Legislatura LV - Año III - Período Comisión Permanente - Fecha 19940202 - Número de Diario 8
(L55A3PcpN008F19940202.xml)Núm. Diario: 8ENCABEZADO
LV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE
Diputada María de los Angeles Moreno Uriegas
PALACIO LEGISLATIVO
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Héctor de Antuñano y Lora
AÑO III México, D. F., miércoles 2 de febrero de 1994 No. 8
SUMARIO
SUMARIO
ASISTENCIA
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
Invitación al acto cívico conmemorativo del LXXVII aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Se designa comisión.
ESTADO DE CHIAPAS
Comunicación del Congreso estatal, con el que informa de actividades de su legislatura. De enterado.
ESTADO DE GUANAJUATO
Comunicación del Congreso estatal, con el que informa de actividades de su legislatura. De enterado.
ESTADO DE GUERRERO
Comunicación del Congreso estatal, con el que informa de actividades de su legislatura. De enterado.
ESTADO DE HIDALGO
Comunicación del Congreso estatal, con el que informa de actividades de su legislatura. De enterado.
ESTADO DE JALISCO
Comunicación del Congreso estatal, con el que informa de actividades de su legislatura. De enterado.
RATIFICACIÓN DE GRADOS MILITARES
Seis oficios de la Secretaría de Gobernación, con el que remite las hojas de servicio de los ciudadanos: Armando Sánchez Moreno, Heriberto Cano Hernández, Marco Antonio Ramos Martínez, Carlos Eduardo Vázquez Basurto, Magdaleno Blas Felipe García Santos y José Luis Durán Quirarte, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnan a la Segunda Comisión.
SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL FEDERAL ELECTORAL
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto relativo a la designación de magistrados suplentes de diversas salas. Es de primera lectura.
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto con el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Rogelio Alonso Rodríguez Yuen, pueda prestar sus servicios en el Consulado General de ese país en Ciudad Juárez, Chihuahua. Es de primera lectura.
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto con el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Ismael Garza T. González, pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de ese país en Monterrey, Nuevo León. Es de primera lectura.
RATIFICACIÓN DE GRADOS MILITARES II
Dictamen de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo que se refiere al ciudadano Fernando Hernández Miranda. Se aprueba y se turna al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.
Dictamen de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo que se refiere al ciudadano Fernando Jesús Flores Gómez González. Se aprueba y se turna al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.
Dictamen de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo que se refiere al ciudadano Manuel Eusebio Anguas Mendoza. Se aprueba y se turna al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.
Dictamen de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo que se refiere al ciudadano José Gerardo Valcarcel Zamora. Se aprueba y se turna al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.
Dictamen de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo que se refiere al ciudadano José de Jesús Terraza Olvera. Se aprueba y se turna al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.
Dictamen de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo que se refiere al ciudadano Conrado Aparicio Blanco. Se aprueba y se turna al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.
Dictamen de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo que se refiere al ciudadano José María Ortegón Cisneros. Se aprueba y se turna al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.
REPÚBLICA DE VENEZUELA
Se somete a discusión un dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto con el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Antonio de Icaza pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de esa nación. Se aprueba y se turna al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.
ACUERDO PARA LA PAZ, LA DEMOCRACIA Y LA JUSTICIA
Para comentar el firmado por diversos candidatos a la Presidencia de la República., hacen uso de la palabra los legisladores:
Porfirio Muñoz Ledo
Juan Ramiro Robledo Ruiz
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo
Juan de Dios Castro Lozano
José de Jesús Martín del Campo Castañeda
Miguel González Avelar
Juan de Dios Castro Lozano para ratificar hechos.
ESTADO DE CHIAPAS
El senador Victor Manuel Tinoco Rubí, da lectura a una declaración política sobre la inminencia del diálogo para la paz.
PUEBLOS INDÍGENAS
Se aprueba un punto de acuerdo para la organización de foros de consulta sobre los intereses de las étnias. Se turna ala Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados.
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
La diputada Laura Alicia Garza Galindo, da lectura a una declaratoria.
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (II)
Declaratoria política sobre las audiencias públicas convocadas por el Congreso de ese país para analizar la política de Derechos Humanos en México.
Hacen comentarios al respecto los legisladores:
Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, quien presenta un punto de acuerdo alternativo.
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo
Raúl Enrique Carrillo Silva
Se toman en cuenta las dos declaraciones.
JUBILADOS Y PENSIONADOS
Se refieren a ellos los legisladores:
José de Jesús Martín de Campo Castañeda
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, quien presenta una propuesta que se turna a las comisiones de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.
ESTADO DE GUANAJUATO
Para comentar los procesos electorales, hacen uso de la palabra los legisladores:
Emilio Becerra González
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa
Emilio Becerra González, para contestar alusiones personales
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, para contestar alusiones personales.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
APÉNDICES
DEBATE
Presidencia de la diputada María de los Angeles Moreno Uriegas
ASISTENCIA
La Presidenta:
Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia de los miembros de la Comisión Permanente.
El secretario diputado Efraín Zúñiga Galeana:
Se va a proceder a pasar lista de asistencia de los miembros de la Comisión Permanente.
Hay una asistencia de 27 legisladores. Hay quórum, señora Presidenta.
APERTURA
La Presidenta (a las 13.00 horas):
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El secretario diputado Efraín Zúñiga Galeana:
Se va a dar lectura al orden del día.
« Comisión Permanente. Primer Receso. Tercer Año. LV Legislatura.
Orden del día
2 de febrero de 1994.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Invitación del Departamento del Distrito Federal, al acto cívico que con motivo del LXXVII aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de 1917, tendrá lugar el 5 de febrero a las 10.00 horas.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo y Jalisco.
Oficios de la Secretaría de Gobernación Cuatro con los que se remiten las hojas de servicios de los ciudadanos Armando Sánchez Moreno, Heriberto Cano Hernández, Marco Antonio Ramos Martínez, Carlos Eduardo Vázquez Basurto, Magdaleno Blas Felipe García Santos y José Luis Durán Quirarte, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dictámenes de primera lectura
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto, relativo a la designación de magistrados suplentes de Sala Regional del Tribunal Federal Electoral.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Rogelio Alonso Rodríguez Yuen, para prestar servicios en el consulado general de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano licenciado Ismael Garza T. González, para desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República de Paraguay en Monterrey, Nuevo León.
Dictámenes a discusión
Siete de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados a los ciudadanos Fernando Hernández Miranda, Fernando Jesús Flores Gómez González, Manuel Eusebio Anguas Mendoza, José Gerardo Valcarcel Zamora, José de Jesús Terrazas Olvera, Conrado Aparicio Blanco y José María Ortegón Cisneros.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano embajador Antonio de Icaza, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Libertador, en grado de Gran Cordón, que le confiere el Gobierno de la República de Venezuela. »
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El secretario diputado Efraín Zúñiga Galeana:
Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.
« Acta de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el día veintiséis de enero de mil novecientos noventa y cuatro, correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.
Presidencia de la diputada María de los Angeles Moreno Uriegas
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las once horas con treinta y seis minutos del día veintiséis de enero de mil novecientos noventa y cuatro, con una asistencia de veintiséis legisladores, la Presidenta declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, misma que sin discusión, se aprueba en sus términos en votación económica.
Una invitación del Departamento del Distrito Federal, al acto cívico conmemorativo del centésimo octagésimo aniversario luctuoso del general Mariano Matamoros. Se designa comisión para representar a la Comisión Permanente.
Se da cuenta con una comunicación del Poder Judicial de la Federación, con el que informa de la elección de Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito en Monterrey, Nuevo León. De enterado.La Presidenta informa que a las puertas del recinto se encuentra una comisión de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, designa una comisión para que los introduzcan en el salón y concede el uso de la palabra al asambleísta Armando Jurado Alarid, quien informa de la clausura del primer período de sesiones ordinarias del tercer año de su ejercicio constitucional.
La Presidenta agradece la atención de la Asamblea de Representantes y envía un saludo a ese cuerpo colegiado. La misma comisión designada acompaña a los asambleístas cuando se retiran del salón.
La Secretaría da lectura a un oficio de la Secretaría de Gobernación, con la que remite la solicitud del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, para ausentarse del territorio nacional del veintisiete al treinta del presente mes de enero, a fin de realizar una visita de trabajo a la ciudad de Davos, en la Confederación Helvética. Se turna a la Primera Comisión con la solicitud de que en el curso de esta misma sesión entregue el dictamen correspondiente.
Otro oficio de la misma Secretaría, con el que comunica las proposiciones del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos como candidatos a los cargos de magistrados suplentes del Tribunal Federal Electoral. Se turna a la Primera Comisión.
Otro por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Rogelio Alonso Rodríguez Yuen, pueda prestar sus servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua. Se turna a la Primera Comisión.
Seis oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que remite las hojas de servicios de un número igual de ciudadanos mexicanos, para los efectos de la fracción séptima del artículo setenta y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Segunda Comisión.
Un ocurso del ciudadano Ismael Garza T. (sic), solicitando el permiso constitucional necesario para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República de Paraguay en Monterrey, Nuevo León. Se turna a la Primera Comisión.
La Secretaría da primera lectura a un dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Antonio de Icaza, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Venezuela.
Se someten a discusión y sin ella se aprueban en sendas votaciones económicas, los dictámenes de la Primera Comisión, con proyectos de decreto por los que se conceden permisos constitucionales a los siguientes ciudadanos:
Ana María Portillo Espinosa, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Portugal; Miguel Arturo Necoechea y Gracia, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Francia; Norberto Cozar García, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el Rey de Suecia; Vicente Luis Coca Alvarez, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Filipinas; Alvaro Enrique Guzmán Milla, para prestar sus servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Se turnan al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.
La Presidenta informa que en curso de la sesión, la Primera Comisión entregó el dictamen que
concede el permiso constitucional necesario para que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, pueda ausentarse del territorio nacional a fin de hacer una visita de trabajo a la ciudad de Davos, en la Confederación Helvética. Se da primera lectura al dictamen y la Asamblea dispensa la segunda lectura, por lo que se somete a discusión de inmediato.
Para expresar sus opiniones al respecto, se concede el uso de la palabra a los legisladores: José de Jesús Martín del Campo Castañeda, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Israel Soberanis Nogueda, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Alberto Carrillo Armenta, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en pro; Laura Alicia Garza Galindo, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; José de Jesús Martín del Campo Castañeda, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos; Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista, en pro; Javier Garduño Pérez, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos; Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista, para rectificar hechos; Héctor Terán Terán, del Partido Acción Nacional, para informar que su grupo parlamentario no votará este dictamen y Silvia Hernández Enríquez, del Partido Revolucionario Institucional, en pro.
La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen y la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por veinticuatro votos. Se turna al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.
La Secretaría da lectura a una invitación del Congreso del Estado de Yucatán, a la sesión solemne en la que rendirá su protesta de Ley como gobernador del Estado, el ciudadano Federico Granja Ricalde. Se designa comisión.
Para referirse a la situación poselectoral en Tlalmanalco, México, se concede el uso de la palabra a los legisladores: Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática; Jesús Salinas Navarro, del Partido Revolucionario Institucional; José de Jesús Martín del Campo Castañeda, del Partido de la Revolución Democrática; Felipe Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional; Efraín Zúñiga Galeana, del Partido Revolucionario Institucional; Juan de Dios Castro Lozano, del Partido Acción Nacional, para rectificar hechos; Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática, en el mismo sentido; Juan José Rodríguez Prats, del Partido Revolucionario Institucional, para rectificar hechos; Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática, para contestar alusiones personales.
Para exponer sus opiniones respecto a los hechos ocurridos en el Estado de Chiapas, hacen uso de la palabra los legisladores: José de Jesús Martín del Campo Castañeda, del Partido de la Revolución Democrática; Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista; Alberto Carrillo Armenta, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Francisco José Paoli Bolio, del Partido Acción Nacional; Víctor Manuel Tinoco Rubí, del Partido Revolucionario Institucional, quien da lectura al informe del grupo plural y Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos.
La Secretaría da lectura a una declaración política respecto a los hechos ocurridos en el Estado de Chiapas y para establecer la posición de su grupo parlamentario, hace uso de la palabra el diputado Adolfo Alfonso Kunz Bolaños, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
Agotados los asuntos en cartera y no habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y la Presidenta clausura la de hoy a las dieciséis horas con veintiocho minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo miércoles dos de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, a las once horas. »
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Aprobada, señora Presidenta.
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
El secretario senador Gustavo Salinas Iñiguez:
Se va a dar lectura a una invitación:
« Ciudadana diputada María de los Angeles Moreno Uriegas. Presidenta de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presente.
El Departamento del Distrito Federal, por conducto de esta Dirección General, ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del LXXVII aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de 1917, que tendrá lugar en el Monumento de la Revolución Mexicana, ubicado en Plaza de la República, colonia Tabacalera, delegación política Cuauhtémoc, el día 5 de febrero a las 10.00 horas.
Por tal motivo, de la manera más atenta me permito solicitarle tenga a bien girar sus respetables indicaciones a efecto de que un representante de esa Comisión Permanente que usted preside, asista a la ceremonia de referencia.
Agradezco las atenciones que se sirva dar al presente y le reitero con mi reconocimiento, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El director de Acción Cívica. Licenciado Gerardo González Camarena. »
La Presidenta:
Para asistir en representación de esta honorable Comisión Permanente, esta Presidencia designa al diputado: Javier Garduño Pérez.
ESTADO DE CHIAPAS
El secretario senador Gustavo Salinas Iñiguez:
« Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Estado Libre y Soberano de Chiapas. Honorable Congreso.
Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, Distrito Federal.
La honorable Quincuagésima Octava Legislatura Constitucional del Estado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 29, párrafo segundo y 30 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, así como 8o. del Reglamento Interior de esta propia soberanía, eligió a los ciudadanos diputados que funcionarán como Presidente y vicepresidentes de la mesa directiva durante el mes de diciembre quedando de la siguiente forma: presidente, diputado Francisco Sau Lara; vicepresidente, diputado Carlos Morales Vázquez y vicepresidente, diputada Fulvia Berthy Orantes Zenteno.
Lo cual comunicamos a ustedes para los efectos procedentes, reiterándoles la seguridad de nuestra muy atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 30 de noviembre de 1993. Licenciado Jesús Alejandro Cruz Gutiérrez, diputado presidente; Francisco de J. Zepeda Bermúdez, diputado secretario y Hermisenda Paniagua H., diputada secretaría
De Enterado.
ESTADO DE GUANAJUATO
El secretario senador Gustavo Salinas Iñiguez:
« Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Honorable Congreso del Estado de Guanajuato.
Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, Distrito Federal.
El honorable Quincuagésimo Quinto Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, comunica que en sesión celebrada el día 23 del presente mes clausuró el primer período de sesiones ordinarias correspondiente al tercer año de su ejercicio constitucional; habiendo designado la diputación permanente a fungir durante el receso; la cual quedó integrada de la siguiente manera:
Presidente, Carlos Chaurand Arzate; secretario, Alberto Reyna García; prosecretario, Salvador Guerra Jiménez; primer vocal, Raquel Rodríguez Aguilar; segundo vocal, Francisco Javier Alcaraz de la Rosa; tercer vocal, Silvia Josefina Balleza Sánchez y cuarto vocal, José Rubén Torres Arteaga.
Suplentes: José Antonio Zendejas Badillo, Celeste Gómez Fragoso, Eusebio Moreno Muñoz, José Vela Valenzuela y Juan Alberto Tovar.
Lo que hacemos de su conocimiento para los efectos a que haya lugar.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guanajuato, Guanajuato, 24 de diciembre de 1993. diputado, Carlos Chaurand Arzate,
diputado presidente; Alberto Reyna García, diputado secretario »
De enterado.
ESTADO DE GUERRERO
El secretario senador Gustavo Salinas Iñiguez:
« Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Poder Legislativo. Honorable Congreso del Estado de Guerrero.
Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, Distrito Federal.
Para los efectos procedentes, me permito comunicar a usted, que previas las formalidades de Ley, la Quincuagésima Cuarta Legislatura, en sesión ordinaria del día 10 del mes y año en curso, tuvo a bien elegir a los diputados Zótico Demetrio García Pastrana y Elpidio Pacheco Rosas, como presidente y vicepresidente del honorable Congreso del Estado, respectivamente, quienes fungirán del 15 de enero al 14 de febrero del presente año, dentro del Primer Período de Sesiones Ordinarias, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Chilpancingo, Guerrero, a 11 de enero de 1994. El Oficial Mayor del honorable Congreso del Estado, licenciado Emilio I. Ortiz Uribe. »
De enterado.
ESTADO DE HIDALGO
El secretario senador Gustavo Salinas Iñiguez:
« Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Poder Legislativo del Estado de Hidalgo.
Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.
México, Distrito Federal.
Con toda atención, nos permitimos el honor de comunicar a ustedes, que la Quincuagésima Quinta Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, clausuró los trabajos del segundo período de sesiones ordinarias, correspondiente al primer año de ejercicio constitucional; y a la vez dio cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 57 de la Constitución Política de la entidad y 128 y 129 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, eligiendo a los miembros que integrarán la Comisión Permanente, que fungirá durante el receso que comprende del 31 de diciembre al 1o. de abril de 1994, habiendo resultado electos los diputados: presidente, Fernando Q. Moctezuma Pereda; vicepresidente, Salvador Neri Sosa, secretario propietario, Alfredo Tovar Gómez; secretario propietario, Rogaciano Meneses Curiel; secretario propietario, Abel Rojo Muñoz; secretario suplente : Roberto Alejandro Meza García y Alfredo Olvera Reyes.
Al hacer de su conocimiento lo anterior, nos es grato reiterarles las seguridades de nuestra atenta consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Pachuca, Hidalgo, 21 de diciembre de 1993. Secretario diputado Alejandro Hernández Ballina; secretario diputado Alejandro de Jesús Fosado Martínez. »
De enterado.
ESTADO DE JALISCO
El secretario diputado Efraín Zúñiga Galeana:
« Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Gobierno de Jalisco. Poder Legislativo. Secretaría del Estado.
Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, Distrito Federal.
Para los efectos del artículo 84 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la entidad, comunicamos a ustedes que con esta fecha se declaró clausurado el Segundo Período de Sesiones Ordinarias correspondiente al Segundo Año de ejercicio constitucional de la LIII Legislatura de Jalisco.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guadalajara, Jalisco, a 31 de diciembre de 1993. Diputado secretario, David Pérez Rulfo Brizuela; diputado secretario, Gregorio Arrieta López. »
De enterado.
« Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Gobierno de Jalisco. Poder Legislativo. Secretaría de Congreso.
Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, Distrito Federal.
Para los efectos del artículo 187 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la entidad, comunicamos a ustedes que con esta fecha se declaró instalada la honorable diputación permanente que fungirá del primero de enero al catorce de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, y la forma de como quedó integrada su mesa directiva: presidente, Guillermo Ramos Ruiz; secretarios, Arnoldo Rubio Contreras y Rafael Vázquez de la Torre; prosecretarios: Pedro León Corrales y José Guadalupe González Arana; primer vocal, Francisco Javier Morales Aceves; segundo vocal, Francisco Javier Gómez Díaz.
Lo que hacemos de su conocimiento para los efectos legales correspondientes.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guadalajara, Jalisco, a 1o. de enero de 1994. diputado secretario, Arnoldo Rubio Contreras ; diputado secretario, Rafael Vázquez de la Torre. »
De enterado.
RATIFICACIÓN DE GRADOS MILITARES
El secretario diputado Efraín Zúñiga Galeana:
« Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación. Dirección General de Gobierno.Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
En oficio fechado el 12 del actual, la Secretaría de Marina, manifiesta a ésta de Gobernación lo siguiente:
Es grato dirigirme a usted para solicitarle tenga a bien girar sus respetables instrucciones, a efecto de que sea tramitada la ratificación del grado que ostenta el personal de almirantes que a continuación se mencionan: vicealmirante C. G. diplomado de Estado Mayor Armando Sánchez Moreno, vicealmirante I.M.N. Heriberto Cano Hernández y contralmirante S.I.I.N. Marco Antonio Ramos Martínez. Para tal efecto se remiten las hojas de tiempo de servicios, copias certificadas de acuerdos presidenciales, donde se dispone el ascenso, así como antecedentes y datos complementarios de los citados militares. Agradeciéndole que una vez efectuada la ratificación solicitada; se nos devuelva la documentación anexa para continuar con el ratificación correspondiente.
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y efectos del artículo 79, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acompañándoles con el presente los anexos que en el mismo se citan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 17 de enero de 1994. Por acuerdo del ciudadano secretario, el director general de Gobierno, licenciado Jorge A. Stergios Gómez. »
« Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación. Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
En oficio fechado el día 7 del actual, la Secretaría de la Defensa Nacional, manifiesta a ésta de Gobernación lo siguiente:
Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del general brigadier Carlos Eduardo Vázquez Basurto (3904168), que en diecisiete fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo, para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que hago del conocimiento de ustedes para los fines legales procedentes, enviándoles con el presente el anexo que se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 17 de enero de 1994. Por acuerdo del ciudadano secretario, el director
general de Gobierno, licenciado Jorge A. Stergios Gómez. »
« Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación. Dirección General de Gobierno. Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional, dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 7 del actual:
Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del general brigadier diplomado de Estado Mayor Magdaleno Blas Felipe García Santos (2883798), que en 18 fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo, para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Al comunicar a ustedes lo anterior, les envío con el presente la hoja de servicios a que se hace referencia.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 17 de enero de 1994. Por acuerdo del ciudadano secretario, el director general de Gobierno, licenciado Jorge A. Stergios Gómez. »
« Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación. Dirección General de Gobierno. Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional, se ha dirigido a ésta de Gobernación, con fecha 7 del actual, manifestando lo siguiente:
Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano coronel de caballera José Luis Durán Quirarte (6461937), que en 15 fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo, para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, acompañándoles al presente el anexo que en el mismo se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 17 de enero de 1994. Por acuerdo del ciudadano secretario, el director general de Gobierno, licenciado Jorge A. Stergios Gómez. »
La Presidenta:
Se reciben y se turnan a la Segunda Comisión.
SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL FEDERAL ELECTORAL
El secretario senador Gustavo Salinas Iñiguez:
« Primera Comisión.
Honorable Asamblea: a la Primera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión fue turnada la propuesta del Presidente de la República, para la elección de magistrados suplentes del Tribunal Federal Electoral.
Analizada y discutida la documentación aportada, y con fundamento en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 74, 5, 76, 269, y demás relativos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se somete a la consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente
DICTAMEN
I. De conformidad con el mandato constitucional y con el contenido normativo del código mencionado, el Consejo General del Instituto Federal Electoral se integra, entre otros miembros, con seis consejeros magistrados que deben ser electos por la seguridades de Diputados a propuesta del Titular del Poder Ejecutivo Federal. Por otra parte, el Tribunal Federal Electoral consta de una sala central y cuatro salas regionales, situadas en cada una de las cabeceras de las circunscripciones plurinominales, integrada cada sala regional por tres magistrados, funcionarios, al igual que los consejeros magistrados expresados, electos también por la seguridades de Diputados a propuesta del Presidente de la República.
Resulta importante destacar que, en los términos del citado código, la elección de los consejeros magistrados y de los magistrados debe ser por una mayor a calificada de dos terceras partes
de los diputados presentes en la sesión relativa y, de no obtenerse dicho cómputo, deberán ser insaculados, para cuyo efecto la Ley previene que la propuesta deberá comprender el doble de los funcionarios que se traten de designar.
Por otra parte, la propia Ley establece que al designarse a los integrantes de ambos órganos electorales aludidos, deben proponerse suplentes; y, en el caso concreto de los magistrados del tribunal, en número de seis, por partida doble, especificándose que al aprobarse la elección de los suplentes, la seguridades de Diputados, o en su caso, la Comisión Permanente, deberán señalar el orden en que deban entrar los suplentes para casos de ausencias, temporales o definitivas.
II. Los magistrados del tribunal, deben reunir los requisitos que la Ley establece en su artículo 76 que son los siguientes:
a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
b) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar;
c) No tener más de 65 años de edad ni menos de 35, el día de la designación;
d) Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de licenciado en derecho expedido por la autoridad o corporación legalmente facultada para ello;
e) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial;
f) Haber residido en el país los últimos cinco años, salvo el caso de ausencia en servicio de la República por un tiempo menor de seis meses;
g) No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político;
h) No tener ni haber tenido cargo alguno de elección popular en los últimos cinco años anteriores a la designación, e
i) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal de algún partido político en los últimos cinco años anteriores a la designación.
La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión conoció , por escrito de fecha 19 de enero de 1994 remitido por la Secretaría de Gobernación, de la renuncia del magistrado propietario licenciado Francisco Javier Loyo Ramos, el cual fue sustituido por el magistrado suplente, hoy propietario, licenciado Jorge Schleske Tiburcio, y de la renuncia del licenciado Melchor Dávila Maldonado al cargo de magistrado suplente, por lo que se dan las vacantes de dos magistrados suplentes, en la Tercera y Quinta circunscripciones plurinominales, con sede en Xalapa, Veracruz y Toluca, Estado de México, respectivamente, las cuales deben ser cubiertas por esta Comisión Permanente, conforme al procedimiento señalado por la Constitución Política de los Estados Unidos y por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Con fecha 26 de enero de 1994, mediante oficio número 79, fechado el 24 del mismo mes, por conducto de la Secretaría de Gobernación se presentó ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la propuesta dirigida por el Presidente de la República para la elección de los magistrados suplentes al Tribunal Federal Electoral, relativa a la Sala Regional correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal con sede en Xalapa, Veracruz, y a la Sala Regional correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal con sede en Toluca, México, así como la documentación anexa necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales, misma que fue turnada a esta Primera Comisión de Trabajo.
La relación de las propuestas de referencia, es la siguiente:
Sala Regional correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal con sede en Xalapa, Veracruz: licenciado José Humberto Ortiz Salazar y licenciado Roberto Guerrero Reyes; Sala Regional correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal licenciado Francisco Navarro Ortiz y licenciado Agustín Guerrero Traspaderne.
Con objeto de analizar y verificar el cumplimiento de los requisitos de cada uno de los candidatos propuestos, la Comisión acordó citarlos para realizar con ellos una reunión de trabajo, misma que se celebró el día 1o. de febrero del año en curso.
Con este fin, se analizaron las constancias y documentos originales contenidos en los expedientes relativos a los ciudadanos propuestos por el Ejecutivo Federal, constatándose el cumplimiento de los requisitos que establece el señalado
artículo 76 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y, por ende, reuniéndose las condiciones de elegibilidad para los cargos propuestos, no habiendo encontrado, en ninguno de los casos, impedimento legal para ejercer dichos cargos.
En la fecha antes señalada, diputados y senadores de esta Comisión, una vez analizada la documentación aportada, entrevistaron a los candidatos arriba referidos, con el objeto de valorar sus antecedentes curriculares, experiencia y conocimientos en materia electoral, a fin de conformar un criterio objetivo sobre la calidad profesional de los así propuestos. Del mismo modo, esta Comisión se permite señalar que, dado los tiempos electorales, es necesario que todos aquellos órganos que participan en la preparación y desarrollo de los comicios electorales, se encuentren integrados conforme a lo dispuesto por las normas que rigen esta materia, considerando por ello que, en el asunto que nos ocupa, los candidatos a elegir, además de reunir los requisitos exigidos por la Ley, cuentan con los conocimientos necesarios para desempeñar de manera correcta la labor para la que han sido electos.
Por las anteriores consideraciones y solicitando se dé el ratificación dispuesto por el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Primera Comisión de Trabajo se permite someter a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se designa como magistrado suplente del Tribunal Federal Electoral, en la Tercera Circunscripción Plurinominal con sede en Xalapa, Veracruz, al ciudadano José Humberto Ortiz Salazar.
Artículo segundo. Se designa como magistrado suplente del Tribunal Federal Electoral, en la Quinta Circunscripción Plurinominal con sede en Toluca, Estado de México, al ciudadano Francisco Navarro Ortiz.
Artículo tercero. Las personas designadas por el presente decreto, protestarán el cargo de Magistrado Suplente ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.
Artículo cuarto. Comuníquense estas determinaciones al Poder Ejecutivo Federal, al Tribunal Federal Electoral y al Instituto Federal Electoral.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, México, Distrito Federal, a 2 de febrero de 1994. diputado, Gustavo Carvajal Moreno, presidente; diputado Jesús Martín del Campo, secretario; diputados: Juan de Dios Castro Lozano, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Adolfo Kunz Bolaños, senadores: Ernesto Luque Feregrino, Carlos Jiménez Macías, Silvia Hernández, Oscar Ramírez Mijares y Roberto Anzar Martínez. »
Es de primera lectura.
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
El secretario senador Gustavo Salinas Iñiguez:
« Primera Comisión.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 7 de diciembre de 1993, La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Rogelio Alonso Rodríguez Yuen, pueda prestar servicios como empleado consular en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 26 de enero, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.
b) Que los servicios que el propio solicitante prestará en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua, serán como empleado consular.
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Rogelio Alonso Rodríguez Yuen, para prestar
servicios como empleado consular en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, Distrito Federal, a 28 de enero de 1994. - diputado Gustavo Carvajal Moreno, presidente; diputado Jesús Martín del Campo, secretario; diputados: Juan de Dios Castro Lozano, Adolfo Kunz Bolaños, Juan Ramiro Robledo Ruiz; senadores: Ernesto Luque Feregrino, Carlos Jiménez Macías, Silvia Hernández, Oscar Ramírez Mijares y Roberto Anzar Martínez. »
Es de primera lectura.
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
El secretario senador Gustavo Salinas Iñiguez:
« Primera Comisión.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 22 de noviembre de 1993, el ciudadano licenciado Ismael Garza T. González, solicita el permiso constitucional necesario para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Paraguay en Monterrey, Nuevo León.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 26 de enero, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.
b) Que los servicios que el propio solicitante prestará al Gobierno de la República de Paraguay, serán de carácter estrictamente consular.
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano licenciado Ismael Garza T. González, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Paraguay en Monterrey, Nuevo León. Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, Distrito Federal, a 28 de enero de 1994. - diputado Gustavo Carvajal Moreno, presidente; diputado Jesús Martín del Campo, secretario; diputados: Juan de Dios Castro Lozano, Adolfo Kunz Bolaños, Juan Ramiro Robledo Ruiz; senadores: Ernesto Luque Feregrino, Carlos Jiménez Macías, Silvia Hernández, Oscar Ramírez Mijares y Roberto Anzar Martínez. »
Es de primera lectura.
RATIFICACIÓN DE GRADOS MILITARES
El secretario diputado Efraín Zúñiga Galeana:
« Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1992, por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano contralmirante del cuerpo general, diplomado de Estado Mayor, milicia permanente, Fernando Hernández Miranda, como vicealmirante del cuerpo general diplomado de Estado Mayor, milicia permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte que ingresó a la Armada de México, como cadete en la Heroica Escuela Naval Militar, el primero de febrero de mil novecientos cincuenta y siete y el primero de enero de mil novecientos sesenta y dos ascendió a guardiamarina del cuerpo general, milicia permanente, al término satisfactorio de sus estudios en el mencionado plantel;
b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro de la Armada de México ha prestado servicios a la nación mexicana durante treinta y seis años y siete meses, y
d) Se le confirió en su oportunidad por satisfacer el tiempo de servicio requerido para ello la condecoración de perseverancia de Primera Clase.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado vicealmirante del cuerpo general diplomado de Estado Mayor, milicia permanente, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de vicealmirante del cuerpo general, diplomado de Estado Mayor, milicia permanente, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Fernando Hernández Miranda.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, Distrito Federal a 13 de enero de 1994. senador Humberto Lugo Gil, presidente; diputado Gabriel Jiménez Remus, secretario; diputados: Alberto Carrillo Armenta, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Laura Alicia Garza Galindo, Javier Garduño Pérez, Juan Moisés Calleja García; senadores: Víctor Manuel Tinoco Rubí, Porfirio Muñoz Ledo, Miguel Alemán Velasco y Alger León Moreno. »
Está a discusión el punto de acuerdo, señores legisladores... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta a los legisladores si se aprueba.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
« Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1992, por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano contralmirante del servicio de Justicia Naval, licenciado en Derecho, milicia permanente, Fernando Jesús Flores Gómez González como vicealmirante del servicio de Justicia Naval, licenciado en derecho, milicia permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte que ingresó a la Armada de México el primero de abril de mil novecientos sesenta y cinco como teniente de navío del servicio de Justicia Naval, milicia permanente y el primero de enero de mil novecientos sesenta y siete fue ascendido a capitán de corbeta del servicio de Justicia Naval, milicia auxiliar, por acuerdo del ciudadano Presidente de la República y el primero de abril de mil novecientos setenta y cinco aprobado el mismo grado y milicia permanente, por acuerdo del titular de la dependencia;
b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro de la Armada de México, ha prestado servicios a la nación mexicana durante veintiocho años y seis meses, y
d) Se le confirió en su oportunidad, por satisfacer el tiempo de servicio requerido para ello la condecoración de perseverancia de Tercera Clase.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado vicealmirante del servicio de justicia naval, licenciado en derecho, milicia permanente, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de vicealmirante del servicio de justicia naval, licenciado en derecho, milicia permanente, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Fernando Jesús Flores Gómez González.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, Distrito Federal, a 13 de enero de 1994. - senador Humberto Lugo Gil, presidente; diputado Gabriel Jiménez Remus, secretario; diputados: Alberto Carrillo Armenta, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Laura Alicia Garza Galindo, Javier Garduño Pérez, Juan Moisés Calleja García; senadores: Víctor Manuel Tinoco Rubí, Porfirio Muñoz Ledo, Miguel Alemán Velasco y Alger León Moreno. »
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado, comuníquese al Ejecutivo.
« Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1992, por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano capitán de navío del cuerpo general diplomado de Estado Mayor, milicia permanente, Manuel Eusebio Anguas Mendoza, como contralmirante del cuerpo general, diplomado de Estado Mayor, milicia permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte que ingresó a la Armada de México, como cadete en la Heroica Escuela Naval Militar el catorce de enero de mil novecientos sesenta y tres y el primero de agosto de mil novecientos sesenta y ocho fue ascendido a guardiamarina del cuerpo general, milicia permanente por acuerdo del titular de dicha dependencia;
b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro de la Armada de México ha prestado servicios a la nación mexicana durante treinta años, siete meses y diecisiete días, y
d) Se le confirió en su oportunidad, por satisfacer el tiempo de servicio requerido para ello la condecoración de perseverancia de Segunda Clase.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado contralmirante del cuerpo general, diplomado de Estado Mayor, milicia permanente, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de contralmirante del cuerpo general diplomado de Estado Mayor, milicia permanente, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Manuel Eusebio Anguas Mendoza. Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, D.F., a 13 de enero de 1994. Senador Humberto Lugo Gil, presidente; diputado Gabriel Jiménez Remus, secretario; diputados: Alberto Carrillo Armenta, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Laura Alicia Garza Galindo, Javier Garduño Pérez, Juan Moisés Calleja García; senadores: Víctor Manuel Tinoco Rubí, Porfirio Muñoz Ledo, Miguel Alemán Velasco y Alger León Moreno. »
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta a los señores legisladores si se aprueba.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
« Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1992, por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano capitán de navío del cuerpo general, diplomado de Estado Mayor, milicia permanente José Gerardo Valcarcel Zamora como contralmirante de cuerpo general, diplomado de Estado Mayor, milicia permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte que ingresó a la Armada de México como cadete en la Heroica Escuela Naval Militar el nueve de enero de mil novecientos sesenta y uno y el primero de agosto de mil novecientos sesenta y siete fue ascendido a guardiamarina del cuerpo general, milicia permanente, por haber terminado el curso de formación correspondiente en dicho plantel;
b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro de la Armada de México ha prestado servicios a la nación mexicana durante treinta y dos años, siete meses y veintidós días, y
d) Se le confirió en su oportunidad, por satisfacer el tiempo de servicio requerido para ello la condecoración de perseverancia de Segunda Clase.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado contralmirante del cuerpo general, diplomado de Estado Mayor,
milicia permanente, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de contralmirante del cuerpo general, diplomado de Estado Mayor, milicia permanente, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano José Gerardo Valcarcel Zamora. Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, D.F., 13 de enero de 1994. Senador Humberto Lugo Gil, presidente; diputado Gabriel Jiménez Remus, secretario; diputados: Alberto Carrillo Armenta, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Laura Alicia Garza Galindo, Javier Garduño Pérez, Juan Moisés Calleja García; senadores: Víctor Manuel Tinoco Rubí, Porfirio Muñoz Ledo, Miguel Alemán Velasco y Alger León Moreno. »
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta a los señores legisladoras si se aprueba.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
El secretario senador Gustavo Salinas Iñiguez:
« Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1992, por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano capitán de fragata del cuerpo de aeronáutica naval, piloto aviador, diplomado de Estado Mayor, milicia permanente José de Jesús Terrazas Olvera, como capitán de navío del cuerpo de aeronáutica naval, piloto aviador, diplomado de Estado Mayor, milicia permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte que ingresó a la Armada de México en la Heroica Escuela Naval Militar, el dos de enero de mil novecientos sesenta y ocho y el primero de agosto de mil novecientos setenta y tres fue ascendido a guardiamarina del cuerpo general, milicia permanente, por acuerdo del titular de dicha dependencia;
b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro de la Armada de México ha prestado servicios a la nación mexicana durante veinticinco años, siete meses y veintinueve días; y
d) Se le confirió en su oportunidad, por satisfacer el tiempo de servicio requerido para ello la condecoración de perseverancia de Tercera Clase.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado capitán de navío del cuerpo de aeronáutica naval, piloto aviador, diplomado de Estado Mayor, milicia permanente, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de capitán de navío del cuerpo de aeronáutica naval, piloto aviador, diplomado de Estado Mayor, milicia permanente, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano José de Jesús Terrazas Olvera.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, D.F., a 13 de enero de 1994. Senador Humberto Lugo Gil, presidente; diputado Gabriel Jiménez Remus, secretario; diputados: Alberto Carrillo Armenta, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Laura Alicia Garza Galindo, Javier Garduño Pérez, Juan Moisés Calleja García; senadores: Víctor Manuel Tinoco Rubí, Porfirio Muñoz Ledo, Miguel Alemán Velasco y Alger León Moreno. »
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
« Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1992, por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano capitán de fragata del cuerpo general, milicia permanente, Conrado Aparicio Blanco, como capitán de navío de cuerpo general, diplomado de Estado Mayor, milicia permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte que ingresó a la Armada de México, como cadete en la Heroica Escuela Naval Militar, el dos de enero de mil novecientos sesenta y siete y el primero de agosto de mil novecientos setenta y dos ascendió a guardiamarina del cuerpo general, milicia permanente, por acuerdo del titular de la dependencia;
b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro de la Armada de México ha prestado servicios a la nación mexicana durante veintiséis años, siete meses y veintinueve días, y
d) Se le confirió en su oportunidad, por satisfacer el tiempo de servicio requerido para ello la condecoración de perseverancia de Tercera Clase.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado capitán de navío del cuerpo general, diplomado de Estado Mayor, milicia permanente, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de capitán de navío del cuerpo general, diplomado de Estado Mayor, milicia permanente, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Conrado Aparicio Blanco.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, D.F., a 13 de enero de 1994. Senador Humberto Lugo Gil, presidente; diputado Gabriel Jiménez Remus, secretario; diputados: Alberto Carrillo Armenta, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Laura Alicia Garza Galindo, Javier Garduño Pérez, Juan Moisés Calleja García; senadores: Víctor Manuel Tinoco Rubí, Porfirio Muñoz Ledo, Miguel Alemán Velasco y Alger León Moreno. »
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo. « Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1992, por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano capitán de fragata del cuerpo general, milicia permanente José María Ortegón Cisneros, como capitán de navío de cuerpo general, diplomado de Estado Mayor, milicia permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte que ingresó a la Armada de México, como cadete en la Heroica Escuela Naval Militar, el dos de enero de mil novecientos sesenta y siete y el primero de agosto de mil novecientos setenta y dos fue ascendido a guardiamarina del cuerpo general, milicia permanente por acuerdo del titular de esa dependencia;
b) A los siguientes grados sucesivos ascendió por escalafón de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro de la Armada de México ha prestado servicios a la nación mexicana durante veintiséis años, siete meses y veintinueve días; y
d) Se le confirió en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicio requeridos para ello la condecoración de perseverancia de Tercera Clase.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado capitán de navío del
cuerpo general, diplomado de Estado Mayor, milicia permanente se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de capitán de navío del cuerpo general, diplomado de Estado Mayor, milicia permanente, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano José María Ortegón Cisneros. Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, D.F., a 13 de enero de 1994. Senador Humberto Lugo Gil, presidente; diputado Gabriel Jiménez Remus, secretario; diputados: Alberto Carrillo Armenta, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Laura Alicia Garza Galindo, Javier Garduño Pérez, Juan Moisés Calleja García; senadores: Víctor Manuel Tinoco Rubí, Porfirio Muñoz Ledo, Miguel Alemán Velasco y Alger León Moreno. »
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
REPÚBLICA DE VENEZUELA
El secretario senador Gustavo Salinas Iñiguez:
« Primera Comisión.
Honorable Asamblea: a la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fue turnado el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano embajador Antonio de Icaza, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Libertador, en grado de Gran Cordón, que le confiere el Gobierno de la República de Venezuela.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano embajador Antonio de Icaza, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Libertador, en grado de Gran Cordón, que le confiere el Gobierno de la República de Venezuela.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, D.F., a 21 de enero de 1994. Diputado Gustavo Carvajal Moreno, presidente; diputado Jesús Martín del Campo, secretario; diputados: Juan de Dios Castro Lozano, Adolfo Kunz Bolaños, Juan Ramiro Robledo Ruiz; senadores: Ernesto Luque Feregrino, Carlos Jiménez Macías, Silvia Hernández Enríquez, Oscar Ramírez Mijares y Roberto Anzar Martínez. »
Es de segunda lectura .
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado el proyecto de decreto.
Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
ACUERDO PARA LA PAZ, LA DEMOCRACIA Y LA JUSTICIA
La Presidenta:
Para hacer comentarios sobre el acuerdo firmado por los candidatos a la Presidencia, los dirigentes de diversos partidos políticos, han pedido el uso de la palabra varios legisladores.
En primer término, se concede el uso de la palabra al senador Porfirio Muñoz Ledo.
El senador Porfirio Muñoz Ledo:
Con su venia, señora Presidenta:
Entre todas las tareas, que son muchas, en gente que corresponde a esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, sin duda la más trascendente en esta hora es preparar los compromisos y las agendas que conduzcan pronto a un período de sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión.
Durante tal período, debería crearse el espacio republicano para procesar las demandas de la sociedad mexicana y los resultados de la negociación que en breve se iniciará en el Estado de Chiapas.
Algunas cuestiones parecen muy claras en el momento actual. La primera es que una abrumadora mayor a de los mexicanos y de las organizaciones políticas, sociales y civiles estamos en favor de una solución pacífica, justa y duradera al conflicto de Chiapas.
Es claro también que el propio Gobierno Federal ha enderezado en un sentido distinto al inicial, su estrategia respecto de esa crisis. Todo parece indicar que ha sido abandonada la estrategia de guerra y está en curso una operación de paz. Ninguna conciencia libre, ningún mexicano responsable, admitiría que esta línea fuese trastocada o abandonada.
Hay desde luego, tendencias recurrentes a la minimización de los hechos e incluso a su deformación a tratar de ofrecer una apariencia interna e internacional con fines distintos, incluyendo los de carácter financiero, en el sentido de que la crisis ha concluido, de que el problema está localizado y de que la situación está resuelta.
Nada de eso es cierto y es indispensable que todos cuantos tenemos responsabilidad política exijamos una solución pronta y a fondo de este conflicto.
También es evidente que una negociación pacífica como la que ha apuntado el Gobierno y su comisionado de paz, tendría como resultado la necesidad de dar cauce a las demandas o a una parte sustancial de las demandas que han sido planteadas. Esto es lo propio de toda negociación.
Esas demandas tienen que ver con una reforma política electoral, con cuestiones agrarias de carácter local y nacional, con los derechos de los pueblos y de las comunidades indígenas, con la impartición de justicia y la debida protección de los derechos humanos y también con una cuantiosa, ordenada y participativa transferencia de recursos institucionales y monetarios hacia esa región, para lo cual sería de toda obviedad necesario modificar las disposiciones vigentes en materia de egresos de la Federación.
Otra cuestión que parece clara es que esas demandas no son sólo regionales o grupales o patrimonio exclusivo de un movimiento, son en su mayor parte demandas de la comunidad nacional y de la mayor a de los actores políticos y sociales del país que se expresan con independencia.
Se trata en rigor de dos agendas paralelas, la agenda de la nación y la agenda de Chiapas, que habrá n de resolverse ciertamente en dos espacios distintos, pero en dos espacios que no están separados. No se trata de compartimentos estancos, sino de vasos comunicantes. Chiapas es México y hoy México es Chiapas.
Actuar de modo distinto no significar a, sino que se incide en aquella tendencia ancestral que ha Estado en el origen del conflicto desde antes de 1824, el carácter separado, distante y aún insular del Estado de Chiapas. Parte de la solución es incorporarlo como entidad, como caudal humano y productivo, como cultura y como sociedad política al conjunto de la nación.
Tenemos pues, en este momento el deber imperioso de crear las condiciones nacionales e institucionales que faciliten la solución del conflicto y le den solidez y permanencia.
La primera de ellas consiste en el planteamiento de las reformas legislativas que son, en nuestro criterio, necesarias para ese objetivo.
Muchas de las demandas planteadas y muchas de las exigencias de la comunidad nacional, requieren para acuerdos verdaderos, ajustes legislativos y aún constitucionales, en la esfera del artículo 4o. de la Constitución, del artículo 27, del artículo 102 y del artículo 115, para sólo citar los más importantes que respectivamente se relacionan con el carácter multiétnico y pluricultural del país, con la estructura y funcionamiento de los órganos electorales, la tenencia de la tierra y la reforma agraria, con las medidas institucionales de defensa a los derechos humanos y con el régimen de la autonomía municipal de la República.
Fue en ese entendido y con ese propósito, que suscribimos candidatos y partidos, un acuerdo y compromiso por la paz, por la democracia y por la justicia. El documento habla por sí mismo, pero en esta hora y en esta tribuna, parece importante recordar lo esencial de su contenido. En primer término se trata de una contribución al proceso de paz y a la solución de los problemas, que hoy se plantea, la conciencia del país en el marco del proceso electoral federal en curso.
Es clara la referencia a la gran pregunta que el país se formula. Si no es la vía armada la solución de los conflictos del país, fuerza es que
abramos franco el paso a una solución electoral; el otro extremo de la revuelta es el sufragio efectivo y tenemos el deber de garantizarlo.
El documento se pronuncia por el establecimiento de una paz justa y duradera en la región, misma que sólo podrá alcanzarse por una elección imparcial en 1994, cito textualmente, "que resulte aceptada por los ciudadanos y por las fuerzas políticas de México. Si así no fuera, los riesgos de violencia serían de toda evidencia mucho mayores".
Dice el texto en seguida que para cerrar el paso a todas las formas de la violencia, incluyendo obviamente las institucionales, debe procesarse el avance democrático en los espacios de los partidos y de las instituciones republicanas, pero añade que ninguna fuerza política debe quedar fuera de este proceso, y no se refiere sólo a los partidos, sino a las fuerzas políticas existentes nacionales y regionales y aquellas que puedan todavía incorporarse al proceso.
Dejamos desde luego a salvo los partidos, los derechos que nos asisten, para sostener nuestras propuestas de cambio, y esto es muy importante ejercer los derechos constitucionales, todos los derechos constitucionales que nos asisten para garantizar, llegado el caso, la efectividad del sufragio.
Es claro que esta tarea no se circunscribe a los partidos, ésa es la razón por la que invitamos a la sociedad civil y a todos a quienes han luchado por las libertades y la democracia en estos tiempos, incluyendo los más recientes, incluyendo al Estado de Chiapas, a que se sumen en este paso significativo para lograr elecciones legales y creíbles que den legitimidad plena a las instituciones de la República.
Acordamos en consecuencia tomar las decisiones, todas las decisiones, todas las decisiones que sean necesarias, para que se creen condiciones de confianza y certidumbre en todas las instancias que intervienen en el proceso electoral.
Hay medidas para construir confianza, que deben desde luego tomarse. Estas tienen que ver con la solución de conflictos poselectorales, con el cese a la represión, con el respeto a los partidos políticos, con la apertura inmediata de los medios de información.
Fue claro el compromiso en el sentido de que el debate nacional que hoy se inicia, no podría llevarse a cabo en la clandestinidad ni ser deformado por medios de comunicación que practican, por desgracia, de modo sistemático la calumnia, el ocultamiento y la desinformación.
Nos comprometimos también a propiciar condiciones políticas y sociales que garanticen un clima de confianza a la inversión productiva y al crecimiento económico, en un marco de estabilidad y de respeto a los derechos de todos. No se trata de una confianza artifical o cosmética, o incluso falsificada, como la que se trata de trasmitir a los inversionistas en la bolsa; se trata de condiciones económicas y sociales, de condiciones que residen en la estructura misma de las relaciones políticas y sociales en el país que sean el verdadero asiento de un desarrollo productivo del país.
Desde luego, adquirimos el compromiso de profundizar las políticas públicas de atención prioritaria a los grandes problemas y rezagos sociales del país, en particular los trabajadores, los campesinos y las comunidades indígenas, lo que implica de toda obviedad un cambio marcado y radical respecto de las actuales políticas neoliberales que han profundizado el estancamiento, la desigualdad y la pauperización del pueblo de México.
Invitamos también, invitamos también a quienes hayan optado por el enfrentamiento para que se sumen al proceso de transformación de la vida política del país que nos hemos comprometido a impulsar.
Hicimos clara la salvedad de que las decisiones políticas que adoptemos deberán conducirse de tal modo que fortalezcan la capacidad de autodeterminación del país y reafirmen la soberanía e independencia nacionales, problemas que a todos nos afectan y nos conciernen.
Los temas de la agenda aquí planteados son fundamentalmente los políticos electorales, pero el compromiso está adquirido, los párrafos introductorios, de desarrollar, de acuerdo con los enunciados que ya he glosado, otros cambios, otras reformas, y la aplicación de otras políticas que conduzcan a los fines y objetivos sobre los cuales hemos adquirido un firme compromiso.
Los temas de la agenda electoral, no me detendré en ellos, son el de la imparcialidad de las autoridades electorales, el de la confiabilidad del padrón electoral, el de las garantías de equidad en los medios de comunicación masiva, el de impedir el uso de los recursos y programas. En los documentos preliminares se mencionaba directamente al Pronasol y a Procampo, la prohibición de que se usen en favor de cualquier partido político o campaña electoral.
También la revisión, en el momento oportuno, del sistema de financiamiento de los partidos, la modificación de aquellos puntos de la reforma reciente del Código Penal, que condujera a restricciones de derechos políticos fundamentales, la creación de una fiscalía especial de la Procuraduría General de la República, para la persecución de delitos electorales y el compromiso genérico cuyos enunciados en detalle ya se han hecho, respecto de salvaguardar los derechos políticos fundamentales de los ciudadanos y de los partidos.
Este compromiso ha sido calificado como irrevocable, y hemos pactado que aquellas decisiones que requieran adecuaciones legales, tendrán su curso; y que se procederá al efecto a través de la convocatoria a un período extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión.
Muy importante ha sido el método que hemos convenido; un método fundado en la buena fe y en el consenso. Añadimos, en la razón. No se trata de imponer por la fuerza de la mayoría, se trata de convenir aquellos principios que son fundamentales para el funcionamiento de un sistema democrático y para el ejercicio libre del sufragio. Principios, que además son de carácter universal, muchos de ellos, supuesto que se vinculan a respeto al capítulo de los derechos políticos, de las cartas de los derechos humanos.
Esta convocatoria ha sido extensiva a todos los ciudadanos mexicanos, porque pensamos que es la sociedad entera la que debe ser depositaria de este proceso y de este compromiso.
Se nos dijo al inicio del proceso, que de lo que se trata es de convenir una monclova mexicana; así fue. Monclova significa un pacto para la transición democrática; o como dicen algunos clásicos de la ciencia política, una ruptura pactada. Esto es el compromiso de los factores políticos, económicos y sociales de un país para transitar de un sistema de relaciones políticas a otro, y así se contiene en un párrafo del documento que firmamos. Estamos ante un cambio mayor en las relaciones políticas de nuestro país; ése es el compromiso.
Nosotros lo suscribimos con el mejor de los propósitos, para contribuir no sólo al establecimiento de la paz en Chiapas, sino al aseguramiento de la paz duradera en la República. Estamos en la mejor disposición de dialogar, de debatir, de ampliar, de precisar y de convenir. Esperamos, y así lo dijimos en el Consejo General del IFE, ante la presencia del Secretario de Gobernación, tenemos el derecho a esperar por la formalidad y compromiso de los actores, a que esto no sea un engaño, ni una ficción, ni un biombo, ni una maniobra para ocultar otros propósitos. Confiamos en que no lo será .
En un cambio de la magnitud que estamos viviendo es indispensable honrar la palabra "empeñado". Aquí está empeñada la palabra del Gobierno, del Gobierno de la República y está empeñada la palabra de casi todos los partidos políticos. Y esa palabra está empeñada en el sentido de realizar todas las modificaciones que sean necesarias para que por consenso, como deben de ser todos los cambios electorales, como lo son en la sociedad democrática, estén reconocidos por los partidos. De modo que esos partidos, que la ciudadanía y que la sociedad no tengan duda sobre la veracidad y el resultado de las elecciones y evitemos reiniciar un nuevo ciclo de ilegitimidad que nos llevaría a una situación mucho más difícil y compleja de la que ahora vivimos.
Estos acuerdos pasan con toda claridad, e insisto, con toda claridad, por la convocatoria a un período de sesiones extraordinarias. Que en principio habíamos de proponer a nuestros representantes en esta Comisión Permanente, que diera inicio hacia fines de febrero o principios de marzo. Es urgente e indispensable trabajar sobre la agenda.
¡ La negativa o la evasión sobre la necesidad de convocar a ese período extraordinario, sería una señal muy negativa, que comenzaría a lesionar el espíritu y a erosionar la letra del acuerdo que hemos pactado! ¡ Ser a también una señal negativa y hasta equívoca para quienes van a sentarse el próximo sábado, en la mesa de las negociaciones!
¡ Pido que enviemos a esos mexicanos, esos mexicanos en lucha, a quienes son los mensajeros de paz del Gobierno, a los mediadores del conflicto y a toda la sociedad mexicana, una señal clara de que las instituciones políticas de la República y los partidos asumen su responsabilidad cabal; esa señal no puede ser otra que la convocatoria al período extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión! Muchas gracias.
Presidencia del diputado Miguel González Avelar
El Presidente:
Para referirse al mismo asunto, tiene la palabra el señor diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz.
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz:
Con su permiso señor Presidente; compañeros legisladores:
Muchas de las palabras y de las ideas aquí escuchadas hace un momento, creo que las podemos suscribir y repetir todos los partidos políticos aquí representados y todas las fuerzas y organizaciones políticas que actúen en el país; y no solamente fuerzas y partidos políticos, sino sectores y organizaciones sociales. Nadie, ningún mexicano, no nada más mexicanos, nadie, podría decir otra cosa que no fuera en este momento que el asunto chiapaneco representa para México, y que afortunadamente no todo México es Chiapas, pero sí representa para México una prioridad de la mayor magnitud. Tenemos todos que apostar para descalificar en esta oportunidad que la historia brinda a la conciencia de los mexicanos, descartar para siempre el uso de cualquier otra vía que no sea la de la negociación y la vía de la resolución pacífica y del uso de la razón y de la política para resolver los problemas, por más graves que éstos se nos presenten.
Todos estaríamos de acuerdo en eso. Todos, también tenemos que estar de acuerdo en que en medio de este proceso electoral la circunstancia, el infortunio de Chiapas tenga que enmarcar, casi siempre, los discursos, así sean de otra naturaleza.
Estamos de acuerdo, porque así se da; y creemos que ambos temas se van a relacionar por necesidad del discurso, por oportunidad y hasta por método de dialéctiva, por muchos meses más.
Sin embargo, vale hacer un esfuerzo para distinguir. Frente a Chiapas no como partidos políticos, como organizaciones de ciudadanos, como conjunto de ciudadanos tenemos una responsabilidad todos: en este recinto y afuera en todo el territorio mexicano.
Aportemos cada quien lo que nos corresponde para ayudar a quienes son los conductos en este momento para iniciar y entablar y conseguir una negociación legítima, ética, eficaz, de fondo, lo consigan.
Como partidos políticos, creo que tenemos adicionalmente otra responsabilidad: hagamos también el mayor de nuestros esfuerzos para que la participación de cada uno, para que el activismo, para que la pasión consustancial
a la política, la práctica política y a las elecciones, circule siempre por los caminos que ahora de conjunto, de consenso, de buena fe, con ese m é todo de aquiescencia en los propósitos y en los motivos, han enmarcado en forma de acuerdo casi todos los partidos políticos y sus candidatos a la Presidencia de la República.
Mucho habremos de contribuir a la resolución del asunto de Chiapas y a la solución de muchos otros problemas del país, si en esta ocasión verdaderamente todos los partidos políticos entramos a competir, precisamente con esas premisas.
Ojalá , ojalá y todos tengamos la autenticidad de conciencia para llevar a los hechos todo el significado y toda la propiedad política e intelectual, pero sobre todo de motivos que encierra la firma de ese acuerdo entre partidos y candidatos.
Urge que encontremos fórmulas de concordia, que concuerdemos en métodos para hacer que los resultados de las elecciones sean efectivamente creíbles y respetados; urge también que todos los partidos y fuerzas actuantes entendamos que la credibilidad de las elecciones no quede exclusivamente a la incredulidad, quizá a la posición política de un sólo partido y que no haya obtenido los resultados favorables para descalificar el proceso, urge que todos coincidamos también en esto.
A mí me parece, compañeros legisladores, que en este acuerdo están comprendidos, dicho de una manera que no ofreció mayores dificultades para la suscripción por parte de todos los que firmaron, los principales temas de la agenda política para este proceso electoral, están encerrados aquí , todos los deseos y todos los objetivos superiores no solamente de los partidos contendientes sino de la sociedad mexicana en general. Creo en la solución para su aplicación y para su cabal respeto, nos la puede dar precisamente el método suscrito para firmarlo y para hacer que se cumpla. ¿ Qué quiere decir consenso?, ¿ quiere decir unanimidad, pregunto?, ¿ querrá decir que cuando alguno de todos los partidos suscriptores no esté de acuerdo, ya no existe consenso, querrá decir que si con alguno o con algunos de los partidos suscriptores hay diferencias de tiempos o de interpretaciones, o de acuerdos, ya no hay consenso?, yo creo que sí, yo creo que la razón está tratando de plasmar como método y como práctica no solamente para firmar, repito, sino para hacer que se cumpla y se respete este acuerdo, es precisamente el significado de ese término.
Yo no quisiera y no compartir a interpretar que la negativa para convocar a un período extraordinario
pueda ser por sí sola la señal, la mala señal, la perniciosa se ñ al para todos los mexicanos, para todas las sociedad de este país, o para las inminentes partes negociantes del conflicto de Chiapas, de que estuviéramos o descalificando o desautorizando el contenido del acuerdo.
Entendemos precisamente, que una forma de ponerlo en práctica es que nos sentemos a discutir con apertura, con uso, con mayor a de razón, todos los motivos, todos los pros, todos los contras que puede y debe haber para que lleguemos a una conclusión por consenso entre todas las fuerzas partidistas que en este momento tendrán la facultad de convocar a un período extraordinario del Congreso de la Unión.
De eso se trata, precisamente; pero no quiere decir que si de antemano, una de las dos cosas es la que puede resultar de esa conclusión, producto de esa práctica de consenso, o citar o no citar a un período extraordinario, pero no quiere decir que desde ahora tengamos que calificar como positivas o como negativas, el sentido que vayamos a tomar entre todas las fuerzas partidistas. Yo creo que la razón para aplicar este acuerdo político entre partidos y candidatos es precisamente que hagamos uso de ella, que nos convenzamos mutua y recíprocamente, unos con otros, de los acuerdos que debemos tomar entre todos y creo que en una primera fase de cualquier discusión y diálogo encontraremos diferéndos y si nos ponemos a discutir tiempos y si nos ponemos a discutir temas para un posible período extraordinario, seguramente en una primera fase de la discusión y de este debate encontraríamos diferencias y coincidencias y por las primeras, creo que una obligación para cumplir con la naturaleza y finalidad de este acuerdo sería seguir discutiéndolas precisamente para tratar de abonar y llegar a convertir esas diferencias en matices de concordancia y de coincidencia.
Yo me atrevo a resumir la posición de los legisladores que pertenecen a la fracción priísta, en que definitivamente hay una disposición muy abierta a discutir la conveniencia o necesidad de convocar a un período de sesiones extraordinarias. Por ningún motivo podrá venir ahora un legislador a decir no conviene o no es necesario discutir o convocar mejor dicho, a un período de sesiones extraordinarias. Ningún legislador podrá venir en estos momentos a decir esperemos necesariamente, convenientemente hasta el siguiente período ordinario.
Empezamos a discutirlo. Dentro de los puntos de la agenda de la negociación en Chiapas, hay ya evidentemente, directamente la necesidad o la conveniencia de discutir reformas a los principios constitucionales o a las leyes federales del país. Todavía no hay una agenda de negociación, cuando menos puesta en discusión, en el conflicto en Chiapas.
Ahí creo que tendríamos que estar muy atentos, para saber cuáles son precisamente los puntos que llegarán a ser viables y adelantada la paz definitiva en Chiapas y ahí creo que tendríamos mucha materia para discutir la conveniencia o la necesidad de convocar a un período en donde, antes de abril, nos ocupemos de reformar normas constitucionales o legales.
No lo dudo que las pueda haber, no quiero decir que no las vaya a haber; seguramente las podrá haber, las discutiremos. Esa es precisamente una forma de entrar a cumplir este acuerdo, ésa es precisamente la mejor señal que le podemos mandar a toda la sociedad mexicana y particularmente a los chiapanecos.
Ahora bien, este acuerdo firmado por candidatos y por partidos políticos, propone varias cosas fundamentales. En una primera parte me atrevo a calificar que propone un programa común de Gobierno para este país; todos los partidos están de acuerdo, se dice aquí , básicamente en tomar decisiones que conduzcan a crear condiciones de confianza y certidumbre entre todas las partes que interviene el proceso electoral, para ahora y para el futuro de este país.
Todos los partidos están de acuerdo, se dice aquí , a propiciar y mantener condiciones políticas y sociales que garanticen un clima de confianza para la inversión productiva y el crecimiento económico, ¿cómo?, creo que será materia del programa particular de Gobierno que presente las diferentes opciones electorales a través de su forma organizativa que son los partidos políticos.
Todos los partidos firmantes, se dice aquí , está n de acuerdo básicamente en profundizar políticas públicas de atención a los grandes problemas de rezago social y especialmente para los campesinos, para los trabajadores y para las comunidades indígenas. Todos los partidos suscriben esto, es un punto básico y común de programa para el Gobierno que comenzaría en el año de 1994.
Todos los partidos, dice aquí , están de acuerdo en facilitar a quien haya notado por el enfrentamiento el acceso a un proceso de transformación pacífica, es implícito el concepto, lo agrego
yo, a la vida pública de nuestro país. Todos lo incluyen en un programa a ofrecer, todos también dicen que es necesario conducir las decisiones políticas de todas las partes de tal manera que siempre se contribuya a fortalecer
la autodeterminación de México, la soberanía y su independencia. Nadie se atrevería a negar estos puntos de acuerdo básicos.
Y particularmente me parece que también hay un documento que ya todos los partidos debemos incluir en nuestra plataforma electoral, porque también es un punto común: para una elección imparcial.
Son los ocho puntos que conocemos, que estamos comentando. ¿ Qué decimos todos los partidos políticos por voz y firma de quienes nos representaron en este acuerdo?
Es vital y prioritario asegurar la imparcialidad de las autoridades electorales y que para ello hay que elegir o ratificar, está implícita la remoción, la revisión del perfil de imparcialidad de cada uno de los funcionarios electorales que organizarán, conducirán, vigilarán y calificarán también ahora esta elección federal de 1994, y que para hacerlo se dice que hay que seguir una práctica, consulta y consenso entre las fuerzas partidistas. Hagámoslo, no será éste el foro, la Permanente, lo será el Consejo General del IFE y la estructura de organización y de trabajo del Instituto Federal Electoral, pero Ah todos los partidos, los que están representados en esta Permanente y algunos otros que no lo están también, pero que son fuerza viva y actuante en el país, lo están, también ahí están representados, es más amplio el aspecto de representación en ese sentido del Consejo General, pero es además la instancia propia legal y correcta para cumplir con este punto de acuerdo.
La pregunta en este momento sería: ¿ Hay que mover, modificar alguna regla del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales o de la Constitución para consultarnos y para consensar entre los partidos políticos la discusión y el análisis de los perfiles de imparcialidad en cada uno de los funcionarios electorales? Discutamos y contesté monos esta pregunta.
Hay que darle plena confiabilidad al padrón electoral y a las credenciales y a las listas nominales, hay que darle, dice, las garantías que han sido demandadas por los partidos y la opinión pública, entre ellas el acceso permanente a la base de datos e imágenes del Registro Federal de Electores, hay que hacerlo también en el seno del Consejo Técnico en donde se consultan y se toman acuerdos adentro de la discutamos del Registro Federal de Electores, no lo discutiríamos obviamente en la permanente.
Sin embargo preguntémonos y abramos la discusión. ¿ Hay que modificar alguna regla? Creo que el artículo 166 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, dice textualmente que no solamente todos los partidos sino todos los ciudadanos tienen acceso permanente a la base de datos e imágenes de todos los expedientes y papeles del Registro Federal de Electores.
Si por esa disposición no fuera necesario y entre nosotros nos convenceríamos que hace falta modificar una Ley, bien, tendríamos que convenir en eso y entonces convocarnos con toda la oportunidad debida a un espacio, un tiempo suficiente para que en el pleno de los procedimientos y de los acuerdos legislativos del Congreso de la Unión, los revisáramos e indujéramos las modificaciones adecuadas.
Hay disposiciones que regulan el acceso permanente de los partidos políticos a los medios de comunicación. En este acuerdo hay una más, aparte de las que marca el código, reglamentando un principio que ya está en la Constitución, aparte de eso, dicen los partidos y candidatos firmantes que se propicien nuevos espacios e iniciativas que favorezcan la participación, la objetividad y el respeto de todas las fuerzas políticas, aprovechando los tiempos del Estado.
Bien, hay reglas en la legislación ordinaria federal para que tiempos específicos de todas las estaciones de la radio y la televisión de este país, se pongan a disposición de los partidos políticos en venta, en compra venta de espacios y de tiempos de radio y televisión, a precios que la Ley marca que no deberán ser diferenciales con los de los usos o ventas comerciales.
Bien, aquí se propone que se adicionen nuevos espacios, que se use en los tiempos del Estado. Cómo hay que conseguir, materializar este punto de acuerdo, preguntémonos: ¿ Moviendo la Ley? ¿ Agregándole disposiciones a la Ley? O nos bastará , qué bueno que así fuera, usando la buena fe, la consulta y el método de consenso entre los partidos; acuerdos formales muy respetables y muy firmes en el seno de las instituciones que organizan desarrollan y vigilan los asuntos electorales federales del país. Lo podemos seguir debatiendo.
Por dónde haremos más práctico el cumplimiento de estos acuerdos, ¿ moviendo la Ley de
entrada o inventando los acuerdos complementarios suficientes, reglamentarios, para hacer efectivo el contenido de este documento tan trascendente?, y así el uso de los recursos y los problemas públicos en favor de cualquier partido es algo que está condenado y debe de ser condenado tanto por normas como partidos, como por cualquier punto y sector de opinión pública.
¿ Cómo se conseguirá impedirlo? Con mecanismos de vigilancia más adecuados desde luego. ¿ Hay que reglamentarlo legalmente? Discutamos si hay que reglamentarlo legalmente; yo creo que ningún partido debe estar cerrado a eso. Podemos intentarlo con mecanismos administrativos, con acuerdos y con aparatos que vigilen esta norma preceptiva, prohibitiva. Creo que también lo podemos intentar por esa vía. Uno de ellos por ejemplo, un punto de acuerdo aquí ya se volvió , o está a punto de volverse ya tangiblemente resultado concreto: un representante de la discutamos ministerio público, del orden federal encargado ex profesamente de recibir y llevar causas en materia de delitos electorales. Obviamente no necesitábamos modificar la Ley para cumplir con este punto, con una simple disposición administrativa de su titular, a sugerencia del encargado de la política interior del país, se cumple este punto de acuerdo, y creo que por esa v a el de las decisiones inmediatas, directas, concretas administrativas podemos avanzar mucho, de manera constante, permanente en el cumplimiento y la puesta en realidad efectivamente, del contenido de este, repito, trascendente, histórico acuerdo entre partidos y candidatos.
Y hay un punto muy importante, el octavo, y quiero leerlo si me permite, son cinco renglones; consensemos su inteligencia y consensemos su contenido, su tenor, y para ello discutámoslo si quieren, en esta sesión o en las que vienen.
Dice: "En consecuencia de todo lo anterior, este comentario es mío, el que dice, lo que hoy resulta imprescindible son decisiones en materia electoral que confirmen este irrevocable compromiso democrático para salvaguardar los derechos políticos fundamentales, y dice, si la aplicación de estas decisiones requieren de adecuaciones legales, se procederá al efecto, previo consenso de los partidos firmantes, no quiere decir que si uno no esté de acuerdo, la decisión contraria a ese uno sea negativo perniciosa, convocando a través de nuestros representantes populares en términos de Ley, a un período de sesiones extraordinario".
Quiere decir compañeros legisladores, que la discusión de las fórmulas inmediatas para aplicar, de manera permanente y secuente, y vigilar esa aplicación de cada uno de estos puntos, del acuerdo político entre partidos y candidatos, debe darse entre las fuerzas políticas contendientes, y creo que no nada más entre las que están representadas en esta Comisión Permanente.
Si de los resultados de nuestras discusiones, de nuestros diálogos, de nuestras controversias, de nuestras diferencias y coincidencias, surge la conclusión consensada, consensada de que hay que, por necesidad o conveniencia obvia modificar alguna disposición legal, tendríamos que hacer eco, como representantes de partidos políticos en este órgano constitucional del Congreso de la Unión, a convocar a un período de sesiones extraordinarias de ambas cámaras, para estudiar, para iniciar, para estudiar, para discutir y para votar reformas legales.
Hoy, creo que ningún partido, usando la buena fe y el método del consenso, debe afirmar que es en este momento estrictamente necesario llamar a un período extraordinario ni interpretar en un sentido o en otro la respuesta o la opinión de los demás partidos, y hoy también ningún otro partido podrá decir lo contrario.
Creo que para empezar a aplicar este documento hay que hacer uso y caso del método que propone. Discutamos para consensar. Todas las ideas son bienvenidas y todas son discutibles. Muchas gracias, señora Presidenta.
Presidencia de la diputada María de los Ángeles Moreno Uriegas
La Presidenta:
Tiene ahora el uso de la palabra, el diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo:
Compañera Presidenta; compañeros integrantes de la Comisión Permanente.
A juicio nuestro se requiere separar dos temas que de alguna manera aquí se han vinculado, el de la posibilidad o no de un período de sesiones extraordinarias y el de el documento que por algunos ha sido llamado Pacto de Civilidad y por otros Acuerdo para la Paz, la Democracia y la Justicia, que firmaron algunos partidos
políticos y algunos candidatos a la Presidencia de la República, no todos.
Y se requiere examinar esto también con relación a sus vinculaciones con la problemática de Chiapas y con la problemática de carácter nacional.
Al respecto, la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista quiere señalar, con toda responsabilidad, que el documento al que he hecho referencia, que suscribieron algunos partidos y algunos candidatos, es un documento muerto, es un documento que no tiene validez alguna ni porvenir en la vida de nuestro país, es un documento que nació con un grave vicio de origen, y que más vale darlo por olvidado y enterrarlo, junto con otras vergüenzas que a veces se producen en la vida política de México, porque sólo merece ese calificativo: una vergüenza más
No estoy calificando al documento por su contenido, sino por la forma en que se procesó .
Y tiene razón en algunas cosas el licenciado Reyes Heroles, no en todas las que dijo, entre aquéllas en las que tiene acierto, es en la afirmación de que en política la mayor a de las veces la forma es fondo.
En cuanto al contenido hay varias cosas valiosas en el documento, varias cosas rescatables, no todo, algunas cosas son negativas. De alguna manera viene a ser un documento más de esa larga cadena, de la cadena que han ido formando los llamados pactos de civilidad, que se firman regularmente antes de cada proceso electoral federal o local y que no tiene más valor que una declaración de buenas intenciones, que finalmente nadie valora; que los partidos de oposición, varios de ellos, declaran finalmente que no se cumplió con todo lo ahí señalado y que el proceso fue viciado y que los resultados no son respetables y que el partido en el poder y las autoridades declaran que, qué lamentable conducta de estos partidos que andan descalificándolo todo sin ton ni son, sin base y sin razón.
Y finalmente, pues el documento, el Pacto de Civilidad, quedó ahí , así ha sido la experiencia de todos los que se han firmado hasta hoy, creo que sin excepción alguna, ni siquiera para confirmar la regla.
Este documento, éste en especial al que estamos haciendo referencia, al que han hecho referencia los oradores del PRD y del PRI, antes que yo, tiene algunos aspectos que lo distinguen de los anteriores pactos de civilidad, es cierto, hay que reconocerlo, y que podrán haberlo convertido en un documento valioso si no fuera por el grave, gravísimo vicio de origen que tiene.
Tiene la característica singular de ser, además de un Pacto de Civilidad, también una respuesta al problema de la vía violenta, un rechazo a la vía violenta, un llamado a la vía pacífica, a la vía democrática. Ese es probablemente el aspecto más valioso del contenido de este documento que lamentablemente se pervirtió por la forma antidemocrática en que fue elaborado. Y señoras, y señores, compañeros legisladores, yo quiero que se pregunten cada uno de ustedes al interior de si mismo en conciencia, si es posible dar pasos hacia la construcción de una vida democrática más amplia y plena, empezando con medidas de carácter profundamente antidemocrático, de simulación, como fue el caso del documento que comento. Evidentemente que no hay esa perspectiva.
Hay cuestiones que si el documento hubiera tenido otro origen y otro proceso, nosotros suscribiríamos y compartiríamos. Aquí leyó el senador Muñoz Ledo el primer párrafo, la primera oración del primer párrafo: "El asunto más importante para el país es el restablecimiento de una paz justa y duradera". Nosotros lo suscribiríamos con mucho interés. Hemos estado llamando a los partidos políticos a dialogar sobre este asunto de manera bilateral y multilateral. Y claro que con mucho interés lo suscribiríamos, quizá con un matiz en el adjetivo, en vez de importante le pondríamos urgente, pero es una cuestión totalmente secundaria. Si no así como está , de cualquier manera tiene la esencia.
En el mismo primer párrafo: "para ello una condición necesaria es que avance la democracia con la realización de una elección imparcial en 1994, que resulte aceptada por los ciudadanos y las fuerzas políticas de México". Nosotros lo compartiríamos y lo suscribiríamos, quizá con un pequeño matiz también, más que una condición necesaria, nosotros consideraríamos esto como un elemento importante. Pero repito, con esa modificación o sin ella es valioso el planteamiento.
Y más adelante, en el párrafo noveno, por ejemplo, donde se habla de: "Profundizar las políticas públicas de atención prioritaria a los grandes problemas y rezagos sociales del país, en particular de los campesinos, los trabajadores y las comunidades indígenas...". Nosotros lo suscribiríamos.
El inciso d, en el párrafo siguiente: "Facilitar que quienes hayan optado por el enfrentamiento se sumen al proceso de transformación de la vida política de nuestro país, que nos compro metemos a impulsar..." Nosotros lo suscribiríamos; y hay dos o tres cuestiones más, valiosas.
Pero, repito, lamentablemente hay un gravísimo vicio de origen que hace de este documento, un documento muerto y sin porvenir, una vergüenza más de entre las que a veces se han ido dando en la vida política de nuestro país. Es un documento falso, falaz y contradictorio.
El tercer párrafo del documento dice, y lo leyó aquí el senador Muñoz Ledo: "El avance democrático para cerrar el paso a todas las formas de la violencia, debe procesarse en los espacios de los partidos políticos y las instituciones republicanas".
Y yo pregunto, estando de acuerdo con ese planteamiento; ¿ Por qué no se hizo así? ¿ Por qué se simula que se hizo así y no se hizo en verdad?
Dice ese mismo tercer párrafo: "Ninguna fuerza política debe quedar fuera de este proceso".
Y nuevamente pregunto: ¿ Por qué no se hizo así? ¿ Por qué se simula? ¿ Por qué se dicen cosas que no se hacen? ¿ Por qué no hay congruencia entre lo que se declara y la conducta de nuestras autoridades, de nuestros políticos? ¿ Merece respeto quien así actúa?
Y quiero declarar que también con toda responsabilidad cuestiono al doctor Jorge Carpizo; con la misma responsabilidad con que en esta tribuna he declarado en muchas otras ocasiones que me parece un hombre honesto y respetable, hoy declaro lo contrario, en ese asunto en concreto. Porque el doctor Carpizo ha incurrido en incongruencia, en decir cosas que no actuó .
El mismo párrafo, sigue diciendo: "en vez de excluir, la nación requiere consensar..." ¡ consensar! "...consensar con honestidad y sin ventajas indebidas para nadie..." ¡ Y sin ventajas indebidas para nadie! ¿ Por qué no se hizo así?
Este documento no fue motivo jamás, jamás fue motivo de una reunión de los partidos políticos para discutirlo, elaborarlo y pactarlo. ¡ Jamás se dio una reunión de ese carácter!
Hubo reuniones, parece ser que de esas vergonzantes, detrás de la puerta, entre "algunos" partidos políticos creo que no más de tres y entre ellos hubo acuerdos y después se pretendió que los demás partidos firmaran como suyo algo en que no participaron.
¡ Es vergonzoso que un funcionario público, respetable por su conducta anterior, recurra a esos métodos; que desde luego el Partido Popular Socialista no acepta!
Podría ser un documento con el que coincidiéramos en el 100% de las cosas. ¡ No lo firmaríamos simulando que participamos en una discusión en la que no participamos! ¡ Jamás hemos hecho eso! ¡ Jamás un funcionario público, de ningún rango, se había atrevido a solicitarle al Partido Popular Socialista que firmara aceptando como suyo en parte, un documento en cuya elaboración y discusión no participó !
¡ No podrá decirse, no hay autoridad para decir que éste es un documento consensado o discutido por los partidos!
¡ No podrá válidamente tomarse como un Partido de actividades a desarrollar de aquí adelante, ni para legislar en un período extraordinario ni para no legislar ni para ninguna otra cosa!
¿ Quieren consensar? Vamos a hacerlo. ¿ Quieren discutir? Vamos a hacerlo. ¡ No simular que se hace! ¿Quieren que nos reunamos los partidos políticos para ponernos de acuerdo sobre las mejores formas de llevar el proceso electoral de 1994? Encantados de la vida los del Partido Popular Socialista en participar y en dar nuestras opiniones y nuestros juicios, con toda la flexibilidad con que lo hacemos igual aquí en la Cámara de Diputados y en todas partes; no somos un partido dogmático ni sectario, tenemos tesis, tenemos opiniones, tenemos juicios y tenemos flexibilidad para ajustar todas las cosas que no sacrifiquen cuestiones fundamentales de principios.
Lo que no podemos admitirle a nadie absolutamente, es que se trate de considerar al Partido Popular Socialista como una fuerza política inexistente, como un ente sin dignidad, como un órgano subordinado a lo mejor a alguno de los dos o tres que negociaron. Todo parece indicar que vergonzantemente, porque hasta ahora no se ha declarado públicamente quiénes son los pocos que negociaron este vergonzoso documento.
Habría cuestiones en las que no estar amos de acuerdo. Hay muchas, las principales, en las que sí estamos de acuerdo. Podría ser un buen proyecto para iniciar el debate. Podría ser un buen
proyecto para iniciar el debate, a ver si llegamos a un consenso los partidos.
¡ Pero que no se pretenda que esto es un documento que fue discutido, elaborado colectivamente y firmado de esa manera!
El doctor Jorge Carpizo declaró , en la sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Federal Electoral, el 27 de enero, que los partidos políticos le habían pedido, después de haberse puesto de acuerdo, que él leyera este documento, y eso es falso, y declaró , cito textualmente el documento que se envió a la prensa para su publicación: "En este momento lo más importante es lograr consensos", otra vez, en el consejo general de este instituto para perfeccionar instrumentos electorales y que realmente los partidos políticos estén convencidos de que se está actuando con objetividad e imparcialidad. ¿ Podremos confiaren que sea objetivo e imparcial un funcionario que falsificó su primer acto público como presidente del Consejo General del IFE? Yo creo que no, me parece que el doctor Carpizo ya no es un buen Secretario de Gobernación y debemos de mandar su sustitución si queremos un proceso electoral limpio y confiable.
Dice en otro párrafo: "Declaro que mi actuación estará regida exclusivamente por nuestra Constitución, las leyes y las disposiciones de este instituto", qué lamentable que no respetara el artículo 41 de la Constitución que señala que los partidos políticos somos instituciones de interés público y otra vez fallara, le faltara congruencia y verticalidad en su primer acto público. "Estoy a favor del diálogo y la obtención de consensos", dijo, qué lamentable que ni haya habido diálogo ni consensos. "Si alguien me pidiera que me aparte de las normas, no lo haría", qué lamentable que lo haya hecho, no sé si alguien se lo pidió o lo haya hecho de motu proprio. "México tiene muy precisos sus ideales democráticos, tenemos el pensamiento de la Independencia, la Reforma y la Revolución", dijo el doctor Carpizo: "Tenemos una definición constitucional de nuestro sistema democrático, tenemos muy claras nuestras ideas y nuestros ideales, hoy nuestro reto consiste en darle nueva vida, la que está exigiendo la sociedad a estos pensamientos e ideales democráticos convertidos en normas jurídicas", qué lamentable otra vez que el doctor Carpizo no haya ajustado su conducta a esas palabras que nosotros suscribiríamos.
Y, compañeras y compañeros, yo reitero desde esta tribuna, que este documento para el PPS no tiene el menor valor ni la menor validez, que cuantas veces se le quiera citar como fuente para de ahí derivar algún acto o alguna acción, nosotros recordaremos su turbio, vergonzoso origen y lo rechazaremos con toda energía; que mantenemos nuestra disposición a dialogar y a buscar consensos, pero eso hay que empezarlo y en serio, construyéndolo entre todas las fuerzas políticas, como se declara con razón en el propio documento, pero no se hizo al elaborarlo.
Y quiero señalar que en esta misma ocasión, hoy mismo en este turno mío, en esta tribuna, reiteramos nuestro llamado al diálogo bilateral y multilateral con los partidos políticos, todos, sobre todo los del campo democrático, patriótico y progresista, que pudiéramos avanzar mucho más en las cosas muy limitadas y estrechas que aquí se recogieron, que pudiéramos tratar de llegar a una serie de compromisos, de compromisos que se orienten a un cambio estructural, que se fundamente sobre todo en la corrección del rumbo por el que ha venido transitando nuestro país, hacia los objetivos trazados por la Revolución mexicana.
Si esto hiciéramos, la sangre que ha bañado la Selva Lacandona y los Altos de Chiapas por la irresponsabilidad de quienes han llevado a nuestros hermanos indígenas a una guerra fratricida, no sería sangre vertida en vano y menos serviría para fortalecer a grupos negativos de nuestro país y del exterior que en mucho están tratando de capitalizar y de cosechar en esta situación, repito, lamentable, sino al revés ser la base sobre la cual podríamos avanzar para retomar el rumbo económico y político trazado por la Revolución mexicana y por los otros grandes movimientos populares anteriores a ella.
Estamos proponiendo en esta ocasión para el debate, aunque repito, pudiéramos empezar a partir de esto mismo como un anteproyecto o borrador para la discusión, pero buscando enriquecer el campo del debate mismo, estamos proponiendo 20 puntos para un posible compromiso entre los partidos políticos todos o sobre todo los del campo democrático, patriótico y progresista
¿ Cuáles son estos 20 puntos?
1o. Aplicar una política económica que redistribuya la riqueza nacional en favor de los trabajadores manuales e intelectuales del país.
2o. Resolver en definitiva el problema del campo mexicano mediante la reforma agraria integral, con crédito, agua, apoyo técnico, fertilizantes, comercialización e industrialización de sus productos
3o. La reglamentación del artículo 4o. constitucional para proteger a las grandes mayorías de nuestro pueblo indígena.
4o. Sobre la base de modernos laboratorios industriales, desarrollar planificadamente y por regiones el proceso industrial de nuestro país.
5o. Rescatar por parte del Estado y para impulsar el desarrollo independiente de México las empresas prioritarias y estratégicas que están en manos del sector privado nacional y muchas de ellas, extranjero.
Impulsar la investigación científica y tecnológica para incorporar al país en la revolución científico - técnica en que ya están inmersos numerosos países del mundo, como punto 6o., y como
7o. Fortalecer y ampliar planificadamente las comunicaciones terrestres del país, ferrocarriles, carreteras y caminos de penetración que permitan el desarrollo económico armónico del país.
Como punto 8o. Fortalecer y ampliar el mercado interior para convertirlo en motor fundamental de la económica.
Como punto 9o. Crear las condiciones más favorables para que en México funcione la cadena de interacción, ciencia, técnica, producto, mercado, para el desarrollo del país.
Como punto 10. Sustentar el desarrollo nacional fundamentalmente en el capital privado auténticamente nacional y en las inversiones del Estado, dejando al capital extranjero su carácter complementario en verdad y no el papel de motor fundamental que hoy se le da de acuerdo con la estratégica de lo que han venido llamando el liberalismo social, que conduce a una creciente dependencia a nuestro país.
Impulsar y desarrollar un programa de apoyo a la pequeña y mediana empresa nacional, como punto 11, y
Como punto 12 estimular y proteger selectivamente los sectores productivos del país frente a la desleal o desigual competencia externa.
Como punto 13. Aplicar una política selectiva de protección a los diversos sectores de la economía nacional según convenga a la estrategia del desarrollo con independencia.
Como punto 14. Mantener vigente el texto actual del artículo 82 de la Constitución, que por fortuna no ha sido modificado, no ha sido hasta hoy esa, la voluntad del Constituyente permanente, aunque lamentablemente así se expresaron las cámaras de Diputados y Senadores en un momento coyuntural.
Como punto 15. Fortalecer al Congreso de la Unión hasta transformarlo en verdadero y permanente vigilante de la conducta del Ejecutivo.
Como punto 16. Imprimirle al Estado mexicano los rasgos que le permitan cumplir de manera plena con las funciones de instrumento de todo el conjunto de las fuerzas patrióticas democráticas y progresistas de nuestro país, baluarte y escudo fundamental para preservar, defender y fortalecer la independencia y soberanía de la patria mexicana.
Como punto 17. Revertir la regresiva reforma al artículo 130 de la Constitución a sus términos originales.
Como punto 18. Establecer una nueva forma de democracia en México, que se base en el concepto contenido en el artículo 3o. de la Constitución y que permita integrar el poder público con los representantes de las mejores fuerzas del país.
Como punto 19. Fortalecer el sistema de partidos políticos, ampliando sus resultados y su papel protagónico en el proceso electoral, en igualdad de condiciones.
Y como punto 20. Fortalecer plenamente la vida democrática de los municipios, ampliando sus resultados y proporcionándoles suficientes recursos para que se cumpla cabalmente lo establecido en el artículo 115 de la Constitución.
Les parecerá a algunos un programa ambicioso o exagerado, habrá muchas cuestiones que no compartan, pero lo estamos presentando justamente para la discusión .
En todo caso, compañeras y compañeros diputados, lo que vale la pena rescatar como un principio fundamental para la vida democrática plural de nuestro país es el respeto que nos me recemos todas las fuerzas políticas, la importancia del diálogo real y de los consensos sustentados aquí en la seguridades de Diputados y en la Comisión Permanente este foro en concreto.
Tenemos muchas experiencias, muchísimas de que eso es posible, viable, a veces hasta sencillo.
Hoy mismo hemos ya firmado dos puntos de acuerdo y quizá haya un tercero, un cuarto en el que coincidamos todos los partidos políticos.
No es necesario simular que hubo acuerdo, no hace falta, no es necesario negociar vergonzantemente abajo de la mesa entre unos pocos y después pretender que los demás firmen. Eso no es la vida política, eso es una vergüenza muy lamentable que con toda energía condenamos.
La Presidenta:
Tiene el uso de la palabra para referirse al mismo asunto, el señor diputado Juan de Dios Castro Lozano.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Señora Presidenta; señoras y señores legisla dores:
El proceso electoral de 1994, cuyas primeras fases, cuyos primeros pasos formales se han iniciado con una serie de acuerdos en este pasado enero de 1994, se produce dentro de un contexto político y social muy singular, distinto al proceso electoral de 1991 o procesos electorales federales de 1988 y anteriores; un clima de violencia, un clima de levantamiento armado, circunscrito hasta este momento a una porción determinada del país.
Ningún partido político, repito, ningún partido político estamos por la vía violenta para resolver los problemas del país. Pero sí nos explicamos los dos tipos de violencia: la violencia artificial, creada con propósitos de desestabilizar y la violencia que llega natural, producida por condiciones específicas, especiales de injusticia social. Una y otra son malas para los pueblos. En una y otra se sufren sacrificios y sangrías innecesarias en las naciones.
Dentro de ese contexto, dentro de ese contexto señoras y señores legisladores, se da este acuerdo que han suscrito ocho partidos políticos en el país, y las propuestas no son nuevas. Ya en el año 1946, y digo mal, porque en el año 1946 tuvimos los primeros cuatro diputados federales, en el año 1943, en la primera campaña federal en la que participó Acción Nacional a cuatro años de su fundación, hablábamos ya de los pilares necesarios de una auténtica reforma, para lograr mejores instituciones democráticas en el país, organismos imparciales, organismos que manejen la elección, que se caractericen por su imparcialidad, autoridades electorales honestas que actúen con imparcialidad en el manejo del proceso electoral, y lo repetimos en cada proceso electoral, lo repetimos reiterada y permanentemente.
Y por citar, por citar de las más recientes propuestas en el pasado inmediato, en el proceso electoral, al terminar el proceso electoral de 1988, nosotros establecimos como necesidad para el país, la elaboración de un padrón electoral confiable y eficaz, bajo el control de los partidos políticos en todas sus etapas, recalco, en todas sus etapas. El convenio lo dice, el convenio nos habla al hablar de la elección imparcial, de la plena confiabilidad del padrón electoral, de las credenciales y de las listas nominales, dando las garantías que han sido demandadas por los partidos y la opinión pública, entre ellas el acceso permanente a las bases de datos e imágenes del Registro Nacional de Electores y la auditor a externa del padrón respectivo.
Pero señores, yo estoy de acuerdo con este convenio; hemos hecho muchas de sus propuestas, no de ahora, de muchas décadas anteriores. Acción Nacional ha planteado esto, lo han suscrito ocho partidos políticos, pero yo señores les digo que requerimos actitud no nada más de los partidos políticos, requerimos actitudes concretas, vaya, señales concretas, datos concretos del Gobierno de la República.
Muchas de estas cuestiones está n en la Ley. Yo estoy de acuerdo. Aquí se dio lectura a un dispositivo de la Ley.
¿ Tenemos acceso o no tenemos acceso a las bases de datos? SÍ, tenemos acceso a las bases de datos, a los registros e imágenes del Registro Nacional de Electores, pero no tenemos acceso permanente, señoras y señores legisladores. Yo pregunto, yo pregunto: ¿ podemos en este momento conocer por decisión de uno de los partidos políticos, el número de altas del día de hoy en el padrón? El registro sí, el Gobierno sí, pero no los partidos políticos.
Permítanme citar algo que lo he reiterado, que es un dato aislado, que es quizá una brizna, una gota en el mar, un diputado de la nación. A nosotros, los representantes de los partidos en el IFE, nos dieron una demostración extraordinaria, de qué , de la maravillosa tecnología que está utilizando el Registro Nacional de Electores. Una demostración incluso de prueba, sujeta a prueba: ninguna clave de elector puede repetirse, puede repetirse.
Yo seleccioné , y debo decirlo con toda franqueza, seleccioné deliberadamente el caso más sonado del Colegio Electoral de 1991, el caso más sonado del Colegio Electoral de 1991, el caso del presunto diputado, ahora diputado de la nación, ciudadano Pablo Casas Jaime. Y ante
el pedimento del responsable de la tecnología que utiliza el Registro Nacional de Electores, de que podamos comprobar y constatar que la clave de elector era irrepetible, pregunté que ¿ cuáles eran los datos de que disponía el padrón en esos momentos? Me dijeron, para esta demostración, tenemos los datos del Distrito Federal y del Estado de México.
Pedí se localizara en la computadora el nombre, en la base de datos, del diputado que acabo de mencionar, y apareció : Estado de México, Atizapán de Zaragoza, su nombre, su dirección, su edad, su clave de elector.
Y el responsable de la demostración me dijo: "Señor diputado, le aclaro que la clave de elector es irrepetible". ¡Ah, fueron menos de un minuto para localizar el dato! Pedí que lo localizaran en el Distrito Federal, y apareció , señoras y señores el ciudadano Pablo Casas Jaime, en el padrón, en el Distrito Federal, en Coyoacán, con la misma clave de elector. ¡ Error, quizá ! ¡ Error, quizá ! Pero era un ciudadano que se registró dos veces.
Y en el IFE se nos manifestó que se presentar a la denuncia penal contra este diputado para, por razón del fuero, solicitar la declaración de procedencia.
Señores, es una gota en el mar. Yo no sé cuantos miles, decenas de miles, millones de ciudadanos Pablos Casas Jaime, existan en las decenas o centenares o miles de zonas conurbadas del país, porque falta el control de cruzamiento de entidad a entidad, se hace nada más en entidad. Problema de tecnología, no sé , pero este dato a mí me preocupa como muestra. Requerimos acceso permanente a la base de datos, y permanente es en cualquier momento, mientras en la medida que la tecnología lo permita.
Pero el convenio dice, yo no dudo de las intenciones de los firmantes, entre ellos mi partido, y el candidato presidencial de mi partido, que requerimos imparcialidad de las autoridades electorales, eligiendo o ratificando para cada uno de los niveles, a ciudadanos aptos, imparciales y honestos.
Señores: necesitamos una actitud concreta del Gobierno, no para el período de sesiones extraordinarias, no en la legislación, no en las reformas al Cofipe, sino ya, señoras y señores, dentro de lo que ya está previsto en la Ley, que ya los partidos políticos de oposición constatemos que en las vacantes de los funcionarios electorales estén cubriéndose y estos funcionarios electorales consejeros ciudadanos miembros de las vocales ejecutivas, los vocales ejecutivos, los vocales de capacitación, sobre todo los vocales de organización, efectivamente estén siendo cubiertas esas vacantes por ciudadanos imparciales.
Esa es, señoras y señores, la señal que esperamos del Gobierno. ¡ Perdón!, debo aclarar, del organismo autónomo llamado Instituto Federal Electoral, donde uno de los firmantes, que es el Partido Revolucionario Institucional, tiene mayoría, en distintos órganos del IFE.
A mí me preocupa, por ejemplo, que el actual gobernador del Estado de México, don Emilio Chuayffet, me preocupa, honradamente. Yo en lo personal, y lejos de mi, de hacer una crítica en este momento, porque no es el momento ni el tema, a la gestión del gobernador del Estado de México, Emilio Chuayffet. Sería materia de otro debate, de otra discusión y en otro tono.
Pero, ¿ qué era don Emilio Chuayffet antes de ser gobernador del Estado de México? Era director del IFE.
¡ Ah! quiero advertir que hubo excelentes comentarios en su actuación cuando solicitó , por razones de todos conocidas, la separación del cargo en la dirección del IFE. Lo reconozco.
Pero, señoras y señores, ¿ es conveniente para la democracia, es conveniente que un organismo electoral, quien tiene la dirección del IFE, quien la tuvo entonces y quien la tiene ahora sea militante de un partido político? ¿ Y que de la dirección pase a la candidatura del Partido Revolucionario Institucional, que por coincidencia es el partido que está en este momento en el Gobierno, en el Poder Ejecutivo? Díganme, señoras y señores, en un análisis objetivo, si esa situación, al margen de la persona, al margen del funcionario particular concreto de carne y hueso, con conducta y destino personal, si es conveniente en un Estado democrático, en un país que vaya camino a la democracia y que se den con sinceridad, se dé el deseo sincero de dar pasos para llegar a ella, que el director del organismo autónomo en 24, 48 horas pase de director del organismo autónomo que tiene a su cargo la elección a candidato del partido político mayoritario del país. Y lo digo ahora también.
¡ Yo no sé si el director actual tenga o no militancia partidista! Si alguien diga: "Pues no sabemos, no tenemos datos concretos". ¡ Lo único que sé es que el director actual toda su carrera es en el medio oficial! ¡ Toda su carrera ha sido en el medio oficial!
Repito, no hago juicio respecto de su persona, no hago juicio respecto de su actuación concreta; planteo el hecho objetivo. ¡ La señal, señoras y señores, la señal del partido político mayoritario, firmante de este convenio y del Gobierno mismo a través de sus funcionarios, porque el Secretario de Gobernación es presidente del Consejo General! ¡ Y enhorabuena, enhorabuena que el Secretario de Gobernación no sea militante de un partido político! ¡ La señal, señoras y señores, será el establecer como a cargo de este tipo de funciones a personas que no tengan filiación partidista y como dice el convenio: "Personas en condiciones de imparcialidad y honestidad"!
Otra de las partes del Convenio Garantías de Equidad. No me den la legislación. Repito, ¡ no me den la legislación electoral! ¡ No construyamos letras vacías!
¡ Denme hechos! ¡ Denme conductas! ¡ Denme libertad en la realidad! ¡ Denme voluntad política!
Ayer me decían el número de páginas que, uno de los candidatos presidenciales en una visita a una de las regiones de La Comarca Lagunera, se pagaron en uno de los diarios de la localidad: ¡ 17 páginas! ¡ A 8 millones de viejos pesos por página! ¡ En un solo día! ¡ Por el número de periódicos del Estado de Coahuila!
Yo digo: "Denme acceso a los medios de comunicación masiva y lo demás se me dará por añadidura".
¿ Qué no vemos las noticias? ¿ No vemos, señoras y señores, la difusión de las campañas presidenciales? ¡ 30 segundos! ¡ 15 segundos! ¡ 60 segundos, cuando muy generosos, a cada uno de los candidatos de oposición o algunos candidatos de oposición! ¡Vastísima información respecto del candidato del Partido Revolucionario Institucional!
No estoy culpando al Gobierno. Porque con toda justicia me pueden decir: es una empresa privada, que determina sus normas.
¡Pues yo digo, señores, que eso es inaceptable en un régimen democrático! ¡ Pues yo digo, señoras y señores, que al margen que sean decisiones privadas, yo siento que el bien común exige la equidad en la competencia partidista! ¡ Y exige la equidad en el acceso a los medios de comunicación masiva!
Se requiere consenso y yo estoy porque el consenso se dé ¡ con todas las fuerzas políticas! ¡ Con todas! ¡ Y si hubo hasta este momento alguna omisión, que se corrija!
¡ Que los funcionarios, lo ideal, sean consensados! ¡ Que el director del IFE, lo ideal fuera que fuera consensado con las fuerzas políticas! ¡ Por consenso, pero con propósito real de ese consenso!
De otra suerte, señoras y señores, diremos que "el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones". Y yo no quiero que esto sea un conjunto de buenas intenciones, no queremos los partidos que hemos suscrito esto, que se quede en buenas intenciones, acepto y me convenzo inclusive que de todos incluyendo el partido de la mayoría, existe el deseo firme de que esto se concrete en la realidad, ¿ Por qué señoras y señores? Porque nos va la piel en esto. Al hundirse el país en la violencia nos hundimos todos, porque no se puede dar más vapor a la caldera, porque la caldera requiere escapes y los escapes son v así democráticas, porque el Gobierno y la autoridad puede y debe hacer análisis autocrítico para dar pasos reales y efectivos a condiciones de vida democrática en el país, porque tenemos los elementos para hacerlo, los medios para hacerlo, y el deseo de hacerlo.
Mi partido hizo propuestas, las propuestas fueron discutidas, no quizá en reunión formal, las hemos hecho, las hemos hecho desde 1943 en nuestras plataformas y en nuestras campañas, la hemos hecho. ¿ A quién?, a quien tiene el medio de lograr cambio en México, que es el pueblo de México. El pueblo reclama y el pueblo presiona y las condiciones se dan para arrancar esto que queremos, que queremos todos incluyendo el Gobierno, incluyendo el PRI.
Señores, pudiera abundar más y hacer más largo el discurso, los delitos que se prestan para represión no son nuevos, antes era disolución social, antes de 1968, se suprimió el delito y una dé cada después, se incluyeron otro tipo de delitos que era muy fácil los tipos adecuarlos a determinados movimientos.
Señores, reitero el compromiso del PAN en este acuerdo, con la misma energía y con la misma fuerza, esperamos el cumplimiento del compromiso de todos los partidos políticos, pero más todavía, dado que el Secretario de Gobernación, que es una de las secretarías que en el campo político tienen mayor peso en nuestro país, mostró el señor Secretario de Gobernación satisfacción por los conceptos contenidos en este acuerdo, esperamos también, señoras y señores, el compromiso, la voluntad, pero señores, las señales traducidas en hechos concretos, del Gobierno de la República. Gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Jesús Martín del Campo:
El diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda:
A los miembros del Partido de la Revolución Democrática nos preocupa que se pueda concretar una política dual de parte del Partido Revolucionario Institucional y del Gobierno consistente en declarar por un lado un tipo de intenciones políticas, como las que se plasman en el documento que ha ameritado estos comentarios y por otro lado tener actitudes y prácticas de resistencia para concretar en sus máximas consecuencias lo que se deriva de ese acuerdo tan importante y trascendental que se firmó por ocho partidos.
Y nos preocupa también el cómo se viene manejando en las últimas semanas, concretamente en la última semana, el asunto de Chiapas por parte del Gobierno, queriéndolo diferenciar cuando que desde nuestro punto de vista son convergentes y deben tener un tratamiento simultáneo los problemas derivados de la emergencia chiapaneca y los problemas de la agenda política nacional y por ello queremos ampliar nuestro punto de vista a este respecto.
Como ya empieza a ser costumbre en nuestro país, en la última semana se sucedieron rápidamente importantes acontecimientos. El martes 26, el Ejecutivo viajó a Chiapas y sostuvo un intenso y verdadero diálogo con los representantes de 280 organizaciones campesinas regionales y digo que tal diálogo fue verdadero, porque por primera vez los campesinos del país expresaron con entera libertad y de manera inusitadamente decidida, sus puntos de vista acerca del país en que viven; ya no fue como en el pasado, cuando las altas autoridades nacionales, rodea das de un séquito incondicional, establecían un cerco para realizar monólogos y encontrar consensos fáciles a los proyectos y programas del Gobierno.
El Ejecutivo escuchó , como pudo apreciarse, incluso en los noticiarios televisados, sin intermediarios no sólo una crítica sin concesiones al proyecto neoliberal, sino una cascada de propuestas que se venían exponiendo de tiempo atrás y que no fueron atendidas porque socavaban la concepción modernizadora neoliberal.
Para sorpresa de muchos resultó que el Ejecutivo consideró procedentes las propuestas y demandas de los campesinos chiapanecos y por tanto, así sea implícitamente, sus críticas, pero frente a esto y contrastando, resulta especialmente significativo y preocupante el discurso pronunciado el 27 de junio en Los Pinos, ante la más destacada militancia priísta entre la que se encontraba el doctor Jorge Carpizo que ha declarado no pertenecer a ningún partido político, cuando el Ejecutivo volvió a las andadas como si nada en verdad serio hubiera sucedido en el país.
Ahí , sin el menor asomo de autocrítica, Carlos Salinas de Gortari ratificó el sentido correcto desde su punto de vista, de las estrategias neoliberales; negó la dimensión nacional del conflicto chiapaneco; responsabilizó a unos que quién sabe quiénes son; no reconoció a la sociedad civil el haber construido un marco de negociación, de paz,
de cese al fuego y de amnistía, sino que sin rubor alguno se las adjudicó como políticas exclusivas suyas y de su Gobierno.
Más aún, recurrió a graves deslices retóricos, pues dijo que como sólo en cuatro municipios de los más de 2 mil 500 que hay en el país, hubo protestas de ese calibre, entonces quiere decir que en el resto todos los mexicanos están absolutamente felices con el neoliberalismo.
En otras palabras, el Ejecutivo no aprende de la experiencia y lanza un reto peligroso: municipio que no se levante en armas, indudablemente está con el Gobierno. Todos sabemos que no es así y que es imperativo reconocer el descontento de otros municipios, centenares de ellos sin que haya necesidad de aceptar el reto presidencial al que he hecho alusión.
Naturalmente, cada partido político hace dentro de los límites de lo legítimo, lo que cree necesario y conveniente para su causa; es decir, tiene el legítimo derecho de no hacerse bolas, pero lo que no es legítimo es que el Ejecutivo afirme y menos aún, delante del Secretario de Gobernación, que el Partido Revolucionario Institucional ganará sin duda las elecciones, olvidándose, una vez más, que está legalmente obligado a permanecer neutral y a garantizar comicios transparentes, más todavía cuando se sabía que los partidos políticos estaban haciendo un esfuerzo por democratizar el marco legal para las elecciones federales de 1994.
Además se supone que el candidato del PRI es autosuficiente puesto que afirmó textualmente en relación a esta discusión: "Mi propuesta va en serio". Como si dudara que los demás no le creen.
A propósito he querido abordar hasta ahora el evento quizá más destacado de la semana: la firma del acuerdo entre ocho partidos y candidatos presidenciales para garantizar comicios legales y transparentes en este 1994. Ello es así, porque para nuestro partido significa reconocer la justeza de una demanda que ha venido enarbolando el pueblo de México desde hace muchos años, como condición necesaria para transitar hacia una sociedad y una nación democrática capaz de decidir maduramente el futuro que desea, cualquiera que éste sea; pero además, la firma de un acuerdo como éste, en un momento como éste, significa construir otro espacio para consolidar la paz y la reconciliación nacional, sin excluir a nadie.
Nosotros también somos partidarios de que debe hacerse el esfuerzo para que ningún partido, en este caso explícitamente el Popular Socialista, quede excluido de la posibilidad de llegar a acuerdos de consenso entre todas las fuerzas políticas del país.
Si ello es así, falta entonces dar otro paso para que el país confíe en que los acuerdos no son discrecionales de una nación que tiene instituciones y marcos jurídicos sancionados por el Congreso de la Unión; es decir, como se trata de que los órganos electorales sean realmente autónomos y no de una democratización a medias; como estamos hablando de un uso racional de los recursos financieros que en su mayor a provienen de los impuestos de los contribuyentes y no de una democratización a medias; como estamos hablando de un acceso equitativo a los medios de difusión y no de una democratización a medias; como estamos hablando de sancionar imparcialmente los delitos electorales y no de una democratización a medias; como estamos hablando de que no se usen los recursos oficiales para apoyar a un partido determinado y no de una democratización a medias; como estamos hablando de un padrón confiable y no de una democratización a medias; como estamos hablando de que se acaben los acarreos, la asistencia obligatoria a los mítines y a las urnas, la operación tamal o menudo, los carruseles, las urnas embarazadas o desaparecidas, los tacos de votos, los ratones locos, las casillas zapato, la utilización electoral del Pronasol o el Procampo.
Como estamos hablando, en pocas palabras, de la separación del Estado de todo partido político y no de una democratización a medias; como estamos hablando de todo eso que es sin duda un hecho histórico, e insisto, y no de una democratización a medidas, es nuestro ineludible deber responder al pueblo de México garantizándole la seguridad jurídica de sus derechos ahora, porque conforme pasa el tiempo, el acuerdo discrecional, inadmisible, sin su correlativo jurídico, podrá carecer de sentido, si empieza a operar cuando los tiempos electorales estén encima.
Nada más baste pensar el tiempo que requiere para normalizar el padrón electoral, instrumento básico de la cibernética fraudulenta.
Por todas las anteriores razones, nuestro grupo parlamentario insiste por un lado en que sí hay una propuesta de agenda que amerita la realización de un período de sesiones extraordinarias, como la necesidad de que esta agenda se discuta de inmediato.
El diputado Juan Ramiro Robledo decía que apenas estamos discutiendo. Nosotros hicimos una propuesta hace ya dos semanas en esta tribuna de agenda, para que la discutamos realmente y todavía no encontramos respuesta, especialmente del Partido Revolucionario Institucional.
Quiero además ilustrar con un ejemplo concreto este camino dual, esta diferencia de los términos de las declaraciones políticas, las actitudes y las prácticas. Quiero hablar de lo que consideramos los miembros del PRD a nivel nacional, y en particular los del Estado de Colima, una ocupación ilegal de edificios públicos. Los documentos presentados por el comité estatal del PRD en Colima, permiten presumir fundadamente, de acuerdo con las reglas establecidas por el Cofipe en su artículo 327 en materia de pruebas, una violación cometida por el Partido Revolucionario Institucional a las disposiciones relativas al financiamiento de los partidos políticos, mismas que están contenidas en el artículo 49 a del mencionado Código.
La violación consistir a en la recepción de recursos públicos en especie, por fuera del marco legal. Por otra parte, el uso actual del edificio constituye una violación al decreto de 1936, por el cual el Gobierno Federal cedió el inmueble al Gobierno estatal, decreto que limita su uso al de una escuela. El arriendo por parte del Gobierno estatal será también inaceptable, en virtud de que éste gasta casi 1 millón de nuevos pesos al año en renta de diversos inmuebles que precisa para sus funciones públicas, como puede comprobarse en el último presupuesto anual.
Desde 1964 la sección estatal del PRI ocupa un edificio propiedad del Gobierno del Estado de
Colima, cito, en el jardín Juárez esquina Jesús Carranza y Díaz Mirón en la ciudad de Colima, inmueble mejor conocido como La Concordia. El edificio fue valuado en 1985 por la Tesorería del Estado en más de 50 millones de pesos, según consta en la boleta de catastro. Actualmente se utiliza directa y activamente en la campaña proselitista de Luis Donaldo Colosio, como puede comprobarlo cualquiera que observe las fotografías de los diarios y revistas que circulan en el Estado de Colima, de las cuales poseemos un legajo.
Con fecha 25 de octubre de 1993, el comité estatal del PRD en la entidad, por v a de su presidente, Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, presentó al gobernador de Colima un escrito en el que se inconformaba por esta situación, mismo que fue contestado por el interrogado mediante comunicación oficial con fecha 6 de enero de 1994, en el sentido de que el inmueble, efectivamente propiedad del Estado, está siendo arrendado, decían, legalmente al PRI por el Gobierno estatal.
Sin embargo, tal afirmación del titular del Ejecutivo estatal careció por completo de la base documental que la habría comprobado, por lo que nuestro partido dirigió a De la Madrid Virgen un nuevo escrito solicitándole la mencionada documentación, así como la información más ele mental: monto del arrendamiento, condiciones del mismo y destino del hipotético ingreso. Hasta la fecha no hemos obtenido respuesta.
Más aún, tampoco nuestro diputado local en la entidad, Carlos Sotelo García, ha recibido respuesta alguna a las sendas solicitudes de información relativa al hipotético arrendamiento que con fecha 7 de enero de 1994, remitió a la Secretaría de la Contraloría del Estado, a la Oficial a Mayor del Gobierno estatal y a la administración local de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Por otra parte, el propio presidente del partido del Gobierno en el Estado, Librado Silva García, declaró ante la prensa de Colima lo siguiente: "Desde 1962 nosotros hemos habitado este edificio legalmente; mientras el dueño del inmueble nos lo preste, así dijo, seguiremos aquí , el Gobierno del Estado", dijo.
Como puede apreciarse, esta declaración constituye una prueba técnica que a su vez permite presumir fundadamente que el Gobierno de Colima finge un contrato de arrendamiento con un partido político, violando con ello el inciso b, del numeral 2 del artículo 49 del Cofipe, mismo que a la letra dice: "No podrá n realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia. Y, b, las dependencias, entidades u organismos de la administración pública federal, estatal o municipal, centralizados o paraestatales y los órganos del Distrito Federal".
En este caso, así como de los municipios de Tecomán y Cuauhtémoc, demuestran las ventajas de las que goza injustificadamente, desde cualquier punto de vista legal o ético, el partido del Gobierno.
Resulta también un alegato de cara a un indispensable período de sesiones extraordinarias en favor de la conformación de una legalidad electoral que garantice condiciones mínimas de igualdad de oportunidad para la obtención del sufragio popular.
También como ejemplo señalo que en Nayarit hay una situación muy delicada, donde el gobernador tiene una permanente actitud de provocación. Todavía no entra al palacio de Gobierno, después de cuatro meses de toma de posesión, y desempeña prácticamente un Gobierno itinerante, viajando a los municipios, acompañado de fuertes dispositivos de seguridad, que comprende 150 agentes judiciales, fuertemente armados. La lucha poselectoral dura ya seis meses y hay un clima total de intolerancia del gobernador de la entidad, que ha sido rechazado por un sector numerosísimo de la población.
Estas condiciones, estas prácticas, esta dualidad, creo que contribuiría efectivamente a dar muerte al espíritu del documento que firmaron ocho partidos políticos y sus candidatos a la Presidencia, y creo que la única señal de que no hay esta intención por parte del Partido Revolucionario Institucional, es dar paso inmediato a la discusión de una agenda que se trate en un período extraordinario del Congreso de la Unión, que permita dar salida tanto a la emergencia chiapaneca, como a la derivación nacional que ésta tiene. Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene el uso de la palabra el diputado Miguel González Avelar.
El diputado Miguel González Avelar:
Hemos pedido el uso de la palabra, legisladores de diversos partidos políticos, señora Presidenta;
señoras y señores, con el objeto de referirnos al Pacto de Civilidad con vista a las elecciones de agosto de este año, que suscribieron ocho candidatos a la Presidencia de la República y ocho dirigentes de otros tantos partidos políticos nacionales que los postulan.
Se trata, a nuestro juicio, digo, de la fracción mayoritaria, de un acontecimiento que no debe pasar desapercibido y que, como ya se ha hecho aquí , tiene que ser objeto de mención y de comentario.
Este acuerdo, en efecto, puede señalarse como un verdadero hito en el proceso de la difícil, de la ardua construcción de un sistema político y de un proceso electoral cada vez de más amplia participación, cada vez más confiable en la consideración de los partidos, y cada vez más confiable también, y sobre todo, en la estimación del cuerpo electoral.
Siendo así, el acuerdo tiene en sí mismo una importancia que no debe regatearse, y por el contrario, reconocer en él la voluntad política, firmemente comprometida de la mayor a y también de los demás partidos políticos que lo suscribieron en su oportunidad.
El tema de el avance en el desarrollo de los procesos electorales de México, ha sido tocado aquí por oradores que me han precedido en el uso de la palabra, como formando parte indisoluble como una faceta o un aspecto más del conflicto que actualmente se escenifica en el Estado de Chiapas.
Considero, sin embargo, que hay en el caso, dos temas, dos agendas que podemos y que debemos ciertamente diferenciar. Naturalmente que en la vida social todo se encuentra entrelazado y conectado por mil arterias que no siempre se pueden siquiera percibir. Pero cada uno en este caso, el tema del desarrollo democrático del país, y el tema del conflicto de Chiapas, son asuntos que, repito, pueden y deben distinguirse, discriminarse, propiamente hablando.
El problema indígena requiere, como ya se ha dicho aquí , de una consideración y empeño renovados y especiales, porque bien mirado, desde que este asunto llamó la atención del país, y fue en tiempo tan antiguo como el de la conquista misma en las voces bienhechoras e ilustres de Fray Bartolomé de las Casas y de Vasco de Quiroga, entre otros, ha sido tratado de maneras distintas, en perspectivas a veces contradictorias, y desde su conceptualización misma, hasta las acciones que concretamente se desarrollan por cuenta de instituciones públicas o privadas en las regiones indígenas de México.
Piénsese que es indispensable revisar completa y profundamente las relaciones de la sociedad mestiza con las comunidades indias. El problema es tan complejo que en su origen la piedad de Fray Bartolomé de las Casas, tratando de relevar a los indios de las cargas inicuas que los encomenderos habían echado sobre sus espaldas, llegó a proponer que fuesen negros, población negra del África, la que viniera a sustituir las penalidades de la población original de América; solución que si bien hoy se antoja un tanto desordenada, ten a en el pensamiento De las Casas, la generosa intención de privar a quienes tanto quiso y tanto protegió , del acoso del encomendero y del conquistador.
Posteriormente ha discutido la doctrina antropológica y la política social, sobre si es una labor integradora hacia ese gran caldo, ese gran fermento donde se ha ido acrisolando la nación, el perfil de la nación, lo que debe ser la directriz de la política indígena, o si por el contrario, como voces más recientes, postulan que deben respetarse íntegra, totalmente y dejar intactas las condiciones en que esos pueblos, en que esas comunidades viven, sin interferir de manera alguna ni siquiera a título de progreso, con la evolución natural que el tiempo histórico interno, esas comunidades demandaría y exige para sí mismo.
Tales han sido los debates históricos, que en los momentos estelares del indigenismo mexicano, protagonizaron: Manuel Gamio, Gonzalo Aguirre Beltrán, Miguel Otón de Mendizabal y otros maestros y otros antropólogos y sociólogos entregados apasionadamente a la tarea de entender este problema, que como, repito, requiere sobre todo y principalmente, de la comprensión de la comunidad nacional.
No es por cierto, asunto exclusivo o propio de México; numerosos países, igualmente pluriétnicos y pluriculturales, debaten desde Canadá hasta la tierra del fuego en América, por ejemplo, cuando hay buena fe y voluntad de resolver este problema, de fondo y con humanismo y con equidad, debaten, digo, a propósito de cuál es la mejor manera de encarar este problema.
Sabemos muy bien, decía yo alguna vez a un antropólogo, cómo es el indio pobre. De hecho casi no conocemos otra clase de indio, casi son sinónimos pobreza e indio en México y en todas partes. ¿ Cómo será, preguntaba yo, un indio cuando haya satisfecho las necesidades básicas
y mucho más a lo que tiene indudablemente tanto derecho, como cualquier otro mexicano?
No hay ni siquiera un esquema, un escenario, en el cual los indios no sean pobres. Desde Ahítenemos que partir.
En buena hora que la Comisión Permanente, como sabemos ya, puesto que tuvimos una reunión previa a esta sesión para discutirlo, nos ocuparemos también de la urgencia y de la necesidad de iniciar una serie de reuniones y de foros que nos permitan comprender en este, digamos, fin del Siglo XX, en la conclusión de esta centuria, cuál es, a la luz de la situación social, económica, y política del México actual, cual es, repito, la mejor política para seguir en relación con los problemas de la población indígena.
Pero se ha querido, como decía al principio, vincular el pacto, que tiene qué ver con la civilidad política, con el problema de Chiapas, con los grupos armados que Ahíactúan, con el avance o el desarrollo de nuestra vida democrática.
Los partidos que esto hacen, ignoran que los propios voceros y jefes de este movimiento armado en Chiapas, han declarado, claramente, que no tienen ni quieren tener qué ver nada con los partidos políticos. Dando con esto prueba, así me lo parece, de una autenticidad indígena, para la cual las formas de organización social y política no son necesariamente las que compartimos en esta Comisión Permanente, a través de partidos políticos nacionales.
De tal manera, pues, que tenemos, como digo, que encarar este problema indígena con la mayor responsabilidad y seriedad, para que la sociedad mexicana, que se ha visto desafiada por los hechos de Chiapas y en muy buena medida avergonzada de las condiciones que ha estado descubriendo en el proceso, pueda adoptar, a través de las posiciones de sus partidos, una política inteligente, humanista como digo, frente al problema indígena.
El Pacto de Civilidad por otra parte, desconectado así del otro problema, no necesariamente ajeno a él, pero desconectado por su origen y por su propósito, tiene, como digo, un valor intrínseco, es una contribución importante al proceso de evolución democrática del país.
Ciertamente es lamentable, también se ha dicho aquí , que no todos los partidos políticos hayan suscrito el documento en cuestión. ¡ SÍ en cambio, ocho de los nueve partidos políticos representados en el Consejo General del Instituto Federal Electoral!
Y se ha controvertido aquí , en boca del respetable compañero Cuauhtémoc Amezcua, el mecanismo para la conducción o la suscripción de este acuerdo. Se ha tachado de que ha habido, digamos faltas de ortografía política en la suscripción del documento.
Yo creo que no debemos, sin embargo, sobre todo en vista del potencial contenido transformador y revolucionario, que tendría un acuerdo honesto y sincero entre partidos, no debemos, digo, descalificar ni el documento, ni a sus autores, ni a sus gestores, porque es tal la carga de posibilidades de avance y desarrollo democrático, que el convenio debiera ser cumplido y aún debiera ser aumentado con la participación de quien, y lo lamentamos mucho, no está todavía adherido a él.
No creo que sea tampoco legítimo descalificar moralmente, políticamente, a quien le ha tocado ser el conductor o el gestor de este proceso, su acreditada competencia, su acreditada honorabilidad, su acreditada corrección en el desempeño de las responsabilidades públicas que han estado bajo su mando, nos permite afirmar que el actual secretario de Gobernación, el doctor Jorge Carpizo Mac Gregor, hará todo lo necesario para enmendar, si alguna falta hubiere, de tal modo que lo importante del acuerdo, lo decisivo de él, lo que nos debe importar a los partidos y a la sociedad mexicana, que es su virtualidad, su vigencia, es algo a lo que debemos prestar nuestro concurso y darle nuestro apoyo más allá de asperezas que tienen que ver con el proceso de la construcción de ese documento.
En otras palabras, el documento vale tanto, tanto vale para el desarrollo de nuestra sociedad, que debemos, así me lo parece, prestarle nuestro concurso decidido, inteligente y comprometido, porque este documento en primer término es como lo dijo certeramente el propio compañero Cuauhtémoc Amezcua, es una declaración en favor del desarrollo pacífico de nuestras instituciones democráticas, es un no a la v a violenta y en esta medida es de un valor inmenso para la tranquilidad y la paz de la sociedad mexicana.
Estamos, por otra parte, ha dicho algún otro legislador igualmente respetable, que me precedió en el uso de la palabra, estamos ante un cambio mayor, así dice el documento, y todos tenemos la sensación de que efectivamente estamos ante un cambio que puede ser mayor y muy importante en la evolución histórica y política de México, ese cambio es un cambio que por cierto nos negamos, dicho sea de paso, a
calificar de transición. No creo apropiado el término de transición democrática que algunos tratadistas y políticos se complacen en usar refiriéndose a la actual situación política del país. Prefiero definitivamente progreso, desarrollo, evolución democrática, porque dan una idea más clara de nuestra realidad política y reconoce que con todas las limitaciones que se le quieran ver, nuestro sistema político es producto de una evolución histórica innegable y que su perfeccionamiento será parte del impulso que todos deliberadamente, en paz y libertad nos empeñemos en darle, la expresión "transición democrática", por el contrario, da a entender y en cierto modo exige aceptar que estamos en una oscura noche dictatorial, en una oscura noche dictatorial que debe quedar atrás para dar paso a una albo rada democrática. La idea de transición, esto es pasar de un sistema político a otro, dicha así nada más, sin valoraciones ni matices, implica la intención de acabar, de desaparecer la que ha sido hasta ahora la principal fuerza política del país la que surgió de la Revolución mexicana para suplirla con otra que supuestamente dará satisfacción a los anhelos democráticos de la población.
Pero desde este punto de vista la transición postula la derrota inapelable del partido mayoritario y es por lo mismo una idea básicamente milenarista, partidista, de grupo, que cae necesariamente en un mero esquema de lucha por el poder con independencia del valor y viabilidad que efectivamente tengan las ideas y los programas del nuevo sistema que supuestamente se quiere imponer, pero no tiene sentido hablar de transición dándole este sentido funerario sin hacer explícito, para poder juzgarlo, el proyecto que se tiene en la cabeza.
Por esto hay el riesgo de que el discurso de algunos y a pesar de este documento que hoy nos congrega en la tribuna, sea o se centre o consista en la descalificación del adversario, en la descalificación del proceso electoral y en la descalificación finalmente, de todo el sistema político. Nadie quiere esto, estoy cierto, quiero así creerlo, porque el mejoramiento de nuestra democracia tiene que contar y pasar por el acuerdo entre todas las fuerzas existentes políticas en el país.
Es difícil este proceso, lo acabamos de ver en la intervención brillante, como siempre, del estimable diputado Juan de Dios Castro. Hizo él alusión a un episodio, a una anécdota en la cual interrogando a un funcionario del Instituto Federal Electoral acerca de si cierta persona, Casas Jaime, estaba registrado en una entidad y habiéndose consultado el equipo de computación que permita responder la pregunta apareció y luego preguntado que fue el mismo caso en otra entidad, resulta que Ahítambién aparece, pero claro pareciera que, detrás de eso adquiera una intención maliciosa y deliberada de mantener a dos personas, por cierto, prominentes y más ahora que se ha referido a ellas el señor diputado Juan de Dios Castro, en vez de desdibujarlas o borrarlas.
Lo que es pues, como dicen, lo que parecía una gracia resultó una morisqueta. Y debo decir, incidentalmente, que descubierta esta situación, por el hecho al que bien se refirió él, que los estudios o el dise ñ o del programa de cómputo está hecho entidad por entidad puesto que referido a todo el país ser a prácticamente inmanejable, a las peticiones que han hecho algunos partidos, el Instituto Federal Electoral ha respondido creando esa colección en las zonas conurbadas, de tal manera que Ahí se pueda descubrir, porque Ahí es mucho más fácil y frecuente que electores de un lugar se vayan a otro como seguramente tendrá también alguna experiencia el señor diputado Castro, en la zona conurbada de La Laguna y en otras que tienen las mismas características.
Pero el asunto se ha corregido y para eso es que se tienen a disposición los listados y sobre todo las terminales de computadoras, para hacer en el momento en el que se juzgue conveniente, la consulta a la base de datos y además debo decir incidentalmente que la dirección del Instituto Federal Electoral ha hecho la denuncia penal ya correspondiente en el caso a que aquí se refería.
Menciona también otra circunstancia, en el Estado de México. El caso del candidato Chuayffet, director del instituto, candidato de mi partido luego al Estado de México. No sé si sea el mismo caso, y lo digo con todas las precauciones que la circunstancia exige, pero entiendo que el señor senador actualmente, Héctor Terán Terán, secretario general de Gobierno que fue del Estado de Baja California, era con ese carácter presidente de la Comisión Local Electoral, renunció un buen d a y al d a siguiente fue nombrado candidato del Partido Acción Nacional a una senaduría por el Estado de Baja California. La situación es al menos análoga...
La Presidenta:
¿ Permite el señor orador una interpelación?
El diputado Miguel González Avelar:
No, en este momento. Muchas gracias.
Una situación que al menos calificar a yo de análoga y sobre la cual he hecho ya las suficientes prevenciones.
Se habla luego de la equidad o de la igualdad en el uso de los medios de comunicación, y a m me preocupa, lo digo llanamente, me preocupa que cuando se hable de medios de comunicación, se refieran muchos o algunos a ellos como si fuesen cosas de las que el Gobierno dispone libremente, o peor aún, de las que debería disponer libremente. Si no hay un espacio idéntico en este medio a este otro respecto de un candidato o de este otro, se intuye o se deduce, se saca una conclusión equivocada de que el Gobierno tiene alguna obligación o el Instituto Federal o alguien, tiene la obligación de garantizar, fíjense bien, en los medios de comunicación social, la identidad, la igualdad en el trato noticioso y de cualquier naturaleza de los candidatos a puestos de elección popular.
A veces he pensado si detrás de esto no vendrá el peso de una tradición y de lo que se esté hablando es de establecer una especie de corporativismo igualitario que conserve los rasgos menos defendibles de un sistema anterior, para que sean distribuidos amplia, equitativa y generosamente entre todos los nuevos participantes.
Hablamos pues, compañeros legisladores, de evolución política, hablamos de desarrollo y de transformación política. En ella siento que estamos comprometidos sinceramente, con buena fe, los partidos políticos.
Necesitamos creer en esto, queremos creer en esto. Es indispensable que las firmas estampadas en ese acuerdo de civilidad política, tengan todo el vigor que tiene un compromiso enteramente nuevo y que detrás de ellas est é la voluntad auténtica, completa de quienes lo suscribieron, de que este pacto sea, en efecto, un valladar para las irregularidades y un impulso para el entusiasmo con el que todos los mexicanos debemos encarar el próximo proceso electoral. Gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Juan de Dios Castro, para contestar alusiones personales.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Diputada Presidenta; señoras y señores legisladores:
Yo no sé , y no dudo que eso haya ocurrido, que a veces no utilizó las palabras adecuadas para ser claro en mi exposición.
Subo muy brevemente para hacer dos precisiones que amerita la intervención del diputado don Miguel González Avelar.
Primero, el señalamiento que hice de ésa que él llamó anécdota, de ése que él llamó un simple episodio, el que el ciudadano Pablo Casas Jaime esté registrado en Atizapán de Zaragoza y esté registrado en el Distrito Federal.
Quiero decirle a don Miguel que estaba registrado en Atizapán de Zaragoza y en el Distrito Federal, en el Colegio Electoral de esta legislatura, y seguía registrado hasta hace unos meses en que nos dieron esa extraordinaria muestra de la tecnología que maneja el Registro Nacional de Electores.
Pero el que esté dos veces registrado, no se debe a la conurbación don Miguel, se debe fundamentalmente al ciudadano, y por ese motivo, usted mismo lo confirmó , lo confirmó en su aclaración final, el director del registro manifestó la decisión de presentar denuncia penal en contra de este ciudadano.
Pero no lo señalé por este solo hecho; puede haber miles y miles de ciudadanos que se registren dos, tres, cuatro y cinco veces. No don Miguel, lo reflejé por la afirmación del funcionario del Registro Nacional de Electores que nos ratificó la imposibilidad de que se repita dos veces una misma clave de elector. Si se registran dos y tres veces, se eliminan, y quedó demostrado exactamente lo contrario, deficiencia de la tecnología o reiteración de cientos o miles de casos, no lo sé , pero el hecho es ése. Eso por lo que respecta al señor diputado de la nación, Pablo Casas Jaime.
Y le agradezco la información. Yo, la información que ten a es que se iba a presentar denuncia penal. Enhorabuena que ya se haya presentado, a pesar de que quizá ya haya prescrito la acción penal, pero qué bueno que se presentó ; qué malo que no se haya presentado después del Colegio Electoral, porque la impunidad don Miguel, la impunidad, y en materia electoral hay impunidad en nuestro país; la impunidad es mala para el desarrollo de las instituciones democráticas, de este país que usted y yo queremos tanto.
La segunda precisión don Miguel. ¡ Qué bueno que usted señaló Baja California! Héctor Terán Terán, secretario general de Gobierno, presidente de la Comisión Estatal Electoral. ¿ Por qué no dejaba don Héctor Terán Terán ser presidente de la Comisión Estatal Electoral?
Le voy a pegar don Miguel, pero le voy a pegar sin odio, sin odio. Mire don Miguel, escogió usted muy mal el ejemplo, muy mal el ejemplo. Usted sabe que en Baja California no tenemos ni teníamos mayoría en el Congreso, digo para llevar adelante una reforma legislativa en el plano electoral que recoja estos planteamientos que estamos haciendo reiterada y constantemente en materia electoral. No teníamos ni tenemos mayoría en el Congreso local.
¿ Qué debería hacer Acción Nacional? Bueno, lo menos, eliminar de la legislación esta situación, vaya, para que no haya conflicto de intereses, para que el Presidente de la Comisión Estatal Electoral, vinculado por designación por el gobernador del Estado, no sea el titular del principal organismo que tiene a su cargo la organización y desarrollo de las elecciones. Pues sencillamente don Miguel, presentar una iniciativa para hacer el cambio; hacer una propuesta electoral para modificar. Y la hicimos, don Miguel, la hicimos. ¿ Sabe quién se opuso? Los diputados del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, señores.
ESTADO DE CHIAPAS
La Presidenta:
Se ha agotado la lista de oradores en este tema, pasamos al siguiente que está agendado sobre la declaración del inicio de pláticas del próximo sábado en Chiapas, le damos el uso de la palabra al senador Víctor Tinoco Rubí.
El senador Víctor Manuel Tinoco Rubí:
Con su venia, ciudadana Presidenta; señores integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión:
La Comisión Plural de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, manifiesta su beneplácito por el inminente inicio del diálogo tendiente a encontrar una pronta solución al conflicto en el Estado de Chiapas.
Como lo hemos manifestado todas las fuerzas representadas en este órgano legislativo, sólo dentro del orden jurídico y del perfeccionamiento de las instituciones, avanzaremos hacia metas concretas de bienestar social y de fortalecimiento democrático.
Estamos ciertos de que los ancestrales rezagos económicos, la iniquidad social que se manifiestan de forma particularmente aguda en la zona del conflicto, deben ser objeto de una acción pública, justa y vigorosa, dentro del más irrestricto respeto a los derechos y requerimientos de las comunidades, a efecto de propiciar una paz duradera, con justicia y desarrollo.
Hacemos votos para que a través de la moderación, el diálogo y la negociación, se sienten bases firmes para encauzar de manera consensada las transformaciones que el pueblo chiapaneco y las fuerzas políticas nacionales se han propuesto emprender.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 2 de febrero de 1994. Firman el diputado Alejandro Encinas, diputado Felipe Calderón, diputado Alvaro Salazar, senador Víctor Manuel Tinoco, diputado Jesús Martín del Campo, diputado Juan Ramiro Robledo, diputado Alberto Carrillo Armenta, Adolfo Kunz y Cuauhtémoc Amezcua. Muchas gracias.
PUEBLOS INDÍGENAS
La Presidenta:
Para hablar sobre la propuesta de realizar foros de consulta sobre cuestiones indígenas, vamos a pedirle a la Secretaría que lea el pronunciamiento.
El secretario diputado Efraín Zúñiga Galeana:
« Acuerdo de la Comisión Permanente del Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio de la LV Legislatura:
Los legisladores integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción III del artículo 79 constitucional y, considerando, que existe interés para formular la reglamentación del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos indígenas y que se considera necesario realizar una amplia consulta nacional que permita ponderar los intereses y planteamiento de los pueblos indígenas, solicitamos a esta Asamblea que se turne a la Comisión de Asuntos Indígenas de la seguridades de Diputados, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. La Comisión de Asuntos Indígenas de la seguridades de Diputados, con la participación de legisladores de los diversos grupos parlamentarios que consideren este asunto de su interés y estimen oportuna su participación, y estimen
oportuna su participación, realizarán una amplia consulta nacional que permita ponderar los intereses y planteamientos de los pueblos indígenas, y en la que participarán asimismo, representantes de los propios pueblos, estudiosos de la materia, las diversas fuerzas políticas nacionales y la sociedad en general, para, en su caso, proponer los proyectos de iniciativa y medidas que se estimen adecuadas.
Segundo. En virtud de las atribuciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo Integral y Justicia para los Pueblos Indígenas, así como de las conversaciones que ya han tenido lugar con la titular de la mencionada Comisión Nacional, se plantea que la consulta referida en el punto anterior se lleve a cabo con su participación, en los términos que sugiere el grupo coordinador de la consulta que al efecto se cree.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los dos días del mes de febrero de 1994.
Este punto de acuerdo de la Comisión Permanente para la convocatoria a foros de consulta sobre derechos de los pueblos indígenas, está firmado por todos los miembros de esta Comisión Permanente, encabezados por los diputados: María de Los Ángeles Moreno Uriegas, Miguel González Avelar, Cuauhtémoc Amezcua, Felipe Calderón Hinojosa, Juan Moisés Calleja García, Alberto Carrillo Armenta, Gustavo Carvajal, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro Encinas, Javier Garduño, Laura Alicia Garza Galindo, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, Jesús Martín del Campo, Juan Ramiro Robledo, Juan José Rodríguez Prats, Efraín Zúñiga Galeana, Juan de Dios Castro Lozano; senadores: Roberto Anzar Martínez, Raúl Carrillo Silva, Manuel Díaz Cisneros, José Ramón González León, Gustavo Guerrero Ramos, Alger León Moreno, Humberto Lugo Gil, Jorge Rodríguez León, Gustavo Salinas Iñiguez y Víctor Manuel Tinoco Rubí. »
Servida, señora Presidenta.
La Presidenta:
Muchas gracias. Consulte la Secretaría a la Asamblea si aprueba este punto de acuerdo.
El secretario diputado Efraín Zúñiga Galeana:
En votación económica, se pregunta a los legisladores si aprueban este punto de acuerdo.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado, señora Presidenta.
* MEDIOS DE COMUNICACIÓN
La Presidenta:
Tiene la palabra la diputada Laura Alicia Garza Galindo, para leer una declaración de legisladores de esta Comisión, sobre hostigamiento a medios de comunicación.
La diputada Laura Alicia Garza Galindo:
Con su permiso, señora Presidenta; honorable Asamblea:
« Legisladores de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión expresan su más enérgico rechazo a cualquier acto que lesione la libertad de expresión de los medios de comunicación de todo tipo en el país, y en consecuencia, afecten esta libertad, el derecho a la libertad y el derecho a la información que está consagrado en favor de los mexicanos como principio constitucional.
En particular, rechazamos los ataques y calumnias formuladas recientemente contra el periódico La Jornada, a cuyos colaboradores expresamos nuestra solidaridad, solicitando a las autoridades competentes se investigue y esclarezca el origen de esos ataques.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 2 de febrero de 1994. Presidenta, diputada María de los Ángeles Moreno; vicepresidente, diputado Miguel González Avelar; diputados: Cuauhtémoc Amezcua Dromundo; Felipe de Jesús Calderón Hinojosa; Juan Moisés Calleja García; Gustavo Carvajal Moreno; Rodolfo Echeverría Ruiz; Alejandro Encinas Rodríguez; Juan de Dios Castro Lozano; Laura Alicia Garza Galindo; Enrique Gabriel Jiménez Remus; Adolfo Alfonso Kunz Bolaños; José de Jesús Martín del Campo; Juan Ramiro Robledo Ruiz; Juan José Rodríguez Prats; Efraín Zúñiga Galeana y Alberto Carrillo Armenta; senadores: Roberto Anzar Martínez; Raúl Enrique Carrillo Silva; Manuel Díaz Cisneros; José Ramón González León; Gustavo Guerrero Ramos; Silvia Hernández; Armando Hopkins Durazo; Alger León Moreno; Humberto Lugo Gil; Ernesto Luque Feregrino; Porfirio Muñoz Ledo; Jorge Rodríguez León; Gustavo Salinas Iñiguez y Víctor Manuel Tinoco Rubí. »
La Presidenta:
Gracias, compañera diputada:
En relación con el punto de acuerdo anterior, ruego a ustedes tomar nota de que se turna
* La reproducción facsimilar de este documento se encuentra en los apéndices de ésta edición.
a la Comisión de Asuntos Indígenas de la seguridades de la Cámara de Diputados.
Tomando en consideración que han transcurrido las cuatro horas reglamentarias de esta sesión, consulte la Secretaría a la Asamblea si autoriza se prorrogue la sesión hasta agotar los asuntos de la agenda política.
El secretario diputado Efraín Zúñiga Galeana:
Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se autoriza se prorrogue la sesión hasta agotar los asuntos de la agenda política.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada la prórroga, señora Presidenta.
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (II)
La Presidenta:
Muchas gracias.
Vamos a pedir a la Secretaría que tenga la amabilidad de leer la declaración política sobre las audiencias que se han convocado en el Congreso de los Estados Unidos de América.
El secretario senador Gustavo Salinas Iñiguez:
Declaración Política.
« El día de ayer la seguridades de Representantes del Congreso Norteamericano inició una serie de audiencias dedicadas a examinar la vigencia de los derechos humanos en diversos países del mundo, y entre ellos se propone considerar el caso de México, con especial referencia a la situación de Chiapas.
Esta actividad injerencista ha sido reiteradamente refutada por la opinión pública de nuestro país y en más de una ocasión el Congreso mexicano ha expresado su rechazo a que los asuntos nacionales sean enjuiciados por instituciones de países extranjeros, bajo la óptica de que un su puesto tribunal político, que además se postula a sí mismo impecable, tenga autoridad para condenar o exonerar los hechos de nuestra vida pública.
Con este motivo la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con el consenso de las fracciones parlamentarias de los partidos políticos abajo firmantes, quiere dejar testimonio de su reiterada repulsa a la intervención de instituciones públicas de otros países en nuestros asuntos internos.
Compartimos con el resto del mundo una preocupación auténtica y comprometida por la vigencia de los derechos humanos. Sabemos que en esta materia México tiene que esforzarse para alcanzar los niveles de efectividad a que todos aspiramos, pero negamos enfáticamente que algún Estado pueda erigirse en juez inapelable de todos los demás en materia de derechos humanos ni en ningún otro asunto. No está de más agregar a este respecto que ningún país escapa a la realidad de violaciones y deficiencias en materia de derechos humanos y que bien haría en reconocer honesta y privadamente las propias, antes de atreverse a condenar las ajenas.
En tal virtud, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión expresa su categórico rechazo a que las audiencias que tienen lugar en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, de suyo inamistosas, con el propósito de examinar asuntos cuya solución es de la exclusiva competencia de los mexicanos, deriven en actitudes intervencionistas en contra de nuestro país.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente. México, Distrito Federal a 2 de febrero de 1994. Presidenta diputada Mar a de los Ángeles Moreno Uriegas, vicepresidente diputado Miguel González Avelar y los diputados: Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Juan Moisés Calleja García, Gustavo Carvajal Moreno, Juan de Dios Castro Lozano, Alejandro Encinas Rodríguez, Javier Garduño Pérez, Laura Alicia Garza Galindo, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Kunz Bolaños, José de Jesús Martín del Campo, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Juan José Rodríguez Prats, Efraín Zúniga Galeana, Rodolfo Echeverría Ruiz y Alberto Carrillo Armenta; senadores: Roberto Anzar Martínez, Raúl Enrique Carrillo Silva, Manuel Díaz Cisneros, José Ramón González León, Gustavo Guerrero Ramos, Silvia Hernández, Armando Hopkins Durazo, Alger León Moreno, Humberto A. Lugo Gil, Ernesto Luque Feregrino, Jorge Rodríguez León, Gustavo Salinas Iñiguez y Víctor Manuel Tinoco Rubí.»
El diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (desde su curul):
Las firmas a las que acaba de darse lectura, porque expresamente los integrantes del PAN no suscribimos esa declaración y así lo hicimos saber a la persona que vino a recabar las firmas
nuestras, probablemente se pasó otra lista de algún punto de acuerdo, pero no están nuestras firmas estampadas en ese documento.
La Presidenta:
Que por favor corrobore la Secretaría lo que ha aludido el señor diputado.
El secretario senador Gustavo Salinas Iñiguez:
En efecto, ni el diputado Juan de Dios Castro Lozano ni tampoco el diputado Enrique Gabriel Jiménez Remus firmaron, lo que pasa es que aquí las firmas están sobre los nombres y pensé que habían firmado.
La Presidenta:
Diputado Encinas, ¿ para qué efecto?
El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez (desde su curul):
Para el mismo tema.
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Alejandro Encinas sobre este tema.
El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez:
Con su permiso señora Presidenta:
Yo creo que bien valdría la pena que se revisara bien la lista porque tampoco los integrantes del grupo parlamentario del PRD suscribimos el anterior punto de acuerdo y no lo suscribimos por varias razones que voy a fundamentar al tiempo que presentar é un punto de acuerdo que compartimos con los diputados del PAN.
Yo creo que en primer lugar el Congreso mexicano no puede renunciar a su derecho legítimo de evaluar lo que esta sucediendo en otras partes del mundo y en otros países, ni tampoco negar la posibilidad, la reivindicación del derecho de audiencia para que los ciudadanos en vista de hacer respetar los derechos humanos en cualquier lugar del mundo, puedan acudir a las instancias apropiadas.
En el caso del Congreso mexicano, en muchas oportunidades hemos abordado y adoptado resoluciones respecto de violaciones de derechos humanos en otros países, es muy larga la relación de resoluciones que ha adoptado el Congreso a lo largo de su historia vinculados con sucesos en España, en Chile, en El Salvador, en Guatemala, por eso creemos que el enfoque que se le ha dado al punto de acuerdo no es el correcto y por el contrario creemos que debemos asumir con responsabilidad esta situación porque también nosotros deberíamos de convocar a audiencias en las que se evaluaran las violaciones a derechos humanos en otras latitudes del mundo y particularmente en los Estados Unidos. Nosotros consideramos conveniente que el Congreso mexicano convoque a audiencias públicas sobre las violaciones a los derechos humanos, particularmente los mexicanos en los Estados Unidos. Yo creo que esa es una obligación que deberíamos asumir con responsabilidad.
Sin embargo, coincidiendo en que esas audiencias no deben derivar en actos que vulneren nuestra soberanía y tener injerencia en los asuntos de los mexicanos, a nombre del PAN y del PRD queremos proponer la siguiente declaración política alternativa, cuyo texto es el siguiente:
"El día de hoy, la Cámara de Representantes del Congreso norteamericano inicia una serie de audiencias dedicadas a examinar la vigencia de los derechos humanos en diversos países del mundo y entre ellos se propone considerar el caso de México. Esta actividad, legítima en sí, ha derivado en ocasiones en actitudes injerencistas que han sido evidenciadas y rechazadas por numerosos países entre ellos el nuestro y en particular por el Congreso de la Unión. Compartimos con el resto del mundo una preocupación auténtica y comprometida por la vigencia de los derechos humanos, sabemos que en esta cuestión México tiene que esforzarse para alcanzar los niveles de efectividad a que todos aspiramos. Ningún país escapa a la realidad de violaciones y deficiencias en materia de derechos humanos. Por este motivo la Comisión Permanente del Congreso de la Unión con el consenso de las fracciones parlamentarias de los partidos representados en ella, expresa su preocupación porque la audiencia aludida y ninguna otra, derive en actos o formas de intervención y subraya que sería inaceptable cualquier resolución que afecte a la integridad y la soberanía de la nación, así como su derecho y facultades de auto determinación.
Este se da en el Salón de sesiones de la Comisión Permanente el día 2 de febrero y la suscribimos el diputado Felipe Calderón, el diputado Juan de Dios Castro, el diputado Gabriel Jiménez Remus del PAN, senador Porfirio Muñoz Ledo, el diputado Jesús Martín del Campo y un servidor,
Alejandro Encinas, del PRD y dejo esta propuesta en la Secretaría. Muchas gracias.
La Presidenta:
Bien, para el mismo asunto había pedido originalmente el uso de la palabra el diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo. Posteriormente podríamos pasar a discutir la propuesta que deja en la Secretaría el PRD.
En cuanto a la declaración que originalmente fue le da y que ya se explicó qué fue lo que ocurrió en la Secretaría y que a esta Presidencia se le informó que en efecto estaba firmado por cinco partidos políticos, con excepción del PRD. Así es, ahorita vemos cuál fue la equivocación; si nos permiten en primera instancia cedemos el uso de la palabra al diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, y pasar amos a la discusión posterior de la nueva propuesta.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo:
Yo iniciaré declarando que yo sí firmé el documento al que dio lectura el compañero senador Salinas Iñiguez, que me parece un buen documento y que creo que es una correcta y adecuada declaración política y tocar a enseguida una cuestión de procedimiento.
Dado que se trata de eso, de una declaración política, no de un punto de acuerdo, menos de algún resolutivo que tenga carácter legislativo, pues creo que bien podemos tener dos declaraciones políticas, una que suscriben cuatro partidos y una con distintos matices o apreciación que suscriben dos partidos. Creo que eso puede resolverse sin necesidad de votación alguna, sin ningún otro problema.
Quiero comentar en torno a lo expresado por mi compañero diputado Alejandro Encinas, que coincido con él en algo de lo planteado y discrepo de él en otra de las cuestiones aquí expuestas. El plante ó y lo anota así en el documento al que dio lectura, defendiendo el derecho de los parlamentos del mundo, entre ellos el nuestro, de discutir con amplia libertad todas las cosas que son propias de un parlamento, entre ellas las cosas que ocurren en otro país y dentro de esas pues el respeto o no a los derechos humanos en otros países del mundo.
Yo coincidiría con él que ese es un derecho de todos los parlamentos del mundo, lo reivindico para el parlamento nuestro y coincido con él, en que ser a muy conveniente que organizáramos audiencias aquí , en México, en nuestro Poder Legislativo, concretamente en la seguridades de Diputados, para examinar la sistemática violación de derechos humanos que se practica en los Estados Unidos, nos compete particularmente aquella de la que son víctimas nuestros connacionales, pero también nos compete como humanos aquélla de la que son víctimas muchas minorías étnicas, los latinos en general, los negros, las etnias aborígenes de aquel país que lo recordaba aquí el compañero Kunz apenas hace ocho días, están segregados en reservaciones, les dan ese nombre, tenemos ese derecho.
Quisiera señalar, recogiendo un tema que ya trató también el compañero Kunz hace ocho días, que si algún país del mundo comete un grave error, cuando se pone a examinar posibles violaciones a los derechos humanos en otras partes, pues es Estados Unidos. Difícilmente se puede encontrar algún otro ejemplo, alguna otra nación donde de manera sistemática y permanente se violen los derechos humanos al interior y al exterior de este país. Difícilmente se pueden encontrar, habría que buscar con acuciosidad y aún así será remoto el que encontráramos algún ejemplo más connotado de violación sistemática de los derechos humanos.
Quisiera recordar que el promotor de estas audiencias, el representante Roberto Torriccelli, él mismo se caracteriza por una conducta profundamente violatoria de los derechos humanos. El es, hay que recordarlo, el promotor de aquella Ley conocida por su apellido, que tiende a fortalecer, a hacer más duro, a incrementar el bloqueo de los Estados Unidos y pretende que sea un bloqueo internacional en torno a Cuba, un país libre y soberano.
Independientemente de que el senador Torriccelli pueda tener fuertes discrepancias políticas con el Gobierno de Cuba, con el dirigente Fidel Castro, pudiera desear que ahí hubiera un Gobierno de otras características muy distintas, seguramente los cubanos aspirarían también a que en Estados Unidos hubiera un Gobierno muy diferente, eso en modo alguno le da derecho a los Estados Unidos y en particular al señor Torriccelli, a legislar para la exportación, a legislar en un país para que se aplique en otro y sobre todo, a legislar con un contenido tal, que más que combatir a un adversario político, lo que se traduce en la realidad es impedir que lleguen alimentos y medicinas, afectando así a todo un pueblo, afectando así a millones de niños, de mujeres y de ancianos. El senador Torriccelli sería el ejemplo típico de un individuo que no
tiene la menor autoridad moral para hablar de derechos humanos de nadie.
Ahora bien, coincidiendo con el compañero diputado Alejandro Encinas sobre el derecho soberano de los parlamentos para hablar, para analizar, para discutir, para examinar asuntos, incluso los que ocurren en otras latitudes, yo quisiera declarar que discrepo en el caso, en la apreciación específica, en el caso específico de los Estados Unidos, y discrepo en gran parte por lo que ya señalé , es el país ejemplo en el mundo de violación de los derechos humanos, pero además es el país ejemplo en el mundo de injerencismo, de intervencionismo sistemático y permanente, a lo largo de su historia, desde sus inicios hasta hoy mismo, hoy en día.
Es un país cuya constitución geográfica actual se logró a base de invasiones, nosotros somos testigos y víctimas, nosotros, nuestro país, de compras de territorios a otras potencias, a otros países, y es un país que todavía hasta nuestros días se sigue atribuyendo de manera unilateral el derecho de intervenir militarmente, de agredir, de bombardear, de hacer acciones punitivas, aquí se hizo cuando Pancho Villa, hace pocos años se hizo en Libia contra Omar Kadafi.
Y además de tener todas esas características es un país, lo dijo John Foster Dolse, famoso, reconocido, distinguido secretario de Estado de aquel país, la característica de no tener amigos en el mundo, no considerar amigos, no tener por amigos a ningún otro país del mundo sino tener intereses que defender.
Esos son los Estados Unidos, es un país sumamente poderoso en lo económico, en lo militar, es un país injerencista por vocación, por tendencia, por historia, por conducta permanente, es un país en el cual la acción que desarrolle un comité como el Comité de Asuntos Americanos que preside Roberto Torriccelli, difícilmente se puede desligar del condicionante que de manera correcta pone el compañero Alejandro Encinas en su discurso y en su documento, siempre y cuando esto no llevara a acciones injerencistas. Aquí es imposible la distinción. El solo hecho de que ese comité convoque a esas audiencias, ya conlleva una carga política injerencista. Esa sola acción ya redunda en interferencias políticas, ya fortalece a determinadas corrientes al interior de México o debilita a otras. Esa sola acción ya lleva una carga política de carácter clara y evidentemente injerencista.
Por eso para nosotros, sin que sea de desecharse o de criticar la declaración política que el PRD y el PAN sustentan, nos parece mucho más completa y sólida la que firmamos conjuntamente con otros tres partidos políticos y que respaldamos con mucho interés y convicción en esta tribuna. Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra el senador Raúl Enrique Carrillo Silva.
El senador Raúl Enrique Carrillo Silva:
Con su permiso señora Presidenta; compañeros legisladores integrantes de la Comisión Permanente:
Hemos escuchado efectivamente dos planteamientos hechos en esta tribuna, pero yendo al fondo mismo de la esencia de nuestra política internacional, de los valores esenciales que México siempre ha manejado. Consideramos que ambas posiciones no solamente son válidas sino que reiteran un principio fundamental de unirnos plena y absolutamente a la no injerencia.
Debemos indudablemente también ser conscientes y racionales de los momentos que vivimos en el ámbito nacional y las repercusiones que está teniendo igualmente en el ámbito internacional. Si coincidimos plena y absolutamente en la no injerencia, podemos a nuestro juicio, dar la apertura a poder, en el seno de nuestro propio Congreso, en un Congreso eminentemente pluripartidista, resolver, analizar y evaluar en su caso el comportamiento que nosotros mismos como país hemos tenido ante nuestros principios fundamentales de la conservación y pugnar por nuestros propios derechos humanos.
Sabemos el interés de nuestro sistema político, desde el inicio del conflicto en Chiapas, una de las primeras decisiones del Ejecutivo Federal fue la permanencia constante y efectiva de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en los lugares de conflicto. Sabemos también que ante esta convocatoria que ha hecho un congresista demócrata para foros donde se discutan entre otras cosas el caso mexicano y especialmente el caso chiapaneco, es un análisis que podemos considerar porque también así nosotros lo hemos hecho, una libertad parlamentaria.
La cancillería ha tomado las medidas necesarias; la cancillería estará pendiente indudablemente de este proceder, pero jamás debemos admitir, y creo que en eso coincidimos, que lo que allá se diga todos los partidos políticos de México
rechazarán plena y absolutamente cualquier injerencia que pueda haber en nuestro país.
En esos términos señora Presidenta, yo me permito poner a consideración de esta Asamblea, que se complementen y se aprueben las propuestas aquí presentadas y que sea una sola la unificación del Congreso mexicano, y que hagamos llegar esa unificación del Congreso mexicano al Congreso de Estados Unidos y no a personas oficiosas que estén promoviendo foros, tomando en cuenta el caso México. Esa sería nuestra propuesta que la pongo a consideración de esta honorable Asamblea.
La Presidenta:
Muchas gracias.
Hemos escuchado las intervenciones de los legisladores. Las dos propuestas que se han presentado son parecidas y en realidad complementarias. En la Presidencia diría que se tomara nota de las dos declaraciones sobre las audiencias efectuadas en el Congreso de los Estados Unidos de América, una suscrita por legisladores del PRI, Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y Partido Popular Socialista, y la otra suscrita por legisladores del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática.
Esta fue una de las propuestas realizadas, nos parece lo más adecuado. Se toma nota pues de ambas declaraciones, y se dará cuenta y se dará difusión a ambas declaraciones. Muchas gracias.
JUBILADOS Y PENSIONADOS
El Presidente:
Vamos a pasar al siguiente punto de nuestra agenda política, y concedemos el uso de la palabra para hablar sobre la situación de pensionados y jubilados en nuestro país, en primer lugar, el diputado Jesús Martín del Campo.
El diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda:
En repetidas ocasiones ha sido planteada en esta tribuna la justa demanda de incremento a las pensiones de los trabajadores jubilados; se ha reconocido que no es posible que una familia pueda vivir con un ingreso inferior al salario mínimo, como sucede actualmente con los pensionados.
La pensión mensual de 390 mil pesos es insuficiente para cubrir las necesidades más elementales; los pensionados viven en una permanente huelga de hambre.
La pensión que reciben los jubilados no es una dádiva, millones de trabajadores mexicanos, como asegurados han cotizado, junto con empresarios y Gobierno, durante medio siglo al Seguro de Invalidez, Vejez, Cesantía y Muerte, y es hasta estas dos últimas décadas que escasamente 1 millón de trabajadores empieza a ejercer este seguro.
Cuando se ha debatido el problema de las bajas percepciones de los jubilados, se reconoce que con los recursos acumulados por los trabajadores, se construyó la infraestructura de los servicios que proporcionan el IMSS y el ISSSTE, dejando de lado el fortalecimiento del fondo de pensiones.
El Partido de la Revolución Democrática ha señalado que este desvío, producto de la imprevisión e irresponsabilidad de administraciones pasadas, debe ser reparado de inmediato para evitar el sacrificio al que se ha sometido a varias generaciones de trabajadores con pensiones de miseria.
También hemos señalado que se intenta reestructurar la seguridad social con miras a una privatización selectiva para trasladar sus áreas rentables al sector privado, dejando al sector público aquello que no sea negocio.
En el avance de este proceso se advierte una prolongada descapitalización de la seguridad social que inevitablemente resulta en su deterioro. De esto no puede responsabilizarse en modo alguno a los trabajadores, pues ellos son los únicos que han cumplido plenamente como derecho - habientes y como consumidores con las obligaciones de la cotización.
Actualmente existen fuertes presiones que apuntan hacia una contrarreforma que ponga en entre dicho una de las grandes conquistas del pueblo de México, la seguridad social.
La alternativa de cambio de la seguridad social no es su parcial privatización o un simple reordenamiento administrativo, es preciso reforzar su carácter público, solidario y avanzar a la universalización de sus servicios. Esto demanda un nuevo esquema de financiamiento por v a fiscal que reparta con justicia las aportaciones, debe, además, estar en el centro del cambio el derecho de los usuarios a un servicio de calidad, y el
derecho de los trabajadores a condiciones de trabajo dignas.
Defender el sistema de seguridad social es lo mismo que defender el empleo, el salario, la medicina preventiva, el derecho a la salud.
Estamos seguros que la defensa de la seguridad social interesa a los mexicanos, hombres y mujeres que anhelen una nación digna de vivirse.
Todas las fracciones parlamentarias hemos suscrito diversos pronunciamientos en donde se reconoce la necesidad de ofrecer alternativas que permitan mejorar el nivel de vida de los jubilados y pensionados.
En efecto, el 9 de julio de 1993, las seis fracciones parlamentarias, representadas en esta seguridades de Diputados, suscribimos un pronunciamiento en donde hacemos un enérgico llamado para que el Instituto Mexicano del Seguro Social aplique, a la brevedad, parte de los ingresos a la solución del grave problema que aqueja a los pensionados y jubilados.
Sin embargo, este llamado, como tantos otros, ha caído en el vacío, a juzgar por los resultados.
Hace poco tiempo, incluso, la Presidenta de la Gran Comisión de la seguridades de Diputados, la diputada María de los Ángeles Moreno, en conversación con representantes del Movimiento Nacional de Jubilados, se comprometió a que una comisión pluripartidista elaborar a un proyecto de mejoras inmediatas a los jubilados, además de que se buscar a el apoyo de los directivos del Seguro Social. Sin embargo, por informes recibidos de los dirigentes del Movimiento Nacional de Jubilados, este compromiso no se ha cumplido; ha pasado el tiempo y si algo ha cambiado, es el domicilio de algunos pensionados: "de su casa al panteón".
Al iniciarse el presente Gobierno, se aseguró que el problema de los jubilados y pensionados sería uno de los asuntos prioritarios. Más tarde se sostuvo que con la venta de las empresas paraestatales del sistema bancario y con el arreglo del pago de los intereses de la deuda externa, se incrementar a el gasto social en beneficio de los que menos tienen, entre ellos, los trabajadores retirados. Posteriormente se argumentó que después de la reforma a la Ley del Seguro Social, las pensiones se incrementarían.
Con las recientes reformas a la Ley del Seguro Social, en donde se incrementaron las cuotas obrero patronales para fortalecer entre otros objetivos las reservas destinadas a las pensiones, ya no hay excusa para satisfacer la demanda de incremento de las percepciones de los jubilados.
El PRD considera que si aún existe insuficiencia financiera, la seguridades de Diputados está en su deber de legislar para que los aportes del Estado al Instituto Mexicano del Seguro Social, se eleven del 5% al 25% que era su obligación original.
Frente al silencio de las autoridades, los trabajadores retirados han decidido realizar fuertes movilizaciones en todo el territorio nacional para exigir el incremento a las pensiones de más de 1 millón de jubilados y pensionados, algunas de cuyas movilizaciones han sido hacia este recinto parlamentario.
Los trabajadores jubilados exigen su derecho de contar con un nivel de vida digno luego de trabajar por más de 30 años en favor de nuestro país; no hay justificación para voltear la espalda a los jubilados y pensionados y mucho menos que sus demandas sean respondidas con el silencio.
El grupo parlamentario del PRD reitera su llamado a que la Comisión Permanente en respuesta a las promesas ya hechas a los trabajadores jubilados, pueda hacer las gestiones necesarias para que en un lapso perentorio tengan respuesta favorable a su justa petición. Gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra para el mismo tema, el diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo:
La justa demanda de los trabajadores jubilados por mejorar sus exiguos ingresos, en efecto tiene todo un historial en nuestra LV Legislatura y ya en otras anteriores a la nuestra.
El problema se ha expresado con alguna complejidad, porque se ha argumentado, con razón, la falta de recursos, la carencia de recursos por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social para atender la demanda justa de los jubilados y pensionados. Ya lo mencionaba el compañero diputado Jesús Martín del Campo, incluso esto ha servido de pretexto para que las corrientes privatistas, que tuvieron su auge hace poco tiempo en nuestro país, pues también intentaran la privatización de la seguridad social o por lo menos de algunas áreas del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Sin embargo, el problema no es insoluble, el problema tiene solución en la medida en que se resuelva la manera de incrementar los recursos del Seguro Social y que se resuelva la manera de canalizar recursos a este fin específico, quizá con cargo a algunas otras áreas que pudieran no ser significativas o no ser importantes.
Sin embargo estamos ayunos de información, nos falta información por lo menos actualizada y precisa con relación a los ingresos del Instituto Mexicano del Seguro Social, particularmente los que se hayan derivado del incremento de las cotizaciones acordadas en 1993. No tenemos información los diputados, no la hay en la Comisión de Seguridad Social de la seguridades de Diputados, que es el área específica, no la tenemos los demás en lo general, sobre cuál es el volumen actual de los recursos del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿ En qué medida se refleja ese incremento de las cotizaciones acordadas el año pasado? ¿ Ni hacia dónde se están canalizando, ni qué posibilidad hay de canalizar una parte de ellas, específicamente a atender las necesidades de los trabajadores jubilados y pensionados?
Por esa razón y a efecto de ir avanzando con pasos concretos, lo deseable sería que no se nos quedara este problema hasta donde lo tenemos ahora, al terminar nuestra gestión. Nos quedan ya sólo algunos meses en esta LV Legislatura.
Yo en nombre de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista traigo esta propuesta, compañera Presidenta:
"1o. Se sirva el Instituto Mexicano del Seguro Social informar a la Comisión de Seguridad Social de la seguridades de Diputados del monto de los incrementos a las percepciones de la institución, provenientes del aumento a las cotizaciones al propio IMSS, acordadas el año pasado.
2o. Que el propio Instituto Mexicano del Seguro Social informe si ha dispuesto destinar una parte proporcional de ese aumento antes mencionado a las percepciones de la institución, para incrementar las pensiones y jubilaciones de los afiliados a la institución que se encuentran en esa categoría.
3o. De ser así, se sirva informar la forma en que distribuir a los aumentos a dichas pensiones y jubilaciones."
Esto nos permitir a tener elementos para abordar el asunto con mayor conocimiento de causa. Compañera Presidenta: en los términos del artículo 113 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 179 del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso, solicito atentamente a la Presidencia se turne esta propuesta a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.
Agradezco su atención. Dejo el texto firmado en manos de la Secretaría.
La Presidenta:
Muchas gracias, diputado.
Túrnese a las comisiones de Seguridad Social y de Trabajo de la seguridades de Diputados, para su atención correspondiente.
ESTADO DE GUANAJUATO
El Presidente:
En el siguiente punto de nuestra agenda política, tiene el uso de la palabra el diputado Emilio Becerra González, para hacer comentarios sobre la situación electoral en el Estado de Guanajuato.
El diputado Emilio Becerra González:
Con su venia señora Presidenta; compañeras y compañeros legisladores:
Hablar del Estado de Guanajuato es hablar del corazón de México, es hablar de lo mejor de nuestra historia, es hablar de los orígenes de nuestra nacionalidad y de nuestra patria; Guanajuato es determinante en el camino, en el origen y en el rumbo de la nación. Hablar de México, implica necesariamente hablar de Guanajuato. En la historia de nuestro país, Guanajuato ha tenido un significado fundamental, todos recordamos que en alguna época se le llamó al bajío guanajuatense, el granero de la República. En la época de la Colonia, el oro y la plata que salieron de las entrañas de la tierra guanajuatense, dio la vuelta a todo el mundo y llegó a decirse que con el metal precioso salido de esas minas se le podía dar la vuelta al Ecuador solamente con las monedas acuñadas en la Casa de Moneda de Guanajuato. Es además, todos lo sabemos, el centro histórico, geográfico, perdón el centro geográfico de la República mexicana, ahí confluyen el norte y el sur, el oriente y el occidente.
En la vida política de nuestro país no se puede entender si no hablamos de los guanajuatenses ilustres, iniciando con el movimiento libertario, a cuya cabeza estuvo uno de los hombres más grandes de la historia patria, el cura Hidalgo y todos los insurgentes que secundaron su movimiento, Guanajuato dio asilo al presidente Juárez, en la guerra de intervención durante el tiempo en que iba huyendo hacia el norte y Guanajuato fue por algunos meses, capital de la República mexicana, en esa conflagración.
En la época actual, en el Siglo XX sobre todo en la parte media de este siglo, hay multitud de guanajuatenses que han sido determinantes en sus respectivos campos en la historia de Guanajuato o en el quehacer de la patria; baste recordar simplemente en la pintura, a Diego Rivera; en el campo a Jorge Negrete; al propio José Alfredo que en sus Caminos de Guanajuato dice, y eso es bueno recordarlo en materia electoral, "Que ahí se apuesta la vida y se respeta al que gana", ojalá y eso fuera cierto siempre que se respete al que gane.
Y en la época actual, tenemos un distinguidísimo guanajuatense, monseñor Samuel Ruiz García, obispo de San Cristóbal Las Casas y mediador en el conflicto entre el Estado mexicano y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Con esos antecedentes como marco, debemos entender y comprender la situación en que los guanajuatenses nos encontramos desde hace aproximadamente dos años y medio. Concurrentemente a la elección federal de 1991, para renovar el Congreso de la Unión, se celebraron en Guanajuato elecciones para renovar el Congreso local y para elegir el gobernador de Guanajuato; en esa elección, después de una amplia movilización popular en contra del descarado fraude que el partido de Estado cometió en favor de Ramón Aguirre Velázquez y ante el reconocimiento de todas las fuerzas políticas de que el verdadero vencedor de la elección había sido Vicente Fox, el Congreso local de Guanajuato calificó las elecciones como válidas y legales y declaró gobernador constitucional a Ramón Aguirre Velázquez.
Como la movilización popular y el espíritu guanajuatense había sido humillado entre otras cosas porque en una elección concurrente los números locales habiéndose recibido la votación en la misma casilla arrojaban un 30% o 40% más para la votación local que para la votación federal, esto es en términos cerrados, en la elección federal se emitieron en favor del Partido Revolucionario Institucional 400 mil votos para los candidatos de ese partido en todo el Estado, y Ramón Aguirre sacó más de 600 mil.
Ante esa situación y por las protestas justificadas de los guanajuatenses, el mismo día que declararon gobernador electo a Ramón Aguirre Velázquez, ese cadáver insepulto que un día, recientemente, apareció por ahí en la ciudad de Querétaro, en la campaña de Luis Donaldo Colosio, no sabemos si para bien o para mal, y también es bueno recordar que Ramón Aguirre fue jefe y mentor de muchos políticos y funcionarios del Gobierno actual, de la llamada generación del cambio, Ramón Aguirre renunció a la gubernatura del Estado de Guanajuato, en una renuncia que evidentemente es una simulación menor a la Ley porque sin renunciar buscó la fórmula de decir que avisaba por anticipado que no se iba a presentar a tomar posesión del cargo de gobernador, cuando esto no se puede avisar de antemano, en todo caso hay que esperar a que se dé la situación.
Pero decía yo que esa es una simulación menor porque estamos acostumbrados a simulaciones mayores por parte del sistema político mexicano y del partido de Estado, en donde los gobernadores piden licencia por un año que es el máximo que les permite la Constitución local respectiva, se presenta un interino y al año vuelve a pedir otra licencia y continúa ese mismo interino, y así se llevan todo el sexenio, como sucedió en alguna ocasión en San Luis Potosí, y parece ser que ahora se pretende aplicar esa misma fórmula en Michoacán, cuando todos sabemos que en los hechos se trata de una renuncia, por eso es que yo estoy hablando de fraude a la Ley y todos sabemos que el fraude a la Ley es una de las figuras más graves que pueden contemplarse en todas las ramas del derecho y sobre todo en el derecho público.
Sin embargo, el sistema mexicano fundado en los fraudes electorales, necesariamente para ser congruente, tiene que seguir con esa serie de fraudes a la Ley y en el Congreso de Guanajuato hubo necesidad, ante la renuncia disfrazada de aviso de no presentación, de convocar a una sesión extraordinaria para nombrar a un gobernador interino. En esa sesión extraordinaria, me voy a permitir leer lo más importante de lo que ahí se dijo y se resolvió . Primeramente se presentó el dictamen de la Comisión que en la parte conducente dice así:
"La Comisión que suscribe el presente dictamen ha tomado conocimiento de las importantes razones y los elevados propósitos, y aquí esto de alguna manera es el antecedente de la renuncia
del licenciado Paredes en Mérida porque fíjense que es el mismo lenguaje, del ciudadano José Ramón Aguirre Velázquez, allá en Mérida nada más le pusieron del abogado Orlando Paredes, para no presentarse a tomar posesión del cargo de gobernador constitucional del Estado, lo cual implica la convicción ampliamente compartida por la gran mayor a ciudadana relativa que por encima de los intereses de personas o grupos, deben prevalecer los intereses estatales y nacionales...", etcétera.
"Dadas las condiciones actuales de Guanajuato en las que se produce este hecho singular, resulta de manera importante tomar decisiones oportunas que eviten manifestaciones que tiendan al trastorno social y a la desorientación de la opinión pública.
Es también conveniente detener la posibilidad de presiones ilegítimas e impedir que en un período de transición como el que se presenta por el anuncio mencionado, se dé lugar a la incertidumbre en lo que se refiere a quién deba asumir la máxima responsabilidad política del Estado."
Y continúa: "Los suscritos consideran que tan importante decisión debe asegurar a la sociedad guanajuatense la consolidación del diálogo y la concordia en el ejercicio de la política y en el funcionamiento adecuado de los órganos gubernamentales, a fin de que se ratifique en estos momentos el respeto a la absoluta legalidad..." etcétera.
Era un dictamen únicamente para saber si había causa justificada y grave en la renuncia de Ramón Aguirre, pero lo más grave es que concluye con un artículo único que dice: "Se declara gobernador interino del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, por el término que debería iniciar el próximo 26 de septiembre y hasta en tanto toma posesión el gobernador electo en los comicios a que se refiere la fracción I del artículo 73 de la Constitución local, el ciudadano Carlos Medina Plascencia".
Todos sabemos que cada vez que falta el gobernador, se hace una minielección o una elección indirecta o una elección calificada, o sea que los diputados que integran el Congreso, en votación secreta deciden quién es el gobernador interino.
Entonces no puede ser que aquí se propone en un dictamen para decidir si procede o no procede la renuncia de un gobernador, ya en el dictamen ya va la línea, aquí el nuevo gobernador es Carlos Medina. Lo correcto es que primeramente se declara que sí es justificada la causa de no presentación y después estando reunido el Congreso, siguiendo el procedimiento que señala tanto la Constitución del Estado como el Reglamento Interno del Congreso, se hace una votación y se toma la decisión que por mayoría aparezca.
Sin embargo, al presentarse este dictamen, todos sabemos lo que ocurrió : el Congreso que estaba abarrotado de gente, fue tomado por mucha gente del partido oficial fundamentalmente, diría yo que todos ellos del partido oficial, que no estuvieron conformes con esa situación, destruyeron parte del mobiliario del Congreso, agredieron a los diputados y ya no se pudo en ese momento resolver la situación.
Sin embargo se continuó ese mismo día, por aquí dice, no estoy muy seguro pero creo que fue algo así como a las tres de la mañana, de manera totalmente clandestina, la sesión... ¡ Ah!, sí dice aquí : "... reanudándose la sesión a las dos horas y cinco minutos del día lo. de septiembre del presente año... ", y para esa hora ya no estaban los 29 diputados que integraban el Congreso de Guanajuato, sino ya nada más había 15, para que hubiera quórum, y esos 15 sí cumplieron con la legalidad interna, puesto que aquí dice el acta que en los términos del artículo 73 de la Constitución Política Local, en escrutinio secreto se procedió a la elección de gobernador interino del Estado. Realizada y computada la votación, resultó aprobada la propuesta contenida en el dictamen, en favor del ingeniero Carlos Medina Placencia con nueve votos a favor y seis en contra. Fíjense en todo este tipo de aberraciones.
Aquí recuerdo yo el discurso de María Esther Sherman cuando se discutió lo de Mérida. Ella decía: "Señores, no nos obliguen a lo imposible". Y es que cuando se hace fraude a la Ley y como no puede hacerse muy bien, entonces se llega a lo imposible.
Se dice que hubo sesión secreta, pero que en esa sesión secreta se aprobó la propuesta del dictamen por nueve votos a favor y seis en contra. En la votación no hay votos a favor ni votos en contra; en una votación todos los votos son a favor de fulano, de sutano o de perengano, pero ¿ cómo votos en contra? Puede haber habido nueve votos a favor de Carlos Medina y otros, uno, dos o tres a favor de equis persona, pero ¿ cómo en contra?
Esto es quizá a lo que obliga la ausencia de respeto a la voluntad popular. Tan fácil que
hubiera sido reconocer el triunfo auténtico de Vicente Fox, pero no se hizo así y evidentemente, como aquí se dice, se decreta un interinato hasta en tanto se celebren esas elecciones, y todos sabemos lo que quiere decir un interinato, es un período en esencia de duración corta y claramente definida y delimitada previamente para conocer cuando dura un interinato.
Todos sabemos que no hay interinato que en la historia política de México no tenga señalada una duración, excepto el caso de Guanajuato, y quizá por ello ya el interinato de Carlos Medina ya hay muchos que lo llaman "eterninato" porque ya va probablemente conduciendo a una duración muy complicada.
Ante esa situación todos sabemos que la prensa nacional acuñó el término "concertacesión"; a partir de ahí es cuando en la política mexicana adquiere carta de naturalización la concertacesión, y hubo quienes hablaron de ella y hubo quienes la negaron, pero todos sabemos que en política hay dos tipos de acuerdos, los acuerdos transparentes y los acuerdos vergonzantes, por ello es que en la mañana el senador Muñoz Ledo, cuando hablaba del acuerdo por la paz, la democracia y la libertad que firmaron recientemente la mayoría de los partidos políticos, ese es un acuerdo transparente; ahí no hay vergüenza de nada y ahí se dice claramente quiénes son los participantes, cuáles son sus obligaciones, a qué se comprometen y cuáles son sus exigencias, pero cuando por algún motivo las partes no quieren que se conozcan los acuerdos a que llegaron, estamos en presencia de los acuerdos vergonzantes, si es que hubiera habido acuerdos.
La vox populi dice que ahí hubo un acuerdo vergonzante. Los actores o quienes intervinieron en ese supuesto acuerdo lo niegan, pero hay cosas que no es necesario que haya prueba plena, los indicios y construyendo sobre de ellos, nos llevan a la conclusión de la prueba plena y aunque una parte de esos actores en el acuerdo político de Guanajuato lo niega, pues hay ciertos indicios que nos hacen ver que no, y recientemente recordamos que en los últimos meses del año pasado, en una reunión semejante a la que hubo hace unos pocos días para que no se hicieran bolas algunos, también se dijo que la época de las concertaciones ya se había terminado, y no vaya a ser ése de que "no se hagan bolas", sea lo mismo que el anuncio de que la época de las concertaciones ya se habían terminado, porque a los pocos meses de que se terminaron las concertaciones, pues se dice que hubo otra. ¿Entonces, quién sabe qué tan firme sea la ratificación de la candidatura oficial?
Y ahí también se dijo en esa reunión que la razón de la concertación y el acuerdo entre el partido de Estado y el partido Acción Nacional, pues era porque el PRD o sus dirigentes querían romperle el cuello al sistema, y ya ése es otro antecedente que nos hace pensar de los posibles acuerdos vergonzantes.
Y por otra parte, tenemos el caso de la conformación del gabinete del gobernador interino de Guanajuato, que su primer Secretario de Gobierno era un distinguido militante del Partido Revolucionario Institucional, a quien Medina en su vida había conocido, y ¿ cómo es que de repente lo nombra Secretario de Gobierno? Y al terminar él su período por licencia, entra otro distinguido priísta, el senador Suárez Nieto, y continúa otro Secretario de Gobierno, también priísta.
Esas casualidades y coincidencias son las que le dan a uno en qué pensar y por eso es que se dice que quizá ahí pudiera haber algún acuerdo vergonzante.
Y al respecto hay un artículo muy importante de mi amigo y paisano, el diputado Luis Dantón Rodríguez, que en la revista número 11 de quórum, que edita la seguridades de Diputados, de febrero de 1993, hace un análisis muy extenso que obviamente por la misma razón no voy a leer pero que recomiendo a quienes tengan interés al respecto, porque él hace un análisis muy certero al respecto, y en un 90% yo suscribir a ese análisis y ese artículo.
Entre otras cosas, habla de que, refiriéndose al interinato, dice que hubo un pacto electoral por el que se establecieron una serie de condiciones para celebrar elecciones extraordinarias, habiéndose omitido fijar un término para efectuarlas como reiteradamente lo ha estado reclamando la opinión pública. Esto hace un año que ya mi paisano hablaba de que la opinión pública quiere un plazo para elecciones, y un año después ha caído esto en oídos sordos.
Y también habla de los pactos. ¿ Yo no sé quién le diría a Luis Dantón lo de los pactos? Y dice: "Todo acto o convenio que se haya celebrado o se celebre en esta materia, ser á inconstitucional de origen y por tanto carece de validez". Esto es refiriéndose a los pactos de que el Congreso de Guanajuato no convoque a elecciones.
Y también dice: " Por otra parte, creo que todo período de Gobierno debe estar sujeto a un plazo,
está en la naturaleza del mandato que recibe, después de la elección y una vez que su validez ha sido declarada..."
Fíjense qué bonita figura: "...está presente en la naturaleza del mandato". Es obvio. Si el Gobierno constitucional tiene un plazo, pues el Gobierno interino con más razón debe de tener un plazo, el "eterninato" es el que no le vemos hasta cuándo vaya a concluir el plazo correspondiente.
Y también dice, en su análisis Luis Dantón, esta circunstancia se debió de haber resuelto en el momento en que se hizo la designación de gobernador interino.
Y en la parte final dice así: "La alternabilidad democrática y la coalición de fuerzas políticas parecen ser los ejes en que se sustenta el proyecto político que no ha podido consolidar su estabilidad. El cambio de Gobierno se dio como resultado de una crisis y no de la voluntad popular".
De tal modo que no se puede hablar propiamente de una alternabilidad o alternancia democrática. En fin, no quisiera yo alargar más esta situación al respecto.
Solamente quiero recordar que en su toma de posesión el gobernador de Guanajuato, interino, el ingeniero Carlos Medina, dijo así en las partes finales de su intervención: "Hoy el mandato del pueblo, el compromiso de mi Gobierno interino, es el de luchar contra lo que sea por lograr unas elecciones extraordinarias con equidad y verdad, para que el pueblo elija cuando el honorable Congreso del Estado decida convocar al Gobierno constitucional electo del Estado de Guanajuato".
Y más adelante dice: "Desde hoy, y este desde hoy es desde el 26 de septiembre de 1991, convoco a los partidos políticos y ciudadanía, para que juntos estudiemos y propongamos a las autoridades electorales, los pasos que consideramos se deben seguir para lograr en las elecciones extraordinarias a que convoque el honorable Congreso del Estado, plena garantía del respeto y la pureza del voto, y que sean estas elecciones ejemplo para el resto del país".
El habla de unas elecciones ejemplares. Y definitivamente no pueden ser ejemplares las elecciones que no se celebran o que parece haber la intención de que no se celebren nunca. Y ante los reclamos de que hablaba mi paisano en el documento de quórum, de que la gente está exigiendo reiteradamente que haya elecciones en Guanajuato, de manera muy extraña y de dudosa legalidad jurídica, el gobernador interino emite un decreto que es de fecha 23 de febrero de 1993, por virtud del cual se crea la Comisión Coordinadora para la Reforma Política del Estado de Guanajuato. Y esa Comisión coordinadora la integran como copresidentes, el gobernador interino y el Presidente de la Gran Comisión de la seguridades de Diputados. Y obviamente, ahí empezaron los problemas, a través de la designación por consenso de las distintas personas encargadas de administrar y de dirigir esta Comisión.
Y además, y esto es parte de la gravedad, para que los partidos políticos no exigieran que a la brevedad posible se celebraran esas elecciones extraordinarias, se legalizó la corrupción, ya que ahí se establece que se le dará dinero a los partidos políticos que participan en este organismo. De tal manera que los partidos políticos, todos, y repito, ¡ todos! sin excepción, a través de sus dirigentes, estaban interesados en que este organismo no concluyera sus trabajos nunca, porque al concluir se acababa su posibilidad de participar con emolumentos mayores de los que recibimos los legisladores federales.
Y así dice el artículo 10, en la parte final de su fracción VII: "Para el cumplimiento de estas labores, los partidos políticos recibirán, de acuerdo a los recursos disponibles, los medios que requieran, se justifiquen y efectivamente devenguen."
Obviamente, es la legalización de la corrupción. Esto, señores, no puede ser. Y obviamente, hay gentes interesadas en la continuación indefinida del interinato y de esta serie de problemas.
Ahora bien, recientemente y ante la presión de muchas gentes, y quizá aprovechándose de los hechos de Chiapas, finalmente el gobernador Carlos Medina decide romper ese presunto pacto y da fin a la cohabitación o como se le quiera llamar al cogobierno, y decide nombrar a un Secretario de Gobierno que ya no sea del partido oficial.
Y aquí lo preocupante es que empieza por nombrar al anterior jefe de la Policía Judicial del Estado. ¿ Qué en el Partido Acción Nacional o en el Gobierno de Guanajuato no habría otra persona calificada para ser Secretario de Gobierno, de tal suerte que se decide que el jefe de
la Policía Judicial del Estado pase a ocupar la Secretar a de Gobierno?
Y ello obviamente crea una serie de críticas e inconformidades de todos los guanajuatenses y fundamentalmente del partido con el que existía el pacto. Y el propio Secretario de Gobierno, removido o destituido, dice: "Es que en realidad no nos podíamos arreglar. Cada vez que teníamos que tomar una decisión de común acuerdo, nos citaban a Gobernación, a la Secretaría de Gobernación en México y allá era donde se orientaba el rumbo político de Guanajuato".
Y quizá por ello es que en la Secretaría de Gobernación todavía no les han dicho a los diputados del PRI, que forman mayor a absoluta en el Congreso de Guanajuato, que convoquen a elecciones extraordinarias. Y se da una situación muy curiosa...
La Presidenta:
Compañero diputado: discúlpeme. Dado que han transcurrido 43 minutos, le rogar a concretar y redondear su intervención
El diputado Emilio Becerra González:
Así es. Claro que sí. Con mucho gusto.
La Presidenta:
Gracias.
El diputado Emilio Becerra González:
Ante esa situación, que ha propiciado inclusive que se tomen las carreteras, especialmente la que conduce de León a Silao, y aquí se da una similitud en el caso del gobernador renunciado de Chiapas Setzer Marseille, o algo así , que esta gente bloquea la carretera en inconformidad por el cambio de Secretario de Gobierno y pidiendo la convocatoria a elecciones extraordinarias.
Y sale un desplegado del Gobierno del Estado de Guanajuato, más o menos en términos del gobernador de Chiapas, diciendo: "que quienes bloquearon la carretera no tenían razón de acudir a esas medidas, porque no habían precisado sus demandas". Y más o menos fue lo que yo escuché decir el día 2 ó 3 al exgobernador de Chiapas.
¿ Y qué es lo que dice la legislación al respecto? La Legislación de Guanajuato es muy clara, dice que cuando hay falta absoluta del gobernador durante los tres primeros años del ejercicio de Gobierno, se nombrar á un gobernador interino; y cuando hay falta absoluta durante los últimos tres años del ejercicio de Gobierno se nombrará un gobernador sustituto. Es decir, que aun cuando la Constitución de Guanajuato no precise como la Constitución de la República, que el interinato no podrá ser más allá de 18 meses y que la elección extraordinaria se tendrá que celebrar entre los 14 y los 18 meses de la falta absoluta de Presidente de la República, así en la Constitución de Guanajuato se establece que durante los tres primeros años es gobernador interino, durante los tres últimos años es gobernador sustituto.
De tal suerte que cumpliendo tres años la falta de Ramón Aguirre el 26 de septiembre de 1994, si hay todavía falta de gobernador para el 27 de septiembre, necesariamente estaríamos en el supuesto de nombrar un gobernador sustituto, por lo cual el plazo de Gobierno del ingeniero Carlos Medina como interino no puede ir más allá del 26 de septiembre. Y como no puede ir más allá del 26 de septiembre, es absolutamente necesario que con toda oportunidad el Congreso de Guanajuato convoque a elecciones extraordinarias porque si no se celebran elecciones extraordinarias y cuanto antes, va a suceder que no exista la posibilidad de tener gobernador electo de Guanajuato en los próximos tres años porque necesariamente al 27 de septiembre de este año, habrá falta absoluta del gobernador electo Ramón Aguirre y tendrá que nombrarse un gobernador sustituto por esos tres años y de tal suerte que la situación de Guanajuato será totalmente irregular y nosotros como legisladores federales estamos obligados a velar porque se respete el pacto federal.
La Presidenta:
Compañero diputado, nuevamente le hago un atentísimo llamado, son 45 minutos ahora de intervención.
El diputado Emilio Becerra González:
Estoy por concluir compañera diputada:
Por lo tanto, es necesario ante la efervescencia política, ante los graves problemas de que el Congreso de Guanajuato está sometiendo o por someter a juicio político a la mayoría de los presidentes
municipales que gobiernan ayuntamientos ganados por el PAN en las últimas elecciones.
El pueblo de Guanajuato exige que cuanto antes se celebren elecciones extraordinarias para que el nuevo gobernador tome posesión a más tardar el 27 de septiembre, porque quiero concluir, así como empecé refiriéndome a los pro hombres de Guanajuato, la primera Constitución Estatal de Guanajuato dice más o menos así en su artículo último y es la Constitución de 1927: "A todo guanajuatense le es permitido velar sobre el cumplimiento de esta Constitución cuya observancia se confía al valor y patriotismo con que supieron dar el primer grito de libertad por su patria". Y ese artículo, aun cuando no está vigente en el texto legal, evidentemente sigue vigente en el corazón y en la tradición de los guanajuatenses y ante la efervescencia de Guanajuato, ante la demanda de democracia de todo el país, ante el llamado de atención de Chiapas, si no hay elecciones extraordinarias en Guanajuato, puede suceder que esos guanajuatenses que dieron el grito de Independencia en 1810, hagan valer, nuevamente ese artículo último de la Constitución de 1927 y exijan que se cumpla con la legalidad en Guanajuato, porque finalmente el depositario último del poder es el pueblo, y el pueblo de Guanajuato quiere y exige un gobernador emanado de la soberanía popular. Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Felipe Calderón.
El diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa:
Gracias diputada Presidenta; compañeras y compañeros legisladores.
Voy a hacer referencia, lo más breve posible, a algunos de los puntos aquí comentados por el diputado Emilio Becerra.
Me parece que lo mejor de sus 50 minutos fueron las alusiones fundamentalmente a José Alfredo Jiménez; a los Caminos de Guanajuato, especialmente porque no pasan por Salamanca; también las referencias al corazón de México y al centro geográfico del país, un poco sobradas de ánimo porque el centro geográfico está en Aguascalientes; las del cura Hidalgo también las damos por buenas, aunque no todos los insurgentes evidentemente son de Guanajuato ni la mayor a que acompañó al cura Hidalgo.
Respecto de la situación en que se encuentra el Estado, evidentemente que responde a una peculiaridad política, de circunstancias que son conocidas y ampliamente comentadas en la opinión pública. No hago referencia a la persona de Ramón Aguirre y en obvio de tiempo y de respeto a los legisladores que trataré yo de tenerlo, tampoco a los acontecimientos electorales vividos en Guanajuato, simplemente coincidiendo con una victoria no reconocida a Vicente Fox y con un rompimiento del estado de derecho no referido al momento de la designación de gobernador interino sino mucho antes, al proceso electoral mismo.
Ya hemos comentado en otras ocasiones y hay que subrayarlo nuevamente, que el momento político que está viviendo el país, ha llevado a condiciones y momentos políticos donde en la interpretación perredista, como decía el compañero Alejandro Encinas y algunos otros, se llega a soluciones políticas para problemas políticos como los que ocurrieron pues ya, sin ir más lejos, en el propio Estado de México hace algunos días, respecto de municipios reconocidos al PRD, una vez concluida la fase de calificación electoral, incluido el tribunal y el colegio.
Para nadie es extraño que en Guanajuato privó una situación semejante de irregularidad de estado de derecho quebrantado por el proceso electoral mismo y de soluciones políticas que efectivamente sostienen o se sostienen en las condiciones políticas peculiares del Estado.
Tampoco creo que haya una simulación de la Ley si se hace la consideración de que en torno a la no presentación de Ramón Aguirre a la toma de protesta que ocurrió y a la designación de gobernador interino, concurrieron también todas estas circunstancias a las que se hace referencia en el dictamen de referencia y que evidentemente no responden a la solución que cualquier demócrata hubiese deseado, no por los efectos o las consecuencias mismas de la resolución, sino porque el procedimiento ideal desde luego y también lo sostuvo Acción Nacional en su momento, debió haber sido la rectificación por los órganos electorales y el tribunal respectivo, de los resultados con apego a las evidencias mostradas en los recursos correspondientes y en la opinión pública.
La propia Constitución hace referencia a... "cuando el gobernador electo no se presentare...", es decir, la forma de futuro, de subjuntivo, de la hipótesis prevista en la Ley y en el momento en que se resuelve la situación jurídica del Gobierno de Guanajuato, en el momento en que
por razones evidentemente políticas y constitucionales una situación política y jurídicamente definida, es decir en el momento en que se tiene la certeza de un acontecimiento futuro, un acontecimiento futuro de realización cierta, se surte el efecto de la Ley y es el imperio, es la obligación del Congreso respectivo, definir una situación de ingobernabilidad precisamente por la carencia futura, la carencia cierta aun sea futura pero cierta, de una falta de gobernador en el Estado.
El hecho de presentarse a la toma de protesta, que es la hipótesis que se prevé , se satisface por la declaración del propio sujeto y además tenemos que considerar que la política y las funciones públicas no corresponden a los términos deportivos de que si llegó ahí o no llegó , pisó la base o no la pisó ; o declaró a las 10 ó declaró a las 11, en un acontecimiento político cierto, definido jurídicamente, con certeza jurídica que además responde a las condiciones políticas, porque bien decía, si en la opinión de Becerra Ramón Aguirre es un cadáver político insepulto ya lo era en ese momento, y los cadáveres no toman posesión.
Pero hay una serie de circunstancias que son ajenas al Partido Acción Nacional, como son ajenas al PRD, en que a los partidos que luchan por condiciones democráticas se les cierra el camino ordinario como es el de la vía electoral democrática ordinaria en sus instancias correspondientes y se llega, y qué bueno que se llegue, a soluciones políticas que eviten el estallamiento de movimientos como los que hemos lamentado en últimos días.
Yo considero que efectivamente puede haber fraude a la Ley, figuras graves en los hechos mucho mayores a las que supuestamente observa el licenciado Becerra, que yo no comparto, fraude a la Ley por ejemplo para ilustrar a la concurrencia y respecto de la Constitución de Guanajuato, yo considero fraude a la Ley el ostentarse para aspirar a una gubernatura del Estado, como originario del Estado alegando el "jus sanguinis", como hizo un ilustre candidato en aquella época; doble fraude cuando habiendo hecho el ridículo en la opinión pública por la inoperancia del "jus sanguinis", se alega el "jus recibo de luz" de Apaseo. Estos sí son fraudes a la Ley y creo que con esto se completa la figura a la que hace referencia el diputado Becerra.
Respecto de las elecciones extraordinarias estamos creo coincidiendo perfectamente de que esas elecciones tienen que convocarse, y me parece que también lo mencionó el diputado Becerra, que ha sido la oposición del Congreso de Guanajuato, que no del gobernador, el Congreso que es precisamente el órgano competente de convocar a elecciones extraordinarias, el que no sólo no ha convocado, sino que se ha negado en la opinión pública a convocar.
Es más, la bravata de hace algunos días de convocar a elecciones finalmente no la cumplió a pesar de que había disposición de todos los partidos, y que quede claro, el Partido Acción Nacional está dispuesto a competir en el momento que se desee, en este 1994, por elecciones de gobernador en Guanajuato.
Creo que no quisiera yo abundar sobre las "concertacesiones", me parece que es un lenguaje político creado para desvirtuar las rectificaciones del sistema político y que son rectificaciones que se hacen precisamente por la torpeza del sistema y que tienen que encaminar a este país hacia un régimen plenamente democrático.
Tampoco creo que la diferencia entre acuerdos transparentes y acuerdos vergonzantes, sean que se conocen o no se conocen en la opinión pública. La realización de un acuerdo, por ejemplo, implica el encuentro y común disposición de las partes, y yo quisiera saber por ejemplo si en el caso del fraude a la Ley mencionado de un candidato que sin tener los requisitos logró el reconocimiento de su candidatura, mediando visitas de ese personaje a Los Pinos y entrevistas con el Presidente de la República, en que por supuesto públicamente se dijo que no se habló de eso, pero como bien dice Becerra, hay indicios que llevan a afirmaciones.
Aquí sí no comparto ni como abogado, y caray, es preocupante que sea notario, por cierto no digo que sea de ninguna "concertacesión" pero es preocupante que un notario diga que los indicios hacen prueba plena. Imaginémonos qué haría un fedatario público como el diputado Becerra, en aplicar este criterio en los indicios que él puede tener de la realidad que nos circunda. Estoy seguro que todos iríamos a la cárcel por la buena fe o el exceso de buena fe pública de un criterio como éste.
Por otra parte tiene razón en afirmar que cuando tomó posesión Carlos Medina, hizo un compromiso y dice: "Convocó a los partidos políticos y a la ciudadanía a dar los pasos a seguir, para dar plena garantía y pureza del voto a un proceso electoral que fuera ejemplo para todo el país." Y precisamente en esos pasos estaba el configurar con todas las fuerzas políticas, reformas constitucionales y reformas electorales, que le
dieran esa garantía de credibilidad e imparcialidad al proceso.
Convocó a los partidos y evidentemente convocó al PRI y al PRD. Y se parte además de una realidad que se da en el Estado de Guanajuato, un gobernador con un Congreso que le es adverso, de mayor a priísta, y efectivamente para que subsistieran las condiciones de gobernabilidad del Estado, para que pudiera haber una marcha ordenada del Estado, no por acuerdo que se haya tenido entre las fuerzas políticas, sino para la posibilidad de tener gobernabilidad, es decir de consenso con una fuerza política que dirige al Poder Legislativo en el Estado, había un Secretario de Gobierno de otro partido político; esa era una razón. La otra misma era la conveniencia que puede juzgar un gobernador para que los asuntos relacionados con el Gobierno del Estado puedan ser llevados de la manera más ordenada.
Era muy claro que no podía establecerse una condición de Gobierno en un Estado dividido en ese momento, de dos fuerzas políticas contrarias que requerían de unir esfuerzos para sacar adelante no sólo el compromiso de las elecciones sino de la gobernabilidad del Estado.
Cada vez que hace referencia el diputado Becerra a ese asunto del Secretario de Gobierno, dice que le dan a uno en qué pensar. Yo reconozco que el diputado Becerra no tenga con frecuencia en qué pensar y qué bueno que se le den cosas en qué pensar, y sostiene un acuerdo que no conoce, que no demuestra pero que lo induce a pensar que hay, el hecho de que haya un Secretario de Gobierno priísta, que no es además caso único de gobiernos estatales o municipales de Acción Nacional, ni tiene que ver con el acuerdo presunto o tácito que se pretende que hay, pero qué curiosidad señores diputados, señores senadores, cuando no hay Secretario de Gobierno priísta, cuando precisamente los hechos inducen a desmentir lo que siempre se le había desmentido públicamente al diputado Becerra, entonces sí le extraña.
Ahora, esto no lo lleva, este indicio no le hace prueba plena de que no existía lo que nunca pudo probar que existió pero que supuso que había indicios que lo demostraban, estos indicios no le hacen decir que no hay, sino simplemente bueno, lo que había ya se rompió . Vi un platillo volador, qué bueno, no lo vi en realidad pero hay indicios que hacen suponer que hay, y como ya no hay ¿ dónde está ?, seguramente se esfumó , lo cual demuestra que es un platillo volador. Hay un proceso político en Guanajuato que se está llevando a cabo, y efectivamente se formó una Comisión, ya la mencionó aquí , Comisión Coordinadora para la Reforma Política del Estado de Guanajuato me parece, donde efectivamente participan todos los partidos políticos, y me parece muy pobre del diputado Becerra, no sólo para los partidos políticos sino sobre todo para el suyo, el PRD, que diga que el que se hubiera dotado a esa Comisión de los recursos humanos y económicos para poder preparar, discutir y elaborar una reforma política integral, se diga que se estaba legalizando la corrupción.
No es el caso del Partido Acción Nacional, ni es el caso, estoy seguro, de los diputados y miembros distinguidos del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Guanajuato. De hecho esa misma Comisión Coordinadora acordó con la Presidencia Colegiada, el llevar un proceso que implicara primero reformas constitucionales, reformas legislativas y convocatoria a elecciones extraordinarias.
Hace unos días por cierto, el Presidente de la Gran Comisión, o el líder de la seguridades de Diputados del Estado de Guanajuato se separa públicamente de esta Comisión Coordinadora. Eso no era obstáculo ni lo fue, para que se continuara con los trabajos de organización de elecciones como se dijo, imparciales, equitativas en Guanajuato, a través de reformas constitucionales, de reformas legislativas y de la convocatoria misma que es competencia del Congreso del Estado, y precisamente esta Comisión, con el consenso de los partidos excepto el PRI, que repito, es el que se ha resistido a todo este proceso político y a la convocatoria misma de elecciones, presentó una reforma constitucional en la que aparecen órganos autónomos e independientes, tribunales, institutos que pueden garantizar este proceso equitativo e imparcial.
Se ha agotado mi tiempo. Me reservo en otra ocasión si fuese necesario. Simplemente digo que este proceso de reforma integral, que tiene que desembocar y que coincidimos en elecciones extraordinarias, está elaborado de consenso con las principales fuerzas políticas del Estado de Guanajuato, excepto el PRI en este caso, y esa iniciativa que presentó el gobernador Carlos Medina el día de hoy, está suscrita, en su calidad de integrante de la Comisión Coordinadora para la Reforma Política, por el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, Carlos Navarrete, quien públicamente ha apoyado los pasos tomados por el gobernador Medina para la reforma electoral y para la convocatoria a elecciones extraordinarias. Gracias.
El diputado Emilio Becerra González (desde su curul):
Señora Presidenta, pido la palabra para contestar alusiones personales.
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Becerra, en términos del artículo 102 del Reglamento, por cinco minutos.
El diputado Emilio Becerra González:
Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros legisladores:
Me parece que el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, vino aquí a relatarnos una serie de inexactitudes, fantasías, buenas intenciones, y sobre todo a demostrar su ignorancia del derecho y su mala fe respecto a las citas que hace de lo que uno menciona, y quizá para cubrir lo uno y lo otro emplea términos que son contradictorios y confusos de tal manera; o una de dos, o pretende confundir o él está sumamente confundido, porque yo hablé de fraude a la Ley, y él inicialmente habló de simulación a la Ley o simulación de la Ley, y después de fraude a la Ley, cuando son dos circunstancias jurídicas totalmente distintas.
Una es la simulación de los actos jurídicos y otra cosa es el fraude a la Ley.
Pero, repito, o él confunde o no conoce cuál es un supuesto, y cuál es el otro.
También ignora totalmente la geografía, yo un día lo voy a invitar, ya que conoce también los caminos de Guanajuato, ahí cerca de Silao, rumbo a León, hay unos monolitos que pusieron arquitectos y topógrafos de la Comisión esta de Geografía y Estadística en donde está el centro geográfico de Guanajuato.
Quizá él no conoce de eso o por algún motivo citó el centro en Aguascalientes.
Por otra parte, concluyó de una manera igualmente confusa, diciendo que esta Comisión había presentado una iniciativa constitucional. Pues no sabe que las comisiones no tienen facultad de presentar iniciativas. El derecho de iniciativa es del gobernador, de los ayuntamientos y de los propios diputados, y después, al último dijo, que la había presentado Carlos Medina en representación de la Comisión.
Señores, es evidente que él confunde, y sí confunde, si así lo hizo su gobernador también confunde; el gobernador tiene facultad de iniciativa como gobernador, pero no como representante de una Comisión, porque ahí se está presentando con una personería que no le permite el derecho de iniciativa.
Por otro lado, habla de que el verdadero fraude a la Ley es invocar el "jus sanguinis", con eso se prueba lo que yo decía, que desconoce totalmente, a pesar de su pretendido título de abogado, que habría que revisarlo, no vaya a ser colorado, si efectivamente existe...
El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul):
Señora Presidenta.
La Presidenta:
SÍ, diputado.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul):
¿ Aceptar a una interpelación el diputado Becerra?
La Presidenta:
¿ Acepta usted una interpelación?
El diputado Emilio Becerra González:
Al diputado Juan de Dios Castro, con todo el gusto del mundo.
La Presidenta:
Aceptada. Adelante por favor diputado Castro.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul):
Gracias, señor diputado; Presidenta.
Una pregunta nada más que puede obviar este debate. Usted, señor diputado, es diputado del Partido de la Revolución Democrática. La pregunta concreta es: ¿ El líder estatal del PRD en Guanajuato, repito, el dirigente estatal del PRD en Guanajuato, apoya al gobernador Carlos Medina Plascencia en este tema electoral de la iniciativa, si o no? Por su respuesta, gracias, señor diputado.
El diputado Emilio Becerra González:
La respuesta es: ¡ Sí! Sin embargo el hecho de que alguien apoye a otra persona, no quiere decir que la actuación de esa persona necesariamente sea legal o válida. Es políticamente válida la gestión de Carlos Medina, como Presidente o copresidente de la CORPEC, porque fíjense una cosa, es copresidente, y estableciendo la CORPEC que todo será de consenso, cómo es que no habiendo un copresidente alguien se arroga la representación de ese organismo. Pero en fin, ésos son de los errores menores del gobernador o del planteamiento del diputado Calderón.
También dice que el ius sanguinis no da derecho. Eso es un claro desconocimiento del derecho y especialmente del derecho guanajuatense. La Constitución de Guanajuato, como muchas otras constituciones dice o decía, cuando nació el senador Muñoz Ledo:
a) Son guanajuatenses los nacidos en el Estado de Guanajuato.
b) Los hijos de padre o madre guanajuatense nacidos en cualquier parte.
Así como lo dicen la mayoría de las constituciones de la República actualmente. Entonces eso es lo que se llama derecho de sangre o ius sanguinis", y donde hubo verdaderamente falsedad y hay que recordarlo, fue en el candidato del Partido Acción Nacional...
El diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (desde su curul):
Señora Presidenta; pregunte al orador si acepta una interpelación.
La Presidenta:
¿ Permite el orador una interpelación?
El diputado Emilio Becerra González:
Con mucho gusto, una vez que concluya, porque quiero continuar.
El candidato Vicente Fox, cuando se registra para diputado federal, menciona como su domicilio y tiene su credencial electoral en León. Y cuando se presenta como candidato a gobernador, tiene su domicilio y credencial, en San Francisco del Rincón. Quizá es el caso que refería hace un rato don Juan de Dios Castro, de esos dobles registros en el IFE.
También Fox quizá no solamente tenga doble nacionalidad, sino triple nacionalidad, porque debemos de recordar que Fox nace en el Distrito Federal. Su madre es española y conforme a la constitución española le corresponde la nacionalidad española. Y su padre es norteamericano y también conforme a la constitución norteamericana, le corresponde la nacionalidad norteamericana.
Y cuando nosotros, yo personalmente como representante de mi partido en la Comisión Estatal Electoral cuestiono la legalidad del registro de Fox, porque no ha renunciado a esas nacionalidades y presento un documento que hacía 20 años antes Fox presentó ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, para renunciar a su nacionalidad española, esto es, que fue diputado federal y representante de la nación sin haber concluido el ratificación, y luego pretendió ser candidato sin haber concluido el ratificación, al cuestionarlo nosotros, ya después de haber solicitado su registro, Fox termina ese ratificación 22 ó 23 años después. Así le interesaba a él ser mexicano pleno. Dejó pasar todos esos años para finalmente renunciar.
Entonces esa es la verdadera falsedad quizá , que por algún motivo se le olvidó al diputado Calderón. Y también se le olvida quizá , el ilustre jurista don Juan de Dios Castro Lozano le podrá decir que hay una jurisprudencia de la corte, no que un indicio hace prueba plena, pero que un conjunto de indicios concatenados y relacionados con un asunto, hacen prueba plena. Mientras no se modifique esa jurisprudencia seguirá vigente.
Y para concluir, debo de decir que, quizá el diputado Calderón asiste a tantos programas de Nino Canún y Pedro Ferriz, que por eso menciona platillos voladores y hace toda esa serie de confusiones y de problemas, de inexactitudes
jurídicas. Pero pedirle que haga un planteamiento serio en materia de derecho, es pedirle peras al olmo. Muchas gracias.
Con esto concluyo y ahora sí acepto la interpelación.
La Presidenta:
Diputado Calderón, adelante, por favor.
El diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (desde su curul):
Diputado, primero: Usted considera que el hecho de que Vicente Fox haya tenido una credencial de elector en León, cuando se registró como candidato a diputado y otra como candidato a gobernador, primero desvirtúa el requisito señalado por la Constitución, y
Segundo; si usted le considera valor a esas acreditaciones, al registro para efectos del cumplimiento de requisito.
La otra pregunta es que si usted como abogado destacado, ¡ que no es!, considera que es derecho vigente el derecho vigente cuando nació el senador Muñoz Ledo. A pesar de que ha sido reformado.
Y lo tercero es, que si trae a mano la jurisprudencia que dice, porque ésa no existe.
El diputado Emilio Becerra González:
Con mucho gusto.
Primero, el hecho de que Vicente Fox haya tenido dos credenciales distintas, independientemente de lo que pruebe para los efectos electorales o para los efectos de residencia, lo único que prueba es una convicción personal de defraudación, de oportunismo y de conveniencia; que se critica cuando la cometen otros, pero que no se critica cuando la cometen los propios.
Y respecto a lo demás que usted pregunta en materia de derecho, diputado, le recomiendo que los títulos de posgrado y las clases de posgrado se dan en la Universidad Nacional o en alguna otra. Es todo. Muchas Gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra, para contestar alusiones personales, el diputado Felipe Calderón.
El diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa:
El relato de mis inexactitudes, fantasías, intenciones, etcétera, diputado Becerra, ha sido rico en las mismas en su intervención de 50 minutos ya referida, y no podía constituirse de otra manera.
Respecto a la geografía, vamos a dejársela a los peritos. Hay un monumento, un obelisco en el Estado de Aguascalientes que marca ese centro geográfico. Los monolitos que usted se refiere acerca de Silao, capaz que son del Cerro del Cubilete: "Consuelo de los que sufren, y adoración de la gente". Pero dejémoselo a los peritos.
Respecto de mi título de abogado, cómo no, revíselo. Si quiere alguna orientación donde se puede revisar, luego aquí en la asesor a jurídica gratuita de la seguridades se le puede dar una orientada, puede pasar una gestión.
Y mi título no lo otorgó Corrales Ayala ni por hacer un favor político, como a usted le otorgaron su notaría. Así es que créame, que es válido y es de una escuela respetable. Además puede usted constatar lo contenido en él y los antecedentes académicos que lo respaldan. No es colorado, diputado.
Por otra parte, el derecho guanajuatense, haciendo referencia a la pregunta que usted no contestó , porque no sabe, no me imagino que haya rehuido una pregunta; no sabe. El requisito de candidatura de Porfirio, que fue reformado, no se aplica cuando él se está registrando como candidato a diputado. Yo creo que en el manual de Introducción al Estudio de Derecho de García Maynes, usted puede leer Ahí en las últimas páginas lo que se llama Conflicto de Leyes en el Tiempo. Y posiblemente hasta se rasure con un poco de ilustración jurídica.
Por cierto que no hay agravio, suponiendo sin conceder, en las credenciales de Vicente Fox. En primer lugar, porque ambas establecen y prueban la residencia de Guanajuato, que es el requisito constitucional. Y segundo, porque difieren en el tiempo y evidentemente pudo haber como, si es el caso, hubo un cambio de domicilio de él. Pero además, diputado, lo que sí me parece una vocación por la defraudación constante es
el caso de su candidato a gobernador Porfirio Muñoz Ledo, que utilizando el mismo argumento que usted dice diputado, tiene una credencial de elector del Distrito Federal en 1988 y en 1991 también.
Se registra como candidato a senador del Distrito Federal, acreditando su residencia en el Distrito Federal. Y el requisito que se hubiera cumplido en la Comisión Estatal de Guanajuato no es del ius sanguinis, porque evidentemente el haber tenido unos bisabuelos en Guanajuato no le puede dar derecho a considerarse originario de Guanajuato, como él mismo reconoció después con el fallo. Y el fallo de la Comisión Estatal Electoral, usted lo sabe diputado, que puede ser una simulación. Ah hay una simulación porque su candidato simuló la residencia en Apaseo, con un recibo de luz, con un contrato de energía eléctrica. El invocó el ius contrato de energía eléctrica de Apaseo para registrarse como candidato a gobernador. Esto evidentemente es una simulación.
Y me parece un comportamiento, repito, un desdoblamiento de personalidades entre su partido y usted, porque su partido teniendo una actitud responsable en Guanajuato en este punto de empezar una reforma integral, pues usted la impulsa por otro lado y esta esquizofrenia divertida desde luego, lo admito, pues a nada conduce, ese desdoblamiento de personalidad política de un partido.
Respecto de las cuestiones relativas al registro de candidatos de Porfirio Muñoz Ledo me parece que tampoco contestó lo que usted llama los compromisos o los acuerdos vergonzantes para efecto del registro de esa candidatura. Ahora conteste, porque como usted dice, si es que los acuerdos vergonzantes son los que no se dicen, qué bueno que no dijo nada en su intervención. Muchas gracias
La Presidenta:
Se ha agotado este punto. Ruego a la Secretaría continuar con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DÍA
El secretario senador Gustavo Salinas Iñiguez:
Señora Presidenta, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar cuenta del orden del d a de la próxima sesión.
« Comisión Permanente. Primer Receso. Tercer Año. LV Legislatura.
Orden del día
9 de febrero de 1994.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Invitación del Departamento del Distrito Federal, al acto cívico que con motivo del CLXIII aniversario luctuoso del general Vicente Guerrero Saldaña, tendrá lugar el 14 de febrero a las 11.00 horas.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Yucatán.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Siete con los que se remiten las hojas de servicios de los ciudadanos Máximo Pastrana Guadarrama, Manuel Orozco Pimentel, Adrián Maldonado Ramírez, José Francisco Javier Sandoval Gutiérrez, Mario Alberto Solís Rodríguez, Sergio Bejar Hernández y Bernardo Alfredo Bidart Ramos, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dictámenes a discusión
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto, relativo a la designación de magistrados suplentes de sala regional del Tribunal Federal Electoral.
Siete, de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados a los ciudadanos Gandhi Zilli Viveros, Luis Fernando Zapata Espinoza, Lázaro Mendoza Sánchez, Gregorio Núñez Ehuan, Luis Jorge Fuentes Chávez, Moisés Gómez Cabrera y César Camilo Vallejo González.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Rogelio Alonso Rodríguez Yuen, para prestar servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano licenciado Ismael Garza T. González, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de la
República del Paraguay en Monterrey, Nuevo León.
Sesión secreta.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta. »
La Presidenta (a las 18.50 horas):
Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el miércoles 9 de febrero a las 11.00 horas.
APENDICE
DECLARACIÓN DE LEGISLADORES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN SOBRE HOSTIGAMIENTO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
LEGISLADORES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, EXPRESAN SU MAS ENÉRGICO RECHAZO, A CUALQUIER ACTO QUE LESIONE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN , DE TODO TIPO, EN EL PAÍS Y EN CONSECUENCIA AFECTEN ESTA LIBERTAD Y EL DERECHO A LA INFORMACIÓN QUE ESTA CONSAGRADO EN FAVOR DE LOS MEXICANOS COMO PRINCIPIO CONSTITUCIONAL
EN PARTICULAR, RECHAZAMOS LOS ATAQUES Y CALUMNIAS FORMULADAS RECIENTEMENTE CONTRA EL PERIÓDICO "LA JORNADA", A CUYOS COLABORADORES EXPRESAMOS NUESTRA SOLIDARIDAD, SOLICITANDO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES SE INVESTIGUE Y ESCLAREZCA EL ORIGEN DE ESOS ATAQUES
SALÓN DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, A DOS DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO.
ATENTAMENTE
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NOTAS
Siglas y abreviaturas incluidas en esta edición:
CORPEC (Sin aclaración)
IFE Instituto Federal Electoral
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social
ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado
PAN Partido Acción Nacional
PRD Partido de la Revolución Democrática
PRI Partido Revolucionario Institucional