Legislatura LV - Año III - Período Comisión Permanente - Fecha 19940223 - Número de Diario 11
(L55A3PcpN011F19940223.xml)Núm. Diario: 11ENCABEZADO
LV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE
Diputada María de los Angeles Moreno Uriegas
PALACIO LEGISLATIVO
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Héctor de Antuñano y Lora
AÑO III México, D. F., miércoles 23 de febrero de 1994 No. 11
SUMARIO
ASISTENCIA
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
Invitación al acto cívico conmemorativo del CDLXIX aniversario luctuoso del último Huey - Tlatoani de México - Tenochtitlan, Cuauhtémoc. Se designa comisión.
Invitación al acto cívico conmemorativo del CLXV aniversario luctuoso de doña Josefa Ortiz de Domínguez. Se designa comisión.
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Comunicación del Congreso estatal, informando de actividades propias de su legislatura. De enterado.
ESTADO DE MICHOACÁN
Comunicación del Congreso estatal, informando de actividades propias de su legislatura. De enterado.
ESTADO DE QUINTANA ROO
Comunicación del Congreso estatal, informando de actividades propias de su legislatura. De enterado
GOBIERNO DE BELICE
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que comunica que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos nombró al ciudadano Víctor Manuel Solano Montaño, embajador extraordinario y plenipotenciario de México, ante ese país. Se turna a la Segunda Comisión.
REPÚBLICA FRANCESA
Oficio de la Secretaría de Gobernación, solicitando el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Enrique Armando Ross Domínguez pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de ese país. Se turna a la Primera Comisión.
REPÚBLICA DE LITUANIA
Oficio de la Secretaría de Gobernación, solicitando el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Dominique Verut, pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de ese país en México, con excepción del Estado de Sinaloa. Se turna a la Primera Comisión.
REPÚBLICA DE ITALIA
Oficio de la Secretaría de Gobernación, solicitando el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Esperanza González de Greganti, pueda aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de ese país en los estados de Chiapas y Oaxaca. Se turna a la Primera Comisión.
RATIFICACIÓN DE GRADOS MILITARES
Siete oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que remite las hojas de servicios de los ciudadanos: Guillermo Martínez Nolasco, Carlos Calnacasco Santamaría, Rafael Paz del Campo, Alfredo Fregoso Cortés, Carlos García Priani, Eduardo Sánchez Rodríguez y Armando Sánchez Balderas, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnan a la Segunda Comisión.
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto, con el que se concede el permiso constitucional necesario para que las ciudadanas Margot Caballero Brousset, Marigloria Claudia Casado Molina e Inés de los Angeles Hori Cicero, puedan prestar sus servicios en la Embajada de ese país en México. Es de primera lectura.
REPÚBLICA DE CUBA
Dictamen de la Segunda Comisión, con proyecto de decreto con punto de acuerdo para ratificar el nombramiento del licenciado Carlos Alejandro Tello Macías, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México, ante el Gobierno de ese país. Se turna al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (II)
Dictamen de la Segunda Comisión, con proyecto de decreto con punto de acuerdo para ratificar el nombramiento del licenciado José Evaristo Ramón Xílotl Ramírez, como cónsul general de México en San Diego, California Estados Unidos de América. Se turna al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
Dictamen de la Segunda Comisión, con proyecto de decreto con punto de acuerdo para ratificar el nombramiento de la licenciada Martha Irene Lara Alatorre, como cónsul general de México en Miami, Florida Estados Unidos de América. Se turna al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
RATIFICACIÓN DE GRADOS MILITARES (II)
Siete dictámenes de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo relativos a la ratificación de los grados militares de los ciudadanos Antonio Clemente Fernández Peniche, Rolando Eugenio Hidalgo Eddy, Federico Juárez Santos, Benito Humberto Reyes Ama, Carlos Enrique Adam Yabur, Manuel Eleazar Castro Gómez y Egberto Parra Arias. Aprobados. Comuníquese al Ejecutivo.
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
Oficio de ese instituto político, con el que retira firmas de un documento que se refiere a la empresa Televisa y en relación con la libertad de expresión. Se turna a la Primera Comisión.
Comentan este documento, los legisladores:
Laura Alicia Garza Galindo
Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo
Juan Ramiro Robledo Ruiz
Francisco José Paoli Bolio
José de Jesús Martín del Campo Castañeda
Laura Alicia Garza Galindo, para rectificar hechos.
Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez
Juan José Rodríguez Prats
José de Jesús Martín del Campo Castañeda, para rectificar hechos.
Juan José Rodríguez Prats, para rectificar hechos.
Juan Ramiro Robledo Ruiz
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS
Expresan sus opiniones sobre la reunión extraordinaria de ese organismo internacional, los legisladores:
José de Jesús Martín del Campo Castañeda
Raúl Enrique Carrillo Silva
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo
COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
Oficio de ese organismo, informando sobre los acontecimientos en el Estado de Chiapas. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y se corre traslado a la Primera Comisión de la Comisión Permanente.
ESTADO DE CHIAPAS
Sobre los acontecimientos en esa entidad, hablan los legisladores:
Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez
Manuel Díaz Cisneros
José de Jesús Martín del Campo Castañeda
Se turna este documento a la Comisión Plural.
PROCESOS ELECTORALES
Sobre el tema hablan los legisladores:
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo
Rodolfo Echeverría Ruiz
Alberto Marcos Carrillo Armenta
José de Jesús Martín del Campo Castañeda
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
Presidencia de la diputada María de los Angeles Moreno Uriegas
ASISTENCIA
La Presidenta:
Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.
El secretario diputado Francisco José Paoli Bolio:
Se va a proceder a pasar lista de asistencia de los miembros de la Comisión Permanente.
Señora Presidenta, hay una asistencia de 28 legisladores. Hay quórum.
APERTURA
La Presidenta (a las 12.00 horas):
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El secretario diputado Francisco José Paoli Bolio:
Se va a dar lectura al orden del día.
«Comisión Permanente. - Primer Receso. - Tercer Año. - LV Legislatura.
Orden del día
23 de febrero de 1994.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del CDLXIX aniversario luctuoso del último emperador azteca, Cuauhtémoc, tendrá lugar el 28 de febrero a las 11.00 horas.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del CLXV aniversario luctuoso de doña Josefa Ortiz de Domínguez, tendrá lugar el 2 de marzo a las 11.00 horas.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Baja California, Michoacán y Quintana Roo.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Por el que se comunica que el ciudadano Presidente de la República, nombró al ciudadano Víctor Manuel Solano Montaño, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México, ante el Gobierno de Belice.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Enrique Armando Ross Domínguez, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional al Mérito, en grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de la República Francesa.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Dominique Verut, pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de Lituania, en México con circunscripción consular en toda la República Mexicana, con excepción del Estado de Sinaloa.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Esperanza González de Greganti, pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de Italia, en la ciudad de Oaxaca, con circunscripción consular en los estados de Chiapas y Oaxaca.
Siete con los que se remiten las hojas de servicios de los ciudadanos Guillermo Martínez Nolasco, Carlos Calnacasco Santamaría, Rafael Paz del Campo, Alfredo Fregoso Cortés, Carlos García Priani, Eduardo Sánchez Rodríguez y Armando Sánchez Balderas, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dictámenes de primera lectura
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Margot Caballero Brousset, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a las ciudadanas Marigloria Claudia Casado Molina e Inés de los Angeles Hori Cicero, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Dictámenes a discusión
De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Carlos Alejandro Tello Macías, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México, ante el Gobierno de la República de Cuba.
De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano José Evaristo Ramón Xílotl Ramírez, como cónsul general de México, en San Diego California, E.U.A.
De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento de la ciudadana Martha Irene Lara Alatorre, como cónsul general de México, en Miami, Florida, E.U.A.
Siete, de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados a los ciudadanos Antonio Clemente Fernández Peniche, Rolando Eugenio Hidalgo Eddy, Federico Juárez Santos, Benito Humberto Reyes Ama, Carlos Enrique Adame Yabur, Manuel Eliezer Castro Gómez y Egberto Parra Arias.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El secretario senador José Ramón González León:
Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el día dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.
Presidencia de la diputada María de los Angeles Moreno Uriegas
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las once horas con cincuenta y tres minutos del día dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, con una asistencia de veintiséis legisladores, la Presidenta declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, misma que sin discusión se aprueba en sus términos en votación económica.
Se da cuenta de la solicitud de licencia del diputado Julián Luzanilla Contreras y la Asamblea, en votación económica, aprueba el punto de acuerdo respectivo. Comuníquese a la Cámara de Diputados.
Una invitación del Departamento del Distrito Federal, al acto cívico conmemorativo del octagésimo primer aniversario luctuoso de José María Pino Suárez. Se designa comisión para representar a la Comisión Permanente.
Diversas comunicaciones de los congresos de los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas y Yucatán, con las que informan de actividades propias de sus legislaturas. De enterado.
Informe del Banco de México, correspondiente al movimiento diario que durante el cuarto trimestre de mil novecientos noventa y tres, tuvo el financiamiento interno de esa institución y la cuenta general de la Tesorería de la Federación. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, de la Cámara de Diputados y a la de Hacienda de la Cámara de Senadores.
Un oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que remite los informes sobre la situación económica, las finanzas y la deuda públicas, correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y tres. Se turna a las mismas comisiones que el anterior.
Se da lectura a un oficio del Departamento del Distrito Federal, con el que remite el informe trimestral del avance del programa presupuesto de esa dependencia al treinta y uno de diciembre del año próximo pasado. Se turna a las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y a la del Distrito Federal de la Cámara de Diputados y a las de Hacienda y del Distrito Federal de la Cámara de Senadores.
La misma Secretaría da lectura a seis oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que se remiten las hojas de servicios de un número igual de ciudadanos mexicanos, para los efectos de la fracción séptima del artículo setenta y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Segunda Comisión.
Otro oficio de la misma Secretaría, solicitando el permiso constitucional necesario para que las ciudadanas Claudia Casado Molina e Inés de los Angeles Hori Cicero puedan prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. Se turna a la Primera Comisión.
Se da primera lectura a un dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto con el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Eduardo Rihan Azar pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de Islandia en México.
También se da primera lectura a un dictamen de la misma Comisión, con proyecto de decreto con el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Bernardo de Jesús Saldaña Téllez pueda prestar sus servicios en el Consulado de la República Popular de China en Tijuana, Baja California.
Se someten a discusión y sin ella se aprueban en sendas votaciones económicas, ocho dictámenes de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo con los que se ratifican los grados militares a los ciudadanos Félix Jaime Pérez y Elías, Agustín Ortega Martín del Campo, Alfredo Alexandres Santín, Mariano Francisco Saynez Mendoza, Raúl Arévalo Gallegos, Miguel Lizárraga Bolio, Genaro Ambia Martínez y Tito Valencia Ortiz. Comuníquese al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.
Se da segunda lectura a un dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto relativo a la designación de magistrados suplentes de salas regionales del Tribunal Federal Electoral.
Para expresar la posición del Partido Popular Socialista, al respecto, hace uso de la palabra el diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo y la Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen, por lo que la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por veinticinco votos. Se turna al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.
La Presidenta informa que a las puertas del salón se encuentran los magistrados suplentes José Humberto Ortiz Salazar y Roberto Guerrero Reyes y designa una comisión que los introduzca y los acompañe en el acto de rendir su protesta de ley. Terminado el acto protocolario, la misma Comisión acompaña a los magistrados suplentes hasta las puertas del recinto.
Para comentar diversos acontecimientos del Estado de Tabasco, se concede el uso de la palabra a los legisladores Juan José Rodríguez Prats, del Partido Revolucionario Institucional, en tres ocasiones y Porfirio Muñoz Ledo, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones, en la segunda de las cuales, desde su curul, el diputado Rodríguez Prats, hace diversas aclaraciones.
Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado Juan de Dios Castro Lozano, quien se refiere a acontecimientos en el Estado de Durango.
Para comentar el estado de derecho en México, hacen uso de la palabra los legisladores Laura Alicia Garza Galindo, del Partido Revolucionario Institucional; Jesús Martín del Campo Castañeda, del Partido de la Revolución Democrática; Laura Alicia Garza Galindo, del Partido Revolucionario Institucional, para rectificar hechos; Alejandro Encinas Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos y contestar a una interpelación del diputado Nemi Dib; Alberto Carrillo Armenta, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y Jorge Tovar Montañez, del Partido Popular Socialista.
Para comentar lo que fue calificado como difícil situación criminal en el Estado de Sinaloa, hacen uso de la palabra los legisladores Esteban Zamora Camacho, del Partido Acción Nacional, en tres ocasiones; Gustavo Guerrero Ramos, del Partido Revolucionario Institucional y Juan Antonio Nemi Dib, del mismo partido, en dos ocasiones.
Comentan los conflictos municipales en el Estado de Chiapas, los legisladores Jesús Martín del Campo Castañeda, del Partido de la Revolución Democrática y Manuel Díaz Cisneros, del Partido Revolucionario Institucional.
Se concede el uso de la palabra al diputado Alejandro Encinas Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática, quien comenta lo que llamó política de globalización hemisférica del Gobierno mexicano y solicita la comparecencia de los titulares de Comercio y Fomento Industrial y de Relaciones Exteriores.
Sobre el mismo tema, hace uso de la palabra el senador Miguel Alemán Velasco, del Partido Revolucionario Institucional y, posteriormente, la Asamblea rechaza la proposición del diputado Encinas, en votación económica.
Para comentar la problemática de los discapacitados, suben a la tribuna los legisladores Layda Sansores San Román, del Partido Revolucionario Institucional; Jorge Tovar Montañez, del Partido Popular Socialista; Alejandro Encinas Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática, quien solicita una excitativa a las comisiones que tienen en estudio una iniciativa de reformas al artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Presidenta turna la solicitud a la Cámara de Diputados; Adolfo Kunz Bolaños, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y Felipe Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional.
Se turna el debate a la Cámara de Diputados.
Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura a una solicitud firmada por los miembros de la Comisión Permanente, a fin de que se turne a la Primera Comisión, para anexarlo al dictamen pendiente sobre libertad de expresión, el veto en contra de la empresa Televisa.
La Asamblea acepta la solicitud que se turna a la Comisión mencionada.
Agotados los asuntos en cartera y no habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y la Presidenta clausura la de hoy a las diecisiete horas con veintinueve minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo miércoles veintitrés de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, a las once horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señora Presidenta.
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO
El secretario senador José Ramón González León:
Se va a dar lectura a dos invitaciones.
«Ciudadana diputada María de los Angeles Moreno Uriegas, Presidenta de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presente.
El Departamento del Distrito Federal, por conducto de esta dirección general, ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del CDLXIX aniversario luctuoso del último emperador azteca Cuauhtémoc, que tendrá lugar en el monumento a Cuauhtémoc, ubicado en avenida Paseo de la Reforma e Insurgentes, el día 28 de febrero a las 11.00 horas.
Por tal motivo, de la manera más atenta me permito solicitarle tenga a bien girar sus respetables indicaciones a efecto de que un representante de esa Comisión Permanente que usted preside, asista a la ceremonia de referencia.
Agradezco las atenciones que se sirva dar al presente y le reitero a usted las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Dirección de Acción Cívica, licenciado Gerardo González Camarena.»
La Presidenta:
Para asistir en representación de esta honorable Comisión Permanente, esta Presidencia designa al diputado Tomás Osorio Avilés.
El secretario senador José Ramón González León:
«Ciudadana diputada María de los Angeles Moreno Uriegas, Presidenta de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presente.
El Departamento del Distrito Federal, por conducto de esta Dirección General, ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del CLXV aniversario luctuoso de doña Josefa Ortiz de Domínguez, que tendrá lugar en el monumento erigido a su memoria en la Plaza de Santo Domingo, Delegación Política Cuauhtémoc, el día 2 de marzo a las 11.00 horas.
Por tal motivo, de la manera más atenta me permito solicitarle tenga a bien girar sus respetables indicaciones a efecto de que un representante de esa Comisión Permanente que usted preside, asista a la ceremonia de referencia.
Agradezco las atenciones que se sirva dar al presente y le reitero las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Dirección de Acción Cívica, licenciado Gerardo González Camarena.»
La Presidenta:
Para asistir en representación de esta honorable Comisión Permanente, esta Presidencia designa al senador José Ramón González León.
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
El secretario diputado Francisco José Paoli Bolio:
Se va a dar lectura a varias comunicaciones.
«Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Poder Legislativo del Estado de Baja California. XIV Legislatura Constitucional.
Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México D.F.
No es satisfactorio comunicar a usted que la honorable XIV Legislatura del Estado de Baja California, clausuró el día 31 de enero del año en curso, su Primer Período de Sesiones Ordinarias correspondiente al Segundo Año de su Ejercicio Constitucional; asimismo, que la Comisión Permanente designada para fungir durante el receso que se inicia el día de hoy y concluye el día 31 de marzo del presente año, quedó integrada en la forma siguiente:
Diputados: presidente, Rodolfo Fierro Márquez; vicepresidente, Rafaela Martínez Cantú; secretario, Carlos Flores Reyes; suplentes: Francisco Javier Zepeda Villaseñor, César Mancillas Hernández y César Alejandro Monraz Sustaita.
Al hacer de su conocimiento lo anterior, aprovechamos la oportunidad para reiterar a usted, las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Mexicali, Baja California, febrero 1o. de 1994. La Comisión Permanente; diputados: Rodolfo Fierro Márquez, presidente; Carlos Flores Reyes, secretario.»
De enterado.
ESTADO DE MICHOACÁN
El secretario senador José Ramón González León:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo. - Morelia. - Secretaría.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México D.F.
La LXVI Legislatura constitucional del honorable Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, comunica a ustedes que en sesión celebrada el día 27 de enero anterior, se eligió a la mesa directiva que fungirá durante el mes de febrero del año en curso, la cual quedó integrada de la forma siguiente:
Diputados: presidente, Manuel Trejo García y vicepresidente, Antonio Soto Sánchez.
Lo que hacemos de su conocimiento para los efectos a que haya lugar.
Morelia Michoacán, a 31 de enero de 1994.
Atentamente.
El oficial mayor del honorable Congreso del Estado, licenciado Benito Monroy Alvarez.»
De enterado.
ESTADO DE QUINTANA ROO
El secretario diputado Francisco José Paoli Bolio:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. - Ciudad Chetumal, Quintana Roo, México.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal.
La VII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, por este medio se permite comunicar que en sesión ordinaria celebrada el día 24 de enero de 1994, clausuró su segundo período de sesiones ordinarias, correspondiente al primer año de ejercicio constitucional, así mismo eligió la mesa directiva de la diputación permanente, quedando integrada por los ciudadanos diputados: presidente, Primitivo Alonso Alcocer; secretarios: Tito Raúl García Aguilar y Luis Manuel Romero Rivera.
Quienes fungirán durante el período de receso que comprende del 25 de enero al 25 de marzo de 1994.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Ciudad Chetumal, Quintana Roo, 26 de enero de 1994. El oficial mayor del honorable Congreso del Estado, Angel de Jesús Marín Carrillo.»
De enterado.
GOBIERNO DE BELICE
El secretario diputado Francisco José Paoli Bolio:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
Con fecha 14 del actual, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a ésta de Gobernación lo siguiente:
En uso de las facultades que le concede el artículo 89 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el ciudadano Presidente de la República ha tenido a bien designar al ciudadano Víctor Manuel Solano Montaño, embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Gobierno de Belice. En consecuencia, he de agradecer a usted se sirva solicitar en los términos de la fracción VII, del artículo 79 constitucional la ratificación de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, para este nombramiento. Con este fin le envío adjunto los datos biográficos del interesado.
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, enviándoles con el presente los anexos que en el mismo se mencionan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección. - México, Distrito Federal, 17 de febrero de 1994. - Por acuerdo del ciudadano secretario. - El director general de Gobierno, licenciado Jorge A. Stergios Gómez.»
La Presidenta:
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
REPÚBLICA FRANCESA
El secretario senador José Ramón González León:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
A continuación transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 7 del actual:
El ciudadano Enrique Armando Ross Domínguez, solicita se tramite ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado B, del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para aceptar y usar la condecoración de la orden nacional al mérito, en grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de la República Francesa. Para tal efecto y a fin de que se integren en su expediente, remito a usted carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, acta de nacimiento, curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la condecoración relativa.
Al comunicar a ustedes lo anterior, envío con el presente los anexos que en el mismo se citan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección. - México, Distrito Federal, 14 de febrero de 1994. - Por acuerdo del ciudadano Secretario. - El director general de Gobierno, licenciado Jorge A. Stergios Gómez.»
La Presidenta:
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
REPÚBLICA DE LITUANIA
El secretario senador José Ramón González León:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
Con fecha 24 de enero último, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a ésta de Gobernación lo siguiente:
Adjunto al presente me es grato remitir a usted la solicitud del señor Dominique Verut, a fin de que tenga a bien disponer se gestione ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere el artículo 37, inciso B, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que pueda desempeñar el cargo de cónsul
honorario de Lituania en México, con circunscripción consular en toda la República Mexicana, con excepción del Estado de Sinaloa. Para tal efecto, se anexa también acta de nacimiento original, carta de vecindad, curriculum vitae y notificación de nombramiento del interesado."
Lo que hago del conocimiento de ustedes para los fines legales procedentes, enviándoles además con el presente los anexos que en el mismo se mencionan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. - No Reelección. - México, Distrito Federal, 15 de febrero de 1994. - Por acuerdo del ciudadano secretario.
El director General de Gobierno, licenciado Jorge A. Stergios Gómez.»
La Presidenta:
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
REPÚBLICA DE ITALIA
El secretario senador José Ramón González León:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
En oficio fechado el 31 de enero próximo pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta de Gobernación, manifestando lo siguiente:
"Adjunto al presente me es grato remitir a usted la solicitud de la señora Esperanza González de Greganti, a fin de que tenga a bien disponer se gestione ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere el artículo 37, inciso B, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de Italia en la ciudad de Oaxaca, con circunscripición consular en los estados de Chiapas y Oaxaca. Para tal efecto se anexa también acta de nacimiento original, carta de vecindad, curriculum vitae y notificación de nombramiento de la interesada."
Al comunicar a ustedes lo anterior, envío con el presente los anexos que en el mismo se citan, para los fines legales procedentes.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección. - México, Distrito Federal, 14 de febrero de 1994. - Por acuerdo del ciudadano Secretario. - El director General de Gobierno, licenciado Jorge A. Stergios Gómez.»
La Presidenta:
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
Se ruega atentamente a los legisladores presentes así como a los distinguidos visitantes, guarden orden, compostura y silencio, para poder continuar con nuestra sesión.
RATIFICACIÓN DE GRADOS MILITARES
El secretario senador José Ramón González León:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de la Defensa, dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 2 del actual:
"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general de brigada diplomado de Estado Mayor Guillermo Martínez Nolasco....... (3467636), que en diecisiete fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo, para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Al comunicar a ustedes lo anterior, les envío con el presente la hoja de servicios a que se hace referencia.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección. - México, Distrito Federal, 17 de febrero de 1994. - Por acuerdo del ciudadano secretario. - El director
General de Gobierno, licenciado Jorge A. Stergios Gómez.»
La Presidenta:
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
El secretario senador José Ramón González León:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
En oficio fechado el día 2 del actual, la Secretaría de la Defensa Nacional, manifiesta a ésta de Gobernación lo siguiente:
"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general de brigada de Justicia Militar y licenciado Carlos Calnacasco Santamaría..... (459841), que en dieciséis fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo, para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que hago del conocimiento de ustedes para los fines legales procedentes, enviándoles con el presente el anexo que se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección. - México, Distrito Federal, 9 de febrero de 1994. - Por acuerdo del ciudadano Secretario. - El director General de Gobierno, licenciado Jorge A. Stergios Gómez.»
La Presidenta:
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
El secretario senador José Ramón González León:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional, se ha dirigido a esta de gobernación, con fecha 20 de enero último, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general de brigada intendente Diplomado de Estado Mayor Rafael Paz del Campo (4748822), que en diecisiete fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo, para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, acompañándoles al presente el anexo que en el mismo se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección. - México, Distrito Federal, 9 de febrero de 1994. - Por acuerdo del ciudadano secretario. - El director General de Gobierno, licenciado Jorge A. Stergios Gómez.»
La Presidenta:
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
El secretario senador José Ramón González León:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
Con fecha 2 del actual, la Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general brigadier Diplomado de Estado
Mayor Alfredo Fregoso Cortes (5528010), que en dieciséis fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo, para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, enviándoles con el presente el anexo que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección. - México, Distrito Federal, 9 de febrero de 1994. - Por acuerdo del ciudadano Secretario. - El director General de Gobierno, licenciado Jorge A. Stergios Gómez.»
La Presidenta:
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
El secretario senador José Ramón González León:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
En oficio fechado el 2 del actual, la Secretaría de la Defensa Nacional, manifiesta a ésta de Gobernación lo siguiente:
"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general brigadier Diplomado de Estado Mayor Carlos García Priani (5000967), que en 15 fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo, para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que hago del conocimiento de ustedes para los fines legales procedentes, enviándoles con el presente el anexo que se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 9 de febrero de 1994. - Por acuerdo del ciudadano Secretario. El director general de Gobierno, licenciado Jorge A. Stergios Gómez.»
La Presidenta:
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
El secretario senador José Ramón González León:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional, dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 5 del actual:
"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del extinto general brigadier Eduardo Sánchez Rodríguez (5000841), que en 14 fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo, para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Al comunicar a ustedes lo anterior, les envío con el presente la hoja de servicios a que se hace referencia.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 9 de febrero de 1994. - Por acuerdo del ciudadano Secretario. El director general de Gobierno, licenciado Jorge A. Stergios Gómez.»
La Presidenta:
Recibo y Túrnese a la Segunda Comisión.
El secretario senador José Ramón González León:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
A continuación transcribo a ustedes, oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional, dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 2 del actual:
"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general brigadier Armando Sánchez Balderas (495363), que en diecisiete fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo, para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que hago del conocimiento de ustedes para los fines legales procedentes, enviándoles con el presente el anexo que se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 9 de febrero de 1994. - Por acuerdo del ciudadano Secretario. - El director general de Gobierno, licenciado Jorge A. Stergios Gómez.»
La Presidenta:
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
El secretario diputado Francisco José Paoli Bolio:
Se va a dar lectura a un dictamen.
«Primera Comisión
Honorable Asamblea: en oficio fechado el día 26 de enero del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Margot Caballero Brousset, pueda prestar servicios como asistenta de contabilidad, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
En sesión celebrada en esta fecha por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 9 de febrero, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento;
b) Que los servicios que la interesada prestará en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México, serán de carácter administrativo.
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Margot Caballero Brousset, para prestar servicios como asistente de contabilidad, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, D.F., a 10 de febrero de 1994. - Diputado Gustavo Carvajal Moreno, presidente; diputado Jesús Martín del Campo, secretario; diputados: Juan de Dios Castro Lozano, Adolfo Kunz Bolaños, Juan Ramiro Robledo Ruiz; senadores: Ernesto Luque Feregrino, Carlos Jiménez Macías, Silvia Hernández, Oscar Ramírez Mijares y Roberto Anzar Martínez.»
Es de primera lectura.
Otro dictamen de primera lectura.
«Primera Comisión
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 2 de febrero del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que las ciudadanas Marigloria Claudia Casado Molina e Inés de los Angeles Hori Cicero, puedan prestar servicios como operadora de computación y asistente de contabilidad, en la embajada de los Estados Unidos de América, en México, respectivamente.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el día 16 de febrero, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que las peticionarias acreditan su nacionalidad mexicana con las copias certificadas de sus actas de nacimiento;
b) Que los servicios que las interesadas prestarán en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México, serán de carácter administrativo.
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana Marigloria Claudia Casado Molina, para prestar servicios como operadora de computación, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana Inés de los Angeles Hori Cicero, para prestar servicios como asistente de contabilidad, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, D.F., a 17 de febrero de 1994. - Diputado Gustavo Carvajal Moreno, presidente; diputado Jesús Martín del Campo, secretario; diputados: Juan de Dios Castro Lozano, Adolfo Kunz Bolaños, Juan Ramiro Robledo Ruiz; senadores: Ernesto Luque Feregrino, Carlos Jiménez Macías, Silvia Hernández, Oscar Ramírez Mijares y Roberto Anzar Martínez.»
Es de primera lectura.
REPÚBLICA DE CUBA
El secretario diputado Francisco José Paoli Bolio:
Dictamen a discusión, de la Segunda Comisión.
«Segunda Comisión
Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente el expediente integrado al nombramiento que el Presidente de la República hace en favor del licenciado Carlos Alejandro Tello Macías, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Gobierno de la República de Cuba, enviado a esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la fracción XVI del artículo 89 de la propia Carta Magna.
Después de haber analizado el nombramiento en cuestión y los documentos que integran el expediente respectivo, esta Comisión desea señalar que de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento presentada por el nombrado, consta que el licenciado Carlos Alejandro Tello Macías nació en la ciudad de Ginebra, Suiza, el 4 de noviembre de 1938, siendo hijo de padres mexicanos. En tal virtud, reúne los requisitos de nacionalidad por nacimiento y edad mínima que se requieren para desempeñar el cargo para el que ha sido designado. A su vez, se encuentra en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
Por otra parte, en su curriculum vitae se establece que obtuvo el título de bachiller en Ciencias por la Universidad de Georgetown, en Washington, D.C. Posteriormente, cursó la Maestría en Ciencias en la Universidad de Columbia, de Nueva York. Además, ha realizado estudios en los siguientes países: Gran Bretaña, República Democrática de Alemania, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Polonia y Japón.
Los miembros de la Comisión dictaminadora estiman pertinente mencionar que el licenciado Tello Macías cuenta con una amplia experiencia profesional en el servicio del Estado mexicano. Así, se desempeñó como economista en el Departamento de Captación del Ahorro Externo en Nacional Financiera, S.A., en 1959; economista en la Junta de Gobierno de los Organismos y Empresas del Estado de la Secretaría del Patrimonio Nacional, de 1960 a 1961; ocupó el cargo de asesor del subsecretario de la Secretaría de la Presidencia, de 1965 a 1970; fungió como subdirector general de Crédito de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de 1971 a 1974. Posteriormente, fue subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de 1975 a 1976; ocupó el cargo de Secretario de Programación y Presupuesto, de 1976 a 1977; fungió como director general de Financiera Nacional Azucarera, S.A., de 1978 a 1982; se desempeñó como director general del Banco de México de septiembre a noviembre de 1982; y fue presidente del Consejo Consultivo del Programa Nacional de Solidaridad, de 1989 a 1990.
Esta Comisión desea resaltar la trayectoria que el licenciado Tello Macías ha tenido en el Servicio Exterior Mexicano al haber actuado como Embajador de nuestro país ante los siguientes gobiernos: Portugal, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Mongolia, Rusia, Armenia, Belarus, Georgia y Ucrania.
Los miembros de la Comisión que suscribe estiman oportuno indicar que el licenciado Tello Macías tiene una importante experiencia en materia docente, al haber impartido cátedra en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Colegio de México, en el CEMLA, en la República Dominicana y en España. También es pertinente señalar que el licenciado Tello Macías ha sido investigador en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, investigador huésped en el Wilson Center, de Washington, D.C., e investigador visitante en el Centro para los Estudios México Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego.
Asimismo, es autor de los siguientes libros: " La tenencia de la tierra en México", "La política económica en México", "La disputa por la Nación", "Las relaciones México - Estados Unidos", "La desigualdad en México", "La nacionalización de la banca en México", "El auge petrolero: de la euforia al desencanto", "Informe sobre la crisis", "Crisis financiera y mecanismos de contención" y "La polémica en la URSS". Además ha publicado varios artículos en revistas de México y el extranjero.
En acatamiento al acuerdo tomado por la honorable Cámara de Senadores el 22 de diciembre de 1982 y continuado por la Comisión Permanente para la elaboración de dictámenes referentes a ratificaciones de nombramientos diplomáticos la Comisión que suscribe citó al licenciado Tello Macías a una reunión en donde se conversó sobre la política exterior de nuestro país, la circunstancia internacional en que se desenvuelve y, en forma especial, el estado que en la actualidad guarda la relación de México con el Gobierno de la República de Cuba.
Dicha reunión tuvo verificativo el día de hoy y en la misma los legisladores que integramos la Comisión que dictamina, dialogamos ampliamente sobre los citados temas con el Embajador nombrado, pudiendo comprobar por este medio el grado de experiencia y preparación que ha obtenido a lo largo de su desempeño profesional. De igual forma quedó de manifiesto su vocación y voluntad de servicio a la República.
En la citada entrevista, el Embajador designado demostró su conocimiento sobre la realidad política, económica, social y cultural de Cuba, así como del momento actual y perspectivas de la relación bilateral mexicano - cubana. A su vez, expuso con solvencia diversos puntos de vista y opiniones que reflejan tanto su nivel de información, como una firme convicción en los principios que rigen la política exterior de nuestra Patria.
Con base en el expediente mencionado y la entrevista referida, los legisladores miembros de la Comisión que suscribe hemos podido constatar que el licenciado Tello Macías posee los requisitos ordenados por el artículo 20 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano para ser designado Embajador.
Por lo antes expuesto, los suscritos miembros de la Comisión consideramos que el licenciado Tello Macías, reúne en su persona las cualidades y méritos suficientes para el buen ejercicio del cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Gobierno de la República de Cuba, por lo que nos permitimos someter a la consideración de esta honorable Asamblea la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. En uso de las facultades que le confiere la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió en favor del licenciado Carlos Alejandro Tello Macías, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Gobierno de la República de Cuba.
Sala de audiencias públicas "Presidente Sebastián Lerdo de Tejada" de la honorable Cámara de Senadores. - México, D. F., 21 de febrero de 1994. - Segunda Comisión: senador Humberto Lugo Gil, presidente; diputado Gabriel Jiménez Remus, secretario; diputados: Alberto Carrillo Armenta, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Laura Alicia Garza Galindo, Javier Garduño Pérez, Juan Moisés Calleja García; senadores: Víctor Manuel Tinoco Rubí, Porfirio Muñoz Ledo, Miguel Alemán Velasco y Alger León Moreno.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
La Presidenta:
Se encuentra a las puertas de este Recinto, el ciudadano Carlos Alejandro Tello Macías, cuyo nombramiento como embajador extraordinario y plenipotenciario de México, ante el Gobierno de la República de Cuba, acaba de ser aprobado por esta Asamblea.
Para que lo introduzcan en este salón y lo acompañen a rendir la protesta de Ley, se designa en Comisión a los siguientes legisladores: senador Alger León Moreno, senador Raúl Enrique Carrillo Silva, diputado Gabriel Jiménez Remus, diputado Alejandro Encinas Rodríguez, diputado Alberto Carrillo Armenta y diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.
Se ruega a la Comisión designada, cumpla con su cometido.
El secretario Francisco José Paoli Bolio:
Se ruega a los presentes ponerse de pie.
La Presidenta:
Ciudadano Carlos Alejandro Tello Macías, ¿protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de México, ante el Gobierno de la República de Cuba, que se os ha conferido, y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión?
El ciudadano Carlos Alejandro Tello Macías:
Sí, protesto.
La Presidenta:
Si no lo hiciereis así, la Nación os lo demande.
Se ruega a la Comisión designada, acompañar al Embajador cuando desee retirarse de este recinto.
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (II)
El secretario senador José Ramón González León:
Se va a dar lectura a un nombramiento.
«Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: A la Comisión que suscribe fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente el expediente integrado al nombramiento que el ciudadano Presidente de la República hace en favor del licenciado José Evaristo Ramón Xílotl Ramírez, como Cónsul General de México en San Diego, California, Estados Unidos de América, enviado a esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la fracción XVI del artículo 89 de la propia Carta Magna.
Después de haber analizado el nombramiento en cuestión y los documentos que integran el expediente respectivo, esta Comisión desea señalar que de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento presentada por el nombrado, consta que el licenciado Xílotl Ramírez, nació en la ciudad de Atlixco, Estado de Puebla, el veintiséis de octubre de mil novecientos cincuenta. En tal virtud, reúne los requisitos de nacionalidad por nacimiento y edad mínima que se requieren para desempeñar el cargo para el que ha sido designado. A su vez, se encuentra en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
En su curriculum vitae se establece que obtuvo el título de licenciado en derecho por la Universidad Autónoma de Puebla. Posteriormente, realizó un curso especial sobre derecho internacional, impartido por el Comité Jurídico Interamericano con sede en Río de Janeiro, Brasil.
Los miembros de la comisión dictaminadora deseamos mencionar que en la Secretaría de Relaciones Exteriores el Cónsul General designado se ha desempeñado como Jefe de Departamento en la Dirección General de Asuntos Consulares, de 1980 a 1982; como subdirector general de servicios consulares de la Dirección General de Protección y Servicios Consulares, de 1983 a 1987; y como director de área en la misma dirección, de 1987 a 1988.
Es pertinente señalar que el licenciado Xílotl Ramírez ingresó al Servicio Exterior Mexicano de Carrera, por concurso en 1975 y ha ascendido por riguroso escalafón y méritos. En tal virtud, en el exterior ha estado adscrito a los consulados generales de México en Chicago, Illinois y en Río de Janeiro, Brasil. A partir de febrero de 1988 fue ascendido a cónsul general, y en abril de ese año fue designado como titular en nuestro
Consulado General en Houston, Texas; en la actualidad se venía desempeñando como encargado de la sección consular en nuestra representación diplomática en Washington, D.C.
En lo que se refiere a su actividad docente, podemos mencionar que impartió clases de sociología mexicana y nociones de ética en la preparatoria del Centro Escolar Aparicio de la ciudad de Puebla; e igualmente fue catedrático de derecho civil, derecho constitucional y derecho del trabajo en la Escuela de Administración de Empresas de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Además, es autor de las siguientes obras: "Deontología Jurídica", "Derecho Consular Mexicano" y "Ensayos Jurídicos Consulares".
En acatamiento del acuerdo tomado por la honorable Cámara de Senadores el 22 de diciembre de 1982 y continuado por la Comisión Permanente para la elaboración de dictámenes referentes a ratificaciones de nombramientos diplomáticos, la Comisión que suscribe citó al licenciado Xílotl Ramírez a una reunión en donde se conversó sobre la política exterior de nuestro país, la circunstancia internacional en que se desenvuelve y, en forma especial, la situación de la ciudad de San Diego, como un punto estratégico para la promoción de los intereses de México en materia económica, financiera, comercial y cultural.
Dicha reunión tuvo verificativo el día de hoy, y en la misma los legisladores que integramos la Comisión que dictamina, dialogamos ampliamente sobre los citados temas con el cónsul general designado, pudiendo comprobar por este medio el grado de experiencia y preparación que ha obtenido a lo largo de su desempeño profesional. De igual forma, quedó de manifiesto su vocación y voluntad de servicio a la República.
En la citada entrevista, el licenciado Xílotl Ramírez demostró un conocimiento detallado sobre la realidad política, económica, social y cultural de la ciudad de San Diego, así como del área comprendida dentro de la jurisdicción del Consulado General. A su vez, expuso con solvencia diversos puntos de vista y opiniones que reflejan tanto su nivel de conocimiento, como una firme convicción en los principios que rigen la política exterior de nuestra Patria.
Con base en el expediente mencionado y la entrevista referida, los legisladores miembros de la Comisión que suscribe hemos podido constatar que el licenciado Xílotl Ramírez, posee los requisitos ordenados por el artículo 20 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano para ser designado cónsul general.
Por lo antes expuesto, los suscritos miembros de la Comisión consideramos que el licenciado Xílotl Ramírez reúne en su persona las cualidades y méritos suficientes para el buen ejercicio del cargo de cónsul general de México en San Diego, California, por lo que nos permitimos someter a la consideración de esta honorable Asamblea la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. En uso de las facultades que le confiere la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió en favor del licenciado José Evaristo Ramón Xílotl Ramírez, como cónsul general de México en San Diego, California, Estados Unidos de América.
Sala de audiencias públicas "Presidente Sebastián Lerdo de Tejada" de la honorable Cámara de Senadores. - México, D.F., 21 de febrero de 1994. - Segunda Comisión: senador Humberto A. Lugo Gil, presidente; diputado Gabriel Jiménez Remus, secretario; diputado Alberto Carrillo Armenta, diputados: Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Laura Alicia Garza Galindo, Javier Garduño Pérez, Juan Moisés Calleja García; senadores: Víctor Manuel Tinoco Rubí, Porfirio Muñoz Ledo, Miguel Alemán Velasco y Alger León Moreno.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
La Presidenta:
Se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano José Evaristo Ramón Xílotl Ramírez, cuyo nombramiento como cónsul general de México en San Diego California, Estados Unidos de América, acaba de ser aprobado por esta Asamblea.
Para que lo introduzcan en este salón y lo acompañen a rendir la protesta de Ley, se designa
en Comisión a los siguientes legisladores: senador Miguel Alemán Velasco, diputada Laura Alicia Garza Galindo, diputado José de Jesús Martín del Campo.
Se ruega a la Comisión designada, cumpla con su cometido.
Se ruega a los presentes ponerse de pie, por favor.
La Presidenta:
Ciudadano José Evaristo Ramón Xílotl Ramírez, ¿protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de cónsul general de México en San Diego California, Estados Unidos de América, que se os ha conferido, y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la unión?
El ciudadano José Evaristo Ramón Xilotl Ramírez:
Sí, protesto.
La Presidenta:
Si no lo hiciereis así, la Nación os lo demande.
Se ruega a la Comisión designada, acompañar al señor cónsul cuando desee retirarse de este salón.
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
El secretario diputado Francisco José Paoli Bolio:
Dictamen a discusión, de la Segunda Comisión.
«Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: A la Comisión que suscribe fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente integrado al nombramiento que el Presidente de la República hace en favor de la licenciada Martha Irene Lara Alatorre como cónsul general de México en Miami, Florida, Estados Unidos de América, enviado a esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la fracción XVI del artículo 89 de la propia Carta Magna.
Después de haber analizado el nombramiento en cuestión y los documentos que integran el expediente correspondiente, esta Comisión desea señalar que de acuerdo a la copia certificada del acta de nacimiento presentada por la nombrada, consta que la licenciada Lara Alatorre nació en Ciudad Juárez, Estado de Chihuahua, el diecinueve de julio de mil novecientos cuarenta y tres. En tal virtud, reúne los requisitos de nacionalidad por nacimiento y edad mínima que se requieren para desempeñar el cargo para el que ha sido designada. A su vez, se encuentra en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
Los miembros de la Comisión que suscribe desean mencionar que en el curriculum vitae de la cónsul general nombrada se establece que obtuvo el título de licenciada en letras e idiomas modernos por la Universidad de Nuestra Señora del Lago en San Antonio, Texas. Posteriormente, estudió ciencias diplomáticas en la Universidad Femenina de México y realizó un curso sobre la estructura y funcionamiento de la Organización de Estados Americanos, en la sede de la OEA. Además, llevó a cabo un curso de Comercio Internacional a nivel posgrado en la Universidad de Texas, en Laredo.
Consideramos oportuno señalar que la licenciada Lara Alatorre ingresó al Servicio Exterior Mexicano el 16 de agosto de 1971, obteniendo el rango de vicecónsul, y en base a sus méritos, ha sido promovida a tercer secretario en 1973; a cónsul de segunda en 1975 y a cónsul de primera en 1980. Además, con diversos rangos ha estado adscrita a los consulados generales de México en Houston y El Paso, Texas y en nuestros consulados en Laredo, Texas y Seattle.
En la Secretaría de Relaciones Exteriores, la cónsul general designada ha ocupado los siguientes cargos: secretario auxiliar del subsecretario del ramo, de 1971 a 1973; jefe del Departamento de Asuntos Sociales de la Dirección General de Naciones Unidas, de 1979 a 1980; subdirectora de Asuntos Socioeconómicos de las Naciones Unidas de la Dirección General de las Naciones Unidas, de 1980 a 1983; subdirectora general de Organismos Especializados de la Dirección General de Organismos Especializados, de 1983 a 1985; y subdirectora general de Asuntos Culturales y Sociales de la Dirección General de Organismos Internacionales en 1985. Además, ha representado a nuestro país ante diversas reuniones internacionales y ha impartido diversas conferencias.
Cabe mencionar que la licenciada Lara Alatorre dentro de la administración pública se ha
desempeñado como subdirectora de Relaciones Públicas Internacionales de la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua y posteriormente, como Secretaría de Gobierno del Estado de Chihuahua.
En acatamiento del acuerdo tomado por la honorable Cámara de Senadores el 22 de diciembre de 1982 y continuado por la Comisión Permanente para la elaboración de dictámenes referentes a ratificaciones de nombramientos diplomáticos, la Comisión que suscribe citó a la licenciada Lara Alatorre, a una reunión en donde se conversó sobre la política exterior de nuestro país, la circunstancia internacional en que se desenvuelve y, en forma especial, la situación de la ciudad de Miami, como un punto estratégico para la promoción de los intereses de México en materia económica, financiera, comercial y cultural.
Dicha reunión tuvo verificativo el día de hoy, y en la misma los legisladores que integramos la Comisión que dictamina, dialogamos sobre los citados temas con la cónsul general nombrada, pudiendo comprobar por este medio el grado de experiencia y preparación que ha obtenido a lo largo de su desempeño profesional. De igual forma quedó de manifiesto su vocación y voluntad de servicio a la República.
En dicha entrevista, la cónsul general designada demostró su conocimiento sobre la realidad política, económica, social y cultural de Miami; así como del área comprendida dentro de la jurisdicción del Consulado General. A su vez, expuso con solvencia diversos puntos de vista y opiniones que reflejan tanto su nivel de información, como una firme convicción en los principios que rigen la política exterior de nuestra Patria.
Con base en el expediente mencionado y la entrevista referida, los legisladores miembros de la Comisión que suscribe hemos podido constatar que la licenciada Lara Alatorre posee los requisitos ordenados por el artículo 20 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano para ser designada Cónsul General.
Por lo antes expuesto, los suscritos miembros de la Comisión consideramos que la licenciada Lara Alatorre, reúne en su persona las cualidades y méritos suficientes para el buen ejercicio del cargo de cónsul general de México en Miami, Florida, por lo que nos permitimos someter a la consideración de esta honorable Asamblea la aprobación del siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
Unico. En uso de las facultades que le confiere la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió en favor de la licenciada Martha Irene Lara Alatorre, como cónsul general de México en Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Sala de audiencias públicas "Presidente Sebastián Lerdo de Tejada" de la honorable Cámara de Senadores. - México, D.F., 21 de febrero de 1994. - Segunda Comisión: senador Humberto A. Lugo Gil, presidente; diputado Gabriel Jiménez Remus, secretario; diputado Alberto Carrillo Armenta; diputados: Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Laura Alicia Garza Galindo, Javier Garduño Pérez, Juan Moisés Calleja García; sena dores: Víctor Manuel Tinoco Rubi, Porfirio Muñoz Ledo, Miguel Alemán Velasco y Alger León Moreno.»
Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
La Presidenta:
Se encuentra a las puertas de este recinto la ciudadana Martha Irene Lara Alatorre, cuyo nombramiento como cónsul general de México en Miami, Florida, E.U.A. acaba de ser aprobado por esta Asamblea.
Para que la introduzcan a este salón y la acompañen a rendir la protesta de Ley, se designa en Comisión a los siguientes legisladores: senadora Ma. Elena Chapa Hernández, senador Roberto Anzar Martínez, diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz y diputado José de Jesús Martín del Campo.
Se ruega a la Comisión designada cumpla con su cometido.
El secretario diputado Francisco José Paoli Bolio:
Se ruega a los presentes ponerse de pie.
La Presidenta:
Ciudadana Martha Irene Lara Alatorre: ¿Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de cónsul general de México en Miami, Florida, Estados Unidos de América que se os ha conferido, y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión?
La ciudadana Martha Irene Lara Alatorre:
Sí, protesto.
La Presidenta:
Si no lo hiciereis así, que la Nación os lo demande.
Se ruega a la Comisión designada, acompañar a la cónsul cuando desee retirarse.
RATIFICACIÓN DE GRADOS
MILITARES (II)
El secretario senador José Ramón González León:
«Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: A la Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1993 por el Presidente de la República, en favor del ciudadano general brigadier Diplomado de Estado Mayor, Antonio Clemente Fernández Peniche como general de brigada Diplomado de Estado Mayor, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del Artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:
a) Que ingreso al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en el Heroico Colegio Militar como cadete numerario el primero de enero de mil novecientos cincuenta y siete y el primero de enero de mil novecientos sesenta fue ascendido a subteniente de infantería por acuerdo del titular de la dependencia;
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado servicios a la Nación Mexicana durante treinta y seis años, once meses, dieciséis días, y
d) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicio requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera Clases, así como la "especial".
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de brigada diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general de brigada diplomado de Estado Mayor que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Antonio Clemente Fernández Peniche.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, D.F., a 26 de enero de 1994. - Senador Humberto Lugo Gil, presidente; diputado Gabriel Jiménez Remus, secretario; diputados: Alberto Carrillo Armenta, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Laura Alicia Garza Galindo, Javier Garduño Pérez, Juan Moisés Calleja García; senadores: Víctor Manuel Tinoco Rubí, Porfirio Muñoz Ledo, Miguel Alemán Velasco y Alger León Moreno.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
«Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: A la Comisión que suscribe fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1993 por el Presidente de la República, en favor del ciudadano coronel del Caballería
diplomado de Estado Mayor Rolando Eugenio Hidalgo Eddy como general brigadier Diplomado de Estado Mayor, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en el Heroico Colegio Militar como cadete numerario el veinte de febrero de mil novecientos sesenta y uno y el primero de enero de mil novecientos sesenta y cinco fue ascendido a subteniente de Caballería por acuerdo del titular de la dependencia;
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado servicios a la nación mexicana durante treinta y dos años, nueve meses, veintiocho días, y
d) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicio para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera Clases.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general brigadier diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general brigadier Diplomado de Estado Mayor que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Rolando Eugenio Hidalgo Eddy.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México D.F., a 20 de enero de 1994. - Senador Humberto Lugo Gil, presidente; diputado Gabriel Jiménez Remus, secretario; diputados: Alberto Carrillo Armenta, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Laura Alicia Garza Galindo, Javier Garduño Pérez, Juan Moisés Calleja García; senadores: Víctor Manuel Tinoco Rubí, Porfirio Muñoz Ledo, Miguel Alemán Velasco y Alger León Moreno.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
«Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: A la Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1993 por el Presidente de la República, en favor del ciudadano coronel de caballería diplomado de Estado Mayor, Federico Juárez Santos como general brigadier diplomado de Estado Mayor, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:
a) Que ingreso al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en el Heroico Colegio Militar como cadete numerario el veintitrés de enero de mil novecientos sesenta y cuatro y el primero de enero de mil novecientos sesenta y siete fue ascendido a subteniente de Caballería por acuerdo del titular de la dependencia;
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado servicios a la nación mexicana durante veintinueve años, diez meses, veintitrés días y
d) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicio requerido para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera y Segunda Clases.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general brigadier diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración del la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general brigadier diplomado de Estado Mayor que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Federico Juárez Santos.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México D.F., a 26 de enero de 1994. - Senador Humberto Lugo Gil, presidente; diputado Gabriel Jiménez Remus, secretario; diputados: Alberto Carrillo Armenta, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Laura Alicia Garza Galindo, Javier Garduño Pérez, Juan Moisés Calleja García; senadores: Víctor Manuel Tinoco Rubí, Porfirio Muñoz Ledo, Miguel Alemán Velasco y Alger León Moreno.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
El secretario diputado José Francisco Paoli Bolio:
«Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: A la Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1993 por el Presidente de la República, en favor del ciudadano Coronel de Caballería Benito Humberto Reyes Ama, como general brigadier, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte que:
a) Ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en el Heroico Colegio Militar, el veinte de enero de mil novecientos sesenta y uno y el primero de enero de mil novecientos sesenta y cuatro ascendió a subteniente de caballería por acuerdo del titular de la Secretaría del ramo;
b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante treinta y dos años, dos meses y quince días; y
d) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicio requeridos para ello las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera y Segunda Clases.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado General Brigadier, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general brigadier que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Benito Humberto Reyes Ama.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México D.F., 2 de febrero de 1994. Senador Humberto Lugo Gil, presidente; diputado Gabriel Jiménez Remus, secretario; diputados: Alberto Carrillo Armenta, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Laura Alicia Garza Galindo, Javier Garduño Pérez, Juan Moisés Calleja García; senadores: Víctor Manuel Tinoco Rubí, Porfirio Muñoz Ledo, Miguel Alemán Velasco y Alger León Moreno.»
Está a discusión el punto de acuerdo...
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se solicita a los legisladores que estén por la afirmativa se sirvan manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
«Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: A la Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1993 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano coronel de infantería Carlos Enrique Adam Yabur como general brigadier, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte que:
a) Ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en el Heroico Colegio Militar, el veinte de enero de mil novecientos sesenta y uno y el primero de enero de mil novecientos sesenta y cuatro ascendió a subteniente de infantería por acuerdo del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional;
b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante treinta y dos años, once meses y nueve días, y
d) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicio requeridos para ello las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera Clases.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general brigadier se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general brigadier que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Carlos Enrique Adam Yabur.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, D.F., a 2 de febrero de 1994. Senador Humberto Lugo Gil, Presidente; diputado Gabriel Jiménez Remus, secretario; diputados: Alberto Carrillo Armenta, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Laura Alicia Garza Galindo, Javier Garduño Pérez, Juan Moisés Calleja García; senadores: Víctor Manuel Tinoco Rubí, Porfirio Muñoz Ledo, Miguel Alemán Velasco y Alger León Moreno.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los señores legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los señores legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
«Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: A la Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1993 por el Presidente de la República, en favor del ciudadano coronel de infantería diplomado de Estado Mayor Manuel Eliezer Castro Gómez, como general brigadier diplomado de Estado Mayor, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte que:
a) Ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, el trece de enero de mil novecientos sesenta y dos como cadete numerario en el Heroico Colegio Militar y el primero de enero de mil novecientos sesenta y cinco ascendió a subteniente de infantería, por acuerdo del Titular de la Secretaría de la Defensa Nacional;
b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante treinta y un años, once meses y dieciocho días, y
d) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicio requeridos para ello las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera Clases.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general brigadier diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general brigadier diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo
de la Unión expidió en favor del ciudadano Manuel Eliezer Castro Gómez.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México D.F., 2 de febrero de 1994. - Senador Humberto Lugo Gil, presidente; diputado Gabriel Jiménez Remus, secretario; diputados: Alberto Carrillo Armenta, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Laura Alicia Garza Galindo, Javier Garduño Pérez, Juan Moisés Calleja García; senadores: Víctor Manuel Tinoco Rubí, Porfirio Muñoz Ledo, Miguel Alemán Velasco y Alger León Moreno.»
Está a consideración de los señores legisladores el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se procederá a votación.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
El secretario senador José Ramón González León:
«Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: A la Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1993 por el Presidente de la República, en favor del ciudadano coronel de infantería diplomado de Estado Mayor Egberto Parra Arias, como general brigadier diplomado de Estado Mayor, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte que:
a) Ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, el trece de enero de mil novecientos sesenta y dos y, por acuerdo del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional fue ascendido a subteniente de infantería, el primero de enero de mil novecientos sesenta y cinco;
b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante treinta y un años, once meses y veintiún días, y
d) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicio requeridos para ello las condecoraciones de perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera Clases.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general brigadier diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Egberto Parra Arias.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México D.F., 2 de febrero de 1994. - Senador Humberto Lugo Gil, presidente; diputado Gabriel Jiménez Remus, secretario; diputados: Alberto Carrillo Armenta, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Laura Alicia Garza Galindo, Javier Garduño Pérez, Juan Moisés Calleja García; senadores: Víctor Manuel Tinoco Rubí, Porfirio Muñoz Ledo, Miguel Alemán Velasco y Alger León Moreno.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
El secretario diputado José Francisco Paoli Bolio:
A continuación se dará lectura a un documento del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
«Ciudadana María de los Angeles Moreno Uriegas, Presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. - Presente.
El miércoles pasado, en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, fue turnada a su Primera Comisión un punto de acuerdo en relación con distintos pronunciamientos relacionados con actos que atentan contra las garantías constitucionales de libertad de Prensa y derecho a la información, que será objeto de un dictamen.
En virtud de la distorsión y las repercusiones que ha tenido dicho punto de acuerdo, queremos manifestar lo siguiente:
1. Somos partidarios del irrestricto respeto a la libertad de expresión y de Prensa como también del derecho de la sociedad a ser informada objetiva, imparcial y oportunamente.
2. El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y los integrantes del mismo que ahora participamos en la Comisión Permanente, hemos sido consecuentes con estos principios, como lo demuestran las iniciativas que hemos presentado para condenar los ataques y calumnias efectuadas en contra del periódico "La Jornada" y las agresiones al Centro de Comunicación Social (Cencos), al canal 6 de julio, así como las perpetradas en contra de un grupo de reporteros en la ciudad de San Cristóbal de las Casas.
3. El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, ha insistido, también, en que el país requiere de una nueva cultura política, en donde la pluralidad, la tolerancia y el respeto a las ideas se ejerzan cabalmente. En ello deben jugar un papel fundamental los medios de comunicación, los que al mismo tiempo que tienen todo el derecho a expresar libremente sus ideas y puntos de vista, tienen la responsabilidad de informar verazmente.
La libertad de Prensa y el derecho a la información exigen de un clima propicio para su ejercicio, así como la máxima apertura por parte de los protagonistas de los hechos noticiosos. Por ello, firmamos un acuerdo que significa un acto de voluntad de las fuerzas políticas representadas en la Comisión Permanente.
Sin embargo, dicha manifestación de voluntad política no fue correspondida por el consorcio Televisa el que, lejos de mostrar un cambio en su política informativa, reincidió lamentablemente en sus prácticas habituales de parcialidad en el manejo de la información, ampliamente rechazadas por la sociedad.
4. En el caso de la empresa Televisa, invariablemente hemos cuestionado su papel en el manejo de la información, toda vez que su conducta se aleja de la propia realidad ejerciendo una política parcial y excluyente, en donde se mutila la información de quienes discrepan del sistema político mexicano.
Esto se refleja en el caso del actual conflicto en el Estado de Chiapas y ha sido una constante en el trato que ha brindado a nuestro partido. Los ejemplos mas recientes son precisamente los acontecimientos en la sesión de la Comisión Permanente del pasado día 16. Dicha empresa, deliberadamente, confundió en su noticiario "24 horas", una acción legislativa que consistió en turnar un punto de acuerdo a la Primera Comisión para dictaminarlo, con el dictamen mismo, que se deberá emitir a futuro y excluyo, además, el sentido de todas nuestras intervenciones presentadas en esa sesión. De igual manera, manipuló la noticia relacionada con la liberación del exgobernador Absalon Castellanos.
Este último acontecimiento, en particular, constituyó un ejemplo transparente de la poca voluntad de Televisa para cambiar su política informativa. La edición de la noticia omitió, deliberadamente, imágenes y datos importantes, de tal manera que los aplausos que en realidad recibía el E Z L N, por parte de los concurrentes, por obra de la edición, parecian destinados al general Absalón, ademas la acusación de la que fue objeto el ex gobernador simplemente fue suprimida.
Es por esta falta de congruencia por parte de la empresa Televisa, que nos vemos obligados a retirar nuestras firmas que otorgamos al mencionado punto de acuerdo, pues en última instancia, si bien lo deseable es la cobertura plural de las noticias, la objetividad y la imparcialidad son obligaciones éticas que los medios deben honrar en todo tiempo.
Reiteramos nuestra enérgica condena a todo intento de coartar la libertad de expresión y de Prensa, pero en la inteligencia de que esta última, la libertad de Prensa, no debe ser confundida con el legítimo derecho que asiste a los protagonistas de las noticias a decidir ante que medios expresarse.
Atentamente.
México, D.F., 18 de febrero de 1994. - Diputados: Jesús Martín del Campo y Alejandro Encinas.»
La Presidenta:
Túrnese a la Primera Comisión, para que se formulen las consideraciones del caso.
Está solicitando el uso de la palabra, la diputada Laura Alicia Garza Galindo. Tiene la palabra.
La diputada Laura Alicia Garza Galindo:
Señora Presidenta; compañeros legisladores:
Hago uso de esta tribuna muy brevemente, sólo para expresar mi sorpresa, ocasionada por el retiro de la firma de los compañeros legisladores del Partido de la Revolución Democrática, del punto de acuerdo, el tercero firmado en este tenor en el que se rechaza el veto establecido a Televisa en la cobertura en las jornadas por la pacificación en Chiapas, y se solicita por los legisladores se incorpore en el dictamen de la Primera Comisión en torno a la postura de la honorable Comisión Permanente en torno a esta situación.
¿Cuál es esa postura genérica? Hemos expresado aquí, en tres ocasiones, nuestro más enérgico rechazo a cualquier acto que lesione la libertad de expresión de los medios de comunicación, de todos los medios de comunicación, de todo tipo en el país, y en consecuencia afecte esta libertad, así como el derecho a la información que está consagrado en favor de los mexicanos como principio constitucional.
Nosotros consideramos que preservar esa libertad de expresión de todos los medios, insisto, de cualquier medio, así como la libertad de información de los mexicanos, es lo que ha movido a los legisladores de esta Comisión Permanente a pronunciarnos sobre las situaciones que han afectado a varios medios en las últimas semanas.
Consideramos que ésa es la postura, insisto, genérica que nos corresponde como representantes del honorable Congreso de la Unión adoptar y no la evaluación de cómo se genera la información y si ésta beneficia a alguien en particular o no.
Son contradictorios nuestros compañeros del PRD, cuando dicen: "Somos partidarios del irrestricto respeto a la libertad de expresión y de Prensa, como también del derecho de la sociedad a ser informada objetivamente, imparcial y con oportunidad". Pero al mismo tiempo se rechazan las formas de expresión de un medio en lo particular, y se rechazan simple y sencillamente porque es su percepción, porque consideran que no les favorece. Entonces se asume que firmaron los otros porque sí les favorece.
Creemos que esto no evidencia ni la tolerancia ni la pluralidad del PRD; creemos que los legisladores no deben, nuestros compañeros del PRD, ni ser excluyentes ni ser parciales.
Si su partido no está de acuerdo con un medio determinado, pues que lo expresen, pero creo que ustedes en su calidad de legisladores, francamente creo que no deberían de hacerlo, porque se demuestra así una vez más la escasa o nula confiabilidad que se debe tener en ustedes al realizar acuerdos.
Quiérase que no, demuestran una vez más ser el partido de "sí pero no", si ustedes resultan beneficiados o ganan, todo está bien; pero si no, todo está mal.
Creemos que la objetividad y la pluralidad también la deben ejercer ustedes. Por eso expresamos nuestra sorpresa, y por eso no nos queda otro remedio que hacer un severo extrañamiento a esta actitud. Gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Alejandro Encinas.
El diputado Alejandro Encinas Rodríguez:
Con su permiso, señora Presidenta.
Creo que la diputada Laura Alicia Garza Galindo hoy sí va a salir en televisión. Yo no sé porqué se sorprende; en primer lugar, nosotros reivindicamos nuestro derecho a plantear nuestras posiciones políticas, a corregirlas, incluso, si es necesario, y eso no debe sorprender a nadie.
Hemos asumido una postura genérica, efectivamente, en esta tribuna, y lo hemos ratificado en el texto que hemos enviado a la Presidenta de la Comisión Permanente en el sentido de que se respete la libertad de expresión, la libertad de prensa, pero también el derecho a la información y a que nuestra sociedad esté informada oportuna y verazmente.
Por eso en el retiro de nuestro voto no cuestionamos el acuerdo que entre los partidos hemos venido desarrollando a lo largo de esta legislatura en el sentido de defender con toda nuestra energía la libertad de expresión y el derecho a la información.
Pero una cosa es esa actitud que hemos adoptado al seno de la legislatura y otra la actitud reiterada
de una empresa, que es lo que nosotros no avalamos y es el motivo por el cual nosotros retiramos nuestro voto. Reconocemos el trabajo profesional de los reporteros de Televisa en esta legislatura, pero lo que es profundamente cuestionable es la labor editorial, los comentarios editoriales de Jacobo Zabludovsky y la edición de las noticias que se hace del debate en esta Cámara y en esta Comisión Permanente.
Habría que analizar lo de los vetos, porque efectivamente creo que cada quien, como lo planteamos en nuestro documento, tiene el pleno derecho a escoger ante qué medios se establece su interlocución. Pero en el veto habría que también hacer memoria, y por qué no recordar de los vetos de Televisa a su propio personal, a sus artistas, a sus informadores, por qué no recuerdan aquí el veto a Guillermo Ochoa o el veto a Manu Maumbiere, una empresa que hoy cuestiona un veto que le ha impuesto para no manifestarse ante él el Ejército Zapatista; una empresa que ha hecho del veto, política informativa.
Yo por eso creo que es otra la discusión que tenemos que dar en esta legislatura, donde efectivamente hay que avanzar a la tolerancia y a la pluralidad, pero esto no puede ser en lo genérico excepcional para algún medio de comunicación, donde no se cuestione la propia política que distorsiona la información y que utiliza en ocasiones, y reiteradamente también lo hemos dicho en el documento, de manera dolosa la información que genera la propia legislatura, el propio Congreso de la Unión.
Me voy a permitir dar lectura a un documento que hemos elaborado en torno a lo que a nuestro juicio es el problema, no solamente de esta empresa, sino de la política que desde el Gobierno se desarrolla en torno al derecho de la información.
A pesar de la voz oficial que ha insistido en que el conflicto surgido en el Estado de Chiapas es un problema localizado, es un problema regional, en el país se han vuelto a evidenciar múltiples asuntos que han sido ignorados o menospreciados.
El papel de los medios de comunicación en la sociedad mexicana no ha estado ajeno a esta suerte de aguda pendiente de la transición democrática. El manejo de la información que se ha hecho en torno a la rebelión indígena encabezada por el Ejército Zapatista, nos ha permitido reconocer los avances y los límites que existen para que los mexicanos podamos estar informados verazmente de manera cotidiana.
Gracias a la información gráfica, escrita y radiofónica y en menor medida de la información televisiva, la nación puede ver y oír el reclamo surgido desde el sureste; las dimensiones informativas llegaron a tales niveles que rápidamente pudieron neutralizar las falsas sensaciones de profesionales de la violencia y de grupo armado nacional y extranjero o de transgresores de la Ley, que desde el Gobierno se lanzaron como intento por justificar la falta de tacto político para encauzar en la legalidad el reclamo indígena.
Así, se pudo comprobar la responsabilidad social de algunos medios de comunicación caracterizada por ofrecer información oportuna, como por la calidad y eficiencia en su servicio. No es causal que a lo largo del conflicto los enviados de este tipo de medios hayan tenido que sortear toda clase de dificultades, incluidas las agresiones condenadas por esta Comisión Permanente, para cumplir con su trabajo.
En el extremo opuesto, la añeja práctica de la manipulación y la distorsión, una vez más la práctica de la empresa Televisa, encabeza esta actitud. Desde ahí se expresan las voces de quienes no quieren perder el poder de los interesados en cerrarle el paso a la democracia; no es nueva esta actitud; desde sus orígenes la televisión privada se ha caracterizado por ofrecer una visión diferente de la realidad nacional, a grado tal que hoy existe un abismo entre lo que difunde e inculca la programación de Televisa y las necesidades o realidades que se viven cotidianamente en la sociedad mexicana.
Televisa, ha crecido a imagen y semejanza del Gobierno priísta, desde el poder se ha cobijado y alentado a esta empresa, independientemente de sus denominaciones anteriores. De tal forma que su perfil, eminentemente mercantil, su funcionamiento mayoritariamente acrítico, su afinidad con la ideología oficial, le ha facilitado pasar de una empresa sin mensaje, a un poder privado capaz de arrebatarle al Estado sus responsabilidades en materia de comunicación social, con el apoyo y el beneplácito del propio Gobierno.
La historia del manejo discrecional de la concesión estatal, los favores fiscales, apoyos ideológicos y políticos, ha sido heredada y estimulada por el actual Gobierno. Vista desde el lado oficial como la auténtica Dirección de Comunicación Social, desde esa empresa se realizan anuncios en excelencia, se difunde la propaganda oficial o se dictan consignas que se intentan convertir en verdades. A este monopolio parecía no faltarle
nada; con utilidades netas de 200 millones de dólares en 1992, siendo la empresa editorial y distribuidora de revistas en español, más grande del mundo, con 47 compañías afiliadas dentro del campo de la comunicación y con un complejo sistema de transmisión de diversas señales en donde destaca el objetivo de programas de comunicación aplicados a satélites de comunicaciones, el Gobierno actual decidió hacerle otro favor: denominada como una concesión manejada discresionalmente y con un silencio incapaz de ocultar la molestia de otros postores, Televisa obtuvo la concesión de 62 canales para su explotación comercial, a través de la empresa Radio Televisora de México Norte, S.A. de C.V., la cual no contaba con estructura directiva ni empleados, el día del otorgamiento de los 62 canales, según información publicada en el periódico Reforma, del 1o. de diciembre de 1993.
Televisa, contaba con otra red nacional, el canal 9, con un alcance de 55 millones de habitantes. Los directivos del monopolio habían dado a conocer este proyecto en 1991, antes de que se conociera públicamente la intención de concesionar, para lo cual se ven favorecidos por las autoridades. Según la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se seleccionó a Radio Televisora de México Norte, porque es quien mejor garantiza el interés social y la adecuada prestación del servicio de televisión, Cita textual de ese documento.
Si bien no existe obligación al respecto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no cumplió con la práctica de convocar a una licitación pública. Peor aún, malbarató los canales por los cuales Televisa pagó solamente 90 millones de dólares, mientras que los dueños de Televisión Azteca, pagaron 640 millones de dólares por un número apenas superior de canales; hoy, este enorme consorcio de concesiones, tecnología e ignorancia, se siente agredido por unos transgresores de la Ley, poseedores de todo, menos de dignidad; Televisa cosecha lo que sembró: el veto del Ejército Zapatista de Liberación Nacional a esta empresa, más simbólico que real, o los reclamos de los pobladores de Guadalupe Tepeyac, el día de la liberación del general Castellanos Domínguez o antes, la exigencia ante el propio titular del Ejecutivo, para que los televisos informen verazmente. Esto sólo documenta un sentir social de carácter nacional.
El país necesita de medios de comunicación que sean sus interlocutores; sin ellos, no hay posibilidad de hacer valer el derecho a la información, aún mayores que sus negocios y ganancias, son las responsabilidades incumplidas por Televisa en este terreno. La democracia es, necesariamente, un ejercicio irrestricto y social de la libertad de expresión. Es más urgente que nunca la reglamentación del artículo 6o. constitucional, para garantizar a los ciudadanos el derecho a la información, la existencia de un ombudsman en la materia, así como el ejercicio pleno de las responsabilidades estatales, poniendo fin a la acción discrecional y a los privilegios.
Todo ello para buscar que los medios de comunicación estén a tono con el reclamo democrático; informar y orientar para motivar la participación, reproducir la realidad, reflejar el pluralismo y las necesidades sociales. Son todas éstas, acciones propias de una profunda reforma cultural, indispensable desde ahora.
Hoy que se quiere confundir al agresor con el agraviado, cuando Televisa mal interpreta el papel de víctima. Los mexicanos debemos insistir en que dicha reforma cultural se inicia en el monopolio televisivo y en la conducta gubernamental.
En todo esto los legisladores tenemos nuestra propia responsabilidad para evitar que este Congreso se convierta en una estrella más de la complicidad y la manipulación informativa.
Creo que eso debería preocuparnos, en lugar de buscar unos cuantos segundos en el noticiero de esta noche. Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene el uso de la palabra, sobre el mismo asunto, el diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo:
El tema del papel de los medios informativos en las sociedades de nuestros días, y más concretamente en nuestro país y todavía con mayor concreción en torno a los sucesos violentos del Estado de Chiapas, merece alguna reflexión. No es sólo el caso de Televisa, no es sólo el caso del veto simbólico o real del E Z L N a Televisa; son todo un conjunto de cosas que vale la pena comentar y reflexionar sobre ellas.
Televisa, nosotros compartiríamos una larga lista de agravios, no sólo frente a Televisa, frente a muchos otros medios electrónicos e impresos,
frente a muchos medios que aparecen con cierta aureola de aperturismo y democracia y que en el caso del Partido Popular Socialista lo han mantenido vetado durante muchos años; no es sólo Televisa, es Televisa y son muchos otros.
Y en el caso específico de Televisa, a veces habría que entrar en duda respecto a su parcialidad o imparcialidad; respecto a su posible parcialidad a favor de cuál de los dos bandos, en el caso específico de Chiapas.
Es verdad que en muchos casos se ha visto la nota informativa de Televisa, discrepante, radicalmente, del manejo de otros medios respecto a sucesos de Televisa; sin embargo, justamente la ocasión a la que hizo referencia el compañero diputado Encinas, la ocasión de la liberación real o falsa del general Castellanos, de un secuestro real o autosecuestro, que tampoco está claro el asunto, el día de la liberación del general Castellanos vimos, yo personalmente pude verlo aquí abajo en la oficina, en el monitor de televisión, estaba yo trabajando a esa hora en la oficina, la sucesión de hechos de esta liberación; y al final de ellos, un hecho insólito y difícil de explicar políticamente.
Un campesino humilde, así era su apariencia y su lenguaje, demandó a los asistentes quedarse un rato más para escuchar los planteamientos que él hacía y estos planteamientos fueron la lectura de un extenso documento, extenso documento de carácter político, social, económico, profundamente antigobiernista, adversario del Tratado de Libre Comercio, como adversario del Tratado de Libre Comercio es el Partido Popular Socialista; adversario del neoliberalismo, como adversario del neoliberalismo es el Partido Popular Socialista; condenatorio de manera directa y personal del Presidente de la República, como el Partido Popular Socialista lo ha hecho en muchas ocasiones aquí mismo en esta tribuna y en muchas otras; pero lo insólito, lo inexplicable, es que siempre que el Partido Popular Socialista lo hace no alcanza un segundo de televisión, eso no forma parte de la información noticiosa, no sólo de Televisa, de muchos otros medios, y esta vez Televisa mantuvo en pantalla y en audio todo lo largo de ese documento.
¿Será más bien que Televisa es parcial a favor del E Z L N?, ¿estará ahí su parcialidad y no del otro lado?. ¿Será que el E Z L N es parte del juego de ciertas fuerzas del Gobierno y estaría ahí involucrado Televisa?, ¿qué es lo que está pasando allá?. Hay un enorme juego de farsas, hay un enorme juego de falsificaciones, hay un enorme juego de lucubraciones que para nada resisten el mejor análisis de lógica política; éste sería uno de tantos.
Pero no solamente es Televisa y no solamente son otros medios diversos, ¡claro!, también hay medios que se salvan y que actúan con bastante honradez, honestidad y objetividad. Pero no solamente son éstos, decía yo, a nivel nacional, si se ve el problema de cómo actúan los medios a nivel internacional con relación al asunto de Chiapas, la preocupación necesariamente tiene que crecer mucho más para todos los mexicanos patriotas.
¿De qué tamaño, de qué magnitud es el asunto de Chiapas?. Bueno, siempre es difícil cuantificar, porque se mezcla la subjetividad. No cabe duda que para el núcleo activo fundamental del E Z L N pues debe ser de la máxima dimensión, debe ser el ombligo del mundo, debe estarse ahí resolviendo todos los problemas, no sólo del país, sino probablemente trasciendan a nuestras propias fronteras con las acciones que ellos emprendieron. Y desde el punto de vista de la parte opuesta debe ser un problema en extremo pequeño, digno de ser borrado del escenario.
Ahora bien, en un ejercicio de esfuerzo racional, ¿cómo podríamos cuantificar este problema?, ¿cómo podríamos cuantificar este problema y cotejar la dimensión del problema con la dimensión del manejo que los medios nacionales e internacionales han hecho de él?, ¿cómo podríamos ver si hay objetividad e imparcialidad empezando por la magnitud de la repercusión informativa con relación a la magnitud del hecho que genera esa información?.
Pues hay muchas formas de hacerlo: acciones bélicas de carácter revolucionario, protestas con las armas; ha habido muchas en nuestro país de diverso carácter, ha habido muchas en diversos países del mundo en etapas cercanas a la actual; ahí está el ejército que conmovió la vida de El Salvador, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, habría que echar una mirada y hay la información pública suficiente respecto a la magnitud de ese ejército, de su armamento, de su organización, respecto a la zona territorial que llegó a ocupar y a mantener bajo su dominio, por años, mucho mayor que la que mantenía el gobierno y habría que ver cuál fue el reflejo informativo que alcanzó el Frente Farabundo Martí al interior de su país y al exterior de su país, en el mundo.
Estaría también la experiencia de la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca que es otra
fuerza muy importante, muy respetable y muy significativa, que ha realizado acciones de extraordinario valor desde el punto de vista estratégico y táctico militar, pero sobre todo desde el punto de vista revolucionario auténtico, sin la menor duda, sin la menor sombra de duda, y el reflejo informativo que eso haya merecido al interior de su país y al mundo, estarían muchísimos otros casos que podríamos citar, incluso de otros movimientos guerrilleros en nuestro país: Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, Liga 23 de Septiembre, MAR etcétera y francamente es otra de las cosas que llaman mucho la atención, hay cosas verdaderamente increíbles en lo de Chiapas.
Los hechos de Chiapas, por muchas coincidencias que se tenga en planteamientos del E Z L N frente al Tratado de Libre Comercio, frente al neoliberalismo, frente a distribución injusta de la riqueza, frente a muchos planteamientos, que son correctos; lo cierto es que es un problema de dimensiones muy pequeñas, muy reducidas, el E Z L N no es, no puede ser, no puede adquirir la representatividad del conjunto de las fuerzas contrarias al neoliberalismo o al TLC ni del conjunto de las fuerzas contrarias al acercamiento a la política norteamericana que se han venido dando; no es, no tiene esa representatividad, no es ése su tamaño, su tamaño es bastante menor, es bastante localizado.
¿Cómo entender entonces el manejo monumental que medios, muchísimos medios de difusión al interior de nuestro país y al exterior de nuestro país sobre todo, en Europa, en los Estados Unidos, en Canadá le han dado a este asunto?
La reflexión nos llevaría, creo yo necesariamente, a incrementar nuestra preocupación respecto a lo que significa la falta de imparcialidad, la falta de objetividad de los medios en esta etapa, en esta etapa de desarrollo tecnológico muy importante, de desarrollo tecnológico no sólo por lo que se refiere al aspecto físico de los medios mismos, a su capacidad de difusión y de penetración y de alcance de múltiples territorios sino también al otro, al de tecnología sicológica, a la capacidad de penetración en la mentalidad y de formación o de manipulación de la conducta, de los individuos, de los ciudadanos y de las masas.
Presentar un problema pequeño como un problema grande, presentar un problema grande como un problema pequeño, ocultar hechos, ocultar opiniones o inventar que hubo hechos y opiniones que nunca han existido, significa deshonestidad informativa, significa también violación al derecho que debe ser derecho de los ciudadanos y debe ser derecho de los pueblos de estar objetiva, clara e imparcialmente informados para poder formar de manera personal, autónoma, racional, su conciencia y su evaluación de los hechos; pero en este caso significa probablemente una forma más, muy clara y muy a la vista de intentos de manipular desde el exterior problemas internos de nuestro país y canalizarlos hacia soluciones que no sean las que convienen a los mexicanos, como conjunto; nos preocupa mucho esto; nos preocupa y no es el problema de Televisa, es un problema de mucha mayor magnitud.
Quizá debamos retomar la reflexión en serio sobre la necesidad, las modalidades y las formas de desarrollar, de desenvolver, de reglamentar el contenido del artículo 6o. de la Constitución; pensando sobre todo en esas dos vertientes: la defensa de la soberanía y de la independencia de nuestra patria y el derecho de los mexicanos, del pueblo mexicano en su conjunto a tener una información clara, veraz y objetiva a no ser manipulado ni por el ocultamiento de datos ni por la reducción de la magnitud de hechos, ni por el manejo contrario, la exageración de hechos cuya dimensión probablemente es mucho menor.
Yo compartiría con mis compañeros diputados y senadores de distintos partidos políticos estas preocupaciones al tocarse este tema hoy. Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz.
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz:
Con el permiso de la Presidencia; compañeros legisladores.
Mi compañera Laura Alicia Garza, se expresó extrañada del cambio de posición de los compañeros diputados del Partido de la Revolución Democrática en esta cuestión. Si le entendimos bien al diputado Encinas, yo me mostraría francamente preocupado. Dice la Constitución que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público. Dice la Constitución que el derecho a la información será garantizado por el Estado; dice la Constitución también, que es inviolable
la libertad de escribir y de publicar escritos sobre cualquier materia y que ninguna Ley ni autoridad pueden establecer la previa censura y exigir fianza a los autores e impresores ni coartar la libertad de imprenta que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública; que en ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito.
Yo creo que el original artículo 7o., cuya primera parte acabo de leer, se inscribía en el siglo pasado y se ratificó en el año del 1917, como una de las garantías de los individuos para dedicarse a escribir y a publicar por el único medio que entonces se podrían difundir las opiniones y las ideas; es decir, por el medio escrito, es decir, la libertad de imprenta garantizada en todo su ejercicio con la omisión y el respeto correlativo del Estado.
Creo yo entender que el anterior artículo, el 6o., que leí primero, se refería como un derecho más bien de los individuos para expresarse y para opinar sobre cualquier tema con las limitantes que el texto leído acota. Yo creo que ambos principios constitucionales, la libertad de expresión por cualquier medio de expresarla, hoy, hoy por medio de las señales de televisión o de radio, hoy también por medio de la letra impresa, es correlativo del derecho de la información y son inseparables para analizar un punto como el que estamos comentando.
¿Podemos invocar la libertad y el derecho a la información, desde un punto de vista en que lo enjuiciemos, dando vetos declarativos o retirando apoyos que rechazan los vetos?; ¿podemos tener la autoridad ya no legal, siquiera moral como individuos o como organizaciones de individuos, como partidos, para invocar la libertad de expresión precisamente aduciendo lo contrario, que no podemos invocar y apostar, apoyar la libertad de expresión de un medio, en este caso de televisión, porque a juicio de algunos de nosotros no es imparcial ni objetiva la información que da? Mi respuesta sería en el sentido de que no, de ninguna manera nadie puede tener, mucho menos el Estado, pero nadie en la sociedad, ni los partidos, ni los diputados, ni los individuos, el derecho de juzgar y de censurar a los medios de difusión y de comunicación.
¿De quién es el derecho a la información? Creo que tiene dos sentidos y tiene dos destinatarios: el que se dedica a informar de manera profesional, habitual, con un sistema, reglamentadamente, y de quien tiene el derecho a recibir la información.
¿Y qué es lo que se puede informar y hasta dónde se puede informar para que no tengamos nosotros el reclamo de decir que está ocurriendo en imparcialidades o en falta de veracidades o de objetividades? A mí me parece que la descripción de acontecimientos es una parte del derecho de la información, el relato crónica de los hechos, de los actos, las expresiones y los sucesos del acontecer en todos los ámbitos de la vida nacional, es una parte del derecho a la información, pero me parece que es consustancial de este derecho que la Constitución le da a todos los habitantes del país, la libertad para opinar sobre esos hechos, acontecimientos, sucesos o declaraciones de organizaciones, de partidos o de individuos.
No me parece congruente, al contrario, no solamente extraña sino puede preocupar, que particularmente en el caso de un medio de televisión, de un medio de información cuyas opiniones no nos parecen, no son compatibles con las nuestras, o que en el caso con la de los diputados del Partido de la Revolución Democrática, tengamos autoridad moral o política, mucho menos legal, para invocar una falta de imparcialidad y objetividad.
Yo creo que sí es una contradicción mayor apoyar la libertad de un medio de difusión escrita, como el periódico de La Jornada, que fue presa y destinataria de ataques anónimos y después hacer lo contrario en otro medio, porque sus opiniones o editoriales no nos gustan o no nos parecen o son incompatibles con nuestro modo de interpretar nuestros propios actos o la realidad mexicana.
Yo creo que la obligación como legisladores y aun como ciudadanos, de invocar y apoyar el derecho de todos los demás para expresar, para informar y para opinar sobre los hechos que informan, debe ser pareja y frente a todos. Es una falta de equidad distinguir, porque la verdad, es que sin importar la naturaleza económica y el tamaño de un medio, ni la forma tecnológica más moderna o menos, que se use para difundir ideas, cambia la naturaleza de los mismos como medios de comunicación.
A mí no me parece que la naturaleza del ejercicio de la libertad de expresión de los medios escritos sea diferente a la naturaleza del ejercicio de la libertad de expresión de los medios no escritos.
No me parece que se pueda distinguir la naturaleza de un comentarista de televisión a la de
un columnista que todos los días hace uso de su derecho de libertad para expresarse, y opina y critica a Gobierno, Presidente, partidos, ciudadanos y acontecimientos. Yo no creo que difiera para nada la naturaleza de estos dos tipos de medios.
Entonces la posición como ciudadanos, y más aún como legisladores, debe ser frente a todos los medios de comunicación igual; no podemos defender, por ejemplo, al periódico La Jornada, como tal, como empresa, como cooperativa o como sea la naturaleza mercantil que la conforme, sino su derecho a expresar y a opinar y a editorializar.
Me parece que la diputada Laura Alicia Garza Galindo, y hago mía esta posición, y creo que es la posición o debe ser la posición de todos, no es defender a la empresa Televisa como tal, sino su derecho constitucional a informar de hechos y luego opinar sobre ellos; puede no gustarnos, puede no parecernos, pero es insustituible, es inatacable el derecho de opinar sobre los actos que asimismo informan.
En días anteriores, en este periódico de La Jornada, se invocó a Voltaire, estaría francamente, no solamente asombrado, sino preocupado de escuchar lo que acaban de decir ustedes aquí.
Yo creo que en algo tienen razón, es una propuesta novedosa y que llama la atención: proponer que exista algo así como un ombudsman del derecho a la información en México; no estaría de acuerdo de que fuera en singular sino en plural, un ombudsman, porque a mí me parece que el único sensor del derecho a la información son los propios informados en su conjunto. Si alguien debe decidir qué medio escoge o prefiere para recibir información, y además qué opiniones puede escuchar y que líneas editoriales prefiere, es la opinión pública nacional en su conjunto; creo que nadie, ni el Estado, ni un organismo civil, ni mucho menos un partido político, puede convertirse en sensor; sí me parece una franca contradicción apoyar en un caso y no apoyar en otro.
Creo que en el fondo, al final, nuestros compañeros del PRD, en el fondo, estarán de acuerdo con estas ideas. Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Francisco José Paoli Bolio, sobre este mismo tema.
El diputado Francisco José Paoli Bolio:
Con su venia, señora Presidenta:
En primer término, quisiera establecer la posición del Partido Acción Nacional ante esta circunstancia que ahora se plantea y reiterar que no es nuestro propósito retirar firmas o modificar la forma del convenio que se ha suscrito, porque para ello existen razones fundamentales que lo siguen sosteniendo, y a ellas me referiré brevemente.
En primer término, sostenemos la necesidad de defender la libertad de expresión, aun la de quienes dicen, en distintas formas, a veces no diciendo, cosas que afecten intereses de nuestro partido o de cualquier grupo social. Esta necesidad de defender el derecho a que se expresen todas las formas de comunicación y todas las ideas, es el principio fundamental que sostiene nuestro apoyo al dictamen aludido o al documento que está siendo dictaminado.
Creo que en esto no hay mayor discusión, pero es importante señalar la necesidad de que los medios de comunicación sean responsables, porque así como defendemos el derecho a que se expresen, también defenderemos el derecho de quienes estén dañados por una información sesgada, incompleta, que llega incluso a la deshonra, y esto no está suficientemente protegido en nuestro régimen político y no está suficientemente protegido en nuestra legislación.
La necesidad de que los medios sean particularmente responsables es un ingrediente indispensable para el impulso de una cultura política participativa. Esta, sólo se promueve cabalmente cuando quedan balanceados la información que emiten los medios con los derechos a ser informados de lo que ha ocurrido realmente de los informados.
Este balance, es siempre un balance de difícil equilibrio, de difícil ponderación y juicio, pero es un esfuerzo que puede impulsar la cultura política participativa o puede echarla para atrás. El derecho de la sociedad a recibir información puntual, pertinente y sin deformaciones, es un derecho que también debe destacarse y que está muy pobremente cobijado en nuestra legislación.
Por eso sería importante que el derecho de réplica, que ya existe para los medios impresos, pudiera llevarse en alguna medida, entendiendo la naturaleza, la significación, la importancia y los costos que tienen los medios electrónicos; pero esta importancia, esta naturaleza, este peso, no los debe dejar en la impunidad cuando cometen sesgos que pueden dañar honras,
prestigios, o que deforman de tal manera la información que presentan algo que no ocurrió o lo presentan de una manera como no ocurrió.
El derecho de réplica tiene que encontrar su cabida en la legislación de radio y televisión particularmente y es que es en estos medios donde hay una responsabilidad fundamental, porque ellos tienen una penetración que es cuantitativamente mucho más amplia que permea a sectores mucho más vastos, sería una razón, una razón de fondo, pero hay otras razones que son también de tipo jurídico constitucional y de tipo político.
Los medios electrónicos, a diferencia de la prensa, son medios concesionados, son servicios que se otorgan, que debieran respetar el espacio que es de todos los mexicanos, cosa que no ocurre en los medios impresos; es decir, lo que estoy argumentando es que hay una responsabilidad particularmente mayor, más acentuada, no sólo por la extensión que cubren estos medios y la influencia en una población cada vez más amplia, aun de una población que tiene niveles de educación muy bajos, aun de una población que puede ser analfabeta real, formal o funcional, y, por ello, la responsabilidad debe establecerse con una claridad mucho mayor en sus concesiones y la responsabilidad debe exigirse por la autoridad cuando la responsabilidad no está bien cubierta.
Por ello, la responsabilidad especial de los medios que son concesionados y que los concesiona el Estado mexicano, a diferencia de la prensa, debe ser subrayada cuando estos medios que son los más penetrantes, en alguna medida, aun cuando en otra puedan ser los más trivializadores de la información, para que respondan puntualmente de lo que informan y para que se establezca, atendiendo insisto, a la naturaleza de estos medios, a su costo, un derecho de réplica como el que ya está establecido desde el siglo pasado, por nuestra legislación liberal en México, para la prensa escrita. Porque no es justo, no es correcto, no corresponde al desarrollo democrático, y éste es el último punto, que quiero tocar, al desarrollo democrático que estamos buscando y en el que estamos interesados todos los mexicanos de todos lo partidos: que haya una diferenciación de medios, máxime cuando esta diferenciación se hace todavía más polar y más contradictoria porque es el medio que debe tener mayor responsabilidad.
Por estos dos argumentos que he expuesto, pero habría otros, es el que menor responsabilidad tiene, y al que menos se exige. Un medio electrónico no tiene la obligación de reproducir una réplica, una corrección o una aclaración, así hubiera dañado una vida, una honra, a menos de que sea llevado a juicio, y aún así creemos que esto resulta muy difícil; ésta es una diferencia que no debe seguirse sosteniendo en el panorama político, legislativo, de nuestra nación.
Si esta responsabilidad especial existe por ser medios concesionados, y en las concesiones deben establecerse cláusulas que especifiquen que las deformaciones de la información tienen consecuencias o deben tenerlas y pueden ser sujetas a sanciones, a multas y a una suspensión de las concesiones, entonces será necesario que este tema que hoy atraviesa por un documento de apoyo, en el que seguimos sosteniendo que todos los medios tienen derecho de hacer su presentación de la realidad y que ninguno debe ser bloqueado o vetado, éste es un principio que hay que mantener y por eso no hay ni una sombra de duda en mantener las firmas de apoyo al documento.
También creemos que hay que aprovechar la oportunidad para señalar que la responsabilidad de los medios masivos en este momento especial de tránsito democrático que insisto, todos debiéramos estar interesados en impulsar, los medios tienen un particular deber, una responsabilidad, en ese orden político, de cultura política, que no tienen otros o que no pueden alcanzar o acceder a otras formas u otros medios. Los medios de información tienen que entregar a la ciudadanía, a los habitantes del país y también al concierto internacional, la información puntual, no sesgada, objetiva, que haga justicia a los distintos protagonistas del proceso social; porque democracia, como muchos sabemos, no es solamente votación o discursos en el proceso electoral; no es sólo respeto a candidaturas y a procesos electorales transparentes; es decisión que se toma cuando se tienen las mejores formas de ilustrar esa decisión, de una manera mucho más adecuada y si esas maneras de tomar decisiones siguen estando oscurecidas por una información parcial, estaremos muy lejos de impulsar el desarrollo democrático que el país requiere. Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Jesús Martín del Campo.
El diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda:
En ejercicio de nuestras libertades individuales, en ejercicio de nuestra libertad de opinión,
queremos decir aquí que sí pensamos, lo hemos hecho explícito en muchas ocasiones los legisladores del Partido de la Revolución Democrática, nuestras críticas a la empresa Televisa. No creemos que esto signifique, como decía el diputado Juan Ramiro Robledo, que nosotros nos queramos convertir en censores de Televisa o en los censores de la nación; más bien creo que quienes están exagerando y nos causa extrañeza a los del Partido de la Revolución Democrática, son los compañeros diputados del PRI que han hablado aquí, porque querrían ver en Televisa a la información, a la libertad de información y a la libertad de prensa.
Nosotros nos oponemos categóricamente a convertir a Televisa o a seguirle dando el papel de segunda o verdadera Secretaría de Educación Pública; nos negamos también a que siga como concesionaria, siendo más bien una oficina de prensa o de comunicación social de la Presidencia, cuando habla de política nacional e incluso a menudo, de política internacional. Parecen sólo los boletines o las orientaciones o los sesgos, lo decimos abiertamente los miembros del PRD; no tiene por qué decírsenos que no tendríamos derecho a opinar o que causa extrañeza, que ésa es nuestra opinión sobre Televisa, como empresa, casi monopólica y que tiene prácticas desleales incluso, como empresa, respecto al con junto de las empresas que buscan competir en el mercado para tener las concesiones de la información, como todos sabemos.
Criticamos también la política cultural de esa empresa. Como partido tenemos todo el derecho; abarca lo culto, lo popular, lo político y distorsiona y crea estereotipos que consideramos los del Partido de la Revolución Democrática, y creemos que intelectuales y amplias capas de la población, negativos incluso para la identidad de nuestra nación. En esto tenemos todo el derecho; coincidirán los diputados del Partido Revolucionario Institucional que me han antecedido en el uso de la palabra, sobre este tema; de manera que creemos, no debe crear extrañeza nuestra opinión crítica, incluso sobre un asunto puntual.
Además diría, en relación a algunos comentarios que hizo el diputado Juan Ramiro Robledo, que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional no es una autoridad administrativa, tampoco Televisa; no estaríamos entonces en una discusión de autoridades administrativas para el ejercicio o no de la libertad de expresión o de la libertad de prensa.
Diría en esta materia que abordó y que coincido en los planteamientos generales del diputado Paoli Bolio, que hay incluso puntos de vista diferentes entre juristas sobre el derecho a la información y entre los grupos políticos.
En un libro, el señor Sergio López Ayón, hablando sobre el derecho a la información, dice que en México la naturaleza del derecho a la información generó básicamente dos tesis en épocas recientes: una que lo consideró un derecho individual, y otra que lo reconoció como un derecho social.
Eso incluso lo podemos discutir otra vez aquí, y dice Ayón: creemos que el debate que se entabló entre estas dos corrientes se debió a la fórmula indirecta e insuficiente de la reforma que existe sobre ese tema, al no tener claro el contenido del derecho a la información y a una enorme ligereza en el uso de la terminología.
Creo que sería incluso conveniente recomendar ahora, que pueda ser otra vez un tema, puede ser del período de sesiones extraordinarias hacia el cual estamos trabajando las fracciones parlamentarias, o si no es en el próximo período de sesiones extraordinarias, puede muy bien otra vez ser motivo de audiencias públicas o del próximo período de sesiones ordinarias, debatir sobre esto del derecho a la información.
Los del PRD planteamos que somos partidarios, aunque sabemos que existen diversas tesis al respecto, de la libertad de expresión, del derecho a la información y de la libertad de prensa, guardan relación obviamente.
Pero aquí incluso estamos hablando de una relación inequitativa, de una relación entre desiguales cuando hablamos de los ciudadanos, respecto a los sesgos que compañías casi monopólicas como Televisa tienen para, como se ha hecho, para desinformar a menudo, más que para informar.
Un ejemplo doy de las prácticas desleales de Televisa: radio, Televisión y Cinematografía tomó imagen del asunto de Chiapas y condicionó su entrega para transmitirla de manera diferida, lo hizo con el Canal 11, con el Canal 13 y con Televisa. Televisa violó el acuerdo y transmitió en vivo utilizando la señal de RTC; normalmente hay incluso, insisto, violación de acuerdos o prácticas desleales de esta empresa en su afán de seguir jugando un papel monopolizador de la información, con un sentido que está alejado del criterio social de libertad de expresión, de derecho a la información y también de libertad de prensa.
Entonces, insisto, podríamos debatir largamente acerca de lo que es derecho social, de lo que es derecho individual, pero aquí claramente estamos hablando de un uso político de la información. Televisa, sin denominarse partido, hace un uso político de la información en un tema tan delicado como el de la insurrección chiapaneca y el de la información que se debe generar sobre el Ejército Zapatista y el diálogo que se está entablando.
Somos partidarios, además, de que haya derecho de réplica en los medios electrónicos y en los medios periodísticos, en algunos de los cuales sí se ejercita éste, en la mayoría de los cuales se ejercita, que se legisle, que se amplíe la legislación en el marco del artículo 6o. constitucional respecto a esto del derecho a la información.
Televisa se ha opuesto a que se genere este debate y a que se generen estas reformas; creemos que esta concesión que tiene Televisa debe ser ejercida responsablemente, debe ser ejercida tendiendo a garantizar información objetiva.
Tenemos el derecho los diputados del PRD a criticar a Jacobo Zabludovsky, no estamos criticando a una gloria nacional ni mucho menos al eje de la libertad de expresión o a la libertad de prensa, a criticar cómo comenta las noticias, como criticamos al Jefe del Ejecutivo por las políticas que lleva a cabo; entonces, por qué ahora sorprenderse de que critiquemos a Jacobo Zabludovsky, que incluso pone en riesgo el trabajo profesional de quienes laboran en dicha empresa, dotan de materiales adecuados y luego son editorializados; tiene todo el derecho el señor Zabludovsky, pero también nosotros en cuestionarlo; los del PRD hemos enviado incluso réplicas a la manera en como aborda nuestra actividad, cuando la aborda, y nunca ha tenido eco en esta empresa.
Entonces, insistimos, no hay incongruencia, somos partidarios de la libertad de expresión, ésa es, desde nuestro punto de vista, de los individuos, ésa no está a discusión; somos partidarios del derecho a la información, sobre el que hay limitaciones y hay opiniones diferenciadas o con pesos y énfasis distintos, pero hay un manejo inadecuado del tema de Chiapas y también hubo un manejo inadecuado, y lo decimos en la carta, un manejo inadecuado de lo que se debatió ese día aquí, respecto a cómo se está integrando un expediente para garantizar que haya la posibilidad de un trabajo adecuado allá.
Los del EZLN lo que han vetado, según reiteraron ayer en voz del subcomandante Marcos, es que no cubran en el diálogo; yo creo que a ninguna persona o grupo se le puede obligar a informar a un monopolio o a quien sea sobre algún tema; eso tampoco está en ninguna normatividad existente y ahí no se está violentando el derecho a la información, simplemente se está hablando de una empresa.
Nosotros no deseamos que haya este marco, ni este clima en el país, pero hay mucho más de fondo, hay muchos antecedentes respecto al sesgo que el núcleo que dirige esta empresa, que incluso es casi monopólica, que tiene prácticas inadecuadas, que ha sido llamada la verdadera Secretaría de Educación Pública, que es prácticamente en materia de política nacional e internacional una oficina de prensa de la Presidencia, tenemos todo el derecho a cuestionar cómo lo está haciendo y debatimos en la Comisión que va a dictaminar sobre este expediente que se está creando en torno al asunto de Chiapas, para hablar de todos estos temas de libertad de expresión, de derecho a la información y de libertad de prensa. Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra la diputada Laura Alicia Garza.
La diputada Laura Alicia Garza Galindo:
Con su permiso, señora Presidenta; compañeros legisladores:
Muy brevemente, nada más para decirles a nuestros compañeros del PRD que nosotros nos hemos pronunciado y nos mantenemos porque todos los medios tengan libertad de expresión; reiteramos que la Comisión Permanente no es el espacio para criticar a ningún medio y no es extrañeza lo que tenemos porque ustedes han retirado sus votos, ¿cómo nos va a causar extrañeza lo que siempre hacen?
Yo creo que ustedes también hacen uso político, interesado de la información, eso que tanto critican, critican a todos pero yo preguntaría ¿y la autocrítica? Nosotros, nuestra postura fue generar un severo extrañamiento y no extrañeza al tratamiento parcial que busca al dar un medio contra el pronunciamiento genérico de todos los legisladores hacia todos los medios y solicito que el mismo, ese severo extrañamiento de mi fracción, se incorpore en el dictamen que formula la Primera Comisión de esta Comisión Permanente,
que se incorpore a la fracción del PRD. Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra, para rectificar hechos, el diputado Alejandro Encinas.
El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez:
Con su permiso, señora Presidenta:
Ahora sí ya no le entendí nada a Laura Alicia Garza Galindo. Viene aquí a defender la libertad de expresión y propone un voto de censura y que la Comisión Permanente dictamine una censura contra un grupo parlamentario; eso no solamente es incongruencia sino francamente es incoherencia.
Nosotros lo que hemos dicho, lo reiteramos, aquí hemos ratificado sin lugar a dudas, el derecho a la libertad de expresión, que también le asiste a Televisa, hemos reivindicado la libertad de prensa que también le asiste a Televisa, pero hemos criticado la irresponsabilidad con que esta empresa administra una concesión pública para prestar un servicio público, prestar un servicio de información al que tiene derecho la sociedad porque el derecho a la información es un derecho de la sociedad y no de los particulares, los concesionarios, esos tienen que informar e informar objetiva y verazmente a la sociedad y esta empresa no informa objetiva ni verazmente. Zabludovsky podrá hacer sus comentarios, tiene toda la libertad de hacer sus comentarios pero tiene la obligación en primer término, de informar objetivamente; en segundo lugar, de diferenciar lo que es el comentario particular ejerciendo su derecho y su libertad de expresión de lo que es la información que presenta y Televisa manipula información para generar opinión, eso es lo que estamos cuestionando, así es que ni es sorpresa, ni es sorpresivo, ni es sí pero no, es simple y sencillamente una consecuencia que reivindica si bien el derecho de Televisa a expresarse y opinar, reivindica la obligación que tiene Televisa para cumplir con una función social que a través del ejercicio de una concesión, que por cierto ha sido muy beneficiada del propio Gobierno, ha hecho distorsionando la realidad.
Yo creo que ha sido claro el planteamiento que hemos hecho, que hay una confabulación, se quiere ver en Televisa al generador de la opinión oficial y en eso se han empeñado otorgado por las concesiones, ya ese consorcio ha sido cuestionado, hoy el gran informador del partido oficial esta siendo cuestionado, pues hay que ir cumpliendo con las facturas pendientes que tienen que pagar por el servicio que les ha prestado. Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Juan José Rodríguez Prats, para referirse a este mismo asunto.
El diputado Juan José Rodríguez Prats:
Con su permiso, señora Presidenta.
Decía algún pensador, que la lógica es la moral del raciocinio y me parece que las intervenciones de los compañeros del Partido de la Revolución Democrática han caído en evidentes contradicciones; han soslayado la primera intervención de mi compañera Laura Garza Galindo, en el sentido de manifestar un reclamo porque están retirando la firma de un acuerdo que simple y llanamente señalaba que los medios de comunicación tuvieran acceso a una fuente que estaba generando noticias.
De ahí se han ido a condenar y esto es lo que más me preocupa, porque sí han condenado, a un medio de comunicación, sí han condenado a una institución que está haciendo servicio público, que está manifestando y está orientando la opinión pública, y aquí es en donde a mí más me preocupa. Que retiren su firma, riñe con la ética pública, no nos sorprende, pero la otra contradicción sí me parece muy grave, porque no es precisamente cuestionar el derecho a la información, están en el terreno de la libertad de expresión.
Nadie les ha a ustedes señalado que hacen mal o hacen bien en criticar, están en su derecho desde luego como partido político, pero aquí han venido a condenar un medio de información; le han restringido el acceso y además condicionan a ese medio de comunicación de que cumpla con ciertos requisitos.
Y aquí quiero hacer un poco de historia, porque en el Congreso de 1857, se dio un debate sumamente interesante entre Francisco Zarco e Ignacio L. Vallarta, y yo quiero aquí repetir la intervención de Francisco Zarco, quien se oponía a la redacción del entonces artículo 6o. constitucional porque señalaba y objetaba las restricciones de la libertad de prensa.
Decía Francisco Zarco: veamos cuáles son las restricciones que impone el artículo que estamos discutiendo. Después de defender a pormenores reglamentarios y que tocan a las leyes orgánicas o secundarias, establecer como límites de la libertad de imprenta el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública.
A primera vista esto parece justo y racional, pero artículos semejantes hemos tenido en casi todas nuestras constituciones; de ellas se ha abusado escandalosamente; no ha habido libertad y los jueces y los funcionarios todos se han convertido en perseguidores.
La vida privada: todos deben respetar ese santuario, pero cuando el escritor acusa a un ministro de haberse robado 1 millón de pesos al celebrar un contrato; cuando denuncia a un Presidente de derrochar los fondos públicos, los fiscales y los jueces obtienen que cuando se trata de robo se ataca la vida privada y el escritor sucumbe a la arbitrariedad.
La moral: ¿quién no respeta la moral?, ¿qué hombre no la lleva escrita en el fondo de su corazón? La calificación de actos o escritos inmorales la hace conciencia sin errar jamás, pero cuando hay un Gobierno perseguidor, cuando hay jueces corruptos y cuando el odio de partido quiere no sólo callar sino ultrajar a un escritor independiente una máxima política, una alusión festiva, un pasaje jocoso de los que se llaman colorados, una burla inocente, una chanza sin consecuencia, se califican de escritores inmorales para echar sobre un hombre la mancha del libertino.
La paz pública: esto es lo mismo que el orden público; el orden público, señores, reinaba en este país cuando lo oprimían Santa Anna y los conservadores; cuando el orden consistía en destierros y proscripciones, el orden público se restablecía en México cuando el ministro Alamán empapaba sus manos en la sangre del ilustre y esforzado Guerrero.
El orden público como hace poco recordaba el señor Díaz González, reinaba en Varsovia cuando la Colonia generosa y heroica sucumbía maniatada, desangrada, exánime al bárbaro yugo de la presión rusa; el orden público, señores, es a menudo la muerte y la degradación de los pueblos, es el reino tranquilo de todas las tiranías. El orden público de Varsovia es el principio conservador en que se funda la perniciosa teoría de la autoridad ilimitada.
Y ¿cómo se ataca el orden público?, por medio de la imprenta un Gobierno que teme a la discusión, ve comprometida la paz y atacado el orden si se censura los actos de los funcionarios, el examen de una Ley compromete el orden público; el reclamo de reformas sociales amenaza el orden público, la petición de reformas a una constitución pone en peligro el orden público; este orden público es deleznable y quebradizo y llega a destruir la libertad de imprenta y con ella todas las libertades.
Vallarta le refutó y al final prevalecieron los criterios de Vallarta, y éstas son las tres condicionantes del ejercicio de la libertad de expresión, y hoy ¿qué nos viene a decir el Partido de la Revolución Democrática? Añádanse nuevas disposiciones, añádanse nuevas condiciones, que se les niegue a los medios que no son objetivos. ¿Qué es la objetividad?, ¿a dónde van a restaurar ustedes una moderna y nueva inquisición?, ¿quiénes la van a integrar? Y todavía Jesús Martín del Campo, en ánimo de corregir a su compañero dice: Se hace uso político de la información. Y ¿qué información no se hace uso político o qué medio no hace uso político de una información?
Creo señores, que caen en una terrible contradicción, porque aparentemente en una proclama democrática y de puritanismo moral, se esconde un salvaje autoritarismo y una pobre condición moral, porque ustedes, me pregunto, ¿cómo procederían desde el Gobierno como partido? Suprimiendo medios de comunicación, ¿con cuántos se quedarían, con quiénes integrarían este tribunal que dijera quiénes son objetivos, quiénes hacen uso político o quiénes no demuestran y presentan en forma transparente sus finanzas como aquí lo han venido a reclamar?
Definitivamente creo que se entramparon, pusieron su firma, les dieron indicaciones que la retiraran y vinieron a sustentar una muy pobre discusión, cayendo precisamente en lo que más critican: en el autoritarismo, en la cerrazón, en la negación de opiniones ajenas. Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra en términos del artículo 102, el diputado Martín del Campo.
El diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda:
Una excelente revelación del compañero Juan José Rodríguez Prats, de una confusión sobre lo que son los valores de la libertad de expresión
y las palabras de Zarco y Vallarta, y parecería que quería terminar proponiéndonos un punto de acuerdo que diga: ¡Vivan Zarco, Vallarta y Zabludovsky!, que no son la misma cosa por más que con un encendido discurso nos lo quiera aquí plantear el compañero Juan José Rodríguez Prats.
Se equivocó; al contrario, el que se quiere convertir en el hermano mayor, que incluso lo lleva a querernos censurar, el compañero es Televisa y Zabludovsky, puede mucho sobre los compañeros diputados del PRI, porque como decía si es a su modo una oficina de prensa del partido de Estado. Más bien son ustedes los que han querido que haya un solo canal de televisión, una sola concesión, porque así todo está en orden, que podría cambiar de nombre, podría no llamarse Televisa, podría ser el canal de Solidaridad, para ya no ser el Canal de las Estrellas, y...
La Presidenta:
¿Me permite, señor orador, un momentito por favor? ¿Qué desea, diputado Rodríguez Prats?
El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde su curul):
Una interpelación si me permite el orador.
El diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda:
Cuando termine con todo gusto.
La Presidenta:
Cuando termine, diputado Rodríguez Prats.
El diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda:
Entonces ese cambio de nombre hay que proponérselo ahí en el partido de Estado, que es el que ha venido pensando en controles monopólicos de la opinión, y a todos lo que pensamos diferente, que criticamos ya no al Ejecutivo, que era cuando se enojaban, sino ahora Zabludovsky les despierta las más profundas pasiones y yo no creo que porque hagamos críticas nosotros les vayan a retirar a ustedes la concesión de difundir sesgadamente, con el punto de vista de un partido, el de ustedes, las noticias y el sesgo que le dan respecto a lo que sucede en este país.
Han querido crear imagen y ya ven que la imagen que quisieron crear de este monopolio junto con el PRI y Solidaridad, el Canal de las Estrellas Solidaridad, en el exterior de que se había acabado la extrema pobreza y de que era un mito genial, no les dio resultado, compañeros, ahí sí les quiero decir que Aspe y Zabludovsky les han creado una ideología y un imaginario incorrecto, francamente absurdo al que no debería llevarlos más adelante porque se puede generar una esquizofrenia parlamentaria; nadie nos puede censurar, podemos cuestionarnos y criticarnos. Aquí hay un torquemadismo en las intervenciones de los compañeros, para que ahora en la Comisión que va a discutir el dictamen y aquí mismo, se nos haga una especie de linchamiento discursivo porque criticamos a Zabludovsky, porque no decimos que es Zarco y Vallarta, por más que nos quieran traer aquellas palabras. Ni había televisión en el siglo pasado, ni tiene qué ver lo que hace Zabludovsky con respecto al Ejército Zapatista de Liberación Nacional con la libertad de expresión y con lo que está plasmado en la Constitución, compañeros; no confundamos, los que están en una verdadera situación difícil son ustedes, no van a ganar más votos con defender a Zabludovsky, más bien los pueden perder, como ha venido sucediendo en los últimos años, porque no es sólo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional el que está inconforme con el sesgo inadecuado que se le da a la información, sino somos muchos mexicanos.
La Presidenta:
No aceptó la interpelación el diputado; tiene la palabra también,
en términos del artículo 102, el diputado Rodríguez Prats.
El diputado Juan José Rodríguez Prats:
Con su permiso, señora Presidenta:
No cabe duda que si no confrontamos los discursos en relación al tema que se toca a lo concreto, a lo específico, desvariamos, caemos en frivolidades, caemos en imputaciones gratuitas, queremos hacer chistes que resultan sumamente frívolos.
El asunto es que ustedes retiran una firma de un documento que simplemente señalaba que
se le diera acceso a todos los medios de comunicación de una fuente donde manaba información; ése es el asunto, nada más; ni siquiera venir a derrochar exceso de graciosidad o hacer ironía o hacer imputaciones a otro partido o irnos a la discusión de partido de Estado, era un asunto muy concreto, muy específico, en que de nuevo ustedes no quieren discutir lo que es concreto, en lo que podemos llegar a conclusiones, lo que es objetivo, a la que ustedes dicen defender a la objetividad, para escaparse por la tangente y venir a no decir nada, simple y llanamente. Gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra sobre el mismo asunto, el diputado Juan Ramiro Robledo.
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz:
Con permiso de la Presidencia; compañeros legisladores:
Exactamente ése es el asunto, el que dice mi compañero Rodríguez Prats, y sí son contradictorios; enarbolan el derecho de criticar a un comentarista de Televisa, que ustedes son los únicos que han mencionado aquí cuatro o cinco veces, pero les disgusta las críticas que ése u otros comentaristas de esa empresa hacen sobre la forma en que ustedes entienden la política en México y cómo actúan.
Me parece, que no es realmente una preocupación por salvaguardar el derecho constitucional a la información la que tienen ustedes, es francamente, esa impresión nos da, una estrategia política electoral, porque hay otros medios que también nos critican y contra ellos no censuran ustedes nada ni le retiran apoyo.
Les preocupa éste porque, al parecer de ustedes, es el que más penetración puede tener, y no lo digo yo, lo dicen ustedes implícitamente en la posición que asumen. Muchas gracias.
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS
La Presidenta:
Agotado este asunto, pasamos al otro asunto inscrito sobre comentarios en cuanto a la reunión de la Organización de Estados Americanos, celebrada en la ciudad de México, la semana pasada.
Para este efecto, tiene la palabra el diputado Jesús Martín del Campo.
El diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda:
Los comentarios que voy a hacer, son algunas reflexiones del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en relación a temas que se trataron en la última reunión de la Organización de Estados Americanos.
Las tendencias del cambio mundial de nuestros días, configuran como prioridades problemáticas la interpretación que hacen los países desarrollados de acuerdo a sus intereses, de problemas tales como las guerras, el desempleo, la emigración, el medio ambiente, el narcotráfico, el respeto a los derechos humanos, su modelo de democracia, su idea de la modernización económica neoliberal y de integración.
En las principales regiones del mundo, los organismos financieros internacionales han inducido a gran parte de los países en desarrollo a adoptar medidas de ajuste y disciplina económicos para financiar sus débitos y promover la apertura librecambista de sus economías nacionales.
La aplicación de estos modelos, sin embargo ha tenido como corolario importantes reestructuraciones económicas que ha conducido a desigualdades internacionales y han acentuado internamente el deterioro de las condiciones de vida de sectores y grupos sociales.
Es tan importante esta discusión que en la propia reunión cumbre del Foro de Davos, el Director General del GATT, Peter Suderlan, propuso la creación de un foro económico mundial de cooperación y diálogo en el que también tengan voz y voto los países en desarrollo; con esto reconoció que es insuficiente la coordinación de la economía mundial solamente por medio del Grupo de los Siete o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE.
Es necesario además, contar con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y del Acuerdo General para Aranceles y Comercio para diseñar los organismos que permitan conducir las relaciones económicas internacionales en el futuro. En este mismo sentido, se pronunció recientemente la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en su XX período de sesiones extraordinarias
celebrado en México, cuyo tema principal fue, "La Cooperación Interamericana para el Desarrollo".
Los asistentes coincidieron en calificar de frágil la estabilidad de América Latina debido a las dificultades económicas por las que atraviesa la región.
Ahora, después de más de 10 años de vigencia de un modelo económico neoliberal que estabilizó las economías locales a costa de los sectores más desprotegidos del continente, los representantes de la OEA se muestran preocupados por la inestabilidad y el descontento sociales que el citado modelo está produciendo en la zona.
Consideramos que el diagnóstico y las respuestas sobre la situación política y social prevaleciente en América Latina, debieron haber sido elaboradas muchos años atrás para evitar tantos sufrimientos a nuestros pueblos y haber fortalecido nuestras incipientes democracias; sin embargo, la propia estructura del organismo regional caracterizada por algunos autores como la relación entre el tiburón y la sardinas, en alusión a la hegemonía estadounidense, no permitía hablar de estos temas.
No fue sino hasta el año de 1976, cuando se introdujeron en la agenda de trabajo de este organismo regional, conceptos para el fomento de la cooperación para el desarrollo integral; más tarde, en el Protocolo de Managua se establece el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, con el objetivo de impulsar iniciativas de cooperación.
En la reunión celebrada hace unos días en la ciudad de México, se aprobó el marco de política general y prioridades de la cooperación solidaria para el desarrollo y el compromiso para impulsar la cooperación solidaria y la superación de la pobreza; en ellos se establece el compromiso de los estados miembros para impulsar la cooperación solidaria para el desarrollo como objetivo fundamental de la OEA, y la reorientación de las actividades en este campo para contribuir con mayor eficacia a los esfuerzos de los países para mejorar los niveles de vida de sus pueblos.
La Asamblea General otorgó un mandato preciso a la organización para redefinir la cooperación como una manifestación de auténtica solidaridad interamericana sobre la base del respeto mutuo e igualdad jurídica de los estados sin la pretensión de imponer modelos únicos preestablecidos, valorando la participación directa de las comunidades en la solución de sus problemas.
Al parecer, las nuevas tareas de la OEA, son corregir los desajustes sociales que ha creado el neoliberalismo, así como también acabar con los rezagos sociales que afectan a 230 millones de latinoamericanos.
El Secretario de Relaciones Exteriores de México, el señor Tello Macías, declaró textualmente que: "Su Gobierno está convencido de que el desarrollo económico y social es condición básica para el mantenimiento, para la estabilidad y nuestra democracia".
También declaró que: "Habría que crear una jerarquía de acciones encaminadas a corregir situaciones de intolerable desigualdad. La prioridad programática de la OEA, de combate a la extrema pobreza latinoamericana es, ciertamente, una loable iniciativa".
Sin embargo, es necesario que las declaraciones del canciller mexicano Tello Macías, vayan más allá del reconocimiento de que el desarrollo económico y social, son condición básica para mantener una democracia estable, porque no son suficientes estos recursos retóricos. Se deben dar los pasos necesarios para acabar con los rezagos sociales que afectan a millones de latinoamericanos.
México debe valorar la importancia que tiene para nuestro pueblo, la adhesión a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tal parece, de acuerdo con lo que sostiene el embajador de México ante la OEA, Alejandro Carrillo Castro, nuestro país estudia la posibilidad de reconocer a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Aún, cuando hay que ser cuidadosos respecto a que las potencias han reivindicado su derecho de injerencia en esta materia, no debemos seguir siendo renuentes a reconocer este órgano jurídico regional, debido a la importancia que tiene al brindar la oportunidad a la ciudadanía de nuestros países, para acudir a instancias internacionales y hacer pública su posición, cuando consideren que se violaron sus derechos políticos, civiles, individuales, colectivos, sociales.
Hoy más que nunca, cuando la violencia ha hecho su aparición en México, debe pasarse de la retórica a los hechos. No se puede seguir profundizando en el modelo económico actual; repito, desde nuestro punto de vista, no se puede seguir profundizando en el modelo económico actual. Se requiere tener como prioridad el desarrollo humano y social. Pero además, es imprescindible iniciar la transición pacífica a la democracia. En México, la sociedad civil desde hace buen rato está diciendo: ¡Basta!
Después de casi dos décadas de aplicación del modelo neoliberal, el hilo se ha roto por lo más delgado. Paradójicamente, mientras a nivel mundial se empieza a reconocer como causas del conflicto el agotamiento de los modelos librecambistas para impulsar el desarrollo humano, en nuestro país, se insiste en dar continuidad a este modelo. Curiosamente, en esta visión coincide la embajadora estadounidense frente a la OEA, la señora Harriet Babbit, quien aseveró que el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, será un mecanismo para aliviar la pobreza en los tres países y permitirá crear las condiciones necesarias para que las economías de América del Norte, puedan hacer frente a los problemas sociales. Este argumento es demasiado simplista, por decir lo menos, porque el libre comercio como primera fase de cualquier integración, no significa un motor para el desarrollo, pues solamente es un mecanismo más para facilitar los intercambios.
Al parecer, para los estadounidenses es importante que México, a pesar de lo recientemente ocurrido en Chiapas, continúe aplicando hacia el futuro, más de lo mismo. Así lo sugieren las declaraciones sustentadas por el Secretario del Tesoro estadounidense Lloyd Bentsen, el 18 de febrero de 1994, quien en el más puro estilo injerencista que algunas potencias usan como herramienta de política exterior, aseguró textual mente, no tener ninguna idea de quién va a ganar las elecciones. Pero desde su punto de vista, las medidas económicas de estos últimos años, desde disminuir la inflación a un dígito, hasta reducir la deuda externa, sientan las bases para el futuro y agregó que con el TLC, no sólo nos hemos acercado mucho más, sino que nos va a asegurar nuestras economías al crear empleos, el mercado más grande del mundo entero, y hacernos más competitivos.
Bentsen recomendó que, gane quien gane las elecciones presidenciales de agosto próximo, promueva que se continúe con la política económica de la actual administración, pues ha convertido a México en un país modelo para toda América latina. Añadió que México ha ayudado a generar una revolución económica que está realizándose en toda América del Sur.
Por otra parte, el columnista del Wall Street Journal, el señor David Atzman, aseguró que si Cárdenas ganara las elecciones, su triunfo alejaría a inversionistas. Además dijo que, el comisionado para la paz, Manuel Camacho, es el candidato ideal, para llegar a la presidencia de México y para continuar con las reformas económicas de Salinas.
Como se puede apreciar, mientras en el mundo se busca encontrar salidas al modelo de ajuste neoliberal que se ha hecho intolerable para nuestros pueblos y en cuyos límites de tolerancia se encuentra en estos momentos nuestro país, tal parece que la continuidad y la cerrazón recomendada por nuestros socios del norte nos conducen a escenarios que van a contrapelo de la historia mundial que vive hoy, o las de transición a la democracia y de reflujo de un modelo que actualmente demuestra su obsolescencia por las inmensas repercusiones sociales que ha generado.
El que hayamos suscrito un acuerdo comercial con los Estados Unidos, no debe autorizarlos para que so pretexto de sus intereses económicos, intervengan flagrantemente en nuestra vida nacional. La cancillería debe protestar lo más enérgicamente posible. Nuestra política exterior ya no puede sostenerse en el cabildeo y en la difusión de una visión oficial que niega la realidad o la falsea.
La globalización ha hecho que la opinión pública mundial esté enterada paso a paso sobre la situación de México. Los ojos del mundo están puestos en nuestro país.
El conflicto de Chiapas y de la forma en que éste se resuelva, marcarán en mucho el futuro de México. Hagamos algo ejemplar.
El Gobierno Federal debe avanzar en la negociación política, en un compromiso con la democracia y con la agenda social. No puede continuar postergándose un futuro mejor para nuestro pueblo, y a esto se contribuirá si se cambia el modelo económico neoliberal que ha guiado los principales pasos del régimen de Salinas.
La Presidenta:
Tiene la palabra sobre este mismo tema, el senador Raúl Enrique Carrillo Silva.
El senador Raúl Enrique Carrillo Silva:
Con su permiso, señora Presidenta; compañeros legisladores:
Efectivamente, los días 17 y 18 del mes en curso se llevó a cabo en esta ciudad, el vigésimo período de sesiones extraordinarias de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, denominado: "Cooperación Interamericana para el Desarrollo".
En ella se discutieron dos temas relevantes: el Marco de Política General y Prioridades de Cooperación Solidaria para el Desarrollo y los Compromisos para Impulsar la Cooperación Solidaria y la Superación de la Pobreza.
Creo que en esencia somos coincidentes con lo aquí planteado por el diputado Martín del Campo.
La Organización de Estados Americanos, asume en este momento una gran responsabilidad, una gran responsabilidad de acuerdo unánime sobre el desarrollo integral, entendido éste como el desarrollo económico con equidad social. Este no es un problema privativo de nuestro país. Así lo aprobaron en esta reunión, los 34 países miembros de la OEA y en los cuales hubo representación de más de 15 secretarios o ministros de relaciones exteriores.
Vale la pena hacer hincapié en el concepto de desarrollo integral, desarrollo integral que contemple democracia, desarrollo integral que comprenda economía estable, desarrollo integral que lleve los satisfactores de la calidad de vida a todos nuestros pueblos.
Así se ha convenido y creo que este acuerdo de la Organización de Estados Americanos, el Congreso de la Unión, en este caso la permanente, debemos ser solidarios para que se cumpla.
Sin embargo, no podemos negar que en México hemos avanzado. No podemos asegurar, ni debemos hacerlo, que hemos erradicado la pobreza extrema, pero sí debemos ser honestos que sí se ha establecido una lucha con programas específicos, encauzados y dirigidos hacia el abatimiento de este problema que es prioritario, como aquí se ha establecido, en casi todos los países de Latinoamérica.
La unidad conceptual, el hecho de haber como país estado en una etapa permanente de consolidación económica, nos ha ayudado y nos va a ayudar para canalizar esos recursos hacia el bienestar social que ya se ha canalizado.
No podemos dudar que los índices de salud se han mejorado. No podemos dudar que la intervención de todos los sectores en el desarrollo económico de nuestro país nos están llevando a una situación real y de un camino adecuado para poder desarrollarnos. Así, la propia reunión de la Organización de Estados Americanos se encauzó con políticas que deben cumplir cada uno de los estados miembros, y prioritariamente nos han llevado a la generación de empleos productivos, teniendo como base una indudable y efectiva capacitación de nuestro pueblo para la actividad productiva y buscar los apoyos interamericanos y no solamente los apoyos interamericanos, sino de otros organismos multilaterales para capacitar a nuestra gente, para mejorar los niveles de nutrición, pero siempre con base en el respeto de las políticas internas de cada país.
Y para poder lograr esto, también se ha acordado incluir y seguir adelante sobre la diversificación económica, la integración, la apertura comercial y el acceso a los mercados. Indudablemente unido a ello va el fortalecimiento de una administración pública y de los niveles de justicia que el programa modernizador actual de México se ha encauzado a esta solución y por ello no podemos negar que en este desarrollo vaya incluida la protección del medio ambiente.
Somos conscientes que Latinoamérica sigue siendo una región en que persiste la pobreza, pero somos conscientes que como organismo al cual pertenecemos, que es la Organización de Estados Americanos, hemos asumido la responsabilidad y los compromisos nacionales para encauzar este desarrollo integral y que es la base o que tiene como base el desarrollo económico con equidad social.
En esta forma considero que el hecho del respeto absoluto a las políticas integrales de cada país y el ofrecimiento de acciones solidarias de todos, nos va a ayudar a consolidar el gran concepto de desarrollo integral, que es desarrollo económico con equidad social. Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Amezcua, sobre el mismo asunto.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo:
La reciente reunión de la OEA da pie para reflexiones en torno a cuestiones trascendentes, como es la del desarrollo económico, que por sí solo el concepto desarrollo implica equidad en la distribución del ingreso, que por sí solo el concepto desarrollo, a diferencia del concepto crecimiento económico implica elevación del nivel de vida de las masas populares; da pie a ese tema y da pie también al otro, nuevamente al de la soberanía, al de la independencia, al de la capacidad de autodeterminación real o ficticia, mediatizada o ejercida a plenitud.
En efecto, la OEA ha sido el foro de una lucha permanente y sistemática desde que fue creada, de una contradicción entre muchas que tienen qué ver sobre todo con la aspiración de independencia, de autodeterminación de nuestros pueblos de América Latina; se trata de un foro de carácter regional que tiene qué ver con todo el continente, pero que por esa misma característica sufre una profunda deformación, porque como lo señalara Juan José Arévalo, de manera cierta, es muy difícil que puedan compartir intereses y que puedan actuar por lo tanto de manera concertada, coordinada, una gran potencia, una enorme potencia, una poderosísima potencia, que además ejerce todo ese enorme poder con un criterio injerencista, hegemonista, desde siempre y de manera mucho más acusada en nuestros días, que pueda tener coincidencias y concordancias y caminar con un mismo sentido, con un grupo de países que luchan por desarrollarse de manera soberana, que son los de América latina y el Caribe.
Por esa razón se ha dado ahí esa permanente lucha, esa permanente confrontación, ese permanente conflicto. Estados Unidos siempre ha tenido el deseo de convertir cada vez más la OEA en lo que ya también algún eminente internacionalista calificó alguna vez como la Oficina de Colonias de los Estados Unidos, y los países de América latina sobre todo cuando tienen gobiernos de carácter patriótico, se cuente con los intereses de sus pueblos, han aspirado por el contrario a convertir esta organización en una que defienda los intereses comunes de estos países, los países nuestros.
Sería deseable que en esta etapa, en esta etapa de proceso electoral, en esta etapa de elaboración y registro de las plataformas electorales de los partidos, en esta etapa de agotamiento de un modelo, el modelo neoliberal, en esta etapa de búsqueda por lo tanto de lo que debe reemplazar al modelo neoliberal, en todos los países de nuestra región, pero particularmente hablando del caso mexicano, del caso nuestro, sería deseable que los partidos que consideramos tener deberes y compromisos con la nación mexicana como entidad, que valoramos en alto el concepto de soberanía, el concepto de independencia, que valoramos en alto también el concepto de latinoamericanismo, incluyéramos entre nuestras demandas, aquella que viene de atrás, de luchar por la conversión de la OEA en un órgano no continental, sino en un órgano regional latinoamericano.
Poco tiene en común con nosotros los Estados Unidos como potencia, nada tiene en común diría yo, corrigiendo mi expresión anterior por inexacta. Con los Estados Unidos es preferible tratar como bloque regional, no es posible que forme parte de una hermandad un gigante que habla otro idioma, que tiene otra cultura, que tiene otras ambiciones, que tiene otras dimensiones y que siempre está al acecho de nuestros países.
Esta otra instancia que se generó hace poco tiempo, a la que se denominó Cumbre Iberoamericana y que lleva ya varias reuniones, apunta de una manera muy positiva como un escenario que podría en un momento dado reemplazar al otro que iría perdiendo vida, vigencia y cayendo en la caducidad: la Organización de los Estados Americanos; sin embargo nunca ha gustado a los Estados Unidos el que los países latinoamericanos, en este caso además España y Portugal, puedan reunirse sin su convocatoria, sin su permiso, sin su agenda, sin su intromisión, a discutir sus cosas ni a buscar caminos conjuntos.
Nunca les ha gustado y hoy tratan ya de reemplazar a las cumbres iberoamericanas con una nueva forma de reunión que es la antípoda, la reunión de los gobernantes democráticos del continente. Democráticos según el leal entender del Gobierno de los Estados Unidos, que ya hemos comentado, sería más bien modelo de antidemocracia, de primitivismo, no hay pluralismo, no hay vida plural partidaria política, no hay un partido que represente intereses de la clase obrera, no hay muchísimas cosas que ya tenemos en México por fortuna, con todas las deficiencias que todavía tiene sin duda nuestra vida democrática, y ellos son los que se tomarían la libertad de decidir quiénes son los gobernantes democráticos que deberían reunirse con ellos, porque si fuera una instancia imparcial, sin duda no tendrían derecho de acudir a esa reunión los Estados Unidos. Muchas gracias.
COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
La Presidenta:
Esta Presidencia acaba de recibir un oficio de la Comisión de Derechos Humanos. Se ruega a la Secretaría dar cuenta con él.
El secretario diputado Francisco José Paoli Bolio:
«Ciudadana diputada María de los Angeles Moreno, Presidenta en turno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presente.
Para los efectos a que haya lugar, me permito remitir a usted el documento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, presentado a la opinión pública el día de hoy, relativo a los hechos suscitados en los Altos y en la Selva del Estado de Chiapas.
Sin otro particular, le reitero las muestras de mi más atenta y distinguida consideración.
El Presidente de la Comisión Nacional, licenciado Jorge Madrazo.»
Señoras y señores presidentes de los Organismos Públicos de Protección y Defensa de los Derechos Humanos de la República Mexicana; muy distinguidos representantes de los medios de comunicación social; compañeras y compañeros servidores públicos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos:
Sean mis primeras palabras para agradecer a ustedes su presencia en este acto, lo que nos estimula y alienta. Me es muy grato expresarles que al propio tiempo de presentar a la sociedad este informe, a través de los medios de comunicación, el mismo se está remitiendo al titular del Poder Ejecutivo de la Federación y al Presidente en turno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, para los efectos a que haya lugar.
El que este foro esté constituido por los integrantes de la Federación de Organismos Públicos de Protección y Defensa de los Derechos Humanos es, además de un privilegio que mucho agradezco, un signo de reconocimiento a su trabajo actual y a sus grandes potencialidades.
Hoy se cumplen 52 días desde que la Comisión Nacional de Derechos Humanos inició el desarrollo de tareas en el contexto del trastorno interior suscitado en diversos municipios de los Altos y de la Selva de Chiapas.
De manera natural, el Ombudsman no hace públicos los resultados de su trabajo sino hasta la conclusión definitiva de los casos que son sometidos a su consideración. Sin embargo, dada la naturaleza del conflicto, el tiempo transcurrido desde su irrupción, la velocidad de los cambios y acontecimientos, la atención permanente que a este problema le ha dado la opinión pública nacional e internacional, en síntesis, su excepcionalidad, se hace necesario presentar un balance de las acciones emprendidas hasta la fecha por esta institución.
Desde luego, no se trata de un informe definitivo ni omnicomprensivo porque, a pesar de que existe un avance sustancial en las investigaciones, aún quedan pendientes diligencias por realizar y aspectos por esclarecer.
La tarea de proteger y defender los Derechos Humanos en situaciones de normalidad y en las diferentes latitudes del mundo, nunca ha resultado sencilla, pero mucho menos lo es cuando esta función debe desplegarse paralelamente al desenvolvimiento de un conflicto de armas y de sus efectos inmediatamente posteriores. Indudablemente, las circunstancias de los combates, el temor, la ansiedad, los desplazamientos de poblaciones y las dificultades de tránsito y comunicación, hacen más complejo el despliegue de las tareas protectoras.
El Estado mexicano determinó enfrentar esta emergencia dentro de la línea de la vigencia de las garantías fundamentales. Descartó los términos del artículo 29 de la Constitución General de la República para solicitar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la suspensión de las garantías en esa parte del territorio nacional, lo que hubiera llevado al establecimiento de un estado de sitio o régimen de excepción.
Sólo de esta forma se hizo posible, entre otras cosas, la presencia y participación en la zona del conflicto de innumerables organismos no gubernamentales de Derechos Humanos de México y del extranjero y de la propia CNDH.
Huelga decir que de haberse suspendido las garantías, el papel de los organismos sociales y públicos de Derechos Humanos habría sido, en todo caso, muy limitado y estrecho.
Afortunadamente sucedió lo contrario. Más de 140 organismos no gubernamentales mexicanos y algunos de los más prestigiados en el orden internacional han estado y aún están en Chiapas. La presencia de la Comisión Nacional data desde el mismo 2 de enero.
Las condiciones impuestas por el desarrollo del trastorno, ciertamente han importado limitaciones respecto de algunas garantías, principalmente de tránsito y reunión. Estas limitaciones se deberían tener por acreditadas dentro de un contexto de normalidad y paz, que no es el que ha privado en la zona del conflicto. Sin embargo, tendremos que convenir que tales molestias, aunque nos han afectado, no han sido obstáculos insalvables para el desarrollo de nuestras responsabilidades. Los medios de comunicación social han divulgado diariamente esta circunstancia.
A la fecha no he localizado antecedentes internacionales de que en un conflicto armado similar al de Chiapas, o de muchas mayores proporciones como son la inmensa mayoría de los hechos de armas que se han escenificado y se escenifican actualmente en el mundo, se haya dado una presencia tan nutrida de las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos y de participación del Ombudsman, de modo paralelo, o casi paralelo, al desarrollo de los acontecimientos.
La amplia presencia de los organismos de la sociedad para la defensa de los Derechos Humanos en la zona del conflicto, aunado al trabajo del Ombudsman Nacional, ha gravitado, quiero pensar, de manera importante en el derrotero del trastorno interior. Esta situación también demuestra que en nuestro país ha surgido, dentro del Estado y en la sociedad, una corriente irreversible por los Derechos Humanos. Todos los mexicanos debemos seguir trabajando para extenderla, consolidarla y fortalecerla.
Cuando el 5 de enero pasado tuve la oportunidad de conversar con el Presidente de la República sobre la conveniencia de estar personalmente dirigiendo los equipos de investigación de la CNDH que ya se encontraban en Chiapas, me reiteró que las órdenes que había girado a las fuerzas armadas y de seguridad eran de conducir sus acciones con estricto respeto a los Derechos Humanos. Me consta que los altos mandos del Ejército, el Ejecutivo Local y los procuradores de Justicia instruyeron a su personal para que procediera en el mismo sentido.
Desde luego, el que estas órdenes hayan sido dadas, no es óbice para considerar que algunos servidores públicos las hubieran podido desobedecer, o que por la propia amenaza que a cada momento supone poder perder la vida, se haya actuado con exceso o de manera contraria a lo que la Ley y la disciplina indican.
Esclarecer estos casos resulta socialmente indispensable. El titular del Poder Ejecutivo Federal ha expresado públicamente que nada se ocultará y que se hablará con la verdad.
Disciplinar las faltas de individuos que han equivocado conductas y hacer cesar y reparar las violaciones perpetradas, no resta reconocimiento social a las instituciones. Por el contrario, las fortalece, las impulsa para seguir realizando sus importantes funciones, las acerca al aprecio y a la consideración de la sociedad.
Como dije, la Comisión Nacional ha venido desarrollando su trabajo de Ombudsman en la zona de conflicto desde el 2 de enero próximo pasado, cuando se envió personal para colaborar en la evacuación segura de turistas de la ciudad de San Cristóbal de las Casas. A partir del día 5, se reforzaron los equipos de investigación con más visitadores adjuntos, criminólogos, médicos forenses y personal de comunicación social. Desde entonces, se instalaron oficinas de la CNDH en San Cristóbal y Tuxtla Gutiérrez.
En un principio, la Comisión Nacional desarrolló paralelamente diversas acciones: gestionó la instalación de albergues y su aprovisionamiento, se canalizaron víveres y ayuda médica; se inició el registro de muertos, heridos y desaparecidos y la localización de estos últimos y se visitó y declaró a los detenidos en diferentes lugares de reclusión; se comenzaron a recibir y a investigar las quejas por presuntas violaciones a Derechos Humanos.
Hasta el día de ayer, la CNDH había recibido o iniciado de oficio 218 quejas que involucran a 727 agraviados. En diversos expedientes aparecen como agraviados comunidades o ejidos enteros que no han sido contabilizados individualmente y que, por tanto, no se reflejan en la cifra antes citada.
De la narración de los hechos expuestos por los quejosos, se desprende que en nueve expedientes no se trató de acciones violatorias a Derechos Humanos, sino de peticiones o solicitudes de ayuda humanitaria que, con enorme gusto, atendimos en la medida de nuestras posibilidades y limitaciones.
En el área propiamente de nuestra competencia, recibimos 20 quejas en contra de actos realizados por el EZLN; 76 contra elementos del Ejército mexicano; cuatro contra servidores públicos de la Procuraduría General de la República; tres contra empleados y agentes judiciales del Gobierno del Estado; una contra los presidentes municipales de Altamirano, Las Margaritas y Tenejapa; dos contra el de San Juan Chamula y tres contra el de Oxchuc, entre las principales.
Respecto de las quejas recibidas contra el EZLN es indispensable formular algunas consideraciones: la primera, en el sentido de que algunas de las conductas que a dicho grupo se imputan son idénticas o similares a las que se reprochan de autoridades o servidores públicos; unas y otras tipificarían el mismo delito. Sin embargo, las acciones violatorias de las garantías fundamentales, jurídicamente, sólo pueden referirse a una autoridad o a un servidor público. En virtud de que los elementos del EZLN son particulares, la Comisión
Nacional formulará el desglose correspondiente de sus expedientes para que, de acuerdo con el fuero, las procuradurías de Justicia tengan la intervención que la Ley les confiere. En especial, cada vez se documenta más el desplazamiento y abuso sobre indígenas que habitaban en la zona donde opera el EZLN y donde no ha habido presencia del Ejército. Hay ya alrededor de 20 mil desplazados de esa zona sobre cuya circunstancia ha iniciado averiguación la PGR por tratarse de actos perpetrados por el EZLN.
Entre los diversos hechos violatorios a Derechos Humanos alegados por los quejosos en sus distintos cursos y comparecencias o presumidos por la institución al iniciar oficiosamente las investigaciones, mismos que aparecen en nuestros 218 expedientes, se encuentran: homicidio 56; lesiones 30; desapariciones forzosas o involuntarias 427; abuso de autoridad 25; tortura 80; detención ilegal 42; confiscación de bienes cuatro; amenazas e intimidación dos; robo seis; ataques aéreos cuatro; limitaciones a la libertad de tránsito cinco; daño en propiedad ajena tres; secuestro dos; falsa acusación 17; y otros 24 por hechos diversos.
En el renglón relativo a las desapariciones, la CNDH recibió 427 peticiones para la ubicación de personas. De todas ellas han sido esclarecidos 404 casos y restan por resolverse 23, es decir, el 5.4%. En 371 ocasiones se localizó a las personas vivas y de vuelta en sus domicilios. En la mayoría de estos casos las personas no habían podido regresar dadas las condiciones de intercambio de fuego o por la peligrosidad que los retornos implicaban. En siete casos se localizaron los cadáveres de los ausentes, iniciándose así la investigación por sus muertes. En una ocasión la persona se ubicó herida y, en 25, detenidas en alguno de los centros de reclusión. Es indudable que no todas las desapariciones han sido denunciadas ante la CNDH.
En otro orden de ideas, la Comisión Nacional ha desarrollado investigaciones acerca de lo que se ha dado en llamar "bombardeos aéreos". Estas diligencias de inspección ocular, recuperación de evidencias y examen criminalístico, se verificaron en las inmediaciones de San Cristóbal de las Casas, concretamente en María Auxiliadora, Corralito y San Antonio de los Baños, así como en Ocosingo y en Altamirano y su periferia.
Por cuanto hace a la zona de San Cristóbal, no se localizaron daños en las localidades de María Auxiliadora y Corralito. En San Antonio de los Baños, a 250 metros de distancia del área poblada, se encontró un granero deshabitado, quemado de manera total y reciente, así como diversos cráteres producidos por proyectil aéreo, con dimensiones aproximadas de 77 centímetros de diámetro y hasta de 30 centímetros de profundidad, así como una superficie de terreno quemado de alrededor de 250 metros cuadrados.
En la ciudad de Ocosingo se localizaron impactos de artillería aérea, o bien de fuego de mortero, en el mercado municipal y en el techo de la iglesia de la población.
Finalmente, en Nuevo San Carlos, población ubicada en el perímetro de Altamirano, se documentó una operación de ataque aéreo, a una distancia de 600 metros del caserío y durante la cual pereció un menor y dos adultos varones resultaron lesionados. Los tres de la población civil. La práctica de la necropsia realizada por nuestros peritos y la fe de lesiones realizada a uno de los adultos, permitió concluir que la muerte y las lesiones se produjeron a consecuencia de dichos disparos aéreos.
Pericialmente se ha determinado que los proyectiles utilizados en los sitios en donde la Comisión nacional realizó sus investigaciones corresponden a los denominados "rockets" o cohetes, cuya capacidad de destrucción por su onda expansiva y de expulsión de fragmentos es menor a la que en un momento podría provocar lo que comúnmente se conoce como bombas.
Otro hecho investigado por la Comisión y que es del dominio público, está relacionado con el incidente del día 4 de enero, en un retén militar ubicado en Rancho Nuevo, cuando un vehículo volkswagen, tipo combi, utilizado para el transporte colectivo de pasajeros, no acató el alto que elementos del Ejército le indicaron y, proyectándose sobre el retén, fue impactado por numerosos disparos de diferentes calibres. De estos hechos resultaron cuatro personas muertas, incluida una menor, y cinco heridos. Después de haber recibido los testimonios de los lesionados se pudo concluir que el dueño y conductor del vehículo fue materialmente obligado por el pasajero que viajaba a su lado a no detenerse en el retén para la revisión correspondiente, y que dicho pasajero incluso accionó el acelerador proyectándose sobre los elementos que se encontraban en el puesto de revisión. Aunque tal situación parece esclarecida, está probado que la posición final del pasajero de referencia que resultó muerto, no fue la última y final, como se aprecia en la fotografía que muy ampliamente ha circulado. A esta conclusión se ha llegado por la falta de correspondencia entre las heridas
que mostraba el cadáver y la ausencia de manchas de sangre en el respaldo del asiento en que supuestamente fue encontrado y fotografiado; así también, por el hallazgo de pasto en las ropas y en el pelo del occiso. Pareciera que intencionalmente se le colocó en esa posición, que fue la analizada por los peritos de la CNDH.
La Comisión nacional recibió la declaración de los 131 detenidos que fueron internados en el Centro de Readaptación Social de Cerro Hueco, en Tuxtla Gutiérrez. Todos ellos se videofilmaron y su estado sicofísico fue certificado. En 72 personas se encontraron diversos tipos de lesiones, todas calificadas pericialmente como entre aquellas que no ponen en peligro la vida y tardan en sanar menos de 15 días. En seis casos el tiempo para sanar se consideró mayor a los 15 días. Es indiscutible que tales personas fueron objeto de malos tratos, por lo que es imprescindible, ante imputaciones diversas, ubicar a los responsables de entre elementos de las fuerzas armadas, de seguridad pública y policía judicial. Estas quejas que están radicadas en la CNDH se asocian con otros hechos violatorios, como detención ilegal, incomunicación, falsa acusación y también en algunos casos de tortura, sin haberse comprobado esta última. En general, la Comisión nacional trabaja en la acreditación de las imputaciones.
La CNDH ha tenido conocimiento o localizado diversos cadáveres o restos humanos en las poblaciones de Ocosingo, Altamirano, Las Margaritas, Rancho Nuevo y en el ejido Morelia. En total suman 40 occisos, de los cuales se tiene identificados a 20 como personas que fueron de la población civil; seis elementos de seguridad pública y 14 desconocidos no reclamados, que bien podrían ser elementos del EZLN, aunque esto no está verificado.
El número total de fallecimientos que han sido reportados a la CNDH es de 145, entre los que se encuentran 14 elementos del Ejército mexicano y 38 agentes de Seguridad Pública.
De todos estos graves casos, el que más preocupa a la Comisión nacional es el relativo a la fosa común localizada en el panteón municipal de Ocosingo, en la cual fueron localizados 11 cadáveres de personas adultas del sexo masculino. Este hallazgo está íntimamente vinculado con los hechos del día 3 de enero, acontecidos en la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social de esa población, ubicado a pocos metros del referido cementerio.
A partir de la primera exhumación de los cadáveres realizada el día 15 de enero, la CNDH no ha dejado y no dejará de investigar este caso. El día 3 de enero, a las 15.30 horas, elementos del Ejército mexicano habrían irrumpido en las instalaciones hospitalarias: unas versiones sostienen que aparentemente sin justificación alguna, pues según refieren los testigos la clínica no estaba bajo el control del EZLN ni elementos de este grupo ostensiblemente se encontrarían hospitalizados. Sin embargo, también se ha declarado que elementos del EZLN la ocuparon temporalmente. Pacientes, sus familiares, enfermeras, trabajadores y médicos fueron evacuados varias horas del interior de la clínica siendo objeto de interrogatorios constantes. Después de que se permitió a esas cerca de 150 personas pernoctar, todas juntas, en una misma sección del hospital, durante el día siguiente fueron evacuadas y la instalación clausurada por el Ejército.
Las evidencias con que cuenta la CNDH le permiten considerar, hasta ahora, que de esos 11 cadáveres, dos eran personas de la población civil que murieron fuera de la clínica y dentro de la línea de combate de los enfrentados; otros dos cadáveres corresponden a familiares de enfermos que se encontraban acompañándolos y uno más a un paciente que fue internado la víspera de los hechos, a causa de haberse golpeado la cabeza, y cuya necropsia reveló, además, una herida penetrante de tórax por proyectil de arma de fuego que le produjo la muerte.
En adición a las aquí descritas brevemente, la CNDH se encuentra desarrollando investigaciones acerca de otros 81 casos.
La Comisión nacional se ha sentido alentada por la respuesta que la Procuraduría General de Justicia Militar le ha hecho llegar en la que se establece el compromiso de realizar una averiguación previa para deslindar responsabilidades tanto en el caso de cinco sujetos que el día 3 de enero perdieron la vida en el mercado de Ocosingo, probablemente en maniobras de ejecución sumaria, como por los hechos de la clínica del IMSS en la misma población. En el mismo sentido y sobre los mismos hechos, resulta esperanzadora la respuesta de la Procuraduría General de la República.
Las declaraciones vertidas por las procuradurías mencionadas y por los altos mandos de las fuerzas armadas, dan seguridad a la Comisión nacional de que, como en estos casos, en todos los demás reseñados en el presente documento se iniciarán las acciones judiciales correspondientes para esclarecer definitivamente los hechos y ubicar a los presuntos responsables.
Con independencia de que la Comisión nacional continuará desarrollando sus investigaciones, está en la mejor disposición de auxiliar con sus probanzas periciales a estas instituciones, reservándose escrupulosamente la procedencia de los testimonios.
Los sucesos de Chiapas no pueden considerarse como accidentes, paréntesis o interrupciones dentro de la política del Estado para proporcionar una más adecuada protección y defensa de los Derechos Humanos en nuestro país. Por el contrario, si hace 43 meses el Gobierno del presidente Salinas no hubiera tomado las acciones que en esta materia emprendió, difícilmente podríamos haber alcanzado las soluciones que hoy se presencian. Indudablemente se han presentado en Chiapas violaciones a Derechos Humanos realizadas por diferentes individuos, pero ellas se están investigando con profundidad, imparcialidad y honradez. Se está hablando con la verdad y con la objetividad que la sociedad exige.
La intervención de la Comisión nacional en el conflicto de Chiapas no cesará al concluir las investigaciones que se encuentran actualmente en curso. El Consejo de la CNDH acordó el establecimiento de un programa permanente para los Altos y la Selva de esa entidad federativa. Nuestra presencia tendrá por objeto atender las secuelas que necesariamente traerá aparejadas el conflicto armado, mismas que deberán encararse con estrategias y procedimientos diferentes a los que se utilizaron en la década de los setenta. La Comisión nacional ha detectado a caciques que, además de haberse pronunciado por la salida de la institución del territorio chiapaneco, pueden poner en entredicho el proceso de paz con el fin de proteger sus espurios intereses.
A partir de esta semana, las labores de divulgación y capacitación de la CNDH acompañarán el resto de nuestras faenas. Nos proponemos que cada indígena y campesino chiapaneco cuente con la información indispensable para defender sus Derechos Humanos; para ello utilizaremos medios impresos y de radiodifusión. Convocamos a los organismos de la sociedad civil para que nos auxilien en esta tarea.
A pesar de lo doloroso que ha resultado el conflicto de Chiapas, nos ha dejado lecciones valiosas. Una de las más importantes está, precisamente, en el área de los Derechos Humanos. Es cierto que en los últimos cuatro años hemos avanzado en la reforma de nuestra Constitución y nuestras leyes; hemos modificado prácticas y superado vicios; hemos creado nuevas instituciones y renovado procedimientos; hemos incidido en el cambio de algunas mentalidades. Pero lo que queda por hacer es mucho más. La larga historia de Chiapas es clara muestra de que tenemos que avanzar en la protección de los Derechos Humanos más aceleradamente.
El sistema nacional no jurisdiccional de protección a los Derechos Humanos, goza del apoyo, la comprensión y la simpatía de múltiples autoridades pero, desafortunadamente, no de todas. 43 meses después de haber arrancado este esfuerzo sin precedente, todavía existen servidores públicos federales, estatales y municipales que no han querido sumarse a esta tarea, a esta convicción, a esta causa. Desoyendo las indicaciones del Presidente de la República y muy lejos de imitar las expresiones de su voluntad política, todavía hay quienes no aceptan las recomendaciones de los Ombudsman, o maliciosamente retardan su cumplimiento, o simplemente simulan cumplir. Ellos, con su actitud, se suman a los enemigos de la causa de los Derechos Humanos, que es causa del Gobierno actual; que es causa de México.
Hoy en día el incumplimiento de una recomendación de un Ombudsman o el regateo a nivel local para otorgarles los apoyos que requieren, significa un serio dolor de cabeza pero, para quienes así proceden, en el futuro más inmediato, cuando en la siguiente generación se consolide definitivamente la cultura de los Derechos Humanos, ello será motivo de vergüenza y causa para el legítimo reproche de sus hijos.
Las crisis y los conflictos ponen a prueba a los hombres y a las instituciones; provocan que se descubra la intimidad de la materia real de la que están hechas; son actos que desnudan, que exhiben. Los actuales tiempos son de reto y de esperanza, momentos que obligan a la reflexión sobre lo alcanzado y sobre lo que falta por hacer, coyunturas de la existencia que fortalecen o aniquilan.
La respuesta de la nación ante el reto de Chiapas muestra su madurez y su templanza. Al pronunciamiento de la violencia se ha opuesto la voluntad por la paz, pero no por cualquier paz, sino por una que convoque a la unidad, al desarrollo, al humanismo, a la justicia social, a la democracia, a la igualdad ante la Ley que parte del reconocimiento de nuestra diversidad y nuestras diferencias. La irrenunciable conquista de estos valores superiores sólo se afirma en una sociedad en la que los Derechos Humanos se reconocen, se desarrollan y se respetan. Lograr este propósito
en plenitud es la tarea que se nos ha confiado. Seguiremos tratando de responder a ella hasta el límite de nuestras fuerzas y capacidades. La causa lo merece.
22 de febrero de 1994.
Licenciado Jorge Madrazo, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
La Presidenta:
Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y córrase traslado a la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente y al grupo plural, para su conocimiento.
ESTADO DE CHIAPAS
El Presidente:
Como siguiente asunto, tenemos comentarios sobre los acontecimientos en el Estado de Chiapas. Tiene para ello el uso de la palabra, el diputado Alejandro Encinas Rodríguez.
El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez:
Con su permiso señora Presidenta; compañeras y compañeros legisladores.
Finalmente, el pasado lunes inició el diálogo en el Estado de Chiapas, para encontrar la solución política y negociar el conflicto que se vive en esa entidad. Con ello, sin duda, han fructificado los esfuerzos de los sectores involucrados y de todos quienes hemos contribuido a crear las condiciones y a dar las garantías para la negociación política.
Hasta ahora, cada parte ha cumplido con el papel que le corresponde, con su responsabilidad; ha cumplido la autoridad federal, el Ejército nacional, ha cumplido el Congreso de la Unión, los organismos no gubernamentales y especialmente la Cruz Roja. Sin embargo, hay barruntos que pretenden socavar este proceso y romper la negociación para justificar una salida de fuerza al conflicto.
Desde los primeros días hemos sido testigos de diversos chantajes y amenazas que hoy pasan a convertirse en hechos y que atentan contra la paz en la región. Primero fueron las movilizaciones promovidas en Oxchuc, en Ocosingo, en San Cristóbal, en donde si bien algunos sectores de la ciudadanía planteaban la permanencia del Ejército nacional, se pretendía el desprestigio y retiro de los organismos no gubernamentales de derechos humanos y de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos. Luego vinieron las amenazas del rearme de guardias blancas, el anuncio de la contratación de mercenarios para organizar la contrainsurgencia en ese Estado; ahora se pasa a los hechos.
Mientras que están teniendo lugar pláticas entre el comisionado Manuel Camacho Solís y la representación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, para encontrar fórmulas que permitan la solución política del conflicto, hecho que nos hace abrigar expectativas optimistas sobre la posibilidad de lograr transformaciones en las instituciones y en la situación económica y política de la entidad, para lograr una paz duradera con justicia y desarrollo, han tenido en los últimos días hechos que nos deben alertar sobre la existencia de una escalada de violencia y de intolerancia, que de no detenerse oportunamente pudieran significar un serio obstáculo para el proceso de pacificación.
En el municipio de Altamirano, en días pasados fue detenida la caravana universitaria Ricardo Pozas, integrada por estudiantes de diversos centros de educación superior, como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Escuela Nacional de Antropología e Historia y otras instituciones, quienes llevaban víveres a los pobladores de una de las zonas afectadas por el conflicto. Azuzados por autoridades municipales y grupos de poder en la zona, un grupo de personas insultó, amenazó y vejó a los integrantes de la caravana en un ambiente de intolerancia y violencia que hace recordar el grado extremo que se vivió en el pueblo de Canoa, en el Estado de Puebla, en el contexto del movimiento estudiantil de 1968.
En ese mismo municipio de Altamirano han sido amenazadas de muerte y amenazados de incendiar el Hospital San Carlos, religiosas que prestan su servicio en este hospital, que se ubica justamente en la región, a quienes se les pretende obligar a abandonar el municipio, hecho que fue propiciado por los mismos personajes involucrados en la violencia hacia los universitarios.
Desde nuestras primeras visitas a la entidad, pudimos percatarnos de las medidas de presión y el tono de intolerancia que están propiciando algunos sectores en los municipios de la zona afectada. La beligerancia de estos grupos ha venido creciendo como lo demuestran los hechos señalados, dentro de un marco de impunidad e incluso con la protección de algunas autoridades municipales.
Todos quienes nos hemos planteado la necesidad de una salida política, autoridades, partidos, sociedad, hemos condenado estos hechos de manera enérgica y esperamos que las autoridades estatales y federales realicen su mayor esfuerzo para detener esto, que pudiera convertirse en una espiral de violencia dentro del marco que se ha planteado para propiciar una salida negociada al conflicto y evitar las consecuencias que pudieran derivarse de la impunidad con la que siguen actuando los caciques de la región.
Por eso consideramos que se deben de continuar y redoblar los esfuerzos y las acciones de la sociedad y de las instituciones de la República, en especial del Congreso de la Unión, a través del grupo plural, para seguir garantizando las condiciones que se requieren para la negociación.
Pero también proponemos formalmente en esta tribuna, que los partidos políticos en el Estado de Chiapas, nos reunamos para coordinar y asumir compromisos que allanen el camino y fortalezcan las garantías que requiere el proceso de negociación para alcanzar la paz en Chiapas. Es una responsabilidad de los partidos y creo que si sumamos los esfuerzos, atendiendo a las recomendaciones a las que por consenso hemos llegado el grupo plural, contribuiremos de manera importante a cesar la impunidad y los actos y acciones que grupos que quieren regresar al pasado, al 31 de diciembre de 1993, están interesados en desarrollar, a fin de buscar una salida de fuerza en ese Estado.
Creemos en la política, y como políticos creemos que los partidos podemos llevar ese compromiso en la entidad, para lo cual invitamos a todos los partidos, representados en la Cámara, a reunirnos a la brevedad en el Estado de Chiapas. Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra el senador Manuel Díaz Cisneros.
El senador Manuel Díaz Cisneros:
Con permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores.
Hemos escuchado con atención los planteamientos del diputado Alejandro Encinas, y podríamos decir que coincidimos en la totalidad de su argumentación.
Efectivamente, en el Estado de Chiapas se ha realizado un esfuerzo supremo, por todas las partes involucradas, para llegar a una solución política, para llegar a un restablecimiento de la paz con dignidad, sobre todo para los indígenas involucrados en este problema.
Condenamos desde luego cualquier acción que pudiera entorpecer este diálogo que formalmente se inició el pasado lunes.
En cuanto a su llamado a que los partidos políticos se reúnan en Chiapas para abordar estas cuestiones, nosotros consideramos que la integración por parte de esta Comisión Permanente, de un grupo plural, en donde están representados todos los partidos, es ya una respuesta, es ya la participación de los diferentes partidos representados en este Congreso.
Desde luego que no negamos que en un conflicto de esta magnitud haya muchos intereses; que si el día 1o. de enero un grupo que se estuvo preparando durante varios años, decidió hacer uso de la violencia, muchos integrantes de los diferentes sectores de ese Estado seguramente sintieron amenazados sus intereses.
Insistimos que la acción que puedan tomar esos grupos, los particulares, o incluso organizaciones, no coincide con la voluntad que ha manifestado el Gobierno Federal para llegar a acuerdos satisfactorios en este conflicto.
No se puede entonces, y consideramos que ése fue el sentido de las palabras del diputado Encinas, no son los sectores involucrados, no es el Ejército mexicano, no es el Gobierno Federal, no es el llamado Ejército Zapatista, quienes están realizando acciones que pudieran entorpecer estas pláticas, son otros sectores.
Creemos que sería obvio que nosotros manifestáramos aquí que todas estas cuestiones deben resolverse atendiendo a nuestro orden jurídico. Que si a título personal, personas o grupos realizan actos fuera de la Ley, deben ser tratados con el mismo rigor que cualquiera. Hace ocho días cuando se planteó aquí la problemática de algunos municipios del Estado de Chiapas, nosotros llamamos la atención en el sentido de que no era oportuno plantear otras cuestiones al margen de la Ley para resolver estos problemas, precisamente porque se estaba a punto de iniciar este diálogo, y hacíamos referencia a que incluso se habían detenido algunas acciones como las de la Procuraduría General de la República, para iniciar averiguaciones sobre denuncias de ilícitos, precisamente porque esto podía
provocar el rompimiento de ese clima que estaba lográndose para asistir a este diálogo por la paz y la reconciliación.
Todavía seguramente se va a hablar mucho de esto, todavía seguiremos discutiendo aquí cuál es el fondo y las razones, cuáles son las medidas que habrán de adoptarse, cuáles sean los acuerdos a que se llegue; quiénes serán las autoridades que habrán de ejecutarlos. Pero por ahora, consideramos que los pasos que se han dado han sido en el sentido correcto, que hay ya el principio de un diálogo pluripartidista precisamente en esta Comisión plural que se integró aquí en la Comisión Permanente. Le ratificamos nuestra confianza a esta Comisión plural para que siga realizando las acciones positivas y propositivas que hasta ahora ha realizado. Gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Jesús Martín del Campo, en términos del artículo 102.
El diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda:
Rápidamente quiero decir que los de la fracción del Partido de la Revolución Democrática estamos de acuerdo en que la Comisión plural es la instancia idónea de esta Comisión Permanente para estar discutiendo y llevando a cabo todas las acciones que contribuyan a este marco de favorecer la negociación que ya se inició entre las partes involucradas en el conflicto chiapaneco.
Sólo quiero aprovechar la ocasión para leer un documento que nos han pedido los estudiantes universitarios de la Caravana Universitaria "Ricardo Pozas", que aclara quiénes son para que se sepa el motivo de sus actividades de solidaridad hacia la población chiapaneca, y dice:
"México, D.F., a 23 de febrero de 1994.
La Caravana Universitaria "Ricardo Pozas", es una organización ciudadana con carácter estrictamente humanitario que surgió a raíz del conflicto bélico en Chiapas. Queremos aclarar que en la caravana participan estudiantes y profesores de la UNAM, de la UAM y del ITAM. Es importante hacer saber que no somos una caravana del CEU, aun cuando varios de nuestros miembros participen en dicha organización. Creemos que nosotros sólo somos los coordinadores de un sinnúmero de ciudadanos que aportó su ayuda para hacer posible nuestros envíos de víveres a la zona de conflicto.
Opinamos que nuestra caravana representa a cada persona que nos entregó ayuda material en cada una de las unidades habitacionales donde realizamos campañas de acopio; además, recibimos el apoyo de numerosos sindicatos, escuelas, iglesias, organizaciones de colonos, etcétera. Es por esto que hacemos un llamado a repudiar las agresiones a nuestra caravana como a cualquiera otra organización de carácter humanitario.
Para dejar constancia de la pluralidad que representamos, queremos recalcar que los estudiantes que conformamos la Caravana "Ricardo Pozas" tenemos distintas posiciones políticas y religiosas, habiendo entre nosotros partidarios de diversos partidos, valga la repetición, entre los que hay perredistas, priístas, católicos y ateos.
Manifestamos nuestra preocupación por las amenazas y el hostigamiento que han sufrido las Hermanas de la Caridad que laboran en el Hospital de San Carlos, de la localidad de Altamirano, puesto que fuimos testigos de que están realizando una labor humanitaria y neutral que hoy se necesita más que nunca.
Por último, hacemos un llamado al Poder Legislativo, para que apoye nuestra propuesta de convertir al ejido Morelia en zona franca, pues las condiciones de aislamiento que sufre la población de dicha entidad, hacen necesario que se garantice el libre tránsito de la ayuda humanitaria.
De antemano agradecemos su apoyo. Atentamente para la paz, justicia, democracia y libertad, segunda caravana universitaria Ricardo Pozas."
Firman el documento Sandra Pineda, Fernando Gálvez y Sergio Beltrán.
La Presidenta:
Túrnese este documento a consideración del grupo plural.
PROCESOS ELECTORALES
La Presidenta:
El siguiente asunto en el orden del día, se refiere a comentarios en torno a pláticas preelectorales. Tiene para ello el uso de la palabra el diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo:
Muchas gracias, compañera Presidenta:
Hay un asunto de la mayor importancia, cuando se trata de la vida democrática de México, de la necesidad de preservarla, fortalecerla y ampliarla o de transitar hacia formas de mayor amplitud en la vida democrática, que es el asunto de nuestro régimen plural de partidos políticos.
No es posible, no es válido, se pierde toda autoridad, cuando se pretende hablar de ampliar la vida democrática de nuestro país y se atenta contra ese régimen plural. El régimen plural se sustenta sobre todo en el artículo 41 de la Constitución. Este, la redacción del artículo 41, elevando a ese rango, al de la Ley Suprema, a los partidos políticos, ha sido uno de los pasos de mayor trascendencia en el proceso, por ir desarrollando cada vez más la vida democrática entre los mexicanos, y éste señala, tipifica, precisa, las características de los partidos políticos nacionales y establece desde luego un criterio de igualdad para quienes lo son, quienes tienen ese rango.
No hay en nuestro país partidos grandes o partidos chicos, partidos de primera o partidos de segunda, partidos con voto o partidos sin voto, partidos con derecho a ejercer la segregación o la discriminación y partidos que deban ser objeto de tal segregación o discriminación. Todo eso no existe.
Por eso nos parece que una de las formas que más profundamente atentan contra la vida democrática, es justamente el ejercicio selectivo, el ejercicio discriminatorio, el ejercicio que tiende a destruir nuestro régimen plural. Esto tiene qué ver con muchas cosas: tiene qué ver con los debates entre candidatos. Pero tiene qué ver sobre todo, con las conversaciones entre partidos y autoridades, para buscar acuerdos, o formas, o mecanismos, o pactos firmados, o pactos no firmados, pactos de caballeros, para dar transparencia y respetabilidad al proceso electoral.
Quienes tienen derecho a reunirse, a discutir, a debatir, a examinar el contenido de las cosas y quiénes no. A nuestro juicio, para que tenga legitimidad la reunión y lo que de ahí emerja, se requiere que participemos todos en pie de igualdad, absolutamente en pie de igualdad. De lo contrario, de lo que ahí surja, con buena intención o con mala intención, no tiene ningún valor político real y no tiene ninguna aplicabilidad.
Viene esto a colación por lo de aquel documento que por unos días captó la atención pública y que se pretendió se convirtiera en algo así como un camino nuevo y trascendente para ampliar la vida democrática y para garantizar elecciones limpias, públicas, pacíficas, transparentes, en 1994; ese documento que fue bautizado como "Pacto para la Paz, la Justicia y la Democracia" y que nosotros dijimos: "No tiene valor, no tiene perspectiva; nació muerto". Por una razón: lo elaboraron tres organizaciones, no seis que tenemos presencia en el Congreso, no nueve que existen, de acuerdo con los términos jurídicos vigentes y que después se pretendió firmaran las demás que no habían participado en su elaboración.
Y viene a colación también porque entramos a la vida de un nuevo documento que sería secuela, continuación de aquel documento entregado a nuestro partido el día de ayer, la tarde de ayer, entregado en esa misma ocasión, de manera simultánea, a los representantes en el IFE, en el Consejo General del IFE, de otros partidos políticos, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, del Partido Demócrata Mexicano, del Partido Verde Ecologista y al nuestro propio.
Es un documento en el que se encabeza con el mismo título del anterior: Acuerdo Nacional por la Paz, la Democracia y la Justicia, y luego tiene un subtítulo que dice; Medidas Concretas de Aplicación Acordadas por Consenso de los Partidos Políticos Nacionales.
Y yo me preguntó ¿cómo puede construirse un consenso sin la necesaria, indispensable deliberación colectiva? ¿Cómo puede hacerse eso?
Nos enteramos por la prensa que en la madrugada de ayer, a las 4.00 horas, hora muy rara por cierto para reuniones que se supone tienden a volver transparente la vida democrática, concluía una reunión de representantes de tres partidos políticos con autoridades de la Secretaría de Gobernación, reunión que absorbió varias horas y que fue culminante de varias más que habría habido seguramente, en donde se habría acordado el contenido del documento que se entrega ayer por la tarde a los representantes de los seis partidos que mencioné.
Bueno, hay avances en la forma, pero son totalmente superficiales. Esta vez se llamó a los seis, no a la reunión deliberativa, no a la reunión de discusión, de sustancia, de elaboración, de construcción del consenso, sino a una reunión informativa, a una reunión en donde se les dice: ¡bueno, pues hay esto, a lo que hemos llegado, aquí está!, y ¡claro!, ahora no hay la actitud conminatoria: ¡fírmenlo a como dé lugar!; ahora hay:
¡Bueno, pues véanlo y véanlo con sus dirigencias y tienen de plazo hasta mañana! Pero el problema de fondo, el problema de esencia sigue siendo el mismo, se está atentando de manera muy grave contra la esencia de la vida democrática de México.
¡Preferible llegar al proceso electoral sin ninguna plática, sin consenso, sin ningún acuerdo, sin ninguna modificación! ¡Preferible llegar tal y como estamos si no se quiere seguir el camino de deliberar todos, todos deliberar, para ir estableciendo los compromisos! ¡Lo único que no se puede hacer, porque eso es profundamente regresivo, profundamente antidemocrático, es atentar contra el régimen plural de partidos políticos!, ¡establecer partidos de primera y partidos de segunda, sin que haya ningún mandato jurídico que regule cuáles serían los que entrarían en todo caso en una o en otra denominación!; ¡acordar cuestiones trascendentes entre tres, ignorando a los otros seis o reuniéndolos por separado simplemente para que se enteren de qué fue lo discutido y decidan si quieren firmarlo o no en todo caso!
¡No se vale!, ¡no se vale! ¡Hay que llamar a la conciencia profunda de todos los que se consideren demócratas en este país, para oponernos con toda energía a esa grave deformación! ¡No estamos en un régimen bipartidista o tripartidista y tendría ahí sí que correr sangre y haber muchos cadáveres antes de que permitiéramos que se instaurara un régimen de ese carácter en México!
¡Habemos nueve partidos políticos que merecemos respeto, absolutamente merecemos respeto y trato igualitario!
El documento que nos fue entregado ayer por el subsecretario de Gobernación, licenciado Tristán Canales, en un acto en el que también hizo presencia e intervino e hizo comentarios el doctor Carpizo, dice que los partidos políticos hemos realizado reuniones bilaterales y multilaterales en búsqueda de los consensos que hagan posible los objetivos plasmados en el acuerdo, en participar en los compromisos para una elección imparcial. No es leal a la realidad lo expresado en ese párrafo; que haya habido reuniones bilaterales o multilaterales yo creo que es cierto; que haya habido reuniones entre el Partido Popular Socialista y el Secretario de Gobernación, es cierto, el viernes pasado la dirección nacional de mi partido se reunió por primera vez, y única hasta este momento, como órgano de dirección, con el Secretario de Gobernación; estuvo presente el subsecretario Tristán Canales, estuvo presente nuestro compañero diputado con licencia, Fidel Herrera Beltrán, jefe de asesores ahora del Secretario de Gobernación, dialogamos en términos amistosos y de respeto, le llevamos un documento con apreciaciones nuestras.
Para nada se refirió ni él ni los otros funcionarios de la Secretaría de Gobernación ni nosotros mismos, al llamado Acuerdo Nacional por la Paz, la Democracia y la Justicia, porque no era el tema que a nosotros nos interesaba ni aparentemente interesó a la otra parte, para nada se tocó el asunto. Se habló de varias cosas importantes entre otras y la plática fue a partir del documento que nosotros entregamos, entre otros, y era uno de los párrafos de nuestro documento, la demanda de trato igualitario y de pleno respeto a todos los partidos políticos, que no fue objeto de ningún comentario de rechazo o de crítica, o de toma de diferencia alguna por parte del señor Secretario o sus auxiliares.
Pero, bueno, eso fue el viernes pasado, a la 1.30 horas de la tarde y el día de ayer se nos entregó este documento que pretende ser un consenso de partidos en cuya formulación nunca se nos invitó a participar, nunca se nos convocó, nunca se nos dijo que se estuviera negociando, discutiendo o traficando para construir tal consenso. Hay quienes dicen con un sentido pragmático que lo importante es que se pongan de acuerdo los tres grandes y califican de grandes en función de la votación sumada por esos tres partidos que dicen rebasa el 85%, yo pondría en seria duda si ése es un criterio válido para determinar magnitud cuando el artículo 41 de la Constitución no distingue, yo pondría en seria duda si ese criterio es aceptable aun para los partidos de oposición o que se precian de serlo y que resulten beneficiados por ese criterio de tamaño, si tales partidos también manejan la idea de que el voto en México no cuenta y de que el proceso está plagado de vicios.
Si esa posición es válida, no sería entonces fuente legitimadora para determinar el tamaño grande o pequeño, pero además me opondría en esencia, no hay partidos grandes o pequeños, ni a partir del criterio de votación ni de ningún otro criterio, es un documento pragmático, pero profundamente antidemocrático en su esencia, profundamente antidemocrático, se trata justamente de implantar el tripartidismo por la puerta trasera, no modificando la Constitución, no modificando las leyes, sino simplemente por la vía del ejercicio práctico y no podemos admitirlo, no podemos tolerarlo, no podemos aceptarlo de ninguna manera.
En el documento se dice, se plantea una serie de acuerdos, 25 puntos de acuerdo pretendidamente
de consenso por los partidos políticos. El primero de ellos dice, solicitar al Presidente del Consejo General acepte la renuncia del licenciado Agustín Ricoy Saldaña, al cargo de Secretario General del Instituto Federal Electoral haciéndole patente nuestro reconocimiento unánime por su empeño y dedicación en el cumplimiento de sus tareas.
Aquí se advierte una incongruencia seria, ¿por qué razón le pedimos la renuncia al licenciado Agustín Ricoy Saldaña? No tengo el gusto de conocerlo, ¿por qué pedimos la renuncia de este señor y al mismo tiempo le hacemos patente nuestro reconocimiento unánime por su empeño y dedicación en el cumplimiento de sus tareas? ¿Sirve?, ¿no sirve?; ¿es imparcial?, ¿no es imparcial?; ¿ha cometido atropellos a la norma jurídica o a los derecho de los partidos o al proceso electoral?
No tenemos conocimiento de alguna acusación o queja; si la hay y tiene sustento, tendremos mucho interés en sumarnos a la demanda de que salga de ahí, pero sin ningún reconocimiento a su dedicación y empeño, y si no hay crítica a su conducta, no vemos ninguna razón por la que deba pedírsele su renuncia.
Y luego el segundo acuerdo, dice: para garantizar la cabal imparcialidad, aptitud y honorabilidad que la Ley exige de los funcionarios electorales a todos los niveles, los partidos políticos hemos llegado al consenso de que es necesario designar para la Dirección General del Instituto Federal Electoral, a un ciudadano imparcial, de reconocida aptitud en la materia electoral y de merecido reconocimiento de honorabilidad en su conducta.
Tres características debe tener el director general del Instituto, según este acuerdo: ciudadano imparcial de reconocida aptitud en la materia electoral y merecido reconocimiento de honorabilidad en su conducta.
Y luego sigue diciendo: analizadas las propuestas presentadas al Presidente del Consejo por los partidos políticos,... Y, bueno, otra vez hay que recordar, ¿serán estos tres que se han reunido?, porque el PPS no ha presentado ninguna propuesta ni se le ha pedido ni ha sido consultado y en el mismo caso están sin duda los otros cinco partidos, que junto con el PPS, fueron convocados ayer por la tarde para conocer por primera vez este texto.
Pero bueno, dice aquí que de acuerdo con las propuestas presentadas al presidente del consejo por los partidos políticos, éste propone que se designe como nuevo director general del Instituto Federal Electoral, a una de las personas de la siguiente terna: licenciado Jorge Alcocer Villanueva, licenciado Arturo Núñez Jiménez y licenciado José Woldenberg. El actual director es Arturo Núñez Jiménez, y aquí es mayor la confusión y la contradicción, todavía más grave que en el caso del licenciado Agustín Ricoy Saldaña, aquí ni siquiera se le está pidiendo su renuncia antes, simplemente no sé, ¿cuál es jurídicamente la modalidad?, se da por desaparecido y se le propone como parte de la terna para formar, para de ahí escoger al director general, junto con otros dos personajes.
Si el licenciado Arturo Núñez Jiménez no es apto, si no es imparcial, si no reúne los requisitos que acá se dicen y que son buenos requisitos, si no es un ciudadano imparcial, nosotros no sabemos de alguna impugnación, de alguna crítica, de algún cargo que ponga en duda su imparcialidad. Si hubiera algún cargo fundado en ese sentido, nos sumaríamos a la petición de que sea removido y en tal caso no tiene por qué aparecer en la terna; si hubiera algún señalamiento que ponga en duda su aptitud en materia electoral y éste fuera fundado, también estaríamos interesados en que saliera de esa función, pero entonces, ¿por qué volverlo a proponer en la terna?
Y lo mismo en cuanto a la honorabilidad de su conducta. Pero si no hay cargo alguno, ¿para qué poner otros dos en la terna?, ¿para qué crear una terna?; ¿para qué removerlo sin decir que se le remueve? Es un absurdo político, jurídico y hasta de sentido común. No vemos ninguna razón para una remoción en estos términos.
No voy a tratar punto por punto el documento, es muy largo, son 25 temas del pretendido acuerdo de consenso entre los partidos políticos, pero hay algunos que son verdaderas perlas.
Del intercambio de opiniones entre los partidos políticos y el Secretario de Gobernación... ¿otra vez? ¿Cuáles opiniones? ¿Las de quiénes? ¿Las de cuáles partidos? ¿Por qué no mejor se dice con franqueza que se va a proponer una modificación a la Constitución para que haya tres partidos políticos en México?, si ésta va a ser la mecánica, y ya veremos si eso tiene posibilidades de caminar, ¿o no?
Del intercambio de opiniones entre los partidos políticos y el Secretario de Gobernación, se llegó por consenso a una propuesta para someter a la consideración y decisión final del Procurador General de la República, una terna de candidatos
a ocupar el cargo de Fiscal Especial para Delitos Electorales, enunciados en orden alfabético el doctor Ignacio Burgoa, el licenciado Raúl Medina Mora y el doctor Jesús Zamora Piers, y aparte del hecho de que no ha habido tal propuesta o consulta a los partidos políticos, así genéricamente expresado, nosotros tendríamos impugnación severa por lo menos a uno de estos tres, por lo menos a uno, muy severa y muy enérgica, y a dos en el caso de la terna en que se pretende sustituir a Arturo Núñez, porque difícilmente podrían tener la característica de imparcialidad, son políticos militantes muy compro metidos, muy, muy comprometidos, extremadamente comprometidos, para bien o para mal, depende de la corriente política y la orientación, como se quieran medir.
Pepe Goldenberg y Jorge Alcocer, que fue mi compañero de Cámara en la LIII Legislatura, son muy comprometidos militantes políticos, extremadamente comprometidos. ¿Cómo se puede pensar que ellos pudieran tener mayor grado de imparcialidad que el actual funcionario que está en esa tarea?
Los otros no serían aceptables de ninguna manera y luego se habla de Enrique Krauze y Federico Reyes Heroles y otra vez Pepe Goldenberg; parece que tiene muy altos sus bonos, lo proponen para todos.
En otra terna, no sé ésta para qué es, pero compañeros legisladores, si esto no tuviera el trasfondo que tiene, la trascendencia que tiene ese proceso selectivo, ese proceso atentatorio contra nuestro régimen plural de partidos políticos que es el fondo del problema, que es lo que verdaderamente preocupa de esto, y que es gravísimo, podría tomarse simplemente como una mala broma, pero lo grave es lo que está detrás. Por eso vengo a esta tribuna a reiterar que nuestro partido bajo ninguna circunstancia puede aceptar que a trasmano se trate de implantar un régimen tripartidista; bajo ninguna circunstancia podemos aceptarlo. Lo combatiremos con toda energía y con toda decisión, en todo momento y cuantas veces se intente.
Y llamamos, repito, a la conciencia de todos los demócratas sinceros para hacer un frente común contra esto. Esto sí no puede caminar. Cualquier otra cosa puede verse si sí o no, pero este tipo de procedimientos para manejar las cosas en lo absoluto pueden ser aceptadas. Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra sobre este mismo asunto, el diputado Rodolfo Echeverría Ruiz.
El diputado Rodolfo Echeverría Ruiz:
Con su permiso, señora Presidenta; compañeros legisladores.
Hace ya mucho tiempo que nuestro país, que la sociedad mexicana, ingresó a la era de la complejidad.
Pienso en la transformación de nuestra sociedad, de predominantemente agraria, a una sociedad predominantemente urbana.
Sabemos que antes de fin de siglo, la parte urbana, la porción urbana de los mexicanos será muchísimo más grande que la población rural, casi un 70% de los mexicanos viviremos en las ciudades, si no es que más, y un 30% vivirán en el campo.
Estos procesos de urbanización y de escolarización que vienen junto con el proceso de la complejificación de la sociedad mexicana, nos presentan también la característica de una igualmente creciente complejidad en la vida política del país.
Fuerzas nuevas y fuerzas antiguas, recientes y remotas, de variada intensidad, de distinta implantación electoral, todas ellas provistas de jugo y de raíz mexicanos, contienden dentro de la legalidad en la arena política del país.
Todas estas fuerzas conforman un amplio arco ideológico, un amplio arco político de la nación, sobre el que se sustentan en una clave de bóveda democrática, las posibilidades reales de la convivencia legal, fértil, entre los mexicanos, por eso es finalmente la política.
De ahí que en esta sociedad crecientemente compleja, como es la nuestra, estratificada, diversa, múltiple, en cuyo seno confluyen fuerzas y modos de ser y de hacer la política, parezca indispensable que para que la convivencia mexicana continúe siendo el hilo conductor del desarrollo político y de la paz social, todas las fuerzas, cualesquiera que sea su antigüedad y su resonancia electoral, cualesquiera que sea su tamaño y su implantación en el país, deban participar en igualdad de circunstancias en todos los foros, en todos los escenarios políticos, culturales, económicos, de la sociedad mexicana.
Uno de los más conspicuos ejemplos de esta participación, de esta "co", colaboración de las fuerzas políticas mexicanas, lo vivimos de modo cotidiano en el Congreso de la Unión.
En pie de igualdad, como clama y proclama el compañero Amezcua, las fuerzas políticas de México participamos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, por supuesto, a través de los órganos que las propias cámaras tienen para dirimir las diferencias y ensamblar los criterios en la búsqueda democrática de consensos que hagan operatoria la democracia parlamentaria.
Es frecuente, casi cotidiana, la reunión de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, en la Cámara de Diputados, en cuyo seno se toma el parecer, el punto de vista, las propuestas de cada uno de los partidos y ahí, por consenso, se van señalando las prioridades y los pasos de cada una de nuestras sesiones, no solamente en sesiones de Cámara de Diputados y de Cámara de Senadores, sino de las propias sesiones de la Comisión Permanente.
Nadie en México dotado de una mínima capacidad democrática, postularía la exclusión o el apisonamiento de ninguna fuerza política. Nadie, creo yo, sustentaría con una mínima base de fidedignidad social, que México podría ser un régimen bipartidista o tripartidista, cuando es evidente que la heterogeneidad nacional que se refleja no solamente en los partidos, en los sindicatos de trabajadores y en todas las manifestaciones de la vida social, esa heterogeneidad nacional es la que va dando perfiles y características propias a las comunidades del país, a todo género y a toda suerte de comunidades.
Por eso, lejos de considerar una supuesta o hipotética tendencia de la sociedad mexicana hacia el bi o hacia el tripartidismo, nosotros consideramos que la heterogeneidad política e ideológica mexicana se expresa en nuestro régimen constitucional de partidos; que de alguna manera va perfilándose ya hacia lo que sin temor a los conceptos y a las palabras, podríamos llegar a considerar como un estado de partidos; un estado de partidos en donde sea conciliable la independencia radical del legislador y la independencia de cada partido en la arena política, con la necesidad de la actuación conjunta y de la conjunción operatoria en la práctica cotidiana de la vida institucional de la nación.
Pienso en un Estado de partidos a la mexicana, por supuesto, en un Estado de partidos en cuyo seno cada una de las partes mexicanas, de las nobles partes mexicanas que integran el amplio arco ideológico y político de la nación, puedan dirimir todas sus controversias dentro de la legalidad, en un plano de igualdad y de respeto.
Acerca de estas consideraciones, conversaba esta mañana con nuestro querido amigo el diputado Amezcua, quien además de hacerlo después en tribuna, tuvo la gentileza de comentarme que habían, los dirigentes nacionales del Partido Popular Socialista y los representantes de este partido ante el Instituto Federal Electoral, tenido conversaciones con el Secretario de Gobernación.
Esta mañana también, el Secretario de Gobernación me comentaba que en efecto, había tenido y seguirá teniendo, contactos muy frecuentes con todos los partidos políticos y me hacía la reflexión de que los contactos y el diálogo que ha mantenido con el Partido Popular Socialista, en las fechas que el propio señor diputado Amezcua ha señalado, continuarán dándose, porque la opinión, la participación y la colaboración institucional y democrática del socialismo mexicano, es también una pieza importante en la conformación de los consensos, en la configuración de la voluntad política consensual, porque un jurista democrático como Carpizo, está convencido de que hay que gobernar por consenso.
Finalmente, quisiera compartir algunos de los puntos de vista del diputado Amezcua, en derredor de las posibles negociaciones o consideraciones que se hicieran sobre los mecanismos para la selección y la designación de los funcionarios electorales, especialmente las de aquellos que laboran en el Instituto Federal Electoral.
A mí me parece que Núñez Jiménez, ha demostrado consistencia profesional y ha actuado con fidedignidad política. Yo creo que no debemos confundir las discrepancias naturales que puedan existir acerca de los mecanismos administrativos, técnicos, legales, para la selección y el nombramiento de los funcionarios electorales, con las personas que en la actualidad desempeñan cargos de responsabilidad en el Instituto Federal Electoral.
Cualquiera de los mexicanos que han venido mencionándose en los medios de comunicación o en el documento a que ha hecho referencia el diputado Amezcua, han manifestado públicamente ante el país, su conocimiento sobre el tema electoral y su probidad ciudadana. Sin embargo, no tenemos razones para dudar de nadie; ni tampoco para aplaudir a priori, a nadie.
Dejemos que en el seno del Congreso de la Unión, con la participación de todos los partidos, y esperemos que en las conversaciones que las direcciones nacionales de los partidos tienen con
el Secretario de Gobernación, se vayan configurando los consensos básicos que nos permitan en estos próximos días, semanas y meses, dar una muestra más a la sociedad mexicana, de que la clase política es una clase democrática y que está abierta al cambio en México, que está abierta al cambio del mundo. Muchas gracias.
La Presidenta:
En virtud de que se ha agotado el tiempo reglamentario, proceda la Secretaría a consultar a la Asamblea si autoriza que se prorrogue esta sesión.
El secretario senador José Ramón González León:
Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se prorroga la sesión hasta el término de los asuntos en cartera.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... De acuerdo en que se prorrogue la sesión, señora Presidenta.
La Presidenta:
Muchas gracias.
Tiene la palabra sobre el mismo asunto que estábamos tratando, el diputado Alberto Carrillo Armenta.
El diputado Alberto Marcos Carrillo Armenta:
Con su permiso, señora Presidenta; compañeros legisladores:
Yo creo que la discusión que aquí se ha dado nos remite a un problema de fondo, que es el problema del riesgo que el país enfrenta, de inestabilidad política y la manera como se pretende enfrentar este riesgo del cual forma parte precisamente el acuerdo que ha leído en parte, el diputado Amezcua y que propone el Secretario de Gobernación, a discusión de varios partidos políticos.
Yo creo que es indudable que está presente como una posibilidad en desarrollo, la de un escenario de inestabilidad política, de ingobernabilidad, producto de una crisis de legitimidad en la próxima elección del 21 de agosto. Creo que es evidente que ese riesgo está presente. Estuvo presente, ha estado presente durante todo este sexenio; ha sido el signo del sexenio. El ingreso o el inicio del sexenio fue marcado por una gran crisis de legitimidad; el final del sexenio está marcado por una posible o por una crisis de legitimidad que puede desarrollarse y profundizarse.
Pero también ha estado presente en todo acto electoral de este sexenio; todas las elecciones estatales han sido impugnadas, todas las elecciones estatales han generado conflictos poselectorales y por lo tanto podemos asegurar que lo que se ha presentado en el sexenio como actos parciales, pueden presentarse al final del sexenio, como una gran crisis.
Y si este riesgo ha estado presente durante todo el sexenio, pues también ha sido observado por la clase política del país y por lo tanto se le ha pretendido enfrentar de alguna manera y se le ha enfrentado de una manera pragmática, mediante acuerdos poselectorales, con decisiones tomadas para casos concretos en medidas concretas. Ha estado ausente la posibilidad de una solución de fondo, de largo plazo, de un gran acuerdo nacional.
Y en el último período de sesiones ordinarias fuimos testigos cómo la gran solución del sexenio a la crisis de legitimidad fue la famosa reforma política que no significó otra cosa más que un gran acuerdo bipartidista para que las dos grandes fuerzas políticas del país legitimaran, a cambio de concesiones mutuas, el próximo proceso electoral.
Nosotros lo señalamos en su oportunidad, que la reforma política y el acuerdo bipartidista no eran solución a los problemas. Señalamos sus límites, señalamos sus contradicciones, advertimos.
Sin embargo una correlación de fuerzas se impuso. Una decisión política se impuso y se dio una solución constitucional ilegal a estos problemas mediante la sanción de un acuerdo cupular bipartidista.
Sin embargo es evidente que en los últimos años esas limitaciones que señalamos y que existían como limitaciones en un escenario muy favorable al salinismo, que era el escenario del año pasado, ahora por situaciones que todos conocemos, tanto de índole internacional como principalmente por el conflicto local de Chiapas, se ha quedado perfectamente evidenciado que el acuerdo bipartidista no garantiza una solución
de legitimidad; es decir, el bipartidismo queda excluido como solución de legitimidad del proceso.
El país acumuló presión con la salida bipartidista de reforma política, el país está acumulando peligrosa presión por el desarrollo de las campañas políticas y el país está acumulando también presión por los acontecimientos en Chiapas.
¿Cómo se va a liberar esa presión?, ¿con un acuerdo bipartidista?, ¿con una representación bipartidista en el Senado?, ¿con una repartición bipartidista e integración bipartidista de todos los órganos de representación nacional?, ¿que como resultado de una elección muy competida se diga: "Señores, en esta Cámara Alta y Baja solamente caben PRI y PAN, porque los demás partidos tienen que subsidiar con sus votos la representación o la sobrerrepresentación de un partido u otro?, ¿cómo se va a liberar esa presión?
Porque aquí el problema no es tanto si un partido le levanta la mano a otro diciendo: ¡ganaste! Vivimos en un sistema plural y todos los partidos políticos tenemos voz y en ese sentido todos los partidos políticos tenemos posibilidades de estabilizar o desestabilizar. Pero incluso hay fuerzas al margen de los partidos políticos que están presionando por la desestabilización política del país.
En ese sentido, insistimos en nuestra denuncia, el bipartidismo no es solución, pero ahora menos es una posible solución tripartidista, invitar tarde y a destiempo a otro interlocutor a que también forme parte y tenga parte de los posibles acuerdos cupulares, eso francamente es abonar un camino que no tiene solución; es decir, incorporar a una tercera fuerza para que ahora tome parte de lo ya negociado con una segunda fuerza pues es un camino totalmente falso, porque se corre el riesgo de no dejar contenta a ninguna de las dos fuerzas con las que se pretende pactar; a una porque no le dan lo que quiere, a otra porque le quitan parte de lo que ya le habían dado.
En ese sentido, creo que el riesgo de la inestabilidad sigue presente y la preocupación de la inestabilidad se pretende resolver abonando el mismo camino, el de la negociación bi o ahora tripartidista; dar concesiones a tres para ganar legitimidad ya no está en debate; es decir, ya ni siquiera el problema de debate en el país es el problema de la legalidad, porque hay compromisos serios del régimen de garantizar la legalidad del proceso electoral. Aquí incluso en el marco de un posible proceso electoral de tipo legal está en riesgo la legitimidad; es decir, el reconocimiento de las fuerzas políticas de que el proceso fue o no fue legítimo.
Entonces, nos estamos metiendo en serios problemas. Ahora incluso con las recientes propuestas que se están haciendo, algunas de las cuales se hacen de manera hablada, otras se hacen de manera escrita, ahora se pretende incluso ver la posibilidad de violar la ley para ganar legitimidad, y lo digo con toda seriedad, de violar la ley para ganar legitimidad, ¿no ha sido acaso el signo del sexenio?, ¿violar leyes electorales?, ¿pasar por encima de resoluciones de órganos electorales para supuestamente recomponer procesos y ganar legitimidad electoral?
Parece ser que ahora el problema de la legitimidad es un problema de a toda costa, de ganarla a toda costa o a todo costo, pero meterse en un problema muy serio y en un círculo vicioso. Ahora se pretende que caiga el director del Instituto Federal Electoral, cuando el proceso ya se ha iniciado; ahora se pretende que la función estatal de garantizar elecciones sea endosado a la sociedad civil; ahora se pretende darle capacidad de calificar a los procesos electorales a distinguidos ciudadanos, que pueden ser miles, ulular por miles como observadores electorales ante cada casilla o ante cada territorio electoral del país o que pueden ser uno o dos distinguidos ciudadanos escogidos para legitimar y para por encima de los órganos estatales declarar la validez o no de un proceso electoral.
Parece ser que desconocernos a Calles, volvemos a la época precallista de los caudillos, en este caso ya no armados, sino ahora caballeros y paladines de la sociedad civil. ¿Dónde están las instituciones republicanas que tenemos obligación de fortalecer? Ahora estamos volviendo a un sistema precallista de caudillos, ahora insisto, de la sociedad civil.
Nosotros nos negamos también a negociar acuerdos que posibiliten desde ahora, que abran el riesgo desde ahora, de dar concesiones poselectorales, ahora ya no son concesiones poselectorales; antes por lo menos se tenía como referencia los resultados electorales que eran convertidos en una especie de encuesta pública, ver entre qué partidos se negociaban posiciones posteriores; ahora se pretende introducir el factor de negociación incluso desde el momento preelectoral.
Nosotros decimos: la entrada de Jorge Alcocer Villanueva como posible director del IFE, simplemente es sentar condiciones para negociar
un proceso electoral al margen de los resultados electorales desde ahora; es decir, exactamente lo que se hizo en Yucatán y en Michoacán: resolver pragmáticamente un problema electoral, pero ahora no esperando el resultado electoral, sino generando condiciones para hacerlo desde ahora.
Nosotros sentimos que con este tipo de acuerdos no se logran estabilidades, con este tipo de acuerdos se le alimenta a la inestabilidad, lo que nosotros requerimos y quizá profundicemos, en otra intervención, en otro momento, es el cambio del eje estratégico de la concepción de la clase política a la que aludía el diputado Echeverría, del desarrollo en todo del país; estas medidas de soluciones pragmáticas, coyunturales, que postergan una solución política de fondo, alimentan la crisis política. Gracias.
La Presidenta:
Se concede el uso de la palabra sobre el mismo tema al diputado Jesús Martín del Campo.
El diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda:
Mi intervención es para aclarar el sentido que han tenido las participaciones del PRD tanto en reuniones que se han efectuado aquí entre los representantes de los distintos grupos parlamentarios, en la búsqueda de un acuerdo para convocar a un período de sesiones extraordinarias como las que se han dado en el marco del IFE, en donde hemos planteado básicamente en una misma orientación, hay efectivamente la posibilidad de movernos entre dos riesgos que podrían evitar, discutir cambios legales para dar garantía de una mayor transparencia, una mayor posibilidad de que se haga respetar el voto en las próximas elecciones en este país.
Ç Los dos riesgos son una aplicación mecánica de la correlación de fuerzas existente en esta Cámara, en las dos cámaras, en donde si sólo se aplica mecánicamente, es real que no habría condiciones para discutir la cuestión de reformas legales que garanticen mejores condiciones para las elecciones de este año.
Y el otro riesgo que estamos viviendo, efectivamente, es el de la distorsión de las intenciones que tenemos, por lo menos los representantes del Partido de la Revolución Democrática, para buscar el máximo número de acercamientos bilaterales y multilaterales entre partidos. Ciertamente, el Partido de la Revolución Democrática no desea, sería una especie de suicidio político que se configure desde ahora, por los acercamientos bilaterales o multilaterales entre partidos, un régimen o bipartidista o tripartidista; esto sería una autoeliminación.
No, no desea eso el Partido de la Revolución Democrática; desea impulsar una discusión ahora, antes de las elecciones de 1994, en un período de sesiones extraordinarias que nos permita garantizar un marco mejor para que se respete el voto, para que no haya voto controlado, para que haya las mejores posibilidades de una competencia electoral y sea ésta la que defina cuál es el peso y la fuerza de los partidos en el seno de la sociedad.
Ese es nuestro interés realmente, estamos de acuerdo en que no debe excluirse, no es la intención del PRD, no contribuiremos, no deseamos contribuir a ello, el que se excluya a partido alguno de los acercamientos, pero sí deseamos que se concrete a la mayor brevedad posible un acuerdo para que se discutan los temas en los que coincidamos los partidos en materia político - electoral en un período de sesiones extraordinarias.
Nuestra idea es que debemos contribuir todos los partidos, para hacer posible un proceso electoral basado en la legalidad, la imparcialidad de la autoridad electoral, las condiciones de equidad en la competencia, el respeto a la voluntad ciudadana expresada en las urnas y la represión de las conductas que lesionan la libertad y el secreto del voto o pervierten los resultados electorales.
Consideramos que es indispensable dar confianza y certidumbre en todas las instancias que intervienen en el proceso electoral; dotar de plena confiabilidad al padrón, a los listados nominales y a la fotocredencialización, hacer equitativo el acceso a los medios de comunicación, impedir el uso de los recursos y programas públicos en favor de cualquier partido político o campaña electoral; hacer cambios en las normas penales que restringen derechos políticos fundamentales y salvaguardar los derechos políticos fundamentales.
Todos estos temas comprendidos en las discusiones que se han estado dando, deben formar la agenda de un período extraordinario y en algunos casos ser objeto de acuerdos políticos en las instancias legales del proceso electoral federal.
Estas son las intenciones abiertas que tiene el PRD. ¿Cuál es nuestra lógica o nuestra táctica que queremos aclarar para no suscitar una idea distinta entre los compañeros de los partidos que me han antecedido en el uso de la palabra, el compañero Cuauhtémoc Amezcua, del PPS y el compañero Jorge Carrillo Armenta, del Partido del Frente Cardenista?
Nuestro interés es utilizar todos los espacios posibles para dar nuestro punto de vista y para tratar de concretar lo más rápidamente posible. No se lo ocultamos a nadie; los documentos en los que estamos haciendo propuestas para este período extraordinario dicen explícitamente lo mismo, dicen categóricamente lo mismo; que es lo que proponemos para una agenda de discusiones en materia político electoral, para un período de sesiones extraordinarias y obviamente nos interesa muchísimo que todos los partidos sin excepción alguna conozcan nuestro punto de vista y nos interesa muchísimo convencerlos de cuál podría ser la agenda mínima.
Si coincidimos en que si se aplica la correlación de fuerzas mecánicamente, la existente en la discusión de reformas al COFIPE, de reformas en materia político electoral, ciertamente ahí sí, si hubiera una aplicación mecánica de este asunto, de la correlación de fuerzas, no habría condiciones para cambio alguno, pero ante ese riesgo nosotros preferimos impulsar decididamente la discusión. Para nosotros ya los plazos se están cerrando, para nosotros es muy importante que a la mayor brevedad posible, quizá de aquí a la próxima reunión de la Comisión Permanente, tuviéramos una decisión los integrantes de los distintos partidos, para tener una agenda acotada de manera tal que no se excluya a nadie, que nos incluya a todos en la posibilidad de impulsar cambios en este año.
Creo que en lo que hay convergencia en todos los partidos, y es lo que han dicho explícitamente los candidatos a la Presidencia de la República, es en la necesidad de garantizar las mayores posibilidades de competencia verdadera entre los partidos, de garantizar que se respete el voto, de garantizar una cuenta clara de los votos, de garantizar acceso equitativo a los medios de comunicación. Para nosotros eso implica, esa primera convergencia implica algunos cambios legales. Sabemos que quizá no en todos los que propongamos haya coincidencia con los demás partidos, pero de lo que estamos seguros es que debemos decirlo ya para definir la agenda. No somos partidarios de que a partir de estos acercamientos bilaterales o multilaterales, y si esa impresión ha creado en los compañeros del PPS y del Partido del Frente Cardenista, deseamos quitarla, que esos acercamientos bilaterales o multilaterales estén teniendo la intención de crear un régimen bipartidista o tripartidista, también nosotros nos oponemos.
Recibimos un documento y ese documento no ha sido al recibirlo aceptado en su contenido por los miembros del Partido de la Revolución Democrática. Para nosotros será esta instancia la que en términos legislativos, en el marco del derecho vigente en nuestro país, es la que tiene que determinar si hay un período de sesiones extraordinarias o no, y políticamente también sabemos que el marco del Instituto Federal Electoral constituye una posibilidad de acercamientos multilaterales.
Si hay necesidad de que aclaremos esto en reuniones bilaterales con los partidos Popular Socialista y Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, con todo gusto las tendremos con los compañeros y juntos, si eso fuera necesario, en los hechos lo hemos demostrado, sí trataríamos de combatir cualquier distorsión a estos acercamientos, juntos podríamos pronunciarnos con ustedes, ahora mismo si es necesario, en contra de cualquier tentación bipartidista o tripartidista en este país, porque eso atentaría contra la pluralidad realmente existente en la vida política de la nación.
Pero también les decimos que no conviene caer en un juego de aplicación de los riesgos, de aplicación de la correlación mecánica de fuerzas o de la distorsión de los fines que perseguimos en los acercamientos a los que se ha hecho alusión aquí y que empujemos juntos para un período de sesiones extraordinarias.
Nosotros ya dimos a conocer nuestra propuesta de agenda en cada uno de los temas y esperamos encontrar eco en todos los partidos, porque creemos que hay convergencia en el sentido general de nuestras propuestas. Muchas gracias.
La Presidenta:
Se han agotado los temas de la agenda política del día de hoy. Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DÍA
El secretario senador José Ramón González León:
Señora Presidenta, se han agotado los asuntos en cartera.
Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Comisión Permanente. - Primer Receso. - Tercer Año. - LV Legislatura.
Orden del día
2 de marzo de 1994.
Lectura del acta de la sesión anterior. Comunicación del Congreso del Estado de Puebla. Oficios de la Secretaría de Gobernación Cuatro, con los que se remiten las hojas de servicios de los ciudadanos Alberto Trejo García, Petronilo Díaz Ramírez, Guillermo Raúl Valdespino Furlong y Eduardo Romero López, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dictámenes de primera lectura
De la Primera Comisión, relativo a la solicitud de permiso del ciudadano Enrique Armando Ross Domínguez, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional al Mérito, en grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de la República Francesa.
De la Primera Comisión, relativo a la solicitud de permiso del ciudadano Dominique Verut Goudet, para que pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Lituania, en México, con circunscripción consular en toda la República Mexicana, con excepción del Estado de Sinaloa.
De la Primera Comisión, relativo a la solicitud de permiso de la ciudadana Esperanza González de Greganti, para que pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Italia, en la ciudad de Oaxaca, con circunscripción consular en los estados de Chiapas y Oaxaca.
Dictámenes a discusión
Seis, de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados a los ciudadanos Marco Antonio Ramos Martínez, Heriberto Cano Hernández, Armando Sánchez Moreno, Jorge Justiniano González Betancourt, Alfredo Montes Salgado y Carlos Eduardo Vázquez Basurto.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Eduardo Rihan Azar, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Islandia en México, con circunscripción consular en toda la República Mexicana.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Bernardo de Jesús Saldaña Téllez, para prestar servicios en el Consulado de la República Popular de China en Tijuana, Baja California.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Margot Caballero Brousset, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a las ciudadanas Marigloria Claudia Casado Molina, e Inés de los Angeles Hori Cicero, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
La Presidenta (A las 16.45 horas):
Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el miércoles 2 de marzo a las 11.00 horas.
NOTAS
Siglas y abreviaturas incluidas en esta edición:
Cemla (Sin aclaración)
CPU Consejo Estudiantil Universitario
CNDH Comisión Nacional de Derechos Humanos
Cofipe Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
D.F. Distrito Federal
EUA Estados Unidos de América
EZLN Ejército Zapatista de Liberación Nacional
IFE Instituto Federal Electoral
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social
ITAM Instituto Tecnológico de Administración de México
MAR Movimientos Armados Revolucionarios de Sudamérica
OCDE Organización de Cooperación y Desarrollo Económico
OEA Organización de Estados Americanos
PAN Partido Acción Nacional
PPS Partido Popular Socialista
PRD Partido de la Revolución Democrática
PRI Partido Revolucionario Institucional
RTC Radio, Televisión y Cinematografía
TLC Tratado de Libre Comercio
UAM Universidad Autónoma Metropolitana
UNAM Universidad Nacional Autónoma de México