Legislatura LV - Año III - Período Extraordinario - Fecha 19940120 - Número de Diario 3
(L55A3P1eN003F19940120.xml)Núm. Diario: 3ENCABEZADO
LV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO DEL LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Primer Período de Sesiones Extraordinarias del Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Diputado Juan Antonio Demi Dib
PALACIO LEGISLATIVO
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Héctor de Antuñano y Lora
AÑO III México, D, F., jueves 20 de enero de 1994 No. 3
PERÍODO EXTRAORDINARIO
SUMARIO
SUMARIO
ASISTENCIA
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
CÁMARA DE SENADORES
Oficio de la Colegisladora comunicando la elección de su mesa directiva para este período de sesiones extraordinarias. De enterado.
SOLICITUD DE RECESO
La hace el diputado Gustavo Carvajal Moreno, a nombre de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia.
RECESO LEY DE AMNISTÍA
Dictamen de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, con proyecto de esa norma. Es de primera lectura.
La Asamblea dispensa la segunda lectura y se somete a discusión de inmediato, por lo que se concede el uso de la palabra, para hacerlo en lo general, a los diputados:
Martín Tavira Urióstegui
Francisco Felipe Laris Iturbide
Luisa Alvarez Cervantes
Rodolfo Echeverría Ruiz
Oscar Ricardo Valero Recio Becerra
Enrique Gabriel Jiménez Remus
Juan Ramiro Robledo Ruiz
Héctor Ramírez Cuéllar
Francisco Dorantes Gutiérrez, para rectificar hechos.
Javier Centeno Ávila
José de Jesús Martín del Campo Castañeda
Gonzalo Cedillo Valdez
Jorge Modesto Moscoso Pedrero
Francisco Fernando Lerdo de Tejada Luna
Luisa Alvarez Cervantes, para rectificar hechos.
Emilio Becerra González
Agustín Basave Benítez
Florencio Salazar Adame
José Camilo Valenzuela
Fauzi Hamdan Amad
Laura Alicia Garza Galindo
Jorge Alfonso Calderón Salazar
Salomón Jara Cruz
Jorge Zermeño Infante
Enrique Rico Arzate
Josafat Arquímides García Castro
Servando Hernández Camacho
Marlene Catalina Herrera Díaz
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales:
José Camilo Valenzuela
René Juvenal Bejarano Martínez
José Antonio Valdivia
Jesús Humberto Zazueta Aguilar
Guillermo Flores Velasco
José Camilo Valenzuela
Carlos González Durán
Guillermo Pacheco Pulido
La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen en lo general y se reserva para su votación nominal en conjunto, al término de la discusión en lo particular.
Para discutir el dictamen en lo particular, hacen uso de la palabra los diputados:
Manuel Huerta Ladrón de Guevara
Patricia Terrazas Allen, para rectificar hechos.
Arturo Fuentes Benavídez
Eloí Vázquez López
Julio César García Hernández
Aprobado. Se turna al Senado para los efectos constitucionales.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
Presidencia del diputado Juan Antonio Nemi Dib ASISTENCIA
El Presidente:
Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de la asistencia a través del registro de firmas de los diputados, para conocer si existe el quórum reglamentario.
El secretario José de Jesús Rafael Puga Tovar:
Se informa a la Presidencia que existe registrados previamente 377 diputados, por lo tanto hay quórum.
APERTURA
El Presidente (a las 12.55 horas):
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El secretario José de Jesús Rafael Puga Tovar:
«Primer Período de Sesiones Extraordinarias.-
Primer Receso.- Tercer Año.- LV Legislatura.
Orden del día
20 de enero de 1994.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Oficio de la Cámara de Senadores, por el que se comunica la mesa directiva que funcionará durante el período de sesiones extraordinarias.
Dictamen de primera lectura
De las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, con proyecto de Ley de Amnistía.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El Presidente:
En virtud de que se entregaron copias del acta de la sesión anterior a los coordinadores de los grupos parlamentarios, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica, si se le dispensa la lectura. El secretario José de Jesús Rafael Puga Tovar:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta a al Asamblea si se le dispensa la lectura al acta.
los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Se dispensa la lectura, señor Presidente.
«Acta de la sesión previa de la Cámara de Diputados, celebrada el día diecinueve de enero de mil novecientos noventa y cuatro, correspondiente al primer período de sesiones extraordinaria del primer receso del tercer año de ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso de la Unión.
Presidencia del diputado Fernando Rodríguez Cerna
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las doce horas con veinticinco minutos del día diecinueve de enero de mil novecientos noventa y cuatro, con una asistencia de trescientos treinta y cinco Legisladores, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría de lectura al orden del día y, de inmediato, a un oficio de los secretarios de la Comisión Permanente con el que se remite la convocatoria a este período de sesiones extraordinarias. De enterado.
Conforme al orden del día, se lleva a cabo la elección de la mesa directiva para este período de sesiones extraordinarias y realizado el escrutinio y cómputo correspondiente, resultan electos, por doscientos noventa y cuatro votos, los diputados Juan Antonio Nemi Dib, presidente; Melquiades Morales Flores, Francisco Gárate Chapa, Salomón Jara Cruz, José de Jesús Berrospe Díaz, Estanislao Pérez Hernández y Juan Jacinto Cárdenas García, vicepresidente; Irma Adame Aguayo, José de Jesús Rafael Puga Tovar, Jaime Ríos Velasco Grajeda y Evangelina Corona Cadena secretario; Jaime Serrano Cedillo, Luisa Alvarez Cervantes, Francisco Dorantes Gutiérrez y María Clara Mejía Guajardo, prosecretarios, quienes toman posesión de sus puestos de inmediato.
Presidencia del diputado Juan Antonio Nemi Dib.
Puestos todos de pie, el Presidente declara:
"La Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, se declara legalmente instalada para el primer período de sesiones extraordinarias del primer receso del tercer año de ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura, a que fue convocada por la Comisión Permanente."
El presidente designa las comisiones de cortesía para comunicar al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari y la suprema Corte de Justicia de la Nación, la apertura de este período de sesiones extraordinarias.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría de lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la ley de hoy a las trece horas con catorce minutos, citando para la que tendrá lugar mañana, veinte de enero de mil novecientos noventa y cuatro, a las diez horas."
El Presidente: Ruego a la Secretaría poner a la consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior, y si algún diputado desea hacer alguna observación a al misma, sírvanse manifestarlo.
El secretario José de Jesús Rafael Puga Tovar:
Está a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior.
¿Hay algún diputado que desee hacer observaciones a la misma?
Se consulta a ala Asamblea, en votación económica, si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarle
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... aprobada el acta, señor Presidente.
El Presidente:
Continúe la Secretaría.
CÁMARA DE SENADORES
La secretaria Evangelina Corona Cadenal
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Senadores.- México, Distrito Federal.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para conocimiento de esa honorable Colegisladora, tenemos el honor de participar a ustedes que, en sesión de instalación celebrada en esta fecha, quedó legalmente constituido el honorable Senado de la República, para funcionar durante el período de sesiones extraordinarias, correspondientes al primer receso del tercer año de ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso de la Unión, habiendo resultado electa la siguiente mesa directiva, que actuará durante dicho período.
Presidente: senador Héctor Hugo Olivares Ventura; vicepresidente: senados Heberto Barrera Velázquez; vicepresidente: senado Luz Lajous Vargas.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal, a 19 de enero de 1994.- senadores Israel Soberanis Nogueda, secretario y Antonio Melgar Aranda, secretario."
De enterado.
SOLICITUD DE RECESO
El Presidente:
Ha solicitado el uso de la palabra el diputado Gustavo Carvajal Moreno, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para dirigirse a esta Asamblea.
El diputado Gustavo Carvajal Moreno:
Con su permiso, señor Presidente:
Quisiera, a nombre de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, solicitar a la Presidencia se sirva decretar un receso hasta las 3.30 horas de la tarde, con objeto de poder terminar y presentar a las comi
siones unidas el dictamen sobre la Ley que estamos tratando.
Asimismo, quisiéramos citar a todos los integrantes de las comisiones unidas de Gobernación y Justicia, a que nos reuniremos a las 14.00 horas en el auditorio sur de esta Cámara de Diputados.
Por ello, señor Presidente, si está usted de acuerdo, le pidiéramos que se sirviera usted acordar el receso solicitado.
RECESO
El Presidente (a las 13.00 horas):
Por la importancia de los negocios en discusión, está Presidencia ruega la comprensión y puntualidad de los señores diputados, y atendiendo en consecuencia el pedido del diputado, Guatavo Carvajal, y con fundamento en la fracción VI del artículo 21 del Reglamento Interior de esta Cámara, declara un receso para reanudar la sesión en punto de las 15.30 horas.
LEY DE AMNISTÍA
El Presidente: (a las 16.05 horas):
Se reanuda la sesión. Proceda la Secretaría a dar lectura al dictamen que habrá de discutirse.
El secretario Jaime Ríos Velasco Grajeda:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia.
Honorable Asamblea: a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia fue turnada, para su estudio y dictamen, la iniciativa con proyecto de Ley de Amnistía, presentada por el licenciado Carlos Salinas de Gortari., Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
Estas comisiones, con la facultad que les otorgan los artículos 56 y 68 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87, 88, y demás relativo del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se avocaron al analizar de la presente bajo los siguientes
ANTECEDENTES
Convocatoria a un período de sesiones extraordinarias.
Ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 17 de enero de 1994, el Presidente de la República, con fundamento en los artículos 67, 79 fracción IV, 89 fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicitó que está se sirviera convocar a un período de sesiones extraordinarias con objeto de conocer, estudiar en su caso dictaminar la iniciativa con proyecto de la Ley de Amnistía, presenta por el titular del Poder Ejecutivo en uso de las facultades que le otorga la fracción I del artículo 71 de la Cámara Magna.
En la misma fecha, la Comisión Permanente emitió el decreto por medio del cual se convocó al presente período de sesiones extraordinarias, cuya apertura se dio el día 19 de enero de los corrientes, para ocuparse de la iniciativa de Ley de Amnistía. El mencionado decreto fue publicado el día 18 de enero de 1994 en el diario Oficial de la federación.
La iniciativa con proyecto de Ley de Amnistía fue presentada ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el día 17 de enero de 1994.
La presidencia de la mesa directiva conforme al reglamento, ordenó el siguiente tramite. "Túrnese a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia para su estudio y dictamen".
Estas comisiones, con la atribuciones arriba señaladas, en reunión de trabajo celebrada el 19 de enero del año en curso, dieron cuenta de la iniciativa antes referida, por lo que presentan el dictamen bajo los siguientes
CONSIDERANDOS
La iniciativa de Ley de Amnistía propuesta por el Ejecutivo de la Unión, busca la reincorporación al orden jurídico de quien hayan participado en los hechos violentos ocurridos en varios municipios del Estado de Chiapas. Compete el congracio de Unión en uso de la facultad consagrada en el artículo 73 fracción XXII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conceder amnistía por delitos cuyos conocimientos pertenezca a los tribunales de la Federación. En este tenor, los miembros de las comisiones que suscriben concuerdan con la iniciativa enviada por el titular del Poder ejecutivo Federal, dando que la misma coadyuvará a beneficiar a personas que se encuentran involucradas en hechos delictivos de carácter federal.
Ante dichos conocimientos,. la política gubernamental ha ofrecido el dialogo, con el objeto de lograr la pacificación de la zona, la comisión Permanente del Congreso de la Unión integro una Comisión con senado y diputados de todos los partidos políticos con el objeto de contribuir para encontrar una pronta solución del conflicto mediante la moderación, el dialogo y la negociación, debiendo rendir un informe a la propia Comisión Permanente, del cual conocieron las comisiones que dictaminan; así también la Comisión Nacional de Derechos Humanos, intervino e interviene actualmente en ese Estado con el objeto de velar por la protección de estos derechos.
Organizaciones políticas y sociales religiosas y ciudadanos en general, rechazaron la vía de la violencia como medio para exigir legítimas demandas de justicia y sacar el rezago a dicha entidad.
La voluntad política tanto del Ejecutivo Federal como el Congreso de la Unión, para iniciar y expedir la presente Ley de Amnistía, dejan de manifiesto el interés por lograr la pacificación del área en conflicto através de normas jurídicas que aunada al diálogo conlleven a los participantes, que habiendo transgredido normas federales, se acojan al beneficio y alcances de la presente Ley, regresando con ello a la legalidad y de esta manera puedan reintegrarse a la sociedad con el objeto que le participen en la solución de los problemas que los aquejan.
Las comisiones que suscriben, desean dejar constancia que en las reuniones de trabajo llevadas a cabo, de la participación de los diputados se dejó una clara postura de que el objeto de la presente Ley es buscar la paz en el conflicto solicitado en Estado de Chiapas, y que sin duda será herramienta que coadyuve a solucionar diferencias, tomando en consideración que este instrumento jurídico forma parte de un conjunto de acciones a emprender en la pacificación de dicha entidad.
Por otra parte, de las propias discusiones y opiniones emitidas en tales reuniones, se mejoro el contenido a algunos de los artículos de los que consta la Ley de Amnistía, con objeto de precisar, jurídicamente, los alcances de esta Ley su aplicación, lo cual sin duda, es benéfico para todos aquellos que se acojan a los beneficios de la misma.
El presente dictamen de aprobarse, definirá claramente el ámbito de aplicación y los sujetos a quien va dirigida, dicha Ley debe darse con el objeto de lograr la concordia, la paz, la reconciliación. La amnistía que se propone buscar la unidad de los mexicanos.
De las modificaciones a la iniciativa.
Las comisiones que sus criben a propuesta de diputados consideraron que en el texto del artículo 1o., la redacción, con objeto de obtener una mayor seguridad jurídica, señalara que la amnistía a decretar, se otorgará a todas aquellas personas que involucradas en los actos de violencia del 1o. de enero de 1994 en varios municipios del estado de Chiapas. Dicha modificación trae consigo que, los actos previos a los propios sucesos queden comprendidos dentro de la presente Ley. De la misma manera se amplía el término para acoger a este beneficio al veinte de enero del presente mes y año.
Por otra parte se adiciona un segundo párrafo a este artículo, con el objeto que para la aplicación de esa Ley, no sólo priven los criterios jurídicos, sino que aunado a ellos, el Ejecutivo Federal queda facultado a integrar una Comisión, con lo cual se evitara poner plazos que podrían dificultar la aplicación de la propia Ley. Esta comisión, en la medida en que tome conocimientos de los hechos que se vayan generando en la zona de conflicto, podrá contar con una visión más completa sobre la situación, y por ende adoptar las medidas pendientes para hacer efectivo los beneficios expresos de esta Ley. Deberá caracterizarse por contar con una voluntad política capaz de sanar diferencias, buscar acuerdos a través del diálogo e implementar los mecanismos necesarios para lograr la correcta, exacta y equitativa aplicación de la Ley de Amnistía.
En este tenor, al artículo 2o., una vez que se realizaron los cambios que anteceden, se propuso modificarlo suptimiéndose la referencia al plazo de 30 días; también a propuesta de los señores diputados se consideró conveniente incluir en este precepto como condición para obtener la amnistía, la entrega de rehenes.
A propuesta de diversos diputados, se valoró la propuesta de compactar en un sólo artículo los contenidos de los artículos 3o. y 4o. considerando también más conveniente la exclusión de la participación del Procurador General de la República en el cuidado de la aplicación de la presente Ley, por haberse ya incluido a la multicitada Comisión a que hace referencia el artículo 1o.
Dentro del artículo., 5o., de la iniciativa, se consideró necesario dejar expreso que a las personas que beneficie esta Ley de Amnistía, tampoco podrán ser interrogadas, investigadas, citadas a comparecer o molestadas, dado que la amnistía comprende todo el respeto a sus derecho humanos y sus garantías individuales.
Por otra parte, y por conceso de todos los miembros de lasa comisiones se consideró viable la propuesta del Partido Acción Nacional de concluir un artículo segundo transitorio, con el objeto de que la presente Ley se publique y difunda en bandos, tanto en el idioma español, como las lenguas que se hablen en las zonas involucradas, con el objeto de que la misma se aconocida de mejor manera por todos sus destinarios.
Las comisiones que suscribense permiten manifestar que, diversos grupos parlamentarios presentaron propuestas de modificación, mismas que una vez analizadas y valoradas complementaron en lo procedente el cuerpo del presente dictamen.
La voluntad de la Cámara de Diputados, de aprobarse esta Ley, es buscar la concordia y la unidad nacional, principalmente en el territorio chiapaneco, buscando con ello, que se implementen mayores mecanismos y recursos con un objetivo: el buscar que en la sociedad de Chiapas se eleve el nivel de la calidad de vida y la superación de sus rezagos, evitando confrontaciones que dañan más a toda la sociedad mexicana.
Por lo anteriormente expuesto, las comisiones unidas que suscriben se permiten someter a la consideración del pleno de la asamblea el siguiente dictamen con proyecto de
LEY DE AMNISTÍA
Artículo 1o. Se decreta amnistía en favor de todas las personas en contra de quienes se haya ejercitado o pudiera ejercitarse acción penal ante los tribunales del orden federal, por los delitos cometidos con motivo de los hechos de violencia, o que tengan relación con ellos, suscitados en varios municipios del Estado de Chiapas del día 1o. de enero de 1994 al día veinte del mismo mes y año, a las quince horas.
El Ejecutivo Federal integrará una Comisión que coordinará los actos de aplicación de la presente Ley.
Artículo 2o. Los individuos que se encuentren actualmente sustraídos a la acción de la justicia, dentro o fuera del país, por los delitos a que se refiere el artículo 1o., podrán beneficiarse de la amnistía, condicionada a la entrega de rehenes y de todo tipo de armas, explosivos, instrumentos u otros objetos empleados en la realización de los mismos, en los términos que fije la Comisión.
Artículo 3o. La amnistía extingue las acciones penales y las sanciones impuestas respecto de los delitos que comprende, dejando subsistente la responsabilidad civil y asalto los derechos de quienes puedan exigirla.
En el caso de que se hubiere interpuesto demanda de amparo por las personas a quien beneficia esta Ley, la autoridad que conozca del respectivo juicio dictará auto de sobreseimiento.
Los efectos a que se refiere este artículo producirán apartir de que la Comisión declare la cesación definitiva de los actos de hostilidad.
Artículo 4o. Las personas a quienes aprovechen esta Ley, no podrán en lo futuro ser interrogadas, investigadas, citadas a comparecer, detenidas aprendidas, procesadas y molestadas de manera alguna por los hechos que comprende esta amnistía.
TRANSITORIO
Primero. Esta Ley entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Esta Ley deberá ser fijada en bandos en las diversas poblaciones que se encuentran en la zona de conflictos tanto en idioma español, como en las lenguas que se hablen en dicho territorio.
Sala de comisiones de la honorable Cámara de Diputados.- México, Distrito Federal, a 20 de enero de 1994."
Es de primer lectura.
El Presidente:
Sírvase la Secretaría consular a esta Asamblea si se dispensa la segunda lectura del dictamen y si se pone a discusión y cotación de inmediato.
El secretario Jaime Ríos Velasco Grajeda:
Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica, con
fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, si se dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la segunda, señor Presidente.
El Presidente:
En consecuencia, está a discusión en lo general.
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 96 de Reglamento para el Gobierno Interior de esta Cámara, se informa que para fijar posición y hablar en lo general, se han inscrito los siguientes diputados: Martín Tavira Urióstegui, del Partido Popular Socialista, para fijar posición; Francisco Laris Iturbide, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para fijar posición Héctor Ramírez Cuellár, para fijar posición, Rodolfo Echeverría Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Luisa Alvarez Cervantes, del Partido del Frente Cárdenista de Reconstrucción Nacional, para fijar posición; Ricardo Valero, del Partido de la Revolución Democrática, par fijar posición; Gabriel Jiménez Remus, del Partido Acción Nacional, para fijar posición y Juan Ramiro Robledo Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional.
En consecuencia, se concede la palabra al señor diputado Marín Tavira Urióstegui, del Partido Popular Socialista.
El diputado Martín Tavira Urióstegui:
Señor Presidente; distinguidos legisladores:
Es una expresión de Perogrullo decir "que la historia siempre se escribe después de los acontecimientos"., porque con el transcurso del tiempo se van clarificando los hilos, las madejas, que constituyen la serie de actos, la serie de hechos que han ocurrido en un momento en el devenir de un país.
¡Qué bueno que el Congreso de la Unión se involucre en este problema!, surgido en un Estado de grandes tradiciones históricas y culturales, que indudablemente tiene el cariño, el amor de todo el pueblo de México. Claro, debatimos una Ley de Amnistía que tiene una base en un conflicto y, en consecuencia, que tiene bases de carácter político. El conflicto en Chiapas constituye un fenómeno sobre el que debemos reflexionar muy seriamente. Pero es evidente que en ese Estado, quizá como en ningún otro en el país, hay graves problemas que no se han podido resolver ni ha habido voluntad de resolverlos. Tal parece que por Chiapas no cabalgaron las huestes de Emiliano Zapata, o siquiera el pensamiento y la acción de un agrarista como Gertrudis Sánchez, en Michoacán; tal parece que en Chiapas la Revolución se quedó en la superficie, en algunas reformas de carácter político, y si huido cambios en, la estructura económica, fue sólo en pequeñas regiones, como en el Soconusco, reformas realizadas durante el sexenio del Presidente Lázaro Cárdenas.
Pero el problema del indio en México es un problema no resuelto, distinguidos legisladores, por que tal parece que, a pesar de que, como dijo Lombardo, "México es sangre y espíritu de los indios", hay todavía sectores en México que le tienen un gran menosprecio a los indios, que parece que quieren sacarse la poca o mucha sangre que tienen de la población indígena, cuando deberíamos sentirnos orgullosos de que descendemos precisamente de aquellos pueblos que le dieron y le han dado y le darán personalidad particular, sello propio a nuestra patria. Se ha querido ver a los indios como un problema ajeno al país, como un problema que inclusive debemos olvidar.
No se ha atendido el reclamo fundamental de los indígenas, que es el derecho a la tierra.
En Chiapas los indígenas han sufrido esclavitud y servidumbre por largos años, desde la época de la Colonia. Y a pesar de que un fray Bartolomé de las Casas fue pionero en la defensa de los indios, como una paradoja en ese Estado 'parece que los indios no son los mas desvalidos por los finqueros delicados del país; esclavizados por los finqueros dedicados al cultivo del café, esclavizados en sus pequeños pueblos, sin que hay llegado la Ley Federal del Trabajo alla, sin que se haya respetado la posición de los indios de sus comunidades, sin que se les hayan devuelto las tierras usurpadas por mestizos, traidores a su raza y traidores al país. Ese es el fondo del problema.
Se ha dicho hipócritamente que lo que hay que hacer con los indios, es acabar con su lengua
para que se incorporen a la civilización occidental. Ese es de los absurdos antihistóricos que han plagado de desgracias a la población indígena en nuestro país.
Recordemos que Lázaro Cárdenas fue, de todos los presidentes que surgieron después de la Revolución, el que entendió a cabalidad el gran problema del indio en México. Respetar su lengua, estimular su lengua, su cultura, devolverles la tierra, enseñarles la cultura universal a los indígenas a través de sus propias lenguas y sobre todo incorporarlos al desarrollo económico del país, haciendo una labor diaria de comunicar a las comunidades indígenas por todos los medios, para que haya un vinculo permanente con los centros de producción y con los mercados. Eso es lo que está por hacerse. Que no permanezca las comunidades indígenas aisladas como piezas de museo para que vayan los antropólogos a investigar, a veces sin resultados prácticos. ¿Cuántos años tenemos en México investigando el problema del indio y cuáles son las conclusiones valederas que se han dado para resolver realmente los problemas de los indígenas? Hay pues, como se ha dicho, un verdadero caldo de cultivo para que estallara este conflicto.
Nosotros afirmamos con toda seguridad, compañeras compañeros diputados, México no será una nación totalmente integrada mientras los indios permanezcan relegados, mientras haya una especie de colonialismo interno, mientras las comunidades indígenas permanezcan rezagadas y no se les haga justicia, la justicia social que tanto ha proclamado la Revolución mexicana. Y para acentuar el problema del indio en México, si me permiten ustedes señores diputados, han venido a crearse nuevos factores en contra de la población indígena:
Número 1. la política neoliberal emprendida por el régimen actual y el anterior. Una política de espaldas a la Revolución mexicana, una política que ha enriquecido más a los ricos, que ha concentrado la riqueza de una manera tremenda, que ha hecho más pobres a los pobres de México. Una política de una distribución injusta de la riqueza nacional, del producto interno. Y por otra parte, como consecuencia de esta política injusta, contrarevolucionaria, las reformas a la Constitución, especialmente la reforma al artículo 27 constitucional. ahí están los resultados de querer deshacer los ejidos a través de la privatización de la tierra, de querer deshacer lasa comunidades indígenas a través de la privatización de sus propiedades colectivas, como son los bosques. Esas son causas que hay que tomar en cuenta.
Y si tenemos que resolver el problema del indio en México, hay que atacar de frente los problemas. Hay que ver cuáles son las políticas equivocadas, los caminos errados, desviados, del proceso revolucionario. No debimos olvidar jamás las elecciones del pasado, cuál ha siso el camino verdadero, real. ¿Por qué le damos la espalda inclusive a los decretos de Miguel Hidalgo y Costilla, en Guadalajara, proclamando la devolución de las tierras a los indios? Ahora se habla en lugar de eso, de buscar la forma de que los capitalistas privados vayan a las comunidades indígenas so pretexto que sólo así van a salir del atraso.
No ha fracasado ni el ejido ni la comunidad, distinguidos legisladores; ha fracasado una política burguesa, reaccionaria, que ha olvidado a esos núcleos, que no les ha dado apoyo técnico ni crédito barato y oportuno, reclama de siempre que no se han cumplido jamás. Ahí está el fondo del problema. Pero bien, ¿Qué el movimiento de Chiapas? ¿Es una revolución realmente? ¿Están claras las cosas? ¿Sabemos quiénes están realmente detrás de este movimiento? ¿Dan la cara los dirigentes del movimiento? ¿Plantean la solución al problema indígena de Chiapas y del problema indígena de todo el pueblo de México? Esas son algunas interrogantes que tenemos que hacernos.
Y, por otra parte, ¿es el momento en México para un levantamiento de carácter armado? Conste, que nosotros no desechamos la vía armada de la revolución. Está en el que hacer histórico de los pueblos el levantamiento armado, la rebeldía contra los pobres del Estado; pero debemos preguntarnos: ¿en este momento a quien ayuda una revolución, un movimiento mejor dicho, un levantamiento armado? ¿En realidad ayuda a las fuerzas revolucionarias y progresistas de México? Eso es lo que yo quiero preguntar a los distinguidos legisladores, por que hay signos que nos indican la alegría de los círculos imperialistas frente a este conflicto. Ya en los Estados Unidos este diputado injerencista, enemigo de la revolución cubana y enemigo del proceso revolucionario de México, el señor Torricelli ya está pidiendo conferencia en el
Congreso de los Estados Unidos para examinar el problema de México y especialmente el asunto relativo a lo que ellos llaman los "Derechos Humanos".
Los Estados Unidos en este momento están descanso una gran situación en México para poder meter las manos, mejor dicho, meter la punta de su lanza. Ese es el hecho concreto, distinguidos diputados. Acaba de declarar un militar norteamericano, y esto es muy grave, que el Ejercito mexicano entonces no tiene la capacidad para combatir a los rebeldes, ¿quiere decir que hay que darle ayuda al Ejercito mexicano? ¿Hay que meter técnico por lo menos, asesores como se dice, a México para que ayuden al Ejército mexicano? Recordemos que hay antecedentes.
En varias partes del mundo los Estados Unidos, con este pretexto, han metido sus famosos asesores, así comenzó su intervención en Vietnam, por ejemplo.
Entonces, consideremos, compañeros diputados, que Chiapas en una región estratégica, del Gobierno norteamericano y, por otra parte, ustedes se habrán dado cuenta que este movimiento ha sido el pretexto para que algunos traidores a sus países acusen a Fidel Castro de que, "tal vez", está metiendo las manos en Chiapas. Es el caso de este traidor Edén Pastora, de Nicaragua, llamado "Comandante Cero", quien acaba de decir que hay que seguir el hilo para encontrar si el gobierno de Castro está interviniendo en los asuntos de México. Es decir, se aprovechan de la situación ocurrida en una parte de México para acusar a gobiernos hermanos que mantienen vínculos de amistad con México, de ser intervencionistas, y darle armas al imperialismo justamente para que intervenga en la vida interna nuestro país.
Además, al Gobierno de los Estados Unidos le viene "como anillo al dedo" este problema en el momento en que se acaba de estrenar, por así decir, el Tratado de Libre Comercio. Si de por si nos han considerado como "patio trasero", ahora más que nunca, los Estados Unidos consideran a nuestro país como la prolongación de su propio territorio, puesto que ahora va a haber un intercambio libre entre los dos países. Por eso, yo quisiera pedir en nombre de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, que reflexionemos sobre todos estos factores, compañeras y compañeros diputados. No hay que ver de manera superficial el conflicto, ni calificarlo de manera inmediata como un movimiento propiamente revolucionario, que va a traer una transformación sustancial en la estructura económica, social y política del país. Aquí se entrelazan varios factores como todos sabemos. Desde hace muchos años se viene denunciando el papel de las sectas religiosas, el llamado Instituto Lingüístico de Verano, que ha servido para dividir a las comunidades indígenas.
Una distinguida legisladora me decía: "hay pueblos en Chiapas que no aceptan que se construya la escuela, precisamente porque las tres o cuatro sectas religiosas, no se ponen de acuerdo". Las sectas religiosas han servido para dividir a los pueblos, quitarle sus tradiciones. En fin, y convertirse en cabeza de playa para desfigurar, si me permiten la expresión, la tradición cultural de nuestra partía, meter una cultura totalmente ajena a las zonas indígenas. Y por otra parte el clero político.
Nosotros no nos dejamos llevar por la finta de que hay religiosos que se están convirtiendo en herencias de Fray Bartolomé de las Casas. Nosotros hemos dicho que el clero político político en México, está empeñado en retrotraer a nuestra patria, etapas ya superadas.
El conflicto mismo en el interior del clero, se ha reflejado en Chiapas. Y yo considero en nombre de la fracción parlamentaria del PPS, que la intervención de religiosos en Chiapas, ha servido para dividir a los pueblos; para impulsar actitudes que no corresponden en estos momentos a las exigencias de una lucha real; de una lucha efectiva para, mejor dicho, para revertir este proceso que ha venido estableciendo en los últimos años en México. Un proceso, como he dicho, contrario a la resolución nuestra, a la Revolución mexicana.
Compañeros diputados: la Ley de Amnistía, es sólo el comienzo. Yo diría que para resolver este conflicto hay tres momentos: el primer momento es la Ley de Amnistía. Se dice que es una Ley atípica, porque se dicta al comienzo de un conflicto y no al final. Muy bien. Pudiera considerársele como una Ley atípica. Pero nosotros pensamos que da bases para comenzar a arreglar los problemas de Chiapas. No nos hagamos ilusiones. Ninguna Ley de Amnistía, ni siquiera la que se dicta al final, resuelve definitivamente los problemas. Menos ésta que se dicta al principio.
Yo he visto con extrañeza realmente, la posición de algunos diputados que quieren que la Ley
sea tan grande, tan compleja, que dicen realmente vaya a contribuir a resolver el conflicto. No. Esta Ley no va a resolver el conflicto; pone algunas bases para comenzar el proceso de solución del conflicto.
Tampoco compartimos la idea de que esta Ley esté vinculada a convenios, a los arreglos. Ese es capítulo aparte.
Si nosotros pensamos que la Ley de Amnistía debe estar vinculada a convenios, entonces la Ley de Amnistía no va a surtir los efectos que nosotros esperamos.
La Ley de Amnistía, con unas cuantas disposiciones, tendrá que servir para que en efecto, se cree el ambiente propicio para desactivar el conflicto; no para resolverlo.
La solución del conflicto en Chiapas y de los conflictos de todo el país, sociales y políticos que existen, se van a resolver con ataques a fondo a los problemas añejos, seculares, diríamos, que tienen nuestros pueblos indígenas.
Entonces, pues, el Congreso de la Unión mucho ayudaría en este conflicto, si aprueba una Ley de Amnistía que abra las puertas a la negociación, que abra las puertas a la vinculación de factores que tienen que poner en la mesa sus cartas; que los líderes del movimiento den la cara y digan cuáles son los reclamos reales de la población de Chiapas, porque, bueno, hemos conocido un documento político, si ustedes quieren, muy maduro; pero es un documento político de carácter nacional en donde inclusive se pide la renuncia del Presidente de la República.
Pero ¿cuáles son los planteamientos reales para resolver los problemas del Estado de Chiapas, en concreto? ¿Cuáles son las demandas?, porque bien, salud, vivienda, caminos, educación, etcétera, están en la mente de los más de 40 millones de mexicanos que viven en la pobreza. Pero ¿cuáles son los problemas que necesitan una resolución rápida y profunda en el Estado de Chiapas?
Eso tendrá que atender el Congreso de la Unión en próximas sesiones. Tenemos que ver efectivamente qué leyes debemos crear, nuevas, qué reformas deben hacerse a la Constitución y a las leyes secundarias vigentes; en qué se ha fallado, desde el punto de vista de las normas jurídicas que rigen nuestro país. Qué factores negativos se han presentado en la política nacional que contribuyan a crear el caldo de cultivo para que estos movimientos surjan.
Tendremos que trabajar todas las fuerzas progresistas y revolucionarias fuertemente unidas, para estudiar a fondo los problemas del pueblo de México, y especialmente los problemas de los indígenas; tomar las medidas que sean necesarias, legislar, hacer planes de desarrollo, y sobre todo, instaurar una democracia real en México, una democracia no sólo formal, una democracia que vaya al fondo de los problemas, que favorezca a la mayoría, a la inmensa mayoría trabajadora del país. Una democracia para los desvalidos, para los trabajadores, para los que no tienen más que su fuerza de trabajo. Para el pueblo de México, en suma. Muchas gracias, señores diputados.
El Presidente:
Gracias, diputado.
Tiene la palabra el diputado Francisco Felipe Laris Iturbide, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El diputado Francisco Felipe Laris Iturbide:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
Hace unos cuantos días, cuando nuevamente me reincorporé después de una larga ausencia a mis labores legislativas, comentaba, en una reunión de la Comisión de Derechos Humanos, que el elemento fundamental que deberíamos nosotros, legisladores, de analizar, no era tanto la existencia de lo que de antemano sabemos que las hay, o sea, de la violación a los derechos humanos, sino de las causas que se habían producido o que estaba produciendo esta violación a los derechos humanos.
Yo estoy de acuerdo con lo que brillantemente ha dicho el señor diputado Martín Tavira, en cuanto a la necesidad de conocer las causas; es fundamental el conocimiento de las causas. Desgraciadamente, y lo cual es cierto, normalmente en todas las revoluciones, en todos los movimientos armados, lo último que se conoce es la causa y lo último que se conoce es quien la sostiene y quien la alimente. Dije normalmente.
Quiero hacer también notar como en este mismo recinto, en el Palacio Legislativo, el 18 de junio de 1992, se alzó la voz de una mujer, de un miembro de nuestro partido: Yolanda Elizondo, la que en la presentación de su valiosa iniciativa, mencionaba con insistencia el tener que hablar
sobre el derecho de los grupos étnicos, para garantizar a todas las poblaciones indígenas el derecho de ser y el derecho de permanecer dentro de su estado cultural.
Yo he afirmado también que con tristeza nosotros contribuimos a "desgajar" el artículo 27 constitucional, que para muchos en nuestro pueblo significaba no solamente el derecho de ser ejidatario, sino la honra de ser ejidatario.
Yolanda Elizondo decía "que el Estado debe prestar mayor asistencia económica para que los grupos étnicos participen decididamente en el desarrollo económico, político, social y cultural del país".
Por supuesto que esta iniciativa pasó a formar parte de otras muy valiosas iniciativas, que no se hacen caso, que no se valoran; normalmente al cesto de los papeles.
Y, señoras y señores diputados, ahora tenemos las consecuencias.
Si queremos saber una de las causas que han motivado este crimen, que yo título como El Crimen del Siglo XX, El Crimen Mundial del Siglo XX, porque es aquí donde empieza la efervescencia del movimiento lógico, del movimiento justo, del movimiento natural, que al final de cuentas no va a importar quién fue el que puso las armas y las balas para llevarlo a cabo. Es aquí donde hemos empezado a ver el mismo futuro que nosotros estamos creando para nuestros mismos hijos.
Veía con cierta tristeza que algunos compañeros que estábamos en las comisiones de Gobernación y Justicia tratando este tema no habíamos comprendido en sí la Ley que estamos por lanzar, la Ley que sabemos que va a ser aprobada.
Yo, rebuscando un poco para hacer la diferencia, encontraba que realmente la amnistía es diferente, como algunos de los compañeros lo dijo, al indulto, porque el indulto significa perdón y la amnistía no; unos mencionaron que era un tema desconocido cuando como recuerdo de un ministro del rey de Francia, el conde Peynoré, estableció un notable paralelo citado con frecuencia entre amnistía y perdón, cuyos pensamientos principales son éstos: la amnistía es olvido, perdón, es indulgencia, piedad; aquélla no repone sino borra, este nada borra sino que abandona y repone; la amnistía vuelve hacia lo pasado y destruye hasta el primer vestigio del mal; el perdón no va sino hacia lo futuro y conserva en el pasado cuanto ha producido; el perdón supone crimen, la amnistía no supone nada, a no ser la acusación; el perdón no rehabilita, antes por el contrario añade a la sentencia del juez la confesión al menos implícita del sentenciado que la acepta; la amnistía no solamente purifica, sino que la destruye.
No para en esto, destruye hasta la memoria y aun la misma sombra de la acción; el perdón es más judicial que político; la amnistía más política que judicial; el perdón es un favor aislado que conviene más a los actos individuales; la amnistía es una absolución general que conviene más a los hechos colectivos. La amnistía aventaja al perdón, que no deja tras de sí ningún motivo legítimo de resentimiento; la política tiene crímenes a los que no debe concederse ni amnistía ni perdón, si tiene que merecer perdón, lo mejor es siempre sepultarlas en una amnistía.
Por sus clases se distinguen en absolutas cuando no están sujetas a ninguna restricción, incondicionales si dependen del cumplimiento de determinadas cláusulas que se proponen evitar, la reincidencia al menos en cierto plazo; en generales si comprenden a numerosas clases de delincuentes, a todos los de un género, los políticos o a la totalidad de los complicados. Las limitadas, las reducidas a determinadas personas o delitos en ciertos territorios, y la plena, cuando borra todos sus efectos hasta la responsabilidad civil.
He querido mencionar esto porque debemos nosotros de conocer y comprender cuál es el objeto fundamental de la creación de esta Ley. Sabemos que la pobreza y la injusticia han sido históricamente el detonador de violentos estallidos sociales y base y raíz de grandes convulsiones internas de los países en desarrollo. México no ha escapado a este fenómeno, de lo cual tenemos el más vivo ejemplo en 1910 - 1917.
El conflicto de Chiapas tiene también como base la pobreza ancestral y la injusticia total. Pueblos enteros que ven cómo mueren sus niños por inanición o deshidratados por las diarreas sin ningún auxilio médico; pueblos enteros que no conocen lo que es una escuela, pero siguen dominados por los latifundistas; pueblos enteros sin servicios de agua, electricidad, drenaje y fuentes de trabajo.
Las etnias, no sólo de Chiapas, sino de toda la nación, desde tiempo inmemorial, no han conocido otra realidad que el abandono y la apatía de las autoridades que ahora, mediante una Ley de Amnistía, sin definir ésta, pretenden otorgarles el perdón; perdón que no cabe. Y ¿perdón por qué?, ¿porque han reclamado justicia
mediante el único camino que les han dejado, el de las armas?
Lo acontecido en Chiapas no es más que el reflejo de una errática política gubernamental, una política que encaminó sus afanes a atesorar bienes para reflejar hacia el mundo exterior una imagen del país de primer mundo, pero olvidándose de incursar los elementos fundamentales necesarios del pueblo, permitiéndole el endeudamiento en la tienda de raya nuevamente y la amenaza contra los que se revelen; a la prédica del cura que los sugestiona a permanecer sumisos a cambio de no recibir castigo alguno, violando sus más elementales derechos humanos.
No se requiere ahondar demasiado para saber quiénes son los verdaderos culpables de tanta miseria e injusticia que causaron el derramamiento de sangre entre hermanos. Las cárceles del país están llenas de inocentes que no han tenido otra culpa que la de revelarse al destino manifiesto que les ha sido impuesto, de postración y de miseria.
No basta que el Gobierno o su representante por la paz en Chiapas, pidan perdón por los que sufren; debemos estar conscientes que sólo habrá paz cuando haya justicia para quienes carecen de tierra, pan, salud, casa y educación, y cuando se superen los niveles tan agudos entre los que tienen mucho y los que no tienen y ni tan siquiera pueden satisfacer sus más fundamentales necesidades.
Urge emprender un programa profundo que realmente se aboque a resolver los ingentes problemas que viven las clases marginadas, especialmente los conflictos agrarios y la carencia de infraestructura de servicios públicos y fuentes de trabajo.
Se trata ahora de analizar una Ley de Amnistía para los transgresores, como las autoridades han dado en llamar a los miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Yo quisiera preguntar: ¿quién cree en una Ley de Amnistía? ¿No es verdad que Francisco Villa fue amnistiado y luego vilmente asesinado en Parral en 1923, durante el régimen de Alvaro Obregón? Rubén Jaramillo y Genaro Vázquez, que aparentemente fueron amnistiados, ¿no fueron finalmente asesinados? ¿Qué pasó con los amnistiados líderes del movimiento estudiantil de 1968? ¿No es cierto que muchos de ellos fueron también vilmente asesinados? Ha tenido que surgir un movimiento beligerante para que las autoridades se apresuren a tratar de resolver los problemas de la región. Era necesaria la pérdida de vidas para que el Gobierno cumpliera con su obligación de velar por el bienestar social.
El movimiento armado en Chiapas ha enseñado a otras etnias asentadas en Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán etcétera, que el camino para hacerse escuchar es el de la violencia, y desafortunadamente puede preverse, ahora sí, el despertar del México bronco a que tanto se refería en su tiempo Jesús Reyes Heroles.
Podemos y debemos estar de acuerdo en que no debe castigarse a quienes se han levantado en armas, motivados por la desesperación y el rencor social. Sin embargo, la Ley de Amnistía que el Ejecutivo nos propone resulta, más que un perdón, una amenaza velada.
Estamos de acuerdo en que se libere de todo castigo a quienes se enlistaron en las filas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero para ello la iniciativa del Ejecutivo es necesario que se amplíe, ampliarse los plazos para que quienes así lo deseen, se acojan al beneficio de la amnistía e incluir condiciones que hagan más confiable la propuesta; que el doloroso conflicto suscitado en Chiapas sirva como una llamada de atención a las autoridades sobre lo que puede ocurrir si persisten en ignorar a los más desprotegidos.
No olvidemos que históricamente los marginados han sido los que han engrosado los batallones revolucionarios y han dado su sangre a cambio de un mejor porvenir. Escuchemos sus reclamos evitando con ello que nuevamente el campo nacional se tiña de la sangre de nuevos Francisco Villa, Emiliano Zapata, Francisco I. Madero.
Nosotros sí votamos por la Ley de Amnistía, sí consideramos que es necesaria, pero consideramos también que es fundamental, al apoyarla en su totalidad, que exista, para que aún pueda llevarse a cabo, el reconocimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional como fuerza beligerante; la elaboración de un estatuto que cree las fuerzas rurales y que permita captar a los miembros integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que así lo deseen, como miembros integrantes de la misma; la conformación de un programa amplio de impulso al desarrollo regional de Chiapas, fundado en la explotación de su riqueza natural, no sólo acciones de solución momentánea a los problemas ancestrales, de respeto pleno a los derechos ciudadanos de los miembros integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Sí consideramos que es sumamente peligroso que votar, una Ley como esta de amnistía, si no la aceptan las personas a quienes se llaman beneficiados, la fuerza y la violencia vendrá con mayor repulsa. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias diputado.
Tiene la palabra la diputada Luisa Alvarez Cervantes, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
La diputada Luisa Alvarez Cervantes:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas; compañeros diputados:
Hoy estamos tratando un asunto trascendental para la nación y para las etnias de este país. Mi partido, el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, por mi conducto fijará la posición acerca de la iniciativa de Ley de Amnistía que ahora discutimos.
En Chiapas el 1o. de enero estalló la guerra. Que no se nos olvide, una guerra, no un levantamiento más ni mucho menos una partida de robavacas como en su tiempo se le llamó a Emiliano Zapata; no un grupo de extranjeros o de mercenarios financiados por personajes de la política estadounidense o de los carteles del narcotráfico; es una guerra, es la rebelión de los indios del sureste contra un sistema de explotación y exclusión que no ha cambiado durante 500 años. Que no se nos olvide.
No caigamos en las especulaciones interesadas sobre el origen siniestro del conflicto; no cedamos ante los voceros de la represión. La guerra en Chiapas es responsabilidad del Estado mexicano por el atraso secular de los indios y la cancelación de expectativas políticas para las etnias y todos los marginados y excluidos de esta nación.
No compartimos los métodos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero comprendemos sus causas. Parafraseando al subcomandante Marcos, cuestionamos el método, pero no las razones; por eso no nos hemos sumado ni nos sumaremos a declaraciones simplistas del conflicto o a condenas que anuncian aniquilación y exterminio. Hoy, ya no lo recuerdan, pero fuimos los primeros en proponer un cese unilateral del fuego por el Ejército mexicano; también nos negamos a firmar una declaración simplista y condenatoria de la Comisión Permanente el 5 de enero; abogamos por la paz. Queremos una resolución pacífica y digna del conflicto, pero primero tenemos que reconocer lo que es, una guerra, una rebelión de los indios. Sólo así estaremos en posibilidades de entender la dinámica de los acontecimientos y de diseñar estrategias de negociación hacia una paz duradera, que resuelva los problemas de fondo que dieron origen a la rebelión.
No nos cansaremos de reiterarlo. En Chiapas se desató una guerra por las condiciones de miseria y marginación extrema de los grupos étnicos, pero también por la cerrazón de las opciones políticas y electorales en Chiapas y en muchos otros puntos del país.
Nosotros lo sabemos muy bien, más que en otros estados, en Chiapas no existen elecciones ni resoluciones pacíficas de los conflictos ni atención a las demandas, existe en Chiapas un partido político, económico y cultural para las etnias.
Los finqueros, los grupos dominantes del PRI, los finqueros y sus guardias blancas cerraron los caminos de transformación democrática. Estas son las razones, las causas profundas de la guerra.
Hay quienes ponen atención a la piel y a los ojos del subcomandante Marcos, o en su armamento, para condenar la estructuración de un ejército insurgente; hay muchos que reclaman las fallas en la seguridad nacional o quienes conciben un Ejército sin mandos o con exceso de hombres sobre las armas. Esos, o desconocen las leyes de la guerra o no pueden disimular su racismo; llegan al extremo. No conciben que los indios pueden también formar ejércitos o tomar las decisiones de enrolarse en ellos. Es otra forma de racismo, un racismo que no teme mostrar sus ligas con la represión.
Queremos recordar aquí, compañeros, que en diversas declaraciones oficiales, a los indios se les ha dado el derecho de morir por enfermedades curables, pero no se les ha dado el derecho de que son hombres, de que son dignos, de que piensan y que también pueden rebelarse, sino recordemos en nuestra historia: ¿Qué acaso Benito Juárez no fue indio, de los que ahora estamos enorgullecidos, de ese indio? Pero ahora, a los indios de Chiapas, no les podemos dar la posibilidad de rebelarse en contra de sus condiciones extremas de miseria.
Sin embargo, por más que podamos comprender las causas de un levantamiento, no podemos
suscribirlo; no podemos estar de acuerdo en la guerra; no podemos compartir la violencia como forma de resolver los conflictos, no por razones históricas, pues efectivamente, en muchos casos la violencia y la negociación nos volvieron nación independiente y libre.
También la violencia luchó por la democracia, pero hoy en día la violencia desata una violencia mayor, desata la represión en todos los ámbitos de la vida, invita a la confusión y a las ganancias de los poderosos, que todavía conservan el monopolio de la violencia legítima.
Después de los conflictos, aprovechamos para denunciar, militantes del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional en el Estado de Chiapas, que se ha iniciado una cacería, pretendiéndolos enrolar con los zapatistas.
La violencia hoy no es un camino viable en México por las razones expuestas. Por eso comprendemos, pero no justificamos, compartimos las causas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero nos deslindamos en el método. Por eso mismo hay que parar la guerra; alcanzar una paz justa, una paz digna y duradera, una paz que revoque la marginación y la exclusión de los indios y de todos los marginados; una paz con un nuevo pacto social entre las etnias, las regiones y todos los olvidados que en México son hoy legión.
Durante la primera semana de la guerra, el Gobierno la enfrentó por la vía militar. Todos conocemos las acciones y los resultados, no pretendemos abundar en ellos; todos nos preocupamos por los excesos y los derechos humanos. Una semana nos bastó para ver la lógica de la guerra, lógica que no compartimos: el aniquilamiento del enemigo.
Pero el enemigo en Chiapas no es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y queremos que esto quede muy claro. El enemigo en Chiapas es el hambre, es la injusticia; el enemigo en Chiapas no es una ideología totalitaria, como algunos consejeros intelectuales del "Príncipe" se han obstinado infructuosamente en demostrar; el enemigo en Chiapas es la exclusión de los indios, es la exclusión de las etnias.
Por eso la guerra es inaceptable. No combate las causas, sino configura enemigos reales o imaginarios que en las batallas se confunden.
Reprobamos la solución militar. Saludamos el cambio objetivo en la actuación del Gobierno, cuando decreta el cese al fuego, nombra una Comisión de Reconciliación y Paz, y establece condiciones para la negociación.
Aplaudimos también la voluntad del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, por llamar a la negociación desde el 6 de enero, antes de la rectificación Presidencial, sin duda influida por ello.
El cese al fuego observado hasta hoy por ambas partes, a pesar de los rumores interesados o no de los últimos días, abrió condiciones para establecer el diálogo; debemos profundizarlas.
La amnistía a todos los implicados en los acontecimientos de Chiapas, es otra condición para entablar negociaciones, es un elemento, importante sin duda, pero un elemento para construir en los hechos la voluntad política de solucionar pacíficamente el conflicto.
No es la solución al conflicto, como algunos lo creen, pero sí una precondición necesaria para el diálogo.
La Ley de Amnistía es necesaria, todos lo sabemos que no es suficiente; pero en el marco actual concreto del conflicto es una de nuestras facultades para contribuir a instaurar un camino de paz negociada, justa y digna.
El problema, en consecuencia, no es la necesidad o no de la amnistía, sino sus términos.
La amnistía puede ser: o un elemento para la paz o un arma para la guerra. Lo dijimos antes: "O un ultimatum o una precondición para el diálogo". Lo que hoy necesitamos es construir el diálogo, no propiciar otra escalada de violencia.
Desde hoy lo decimos: nuestro partido no avalará y condenará en todos los foros, de todas las formas, cualquier intento por utilizar esta Ley de Amnistía como "cheque en blanco" al Ejecutivo, para la represión y el aniquilamiento.
Suscribimos, en cambio, una amnistía para la paz. Esas son las posibilidades de una amnistía sui generis como ésta, una amnistía que no es resultado de negociación, sino antes de las negociaciones.
Cualquier solución jurídica en esta situación está condicionada por el desarrollo político del conflicto bélico. Por eso propusimos en comisiones flexibilizar los términos y eliminar condiciones; también incorporar mayores garantías a los amnistiados, que se recogieron en el artículo 4o. de la versión final.
Queremos decirlo enfáticamente: consideramos la amnistía como un elemento necesario para iniciar los diálogos de paz. La paz debe ser justa y digna.
Esta amnistía es particular, pues precede a las negociaciones y no las corona, y condenaremos por todos los medios cualquier táctica por convertir una amnistía concedida en estos términos difíciles y hasta ambiguos, en un ultimatum de guerra, una excusa para la represión.
Desde ésta, la más alta tribuna de la nación, el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional está de acuerdo en la Ley de Amnistía. Una propuesta que hizo nuestro partido, casi desde principios del conflicto, en los términos antes expuestos, es la posición de nuestro partido. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente:
Gracias diputada.
Tiene la palabra el señor diputado Rodolfo Echeverría Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Rodolfo Echeverría Ruiz:
Señor Presidente de nuestra Cámara; señoras diputadas, señores diputados.
En Chiapas crecen las posibilidades para que el conflicto vaya encaminándose hacia una solución política. El Gobierno de la República ha dado, a nuestro juicio, importantísimos pasos en la dirección correcta: la orden unilateral de cese al fuego, y el nombramiento de un comisionado para la negociación, van seguidos de esta Ley de Amnistía que hoy discute el congreso de los diputados.
Cada quien hace la tarea que le corresponde; cada quien hace su parte en la búsqueda de la paz para aquella zona chiapaneca. Nosotros, diputados, sin abdicar de las posiciones y de los enfoques de cada partido, discutiremos, y así lo solicito votaremos de manera aprobatoria el dictamen de esta Ley de Amnistía.
Los diputados somos, sin ninguna excepción, políticos demócratas y estamos persuadidos de que la Ley y la negociación son los caminos adecuados para regular y resolver todos los conflictos por complicados y graves que sean, como sin duda son los relacionados con la crisis chiapaneca.
A continuación, señoras diputadas, señores diputados, si me lo permite la Asamblea, deseo formular algunas consideraciones en torno al papel que desempeña el Ejército mexicano en este conflicto que tanto nos preocupa.
Los 64 años de paz en la que hemos venido viviendo los mexicanos se deben, entre otras cosas igualmente importantes, a la alta conciencia cívica de nuestras fuerzas armadas. Y digo esto con el mayor énfasis y con profunda reflexión. Atrás de las principales leyes fundamentales de México, las cartas de 1824, de 1857, de 1917, se habla de un caudaloso océano de sangre fratricida. Estas guerras, estos desgarramientos, estos procesos constitucionales que pusieron fin a aquellos conflictos, nos legaron una experiencia entrañable: la paz orgánica de México y su valor como generadora de la transformación democrática de nuestra sociedad. La paz es como la infraestructura del desarrollo socioeconómico, político y cultural. Sin ella, el país retrocedería varios lustros o decenios y dejaría de lado la oportunidad que ahora tiene para ingresar a un crecimiento progresivo del producto bruto bien repartido y, de esta manera, atenuar la cada vez más dolorosa e inaceptable desigualdad social.
Si no restauramos la paz en aquella zona chiapaneca, una paz que no rompió el Ejército, no llegará la justicia a esos grupos que la reclaman con desesperación.
Nuestro Ejército sabe que la paz es el requisito preliminar para la creación de una economía de abundancia de bienes y servicios que, merced a su gran volumen, puedan llegar a la mayoría de los mexicanos.
Nuestro Ejército sabe, señores diputados, que la paz es la única atmósfera donde florece la vida pública. Una vida pública que habrá de conducirnos al perfeccionamiento cotidiano de nuestras prácticas democráticas. El sentido del honor de nuestro Ejército es tan grande como su espíritu democrático.
El Ejército sabe que los inevitables conflictos que surgen en una sociedad tan compleja y heterogénea como la nuestra, han de resolverse dentro de la legalidad de la cual él mismo es custodio.
Los políticos demócratas estamos convencidos de las calidades ideológicas y de las calificaciones profesionales de nuestras fuerzas armadas. Sabemos que nuestro Ejército garantiza la independencia del país, su integridad territorial y su
soberanía, porque protege el entramado de nuestras instituciones democráticas.
El Ejército sabe que esa legalidad posibilita que los conflictos sociales se expresen bajo la forma de huelgas, mítines, marchas multitudinarias, protestas de todo tipo que únicamente son posibles si hay paz, legalidad, tolerancia.
El Ejército constitucionalista, por nacimiento, sabe que de esa legalidad, de la cual es garante, brotan las libertades y los derechos de la persona humana y de la colectividad: libertad de conciencia y de pensamiento, de asociación y de tránsito, de creencias y de expresión y todas, todas las demás libertades y derechos que quepan y caben muchas, en la palabra legalidad y en la palabra libertad.
Nuestro Ejército sabe que la legalidad es la libertad. Nuestro Ejército sabe que la legalidad es la justicia. Nuestro Ejército sabe que la legalidad es la paz. Formado en su esencia misma, formado esencial y constitucionalmente para defender las instituciones democráticas y preservar vidas humanas, nuestras fuerzas armadas han procedido dentro de la legalidad y en acatamiento a su mandato superior. Es nuestro Ejército, señores, una corporación popular uniformada, honrosamente encargada de la defensa de nuestro país.
Y nuestro Ejército actúa ceñido a las normas más estrictas de la moralidad militar.
El diputado Josafat Arquímedes García Castro (desde su curul):
Señor Presidente, consulte al orador si acepta una interpelación.
El Presidente:
Señor orador se le consulta si acepta usted una interpelación.
El diputado Rodolfo Echeverría Ruiz:
No la acepto señor Presidente.
El Presidente:
No se acepta señor diputado.
El diputado Rodolfo Echeverría Ruiz:
Nuestro Ejército señores, sabe que la legalidad es la libertad. Nuestro Ejército, nuestro, nuestro Ejército, no asesina. Por eso rechazamos, de la manera más enérgica, que alguien pretendiera sentarlo en el banquillo de los acusados.
El grupo parlamentario del PRI, considera que el Gobierno de la República ya ha dado pasos suficientes como para que se acredite con largueza su actitud conciliatoria ante este conflicto. Por lo tanto el PRI sostiene que ninguna negociación será viable y legitimadora de todo el proceso pacificador, si continúa secuestrado, en calidad de rehén y contra todas las normas nacionales e internacionales, el general Absalón Castellanos.
El primer impulso serio de reorganización y de profesionalización del Ejército, así como un notorio acento en el proceso de su evolución educativa, se le debe a un general todavía oloroso a pólvora: Joaquín Amaro. Pero ¿qué es hoy, señores diputados, un Ejército profesional. Un Ejército profesional es, sin duda, aquel que va asimilando las nuevas técnicas ligadas a las armas, a la estrategia, a la táctica, a la disciplina. Y es por esencia y por definición refractario a las aventuras y a los personalismos. Un Ejército profesionalizado, es aquél que ha asumido su verdadero sentido nacional; es aquel que aúna a su integridad, su amor a la propia carrera militar, dentro de un marco inequívoco de acatamiento al poder público. Un Ejército profesional como el nuestro, es arraigadamente adicto a la Constitución y radicalmente leal a los órganos del Estado.
Entre los soldados de la República, contamos con ciudadanos de la República formados en esa institución constitucional.
Y nuestro Ejército ha formado soldados y al mismo tiempo ha formado ciudadanos. La condición ciudadana de nuestras fuerzas armadas, les plantea un deber que asumen con plena conciencia; respetar la Ley y obedecer a los mandos de la República.
Entre los soldados de México, contamos con magníficos médicos, excelentes ingenieros, juristas, novelistas, pintores, historiadores, que dan testimonio de cómo nuestras fuerzas armadas han tenido exitosa participación en el campo de la cultura.
Como complemento de todo lo anterior, señoras y señores diputados, un Ejército profesional es el que acata el mandato depositado en las urnas electorales y se cuadra ante la encarnación de los poderes constitucionales.
En este propósito modernizador de nuestro Ejército, debo mencionar al general Lázaro Cárdenas, quien, durante la Segunda Guerra Mundial, fungió, primero, como Secretario de la Defensa, y después, como jefe de las operaciones militares en el Pacífico, donde fue asignado por el peligro potencial de una invasión japonesa en ese litoral nuestro. Buen soldado, don Lázaro advirtió que ese era el momento de intensificar el proceso de asimilación de nuevas técnicas de guerra en defensa de nuestro país. Cárdenas, Lázaro Cárdenas, es el símbolo de la lealtad pundonorosa de los soldados a las instituciones de la República. Cárdenas es uno de los precursores de las tareas de las fuerzas armadas para auxiliar a la población damnificada por desastres naturales. Desde entonces, y cada vez más, nuestros compatriotas se han acostumbrado a ver en los miembros de ese cuerpo, oportunos y decisivos apoyos al pueblo; ahí donde surgen incendios forestales, inundaciones, terremotos, y, en años más recientes, han sido heroicos y eficaces luchadores contra el narcotráfico, a petición de las autoridades de la República. Así es como se concreta en los hechos, la misión social, señores diputados, de la carrera militar.
Nuestro Ejército sabe que en un clima pacífico germina toda forma de creatividad, tanto en el campo de las ciencias como en los de las humanidades y en los de la creación estética. Y tan lo sabe, tan lo sabe, que cabe recordar a un general de división, de muy fina sensibilidad cultural, fundó nada menos que la institución que congrega a los mexicanos consagrados sin disputa, aquí y afuera, como los mayores representantes de la cultura nacional. Me refiero a El Colegio Nacional y a su creador, hace medio siglo, el general Avila Camacho.
El Presidente:
Permítame, señor orador.
Esta Presidencia convoca a los señores legisladores a que contribuyan a un desarrollo adecuado y coherente a nuestras normas de esta sesión parlamentaria.
El diputado Rodolfo Echeverría Ruiz:
Gracias, señor Presidente.
Está en la propia naturaleza de cada miembro de nuestro Ejército, pronta a surgir en casos de peligro, la conciencia de que su máximo deber consiste en defender la soberanía de nuestra patria, cuando es amenazada.
En la intimidad de cada soldado se halla el recuerdo de Veracruz, 1829; Pánuco, 1838; Chapultepec, 1847; Veracruz, 1914; El Carrizal, 1917.
Cumplido tal deber, el Ejército ha retornado a sus cuarteles en Chiapas. Y espera, como esperamos y deseamos todos los mexicanos, que la negociación política sustituya a las armas fatricidas.
En el fondo se trata, señores diputados, de un problema de inteligencia y de patriotismo. Votemos de modo aprobatorio este dictamen. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, señor diputado.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado Héctor Ramírez Cuéllar.
El diputado Oscar Ricardo Valero Recio Becerra (desde su curul):
¡Señor Presidente!
El Presidente:
Tiene la palabra para rectificar hechos el señor diputado...
Adelante, Señor.
El diputado Oscar Ricardo Valero Recio Becerra (desde su curul):
Quisiera, señor Presidente, saber por qué se alteró el orden convenido previamente. Nuestro turno nos correspondía hace un momento. Quizá usted tenga algún otro elemento de juicio.
El Presidente:
Señor diputado Valero:
Esta es la forma a la que yo dí lectura, y la única modificación que se hizo a la misma fue la que cambió el turno de la diputada Luisa Alvarez por el señor diputado Héctor Ramírez Cuéllar.
Podrá usted constatarlo con la primera lectura que se hizo de la lista de diputados inscritos. No obstante lo cual, si usted considera que se ha lesionado su intervención, esta Presidencia le concede de inmediato el uso de la palabra.
El diputado Oscar Ricardo Valero Recio Becerra (desde su curul):
No, señor Presidente, se lesionó un acuerdo de la Comisión de Concertación y Régimen Interno, en el sentido de que participáramos en los mismos términos que lo hemos hecho previamente representantes de los partidos políticos. Nos correspondía hace un momento a nosotros. Es a lo que me estoy refiriendo.
El Presidente:
Yo le reitero, señor diputado, con todo respeto, que el orden se ha respetado puntualmente y en los mismos términos en que fue leído al inicio de las intervenciones. Aún y todo si usted considera que le corresponde su turno, esta Presidencia se lo concede.
El diputado Oscar Ricardo Valero Recio Becerra (desde su curul):
Por favor que quede asentada mi protesta y acepto desde luego hacer uso de la palabra ahora.
El Presidente:
En el uso de la palabra, el señor diputado Ricardo Valero Recio.
Señor diputado, le ruego me disculpe por favor.
El diputado Oscar Ricardo Valero Recio Becerra:
Compañeras y compañeros diputados:
El actual período de sesiones extraordinario tiene por propósito conocer y resolver lo concerniente a una Ley de Amnistía iniciada por el Ejecutivo Federal.
Nuestro grupo parlamentario estuvo anuente con la convocatoria, en especial por la materia a que se refiere y por haber planteado esta cuestión con antelación, no sin antes hacer sus observaciones y comentarios. Uno de ellos, por cierto, consiste en su compromiso esencial e inalterable con la paz y por la búsqueda de una negociación política que permita alcanzar una solución justa, legal y eficiente, que ponga fin a un conflicto que ha causado ya numerosas e irreparables y valiosísimas pérdidas, sobre todo de vidas humanas de compatriotas.
También aquí, en este ámbito, debemos actuar con la serenidad y sentido de responsabilidad racionalmente, sin precipitaciones ni imposiciones, como lo exige la circunstancia nacional que hoy nos convoca.
El levantamiento armado iniciado en las primeras horas de este 1994 en el Estado de Chiapas, trastocó el presente y cambió las perspectivas de la nación. Es una apreciación generalizada que amanecimos en 1994 dramáticamente, en un país distinto al que se anunciaba con un triunfalismo apenas simulado con la entrada en vigor del Tratado Trilateral de Libre Comercio.
Se resquebrajó así y cayó por su propio peso la imagen de autocomplacencia con la que se pretendió interpretar y presentar la realidad del país, a través de un conjunto de verdades a medias y de ocultamientos completos.
Otra es, sin embargo, la inequitativa, injusta y terca realidad nacional. El abandono y la indiferencia de los gobiernos federal y estatal en Chiapas, ante la agudizada miseria de las familias indígenas y campesinas, ante la arbitrariedad y cancelación masiva de los derechos humanos, aunada a una profunda desigualdad social, en una entidad rica en recursos naturales en gran medida inexplotados, han creado parte de las condiciones para que la mayor desesperanza haya conducido a un importante grupo de mexicanos a tomar las armas como camino para reivindicar el derecho a satisfacer sus más elementales necesidades personales, familiares, culturales y colectivas.
La arbitrariedad política practicada ininterrumpidamente en la entidad por el Gobierno y los caciques locales con su gama y secuela de complicidades a nivel nacional, constituye el otro ángulo de un clima de asfixia económica, social y política, que llevó a los integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional a adoptar su determinación. Con su acción, los rebeldes han colocado súbitamente a la opinión pública nacional y extranjera, los enormes costos sociales y humanos del modelo económico impuesto a la nación así como el autoritarismo y al centralismo con los cuales se condujeron los asuntos públicos durante los últimos años. Se trata ni más ni menos de la crisis, de la joya más preciada del neoliberalismo, amparado aquí en la retórica de la solidaridad y del liberalismo social, que incluso se presentaba como arquetipo a seguir en otros ámbitos.
La única posibilidad de garantizar la paz en el futuro inmediato y de evitar que sectores cada vez mayores de la sociedad mexicana se precipiten en el despeñadero de la confrontación armada, estriba en la puesta en práctica de un conjunto de reformas económicas, sociales y políticas que respaldadas por la mayor parte de la sociedad, tengan como propósito el desarrollo de la nación de todos sus pobladores y regiones, lo que hace indispensable la redistribución de las oportunidades, la riqueza y el ingreso en favor de los hasta hoy siempre olvidados.
Pero, no sólo son recursos económicos y energías sociales dedicados a atender las necesidades elementales de los grupos más empobrecidos de la sociedad mexicana lo que se requiere para posibilitar la paz en el futuro inmediato, estos recursos y energías surgen y en cuanto muy superior a los que se destinaron a este fin en el pasado inmediato. Deberían además, aplicarse con partidas comprometidas con la verdadera división de los poderes, con la participación de los estados de la Federación y con una real fiscalización social de su ejercicio. No se trata, sólo de una demanda esencial de los hoy sublevados sino de un reclamo de la sociedad entera, que el proceso electoral en marcha transcurre en los mejores términos y sobre bases auténticas de equidad para ser creíble y confiable. Tan urgente como la aplicación de mayores recursos es también el establecimiento de un verdadero estado de derecho en la región, lo que ocurriría tal vez por vez primera en décadas si no es que en la historia entera de la zona.
Un estado de derecho que contemple la verdadera impartición de justicia y sustituya un sistema represivo basado en la protección de los intereses, abusos y crímenes de un puñado de caciques y poderosas familias para lo cual se recurre persistentemente a la violación de los derechos de quienes se oponen al autoritarismo y a la intolerancia política, étnica, cultural, religiosa y educativa.
Es inaplazable también, tanto en Chiapas como en el resto del país, la instauración de la democracia, el fin del sistema de simulación y defraudación electoral, la restitución, a plenitud, de la verdadera representatividad popular en todos los órganos de elección. Que sean los votos y no las armas, los medios por los cuales los mexicanos puedan con seguridad, en libertad y en paz, decidir el rumbo de la nación y de los asuntos públicos.
Desde el inicio del conflicto armado, el grupo parlamentario del PRD, ha establecido con precisión su compromiso con la búsqueda de la paz a través de una solución política.
Hemos pugnado porque el Congreso de la Unión asuma sus responsabilidades constitucionales para contribuir, en la medida de sus facultades, a esa solución. Desde los primeros días, se propuso la creación de una Comisión especial de legisladores para que se trasladara al lugar de los hechos y obtener información directa que permitiera orientar la acción y las decisiones.
Al lado de numerosos sectores, movimientos, agrupaciones y ciudadanos, nos pronunciamos por una tregua y por el cese de hostilidades como requisito para crear el espacio de este camino que preconizamos. El siguiente paso, obviamente, radica en el reconocimiento del interlocutor como fuerza representativa y no como si fuera solamente un fantasma, o peor aún, un grupo de delincuentes.
Se propuso asimismo, que se convocara de inmediato a un período extraordinario de sesiones, con el objeto de deliberar y resolver sobre las políticas y medidas a través de las cuales se pudiera contribuir a modificar el complejo conjunto de condiciones económicas, sociales y políticas que han propiciado la explosión social en esa región de nuestra patria.
Hemos sostenido que deberíamos ocuparnos de la atención a los problemas de las comunidades, grupos étnicos de la región y de los problemas de la propiedad de la tierra, también de las arbitrariedades y el quebrantamiento del estado de derecho que antecedieron al estallido del conflicto armado incluidas la existencia de guardias blancas en la región y las más graves violaciones a los derechos humanos, de la depredación ecológica y el saqueo del patrimonio histórico cultural y de la más generalizada falta de respeto a las elementales prácticas de la democracia en Chiapas.
Nuestro grupo parlamentario se une al pesar nacional por el fallecimiento del querido y respetado maestro de numerosas generaciones, el antropólogo Ricardo Pozas Arciniaga, autor, entre otras obras y aportaciones, de la ya clásica biografía de "Juan Pérez Jolote", que retrata en forma real y maravillosa esa situación secular.
Hemos señalado la necesidad de que sea la Cámara de Diputados, en apego al ordenamiento constitucional, el espacio que estudie y dictamine las necesarias modificaciones a la línea de política presupuestal que se requieran para la inmediata atención de las necesidades económicas y sociales de los pobladores de la región.
El grupo parlamentario de la Revolución Democrática, ha insistido en que es imprescindible abordar en un período extraordinario de sesiones, la construcción de las comisiones legales y políticas que permitan que las elecciones de agosto de 1994, se realicen en un marco de credibilidad, confiabilidad y equidad. Hoy más que nunca, resulta necesario garantizar la más estricta imparcialidad de las autoridades electorales, el acceso equitativo a los medios de comunicación de todos los partidos políticos y candidatos; la reducción del tope de gastos de campaña y la garantía de no utilización de recursos públicos en beneficio del partido de Estado ni de ningún otro partido.
El Acuerdo Nacional de Civilidad que se planteaba hace unos meses y que el Gobierno y el PRI desdeñaron, ha adquirido un nuevo carácter tanto en su vigencia como en su contenido. En este contexto general de reformas propiciatorias de las condiciones de paz, hemos propuesto las medidas indispensables para la resolución pacífica del conflicto, señalando la necesidad de decretar una Ley de Amnistía que se aplique de manera general e incondicional a quienes hayan participado en el conflicto y que no hayan incurrido en excesos injustificables como coronación de las negociaciones que conduzcan a la pacificación.
Después de una reacción de incredulidad y desconcierto, en la que el Gobierno mostró una muy peligrosa inclinación para enfrentar el conflicto, con una solución basada en el ejercicio de la fuerza militar y con soluciones epidérmicas y desprestigiadas de aplicación de unos cuantos recursos públicos adicionales, a partir de una vigorosa reacción de la sociedad civil mexicana que señaló la necesidad de la búsqueda de una solución política del conflicto como elemento central, así como de una reacción en la misma dirección, de importantes corrientes y medios de la opinión pública internacional, el Gobierno, al parecer, apunta hacia un proceso de rectificaciones parciales y cambios en los enfoques en su actitud inicial y ha atendido así la demanda del cese al fuego que se planteó en su momento, aún cuando es necesario aplicarla de manera rigurosa y escrupulosa y no se permitan las violaciones que han sido denunciadas.
Han sido también rectificaciones positivas la creación de espacios de negociación, el nombramiento de un comisionado especial para la conciliación y la pacificación y los indispensables cambios en el gabinete y en el Gobierno local del Estado de Chiapas.
Consideramos importante, por último, que se haya atendido la sugerencia de realizar un período extraordinario de sesiones sí bien, como hemos dicho, deberían abordarse otros temas de asuntos urgentes que permitan conjurar el peligro de la guerra. La Ley de Amnistía, fuera de ese marco, corre el riesgo de convertirse en un obstáculo más y no en un elemento de solución del conflicto.
No compartimos los términos en los cuales el Ejecutivo, ha expuesto los motivos para citar al período de sesiones extraordinarias. Se presenta ahí una visión de las acciones gubernamentales frente al conflicto que no corresponde a la verdad; se habla de una misma incoherente línea, cuando en realidad ha habido virajes y rectificaciones, algunas de ellas parciales e insuficientes.
En el enfoque del Ejecutivo acerca de las causas del conflicto, expresado con precisión en la exposición de motivos, se manifiesta una incomprensión básica de las causas del problema, se pretende que como resultado de la iniciativa de Ley, quienes hayan entrado en confrontación con las instituciones constitucionales del Estado Mexicano, no tienen ya, se dice ahí, pretexto alguno para no reintegrarse pacíficamente a sus comunidades e incorporarse a las tareas de superar solidariamente necesidades y rezagos.
La Ley de Amnistía que se ha propuesto, no resuelve por sí misma las causas que generaron el conflicto y sólo se dirige hacia una de las consecuencias: el olvido de las acciones delictuosas del orden federal en que pudieran incurrir los rebeldes al llevar adelante su insurrección; pero las principales dificultades e insuficiencias, e incluso sus peligros, derivan del carácter atípico, sui géneris, se ha vuelto a recordar y a subrayar hace un momento en esta tribuna, que todos le han reconocido.
En efecto, en la experiencia nacional y también en la de carácter internacional, la amnistía constituye la parte final de un conflicto, es posterior a la reconciliación y a los acuerdos alcanzados. En este caso se ha invertido el orden y variado sus términos, y de ahí derivan sus principales problemas e inconsistencias.
Se está planteando, para ser aplicada, que con una temporalidad que cubre desde el inicio de las hostilidades, el 1o. de enero de 1994, hasta las 11 horas del día 20 de este mes y de este mismo año.
No se recuerda en esa amplia experiencia internacional y nacional, que se haya dado el caso
de una amnistía limitada en su cobertura temporal, a un momento previo al inicio de las negociaciones de paz entre las partes, como se hace en el caso de la iniciativa que estamos considerando.
Si de atipicidades se trata, es necesario entonces adaptarla de manera que considere a todos los involucrados en la rebelión, hasta el momento mismo en que culminen las negociaciones entre las partes, en un acuerdo de paz.
El propio comisionado gubernamental para la reconciliación y la paz, ha señalado que el proceso de negociación apenas está por iniciarse, y que probablemente llevará algún tiempo la negociación.
La iniciativa de Ley enviada al Congreso por el Ejecutivo, condiciona en su artículo segundo, el beneficio de la amnistía a la entrega de los rebeldes de sus armas e instrumentos de guerra en los términos que el Gobierno señale. En la etapa de un conflicto que desde luego esperamos no se prolongue, lo que se está planteando en la iniciativa puede ser un contrasentido.
La condición de desarme de los rebeldes previa al establecimiento de acuerdos para la paz y la conclusión de las negociaciones, equivale a una petición de rendición que comprensiblemente ha sido, según ha aparecido en los medios de comunicación, inaceptable por parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y eso es lógico y comprensible.
Los procesos de pacificación han sido posteriores a los de reconciliación, y han sido por lo general posteriores, al momento de desarme de los rebeldes y también a la desmovilización y aún a la disolución de las fuerzas especiales en condiciones y plazos mutuamente acordados. En todos los casos el desarme ha sido una de las conclusiones y no la condición para iniciar la reconciliación. Insistimos en que al proyecto se adicione una cláusula, en donde al menos se establezca que esta Ley se aplicará sin detrimento de los acuerdos que se alcancen como resultado de las negociaciones políticas que pongan fin al conflicto.
Por otra parte, la entrega de los objetos empleados en la comisión de delitos por parte de quienes se beneficien de esta Ley, debe ir acompañada del retiro de las fuerzas armadas y la disolución de todo cuerpo represivo anticonstitucional. La Ley, en sus dos versiones, tanto en la iniciativa como en el proyecto de dictamen, no está previniendo nada en lo referido al olvido de la Comisión de delitos del fuero común. Un artículo transitorio o un acuerdo posible, debería establecer que las Cámaras del Congreso de la Unión propondrán al Congreso del Estado de Chiapas, la adopción de decisiones semejantes a las contenidas en esta Ley, en el ámbito de su jurisdicción.
La iniciativa de Ley enviada por el Ejecutivo, no prevé nada respecto a la responsabilidad del Estado mexicano de atender a los deudos y afectados por los bombardeos, tanto civiles como miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional o elementos del Ejército mexicano, o el establecimiento de pensiones para las viudas y los huérfanos de las víctimas durante el conflicto armado.
Es convicción del grupo parlamentario del PRD, que la Ley de Amnistía o un mecanismo paralelo que se desprenda de esta norma, debe prever y contemplar este aspecto. Sostenemos que la actual iniciativa de Ley de Amnistía, por sus limitaciones y deficiencias y por realizarse aislada de un conjunto mínimo de reformas que son indispensables para enfrentar a fondo la problemática estructural que ha provocado el estallido de la confrontación armada, corre el riesgo de convertirse en un óbice para la paz y no en un vehículo que la facilite.
Insistimos en la necesidad de que la comisión para que el Legislativo contribuya a la configuración de una paz sólida y estable, consiste en que pueda actuar como un poder verdaderamente independiente.
El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hace un llamado a los ciudadanos y compañeros legisladores para que modifiquemos de fondo, ampliando en extensión y calidad el alcance de la Ley de Amnistía que ha sido propuesta, con una fórmula convenida y de manera que sea un aporte al proceso de pacificación del país y no se convierta o pueda convertirse en un obstáculo del mismo.
Citemos de inmediato a un nuevo período extraordinario de sesiones, con una agenda convenida entre todos, cubra las tareas y temas que deben abordar las cámaras para aportar, con independencia y la capacidad específica propia del Poder Legislativo, al proceso de pacificación del país.
De esta manera, en nuestro caso, en el de la Cámara de Diputados, estaremos cumpliendo cabalmente con nuestras obligaciones constitucionales. Muchas gracias.
El Presidente:
Muchas gracias, señor diputado Valero.
Esta presidencia ha recibido solicitud para modificar las siguientes intervenciones en el orden en que previamente fueron hechas del conocimiento de la Asamblea. De tal suerte que se concede el uso de la palabra al señor diputado Gabriel Jiménez Remus, del Partido Acción Nacional.
El diputado Enrique Gabriel Jiménez Remus:
Señor Presidente; señoras y señores diputados.
A nombre de todos los diputados del Partido Acción Nacional de esta LV Legislatura al Congreso de la Unión, abordo esta tribuna para incidir en el tema planteado en este período extraordinario de sesiones.
La violencia en Chiapas sorprendió a México y al mundo, pero también, qué duda cabe, y voy a decirlo claramente, tomó de sorpresa a las autoridades directamente responsables de la seguridad nacional.
Chiapas, que había sido la consagración del silencio, despierta el 1o. de enero en estallido descomunal que estremece al mundo, rompiendo, y repito, rompiendo bruscamente la imagen fabricada y excesiva de un México moderno que se encamina al siglo próximo.
Desde Bartolomé de las Casas hasta ahora, Chiapas sigue siendo la existencia del sur. La insistencia de un pueblo genéticamente expoliado, no solamente por los gobernantes y los privilegiados de la Nueva España, sino sobre todo por los republicanos que liberaron a México del Imperio Español, y condenaron al silencio a los indígenas del lugar olvidado, y es entonces cuando se crea la metáfora de la violencia, cuya fuerza despertó un día, el 1o. de enero, y viene hoy a establecer, señoras y señores diputados, un nuevo debate en torno al sistema implantado por el Partido Revolucionario Institucional en todo México.
Habrá que reconocer, y lo reconozco, que no se pueden poner en duda esfuerzos, aunque tardíos e irremisiblemente insuficientes de gobiernos federales y locales, para eliminar la vergüenza y el atraso secular del Estado de Chiapas.
Pero tampoco, y con más énfasis, puede negarse que todos esos intentos por sacar a Chiapas del infierno, por integrar el territorio efectivamente en un país moderno y por hacer respetar los derechos elementales de los indígenas, han representado uno de los fracasos más dolorosos, vergonzantes y sonados de las autoridades federales y estatales, que han sido incluso burladas por los dueños de los privilegios que mantienen al indígena en un estado de primitivismo, humillación, indignidad y esclavitud, muy superiores a los que la leyenda negra atribuye al Imperio Español en esas mismas tierras.
El resultado inmediato es una asignatura pendiente, un largo intermedio, un agujero negro que echa por tierra cuanta nobleza existía en los discursos oficiales y descubre salvajemente una herida que pudo ser cerrada hace mucho tiempo, si la voluntad política del priísmo nacional hubiera intentado de verdad hacerlo. Ya no todo volverá al silencio y al olvido.
Y se dice ahora, señoras y señores diputados ¿quién está detrás de todo esto?
Comienzan las especulaciones sobre quién está detrás de este levantamiento. Las acusaciones van dirigidas hacia todas partes, desde que los organizadores y financiadores del alzamiento y conspiración, eran y son los mismos terratenientes y personas que no quieren aceptar cambio alguno, democrático del país, por temor a perder su tradicional y segura instalación.
Se dice también que, incluso la organización terrorista ETA, española; se abunda en las conjeturas diciendo que son los empresarios norteamericanos, que ante el Tratado de Libre Comercio, sus enemigos, intentan desprestigiar al país.
El grito de esta insurrección tampoco tengo duda que pueda ser aprovechado por terceros, por terroristas profesionales, por guerrilleros de la ignominia y la muerte. Pero, señoras y señores diputados, entiéndase bien: no podemos sólo creer sospechas y negar verdades.
Lo anterior no exime de responsabilidad histórica al PRI, a los gobernantes mexicanos y a las clases dirigentes de México, del Estado de cosas al que hemos llegado; al dolor y sufrimiento de una población mayoritariamente indígena, que termine por dejar de lado la paciencia secular y se instala, con toda crudeza y justicia, en el grito violento de la revolución, la guerra y la muerte.
Si se erradicaran las causas injustas, seguramente desaparecerán los efectos a veces justos de la sublevación de los desposeídos.
El Estado de Chiapas, pese a su extrema abundancia de recursos agrícolas, ganaderos, petroleros y su capacidad para generar energía eléctrica, se ha caracterizado por la extrema pobreza de sus habitantes, principalmente la población indígena.
Chiapas genera alrededor del 60% de la energía eléctrica del país, que se produce en la República Mexicana; en su territorio se encuentran tres de las cuatro presas más grandes del país: La Angostura, Netzahualcóyotl y Chicoasén; la capacidad de estas presas es de 103 mil 491 millones de metros cúbicos, es decir, el 42% de los que tienen las 13 principales presas del país.
Sin embargo, el 34% de las comunidades y el 33% de las viviendas del Estado no cuentan con servicio eléctrico.
En la última década el producto interno bruto de la entidad se contrajo al 6% del promedio anual, siendo su caída la más profunda que a nivel de las demás entidades se haya registrado, y siendo incluso superior al descenso del 0.3% del indicador nacional. Tendencia negativa que se mantiene desde 1970, hace 24 años, propiciando la mayor marginación y atraso del país.
Cuando menos 11 entidades representativas de la tercera parte de la República mexicana, donde se reúne el 32% de la población total del país, viven en condiciones de marginalidad extrema, pero es Chiapas quien resalta en este aspecto sobre las demás, viviéndose en esta entidad la situación más dramática.
Así, la endémica pobreza ha servido como indudable caldo de cultivo para la insurrección que parece rescatada de los manuales de historia. Un gran propietario, y esto salió en la prensa extranjera, concretamente la prensa europea, un gran propietario agrícola de la zona de San Cristóbal de las Casas, ha declarado sin ruborizarse lo mas mínimo, que los indios de Chiapas son vagos y ladrones y además no quieren enviar a sus hijos a la escuela y por eso son pobres.
Tras cinco siglos de escuchar semejantes sandeces, ahora digo yo, unos miles de vagos y ladrones han decidido imponerse con las armas y echarse al monte. La verdad es que el asunto nos debe importar más y nos vuelve a recordar un aspecto esencial de la realidad latinoamericana. La coexistencia de sectores ricos, modernos, virtualmente desarrollados, con sectores abandonados, miserables que viven en algunos casos en la edad de piedra, en este sentido, estamos lejos de ser una excepción.
Hay dos realidades nacionales profundamente separadas que ha minado y arruinado su generación y cuyos encuentros son siempre peligrosos explosivos. En el caso de la revolución de Chiapas además se observa un problema adicional, se trata de la coexistencia de culturas diferentes, separadas y casi completamente incomunicadas. La lucha por la tierra o por la defensa de los derechos humanos, se convierte en una lucha racial en que los pueblos vencidos en la historia del país se enfrentan ahora a los herederos de los vencedores.
Una gran ironía es que la revolución mexicana se propuso superar esa dualidad, reivindicar el legado indígena de los campesinos chiapanecos, los ahora levantados, los que ahora gritan con indignación, nos rebelan esos grandes objetivos a 83 años de iniciada la Revolución mexicana.
La estabilidad y la democracia exigen la exigencia verificable de niveles mínimos de bienestar social como una exigencia a los gobiernos, al respeto a la eminente dignidad de la persona humana, la experiencia del comunismo con sus caudillos nos demostró hasta la saciedad que la igualdad todavía no es posible en su totalidad.
Pero los países mas avanzados de occidente nos demuestran que puede haber niveles mínimos de bienestar social verificable. Y esto nos lo demuestran noticias cotidianas que se dan en la prensa internacional, porque los reclamos por ejemplo de los campesinos europeos, a veces duros y eventualmente irreconciliables, nunca, jamás, se les ocurre llegar al estallido revolucionario para que se vean cumplidas sus exigencias. Esto quiere decir, entonces que la democracia exige, señoras y señores diputados, mínimos niveles de bienestar social para que funcione en un Estado democrático y de derecho.
Pero, señoras y señores diputados, lo importante ahora es lo que va a pasar, lo que va a suceder, el cómo, el cuándo y el dónde, los mexicanos debemos incidir solidariamente en la solución de esos problemas. Y llegamos al centro de la discusión en este período extraordinario al que fue convocado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para hablar del tema de la Ley de Amnistía.
Acción Nacional por conducto y a través de sus diputados, manifiesta que la Ley de Amnistía debe considerarse como un instrumento adicional, uno mas, con el objeto de lograr en corto plazo la pacificación del Estado de Chiapas, para que en condiciones objetivamente de paz, todos los sectores incluyendo al Congreso de la
Unión, podamos resolver dentro del límite de nuestras capacidades y funciones legislativamente, repito, los atrasos y los rezagos políticos, económicos del Estado de Chiapas.
Ya se ha dicho aquí que la Ley de Amnistía, si se considera aislada y singularmente, puede correr el riesgo de no ser un instrumento eficaz, pero ilusionadamente creemos, que si comparamos este dictamen con el texto de la iniciativa original del titular del Ejecutivo, y lo digo con toda responsabilidad a nombre de los diputados de Acción Nacional, no nos cabe la menor duda que se ha flexibilizado, es decir, en otras palabras, se puede hacer más creíble con la formación de esta Comisión que tenemos que reparar, no fue sugerida por el titular del Ejecutivo, sino por consenso de los grupos parlamentarios de esta Cámara de Diputados.
Había la duda y eventualmente la sospecha que si se hubiera fincado la responsabilidad de la instrumentación de esta Ley a la Procuraduría General de Justicia, pudiera razonablemente despertar de Justicia, pudiera razonablemente despertar sospecha en nuestros compatriotas rebelados, de que el titular de la acción penal no sería método eficaz por esa precisa sospecha de los rebelados, que pudiera ponerse en manos de quien eventualmente podría ejercitar acción penal en su contra.
Esto, tenemos que aceptarlo, que es producto de la concertación de los partidos políticos, en la instrumentación de esta Comisión. La responsabilidad de los plazos rígidos que proponía la iniciativa del titular del Ejecutivo, señalando plazos para que se entregaran las armas es otro éxito, y lo digo con toda confianza y honestidad intelectual, que se le concede con toda libertad y elasticidad a esta nueva Comisión para que instrumente eficazmente y a la brevedad posible la reconciliación de los chiapanecos.
¡Qué duda cabe!, por ejemplo también, que se está respetando, adelantándonos a la Ley Reglamentaria del artículo 4o. constitucional, la traducción de esta Ley en los cuatro idiomas principales de la región y su publicación en los lugares públicos de la región.
Debemos estar confiados, señoras y señores, con toda responsabilidad, que en este momento lo primero que podemos ofrecerle al pueblo de Chiapas y a la Federación entera es este instrumento de paz que con toda confianza e ilusión ponemos a disposición de los chiapanecos y de la Federación. Pero vemos también, como se ha citado en esta tribuna, que la solución no es aislada y singular de este tema de la Ley de Amnistía, sino algo más. Podemos contribuir al rezago histórico en todas las materias: política, social y económica en el período extraordinario de sesiones, que por consenso de los partidos políticos y con el compromiso y simpatía, estaremos prontos convocados para resolver en agenda consensada por todas la fuerzas políticas del país, los temas de mayor envergadura que con la inmediatez acudan e incidan a la solución de los problemas de México.
Acción Nacional, por conducto de sus diputados, votaremos a favor de la Ley de Amnistía por estas anteriores consideraciones. Pero quiero terminar, señoras y señores diputados, citando a mi Presidente nacional, Carlos Castillo Peraza:
"El Congreso de la Unión ofrece el olvido a nuestros hermanos mexicanos que por motivos justificados se han rebelado en contra de injusticias ancestrales. Pero el camino no es ese; el camino es más de fondo. Obliga a todos para formar el camino democrático y justo, porque los senderos y no luminosos son sanguinarios y sangrientos, como ya lo estamos viendo en Chiapas". Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra, el señor diputado Juan Ramiro Robledo.
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz:
Muchas gracias señor Presidente; con su permiso compañeros diputados de la nación:
Sin soslayar las causas sociales invocadas por quienes surgieron públicamente el día primero, con la voz y las acciones de la violencia, en todo lo que tengan y valgan de auténticas estas causas, esa irrupción es mucho más: es un grave llamado a todos los mexicanos, al Gobierno de la República para tocar su capacidad de respuesta honesta en un asunto como éste no editado en muchos años; a la sociedad toda para tocar su reflexión sobre una situación y un sistema económico que no acaba de llevar justicia a todas partes.
A los partidos políticos, a todos quiero decir, para tocar nuestra responsabilidad de ofrecer canales pacíficos y válidos de expresión y solución a los más sensibles problemas del país. A todos nos corresponde hoy contestar. A cada quien en su competencia.
Mal haríamos ahora los llamados, en desperdiciar este momento en reyertas que atribuyan solamente cuotas de culpas y no en aprovechar esta ocasión que ya no debería regresar nunca como tal a la historia de México para unir voluntades y actitudes que sumen lo que hoy nos exigen quienes ahora claman y a quienes debemos contestar.
Estemos consciente que hay muchas cosas que repensar, que proponer y que hacer. No sólo por los indígenas de Chiapas, sino por todos los indígenas de México y por todos quienes aún viven en pobreza en este país.
El Congreso como tal, a esta Cámara como tal, nos corresponde en este momento, ocuparnos de lo más trascendente e importante que puede ayudar mucho, mucho, a la solución pacífica de este problema. Esta propuesta de amnistía a nuestra consideración y discusión, debemos entenderla, aquí se ha dicho, y avalo esas palabras, como una parte de lo que puede llevar un comienzo de solución radical e importante a quienes gritan y con razón.
Esta amnistía, entendámosla como un acto de soberanía del pueblo mexicano, que atento, consciente, le da forma de Ley para prohibir una pretensión que el orden penal común exige en cuestiones ordinarias. Debe ser de carácter general. Quiero referirme a ella en lo general en algunas cuestiones importantes que han modificado el texto y contenido de la iniciativa que comenzó o que empujó este proceso legislativo. Debe referirse no a nadie en particular. De manera impersonal a todos a quienes va dirigida. Su historia y la raíz de su término, se ha dicho aquí, explica su significado. Quiere, pretende, borrar de la memoria de la Ley, hechos que en términos ordinarios podemos llamar y perseguir como delictuosos. Por eso excluye el delito y las responsabilidades penales. Pero sus motivos y sus fundamentos, se explican por sus propósitos que son, lo de intentar la pacificación interna, lo de adquirir pasiones exaltadas por la lucha ideológica, política y social; busca extinguir penas es cierto, que corresponden a la justicia formal. Pero busca extinguirlas para allanar el camino de la paz y de la mejor justicia social.
Si sus causas digo, demandan y reclaman por rezago y por desigualdad o por otros valores tan preciados por una sociedad como la mexicana, así la democracia y así la libertad, sus efectos, los de esta propuesta de amnistía, buscan restablecer el clima de tranquilidad y de sosiego, para reflexionar y contraer la conciencia colectiva de la nación, hacia decisiones superiores de conseguir, más allá de la paz formalizada, decíamos ayer en un documento ante la Comisión Permanente el grupo de legisladores a quienes encargó conocer más de cerca los acontecimientos y las secuelas de ese problema en Chiapas, más allá de la paz formalizada, la verdadera reconciliación social.
Ninguna acción del Gobierno o de la sociedad, junto ni separados, pueden prosperar ni aquí ni en ninguna otra parte del mundo, en el campo, enmedio del campo de la confrontación armada.
Es por eso que esta propuesta de amnistía es un acto de conciencia, primero; de conciencia humana, primero; de conciencia hacia adentro de todo lo que nos une como nación,; de buena fe necesariamente y también de prudencia política. Todo, conciencia, buena fe, prudencia convertida en Ley, en aras de algo mayor, en aras de la concordia en todos sus sentidos.
Quiero referirme un poco al dictamen que estamos discutiendo en cuanto a su contenido principal. En este dictamen se hacen importantes modificaciones a la iniciativa original. En mi opinión se perfecciona, desde un punto de vista jurídico y se extienden los alcances de la iniciativa. La modificación textual del artículo 1o. , eso es muy importante, compañeros diputados, incluye a todos los hechos considerados como delitos, que en teoría podríamos llamar conexos de los delitos principales. Esto es, a todos aquellos hechos que hayan estado aun antes del 1o. de enero, relacionados con los acontecimientos trágicos de Chiapas.
Tiene ciertamente una fecha que delimita, que le da vida temporal a la hipótesis que trata de ser beneficiada con la amnistía. Esto tiene una necesidad de derecho, pero también tiene una necesidad política; debe fincarse un plazo que determine los sucesos administrables, como límite, porque no puede eximir la observancia de la Ley penal hacia el futuro. Lo contrario no ayudaría en nada en lo político, al objetivo de concretar la paz.
El dictamen prórroga esa fecha que venía en la iniciativa. La prórroga hasta el último momento en que puede hacerlo, en que podría hacerlo. Es decir, hasta el día de hoy, en que esta Cámara de origen lo aprobara.
Sustituye un plazo perentorio que se proponía como condición para la entrega de armas y pertrechos de aquellos a quien va destinada. Lo sustituye por un evento futuro ahora, incierto en fechas, sí, deseable a todas luces, que es el
objetivo propio y principal de la amnistía: es el cese definitivo de los hechos hostiles. Esa es la condición de la aplicación de la amnistía; tiene, desde todo punto de vista, lógica de Ley, lógica jurídica, y desde luego, un ánimo de darle eficacia política al uso de la amnistía.
Agrega sí bien, como un supuesto de su beneficio, la entrega de rehenes. Está escrito en el dictamen y se ha hablado aquí de eso; también contempla ya la libertad en la amnistía de los detenidos hoy por las autoridades públicas.
Tal sustitución pretende permitir márgenes mayores de negociación política. Por eso también se propone que la difusión sea tan amplia, como variados y recónditos los lenguajes en que se comunican sus destinatarios indígenas chiapanecos.
Es en suma, compañeros diputados, una amnistía de la más amplia y completa. No requiere usar esas palabras amplia y completa, porque está no solamente implícito, sino comprendido textualmente la amplitud total de esta amnistía en su artículo 1o.
Tiene una misión todavía más importante que el de una amnistía ordinaria; no es una amnistía ordinaria. Si bien como todas crea un estatuto de exclusión penal, invoca el olvidó de las conciencias , el olvido de la memoria de la Ley, insisto; pero al mismo tiempo o más aún, diría yo, constituye un elemento legal para inducir lo que buscamos todos los mexicanos: ¡La Paz!
No se da, compañeros diputados, esta amnistía por la derrota militar. No se da, después de que haya concluido la beligerancia y la deposición se dé por el resultado de la batalla; se da precisamente para evitar que hubiera más calamidades de cualquier batalla o de cualquier violencia.
Esta propuesta, este decreto, esta amnistía, aporta jurídicamente al triunfo de la vida pacífica, como la mejor vía para solucionar los conflictos políticos y de toda índole. Sus propósitos sin embargo, en mí opinión, sus significados impiden, por congruencia lógica, por congruencia ética, exponer o fundamentar técnicamente imputaciones o apologías de agravios.
La amnistía olvida hechos delictuosos. No puede, ni para quienes la propongan, ni para quienes la discutan, ni para quienes la proveemos, olvidar las verdaderas causas sociales que hay en su motivo.
Esta amnistía apuesta al futuro pacífico de México. No parte del inmediato pasado bélico, repito y reitero. Vale pues aportar, compañeros diputados, como Poder Legislativo este instrumento legal que sirva para la mediación política y para corroborar ante el mundo y ante nosotros mismos principalmente, que el uso del derecho es la mejor fórmula que los mexicanos podemos tener para resolver conflictos, para terminar problemas, por más graves que éstos sean.
Debemos ser consecuentes, compañeros, con la responsabilidad que el momento nos impone como poder constitucional.
Entreguemos al Gobierno de la República, entreguemos al poder constitucional Ejecutivo de México, la posibilidad de descartar cualquier otra vía, para siempre, que no sea la de la legítima negociación con la política y con la razón.
Podemos diferir, es cierto, en las formas jurídicas o en los términos del contenido del decreto de amnistía. Podemos diferir en ello, convengo. En lo que no podemos diferir, ¡nadie en esta Cámara y en ninguna otra instancia del país, es en la intención y en sus propósitos que son a los ojos y a los oídos de todo mundo necesarios e incuestionables.!
Lo más importante entonces no son los diferendos particulares sobre este dictamen, lo verdaderamente superior es que apoyemos hoy la apuesta de la sociedad y el Gobierno mexicano tienen. ¡Ayudemos a cancelar cualquier tentación o expresión para que pudiera alguna vez prosperar la vía más indeseable! ¡Apostemos, apoyemos, aportemos, a que esa vía indeseable nunca pueda llegar a ser la solución de los conflictos en México! Muchas gracias por su atención.
El Presidente:
Se concede el uso de la palabra, al señor diputado Héctor Ramírez Cuéllar: El diputado Héctor Ramírez Cuéllar: Señor Presidente; compañeros diputados:
La iniciativa de Amnistía que hoy estamos analizando constituye apenas un elemento, un paso, para tratar de resolver un conflicto que si bien tiene causas regionales a la que aquí se ha hecho referencia, está lejos de ser un conflicto de carácter local para instalarse, para convertirse en
un conflicto de carácter nacional cuyas repercusiones hoy no podemos prever pero todas ellas son factibles.
Sería un grave error que la Cámara de Diputados limitara este problema al ámbito exclusivo de Chiapas, porque no estará calibrando en sus justos términos sus significados y sus repercusiones. Las repercusiones nacionales todas ellas son factibles, desde la posible alteración del calendario electoral de 1994, la sustitución de candidatos presidenciales, el cambio de la tónica de las campañas electorales, hasta una grave crisis dentro del Gobierno del presidente Salinas de Gortari.
Todo esto es posible, todo esto es factible, porque la rebelión indígena en Chiapas ha creado una conmoción política de carácter nacional; utilizo el término conmoción porque es quizá el más adecuado, el que más puede aclararnos en qué medida, en qué grado ha repercutido en la conciencia nacional.
En primer lugar, quisiera hacer notar que la rebelión en Chiapas demostró en la práctica que la política neoliberal ha polarizado las diferencias de las clases sociales; si bien es cierto que la situación de las masas indias en Chiapas no es privativa de este sexenio, sino es una situación histórica ancestral que viene desde la conquista española, también es un hecho que la política neoliberal ha polarizado, ha extremado, ha agudizado las diferencias entre las clases sociales, entre los grupos, entre las personas y ha generado una situación de práctica exclusión de los beneficios del desarrollo de muy amplios sectores de la población, señaladamente de los pueblos indios.
Es conveniente también, que la Cámara de Diputados tenga una visión clara de lo que es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. No se trata de una guerrilla clásica, a la manera de las que conocimos en los años 60 o en los años 70, no se trata de un grupo armado como los que existieron en América latina en esas décadas, la mayoría de los cuales hoy están desaparecidos, yo más bien diría que se trata de un Ejército, de un Ejército desde el punto de vista orgánico, númerico, político e ideológico.
Se trata de un Ejército, en el cual hay por lo menos tres mil efectivos preparados, entrenados, desde el punto de vista militar. No es un grupo improvisado en el uso de las armas, es un grupo preparado que no ha sido derrotado por el Ejército mexicano. Lo único que ha logrado el Ejército mexicano, es sacar a los revolucionarios de las poblaciones para que éstos se escondan en la selva, pero la estructura básica del Ejército Zapatista se mantiene casi intacta.
Diecisiete mil efectivos militares del Ejército Federal, no lograron, no han logrado derrotar a ese otro Ejército, que además tiene una gran claridad programática e ideológica. Yo comparto las propuestas programáticas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional; por ellas hemos luchado en el pasado, en el campo de la izquierda.
En primer lugar, el Ejército Zapatista tiene una visión política de largo plazo y a nivel nacional, no se limita al Estado de Chiapas. Propone el establecimiento de un Gobierno democrático nacional, un Gobierno de democracia nacional en donde están representadas las clases sociales fundamentales que eliminen el sistema de poder que hasta hoy ha prevalecido en México; ése objetivo lo compartió la izquierda mexicana durante muchos años y sigue siendo válido.
Hay un aspecto digno de ser tomado en cuenta, la dirección política de este Ejército, no es la dirección socialista, dogmática del pasado que absolutizaba la lucha armada y que descalificaba a los partidos que no optaban por esta vía, la de la lucha armada. La dirección de este Ejército plantea que ellos han decidido la vía armada, derrotar al Ejército Federal, y llegar a la ciudad de México, pero respetan las tácticas políticas de todos los partidos y de todas las organizaciones sociales y todas ellas, dicen los dirigentes, tienen un papel que jugar en la democratización nacional. Ese es un rasgo nuevo, que no conocíamos en la guerrilla clásica latinoamericana ni en la que hubo en México en los años 60.
Quisiera también señalar que esta guerra de clases hizo añicos, lanzó por los aires la política de desarrollo social de este Gobierno; Chiapas fue el Estado más privilegiado en materia de recursos por el Programa Nacional de Solidaridad. Se erogaron en esa entidad, casi el 10% de los recursos totales de dicho programa.
Chiapas tiene el mayor número de comités de Solidaridad del país y sin embargo ese Estado, atendido de esta manera, hace aflorar ese Ejército revolucionario, lo que revela que el Programa Nacional de Solidaridad nunca fue al fondo de las causas de la pobreza, nunca fue al fondo de las diferencias sociales, sino que se limitó, se limita hoy en día, a la ampliación, al mejoramiento de los servicios públicos, pero no modificó la estructura del ingreso de la población, no aumentó el poder real de los salarios ni tampoco redistribuyó la riqueza nacional, porque es un programa fundamentalmente dedicado a la dotación de servicios públicos.
De esta manera, vemos nosotros como el 23% de la población económicamente activa de Chiapas, no percibe ningún salario, todavía en esa entidad gran parte de los salarios se pagan en especie y no en moneda corriente; el 26% percibe un salario mínimo; el 19% de uno a dos salarios mínimos; el 20% de dos a tres salarios mínimos y sólo el 6% de la población económicamente activa percibe mas de tres salarios mínimos.
Aquí vemos, señoras y señores diputados, la pirámide más clara de las diferencias sociales, por un lado una inmensa base social, campesina e indígena, población que en un 45% tiene una edad menor de 15 años, dedicada a cultivos agrícolas de bajo rendimiento en términos generales y bajo el sistema de minifundio.
Prácticamente en el Estado de Chiapas no hay clase media, prácticamente la Revolución mexicana al dejar intocada la estructura semifeudal de la entidad, no creó la diferenciación clasista que hubo en otras entidades y no existe clase media, sino existe un abismo, una diferencia abismal entre la gran base social del pueblo explotado y una breve minoría de hacendados, de finqueros, de políticos enriquecidos y de latifundistas.
Por esta razón es que el caldo de cultivo de la rebelión surge en esta entidad, pero no solamente en esta entidad hay esas condiciones, en donde se comprueba cómo la política del Pronasol ha sido un fracaso.
En nuestro país hay ocho millones de indígenas o de indios en términos generales; el 70% de ellos vive de la agricultura tradicional con muy bajos rendimientos; el 96% habita en los municipios que el Gobierno considera de alta marginación; el 80% de los nacimientos aún son atendidos por comadronas; el 75% de la población padece de desnutrición crónica; el 65% de las viviendas no tienen agua entubada; el 90% de las viviendas no tienen sistema de drenaje; el 90% de los caminos carecen de mantenimiento durante todo el año; el 60% de los niños indios van a la escuela unitaria atendida por un maestro y la deserción escolar es del 75%, y cada año, 300 mil niños indios no acceden al primer grado de la educación primaria, y hay, compañeras y compañeros diputados, 3,373 indios detenidos, de los cuales al 70% no se les ha aplicado sanción alguna.
Estos datos que damos en forma sintética, nos revelan como ese sector de la población ha estado siempre marginado, excluido de los programas, de los planes y de las inversiones del Gobierno Federal. No en este sexenio, sino desde hace muchos años, siempre privó la mentalidad de que era un sector marginal en el desarrollo del país, un sector excluyente al cual no debía atendérsele y prácticamente nunca se le atendió, y había realmente aquí una concepción racial.
Se pensó que las masas indias, por su atraso, por su monolingüismo, por su incultura a la manera occidental, eran incapaces de organizarse políticamente y aun militarmente. Sin embargo, el ejemplo de Chiapas revela que esta incapacidad no es así. No basta ser pobre para ser revolucionario; no basta que haya condiciones de pobreza para que surja una revolución social; se requiere la organización política, la preparación ideológica, para que en ese fermento social surjan las grandes transformaciones y en Chiapas eso es exactamente lo que ha sucedido.
Durante 10 años dirigentes políticos y sociales, socialistas la mayoría de ellos, católicos, sacerdotes de la teología de la liberación, jesuitas y de otras corrientes políticas, se dedicaron a organizar al pueblo indígena de Chiapas y a crear este poderoso instrumento de carácter político, militar que ha creado una situación de grave dificultad para el Gobierno Federal.
La Ley de Amnistía que hoy estamos aprobando, realmente tiene pocas perspectivas de avanzar, si tomamos en cuenta la estrategia general del Ejército Zapatista, y más aún si tomamos en cuenta que hay una declaración explícita de que no depondrán las armas. Efectivamente, si la concepción de los zapatistas es de carácter nacional, si se proponen llevar a México al socialismo, si se proponen liberar al país y democratizarlo nacionalmente, deponer lar armas no es la táctica que ellos consideran hasta este momento la más adecuada.
Por esa razón, considero que esta condición que se pone para otorgar la amnistía, difícilmente se va a poder cumplir, porque el Gobierno Federal públicamente no está consciente de que se trata de un testamento militar que tiene un proyecto político nacional. Mientras el Gobierno Federal lo considere un grupo local, un grupo regional y no un grupo con un proyecto político nacional, seguirá habiendo problemas para la aplicación de esta amnistía.
Pero más que una amnistía política, más que el perdón por los delitos federales, que no por los de orden común, que no por los de orden civil, que siguen subsistentes, ésos son delitos que se van a mantener y se van a perseguir todavía, en Chiapas se requiere una profunda reforma social, que vaya a contrapelo de la política neoliberal.
No puede haber ninguna conciliación política mientras haya en Chiapas el sistema de dominación económica existente hoy; no puede haber paz en Chiapas mientras haya la pirámide social a la que he hecho referencia hace un momento.
Se requiere en Chiapas hacer las transformaciones socio - económicas que la Revolución de 1910 no hizo durante muchas décadas, que no hizo Obregón, que no hizo Carranza, que no hizo Calles y que pálidamente intentó el general Lázaro Cárdenas.
Por ejemplo, hay 56 resoluciones agrarias no cumplidas, porque los latifundistas simulados o familiares, se han amparado ante la Suprema Corte de Justicia, y han ocultado los latifundios en algunas partes del Estado.
Por otro lado, hay una zona de minifundio improductivo, se dan las dos grandes polaridades: latifundios verdaderamente escandalosos, de carácter simulado, y el minifundio improductivo.
Se requiere, pienso yo, ejecutar esas 56 resoluciones agrarias que están pendientes en la Secretaría de la Reforma Agraria.
En segundo término, se requiere la sindicalización de los peones agrícolas indígenas que viven en condiciones de semiesclavitud en las fincas cafetaleras y de productos tropicales, en donde todavía les pagan sus salarios una parte en dinero y otra parte en especie; y que tienen la competencia de la mano de obra de los trabajadores agrícolas guatemaltecos; se requiere su sindicalización para que puedan ser amparados por la Ley Federal del Trabajo y puedan aspirar a los derechos que otorga la seguridad social.
Pero en primer lugar, se requiere la eliminación de toda la estructura civil y judicial del Estado, corrupta de un principio hasta el final.
Esto explica por qué los alcaldes, al tomar los zapatistas los poblados huyeron, porque los presidentes municipales generalmente son impuestos por los caciques y por los finqueros, de tal manera que no hay representatividad social en los presidentes municipales, y en segundo término en los funcionarios del Poder Judicial.
Ya hemos dicho aquí como en Chiapas se violan las leyes penales y civiles, cómo están detenidos los indígenas sin ser sometidos a juicio, sin ser sentenciados, porque si el sistema del Poder Judicial en Chiapas funciona de una manera anacrónica. Por eso se requiere una profunda reforma judicial en esa entidad.
Pero primero que nada, Chiapas necesita un Gobierno diferente a los que hemos tenido hasta hoy; hasta hoy los gobernadores del Estado de Chiapas han sido designados por el Presidente de la República, en colusión con los caciques y con los grandes finqueros.
Precisamente, el tristemente célebre gobernador interino que acaba de abanderen el cargo, pasó el fin de año en una finca de un rico explotador de Los Altos de Chiapas, porque era muy común que el Presidente de la República consultara con los poderes tradicionales, para "nombrar", ésa es la palabra correcta, para "nombrar" al gobernador de esta entidad, a la manera tradicional, a la manera casi monárquica que nos recuerda tiempos ya superados.
Aquí se requiere un Gobierno estatal representativo de todas las organizaciones sociales que hay en la entidad. Sólo en la región de Los Altos de Chiapas, donde afloró el conflicto armado, hay más de 20 organizaciones sociales, prácticamente están todas las centrales de trabajadores agrícolas que operan a nivel nacional, y no tienen estas organizaciones sociales representación ni en los ayuntamientos ni en el Gobierno del Estado, por lo que ahora se requiere su incorporación a este tipo de gobierno, que yo llamaría "Gobierno de nuevo tipo".
Estas reformas podrías desrozar el camino de la pacificación en el Estado. Si no hay estas reformas, pueden producirse dos posibilidades: una, la que creo más factible, la de un empate militar, en que ni el Ejército Federal obtenga la victoria, pero tampoco el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y este empate militar se prolongue por muy largo tiempo, como pasó en El Salvador, en que el empate militar duró más de siete años, en que no vencía ni la guerrilla, pero tampoco triunfaba el Ejército regular.
El empate militar en Chiapas provocaría una gran pérdida de vidas humanas, como ya la está provocando, el uso intensivo de la fuerza armada y del bombardeo del Ejército mexicano y provocaría grandes destrucciones en la selva lacandona.
Y la otra posibilidad sería la de integrar al Gobierno de Chiapas a representantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que tuvieran cargos públicos, para que en este Gobierno, concebido "de nuevo tipo", hubiera la posibilidad de escuchar sus puntos de vista y sus planteamientos.
Por estas razones en que consideramos que la amnistía es un paso muy limitado y que básicamente
en Chiapas se requieren profundas reformas económicas y sociales. Muchas gracias.
El Presidente:
Muchas gracias, señor diputado.
El diputado Francisco Dorantes Gutiérrez (desde su curul):
Señor Presidente, pido la palabra para rectificar hechos.
El Presidente:
Tiene la palabra para rectificar hechos, el señor diputado Francisco Dorantes Gutiérrez, e inmediatamente después el señor diputado Javier Centeno Avila.
El diputado Francisco Dorantes Gutiérrez:
Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
No basta la bondad de la Ley de Amnistía que nos envía el Presidente de la República. Sabemos que el Estado se la está jugando para que se pacifique y caminemos dentro de la armonía, para lograr estratos sociales mejores.
No basta que venga alguien aquí a darnos definiciones de acepción y que nos diga que quiere decir olvido y que quiere decir, pues, para qué decir más cosas, olvido, perdón o indulgencia, no basta.
No basta que tenga aquí algún representativo de los capitalistas a verter lágrimas de cocodrilo, cuando son los causantes del atraso y la pobreza, de la gente a la que no le pagan el salario mínimo y que no han invertido en el campo para ayudar a los campesinos, esas lágrimas de cocodrilo francamente me suenan muy mal, no quiero decir un exabrupto.
Pero, ¿cuáles son las verdaderas causas de este problema, que no va a ser un Chiapas, pueden ser muchos Chiapas? ¿Cuándo comenzó? Cuando nos remontamos a una época, a un origen, que es la época de los Tratados de Córdoba y del Plan de Iguala, cuando el clero católico, cuando Monteagudo ahí en la Profesa mandó a Iturbide el movimiento de independencia a Guerrero y que consumaron la independencia dejando en estos tratados mejor a las clases realistas y a los empleados y a los ricos mejor que antes. Seamos sinceros, ¿para qué engañamos a la gente?
Yo no vengo a hablar nada más como representante popular, vengo también a hablar descendiente de indígena, soy descendiente de indígena y a mucha honra. Y si estoy aquí con ustedes es por que tuve que estudiar la primaria y la nocturna, la secundaria y la preparatoria y la carrera en la nocturna, porque nadie quiso por eso luchar, porque todos tengamos secundaria obligatoria, que desaparezca el concepto de primaria y secundaria.
¿Qué paso con los Tratados de Córdoba y el Plan de Iguala? ¿No se apoderó Agustín de Iturbide del movimiento haciendo a un lado a don Vicente Guerrero?
¿Y qué paso en 1824?, ¿no fueron las clases pudientes las que quedaron mejor establecidas cuando se establecieron los estados convirtiendo las provincias a estado? ¿Que pasó en 1857 cuando el clero católico no pudo ya y los ricos de ese tiempo fueron a pedirle a Maximiliano que viniera a ayudarles en contra de Benito Juárez? Volvieron a quedar mejor.
Y los ricos, los capitalistas, que les duele el codo, porque no quieren entender que un obrero, que un campesino bien alimentados producen más utilidades, como pasaba en León, Guanajuato., allá que nos daban de aguinaldo un vasito con atole y dos tamales de aguinaldo. ¡Ah!, pero procuraban que no estuviera tan lleno, pero eran muy católicos, eso sí, y que provocaron una matazón allá, los ricos, los capitalistas y miembros sacerdotes de fábricas.
¿Qué pasó en la época de la Constitución de 1857? Otra vez los oportunistas se apoderaron del poder y siguieron explotando, porque tienen una gran facilidad de alimentación, hasta se muerden la lengua, cuando me expongo cuando vienen a hablar aquí de los campesinos, cuando vienen a hablar de los obreros, cuando son los causantes de la pobreza de los campesinos y de los obreros.
¿Qué pasa con esta clase que vierte lágrimas de cocodrilo? Necesitamos ser más sinceros. Qué pasó en 1857 cuando Ponciano Arriaga les dijo: "El capital..........
El Presidente: Ha corrido su tiempo reglamentario, señor diputado.
El diputado Francisco Dorantes Gutiérrez:
Debe tener una función social o sea la de crear empleos.
Ya voy a terminar, señor Presidente.
Debe tener una función social que es la de crear empleos.
¿Qué sucede en Chiapas? Necesitamos no dar leyes nuevas como dijo un señor diputado: ¿qué leyes vamos a cambiar? Lo que necesitamos cambiar es la injusta organización social. Y dentro del modernismo también la Iglesia católica debe modernizarse para que ya no canalice los problemas de la sociedad hacia la divinidad y la engañe y que le diga que allá le van a cambiar su status económico si reza; al trabajador y al campesino hay que decirle la verdad.
Y los satisfactores, señores diputados, para que no haya más Chiapas; casa, vestido, sustento, salud, cultura, trabajo, servicios, jubilación, que todo mundo tenga jubilación, respecto a las garantías individuales y que tengan también, cuando fallezca el individuo, fosa y servicios fúnebres gratuitos proporcionados por el Estado. Y la Iglesia que también se reforme; porque recuerdo lo que dijo Carlos Marx: la religión es un opio de los pueblos.
Yo les pregunto: ¿adónde surgirá otro nuevo Chiapas? ¿Cuándo volverá a darse otra nueva ley de Amnistía? Gracias.
El Presidente:
El diputado Javier Centeno Avila:
Tiene la palabra el señor diputado Javier Centeno Avila
Con su permiso, señor Presidente; honorable asamblea:
Creo que todos aquí coincidimos en que las causas del conflicto que hoy vive el Estado de Chiapas, son fundamentalmente la lacerente pobreza y la marginación en que se encuentran miles de compatriotas. Creo que los datos aquí proporcionados por el compañero Héctor Ramírez Cuéllar son impactantes.
Hoy, nosotros insistimos en que el Ejército Zapatista de Liberación debió haber sido considerado o debe considerársele una fuerza beligerante. Si el Gobierno mexicano ha otorgado este carácter a algunos organismos de las mismas características; como en el caso del Frente de Liberación Farabundo Martí, el caso del Frente de Liberación Sandinista, el caso del Frente de Proliberación de Palestina, el caso del Frente Polisario, ¿por qué no darles ese mismo carácter a estos luchadores sociales del Ejército Zapatista de Liberación.
Insistimos, el Ejército de Liberación Zapatista no son transgresores de la Ley; son luchadores sociales, sus objetivos los compartimos; sus métodos, no.
La responsabilidad civil respecto ya de la Ley de Amnistía la debe asumir el Estado mexicano y no los pobres o los indígenas que se han visto obligados a tomar las armas para defender sus derechos. Sí es necesaria la amnistía y la reconciliación. Es evidente que es un paso en la búsqueda de una solución, pero más importante será, tal y como lo argumentó el compañero Ramírez Cuéllar, que exista una profunda reforma social en Chiapas, un plan de desarrollo económico y social que permita al Estado de Chiapas decidir democráticamente su rumbo y destino.
El movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional ha cimbrado al sistema político mexicano, tradicionalmente autoritario y centralista, y ha puesto al desnudo las graves carencias de gran cantidad de mexicanos. Es un llamado de atención para seguir profundizando en el camino democrático, para proporcionar una nueva sociedad mexicana, sin corporativismo, sin jefes natos, sin partidos de Gobierno, con una amplia participación de los ciudadanos en la toma de decisiones.
Los diputados, como integrantes del Congreso de la Unión, tenemos el deber de buscar una solución política, una solución de fondo que permita ir resolviendo la problemática de Chiapas. Debemos procurar todas las medidas necesarias para que no quede en el tintero o en la facultad discrecional de alguna dependencia del Gobierno un plan de desarrollo económico, social.
Si han habido planes económicos desde excepción por causas naturales, ¿por qué no establecer un programa económico que permita a Chiapas un genuino mejoramiento?
Después de este movimiento todo en México será distinto. La política neoliberal tendrá que dar
paso a una genuina política de justicia social. Ya no se deberán anteponer los intereses de los grandes capitalistas nacionales o extranjeros, a las necesidades populares.
Es evidente que toda la sociedad mexicana exigirá un mayor gasto social y una mayor defensa de las garantías sociales. Los indígenas chiapanecos han dado una muestra de dignidad, arriesgando su propia vida en áreas de objetivos sociales y políticos. Han roto con su movimiento el silencio prevaleciente entre los marginados de México. No son delincuentes, por lo que se les debe reintegrar a la sociedad mexicana sin represalias, sin rencores y con todos sus derechos ciudadanos. Muchas gracias.
El presidente:
Gracias, señor diputado Centeno.
A continuación daremos inicio a la segunda ronda de oradores inscritos para la discusión en lo general, con el recordatorio respetuoso a los señores legisladores, de que se ha previsto y acordado, un límite máximo de 15 minutos por intervención
Tiene la palabra el señor diputado Valero.
El diputado Oscar Ricardo Valero Recio Becerra (desde su curul):
Señor Presidente, para precisar lo que usted acaba de informar. No se convino ni se acordó que tenga una duración límite. Hay una recomendación para que cubran ese tiempo y no rebasen los 15 minutos. Eso es todo lo que está convenido.
El Presidente:
Señor diputado Valero: esta Presidencia no hace más que transmitir las informaciones que le hace llegar la Comisión de Régimen Interno, a la que no tiene el gusto de pertenecer y usted sí. Quiero reiterarle que los señores legisladores disponen de una prerrogativa parlamentaria para utilizar su tiempo. Yo insisto en lo que me ha sido informado por la Comisión de Régimen Interno, en el sentido de que la duración será de 15 minutos.
Tiene la palabra el señor diputado Jesús Martín del Campo.
El diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda:
Gracias, señor Presidente:
Quiero comenzar mi intervención aludiendo a la del primer diputado del PRI, que desde nuestro punto de vista cambió el tema en su intervención, y quiero hacer un señalamiento categórico al respecto.
El Partido de la Revolución Democrática y su fracción parlamentaria, no está ni estará en contra de la institución del Ejército, Frente a este conflicto chiapaneco, sin embargo, sí estamos en contra de órdenes apresuradas, inadecuadas y autoritarias del Ejecutivo, para resolver el conflicto chiapaneco. Categóricamente decimos esto.
Segundo, creemos que la tendencia que ha venido siguiendo el Gobierno y su partido, es la de querer localizar el problema como si se tratara de un problema mínimo sólo de cuatro municipios, y ése no es nuestro punto de vista.
A 20 días de iniciada la insurgencia campesina a indígena en Chiapas y después de la catarata de acontecimientos que le sucedieron, ya nadie puede dudar que el México de ayer llegó a su fin.
A la crítica razonada que desde muchos ámbitos hicieron diversos sectores de opinión, los partidos políticos y organizaciones sociales, debió seguir la crítica de las armas, de la rebelión chiapaneca, para revelar en toda su cruda dimensión, límites, y en última instancia, el fracaso de la política y la religión neoliberal del Gobierno salinista. La crítica razonada, acompañada de movilizaciones sociales intermitentes o generalizadas, fueron insuficiente alerta de la verdadera realidad nacional. Y ahora, se despliega ante nosotros una rebelión armada en la que sin duda están comprometidos miles de campesinos e indígenas, y se hace necesario señalar que el impacto del Programa Nacional de Solidaridad, se diluyó desde un principio en aguas pantanosas y que ha sido cimbrada desde sus cimientos, como principal estrategia de la política social salinista.
Así, no se cumplió con ninguno de sus dos objetivos principales: ni redujo los rezagos sociales abismales, ni neutralizó el descontento generado por las políticas neoliberales de ajuste y modernización económica.
Parte medular de la transformación económica salinista, fue la estrategia de revertir las condiciones de propiedad y producción en el campo mexicano, por considerarlas premodernas y arcaicas, para lo cual con el apoyo acrítico de la mayoría del Congreso de la Unión, y en particular de esta Cámara de Diputados, se reformó el artículo 27 constitucional y las leyes con él relacionadas.
Estas modificaciones operadas en el marco de la liberalización telesiana de mercados, también fueron severamente criticadas desde muchos sectores de opinión y por nuestra fracción parlamentaria. Pero igualmente ignoradas por el Gobierno salinista y la bancada priísta aquí representada.
Desde tiempo atrás se dijo que la tierra no era de hule. Y aquí hay muchos que así piensan todavía cuando se habla de rezagos agrarios y la necesidad de hacer justicia a las comunidades indígenas, a los campesinos y a los ejidatarios.
Pero en general, debo reiterarlo, se trata de un error de cálculo del salinismo en tal o cual estrategia particular, sino que pone en entredicho el todo y no sólo alguna de sus partes. Es decir, pone en entredicho la eficacia y la validez de las políticas adoptadas por el Banco Mundial y seguidas en México para transitar hacia un nuevo estadio de desarrollo que incluya un verdadero combate a la pobreza y a la injusticia.
El Gobierno de México tuvo de inicio frente a la insurgencia armada en el Estado de Chiapas, una actitud errática y contradictoria que nuevamente dio cuenta de su inmadurez para tratar problemas políticos del país y a la vez, de sus serias contradicciones internas que, como decíamos, se expresa abiertamente en una crisis de época del régimen del estado corporativo y del partido único.
Así, el Gobierno pasó de la sorpresa, el estupor y la parálisis inicial, al envío de las primeras tropas que entraron en San Cristóbal el 2 de enero; al decreto de la máxima alerta en Veracruz, Oaxaca y Tabasco; al reconocimiento superficial y propagandístico de los rezagos acompañado de una propuesta de diálogo sin mecanismos de realización al principio, y de ahí, a una lamentable posición de desvirtuar la realidad, al tiempo que desplegaba cuando menos 12 mil efectivos militares y policiacos a la zona de conflicto, exigiendo la rendición incondicional, sin atender desde el primer momento, los lineamientos jurídicos que establece la Constitución de la República, para recurrir al Ejército en operaciones de carácter estrictamente militar en contra de un número indeterminado de mexicanos.
Además, instaló unas mesas de atención a las demandas de los chiapanecos, con una cartera de alternativas que a nadie convencieron, pese al despliegue publicitario, que simplemente no iban a raíz del asunto. La labor informativa, además, fue abiertamente obstaculizada. Muchos medios de comunicación no tuvieron acceso a las zonas de conflicto, algunas de las cuales están todavía cerradas. Estas acciones fueron absolutamente insuficientes y no modificaron esencialmente el escenario.
Así, sin duda, durante los primeros días se han confrontado diversas posiciones junto a la virtual desaparición de poderes antes de la renuncia del gobernador, y fueron los aciagos momentos y días de la hegemonía de una posición que impulsaba la vía violenta para solución del conflicto.
No obstante, observamos de pronto un importante giro en la posición del gobierno salinista, cuya explicación en ultima instancia se encuentra en la evolución que se hizo acerca de la capacidad de los insurgentes en todos los órdenes, incluida su influencia nacional en el marco de una coyuntura signada por el proceso político electoral más importante de la historia moderna en México.
Sin duda, también jugó un papel decisivo en el cambio de correlación de fuerzas y de la actitud gubernamental, la reacción internacional que, en términos generales, condenó duramente la opción, de solución violenta, porque colocaba en un predicamento la necesaria estabilidad requerida por el proceso de globalización, sobre todo por cuanto se refiere al amarre final del Tratado del Libre Comercio.
Pero sin duda una evaluación determinante fue la que se hizo de la actitud y posición, responsable y madura, de importantes sectores civiles y públicos de opinión que, no obstante la complicada situación chiapaneca y nacional, desde el primer momento supieron ubicar, sin vacilaciones, el verdadero origen y las causas reales del conflicto; aprovechando todos los espacios aprovechables para coadyuvar a minar de fondo la posibilidad de que la sociedad fuera permeada por un manejo del problema, alejado de la verdad, y más importante aún coadyuvando a obstaculizar la atención de que hubiera consenso y justificación para que se impusiera, sin cortapisas, la razón
de Estado y se aplicara una solución violenta e inmediata, que aún se esgrime como necesidad por una fracción irresponsable del bloque en el poder.
Nadie serio creyó la versión gubernamental que pregono la regionalización del problema y menos aún la idea de la existencia de un supuesto e inconocible enemigo externo, del que incluso se llegaron a dar medias filiaciones, tipo telenovela, aliado o misteriosos religiosos desviados de su misión pastoral, como el origen y la causa del conflicto chiapaneco.
Nadie serio creyó que se tratara de un conflicto, cuya conclusión sería cuestión de unos días; toda vez que sólo había que ahogar en sangre a un puñado pequeño de insurrectos chiapanecos.
De ahí que el clamor generalizado se pronunciara porque, en el marco del más estricto apego a la legalidad y a la constitucionalidad de la acción gubernamental, se ofreciera una salida por la vía política, acompañada del respeto irrestricto a los derechos humanos de los pobladores que habitan el escenario de la guerra, incluidas las partes beligerantes; de garantías para el desarrollo de la labor informativa de los medios de comunicación y la tarea humanitaria de diversas organizaciones no gubernamentales, como la Cruz Roja y las instituciones de derechos humanos.
¡Pero sobre todo acompañada de una alternativa cabal a los enormes rezagos de los chiapanecos y desde ahí a todos los mexicanos que han visto pospuestas, una y otra vez, las soluciones a sus más urgentes necesidades y la atención a sus más elementales intereses!
Es muy importante señalar el consenso existente en cuanto a reconocer la dimensión nacional del fenómeno y de la alerta sobre una crisis global, aún más profunda, si no se atienden las causas desde su raíz. En otras palabras: el consenso define que el conformismo llegó a su límite y que la sociedad no está dispuesta a aceptar más demagogia de acarreados, ni analgésicos, para sus graves males.
Así la solución de las carencias pasa por afectar intereses hasta ahora intocados, pues habrá que afectarlos si en verdad queremos evitar que la polarización llegue a extremos impredecibles.
Dada esta actitud madura y responsable de la población y de la sociedad civil y política del país, la facción del Gobierno proclive a una solución violenta, dura y simple, decíamos, ha visto obstaculizados sus inadmisibles propósitos y el poder público en su conjunto ha sido presionado para moderar sus posturas y sus líneas de acción. Hay dos opciones, insisto, la de la salida violenta y autoritaria que se pretende por rápida mejor, y la de la búsqueda real una solución negociada y política, yendo a los problemas de fondo, ambas alternativas, alerto sobre esto, juegan al mismo tiempo una peligrosa carrera contra el tiempo. De las propuestas concretas que se hagan, dependerá saber aprovechar esta valiosa oportunidad habilitada por una sociedad que ha demostrado ser digna de respeto y evitar que el país se deslice hacia el tobogán de la ingobernabilidad y la inestabilidad por un tiempo imprevisible pero que sin duda sería muy largo y doloroso.
Desde esta lógica es infinitamente preferible aceptar que las cosas deben cambiar empezando por reconocer nuestra cruda realidad y la necesidad de modificar los equilibrios del poder, aunque ello signifique, reitero, lesionar poderosos intereses y renunciar a construir tejidos sociales publicitarios forzadamente solidarios cuya eficacia quedó al descubierto en Chiapas. La esperanza nacional está vigente y hace votos para que no exista de fondo la intención de correr una cortina de humo ante la sociedad.
Estamos seguros que esta sociedad responsable y madura sabe valorar en toda su dimensión las oportunidades que aparecen para encontrar una salida política al conflicto, pero por lo mismo sabrá valorar, si es real, cuando la reconciliación nacional se concrete en un restablecimiento de los derechos agrarios y comunales de campesinos e indígenas en opciones económicas de justicia social y de verdadera democracia para el conjunto de los mexicanos.
De no ser así, se estarán creando las condiciones para que tomen ventaja en esta apremiante carrera contra el tiempo, aquellos que desde el principio del conflicto han propuesto en contra del país, que la solución sea de exterminio de los campesinos e indígenas zapatistas insurrectos y por extensión de todos los que participamos en la oposición, para cambiar radicalmente la situación de nuestro país y hacer que transite aceleradamente hacia una verdadera vida democrática.
El Presidente:
Señor diputado, han concluido los 15 minutos previstos.
El diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda:
Haciendo uso de mi prerrogativa y también de la recomendación, abreviaré mi intervención y la terminaré en pocos minutos señor Presidente.
La subordinación del Congreso al Poder Ejecutivo ha entrado en una profunda crisis, la docilidad y la actitud acrítica de la mayoría, hoy más que nunca se convierte en un instrumento inútil para dar respuestas a las demandas de la nación. Ahora ante la posibilidad de contribuir de manera decisiva a la reivindicación de los caminos de la civilidad y la política para encontrar una paz justa y duradera, el Congreso tiene una oportunidad histórica de sacudirse el inmoral predominio del Ejecutivo.
Sin ambigüedades, el Congreso de la Unión debe aprobar una amnistía que sea parte decisiva para el logro de la paz, modificando sustancialmente la propuesta del Ejecutivo y no sólo superficialmente, que parece estar de acuerdo al texto original, que fue enviado dirigido a lograr por cualquier medio la rendición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en una de las dos lógicas que he señalado.
Por lo demás, el Congreso como institución tiene una carga moral en el conflicto chiapaneco, desde hace varias legislaturas fueron señaladas y lo hemos documentado en la Comisión Permanente, fallas de la política que se seguía en aquella entidad y no se les ha hecho caso. Pero más allá de este dato, lo que nos importa en este momento es resaltar que las bases políticas y legales que se han ido construyendo en los últimos años desde el Gobierno para legitimarse, deben ser modificadas sustancialmente.
La solución de Chiapas pasa por el imperio de la justicia y la legalidad en la región, la cual casi nunca ha existido, pero incluye también a la nación en su conjunto.
De cara al cambio de Gobierno, el reclamo de una transición democrática se renueva; ha fracasado la transición en las formas autoritarias, la asfixia de la autonomía estatal y municipal cultivada desde los años de la Secretaría de Programación y Presupuesto, se ha incrementado con el uso de instrumentos paralelos a los gobiernos regionales y locales; el centralismo de las decisiones políticas y económicas también tiene que dar cuentas por su incapacidad de promover programas de desarrollo regional que, como en el caso de Chiapas, marcan la tónica de las necesidades de la pluralidad y descentralización de la nación.
El recuento puede ser más extenso y puntual, lo que nos interesa es que el Congreso reconozca que el país requiere de un cambio de rumbo, de una nueva estrategia global cuyas coordenadas sean la democracia, la justicia y la equidad, pero todo esto sale sobrando si las voces de la guerra no son detenidas. Los esfuerzos que desde distintos ámbitos de la sociedad se realizan por el fin de la guerra y que incluyen de manera destacada a los obispos de la Iglesia católica, en particular a don Samuel Ruiz, y estimulan como el enviado de la paz por parte del Gobierno, Manuel Camacho Solís, la labor de este comisionado, puede ser abortada violentamente.
Nos alarma que haya esas voces, que no se respete cabalmente el cese al fuego, que haya la tentación de romperlo cuando se anuncian en boletines oficiales que seguramente serán atacadas las poblaciones de Yahalón y Carranza. El Ejecutivo Federal y el PRD lo demanda aquí y ahora, debe ordenar el repliegue de las fuerzas militares como una demostración más de su voluntad pacificadora; pierde todo el sentido y valor cualquier amnistía por suficiente que sea si no se detienen totalmente los enfrentamientos o las acciones que lleven a una provocación en esta zona de alto riesgo.
El Partido de la Revolución Democrática seguirá argumentando con otros compañeros cuáles son las razones por las que estamos reservando nuestro voto en espera de que haya un cambio de actitud, sobre todo en el partido mayoritario, para hacer algunas transformaciones en el dictamen que se refiere a la amnistía. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, señor diputado Marín del Campo.
Tiene la palabra el señor diputado Gonzalo Cedillo Valdez, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en pro.
El diputado Gonzalo Cedillo Valdez:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Con motivo de esta multicitada iniciativa de Ley presentada por el Ejecutivo Federal para
encontrar una probable solución política al conflicto político-militar en el Estado de Chiapas, hago uso de esta tribuna para externar nuestros puntos de vista a nombre de mi partido, el Auténtico de la Revolución Mexicana.
Primeramente, me voy a permitir hacer algunos señalamientos generales que nos ubiquen dentro del contexto general del problema que nos ocupa, y posteriormente habré de hacer algunas sugerencias a la iniciativa de Ley que hoy está a debate.
Estamos en los inicios del año de 1994, que indiscutiblemente se ha convertido en un gran momento histórico que está cambiando el perfil político de México y ello se ubica dentro de un marco en donde la sociedad civil mexicana ha sido profundamente colapsada por aquellos que por cientos de años fueron olvidados y marginados, por aquellos que han padecido con mayor crudeza la ineficacia de un sistema político-económico, reflejándose con ello, aunque nos duela decirlo, la imprecisión de estrategias políticas generales de Gobierno, que han pretendido hacer de este país un México moderno.
Aquellos reclaman justicia, democracia y libertad, lo han hecho rompiendo los esquemas que tradicionalmente ha sido reclamo del pueblo de México. No podemos negar que las demandas en materia agraria, trabajo, vivienda, salud y educación, son parte de la bandera de los campesinos levantados en armas en el Estado de Chiapas, que deben ser escuchados y atendidos.
Creemos que aun cuando la iniciativa de amnistía pretende encontrar una salida al conflicto, ésta no puede ser por sí sola la solución; pensamos que para que el Gobierno de México recupere su autoridad política y moral, debe ofrecer y ejecutar auténticas políticas que den solución al origen del conflicto. Estas políticas se deben orientar a realizar una revisión profunda a los problemas nacionales, que den solución mediante la redefinición de objetivos y estrategias y políticas generales que modifiquen el esquema actual en materia agraria, en la salud, en la educación, que estén dentro de una concepción democrática y de integración nacional que resuelva el grave problema de la recesión económica, orientando los recursos financieros hacia el desarrollo nacional, estatal, municipal, y en forma especial a las minorías nacionales.
Lo anterior implica necesariamente una revisión a las estructuras jurídicas y políticas en el ejercicio de gobierno, que permitan que la sociedad mexicana se oxigene con el ejercicio de principios democráticos y libertades, que permitan el desarrollo creativo de todas las clases sociales que hoy se encuentran frenadas y oprimidas.
El caso de Chiapas se debe considerar como un ejemplo de lo que se debe de corregir, por que el reclamo generalizado de los campesinos de esta entidad se centra en resolver el problema agrario, traduciéndose en la ejecución de infinidad de resoluciones agrarias pendientes de ir más allá de en donde el Procampo, entre otros programas, se conviertan en un instrumento para estimular y financiar el desarrollo agropecuario y, lo más importante, en desmontar estructuras burocráticas que impiden que el recurso efectivamente llegue a los campesinos pobres, buscando soluciones sencillas sin concepciones partidistas.
Igualmente, se deben encontrar estructuras de gobierno y de justicia que velen por los intereses nacionales, conforme al derecho y conforme a los principios democráticos y en general se asignen recursos presupuestales del erario nacional, que resuelven los problemas lacerantes que no sólo Chiapas vive, sino todo el país.
Para todo ello, se requiere la formación de una comisión federal multidisciplinaria, a cargo de ciudadanos de probidad y capacidad reconocida, que dentro de una actuación de gran responsabilidad, alcancen los análisis y soluciones que den plena satisfacción no solo a las demandas más apremiantes, sino que involucren en su estrategia el origen de una nueva estructura que, apartada de la imprecisión, otorgue una garantía y espectativa deseable.
Por su atención, muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, señor diputado Cedillo.
Tiene la palabra el señor diputado Jorge Moscoso Pedrero. del Partido de la Revolución Democrática, para fijar posición.
El diputado Jorge Modesto Moscoso Pedrero:
El día 1o. de enero la nación fue interpelada. Antiguos pobladores de México descendientes de los mayas, los tzeltales, totziles, choles y tojolabales, cuestionaron desde las entrañas de la selva el desarrollo de nuestra nación. Nos hicieron regresar a la realidad.
El desarrollo de México cargado de 500 años de opresión y de miseria, la declaración de la selva Lacandona y el reclamo de tierra, trabajo, techo, educación, pan, libertad, justicia, democracia y paz, con la voz de los más pobres, modificaron con su osadía el rostro de México. El mismo día que la nación entraba a la modernidad, dio pasos hacia atrás y se corre el riesgo de la centroamericanización de la República.
La ceguera, la soberbia, la autocomplacencia, la subestimación del pueblo, la represión, la antidemocracia y el abandono, provocaron el brote armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Desde la Guerra de los Cristeros no había en nuestra patria un levantamiento de esta magnitud. En él se han enrolado miles de indígenas y campesinos pobres de Chiapas y de otras regiones del país. La voz armada de los indios ha cuestionado de fondo la política de la tecnocracia y su programa de atención social. Ha puesto en crisis el sistema político y al gabinete; ha quitado el sueño al propio Ejecutivo, ha hecho evidente la falta de iniciativa del poder para atender problemas de esta magnitud, pero además ha puesto en duda la oferta política del régimen de paz y estabilidad.
Sobra decir que ya nada será igual en nuestro país, que los acontecimientos de Chiapas afectarán incluso el desarrollo de la elección presidencial de agosto de 1994.
Se ha pretendido hacer aparecer el problema como un asunto estrictamente regional. Quizá a ello se deba el silencio de diversos líderes de organizaciones y sectores del PRI con relación al tema; sin embargo el conflicto ha rebasado ya nuestras propias fronteras.
La responsabilidad de este suceso recae fundamentalmente en el propio Gobierno y sus políticas tecnocráticas, ya que a pesar de que hubo voces de alerta, éstas no fueron atendidas y los reclamos de las comunidades fueron postergados.
Debemos recordar que en esta misma tribuna el 23 de abril de 1992, el que habla textualmente señaló: "Quiero decir aquí algo que conoce el Ejército, que conoce también Gobernación y el Gobierno del Estado,
y es que Chiapas se ha implantado, en alguna región de la entidad, un movimiento armado, un movimiento guerrillero que está obteniendo sustento popular en algunas regiones selváticas y en algunas zonas de las cañadas de Chiapas".
Nada se hizo al respecto; se pretendió soslayar este hecho; no se le puso atención, se dijo que era mentira. Pero igual sucedió en junio de 1993, que regresamos a la tribuna para pedir información con respecto a operaciones de las fuerzas armadas en el municipio de Ocosingo: Igualmente se dijo que no había guerrilla.
Quizá se pretendía con ello evitar que se pudiese provocar algún problema ante la eminente entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, ¿no hubiese sido mejor conocer la verdad y que la nación tomase las medidas políticas y se impulsase el desarrollo de la zona para detener el conflicto y evitar su estallamiento? Pero se prefirió mentir y subestimar el tamaño del problema que, como se ha visto, involucra a miles de indios.
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ha logrado permear amplias regiones del Estado de Chiapas; la actual zona de conflicto no es únicamente su zona de influencia, ha ampliado su estructura y se ha entrelazado en la estructura tradicional de la cultura de las comunidades indígenas.
Plantear una solución política, una solución pacífica al problema de Chiapas, que ya es un problema de la nación, implica tener la sensibilidad necesaria para reconocer que nos estamos enfrentando a un nuevo problema, a un nuevo problema que evidentemente tiene sus orígenes en el caso de Chiapas, y en diversas regiones de la República, en la explotación, el racismo, la falta de justicia, el abuso en el uso de la fuerza pública, la represión y la violencia institucional a que se ha sometido a las comunidades indígenas de México.
Tuvo que ser Chiapas quien aportara a la nación un despertar, una sacudida violenta de nuestras conciencias, que nos ha hecho ver en el primer momento la incapacidad de un régimen de dar una respuesta a un problema inédito en el país.
Primero se pensó en una salida militar, se pensó que sería fácil en unos cuantos días poder derrotar a los elementos del Ejército Zapatista, se pensó que eran indios manipulados, sin inteligencia, sin capacidad de combate, pero los hechos afortunadamente han demostrado lo contrario, porque se está imponiendo en la nación la búsqueda de una salida pacífica.
Se han estado dando pasos en ese sentido, pero yo quiero personalmente decir que me parece que los caminos que se están planteando son inadecuados; que el problema de pretender continuar
imponiendo el principio de autoridad, de no sentarse directamente a dialogar con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, mientras este tenga en sus manos las armas, va a dificultar la negociación.
Acabamos de conocer un comunicado en el sentido de que las fuerzas armadas regresarán a sus plazas, y quiero comentar, por la intervención inicial que hizo en esta tribuna el diputado Echeverría Ruiz, quiero hacer un comentario.
En los contactos que hicimos, después del estallamiento del problema, con algunos elementos de las fuerzas armadas, encontramos gran descontento, gran inconformidad, señalamientos evidentes de la incapacidad "de los políticos", dicen ellos, para resolver este problema, que cuando este problema estalla son ellos, la institución de las fuerzas armadas mexicanas los que han puesto la cara y los que han sacado parte del conflicto, siendo cuestionados por diversas personas.
Nosotros, desde el Partido de la Revolución Democrática, hemos insistido en una salida pacífica, en una salida que contemple también la situación nacional.
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, debo decirlo, ha tenido y tiene simpatía en diversas partes de la República; hay muchos mexicanos que están tentados a abandonar el camino del sufragio efectivo, porque consideran que éste no es el camino que podría lograr un cambio en el país.
Esta es nuestra responsabilidad: abrir los caminos de la Ley; abrir los caminos de la democracia y lograr que en realidad se haga efectivo el sufragio; recoger y atender el programa que ha planteado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, es el programa de todos: el programa de abatimiento de la miseria, de la justicia, de la libertad, de la paz, de la democracia.
En caso de no atender con cuidado este conflicto, en caso de que se pretenda aparentar que se busca la pacificación y que, por el otro lado, se pretende el uso de la fuerza, este conflicto va a crecer, va a crecer y no va a poder ser detenido.
Pero este conflicto puede implicar el asesinato, la masacre o la muerte en enfrentamiento de miles de indígenas mexicanos.
No podemos asesinar la entraña de la nación; no podemos combatir a los antiguos pobladores de nuestra patria, por que en el caso de que se pretenda combatir a los indios de Chiapas, habrá respuestas de otros indios en la República y entonces muchos mexicanos podrían gritar: ¡Vivan los indios de México! Gracias.
El Presidente:
Gracias, señor diputado Moscoso.
Tiene la palabra el señor diputado Fernando Lerdo de Tejada, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Fernando Francisco Lerdo de Tejada:
Con su permiso, señor Presidente; compañeros legisladores:
Los mexicanos queremos que exista paz y concordia en todos los rincones de nuestra patria, y por ello, teniendo presentes los valores de la unidad nacional, que utilicemos todos los instrumentos a nuestro alcance, para asegurar el éxito en el reto que hoy enfrentamos.
Las generaciones futuras tendrán razón en reclamarnos, si no demostramos hoy la inteligencia y la visión para comprender los motivos, realizar las acciones conducentes y resolver los conflictos que tenemos ante nosotros.
Y en ese contexto en el cual se inscribe precisamente el dictamen de iniciativa sobre amnistía que hoy analizamos.
Su propósito es el de establecer puentes, el de lograr mecanismos que nos permitan superar obstáculos.
El camino no será sencillo, existen motivos profundos que requerirán de una gran acción social para poder revertirlos. También hay causas inmediatas que aún desconocemos, pero por ello precisamente es importante, imprescindible, diría yo, la unidad de todas las fuerzas políticas en torno a este problema.
El Gobierno de la República ha establecido, ha señalado un interés manifiesto por avanzar. ha demostrado voluntad política para resolver el conflicto, no por las armas, sino por el diálogo. Consideramos que los caminos han sido los adecuados para enfrentar la situación.
El Ejecutivo ha actuado con firmeza y ha actuado con decisión. Que bueno que así haya sido, no podríamos explicarnos una república fuerte y un federalismo actuante si hubiese actuado de otra manera. Existe la obligación y la responsabilidad de proteger el estado de derecho, la Constitución así lo ordena, y nosotros aplaudimos la prontitud en la acción que ha evitado y que evitó en su momento que se causaran mayores daños. es por ello que rechazamos los señalamientos de precipitación.
Actuar con firmeza, sin embargo, no quiere decir actuar con cerrazón. Y por eso se buscaron canales alternos de diálogo y de negociación desde el inicio del conflicto. Señalamos que la acción armada se justificaba en una primera instancia para resolver el orden, preservar el estado de derecho y permitir el desenvolvimiento de la vida comunitaria.
Señalamos también que la acción y la solución duradera no podía basarse en la fuerza o la represión, sin el riesgo de convertir a nuestra frontera sur en parte del amplio corredor de inestabilidad y de lucha armada que viven algunos países hermanos del sur. Existían motivos, fundamentos también, para actuar, y sin querer entrar en ellos en este momento, simplemente referiría yo el tema a la espléndida participación que el miércoles 12 del presente tuvo el diputado Miguel González Avelar, en la Comisión Permanente, explicando precisamente los motivos y los fundamentos de esta actuación.
Quisiera señalar también la labor encomiable y ejemplar del Ejército mexicano y por lo tanto ratifico en esta tribuna lo señalado por el diputado Rodolfo Echeverría.
El Gobierno desde el inicio ha realizado acciones especificas, se estableció una mesa de atención especial para responder a la demanda de la población afectada. Fue importante la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para evitar violaciones a esto. Se constituyó el grupo plural de legisladores cuyo informe fue rendido el día de ayer.
Recobrando el orden y la vida institucional y una vez que la población pudo regresar a sus comunidades y se garantizó su seguridad, se establecieron nuevos objetivos y metas para profundizar en el diálogo. El propósito entonces fue lograr un alto al fuego duradero, una tregua que fuese respetada, el respeto a la vida humana y en principio las bases para la negociación. Las acciones gubernamentales entonces se dirigieron al nombramiento de un comisionado para la paz y la reconciliación, a la formación de una comisión especial para la paz, con connotados chiapanecos, y a cambios en el gabinete para avanzar en los propósitos de paz y revertir la dinámica de la zona.
Ahora estamos en una nueva fase de concertación. Estamos en las primeras etapas de una negociación que consideramos será fructífera y con resultados satisfactorios. Se están dando los primeros pasos firmes para erradicar las armas y la fuerza. En ese contexto, el cese unilateral del fuego y la iniciativa que hoy analizamos de Ley de Amnistía, deben precisamente de inscribirse.
Y aquí quisiera yo referirme a un punto que ha estado dentro de la opinión pública relativo al reconocimiento de fuerza beligerante. Los autores, los internacionalistas más prestigiados y la práctica internacional, nos señalan que el reconocimiento de beligerancia de una fuerza, requiere necesariamente de un dominio efectivo sobre parte importante del territorio nacional por parte del grupo alzado o en rebelión. En esas circunstancias, el Estado nacional está impedido para ejercer jurisdicción efectiva sobre ese territorio y es la Ley de los grupos en rebelión la que rige y vigente su orden jurídico. El reconocimiento beligerante, por lo tanto, libera de responsabilidad internacional al Estado correspondiente, respecto de los actos beligerantes.
Esta situación le permite al grupo beligerante tener la posibilidad de obtener reconocimiento por otros estados y cumplir con algunas obligaciones de carácter internacional.
Independientemente de que no están dadas las condiciones que marca la práctica internacional, independientemente de que no se cumple con los requisitos planteados por la doctrina internacional y por los expertos y, por lo tanto no sería posible ese reconocimiento, creo que nosotros deberíamos de centrar nuestro análisis en las repercusiones internas que tendría una situación de esa naturaleza.
Un reconocimiento de beligerancia vendría a cerrar las puertas del diálogo, la concertación y la negociación, para cambiarlas por el enfrentamiento y la lucha efectiva por el dominio de un territorio. Esto nos llevaría a escalar el conflicto, a retroceder en términos de tregua y de posibilidades de paz.
En segundo lugar, significaría reconocer la existencia de una división profunda en nuestra patria con un reflejo en el territorio nacional y posibilidades reales de desmembramiento; que una parte de nuestro territorio pudiese obtener el reconocimiento de otros estados, un reconocimiento inicial menor, si quieren ustedes nombrarlo así, de independencia. La parte no gubernamental tiene en estos casos, el tratamiento de un Estado independiente.
Todos, así lo considero, estamos de acuerdo en que la soberanía nacional y la unidad territorial son valores superiores e irrenunciables.
En tercer lugar, un reconocimiento de esta naturaleza llevaría a cabo un reacomodo de las fuerzas tal que el conflicto tendería alargarse tal vez de manera indefinida. Si el propósito de beligerancia es obtener el reconocimiento de otros estados y organismos internacionales, esto tarda, no es inmediato y por lo tanto no constituye un estímulo para negociar y para terminar, y sí por el contrario para alargar la situación de beligerancia.
Tendríamos entonces el riesgo de hacer permanente una situación que todos reconocemos como profunda, pero temporal.
En cuarto lugar diría yo que no existe en nuestro sistema jurídico la figura de la beligerancia y por lo tanto, ningún poder podría llevar a cabo ese reconocimiento.
Por estos motivos, la situación de beligerancia se reconoce cuando ha habido ya muchos años de lucha; cuando los países han sido desangrados por una guerra interna; por situaciones que requieren de otras soluciones para seguir evitando más muertes; requieren entonces de la amputación de una parte para salvar el todo.
Nosotros precisamente queremos evitar una situación así y por ello desde el principio se ha privilegiado el diálogo, se ha tratado de disminuir al nivel de conflicto y de tomar acciones y dar respuestas efectivas. Negociar y concertar ya, no dentro de 15 años.
No reconocer el carácter beligerante por el otro lado, no significa desconocer en ningún momento, la realidad. No se cuestiona la existencia del ejército zapatista como parte en el conflicto. El reconocimiento no es condición necesaria para el establecimiento de negociaciones.
La situación que ha dado origen a este conflicto no se resolverá deponiendo nada más las armas. Será necesario dar respuesta a problemas sociales y a las condiciones que posibilitaron este evento. Respuestas no fáciles ni inmediatos su resultados. Pero que estamos buscando los medios y las formas, y que vamos por un buen camino principio.
La Comisión Nacional de Desarrollo y Justicia Social para los Indígenas, recientemente establecida, es claro ejemplo de esa búsqueda.
Señores legisladores: este debate aporta en forma constructiva al logro de una paz permanente en nuestro país. Los partidos políticos tenemos la oportunidad de demostrarle a la nación, que no obstante las diferencias, hay coincidencias en la esencia nacional; que los mexicanos tenemos identidad única ante el mundo.
La conciencia de México ha cambiado con estos acontecimientos. No seremos los mismos. Grupos étnicos nos han llamado la atención sobre su participación en el México moderno...
El Presidente:
Señor diputado...
El diputado Fernando Francisco Lerdo de Tejada Luna:
Termino, señor Presidente:
Pero, con hechos se demuestran las intenciones. Estamos dando una respuesta sólida. Los mexicanos estamos señalando claramente que el diálogos y la concertación son los instrumentos que queremos privilegiar en la construcción de nuestro México. Estamos dando respuestas innovadoras, demostrando que queremos una nación integradora, no excluyente; un país que aglutine a todos los mexicanos con sus diferencias y en su diversidad. Tenemos la oportunidad para profundizar en la justicia social. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, señor diputado Lerdo de Tejada.
La diputada Luisa Alvarez Cervantes (desde su curul):
Pido la palabra para hechos.
El Presidente:
Tiene la palabra para rectificar hechos la diputada Luisa Alvarez Cervantes, del Partido del
Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, hasta por cinco minutos.
La diputada Luisa Alvarez Cervantes:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas, compañeros diputados:
Vengo a esta tribuna porque me causa a veces indignación, el que pretendamos justificar lo injustificable.
Efectivamente, a partir del 1o. de enero, se fueron a Chiapas, mesas de negociación del Pronasol; se fueron tres delegados enviados por el Ejecutivo para el dialogo, entre ellos, el actual senador Eduardo Robledo Rincón, al que en Chiapas no le tienen confianza; fue enviado de paz y reconciliación; estuvo la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Chiapas, y antes del 1o. de enero ¿no se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo en Chiapas? ¿Cuando el gobierno de Chiapas aplicó las resoluciones o las recomendaciones que le hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos de violaciones a derechos humanos en Chiapas? ¿Por qué pretendemos tener que justificar medidas que el conflicto de Chiapas aportamos todos?.
Cuando el Ejecutivo decreta o propone el cese al fuego unilateral, ¿no fue propuesta de varias organizaciones? Esta misma Ley de Amnistía ¿no fue reclamo de las organizaciones? Que bueno que el Ejecutivo las escuchó. Eso es saludable y por eso estamos aquí.
Pero no pretendamos con las medidas que se tomaron y que se están tomando, producto del conflicto, pensar que las cosas están hechas.
¿Porqué no hablamos después de la amnistía si queremos resolver los problemas de "chapas", ¡Chiapas! perdón?, porque lamentablemente los mestizos ni siquiera a veces tenemos capacidad de entender a los indios. ¿Por qué si queremos abordar el problema, no pensamos, y me estoy atreviendo demasiado, en desaparición de poderes en Chiapas? o ¿por qué no se garantiza en esta próxima elección que haya elecciones libres, directas, democráticas, donde los indios puedan tener presencia, si el conflicto se puede ir resolviendo? ¿Por qué no hablamos de una reforma cabal en Chiapas y a la mejor en el país, de impartición de justicia?.
Porque en Chiapas los indios pueden aguantar hambre, como se ha aguantado por los cuarenta millones de mexicanos pobres; pero reclamar justicia y que nadie haga caso, atenta contra la dignidad. ¿Por qué no planteamos eso? ¿Por qué no hablamos de que se cumplan las recomendaciones sobre las violaciones a los derechos humanos? ¿Por qué no hablamos de cárcel para las guardias blancas de los finqueros en Chiapas? ¿Por qué no hablamos de eso? ¿Por qué no hablamos de los problemas que laceran a los indios con su nombre, como son?
Hablamos de amnistía para los "zapatistas". ¿Y las guardias blancas con los amnistiados? Recoge la amnistía, se acogen y cuantos días van a durar vivos si no garantizamos que esas guardias blancas estén en la cárcel y sean desarmadas.
La amnistía tiene que ir acompañada, efectivamente, de una gran reforma social como aquí se ha expuesto y en lo que muchos hemos coincidido. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, diputada Luisa Alvarez.
Tiene la palabra el diputado Emilio Becerra González, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Emilio Becerra González:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
En esta discusión y en esta Ley de Amnistía se ha hablado de la pobreza, se ha hablado de las causas, se ha hablado del Ejercito, se ha hablado de la trayectoria del Ejercito. En fin, se han tratado muchos temas, pero necesitamos ordenar el debate para que se pueda entender esta amnistía, qué es lo que significa, a qué se refiere y cuál es su causa formal que le dio origen.
Por la prensa nos hemos enterado que un movimiento que se dice de grupos armados, ahora, y que antes era de bandas y de transgresores, y que fue de algunos cuantos alzados etcétera, el día 1o. del año tomaron varias cabeceras municipales del Estado de Chiapas.
La dirección política de ese grupo armado denominada la Comandancia General del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, hace un manifiesto a la manera de todos los grandes movimientos revolucionarios de nuestro país, y ese manifiesto, que muchos hemos conocido simplemente de oídas, tiene algunas partes que yo considero esenciales para poder entender el entorno, del origen, el desarrollo y la posible solución de este problema.
Y se inicia con lo que ellos denominan La Declaración de la Selva Lacandona. Y esa Declaración de la Selva Lacandona en la parte correspondiente dice así:
"Somos producto de 500 años de lucha...". Y señala a continuación los diversos agravios que les han causado los gobiernos en esos 500 años y continúa diciendo: "...sin importarles que estemos muriendo de hambre y enfermedades curables, sin importarles que no tengamos nada, absolutamente nada: ni un techo digno, ni tierra, ni trabajo, ni salud, ni alimentación, ni educación. Sin tener derecho a elegir libre y democráticamente a nuestras autoridades, sin independencia de los extranjeros, sin paz ni justicia para nosotros y nuestros hijos".
"Pero nosotros, continúa la declaración de la Selva Lacandona, hoy decimos ¡basta! ¡Somos los herederos de los verdaderos forjadores de nuestra nacionalidad! ¡Los desposeídos somos millones y llamamos a todos nuestros hermanos a que se sumen a este llamado, como el único camino para no morir de hambre, a mí esto me conmueve, como el único camino para no morir de hambre ante la ambición insaciable de una dictadura de más de 70 años, encabezada por una camarilla de traidores...", etcétera.
Y más adelante continúa: "Para qué no nos pase lo de las masacres de 1958, el 1968 y otras más, y cito textualmente, para evitarlo y como nuestra última esperanza, después de haber intentado todo por poner en práctica la legalidad basada en nuestra Constitución...", etcétera. Y entonces señalan que se ven en la necesidad de hacer una declaración de guerra.
En esta declaración de la Selva Lacandona hay coincidencias del propio Gobierno, de los distintos comisionados de todos los partidos políticos, que las motivaciones y los agravios que dan origen a la inconformidad, son actuales, son ciertos, son inobjetables y que en lo único que no se coincide es en el procedimiento; pero también nosotros debemos tener en cuenta que ellos dicen, hemos recorrido todo para poner en práctica la legalidad basada en nuestra Constitución y eso debe hacernos reflexionar sobre la gran serie de cambios legales que aquí hemos hecho y la mayoría de los cuales mi partido ha impugnado con justificación.
Ante este movimiento, evidentemente tiene que haber una respuesta del poder constituido, pero esa respuesta tiene que ser una respuesta basada en la Constitución, porque si el poder constituido se sale de la legalidad para combatir la ilegalidad, evidentemente se está poniendo en un plano que nadie puede aceptar. Por lo tanto es conveniente analizar alguno de los artículos que rigen la determinación y las decisiones de ese poder constituido y que es fundamentalmente ver si a la luz del derecho el Ejecutivo puede y pudo válida y legalmente haber hecho uso del Ejército.
En primer lugar, tenemos que considerar el artículo 119 de la Constitución de la República antes 122 que dice así: "los poderes de la Unión tienen el deber de proteger a los Estados contra toda invasión o violencia exterior. Aquí está claro que este supuesto no procede porque no es ni invasión ni violencia exterior. En caso de sublevación o trastorno interior, les prestarán igual protección siempre que sean excitados por la legislatura del Estado o por su Ejecutivo, si aquella no estuviera reunida y aquí empieza la cadena en mi opinión de ilegalidades y de un manejo político inadecuado del Ejército por parte del Presidente de la República. En primer lugar, la legislatura de Chiapas en este mes de enero estaba debidamente constituida y sesionando y la legislatura de Chiapas no solicitó ni al titular del Ejecutivo y a nosotros el auxilio para que les prestáramos protección en caso de sublevación o trastorno interior.
En los distintos comunicados del Ejército nacional, se ha dicho que la razón para intervenir es porque el Gobierno del Estado pidió la intervención del Ejército y evidentemente el Gobierno del Estado no esta facultado para pedir la intervención del Ejército ya que el artículo 122 no se lo permite, y además la estructura del Ejército es estar al mando del Presidente de la República y no a los caprichos o a las solicitudes de gobernadores. Además de que el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en sus 20 apartados no autoriza una sola posibilidad de que el Ejército acuda en auxilio de gobernadores; necesariamente tiene que ser siempre el caso previsto por el artículo 89, fracción VI de la Constitución que señala entre las facultades del Presidente de la República: "disponer de la totalidad de la fuerza armada permanente, o se a del Ejército terrestre, de la Marina y de la Fuerza Aérea, para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación".
Artículo que está en relación con el artículo 129 que dice: "en tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer mas funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar". Todos recordamos que desde el principio y ni aún actualmente, se reconoce por el Gobierno Federal, esto es por el Ejecutivo, que se ha roto
la paz, porque ello implicaría hacer un reconocimiento al Ejército o al grupo que ha roto la paz y para ello hay que hacer una declaración expresa y se requiere también la orden expresa del Presidente de la República, fundada, motivada y por escrito para molestar con el Ejército a los particulares, independientemente de que puedan estar colocados en la ilegalidad y hacerlos entrar a la legalidad por la fuerza.
Todo este articulado no ha sido aplicado y al respecto hay una opinión muy valiosa que me voy a permitir leer, está en una obra que se llama, "El Presidencialismo Mexicano", página 127, que dice así: "cuestión difícil es precisar cuando puede el Presidente hacer uso de la fuerza pública para preservar la seguridad interior. Una contestación general podría ser la siguiente: existe una paz mínima para el desarrollo de la vida cotidiana, si ella peligra, el Presidente puede hacer uso de esta facultad. La regla anterior es de aristas no bien definidas, pero hay que aclarar que en el ejercicio de la facultad a que nos referimos, no se deben violar los derechos humanos; si la situación llegase a configurar una emergencia, el Presidente tiene que solicitar al Congreso la suspensión de las garantías individuales, es decir etcétera.
Y, en la página 128 de esta misma obra, "El Presidencialismo Mexicano", dice: "en el uso de la facultad de preservar la seguridad interior, hay que tener presente que se ha dividido la República en comandancias militares, basta un simple telefonema del Presidente para que casi de inmediato el Ejército intervenga en cualquier parte del país. Esta facultad debe ser usada como fuerza del derecho y para preservar la vigencia de la Constitución y no como un medio persecutorio y represivo, repito, y no como un medio persecutorio y represivo...". El autor de esta obra es el señor Jorge Carpizo, actual Secretario de Gobernación; habría que preguntar si todavía sigue pensando igual.
Por eso es que nosotros pedimos que en el entorno y en el análisis de esta Ley habría que analizar las opiniones de distintos secretarios de Estado, porque además el actual Secretario de Gobernación tiene algunas opiniones que desafortunadamente por el tiempo no voy a poder leer totalmente, pero en el Capítulo XVI habla de las facultades metaconstitucionales del Presidente, y entre otras dice: "jefatura real del PRI , designación de su sucesor, designación de los gobernadores, remoción de los gobernadores".
A mí me preocupa que el actual Secretario de Gobernación piense de esa manera, y más siendo el titular del IFE; y dice así, en la página 197 de su libro: "el hecho de que se conoce sin ninguna duda que el candidato del PRI será el Presidente de la República, dicho por el actual Secretario de Gobernación, ésta es la decimoprimera edición del año pasado, cuando el actual Secretario de Gobernación todavía era Procurador de la República, y además es bastante magnánimo con el Congreso de la Unión y con la Cámara de Diputados...
El Presidente:
Señor diputado Becerra, me permito informarle que han concluido los 15 minutos previstos.
El diputado Emilio Becerra González:
Señor Presidente, me permito informarle que esos 15 minutos desafortunadamente no voy a poder aceptarlos porque voy a hacer uso del derecho reglamentario que tengo de 30 minutos.
Y dice el actual Secretario de Gobernación, refiriéndose al Congreso: las razones por las cuales el Presidente ha logrado subordinar al Poder Legislativo y a sus miembros, son principalmente las siguientes: la gran mayoría de los legisladores pertenecen al PRI, del cual el Presidente es el jefe. Si se rebelan lo mas probable es que estén terminando con su carrera política, ya que el Presidente es el gran dispensador de los principales cargos y puestos en la administración pública, en el sector paraestatal, en los de elección popular y aún en el Poder Judicial.
Además del sueldo, existen otras prestaciones económicas que dependen del líder del control político, y la aceptación de que, etcétera.
Como ustedes ven, el actual Secretario de Gobernación tiene un alto concepto del Congreso de la Unión, quizá por eso no ha sido posible que obtengamos su comparecencia.
Y también dice en otra parte, en la página 226: en México el Congreso ha claudicado de su poder de la bolsa y ha entregado la política fiscal, de empréstitos, de deuda pública y de gasto, en manos del Presidente, etcétera. Sería muy bueno que todos conociéramos ese libro.
En esas condiciones y con la opinión del doctor en derecho y actual Secretario de Gobernación,
es evidente que el Ejército, con toda su honestidad, institucionalidad, trayectoria, etcétera, ha sido utilizado políticamente, para fines políticos partidistas y fuera de la legalidad por el Presidente de la República, que es el jefe nato del Ejército.
Es evidente y es indiscutible que todos somos partidarios de la paz y de la amnistía, cuando menos yo en lo personal lo soy y de ninguna manera podría oponerme a la amnistía, y con todo y que teóricamente hay opiniones muy respetables, doctrinarias, que no aceptan la amnistía. Me voy a referir muy brevemente a algunos. Dicen autores como César Becaria: "qué debemos pensar cuando el príncipe concede perdón, esto es la seguridad pública a un particular, etcétera, sean pues inexorables las leyes e inexorables sus ejecutores en los casos particulares; hágase buenas leyes y no se cree una varita mágica que tenga el poder de anularlas. Si la pena es necesaria no debe condonarse; si es innecesaria no debe imponerse.
En los jubileos del delito los delincuentes entran en las ciudades como lobos en rebaño después de largo ayuno. La condonación es un verdadero abuso, etcétera.
El Presidente:
Permita usted, señor orador, por favor...
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (desde su curul):
No pretendo hacer una interpelación al orador señor Presidente, sino una solicitud a usted.
El Reglamento sí establece que el tiempo máximo para que haga uso de la palabra un orador que se inscriba para un debate es de 30 minutos en tiempo máximo; no dice que no pueda reglamentarse un tiempo menor a esos 30 minutos.
El artículo 39, de la Ley Orgánica del Congreso, que es posterior al Reglamento, y que tiene una jerarquía superior, dice que la función de los grupos parlamentarios coadyuvan al mejor desarrollo del proceso legislativo y facilitan la participación de los diputados en las tareas camarales. Dice que contribuyen, orientan y estimulan la formación de criterios comunes en las discusiones y deliberaciones en que participan sus integrantes. Luego entonces legalmente valen los acuerdos de los grupos parlamentarios.
Le quisiera pedir un favor a usted que le preguntara al orador, si después de esto o por encima de esto está dispuesto algún día, alguna vez, a respetar los acuerdos de su coordinador y de los demás coordinadores de grupos parlamentarios de esta Cámara.
El Presidente:
Esta Presidencia señor diputado, está impedida para transmitir su cuestionamiento al orador. Sin embargo, atendiendo a la supuesta buena fe de que tengo obligación de reconocerle y confiando que él atendrá al espíritu del artículo 39 de la Ley, hemos acordado permitirle continuar utilizando su derecho reglamentario, esperando que acorte su intervención en lo posible. Continúe el orador.
El diputado Emilio Becerra González:
Gracias, señor Presidente:
Efectivamente, en materia de amnistía hay opiniones a favor y hay opiniones en contra. En el caso concreto las hay a favor y las hay en contra. Yo me declaro en favor de la amnistía, pero de una amnistía verdadera, de una amnistía que busque construir la paz y dar fía al conflicto y las causas que originaron el conflicto, y si nosotros analizamos los documentos del Ejecutivo, veremos que la iniciativa de amnistía es una trampa y es un ultimatum disfrazado de amnistía.
El documento del señor Presidente dirigido a la Comisión Permanente para solicitar un período extraordinario, en su párrafo 3o. dice así: "El Ejecutivo a mi cargo a través de esta iniciativa, reitera su decisión de buscar la paz y la tranquilidad social, y quienes hayan entrado en confrontación con las instituciones constitucionales del Estado mexicano, no tienen ya pretexto alguno para no reintegrarse pacíficamente a sus comunidades e incorporarse a las de superar solidariamente necesidades y rezados", es decir, aquí está muy claro, el Presidente dice: "Una vez que yo envío esta Ley, ya no tiene ningún pretexto para seguir reclamando mejorías, tierras, salarios, etcétera. Entonces no hay ninguna buena fe.
Aquí se les está diciendo: Ya con esta Ley se acabaron los pretextos, olvidándose de los pretextos que me permití leer al principio de mi intervención que se contienen en la declaración de la Selva Lacandona, y después, en la propia iniciativa del Ejecutivo, ya en sus términos, cuando
concede 30 días, etcétera, lo único que se busca es que se mantenga el Ejército en las posiciones que tiene tomadas y una vez que transcurran los 30 días, argumentar que en vista de que no se acogieron a los beneficios, masacrarlos, y eso acaba de quedar confirmado por el documento de hace un momento del candidato número dos del PRI a la Presidencia de la República, el licenciado Camacho Solís, cuando se dice que las tropas quedarán como guarnición de la plaza, de preferencia fuera de las ciudades, que es una orden del Presidente, desentendiéndose del artículo 129, que dice solamente habrá comandancias militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión, o de los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, repito, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas..." Entonces no puede ser de preferencia; constitucionalmente tiene que ser "fuera de las ciudades", a menos que exista una suspensión de garantías individuales que todavía no se ha declarado.
Es indiscutible, pues, que hay ilegalidad tras ilegalidad y mala fe, y por eso es que estando a favor de la Ley de Amnistía, no aceptamos ni estamos a favor de los motivos expuestos, primeramente por el Ejecutivo, y posteriormente por la Comisión Dictaminadora, porque ¿cómo es posible que nosotros creamos que el estado, en donde el PRI sacó la votación porcentual mayor en el fraude patriótico de 1988, que fue Chiapas, ahora se levante toda esa gente en contra del Gobierno? Ahí el PRI en todos los distritos sacó el 110%. No puede ser en ese Estado, con tantas carencias, con tanta marginación, con tanto retraso, nos encontremos en este tipo de situaciones.
Pero finalmente Chiapas, que le dio el 110% al PRI, ahora está en la posibilidad de dos candidatos del PRI: el candidato interino, es decir, Colosio, y el futuro candidato, verdadero, que es Camacho.
En este Gobierno ha existido la costumbre permanente de los interinatos y después solucionar o tratar de solucionar definitivamente las situaciones.
Cuando decimos que esta Ley de Amnistía es muy complicada porque trata de regular lo que todas las leyes regulan al final de los conflictos, se nos dice que es una Ley interina, que ya después vendrán otras leyes, de aquí a un año, seis meses, dos años, etcétera.
Entonces nosotros tenemos que suponer que Colosio es el candidato interino, y que después Camacho será el definitivo, porque aquí tengo yo el periódico El Universal, del martes 18, que dice: "...amuletos. Una despensa y un estropajo, regalos para Colosio en Coatzacoalcos". Y luego relata que fue a ver a varios amuletos, que fue a ver a los brujos de San Andrés Tuxtla y a Catemaco, y que ya tienen a Camacho Solís amarrado y vendado en efigie ahí, por instrucciones de Colosio.
Es definitivo que el conflicto de Chiapas ha dividido al PRI, y que esta situación tiene que tener una propuesta sería, final y definitiva. Y ante estos interinatos yo me permito hacer una propuesta de cómo solucionar esta situación. Es evidente que con amnistías no se va a solucionar, hay que recurrir a los instrumentos legales.
Existe la posibilidad, y están dadas las condiciones para que haya desaparición de poderes en Chiapas. Y que el nuevo Gobierno de Chiapas, y yo sugiero que sea por tres años, un interinato o una provisionalidad de tres años, esté integrado por todas las fuerzas incluyendo a los zapatistas, para dar la oportunidad de que el Gobierno de la República, de que las reformas presupuestales y otras reformas legales que nosotros hagamos, creen las condiciones que eviten las causas que originaron el levantamiento, y que en esos tres años, pasados esos tres años, se convoque a una elección para que definitivamente la situación de Chiapas quede reglamentada. Ahí sí es un caso en donde procede un interinato y un grupo plural de Gobierno.
Esa es la solución que yo sugiero y no leyes de amnistía, que son ultimatums disfrazados. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, señor diputado Becerra.
Tiene la palabra para rectificar hechos el diputado Agustín Basave Benítez.
El diputado Agustín Basave Benítez:
Muy brevemente y con su permiso, señor Presidente, y en relación a una de las muchas ligerezas expresadas aquí, en esta tribuna, por el diputado Becerra, en relación a una serie de fantasías que vino a suscribir y que me parecen dignas,
quizá de un guión de una película de Spielberg, pero no de una discusión seria en esta alta tribuna de la nación.
No creo que aporte, ciertamente, nada a lo que aquí estamos debatiendo; si acaso algún mal sarcasmo y siempre he creído que no hay nada más grotesco que una ironía fallida.
Pero sí quiero decir que, atendiendo a esas malas lenguas, a las que tanto crédito otorga el diputado Becerra, podríamos también hablar, en relación a esto que él menciona del candidato de mi partido a la Presidencia de la República, podemos también hablar de una pugna, que también quizá estas mismas lenguas mencionan, una guerrilla, por decirlo así, entre el Presidente y el candidato de su partido; una guerra, además, entre varias fracciones de las muchas que hay al interior de su partido, que por cierto ya ha provocado varias bajas, entre ellas algunas de las mentes más lúcidas que militaban en el PRD, que renunciaron por alguna razón.
Pero no creo que venga al caso continuar en este tenor, y seguir hablando de especulaciones que no tienen fundamento, que no tienen sustento en la realidad, sino en todo caso poner los puntos sobre las ''íes'' y volver al tema que hoy nos ocupa, que es el dictamen a la iniciativa de Ley de Amnistía.
No vamos, pues, a caer en provocaciones, vamos a retomar la seriedad del debate y dejar de lado la ''chabacanería''.
Tenemos un problema, hay un problema muy claro en Chiapas y necesitamos una solución.
Y simplemente ante esta situación, ante este problema grave que enfrentamos, yo quiero terminar con una exhortación; hay personas que ante cada problema buscan una solución, y hay otras personas, como al parecer la que me precedió en el uso de la palabra, que ante cada solución buscan un problema.
Yo quisiera exhortar a esta Asamblea, a que busquemos con seriedad, con responsabilidad la mejor solución para el problema que hoy enfrentamos. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, diputado Basave.
Tiene la palabra para rectificar hechos, el señor diputado Florencio Salazar Adame.
El diputado Florencio Salazar Adame:
Con su permiso, señor Presidente:
Ciertamente, el asunto que estamos tratando, compañeros diputados, es delicado y requiere de toda la buena fe y la concordia de esta Asamblea. Pero no podemos pasar por alto que una y otra y otra vez, cada vez que se les ocurre a los señores diputados del PRD, vengan a decirnos que tenemos dos candidatos. Para los priístas esto es fundamental y vamos a aclararlo, no porque merezca una aclaración sino porque nos ha querido entrampar los perredistas con esta idea a partir de un discurso pronunciado por el senador Muñoz Ledo.
Yo creo que como estrategia del PRD, allá ellos, si creen que les pueda o no les pueda funcionar, que creen que van a sembrar la confusión entre el priísmo. El priísmo está unido, está sólidamente unido y tiene un sólo candidato y se llama Luis Donaldo Colosio.
No caeremos pues, en esos garlitos infantiles de quienes no se tienen respeto a si mismo, de quienes no tienen capacidad de organización nacional como partido, para venir a buscar la debilidad supuesta de un priísmo actuante, que tiene programas, que tiene propuestas y que tiene candidato a la Presidencia de la República y que con el voto mayoritario de los mexicanos se va a sentar en la silla presidencial.
El Presidente:
Gracias, señor diputado Salazar.
Tiene la palabra para rectificar hechos, el señor diputado Camilo Valenzuela.
El diputado José Camilo Valenzuela:
Compañeras y compañeros diputados:
A quienes nos preocupa la suerte del país deberíamos de analizar la sublevación de Chiapas, no pensando que es una excepción, sino pensando que es una primera llamada de atención, que hemos insistido se han venido profundizando en el país hasta ponernos al borde de la desestabilización.
Hemos hecho durante esta legislatura y en anteriores diversas advertencias no escuchadas. Hace
un año nueve meses venimos a plantear aquí la necesidad de nombrar una Comisión para que fuera a recabar información sobre la grave situación económica, social y política que había en Chiapas y estaba originando el desarrollo de un movimiento armado que de no atenderse, no con un intento de campaña contra insurgente, sino con reformas que atendiera las ingentes necesidades de la población chiapaneca, iba a derivar en hechos costosos para los chiapanecos y además de amplias y graves implicaciones para el período tan difícil por el que está atravesando nuestro país.
Estas advertencias no se escucharon, se desecharon con prepotencia y soberbia y en 1994 el ritmo del país tomó una nueva intensidad que hoy no puede ser subestinada. Chiapas es la primera llamada y debemos de atenderla a fondo.
Por eso es de preocuparnos que a una apertura inicial a la que obligó al Gobierno la actividad de la sociedad mexicana y la reacción de sectores de diversos países a nivel internacional, se empiece a manifestar una tendencia nuevamente a coquetear con la salida militar y el endurecimiento.
La amnistía que aquí se viene a proponer es obviamente una declaración, sí, de rendición que se pide al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y es una camisa de fuerza para el propio Gobierno y para quien ha sido comisionado para buscar la reconciliación y la paz en Chiapas que endurece a las fuerzas más retrógradas que viene hoy expresando en el boletín que se acaba de dar a conocer en la permanencia de la militarización de Chiapas con el establecimiento de las tropas, ahí donde se han ido posesionando en los últimos días.
Yo creo, compañeras y compañeros diputados, que esta Cámara no puede volver a repetir el mismo error, de subestimar la gravedad su significado, tratando de acordar una amnistía enviada por el Ejecutivo, que es una camisa de fuerza para la negociación política y que va a agudizar la confrontación en Chiapas, agravando las tendencias que se dan a nivel nacional.
Todos sabemos que estamos caminando hacia una confrontación en agosto de 1994. Por si había alguna duda, la sublevación de Chiapas vino a disiparla, pretender ignorar esta realidad e ignorar los cambios en el sistema electoral que le urgen al país, e ignorar los cambios en la política económica social que ha entrado en bancarrota también en México como entró en Estados Unidos y en otros países en donde han sido derrotados sus personajes más significativos, es pecar de irresponsabilidad ante la suerte de este país.
Yo quiero hacer un llamado, compañeras y compañeros, a que atendamos esta enorme responsabilidad que recae sobre nuestras espaldas, y a que discutamos una amnistía para Chiapas, pero que ayude al acuerdo político que abra paso a las profundas transformaciones estructurales, que la economía, el régimen político, la cultura, toda la sociedad mexicana reclama y no sólo Chiapas.
Creo, compañeras y compañeros que aprobar esta amnistía, va a significar un triunfo pírrico que va a seguir profundizando la crisis política en la que estamos inmersos y que va a seguir alimentando la confrontación hacia la que todos sabemos estamos caminando.
Detener esa marcha hacia la confrontación, es deber primordial de esta Cámara de Diputados si quiere ser congruente con la responsabilidad que nos ha tocado vivir. Gracias.
El Presidente.
Gracias, señor diputado Valenzuela. En el orden de oradores, tiene la palabra, el señor diputado Fauzi Hamdan Amad, del Partido Acción Nacional.
El diputado Fauzi Hamdan Amad:
Con el permiso de la Presidencia; honorable Asamblea:
Aun cuando el conflicto de Chiapas tiene su origen en fechas mucho más remotas, quizá pudiéramos fijar como su antecedente inmediato el Primer Congreso Indígena denominado, ''Fray Bartolomé de las Casas'', celebrado en San Cristóbal en octubre de 1974, hace 20 años.
Y en ese Congreso, los indígenas hablaron, cito textualmente:
''Es tiempo de que empecemos a pensar y a ver si de veras tenemos la libertad que dejó Fray Bartolomé de las Casas, porque todos nosotros, los indígenas tzotziles, tzeltales, choles, tojolabales, vivimos en las sierras, mientras todos los ladinos viven en la ciudad y tienen buenos ranchos y fincas.
Pero si nosotros exigimos derecho o queremos pedir nuestra tierra no podemos. Es que ya nos quitaron nuestra antigua organización, por eso es que ahora nos imponen hasta nuestras autoridades y hasta las federales, como en Altamirano, donde fueron quemadas nuestras casas por los soldados sólo por pedir tierras.
¿Quién nos va a defender? Nosotros mismos nos vamos a defender por la organización de todos, porque la unión hace la fuerza''. Concluye el texto.
Estas palabras son lo suficientemente elocuentes por sí mismas y no requieren ningún comentario más. El Estado de Chiapas, pese a su extrema abundancia de recursos agrícolas, ganaderos, petroleros y su capacidad para generar energía eléctrica, se ha caracterizado por la extrema pobreza de sus habitantes, principalmente la población indígena.
Muchas son las causas del indigno atraso socioeconómico que vive el Estado, como en muchas otras partes del país. Por las circunstancias por las que actualmente atraviesa nuestra nación y el peligro inminente de su organización institucional, más que reprochar enérgicamente la conducta de los que detentan el poder, es momento de que todos afrontemos el problema y le demos la solución más viable y adecuada, procurando restablecer la paz y el orden social quebrantados, y evitar más derramamiento de sangre, que suelen ser las inocentes víctimas siempre en una conflagración de esta naturaleza.
Es indiscutible que la solución del conflicto tendrá que buscar sus causas y raíces y adoptar una actitud de Gobierno seria y honesta, para resolverlos sin dilación alguna.
Es lamentable que los cauces legales para reclamar sus derechos, hayan sido insuficientes y tengan que recurrir en última instancia a la fuerza de las armas, para hacer oír.
Chiapas, es sólo el ejemplo de lo que pudiera suceder en otros estados. Ojalá que estos hechos lamentables concienticen a toda la sociedad, particularmente al Gobierno, de la responsabilidad que todos tenemos en alcanzar los valores supremos de justicia auténticamente social.
Que no puede en la retórica y en palabras vanas, huecas y en demagogía, sino que se traduzca en una real y efectiva acción de los postulados que enarbola nuestra Ley suprema.
El dictamen de la Ley de amnistía que hoy discutimos, es más una figura política para solucionar problemas de esta índole, que la justicia pura que proclama que quien delinque, debe ser castigado. Orillados y acorralados por las circunstancias, la amnistía constituye un instrumento para apaciguar ánimos y buscar la concordia. Esta amnistía, a diferencia de las muchas que ha habido en el pasado, sobre todo en el Siglo XIX, resulta inédita. Normalmente dicha Institución se utiliza por el grupo gobernante, después de haber concluido un conflicto y haber salido airoso dicho poder. Es un medio político que permite consolidarse en el poder y granjearse a la clase gobernada.
Sin embargo, esta amnistía y por eso es inédita, se da en un contexto muy distinto: dentro y en plena efervescencia del conflicto, como un medio o instrumento, amen de otros, para restablecer el orden y la seguridad públicas y evitar más derramamiento de sangre.
Tampoco es el momento, porque sería inmoral, aprovecharse de esta circunstancia, para que grupos políticos ganen posiciones o se reafirmen en el poder. Repito, constituye una altísima y elevadísima responsabilidad de todos, gobernantes y gobernados, buscar el camino más idóneo y eficaz para la concesión de una auténtica paz social.
El dictamen ha recogido las diversas proposiciones del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, que permita, con flexibilidad que en el propio dictamen se señala, el cese de hostilidades y solución de los graves problemas que aquejan a la zona, mediante un diálogo abierto y sincero.
Es importante señalar, que la amnistía no puede ser considerada como un favor hecho a los beneficiados por la misma, sino más bien, a la sociedad en general para evitar mayores daños en sus personas y bienes, y a través de ella finalmente, se garantiza y asegura la vida y el patrimonio de las personas involucradas, así como el funcionamiento normal del país.
Lo importante de la amnistía como instrumento político, es poner fin a una serie indeterminada de actos delictuosos, cometidos por un número indefinido de personas, con el propósito de no acentuar la gravedad de las violaciones ni servir a otros individuos a delinquir.
Por ello su reglamentación debe ser adecuada y eficaz para que opere, utilizando fórmulas que circunscriban el beneficio a una fecha anterior, naturalmente, al momento en que el Congreso se aboque al conocimiento, discusión y en su
caso, aprobación de la Ley; señalar los delitos que son materia de la amnistía, el hecho o hechos en los que se circunscriba el beneficio general y abstracto, y que a través de ella se logre el apaciguamiento del total de hostilidades.
Más aún, constituyendo esta institución un olvido de los hechos delictuosos, como si estos nunca se hubiesen perpetrado, la Ley debe instrumentar mecanismos que permitan la destrucción de toda evidencia o registros oficiales, tanto a nivel administrativo como judicial, de los que se hubieren beneficiado con la amnistía, no pudiendo calificar la reincidencia por tales hechos, si algunos de los beneficiados llegare a cometer algún delito de los previstos en la Ley.
Es, sin lugar a dudas, desafortunadamente, un mal necesario que ante la disyuntiva de los valores y bienes que están en juego, debe sacrificarse el de menor jerarquía para preservar a aquel que tenga mayor importancia y valor. En el caso concreto prevalece el valor del bien de la sociedad y de las instituciones.
Dichos elementos y características están recogidos en el dictamen y en sus cinco artículos se determinan los delitos, los hechos, las consecuencias y efectos, y las condiciones necesarias para acogerse al beneficio de la amnistía.
Reconoscámoslo; estamos en una situación de emergencia, y todos, sin excepción, tenemos la obligación moral, política y jurídica, de salvar a nuestro país. Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el señor diputado Gilberto Rincón Gallardo.
El diputado Gilberto Rincón Gallardo y Meltis (desde su curul):
Señor Presidente; declino en mi turno de intervenir.
El Presidente:
Bueno. En consecuencia tiene la palabra la diputada Laura Alicia Garza Galindo.
La diputada Laura Alicia Garza Galindo:
Con su permiso, señor Presidente; honorable Asamblea:
El lamentable asunto de Chiapas, sin duda alguna alienta a que en este debate tiendan a pobrizarse los puntos de vista. Esto, sin embargo, lo deseable, es que no deba de llevarnos a los rompimientos, sino por el contrario.
Creo que cada uno de nosotros debemos, y ése es nuestro propósito, abandonar posturas de que el único punto fundamental e irreductible es el mío, para encontrar consensos que nos unan y permitir que las soluciones se sumen.
El sistema de partidos, por el que desde hace muchos años se pronunció la sociedad mexicana, nos obliga a todos, a quienes aquí concurrimos como representantes sociales, a encontrar salidas lógicas que busquen preservar la paz que prevalece en la gran inmensa mayoría del país y no ampliar el problema existente en el área central de ese queridísimo, para todos, Estado de Chiapas.
De los diversos análisis formulados por los ya posiblemente cientos de individuos y de grupos, se desprenden dos grandes coincidencias:
En Chiapas hay problemas; existe malestar político, económico y social, de debe definitivamente resolverse.
La solución jamás podrá alcanzarse por la vía de las armas, por la vía de la violencia.
Los mexicanos, su absoluta mayoría, por supuesto con las excepciones vivientes que hoy la ejercen como supuesta vía de solución, rechazamos la violencia; esta ni beneficia, ni resuelve, ni hace mejor a nadie.
El problema real, que hoy existe en una región perfectamente localizada en el centro de Chiapas no puede ser extrapolado al resto de la realidad mexicana, a la gran e inmensa mayoría del territorio nacional, a sus circunstancias económicas y sociales en donde sin duda existe, también, una inmensa mayoría de matices que no pueden ni deben los más atrasados resolverse por la vía de las armas.
La gran colectividad nacional está sin duda pendiente de lo que sucede en la multicitada región chiapaneca, pero el levantamiento armado, organizado por los rebeldes como vía de solución, parece sin embargo ajena, extraña, lejana. Los mexicanos, los más, no podemos de ninguna manera identificarnos ni con las formas ni con los fines planteados, aun cuando éstos sean presentados como supuesta alternativa por otros mexicanos; por fortuna los menos.
Ese claro divorcio entre lo que quieren las mayorías, que no es lo que proponen las minorías rebeldes, torna imposible que el levantamiento armado pueda reconocerse como un esquema revolucionario y transformador al que puede seguir la gran colectividad nacional, las mayorías nacionales.
¡Eso no es posible, no existe en la conciencia de los mexicanos como alternativa!
Considero que aquí se ha pretendido, una vez más aprovechando esta coyuntura, que más debe unirnos que separarnos, satanizar por algunos la política económica y social del régimen, culpándola en exclusiva como causante del alzamiento rebelde en Chiapas.
¡Yo no estoy de acuerdo! ¡No estoy de acuerdo, porque aquí no se han establecido muchas de las causas estructurales que colocan el Estado de Chiapas en una posición terriblemente desventajosa con la mayoría de las regiones del país
¡No es admisible la premisa de que el Gobierno mexicano no ha apoyado en absoluto al Estado de Chiapas, como tampoco lo sería no reconocer que queda mucho por hacer en efecto!
Ahora se reconoce información de Chiapas, ¡información que antes a muchos no había interesado! Por ejemplo, Chiapas en términos poblacionales ofrece uno de los indicadores explosivos más impresionantes del mundo: el 4.5% de tasa de crecimiento poblacional promedio anual entre 1980 y 1990, cuando la tasa nacional es de 1.9%.
A esa tasa la población chiapaneca se duplica en 16 años teóricamente. Pero vayamos a los datos demográficos concretos. Entre los cincuenta y los setenta la población casi se duplica, pasa de 907 mil habitantes a 1 millón 570 mil. para saltar en 1980 a 2 millones 84 mil personas y ascender en 1990 a la increíble progresión de 3 millones 210 mil ciudadanos.
La pirámide demográfica chiapaneca es extremadamente joven. El 44.2% de la población es menor de 15 años y la edad promedio en la entidad es de 17 años.
La geografía chiapaneca está ocupada en su gran mayoría por zonas montañosas y selváticas y son pocos los valles fértiles.
La distribución de la población solo puede calificarse de alta dispersión. Cuenta con más de 17 mil 600 comunidades, de las cuales el 75%, es decir, más de 13 mil comunidades son menores de 100 habitantes. la mayoría de ellas, pertenecientes a las comunidades indígenas, se ubican precisamente en las zonas altas en conflicto. Sólo existen en las zonas de las cañadas y después la selva y por supuesto, por la propia orografía, esas comunidades totalmente incomunicadas.
A eso obedece que el 34% de las viviendas en Chiapas no cuenten con energía eléctrica; Comisión Federal de Electricidad ha desarrollado una serie de tecnologías de punta, celdas solares de energía sólida pero que tienen el problema de su alto costo; sin embargo se vislumbra una solución, la microelectricidad a partir de los escurrimientos naturales, por eso aquí aprobamos las modificaciones a la Ley de Servicio Público.
Cabe también precisar para beneficio de la Asamblea, que las hidroeléctricas abastecen el 25% de la demanda nacional de electricidad, las cuatro presas chiapanecas aportan el 12.5% de la demanda nacional. Los suelos en su mayoría no aptos para la producción pedregosa, de profundas laderas, suelos muy delgados, suelos desforestados, agotados pocos valles productivos insisto en donde por supuesto no hay conflicto y entre muchas otras cosas disyuntiva entre conservar la selva que además tiene muchas comunidades viviendo en su interior, acelerar su destrucción o lograr por aproximaciones sucesivas por prueba y error como se hace desde hace varios años, detectar proyectos productivos hoy llamados sustentables, que sean rentables y puedan a la vez coexistir con la selva sin destruirla.
Cabría también señalar que a la fecha en América Latina no hay expertos en el tratamiento de las zonas selváticas de los trópicos húmedos. Se habrá de reconocer entonces en el contexto enunciado, que las demandas sociales, económicas, sanitarias, culturales, de comunicación, etcétera, son extremadamente complejas de cubrir.
Por otro lado, los principales productos de la zona en su mayoría de exportación como el café, la carne, el plátano y el azúcar, se encuentran desde hace algunos años negativamente impactados por los mercados económicos mundiales. Chiapas es, desde hace varios años, la entidad que tiene la mayor prioridad para el país en materia de inversión federal al lado de los estados de Oaxaca, Guerrero e Hidalgo que tienen condiciones similares de rezago profundo.
Voy a mencionar las cifras de inversión pública federal canalizada a este Estado en la presente
administración, señalando que esas cifras no incluyen los recursos propios del Estado ni el gasto corriente federal, ni las participaciones a la Entidad, ni derramas crediticias externas del Banco Mundial por ejemplo derramas crediticias de la iniciativa privada chiapaneca. Citaré las cifras siguientes expresadas en millones de nuevos pesos que son las que corresponden, insisto, a la inversión pública federal canalizada en Chiapas.
En 1988 se canalizaron 508 millones y fue subiendo progresivamente esta cifra a, en 1992, canalizar 1,076 millones de nuevos pesos; en 1993, 1.1 millones de nuevos pesos y en 1994, 2.2. millones de nuevos pesos. Es decir, de 1988 a 1994 Chiapas habrá recibido 7.1 millones de nuevos pesos de inversión pública federal exclusivamente. Sin duda, el mayor monto de recursos que históricamente se han canalizado al Estado; de esos 7.1 billones de viejos pesos de inversión pública federal, 2,225 billones corresponden a proyectos canalizados por el Programa Nacional de solidaridad para el mismo período. Eso implica, contra lo que aquí se ha afirmado, mucho trabajo sin pretende que esto logre acabar con el rezago.
En su conferencia del 3 de enero, el Secretario de Sedesol citó tres datos que a mí me pareció importantes mencionar a la Asamblea; primero que Chiapas ocupa desde hace varios años, el primer lugar en la inversión social del Programa Nacional de Solidaridad; que Chiapas ha recibido en los últimos cinco años, el 8% de la inversión nacional; y, tercero, que las inversiones sociales para esa entidad se han incrementado en el mismo período en más de 1000%.
Todos los datos citados, solo algunas cifras estadísticas en realidad, solo algunos de los apoyos federales, muestran en la imperturbable firmeza de los datos, que no es tan sencillo enderezar críticas y condenas que se antojan fáciles. La política social ha sido prioridad fundamental para el Gobierno, hoy se invierte el 54% del presupuesto en gasto fiscal, son recursos sanos, productos del trabajo de cada mexicano y de la reforma que se ha realizado.
Acaso hubiéramos tenido recursos para invertir en las comunidades sin la renegociación de la deuda, los tendríamos si hubiese seguido la inflación al 200%, que perduraba hace algunos años, con grandes déficits fiscales; de dónde vendrían los recursos si no se hubiese emprendido una reforma de Estado.
Lo que he manifestado, son avances de los mexicanos y es ello lo que hoy nos permite afrontar la diversidad; es el Estado solidario que sé, no agrada a algunos, pero habremos de admitir que frente a la violencia se requiere más solidaridad, que la violencia y neutralización, requiere, de manda y nos exige más solidaridad. Es solidaridad y responsabilidad del Congreso de la nación la creación de la Comisión Plural formada por compañeros diputados que han destinado muchas horas de análisis para formular propuestas viables, este pleno aplaude sin duda el esfuerzo realizado, la seriedad y entrega para buscar, para aportar soluciones al conflicto; nuestro reconocimiento a cada uno de los compañeros legisladores que participan en dicha Comisión.
Es de reconocer la voluntad política del titular del Poder Ejecutivo por recobrar la paz, por el cese al fuego unilateral, por esa Ley de Amnistía que como un peso más del proceso de pacificación debemos aprobar...
El Presidente:
Estimada compañera diputada, le informo que han transcurrido los 15 minutos previstos.
La diputada Laura Alicia Garza Galindo:
Estoy por concluir, señor Presidente.
Que como un paso más del proceso, esta Ley de Amnistía, del proceso de pacificación, debemos aprobar, ojalá y sea por unanimidad. Es de reconocerse este esfuerzo, porque son actos de Gobierno congruentes con el interés superior de la nación, por los esfuerzos adicionales a los que muchos se sumarán en el anunciado Programa de Justicia y Bienestar Social para Chiapas y a la ayer citada creación de la Comisión Nacional de Desarrollo Integral y Justicia para los Pueblos Indígenas en donde se toma la recomendación de la Comisión Plural de legisladores, para que tanto el programa como la Comisión citada, trabajen con la participación de los diferentes grupos sociales, atendiendo las prioridades nacionales y a una mejor distribución de los recursos y de la población del Estado.
Sé que la mayor parte de las voluntades aquí representadas, estarán de acuerdo con lo que deseo finalmente afirmar. No queremos que nuestro país, que nuestra patria, entre en el esquema de guerras intestinas que azuelan la vida y economía de países hermanos. No admitimos el pago de las facturas que conlleven las guerras civiles, por ello avalamos la postura del Ejercito Federal que busca generar las
instancias reales para la pacificación de Chiapas, condicionante inherente a su desarrollo y en consecuencia al desarrollo nacional. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, diputada Laura Garza Galindo.
Tiene la palabra para rectificar hechos el señor diputado Calderón, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar:
Con su permiso, señor Presidente; estimados compañeros legisladores:
Pedí la palabra para rectificar hechos para referirme a la dinámica de concentración del ingreso, de pobreza y miseria que afecta a millones de chiapanecos y que contrariamente a la exposición que acabamos de escuchar, es consecuencia directa de una política económica neoliberal que ha inducido a un masivo despojo de tierras, una reconcentración de la tierra en manos de un pequeño grupo de latifundistas, caciques y terratenientes y ha desmantelado gran parte de la infraestructura productiva del Estado de Chiapas.
Resulta que la población económicamente activa de Chiapas ocupada en la actitud agropecuaria, es el 58% y hace apenas unos años, el sector agropecuario chiapaneco aportaba el 31% del producto interno bruto, actualmente está aportando el 15% del producto interno bruto, lo cual significa que el conjunto de productores agrícolas de ese Estado se encuentra globalmente en condiciones de una reducción drástica de sus niveles de vida.
Pero, por si esto no fuera suficiente, hay el dato de que tenemos que el 19% de la población económicamente activa, percibe ingresos que no están tipificados como regulares, el 39.9% menos de un salario mínimo, el 21.2% recibe de uno a dos salarios mínimos y sólo el 4.1% recibe más de tres salarios mínimos.
No quiero cansarlos, baste señalar que en 1994, de los 111 municipios corresponden a la definición de muy alta y alta marginalidad del Consejo Nacional de Población.
Pero aquí el problema de fondo es el siguiente: Podrá haber una canalización de billones de viejos pesos bajo el marco de Solidaridad, pero si esos fondos son administrados por caciques, por terratenientes y por autoridades corruptas y venales, todo el dinero del mundo no alcanza para resolver las carencias ancestrales de los indígenas chiapanecos, porque no hay transparencia, no hay equidad y no hay una norma de aplicación de los recursos a las comunidades.
Quisiera recordar a ustedes también que hace apenas unos días la Comisión de tres destacados chiapanecos que fue nombrada para escuchar las demandas, recibió en innumerables regiones del Estado con representantes de innumerables regiones del Estado de Chiapas, denuncias de una canalización de fondos públicos que estaba solamente en el papel o únicamente en las estadísticas, pero nunca llegó a los efectivos destinatarios que eran las comunidades indígenas y los pueblos que tenían que haber recibido esos fondos.
Evidentemente mientras no se cambie el conjunto de una política económica orientada hacia un superávit presupuestal que afectaba y afecta severamente las condiciones de vida de los trabajadores y los campesinos, mientras no se modifique una política agraria que concentra la propiedad de la tierra, y si no se modifica esa dinámica de desarrollo rural que empobrece al campesinado, las bases sustanciales para este levantamiento armado no se cambiarán.
Podrán decretarse ciertas modificaciones legales, podrá aprobarse una Ley de Amnistía con todas las limitaciones que aquí ya han cuestionado y criticando otros diputados del PRD, pero si no se actúa contra esas causas profundas de la miseria campesina que está en la reconcentración de la tierra, en el despojo de las comunicaciones agrarias, en la destrucción de la base agraria de los indígenas campesinos, no puede por tanto sostenerse que habrá una solución duradera a los problemas de Chiapas.
Los problemas de Chiapas requieren ser resueltos por una combinación de una esfuerzo efectivo de democratización de las instituciones políticas chiapanecas, elección democrática de las autoridades a todos los niveles, pero simultáneamente atacar las causas de fondo, y eso exige transparencia y equidad en el manejo de fondos públicos, autonomía efectiva a las comunidades indígenas y las comunidades campesinas, un reparto agrario justo que impida los procesos de despojo y de reconcentración de la tierra y una base agropecuaria que permita un crecimiento justo y soberano de estas comunidades.
Evidentemente estas condiciones no están dadas y si no se atacan los problemas de fondo de
las comunidades indígenas, si no hay un aumento del crédito de los proyectos para inversión productiva y una modificación de las tendencias que se están dando, repito, a la concentración de la tierra, los problemas no serán resueltos. Ojalá que exista en todos los niveles del Gobierno Federal, Estatal y los gobiernos municipales de Chiapas, sensibilidad de que con el modelo económico neoliberal, excluyente y concentrador, no podrán existir condiciones para una paz duradera.
Termino diciendo que sólo con un cambio radical de la política económica, con una canalización transparente de fondos públicos bajo el control de las comunidades, podrán crearse las condiciones para una paz justa y una paz duradera basada en la democracia y en la justicia. Muchas Gracias.
El Presidente:
Gracias, señor diputado Jorge Calderón.
Esta Presidencia informa que han solicitado su retiro de la lista de oradores los señores diputados Cuauhtémoc Amezcua Dromundo y Juan Campos Vega. Tiene el uso de la palabra, el señor diputado Salomón Jara Cruz, del Partido de la Revolución Democrática, para fijar posición.
El diputado Salomón Jara Cruz:
Cargamos sobre nuestras espaldas los fardos de una deuda creciente, que no es más que nuestra riqueza convertida en préstamo y el cobro de vuelta con intereses. Como antes, de nuestras vetas sale el oro, de nuestras entrañas el petróleo, de nuestro sudor los capitales, de nuestros sueños las pesadillas de la represión y el hambre.
Con el permiso de la Presidencia; señoras y señores diputados:
Los nuevos cruzados de la civilización neoliberal nos hablaron siempre de democracia, de desarrollo, de modernización y productividad, cuando en nuestro país la democracia se torna irrealizable ante la intolerancia, prepotencia y autoritarismo de un sistema político caduco, polarización cada vez mayor entre ricos y pobres, aumento de desempleo, la desnutrición y el analfabetismo, la pérdida creciente de conquistas sociales y derechos colectivos, la privatización acelerada de empresas estatales y de propiedad social, la crisis de valores y la profundización del racismo y la discriminación.
Hoy esos nuevos pregoneros, en su arrogancia pretenden ocultar las verdaderas causas de la lucha y del alzamiento en armas de miles de indígenas en el sureste de nuestro país, en Chiapas.
Es una realidad evidente ante nuestros ojos y los ojos del mundo entero; el fracaso del neoliberalismo disfrazado en su liberalismo social de Carlos Salinas de Gortari, no tiene soluciones para garantizar un México de paz y de justicia social.
En estos tiempos en que siempre enaltecieron los vientos del neoliberalismo, postmodernismo y exaltación de la individualidad, no se esperaron que desde las más profundas entrañas de la rebeldía indígena se levantaran y lucharan en contra de lo que siempre ha sido su resistencia a la colonización.
Los pueblos indios insisten auténticamente en enfatizar la solidaridad en lo colectivo, la unidad y el control comunitario de su vida social, y que hoy están en condiciones de enorme dificultad porque el Gobierno de Salinas está empeñado, con su visión neoliberal en destruir estos pueblos, creando fuerzas centrífugas al interior de las sociedades indígenas.
Un ejemplo de esta estrategia maquiavélica, es el proceso de transformaciones legales que ha sufrido en los últimos tiempos la Constitución mexicana; las modificaciones realizadas por un lado al artículo cuarto constitucional, proclamando la naturaleza multiétnica de nuestra sociedad y, por otro lado, el conjunto de modificaciones al artículo 27 constitucional, relativo a las cuestiones agrarias, son expresión de este nuevo juego de Carlos Salinas de Gortari.
En el cuarto se indica que se deberán de respetar los usos, costumbres y formas de organización social de los pueblos indígenas de México; en el 27 constitucional, en cambio, se crea un conjunto de modificaciones aparentemente inofensivas. Se dice que estas modificaciones tienen como objetivo dar libertad e independencia a los campesinos indígenas del país. Sin embargo, de lo que evidentemente se trata es de crear al interior de las sociedades indígenas la semilla del individualismo, colocando en segundo plano el papel fundamental que cumplieron hasta el día de hoy en las sociedades indígenas mexicanas, las entidades colectivas, particularmente las asambleas ejidales y comunales que determinan el uso y el destino de los recursos de los pueblos indios.
Hoy, a la vuelta del Siglo XXI, siguen constituyendo para nosotros un acto de vergüenza parlamentaria considerar inexistente la realidad cultural que sustenta nuestra nación, que nutre nuestro sentimiento mesoamericano. Este olvido vergonzante que reclama nuestra historia, persiste aún en la lucha entre la civilización indígena y la occidental.
Por lo tanto, debemos de fincar en nosotros un futuro a partir de premisas nuevas, en donde se reconozca la verdadera dimensión de los pueblos indios. Ese será el primer paso en la reparación de una parte de la deuda histórica que el mundo y nuestro país han estado ignorando.
La Ley Reglamentaria del 4o. constitucional, el derecho de los pueblos indios debe ya ser reglamentada, contemplando, entre otras cosas la protección y desarrollo de todas las lenguas, la garantía de traductores en todos los organismos públicos, la promoción, estudio, fomento y desarrollo y preservación de las culturas, usos y costumbres de los pueblos indígenas, el cuidado y la protección de su patrimonio arqueológico, histórico, artístico, científico, lingüístico y cultural, el respeto a su organización social, a su medicina tradicional, la protección integra de los recursos naturales, la propiedad y la posesión de sus recursos territoriales.
Ha sido ya presentada esta iniciativa por el Partido de la Revolución Democrática, iniciativa de Ley reglamentaria que recoge el sentir de comunidades, pueblos y organizaciones indígenas de todo el país.
La respuesta de esta iniciativa ha sido sorda en este Congreso de la Unión, puesto que no ha sido la preocupación de este régimen político y el Gobierno de Salinas de Gortari.
Hoy urge recoger y abordar con mucha atención la aprobación de esta Ley reglamentaria en un próximo período extraordinario de sesiones.
No puede dejarse en el olvido en el archivo y en la congeladora de esta LV Legislatura.
Independientemente de que existan crisis institucionales en el Gobierno, independientemente de que Salinas de Gortari cree comisiones para desarrollar, integral y justicia social para los pueblos, en donde se promuevan, protejan y apoye el desarrollo integral de los pueblos indígenas, independientemente de esto, observamos que en México existen crisis en las instituciones, pues crea un órgano paralelo al Instituto Nacional Indigenista, como lo creó con la Comisión de Paz, en Chiapas, con el señor Camacho.
Hoy lo crea con Beatriz Paredes. Esto se observa que es, desde las profundidades del sistema, una crisis que tiene que dar nuevos caminos.
Hoy, y como siempre, los caminos de los pueblos se han cerrado, por este régimen; condiciones de vida miserables, libertades coartadas y participación electoral engañosa y con constantes fraudes.
El `pueblo chiapaneco y el pueblo mexicano, han visto frustrados sus más caros anhelos; justicia, libertad y democracia. Ha sido orillado el pueblo mexicano y ha sido orillado un grupo de chiapanecos a tomar las armas. Hoy es Chiapas, mañana quizá todo México.
La responsabilidad será de este Gobierno y su partido de Estado, si no cambia su actitud.
Urge entonces, ver con responsabilidad y seriedad los problemas sociales, económicos y políticos.
Debe ser reflexión de todos el tránsito a la democracia, para no poner en llamas la paz, la poca paz que tenemos.
La hoy Ley de Amnistía que discutimos no es suficiente; no pueden seguir poniéndose consideraciones políticas, porque se consideraría aún más la actitud prepotente y autoritaria en las negociaciones; no se pueden poner condiciones como premisa para una negociación; no se puede olvidar el conjunto de problemas que orillaron al Ejército Zapatista de Liberación Nacional a tomar las armas; no debe ser unilateral esta Ley de Amnistía ni que den su rendición como condición; no se debe aprobar una Ley de Amnistía como ésta, para poner al Ejército Zapatista de Liberación Nacional en la ilegalidad y golpearlos después. No debe continuar esta política del Gobierno, de esta amnistía condicionada, porque entonces los costos políticos pueden revertirse y después lo lamentaremos.
Han sido ya 500 años y aquí seguimos estando repudiando las celebraciones que antaño los colonizadores y hoy presentes, los gobernantes y sus cómplices, han reivindicado nuestro derecho
a decidir por nosotros mismos sobre nuestro propio destino; reencontrándonos desde nuestras raíces, hombres y mujeres, sin diferencias por el color de la piel, lenguas, culturas, demarcaciones territoriales y frontera; recuperando lo que es nuestro y construyendo un proyecto alternativo al que nos amenaza y nos agrede; un proyecto en el que se excluya la miseria y el sufrimiento; en el que nuestras culturas, lenguas y creencias florezcan sin miedos ni prohibiciones; en el que retomemos nuestra autonomía y las formas de autogobierno, que nos hicieron grandes en el pasado; en el que se potencien nuestras aptitudes para el arte y la belleza; en el que destruyamos las cadenas de opresión sobre las mujeres, y en el que los niños y las jóvenes generaciones tengan futuro; en el que la madre naturaleza se reconcilie con sus hijos, humanizados en su regazo; en el que la guerra quede en el recuerdo de los tiempos malos; en el que podamos mirarnos cara a cara los unos a los otros, sin sentir la vergüenza del odio o del desprecio, pues, el amor, la paz, la justicia, la democracia y la esperanza deban unirnos. Gracias.
El Presidente:
Muchas gracias, señor diputado Salomón Jara. Toca ahora su turno al diputado Jorge Zermeño, a quien le solicitamos pase a está tribuna.
El diputado Jorge Zermeño Infante:
Gracias, señor Presidente:
Para discutir esta Ley de Amnistía, compañeras y compañeros diputados, como representantes de la nación, tenemos la obligación jurídica, política y moral, de responderle a los mexicanos que reclaman de nosotros una participación responsable que contribuya racionalmente a generar condiciones justas y humanitarias para restablecer la paz y la concordia en el Estado de Chiapas y evitar que este conflicto armado se pueda propagar como único medio para resolver conflictos, controversias y carencias ancestrales que padece el pueblo de México.
Sabemos por experiencia que la violencia como método para resolver controversias solamente genera más violencia, pero debemos distinguir entre las causas que generan inconformidad social, entre otras, a una violencia institucionalizada. Violencia institucionalizada que se encuentra en el seno mismo de estructuras injustas, estructuras y políticas, económicas y sociales.
Hay violencia en la explotación del hombre por el hombre mismo. Hay violencia en la impartición de una justicia, que muchas veces no es pronta ni expedita, en una justicia que también la mayoría de las veces es desigual para quienes todos lo tienen frente a quienes carecen de medios adecuados para su defensa.
Hay violencia en la organización del corporativismo social, que a través de centrales campesinas, de sindicatos charros, obligan a sus agremiados a militar en el partido oficial. Hay violencia institucionalizada cuando no se respete al pueblo en la elección de sus representantes. En un fraude electoral sistematizado hay violencia, compañeros diputados, violencia institucionalizada cuando se desvían fondos públicos o cuando se utilizan estos fondos en programas dizque de ayuda social, con fines partidistas, clientelas y excluyentes, como por ejemplo los que recientemente denunciara nuestro dirigente en el municipio de Palenque, Chiapas, donde los créditos a la palabra solamente se otorgan a los campesinos del partido oficial.
Pero frente a esta violencia institucionalizada, Acción Nacional ha señalado con todo vigor su rechazo a estas estructuras injustas y hemos señalado que requerimos con urgencia de cambios hacia condiciones de vida más justas, más dignas y más humanas. Condiciones de vida que partan del reconocimiento a la eminente dignidad de toda persona humana, para que pueda ésta encontrar en estas condiciones un desarrollo más junto, un desarrollo integral.
Somos pacifistas por vocación, porque no creemos en la violencia, no creemos que la violencia pueda sustituir la capacidad racional de los seres humanos para resolver sus conflictos. Reivindicamos la vía pacífica, porque para nosotros la vida de toda persona desde su concepción hasta su muerte nos merece el mayor de los respetos.
Reivindicamos la vía pacífica, porque consideramos el testimonio de lucha abierta de frente, de un partido político que lo ha hecho de esta manera, que podrá tener más o menos adeptos, pero que lo que nadie puede negar es que hemos actuado siempre a la luz pública para defender todo aquello en lo que creemos. Y por supuesto que no somos los únicos, que hay muchas organizaciones de mexicanos y de ciudadanos que en sus respectivos ámbitos de acción también lo hacen cotidianamente . Por eso no podemos avalar ni a la violencia institucional ni a la violencia
de facto para resolver controversias. Ya lo han dicho ampliamente mis compañeros, y lo ha señalado públicamente Acción Nacional; que las condiciones de vida infrahumanas de millones de compatriotas tienen como causas, entre otras, la injusticia social, la falta de democracia, el atraso cultural, el analfabetismo, la explotación humana, la desnutrición y otras más que han sido ampliamente señaladas en esta tribuna. Nos obliga a todos, a exigir acciones, acciones de todos, pero especialmente aciones del Gobierno Federal para restablecer el estado de derecho que se base en la justicia, que se funda en la libertad.
Un estado de derecho que tenga por eje la democracia, que garantice el ejercicio real de los derechos fundamentales de todos los mexicanos.
Para resolver los graves rezagos sociales y en particular el grave conflicto armado que se vive en el Estado de Chiapas, se requiere analizar con sinceridad la situación que se vive, y por que hemos llegado a esto. Se debe reconocer errores y contribuir con sinceridad a resolverlos.
Esto, compañeras y compañeros diputados, implica un cambio sincero de actitudes y de prácticas políticas, especialmente en aquellos que desde una posición de poder pretenden seguir actuando con la prepotencia de quienes sintiéndose dueños del mismo, no quieren jugar limpio, y con sus actitudes niegan el federalismo y la toma de decisiones que se dan desde el centro. Estas seguirán siendo causas de malestar ciudadano que debemos todos contribuir a erradicar.
Por esto, como diputados federales, como representantes de la nación, no podemos en esta hora actuar con mezquindad, en una propuesta de amnistía que sirva como un instrumento flexible para encontrar caminos que posibiliten la pacificación a través del diálogo, de la comprensión, del perdón, la concordia, que solamente puede darse en un clima de verdadera paz.
Apoyamos el dictamen, porque el participar en la elaboración del mismo lo hacemos de buena fe, y porque compartimos, como se señala en el cuerpo del mismo dictamen, que el objetivo de esta Ley, es la búsqueda de la paz.
Confiamos en que las personas a quienes está dirigida la Ley de Amnistía actúen con generosidad, se acojan a la misma, que el olvido de los actos ilícitos y la sangre derramada nos convoque a todos a recordar lo que no podemos permitir que siga sucediendo en nuestra nación. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, señor diputado Zermeño.
En el uso de la palabra el señor diputado Enrique Rico Arzate, del Partido de la Revolución Democrática, para fijar posición.
El diputado Enrique Rico Arzate:
Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:
La irrupción en el escenario político nacional de un nutrido grupo de campesinos indígenas del Estado de Chiapas, organizados en torno al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que trascendió las fronteras del país y puso en jaque al sistema político, no sólo cuestionó los logros macroeconómicos y la política falsamente solidarista del salinismo, sino que puso en el centro del debate, la democratización nacional y el acceso y aprovechamiento justo de los recursos productivos y nacionales.
El modelo neoliberal, pese a que ello es negado, ha abierto una amplia brecha entre ricos y pobres, concentrándose en unas cuantas manos nuestra riqueza nacional y ampliando a situaciones extremas el número de pobres.
La selva chiapaneca que por siglos había sido hábitat natural para sus habitantes, pasó a ser fuente de riqueza para madereros privados, quienes degradaron paulatinamente el patrimonio de aquellos que nunca recibieron mayor beneficio a cambio.
Las `poblaciones indígenas, por años han intentando organizarse, trabajar y cuidar sus recursos. Pero frente a sus ojos siempre ha existido discriminación, explotación, privilegios y un sistema político que los acosa, los agobia y gradualmente los ha despojado de sus tierras.
La región de Chiapas, biológicamente es una de las más ricas del mundo en cuanto a recurso y biodiversidad. Pese a ser la región en donde se registran los más altos índices de desforestación a consecuencia de la ganadería extensiva, incendios y destrucción de los hábitats naturales, por la implantación de monocultivos. Además, el lugar es el lugar en donde se genera también una alta contaminación por plaguicidas e industrias.
Petróleos mexicanos es el que mayor destrucción ha causado en la zona. Desde 1984 ha perforado
cuatro pozos y tiene proyectada la perforación de otros 15. Lo que implica la apertura de campos, brechas y caminos, para sus instalaciones. Los daños ecológicos incluyen no solamente la desforestación, sino también la contaminación ambiental del aire y ríos, provocada por los desechos de la actividad petrolera.
En 1990, se registraba que Montes Azules, la Sobra, el mendrugo de la Selva Lacandona, se encontraba en peligro de extinción. Sus poco más de 300 mil hectáreas casi vírgenes, constituían el último reducto de un ecosistema al que se le ha degradado en un 76% de su superficie.
De 1 millón 300 mil hectáreas que la conformaban a principios de esta centuria, desde Palenque hasta Guatemala, y de los ríos Tulijalá y Santo Domingo al Usumacinta, hoy sólo queda la llamada reserva de la biosfera: ''Montes Azules'', decretada en 1978, durante la administración de López Portillo. Y su superficie arbolada total, alcanza apenas 580 mil hectáreas.
En el núcleo de la selva se observan claros con tallos negros, troncos tirados o pastizales desiertos, en los que apenas si logran sobrevivir aproximadamente 200 mil personas, o quizá mucho menos, y algo de ganado.
Si bien su riqueza natural es muy vasta, la región es al mismo tiempo el lugar en donde se registran los altos índices de pobreza y extrema pobreza. La suerte de los moradores ante esta situación, es una vida en un Estado de muy alta marginación. Entre tzotziles, choles, tojolaboles y mestizos, el índice de alfabetismo, alcanza el 80% y el 40% de las funciones registradas son infantiles.
De esta manera, no sólo se están acabando los recursos naturales de la zona, sino que a la vez con las poblaciones integrantes de esos mismos hábitats.
Es necesario resaltar las importantes luchas de los indígenas en la zona, para mantener vigentes los derechos sobre sus territorios. En una enorme región en donde todavía existe una injusta distribución agraria, además de persistir enormes latifundios en manos de unos cuantos.
Es trascendente el papel de los pueblos indios y campesinos de la región, como defensores de los recursos naturales, pues sus formas de percepción, conocimiento, uso y manejo de la naturaleza, han permitido establecer opciones contra los planes de explotación y usos industriales modernos, ecológicamente destructivos.
Aún con toda la importancia, los campesinos indígenas han sido hechos a un lado y sus derechos a la vida, a la dignidad, y sobre todo a la perpetuación de su hábitat, ilegalmente han sido trastocados.
Pese a todo, los pueblos indios han expresado su voluntad de resistir, de no dejarse borrar por el proyecto de globalización mundial, de defender los recursos naturales que son la base de su sustento y desarrollo.
A esta alturas, compañeras y compañeros diputados, queda claro que ninguna de las políticas gubernamentales inmersas en una madeja interminable de legalidad, pudo resolver este problema nodal y estratégico.
Y como dice el investigador Neil Harvey, resultaba por lo menos ingenuo pensar que los campesinos indígenas hubieran aceptado tales resultados de manera pasiva. El golpe definitivo a sus aspiraciones para ser auténticos propietarios de la tierra y de sus inconmensurables recursos naturales, fueron la contrarreforma al artículo 27 constitucional y su respectiva Ley Agraria, ya que significaba la legalización de apropiación privada de la tierra y el fin del reparto agrario.
Esos campesinos indígenas a quienes se les ha negado capacidad de comprensión de su propia realidad, llegaron a la conclusión de que la modernidad del TLC era su acta de defunción, su anunciada y definitiva desaparición.
Si es que acaso llegaron a saberlo, de cualquier manera para los campesinos indígenas de México y en particular para los chiapanecos, resultaron vacíos de contenido real los compromisos que el Gobierno mexicano firmó recientemente en la Cumbre de la Tierra, y que quedaron plasmados en la agenda 21, según los cuales se reconocía que la relación entre las comunidades indígenas y los recursos productivos, se había modificado sustancialmente, generando profundas condiciones de marginación y extrema pobreza.
Contrariamente al dogma neoliberal de la Cumbre de la Tierra, se reconoció que las comunidades indígenas tienen formas productivas propias que son sustentables. Y se dijo que las técnicas utilizadas durante siglos, era una importante fuente de innovación, y que por tanto era imperativo respetar la integridad cultural y los derechos de las poblaciones indígenas, así como asegurar y fortalecer su intervención en la gestión productiva de los recursos naturales,
la cual presupone, en primer lugar, la apropiación de la tierra.
Con Salinas de Gortari, Carlos Salinas de Gortari firmó sin ningún rubor, estos acuerdos en Río de Janeiro, cuando meses antes había proveído y logrado que una mayoría acrítica aprobara trascendentes reformas al artículo 27 constitucional y en consecuencia, a las leyes agrarias, de aguas, bosques y selvas que operaban en sentido contrario a las recomendadas de la agenda 21.
¿Cómo es posible que ahora haya quienes se declaren sorprendidos de los resultados y busquen explicaciones y causas absurdas por encima de este contexto? ¿qué tiene ahora qué decir esa mayoría acrítica negada a escuchar argumentos que en sus momentos adverieron de la situación y se propusieron alternativas? Es acaso que sin aprender la lección se opondrán, a una verdadera y profunda reforma agraria integral que inicie con la restitución de las tierras a las comunidades indígenas, par el adecuado manejo de los recursos naturales en su propio beneficio y en sentido contrario a las estrategias neoliberales de una mal concebida y peor llamada modernización por la vía de un libre mercado excluyente. Muchas gracias por su atención.
El Presidente:
Gracias, señor diputado Enrique Rico Arzate.
En el uso de la palabra el señor diputado Fernando Gómez Mont Urueta, del Partido Acción Nacional.
El diputado Fernando Francisco Gómez Mont Urueta (desde su curul):
¡Declino!
El Presidente:
Gracias, señor diputado.
Esta Presidencia informa, que de igual manera ha solicitado su retiro de la lista de oradores el señor diputado Humberto Zazueta Aguilar, del Partido de la Revolución Democrática.
En consecuencia, tiene la palabra el señor diputado Arquímides García Castro, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Josafat Arquímides García Castro:
Compañeras y compañeros diputados:
El Partido de la Revolución Democrática considera que la solución real y verdadera del conflicto que vive el país, a partir del estallamiento de la sublevación campesina indígena de Los Altos y Selva Lacandona de Chiapas, solo podrá lograrse más allá de una limitada Ley de Amnistía, con una modificación profunda de las estructuras económicas y políticas que generan la pobreza, el hambre, la violencia, la insalubridad, el caciquismo y la antidemocracia.
En México, como en toda Latinoamérica, las luchas campesinas han sido precisamente por el reclamo de la tierra. Y sin embargo los terratenientes, los caciques, los mestizos, han hecho caso omiso a esta eterna demanda de los campesinos.
En uno de los diarios nacionales, de circulación nacional, en febrero de 7983, editaron la entrevista que le hicieran al entonces dirigente de la Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad, el señor Javier de Jesús Trejo. El citado terrateniente manifiesta en esta entrevista.
"Los tzontziles son buenos, pero también ignorantes y por eso están siendo manipulados. Qué no se dan cuenta que ya pasó una Revolución y que hay un Gobierno que repartió la tierra y que esos papeles, se refiere a los archivos agrarios de origen virreinal o del siglo pasado que presentan los campesinos, que esos papeles y quedaron sin uso. Yo siempre les digo que esta zona es riquísima y que si los indígenas están mal nutridos, es porque no quieren trabajar. A ver: ¿Son haraganes o no son haraganes?"
En particular, en lo que se refiere a la cuestión agraria en Chiapas, conviene resaltar algunos elementos. Recordemos que la Revolución mexicana y la Reforma Agraria fueron fenómenos que sólo marginal y tardíamente tocaron a Chiapas. Una coalición de terratenientes, finqueros, militares y caciques, conocidos como "Los Mapaches", en alianza con los constitucionalistas logró mantener en el poder y conservar intactos, con el apoyo de guardias blancas, sus intereses oligárquicos y antipopulares.
Esta es la raíz histórica del atraso y de la miseria del pueblo chiapaneco.
Fue hasta el régimen del general Lázaro Cárdenas que la tierra y la justicia que la Revolución mexicana prometió a los campesinos comenzaron a hacerse realidad. Sobre todo a partir del reparto masivo de tierras en la región del Soconusco.
Sin embargo, desde aquéllos años y hasta nuestros días, terratenientes, caciques, talamontes, finqueros, ganaderos, rearticulados ahora en el partido de Estado, se han mantenido en el poder y ellos son, en definitiva, los culpables políticos de la sublevación indígena campesina de Chiapas.
Por estas razones históricas, la pacificación y reconciliación de Chiapas sólo podrá lograrse a partir del cumplimiento de dos premisas políticas: la destrucción del poder político oligárquico y el reparto masivo de tierras en beneficio de los campesinos e indígenas pobres.
El respeto y restitución de los derechos históricos y legales del pueblo sobre sus tierras y montes, sobre sus ejidos y comunidades, sería la base más sólida de la paz social en Chiapas. Demostremos que hemos aprendido las lecciones de nuestra rica historia, u levantamiento campesino indígena no se liquida repartiendo balas, un levantamiento campesino sólo se sofoca repartiendo tierras y administrando justicia. Por ello el PRD sostiene que antes o simultáneamente con una Ley de Amnistía debe instrumentarse y llevarse a la práctica un carácter de urgente, un programa masivo de reparto agrario, de resolución favorable de las demandas agrarias pendientes, de dotación y restitución agraria y de fortalecimiento de las formas sociales de la propiedad rural, ejidos, comunidades y auténtica pequeña propiedad.
Se quiere ocultar y olvidar que la sublevación campesina indígena de Chiapas es resultante de una gran cantidad de factores y entre ellos de manera destacada, la política agraria del gobierno salinista, de su errónea decisión de modificar el artículo 27 constitucional, que dio por finalizado el reparto agrario, que sentó las bases par la liquidación del ejido y la comunidad y que con su política privatizadora abrió indiscriminadamente las puertas del campo mexicano al gran capital nacional y extranjero.
¿Acaso pensaron los diputados que aprobaron el fin del reparto agrario, que en Chiapas existían en 1980, 58 mil solicitantes de tierras y 40 mil jornaleros sin tierra y que esta cifra ha aumentado considerablemente en los últimos años? Se razonó entonces que ya no había tierra por repartir; sin embargo una reconocida investigadora sostiene: "Los latifundios no han desapareciendo y subsisten de manera encubierta, en algunas regiones se extiende de forma manifiesta y gigantesca como en el caso del Municipio de Ocosingo que abarca una gran parte de la Selva Lacandona y donde se registran extensiones de 1 mil 500, 3 mil, 474 y hasta 121 mil 611 hectáreas. ¿Cómo explicar realidades tan contradictorias? Ocosingo, centro de la sublevación campesina es el municipio que después de Agualeguas, Nuevo León, según cifras oficiales, aportó nacionalmente la más alta votación en favor de Carlos Salinas en 1988. Sin embargo Ocosingo es al mismo tiempo el municipio con la más alta concentración de la propiedad rural de Chiapas; por otra parte, la propiedad social rural en Chiapas, ejidos y comunidades, representan el 66% del total de las superficies, existente ahí 1 mil 712 ejidos y 76 comunidades; en contraste tenemos que Chiapas es el Estado con el rezago agrario más alto de la República; en 1980 existían 5 mil expedientes agrarios rezagados; es cierto, para 1992 había descendido a 2 mil 481 pero 1 mil 171 se habían resuelto en contra de los campesinos.
En la actualidad existen en Chiapas, 117 resoluciones presidenciales agrarias sin ejecutar y de ellas 59 son inejecutables por errores de deslinde de la Secretaría de la Reforma. En contraste, de 1989 a 1993, se expidieron 13 mil 147 certificados de inafectabilidad que son la protección legal de la oligarquía finquera y ganadera.
En un estudio considerado clásico sobre el tema, el movimiento campesino en Chiapas, el investigador Mario Ling, Mario Singer, alertaba en 1983 un reparto más justo de los medios de producción y ya no significa una alternativa a considerar, más bien se plantea como una necesidad imperiosa para impedir a tiempo que la oleada de violencia se vuelva incontenible, no se quisieron escuchar las voces del saber que impusieron las autoritarias voces del poder. Se hizo más caso a Absalón Castellanos y a Patricio González, y se despreció a esta investigadora y a Ricardo pozas, ahora tenemos que rectificar y el primer paso consistirá en entregar la tierra a los campesinos pobres, toda la tierra y pronto. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias al señor diputado Arquímides García Castro.
Esta Presidencia informa que ha solicitado su retiro de la lista de oradores, el señor diputado Francisco Saucedo Pérez, del Partido de la Revolución Democrática.
En el uso de la palabra, el señor diputado Servando Hernández Camacho, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El diputado Servando Hernández Camacho:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Este tema, tema difícil, tema que cada uno de los partidos hemos aportado críticas, hemos aportado estadísticas, mas sin embargo el problema de Chiapas en un problema de más profundidad; cierto es que ha habido inversión, inversión fuerte del Pronasol, escuchamos los datos que la compañera diputada nos dio, escuchamos los datos del compañero Calderón, sería muy saludable solicitar la investigación de la inversión.
Chiapas presenta problemas culturales, problemas donde las etnias son muchas y donde los dialectos también son muchos; problemas culturales porque también la sectas religiosas han influido en este grave problema. Los datos de quien me antecedió en la palabra y donde él hablaba sobre repartición de la Reforma Agraria en cuanto a tierras se refiere, quiero decirle que Chiapas se ha repartido más de cinco veces, que hay escrituras que están precisamente en los mares.
Muchas cosas se han comentado en torno a est situación imperante en este Estado de Chiapas, pero una cuestión no menos importante y que la diputada Alvarez lo mencionó, viene a se la salvaguarda de los derechos humanos, el interés nacional por la protección de las garantías individuales y las libertades fundamentales, son consecuencia directa del interés internacional, de la comprensión de que la libertad, la justicia y la paz en todas las regiones, tienen como base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales de todos los miembros de la familia humana.
El pueblo clama por un auténtico cambio, basado en el respeto al sufragio efectivo y directo y a una democracia plena; una auténtica democracia es posible solo en un estado de derecho. Para este propósito hay que observar si no existe una verdad última, la cual guíe y oriente la acción política, las ideas y las convicciones humanas, pueden ser instrumentadas fácilmente para fines de poder; una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto, como lo demuestra la historia.
Podemos preguntarnos qué es lo que el pueblo de México está esperando de la labor de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Evidentemente que una acción justa y determinante, capaz de cumplir oportuna y puntualmente con su cometido. Para ello es necesario que esta soberanía cuenta con una información veraz sobre las supuestas violaciones a las garantías individuales en el conflicto de Chiapas, pero además, por salud propia de nuestras instituciones y de la misma República.
Desde que se inició el conflicto en varios municipios de Chiapas, en diversos diarios, tanto nacionales como internacionales han aparecido declaraciones en torno a la violación de los derechos humanos por parte del Ejército mexicano, tanto en México como en los Estados Unidos y Europa, y se ha venido también denunciando, a través de organizaciones no gubernamentales, incluso miembros del Congreso de los Estados Unidos y comisiones internacionales, las acciones beligerantes llevadas a cabo.
No podemos permitir, compañeros diputados que sea la comunidad internacional quien tenga que señalarnos los caminos para la solución del conflicto y la salvaguarda de las garantías individuales de miles de civiles que se encuentran en esa zona mencionada.
Nuestra nación se ha caracterizado en el concierto de las naciones, autodeterminación de los pueblos y dirimir pacíficamente las controversias. No podemos pasar por alto la gran labor realizada por el presidente Carlos Salinas de Gortari, al decretar el cese al fuego unilateralmente , porque así lo desea la nación en su conjunto.
Estamos de acuerdo también con luna Ley de Amnistía, que desafortunadamente no surgió del Congreso de la Unión, con facultad que le corresponde, sino que de nueva cuenta el Ejecutivo es quien la inicia. Recordemos que la amnistía es voluntad del pueblo de México, que está representado a través de este cuerpo colegiado; sin embargo, debemos reflexionar sobre el dictamen que estamos discutiendo.
En primera instancia consideramos que la amnistía decretada no sólo debe darse en el conflicto en cuestión. Es innegable el hecho de que anterior al surgimiento de este conflicto, numerosos líderes y actores defensores del voto popular, han sido víctimas de avasallamientos por parte de las autoridades y que hoy pugnan largas condenas en diversos centros de readaptación social a lo largo del territorio nacional, teniendo como único delito lograr la justicia social que el pueblo exige.
El conflicto chiapaneco nos ha abierto la coyuntura para virar nuestra visión hacia dos
alternativas: o se continúan las prácticas tradicionales que han ensanchado la brecha ente la riqueza y la pobreza, recayendo la mayoría de ésta en lo último, o bien optamos por el cambio inminente hacia una distribución de la riqueza más justa y una vida plena de democracia.
Debemos reconocer que no solamente nos hemos reunido para dictaminar la amnistía, sino para velar por un cambio justo, equitativo, plural y democrático que lleva a nuestra nación a los estadios más altos de la civilización, las prácticas de incluir aspectos fundamentales como los derechos humanos, la democracia y los niveles culturales.
Hemos insistido constantemente que la situación en el agro sigue siendo tan vulnerable que puede hacer germinar la semilla del descontento generalizado, debido a las débiles políticas gubernamentales actuales que lejos de solucionar con carácter definitivo esta problemática, día a día los convierte en problemas irremediables.
Consideramos también que es imposible si se pretende realizar un análisis con esto de las condiciones prevaleciente durante los cinco años. Habremos de tomar todos los problemas de tipo económico que hoy aquejan a nuestro país, donde el poder adquisitivo ha declinado, que se habla que tenemos hasta 20 años de atraso par alcanzar un nivel real.
Hablar de los componentes de la canasta básica, ya lo conocemos, sabemos que han disminuido al extremo de que el consumo de la proteína animal par la gran mayoría del pueblo mexicano alcanza niveles meramente significativos, esto demuestra que las condiciones de empobrecimiento de la mayoría son innegables, por lo que es muy discutible el que los niveles de bienestar que prevalecen, además de no haber avanzado, hay retroceso, por ello consideramos que se debe realizar por parte nuestra una redesignación del presupuesto para 1994, en el sentido e dar una mayor prioridad al gasto social, principalmente en aquellas zonas consideradas más pobres, pero no vía Pronasol o Procampo, sino que se inyecten recursos a los municipios.
Es tiempo ya de reconocer por parte del centralismo del sistema mexicano al municipio, libre y tal como lo dispone el artículo 115 constitucional. Bajo este mismo marco de ideas, el partido Auténtico de la Revolución Mexicana ha sido claro en la necesidad de que en la representación federal del Congreso de la Unión, el 10% de la representación proporcional en la Cámara de Diputados sea de representación étnica, electos de y ente los grupos de indígenas de acuerdo al número de su población.
Realizar un diagnóstico o pretender esbozar un panorama de la situación prevaleciente en el Estado de Chiapas, reviste una gran responsabilidad. Los aspectos medulares que a criterio de quienes han analizado y quienes han observado pueden resultar novedosos o sorpresivos para quienes no han tenido la oportunidad de conocer el Estado de Chiapas, realidad que resulta demasiado conocida.
Compañeras y compañeros diputados, los invito a recordar que el Estado de Chiapas desde su colonización por la corona española, adoptó siempre una conducta especial y digna. Si observamos las zonas geográficas de ubicación de los brotes de violencia, concluiremos que éstas están ubicadas en regiones apartadas que desde una perspectiva antropológica bien pudieran considerarse zonas de refugio de las distintas comunidades indígenas.
Al principio de la colonización, ya Bartolomé de las Casas, en su obra denunció y narró ante el disgusto de la corona española las innegables condiciones infrahumanas que desde entonces han prevalecido al interior del Estado de Chiapas, realidad que fue narrada en su crudeza, que lamentablemente para los ciudadanos de estas etnias se convirtió en una realidad cotidiana.
Lamentablemente en el transcurso de los siglos posteriores, esta realidad cotidiana no cambió en lo absoluto, en lo medular. Si bien el hispano de antaño se convirtió en el coleto moderno, las condiciones de racismo y explotación para el indígena explotado jamás cambiaron. Prueba de lo anterior, ubicamos la narración que ya un diputado del PRD se refirió a ella, tomando como base la narración del doctor Ricardo Pozas Arciniega, que a través de él tuvimos la oportunidad de acercarnos a intentar conocer la realidad cotidiana de Chamula, un pueblo de los Altos de Chiapas, en la que narra la experiencia de un ciudadano, de Juan Pérez Jolote.
Otro punto trascendental de importancia lo constituyen las infrahumanas condiciones prevalecientes al interior de los centros de readaptación social existentes en el interior del Estado de Chiapas.
Ya la compañera Alvarez mencionaba...
El Presidente:
Señor diputado Hernández Camacho, ha concluido el término previsto de 15 minutos.
El diputado Servando Antonio Hernández Camacho:
Yo le solicito, señor Presidente, que se me otorguen siete minutos.
El Presidente:
Procure, señor orador concluir en cuanto le sea posible, por favor.
El diputado Servando Antonio Hernández Camacho:
De acuerdo, señor Presidente.
Por mi intermedio, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana los invita a reflexionar sobre la conveniencia de que esta amnistía alcance a quienes por expresar ideologías que no coinciden con el actual sistema político, como son los casos de quienes a continuación me permito mencionar: César del Angel del Olmo, quien prevalece recluido en el penal estatal de Perote, Veracruz; general brigadier Jorge Gallardo Rodríguez, quien prevalece privado de su libertad en el Campo Militar Número 1; compañeros parmistas de Tamaulipas, de Nuevo León y Matamoros, que aún siguen con órdenes de aprehensión, y muchos ciudadanos más que por limitaciones de tiempo y espacio sería injusto limitar a una lista.
Por lo anteriormente expuesto, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, con fundamento en el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía las siguientes proposiciones, que nos hubiera gustado que con tiempo hubieran sido acuerdos de todas las fracciones parlamentarias.
Primero. Para que esta Presidencia solicite la comparecencia del titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Jorge Madraza Cuéllar, con el fin de que fije una posición real ante este cuerpo colegial, en relación a las supuestas violaciones de las garantías individuales que han manejado tanto la prensa nacional como internacional, para salud pública de las instituciones y de la propia República. Segunda. Que esta Presidencia envíe una excitativa a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para que se dictamine las reformas a los artículos 4o. y 52 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, presentada por nuestra fracción parlamentaria en materia de asuntos indígenas.
Tercera. En la Comisión Permanente se dé a la tarea de analizar el Presupuesto de Egresos de la Federación de 1994, y en caso necesario realice una redistribución de los recursos, enfocándose a un mayor otorgamiento al gasto social, principalmente a aquellas zonas más pobres en el territorio nacional.
Asimismo, solicitamos la adición de un segundo párrafo al artículo 1o. de la Ley de Amnistía, que diría: "Asimismo, se decreta amnistía en favor de los presos y perseguidos por delito de orden político y social que se encuentran con orden de aprehensión o ya sujetos a la privación de su libertad dentro del territorio nacional". Si se busca la conciliación aquí se puede encontrar; tenemos la forma de hacerlo.
"El Ejecutivo Federal integrará una Comisión que coordinará los actos de aplicación a la presente ley."
Dejo en manos de esta Secretaría las proposiciones de nuestro partido. Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente:
Gracias, señor diputado Hernández Camacho.
Ruego a la Secretaría dé lectura al texto de los artículos 35 y 40 del Reglamente para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión.
La secretaria Irma Mayela Adame Aguayo:
Artículo 35. El Congreso tendrá sesiones extraordinarias cada vez que la Comisión Permanente por sí o a propuesta del Ejecutivo lo convoque, siendo necesario en ambos casos el voto de las dos terceras partes de los individuos presente, pero en tal caso no podrá ocuparse más que del asunto que establezca la convocatoria respectiva.
Artículo 40. Cuando el Congreso General se reúna en sesiones extraordinarias se ocupará exclusivamente del objeto u objetos designados en las convocatorias, y si no los hubiere llenado el día en que deban abrirse las sesiones ordinarias, cerrará aquéllas dejando los puntos pendientes para ser tratados en ésta.
El Presidente:
Muchas gracias.
Como podrá observar el señor diputado, esta Presidencia está legalmente impedida para dictar algún acuerdo en relación con sus solicitudes. Le sugiere respetuosamente cumplir con las instancias establecidas en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.
De igual modo, y en relación con su propuesta para adicionar el artículo 1o. de la iniciativa, se le sugiere plantarlo durante la discusión en lo particular. Muchas gracias, señor diputado.
Tiene el uso de la palabra la diputada Marlene Herrera Díaz, del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Marlene Catalina Herrera Díaz:
Con su permiso, señor Presidente:
Chiapas, tierra de mi origen, tierra de mis padres tierra de mis hijos. Hoy, en este día, hemos escuchado a distintos integrantes de esta soberanía hablar ampliamente sobre mi Estado; muchos de los comentarios, de los indicadores, de los señalamientos que aquí se han dado, son ciertos, pero otros también no responden puntualmente a la realidad del pueblo, de la tierra chiapaneca.
Chiapas, efectivamente, es tierra rica, tierra donde se hermanan las potencialidades con las incapacidades; donde hay pobreza, pero también riqueza.
Chiapas, y aquí se ha dicho, es un Estado eminentemente rural; al 56% de su población vive o depende de las actividades agropecuarias, y por ello, también, los indicadores de participación en el producto interno bruto que aquí también se han dado.
Chiapas es una tierra, contra lo que se piensa muchas veces, con vocación eminentemente forestal, de sus 7.5 millones de hectáreas; 3.5 millones están ocupados por selvas o por bosques y sin embargo actualmente sólo se explotan silvícolamente 1 mil 700 hectáreas.
Chiapas, una tierra, donde su agricultura, su ganadería están totalmente polarizadas, donde hay regiones, como la de La Freilesca, que presentan los indicadores más altos de producción de maíz y de frijol, donde se tienen los mayores niveles de productividad nacional. Pero también hay otras regiones, como la selva, Los Altos como la sierra, donde su agricultura linfundista de auto consumo escasamente alcanza para satisfacer las necesidades esenciales de la familia campesina indígena en su mayoría.
Es cierto, Chiapas es una entidad joven. El 50%, casi el 45% para se exactos, es población que tiene menos de 20 años de edad, y también es cierto es la entidad que presenta al mayor porcentaje de población indígena, el 26% de nuestra población es indígena. Hay nueve etnias en nuestro Estado, nueve etnias que presentan no sólo lenguas distintas, sino también condiciones culturales distintas, modos de producción distintos, distintas concepciones de ver la vida y en las que se presentan en todas, conflictos al interior de las comunidades.
Chiapas es una entidad, como aquí se ha dicho ya, que presenta los indicadores más altos de marginación, 94% de sus municipios sin considerados de alta marginación, es cierto. Pero también es cierto, y lo debemos decir, las condiciones orográficas de nuestro Estado dificultan en mucho aunada a la dispersión de su población de las necesidades esenciales.
Cierto también que mucho es lo que se ha hecho en Chiapas. Es cierto que se ha canalizado al Estado el 8% de la inversión nacional. y que en estos últimos seis años o en esto últimos 10 años Chiapas ha concedido indicadores de caminos, de salud, de educación históricos, pero cuando los comparamos con la media nacional son raquíticos, siguen siendo raquíticos.
¿Qué hacer ante una entidad que presenta toda esta problemática? Es muy fácil dar recetas, es muy fácil desde aquí decir: hay que hacer esto en la agricultura o hay que hacer esto en ganadería; y nos olvidamos que sus suelos son débiles, las capas arales son apenas escasamente de 10, de 15 centímetros; que el maíz, que el frijol los productos tradicionales en el resto de la República nos son con mucho la mejor alternativa productiva para Chiapas. ¿Qué hace con esas zonas boscosas? ¿Qué hace con esas zonas selváticas? En Chiapas se erosionan anualmente 50 mil hectáreas de suelos, se pierden 50 mil hectáreas de suelos y es cierto que la única reserva de selva que existe en el país, en el norte de este Continente americano, se está perdiendo anualmente de una manera irracional, salvaje.
Pero todo ello resultado de políticas de poblamiento equivocadas, es cierto, pero también es resultado de un crecimiento de la población que no ha tenido respuestas en técnicas y en alternativas de producción adecuadas a nuestro Estado.
Todo ello se ha reflejado en una problemática social ampliamente ya señalada aquí, en una problemática económica ampliamente comentada aquí, y para ello tenemos que tomar estrategias y negar que se han implementado acciones, pero si asumiendo de manera responsable, si realmente queremos como lo presumimos los chiapanecos con llegar a solucionar el problema de Chiapas, tenemos que actuar de manera responsable, dejando intereses partidistas, dejando intereses políticos, lo que tal vez pueda resultar difícil en un año eminentemente electoral, pero pensando única y exclusivamente en esos 3 millones 200 mil chiapanecos que demandan, que solicitan paz, seguridad, estabilidad, porque sabemos que de todas nuestras riquezas, de todas nuestras potencialidades, la más importante, la mejor que tenemos es la vida humana y ésa es la que tenemos que preservar.
Es cierto, hay un componente social indígena en su mayoría, muy importante en este movimiento social, pero también es cierto que hay manos extrañas que obedecen a intereses obscuros, ocultos que están manejando esta situación. a todos ellos pedimos que antepongan intereses personales ante el interés superior del pueblo, del Gobierno de Chiapas, del Gobierno soberano, del Gobierno legítimo chiapaneco.
Por ello, pues consideramos los chiapanecos que sí se están tomando las acciones indicadas, que sí vamos por buen camino, pero hay que reforzarlas, y para ello queremos proponer algunas.
Consideramos, efectivamente, que para la resolución del problema de Chiapas, tenemos que separar las acciones en dos vertientes, en dos caminos: las acciones coyunturales...
El diputado Fernando Estada Sámano (desde su curul):
Señor Presidente:
El Presidente:
Permítame la oradora.
El diputado Fernando Estrada Sámano (desde su curul):
Señor Presidente; ¿sería tan amable en preguntar a la oradora si aceptaría una interpelación?
El Presidente:
¿Acepta usted una interpelación?
La diputada Marlene Catalina Herrera Díaz:
Con mucho gusto, señor Presidente.
El Presidente:
La acepta, señor diputado.
El diputado Fernando Estrada Sámano (desde su curul):
Gracias, señora diputada:
Acaba usted de afirmar, como un hecho, que en su opinión, hay intereses obscuros y manos extrañas que están y han manejado los fenómenos violentos de Chiapas. Me parece, si fuera usted tan amable que sería de interés grande para la opinión pública política nacional y para esta representación popular, que usted señalara de manera concreta a qué intereses obscuros y manos extrañas se refiere, como un hecho.
La diputada Marlene Catalina Herrera Díaz:
Compañero diputado:
Es indudable que al leer las demandas, al leer las proclamas y siendo parte del pueblo de Chiapas, sabemos y entendemos que éste es un movimiento que no solamente está formado por chiapanecos y en particular por indígenas chiapanecos. ¿Cuáles so las otras manos?, creo que esto deberá analizarse con cuidado, determinarse y deslindarse responsabilidades.
Las acciones que ya se han tomado hasta este momento, quedan comprendidas dentro de las que yo señalaba, como acciones coyunturales tendientes a promover y establecer la paz social en Chiapas: el cese unilateral del fuego, las medidas de asistencia determinadas a la población civil, la designación de un comisionado especial, la iniciativa de Ley de Amnistía que hoy estamos comentando, que hoy estamos discutiendo en su dictamen, y la creación el día de hoy de una Comisión nacional de Desarrollo Integral y Justicia Social para los Pueblos Indígenas, son acciones tendientes todas ellas a establecer la paz.
social en nuestro Estado y a sentar bases sólidas para reintegrarse de nuevo al trabajo productivo en la entidad.
Sin embargo, también consideramos que paralelamente a estas acciones y dentro de una concepción de desarrollo a mediano y a largo plazos, deberán iniciarse otras acciones tendientes al cambio estructural con efectos en el mediano plazo, ente ellas, podríamos señalar las acciones tendientes a resolver el problema de vivienda, a resolver el problema de educación, a resolver le problema de salud. Para ello deberán establecerse proyectos productivos acordes a la capacidad y potencialidad productiva de las distintas micro regiones de nuestro Estado.
Compañeras y compañeros diputados: como chiapaneca, como diputada que me honro en representar a un distrito electoral de este pueblo querido chiapaneco, llamamos a ustedes y a todos los chiapanecos a que recuperemos en nuestro Estado la paz social. A que todos contribuyamos con nuestro esfuerzo, con nuestras propuestas, con nuestras acciones, para que remontemos el estado de subdesarrollo en el que nos encontramos y podamos de nuevo marchar hacia mejores estadios de progreso y bienestar. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias diputada Herrera.
Esta Presidencia informa que el señor diputado José Camilo Valenzuela, solicito su retiro de la lista de oradores y al mismo tiempo ha solicitado la palabra para rectificar hechos. Inmediatamente después el señor René Bejarano.
El diputado José Camilo Valenzuela:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Hace dos años y casi nueve meses, en esta tribuna discutíamos a propósito de negativa del Gobierno Federal para tratar con la marcha chinich, la situación chiapaneca.
Y en aquel entonces expresábamos lo siguiente: Chiapas vive una tragedia tan dolorosa como la que nos ha conmovido en relación a Guadalajara. Más prolongada y quizá más cruenta, por la acumulación de opresión y de represión que se ha ejercido contra la mayoría de los chiapanecos, para conservar relaciones económicas sociales arcaicas y bárbaras. Y está en curso en Chiapas una campaña militar y policiaca para tratar de resolver con represión y con sangre, el desarrollo de una insurgencia social y de algunos brotes de organización armada, que ese pueblo tan marginado, tan golpeado, tan reprimido, ha generado para responder a esa política que Gobierno tras Gobierno, con variantes mayores o menores, se ha venido ejerciendo especialmente contra las comunidades indígenas.
Más adelante insistíamos. Yo quiero decirles que Chiapas es uno de los estados en donde los partidos de oposición carecen de toda prerrogativa económica. Para no hablar de otra serie de dificultades para establecer un trato con el Gobierno del Estado. No hay en Chiapas una apertura, ni siquiera a la altura de la limitada pluralidad que hemos abierto en el país a través de largos años de lucha, e insistíamos.
Queremos proponer que esta Cámara nombre una comisión para que vaya a cerciorarse de manera directa del fenómeno político, el agravamiento de la confrontación política que está en curso en Chiapas, porque se pude agravar la tragedia del pueblo chiapaneco. La larga y dolorosa tragedia que ahí se vive si continúa la campaña militar para tratar de contener con represión y sangre la respuesta que el pueblo chiapaneco está dando a décadas de injusticia, de cerrazón y de opresión.
Yo quiero insistir en esta medida porque si no, compañeras y compañeros, vamos a esta como en Guadalajara, enviando comisiones después de la tragedia, a ver cómo aliviamos un poco la indiferencia que antes manifestamos y mejoramos simplemente la imagen de nosotros como Cámara de Diputados.
Desafortunadamente en aquel entonces varios diputados chiapanecos, en especial el diputado Bodegas, rechazaron enérgicamente que en Chiapas hubiera ese nivel de injusticia social, que en Chiapas hubiere ese desarrollo de movimientos armados y que se hicieran necesarios cambios de fondo en Chiapas.
Hoy, la diputada que me antecedió en la palabra, nos viene a echar un discurso sentimental, pero que obvia los sufrimientos e la mayoría de los chiapanecos que han traído como consecuencia, un levantamiento que hoy complica aún más el panorama nacional.
Y nos preocupa, porque quiere decir que en las élites gobernantes de Chiapas, tanto económica, como políticamente, sigue habiendo la
misma visión justificadora de la situación tan crítica que ha llevado al pueblo chiapaneco a emplear recursos extremos.
Nos preocupa también, porque esta Ley de Amnistía que hoy estamos discutiendo y la medida que hoy dio a conocer Manuel Camacho, que convierte en guarnición a las tropas en los lugares en donde fueron posicionadas, prácticamente le ata las manos, como comisionado, para buscar un acuerdo político que sólo puede tener futuro si empieza por establecer un Gobierno estatal, consensado con los sublevados y con las demás fuerzas democráticas de Chiapas, y que no esté dominado por los intereses de la oligarquía terrateniente chiapaneca; un acuerdo político que tiene que incluir el desmantelamiento del sistema de procuración de justicia en Chiapas y del Poder Judicial chiapaneco, porque es el principal instrumento para mantener a raya, al pueblo chiapaneco obligándolo a soportar la oprobiosa situación a que se le ha sometido durante largos siglos y décadas.
Nos preocupa también que en esta tribuna se vengan a echar loas contra él.
El Presidente:
Señor diputado, ha concluido su tiempo reglamentario.
El diputado, José Camilo Valenzuela:
Voy a concluir.
...Se vengan a echar loas contra el Ejército, ignorando el hecho de que este Ejército que hoy tiene que encarar la situación, no es el responsable de la política económica y social que en este país ha llevado las contradicciones sociales y políticas a niveles extremos y amenaza con conducirnos a una confrontación de consecuencias imprevisibles en agosto, que puede traer la desestabilización del país y con ello, imposibilitar para mucho tiempo, la posibilidad de alcanzar un desarrollo económico y social realmente, que realmente mejore las condiciones de vida de nuestro pueblo.
Yo creo, compañeras y compañeros diputados, que antes que venir a convocar al Ejército a que apuntale las consecuencias nefastas de esta política económica y social y las consecuencias de la persistencia de un régimen autoritario, debiéramos de convocarnos todos, generar las reformas políticas necesarias para detener el riesgo de una confrontación generalizada en agosto, y para generar los cambios en la política económico-social y atender el agravamiento de la miseria y la marginación de millones de mexicanos que no les estamos dando vías.
El presidente:
Señor diputado: Esta Presidencia le ha concedido minuto y medio adicional, ¡Termine, por favor!
El diputado José Camilo Valenzuela:
Voy a concluir, señor Presidente.
Quiero insistir, compañeras y compañeros, porque me parece que los que antes negaban la posibilidad del levantamiento de Chiapas, ahora quieren reducirlo a un problema menor y a una excepción en el país. Y eso es profundamente riesgoso. ¡y quiero insistir porque las olas al Ejército parecieran tratar de justificar el papel, tan grave, en que se está colocando el Ejército mexicano! ¡Precisamente cuando el país reclama de una conducta distinta del Ejército, que en otra ocasión hemos discutido aquí con algunos de nuestros compañeros generales, que son diputados!
¡El Ejército no puede verse, no pude verse comprometido en una confrontación política y social insostenible, mientras se persista en un rumbo que no tiene más futuro que la desestabilización general del país! ¿El Ejército tiene que exigir junto con nosotros que haya reformas política urgente para un sistema electoral confiable, para evitar la confrontación de agosto!
El Presidente:
Concluya usted su intervención, señor diputado.
El diputado José Camilo Valenzuela:
El Ejército tiene que acompañarnos también en la demanda de unas reformas a la política económica, porque es insostenible la concentración de la riqueza social!
¡Este es el llamado que le Ejército debe de atender! El otro es el llamado a una guerra fratricida entre los mexicanos, que Chiapas está demostrando que no van a ser unos simples tiros; va
a ser una sublevación de consecuencias imprevisibles!
¡Y compañeras y compañeros no hay mucho tiempo concluyo, porque agosto está a unos meses! ¡Si de aquí a marzo no logramos abrir un diálogo para un acuerdo, para la democracia y la justicia social, el riesgo de la confrontación generalizada está ahí; porque el pueblo quiere poner Gobierno para cambiar de rumbo! ¡A este diálogo para un nuevo rumbo nacional y un acuerdo para reformar el sistema electoral mexicano el que necesitamos todos.
El Presidente:
¡Se ha excedido cinco minutos en el uso e la palabra, señor Valenzuela!
...Y convocar al Ejército. Gracias, compañeras y compañeros.
El presidente:
En el uso de la palabra, para rectificar hechos, el señor diputado René Bejarano e inmediatamente después el señor diputado Valdivia.
El diputado René Juvenal Bejarano Martínez:
Con su permiso, señor Presidente:
Querer explicar el problema económico y social, sin relacionarlo con su entorno político y sin asumir críticamente la responsabilidad que a cada quien le corresponde, es por lo menos asumir una actitud francamente cínica e irresponsable.
Chiapas, es cierto, es todo lo que en lo económico y social se ha dicho aquí y que no voy a reiterar. Pero conviene hacer énfasis también en lo político. Es tierra del fraude electoral. Entidad con el mayor número de homonimias.
Hace apenas algunos meses se pretendió desprestigiar y remover de su diócesis al Obispo Samuel Ruiz, en complicidad con Jerónimo Prigione y las más altas autoridades del país.
Es también el lugar donde han muerto muchos maestros democráticos de las secciones 7 y 40. Donde el gobernador Sabines se atrevió a recordarles a su progenitora a sus a sus críticos. Es también donde se persigue y se asesina. Tierra de caciques. De explotación de los refugiados por los latifundistas y los finqueros. Tierra donde prácticamente el partido, casi único gobierna; solo una Presidencia municipal en manos del Partido Acción Nacional.
Tierra de la intolerancia, de la persecución y de la humillación. Donde las élites practican el racismo. Donde se persigue a la disidencia. Donde se explota la ignorancia, es un lugar donde hay responsables con nombres y apellidos, es un lugar donde para modificar y pacificar se requiere de una transformación profunda, estructura que no pude hacerse sin tocar poderosos intereses económicos y políticos de quienes coludidos con el partido oficial se han aprovechado de la riqueza y han explotado como en los tiempos de Porfirio Díaz a quienes menos tienen.
El antepenúltimo discurso pronunciado en esta tribuna habla de la insensibilidad y me recuerda los discursos de la época de Porfirio Díaz, solamente se reconoce el deterioro económico y social, pero no asume que hay una corresponsabilidad, que quienes están detentado el poder económico y político en aquella región han perseguido a la gente por sus ideas religiosas, políticas y sociales, que han pretendido ocultar la verdad de aquella religión del país y que sólo con una profunda transformación política, económica y social se puede avanzar. No es con limosnas, no es con algunos recursos que incluso se corre el riesgo de ser aprovechados por la élite política, y concluyo diciendo que si acaso hay una fuerza extraña y una mano oculta en el conflicto de Chiapas, ésa es la de un extranjero pernicioso que se llama José Córdova Montoya. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, señor diputado Bejarano.
En el uso de la palabra el señor diputado José Antonio Valdivia, para rectificar hechos.
El diputado José Antonio Valdivia:
Con su venia, señor Presidente; distinguidas y distinguidos diputados:
Vengo a esta tribuna a título personal, lo hago con la íntima convicción de soldado de la República y como representante de la nación.
Quiero traer a la memoria una expresión del general Urbina, expresada en el momento de estar siendo juzgado por un Consejo de Guerra y dijo: ¿de qué se me acusa? Y contestó; se me acusa de lealtad.
Aquí en esta tribuna también, en el cuarto turno, el diputado Rodolfo Echeverría mencionó, y no se quiera sentar en el banquillo de los acusados al Ejército mexicano. Aquí, al parecer, se ha adquirido venir a sentar en el banquillo de los acusados a todos los mexicanos, dentro de ellos a los miembros de nuestro Instituto Armado.
No vengo aquí a hacer una defensa de la institución, vengo a hacer la defensa de la verdad, de la honestidad, de la dignidad y del orgullo. Sí señoras y señores diputados, en el Ejército en particular, y en las fuerzas armadas, en general, una característica es su mayor divisa y orgullo: la lealtad a las instituciones, el respeto a los derechos del pueblo y la fidelidad al Jefe Supremo de la Defensa Nacional, el señor Presidente de la República.
Ni el comandante supremo, ni el alto mando del Ejército, permiten a éste actuar al margen de lo que dispone la Constitución y leyes de ella emanadas. El Ejército en México, actúa con cordura y en acatamiento a la Ley; las fuerzas armadas mexicanas conocen los mandatos de la Constitución y de las demás leyes, y a ellas se someten para su actuación. Su función principal está orientada por razones de seguridad a preservar al orden y evitar el enfrentamiento y el caos.
Su responsabilidad consiste, en últimas instancias, auxiliar a las instituciones en el normal desempeño de sus tareas, su misión es preservar la paz y por tanto la vida humana, para eso están preparadas las fuerzas armadas mexicanas, no para segarlas. Una cosa es lo que aquí se viene a decir y otra cosa muy distinta es lo que realmente sucede.
Allá en la población del Estado de Chiapas...
El Presidente:
Ha concluido su tiempo, señor diputado.
El diputado José Antonio Valdivia:
Si me permite unos minutos más, señor Presidente.
El Presidente:
Procure terminar en cuanto le sea posible, señor orador.
El diputado José Antonio Valdivia:
La presencia del Ejército mexicano, allá en Chiapas, ha despertado no solo confianza, sino que ha provocado seguridad y manifestaciones de reconocimiento y tenemos las pruebas. Reconocimiento de autoridades, de organizaciones y de ciudadanos; la sociedad civil sabe que siendo el instituto armado un cuerpo preparado para la guerra, ha ganado sus mejores batallas en los campos de la salud colectiva y de la solidaridad social.
El Ejército mexicano es una institución democrática y constitucional, tanto por sus orígenes como por su doctrina. En su seno no hay cabida para los egoísmos de casta ni para las actuaciones extraconstitucionales; el Ejército de México no asume posiciones, cumple con su deber y se somete al mando supremo de las leyes.
En el Ejército no conocemos que haya descontento contra las autoridades, hay convicciones, hay formación, y hay preparación para servirle a la nación, para servirle a las instituciones y para servirle a las autoridades y un gran cariño y amor por el pueblo mexicano, porque el Ejército mexicano viene del pueblo y de el se nutre.
En México, no es el Ejército una fuerza que oprima ni es la Ley que amenaza ni la voluntad que avasalla, en el mismo pueblo que se hizo ejército; es el mismo ejército que se hizo pueblo, es el pueblo vestido de uniforme, que preserva, que protege y que reconforta. Allá en Chiapas, los primeros que intervinieron fueron las tropas que guarnecen las ciudades y los pueblos, son los propios chiapanecos.
No estamos de acuerdo con muchas de las cosas que aquí se han dicho, y las rechazamos con integridad y con toda dignidad. Vaya nuestro reconocimiento al Ejército y a todas las fuerzas armadas del país. Es todo y muchas gracias, señores.
El Presidente:
Permita el señor orador.
Señor diputado Estrada.
El diputado Fernando Estrada Sámano (desde su curul):
Quería preguntar al orador, señor, si me permitiría una interpelación pero obviamente ya no es posible.
El Presidente:
Adelante, señor diputado Zazueta, tiene la palabra para rectificar hechos.
El diputado Jesús Humberto Zazueta Aguilar:
Con su permiso, señor Presidente:
Afortunadamente en estos momentos que hemos vivido los acontecimientos de Chiapas, tenemos una sociedad más participativa, más pendiente de los acontecimientos nacionales, más pendiente de que se garanticen los derechos humanos, más pendiente de que se respeten las garantías individuales que tenemos esta sociedad, afortunadamente, que hoy el conflicto de Chiapas está teniendo otro cauce distinto a la salida que le dio Carlos Salinas de Gortari en momento que se presentaron los acontecimientos.
No es la vocación democrática de Salinas de Gortari la que está buscando la salida del diálogo, es la participación de la sociedad en su conjunto que ha presionado para que la salida a Chiapas sea una salida de diálogo.
No son las mismas situaciones las que encontramos hoy a la actitud que tuvieron nuestros gobernantes en la época de los setenta, en que se estableció una guerra sucia en este país. La manera como se masacró al pueblo guerrerense en la sierra de Atoyac, no es la misma situación como se está presentado hoy en Chiapas con esa participación de la ciudadanía.
Yo creo que estamos a tiempo hoy de buscar una salida y un diálogo que nos permita resolver el conflicto en Chiapas, porque en la medida que el conflicto en Chiapas avance, vamos a encontrar muchas situaciones como las que encontramos posteriormente la guerra sucia que se estableció en los años setenta.
La sociedad mexicana no quiere más desaparecidos y en Chiapas ya están apareciendo una cantidad impresionante de denuncias de desapariciones. La sociedad mexicana no quiere presos políticos y en Chiapas están ya presentándose cantidades altas de presos políticos.
Entonces la salida que tenemos que buscar en Chiapas tiene que ser la del diálogo.
Definitivamente nosotros creemos que esta propuesta de Ley de Amnistía, o como la caracterizó el diputado Becerra, la rendición o el ultimatum de rendición enmascarado en Chiapas, va a resolver el problema en Chiapas, va a profundizarlo más y la soberbia coma quieren enfrentar los diputados de la mayoría hoy esta propuesta de amnistía, creemos nosotros que no va a ayudar en aras de ese consenso y ese diálogo.
En meses pasados fueron reiterativas las propuestas de buscar el diálogo y el consenso antepuestas de buscar el diálogo y el consenso ante iniciativas que presentaba la mayoría priísta o que presentaba el Ejército a través de la mayoría priísta, y la soberbia y la prepotencia fueron la actitud de la mayoría la oposición plantaba modificaciones.
Hoy hacemos un llamado. Esta propuesta de amnistía no ayuda a resolver el problema de Chiapas. Tenemos que buscar una propuesta que le dé cauce a la negociación, que le dé cauce al problema y al conflicto que se está viviendo ahí, porque el problema de Chiapas no es nada más un problema regional. Dieciséis millones en extrema pobreza son las cifras oficiales del Pronasol. y solamente Chiapas tiene tres millones de habitantes, entonces la situación no es nada más en Chiapas, y muchos lugares del país están siendo caldo de cultivo para posibles rebeliones ante situaciones de insensibilidad por parte del Gobierno, y en este caso del partido de Estado.
Nosotros creemos que buscar salidas prepotentes coma las que hoy están planteándose hacia lo de Chiapas, no va a resolver el conflicto y sí lo va a agudizar. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, señor diputado Zazueta.
En el uso de la palabra para rectificar hechos, el señor Flores.
El diputado Guillermo Flores Velasco:
Con su venia, señor Presidente; compañeras diputadas; compañeros diputados:
Desde mi punto de vista, al iniciar esta iniciativa de Ley de Amnistía, hemos venido abordando algunos aspectos de la situación social, política, histórica, pero creo que no se ha analizado con profundidad también el problema o el aspecto militar de este problema.
Desde mi punto de vista queda en el aire todavía qué va pasar con esta Ley, qué espera el Ejecutivo, qué espera la sociedad, qué espera esta honorable Asamblea, como consecuencia inmediata de la aprobación de esta iniciativa.
Hoy todavía recibimos un comunicado de Camacho Solís, donde informa que estuvo con el Presidente y con el Secretario de la Defensa Nacional, para acordar un conjunto de medidas, pero la realidad que tenemos es que nos encontramos ante una ocupación militar de un conjunto de ciudades muy importantes, muy grandes, de una serie de comunidades de Chiapas. Está ocupado por el Ejército: Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal, Ocosingo, Margaritas, Altamirano y Palenque. Hoy mismo los diarios nacionales nos informan que con un pretexto de que van a atacar, se dice los transgresores, los alzados, hoy el Ejército va a ocupar también u ocupó tres poblaciones más: Yajalón, Sabanillas y Venustiano Carranza.
¿Qué va a pasar si el Ejército Zapatista de Liberación Nacional no acepta esta amnistía? Si como sabemos que ha existido un gran apoyo popular, porque no se trata de una guerrilla simple ni de un alzamiento indígena o de indios simple, es una combinación, es un alzamiento de la población indígena con un apoyo militar todavía poco importante, pero tenemos que tener claro que los tanques, los helicópteros, los jeep artillados no sirven para la selva, y dentro de la selva, en toda esta zona, que comprende un territorio de más de 25 mil kilómetros cuadrados y donde viven en esta zona más de un millón de compatriotas chiapanecos, y en donde no se puede distinguir entre un militante, activo, militarizado, del Ejército Zapatista, a un simpatizante, a un colaborador o auxiliar de este Ejército. No se puede distinguir.
La única forma de acabar, si se pretende la vía militar, va a ser el etnocidio, va a ser un genocidio sobre cientos de miles de poblaciones con todas las consecuencias de la guerra, que va a ser los refugiados, cientos de miles de refugiados, porque no estamos hablando de un problema sencillo. Todos los desastres materiales, todos ésos los vamos tener si se encuentra que la única solución es la vía militar. Y esto, creo, compañeros, hay que tenerlo muy claro y no se vale minimizar el problema, de que sea un pequeño grupo sin mayor trascendencia.
Esta pequeña acción, y lo sabe Salinas de Gortari, y lo sabe en su Estado mexicano, en sus primeros momentos, sin que haya habido hasta el momento una confrontación militar entre el Ejército Zapatista y el Ejército mexicanos, ya ha causado grandes consecuencias: renuncias en el gabinete, renuncia de un gobernador interino, por ciento, y una serie de comisiones y declaraciones etcétera, y acciones concretas, todavía ni siquiera se empieza a resolver el problema ni se encuentran las vías de solución.
Yo llamo y alerto sobre este gran problema, compañeros, porque hay que analizar...
El Presidente:
Señor diputado, ha concluido su tiempo reglamentario.
El diputado Guillermo Flores Velasco:
Sí, ya voy a terminar. Este problema hay que analizarlo más, y creo que hace falta que esta soberanía o la Comisión Permanente se presente el Secretario de Defensa Nacional, también a presentar un informe previo antes de poder analizar este problema de dictaminar la Ley de Amnistía. Por su atención muchas gracias. Gracias, señor Presidente.
El Presidente:
Gracias, señor diputado Flores.
Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado José Camilo Valenzuela, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado José Camilo Valenzuela:
Compañeras y compañeros; compañero Presidente, quiero pedirle que me dé el mismo trato que al compañero diputado general.
El Presidente:
Así será, diputado.
El diputado José Camilo Valenzuela:
Bueno. Se insiste es no entender ni la situación de Chiapas ni la situación del país.
En enero de 1988, se presentó en la legislatura de aquel entonces una solicitud de juicio político al gobernador de Chiapas, Absalón Castellanos, y entre las causas, haciendo un balance, se decía lo siguiente: hasta el 31 de diciembre de 1987, el mandato del general Absalón Castellanos, ha arrojado los siguientes datos en cuanto a barbarie se refiere: 102 asesinatos, 327, desaparecidos, 520 detenidos, 427 secuestrados-torturados, 261 heridos, 407 familias expulsadas de sus comunidades, 54 desalojos de población 27 amenazas de desalojo, 12 mujeres violadas en esas operaciones, 54 amenazas de expulsión a familias, 18 casos de destrucción de viviendas, escuelas e iglesias, 29 ataques de las fuerzas públicas a mítines, dos ataques a marcha de protesta, cuatro allanamientos de oficinas de organizaciones sociales y políticas, y aún la legislatura de aquel entonces dijo que no procedía la demanda de juicio político.
Estando en curso la demanda de juicio político, todavía hubo ocho asesinatos más, cometidos el 5 de diciembre por la policía de seguridad, y aún así se descartó la propuesta de juicio político.
Esta es la legalidad, compañeras y compañeros, que ha existido en Chiapas; y ésta es la legalidad que se dice vino a romper la sublevación del Ejército Zapatista. No había legalidad, y el orden social imperante estaba asentado en el terror, en la persecución, en el asesinato.
Y, compañeras y compañeros, se nos dice: la vía del EZLN no es al vía para resolver los problemas nacionales. Y yo digo: puede ser que no sea la vía, la vía puede ser el programa de transformaciones que plantea el EZLN, si nosotros lo asumimos e implementamos rápidamente algunas medidas que reorienten el rumbo nacional, tanto en lo económico como en lo político.
Si no es así, compañeras y compañeros, para millones de mexicanas y mexicanos, sin condiciones de subsistencia, arrinconados en la desesperación, ¿les va a contar mucho que nosotros les digamos que ésa no es la vía? No, no va a contar, porque ellos no tienen salida, son los sacrificados por este régimen.
Y de nada vale que se haya creado un Pronasol, como se creó una Comisión de Derechos Humanos y otras, para hacer creer que se está atendiendo la pobreza y que se están atendiendo los derechos humanos de la gente; no es cierto.
El principal derecho humano de la gente es el derecho a la vida, a la alimentación al empleo, al trabajo, a la salud, y ese derecho se ha venido vulnerando en México y se está vulnerando cada vez más.
Compañeras y compañeros, si no entendemos esto, y no entendemos los tiempos políticos que vive el país, estamos en realidad no entendiendo el significado, el llamado de fondo que nos grita la sublevación de Chiapas.
Y a mí me preocupa que lo que antes negaban que se pudiera dar, ahora lo minimicen y digan que "es una excepción", que sólo se va a dar ahí y no se va a generalizar.
Yo creo, compañeras y compañeros, que en el Gobierno hay conciencia de esta riesgo; los programas de emergencia que se anuncian para ciertas zonas críticas, hablan de esa conciencia. Pero, compañeras y compañeros, las sublevaciones que en este país se pueden dar son también las que se han dado en Venezuela y en Argentina, explosiones urbanas de desesperados para saquear tiendas, en donde están hartos...
El Presidente:
Señor diputado, ha concluido su tiempo reglamentario.
El diputado José Camilo Valenzuela:
Voy a terminar.
...Dónde está todo lo que esa gente no puede tener.
Y, compañeras y compañeros, el Ejército mexicano, el Ejército mexicano está siendo convocado para encarar esta reacción desesperada de los mexicanos, porque no se quiere asumir de parte del Ejecutivo Federal y de parte de nosotros, las reformas que nuestra responsabilidad reclama, para evitar que el país siga caminado a la confrontación a la que va, en agosto.
Yo entiendo a los generales cuando dicen que ellos tienen que atender el mandato constitucional, pero en eso también el Ejecutivo ha sido
poco pulcro y ha violado la Constitución en el uso de las fuerzas armadas.
Y creo que dentro de los cambios que este país necesita para modernizarse, es decir, para democratizarse y para tener un desarrollo que eleve el nivel de vida de la mayoría de los mexicanos, y no de unos cuantos oligarcas sin patria ni sentimientos de humanidad, para que esto se lleve cabo también tiene que repensarse el papel del Ejército, segregado de la vida nacional.
El Secretario de la Defensa Nacional nunca puede comparecer aquí para explicar nada, se le mantiene marginado...
El Presidente:
Señor diputado, en los términos en que usted solicitó a esta Presidencia el uso de la palabra, le ruego concluya su intervención:
El diputado José Camilo Valenzuela:
Señor Presidente, yo escuché muy atentamente, y hace rato usted también me estuvo interrumpiendo; el compañero general, a quien respeto, se brincó los cinco minutos, usted lo dejó hasta que terminó, sin ninguna interrupción. Yo ya indiqué que iba a terminar y estor queriendo terminar.
El Presidente:
Señor diputado Valenzuela, en su intervención previa usted se excedió seis minutos al tiempo reglamentario; el señor general se excedió un minuto exclusivamente. Concluya, por favor.
El diputado José Camilo Valenzuela:
Cuestión de visión, porque yo vi más minutos. Concluyo, de todas maneras.
Yo creo que dentro de los cambios que este país necesita, también hay que revisar la situación a la que ha sido sometido el Ejército mexicano, de marginación, de secreto, de manejo como una entidad desgajada de la sociedad en la que tiene que actuar y con la que tiene que interactuarse.
Yo creo, compañeras y compañeros, que el Ejército mexicano necesita tener cambios en su relación con la sociedad y creo que la revisión, para una democratización de este país, deberíamos de empezar a incluir este tema y dejar de que éste sea tabú, porque si no, el Ejército mexicano puede verse envuelto en situaciones muy dolorosas para ellos y para todos los mexicanos, por la importancia que tiene para la posibilidad de una transición pacífica a la democracia. Gracias.
El Presidente:
Gracias, señor diputado Valenzuela.
En el orden de oradores, el señor diputado Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática...
El señor diputado Calderón declina.
En el uso de la palabra el señor diputado Carlos González Durán.
Esta Presidencia reitera que el tiempo previsto es de 15 minutos por intervención.-
El diputado Carlos González Durán.
Con su venia, señor Presidente; honorable Asamblea.
En sus comunicaciones el Ejército Sandinista de Liberación Nacional... digo, discúlpenme, ¿no? El Ejército Zapatista de Liberación Nacional...
El Presidente:
Esta Presidencia ruega a los señores diputados guardar el orden conveniente para la evolución adecuada de los trabajos. Continúe el señor orador.
El diputado Carlos González Durán:
Dice: "Hermanos". Hablan hermanos a hermanos, rescatan el espacio de la familia humana. Por otra parte, el que usen el término de hermanos significa que anhelan una igualación una paridad justa. Ellos anhelan también y arriesgan su vida intentando darnos una lección a todos los mexicanos, una lección de dignidad, que radica en el reclamo que nos hacen, nos piden que no nos dejemos, no nos dejemos de más abusos.
Nos dicen que el régimen viola sistemáticamente los derechos electorales, con una dictadura de partido donde se impulsa la inautenticidad, la
falsificación y el ritualismo del fraude electora. Nos dicen que ellos quieren un México mejor, pero no mejor para unos pocos, sino mejor para la mayorías del pueblo. Nos dicen que su rezago ya es intolerable, porque es un rezago de 500 años. Nos dicen que han tomado la mano armada, no por su gusto, sino porque no tuvieron otro camino. Nos dicen que quieren una transición democrática, no quieren que gane determinado partido, determinado candidato; lo que quieren es que las reglas del juego democrático sean limas, no quieren protagonismos, no quieren caudillos, saben que los espadones se cobran muy caro la redención del pueblo, y por eso traen sus pasamontañas.
Ellos llaman de corazón a corazón, no les interesa tanto la lucha armada, como la verdadera solidaridad de los hermanos.
Por otra parte, dicen que falta libertad y democracia, que éstas son indispensables para poder resolver todos los problemas que los agobian. Dicen que ellos no pretenden ningún abuso, ni robar, ni violentar a las poblaciones, que sólo van a tratar mal a quienes los tratan mal, que es el mal Gobierno, por lo que van a respetar las tienditas, pero los depósitos del Gobierno va a repartir los bienes.
Se trata entonces de que pretenden un respeto ideológico y político para México, no tienen dogmatismos ideológicos, son plurales en sus ideologías. Dicen que los tiempos están maduros para el cambio democrático, más los tiempos foráneos, externos, más bien, que los tiempos internos del país; pero que ellos ya no pueden esperar.
Dicen que deben terminar las crueldades y los crímenes que padecen los indígenas, que ellos pretenden una lucha con respeto y consideraciones, porque no llegaron a medianoche, sino dejando que las personas festejaran el fin de año y durmieran un rato y les llegaron en la mañana; pero son considerados.
Bueno, pues éstos son los herederos de una bandera nacional que se llama el zapatismo. El zapatismo es el movimiento más importante de la Revolución mexicana, porque rescata la bandera social de emancipación del pueblo mexicano, que se refiere a la tenencia de la tierra.
¿Quién tiene la tierra y para quién se tiene la tierra? Los indígenas entendían que la tierra era de una propiedad comunal, que debía ser trabajada para que se ajustara para las necesidades de su gobierno, de sus impuestos; pero, sobre todo, de las familias.
Por otra parte, las necesidades que ellos están reivindicando nos los presentan como de un movimiento de rescate de derechos humanos. Son unos luchadores por una bandera universal de nuestro tiempo, que es la bandera de los derechos humanos. Es bandera es la bandera de la libertad, de la justicia y de la paz en el mundo que tiene por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, principio básico de la declaración de derechos.
Por otra parte, les interesa el progreso y la conciencia moral de la humanidad y les interesa en este rescate de derechos humanos, una lucha de superación humana; ellos tienen una postura de lucha generosa, no lucha por el poder, por los abuso del poder; luchan porque ya no se dé trato de esclavos a las servidumbres de la gleba que ha habido ahí por 500 años. Ellos quieren pertenecer a sí mismo, no quieren pertenecer otro.
Tienen una dirección colectiva, porque nadie debe estar arriba de otro, de nadie, todos deben ser hermanos. Bueno, pues este movimiento al que le interesa la vida, los derechos humanos, que los recursos de la naturaleza se usen con corrección, que se terminen los abusos que por 500 años se han padecido, pues es un movimiento que merece respuesta de altura. Esa respuesta de altura la ha reclamado el país, todo el país ha exigido que el Gobierno dé una respuesta negociada a este movimiento, dé una respuesta política a este movimiento. Porque éste es un movimiento por la libertad, por la justicia, por la democracia, por la hermandad del pueblo mexicano. Por la nacionalidad y por los objetivos populares.
Pues bien, la violencia no es siempre mala. La violencia la hay sólo para el hombre y en la sociedad. En la naturaleza no hay violencia, hay fuerzas. Solamente el hombre es el ser de la violencia. Pero hay una violencia negativa y una violencia positiva. Es la fuerza de la acción para destruir obstáculos y resistencias. Pero si el proyecto del hombre es generoso, si el proyecto del hombre es creativo, esa violencia se justifica. Claro está ha enseñado el viejo continente.-
El hombre para realizarse y construir su mundo, necesita violentar la naturaleza y cambiar el orden injusto y poner un orden justo. El movimiento de ellos es en cierta medida una devolución, una restauración es en cierta medida, defender lo que les ha pertenecido desde hace mucho tiempo.
Por otra parte, un ser humano se distingue de una piedra en que una piedra tiene ser, pero su ser no está en su ser. No le va en juego. Solamente el hombre tiene esa responsabilidad de que tiene que apropiarse de su ser. Porque no lo tiene hecho. Porque es un ser libre que usa a veces, la violencia y a veces usa caminos no violentos. Según las resistencias lo requiera.
Por lo tanto, para que el hombre se apropie de sí mismo, el hombre se tiene que apropiar de su circunstancia y de su mundo, y ellos han estado por 500 años despojados de su mundo, del que les heredaron sus mayores. Para ellos la tierra siempre se ha dicho, es la madre tierra, no es el instrumento del trabajo.
Por lo tanto, esta violencia constructiva que ello están intentando, fue bien caracterizada por el sacerdote Miguel Concha. Dijo este sacerdote, que había violencia estructural del sistema que priva del disfrute del bienestar que menoscaba y deteriora la dignidad de los individuos
Pues bien, la respuesta reclamante es la violencia que quiere quitar el obstáculo del abuso de un Gobierno que en lugar de tomar partido por los débiles, por los pobres, por los humillados y los oprimidos, por los que han sido discriminados desde la Colonia con las desigualdades de las castas: ahí te estás, no te entiendo etcétera, se enfrenta a un Gobierno cuya fuerza armada que es el Ejército, dispara contra ellos y cometen crímenes a veces con grupos paramilitares, como son las guardias blancas.
Quiere decir que esa violencia demandante, resultado de la violencia estructural, ya no se puede contestar con la violencia abusiva del ecocidio y del genocidio, sino que tiene que haber una negociación, pues toda esta circunstancia justifica que se pretenda hacer una Ley de Amnistía.
Pues bien la Ley de Amnistía, tendría la siguiente referencia, y con eso voy a terminar: en el derecho existen muchas causas que extinguen la acción penal, la sanción y la facultad sancionadora y persecutoria. Esas causas son diversas. Y estas causas diversas, son: la muerte del imputado, la amnistía, la prescripción, la renuncia en los delitos de querella, la población voluntaria cuando se trata de sanciones, de multas o las indemnizaciones; la muerte del cónyuge cuando se trata de delito de adulterio, o bien la presencia de un matrimonio cuando anteriormente se ha cometido con la víctima, un estupro, una violación.
La amnistía ¿en que se funda? En el derecho. ¿Para qué está instituida? ¡Ah! la amnistía no es como el perdón, el indulto o la conmutación de la pena, que son beneficios a la persona del reo y del delincuentes. La amnistía es un beneficio a quienes se encuentran colectivamente en determinada situación es una causa objetiva. Es, por otra parte, fundada en razones de interés general.
¿Interesa dar amnistía a los luchadores de esta noble causa? Sí interesa a toda la nación darles amnistía, por razones políticas, porque el enfrentamiento...
El Presidente:
Señor diputado, han transcurrido los 15 minutos previstos.
El diputado Carlos González Durán:
Voy a terminar en este momento:
Entonces, una correcta Ley de Amnistía debería precisar cinco cosas: en qué situación y en referencia a qué hechos se va a otorgar amnistía; a quiénes sí va beneficiar y a quiénes no va a beneficiar. No debe beneficiar la amnistía a los terroristas, por ejemplo; no debe beneficiar las amnistía a quienes hacen ejecuciones de alzados inermes, o bien, bombardeos en poblaciones donde mueren niños y mujeres.
Lo que se requiere para que la Ley de Amnistía fuera correcta, es que se deje para que la apliquen las autoridades competentes.
La creación de esa Comisión que se inventa aquí, es una Comisión que quebranta el orden jurídico de las jurisdicciones penales. La Comisión puedes ser para la observancia y vigilancia de las medidas, pero no para la aplicación de las medidas. Para la aplicación de las medidas son los funcionarios encargados de la procuración y de la administración de justicia.
El Partido de la Revolución Democrática presento un contraproyecto que pretendía darle verdadera altura, verdadera generosidad y verdadera integración, a esta medida, dentro de un conjunto de política social que realmente fuera a las causas de la violencia y las causas del problema.
Pero como se pretende que esta Comisión va a decir cuándo comienza y cuándo termina el beneficio de la amnistía, lo que implica una delegación de facultades de esta honorable Cámara
para esa Comisión, se crea una Ley penal confusa, mañosa y ambigua, que más bien vale, como los compañeros de nuestro partido aquí los han denunciado, como un reclamo de rendición, y luego se mete en cuestiones que serán solamente materia del resultado de un convenio, de un pacto o de un acercamiento entre las partes contendientes. Claro está.
El Presidente:
Señor diputado, esta Presidencia lo invita respetuosamente a concluir en cuanto le sea posible.
El diputado Carlos González Durán:
Compañero Presidente, voy a terminar.
Digo solamente. El Partido de la Revolución Democrática estima que las cosas deben ser auténticas. Las palabras deben corresponder a los que ellas designan. Una amnistía debe ser verdadera, no mañosa, engañosa o disfrazada. ¡Por carecer de estas veracidades, es que nosotros nos vamos a ver obligados a abstenernos de aprobarla en lo general!
Es todo, compañeros.
El Presidente:
Gracias, señor diputado González Durán.
Concluye la relación de oradores inscritos para discutir en lo general, el señor diputado Guillermo Pacheco Pulido.
El diputado Guillermo Pacheco Pulido:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El día de hoy hemos escuchado en especial muchos y diversos tópicos, conceptos, razones, propuestas, sobre el Estado de Chiapas, y estamos seguros de que vamos a seguir escuchando muchos sobre Chiapas el día de hoy y durante mucho tiempo más en la República Mexicana.
Si quisiera señalar también que con todo respeto hemos seguido el debate del día de hoy, en el que también hemos escuchado muchos consejos, muchas referencias, muchas estadísticas, muchísimas admoniciones, y estamos seguros que todo eso lo hemos valorado. Que lo que aquí se señala, indiscutiblemente no cae en el olvido de nadie; se valora, se busca el equilibrio de los conceptos y se sacan conclusiones.
Yo creo que no es tiempo perdido el que aquí hemos estado realizando en este trabajo los señores diputados en la búsqueda de soluciones a problemas del Estado de Chiapas, que no por ser locales dejan de preocuparnos todos los mexicanos. Pero sí quisiera yo hacer notar una cosa importante, con motivo de mi intervención.
Quiero manifestar, ante todo, mi respeto absoluto a las ideas, a los hombres al trabajo y al esfuerzo que realizan todos los hombres y las mujeres que buscan el progreso de su Estado en Chiapas. Pero al mismo tiempo y parodiando tal vez a un poeta, quisiera decir que para hablar de Chiapas el día de hoy, también expreso mi más profundo respeto todos y cada uno de los muertos que como consecuencia de los hechos del día primero, tuvieron que, por razón lógica del conflicto, entregar sus vidas en estas tareas; que mucho a veces indiscutiblemente tiene que preocuparnos a todos.
Yo a veces me preguntaba después de escuchar estadísticas, los problemas de Chiapas, ¿que podemos decir los diputados?, al menos en lo personal yo no sabría qué decir, si se nos enfrentaran o tuviésemos aquí a las viudas o a los deudos de todos los muertos, de todos los muertos de este conflicto armado, cuando estamos expidiendo, en uso de nuestra soberanía, una Ley que pide el olvido.
Ahí hay una dimensión profunda de nuestra responsabilidad, por eso decía que estamos valorando todo lo que aquí se dice y todo lo que aquí se señala, pero yo quisiera verter el concepto de que la idea que tenemos hoy en uso de nuestra soberanía está el de entregar un instrumento para encauzar la vía pacífica hacía las soluciones.
Aquí se ha hablado de que la Ley de Amnistía no tiene realmente mucha importancia, yo creo que la Ley de Amnistía no la podemos ver en la mucha o poca importancia, la dimensión de la ley de Amnistía es clara y sencilla, es un instrumento que aporta la soberanía de la Cámara de Diputados en la búsqueda de las soluciones pacíficas.
Yo decía que hemos escuchado todo y creo que todo lo que aquí se ha dicho el día de hoy, hay ética política y digo que hay ética política por que no se valdría llevar los problemas de Chiapas.
y sobre todo los muertos de Chiapas, a manejarlos hacia intereses particulares o hacia intereses de grupo. Estamos trabajando unidos con esa responsabilidad que tenemos como diputado de la nación, para encauzar un problema grave que se localiza en un Estado y que como se dice aquí, tiene sus repercusiones nacionales, entregar caminos nuevos de diálogo a todos los que de una u otra forma están imbuidos en esta problemática.
Bajo este signo es como nosotros estamos observando la ley de Amnistía; yo quisiera señalar que la Ley de Amnistía no pide sacrificios, no pide renuncias de ideas, no pide renunciación de convicciones La Ley de Amnistía lo que busca es que no se deje de luchar en la solución de los problemas de Chiapas, sino que se deje de luchar en la solución por la vía de violencia, para que siga luchando por la solución de los problemas de Chiapas, a través de la vía de la racionalidad y creo que en eso estamos coincidiendo todos los compañeros diputados.
Si nosotros observamos, en ningún momento queremos esconder problemas económicos, políticos, sociales, culturales y étnicos, de Chiapas, yo creo que aquí muchos se ha aportado hoy sobre toda la gran problemática que encierra ese gran Estado; no tratamos de barnizar esos problemas con la Ley que hoy estamos estudiando, yo diría que sería indigno de la Cámara de Diputados tratara de encubrir a cualquier persona que hubiese caído en una situación ilícita.
Se habla de guardias blancas, indiscutiblemente que se tendrá que acudir a las autoridades para las denuncias correspondiente, porque creemos que tenemos un régimen de derecho, por eso es que nosotros no escondemos problemas, no los barnizamos; al contrario, nos hemos nutrido el día de hoy más con los diversos temas, tópicos, estadísticas que aquí nos han demostrado algunos compañeros de distintas fracciones parlamentarias.
A veces las lecturas son las que cambian, las admoniciones vienen de unas lecturas y nosotros esas admoniciones les podemos señalar que afirmamos y creemos que México es un país de instituciones fuertes, de instituciones sólidas, de instituciones razonables y que si bien es cierto a veces esas instituciones por su propia fortaleza se tienen que enfrentar en situaciones que tratan de obstaculizar su desarrollo, indiscutiblemente que sentimos que no por eso se van a minimizar las instituciones de nuestro país.
Aceptamos no con soberbia los riesgos, entendemos los riesgos y sabemos que las vías de solución no se pueden dar de un momento a otro; sabemos la grave dificultad que entraña la solución no se pueden dar de un momento a otro; sabemos la grave dificultad que entraña la solución de los problemas, sobre todo de orden económico, en un país con grandes carencias como es el nuestro, en un país donde se ha señalado que existe una tremenda desigualdad social, en un país en donde existe una extrema pobreza grave, en donde hay pobreza demasiada, en donde todavía los derechos sociales de educación, de vivienda, de salubridad, de alimentación y de trabajo, no logran satisfacer a la población de nuestro país; es indiscutible que tenemos que entender que nuestro reto, como miembros de partidos políticos, como miembros de esta Cámara de Diputados, como simples ciudadanos, crecen y tenemos que responder al reto de crecimiento que tiene nuestro país.
Yo creo que los problemas que aquí se han tratado sobre Chiapas, tendrán que seguirse discutiendo. El día de hoy nos enfocamos a esta Ley, que indiscutiblemente parte de, diría yo, de mucha buena voluntad de todos nosotros, de la buena voluntad del Ejecutivo que la presenta a esta soberanía.
Yo quisiera señalar que aquí se ha manifestado también, que con esta Ley no se van a resolver los problemas de Chiapas, y eso es lógico y eso lo aceptamos; no busca está Ley resolver los problemas de Chiapas. Esta Ley y la voluntad soberana buscan entregar una llave, entregar una base, entregar una estructura que tienda a colocar los puentes importantes del diálogo que en este momento se necesita.
Nosotros con esta Ley, creemos que vamos a crear espacios de comunicación. Yo estaría, con los mismos argumentos del maestro que me antecedió en el uso de la palabra, pero le quisiera decir que yo interpreto que esta comisión que se va a crear, si así lo decide esta voluntad soberana, en nada va a sustituir a las autoridades.
La propia Ley dice que esta Comisión coordinará los trabajos pendientes a las vías de solución y serán las autoridades correspondientes, según los trámites en que se encuentren los asuntos, debidamente encauzados por los caminos de la Ley, las que tendrán que resolver la problemática aplicación de la Ley de Amnistía.
Yo sí quisiera hacer un llamado a nuestros compañeros diputados, con respecto a su posiciones políticas, a sus posiciones ideológicas y creo que con su simple intervención, importantísima en esta tribuna, han manifestado ya su voluntad independientemente de cualquiera que sea su voto. Que quede en la conciencia de todos y
cada uno de nosotros, que los diputados mexicanos, los diputados integrantes de esta Cámara, estamos buscando firmemente, con esta Ley, la paz de Chiapas y la concordia nacional de México. Muchas gracias.
El Presidente:
Muchas gracias, señor diputado Pacheco Pulido.
Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 115 del Reglamento para el Gobierno Interior, consulte la Secretaría a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
El secretario Jaime Ríos Velasco Grajeda:
En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido.
El Presidente:
Se reserva en consecuencia para su votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto, al finalizar la discusión en lo particular.
Esta Presidencia informa que se han inscrito para hablar en lo particular, el señor diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Partido de la Revolución Democrática, para hacer referencia a los artículos 1o., 2o. y 3o. de la iniciativa en discusión y proponer adiciones a un artículo tercero transitorio, y el señor diputado Arturo Fuentes Benavídez, del Partido Acción Nacional, para proponer modificaciones a los artículos 1o. y 2o., y al artículo segundo transitorio.
En consecuencia, tiene la palabra el señor diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:
Con el permiso de la Presidencia; compañeras diputadas, compañeros diputados:
Después de escuchar la argumentación del diputado que me antecedió en la apalabra, uno no puede llegar aquí a tratar de convencerlos con los argumentos que hemos estado debatiendo en el transcurso de esta sesión, tan solo a darle lectura a las propuestas, y nos vemos precisados a argumentar una vez más.
Hace un par de días tuvimos oportunidad de escuchar al maestro Raúl Prieto, en la presentación de su libro Obregón Resucita. De los Tratados de Bucareli al Tratado de Libre Comercio, y él no platicaba cuatro curiosidades que quisiéramos compartir con ustedes:
Hace 70 años, en enero de 1924, el Gobierno de Obregón instrumentó y puso en vigor los Tratados de Bucareli, que fueron tratados en contra de los intereses del pueblo mexicano. Hoy, a 70 años, en enero de este año el gobierno de Salinas instrumenta y hace que entre en vigor el Tratado de Libre Comercio, que también va a afectar los intereses del pueblo mexicanos.
Hace 70 años un sonorense, Calles, empezaba su campaña política por decisión y al amparo de Obregón. Hoy a 70 años otros sonorense, el señor Colosio, inicia su campaña política por decisión y al amparo del señor Salinas.
Hace 70 años también se rebeló un sector pueblo mexicanos diciendo un basta ya, y asimismo hace 70 años se les acusó de transgresores de la Ley, se les acorraló y se les aniquiló. Hoy a 70 años también se rebela el pueblo mexicano diciendo un basta ya, en Chiapas.
Hace 70 años los sublevados pedía justicia y libertad; hoy, a 70 años, los indígenas chiapanecos dejaron una pinta en la ciudad que decía: "No queremos el Tratado de Libre Comercio; queremos libertad". Ese sigue siendo el clamor nacional. Sin embargo, parece ser que sectores del Gobierno no han observado el impacto de la insurgencia campesina indígena de Chiapas, impacto que va más allá de lo que muchos imaginan.
En un abrir y cerrar de ojos, tuvo un efecto catalizador y detonantes que propició, no como todavía algunos creen, una simple crisis de Gobierno, sino una auténtica y profunda crisis orgánica del régimen, cuyo germen se había incubado durante años y que en verdad todavía no alcanza sus más significativas consecuencias.
Se trata pues en efecto de la síntesis de los resultados de dialéctica económica y social del neoliberalismo salinista, en el infartado corazón del sistema político mexicano.
En ese contexto, el conjunto de compañeros del Partido de la Revolución Democrática que han
venido a argumentar en esta tribuna, han manifestado que es positiva la iniciativa de emitir una Ley de Amnistía, pero no podemos dejar de señalar que a nada conduce si no es verdadera y está acompañada al mismo tiempo de una solución global al origen y las causas del conflicto chiapaneco.
En otras palabras, entendemos que estamos frente a un proceso cuyas variables deben madurar y evolucionar en los tiempos que sean necesarios, pero al mismo tiempo es imperativo señalar que el tiempo apremia, porque quienes pugnan por la solución militar, no parecen andar con medias tintas. Es nuestro deber entonces dejar madurar las cosas, pero también es deber de quienes construimos una salida política, evitar las medias tintas, ya que obviamente no estamos ante un problema menor o de coyuntura, sino ante la definición por un largo período del destino de la nación. Lo peor que nos puede suceder es creer que las cosas han pasado ya su momento crucial y que todo volverá a ser como antes, porque entonces ganarán la guerra los enemigos de México. Eso sí, los verdaderos extranjeros que han estado atrás de esta guerra, un señor francés llamado José Córdoba y un señor italiano llamado Jerónimo Prigione.
Para nuestro grupo parlamentario la amnistía es una medida legislativa necesaria para allanar el camino del diálogo, es una demanda de la sociedad que ha sido utilizada en otros momentos para restablecer la concordia y la tranquilidad, pero a diferencia de procesos anteriores, hoy no es la culminación de una reforma política, sino que puede ser su preámbulo.
La amnistía que el Partido de la Revolución Democrática demandó, se encuentra enmarcada por la compleja realidad de un Estado sumido en la pobreza, la injusticia social, y por la cancelación de espacio democráticos. Ello la hace diferente.
En función de esto, compañeras diputadas, compañeros diputados, nosotros vamos a hacer propuestas de reforma en lo particular al artículo 1o., 2o. y 3o., esperando que exista sensibilidad y que no estemos continuando en un diálogo de sordos en esta sesión. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos adecuar el artículo 1o. del proyecto de Ley de Amnistía suprimiendo el segundo párrafo para quedar sólo como sigue:
"Artículo 1o. Se decreta amnistía en favor de todas las personas en contra de quienes se haya ejercitado o pudiera ejercitarse acción penal ante los tribunales de Justicia de la Federación, por los delitos cometidos o que tengan relación con los hechos de violencia suscitados en varios municipios del Estado de Chiapas, del día 1o. de enero de 1994 al día 20 del mismo mes y año".
Inclusive esta adecuación se completa con la siguiente:
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 124 y 125 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos adicionar el siguiente artículos transitorio que sería el tercero:
"La amnistía otorgada por el presente ordenamiento podrá hacerse extensiva en los casos convenidos en los acuerdos de paz al momento en que cesen definitivamente los actos de hostilidad."
Firmamos esta propuesta por el grupo parlamentario del PRD, los diputados: Ricardo Valero, Gilberto Rincón Gallardo, Jorge Torres Castillo, Emilio Becerra, Juan Hernández, Mercado y un servidor, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
Asimismo proponemos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos la siguiente adecuación al artículo 2o. del proyecto de Ley de Amnistía.
"Artículo 2o. Los individuos que se encuentren actualmente sustraídos a la acción de la justicia dentro o fuera del país por los delitos a que se refiere el artículo 1o., podrán beneficiarse de la amnistía en los términos que convenga el Ejecutivo Federal para la pacificación y la entrega de rehenes y de todo tipo de armas, explosivos, instrumentos u otros objetos empleados en la realización de los mismos".
Firman esta propuesta por el grupo parlamentario del PRD los diputados: Ricardo Valero, Gilberto Rincón Gallardo, Torres Castillo, Emilio Becerra, Juan, Hernández y un servidor, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos la siguiente adecuación al artículo 3o. del proyecto de Ley de Amnistía:
"Artículo 3o. La amnistía extingue las acciones penales y las sanciones impuestas respecto de los delitos que comprende, dejando subsistente la responsabilidad civil y a salvo los derechos de quienes puedan exigirlas. las autoridades judiciales y administrativas competentes, aplicarán de oficio la presente Ley, y en consecuencia ordenarán el archivo definitivo de las averiguaciones que se estén integrando en relación a los delitos previstos en este ordenamiento, cancelarán las órdenes de aprehensión pendientes y pondrán en libertad a los procesados. En el caso de que se hubiere interpuesto demanda de amparo por las personas a quienes beneficie esta Ley, la autoridad que conozca del respectivo juicio, dictará acto de sobreseimiento."
Por el grupo parlamentario del PRD, los diputados: Ricardo Valero, Rincón Gallardo, Torres Castillo, Huerta Ladrón de Guevara, Emilio Becerra y Juan Hernández.
Dejamos estas propuestas en la Secretaría para lo conducente.
Por último , seguimos haciendo un llamado a estos momentos del debate a que los diputados de la mayoría tenga sensibilidad, porque es obvio que si seguimos en este debate de sordos, pues, nuestro partido, como principio general apoya la amnistía, pero por coherencia política no podemos aceptar tal y como está la propuesta presidencial, pues no es una amnistía que vaya a servir para la pacificación del país ni para resolver los problemas de los ciudadanos de Chiapas y del conjunto del país. Muchas gracias.
El Presidente:
Muchas gracias, diputado Ladrón Huerta.
Ha solicitado la palabra para rectificar hechos, la diputada Patricia Terrazas, a quien le suplicamos pase a la tribuna.
La diputada Patricia Terrazas Allen:
Con su venia, señor Presidente; compañeros legisladores:
Estamos profundamente indignados por el dolor provocado a nuestros hermanos indígenas, y no es aquel dolor que permite Dios, como la enfermedad y la muerte, sino el dolor que los humanos nos causamos los unos a los otros.
Chiapas y los sectores marginados de nuestra patria, como el indígena y el campesino, son ahora un grito de dolor, reflejado en el silencio de la voz que no ha sido escuchada.
El dolor, el dolor de la humillación, de la opresión y de la injusticia, el dolor de México que trastoca lo mas hondo, mas allá de partidos e intereses.
El reclamo, señores, de nuestra conciencia, es que escuchemos este grito, si no habrá en nuestra patria explosiones violentas de dolor.
Escuchemos al tarahumara, al tzotzil, al zoque, al chamula, en fin, a todos los indígenas de México.
Como legisladora y como miembro del Partido Acción Nacional, he tenido la oportunidad de palpar la situación de extrema gravedad de los campesinos y de los indígenas del Estado de Chiapas. En la realización de foros y al acercarnos, entender y sentir el abandono e injusticia que priva en este sector de la sociedad, hemos podido detectar como problemática central la marginación en la que están envueltos, la seria falta de comunicación entre las comunidades indígenas y el resto de la población, debido a los difíciles accesos terrestres y al lenguaje que hablan.
En las escuelas, en su mayoría, la educación no es bilingüe; los albergues no son suficientes para la demanda educativa; no hay programas de educación para adultos que les permita aprender el español y conservar su lengua natal.
Existe la carencia de una estructura eficaz para procurar la salud; se carece de hospitales y de clínicas regionales, y donde existen no hay médicos ni medicamentos.
Más de 15 mil indígenas mueren cada año en Chiapas por enfermedades curables; la tenencia de la tierra es uno de los problemas mas graves; el cacicazgo, el rezago agrario, no resuelven solicitudes por más de 30 años, así como la imposición de líderes ejidales a los que los campesinos indígenas han estado sujetos.
Paradójicamente, como ya conocemos, en Chiapas se genera una gran parte de la electricidad que se consume en el país. Sin embargo, las comunidades indígenas carecen de ese servicio.
Destaca también sobremanera el alto grado de marginación y discriminación de la mujer, además de la continua violación de los derechos humanos.
Los campesinos, los indígenas chiapanecos nos lo han dicho en los foros: "Lo que queremos es comer".
Como miembro de la Comisión de Asuntos Indígenas de esta honorable Cámara de Diputados, me permito hacer un reclamo a la propia Comisión, a la cual pertenezco, para demandar de ella que asuma la responsabilidad que tenemos para que intervenga directamente en el problema de Chiapas.
En el mes de octubre, compañeros, solicite a la Presidencia de esta Comisión que fuéramos a participar con trabajo solidario, en búsqueda de la solución a los problemas. La respuesta de esta Comisión fue la ausencia de toda voluntad de colaboración al respecto.
El Presidente:
Compañera diputada, su tiempo se ha agotado; le ruego concluir su intervención.
La diputada Patricia Terrazas Allen:
Le pido dos minutos, gracias.
Fue a través de mi partido, el Partido Acción Nacional, como por fin pude participar en la búsqueda de la solución a los problemas, sin recibir ni siquiera respuesta de la comisión mencionada ni en la presencia de su Presidente, en los foros que realizamos.
Ahora que el grito de dolor se ha convertido en explosión violenta, reprobamos los métodos violentos, pero también entendemos que el dolor de los campesinos y de los indígenas es justificado, porque entendemos el por que la humillación y el hambre explotan en violencia.
Esperamos, una vez mas, compañeros, no ser voz en el desierto, porque el no hacernos voz de los que no la tienen seria ser cómplices de la injusticia.
En el fondo del problema de nuestros hermanos chiapanecos, la amnistía y el perdón deberían de dárnosla ellos al resto de los mexicanos, porque mas allá de la Ley de Amnistía, están las necesidades de justicia en nuestra patria.
Reclamo la presencia efectiva y el trabajo solidario de la Comisión de Asuntos Indígenas en el Estado de Chiapas. Gracias por su atención.
El Presidente:
Muchas gracias, compañera diputada.
Toca ahora su turno al diputado Arturo Fuentes Benavídez, del Partido Acción Nacional.
El diputado Arturo Fuentes Benavídez:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Como lo mencionó un distinguido diputado en esta tribunal al inicio de este debate, que la amnistía se hace por el vencedor y al término de la lucha beligerante, u éste es un caso sui generis.
Sin embargo, vemos con buenos ojos el envío de esta iniciativa de ley por parte del Ejecutivo Federal, u que ha sido modificada en algunos puntos, a sugerencia de miembros de mi partido Acción Nacional, y de otros partidos que pertenecen a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia.
Sin embargo, quiero señalar que ha sido llevada a su análisis esta iniciativa en una forma precipitada.
Sabemos que cada día, hora, minuto que tarde esta iniciativa en ser aprobada y publicada, podría tener un mayor costo de vidas humanas y eso no lo deseamos todos los diputados de la bancada del Partido Acción Nacional, y estoy completamente seguro que todos ustedes, señoras y señores diputados, coinciden con nosotros.
Además estamos debatiendo una Ley de Amnistía para personas que no conocemos los diputados y diputadas. La decisión que tome cada uno de ustedes, señoras y señores diputados, debe de ser en plena conciencia y no olvidemos los hechos ocurridos por los años de 1926 y 1927, cuando la guerra cristera, que una vez que éstos depusieron las armas, fueron arteramente asesinados muchos cristeros y esto hasta 11 años después de la entrega de las armas.
Mi partido, por mi conducto, solicita una mayor clarificación en esta iniciativa de Ley de Amnistía en los siguientes artículos:
El artículo 1o. reza así, en su segundo párrafo: "El Ejecutivo Federal integrará una comisión que coordinará los actos de aplicación de la presente Ley".
Aquí no sabemos hasta ahora quiénes va a integrar dicha Comisión. Queremos que esas personas de calidad intachable comprobable, sean consensadas por todos los partidos políticos que integran esta trascendental LV Legislatura del Congreso de la Unión, y además clarificar la función tan importantes, no únicamente que coordine los actos de aplicación.
En el artículo 2o., posteriormente voy a hacer las sugerencias, ahorita estoy haciendo la exposición de motivos. En el artículo 2o. mi partido ve muy genérico el concepto que dice: !Aquí se puede llegar a quitarse a los alzados en Chiapas utensilios como machetes, cuchillos, dagas etcétera, y armas de tipo calibre 22 y escopetas calibre 12 o de otros calibres, o rifles de tipo de perdigón, y que todos estos utensilios o armas son de uso para su supervivencia, dada su ubicación geográfica y sus escasos recursos económicos.
Por último, en el artículo segundo transitorio, sugerimos una mayor cobertura para que en todos los rincones de la patria se enteren de este documento. Recomendamos que se amplifique la difusión de esta Ley, incluyendo su difusión también a través de los diversos medios de comunicación nacional.
Por todo lo anteriormente mencionado, el Partido Acción Nacional, propone las siguientes modificaciones y adiciones a esta iniciativa de Ley de Amnistía:
Propuestas a la Ley de Amnistía:
Artículo 1o. Segundo párrafo. Adición: ésta Comisión deberá sujetarse a la aprobación de las dos terceras partes de la Cámara de Diputados o en su caso de la Comisión Permanente del Congreso y coordinará y vigilará la correcta aplicación de la presente Ley.
Artículo 2o. Los individuos que se encuentren actualmente sustraídos a la acción de la justicia, dentro o fuera del país, por los delitos a que se refiere el artículo 1o., podrán beneficiarse de la amnistía condicionada a la entrega de rehenes y de todo tipo de armas, reservadas para uso exclusivo del Ejército y demás objetos prohibidos por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en los términos que fije la Comisión.
Transitorio segundo. Esta Ley deberá ser fijada en bandos en las diversas poblaciones que se encuentran en la zona de conflicto, tanto en idioma español como en las lenguas que se hablen en dicho territorio, así como su difusión a través de los medios de comunicación nacional.
Honorable Cámara de Diputados, a 20 de enero de 1994.
Signan este documento, esta propuesta, los señores diputados Napoleón Gallardo Ledezma, Daniel Ávila Aranda, Luis A. Rejón Peraza y el de la voz, Arturo Fuentes Benavídez.
Compañeras y compañeros diputados: pido a los señores de la mayoría comprensión, su buena fe para este importantísimo documento, por lo que significa para el señor presidente Salinas, para esta honorable Cámara, para el hermano pueblo chiapaneco, y para México entero. Muchísimas gracias por su atención.
El Presidente:
Gracias, diputado Fuentes.
Finaliza la lista de oradores, el señor diputado Eloy Vázquez López, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Eloy Vázquez López:
Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
He venido a esta tribuna a hacer algunas precisiones que creo que son oportunas para que en el ánimo de todos, no quede la idea de que el PRD está actuando simplemente con voluntarismo.
En primer lugar, queremos decir que hicimos el esfuerzo para que esta Ley de Amnistía fuera aprobada por unanimidad por esta Cámara, porque consideramos que la amnistía, como concepto, es un valor que está y puede estarlo por encima de los intereses políticos. Precisamente por el respeto que tenemos nosotros por los procesos de amnistía que han existido en el mundo y en nuestro país, es que no le concedemos el mismo rango a esta Ley y a otras leyes que se han publicado, porque no está dictada para resolver.
Quiero llamar la atención respecto de la lógica con la cual el Ejército Zapatista de Liberación Nacional está abordando el conflicto. Ellos están actuando con una convicción y bajo una lógica de que se encuentran en guerra; de ninguna
manera sienten que están cometiendo delitos, ni que tampoco están violando las leyes.
En el comunicado que dieron a conocer, denominado "Declaración de Guerra de la Selva Lacandona", fundan sus acciones en el artículo 39 constitucional, y sobre esa base y con esa lógica, están realizando sus acciones.
Existen rumores en este momento, de que puede haber un rechazo por parte de este ejército, a la Ley que aquí se está discutiendo. Sin atribuirle veracidad estos rumores, la pregunta que se hiciera hace unas horas, sigue vigente. ¿Qué va a suceder si los zapatistas rechazan esta amnistía? Y esto no lo resuelve la Ley en las condiciones en que está redactado el dictamen, porque puede haber una gran cantidad de hechos supervenientes, que pueden tener otras connotaciones, sobre la base del propio llamamiento de declaración de guerra y sobre acciones posteriores hacia los que la autoridad competente o la Comisión que aquí se ha mencionado en el artículo 1o., pueden encontrar una gran cantidad de lagunas en el contenido de la Ley.
Lo fundamental para nosotros, está ya dicho, es el proceso político que acompaña a la pacificación. No aceptamos la lógica según la cual esta Ley tenga que ser utilizada como una trampa para acorralar a los zapatistas y ante la violación a la tregua por cualquiera de las partes, puedan ser sujetos ellos o los pueblos de la selva lacandona, de acciones militares que pongan en riesgo la vida de civiles y vuelva a presenciarse el espectáculo que ya en días pasados observamos.
Sobre todo porque priva aún en el ánimo de una gran cantidad de gente relacionada con el régimen, la concepción de que nada ha cambiado. Es, esa concepción de que todo sigue igual y que sólo se trata de un momento, de un tropiezo, de una piedra en el camino. Esa concepción nos puede conducir a complicar el problema.
Queremos una solución de fondo. Queremos una paz que involucre a todos los mexicanos que tienen que ver en este conflicto, y esa paz incluye la anuencia de quienes han declarado la guerra. Esa paz requiere, como lo ha requerido en distintas partes del mundo, el acuerdo político y el cumplimiento total o parcial, de los objetivos que esta fuerza se ha propuesto, y para ello es indispensable que se le reconozca como una fuerza política representativa, como una fuerza beligerante.
Nosotros creemos que debemos prevenir el hecho de que la situación se complique, y debemos dejar abierta en la Ley, la posibilidad de poder resolver y abordar estos hechos supervenientes que pudieran complicarla.
Hemos dicho nosotros, lo ha argumentado el maestro González Durán, que no estamos de acuerdo en que se deleguen a una comisión, aspectos que corresponden a una institución republicana. Sin embargo, conociendo el sentido del voto de los partidos que participan aquí, queremos dejar sentado que esta Comisión, nosotros la concebimos, en todo caso, como una comisión que tenga representatividad, que represente la autoridad moral del país.
No estaríamos de acuerdo en la creación de una comisión facciosa, ni siquiera de renunciantes al Gobierno, que fueran a presentarse como ciudadanos ya no gubernamentales. En todo caso, tiene que ser una comisión plural, donde haya participación de la legislatura, quizá, participación de organismos no gubernamentales, participación de otras fuerzas políticas, participación de organismos, sobre todo, de derechos humanos, que puedan, junto con personalidades sin partido, contribuir de manera eficaz, al establecimiento de garantías para los amnistiados.
Hasta ahora no ha sido posible reconstruir del todo los hechos. Existen distintas versiones y condiciones que impiden el esclarecimiento. Hay mucho por investigar y sobre todo, los llamados crímenes de guerra que deberán fundarse y por cierto deberán esclarecerse las responsabilidades individuales para que todas las instituciones del país, incluido el ejército, sean descargados como institución, de lo que corresponde pagar a aquellos que las encabezan y aquellos que las mandan.
Creemos, entonces, que en función de todos estos hechos, esta Ley de amnistía debe ser modificada en el momento en que se establezcan los acuerdos de paz.
No basta con que se haga mención de que la fuerza beligerante entregue las armas, a la firma o al establecimiento de la paz. Se requiere dejar abierta la posibilidad de que hay ya cambios dentro de la normatividad de la amnistía, de acuerdo con lo que se convenga, porque así es como se hacen los procesos de pacificación cuando las partes que están involucradas participan con igualdad de circunstancias, y no como en este caso, a partir de ultimátum de rendición.
Queremos proponer, entonces, para el caso de que la Comisión sea conformada, un artículo cuarto transitorio, que diría:
"Cuarto. La Comisión enunciada en el artículo 1o., al término y por efecto del proceso de pacificación propondrá a la Cámara de Diputados las modificaciones a la presente Ley que a su juicio coadyuve a la solución definitiva para que, si fuera el caso, el Congreso de la Unión resuelva lo conducente."
Hay un levantamiento en Chiapas. Tal vez ahí no sea el único lugar en donde se haya incubado o se esté incubando la violencia; porque la violencia institucional está en todas partes y para ello basta mencionar, una vez más, los 250 muertos, miembros del PRD, desde su fundación.
Basta mencionar la gran cantidad de peticiones que existen a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de violaciones a los derechos de los indios, en lo colectivo y en lo individual. La persecución, el acoso y el amedrentamiento de que son objeto una gran cantidad de dirigentes regionales y luchadores sociales.
México es un país que vive inmerso en una violencia promovida o por lo menos fomentada por sectores del partido oficial. Hay tolerancia hacia cacicazgos y la violencia con la que actúan. Hay tolerancia hacia el abuso e intransigencia hacia los demócratas.
¡Sólo basta leer algunas crónicas periodísticas para poder constatarlo! Sobre todo las condiciones en que se trata a los pueblos indios siguen siendo similares, en muchas ocasiones, a las de la Colonia. Es por eso que nosotros, estableciendo con claridad que somos partido que lucha por la vía electoral por el establecimiento de la democracia en México, que creemos en la vía electoral y creemos en la vía pacífica, y trabajamos para ello y hacemos propuestas de modificación, mientras hay quienes desdeñan las propuestas quienes refrendan una normatividad caduca, reivindicamos al mismo tiempo el derecho que tienen los pueblos de todo el mundo a rebelarse contra la injusticia y contra la tiranía.
Vale la pena entonces, para concluir, citar la Octava Conclusión de fray Bartolomé de las Casas, la cual presentó en el Memorial al Consejo de Indias, que dice lo siguiente:
"Octava. Que la gente natural de todas partes y cualquiera de ellas donde habemos entrado en Las Indias, tiene derecho adquirido de hacernos guerra justísima y raernos de la faz de la Tierra. Y este derecho les durará hasta el día del juicio". Muchas gracias. El Presidente:
Tiene la palabra, para rectificar hechos, el señor diputado Julio César García Hernández. El diputado Julio César García Hernández:
Hace algunas horas, a partir de las 9:00 de la noche, distintos medios, principalmente la televisión, ha estado difundiendo la noticia de que la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Amnistía; todo esto no hace sino hacer clara una intención premeditada de que esta iniciativa haga aparecer al Gobierno como el que busca a toda costa mecanismos aparentes de legalidad o de resolución de estos problemas por cauces legales y pacíficos.
No se entiende que esta gente no se levantó en armas sólo para que el Gobierno la perdone o se olviden de los hechos de armas; no se entiende que hay causas mucho más profundas, prueba de ellos y tal vez a consecuencia de estas noticias, según nos dicen algunos reporteros, ya existe una negativa del Ejército Zapatista de Liberación Nacional a acogerse a esta amnistía.
Se argumenta, según algunos periodistas, que el Gobierno ni siquiera ha cumplido con el cese al fuego y que este Gobierno no tiene autoridad moral, entonces para respetar la propia iniciativa de amnistía no hay pues condiciones, dicen ellos, para establecer diálogo con este Gobierno, según se nos dice.
Parece ser que es la misma propuesta de Díaz Ordaz, cuando él decía tengo la mano tendida, en este caso esta amnistía en los términos en que está redactado, desde mi punto de vista, no tiene otro objeto, sino también de paso, buscar hacer a un lado a Camacho para consolidar la candidatura de Colosio. No se busca otra cosa más que entorpecer un verdadero diálogo en este país. Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, señor diputado Julio César García Hernández.
Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 115 del Reglamento para el Gobierno Interior, en votación económica consulte la Secretaría si está suficientemente discutido en lo particular el dictamen.
El secretario Jaime Ríos Velasco Grajeda:
En votación económica se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo particular.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente. El Presidente:
En consecuencia, proceda la Secretaría a someter a la consideración de la Asamblea, las propuestas presentadas por los diputados, en la inteligencia de que deberá comenzar por la derecha, por el señor diputado Servando Hernández Camacho, del PARM, presentada durante la discusión en lo general.
La secretaria Irma Mayela Adame Aguayo:
Solicita la adición de un segundo párrafo al artículo 1o. de la Ley de Amnistía, para quedar como sigue:
"Artículo 1o. Se decreta amnistía en favor de todas las personas en contra de quienes se haya ejercitado o pudiera ejercitarse acción penal ante los tribunales del orden federal, por los delitos cometidos, de los hechos de violencia o que tengan relación con ellos, suscitados en varios municipios del Estado de Chiapas del día 1o. de enero de 1994 al día 20 del mismo mes y año a las 15.00 horas. Asimismo, se decreta amnistía en favor de los presos y perseguidos por delitos de orden político y social que se encuentran con orden de aprehensión o ya sujetos a la privación de su libertad dentro del territorio nacional. El Ejecutivo Federal integrará una Comisión que coordinará los actos de aplicación de la presente Ley.
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
Propuesta por el grupo parlamentario del PRD:
Proponemos adecuar el artículo 1o. del proyecto de Ley de Amnistía, suprimiendo el segundo párrafo, para quedar como sigue:
"Artículo 1o. Se decreta amnistía en favor de todas las personas en contra de quienes se haya ejercitado o pudiera ejercitarse acción penal ante los tribunales de justicia de la Federación, por los delitos cometidos o que tengan relación con los hechos de violencia suscitados en varios municipios del Estado de Chiapas, del 1o. de enero de 1994 al día 20 del mismo mes y año inclusive."
En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta. Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
Propuesta del grupo parlamentario del PRD.
Propone adicionar el siguiente artículo transitorio:
"Tercero. La amnistía otorgada por el presente ordenamiento podrá hacerse extensiva en los casos convenidos en los acuerdos de paz al momento en que se cesen definitivamente los actos de hostilidad." En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta. Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche , sírvanse manifestarlo...Desechada, señor Presidente. El secretario José de Jesús Rafael Puga Tovar:
Propuesta hecha por el grupo parlamentario del PRD. Se propone la siguiente adecuación al artículo 2o., del proyecto de Ley de Amnistía:
"Artículo 2o. Los individuos que se encuentren actualmente sustraídos a la acción de la justicia dentro o fuera del país, por los delitos a que se refiere el artículo 1o., podrán beneficiarse de la amnistía, en los términos que convenga el Ejecutivo Federal para la pacificación y la entrega de rehenes y de todo tipo de armas, explosivos, instrumentos u otros objetos empleados en la realización de los mismos. En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo... Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo...Se desecha, señor Presidente. Propuesta hecha por el grupo parlamentario del PRD al artículo 3o. del proyecto de Ley de Amnistía, para quedar como sigue:
"Artículo 3o. La amnistía extingue las acciones penales y las sanciones impuestas respecto de los delitos que comprende, dejando subsistente la responsabilidad civil y a salvo los derechos de quienes puedan exigirla. Las autoridades judiciales y administrativas competentes, aplicarán de oficio la presente Ley y en consecuencia ordenarán el archivo definitivo de las averiguaciones que se estén integrando en relación a los delitos previstos en este ordenamiento, cancelarán las ordenes de aprehensión pendientes y pondrán en libertad a los procesados. En el caso de que se hubiere interpuesto demanda de amparo por las personas a quienes beneficie esta Ley, la autoridad que conozca del respectivo juicio dictará auto de sobreseimiento."
En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta. Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Se desecha, señor Presidente. La secretaria Evangelina Corona Cadena:
Propuestas que hace el Partido Acción Nacional a la Ley de Amnistía. Artículo 1o., segundo párrafo, se adiciona: "Esta comisión deberá sujetarse a la aprobación de las dos terceras partes de la Cámara de Diputados o en su caso de la Comisión Permanente del Congreso y coordinará y vigilará la correcta aplicación de la presente Ley."
Esta propuesta la firma el diputado Napoleón Gallardo, el diputado Arturo Fuentes Benavídez, el diputado Daniel Avila Aranda y el diputado Luis A. Rejón Peraza. En votación económica, se consulta a la Asamblea si se aprueba la propuesta hecha por Acción Nacional. Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo... Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente. Artículo 2o. Los individuos que se encuentren actualmente sustraídos a la acción de la justicia, dentro o fuera del país por los delitos a que se refiere el artículo 1o., podrán beneficiarse de la amnistía condicionada a la entrega de rehenes y de todo tipo de armas reservadas para uso exclusivo del Ejército y demás objetos prohibidos por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en los términos que fije la Comisión. En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se admite la modificación propuesta. Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo... Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo...Desechada la propuesta, señor Presidente. Se propone también un transitorio segundo: Esta Ley deberá ser fijada en bandas de las diversas poblaciones que se encuentran en la zona de conflicto, tanto en idioma español como en las lenguas que se hablen en dicho territorio, así como su difusión a través de los medios de comunicación nacional. En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se aprueba dicha propuesta. Los que estén por la afirmativa , sírvanse manifestarlo... Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Desechada , señor Presidente. Es propuesta del Partido Acción Nacional. El secretario Jaime Ríos Velasco Grajeda: Propuesta hecha por el grupo parlamentario del PRD, relativo al agregado del artículo cuarto transitorio: Cuarto: la Comisión anunciada en el artículo 1o., al término y por efecto del proceso de pacificación, propondrá a la Cámara de Diputados las modificaciones a la presente Ley que a su juicio coadyuven a la solución definitiva para que si fuera el caso, el Congreso de la Unión resuelva lo conducente. En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta. Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo..-.
Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo...Desechada, señor Presidente. El Presidente:
Concluido el procedimiento, la Secretaría deberá recoger a continuación la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto. El secretario Jaime Ríos Velasco Grajeda: Se va a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto. Se solicita a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. (Votación)
Aprobado en lo general por 351 votos en pro, y aprobado en lo particular por 348 votos en pro y tres en contra. El Presidente: Aprobado en lo general y en lo particular por 351 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Ley de Amnistía.
El secretario Jaime Ríos Velasco Grajales:
Pasa al Senado para los efectos constitucionales. ORDEN DEL DÍA
La secretaria Irma Mayela Adame Aguayo:
Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
« Primer Período de Sesiones Extraordinarias .- Primer Receso.- Tercer Año.- LV Legislatura.
Orden del día
21 de enero de 1994.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comisiones de cortesía. Declaratoria de clausura de labores de ña Cámara de Diputados del primer período de sesiones extraordinarias del primer receso del tercer año de la LV Legislatura.»
El Presidente (a las 01.35 horas del día 21 de enero de 1994):
Se levanta la sesión y se cita para el día de hoy viernes 21 de enero a las 17.00 horas a sesión de clausura de Cámara de Diputados y a las 18.00 horas a sesión de Congreso General. Se ruega la puntual asistencia de los señores legisladores.