Legislatura LV - Año III - Período Comisión Permanente - Fecha 19940216 - Número de Diario 10
(L55A3PcpN010F19940216.xml)Núm. Diario: 10ENCABEZADO
LV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE
Diputada María de los Angeles Moreno Uriegas
PALACIO LEGISLATIVO
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Héctor de Antuñano y Lora
AÑO III México, D. F., miércoles 16 de febrero de 1994 No. 10
SUMARIO
ASISTENCIA
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
SOLICITUD DE LICENCIA
Del diputado Julián Luzanilla Contreras. Se aprueba el punto de acuerdo respectivo y se turna a la Cámara de Diputados.
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
Invitación al acto cívico conmemorativo del LXXXI aniversario luctuoso de José María Pino Suárez. Se designa comisión.
ESTADO DE AGUASCALIENTES
Comunicación del Congreso estatal, informando de actividades de su legislatura. De enterado.
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Comunicación del Congreso estatal, informando de actividades de su legislatura. De enterado.
ESTADO DE CHIAPAS
Comunicación del Congreso estatal, informando de actividades de su legislatura. De enterado.
ESTADO DE YUCATÁN
Comunicación del Congreso estatal, informando de actividades propias de su legislatura. De enterado.
BANCO DE MÉXICO
Informe sobre el movimiento diario que durante el cuarto trimestre de 1993, tuvieron el financiamiento interno de la institución y la cuenta general de la Tesorería de la Federación. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y a la de Hacienda de la Cámara de Senadores.
SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO
Informes sobre la situación económica, las finanzas y la deuda públicas, correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio fiscal de 1993. Se turna a las mismas comisiones que el anterior.
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL II
Informe trimestral del avance del programa presupuesto al 31 de diciembre de 1993. Se turna a las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y a la del Distrito Federal de la Cámara de Diputados y a las de Hacienda y del Distrito Federal de la Cámara de Senadores.
GRADOS MILITARES
Seis oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que se remiten las hojas de servicios de los ciudadanos Adrián Almazán Alarcón, Rafael Renato Susunaga Vázquez, Felipe García Trujillo, Jacinto Romero Arredondo, Enrique Jorge Alonso Garrido y Vicente Monarque Estrada, para los efectos de la fracción VII del artículo 79, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Segunda Comisión.
EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN MÉXICO
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que se solicita el permiso constitucional necesario para que las ciudadanas Claudia Casado Molina e Inés de los Angeles Hori Cicero, puedan prestar sus servicios en esa legación. Se turna a la Primera Comisión.
ISLANDIA
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto con el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Eduardo Rihan Azar, pueda aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de esa nación en México. Es de primera lectura.
REPÚBLICA POPULAR DE CHINA
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto con el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Bernardo de Jesús Saldaña Téllez, pueda prestar sus servicios en el Consulado de esa nación en Tijuana, Baja California. Es de primera lectura.
GRADOS MILITARES (II)
Ocho dictámenes de la Segunda Comisión con puntos de acuerdo por los que se ratifican a los ciudadanos: Félix Jaime Pérez y Elías, Agustín Ortega Martín del Campo, Alfredo Alexandres Santín, Mariano Francisco Saynes Mendoza, Raúl Arévalo Gallegos, Miguel Lizárra Bolio, Genaro Ambia Martínez y Tito Valencia Ortiz. Se aprueban y se turnan al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.
TRIBUNAL FEDERAL ELECTORAL
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto relativo a la designación de magistrados suplentes de salas regionales de ese cuerpo colegiado.
Para fundamentar la posición del Partido Popular Socialista, hace uso de la palabra el diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo. Se aprueba por 25 votos. Protesta de los magistrados. Se turna al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.
ESTADO DE TABASCO
Para comentar diversos acontecimientos en esa entidad, hacen uso de la palabra los legisladores:
Juan José Rodríguez Prats
Porfirio Muñoz Ledo
Juan José Rodríguez Prats, para contestar alusiones personales.
Porfirio Muñoz Ledo, para contestar alusiones personales.
Juan José Rodríguez Prats, para rectificar hechos.
ESTADO DE DURANGO
Para denunciar hechos, hace uso de la palabra el diputado Juan de Dios Castro Lozano.
ESTADO DE DERECHO EN MÉXICO
Intervienen en el debate los legisladores:
Laura Alicia Garza Galindo
José de Jesús Martín del Campo Castañeda
Laura Alicia Garza Galindo, para rectificar hechos.
Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, para rectificar hechos.
Alberto Marcos Carrillo Armenta
Jorge Tovar Montañez
ESTADO DE SINALOA
Para comentar la situación de la seguridad en esa entidad, hacen uso de la palabra los legisladores:
Esteban Zamora Camacho
Gustavo Guerrero Ramos
Esteban Zamora Camacho, para rectificar hechos.
Juan Antonio Nemi Dib
Esteban Zamora Camacho, contesta alusiones personales.
Juan Antonio Nemi Dib, para rectificar hechos.
ESTADO DE CHIAPAS
Comentan los conflictos municipales, los legisladores:
José de Jesús Martín del Campo Castañeda
Manuel Díaz Cisneros
POLÍTICA MEXICANA DE GLOBALIZACIÓN
La comentan los legisladores:
Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, quien solicita la comparecencia de los secretarios de Comercio y Fomento Industrial y de Relaciones Exteriores.
Miguel Alemán Velasco
Se desecha la proposición.
PROBLEMÁTICA DE DISCAPACITADOS
La comentan los legisladores:
Layda Elena Sansores San Román
Jorge Tovar Montañez
Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, quien solicita una excitativa que se turna a la Cámara de Diputados.
Adolfo Alfonso Kunz Bolaños
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa
El debate se turna a la Cámara de Diputados.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Se da lectura a la solicitud de los miembros de la Comisión Permanente, para que se agregue, al dictamen que tiene pendiente la Primera Comisión, el caso del veto a la empresa Televisa. Se acepta por la Asamblea y se turna.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
Presidencia de la diputada
María de los Angeles Moreno Uriegas
ASISTENCIA
La Presidenta:
Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.
El secretario diputado Efraín Zúñiga Galeana:
Se va a proceder a pasar lista de asistencia de los miembros de la Comisión Permanente.
Señora Presidenta, hay una asistencia de 26 legisladores.
APERTURA
La Presidenta (a las 11.55 horas):
Hay quórum. Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El secretario diputado Efraín Zúñiga Galeana:
Se va a dar lectura al orden del día.
«Comisión Permanente. Primer Receso. Tercer Año. LV Legislatura.
Orden del día
16 de febrero de 1994.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones de legisladores.
Invitación del Departamento del Distrito Federal, al acto cívico que con motivo del LXXXI aniversario luctuoso del licenciado José María Pino Suárez, tendrá lugar el 22 de febrero a las 10.00 horas.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas y Yucatán.
Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley Orgánica del Banco de México, se remite el informe correspondiente al movimiento diario que durante el cuarto trimestre de 1993, tuvieron el financiamiento interno del Banco de México y la Cuenta General de la Tesorería de la Federación.
Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Con el que se remiten los informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, correspondiente al Cuarto Trimestre el Ejercicio Fiscal de 1993.
Oficio del Departamento del Distrito Federal
Con el que se remite el Informe Trimestral de Avance del Programa Presupuesto del Departamento del Distrito Federal, al 31 de diciembre de 1993.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Seis, con los que se remiten las hojas de servicios de los ciudadanos Adrián Almazán Alarcón, Rafael Renato Susunaga Vázquez, Felipe García Trujillo, Jacinto Romero Arredondo, Enrique Jorge Alonso Garrido y Vicente Monarque Estrada, para los efectos de la fracción VIII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que las ciudadanas Marigloria Claudia Casado Molina e Inés de los Angeles Hori Cicero, puedan prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Dictámenes de primera lectura
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Eduardo Rihan Azar, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de Islandia, en México.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Bernardo de Jesús Saldaña Téllez, para prestar servicios en el Consulado de la República Popular de China, en Tijuana, Baja California.
Dictámenes a discusión
Ocho de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados a los ciudadanos Félix Jaime Pérez y Elías, Agustín Ortega Martín del Campo, Alfredo Alexandres Santín, Mariano Francisco Saynez Mendoza, Raúl Arévalo Gallegos, Miguel Lizárraga Bolio, Genaro Ambia Martínez y Tito Valencia Ortíz.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto relativo a la designación de magistrados suplentes de sala regional del Tribunal Federal Electoral.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El secretario diputado Efraín Zúñiga Galeana:
Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el día nueve de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.
Presidencia de la diputada María de los Angeles Moreno Uriegas
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las doce horas con nueve minutos del día nueve de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, con una asistencia de veintiocho legisladores, la Presidenta declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, misma que, sin discusión, se aprueba en sus términos en votación económica.
Se da cuenta de la solicitud de licencia de la diputada Cecilia Soto González y la Asamblea, en votación económica, aprueba el punto de acuerdo correspondiente. Comuníquese a la Cámara de Diputados.
Una invitación del Departamento del Distrito Federal, al acto cívico conmemorativo del centésimo sexagésimo tercer aniversario luctuoso del general Vicente Guerrero. Se designa Comisión para representar a la Comisión Permanente.
Diversas comunicaciones de los congresos de los estados de Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Yucatán, con las que informan de actividades propias de sus legislaturas. De enterado.
Se turnan a la Segunda Comisión, tres oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que comunica que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, nombró a los ciudadanos Carlos Alejandro Tello Macías, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Gobierno de la República de Cuba; José Evaristo Ramón Xilotl Ramírez, cónsul general de México en San Diego, California, Estados Unidos de América y Marta Irene Lara Alatorre, como cónsul general de México en Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Otros dos oficios de la misma Secretaría, por los que se solicitan los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Eduardo Rihan y Margot Caballero Brousset, puedan, el primero, aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Islandia en México y, prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México, la segunda. Se turnan a la Primera Comisión.
Un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que informa que la ciudadana Mercedes Muñoz Escudero ha dejado de prestar sus servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California. Se turna a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y a la de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores.
También se da cuenta con siete oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que remite las hojas de servicios de un número igual de ciudadanos mexicanos, para los efectos de la fracción séptima del artículo setenta y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnan a la Segunda Comisión.
Un ocurso del ciudadano Jesús Saldaña Téllez, solicitando el permiso constitucional necesario para poder prestar sus servicios en el Consulado de la República Popular de China en Tijuana, Baja California. Se turna a la Primera Comisión.
Se someten a discusión y sin ella se aprueban en sendas votaciones económicas, siete dictámenes de la Segunda Comisión, con los que se ratifican los grados militares de los ciudadanos Gandhi Zilli Viveros, Luis Fernando Zapata Espinosa, Lázaro Mendoza Sánchez, Gregorio Núñez Ehuan, Luis Jorge Fuentes Chávez, Moisés Gómez Cabrera y César Camilo Vallejo González. Se turnan al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.
De la misma manera se aprueban y se turnan al Poder Ejecutivo Federal, para los efectos constitucionales, dos dictámenes de la Primera Comisión, con proyectos de decreto por los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Rogelio Alonso
Rodríguez Yuen, pueda prestar sus servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua e Ismael Garza T. González, pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República del Paraguay en Monterrey, Nuevo León.
Desde su curul y a nombre de la Primera Comisión, el senador Ernesto Luque Feregrino solicita que en el orden del día de la próxima sesión se incluya la discusión del dictamen con proyecto de decreto relativo a la designación de magistrados suplentes de salas regionales del Tribunal Federal Electoral. La Presidenta pide a la Secretaría que se tome nota de la solicitud que es aprobada por la Asamblea.
Se concede el uso de la palabra al diputado Adolfo Kunz Bolaños, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien se refiere al eventual cierre del Museo de la Cerámica de Tlaquepaque y a diversos problemas que dice enfrenta el Partido Civilista Morelense, respecto al registro de su candidato a Gobernador en el Estado de Morelos.
Hace uso de la palabra el senador Víctor Manuel Tinoco Rubí, del Partido Revolucionario Institucional, quien presenta el informe del Grupo Plural en relación con el cumplimiento de su programa de trabajo aprobado el veintiséis de enero de mil novecientos noventa y cuatro, respecto a los hechos ocurridos en el Estado de Chiapas.
Para expresar sus opiniones sobre el mismo asunto, se concede el uso de la palabra a los legisladores: Jesús Martín del Campo Castañeda, del Partido de la Revolución Democrática; Laura Alicia Garza Galindo y Carlos Jiménez Macías, del Partido Revolucionario Institucional y Jesús Martín del Campo Castañeda, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos. De enterado.
Sube a la tribuna el senador Enrique Carrillo Silva, del Partido Revolucionario Institucional, quien da lectura a una declaración política respecto a la política migratoria de los Estados Unidos de América.
Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado Alejandro Encinas Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta un punto de acuerdo sobre el mismo asunto, firmado por representantes de todos los grupos parlamentarios que integran la Comisión Permanente. Se reserva para su votación al final del debate en el que intervienen los legisladores Jorge Tovar Montañez, del Partido Popular Socialista; José González León, del Partido Revolucionario Institucional; Porfirio Muñoz Ledo, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta un punto de acuerdo similar al que propuso el diputado Encinas Rodríguez y Silvia Hernández Enríquez, del Partido Revolucionario Institucional.
Desde su curul, el diputado Calderón Hinojosa, pide que se aclare cuál de los puntos de acuerdo presentados por el Partido de la Revolución Democrática, será el que se vote y el diputado Encinas Rodríguez, informa que el firmado por todos los grupos parlamentarios. En votación económica se aprueba y se turna a las comisiones solicitadas.
La Secretaría da lectura a un proyecto de pronunciamiento sobre la libertad de expresión que se acepta a discusión y se turna a la Primera Comisión.
Para referirse a la situación laboral en la Universidad Autónoma Metropolitana, hacen uso de la palabra los legisladores Jesús Martín del Campo Castañeda, del Partido de la Revolución Democrática y Rodolfo Echeverría Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional. Se turna a la Comisión de Educación.
Agotados los asuntos en cartera y no habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y la Presidenta clausura la de hoy a las quince horas con veintisiete minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo miércoles dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, a las once horas.»
Esta a discusión el acta, señores legisladores... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada el acta, señora Presidenta.
SOLICITUD DE LICENCIA
El secretario senador Gustavo Salinas Iñiguez:
Se va a dar lectura a una solicitud.
«Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respetuosamente me dirijo a ustedes a fin de solicitar licencia para separarme de mis funciones como diputado federal de la LV Legislatura, electo por el III Distrito Electoral del Estado de Sonora, y estar en posibilidad de desempeñar un cargo dentro de la Administración Pública Federal, a partir de la fecha de la presente y por el tiempo en que dure el mismo.
Sin otro particular, les reitero ciudadanos secretarios, las seguridades de mi consideración más distinguida.
Atentamente.
México D.F., a 16 de febrero de 1994. Diputado federal, Julián Luzanilla Contreras.»
La Presidenta:
De conformidad con lo que establece el artículo 79, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ruega a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.
El secretario senador Gustavo Salinas Iñiguez:
Está a discusión el siguiente punto de acuerdo:
"Único. Se concede licencia al ciudadano diputado Julián Luzanilla Contreras, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el III Distrito Electoral del Estado de Sonora, para estar en posibilidades de desempeñar un cargo dentro de la administración pública federal, a partir de esta fecha y durante el tiempo que dure el encargo."
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, poniéndose de pie...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo, poniéndose de pie... Aprobado. Comuníquese a la honorable Cámara de Diputados.
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
El secretario senador Gustavo Salinas Iñiguez:
Se va a dar lectura a una invitación.
«Ciudadana diputada María de los Angeles Moreno Uriegas, Presidenta de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presente.
El Departamento del Distrito Federal, por conducto de esta dirección general, ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del LXXXI aniversario luctuoso del licenciado José María Pino Suárez, que tendrá lugar en la Rotonda de los Hombres Ilustres del Panteón Civil de Dolores, Delegación Miguel Hidalgo, el día 22 de febrero a las 10.00 horas.
Por tal motivo, de la manera más atenta me permito solicitarle tenga a bien girar sus respetables indicaciones a efecto de que un representante de esa Comisión Permanente que usted preside, asista a la ceremonia de referencia.
Agradezco las atenciones que se sirva dar al presente y le reitero a usted las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Dirección de Acción Cívica, licenciado Gerardo González Camarena.»
La Presidenta:
Para asistir en representación de esta honorable Comisión Permanente, esta Presidencia designa al senador, Manuel Díaz Cisneros.
ESTADO DE AGUASCALIENTES
El secretario senador Gustavo Salinas Iñiguez:
«Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes. Poder Legislativo.
Ciudadana Presidenta de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México D.F.
Nos permitimos hacer de su conocimiento que la honorable Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, en sesión ordinaria de esta fecha se eligió la mesa directiva que presidirá los trabajos relativos al mes de enero de 1994, misma que por mayoría de votos se integró en la forma siguiente:
Diputados presidente, Alfredo Escobedo Moreno; vicepresidente, Heriberto Vázquez Becerra; secretario Francisco García Berbena y secretario Antonio Ortega Martínez; prosecretario, Ricardo Ávila Martínez.
Al hacer de su conocimiento lo anterior, nos es grato reiterarle las muestras de nuestra consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
28 de diciembre de 1993. Diputados: Alfredo Escobedo Moreno, presidente; Francisco García Berbena, secretario; Antonio Ortega Martínez, secretario.»
De enterado.
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
El secretario senador Gustavo Salinas Iñiguez:
«Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Estado de Baja California Sur.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, D.F.
Por este medio la VII Legislatura al Congreso del Estado, se permite comunicar a ustedes, que en sesión pública solemne, celebrada el día 22 de diciembre del presente año, se llevó a cabo la clausura del segundo período de sesiones ordinarias, del primer año de ejercicio legislativo, habiéndose elegido la mesa directiva para la diputación permanente, que fungirá durante el período comprendido del 22 de diciembre de 1993 al 15 de marzo de 1994, la cual ha quedado integrada de la siguiente manera:
Diputados: presidente, Carlos Alfredo Godínez León; primer secretario, Mario Cortés Verdugo; segundo secretario, Elizabeth Rocha Torres; primer suplente, Crescencio González Castañedo; segundo suplente Cirilo Verduzco Castro; tercer suplente, Ramón Barreno Arballo.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
La Paz, Baja California Sur, a 28 de diciembre de 1993. Presidente de la diputación permanente, Carlos Alfredo Godínez León.»
De enterado.
«Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Estado de Baja California Sur. Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, D.F.
Por este conducto la VII Legislatura al Congreso del Estado, les comunica que en sesión pública solemne del día 22 del presente mes y año, fue designada la mesa directiva que fungirá durante el primer período de sesiones ordinarias, del segundo año de ejercicio constitucional, comprendido del 15 de marzo de 1994 al 15 de junio del mismo año, habiéndose integrado de la siguiente manera:
Diputados: presidente, José Manuel Rojas Aguilar; vicepresidente, Jesús Ochoa Galván; secretario, Héctor Jiménez Márquez; prosecretario, Crescencio González Castañedo.
Lo que hacemos de su conocimiento, para los efectos legales que procedan, reiterándole nuestra más alta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
La Paz Baja California Sur, a 28 de diciembre de 1993. El Oficial Mayor del Congreso, licenciado Antonio Armenta Gómez.»
De enterado.
ESTADO DE CHIAPAS
El secretario senador Gustavo Salinas Iñiguez:
«Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Estado Libre y Soberano de Chiapas. Honorable Congreso.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México D.F.
La honorable Quincuagésima Octava Legislatura Constitucional del Estado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 29, párrafo y 30 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, así como el 8o. del Reglamento Interior de esta propia soberanía, eligió a los ciudadanos diputados que funcionarán como Presidente y vicepresidentes de la mesa directiva durante el mes de enero de 1994 quedando de la siguiente forma:
Presidente, Milton Morales Domínguez; vicepresidente, Rafael Arzat Herrera; vicepresidente, Laura Farrera Gutiérrez.
Lo cual comunicamos a usted (es) para los efectos procedentes, reiterándole (s) la seguridad de nuestra muy atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 30 de diciembre de 1993. Francisco Sau Lara, diputado presidente; Francisco de J. Zepeda Bermudez, diputado secretario; Hermisenda Paniagua H., diputado secretario.»
De enterado.
ESTADO DE YUCATÁN
El secretario senador Gustavo Salinas Iñiguez:
«Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. LII Congreso del Estado Libre y Soberano de Yucatán.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México D.F.
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 68, 70, 92 y 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, me permito comunicar a ustedes que, con esta fecha, se clausuró el último período de sesiones ordinarias, correspondiente al tercer año de ejercicio de la LII Legislatura. Asimismo, se eligió la mesa directiva de la diputación permanente que comprenderá del 1 al 4 de enero de 1994, cuando concluye el período constitucional de aquella; en la forma siguiente:
Diputados propietarios: presidente, Ángel Prieto Mendez; secretario, Oscar Eloy Cruz González; vocal, Juan E. Vallejos Vega.
Diputados suplentes: presidente, Roberto Pinzón Alvarez; secretario, Pedro Rodríguez Cruz; vocal, Víctor Manuel Cruz Pardio.
Protestamos a V. H., nuestra atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Mérida, Yucatán, a 31 de diciembre de 1993. Los secretarios de la mesa directiva; diputados: Carlos Erosa y Juan Vallejos.»
De enterado.
BANCO DE MÉXICO
El secretario senador Gustavo Salinas Iñiguez:
«Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Presentes.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Orgánica del Banco de México, esta institución presenta a ustedes el informe referente al movimiento diario del financiamiento interno del propio Banco de México y de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación, correspondiente al cuarto trimestre de 1993.
Con fecha 15 de febrero de 1993, esta institución informó a ustedes el acuerdo adoptado por su junta de Gobierno respeto al saldo máximo que podía alcanzar el financiamiento interno del propio Banco de México en el ejercicio de 1993.
Las cifras relevantes de esa determinación son las siguientes:
Miles de millones de nuevos pesos
a) Saldo del financiamiento interno del Banco de México al 31 de diciembre de 1992. 40.608
b) Flujo total en 1993. 0.563
c) Saldo máximo que podía alcanzar el financiamiento interno del Banco de México durante 1993. 41.171*
En la consideración de las cifras de este informe, es necesario distinguir los saldos del financiamiento interno otorgado por el Banco de México, de los incrementos que experimentan dichos saldos en periodos determinados. Los saldos expresan el importe total de los financiamientos otorgados por el Banco de México desde su constitución, menos las amortizaciones efectuadas por los deudores y menos las cesiones de activos representativos de dichos financiamientos, en tanto que los incrementos de esos saldos, reflejan el financiamiento adicional otorgado por el Banco durante el período al cual están referidos.
En cumplimiento al artículo 10 de la Ley citada, el 14 de mayo de 1993, les dimos a conocer los movimientos diarios del financiamiento interno del Banco de México, correspondientes al primer trimestre de 1993, el 13 de agosto de 1993 los movimientos correspondientes al segundo trimestre y el 15 de noviembre de 1993 los movimientos correspondientes al tercer trimestre. En el cuadro siguiente se muestra la evolución del financiamiento interno durante los tres primeros trimestres de 1993.
*Según el referido acuerdo de la junta de Gobierno, el saldo que se reportara durante el año podía exceder esta cifra, sin que ello implicara violar el límite establecido por el efecto de la valuación en nuevos pesos de la deuda en moneda extranjera a favor del Banco de México y a cargo del Gobierno Federal, del crédito al Gobierno Federal compensado con depósitos en el fondo especial constituido por la enajenación de empresas públicas, créditos para cobertura cambiaría a los fondos de fomento y bancos de desarrollo que tengan como contrapartida un depósito especial del Gobierno Federal en Banco de México, y créditos que otorgue Banco de México, y con recursos que reciba de las instituciones de crédito por el mecanismo de fijación de tasas de interés interbancarias promedio.
FINANCIAMIENTO INTERNO DEL BANCO DE MÉXICO 1993
- Miles de Millones de Nuevos Pesos -
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Por lo que se refiere el cuarto trimestre de 1993, a continuación les damos a conocer los movimientos diarios del financiamientos interno del Banco de México, en los cuales se distingue el saldo e incrementos nominales de este, del saldo sin efecto del tipo de cambio y el flujo efectivo, entendiéndose por estos dos últimos aquellos que no toman en cuenta la modificación del valor en nuevos pesos de la deuda denominada en moneda extranjera, consecuencia de la variación del tipo de cambio. Ello en virtud de que tal modificación del valor en nuevos pesos de la deuda en moneda extranjera no constituye financiamiento efectivo y, por tanto, tampoco debe tomarse en cuenta para considerar si el financiamiento interno del Banco de México se encuentra o no dentro de los límites establecidos por su junta de Gobierno, según se explica en lo conducente en la nota de la página anterior de este informe.
MOVIMIENTO DIARIO DE LOS SALDOS DEL FINANCIAMIENTO INTERNO DEL BANCO DE MÉXICO
DEL 1o DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 1993
- Miles de Millones de Nuevos Pesos -
Dar doble click con el ratón para ver imagen
El 15 de febrero de 1993 informamos a ustedes que, de conformidad con lo previsto al efecto en el artículo 9o. de la Ley Orgánica del Banco de México, el saldo máximo a cargo del Gobierno Federal en la Cuenta General de la Tesorería de la Federación para 1993 se estableció en 2.665 miles de millones de nuevos pesos, cifra que, de acuerdo con lo previsto en el mismo artículo, no debe excederse, salvo que se presenten circunstancias extraordinarias que aumenten considerablemente las diferencias temporales entre los ingresos y los gastos públicos. Por otra parte, en cumplimiento del artículo 10 de la Ley citada, el pasado 14 de mayo de 1993 les dimos a conocer los movimientos diarios de la cuenta referida, correspondientes al primer trimestre del año, el 13 de agosto de 1993 los movimientos correspondientes al segundo trimestre y el 15 de noviembre de 1993 los movimientos correspondientes al tercer trimestre.
Por lo que se refiere al cuarto trimestre, a continuación se muestra el movimiento diario de la multicitada cuenta: MOVIMIENTO DIARIO DE LA CUENTA GENERAL DE LA TESORERÍA DE LA
FEDERACIÓN
DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 1993 (*) - Saldos en miles de Millones de Nuevos Pesos -
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(*) Las cifras entre paréntesis son saldos a cargo de la Tesorería de la Federación.
Miguel Mancera director general.»
La Presidenta:
Recibo y túrnese a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados y a la Comisión de Hacienda de la honorable Cámara de Senadores.
SECRETARIA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PUBLICO
El secretario diputado Efraín Zúñiga Galeana:
«Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Diputada María de los Ángeles Moreno Uriegas. Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presente.
Por instrucciones del ciudadano Presidente de la República y a efecto de dar cumplimiento a lo señalado en el Decreto Aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1993, así como en el artículo 9o. de la Ley General de Deuda Pública, me permito anexar al presente los informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio fiscal de 1993.
En caso de requerir información adicional, me pongo a sus órdenes para satisfacer oportunamente su petición.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 15 de febrero de 1994. El Secretario, Pedro Aspe A.»
La Presidenta:
Recibo y túrnese a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados y de Hacienda de la honorable Cámara de Senadores.
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL (II)
El secretario diputado Efraín Zúñiga Galeana:
«Escudo. Jefe del Departamento del Distrito Federal. México.
Diputada María de los Ángeles Moreno Uriegas, Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presente.
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 36 del Decreto Aprobatorio del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para 1993, me permito remitir a usted el Informe Trimestral de Avance del Programa Presupuesto del Distrito Federal, al 31 de diciembre de 1993.
El informe contempla la evolución de los ingresos, egresos, deuda pública, el ejercicio del presupuesto por programas y sus respectivos cuadros analíticos.
Asimismo, con objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 9o. de la Ley General de Deuda Pública, se incluye un capítulo que contiene el estado de la deuda, así como los movimientos de la misma.
Reitero a usted mi disposición de aclarar o ampliar cualquier aspecto que sobre el particular tenga a bien solicitar y hago propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 15 de febrero de 1994. El jefe del Departamento, licenciado Manuel Aguilera Gómez.»
La Presidenta:
Recibo y túrnese a las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y del Distrito Federal de la honorable Cámara de Diputados y a las Comisiones de Hacienda y del Distrito Federal de la honorable Cámara de Senadores.
GRADOS MILITARES
El secretario diputado Efraín Zúñiga Galeana:
«Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación. Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
En oficio fechado el día 7 del actual, la Secretaría de la Defensa Nacional, manifiesta a esta de Gobernación lo siguiente:
"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general de brigada Diplomado de Estado Mayor Adrián Almazán Alarcón (2945255), que en diecisiete fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo, para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que hago del conocimiento de ustedes para los fines legales procedentes, enviándoles con el presente el anexo que se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 28 de enero de 1994. Por acuerdo del ciudadano Secretario. El director general de Gobierno, licenciado Jorge A. Stergios Gómez.»
La Presidenta:
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
El secretario diputado Efraín Zúñiga Galeana:
«Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación. Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes. La Secretaría de la Defensa Nacional, se ha dirigido a esta de Gobernación, con fecha 11 del actual, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general de brigada Diplomado de Estado Mayor Rafael Renato Susunaga Vázquez (2082590), que en diecisiete fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo, para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, acompañándoles al presente el anexo que en el mismo se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 28 de enero de 1994. Por acuerdo del ciudadano Secretario. El director general de Gobierno, licenciado Jorge A. Stergios Gómez.
La Presidenta:
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
El secretario diputado Efraín Zúñiga Galeana:
«Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación. Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional, dirigió a esta de Gobernación, con fecha 11 del actual:
"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general de brigada Diplomado de Estado Mayor Felipe García Trujillo (2316910), que en dieciocho fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo, para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Al comunicar a ustedes lo anterior, les envío con el presente la hoja de servicios a que se hace referencia.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección. México, Distrito Federal, 28 de enero de 1994. Por acuerdo del ciudadano Secretario. El director general de Gobierno, licenciado Jorge A. Stergios Gómez.»
La Presidenta:
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
El secretario diputado Efraín Zúñiga Galeana:
«Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación. Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
Con fecha 20 del presente, la Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a esta de Gobernación manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general de brigada intendente Diplomado de Estado Mayor Jacinto Romero Arredondo (4454213), que en dieciocho fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo, para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, enviándoles con el presente el anexo que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 28 de enero de 1994. Por acuerdo del ciudadano Secretario. El
director general de Gobierno, licenciado Jorge A. Stergios Gómez.»
La Presidenta:
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
El secretario diputado Efraín Zúñiga Galeana:
«Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación. Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
En oficio fechado el día 20 del actual, la Secretaría de la Defensa Nacional, manifiesta a esta de Gobernación lo siguiente:
"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general brigadier Diplomado de Estado Mayor Enrique Jorge Alonso Garrido (5629661), que en diecisiete fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo, para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que hago del conocimiento de ustedes para los fines legales procedentes, enviándoles con el presente el anexo que se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 28 de enero de 1994. Por acuerdo del ciudadano Secretario. El director general de Gobierno, licenciado Jorge A. Stergios Gómez.»
La Presidenta:
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
El secretario diputado Efraín Zúñiga Galeana:
«Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación. Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
A continuación transcribo a ustedes, oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional, dirigió a esta de Gobernación, con fecha 11 del actual.
"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general brigadier Diplomado de Estado Mayor Vicente Monarque Estrada (5000882), que en quince fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo, para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que hago del conocimiento de ustedes para los fines legales procedentes, enviándoles con el presente el anexo que se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 28 de enero de 1994. Por acuerdo del ciudadano Secretario. El director general de Gobierno, licenciado Jorge A. Stergios Gómez.»
La Presidenta:
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN MÉXICO
El secretario diputado Efraín Zúñiga Galeana:
«Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes. Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a esta de Gobernación, con fecha 2 del actual, enviándoles además con el presente los anexos que en el mismo se citan:
"Mucho agradeceré a usted tenga a bien solicitar al honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, apartado B, del
artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se mencionan a continuación puedan prestar sus servicios dentro del territorio nacional, al Gobierno de los Estados Unidos de América. Para tal efecto, se anexan los originales de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y los escritos en que solicitan que se realicen los trámites correspondientes. Marigloria Claudia Casado Molina, operadora de computación, Embajada de los Estados Unidos de América, en esta ciudad; Inés de los Ángeles Hori Cicero, asistente de contabilidad; Embajada de los Estados Unidos de América, en esta ciudad."
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 11 de febrero de 1994. Por acuerdo del ciudadano Secretario. El director general de Gobierno, licenciado Jorge A. Stergios Gómez.»
La Presidenta:
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
ISLANDIA
El secretario diputado Efraín Zúñiga Galeana:
«Primera Comisión.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 25 de enero del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Eduardo Rihan Azar, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Islandia en México, con circunscripción consular en toda la República Mexicana.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 9 de febrero, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana, con la carta de naturalización número 642, expedida por la Secretaría de Relaciones Exteriores, expediente número VII/521.1 (56.9)/58395.
b) Que los servicios que el propio solicitante prestará al Gobierno de Islandia, serán de carácter estrictamente consular.
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado b, del artículo 37 constitucional. Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO:
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Eduardo Rihan Azar, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Islandia, en México, con circunscripción consular en toda la República Mexicana. Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, Distrito Federal, a 11 de febrero de 1994. Diputado Gustavo Carvajal Moreno, Presidente; diputado Jesús Martín del Campo, secretario; diputados: Juan de Dios Castro Lozano, Adolfo Kunz Bolaños, Juan Ramiro Robledo Ruiz; senadores: Ernesto Luque Feregrino, Carlos Jiménez Macías, Silvia Hernández, Oscar Ramírez Mijares y Roberto Anzar Martínez.»
Es de primera lectura.
REPÚBLICA POPULAR DE CHINA
El secretario senador Gustavo Salinas Iñiguez:
«Primera Comisión.
Honorable Asamblea: En escrito fechado el 20 de enero del año en curso, el ciudadano Bernardo de Jesús Saldaña Tellez, solicita el permiso constitucional necesario para prestar servicios como recepcionista, en el Consulado de la República Popular de China, en Tijuana, Baja California.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el día 9 de febrero, se turnó a la Comisión que suscribe para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana, con la copia certificada de su acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el interesado prestará en el Consulado de la República Popular de China, en Tijuana, Baja California, serán como recepcionista;
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 constitucional. Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Bernardo de Jesús Saldaña Téllez, para prestar servicios como recepcionista, en el Consulado de la República Popular de China, en Tijuana, Baja California. Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, Distrito Federal, a 10 de febrero de 1994. Diputado Gustavo Carvajal Moreno, Presidente; diputado Jesús Martín del Campo, secretario; diputados: Juan de Dios Castro Lozano, Adolfo Kunz Bolaños, Juan Ramiro Robledo Ruiz; senadores: Ernesto Luque Feregrino, Carlos Jiménez Macías, Silvia Hernández, Oscar Ramírez Mijares y Roberto Anzar Martínez.»
Es de primera lectura.
GRADOS MILITARES (II)
El secretario senador Gustavo Salinas Iñiguez:
«Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: A la Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el veinte de noviembre de mil novecientos noventa y tres por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano vicealmirante del cuerpo general, diplomado de Estado Mayor, personal permanente Félix Jaime Pérez y Elías como almirante del cuerpo general, Diplomado de Estado Mayor, personal permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte que
a) Ingresó a la Armada de México como cadete en la heroica Escuela Naval Militar, el primero de febrero de mil novecientos cuarenta y nueve y el primero de febrero de mil novecientos cincuenta y cuatro fue ascendido a guardiamarina del cuerpo general, personal permanente, por haber terminado satisfactoriamente sus estudios en ese plantel;
b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos, y
c) Como miembro de la Armada de México ha prestado servicios a la Nación mexicana durante cuarenta y cuatro años, diez meses, trece días.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado almirante del cuerpo general, Diplomado de Estado Mayor, personal permanente, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de almirante del cuerpo general, diplomado de Estado Mayor, personal permanente, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Félix Jaime Pérez y Elías.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, Distrito Federal, a 20 de enero de 1994. senador Humberto Lugo Gil, Presidente; diputado Gabriel Jiménez Remus, secretario; diputados: Alberto Carrillo Armenta, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Laura Alicia Garza Galindo, Javier Garduño Pérez, Juan Moisés Calleja García; senadores: Víctor Manuel Tinoco Rubí, Porfirio Muñoz Ledo, Miguel Alemán Velasco, Alger León Moreno.»
Está a discusión el Punto de Acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
«Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: A la Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el veinte de noviembre de mil novecientos noventa y tres por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano contralmirante del cuerpo general, diplomado de Estado Mayor, milicia permanente Agustín Ortega Martín del Campo como vicealmirante del cuerpo general, diplomado de Estado Mayor, milicia permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte que
a) Ingresó a la Armada de México como cadete en la heroica Escuela Naval Militar, el veintiocho de enero de mil novecientos cincuenta y cinco y el primero de enero de mil novecientos sesenta fue ascendido a guardiamarina del cuerpo general, milicia permanente, por haber terminado satisfactoriamente sus estudios en ese plantel;
b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro de la Armada de México ha prestado servicios a la Nación mexicana durante treinta y ocho años, once meses, diecisiete días, y d) Se le confirió en su oportunidad, por satisfacer el tiempo de servicio requerido para ello, la condecoración de perseverancia de primera clase.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado vicealmirante del cuerpo general, Diplomado de Estado Mayor, milicia permanente, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de vicealmirante del cuerpo general, diplomado de Estado Mayor, milicia permanente, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Agustín Ortega Martín del Campo.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, Distrito Federal, a 20 de enero de 1994. senador Humberto Lugo Gil, Presidente; diputado Gabriel Jiménez Remus, secretario; diputados: Alberto Carrillo Armenta, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Laura Alicia Garza Galindo, Javier Garduño Pérez, Juan Moisés Calleja García; senadores: Víctor Manuel Tinoco Rubí, Porfirio Muñoz Ledo, Miguel Alemán Velasco, Alger León Moreno.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo. El secretario diputado Efraín Zúñiga Galeana:
«Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: A la Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el veinte de noviembre de mil novecientos noventa y tres por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano contralmirante del cuerpo general, Diplomado de Estado Mayor, milicia permanente Alfredo Alexandres Santin como vicealmirante del cuerpo general, Diplomado de Estado Mayor, milicia permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte que
a) Ingresó a la Armada de México como cadete en la heroica Escuela Naval Militar, el primero de enero de mil novecientos cincuenta y nueve y el primero de septiembre de mil novecientos sesenta y cinco fue ascendido a guardiamarina del cuerpo general, milicia permanente, por haber terminado satisfactoriamente sus estudios en ese plantel;
b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro de la Armada de México ha prestado servicios a la Nación mexicana durante treinta y cuatro años, once meses, quince días y
d) Se le confirió en su oportunidad, por satisfacer el tiempo de servicio requerido para ello, la condecoración de perseverancia de segunda clase.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado vicealmirante del cuerpo general, Diplomado de Estado Mayor, milicia permanente, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de vicealmirante del cuerpo general,
Diplomado de Estado Mayor, milicia permanente, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Alfredo Alexandres Santin.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, Distrito Federal, a 20 de enero de 1994. Senador Humberto Lugo Gil, Presidente; diputado Gabriel Jiménez Remus, secretario; diputados: Alberto Carrillo Armenta, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Laura Alicia Garza Galindo, Javier Garduño Pérez, Juan
Moisés Calleja García; senadores: Víctor Manuel Tinoco Rubí, Porfirio Muñoz Ledo, Miguel Alemán Velasco, Alger León Moreno.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
«Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1993 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano contralmirante del cuerpo general, Diplomado de Estado Mayor, personal permanente,
Mariano Francisco Saynez Mendoza, como vicealmirante del cuerpo general, milicia permanente, Diplomado de Estado Mayor, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte que:
a) Ingresó a la Armada de México como cadete en la Heroica Escuela Naval Militar, el 22 de enero de 1959 y el 1o. de enero de 1964 fue ascendido a Guardiamarina del cuerpo general, personal permanente, por acuerdo del titular de dicha dependencia;
b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro de la Armada de México ha prestado servicios a la nación mexicana durante 32 años, 10 meses, 23 días, y
d) Se le confirió en su oportunidad, por satisfacer el tiempo de servicio requerido para ello, la Condecoración de Perseverancia de Segunda Clase.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado vicealmirante del cuerpo general, milicia permanente, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de vicealmirante del cuerpo general, milicia permanente, Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Mariano Francisco Saynez Mendoza. Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, D.F., a 20 de enero de 1994. Senador Humberto Lugo Gil, Presidente; diputado Gabriel Jiménez Remus, secretario; diputados: Alberto Carrillo Armenta, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Laura Alicia Garza Galindo, Javier Garduño Pérez, Juan
Moisés Calleja García; senadores: Víctor Manuel Tinoco Rubí, Porfirio Muñoz Ledo, Miguel Alemán Velasco, Alger León Moreno.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
«Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1993 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano contralmirante del cuerpo general, Diplomado de Estado Mayor, milicia permanente, Raúl Arévalo Gallegos, como vicealmirante del cuerpo general, Diplomado de Estado Mayor, milicia permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte que:
a) Ingresó a la Armada de México como cadete en la Heroica Escuela Naval Militar, el 2 de enero de 1959 y el 1o. de enero de 1964 fue ascendido a guardiamarina del cuerpo general, milicia permanente, por acuerdo del titular de dicha dependencia;
b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro de la Armada de México ha prestado servicios a la nación mexicana durante 34 años, 11 meses, 11 días, y
d) Se le confirió en su oportunidad, por satisfacer el tiempo de servicio requerido para ello, la Condecoración de Perseverancia de Segunda Clase.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado vicealmirante del cuerpo general, Diplomado de Estado Mayor, milicia permanente, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de vicealmirante del cuerpo general, Diplomado de Estado Mayor, milicia permanente, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Raúl Arévalo Gallegos. Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, D.F., a 20 de enero de 1994. Senador Humberto Lugo Gil, Presidente; diputado Gabriel Jiménez Remus, secretario; diputados: Alberto Carrillo Armenta, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Laura Alicia Garza Galindo, Javier Garduño Pérez, Juan Moisés Calleja García; senadores: Víctor Manuel Tinoco Rubí, Porfirio Muñoz Ledo, Miguel Alemán Velasco, Alger León Moreno.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
El secretario senador Gustavo Salinas Iñiguez:
«Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1993 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano contralmirante del cuerpo de ingenieros mecánicos navales, milicia permanente, Miguel Lizárraga Bolio, como vicealmirante del cuerpo de ingenieros mecánicos navales, milicia permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte que:
a) Ingresó a la Armada de México como cadete en la Heroica Escuela Naval Militar, el 11 de enero de 1954 y el 1o. de enero de 1959 fue ascendido a guardiamarina del cuerpo de ingenieros mecánicos navales, por acuerdo del titular de dicha dependencia;
b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro de la Armada de México ha prestado servicios a la nación mexicana durante 39 años, 10 meses, 24 días, y
d) Se le confirió en su oportunidad, por satisfacer el tiempo de servicio requerido para ello, la Condecoración de Perseverancia de Primera Clase.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado vicealmirante del cuerpo de ingenieros mecánicos navales, milicia permanente, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de vicealmirante del cuerpo de ingenieros mecánicos navales, milicia permanente, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Miguel Lizárraga Bolio.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, D.F., a 20 de enero de 1994. Senador Humberto Lugo Gil, Presidente; diputado Gabriel Jiménez Remus, secretario; diputados: Alberto Carrillo Armenta, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Laura Alicia Garza Galindo, Javier Garduño Pérez, Juan Moisés Calleja García; senadores: Víctor Manuel Tinoco Rubí, Porfirio Muñoz Ledo, Miguel Alemán Velasco, Alger León Moreno.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
«Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1993 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano general de brigada ingeniero constructor Genaro Ambia Martínez como general de división ingeniero constructor, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte que:
a) Ingresó al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos como cadete numerario en el Heroico Colegio Militar, el 1o. de enero de 1948 y el 1o. de enero de 1952 fue ascendido a subteniente de zapadores, por acuerdo del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional;
b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos ha prestado servicios a la nación mexicana durante 45 años, 11 meses, 10 días, y
d) Se le confirió en su oportunidad, por satisfacer el tiempo de servicio requerido para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera Clase, así como la de Mérito Docente y Especial.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de división ingeniero constructor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de general de división ingeniero constructor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Genaro Ambia Martínez.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, D.F., a 26 de enero de 1994. Senador Humberto Lugo Gil, Presidente; diputado Gabriel Jiménez Remus, secretario; diputados: Alberto Carrillo Armenta, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Laura Alicia Garza Galindo, Javier Garduño Pérez, Juan Moisés Calleja García; senadores: Víctor Manuel Tinoco Rubí, Porfirio Muñoz Ledo, Miguel Alemán Velasco, Alger León Moreno.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
«Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1993 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano general de brigada Diplomado de Estado Mayor, Tito Valencia Ortiz, como general de división Diplomado de Estado Mayor, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte que:
a) Ingresó al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos como cadete numerario en el Heroico Colegio Militar, el 1o. de febrero de 1953 y el 1o. de enero de 1956 fue ascendido a subteniente de caballería, por acuerdo del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional;
b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos ha prestado servicios a la nación mexicana durante 40 años, 10 meses, 14 días, y
d) Se le confirió en su oportunidad, por satisfacer el tiempo de servicio requerido para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera Clase, así como la Especial.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de división, Diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de general de división, Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Tito Valencia Ortiz.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, D.F., a 26 de enero de 1994. Senador Humberto
Lugo Gil, Presidente; diputado Gabriel Jiménez Remus, secretario; diputados: Alberto Carrillo Armenta, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Laura Alicia Garza Galindo, Javier Garduño Pérez, Juan Moisés Calleja García; senadores: Víctor Manuel Tinoco Rubí, Porfirio Muñoz Ledo, Miguel Alemán Velasco, Alger León Moreno.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo. «Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1993 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano general de brigada Diplomado de Estado Mayor, Tito Valencia Ortiz, como general de división Diplomado de Estado Mayor, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte que:
a)Ingresó al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos como cadete numerario en el Heroico Colegio Militar, el 1o. de febrero de 1953 y el 1o. de enero de 1956 fue ascendido a subteniente de caballería, por acuerdo del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional.
b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón de acuerdo con la leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos ha prestado servicios a la nación mexicana durante 40 años, 10 meses, 14 días, y
d) Se le confirió en su oportunidad, por satisfacer el tiempo de servicio requerido para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera Clase, así como la Especial.
Del a revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de división, Diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de general de división, Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Tito Valencia Ortiz.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, D. F., a 26 de enero de 1944. - Senador Humberto Gil, Presidente; diputado Gabriel Jiménez Remus, secretario; diputados: Alberto Carrillo Armenta, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Laura Alicia Garza Galindo, Javier Garduño Pérez, Juan Moisés Calleja García; senadores: Víctor Manuel Tinoco Rubí, Porfirio Muñoz Ledo, Miguel Alemán Velasco, Alger León Moreno.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
TRIBUNAL FEDERAL ELECTORAL
El secretario diputado Efraín Zúñiga Galeana:
«Primera Comisión.
Honorable Asamblea: a la Primera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, fue turnada la propuesta del ciudadano Presidente de la República, para la elección de magistrados suplentes del Tribunal Federal Electoral.
Analizada y discutida la documentación aportada, y con fundamento en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 74.5, 76, 269 y demás relativos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se somete a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente:
DICTAMEN
I. De conformidad con el mandato constitucional y con el contenido normativo del código mencionado, el Consejo General del Instituto Federal Electoral se integra, entre otros miembros, con seis consejeros magistrados que deben ser electos por la Cámara de Diputados a propuesta del titular del Poder Ejecutivo Federal. Por otra parte, el Tribunal Federal Electoral consta de una sala central y cuatro salas regionales, situadas en cada una de las cabeceras de las circunscripciones plurinominales, integrada cada sala regional por tres magistrados, funcionarios, al igual que los consejeros magistrados expresados, electos también por la Cámara de Diputados a propuesta del Presidente de la República.
Resulta importante destacar que, en los términos del citado código, la elección de los consejeros magistrados y de los magistrados debe ser por una mayoría calificada de dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión relativa y, de no obtenerse dicho cómputo, deberán ser inmaculados, para cuyo efecto la Ley previene que la propuesta deberá comprender el doble de los funcionarios que se traten de designar.
Por otra parte, la propia Ley establece que al designarse a los integrantes de ambos órganos electorales aludidos, deben proponerse suplentes, y, en el caso concreto de los magistrados del tribunal, en número de seis, por partida doble, especificándose que al aprobarse la elección de los suplentes, la Cámara de Diputados, o en su caso, la Comisión Permanente, deberán señalar el orden en que deban entrar los suplentes para casos de ausencias, temporales o definitivas.
II. Los magistrados del tribunal, deben reunir los requisitos que la Ley establece en su artículo 76 que son los siguientes:
a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; b) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar;
c) No tener más de 65 años de edad ni menos de 35, el día de la designación;
d) Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de licenciado en derecho expedido por la autoridad o corporación legalmente facultada para ello;
e) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial;
f) Haber residido en el país los últimos cinco años, salvo el caso de ausencia en servicio de la República por un tiempo menor de seis meses;
g) No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político;
h) No tener ni haber tenido cargo alguno de elección popular en los últimos cinco años anteriores a la designación, e
i) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal de algún partido político en los últimos cinco años anteriores a la designación.
La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión conoció, por escrito de fecha 19 de enero de 1994 remitido por la Secretaría de Gobernación, de la renuncia del magistrado propietario licenciado Francisco Javier Loyo Ramos, el cual fue sustituido por el magistrado suplente, hoy propietario, licenciado Jorge Schleske Tiburcio, y de la renuncia del licenciado Melchor Dávila Maldonado, al cargo de magistrado suplente, por lo que se dan las vacantes de dos magistrados suplentes, en la tercera y quinta circunscripciones plurinominales, con sede en Xalapa, Veracruz y Toluca, Estado de México, respectivamente, las cuales deben ser cubiertas por esta Comisión Permanente, conforme al procedimiento señalado por la Constitución Política de los Estados Unidos y por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Con fecha 26 de enero de 1994, mediante oficio número 79, fechado el 24 del mismo mes, por conducto de la Secretaría de Gobernación se presentó ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la propuesta dirigida por el Presidente de la República para la elección de los magistrados suplentes al Tribunal Federal Electoral, relativa a la sala regional correspondiente a la tercera circunscripción plurinominal con sede en Xalapa, Veracruz, y a la sala regional correspondiente a la quinta circunscripción plurinominal con sede en Toluca, México, así como la documentación anexa necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales, misma que fue turnada a esta Primera Comisión de Trabajo.
La relación de las propuestas de referencia, es la siguiente:
Sala regional correspondiente a la tercera circunscripción plurinominal con sede en Xalapa,
Veracruz, licenciado José Humberto Ortiz Salazar y licenciado Roberto Guerrero Reyes.
Sala regional correspondiente a la quinta circunscripción plurinominal, licenciado Francisco Navarro Ortiz y licenciado Agustín Guerrero Traspaderne.
Con objeto de analizar y verificar el cumplimiento de los requisitos de cada uno de los candidatos propuestos, la Comisión acordó citarlos para realizar con ellos una reunión de trabajo, misma que se celebró el día 1o. de febrero del año en curso.
Con este fin, se analizaron las constancias y documentos originales contenidos en los expedientes relativos a los ciudadanos propuestos por el Ejecutivo Federal, constatándose el cumplimiento de los requisitos que establece el señalado artículo 76 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y, por ende, reuniéndose las condiciones de elegibilidad para los cargos propuestos, no habiendo encontrado, en ninguno de los casos, impedimento legal para ejercer dichos cargos.
En la fecha antes señalada, diputados y senadores de esta Comisión, una vez analizada la documentación aportada, entrevistaron a los candidatos arriba referidos, con objeto de valorar sus antecedentes curriculares, experiencia y conocimientos en materia electoral, a fin de conformar un criterio objetivo sobre la calidad profesional de los así propuestos. Del mismo modo, esta Comisión se permite señalar que dado los tiempos electorales, es necesario que todos aquellos órganos que participan en la preparación y desarrollo de los comicios electorales, se encuentren integrados conforme a lo dispuesto por las normas que rigen esta materia, considerando por ello que, en el asunto que nos ocupa, los candidatos a elegir, además de reunir los requisitos exigidos por la Ley, cuentan con los conocimientos necesarios para desempeñar de manera correcta la labor para la que han sido electos.
Por las anteriores consideraciones, la Primera Comisión de Trabajo se permite someter a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se designa como magistrado suplente del Tribunal Federal Electoral, en la tercera circunscripción plurinominal con sede en Xalapa, Veracruz, al ciudadano José Humberto Ortiz Salazar.
Artículo segundo. Se designa como magistrado suplente del Tribunal Federal Electoral, en la quinta circunscripción plurinominal con sede en Toluca, Estado de México, al ciudadano Francisco Navarro Ortiz.
Artículo tercero. Las personas designadas por el presente decreto, protestarán el cargo de magistrado suplente ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.
Artículo cuarto. Comuníquense estas determinaciones al Poder Ejecutivo Federal, al Tribunal Federal Electoral y al Instituto Federal Electoral.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, D.F., a 2 de febrero de 1994. Diputado Gustavo Carvajal Moreno, Presidente; diputado Jesús Martín del Campo, secretario; diputados: Juan de Dios Castro Lozano, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Adolfo Kunz Bolaños; senadores: Ernesto Luque Feregrino, Carlos Jiménez Macías, Silvia Hernández, Oscar Ramírez Mijares y Roberto Anzar Martínez.»
La Presidenta:
Está a discusión el dictamen en lo general y en lo particular, en un solo acto. Ha solicitado el uso de la palabra sobre este asunto el diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista. El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo:
Gracias, compañera Presidenta.
Es para fijar la posición de nuestro partido con relación al dictamen que nos ocupa. Quiero recordar que la posición nuestra, con relación a este tema, consiste en que la vida política de un país es responsabilidad fundamentalmente de los ciudadanos que han elevado su conciencia, que valoran la vida política, los hechos de la vida política, la lucha política, que tienen un proyecto de nación, que tienen y valoran las responsabilidades que la vida política implica.
Es verdaderamente difícil concebir que un ciudadano, quienquiera que sea, tenga estas características de elevar su conciencia, de valorar la vida política, de entenderla, de sostener un
proyecto de nación y que, al mismo tiempo, contradictoriamente nunca se haya, nunca se hubiera vinculado a un partido político, que finalmente puede definirse también como un proyecto de nación.
Los ciudadanos políticos habitualmente son aquellos que no han elevado su conciencia, que no se han culturizado en relación a la vida política, que no valoran la vida política, que no entienden lo que esto significa, ellos son los que se mantienen al margen de los partidos políticos y no sólo al margen de los partidos políticos, sino también al margen de la vida política toda, son toda esa masa de electores con derechos, pero que no ejercen sus derechos, que no acuden a sufragar y nos parece una grave incongruencia dejar en parte, así sea en parte, la responsabilidad de la conducción de los procesos electorales, de su calificación o de su organización, en manos de ciudadanos que tienen esa lamentable deformación o esa omisión en su formación como ciudadanos mismos.
Esa ha sido nuestra tesis, nos hemos opuesto, por lo tanto, a que exista la figura de los magistrados ciudadanos, a que exista la figura de los consejeros ciudadanos; nos parece que ésta es responsabilidad de los partidos políticos, de los ciudadanos organizados políticamente en partidos políticos, de los ciudadanos con conciencia política clara y con compromiso político claro. Estamos en contra de que desde cualquier posición un apolítico real o vergonzante intervenga en estos asuntos de responsabilidad.
Por esa razón, por esa razón de principio, por esa razón de tesis, por esa razón de congruencia, estamos en contra de los ciudadanos magistrados como línea general.
Sin embargo, puesto que lo legislado y vigente establece mecanismos que por hoy están en uso, quiero dejar en claro que nuestra posición no es en modo alguno de rechazo en lo individual a los ciudadanos que se proponen en la iniciativa y que son avalados en el dictamen, no tenemos objeción personal a su conducta, a la de alguno de ellos, no tenemos pero para rechazar o para obstaculizar el que alguno de ellos en uso de la legislación vigente ocupe las posiciones que el dictamen propone que ocupen.
Dejando clara esta posición y reiterando nuestro argumento de principio y de fondo, que será permanente en estas cosas hasta en tanto logremos se modifique la legislación, para que los órganos electorales todos estén bajo la representación de los partidos políticos y nada más que de los partidos políticos, en este caso concreto, nuestra posición será de abstención. Muchas gracias, compañera Presidenta.
La Presidenta:
Consulte la Secretaría a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
El secretario diputado Efraín Zúñiga Galeana:
En votación económica, se pregunta a los señores legisladores si el dictamen está suficientemente discutido en lo particular y en lo general.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señora Presidenta.
La Presidenta:
Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.
El secretario diputado Efraín Zúñiga Galeana:
Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Señora Presidenta, se emitieron 25 votos en favor.
La Presidenta:
Aprobado en lo general y en lo particular el decreto, por 25 votos.
Se encuentran a las puertas de este recinto, los ciudadanos José Humberto Ortiz Salazar y Francisco Navarro Ortiz, cuyos nombramientos como magistrados suplentes de sala regional del Tribunal Federal Electoral, acaban de ser aprobados por esta Asamblea. Para que los introduzcan en este salón y los acompañen a rendir la protesta de Ley, se designa en comisión a los siguientes legisladores: senador Roberto Anzar Martínez, senador Alger León Moreno, diputado Alberto Carrillo Armenta y diputado Juan José Rodríguez Prats.
El secretario diputado Efraín Zúñiga Galeana:
Se ruega a los presentes ponerse de pie.
La Presidenta:
Ciudadanos José Humberto Ortiz Salazar y Francisco Navarro Ortiz, ¿protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de magistrados suplentes de la sala regional del Tribunal Federal Electoral que se os ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión?
Ciudadanos José Humberto Ortiz Salazar y Francisco Navarro Ortiz:
Sí, protestamos.
La Presidenta:
Si no lo hiciereis así, que la nación os lo demande.
Se ruega a la comisión designada acompañar a los ciudadanos magistrados en el momento en que deseen retirarse de este recinto.
ESTADO DE TABASCO
La Presidenta:
Para hacer comentarios sobre diversos acontecimientos en el Estado de Tabasco, se concede el uso de la palabra al diputado Juan José Rodríguez Prats.
El diputado Juan José Rodríguez Prats:
Señora Presidenta:
Desde el siglo pasado Tabasco ha vivido con la presencia en su territorio, del petróleo. En sus orígenes tenía la finalidad prácticamente medicinal, y a partir de la década de los 50 de este siglo, ya empezó su explotación formal por la empresa pública Petróleos Mexicanos. Esto se vio incrementado por el auge que surgió a partir de 1973, cuando en los límites entre Tabasco y Chiapas, empezó a encontrarse en grandes cantidades el hidrocarburo.
En estos años se ha escrito una historia no precisamente en blanco y negro, con muchas rispideces entre los directivos de la empresa y el Gobierno del Estado; entre su misma población y podríamos decir que ha habido daños que se han ocasionado en la explotación de hidrocarburo en el Estado de Tabasco. Algunos no tan mencionados y desde mi punto de vista más graves, como podría ser por ejemplo el caso de que se nos hizo creer a los tabasqueños que verdaderamente éramos ricos; distorsionó un tanto las relaciones políticas, las pervirtió al creer que podríamos resolver todo con dinero; nuestros presupuestos estatales y municipales se vieron disparados súbitamente por las participaciones derivadas de la explotación de los hidrocarburos.
Podríamos decir también, que se fomentó una cultura de la especulación que dañó a la cultura del trabajo y podríamos agregar en síntesis, que se rompió lo que era una vida provinciana apacible, tranquila, interrumpida bruscamente por la presencia del petróleo.
En cuanto al daño ecológico, yo diría que se ha magnificado. La naturaleza tropical ha tenido una enorme capacidad de recuperación y sí es cierto que ha habido disminución por ejemplo en la producción de la copra, porque la empresa tuvo que comprar cientos de hectáreas para construir por ejemplo el puerto de "Dos Bocas" o que también se dañaron sus lagunas interiores en materia de pesca. Podríamos decir que los datos de la producción agropecuaria en Tabasco se han mantenido en ascenso. Inclusive en el cultivo del cacao, que coincide donde están las zonas petroleras.
Si hiciéramos un balance objetivo, equilibrado, yo creo que la presencia de Pemex en Tabasco, la presencia del petróleo, arroja un saldo positivo para los tabasqueños, para su Gobierno, para el Estado en su conjunto. Recientemente acaba de tomar una decisión que estamos ciertos que será de un gran beneficio para Tabasco: la instalación de las oficinas de la subsidiaria de Pemex, Pemex Producción y Exploración, que va a hacer que se trasladen a Villahermosa aproximadamente mil familias de funcionarios de primer nivel, y que tendrá que llevar como consecuencia que muchas empresas proveedoras de Pemex se instalen próximamente en nuestro territorio.
A esta medida se opuso en diversas formas el Partido de la Revolución Democrática, en Tabasco. Aventura la hipótesis de que se opuso porque tal vez desee, en este año electoral, en el que
en Tabasco tendremos dos elecciones: federal y estatal, para que lleguen a esos acontecimientos en una situación de desgarramiento, crítica, buscando más el voto en contra del partido que está en el poder, que el voto a favor de un partido en la oposición, o tal vez forma parte de una larga secuencia de agresiones que el Partido de la Revolución Democrática ha tenido para las instalaciones de Pemex en Tabasco. Quiero decirles que por presuntos problemas de retención de agua, de corrosión de alambre y lámina, de contaminación de suelos, agua, daños a construcciones y accidentes en instalaciones, las reclamaciones recibidas durante 1993, año en que debo decir entre paréntesis que ha disminuido sustancialmente la presencia de Pemex, como posteriormente podré explicarlo, decía yo que las reclamaciones recibidas durante 1993 triplicaron a las del año previo y llegaron a 123 mil 330.
Con el fin de atenuar la problemática prevaleciente en dicha entidad federativa, en Tabasco, el organismo accedió a la indemnización de 33 mil casos, y en ese mismo año, en 1993, se llevó a cabo el pago de 21 mil. Entre 1990 y 1992, ocurrieron 1 mil 573 cierres de instalaciones. Repito: 1 mil 573 cierres de instalaciones. En 1993, tan solo en este año, se registraron 694 cierres que comprenden 638 pozos, 27 baterías de separación, 14 extracciones de comprensión, cuatro plantas de inyección de agua, una planta deshidratadora, cinco cabezales y una unidad petroquímica, además de cuatro equipos de perforación y mantenimiento de pozos. A estas cifras habrá que agregar las acciones en estos primeros casi 50 días de este agitado 1994; inclusive de esta última semana, en donde ha habido nuevamente bloqueo de instalaciones.
El problema de las afectaciones ha repercutido, obviamente, en una significativa, en la realización de algunas obras, como los casos del gasoducto de 36 pulgadas de diámetros a mar y a cautus, cuya construcción se ha visto entorpecida de la rehabilitación de la central de almacenamiento y bombeo de Culuacán y de la rehabilitación del gasoducto de 24 pulgadas de diámetro Oxeacaque - Samaria, que estuvo suspendida 45 días, habiendo reanudado su operación el 25 de noviembre de 1993, ocasionando que los campos del área Miguel A. Centeno Bazurto operaran con producción restringida estimada en 10 mil barriles diarios de crudo, 35 millones de pies cúbicos de gas y 331 barriles diarios de condensados.
A estos daños habrá que mencionar que Pemex, en virtud de que liquidó a 13 equipos de perforación que no han podido trabajar en 1993, tuvo que liquidar también a 1 mil trabajadores tabasqueños por quedarse sin materia de trabajo.
Se ha duplicado, como consecuencia de todas estas acciones, el costo de extracción por barril, y se ha reducido a la mitad la producción global del Estado, que llegó casi a alcanzar el millón de barriles diarios y que hoy se ubica aproximadamente en 550 mil barriles.
Todo esto también lleva como consecuencia que Petróleos Mexicanos mantiene una producción diferida, además de lo que ya he mencionado por la acción directa, de 6 mil barriles diarios de petróleo crudo superligero, lo cual hace cerca de 200 mil barriles mensuales aproximadamente. Este daño se estima en 20 millones de dólares al mes, a un promedio de 10 dólares por barril.
Pemex, ha hecho pagos a los afectados que lo han denunciado, que han sustentado sus demandas. De 1989 a 1992 Pemex erogó 117 mil 783 viejos millones de pesos, aparte apoyos a obras por 52 mil 566 viejos millones de pesos; en 1993 se erogaron 39 mil 025 millones de viejos pesos, además de apoyos a obras por 17 mil 300 millones de viejos pesos.
Surgió también la protesta por la salinización de tierras. Nunca se confirmó la razón por la que Pemex hubiera provocado la salinización, derivó casi de fenómenos meteorológicos en virtud de que hubo una apertura en lo que se llamaba "Boca de panteones". Sin embargo, ante la resolución de la Comisión de Derechos Humanos se integró un fondo de más de 120 mil millones de pesos para indemnizar a los propietarios de estas tierras salinizadas.
Además habrá que agregar que se indemnizó a miles de trabajadores transitorios que también fueron encabezados en sus demandas por el Partido de la Revolución Democrática.
Todas estas acciones obviamente han puesto también en riesgo a los habitantes, a los pobladores, porque en cualquier forma puede salirse de control cualquiera de estas instalaciones, cualquiera de estos pozos en explotación.
Junto con los daños que se le ha ocasionado a la empresa, obviamente también ha surgido el fenómeno de la corrupción y no es el Gobierno del Estado ni es mi partido el que ha denunciado la corrupción de varios líderes del Partido de la Revolución Democrática en Tabasco, han sido los mismos afectados, que no han estado de acuerdo en la forma en que se han distribuido
los recursos, que inclusive hay demandas penales y algunas ocasiones agresiones físicas.
Por todo lo anterior, no es audaz afirmar, inclusive sacando las cifras a precios corrientes, que el Partido de la Revolución Democrática ha hecho más daño a la empresa pública Petróleos Mexicanos que dice defender en Tabasco, que al que pudo haber intentado a las empresas extranjeras en 1938, cuando la nacionalización del petróleo.
Se me podrá decir que Pemex no atiende. Quiero decirles que se instaló Codezpet, la Comisión de Desarrollo de las Zonas Petroleras, con funcionarios del Gobierno del Estado, en donde se estudian los distintos reclamos y cuando tienen sustento se procede a su pago.
Se me podrá decir que no es responsabilidad del Partido de la Revolución Democrática, que son los afectados. Nos consta a todos en Tabasco que el Partido de la Revolución Democrática ha patrocinado, impulsado, encabezado todas estas demandas y que habla muy mal de la moral de un partido político que encabeza indiscriminadamente cualquier demanda popular con tal de que sea en contra del Gobierno.
Se me podrá decir que los líderes han perdido el control de las bases, pero cuando nosotros los vemos, a los líderes que encabezan las manifestaciones, pensamos que están dirigiendo las bases, no que van empujados por las bases.
Creo que por todo lo que he dicho y considerando este año tan importante para vigorizar la legalidad, porque la legalidad tiene que ser el punto de confluencia de todos los partidos para que avancemos en el desarrollo político de la nación, porque la legalidad es el mínimo ético que se requiere para garantizar los fines del derecho, que debemos todos hacer un esfuerzo por vigorizar la legalidad. A veces me da la impresión de que cada partido demanda una legalidad propia, de que quisiéramos una legalidad especial para cada uno de nosotros, y eso es imposible. Si no hay los mínimos acuerdos en torno a la legalidad, repito, el avance político se verá seriamente frenado.
Por todo lo anterior yo no pido de la dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrático y de los señores diputados que representan ese partido y señor senador de los legisladores, que haya una condena al Partido de la Revolución Democrática en Tabasco.
Ni siquiera pediría que hubiera un deslinde de responsabilidades. Exhorto, diría yo respetuosamente, suplico cordialmente un llamado para que no sigan dañando los intereses de la nación y los intereses de Tabasco en estas acciones que repito, son intereses de una empresa pública que sirve al país y que sirve a los mexicanos.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra sobre este mismo asunto, el senador Porfirio Muñoz Ledo.
El senador Porfirio Muñoz Ledo:
Con su venia, señora Presidenta.
Formularé un comentario breve a las tropicales palabras que acabamos de escuchar y cuya motivación, francamente no acabamos de entender. Será breve porque parece que hay muchos cañones apuntados para los debates que vienen y éste es un tiempo en que hay que cuidar las palabras y hacer economía de dispositivos, así sean parlamentarios.
Según la versión del distinguido diputado, que me recuerda la letra de una famosa canción: "Tabasco es un edén"; antes del petróleo, todo era veracidad, y felicidad. ¡Qué poco conoce de su propia tierra!, de los caciquismos y de las injusticias cometidas por un sistema político en verdad monopólico a través de las generaciones.
Ciertamente, la explotación desmedida y unilateral del petróleo, profundizó esas desigualdades y generó una conciencia regional y estatal en torno a la iniquidad del sistema federal. El pueblo en todo momento, los sectores más alertas de la ciudadanía y algunos gobernantes contribuyeron a esa pelea por la recuperación de los recursos naturales de Chiapas y de Tabasco, en ambos casos, que habían sido en exceso sustraídos a cambio de participaciones francamente raquíticas.
Hubo y hay, una lucha regional y social que precede con mucho, a la existencia del Partido de la Revolución Democrática. Esta lucha ha tomado a lo largo de los años, otros giros. Uno, el de la defensa del medio ambiente; el otro, el de la defensa de los derechos de los trabajadores. Las violaciones al contrato colectivo de Petróleos Mexicanos son incontables; la lenidad y la complicidad de los dirigentes sindicales de Pemex, particularmente después de que cayó en prisión y descrédito su anterior dirigente nacional, no tienen paralelo en la historia de la empresa desde su fundación.
La falta de atención a las demandas de miles de despedidos ha complicado un problema que de suyo era grave, cuando al inicio de este movimiento no existía prácticamente conexión entre el movimiento de los trabajadores y nuestro partido. Ellos acudieron a los representantes populares de nuestro partido y a nuestros dirigentes, para que les diésemos apoyo y asesoría.
Fue el propio Secretario de Gobernación en aquel entonces, quien nos pidió y lo hizo en lo personal con el de la voz, que contribuyésemos a una solución pacífica, ordenada y justa, del problema de los petroleros, desde Tabasco y desde el sur de Veracruz.
Hicimos lo posible por ayudar a encauzar ese problema; había sin embargo una dinámica propia de esos grupos y organizaciones sociales. Cambiaron los tiempos y cambiaron los funcionarios; llegó también del sureste una corriente endurecida e insensible a la Secretaría de Gobernación, que afortunadamente ahora ha sido jubilada. Se interrumpieron las negociaciones, se procedió a la mano dura, y la complicidad entre su anterior jefe inmediato, el señor Gurría y el personaje de cuyo nombre no quiero acordarme, que hasta hace poco tiempo tenía una oficina en la calle de Bucareli, estableció un cerco de opresión y de represión contra los trabajadores y con la población, por eso hace muy poco tiempo los dirigentes de Tabasco me decían:
¿cómo es posible que se haya ido Patrocinio y haya dejado aquí a su compadre Gurrisinio? Esa es la voz del pueblo.
A mí me parece una simplificación elemental y una falsedad consumada, el creer que todos los partidos son corporativos cuando ya muy pocos, casi solo uno queda sobre la tierra de esas características; sólo en su partido las organizaciones dependen de la entidad política. Ese fue nuestro debate en el Consejo General del Instituto Federal Electoral, cuando los representantes del Partido Acción Nacional y nosotros hubimos de votar en contra de preceptos estatutarios de su partido, por ser anticonstitucionales y por prever la gremiación colectiva, cuando el derecho de los ciudadanos, los derechos políticos de los ciudadanos son por definición individuales.
Nosotros, el PRD, no tenemos organizaciones que sean parte del partido; nosotros no tenemos afiliación corporativa. Nosotros ayudamos, nosotros asesoramos en el marco de la Ley a quienes sufren de injusticias, despojos y violaciones.
¡Qué bueno que toca usted el tema electoral! Hay obviamente una estrategia de su partido para preparar el tiempo electoral en Tabasco, precisamente mediante la difusión machacona, generalmente mentirosa, que coloca al PRD en el bando de la violencia. Esta denuncia se ha vuelto por demás anacrónica después de los acontecimiento de Chiapas. Tienen a la vuelta de la esquina la verdadera violencia contra la injusticia. En Tabasco, por fortuna, la única violencia que en verdad se ha practicado es la violencia institucional.
Tampoco entendería su defensa encendida del caso de Petróleos Mexicanos. Si hay una institución pública sobre la cual se ha pasado un manto de silencio durante esta administración.
Si hay una institución pública cuyos errores, cuyas culpas, cuyas graves responsabilidades, me refiero a las de sus más importantes funcionarios, han sido encubiertas por el Gobierno y por numerosos miembros de su partido, esa empresa es Petróleos Mexicanos. Ahí está la cuestión del estallido de Guadalajara.
Resulta ahora que contra todas las evidencias, después de más de ocho años que, según los dictámenes técnicos, hubo filtración de los oleoductos, después de que no se repararon para encubrir formas diversas de peculado los sistemas de control, después de que se mintió deliberadamente, echando la responsabilidad sobre otras instituciones privadas y aun sobre los particulares, quedan impunes las graves responsabilidades en la explosión de Guadalajara.
Aquí hay quienes tienen experiencia en las cuestiones laborales del país. Yo les preguntaría: ¿en qué tiempo de la historia contemporánea de México ha habido tantas y tan flagrantes violaciones al contrato colectivo de Pemex? Y eso permanece en el silencio.
¿Y el peculado? ¿Y la corrupción? ¿Y la depredación? Eso también permanece en silencio.
Seríamos más sensatos si nos preparásemos a un proceso electoral en el Estado de Tabasco en condiciones de igualdad, con una reforma genuina de los procedimientos electorales, cesando la calumnia y la mentira y procediendo a la atención sensata, preventiva y consecuente de los graves problemas sociales de la entidad.
No podríamos dejar de mencionar hasta qué punto, hablando de violencia y de abuso, son claros los testimonios de los altísimos niveles de
peculado de la clase política del Estado de Tabasco.
Hay ahora una zona nueva con grandes hoteles, enormes, cada uno tiene el sello y la propiedad de un ex gobernador. Le llama el pueblo: "El Museo Turístico de la Corrupción".
Vamos entonces a colocar la responsabilidades en donde están, y vamos a emplear la razón y la sensatez para enderezar una situación política de suyo corrompida en Tabasco, sancionada por el propio Gobierno Federal, cuando ordenó el cese de aquella plaga públicamente llamada "nemepotismo".
Hay constancia pública en el Gobierno Federal de los excesos cometidos por el gobierno actual, entre las cuales, antes de su discurso, se citaba haberle pedido a usted el cese como secretario general.
Hay hasta temor de que el director general del IFE vaya a cesar en sus funciones porque representaría una opción menos vinculada a las tradicionales satrapías de los pequeños defraudadores profesionales que ahora circulan en la voz pública como posibles candidatos de su partido a la gubernatura del Estado.
Yo hago también un llamado, un llamado a la sensatez, un llamado a la verdad y un llamado a la responsabilidad pública. Muchas gracias, señora presidenta.
La Presidenta:
Tiene la palabra en términos del artículo 102, el diputado Juan José Rodríguez Prats.
El diputado Juan José Rodríguez Prats:
Con su permiso, señora Presidenta.
Confieso, señor senador, que me ha sorprendido su discurso porque yo jamás personalicé, jamás ofendí, fue un exhorto que pretendí hacerlo lo más cordial, lo más respetuoso.
Lamento también que haya hecho usted una lista de agresiones, que ahora se retire usted, eso me sorprende también, como es su costumbre, porque podríamos haber sustentado una buena discusión, un buen debate de qué es lo que pasa en Tabasco y qué es lo que pasa con Pemex y qué es lo que pasa con la lucha política entre partidos.
Pero se cae en un discurso que me recuerda un poco a Borges, cuando caracteriza lo barroco como la fabricación de estructuras que buscan el asombro, y creo que en eso hemos caído aquí, en un muralismo barroco, en donde jamás se respondió a lo que yo aquí dije, jamás se refirió a los hechos que yo aquí mencioné, sino que en el clásico discurso demagógico se cayó en abstracción, se refirieron a historias y acontecimientos, se recrearon, se recreó el señor senador en metáforas y en figuras literarias. Yo las admiré mucho en mi juventud, cuando usted ostentándose como tabasqueño para poder filtrarse en un concurso nacional de oratoria, cosa que los tabasqueños, no somos muy generosos, hasta ese tipo de generosidades nos permitimos en nuestra naturaleza tropical, usted ganó un concurso dándole ese privilegio a Tabasco. Este magnífico, esa simulación que efectuó usted y que no sé si ahora tenga usted la fuerza de poder ocultarlo. Repito, nosotros en aquella ocasión hasta le hicimos una festividad y lo recibimos en Tabasco.
Pero también yo creo que tendremos que regresar a un discurso muy concreto, muy específico, de lo contrario estamos hablando de cosas diferentes.
Hoy, me recuerdo alguna lectura de lo que usted pronunció cuando estaba usted al frente de mi partido, como decir por ejemplo a lo que ahora llama usted partido de Estado, decía usted como presidente de mi partido, cuando tuvo usted el privilegio a confesión suya de presidirlo, decía usted: "El partido, sin una relación profunda con los hombres a los que ha llevado al desempeño de los cargos públicos, se convierte en una estructura vacía y a veces marginal. Los hombres que se encuentran en el desempeño de los cargos públicos sin una afirmación clara de su conciencia partidista, no son sino un conjunto de aventuras individuales. Por eso partido y Cámara de Diputados, partido y Cámara de Senadores, partido y Gobierno de los estados, partido y alcaldías y municipios, partido y Presidencia de la República, son una misma sola, indisoluble unidad revolucionaria".
Ahora con esa cultura política que tenemos que cambiar esto lo trastorna usted, lo dice usted de otra manera. Esta cultura política que nos obliga a ser autocrítico, porque escuche usted por ejemplo, y ésta es una autocrítica que hacemos a mi partido, como ve un priísta en una lección, esa lección de la que usted ahora tanto apela para que se haga con transparencia.
Dice un priísta: "Prueba de la confianza del pueblo en sí mismo y en el desarrollo democrático
que hemos alcanzado, fueron las prolongadas filas de votantes que comenzaron a formarse a las 8.00 horas de la mañana y que aún hace algunos minutos, todavía seguían desfilando frente a las urnas, contingentes integrados por hombres y mujeres, seguros y optimistas, familias enteras que inclusive se hacían acompañar de sus hijos menores. ¡Qué demostración más fehaciente de la vigencia del régimen democrático en México y del porvenir que le aguarda, resulta de la presencia de la niñez en los umbrales del recinto electoral". A esto se le podría poner, que en paz descanse y con todo mi respeto hasta música de Gabilondo Soler, es una declaración que ustedes clasificarían de triunfalista o perteneciente al México imaginario. Son palabras suyas, señor licenciado, senador Muñoz Ledo, el 4 de julio de 1976 cuando concluía ese proceso electoral que se señalaba en esas fechas.
En síntesis, si no cambiamos esa cultura política, si nos regodeamos en el ataque personal, si reunimos en la abstracción un hecho concreto que traté de apreciarlo y que traté con la mayor cordialidad de que hagamos un esfuerzo de que se observe la legalidad en Tabasco, de que se canalice la protesta y el reclamo mediante la ley para que resuelva en forma equitativa y justa y que no se obstruya una empresa, que es una empresa pública en su tarea.
Cuando yo solamente eso fue lo que planteé y solicité que hubiera una exhortación a su partido en Tabasco, venimos a escuchar aquí un discurso de insultos, de apodos, que desmerece mucho la calidad de este recinto y desmerece mucho la autoridad moral que debe tener el poder legislativo.
Repito, yo solamente insisto, en mi exhortación más cordial, más respetuosa, a que se fortalezca la legalidad en Tabasco en búsqueda de su progreso, de su bienestar, de su seguridad y que no se siga dañando ni a la nación ni al Estado de Tabasco. Muchas gracias.
La Presidenta:
¿Para qué efectos, señor Senador?
El senador Porfirio Muñoz Ledo (desde su curul):
Para algunas, pocas alusiones personales y biográficas.
La Presidenta:
Tiene la palabra también en términos del artículo 102 para contestar alusiones personales, el senador Muñoz Ledo.
El senador Porfirio Muñoz Ledo:
Con mayor brevedad todavía, señora Presidenta.
No sabía que existía la práctica parlamentaria de traer a este recinto tarjetas biográficas de los otros miembros del Congreso de la Unión.
Yo lamento, y lo digo con sinceridad y respeto, ignorar la biografía del compañero Rodríguez Prats, que me antecedió en el uso de la palabra. Creí que por aquí saldría alguna cita de Carlos Pellicer y me encuentro con una de Borges.
Si el compañero fuera leal a la tradición estética de su pueblo, valoraría en mucho el barroco, el barroco de la literatura y el barroco del paisaje, que en nuestro país es una respuesta frente a la corrupción de lo clásico.
Efectivamente me da mucho gusto que lo recuerde, a invitación de la Universidad de Tabasco tuve el honor de representarlos en un certamen de oratoria y tuve también el honor de ganar ese concurso. Eso me permitió desde muy joven...
El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde su curul):
Señora Presidenta: ¿preguntaría usted al orador si me permite una interpelación?...
La Presidenta:
¿Acepta usted una interpelación?
El senador Porfirio Muñoz Ledo:
Con mucho gusto.
La Presidenta:
Adelante, señor diputado.
El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde su curul):
Para efecto de servicio a la verdad, si el señor senador recuerda que previamente él en el Distrito
Federal había perdido ese concurso y de ahí al final logra una representación de súbita generada en aquel evento para representar a Tabasco. Si la universidad lo hubiera designado, no es porque ya había perdido en el Distrito Federal. Nada más para efecto de servir a la verdad.
El senador Porfirio Muñoz Ledo:
No quisiera entretejer a este auditorio con datos de mi biografía, ese dato es en absoluto inexacto. Tuve el honor también de resultar vencedor el año de 1952 en el concurso del Distrito Federal en una decisión muy apretada; en la ciudad de San Luis Potosí quedé en el segundo sitio; al año siguiente me había retirado de esas lides cuando fui invitado por la Universidad del Estado de Tabasco. Esto ocurrió el año de gracia de 1953, hace exactamente 40 años. Vea cómo ha "llovido".
Efectivamente siempre abogué durante toda mi vida pública y lo repito ahora, porque las estructuras de poder no quedaran vacías y carentes de sentido por falta de atención a los problemas fundamentales de los electores. Eso es lo que por desgracia ocurrió después.
Quiero recordarle que el año en que se pronunciaron esas palabras, está registrado en la historia del país, para dar un solo dato, como el año más alto de salarios reales en toda la historia contemporánea de México, y que a partir de ese año ha habido una pérdida consistente de 66%; que desde ese tiempo hasta ahora, se ha cuando menos triplicado el desempleo abierto y que hay un decaimiento evidente de todas las políticas económicas y sociales que alguna vez tuvieron un sentido redistributivo.
También recuerdo y reconozco mi llamado a los miembros del Congreso de la Unión para que actuaran con responsabilidad respecto del mandato recibido. Aquí hay cuando menos dos o tres parlamentarios que recordarán que en esa virtud promovimos el voto independiente de todos los diputados conforme a su conciencia. Cambiaron los tiempos, cambiaron las políticas. Siempre que veo a niños en los actos políticos me alegro. Lo hice el domingo pasado al término de "La Marcha de las 100 Horas".
Sea un proceso electoral; sea un mitin político; sea una manifestación cívica y cualquiera que sea el signo por el que sus padres voten.
Yo quisiera simplemente terminar estas palabras, diciendo que todas estas referencias biográficas que no creo que tengan mayor trascendencia frente a los hechos que se están viviendo, no alcanzan a ocultar la realidad del Estado de Tabasco.
Palabras semejantes escuchábamos hasta hace poco, respecto del Estado de Chiapas. Tengamos cuando menos cuidado de la vecindad; tengamos memoria y seamos consecuentes. Yo reitero mi exhorto para que las próximas elecciones en el Estado de Tabasco, para que las próximas elecciones en el Estado de Chiapas y para que el proceso electoral en curso en el Estado de Morelos, se rijan conforme a los principios de legalidad, de transparencia y de equidad, que hemos acordado los partidos políticos.
Hago un exhorto también, para que a la brevedad se hagan las investigaciones del caso y se proceda a hacer justicia a los trabajadores tabasqueños y a los de otras regiones de la República, cuyos derechos han sido gravemente vulnerados por Petróleos Mexicanos.
Finalmente, hago un exhorto a la razón política para que entendamos que el país ha cambiado considerablemente en los últimos meses y que tal vez el día de mañana se inicie un diálogo trascendental para la República y que de no ser consecuentes con la magnitud de las demandas que debiéramos procesar, estaríamos en un franco e injustificable anacronismo. Muchas gracias.
La Presidenta:
Se concede el uso de la palabra, en términos del artículo 102, al diputado Rodríguez Prats.
El diputado Juan José Rodríguez Prats:
Muy breve.
Con su permiso, señora Presidenta:
Tomo sus palabras señor senador, de que tengamos memoria y seamos consecuentes. Jamás se refirió usted a los hechos que yo aquí denuncié; jamás mencionó usted el bloqueo de instalaciones, la acción directa para forzar a Pemex al pago de indemnizaciones que fue la denuncia que hice.
Divagó usted en un discurso yéndose a otros escenarios, yéndose a otros temas y yo no sé
si usted se embelesa demasiado en sus figuras literarias o yo soy el que me atraen tanto que no encuentro ni las ideas ni los hechos de su discurso.
Repito, yo hice una cordial y respetuosa exhortación a su partido, a usted como dirigente nacional, para que intervenga con su partido en Tabasco, a que los daños y las posibles afectaciones que Pemex haya ocasionado, se canalicen conforme a derecho.
Eso es todo lo que insisto y eso es todo en lo que vengo hablando desde mi primera intervención. Muchas gracias.
ESTADO DE DURANGO
Presidencia del diputado
Miguel González Avelar
El Presidente:
Gracias, señor diputado.
Se concede el uso de la palabra para referirse a un asunto relativo al Estado de Durango, al señor diputado Juan de Dios Castro.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Señor Presidente; señoras y señores legisladores:
Uno de los temas en los que se ha insistido en este proceso electoral de 1994, como inherente a la lucha de partidos, a la contienda de partidos, son precisamente las condiciones de equidad de esa contienda. Presentar programas, presentar alternativas, presentar doctrinas e ideas y con ellas invitar a los ciudadanos a apoyar a determinado partido político.
En la comarca lagunera del Estado de Coahuila, lo cito como antecedente, en un período de gobierno del que se recuerda algo, me refiero al gobernador Oscar Flores Tapia, el gobernador trató de obtener el apoyo de determinados sectores de población marginada. Para ello aportó recursos, aportó medios y logró el apoyo de muchas colonias proletarias de la comarca lagunera del Estado de Coahuila.
En la comarca lagunera del Estado de Durango, señores legisladores, un partido político, el Partido del Trabajo, fue precedido en su lucha de otro tipo de organizaciones que trataban de atraerse el apoyo de sectores de población marginada en el Estado de Durango. No tenían registro como partido político. Me refiero al Comité de Defensa Popular, cuyas siglas CDP, eran muy conocidas en las colonias marginadas de las ciudades de la comarca lagunera del Estado de Coahuila y de la misma capital del Estado.
La pregunta que la ciudadanía se hacía, era: ¿de dónde provenían los recursos de los comités de defensa popular?
Había confrontación con las autoridades municipales, y había confrontación con las autoridades estatales; pero, señores, no había confrontación con el Ejecutivo Federal, no había confrontación con el Presidente de la República y no solamente eso, muy legítimo para quien está convencido de ello, apoyo incluso al plan de trabajo del Ejecutivo Federal.
El CD P se transforma en partido político; no se transforma, se incorpora a un partido político: el Partido del Trabajo.
Y señores, se advierte exactamente lo mismo. Los medios publicitarios del Partido del Trabajo en campañas locales, los medios publicitarios y los recursos publicitarios del Partido del Trabajo, en las campañas locales y federales, superaron, incluso en recursos, a los medios y recursos de que disponía el Partido Revolucionario Institucional, que es quien recibe la mayor cantidad por concepto de financiamiento público.
Los miembros del PT, la membresía del Partido del Trabajo no tienen esos recursos. No tenía registro, actualmente está con registro condicionado. ¿De dónde se derivan los recursos del Partido del Trabajo?
El apoyo sí, el apoyo lo tienen de sectores de población marginados o deprimidos.
Bueno señores, mi intervención, y doy estos dos antecedentes. Yo estoy de acuerdo con que se solucionen los problemas de la población marginada; es más, es obligación del Estado, es obligación del Estado resolver, crear las condiciones sociales para que se resuelvan los problemas de vivienda, de agua potable, de habitación, de miles de mexicanos, no sólo en Durango, sino en todo el país.
No estoy de acuerdo con que se quebrante y se rompa el estado de derecho. Cuando hay necesidad de espacios, cuando hay necesidad de
vivienda, la Ley confiere los medios al Estado para dar solución, la expropiación; la Constitución lo permite y la Ley la regula. No entraré de lleno a este tema, que se llevaría mucho tiempo.
En la capital del Estado hay un núcleo de población irregular en un predio denominado La Virgen; colonias marginadas, necesitadas de habitación, ocupan ese predio. El ayuntamiento de Durango, el titular del ayuntamiento de Durango es miembro del Partido del Trabajo. Para dar a conocer las obras en materia de agua potable, el ayuntamiento de Durango organiza un acto, con la construcción de un templete de proporciones hitlerianas, con recursos materiales y publicitarios extraordinarios, que ya de por sí sería criticable dada la escasez de los recursos con que cuentan los ayuntamientos del país.
El problema, señoras y señores legisladores, no es si el presidente municipal utiliza esos recursos para dar a conocer las obras que se realizan en materia de agua del predio La Virgen. Todos los recursos del ayuntamiento destinados a preparar el acto: templete, una hondonada de varias hectáreas convertida en una explanada, utilizando todos los camiones de limpieza para el acarreo de material y convertir la hondonada en explanada; el personal del ayuntamiento destinado a crear las condiciones adecuadas durante varios días para la realización del acto; podría decirse es excesivo que el ayuntamiento destine tal cantidad de recursos para la naturaleza del acto.
El único problema, y es el motivo de mi denuncia, señoras y señores legisladores, es que la señora candidata a la Presidencia de la República del Partido del Trabajo, realiza su visita a la capital del Estado con una concentración en el mismo lugar y en hora coincidente con minutos de diferencia, entre el acto del presidente municipal y el acto del Partido del Trabajo.
Pero el señor presidente municipal de la capital del Estado se excede, y no sólo destina recursos, destina trabajadores, destina maquinaria, destina vehículos, construye el templete para el acto del presidente municipal, sino destina vehículos, recursos y medios publicitarios para el acto del Partido del Trabajo y la construcción de un templete gemelo al templete del presidente municipal, donde dirá su discurso la candidata a la Presidencia de la República por parte del Partido del Trabajo.
Todos los partidos pueden realizar los actos que estimen pertinentes para dar a conocer sus programas y hacer las manifestaciones públicas que estimen pertinentes, pero no se pueden utilizar los recursos públicos al servicio de los partidos políticos.
En el Congreso local, señoras y señores legisladores, se presentó denuncia por estos hechos. En el Congreso local, se han presentado denuncias reiteradas por hechos en los que ha participado el Partido del Trabajo, que quebrantan francamente el estado de derecho del Estado de Durango y el estado de derecho en relación con las conductas asumidas por el Partido del Trabajo, no existe en el Estado de Durango.
Cualquier quebrantamiento de la Ley y del estado de derecho, interesa a los ciudadanos de todo el país e interesa a los legisladores, diputados de la nación y senadores de la República. Ese es el motivo de esta denuncia en la Comisión Permanente. No voy a pedir nada a los señores legisladores.
El abuso de los recursos del municipio del Estado de Durango, capital, la ciudad de Durango, el municipio de Durango, es competencia del Congreso local del Estado de Durango; ahí se presentó la denuncia, procede ahí darle seguimiento a la misma; procede ahí ver o establecer si el pedimento de auditoría a la presidencia municipal de Durango procede o no.
¡Ah!, pero el quebrantamiento del estado de derecho, si esta denuncia tiene el mismo fin que otras denuncias similares que se han presentado en el Congreso, señores, es el quebrantamiento del estado de derecho en el Estado de Durango, y no podemos permanecer silenciosos ante una situación de esta naturaleza. Esa es la razón que haga uso de la tribuna en esta Comisión Permanente. Muchas gracias.
ESTADO DE DERECHO EN MÉXICO
El Presidente:
Oportunamente, se inscribió para hacer consideraciones generales acerca del estado de derecho, la diputada Laura Alicia Garza Galindo, a quien se da el uso de la palabra.
La diputada Laura Alicia Garza Galindo:
Yo quisiera, con su permiso, señor Presidente, honorable Asamblea, plantear varias cosas que preocupan, y de las que espero haya respuesta clara, concreta, veraz.
El día de ayer, un prestigiado diario de circulación nacional, planteaba una noticia proveniente de Chiapas, y al mismo tiempo, en la misma página, un artículo de fondo elaborado también a partir del mismo contexto. Ambos, insisto, preocupantes.
La nota, la primera tiene la siguiente cabeza y dice: "propone el PRD a fuerzas sociales, crear una alianza, invita al Ejército Zapatista de Liberación Nacional...", y plantea textual: "El consejo estatal de PRD en Chiapas, convocó hoy a todas las fuerzas sociales y políticas del Estado, y en particular al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a constituir una alianza revolucionaria y democrática y a luchar por el establecimiento de un nuevo pacto social que surja de un congreso constituyente, que deberá dar vida a una nueva constitución local". Eso dice el primer párrafo, y hasta aquí lo único que resulta extraño, si no es que absurdo, es que la convocatoria a las diversas fuerzas políticas y sociales, junto a ellas se convoque a una fuerza beligerante a formular leyes. Pero en fin, no es eso lo preocupante. Hasta ahí no se denota más que desconocimiento y por supuesto oportunismo.
Pareciera que aquí se quieren volver corporativos y por la vía de la convocatoria a la violencia que por sistema niegan, porque lo que dice después es que en su llamado los perredistas advierten que sólo con una alianza de ese tipo, con la participación de campesinos, organizaciones sindicales, empresariales, culturales, religiosas y partidos políticos, además del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, se podrá plantear una alternativa de cambio de fondo.
Agrega al final la nota: "En cuanto al llamado que en particular se hace al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, los perredistas precisan que los 10 puntos de las demandas que plantean: tierra, trabajo, vivienda, salud, educación, democracia, justicia, libertad, soberanía y paz, son reclamos que comparte la mayoría del pueblo de México y de Chiapas, en consecuencia las fuerzas democráticas y revolucionarias las hacen suyas porque han luchado por ellas desde hace décadas".
En principio sorprende que busquen montarse en las circunstancias. Se olvidan del gran consenso nacional a favor de las transformaciones por la vía legal e institucional, pacífica y democrática; se olvidan del gran consenso nacional que rechaza la violencia y reclama la paz como entorno fundamental para dirimir las controversias.
Es consenso a favor de la paz y del estado de derecho, es el capital político nacional, no es patrimonio exclusivo ni de ningún partido ni de nadie; es el patrimonio, es el capital político de los mexicanos.
En el mismo contexto de este llamado del Comité Directivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Chiapas, se ubica sin duda la postura del Comité Ejecutivo Nacional del mismo partido, que ha manejado sin duda una peligrosa política que yo calificaría de virar sistemático. El 1o. de enero se dijo que el PRD se manifestaba en contra de la violencia y que se reconocía la paz como el único camino para avanzar en la ruta de la democracia, y a los dos o tres días ese partido se manifestó en sentido contrario y dijeron: Tienen razón los alzados, el régimen es el culpable de todo, y ni modo, dicen, avalamos, hacemos nuestros esos métodos.
¿Que no les dijo Heally, uno de sus ideólogos, que ése no es el camino, que muchos en el PRD no avalaban esa postura?
Presidencia de la diputada
María de los Angeles Moreno Uriegas
La Presidenta:
Un momentito por favor diputada. ¿Para qué efecto, señor diputado?
El diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda (desde su curul):
Preguntarle a la oradora si acepta una interpelación.
La Presidenta:
¿Acepta usted una interpelación, diputada?
La diputada Laura Alicia Garza Galindo:
Al final, diputado, para no romper el orden de las citas que estoy haciendo.
La Presidenta:
Al final de la intervención diputado.
La diputada Laura Alicia Garza Galindo:
Más aún, el 5 de febrero pasado, además que la dirigencia del PRD se lanza contra las instituciones republicanas y el orden establecido, se reconoce el alzamiento en la zona en conflicto como vía autorizada para aclamar por la vía y la dignidad, por la justicia y por la democracia.
Y van más allá, autorizan de facto la violencia como vía válida, legítima, para la transformación democrática de la realidad nacional.
Al decir la dirigencia perredista que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional tiene su puesto y sus responsabilidades en el cambio democrático de México, ¿eso no es convocar a la violencia? Que nadie la inventa, son sus decires, y no son mentiras ni calumnias; son, insisto, sus dichos del más alto nivel, y por supuesto son tremendamente anacrónicos.
Y por supuesto no acaba ahí todo, y por supuesto tampoco acaba con el artículo de fondo que labora también, que aparece también el día de ayer, uno de sus intelectuales orgánicos y militantes, sin duda, yo no afirmo que todos lo sean, de la línea dura del PRD, y que paradójicamente titula, intitula: "Reformas y Democracia para la Paz".
Dice, entre muchas cosas: "Gracias a que se comienza a perfilar la ruptura de la estructura priísta en Chiapas, las causas zapatistas ganan apoyo y credibilidad social y se genera un gran capital político que se puede invertir de forma inteligente en favor de una transición democrática".
Luego dice: "Hasta finales de 1993 había un valoración del siguiente tipo: si las elecciones no resultan limpias, la oposición puede vetar el proceso y entonces vendrá un conflicto poselectoral muy grave para el país y quién sabe qué pueda pasar". Y agrega: "Pero ahora, con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el escenario anterior se ha complicado, porque el veto a un fraude involucra la dimensión armada".
Si esto no es una fascinerosa convocatoria a la violencia, no sé cómo pueda llamársele. No son calumnias ni mentiras, está publicada.
Esto, señores, es muy grave, es muy delicado. ¿Por eso quieren romper el acuerdo político que se firmó por todas las fuerzas políticas? Esto implícitamente dice: "...el 21 de agosto o reconocen que ganamos o va a haber violencia". "Se involucrará, lanzan, la vía armada".
Esto, señores, tiene olor de conspiración montada en las circunstancias. Aquí les haría yo varias preguntas a mis compañeros legisladores del PRD: Todos estos decires de miembros destacados de su partido, en los que pareciera que hacen suya una declaración de guerra, la declaración de guerra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la que para fortuna de México parece haber quedado atrás. ¿Qué acaso la hace suya el PRD? ¿De qué se trata? ¿De que el PRD se constituya el brazo político del Ejército Zapatista de Liberación Nacional o de que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se constituya en el brazo armado del PRD? Esto, si el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, hoy inmerso en buscar la paz por la que hacemos votos, se los acepta, porque ¿quién le otorgó al PRD la representatividad del Ejército Zapatista en la ciudad de México? O también, como dicen de Tabasco, ¿acudieron a ustedes por asesoría?
Es de exigirse que aquí en esta Comisión Permanente y de cara a la nación, vengan los compañeros del PRD a clarificar su posición, porque cualquiera de las dos cuestiones que planteé son graves.
Queremos, los convocamos, a que vengan aquí a esta tribuna nacional a establecer el deslinde, yo sí lo pido, de esta situación.
La disyuntiva, señores, es el estado de derecho y el respeto a la Ley o la violencia, ustedes lo dicen. Porque así de entrada, con los decires, con él o los discursos aquí citados, se desdibuja su reconocimiento al estado de derecho y al respeto esencial a nuestras leyes. Si es así, si refrendan estos discursos, yo les preguntaría: ¿qué hacen aquí sentados departiendo con los partidos políticos, que pervivimos porque así lo queremos y porque así lo quiere el pueblo de México dentro del marco de derecho, buscando siempre la vía pacífica para dirimir nuestras diferencias? ¿Qué hacen aquí?
Pareciera, señores del PRD, que su partido, yo no digo que ustedes, compañeros, su partido, su dirigencia nacional apuesta porque se incremente de nuevo la atención en Chiapas. Da la impresión de que sienten como fuerza política que les conviene un nuevo enrarecimiento del clima político y de la paz nacional, de su pérdida.
Creo que habrá que repetirles: ¡Cuidado señores, de las cenizas sólo se recogen cenizas! La política, el ejercicio de la política, es para lograr acuerdos, consensos para sumar voluntades. Es a lo que estamos dedicados los partidos políticos de este país, en el sistema de partidos que nos hemos dado los mexicanos.
Por ello, compañeros, los invitamos a que deje su partido, o la línea dura de su partido, el discurso de la conveniencia, el discurso del clientelismo, el discurso de la coyuntura, el discurso de la convocatoria a la violencia, no lo nieguen, hay muchas pruebas, y regresen al discurso de la paz y del orden civil.
Nosotros también los exhortamos para que en las elecciones de este año, no nada más las locales, las nacionales, todas, todas las elecciones, ustedes se acojan a la civilidad, a la legalidad, a la transparencia y a la equidad y a la razón política.
Para terminar, yo quiero recordar una frase que dijera una distinguida asambleísta del PRD, dijo: "Sin democracia no habrá paz". Creo, con todo respeto, que hoy el planteamiento es al revés: "Sin paz, en la hostilidad, en el enfrentamiento, en la violencia, la democracia, con tantos esfuerzos por todos construida, no sobrevivirá". Muchas gracias.
La Presidenta:
La oradora había aceptado una interpelación. Lo lamento, diputado. ¡Ah!, ¿ya no la querías?
Adelante, por favor, diputado Martín del Campo.
El diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda:
Cuánto ha cambiado efectivamente nuestro país a partir de la Declaración de la Selva Lacandona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que obliga a la señora diputada Laura Alicia Garza Galindo, a hacer una declaración de guerra del Salón Verde de la Cámara de Diputados diciendo quieren guerra, guerra tendrán los partidos que tengan una posición diferente a la del Ejecutivo, en tono francamente irresponsable y amenazante, en el que no nos dejaremos acorralar los de la oposición y específicamente los del Partido de la Revolución Democrática.
Ha hecho un repaso hemerográfico, cargado de una emotividad negativa, que es discordante con la pretendida idea de la paz, como los que rezan arrepintiéndose de que han asesinado frente a las vírgenes del culto católico y pidiendo perdón para volver a repetir lo mismo.
Hay un problema de fondo en la concepción que está atravesando todo el discurso de la diputada Laura Alicia Garza Galindo, que espero no sea realmente la opinión unánime del Partido Revolucionario Institucional y de su Gobierno.
Entienden muy mal lo que es la existencia de pluralidad y de verdadero diálogo, de verdadera oposición. Ignoran que tiene que considerarse la alteridad en la política, la existencia del otro y que no podemos nunca sacrificar nuestra posibilidad de decir lo que pensamos respecto a las acciones de Gobierno y de su partido, pese a que firmemos acuerdos políticos que este partido y este Gobierno no quieren respetar y digo categóricamente que lleva jiribilla, lleva una doble intención esta expresión de doble discurso del Partido Revolucionario Institucional; lo que está diciendo la diputada Laura Alicia Garza Galindo, es allanar el camino para que no haya período de sesiones extraordinarias y eludir irresponsablemente con afirmaciones absolutamente irresponsables en contra del Partido de la Revolución Democrática, la necesaria respuesta para que haya una discusión sobre el tránsito a la democracia, y en lo que a nosotros compete, la necesaria discusión en un período de sesiones extraordinarias del correlato a la búsqueda de la paz en el Estado de Chiapas.
No nos dejaremos atrapar. Vamos a insistir en que esto es necesario, que por más que nos amenacen diciendo que llamamos al Ejército Zapatista de Liberación Nacional a que se incorpore a la vida política del país, eso significa que nosotros llamamos a la violencia. Se le olvida a la compañera diputada que hizo un extenso repaso incompleto e inadecuado, hemerográfico, de declaraciones políticas de personas que no pertenecen al PRD en algunos casos, que uno de los puntos del acuerdo que firmaron ocho candidatos a la Presidencia y ocho presidentes de partido, dice que se invita al Ejército Zapatista de Liberación Nacional a que se incorpore a la vida política del país para evitar salidas de guerra; que le reclame al señor Luis Donaldo Colosio, la compañera, que le reclame al presidente de su partido, por andar firmando acuerdo con nosotros, de llamar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional a que se incorpore a la vida política.
Contundentemente decimos que aquí está operando un doble lenguaje evidente y cínico y absolutamente irresponsable.
Que nos quiere dar derecho de admisión y diciéndonos que, qué hacemos aquí, para invitarnos a irnos a la guerrilla, es algo que ya rayó en la exageración, en el ánimo de desconocer, con irresponsabilidad, insisto, que aquí tenemos todo el derecho de discrepar de las posiciones del Gobierno y todo el derecho de exigir que haya período de sesiones extraordinarias, y todo
el derecho también a pedir que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se incorpore a la vida política del país.
¿Quién ignora ahora que tiene representatividad y capacidad de convocatoria? Quién ignora ahora que ese Ejército Zapatista de Liberación Nacional, con cuya vía armada no concordamos, y por eso estamos participando en la vida de las instituciones, política de este país. Sólo quiero recordar que es fuente de legitimidad y derecho de todas las instituciones, en cualquier sistema democrático, el sufragio y si no garantizamos que el sufragio sea efectivo, que se respete, que se cuente bien el voto, que se discutan de estas cosas para estas elecciones de 1994, carecerán en buena medida de legitimidad los resultados de la elección de 1994 y no habrá un solo Ejército Zapatista de Liberación Nacional, sino muchos brotes de inconformidad civil y quizá también de violencia no deseada, porque no se garantice que esta fuente de derecho permanezca incólume, para instituir verdaderamente un Gobierno democrático que nos haga eso sí, entrar al primer mundo de la democracia, no con discursos falaces como los que a menudo se usan en esta tribuna para querer acorralar a la oposición y para eludir irresponsablemente responsabilidades.
En esta hora crucial, como antes de ser decretado el alto al fuego, existen barruntos como el discurso de la compañera diputada, que hacen precaria la paz conseguida hasta hoy. La amenaza de una nueva crisis pende sobre los responsables de llevar a buen término las negociaciones y las tendencias más obscuras del régimen que esperan la oportunidad para imponer, eso sí, una salida de fuerza como la que al final de su discurso nos dijo tienen pensado algunos priístas.
La seguridad de una solución política al conflicto descansa en la seriedad y rapidez con que se actúe frente a los reclamos de trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia y justicia que plantea el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Hasta el general encargado del área, con quienes nos entrevistamos los miembros de la Comisión Plural, el general Godínez, nos dijo: no podemos estar en contra de esas reivindicaciones, no podemos estar en contra del señalamiento de las causas de violencia del llamado Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Dijo: "Estamos en contra de la vía para resolver los problemas planteados. Pero no en contra del planteamiento general".
El PRD no está en contra de eso y al parecer habían dicho hasta ahora miembros del PRI, que tampoco estaban en contra de eso. Está en las garantías el garantizar la paz, que se brinden para constatar que los acuerdos se cumplirán en todas sus etapas, en conceder los tiempos necesarios que requieren una estructura político - militar de sus características, para discutir y tomar resoluciones, en la certeza de que a sus militantes
se les permitirá, llegado el momento, sin ánimo de venganza, regresar a sus comunidades e iniciar una vida tranquila y normal, y el llamado de la compañera diputada nos hace prever que hay ánimo de venganza, el convencimiento de que las causas que dieron origen al levantamiento armado, serán extirpadas de raíz, con todas las acciones públicas que sean requeridas. Una salida que evite que la crisis política del régimen se profundice, pasa por una respuesta local y nacional. No se puede separar una de la otra, a riesgo de que todo el proceso de pacificación se enturbie con un alto costo para la nación.
Chiapas debe ser, lo reiteramos por enésima ocasión los miembros del Partido de la Revolución Democrática, el eje de la transición democrática. En esa virtud, nuestro partido suscribió el compromiso por la paz, la democracia y la justicia. Lo hizo convencido de la necesidad de una verdadera reforma que diera rectitud al proceso electoral en curso y para ofrecer al país y a la sociedad, una muestra más de su inquebrantable voluntad de contribuir a que en México haya elecciones limpias.
Ante una crisis de régimen y una crisis personal del jefe de este régimen, que puede ser aprovechada para imponer una solución violenta, no se podía actuar de otra manera, nuestra palabra está empeñada en ese acuerdo. Pero también la del Gobierno, aunque se obstine con sus desplantes y los de la compañera diputada, en desconocer lo que se firmó.
En esta tribuna y en los espacios en que nos ha sido posible, el Partido de la Revolución Democrática ha tratado de explicar las razones que llevaron a su candidato a la Presidencia de la República y al presidente del mismo, Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, a suscribir este compromiso.
También hemos sido enfáticos en la urgencia de aterrizar el punto ocho del acuerdo en la convocatoria a un período de sesiones extraordinarias en donde se conviertan en ley las decisiones en materia electoral, que confirmen el irrevocable compromiso democrático para guardar o salvaguardar los derechos políticos fundamentales.
Al respecto, se han dado largas y evasivas, jugando peligrosamente con la estabilidad de la nación. ¿Quién se opone hoy a que el país transite por la senda democrática? ¿Quién no quiere la paz? ¿Quién ve en las armas un recurso infalible contra la antidemocracia? ¿Quién se niega a restablecer la concordia? ¿Quién no desea una solución definitiva?
La sola respuesta a estas preguntas hacen el consenso requerido para encaminarnos decididamente hacia una reforma electoral histórica o por el contrario, ¿de qué clase de consenso nos hablan? ¿Se trata de hacer que todo cambie para que en realidad no cambie nada? Ese es el espíritu del discurso de la compañera diputada. ¿Qué se teme perder cuando el país entero está en peligro?
Las respuestas a estas interrogantes se deben hacer de cara a la sociedad entera que con los sucesos de Chiapas, volvió a demostrar la madurez política y la sensibilidad suficiente para distinguir cuál es el rumbo que debe seguir el país. En que se materializa la voluntad política del Gobierno de la República expresada apenas hace unos días por el Secretario de Gobernación, si no es un proceso amplio de reformas que garantice la autonomía e imparcialidad de los organismos electorales, la equidad entre los contendientes, impidiendo el desvío de recursos públicos y el dispendio en las campañas electorales, así como el uso y acceso a los medios electrónicos de comunicación y el establecimiento de un sistema nacional de información que posibilite la transparencia y oportunidad en la publicación de los resultados electorales.
Más aún, en opinión del Partido de la Revolución Democrática, estas modificaciones a la normatividad electoral, deben aprobarse simultáneamente al desarrollo de las pláticas conciliatorias entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Gobierno Federal, en un claro mensaje para las partes en conflicto de que se avanza hacia una paz verdadera y de que una de las principales condiciones de los insurgentes chiapanecos que comparten millones de mexicanos, incluidas bases sociales del PRI, porque en Chiapas votaron más del 90% y en algunos casos el 100% de los miembros del padrón en varios municipios donde hoy está el alzamiento, lo que nos hace presumir que las bases del PRI simpatizan abiertamente con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. La democracia está siendo alumbrada.
En 1994 será año de la democracia, año de la paz, año del cambio social, año del compromiso renovado con la Constitución y con México. Eso es por lo que debemos trabajar todos nosotros.
Nuestro partido pidió y apenas ayer nuestro candidato a la Presidencia de la República, hemos sido muy claros en lo siguiente: realicemos una sesión extraordinaria del Congreso de la Unión para impulsar cambios sencillos pero profundos, de tal modo que Fidel Velázquez no pueda volver a afirmar ese sí, pisoteando la dignidad nacional y la de los trabajadores, que 5 millones de obreros están obligados a votar por el PRI, y luego no quieren que surjan protestas como las del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Los cambios legales que proponemos, son, lo insisto, la imparcialidad de la autoridad electoral, lo cual significa sustraer el proceso del control directo e indirecto del Titular del Ejecutivo, y consecuentemente del control de la autoridad y administración electorales, de la representación del partido oficial sobre el Presidente del Consejo General del IFE, y sobre las mayorías en el mismo y en los consejos locales y distritales, para instituir en su lugar, una autoridad y administración electorales independientes, integrando los consejos generales, locales y distritales del IFE, por ciudadanos con derecho a voto sin filiación partidista de entre los cuales se elija al Presidente.
Se trata, pues, de una transformación estructural de las instancias y no sólo de las personas que controlan el Instituto Federal Electoral.
Exigimos la plena confiabilidad del padrón electoral a través de la publicación oportuna de la lista de electores, e impedir y penalizar su alteración o destrucción tanto como de las boletas electorales.
También exigimos la legalidad del financiamiento y la imparcialidad de los medios concesionados de comunicación social para asegurar un acceso igualitario y cancelar las medidas coactivas sobre el ingreso y patrimonio de servidores públicos, trabajadores sindicalizados y empresarios para financiar campañas; colocar al Pronasol y al Procampo durante la campaña presidencial, bajo una administración no partidaria, imparcial e independiente, así como establecer una fiscalía especial para prevenir y responsabilizar por la utilización ilícita de recursos públicos en las campañas electorales.
Estas son nuestras propuestas, compañera diputada, entre otras, y repito, el PRD no se echa para atrás en la firma del acuerdo. El PRD en el Estado de Chiapas, consecuentemente con la
misma, llama a las organizaciones sociales, sí y al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a que se sumen al proceso de transformación que es urgente en nuestro país y específicamente en Chiapas, para que no tengamos que seguir buscando salidas violentas, ni siquiera en los discursos como el que usted acaba de hacer aquí, convirtiéndolo en una declaración desde el Salón Verde, de guerra, contra todos los de la oposición, que no daremos consensos ficticios, sino consensos prácticos que de veras lleven a soluciones democráticas. Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra, para contestar alusiones personales, la diputada Laura Alicia Garza Galindo.
La diputada Laura Alicia Garza Galindo:
Con su permiso, señora Presidenta:
No es con denuestos a mi persona, diputado, como caballerosamente va usted a eliminar del ambiente nacional su regusto por la violencia; olvídelo.
Pero qué bueno que vinieron a hacer su deslinde, muy forzado, muy a medias, pero ya dijeron que optan por la vía de la paz y de la civilidad política, ¡qué bueno!, ahora eso hay que demostrarlo en los hechos, de que no están por la violencia, de que no se busca, como lo dicen algunos de su gente, la vía armada, y no son cualquier gente, ni nieguen que son gente que pertenece al Partido de la Revolución Democrática, Presidente del Comité Directivo Estatal del PRD y el candidato a la Presidencia de la República del PRD, eso fue lo que relaté y ahí están todas las notas. ¡Nadie miente!
El Acuerdo de Civilidad Política fue para las fuerzas partidistas políticas, no es para el Ejército Zapatista de Liberación Nacional...
La Presidenta:
Diputada, ¿me permite un segundo, por favor?
La diputada Laura Alicia Garza Galindo:
No, no acepto nada, señora.
La Presidenta:
No acepta la interpelación, señor diputado.
La diputada Laura Alicia Garza Galindo:
¿Qué dice el Acuerdo de Civilidad? El Acuerdo de Civilidad dice con toda claridad: "Facilitar que quienes hayan optado por el enfrentamiento se sumen al proceso de transformación de la vía política de nuestro país que nos comprometemos a impulsar" ¡No es al Ejército Zapatista, es a ustedes! En todas las elecciones que participan siempre hay violencia, violencia poselectoral porque nunca pueden aceptar que perdieron.
Entonces compañeros, nosotros sí entendemos la pluralidad, lo que no entendemos es que ese otro, ustedes, no toda la oposición, piense que la vía armada puede ser el camino para dirimir las diferencias.
¡Váyanse a los hechos, moderen el discurso y a la mejor así sí les creemos!
La Presidenta:
Tiene la palabra en términos del artículo 102, el diputado Alejandro Encinas.
El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez:
Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros legisladores:
Yo creo que nosotros podemos debatir muchas de nuestras diferencias, particularmente en la evaluación que hacemos de Chiapas, de forma muy airada, de forma muy polémica, pero creo que lo que no podemos hacer es intentar debatir con la mentira y aquí en esta tribuna se ha venido a mentir, porque en ningún momento ni nuestro partido ni ningún otro miembro de nuestra organización ha mostrado su simpatía o su inclinación por la vía armada para resolver los conflictos en nuestro país.
Por el contrario, nosotros hemos dicho que la violencia es la negación de la política y que la violencia genera violencia y siempre quien sale perdiendo son los sectores más desprotegidos del país. Hemos insistido y hemos sido claros en que el rechazo a la violencia no puede admitir matices cuando se está comprometido con la legalidad...
La Presidenta:
Un momento por favor, señor diputado.
¿Para qué efectos diputado?
El diputado Juan Antonio Nemi Dib (desde su curul):
Quisiera saber si acepta el diputado una interpelación.
La Presidenta:
¿Admite usted una interpelación, señor diputado?
El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez:
Con mucho gusto. Nosotros sí las aceptamos.
La Presidenta:
Adelante por favor, diputado Nemi.
El diputado Juan Antonio Nemi Dib (desde su curul):
Gracias, diputado.
Solamente preguntarle, ¿si él conoció las declaraciones que hizo el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Durango, en las que expresamente señaló que él solamente esperaba a la invitación del Ejército Zapatista para ir inmediatamente a Chiapas y unirse personalmente a la lucha armada? Muchas gracias.
El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez:
Bueno, es una responsabilidad que tendrá que asumir nuestro compañero si es que es cierto. Pero nosotros no tenemos voceros oficiosos, como otro partido, nosotros tenemos órganos de dirección y formas de representación, mecanismos para la toma de decisiones y nosotros hemos insistido en que la nuestra es una lucha por la legalidad y por eso insistimos en que el rechazo a la violencia no puede admitir matices cuando hemos concebido a la legalidad como la vía para resolver los conflictos y para procesar el acceso al poder.
Pero tampoco el rechazo a la violencia puede justificar o puede motivar el aplastamiento y en el caso de Chiapas hay mucha gente que está interesada en que la negociación fracase, porque mucha gente quiere regresar al pasado y mucha gente quiere impedir que este país transite pacíficamente a la democracia.
Nosotros reiteramos aquí nuestro compromiso con la legalidad, manifestamos como lo hemos hecho, nuestra solidaridad con las demandas de todos los chiapanecos expresadas en gran medida en las reivindicaciones del Ejército Zapatista; no compartimos la vía violenta, estamos trabajando por una solución política y en ese ánimo hemos venido a esta Comisión Permanente, en ese ánimo hemos participado en el grupo plural, porque creemos en la política y la política es concertación, es diálogo, es negociación y es tolerancia en la pluralidad, la cual sin duda en este órgano parece hoy estar ausente. Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Alberto Carrillo Armenta, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado Alberto Marcos Carrillo Armenta:
Compañeros diputados y senadores, señora Presidenta:
Yo creo que este debate nos invita a hacer una reflexión en torno a lo que aquí se ha dicho, sobre todo con el propósito de evitar tres posibles confusiones: una, en torno a los supuestos brazos armados y brazos pacíficos; otra, en torno al pacto de civilidad y la convocatoria al período de sesiones extraordinarias, y otro finalmente en torno al tema que era el anterior, o es, perdón, el tema motivo de este debate, que es el estado de derecho.
A estas tres posibles confusiones me voy a referir en esta intervención. En primer lugar quiero decir que el ultimátum, entre comillas, que el Partido de la Revolución Democrática hace al Gobierno de la República para la política y la transición democrática, ha generado una discusión falsa que puede, desgraciadamente, adquirir tintes policiacos.
La hipótesis de que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional pueda ser brazo armado del PRD, es una falsedad; también el de que el PRD
pueda ser el brazo pacífico de un ejército. Si esta hipótesis se plantea por la presumible estrategia del Ejército Zapatista, de esperar las elecciones fraudulentas en agosto para así aprovechar el descontento como caldo de cultivo y reiniciar en mejores condiciones una escalada de violencia, esta vez con posibles vinculaciones con partidos políticos, pues aquí no solamente el PRD podría estar involucrado, porque en el dicho y grave supuesto de que así ocurriera la situación, ésta sería de tal magnitud que involucraría a todos los partidos políticos.
Por esto, esa hipótesis no es del todo sostenible y las razones son varias. En primer lugar, el Ejército Zapatista lo ha dicho o lo ha señalado una y otra vez, no tiene ni necesita brazos políticos; lo ha dicho cuando nosotros nos ofrecimos para hacerlo, cuando nosotros señalamos nuestro acuerdo a sus demandas, pero también señalamos nuestra inconformidad con su método, pero lo ha repetido cuantas veces ha tenido oportunidad e incluso para contestar posibles invitaciones del PRD y de todos los partidos.
En segundo lugar, porque la estrategia política y militar del Ejército Zapatista está planteada por fuera de los partidos políticos, no los ha necesitado para levantarse en armas, tampoco para sus acciones militares, mucho menos para las negociaciones; así ha sido y hay que entender que aunque no nos guste la formación de un ejército de miles en Chiapas, ha sido posible, entre otras cosas, por la ineficiencia de los partidos de oposición como instrumentos de transformación social y política.
En tercer lugar, esta hipótesis plantea un escenario de rotundo fracaso de las negociaciones que están apenas por comenzar. Es decir, parecería que todo el mundo desea demostrar la nulidad de las negociaciones y se da por hecho que fracasarán como método de resolución de diferendos y así abonar el terreno a otro tipo de soluciones que en este caso ya serían de fuerza y la búsqueda de aniquilación del adversario.
En cuarto lugar porque pues el Ejército Zapatista ha planteado efectivamente, como eje de sus demandas, las elecciones transparentes y legítimas en agosto de 1994 en su misma declaración de guerra hecha al margen de los partidos. Si el Ejército Zapatista plantea convertirse en una especie de ángel guardián armado de las elecciones, no necesita a nadie para hacerlo, menos a los partidos políticos que firman pactos de civilidad y que éstos son elogiables.
En quinto lugar, porque se ignora el mismo pacto de civilidad, elogiado incluso por el subcomandante Marcos y se quiere ignorar también que falta todavía desarrollar este pacto, profundizar este pacto, a menos que hoy se plantee simplemente convertirlo solamente en una declaración, o una táctica para aislar a un adversario que con las armas cuestiona el desarrollo de las campañas, aunque no se proponga eliminarlas, sino tan sólo volverlas creíbles; es decir, la misma demanda de todos los mexicanos.
Por todas estas razones, la hipótesis del Ejército Zapatista, como brazo armado de cualquiera de los partidos políticos, es una falsedad. Ya lo deberíamos de saber. Si se insiste en ello es por tácticas de aislamiento, de cerco político tanto al Ejército Zapatista como también a la oposición, o por la actitud igualmente equívoca, igualmente inconveniente, igualmente errática, de algunos partidos políticos que pretenden utilizar al Ejército Zapatista como el petate del muerto para conseguir propósitos cuyo costo a la hora de la verdad, no están dispuestos a pagar.
Tanto una actitud es errónea, como también la actitud de algunos partidos políticos que pretenden utilizar al Ejército Zapatista para asustar con el posible desarrollo de la violencia.
Ni el Ejército Zapatista, recordemos que es una fuerza político - militar actuante y en proceso de negociación con el Gobierno mexicano, requiere de brazos pacíficos, ni los partidos de oposición hemos estado dispuestos a abrazar métodos armados para la transformación social.
Yo creo, me atrevería a asegurarlo, que ni el mismo PRD está dispuesto a hacerlo. No se hizo así en 1988, cuando éramos parte del Frente Democrático Nacional; no lo hizo en Michoacán ni está en condiciones de hacerlo en otros momentos o en otros tiempos, ¿o sí? ¿Para qué entonces utilizar el fantasma del Ejército Zapatista en luchas que nos corresponden exclusivamente a nosotros como partidos políticos resolver por métodos políticos y por métodos electorales, porque si así no fuera y el ultimátum no se responde, o incluso se utiliza para cerrar espacios de transformación que el pacto de civilidad abrió, entonces la alternativa es clara, las urnas o las armas, y si son las armas, entonces hay que ser claros, no vale la pena ni siquiera ir a las elecciones; las segundas vueltas son desgastantes y poco creíbles. ¿Por qué no iniciar desde ahora la resistencia armada?
No señores, compañeros legisladores, el debate entre las urnas o las armas, creo que no está planteado por nadie aquí, pero quizá tampoco está planteado por nadie afuera, ni siquiera por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, aunque es una posibilidad en desarrollo, eso sí, evidentemente lo es.
Todos sabemos y ellos lo señalan, que la opción democrática no son las armas, sino las urnas, pero también sabemos que las urnas legítimas son la verdadera opción democrática y que sin sufragio efectivo las tentaciones de las armas siempre estarán presentes, independientemente de Chiapas o junto con Chiapas en otros posibles escenarios estatales, pero hoy el pacto de civilidad, las negociaciones con el Ejército Zapatista, la posibilidad de nombrar un director del IFE a un ciudadano imparcial, comprometido con la democracia y no con el Gobierno, la necesidad de incorporar a la firma del pacto de solidaridad a los gobernadores, tema al que posteriormente me referiré, y la evidencia de que no todos soportan la exclusión social y política en el mismo estado de derecho, nos abren una oportunidad que ni los más optimistas creían hace algunos meses.
De todos depende aprovecharlas. No es la violencia virtual del Ejército Zapatista la que se cierne sobre el proceso, sino la violencia del retroceso, la del autoritarismo, la de la cerrazón democrática y la de un período incierto y sórdido la castigaría nuestra incapacidad para estar a la altura del momento histórico en que vivimos.
Ahora quisiera referirme al segundo tema, del pacto de civilidad y del período extraordinario.
La coyuntura abierta por el conflicto bélico en Chiapas, ha rebasado el marco específico de los combates armados, ha irrumpido en el terreno político nacional, en las campañas electorales y en la configuración de escenarios creíbles y confiables para las elecciones de agosto.
Hay que reconocerlo, el pacto de civilidad, firmado por partidos y candidatos, la disposición de llegar a acuerdos específicos de transparencia y de legitimidad electoral, la misma posibilidad de elecciones totalmente confiables, han sido repercusiones importantes del conflicto armado, sin duda por las características manifestadas ahora del Ejército Zapatista, un Ejército que busca soluciones locales y regionales para las condiciones de los grupos indígenas, de las relaciones sociales y también de las nacionales, cuya característica sería la consecución de la democracia.
La posibilidad de un período extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión, para efectuar modificaciones importantes a la legislación electoral, a la de los grupos étnicos, e incluso algunas referidas al presupuesto, a las modificaciones de otra índole en relación a las repercusiones del conflicto de la guerra en Chiapas, sin duda que son opciones abiertas.
Sin duda, todas las modificaciones que permitan reorientar la contrarreforma política electoral o que amplíen los espacios de la lucha electoral, son bienvenidas. Nuestro partido no podría menos que aprovecharlas, menos que apoyarlas e influir en ellas.
Pero también nosotros queremos ser claros en este aspecto: Si es para cambiar el contenido antidemocrático y profundamente excluyente y bipartidista de la reforma de hace unos meses; si es para modificar la iniquidad de la participación en la contienda electoral y en la distribución y reparto de las posiciones electorales; si es para modificar la distribución de la representación en las cámaras; si es para abrir democráticamente el Senado; si es para cambiar o mejorar la organización del tiempo en los medios de comunicación; si es para que los gobernadores saquen las manos de los procesos electorales; para que no se destinen recursos públicos en beneficio de un partido o para garantizar el sufragio efectivo, estamos de acuerdo.
Pero no podríamos avalar de ninguna manera un período extraordinario con una agenda restrictiva o interesada, controlada por la correlación de fuerzas que ya actuó hace unos meses y que sigue actuando, el bipartidismo, la alianza del PRI y el PAN, y no permitiríamos someternos a un proceso extraordinario para profundizar su estrategia de un sistema de opciones políticas restringidas.
Hay que ser claros, la coyuntura abierta por el Ejército Zapatista, puede ser propicia para avanzar en la conformación de un sistema político plural, tolerante y que garantice el sufragio efectivo, pero no por su efecto en las cámaras ni en los debates en un supuesto período extraordinario, sino en la sociedad, alterando la correlación de fuerzas y la correlación electoral y bipartidista, base de un sistema económico antidemocrático y que retroalimenta el posible desarrollo de un sistema electoral o político excluyente bipartidista.
Pero los actores políticos dominantes, los mismos que han condenado y amenazado, aislado y hasta cercado políticamente al Ejército Zapatista, y pretenden hacerlo sobre las fuerzas políticas progresistas, pueden imponer condiciones adversas, pueden aprovechar esta coyuntura en el marco del endurecimiento de las negociaciones, bien apreciado por todos en las palabras últimas del comisionado para la paz y la reconciliación.
Al período extraordinario, manejado incluso ahora como lo hace el PRD, puede sucederle
lo que le pudo haber sucedido a la Ley de Amnistía, en vez de ser una precondición de negociaciones se convirtió en un llamado a la rendición y a la entrega de las armas, justo el punto crucial de cualquier negociación del conflicto bélico.
Así ahora, en lugar de propiciar condiciones de equidad y pluralidad en la participación electoral estaremos en el riesgo de los ya conocidos arreglos cupulares entre fuerzas interesadas en el retroceso político y la exclusión electoral. No compartimos las ingenuidades de los que quieren o creen que pueden apoyarse en el PAN para negociar mejores condiciones democráticas. Esa ingenuidad ya debió de haber sido superada por la realidad, según lo apreciado en las dos últimas reformas electorales.
El pacto de civilidad, firmado por partidos y candidatos a la Presidencia de la República debe de ser rescatado como un instrumento efectivo de transformación electoral. Un pacto que se encuentra en las atribuciones de la presente Ley, pero que debería de profundizarse y sobre todo instrumentarse.
Debemos ampliar la cobertura del pacto, no sólo a las elecciones federales sino también a las elecciones estatales, recordemos que hay 14 o 15 procesos electorales de tipo local coincidiendo en este año de elecciones federales. No sólo en el IFE, sino también en los institutos estatales, muchas de las formas mas perversas del fraude y la iniquidad electoral se localizan en los gobiernos estatales y locales. En cada Estado deben de firmarse o suscribirse pactos específicos bajo la orientación del pacto nacional, aún, me atrevería a decir, que los mismos municipios.
Si el pacto no se instrumenta, no se amplía, no se profundiza, no solamente por la supuesta vía del período extraordinario, sino por toda la riqueza que el pacto tiene y todos los mecanismos que se pueden abrir para fortalecer un proceso electoral democrático.
Ya avanzamos poniéndonos de acuerdo, ahora hagámoslo en todos los estados, en todos los municipios, y la revolución pacífica electoral será mas importante que el fantasma de revoluciones armadas.
Y finalmente la confusión sobre el estado de derecho. Como ustedes saben, mejor que yo, el denominado estado de derecho es la figura convencional de la teoría política mas convencional de todas: el Estado regulado por normas e instituciones democráticas; el Estado dirigido por la razón instrumental: los burócratas y los políticos; el Estado también del monopolio legítimo de la violencia.
No es el momento para una discusión de una teoría tan convencional, pero si se ha sacado a colación el establecimiento de límites a esta teoría y sobre todo de su utilización política para efectos de este debate. El problema no es la legalidad y sobre todo de su utilización política, el problema no es sólo la legalidad ni tan sólo la sujeción a normas, a la constitución y a todos los procedimientos jurídicos administrativos. El problema como se formula en la teoría alemana de la legitimidad, es el reconocimiento por parte de la población de la justeza y la pertinencia de las acciones estatales. El problema no es de legalidad tan sólo, aunque hay que descartar de antemano la violación del mismo Gobierno de la legalidad que representa.
El primer límite, el límite obvio del estado de derecho es el de la legalidad, pero el límite político de ese mismo estado es el de la legitimidad, la aceptación social de las políticas públicas y del comportamiento gubernamental.
Podrían encontrarse críticas políticas y teóricas al Estado de derecho en el cuestionamiento del Gobierno de la vida de la población, pero no es un lugar ahora para hacerlo, pues nos llevaría a la crítica de la soberanía como base de la comprensión del Estado moderno. Para el momento el concepto y la práctica de la legitimidad es suficiente.
En Chiapas, el "¡Ya basta!", del Ejército Zapatista, no ha tenido tan sólo repercusiones bélicas sino principalmente civiles, de firmeza y determinación manifiestas, pero no de violencia organizada o de declaraciones de guerra.
En Chiapas, quizás por efecto del Ejército Zapatista, pero sin su presencia real, la población misma ha dicho: ¡Basta! ¡Basta a la corrupción de los ediles municipales! ¡Basta de la omnipresencia represiva del cacicazgo, de las guardias blancas! ¡Basta de las manipulaciones electorales del PRI y de los organismos corporativos! ¡Basta de las prácticas ineficaces de solidaridad y de las instituciones estatales! ¡Basta!, es una noción política suficiente para comprender la ilegitimidad del mismo estado de derecho en Chiapas.
Porque el problema de Chiapas no era si se seguia o no la legalidad, fuera de las evidentes manipulaciones constitucionales para permitir más de
dos gobernadores interinos, el problema era que la legalidad chiapaneca era ilegítima, que la legalidad toleraba ilegalismos, manifiestos en las haciendas, en las presidencias municipales, en los partidos políticos, en la miseria y en la explotación.
Por eso, señoras y señores legisladoras, el estado de derecho puede convertirse en un simulacro de política justa, es una careta de los ilegalismos, no basta ser legal, hay que ser legítimo. Y las resistencias en Chiapas y en otras partes, muestran que el estado mexicano dista mucho de alcanzar reconocimiento de la población. Para eso están los procesos electorales. Este es el problema actual. No apareció solamente el Ejército Zapatista en una lucha, sino la población empieza mil luchas más por la dignidad de todos en todos los frentes sociales, en todas partes, desde las reivindicaciones políticas más localizadas como la corrupción de alcaldes y regidores municipales, hasta la incapacidad de solidaridad o su entrega a los intereses creados igual que Procampo, para generar condiciones de vida digna de la población.
El "¡Ya basta!" chiapaneco no solamente es militar, es social, es político. Las resistencias inician la jornada de mil luchas más para recomponer la legitimidad perdida del Estado. Ese es el problema actual y la paradoja consiste en que si no se comprende y se actúa en consecuencia el mismo estado de derecho no sólo será de derecha sino también sin derecho o con el derecho del más fuerte.
Y ahora, finalmente, quisiera otra vez reivindicar el pacto de civilidad para hacer una petición. Que esta Comisión Permanente invite al Secretario de Gobernación para que, a su vez, convoque a los ejecutivos de los estados, para que en le marco de un gran pacto republicano, suscriban, formalicen su suscripción a la política nacional de garantizar por diferentes medios, vías compromisos y acuerdos, que las próximas elecciones sean de tal forma realizadas que garanticen que en ningún momento podrá, algún partido político, crear condiciones para desde ahora hablar de fraude electoral.
Debemos de garantizar, inhibir posibilidades, argumentos y tentaciones tanto de quien le apuesta al fraude para obtener posiciones de poder, pero también de quien funda en actos u omisiones de las autoridades de hoy, los posibles conflictos electorales del mañana.
Debemos de convertir el pacto de civilidad en irreversible e instrumento del estado de derecho y de la legitimación del estado, ampliarlo, fortalecerlo, ampliar el ámbito de su importante, pero limitada firma inicial.
Por razones, insistiría en que esta Comisión Permanente haga una amable invitación al jefe de los asuntos internos del país, a que convoque a los gobernadores de los estados para que en una segunda etapa de ampliación de este pacto de civilidad, suscriban sus puntos y acuerdos. Gracias.
La Presidenta:
Tiene el uso de la palabra, el diputado Jorge Tovar Montañez.
El diputado Jorge Tovar Montañez:
Señoras y señores legisladores:
Como es sabido, el Partido Popular Socialista no aceptó signar el llamado pacto de civilidad, ha expuesto sus razones, sus argumentos públicamente, sin embargo, queremos aprovechar esta oportunidad para bordar en torno a este tema que de ninguna manera soslayamos y mucho menos despreciamos desde el punto de vista político.
En primer término, habría que recordar que este pacto constituye uno más de una serie de documentos que a través de la historia política de los últimos años de México se han venido dando. Pero, al mismo tiempo, el Partido Popular Socialista considera que no es un pacto político que pudiera confundirse por su contenido y por su carácter, con los anteriores.
Independientemente del procedimiento bajo el cual se realizó la firma o su firma por parte de los dirigentes de nuestros partidos o de los partidos políticos que los signaron, procedimiento que el Partido Popular Socialista objetó con fundamento, con razón, pidiendo, permítaseme recordarlo, respeto a todos y cada uno de los partidos políticos, que es el sentido profundo de la pluralidad, al considerar que todos y cada uno de ellos, todos y cada uno de nuestros partidos, tiene que aportar, tiene algo que aportar, algo que dar, y ha dado y seguirá dando para el avance de la vida política y democrática de México.
De tal manera que, negar un trato similar, un trato semejante a cualquier fuerza política y hacer alguna forma de discriminación, significa en la
práctica, negar la esencia y el fundamento de la pluralidad.
Nosotros coincidimos en que el documento de referencia tiene aspectos positivos, creemos que es momento importante de decirlo, en la valoración que hace sobre la importancia fundamental que tiene para el país, el restablecimiento de una paz justa y duradera. De hecho ésta es la única vía válida para ventilar los diferendos políticos, económicos y sociales en este momento histórico, sin poner en peligro grave la soberanía y la independencia de la nación.
Nos parece positivo en el señalamiento de que un elemento importante para la vida nacional, lo es el que avance la democracia con la realización de una elección imparcial en 1994. Nos parece importante en el reconocimiento de los derechos inalienables que asisten a los partidos políticos para sostener sus propuestas de cambio y ejercer sus derechos constitucionales.
El documento, lo reconocemos como valioso, cuando señala la necesidad de profundizar las políticas públicas de atención prioritaria a los grandes problemas y rezagos sociales del país, en particular de los campesinos, los trabajadores y las comunidades indígenas.
Es importante asimismo, al señalar la necesidad de facilitar a quienes hayan optado por el enfrentamiento, el que se sumen al proceso de transformación de la vida política de nuestro país.
Es valioso el documento en cuanto se refiere a la obligación de todas las fuerzas políticas, de contribuir al fortalecimiento de la capacidad de autodeterminación de México y a reafirmar la soberanía e independencia nacional.
Asimismo, al señalar la necesidad de una conducta imparcial por parte de las autoridades electorales y la autoridad que compete a las fuerzas políticas, para su nombramiento o su ratificación.
Valoramos el documento al referirse a la plena, a la necesidad de adoptar plena confiabilidad que deben tener el padrón electoral, las credenciales y las listas nominales.
También lo que se refiere a las garantías de equidad en el uso de los medios de comunicación masiva de todo carácter, tanto en lo que se refiere los tiempos del Estado, como a los medios concesionados a particulares, con el fin de garantizar la comunicación de los candidatos como ciudadanos y la presentación de sus programas y aspiraciones políticas.
Un acierto más en nuestro concepto, es al señalar la necesidad de impedir el uso de los recursos públicos en favor de cualquier partido político o campaña electoral.
Finalmente nos parece útil, importante, cuando señala el pacto, la necesidad de que, en el momento adecuado, se revise el sistema de financiamiento para los partidos políticos que en los términos en que está concebido actualmente, favorece a los que representan intereses de sectores acaudalados de la población, en detrimento de los que, como el PPS, representan los del pueblo trabajador.
Bien, se preguntará la distinguida asistencia: ¿entonces por qué el Partido Popular Socialista, no ha signado este documento?
Independientemente de la forma que ya ha sido muy comentada, también queremos señalar algunos puntos de discrepancia con este documento que nos interesa dar a conocer y nos interesa mucho conocer, a la vez, la opinión de las demás fuerzas políticas.
Nos parece discutible la necesidad de que se practique una auditoría externa al padrón electoral. Nos parece opuesto este planteamiento, a los intereses democráticos el que dicha auditoría de llevarse a cabo, pudiera ser encargada a una empresa privada y peor todavía, nos parece muy peligroso para la soberanía y la seguridad de la nación, por razones obvias, el que se encargara esta tarea a una empresa transnacional. Podríamos aceptar en todo caso la realización de una auditoría externa, siempre y cuando ésta fuera encargada a una institución académica, nacional, no vinculada a intereses empresariales, como pudiera ser, en el mejor de los casos, para nosotros, alguna universidad de prestigio, no privada o alguna dependencia del Instituto Politécnico Nacional. Esa sería nuestra primera objeción que queremos hacer pública.
Una segunda objeción que nosotros vemos al pacto, en cuanto al contenido, rechazamos el que a pretexto de buscar la imparcialidad de las autoridades electorales se intente incrementar el peso de los individuos aparentemente desvinculados de los partidos políticos, aduciendo que actúan en representación de la sociedad civil.
Ya hemos denunciado que todo esto es una maniobra, un mero acto de simulación, que sólo son funcionales y confiables para las actividades políticas, los ciudadanos que han desarrollado en su conciencia, una elevada valoración de la política y sus responsabilidades y que quienes
llenan este requisito, necesariamente se han vinculado a uno u otro partido político, se trate o no de militantes regulares.
Por esa razón reiteramos nuestra posición en el sentido de combatir por antidemocrática, la pretensión de reducir la presencia de los partidos políticos en los órganos electorales para incrementar, por el contrario, la de ciudadanos aislados y demandamos se proceda en sentido inverso.
Una tercera objeción que nosotros hemos encontrado a este documento y que queremos asimismo hacer pública, es que nos parece innecesario que la Procuraduría General de la República designe un fiscal especial para perseguir delitos electorales. Se trataría de un manejo desmesurado de un problema real que por su exageración, podría tender a incrementar la desconfianza en la vía electoral y alentar el abstencionismo, o peor aún, la pretensión de justificar acciones de carácter violento.
Es así, estimados legisladores, como hemos querido utilizar este tiempo y esta oportunidad, señalada en la agenda política de esta sesión, para dar a conocer de una manera insistente, los puntos de vista del Partido Popular Socialista y las objeciones, a este pacto que hubiéramos querido externar con toda oportunidad en el momento en que se realizaron conversaciones entre autoridades y los dirigentes de algunos partidos políticos.
No es posible dar un tratamiento de segunda clase a ningún partido político; todos tenemos algo que aportar, y lo hemos hecho en momentos muy importantes de la vida de México, así es el caso del Partido Popular Socialista, así es la historia de este partido que ha hecho contribuciones fundamentales a la vida política del país en distintos momentos, y que por el contrario, realizar este tipo de trabajos, que es importante, de tareas y de propuestas, solamente entre algunas fuerzas políticas sin madurar el intercambio de opiniones y de ideas y de conceptos, esto no contribuye en nada a la vida política y democrática del país.
Esperamos de esta manera aclarar algunas interrogantes que se han hecho a las fuerzas políticas del país y los ciudadanos y mostrar también, a pesar de las formas inconvenientes que se siguieron para signar este pacto, mostrar una vez más la disposición del Partido Popular Socialista de seguir contribuyendo con la vida política y democrática del país. Muchas gracias.
ESTADO DE SINALOA
La Presidenta:
Para hacer comentarios sobre la situación en el Estado de Sinaloa, tiene la palabra el diputado Esteban Zamora Camacho.
El diputado Esteban Zamora Camacho:
Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores; señores representantes de los medios de comunicación social:
Ante el conflicto armado en el Estado de Chiapas, que a todos nos contrista y a todos nos preocupa, esta Comisión actuó con oportunidad, con atingencia, al nombrar dentro de sus miembros un cuerpo que se trasladara a la frontera sur de nuestro país a percatarse de los hechos y aportar soluciones.
Que bueno que la Comisión Permanente, que bueno que el Congreso de la Unión tome en sus manos los problemas que afectan a los estados miembros de la Federación, porque en última instancia nos afectan a todos los mexicanos.
Yo quiero llamar la atención del Congreso, representado por esta Comisión en la que felizmente están diputados representantes de la Nación y senadores representantes de los estados y miembro de la Cámara garante del cumplimiento del pacto federal sobre los hechos gravísimos, equiparables a los de Chiapas, que están sucediendo en mi Estado, el Estado de Sinaloa.
Digo equiparables a los de Chiapas y posiblemente me quede corto. Los medios de comunicación han reseñado con abundancia de detalles la situación de inseguridad, de desorden, de caos, de violencia en que vive inmerso el Estado de Sinaloa, mucho más grave durante la actual administración que en la anterior, cuando ya esa situación era preocupante.
Las informaciones de los periódicos, posiblemente cortas, porque no todos los hechos delictuosos son del conocimiento de la Prensa, hablan de que en el año de 1993 se cometieron en el Estado de Sinaloa 521 asesinatos; 521 homicidios, 521 muertes violentas superan con mucho los números oficiales que se han dado acerca del Estado de Chiapas.
Pero hay una circunstancia que agrava esa situación ya de por si grave, de esos 521 asesinados 17 fueron policías.
El ser policía, ocupación ya de por sí peligrosa, en Sinaloa se vuelve mortal.
Y dentro de esos 17 policías, cayeron un exjefe de la policía judicial del Estado, el mayor Lorenzo Gorostiza Castro; un subjefe en funciones, de la policía judicial en el norte de Sinaloa, Pedro Peñuelas, y el subjefe de la policía municipal de Culiacán, Ramón Berástica. Los otros 14 fueron miembros de las diferentes corporaciones policiacas, de distintos grados, lo mismo de las policías municipales que de la policía de tránsito del Estado.
Hay que recalcar que durante el año de 1993 se acentuó una nueva forma de delincuencia en el Estado de Sinaloa; nueva porque en las épocas modernas ya es desusada, y me refiero concretamente a la piratería y no se crean señores legisladores que estoy hablando de falsificación de audiogramas o de cassettes, sino al asalto de embarcaciones por otras naves armadas en alta mar.
Los periódicos reportaron en 1993, 17 asaltos a barcos camaroneros cuando regresaban con el producto de su trabajo, los cuales fueron interceptados por naves armadas que obligaron a las tripulaciones a entregar el producto de la pesca y otra industria delictiva en pleno auge en el Estado de Sinaloa, es el del secuestro.
En los 14 meses del nuevo Gobierno, se han reportado 64 secuestros. En estos momentos en que posiblemente el general Absalón Castellanos, y es quizá el único secuestro del que tengamos noticias en Chiapas, en Sinaloa hay dos empresarios, al menos que los hayan liberado hoy, en poder de sus captores que están exigiendo crecidas sumas de dinero, para devolverles la libertad que ilegítimamente les arrebataron.
No quiero abundar en el panorama triste, dramático, desgarrador, que presenta la inseguridad en mi tierra; sí quiero recalcar porque desgraciadamente es necesario, la ineptitud, la insensibilidad con que se ha respondido a este auge de la violencia que ha causado tantas vidas en Sinaloa.
Por ejemplo, acaban de salir unas declaraciones, hace unos días, del coordinador del grupo priísta en el Congreso del Estado, el diputado Rafael Oceguera Ramos, quien responsabiliza de los secuestros en gran parte a los familiares de las víctimas, y dice el coordinador, iba a decir pastor, pero creo que tenemos que guardar otro clima en el posible debate, dice este señor que los familiares de los secuestrados son en gran parte responsables de lo que sucede porque acceden a pagar los rescates y porque no dan parte a la policía.
Con esa policía que padecemos en Sinaloa, seguramente la seguridad de los secuestrados se agravaría en lugar de ganar en condiciones de que se vaya a respetar su vida y su integridad personal.
Se ha delineado, diseñado, un plan para la seguridad, lo mismo que en la administración anterior, pero en esta administración su fracaso ha sido todavía más estrepitoso; es más, debo señalar ante esta representación, que el gobierno de Sinaloa ha creado una Secretaría de Protección Ciudadana, adelanto de muy dudosa legalidad.
Estoy casi seguro, no soy especialista, que la creación de este tipo de cuerpos choca con el artículo 21 de la Constitución, que encarga la persecución y la investigación del delito a la Policía Judicial directamente sometida a la Dirección de la Institución del Ministerio Público.
La respuesta a este clima de violencia ha sido insuficiente, inepto y podríamos decir torpe. En el pasado mes de enero, elementos de la policía judicial del Estado de Sinaloa tomaron por asalto, así como está sucediendo en Chiapas, a un poblado de las estribaciones de la sierra, ustedes lo leyeron en los periódicos de esta ciudad, se llama Ocoroni, y sin ninguna orden judicial sacaron de sus casas a todos los habitantes de la población, los concentraron en una alameda cercana al pueblo y como resultado de ese operativo militar, en el que las armas sinaloenses se cubrieron de gloria, están dos jóvenes, dos menores de edad cuyo paradero todavía se desconoce, al menos que hayan aparecido en los últimos dos o tres días, pero esos dos muchachos tienen prácticamente un mes desaparecidos, con la salvedad, repito, de que hayan aparecido el día de hoy.
La situación es tan grave que las autoridades municipales de Culiacán, ustedes también lo leyeron en el periódico, optaron por la suspensión de las garantías individuales, sí, por la suspensión de las garantías individuales, por las pistolas del presidente municipal y su jefe de policía municipal, habían decretado que nadie podía salir a la calle después de las dos de la mañana. Era tan monstruoso el operativo de los policías, que obviamente se desató una reacción indignada de la ciudadanía y tuvieron que suspender esa monstruosa aberración, y mientras el Estado de Sinaloa se desangra por la violencia, las autoridades inventan campañas absurdas tales y como
oponerse a que las jovencitas usen minifaldas o que los muchachos anden de pelo largo, lo cual pudiéramos algunos padres de familia estar de acuerdo, pero nos corresponde exclusivamente al ámbito familiar, y cuando mucho al de las instituciones educativas, pero no debe servir de ninguna manera de pretexto para que excusen su incapacidad quienes deberían tener la atingencia de darle al Estado de Sinaloa un aceptable clima de seguridad.
El subprocurador general de justicia del Estado, el licenciado Jorge Avitia, ha dicho que las medidas de persecución del delito se ven obstaculizadas porque hay filtraciones en los mismos elementos de la policía, que ponen sobreaviso a los delincuentes. En esas condiciones la población pacífica sufre las consecuencias de medidas anticonstitucionales, de los famosos retenes policíacos, absolutamente inútiles, que solamente sirven para crear descontento en la población pacífica que ya urge, que ya clama, que ya está en forma urgente clamando a las autoridades porque Sinaloa vuelva a tener una situación en la que los sinaloenses podamos vivir en paz y morir en paz.
En esas condiciones, señores legisladores, creo que sería muy plausible la intervención del Congreso de la Unión, representado por esta Comisión.
El artículo 122 de nuestra Constitución, establece la obligación de los poderes federales, dice poderes federales, y no se refiere exclusivamente al Ejército, de actuar en auxilio a los estados de la Federación en casos de invasión externa, que no es el caso, o de un trastorno interior grave. Sinaloa sufre un trastorno interno de tal manera grave que las propias autoridades locales intentaron poner en práctica el toque de queda y con él la suspensión de las garantías individuales.
La situación de Sinaloa es pues seria, y requiere, reexige, que así como los poderes de la Federación pusieron sus ojos en Chiapas y actuaron en forma rápida para ayudar a remediar y a pacificar aquella región del sur, se fijen también en Sinaloa.
No voy a pedir, por lo menos en este momento, ni el juicio político a las autoridades ni vengo en forma espectacular a tratar de aprovechar políticamente una situación que nos duele a todos.
Los que tenemos hijas, los que tenemos hijos jóvenes que, por razón de su edad, se exponen más que nosotros al peligro, no estamos interesados que el Gobierno fracase, no estamos apostando a que Renato no sepa cumplir con su deber, que de todas maneras ya ha demostrado que no sabe cumplir. Quisiéramos que Renato fuera capaz, si es que se le pueden pedir peras al olmo, de cumplir con el compromiso que adquirió ante el pueblo de Sinaloa cuando protestó, después de un proceso electoral de legitimidad muy dudosa, por cierto, guardar y hacer guardar las leyes.
Pido solamente que esta Comisión se aboque a investigar lo que está pasando en Sinaloa.
La información que tenemos no es oficial, es la que han publicado los periódicos.
Tengo a la mano un recorte del periódico El Universal, del 9 de enero de este año, en el que se habla de 521 asesinatos, 17 de ellos policías, en el año interior. La cantidad acumulada en enero y febrero es para poner los pelos de punta.
Voy a hacer entrega de este recorte, sólo como punto de referencia, si hace falta más información, por lo menos periodística, la podemos aportar. Voy a hacer entrega a la Secretaría, y reitero pues mi petición que se pida información al Gobierno del Estado y que esta Comisión que representa a la soberanía nacional tome de inmediato cartas en el asunto, como lo hizo en Chiapas.
Sinaloa también es zona de desastre, Sinaloa es centro de violencia, con la seguridad, señores senadores, compañeros diputados, y que la población sinaloense, las madres de familia, los jóvenes que viven en peligro constante, los padres que tememos por la seguridad de nuestros hijos y la nuestra propia, se los vamos a agradecer profundamente.
La Presidenta:
Tiene la palabra sobre este mismo tema, el senador Gustavo Guerrero Ramos.
El senador Gustavo Guerrero Ramos:
Gracias señora Presidenta; honorable Asamblea.
Con toda la sociedad sinaloense compartimos la preocupación por la situación por la que atraviesa el Estado de Sinaloa, situación que no es exclusiva de Sinaloa, que no sirve de consuelo indiscutiblemente pero es una situación que se enmarca en
varios estados de la República, y ello nos lleva a decir que no estamos ausentes de reconocer que se trata de una situación que nos debe mover a todos a una gran reflexión y que demanda, eso sí, la mas enérgica atención y acción para prevenir el delito sobre todo para que éste no esté por encima de la civilidad y la tranquilidad social.
Sin embargo, rechazamos categóricamente que esta situación sea aprovechada para otros fines sin antes no reconocer todo lo que se ha avanzado en materia de procuración y administración de justicia en el Estado de Sinaloa, así como en otros programas de aliento al desarrollo social y al desarrollo económico del Estado.
Debo decirle aquí al señor diputado Zamora, que no comparto con él su apreciación de que Sinaloa guarda una situación similar a la de Chiapas, en primer lugar, porque Sinaloa es un Estado que presenta otros niveles de cultura, otros niveles de cultura productiva, somos empleadores de mano de obra precisamente de Chiapas, de Oaxaca, de Zacatecas, de Durango y de nuestro propio Estado de las zonas serranos. Ahorita el Estado está trabajando, nuestros agricultores están exportando la hortaliza en grandes volúmenes, tenemos excelentes cosechas de maíz, se está trabajando en el Estado.
Por otro lado, todos sabemos que ante este clima que existe, que se reconoce, hay pues el esfuerzo de las autoridades por vencer este mal a que todos rechazamos, que todos lamentamos, sobre todo por ser un cáncer social.
Yo quiero señalar en forma muy breve, señora Presidenta, algunas de las principales acciones que han emprendido las autoridades estatales en la revisión y actualización del marco legal que priva ahorita en el Estado de Sinaloa.
En primer término, se creó constitucionalmente la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, posteriormente se aprobó la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa, asimismo se hicieron reformas y adiciones a la Ley del Servicio de Seguridad Pública del Estado, también la Ley Orgánica del Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. Adicionalmente tenemos la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y, por último, la Ley Orgánica de la Defensoría de Oficio del Estado de Sinaloa.
Por otra parte, se han celebrado convenios de coordinación de seguridad pública con el Gobierno Federal, sobre todo para la protección en las carreteras. Asimismo se han destinado cuantiosos recursos de inversión que el año pasado sumaron más de 30 mil millones de pesos, que éstos fueron aplicados en el equipamiento, en el mejoramiento de la infraestructura para atacar el delito y prevenir el delito, mejor dicho, y atacarlo. En fin, con una serie de apoyos que vienen a reforzar la infraestructura.
Por otro lado, tenemos el mejoramiento en las prestaciones salariales de los cuerpos policíacos, así como su mejoramiento del seguro de vida y un programa de vivienda, lo cual les da pues un mejor nivel de bienestar a los propios cuerpos policíacos para asegurar con ello que eviten la tentación de caer en cualquier soborno o corrupción que desgraciadamente se da, hay que reconocerlo, porque el dinero que se mueve en este tipo de actividades ilícitas en el Estado es muy fuerte.
Por otra parte, también quiero hacer notar que hay la voluntad política del Gobierno del Estado para enfrentar el delito y sus diferentes manifestaciones, por desarrollar políticas de aliento que permitan alcanzar mejores niveles de desarrollo, sobre todo atendiendo a los que menos tienen.
Por otro lado, hay que reconocerlo, las voces de la sociedad sinaloense no han estado calladas, se han estado manifestando, han propuesto al Gobierno del Estado una serie de medidas para que en forma coordinada y corresponsable sea más enérgico al combate de la violencia, de tal manera de que esto tenga un abatimiento en los índices de delincuencia a los cuales nunca estaremos contentos si hay un acto que transgreda la Ley en el Estado de Sinaloa.
Por eso señores legisladores, yo les diría con toda confianza que en Sinaloa no tenemos un panorama o escenario de desastre, tampoco tenemos una causa perdida, en Sinaloa estamos trabajando, en Sinaloa los tres poderes están trabajando. Yo estoy seguro que si en un momento dado hay una situación grave, el primero que expresaría su inconformidad y pediría el apoyo correspondiente a la Federación y apelaría pues a las instancias correspondientes, sería el gobernador Renato Vega Alvarado.
Por eso yo les pido que, sin duda, hay datos que acaba de señalar el diputado Zamora, que hay que reconocerlos, otros, él mismo dice que son de periódicos, en donde se magnifica muchas de estas cosas, en el que, sin duda, Sinaloa tiene desgraciadamente un calificativo que no merecemos, del cual tenemos que luchar los sinaloenses por quitarnos ese calificativo y dignificar más lo que es la vida de los sinaloenses.
Es por cuanto lo que yo quería comentar señora Presidenta. Y muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra en términos del artículo 102, el diputado Zamora.
El diputado Esteban Zamora Camacho:
Con su permiso, señora Presidenta. He pedido la palabra para rectificar hechos y para pedir que no se le trate de dar a mis palabras más alcance del que realmente quisieron tener.
No admito que se diga que he venido a esta tribuna con fines que van más allá de la mera denuncia, porque los sinaloenses que estamos sufriendo las consecuencias de la violencia, ya lo dije, no estamos apostando al fracaso del Gobierno irresponsable e inepto que padece Sinaloa. Quisiéramos que el Gobierno pudiera, estuviera en condiciones de cumplir con su deber.
Se nos ha hecho aquí un catálogo de reformas legislativas que de hecho se han dado, al señor senador le mandaron seguramente por fax la información de lo que puede el gobierno de Sinaloa alegar en su defensa, y es todo lo que puede alegar en su defensa haber reformado algunas leyes, pero la situación sí es de desastre, no pueden decir que no sea de desastre que haya habido 521 homicidios en una población de poco más de 2 millones de habitantes en un año.
No me pueden decir que no sea de desastre el que haya habido 64 secuestros conocidos, y rechazo, por último, que la Prensa magnifique los hechos; al contrario, estoy cierto de que muchos de los acontecimientos no han llegado a la opinión pública porque los periodistas, y yo también lo soy, solamente disponemos de la información que la autoridad nos quiere proporcionar.
Se nos dijo que si existiera realmente esa situación, el primero en pedir el apoyo a la Federación sería el gobernador. Quiero decirles que el gobernador ya lo ha hecho, pero no a través de las instancias legales. Los periódicos de mi tierra es la fuente de información que generalmente se tiene, no creo que estén magnificando, ni mintiendo, informaron sobre una entrevista que el gobernador iba a tener con el procurador de justicia. Si vemos la Constitución, y esto es elemental, no se necesita ser especialista, encontraremos que quien lo tiene
que hacer ese pedimento de auxilio es el Congreso del Estado.
Y en caso de que el Congreso no se encuentre reunido, es el gobernador. Pero no quieren reconocer una realidad sangrante. No quieren reconocer una situación trágica. No se que están esperando; en Guadalajara, en el Estado de Jalisco, fue preciso el asesinato de un Cardenal para que el Gobierno se preocupara por la situación de violencia.
Y yo les digo señores legisladores, que como persona humana, el niño, el lotero, asesinado cuando la balancear del malecón, los dos agentes de la policía de tránsito, valen tanto como la vida del señor Cardenal, porque las vidas humanas son esencialmente iguales, solamente nos diferencian los accidentes. Entonces si están esperando que un alto personaje caiga asesinado, que se sume a la larga lista de homicidios, para actuar en Sinaloa. Esa si creo que es una posición irresponsable, que no revela la voluntad política de resolver el problema grave que sufre Sinaloa, a que ha hecho referencia el señor senador.
Por último, reitero mi solicitud de que esta Comisión vuelva los ojos a mi Estado martirizado de Sinaloa, que se interesen por la situación de violencia y de desastre que está viviendo mi pobre Estado sinaloense; por lo menos que se empiece por pedir información al gobernador del Estado. Y que así como se hizo en Chiapas, el Congreso de la Unión, salga al rescate de uno de los estados miembros de la Federación Mexicana. Muchas gracias.
La Presidenta:
Se concede el uso de la palabra al diputado Juan Antonio Nemi Dib, sobre este mismo asunto.
El diputado Juan Antonio Nemi Dib:
Con permiso de la Presidencia.
Yo quisiera partir de un mínimo de bases, que finalmente me harán coincidir con el señor diputado Zamora.
Seguridad en el patrimonio, en la vida y en la salud y así como la existencia de condiciones adecuadas para una convivencia armónica, son las bases primarias, agregaría yo indispensables para el desarrollo de una sociedad.
Los planteamientos vertidos aquí en dos ocasiones por el señor diputado Zamora, parecen
responder a un legítimo sentimiento de algunos sectores, quizás todos, no lo sé, de la sociedad sinaloense, por mejorar las condiciones de seguridad pública, impartición de justicia, y además hacerlo en el marco de las instituciones y con estricto apego al estado de derecho y a la observancia de la Ley.
Nadie, yo creo que nadie racional y con un mínimo de sentido patriótico, puede oponerse a un planteamiento como éste. Quizá lo que tenemos que reconocer es la existencia lógica por demás, de muy diversos enfoques y concepciones, distintos, opuestos, en torno a la mejor manera de enfrentar a este monstruo de mil cabezas que es la delincuencia organizada.
Partiendo de aquí y reconociendo que no son solamente legítimos, sino que mucho, absoluto, tienen de veracidad los enunciados del diputado Zamora, yo quisiera plantear que no se valdría, y aspiro a que tampoco esa sea su intención, me tranquilizó mucho su segunda intervención en tribuna, politizar un asunto de esta magnitud en el sentido de convertirlo en patrimonio político de alguien.
Celebro, y lo hago sinceramente, que él haya precisado el objetivo básico y fundamental de su intervención. Y digo esto, porque en la semana que corre, un destacado miembro de su partido, sinaloense y ex candidato a la gubernatura del Estado, don Emilio Goycochea, hizo la siguiente declaración, cuando fue interrogado en torno a las condiciones de seguridad pública que prevalecen en la entidad, él dijo y lo cito textualmente: "En el caso del PAN, Renato, obviamente se refiere al gobernador del Estado, no ha aprendido a convivir; no entiende que tenemos más de 80 regidores y 13 diputados en el Estado, deberíamos cogobernador"
Y aquí yo reitero la circunstancia, el estaba siendo cuestionado sobre la seguridad pública en el Estado de Sinaloa; creo que, siendo un asunto tan grave que nos duele a todo y que como bien se dijo aquí, afecta finalmente a todos los mexicanos, no debemos politizar.
Y algo me asombra profundamente, el señor diputado Zamora es una gente de indiscutible sentido patriótica, auténticamente preocupado por su entidad, y viene aquí, con valentía porque no son temas fáciles de abordar, a narrar una serie de hechos verdaderamente lamentables; pero me asombra de que por un lado dice que no intenta nada en contra del Gobierno del Estado, al que, tilda de torpe e inepto, entre otras lindezas, y después de dos fructuosas intervenciones nos damos cuenta de que no hay una sola propuesta concreta.
Y un sentimiento solidario con sus conciudadanos, con sus coterráneos, debería dirigirse no solamente a anunciar un problema por demás conocido, sino además a la presentación de alternativas viables, objetivas, y como él mismo lo propone, fundadas en la Ley.
Pareciera que de las acciones propuestas, ninguna le convence. Y queda un poco la impresión, me asombra también porque él es sin duda parlamentario inteligente, de que su análisis remite las causas solamente a la omisión o a la ineptitud del funcionario. Yo me pregunto por qué un periodista profesional como él, acostumbrado a revisar los hechos de principio a fin, no se refirió a las cuestiones de carácter social que tienen que ver con el crimen organizado. Me pregunto también cómo es posible que no haya analizado de qué manera se arraiga en una comunidad la violencia, como ha ocurrido en su estado que tristemente, tristemente lleva más de seis décadas con problemas como estos. Y estoy obligado a preguntarme si las condiciones económicas deben ser excluyentes y el análisis se debe limitar sola y exclusivamente a la autoridad en turno.
Y digo todo esto, porque finalmente yo tengo información que ciertamente me ha enviado el Gobierno del Estado, no tengo el privilegio de ser sinaloense, lo soy orgullosamente veracruzano, información que me permite darle a él elementos suficientes para juzgar en su oportunidad si los avances son ciertos o no lo son; yo sé que él no miente; pero también sé que está mal informado.
Apela al artículo 122 constitucional y pide la intervención de la Federación; y él no sabe que en junio del año pasado se firmó un convenio sustantivo de parte del Gobierno del Estado, por cierto sustentado en la Ley y de parte de la Federación, signado por varias autoridades, en donde se establecen los términos para una colaboración sustantiva en materia de seguridad pública y de impartición de justicia.
Y aquí, señor diputado, podemos referirnos a muchas cosas interesantes para Sinaloa: la actualización de la normatividad, la modernización de los equipos de seguridad pública, de las áreas de procuración de justicia, por supuesto, el abasto de equipamiento, tecnología y capacitación, la construcción y ampliación de instalaciones, que yo lo sé, señor, no son suficientes; que yo lo sé desde ahora y lo reconozco y lo anticipo, no dan respuesta total a los problemas.
De tal suerte que yo lo invito a que en su réplica, no la dudo, nos invite a nosotros a reflexionar junto con usted, en qué propuestas conjuntas podemos poner en marcha para mejorar las condiciones de seguridad pública en el Estado de Sinaloa.
Y voy a decirle, además, lo que usted omitió, que por cierto es muy importante, que no se debe excluir muchos delitos, muchos delitos se han incrementado en los últimos 14 meses. Pero muchos, también importantes y sentidos para la comunidad, han disminuido, señor, sustantivamente.
Usted dice: sesenta y tantos secuestros; la autoridad dice, allá en Sinaloa, que treinta y tantos; uno solo sería suficiente para lamentarlo y para exigir respuesta. La pregunta es: ¿cómo podemos nosotros enfrentar colectiva y conjuntamente un problema de estas implicaciones? Y yo lo invito a que lo hagamos así.
Quisiera referirme, en fin, a muchos elementos que me permiten, si se quiere, justificar una acción del Gobierno del Estado que intenta no solamente mejorar las condiciones, resolverlas de todo. Me quedo simplemente en lo importante. Comprendemos la gravedad del problema y somos solidarios; queremos que las condiciones de seguridad pública y justicia en Sinaloa, como en todo el país, mejoren; pero esto no lo vamos a lograr solamente con la crítica despiadada que asume torpeza como divisa de un gobierno local.
Y para finalizar, señor diputado y con todo el aprecio que sabe le tengo, me asombra que con tanta habilidad le haya traicionado el subconsciente, porque aquí en esta tribuna nunca nadie se refirió a exageraciones de la Prensa. Eso surgió de su boca y lo más importante es porqué razón. Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Zamora, para contestar alusiones personales.
El diputado Esteban Zamora Camacho:
Con el permiso de la Presidencia.
Tenía razón el diputado Nemi al esperar una nueva intervención; no pretendo monopolizar el micrófono, pero cuando se me hacen imputaciones que yo sé que son de buena fe, pero quizá no escuchó bien el diputado, no queda más remedio que contestar.
Y lo de la magnificación de los hechos por medio de comunicación no lo inventé, me remito a la versión estenográfica.
Quiero dejar claro que yo sí propuse a un principio la solución, yo vine a formular cargos comprobables; los periódicos hablan de 64 secuestros si son 32 pues quizá el gobernador se está concediendo una rebaja del 50%, pero aún con la rebaja del 50% seguiría siendo muy grave.
Ciertamente la violencia arranca de las últimas seis décadas, como dice el diputado, tenemos que preguntarnos quiénes han sido los que han gobernado esas seis décadas. Y trata de adivinar, no sé en qué se basa, sobre si yo sé o no sé que el Gobierno de Sinaloa ha perfeccionado convenios con el Gobierno Federal. Sé que existen esos convenios en distintos órdenes, pero también sé, y lo sabemos los sinaloenses, que tales convenios se parecen muchísimo a la proverbial carabina de Ambrosio.
Nos pide propuestas; yo he dicho que el Poder Legislativo investigue. Vine a formular cargos, quien tiene que resolver estos asuntos es el Ejecutivo y si no puede sencillamente que se retire.
Creo que sería muy creíble que dado el estado de salud de nuestro gobernador, sería muy creíble, muy plausible un motivo de enfermedad y muchos problemas sinaloenses se resolverían automáticamente. Además
a nadie sorprendería la solución, estamos en el tiempo de los gobernadores interinos y quizá un veracruzano, al fin tenemos un guanajuatense que ilegalmente está acampando en el Gobierno del Estado, a lo mejor un veracruzano sería un buen gobernador interino que resolviera los problemas de Sinaloa.
Reitero por segunda vez la petición que hice la vez primera, que esta Comisión se interese por Sinaloa. Y como me quedan todavía casi dos minutos, quiero aprovechar para subrayar que no fui yo el que vino a politizar el debate, que no fui yo el que trató de llevar agua a su molino, que no fui yo el que vino a darle tintes partidistas a la presentación de un problema serio y grave.
Y ya que el diputado, mi buen amigo, el diputado Nemi Dib, encarrila el debate por estos rumbos, quiero decirles, y con esto termino, que estas son las consecuencias de convertir los resultados electorales en cuestión de Estado.
En aquel famoso desayuno de Los Pinos, el Presidente de la República dijo: "Renato va a ganar
y va a gobernar", y Renato ganó y dijimos en la tribuna de todos los medios que se valieron para que Renato ganara y dijimos como Emilio Goycochea, a quien se refirió el diputado, vino a la ciudad de México y extendió ante los periodistas el catálogo del fraude, y ahí hubo de todo como en botica, desde votantes muertos, credenciales duplicadas, diferencias entre el padrón entregado a los partidos y el que se utilizó en las casillas y Renato ganó; pero que Renato pueda gobernar, yo creo señores legisladores que la palabra del señor licenciado Salinas, por ser muy presidencial no da para tanto, porque lo que natura non da, Salinas non presta.
Renato no está gobernando y esto es claro, es evidente, es meridiano y ante esa falta de Gobierno si quiere propuestas de soluciones, y termino antes de que me llamen la atención, que se enferme Renato pero insisto que esta representación popular vuelva los ojos a Sinaloa; que no se esperen a que nos maten al obispo o que maten a un alto personaje de la vida social de Sinaloa para que finalmente Sinaloa caiga bajo la mirada atenta de los poderes federales. Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra, para rectificar hechos, el diputado Nemi Dib.
El diputado Juan Antonio Nemi Dib:
Con el permiso de la Presidencia.
¡Qué bueno que apareció el peine!, y qué bueno que el señor diputado Zamora haya dicho que si determinada autoridad no puede que se vaya, porque si eso no es politizar, entonces es expresar más allá de la utopía un argumento político irracional.
El 7 de enero de 1993, apenas a una semana escasa de que tomara posesión el nuevo gobierno de Sinaloa, el señor Goycochea a quien he citado en tribuna ya, exigió al entonces subsecretario de Gobernación, Arturo Núñez, respeto al Gobierno civil que él estableció, que él fundó y que él consolidó en Sinaloa; un año después, la declaración que ya cité: "que nos deje cogobernar". Ahora el argumento del señor diputado Zamora en el sentido de que 60 años de gobierno de tal o cual signo, son responsables de un problema de las características que él ha denunciado.
Y una vez más me asombra la verdadera limitación en su análisis, que reduce la cuestión de la violencia gravísima y todo, a la capacidad o incapacidad de la autoridad y una vez más mi asombro ante la reiterada politización que no quiero vaya a entenderse y ojalá por nadie, como el uso instrumental de una verdadera pena para el pueblo de Sinaloa, y una vez más mi reiterado asombro porque no existan propuestas concretas que demuestren más allá de tildar de torpe o inepto o tratar de enfermar al gobernador, la vocación legítima de componer algo que merece la atención de todos.
Yo le agradezco, de verdad, el altísimo honor de concederme la posibilidad de gobernar un estado maravilloso, bello y grande como Sinaloa, pero tengo la convicción y la certeza, quizá no en derecho a ello porque no soy sinaloense, de afirmar que por el momento tienen, en todos los sentidos, incluso el físico, un gran gobernador. Muchas gracias.
ESTADO DE CHIAPAS
La Presidenta:
Para hacer comentarios sobre conflictos municipales en el Estado de Chiapas, se concede el uso de la palabra al diputado Jesús Martín del Campo.
El diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda:
Compañeras y compañeros diputados y senadores.
El pueblo de Chiapas continúa siendo fuente inagotable de noticias y sorpresas; así, apenas en los últimos días hemos visto como junto a la insurrección armada marcha ahora una amplia insurgencia cívica por la recuperación y democratización de diversos municipios, entre ellos Oxchuc, Palenque, Altamirano, Ocosingo, La Libertad, Tenejapa, Tumbalá, Tila, Las Margaritas, Chanal, Chilón, Playas de Catazajá, San Cristóbal de las Casas, Yajalón, Sabanilla, Teopisca, Pantelhó, Calchihuatam, Chenalhó, Mitontic, Huixtlán, Larráizar, Zinacantán y Amatenango del Valle.
Cómo explicar este nuevo fenómeno en una entidad federativa en donde históricamente el PRI ha obtenido las más altas votaciones a nivel nacional. ¿No se suponía que los innumerables programas y comisiones especiales y los más redoblados recursos del Pronasol revertirían los conflictos sociales en Chiapas y develarían el verdadero rostro y el aislamiento del zapatismo?
La insurgencia cívica deja al descubierto el marco con que opera el gobierno chiapaneco y un marco difícil en el que operan muchos gobiernos municipales de la entidad, como resultado de antidemocráticas reformas, al grado de hacer inviables las estructuras de poder en muchos casos y sus respectivas representaciones.
La insurrección cívica chiapaneca ha puesto al descubierto el descontento que propicia a la población la estructura vertical y autoritaria de los ayuntamientos, que opera a través de los agentes municipales nombrados directamente por los ediles, y de los coordinadores de participación comunitaria inventados por el exgobernador Patrocinio González Garrido para fortalecer el control político entre los ciudadanos.
La insurgencia civil ha puesto en la mesa de las discusiones la necesidad de impulsar en el Congreso local una reforma para que no sea prerrogativa exclusiva del mismo, el remover o destituir a los presidentes municipales, y que se transfiera a la ciudadanía esta capacidad, por la vía de instrumentos como el referendum; tal propuesta cobra aún más vigencia si además consideramos que en el marco de las negociaciones con el EZLN, con el Consejo Estatal de Organizaciones Indígenas y Campesinas y de una necesidad nacional insoslayable, se demanda una relación de autonomía para los pueblos indígenas, lo cual supone reformar el artículo 115 constitucional, para eliminar por lo menos el candado que la imposibilita.
No sería aventurado afirmar que la insurgencia cívico - municipal en Chiapas se extienda; tampoco lo sería si afirmamos que la problemática municipal chiapaneca es la misma en innumerables ayuntamientos del país y que podría transitar por los mismos caminos elevados a la enésima potencia, si no dotamos a la nación de un marco jurídico que garantice un proceso que no tenga los mismos resultados que en el Estado de Chiapas.
Es inútil desligar el contexto regional chiapaneco de la realidad nacional. Es falso creer que una solución parcial y local resulta suficiente para amortiguar y saciar la sed y las ansias de democratización que recorre todos los rincones del Estado de Chiapas y de todo México.
Es una ilusión aferrarse a la idea de que un pacto entre los partidos políticos nacionales y sus candidatos presidenciales, sin pasar por modificaciones en el seno del Congreso, ofrece suficiente margen de maniobra para repetir un proceso electoral sin que la ciudadanía y la nación se rebele específicamente en las jornadas de 1994, de no haber cambios.
Creemos los miembros del Partido de la Revolución Democrática, que Chiapas demuestra que el hilo se revienta por lo más delgado; demuestra también que el control autoritario de los municipios lacera de manera muy directa la dignidad ciudadana. Demuestra que no estamos ante el conflicto de cuatro municipios locales como en algunos momentos se ha querido hacer aparecer; demuestra que las situaciones pueden llegar a extremos tales que la vuelta a la normalidad en una entidad federativa requiere de un nuevo marco legal, demuestra que el PRD tiene razón cuando demanda y exige que los acuerdos firmados en el pacto deben tener su correlativo jurídico, toda vez que las leyes deben sancionar el definitivo divorcio entre el Estado y el PRI.
Chiapas demuestra que sin democracia el destino nacional se desliza hacia situaciones que incluso pueden llegar a la ingobernabilidad y a descontento generalizado, por eso los miembros de la fracción parlamentaria del PRD decimos ahora, y hacemos un llamado, para que todos interpongamos nuestros esfuerzos en el sentido de que de acuerdo a lo que recomendó la Comisión Plural que se constituyó aquí en la Comisión Permanente, para dar seguimiento al conflicto de Chiapas, en el marco de sus recomendaciones que hablan de que se revise el problema de los municipios dentro del marco constitucional y legal vigente en la entidad, se pueda dar salida a esta serie de problemas en el que un mayor número de pobladores de Chiapas se están involucrando porque están aflorando contradicciones que estaban contenidas en el pasado, creemos incluso que será parte de las tareas en su nueva visita a la entidad de este grupo plural integrado por la Comisión Permanente. Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra sobre este mismo asunto el senador Manuel Díaz Cisneros.
El senador Manuel Díaz Cisneros:
Con la venia de la Presidencia; compañeros legisladores:
Hoy hemos escuchado una serie de apreciaciones y tesis, de argumentos, en torno al problema iniciado en Chiapas el día 1o. de enero.
Creemos que, así como hay muchos puntos de coincidencia, también hay muchos puntos de diferencia y no sólo entre los miembros de mi partido y los miembros del Partido de la Revolución Democrática, sino entre los distintos representantes populares que aquí participan en esta Comisión Permanente.
Qué bueno que el diputado que me precedió en el uso de la palabra ha hecho referencia al documento, y particularmente a la recomendación que la Comisión Plural, integrada por esta Comisión Permanente, hizo en su informe del día 9 de febrero.
Efectivamente, ahí se señala que este grupo plural, con respeto a la soberanía y a la autonomía que corresponde al nivel municipal del Gobierno en la entidad, se permite recomendar a la legislatura de Chiapas analizar el desarrollo y el desenvolvimiento político de algunos municipios y en su caso, cuando las circunstancias así lo requieran, considere su reestructuración incorporando fórmulas de conciliación que permitan equilibrar los intereses en turno, restablecer la eficacia de la autoridad municipal y forjar vías ciertas a la paz y reconciliación entre los chiapanecos.
Este informe, signado el día 9 de febrero de 1994, contiene, tengo entendido, las firmas de los dos legisladores del Partido de la Revolución Democrática.
Nosotros estamos absolutamente de acuerdo en que ante todo debe acatarse el espíritu y la letra del artículo 115 constitucional, que hasta ahora es la norma máxima que rige las relaciones de los municipios con el Estado y con la Federación.
En casi todas las constituciones locales y en las leyes orgánicas municipales, existe como atribución del Congreso local, de la legislatura del Estado, la posibilidad de, en un momento dado, declarar la desaparición de un ayuntamiento o también la de revocarle el mandato a alguno de los miembros de ese cuerpo colegiado.
Creemos que si está emitida una recomendación para que, dentro del marco de las leyes constitucionales, dentro de las atribuciones que corresponden a la legislatura local, consignadas en la Ley Orgánica Municipal de Chiapas, que establece que corresponde al Congreso del Estado, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, declarar que un ayuntamiento ha desaparecido y designar, en su caso, a un consejo municipal en los términos del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debemos, eso sí, mantener la atención en que en el caso de los municipios de Chiapas que aquí se han mencionado, se realice este procedimiento para lograr la integración de las autoridades municipales.
Yo también quiero comentar que la propuesta de una serie de reformas para mejorar la vida democrática de los municipios no la rechazamos plenamente, lo que si consideramos es que en estos momentos es inoportuno plantear este procedimiento para el Estado de Chiapas, y quiero hacer referencia a que en vísperas de la iniciación de las pláticas de reconciliación y de paz, el representante Manuel Camacho Solís, hizo un llamado al Gobierno Federal, al Gobierno estatal, para que no se realizara ninguna acción que pudiera entorpecer estas pláticas. Consideramos nosotros que en este mismo tenor debemos darle el tratamiento a los municipios que se encuentran en conflicto.
No estamos de ninguna manera haciendo la defensa a ultranza de las autoridades municipales. Tenemos entendido que ya se han presentado las denuncias, las solicitudes ante el Congreso local, que se han ordenado auditorías a estos ayuntamientos o a estos funcionarios municipales para deslindar las responsabilidades.
Pensamos entonces que hablar en estos momentos de una figura del referendum que no existe por otra parte en nuestra legislación, si existe, lo sabemos, en disposiciones estatutarias de los partidos. En Oaxaca, nosotros para designar las planillas en los municipios, las planillas que habrán de contender por nuestro partido, recurrimos con frecuencia al referendum, pero ésta es una práctica interna de los partidos.
También hemos defendido, hemos sostenido en todos los foros, para el caso de los municipios comunitarios, de los municipios indígenas, que debe garantizarse en la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución local, en Oaxaca ya lo hemos hecho, debe garantizarse el procedimiento de usos y costumbres para la integración de sus autoridades. En el caso particular de estos ayuntamientos no dudamos de que existan inconformidades de algunos miembros de esas comunidades. Sin embargo, en los mismos términos en que emitió la recomendación la Comisión Plural que fue signada por los señores representantes del Partido de la Revolución Democrática, pensamos que debe transitar, que debe darse el espacio suficiente, para que las autoridades, el Congreso local concretamente, lleve adelante el cumplimiento de estas recomendaciones. Gracias.
POLÍTICA MEXICANA DE GLOBALIZACIÓN
La Presidenta:
Para referirse a consideraciones sobre la política hemisférica del Gobierno mexicano, se concede el uso de la palabra al diputado Alejandro Encinas Rodríguez.
El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez:
Con su permiso señora Presidenta; compañeras y compañeros legisladores:
En los años recientes a la política exterior mexicana se le ha pretendido justificar a partir de una idea convertida ya en mito respecto a la diversificación y globalización de nuestros intercambios con el exterior, sin embargo, la apertura comercial que ha unido determinados desarrollos en el país no se ha correspondido con una verdadera diversificación de los intercambios, ya que lejos de abrirnos al mundo con la firma del Tratado de Libre Comercio se consagró la concentración de vínculos comerciales con norteamérica.
Como consecuencia de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, nuestro país dejó de ser puente o plataforma de exportación para los productos de empresas europeas o japonesas radicadas en México, cuyas exportaciones tienen como destino final el mercado estadounidense; esto es así debido sobre todo a las limitaciones que imponen las reglas de origen, por otra parte, los acuerdos paralelos subrayaron aun más que el Tratado de Libre Comercio es un instrumento que va más allá del sólo intercambio comercial, pues a partir de éstos se definen criterios laborales y ecológicos de la región y se establecen mecanismos para regular.
Más que una zona de libre comercio en norteamérica se ha establecido una región de comercio ampliado y regulado; sin embargo, el acuerdo no abarca áreas importantes en los procesos de integración como son los vinculados con la agenda social o la nivelación salarial, como tampoco se garantiza una solución efectiva en los procesos de degradación ecológica principalmente en la franja fronteriza. Asimismo, pese a que nuestras relaciones comerciales con Estados Unidos son cada vez más estrechas no han disminuido las medidas proteccionistas no arancelarias ni las persistentes acciones unilaterales de nuestro vecino y socio del norte, respecto a su política migratoria que afecta no solamente los derechos de los trabajadores migratorios, sino también de los mexicanos residentes en ese país.
En lo que se refiere a América latina, el Tratado de Libre Comercio creo desconfianza de los países de la región desde el inicio mismo de la negociación, y una vez que ha entrado en operación ha sido objeto de controversia ya que no representa un mecanismo que promueva un desarrollo equilibrado capaz de impulsar las potencialidades productivas del subcontinente.
En este contexto, durante el VIII Consejo de Ministros de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), celebrado en la ciudad de Montevideo del 9 al 12 de febrero de 1994, esta controversia se agudizó cuando la delegación mexicana pretendió que se aprobara un protocolo de interpretación amplia del Tratado de Montevideo para que se eximiera a nuestro país del cumplimiento del artículo 44 de dicho tratado, el cual obliga a cada miembro de la Aladi a conceder a los demás socios latinoamericanos las ventajas comerciales acordadas con terceros países; este recurso, pretendía la actualización del tratado para ser aplicado a todos los socios que se encontraran en situación similar a la de México.
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado por México, debería, por consecuencia, hacer partícipes de los beneficios derivados de las preferencias arancelarias acordadas con Estados Unidos y Canadá, a los 10 socios de la Aladi. Desde el momento en que se iniciaron las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, se previó esta discusión, por lo que México esperaba ser apoyado por la mayoría de los países integrantes de la asociación para recibir un trato de excepción que lo exentara durante un lapso de cinco a 10 años de las obligaciones derivadas del artículo antes citado, con ello, se buscaba beneficiarse de ambos sistemas de integración económica.
Sin embargo, la oposición de un grupo de delegaciones encabezadas por la de Brasil frustró la pretensión mexicana, insistiendo en que México se comprometiera con sus socios latinoamericanos para resarcirlos por los eventuales perjuicios derivados de la aplicación del Tratado de Libre Comercio, ya sea por distorsiones comerciales o por la pérdida de inversiones en sus economías; evidentemente tal propuesta no fue aceptada por la delegación de México.
Finalmente, el protocolo interpretativo no fue aprobado y con ello se cerró la posibilidad de
que México participe ventajosamente en forma simultánea en ambos esquemas de integración.
La resolución de esta controversia quedó en el aire y se pospuso para una futura reunión del organismo, sin embargo, se puso en evidencia la incompatibilidad entre una estrategia de integración congruente con los intereses de la región latinoamericana y la derivada de la estrategia hemisférica norteamericana que fue concebida inicialmente con el nombre de "American Interprise" o "Iniciativa de las Américas" que el expresidente George Bush promovió, donde el Tratado de Libre Comercio que promueve el Gobierno mexicano es uno de los primeros eslabones.
En el mismo sentido, se inscribe el Acuerdo de Complementación Económica México - Chile, vigente desde el 1o. de enero de 1992, el Acuerdo Marco de Libre Comercio con el Grupo de los Tres, el cual debía ponerse en marcha a partir de enero de 1994, pero que no ha sido posible instrumentar por problemas de gobernabilidad en los tres países y otros similares con Centroamérica, el Caribe, Bolivia, Costa Rica y Ecuador, que están en proceso de negociación y cuyo objetivo final es adherirse al Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte.
Como se puede apreciar, en los hechos, la estrategia mexicana de integración ha venido contraviniendo los principios y objetivos de la Aladi, inhibiendo las posibilidades de concretar un proceso integracionista propiamente latinoamericano; a cambio de ello, el Gobierno mexicano ha concentrado sus esfuerzos en promover, lo que es a nuestro juicio, una subordinación económica comercial no sólo de México, sino de la región en su conjunto al proyecto hegemónico de los Estados Unidos.
Simultáneamente a las negociaciones de la Aladi y ante la evidente bilateralización de las relaciones comerciales de México con el resto de América Latina el Parlamento Latinoamericano, compuesto por parlamentarios de 22 países de la región, elabora una propuesta alternativa con el fin de crear una zona de libre comercio en Latinoamérica, con reglas distintas a las del Tratado de Libre Comercio. Dicha propuesta pretende impulsar la complementación de las economías latinoamericanas, en lugar de estimular únicamente la competencia de las mismas, pues considera que ésta sería altamente negativa dado que los países económicamente fuertes, ejercerían presión sobre los más débiles, entorpeciendo de esa manera una buena relación política y económica.
A pesar de esas propuestas alternativas de integración, el Gobierno de México insiste en negociar acuerdos bilaterales o trilaterales, que siguen el ejemplo del Tratado de Libre Comercio, de conformidad con la iniciativa del Presidente Clinton, que busca integrar a nuestros países en una forma unilateral a este tratado, en los próximos 15 años.
La necesidad de la diversificación de nuestras relaciones internacionales, es hoy más necesaria que nunca. Lo acontecido en fechas recientes en la Aladi, manifiesta un proceso de alejamiento entre los intereses de este Gobierno y el de las naciones de la comunidad latinoamericana.
Esta política comercial pone en riesgo nuestra capacidad de maniobra, en momentos muy difíciles para la seguridad nacional y la defensa de la soberanía. En este sentido es preocupante observar cómo el Gobierno mexicano nos aísla de nuestros aliados naturales en momentos en los que a raíz de los acontecimientos de Chiapas, se incrementa la presión de la opinión pública estadounidense, a la que se suman las actitudes injerencistas de voceros oficiales y oficiosos del Gobierno norteamericano. Y más reciente, la poco clara visita a nuestro país del director de la Agencia Central de Inteligencia, quien sostuvo conversaciones secretas con el Secretario de Gobernación de México.
Por lo anterior y debido a la gran importancia que revisten estos acontecimientos para la vida política nacional, solicitamos a esta Comisión Permanente, apoye este punto de acuerdo, que con fundamento en el artículo 58 para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión, lo proponemos como
Punto único: Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicite la comparecencia de los titulares de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a fin de que expliquen la política que el Gobierno mexicano promueve ante la Asociación Latinoamericana de Integración y nuestras relaciones multilaterales con los países de América latina.
Suscribimos este punto de acuerdo, el diputado Jesús Martín del Campo y un servidor y lo dejamos en la Secretaría para los trámites conducentes. Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra para hablar sobre este asunto, el senador Miguel Alemán Velasco.
El senador Miguel Alemán Velasco:
Con su venia, señora Presidenta; compañeras y compañeros legisladores:
El señor diputado Encinas dice la verdad; pero no tiene la razón.
¿Me explico?
La nueva era de integración define un escenario multipolar de grandes perspectivas, cuya fisonomía requiere de nuevas actitudes en las que cada nación defienda sus derechos y promueva sus intereses con respeto al derecho internacional.
La sociedad internacional que conformamos, la que hemos seguido creando, vive un proceso dinámico. En este cauce evolutivo, se posibilita a la comunidad internacional, el acceso a niveles superiores de convivencia e intercambio comercial.
México establece relaciones mutuamente convenientes a nivel hemisférico, que respetan nuestros principios, nuestro proyecto histórico y vocación de Estado soberano. En concordancia, nuestra política exterior incluye como lineamiento fundamental, la salvaguarda de nuestros intereses comerciales, lo que implica evitar el dumping de donde quiera que venga y la promoción de garantías de acceso a nuestras exportaciones.
Estamos geográficamente en norteamérica, pero somos latinoamericanos por identidad, por nuestro pasado, presente y futuro. No tenemos problemas de ubicación. Sabemos quiénes somos, qué queremos y hacia dónde nos dirigimos.
En 1993, con nuestros países hermanos de Latinoamérica, se suscribieron 22 convenios de cooperación, muchos de ellos en el marco del contexto de acuerdos marco, como los convenios regionales de comercio. Y es digno de mención que tanto México como Chile, son miembros del Acuerdo General de Aranceles y Comercio de la Asociación Latinoamericana de Integración.
Muy significativas han sido las negociaciones realizadas en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) para impulsar en el Grupo de los Tres, formado por: México, Venezuela y Colombia, un acuerdo de libre comercio como el que tenemos ya con la República de Chile.
En fecha reciente la Cámara Nacional de la Industria Pesquera, denunció ante la Secretaría de Comercio, la introducción de harina de pescado chilena a precios dumping; habiéndose investigado y documentado ese hecho, nuestras autoridades en los términos del texto del acuerdo comercial con la República de Chile, procedieron a aplicar cuotas compensatorias a los productos con dumping, a fin de proteger a los productores mexicanos de harina de pescado.
Los acuerdos comerciales signados por México, son, sin duda, de avanzada en la época moderna. El que tenemos con Chile, el Tratado de Libre Comercio y el que pronto tendremos con Colombia y Venezuela, con Centro América y con Costa Rica en donde hemos esperado el tiempo electoral, contienen todos los capítulos de prevención de prácticas desleales de comercio y otro de solución de controversias, de acuerdo al modelo vigente también en el GATT.
México se diversifica; sus relaciones comerciales conscientes de nuestra ubicación estratégica en el mundo y sobre las bases de mantener intacta nuestra soberanía e independencia en un mundo multilateral. Y con América latina y El Caribe, no solamente hemos mejorado nuestro intercambio comercial, sino le hemos dado un nuevo sentido a ese intercambio que tiene el sustento de una fuerte vinculación cultural e histórica común. Es más, la tesis mexicana que actualmente está basada en la propuesta de la Aladi, corresponde a 10 puntos, y como coincidencia fueron propuestos por el señor Presidente de la República. Me voy a permitir leer los 10 puntos:
1. La inclusión en los acuerdos de una cobertura amplia de productos. Así se eliminarán distorsiones sectoriales que imposibilitan la asignación óptima de recursos.
2. La fijación de aranceles máximos o mecanismos equivalentes entre los países que negocian acuerdos bilaterales y la elaboración de un programa calendarizado y de desgravación arancelaria para que con gradualismo se defina desde el inicio la clara tendencia de la apertura efectiva que estimule los flujos comerciales.
3. La eliminación de las barreras no arancelarias para todos los productos, con excepción de algunos altamente sensibles. Con esto se asegurará la protección acordada y su desaparición gradual para que tenga buena transparencia.
4. El compromiso de un programa calendarizado para la eliminación de subsidios a las exportaciones y de cargas fiscales discriminatorias e inequitativas,
para asegurar equidad en las estructuras de costos y el cabal aprovechamiento de nuestras ventajas comparativas.
5. La remoción de obstáculos al comercio exterior en materia de transporte que abatan costos y aseguren mayores flujos en esta región.
6. La concentración de reglas de origen claras y estrictas para evitar triangulaciones que desvirtúen el buen propósito de nuestros acuerdos comerciales.
7. La creación de mecanismos transparentes de salvaguardias transitorias que respondan con agilidad a fenómenos no previstos.
8. La concertación de procedimientos ágiles e imparciales para la resolución de controversias comerciales que con claros principios de justicia ofrezcan soluciones expeditas y no entorpezcan los flujos comerciales.
9. La creación de programas concretos y permanentes de su promoción comercial y de inversiones que permitan a nuestras comunidades de negocios, se acerquen efectivamente.
10. La conformación natural de subregiones económicas del Cono Sur y del Pacto Andino, habrán de estimular las relaciones comerciales y de inversión en toda la región. Es necesario asegurar la compatibilidad dentro de los mecanismos subregionales y los principios de integración global de la Aladi, y asimismo la integración económica creciente de los países centroamericanos y la necesidad de promover una pronta recuperación y un desarrollo sostenido, para hacer permanentes la reconciliación y la paz en esa región, recomendando sistematizar los vínculos comerciales de la Aladi con este bloque en formación.
México, pues, en esta vocación que tenemos, nos permite dimensionar nuestra participación en la Organización de Estados Americanos, donde logramos con otros países que el organismo regional más importante en nuestro continente reorientara su agenda y después de 20 años cristaliza el Tratado de Cooperación para el Desarrollo en la Lucha contra la Extrema Pobreza. Es una señalada distinción, creo yo, que lo hayamos promovido, México y que se escoja a nuestro país para ser la sede del vigésimo período ordinario de sesiones de la OEA, mismo que se inicia mañana en Tlatelolco, lugar célebre internacionalmente por otro triunfo innegable de nuestra diplomacia: los tratados de Tlatelolco.
Asisten mañana 15 cancilleres; algunos países envían a sus representantes y viceministros, incluyéndose al presidente de Asuntos Hemisféricos de Estados Unidos, Rafael Valenzuela.
México tiene una gran tradición en política exterior y es clara la vocación nacional de que ésta es un punto de apoyo para que México promueva sus intereses, incluyendo los comerciales, en interrelación favorable con los protagonistas del concierto internacional de las naciones.
Con Estados Unidos y Canadá, efectivamente, firmamos el Tratado de Libre Comercio y tenemos también el horizonte de la Asociación Latinoamericana de Integración, ambos instrumentos no tienen por qué ser excluyentes.
Mediando y mediante negociaciones de nuestros secretarios de Relaciones Exteriores y de Comercio, en Montevideo, está pendiente una inminente modificación al artículo 44 de la Aladi, pues sus países firmantes han otorgado ya el beneplácito para la reforma, en el sentido de favorecer la integración comercial del Continente americano.
Estamos en tratos en este momento con Brasil y Argentina para protocolariamente conseguir su beneplácito para tal reforma, pues contamos con la evidencia empírica de nuestra constante participación.
Compañeros legisladores: en nuestra perspectiva la Aladi y el Tratado de Libre Comercio deben ser dos alas de una misma ave, toda América, que busca un horizonte amplio, con progreso y con justicia social.
No existe todavía la propuesta de que habló el señor diputado, se va a proponer al parlatino, para ver si es posible revisar el Tratado de Libre Comercio y apoyar a otros países latinoamericanos.
Los acuerdos actuales de comercio no son un mito, existen; la firma de acuerdos comerciales modernos y funcionales; el Tratado de Libre Comercio, es el único en el mundo que es un tratado que tiene un acuerdo paralelo que estrictamente habla sobre ecología.
No creo que exista un tratado más verde que el Tratado de Libre Comercio.
A nivel internacional tenemos ya con la República de Chile también un gran tratado, que hemos ejercitado en protección de la industria nacional y que son garantía de un intercambio
de bienes y servicios eficientes y satisfactorios, evitan prácticas desleales de comercio, como el dumping, y promueven la institucionalización de la solución de controversias y de un desarrollo equilibrado, sobre todo en el aspecto social. Muchas gracias.
La Presidenta:
Existe una propuesta que fue dejada en la Secretaría.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se admite o no a discusión la propuesta.
El secretario diputado Efraín Zúñiga Galeana:
Por instrucciones de la Presidencia, consulto a los señores legisladores si se admite a discusión la proposición.
Los que estén por la afirmativa, en votación económica sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Desechada, señora Presidenta.
PROBLEMÁTICA DE DISCAPACITADOS
La Presidenta:
Tiene ahora el uso de la palabra, para hacer comentarios sobre el tema de los discapacitados, la diputada Layda Elena Sansores San Román.
La diputada Layda Elena Sansores San Román:
Con su permiso, señora Presidenta; compañeros diputados:
El lunes pasado, nos tocó a una Comisión Plural encabezada por la compañera María de los Angeles Moreno, atender a un grupo de más de 300 personas con diversas discapacidades; ellos venían aquí a exigir modificaciones al marco legal, exigían que se establezcan las bases de un nuevo trato, exigían, exigían y exigían. Ese era el verbo que predominaba.
Los diputados escuchábamos y escuchábamos con absoluto respeto, ¿Cuántas veces nosotros hemos sido tolerantes con exigencias que privilegian?, cuánto más ante este reclamo tan sentido, tan justo, creo que no exagero cuando digo que los discapacitados están en el mismo reducto de marginación como están los indígenas.
Hablaron diputados representantes de todas las fracciones parlamentarias, del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Popular Socialista, del Partido Revolucionario Institucional.
No hubo una sola voz disonante. Con diferentes enfoques, con diferentes énfasis, pero todos teníamos un lenguaje común: el de la comprensión, el del respeto, el de la solidaridad.
¿A quiénes representaban estos 300 ciudadanos que llegaron a esta Cámara?, al 12% de la población, a más de 10 millones de mexicanos según el Organismo Mundial de la Salud; estas cifras son de organizaciones internacionales porque desgraciadamente en México no contamos con un censo. El censo de 1991 no arroja cifras acerca de personas discapacitadas; los últimos datos los tenemos desde 1940, hace más de 50 años, cuando todavía se referían a secuelas de invalidez.
Creo que estadísticamente los hemos querido borrar, ni siquiera en este conteo les hemos brindado nuestro apoyo. Pero no solo perdimos la cuenta, perdimos el rumbo. Hay registros fidedignos que en nuestro mundo prehispánico, las personas que tenían discapacidades ocupaban un espacio social digno y gozaban de atenciones especiales.
Nos sentimos optimistas, porque al haberse reordenado la economía estamos propiciando circunstancias para retomar este camino y estos tiempos perdidos. Quiero recordar que al día siguiente de iniciada esta legislatura, un compañero de mi partido, Miguel Osorio Marbán, presentó una iniciativa para modificar el artículo 4o. constitucional a favor de las personas con discapacidades. Gabriela Avelar, también junto con otros compañeros del PRI, presentaron una iniciativa que fue aprobada para modificar diversos artículos del Código Civil a fin de eliminar nomenclaturas que son discriminatorias.
Habrá que reconocer que también compañeros de otros partidos han participado activamente; el compañero Marco Antonio García Toro, del Partido Acción Nacional, fue tenaz para lograr que se incluyera dentro de la Ley General de Educación, el trato a las personas con discapacidades pero de una manera integral; también fue muy emotivo escuchar la participación de la compañera Gabriela Guerrero, del Partido
Popular Socialista y del compañero Juan Hernández Mercado, que con una gran sencillez dijo no esgrimir banderas partidistas, lo que importaba es unificar los esfuerzos en este momento.
En mi partido no podemos decir que hemos estado de brazos caídos; desde hace muchos años el tema ha estado en nuestra agenda política, está comprendido en nuestros documentos básicos. Luis Donaldo Colosio, nuestro candidato actualmente a la Presidencia de la República, tuvo numerosos acercamientos cuando era el Presidente de nuestro partido, y ahora en Aguascalientes hace unos pocos días, fue a refrendar su compromiso solidario.
Pero creo que sobre filiaciones y fobias partidistas, lo importante, como decía nuestro compañero Juan Hernández, es unificar los esfuerzos, es acelerar el paso, es presentar con el consenso de todos los partidos políticos, una iniciativa que los favorezca. Es muy complejo, pero sería muy satisfactorio presentar en el próximo período de sesiones ordinarias, una iniciativa de Ley Federal de Integración Social para Personas con Discapacidades; podríamos tomar el ejemplo de países muy avanzados como España, como Suecia, como Suiza, y también de países latinoamericanos como Bolivia, como Chile.
Esta Ley tendrá que promover la intensificación de acciones preventivas; es muy importante poner énfasis en esta área.
Cuando uno analiza cuál es el origen de las discapacidades, vemos que sólo el 5% son de origen congénito; el factor número uno de discapacidades se debe a enfermedades contagiosas, el segundo a maltrato y el tercero a desnutrición. Tenemos que promover una Ley que dé protección jurídica, que dé igualdad de oportunidades de empleo, que dé un marco a programas de integración escolar, en esto avanzamos enormemente en la Ley General de Educación recientemente aprobada en esta Cámara, una Ley que profundice en medidas de supresión de barreras urbanísticas, de transporte, de comunicación, Ley que propicie el acceso a la expresión artística, al deporte, a las personas con discapacidades.
Y aquí otro paréntesis, porque mientras nosotros los borramos de los censos en los últimos años, ellos, en los últimos años han venido a rescatar la dignidad de México en los foros internacionales, en las competencias deportivas.
Necesitamos promover una Ley que contemple un organismo como el que existe para los niños, para los ancianos, que atienda la magnitud de este problema, pero también se habrá que crear una conciencia social de respeto, de valoración.
Más que las barreras arquitectónicas de las que tanto se quejaron los compañeros que participaron este lunes pasado, están las barreras de actitud que nosotros, la sociedad, les imponemos. Qué paradoja, pero en el lenguaje común les llamamos inválidos, que quiere decir nulo, que no vale, que no tiene valor; creo que los que no tenemos el valor, los que no hemos tenido el sentido social, a los que nos ha faltado el coraje para atenderlos como se merecen, es a nosotros.
Por ello es la exhortación a todos ustedes compañeros legisladores y creo yo que compartimos el mismo sentir en todas las fracciones parlamentarias, es necesario legislar a favor de ellos. Estamos ante un gran reto porque las personas con discapacidades, nos lo dijeron muy claro, no quieren programas de asistencia social, ellos quieren que se les den oportunidades para ingresar a una vida productiva; ellos no quieren lástima ni compasión, ellos piden respeto; no quieren tutelaje, ellos quieren lograr la emancipación y definir libremente su destino.
Ojalá que el respeto silencioso con el que escuchamos el día lunes a nuestros compañeros con discapacidades, se convierta en una fuente de acción para un pronto trabajo legislativo.
Sé que técnicamente no procede, pero cómo me gustaría que se considerara un asunto prioritario y que imitando este lenguaje parlamentario que tanto impacta, dijéramos: señores diputados, el problema de las personas con discapacidad es un asunto urgente y de obvia resolución social. Gracias por su atención.
La Presidenta:
Sobre el mismo asunto tiene la palabra el diputado Jorge Tovar Montañez.
El diputado Jorge Tovar Montañez:
Con el permiso de la Presidencia:
La iniciativa de Ley presentada en noviembre de 1991 por el diputado Miguel Osorio Marbán, decía, proponía en su parte medular de modificación, propuesta de modificación al artículo 4o. constitucional: "Los discapacitados y personas
de edad avanzada no podrán, en el goce de sus derechos, ser objeto de discriminación; la Ley los protegerá y determinará la concurrencia de autoridades federales, estatales y municipales para la adecuada tutela y defensa de sus legítimos intereses". Esta es la propuesta de modificación o de agregado al artículo 4o. constitucional hecha por el diputado Osorio Marbán.
Nosotros estuvimos de acuerdo y estamos de acuerdo en esta propuesta; creemos que así se podría adicionar el 4o. constitucional.
Creemos que esta iniciativa de Ley no ha sido dictaminada por el Congreso en su conjunto ni ha sido aprobada por supuestos, no por falta de voluntad política sino por el cúmulo de trabajo legislativo.
Pero hoy, con plena justificación, los ciudadanos que se han dado a la tarea de organizar y batallar en favor de los derechos de los discapacitados en el plano nacional, han recurrido nuevamente con energía al Congreso de la Unión. Es momento de revitalizar esta iniciativa y establecer los mecanismos para su más conveniente legislación.
La iniciativa de referencia hace una completa alusión a los fundamentos del derecho internacional, los principios de la Revolución mexicana y de nuestras garantías individuales y sociales inscritas en la Constitución que con toda claridad dan sustento humanístico y jurídico al propósito de la iniciativa en favor de los discapacitados.
Con honradez, en nuestro concepto, la iniciativa plantea la contradicción que existe, por una parte, entre los derechos sociales reconocidos y la realidad social en que vive este numeroso grupo de mexicanos, cercano a los 12 millones, según estadísticas.
Señala la mencionada iniciativa un aspecto medular como solución de fondo a la problemática de los discapacitados, que es precisamente el proporcionarles la capacitación que les permita incorporarse en la medida de sus potencialidades a la vida social y productiva.
Acertadamente se fundamenta la iniciativa multicitada en el artículo 73 constitucional, en su fracción XVI, en cuanto a las facultades del Congreso en materia de salud general como un problema de salud pública.
Algo se ha avanzado; existe un reglamento aprobado por la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, y hay señalamientos claros sobre la materia en las tareas de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del DIF y de algunas instituciones privadas, pero existen vacíos ostensibles en las acciones de otras instituciones de salud pública federales y estatales y lo que es más, algunas autoridades actúan con desconocimiento de estas reglamentaciones y recomendaciones.
Es importante destacar la argumentación expuesta en la iniciativa de que "su aprobación", y lo hemos entrecomillado, permitiría asegurar la prevención de las discapacidades, la rehabilitación e igualdad y plena participación en la vida social y el desarrollo, oportunidades iguales y participación equitativa en el bienestar de la nación, evitando todo tipo de discriminación, segregación o degradación.
Por estas consideraciones, estimados legisladores, nos permitimos hacer una excitativa a las comisiones respectivas de la Cámara de Diputados para que elaboren el dictamen correspondiente utilizando para ello los mecanismos que estimen convenientes con el fin de que pueda ser discutido y en su caso aprobado en el próximo período de sesiones ordinarias del Congreso. Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra sobre el mismo tema, el diputado Alejandro Encinas Rodríguez.
El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez:
Con su permiso, señora Presidenta:
A fin de no redundar en lo que ya han planteado los diputados, la diputada Sansores, el diputado Tovar, antes de mi intervención, en lo que coincido en lo general, yo sí quisiera asistir solamente en un aspecto. Creo que si bien no ha faltado iniciativa legislativa respecto a este problema de los discapacitados, no ha sido suficiente, y a pesar de que, como señala la diputada Sansores, es un asunto de obvia y urgente resolución, el hecho es que en la Cámara de Diputados ha habido cierto abandono y falta de atención a este asunto.
Todos coincidimos, sin lugar a dudas, en la demanda central que expresaban los discapacitados
el pasado 14 de febrero en este recinto, fundamentalmente en el sentido de que se cree un marco constitucional que garantice la no discriminación, el tránsito, el empleo y el acceso pleno la educación y capacitación de los discapacitados, para que éstos puedan integrarse plenamente a la vida de nuestra sociedad.
Y dentro de los avances legislativos está sin lugar a dudas una iniciativa de Ley que presentaron tres diputados del PRI, los diputados Miguel Osorio Marbán, José Merino Castrejón y Jesús González Gortázar, desde el 26 de noviembre de 1991. Y bueno, siendo de urgente y obvia resolución, ya vamos a cumplir los tres años y esta iniciativa no está dictaminada, una iniciativa en la que por cierto hay mucha coincidencia con ella, fundamentalmente en los aspectos que plantea de concurrencia de los diferentes ámbitos de Gobierno, Federal, local y municipal, y el de equiparar como discapacitados también a los ancianos.
Yo por eso creo que ya hay materia de discusión y un trabajo avanzado en esta legislatura, y por eso yo solicitaría a la Presidenta de la Comisión Permanente que en términos del artículo 21 fracción XVI de nuestro Reglamento, excite a la Comisión de Gobernación y puntos constitucionales para que dictamine sobre esta iniciativa, con la cual sin lugar a dudas no solamente tenemos materia de discusión, sino podemos justamente dar una respuesta obvia y urgente ante los problemas de los discapacitados.
Es facultad de la Presidenta de esta Comisión y en consecuencia solicitaría acceda la excitativa, para que en un plazo no mayor de tres días, como lo establece el Reglamento, se empiece a discutir por lo menos el dictamen si no es que esté cumplido para entonces. Muchas gracias.
La Presidenta:
Se atenderá la solicitud del diputado Encinas, turnando a la Cámara de Diputados para que la Presidencia de la misma la mande a la Comisión correspondiente para los efectos procedentes. No es competencia de esta Presidencia de la Comisión Permanente. Adelante diputado Encinas.
El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez:
La excitativa se mande justamente a la Presidencia de la Comisión Permanente, toda vez que es el órgano permanente que está funcionando independientemente que las cámaras se encuentren en receso.
La Presidenta:
Lo turnaremos a la Cámara de Diputados para que ésta haga lo procedente en la Comisión correspondiente. Presidencia de la Cámara de Diputados.
Tiene la palabra sobre el mismo asunto el diputado Adolfo Kunz Bolaños.
El diputado Adolfo Alfonso Kunz Bolaños:
Con su venia, señora Presidenta; compañeras y compañeros legisladores:
Ahora que los discapacitados se presentaron aquí vuelven a poner de actualidad la situación en que se encuentran, pero antes de entusiasmarnos con la idea de que una Ley puede resolver este problema yo quisiera hacer algunas reflexiones en dos sentidos: en primer lugar, en lo que señalaba aquí la diputada Sansores, de que el 12% de la población son discapacitados y sólo 5% lo son originalmente digamos por herencia, esto quiere decir, que a simple vista hay un 7% de la población que podría no ser discapacitada si hubiera una serie de medidas que no tendrían mucho que ver con una Ley específica sino de otro tipo: seguridad en el trabajo, tránsito, etcétera.
Ahora, en el aspecto ya de protección legal, tendríamos que ver que hay dos dimensiones: una, se pide una legislación que en materia legalice los derechos teóricos que tienen los discapacitados, ante la Ley se supone que son iguales pero en la práctica se encuentran que por el hecho de ser discapacitados son segregados en muchos aspectos.
Pero existe otro nivel que es en la vida diaria: el problema tan rudimentario de bajar la banqueta, de hablar por teléfono, de ir al baño o de abordar un transporte público. Y en este aspecto el diputado Tovar señalaba el Reglamento de Minusválidos de la Asamblea.
Les quiero comentar ya que no recordar, que en aquella ocasión que se discutió en la primera Asamblea de Representantes el Reglamento de Minusválidos, tuvo todos los votos a favor excepto
dos, hubo dos votos en contra, el del ingeniero Héctor Calderón Hermosa y el de su servidor; y bien, pueden ustedes entender que no es que estemos en contra de la protección a los minusválidos, estábamos en contra de la simulación de la protección a los minusválidos, me explico.
Para nosotros no era un Reglamento de Protección al Minusválido lo que hacía falta, lo que hacía falta era adecuación de otras disposiciones reglamentarias que permitieran la protección real del minusválido, el minusválido no hace valer su derecho en el momento que va a bajar de la banqueta, o el minusválido no hace valer su derecho en el momento que aborda un transporte público, el cumplimiento debe ser previo, no se le va a hacer una rampa en la banqueta o no se le va a acondicionar un asiento en el transporte público.
Aquí lo que cabría eran una serie de disposiciones al Reglamento de Tránsito, al Reglamento de Construcción y a todos los estándares, digamos para urbanización y algunas otras disposiciones adicionales, porque en este caso hay que resolver el problema con anterioridad al ejercicio del derecho.
Como se aplicó un Reglamento que algunos delegados ni siquiera conocían su existencia, los resultados de ese Reglamento han sido mínimos; en cambio, si en un Reglamento de construcción se establecen las disposiciones para la protección al minusválido, entonces sí, cuando eventualmente aparezca un minusválido va a tener una rampa o va a tener un sanitario adecuado, etcétera.
Por eso, ya que estamos en este tema, los invito a reflexionar de que el tema es muy importante porque es tremendamente difícil la vida normal, la vida diaria para personas que tienen algún tipo de incapacidad; ustedes pueden imaginar algo que me decía un amigo mío, enano, que me decía: "Mire, licenciado, hasta para hablar por teléfono tengo que pedir el favor de que marquen el número". Y como esto ustedes pueden imaginar que bajar la banqueta es un sacrificio. Pero no pensemos, y ése es el objeto de esta interpretación, que vamos a resolver el problema con una simple Ley, por muy buena que sea, por muy extensa que sea.
Debemos estar más conscientes de que son muchos los aspectos donde habrá que incidir para tener realmente resultados en esta materia. Muchas gracias.
La Presidenta:
Se le concede el uso de la palabra al diputado Felipe Calderón Hinojosa, sobre este mismo asunto.
El diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa:
Gracias, muy brevemente señores legisladores:
Y remembrando efectivamente el señalamiento que hace Adolfo Kunz Bolaños, efectivamente la Asamblea de Representantes, en la Primera del Distrito Federal, se llegó a elaborar un cuerpo normativo relativo a los minusválidos o incapacitados; y ocurrió entonces la paradoja de que algunos grupos de minusválidos organizados, entre ellos "Libre Acceso", que estaban interesados en el tema y que proponían y hacían sugerencias, no pudieron, por lo menos durante mucho tiempo, ingresar a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal porque no había posibilidad de acceso físico al recinto de Donceles; tiempo después ya que se instaló un elevador en una de las partes laterales de la Asamblea, fue posible que entrara alguno de ellos en su silla de ruedas.
Y efectivamente, a mí me preocupa que un tema como este pueda desbordar en una euforia legislativa que lleve a aprobar o a discutir una reforma constitucional que nuevamente reincidiría, de no tomarse otras medidas, en el problema que han tenido los minusválidos no sólo en México sino en muchas partes del mundo, que es el de darle un tema de polémica y hasta de popularidad o publicidad a sus representantes populares, sin que se llegue a la solución de fondo.
El temor de que las cámaras, el Poder Legislativo dé una solución de papel a un problema sumamente complejo; ya mencionaba la diputada Sansores y el diputado García Toro, aquí presente. Me comentaba acerca de la iniciativa de constituir, no sólo impulsar una reforma constitucional que claramente sería insuficiente y no arreglaría absolutamente nada del problema de los incapacitados, sino promover desde el Poder Legislativo y desde la Ley, la creación de un instituto nacional para o de personas con discapacidad. Y un instituto que pudiera ver la problemática de manera integral; no sólo la problemática de acceso arqueológico o urbanístico, sino de trabajo, de apoyo familiar, etcétera.
No quisiera yo hacer la propuesta aquí, para que no se quedara precisamente en una medida
de las que estoy cuestionando o criticando, en el riesgo de una simple declaración y acto legislativo, pero creo que esta iniciativa que han formulado algunos compañeros nuestros en la opinión pública y en algunas comisiones a las que pertenecen, deben materializarse.
Y la exhortación del PAN nuestros compañeros miembros de las comisiones respectivas, a que en el uso de sus facultades convoquen a por lo menos a alguna reunión, alguna audiencia o un foro sobre el tema, y que esta legislatura pueda terminar sus funciones con una respuesta que rebase las meras buenas intenciones y propósitos que generalmente no sólo rodean este tema, sino inclusive llegan a entorpecerlo y a imposibilitar su solución.
La Presidenta:
Agotada la lista de oradores.
Ruego a la Secretaría turnar a la Cámara de Diputados este debate, para que sea considerado en las comisiones donde se ha venido ventilando este asunto y pueda procederse en consecuencia.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
La Presidenta:
Tiene la Secretaría una propuesta de legisladores de esta Comisión Permanente, ruego a la Secretaría darle lectura.
El senador secretario Gustavo Salinas Iñiguez:
Con mucho gusto Presidenta.
«Propuesta de legisladores de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, acerca del veto a un medio de comunicación.
Con base en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que fuera turnada a la Primera Comisión de esta Comisión Permanente, la manifestación de los legisladores que la integran, en la que expresan su más enérgico rechazo a cualquier acto que lesione la libertad de expresión de los medios de comunicación de todo tipo en el país, y en consideración de que existe un medio, Televisa, que ha sido vetado para participar en las jornadas de negociación para la paz relativas al conflicto en el Estado de Chiapas y considerando: que esto lesiona la libertad de expresión y el derecho a la información que está consagrada en favor de los mexicanos como principio constitucional, se propone en consecuencia se incorpore al dictamen que elabora la primera comisión de rechazo a los ataques y calumnias en contra del periódico La Jornada, en contra de las agresiones al Centro de Comunicación Social (Cencos), del Canal 6 de julio y de un grupo de periodistas de diversos medios informativos, el rechazo al veto formulado en contra de la empresa Televisa.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 16 de febrero de 1994.»
La Presidenta:
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se admite o no a discusión la propuesta.
El senador secretario Gustavo Salinas Iñiguez:
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los compañeros legisladores que si se acepta o no a la iniciativa que se acaba de dar lectura.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse ponerse de pie... Aprobada, señora Presidenta.
La Presidenta:
Túrnese a la Primera Comisión. Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
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ORDEN DEL DÍA
El secretario senador Gustavo Salinas Iñiguez:
Señora Presidenta; se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Comisión Permanente.- Primer Receso.- Tercer Año.- LV Legislatura.
Orden del día
23 de febrero de 1994.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del CDLXIX aniversario luctuoso del último Emperador Azteca, Cuauhtémoc, tendrá lugar el 28 de febrero a las 11.00 horas.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del CLXV aniversario luctuoso de doña Josefa Ortiz de Domínguez, tendrá lugar el 2 de marzo a las 11.00 horas.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Baja California, Michoacán y Quintana Roo.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Enrique Armando Ross Domínguez, pueda aceptar y usar la condecoración de la orden nacional al mérito, en Grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de la República Francesa.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Dominique Verut, pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de Lituania, en México, con circunscripción consular en toda la República Mexicana, con excepción del Estado de Sinaloa.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Esperanza González de Greganti, pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de Italia en la ciudad de Oaxaca, con circunscripción consular en los estados de Chiapas y Oaxaca.
Siete, con los que se remiten las hojas de servicios de los ciudadanos Guillermo Martínez Nolasco, Carlos Calnacasco Santamaría, Rafael Paz
del Campo, Alfredo Fregoso Cortés, Carlos García Priani, Eduardo Sánchez Rodríguez y Armando Sánchez Balderas, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dictámenes de primera lectura
De la Primera Comisión, relativo a la solicitud de permiso de la ciudadana Margot, Caballero Brousset, para que pueda prestar servicios en la embajada de los Estados Unidos de América, en México.
De la Primera Comisión, relativo a la solicitud de permiso de las ciudadanas Marigloria Claudia Casado Molina e Inés de los Angeles Hori Cicero, para que puedan prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Dictámenes a discusión
De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Carlos Alejandro Tello Macías, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México, ante el Gobierno de la República de Cuba.
De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano José Evaristo Ramón Xílotl Ramírez, como cónsul general de México, en San Diego, California, Estados Unidos de América.
De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento de la ciudadana Martha Irene Lara Alatorre, como cónsul general de México, en Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Siete, de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados a los ciudadanos Antonio Clemente Fernández Peniche, Rolando Eugenio Hidalgo Eddy, Federico Juárez Santos, Benito Humberto Reyes Ama, Carlos Enrique Adame Yabur, Manuel Eliezer Castro Gómez y Egberto Parra Arias.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
La Presidenta (a las 17.30 horas):
Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el miércoles 23 de febrero, a las 11.00 horas.
NOTAS
Siglas y abreviaturas incluidas en esta edición:
Aladi Asociación Latinoamericana de Integración
CDP Comité de Defensa Popular
Codezpet Comisión de Desarrollo de las Zonas Petroleras
DIF Desarrollo Integral de la Familia
EZLN Ejercito Zapatista de Liberación Nacional
GATT Acuerdo General de Aranceles y Comercio, (por las siglas en ingles)
IFE Instituto Federal Electoral
OEA Organización de Estados Americanos
PAN Partido Acción Nacional
Pemex Petróleos Mexicanos
PPS Partido Popular Socialista
PRD Partido de la Revolución Democrática
PRI Partido Revolucionario Institucional
Procampo Programa de Apoyos Directos al Producto
Pronasol Programa Nacional de Solidaridad
PT Partido del Trabajo