a todas las reclamaciones de los chiapanecos.
Si todo está tan bien, yo no me explico ni nadie se explica, cómo hay quien quiera, quien pida empleo, quien pida tierra, quien pida legalidad, quien pida democracia, no pues están en un error, si estamos viviendo en el mejor de los mundos posibles, francamente quienes hacen reclamos a ese sistema de Gobierno, están viviendo en otro mundo. Y la realidad nos ha demostrado que quienes viven en otro mundo, son quienes pregonan panegíricos al partido oficial, porque se dice además que nosotros reclamamos e insistimos que después de esto es indispensable una reforma electoral a fondo y se nos dice que ya la Ley Electoral actual es muy buena. Entonces, ¿qué pasa con su candidato a la Presidencia de la República?
El mismo reconoce que la Ley Electoral actual no funciona, o por qué de otra manera, el candidato del partido oficial está diciendo que un organismo ajeno a las instancias establecidas, regule y certifique el padrón, por qué está pidiendo que se hagan gastos en las campañas electorales en menor cantidad que las aprobadas por el IFE; por qué está pidiendo que grupos de ciudadanos tengan y todos los partidos vengan a determinar el mismo día de la elección quién ganó y quién perdió.
Por qué está buscando una serie de cambios y de propuestas al margen de la legalidad. Pues es que su mismo candidato está reconociendo, o uno de sus candidatos, cuando menos el oficial, está reconociendo que la legalidad vigente no funciona, y ante eso, pues su propio candidato le está contradiciendo su discurso y aquí sí me gustaría que usted me dijera quién está equivocado si usted o su candidato, porque habiendo una contradicción, no pueden estar equivocados o el uno o el otro o probablemente están equivocados los dos.
Y por lo tanto, para enmendar estas equivocaciones, para que haya autenticidad, nuestro partido insistirá en una convocatoria a un período extraordinario para modificar la legalidad y adecuarla a la verdadera modernidad. No podemos ir a las elecciones de 1994 con una legalidad tramposa y que está cuestionada por todos, tanto por los candidatos del partido oficial, como por los demás candidatos. Gracias.
La Presidenta:
Tomando en consideración que han transcurrido las cuatro horas reglamentarias que abarca esta sesión, la Presidencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y a fin de concluir los asuntos pendientes en cartera, acuerda prorrogar el lapso correspondiente hasta la conclusión del orden del día.
Tiene el uso de la palabra, para hablar sobre el asunto de Chiapas, el diputado Rodolfo Echeverría Ruiz.
El diputado Rodolfo Echeverría Ruiz:
Tengo la impresión, señora Presidenta, señores diputados, señores senadores:
Tengo la impresión de que en el curso de este debate, durante varias intervenciones que hoy hemos escuchado y de modo independiente a las diferencias, unas de matiz y otras de esencia, que han surgido a lo largo de estas argumentaciones y de estas disquisiciones, prevalece, tengo esa impresión, la conciencia muy clara y la convicción compartida de que la crisis chiapaneca ha de enfocarse y ha de concebirse no desde una óptica militar, sino con un enfoque esencialmente político.
Y a mí me parece de verdadera importancia nacional que los partidos políticos aquí representados hayamos coincidido en ese hecho, y de que sensibles como somos a ese reclamo nacional, a ese reclamo de la sociedad, hayamos venido a concretar aquí, en el curso de este debate, nuestros criterios proclives a la negociación e incitadores de acuerdos y entendimientos que lleven a una solución rápida de los acontecimientos chiapanecos.
Me parece también que los relevos que se han suscitado en el equipo de colaboradores del Ejecutivo de la Unión, deben interpretarse como una prueba más de la disposición gubernamental para encontrar fórmulas inéditas de imaginación política, encaminadas a resolver este conflicto; por supuesto, al amparo de la legalidad, pero con un talante de automoderación y de sosiego.
No de otra manera debe interpretarse el ánimo de cordura y la definición de estadista que el Presidente de la República ha evidenciado en horas de la mañana de hoy, con motivo de esa explicación que dio a la opinión nacional acerca de las razones por las cuales, en uso de sus facultades constitucionales y como jefe supremo de nuestras fuerzas armadas, ordenó, de un modo consciente, de un modo meditado, de un modo reflexivo, el cese al fuego por parte de nuestros honorables efectivos militares, a fin de dar la primera probanza y el primer paso camino de la paz y de la reconciliación.
El Presidente de la República, el Gobierno de la nación, han dado, con esta actitud, una respuesta compleja, no una respuesta simplista, a un problema que, si bien viene de siglos, tiene también sus complicaciones y sus excrecencias no solamente remotas, sino también recientes y de las cuales ningún mexicano podría sentirse exculpado.
La convocación a la reflexión, a la prudencia y a la negociación política cauterizarán, de eso estoy plenamente seguro, las heridas que hasta hoy se han abierto en aquella región mexicana.
La decisión presidencial se ha ceñido estrictamente a derecho, pero, apegada como está a la legalidad, trasluce, sin la menor duda, una actitud de flexibilidad, de autocrítica sincera y de ausencia de cualquier forma de burocratismo, para que los caminos hacia la paz chiapaneca se transiten de la manera más rápida posible.
Ha quedado evidenciado en el curso del debate de esta mañana que entre la política y el derecho, entre la negociación y la legalidad existe una relación simbiótica, a tal punto de que la política hoy, y para el caso concreto chiapaneco, no podría entenderse sin la negociación, y que
la legalidad tampoco podría concebirse al margen de un talante democrático y fraterno.
En este momento podríamos decir sin el menor asomo retórico, que la política y el derecho, engarzados en el curso de las negociaciones que seguramente pronto se iniciarán, constituyen un elemento consustancial a nuestra supervivencia moral como sociedad política. Y en esta sociedad política, por supuesto, quedamos englobados todos los partidos, las organizaciones sociales, los medios de comunicación, las iglesias, las universidades, todos los mexicanos.
Algún teórico europeo dijo no hace mucho que el mundo ya se encaminaba hacia el fin de las utopías y hacia el fin de las ideologías, yo creo que las utopías y las ideologías persistirán y se renovarán mientras el hombre y su inteligencia vivan sobre la tierra; que las utopías son la razón de vivir de los niños y de los adolescentes del mundo y que las utopías también conforman el temperamento de no pocos revolucionarios, los de ayer y los de hoy.
Sin embargo, también estoy convencido, señores diputados y senadores, de que lo que sí ha tocado a su fin en la escena del planeta son los extremismos, la intolerancia y las posiciones irreductibles y numantinas, negadoras de la racionalidad y de las verdaderas posibilidades que el pensamiento progresista, democrático y revolucionario, tienen para concretarse en la realidad de cada uno de sus países.
Nada se alcanzará hoy en el mundo ni en ninguna parte de México con una actitud voluntarista, que es la otra cara del autoritarismo. Los innegables intereses y conflictos que existen en el seno de una sociedad tan compleja como la nuestra, esos innegables intereses, esos innegables conflictos a los que tenemos y debemos hacer frente con temple político, pueden tener una función creadora. Yo creo en la función creadora del conflicto. Si todas las partes involucradas en él se aproximan a sus entresijos y son capaces de desmenuzarlos con frialdad o, si se me permite decirlo así, con fría pasión, para poder ir encontrando, de consuno, fórmulas, métodos, los más de ellos inéditos para ir jalando de esos pequeños hilos hasta encontrar temas de acuerdo, fórmulas de avenimiento. Creo que a eso se reduce en primera, o tal vez en última instancia, la política desde que el hombre puso su primera planta en el mundo.
Además los mexicanos tenemos una larga experiencia en conflictos históricos, tenemos una larga experiencia en revoluciones. Y en rebeliones; pero también tenemos, de manera paralela, una larga experiencia en negociaciones, en acuerdos, en pactos políticos que han generado nuevos equilibrios y nuevas realidades. A eso me refiero cuando apelo al carácter creador de los conflictos.
Hoy, hoy, cuando estamos ante la posibilidad cierta, verdadera, alcanzable, de llegar a un México alternativo, surge esta crisis en Chiapas; esta crisis cuyas raíces profundas nadie puede soslayar, pero cuyos métodos; de persistir, podrían conducir a la sociedad chiapaneca a un estado de crispación que retrasaría, aún más, el radical cambio de estructuras y de condiciones sociales que de manera inaplazable exige aquella tan primitiva, tan retrasada región mexicana.
No podemos aceptar, pensemos como pensemos, queramos lo que queramos, que los indios de Chiapas tengan sobre sus espaldas la maldición cósmica de vivir miserables para siempre, el México que buscamos, el México alternativo al que queremos llegar, es una sociedad plural y heterogénea, sí, pero que, para referirnos en este caso a los indios chiapanecos y a los otros indios que viven en nuestro país, esas comunidades en ese México alternativo, puedan vivir con dignidad, con decoro, ejercer sus libertades y alentar como una parte importantísima de la que debemos sentirnos profundamente orgullosos ante el mundo. El México alternativo que hemos empezado a construir es el fruto de un minucioso proceso histórico, nadie está inventando nada hoy, venimos de lejos. Somos una nación histórica. Una nación muy vieja. En el curso de ese proceso no hemos estado exentos de repliegues tácticos o desviaciones que no negamos, pero siempre hemos estado convencidos de que los conflictos han podido devenir soluciones democráticas y creadoras.
En esto, no me cansaré de insistir compañeros senadores, compañeros diputados.
Permítaseme, como parte final de esta intervención, formular algunas reflexiones en derredor de nuestro Ejército Nacional.
Más allá de las disquisiciones técnicas y de las precisiones jurídicas que han expresado aquí don Miguel González Avelar y don Juan de Dios Castro, hemos de convenir todos nosotros, en que el nuestro es un Ejército de honor, en que el nuestro, como quería Reyes Heroles, es pueblo con uniforme y que está alta e inequívocamente profesionalizado, que cree en la legalidad, que respeta la política absteniéndose de ella, que considera la legitimidad de los partidos políticos y de las organizaciones sociales y que sabe que la sociedad mexicana ha encontrado siempre y lo va a encontrar ahora, un camino pacífico, legal, negociado, no militar, para la crisis chiapaneca.
Eso lo sabe el ejército porque es un Ejército de hombres honorables, porque es un Ejército de soldados de honor.
Como político, estimados compañeros de la Comisión Permanente, soy un defensor indudable de la supremacía del poder civil, pero no puedo dejar de manifestar mi profunda admiración por un ejército como el nuestro, tan profesional, tan técnico, tan respetuoso de la Constitución y tan respetuoso de la política y de los políticos, tan respetuoso del Estado, de su Jefe Supremo, tan respetuoso en fin, de una sociedad que ha encontrado y encontrará los caminos del entendimiento y los caminos de la conciliación.
El nuestro, tiene una vocación militar; nuestro Ejército tiene una vocación militar y una raigambre popular que los hace inmunes a las heladas y a las provocaciones. He dicho de manera deliberada vocación militar porque nada hay en México más alejado de lo pretoriano que la vocación militar de nuestro pueblo uniformado, dotado como está de ética profesional y de, como decía hace un rato González Avelar, capacidad para acompasarse al ritmo y a la velocidad de una democracia siempre en proceso, de una democracia siempre en transición, de una democracia siempre inconclusa y por lo tanto siempre perfectible.
México ha contado en todo momento con un Ejército y con una armada que han desempeñado de la revolución para acá, un papel eminente, un papel profundamente democrático; hablo de un papel democrático por supuesto, ajeno a las actitudes políticas. Nuestro pueblo uniformado ha sabido respetar las decisiones del pueblo y siempre han estado convencidos de que la paz republicana no depende de los cañones, sino de la capacidad que los diversos grupos sociales mexicanos hemos demostrado para hacer política, para abordar, regular y resolver los problemas colectivos, los más agudos y los más críticos como éstos que hoy nos ocupan por la doble vía de la legalidad y de la negociación.
Señores senadores, señores diputados, compañeros miembros de la Comisión Permanente:
Los mexicanos estamos hoy viviendo un momento de extrema complejidad a la vista del caso chiapaneco. Persistiremos como sociedad política, persistiremos, como sociedad en general, sí también persistimos todos en concederle a este conflicto, a los elementos para su solución, la categoría del primado de la política y del primado del derecho como camino y solución para una reconciliación verdadera que pasa, inevitablemente, por la solución de problemas concretos que ya no debían avergonzarnos. Muchas gracias.
ESTADO DE VERACRUZ
La Presidenta
Se ha agotado la lista de oradores sobre este tema y en el transcurso de la sesión ésta presidencia recibió un oficio del diputado Fidel Herrera Beltrán. Se ruega a la secretaría dar cuenta con él.
El secretario diputado Francisco José Paoli Bolio:
«Diputada María de los Ángeles Moreno Uriegas, Presidenta de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, Presente.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respetuosamente me dirijo a usted, a fin de solicitar licencia para separarme de las funciones como diputado federal, electo por el XII Distrito Electoral del Estado de Veracruz a esta LV legislatura, para estar en posibilidad de desempeñar un cargo dentro de la administración pública federal, a partir de esta fecha y durante el tiempo que dure el encargo.
Sin otro particular, le reitero a usted las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal, a 12 de enero de 1994.
Atentamente.
Diputado Fidel Herrera Beltrán, presidente de la Comisión de Asuntos Hidráulicos.»
La Presidenta
Sí, señor diputado, ¿para qué efecto?
El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul):
¿La solicitud se hace a la Comisión Permanente?
La Presidenta:
Sí, señor diputado.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul):
Porque creí entender que estaba dirigida a la Presidenta de la Gran Comisión.
La Presidenta
No, a la Presidenta de la Comisión Permanente.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul):
Solicito que la Secretaría aclare.
La Presidenta
Sí, cómo no. Proceda la secretaría.
El secretario diputado Francisco José Paoli Bolio:
Sí, la solicitud está dirigida a la Presidenta de la Gran Comisión.
Está a discusión el siguiente punto de acuerdo:
"Único. Se concede licencia al diputado Fidel Herrera Beltrán para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el XII Distrito Electoral del Estado de Veracruz, para estar en posibilidad de desempeñar un cargo dentro de la administración pública federal a partir de esta fecha y durante el tiempo que dure el encargo."
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Aprobado. Comuníquese a la Cámara de Diputados
ORDEN DEL DÍA
El secretario diputado Francisco José Paoli Bolio:
Señora Presidenta, se han agotado los asuntos en cartera de la sesión pública. Se va a dar lectura a la orden del día de la próxima sesión.
«Comisión Permanente. Primer Receso. Tercer Año. LV Legislatura.
Orden del día
19 de enero de 1994.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Comunicaciones de los Congresos de los Estados de Hidalgo y Michoacán.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Cinco con los que se remiten las hojas de servicios de los ciudadanos Tito Valencia Ortiz, Antonio Clemente Fernández Peniche, Federico Juárez Santos, Rolando Eugenio Hidalgo Eddy y Genaro Ambia Martínez, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dictamen de primera lectura
De la Primera Comisión relativo a la solicitud de permiso del ciudadano Vicente Luis Coca Alvarez, para que pueda aceptar y usar la Condecoración Caballero Comandante de Rizal, en Tercer Grado, que le confiere el Gobierno de la República de Filipinas.
Dictámenes a discusión
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Ana María Portillo Espinoza, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Infante Don Enrique, en grado de Oficial, que le confiere el Gobierno de la República portuguesa.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Miguel Arturo Necoechea y Gracia, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Artes y las Letras, en grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de la República francesa.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Norberto Cozar García, para aceptar y usar la condecoración Caballero de la "Estrella del Norte", Primera Clase, que le confiere el Rey de Suecia.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Alvaro Enrique Guzmán Milla, para prestar servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
La Presidenta (a las 16.15 horas):
Se levanta la sesión, y se cita para la próxima que tendrá lugar el próximo miércoles 19 de enero a las 11.00 horas.
Se pasa a sesión secreta.
NOTAS
Siglas y abreviaturas incluidas en esta edición:
ANPA (Sin aclaración)
CG DEM (Sin aclaración) Diplomado de Estado Mayor
D. F. Distrito Federal
IFE Instituto Federal Electoral
IMN Ingeniero Militar Naval
PAN Partido Acción Nacional
Pemex Petróleos Mexicanos
PRD Partido de la Revolución Democrática
PRI Partido Revolucionario Institucional
Procampo Programa de Apoyos directos al producto
Pronasol Programa Nacional de Solidaridad